La Corte Suprema de Justicia de Guatemala revocó la orden de captura emitida en 2023 contra Iván Velásquez, excomisionado colombiano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y contra Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia. Con esta resolución, oficializada por la Cámara de Amparo, el máximo tribunal guatemalteco anula las medidas judiciales adoptadas en el marco del caso Odebrecht y deja sin efecto las detenciones de otros exfuncionarios, entre ellos Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción implicado en la acusación del caso Odebrecht.

El dictamen de la Corte Suprema suprimió la disposición de la Sala Tercera de Apelaciones, tribunal de segunda instancia de Guatemala, que en junio del año pasado dispuso la captura de Velásquez y Camargo. El fallo, confirmado por fuentes judiciales a la agencia EFE, determinó que la ley no habilitaba al tribunal de apelaciones para solicitar detenciones. Esta resolución incluye también la anulación de las órdenes de detención contra otros exfuncionarios de la Cicig y del Ministerio Público.

La medida coincide con el final del período de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, quien, junto a su cúpula en el Ministerio Público, figura en listas de sanciones de Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de intentar revertir los resultados electorales de 2023 que llevaron a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia, según información recogida por EFE.

La revocatoria responde a antecedentes que involucran a la Sala Tercera de Apelaciones, tribunal de segunda instancia de Guatemala. Especialistas en derecho penal y constitucional consultados por EFE señalaron que este tribunal adoptó resoluciones consideradas irregulares tanto contra el partido oficial como frente a defensores de derechos civiles tales como el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien permaneció más de tres años en prisión sin cargos probados en su contra.

Actuaciones históricas de la Cicig

Bajo la dirección de Iván Velásquez y con la participación de Luz Adriana Camargo, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desmontó entre 2014 y 2019 más de cien estructuras de corrupción estatales, integradas principalmente por políticos, empresarios y funcionarios.

Durante ese periodo, la comisión, establecida en 2007 con respaldo de la ONU, desarticuló más de un centenar de redes de corrupción, muchas incrustadas en el aparato estatal guatemalteco, como precisó la ONU y recoge Infobae. Entre los casos emblemáticos liderados por Velásquez se hallan investigaciones que llevaron a la condena de 16 años de prisión contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la estructura criminal conocida como La Línea.

Acerca de la resolución, Velásquez declaró: “A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala”, afirmó el exministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, según recogió EFE.

En junio de 2025, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala obtuvo órdenes de captura contra Velásquez y Camargo Garzón. Esta acción, ejecutada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, fue acompañada por una solicitud a Interpol para emitir una alerta con el fin de localizar y detener a los funcionarios en cualquier país, en un contexto donde la ONU advirtió posibles consecuencias negativas para la transparencia y el Estado de derecho en la región.

En esa oportunidad, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su inquietud por el uso de procesos penales para perseguir a exfuncionarios que liderearon la lucha anticorrupción en Guatemala. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres recordó que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad procesal por su desempeño en la Cicig, de acuerdo con los acuerdos entre la ONU y el Estado guatemalteco, y que esa protección se mantiene incluso tras haber finalizado sus funciones dentro del organismo internacional.

La Comisión de Postulación inició este lunes 13 de abril la etapa decisiva para seleccionar a los seis candidatos que integrarán la nómina al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala para el periodo 2026-2030.

Según el mecanismo de selección oficial, únicamente los aspirantes que logren al menos 75 puntos en la calificación de expedientes podrán avanzar a la selección final, cuyo resultado debe remitirse al presidente Bernardo Arévalo el viernes 17 de abril.

Las evaluaciones se realizan bajo una tabla de gradación que otorga puntajes segmentados en formación académica, experiencia profesional, desempeño en la entrevista y proyección humana. Entre los primeros expedientes revisados, ninguno de los postulantes evaluados alcanzó el umbral mínimo.

El expediente de Juan Luis Polanco Santizo obtuvo 43.6 puntos, el de Walfred Orlando Rodríguez Tórtola sumó 45.60 puntos y Mynor Francisco Hernández Castillo acumuló 62.35 puntos, detalla la Comisión de Postulación según información recogida por Guatemala Visible.

El proceso de selección continúa en sesiones programadas los días martes y jueves de esta semana. Está previsto que la lista definitiva de los seis candidatos esté conformada para el viernes 17 de abril, momento en que será presentada formalmente al presidente Arévalo.

El seguimiento público de las deliberaciones se garantiza a través de las transmisiones oficiales del canal del Organismo Judicial.

La votación interna de la Comisión este lunes también expresó las diferencias de participación: Polanco Santizo recibió 14 votos, ya que en ese momento el decano Arriaga estaba ausente; Rodríguez Tórtola y Hernández Castillo obtuvieron 15 votos cada uno de los comisionados presentes.

Estos resultados reflejan la rigurosidad del proceso, pues ninguno logró la puntuación exigida para avanzar.

El nuevo fiscal general asumirá el cargo el 17 de mayo de 2026, coincidiendo con la finalización del segundo mandato de cuatro años de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.

Solo los expedientes con al menos 75 puntos avanzan a la lista final

La Comisión de Postulación habilitó la fase de calificación definitiva tras concluir la etapa de entrevistas el pasado viernes. Los perfiles de los 48 aspirantes se evalúan minuciosamente en función de sus méritos académicos, su experiencia profesional, el desempeño en la entrevista personal y su proyección humana, informa la organización Guatemala Visible.

Solo quienes acumulen al menos 75 puntos entre todas las áreas evaluadas podrán integrar la lista final que, tras su conformación, será enviada al presidente.

Un bloque autónomo que responde directamente a la pregunta central: La Comisión de Postulación de Guatemala evalúa entre 48 aspirantes para seleccionar a los seis candidatos que integrarán la nómina al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030.

Solo quienes obtengan al menos 75 puntos avanzarán a la recta final. La lista será entregada al presidente Bernardo Arévalo el 17 de abril, fecha límite fijada para completar el proceso, de acuerdo con los reportes de Guatemala Visible.

Resultados parciales: ningún aspirante evaluado supera el corte mínimo

Los expedientes revisados ilustran el nivel de exigencia de la Comisión. La evaluación de Juan Luis Polanco Santizo —14 votos a favor— arrojó 10 puntos en formación académica, 24 en experiencia profesional, 7.6 en entrevista y 2 en proyección humana, con un resultado total de 43.6 puntos.

Por su parte, Walfred Orlando Rodríguez Tórtola —15 votos— alcanzó 6 puntos en formación académica, 30 en experiencia, 7.6 en entrevista y 2 en proyección humana, lo que sumó 45.60 puntos.

En el caso de Mynor Francisco Hernández Castillo —también con 15 votos— el desglose fue de 10 puntos en formación académica, 44 en experiencia profesional, 6.35 en entrevista y 2 en proyección humana, con un total de 62.35 puntos.

De acuerdo con la tabla de gradación oficial, ninguno de los tres candidatos evaluados podría avanzar. Tal como expone la Comisión, el puntaje mínimo de acceso a la nómina final sigue siendo un filtro determinante en un proceso que se caracteriza por su rigor evaluativo.

El desarrollo de la etapa definitoria de la selección puede seguirse en directo a través del canal oficial del Organismo Judicial, garantizando la transparencia del procedimiento para la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala.

Arévalo descarta la continuidad de Consuelo Porras y exige independencia

Durante una conferencia de prensa, Arévalo respondió sobre la posible presencia de la actual titular, Consuelo Porras, en la nómina definitiva. Señaló que: “difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los cinco van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras, para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación”.

El presidente también se refirió a aspirantes vinculados a su administración, como Marco Villeda, ministro de Gobernación, y Julio Saavedra, procurador general de la Nación. Arévalo afirmó que ocupar cargos en su gobierno respalda que ambos “son personas íntegras, honradas y profesionales destacados”, aunque precisó: “Privilegios no va a dar este hecho”. Aclaró que la exigencia se extiende a todos los seleccionados, quienes deben demostrar cualidades éticas y compromiso con el país.

Los ingresos por exportaciones de Guatemala alcanzaron un crecimiento del 7.6 % en el primer bimestre de 2026, según informó el Banco de Guatemala, detalla una nota de la agencia EFE.

Según los datos citados por EFE, el país generó USD 2,661.2 millones por ventas al extranjero entre enero y febrero, lo que significó un aumento de USD 188.8 millones respecto al mismo periodo del año anterior, explica la nota.

El café encabezó la lista de productos con mayor aporte a las divisas, sumando USD 322.7 millones y representando el 12.1 % del total exportado por el país centroamericano. Los artículos de vestuario ocuparon el segundo lugar con un ingreso de USD 245.5 millones, equivalentes al 9.2 % del monto global.

Durante los primeros dos meses del año, Guatemala ubicó a Estados Unidos como su principal mercado y socio, enviando productos por USD 872.5 millones, cifra que constituyó el 32.8 % de las divisas obtenidas por exportaciones.

En la segunda posición quedó Centroamérica, con USD 870.6 millones (32.7 %), seguida de la eurozona y México, que recibieron USD 218.9 millones (8.2 %) y USD 121 millones (4.5 %) respectivamente.

El azúcar, el banano, las grasas y aceites comestibles, así como el cardamomo, también figuraron entre los principales productos exportados, informe EFE. Estos generaron entre el 4.7 % y el 6.2 % de los ingresos totales, con montos que oscilaron entre USD 123.9 millones y USD 164 millones.

Las cifras oficiales muestran que el país mantiene una tendencia al alza en sus ingresos por ventas al exterior, consolidando a Estados Unidos y Centroamérica como los destinos más relevantes para sus productos.

Los socios del mercado guatemalteco

Estados Unidos continúa como el principal socio comercial de Guatemala, según es.tradingeconomics.com, al representar el 33% de sus exportaciones y el 32% de las importaciones. Otros socios relevantes para el país centroamericano son China, México, El Salvador y Honduras.

En la relación bilateral con la Unión Europea, el saldo sigue siendo negativo para Guatemala. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía citados por mineco.gob.gt, de 2018 a 2023 las exportaciones guatemaltecas a la Unión Europea crecieron de 927.8 millones de dólares a 1,426,5 millones.

Sin embargo, las importaciones desde la UE avanzaron de 1,407.3 millones hasta 1,999.8 millones en ese periodo. Así, el déficit comercial con este bloque no ha disminuido pese al aumento de ventas externas.

Estrategias recomendadas: diversificación y valor agregado como respuestas al déficit

El persistente déficit comercial de Guatemala, documentado tanto por datosmacro.expansion.com como por lat.eragroup.com, sugiere la necesidad de diversificar los mercados de exportación más allá de sus socios tradicionales.

Otra recomendación destacada por lat.eragroup.com es la promoción de productos con mayor valor agregado frente a la concentración actual en materias primas y manufacturas básicas, lo que le permitiría competir mejor en los mercados internacionales.

Finalmente, la optimización de costos y la mejora en la eficiencia operativa de las empresas locales emergen como condiciones esenciales para aumentar la competitividad y buscar un equilibrio más sostenible en el comercio internacional.

La toma de posesión de los nuevos magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala marcará el 14 de abril un hito en la estructura judicial del país, con expectativas de que la nueva integración contribuya a renovar y fortalecer la democracia y el sistema de justicia, de acuerdo con los lineamientos que establece la Constitución.

Según el decreto aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, este relevo en la máxima instancia constitucional se produce en cumplimiento estricto de los artículos 171 literal A y 269 de la Constitución Política, y de los artículos 150 y 157 de la Ley de Amparo, Ejecución Personal y de Constitucionalidad.

Los nuevos integrantes y la organización del tribunal constitucional

El tribunal estará compuesto por los magistrados titulares Dina Josefia Ochoa Estrellat, Roberto Molina Barreto, Gladys Anabella Murillo Lucía, Julia Marisol Rivera Aguilar y Astrid Janeth Leal Rodríguez. Para el mismo periodo, fungirán como magistrados suplentes Claudia Elizabeth Bonilla Gómez Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, María Magdalena Jotó Cuchuan, José Luis Aguirre Cobán y Luis Fernando Barreto Quiñones, de acuerdo con la información divulgada por el Congreso de la República de Guatemala.

El cambio en la titularidad responde a los plazos y procedimientos que fija la legislación constitucional guatemalteca, garantizando la legitimidad del máximo órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales en el país.

Durante una conferencia de prensa este lunes, el presidente Bernardo Arévalo sostuvo que la designación de los magistrados representa una “gran responsabilidad” al servicio de Guatemala: “Son muchos los temas pendientes, son tantos los cuestionamientos a un sistema que sabemos requiere cambios importantes, pero debemos comenzar por escuchar estos aspectos y volver a la posición de una Corte que ocupa un lugar central en nuestro sistema jurídico, ayudar a fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia, una tarea permanente que requiere el mayor compromiso de todos de nosotros”, afirmó el mandatario, según lo recogido en la conferencia comunicada por el gobierno.

La renovación institucional vista como oportunidad de cambio

Para Arévalo, la nueva composición de la Corte no debe aspirar a ser árbitro de todos los conflictos, sino custodiar los fundamentos de la democracia guatemalteca y del modelo republicano, resaltando el papel que esta institución tiene en “fortalecer la ruta de avances que nuestro país demanda”.

El presidente remarcó además que su gobierno se posicionará como “aliado” del nuevo tribunal constitucional para garantizar estos objetivos.

En su pronunciamiento dirigido a los nuevos magistrados, Arévalo solicitó especial atención y rapidez en la respuesta a las demandas relacionadas con las elecciones universitarias en la Universidad de San Carlos, subrayando la importancia de este asunto para la certidumbre nacional.

Consideró que la resolución de los recursos y amparos pendientes sobre el proceso electoral universitario constituye “uno de los temas pendientes más urgentes que el sistema jurídico y eventualmente la nueva Corte tendrá que observar con criterio y celeridad, porque la comunidad sancarlista requiere respuestas prontas que entreguen certeza y resguarden el legado de lo público”.

Este bloque responde de manera directa a la cuestión central de la noticia: el 14 de abril, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tomará posesión con nuevos magistrados titulares y suplentes, cumpliendo con el calendario y la normativa constitucional, bajo la consigna del presidente Bernardo Arévalo para que la nueva integración del tribunal fortalezca el sistema judicial y resuelva con prontitud los pendientes relacionados con el proceso electoral de la Universidad de San Carlos, lo cual es fundamental para la confianza pública en las instituciones.

La defensa de la autonomía universitaria y el ambiente democrático

En su mensaje, Arévalo expresó su preocupación y solidaridad hacia la “comunidad sancarlista”, reconociendo “el papel valiente que los jóvenes están teniendo en estos momentos claves de nuestro país”. El presidente aseguró que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger tanto la seguridad del campus universitario como la integridad de quienes participan en los procesos institucionales: “Nos corresponde vigilar que la autonomía universitaria no sea utilizada como excusa para permitir acciones de violencia y coacción contra los estudiantes o cualquier persona. Y continuaremos desplegando la presencia que evite actos de esta naturaleza dentro o fuera del campus universitario”.

El presidente también instó a que todos los casos y denuncias sobre los procesos institucionales sean resueltos por las cortes competentes: “El llamado (es) a que sean las cortes quienes resuelvan la larga serie de denuncias que se han presentado en los distintos puntos, en las distintas etapas de este proceso, para que por la vía de sus decisiones podamos establecer claramente lo sucedido y derivar, en su caso, las correcciones correspondientes”.

El estancamiento en torno a la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo fue puesto bajo escrutinio público después de que José Chic, diputado de la bancada Vos, citara a los viceministros de seguridad del ministerio de Gobernación, Estuardo Solórzano y viceministro de Política de Defensa y Planificación del ministerio de la Defensa Nacional, Jorge Mario Lemus para detallar las medidas en curso.

Según la intervención transmitida por el propio legislador, la falta de avances obedece no solo a la judicialización del proyecto, sino también a la ausencia de instrucciones claras del Ejecutivo hacia la Procuraduría General de la Nación (PGN), órgano clave para destrabar el proceso legal.

El legislador subrayó que la expectativa social en Guatemala recae sobre la celeridad y la coordinación institucional para reanudar la obra, cuyos trabajos están detenidos tras la judicialización reciente.

El proceso judicial y la paralización de la obra de El Triunfo pueden extenderse por al menos ocho meses

Durante la audiencia, Chic advirtió que, siguiendo los tiempos estándar de resolución en la corte, el bloqueo judicial podría impedir retomar la construcción durante “por lo menos ocho meses”, incluso si no surgen nuevas apelaciones. Este lapso se complica por la interposición de recursos legales por parte del Gobierno, cuya existencia no había sido detallada públicamente hasta el momento, señala la transmisión obtenida en la citación.

La construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo permanece suspendida, en medio de recursos legales y una gestión institucional dispersa.

Las autoridades responsables, citadas por el diputado José Chic, confirmaron que la Procuraduría General de la Nación no ha recibido instrucciones del Ejecutivo y ni siquiera ha sido formalmente notificada para intervenir en el proceso, lo que prolonga la incertidumbre y la parálisis en la reactivación de la obra.

Falta de instrucciones y liderazgo desde el Ejecutivo agravan el estancamiento institucional

Chic remarcó la baja ejecución de obras reales de seguridad y la falta de liderazgo interinstitucional para coordinar respuestas, más allá de la promoción en redes sociales dirigida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Se refirió también a la ausencia de intervención por parte de la PGN, la cual, pese a contar con una nueva ley que refuerza sus competencias, continúa sin recibir instrucciones del Ejecutivo, ni en el caso de la USAC ni en el de la cárcel de El Triunfo.

El legislador afirmó que “mucho discurso, pocas acciones”, señalando tanto a la institucionalidad central como a los responsables de obra pública por la falta de voluntad y gestión eficiente. Criticó que los funcionarios suelen atribuir las demoras a terceros, cuando según él, la raíz reside en la descoordinación interna: “Ya no es porque alguien no los deje trabajar; es la misma institucionalidad la que no está moviéndose y no está trabajando”. Chic advirtió que esta situación transmite a la población guatemalteca una imagen de incapacidad gubernamental, que incide tanto en la percepción pública como en la posibilidad concreta de mejorar la seguridad y la infraestructura penitenciaria en el país.

En declaraciones recientes, el presidente Bernardo Arévalo, anunció que retomará la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal cuando se resuelva la pausa legal impuesta al proyecto.

Arévalo vinculó directamente a redes del narcotráfico local con las maniobras judiciales que detuvieron el avance de la obra. El mandatario sostuvo que la cárcel es una pieza central en la estrategia nacional para enfrentar la criminalidad organizada y aseguró que, tras cuatro décadas sin nuevas inversiones penitenciarias, el Estado no desistirá en su propósito.

En su intervención, transmitida por canales oficiales y citada por Gobierno de Guatemala, Arévalo afirmó que la construcción de la cárcel El Triunfo en Morales, Izabal, encontró resistencia judicial apenas un día después del inicio formal de la obra.

Según el presidente, la reacción era previsible, dado que la nueva infraestructura implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculiza los tráficos ilegales en el área, declaración reiterada frente a la prensa y altos funcionarios.

La reelección de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha provocado una ola sostenida de acciones jurídicas, cuestionamientos públicos y demandas de investigación que exhiben la magnitud del conflicto institucional.

En este contexto, diputados de la bancada VOS en el Congreso citaron a representantes de la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación para indagar sobre posibles ilegalidades en el proceso, así como la ausencia de finiquito —constancia de estar libre de responsabilidades administrativas— de parte de Mazariegos, una condición indispensable para ocupar cargos públicos en el país de acuerdo con la legislación vigente.

Tres denuncias penales fueron presentadas ante el Ministerio Público tras auditorías en la Usac

Durante la sesión convocada por la bancada VOS, el representante de la Contraloría Roberto De León informó que en marzo de 2026 se interpusieron tres denuncias penales ante el Ministerio Público como resultado de auditorías practicadas en la Universidad de San Carlos, según declaraciones recogidas por el propio Congreso.

Las denuncias fueron identificadas bajo los números DAJ-D-18-2026 (24 de marzo), 212026 (27 de marzo) y 222026 (27 de marzo), y están actualmente sujetas a reserva, como explicaron los funcionarios ante los diputados.

El criterio de inhabilitación se apoya en el artículo 16 inciso B de la ley aplicable, que establece la imposibilidad de ejercer funciones públicas para quien no cuente con la constancia de solvencia o finiquito de la Contraloría.

La bancada legislativa enfatizó que, en este caso, la Contraloría General de Cuentas había notificado a Walter Mazariegos desde febrero de hallazgos dentro de la Usac, los cuales no fueron desvirtuados por el rector, según relató De León.

Lourdes del Pilar Samayoa, jefa de la Abogacía del Estado Área Penal de la Procuraduría General de la Nación, afirmó que se están preparando “varias acciones”, entre ellas un amparo, para impugnar la elección. Los representantes de la Contraloría también señalaron que siguen pendientes nuevas auditorías sobre diferentes aspectos de la gestión universitaria.

La presentación de las denuncias y su procesamiento bajo reserva ha generado debates en torno al cumplimiento de los plazos legales: el diputado Orlando Blanco cuestionó que la reserva debe limitarse a diez días según el Código Procesal Penal, pero los funcionarios respondieron que el Ministerio Público ha extendido este plazo en la práctica, lo que obstaculiza el acceso a información detallada del caso.

El manejo presupuestario y la exclusión de la Usac de sistemas públicos de control están en el centro del debate

En el periodo entre 2022 y 2026, la Universidad de San Carlos de Guatemala tuvo a disposición más de 15 mil millones de quetzales, de acuerdo con los datos ventilados en el Congreso.

La dirigencia universitaria es acusada de haber sustraído a la Usac de los sistemas públicos de transparencia, como Guatecompras, limitando gravemente la fiscalización de sus gastos. Entre los señalamientos realizados durante la citación, se incluye la existencia de viajes internacionales por un monto que supera los dos millones de quetzales a destinos como Costa Rica, España y Colombia, sin evidencias de informes o resultados concretos.

El retiro de la Usac de los sistemas de control público se consolidó con una resolución del Consejo Superior Universitario en 2022, también bajo la rectoría de Mazariegos. Adicionalmente, se identificó la permanencia irregular de aproximadamente 35 miembros del Consejo Superior Universitario, algunos de los cuales habrían perdido las condiciones legales para ocupar sus cargos al haber completado su graduación, en contravención de la normativa universitaria que exige nuevas elecciones.

El presidente Bernardo Arévalo negó cualquier pacto con Mazariegos y defendió su papel frente a la crisis universitaria

La controversia se agudizó tras conocerse que el presidente Bernardo Arévalo aprobó en diciembre de 2025 una exoneración del pago de multas e intereses por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la Universidad de San Carlos, según un documento presentado por el diputado José Chic. Ante preguntas de periodistas en una conferencia de prensa, Arévalo rechazó cualquier alianza con Mazariegos y calificó los rumores de pacto como “absolutamente falsos”.

Sobre las críticas que lo acusan de inacción frente a la crisis de la Usac, Arévalo sostuvo: “Este gobierno no ha entrado en ningún tipo de pacto y todo lo que se dice alrededor de eso es especulación sin ningún sustento real”, según recogió la prensa nacional. Además, el presidente solicitó a las autoridades de justicia nacionales que profundicen en la investigación de las múltiples denuncias presentadas desde la elección del rector y adopten las resoluciones que correspondan en derecho.

La ministra de comunicaciones, infraestructura y vivienda, Norma Zea, confirmó que el Gobierno de Guatemala ha puesto en marcha la licitación de varios proyectos viales, con el objetivo de finalizar alrededor de 22 obras antes del mes de junio y reactivar al menos 14 contratos adicionales en las próximas semanas.

Este esfuerzo, presentado este jueves en conferencia de prensa desde el palacio nacional de la cultura, busca resolver la larga suspensión de trabajos de infraestructura que han afectado la conectividad y la economía nacional.

Según la funcionaria, entre diciembre y la fecha ya se concluyeron siete tramos viales y siete proyectos de puentes, lo que representa un avance respecto a periodos anteriores.

Los contratos firmados tras los procesos de licitación serán ejecutados bajo la supervisión de empresas encargadas de la inspección técnica y monitoreados mediante la bitácora electrónica habilitada junto a la Contraloría General de Cuentas. Zea aseguró: “En muy corto tiempo ustedes verán a las empresas trabajando ya en campo”, aludiendo a los tramos que han superado cada fase administrativa.

Entre las acciones recientes, el ministerio anunció que ya se reactivaron obras bajo criterios de transparencia y control técnico, enfatizando la importancia del seguimiento externo e interno para asegurar la finalización de los proyectos.

La reactivación de la red vial abarca cinco municipios clave y más de 89 kilómetros de terracería

En la región denominada zona paz, que articula parte del departamento de Quiché y de Alta Verapaz, ya se han iniciado trabajos en cinco tramos estratégicos: Ixcán, Uspantán, Chicamán, Lanquín y Cabón. Zea indicó que en esta zona el mantenimiento de la red abarca tanto caminos de terracería como segmentos pavimentados. El total de extensión intervenida ronda los 179 kilómetros, de los cuales 89 kilómetros corresponden a terracería.

La funcionaria aclaró que “estas emergencias con la modalidad de la ley de infraestructura vial se han realizado toda la estructuración en el estricto apego a esta ley". De las 14 intervenciones en proceso, ya existen 11 contratos con empresas calificadas para efectuar las rehabilitaciones.

Los tramos identificados con color verde en la presentación corresponden a obras abiertas a ofertas, los de color amarillo se habilitarán esta semana y los rojos permanecen en prebase a la espera de resolverse aspectos técnicos.

El Congreso ordena cumplir 50 proyectos viales distribuidos en tres organismos ejecutores

Zea subrayó el cumplimiento de 50 proyectos legislados en el artículo 16 por el Congreso de la República, de los cuales 30 serán ejecutados por la Dirección General de Caminos, entre 18 y 19 por el Fondo Social y el resto con intervención de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCE). Resaltó la magnitud logística a nivel nacional: los equipos técnicos han iniciado visitas a cada tramo, con una planificación que prevé realizar los estudios necesarios en un periodo récord de 10 a 12 días para dar inicio a la licitación.

En el departamento de Petén, Zea enfatizó la cantidad de proyectos activos bajo el Fondo Social de Solidaridad, abarcando las tres fases — estudio, construcción y combinación de ambas — y mencionó: “tenemos bastantes proyectos en el departamento de Petén”.

Avances en proyectos estratégicos y la continuidad de la obra pública hasta 2026

Zea informó que han sido activados todos los tramos de la ruta C50 que cuentan con contrato adjudicado y que ya se iniciaron análisis de prefactibilidad para los segmentos pendientes, considerando ejecutarlos mediante esquemas de diseño y construcción. De acuerdo con la ministra, esto permitirá cerrar el circuito vial que “conecta cuatro centroamericanas”.

En cuanto a la carretera CA9 Norte, indicó que las ofertas para la supervisión del tramo El Rancho–Teculután se recibirán el 17 de abril, mientras que las ofertas para su construcción se esperan para el 29 de mayo. El segmento Teculután–Mayuelas está a la espera de la aprobación del banco financiador y se prevé recibir ofertas durante la primera quincena de junio. El tramo Mayuelas–Puerto Barrios será financiado mediante una donación de Taiwán, con la firma del convenio prevista para finales de abril.

La titular del ministerio confirmó el lanzamiento del plan de mantenimiento de la Red Vial 2026 a través de COVIAL, el cual abarca más de 300 proyectos cuya adjudicación está programada para finales de junio o julio. El plan prevé la ejecución de eventos de mantenimiento durante los once primeros meses del año, conforme al ciclo promedio de la entidad. Adicionalmente, se implementarán 22 proyectos de obra civil destinados a atender emergencias en todos los departamentos.

Estados Unidos entregó equipo especializado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala para fortalecer la identificación y cuantificación de sustancias controladas, informa la Embajada de Estados Unidos en el país.

Según la sede diplomática, el curso de capacitación sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección de sustancias psicoactivas y evidencias químicas finalizó el 8 de abril. La formación, de 10 días, estuvo destinada a 40 peritos y analistas de los laboratorios de criminalística del Inacif, quienes recibieron instrucción en la identificación de precursores químicos procedentes en su mayoría de China, detalló la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

La Embajada de Estados Unidos señaló que más de 200 personas fallecen cada día en el mundo por fentanilo, subrayando que el combate a esta crisis y el desmantelamiento de redes de narcoterrorismo forman parte de las prioridades del presidente Donald Trump.

Nueva tecnología para los laboratorios forenses

Con estos recursos, el Inacif refuerza su soporte técnico al sistema de justicia guatemalteco en procesos contra el crimen organizado y el narcotráfico, indicó la legación.

La donación incluye tecnología avanzada para los laboratorios, orientada a mantener la autonomía y eficiencia técnica del Inacif en la región, comunicó la Embajada de Estados Unidos.

Guatemala fortalece la detección de fentanilo con binomios K-9 regionales

Guatemala ha avanzado en su estrategia de seguridad regional con la formación de binomios K-9 dedicados a la detección de fentanilo, una sustancia catalogada por las autoridades como altamente peligrosa y de efectos letales, consolidando alianzas internacionales para frenar el avance del crimen organizado en Centroamérica. El Ministerio de Gobernación informó que entre el 2 y el 27 de marzo se realizó la II Capacitación Internacional para la Detección de Fentanilo en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino (ECEC), en Barberena, Santa Rosa, un evento que marca un nuevo capítulo en la cooperación transfronteriza contra amenazas asociadas a las drogas sintéticas.

El proceso de capacitación reunió a 14 guías K-9 de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil de Guatemala, junto a dos agentes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica y cuatro agentes hondureños, incluyendo detectives del Ministerio Público y miembros de las fuerzas de seguridad del país vecino. Esta integración multinacional responde directamente a la necesidad de contar con unidades especializadas en la identificación y prevención del tráfico de fentanilo, una droga cuyos efectos han elevado la preocupación de los organismos de seguridad de la región, según datos del Ministerio de Gobernación publicador por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Durante el programa, los instructores enseñaron tanto técnicas teóricas como prácticas, empleando muestras simuladas del olor del fentanilo para que los perros pudieran asociar la sustancia con una señal de recompensa. Wuilber Arreaga, subdirector de la SGAIA, detalló que este sistema garantiza la certificación anual de los equipos K-9 en detección de fentanilo, consolidando así la continuidad y excelencia operativa en el combate al narcotráfico regional. Según Arreaga, se trata de un esfuerzo “sostenido y comprometido en la prevención y combate al narcotráfico” que reafirma el papel protagónico de Guatemala en materia de seguridad centroamericana.

Los equipos K-9, pieza clave en la seguridad y detección de drogas

Los agentes K-9 constituyen un recurso crucial para las tareas de detección de sustancias ilegales y rescate en operaciones policiales, según información recogida en Wikipedia. Su entrenamiento incluye labores específicas de patrullaje, búsqueda, rastreo de personas y localización de explosivos, además de drogas como marihuana, cocaína, metanfetaminas y el propio fentanilo.

El presidente Bernardo Arévalo ha situado la elección del próximo fiscal general del Ministerio Público en Guatemala como un punto crítico para el destino institucional del país.

Desde el Palacio Nacional, en conferencia de prensa transmitida por el Canal de Gobierno, Arévalo indicó que el nuevo titular deberá ser una persona que inspire confianza, mostrar integridad y vocación de servicio, para evitar el retorno a una etapa marcada por la corrupción y la impunidad.

Esta postura es relevante dado que, en los próximos días, el Ejecutivo recibirá una lista final de seis candidatos y candidatas elaborada por la Comisión de Postulación, de la que dependerá la capacidad del Estado guatemalteco para restituir su sistema de justicia.

Mientras la atención pública se concentra en la etapa final del proceso, la Comisión de Postulación prepara la nómina definitiva tras evaluar los expedientes de cuarenta y ocho aspirantes.

Antes de la revisión documental, la comisión realizó entrevistas públicas que permitieron a la ciudadanía conocer los perfiles de los postulantes. En esta fase decisiva, la evaluación utiliza una tabla de gradación que otorga un máximo de 100 puntos por candidato —setenta por méritos profesionales, veintiocho por logros académicos y dos por actividades de proyección social—.

La ponderación resalta la experiencia penal y la formación universitaria, aunque no da un puntaje concreto a la integridad ética, aspecto señalado como fundamental por el presidente.

Arévalo descarta la continuidad de Consuelo Porras y exige independencia

Durante una conferencia de prensa, Arévalo respondió sobre la posible presencia de la actual titular, Consuelo Porras, en la nómina definitiva. Señaló que: “difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los cinco van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras, para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación”.

El presidente también se refirió a aspirantes vinculados a su administración, como Marco Villeda, ministro de Gobernación, y Julio Saavedra, procurador general de la Nación. Arévalo afirmó que ocupar cargos en su gobierno respalda que ambos “son personas íntegras, honradas y profesionales destacados”, aunque precisó: “Privilegios no va a dar este hecho”. Aclaró que la exigencia se extiende a todos los seleccionados, quienes deben demostrar cualidades éticas y compromiso con el país.

La evaluación que concluirá en la selección de seis finalistas empleará criterios objetivos, pero Arévalo insistió en que se requiere una dimensión ética esencial: “el país demanda profesionales comprometidos con el combate a la corrupción, que amen a su país, defiendan su democracia y no estén dispuestos a darle la espalda a nuestro pueblo”.

Mecanismos de puntuación y última decisión presidencial

La Comisión de Postulación, al finalizar la revisión y el puntaje, ordenará a los aspirantes por puntaje descendente. Existe la posibilidad de que la comisión imponga una nota mínima de corte para conformar la nómina definitiva, introduciendo un filtro que podría modificar el grupo final de los seis candidatos.

El método de evaluación separa los méritos profesionales en experiencia penal (cincuenta puntos), gestión administrativa (diez) y desempeño en la entrevista (diez). Los méritos académicos suman veintiocho puntos —diez para títulos universitarios, ocho por docencia, cuatro por participación en eventos, cuatro por publicaciones y dos por otros méritos—. Las acciones de proyección social representan dos puntos adicionales.

La lista definitiva que según, el cronograma de la Comisión se tiene prevista para el viernes 17 de abril, será remitida al Ejecutivo para la resolución final. Arévalo reiteró que, en su condición de presidente y “garante de la unidad nacional”, tomará la decisión basándose en “una brújula ética clara y un compromiso transparente, libre de toda presión y poniendo siempre al pueblo de Guatemala primero”. La determinación definirá quién conducirá la persecución penal en los próximos años, estableciendo los parámetros de legitimidad institucional e independencia que exige la sociedad guatemalteca.

Una delegación de Standard & Poor’s visitó la ciudad de Guatemala con la finalidad de examinar en detalle los indicadores macroeconómicos y crediticios del país, buscando consolidar la reciente mejora obtenida en la calificación soberana y acercar a Guatemala a la obtención del grado de inversión.

La misión liderada por Joydeep Mukherji, Nicole Schmidt y Patricio Vimberg realizó encuentros con autoridades del Banco de Guatemala y representantes del sector privado en momentos en que la nación se sitúa a solo un escalón del grado de inversión, objetivo que el gobierno y los actores económicos consideran prioritario.

En mayo de 2025, Standard & Poor’s elevó la calificación de riesgo soberano del país, de ‘BB’ a ‘BB+’, estableciendo así una perspectiva estable y dejando a la economía guatemalteca al borde de ingresar al selecto grupo de economías latinoamericanas con grado de inversión.

Esta circunstancia fue destacada por Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien afirmó: “Guatemala mejoró su calificación a BB+ por parte de Standard & Poor’s, lo que nos sitúa a un paso de alcanzar ese objetivo”, mediante canales oficiales del mismo Banco.

En el marco de la visita, la misión de Standard & Poor’s revisó el desempeño económico reciente del país e identificó el crecimiento sostenido y la estabilidad como elementos centrales.

Entre los factores evaluados, la agencia puso especial énfasis en el nivel de colaboración entre el Gobierno y el Congreso para fortalecer la resiliencia macroeconómica y mejorar el ingreso de la población.

Evaluación de indicadores económicos y legislativos

Según datos presentados por Banguat a los evaluadores, la inflación en marzo de 2026 se ubicó en 2.5%, situándose por debajo del límite inferior de la meta anual prevista.

Este comportamiento, sumado al avance de proyectos legislativos como la reforma de la ley de Alianzas Público Privadas (APP) y la aprobación en tercer debate de la ley del sistema portuario, fue valorado como positivo para la confianza y la sostenibilidad del entorno de negocios, informó Prensa Libre.

Las reuniones contaron con la participación de líderes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y miembros del sector privado, quienes expusieron la evolución de los principales indicadores productivos, fiscales y del clima de negocios, así como el impacto de las reformas en tramitación en el Congreso de la República.

Crecimiento de la inversión extranjera y objetivos de desarrollo

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), González Ricci indicó que en 2025 el país experimentó un incremento del 8.8% en relación con el año anterior. Para 2026, las expectativas oficiales apuntan a superar la barrera de USD 2.000 millones en ingresos por este concepto, cifra que refuerza el atractivo de la economía guatemalteca en la región centroamericana.

En respuesta a la consulta sobre los avances y metas de la economía nacional, el bloque de gestión encabezado por González Ricci subrayó que existe un consenso estratégico alrededor del objetivo del grado de inversión y el impulso a un crecimiento del 5% anual como meta de mediano plazo.

La delegación de Standard & Poor’s finalizó su agenda recabando información de las autoridades y del sector productivo, con la intención de publicar su próximo informe de seguimiento sobre la calificación soberana del país.

Por último, el presidente del Banco de Guatemala precisó que la constancia en la mejora de indicadores, así como el diálogo permanente con los organismos internacionales, han resultado esenciales para mantener la confianza de los inversionistas y sustentar la aspiración a ingresar al grupo de países con grado de inversión en América Latina.

De acuerdo, con datos de Prensa Libre. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, se refirió a tres prioridades durante una reunión con S&P: infraestructura, atracción de inversión extranjera directa (IED) y remesas familiares, según indicó la entidad.

