Un ataque armado contra un autobús en la Calzada San Juan dejó al piloto muerto y a dos pasajeras heridas este jueves 27 de agosto en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, un hecho que además provocó cierres viales y complicó la conexión hacia el municipio de Mixco.

Bomberos atendieron en el lugar al conductor del bus extraurbano, un hombre de aproximadamente 30 años, que presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. Aunque recibió primeros auxilios, los socorristas confirmaron que ya no tenía signos vitales por la gravedad de las lesiones.

En el mismo ataque resultaron heridas dos mujeres. Una sufrió un roce de bala y la otra presentó lesiones causadas por fragmentos de vidrio; ambas fueron estabilizadas y trasladadas a la emergencia del IGSS de Accidentes, donde quedaron bajo cuidado médico.

La escena obligó a cierres y a la intervención de la PNC y el MP

El ataque fue reportado en una de las áreas más transitadas de la Ciudad de Guatemala y que es escenario constante de congestión vehicular. Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el área mientras el Ministerio Público realizaba las diligencias correspondientes.

Tras la balacera, Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), informó de cierres vehiculares, debido a las diligencias realizadas por fiscales y peritos del Ministerio Público. La medida agravó la congestión con dirección al occidente en uno de los principales accesos entre el sector occidental y el centro de la capital.

La respuesta oficial incluyó el cierre del sector para proteger la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos. También fueron notificadas la PNC y el MP para continuar con la investigación.

Capturan a presuntos responsables

Horas tarde, la PNC informó sobre la captura de dos personas señaladas como presuntos sicarios del Barrio 18, a quienes las autoridades atribuyen el ataque contra el piloto de un autobús que se dirigía hacia San Raymundo.

Se trata de un hombre y una mujer que no han sido identificados. No obstante, informaron que se les decomisó un revólver ilegal y el vehículo en el que intentaban escapar.

La calzada San Juan forma parte de un corredor con ataques recurrentes

Los principales ejes viales que conectan el acceso occidental con el centro de la Ciudad de Guatemala, entre ellos la Calzada Roosevelt, la calzada San Juan y el sector de El Trébol, siguen apareciendo como zonas de alto riesgo por la frecuencia de hechos armados y ataques directos.

El flujo masivo de personas y la complejidad de la interconexión vial convierten esos puntos en escenarios frecuentes de balaceras que paralizan la circulación de miles de usuarios.

Intervenciones recientes del Ministerio Público y de la PNC en tramos críticos, como las inmediaciones del Periférico sobre la calzada San Juan y los cruces bajo el puente de El Trébol, muestran que los cierres prolongados por procesamiento de escenas agravan el colapso vial en las zonas 3, 7, 8 y 11.

Analistas en seguridad ciudadana sostienen que la criminalidad itinerante en estas calzadas aprovecha la densidad vehicular para cometer ilícitos y facilitar la huida entre el tráfico pesado. También señalan que, pese a operativos relámpago, puestos de registro y carriles reversibles aplicados por las policías municipales de tránsito, los ataques armados en estos corredores siguen siendo un problema persistente para la seguridad metropolitana.

Autoridades de México entregaron a Guatemala a Jonathan Stanley Ventura Umaña, alias “Macho” o “Nacho”, presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), expulsado de territorio mexicano y requerido por la justicia salvadoreña.

El operativo, resultado de la cooperación entre México, Guatemala y El Salvador, fue confirmado por la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca.

Según el informe policial, Ventura Umaña es requerido por las autoridades salvadoreñas por los delitos de agrupaciones ilícitas, desaparición de personas y homicidio agravado.

Lo detuvieron en México

Jonathan Stanley Ventura Umaña, de 24 años, se encontraba en situación migratoria irregular en México.

Según la orden de captura emitida el 26 de marzo de 2026 por las autoridades salvadoreñas, Ventura Umaña es investigado por delitos graves que incluyen agrupaciones ilícitas y homicidio agravado.

Las fuerzas de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC lo trasladaron hasta la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, donde fue entregado oficialmente a representantes de El Salvador.

De acuerdo con el informe policial, la entrega se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

La expulsión de pandilleros salvadoreños desde México

Con la entrega de “Macho”, ya suman siete presuntos pandilleros salvadoreños expulsados de México y trasladados a El Salvador a través de Guatemala. Esta cifra corresponde únicamente al mes de agosto.

Entre estos se incluye a un individuo capturado también este jueves 27 de agosto. Se trata de Víctor Manuel Vigil Rivas, de 28 años, alias “Escorpión”, presunto integrante del Barrio 18. Fue entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera de San Cristóbal, Jutiapa.

La Policía Nacional Civil guatemalteca detalló que los capturados permanecían en México de forma irregular y que la cooperación regional busca fortalecer la seguridad y desarticular células criminales.

Detenciones y deportaciones en Guatemala

Durante el primer semestre de 2026, la PNC de Guatemala detuvo al menos a 55 ciudadanos salvadoreños por delitos relacionados con extorsión, portación ilegal de armas de fuego y pandillas.

De ese total, 29 fueron entregados a la justicia de El Salvador y el resto permanece en cárceles guatemaltecas, según datos oficiales citados por EFE.

Las autoridades reportaron la incautación de municiones de uso militar, drogas y vehículos robados durante los operativos.

Varios de los detenidos intentaron ocultarse en residenciales o utilizar testaferros para evadir los controles policiales y migratorios.

Estadísticas de repatriaciones y juzgamiento

De acuerdo con registros oficiales, las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturaron a 93 pandilleros salvadoreños en 2025, de los cuales 46 fueron repatriados y el resto procesados en tribunales de Guatemala.

En lo que va de agosto de 2026, seis miembros más de pandillas han sido devueltos a El Salvador tras su expulsión desde México.

Flujo de mexicanos deportados por Guatemala

En el marco de los operativos de movilidad y repatriación en la región, el gobierno guatemalteco ha recibido a 2.284 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos durante el último año.

Estos migrantes permanecen menos de 24 horas en territorio guatemalteco bajo condición de tránsito antes de ser retornados definitivamente a México, con los costos cubiertos por los gobiernos involucrados.

Las autoridades guatemaltecas han descartado la figura de “tercer país seguro” para estos casos.

Cooperación regional y seguridad

La PNC de Guatemala afirmó que estos procedimientos reflejan el fortalecimiento de la cooperación internacional entre Guatemala, México y El Salvador para enfrentar la delincuencia organizada y el crimen transnacional.

Esta estrategia ha permitido capturar y extraditar a integrantes de estructuras criminales, así como mejorar los controles migratorios y de seguridad en la región.

El poeta guatemalteco Wingston González ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América 2026 con Un poquito más allá, una obra escrita en garífuna que lo convirtió en el primer autor fuera de México en obtener este galardón.

La obra fue escogida entre 69 obras presentadas en 22 lenguas indígenas de nueve países, según informó Gabriel Pacheco, presidente del comité interinstitucional del premio. El reconocimiento incluye 300 mil pesos mexicanos (USD 17.672), la publicación del libro y una escultura realizada por el artista jalisciense Camilo Ramírez.

El premio será entregado el 4 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que busca dar visibilidad a las lenguas indígenas del continente.

El fallo fue unánime. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de México, el jurado distinguió el poemario por su trabajo con la herencia lingüística y filosófica del pueblo garífuna y por presentar la poesía como una forma de sabiduría.

Un poemario en garífuna reconstruye la diáspora y la memoria de un pueblo

La portavoz del jurado, Gloria Chacón, explicó en conferencia de prensa internacional, que el libro retrata “con ritmos propios, la odisea de la comunidad garífuna, su expulsión de las Antillas y, en particular, de la Isla de San Vicente”. La publicación añadió que la obra explora la identidad garífuna, la diáspora pasada y actual, incluida la de Los Ángeles, la resistencia frente a la colonización y la preservación de la lengua y las tradiciones.

En el comunicado oficial, Chacón describió el libro como una exploración poética y cultural de la identidad y el idioma garífuna, construida con poemas, notas al pie y relatos de tradición oral que entrelazan historia, espiritualidad y cosmovisión. El jurado también subrayó que la obra refleja la mezcla entre pueblos africanos y arawak asentados en el Caribe centroamericano.

Por su parte, el escrito guatemalteco Winston González dijo que el libro busca pensar la filosofía del pueblo garífuna, su espiritualidad y una resistencia política articulada desde la lengua para reconocer las raíces de esos pueblos originarios. En declaraciones difundidas por la Secretaría de Cultura de México.

“Este premio no es tanto para mí como un escriba, sino para los ancestros y la gente que estuvo antes que nosotros y que nos heredó este conocimientos y saberes, porque los garífunas decimos que el conocimiento que heredamos de los ancestros es para que vivamos en esta tierra, con la idea de que lo sigamos completando”.

El premio amplía la visibilidad continental de la lengua garífuna

El escritor explicó que el garífuna es hablado por comunidades centroamericanas y de la costa caribeña descendientes de migrantes africanos, además de su diáspora en Estados Unidos, aunque su uso se ha reducido en los últimos años.

Para el autor, el premio abre una oportunidad para difundir y conservar una lengua que se ha sostenido durante muchos años en el Caribe, sobre todo a través de la oralidad arraigada en las comunidades.

La Secretaría de Cultura indicó que en esta edición participaron obras de países como México, Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, evaluadas por especialistas entre los que estuvieron Gloria Chacón y el poeta zapoteco Víctor Terán.

Inocencia Arellano Mijarez, directora general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, destacó que la convocatoria no fijó un género literario y permitió a cada autor decidir qué contar y cómo hacerlo.

Wingston González nació en 1986 y ha desarrollado una obra en poesía, escritura performática y traducción. Lleva dos décadas construyendo un universo literario que combina experimentación formal, oralidad y recuperación de la memoria afroindígena centroamericana.

Entre sus libros figuran Los magos del crepúsculo [y blues otra vez], Cafeína MC: segunda parte, Cafeína MC: primera parte y Miss muñecas vudu, de acuerdo con la Secretaría de Cultura. Parte de su poesía también fue incluida en antologías como El quetzal, colibrí gigante, Nuestramérica es un verso, El ocre, el rojo y el verde y Ruge el bosque, Vol. 2.

La Junta Monetaria de Guatemala recibió cuatro expedientes para elegir al próximo Superintendente de Bancos para el período 2026-2030, en un proceso que cerrará la recepción de candidaturas este viernes 28 de agosto y que debe concluir con el nuevo titular en funciones el 1 de octubre, una vez que la terna sea remitida al presidente Bernardo Arévalo.

La definición de esa nómina exige una mayoría calificada dentro del organismo: se necesitan siete votos favorables, equivalentes a las tres cuartas partes de sus integrantes, para aprobar la terna que será trasladada al Ejecutivo el 10 de septiembre.

El calendario ya está trazado. El 2 de septiembre, el secretario de la Junta Monetaria presentará a los miembros del organismo la lista de profesionales que entregaron su documentación, y desde esa fecha correrá una semana de revisión de los expedientes antes de la integración formal prevista para el 9 de septiembre.

El dato fue confirmado en conferencia de prensa por Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, quien señaló que los nombres de los aspirantes todavía no se han hecho públicos porque el organismo aún no los conoce en una sesión formal.

El proceso cerrará el 28 de agosto y la terna se notificará a Bernardo Arévalo el 10 de septiembre

La recepción de documentos vence el viernes 28 de agosto a las 16:00 en las oficinas de la Secretaría de la Junta Monetaria, ubicadas en el nivel 12 del edificio del Banco de Guatemala. Hasta el 26 de agosto habían ingresado cuatro expedientes.

El procedimiento no funciona como una convocatoria abierta al público general. Son los integrantes de la Junta Monetaria quienes proponen candidatos, aunque también se permite que profesionales interesados presenten directamente su documentación para ser considerados.

El proceso se activó el 12 de agosto, cuando la Junta Monetaria invitó a sus miembros a proponer nombres para sustituir al actual superintendente. Un día después, el secretario del organismo remitió a los aspirantes la información sobre los requisitos y la documentación exigida.

La pregunta central del proceso ya tiene una respuesta concreta: la Junta Monetaria debe conformar una terna de tres candidatos y enviarla al presidente Bernardo Arévalo, quien recibirá la notificación oficial mediante una resolución del organismo y deberá decidir al sucesor de Saulo De León Durán.

Consultado sobre la selección durante la inauguración de la reconstrucción de los trabajos del puente Belice II, Arévalo evitó adelantar criterios y se limitó a decir que comunicará su decisión cuando la tenga.

La ley exige experiencia técnica y fija impedimentos de parentesco, militancia y morosidad

La Ley de Supervisión Financiera establece que la persona elegida debe ser guatemalteca de origen, mayor de 30 años, con reconocida probidad y con grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, económica o de ciencias jurídicas y sociales.

En el caso de los profesionales del área jurídica, la norma añade una exigencia adicional: deben acreditar formación complementaria en el ámbito financiero o económico. Todos los postulantes, sin excepción, deben demostrar notoria competencia en técnica bancaria o supervisión financiera.

La legislación también define quiénes no pueden ocupar el cargo. Entre los impedimentos figuran ser dirigente de organizaciones políticas, gremiales, empresariales o sindicales, así como tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con autoridades del Banguat, de la Junta Monetaria o del Ejecutivo.

La lista de exclusiones incluye además a quienes sean deudores morosos o registren antecedentes de insolvencia. Esas restricciones forman parte del filtro legal que se aplicará durante la revisión de expedientes antes de la votación de la terna.

El cargo está en manos de Saulo De León Durán desde 2022. Su mandato concluye el 30 de septiembre de 2026, la misma fecha en que termina el período de González Ricci al frente del Banco de Guatemala.

La ruta de designación, sin embargo, no es la misma para ambas autoridades. Mientras el Superintendente de Bancos surge de una terna propuesta por la Junta Monetaria, el presidente y el vicepresidente del Banco de Guatemala son nombrados directamente por el presidente de la República, sin pasar por un proceso de terna.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala dictó una condena de 26 años de prisión inconmutables para Ángel Pérez Iguardia tras hallarlo responsable del delito de asesinato contra el oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens.

La resolución establece que la participación de Pérez Iguardia fue clave en el ataque ocurrido en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala el 17 de abril de 2024.

La sentencia consideró que la defensa no logró demostrar una posible modificación de la figura delictiva hacia complicidad o encubrimiento. El tribunal determinó que quien encubre interviene después de los hechos, mientras que Pérez Iguardia actuó durante la ejecución del crimen.

“Seguramente hubo un plan que se ejecutó perfectamente, muy bien cronometrado”, afirmó el tribunal durante la audiencia que se llevó a cabo este jueves 27 de agosto.

Participación de más involucrados

El fallo subrayó que existen más actores involucrados y delegó a la Fiscalía la tarea de continuar con la investigación para identificar a otros participantes.

El tribunal destacó la coordinación del ataque, pese a la ausencia de registros de mensajes o llamadas, y señaló como agravante el uso de varios vehículos para facilitar la fuga, entre ellos un automóvil negro que formó una valla, según describió la sentencia.

Petición del Ministerio Público

Previo a la sentencia, el Ministerio Público (MP) solicitó una condena de 35 años de prisión para Pérez Iguardia, argumentando que el acusado fue identificado como el conductor de la motocicleta utilizada en el crimen.

La acusación enfatizó que la intención no era intimidar sino asesinar al médico, respaldándose en el hallazgo de 15 casquillos de arma de fuego y 17 heridas en la víctima, de acuerdo con la necropsia.

El MP presentó pruebas que establecieron la relación de causalidad y desvanecieron la presunción de inocencia. La Fiscalía consideró a Pérez Iguardia como pieza clave en la logística para la ejecución y la posterior huida del autor material de los disparos.

Testimonio directo del padre de la víctima

En una audiencia realizada previo a la sentencia, el papá de la víctima reconoció al condenado como la persona que conducía la motocicleta utilizada para asesinar a su hijo.

Durante su narración, a través de una videoconferencia, afirmó que Pérez Iguardia también lo amenazó, ya que él viajaba en el vehículo junto con su hijo, ya que regresaban de desayunar.

“Lo pude ver porque me sacó la pistola y me amenazó”, dijo el padre de la víctima, mientras hacía ademanes de la forma en que los atacantes de su hijo lo amenazaron durante el incidente.

Antecedentes y contexto del asesinato

El caso se originó el 17 de abril de 2024 cuando Miguel Ángel Campos Hoffens, de 32 años, fue interceptado por dos hombres en motocicleta mientras conducía su vehículo por la 15 avenida y 11 calle de la zona 13.

Uno de los atacantes disparó múltiples veces y ambos huyeron. Socorristas confirmaron el deceso en el lugar, donde se recolectaron 17 indicios balísticos y cámaras de videovigilancia captaron el ataque.

Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil determinaron que la víctima fue vigilada durante días previos y que varias personas participaron en la planificación y ejecución. En abril de 2025, se reportó la captura de cinco presuntos miembros de la estructura criminal relacionada con el asesinato.

El guatemalteco Lester Martínez defenderá su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo ante el croata Luka Plantić en Los Ángeles, en una pelea que además puede acercar al ganador a una oportunidad por el campeonato mundial absoluto de la división.

El combate, que se llevará a cabo este sábado 29 de agosto, será la primera defensa del cinturón que Martínez conquistó en marzo frente al estadounidense Immanuwel Aleem por decisión unánime. El petenero llega con récord de 20 victorias, un empate y 16 nocauts, mientras Plantić se presenta invicto con 13 triunfos, 10 de ellos antes del límite.

En el primer cara a cara previo a la pelea, difundido por ProBox, Martínez expresó confianza en su preparación y en el resultado que espera sobre el ring.

“Ya estamos a punto de poder defender bien nuestro título contra este boxeador”, afirmó.

El guatemalteco también anticipó un combate exigente y evitó restarle mérito a su rival. “Sé que es un gran boxeador y que ha sentido lo mismo o más. Pero estoy emocionado de verlo listo, porque vamos a dar una gran batalla y vamos a defender bien este título”, dijo.

El combate principal está previsto entre las 20:00 y 21:00 de Guatemala

La pelea se disputará en el USC Galen Center de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Un recinto con capacidad para más de 10 mil personas. La velada comenzará a las 18:00 de Guatemala y se estima que Martínez suba al cuadrilátero entre las 20:00 y 21:00, aunque el horario final dependerá de la duración de los combates preliminares.

La transmisión para Guatemala estará disponible en el canal oficial de YouTube de ProBox TV, con señal en inglés y español. El combate estelar está programado a un máximo de 12 asaltos.

Martínez peleará por conservar el cinturón y extender su invicto profesional en su combate número 22. Para la afición guatemalteca, el dato central es ese: el campeón interino pondrá en juego por primera vez su título supermediano del CMB ante un rival que tampoco ha perdido desde que pasó al profesionalismo.

Las casas de apuestas colocan al boxeador guatemalteco como favorito amplio. Cloudbet le asigna una cuota de 1.10 frente a 6.25 para Plantić; Novibet lo presenta con momio de -714 contra +400 del croata, y Micasino también lo ubica por delante con 1.14.

La diferencia entre plataformas no está en el favorito, sino en la forma probable del desenlace. Cloudbet y Novibet apuntan más a una victoria por decisión, mientras Micasino contempla con mayor fuerza un final antes del límite.

Una victoria podría acercar a Martínez a Canelo Álvarez o Christian Mbilli

El alcance deportivo del combate va más allá de la defensa del título interino. En la conferencia previa se destacó que el vencedor quedará mejor posicionado para buscar una pelea por el cinturón mundial de la categoría, y Martínez ya había vinculado ese escenario con posibles cruces ante Saúl “Canelo” Álvarez o Christian Mbilli.

“Ganando esta pelea tendré la oportunidad de enfrentarme contra Canelo o Mbilli”, sostuvo el boxeador guatemalteco el 30 de junio. Esa posibilidad convierte la pelea del sábado en un punto de inflexión para su carrera.

Martínez también respondió a las declaraciones previas de su rival, quien había dicho que el cinturón terminaría en Croacia. La respuesta del campeón interino fue directa: “El título lo seguiré teniendo yo y se va para Guatemala. Yo voy a ser el ganador esa noche”.

¿Quién es Luka Plantić?

Plantić, nacido en Croacia el 29 de octubre de 1996, llega a la pelea después de construir una carrera invicta en el profesionalismo y tras haber obtenido la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Boxeo Aficionado de 2022 en peso semipesado.

Su último combate fue el 23 de noviembre de 2025, cuando venció por nocaut técnico al ugandés Shadiri Musa Bwogi.

El croata utiliza guardia ortodoxa, mide 1,81 metros y basa buena parte de su boxeo en el control de la distancia y en las combinaciones. Esa lectura coincide con la advertencia de Martínez en la previa: espera a un rival listo y una pelea larga, con un título en juego y la opción de dar el siguiente salto en la categoría supermediana.

La Junta Monetaria de Guatemala elevó a 4.3% el valor central de su previsión de crecimiento para 2026 y, en la misma decisión adoptada por unanimidad el 26 de agosto, mantuvo en 3.50% la tasa de interés líder de política monetaria, al considerar que la inflación sigue por debajo de la meta oficial aunque persisten riesgos por el conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre los combustibles.

La revisión al alza del Producto Interno Bruto llegó en un escenario de actividad interna más firme.

El nuevo rango de crecimiento para 2026 quedó entre 3.3% y 5.3%, mientras que para 2027 la proyección central se mantuvo en 4%, con un rango entre 3% y 5%.

Entre los sectores con mayor dinamismo figuran la construcción, con 5.8%; el suministro de electricidad, agua y saneamiento, con 5%; y las actividades de alojamiento y servicios de comida, con 5.3%. Ese cuadro interno fue uno de los elementos que respaldaron la decisión de no modificar el costo del dinero.

El presidente de la JM y del Banco de Guatemala Álvaro González Ricci informó en conferencia de prensa virtual que la tasa se mantiene en ese nivel desde febrero de 2026, cuando la autoridad monetaria la fijó por última vez.

La inflación total se ubicó en 2.70% en julio de 2026, por debajo de la meta de 4% y dentro del margen de tolerancia de un punto porcentual. La inflación subyacente registró también 2.70% en el mismo mes.

Las autoridades atribuyeron el repunte reciente al fin del subsidio a los combustibles y a presiones inflacionarias importadas.

Aun así, las expectativas de inflación a 12. 24 y 60 meses permanecen cerca del valor central de la meta: 3.75%, 3.69% y 3.72%, respectivamente.

La presión externa se concentra en el petróleo y el estrecho de Ormuz

El principal foco de atención para la autoridad monetaria está fuera de las fronteras de Guatemala. El gerente económico del Banguat Johnny Gramajo explicó que el precio del petróleo y la situación en Oriente Medio siguen siendo variables sensibles para la trayectoria de los precios internos.

La variedad WTI cerró el 26 de agosto en USD 82,23 por barril, con un alza acumulada de 43.21% frente al cierre de 2025. Gramajo señaló que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, aunque las expectativas del mercado mejoraron por conversaciones entre Irán y Omán sobre rutas compartidas.

Las proyecciones de Bloomberg sitúan el precio promedio del crudo en torno a USD 79 por barril hacia finales de 2026 y en USD 70 para 2027, bajo el supuesto de una normalización de la oferta mundial. Ese supuesto es relevante para una economía importadora de combustibles como la guatemalteca, donde los choques externos se trasladan a costos internos.

En el entorno internacional, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja sus previsiones de crecimiento mundial, aunque mantuvo una expansión positiva de 3% para 2026 y 3.4% para 2027.

Entre los principales socios comerciales de Guatemala, Estados Unidos crecería 2.3% este año, la zona del euro alrededor de 1% y China 4.6%, por debajo del 5% registrado en 2025.

Remesas, crédito y exportaciones sostienen la actividad interna

La decisión de mantener sin cambios la tasa líder también se apoyó en indicadores domésticos que siguen mostrando expansión. Las remesas familiares sumaron USD 16,910.3 millones entre enero y el 20 de agosto, con un crecimiento de 5.6%, en línea con la previsión anual de 5%.

El crédito bancario al sector privado creció cerca de 7%, mientras que las exportaciones acumulaban un alza de 4.9% con datos a junio. Esos números refuerzan la lectura de una demanda interna y externa todavía activa.

González Ricci afirmó que la junta mantiene su compromiso de adoptar las medidas necesarias para preservar la inflación dentro del rango establecido. También indicó que la institución seguirá de cerca los indicadores externos e internos que puedan alterar el nivel general de precios.

La decisión de política monetaria combina así dos señales simultáneas: una economía guatemalteca con mejor previsión de crecimiento y una inflación todavía contenida, frente a un escenario internacional donde el precio del petróleo y las tensiones en Oriente Medio siguen siendo el riesgo más visible para los próximos meses.

Mauro Ismael Morales Martínez fue detenido este jueves con fines de extradición a Estados Unidos en Teculután, Zacapa, en un caso que lo coloca ante la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II y que, al mismo tiempo, eleva a 34 el número de capturas de este tipo registradas en Guatemala entre enero y agosto de 2026.

La aprehensión ocurrió en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en el parqueo de un supermercado ubicado en esa jurisdicción del nororiente del país.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público.

De esas 34 personas detenidas con fines de extradición en lo que va de 2026, 23 son requeridas por Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, según datos de la PNC. Ese volumen de capturas marca una secuencia sostenida de operativos en rutas terrestres, zonas aeroportuarias y puntos de tránsito bajo vigilancia de las autoridades guatemaltecas.

De acuerdo con el Ministerio Público, Morales Martínez, conocido como “Melito” o “Melito de Zacapa”, deberá comparecer ante la justicia federal del sur de Florida. La acusación sostiene que actuó con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

La investigación ubica a Morales Martínez en rutas de cocaína desde Sudamérica

Según el MP, las pesquisas revelaron que el señalado participó en la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia con destino a Guatemala. La Policía Nacional Civil también lo identificó con el alias “Ojudo”.

Las autoridades añadieron que mantenía vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico que operan en el nororiente del país. Para la PNC, su captura abre una línea de avance en la identificación de conexiones y capacidades logísticas de esas organizaciones en esa región.

El caso responde de manera directa a la pregunta central sobre quién fue capturado y por qué: se trata de Mauro Ismael Morales Martínez, un presunto operador ligado al traslado de cocaína hacia Guatemala, requerido por Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La detención se inscribe en una cadena de casos recientes que muestran la continuidad de la cooperación judicial entre Guatemala y Estados Unidos. Las autoridades atribuyeron esos resultados al trabajo de inteligencia y a la coordinación interinstitucional en operativos antinarcóticos.

Los casos previos muestran una secuencia sostenida de extraditables en 2026

Entre los antecedentes recientes figura la captura de Wilson Mendoza Barberan, exfuncionario público de Ecuador, detenido el 19 de agosto en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala. La PNC lo aprehendió por una orden de extradición hacia Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína.

Mendoza Barberan, de 61 años, también es requerido ante el Distrito Sur de Florida por cargos similares a los que ahora pesan sobre Morales Martínez. La coincidencia en el tribunal requirente y en la naturaleza de la acusación perfila un patrón en las solicitudes que tramitan las autoridades estadounidenses.

Antes de ese caso, el 20 de mayo, las fuerzas de seguridad capturaron a Eddie Waldemar Pineda Velásquez en las inmediaciones de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. El Ministerio de Gobernación informó entonces que encabezaba una estructura que recibía cocaína oculta en carga contenerizada procedente de Sudamérica, con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez.

Pineda Velásquez tenía 48 años y su aprehensión fue registrada como la del extraditable número 25 del año. La publicación había consignado ese expediente como parte de una secuencia que ya mostraba la expansión territorial de los operativos.

El patrón que dejan estos casos dibuja una intervención sostenida de la SGAIA como brazo ejecutor de las capturas. Su presencia se ha extendido desde instalaciones aeroportuarias hasta corredores viales del nororiente y el altiplano central, con acciones enfocadas en estructuras vinculadas al traslado y recepción de cocaína.

El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, confirmó a periodistas que lo entrevistaron que el Ministerio Público (MP) investiga varias denuncias por narcopolítica y evitó precisar cuántas son, mientras la institución prepara una estrategia con la Fiscalía de Delitos Electorales para el ciclo que desembocará en los comicios de 2027.

La respuesta del funcionario llegó en un año preelectoral y quedó ligada a una advertencia central: el MP revisará las denuncias con criterio jurídico penal y descartará las que no tengan sustento. El mensaje apunta a frenar el uso de la institución como herramienta de disputa entre aspirantes a cargos públicos.

“Sí, hay denuncias y se están investigando”, dijo García Luna ante una consulta directa de periodistas que lo entrevistaron sobre la existencia de expedientes por narcopolítica. Cuando se le pidió una cantidad aproximada, respondió que no podía ofrecer una cifra exacta, aunque admitió que son varias.

El fiscal general sostuvo que el MP no se prestará “a juegos entre actores o personas interesadas en los puestos de elección”. También marcó distancia de administraciones anteriores al afirmar que la institución no servirá para “atacar a contrincantes”.

La Fiscalía de Delitos Electorales capacita al resto de fiscalías para 2027

García Luna explicó que la Fiscalía de Delitos Electorales ya comenzó una fase de capacitación dirigida al resto de fiscalías del país. El objetivo es que todas las unidades conozcan los delitos que pueden cometerse en un contexto electoral y puedan reaccionar con rapidez cuando reciban denuncias.

“Ahora es la capacitación de todas las demás fiscalías para que todas tengan el conocimiento sobre este tipo de delitos, si se diera el caso”, señaló. Según el funcionario, cada caso será analizado “jurídica penalmente, no de forma política”.

En esa misma línea, advirtió a quienes busquen competir en 2027 que el principal riesgo para una candidatura está en los vínculos con el crimen organizado. Mencionó tanto a financistas como a personas del entorno de campaña y remarcó que esa relación puede comprometer la viabilidad de una postulación.

“Si yo voy a ser candidato... tengo que estar o evitar o tener la precaución de que no haya crimen organizado de parte de financistas ni de gente que me apoya, porque eso es lo que me pone en riesgo mi candidatura”, afirmó.

La discusión sobre narcopolítica se agravó tras una denuncia de amenazas contra República GT

Las declaraciones del fiscal se producen después de una controversia abierta desde la segunda quincena de agosto por el portal digital República GT. Su presidente editor, Rodrigo Arenas, denunció un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial, y atribuyó la amenaza a “políticos y financistas vinculados a la narcopolítica” que, según indicó, habían sido investigados y expuestos por el medio.

“Me quieren matar. Con preocupación, pero con determinación, denuncio la planificación de un atentado en contra de mi vida y la de mi equipo editorial. La intención es firme y el plan es real. Está confirmado, sabemos quiénes son”, escribió Arenas en un comunicado público.

El directivo vinculó esa amenaza con una reunión reciente de líderes criminales convocada para definir acciones contra el portal y sus periodistas. Añadió que esa información ya fue entregada a autoridades y a gobiernos aliados.

La reacción política fue inmediata. El diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, calificó la denuncia como falsa y anunció acciones penales en Guatemala y en Estados Unidos contra Arenas y el equipo del portal.

“Es una denuncia falsa. Vamos a actuar penalmente... vamos a obligar que muestren las pruebas que dicen tener”, declaró el legislador. Aguirre agregó que el lugar al que hace referencia la publicación dejó de funcionar el 11 de mayo.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala también se pronunció sobre el caso. En sus redes sociales, la misión calificó como “alarmantes” los reportes sobre políticos ligados al narcotráfico y recordó que Washington mantiene “cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”, con un mensaje dirigido al proceso electoral de 2027.

Desde el plano partidario, Oscar Rodolfo Castañeda, dirigente del partido PODER, advirtió sobre la presencia del narcotráfico en alcaldías y diputaciones. También ubicó a la narcopolítica entre los principales riesgos del próximo ciclo electoral.

“No podemos permitir que el narco se apropie del Estado, porque cuando ese momento se dé, entonces ya no tienen que esconderse de él, porque ya lo cooptaron”, afirmó Castañeda, quien interpretó la postura de la embajada como una señal de respaldo frente a ese riesgo.

La Cámara del Agro de Guatemala exigió justicia por la muerte del agente de la Policía Nacional Civil Carlos Arturo Colindrez Lorenzo, ocurrida el 26 de agosto de 2026 durante un desalojo en Macho Creek, Izabal, y reclamó una investigación exhaustiva para que los responsables sean llevados ante los tribunales en un caso que volvió a exponer la tensión por la tierra y la seguridad en zonas rurales del país.

El operativo buscaba ejecutar una resolución judicial para desalojar a alrededor de 100 familias asentadas en un terreno en disputa desde 1913, según Infobae.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado entre agentes y residentes, con saldo de un policía muerto y dos heridos graves.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Agroindustrial de CAMAGRO expresó su consternación por la muerte de Colindrez Lorenzo y transmitió condolencias a su familia, compañeros y seres queridos. La entidad también condenó las invasiones ilegales y los ataques cometidos contra los policías que participaban en el procedimiento.

“Las invasiones ilegales y los ataques contra la vida e integridad de quienes hacen cumplir la ley constituyen hechos graves que no deben tolerarse ni quedar impunes”, afirmó la organización. En ese mismo pronunciamiento, el gremio sostuvo su respaldo a la labor de la Policía Nacional Civil.

CAMAGRO pidió al Ministerio Público una investigación pronta y exhaustiva

La respuesta central del gremio fue un reclamo directo al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes para que identifiquen a todos los responsables y los pongan a disposición de la justicia. El pedido incluyó que el caso avance conforme al debido proceso y que se aplique todo el peso de la ley.

CAMAGRO señaló que hechos de esta naturaleza obligan a reforzar las instituciones y a garantizar el respeto al Estado de derecho. También remarcó la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos, en especial de quienes tienen a su cargo funciones públicas de seguridad y cumplimiento de resoluciones judiciales.

De acuerdo con el medio, en el operativo resultaron heridos los agentes Maynor Efraín Choc Chub y Samuel Orlando Hernández Hernández. El intercambio de disparos se produjo mientras la fuerza pública cumplía la orden judicial en la comunidad de Macho Creek, en el municipio de Livingston.

El comunicado del gremio agroindustrial no se limitó a condenar el ataque. También planteó que la violencia registrada durante el desalojo debe ser enfrentada con una respuesta estatal firme, en un contexto en el que las invasiones ilegales y los conflictos por propiedad se han convertido en un foco persistente de inseguridad.

El caso volvió a mostrar la disputa histórica por la tierra en Izabal

El trasfondo del episodio, citado por Infobae, es una disputa histórica por la propiedad de la tierra en Izabal. En esa región confluyen reclamos de familias que sostienen derechos ancestrales sobre los terrenos y posiciones de presuntos propietarios legales que invocan títulos y decisiones judiciales.

Esa combinación ha alimentado episodios de tensión y violencia en los últimos años. El conflicto no solo enfrenta a actores con intereses contrapuestos sobre la tierra, sino que además coloca en el centro el alcance de la intervención estatal cuando debe ejecutar órdenes de desalojo en territorios marcados por reclamos de larga data.

Para CAMAGRO, lo ocurrido en Macho Creek confirma la necesidad de fortalecer la institucionalidad y de evitar que ataques contra agentes del Estado queden impunes. La organización insistió en que la protección de quienes hacen cumplir la ley forma parte de las condiciones básicas para sostener el orden jurídico.

La publicación también informó que, tras los hechos, las autoridades reiteraron su compromiso de investigar el caso y sancionar a los responsables conforme a la ley. Ese punto coincidió con la exigencia del gremio, que pidió una actuación pronta frente a un hecho que dejó un agente fallecido, dos policías heridos y un nuevo capítulo de violencia en una zona atravesada por conflictos agrarios de larga data.

Oakland Place, desarrollado por Spectrum en Guatemala, fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo con el Best of the Best Award de los ICSC Global Design & Development Awards, un resultado que la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala interpreta como una señal del nivel alcanzado por la industria local y de su capacidad para competir bajo estándares internacionales.

El premio llegó después de que el proyecto obtuviera el Premio Oro en la categoría Renovations/Expansions y una mención en sostenibilidad. En la instancia final, Oakland Place se impuso tras competir con 35 propuestas internacionales y quedar entre siete finalistas del galardón principal.

La Asociación de Centros Comerciales de Guatemala, ACECOGUA, presentó el reconocimiento como un logro que trasciende a un solo desarrollo. Para el gremio, el resultado ubica a Guatemala dentro de una conversación global sobre diseño, expansión y operación de centros comerciales.

El premio global llegó tras una competencia con 35 proyectos internacionales

El Best of the Best Award es el máximo reconocimiento que entrega el Consejo Internacional de Centros Comerciales, ICSC, a escala mundial. En este caso, distinguió a Oakland Place luego de un recorrido que incluyó un oro en renovación y expansión, además de una mención por criterios de sostenibilidad.

La lectura de ACECOGUA es que el premio confirma la madurez de una industria que en los últimos años ganó peso dentro de la Ciudad de Guatemala. Según la asociación, los centros comerciales se consolidaron como espacios que atraen visitantes, funcionan como puntos de encuentro y elevan su propuesta de calidad.

Esa interpretación busca colocar a Oakland Place como el caso más visible de una transformación más amplia. El proyecto, sostiene el gremio, no representa una excepción aislada sino la expresión de un sector que logró posicionarse frente a referentes internacionales.

Astrid Perdomo, directora ejecutiva de ACECOGUA, resumió esa idea en una declaración oficial: “Que el mejor centro comercial del mundo sea guatemalteco es motivo de orgullo para todo el gremio. Este reconocimiento a Oakland Place y a Spectrum es también un reconocimiento a una industria que trabaja con visión, eleva sus estándares y le demuestra al mundo lo que Guatemala es capaz de lograr”.

El reconocimiento se suma al papel de Guatemala como sede del CLICC en 2025

La distinción a Oakland Place llegó en un momento de exposición regional para el sector. En 2025, Guatemala fue sede del tercer Congreso Latinoamericano de Centros Comerciales, CLICC, una cita que reunió a líderes de más de 14 países y proyectó al país como centro regional del negocio minorista.

Durante ese encuentro, los recorridos técnicos por centros comerciales del país reforzaron esa visibilidad. De acuerdo con la información difundida por el gremio, esas visitas llevaron a que Guatemala fuera identificada como una “joya escondida” de los centros comerciales en la región.

La asociación entiende que ambos hechos, el congreso y el premio internacional, forman parte de un mismo proceso. Por un lado, muestran capacidad para atraer a actores de América Latina; por otro, exhiben resultados concretos en diseño, renovación y estándares de operación.

La respuesta a la pregunta central es directa: Oakland Place fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo por el principal premio global del ICSC, y ese resultado fue leído por el sector como una validación internacional del desarrollo comercial guatemalteco.

Para Spectrum, la empresa vinculada al proyecto, el galardón coloca a su desarrollo en la cima de una competencia internacional exigente. Para el resto del sector, establece un punto de referencia sobre hasta dónde puede llegar un centro comercial concebido y ejecutado en Guatemala.

ACECOGUA señaló que continuará impulsando el desarrollo de la industria de centros comerciales en el país. La entidad indicó que mantendrá su foco en innovación, buenas prácticas y excelencia, con el objetivo de sostener la presencia de Guatemala en la escena internacional del sector.

El reconocimiento a Oakland Place también funciona como una señal hacia adelante para el mercado local. Según la asociación, el premio fija una referencia para futuros proyectos y plantea una meta de ciudad y de industria asociada a estándares globales.

Guatemala, a través del Inguat, lanzó una versión renovada de visitguatemala.gt con inteligencia artificial para que los viajeros organicen itinerarios personalizados, en una apuesta por concentrar información oficial y facilitar la planificación en un momento en que el turismo internacional crece en el país.

La actualización llega después de que Guatemala recibiera 3 millones 361.843 visitantes no residentes en 2025, un alza de 11% frente a 2024. Ese movimiento generó USD 1.390,2 millones en divisas por turismo internacional, según los datos presentados durante el lanzamiento.

El nuevo portal reúne en un mismo espacio datos sobre destinos, experiencias, transporte, requisitos de entrada, clima, moneda, conectividad, salud, seguridad y asistencia turística. La plataforma también busca ampliar la visibilidad de la oferta nacional más allá de los puntos tradicionalmente más conocidos.

El portal genera rutas personalizadas en segundos

La principal novedad de visitguatemala.gt es un planificador inteligente que permite al usuario indicar cuántos días permanecerá en el país, qué experiencias desea conocer y cuáles son sus intereses. Con esa información, el sistema utiliza la base de datos del sitio para construir un itinerario a medida en cuestión de segundos.

El portal permite recorrer destinos mediante fotografías, videos, mapas interactivos y fichas informativas. La herramienta fue pensada para pasar de un sitio que solo entrega información a un espacio donde el visitante pueda explorar opciones, elegir lugares de interés y ordenar activamente su viaje.

Durante la presentación, el director general del Instituto Guatemalteco de Turismo Harris Whitbeck resumió el objetivo de la renovación con una frase que apunta a la experiencia del usuario: “Con visitguatemala.gt ponemos la diversidad del país al alcance de cada viajero y hacemos que planificar una visita sea más sencillo, personal y confiable”.

La plataforma puede utilizarse tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Sus contenidos están disponibles en español, inglés, alemán, francés, italiano y portugués, mientras que el sistema de inteligencia artificial tiene capacidad multilingüe.

La herramienta también busca medir intereses y reforzar la promoción

Otro de los ejes del proyecto es la posibilidad de conocer mejor cómo se comportan los usuarios que consultan información turística sobre Guatemala. Durante la presentación se explicó que la interacción dentro del portal permitirá detectar qué destinos, experiencias y productos despiertan mayor interés.

Diego Rodríguez Roy, CEO de Passporter, señaló que esos datos pueden servir para ajustar con más rapidez las estrategias de promoción. También pueden ayudar a dar mayor visibilidad a destinos que históricamente han recibido menos atención dentro de la oferta turística nacional.

El sistema de gestión de contenidos permitirá al Inguat actualizar la información con mayor autonomía. Esa flexibilidad también fue diseñada para incorporar nuevos productos turísticos y mantener al día los datos disponibles para quienes preparan un viaje.

La renovación incluye además una estrategia de optimización para motores de búsqueda, con el objetivo de que la información oficial del país aparezca con más fuerza cuando los usuarios busquen en internet destinos, experiencias, itinerarios o requisitos para viajar. Esa decisión conecta la herramienta con un objetivo más amplio: aumentar el alcance internacional de la promoción turística oficial.

El proyecto fue desarrollado durante aproximadamente seis a siete meses. Según se explicó en la presentación, el trabajo incluyó arquitectura tecnológica, experiencia de usuario, producción de contenidos, posicionamiento digital e integración de la inteligencia artificial.

La nueva versión del sitio fue desarrollada por Passporter en colaboración con el Inguat. La propuesta integra contenidos turísticos y herramientas tecnológicas para acompañar al viajero desde la etapa de inspiración hasta la organización concreta del recorrido.

Con esta herramienta, la entidad turística guatemalteca busca fortalecer la promoción internacional del país y favorecer a sectores vinculados con la actividad, entre ellos hoteles, restaurantes, operadores, guías, transportistas, artesanos y comunidades. La plataforma puede consultarse en https://visitguatemala.gt/ bajo el concepto: “Tu viaje a Guatemala empieza aquí”.

El Congreso de Guatemala avanzó en el tercer debate de la iniciativa 6518, una reforma al Código Civil que busca suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja y permitir que abuelas y abuelos reconozcan a sus nietos cuando ambos progenitores hayan fallecido o estén incapacitados, con el argumento de corregir reglas que, tras más de seis décadas de vigencia del Decreto 106, hoy producen tratamientos desiguales.

La propuesta deroga los artículos 139, 141 y 142, y reforma los artículos 216, 299 y 317. El pleno dejó pendiente la aprobación por artículos y la redacción final.

El proyecto fue presentado en marzo de 2025 por las diputadas Olga Villalta, Andrea Villagrán, Sandra Milián, Ivanna Luján, Andrea Reyes, Laura Marroquín, Victoria Godoy Palala, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía y Elena Motta, junto con los diputados Raúl Barrera, José Carlos Sanabria, Samuel Pérez y David Illescas.

La reforma busca que los bienes dejen de considerarse comunes desde la separación

El cambio central en materia patrimonial apunta al artículo 139, que hoy establece que la comunidad de bienes termina por la disolución del matrimonio, por separación de bienes o cuando exista condena en sentencia judicial firme contra alguno de los cónyuges o cuando los unidos de hecho se hayan separado.

El texto que impulsa la reforma sostiene que esa regulación genera conflictos porque, cuando una pareja se separa y el divorcio o el cese de la unión de hecho se formaliza años después, los bienes adquiridos durante todo ese tiempo siguen considerándose de ambos y deben dividirse por mitad, aun si uno no aportó a su adquisición.

Esa situación, según la exposición del proyecto, también puede darse en casos en los que uno de los integrantes de la pareja no haya cumplido con la pensión alimenticia de los hijos, aunque esa obligación ya haya sido fijada por escritura pública, por acuerdo homologado por juez competente o por sentencia dentro de un proceso de alimentos.

La iniciativa plantea sustituir el modelo basado en la culpabilidad por otro orientado a la resolución equitativa de conflictos. El argumento es que, una vez producida la separación, desaparece el apoyo recíproco que justifica el régimen de comunidad de gananciales o de comunidad absoluta de bienes, por lo que ese régimen debería quedar suspendido para ambas partes.