Entre las estrategias discutidas, se destacaron las oportunidades que ofrecen la modificación a la Ley de Alianza Público-Privada y la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial, dos reformas aprobadas que, de acuerdo con Zapata, habilitan nuevos espacios para captar inversión en el país.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ha fijado el 17 de abril como plazo final para que los aspirantes a guardias penitenciarios entreguen su expediente en la Escuela de Estudios Penitenciarios, ubicada en el kilómetro 19.5 de la ruta a Pavón, dentro del complejo carcelario de Fraijanes.

El proceso, orientado a elevar los estándares de seguridad en los centros de privación de libertad del país, destaca por la implementación de controles anticorrupción y la gratuidad total del trámite, aspectos que según la entidad buscan garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los postulantes.

La DGSP informó que la recepción de documentos se realizará únicamente de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00, y precisó que solo el personal de la Subdirección de Recursos Humanos puede gestionar los expedientes.

Cada ciudadano debe presentar sus papeles en un fólder tamaño oficio color amarillo, con gancho metálico e identificado claramente con su nombre completo.

Este requerimiento logístico, inusual en otros procedimientos del sector público, forma parte de los filtros diseñados para reforzar la selección y evitar irregularidades, explicó la institución en la convocatoria reciente.

La iniciativa estipula que entregar el expediente en tiempo y forma no asegura la admisión al curso de formación ni la contratación definitiva en el sistema penitenciario. Para evitar intermediaciones o cobros indebidos, la DGSP ha habilitado la línea anticorrupción 1533, un canal para realizar denuncias de manera anónima y confidencial, que recibe atención inmediata por personal especializado.

Requisitos y documentación necesarios para la formación

Para conformar el cuerpo de guardias penitenciarios se imponen criterios estrictos: los interesados deben tener nacionalidad guatemalteca, una edad entre 23 y 29 años, título de nivel medio y certificar buena salud física y mental.

No deben haber sido dados de baja, ni legal ni disciplinariamente, en ninguna otra institución. Se solicita, además, que el postulante cuente con correo electrónico, número de teléfono vigente, disponibilidad para asignación en cualquier parte del país y participación en las evaluaciones previstas, detalló la DGSP.

Dentro de la documentación obligatoria, la DGSP señala: carta de solicitud dirigida al director general del Sistema Penitenciario, currículum vitae con fotografía, copia actualizada del Documento Personal de Identificación (DPI), título registrado, copia de un cheque anulado de Banrural, constancias de antecedentes penales y policiales, constancia de exoneración de delitos del Ministerio Público, tres cartas de recomendación, recibo de servicios básicos o constancia municipal, y la constancia de carencia de incidentes que emite el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS).

La entidad advierte que podría solicitar documentos adicionales durante el desarrollo del proceso. Toda la información sobre los requisitos está disponible en el enlace oficial de la DGSP: https://dgsp.gob.gt/convocatoria-externa-no-001-2026-curso-de-formacion-de-guardia-penitenciario/. La tramitación es completamente gratuita y no contempla ningún tipo de pago por aranceles ni cuotas, subrayó la entidad.

La recepción y análisis de expedientes para aspirantes a guardias penitenciarios en Guatemala, bajo la supervisión de la Dirección General del Sistema Penitenciario, estará habilitada hasta el 17 de abril. Solo serán considerados quienes cumplan con la totalidad de los requisitos y entreguen la documentación exigida.

Cualquier intento de intermediación, irregularidad o solicitud de dinero debe denunciarse de inmediato a la línea 1533, tal como exige la autoridad penitenciaria.

En su momento, el Ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, dijo que, la convocatoria para incorporar a 600 nuevos agentes al sistema penitenciario, Es decisión para reforzar la seguridad, recuperar el control de las cárceles y limitar la influencia de estructuras criminales, en el marco de una reforma integral del sistema tras el relevo de autoridades ocurrido en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Villeda subrayó la gravedad histórica de la situación: “El sistema penitenciario ha estado siendo permeado por la corrupción, no de ahorita, desde hace mucho tiempo y estamos en esos pasos que nos llevan a atacar este problema".

​La Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala ha hecho público el más reciente Boletín Trimestral de Indicadores de Inclusión Financiera, un documento técnico que detalla la situación del sistema bancario con cifras actualizadas al 31 de diciembre de 2025.

Los datos, presentados formalmente en marzo de 2026, establecen que el 68.4% de la población adulta en el país centroamericano posee actualmente al menos una cuenta bancaria, lo que equivale a un total de 7,871,619 depositantes únicos.

​Este indicador consolida una tendencia de crecimiento que el sistema financiero guatemalteco ha registrado de manera ininterrumpida durante los últimos cinco años.

Al analizar la serie estadística reportada por la citada institución, se observa que la inclusión financiera ha mantenido un ritmo de ascenso constante desde el año 2021, cuando el porcentaje de adultos bancarizados se situaba en un 55.5%. Esta trayectoria continuó en 2022 con un alcance del 58.6%, subió al 61.3% al cierre de 2023 y alcanzó el 64.7% en 2024, hasta llegar al actual 68.4% registrado al finalizar el último periodo de 2025.

La intensificación de campañas de educación financiera y la adopción de nuevas tecnologías por parte de las entidades han facilitado el acceso a servicios bancarios formales.

Sobre una base demográfica de 11,503,100 adultos estimados, el reporte detalla que el sistema gestiona un total de 20,369,723 cuentas de depósitos. Esto representa una media de 17,708 cuentas por cada 10,000 adultos en el territorio guatemalteco.

​Expansión de servicios móviles y red física

​El crecimiento en la tenencia de productos bancarios se ha visto acompañado por una notable presencia de la tecnología. El boletín destaca que los Servicios Financieros Móviles (SFM) han alcanzado un volumen de 24,087,357 productos afiliados.

En términos proporcionales, existen 20,939.9 servicios móviles por cada 10,000 ciudadanos mayores de edad, una cifra que supera el número total de cuentas de depósito tradicionales registradas en el sistema nacional.

​En cuanto a la infraestructura de atención al usuario, la red del sistema bancario cuenta con 68,078 puntos de acceso en funcionamiento. La mayor parte de esta capilaridad se concentra en los denominados establecimientos o agentes bancarios en comercios, que suman 61,076 puntos, seguidos por una red de 4,215 cajeros automáticos (ATM) y 2,787 agencias bancarias físicas.

Tomando datos globales, la SIB reporta una disponibilidad de 59.2 puntos de acceso por cada 10,000 adultos.

​Estadísticas de crédito en la población adulta

​En el área de préstamos y financiamiento, el informe técnico señala registros distintos a los de captación de ahorro. Según la información recopilada, el 16.8% de la población adulta en Guatemala tiene al menos un préstamo bancario activo.

En números absolutos, el país cuenta con 1,923,733 deudores, quienes en conjunto mantienen vigentes un total de 2,694,020 préstamos dentro de las instituciones reguladas.

​Este balance estadístico proporcionado por la SIB sirve como marco de referencia para comprender la evolución del acceso y uso de las herramientas financieras en Guatemala, reflejando tanto el incremento sostenido en la apertura de cuentas como la configuración actual de la red de servicios en el país centroamericano.

La definición de una hoja de ruta para el desarrollo ferroviario y la selección de seis proyectos estratégicos de infraestructura sitúan a Guatemala en una fase de transformación en materia de conectividad y dinamismo económico. El plan busca generar empleo y hacer más eficientes los traslados, mientras se establecen condiciones para atraer inversión y elevar la calidad de vida. La proyección, presentada por autoridades gubernamentales en el Congreso, está respaldada por una asistencia técnica que involucra más de USD 100 millones y una estrecha colaboración con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. La planificación incluye mecanismos de transparencia, supervisión y transferencia de conocimiento como parte de su ejecución, según detalló el viceministro de Administración Financiera, Josué Ricart, durante una citación pública.

El diputado Nery Rodas precisó en sus redes sociales que la inversión total asciende a más de USD 100 millones, canalizados mediante Cartas de Oferta y Aceptación (LOA). Estos fondos permitirán avanzar tanto en estudios como en la posible construcción de las seis obras principales e iniciativas como FEGUA y Puerto Quetzal, cuyos estudios están a cargo de los ingenieros estadounidenses con una entrega proyectada para junio de 2028. Rodas puntualizó: “Hoy sostuvimos una reunión de alto nivel con autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Finanzas Públicas, para dar seguimiento a las Cartas de Oferta y Aceptación (LOA) por más de USD 100 millones destinadas a proyectos estratégicos para Guatemala”.

La hoja de ruta prevé la capacitación de personal guatemalteco y el fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales, permitiendo mejorar la gestión de futuros proyectos de infraestructura. Además, el modelo garantiza la trazabilidad desde la etapa inicial hasta la ejecución, e incorpora mecanismos de rendición de cuentas mediante informes periódicos sobre avances físicos y financieros, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas.

El vínculo con Estados Unidos y los seis proyectos viales prioritarios

En sesión pública, Ricart explicó que el plan ferroviario nacional se basa en estudios integrales y diseños conceptuales para unir Puerto Quetzal con una estación logística multimodal en Escuintla. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) asumirá la evaluación de las empresas participantes, los procesos de licitación y la selección de las compañías ejecutoras. Este acompañamiento, formalizado a través de Cartas de Oferta y Aceptación, sostiene estándares técnicos y garantiza la supervisión permanente durante cada etapa.

La planificación contempla, junto al sistema ferroviario, seis proyectos viales prioritarios: el paso a desnivel en la Calle Martí (zona 6 de la capital), el distribuidor vial de Quetzaltenango, el tramo C-50 en Sanarate, el Arco Noroccidente (conexión entre Sacatepéquez, Guatemala y El Progreso), la ampliación de la carretera CA-2 Occidente (tramo Nahualate–San Bernardino) y el mejoramiento de la carretera RD-SOL-04 entre Santiago Atitlán y San Marcos La Laguna. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda identificó estas necesidades y las canalizó para la cooperación internacional a través del Ministerio de la Defensa Nacional.

La segunda fase del esquema técnico requiere la búsqueda de mecanismos de pago y alternativas de financiamiento para que estos proyectos sean incluidos en el presupuesto nacional del próximo año. El Ministerio de Finanzas Públicas afirmó que el objetivo es “garantizar la continuidad de los proyectos en sus siguientes fases”.

Suspensión temporal de proyectos y consecuencias directas

Dentro del avance estratégico, Nery Rodas subrayó que la priorización de las obras principales llevó a una suspensión temporal de iniciativas ya existentes. Dos pasos a desnivel en Amatitlán (Q63 millones) permanecen pendientes de ejecución; estos se consideran esenciales para el alivio del tráfico en una zona congestionada. También quedaron en pausa tres proyectos de mejoramiento escolar en Sololá, San Marcos e Izabal (Q89 millones), lo que afecta directamente la infraestructura educativa de miles de niños.

La postergación incluye la adquisición de 138 equipos de maquinaria vial (Q214 millones), lo que limita la capacidad estatal para el mantenimiento de carreteras, veinte proyectos de mejoramiento de rutas, cuatro obras en el aeropuerto de Escuintla y la reposición de un puente en El Progreso (Q380 millones en conjunto). El diputado reiteró su posición: “Guatemala necesita avanzar, pero no sacrificando lo urgente. El desarrollo no puede ser selectivo”. Añadió que es necesario gestionar nuevas fuentes de financiamiento para evitar que estos proyectos queden desatendidos.

Transparencia y capacitación institucional como ejes del modelo

Toda la asistencia técnica, desde el diseño hasta la ejecución, será supervisada por entidades estadounidenses y guatemaltecas según los términos de las Cartas de Oferta y Aceptación. El Gobierno de Estados Unidos, por medio del Cuerpo de Ingenieros, liderará la supervisión y evaluación de los procedimientos de licitación, según se expuso en la presentación oficial ante el Congreso. Con información de RRPP

Un operativo policial realizado este domingo en la colonia Las Tapias, zona 18 de Ciudad de Guatemala, permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) decomisar un arsenal de uso militar que incluía un lanzagranadas, cinco fusiles de asalto, una subametralladora, varias pistolas, granadas de 40 milímetros, municiones y chalecos antibalas, según informó el Ministerio de Gobernación de Guatemala.

El procedimiento, desarrollado en una de las áreas que registran mayor presencia de pandillas en la capital guatemalteca, derivó en la captura de un presunto integrante de estructuras criminales, cuya identidad permanece sin difusión oficial hasta el momento.

La magnitud del arsenal quedó reflejada en un video divulgado por la PNC, donde puede verse a los agentes mientras inspeccionan la vivienda y aseguran el material incautado. Ese volumen de armamento no ha sido habitual en intervenciones urbanas recientes, detalló la Policía Nacional Civil.

Antecedentes de violencia y respuesta oficial en la zona 18

La zona 18 cuenta con un historial de altas tasas de delitos asociados a pandillas, según reporta el medio regional Centroamérica 360. En respuesta, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha impulsado iniciativas como el Estado de Prevención y el despliegue del Plan Centinela Metropolitano, que buscan contener la violencia y desintegrar estos grupos criminales.

El operativo se prolonga con el conteo de armas y evidencias, mientras la PNC reporta una disminución del 35% en hechos delictivos tras los recientes refuerzos de seguridad.

Operaciones de alto impacto por ataques atribuidos a pandillas

Militares y policías de Guatemala desplegaron en febrero un operativo con tanquetas y vehículos blindados en barrios y el centro de la capital tras ataques atribuidos a pandillas que en enero dejaron 11 policías muertos, según informó el presidente Bernardo Arévalo en el lanzamiento del Plan Centinela.

Las autoridades ampliaron esas intervenciones durante dos semanas bajo un estado de prevención, una medida que reemplazó al estado de sitio que había estado vigente por 30 días y permitía arrestos sin orden judicial. El mandatario explicó en esa oportunidad que el estado de sitio finalizaba, pero se mantienen patrullajes intensivos debido al incremento de la violencia vinculada con la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), ambas catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos y Guatemala.

El ministro de Defensa Henry Sáenz detalló a periodistas que las fuerzas de seguridad realizarán "operaciones de alto impacto" en las zonas con mayor incidencia delictiva, apuntando especialmente a los lugares donde las dos pandillas concentran su actividad.

De acuerdo con Arévalo, durante el periodo anterior se logró reducir un 50% los homicidios y un 33% las extorsiones respecto al mismo periodo del año anterior, resultados que atribuyó al endurecimiento de las medidas de seguridad. El jefe de Estado también sostuvo que la ola de violencia en Guatemala responde a un complot para desestabilizar su gobierno, supuestamente impulsado por una alianza entre sectores políticos y criminales.

El origen de la escalada ocurrió tras varios ataques contra las fuerzas policiales a manos de la Barrio 18, incidente que llevó al gobierno a intervenir tres cárceles bajo control de las pandillas, donde los reclusos habían tomado rehenes para exigir mejores condiciones y traslados a prisiones de menor seguridad.

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) de Guatemala activaron un protocolo especial tras detectar un ciberataque que expuso datos en la plataforma digital oficial el 10 de abril. El incidente, que comprometió credenciales de usuarios mediante un sistema automatizado, fue confirmado públicamente por el Mindef, según un informe oficial.

Según un comunicado del Mindef, no hubo encriptación de datos ni exigencia de rescate, descartando así un ataque de tipo ransomware. La cantidad de datos sustraídos no sobrepasó cinco gigabytes, conforme al informe inicial de la entidad castrense.

La reacción de las autoridades incluyó la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación correspondiente. Además, se reforzaron los sistemas de seguridad de los servidores de Digecam y se dispuso el cambio obligatorio de contraseñas para todos los usuarios registrados, de acuerdo con lo reportado por el Mindef.

Medidas y recomendaciones para usuarios afectados

En el marco del protocolo implementado, las autoridades brindaron varias recomendaciones a la población usuaria: solo se deben considerar comunicaciones oficiales provenientes de Digecam o del Ministerio de Defensa; los trámites de reposición serán gratuitos; ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos ni datos personales por canales no institucionales. Asimismo, se pidió validar cualquier gestión exclusivamente a través de los canales oficiales y desestimar rumores o datos no corroborados, ya que la difusión de información no confirmada podría afectar el desarrollo de los procesos administrativos.

El Mindef enfatizó que todas las reposiciones de licencias o tenencias se notificarán formalmente y garantizó que los usuarios recibirán atención conforme a los procedimientos vigentes. Añade a las sugerencias:

1. Atender únicamente comunicaciones oficiales: Los usuarios serán contactados de manera progresiva conforme a los protocolos vigentes. Ninguna licencia o tenencia quedará sin reposición y cualquier gestión debe validarse a través de los canales y números oficiales.
2. Abstenerse de acudir sin citación previa: No es necesario presentarse a las instalaciones para trámites de reposición sin notificación oficial.
3. Verificar la información en canales oficiales: Toda comunicación válida será emitida exclusivamente por el Mindef y la Digecam.
4. Prevenir posibles actos de fraude: Ninguna autoridad solicitará pagos, datos personales ni gestiones urgentes por medios no oficiales. Los trámites de reposición son gratuitos y no deben compartirse datos con terceros ajenos a la institución.
5. Cumplir con los procedimientos establecidos: Se implementará un mecanismo ordenado, escalonado y transparente, cuyo detalle estará disponible en la web de Digecam.
6. Evitar la difusión de información no verificada: Difundir rumores puede afectar el desarrollo adecuado de los procesos institucionales y administrativos.

El hecho

El Ministerio de la Defensa Nacional informó el 10 de abril que la vulneración del portal de la Digecam permitió la sustracción de información, producto de un ataque automatizado que se extendió durante aproximadamente 13 horas, según relató Julio César Taracena, comandante de la Unidad de Comunicaciones del Ejército, en una conferencia de prensa.

Taracena aclaró el protocolo para la validación y reemplazo de los documentos. Precisó: “No es que se les vuelva a dar (la misma licencia), sino que será un número diferente, un número de registro nuevo, porque esos registros que fueron filtrados automáticamente quedarán, como algo, prácticamente podríamos decir que van a ser falsos”.

La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha la campaña No caigas en las redes para concientizar sobre el riesgo de las redes sociales entre la niñez y la adolescencia, enfatizando que la seguridad digital es esencial para prevenir delitos como la desaparición de menores y la vulneración de sus derechos, según informó la Procuraduría General de la Nación.

En el año 2025, la Dirección del Sistema de Búsqueda Alerta Alba-Keneth registró 25 activaciones de alerta relacionadas directamente con explotación sexual y trata de personas, así como 30 casos posiblemente vinculados al reclutamiento de pandillas.

De acuerdo con cifras de esta institución publicadas por la Procuraduría General de la Nación, las redes sociales y otras plataformas digitales fueron canales predominantes de contacto y captación en varios de estos incidentes, lo que ilustra el crecimiento del riesgo en entornos digitales.

La campaña advierte sobre el peligro de interactuar en línea con desconocidos, tendencia frecuente que, según la Procuraduría General de la Nación, es aprovechada por personas que emplean perfiles falsos y datos engañosos para ganarse la confianza de menores de edad.

La institución detalla que establecer vínculos, o aceptar encuentros presenciales con quienes solo se ha interactuado virtualmente, constituye uno de los escenarios de mayor peligro.

Según las autoridades citadas por la Procuraduría General de la Nación, “detrás de una identidad digital puede ocultarse alguien distinto a quien aparenta ser, lo que aumenta la probabilidad de situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes”.

Otro eje de No caigas en las redes es la protección de los datos personales. Las recomendaciones incluyen no compartir información delicada como la ubicación, el nombre del centro educativo o detalles sobre la rutina diaria.

La Procuraduría General de la Nación advierte que la exposición de estos datos incrementa la vulnerabilidad de los menores, ya que personas externas podrían rastrear sus movimientos o identificar fácilmente sus ubicaciones.

Las alertas y la supervisión familiar revelan el alcance de la problemática

Las estadísticas más recientes de la Procuraduría General de la Nación confirman la urgencia de intensificar estrategias de prevención y vigilancia familiar en los espacios digitales. La campaña subraya la importancia de la supervisión activa y la comunicación efectiva por parte de padres y cuidadores.

El acompañamiento constante, el establecimiento de límites claros para el uso de dispositivos y la supervisión sistemática de la actividad en línea son, según la institución, factores decisivos para reducir los riesgos.

Para orientar la respuesta ante la pregunta central sobre cómo proteger a la niñez ante estos desafíos, la Procuraduría General de la Nación establece un modelo de prevención basada en el diálogo en el hogar y recomendaciones prácticas. Informar sobre los riesgos de las redes sociales, confiar en la capacidad de los menores para pedir ayuda y evitar el aislamiento digital constituyen los pilares del acompañamiento propuesto por la campaña.

La evidencia recogida durante 2025 por el sistema Alerta Alba-Keneth señala que las redes sociales se han convertido no solo en un medio de socialización habitual, sino también en una herramienta recurrente para la comisión de delitos contra la integridad de la niñez y la adolescencia. Esta situación refuerza la necesidad de políticas y campañas sostenidas para resguardar la seguridad digital y fortalecer la cultura de prevención desde el entorno familiar.

Autoridades intervienen el Centro de Orientación Femenino de Fraijanes mediante un despliegue conjunto entre el Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil. El propósito de la operación es reforzar la seguridad interna y prevenir actos ilícitos dentro de la institución, de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Voceros del Ejército han señalado que la supervisión y el refuerzo de protocolos en centros femeninos contribuyen a disminuir riesgos y resguardar la integridad de quienes cumplen condena. Las autoridades consideran que este tipo de medidas limita el uso de las instalaciones para fines ilícitos.

Autoridades sostienen que las acciones se realizan bajo el marco legal y la transparencia contempladas en acción penitenciaria. La coordinación entre fuerzas militares y cuerpos civiles se considera esencial para mantener el orden y la protección de la población.

Requisas recientes en cárceles femeninas y decomiso de objetos prohibidos

En fechas recientes, el Ejército y fuerzas civiles realizaron un operativo en la cárcel de mujeres Santa Teresita, ubicada en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Esta intervención, en el marco de la Operación Muro de Hierro VI, permitió el decomiso de teléfonos celulares y paquetes con presunta marihuana, que quedaron bajo resguardo de las autoridades para el seguimiento legal correspondiente.

La operación en Santa Teresita responde a una estrategia nacional orientada a reforzar los controles penitenciarios. Durante la intervención, se inspeccionaron celdas y áreas comunes, localizando objetos prohibidos y sustancias ilegales. El objetivo es impedir acciones ilícitas y fortalecer los protocolos de seguridad en los centros de detención femenina.

Esta estrategia, implementada bajo un estado de prevención, busca limitar la comunicación ilegal y restringir el acceso a artículos prohibidos en el sistema penitenciario. Las autoridades destacan que la colaboración con la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario responde a la demanda de mayor seguridad en las cárceles.

Según reportes institucionales, operativos similares se realizaron en penitenciarías como Renovación I, en Escuintla, y Pavoncito, en Fraijanes. En estos lugares localizaron armas, municiones, radios de comunicación y computadoras portátiles, lo que refleja los desafíos en el control penitenciario. En Renovación I, fue controlado un intento de motín tras el hallazgo de caletas con armas y drogas, mientras que en Pavoncito se decomisaron celulares y armas punzocortantes.

El gobierno guatemalteco informa que estos operativos buscan recuperar el control de los centros de reclusión y limitar su utilización para actividades delictivas. El ministro de Gobernación Marco Villeda ha señalado que la política de no negociación con el crimen y la eliminación de privilegios internos ha contribuido a una reducción de las extorsiones y homicidios reportados en el periodo reciente.

El refuerzo de controles y la intensificación de requisas pretenden desarticular estructuras que operan desde el interior de las prisiones. Los registros oficiales muestran una disminución de las extorsiones y homicidios desde el inicio del año.

La estrategia contempla tanto el decomiso de objetos ilícitos como el fortalecimiento de la gobernabilidad penitenciaria y la confianza en la capacidad institucional del Estado para mantener la seguridad pública.

La controversia en torno a la reciente reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), en Guatemala alcanzó un nuevo nivel, luego de que la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales solicitara formalmente a la Corte de Constitucionalidad (CC) la anulación del proceso. El recurso presentado pide que se repita la elección, argumentando la exclusión de casi un centenar de electores y señalando irregularidades sustanciales en la convocatoria y acreditación de los cuerpos electorales responsables del sufragio universitario.

La petición de amparo, informada por la propia Asamblea a través de su presidente Omar Borro, subraya que 95 electores, pertenecientes a 19 cuerpos electorales, quedaron marginados de la votación final celebrada el 8 de abril. Este hecho fue señalado como el motivo específico por el cual buscan que la máxima instancia constitucional intervenga, anule los resultados y ordene iniciar nuevamente la elección del titular universitario, publicó la Asamblea ante la CC.

“Resulta inaceptable que el Consejo Superior Universitario (CSU) haya convocado y realizado una elección excluyendo a cuerpos electorales legítimos", afirmó Efraín Medina, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y exrector de la USAC, durante la presentación del recurso. Medina remarcó que la situación se agrava porque buena parte de los integrantes del CSU que tomaron esta decisión seguían en funciones a pesar de presentar plazos vencidos, hecho que a su juicio, añade vicios de legalidad al proceso.

En el proceso del pasado 8 de abril, Mazariegos obtuvo la reelección con el voto favorable de 50 electores sobre un quórum de 52 presentes. El mismo día, la cifra de cuerpos electorales acreditados fue de apenas 15, frente a los 34 que debían participar, incluyendo la validación en dos sesiones, una ordinaria y una extraordinaria, conforme a información presentada por la Asamblea.

La Asamblea indicó que no reconoce la reelección debido a que familias de electores legítimos fueron impedidas de ejercer el voto. Además, se criticó la inclusión de representantes del Colegio de Enfermería en la votación, pese a que provenían de una planilla perdedora en su propio proceso interno. Al margen de la elección, la mayoría de cuerpos electorales no acreditados protestaron en las afueras del centro donde se desarrolló la actividad, reclamando su derecho a participar, según datos recabados por la Asamblea de Presidentes.

Otra acción legal: denuncias de actores políticos y partidos

En paralelo a las acciones de los colegios profesionales, diputados del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) plantearon ante la Corte de Constitucionalidad un amparo que solicita la repetición completa de la elección de rector en la USAC. Los legisladores argumentan que el procedimiento estuvo viciado al no acreditarse “la totalidad de cuerpos electorales correspondientes”, según expresaron los integrantes de VOS en su presentación.

A esta denuncia se sumó la diputada Sonia Gutiérrez del partido Winaq, quien formalizó ante el Ministerio Público (MP) una acción penal dirigida tanto contra el Consejo Superior Universitario como contra el rector Mazariegos. Gutiérrez sostuvo que la demanda se fundamenta en la omisión de acreditación para los 34 cuerpos electorales oficialmente habilitados para participar en la designación del rector de la USAC.

Hasta el momento, la situación institucional en la Universidad de San Carlos permanece sin resolución, con la elección impugnada en distintas instancias tanto constitucionales como penales.

En una operación antinarcótica en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) erradicaron 77,564 matas de marihuana, un decomiso valorado en 38,782,000 quetzales. La incautación se realizó en un área montañosa de la región, donde los equipos especializados llevaron a cabo la destrucción de los cultivos ilícitos, informó la PNC en su cuenta oficial de X.

La intervención, coordinada por unidades de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la Agencia de Policía Nacional Civil (APNC), respondió a labores de inteligencia orientadas a combatir las redes de narcotráfico que operan en el norte del país. Según lo señalado por la PNC, el objetivo de este tipo de acciones es “proteger y servir a la población, actuando con transparencia”.

El avalúo oficial de la droga destruida fue confirmado por las autoridades, quienes estimaron el impacto económico para las estructuras criminales en más de 38 millones de quetzales. “Estas acciones fortalecen la lucha contra el narcotráfico en el territorio nacional”, indicó la Policía Nacional Civil en un video publicado en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el reporte de la PNC, la erradicación de plantaciones ilegales forma parte de una estrategia sostenida que incluye patrullajes, operativos terrestres y la colaboración con entidades estatales. Datos oficiales muestran que durante 2026, las fuerzas de seguridad han intensificado las acciones preventivas y de erradicación en departamentos fronterizos como Petén, donde se localizan áreas de difícil acceso utilizadas por organizaciones criminales.

otros casos

Durante el primer semestre de 2026, las autoridades de Guatemala intensificaron la lucha contra el narcotráfico con la erradicación de cientos de miles de plantas de marihuana en operativos estratégicos. Las acciones, encabezadas por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, se concentraron especialmente en el departamento de Petén, una región identificada por su geografía montañosa y compleja.

De acuerdo con reportes oficiales recogidos por Prensa Libre, uno de los operativos más relevantes se realizó el 3 de abril en el caserío Ixmucané, municipio de Las Cruces, donde los agentes destruyeron 68.400 plantas de marihuana, con un valor estimado en Q34,2 millones (alrededor de 4,38 millones de dólares). Al día siguiente, en áreas aledañas, se eliminó otra plantación con 78.288 matas, valoradas en Q39,1 millones (5,01 millones de dólares), según confirmó la SGAIA. La localización y destrucción de plantíos también alcanzó el caserío Los Laureles, donde el 2 de abril se incineraron 21.000 plantas, cuyo avalúo superó el millón de dólares.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la colaboración entre la PNC y el Ejército de Guatemala, así como a la intensificación de las labores de inteligencia en zonas de difícil acceso. Según datos de la SGAIA, la erradicación de cultivos ilícitos representa un golpe financiero para las estructuras dedicadas al narcotráfico en la región norte del país. En declaraciones recogidas por El Periódico, voceros oficiales sostuvieron: “Estos operativos buscan debilitar la economía criminal y reducir la producción de drogas en Guatemala”.

Los operativos en Petén forman parte de una estrategia nacional que abarca otros departamentos, enfocada en la detección y destrucción de plantaciones ilegales. La SGAIA destacó que el despliegue de recursos militares y policiales, sumado al uso de tecnología satelital, permitió identificar enclaves ocultos en áreas remotas. Entre los objetivos prioritarios, las autoridades resaltaron la reducción del flujo de drogas hacia mercados internacionales y la protección de las comunidades locales

El exalcalde de El Rodeo, San Marcos, Crysthian Omar Escobar ángel, fue condenado a 27 años de prisión federal por delitos vinculados al narcotráfico, informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La sentencia, equivalente a 327 meses, fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant tras una audiencia celebrada el 7 de abril de 2026 en el Distrito Este de Texas.

Desde 2015, de acuerdo con la información oficial, agentes federales identificaron e investigaron una organización de narcotráfico a gran escala que desplegaba una infraestructura sofisticada para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, atravesando Centroamérica hasta Estados Unidos. El comunicado oficial detalla que la estructura criminal fabricaba y distribuía toneladas de cocaína con destino final en el territorio estadounidense.

El expediente judicial considera probado que Escobar ángel quedó como responsable de actividades de narcotráfico en Guatemala y que la causa en su contra se remonta a 2019, cuando fue acusado formalmente en el Distrito Este de Texas. El Departamento de Estado precisó que el exfuncionario admitió su implicación en conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con conocimiento de su ingreso ilegal en Estados Unidos.

La acusación incluyó pruebas sobre la participación del exalcalde en amenazas de violencia, entre ellas un mensaje de texto que sirvió como evidencia durante el proceso ante el tribunal estadounidense.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó el retiro de la inmunidad de Escobar ángel el 28 de diciembre de 2022 a pedido de las autoridades estadounidenses, medida que también afectó a José Armando Ubico Aguilar, Freddy Arnoldo Salazar Flores y Esvin Fernando Marroquín Tupas, todos señalados en causas asociadas.

Políticos y funcionarios procesado en EE. UU. por vínculos con el narcotráfico

El sistema judicial de Guatemala y de Estados Unidos ha intensificado durante los últimos años la persecución contra funcionarios y políticos del país centroamericano por sus nexos con organizaciones de narcotráfico. Al 10 de abril de 2026, las autoridades guatemaltecas capturaron a 22 personas requeridas en extradición por la justicia estadounidense, muchas con cargos ligados a tráfico de cocaína y fentanilo.

Entre los casos recientes, destaca la sentencia en febrero de 2025 contra José Armando Ubico Aguilar, exdiputado y expresidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, condenado a 18 años de prisión en Estados Unidos por conspiración internacional para el narcotráfico. En mayo de 2025, Freddy Arnoldo Salazar Flores, parlamentario del PARLACEN (Parlamento Centroamericano), fue procesado en una corte federal de Estados Unidos tras ser acusado de conspirar para importar cocaína.

En el ámbito de la administración nacional, Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, viceministro de Energía y Minas, resultó capturado en abril de 2025 bajo señalamientos del Ministerio Público guatemalteco por diversos delitos. En marzo de 2026, la Policía Nacional Civil detuvo a Fernando Rodríguez Klarck, exgobernador de Alta Verapaz, acusado de coordinar crímenes relacionados con redes de corrupción y estructuras políticas locales.

El fenómeno de extraditables en Guatemala refleja una tendencia de cooperación entre ambas naciones, con decenas de integrantes de redes de cocaína y fentanilo enfrentando procesos judiciales en tribunales estadounidenses. Las investigaciones han revelado la infiltración de estructuras criminales en los diferentes niveles del Estado, desde el Congreso hasta gobiernos municipales.

Tras siete días de intensa búsqueda, rescatistas y cuerpos de emergencia lograron localizar y recuperar el cuerpo, devolviéndolo a sus familiares y seres queridos.

La desaparición de Jesler Palacios ocurrió en aguas del lago de Atitlán, cuando conducía un jet car (vehículo acuático). El suceso conmocionó a la población local y movilizó a elementos de bomberos voluntarios, buzos especializados y Hombres Rana, quienes desplegaron diversas estrategias en la zona.

Autoridades señalaron que el uso de drones y unidades caninas resultaron determinantes para ubicar el paradero del joven, luego de varios días de incertidumbre y angustia.

El viernes, el hallazgo del cuerpo puso fin a una semana marcada por la espera y el dolor.

Familiares y amigos acompañaron en caravana el regreso del cuerpo de Jesler Palacios

De acuerdo con la cobertura de Telediario Guatemala, el cuerpo fue recuperado y trasladado en caravana hasta Santa Cruz Barillas, donde fue recibido por amigos, familiares, vecinos y un grupo de mariachis. La comunidad rindió homenaje a Jesler Palacios, a quien describieron como un hombre trabajador, emprendedor y solidario.

La comunidad se reunió para darle el último adiós, en medio de un ambiente de recogimiento y solidaridad. Además, se llevó a cabo una caravana, en la que una gran cantidad de personas acompañaron el recorrido fúnebre hasta el hogar de la familia Palacios.

Durante la ceremonia, las muestras de afecto y respeto se manifestaron en arreglos florales y la presencia masiva de la población. La familia Palacios expresó su agradecimiento a quienes participaron en la búsqueda y acompañaron el proceso de duelo.

Funcionarios municipales de San Pedro Soloma, Huehuetenango, también participaron un acto en honor a Jesler Palacios durante el trayecto de regreso a su residencia. En este municipio, allegados y familiares portaron el féretro y arrojaron flores, siguiendo una tradición local.

Familiares de la víctima expresaron su gratitud hacia Dios y hacia los habitantes, señalando que durante su estancia en esa comunidad siempre recibieron alimentos por parte de las mujeres del lugar, quienes se acercaron para brindarles apoyo.

Entre lágrimas y pesar por la pérdida del joven, los presentes dieron inicio al funeral con plegarias solicitando fortaleza para la familia. Durante la ceremonia, también se interpretaron himnos cristianos como parte de los tributos realizados.

Retiran jet car utilizada por Jesler

Además, Telediario Guatemala informó que, el viernes, también se procedió al retiro del vehículo acúatico que conducía Jesler Palacios en el momento del accidente.

La nave fue sacada del lago y llevada a un predio privado en Panajachel, donde permanecerá bajo resguardo.

El caso de Jesler Estuardo Palacios generó amplia atención en Guatemala y reavivó la discusión sobre la seguridad en actividades acuáticas, así como la importancia de los protocolos de rescate y auxilio en emergencias.

El día de ayer 10 de abril no fue un día cualquiera en la ruta que serpentea entre las montañas de Chimaltenango y Sololá. El sol de la tarde caía con una intensidad que engañaba a los viajeros, prometiendo un cierre de jornada tranquilo. Sin embargo, en el kilómetro 88.5, justo en el trayecto que une al municipio de Patzún con la aldea Godínez, el destino escribió una de las páginas más desgarradoras de la crónica roja local

Eran poco después de las horas merididanas cuando el reporte ingresó a la cabina de los Bomberos Municipales Departamentales. La voz al otro lado del teléfono, quebrada por el pánico, hablaba de cuerpos sobre la cinta asfáltica. La unidad RD-144 de la estación de Patzún salió a toda marcha, sorteando las curvas de una carretera conocida por su peligrosidad, pero para cuando el ulular de las sirenas se apagó al llegar al lugar, el silencio que encontraron era mucho más aterrador.

La escena en las carreteras guatemaltecas fue el eco de una pesadilla: el rugido de un motor pesado y el estruendo del metal venciendo la fragilidad humana. En una motocicleta, único sustento de movilidad para la familia, viajaba una madre junto a sus dos tesoros, Cristian Ricardo y Megan Guadalupe Batz Cum.

Sobre el asfalto, la realidad fue inmediata y cruel; la magnitud del impacto no dejó espacio para milagros. Pese al esfuerzo de los socorristas por hallar un pulso, el diagnóstico confirmó que la vida de los dos hermanos se extinguió al instante, dejando sus cuerpos como un mudo y doloroso testimonio de la vulnerabilidad en las rutas del país, mientras su madre sobrevive para llorar una pérdida irreparable.

Una madre en el epicentro del dolor

A pocos metros de donde yacían los niños de ocho y siete años, la madre, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras lucha por su vida en un centro asistencial, personificaba la tragedia absoluta. Ella conducía la motocicleta, guiando a sus hijos hacia lo que debería haber sido un destino seguro. Milagrosamente, sobrevivió al choque físico, pero fue trasladada de urgencia con heridas que, aunque graves en el cuerpo, palidecen ante la herida emocional de haber visto apagarse la luz de sus hijos en un segundo.

La comunidad de Patzún, que suele ser de una calma laboriosa, se transformó rápidamente. Mientras las autoridades correspondientes eran notificadas, un grupo de pobladores, movidos por una mezcla de indignación y solidaridad, impidió que el conductor del camión abandonara la escena. No hubo linchamientos, pero sí una firme determinación de que la justicia debe actuar ante una pérdida tan irreparable.

La noticia no tardó en saltar de las carreteras a las pantallas. En cuestión de minutos, las fotos de la unidad de bomberos y los cordones de seguridad se volvieron virales. En las redes sociales, el dolor se multiplicó. “Eran solo unos niños”, “Se fueron de la mano al cielo”, rezan algunos de los comentarios de vecinos que conocían a la familia Batz Cum.

Este trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad vial en las rutas interdepartamentales. El tramo entre Patzún y Godínez es una vía vital para el comercio y el transporte, pero carece de las medidas de seguridad necesarias para proteger a los más vulnerables.

Hoy, Patzún y San Andrés Semetabaj lloran a dos de sus hijos más pequeños. La carretera, lavada por la lluvia o el paso del tiempo, eventualmente borrará las marcas del frenazo, pero el vacío dejado en el hogar de los Batz Cum es una herida que la comunidad cargará por mucho tiempo.

El Ejército de Guatemala confirmó la extracción de datos sensibles tras un ataque informático externo al portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), lo que implica la anulación inmediata y sin costo de licencias y tenencias afectadas, mientras que las autoridades inician la reposición de registros para garantizar la legalidad en la portación de armas a partir del 10 de abril.

El Ministerio de la Defensa Nacional informó el 10 de abril que la vulneración del portal de la Digecam permitió la sustracción de información, producto de un ataque automatizado que se extendió durante aproximadamente 13 horas, según relató Julio César Taracena, comandante de la Unidad de Comunicaciones del Ejército, en una conferencia de prensa.

El volumen de datos sustraídos no superaría los cinco gigabytes, conforme al informe preliminar presentado por la autoridad militar.

Este incidente afecta de manera directa a titulares de licencias y tenencias otorgadas por la Digecam. El Ejército instruyó que los registros afectados serán anulados y sustituidos sin costo por nuevos documentos con un número y registro diferente.

Los usuarios impactados recibirán comunicación oficial individual sobre la fecha y hora en la que deberán presentarse en la sede de la Digecam para completar el proceso administrativo necesario.

La vulneración no generó, según declaraciones del Ministerio de la Defensa, encriptación ni una solicitud de rescate, típicas de ataques de tipo ransomware.

Se detectó que fueron comprometidas credenciales de usuarios, aunque el número exacto de personas afectadas no ha sido divulgado hasta el momento. La autoridad explicó, además, que el uso de un documento filtrado quedará detectado como inválido dentro de los sistemas actualizados.

La reposición de documentos se realiza bajo supervisión del Ministerio Público

La comandanta a cargo de la seguridad y el proceso de reposición explicó, que “va a ser una licencia nueva y se va a comunicar con cada una de las personas que se vieron afectadas, para que ellos se presenten a la Digecam para que puedan hacer ese proceso”.

Agregó que la identificación del universo total de usuarios afectados es responsabilidad del Ministerio Público, dependencia ante la cual el Ejército presentó formal denuncia el 10 de abril.

Julio César Taracena aclaró el protocolo para la validación y reemplazo de los documentos. Precisó: “No es que se les vuelva a dar (la misma licencia), sino que será un número diferente, un número de registro nuevo, porque esos registros que fueron filtrados automáticamente quedarán, como algo, prácticamente podríamos decir que van a ser falsos”.

La nueva documentación permitirá a los propietarios mantener su derecho a portar y poseer armas, ya que estos carnets sustituyen los registros anulados tras la filtración de información. La Digecam ya inició el procedimiento de citación y reposición de documentos tan pronto concluyó la conferencia oficial del 10 de abril.

La cifra exacta de personas impactadas sigue bajo resguardo judicial

A pesar de la insistencia de periodistas, tanto la comandanta responsable como Taracena insistieron en que “va a ser el Ministerio Público el que, en su oportunidad, tendría que dar a conocer la cantidad” de usuarios alcanzados por el incidente, debido a impedimentos legales vigentes tras la presentación de la denuncia.

El Ejército subrayó que los usuarios afectados no tendrán inconvenientes legales al momento de interactuar con autoridades policiales, incluso bajo el actual estado de prevención decretado en siete departamentos del país, ya que los carnets originales serán anulados y sustituidos por nuevos registros oficiales.

Las investigaciones para identificar a los responsables del ataque continúan abiertas, en colaboración con el Ministerio Público. La autoridad militar reiteró que la seguridad del sistema sigue bajo análisis y que la información recabada fue puesta a disposición de la fiscalía.

Las personas cuyos registros hayan sido afectados recibirán notificación oficial y acceso al proceso de reposición, para que mantengan la legalidad de sus documentos y no enfrenten complicaciones ante futuras inspecciones policiales o cambios legislativos relacionados con el control de armas.

Las Cámaras Guatemalteca de Transporte de Carga (CGT) informaron este viernes que, ante el aumento sostenido en los precios de los combustibles, se ven obligadas a implementar ajustes en las tarifas de sus servicios para garantizar la continuidad de sus operaciones.

En un comunicado afirmaron que: “nuestro gremio ha actuado con responsabilidad y una actitud propositiva. Hemos agotado todas las instancias de diálogo técnico y político ante el Gobierno Central y el Congreso de la República, presentando propuestas concretas orientadas a la implementación de un apoyo económico temporal”.

De acuerdo con la CGT, el objetivo principal ha sido evitar que el impacto de estos costos externos se traslade directamente al consumidor final y afecte la cadena de suministros del país.

La nota precisa que, pese a los esfuerzos realizados y al respaldo técnico presentado, “las autoridades competentes no atendieron la magnitud de esta crisis ni las propuestas planteadas”. Las cámaras señalaron que la falta de respuesta estatal ha dejado al sector en una posición insostenible, agravada por el incremento en el precio del diésel y de otros insumos operativos.

Sector advierte sobre la insostenibilidad operativa y anuncia ajustes tarifario

El documento describe que el transporte de carga constituye la columna vertebral de la economía nacional y advierte que las empresas del sector enfrentan “una situación insostenible que impide a nuestras empresas continuar absorbiendo pérdidas”.

Las cámaras resaltaron que la continuidad del servicio resulta indispensable para que la economía del país funcione de manera regular y para que los productos lleguen a los consumidores, pero las condiciones actuales tornan inviable seguir operando bajo el mismo esquema tarifario.

“Nos vemos en la necesidad de aplicar ajustes en las tarifas de nuestros servicios. Estos ajustes se realizarán con base en criterios técnicos, con el fin de garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio”, señalaron las asociaciones.

Además, solicitaron comprensión tanto a la población guatemalteca como a sus clientes, recordando que la medida responde a “una consecuencia directa de la falta de acción oportuna por parte del Estado frente a una problemática que impacta a todos los sectores productivos”.

El sector señala que, a pesar de los incrementos, su compromiso se mantiene enfocado en seguir contribuyendo al desarrollo de Guatemala, operando bajo principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad, pero en condiciones económicas que permitan la viabilidad del sector.

En este sentido, reiteraron el llamado a las autoridades para buscar soluciones que permitan aliviar la presión sobre los costos y evitar un impacto mayor en la economía del país.

El comunicado fue suscrito por diferentes entidades, entre las que se destacan: Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), Cámara de Transportistas Centroamericanos (CATRANSCA), Gremial de Transportistas de Carga (GRETRAC) y Asociación de Transportistas Internacionales (ATI), quienes insisten en que la falta de una intervención estatal adecuada ha forzado la decisión de modificar las tarifas..

Las organizaciones remarcaron que la situación actual afecta a toda la cadena de suministros y puede traducirse en un impacto directo sobre los precios para los consumidores finales. “Solicitamos su comprensión ante esta medida”, concluye el comunicado.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, inauguró en su gira por el departamento de Retalhuleu una nueva clínica médica con farmacia, en la comisaria 34, dedicada a la atención de los miembros de la Policía Nacional Civil.

El establecimiento lleva el nombre de Fernando Alexander Batres Ordóñez, agente policial caído en el cumplimiento del deber el 18 de enero del presente año durante un atentado violento perpetrado por pandilleros, según lo relatado por las autoridades presentes en la ceremonia y registrado por la Policía Nacional Civil.

El acto de inauguración, presenciado por la familia de Batres Ordóñez, sus compañeros y la plana mayor de la institución, incluyó la develación de una plaqueta con su nombre, así como la entrega póstuma de la Cruz de Oro, el mayor reconocimiento institucional de la Policía Nacional Civil, en honor al servicio y sacrificio del agente.

Durante el atentado del 18 de enero, fecha en la que perdió la vida Batres Ordóñez, fallecieron también once policías, cifra confirmada en el acto, lo que otorga al suceso un carácter excepcional en la historia reciente de la fuerza, de acuerdo con el director general de la policía, David Custodio Boteo, presente en el evento.

La esposa de Batres Ordóñez recibió un beneficio económico inmediato, asociado a la condecoración post mortem, detalló el director general Boteo al medio Policía Nacional Civil durante el acto. Boteo precisó que reconocimientos similares serán entregados a las familias de los otros once agentes fallecidos en el mismo atentado.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que la clínica, resultado de la iniciativa y trabajo de los miembros de la Policía Nacional Civil, tiene como objetivo dignificar las condiciones laborales de los agentes y brindar apoyo a sus familias.

Destacó la decisión de dar el nombre de Batres Ordóñez al centro de atención, indicando que responde tanto a la integridad del agente como a su valor y sentido de servicio. Añadió: “Su esposo, su padre, su hijo, es un referente de la actuación y de la acción íntegra en la que todo miembro de la Policía Nacional se ve comprometido”.

El atentado del 18 de enero: once policías fallecidos y el recuerdo institucional

La jornada estuvo marcada por la memoria de la tragedia reciente que enluta a la Policía Nacional Civil. Fernando Alexander Batres Ordóñez, oriundo de Retalhuleu, fue recordado por su “sentido de servicio” y “valentía”, según el presidente Arévalo y los altos mandos de la fuerza.

Su nombre será parte de la clínica, convirtiéndose en un recordatorio tangible para los agentes y sus familias de los valores policiales.

Durante el homenaje, el director David Custodio Boteo expresó: “El 18 de enero del 2000, el presente año, fue objeto de un atentado violento por parte de terroristas pandilleros, en donde lamentablemente fallecieron once de nuestros queridos compañeros”. De esta forma, resaltó la dimensión del tributo y el alcance del duelo institucional.

Dignificación policial y nuevas condiciones de atención en Retalhuleu

La clínica médica y farmacia inauguradas representan una mejora sustancial para la atención de los miembros de la Policía Nacional Civil en Retalhuleu, reforzando la promesa oficial de apoyo a los agentes y sus familias.

El presidente Arévalo subrayó durante la ceremonia la función simbólica y práctica del centro al afirmar: “Va a servir para dignificar las condiciones en que los policías dan servicio, apoyarlos a ellos y a sus familias”, en una muestra de reconocimiento a la labor diaria y los riesgos que enfrentan los agentes, según declaraciones recogidas por el medio Policía Nacional Civil.

La institución aseguró que todos los fallecidos en el atentado recibirán reconocimiento, y que la memoria de Batres Ordóñez, ahora inscrita en la clínica policial de Retalhuleu, funcionará como referencia ética para las futuras generaciones de policías.

En la aldea San Francisco, municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, el trabajo y la solidaridad de la comunidad, junto con el aporte de migrantes en Estados Unidos, dieron vida a una obra que cambió la cotidianidad de cientos de familias.

Se trata del puente “El Migrante”, una estructura colgante de 40 metros de largo sobre el río Salamá, cuya construcción se financió principalmente con remesas y aportes de los propios habitantes, ante la ausencia de apoyo gubernamental o municipal, según medios locales como La Hora y la Revista Soy Migrante.

Vecinos de la aldea San Francisco venían solicitando desde hace años la construcción de un puente vehicular sobre el río Salamá a la municipalidad y al gobierno central, sin obtener respuesta. Solo existía un paso peatonal, insuficiente para el traslado de mercancías y el paso seguro de vehículos.

La urgencia se agudizó en junio de 2024 tras fuertes lluvias y crecidas del río, situación que llevó a la comunidad a organizarse bajo el liderazgo del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), presidido entonces por Óscar García.

“La idea convenció, era realizable”, recuerda García sobre las reuniones con líderes de otras comunidades, en declaraciones recogidas por la revista guatemalteca. El mayor reto era financiar la obra, por lo que decidieron recurrir al apoyo de familiares en Estados Unidos y a la colaboración local.

La mayoría de los recursos económicos para levantar el puente provino de migrantes guatemaltecos originarios de San Francisco y otras comunidades, radicados en ciudades como Richmond (Virginia), Minneapolis (Minnesota), South Dakota, California y Alabama. Incluso migrantes de El Salvador aportaron donativos. Las contribuciones llegaron no solo en efectivo, sino también en especie: animales de corral, textiles tradicionales y otros bienes vendidos en beneficio del proyecto.

Óscar García, quien también fue migrante en Estados Unidos, aseguró que conversó con amigos en Estados Unidos y que visitó “comunidades de varios Estados para pedir apoyo”.

La comunidad local también participó activamente: albañiles donaron su mano de obra y mujeres organizaron actividades para recaudar fondos.

La construcción del puente inició el 3 de enero de 2025 y se extendió por casi un año, finalizando en diciembre del mismo año. El proceso estuvo liderado por albañiles locales y contó con el asesoramiento de un ingeniero y un arquitecto, aunque la mayor parte del trabajo técnico y la supervisión fue comunitaria.

Según declaraciones de García, el costo del proyecto superó los Q900,000 (117.910 dólares), financiados casi en su totalidad mediante remesas y aportes de los habitantes.

El puente fue inaugurado el 18 de diciembre de 2025, coincidiendo con el Día Internacional del Migrante, como homenaje al aporte de quienes residen en el extranjero. La jornada incluyó bailes tradicionales, oraciones y una transmisión por redes sociales, en un ambiente de celebración y gratitud.

Ausencia de apoyo institucional y debate sobre la seguridad

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aclaró que, al situarse en una ruta municipal, el puente no fue supervisado ni recibió aportes estatales.

La municipalidad de San Miguel Chicaj, encabezada por el alcalde Fernando Calate, confirmó que no hubo solicitud formal para ejecutar la obra y felicitó a los pobladores por la iniciativa, pero advirtió sobre la ausencia de estudios técnicos o ambientales, lo que podría generar riesgos legales ante eventuales fallos estructurales.

García fue claro en su mensaje: “Aquí no recibimos ningún apoyo de algún político. Esto es puro comunitario, sudor de nosotros y de la gente que está en los Estados Unidos”. La comunidad asumió la responsabilidad total sobre la construcción y el mantenimiento del puente.

Impacto social y económico

Desde su inauguración, el puente vehicular ha transformado la vida en la aldea San Francisco y en caseríos vecinos como Los Encuentros, Buena Vista, La Rinconada, Chupel Palmar, Carchejal y El Tempisque, algunos de ellos en zonas limítrofes con Alta Verapaz.

Antes de la obra, cruzar el río era riesgoso y dificultaba el transporte de productos y materiales. “Muchos vecinos no podían llevar block, cemento o sus mercaderías de tiendas. Ahora todo eso cambió”, afirma García en la Revista Soy Migrante.

El acceso mejorado ha dinamizado la economía local, facilitando el comercio y la movilidad entre comunidades. Para los habitantes, el puente es más que una infraestructura: representa la fuerza de la organización comunitaria y el lazo permanente con quienes migraron y no han olvidado sus raíces.

Un ejemplo de autogestión comunitaria

El caso del puente “El Migrante” refleja cómo la migración y el envío de remesas pueden convertirse en motor de desarrollo y transformación social, especialmente en contextos donde las instituciones no logran dar respuesta a las necesidades básicas.

La obra es testimonio del esfuerzo colectivo y la solidaridad transnacional, así como un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la coordinación y supervisión técnica en proyectos de infraestructura rural.

Autoridades y rescatistas hallaron este viernes el cuerpo de Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, desaparecido en el lago de Atitlán tras descender de un “jetcar” (vehículo acuático) en la zona de Panajachel, Sololá, el pasado 4 de abril.

La recuperación se confirmó tras siete días de búsqueda ininterrumpida, según informó el jefe nacional de la sección de rescate y salvamento acuático de los Bomberos Voluntarios, mayor Juan Díaz Muñoz.

La operación de búsqueda y rescate, que movilizó a treinta y cinco elementos y una patrulla canina especializada, puso en evidencia la creciente relevancia de nuevas tecnologías y protocolos en la gestión de emergencias.

Según datos oficiales, el cuerpo fue recuperado en la bahía del lago, en el sector conocido como Guacasteca, después de que emergió a la superficie y facilitó su localización.

“Siete días completos, día y noche se estuvo trabajando. Hoy, gracias a Dios, el cuerpo empezó a salir a flote y fue como se logró localizar y extraerlo de las aguas de la Guacasteca”, afirmó el jefe de los rescatistas por medio de un video.

La tecnología y coordinación marcan la diferencia en los rescates acuáticos

Además, Muñoz precisó que la patrulla canina resultó clave para delimitar los puntos de búsqueda: “Los os puntos indicados por los perritos, fueron exactos”, afirmó.

La colaboración entre rescatistas humanos y recursos animales permitió acelerar el proceso y asegurar una mayor precisión en el rastreo.

El despliegue para encontrar al joven involucró a más de 30 rescatistas y apoyo canino especializado. La operación enfatizó la importancia del capital humano, la formación técnica y la innovación en protocolos para emergencias en entornos como el lago de Atitlán, considerado crítico por la dificultad que presentan sus aguas para los operativos de búsqueda y recuperación.

Además, los rescatistas utilizaron un dron subacuático para extender la zona de búsqueda.

Por su parte, por medio de redes sociales, el Ejército guatemalteco informó que, mediante la intervención de sus buzos tácticos de la Marina de la Defensa Nacional y en coordinación con cuerpos de socorro, se logró localizar y recuperar el cuerpo sin vida del joven.

Durante los primeros días de búsqueda, los familiares de la víctima permanecieron en el lugar con evidente preocupación. Pese a los esfuerzos iniciales, no se obtuvo éxito en la localización del joven, lo que incrementó la angustia y la espera de sus seres queridos.

El balance operativo destacó que la intervención de los perros entrenados fue decisiva. Los puntos delimitados por la patrulla canina coincidieron exactamente con el lugar donde emergió el cuerpo, lo que consolidó la eficacia de estos métodos de rastreo y consolidó la integración de recursos especializados en los sistemas de rescate.

Colaboradores participaron activamente durante toda la semana en la coordinación logística del operativo.

De acuerdo con los equipos de socorro, Jessler, de 28 años, era originario de Barillas, Huehuetenango. Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del hecho y serán las autoridades las responsables de continuar con la investigación correspondiente.

En la recta final del proceso de selección para fiscal general en Guatemala, el ministro de gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval presentó su propuesta ante la comisión de postulación, comprometiéndose a una reforma integral del Ministerio Público orientada a la independencia, el rigor técnico y la protección efectiva de las víctimas.

Esta comparecencia, realizada durante la última jornada de entrevistas públicas ante decanos y comisionados, definió no solo el perfil del funcionario sino el modelo institucional que impulsa para los próximos años en el sistema de justicia penal guatemalteco.

Durante su intervención, Villeda destacó que ha dedicado "treinta y cinco años de estar ejerciendo un cargo público como juez independiente, pero también como jurista y ahora como ministro de Gobernación“, lo que, según dijo a Infobae, le otorga una perspectiva singular sobre las fortalezas y deficiencias estructurales del Estado.

La comisión fijó límites estrictos de tiempo para las presentaciones y las preguntas, conforme a una agenda pública y transparente: cinco minutos principales y hasta dos minutos adicionales para exponer el plan de trabajo, seguidos de un máximo de tres minutos para responder interrogantes, según el reglamento difundido en la jornada.

Marco Antonio Villeda propone pruebas técnicas y criterios uniformes para las fiscalías

Gracias a la experiencia acumulada, Villeda plantea la transformación del Ministerio Público en una institución orientada a resultados medibles. Ante la comisión, dejó en claro que “no busca continuar lo que está mal”, asegurando que reconoce “los errores y los problemas que hay” y señalando que su candidatura está basada en "proponer soluciones concretas“, una promesa reiterada ante decanos y comisionados.

El candidato insistió en que la persecución penal debe fundamentarse exclusivamente en pruebas técnicas y objetivas. “El Ministerio Público tiene que ser un ente eminentemente técnico, objetivo e imparcial, cuyo único norte, cuyo único camino, en realidad, sea la evidencia”, subrayó ante la comisión.

Además, rechazó procedimientos basados en “denuncias de ciudadanos anónimos” y propuso centrar las investigaciones únicamente en datos verificables, bajo directrices claras aplicables a todas las fiscalías.

Como uno de los aspectos diferenciales de su propuesta, Villeda propuso instaurar lineamientos homogéneos y técnicos en las fiscalías. Considera que los procesos de investigación, tramitación y procesamiento de escenas del crimen deben estandarizarse incluso considerando las especificidades regionales de Guatemala.

“Los procesos de conocimiento, tramitación, procesamiento de escena del crimen tienen que estar estandarizados”, recalcó. De esta forma, la actuación fiscal sería equiparable a nivel nacional y permitiría garantizar equidad y calidad en la justicia.

Protección de la víctima e imparcialidad como prioridades en la propuesta

Otro pilar del plan presentado por Villeda Sandoval consiste en robustecer la protección y dignidad de la víctima, definida como la “razón de ser del Ministerio Público”. Presentó un sistema dirigido a asegurar la efectividad de las actuaciones fiscales con resultados “concretos y medibles”, evitando selecciones discrecionales o persecuciones penales selectivas.

Debido al diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual del Ministerio Público, el ministro orientó su plan a priorizar “los fenómenos delictivos que impactan directamente a la sociedad”, además de prestar atención especial a “aquellos fenómenos delictivos que se repiten con mayor frecuencia y que de alguna manera terminan afectando las actividades diarias de los ciudadanos”.

Para quienes siguen el desarrollo del proceso de selección, durante la última jornada de entrevistas públicas el ministro de gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval expuso su plan orientado a convertir al Ministerio Público en una institución objetiva y basada en resultados, subrayando la importancia de sustentar la persecución penal en pruebas técnicas y la protección central de la víctima, según indicó Infobae.

Al cerrar su participación, Villeda propuso la aplicación uniforme de la ley para impedir sesgos en las acciones del Ministerio Público y resaltó la urgencia de medir los resultados de gestión para rendir cuentas a la sociedad.

El gobierno de Guatemala avanza en la descentralización con nuevos proyectos dirigidos a educación, infraestructura vial y turismo en Retalhuleu. La visita del presidente Bernardo Arévalo por dos días al departamento abrió una etapa enfocada en instalar gobiernos departamentales para acercar los servicios y la coordinación del Ejecutivo a nivel local. De acuerdo con datos recogidos por Canal de Gobierno, el objetivo fundamental de esta iniciativa es fortalecer la colaboración con las municipalidades y la sociedad civil, canalizar obras de inversión y dar respuesta directa a los retos en infraestructura, educación y desarrollo económico.

Uno de los resultados palpables de este proceso ha sido la entrega de becas del programa Nuestro Futuro, que benefició a diez jóvenes de Retalhuleu en la convocatoria más reciente. Ocho participaron en un encuentro donde debatieron cómo el apoyo recibido repercute en sus expectativas académicas. Según información oficial, el 14 de abril abrirá una nueva convocatoria de becas, con un llamado especial a la juventud local para que participe.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, expuso los alcances de la intervención estatal durante una conferencia de prensa, deteniéndose especialmente en las mejoras para la infraestructura vial de Retalhuleu. Zea confirmó la actual ejecución de nueve proyectos relacionados con carreteras, que incluyen dos nuevas construcciones y un proyecto de estudios preliminares para la ampliación de la CA2 Occidente, entre los kilómetros 172 y 198 en La Asintal, con un tramo de casi 23 kilómetros.

Tres proyectos presupuestados desde el Congreso se reactivan y comienzan inspecciones técnicas en Retalhuleu

La ministra explicó que, bajo el marco del artículo 16 de la Ley de Presupuesto 2026, el Congreso asignó tres proyectos de inversión específicos para Retalhuleu. Desde la próxima semana, personal técnico de la Dirección General de Caminos recorrerá la zona a fin de preparar y consolidar la formulación técnica de estos proyectos. Entre los planes se cuentan la ampliación de la CA2 Occidente (kilómetro 178 a 182,5) con la construcción de dos distribuidores de tránsito y el mejoramiento de rutas en zonas rurales como San José Chiquito, Aldea Sibana, La Lolita, cantón San Antonio, El Mangal y Santa Cruz Muluá.

Zea precisó que algunos proyectos suspendidos en años anteriores han sido reactivados, con el inicio de obras en campo previsto en un plazo de dos a tres semanas, sobre todo en sectores costeros como Acapán y El Manchón, así como en el tramo La Asintal a Colomba, Costa Cuca, y la conexión hacia Quetzaltenango.

Desde Canal de Gobierno se indicó que, bajo la administración de Bernardo Arévalo, se consolida la presencia de una administración departamental sólida. El gobierno impulsa inversiones en infraestructura vial, otorga becas universitarias para fortalecer la educación y destina recursos al sector turístico. Además, retoma obras suspendidas por gestiones previas y mantiene la presencia constante de técnicos estatales para facilitar la ejecución de los proyectos.

Obras civiles aceleran plazos y priorizan patrimonio, educación y recuperación vial

Más allá de las infraestructuras viales, Norma Zea detalló que una de las prioridades presidenciales es la construcción de un instituto regional en el municipio de San Felipe. Con los estudios geotécnicos y levantamientos topográficos finalizados, está previsto que la licitación comience a finales de mayo; el inicio de la obra se proyecta para julio o agosto de este año.

En paralelo, se reportan avances en la restauración del edificio patrimonial de correos, el cual fue dañado por un incendio. Se estima que en dos o tres semanas comenzará la reparación de la cubierta por parte de la empresa autorizada. También se ejecutan remozamientos en dos escuelas rurales mixtas —en El Codo, parcelamiento El Rosario y caserío Los Ángeles, Champerico— y se entregan módulos educativos al Instituto Tecnológico Industrial El Asintal y la Escuela Oficial Rural Mixta La Bendición, en Agracia. Otro proyecto prioritario es la reposición del mercado municipal de San Felipe, con la espera de la entrega de los estudios finales del alcalde para arrancar la ejecución.

En cuanto al mantenimiento vial, la ministra reconoció la imposibilidad de iniciar varios proyectos el año pasado; no obstante, desde enero se reactivaron y actualmente progresan dos proyectos de bacheo en diversos segmentos de la red provincial. Subrayó que la adjudicación abarca grupos de rutas, no solo tramos individuales.

Durante el desarrollo de la jornada, Bernardo Arévalo y Norma Zea enfatizaron su disposición a fortalecer la coordinación entre el gobierno central, las municipalidades y la sociedad civil, integrando las necesidades de grupos productivos —como los pescadores de Champerico impactados por la sequía— y potenciando el turismo mediante infraestructura estratégica, como se observa en los trabajos de supervisión de puentes sobre la ruta CRREU01 que facilitan el acceso a la Playa El Manchón.

La serie de anuncios hechos en Retalhuleu, informados por Canal Antigua, expone una política activa marcada por la descentralización, la reactivación de obras y la dinamización de la educación, la infraestructura vial y la economía en el departamento.

Las remesas familiares enviadas a Guatemala han registrado un comportamiento que redefine el panorama económico del país. Durante los primeros meses de 2026, los ingresos por este concepto ya suman USD 6290,4 millones, una cifra que, de mantenerse el ritmo, podría anticipar un nuevo récord anual para el final del periodo, reporta una nota de República.com

El flujo de dinero proveniente del extranjero, principalmente de migrantes radicados en Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los motores centrales de la economía guatemalteca.

Solo en 2025, el total anual alcanzó USD 25,530.2 millones, un crecimiento superior al 300 % respecto a 2015, cuando la cifra rondaba los USD 6,285 millones.

Este crecimiento sostenido a lo largo de la última década no responde únicamente a un mayor número de envíos, sino también a un aumento en los montos promedio remitidos por los migrantes, detalla la publicación.

Los datos reflejan que varios meses de 2025 tuvieron ingresos mensuales por encima de los USD 2,000 millones, con picos de hasta USD 2,390 millones.

Remesas y su impacto en la economía guatemalteca

La influencia de las remesas se percibe de forma directa en el consumo interno. Sectores como comercio, vivienda, educación y servicios han recibido un impulso derivado de la inyección constante de recursos.

Esta dinámica sostiene a millones de hogares para quienes estas transferencias constituyen la principal fuente de ingreso.

Consultados sobre los efectos de las remesas en Guatemala, especialistas apuntan que los envíos de dinero desde el exterior han permitido mantener el consumo y la estabilidad económica, particularmente en tiempos de crisis internas y externas.

La dependencia de estos recursos plantea retos estructurales, ya que cualquier cambio en las políticas migratorias o el mercado laboral de Estados Unidos podría alterar el flujo hacia el país.

Tendencia regional y desafíos

El fenómeno de las remesas abarca toda la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centroamérica ha mostrado el mayor dinamismo en el crecimiento de estos envíos dentro de América Latina.

Países como Honduras, El Salvador y Nicaragua también han registrado cifras históricas, con incrementos que, en algunos casos, representan entre un 20 % y un 30 % del Producto Interno Bruto.

En Nicaragua, los incrementos de dos dígitos en 2024 y la tendencia sostenida en 2025 demuestran la magnitud del fenómeno. Honduras y El Salvador continúan con crecimientos, aunque a un ritmo más moderado.

La expansión de las remesas se vincula con factores como la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, el fortalecimiento del empleo entre comunidades migrantes y el alza del costo de vida en los países de origen. Estos elementos han llevado a los migrantes a enviar más fondos a sus familias.

Perspectivas y retos para el futuro

Si bien el crecimiento de las remesas ha funcionado como un amortiguador frente a crisis diversas, la alta dependencia de estos fondos es un desafío.

Expertos sugieren canalizar parte de estos recursos hacia el ahorro y la inversión productiva, con el objetivo de generar empleo y disminuir la vulnerabilidad ante posibles cambios en el entorno internacional.

Actualmente, la mayor parte de las remesas se destina al consumo inmediato, lo que limita su potencial transformador a largo plazo. Las perspectivas para 2026 siguen siendo positivas: todo indica que el flujo de remesas continuará en niveles históricos, manteniendo su papel central en la economía nacional y en la vida de millones de guatemaltecos.

Para muchos hogares, estos ingresos significan no solo un alivio financiero, sino la posibilidad de acceder a servicios, educación y mejores condiciones de vida, en un contexto donde las oportunidades locales siguen siendo insuficientes.

La Municipalidad de Guatemala ha reforzado su estrategia para aliviar el tráfico en la capital con el lanzamiento de una aplicación anónima de denuncias y la promoción activa de la participación ciudadana como elemento clave en su plan de movilidad.

El programa aborda la congestión vehicular desde una perspectiva integral, incorporando reorganización urbana, aumento de la eficiencia del transporte público y coordinación entre municipios, pero hace especial hincapié en el involucramiento de vecinos y sectores productivos para lograr una reducción tangible en los embotellamientos.

Durante febrero de 2025, la Municipalidad de Guatemala puso a prueba con empresas e instituciones un sistema de horarios laborales diferenciados y ajustes internos para evitar desplazamientos simultáneos.

Según cifras municipales, estas pruebas piloto lograron disminuir entre 20 % y 25 % los embotellamientos en las zonas intervenidas, lo que valida la eficacia de estas medidas y justifica su futura inclusión en el programa Súmate, dirigido a promover la adopción de prácticas voluntarias que mejoren la circulación vehicular.

El plan integral, según la información oficial, propone que la gestión de la movilidad no recaiga exclusivamente en la infraestructura o la regulación, sino que involucre activamente a la ciudadanía.

Así, el programa Súmate fomenta que tanto ciudadanos como empresas adopten estrategias que faciliten la distribución progresiva de los desplazamientos a lo largo del día, con el objetivo de evitar la saturación en las horas de mayor demanda.

Las acciones sugeridas incluyen la implementación de horarios laborales escalonados, el uso de sistemas de carro compartido y herramientas digitales para minimizar los viajes innecesarios.

Presentación de la aplicación Vigía Vial Inteligente y su impacto esperado

El componente tecnológico central del plan se refleja en la próxima presentación de Vigía Vial Inteligente (VIVI), una aplicación diseñada para transformar la colaboración ciudadana en la gestión del tráfico.

La municipalidad detalla que esta plataforma permitirá a los vecinos enviar observaciones y sugerencias sobre el tránsito, de forma anónima y segura, directamente a la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Entre las situaciones que podrán reportarse desde la app destacan el bloqueo de intersecciones, parqueo en línea roja y faltas cometidas por el transporte pesado. Los usuarios podrán adjuntar fotografías y videos como respaldo de sus denuncias.

La aplicación también busca fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito, ya que ofrece la posibilidad de presentar denuncias sin necesidad de confrontación directa, e integra a la población como vigilante activa de la movilidad urbana.

Entre sus funciones principales figuran la recepción oficial de denuncias por parte de la PMT y la priorización de la seguridad de quienes reporten incidentes, de acuerdo con información publicada por el Diario Soy502.

Estrategia de cambio de hábitos y coordinación intersectorial

La Municipalidad de Guatemala impulsa un modelo de gestión que vincula cambios de hábito, adopción de nuevas herramientas tecnológicas y coordinación entre diferentes sectores productivos y sociales.

Según autoridades municipales, las experiencias piloto junto con la inminente llegada de la aplicación VIVI representan la apuesta principal para concretar un tránsito más ordenado y eficiente en el corto y mediano plazo.

La saturación vial en la capital incide en la salud mental de los habitantes

Más de 1 millón 200 mil vehículos circulan diariamente en Ciudad de Guatemala, según datos del Seguro Social, lo que agrava la congestión vial y genera un impacto directo en la salud mental de los habitantes.

El incremento anual del parque automotriz y la falta de alternativas eficientes al uso del automóvil particular se suman a la saturación de la infraestructura vial, según información reportada por las autoridades.

El doctor Enrique Mendoza Gaitán, director médico del Centro de Atención Integral de Salud Mental (CAISM), advirtió que la exposición diaria al tráfico puede desencadenar estrés, angustia, ansiedad, ira y cólera en la población.

Mendoza Gaitán puntualizó que “cada vez se duerme menos, lo que provoca una disminución en la capacidad cognitiva y física de las personas. Además, hay una alteración en los horarios de comida de las personas”.

Entre los principales factores que intensifican el congestionamiento sobresalen la ineficiencia del transporte público, la falta de educación vial, la insuficiente infraestructura y la inseguridad. El Seguro Social instó a la población a adoptar medidas para mitigar el estrés vial y cuidar su bienestar.

El listado de problemas más graves identificados para Guatemala incluye la seguridad pública, la corrupción, la independencia judicial, los juicios por violaciones a derechos humanos, así como cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y los derechos sexuales y reproductivos.

El reciente pronunciamiento de la embajada de Canadá y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto bajo escrutinio la legitimidad del proceso que llevó a Walter Mazariegos a la reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En medio de señalamientos de irregularidades, la comunidad universitaria y organismos internacionales exigen revisar el procedimiento y garantizar transparencia.

La misión especial de la OEA, encabezada por Carlos Ayala Corao, describió la situación en la Usac como uno de los desafíos institucionales más críticos del país.

El informe presentado ante el Consejo Permanente mencionó actos violentos contra integrantes de la universidad y la intervención del Consejo Superior Universitario, el cual desconoció resultados a favor de sectores opositores a la administración actual.

Embajada de Canadá se sumó al reclamo de la OEA y solicitó que la elección del rector sea “transparente y democrática”. El mensaje coincidió con una advertencia de la misión de la OEA: “Los hechos recientes podrían comprometer la legalidad, legitimidad y seguridad de la elección”. El organismo internacional alertó sobre el riesgo de consolidar procesos viciados, que finalmente fueron visibles en la reelección de Mazariegos.

Reacción internacional y respuesta universitaria

En paralelo, estudiantes y egresados de la Universidad Da Vinci de Guatemala rechazaron los mecanismos considerados ilegítimos en la designación del rector en la Usac.

Diversas voces del ámbito académico y social insistieron en reconstruir la confianza en los procedimientos universitarios para devolver legitimidad a las decisiones institucionales.

El informe presentado ante la OEA señaló que Guatemala atraviesa una “etapa decisiva” marcada por la renovación de autoridades clave: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el fiscal general y el contralor general.

En respuesta a las irregularidades detectadas por la misión especial de la OEA, se detalló que el proceso electoral en la Usac excluyó a sectores opositores, lo que puso en duda la legalidad del resultado y habilitó la continuidad de Mazariegos al frente de la universidad pese a las advertencias internacionales.

Evaluación de la OEA y desafíos institucionales

La representante de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, y el propio Ayala Corao, expresaron que la renovación institucional en el país está acompañada de riesgos evidentes para la transparencia y la gobernabilidad.

El informe consignó antecedentes de politización que desembocaron en la criminalización de jueces, periodistas y miembros de la sociedad civil, así como en el debilitamiento de las garantías democráticas.

La misión de la OEA subrayó la necesidad de completar la integración de la Corte de Constitucionalidad, puntualizando que la toma de posesión, prevista para el 14 de abril, debe realizarse sin interferencias. Además, Ayala Corao remarcó que la Comisión de Postulación debe evaluar a los aspirantes a fiscal general con independencia, priorizando méritos y honorabilidad.