El proyecto remarca que esa posible injusticia no afecta a un solo sexo. Señala que hombres y mujeres generan ingresos por trabajo o comercio y que, tras la separación, ambos pueden seguir adquiriendo bienes de forma independiente, incluso cuando una de las partes quede en mejor situación económica que la otra.

Los artículos sobre abandono y culpabilidad también serían eliminados

La propuesta también elimina el artículo 141, que dispone que el abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para esa persona, desde el día del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan.

El texto de la iniciativa considera que esa regla mantiene un trato desigual porque hace cesar los derechos solo para una de las partes. La reforma propone, en cambio, que el derecho de comunidad de bienes quede suspendido para ambos desde la separación.

La derogación del artículo 142 responde a la misma lógica. Esa norma establece que, en caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación.

Según el planteamiento discutido en el Congreso de la República, mantener la noción de “cónyuge culpable” conserva un esquema sancionador que no responde al presupuesto real de adquisición de bienes durante el matrimonio. La iniciativa sostiene que, si ya no existe colaboración entre ambos, los gananciales deben suspenderse desde la separación, tanto en matrimonios como en uniones de hecho.

El proyecto añade que la regulación vigente vulnera los artículos 1, 2, 4, 44, 46, 47, 66 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, relativos a derechos y obligaciones de los ciudadanos.

La iniciativa también amplía el reconocimiento y la tutela de los nietos

En el plano familiar, la reforma modifica el artículo 216 para establecer que los abuelos paternos o maternos, sin distinción de sexo ni de línea parental, podrán reconocer a un menor cuando exista fallecimiento o incapacidad de ambos progenitores.

La iniciativa también reforma los artículos 299 y 317 en materia de tutela de los nietos. El texto presentado ante el Legislativo vincula esos cambios con la necesidad de actualizar disposiciones que han quedado desfasadas frente a las dinámicas familiares actuales.

Con este avance, la discusión legislativa se concentra ahora en la aprobación por artículos y en la redacción final de una reforma que intenta ajustar normas vigentes desde hace más de 60 años en el Código Civil guatemalteco.

El Hospital Roosevelt de Guatemala atiende 100 nuevos pacientes con cáncer al mes y amplió horarios, contrató más personal y reforzó la compra de medicamentos para responder a una demanda que creció en los últimos años y para avanzar en la aplicación de la Ley para la Atención Integral del Cáncer, según informaron autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en una conferencia de prensa.

La presión sobre el sistema no se limita al principal hospital público del país. Desde 2025, la red de hospitales públicos aplicó 56.000 quimioterapias, realizó más de 2.000 cirugías oncológicas, administró 762.000 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano y practicó 203.000 tamizajes para detección temprana de cáncer de cérvix.

La directora del hospital, la doctora Johanna Samayoa, detalló que las consultas oncológicas pasaron de 11.322 en 2021 a 15.760 en 2025, un alza del 39,19%. En el mismo período, los procedimientos de quimioterapia subieron de 9.671 a 14.821, un incremento del 53,25%.

Hoy el Roosevelt atiende a 180 pacientes diarios en consulta externa y aplica entre 80 y 100 quimioterapias por día. Para reducir los tiempos de espera, el MSPAS extendió el horario de quimioterapias y transfusiones sanguíneas los lunes, martes y jueves hasta las 17:00.

El hospital extenderá la atención hasta los sábados en enero de 2027

La ampliación horaria empezará a cubrir más días de forma progresiva desde septiembre. La meta oficial es que en enero de 2027 el servicio también funcione los sábados.

Samayoa explicó la razón de esa decisión: “El objetivo es acortar el tiempo de las citas y que muchos pacientes que laboran puedan optar a un horario más accesible”.

El refuerzo de personal acompaña esa expansión. En 2026 se contrataron 107 trabajadores para la unidad de hemato-oncología y, sumados a los 52 incorporados el año anterior, el área acumula más de 160 trabajadores adicionales entre especialistas, personal asistencial y administrativo.

Ese personal fue distribuido en cirugía oncológica, ginecología, cuidados paliativos y hemato-oncología. La medida busca sostener una atención que ya absorbe un flujo constante de pacientes nuevos cada mes.

El Roosevelt destinó 69,4 millones de quetzales a fármacos e insumos oncológicos

El MSPAS asignó 69.4 millones de quetzales a medicamentos e insumos para pacientes con cáncer en el Roosevelt. El nivel de abastecimiento oncológico llega al 85% y abarca 116 tipos de medicamentos disponibles.

Samayoa advirtió que ese abastecimiento está sometido a una presión creciente por el aumento de la demanda. La doctora Silvana Torceli, jefa de la unidad de hemato-oncología, lo resumió así: “No es lo mismo decir abastecido que disponibilidad. Cada vez va aumentando la cantidad de pacientes y esa disponibilidad se va haciendo menor”.

La ejecución presupuestaria general del hospital alcanza el 64.61%, mientras que la específica para cáncer se ubica en el 51.98%. Las autoridades indicaron que el resto del dinero ya está comprometido en procesos de cotización y licitación que concluirán antes de diciembre de 2026.

En la red hospitalaria nacional, la viceministra de Hospitales, la doctora María del Rosario Orozco, informó que 34 de los 49 hospitales públicos tienen presupuesto asignado para atención oncológica. El monto total asciende a 235 millones de quetzales y su ejecución llega al 54%.

Nuevos equipos y pruebas amplían la capacidad de diagnóstico y tratamiento

Entre las adquisiciones recientes figura un tomógrafo nuevo, con lo que el Roosevelt dispone ahora de dos tomógrafos y una resonancia magnética. El hospital también readecuó un área de radiología para que las pacientes accedan en un mismo espacio a mamografía y ultrasonido mamario.

En ginecología se incorporó una torre de laparoscopía con fluorescencia que permite identificar el ganglio centinela afectado por el cáncer sin extraer todos los ganglios. Según Samayoa, el Roosevelt es el único hospital público del país con ese equipo, y tres ginecólogos trabajan de forma exclusiva en la evaluación de pacientes oncológicas en esa área.

El laboratorio sumó pruebas de inmunohistoquímica y dos determinaciones moleculares nuevas: BCR-ABL1-p2 y ABL1-p190. Esos estudios se usan en el seguimiento de pacientes con leucemia mieloide crónica y leucemia linfoblástica aguda, y antes solo podían obtenerse mediante donaciones.

El ministro de Salud, el doctor Joaquín Barnoya, vinculó estas medidas con el cumplimiento del Decreto 7-2024, Ley para la Atención Integral del Cáncer, aprobada por unanimidad en el Congreso de la República. El reglamento de esa norma fue oficializado por el Acuerdo Gubernativo 105-2026 y abarca prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

Entre las mujeres atendidas en el Roosevelt, los cánceres más frecuentes son de mama, cérvix y gástrico. Entre los hombres predominan el gástrico, el de colon y el hepatocarcinoma.

El registro poblacional de cáncer creado por el decreto contabiliza hasta ahora 15,000 casos en todo el país. Orozco precisó que los hospitales autorizados para aplicar quimioterapias son el Roosevelt y el San Juan de Dios, en la capital; el Regional de Occidente, en Quetzaltenango; y el Nacional Pedro de Betancourt, en Antigua Guatemala.

El Hospital Regional de Cuilapa, en Santa Rosa, tiene previsto sumarse en 2027. La ley también contempla la creación de un hospital especializado contra el cáncer con financiamiento del Gobierno de Taiwán, cuya construcción podría concluir en 2028.

Desde 2025, además de las quimioterapias y cirugías oncológicas reportadas por el ministerio, 2,562 pacientes fueron remitidos al Instituto de Cancerología y más de 6,000 recibieron cuidados paliativos. El Roosevelt proyecta además lanzar el primer posgrado de oncología del sector público para formar médicos especialistas que puedan atender pacientes en distintos hospitales de la red nacional.

La mayor intervención se concentró en el municipio de San Luis, en Petén, donde patrullajes de reconocimiento identificaron tres terrenos con plantaciones de hoja de coca.

Allí fueron destruidos 70,000 arbustos en fase de crecimiento, con un valor estimado en 1,750,000 quetzales, unos USD 229,500, de acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación.

El operativo fue ejecutado por unidades del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil a través de su división antinarcóticos. Según informaron fuentes oficiales, la acción estuvo dirigida contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En Alta Verapaz fueron localizados dos campos con 25,400 arbustos

En el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, las autoridades localizaron dos campos en una zona montañosa donde crecían 25,400 arbustos de coca. El Gobierno guatemalteco calculó el valor de esa plantación en 635,000 quetzales, equivalentes a USD 83,333.

Ese hallazgo formó parte de una operación interinstitucional orientada a atacar las estructuras de producción de drogas ilícitas. El reporte oficial sostuvo que estas acciones buscan reforzar la seguridad nacional mediante intervenciones directas sobre los puntos de cultivo.

La operación en Petén amplió ese alcance. Durante la inspección de los terrenos intervenidos en San Luis, las fuerzas de seguridad también localizaron un posible laboratorio clandestino dedicado al procesamiento de drogas.

Ese sitio quedó pendiente de una inspección técnica a cargo de peritos especializados. Con ese hallazgo, la ofensiva dejó de centrarse solo en la erradicación de plantaciones y pasó a abarcar también infraestructura presuntamente vinculada al procesamiento de sustancias ilícitas.

El Gobierno vincula los operativos con una estrategia contra economías ilegales

La respuesta a la pregunta central del operativo es concreta: las autoridades destruyeron cultivos de coca en dos departamentos y detectaron una instalación que podría formar parte de la cadena de producción de drogas. La intervención fue presentada por el Gobierno como parte de una estrategia nacional para debilitar redes delictivas.

Según datos oficiales, la coordinación entre el Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación permitió intensificar el combate contra economías ilegales que, según el Gobierno, afectan la seguridad y el bienestar de la población. La erradicación de los sembradíos fue descrita como una medida para reducir la producción y comercialización de drogas en el país.

La presencia de cultivos de hoja de coca en Guatemala ha generado preocupación entre organismos de seguridad regionales. Esos sectores observan un desplazamiento de actividades ilícitas hacia Centroamérica, un fenómeno que empuja a las autoridades a mantener operativos constantes de detección.

En ese marco, las fuerzas de seguridad sostienen patrullajes y acciones de búsqueda para localizar nuevos sembradíos y laboratorios clandestinos. El objetivo declarado es cortar la cadena de producción del narcotráfico desde sus primeras fases, antes de que los cultivos y las estructuras de procesamiento consoliden nuevas rutas de operación en el territorio guatemalteco.

La PNC erradica 3,300 arbustos de hoja de coca en San Luis, Petén

Hace diez días, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron y erradicaron 3,300 arbustos de hoja de coca en áreas montañosas cercanas al caserío La Caoba, en San Luis, Petén.

De acuerdo con el reporte de la PNC, el cultivo ilícito tenía un valor aproximado de Q82,500 y fue destruido conforme a los protocolos establecidos. La institución informó que estos operativos seguirán en distintas regiones del país para detectar y eliminar plantaciones ilegales.

La PNC señaló que las acciones buscan reducir la producción de sustancias ilícitas desde su origen e impedir que las plantaciones sean aprovechadas por estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales. También pidió a la población denunciar a través de los canales oficiales: 110 de la PNC, 1577 de la Línea Antinarcótica y 1561 de Crime Stoppers.

Guatemala registra una reducción de 33% en las lluvias de la primera época lluviosa de 2026 mientras El Niño avanza hacia una fase que podría convertirlo en el episodio más fuerte en 76 años, un escenario que ya afecta caudales, suelos, temperaturas y seguridad alimentaria en el país.

La advertencia fue expuesta por el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Edwin Rojas ante la Comisión de Agricultura del Congreso durante una citación legislativa con diputados de la Comisión de Agricultura.

La proyección más inmediata es que la consolidación del fenómeno entre agosto, septiembre y octubre de 2026, y luego entre marzo, abril y mayo de 2027, tiene una probabilidad de entre 95% y 100%, según los modelos IDI que maneja la institución.

Esa previsión se suma a un dato internacional de alto impacto: el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos situó en más de 90% la probabilidad de que el evento se vuelva muy fuerte durante el otoño e invierno 2026-27.

Rojas explicó a los diputados que El Niño todavía no ha sido declarado de forma oficial, porque ese paso exige cinco trimestres móviles con temperaturas superiores a 0,5 °C en la región 3.4 del océano Pacífico. Hasta la reunión, INSIVUMEH había contabilizado tres: marzo-abril-mayo con 0,5 °C, abril-mayo-junio con 0,9 °C y mayo-junio-julio con 1,4 °C.

El director sostuvo que esa formalidad no altera lo que ya se observa en el territorio. El boletín especial VAC-01-2026, emitido en marzo junto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, ya anticipaba el deterioro que ahora muestran los registros.

El déficit de lluvia ya se extiende del Pacífico al altiplano

La presentación ante el Congreso detalló que entre enero y junio el Pacífico acumuló una caída de 29% frente al promedio histórico 1991-2020. El Altiplano Central registró 24%, el Occidente 17% y los Valles de Oriente más de 30%.

Los datos de campo muestran un impacto todavía más marcado en algunas zonas. En los Valles de Oriente, el 75% de los 54 días analizados durante la canícula transcurrió sin lluvia.

A nivel departamental, Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa encabezaron en julio los registros de días sin precipitación. En agosto, con 23 días contabilizados al momento del corte, se sumaron El Progreso, Sololá y Totonicapán, una señal de que el déficit ya avanza hacia el altiplano.

Rojas informó además que en cinco departamentos el déficit de julio llegó al 75%, con puntos que alcanzaron 85%. Ese descenso de las lluvias también se refleja en los ríos: la institución registra una reducción de entre 30% y 35% en los caudales monitoreados en las tres vertientes del país.

Según el funcionario, esa baja combina el déficit pluviométrico con problemas estructurales como la deforestación y la mala planificación de cuencas hidrográficas. La humedad en la primera capa del suelo, entre cero y 30 centímetros, ronda el 20%, y a profundidades de hasta tres metros cae por debajo del 10%.

El impacto climático ya golpea la seguridad alimentaria

La consecuencia directa más amplia es sobre la disponibilidad de alimentos. Según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 3,2 millones de personas, alrededor del 17% de la población, enfrentan inseguridad alimentaria aguda entre julio y septiembre de 2026, por encima de los 2,5 millones del trimestre anterior.

Alta Verapaz aparece como el departamento más afectado, con más del 28% de su población en fase de crisis. Detrás se ubican nueve departamentos del altiplano occidental y del Corredor Seco, entre ellos Huehuetenango, Quiché, Jalapa, Jutiapa y Zacapa.

Para Guatemala, el avance del fenómeno también implica más calor. Las proyecciones de INSIVUMEH indican que en agosto y septiembre las temperaturas estarán entre 0,5 °C y 1 °C por encima del promedio, y que en octubre esa anomalía podría ampliarse a entre 1 °C y 2 °C.

Rojas advirtió ante los legisladores que la combinación de calor y humedad ambiental residual crea condiciones favorables para la proliferación de vectores de enfermedades. La perspectiva climática de agosto, septiembre y octubre elaborada por la institución prevé lluvias por debajo de lo normal en la mayor parte del país.

El director precisó que las lluvias convectivas de la segunda época, aunque pueden ser torrenciales y concentrarse en poco tiempo, no compensarán el déficit acumulado desde el inicio de la temporada. Explicó que el equilibrio matemático del volumen de agua no equivale al equilibrio biológico que necesitan cultivos, animales y personas.

Los efectos podrían prolongarse hasta 2027

Rojas recordó que en episodios previos de intensidad comparable los efectos se extendieron mucho más allá del evento climático. El ciclo 2014-2015 dejó consecuencias durante 20 meses y el de 2023-2024 durante 12 meses.

Ante los diputados, el funcionario planteó que la respuesta debe comenzar ahora, pero que las acciones de mayor alcance deben planificarse para 2027. Esa evaluación coincide con los modelos del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio, que ubican el pico del fenómeno entre octubre de 2026 y enero de 2027, con temperaturas en la región Niño 3.4 de hasta 3,4 °C por encima del promedio.

Según informó la institución, el programa Clínicas del Clima buscará llevar productos técnicos directamente a los usuarios en territorio. La primera intervención está prevista para finales de septiembre en Jutiapa, uno de los departamentos con mayor déficit de precipitación.

INSIVUMEH también indicó que opera sistemas de alerta temprana propios, con derechos de propiedad registrados ante el Ministerio de Economía, y bots de inteligencia artificial capaces de ofrecer pronósticos de hasta tres días para cualquier punto del país.

La Comisión de Postulación cerró la recepción de expedientes con 58 aspirantes al cargo de contralor general de Cuentas para el período 2026-2030, un proceso que ahora entra en la fase de revisión para definir una nómina de seis nombres que irá al Congreso, donde se elegirá al sustituto de Frank Bode Fuentes antes del relevo previsto para el 13 de octubre.

Entre los postulantes figura Erick Fernando Mazariegos, identificado por La Hora como un aspirante que en 2022 contó con el aval del entonces presidente Alejandro Giammattei y de Miguel Martínez.

La definición final exige mayoría absoluta en el Congreso: 81 votos. Según la Agencia Guatemalteca de Noticias, si el nuevo titular no asume cuando inicia el período constitucional, el subcontralor de Probidad ocupará el puesto conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

El plazo de recepción concluyó el martes 25 de agosto, tras cuatro días de entrega de documentación. El presidente de la postuladora, padre Miquel Cortés, dijo a la agencia oficial que este miércoles comenzaría la evaluación de los requisitos de forma y que los resultados se harán públicos.

Los aspirantes que no cumplan con algún requisito podrán presentar pruebas de descargo. Después, los comisionados aplicarán una tabla de gradación para integrar la lista de seis candidatos que será enviada al Legislativo.

Erick Mazariegos vuelve a competir tras su intento fallido de 2022

Mazariegos aparece como el aspirante número 36 del listado total. Según La Hora, en la elección de 2022 no logró ingresar a la nómina final de seis y después promovió un amparo ante el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Civil, aunque esa acción no alteró el resultado.

En aquella evaluación obtuvo 61.04 puntos y fue el postulante con más tachas en su contra: seis de las 12 presentadas, de acuerdo con la publicación. Los comisionados no aceptaron entonces sus pruebas de descargo.

El perfil del aspirante está ligado a la administración pública y a la fiscalización. Es contador público y auditor, tiene una maestría en Administración Pública y Gobierno, y el 4 de mayo de 2021 asumió como subsecretario para Asuntos Ejecutivos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Antes ocupó el cargo de viceministro administrativo en el Ministerio de Educación al inicio del gobierno de Giammattei. También trabajó en la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la propia Contraloría General de Cuentas.

La nómina reúne exfinalistas, autoridades de la CGC y una excontralora

La lista de 58 expedientes incluye perfiles con participación reiterada en procesos anteriores y funcionarios con trayectoria dentro de la CGC. Entre ellos está Carlos Humberto Echeverría Guzmán, quien integró la nómina final en 2018 y 2022; en el último proceso obtuvo la calificación más alta, cercana a 89.8 puntos, citado por La Hora.

También figura Jorge Luis Maldonado Maldonado, que en 2022 integró la nómina de seis candidatos y alcanzó 81.56 puntos; Marvin Antonio Berdúo Matzir, que ese mismo año sumó 73.17 puntos y también avanzó a la fase final; y Óscar Mauricio López Ixcolin, entonces secretario general de la Contraloría, con 70.69 puntos.

El listado incorpora además a funcionarios activos o recientes de la institución, como Carlos Aguilar Sarat, con antecedentes en la Dirección de Denuncias; Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto Público; Luis Antonio Marroquín Pimentel, identificado como director de Probidad; y Carlos Emilio Morales Cancino, nombrado subcontralor de Probidad en noviembre de 2022.

Entre los nombres destaca Nora Liliana Segura Monzón, quien ya dirigió la Contraloría entre 2010 y 2014 y fue la primera mujer en ocupar la jefatura de la entidad. También se postula Vilma del Rosario Xicará Tahay, que integró la nómina final en 2018 con 60.55 puntos.

La relación de aspirantes incluye además a Jorge Enrique Dávila Martínez y Alejandro González Portocarrero, ambos finalistas en 2018; César Armando Elías Ajcá, cuya candidatura fue sometida a votación en el Congreso en 2015; y Juana Anabella García Martínez de Estrada, quien ingresó a la institución en 1985 y para 2026 figura como coordinadora gubernamental y supervisora.

La revisión se hará por mesas dobles y con rotación de expedientes

La siguiente etapa ya comenzó con una metodología de revisión por mesas de trabajo. Según Prensa Libre, cada mesa quedó integrada por un representante de una universidad y otro de los colegios profesionales, tras un sorteo efectuado por la comisión.

Las mesas impares recibieron cinco expedientes y las pares, cuatro. El medio informó que los documentos serán rotados para una segunda revisión, con el objetivo de verificar su cumplimiento conforme a los criterios definidos por la postuladora.

Aún no se ha sacado la convocatoria para las Elecciones Generales que se llevarán a cabo en 2027 en Guatemala. Sin embargo, varios políticos y aspirantes a un puesto de elección popular ya se encuentran realizando proselitismo, pese a estar prohibido en la Ley.

Esta situación se refleja en las denuncias acumuladas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se han recibido 195 expedientes por posibles actos de campaña anticipada, un aumento que llevó al organismo a preparar nuevas acciones de prevención, capacitación sobre redes sociales y una aplicación para que la ciudadanía denuncie infracciones en línea.

Del total de casos, cerca de 30 expedientes todavía no han sido notificados, de acuerdo con el TSE. El departamento de Guatemala concentra alrededor del 60 % de los registros, la proporción más alta reportada por el tribunal.

La mayor parte de los posibles actos anticipados fue detectada por el monitoreo de la Unidad Especializada en Medios del TSE. El tribunal también recibió denuncias ciudadanas y reportes enviados por sus delegados y subdelegados.

El organismo informó que no divulgará por ahora qué partidos políticos acumulan más expedientes porque las investigaciones siguen en trámite. Esa reserva se mantiene mientras cada caso avanza dentro del proceso administrativo correspondiente.

El TSE endurece la prevención y redefine los límites de la promoción política

Ante el crecimiento de las denuncias, el TSE anunció que emitirá un aviso preventivo dirigido a las organizaciones políticas. También indicó que en septiembre capacitará a sus planificadores sobre el uso de redes sociales y los límites que deben respetarse para no incurrir en campaña anticipada.

El tribunal además prepara una aplicación para que los ciudadanos reporten posibles infracciones cometidas en plataformas digitales. La medida apunta a ampliar los canales de vigilancia en un terreno que ya forma parte central del control electoral.

Los magistrados del TSE reformaron cuatro reglamentos electorales, entre ellos el que contiene el artículo referido a la promoción de imagen y a la campaña anticipada. Gabriel Aguilera, presidente del tribunal, explicó que las modificaciones responden a un proceso técnico desarrollado durante los últimos dos años, en coordinación con distintas direcciones del organismo y con organizaciones políticas.

Aguilera sostuvo que los cambios precisan mejor en qué momento una conducta pasa de la exposición pública a la promoción de una figura antes de la convocatoria a elecciones.

Según explicó: “Si hay llamados al voto, explícitos o implícitos; si se presentan planes de gobierno fuera de tiempo, si se usan símbolos partidarios de forma reiterada para posicionar a una persona o se contrata pauta en medios y redes con fines electorales, se configura la infracción”.

Los nuevos criterios distinguen entre exposición pública y promoción electoral

El presidente del tribunal agregó que la actualización incorpora parámetros técnicos para determinar la transgresión. “Se evaluará si ocurre antes de la convocatoria, si es reiterado y si el contenido pasa de informativo a promocional”, precisó.

Aguilera también indicó que no toda aparición pública constituye una falta. “Participar en programas, redes sociales, reuniones o como expositor es promoción de imagen, salvo que se busque favorecer a un candidato o llamar al voto”, afirmó.

El exmagistrado del TSE Jorge Mario Valenzuela respaldó que existan parámetros más claros para analizar estos casos. “Toda persona que participa en actividades públicas da a conocer su imagen, por lo que contar con criterios más definidos permite analizar mejor estos casos y favorecer condiciones más equitativas entre los actores políticos”, expuso.

Los reglamentos reformados son el de la Ley de Partidos Políticos, el de Voto en el Extranjero, el de la Unidad de Fiscalización y el de la Unidad de Medios.

Una requisa en la Granja Pavón permitió decomisar cientos de ilícitos, entre los que resalta drogas, licor, celulares y equipos de comunicación, además de frustrar la construcción de un túnel que, según información de inteligencia citada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, buscaba una salida al exterior del penal para mantener operaciones criminales desde la cárcel.

Entre los hallazgos también aparecieron 32 teléfonos celulares, 24 cargadores y 200 cables USB, indicaron las autoridades que detallaron sobre el inventario localizado durante el operativo. El recuento incluyó además 387 objetos punzocortantes, una sierra eléctrica, ocho pesas y 20 moledores.

La intervención se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto con participación del Ejército de Guatemala, en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario. El objetivo, según las autoridades, fue reforzar el control y la seguridad dentro del centro de detención.

Villeda aseguró en un mensaje difundido en redes sociales que la acción se adelantó a las estructuras criminales. “A través de la inteligencia del Estado obtuvimos información que nos permitió dar un duro golpe al crimen organizado y actuar antes de que sus estructuras pudieran seguir operando desde las cárceles”.

La requisa expuso un mercado interno de alcohol, tabaco y comunicaciones

Desde relojes, hasta plantas de marihuana, son parte del hallazgo que reveló el mercado interno que existe en la Granja Penal de Pavón, una de las cárceles más grandes y hacinadas que tiene Guatemala.

El inventario de lo decomisado fue revelado por el Ejército de Guatemala:

• 387 objetos punzocortantes
• 20 estatuas de la Santa Muerte
• 4.000 encendedores
• 32 teléfonos celulares
• 24 cargadores para teléfono
• 200 cables USB
• 7 bocinas
• 2 cámaras de videovigilancia tipo bombillo
• 2 repetidores de señal WiFi
• 4 radios intercomunicadores
• 6 cargadores para radios

• 5 controles
• 2 relojes de mano
• 2 ventiladores
• 4 auriculares
• 1 sierra eléctrica
• 20.000 cajetillas de cigarrillos
• 850 cervezas
• 10 octavos y 4 medias de licor
• 10 toneles, 5 canecas y 62 botellas de presunto licor clandestino tipo cusha
• 8 pesas y 20 moledores para presunta droga
• 8 paquetes grandes de presunta marihuana
• 2 bolsas de presuntas semillas de marihuana
• 10.000 papos para envolver presunta marihuana
• 100 frascos de presuntos colmillos de cocaína
• 800 bolsitas y 300 colmillos de presunta cocaína
• 3 bolsas medianas y 4 bolsas pequeñas de presunta cocaína
• 3.000 bolsas para empacar presunta droga
• 100 pastillas de presuntas anfetaminas
• 1,000 piedras de presunto crack
• 2 plantas vivas de presunta marihuana
• 12 pipas para inhalar presunta droga
• 118 puros de tabaco

Entre los objetos encontrados hubo 20 estatuas de la Santa Muerte, que regularmente es utilizado por pandilleros y narcotraficantes.

Incinerado

Según el jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, todo lo localizado e incautado fue incinerado como corresponde según la Ley.

Sobre el túnel, Villeda afirmó que la requisa permitió “frustrar la construcción de un túnel que, de acuerdo con la información de inteligencia, pretendía tener una salida hacia el exterior de la cárcel”. El Ejército de Guatemala señaló que estas acciones buscan impedir que estructuras criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las prisiones.

El descenso notable de las lluvias en Guatemala, asociado al fenómeno de El Niño, se mantendrá y podría agravarse hasta el próximo año.

Las predicciones actuales advierten que la escasez hídrica se convertirá en un reto persistente para distintos sectores productivos y sociales del país.

Aunque El Niño aún no ha sido declarado oficialmente en Guatemala, los registros muestran tres trimestres móviles consecutivos con anomalías térmicas iguales o superiores a 0.5 °C, cuando se requieren cinco para una confirmación formal, detalló en un informe el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según el documento, esta circunstancia técnica no ha impedido que el país experimente ya una disminución significativa en las precipitaciones y un aumento de las temperaturas; es decir, menos lluvia y más calor.

Desde marzo, los pronósticos anticipaban que la falta de lluvias se intensificaría a mediados de año. La observación actual confirma estas previsiones, lo que obliga a mantener la vigilancia y adaptar estrategias para enfrentar la situación.

Persistencia del fenómeno hasta 2027

El Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC) reporta que las condiciones de El Niño se fortalecieron en julio y se espera que prevalezcan durante el resto de 2026 y principios de 2027.

Según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, citado por el ICC, la probabilidad de que el evento continúe es superior al 95 %, con un posible aumento de intensidad hacia un episodio muy fuerte entre septiembre de este año y enero de 2027.

La anomalía de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 alcanzó +2.0 °C en julio, superando ampliamente el promedio y marcando una tendencia preocupante.

Impacto territorial: sur de Guatemala y El Salvador

Las consecuencias del fenómeno afectan de manera especial al sur de Guatemala y a El Salvador. Entre mayo y julio, la Boca Costa registró anomalías de hasta +0.9 °C y la región del Pacífico alcanzó +1.2 °C, detalló el Instituto que se especializa en el análisis del cambio climático.

Las precipitaciones estuvieron considerablemente por debajo del promedio histórico: en el Pacífico guatemalteco el déficit fue de -50 mm (-31 %) y en la Boca Costa llegó a -151 mm (-51 %).

En El Salvador, la zona montañosa y la región del Pacífico también experimentaron déficits superiores al 29 % y 77 % respectivamente. Se prevé que estos valores continúen descendiendo, lo que podría reducir los caudales de los ríos y afectar la disponibilidad de agua para la población y la agricultura.

Consecuencias para la economía y la salud

La falta de lluvias pone en riesgo la productividad agrícola, en particular los cultivos de maíz y frijol en el Corredor Seco, que son fundamentales para la seguridad alimentaria nacional. La sequía prolongada disminuye las cosechas y limita la contratación de trabajadores rurales, agudizando la vulnerabilidad de las comunidades.

El sector energético también enfrenta desafíos: la reducción del caudal de los ríos dificulta la generación hidroeléctrica, lo que lleva a un mayor uso de combustibles fósiles y al encarecimiento de la electricidad.

A esto se suman los problemas de salud pública, pues la escasez de agua favorece prácticas de almacenamiento deficientes y eleva el riesgo de enfermedades como el dengue.

Vigilancia y medidas anticipatorias

El Insivumeh ha reiterado la necesidad de monitoreo constante y actualización de la información sobre el fenómeno. El seguimiento preciso es clave para fortalecer las acciones preventivas y minimizar los efectos negativos, no solo en 2026 sino también durante el año siguiente.

“Fuimos claros al mencionar que si Guatemala necesitaba 3 botellas de agua para pasar la época, en este momento y este año, lo que podría tenerse disponible son 2 botellas”, metáfora utilizada por el director del Insivumeh, Edwin Rojas, para ilustrar la magnitud del déficit hídrico que enfrenta el país.

Experiencias previas y perspectiva

La duración de El Niño en la región ha sido variable: entre 2014 y 2015, el episodio se extendió por 20 meses, mientras que en 2018-2019 duró 10 meses. Estos antecedentes refuerzan la alerta sobre la posible prolongación del déficit de lluvias.

En conclusión, Guatemala encara una prolongada escasez de lluvias producto de El Niño, que podría extenderse hasta 2027 y afectar de forma transversal la economía, la seguridad alimentaria y la salud pública. La adaptación y la vigilancia serán cruciales en los próximos meses.

El Ministerio Público de Guatemala activó una alerta general por amenazas contra fiscales que investigan estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas, mientras coordina con el Ministerio de Gobernación medidas de protección para evitar que las intimidaciones alteren el curso de las pesquisas.

Antes de que se conociera públicamente la denuncia, las autoridades habían ejecutado 11 allanamientos y varias órdenes de captura en diligencias relacionadas con narcomenudeo y extorsión. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, en esos operativos fueron detenidas cuatro personas señaladas por extorsión, asociaciones delictivas y conspiración para cometer delitos vinculados con comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, entre ellas una empleada del Ministerio Público.

El fiscal general y jefe del MP Gabriel García Luna explicó, citado por Diario La Hora, que la institución cuenta con un esquema de seguridad para los fiscales que enfrentan riesgos en expedientes sensibles. También dijo que se realizan estudios de análisis de riesgo y que los funcionarios pueden comunicarse directamente para pedir resguardo cuando consideren comprometida su seguridad.

La medida responde a amenazas detectadas contra fiscales que llevan casos de alto impacto. Según explicó el jefe del Ministerio Público, además de la protección inmediata, hay investigaciones internas en marcha para establecer quiénes están detrás de las intimidaciones y cuál es su origen.

El resguardo se articula con Gobernación y la Policía Nacional Civil

García Luna sostuvo que el Ministerio Público necesita trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil en función de las competencias que establece el Código Procesal Penal. Esa coordinación se concentra en la seguridad de fiscales y operadores que participan en investigaciones penales.

El punto central de esa respuesta institucional es que los fiscales amenazados pueden solicitar medidas de protección y, a partir de esa petición, el MP define el nivel de riesgo y las acciones necesarias. El funcionario afirmó al medio que “hay estudios de análisis de riesgo. (Los fiscales) tienen la libertad y se comunican directamente para solicitar seguridad al momento en el que sientan que están comprometidos”.

El Ministerio de Gobernación informó que mantendrá y, si es necesario, reforzará la protección para los funcionarios amenazados. La cartera indicó que, por medio de la PNC, sostiene coordinación permanente con el Ministerio Público para resguardar a fiscales y operadores de justicia expuestos por su trabajo.

Según el ministerio, “la independencia del ejercicio fiscal es indispensable” para el Estado de Derecho. Añadió que ningún intento de intimidación debe servir para condicionar investigaciones dirigidas contra el crimen organizado.

Las amenazas surgieron en medio de pesquisas sobre el cartel de los Caradura

La denuncia pública del MP sobre estas amenazas se conoció el viernes 14 de agosto. El ente investigador indicó entonces que los fiscales afectados participan en expedientes relacionados con narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, aunque evitó divulgar más detalles porque el hecho ya era objeto de investigación penal.

Un día antes, autoridades habían realizado diligencias bajo coordinación entre el MP y la PNC en casos vinculados al cartel de los Caradura. Esas acciones fueron presentadas como una primera fase de operativos orientados a desarticular a esa estructura, señalada de dedicarse al narcomenudeo en la ciudad de Guatemala.

Entre las personas capturadas figura Gladys Eugenia Pelén Chacchic, de 39 años, trabajadora como técnica en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP. Según información difundida de forma extraoficial, está vinculada con almacenamiento, venta y distribución de droga en el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina.

Un juzgado guatemalteco la dejó ligada a proceso. El Ministerio Público ha sostenido que las diligencias seguirán pese a las amenazas y advirtió que “ninguna amenaza altera el curso de una investigación” y que “las diligencias en trámite continúan conforme a los criterios de objetividad, ética y estrategia establecidos en la Política de Persecución Penal, y alcanzan por igual a quienes ejecutan, planifican, ordenan, financian o encubren”.

El Ministerio de Gobernación amplió su mensaje más allá de los fiscales y mencionó también a periodistas y otros actores institucionales que investigan, denuncian o combaten actividades ilícitas. En ese pronunciamiento afirmó: “El Gobierno de Guatemala no cederá ante las presiones de estructuras criminales que busquen intimidar o debilitar a las instituciones del Estado”.

El desalojo de una comunidad asentada en un área privada en Guatemala, terminó con el saldo de un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecido y dos agentes gravemente heridos. Los tres, con proyectil de arma de fuego.

El operativo se llevó a cabo la tarde de este miércoles 26 de agosto en la comunidad Macho Creek, del municipio de Livingston, en el departamento de Izabal en Guatemala.

De acuerdo con información oficial, los agentes acudieron desde las 9 horas, para asistir en el desalojo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, en el que se ordenaba a las familias abandonar el área en no más de 30 minutos.

Cuando llegaron al lugar, se encontraron con los residentes armados con palos y piedras, quienes reclaman la propiedad del terreno desde 1913, por lo que en el área viven alrededor de 100 familias.

Para evitar el conflicto, se inició un diálogo con los residentes y su abogado, con el acompañamiento de personeros de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio Público (MP).

Durante la plática el abogado de la comunidad, Egar Villagrán, afirmó que habían recursos pendientes como un amparo de derecho histórico presentado ante el Juzgado Pluripersonal. Además, argumentó que los documentos presentados por los supuestos propietarios no corresponden a los de las familias Macho Creek.

Sin embargo, las conversaciones no dieron fruto, por lo que se inició con el procedimiento de desalojo.

Disturbios, heridos y un fallecido

Para cumplir con la orden judicial, las autoridades se acompañaron de las Fuerzas Especiales de choque conocidas como antimotines, debido a que en intentos anteriores se cayó en violencia.

La jueza que acompañó el procedimiento portaba casco y se refugiaba detrás de los oficiales de las fuerzas especiales.

No está claro cómo iniciaron los disturbios. Sin embargo, tres agentes de la PNC fueron alcanzados por proyectil de arma de fuego. Uno de ellos, identificado como Carlos Colindres Lorenzo, de 45 años, Oficial Tercero de la PNC, recibió un impacto en un área vital. Fue trasladado de emergencia por sus compañeros en la palangana de una autopatrulla.

“Vamos jefe, ya vamos a llegar. Usted puede comando, resista”, se escucha decir a sus compañeros, mientras que Colindres yace inconsciente. En el camino localizan a la ambulancia que atendía la emergencia, por lo que fue trasladado de inmediato.

Aunque lograron llegar al hospital, el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó a Infobae que Colindres Lorenzo falleció a su ingreso.

Según indicó, el oficial, quien estaba a cargo del equipo de las Fuerzas Especiales de Choque que llegaron al lugar, recibió un impacto con proyectil de arma de fuego en el abdomen. Ingresó a cirugía de hombres, pero no resistió.

Otros heridos

Además del oficial, también resultaron heridos los agentes Maynor Efrain Choc Chub, de 28 años de edad; y Samuel Orlando Hernández Hernández, de 32.

De acuerdo con la información proporcionada a Infobae por la PNC, Choc Chub presentaba una herida en el miembro inferior izquierdo y una fractura de la tibia.

Mientras que Hernánedez Hernández, miembro de las Fuerzas Especiales, tenía una herida con arma de fuego en el brazo izquierdo.

Tras conocerse sobre el fallecimiento, la PNC lamentó el fallecimiento del Oficial Tercero de PNC Carlos Arturo Colindres Lorenzo, caído en cumplimiento del deber.

Mientras que en el lugar quedaron varios casquillos de arma de fuego tirados dentro de la propiedad.

Conflictividad histórica

Enmarcada por la riqueza natural del Caribe guatemalteco, la comunidad de Macho Creek, se ha convertido en el epicentro de una tensa pugna agraria. Las familias pobladoras sostienen una ocupación ancestral e histórica que, según registros comunitarios y organizaciones campesinas, data de 1913.

El origen del conflicto radica en una profunda contradicción sobre la titularidad del suelo. Por un lado, los residentes reclaman derechos legítimos e históricos sobre el territorio, argumentando que sus padres y abuelos han habitado, trabajado y cuidado el área por más de un siglo. Por otro lado, actores externos y presuntos propietarios reclaman la titularidad legal de las fincas, lo que ha desencadenado procesos judiciales orientados a desocupar la zona.

Esta discrepancia legal ha polarizado la región y generado un clima de constante zozobra. Los pobladores denuncian una campaña sistemática de criminalización y hostigamiento judicial en contra de sus liderazgos comunitarios, quienes enfrentan órdenes de captura vinculadas a la defensa de su territorio.

La tensión escaló de manera crítica cuando operativos policiales y ordenamientos de desalojo se programaron e intentaron ejecutar de forma intermitente en el área —con episodios de alta tensión documentados desde octubre de 2025—, reflejando una problemática estructural que afecta a diversas comunidades q’eqchi’ en el nororiente del país.

Mientras las autoridades judiciales evalúan los expedientes de posesión y propiedad, las familias de Macho Creek continúan en resistencia, exigiendo al Estado guatemalteco garantías jurídicas y el reconocimiento formal de sus derechos ancestrales para frenar la amenaza latente de desplazamiento en el municipio.

Luego de una alerta generada de la inteligencia penitenciaria y de los órganos de control, autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informaron sobre la localización de un túnel en la Granja Penal de Pavón, en Guatemala.

Según las autoridades penitenciarias, esta caleta sería utilizada por uno o varios privados de libertad para darse a la fuga. Sin embargo, aclararon que esta situación deberá de ser esclarecida en las investigaciones que realice el Ministerio Público (MP).

La localización del túnel fue revelada durante la realización de una requisa. El director de la DGSP, Jorge Guillermo López Dellachiessa, detalló que la caleta tenía dimensiones para que una o varias personas permanecieran dentro.

El funcionario detalló que al principio la finalidad del túnel fue el resguardo de ilícitos dentro del centro penal, pero ahora sería utilizado para escapar y se cree que la intención era llegar a la malla perimetral.

¿Cómo lo construyeron?

De acuerdo con López Dellachiessa, el túnel fue construido con piochas y palas. Al ser cuestionado sobre el acceso a este tipo de herramientas, respondió: “No tienen acceso, pero se iniciará una investigación en contra de elementos del sistema penitenciario y otros que puedan resultar involucrados para determinar lo ocurrido”.

Sin embargo, en un video compartido por las mismas autoridades se observa que el agujero en su totalidad no tiene trazos irregulares, por el contrario hay áreas donde se ven materiales de construcción como adoquín, el cual está simétrico y muy bien instalado. Aunque sí hay partes que están picadas o erosionadas y en el suelo se ve ripio o residuos de materiales.

El túnel estaba ubicado dentro de uno de los tantos “Ranchos” que están dentro de la Granja Penal de Pavón. Según el funcionario, estas construcciones están ubicadas en las áreas verdes del centro y se utilizan para proyectos laborales.

No obstante, el rancho donde se localizó la caleta será demolido. “No nos vamos a arriesgar a que sigan trabajando (dentro de él) para escapar o para guardar ilícitos”, sentenció el director del Sistema Penitenciario.

Para ello, se movilizó maquinaria tipo excavadoras que servirán para demoler la construcción. En tanto, Inspectoría General y la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria iniciarán las investigacionesinternas para dar con los reos responsables y autoridades que podrían estar implicadas.

Segunda caleta

Además del túnel donde se cree que los privados de libertad utilizarían para escaparse, las autoridades localizaron una segunda caleta donde se almacenaban sustancias ilícitas, en su mayoría bebidas alcohólicas.

La caleta, construida hasta con refuerzos de ladrillos, guardaba más de 700 cervezas y otros licores.

Esta no es la primera vez que localizan bebidas embriagantes bajo tierra en Pavón. En enero de este año el Sistema Penitenciario informó sobre la localización de un agujero de grandes proporciones donde los privados de libertad guardaban cervezas y hasta un arma de fuego.

Hasta el momento no se ha revelado cuántos ilícitos localizaron en la requisa realizada este miércoles 26 de agosto. Sin embargo, López Dellachiessa detalló que, por lo menos, encontraron 35 teléfonos celulares y droga, pero “todo ya fue incinerado”.

En evidencia fotográfica se observan varias bolsas llenas de hierva, aparentemente a la marihuana. Incluso, encontraron en un envase pet una planta de la droga sembrada.

“Están actuando con inteligencia”

Luego que se revelara la localización del túnel, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Ejército están “actuando con inteligencia, coordinación y firmeza”.

“Hoy han frustrado el intento de construcción de un túnel desde la Granja Penal de Pavón. Continuaremos golpeando al crimen organizado donde sea que intenten esconderse”, afirmó el mandatario.

Además, dijo que esta “no es una tarea fácil”, pero aseguró que están “librando la batalla que por años no se quiso dar: alejar definitivamente a los criminales del pueblo”.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, calificó el hallazgo como “un duro golpe a las estructuras criminales”.

También indicó que la información de inteligencia penitenciaria reveló que este túnel sería utilizado como una salida al exterior de la cárcel y afirmó en un video publicado en sus redes sociales: “No vamos a permitir que las cárceles sean centros de operación para el crimen organizado”.

Al estilo de “El Chapo” Guzmán

El capo Joaquín “El Chapo” Guzmán consolidó su leyenda criminal al burlar la máxima seguridad penitenciaria mexicana mediante la ingeniería subterránea. Su fuga más audaz ocurrió en julio de 2015 en el penal del Altiplano.

Allí, el líder del Cártel de Sinaloa escapó a través de un sofisticado túnel de 1.5 kilómetros de longitud, equipado con iluminación, ventilación de PVC y una motocicleta adaptada sobre rieles para acelerar su huida.

El pasadizo conectaba directamente la zona de la ducha de su celda con una obra en construcción exterior.

Esta compleja infraestructura evidenció una alarmante red de corrupción institucional que facilitó su evasión.

El partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO) expulsó a Juan Ramiro Morales Pineda y anuló de inmediato su participación política en esa agrupación, luego de que un juzgado lo condenara a dos años de prisión conmutables por la desaparición del periodista Milton Orellana Polanco, ocurrido el 7 de febrero de 2025 en la colonia Santa Bárbara, en Jutiapa.

Morales Pineda se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos y reconoció cometer el delito de obstaculización de la investigación sobre el secuestro y la desaparición del presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa, quien hasta el momento sigue desaparecido.