Al abordar lo sucedido en la Usac, la misión especial de la OEA determinó que la reelección de Walter Mazariegos como rector estuvo rodeada de irregularidades, violencia y exclusión de opositores, factores que impulsaron la intervención de organizaciones internacionales para exigir respeto a la legalidad.

Observación internacional y perspectiva democrática

La OEA interpretó la crisis en la Usac como un reflejo del actual estado de la democracia en Guatemala. Los pronunciamientos de actores internacionales han puesto el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para asegurar que los procesos institucionales respondan a los principios de legalidad y transparencia.

La misión especial de la OEA confirmó una nueva visita a Guatemala del 14 al 16 de abril, con el objetivo de observar los procesos de elección y toma de posesión en las instituciones clave del país. La comunidad internacional y los sectores universitarios mantienen la atención sobre la evolución de estos hechos, convencidos de que el desenlace tendrá repercusiones en la gobernabilidad y la confianza pública en las instituciones guatemaltecas.

El Panel de Personas Expertas Independientes realizó un llamado contundente a fortalecer la transparencia y la idoneidad en la designación del próximo fiscal general de Guatemala, advirtiendo que este proceso será decisivo para evitar el avance de la injerencia política, la corrupción y el crimen organizado dentro del sistema de justicia. Durante su tercera misión en el país, los integrantes del panel, entre ellos José Ugaz y Jaime Arellano, presentaron conclusiones y recomendaciones, subrayando que el destino democrático de Guatemala dependerá de las garantías implementadas en la selección, según expusieron en una conferencia retransmitida por Impunity Watch en Español.

Solo el seis por ciento de los casos investigados por el Ministerio Público de Guatemala logran llegar a la fase de judicialización, reveló Ugaz en la misma presentación ante Impunity Watch en Español. Esta proporción, considerada “muy débil” frente al contexto regional, evidencia carencias estructurales que, para el panel, sólo podrán ser abordadas si se nombra a una figura con independencia y competencia probadas.

El grupo fue enfático al señalar que la elección del fiscal general resulta una “prioridad absoluta” para la estabilidad futura del Estado. Ugaz recalcó ante Impunity Watch en Español: “Aquí se está jugando mucho más que elegir una corte de cinco miembros o un fiscal general, sino que tiene que ver con la viabilidad democrática del país”.

Como parte de su agenda, el panel sostuvo reuniones con Bernardo Arévalo, presidente de la República, delegados de la Unión Europea, representantes de pueblos mayas, familiares de los líderes de los cuarenta y ocho cantones recientemente detenidos y el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, Roger Rigault. Se incluyeron, además, encuentros con la comunidad universitaria (Universidad de San Carlos) y el colectivo Voces en el Exilio, conformado por operadores de justicia forzados a salir del país a raíz de acciones penales promovidas por el Ministerio Público.

Deficiencias de transparencia y criterios exigidos para la selección

El panel resaltó que, pese a la existencia de mecanismos de transparencia superiores respecto a la Corte de Constitucionalidad, subsisten opacidades en el procedimiento. Jaime Arellano denunció la publicación tardía de expedientes de los aspirantes en la web de la Comisión de Postulación, señalando que ello dificultó el escrutinio ciudadano y la formulación informada de tachas. “La publicación debió haber ocurrido con suficiente antelación al período de formulación de tachas”, afirmó Arellano.

El próximo fiscal general, puntualizó el panel, debe demostrar independencia frente a los poderes reales y fácticos, honorabilidad, integridad y competencia jurídica sólida, además de un fuerte apego a los principios democráticos y la protección de los derechos humanos. Entre los impedimentos innegociables señalaron: sanciones internacionales, investigaciones fundadas por delitos graves, antecedentes de actuaciones contrarias a los derechos humanos, reincidencia en cargos similares previos o recibir sanciones de colegios profesionales.

Admisión limitada de objeciones y recomendaciones para el tramo final del proceso

Entre las recomendaciones, el panel indicó que todos los nombres elevados a la nómina final para consideración del presidente reúnan estándares de meritocracia y estén libres de cualquier cuestionamiento ético, penal o administrativo. Destacó el valor de la publicación de los expedientes y tachas en la web de la Comisión, pero instó a que las justificaciones de cada decisión —tanto para aceptar como para rechazar tachas— se hagan públicas junto con la tabla de gradación, que se prevé será difundida la próxima semana.

Respecto a la selección definitiva, el panel planteó que la decisión del presidente de la República esté motivada de manera explícita y se haga pública la fundamentación concreta de por qué se eligió a la persona seleccionada, dada la trascendencia institucional del cargo. “El presidente nos ha expresado su clara intención de elegir a la mejor persona con argumentos meritocráticos”, destacó Arellano a Impunity Watch en Español.

El panel también alertó sobre rumores de potenciales acciones judiciales encaminadas a obstaculizar la toma de posesión de magistrados electos a la Corte de Constitucionalidad, y reclamó medidas efectivas que impidan cualquier intento de manipulación dirigido a entorpecer el proceso de designación.

La ausencia de resoluciones motivadas para la aceptación o el rechazo de tachas y objeciones representa, según la evaluación del panel, una vulneración de los estándares básicos internacionales y mina la credibilidad tanto del procedimiento como de los candidatos finalmente seleccionados.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que 16.121 personas guatemaltecas migrantes retornadas recibieron atención en los Centros de Recepción de Retornados del país durante el primer trimestre de 2026, según un informe difundido este 9 de abril por el propio organismo.

Entre los 16.121 migrantes atendidos de enero a marzo, 1.555 fueron mujeres, 14.152 hombres, 258 niñas, niños y adolescentes acompañados, 156 menores no acompañados y 155 Unidades Familiares. Las personas retornadas llegaron a través de 139 vuelos y 127 autobuses, detalló la entidad.

Coordinación interinstitucional para la atención de la niñez y familias

La atención preferencial a la niñez, adolescentes y núcleos familiares vulnerables se realiza de manera coordinada con la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, según el Instituto Guatemalteco de Migración.

Todos los retornados deben pasar por los centros instalados en Tecún Umán, San Marcos, y en la Zona 13 de la Ciudad de Guatemala. El IGM asegura que sus derechos humanos son respetados sin distinción en cada uno de estos lugares.

Estrategia institucional y atención diferenciada

El modelo de atención establece criterios diferenciados según el perfil de cada retornado. La PGN y la SBS acompañan a los menores, priorizando su seguridad y bienestar. La SOSEP supervisa la atención familiar, mientras que las organizaciones internacionales colaboran en servicios de orientación e inserción. La CONAMIGUA, el MSPAS y el MINTRAB coordinan servicios de salud, orientación laboral y apoyo institucional a la población adulta.

El Instituto Guatemalteco de Migración afirmó que “la atención digna y respetuosa para todas las personas migrantes retornadas” se mantiene como prioridad, asegurando el “respeto irrestricto de sus derechos humanos” y la entrega de “herramientas que permitan su reintegración social, económica y familiar en Guatemala”.

El proceso de recepción de retornados constituye, según el IGM, una tarea compleja que se enfoca en generar nuevas oportunidades y construir futuros viables para los ciudadanos guatemaltecos que han debido regresar al país.

El Plan Retorno al Hogar y su impacto en la reintegración

Desde enero de 2025, el gobierno dirigido por Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera implementó el Plan Retorno al Hogar, una estrategia coordinada por el IGM para transformar el retorno forzado en una oportunidad de reintegración económica y social para los migrantes retornados. Este programa, promovido por el IGM, favorece el acceso a capacitación técnica, la certificación de habilidades obtenidas en el extranjero y en Guatemala, y fomenta la conexión con el mercado laboral local para facilitar la inserción económica.

Al momento de su llegada a los CRR, los migrantes reciben información detallada sobre los programas disponibles. El Plan Retorno al Hogar incluye acompañamiento, capacitación y validación de competencias, además de oportunidades laborales específicas orientadas a favorecer la autonomía económica y el arraigo comunitario de los retornados. El Estado brinda así respaldo para que reconstruyan sus proyectos de vida y se fortalezca el desarrollo nacional.

El 91.8 % de las denuncias recibidas por la Procuraduría General de la Nación de Guatemala durante 2026 revela que la gran mayoría de los casos reportados implican situaciones de riesgo o vulneración de derechos hacia niñas, niños y adolescentes, una problemática de escala nacional que exige respuestas inmediatas y focalizadas.

En los primeros meses del año, la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) ha recibido más de 5.000 denuncias relacionadas con posibles violaciones de derechos de menores, afectando a más de 8.100 personas en este rango etario. Según datos difundidos por la propia institución, solo en 411 casos –menos del 9 % del total– no se confirmó amenaza o violación alguna, lo que ilustra no solo el volumen de reportes, sino la gravedad real y constante de la situación.

La inmensa mayoría de las denuncias recibidas implicaron la comprobación de riesgos reales, amenazas o vulneraciones, lo que coloca a la protección de la infancia y la adolescencia como un reto prioritario para la justicia y los servicios sociales en Guatemala. De acuerdo con la PGN, los departamentos con mayor cantidad de casos son Guatemala, Escuintla, Alta Verapaz, Santa Rosa y Huehuetenango.

Denuncias concentran vulneraciones a derechos básicos de la niñez

Una vez recibida una denuncia, la PGN ejecuta un protocolo que incluye la constatación presencial, seguida de una investigación psicosocial para determinar la existencia o no de riesgo. Si no se comprueba vulneración, el caso se archiva de manera administrativa. Este bajo porcentaje de archivos indica que los reportes, en su mayoría, corresponden a hechos que demandan intervención y protección especializada.

Los derechos mayormente afectados en las denuncias de 2026 son el derecho a la protección contra el maltrato, el derecho a la integridad, el derecho a la educación, el derecho a la protección contra la explotación sexual y el derecho a la salud. Estas categorías evidencian que las amenazas son diversas y afectan dimensiones esenciales del desarrollo infantil.

Según la PGN, el abordaje de los casos responde al Principio del Interés Superior del Niño y prioriza que niños, niñas y adolescentes permanezcan en entornos familiares siempre que sea posible. Si esto no se logra, la institución implementa las medidas de protección correspondientes y, ante la gravedad, solicita a la autoridad judicial la restitución de los derechos vulnerados.

La PNA insta a la población a denunciar cualquier situación de riesgo al número 1584, aportando información precisa para facilitar la pronta intervención de las autoridades. La denuncia ágil resulta determinante en la vida de un menor en peligro.

La Alerta Alba-Keneth facilita la localización de más de 85 mil menores en Guatemala

Desde 2010, la Alerta Alba-Keneth ha permitido la localización de más de 85.200 niñas, niños y adolescentes en Guatemala, al intervenir con celeridad ante reportes de desaparición o sustracción y activar medidas que favorecen tanto la reintegración familiar como la protección de derechos fundamentales. Según informes de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth citados por el mismo organismo, la eficacia de este mecanismo radica en la activación urgente de protocolos que priorizan el interés superior del menor, suprimiendo cualquier dilación en la búsqueda y ofreciendo apoyo específico a las familias afectadas.

La misma Dirección registró que los años con mayor cantidad de alertas activadas han sido 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025. Estos periodos concentran el volumen más alto de casos desde la creación del sistema, lo que subraya la creciente relevancia de la herramienta y la necesidad de fortalecer su operatividad. Un alto porcentaje de estas alertas pudo ser desactivado tras la localización de los menores, proceso que, además del reencuentro familiar, conduce a la activación de protocolos de protección y restitución de derechos cuando los menores se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con datos de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

Guatemala registra 4.117 casos de sarampión desde el inicio del brote, con 1.603 contagios concentrados en la región de Guatemala Central, según reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El 88% de los pacientes, equivalente a 3.623 personas, ya ha sido dado de alta, de acuerdo a las cifras difundidas por la autoridad sanitaria y publicadas por el Diario Soy502.

En menor medida, Guatemala Nor Occidente suma 378casos y Sololá reporta 317,mientras que los departamentos de Totonicapán (257),Guatemala Sur (229), Quiché (194), Huehuetenango (180) y Chimaltenango (179)mantienen cifras elevadas, según datos oficiales. Entre las zonas con menor propagación se encuentran Petén (3casos), Baja Verapaz (6) y los departamentos de E Progreso y Zacapa, con siete casos cada uno.

El sarampión representa un mayor riesgo para menores de cinco años, ya que su sistema inmunitario no alcanza plena madurez, por lo que el personal de salud recomienda asegurar la vacunación completa y consultar a centros médicos ante síntomas como fiebre alta, sarpullido, tos, secreción nasal o conjuntivitis.

Incremento de mortalidad infantil y estrategias de vacunación focalizada

En el transcurso de 2026, el Ministerio de Salud de Guatemala verificó dos fallecimientos por sarampión en menores de un año, ambos sin acceso a la vacuna por su corta edad. La epidemióloga Éricka Gaitán informó a la OPS que la aplicación de la “dosis cero” de la vacuna SPR se limita a municipios afectados durante brotes activos, ya que el esquema nacional regular excluye a los menores de un año.

El primer deceso ocurrió en el departamento de Quiché: un niño de 11 meses mostró síntomas al inicio de marzo y murió durante la semana epidemiológica nueve, que abarca del 1 al 7 de marzo. El Ministerio precisó que la madre del menor también recibió diagnóstico positivo de sarampión junto a su hijo. El segundo caso mortal corresponde a un bebé de 10 meses del departamento de Guatemala con antecedentes de cardiopatía congénita. Este niño desarrolló síntomas el 27 de febrero y falleció después de nueve días de internación, en el periodo entre el 8 y el 14 de marzo, de acuerdo a la información entregada por las autoridades sanitarias a la OPS.

El Ministerio sostiene vigilancia epidemiológica activa y una campaña preventiva dirigida especialmente a familias, con énfasis en la verificación de carnés de vacunación y el cumplimiento del esquema indicado. La dosis está disponible, según el MSPAS, para toda la población objetivo y se administra de manera gratuita y segura en la red de servicios de salud pública.

Advertencia por Semana Santa y medidas para limitar la transmisión

Portavoces del MSPAS alertaron que la proximidad de Semana Santa podría facilitar la propagación del sarampión debido a la gran asistencia a actividades religiosas en todo el país. Las autoridades recomendaron evitar eventos masivos y el contacto con multitudes, especialmente en presencia de síntomas compatibles con la enfermedad. El Ministerio incluyó entre sus medidas la entrega de recomendaciones preventivas como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel.

Ante el avance del brote, el gobierno guatemalteco implementó una estrategia de vacunación de bloqueo en las áreas más afectadas para interrumpir la cadena de contagios. La OPS recuerda que el último brote de magnitud comparable se registró en 1990, según datos oficiales del Ministerio de Salud de Guatemala.

Según la información oficial citada por la Organización Panamericana de la Salud, “el sarampión se contagia entre todos, pero se combate entre todos”, lo que refleja la estrategia colectiva en la que se fundamenta la respuesta sanitaria nacional.

El segundo vicepresidente de la junta directiva del Congreso de la República, Elmer Palencia, ha presentado una propuesta ante el pleno la iniciativa 6738, orientada a reducir el hacinamiento carcelario y a optimizar el control telemático como alternativa a la prisión tradicional.

La propuesta contempla reformas legales que permitan aplicar el control a distancia como medida sustitutiva, así como agilizar la redención de penas mediante este mecanismo, según información del mismo Congreso de la República de Guatemala.

Actualmente, el Estado de Guatemala dispone de un sistema de control telemático con capacidad para dos mil usuarios. Sin embargo, solo cuatrocientos están haciendo uso efectivo del recurso, de acuerdo con datos proporcionados por el ministro de Gobernación durante una citación organizada por el bloque Valor, según recoge el Congreso de la República de Guatemala.

El funcionario señaló la necesidad de reformar el Código Procesal Penal para incluir el control telemático en el catálogo de medidas sustitutivas, de manera que el sistema de justicia pueda incorporar esta herramienta en beneficio tanto de los procesados como del control y la eficiencia estatal.

El control telemático: una alternativa subutilizada con impacto sobre el hacinamiento

Según la explicación de Palencia ante el pleno, incorporar el control telemático como medida sustitutiva permitiría a los procesados evitar la prisión preventiva innecesaria y llevar sus procesos judiciales fuera de los establecimientos penitenciarios, lo que reduciría el ingreso de nuevos internos y trasladaría parte del costo de supervisión al propio detenido, siempre que demuestre capacidad económica.

La ley establece una tarifa diaria de cincuenta quetzales para quienes puedan costear este beneficio. En caso contrario, el Estado asumiría el gasto, una erogación que resulta menor en comparación con el costo de mantener a una persona en prisión, aclaró Elmer Palencia.

Otra reforma incluida en la iniciativa busca acelerar el trámite de redención de penas para aquellos que, habiendo cumplido su condena, permanecen en prisión hasta un año y medio más por trámites pendientes. La implementación del control telemático permitiría concretar este procedimiento fuera del penal, evitando estancias prolongadas y saturaciones en la capacidad carcelaria.

Más de seis mil personas podrían beneficiarse del uso pleno del sistema

Según cifras presentadas por el ministro de Gobernación ante los diputados, la utilización plena de los mecanismos de control telemático permitiría la excarcelación de más de seis mil reclusos que ya cumplieron su condena o serían susceptibles de recibir una medida sustitutiva, si la ley se reforma en ese sentido, de acuerdo con la exposición del segundo vicepresidente.

Este proceso complementa los esfuerzos establecidos en la reforma de la Ley de Lavado de Dinero y otros activos, que también contempla acciones orientadas a abordar el hacinamiento carcelario en el país.

La propuesta mantiene seguimiento y respaldo del propio Palencia, quien subrayó la urgencia de adoptar reformas que respondan de forma estructural a la sobrepoblación en las cárceles guatemaltecas y posibiliten un uso eficiente de los recursos estatales ya invertidos en herramientas tecnológicas que siguen subutilizadas.

El sistema de brazaletes electrónicos supervisa a personas fuera de prisión en Guatemala

El sistema de control telemático en Guatemala ha experimentado una expansión significativa desde 2023, tras la consolidación de su marco normativo y operativo. Esta modalidad, basada en la vigilancia electrónica mediante brazaletes, tiene como objetivo central reducir el hacinamiento en las cárceles del país y ofrecer una alternativa viable a la prisión preventiva, bajo la supervisión directa del Estado. La medida implica para los usuarios un costo aproximado de Q50 diarios, aunque este puede ser cubierto por el Ministerio de Gobernación si el sindicado demuestra falta de recursos, conforme a un estudio socioeconómico evaluado por el juez competente. De acuerdo con el Organismo Judicial, la utilización de estos dispositivos se ha incrementado notablemente durante 2024.

Aplicación práctica de los brazaletes electrónicos

Actualmente, los brazaletes electrónicos se aplican con prioridad en delitos de menor gravedad, como ciertos casos de violencia contra la mujer, dependiendo del criterio judicial. El sistema está diseñado para que los beneficiarios permanezcan bajo monitoreo permanente por parte de las autoridades, que pueden determinar su ubicación en tiempo real.

Este esquema de vigilancia electrónica responde a la necesidad de equilibrar la política penal con principios de dignidad y derechos humanos. Permite el seguimiento de personas sujetas a procesos judiciales sin recurrir al encierro carcelario, contribuyendo a la descongestión carcelaria y la optimización de los recursos estatales, en un contexto donde la sobrepoblación penitenciaria representa uno de los desafíos estructurales del sistema de justicia en Guatemala.

Después de varios días de bloqueos y disturbios originados por la reelección de Walter Mazariegos como rector para el periodo 2026-2030, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) informó que las actividades académicas y administrativas en el campus central de zona 12 se reanudarán este viernes 10 de abril bajo ciertos protocolos de acceso y nuevas medidas de seguridad.

La reapertura se produce tras un periodo de suspensión derivado de protestas y trabajos de infraestructura que han modificado las condiciones regulares de acceso al centro universitario, según la comunicación oficial de la USAC difundida por sus redes sociales y ratificada por el Consejo Superior Universitario.

En consecuencia, únicamente será posible el ingreso al campus a través de la avenida Petapa, mientras que la entrada por el Anillo Periférico continuará cerrada. La institución comunicó que esta medida corresponde tanto a la necesidad de garantizar la seguridad como a la realización de trabajos específicos en los accesos y espacios internos del campus.

El Consejo Superior Universitario de la USAC autorizó, desde el 6 de abril, la continuidad de la modalidad virtual para actividades administrativas y académicas, como estrategia preventiva ante riesgos a la integridad de estudiantes y trabajadores, así como para evitar interferencias en el desarrollo laboral y posibles inconvenientes derivados de la ejecución de obras en la infraestructura.

El retorno a la presencialidad incluye restricciones de acceso y modalidades virtuales

A partir del 10 de abril de 2026, el personal docente, administrativo y estudiantil podrá retomar sus actividades dentro del campus central únicamente según el requerimiento específico de cada unidad académica y administrativa, de acuerdo con el comunicado compartido por el Consejo Superior Universitario en sus canales oficiales.

Las unidades que requieran ingreso para laboratorios, clínicas, prácticas profesionales o el ejercicio profesional supervisado (EPS) deberán respetar lo dispuesto por la dirigencia de la universidad.

Durante la fase más intensa de bloqueos, coincidente con la publicación de los resultados que dieron continuidad al rectorado de Mazariegos, la USAC implementó la virtualidad total para minimizar riesgos y permitir la continuidad académica.

Esta disposición se mantendrá mientras persistan los trabajos de exploración y mejora estructural en el campus, una condición que también abarca la responsabilidad de las autoridades de cada unidad en la supervisión del ingreso y de las actividades de quienes permanezcan dentro de la universidad.

Impacto institucional y proyectos de modernización

La Universidad de San Carlos de Guatemala, como la única universidad pública de Guatemala, recordó en su mensaje institucional que la suspensión parcial de actividades y las limitaciones de acceso tienen lugar en un contexto de modernización y mejora institucional.

En ese marco, la USAC recibió recientemente dos certificados de acreditación internacional: uno otorgado por el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior (HCERES) y otro por el Alto Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL C).

La universidad detalló la ejecución de tres macroproyectos prioritarios en la zona 12: una torre de parqueos, cuatro viaductos para optimizar el ingreso al campus central y un pozo mecánico de agua, según la información publicada por la USAC el 9 de abril.

Además, se reportó el avance en el modelo educativo integral y en procesos administrativos de mejora continua, iniciativas que forman parte de la estrategia institucional para alcanzar altos estándares de calidad y sostenibilidad a largo plazo.

A raíz de los recientes acontecimientos, la USAC recalcó su compromiso histórico con la sociedad de Guatemala, con más de trescientos cincuenta años de labor en la formación de profesionales y la generación de conocimiento alineado a las necesidades del país.

Entre tanto, el anuncio de acciones en contra del proceso de reelección continúa en las diferentes instancias legales en el país.

El Instituto Nacional de Bosques transfirió Q90 millones a más de 7 mil familias guatemaltecas a través del primer pago de incentivos forestales, habilitando la gestión sostenible de 50.659,72 hectáreas y fortaleciendo las economías rurales bajo los programas PINPEP y PROBOSQUE, según informó el propio Inab. El desembolso, realizado en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, responde a la política nacional de desarrollo sostenible y tiene como propósito reactivar la economía rural y preservar los recursos naturales del país, de acuerdo con información de la institución.

Este primer aporte financiero tuvo impacto directo e indirecto en 7.741 hogares y permitió la certificación y pago de 5.596 proyectos forestales, según indicó el Instituto Nacional de Bosques. Entre los datos informados, sobresale la generación de 2.413.056 jornales, cifra que, conforme a datos del Inab, equivale a 8.937 empleos rurales. La transferencia representa un aporte determinante para dinamizar actividades agrícolas y productivas relacionadas con el manejo responsable del bosque en Guatemala.

PINPEP y PROBOSQUE, los dos programas responsables de canalizar los incentivos, fueron establecidos por los Decretos 51-2010 y 2-2015, según explicó el Instituto Nacional de Bosques. Ambos operan como instrumentos de política pública orientados a conservar y restaurar los ecosistemas forestales nacionales, generar oportunidades económicas en el medio rural, mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la adaptación comunitaria frente al cambio climático.

Aportes económicos y ambientales de los incentivos forestales

La iniciativa significó la transferencia de Q90 millones, facilitando acciones en más de 50.000 hectáreas de bosque, abarcando tanto plantaciones como sistemas agroforestales y procesos de restauración de áreas naturales. De este modo, se refuerza el cuidado de la biodiversidad y el ingreso de los beneficiarios, según el Inab. Estos datos evidencian el efecto multiplicador de los incentivos en el desarrollo local, desde la generación de empleos hasta el respaldo directo de la economía de miles de familias del país.

El Instituto Nacional de Bosques prevé ampliar la convocatoria para que más productores, comunidades y organizaciones rurales participen en los esquemas de PINPEP y PROBOSQUE. El objetivo es extender el alcancePróximas acciones y ampliación de los programas de los beneficios económicos y ambientales, mejorar la restauración del paisaje forestal y mantener los bienes y servicios que proveen los bosques guatemaltecos.

La ley PINPEP otorga acceso a estímulos económicos a pequeños tenedores de terrenos forestales

El gobierno de Guatemala implementó, a través del Decreto No.51-2010 aprobado por el Congreso de la República, un programa de incentivos dirigido a pequeños propietarios de tierras con vocación forestal o agroforestal. La normativa, conocida como PINPEP, establece requisitos específicos para evaluar el cumplimiento de quienes soliciten estos beneficios en diferentes regiones del país.

Lamedida estipula que quienes posean terrenos no inscritos en el Registro de laPropiedad pueden acceder a estos incentivos, siempre que se trate de suelosaptos para uso forestal o agroforestal, incluso en casos donde exista o nocobertura forestal.

Para determinar la elegibilidad, el marco regulatorio diferencia entre planes de manejo forestal según el uso y la extensión de la tierra. Los predios naturales destinados a producción o protección requieren un plan de manejo forestal específico. En áreas que superan las 5hectáreas, se exige un plan para el establecimiento y gestión de plantaciones forestales o sistemas agroforestales. Para extensiones menores, existen formatos diseñados para proyectos de menor escala orientados al fomento de plantaciones y sistemas asociados.

En tanto, El programa PROBOSQUE, lanzado en Guatemala en 2017 y dotado de 30 años de vigencia, fue desarrollado por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) tras su creación bajo el Decreto Legislativo No. 2-2015 del Congreso de la República. Esta iniciativa constituye un instrumento clave de política forestal con el propósito de impulsar el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales y plantaciones forestales en suelos apropiados que carecen de cobertura boscosa, promoviendo beneficios para productores e inversionistas del sector, según información oficial del INAB.

El programa contempla el incentivo al manejo sostenible de bosques naturales, con la meta de asegurar la provisión de bienes y servicios forestales orientados tanto al desarrollo nacional como al bienestar social.

La participación de Guatemala en la Feria Agrícola Agritrade 2026 generó oportunidades comerciales por más de Q63 millones, potenciando la oferta agrícola nacional y su posicionamiento en nuevos mercados internacionales. Según informó este miércoles el Ministerio de Economía, la feria se confirmó como plataforma de impulso al sector exportador, con cifras que reflejan la expansión de los productos guatemaltecos en el escenario global.

Durante el evento, realizado del 18 al 20 de marzo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, empresas guatemaltecas informaron Q63.043.742,52 en oportunidades comerciales tras mantener 97 citas de negocios, según datos del Ministerio de Economía y la Agencia Guatemalteca de Noticias. Este volumen de posibles acuerdos para la exportación resalta frente a una feria que reunió a 12 empresas nacionales —ocho ubicadas fuera de la capital—, acompañadas por la ministra Gabriela García.

Al explicar los resultados concretos de la participación del país en Agritrade 2026, el Ministerio de Economía señaló que se sostuvieron 97 reuniones comerciales para 12 empresas nacionales, lo que generó oportunidades valoradas en más de Q63 millones. Los productos ofertados amplían el alcance del sector agroexportador guatemalteco con potenciales operaciones en mercados internacionales.

El evento consolidó a Guatemala en el sector regional de agronegocios

La Feria Agrícola Agritrade 2026 se posiciona como la única plataforma especializada en agronegocios de Centroamérica. De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), el espacio permitió la exhibición de productos de alta demanda en el mercado global, entre ellos mango, aguacate, mora, arándanos deshidratados, café verde y tostado, fresa, papaya, arvejas, frambuesa, limón, plátano, ejotes, piña, banano, rambután y cacao.

El área de exhibición reunió a 167 expositores en ocho pabellones que presentaron innovaciones en frutas, vegetales, plantas ornamentales, flores y productos diferenciados como miel y cacao, además de alternativas procesadas y servicios asociados de transporte y logística. Entre los participantes destacaron productores de Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, El Progreso, Izabal, Jalapa, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos y Suchitepéquez.

Según Agexport, la producción prevista del sector de frutas alcanzará 737.920 quintales en 1.881 manzanas. Para el sector de vegetales se estima una proyección de 75.635 quintales distribuidos en 493 manzanas. En productos diferenciados, la estimación llega a 11.292 quintales en 878 manzanas de cultivo.

El portafolio de frutas abarca limón criollo, limón persa, banano, rambután, piña, pulpa de maracuyá, aguacate hass y mora. La variedad de vegetales incluye ejote francés, okra, espárragos, arveja china, elote blanco, elotín, brócoli y col de Bruselas. De acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias, estos productos mantienen altos estándares y calidad reconocidos en mercados internacionales.

La edición 2026 de Agritrade incorporó el denominado Agroencuentro, orientado a potenciar los productos diferenciados y con valor agregado, como el cacao y la semilla de marañón. Ambos insumos sobresalen debido al crecimiento de su demanda en nichos que exigen atributos únicos y procesos avanzados. Cacao y miel figuran entre las ofertas que aumentan su participación en el comercio mundial.

La participación de Guatemala en Agritrade 2026 refleja la apuesta continua del sector agroexportador por diversificar mercados y desarrollar nuevos negocios. El evento, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), robustece la posición estratégica del país como generador de oportunidades en un entorno de transformación del comercio internacional.

De acuerdo con el reporte del citado medio, García Ixpatá solía alternar su trabajo como sastre con viajes de taxi para obtener ingresos adicionales, especialmente durante temporadas como Semana Santa, que suele ser de mayor movimiento en el sector.

Su familia relató que la última vez que tuvieron contacto con él fue en la mañana del martes.

El vehículo que conducía, reportado como desaparecido por sus familiares, fue localizado dos días después en el municipio de Barberena, Santa Rosa, según detalló la Policía Nacional Civil (PNC).

Noti 7 indicó que, hasta el momento, no existen pistas sobre el paradero de García Ixpatá. No obstante, las autoridades confirmaron que mantienen abierta la investigación y coordinan acciones con otras instituciones para intensificar la búsqueda.

La familia de Romeo García Ixpatá declaró que desconocen cualquier motivo que pudiera haber provocado su desaparición, ya que no tenía enemigos conocidos ni antecedentes de amenazas.

“Ahora me enteré que cuando no le salían los trajes, él se dedicaba a hacer unos ‘viajecitos’. Él se muere por sus hijos y su familia, en especial por la pequeña. Es muy duro para nosotros porque no sabemos del paradero de mi hermano. Nunca tuvo enemigos, fue un hombre muy bueno”, expresó un familiar en declaraciones recogidas por el citado medio.

La desaparición de García Ixpatá revive una tragedia familiar

El caso ha generado una fuerte resonancia en la comunidad, no solo por la incertidumbre actual, sino también por los antecedentes previos.

Según relató la familia a Noti7, el padre de García Ixpatá también desapareció durante el conflicto armado interno y, 38 años después, sus restos fueron localizados.

“Volvemos a vivir lo que pasó con la desaparición de mi papá... el daño colateral ha sido espantoso para nosotros”, compartió el mismo familiar con la voz entrecortada.

Además, amigos de la iglesia con quienes García Ixpatá participaba en actividades de predicación se han sumado a las labores de búsqueda, reflejando el impacto que la desaparición ha tenido en distintos grupos de la comunidad.

“No sabemos si está vivo, si está muerto, si está herido, no aparece en hospitales ni en la morgue, entonces no sabemos qué hacer”, manifestó un familiar durante la cobertura.

Autoridades mantienen la investigación

La PNC reiteró que continúa el seguimiento de oficio del caso e hizo un llamado a la colaboración ciudadana para cualquier información que permita ubicar a Alex Romeo García Ixpatá.

La investigación sigue abierta mientras la familia y la comunidad mantienen la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.

Las autoridades señalaron que no hallaron evidencias dentro del vehículo, aunque las investigaciones siguen en curso. Se solicita que cualquier información sea reportada al 110 de la PNC.

Consuelo Porras defendió ante la comisión de postulación los resultados de su gestión al frente del Ministerio Público de Guatemala, destacando una cobertura nacional con 340 agencias y un 99,7% de resolución de casos en mora, en el marco de su aspiración a una tercera reelección, según informó la propia fiscal general en audiencia pública ante la comisión correspondiente.

Al presentar su plan de trabajo para 2026-2030, Porras resaltó el crecimiento institucional logrado desde 2018, puntualizando que el Ministerio Público pasó de 174 a 693 dependencias en ese periodo, lo que representa un incremento del 250%.

Subrayó además que la digitalización de procesos alcanza actualmente el 100% mediante el sistema ASTREA, posicionando al Ministerio Público como referente regional en gestión tecnológica, según sus palabras ante la comisión de postulación en el proceso de entrevistas públicas, transmitidas por los canales oficiales del Organismo Judicial.

La fiscal general Consuelo Porras inició su intervención mencionando que el organismo cuenta con 149 agencias especializadas y cuatro certificaciones internacionales orientadas a la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Destacó la cooperación con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y ICE a través de cinco unidades especializadas, junto con la interconexión con quince instituciones estatales para fortalecer la investigación criminal.

En el último registro, se han realizado 7.145.275 consultas institucionales, cifra que, según Porras, ha permitido reducir costos y atender nuevas prioridades presupuestarias dentro del Ministerio Público. También reportó el funcionamiento de un observatorio interinstitucional anticorrupción y del observatorio de las mujeres, enfocados en la prevención y combate de la corrupción y en la atención de delitos de género, respectivamente.

Porras recalcó que se ha alcanzado “menos de dos meses para la resolución de denuncias ingresadas”, lo que definió como “un Ministerio Público al día”. Explicitó que la eficiencia global de la institución fue de 116% desde 2018, de acuerdo con la medición del flujograma de justicia criminal que evalúa a todo el sistema de justicia guatemalteco.

El plan 2026-2030: continuidad institucional y capacidad instalada

Consultada por los fundamentos de su propuesta, Porras explicó que el plan busca mantener la mejora continua y asegura una justicia pronta y cumplida, junto con el acceso universal a la justicia. Subrayó que la capacidad instalada a nivel nacional está lista para cualquier sucesor: “Todo está instalado, tenemos toda la capacidad, tenemos todo el andamiaje, tenemos toda la infraestructura, inclusive poderle manifestar con profunda satisfacción que en cuanto a los edificios hemos hecho uso debido de todos los bienes extinguidos para evitar pagar rentas.”

Respecto a la objetividad en la gestión, particularmente ante procesos electorales en 2021, 2024 y 2025, la fiscal general afirmó que el Ministerio Público reaccionó sin demora ante las denuncias y que los equipos fiscales cuentan con mínimos casos pendientes. Indicó: “Hemos superado casi el cien por ciento de la resolución de casos y, consecuentemente, todos los equipos fiscales están ahorita con un mínimo de denuncias pendientes de poder investigar”.

Control judicial y percepción pública

Ante cuestionamientos sobre el uso de la desestimación de denuncias, Porras señaló que la eficiencia institucional está sujeta a controles judiciales. Describió la existencia de equipos diferenciados para delitos graves y menos graves, y que la decisión sobre la judicialización de casos procede según criterios estandarizados y bajo supervisión de jueces.

Cuando la comisión abordó las críticas y el rechazo social hacia su gestión, Porras fundamentó la validez de su desempeño en auditorías y encuestas externas. Sostuvo que el 95% de los usuarios del sistema califican positivamente la gestión del Ministerio Público y que la institución cumple todos los requisitos legales de idoneidad, capacidad y honorabilidad.

“Va a resultar siempre obvio que las personas que son sometidas a una investigación y persecución penal jamás van a estar de acuerdo con la actuación del Ministerio Público,” expresó Porras, recalcando que la legalidad, la institucionalidad y la honorabilidad han guiado su mandato.

Políticas futuras y criterios legales

Respecto a los criterios de priorización y reserva de casos, Porras explicó que el nuevo modelo de gestión de casos estandariza los plazos para investigar delitos graves y no graves, permitiendo una asignación especializada por tipología.

Insistió en que la reserva de las investigaciones es un mandato conforme al artículo 314 del Código Procesal Penal: solo los sujetos procesales acceden a la información, salvo disposición de jueces o leyes especiales basadas en la naturaleza de los delitos investigados.

Consultada sobre recomendaciones a la próxima autoridad, Porras remarcó que el Ministerio Público opera bajo un marco regulado en el que cada fiscal observa los lineamientos de la política de persecución penal, con controles informáticos y jerárquicos que fiscalizan la actuación y el desempeño de manera constante.

El plan presentado por Consuelo Porras para un tercer período contempla ocho ejes estratégicos centrados en la continuidad de los modelos y la sistematización tecnológica, junto a acuerdos internacionales que, según su exposición, han posicionado al Ministerio Público como referente regional en transformación y gestión judicial.

Una investigación encabezada por Saúl Sánchez y un equipo integrado por más de veinte fiscales, arquitectos y personal técnico del Ministerio Público irrumpió este 9 de abril en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), lo que generó tensión entre los presentes. El operativo, autorizado por las autoridades universitarias, tiene como objetivo determinar si el patrimonio cultural universitario resultó dañado tras el cierre y bloqueo de la sede por parte de estudiantes que denuncian fraude electoral y protestan contra la virtualidad académica, según indicó Sánchez, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, al medio Soy502.

En las primeras horas del día, la entrada principal del campus, ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, permaneció cerrada por estudiantes, quienes restringieron el acceso y motivaron la denuncia que ahora investiga el Ministerio Público. La inspección reportó daños materiales iniciales: una unidad académica presentó roturas en las ventanas, y se presume la sustracción de bienes, de acuerdo con información preliminar obtenida en el lugar, consignada por Soy502. Sánchez adelantó que los hallazgos se divulgarán una vez finalizada la inspección en campo.

La llegada de las autoridades exigió la presencia de la Policía Nacional Civil ante la tensión generada. La Fiscalía investiga delitos contra el patrimonio tras la denuncia de daños, mientras que estudiantes —principalmente de las Escuelas de Ciencias Psicológicas y Medicina— permanecen en protesta frente a la sede, en rechazo tanto al supuesto fraude electoral del día anterior en Antigua Guatemala como a la continuidad de clases virtuales dispuestas por el Consejo Superior Universitario. Soy502 documentó la presencia activa de estos grupos y apuntó que las autoridades universitarias permitieron el ingreso del Ministerio Público y de la fiscalía para efectuar la inspección ocular.

Movilización estudiantil y afectación en el tránsito

Durante la jornada, un grupo organizado de la Facultad de Psicología realizó una caravana desde la 9a. avenida y 10 calle de la zona 11 hasta la Avenida Petapa, zona 12, con la intención de incorporarse a las actividades en la Usac. Esta movilización requirió la intervención de autoridades de tránsito para habilitar solo un carril y evitar congestionamientos en el área. La presencia de estudiantes en el entorno de la universidad es parte de una protesta que ha impedido el funcionamiento regular del recinto y dificultado en días previos el ingreso de funcionarios y personal, según la cobertura de Soy502.

Intervención en el Hospital Veterinario Universitario

De forma paralela a los incidentes en el campus central, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través de la Unidad de Bienestar Animal, realizó una inspección este jueves en el Hospital Veterinario Universitario luego de que el martes previo se denunciara el impedimento de acceso a empleados. Durante la visita, el equipo, conformado por representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria, recorrió la granja experimental y las áreas de bovinos, acuicultura, caprinos y porcinos, donde detectó necesidades urgentes de alimentación e hidratación para los animales, especialmente en el sector porcino.

Investigación y demandas estudiantiles

El 9 de abril en la Usac estuvo marcado por la concurrencia de una investigación judicial sobre posibles daños al patrimonio universitario y un ambiente de protesta estudiantil, lo que provocó un despliegue técnico, policial y logístico poco frecuente en el principal centro educativo público de Guatemala. Según confirmó Soy502, los resultados de la investigación determinarán la extensión de los daños, mientras que los estudiantes sostienen su demanda de cambios institucionales y el rechazo a las medidas aprobadas por el Consejo Superior Universitario.

El más reciente operativo antidrogas coordinado por el Ejército de Guatemala y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil llevó a la erradicación de 15,300 arbustos de hoja de coca en el caserío Santa Rosita, municipio de El Chal, Petén, según informaron las autoridades a través de la SGAIA.

Este esfuerzo se inscribe en la ofensiva institucional dirigida a combatir el auge del cultivo y distribución de drogas en el país, con énfasis en la desarticulación de redes vinculadas al narcotráfico.

En el procedimiento más reciente en El Chal, la SGAIA estimó el valor de la plantación destruida en Q153.000, según registros oficiales. El terreno fue intervenido para erradicar y posteriormente incinerar la totalidad de las plantas localizadas, como parte de la estrategia interinstitucional que ha intensificado la persecución de cultivos ilícitos en áreas de difícil acceso del norte guatemalteco.

Más de 100,000 arbustos de coca destruidos en Alta Verapaz y Petén en abril de 2026

Durante abril de 2026, la SGAIA multiplicó los operativos en el departamento de Petén y en Alta Verapaz, región donde se halló el mayor volumen de hoja de coca en lo que va del año.

Un operativo coordinado por el Ejército y la SGAIA en la zona montañosa del caserío San Marcos II, aldea Telemán, municipio de Panzós, resultó en la incineración de más de 103.000 arbustos de hoja de coca, con un avalúo que ascendió a Q2,597,900, según el reporte del Gobierno de Guatemala.

La estrategia ha incluido la colaboración simultánea con el Ministerio Público (MP) en otras incursiones destinadas a erradicar no solo plantaciones de coca, sino también extensos terrenos de marihuana.

En un operativo anterior desarrollado en Las Cruces, Petén, se destruyeron 68,400 plantas de marihuana con un valor estimado de Q34.2 millones, de acuerdo con datos proporcionados por la SGAIA.

En el municipio de San Luis, Petén, las acciones recientes incluyeron la localización y destrucción de 34,000 arbustos de hoja de coca y otra operación sobre un área de 5,400 metros cuadrados en el caserío Cruz Pamac, donde los agentes erradicaron 46,400 arbustos de esta planta, según la información oficial.

Presión sobre el narcotráfico y refuerzo de la seguridad institucional

Las plantaciones ilícitas, tanto de hoja de coca como de marihuana, se han localizado principalmente en zonas montañosas y de compleja geografía que dificultan el acceso de las fuerzas de seguridad. Este patrón geográfico evidencia un esfuerzo de las estructuras del narcotráfico por mantener oculta la producción ante el refuerzo de los operativos interinstitucionales.

La SGAIA detalló que en una diligencia previa en la aldea Río La Caoba, San Luis, fueron erradicados 30,000 arbustos de hoja de coca y 4,000 almácigos, y se hallaron posteriormente 34,000 arbustos adicionales, valorados en Q330,000 en el mercado ilícito.

El avalúo oficial de los cultivos destruidos en los diferentes operativos durante el mes de abril muestra el impacto económico ocasionado a las estructuras criminales: el valor de las plantaciones ilegales eliminadas superó, en varios casos, el millón de quetzales.

Desde la SGAIA informaron: “Estas acciones forman parte de las estrategias operativas para combatir la producción y distribución de drogas en el país”, explicando que buscan debilitar la base económica de las organizaciones de narcotráfico y reafirmar la presencia del Estado en regiones tradicionalmente vulnerables.

Las operaciones más recientes, incluidas la erradicación y quema de más de 80,000 matas de marihuana en Pipiles, Las Cruces, con un avalúo superior a Q40 millones, ilustran la magnitud del esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad nacionales.

La intensificación de la lucha antinarcóticos en Petén y otras zonas del norte del país representa, de acuerdo con el Gobierno de Guatemala, un compromiso renovado para enfrentar el crimen organizado transnacional y fortalecer el Estado de Derecho frente a la expansión de cultivos ilícitos.

Cuatro agentes de la División de Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía Nacional Civil fueron detenidos durante una serie de allanamientos en Quetzaltenango, informó la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango. Los operativos, realizados con el apoyo de la Fiscalía Regional VIII Occidente y de la División de Fuerzas Especiales, permitieron la aprehensión de Erick M., Byron P., Jacqueline V. y Fernando G., quienes enfrentan acusaciones por robo agravado tras ser vinculados a un asalto perpetrado el 23 de marzo de este año.

La Fiscalía señaló que los agentes capturados habrían interceptado y despojado a una persona de Q1 millón durante el incidente bajo investigación. Esta operación forma parte del seguimiento que dieron las autoridades tras la denuncia, explicó el Ministerio Público (MP).

En el marco de los registros, las fuerzas de seguridad localizaron un envase plástico (“colmillo”) con presunta cocaína, indicio que podría ampliar los cargos a posesión de sustancias ilícitas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Paz local para continuar con el proceso judicial, conforme detalló la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango.

La policía nacional civil detiene a ocho agentes por presunta difusión de material íntimo

Las investigaciones del ministerio público abarcaron cinco departamentos y permitieron localizar a los implicados, quienes fueron entregados a la justicia por su supuesta implicación en la propagación de videos privados de colegas femeninas

Ocho agentes de la Policía Nacional Civil fueron detenidos tras un operativo simultáneo realizado por el Ministerio Público en los departamentos de Petén, Retalhuleu, Sololá, Zacapa y Jutiapa. Los involucrados, identificados como Óscar C., Wilson S., Ever C., Eduardo G., Wilis N., Rubén V., Bryan A. y Jaime R., están acusados de difundir videos de contenido íntimo de compañeras de la institución, según informó la Fiscalía de la Mujer.

Durantelas diligencias, las autoridades incautaron teléfonoscelulares y otros elementos clave para la investigación. De acuerdo conel Ministerio Público, loshechos habrían afectado la indemnidad sexual de las víctimas yconstituyen el delito de violenciacontra la mujer en su modalidad psicológica en elámbito público. Los agentes capturados fueron puestosa disposición judicial como parte de este proceso.

La Policía Nacional Civil enfrentó más de 90 arrestos de agentes en 2024

Al menos 92 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala han sido arrestados desde el inicio de 2024 hasta julio por delitos como extorsión, secuestro y tráfico de personas, según reportes de medios locales en su momento. Las autoridades también han aplicado más de 2000 sanciones disciplinarias y continúan con medidas de depuración dentro de la institución.

La política de “cero tolerancia" a la corrupción fue subrayada por el gobierno, que ha intensificado los operativos durante el año. Uno de los procedimientos más destacados ocurrió en octubre de 2024, cuando más de 25 agentes activos fueron capturados por su presunta vinculación con redes de trata de personas, de acuerdo con la información.

Entre los delitos frecuentes por los que se investiga y detiene a uniformados de la PNC se encuentran la extorsión, el robo de vehículos y el cohecho pasivo. Según la misma fuente, la Inspectoría General de la institución mantiene investigaciones internas, mientras el Centro de Anticorrupción habilitó los números 1531 y 3032-7356 para la recepción de denuncias confidenciales.

Decenas de agentes también enfrentan destituciones anuales por incumplimiento de deberes y participación en procedimientos irregulares.

La gira A Tu Tierra encabezada por el presidente Bernardo Arévalo marca un avance en el esfuerzo por descentralizar la gestión estatal en Guatemala. Los días 9 y 10 de abril, el mandatario desarrollará actividades oficiales en Retalhuleu con el propósito de fortalecer el contacto directo entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, una estrategia que busca transformar la estructura centralista que ha caracterizado la administración pública guatemalteca. La intención declarada es establecer gobiernos departamentales efectivos, capaces de articular políticas y proyectos según las prioridades territoriales, según informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

En una transmisión en directo, Arévalo identificó a Retalhuleu como uno de los “pioneros” en esta transformación institucional y planteó que superar la fragmentación sectorial es fundamental. Explicó que el enfoque tradicional exige a los ciudadanos trasladarse a la capital para resolver problemas locales, lo cual restringe el desarrollo territorial. “Cuando alguien en Retalhuleu tiene que resolver un problema, generalmente termina tomando su carro o se sube a una camioneta y va a la capital a tratar de ver cómo resuelve el problema tocando las puertas del ministerio de turno”, relató el presidente. Según él, la gira A Tu Tierra introduce un modelo enfocado en la organización territorial y el diálogo directo entre autoridades municipales, sociedad civil, sector privado y delegados ministeriales.

La gira A Tu Tierra ya alcanzó varios departamentos

Lanzada el 2 de septiembre de 2025 en Cuilapa, Santa Rosa, la gira A Tu Tierra suma ya departamentos visitados antes de su arribo a Retalhuleu, entre ellos: Santa Rosa (2 y 3 de septiembre), Sacatepéquez (9 y 10 de septiembre) y Petén (1 de octubre). En cada una de estas etapas, el presidente condujo encuentros con autoridades locales, delegados ministeriales y representantes de la sociedad civil, impulsando lo que califica como un “gabinete departamental” orientado a gestionar una visión común de desarrollo.

Las giras incluyen sesiones de diálogo con líderes empresariales e indígenas. El segundo día, Arévalo inspecciona proyectos en ejecución y confirmó el seguimiento con los equipos responsables.

El objetivo declarado es modificar la lógica en la que cada ministerio fija metas de forma aislada, desconectadas de las prioridades de los territorios. Arévalo expresó durante el encuentro en Retalhuleu: “No los objetivos del Ministerio de Comunicaciones en Retalhuleu, no los objetivos del Ministerio de Salud en Retalhuleu, no los objetivos del Ministerio de Economía en Retalhuleu, sino los objetivos de Retalhuleu en economía, en comunicaciones, en salud, etcétera”.

El modelo departamental de desarrollo busca sustituir la centralización y reactivar los planes locales

El esquema presentado por Arévalo redefine el rol de la gobernación departamental, que debe convertirse en coordinador real de la acción pública. Esto, dijo, supone “trabajar con los delegados del Ejecutivo en el territorio, a fin de empezar a generar esa articulación que los convierta no en representantes de una entidad que está en la capital y que no tiene contacto con sus contrapartes o no suficiente, sino parte de un esfuerzo de desarrollo que tiene una lógica local”.

El mandatario planteó la urgencia de contar con un plan integrado de desarrollo surgido de los propios territorios, y añadió que los documentos existentes no resultan efectivos: “Existen los planes de desarrollo departamentales, pero francamente, lo que yo creo que todos sabemos, es que los planes de desarrollo departamentales son documentos que en el mejor de los casos están en alguna gaveta y que alguien se acuerda de verlos de vez en cuando, pero que no orientan la acción de los actores públicos”.

La transformación en curso implica un cambio profundo en la manera en que los representantes estatales, las municipalidades y la sociedad civil abordan la planificación. El presidente aspira a “que haya actores públicos que se apropien de la visión de desarrollo, que generen la visión de desarrollo del departamento, que la transformen en un plan integrado del Estado sobre qué es lo que podemos hacer para que este departamento marche, avance más rápido, pero hecho aquí, no hecho en la capital”.

El cierre de la intervención de Arévalo en Retalhuleu remarcó la magnitud de la coyuntura: “Este es un momento muy importante porque nosotros estamos convencidos de que si logramos establecer esto como un mecanismo que funciona, que integra a los distintos actores del Ejecutivo, logra integrar los espacios de oportunidad del desarrollo municipal, los consejos de desarrollo, el sector privado, todos los actores del desarrollo, esto efectivamente se convierte en un cambio sustantivo de la forma como los guatemaltecos nos hacemos cargo de impulsar nuestro propio desarrollo”.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala puso en marcha el curso profesional Git & GitLab dirigido a empleados públicos, con el fin de potenciar competencias tecnológicas y acelerar la modernización institucional, según informó la cartera. Karen Ortiz, viceministra de Tecnología, encabezó la apertura y explicó que la capacitación busca que los equipos dominen herramientas como Git y GitLab, clave para la gestión de versiones y la colaboración en proyectos de software a nivel internacional.

El programa, desarrollado por el Viceministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se enmarca en la hoja de ruta de la transformación digital estatal e incluye módulos teóricos y prácticos sobre gestión colaborativa, revisión de pruebas y aseguramiento de calidad digital. Según el Ministerio de Gobernación, “aprender estos conocimientos alineará al ministerio con los objetivos de transformación digital del Estado y elevará el estándar de los servicios públicos ofrecidos”.

La formación reúne a servidores públicos de distintas áreas en el Salón Mayor del Palacio de Gobernación, con la intervención de especialistas del sector. El propósito es robustecer las competencias de las dependencias, agilizar procesos internos y elevar la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía, en línea con el compromiso de la entidad con la innovación y la actualización continua.

La apuesta por el fortalecimiento tecnológico en el sector público

Con esta iniciativa, Guatemala busca sentar bases sólidas para la transformación digital del Estado, un proceso que implica la adopción de tecnologías para mejorar la eficiencia institucional y la transparencia. El Viceministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones informó que esta capacitación es parte de una serie de acciones orientadas a digitalizar procedimientos y facilitar la interacción entre el Estado y la ciudadanía.

Especialistas del área participaron durante la jornada para resolver inquietudes prácticas y guiar a los asistentes en la correcta utilización de Git y GitLab. La programación de los módulos abarca desde conceptos básicos sobre gestión de versiones hasta la aplicación de buenas prácticas que garanticen la calidad del software utilizado en las plataformas gubernamentales.

A lo largo de las sesiones, los servidores públicos incorporan conocimientos que, según la cartera, “contribuirán directamente a la mejora continua de los servicios digitales” del Ministerio. Está previsto que, tras completar el curso, los participantes extiendan las capacidades adquiridas a otros equipos dentro de la administración.

Funcionarios del Registro de Personas Jurídicas reciben capacitación en prevención de corrupción

Trabajadores del Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) del Ministerio de Gobernación (Mingob) participaron en una capacitación bajo el programa “Mecanismo de Prevención de la Corrupción”, impartido por la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), con el fin de dotarse de herramientas para promover la integridad y la transparencia en la gestión pública.

El proceso formativo, desarrollado por expertos de la CNC, incluyó estrategias dirigidas a fomentar una cultura de denuncia y rendición de cuentas. Durante la jornada a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, así como, los participantes recibieron instrumentos específicos para identificar riesgos y vulnerabilidades que facilitan prácticas corruptas, según la información oficial.

La capacitación sigue un enfoque preventivo, integral y sostenible, con el propósito de impulsar transformaciones institucionales orientadas a evitar conductas alejadas de la ética pública. Según la CNC, la finalidad del programa es asegurar un impacto directo en la reducción de actos de corrupción y en la mejora de los procesos administrativos internos.

La Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 en Guatemala concluirá este viernes 10 de abril con las entrevistas públicas a los 48 aspirantes al cargo, lo que abrirá paso a la evaluación final de expedientes. Esta evaluación definirá quiénes integrarán la lista de seis finalistas que serán considerados para liderar el Ministerio Público. Esta fase es relevante dentro de un proceso calendarizado cuya transparencia está bajo observación nacional e internacional.

Durante la sesión del jueves, penúltima del calendario, se espera que comparezcan ante la comisión los integrantes del tercer grupo de candidatos, con la participación de María Consuelo Porras, actual fiscal general, según la información oficial recogida por la Comisión de Postulación. El viernes se prevé escuchar a otros doce postulantes, entre quienes figura el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval. El cronograma prevé grupos de entrevistas de entre doce y trece personas por día, de lunes 6 a viernes 10 de abril, conforme a la convocatoria oficial.

A lo largo de este esquema, cada aspirante cuenta con treinta minutos para su entrevista, de los cuales cinco minutos pueden utilizarse para exponer el plan de trabajo o currículo. El resto del tiempo se dedica a responder a los comisionados, con respuestas limitadas a hasta tres minutos. Quienes lo deseen pueden aportar material audiovisual, entregándolo en formato USB para su visualización, según lo informado por la secretaría de la comisión.

Estructura y dinámica del proceso de selección

La comisión, encabezada por la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, estableció criterios organizativos desde el inicio. La convocatoria exige a cada postulante adjuntar, junto a la documentación, un aval de su jefe inmediato si prestó servicios públicos antes del 26 de febrero, su currículum actualizado y pruebas de conocimiento sobre aspectos clave del Ministerio Público. Las notificaciones sobre fecha y hora se gestionan de forma personal, acompañadas de un anexo con normas y principios para la participación.

El método de entrevistas distribuye a los candidatos entre los días programados: trece el lunes 6 de abril y doce el martes 7, miércoles 8 y viernes 10. Las entrevistas se inician a las 9:00 en la sala de vistas del edificio designado por la comisión. Este procedimiento, aprobado por votación de los miembros, busca garantizar la igualdad de condiciones y la transparencia en los tiempos, turnos e insumos audiovisuales, de acuerdo con lo consignado en la última sesión.

Etapa de revisión y supervisión internacional

Al concluir las entrevistas, la comisión procederá a la revisión y calificación de expedientes con criterios relativos a formación académica y experiencia profesional. Según el cronograma oficial, el proceso cerrará el 17 de abril con la selección de seis candidatos para dirigir el Ministerio Público.

El proceso es seguido por el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), cuya tercera y última visita de supervisión a Guatemala está prevista entre el 6 y el 10 de abril de 2026, de acuerdo con su comunicado oficial. Este panel internacional analizará el nivel de transparencia y la adecuación del proceso a los estándares internacionales y publicará un informe con recomendaciones orientadas a fortalecer el Estado de Derecho y asegurar la idoneidad de quien asuma la jefatura del Ministerio Público.

Desde noviembre de 2025, el Panel ha mantenido diálogos con funcionarios, representantes indígenas, estudiantes universitarios, diplomáticos y organizaciones sociales para definir los requisitos fundamentales del cargo. Entre esos criterios figuran la independencia respecto a poderes formales y fácticos, la honorabilidad y ética personal, una trayectoria jurídica reconocida, el compromiso con valores democráticos y la ausencia de conflictos de interés, según los estándares definidos por el PEI-GT.

Concluida la visita y el informe, la comisión procederá, de acuerdo tanto con la normativa nacional como con las recomendaciones internacionales, a la notificación y la integración definitiva de la nómina de candidatos.

El Lago de Atitlán, majestuoso y sereno a la vista del turista, se convirtió anoche en un escenario de tensión, sacrificio y un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el chapoteo de los remos y el jadeo de hombres exhaustos. La búsqueda de Jesler Estuardo Palacios Recinos, desaparecido desde el pasado 3 de abril, ha entrado en su fase más crítica: aquella donde el corazón quiere seguir, pero la naturaleza impone muros de agua y oscuridad.

Un grupo de pescadores locales, hombres que conocen cada rincón y cada secreto del lago, decidieron que el cansancio no sería un impedimento. Junto a voluntarios y familiares, se sumergieron en una jornada nocturna que desafió toda lógica de seguridad.

Bajo la luz de linternas que apenas lograban perforar la densa negrura del agua, estos voluntarios se lanzaron a las profundidades con un solo objetivo: encontrar un indicio. El reporte previo de expertos en rescate acuático había encendido una chispa de esperanza, pues se habían detectado rastros claros que apuntaban al paradero de Jesler. Sin embargo, en Atitlán, la esperanza es un terreno frágil.

Justo cuando los buzos se encontraban en la zona de mayor probabilidad, un giro inesperado de las corrientes submarinas cambió el panorama. Las aguas, que hasta entonces permitían el descenso, se volvieron turbulentas y peligrosas. Según testigos y expertos en el lugar, la dirección de las corrientes cambió de forma drástica, convirtiendo el fondo del lago en un laberinto de sedimentos y baja visibilidad que ponía en riesgo la vida de los propios rescatistas.

Un rostro cansado y el alma golpeada

Al filo de la madrugada, el resultado fue negativo. Los hombres salieron del agua con los rostros desencajados, la piel erizada por el frío y el alma golpeada por la frustración de haber estado “tan cerca y a la vez tan lejos”. No es solo el esfuerzo físico lo que pesa; es el peso emocional de regresar a la orilla y ver los ojos de un padre que aguardan una respuesta que el lago se niega a entregar.

“No es un adiós a la búsqueda, es una pausa obligada por las condiciones del tiempo”, indicaron los familiares con una entereza que conmueve a la región. Pero tras esa pausa, subyace una realidad amarga: la búsqueda ciudadana y voluntaria está llegando a su límite logístico.

El llamado desesperado: De la voluntad a la tecnología

La familia de Jesler Palacios ha alzado la voz de manera contundente. El padre del joven, en un mensaje cargado de angustia pero lleno de lucidez, expresó su preocupación por la reducción del personal en las labores de rastreo. Lo que al principio fue un despliegue masivo de solidaridad, hoy parece recaer mayoritariamente sobre los hombros de los Bomberos Voluntarios, quienes, a pesar de su heroísmo, carecen de las herramientas tecnológicas para enfrentar las profundidades más complejas de Atitlán.

La solicitud es clara y directa. Ya no basta con “hombres rana” y buena voluntad; se requiere intervención estatal de alto nivel:

1. Cuerpo de Ingenieros del Ejército: La familia solicita su despliegue inmediato con equipo de rastreo subacuático de última generación.
2. Ministerio Público: Se pide una participación más activa que no solo se limite a la espera de resultados, sino que facilite recursos técnicos para la localización de cuerpos en zonas de difícil acceso.
3. Tecnología de Sonar: El lago cuenta con fosas y corrientes que requieren tecnología de escaneo profundo que actualmente no está disponible en la zona del desastre.

La fe es lo único que mantiene en pie a los Palacios Recinos. Mientras los pescadores de Panajachel y Atitlán, limpian sus redes y los buzos revisan sus tanques de oxígeno para la próxima incursión, el mensaje a las autoridades guatemaltecas es unánime: la búsqueda no puede detenerse por falta de recursos. Jesler tiene que aparecer.

Dos candidatos a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala han anunciado el inicio de acciones legales para impedir que Walter Mazariegos continúe al frente de la casa de estudios. Señalaron que la elección fue “ilegal y fraudulenta” y que presentarán recursos ante la Corte de Constitucionalidad para revertir los resultados y reclamar legitimidad para el movimiento USAC Iré, compuesto por estudiantes, docentes y profesionales.

Entrelas medidas anunciadas, subrayaron la presentación de querellaspenales a partir del 16 de mayo, fecha que coincide con laasunción del nuevo fiscalgeneral de la República. Los aspirantes buscan imputar aWalterMazariegos, LuisCordón Lucero y otros integrantes del ConsejoSuperior Universitario por supuesta usurpaciónde funciones, desobedecer la sentencia del 13 de febrero de 2025 y otrosdelitos, como incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Elrepresentante MarcoVinicio Mejía Dávila afirmó que la reelección bajo controversiano se ha consolidado y señaló que la actuación judicial es imprescindible paraaplicar sanciones a quienes resulten responsables. El equipo jurídico queacompaña a los candidatos declaró su decisión de respaldar la estrategia legal,la cual también contempla descriminalizara estudiantes, docentes y administrativos afectados por laactual administración.

Se confirma reelección de Mazariegos

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2026-2030 desató nuevas controversias y reavivó denuncias sobre supuestas irregularidades en los procesos internos de la principal casa de estudios del país. La designación, oficializada el 8 de abril de 2024 tras una jornada electoral en el municipio de Antigua Guatemala.

El proceso, que renovó el mandato de Mazariegos, se efectuó conforme a los estatutos internos de la universidad, con la presencia de 73 electores sobre 76 posibles en el Cuerpo Electoral Universitario (CEU), tal como afirmó Luis Cordón, secretario general de la USAC. Cordón defendió la legalidad de la sesión al precisar que el reglamento habilita la apertura si se logra “la mitad más uno” de los integrantes, es decir, un mínimo de 39 miembros. Esta explicación no disipó las dudas de sectores universitarios que rechazaron la legitimidad de la elección y se retiraron del recinto, entre ellos estudiantes de la Facultad de Arquitectura y representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, quienes manifestaron su desacuerdo de manera pública.

Auditorías y denuncias fiscales contra la dirección de la USAC

La reelección de Mazariegos coincide con una crisis institucional agudizada por acusaciones de robo del padrón electoral y bloqueo en la renovación de autoridades universitarias. En este contexto, el diputado José Chic, de la bancada VOS, presentó una solicitud al Ministerio Público para que la fiscal general, Consuelo Porras, impulse allanamientos e investigaciones contra la gestión de Mazariegos y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), en virtud de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas desde 2024.

En la carta dirigida a Porras, Chic recordó que la Contraloría ya había presentado denuncias por presuntas faltas administrativas y posibles delitos por parte de la cúpula universitaria en función de auditorías realizadas. El legislador manifestó: “Sin excusas ni pretextos, usted hoy debe de proceder en contra de Walter Mazariegos y los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que cometieron delitos, delitos que ya fueron denunciados por parte de la Contraloría General de Cuentas.” Chic solicitó celeridad equivalente a la mostrada en el caso reciente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

La inauguración de la Nueva Torre Familiar en Oceana Resort + Conventions representa un paso estratégico en el fortalecimiento del turismo sostenible y el desarrollo hotelero en Guatemala.

La expansión, anunciada oficialmente por el complejo ubicado en Iztapa/Monterrico, integra la responsabilidad ambiental y la promoción cultural con una oferta de hospitalidad que responde tanto a la demanda nacional como internacional durante temporadas de alta ocupación y refuerza el posicionamiento de la región como destino de referencia en Centroamérica, según informó el propio resort a través de Oceana Resort + Conventions.

El complejo incrementó su capacidad a 250 habitaciones con la incorporación de 50 nuevas unidades, una cifra que permite atender a más familias, grupos corporativos y eventos, consolidando la oferta de turismo de playa Todo Incluido en el país.

Este crecimiento físico viene acompañado de una apuesta significativa por la sostenibilidad: la nueva infraestructura opera con 594 paneles solares, un sistema que permite reducir más de 200 toneladas de CO₂ anualmente y disminuir el consumo de electricidad y gas, aportando tanto al funcionamiento eficiente como a la disminución de la huella ambiental de la operación hotelera, según datos proporcionados por el propio resort.

Pedro Luis Ramírez, gerente de Mercadeo y Ventas de Oceana Resort + Conventions, afirmó: “Diseñamos espacios que brindan mayor comodidad, privacidad y flexibilidad tanto para familias como para el segmento corporativo, permitiéndonos ofrecer soluciones más integrales y adaptadas a las necesidades reales de nuestros huéspedes”. Esta perspectiva se inscribe en una visión de turismo regenerativo, donde la hospitalidad busca un equilibrio entre la experiencia del visitante y un impacto positivo en el entorno y las comunidades.

La integración de talento local y cultura maya en cada habitación

Una de las acciones distintivas de la expansión es la colaboración con artesanos guatemaltecos, quienes elaboraron a mano los wall arts, cojines y lámparas que decoran las nuevas habitaciones mediante técnicas tradicionales del tejido maya.

Según el resort, cada pieza refleja el compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la generación de oportunidades económicas para las comunidades rurales, reforzando el vínculo entre la hotelería y la identidad nacional.

Luis Meneses, gerente general de Oceana Resort + Conventions, declaró: “El turismo del futuro no se trata solo de crecer, sino de crecer generando impacto positivo. En Oceana creemos en un modelo de hospitalidad que combine experiencias memorables con sostenibilidad y desarrollo local. Esta torre representa confianza en el potencial turístico de Guatemala y en la capacidad de nuestras comunidades para crecer junto con nosotros”.

La elección de elementos decorativos hechos a mano incorpora directamente la historia y creatividad del país en la experiencia del huésped, mientras promueve la continuidad de tradiciones artesanales que conforman el legado nacional.

Impactos en el desarrollo económico y sostenibilidad turística

La ampliación del Oceana Resort + Conventions dinamiza la economía local al generar nuevos puestos de trabajo y elevar el atractivo de la costa del Pacífico como destino turístico premium. El resort destaca que esta expansión no solo incrementa la capacidad hotelera, también fortalece la actividad económica regional y estimula la inversión en el desarrollo sustentable de la zona.

El establecimiento ha sido reconocido con el Sello Q Oro por sus buenas prácticas en sostenibilidad. Entre las iniciativas ambientales más relevantes, la instalación de paneles solares no solo reduce las emisiones de CO₂, sino que también provee agua caliente para operaciones del hotel, optimizando recursos y disminuyendo costos energéticos.

Opciones, precios y servicios diferenciados para familias y empresas

El concepto de Todo Incluido se mantiene como principal atractivo: acceso ilimitado a alimentos, bebidas, snacks, entretenimiento, piscinas, lagunas artificiales, gimnasio y minigolf, además de servicios adicionales como masajes (alrededor de USD 45 por hora) y paquetes especiales para eventos.

Las tarifas actuales rondan los USD 380 por noche para cuatro personas (dos adultos y dos niños), con opciones de preventa como Q1,999 también para cuatro personas, de acuerdo con datos del resort. Las habitaciones incorporan comodidades modernas y acceso a terrazas y piscinas privadas, así como clubes y paquetes especiales para familias con niños y parejas.

La ubicación del complejo en el Km 23.5 de la Carretera a Iztapa, en el departamento de Escuintla, lo sitúa en una de las franjas costeñas de mayor crecimiento y visibilidad dentro de la oferta turística nacional.

La Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT felicitó públicamente la inauguración de la Nueva Torre Familiar, considerándola una muestra concreta del compromiso del sector privado con el desarrollo responsable y la diversificación de experiencias que integran naturaleza, cultura y sostenibilidad.

El avance del turismo sostenible en Guatemala, catalizado por proyectos como el de Oceana Resort + Conventions, se consolida como uno de los motores principales para el desarrollo económico, social y ambiental del país, acorde al informe del propio complejo hotelero.

Las tendencias del mercado confirman que cada vez más viajeros priorizan acciones responsables y experiencias transformadoras, reafirmando el atractivo de Guatemala como destino emergente en la región.

Un nuevo avance legislativo podría transformar el panorama de las artes visuales en Guatemala, con la inminente aprobación de una Ley de Cine que promete fortalecer la producción nacional y profesionalizar el sector.

El debate actual se centra en el mecanismo de financiamiento, ya que la propuesta plantea que los recursos iniciales provendrían de un cobro a los viajeros que ingresan al país por vía aérea, una medida que ha generado resistencia en la industria turística y aérea.

La iniciativa ha superado ya dos de los tres debates requeridos en el Congreso guatemalteco, un hecho sin precedentes para el sector audiovisual del país.

De acuerdo con Joaquín Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, el proyecto resulta de “un esfuerzo sostenido por diversas generaciones de cineastas desde 2007” que, tras varios intentos fallidos, finalmente logró avanzar en el proceso legislativo.

El texto legal contempla la creación de un Instituto de Cine que centralizaría la gestión de la industria y daría pie a nuevas unidades y direcciones, abarcando desde la producción hasta la conservación del patrimonio fílmico.

Además, se prevé la fundación de una cinemateca nacional, tanto en formato físico como digital, con el objetivo de resguardar la memoria audiovisual de Guatemala.

La propuesta también impulsa la creación de un Fondo de Fomento al Cine, que permitiría financiar proyectos en todas sus etapas, desde la escritura de guion hasta la postproducción. El propósito es que el cine guatemalteco deje de depender exclusivamente del esfuerzo individual y cuente con una política de Estado que lo reconozca como industria generadora de desarrollo.

La Ley de Cine, al establecer incentivos para atraer producciones extranjeras, busca que Guatemala compita en condiciones similares a las de Costa Rica o República Dominicana, países que ya cuentan con marcos legales robustos y han logrado una mayor proyección internacional.

Controversia por el esquema de financiamiento

El punto más debatido de la normativa es la forma de financiar el nuevo instituto. El esquema inicial contempla destinar tres USD de cada turista que llegue al país por vía aérea al desarrollo del cine nacional. Esta propuesta motivó el rechazo de sectores como la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas y la Cámara de Turismo.

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, manifestó que, si bien apoyan el desarrollo del cine, consideran que “el transporte aéreo no es el canal correcto” para recaudar fondos.

Rodas señaló que la Organización de Aviación Civil Internacional recomienda limitar los cargos en los boletos aéreos a servicios estrictamente relacionados con la operación aeroportuaria o el transporte.

Las organizaciones del sector turístico y aéreo han advertido que la medida podría afectar la competitividad del destino Guatemala y contravenir regulaciones internacionales. Ante esto, Ruano mencionó la posibilidad de modificar el modelo de financiamiento, orientándolo hacia esquemas de acreditación o incentivos fiscales, como sucede en otros países de la región.

Incentivos y apuestas por la profesionalización local

Para los impulsores de la ley, su alcance excede la protección del cineasta. Pamela Guinea, socia fundadora de la Academia de Cine de Guatemala, considera que la legislación puede convertirse en una herramienta para la generación de empleo y la reactivación económica. Guinea indicó que han mantenido diálogo con diversas entidades para ajustar la normativa y asegurar que beneficie tanto a los creadores como a la economía nacional.

El régimen de incentivos previsto podría atraer producciones internacionales y, con ello, una mayor entrada de divisas y la profesionalización de técnicos y artistas guatemaltecos. El fondo de fomento permitiría que proyectos de distintos géneros y etapas encuentren respaldo institucional, generando nuevas oportunidades para cineastas emergentes.

Expectativas y desafíos frente a la aprobación final

Si la Ley de Cine recibe la aprobación definitiva en el Congreso, Guatemala podría sumarse al grupo de naciones centroamericanas con políticas audiovisuales integrales. El país, que ha visto surgir figuras como Jayro Bustamante o César Díaz, busca consolidar una industria capaz de competir en el mercado internacional y preservar su memoria cultural a través del cine.

La expectativa de los cineastas y promotores de la ley es que el diálogo y las enmiendas permitan salvar los obstáculos del financiamiento.

El Lago de Atitlán, ese coloso de aguas azules y vientos traicioneros, ha pasado de ser un escenario de recreación a convertirse en una vasta tumba de incertidumbre. Desde el pasado sábado 4 de abril, la tranquilidad de la cuenca se rompió con un grito de auxilio que aún resuena en las orillas de Sololá.

Jesler Estuardo Palacios Recinos, un joven de 28 años originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, desapareció en la profundidad de sus aguas, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un dolor que hoy une a todo un país en oración.

Lo que comenzó como una tarde de esparcimiento terminó en tragedia. Según los informes preliminares y los videos que han circulado de manera viral en redes sociales, Jesler se encontraba a bordo de una embarcación en compañía de una mujer cuya identidad se ha convertido en una pieza clave del rompecabezas.

Las imágenes son crudas por lo que omiten: el grupo a bordo no portaba chalecos salvavidas. En un instante de aparente imprudencia o fatalidad, el joven saltó al agua. Las versiones iniciales sugerían que intentaba recuperar un dron; otras indican que simplemente decidió nadar. Lo único cierto es que el joven se sumergió y la superficie del lago volvió a cerrarse sin dejar que volviera a salir.

Los cuerpos de socorro, liderados por los Bomberos Voluntarios y unidades navales, desplegaron operativos inmediatos. Sin embargo, el gigante de agua, conocido por sus corrientes profundas y temperaturas gélidas, no ha devuelto el cuerpo.

“Jeslercito”: El clamor de un padre

En medio del despliegue técnico, el factor humano rompe el corazón de quienes siguen la noticia. Un video difundido en redes sociales muestra al padre de Jesler, con la voz entrecortada por el agotamiento y el luto preventivo, llamando a su hijo: “Jeslercito”. En su mensaje, despojado de cualquier pretensión, hace un llamado a la unidad y a la oración.