La condena incluye además el pago de Q10 mil por reparación digna, dinero que será destinado a una casa hogar. El proceso permanece bajo reserva y, hasta ahora, no se ha informado de qué manera Morales Pineda contribuyó a entorpecer las pesquisas.

Debido a la secretividad de las audiencias, se desconoce el detalle de la participación del político en la desaparición del periodista. Únicamente se ha revelado que son cuatro personas las que enfrentan proceso penal por el caso. No obstante, se cree que hay más personas involucradas.

CREO aseguró que desconocía el proceso penal cuando evaluó su nombramiento en Sacatepéquez

Luego de conocerse la sentencia y aceptación de su participación, el partido político CREO informó la decisión de expulsar a Morales Pineda a través de un comunicado publicado por el Comité Ejecutivo Nacional el 25 de agosto de 2026 en sus redes sociales.

Morales Pineda se perfilaba como Coordinador Departamental de Sacatepéquez. No obstante, sus aspiraciones políticas volvieron a quedarse en el olvido.

Según el comunicado, la decisión se tomó de “manera inmediata” y “deja sin efecto cualquier posibilidad” Morales Pineda asuma cualquier responsabilidad dentro de esa agrupación político.

El partido sostuvo que actuó conforme a sus estatutos internos y reivindicó su “compromiso con la integridad, el respeto al Estado de Derecho y la confianza de los guatemaltecos”. La decisión incluyó tanto la destitución como la anulación de cualquier participación política del ahora exdirigente dentro de CREO.

Entre los antecedentes políticos de Morales Pineda figura su intento de competir en elecciones pasadas como candidato a diputado por Sacatepéquez con Prosperidad Ciudadana. Documentos del Tribunal Supremo Electoral también lo identifican como secretario departamental de esa agrupación en ese departamento.

Aquella candidatura, al igual que la de Carlos Pineda a la Presidencia en 2023, quedó sin efecto por resoluciones legales que señalaron irregularidades en las asambleas del partido.

La condena fue dictada mientras el paradero de Milton Orellana Polanco sigue sin conocerse

El periodista Milton Orellana Polanco desapareció el 7 de febrero de 2025 en la colonia Santa Bárbara, en Jutiapa. Cuando ocurrió el hecho, se desempeñaba como presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa.

La respuesta central del caso sigue siendo la misma: hay una condena por encubrimiento de la investigación, pero no hay noticias sobre el paradero del comunicador ni se han establecido las circunstancias o los motivos de su secuestro. La reserva del expediente también responde a que las autoridades no descartan la participación de más personas.

Morales Pineda es el cuarto implicado en la causa, de acuerdo con la publicación. No se ha informado si las otras personas señaladas ya resolvieron su situación legal.

La Comisión de Finanzas del Congreso de Guatemala empezó a discutir esta semana una iniciativa que propone crear un fondo permanente para compensar y estabilizar los precios de la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel, con un capital inicial de hasta Q2.500 millones y un techo legal de Q6,000 millones, en un intento por dar una respuesta automática a las alzas del mercado internacional sin fijar un precio único al consumidor.

La propuesta, identificada como iniciativa de ley 6726, incluye una simulación para un período de 31 meses, entre enero de 2024 y julio de 2026. Ese ejercicio proyecta que el mecanismo habría permitido recortar los picos de precio con compensaciones de hasta Q4.20 por galón en gasolina regular y Q7.00 por galón en diésel, mientras el saldo del fondo habría cerrado en Q3,909 millones.

La reunión fue presidida por el diputado Julio Héctor Estrada y contó con la participación del ministro de Energía y Minas Edwin Barrios y otros funcionarios del Ejecutivo.

Para el miércoles próximo está prevista la incorporación de representantes de la Superintendencia de Competencia y del Ministerio de Economía, con el objetivo de ampliar el análisis técnico y jurídico antes de que el texto llegue al hemiciclo.

El eje del proyecto es el Componente Variable de Estabilización, un ajuste incorporado al Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo. El mecanismo no altera el hecho generador, los sujetos pasivos ni la base imponible del tributo.

El ajuste se activaría cada 14 días con referencias del mercado de Estados Unidos

La iniciativa establece que el componente opere con periodicidad catorcenal y use como referencia el precio de la gasolina y del diésel ULSD en la Costa del Golfo de Estados Unidos. Ese diseño modifica el planteamiento original, que contemplaba una determinación mensual, y adopta una frecuencia mayor por la volatilidad de los mercados.

El fondo acumularía recursos cuando el precio de referencia baje de USD 2,30 por galón para las gasolinas y de USD 2.50 para el diésel. Las compensaciones se activarían cuando esos valores superen USD 2.90 en gasolinas y USD 3.00 en diésel.

La fórmula de cálculo es escalonada en niveles de USD 0.10 y asigna Q0.70 por nivel tanto en la fase de acumulación como en la de compensación. El límite máximo de acumulación sería de Q4.00 por galón, mientras que en la fase de compensación el tope sería el IDP vigente para gasolinas, de Q4.60 y Q4.70 según el tipo, y hasta Q7.00 por galón para el diésel.

En términos prácticos, la iniciativa plantea un fondo que se alimenta cuando los precios internacionales están por debajo de ciertos umbrales y devuelve recursos cuando los sobrepasan. El objetivo es amortiguar alzas bruscas con reglas automáticas y evitar decisiones discrecionales en momentos de presión sobre los combustibles.

El financiamiento inicial previsto para 2026 combinaría Q1,496 millones de ampliación presupuestaria y Q1,004 millones de readecuación, para completar el aporte máximo de Q2,500 millones.

El texto también precisa que el fondo no generaría endeudamiento, avales ni compromisos contingentes para el Estado, y que sus recursos no constituirían gasto recurrente ni ingreso ordinario del presupuesto.

MINFIN, MEM y SAT tendrían funciones separadas en la operación del fondo

La administración financiera recaería en el Ministerio de Finanzas Públicas con custodia en una cuenta específica del Banco de Guatemala. La rectoría técnica correspondería al Ministerio de Energía y Minas, mientras la Superintendencia de Administración Tributaria participaría en la fiscalización y certificación de montos.

La SAT tendría 15 días hábiles para emitir su certificación y, una vez cumplido ese paso, el MINFIN dispondría de ocho días hábiles para efectuar el desembolso. El proyecto añade una regla de cierre automático: cuando el saldo llegue al techo legal de Q6.000 millones, la acumulación del componente se suspenderá y solo se reactivará si el fondo cae por debajo del 90% de ese límite.

Para evitar que la compensación quede retenida en la cadena de distribución, el texto fija un sistema de trazabilidad. Mayoristas, transportistas y estaciones de servicio tendrían que reportar cada semana a la SAT sus proveedores, inventarios, compras, traslados y ventas.

Cada factura emitida en la comercialización de combustibles debería consignar el efecto del componente cuando esté activo. El MEM también administraría una plataforma pública de consulta diaria de precios por estación de servicio, mientras la DIACO mantendría el control sobre la especulación.

Barrios defendió la propuesta durante la sesión y sostuvo que serviría para enfrentar las oscilaciones del mercado internacional. “El país necesita tener un esquema de respuesta a estas crisis”, afirmó el ministro, aunque advirtió que la implementación no sería inmediata y que exige coordinación entre el MEM y el MINFIN por cuestiones de competencia institucional.

La iniciativa fue presentada el 11 de marzo de 2026 por el bloque Cabal y fue conocida por el pleno el 17 de ese mes. Durante la discusión también se mencionó a Chile, Colombia y Perú como referencias de esquemas de estabilización con reglas automáticas para enfrentar alzas en los precios de los combustibles.

La Comisión Plurinacional por el Agua rechazó este 26 de agosto de 2026 la iniciativa 6816 de Ley de Aguas para Guatemala y pidió al Congreso una audiencia para exponer su oposición, en un momento atravesado por la salida de Patricia Orantes Thomas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la funcionaria que impulsó el proceso de consulta del que surgió el proyecto y que dejará el cargo el 1 de septiembre para volver al Legislativo.

La organización, que reúne a más de 30 asambleas territoriales y dice llevar cinco años presentando propuestas y denuncias sobre la gestión del agua en el país, sostiene que la iniciativa permitiría otorgar derechos de aprovechamiento especial para uso comercial por hasta 25 años, con posibilidad de transferirlos a terceros y prorrogarlos.

Según el pronunciamiento, ese esquema beneficiaría a mineras, agroindustrias, hidroeléctricas, embotelladoras y maquilas.

La comisión afirmó que el proyecto fue elaborado en un proceso presentado como participativo, pero orientado en los hechos a intereses del sector privado.

También señaló que los espacios de diálogo “no fueron del todo transparentes” y que las propuestas de comunidades y autoridades ancestrales quedaron fuera del texto de la iniciativa.

La comisión denuncia que la ley reconocerá usos cuestionados del agua y reducirá sanciones

Uno de los núcleos de la crítica apunta a los artículos transitorios 204 y 205. La CPA advirtió que ese procedimiento administrativo reconocería como legítimos los usos actuales del agua, incluso aquellos que las organizaciones consideran resultado de acaparamiento o contaminación.

La entidad también cuestionó que las sanciones por delitos como la contaminación prescriban a los cinco años, de acuerdo con el artículo 191. En su diagnóstico, la iniciativa no corrige abusos previos, sino que les da cobertura legal.

“La iniciativa de ley facilita el saqueo corporativo y legaliza el despojo”, sostuvo el documento. La frase sintetiza el rechazo de la organización a un proyecto que, según su lectura, consolida ventajas para grandes usuarios comerciales del recurso.

La comisión objetó además la estructura de la futura Superintendencia del Agua, el ente rector que crearía la norma. Indicó que su directorio estaría integrado por cuatro personas designadas por ministros en funciones, sin representación de autoridades indígenas ni de organizaciones territoriales.

Aunque la iniciativa menciona a los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, la participación prevista para ellos quedaría limitada a cinco espacios en un consejo consultivo cuyas recomendaciones “no serán vinculantes”, según el artículo 153. En ese mismo órgano, el sector privado tendría ocho espacios.

Los descuentos de hasta 70% y los trasvases agravan el rechazo

Otro de los cuestionamientos se dirige al sistema de incentivos previsto en los artículos 52, 53 y 63. La iniciativa establece un cobro progresivo por metro cúbico para titulares de licencias comerciales, pero permitiría descuentos de hasta 70% a empresas que cumplan metas que la comisión califica de ambiguas, como reutilizar el 20% del agua consumida.

La organización añadió que el artículo 66 abriría la puerta a que empresas con antecedentes de contaminación accedan también a esos beneficios. Para la CPA, esa combinación debilita cualquier intención de control efectivo sobre el uso industrial del recurso.

El pronunciamiento incluyó otra alerta sobre los mecanismos de trasvase contemplados en los artículos 75 al 79 y 92. La comisión afirmó que esas disposiciones facilitarían el traslado de agua entre territorios mediante servidumbres legales para favorecer al sector inmobiliario y agroindustrial.

La organización también se refirió a la iniciativa 6834, presentada el 24 de agosto por Inés Castillo de la bancada UNE, y la describió como un “distractor” mientras el Congreso avanza con la discusión de la ley 6816.

En paralelo, aclaró que la salida de Orantes no altera su rechazo al proyecto, porque observa en el texto de la propuesta un “sesgo que favorece abiertamente los intereses del sector privado y los capitales extranjeros”.

La Comisión Plurinacional por el Agua, también mencionada como Comisión Plurinacional por la Libertad para el Agua, está integrada por organizaciones sociales, comunitarias y pueblos indígenas del país. Entre sus actores figuran representantes como los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Santiago Atitlán, las Autoridades Ancestrales de Iximuleu y delegaciones de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo.

La Policía Nacional Civil de Guatemala advirtió este miércoles que pandillas y bandas criminales se están camuflando en zonas residenciales mediante testaferros sin antecedentes para alquilar o comprar inmuebles que luego usan como centros de operaciones y casas de seguridad, una maniobra que la institución vincula a la presión de los operativos contra el crimen organizado y la extorsión.

La alerta coincidió con una ofensiva que dejó nueve detenidos en dos días en la capital y en San José Pinula. En uno de los procedimientos, las fuerzas de seguridad recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto, otro con orden de secuestro, además de tres municiones y un chaleco antibalas.

Según el comunicado de la Dirección General de la PNC, las estructuras delictivas están dejando asentamientos y zonas vulnerables para instalarse en sectores residenciales, donde buscan pasar inadvertidas. Para hacerlo, recurren a terceros con perfil limpio ante registros penales o policiales, que figuran como arrendatarios o compradores de las propiedades.

Eso significa, de acuerdo con la advertencia oficial, que viviendas ubicadas en condominios o colonias urbanas pueden ser utilizadas por pandillas como guaridas, puntos logísticos o espacios de resguardo. La PNC pidió a los vecinos reportar arrendamientos sospechosos, movimientos inusuales o un flujo constante de personas ajenas al sector.

Un inmueble en la zona 6 fue vinculado a la Mara Salvatrucha

La institución informó que, junto con el Ministerio Público, desmanteló un inmueble en la avenida Ferrocarril y 24 calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala que presuntamente funcionaba como guarida y parqueo de la Mara Salvatrucha. En ese lugar fue detenido un hombre identificado como guardián del sitio.

Un día antes, el 25 de agosto, agentes de la comisaría 13 capturaron a ocho presuntos integrantes del Barrio 18 en el sector Los Tulipanes, dentro de los residenciales San José Pinula. El operativo comenzó después de llamadas de emergencia que alertaban sobre una riña en la vía pública.

Durante esa intervención se decomisaron 27 municiones de uso exclusivo para fusil y 17 bolsas con presunta marihuana. Entre los detenidos fueron identificados Juan, alias Zombi; Fernando, alias Lunático; Estuardo, alias Payaso; Iván, alias El Gato; Víctor, alias Bebe Pequeño; Dayana, alias Colocha; María, alias La Muñeca, y Laura, alias La Coqueta.

La PNC anunció controles intensivos y reforzó el llamado a denunciar

La PNC señaló que mantendrá de forma intensiva los puestos de registro e inspección vehicular en todo el territorio nacional. También advirtió que evadir o huir de un control activa procedimientos de persecución y neutralización táctica, con riesgo de resultar herido durante el uso legítimo de la fuerza.

La institución instó a la población a obedecer de inmediato las señales de alto emitidas por los agentes. A la vez, reforzó un llamado nacional a la denuncia confidencial, con énfasis en residentes de áreas urbanas donde estas estructuras buscan mezclarse con la vida cotidiana.

Para esas denuncias, la policía recordó tres líneas de atención: la Línea Antiextorsiones 1574, atendida por personal especializado; la Línea de Emergencias 110, disponible las 24 horas; y la Línea Crime Stoppers 1561, definida por la institución como 100% anónima y confidencial.

El comunicado añadió una advertencia sobre desinformación. La Dirección General sostuvo que las plataformas y páginas que difunden contenido contra la policía responden a estructuras criminales que buscan debilitar a quienes las combaten, y pidió a la ciudadanía informarse solo por canales oficiales e institucionales.

El Instituto Guatemalteco de Migración inauguró este martes 25 de agosto una nueva sede regional en Quetzaltenango para atender a seis departamentos del occidente de Guatemala y evitar que los usuarios deban viajar hasta la capital para realizar trámites como pasaportes, residencias, visas, certificaciones migratorias y solicitudes de refugio.

La oficina quedó instalada en la avenida Las Américas, zona 3, en Supercom Delco, segundo nivel, oficina dos. La sede atenderá a la población de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez.

La apertura se inscribe en una estrategia más amplia de expansión territorial del organismo. En una presentación ante el Parlamento Centroamericano, el director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, había informado que ya funcionaban sedes en Chiquimula y Zacapa y que también se proyectaban nuevas oficinas en Izabal, Cobán, Quetzaltenango y Huehuetenango.

En el acto de inauguración participaron la vicepresidenta de la República, Karin Herrera; la gobernadora de Quetzaltenango, Bibiana Leticia Ramírez Ramírez; el director del IGM, Danilo Rivera, y autoridades municipales. También asistió el jefe de misión de la OIM en Guatemala, Jeremy Mac Gillivray.

La nueva oficina concentra trámites migratorios clave para el occidente

La sede ofrecerá atención integral para la emisión de pasaportes ordinarios, la gestión de residencias y visas, y la entrega de certificaciones de movimiento migratorio y arraigo. También recibirá reportes de personas desaparecidas por causa de la migración, solicitudes de refugio y consultas sobre requisitos migratorios.

El objetivo central de la oficina es acercar los servicios públicos al territorio. Según la información oficial, esa descentralización busca reducir costos, tiempos de traslado y barreras de acceso para los habitantes del occidente del país.

El IGM presentó esta apertura como parte de un modelo de gestión más cercano a la población. La institución sostuvo que la ampliación de la red reafirma el compromiso del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de consolidar un sistema migratorio moderno, humano y eficiente dentro del propio territorio guatemalteco.

La organización OIM respaldó esa lectura. Su jefe de misión en Guatemala afirmó que la apertura de sedes regionales permite que las personas del occidente hagan sus trámites sin trasladarse a la capital y señaló: “Menos costos, menos tiempo y menos barreras se traducen en derechos efectivamente ejercidos”.

La descentralización forma parte de una política migratoria con enfoque de derechos

La instalación de la sede de Quetzaltenango se suma a un proceso que el instituto ya había iniciado en el oriente del país. El 27 de enero de 2026, el organismo inauguró su primera sede migratoria regional en Chiquimula, con el mismo propósito de desconcentrar la atención y facilitar gestiones a los usuarios del interior.

En esa sede, el instituto detalló un esquema de servicios que incluye pasaportes nuevos, renovaciones, extensiones de vigencia, orientación sobre residencias temporales y permanentes, recepción de solicitudes de residencia y garantes, emisión de constancias, cálculo y cobro de sanciones, así como atención a personas desaparecidas por migración y permanencias por razones humanitarias.

Rivera había explicado ante el Parlacén que la gestión migratoria guatemalteca se desarrolla con enfoque humanitario y reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos conforme a la legislación nacional. En esa exposición también destacó el Plan Retorno al Hogar, una estrategia interinstitucional para la atención de guatemaltecos que regresan desde México y Estados Unidos.

De acuerdo con registros del IGM, entre el 1 de enero y el 14 de junio de 2026 el Gobierno de Guatemala atendió a 29.153 personas migrantes retornadas. De ese total, 28.441 fueron adultas y 712 niñas, niños y adolescentes; dentro de este último grupo, 449 regresaron acompañados y 263 no acompañados.

El Centro de Recepción de Retornados de la zona 13 de la ciudad de Guatemala funciona con participación del IGM, CONAMIGUA, SOSEP, SBS, RENAP, PNC, MSPAS y PGN. Según el instituto, el lugar cuenta con áreas especializadas para niñez, adolescencia y unidades familiares, clínicas de atención primaria y pediatría, servicio de llamadas, salas de atención psicosocial, acceso a internet, servicios sanitarios y tasa de cambio.

En ese mismo centro se invita a las personas retornadas a incorporarse al Plan Retorno al Hogar y ser trasladadas al Centro de Atención y Registro, donde más de 20 instituciones brindan servicios sin costo, incluidas opciones laborales, atención médica, asesoría legal y telefonía móvil con entrega de un chip con internet y mensajería.

Patricia Orantes, ministra de Ambiente de Guatemala, dejará el cargo el 1 de septiembre para volver al Congreso de la República en pleno debate de la iniciativa 6816, conocida como Ley de Aguas, una propuesta impulsada durante su paso por el Ejecutivo y que ahora deberá seguir su trámite legislativo con ella nuevamente en su curul, según informó el Gobierno de la República en un comunicado difundido este miércoles 26 de agosto de 2026.

El proyecto que marcará su retorno al Legislativo reúne 215 artículos y ya fue enviado a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso el 11 de agosto, aunque todavía no tiene un cronograma de análisis definido. Entre sus medidas centrales, prevé un cobro gradual para el uso empresarial del recurso hídrico durante siete años, con una escala que arranca en 10% y llega a 100% a partir del séptimo.

La salida de Orantes del gabinete ocurre mientras el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mantiene una campaña pública en redes sociales para promover la ley.

El regreso de la funcionaria al Congreso la coloca de forma directa en la discusión de una de las iniciativas más sensibles de la agenda ambiental del gobierno de Bernardo Arévalo.

El presidente agradeció su gestión en un mensaje publicado en X. “Quiero agradecer el liderazgo y compromiso de la ministra al frente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Su gestión ha sido clave para fortalecer la institución y hacer de la protección del ambiente una prioridad de Estado”, escribió Arévalo.

El mandatario añadió que la diputada retomará sus funciones parlamentarias “desde el espacio que retomará en el Congreso de la República”.

En el mismo comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que Orantes ejerció “un liderazgo comprometido con la protección del ambiente, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible”.

El regreso de Orantes coincide con la discusión de la Ley de Aguas

Orantes se había separado temporalmente de su escaño el 11 de abril de 2024 para asumir como titular del MARN. Su reincorporación al Legislativo se produce después de más de 15 meses de trabajo oficial alrededor de la propuesta, coordinada por esa cartera y presentada ante el pleno el 3 de agosto por el diputado César Fion junto con un grupo multipartidario.

La pregunta central que abre su retorno tiene una respuesta concreta: vuelve al Congreso cuando la ley que impulsó desde el Ejecutivo entra en su fase de debate parlamentario. Eso significa que la exministra pasará de conducir la propuesta desde el gobierno a defenderla y discutirla desde la arena legislativa.

La iniciativa plantea la creación de una Superintendencia Nacional del Agua como autoridad rectora. Ese órgano tendría facultades para otorgar licencias de aprovechamiento, cobrar cánones a empresas que utilicen el recurso hídrico con fines productivos y administrar un sistema nacional de información hídrica.

El texto de la propuesta distingue entre el uso doméstico y la agricultura familiar, que quedarían exentos de pago, y el uso empresarial con fines comerciales, que sí estaría sujeto al canon.

Los recursos recaudados se destinarían a la recuperación de bosques en cuencas hidrográficas y al financiamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

El sector privado objeta el contenido y reclama mesas técnicas

Uno de los focos de resistencia proviene del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Según Prensa Libre, el presidente del CACIF Carlos Arias Bouscayrol afirmó que el sector privado no fue tomado en cuenta durante la elaboración de la iniciativa.

Arias Bouscayrol dijo al medio: “El sector privado no está en contra de una ley de aguas, lo que estamos en contra es de esta iniciativa de ley que hace un muy pobre trabajo de resolver el problema en Guatemala, excluyendo a las municipalidades que son claves”.

La organización empresarial pidió a los diputados de la Comisión de Ambiente establecer mesas técnicas para presentar observaciones.

La propuesta también reconoce el derecho humano al agua y establece la obligatoriedad de la consulta previa para proyectos de gran impacto en territorios indígenas, como hidroeléctricas o minería. El texto además fija que, si después de esa consulta no se alcanza un acuerdo, el proyecto no podrá ser autorizado.

En paralelo, el viceministro de Aguas Jaime Luis Carrera aparece en la campaña institucional del ministerio que continúa promoviendo la aprobación de la norma mientras se formaliza la salida de Orantes del gabinete.

La SBS reforzó el programa de Acogimiento Familiar Temporal para que más niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados permanezcan en hogares sustitutos y no en residencias estatales, una decisión que busca aliviar la atención diaria de alrededor de 1,300 menores bajo modalidad residencial mientras se resuelve su situación familiar y legal.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia informó que hoy opera 20 residencias y que ampliar esa red no resolvería el problema de fondo. El secretario de la institución, Marvin Rabanales, sostuvo que la salida es fortalecer el cuidado en familias temporales para evitar el hacinamiento en los hogares.

Rabanales explicó que el acogimiento no equivale a adopción, sino a una medida provisional de protección. “Es una medida de protección temporal, no definitiva.

Y va a abrirle el corazón, las puertas, la casa, el amor y el espacio ideal para que un niño o una niña puedan recibir lo que de momento no es posible con su familia biológica”.

El programa está dirigido a menores que no pueden permanecer con su familia cercana por abandono, conflictos legales familiares u otras vulneraciones de derechos. La SBS indicó que la población atendida incluye bebés, niños mayores, adolescentes, grupos de hermanos, menores con discapacidad y quienes atraviesan procesos migratorios.

El plan incorpora cuatro cambios para ampliar la cobertura fuera de la capital

La directora de Protección Especial, Acogimiento Familiar y Residencial de la SBS, Mónica Mayorga, detalló que el fortalecimiento del programa se apoya en cuatro ejes: coordinación interinstitucional, actualización normativa, desconcentración territorial y desinstitucionalización.

El primer cambio apunta a la coordinación entre instituciones del Estado, el sistema de justicia y organizaciones cooperantes. El segundo consiste en un nuevo reglamento para familias de acogimiento, elaborado por la secretaría para reforzar el enfoque de derechos, agilizar procesos y mejorar el acompañamiento; esa normativa entró en vigor en junio de este año.

El tercer eje busca sacar el programa de su concentración histórica en Guatemala. La institución trabaja ahora con sus 16 sedes departamentales para identificar, capacitar y dar seguimiento a familias en distintos territorios.

El cuarto componente convierte el acogimiento familiar temporal en una herramienta para la desinstitucionalización, con prioridad en niñas y niños pequeños que hoy permanecen en hogares residenciales. La meta oficial es que el desarrollo ocurra en un entorno familiar y comunitario antes que en una institución.

La campaña Guardianes del Hoy busca sumar hogares para estancias de una semana a varios años

La secretaría también lanzó la campaña Guardianes del Hoy en el Palacio de la Cultura para difundir cómo funcionan los hogares de protección temporal e incorporar nuevas familias al programa. Durante esa actividad, las autoridades reconocieron a quienes desde hace años brindan abrigo y protección a menores bajo esta modalidad.

Según la información oficial, 1,186 menores cuentan con un refugio temporal a nivel nacional gracias a hogares de acogimiento. La campaña busca sensibilizar a la población para recibir a niñas, niños y adolescentes por períodos que pueden ir de una semana a un mes o extenderse por varios años, según el tiempo que demanden los procesos legales.

La SBS precisó que las familias de acogida no tienen parentesco previo con el menor y no pueden optar a adoptarlo dentro de este esquema. Su función es recibirlo en casa hasta que un juzgado resuelva si corresponde la reintegración con la familia biológica o una medida permanente distinta.

Las familias acreditadas reciben una subvención económica y seguimiento de equipos multidisciplinarios durante todo el proceso. También trabajan con la “Guía del Viajero”, una herramienta de orientación con lineamientos y principios de crianza para afrontar las situaciones que puedan surgir con las niñas, niños o adolescentes.

Quienes deseen información sobre el programa pueden acudir a la 5a. avenida 12-31, edificio El Cortez, zona 9, llamar al 3001-5622 o escribir a familias.temporales@sbs.gob.gt.

La Policía Nacional Civil de Guatemala incautó 202 paquetes de cocaína ocultos en un pick up en el kilómetro 297 de la RN-1, en la aldea San Isidro de Malacatán, San Marcos, un operativo que se inscribe en la expansión del narcotráfico que las autoridades ya describen no solo como tránsito de droga, sino también como almacenamiento, procesamiento y distribución dentro del país.

En el procedimiento, realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica con apoyo de la comisaría 42, también fueron decomisadas dos armas de fuego y cuatro celulares.

El vehículo tenía una caleta escondida en su estructura, detectada durante una inspección coordinada con fiscales del Ministerio Público y un binomio K-9.

El detenido fue identificado como Héctor “N”, de 52 años, quien conducía el pick up inspeccionado por los agentes. Otra versión oficial incluida en el material difundido sobre el caso señaló la captura de tres ocupantes del vehículo: Kevin Vinicio “N”, Thelma Isabel “N” y Héctor Antonio “N”.

San Marcos vuelve a aparecer en una zona bajo presión de las rutas hacia México

El hallazgo ocurrió durante un puesto de control instalado en San Isidro, Malacatán, en el departamento de San Marcos, una franja que ya había sido escenario de otro golpe de alto impacto contra estructuras de narcotráfico. En mayo, en otra localidad del mismo departamento, el Ejército localizó un laboratorio de presunta cocaína cerca de la frontera con México.

Según la exposición del quinto viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz Reynoso recogida por Infobae, Guatemala enfrenta una diversificación del narcotráfico que ya no se limita al traslado de cargamentos.

El funcionario sostuvo que las redes también aprovechan el territorio para resguardar, transformar y distribuir estupefacientes.

Cruz Reynoso afirmó que ese cambio ya dejó señales concretas en el terreno: “Hemos encontrado laboratorios de procesamiento y se han registrado erradicaciones masivas de cultivos ilícitos”. También advirtió que las rutas criminales sirven para otras actividades ilegales, como el tráfico de migrantes, armas y municiones.

La evaluación oficial agrega que el acceso a la tecnología modificó los métodos de distribución. De acuerdo con la publicación, hoy existen ventas de droga mediante entregas a domicilio y plataformas digitales, mientras las estructuras criminales combinan escalas locales con redes transnacionales.

El Gobierno vincula el avance criminal con control territorial, extorsión y dinero ilícito

El viceministro presentó ese diagnóstico en una conferencia organizada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Allí describió un fenómeno que, según dijo, ya permea las fronteras y también alcanza ciudades y áreas rurales del país.

Las zonas fronterizas concentran parte del problema, pero no lo agotan. La dificultad de control, explicó, aumenta por la existencia de propiedades privadas colindantes con los límites del país, una condición que facilita maniobras para eludir la fiscalización y debilita la presencia estatal.

Según Cruz Reynoso, las pandillas también forman parte de ese entramado por medio de la extorsión y el narcomenudeo. “Las estructuras criminales son poderosas porque manejan grandes sumas de dinero”, sostuvo.

La respuesta oficial combina inteligencia, análisis de riesgos, seguridad fronteriza y coordinación entre instituciones. El funcionario pidió además a la población no prestar cuentas bancarias ni facilitar recursos para operaciones ilícitas, y llamó a denunciar anomalías a través de los canales oficiales.

En el antecedente de mayo en Ayutla, siempre en San Marcos, el ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz describió en una conferencia oficial el hallazgo de un laboratorio como el mayor localizado en 15 años. En ese operativo se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos.

Sáenz precisó entonces que el procedimiento abarcaba tres inmuebles interconectados y que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores. La Agencia Guatemalteca de Noticias situó aquel hallazgo en una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su cercanía con las rutas de trasiego hacia México.

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó que 608 adolescentes fueron remitidos a juzgados en lo que va de 2026 por su presunta participación en delitos como extorsión, asesinato, robo y portación ilegal de armas, un registro que equivale a 2,6 menores al día y que, según la institución, expone el avance del reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales.

De ese total, 23 fueron remitidos en cumplimiento de órdenes judiciales. La estadística incluye 47 casos por portación ilegal de arma de fuego, entre ellos ocho adolescentes que llevaban fusiles y 10 que tenían chalecos antibalas.

La PNC también reportó 25 casos vinculados con extorsión, 17 con asesinato, 17 por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, 40 por tenencia de droga, 23 por robo de motocicletas y 18 por robo. La institución recordó que los adolescentes mayores de 13 y menores de 18 años están sujetos a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

La PNC detectó a menores en pandillas y sicariato

El viceministro de Seguridad Estuardo Roberto Solórzano al ser citado por los medios oficiales Diario de Centroamérica y la Agencia Guatemalteca de Noticias afirmó que las autoridades han identificado la participación de adolescentes en hechos ligados con pandillas y sicariato. El funcionario expresó su preocupación por la presencia de menores en esas actividades y dijo: “Nos hemos topado con niños y adolescentes que están involucrándose en el tema del sicariato y también en pandillas”.

La advertencia oficial apunta a un grupo de edad definido: adolescentes de entre 15 y 17 años. Según explicó el subcomisario y vocero de la PNC Jorge Aguilar Chinchilla, también citado por el DCA y la AGN, ese segmento forma parte de los grupos que las autoridades consideran vulnerables al reclutamiento.

El vocero señaló que las estructuras criminales se acercan a los menores a través de familiares, amigos o compañeros que ya mantienen vínculos con grupos delictivos. También indicó que las autoridades han detectado contactos por redes sociales y por aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Ese diagnóstico responde de forma directa a la pregunta central del caso: quiénes están siendo captados y cómo ocurre. La PNC sostiene que adolescentes de 15 a 17 años están siendo incorporados a actividades criminales por redes cercanas de confianza y por canales digitales usados para el contacto y seguimiento.

La prevención se concentra en escuelas, comunidades y denuncias discretas

El subdirector general de Prevención del Delito de la PNC Pablo Rodríguez Ismalej explicó que la institución trabaja con tres ejes: comunitario, escolar y de actualización permanente. El objetivo es impedir que niños y adolescentes sean captados por estructuras criminales.

En el ámbito educativo, la policía desarrolla el programa Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas, conocido como GREAT, dentro de la estrategia de Escuelas Seguras. Rodríguez Ismalej dijo que “este programa interviene en los centros educativos, en programas de Escuelas Seguras”.

Las acciones incluyen charlas para estudiantes y acercamientos con padres, maestros y directores. La PNC también informó que mantiene comunicación con centros educativos para facilitar la denuncia y el seguimiento de posibles casos de captación, incluso de forma discreta.

Rodríguez Ismalej reconoció que el problema se agrava en hogares donde otros integrantes de la familia pueden estar vinculados con actividades delictivas. La institución añadió que también trabaja con comunidades y Cocodes en la recuperación de parques y espacios públicos.

La policía pidió a padres y encargados supervisar a sus hijos, mantener comunicación constante y estar atentos a cambios de conducta o señales de riesgo. Para recibir información y denuncias, mantiene habilitados los números 110 y 1561, además del WhatsApp 3764-1561.

El presidente BernardoArévalo confirmó que Guatemala no invitará, por ahora, a los Nansana Dance Kids, el grupo de niños y jóvenes de Uganda que se volvió viral por bailar marimba y otras piezas de música nacional. Tras conocer la noticia, los jóvenes respondieron con muestras de cariño.

El mandatario guatemalteco explicó que el Gobierno dejó la decisión en manos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que evaluó el posible efecto de esa visita en la promoción del país y no la incluyó en su agenda inmediata.

La negativa llega después de que la agrupación pidiera viajar a Guatemala para participar en las actividades por los 205 años de la Independencia, previstas para el próximo 15 de septiembre. Los integrantes habían dicho que también querían mostrar el turismo y la cultura guatemalteca a través de sus plataformas digitales.

Luego de revelar la decisión, Arévalo envió un mensaje directo al grupo antes de descartar la invitación oficial. “Si nos están viendo los chicos les enviamos un enorme saludo”, dijo el mandatario.

El presidente también afirmó que en Guatemala “los queremos mucho y los recordamos mucho”. Esa respuesta llegó después de varios días de notoriedad del grupo entre usuarios guatemaltecos de redes sociales, impulsada por videos en los que interpretan coreografías con fondo de marimba de “Luna de Xelajú” y “El valle de la Ermita”.

El Inguat quedó a cargo de evaluar el impacto turístico de una eventual visita

Arévalo explicó que una eventual gestión para traer al grupo debe pasar por un análisis técnico del Inguat. Según detalló, ese organismo evalúa qué efecto puede tener la presencia de un personaje o grupo extranjero en los mercados de potenciales visitantes al país.

“El Inguat conoce todo el manejo del mercado turístico para Guatemala”, señaló. Luego resumió el criterio oficial: “La solicitud para poder traerlos a Guatemala depende de un análisis que se hace sobre el posible efecto que esto tenga en el mercado de potenciales visitantes turísticos de Guatemala, y es ese cálculo el que determina si se trae o no a un grupo o personaje que pudiera tener presencia en las redes”.

Tras ese análisis, añadió, la conclusión fue que “por el momento, se está considerando la posibilidad de no invitarlos”. La decisión, según la explicación del Ejecutivo, no responde a un rechazo político o simbólico hacia la agrupación, sino a una evaluación operativa y de promoción turística.

El grupo respondió con un mensaje de afecto hacia Guatemala

Los Nansana Dance Kids son originarios de Uganda, y han usado sobre todo el baile y las redes sociales para difundir su trabajo. Su contenido mezcla coreografías con distintos ritmos y ha logrado proyectarse hacia audiencias fuera de su país.

El intercambio con el Gobierno guatemalteco comenzó cuando el propio Arévalo reaccionó a uno de sus videos y les envió un saludo desde Guatemala. Después, la agrupación publicó un mensaje dirigido al presidente para pedir apoyo con el fin de visitar el país.

Cuando conocieron por redes sociales que la visita no se concretaría, los niños reaccionaron desde sus cuentas oficiales.

“Hemos visto en las redes sociales las noticias sobre nuestra visita a Guatemala donde explican que no será posible, queremos decirle a todos nuestros seguidores que los queremos mucho, amamos la cultura y la tradición de Guatemala y seguiremos promocionando al país ante el mundo”, expresó su representante.

En el mismo mensaje, el grupo añadió: “Nos encanta como nación y esperamos que algún día encontremos a alguien que nos ayude a viajar allá, los amamos mucho ¡qué viva Guatemala!”. Junto al video, la publicación cerró con una frase breve: “Siempre te seguiremos amando”.

Un hombre falleció en Guatemala tras protagonizar una persecución policial, que escaló a un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El suceso ocurrió este martes 25 de agosto al mediodía en el kilómetro 138 de la carretera CA-10, en la aldea Chispán, municipio de Estanzuela, del departamento de Zacapa.

De acuerdo con el parte policial, todo inició cuando el individuo, identificado como Carlos Alberto Cruz Monroy, de 37 años, ignoró una señal de alto de las autoridades durante un operativo de identificación de vehículos.

El informe señala que Cruz Monroy, quien conducía una motocicleta marca Honda, color rojo con negro, decidió evadir la revisión y huyó por una ruta de adoquín con dirección al centro de Estanzuela, lo que activó una alerta inmediata en la frecuencia policial.

Las unidades del sector iniciaron el seguimiento, hecho que fue captado por cámaras de videovigilancia. Le dieron alcance a la altura del kilómetro 138.

Al verse interceptado por la unidad ZAC-091, el motorista presuntamente encañonó a los agentes con un rifle de caza color negro que transportaba en una mochila, según detallaron los agentes en el parte policial.

Ante la amenaza directa contra su integridad física, el comandante de la patrulla accionó su arma de fuego. Tras realizar una inspección y verificar que estaba herido, los agentes informaron de inmediato a los cuerpos de socorro.

Bomberos Voluntarios de Estanzuela llegaron al lugar, pero confirmaron que el hombre ya carecía de signos vitales.

Luego de ello, se coordinó con el Ministerio Público (MP) quienes asumieron las diligencias para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

Altercado con la familia

Tras el deceso, familiares de Cruz Monroy se presentaron en la escena, donde confrontaron a los agentes policiales y amenazaron a los involucrados.

En redes sociales circula un video en el que una persona que se identifica como hermano del fallecido, graba a una de las agentes que participaron en la persecución y la acusa de ser la responsable de disparar contra Cruz Monroy.

Por orden del mando superior, se efectuó la evacuación inmediata del comandante de la unidad ZAC-091 para garantizar su seguridad.

Atentados contra agentes de la PNC en Guatemala

El contexto de inseguridad que enfrentan los elementos de la PNC en el país es crítico durante 2026. Al menos 20 agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados en lo que va del presente año.

Gran parte de estos ataques obedecen a represalias por parte de grupos criminales, como el Barrio 18, tras las intervenciones gubernamentales para retomar el control de centros carcelarios.

Tan solo en agosto, un agente de la PNC murió en Taxisco, Santa Rosa, durante un procedimiento similar de identificación vehicular.

Incidencia criminal en Zacapa

La región de Zacapa mantiene niveles de criminalidad que preocupan a las autoridades locales. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos contra el patrimonio y la integridad física presentan una tendencia fluctuante en el oriente del país.

La zona, estratégica para el tránsito comercial y el trasiego ilícito, registra incidentes vinculados principalmente a la portación ilegal de armas de fuego y disputas territoriales que impactan directamente en las estadísticas de violencia departamental.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), mediante el Viceministerio de Transportes, ejecuta una estrategia integral para modernizar la infraestructura portuaria y aeroportuaria de Guatemala.

Este plan busca optimizar la conectividad, fortalecer la calidad de los servicios y dinamizar la economía nacional mediante la mejora de las condiciones operativas para el transporte de carga y pasajeros.

En el ámbito portuario, avanzan proyectos de ampliación y modernización en Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, para lo cual se habilitaron nuevos espacios para almacenamiento, se fortalece el atracadero 3 y se amplía el equipamiento con nuevas grúas.

Mientras continúan proyectos para aumentar la capacidad de atención de carga en ambos recintos portuarios. Estas acciones buscan contar con aeropuertos y puertos más seguros, eficientes y competitivos, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías, informaron las autoridades a través de un comunicado.

Seguridad y capacidad en los aeropuertos

En el sector aeroportuario, las intervenciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) priorizan la seguridad, la vigilancia y la infraestructura.

Paralelamente, el Aeropuerto Internacional Mundo Maya (AIMM) avanza en su proceso de certificación, con un enfoque en ampliar su capacidad de atención. Las cifras oficiales reflejan un crecimiento del 37 % en el flujo de pasajeros de esta terminal, al pasar de 284,365 viajeros en 2023 a 390,584 en 2026.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) también implementa una transformación digital. La simplificación de trámites ha permitido reducir hasta en 50 % los tiempos de gestión en diversos procesos.

Estas medidas se complementan con proyectos para ampliar las inversiones en pistas, terminales y sistemas de navegación aérea.

Dinámica del comercio exterior y capacidad logística

El comercio exterior guatemalteco depende de la eficiencia de sus nodos logísticos. El Puerto Quetzal (PQ) se posiciona como el puerto de mayor relevancia para el país, siendo el principal punto de entrada y salida de mercancías. Según los datos del sector, el Puerto Quetzal maneja el mayor volumen de carga contenerizada, fundamental para el intercambio comercial internacional.

En el ámbito portuario, el desarrollo se concentra en el Puerto Santo Tomás de Castilla (PSTC) y el PQ. En el PSTC, las obras responden a la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento y movilización de mercancías, eliminando restricciones de espacio previas. La modernización incluye la habilitación de nuevas áreas para almacenamiento, el fortalecimiento del atracadero 3 y la adquisición de grúas modernas.

Respecto a la conectividad aérea, el AILA y el AIMM funcionan como las puertas de entrada para el comercio y el turismo.

Mientras que los puertos concentran el movimiento de carga marítima, el sistema aeroportuario facilita el transporte de mercancías de alto valor y pasajeros. El crecimiento en el AIMM es un indicador de la mayor demanda en el norte del país.

Estas acciones buscan consolidar una red de aeropuertos y puertos más competitivos en Guatemala. La modernización de estos activos pretende facilitar el transporte eficiente de productos, fortalecer el comercio exterior y contribuir al desarrollo económico a largo plazo mediante una infraestructura adaptada a las exigencias del mercado global.

Guatemala registró 1,751 homicidios entre enero y julio de 2026, 121 (6%) menos que en el mismo período de 2025, aunque el repunte de junio y julio encendió una alerta sobre la evolución reciente de la violencia y llevó la tasa a 16.46 muertes por cada 100 mil habitantes.

El dato fue presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers, durante la exposición del Índice de Denuncias de Delitos y de la “Radiografía de la Narcoactividad”.

El índice general de denuncias bajó 1.04%, impulsado por una reducción de 2.06% en el subíndice de delitos contra la propiedad. Ese indicador reúne reportes de nueve delitos: homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de furgones con mercadería y a viviendas.

David Casasola, investigador del CIEN encargado del índice, advirtió que la mejora agregada convive con una señal adversa en los asesinatos.

“Sin embargo, preocupa que el delito de homicidios muestra un comportamiento hacia el alza, puesto que julio de 2026 registró 40 homicidios más que el mismo mes del año anterior, rompiendo con la tendencia a la baja observada durante los primeros meses del año, que ya se había revertido en junio que fue el primer mes de 2026 donde se registraron más homicidios que el mismo mes de 2025”, manifestó.

Junio y julio rompieron la baja que había marcado el inicio del año

La reducción acumulada de homicidios se sostiene porque los primeros cinco meses de 2026 habían quedado por debajo de los registros de 2025. En enero hubo 204 casos frente a 252; en febrero, 174 contra 252; en marzo, 238 frente a 275; en abril, 259 contra 261; y en mayo, 298 frente a 305.

La tendencia cambió en junio, con 266 homicidios, 11 más que en el mismo mes del año anterior. En julio se contabilizaron 312, frente a 272 de 2025, un aumento de 40 casos.

La baja interanual de los primeros siete meses equivale a cerca del 6%. En 2025 Guatemala cerró con 3,139 asesinatos, por encima de los 2,869 de 2024, de acuerdo con la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Casasola resumió el contraste entre el acumulado y el comportamiento más reciente con una advertencia sobre la estrechez de la diferencia frente al año pasado.

“Todavía se registran menos homicidios en los primeros siete meses, comparado con los primeros siete meses de 2025, pero la brecha es cada vez menor. La tasa subió a 16,46 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

La violencia homicida se concentra en jóvenes, departamentos y zonas específicas

El investigador precisó que el 59% de las víctimas de homicidio en lo que va del año tenía entre 18 y 35 años. También señaló una fuerte concentración territorial: 10 departamentos reúnen 17 de cada 20 homicidios y el departamento de Guatemala concentra cuatro de cada 10.

Dentro de ese departamento, seis de los 10 municipios con más homicidios pertenecen a su jurisdicción. Aun así, en el municipio de Guatemala se registraron 133 homicidios menos en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período de 2025.

Casasola agregó que la violencia letal también se concentra dentro de la capital. “La violencia homicida es un delito altamente concentrado, pues cinco zonas del municipio agrupan 61% de los homicidios, siendo éstas las Zonas 18, 6, 7, 1 y 12”.

La misma exposición incluyó datos sobre extorsiones. En julio de 2026 se reportaron 1.298 denuncias, por encima de las 1.264 de junio, pero 961 menos que en julio de 2025, lo que llevó la tasa interanual a 106,58 denuncias por cada 100 mil habitantes.

Casasola afirmó además que las denuncias por extorsión acumuladas en los primeros siete meses del año bajaron de 16.427 en 2025 a 10.005 en 2026. Según diversas fuentes, los asesinatos y la violencia en Guatemala se asocian a las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia común.

Frente a la incidencia delictiva, la Policía Nacional Civil mantiene operativos preventivos y de control en distintos puntos del país.

Entre ellos figuran la Operación Centinela Escuintla en ese departamento, y en el departamento de Guatemala la Operación Centinela Metropolitano, el Plan Semáforo Seguro y la Operación Anillo de Contención, en coordinación con el Ejército de Guatemala.

Ocho presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en flagrancia en el municipio de San José Pinula tras protagonizar un escándalo público, portar municiones de uso exclusivo del Ejército y como droga.

La intervención, ejecutada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), se realizó en la calle principal del sector Tulipanes, residenciales San José Pinula, donde los detenidos fueron sorprendidos mientras alteraban el orden y peleaban en la vía pública.

Durante el operativo, los agentes de la comisaría 13 decomisaron 27 municiones para fusil y 17 bolsas plásticas con presunta marihuana. Entre los capturados figuran:

• Juan Daniel Rodríguez Gil, alias “el zombi”;
• Estuardo Alexander Chavac Montezuma, alias “el payaso”;
• Iván Alexander Boror Batres, alias “el gato”;
• Dayana Daniela Monterroso Hernández, alias “colocha”;
• María Celeste Muñoz Osorio, alias “la muñeca”;
• Laura Yessenia Cuevas Yol, alias “la coqueta”;
• Víctor Monzón Ramos, alias “bebé pequeño”; y
• Fernando Gabriel Reyes Carrillo, alias “lunático”.

Historial de antecedentes

Tras la detención, los agentes de la PNC realizaron una búsqueda de antecedentes penales o policiacos de los capturados, encontrando reincidencia en Monzón Ramos, alias “bebé pequeño”, quien anteriormente fue aprehendido por extorsión

Mientras que Reyes Carrillo, alias “lunático”, suma antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, conspiración para cometer asesinato, traslado de municiones, asesinato y extorsión entre 2017 y 2024.

Operativos simultáneos y recuperación de vehículos

En otro punto de la ciudad de Guatemala, agentes de la PNC y el Ministerio Público (MP) desmantelaron un inmueble en la avenida Ferrocarril y 24 calle, zona 6 capitalina, que presuntamente servía como guarida y parqueo de la Mara Salvatrucha (MS).

En la acción fue aprehendido Víctor “N”, de 48 años, señalado como guardián del lugar donde se resguardaban vehículos robados por integrantes de dicha organización.

Las autoridades localizaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto y uno más con orden de secuestro. También se incautaron tres municiones útiles y un chaleco antibalas.

Reclutamiento de menores y diversificación criminal

La PNC ha reportado un aumento en la participación de jóvenes en actividades ilícitas, fenómeno asociado al reclutamiento por parte de estructuras criminales.

En lo que va de 2026, 608 adolescentes y jóvenes han sido remitidos a los juzgados por delitos como portación ilegal de armas, extorsión y sicariato.

Estrategias para contener la criminalidad

Autoridades del Ministerio de Gobernación han advertido que el narcotráfico ha diversificado sus actividades en el país y actualmente abarca almacenamiento, procesamiento y distribución de estupefacientes, además de la extorsión y el control territorial.

El ecosistema criminal sostiene su financiamiento a través de la extorsión y el narcomenudeo.

La PNC enfatizó que, aunque las denuncias por extorsión han mostrado una reducción frente al año anterior, la estrategia oficial se orienta a debilitar las finanzas de las estructuras criminales y no solo a la captura de cabecillas.

Las zonas fronterizas y la inteligencia estratégica figuran entre las prioridades para limitar la expansión de estos grupos.

El primer censo nacional de asentamientos informales en Guatemala abre una nueva etapa en el reconocimiento y abordaje de la precariedad habitacional. Actualmente, se realiza un censo que ya ha contabilizado 924 comunidades vulnerables.

El proyecto del Registro de Asentamientos Informales (RAI) está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) bajo la coordinación de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo).

“Su objetivo principal es cerrar un vacío histórico de información cartográfica y cuantitativa sobre los asentamientos informales del país, respondiendo a cuántos existen, cuáles son sus características principales y dónde se ubican”, informaron a través de un comunicado.

Hasta el momento el censo ha identificado 924 asentamientos informales en nueve de los diez nodos urbanos nacionales, cartografiando y cuantificando por primera vez un fenómeno históricamente desatendido.

Metodología y criterios del RAI

El RAI establece tres requisitos para catalogar una comunidad como asentamiento informal: mínimo de diez viviendas habitadas, deficiencia o irregularidad en los servicios básicos y precariedad en la infraestructura.

De acuerdo con el informe oficial, la distribución geográfica muestra una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Guatemala, donde se localizan 567 asentamientos. Otras regiones destacadas incluyen:

• Los Altos (112),
• Puerto Barrios (60),
• Ciudad Portuaria de Escuintla (51),
• Las Verapaces (37),
• Ciudad Turística de Flores (36),
• Área Metropolitana Regional de Oriente (24),
• Área Metropolitana Regional de Sur Occidente (27),
• Área Metropolitana Regional deSur Oriente (10).

El Gobierno de Guatemala apunta a utilizar esta base de datos para orientar la inversión pública y promover acciones concretas en favor de las familias más vulnerables. Mientras que el censo continúa en el Área Metropolitana de Huehuetenango.

Contexto histórico y social de los asentamientos

La proliferación de asentamientos informales en Guatemala refleja una crisis habitacional de larga data, originada tras el terremoto de 1917.

La habilitación de espacios temporales por parte del Estado favoreció su consolidación y permanencia. Durante el siglo XX, la migración campo-ciudad y el desplazamiento interno incrementaron la demanda de suelo urbano, mientras que la falta de planificación y la exclusión social marginaron a miles de familias.

Estudios del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) advierten que la escasez de tierra disponible y la ausencia de alternativas formales obligan a las familias a ocupar terrenos públicos o privados sin garantías legales.

En la Ciudad de Guatemala, los asentamientos suelen ubicarse en barrancos y zonas de alto riesgo, lo que agrava su vulnerabilidad y muestra un constante monitoreo por parte de instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Realidad actual y desafíos

Datos de TECHO-Guatemala muestran que, aún en condiciones de precariedad, numerosos asentamientos acceden a servicios básicos mediante conexiones informales.

La falta de títulos de propiedad impide su integración al desarrollo urbano formal, exponiendo a las comunidades a desalojos y desastres naturales.

Mientras que TECHO-Guatemala afirma que “la condición de los asentamientos informales es una expresión de la desigualdad de oportunidades”.

Crimen organizado

Sin embargo, en varias oportunidades las autoridades y privados han denunciado a grupos de personas que se dedican a la ocupación de tierras como parte de un negocio que, al final, resulta ser operado por estructura criminales.

Estos grupos invaden terrenos estratégicos, áreas protegidas o fincas mediante la fuerza y la falsificación de documentos.

Posteriormente, parcelan y lotean los predios para venderlos de manera fraudulenta a familias necesitadas o utilizarlos en actividades ilícitas como la ganadería extensiva ilegal.

La lentitud en los procesos de desalojo, la vulnerabilidad del registro de propiedades y la impunidad fomentan este mercado negro que afecta la seguridad jurídica y el desarrollo del país.

Luego de las críticas por parte del Ejecutivo, tres diputados retiraron las solicitudes de interpelación contra tres de los 12 ministros del gobierno de BernardoArévalo, que esperan su turno para un juicio político en el Congreso de Guatemala.

La decisión se tomó en medio de una interpelación al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Abelardo Pinto, la cual lleva ya nueve meses sin lograr ningún avance, por lo que el Ejecutivo ha calificado, incluso, estas citaciones legales como una “extorsión”.

La decisión de retirar las peticiones de antejuicio fue conocida este día en el plano del Legislativo, cuando los diputados fue notificado de que Pablo Cifuentes desistió de interpelar al ministro de Salud, Joaquín Barnoya; Carlos Calderón hizo lo propio con la ministra de Economía,Gabriela García; y José Chic retiró el proceso contra la ministra de Trabajo,Miriam Roquel.

El cambio ocurre dentro de un calendario más amplio: el Congreso había programado 28 procesos contra 12 de los 14 ministros, con audiencias previstas entre el 27 de agosto y el 22 de octubre. La retirada de tres expedientes modifica ese cronograma, pero no cierra el pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El Congreso alteró el cronograma de juicios políticos previsto para los próximos meses

Las solicitudes contra García y Barnoya estaban programadas para iniciar este jueves 27 de agosto. El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó este lunes que ambas fueron desestimadas.

La decisión deja sin efecto el arranque de esos cuestionamientos esta misma semana. En el caso de Economía, la solicitud había sido presentada por el diputado Carlos Roberto Calderón; en el de Salud, por el congresista Pablo Cifuentes.

Las acciones promovidas contra los ministros han presionado fuertemente al Ejecutivo, ya que cada martes los funcionarios deben de asistir sin falta al Congreso para esperar el inicio de su juicio político, hecho que ha sido criticado por el presidente guatemalteco.

El mecanismo sigue abierto contra otros ministros y mantiene la tensión con el Ejecutivo

No obstante, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), específicamente la diputada Teresita de León, hija de la excandidata a la presidencia Sandra Torres, es la que concentra la mayoría de la interpelaciones contra los ministros, seguida por el jefe de bancada José Inés Castillo solicitó específicamente la comparecencia de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes.

Uno de los procesos que sigue en curso es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Esa interpelación comenzó el 13 de noviembre de 2025, se encuentra en la fase de preguntas adicionales y todavía hay diputados pendientes de participar.

La mayoría de las veces, los procesos se suspenden por falta de quórum. Incluso, el presidente del Congreso afirmó que lo mejor era retirar las peticiones de antejuicio.

La extensión de estos procedimientos alimentó críticas dentro y fuera del Congreso. Sonia Gutiérrez, diputada de Winaq, cuestionó durante la instancia de jefes de bloque que no se hayan alcanzado consensos y señaló que este mecanismo de fiscalización ha sido tergiversado.

El presidente Bernardo Arévalo defendió el derecho del Congreso a fiscalizar, pero cuestionó que el recurso termine afectando la gestión gubernamental. Citado por el medio, también calificó su uso como un “abuso” y puso en duda si las solicitudes buscan frenar el trabajo del Gobierno o se utilizan como herramienta de “presión”.

La salida de tres interpelaciones no desactiva ese enfrentamiento. Lo que deja es una nueva incertidumbre en el Congreso: si otros diputados seguirán el mismo camino y retirarán sus procesos o si mantendrán los cuestionamientos pendientes contra los ministros.

Una conductora fue atacada a balazos en una zona exclusiva y concurrida de la Ciudad de Guatemala. El ataque originó una persecución y terminó con la captura de dos presuntos agresores que intentaban huir en motocicleta.

El hecho ocurrió la mañana de este martes 25 de agosto sobre la 20 calle y 5a. avenida de la zona 10 de la capital guatemalteca. La mujer salió ilesa, pero terminó con crisis nerviosa.

La persecución terminó en la 9ª avenida y 21 calle de la misma zona, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dio alcance a los sospechosos y los trasladaron al juzgado correspondiente.

Tras el hecho, las autoridades informaron que a los detenidos se les decomisó un arma de fuego presuntamente utilizada en el ataque y la motocicleta en la que se movilizaban.

El vocero de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, indicó que el caso estaría relacionado con un supuesto asalto en el que desconocidos dispararon contra la conductora.

Los Bomberos Municipales enviaron unidades de emergencia al sector tras recibir la alerta por un hecho de violencia con posibles personas afectadas. Los técnicos en urgencias médicas asistieron a la víctima en el lugar y determinaron que, aunque no presentaba heridas de bala, sí sufría una crisis nerviosa.

Iba a trabajar

Los paramédicos auxiliaron a la mujer mientras agentes policiales quedaban a cargo de las diligencias y del cierre vial total.

Según contó la conductora a los paramédicos, ella se dirigía a su trabajo cuando fue atacada por los desconocidos.

“Me tocaron el vidrio del carro. Me mostraron su arma y después dispararon”, narró la mujer de 38 años, quien afirmó que la despojaron de teléfono celular.

En imágenes difundidas tras el ataque se observaba el vidrio del lado del conductor roto y casquillos alrededor del vehículo.

Aunque la conductora no resultó herida, varios disparos alcanzaron la estructura del automóvil tipo sedán y destruyeron el vidrio de la puerta del piloto, lo que provocó la crisis emocional de la mujer, quien ya no pudo continuar con su camino.

Montejo afirmó que el ataque fue reportado alrededor de las 9:10 horas. Tras el incidente, las autoridades implementaron cierres viales en el sector y coordinaron la presencia de fiscales del Ministerio Público para iniciar las diligencias del caso.

La respuesta directa a lo ocurrido es esta: dos hombres que se desplazaban en motocicleta fueron detenidos pocos metros después del ataque, señalados de haber disparado contra una automovilista durante un aparente intento de robo en la zona 10, y la víctima sobrevivió sin lesiones físicas.

Los detenidos tienen 34 y 19 años y fueron señalados como presuntos responsables

La Policía Nacional Civil señaló que las alertas ciudadanas son claves para dar seguimiento a hechos ilícitos y destacó ese factor después de la captura de los presuntos responsables.

Según la institución, un grupo Águila realizaba sus rondas en la 10a. avenida de la zona 14, cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego provenientes de la 20 calle de zona 10.

Los detenidos fueron identificados como Gilberto José Ángel Luna Flores, de 34 años, y Byron Aníbal Velásquez Madrid, de 19.

La policía informó que a los capturados se les incautó un arma de fuego que portaban de manera ilegal y que los dos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que 184 medios de comunicación quedaron inscritos para participar en la difusión de propaganda de las Elecciones Generales de 2027, un registro que reúne a 134 empresas y que, según lo expuesto el martes 25 de agosto ante representantes de partidos políticos, ampliará las opciones de pauta disponibles para las organizaciones políticas durante la campaña.

El período de inscripción cerró el 15 de agosto de 2026. Aun así, el número final todavía puede cambiar porque la unidad encargada del control de expedientes sigue revisando y depurando la documentación presentada por las empresas inscritas.

Del total reportado, 54 registros corresponden a medios de televisión, entre canales abiertos y sistemas de cable. Otros 48 pertenecen a empresas de radio, un grupo en el que una sola razón social puede operar varias emisoras bajo un mismo registro.

El resto de las inscripciones abarca medios escritos y otros servicios contemplados en el reporte presentado por el ente electoral. La información fue divulgada durante la reunión mensual que el TSE mantiene con representantes de organizaciones políticas.

El registro define qué medios podrán poner a disposición tiempos y espacios de campaña

El magistrado electoral Mario Velásquez explicó que la ley no faculta al Tribunal Supremo Electoral para escoger los tiempos y espacios que se utilizarán en campaña. Esa decisión corresponde a cada organización política, que podrá seleccionar los medios según su propia estrategia electoral.

Velásquez lo planteó de forma directa al explicar el alcance del registro: “No es el Tribunal Supremo Electoral el que elige estos tiempos y espacios, sino que es cada organización quien tiene la oportunidad de poder elegir estos tiempos y espacios de conformidad con su estrategia política”.

El magistrado también destacó que el volumen de inscripciones abre un margen más amplio para la difusión electoral. En sus palabras, la cifra de registros les genera satisfacción porque “van a tener más opciones las organizaciones políticas de poderse anunciar durante la campaña electoral”.

Ese es el dato central del reporte: el padrón de medios no distribuye publicidad ni asigna franjas de manera automática, sino que habilita una oferta de espacios disponibles para que los partidos decidan dónde anunciarse cuando arranque formalmente la campaña de 2027.

La Unidad de Medios todavía depura expedientes y supervisa propaganda y encuestas

Velásquez advirtió que el listado no debe considerarse inamovible. Según indicó, la Unidad de Medios continúa con la depuración de expedientes, de modo que la cifra de inscripciones podría variar antes del inicio oficial de la campaña.

La revisión forma parte del trabajo de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, el órgano del TSE encargado de controlar, monitorear y regular la propaganda electoral y las expresiones de organizaciones políticas tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Entre sus funciones figura el monitoreo de pauta publicitaria, espacios informativos y cuentas en plataformas digitales para detectar posibles casos de campaña anticipada. También administra el registro de empresas de radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales autorizadas para difundir propaganda oficial durante los procesos electorales.

La misma dependencia regula y supervisa la realización y publicación de encuestas y sondeos de opinión pública vinculados a elecciones. Además, recopila y documenta expedientes sobre posibles infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para trasladarlos a la Inspectoría General.

El reporte presentado el 25 de agosto muestra, en ese marco, el estado del registro de medios con miras a los comicios de 2027. La cifra de 184 registros asociados a 134 empresas ofrece una fotografía preliminar del universo de canales, radios, medios escritos y otros servicios que podrán servir de soporte para la propaganda electoral autorizada.

La precisión sobre las radios fue uno de los puntos remarcados por Velásquez. El magistrado señaló que los 48 registros no equivalen necesariamente a 48 emisoras individuales, ya que varias empresas poseen distintas frecuencias o estaciones amparadas bajo una misma inscripción empresarial.

Con ese esquema, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que ya existe una base de medios con inscripción vigente para el próximo proceso. El cierre administrativo ocurrió el 15 de agosto de 2026 y la depuración en curso definirá si ese universo se mantiene o si registra ajustes antes del arranque oficial de la campaña para las Elecciones Generales de 2027.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presentó el SIP 245, el sistema con el que prevé sustituir al TREP en las elecciones generales de 2027, en un intento por restablecer la confianza en la difusión de resultados preliminares tras los cuestionamientos que rodearon al mecanismo usado en 2023 y la investigación penal por la compra del software anterior.

El nuevo esquema fue diseñado para una jornada de gran escala. Según explicó el director de Informática del TSE, David Illescas Marroquín, la proyección para 2027 contempla aproximadamente 29.450 mesas electorales, cerca de 11 millones de ciudadanos convocados a votar y la transmisión de 147.200 actas durante el escrutinio.

El nombre del sistema remite al artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la norma que obliga al TSE a divulgar los resultados preliminares de los comicios. Ese mismo artículo también regula la publicación de resultados electorales por todos los medios de comunicación y fija un plazo de hasta ocho días tras la conclusión del proceso para su divulgación.

El TSE busca reemplazar un sistema marcado por las objeciones de 2023

La decisión de dejar atrás el TREP llega después de las denuncias de irregularidades que afectaron a ese sistema en el evento electoral de 2023. El proceso penal en curso está vinculado con la compra del software, cuyo costo ascendió a Q148 millones.

El organismo electoral sostiene que la nueva plataforma quedará bajo control institucional. Illescas Marroquín afirmó, en declaraciones recogidas por El Metropolitano: “Todo el control, diseño y estructura del sistema lo tenemos bajo nuestro dominio. Nada se está delegando”.

El funcionario añadió que el TSE sí contará con apoyo técnico de proveedores, pero que el desarrollo seguirá conducido desde la Dirección de Informática. En la misma intervención, precisó: “Si bien es cierto, sí nos estamos apoyando con componentes técnicos por medio de proveedores y demás, todo el desarrollo del sistema se está controlando desde esta dirección”.

La autoridad electoral presentó el SIP 245 ante representantes de partidos políticos como la herramienta que sustituirá al Programa de Transmisión de Resultados Electorales E-TREP. Su uso está previsto para los comicios de 2027, cuando Guatemala renovará la Presidencia, el Congreso y las corporaciones municipales.

El nuevo sistema operará con quioscos, verificación de actas y cinco anillos de transmisión

Uno de los cambios centrales será la instalación de quioscos técnicos en los centros de votación. Allí, el presidente, el secretario o el vocal de cada junta receptora de votos llevará el acta final de escrutinio para escanearla y transmitirla directamente.

De acuerdo con la explicación del director de Informática, la única fuente de datos será la junta receptora de votos. El modelo, dijo, prioriza la transmisión del acta y no la interpretación de los datos, y luego encadena cuatro etapas: verificación, publicación y seguridad sobre la información ya remitida desde cada centro.

El flujo previsto parte del escrutinio en mesa, sigue con el cierre del acta final y continúa con el traslado de ese documento al quiosco de transmisión. Después se realiza el escaneo, la captura de datos y el envío al Centro Nacional de Información, donde se verificará lo transmitido antes de su publicación.

Cada centro de votación tendrá uno o más quioscos de escaneo y transmisión, según la cantidad de mesas instaladas. También habrá un auxiliar técnico designado por la Dirección de Informática para verificar la instalación de equipos y acompañar el proceso, aunque sin manipular el acta, escanearla ni transmitirla.

El TSE también anunció un cuarto de crisis en el Centro Nacional de Información para gestionar incidencias y activar contingencias durante la jornada. A eso se sumará un sistema de verificación de actas y procesos de captura y digitalización de datos.

La estructura de seguridad incluirá cinco anillos de transmisión o capas de comunicación en todos los centros de votación. Según Illescas Marroquín, ese diseño busca evitar la dependencia de un solo proveedor y dar trazabilidad a cada envío para identificar qué junta receptora transmitió el acta y desde qué mesa se hizo.

En una próxima reunión, según informó la autoridad electoral, se definirá el papel del fiscal informático y la participación de los representantes técnicos de los partidos políticos.

Guatemala enfrenta una diversificación del narcotráfico que ya no se limita al tránsito de drogas y se extiende al almacenamiento, procesamiento y distribución de estupefacientes, un avance que también conecta con extorsión, contrabando y control territorial y que, según el quinto viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz Reynoso, obliga al Estado a reforzar la cooperación internacional, la inteligencia estratégica y la coordinación entre instituciones.

El diagnóstico oficial incorpora además un cambio en la forma en que operan estas redes.

De acuerdo con la exposición recogida por Infobae, el acceso a la tecnología ha modificado los métodos de distribución y hoy permite la venta de drogas mediante entregas a domicilio y plataformas digitales, mientras las organizaciones criminales aprovechan rutas que también sirven para el tráfico ilegal de migrantes, armas y municiones.

Cruz Reynoso presentó ese panorama en una conferencia organizada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Allí advirtió que el fenómeno ha permeado las fronteras y también el tejido urbano y rural del país, lo que amplía el alcance del problema y vuelve insuficientes las respuestas aisladas.

Guatemala es un punto de tránsito, almacenamiento y procesamiento de drogas

Según explicó el funcionario, Guatemala se ha convertido en un punto estratégico no solo para el paso de cargamentos, sino también para su resguardo, transformación y distribución.

Esa condición se apoya en la ubicación geográfica del país y en la existencia de tierras fértiles, factores que, de acuerdo con su exposición, han sido explotados por organizaciones criminales transnacionales para ampliar sus actividades ilícitas.

El viceministro sostuvo que ese proceso ya dejó indicios concretos sobre el terreno. “Hemos encontrado laboratorios de procesamiento y se han registrado erradicaciones masivas de cultivos ilícitos”, dijo durante su intervención.

La advertencia oficial añade que las estructuras criminales no se agotan en el negocio de la droga. “Las rutas criminales también se emplean para el tráfico ilegal de migrantes, de armas, de municiones y otras actividades ilícitas”, afirmó Cruz Reynoso.

Ese entramado incorpora además a las pandillas como un factor de presión adicional sobre la seguridad pública. Según detalló, estos grupos utilizan la extorsión y el narcomenudeo como sus principales fuentes de ingresos y buscan controlar territorios por medio de la violencia y la intimidación.

Las fronteras concentran un problema que también alcanza ciudades y áreas rurales

Las zonas fronterizas fueron identificadas como focos críticos de actividad ilícita, aunque la evaluación oficial remarca que el fenómeno se extiende a áreas urbanas y rurales en todo el territorio nacional. La dificultad de control, explicó el viceministro, esto se agrava por la existencia de propiedades privadas colindantes con los límites del país, una condición que complica la presencia estatal y facilita maniobras para eludir la fiscalización.

En ese escenario, las rutas de contrabando y narcotráfico aprovechan vacíos de vigilancia. La expansión territorial del delito, según la presentación citada por Infobae, tiene además efectos directos sobre la economía local y nacional porque debilita al productor legítimo y alimenta un circuito de corrupción y violencia.

Cruz Reynoso vinculó esa capacidad de expansión con el poder financiero de las redes. “Las estructuras criminales son poderosas porque manejan grandes sumas de dinero”, sostuvo.

Por esa razón, el golpe a las fuentes de financiamiento aparece como uno de los ejes de las políticas públicas. El funcionario pidió a la población no prestar cuentas bancarias ni facilitar recursos para operaciones ilícitas y advirtió que esas prácticas sostienen una cadena de criminalidad cotidiana con consecuencias que van desde asesinatos hasta sobredosis.

El Gobierno plantea inteligencia, análisis de riesgos y denuncias ciudadanas

La respuesta que expuso el viceministro combina medidas preventivas y de coordinación operativa. En la presentación se destacó la necesidad de adoptar enfoques proactivos, entre ellos el análisis de riesgos y la integración de capacidades antinarcóticas con dispositivos de seguridad fronteriza.

El planteo oficial también pone el foco en la cooperación internacional. Para el funcionario, la magnitud del problema exige articular esfuerzos más allá de una sola dependencia y construir una coordinación interinstitucional robusta que permita responder a un fenómeno que cambia rutas, diversifica negocios y combina escalas locales con redes transnacionales.

Ese esquema, añadió, requiere también participación social. Cruz Reynoso cerró su exposición con un llamado a que la ciudadanía denuncie anomalías a través de los canales oficiales habilitados, como parte de una estrategia que busca contener una amenaza que ya atraviesa fronteras, ciudades y zonas rurales de Guatemala.

El quinto viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz Reynoso advirtió que el narcotráfico busca penetrar instituciones públicas y gobiernos locales de Guatemala, con especial interés en los procesos electorales, porque esas redes intentan financiar campañas y ganar protección política para asegurar ventajas operativas y legales.

El funcionario sostuvo además que ninguna estructura estatal está completamente a salvo de esa presión. Según expuso en una conferencia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y recogida por Infobae, las organizaciones criminales procuran insertarse “desde los niveles más bajos hasta las posiciones más altas del Estado”.

La advertencia oficial se inscribe en un diagnóstico más amplio: Guatemala se ha convertido en un punto estratégico no solo para el tránsito de drogas, sino también para su almacenamiento, procesamiento y distribución. Ese esquema, explicó Cruz Reynoso, se apoya en la ubicación geográfica del país y en condiciones que han sido aprovechadas por redes criminales transnacionales para diversificar sus actividades.

Las redes criminales buscan protección política y acceso al Estado

Durante la sesión de preguntas, el investigador Francisco Quezada planteó dudas sobre la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en la administración pública y financiar campañas. La respuesta del viceministro fue directa: “Estas organizaciones se financian de forma rápida y buscan insertarse desde los niveles más bajos hasta las posiciones más altas del Estado”.

Cruz Reynoso explicó que ese avance sobre la política no persigue solo influencia abstracta. El objetivo, dijo, es obtener beneficios legales, protección institucional o ventajas operativas que faciliten la continuidad de las actividades ilícitas.

Para contener ese riesgo, el Estado ha puesto en marcha procesos orientados a fortalecer la integridad del personal público, mejorar las condiciones laborales y tecnológicas y reducir la vulnerabilidad frente a la corrupción. “Trabajamos para que las personas honestas se mantengan honestas, y eso requiere procesos estratégicos y capacitación constante”, afirmó al medio.

El viceministro pidió a la ciudadanía que utilice los canales de denuncia para reportar indicios de financiamiento electoral ilícito o movimientos anómalos vinculados con el crimen organizado. Añadió que la coordinación con el Ministerio Público es clave para investigar y judicializar estos casos.

Guatemala es ruta, almacén y centro de procesamiento de drogas

En la misma exposición, el funcionario describió una expansión del narcotráfico que ya no se limita a las fronteras y alcanza tanto zonas urbanas como rurales. De acuerdo con la publicación, las autoridades han detectado laboratorios de procesamiento y también erradicaciones masivas de cultivos ilícitos.

El diagnóstico oficial vincula ese fenómeno con otras economías ilegales. Cruz Reynoso señaló que las rutas criminales también se usan para el tráfico ilegal de migrantes, armas y municiones, mientras que las pandillas obtienen ingresos de la extorsión y del narcomenudeo y buscan controlar territorios mediante violencia e intimidación.

El impacto no se restringe a la seguridad. La conferencia indicó que el narcotráfico golpea la economía local y nacional, debilita al productor legítimo y alimenta un circuito de corrupción y violencia.

El acceso a tecnología cambió además los métodos de distribución tanto para las autoridades como para las organizaciones criminales. Ese cambio permite la venta de drogas incluso mediante entregas a domicilio y plataformas digitales.

Las zonas fronterizas fueron identificadas como focos críticos, aunque el problema se extiende a todo el territorio. El viceministro explicó que el control estatal en esas áreas enfrenta obstáculos por la presencia de propiedades privadas colindantes y por la dificultad de ejercer fiscalización efectiva en esos pasos.

“Las estructuras criminales son poderosas porque manejan grandes sumas de dinero”, dijo Cruz Reynoso. Por eso, agregó, afectar las finanzas de esas redes se volvió un objetivo central de las políticas públicas, junto con el llamado a no prestar cuentas bancarias ni facilitar recursos para actividades ilícitas.

La estrategia oficial incluye denuncias, capacitación y cooperación con Estados Unidos

La respuesta planteada por las autoridades combina prevención institucional, análisis de riesgos y cooperación exterior. En ese marco, el viceministro valoró el apoyo de Estados Unidos en asesoría, entrenamiento y tecnología para la lucha contra el narcotráfico.

“Estados Unidos ha sido un aliado confiable en la transferencia de experiencia y recursos, lo que permite anticipar y combatir amenazas de forma más eficaz”, manifestó. También remarcó la necesidad de sostener una visión regional y coordinar esfuerzos con los países vecinos.

En la conferencia se subrayó la conveniencia de integrar capacidades antinarcóticas y de seguridad fronteriza dentro de una coordinación interinstitucional más robusta. El funcionario cerró con un llamado a una ciudadanía activa que denuncie anomalías a través de los canales oficiales habilitados.

El partido Poder aún no reúne los afiliados que exige la ley en Guatemala para conservar su inscripción y competir en las elecciones de 2027, un rezago que su dirigente Oscar Rodolfo Castañeda en declaraciones a medios de comunicación locales, atribuyó al avance lento del proceso y al impacto de afiliaciones falsas en otras agrupaciones, mientras advirtió sobre la penetración del narcotráfico en cargos públicos a pocas semanas del vencimiento del plazo legal.

Según datos oficiales del TSE, consultados por Infobae Centroamérica al 3 de agosto el Partido de Oportunidades y Desarrollo acumula 26,521 afiliados, por debajo de los 28.083 necesarios para inscribir candidaturas.

La misma situación alcanza a otras dos organizaciones. URNG-MAÍZ registra 25.793 afiliados y Winaq suma 25,879, también por debajo del umbral requerido para mantenerse en carrera hacia los comicios generales.

El magistrado del TSE Quelvin Jiménez al ser entrevistado por Infobae Centroamérica, explicó que la verificación de adhesiones corresponde al área técnica del TSE y que el pleno de magistrados debe mantenerse al margen de ese trámite. La separación, sostuvo, busca preservar la imparcialidad ante posibles impugnaciones de los partidos.

Sobre las quejas por la velocidad de digitalización de datos, el magistrado señaló: “Regularmente a veces, pues, si no, quizá es imposible quedar bien con todos los partidos políticos”. Citó además información de Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, para precisar el estado del proceso.

Tres partidos siguen por debajo del mínimo legal de afiliados

Castañeda reconoció que su agrupación todavía no alcanza la cifra exigida, aunque aseguró que el trabajo territorial continúa. Describió el proceso como un avance “poco a poco, picando piedra, siendo respetuosos con cada afiliado”.

El dirigente defendió la validez de las firmas reunidas por su partido y vinculó parte de la lentitud administrativa a la presentación de datos irregulares por parte de otras organizaciones. “Cada persona que pone su firma es una persona real y no tienen que sentirse tristes o afectados porque hay otros que desafortunadamente sí han llenado sus números con afiliaciones falsas”, afirmó.

Pese a ese rezago, el calendario interno del partido ya tiene una hoja de ruta. Castañeda dijo que las asambleas municipales comenzarán en octubre, las departamentales se celebrarán en noviembre y la postulación de candidaturas está prevista para diciembre.

También afirmó que la intención es competir en todos los cargos de elección popular. “Vamos a postular a todos los candidatos a elección popular, primeramente Dios, en el mes de diciembre”, dijo, aunque admitió que un atraso menor podría trasladar esa fase a enero.

Castañeda alertó por la presencia del narco en alcaldías y diputaciones

En la misma conversación, el dirigente situó la narcopolítica como uno de los principales riesgos para el proceso electoral guatemalteco. Consideró que el escenario es “desafortunado”, pero valoró la posición de la Embajada de Estados Unidos de mantener una política de cero tolerancia frente al narcotráfico.

“No podemos permitir que el narco se apropie del Estado, porque cuando ese momento se dé, entonces ya no tienen que esconderse de él, porque ya lo cooptaron”, afirmó. Añadió que el país no puede convertirse en un narcoestado y que la reacción de Estados Unidos frente a ese riesgo le produce tranquilidad.

Castañeda distinguió entre dos formas de vinculación con esas estructuras. Por un lado, mencionó a autoridades que habrían recibido apoyos o financiamiento de personas dedicadas a esa actividad; por otro, señaló casos en los que, según denuncias e información oficial de Estados Unidos, quienes ejercen cargos como alcaldes o diputados estarían directamente involucrados en actividades ilícitas.

“Tener narcodiputados y tener narcoalcaldes, eso está llevando a Guatemala a un nivel de corrupción en su más profunda intimidad”, sostuvo. Más adelante agregó, citado por LaHora y el Metropolitano, que la representación diplomática estadounidense maneja “mucha información” sobre ese fenómeno y anticipó que podrían venir nuevas acciones en la región, al afirmar que “Guatemala no va a ser la excepción” dentro de la respuesta que, según él, ya se observa en Mesoamérica y en México.

El Ministerio de Finanzas de Guatemala impulsa la iniciativa 6688 para sustituir la ley de contrataciones del Estado vigente desde 1992, una reforma que busca digitalizar por completo las compras públicas, ampliar las modalidades de adquisición y reforzar los controles sobre proveedores antes de que la discusión del presupuesto nacional desplace el tema de la agenda del Congreso.

La propuesta elevaría de cuatro a nueve los mecanismos de compra pública y llevaría el techo de la contratación simplificada a 300.000 quetzales, con ajustes periódicos vinculados a la inflación. También transformaría Guatecompras en una plataforma transaccional con trazabilidad completa, en lugar de su función actual como repositorio documental.

Durante el Congreso Mercado Público 2026, celebrado recientemente, autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas expusieron los alcances de la reforma y defendieron la necesidad de reemplazar la normativa actual por una ley nueva. El proyecto fue entregado por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República en noviembre de 2025.

El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado Carlos Melgar presentó los ejes centrales de la iniciativa: contratación electrónica a través de un Sistema Nacional de Compras Públicas, conversión de Guatecompras en una herramienta operativa de transacción y aplicación de mecanismos más estrictos para inhabilitar a proveedores que incumplan con el Estado.

Ese rediseño apunta a modificar la lógica con la que hoy se ejecutan las adquisiciones estatales. Según explicó el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, citado por Infobae Centroamérica, la iniciativa no corrige de manera parcial la norma actual, sino que la reemplaza por completo para modernizar, digitalizar y agilizar el sistema desde su estructura.

La reforma busca sustituir una ley de 1992 que acumuló más de 14 cambios

La legislación vigente fue aprobada en 1992 y, de acuerdo con Estrada, acumuló más de 14 reformas que generaron vacíos jurídicos y contradicciones operativas. El diseño original estaba orientado sobre todo a infraestructura vial y compra de medicamentos, mientras el resto de adquisiciones públicas quedó sometido a un marco que el legislador describió como desactualizado.

El trabajo técnico detrás del proyecto comenzó entre 2017 y 2019 dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, con participación de cinco agencias de cooperación internacional y unas 300 reuniones técnicas. La directora general de Adquisiciones del Estado, Xiomara Morales, señaló que la propuesta se apoya en estudios especializados y estándares internacionales.

Morales precisó que la iniciativa se sostiene en cuatro pilares: modernización del Estado, transparencia y rendición de cuentas, competencia y fortalecimiento del mercado, y generación de confianza con control social. Bajo esa lógica, el cambio normativo pretende mover el centro del sistema desde el formalismo jurídico hacia una gestión más técnica de las compras.

La iniciativa incorpora subastas electrónicas y controles más duros sobre proveedores

Entre las nueve modalidades previstas figuran la subasta electrónica inversa, el diálogo competitivo con proveedores y los convenios marco para compras recurrentes. La evaluación de ofertas ya no se concentraría solo en el precio más bajo, sino que incluiría variables de calidad y capacidad técnica.

Uno de los cambios más visibles alcanzaría a la compra directa. Ese mecanismo sería sustituido por una subasta abreviada electrónica de dos días, en un intento por reducir el fraccionamiento de adquisiciones que permite mantener operaciones por debajo de umbrales sujetos a controles más exigentes.

Sobre esa práctica, Estrada fue directo: “Los montos, se los volaron hace rato”. La observación alude a la división de compras para eludir procesos más rigurosos, uno de los problemas que la nueva ley intenta cerrar mediante reglas digitales y mayor trazabilidad.

La propuesta también incorpora contratos llave en mano para construcción de carreteras, una modalidad inexistente en la legislación actual, y abre espacio para contrataciones especializadas que hoy no tienen encaje normativo. Su alcance no se limitaría al Gobierno central: abarcaría municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y todas las entidades que administren recursos públicos.

Melgar también anunció la publicación de la primera edición oficial de los Criterios Registrales del Registro General de Adquisiciones del Estado, con el objetivo de estandarizar criterios, fortalecer la certeza jurídica y mejorar la gestión registral. En el mismo evento informó sobre nuevos lineamientos para optimizar los mecanismos de inhabilitación y rehabilitación de proveedores, además del desarrollo de una propuesta técnica para actualizar la metodología de precalificación financiera.

El funcionario resumió la lógica de ese endurecimiento con una definición puntual: “Cualquier proveedor que está quedando mal con el Estado no debería tener el favor de seguir recibiendo contratos si está quedando mal”.

El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) elevó 72.1% su padrón de beneficiarios durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, al pasar de 172,743 personas al inicio de la administración a 297,272 adultos mayores, una expansión que amplía la cobertura de un subsidio mensual de Q500 dirigido a personas de 65 años o más en pobreza extrema, sin empleo y sin pensión.

Hasta el 31 de julio de 2026, el programa había ejecutado Q1,057.46 millones, equivalentes al 59.3% de su presupuesto total de Q1,781.99 millones, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La cifra muestra el peso presupuestario de una política que hoy alcanza a casi 300 mil personas.

El aumento acumulado en el período es de 124.529 nuevos beneficiarios. De acuerdo con la información oficial, en 2024 se incorporaron 18,227 adultos mayores; en 2025 la cifra subió a 87,751; y en 2026 ya se suman 18,551 nuevas personas al padrón.

El dato central es ese: el PAM entrega Q500 mensuales a guatemaltecos mayores de 65 años que viven en pobreza extrema, no reciben jubilación o pensión y ya no trabajan, y durante la actual administración su cobertura creció hasta llegar a 297,272 beneficiarios.

Cuatro departamentos concentran 99,969 beneficiarios del programa

La distribución territorial muestra una fuerte concentración en cuatro departamentos. Alta Verapaz encabeza la nómina con 32,616 beneficiarios, seguido por San Marcos con 22.926, Huehuetenango con 22,715 y Quiché con 21,712.

En conjunto, esos cuatro departamentos reúnen 99,969 adultos mayores incorporados al programa, lo que representa el 33.6% del total. La nómina confirma que una de cada tres personas atendidas por el PAM se encuentra en esas zonas del país.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conocido como Mintrab, atribuye la expansión del padrón al despliegue de personal para realizar visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos. Esas acciones buscan acelerar la atención de expedientes que, de acuerdo con la información oficial, permanecieron abandonados durante años e incluso décadas.

La cartera también puso en marcha operativos para acercar el trámite a comunidades específicas. Uno de esos planes se desarrolla en San José Poaquil, en Chimaltenango, donde personal institucional atiende solicitudes de inscripción y realiza evaluaciones en los hogares para determinar si los solicitantes cumplen con las condiciones exigidas por el programa.

La inscripción al PAM es gratuita, personal y sin intermediarios

El acceso al beneficio no tiene costo y debe hacerse de manera directa ante el ministerio. La inscripción es gratuita, personal y sin intermediarios, y se tramita en la sede departamental del Mintrab correspondiente al lugar de residencia del solicitante.

El procedimiento comienza con la presentación de una solicitud mediante el formulario de admisión al programa. Luego, la institución verifica el cumplimiento de los requisitos legales y efectúa un estudio socioeconómico para establecer la situación económica de la persona interesada.

Con base en ese informe técnico, el ministerio emite una resolución y la notifica al solicitante. Si la respuesta es favorable, la resolución se incorpora al registro de beneficiarios, se extiende un carné y el pago del aporte se realiza dentro de los 15 días siguientes al mes que corresponda.

Entre las condiciones principales figuran haber cumplido 65 años, no tener empleo en el sector público o privado, no recibir pensión o jubilación y vivir en condición de pobreza extrema. La información oficial añade que ya no se exige presentar constancias periódicas de supervivencia para seguir recibiendo el pago.

Citado por Diario de Centro América, el ministerio sostuvo que estas jornadas tienen como objetivo acercar el proceso a las personas adultas mayores que necesitan el apoyo estatal. La ampliación del padrón, junto con la ejecución presupuestaria registrada hasta julio, muestra el avance de una política social enfocada en una población que depende de ese ingreso para cubrir gastos básicos como alimentación y medicinas.

El Ministerio de Comunicaciones cerrará por completo el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres entre 00:00 y 02:00 de este miércoles 26 de agosto para realizar estudios técnicos que definan la condición estructural de una conexión clave de la Ciudad de Guatemala, después de que una evaluación de emergencia detectara concreto desprendido, acero de refuerzo expuesto y señales de corrosión en la estructura.

La restricción abarcará ambas vías: el paso sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y el Anillo Periférico, en un tramo aproximado de 100 metros en ambos sentidos del puente.

El cierre total fue dispuesto para ejecutar las evaluaciones en condiciones de seguridad, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La medida responde a hallazgos previos de la CONRED en una unión de elementos estructurales de concreto ubicada en el lado norte del puente. Según la evaluación de emergencia, allí existe una pérdida importante del recubrimiento de concreto que dejó expuesta parte del acero de refuerzo.

El mismo documento reportó eflorescencias, filtraciones, desprendimiento y deterioro del concreto alrededor del nudo estructural, además de signos de carbonatación y corrosión de la armadura. A partir de esos resultados, las autoridades determinarán si la infraestructura requiere reparación, rehabilitación o refuerzo.

El cierre total de la madrugada busca completar estudios especializados

Los estudios previstos incluyen radiografías, ultrasonido y análisis con Ferroscan para precisar el grado de afectación de la estructura. Esos resultados serán los que definan el tipo de intervención permanente que corresponde ejecutar en el puente.

El CIV pidió a los conductores tomar previsiones, considerar el horario del cierre y utilizar rutas alternas durante las dos horas en que permanecerá interrumpido el tránsito. La solicitud alcanza a quienes circulan tanto por la calzada Raúl Aguilar Batres como por el Anillo Periférico.

La interrupción de este miércoles ocurre después de un operativo realizado el fin de semana, cuando las autoridades ejecutaron trabajos de apuntalamiento preventivo bajo el puente.

Esa intervención obligó a restringir el tránsito durante la noche del sábado 22 de agosto y la madrugada del domingo 23, con afectación en dos carriles bajo la estructura en sentido norte y un cierre total temporal de 45 minutos en la parte superior.

Según las autoridades, el apuntalamiento consistió en la instalación de soportes metálicos adicionales bajo el sector dañado para estabilizar el área afectada mientras avanzan los diagnósticos especializados. Los trabajos concluyeron en la madrugada del domingo 23 de agosto y, después de esa primera intervención, se mantuvo la circulación normal sobre el Anillo Periférico.

El deterioro detectado llevó a recomendar restricciones y control del tránsito

La inspección técnica que originó las medidas preventivas quedó consignada en el informe de emergencia DMI-29-20260817-EE-agms. Ese reporte identificó pérdida de recubrimiento de concreto, exposición del acero de refuerzo, fisuras, filtraciones, signos de corrosión y desprendimientos de concreto en el área afectada.