“Que todas las personas se unan en oración para encontrar su cuerpo... son cuatro días sin poder encontrarlo”, se escucha decir al hombre, cuya figura se recorta contra el lago que le ha arrebatado a su hijo.

El padre también aprovechó para desmentir rumores mediáticos, aclarando que su hijo no era un “influencer”, sino un joven trabajador que simplemente buscaba un momento de descanso. Esta aclaración busca devolverle la dignidad a la víctima frente al ruido de las redes sociales.

Las sombras de la investigación

Mientras los buzos y perros trabajan en el agua, el Ministerio Público (MP) ha iniciado una investigación en tierra. Hay preguntas que exigen respuesta y responsabilidades que deben deducirse:

1. La mujer desaparecida: La joven que acompañaba a Jesler el día del incidente no ha dado declaraciones y su paradero actual es desconocido. Familiares y amigos de Jesler le han implorado públicamente que aparezca y narre qué ocurrió exactamente en esos últimos minutos. Su testimonio es vital para descartar cualquier otra línea de investigación más allá del accidente.
2. Negligencia en la embarcación: Las autoridades analizan la responsabilidad de los propietarios del vehículo acuático. La ausencia de chalecos salvavidas es una violación directa a las normas de seguridad náutica. ¿Por qué se permitió que los pasajeros operaran sin protección?
3. La causa del salto: ¿Fue un dron, fue un chapuzón recreativo o hubo algo más? Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras analizan cada segundo de los videos grabados antes de la tragedia.

Hoy, la orilla del Lago de Atitlán es un altar improvisado. Líderes religiosos, amigos y voluntarios se congregan entre velas y cánticos. El contraste es doloroso: la belleza escénica de los volcanes frente a la angustia de una familia que solo pide un cuerpo para darle cristiana sepultura.

La esperanza no muere, pero el tiempo se agota. La búsqueda de Jesler continúa, no solo en las aguas profundas, sino en la justicia que su familia reclama para cerrar este capítulo de dolor.

Al menos dos diputados oficialistas de Guatemala fueron atacados con gases lacrimógenos por desconocidos durante la elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac), la única institución estatal del país, celebrada este miércoles en un hotel de Antigua Guatemala.

El proceso adquiere una dimensión nacional, ya que la Usac integra, en 2026, las comisiones encargadas de renovar las más altas cortes y la Fiscalía General, por lo que la legitimidad del resultado impacta directamente en el andamiaje institucional guatemalteco, según informó la agencia de noticias EFE.

Durante la jornada, la oposición denunció que solo ocho de los 34 cuerpos electorales fueron acreditados para participar en la votación. De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo regional, seis de estos ocho cuerpos están alineados con el oficialismo, mientras que 21 sectores opositores fueron excluidos bajo “meros pretextos”, situación que vulnera la pluralidad del proceso, indica el comunicado de la OEA, citado por EFE.

El martes anterior, un enfrentamiento entre un grupo de encapuchados y al menos medio centenar de estudiantes se produjo en el campus central de la Usac, lo que elevó la tensión previa a la elección. Diversas fuentes citadas por la agencia de noticias EFE señalaron que los desconocidos estarían vinculados a Walter Mazariegos, actual rector electo en 2022 en circunstancias calificadas de irregulares, quien busca la reelección para el período 2026-2030.

La violencia se intensificó en el acceso al hotel donde se realizaba la elección. El diputado David Illescas relató a EFE: “Al entrar hubo agentes de Mazariegos que detonaron armas de fuego. Un agente se subió a la terraza con una 9 mm y nos apuntó. A mí me pegaron con un palo”. Tanto Illescas como su colega Samuel Pérez exigieron la intervención del Ministerio de Gobernación ante lo que definieron como “una guarida de delincuentes en flagrancia”.

En medio del caos, las legisladoras oficialistas Andrea Reyes y Laura Marroquín accedieron al lugar acompañadas por una jueza de paz, para ejecutar un recurso de exhibición personal entre empujones y el despliegue de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, que irrumpieron derribando la puerta de acceso.

Solo 8 de los 34 cuerpos electorales participaron en la votación, según la OEA

La OEA emitió un comunicado el martes en el que instó al Estado a impedir la “consumación de un proceso viciado” y alertó sobre la gravedad de excluir a la mayoría de los sectores críticos. El organismo regional enfatizó que la autonomía universitaria “no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas”, y urgió a las cortes guatemaltecas a resolver los amparos pendientes o recalendarizar la elección “para evitar efectos irreversibles de un proceso con nulidad en su origen”.

La Universidad de San Carlos posee una función institucional relevante en el país: su derecho a integrar comisiones de postulación le otorga la potestad de influir en la elección de funcionarios de entes clave como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas, todos renovados este año, detalló la agencia de noticias EFE.

Representantes de la oposición definieron la elección como “ilegítima e ilegal”. El prelado Ramón Ovalle, obispo de la Iglesia Episcopal, lo calificó directamente como un intento de fraude y expresó en un comunicado divulgado por la agencia de noticias EFE: “Resulta evidente que los poderes oscuros que han copado la única universidad estatal del país buscan llevar adelante un proceso irregular”.

La crisis universitaria impacta el proceso de designación de altas autoridades nacionales

La situación actual compromete no solo la normalidad institucional de la Usac, sino también el proceso de selección de autoridades del máximo nivel en Guatemala, incluida la Fiscalía General.

Ante el clima de violencia y las denuncias de exclusión de voces opositoras, la comunidad política y regional ha focalizado la atención en el desenlace de esta elección, cuya legitimidad definirá la composición de los organismos encargados del equilibrio democrático durante los próximos años, informó la agencia de noticias EFE.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que se dictaron medidas para evitar incidentes y llamó a rechazar cualquier acto de violencia.

La reelección de Mazariegos al frente de la USAC no sólo reavivó la tensión interna, sino que reeditó una serie de denuncias de supuestas irregularidades en el proceso electoral que ya sacudieron a la universidad en años anteriores. El proceso se vio envuelto en controversias que motivaron recursos legales y peticiones de transparencia.

La USAC, como universidad pública central en Guatemala, trasciende su función académica y representa a sectores sociales ante organismos nacionales, por lo que su autoridad rectoral define retos institucionales y debates políticos de amplio alcance.

El ministro Villeda detalló, en declaraciones institucionales, que la Policía Nacional Civil (PNC) se mantiene en la zona donde ocurre la asamblea universitaria, operando bajo instrucciones estrictas del presidente Bernardo Arévalo y dentro del marco legal.

Villeda remarcó que la PNC “no puede intervenir en propiedad privada sin tener una orden judicial” y pidió confianza en que la policía protegerá tanto a la comunidad universitaria como al resto de la ciudadanía.

El Gobierno pidió celeridad judicial y defendió la autonomía de la USAC

Según diversos medios, incluido Emisoras Unidas, manifestantes han denunciado anomalías y cuestionado la legitimidad de la elección de Mazariegos, mientras los efectivos resguardan el área y registran el desarrollo de las protestas.

La reelección de Mazariegos como rector de la USAC originó manifestaciones estudiantiles y el despliegue de la PNC. La reacción inmediata de las autoridades consistió en un llamado a la calma, garantía de seguridad y exhortación a que las entidades judiciales resuelvan rápido los recursos legales, buscando evitar nuevas crisis y preservar la autonomía universitaria, un elemento clave para la vida política de Guatemala.

Villeda también instó a las instituciones judiciales a resolver “con prontitud y conforme a la Constitución” los recursos presentados por supuestas irregularidades en la elección.

A través de las redes oficiales, el titular de Gobernación expresó su indignación como “sancarlista y ciudadano guatemalteco” ante hechos que “cuestionan la legitimidad de las autoridades y el desgaste reputacional” de la USAC.

El precedente de protestas universitarias y el impacto en la gobernabilidad

La universidad, fundada en el siglo XVII, se consolidó como referente democrático y espacio de representación ante órganos nacionales; cuando sus procesos son impugnados, el país enfrenta mayores desafíos institucionales y agitación social como la que se vio tras la última reelección rectoral.

Villeda subrayó la importancia de mantener la tranquilidad y actuar con responsabilidad frente a la situación que atraviesa la universidad.

“Hago un llamado a la cordura y a defender los intereses de la Universidad de San Carlos desde el lado correcto de la historia. Sin caer en provocaciones ni incitar a la violencia”, dijo el funcionario.

La primera Feria Nacional de Empleo 2026 pondrá a disposición 16 mil 500 plazas de trabajo en Guatemala durante las jornadas centrales del 15 y 16 de abril en la Ciudad de Guatemala y entre el 20 y 24 de abril en 20 departamentos del país. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), apunta a ampliar el acceso al empleo entre la población joven y a acercar ofertas laborales en sectores claves para la economía nacional.

El evento, bajo el lema “El año del empleo juvenil”, reunirá a 700 empresas abocadas a la contratación de personal en comercio (38%), industria manufacturera (18%), servicios (18%) y actividades inmobiliarias (12%), según datos oficiales del Ministerio. Se espera la participación de más de 15 mil personas en las sedes, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Sectores más demandados y perfiles de empleo

La oferta laboral de esta feria destaca por su volumen y por la variedad de sectores incluidos. Además del comercio, la industria manufacturera y los servicios, el Mintrab suma oportunidades en restaurantes, construcción, servicios de salud, entidades financieras y información y comunicaciones.

Entre los perfiles más solicitados figuran vendedores, cajeros, operadores de maquinaria y asistentes administrativos. Juana Sotz, directora general de Empleo, recalcó que “es indispensable que los participantes lleven su Documento Personal de Identificación (DPI), ya que es el requisito para la intermediación laboral”.

Este encuentro, conforme a lo comunicado por el Mintrab, busca fortalecer la intermediación laboral y facilitar el vínculo directo entre empresas y quienes buscan empleo.

Sobre el objetivo de la feria, la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, puntualizó: “Es una iniciativa orientada a acercar oportunidades de trabajo a la población guatemalteca en distintos puntos del país”.

Calendario departamental y dinámica de la feria

El desarrollo de la feria tendrá varias fases a lo largo de diferentes departamentos. Las actividades iniciarán en el Campo Marte de la Ciudad de Guatemala los días 15 y 16 de abril. Luego, del 20 al 24 de abril, la feria llegará a otros departamentos bajo el siguiente calendario, difundido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social:

El lunes 20 de abril, las jornadas se realizarán en Petén, Quiché, Santa Rosa y Retalhuleu. El martes 21 continuará en Izabal, Huehuetenango, Jutiapa y Suchitepéquez. El miércoles 22 será el turno de Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos y Escuintla. El jueves 23 se desarrollará en Baja Verapaz, Quetzaltenango, Chiquimula y Chimaltenango. La feria culminará el viernes 24 de abril en Sololá, El Progreso y Sacatepéquez.

La estrategia de itinerancia busca que las vacantes lleguen a distintas zonas del país, optimizando la cobertura y permitiendo el acceso presencial a las jornadas de intermediación laboral.

Enfoque en la empleabilidad juvenil y formación

Para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el enfoque de la feria reside en la juventud, considerando que la edad media en Guatemala es de 28,7 años, como precisó la viceministra de Previsión Social y Empleo, Claudia Peneleu.

El Ministerio implementará un programa paralelo de conferencias sobre transformación digital y habilidades blandas dirigido a fortalecer la empleabilidad de los jóvenes. “Este evento es un punto de inicio para brindar más y mejores oportunidades para la población más joven de nuestro país”, indicó la viceministra.

La información sobre requisitos para participar, logística y plazas vacantes estará disponible únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conforme estipula la comunicación oficial de la entidad.

Siete personas, incluidos dos mexicanos y cinco guatemaltecos, fueron detenidas en Malacatán, San Marcos en relación con la desaparición de seis personas, una de ellas menor de 16 años.

La intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) se realizó luego de recibir una denuncia por desaparición vinculada a una finca de la zona 1 y al uso de la camioneta P-171LPW. Los agentes lograron localizar e identificar a los sospechosos y, durante el operativo, se incautaron siete pistolas calibre 9mm, tres arabinas y 22 cargadores, todos con documentación respectiva.

Entre los aprehendidos figuran Víctor “N” (43 años), Luis “N” (43), Rony “N” (44), Gilberto “N” (35), Narciso “N” (34), además de los ciudadanos mexicanos Víctor “N” (42) y Francisco “N” (46). Las autoridades continúan buscando a los desaparecidos, mientras unidades de investigación trabajan para comprobar la implicación delos arrestados en el caso.

La PNC detuvo a ocho hombres tras retener a un guardia en Huehuetenango

En días recientes la PNC detuvo por un caso similar a Ocho hombres armados identificados como Carlos Romilio Humberto Xol Coc, Víctor Alfonso Villatoro Santos, Miguel Ángel Monterroso Grajeda, Mario Rolando Calderón López, Elton Giovani Villatoro López, Daniel Arturo Ríos Vásquez, Elton Miguel Villatoro Serrano y Hamilton Miguel Martínez Ordóñez fueron detenidos por la Policía Nacional Civil en la aldea Vista Hermosa, Unión Cantinil, Huehuetenango, al ser interceptados cuando mantenían retenido a un joven de 23 años que trabajaba como guardia de seguridad en una finca de San Pedro Necta, quien fue rescatado sin lesiones, según el informe oficial.

La Policía Nacional Civil informó que la investigación sigue en curso para establecer si los arrestados están implicados en otros actos ilícitos. Como parte del procedimiento, fueron entregados al órgano judicial, junto con lo incautado, para la apertura de diligencias penales.

Durante el operativo, que se desplegó tras recibir una llamada de alerta al número 110,los agentes decomisaron once armas de fuego —seis pistolas, dos carabinas, un fusil carente de documentación—,así como diecisiete tolvas, dos radios portátiles, un cargador para radiotransmisor y municiones de diferentes calibres, conforme a la versión oficial. *información en desarrollo

En otros hechos, la PNC incauta armas y municiones sin registro en puerto de Izabal

En paralelo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala decomisaron un arsenal de armas y municiones sin registro legal tras inspeccionar un contenedor procedente de Estados Unidos en la portuaria Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.

Según informó la PNC, el cargamento interceptado incluía dos fusiles con mira telescópica, dos rifles calibre .223, tres miras telescópicas adicionales, ocho cargadores y 2.798 municiones de distintos calibres, así como dos pistolas. Todo el material incautado tenía como destino el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, y fue embalado bajo los protocolos oficiales antes de quedar en custodia de las autoridades competentes, conforme al informe de la fuerza de seguridad.

El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria a envíos extranjeros y se constató que ninguna de las piezas contaba con documentación válida. La PNC señaló que se investiga un posible intento de evadir los controles establecidos para el traslado de armamento en Guatemala.

Avances en la investigación sobre el origen y destino del arsenal

Las autoridades continúan las diligencias para determinar el origen exacto del arsenal, identificar a los responsables del intento de envío y comprobar si existe relación con estructuras criminales.

Nueve de cada diez productores del sector agrícola han reportado un aumento en sus costos de producción en Guatemala, según un comunicado oficial emitido este martes por la Cámara del Agro.

La organización alertó sobre una situación crítica, impulsada principalmente por el alza en los precios de combustibles y fertilizantes, lo cual afecta la rentabilidad y la competitividad de la producción agrícola del país centroamericano.

La propia Cámara del Agro reveló que los insumos como combustibles y fertilizantes representan entre el 10% y el 40% de la estructura de costos de los productores.

El organismo, que agrupa a los principales actores del sector agropecuario y agroindustrial guatemalteco, advirtió que la carga fiscal sobre estos insumos ha deteriorado la capacidad de inversión del sector y amenaza la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de las comunidades rurales de Guatemala.

La organización destacó, en la nota de prensa, que el incremento de costos tiene consecuencias directas: menos margen de ganancia, menor inversión y reducción de la competitividad nacional e internacional. De persistir esta tendencia, la Cámara prevé afectaciones graves sobre la producción y el empleo rural.

El 90% de los productores enfrenta mayores costos por la subida de insumos

La Cámara del Agro explicó que casi el 90% de sus productores miembros notificó aumentos en sus costos, especialmente ligados a los precios internacionales de combustibles y fertilizantes.

Esta situación regional se agudizó en Guatemala por el impacto de los impuestos a la importación y distribución de insumos, factor que impulsó el llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas temporales que puedan aliviar la presión financiera sobre el sector.

El comunicado planteó la suspensión temporal de impuestos sobre combustibles y fertilizantes, y pidió priorizar la mejora de la red vial agrícola. La Cámara sostuvo que con carreteras en buen estado se reducirían los costes logísticos y se facilitaría la distribución de insumos y productos, lo que fortalecería la competitividad.

La entidad reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones ante el alza de los costos, afirmando: “Más costos significan menos margen, menos inversión y menor competitividad”.

De igual forma, el ente insistió en que la falta de medidas de apoyo podría desembocar en una crisis con consecuencias graves en el empleo rural y la capacidad de Guatemala para garantizar la producción de alimentos.

Un esfuerzo conjunto para evitar una crisis en el sector agropecuario

Frente a la volatilidad de los precios globales y la carga fiscal interna, la Cámara del Agro solicitó la intervención conjunta de autoridades, sector privado y sociedad para proteger la producción a nivel nacional.

La Cámara subraya que la protección del sector agropecuario es fundamental para el desarrollo económico y social de Guatemala.

La organización actúa como interlocutor ante el gobierno y es promotora de políticas orientadas a la productividad y la seguridad alimentaria, sumando asesoría técnica para fortalecer toda la cadena de valor agrícola.

De igual forma, este ente brinda asesoría técnica y apoyo a sus miembros, contribuyendo a fortalecer la cadena de valor agropecuaria y a generar oportunidades para el empleo rural.

La publicación del Decreto 6-2026 pone fin al impuesto sobre herencias, legados y donaciones en Guatemala, eliminando una carga tributaria vigente desde 1947 y permitiendo que 4.800 expedientes de sucesión sean devueltos desde la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI), trámite que el Ministerio de Finanzas Públicas ha comenzado a implementar.

A partir de la entrada en vigor de la norma, los procesos sucesorios en curso quedan exentos del pago, garantizando tanto la protección del patrimonio familiar como mayor certeza jurídica, según informó el Ministerio de Finanzas Públicas en un comunicado oficial.

La medida, consecuencia directa de una decisión legislativa adoptada por el Congreso de Guatemala, no tiene efecto retroactivo. Esto implica que solo los expedientes no notificados antes del 2 de abril —fecha de vigencia del decreto— accederán a la exención; quienes recibieron notificación previa deberán pagar el importe correspondiente.

Además, si el impuesto ya había sido saldado con anterioridad, la normativa no contempla devoluciones, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas. El listado de expedientes habilitados para devolución, junto con fechas y ventanillas asignadas, puede consultarse en el sitio web www.minfin.gob.gt.

La aprobación de este cambio tributario reestructura los procedimientos de herencia y donación en Guatemala y transforma la gestión patrimonial familiar.

El diputado Edgardo Ramírez, representante de Izabal por la Unidad Nacional de la Esperanza, expuso durante la sesión parlamentaria de la ley 63-76 que, al excluir el pago adicional sobre estos derechos, “las familias podrán acudir a su notario de confianza para ordenar documentos de terrenos, donaciones o herencias sin tener que abonar un ‘impuesto extra’ sobre la propiedad”, según declaraciones recogidas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Ramírez sostuvo que esta eliminación permitirá a muchas familias conservar sus bienes sin verlos afectados por obligaciones fiscales consideradas redundantes y onerosas.

Procedimiento para la devolución de expedientes de herencia y requisitos para notarios y delegados

El mecanismo de devolución detallado por el Ministerio de Finanzas Públicas establece que los documentos solo serán entregados a los notarios responsables o a personas autorizadas, quienes deben acreditar su identidad y la legitimidad de su representación.

Los profesionales deberán presentar carnet de colegiado activo emitido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), o en su defecto, Documento Personal de Identificación (DPI) vigente, además del número de expediente y la firma de una constancia de recepción oficial suministrada por la DICABI.

En el caso de delegados designados, será indispensable portar una carta firmada y sellada por el notario a cargo, identificarse con DPI vigente y entregar copia, además de consignar datos precisos sobre el expediente y el causante. Si la solicitud se realizó en delegaciones departamentales de San Marcos, Quiché, Chiquimula o Suchitepéquez, la devolución se efectuará exclusivamente en la delegación respectiva.

Los expedientes no retirados en la fecha programada recibirán una nueva cita, manteniendo el orden y evitando contratiempos, según detalló el Ministerio de Finanzas Públicas, que recomienda a los involucrados estar atentos a las comunicaciones por redes oficiales. El Ministerio ha reiterado que su objetivo es evitar que los herederos se vean “obligados a vender bienes de alto valor patrimonial y sentimental” o a endeudarse por falta de liquidez.

Guatemala se integra a la tendencia internacional

Con esta derogación, Guatemala se alinea con una tendencia internacional que da prioridad a la protección de la economía familiar sobre la recaudación marginal derivada de la transmisión de bienes y donaciones, destaca el Ministerio de Finanzas Públicas. Para más información sobre requisitos o citas, los ciudadanos pueden comunicarse al PBX 2374 3000, extensiones 11106, 11114, 11115 y 11116.

El nuevo marco legal también introduce reformas a los procedimientos de avalúo, inscripción y gestión notarial. Así lo explicó el Ministerio de Finanzas Públicas, que señala que el propósito es “preservar la seguridad jurídica y la regularización efectiva de los bienes”, evitando vacíos legales o demoras innecesarias.

El impacto fiscal y legal de la derogación del tributo sobre herencias

La extinción del impuesto, vigente por más de 75 años, fue respaldada por argumentos presentados en el Congreso que subrayaron su impacto negativo tanto en la liquidez de los herederos como en el resguardo del patrimonio familiar.

Parlamentarios de distintas bancadas durante la aprobación de la norma, enfatizaron que el tributo recaía sobre activos previamente gravados y obligaba a los sucesores a endeudarse o a liquidar bienes de alto valor emocional y económico.

La contribución fiscal de este impuesto, de acuerdo con cifras reveladas por el Congreso durante la sesión, representaba solo el 0,4% del total de la recaudación nacional, en torno a Q40 millones anuales. Los legisladores argumentaron que los altos costos operativos y la frecuente evasión reducían aún más su efectividad. En este contexto, la derogatoria fue justificada no solo por su baja eficiencia fiscal, sino porque países comparables han optado por políticas similares. De los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo 23 mantienen gravámenes de esta naturaleza; 15 los derogaron en los últimos años.

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2026-2030 desató nuevas controversias y reavivó denuncias sobre supuestas irregularidades en los procesos internos de la principal casa de estudios del país.

La designación, oficializada el 8 de abril de 2024 tras una jornada electoral en el municipio de Antigua Guatemala, evidencia la persistencia de tensiones entre autoridades universitarias, diversos sectores estudiantiles y organismos públicos responsables de la fiscalización institucional, según documenta el comunicado oficial de la USAC y reportes de IPinvestiga.

El proceso, que renovó el mandato de Mazariegos, se efectuó conforme a los estatutos internos de la universidad, con la presencia de 73 electores sobre 76 posibles en el Cuerpo Electoral Universitario (CEU), tal como afirmó Luis Cordón, secretario general de la USAC.

Cordón defendió la legalidad de la sesión al precisar que el reglamento habilita la apertura si se logra “la mitad más uno” de los integrantes, es decir, un mínimo de 39 miembros.

Esta explicación no disipó las dudas de sectores universitarios que rechazaron la legitimidad de la elección y se retiraron del recinto, entre ellos estudiantes de la Facultad de Arquitectura y representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, quienes manifestaron su desacuerdo de manera pública.

El bloque estudiantil y profesional calificó el evento electoral como ilegítimo y denunció falta de claridad en la conformación del quórum, factores que en su opinión atentaron contra la transparencia de la elección, de acuerdo con las declaraciones recogidas durante la jornada por IPinvestiga.

Auditorías y denuncias fiscales contra la dirección de la USAC

La reelección de Mazariegos coincide con una crisis institucional agudizada por acusaciones de robo del padrón electoral y bloqueo en la renovación de autoridades universitarias.

En este contexto, el diputado José Chic, de la bancada VOS, presentó una solicitud al Ministerio Público para que la fiscal general, Consuelo Porras, impulse allanamientos e investigaciones contra la gestión de Mazariegos y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), en virtud de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas desde 2024.

En la carta dirigida a Porras, Chic recordó que la Contraloría ya había presentado denuncias por presuntas faltas administrativas y posibles delitos por parte de la cúpula universitaria en función de auditorías realizadas.

El legislador manifestó: “Sin excusas ni pretextos, usted hoy debe de proceder en contra de Walter Mazariegos y los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que cometieron delitos, delitos que ya fueron denunciados por parte de la Contraloría General de Cuentas.” Chic solicitó celeridad equivalente a la mostrada en el caso reciente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Según la documentación parlamentaria, las auditorías especiales determinaron indicios de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. El reclamo fue reiterado en la comunicación oficial: “Hoy, fiscal general, usted debe dar resultados de esas investigaciones. Ya las denuncias fueron presentadas. No hay excusas.”

Las denuncias penales no solo alcanzan a Mazariegos, sino también a integrantes activos del Consejo Superior Universitario, quienes desde 2022 mantienen sus cargos por la imposibilidad de renovar mandatos tras la denominada “toma ilegal” de la universidad, ocurrida ese año y mencionada por el secretario general Cordón al justificar la continuidad de autoridades.

El respaldo formal de la USAC y los cuestionamientos de legitimidad

La USAC, en su declaración institucional publicada en su sitio oficial subrayó que la reciente elección de Mazariegos demuestra su “compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el respeto a los procesos democráticos”. El comunicado oficial insiste en que la elección se realizó bajo los lineamientos y procedimientos internos establecidos por la universidad y que la nueva gestión iniciará conforme lo estipulan los estatutos.

Sin embargo, gremios universitarios y sectores profesionales continúan cuestionando la validez del proceso. Entre los principales reclamos figuran la presunta ausencia de garantías mínimas de transparencia y legitimidad, así como la persistencia de causas judiciales y auditorías inconclusas contra la administración electa.

La falta de consenso sobre la renovación universitaria y el choque entre la narrativa oficial y la percepción de varios actores internos han profundizado el clima de fragmentación y desconfianza en torno a la conducción de la máxima casa de estudios guatemalteca.

Los antecedentes del mandato de Walter Mazariegos desde 2022

La elección de Walter Mazariegos para el período 2022-2026 se realizó el 14 de mayo de 2022 en el salón 10 del Parque de la Industria. En aquella ocasión, recibió 72 votos, suficientes para alcanzar la mayoría entre los 135 docentes, estudiantes y profesionales acreditados. La sesión comenzó a las 10:00, se validó la presencia con un quórum de 72 personas y se procedió con voto secreto, en cumplimiento estricto del artículo 40 del Estatuto de la USAC y el artículo 17 del Reglamento de Elecciones.

El proceso fue supervisado tras una orden específica de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que exigió realizar la designación en un plazo de cinco días. El Consejo Superior Universitario cumplió organizando la convocatoria, definiendo la fecha y lugar para garantizar el respeto al calendario institucional.

Durante esa jornada se presentaron incidentes: manifestantes en la puerta 4 del Parque de la Industria impidieron el ingreso de algunos electores y miembros de la prensa al recinto electoral, lo que sumó tensiones a un contexto ya marcado por disputas sobre la legitimidad y la apertura de los procesos electivos internos.

El uso de tecnología satelital y sistemas de información geográfica por parte del Instituto Nacional de Bosques (Inab) ha transformado la detección y gestión de incendios forestales en Guatemala, optimizando la protección de los recursos naturales y facilitando la recuperación ambiental en las regiones más afectadas por el fuego.

En el año 2025, cerca de 27 mil 600 hectáreas de cobertura forestal fueron consumidas por incendios en el país, según detalló el Inab a través de datos recopilados por imágenes satelitales y reportes de campo.

Esta cifra evidencia la dimensión del impacto ambiental y subraya la importancia de contar con herramientas avanzadas para el monitoreo y la respuesta ante eventos críticos, de acuerdo con el reporte difundido por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El monitoreo satelital y el uso de pantallas de calor permiten decisiones rápidas frente a incendios

El sistema de vigilancia implementado por el Inab integra información procedente de diversas fuentes, entre ellas la plataforma FIRMS de la NASA, lo que permite emitir alertas tempranas sobre la presencia de puntos de calor en el territorio nacional.

La plataforma procesa y visualiza datos que abarcan periodos de seis, doce, veinticuatro horas, hasta ocho días previos, proporcionando un análisis detallado de la evolución y tendencias de los incendios.

Esta tecnología permite filtrar información por departamento, municipio o áreas protegidas, ayudando a priorizar los esfuerzos de las brigadas ante situaciones de mayor riesgo.

Al combinar imágenes de satélite con datos meteorológicos como la dirección del viento, el sistema orienta la labor de quienes combaten los frentes activos y anticipa el posible avance del fuego, según información de AGN.

El valor de este sistema radica en la posibilidad de realizar un seguimiento en tiempo real de incendios confirmados, así como diferenciar entre eventos reales y falsas alarmas. Una vez verificado un punto de calor, el Inab coordina acciones con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y activa un protocolo de vigilancia y gestión que se mantiene hasta la extinción del incendio.

Cada vez que una brigada logra liquidar un incendio, genera un reporte documentado que incluye evidencia fotográfica y datos obtenidos en campo, los cuales se integran a una base de datos nacional. Esta información histórica permite identificar patrones, zonas recurrentemente afectadas y mejora la prevención y distribución de recursos para futuras temporadas.

El Instituto Nacional de Bosques, apoyado en tecnología satelital y sistemas geográficos, detecta y monitoriza incendios forestales mediante la identificación de puntos de calor y el análisis de tendencias en tiempo real; gracias a este sistema, las autoridades logran actuar con celeridad, generar alertas tempranas y documentar el impacto, lo que resulta crucial ante la recurrencia y gravedad de los daños en la cobertura forestal guatemalteca.

El mapeo satelital identifica y cuantifica las “cicatrices de incendios” en los bosques guatemaltecos

Javier Alexander Montes, técnico de sistemas de información geográfica del Inab, explicó al medio oficial que la institución emplea satélites como Landsat de la NASA y Copernicus de la Unión Europea para mapear la cobertura forestal e identificar las llamadas cicatrices de incendios.

Estas corresponden al daño visible que el fuego deja sobre la superficie terrestre y son reconocidas mediante clasificaciones de píxeles y algoritmos especializados, que presentan las áreas afectadas en mapas digitales, generalmente en tonos oscuros o rojizos.

Los registros de cobertura forestal se actualizan aproximadamente cada cuatro años, mientras que el monitoreo de áreas impactadas puede realizarse con una periodicidad de cinco días. Esta frecuencia facilita el seguimiento constante de los cambios en el territorio y habilita la focalización de esfuerzos para restaurar zonas recurrentemente dañadas.

Además de permitir la atención interinstitucional pronta en las áreas de mayor riesgo, esta tecnología hace posible cuantificar el efecto ambiental de los incendios, incluyendo la degradación de ecosistemas y la liberación de dióxido de carbono, ambos factores que contribuyen activamente al cambio climático.

El historial digital fortalece la prevención y recuperación de los recursos forestales

El almacenamiento sistemático de datos y evidencias sobre cada incendio, consolidado en una base nacional, ha permitido al Instituto Nacional de Bosques identificar no solo zonas más propensas a incidentes, sino también diseñar estrategias de restauración cuya eficacia puede medirse a lo largo del tiempo gracias al registro fotográfico y la información obtenida en campo.

La integración de imágenes satelitales, datos meteorológicos y reportes de las brigadas en terreno constituyen el núcleo de la estrategia de prevención y restauración adoptada en Guatemala. Los mapas temáticos generados por los satélites Landsat y Copernicus proporcionan la cartografía precisa que necesitan las autoridades para mitigar futuras afectaciones y orientar programas de recuperación forestal.

Este sistema, implementado por el Inab, permite anticipar escenarios críticos en la temporada de incendios y, en colaboración con instituciones como la Conred, favorece la protección y recuperación de los bosques guatemaltecos ante eventos cada vez más frecuentes y devastadores.

Desde las primeras horas del 8 de abril, estudiantes, docentes y profesionales egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) realizan un plantón frente al hotel Casa Santo Domingo en la Antigua Guatemala, según informó el diario la hora.

La protesta se concentra en el sitio elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU) para la elección del nuevo rector, proceso en el que los manifestantes denuncian irregularidades que, aseguran, amenazan la transparencia y la legalidad institucional.

El descontento no responde solo a la proximidad de la votación, sino a una decisión previa del Consejo Superior Universitario: la exclusión de los cuerpos electorales contrarios al actual rector, Walter Mazariegos.

Tras las elecciones primarias, estos sectores manifestaron su rechazo a la gestión de Mazariegos, quien, de acuerdo con la hora, obtuvo el control de 21 de los 34 cuerpos electorales, resultado que confirma el peso de la oposición a su reelección.

El operativo de la jornada incluyó una fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), desplegados en el hotel y en los alrededores para evitar incidentes y registrar a personas con el rostro cubierto. Según la hora, son individuos afines a Mazariegos y permanecen a las afueras del recinto.

La seguridad también comprende la entrada de los grupos de electores, bajo la supervisión de responsables de orden. Entre los primeros cuerpos electorales en llegar estuvo el de la facultad de arquitectura.

Las acciones en la Ciudad Colonial contaron con operativos de la PNC no solo en el hotel, sino también en las principales rutas de ingreso a la Antigua Guatemala, de acuerdo con la hora.

Estas medidas se destinaron a controlar el flujo de personas, en particular de quienes cubrían sus rostros, y a mantener la estabilidad ante la elección del rector.

Denuncias de irregularidad y acciones judiciales ante la elección en la Usac

El proceso para elegir al rector de la Usac ha generado una serie de reacciones públicas, manifestaciones y comunicados institucionales de rechazo.

Entre los pronunciamientos más contundentes figura el de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales (APCOP), que emitió un comunicado difundido por emisoras unidas en el cual expresan su “más enérgico y categórico rechazo” a la decisión del CSU de desconocer procesos electorales legitimados y validados por los Tribunales Electorales de los Colegios Profesionales.

La APCOP señaló en su declaración que la anulación de estos procesos significa “una grave vulneración a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, igualdad ante la ley y respeto a la voluntad democrática”; advirtió, además, que esta situación afectaría el orden constitucional y la institucionalidad universitaria, según lo publicado por emisoras unidas.

Ante este escenario, la APCOP comunicó el inicio de acciones constitucionales de amparo tanto en la Corte de Constitucionalidad (CC) como en la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El objetivo de estas acciones, explicado en el comunicado citado por emisoras unidas, es restablecer la legalidad, garantizar la tutela judicial efectiva y proteger los derechos fundamentales presuntamente vulnerados durante el proceso.

De forma paralela, organizaciones estudiantiles, asambleas y otras agrupaciones solicitaron públicamente al Consejo Superior Universitario el respeto absoluto de las normas legales en la designación de la autoridad universitaria.

Estas protestas y recursos sitúan la elección del rector de la Usac en el centro de un conflicto político-institucional cuya resolución dependerá del desenlace de los amparos presentados y de la respuesta interna de la universidad.

Candidaturas de varias agrupaciones

La elección de rector para el periodo 2026-2030 en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) presenta la candidatura a la reelección de Walter Mazariegos, quien actualmente ocupa el cargo y enfrenta críticas por presuntas irregularidades cometidas desde su elección en 2022, según la información publicada por Prensa Comunitaria.

La disputa electoral adquiere relevancia ante las denuncias de exclusión de cuerpos electorales de oposición, lo que permite al sector oficialista fortalecer su posición en Antigua Guatemala, de acuerdo con la misma fuente.

Por parte de la oposición, destacan figuras como Rodolfo Chang, Hada Alvarado y Marco Vinicio de la Rosa, quienes representan la agrupación Dignidad y Rescate USAC, además de otros candidatos reportados como Erwin Calgua.

Quiénes son los candidatos de oposición

Entre los postulantes opositores, Rodolfo Chang ejerce como secretario académico de la facultad de Veterinaria y es actual integrante del CSU. Hada Alvarado se desempeñó como decana de Química y Farmacia, mientras que Marco Vinicio de la Rosa figura como profesor y miembro activo de Dignidad y Rescate USAC, publicó la misma fuente.

El Congreso de Guatemala aprobó con 127 votos la concesión de la Condecoración del Soberano Congreso Nacional a Lester Martínez, tras su victoria en el título interino mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Esta decisión reconoce sus méritos deportivos alcanzados el 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos, así como la repercusión nacional e internacional de este logro para el boxeo guatemalteco.

En la misma sesión, 126 votos avalaron conferir idéntica distinción a Joshua Kevin Antón, ganador del título continental superwelter del Consejo Mundial de Boxeo en la misma jornada.

El Acuerdo Legislativo 13-2026, aprobado el 7 de abril de 2026, establece que ambos recibirán la condecoración en una ceremonia oficial ante el pleno del Congreso, en fecha próxima a definirse.

La resolución otorga a estos atletas un lugar junto a figuras del deporte guatemalteco como Adriana Ruano, Erick Barrondo y Jean Pierre Brol, medallistas olímpicos en Londres 2012 y París 2024, de acuerdo con el Organismo Legislativo.

Lester Martínez, invicto y segundo del mundo en su categoría

Con treinta años y originario de Petén, Lester Martínez acumula 20 victorias y un empate en 21 combates profesionales y ocupa el segundo puesto del ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo, solo detrás de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez. El Congreso Nacional de Guatemala señala que Martínez debutó como profesional en 2019 frente a Ricardo Mayorga y, desde entonces, ha competido tanto en Guatemala como en Estados Unidos.

El Acuerdo Legislativo 12-2026, que fundamenta la distinción en la disciplina, perseverancia y compromiso de Martínez, dispone: “Conferir la Condecoración de la Orden Nacional denominada del Soberano Congreso Nacional, en el grado de Caballero, al destacado deportista guatemalteco Lester Normandy Martínez por sus altos méritos y logro deportivo alcanzado el 21 de marzo de 2026 al haber vencido por decisión unánime y conquistar el título interino mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y convertirse en el primer boxeador guatemalteco en la historia en ganar un título mundial en el boxeo profesional.”

El reconocimiento resalta el valor del triunfo de Martínez, que coloca a Guatemala por primera vez en la lista de países con campeones en la élite del boxeo profesional.

Joshua Kevin Antón, campeón continental superwelter

Antes del combate de Martínez, Joshua Kevin Antón se coronó campeón continental superwelter del Consejo Mundial de Boxeo con una victoria por nocaut técnico antes de iniciar el segundo asalto. Este logro, obtenido también el 21 de marzo en el National Orange Show Event Center, está respaldado por el Acuerdo Legislativo 13-2026, en el que el Congreso reconoce su superioridad física y desempeño en el ring.

Según el Congreso y en cumplimiento del Artículo 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 47-95, las distinciones se otorgan a quienes han contribuido al desarrollo, la paz y el prestigio nacional mediante méritos cívicos, artísticos, científicos, humanitarios o deportivos.

La Orden del Soberano Congreso Nacional, máxima distinción cívica del país

La Orden del Soberano Congreso Nacional constituye la máxima distinción conferida por el Legislativo guatemalteco para honrar a ciudadanos destacados en diferentes ámbitos, conforme al decreto vigente. Los acuerdos aprobados determinan que la imposición será realizada en una próxima sesión plenaria ante los diputados.

Según el Congreso Nacional de Guatemala, ambos atletas representan ejemplos de superación y son considerados modelos para las nuevas generaciones, destacando el impacto de la disciplina y la dedicación en la consolidación de carreras deportivas de alto rendimiento y en el fortalecimiento de la identidad nacional.

El Congreso de la República mantiene en discusión la aprobación definitiva de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, identificada como Iniciativa 6541/6527, que plantea una transformación estructural para los puertos de Guatemala.

El objetivo central es la modernización integral del sector, mediante la creación de la Autoridad Portuaria Nacional y la promoción de mecanismos que faciliten nuevas inversiones privadas, incremento en la competencia y una adaptación a estándares internacionales, con el fin de fortalecer la seguridad y eficiencia en el comercio exterior.

Durante 2024, los datos de Agexport señalan que los puertos guatemaltecos movilizaron 9.2 millones de toneladas métricas y más de 504 mil contenedores, cifras que representan un flujo de USD 7.837 millones. Este volumen supera la capacidad de la infraestructura y el marco legal vigentes, lo que, según el sector exportador, evidencia la urgencia de una reforma en el sistema portuario.

La iniciativa 6541 ingresó al Congreso en junio de 2025 y, tras recibir dictamen favorable de la Comisión de Comunicaciones en febrero de 2026, espera el tercer debate parlamentario. Las principales cámaras productivas han resaltado que la emisión del dictamen por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, y la de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, representa un paso decisivo hacia la viabilidad de la reforma en la infraestructura portuaria.

Fundamentos de la ley y su posible impacto en el comercio exterior

La Ley General del Sistema Portuario Nacional prevé la creación de la Autoridad Portuaria Nacional, entidad que regulará, planificará y supervisará los puertos, así como la imposición de sanciones orientadas a garantizar la competitividad y la seguridad en las terminales. El proyecto contempla concesiones de hasta 50 años para terminales públicas y privadas, con el objetivo de atraer inversión a gran escala.

La propuesta establece la posibilidad de establecer alianzas público-privadas y la apertura de puertos privados. Exportadores consultados por Agexport apuntan que este esquema permitirá aumentar la capacidad operativa, gestionar un mayor volumen de cargas, crear empleos y favorecer el crecimiento económico de Guatemala.

Desde el punto de vista legal, la iniciativa busca entregar certeza jurídica a los actores del sector portuario al definir normas precisas tanto para la gestión estatal como privada, un aspecto que consideran determinante para captar inversiones locales e internacionales y asegurar confianza en las concesiones a largo plazo.

En materia de seguridad, el proyecto incluye la adopción de los estándares del Código PBIP, normativa internacional enfocada en la protección de instalaciones portuarias. La aplicación de estos estándares responde a requerimientos de comercio global y tiene como propósito disminuir los sobrecostos de la mercadería importada y atender las debilidades en seguridad, condiciones que han colocado a Guatemala bajo la observación internacional por riesgo regional, de acuerdo con legisladores.

Implicaciones sociales y productivas de la modernización portuaria

Entre los sectores más vinculados con la infraestructura portuaria, sobresalen los productores de productos perecederos como vegetales, frutas, flores, pescado y camarón, que requieren instalaciones capaces de manejar más de 186 mil contenedores refrigerados anuales. Por su parte, la industria de manufactura y vestuario supera los 320 mil contenedores movilizados cada año y genera 341 mil empleos directos.

De acuerdo con estadísticas de Agexport, el país cuenta con 2.144 empresas exportadoras activas, de las cuales el 72% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas. La continuidad de la cadena logística portuaria resulta clave para que estas compañías puedan acceder a mercados internacionales.

Los distintos actores del proceso sostienen que la aprobación de una legislación portuaria moderna permitiría a Guatemala duplicar el volumen de sus exportaciones y consolidar su integración en mercados internacionales siguiendo criterios de eficiencia y seguridad equivalentes a los de los países desarrollados.

Estado del marco legal y avances en el proceso legislativo

En paralelo a la discusión de la nueva ley, durante 2024 se promulgó el Decreto 26-2024: Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, que regula aspectos de seguridad y cumplimiento de normas internacionales. Actualmente, la Ley General del Sistema Portuario Nacional se encuentra a la espera del tercer debate en el Congreso, con la expectativa de articular un marco integral para todos los componentes operativos y normativos del sistema portuario.

Los principales sectores productivos y exportadores aguardan la aprobación definitiva de la Ley General del Sistema Portuario Nacional para, según señalan, sentar las bases de una modernización capaz de multiplicar la capacidad exportadora del país.

Posteriormente, el centro de la jornada se movió al hotel Casa Santo Domingo, sede de la votación al próximo rector. Las abuelas del Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK), quienes encendieron el fuego bajo la energía de Lajuj Tz’ikin e invocaron a la madre tierra para interceder por la autonomía universitaria, de acuerdo a la información de Prensa Comunitaria.

Durante el ritual, las abuelas del CPK elevaron una serie de peticiones que reflejan el sentir de amplios sectores sociales y estudiantiles.

Exigieron “juicio y castigo para Mazariegos”, en referencia al actual rector Walter Mazariegos, denunciado por prácticas consideradas ilegítimas en el proceso de elección de autoridades universitarias.

Ceremonia ancestral y apoyo internacional en defensa de la USAC

Además, reclamaron que no se privatice la USAC y que la violencia se mantenga alejada del movimiento estudiantil, sumando su voz al lema #FraudeUSAC que circula en redes sociales y espacios de protesta.

El fuego sagrado y la presencia de las abuelas mayas representaron un acto de protección y resistencia, reforzando la dimensión cultural y comunitaria de la lucha por la defensa de la universidad pública en Guatemala. La ceremonia no solo buscó respaldo espiritual, sino también visibilizar las demandas de transparencia, autonomía y justicia, en un contexto de alta tensión institucional.

Paralelamente, los alrededores del hotel Casa Santo Domingo se convirtieron en un punto de observación internacional. Delegaciones provenientes de Honduras, México, Italia y otros países acompañaron la vigilia y fueron testigos de la instalación de alambre de púas en las instalaciones del recinto, medida que evidenció el nivel de resguardo y la gravedad de la situación.

La colocación de este tipo de barrera física fue observada de cerca por los visitantes internacionales, quienes resaltaron el alcance de la crisis y el respaldo que ha recibido el movimiento universitario guatemalteco.

Estudiantes recuperan parte del campus de la USAC tras meses de ocupación

Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala expulsaron la tarde del 7 de abril a un grupo de encapuchados que ocupaba el campus central, abriendo las puertas con un vehículo y por primera vez en meses lograron la recuperación parcial de las instalaciones, de acuerdo con Emisoras Unidas.

La operación se produjo un día antes de la elección de rector en la universidad, en un contexto de tensión marcado por las disputas internas y el alza de combustibles.

La crisis en la USAC respondió a un conflicto prolongado en torno a la legitimidad de los procesos de elección de autoridades universitarias. Según Emisoras Unidas, sectores estudiantiles han denunciado en reiteradas ocasiones irregularidades en la administración de Walter Mazariegos, rector actual y figura central de la protesta. A esto se sumó la presión social derivada del incremento en el precio de los combustibles en Guatemala, que intensificó las protestas y motivó la ocupación del campus.

El desalojo se produjo en vísperas de la elección de rector, contexto en el que el movimiento estudiantil exigió transparencia e hizo un llamado a las asociaciones y centros universitarios del país para sumarse a la defensa del campus.

El campus de la USAC había estado ocupado desde horas previas, con actividades académicas y administrativas suspendidas debido a los bloqueos. Dos sectores estudiantiles confrontados reclamaron, por un lado, la reapertura de instalaciones y, por otro, acciones contra lo que consideraron procedimientos ilegítimos en la administración universitaria.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, juramentó este martes a Luis Méndez Salinas como nuevo Ministro de Cultura y Deportes, en una ceremonia oficial celebrada en la Ciudad de Guatemala. Méndez Salinas asume la conducción de una cartera responsable de la promoción, preservación y gestión del patrimonio cultural y deportivo del país.

Luis Méndez Salinas es reconocido por su trayectoria como escritor, editor y gestor cultural. Fundó Catafixia Editorial en 2009, un sello dedicado a la publicación de literatura contemporánea, clásicos de la poesía iberoamericana e historia política de Guatemala. En 2021, amplió su labor editorial con la creación de Maíz y Olivo Ediciones, centrada en la reflexión sobre la cultura popular guatemalteca. Entre 2012 y 2025, se desempeñó como editor de las memorias del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala.

Durante el periodo 2014-2020, Méndez Salinas integró el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes, colaborando en la definición de políticas culturales. En 2019, abrió la librería Santiaguito Libros en Quetzaltenango y, en 2022, fundó Catafixia Centro en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Además, es uno de los fundadores de la Asociación 32 Volcanes, desde donde impulsa proyectos de proyección comunitaria y promueve la lectura a través de la Biblioteca Mario Payeras.

El nuevo ministro ha publicado artículos y colaboraciones en revistas académicas y literarias de Latinoamérica, así como dos libros, una plaquette de poesía y un libro de entrevistas. Su perfil combina la experiencia en gestión cultural con aportes al estudio y divulgación de la literatura nacional.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) tiene como misión principal la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, la protección de monumentos nacionales y la administración de políticas de fomento artístico y recreativo. Entre sus funciones, establecidas en el artículo 31 de la Ley del Organismo Ejecutivo, destacan la formulación de políticas culturales, la preservación del patrimonio, la gestión de medios oficiales de comunicación y el impulso a la recreación y el deporte no federado ni escolar.

Con la fundación del ministerio, se trasladaron ocho dependencias que antes formaban parte del Ministerio de Educación, entre ellas el Instituto de Antropología e Historia y los Museos Oficiales de Guatemala. Este proceso marcó un hito en la historia del país, al sentar las bases para una infraestructura orientada al desarrollo artístico y cultural, apoyada en gran medida por la labor de la Dirección General de Bellas Artes.

“Ha desarrollado labores de proyección comunitaria en Quetzaltenango a través de la Biblioteca Mario Payeras”, señala uno de los perfiles institucionales difundidos sobre Méndez Salinas por el gobierno de Guatemala. La designación se produce en un momento en que las instituciones culturales buscan fortalecer su presencia y capacidad de gestión en todo el país.

Según información institucional, el Ministerio de Cultura y Deportes también se encarga de propiciar la repatriación y restitución de bienes culturales sustraídos o exportados ilícitamente, y de difundir la identidad cultural y los valores cívicos en el marco del carácter pluriétnico y multicultural de Guatemala.

Esto ocurrió en medio de una situación tensa, con presencia de encapuchados que desde la semana pasada mantenían cerradas las instalaciones e impedían el acceso a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Tras romper el portón, los estudiantes sancarlistas localizaron a varias personas dentro de la universidad y procedieron a retirarlas del lugar. El cierre del campus central persistía desde hace varios días, con grupos encapuchados que instalaron mantas y otros objetos.

Los jóvenes acusan maniobras para manipular la elección de rector y demandan la apertura del campus, el restablecimiento de clases presenciales y el respeto al voto estudiantil. A igual forma, los universitarios convocan a presentarse en el Hotel Casa Santo Domingo para impedir que se concrete el presunto fraude electoral vinculado a Walter Mazariegos, quien se encamina a la reelección el miércoles 8 de abril repitiendo lo sucedido en el año 2022.

El ambiente en el exterior del recinto se mantiene en alerta máxima, ya que numerosos universitarios reclamaban la reapertura de las puertas y la reanudación de las clases y actividades académicas.

Durante los intentos de abrir los portones por la fuerza, los ocupantes respondieron lanzando artefactos que provocaron explosiones y humo para dispersar a quienes buscaban el ingreso. De igual forma, los protestantes utilizaron botellas de vidrio para lanzarlas al interior del recinto.

La elección del nuevo rector de la USCA está programada para este miércoles 8 de abril, en un contexto caótico.

OEA exige intervención del Estado y no justificar inacción

En medio de estos hechos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado urgente dirigido al presidente Bernardo Arévalo, en el que pidió no utilizar la autonomía universitaria como pretexto para la inacción estatal ante los hechos delictivos registrados en la USAC.

La organización menciona que “la autonomía universitaria no puede ser utilizada como pretexto para la omisión del Estado ante la comisión de hechos delictivos, actos de violencia o la vulneración de derechos fundamentales dentro del recinto universitario”.

El organismo internacional instó al Ejecutivo a adoptar medidas inmediatas y adecuadas para proteger a electores, candidatos, observadores y periodistas, así como para investigar y sancionar a quienes incurran en actos de violencia o restrinjan el derecho de participación.

Además, la OEA destaca que la urgencia de garantizar la seguridad y legalidad durante toda la jornada electoral y advirtió que la falta de acción oportuna por parte de las autoridades podría tener consecuencias irreversibles en la legitimidad institucional de la USAC y en la credibilidad del sistema democrático guatemalteco.

La crisis en la USAC continúa bajo observación nacional e internacional, mientras persiste la demanda de estudiantes y de la comunidad universitaria para recuperar la normalidad académica y esclarecer las responsabilidades por la toma del campus.

Procuraduría verifica situación y derechos vulnerados

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó este martes verificaciones en la sede central de la USAC ante la posible vulneración del derecho a la educación y la integridad de quienes buscaban ingresar al campus.

Personal de la PDH acompañó a los interesados en retomar las actividades y anunció que dará seguimiento a los hechos para asegurar el respeto a los derechos fundamentales afectados.

Arévalo ordena medidas para resguardar la Universidad de San Carlos

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó la relevancia de la Universidad de San Carlos para el futuro del país y expresó su preocupación por la situación actual de la casa de estudios. Informó que ha dado instrucciones a la Policía Nacional Civil para que se desplace y garantice la seguridad de los estudiantes, así como para resguardar el orden público y el desarrollo autónomo del proceso electoral universitario.

Arévalo subrayó que la defensa del carácter público de la universidad depende tanto de la comunidad sancarlista como de las autoridades académicas, mientras que corresponde a las cortes la responsabilidad de proteger la institucionalidad y la democracia del país.

El mandatario recordó que la historia de Guatemala ha estado ligada a la universidad pública, señalando que se trata de una trayectoria marcada por la resistencia, la dignidad, la justicia y la búsqueda de la verdad. Para Arévalo, Guatemala necesita instituciones sólidas y transparentes, que respondan al pueblo y le devuelvan lo que le pertenece.

El presidente Bernardo Arévalo firmó la agenda de desarrollo territorial para los municipios del Gran Consejo Jolom Na’h en Chiseq, Alta Verapaz, comprometiéndose a implementar medidas concretas en agricultura, economía, educación, salud e infraestructura, y subrayando la voluntad del Gobierno de Guatemala de transformar la relación histórica con los pueblos indígenas a partir de un trabajo conjunto y diálogo permanente.

En el acto oficial transmitido por canales gubernamentales, Bernardo Arévalo resaltó que la deuda con el pueblo q’eqchi’ deriva de siglos de exclusión y que su gobierno busca sentar las bases para una nueva etapa de equidad y dignidad para las comunidades indígenas, uno de los puntos en los que coincidió la gobernadora de Alta Verapaz, Dilia Margarita Có Coy, quien agregó que esta agenda muestra la intención del Ejecutivo de empezar a saldar esa deuda histórica.

La agenda territorial, firmada entre el presidente y el Gran Consejo Jolom Na’h, establece compromisos y acciones en cinco ejes prioritarios: fortalecimiento agrícola, desarrollo de economía comunitaria, impulso de la educación, fortalecimiento de la salud con pertinencia cultural y mejora de infraestructura en las comunidades.

Según la lectura pública realizada durante la ceremonia, se incluyen acciones como el fortalecimiento de la asistencia técnica agrícola, el fomento a la soberanía alimentaria, la implementación de un seguro agrícola para eventos climáticos, el crecimiento del turismo comunitario y las ferias campesinas, además de la atención de conflictos de tierras identificados por el propio consejo q’eqchi’ a través de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad.

En el apartado educativo, la agenda contempla la puesta en marcha del currículo local enfocado en prácticas y creencias del pueblo q’eqchi’, el equipamiento tecnológico para centros de educación diversificada, capacitaciones en competencias clave y estrategias para facilitar la inserción laboral juvenil.

Respecto a salud, se prevé el fortalecimiento de los servicios con pertinencia cultural, la vigilancia de la calidad del agua y la promoción de medicina natural. Para infraestructura, se determina la formación de una mesa interinstitucional que coordinará con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructuras y Vivienda la planificación de proyectos prioritarios y el acceso a la energía eléctrica en comunidades de Raxruhá, Cobán, Carchá, Chiseq y Lanquín.

La agenda fue resultado de reuniones mensuales con autoridades indígenas en el Palacio Nacional

El presidente Arévalo explicó que la elaboración de la agenda implicó un proceso de diálogo mensual con autoridades ancestrales de distintos territorios en el Palacio Nacional, donde el Gran Consejo Jolom Na’h mantuvo una participación permanente. Esta consulta permitió consolidar una agenda de resultados concretos y no meramente declarativos.

El acuerdo aborda cuestiones estructurales como la marginación histórica, la carencia de servicios públicos adecuados y los conflictos por tierras en territorios indígenas. Arévalo insistió en que este acto reconoce la resistencia cultural, lingüística y organizativa del pueblo q’eqchi’, y reconoció también: “Tenemos quinientos años detrás de racismo que es difícil transformar en un solo período de gobierno de cuatro años. Pero estoy convencido que, si sabemos trabajar juntos, podremos sentar los cimientos para cambiar esa relación y lograr que los próximos quinientos años sean totalmente distintos de los que hemos dejado atrás”.

Implicancias directas para los ocho municipios del Gran Consejo Jolom Na’h

La agenda de desarrollo territorial tendrá impacto en los ocho municipios agrupados bajo el Gran Consejo Jolom Na’h: Chiseq, Raxruhá, Lanquín, Cobán, Carchá, Chamelco, Cahabón y Fray Bartolomé de las Casas. La implementación requerirá coordinación con distintos ministerios y secretarías del organismo ejecutivo, tanto a nivel central como territorial, mediante la gobernación departamental.

Arévalo indicó: “El camino continúa y tenemos aún muchos retos por delante. Nosotros no somos ingenuos. Estamos llegando quinientos años tarde. Pero tenemos toda la voluntad de trabajar juntos para comenzar a resolver las enormes brechas que han afectado a los pueblos originarios”.

De acuerdo con líderes indígenas y autoridades, esta agenda constituye una herramienta concreta para avanzar en los derechos de los pueblos originarios y sentar las bases hacia un futuro equitativo en el territorio q’eqchi’. Como señaló Arévalo: “los abuelos que hoy están sentados entre nosotros no solo son testigos de la historia, sino prueba viviente de que ningún pueblo se rompe cuando sus raíces son profundas y dignas”.

Jonathan Menkos Zeissig y Gabriela García, titulares del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Economía, impulsaron ante el Congreso de la República de Guatemala un subsidio por Q8 al diésel y Q4 a las gasolinas, limitado a un máximo de Q1.300 millones durante dos meses, como respuesta puntual al aumento internacional de los precios del petróleo que amenaza el bienestar de las familias guatemaltecas.

La ejecución de la medida queda supeditada a la aprobación legislativa, según expusieron los propios ministros en la reunión de jefes de bloque previa a la sesión plenaria, la cual fue transmitida por el Congreso.

La propuesta marca un corte relevante respecto a intentos anteriores, ya que financiará el subsidio mediante la readecuación de partidas presupuestarias no ejecutadas y no recurriendo a ampliaciones de gasto. Según detalló Menkos Zeissig, existen Q1.600 millones de saldo de caja no programado dentro del presupuesto de Q19.300 millones registrados al cierre de diciembre, descontados los compromisos asumidos.

Este monto, citado por Menkos Zeissig en respuesta al diputado Cornelio García, delimita la disponibilidad fiscal genuina para el subsidio y garantiza que no se afectarán programas esenciales de salud, educación y seguridad.

El Ministerio de Economía plantea dos esquemas alternativos para entregar el subsidio. El primero lo dirige en la terminal portuaria, donde participan solamente los tres principales importadores y la supervisión recae en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO). El segundo contempla otorgar el subsidio directamente en más de 2.100 gasolineras del país, un escenario con retos logísticos mayores. La ministra Gabriela García sostuvo durante su explicación al Congreso: “El subsidio debe llegar, verificado y con una trazabilidad nítida al consumidor final”. Según su análisis, el primer modelo presenta más garantías de fiscalización y control.

Debate legislativo sobre alternativas y riesgos

El debate parlamentario giró entre la viabilidad del subsidio y la alternativa de exonerar temporalmente impuestos como el Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) o el IVA. Fidel Reyes Lee, diputado, advirtió sobre el riesgo de agotar recursos fiscales ante una crisis global de duración incierta y sugirió, junto a Inés Castillo, que eliminar el IDP sería menos oneroso, dado que los fondos del IVA sostienen a las municipalidades. Menkos Zeissig respondió que “el impuesto es de Q1.30 por galón de diésel, mientras que el subsidio propuesto es de Q8 por galón”, lo que otorga al subsidio un mayor efecto para amortiguar el impacto en los precios al consumidor.

Una de las preocupaciones expuestas aludió al riesgo de acaparamiento o desvío del beneficio. García reconoció ante el Congreso que la fiscalización será más compleja si se implementa en gasolineras, y que la DIACO, respaldada en reportes del Ministerio de Energía y Minas, deberá actuar ante cualquier irregularidad, acudiendo incluso al Ministerio Público ante presuntas faltas.

En el ámbito legislativo, Menkos Zeissig invocó la iniciativa 6742, que articula el consenso parlamentario alrededor del subsidio y establece controles y montos máximos.

Los propios diputados recordaron que existen precedentes de investigaciones y procesos abiertos por irregularidades detectadas en subsidios previos, como la asignación de Q28 millones a importadores en 2022. Por esta razón, la trazabilidad y la transparencia fueron catalogadas como condiciones indispensables por los intervinientes en el pleno.

La decisión sobre la modalidad de subsidio, su alcance y los controles quedará en manos del pleno legislativo, que deberá ponderar el equilibrio entre el alivio inmediato a los precios del combustible, la sostenibilidad del gasto y la protección de la estructura fiscal del Estado de Guatemala.

A pocas horas de que se concrete la elección de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Consejo Superior Universitario (CSU) ha modificado de manera decisiva el mapa electoral: este lunes, el órgano acreditó cuerpos electorales afines al actual rector Walter Mazariegos y excluyó a catorce cuerpos identificados como de oposición. Esta alteración, al cierre del proceso, ha encendido cuestionamientos sobre la legitimidad y representatividad del ciclo electoral, en el que solo los cuerpos acreditados podrán votar, determinando si continúa la actual gestión o si hay un relevo en la única universidad pública del país, según información de la propia universidad y reportada por Prensa Comunitaria.

De los veintiún cuerpos ganados por sectores de oposición, solamente cinco obtuvieron acreditación del CSU, mientras que Mazariegos, quien contaba originalmente con seis, suma ahora nueve para la jornada del 8 de abril. Además, el CSU decidió que no se realizará la elección del cuerpo electoral de profesores de la Facultad de Ingeniería, y mantuvo acreditado un cuerpo a favor de Erwin Calgua. Esta distribución incide de manera directa en el equilibrio de fuerzas y en la posibilidad de que la gestión actual se prolongue, de acuerdo con cifras presentadas por la Universidad de San Carlos y difundidas por Prensa Comunitaria.

En la sesión del 6 de abril, el CSU resolvió excluir a trece cuerpos electorales de oposición y acreditó siete: tres para Mazariegos, tres para la oposición y uno para Calgua. Al actual rector se le reconocieron dos cuerpos en los que previamente se había impuesto el voto nulo: Ingenieros Químicos y Arquitectos.

Este contexto desencadenó tensión y movilización. Kevin Pérez, estudiante de agronomía y representante del Centro Universitario de Occidente, convocó a una protesta en la ciudad de Antigua Guatemala, sede prevista de la elección. Pérez expresó: “El 8 de abril serán nuevamente las elecciones a rectoría, de las cuales solo los cuerpos acreditados a Juan Mazariegos son los que están y van a participar. Eso preocupa, alarma, porque nuevamente el usurpador pretenderá llegar el 8 de abril, presentarse y tomar estos cuerpos electorales y validarlos para que voten por ellos y nuevamente él quedar como rector.

El proceso electoral y las implicancias institucionales

Durante el desarrollo del proceso, la universidad determinó retornar a la virtualidad para los estudiantes, lo cual generó suspicacias. La medida, justificada por “trabajos arqueológicos ordenados por el Ministerio de Cultura y Deportes”, fue postergada tras críticas públicas, como informó el gobierno guatemalteco en comunicado oficial.

El debate sobre el control de los cuerpos electorales y la exclusión de grupos de oposición adquiere mayor relevancia debido al peso institucional de la USAC, subrayado por el presidente de la República Bernardo Arévalo. En una declaración, el mandatario convocó “a los profesionales y estudiantes para que puedan luchar por esa autonomía”. Agregó: “Esta semana es crucial para una de las instituciones más tradicionales y clave para el soporte académico, cultural, republicano y democrático de nuestro país, la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra única universidad pública. Exigimos un proceso legítimo y democrático, sin intervenciones indebidas y con plenas garantías de participación”. También remarcó que la autoridad elegida asumirá competencias de alcance nacional: “La Universidad de San Carlos tiene participación en la Comisión Postuladora para elegir a los candidatos a fiscal general del Ministerio Público”.

Impugnaciones legales y tensiones en la antesala electoral

El frente legal también está en disputa. El abogado y exdiputado Aníbal García, integrante de un grupo que impulsa una candidatura alternativa, presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad. García afirmó: “El amparo al número 2.921-2026 es un amparo a prevención en donde le estamos pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que postergue la elección programada para el próximo miércoles a las ocho de la mañana en la ciudad de Antigua Guatemala. ¿Por qué razón? Porque han dejado fuera a una cantidad impresionante de electores que ganaron las elecciones y porque además los profesores de la Facultad de Ingeniería [...] tienen un amparo provisional a su favor, en donde se ordena que se repita la segunda y la tercera vuelta de dicho evento”.

La disputa electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala se desarrolla en medio de controversias. La acreditación selectiva de cuerpos electorales por el CSU, las protestas estudiantiles y la acción de amparo presentada ante la Corte de Constitucionalidad generan un entorno singular. El 8 de abril solo podrán votar los cuerpos acreditados, mientras la sociedad civil observa de cerca la postura institucional frente a los reclamos de legitimidad y transparencia.

A primeras horas del viernes, protestas de grupos estudiantiles de las facultades de Medicina, Agronomía, Odontología y la Escuela de Psicología chocaron contra personas encapuchadas que bloqueaban los accesos principales. La crisis se agravó hacia las 12:45, cuando Bomberos Voluntarios auxiliaron a dos estudiantes heridos en las puertas del campus, según reporta Diario LaHora. Simultáneamente, la Policía Nacional Civil desplegó unidades tras la apertura forzada de los portones por parte de manifestantes.

De acuerdo con cifras difundidas por la universidad y Prensa Comunitaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) resolvió el lunes 8 de abril excluir a catorce cuerpos electorales, la mayoría opositores a la actual gestión. Al mismo tiempo, se acreditaron sectores afines a Walter Mazariegos, lo que incrementó la representación favorable al rector de seis a nueve cuerpos acreditados para votar. Por comparación, de los veintiún grupos de oposición, apenas cinco recibieron autorización para participar en la elección que definirá si Mazariegos extiende su mandato por cuatro años más. La anulación de la elección del cuerpo electoral de profesores de Ingeniería y el reconocimiento de un grupo afín a Erwin Calgua modificaron aún más el equilibrio del padrón, como aclaró la universidad en sus datos oficiales.

La sesión del 6 de abril del CSU sumó más exclusiones: trece cuerpos de oposición fueron apartados y se acreditaron siete, discriminados en tres para la gestión actual, tres para la oposición y uno para Calgua. Posteriormente, se restituyó a Mazariegos el control de dos cuerpos previamente anulados: Ingenieros Químicos y Arquitectos. Estas acciones, reportadas por Prensa Comunitaria, alteraron el mecanismo democrático de la USAC, según denuncias públicas de diversos sectores y el propio estudiantado.

Los incidentes violentos en el campus se suman a una serie de decisiones administrativas adoptadas tras la Huelga de Dolores y la Semana Santa, momentos señalados por la universidad como justificación para la suspensión de actividades presenciales.

Un comunicado oficial de la institución sostuvo la continuidad de procesos administrativos y deslindó su responsabilidad del cierre, argumentando: “un grupo de personas desconocidas, con el rostro cubierto, han tomado el día de hoy las instalaciones universitarias del campus central, zona 12, sin la debida autorización, impidiendo el libre acceso de la comunidad sancarlista y la libre locomoción, manifestando su rechazo al alza del precio de los combustibles”.

El excluyente nuevo padrón electoral acentúa la crisis en la USAC

La recomposición del padrón electoral universitario previo a la elección de rector ha significado que, por mandato del CSU, únicamente los cuerpos acreditados podrán votar, excluyendo a una mayoría opositora.

Esta medida fue interpretada como un mecanismo para favorecer la reelección de Mazariegos y fue inmediatamente contestada por las facultades excluidas, que denunciaron tanto restricciones a la representación universitaria como la vulneración de la participación democrática ante la Corte de Constitucionalidad.

La intervención policial y la persistencia de encapuchados bloqueando accesos refuerzan el clima de inestabilidad institucional pocas horas antes de la votación.

Todos estos factores convergen en una coyuntura en la que la universidad más grande y antigua de Guatemala define, entre protestas y sospechas, si habrá continuidad o relevo en su máximo cargo directivo.

Durante las últimas horas, Guatemala ha experimentado una serie de incidentes viales que han provocado el cierre temporal y el bloqueo parcial de diversas rutas clave, especialmente en el contexto de regreso a las labores tras la Semana Santa. El Departamento de Protección Vial (Provial) ha reportado múltiples accidentes y obstrucciones, afectando tanto la circulación local como el tránsito hacia zonas turísticas y de comercio.

Entre los casos más relevantes, destaca el accidente registrado en el kilómetro 284 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en la jurisdicción de Puerto Barrios, Izabal. Un tráiler con contenedor se salió de la pista, lo que obligó a un cierre momentáneo en ambos sentidos mientras grúas realizaban maniobras para retirar el vehículo. Este incidente generó largas filas de automóviles y camiones, complicando el flujo hacia el Caribe guatemalteco.

En otro punto estratégico, el kilómetro 22 de la ruta que conecta la aldea El Tablón con Villa Canales, en jurisdicción de Guatemala, un bus extraurbano se precipitó fuera de la calzada, cayendo en una hondonada. Aunque el vehículo terminó fuera de la vía, personal de Provial se mantuvo en el lugar para señalizar el área y advertir a los conductores acerca de la peligrosidad del tramo, recomendando máxima precaución.

La ruta al Atlántico volvió a ser escenario de complicaciones en el kilómetro 65, jurisdicción de La Chifurnia, El Progreso, donde un tráiler volcó y bloqueó el carril derecho en dirección norte. Las autoridades mantuvieron la obstrucción mientras se realizaban las labores de asistencia y limpieza, permitiendo el paso solo por uno de los carriles y generando congestión vehicular en una de las arterias más transitadas del país.

Simultáneamente, en la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), a la altura del kilómetro 57.5 en Chimaltenango, una colisión entre un pickup y un bus extraurbano derivó en el cierre parcial del paso hacia oriente. El flujo de vehículos se vio afectado durante varias horas, mientras que agentes de Provial gestionaron el tránsito y coordinaron las labores de remoción de los automotores siniestrados.

En Totonicapán, un tráiler varado por desperfectos mecánicos en el kilómetro 185 de la CA-1 Occidente obstruyó el carril derecho con dirección a oriente. Personal de Provial brindó asistencia vial en el lugar para evitar accidentes secundarios y garantizar la seguridad de los automovilistas.

El occidente del país también registró incidentes. En el kilómetro 146 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de San Antonio, Suchitepéquez, la salida de pista de un camión ocasionó solo daños materiales, pero bloqueó momentáneamente el paso hacia occidente. Las tareas de señalización y remoción se mantuvieron hasta restablecer la circulación habitual.

Estado actualizado de bloqueos

Según las últimas dos actualizaciones de Provial, publicadas alrededor del mediodía del martes 7 de abril, se reportan dos bloqueos activos en la red vial nacional y un punto habilitado. La información, disponible en el sitio oficial de Provial (pro vial.gob.gt/bloqueos), muestra que los bloqueos corresponden principalmente a accidentes y vehículos varados que requieren intervención especializada para su retiro. El monitoreo en tiempo real es accesible para la ciudadanía a través de la plataforma web y la línea de emergencia 1520.

Las jurisdicciones con mayor afectación durante esta jornada han sido Izabal, El Progreso, Chimaltenango, Totonicapán y Suchitepéquez, sumando incidentes tanto por colisiones como por desperfectos mecánicos y salidas de pista. El personal de Provial se mantiene desplegado en los puntos críticos para brindar asistencia y prevenir nuevos accidentes.

Accidentalidad durante Semana Santa

El repunte de accidentes de tránsito al finalizar la Semana Santa es una tendencia que se repite año tras año en Guatemala, dada la alta movilidad de personas hacia destinos turísticos y familiares. Según datos oficiales recientes, el número de accidentes registrados en la Semana Santa supera el centenar, con un saldo de decenas de lesionados y varios fallecidos. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia al volante, el respeto de los límites de velocidad y la revisión mecánica de los vehículos antes de emprender cualquier viaje.

Provial insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de salir y atender las recomendaciones de los agentes viales. El objetivo es reducir la siniestralidad y evitar mayores afectaciones en la infraestructura vial nacional.

El flujo de migrantes durante la Semana Santa 2026 en Guatemala experimentó un aumento del 2 % respecto al año anterior, según datos publicados por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Entre el 26 de marzo y el 6 de abril, se registraron exactamente 501.009 personas entre ingresos y egresos del país, una cifra que muestra el volumen excepcional de movilidad asociado a este período vacacional. El refuerzo de los sistemas de control migratorio se implementó como respuesta directa, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera para viajeros nacionales y extranjeros, informó el IGM y replico AGN.

Debido a la elevada demanda observada, las autoridades pusieron en marcha un Plan de Contingencia que se extendió a lo largo de las casi dos semanas de mayor tránsito. Esta estrategia implicó incorporar personal adicional en los principales puntos de chequeo migratorio. El reporte del IGM publicado por la Agencia Guatemalteca de Noticias expone que la medida mejoró de forma tangible la experiencia de los usuarios en uno de los períodos de mayor movilidad en el calendario guatemalteco.

El Aeropuerto Internacional La Aurora registró el flujo individual más alto con 71.356 atenciones. De ese total, 36.977 personas ingresaron al país y 34.379 salieron, según el IGM. Entre los pasos fronterizos terrestres, Valle Nuevo —limítrofe con El Salvador— encabezó las operaciones con 50.148 movimientos: 25.959 entradas y 24.189 salidas entre el país y el vecino estado.

Más de 250 mil guatemaltecos en tránsito internacional durante la Semana Santa

Respecto a los movimientos externos, el IGM informó que durante el receso de Semana Santa 134.711 guatemaltecos salieron hacia el extranjero, mientras que 116.228 ingresaron al territorio nacional en el mismo período. Esta dinámica sitúa al país como emisor y receptor simultáneo de un elevado número de viajeros, una tendencia que crece cada año en fechas religiosas y de turismo masivo.

Los datos institucionales reflejan la diversidad de orígenes de los visitantes extranjeros. Las llegadas provenientes de El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Belice y Costa Rica constituyeron los principales flujos internacionales.

El IGM anunció que continuará impulsando las “acciones que fortalezcan los procesos de control migratorio”, lo que supone promover una migración “ordenada, segura y eficiente”. La institución recalcó la importancia de adaptar la respuesta operativa a picos estacionales como el que representa la Semana Santa.

Más de 51 mil turistas recibieron asistencia del Instituto Guatemalteco de Turismo durante la Semana Santa 2024

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) comunicó a través de sus redes sociales que 51.254 turistas recibieron información y asistencia de su personal durante la Semana Santa más reciente. De esa cifra, 24.662 correspondieron a turistas nacionales y 26.792 a visitantes extranjeros. El INGUAT especificó que la atención alcanzó a 24.704 hombres y 25.550 mujeres, abarcando labores de recepción, orientación y acompañamiento en diferentes puntos del país.