La Secretaría Ejecutiva de CONRED trasladó sus recomendaciones al Ministerio de Comunicaciones, a COVIAL, a la Municipalidad de Guatemala y a Emetra para coordinar acciones inmediatas. De acuerdo con el boletín informativo No. 262-2026, la recomendación oficial incluyó una evaluación estructural especializada y detallada para establecer la condición real del puente.

Ese análisis también debe servir para definir si bastan reparaciones puntuales o si será necesario avanzar hacia una rehabilitación o un reforzamiento mayor. La publicación indicó además que se sugirió limitar el tráfico y restringir el paso del transporte pesado mientras concluyen las evaluaciones técnicas.

La coordinación del tránsito durante los operativos quedó a cargo de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala y de PROVIAL, responsables de regular la circulación y los desvíos en la zona. También participa la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias junto con la Municipalidad capitalina en el seguimiento de la intervención.

La incorporación de siete nuevos Clubes de Ciencias en Santa Rosa permitió que la red impulsada por la vicepresidenta Karin Herrera alcanzara 193 espacios en los 22 departamentos de Guatemala, una meta nacional que ahora abre una segunda etapa: ampliar la cobertura territorial y dar base legal y presupuestaria al programa para evitar su discontinuidad.

La red ya reúne a 3.757 niñas, niños y jóvenes en 70 municipios, con una participación femenina del 56,1 % frente al 43,9 % de hombres. El departamento de Guatemala concentra 26 clubes, mientras Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Chiquimula y Quetzaltenango tienen 11 cada uno.

La vicepresidenta participó en Cuilapa en el acto de incorporación de los nuevos espacios y afirmó que la llegada del programa a Santa Rosa completa la cobertura nacional prevista desde su arranque en 2024 en Uspantán, Quiché. “Teníamos la meta de llegar a todos los departamentos del país y lo logramos”, sostuvo.

Herrera agregó que el proceso enfrentó obstáculos y contratiempos, pero que la expansión continuó hasta cubrir todo el país. También planteó que esta fase no cierra el proyecto, sino que lo proyecta hacia más comunidades: “Hoy los clubes están en todo el país y es el comienzo de una nueva etapa en la que esperamos que más niños, niñas y jóvenes encuentren oportunidades, porque el futuro se construye paso a paso”.

La red opera en 70 municipios y prioriza la formación científica desde edades tempranas

El programa, impulsado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, busca acercar el conocimiento científico a las nuevas generaciones y fomentar una cultura de innovación. Los clubes fueron concebidos como espacios voluntarios y participativos donde la curiosidad funciona como punto de partida para descubrir, experimentar y comprender el entorno.

La propuesta apunta a promover carreras STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el diseño de la iniciativa también se integran las artes, por lo que en los nuevos clubes de Cuilapa los estudiantes podrán participar en actividades prácticas y proyectos vinculados con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con acompañamiento de docentes, mentores, madrinas y padrinos científicos.

El secretario nacional de Ciencia y Tecnología, Ottoniel Monterroso, explicó que la estructura del programa abarca robótica, programación, inteligencia artificial, matemáticas, salud, química y medioambiente. “Estas experiencias muestran que sí es posible incentivar el pensamiento crítico y científico desde las edades tempranas”, afirmó.

De acuerdo con la información oficial del programa, los clubes permiten desarrollar vocaciones científicas mediante investigación, experimentación y exploración. También promueven trabajo en equipo, observación y resolución de problemas, mientras la Senacyt coordina módulos formativos en habilidades, ciencia y tecnología, incluidos ejercicios como extracción de ADN y análisis biológicos.

En Santa Rosa, Herrera vinculó el contenido de los clubes con necesidades concretas del territorio. Mencionó la producción agrícola y cafetalera, la protección de los recursos naturales y los efectos del cambio climático como áreas en las que la formación científica puede aportar respuestas desde las comunidades.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es fortalecer la confianza de la niñez y la juventud para que puedan plantearse nuevas metas académicas y profesionales. “Tenemos la gran oportunidad de extender este proyecto a todos los rincones del país, porque con educación, pensamiento crítico y ciencia, podemos meditar mejor las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida”, dijo.

El plan oficial busca convertir los clubes en política de Estado

La siguiente etapa del programa es su formalización por medio de la iniciativa 6764, la ley de clubes de ciencia, presentada en el Congreso de la República. Herrera pidió a los diputados que la propuesta sea conocida y aprobada para dotar a la red de sustento jurídico y presupuesto garantizado.

Según lo expuesto, el proyecto pretende incorporar los clubes dentro del Ministerio de Educación y transformar su alcance en política de Estado. La meta es que el modelo, que hasta ahora opera por decisiones administrativas, deje de depender de financiamiento inestable y de cambios institucionales.

La iniciativa establece una asignación adicional para la Senacyt de al menos 25 % sobre su presupuesto regular. Esos recursos estarían destinados a infraestructura, equipamiento y materiales formativos para los clubes.

El proyecto también prevé la realización de una Feria Nacional de Ciencias y la creación de un registro oficial de clubes. Ese esquema busca estimular el intercambio científico, la difusión de la cultura técnica y la articulación con cooperantes internacionales y con la comunidad científico-académica nacional.

Herrera anunció además que Santa Rosa contará con una selección de matemáticas, un proyecto que se concretará con el acompañamiento de un subsecretario de Segeplán como mentor. Sobre la composición de la matrícula, indicó ante el pleno que “en su mayoría son niñas”, y la cifró en un 58 % durante la presentación de la iniciativa de ley.

La economía de Guatemala creció 4.4 % en el primer semestre de 2026, según el Índice Mensual de la Actividad Económica divulgado por el Banco de Guatemala (Banguat), un resultado que dejó al país por encima de la proyección central oficial para todo el año, fijada en 4.1 %, aunque bajo la presión de riesgos externos ligados al encarecimiento del petróleo y al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En junio, el IMAE registró una variación interanual de 4.2 %, superior al 3.9 % observado en el mismo mes de 2025.

El dato se sumó al crecimiento de 4,5 % del producto interno bruto durante el primer trimestre de 2026, frente al 3.8 % del mismo período del año anterior.

El presidente de la Junta Monetaria y del Banguat, Álvaro González Ricci, dijo a un medio de Gobierno, que las distintas actividades económicas mostraron resiliencia en la primera mitad del año. Añadió que ese comportamiento también se refleja en el Índice de Confianza de la Actividad Económica, que se mantiene en zona de expansión.

El funcionario atribuyó el desempeño a un grupo amplio de sectores: comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, servicios financieros y de seguros, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, información y construcción.

El crecimiento semestral superó la proyección central anual del banco central

Con el avance acumulado de 4.4 % hasta junio, Guatemala entró en la segunda mitad de 2026 con un ritmo superior al escenario central previsto por el banco central para el cierre del año.

Aun así, la autoridad monetaria mantuvo sin cambios su estimación de crecimiento del PIB en 4.1 %, dentro de un rango de entre 3.1 % y 5.1 %.

González Ricci sostuvo que esa previsión sigue vigente e incluso puede considerarse conservadora frente al comportamiento observado en el semestre. La evolución de la economía en los próximos meses dependerá, según explicó, del impacto de factores externos.

La advertencia central del presidente del Banguat apuntó al frente internacional. “Hay riesgos que provienen del sector externo que podrían afectar el crecimiento, en particular el conflicto bélico entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”.

Según explicó el funcionario, la preocupación inmediata está en el mercado energético. El precio del petróleo se mantiene por encima de USD 95 por barril y, si ese nivel persiste, podría elevar los costos de producción y trasladarse a los precios de materias primas y productos finales.

Ese es el principal factor que puede alterar la respuesta a la pregunta de fondo sobre la economía guatemalteca en 2026: hoy crece por encima de la previsión central del Banguat, pero ese desempeño depende de que la segunda mitad del año no deteriore las condiciones externas.

La Cepal proyectó para Guatemala un crecimiento de 4% en 2026

La proyección regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) también ubicó a Guatemala entre las economías con mejor desempeño de la subregión y prevé que el país crecerá 4% en 2026 y 4.1% en 2027.

Esa estimación para 2026 está impulsada sobre todo por la demanda interna y el consumo privado y las remesas en crecimiento.

Pese a los riesgos externos, la Cepal espera que Guatemala mantenga solidez macroeconómica, buen desempeño de la actividad comercial y mayor inversión. Para 2027, la previsión del organismo es de 4.1%.

En tanto, la deuda del Gobierno Central cerró 2025 en 26.7 % del PIB. Para la Cepal, la estrategia de gestión de cartera de deuda a mediano plazo del Ministerio de Finanzas Públicas contribuyó a la sostenibilidad de esa carga y fortaleció la resistencia del país frente a choques externos.

La titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, confirmó que la empresa propietaria del transporte pesado que destruyó el puente Güijo, en Guatemala deberá cubrir los costos de reparación de la infraestructura vial.

El incidente, ocurrido el sábado en el kilómetro 111 de la ruta CA-9 Norte, en Usumatlán, Zacapa, provocó graves daños y el cierre total del paso, así como el fallecimiento de cuatro personas.

“Nuestro equipo legal ya contactó a la aseguradora de la empresa y está en proceso de definir la cobertura de los gastos para restablecer el paso en la ruta”, declaró la ministra Zea, dijo durante la conferencia de prensa La Ronda de este lunes 24 de agosto.

Hasta el momento, el CIV no ha precisado el monto exacto de las reparaciones, pero sí estableció un plazo de 10 días para habilitar la ruta con la construcción de un puente temporal.

Paso provisional y características técnicas

Tras una evaluación topográfica, el CIV determinó la construcción de un paso alterno o bypass de 120 metros de longitud y 10 metros de ancho para restablecer la conectividad regional.

Según explicó Zea durante un recorrido por la zona afectada, la solución contempla la instalación de un badén, es decir, un drenaje superficial sobre la carretera, formado por seis tuberías que permitirán el flujo controlado del agua.

“A pesar de que la quebrada está seca ahora, existen antecedentes de crecidas importantes que desembocan en el río Motagua, así que el diseño toma en cuenta este factor”, señaló la funcionaria.

Las cuadrillas técnicas avanzan en la adecuación de los rellenos y en la colocación de la tubería metálica que asegurará el caudal del río, para después aplicar una capa de pavimento que permita el tránsito seguro.

El CIV estima que los trabajos de habilitación del paso provisional concluirán en un plazo de 10 días, según lo informado por la ministra.

Causas del colapso y detalles del accidente

Las primeras investigaciones apuntan a que la colisión de un tráiler contra uno de los extremos de la estructura metálica del puente provocó el colapso.

De acuerdo con Zea, “el impacto se produjo en la zona donde se centra la resistencia de carga del puente, lo que habría generado el fallo estructural”, luego de que testigos le indicaron que el vehículo circulaba a velocidad excesiva antes de impactar la estructura.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda subrayó que el puente Güijo constituye una vía estratégica para el transporte de carga en el país, por lo que la atención a la emergencia es prioritaria.

“Tenemos claro que esta es una de las principales rutas de Guatemala y concentra el mayor flujo de transporte pesado”, afirmó la ministra.

¿En cuánto tiempo se podrá pasar?

Por ahora, transportistas han manifestado que los daños en el puente El Güijo les ha generado retrasos de hasta 90 minutos, lo que prevén puedan incrementarse cuando la circulación de vehículos regrese a la normalidad.

En la actualidad se han habilitado rutas alternas, algunas entre propiedades privadas, lo que ha obligado al Gobierno a firmar acuerdos de cooperación para que los propietarios de los terrenos permitan el paso.

Ante esta situación, Zea afirmó que están trabajando las 24 horas del día para habilitar de inmediato el paso por el puente temporal, el cual, prevén que esté terminado en un lapso de 10 días.

Condición de las personas afectadas

El accidente dejó cuatro personas afectadas, una de las cuales falleció durante el traslado al hospital. Una mujer de 23 años permanece estable y bajo observación médica, mientras que una bebé de 11 meses fue remitida a un centro asistencial privado.

Un cuarto paciente fue dado de alta tras recibir atención en el área de emergencias, informó el Ministerio de Salud y fue reportado por AGN Noticias.

La estructura del puente permanecerá cerrada hasta que concluyan las obras provisionales. Las autoridades habilitaron rutas alternas para mantener la circulación vehicular en la zona.

Una aeronave tipo Long Ranger se desplomó en el municipio de Guastatoya, ubicado en el departamento de El Progreso, según reportó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El incidente, que ocurrió este lunes 24 de agosto a las 14:15 horas e involucró a la aeronave con matrícula TG-CHV, propiedad de la empresa CHOPAIR.

Las autoridades confirmaron que el piloto, identificado como Hugo Hernández, resultó ileso tras el percance. Personal especializado de la Unidad de Investigación de Accidentes de la DGAC se trasladó vía aérea hacia el sitio del suceso para realizar las diligencias necesarias y verificar las condiciones del terreno.

A través de un comunicado, la DGAC indicó que se trata de información preliminar y que acudieron al lugar para establecer las condiciones de lo ocurrido.

De acuerdo con registros Flightaware, la aeronave con matrícula TG-CHV salió del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 14:05 horas y su última comunicación se realizó a las 14:21 horas en un lugar cercano a la Ciudad de Guatemala. Mientras que las autoridades guatemaltecas no presentaron su plan de vuelo.

En los últimos días, la aeronave Long Ranger ha realizado vuelos a Esquipulas, Chiquimula; Puerto Barrios, Izabal; Flores, Petén; Alta Verapaz y Chiquimula, sin que se hubiera reportado algún incidente.

Antecedentes de accidentes aéreos recientes en Guatemala

El territorio guatemalteco ha enfrentado diversos eventos aeronáuticos en los meses recientes, los cuales han movilizado a los equipos de emergencia y a las autoridades aeronáuticas.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 3 de mayo de 2026 en la aldea Amerco, situada en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, cuando una avioneta Cessna 182H se precipitó a tierra. Este siniestro dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas y tres heridos, entre ellos el piloto.

El más reciente ocurrió en julio pasado, cuando la avioneta Beechcraft 35 Bonanza matrícula TG-PIP que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. En este incidente se reportó el fallecimiento de tres personas, uno de ellos era un elemento del Ejército de Guatemala que participaba en las actividades de rescate.

Apenas semanas antes, el 25 de abril de 2026, una avioneta de fumigación agrícola marca Thrush, con matrícula TG-BUA, se desplomó en la aldea Obero, municipio de Masagua, Escuintla. El piloto de la aeronave perdió la vida durante las operaciones de aspersión.

Asimismo, el 14 de marzo de 2026, otra aeronave privada, una Cessna 182 con matrícula TG-SCO, sufrió un accidente en el departamento de San Marcos, resultando en el fallecimiento de sus cuatro ocupantes.

Estadísticas y causas de los siniestros aéreos

La aviación civil en Guatemala registra históricamente un promedio de entre 10 y 14 accidentes aéreos por año. Según datos de la DGAC, el periodo 2013-2025 contabilizó un total de 195 sucesos, de los cuales 154 correspondieron a aeronaves de ala fija y 41 a helicópteros.

Los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez y Huehuetenango presentan una mayor incidencia debido a la combinación de una intensa actividad de aviación agrícola y las condiciones geográficas de su relieve montañoso.

Las investigaciones técnicas suelen identificar como causas principales las fallas humanas, tales como la pérdida de conciencia situacional, errores en maniobras de aterrizaje o virajes a baja altura.

También influyen factores como el agotamiento de combustible, fallas mecánicas derivadas de mantenimiento deficiente y las condiciones meteorológicas adversas en zonas de alta elevación.

La Unidad de Investigación de Accidentes mantiene procesos abiertos para determinar las causas exactas de cada evento, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad aérea en el país.

Un ataque armado a plena luz del día dejó un saldo de dos muertos y dos heridos, además del cierre temporal de la vía exclusiva sobre el puente Las Calaveras y restricciones de tránsito en uno de los sectores de mayor circulación vehicular de la la Ciudad de Guatemala.

El hecho ocurrió este lunes 24 de agosto a eso de las 14:15 horas en cercanías del paso a desnivel conocido como El Trébol, en la zona 3 capitalina.

Según testigos, desconocidos dispararon contra cuatro personas mientras que el área estaba completamente concurrida. Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales atendieron la emergencia.

Los socorristas confirmaron la muerte de dos hombres en la vía pública. Las otras dos víctimas, una mujer de 39 años y un hombre de aproximadamente 37 años, sufrieron heridas de bala y fueron estabilizadas antes de ser trasladadas a centros asistenciales.

Según los reportes de atención, la mujer fue llevada al IGSS 7-19. El hombre herido en el tórax fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que personal de esa institución localizó a otro hombre con heridas de bala en la 41 calle y el puente Las Calaveras. Los socorristas intentaron reanimarlo, pero murió en el lugar.

Por su parte, los Bomberos Municipales reportaron que atendieron a tres personas en la Sexta Avenida y 42 calle, zona 3. Entre ellas estaba un hombre de 35 años, a quien evaluaron sin encontrarle signos vitales.

El ataque obligó a cerrar la vía exclusiva y deshabilitar el carril reversible

El hecho armado también alteró la circulación en las inmediaciones de El Trébol. La Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) informó el cierre temporal de la vía exclusiva que funciona sobre el puente Las Calaveras y quedó deshabilitado el carril reversible que circula hacia el estadio Manuel F. Carrera, también conocido como estadio Municipal.

También se recomendó a los conductores que salen de la zona 8, 41 calle C, Castellana 0 avenida Don Bosco que se incorporen a la vía principal del bulevar Liberación por la 11 avenida o por la avenida La Kodak. También recomendó usar el bulevar Liberación en dirección al occidente y la avenida Bolívar como rutas alternas.

Las autoridades advirtieron que la atención de la emergencia y las diligencias de investigación podían complicar la circulación, sobre todo en horas de alta demanda.

Las autoridades investigan el móvil y el sector había registrado otro ataque en agosto

La Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo de la escena a la espera del Ministerio Público, que debía realizar las diligencias de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el motivo del ataque.

El sector ya había sido escenario de otro hecho similar el pasado 6 de agosto. Ese día, en el redondel del puente El Trébol, en dirección a la calzada Aguilar Batres, un ataque armado dejó dos personas fallecidas y una gravemente herida.

El caso ocurre en un contexto en el que la violencia homicida muestra una baja general, pero mantiene alta concentración en áreas urbanas. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y de la PNC, entre enero y junio de 2026 Guatemala registró 1.437 homicidios, 177 casos menos que en el mismo periodo de 2025.

El departamento de Guatemala acumuló 601 muertes violentas en el primer semestre. El informe citado señala que el 61% de los casos de la capital se concentró en las zonas 18, seis, siete, uno y 12, mientras que cerca del 60% de las víctimas fueron hombres de entre 18 y 35 años.

La incorporación del etanol en la gasolina regular ha comenzado a impactar el precio del combustible en Guatemala. Desde el lunes 24 de agosto, varias estaciones de servicio ofrecen el galón de gasolina regular E10 a Q38.59 (USD 4.44), una reducción de Q1.00 (USD 0.13) respecto al valor observado tres días antes.

Este descenso, equivalente a una baja del 2.53%, marca el inicio de la transición hacia el nuevo combustible en el país.

El ajuste en el precio se vincula directamente con la llegada del E10, una mezcla que contiene un 10% de etanol y el resto de gasolina convencional.

Implementación gradual y precios en el mercado

La reducción en el precio de la gasolina regular E10 todavía no se percibe en todas las estaciones de servicio. Algunas mantienen existencias previas y continúan vendiendo al precio antiguo.

El ajuste se irá trasladando al consumidor conforme los inventarios sean reemplazados por el nuevo combustible.

Hasta ahora, la rebaja solo afecta a la gasolina regular. Los precios de la gasolina superior y del diésel se mantienen: la primera se cotiza en Q40.59 (USD 5.20) por galón y el segundo en Q45.39 (USD 5.82) por galón.

La introducción del E10 ha generado dudas entre los conductores, quienes observan diferencias de precio según el punto de venta. En los próximos días, se prevé que el costo se estabilice a medida que todas las gasolineras reciban el nuevo producto.

Mesa técnica y regularización del abastecimiento

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó en la conferencia de prensa La Ronda que, ante la novedad de la implementación, se creó una mesa técnica para detectar posibles incidentes o “cuellos de botella” en la distribución del etanol.

“Esperamos que en un máximo de 5 días haya una regularización del abastecimiento de Etanol para que ya esté presente en todas las gasolineras del país”, subrayó.

La medida, que busca cumplir tanto con la normativa nacional como con los tratados internacionales, implica una transición gradual cuyo proceso es seguido de cerca por las autoridades.

Según lo anunciado, la regularización del suministro permitirá que la reducción de precios se vea reflejada en todas las estaciones a corto plazo.

Mientras la baja de precios comienza a percibirse, el proceso de adaptación técnica y comercial avanza, con el objetivo de que todos los consumidores puedan acceder al nuevo combustible en condiciones similares.

Marco legal para el uso de etanol en Guatemala y Estados Unidos

La base jurídica para la mezcla de etanol en la gasolina guatemalteca se encuentra en el Decreto Ley 17-85, conocido como Ley del Alcohol Carburante, aprobado en 1985 bajo el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores. Aunque la norma estuvo vigente por décadas, solo en diciembre de 2025 el gobierno de Bernardo Arévalo aprobó el Reglamento General de la Ley del Alcohol Carburante, permitiendo la incorporación de etanol anhidro a los combustibles.

La adopción del E10 responde, además, a compromisos internacionales. Guatemala está obligada por acuerdos con Estados Unidos a introducir esta mezcla y a adquirir al menos 50 millones de galones de etanol estadounidense al año.

Este requisito fue impuesto por el expresidente Donald Trump durante negociaciones comerciales, convirtiéndose en una condición clave para mantener beneficios arancelarios con el mercado norteamericano.

Municipal necesita ganar para no depender de terceros, mientras que Motagua llega con la clasificación casi en el bolsillo: un empate en el estadio El Trébol, de Ciudad de Guatemala, le basta al líder del grupo D para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026, según detalla una nota de la agencia EFE.

El conjunto hondureño suma siete puntos en la tabla, dos más que Municipal, y llega tras golear 4-1 a los Lobos de la UPNFM en la liga local.

El técnico español Javier López tendrá una baja confirmada: el panameño Jorge Serrano no viajó por lesión, al igual que el brasileño Romario Da Silva.

La cuenta de Municipal

Para el equipo local, la matemática no deja margen de error. Una victoria lo lleva a ocho puntos y lo mete directamente en los cuartos de final. Un empate o una derrota lo dejan fuera, sin importar lo que ocurra en el otro partido del grupo.

“Nos estamos jugando una final”, advirtió el técnico Mario Acevedo. El club no levanta un título centroamericano desde hace 22 años.

El equipo llega sin ausencias tras vencer al Xelajú 2-0 en la liga local el sábado. Sus principales cartas ofensivas son los centrocampistas guatemaltecos Pedro Altán y Rudy Muñoz, además del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza.

El otro partido del grupo

En simultáneo, a las 20:30 hora local (02:30 GMT del miércoles), Cartaginés de Costa Rica recibirá a FAS de El Salvador. Ambos llegan con cinco y cuatro puntos, respectivamente, y pelean por el segundo boleto del grupo.

Ese cruce le abre una ventana a Motagua incluso si pierde en Guatemala: si FAS no supera a Cartaginés, el conjunto hondureño puede avanzar de todas formas. El escenario más favorable para los azules sigue siendo no perder.

Antecedentes entre ambos clubes

Municipal y Motagua se han visto las caras en dos oportunidades previas, ambas en la ronda preliminar de la Concachampions 2011. En aquella eliminatoria, los hondureños ganaron el global: 4-0 en Tegucigalpa y 2-0 para los guatemaltecos en la vuelta.

El partido se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Honduras, y por el canal oficial de la Concacaf en YouTube para quienes estén en Estados Unidos.

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 reunió a 20 equipos de siete países y se disputa entre julio y diciembre de 2026, con seis plazas en juego para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, según el sitio oficial del organismo.

La competencia celebra su cuarta edición y quedó estructurada como una plataforma regional de clasificación internacional. De acuerdo con Concacaf, participan clubes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El torneo quedó dividido en cuatro grupos de cinco equipos. Cada club jugará cuatro partidos en la fase inicial: dos como local y dos como visitante, y los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase eliminatoria.

La fase de grupos abrió el 28 de julio

La primera etapa se disputó en cinco semanas consecutivas: del 28 al 30 de julio, del cuatro al seis de agosto, del 11 al 13 de agosto, del 18 al 20 de agosto y la última será del 25 al 27 de agosto.

Esa secuencia condensa la competencia regional en un mes, antes del arranque de las series de eliminación directa, según el calendario difundido por Concacaf.

El Grupo A quedó integrado por LD Alajuelense, Plaza Amador, Club Xelajú, L.A. Firpo y Diriangén FC. El Grupo B reunió a CS Herediano, Antigua GFC, CD Marathón, Real Estelí y Alianza FC de El Salvador.

La Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) tiene en renta la lujosa casa de playa del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien sigue en prisión luego de varios casos relacionados con corrupción y abuso de poder.

La vivienda, valorada en Q7 millones (USD 897.5), está ubicada en la aldea El Garitón, kilómetro 10.8 del municipio de Taxisco, Santa Rosa, en Guatemala, a pocos metros del mar.

Atrás quedaron los lujos y la grama verde. Fotografías recientes de la Senabed reflejan cómo la residencia que albergó reuniones y fiestas privadas en las que participaron Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y diputados del extinto Partido Patriota, ahora se encuentra prácticamente en el abandono.

La “Casa de la Playa”, como le decían durante la administración de Pérez Molina, está en un terreno de 2,115.79 metros cuadrados. Cuenta con dos construcciones de dos niveles cada una, áreas verdes y piscina.

Según el reporte de la Senabed, la residencia del exmandatario guatemalteco cuenta con seis habitaciones, dos de ellas con baño privado; sala, comedor, desayunador, cocina, balcones con pérgola, bodega, cuarto de máquinas y lavandería.

Asimismo, tiene la construcción de un Rancho con cocineta, que está a un lado de la piscina, que años atrás sirvió como área de relajación y diversión de políticos y funcionarios públicos del Partido Patriota, muchos de ellos ahora señalados o vinculados en casos de corrupción en Guatemala.

La vivienda, conocida también como “La Casa Bella”, está siendo arrendada por la Senabed por un precio base mensual de Q7,350 (USD 942).

El inmueble en Santa Rosa cuenta con un valor estimado de Q7 millones (USD 897.5), cifra que refleja la magnitud de los activos bajo escrutinio judicial.

Las investigaciones del Ministerio Público señalaron que la propiedad original constituyó un obsequio para Pérez Molina en 2013, mientras que la expansión posterior del terreno se financió mediante los fondos ilícitos identificados por las autoridades.

¿Por qué está en manos del Estado?

El Estado de Guatemala mantiene bajo su administración la propiedad del expresidente Otto Pérez Molina, a través de la Senabed, institución encargada de administrar con eficiencia, transparencia e innovación los bienes sujetos a extinción de dominio.

Este inmueble pasó al control de esta Secretaría en 2018 como parte de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción durante su gestión gubernamental.

De acuerdo con testimonios presentados en audiencias judiciales, la propiedad original constituyó un obsequio para Pérez Molina por parte de exfuncionarios del Partido Patriota, a través de las usuales “cooperachas”, mismas con las que le regalaron un helicóptero.

Según las investigaciones judiciales, la vivienda se la obsequiaron Manuel López Ambrocio, exministro de la Defensa; Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; Erick Archila, exministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación y Juan De Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Mientras que el terreno contiguo a la casa principal fue adquirido con fondos provenientes de comisiones ilícitas vinculadas al caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El inmueble estaba a nombre de Construcciones y Caminos, S.A y posteriormente fue trasladaba a la sociedad Ecoark, S.A.

A lo largo de los años, el exmandatario ha enfrentado múltiples procesos judiciales que involucran diversos bienes inmuebles y cuentas bancarias, algunos de los cuales han sido objeto de resoluciones contradictorias en diferentes instancias judiciales.

El bloqueo de transportistas en el km 37 de la ruta al Pacífico comenzó a las 6.19 horas de este 24 de agosto y cerró ambos sentidos en el cruce de San Vicente Pacaya, una interrupción que ya obligó a aplicar desvíos y que, si se prolonga, puede extender el congestionamiento hasta el ingreso de la Ciudad de Guatemala.

Los manifestantes se quejan del alza de los combustibles y los severos daños en la infraestructura como en el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres.

Además alegan supuestos malos tratos recibidos de la Dirección General de Transporte y las distintas PMT, quienes les imponen multas por la forma en que se conducen en las diferentes rutas del país.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó luego que se alcanzó un acuerdo para habilitar el paso por periodos de 30 minutos por cada sentido, con una liberación alternada: primero hacia el sur durante media hora y después hacia el norte con la misma dinámica, para reducir las filas acumuladas en la CA-9 Sur.

La protesta se instaló en jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla, y el cierre fue confirmado en ambos sentidos por la Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial indicó que el punto exacto del bloqueo es el cruce de esa localidad sobre la ruta al Pacífico.

Los manifestantes usan neumáticos para impedir el paso vehicular y agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en el lugar. Entre quienes participan hay transportistas de carga que sostienen que ya no pueden trabajar en esas condiciones por supuestos malos tratos de la Dirección General de Transporte y de distintas PMT.

También reclaman por lo que describen como deslealtad de extranjeros, además de restricciones y malos tratos en puertos y fronteras.

El cierre ya obligó a desviar tránsito pesado y buses de la costa sur

La PMT de Amatitlán anunció cierres viales en los ingresos al casco urbano para impedir el acceso del transporte pesado y de buses procedentes de la costa sur. La medida busca evitar que la congestión provocada por el bloqueo se traslade al área urbana del municipio.

La respuesta directa a la interrupción es esta: el paso en el kilómetro 37 permanece condicionado por un sistema temporal de liberación alternada cada media hora por sentido, mientras las autoridades intentan contener el impacto sobre miles de conductores que circulan entre la capital y la costa sur.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, advirtió que, si el bloqueo continuaba, en aproximadamente una hora y media comenzaría a afectar la circulación de ese municipio en dirección al sur. El vocero también recomendó usar como ruta alterna el trayecto por Bárcenas hacia la RN-14 para conectar con Escuintla.

Esa vía por Bárcenas y Antigua Guatemala se convirtió en una de las opciones más utilizadas por automovilistas que buscan evitar el punto del conflicto, citó la publicación. Las autoridades municipales pidieron a la población mantener la calma, respetar los tiempos establecidos y atender las indicaciones de los agentes desplegados en el área.

Importante ruta logística

La Ruta al Pacífico (CA-9 Sur) es la arteria económica más vital de Guatemala, ya que conecta la capital con los principales puertos marítimos del país, facilitando el comercio internacional y el traslado de mercancías hacia la Costa Sur.

En cuanto al flujo vehicular, soporta una carga masiva que, en puntos críticos de alto tránsito como Escuintla, registra un promedio de 250 a 500 vehículos por hora, cifra que se duplica durante éxodos vacacionales.

Los automovilistas se dirigen principalmente hacia centros comerciales, zonas agrícolas e industriales de la Costa Sur, así como a destinos turísticos de recreo como Monterrico y Retalhuleu.

Otra protesta

La Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (ANJPIGSS) realiza una manifestación sobre la 8a. avenida y 9a. calle, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, frente al Congreso de la República.

La presidenta de la organización, Maritza España, explicó que exigen un incremento en las pensiones de los jubilados, pues asegura que más de 32 mil personas tiene una pensión menor a los Q500 mensuales (USD 64.10), por lo que hacen la solicitud para que se apruebe la iniciativa 66-94, en donde se pide una pensión valorada en un salariomínimo.

Un incendio de grandes proporciones consumió cinco viviendas de frágil construcción en el sector Nueva Esperanza, zona 8, del municipio de San Miguel Petapa, en Guatemala.

El siniestro inició la tarde noche del domingo 23 de agosto y obligó a movilizar varias compañías de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales enviaron camiones de abastecimiento para contener un fuego cuyo origen aún no ha sido determinado y cuyas pérdidas materiales todavía no han sido cuantificadas.

La emergencia llevó a activar el Sistema de Comando de Incidentes, con la instalación de un Puesto de Comando desde donde se coordinó el envío de recursos hacia la zona afectada.

El operativo se concentró en sofocar por completo las llamas y en impedir que el incendio alcanzara otras casas cercanas.

Bomberos Voluntarios informó que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni fallecidas. El fuego consumió de forma parcial o total las estructuras alcanzadas por el siniestro.

El fuego generó una columna de humo y obligó a reforzar el operativo

La emergencia provocó una intensa columna de humo que alertó a los vecinos del sector Nueva Esperanza. Por esa condición, los cuerpos de socorro enviaron más unidades y camiones cisterna para reforzar el trabajo en el lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos Voluntarios, elementos de distintas compañías trabajaron contrarreloj debido a la cercanía de otras viviendas y al riesgo de propagación. Las maniobras permitieron controlar el siniestro y evitar que las llamas continuaran extendiéndose en el sector.

Las autoridades todavía no han establecido qué originó el incendio. Tampoco existe una estimación preliminar sobre el monto de las pérdidas materiales en los inmuebles afectados.

Otro incendio en la capital fue controlado en una vivienda de zona 6

En un hecho distinto, Bomberos Municipales reportaron un incendio estructural en el primer nivel de una vivienda ubicada en la 17 avenida 24-72, proyectos 4-3, zona 6 de la capital. La alerta ingresó a través de la línea de emergencia 123 del cuerpo de socorro.

Los rescatistas lograron apagar el fuego y rescataron a dos perros que se encontraban dentro del inmueble. Para atender la emergencia se movilizaron04 camiones contra incendios, camión de abastecimiento y un pickup de ataque rápido.

Además, socorristas de Bomberos Voluntarios informaron que se brindó atención a una persona quien fue evaluada y presentaba alteración del sistema nervioso.

Al menos 19 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en Guatemala durante el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de agosto, en una seguidilla de ataques armados, hallazgos de cadáveres y otros hechos violentos reportados en distintos puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.

La cifra incluye, al menos, siete fallecidos registrados el domingo 23 en varios municipios, de acuerdo con bomberos Voluntarios, Municipales y Municipales Departamentales.

Entre esos casos hubo dos personas encontradas atadas de pies y manos en Mixco, un cuerpo calcinado en la antigua ruta entre Amatitlán y Villa Nueva, un hombre asesinado en Fraijanes y otro en Villa Nueva.

El recuento del fin de semana también dejó siete heridos. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios tras un ataque armado en la aldea Las Canoas, zona 25, y otro hombre ingresó al mismo centro asistencial después de ser localizado con heridas de bala en la 24 calle y 1.ª avenida de la zona 1 capitalina.

El sábado concentró ataques armados en la capital, Mixco y Villa Nueva

Durante la jornada del sábado 22, los socorristas reportaron el hallazgo de una mujer de unos 25 años, muerta y atada de pies y manos, en la 3a. calle A y avenida Elena A de la zona 1 de la capital. En ese mismo sector, un hombre herido por arma de fuego fue encontrado en la 24 calle y 1a. avenida.

En Villa Nueva, elementos de Bomberos Voluntarios atendieron un ataque armado dentro de una vivienda en Bárcenas, donde un hombre murió por heridas de bala.

En la colonia Renacimiento Municipal, zona 18, dos personas fueron localizadas con impactos de proyectil y los paramédicos intentaron restablecerles los signos vitales, pero ambas fallecieron.

Bomberos Municipales Departamentales también localizaron el sábado a un hombre fallecido por heridas de arma de fuego en el kilómetro 33 de la ruta entre San Lucas Sacatepéquez y Santiago Sacatepéquez.

El domingo hubo víctimas atadas, un cuerpo calcinado y un ataque en Quetzaltenango

El domingo 23, Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de dos personas fallecidas y atadas de pies y manos en el bulevar Sur de Condado Naranjo, zona 4 de Mixco. Las víctimas no han sido identificadas y la Policía Nacional Civil fue notificada para resguardar la escena.

En otro punto, socorristas fueron alertados sobre el aparente cuerpo calcinado de una persona en la antigua ruta entre Amatitlán y Villa Nueva. Bomberos de la 29 compañía acudieron al lugar y avisaron a las autoridades.

Durante horas de la noche del domingo también se reportaron hechos armados, uno de ellos en los campos El Agodonal, Bárcena, zona 3 de Villa Nueva, donde una persona fue asesinada. Socorristas reportaron varios impactos de proyectil de arma de fuego.

En la aldea Puerta del Señor, en Fraijanes, los socorristas localizaron a otro hombre muerto en un hecho que habría involucrado un arma de fuego.

En Coatepeque, Quetzaltenango, un ataque armado en el barrio El Jardín, donde falleció José Miguel López, de 23 años. En ese mismo incidente, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

En la aldea El Sauce, Agua Blanca, Jutiapa, una mujer murió después de ser localizada con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Bomberos coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público los procedimientos correspondientes.

También, por la noche, Bomberos Voluntarios informaron sobre un hombre fallecido por proyectiles de arma de fuego. El ataque se desarrolló dentro de un billar ubicado en la 3a. venida y 5a. calle de la zona 01 de San José Pinula.

Otro hecho armado dejó a otro hombre muerto frente a la puerta de su casa ubicada en el cantón San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

La Cruz Roja Guatemalteca también reportó una persona agredida en el municipio de Cobán, en Alta Verapaz. Y otro más herido con arma de fuego en el kilómetro 19 jurisdicción de San Pedro Sacatepéquez, quien fue atendido y trasladado por Bomberos Voluntarios.

En hora de la noche, Bomberos Municipales atendieron a cuatro hombres atacados con arma de fuego, dos de ellos fallecieron y dos más fueron trasladados de urgencia. El hecho armado ocurrió en la 25 avenida 20-43, colonia 30 de Junio, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Lo mismo ocurrió frente al lote 684, colonia Maya, zona 18, donde dos hombres presentaron heridas con arma de fuego, uno de ellos falleció y otros más resultó gravemente herido.

Guatemala atraviesa su bono demográfico con el 64% de la población en edad de trabajar, una ventana que puede impulsar el desarrollo si el país invierte en educación, salud, empleo y productividad antes de que el envejecimiento poblacional gane peso en las próximas décadas.

La magnitud del cambio ya alteró el horizonte de planificación estatal. La población pasó de 3.1 millones de personas en 1950 a más de 18.3 millones en 2026, y superará los 22 millones hacia 2050.

Ese escenario enmarca la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun hasta 2052. Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la revisión abre la posibilidad de incorporar la dinámica demográfica como eje transversal de una estrategia de largo plazo centrada en las personas.

Las transformaciones que presionan esa revisión ya son visibles: las familias tienen menos hijos, la población vive más años, la movilidad humana reconfigura los territorios y la urbanización modifica la distribución de la población. Hoy, cerca del 54% de los habitantes reside en áreas urbanas, de acuerdo con la comunicación publicada por UNFPA Guatemala.

La caída de la fecundidad y la urbanización aceleran el cambio territorial

El debate tomó forma recientemente en el Foro Nacional sobre Resiliencia Demográfica, organizado por SEGEPLAN y UNFPA, que reunió a autoridades, especialistas, academia, sector privado, sociedad civil, jóvenes y cooperantes para discutir cómo responder a esas variaciones con planificación basada en datos.

Carlos Mendoza, secretario de SEGEPLAN, planteó que el Estado debe cambiar su enfoque frente a estos procesos. “Las políticas públicas deben garantizar derechos, autonomía y condiciones para que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida y realizar sus aspiraciones familiares.

Este foro nos invita precisamente a cambiar la mirada: a sustituir la alarma por evidencia; la improvisación por prospectiva; y la reacción tardía por una gobernanza anticipatoria”.

La oportunidad demográfica no depende solo de la estructura por edades. También está condicionada por brechas persistentes en el acceso al trabajo y en la distribución de las tareas de cuidado.

Solo el 47.2% de las mujeres participa en el mercado laboral. Al mismo tiempo, ellas realizan el 81.2% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, una carga que limita el alcance del dividendo poblacional.

Sabrina Juran, asesora regional en Datos y Dinámicas de Población de UNFPA para América Latina y el Caribe, advirtió que esos cambios no se expresan igual en todos los grupos y territorios. “Las transformaciones demográficas deben entenderse desde la diversidad de las personas y de los territorios. No todos los grupos poblacionales experimentan estos cambios de la misma manera, porque las desigualdades también tienen una expresión demográfica y territorial. Por eso la resiliencia demográfica incorpora una perspectiva de derechos, igualdad de género, diversidad territorial y curso de vida, para asegurar que nadie quede atrás”.

La emigración y el envejecimiento obligan a planificar respuestas de largo plazo

La movilidad humana añade otra presión sobre el panorama demográfico. Entre 1990 y 2023, alrededor de 1.36 millones de personas emigraron de Guatemala, con efectos sobre los hogares, los territorios y las dinámicas económicas y sociales.

La pregunta central para el país es directa: cómo convertir su actual mayoría de población activa en desarrollo sostenible antes de que esa ventaja pierda fuerza. La respuesta que plantearon las instituciones organizadoras pasa por usar evidencia demográfica para anticipar necesidades y orientar políticas públicas en salud, educación, empleo, cuidados y protección social.

Las proyecciones muestran por qué el margen de acción no es indefinido. Para 2050, las personas de 65 años o más representarán el 11.9% de la población, lo que exigirá respuestas oportunas en sistemas de salud, cuidados y protección social.

Paula Narváez, directora regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, sostuvo que la clave está en actuar antes de que las presiones se consoliden. “Anticipar el cambio demográfico significa fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de una población en transformación. En Guatemala, comprender qué está cambiando, dónde está cambiando y para quién cambia es la base para construir políticas públicas más eficaces, más equitativas y centradas en los derechos de las personas”.

El foro también incorporó experiencias de Uruguay y Colombia, dos países con transiciones demográficas más avanzadas que ya integraron la dinámica poblacional en sus sistemas de planificación y en sus políticas públicas. Sus trayectorias fueron presentadas como referencia para fortalecer la capacidad guatemalteca de anticipar los cambios que marcarán las próximas décadas.

Panamá y Guatemala encabezan las proyecciones de crecimiento para Centroamérica en 2026, con tasas de entre 4% y 4.5%, según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026 que la CEPAL presentó el jueves en Santiago de Chile.

La subregión crece por encima del promedio latinoamericano, pero la CEPAL advierte que ese dinamismo descansa sobre dos pilares frágiles: las remesas desde Estados Unidos y una informalidad laboral que ronda el 50% de la fuerza ocupada.

El informe, titulado Crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad, fue presentado por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Su argumento central es que la informalidad no es solo un problema laboral: es el mecanismo que perpetúa la trampa de bajo crecimiento, porque las empresas informales no pueden incorporar tecnología, acceder a crédito ni acumular capacidades productivas.

El mapa centroamericano

Nicaragua lidera la subregión con una proyección de 4.5% para 2026, seguida de cerca por Panamá (4.4%) y Guatemala (4%). El Salvador proyecta 3.9%, Costa Rica 3.7% y Honduras 3.5%. República Dominicana, incluida en el análisis subregional, también alcanza el 4%.

Esas cifras contrastan con los dos casos que arrastran el promedio hacia abajo. Cuba registraría una contracción de 10.3% en 2026, la más pronunciada de toda América Latina y el Caribe, mientras que Haití caería 1.9%, afectado por una crisis sociopolítica que ningún indicador macroeconómico logra contener.

Si se excluye a ambos países, Centroamérica crece a un ritmo de entre 3.5% y 4.5%, muy por encima del conjunto regional.

Remesas y vulnerabilidad

En Honduras, los flujos de remesas desde Estados Unidos equivalen a entre el 20% y el 22% del PIB y crecieron 25% en 2026. En El Salvador y Guatemala, ese crecimiento fue de 19% en el mismo período.

El dinero enviado por la diáspora sostiene la demanda interna, estabiliza la balanza de pagos y financia el consumo de millones de familias que de otro modo quedarían fuera del sistema económico formal.

Esa dependencia convierte a las economías centroamericanas en receptoras pasivas de shocks externos.

Una desaceleración del mercado laboral estadounidense, un endurecimiento de las políticas migratorias o una recesión en los sectores donde trabaja la diáspora se traducen directamente en menos ingresos para los hogares más vulnerables de la subregión.

Costa Rica y la formalización

Dentro de Centroamérica, Costa Rica es el caso que más se aleja del patrón regional en materia de informalidad. Entre 2019 y 2025, redujo su tasa de trabajadores informales en un 19.5%, la mayor baja registrada en la subregión durante ese período.

El informe atribuye parte de ese resultado a reformas legales que simplificaron el régimen fiscal para microempresas y facilitaron su inscripción formal.

La CEPAL también proyecta para Costa Rica un crecimiento de 3.9% en 2027, superior al 3.7% de este año, lo que la ubica en una trayectoria ascendente dentro de la subregión.

El Banco Central de Costa Rica estima un crecimiento algo menor, de 3.4%, lo que refleja la diferencia de metodologías entre ambos organismos.

El peso de la informalidad

Cerca del 50% de los ocupados en Centroamérica trabaja en condiciones informales, con predominancia de micronegocios sin acceso a seguridad social ni crédito formal.

En Nicaragua y Honduras, esa proporción es especialmente alta. El crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en una formalización sostenida ni en aumentos de productividad, porque las ganancias se concentran en el sector formal, que emplea a menos de la mitad de la fuerza laboral.

Los gobiernos de la subregión han respondido con medidas parciales: subsidios temporales a combustibles y electricidad en Honduras y Guatemala, digitalización de trámites en República Dominicana y ventanillas ágiles de registro empresarial en varios países.

La CEPAL reconoce esos avances, pero subraya que son insuficientes sin políticas articuladas de desarrollo productivo, acceso al financiamiento y capacitación.

El cuadro regional

El panorama centroamericano se inserta en un cuadro regional de bajo crecimiento persistente. La CEPAL proyecta una expansión del 2.2% para el conjunto de América Latina y el Caribe en 2026, tras el 2.4% de 2025, con una recuperación parcial al 2.5% en 2027.

De confirmarse esas cifras, la región completará cinco años consecutivos con un promedio cercano al 2.3% anual.

Ese ritmo es insuficiente para elevar el ingreso por habitante de forma sostenida, cerrar brechas de desarrollo o ampliar el margen de maniobra de las políticas públicas. La tasa de desocupación bajó al 5.3% y la informalidad regional descendió levemente, del 47.7% al 47.2% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

Quién crece más y quién menos

Guyana es el caso excepcional del continente: proyecta un crecimiento de 16.2% impulsado por su producción petrolera. Sin ese país, el promedio del Caribe cae al 11%. Venezuela proyecta 6.5% y Paraguay, 4.3%, ambos por encima del promedio regional.

En América del Sur, Perú crecería 3.2% y Colombia, 2.6%. Brasil, la mayor economía de la región, avanzaría 2.2%, al igual que Ecuador. En el extremo inferior, México proyecta 1.3%, cifra que la CEPAL revisó a la baja respecto de la estimación de abril pasado, cuando era de 1.5%, Uruguay 1.5% y Bolivia 0.5%.

La propuesta de la CEPAL

La CEPAL plantea que reducir la informalidad no es una meta social separada del crecimiento: es una condición para que el crecimiento sea sostenible. El informe identifica cuatro ejes de acción.

En el plano laboral, propone fortalecer programas de capacitación vinculados a sectores dinámicos y reducir brechas de género.

En el fiscal, apunta a sistemas de protección social que no penalicen la formalización y a trayectorias progresivas de incorporación al sistema formal.

En el financiero, pide rediseñar la banca de desarrollo y ampliar sistemas de garantías para los segmentos productivos excluidos del crédito.

El cuarto eje es el desarrollo productivo: apoyo a pequeñas y medianas empresas con énfasis en extensionismo tecnológico, intervenciones territorializadas y sistemas de monitoreo que permitan evaluar resultados.

La deuda pública promedio de la región ronda el 52% del PIB y supera el 70% en el Caribe, lo que limita el espacio fiscal disponible para implementar esas políticas.

El organismo concluye que la coordinación entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las instituciones financieras es la única vía para generar un círculo virtuoso de mayor productividad, formalización y crecimiento.

La decisión de un tribunal federal devolvió la posibilidad de acceder a visas de inmigrante a ciudadanos de Nicaragua y Guatemala, luego de que la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, declarara “manifiestamente ilegal” la suspensión de visados impuesta por la administración de Donald Trump. Según EFE, la sentencia afecta a 75 naciones.

La jueza Vargas argumentó que el decreto fue una extralimitación en las competencias del gobierno y que la restricción se fundamentó en la presunción de que los solicitantes de los países afectados podrían convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.

“La prohibición es manifiestamente ilegal”, puntualizó la magistrada en su fallo, según recogió EFE. El tribunal identificó que la directiva ordenó negar visados incluso a personas que cumplían los requisitos y podían demostrar autosuficiencia, lo que contraviene la normativa actual del sistema migratorio estadounidense.

De acuerdo con la información divulgada por EFE, la suspensión de visados no solo impactó a Nicaragua y Guatemala, sino también a otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos. La medida, vigente desde enero, generó incertidumbre y paralizó los trámites de miles de familias centroamericanas. EFE reportó que entre los demandantes figuraban profesionales colombianos y ciudadanos estadounidenses que denunciaron que la prohibición impidió el reencuentro con familiares en países como Guatemala y Etiopía.

La sentencia de la jueza Vargas obliga a revisar todas las solicitudes que fueron rechazadas únicamente bajo la directiva impugnada. “Esta decisión representa una victoria para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración”, resaltó Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, en declaraciones recogidas por EFE. Cuevas Ingram subrayó que el tribunal “dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación”.

La respuesta oficial y los países alcanzados

El Departamento de Estado estadounidense, consultado por EFE, evitó opinar sobre litigios en curso. No obstante, insistió en que “la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas”. La medida, ahora anulada, abarcaba también a países como Brasil, Cuba, Haití y Uruguay, además de varios estados africanos y asiáticos.

La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, también celebró el fallo y consideró que constituye “un rechazo contundente a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país”. Perryman remarcó: “La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello”.

Según datos recogidos por The New York Times, diario estadounidense, la decisión judicial podría derivar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas desde enero. Familias nicaragüenses y guatemaltecas que habían visto truncadas sus posibilidades de reunificación o de migrar por vías legales podrían acceder ahora nuevamente al proceso estándar de evaluación caso por caso.

Las reacciones de organizaciones y expertos

La medida había generado reacciones entre organizaciones de migrantes y expertos en derechos humanos. Varias entidades subrayaron el impacto negativo que la suspensión provocó en las comunidades de Nicaragua y Guatemala, naciones que enfrentan condiciones sociales y económicas adversas y han visto un crecimiento en la demanda de visados para Estados Unidos en los últimos años. El fallo supone un giro para quienes buscan alternativas legales de migración y para las familias separadas por la medida.

En el corazón de la majestuosa Sierra de los Cuchumatanes, un fenómeno silencioso pero devastador golpea uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del altiplano occidental guatemalteco.

La Laguna de Ordóñez, situada dentro del Área Protegida del Parque Regional Municipal de Todos Santos Cuchumatán, enfrenta una severa crisis de sequía que ha transformado drásticamente su paisaje.

Donde antes se reflejaban aguas de tonos turquesa y esmeralda rodeadas de frondosos bosques nubosos, hoy predominan las grietas en la tierra, los troncos desolados y la maleza seca.

La alerta se realizó desde el 29 de julio en la página de Facebook de la posada Rural y Meditación Pauline Dècamps, lamentando los efectos a mitad del invierno.

Causas detrás de la desaparición

Expertos de organizaciones de conservación y autoridades locales coinciden en que la escasez de precipitaciones es el principal factor detrás de la situación actual.

Los registros históricos muestran una reducción sostenida en la cantidad anual de lluvias, pasando de promedios de 800 milímetros a cerca de 700 milímetros.

Este déficit hídrico ha impedido la recarga del manto freático y de los escurrimientos que abastecen la laguna.

Además, la deforestación ha agravado la crisis, ya que la pérdida de bosque nuboso reduce la capacidad del suelo para retener humedad y favorece la erosión.

Impacto en las comunidades y la biodiversidad

La Laguna de Ordóñez no solo representa un atractivo turístico, sino que es esencial para la subsistencia de las comunidades cercanas. Pobladores han expresado preocupación por la falta de agua, que históricamente ha sido vital para los rebaños de ovejas y la fauna silvestre endémica de los Cuchumatanes.

La degradación del ecosistema amenaza la riqueza ecológica del departamento de Huehuetenango, que alberga siete de las catorce zonas de vida definidas en Guatemala. El cambio en los regímenes de humedad y temperatura pone en riesgo la estabilidad del corredor biológico del parque regional.

Señales de alarma y respuestas locales

La crisis de la Laguna de Ordóñez ha llevado a autoridades comunitarias y colectivos ambientalistas a emitir alertas sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos en el altiplano guatemalteco.

Este fenómeno no es aislado. En 2016 y 2024, episodios similares generaron preocupación por el futuro de la biodiversidad local y el abastecimiento de agua para el ganado y la población.

En esos años, la Laguna de Ordóñez también se vio afectada, pero en 2024, la sequía y la deforestación también afectaron otros mantos acuáticos como las lagunas Magdalena y El Chivo, así como cascadas ubicadas en Todos Santos Cuchumatán.

En 2016, la salamandras, una especie en extinción, fueron las especies más afectadas, debido a que sobreviven en la humedad.

Estrategias para la conservación

Organizaciones ambientales y líderes regionales han subrayado la importancia de reforestar con especies nativas, fortalecer la gestión hídrica y ejercer una vigilancia estricta sobre el manejo de áreas protegidas.

Para los ambientalistas del sector, conservar los bosques es clave para recuperar el equilibrio hídrico y evitar que la laguna desaparezca definitivamente.

La protección de este ecosistema resulta fundamental no solo para la biodiversidad, sino también para la economía y la cultura de las comunidades que dependen de sus recursos.

La Laguna de Ordóñez, un indicador del cambio climático

La situación actual de la Laguna de Ordóñez se ha convertido en un referente de los efectos de la variabilidad climática y el deterioro ambiental en la región.

A pesar de encontrarse en plena temporada de lluvias, el cuerpo de agua permanece casi seco. Este hecho evidencia la urgencia de medidas integrales para proteger los recursos hídricos y los bosques de la Sierra de los Cuchumatanes, una de las áreas naturales más emblemáticas de Guatemala.

El guatemalteco Sergio Chumil abandonó este domingo 23 de agosto de 2026 la Vuelta a España tras sufrir una caída a unos 50 kilómetros de la meta de la segunda etapa, un accidente que frenó de forma prematura su segunda participación en una de las tres grandes vueltas del calendario y desplazó toda la atención hacia su recuperación.

La retirada lo convirtió en el primer corredor en dejar la edición 81 de la carrera. Un día antes, el ciclista había terminado en el puesto 173 de la contrarreloj individual inaugural, en una prueba cuyo liderato general quedó en manos del esloveno Tadej Pogačar.

El accidente ocurrió en el recorrido entre Mónaco y Manosque, en Francia, cuando el pelotón avanzaba en persecución de los integrantes de la fuga del día.

Chumil marchaba con buen ritmo durante buena parte de la jornada y figuraba entre los latinoamericanos mejor ubicados de la etapa antes de la caída.

El accidente obligó a trasladarlo a un hospital por una lesión en la clavícula izquierda

Tras el golpe, el corredor del Burgos BH fue atendido de inmediato por el servicio médico de la competencia, pero no pudo continuar sobre la bicicleta.

Los primeros reportes de su equipo situaron la lesión en la clavícula izquierda, mientras que la gravedad del percance obligó a su traslado de emergencia hacia un hospital de la localidad.

El equipo informó después que su estado de salud era estable y que recibía tratamiento por la lesión sufrida en el accidente. La evaluación médica también buscó descartar complicaciones mayores y atender golpes en el rostro y el hombro.

La respuesta central a la incógnita que abrió la jornada fue rápida: Chumil no pudo seguir en carrera por las molestias derivadas de la caída y su participación terminó en la segunda etapa. La Vuelta a España siguió sin el corredor guatemalteco apenas dos días después del inicio.

Chumil llegaba a su segunda Vuelta con el antecedente de 2025 y a los 25 años

El retiro representó un golpe para el ciclismo guatemalteco porque el pedalista, de 25 años y originario de Tecpán, había llegado con expectativas renovadas. Actualmente es el doble campeón nacional de Guatemala, tanto en ruta como en contrarreloj.

También afrontaba la carrera con la experiencia acumulada en su primera participación y con el objetivo de dar un paso adelante en una competencia que reúne a varios de los mejores ciclistas del mundo.

En las competencias que se llevaron a cabo en 2025 había sido una de las revelaciones de la prueba, antecedente que alimentaba la expectativa sobre su actuación en esta edición.

Su salida también afectó al plan deportivo de su escuadra. Chumil era una pieza importante de su equipo para las etapas de alta montaña.

La segunda etapa terminó así mucho antes de lo previsto para el guatemalteco. Lo inmediato, según la información disponible, quedó reducido a una prioridad: tratar la lesión y estabilizar su recuperación antes de pensar en el regreso a la bicicleta.

El presidente Bernardo Arévalo inició en Guatemala la construcción de una red inédita de complejos deportivos fuera de la capital, con una inversión superior a USD 14 millones en su primera obra y el objetivo de revertir más de siete décadas de concentración de grandes instalaciones en Ciudad de Guatemala.

La obra arrancó en Zaragoza, en el departamento de Chimaltenango, a unos 64 kilómetros al oeste de la capital. Según EFE, el proyecto forma parte de un plan estatal que prevé otras sedes en Los Amates, Izabal; Las Cruces, Petén; y una locación aún no definida en el sureste del país.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la Ciudad Deportiva de Zaragoza será construida sobre 41,911.18 metros cuadrados y requerirá una inversión de Q110.5 millones, equivalentes a USD 14,2 millones. Las autoridades calculan que beneficiará de forma directa a unas 32 mil personas de Zaragoza y, en un alcance más amplio, a 1,2 millones de habitantes de Chimaltenango y Sololá.

El acto de colocación de la primera piedra se realizó en el sector La Cascada, zona tres de Zaragoza, y fue encabezado por Arévalo y el ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas. El ministerio indicó que la sede estará orientada tanto al deporte competitivo como a la recreación.

El complejo de Zaragoza incluirá velódromo, atletismo y espacios comunitarios

El recinto contará con un velódromo, patinódromo, pista de atletismo y pista de trote, además de canchas de fútbol once, tenis y áreas polideportivas. También tendrá parque de skateboard, muro de escalada, gimnasio al aire libre, zonas de calistenia, juegos infantiles, áreas verdes, plaza cívica, plaza cultural y anfiteatro.

Según la programación oficial, ninguno de los cuatro complejos repetirá diseño. Cada uno será desarrollado con base en las disciplinas más practicadas en la región donde se construya.

Ese criterio fue subrayado por Méndez Salinas, quien presentó el proyecto como parte de una Red Nacional de Ciudades Deportivas con enfoque de inclusión universal. El ministro dijo que la iniciativa está pensada para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.

“Estamos parados en un terreno que hasta esta mañana no figuraba en el mapa deportivo. Casi 42 mil metros cuadrados de tierra, de monte y de una pendiente donde estamos hoy y que a partir de hoy va a empezar a tener un significado diferente a la vida de esta comunidad”, afirmó el ministro.

El Gobierno busca tener cuatro complejos listos el próximo año

Arévalo sostuvo que la red responde a una demanda ciudadana de obras concretas vinculadas al bienestar y al esparcimiento. En su discurso, citado por EFE, recordó que la última gran inversión estatal en infraestructura deportiva de esta naturaleza se realizó durante el gobierno de su padre, Juan José Arévalo, entre 1945 y 1951.

“Durante la primavera democrática iniciada en 1944, específicamente durante el gobierno de mi padre, Juan José Arévalo, se hizo la última gran inversión en obras deportivas en Guatemala. Setenta años después, al llegar al gobierno, decidí que era momento de recuperar el tiempo perdido”, dijo el presidente.

El mandatario añadió que la meta es que el próximo año el país cuente con cuatro complejos al servicio de la recreación. “Hoy aquí, en Zaragoza, estamos dando el banderazo de salida que nos va a permitir que el año entrante tengamos cuatro complejos deportivos como los que no había habido durante mucho tiempo al servicio del esparcimiento de la juventud, de la niñez y de todas las comunidades”, señaló.

La siguiente colocación de primera piedra está prevista para el 25 de agosto en Los Amates. Después avanzarán los proyectos de Las Cruces y del suroriente guatemalteco, cuya ubicación todavía no fue definida.

Arévalo vinculó la estrategia con los resultados recientes del deporte guatemalteco en los Juegos Olímpicos de París 2024 y con la intención de formar nuevos medallistas. En esa línea, destacó el surgimiento de atletas chimaltecos como Jerson Toc, Sergio Chumil y Lidia Inay en competencias internacionales.

Méndez Salinas agregó un argumento histórico para justificar la elección de Chimaltenango como punto de partida. Dijo que se trata de un departamento con tradición ciclista y recordó que hace 90 años allí terminó el primer campeonato de ese deporte, mientras que en 1950 el Estado construyó la única ciudad olímpica que tiene Guatemala, donde se encuentra el Estadio Doroteo Guamuche. Según el ministro, pasaron 76 años para que el país volviera a impulsar una obra deportiva de esa escala.

A plena luz del día y en un área bastante transitada de la Metrópoli de Guatemala, dos personas, un hombre y una mujer, fueron halladas muertas y atadas de pies y manos en el bulevar Sur del Condado Naranjo, en la zona 4 de Mixco.

El hallazgo se realizó este domingo 23 de agosto de 2026 luego del medio día. Técnicos en Urgencias Médicas Avanzadas confirmaron en el lugar que las víctimas ya no tenían signos vitales.

Por ahora se ha revelado que los cuerpos sin vida posiblemente fueron lanzados desde un vehículo. Sin embargo, en el lugar se han localizado varios casquillos de proyectil de arma de fuego alrededor de los cuerpos.

Esta situación cambia la perspectiva, por lo que se cree que los habrían lanzado del vehículo aún con vida y posteriormente les dispararon para ejecutarlos.

Otro fallecido

El caso se sumó a otro hallazgo registrado durante la madrugada en la zona 1 de la capital. Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de una mujer fallecida, también atada de pies y manos, en la 3.a calle, A y avenida Elena A.

Con esos hechos, fueron tres los cuerpos abandonados en la vía pública bajo condiciones similares.

Así los localizaron

Conductores y residentes del sector alertaron a los cuerpos de socorro al detectar los cadáveres en el arriate central del bulevar.

Al llegar, elementos de Bomberos Voluntarios resguardaron la escena y notificaron a las autoridades quienes acudieron para comenzar las investigaciones.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas. Sin embargo se informó que la mujer llevaba blusa negra y pantalón de lona azul, y estimaron su edad en unos 25 años; el hombre vestía playera gris, pantaloneta roja y tenis negros, y calcularon que tenía alrededor de 30 años.

Primos torturados

El jueves 23 de agosto dos primos fueron rescatados justo en el momento que estaban siendo torturados. Los hombres se encontraban atados de pies y manos y presentaban múltiples golpes.

El hecho ocurrió en una residencia ubicada en la colonia El Amparo I, en la zona 7 de la capital, donde un hombre fue asesinado y otro fue rescatado gravemente herido.

El sobreviviente detalló a los socorristas que fueron capturados cuando se encontraban un parque cercano a la vivienda donde eran torturados. A su primo lo golpearon y como no guardaba silencio terminaron estrangulándolo.

Terror en Guatemala: repuntan los hallazgos de cuerpos torturados y abandonados en bolsas plásticas

Una ola de extrema violencia sacude a Guatemala tras confirmarse que más de 90 personas han sido localizadas sin vida, envueltas en bolsas plásticas, sábanas o costales en lo que va del año.

Este patrón criminal, caracterizado por dejar los restos en la vía pública o debajo de puentes, refleja un incremento de métodos propios del crimen organizado.

Los informes forenses y policiales detallan que la gran mayoría de las víctimas presentan severas señales de tortura previa.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las causas de muerte más recurrentes son la asfixia por estrangulación, heridas de bala y lesiones con arma blanca, lo que evidencia un sufrimiento prolongado antes del deceso.

Las autoridades de seguridad y análisis criminológicos apuntan a que estos crímenes están firmemente vinculados con pugnas territoriales entre pandillas —como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha—, disputas asociadas al narcomenudeo y ajustes de cuentas internos.

Elver Juan Pablo Antuche Hernández, de 24 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalado del secuestro de una adolescente en Guatemala.

La captura se llevó a cabo este domingo 23 de agosto por parte de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

El operativo se realizó en la zona 1 de Villa Canales en cumplimiento de una orden de captura vigente por el delito de secuestro, emitida el 22 de agosto por un juzgado de Guatemala.

Según el reporte policial, Antuche Hernández sería el segundo detenido por la privación de libertad de una menor de 17 años en la carretera a El Salvador. Un caso en el que la víctima ya fue rescatada con vida y en el que las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada sospechoso.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad también incautaron un vehículo tipo picop Toyota con placas P-863JBP, que quedó bajo resguardo como parte de las diligencias. De acuerdo con las autoridades el automotor estaría vinculado con las actividades ilícitas relacionadas con el caso.

La adolescente había sido secuestrada el 20 de agosto y fue rescatada al día siguiente

La persona capturada este domingo es señalada como el segundo presunto implicado en el secuestro de la adolescente, quien, de acuerdo con la investigación, fue privada de libertad el 20 de agosto.

La menor fue localizada y rescatada con vida en un operativo previo en el que también fue detenido Horacio “N”, de 39 años.

Ese rescate ocurrió en una gasolinera ubicada sobre la carretera a El Salvador, donde la adolescente permanecía junto a uno de los hombres señalados de participar en el plagio. Después fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación médica.

El primer operativo fue ejecutado por investigadores de la DEIC adscritos a la delegación de Villa Nueva a la altura del kilómetro 36 de la carretera, en la entrada a la aldea El Jocotillo, en jurisdicción de Villa Canales. La reconstrucción policial sitúa el rapto en una estación de servicio del kilómetro 29.1 de la misma vía.

En esa primera acción, Horacio “N” fue interceptado cuando la adolescente seguía privada de libertad. La investigación policial sostiene que la víctima había sido retenida mediante el uso de la fuerza y trasladada en un vehículo tipo picop.

El caso sigue abierto para determinar cómo actuó cada sospechoso

La nueva captura responde a una orden judicial vigente y forma parte del avance de las autoridades para esclarecer cómo ocurrió la privación de libertad y cuántas personas habrían intervenido. El segundo detenido fue llevado ante un juzgado para que se le informen los motivos de su aprehensión y continúe el proceso legal correspondiente.

En el caso de Horacio “N”, la información policial indicó que también tenía una orden de captura por secuestro emitida el 22 de agosto por un juzgado de la capital. El parte policial añadió que registraba un antecedente de prisión por lesiones graves desde 2009.

La investigación permanece en desarrollo mientras las autoridades intentan definir el papel que habría tenido cada uno de los detenidos. El vehículo Toyota con placas P-863JBP quedó incautado durante la diligencia realizada en Villa Canales.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV∫) completó en la madrugada del domingo 23 de agosto un apuntalamiento temporal con soportes metálicos en el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, una arteria principal en la Ciudad de Guatemala.

Según informaron las autoridades, esta intervención preventiva se realizó para estabilizar el área afectada mientras la próxima semana se realizan estudios especializados que definirán las reparaciones necesarias.

Los trabajos concluyeron la madrugada de este domingo 23 de agosto y, luego de ello, el CIV informó en un comunicado que esta es una primera intervención y que, a partir de ahora, “se mantiene la circulación normal sobre el Anillo Periférico”.

El CIV explicó que el trabajo fue ejecutado por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), durante la noche y la madrugada para reducir el impacto sobre la movilidad. La intervención consistió en colocar un soporte metálico adicional bajo el tramo afectado.

La próxima semana harán radiografías, ultrasonido y ferroscán al puente

La evaluación técnica anunciada por la cartera incluirá radiografías, ultrasonido y ferroscán para determinar el estado de los elementos estructurales del puente. Esos estudios permitirán establecer qué acciones de reparación corresponden y bajo qué plazos podrían ejecutarse.

Las maniobras comenzaron desde las 21:00 del sábado, con presencia de maquinaria, ingenieros, supervisores y personal de Covial en el lugar. El objetivo inmediato fue dar estabilidad temporal a la estructura hasta contar con un diagnóstico técnico definitivo.

El puente está bajo jurisdicción de la Municipalidad de Guatemala, y la intervención del ministerio se desarrolla como apoyo técnico a la comuna capitalina. La asistencia fue solicitada después de un reporte de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La circulación general sigue habilitada con control de tránsito en el área

Tras concluir la colocación del soporte, la circulación sobre el Anillo Periférico continúa con normalidad, aunque bajo control operativo en el sector intervenido. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala fueron desplegados tanto sobre el puente como en la parte baja de la infraestructura para regular el paso vehicular.

Durante las labores también participó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), en coordinación con la policía de tránsito capitalina. El operativo de señalización y regulación buscó orientar a los conductores y mantener condiciones seguras para los usuarios y para el personal que trabajó en la instalación.

El CIV indicó que dará seguimiento técnico a la intervención y que informará por sus canales oficiales, así como por los de Covial, sobre los resultados de los estudios y cualquier modificación temporal al tránsito derivada de los trabajos. Los resultados del análisis serán trasladados a la Municipalidad de Guatemala para contribuir a la definición de las reparaciones posteriores.

El puente tiene cinco carriles: dos en dirección sur y tres en dirección norte. La evaluación inicial encontró pérdida importante del recubrimiento de concreto, lo que dejó expuesta parte del acero de refuerzo. También registró eflorescencias, filtraciones, desprendimiento y deterioro del concreto alrededor del nudo estructural.

Momentos de angustia y de terror vivieron varias personas luego que un accidente de tránsito provocara un fuerte incendio y luego la caída del puente El Güijo, en Guatemala

Uno de los sobrevivientes, identificado como Josué Haroldo Rodríguez González, de 26 años, narró a los Bomberos Municipales Departamentales cómo ocurrió el accidente y cómo logró salir con vida.

Según relató, un trailer que se conducía a excesiva velocidad colisionó con el picop en el que viajaban seis personas, incluido el sobreviviente. Al momento del impacto el vehículo se descontroló y cayó a un sembradío de mango.

“Agárrense duro”, fue lo único que alcanzó a decir el conductor del picop a los tripulantes.

Rodríguez González, quien viajaba parado en la palangana del picop se lanzó hacia el lado contrario, mientras veía a sus compañeros caer en el barranco.

Como pudo, el sobreviviente logró levantarse y corrió a auxiliar a sus amigos. Entre ellos Luis Chinchilla, identificado como el conductor del picop.

Todavía alcanzó a observar cómo el trailer impactó la parte trasera de otro vehículo particular generando que este “saliera disparado sobre el puente y cayera al precipicio”.

Fuego incontrolable

“El camión pasó de largo, arrancando la parte posterior del puente y luego prendió fuego”, dijo; provocando que el otro vehículo particular también ardiera en llamas.

El oficial Byron Vásquez, de Bomberos Municipales Departamentales, contó lo narrado por Rodríguez Gonzáles. A su vez, comentó que la fuerza del trailer, que iba cargado con blocks, provocó que el puente se “jalara un poco hacia adelante y se desplomara hacia un lado”.

“Eso, más el fuego, con el petróleo hizo que las estructuras del puente se aguadaran y se hundiera un poco”, detalló Vásquez.

Según dijo, aunque los bomberos hicieron lo imposible para sofocar las llamas de los dos vehículos, los daños a la estructura ya habían sido provocados.

Iban a una competencia de ciclismo

Las escenas en el lugar eran de terror. Bajo los escombros del fuego se localizaron los cuerpos de dos personas calcinadas.

En las imágenes de este domingo 23 de agosto se observan no sólo los vehículos calcinados, sino que también varias bicicletas que quedaron sobre el pavimentos y entre los escombros.

Eso debido a que en el picop donde viajaba Rodríguez González los tripulantes se dirigían desde Salamá, Baja Verapaz, para competir o asistir al evento deportivo de ciclismo de montaña (MTB).

Entre ellos, Chinchilla de 28 años y Juan Joel Tubac Larios, de 36, ambos residentes de Baja Verapaz. Fueron rescatados de los escombros y trasladados de emergencia en estado delicado hacia el Hospital Regional de Zacapa.

Sin embargo, Tubac Larios falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Era uno de los ciclistas que competirían en el evento deportivo.

El evento no se ha suspendido oficialmente, pero se encuentra bajo una severa complicación logística. Esta edición de El Reto de la Sierra Teculután sigue programada , teniendo como punto de reunión la Cancha Polideportiva de la Aldea Monte Grande, Río Hondo.

No obstante, las muestras de condolencia se hicieron llegar de inmediato, no solo por la tragedia sino que por quienes fallecieron.

Salieron expulsados

Entre los heridos también se encuentra Andrea Maribel Pérez Aquino, de 23 años, residente de Cabañas, Zacapa; y su hija Mía Ailany Zeceña Pérez, de 11 meses.

La madre relató a los socorristas que se conducía en motocicleta junto a su bebé y su esposo, cuando escucharon un fuerte estruendo y luego una explosión.

Tras la detonación ella y su bebé salieron expulsadas de la motocicleta, lo que les ayudó a continuar con vida. Aunque fueron trasladadas con graves heridas hacia un centro asistencial.

Identifican a fallecidos

Tras el accidente fallecieron cuatro personas. Medios de las localidades cercanas al impacto han brindado informes de los fallecidos.

En el lugar, murieron cuatro personas, una de las víctimas ha sido identificada como Edwin Amaya, originario de Puerto Barrios, Izabal, quien quedó carbonizado junto a otro cuerpo que no ha sido identificado.

Versiones extraoficiales afirman que Amaya sería el conductor del trailer, mientras que su acompañante le habría pedido jalón unos kilómetros atrás.

La cuarta víctima quedó sobre la cinta asfáltica. Hasta el momento, el resto de los fallecidos no han sido identificados.

Inician trabajos y buscan rutas alternas

Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que ya se encuentran trabajando en el puente El Güijo, ubicado en el kilómetro 110 de la ruta al Atlántico (a unas 2 horas en vehículo de la Ciudad de Guatemala), interrumpió el principal corredor terrestre hacia el Caribe y generando una emergencia logística de alto impacto humano.

Esta carretera es uno de los corredores logísticos más importantes del país, ya que conecta la Ciudad de Guatemala con los principales puertos del litoral atlántico como Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, por donde transita una parte masiva de las exportaciones e importaciones nacionales.

Facilita el tránsito diario de miles de vehículos particulares, transporte pesado y autobuses de pasajeros que se dirigen hacia el nororiente del territorio guatemalteco, como Petén, donde se encuentran las Ruinas de Tikal; y Esquipulas, en Chiquimula, dos de los lugares turísticos más importantes de Guatemala.

Por ahora, se ha recomendado utilizar como ruta alterna el trayecto que va de El Rancho hacia El Jícaro (en el departamento de El Progreso) para desviarse y lograr conectarse con La Fragua (Zacapa) o Teculután, permitiendo rodear el área afectada tanto de ida como de vuelta.

Como rutas de largo alcance para evitar la zona colapsada, se ha sugerido utilizar la vía que pasa por Copán Ruinas, la frontera El Florido, Camotán y la CA-1 Oriente (hacia Barberena y Ciudad de Guatemala), o viceversa, dependiendo del destino final.

Un total de 1,294 embarazos en niñas de 10 a 14 años se registraron en Guatemala hasta julio de 2026, según información publicada por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), que retoma los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

De acuerdo con OSAR, la situación de los embarazos infantiles en el país continúa afectando principalmente a departamentos como Huehuetenango (198 casos), Alta Verapaz (185), Quiché (132) y El Petén (115).

De igual forma destacan que en una reciente visita a Alta Verapaz, integrantes del OSAR escucharon testimonios sobre nuevos casos y constataron que la pobreza y la lentitud de los procesos institucionales ante la violencia sexual y el embarazo infantil.

A su vez, el informe detalla que de los 1,294 embarazos, 634 corresponden a niñas indígenas y 622 a niñas no indígenas. El resto no especifica pueblo o pertenece a otras categorías.

La escolaridad de las niñas afectadas evidencia el impacto en la educación: 60 están en primaria, 28 en básicos, 5 en preprimaria y 1 en diversificado. Solo una niña no asiste a la escuela, mientras que 1,196 casos no aplican o no cuentan con información precisa sobre el nivel educativo.

La información de OSAR señala que la mayor incidencia se concentra en niñas de 14 años (941 casos), seguidas por las de 13 años (291), 12 años (53), 11 años (7) y 10 años (2).

Otros departamentos con registro

En la distribución por departamentos también se reportan casos en San Marcos (92 casos), Guatemala (77), Quetzaltenango (77), Suchitepéquez (57), Chiquimula (46), Jalapa (38), Escuintla (36), Sololá (36), Jutiapa (36), Izabal (30), Totonicapán (27), Retalhuleu (21), Zacapa (18), Baja Verapaz (16), Santa Rosa (15), Sacatepéquez (13) y El Progreso (13)

Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, la vulnerabilidad se intensifica en territorios con pobreza estructural, donde las familias enfrentan barreras para acceder a atención oportuna y mecanismos de protección para las niñas.

Mientras que un elemento que adquiere relevancia en el monitoreo hasta julio de 2026 es la aparición del bullying: el acoso escolar, que puede ser físico, psicológico o social, afecta a las pocas niñas que logran continuar sus estudios. Este fenómeno, según OSAR, agrava el daño y limita aún más las oportunidades para que las niñas y sus hijos mejoren sus condiciones de vida.

Los datos divulgados por el OSAR muestran que el fenómeno del embarazo en niñas mantiene raíces profundas en contextos de exclusión y violencia. El monitoreo del organismo también evidencia la importancia de estrategias integrales que incluyan prevención, atención médica, acompañamiento psicosocial y acceso a la justicia.

Además, OSAR concluyó que la persistencia del embarazo en niñas de 10 a 14 años exige una respuesta coordinada que priorice la protección efectiva, la prevención de la violencia sexual y el acompañamiento integral en las comunidades más impactadas. Insistió en que solo con alianzas territoriales y mayor enfoque en lo local será posible modificar el ciclo de vulnerabilidad que afecta a las niñas y sus hijos en Guatemala.

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias prepara una versión en ballet de Ana Karenina bajo la dirección del maestro Antonio Luissi, una puesta en escena que todavía no tiene fecha de estreno confirmada y que busca trasladar al público guatemalteco a la Rusia del siglo XIX a través de una historia marcada por el amor prohibido, el deber social y la tragedia.

La producción se encuentra en etapa de preparación y ensayos. El anuncio sobre el estreno y una sorpresa vinculada al montaje será difundido próximamente en las plataformas oficiales del Ministerio de Cultura y Deportes.

Un grupo de bailarinas y bailarines trabaja en la técnica y en la expresión corporal necesarias para construir la intensidad dramática de la obra. El proyecto parte de la novela homónima de León Tolstói y la adapta al lenguaje del movimiento y la música para representar los conflictos emocionales de su protagonista.

La historia gira en torno a Ana, una aristócrata rusa atrapada entre su matrimonio con Alekséi Karenin y su relación con el conde Vronski. La trama expone el choque entre la pasión individual y las normas morales de una sociedad rígida, un núcleo narrativo que la puesta en escena llevará al escenario del principal complejo cultural del país.

Antonio Luissi encabeza una producción en fase de ensayos

El montaje está dirigido por Antonio Luissi, cuya formación comenzó en la Escuela Nacional de Danza “Marcelle Bonge de Devaux” en la década de 1960. Más adelante fue bailarín solista y primer bailarín del Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”.

Su trayectoria también incluye estudios en Alemania. En 1977 se graduó como pedagogo en danza en la Bayer Hochschule für Musik, la Escuela Superior de Música y Teatro de Múnich, en Baviera.

Luissi dirigió la compañía Contempo Dance en Guatemala en 1980 y la Compañía Stroke Urbano en 2010. Ese recorrido es parte del proceso artístico de una producción que, por ahora, se desarrolla puertas adentro, sin confirmación pública sobre el elenco ni sobre la compañía de procedencia de los intérpretes.

El material difundido hasta ahora no precisa si los bailarines son guatemaltecos. Tampoco identifica a la agrupación que participará en el espectáculo, más allá de confirmar que los ensayos ya están en marcha bajo la conducción del coreógrafo.

La obra traslada a escena el conflicto entre pasión y norma social

La adaptación toma como base la novela publicada por León Tolstói en 1877. En ese relato, Ana Karenina aparece como una mujer casada que desafía el orden social a partir de un romance con Vronski, decisión que desata un conflicto íntimo y público.

La obra explora tres ejes centrales. El primero es la tensión entre pasión y deber; el segundo, el triángulo amoroso entre Ana, Karenin y Vronski; el tercero, la relación entre la búsqueda de libertad y las consecuencias impuestas por el entorno.

En la versión preparada por el centro cultural, esos temas serán desarrollados a través de la danza. La intención del montaje es acercar al público a una historia conocida por sus emociones, sus dilemas morales y la caída de su personaje central, sin recurrir al texto literario como soporte directo sino al cuerpo como vehículo narrativo.

El proyecto fue presentado como una nueva producción del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, sede habitual de espectáculos escénicos en Guatemala. La propuesta sitúa al espectador en la alta sociedad rusa del siglo XIX y convierte los conflictos psicológicos de la novela en recursos coreográficos.

El anuncio oficial señala que la producción prepara una comunicación adicional sobre el evento. Esa novedad, junto con las fechas de presentación, será revelada más adelante por los canales institucionales del ministerio.

El estreno sigue sin fecha y el ministerio anticipa un anuncio especial

Hasta ahora no hay un calendario público para las funciones de “Ana Karenina”. La información disponible solo confirma que el ballet avanza en su fase inicial y que el estreno será anunciado en una próxima comunicación oficial.

Esa falta de fechas convive con una campaña de expectativa alrededor del espectáculo. El ministerio indicó que existe una “sorpresa” relacionada con la temporada, aunque no ofreció más detalles sobre su contenido.

La producción se inscribe en una línea de programación que recurre a grandes obras de la literatura universal para convertirlas en espectáculos escénicos. En este caso, la novela de Tolstói se transforma en una pieza danzada centrada en una mujer dividida entre las obligaciones de su vida social y el impulso de una relación prohibida.

El material también menciona, de manera separada, que Anna Karenina tuvo una versión musical estrenada en Broadway en 1992, con libreto y letras de Peter Kellogg y música de Daniel Levine en el Circle in the Square Theatre. Esa referencia aparece como otro antecedente escénico de la novela, distinto del montaje que prepara Guatemala.

La nueva producción del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias” se concentra en el ballet y en la construcción corporal de un drama que sigue vigente por su mirada sobre el deseo, la condena social y el costo personal de desafiar las reglas. Las fechas de estreno, el detalle del elenco y el anuncio especial permanecen pendientes de confirmación oficial.

Luego del colapso del puente Güijo, en Guatemala, que dejó cuatro personas fallecidas y múltiples lesionados, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que ya trabaja para recuperar la conectividad y la seguridad de este importante corredor vehicular.

El puente, ubicado en el kilómetro 110 de la ruta al Atlántico (a unas 2 horas en vehículo de la Ciudad de Guatemala), interrumpió el principal corredor terrestre hacia el Caribe y generando una emergencia logística de alto impacto humano.

A través de un comunicado, las autoridades del CIV informaron que desde la madrugada se han desplegado equipos y maquinaria para atender la situación.

Según el informe oficial, ya operan en el lugar dos excavadoras, tres camiones de volteo y equipos de albañilería, topografía y soldadura, junto con estudios topográficos en curso.

El director de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial(PROVIAL), Wilmer Galdámez, y el Gobernador Departamental de Zacapa, Francisco Echeverría, son los encargados de coordinar las acciones de forma interinstitucional e interdepartamental, mientras se establecen acercamientos con propietarios de terrenos para acelerar la habilitación de soluciones viales.

Impacto en la conectividad y el transporte

El colapso del puente Güijo ha paralizado la CA-9 Norte en ambos sentidos, afectando a transporte pesado y de pasajeros que se dirige a Zacapa, Chiquimula, Izabal y a los puertos del Caribe.

La emergencia impacta en el traslado de mercancías y en la movilidad regional, generando extensas filas de vehículos y complicaciones en el abastecimiento logístico.

En palabras del Ministerio de Comunicaciones, “el paso vehicular sobre la CA-9 Norte permanece inhabilitado en ese sector por daños severos en la estructura superior del puente Güijo”.

Las autoridades recomendaron el uso de rutas alternas, como el trayecto de El Rancho a El Jícaro en El Progreso, para conectar con La Fragua, Zacapa.

Detalles del accidente y atención a víctimas

El accidente que desencadenó el colapso se originó cuando un tráiler colisionó sobre el puente y luego se incendió, involucrando además a vehículos livianos y motoristas.

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales acudieron rápidamente para sofocar el incendio y brindar atención prehospitalaria. Se trasladó a cinco personas lesionadas a hospitales de Guastatoya y Zacapa.

Durante la remoción de escombros, los socorristas localizaron los cuerpos de tres tripulantes del automotor y de un hombre más, todos sin signos vitales. Las autoridades notificaron a los familiares y trasladaron los cuerpos para los trámites legales correspondientes.

Evaluación de daños y medidas oficiales

Técnicos del CIV y equipos de Provial realizan inspecciones estructurales y coordinan la remoción de escombros. Se espera que los estudios topográficos y las obras de emergencia permitan definir el plan de reconstrucción y restablecer la conectividad.

El ministerio reiteró en su comunicado que la medida de cierre se mantendrá hasta nuevo aviso y solicitó a la población seguir únicamente los canales oficiales para recibir información y evitar rumores.

Vulnerabilidad de la infraestructura y recomendaciones

El incidente ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los corredores viales estratégicos en Guatemala. Las autoridades insisten en la necesidad de respetar las normas de seguridad y contar con seguros actualizados para el transporte.

Mientras que el cierre de la CA-9 Norte obliga a reordenar la circulación en una de las rutas más utilizadas del país.

Las recomendaciones oficiales enfatizan evitar el sector afectado y consultar rutas secundarias con Provial o la Policía Nacional Civil.

Se advierte que muchas de estas vías no están diseñadas para soportar grandes flujos de transporte pesado, por lo que el monitoreo y la coordinación seguirán siendo prioritarios en los próximos días.

La Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas de Guatemala inició la recepción de expedientes para el período 2026-2030 con apenas dos aspirantes formalizados en dos días, un arranque de baja participación en un proceso que definirá a la autoridad encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos del Estado.

El primer día no se registró ningún expediente. Al cierre de la segunda jornada, el total seguía en dos, con plazo abierto hasta el lunes 24 de agosto entre las 8:00 y las 17:00.

El sistema de evaluación aprobado por la comisión asigna 100 puntos en cinco categorías. La experiencia profesional concentra hasta 60 puntos, la formación académica hasta 23, la docencia hasta 10, la producción doctrinaria hasta cinco y la proyección humana hasta dos.

Ese reparto convierte a la trayectoria laboral en el factor decisivo de la gradación. Un aspirante con más de 20 años de experiencia específica en fiscalización y al menos 10 años en cargos de mando alto puede alcanzar el máximo en ese componente antes de que se revisen sus méritos académicos o docentes.

Los dos aspirantes tienen trayectoria en la administración pública

El primer postulante en entregar la documentación completa fue César Maximiliano Orozco Orozco, de 60 años. Es Contador Público y Auditor y tiene una maestría en Fiscalización de la Administración Pública con especialización en control e institucionalidad estatal.

El segundo expediente corresponde a Efraín Ángel Matías Aguirre, de 69 años. También es Contador Público y Auditor y además posee el título de Abogado y Notario por la Universidad Panamericana.

Matías Aguirre trabaja en la Asociación Nacional de Municipalidades y ocupa el cargo de Subdirector Ejecutivo 4 en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según la tabla aprobada, el perfil de ambos postulantes se ubica en los rangos altos de calificación por su experiencia en el sector público.

Dentro del rubro de experiencia profesional, el reglamento divide la nota en dos subcategorías de 30 puntos cada una. La primera mide experiencia específica en auditoría y fiscalización, administración de recursos humanos, gestión administrativa y financiera, y administración pública.

En esa sección, quien acredite entre 10 y 11 años obtiene 10 puntos, y quien supere los 20 años llega a 30. La segunda subcategoría valora los cargos desempeñados en instituciones públicas o privadas y distingue entre mandos altos y mandos medios.

Diez o más años en un mando alto equivalen a 20 puntos. El mismo período en un mando medio otorga 10.

El lunes cierra la inscripción y la OEA participará como observadora

El lunes 24 de agosto vence la convocatoria. Cerrada esa etapa, la comisión verificará si cada expediente cumple los requisitos legales y luego evaluará los méritos académicos y profesionales de los aspirantes.

El miércoles y el jueves siguientes está previsto presentar la lista de candidatos, revisar la evaluación de expedientes, autorizar el listado de excluidos y notificar a quienes no superen el corte. El cronograma no prevé pausas entre el cierre de inscripción y esas decisiones.

El miércoles 26 de agosto la comisión recibirá en audiencia a la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Guatemala. La decisión de admitir su participación fue adoptada por unanimidad.

La misión envió una carta al presidente de la comisión, Miquel Cortés, para solicitar presencia en calidad de observadora. La reunión buscará abordar el desarrollo del proceso de selección y las recomendaciones de transparencia que el organismo planea presentar al ente postulador.

La presencia de la OEA incorpora observación externa a una elección que incide de forma directa en la capacidad del Estado para controlar el gasto público. La Contraloría General de Cuentas es el ente rector del control gubernamental en el país y tiene atribuciones sobre el gasto de todas las entidades que administran fondos estatales.

Guatemala comenzó este sábado a vender gasolina regular E10 con etanol, una mezcla de 90% de combustible y 10% de alcohol carburante que convierte al país en el tercer mercado de Centroamérica en adoptar este esquema y abre una transición que alcanzará a cerca de tres millones de usuarios.

La puesta en marcha quedó establecida por el Ministerio de Energía y Minas en el Acuerdo Ministerial 333-2026/SG, publicado el 5 de agosto en el Diario de Centro América. Según el ministerio, unas 1.537 estaciones ya habían presentado constancias de limpieza de tanques y bitácoras de control y manejo de agua al 24 de julio, el equivalente a cerca del 71% de las estaciones registradas en el país.

El cambio no llegará al mismo tiempo a todas las gasolineras. Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, explicó que el nuevo combustible empezó a salir desde las terminales de almacenamiento y que la sustitución en las estaciones dependerá del inventario disponible y del calendario de compras de cada una.

Los expendedores prevén un período de unos cinco días para agotar las existencias de gasolina regular sin mezcla. Durante esta etapa, las bombas de gasolina superior seguirán despachando producto sin etanol, porque su incorporación quedó supeditada a los dictámenes técnicos que elabore la dirección competente del ministerio.

Cerca del 54% del parque que usa gasolina regular pasará al nuevo combustible

El dato central de la medida es su alcance sobre el consumo cotidiano: alrededor de 54% de los vehículos del país utilizan gasolina regular. Eso representa cerca de tres millones de motoristas que pasarán a usar la nueva mezcla.

El Ministerio de Energía y Minas sostuvo que la gasolina E10 no requiere modificaciones mecánicas ni adaptaciones en motores, tanques o sistemas de inyección. El criterio oficial, compartido por expertos del sector citados en el texto fuente, es que el combustible es compatible con la mayoría de los modelos en circulación.

La Dirección General de Hidrocarburos fijó el porcentaje de mezcla en 10% de etanol anhidro para 2026 y 2027. El Viceministerio de Minería e Hidrocarburos calculó que la incorporación del aditivo podría reducir entre Q0,50 y Q1,50 por galón el precio de la gasolina regular.

Esa eventual baja, de acuerdo con las autoridades, no sería permanente. El motivo es que el 90% restante de la mezcla sigue compuesto por gasolina derivada del petróleo, de modo que la cotización internacional del crudo continuará siendo determinante en el precio final al consumidor.

El abastecimiento arrancó con seis buques y mezcla en puertos

El inicio del programa fue respaldado por la llegada de seis cargamentos de alcohol carburante. El sexto buque estaba en proceso de descarga en Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, a cargo de Chevron Guatemala Inc.

El primer embarque de etanol para uso como biocombustible en la historia del país fue el buque BONITA AKI, procedente de Estados Unidos, con 3.000 toneladas métricas de producto, según informó la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. El Ministerio de Energía y Minas aseguró que el inventario acumulado alcanza para garantizar el suministro desde la fecha fijada.

La mezcla se hará en los puertos. Eso significa que la gasolina E10 llegará preparada a las estaciones de servicio y que los surtidores no deberán ser modificados para despacharla.

La Dirección General de Hidrocarburos realizó 245 inspecciones hasta el 17 de julio para verificar documentación, contenido de agua en los tanques y medidas de seguridad industrial y ambiental. Según Prensa Libre, Guatemala necesitará alrededor de 100 millones de galones de etanol por año para sostener el programa, y la oferta se cubrirá con producción nacional e importaciones.

Guatemala se suma a una práctica ya extendida en América Latina y el Caribe

Antes de este sábado, solo Costa Rica y Panamá mezclaban gasolina con etanol en Centroamérica. Costa Rica tiene una mezcla legal del 7%, mientras Panamá estableció un 2% por normativa y permite hasta un 10% de forma voluntaria.

Con la entrada del E10, Guatemala pasa a integrar una lista de al menos 14 países de América y el Caribe que ya incorporan etanol en sus combustibles. Datos de la Alianza Mundial de Combustibles Renovables muestran que Brasil lidera en América Latina con una mezcla obligatoria del 25%, seguido por Paraguay con 24%.

Colombia estableció por ley un 8% y admite hasta un 10% voluntario, mientras Perú aplica un 7,8% por decreto. Canadá y Argentina comparten un mandato legal del 5%, y Chile registra ese mismo porcentaje como mezcla voluntaria en las estaciones.

En el Caribe, Jamaica es el único país que aplica gasolina E10 por decreto. En México, la mezcla se define a escala estatal: Guadalajara usa un 2% por decreto y ese mismo porcentaje rige de manera voluntaria en Monterrey y la Ciudad de México.

En Estados Unidos, la ley no fija un porcentaje específico según cada tipo de combustible. El sistema establece volúmenes crecientes de combustibles renovables, como etanol o biodiésel, que deben mezclarse cada año, con requerimientos de hasta 136.000 millones de litros.

Tres partidos de Guatemala: Poder, URNG-MAÍZ y Winaq, siguen por debajo de los 28.083 afiliados que exige la ley para conservar su inscripción y poder postular candidatos en las elecciones generales de 2027, con un plazo que vence el 10 de septiembre, según confirmó el magistrado Quelvin Jiménez del Tribunal Supremo Electoral en una entrevista con Infobae Centroamérica.

El rezago más marcado corresponde a URNG-MAÍZ, que al 3 de agosto de 2026 acumulaba 25.793 afiliados y necesitaba sumar 2.290 personas en pocas semanas. Winaq registraba 25.879 y Poder, cuyo nombre oficial es Partido de Oportunidades y Desarrollo, llegaba a 26.521.

Fuera de ese grupo, el Partido Verde Guatemalteco también aparece cerca del umbral con 28.023 afiliados, apenas 60 por debajo del mínimo, aunque no fue incluido entre las tres organizaciones que, según Jiménez, todavía estaban pendientes de alcanzar la cifra legal.

El umbral legal define qué partidos podrán competir en 2027

Jiménez explicó que la información proviene de Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, área encargada del seguimiento técnico del proceso. El magistrado indicó al medio que no podía detallar el mecanismo interno de revisión de adhesiones porque el pleno debe mantenerse al margen de esos trámites para preservar su imparcialidad ante posibles impugnaciones.

Al aludir a las quejas por la velocidad de digitalización de datos, sostuvo: “Regularmente a veces, pues, si no, quizá es imposible quedar bien con todos los partidos políticos”.

El escenario de los comités en formación es desigual. Jiménez informó que Somos Dignidad, Dignidad y Chapín ya reunieron el número de adherentes requerido y atraviesan la fase de asamblea.

También completaron ese piso Movimiento Único Chapín y Transformación Nacional, que están próximos a iniciar sus propias asambleas. El comité Raíces encabeza el conteo entre las agrupaciones en formación con 41.972 adherentes registrados al 3 de agosto y se encuentra en revisión de minuta de escritura pública y edicto, un paso previo a la constitución formal.

En el tramo más rezagado, el Partido Nuestra Libertad y el Partido Político Reconstrucción aún buscan llegar al mínimo de adherentes antes de que expire su plazo de dos años. Reconstrucción reportaba 22.371 afiliados en la misma fecha de corte.

La exigencia legal no se reduce al número de afiliados. La Ley Electoral y de Partidos Políticos obliga además a acreditar presencia en al menos 12 departamentos y 50 municipios para obtener la inscripción definitiva como partido político.

El Tribunal Supremo Electoral busca sumar más de dos millones de empadronados

La entrevista con Jiménez se dio mientras el Tribunal Supremo Electoral desarrolla una campaña de empadronamiento masivo para incorporar a más de dos millones de ciudadanos mayores de 18 años que todavía no figuran en el padrón, antes del cierre del registro en marzo de 2027.

Los empadronadores trabajan los siete días de la semana, con puestos móviles en universidades y despliegue territorial en comunidades alejadas. El magistrado advirtió, citado por Infobae Centroamérica, que el mayor déficit de inscripción no está en las zonas rurales remotas, sino en las cabeceras departamentales, donde detectaron desinterés entre quienes ya cumplieron la mayoría de edad.

Por eso, la campaña sumó una fase pedagógica. Antes de registrar a cada ciudadano, el personal debe explicarle qué es el Registro de Ciudadanos, qué derechos habilita y cuál es su función dentro del sistema democrático.

La capacidad operativa del tribunal se interrumpió a inicios de año por la falta de aprobación del presupuesto preelectoral de 2026 en el Congreso. Esa demora obligó al pleno a rescindir contratos de empadronadores en todo el país.

La ampliación presupuestaria fue autorizada en febrero, pero la notificación llegó en marzo, una semana antes de la toma de posesión de los nuevos magistrados. Ese desfase postergó la recontratación del personal hasta junio y julio.

Jiménez llamó a la ciudadanía a vigilar y acompañar el proceso electoral. “La seguridad y la certeza jurídica no solamente debe ser cuando me conviene, sino la estabilidad de las normas y que se apliquen de una manera objetiva e imparcial, sin cambiar las reglas del juego de forma arbitraria”, afirmó.

El TSE habilitó mecanismos de participación que incluyen voluntariado cívico electoral e integración de juntas receptoras de votos, con una previsión de más de 150.000 voluntarios para custodiar los sufragios el día de las elecciones.

La FECAGRO pidió el 21 de agosto de 2026 a gobiernos e instituciones de Centroamérica y República Dominicana que aceleren una respuesta conjunta ante riesgos climáticos, sanitarios y de costos que, según el comunicado de la organización, amenazan la producción y la competitividad de un agro que sostiene más de 5 millones de empleos y exportó USD 25.818 millones en 2025.

El planteo incluyó un dato comercial que ubicó la magnitud del sector: las exportaciones agropecuarias de la región tuvieron a Estados Unidos como principal destino, con el 32,8% de los envíos, mientras el mercado centroamericano absorbió el 22,1%. El saldo fue un superávit comercial de bienes agropecuarios de USD 4.701 millones.

El llamado se produjo durante un encuentro de diálogo regional organizado por la Federación de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centroamérica y República Dominicana y la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano, realizado en la sede de SIECA en Ciudad de Guatemala. Participaron representantes de FECAGRO, AICA, FECALAC y FEDAVICAC, junto con autoridades del Consejo Agropecuario Centroamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, CIRSA-OIRSA, FAO y SIECA.

El fenómeno de El Niño y la crisis de fertilizantes concentran la alerta para 2026 y 2027

Uno de los ejes del encuentro fue la evaluación de las perspectivas del fenómeno de El Niño para el período 2026-2027. Las proyecciones presentadas señalaron para 2026 una canícula más intensa y prolongada, menos precipitación durante la época lluviosa y una posible finalización temprana de las lluvias.

Para 2027, el panorama incorporó una reducción de las precipitaciones y una menor recarga hídrica que podría bajar los niveles de ríos, lagunas y pozos. Ese escenario elevaría la demanda de sistemas de riego en distintas zonas de la región.

A esa presión climática se sumó la crisis de fertilizantes. La organización sostuvo que el aumento de costos sigue presionando a los productores agropecuarios y afecta de forma directa su capacidad de producir y competir.

El planteo central del sector fue que ambas presiones actúan al mismo tiempo. Según la entidad, esa combinación agrava un contexto que requiere respuestas coordinadas entre países e instituciones regionales.

El sector reclama una estrategia común frente a plagas, enfermedades y comercio

En sanidad agropecuaria, FECAGRO reclamó acelerar una respuesta regional frente a amenazas activas que, de acuerdo con el comunicado, no pueden abordarse de manera aislada por cada país. La lista incluyó el gusano barrenador del ganado, la influenza aviar de alta patogenicidad, el Fusarium Raza 4 Tropical en banano, la pudrición del cogollo en palma de aceite, la chinche harinosa en caña de azúcar y la mosca del Mediterráneo.

La organización propuso avanzar con una agenda orientada a la inversión y la competitividad agrícola. El esquema puso el foco en fortalecer infraestructura, ampliar los sistemas de riego y facilitar el comercio, además de incorporar mecanismos de prevención, vigilancia y respuesta ante amenazas sanitarias y climáticas.

El comercio fue otro de los asuntos abordados en la reunión. Las presentaciones incluyeron un análisis sobre los 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA-DR, y sobre las oportunidades que ese acuerdo ofrece para las exportaciones agrícolas regionales.

La respuesta que pidió el sector fue explícita: preservar y ampliar mercados exige reducir costos y tiempos, mejorar las condiciones para la inversión, la producción y el comercio intrarregional, y coordinar acciones durante 2026-2027 entre el sector privado y las instituciones regionales. Al cierre del encuentro, la organización afirmó: “El clima, los fertilizantes, la sanidad agropecuaria y el comercio trascienden las fronteras nacionales; las respuestas también deben hacerlo”.

El Ministerio de Salud de Guatemala informó una reducción del 43 % en los casos de dengue hasta la semana 30 de 2026 frente al mismo período de 2025, una baja que las autoridades explican por la prevención oficial, la menor presencia de lluvias y la circulación del mismo subtipo viral detectado en 2023, aunque advirtieron que un cambio de variante podría elevar los contagios el próximo año.

La magnitud de la caída se observa en los registros comparados: según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, este ciclo sumó 9.689 casos, frente a 17.000 del año anterior, lo que representa 7.311 contagios menos. El dato fue explicado por el director de Epidemiología y Gestión de Riesgo, Édgar Santos, citado por Diario de Centro América.

El funcionario sostuvo que la reducción responde a tres factores concretos. Mencionó las medidas de prevención impulsadas por la cartera, la falta de lluvia, que limita la formación de criaderos, y la persistencia del dengue 3 asiático, el mismo subtipo que circuló en 2023.

El mismo subtipo viral y la sequía explican parte de la baja

Sobre la inmunidad adquirida, Santos dijo al medio estatal que quienes enfermaron en 2023 y 2024 conservan protección frente a esa misma variante. “Quienes resultaron afectados en 2023 y 2024 estarían inmunes en caso los volviera a picar un zancudo infectado con el mismo subtipo, porque su cuerpo ha creado un mecanismo de defensa contra esta variedad específica del virus”.

El director de Epidemiología añadió que ese escenario podría modificarse. Si cambia la variante de dengue que circula en el país, “muy probablemente tendremos un incremento el próximo año”, advirtió.

La menor lluvia también aparece en la explicación oficial. Santos señaló que durante la época lluviosa suele acumularse agua dentro y alrededor de las viviendas sin protección suficiente, lo que favorece la aparición de criaderos del mosquito transmisor.

En cambio, la actual etapa seca redujo esos espacios, en especial los que se forman por agua acumulada en objetos expuestos al aire libre. Ese descenso de criaderos, de acuerdo con la cartera, incidió en la disminución de la transmisión.

Salud mantiene visitas, larvicidas y nebulización en zonas con focos

El bloque de respuesta central de las autoridades apunta a cortar la cadena de contagio antes de que aumenten los casos. El MSPAS informó que se anticipa mediante visitas domiciliarias, acciones en centros hospitalarios y recorridos en escuelas.

La cartera también mantiene la aplicación de larvicidas seguros en pilas, toneles y otros recipientes donde se almacena agua para consumo humano. Con los reportes locales, se activa una estrategia de control integrado para manejar focos de infección y atender a las personas enfermas.

Santos explicó que, cuando se detecta una alta densidad de mosquitos adultos, el protocolo avanza a una fase adicional. “Se manejan los focos de infección, se atienden los casos y, si se registra una alta densidad de mosquitos adultos o voladores, se procede con la nebulización”.

El comportamiento reciente de la enfermedad muestra un descenso frente a la crisis previa. Datos citados en la publicación indican que en 2024 el dengue afectó a 96 mil personas y dejó 117 fallecidos, una situación que obligó a declarar emergencia sanitaria.

Durante 2025 los números bajaron a 48.278 casos y cinco muertes, de acuerdo con el mismo reporte. Aun así, especialistas recordaron que las lluvias suelen establecerse con mayor fuerza en mayo, una condición que favorece la temporada de transmisión en el país.

Cómo prevenir el dengue y cuáles son los síntomas más frecuentes

Las recomendaciones de prevención difundidas por las autoridades se concentran en eliminar los espacios donde el mosquito puede reproducirse. La indicación es retirar recipientes que acumulen agua, tapar barriles y pilas, limpiar canaletas y drenajes, cambiar con frecuencia el agua de los floreros y usar mosquiteros y repelente.

Los síntomas que Salud identifica con mayor frecuencia incluyen fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, aparición de manchas rojizas en la piel y náuseas o vómitos. La advertencia oficial cobra peso porque buena parte de los afectados han sido menores de edad.

En agosto de 2025, Guatemala superaba los 18 mil contagios acumulados. El Ministerio de Salud reportaba 18.429 casos confirmados de dengue a escala nacional y cinco muertes asociadas a complicaciones de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias alertaban entonces que la mayoría de los pacientes eran niños. También identificaban a Sacatepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Petén y Retalhuleu como los departamentos con mayor incidencia.

En ese mismo reporte, la cartera recordó que las lluvias previstas para los días siguientes podían aumentar el riesgo de propagación del virus. La razón señalada fue la acumulación de agua estancada, el ambiente que facilita la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

República GT afirmó que denunció ante el Ministerio Público de Guatemala un presunto contrato de sicariato contra su director Rodrigo Arenas desde el 14 de agosto, pero la disputa escaló cuando dos de los señalados aseguraron que ese expediente no existe y el exembajador Julio Ligorria advirtió que el Estado no puede dejar a los periodistas como primera línea frente al narcotráfico.

El viernes 21, el precandidato presidencial Roberto Arzú fue a la sede de la fiscalía con sus abogados para pedir información sobre la supuesta denuncia. Su respuesta, según República GT, fue tajante: “Me he presentado al Ministerio Público con mis abogados para solicitar información sobre la supuesta denuncia presentada en mi contra y, oh sorpresa, no me dieron nada, porque no hay ninguna denuncia en mi contra”.

El diputado Luis Aguirre sostuvo una versión similar, aunque avanzó un paso más. Informó que ya presentó una contrademanda contra el portal y contra Arenas, identificada con el número MPE01-2026-57627, y ofreció como respaldo las grabaciones de las cámaras de seguridad de La Yeguada 10 y el polígrafo de sus empleados.

La controversia comenzó el 13 de agosto, cuando Arenas denunció públicamente un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial. Cuatro días después, el medio precisó los nombres de los supuestos involucrados y señaló a Arzú como presunto autor intelectual, con apoyo del presidente del Congreso de la República Luis Alberto Contreras Colindres y la participación de los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión.

Según la publicación, las reuniones se habrían celebrado en La Yeguada 10, un local que atribuye a Aguirre. A esos encuentros también habrían asistido “capos del narcotráfico” del área de Malacatán, en el departamento de San Marcos.

Julio Ligorria pidió que el Estado asuma la protección de quienes investigan al crimen organizado

En medio de ese cruce, Julio Ligorria, exembajador guatemalteco ante Estados Unidos entre 2013 y 2015, publicó una columna en el mismo portal y trasladó la discusión hacia el rol del Estado. Su planteo fue que la prensa puede exponer estructuras criminales, pero no tiene ni los recursos ni las facultades para enfrentarlas.

Ligorría escribió: “La prensa puede contribuir a descubrir esas estructuras, pero no posee los recursos ni las facultades para combatirlas”. También reclamó protección estatal para quienes investigan al crimen organizado y pidió fortalecer la alianza con Estados Unidos para desarrollar una estrategia conjunta de inteligencia y fortalecimiento institucional.

El exdiplomático cerró su texto con otra definición sobre la función de los medios: “El papel de los medios consiste en investigar, revelar información y mantener informada a la ciudadanía”. Añadió que Guatemala no debe repetir el modelo en el que países centroamericanos “terminaron poniendo el territorio y las víctimas” de confrontaciones definidas por actores externos.

Presidente del Congreso de Guatemala tilda de “sicópata” y “enajenado mental” al director de República GT

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, calificó de “sicópata” y “enajenado mental” a Rodrigo Arenas, director de República GT, tras ser vinculado por este medio de comunicación con la narcopolítica y con un supuesto complot para asesinarlo.

La disputa pública escaló luego de que Arenas denunciara amenazas contra su vida y la de su equipo editorial, responsabilizando a políticos y financistas ligados al crimen organizado.

Contreras fue uno de los políticos incluido en la lista de varios diputados y un excandidato presidencia que, según República GT, conspiraban un plan para asesinarlo, con el apoyo de capos del narco de San Marcos.

Arzú anunció además que sus abogados presentarán denuncias penales en Guatemala y en Estados Unidos contra Arenas por calumnia y difamación. Esa respuesta elevó el conflicto desde una denuncia por una amenaza criminal a una ofensiva judicial en dos países.

Bomberos Voluntarios informaron que, tras recibir la alerta, se desplazaron elementos de la 76 Compañía de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, y de la 65 Compañía de Cucuya, Zacapa. Técnicos en Urgencias Médicas proporcionaron atención prehospitalaria a cinco personas con distintas lesiones y traumas, quienes resultaron trasladadas para recibir atención especializada: tres de ellas al Hospital de Guastatoya y dos al Hospital Regional de Zacapa. La rápida intervención de los socorristas fue fundamental para estabilizar a los heridos y garantizar el traslado seguro a los centros asistenciales.

Durante las labores de control en el lugar, los bomberos también debieron enfrentar el incendio originado en un vehículo de transporte pesado involucrado en el incidente. Para sofocar las llamas y evitar su propagación, los elementos utilizaron más de dos mil galones de agua.

Una vez controlado el fuego, los socorristas iniciaron la remoción de escombros, etapa en la que localizaron los cuerpos de tres tripulantes del automotor, quienes ya no presentaban signos vitales. Además, fue evaluada otra persona de sexo masculino en el sitio, confirmándose que tampoco contaba con signos vitales. Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades correspondientes para los trámites legales pertinentes.

El siniestro genera actualmente un impacto considerable en la movilidad. La ruta al Atlántico, específicamente la CA-9 Norte, representa una de las principales arterias para el transporte de personas y mercancías. Por ello, autoridades han insistido en la importancia de respetar las normas de seguridad vial y contar con seguros actualizados para el transporte, a fin de mitigar el riesgo de accidentes y garantizar la protección de los usuarios.

Impacto en la movilidad

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Comunicaciones informó que el accidente también provocó daños severos en la estructura superior del puente Guijo, lo que obligó a inhabilitar el paso vehicular sobre la CA-9 Norte. La entidad recomendó a los usuarios de esta ruta utilizar como vía alterna el recorrido El Rancho a El Jícaro, en El Progreso, para conectar con La Fragua, Zacapa, y viceversa. Las autoridades señalaron que el cierre se mantendrá hasta que se realicen las inspecciones y reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

El Ministerio instó a la población a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada, al tiempo que reiteró que se continuarán emitiendo actualizaciones sobre la situación del puente y el restablecimiento del paso vehicular.

La tragedia ocurrida en el puente Guijo pone en relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras viales y la urgente necesidad de fortalecer las medidas de supervisión y control en rutas de alta circulación.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) confirmó la coordinación de acciones interinstitucionales para dar respuesta a la emergencia.

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana anunció la realización del Congreso Regional de la Industria FECAICA 2026, una cita prevista para el 29 de octubre de 2026 en San Salvador con la que busca reunir a empresarios, gobiernos y organismos regionales para debatir cómo construir una región más competitiva, integrada y preparada para los desafíos del futuro.

El encuentro se celebrará en el Hotel Sheraton Presidente de San Salvador, en El Salvador, y se desarrollará bajo el lema “Integración regional y liderazgo empresarial”. La convocatoria apunta a concentrar en una misma jornada a líderes empresariales, representantes de cámaras y asociaciones industriales, autoridades, inversionistas, organismos multilaterales y otros actores estratégicos de la región.

Según la comunicación difundida por la Cámara de Industria de Guatemala, el congreso fue planteado como un punto de encuentro para conectar a esos sectores, generar diálogo y abrir oportunidades que impulsen el desarrollo industrial en Centroamérica y República Dominicana.

La organización sostiene que la región tiene margen para avanzar hacia una mayor competitividad si profundiza su integración económica y fortalece el liderazgo empresarial.

FECAICA dice que el congreso buscará articular integración, inversión e innovación

La agenda del Congreso Regional de la Industria FECAICA 2026 abordará integración económica, competitividad, facilitación del comercio, innovación, inversión y liderazgo empresarial. El objetivo es promover el intercambio de experiencias y la formación de alianzas estratégicas entre los participantes.

El programa estará estructurado en dos grandes ejes: “Integración regional” como motor de competitividad y desarrollo, y “Liderazgo empresarial”, alianzas estratégicas y visión regional.

Esa definición organiza el enfoque del evento alrededor de dos preguntas centrales para el sector: cómo reducir barreras para una economía más articulada y cómo construir conducción empresaria con mirada regional.

El presidente de FECAICA Jorge Arriaza explicó el momento en el que llega la convocatoria: “Este Congreso llega en un momento clave para la región y es una oportunidad para dialogar sobre temas clave que potencien el crecimiento económico y sostenible de nuestros países”.

En la misma declaración, añadió: “FECAICA aglutina a más de 7.000 empresas industriales, entre micro, pequeñas, medianas y grandes, lo que nos convierte en la voz más representativa de la industria centroamericana y dominicana”.

Ese alcance regional es uno de los principales argumentos con los que la federación presenta el congreso. La entidad reúne a compañías de distinto tamaño y se define como un espacio de articulación para el sector industrial de Centroamérica y República Dominicana.

El encuentro incluirá un reconocimiento regional al hondureño Abraham Bennaton

Como parte del programa, FECAICA entregará el Reconocimiento Industrial Regional “Carlos Enrique Rivera Ortiz”. La distinción está destinada a destacar la trayectoria y el aporte de líderes que han contribuido al fortalecimiento de la industria y a la integración económica regional.

En la edición de 2026, el reconocimiento será otorgado al industrial hondureño Abraham Bennaton. La programación también prevé un cóctel de networking regional al cierre de la jornada, concebido para facilitar nuevas conexiones y oportunidades de cooperación, inversión y negocios entre empresarios, autoridades y aliados estratégicos.

La federación presentó esa instancia final como un complemento de la discusión temática del congreso. La intención es que el intercambio no quede limitado a los paneles y diálogos formales, sino que pueda traducirse en vínculos de trabajo entre actores públicos y privados.

De acuerdo con la información difundida por la organización, FECAICA acumula más de seis décadas de trayectoria. La entidad fue fundada en 1961 y desde entonces agrupa, representa y articula a las principales entidades del sector industrial de la región.

La organización afirma que su trabajo se centra en fortalecer las capacidades del sector mediante iniciativas vinculadas con productividad, innovación, inversión y adopción de buenas prácticas empresariales basadas en responsabilidad social, ética y sostenibilidad. También se presenta como interlocutora ante gobiernos y organismos regionales e internacionales para promover políticas favorables al crecimiento industrial, la cooperación regional y un entorno económico propicio para los países centroamericanos y República Dominicana.

Para consultas sobre el evento, patrocinios o entradas, la federación informó el correo electrónico fecaica@fecaica.com.

El colapso del entarimado en una obra de San Ángel 4, en la zona 2 ciudad de Guatemala, dejó este sábado 22 de agosto a dos trabajadores heridos, uno de ellos de gravedad, en un nuevo accidente que vuelve a poner bajo examen la seguridad en la construcción en la capital y en un departamento que concentra el 73,5% de los siniestros laborales reportados en el país.

El Cuerpo Voluntario de Bomberos movilizó unidades de la 4.ª compañía y de la Estación Central después de recibir la alerta. Al llegar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a los dos hombres afectados, cuya identidad no fue establecida.

Uno de ellos presentaba traumas en distintas partes del cuerpo y fue trasladado a un centro asistencial. El otro se encontraba estable. Las causas del colapso siguen bajo investigación.

El dato central del incidente es ese: dos obreros resultaron heridos por la caída de la estructura provisional en una construcción de la colonia San Ángel 4, y uno sufrió lesiones graves mientras las autoridades aún no determinan qué provocó la falla.

Guatemala registra más de 135.000 accidentes laborales al año

El accidente ocurre en un contexto de alta siniestralidad. De acuerdo con cifras del Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral y el Ministerio de Trabajo, el departamento de Guatemala reúne el 73,5% de los accidentes laborales reportados a nivel nacional, compartidos por medios de comunicación guatemaltecos.

A escala nacional, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social registra más de 135.000 accidentes laborales por año. Especialistas advierten que el número real sería mayor porque muchos casos no se notifican.

Maricarmen Rosal, presidenta de la Gremial de Seguridad y Salud Ocupacional, atribuye el problema a la falta de cultura de prevención. “Un segundo de descuido puede costar una vida o dejar a alguien sin un miembro”, advirtió.

Rosal citada por República, señaló que la prisa en las tareas, el exceso de confianza entre trabajadores con experiencia y el incumplimiento de normas básicas multiplican los riesgos. El ingeniero Saúl de León, integrante de la misma gremial, agregó que también pesan los riesgos psicosociales, como el estrés laboral, el acoso y la falta de descanso.

“Un trabajador preocupado o agotado no está al 100% concentrado en su tarea”, dijo De León. En su boletín más reciente, el Observatorio puntualizó: “Cada accidente mortal es consecuencia de una cadena de omisiones que resulta prevenible”.

Dos antecedentes recientes agravaron la alarma sobre la construcción

El caso de San Ángel 4 se suma a otros episodios recientes en obras de la capital. El 13 de julio, un obrero de unos 25 años murió tras caer desde el quinto nivel de una construcción en el kilómetro 14 de la Carretera a El Salvador.

El CVB informó entonces que la víctima no portaba documentos y que murió por politraumatismos graves. Su cuerpo fue trasladado a la morgue como “XX”, mientras la investigación quedó orientada a establecer si fallaron los protocolos de seguridad o existió negligencia empresarial.

Antes de ese hecho, el 4 de marzo de 2026, un deslizamiento de tierras en la fosa del proyecto Cilé Urban Village, sobre la Avenida Las Américas en la zona 14, sepultó a cinco obreros. Bomberos Municipales y Voluntarios rescataron con vida a Víctor Hugo Charuk Giatas, de 35 años.

Los otros cuatro trabajadores murieron: Gregorio García, de 62 años; Selvin Cua Chavac, de 27; Miguel Ángel Tovar y Fernando Neftalí Véliz. Sus familiares afirmaron que los obreros habían advertido sobre grietas y filtraciones en el muro antes del colapso, pero recibieron la orden de continuar con las labores.

La obra quedó clausurada y bajo resguardo judicial. Ese antecedente reforzó los cuestionamientos sobre los controles en proyectos de construcción de alto riesgo.

El marco legal guatemalteco establece, mediante el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional contenido en el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, que los patronos deben garantizar ambientes seguros y proporcionar equipo de protección personal. La Inspección General de Trabajo puede imponer multas de entre ocho y 16 salarios mínimos mensuales por cada infracción, según el artículo 272 del Código de Trabajo.

Pese a ese esquema sancionatorio, persisten limitaciones en el cumplimiento de la norma. La supervisión es irregular y la capacitación sigue siendo escasa, mientras continúa abierta la investigación por el colapso en San Ángel 4.

El cierre interrumpió de forma completa el tránsito hacia Zacapa, Chiquimula, Izabal y las aduanas fronterizas, además de frenar el traslado de mercancías hacia y desde los principales puertos marítimos del Caribe guatemalteco. La afectación alcanza tanto al transporte pesado como a vehículos de pasajeros, con filas de automotores en el sector y complicaciones para el abastecimiento logístico.

La emergencia fue reportada en el puente Guijo, en jurisdicción de Usumatlán. Los primeros informes ubican el accidente entre el kilómetro 110, el kilómetro 111 y el 111.5, pero todas las versiones coinciden en el mismo tramo de la ruta al Atlántico y en un mismo resultado: la estructura colapsó tras el percance y el paso quedó inhabilitado por completo.

El accidente dejó el paso suspendido en la principal vía hacia el Atlántico

La secuencia preliminar apunta a un transporte pesado que sufrió un accidente sobre el puente y después quedó envuelto en llamas. En distintas versiones también se menciona la participación de vehículos livianos y de motoristas que transitaban por el lugar en el momento del impacto.

El dato central de la emergencia es este: no hay paso en ninguna de las dos direcciones de la CA-9 Norte en el sector de Usumatlán. Las autoridades y los cuerpos de socorro recomendaron evitar el tramo afectado mientras se verifica el estado de la infraestructura y se desarrollan las labores de atención.

Los reportes sobre víctimas siguen siendo preliminares. En el lugar se habla de varias personas heridas, mientras que otras versiones mencionan una posible víctima mortal o una persona fallecida, pero hasta ahora no hay información oficial confirmada sobre el número exacto de lesionados ni sobre fallecimientos.

Bomberos trabajan en el lugar mientras se define la magnitud del daño

A la zona se movilizaron Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales para sofocar las llamas y atender a los afectados. Los cuerpos de socorro también trabajan en establecer con precisión la magnitud del accidente y cuántas personas fueron alcanzadas por el colapso o por el incendio posterior.

La emergencia obliga a reordenar la circulación en una de las rutas más utilizadas del país. El cierre no solo afecta a quienes viajan entre la capital y el Atlántico, sino también a quienes se desplazan entre El Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal, un corredor clave para el comercio, el transporte de carga y la conexión con puestos fronterizos.

Las recomendaciones en el área apuntan a no dirigirse al sector del puente colapsado y buscar rutas alternas mientras continúe cerrado. También se indicó consultar desvíos locales secundarios con Provial o con la Policía Nacional Civil, aunque se advirtió que esas rutas no siempre están diseñadas para soportar un alto flujo de transporte pesado.

El accidente expuso además la fragilidad operativa de la vía: un solo colapso bastó para cortar la conexión terrestre más importante entre la Ciudad de Guatemala y el litoral atlántico. Mientras continúan las labores de bomberos y se revisa la estructura, la circulación permanece suspendida y la situación sigue en desarrollo.

Comunicado oficial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala informó en un comunicado oficial que la una unidad de transporte pesado colisionó contra la estructura superior del puente Güijo, ocasionando daños severos.

Como consecuencia, el paso vehicular sobre la CA-9 Norte permanece inhabilitado en ese sector. Las autoridades recomendaron a los usuarios de la vía utilizar rutas alternas. El trayecto sugerido es: El Rancho a El Jícaro, en El Progreso, para conectarse a La Fragua, Zacapa, y viceversa.

El Ministerio indicó que, a través de sus canales oficiales, se estarán brindando detalles y actualizaciones sobre esta situación. Además, solicitó a la población mantenerse informada únicamente por fuentes oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

La medida se mantendrá hasta nuevo aviso, mientras se evalúan y reparan los daños en la estructura del puente.

La DEIC, de la Policía Nacional Civil, capturó este sábado a Horacio “N”, de 39 años, y rescató en Villa Canales a una adolescente de 17 años que, según la investigación preliminar, había sido secuestrada dos días antes en la ruta a El Salvador; el caso sigue abierto para establecer cómo ocurrió la privación de libertad y si hubo más implicados.

El operativo se realizó en el kilómetro 36 de esa carretera, en el ingreso a la aldea El Jocotillo, donde los investigadores localizaron al sospechoso cuando se movilizaba en un vehículo tipo pickup con placas P-198 LVZ. La adolescente fue hallada con vida y trasladada a un centro asistencial para evaluar su estado de salud.

De acuerdo con la información policial, la víctima había sido retenida por la fuerza desde el jueves 20 de agosto, cuando estaba en una gasolinera ubicada en el kilómetro 29.1 de la carretera a El Salvador. Los agentes establecieron que después fue trasladada en una camioneta que ya contaba con orden de secuestro.

El detenido ya tenía una orden judicial por secuestro

Las autoridades identificaron al capturado como Horacio “N”, de 39 años. La Policía Nacional Civil informó que sobre él pesaba una orden de captura por el delito de secuestro emitida también este 22 de agosto por un juzgado de Guatemala.

El parte policial añade que el detenido registra un antecedente por lesiones graves de 2009. Ese dato forma parte de las diligencias con las que los investigadores intentan reconstruir el entorno del caso y determinar la posible participación de otras personas.

La acción fue ejecutada por investigadores de la delegación de Villa Nueva de la División Especializada en Investigación Criminal. Según la versión oficial, el seguimiento permitió ubicar tanto a la víctima como al presunto responsable en el mismo corredor vial donde había ocurrido la captura inicial de la adolescente.

La menor, según la investigación, fue privada de libertad mediante el uso de la fuerza. La localización se concretó en Villa Canales, municipio al que conducen los tramos de la ruta donde se registraron tanto el rapto como la captura del sospechoso.

La ruta a El Salvador concentró el secuestro, el traslado y la captura

La secuencia reconstruida por los investigadores sitúa el inicio del hecho el 20 de agosto en el kilómetro 29.1, en una estación de servicio. Dos días después, el presunto secuestrador fue interceptado en el kilómetro 36, en un tramo cercano a la entrada de El Jocotillo.

La publicación oficial de la PNC señaló además que el hombre fue detenido cuando viajaba en un pickup, mientras que otra versión policial identifica un vehículo Isuzu con las mismas placas P-198 LVZ como el automotor utilizado en el traslado de la adolescente. En ambos reportes, el elemento común es que las placas estaban bajo observación dentro de la investigación.

El caso se suma a otros operativos antisecuestros reportados por las autoridades en los últimos meses. Entre ellos figura el rescate de una niña de nueve años en Buena Vista, municipio de Zaragoza, Chimaltenango, y la captura de dos presuntos secuestradores que exigían Q2 millones por su liberación.

También se informó sobre la liberación de una persona en Huehuetenango que permaneció 18 días retenida. En ese procedimiento fueron detenidas tres personas que pedían Q4 millones de rescate.

A esos antecedentes se agrega un rescate en Quetzaltenango de una víctima de 49 años, con participación del comando antisecuestros de la Policía Nacional Civil. En San Juan Sacatepéquez, ruta a Mixco, las fuerzas de seguridad reportaron además la desarticulación de un caso de simulación de secuestro, con dos detenidos tras exigir Q80 mil.

Juana Santiago Chel regresó a su casa en el caserío Xecoxó, en Nebaj, 24 días después del desalojo judicial del 30 de julio que la expulsó de su vivienda y desató una ola de indignación en Guatemala, un caso que ahora suma disputas sobre la posesión de dos terrenos, señalamientos de violencia institucional y una investigación abierta sobre el operativo policial, según reporte de medios locales en el departamento de Quiché, Guatemala.

El procedimiento aquel 30 de julio, movilizó a más de 108 agentes de la Policía Nacional Civil, incluidas unidades antimotines que utilizaron gases lacrimógenos. Durante la intervención, difundida en videos en redes sociales, policías empujaron a la mujer de 72 años y cargaron por la fuerza a su hija Juana López, de 51.

Doña Juana fue trasladada al Hospital Nacional de Nebaj, donde permaneció tres días internada por golpes y una crisis nerviosa. Tras el alta, se alojó en la casa de su hermana Elena mientras continuaban las gestiones legales para su retorno.

Según documentos citados por Prensa Comunitaria, desde 2023 existían medidas de seguridad por violencia contra la mujer a favor de doña Juana y sus hijas. El mismo medio señaló que en abril de 2026 Pedro Santiago López, uno de los hijos de la mujer, fue declarado culpable por desobediencia en forma continuada después de que el 1 de noviembre de 2025 intentara desalojar a su madre con violencia en violación de esas disposiciones.

La orden de lanzamiento había sido promovida por Pedro ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, a cargo de la jueza Ada Madaí López Morales. El regreso de la mujer fue recibido por vecinos y personas que acompañaron su causa con muestras de alegría.

La defensa sostiene que el lanzamiento se ejecutó sobre un terreno distinto

El abogado defensor Gabriel Guzmán Matón explicó que el litigio involucra dos bienes inmuebles diferentes y que la resolución judicial de lanzamiento correspondería a un terreno distinto del que habita doña Juana. “Son dos bienes inmuebles: el bien inmueble principal es de doña Juana, pero donde ellos hicieron el lanzamiento fue de otro terreno”, dijo.

Guzmán Matón afirmó que la discusión no se centra en la propiedad, sino en la posesión, y sostuvo que su clienta “nunca ha dejado de tener la posesión de su bien inmueble”. Ese terreno tiene una extensión aproximada de 15.000 metros cuadrados.

El abogado anunció que la semana siguiente presentará acciones ante órganos jurisdiccionales para pedir que la mujer retome formalmente la posesión del predio que, a su juicio, fue objeto de un despojo. Sobre un segundo inmueble, de unas seis cuerdas y atribuido a la hija de doña Juana, adelantó que interpondrá una demanda civil contra el Estado de Guatemala para que recupere la posesión.

“Lo que se dio fue un despojo judicial”, afirmó el letrado. También aseguró que Pedro Santiago López no vive en ninguno de los dos terrenos, pese a que la jueza le ordenó tomar posesión del inmueble.

La resolución fue emitida contra doña Juana, pero durante el operativo fue su hija quien terminó retirada del lugar. “Legalmente era contra la mamá. Él pretendió hacerlo por la vía de los hechos: sacaron a la hija”, detalló Guzmán Matón.

La abogada que acompañó el caso denunció persecución penal

Durante el acto de regreso, la abogada Olga Ramírez, quien acompañó el caso desde el inicio como defensora de derechos humanos, denunció públicamente que enfrenta una persecución penal. “Al día de hoy obra en mi contra una persecución penal por unas denuncias que, sin lugar a duda, alguna de las instancias que mencioné en su momento probablemente está tratando de atentar y vulnerar mis derechos”, declaró.

Ramírez vinculó esa denuncia con su condición de mujer indígena maya ixil y con el respaldo que brindó a doña Juana. “¿Cuál es el motivo de la persecución? Hay muchos casos allá afuera y no vemos ninguna persecución. Acá quiero denunciar públicamente una discriminación en mi contra”, sostuvo.

La defensora responsabilizó públicamente al Estado de Guatemala de cualquier acción que pudiera afectarla. También agradeció el apoyo económico y moral que la comunidad canalizó directamente hacia doña Juana y pidió mantener ese respaldo, al advertir que la recuperación física, emocional y psicológica de la anciana avanza con lentitud.

El caso llegó semanas antes al Congreso de la República y llevó a que la Procuraduría de los Derechos Humanos declarara violadores de derechos humanos a dos altos mandos de la PNC. El Ministerio de Gobernación y la institución policial rechazaron esa resolución y defendieron que el operativo se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial firme.

La Inspectoría General de la PNC mantiene abierta una investigación interna sobre la actuación de los agentes que participaron en el desalojo.

Los trabajos de apuntalamiento preventivo en el puente del Anillo Periférico sobre la Calzada Raúl Aguilar Batres obligan a restringir el tránsito en Ciudad de Guatemala durante la noche del sábado 22 de agosto y la madrugada del domingo 23, después de que autoridades detectaran daños estructurales cuya evaluación definirá si la estructura requiere reparación, rehabilitación o refuerzo.

La intervención afecta una conexión clave entre dos de las principales rutas de circulación de la capital, con impacto directo sobre miles de usuarios diarios. El operativo se desarrolla entre las 21:00 del sábado y las 5:00 del domingo, con restricción en dos carriles bajo el puente, en sentido norte sobre la calzada, y un cierre total temporal de 45 minutos en la parte superior de la estructura.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, la medida busca reducir riesgos mientras avanzan estudios técnicos que determinarán el alcance real del deterioro. Las autoridades también pidieron programar recorridos con anticipación, usar rutas alternas y seguir las indicaciones de tránsito en la zona.

La inspección detectó fisuras, corrosión y acero expuesto en la estructura

La decisión se tomó tras una evaluación e inspección que recomendó actuar de forma preventiva en la unión de elementos estructurales del puente. El informe de emergencia DMI-29-20260817-EE-agms identificó pérdida de recubrimiento de concreto y exposición del acero de refuerzo.

El mismo documento reportó fisuras, filtraciones, signos de corrosión y desprendimientos de concreto en el área afectada. A partir de esos hallazgos, la Secretaría Ejecutiva de CONRED trasladó recomendaciones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a COVIAL, a la Municipalidad de Guatemala y a Emetra para coordinar las medidas inmediatas.

De acuerdo con el boletín informativo No. 262-2026, la recomendación oficial incluye una evaluación estructural especializada y detallada para establecer la condición del puente. Ese análisis deberá servir para definir qué tipo de intervención permanente corresponde ejecutar sobre la infraestructura.

La publicación también indicó que se sugirió limitar el tráfico y restringir el paso del transporte pesado mientras concluyen las evaluaciones técnicas. Esa precaución responde al papel estratégico del paso elevado dentro de la movilidad urbana y al volumen de tránsito que soporta cada día.

Los estudios técnicos incluirán radiografías, ultrasonido y análisis con Ferroscan

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial informó que el apuntalamiento consiste en la instalación de soportes adicionales bajo el sector dañado del puente. La finalidad es mantener condiciones de seguridad para los usuarios mientras se desarrollan las pruebas de diagnóstico estructural.

Entre los estudios previstos figuran radiografías, ultrasonido y análisis con Ferroscan, herramientas con las que se busca determinar con precisión el grado de afectación y los trabajos requeridos. Los resultados serán determinantes para establecer si bastan reparaciones puntuales o si será necesario avanzar hacia una rehabilitación o un reforzamiento mayor.

La coordinación operativa del tránsito quedó a cargo de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala y de PROVIAL, que regularán la circulación y los desvíos durante la ejecución de las obras. También participa la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias, junto con la Municipalidad capitalina, en el seguimiento de la intervención.

El CIV analiza medidas adicionales para garantizar la seguridad vial, entre ellas la evaluación permanente de la infraestructura y posibles refuerzos estructurales. Las decisiones posteriores dependerán de lo que revelen los estudios especializados sobre una estructura considerada estratégica para la movilidad de la ciudad.

Las restricciones vigentes comprenden el cierre parcial y temporal de carriles durante el horario nocturno del operativo y el control del flujo vehicular en los accesos al puente. La recomendación a los conductores es reorganizar sus desplazamientos, prever demoras y atender las instrucciones de los agentes mientras continúan los trabajos preventivos y el monitoreo técnico sobre el paso elevado.

Guatemala asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo COCATRAM para el período agosto 2026-agosto 2027, una designación que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda vinculó con el nuevo marco legal portuario del país y con la posibilidad de impulsar desde ese espacio regional acciones sobre desarrollo portuario, conectividad y competitividad en Centroamérica.

El relevo llega después de la aprobación del Decreto 20-2026, la Ley General del Sistema Portuario Nacional, avalada por 123 votos en el Congreso de Guatemala durante la madrugada del 5 de agosto.

El CIV asumirá esa representación en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y como institución responsable de las competencias del Estado en materia de transporte. Esa condición también se apoya en su representación ante el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica, identificado en el texto como COMITRAM.

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo tiene como función asesorar a ese consejo ministerial en asuntos relacionados con el transporte marítimo y el desarrollo portuario de la región, dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana. El ministerio sostuvo que la presidencia permitirá dar continuidad a proyectos regionales e iniciativas incluidas en el marco estratégico institucional del organismo.

La nueva presidencia regional coincide con la reforma del sistema portuario guatemalteco

La designación de Guatemala ocurre en un momento que el propio ministerio describió como relevante para el sector portuario nacional, tras la aprobación de la nueva ley general. Durante ese proceso, la COCATRAM acompañó y brindó cooperación técnica.

La normativa aprobada por el Congreso busca modernizar el marco legal de los puertos, fortalecer la seguridad y la competitividad del comercio exterior y crear una autoridad nacional autónoma para ordenar un sistema que, arrastraba duplicidad de funciones, instituciones obsoletas y falta de reglas claras para invertir y expandir infraestructura.

La ley responde además a una carencia específica: Guatemala no contaba con una autoridad nacional moderna y autónoma para regular el sistema portuario. El decreto también apunta a corregir la insuficiencia de estándares de seguridad y protección portuaria, así como el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

El eje institucional de la reforma es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional como entidad autónoma y descentralizada del Estado. Tendrá facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar, verificar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia portuaria.

La ley incorpora digitalización, planificación logística y nuevas tarifas

El artículo 11 define la integración del directorio de la autoridad portuaria. Estará compuesto por un miembro titular y su suplente designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, junto con representantes del Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Gobernación.

Entre las modificaciones aprobadas también se redefinieron conceptos como administrador portuario público y privado, área de influencia portuaria, espejo de agua y servicio comercial portuario. El objetivo fue delimitar con mayor claridad las competencias de la futura autoridad y de las demás instituciones involucradas.

La ley fortalece además la creación del CONAPROP, integrado por instituciones como Gobernación, Defensa, la SAT, Migración, la PNC y el Ministerio Público. También crea un Equipo Auditor Interinstitucional para verificar en campo el cumplimiento de las medidas de protección portuaria.

El decreto incorpora un componente de digitalización de servicios portuarios mediante un portal interinstitucional para realizar trámites electrónicos con un esquema de ventanilla única. También prevé el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario, conocido como Planport, que deberá reducir tiempos y costos del comercio exterior y fijar objetivos, prioridades, metas e indicadores para el desarrollo, la modernización y la sostenibilidad del sistema.

El artículo 53 establece el patrimonio del sistema e incluye una tarifa portuaria aplicable a todo buque por el manejo de carga en operaciones de embarque y desembarque. También fija una tarifa turística de USD 2 por pasajero que desembarque o aborde embarcaciones tipo crucero o similares, de la cual el 50% corresponderá al operador público cuando las instalaciones turísticas funcionen dentro de áreas administradas por operadores públicos portuarios.

La norma parte de la posición geográfica de Guatemala, entre los océanos Pacífico y Atlántico, como base para facilitar el comercio internacional, reducir distancias hacia América del Norte y del Sur y funcionar como puente logístico para Centroamérica. En ese esquema, el texto identifica como puertos principales a Puerto Quetzal, en el Pacífico, y a Puerto Santo Tomás de Castilla junto a Puerto Barrios, en el Atlántico.

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche de ayer, 21 de agosto en el kilómetro 150 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de San Antonio Suchitepéquez, dejó como saldo seis personas fallecidas y una persona herida. El incidente involucró a un vehículo de transporte pesado y un mototaxi, según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio Suchitepéquez y San Miguel Panan.

Las autoridades informaron que las labores de rescate se extendieron durante tres horas, debido a la complejidad de extraer los cuerpos que quedaron atrapados entre los restos de los vehículos. Entre las víctimas mortales se identificaron a:

• Mario René Montufar, de 14 años
• Saturnino Puac Sac, de 22 años
• Ever Leonel Hernández, de 28 años
• Virgilio Roberto Marroquín, de 30 años
• Jonathan Ezequiel Balux, de 23 años
• Una mujer cuya identidad no se ha confirmado, de aproximadamente 30 años.

El único sobreviviente, Fredy Rolando Gravé Marroquín, de 19 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Mazatenango por los socorristas, luego de haber quedado atrapado entre los hierros retorcidos. Según declararon los bomberos, el rescate requirió herramientas hidráulicas y la intervención coordinada de varias cuadrillas.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) abrieron una investigación para establecer las causas exactas del siniestro. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del transporte pesado abandonó la escena tras el impacto. La PNC trabaja para identificar y localizar al responsable, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Mazatenango para los procedimientos legales correspondientes.

Estadísticas recientes de accidentabilidad vial en Guatemala

La ruta al Pacífico, que conecta al sur de Guatemala con puertos estratégicos, registra frecuentes accidentes, en particular en tramos donde convergen unidades de transporte pesado y vehículos menores. El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET) reportó que los accidentes viales en Guatemala aumentaron 9,9 % durante 2026, consolidándose como la segunda causa de muerte violenta en el país.

El balance oficial del ONSET, divulgado en junio, detalla que entre el 1 de enero y el 14 de junio de 2026 se han contabilizado 4,233 hechos de tránsito, lo que representa 382 incidentes más que en igual periodo de 2025. El informe, revela 1,135 víctimas mortales y 4,477 personas lesionadas, cifras que reflejan un incremento del 6 % en la morbilidad asociada a siniestros viales.

En cuanto a los tipos de vehículos involucrados, el reporte técnico identifica a las motocicletas como las unidades con mayor participación en accidentes, sumando 3,524 casos, equivalente al 53 % del total, seguidos por:

• Automóviles (1,156 casos, 17,4 %)
• Picops (450, 6,8 %)
• Autobuses de transporte colectivo (446, 6,7 %)
• Camiones (383, 5,8 %)
• Cabezales (190, 2,8 %).

El ONSET atribuye la gravedad de las colisiones principalmente a exceso de velocidad, consumo de alcohol, especialmente durante fines de semana, y conductas imprudentes como el uso del teléfono celular y la falta de mantenimiento básico del vehículo. Estas situaciones, según el organismo, incrementan el riesgo en las carreteras y autopistas, donde la combinación de factores humanos y condiciones mecánicas deficientes suele desencadenar tragedias de gran magnitud.

De acuerdo con los datos recopilados, las autoridades insisten en la necesidad de reforzar los controles y las campañas de sensibilización para reducir la siniestralidad, especialmente en corredores donde confluyen diferentes tipos de transporte y la imprudencia persiste como una constante.

La acción, llevada a cabo en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC), tuvo como objetivo fortalecer el control y la seguridad del centro penitenciario, según destacó la institución castrense en su reporte oficial.

Durante el operativo, las autoridades incautaron diferentes elementos prohibidos. Estos son los siguientes: 2 teléfonos celulares, 11 estuches para teléfono, 31 envoltorios, 20 encendedores, una bocina, 7 cajetillas de cigarros, 10 cubos de cargador, un router, 2 chips telefónicos, 4 medias botellas de licor, un cartucho calibre 9 milímetros, 26 hojas de afeitar, 19 jeringas, 4 trituradores de marihuana, 10 cortaúñas, 2 navajas, 4 tijeras, 10 rollos de cable, 14 cables para cargador de celular, 4 auriculares y 17 hojas de cuaderno con diferentes textos.

La PNC y el Ministerio Público acompañaron a las unidades militares en la identificación, embalaje y traslado de los objetos decomisados, asegurando que quedaran bajo custodia de las autoridades competentes.

Decomiso de artículos prohibidos para fortalecer medidas de seguridad

El Ejército de Guatemala destacó que este operativo responde a una política para reforzar de la seguridad en los centros de detención del país.

Dentro de los artículos incautados, llama la atención la presencia de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, router y chips, que suelen utilizarse para mantener comunicaciones no autorizadas desde el interior de las cárceles. Además, la existencia de trituradores de marihuana, jeringas, medias botellas de licor y cajetillas de cigarrillos evidencia la persistencia de intentos de ingreso de sustancias prohibidas y objetos de consumo restringido. A su vez que la localización de armas blancas, tijeras, navajas y hojas de afeitar también representa un factor de riesgo para la seguridad interna del penal.

De igual manera, el Ejército de Guatemala informó el decomiso de numerosos artículos prohibidos durante una requisa realizada en la cárcel, ubicado en el sector conocido como “Los Paisas” tuvo como objetivo fortalecer el control y la seguridad del centro penitenciario.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones derivadas de la requisa en la cárcel Renovación I, ni sobre la posible vinculación de personal penitenciario con el ingreso de los objetos decomisados. El Ejército de Guatemala reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para garantizar el control y la seguridad en todos los centros de detención del país, como parte de los esfuerzos para preservar el orden y la integridad de la población.

Según lo publicado por la institución castrense: “Estas medidas refuerzan la supervisión en las cárceles y ayudan a preservar la disciplina y la protección, favoreciendo a la sociedad guatemalteca”.

Otra requisa reciente ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando el Ejército efectuó la revisión Centro de Detención Preventiva “Los Jocotes” en Zacapa, donde decomisaron numerosos objetos prohibidos, entre ellos teléfonos, televisores, bocinas, drogas, armas blancas, alcohol y artículos relacionados con prácticas esotéricas.

El TSE de Guatemala lanzó una campaña de empadronamiento masivo para incorporar a más de dos millones de ciudadanos mayores de 18 años que todavía no figuran en el padrón electoral antes de su cierre en marzo de 2027, con puestos móviles en universidades, despliegue territorial y trabajo durante los siete días de la semana.

La medida busca reducir un déficit de inscripción que, según confirmó el magistrado Quelvin Jiménez a Infobae Centroamérica, condiciona el alcance del registro de cara a las próximas elecciones.

El tribunal concentra parte de la ofensiva en las universidades, donde los estudiantes de primer ingreso del segundo semestre integran uno de los grupos con mayor rezago. La autoridad electoral instaló centros móviles en esos espacios y abrió diálogos con alumnos de los últimos años del nivel medio y con organizaciones juveniles y de sociedad civil en los departamentos del país.

“Los empadronadores están trabajando los siete días de la semana para poder ir cerrando la brecha”, dijo Jiménez al medio.

Esa tarea se extiende también a comunidades rurales y alejadas, donde el personal debe desplazarse para buscar a ciudadanos a los que la información sobre el proceso no llega con facilidad.

El mayor déficit de registro está en las cabeceras departamentales

El principal obstáculo, según explicó el magistrado, no es la distancia ni la dificultad para llegar a zonas remotas. Los municipios con mayor déficit de inscripción son las cabeceras departamentales, no las comunidades más apartadas.

“No es que cueste llegar, sino que hay quizá una falta de interés de los mayores de 18 años por empadronarse”, afirmó Jiménez.

Por eso, la campaña sumó un componente pedagógico: antes de registrar a una persona, los empadronadores deben explicarle qué es el Registro de Ciudadanos, para qué sirve y qué derechos habilita, entre ellos elegir y ser electo.

Ese esfuerzo de concientización convive con una limitación operativa que afectó al tribunal durante los primeros meses de gestión. La recontratación del personal supernumerario destinado a estas tareas, suspendida por restricciones presupuestarias, recién pudo retomarse entre junio y julio de este año.

El retraso se originó en la falta de aprobación del presupuesto preelectoral de 2026 por parte del Congreso. La ampliación fue autorizada en febrero, pero el tribunal recibió la notificación en marzo, una semana antes de la toma de posesión de los nuevos magistrados.

Esa secuencia obligó al pleno a rescindir contratos de empadronadores en todo el país para no comprometer el presupuesto ordinario, que ya estaba atado a obligaciones como arrendamientos y salarios del personal permanente.

El resultado fue una interrupción de la capacidad operativa en una etapa que el organismo ahora intenta recuperar con jornadas intensivas.

Ocho de cada diez jóvenes ya autorizan el traslado de datos desde el DPI

En paralelo, el tribunal trabaja con el Registro Nacional de las Personas para facilitar el ingreso de nuevos votantes al padrón. Cuando un joven tramita su Documento Personal de Identificación al cumplir 18 años, el RENAP le pregunta si autoriza que sus datos pasen directamente al Registro de Ciudadanos.

Al comienzo de ese mecanismo, el 80% de los jóvenes rechazaba esa opción. Hoy esa proporción cayó a alrededor del 20%, lo que implica que ocho de cada diez personas que obtienen su DPI ya autorizan su inscripción.

Ese avance no elimina una restricción central del sistema. La Corte de Constitucionalidad estableció que el empadronamiento es un acto voluntario, por lo que el TSE no puede inscribir ciudadanos sin su consentimiento.

La consecuencia es directa: la autoridad electoral debe ampliar su presencia territorial y reforzar la convocatoria pública si quiere achicar el faltante antes de marzo de 2027.

El problema, remarcó el magistrado en la entrevista con Infobae Centroamérica, no está en la confiabilidad del registro existente sino en su cobertura.

“El padrón electoral definitivamente es confiable”, sostuvo. Auditorías de procesos anteriores, según indicó, validaron la solidez del registro y descartaron que ese punto esté bajo discusión.

Al final de la entrevista, Jiménez llamó a la ciudadanía a participar y fiscalizar el proceso electoral. Recordó que Guatemala mantiene un sistema de votación completamente manual, respaldado por más de 150.000 voluntarios que custodian los votos el día de la elección, y señaló que la transparencia depende también de la integración de juntas departamentales, municipales y receptoras de votos por parte de la población. “La seguridad y la certeza jurídica no solamente debe ser cuando me conviene, sino la estabilidad de las normas y que se apliquen de manera objetiva e imparcial”, dijo.

Guatemala apostó por la prevención, la inversión pública y las herramientas agroclimáticas como respuesta al cambio climático en un foro realizado en el Palacio de la Cultura de la Ciudad de Guatemala, donde autoridades del Gobierno, representantes comunitarios y organizaciones internacionales plantearon que anticipar los desastres permite proteger vidas, producción agrícola e infraestructura básica antes de que las amenazas se conviertan en emergencias.

El eje del encuentro fue convertir la gestión del riesgo en acción institucional con alcance territorial. La discusión se concentró en cómo vincular presupuesto público, sistemas de alerta temprana, ciencia aplicada y conocimiento local para reducir el impacto de sequías, inundaciones y otras amenazas en las comunidades más vulnerables.

Según el texto del foro organizado por Catholic Relief Services, la vicepresidenta Karin Herrera encabezó la actividad junto con la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) Claudinne Ogaldes y la representante de país de CRS Lheslye Pérez. El mensaje central fue que invertir en prevención no debe entenderse como un costo adicional, sino como una forma de resguardar recursos públicos y reducir daños.

Herrera sostuvo que la respuesta frente a amenazas como la sequía exige articular el conocimiento de los líderes locales con la evidencia científica. También planteó que la resiliencia requiere un presupuesto público capaz de traducirse en obras en los territorios, como drenajes y plantas de tratamiento de agua, además de educación científica desde la niñez para sostener soluciones de largo plazo.

El Gobierno vinculó prevención climática con infraestructura y decisiones agrícolas

La respuesta directa del Gobierno fue que la prevención debe operar antes del desastre y no después. En esa línea, las autoridades expusieron que la reducción del riesgo depende de combinar organización comunitaria, planificación estatal e instrumentos técnicos que ayuden a tomar decisiones con anticipación.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación María Fernanda Rivera Dávila participó en el panel “¿Cómo convertir la gestión del riesgo comunitaria en inversión y acción institucional?”. Allí afirmó que anticiparse a los riesgos mejora las decisiones en el campo y reduce los impactos sobre la producción y los medios de vida de las familias.

Desde el MAGA, la funcionaria presentó herramientas orientadas a ese objetivo. Entre ellas mencionó el sistema ZARC, que mide la humedad del suelo y aporta datos para la toma de decisiones agrícolas.

A ese conjunto se suma el frijol ICTA Tahual, desarrollado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, como parte de la incorporación de materiales genéticos adaptados a las condiciones del país. También se mencionaron las Mesas Técnicas Agroclimáticas, que acercan información climática y recomendaciones a los productores, y el programa Suelos y Agua para el Futuro, enfocado en el manejo sostenible de los recursos naturales.

Rivera Dávila resumió el desafío en estos términos: “El reto es articular las herramientas, los sistemas de alerta temprana y las recomendaciones agroclimáticas para que el productor no solo conozca el riesgo, sino que cuente con información territorializada y soluciones prácticas para anticiparse”.

CONRED puso el foco en la coordinación entre instituciones y comunidades

La participación de CONRED reforzó la idea de que la organización comunitaria debe traducirse en decisiones estatales concretas. Ogaldes señaló que la coordinación interinstitucional y la participación de las comunidades son pilares para construir territorios mejor preparados.

La institución impulsa una cultura de prevención como eje de su estrategia. Ese enfoque adquiere mayor peso en un país expuesto a amenazas volcánicas, inundaciones y sequías, de acuerdo con lo expuesto durante el encuentro.

El foro dejó como conclusión operativa que la resiliencia en Guatemala depende de conectar el conocimiento local con la planificación preventiva y la inversión pública. Según la presentación retomada por el medio, los participantes coincidieron en que ese vínculo todavía necesita mayor fortalecimiento institucional para llegar de forma efectiva a los territorios más vulnerables.

Guatemala acumuló 32.566 casos de sarampión hasta el 17 de agosto y sumó 1,426 contagios en 18 días, mientras el brote sigue activo en todo el país, con siete departamentos en nivel de transmisión muy alto y un riesgo de muerte especialmente elevado entre los menores de un año.

La cifra de fallecidos se mantiene en 32 personas, pero el grupo de bebés enfrenta el escenario más grave: según el MSPAS, la tasa de letalidad en menores de un año es de 0.52%, cinco veces por encima del promedio general de 0.10%. En ese mismo segmento, la tasa de mortalidad llega a 4.23 por cada 100,000 menores de un año, 25 veces más que la tasa general de 0.17.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que el total nacional pasó de 31,140 casos el 30 de julio a 32,566 el 17 de agosto de 2026, lo que representa un incremento de 4,6% en apenas 18 días. El registro oficial muestra que, aunque la curva viene descendiendo desde el pico observado entre las semanas epidemiológicas 16 y 18, del 19 de abril al 9 de mayo, la transmisión continúa en todo el territorio.

De los contagios acumulados, 8.078 fueron confirmados por laboratorio, 3.609 por nexo epidemiológico y 20,879 por criterio clínico. Esa distribución equivale a 24.8%, 11.1% y 64.1% del total, respectivamente.

Siete departamentos siguen en nivel de contagio muy alto

La cartera sanitaria ubicó en nivel “muy alto” a Izabal, el departamento de Guatemala, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y Jalapa. La incidencia más alta por cada 100,000 habitantes corresponde a Izabal, con 353.6, seguida por el departamento de Guatemala con 319.2 y Sololá con 299.8.

Otros seis departamentos: Retalhuleu, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, Suchitepéquez y Alta Verapaz, están en nivel de “riesgo alto”. Chiquimula, Zacapa, Chimaltenango, San Marcos, Jutiapa, Petén y Santa Rosa figuran en “riesgo moderado”, mientras El Progreso y Baja Verapaz presentan nivel “bajo”.

El dato central es que el brote no está concentrado en un solo foco: alcanza a todo el país y mantiene distintos grados de transmisión territorial. Los siete departamentos con categoría más alta reúnen las zonas donde la circulación del virus sigue siendo más intensa según la clasificación oficial.

Los menores de un año concentran el mayor riesgo de muerte

El MSPAS advirtió que los pacientes de menos de un año son el grupo con mayor vulnerabilidad frente al sarampión. En ese tramo etario se confirmaron 3,017 casos y la concentración aumenta a partir de los cuatro meses de edad.

El análisis de los 32 fallecimientos, realizado por la Comisión Nacional del ministerio, muestra que 67.3% de los casos confirmados no tenía antecedente de vacunación. Entre las 26 muertes con datos completos, 22, equivalentes a 84.6%, desarrollaron neumonía como complicación.

La mitad de las personas fallecidas pertenecía a comunidades mayas. Además, 15.4% eran menores de seis meses, una franja sin edad para vacunarse.

El grupo de 15 a 39 años concentra 63% de los contagios totales. Dentro de ese universo, las personas de 20 a 29 años suman 12.039 casos, el bloque más afectado del brote, mientras que la distribución por sexo se mantiene casi equilibrada: 51% mujeres y 49% hombres.

La campaña de vacunación superó 1,8 millones de dosis

Frente al avance del brote, el ministerio reportó la aplicación de 1,810,769 dosis de vacuna hasta el 28 de julio de 2026. De ese total, 78.733 correspondieron a la dosis cero para lactantes de seis a 11 meses, una medida de emergencia adoptada por el brote porque el esquema regular comienza a los 12 meses.

Otras 341,235 dosis se aplicaron dentro del esquema regular para niños de 12 meses a menores de siete años. El volumen más amplio, 1,390,801 dosis, se destinó a personas de siete a menores de 50 años en el marco de la campaña de contención iniciada el 11 de mayo.

El MAGA de Guatemala activó un programa preventivo contra la sequía en los 340 municipios del país y priorizó 252 con vulnerabilidad alta o muy alta, en un contexto en el que 3,2 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda entre julio y septiembre de 2026 si se profundizan los efectos climáticos, el alza de los alimentos y el encarecimiento de los combustibles.

El diagnóstico oficial identificó 123 municipios con vulnerabilidad muy alta, 129 con vulnerabilidad alta y 88 con vulnerabilidad media. Esa clasificación define cómo se distribuirán la asistencia técnica, los recursos y las medidas de prevención.

La ministra María Fernanda Rivera explicó que los municipios alcanzados por el plan están repartidos en todos los departamentos, aunque la atención prioritaria se concentra en el corredor seco. Allí la sequía agrícola repite un patrón que en algunos casos suma seis o siete años de recurrencia en la última década.

El programa aplica un sistema hidrológico diseñado para retener agua dentro de cada parcela

El eje central de la estrategia es “Suelos y Agua para el Futuro”, un programa que utiliza el sistema hidrológico Keyline, también llamado línea clave. La metodología fue desarrollada en la década de 1950 por el australiano P. A. Yeomans para enfrentar la sequía y la erosión.

El sistema parte del análisis del relieve de cada terreno, incluidas laderas, valles y pendientes, para diseñar surcos y canales que alteren la trayectoria natural del agua de lluvia. El objetivo es aumentar su captación, infiltración y retención dentro de la misma finca o parcela.

Rivera sostuvo que la herramienta empieza a mostrar resultados desde el inicio de la temporada lluviosa: “Desde las primeras lluvias ya empieza a ser efectivo”. Añadió que, a medida que mejora la calidad de los suelos en una segunda etapa, el rendimiento del diseño hidrológico crece en los años siguientes.

La funcionaria afirmó que ya hay resultados en distintos puntos del país y que las comunidades detectan el impacto en pocos días o meses. Esa experiencia previa, señaló, es la base de la expansión actual del esquema.

En Petén, el programa ya realizó una capacitación en diseño hidrológico Keyline con 43 técnicos del MAGA y entidades aliadas. Participaron el Instituto Nacional de Bosques, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén y WCS, con aplicación prevista en sistemas ganaderos del municipio de San Francisco.

Alta Verapaz aparece como el único departamento en Fase 3 en ambos períodos proyectados

La urgencia del plan agrícola coincide con la proyección presentada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia. Según el análisis de inseguridad alimentaria aguda para 2026-2027, elaborado con la metodología de la Clasificación Integrada de Fases, 16% de la población del país podría ubicarse en Fase 3 o superior entre julio y septiembre de 2026.

La secretaria Mireya Palmieri presentó ese informe, elaborado con participación de entidades públicas, organismos de cooperación, universidades y la propia SESAN. Entre las instituciones que intervinieron figuran el Ministerio de Desarrollo Social, el INSIVUMEH, el Programa Mundial de Alimentos, Save the Children, Oxfam y FewsNet.

El análisis atribuye el riesgo a una posible incidencia del fenómeno de El Niño, al aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, y al efecto de esas variables sobre la producción y el acceso a la comida. La previsión territorial ubica a Alta Verapaz como el único departamento en Fase 3 en ambos períodos examinados.

En el Altiplano Occidental y el corredor seco, Quiché, Huehuetenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Chimaltenango, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa tendrían entre el 15% y el 19% de su población en Fase 3 o superior durante el período de julio a septiembre de 2026. El documento relaciona esa situación con pobreza persistente, dependencia de la agricultura de subsistencia y acceso limitado a servicios básicos.

Para el período siguiente, entre octubre de 2026 y febrero de 2027, la proyección anticipa una mejora moderada. La población en Fase 3 o superior bajaría a 2,6 millones, equivalentes al 14% del total, por efecto de las cosechas de fin de año, el aumento estacional del empleo agrícola y el ingreso de remesas familiares.

El plan de respuesta incluye asistencia humanitaria financiada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para 416.000 personas en Chiquimula, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. En esa intervención participan el PMA, World Vision Guatemala, Acción Contra el Hambre, CARE, Plan Internacional, IRC, CRS y Oxfam-ACH.

Palmieri señaló que los programas gubernamentales ya en marcha ayudaron a mejorar el consumo alimentario en el corto plazo. Agregó que, sin esas acciones, la gravedad de la situación habría sido mayor.

El bloque técnico recomendó ampliar y focalizar la asistencia alimentaria y los programas de protección social hacia la población en Fase 3 o superior. También planteó reforzar las intervenciones en agua, saneamiento, salud y nutrición en las zonas de mayor vulnerabilidad.

La próxima actualización del análisis CIF está prevista para septiembre de 2026 e incorporará cambios en la situación alimentaria, los precios, las intervenciones humanitarias y la evolución de las condiciones climáticas.

El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y unidades de investigación criminal ejecutaron este viernes 27 allanamientos en siete departamentos de Guatemala, una operación que dejó como saldo preliminar la captura de un presunto integrante del Barrio 18, el rescate de dos adolescentes, el decomiso de armas y el retiro de 22 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal para actividades delictivas.

El despliegue se realizó en Guatemala, Santa Rosa, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Totonicapán, Petén y Escuintla, con diligencias coordinadas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del MP. El objetivo fue reunir indicios y avanzar en la identificación de personas vinculadas con distintos hechos criminales.

Uno de los resultados centrales de la jornada ocurrió en la colonia La Ceiba, en Escuintla, donde agentes de la DEIC y del Grupo Especial de Investigación Antiterrorista realizaron un allanamiento junto con fiscales. Allí fue capturado César “N”, de 22 años, alias “El Ángel”, a quien las autoridades vinculan con la estructura del Barrio 18.

Según la PNC, el detenido es señalado por ataques armados y robo de motocicletas en distintos sectores de ese departamento. La institución agregó que reside en la colonia El Paraíso, zona 18 de la capital, y que habría operado en Escuintla en fechas recientes.

En Escuintla incautaron armas, motocicletas y pusieron a salvo a dos adolescentes

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre 9 mm, dos cargadores y 28 municiones. También localizaron dos motocicletas: una con placa M-353HLB, que presentaba alteración en el número de motor, y otra con placa M-861FKN, que no contaba con la documentación correspondiente.

En el mismo inmueble fueron hallados dos adolescentes de 14 y 17 años. Ambos quedaron bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación para las diligencias que correspondan.

La acción en Escuintla formó parte de la búsqueda de Carlos Roberto Boch Ruiz, alias “Little Men”, uno de los prófugos del centro carcelario Fraijanes II. Ese objetivo no se concretó, aunque el operativo derivó en la captura de “El Ángel” y en el decomiso del armamento y los vehículos localizados.

Las autoridades también situaron este despliegue dentro del contexto de violencia reciente contra establecimientos comerciales en ese departamento. La PNC mantiene presencia en puntos estratégicos y patrullajes en las zonas 1, 3 y 5 de Escuintla, con participación de unidades de investigación criminal y de la Dipanda, en coordinación con el MP.

En la zona 7 de la capital retiraron cámaras usadas para vigilar a vecinos y agentes

En paralelo, unidades de la PNC, la División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas, la Subdirección General de Tecnología, la Asesoría Jurídica, el Ejército de Guatemala y la Policía Municipal realizaron un operativo en las colonias Amparo I y Granizo III, en la zona 7 de la capital.

La intervención tuvo como propósito ubicar y desmontar sistemas de videovigilancia colocados ilegalmente en espacios públicos por grupos criminales. Las fuerzas combinadas desinstalaron 22 cámaras que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizadas para monitorear movimientos de ciudadanos y agentes de seguridad, además de coordinar actividades delictivas en el sector.

Ese dato responde al núcleo del operativo del día: además de capturas y decomisos, las autoridades buscaron desarticular mecanismos de control territorial usados por estructuras criminales. El retiro de esos dispositivos apuntó a limitar la capacidad de observación y reacción de esos grupos en áreas urbanas bajo vigilancia clandestina.

En el marco de la Operación Centinela, agentes de la comisaría de Escuintla capturaron además a Cristian “N”, de 25 años, en el kilómetro 57 de la ruta al Salto. El hombre conducía una motocicleta con reporte de robo del 22 de julio de 2022 en Villa Nueva.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Las autoridades informaron que los canales de denuncia siguen habilitados para que la población aporte información útil a las investigaciones, que continúan en desarrollo en los distintos departamentos.

Dos guatemaltecos con órdenes de aprehensión vigentes en su país cayeron este viernes en Chiapas durante una jornada de cinco operativos simultáneos que dejó nueve detenidos vinculados al crimen organizado en la frontera sur de México, reporto en una nota la agencia de noticias EFE.

El más buscado de los dos es Cristian Emmanuel Andrade Reyes, de 34 años, conocido como Cadenudo o Coca, sobre quien pesa una orden de extradición emitida por el gobierno de Guatemala por delitos contra la salud. Las autoridades mexicanas lo identifican además como un generador activo de violencia en ambos lados de la frontera, con vínculos directos al tráfico de cocaína.

El segundo guatemalteco requerido es Roberto Jeremías Pérez Monzón, de 35 años, con una orden de captura en su país por obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita. Ambas detenciones se produjeron en la zona costera de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula.

Quiénes son y qué cargos enfrentan en Guatemala

De acuerdo con EFE, Andrade Reyes y Pérez Monzón son buscados por causas distintas pero complementarias dentro del mismo ecosistema criminal. El primero enfrenta extradición por narcotráfico; el segundo, por delitos que las autoridades guatemaltecas asocian a la extorsión y la organización delictiva.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó ambas capturas y agradeció “el invaluable apoyo” del gobierno de Guatemala y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en el diseño y ejecución de los operativos. La coordinación bilateral fue, según EFE, determinante para localizar a los dos requeridos.

El resto de los detenidos y los grupos involucrados

Entre los otros siete arrestados sobresalen Michelle David Ramírez Carrión, de 37 años, y Luis Iván Yuca Ruiz, de 44, señalados por trasladar cocaína en lanchas por alta mar para su distribución dentro y fuera de México.

Las autoridades los vinculan con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Mayitos.

Durante su captura se decomisaron tres armas largas, cinco cargadores, municiones, 30 dosis de marihuana y un vehículo.

En Tapachula fueron detenidos además Jonathan Roberto Andrade Valcazar y una adolescente, también señalados de pertenecer al Cartel de Sinaloa. En Huixtla cayó un menor de 17 años, alias El Viri Viri, identificado como objetivo prioritario por su presunta participación en varios homicidios.

Los Cuatetes, el grupo local que suma detenidos

El operativo también apuntó contra Los Cuatetes, organización criminal a la que las autoridades atribuyen homicidios en la región fronteriza. A esa estructura pertenecerían el menor de Huixtla, Agustín Alberto Vargas Muñoz —alias El Tun Tun, capturado en la comunidad de Buenos Aires con un arma corta, municiones y dosis de marihuana y metanfetamina— y un adolescente de 16 años detenido en Tapachula con armas y drogas.

El contexto: Chiapas como corredor del narcotráfico

La jornada se enmarca en una ofensiva más amplia sobre la frontera sur. Entre el 1 y el 16 de agosto, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron cerca de 8,955 kilogramos de sustancias ilícitas en aguas del Pacífico frente a las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en el marco de la Operación Jaguar Frontera Sur.

Puerto Madero opera como punto de recepción de cargamentos que ingresan desde Guatemala y se redistribuyen hacia el norte del país, una ruta que los grupos criminales disputan desde hace años en una de las zonas de mayor tensión del crimen organizado en México.

El presidente Bernardo Arévalo y el ministro Luis Méndez Salinas colocaron este viernes la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Zaragoza, en Chimaltenango, una obra con la que el Gobierno de Guatemala pone en marcha una red nacional de complejos regionales y busca descentralizar la infraestructura para deporte, recreación y actividad física fuera de la capital.

El proyecto se construirá en La Cascada, zona 3 del casco urbano de Zaragoza, sobre un terreno de 41.911,18 metros cuadrados. La inversión prevista asciende a Q110 millones 520 mil 923,5 y, de acuerdo con lo anunciado durante el acto oficial, beneficiará de forma directa a unos 31 mil habitantes, con un alcance potencial de 1,2 millones de personas de Chimaltenango y Sololá.

La nueva ciudad deportiva incluirá campo de fútbol, velódromo, pista de atletismo, cancha de tenis, área polideportiva, parque de skateboard, muro de escalada, áreas de calistenia, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y pista para trote. El Ministerio de Cultura y Deportes indicó que el espacio fue diseñado como infraestructura multipropósito y que no estará reservado a atletas de alto rendimiento.

La obra de Zaragoza será el primer nodo de una red de cuatro complejos regionales

Durante su intervención, Méndez Salinas sostuvo que cada ciudad deportiva tendrá una configuración distinta, ajustada a las disciplinas con mayor arraigo en cada territorio. En el caso de Zaragoza, el eje será el ciclismo; en Los Amates, Izabal, el patinaje; y en Las Cruces, Petén, el boxeo.

El ministro dijo que la construcción de Zaragoza y la de Los Amates están planificadas para un plazo de 18 meses. También confirmó que la primera piedra del proyecto de Izabal se colocará la próxima semana y que el Gobierno trabaja en otras dos sedes: una en Las Cruces y otra en el suroriente del país.

Según explicó el funcionario, ninguna de las cuatro obras repetirá el mismo diseño. “Ninguna va a ser igual que la otra, porque eso responde a una convicción muy sencilla: un país diverso no se puede servir con obras idénticas”, afirmó.

El ministro enmarcó el proyecto en una política de ampliación del acceso al deporte y la recreación para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y familias. También aseguró que el ingreso será gratuito y que no se exigirá carnet ni condición deportiva para utilizar las instalaciones.

El Gobierno vinculó la obra con una deuda histórica de infraestructura fuera de la capital

Méndez Salinas recordó que en 1950 el Estado construyó la única ciudad olímpica que Guatemala tiene hasta hoy y señaló que desde entonces no se había emprendido una obra deportiva de esta escala. En ese sentido, presentó la Ciudad Deportiva de Zaragoza como parte de un esfuerzo por revertir la concentración histórica de instalaciones en la capital.

Arévalo reforzó esa idea al afirmar que el deporte y la recreación son un derecho y que el acceso a espacios adecuados no debe limitarse a quienes practican deporte federado. El mandatario dijo que los complejos regionales buscan servir a la niñez, la juventud y a la población en general, tanto para entrenamiento como para uso recreativo.

“El deporte deja de ser un privilegio geográfico en este país y se convierte en un derecho”, planteó el ministro. El presidente, por su parte, sostuvo que el Gobierno pretende “entregar obras concretas que beneficien al país” y aseguró que el proyecto se ejecutará con transparencia.

Arévalo explicó que la elección de Zaragoza respondió a la disponibilidad de un terreno con condiciones adecuadas y a la colaboración activa de la municipalidad. Aclaró que la instalación no está pensada solo para ese municipio, sino para todo Chimaltenango y la región vecina.

En el acto también participó la ciclista guatemalteca Lidia Azucena Inay Miculax, originaria del departamento, quien vinculó la futura obra con la falta de espacios de entrenamiento en las comunidades. “Los logros deportivos no comienzan en una competencia. Comienzan cuando un niño y una niña encuentran un espacio donde pueden descubrir su talento”, señaló.

El alcalde de Zaragoza, Julio Roberto Girón, calificó la jornada como histórica para el municipio y sostuvo que Chimaltenango ha carecido de instalaciones deportivas de este tipo. El jefe edil dijo que la obra permitirá que atletas y vecinos dejen de entrenar o caminar en calles y carreteras y cuenten con espacios seguros para distintas disciplinas.

Ante preguntas de la prensa, Méndez Salinas diferenció esta inversión de las obras que corresponden a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Indicó que el Ministerio de Cultura y Deportes se encarga de infraestructura deportiva y recreativa para la población general, mientras que el estadio mencionado en la consulta pertenece a otra institución autónoma.

Tras el acto protocolario, el Gobierno dio por iniciada oficialmente la fase de ejecución de la Ciudad Deportiva de Zaragoza, el primero de los proyectos con los que busca conformar una Red Nacional de ciudades deportivas.

Guatemala formalizó este viernes su salida de la Corte Centroamericana de Justicia al declarar la imposibilidad de cumplir el Estatuto del tribunal regional, una decisión que el gobierno de Bernardo Arévalo vinculó al retiro previo de los demás Estados parte, que dejó al país sin base jurídica para sostener su membresía.

La medida quedó plasmada en el Acuerdo Gubernativo Número 115-2026, firmado el 3 de julio de 2026 por el presidente y publicado este viernes en el Diario de Centroamérica. El acuerdo fija efectos desde el 20 de mayo de 2026, la fecha en que El Salvador notificó la denuncia del Estatuto y completó la salida de los tres países que sostenían el convenio constitutivo de la corte.

La decisión guatemalteca no se presenta como una denuncia voluntaria del tratado. El acuerdo indica que la República de Guatemala no ejecutó actos propios para terminar el instrumento, sino que la retirada de los otros miembros volvió inviable la continuidad del organismo.

La salida de los otros tres Estados dejó sin sustento jurídico al tribunal

La desarticulación de la CCJ ocurrió de forma escalonada. Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025, Honduras formalizó la denuncia el 29 de abril de 2026 y El Salvador cerró el proceso el 20 de mayo de ese mismo año.

Con esas salidas, la corte perdió el instrumento jurídico que respaldaba su funcionamiento y también su personalidad jurídica internacional, de acuerdo con lo que había confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. Ese es el hecho que explica la decisión adoptada ahora por Guatemala: el país sostiene que ya no existían condiciones legales para seguir formando parte del tribunal.

El acuerdo fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y establece que corresponde a esa cartera realizar las comunicaciones oficiales ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Ese organismo actúa como depositario del Estatuto de la corte.

La notificación ya avanzó por la vía diplomática. Una nota verbal fechada el 13 de julio de 2026 y firmada por la viceministra de Relaciones Exteriores María Luisa Ramírez Coronado fue remitida al secretario general del SICA en San Salvador.

El gobierno invocó la Constitución y la Convención de Viena

El fundamento legal de la decisión se apoya en el artículo 183 literal e) y o) de la Constitución Política de la República de Guatemala. También cita el artículo 61 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que regula la imposibilidad sobreviniente de cumplimiento como causal de extinción de obligaciones internacionales.

Ese punto es central en la arquitectura jurídica del acuerdo. El gobierno no argumenta una decisión política aislada, sino la desaparición de las condiciones necesarias para que el tratado pudiera seguir produciendo efectos.

Guatemala había firmado el Estatuto de la corte el 12 de diciembre de 1992. La ratificación llegó después, mediante el Decreto número 78-2007, y su entrada en vigor se produjo el 20 de febrero de 2008.

La Corte Centroamericana de Justicia había sido creada en Panamá el 12 de diciembre de 1992 como órgano jurisdiccional del SICA. Su sede estaba en Managua y su mandato consistía en resolver controversias entre los Estados centroamericanos.

El retiro regional coincidió con la desaparición operativa de la corte

El cuadro institucional ya mostraba señales de descomposición antes de la decisión guatemalteca. Según reportó El Mundo de El Salvador, tras el retiro de Nicaragua, Honduras y El Salvador, el portal oficial de la corte dejó de estar operativo.

La publicación salvadoreña también indicó que las cuentas en redes sociales del tribunal permanecían sin actualizaciones desde hacía varios meses. Ese deterioro operativo acompañó el vaciamiento jurídico que ahora Guatemala formalizó por medio del acuerdo gubernativo.

El documento publicado este viernes fija así el cierre de la participación guatemalteca en un organismo regional que durante décadas formó parte del andamiaje institucional del SICA. La declaración de imposibilidad de cumplimiento surte efecto desde 20 de mayo de 2026 y ordena dejar constancia de esa situación ante el sistema de integración centroamericana.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo creó el COINFIN, un comité temporal de carácter técnico que analizará los tratados internacionales de fiscalidad que reciba el país, en una decisión que se inserta en el avance guatemalteco hacia esquemas de cooperación tributaria y estándares de transparencia asumidos este año.

El nuevo organismo funcionará durante diez años desde la entrada en vigor del acuerdo, con posibilidad de prórroga. Un año antes de que venza ese plazo, deberá evaluar si conviene extender su mandato.

La creación del comité quedó establecida en el Acuerdo Gubernativo Número 138-2026, publicado este viernes 21 de agosto en el Diario de Centro América. El texto del acuerdo dispone la formación del Comité Interinstitucional sobre Fiscalidad Internacional de la Presidencia de la República, identificado por sus siglas COINFIN.

El acuerdo fue firmado el 18 de agosto de 2026 y se apoya en el artículo 149 de la Constitución Política de la República y en el artículo 5 del Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo. Esa norma habilita al presidente a crear comités temporales de la Presidencia.

En los considerandos del documento se indica que Guatemala debe generar condiciones para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Bajo esa premisa, el Gobierno sostiene que resulta necesaria la inserción del Estado en la fiscalidad internacional.

El comité asesorará sobre tratados y modelos de negociación

La función central del COINFIN será estudiar, analizar, asesorar y dar seguimiento a las propuestas de tratados internacionales de fiscalidad que reciba Guatemala para adherirse. Su papel será consultivo en materia técnica.

Entre sus atribuciones figura la elaboración de propuestas de modelos de negociación ad hoc para el país. También podrá asesorar sobre el inicio de negociaciones con otros Estados, recomendar políticas y estrategias para celebrar convenios en materia fiscal internacional y evaluar nuevas propuestas vinculadas con ese campo.

El acuerdo también le permite proponer lineamientos y criterios para aplicar tratados y convenios de fiscalidad internacional. Ese punto amplía su intervención más allá del análisis previo y lo proyecta sobre la implementación de los instrumentos que eventualmente suscriba el Estado.

La integración del comité quedará en manos de tres ministerios: el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía. Cada cartera deberá designar tres miembros titulares y tres suplentes.

La presidencia del COINFIN recaerá en el Ministerio de Finanzas Públicas. Esa cartera tendrá a su cargo la convocatoria de las sesiones, la coordinación entre los integrantes y la elaboración de las actas de cada reunión.

La SAT participará en todas las sesiones, pero sin integrar formalmente el órgano

La Superintendencia de Administración Tributaria será invitada permanente a todas las sesiones del comité. Su participación responde a su mandato legal de promover la celebración de tratados y convenios internacionales para el intercambio de información y la colaboración en materia aduanera y tributaria.

Aunque la SAT tendrá presencia constante, no formará parte formal del órgano.

La misma condición regirá para otros invitados externos, que podrán intervenir con voz en las sesiones, pero sin integrar la estructura institucional del comité.

Los integrantes del COINFIN desempeñarán sus funciones ad honorem. El acuerdo precisa que no tendrán derecho a dietas ni a ninguna otra remuneración por asistir a las reuniones.

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse al menos una vez al mes. El Ministerio de Finanzas Públicas podrá convocar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario.

Para sesionar se exigirá el quórum total de las instituciones que integran el comité. Las actuaciones del órgano, además, deberán regirse por el principio de consenso.

La creación del COINFIN coincide con un movimiento más amplio de Guatemala en materia de cooperación tributaria internacional. En enero de 2026, el país se convirtió en el miembro 148 del Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G20, según consignó el grupo especializado TPC Group.

Esa incorporación implica compromisos concretos en transparencia fiscal y en estándares de documentación para empresas multinacionales, de acuerdo con la publicación.

En ese marco, el nuevo comité aparece como una instancia destinada a ordenar el análisis técnico y la eventual negociación de los tratados fiscales que Guatemala reciba en los próximos años.

Guatemala no tiene tratados o convenios vigentes para evitar la doble tributación internacional (CDI) con otros países. Su legislación interna y los criterios de territorialidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR) limitan la suscripción de este tipo de acuerdos fiscales bilaterales clásicos