Los equipos del INGUAT llevaron adelante estas acciones como parte de su estrategia anual de fomento turístico y atención integral. Según detalló la institución, las actividades incluyeron el suministro de recomendaciones para traslados seguros y la promoción de rutas para quienes seleccionaron Guatemala como destino durante esta temporada alta.

Sobre el cierre del período, el INGUAT remarcó: “Con gran satisfacción, concluimos exitosamente otra Semana Santa, brindando información y asistencia a nuestros visitantes nacionales e internacionales. Les hemos acompañado en la alegría y el deseo de descubrir las riquezas de Guatemala. Gracias a nuestro equipo, hemos atendido a más de 51.254 turistas en su recorrido.”

El enfrentamiento entre civiles armados y agentes policiales desencadenó una serie de medidas excepcionales, incluida la suspensión de clases en todo el municipio de San Pedro Sacatepéquez.

La autoridad edil justificó la decisión como parte de un operativo para preservar la seguridad de la población tras los hechos violentos, según consta en el comunicado difundido por la Municipalidad.

Las consecuencias inmediatas del ataque repercutieron en la movilidad de la región. La PMT de Mixco informó sobre tránsito lento en la Calzada San Juan hacia occidente debido al cierre del paso, lo que complicó el tránsito vehicular y peatonal.

De forma paralela, equipos de Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios acudieron al área para asistir al menos a cinco personas lesionadas, cuatro de ellas por heridas de bala y una más que habría sido atropellada al intentar escapar del fuego cruzado, de acuerdo con los reportes de los socorristas.

El incidente, según los informes oficiales citados por la PNC, involucró a los ocupantes de un picop y de una camioneta tipo agrícola. Aún se desconoce el motivo del enfrentamiento.

La reacción policial resultó en la captura de tres presuntos agresores, quienes fueron identificados por la portación de un fusil de asalto empleado durante el ataque. Los detenidos presentan heridas sufridas durante el intercambio de disparos y permanecen bajo custodia en un centro asistencial, mientras que tanto un agente como un oficial de la PNC recibieron lesiones por arma de fuego y requirieron atención médica.

Intervención de fuerzas de seguridad y situación en la zona

Este episodio tuvo lugar entre los kilómetros 17 y 20 de la ruta que conecta San Juan Sacatepéquez con el cantón La Lima. Los Bomberos Voluntarios reportaron la presencia de agentes policiales en el sitio, quienes actuaron para restablecer el orden, situación verificada a través de diversas imágenes difundidas en redes sociales.

Como parte del proceso penal abierto posterior al tiroteo, la Policía Nacional Civil indicó que fue incautada el arma larga en posesión de los detenidos. Este elemento constituye una prueba clave en las investigaciones para determinar las responsabilidades en el ataque armado.

Además, la municipalidad local recomendó a la población evitar el tránsito en la zona hasta nueva orden y sugirió a los vecinos mantenerse en sus hogares y conservar la calma.

La respuesta institucional incluyó la suspensión de actividades educativas en todos los centros públicos, privados y cooperativos de San Pedro Sacatepéquez. Esta precaución se adoptó ante el ambiente de inseguridad generado por el enfrentamiento, que también provocó afectaciones en la vida cotidiana del municipio y generó una tensa expectativa en torno a la evolución del caso.

Estado de sitio alcanza el departamento de Sacatepéquez

El ataque armado ocurre horas más tarde, de que el presidente Bernardo Arévalo anunciará la inclusión del departamento de Sacatepéquez, en el nuevo estado de prevención decretado en Consejo de Ministros, decisión tomado con base a los índices de delincuencia que se han detectado en cada uno de los distritos en donde ahora se ha implementado este modalidad de manera sectorizada.

Qué implica el estado de prevención en las áreas afectadas

Con el establecimiento del estado de prevención, el gobierno amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para ejecutar operativos y controles sin necesidad de órdenes judiciales previas en las zonas señaladas.

La disposición habilita a las autoridades a limitar el derecho de reunión y restringir la libertad de locomoción en respuesta a incidentes de violencia organizada, particularmente atribuidos a maras o pandillas.

Las restricciones incluyen la suspensión de espectáculos públicos y el control del tránsito vehicular en sectores designados como prioritarios para la seguridad estatal. La orden oficializada este 19 de marzo, permite a los agentes intervenir ante posibles alteraciones graves al orden público y actuar preventivamente para proteger la integridad de los funcionarios y de la población civil.

Un autobús de transporte colectivo con aproximadamente 25 pasajeros cayó esta madrugada a un barranco en el sector conocido como “Las Vueltas” de la aldea El Tablón, Villa Canales, dejando a más de 20 personas con crisis nerviosa y al menos dos trasladados a un centro asistencial por heridas, según la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales.

El accidente ocurrió en la bajada de El Tablón por causas aún no establecidas. La unidad se precipitó hacia una pendiente y quedó atrapada, de acuerdo al reporte oficial. El conductor abandonó el lugar del siniestro luego de los hechos, lo que generó molestia entre vecinos y pasajeros; las autoridades mantienen la búsqueda del piloto.

En el lugar, los Bomberos Voluntarios prestaron atención médica inmediata y confirmaron que dos personas resultaron con lesiones de gravedad. El resto de los ocupantes fueron evaluados por crisis nerviosa. Los agentes de la PMT siguen en el área para regular el tránsito y garantizar el paso vehicular, según reporta el diario Soy502.

Cómo se desarrollaron las tareas de rescate y asistencia en El Tablón

De acuerdo con la información brindada por los equipos de emergencia, las tareas de rescate se realizaron poco después del accidente. Varias unidades de los Bomberos Voluntarios acudieron al sitio para evacuar a los pasajeros que permanecían dentro del autobús y asegurar el perímetro ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

“Se realizó la extracción de las personas y su evaluación médica en el lugar antes de proceder con los traslados”, explicó uno de los jefes de cuadrilla de los bomberos. La intervención rápida de los socorristas permitió estabilizar a los heridos y evitar complicaciones mayores entre los afectados.

Transportistas de la zona señalaron que la pendiente donde se produjo el accidente es considerada peligrosa, especialmente durante horas de la madrugada cuando la visibilidad disminuye. Las autoridades investigan si una posible falla mecánica o la falta de señalización contribuyeron al incidente.

Reacciones de los vecinos y denuncias sobre el abandono del conductor

Vecinos de El Tablón y pasajeros relataron que, tras el accidente, el conductor descendió de la unidad y se alejó caminando, sin brindar ayuda a los afectados. Esta acción desató indignación entre quienes presenciaron los hechos. Una de las pasajeras expresó: “Nos dejó allí y no se preocupó por los heridos”.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales informó que continúa con la localización del piloto para esclarecer responsabilidades. Los agentes recaban testimonios y datos de testigos que permitan identificar plenamente al conductor.

Residentes del sector exigieron a las empresas de transporte y a las autoridades locales mayor supervisión de las unidades y sus operadores, argumentando que este tipo de accidentes podría evitarse con controles más estrictos.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales mantiene cerrada parcialmente la carretera mientras concluyen las investigaciones y labores de limpieza tras el accidente de esta madrugada.

Antecedentes y contexto de accidentes en la zona

La ruta donde ocurrió el accidente ha registrado en los últimos años varios incidentes similares. De acuerdo con datos de la municipalidad, en el último año se han documentado al menos cinco accidentes graves en la bajada de El Tablón, muchos de ellos vinculados a unidades de transporte colectivo.

Al menos 15 personas resultaron heridas el 27 de enero de 2026 cuando un bus extraurbano y escolar se estrelló contra una vivienda en la bajada del Porvenir, Villa Canales, Guatemala. Entre los afectados se incluye un grupo de menores que fue trasladado con lesiones estables, golpes y posibles fracturas a diferentes centros asistenciales.

Un evento anterior en la aldea Laguna Seca, Amatitlán, agravó la alerta regional: el vuelco de un bus escolar en 2026 dejó 36 heridos y causó la muerte de un menor de 4 años.

Durante el reciente operativo del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), conocido como SINAPRESE 2026, más de 189.000 personas recibieron atención en diferentes modalidades durante el periodo de mayor movilidad nacional, la Semana Santa.

El despliegue, que se extendió del 27 de marzo al 5 de abril, implicó la instalación de dieciséis bahías de prevención y 136 puntos de gestión institucional, orientados a reducir riesgos y asistir a la población en rutas, sitios turísticos y puntos estratégicos del territorio guatemalteco.

Los resultados de esta amplia estrategia, difundidos oficialmente durante una conferencia de prensa, muestran la magnitud del trabajo interinstitucional y el desafío persistente que representa proteger a quienes se desplazan masivamente por el país en esas fechas, según informara SINAPRESE.

Entre los datos más impactantes, 228 personas fallecieron durante ese lapso, según detalló la secretaria Claudine Ogaldes en la presentación oficial de los resultados ante representantes sectoriales y medios de comunicación, de acuerdo a SINAPRESE. Entre las causas principales, catorce muertes se debieron a ahogamiento por sumersión y diecinueve a accidentes viales.

Este balance revela el costo humano de la temporada alta de viajes y la necesidad de seguir perfeccionando las estrategias de prevención, como subrayó el ministro de la defensa nacional, Henry Sáenz, en su reconocimiento a la capacidad de articulación lograda entre agentes de seguridad, socorristas, bomberos y soldados.

Durante el operativo SINAPRESE 2026, se prestaron 9.719 atenciones médicas, varias de ellas requirieron traslado hospitalario inmediato, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. El dispositivo también ofreció 178.957 servicios de información sobre rutas, actividades turísticas, medidas de seguridad y contactos de emergencia, lo que evidencia el nivel de logística y el alcance del sistema desplegado. Por otro lado, se brindaron 394 servicios mecánicos a conductores que experimentaron fallas en sus vehículos o incidentes en carretera.

El trabajo interinstitucional involucró a más de 30 organizaciones dentro del sistema CONRED, cuyos integrantes proveyeron atención prehospitalaria, asistencia vial y orientación tanto a ciudadanos locales como a visitantes extranjeros, tal como fue destacado por Ogaldes.

Además, según datos presentados en la misma conferencia, alrededor de 50.000 personas participaron en el personal de atención durante la Semana Mayor, conformando la red humana que sostuvo el operativo en todas las regiones del país.

Durante la exposición de los resultados, la secretaria Claudine Ogaldes subrayó: “Esta estrategia de prevención y respuesta brindó atención, información, asistencia a miles de personas que se movilizaron por las distintas rutas del país”, según la transmisión de SINAPRESE. Ogaldes insistió en el valor de sumar esfuerzos institucionales para mantener activa la cobertura durante los días de mayor tránsito y en la importancia de la coordinación transversal entre instancias estatales.

Por su parte, el ministro Henry Sáenz enfatizó el progreso sostenido del dispositivo de emergencia, remarcando: “Hemos ampliado la cobertura tanto de bahías, puestos de socorro, atención mecánica, atención de información, tanto a nacionales como extranjeros en esta semana mayor”, según recogió SINAPRESE. Sáenz también reconoció las limitaciones estructurales del sistema y expresó condolencias a las familias afectadas por los fallecimientos registrados.

Las cifras de atención y el desafío de reducir la mortalidad durante la Semana Santa en Guatemala

A lo largo de los diez días operativos, el SINAPRESE brindó un total de 189.700 servicios de diversa índole. Del total de fallecidos, la mayoría de los casos se concentraron en incidentes viales y ahogamientos, según lo expuesto ante la prensa.

La Secretaría valoró de manera especial el rol del personal civil y militar que permaneció en campo, “brindando todo ese apoyo” y velando por la seguridad y el bienestar de quienes transitaron o se recrearon en zonas turísticas o carreteras nacionales, según consignó SINAPRESE.

Los voceros institucionales coincidieron en que mantener y fortalecer la cultura de prevención es el principal reto del sistema ante la magnitud de los flujos masivos y la persistencia de escenarios de riesgo, especialmente en temporadas como la Semana Mayor.

Tanto Ogaldes como Sáenz instaron a la población y a las entidades a continuar construyendo una red de prevención más robusta, con el objetivo declarado de disminuir, en años venideros, las cifras de mortalidad y accidentes asociados a este periodo de movilidad nacional.

En Guatemala, el riesgo de afectaciones a la producción agrícola y pecuaria aumentará durante la semana del 6 al 10 de abril, cuando se esperan altas temperaturas, lluvias dispersas y una reducción marcada de la humedad en el suelo. Esta combinación de eventos meteorológicos, de acuerdo con el análisis agrometeorológico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), puede limitar la capacidad productiva del campo y amenaza cultivos esenciales para la seguridad alimentaria del país. El pronóstico fue elaborado con base en los datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informa la institución del gobierno central este lunes.

Las previsiones oficiales del MAGA indican que dieciséis departamentos registrarán temperaturas superiores a 35 °C, entre ellos Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa, Chiquimula, Jutiapa, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Quiché, El Progreso, Jalapa, Petén, Izabal y Guatemala. En estas regiones, la humedad del suelo podría descender a niveles críticos, lo que pone en peligro la viabilidad de los ciclos productivos que dependen del agua disponible.

El impacto afectará especialmente los cultivos de maíz, frijol, palma de aceite, banano, plátano, caña de azúcar, cítricos, mango y arroz, según el informe difundido por el MAGA.

El escenario llevó a la activación de un monitoreo permanente en 16 departamentos y 102 municipios, realizado por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio, estructura encargada de la vigilancia y alerta temprana para el sector, de acuerdo con Diario La Hora.

Durante la semana del 6 al 10 de abril, las actividades agrícolas y pecuarias en Guatemala enfrentarán condiciones adversas, como altas temperaturas y suelos secos, según el MAGA. Los departamentos más expuestos serán Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa, Chiquimula, Jutiapa, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Quiché, El Progreso, Jalapa, Petén, Izabal y Guatemala. El pronóstico señala un riesgo alto en cultivos clave y posibles complicaciones para el ganado, con efectos potenciales en la oferta alimentaria y los ingresos rurales, informa el Ministerio a Diario La Hora.

Recomendaciones para mitigar los efectos del calor extremo y la sequía

Frente a la ola de calor, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) sugiere acciones de manejo para atenuar el impacto en los sistemas de producción y el ambiente. Plantea optimizar el uso de agua con riegos programados, preferentemente durante la madrugada o al anochecer, y adoptar técnicas para conservar la humedad, como la cobertura vegetal (mulch) y la labranza mínima. El MAGA señala que debe evitarse la quema de rastrojos debido al mayor riesgo de incendios forestales en este contexto.

Las indicaciones incluyen también recomendaciones para el sector pecuario, detalladas por el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR). Se recomienda mejorar la ventilación en los corrales y usar sistemas de enfriamiento, como la aspersión de agua sobre el ganado. También se aconseja evitar la movilización y vacunación animal entre las 10 y las 17 horas, periodo de mayor calor, y suministrar la mayor cantidad de alimento durante los momentos más frescos del día. Asimismo, se sugiere reducir la fibra de baja calidad en la dieta, pues incrementa el calor corporal y puede agravar los efectos de las altas temperaturas, como indica el MAGA.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó que mantendrá el monitoreo permanente en zonas prioritarias y emitirá alertas según evolucione el clima, con el objetivo de limitar el impacto negativo en la producción agropecuaria nacional.

Durante la presentación, se enfatizó que la rapidez en la denuncia puede ser decisiva para salvar vidas animales. UBAapp está disponible para dispositivos Android y iPhone, y brinda una vía directa para reportar abusos, negligencia o abandono. Rivera Dávila lo sintetizó así: “Esta herramienta surge como una respuesta concreta a una necesidad real. Su objetivo es acercar el Estado a la ciudadanía, facilitar la denuncia y, sobre todo, agilizar la atención de los casos. En situaciones de maltrato, el tiempo es crucial: cada minuto cuenta”.

El desarrollo de la plataforma exige que el usuario detalle la dirección del incidente, adjunte fotografías y proporcione nombre, apellido, número de teléfono, DPI y correo electrónico. La confidencialidad de los datos personales está garantizada y sólo se usarán para dar seguimiento, si es necesario, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El lanzamiento contó con la participación de Mayra Motta, viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, y Mauricio Mota Charnaud, representante de Association Humane World For Animals Costa Rica. Ambos destacaron el compromiso institucional en robustecer mecanismos para el bienestar animal en Guatemala.

La función de la UBA y el alcance de la denuncia digital

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) es la instancia encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a los reportes de maltrato o crueldad animal. Su labor se fundamenta en la normativa vigente y se articula con la Policía Nacional Civil y autoridades municipales.

Irene Velázquez, coordinadora de la UBA, manifestó al equipo de prensa institucional del Ministerio que este lanzamiento “da un paso importante para fortalecer el bienestar animal en Guatemala y el trabajo que se realiza desde la UBA”. Velázquez remarcó la relevancia de cada denuncia como “oportunidad para intervenir y proteger a los animales”, al advertir que muchas situaciones de maltrato permanecen ocultas si no hay involucramiento ciudadano.

Para utilizar UBAapp es necesario contar con acceso a Internet, tener el GPS activado y la cámara del teléfono disponible. Esta configuración garantiza la localización exacta del hecho y la recolección de pruebas visuales, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La ministra Rivera Dávila alentó a la sociedad a hacer suya la aplicación: “Invitamos a la ciudadanía para que haga uso de esta herramienta, que denuncie, que actúe y sea parte activa de este esfuerzo. Cada denuncia marca la diferencia. Cada acción cuenta. Este lanzamiento es, en esencia, una promesa, la promesa de escuchar mejor, de actuar más rápido y de proteger con mayor eficacia”.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reiteró la importancia de denunciar cualquier agresión a través de la UBA, la Policía Nacional Civil o las autoridades municipales, resaltando que el bienestar animal es una responsabilidad compartida.

La titular del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Liwy Grazioso, formalizó su renuncia al cargo este lunes, una decisión motivada por razones personales y confirmada públicamente por el presidente Bernardo Arévalo durante la sesión del Consejo de Ministros realizada el 6 de abril en el Palacio Nacional. El jefe de Estado indicó que la salida ya había sido discutida previamente con la funcionaria y, aunque la aceptación se concretó esta jornada, los trámites legales y administrativos requeridos para su desvinculación definitiva aún se encuentran en curso.

La renuncia fue presentada por Grazioso “la mañana de este 6 de abril en Consejo de Ministros”, detalló Arévalo a Agencia Guatemalteca de Noticias. El acuerdo sobre su salida se produjo antes del período de Semana Santa. En la reunión del gabinete celebrada este lunes, Grazioso se despidió de sus colegas mediante una presentación ante el pleno, en la que agradeció públicamente la oportunidad al frente de la cartera.

La salida de Grazioso ocurre mientras el Ejecutivo mantiene reserva sobre el nombramiento de su reemplazo y ha reiterado que no se harán anuncios formales hasta que el proceso administrativo esté completamente regularizado. Arévalo lo expresó así en conferencia: “En el momento en el que esté todo en orden, será comunicado y confirmado el nombre de la persona que viene a ocupar el cargo”, consignó Publi News.

Proyecto arqueológico y controversia en la USAC

En los días previos a su renuncia, Liwy Grazioso se vio involucrada indirectamente en el debate público por la celebración de un convenio relacionado con un proyecto de investigación y rescate arqueológico en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12 de la capital. La funcionaria empleó un video difundido desde la cartera para desmentir interpretaciones erróneas sobre el alcance del acuerdo; explicó que el convenio, suscrito entre una arqueóloga contratada por la USAC y la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, tenía como único propósito desarrollar el proyecto de rescate, sin que ello implicara injerencia alguna sobre las decisiones administrativas o académicas de la universidad.

Según información de Agencia Guatemalteca de Noticias, Grazioso puntualizó que hasta ahora no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos arqueológicos. Además, solicitó a las autoridades universitarias mantener una coordinación estrecha para evitar interpretaciones erróneas y asegurar que el desarrollo de la iniciativa respete los procesos internos de la casa de estudios.

En una decisión orientada a fortalecer la estabilidad institucional, Liwy Grazioso indicó que dio instrucciones para que el arranque del proyecto arqueológico ocurra únicamente después de la elección de rector en la USAC. Según lo publicado por Agencia Guatemalteca de Noticias, el objetivo de esta medida es preservar la autonomía universitaria y la transparencia en el proceso.

Frente a la circulación de información imprecisa en redes sociales, el Ministerio de Cultura y Deportes reiteró su disposición al diálogo y a la coordinación interinstitucional. Subrayó que la prioridad sigue siendo la conservación del patrimonio cultural sin interferir en la gestión autónoma de la USAC.

Renovación en la cartera cultural

Liwy Grazioso, hasta hoy ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, formalizó su renuncia por motivos personales, confirmada por el presidente Bernardo Arévalo el lunes 6 de abril, en una decisión acordada previamente por ambos. La designación de la nueva autoridad quedará pendiente hasta que finalicen los trámites legales necesarios; mientras tanto, el gobierno no entrega información sobre posibles reemplazos, añadió Publi News.

La comisión de postulación encargada de seleccionar la nómina para fiscal general de Guatemala ha iniciado las entrevistas públicas con los aspirantes.

Este proceso examina la independencia, la idoneidad de los postulantes y la transparencia del procedimiento. La elección incidirá directamente en el rumbo del Ministerio Público, una institución que, según datos presentados ante los comisionados, solo logra judicializar un 6 % de los casos que investiga, lo que indica una eficacia baja en comparación con otros países de la región.

Jaime Arellano, ex viceministro de Justicia de Chile, presentó esta información durante las audiencias públicas previas a las entrevistas, en declaraciones reunidas por la propia comisión de postulación al comenzar la fase central del proceso.

El 6 % de judicialización evidencia la urgencia de reformar la Fiscalía General

El Ministerio Público de Guatemala presenta una de las tasas de judicialización más bajas de América Latina: apenas el 6 % de todos los expedientes investigados se traduce en una acusación formal. Según el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), este indicador —destacado en la exposición de Arellano— alerta sobre la magnitud del reto que aguarda al siguiente fiscal general. La cifra se remarcó al cerrar la audiencia dedicada a examinar los requisitos y estándares que debe cumplir quien esté al frente de la institución.

Entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril, los cincuenta aspirantes serán entrevistados en grupos diarios de entre doce y trece personas, conforme a la convocatoria oficial revisada por la comisión de postulación. Las sesiones inician a las 9:00 y tienen lugar en la sala de vistas del edificio asignado, según el cronograma expuesto en sesión pública.

Las audiencias comenzaron con la participación de Jaime Arellano, también ex director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA. Junto con José Ugaz, expresidente global de Transparency International, y Ana Lorena Delgadillo, especialista mexicana en justicia, el panel pidió a los comisionados priorizar candidatos verdaderamente independientes de poderes fácticos.

Entre los requisitos enunciados por Arellano ante la comisión —según consta en la transcripción oficial— figuran la ausencia de conflictos de interés, compromiso comprobado con los derechos humanos y el estado de derecho, íntegra ética y una trayectoria profesional incuestionable.

Las audiencias públicas colocan el escrutinio ciudadano en el centro del proceso

El lunes, varias organizaciones de la sociedad civil participaron en la audiencia previa a las entrevistas para exponer sus demandas y objeciones ante la comisión. Representando al Movimiento Cívico Nacional, su presidente ejecutivo insistió en que el proceso debe regirse por criterios objetivos, fechas claras y reglas verificables, advirtiendo sobre el riesgo de una fiscalía debilitada en legitimidad pública cuando prevalecen la opacidad o la discrecionalidad.

Durante el año, el movimiento difundió una carta ciudadana en favor de la transparencia y la institucionalidad, que fue consignada ante la comisión para exigir la publicación de reglas, parámetros de evaluación y argumentos de cada decisión.

De acuerdo con su presidente, las evaluaciones a los aspirantes deben realizarse bajo criterios uniformes y las resoluciones explicarse de modo comprensible para los ciudadanos. El documento señala: “la fortaleza de las instituciones depende en gran medida de la calidad de los procesos que dan origen a esas instituciones”.

En la comparecencia también se instó a cumplir rigurosamente los plazos legales. Se aclaró que prórrogas o dilaciones no sólo afectan la alternabilidad de cargos, establecida por el artículo 113 de la Constitución, sino que también perjudican la confianza en el sistema republicano de Guatemala.

Víctimas del conflicto armado rechazan la reelección de Consuelo Porras

El mismo día, organizaciones de víctimas del conflicto armado interno, representadas por Feliciana Macario Tebalán y Juan Sanic, entre otros treinta delegados, solicitaron a la comisión excluir de la nómina a Consuelo Porras y a toda persona investigada por corrupción o violación de derechos humanos.

Las víctimas señalaron que, tras la llegada de Consuelo Porras a la fiscalía, el acceso a la justicia para quienes sufrieron durante la guerra y para otros delitos graves ha disminuido. Argumentaron la desarticulación de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Unidad de Caso por el Conflicto Armado del Ministerio Público. Macario Tebalán afirmó: “Sabemos que, además de nuestra tacha, se presentaron 24 tachas más contra Consuelo Porras y solo cinco fueron admitidas”, lo que evidencia falta de justificación en la resolución de las objeciones y rechazo a la gestión actual.

En su intervención, Juan Sanic señaló a los comisionados: “No se dejen presionar por grupos corruptos que buscan la impunidad, ni se dejen doblegar por amenazas de grupos externos que sólo quieren usar la justicia para sus propios intereses”. Insistió en que “evalúen con seriedad las tachas y que no incluyan en la nómina final de candidatos a Consuelo Porras ni a ninguna persona señalada de corrupción y violaciones a los derechos humanos”.

El bloque ciudadano solicitó máxima publicidad sobre los expedientes y objeciones presentadas contra los aspirantes, reafirmando el derecho colectivo a conocer tanto los nombres como los motivos para excluir o aceptar cada candidatura.

La exigencia de transparencia y reglas verificables marca el proceso de selección

El Panel de Personas Expertas Independientes determinó que la comisión debe garantizar la publicación de las tachas, difundir los fundamentos de cada resolución y velar por el derecho de la ciudadanía a participar activamente en todas las etapas del proceso.

El panel solicitó que, en las entrevistas públicas, se interpele específicamente sobre conflictos de interés y observaciones surgidas de la ciudadanía.

Las entrevistas concluirán con la presentación de seis candidatos al presidente de la República y serán observadas en tiempo real por organizaciones civiles y entidades internacionales. El énfasis de las audiencias es que la legitimidad del futuro fiscal general dependerá tanto de sus calificaciones personales como de la transparencia y objetividad en la selección, bajo el escrutinio de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional.

El gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, estableció un nuevo estado de prevención por quince días en los departamentos donde ya estaba vigente la medida y extendió la disposición a Sacatepéquez, según anunció el mandatario en conferencia de prensa recogida por LaRondaGT.

El objetivo declarado es fortalecer la capacidad institucional y ampliar el control territorial para contener la actividad del crimen organizado e incrementar la seguridad ciudadana.

En fecha reciente, unidades de las fuerzas de seguridad lograron un decomiso de quince fusiles AK-47, armas de uso restringido a fuerzas armadas, durante operaciones efectuadas en San Marcos y Huehuetenango, según precisó el Ejecutivo durante la misma comparecencia pública.

De acuerdo con LaRondaGT, en el mismo marco operativo, se mantienen acciones de erradicación intensiva en la región de Petén, lo que afecta directamente las fuentes de financiamiento del narcotráfico.

El estado de prevención, según la explicación brindada por el mandatario Arévalo y el ministro de Defensa, Henry Sáenz, durante el encuentro con medios, ha permitido un despliegue operacional continuo, incrementando la presencia oficial en comunidades, rutas estratégicas y especialmente en zonas de frontera.

La medida incluye la cobertura de los departamentos de Petén, Izabal, Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos. El acuerdo fue avalado por el consejo de ministros y comenzó a regir desde hoy, con una vigencia de quince días.

El refuerzo de operaciones militares debilitó al crimen organizado

El ministro de Defensa, en la misma intervención, remarcó que la aplicación reiterada del estado de prevención —ratificada por el consejo de ministros y en vigor desde este lunes— se tradujo en operativos militares “contundentes” contra las estructuras criminales.

Entre los resultados recientes comunicados a la prensa, LaRondaGT destaca la confiscación de armamento y municiones en poder de estructuras de crimen organizado, así como la erradicación de cultivos ilícitos que, de acuerdo a la evaluación oficial, debilitan de manera directa la economía de grupos vinculados al narcotráfico.

La decisión gubernamental persigue sostener una estrategia coordinada de combate al narcomenudeo y de control fronterizo. Según los portavoces oficiales citados por LaRondaGT, este marco legal es considerado una herramienta “muy efectiva para garantizar la seguridad del pueblo digno” y consolidar la autoridad estatal en zonas antes señaladas por vacíos de seguridad.

Qué implica el estado de prevención en las áreas afectadas

Con el establecimiento del estado de prevención, el gobierno amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para ejecutar operativos y controles sin necesidad de órdenes judiciales previas en las zonas señaladas.

La disposición habilita a las autoridades a limitar el derecho de reunión y restringir la libertad de locomoción en respuesta a incidentes de violencia organizada, particularmente atribuidos a maras o pandillas.

Las restricciones incluyen la suspensión de espectáculos públicos y el control del tránsito vehicular en sectores designados como prioritarios para la seguridad estatal.

La orden oficializada el pasado 19 de marzo, permite a los agentes intervenir ante posibles alteraciones graves al orden público y actuar preventivamente para proteger la integridad de los funcionarios y de la población civil.

Antecedentes y justificación de la medida

La implementación de este tipo de estado de excepción ya ha sido utilizada previamente en Guatemala para contener crisis de seguridad y represión de actividades de pandillas.

El gobierno sostiene que el decreto responde a información reciente sobre ataques armados dirigidos a integrantes de las fuerzas de seguridad, así como a intentos de desestabilización institucional.

De acuerdo con el propio Decreto Gubernativo 4-2026, “la autoridad responsable podrá suspender o restringir el ejercicio de derechos constitucionales estrictamente necesarios para salvaguardar los intereses generales de la Nación”.

Las autoridades enfatizan que ”el propósito fundamental es salvaguardar la paz, el orden y la institucionalidad democrática frente a amenazas específicas detectadas en los departamentos priorizados“.

El gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, anunció que retomará la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal cuando se resuelva la pausa legal impuesta al proyecto. Arévalo vinculó directamente a redes del narcotráfico local con las maniobras judiciales que detuvieron el avance de la obra. El mandatario sostuvo que la cárcel es una pieza central en la estrategia nacional para enfrentar la criminalidad organizada y aseguró que, tras cuatro décadas sin nuevas inversiones penitenciarias, el Estado no desistirá en su propósito.

En su intervención, transmitida por canales oficiales y citada por Gobierno de Guatemala, Arévalo afirmó que la construcción de la cárcel El Triunfo en Morales, Izabal, encontró resistencia judicial apenas un día después del inicio formal de la obra. Según el presidente, la reacción era previsible, dado que la nueva infraestructura implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculiza los tráficos ilegales en el área, declaración reiterada frente a la prensa y altos funcionarios.

El paso inicial de la obra se dio el viernes 27 de marzo con la colocación de la primera piedra, explicó el general Henry Sáenz, ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, en la misma conferencia recogida por Gobierno de Guatemala. Sáenz detalló que el diseño y supervisión cumplen estándares internacionales y nacionales, como resultado de estudios ambientales, geológicos e hidrológicos. El acompañamiento técnico incluye el respaldo de expertos del Ministerio de Gobernación, así como un trabajo conjunto con el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos y especialistas de agencias estadounidenses, calificados como socio estratégico de los Estados Unidos de América.

La cárcel El Triunfo, pieza clave en un plan de seguridad

La construcción de la cárcel El Triunfo se inserta en una estrategia amplia para recuperar el control del sistema penitenciario de Guatemala y asegurar el confinamiento de condenados por delitos graves. Las autoridades buscan un aislamiento efectivo de los reos de máxima peligrosidad, quienes por años han pretendido convertir estos centros carcelarios en verdaderos centros de operaciones criminales, sostuvo Sáenz. La nueva cárcel constituye la primera inversión significativa en instalaciones penitenciarias en 40 años, de acuerdo con Arévalo.

Actualmente, la obra se mantiene en pausa debido a un recurso legal interpuesto poco después del inicio de los trabajos. Sáenz enfatizó que el gobierno está preparado para reanudar la construcción en cuanto se resuelva el impasse judicial: Lo haremos en el momento en que las condiciones legales lo permitan, en estricto cumplimiento al estado de derecho, porque nuestra fortaleza desde el gobierno radica en actuar con firmeza, pero principalmente con legalidad, y esto da la legitimidad.

Posturas oficiales ante el papel de las Fuerzas Armadas

La polémica en torno a la intervención militar en la construcción fue abordada por el propio ministro de la Defensa. Sáenz y otros voceros oficiales descartaron que la participación del cuerpo de ingenieros implique una militarización del sistema penitenciario guatemalteco. El ministro precisó: cuando nosotros nos referimos a que el cuerpo de ingenieros va a construir una cárcel de máxima seguridad, únicamente nos estamos refiriendo a: el cuerpo de ingenieros va a construir, no es militarizar.

Arévalo insistió en que la reacción más intensa proviene de quienes necesitan la infraestructura penitenciaria actual para el funcionamiento de sus actividades ilícitas. Los que tienen que buscar seguridad son ellos, no nosotros. […] Ellos necesitan seguridad para sus operaciones del crimen organizado. Nosotros no tenemos que poner un dispositivo extra de seguridad: vamos a ponerlo y por eso es que las diferentes capas se están moviendo. Que se preocupen, porque vamos a construirla, sentenció el presidente de Guatemala, reafirmando el compromiso oficial de avanzar en la obra de El Triunfo una vez que exista respaldo jurídico.

El recorrido tendrá como destino la Municipalidad de Guatemala, el Congreso y el Ejecutivo, con el objetivo de exigir el ajuste de la tarifa del pasaje y respaldo institucional debido al encarecimiento sostenido de insumos esenciales, informó Saúl Umaña, presidente de la cámara, durante una entrevista en A Primera Hora.

En este momento, los transportistas urbanos e interurbanos que forman parte de la CATUG —que reúne a nueve empresas y 400 autobuses en la capital— operan con una tarifa de cinco quetzales por pasaje. Umaña indicó que este monto se mantiene congelado pese a que la tarifa técnica, calculada según los actuales costos, debería ubicarse en once quetzales con ochenta y un centavos.

El dirigente detalló que la tarifa vigente solo cubre una parte de los gastos, lo que compromete la continuidad y seguridad del servicio, dijo Umaña en A Primera Hora.

La CATUG afirma que la gravedad del problema se ha incrementado por la ausencia de apoyo gubernamental durante más de quince años, periodo en el que no han recibido subsidios ni compensaciones directas. Umaña señaló que este esquema obliga a los operadores a prescindir de mantenimientos preventivos y correctivos, de tal manera que la operación diaria depende de la inversión personal de cada empresario y de la reducción de plantillas, al extremo de operar con un solo piloto por vehículo durante toda la jornada. Este recorte, advirtió el presidente de CATUG en A Primera Hora, genera que la capacidad operativa baje y la frecuencia de los recorridos se amplíe: la flota disponible solo alcanza entre el 25% y el 40% del parque original —según la ruta—, mientras los intervalos entre buses han pasado de ocho o diez minutos a quince o incluso veinte minutos por viaje.

El impacto financiero de los aumentos en insumos y combustible

La situación financiera de los transportistas ha sufrido el impacto del alza en el precio del diésel, que, conforme a las declaraciones de Umaña, ha llegado a cuarenta y tres o cuarenta y cuatro quetzales por galón. Este incremento supone un déficit diario de aproximadamente trescientos cincuenta quetzales por unidad solo en combustible. A esto debe sumarse el aumento de precios en todos los insumos fundamentales —lubricantes, llantas, filtros, baterías— lo que ha multiplicado el costo operativo y aumentado la vulnerabilidad de las empresas, según relató Umaña en A Primera Hora.

Diferencias con sistemas públicos y demanda de igualdad de trato

La CATUG centra parte de su reclamo en la desigualdad de trato frente a sistemas como Transmetro y TuBus, los cuales sí cuentan con subsidios millonarios del sector público. Umaña sostuvo que, si estos servicios estuvieran quince años sin subsidio, enfrentarían la misma situación de los urbanos privados: flotas envejecidas y personal agotado. Propuso que el sistema prepago, ya implementado en el transporte privado, asegura la fiabilidad de los datos y la trazabilidad de los subsidios, permitiendo conocer qué unidades operaron y cuántos recorridos cubrieron. Desde la perspectiva de la CATUG, esto habilita criterios de auditoría y control eficaces para posibles ayudas estatales.

Otras cargas y consecuencias sociales del deterioro

Umaña agregó que, más allá de los aumentos en combustible y repuestos, existe un factor adicional que impacta la economía del sector: el transporte gratuito de adultos mayores ofrecido por los operadores sin compensación alguna. La acumulación de estos factores ha afectado no solo la calidad, sino también la capacidad de respuesta que pueden otorgar los buses a una población de ingresos bajos y medios, que depende principalmente del servicio, según lo señaló Umaña.

La reducción de unidades, los mayores intervalos entre recorridos y el mantenimiento deficiente conducen, advierte la CATUG, a un colapso inminente si las autoridades no responden a sus demandas de revisión tarifaria y asistencia material.

El Aerometro avanza con obras visibles sobre la Calle Montúfar y Plaza España, trazando un nuevo eje de conectividad entre puntos neurálgicos de la capital.

Este sistema aéreo, actualmente en su Fase I, promete ofrecer desplazamientos ágiles y seguros entre Plaza España y El Trébol, preparando el terreno para aliviar la congestión provocada por el crecimiento del parque vehicular y consolidar una infraestructura acorde a las necesidades de la metrópoli.

La embajadora de Austria en México y acreditada en Guatemala, Elisabeth Kehrer, inspeccionó los trabajos en la primera estación del AeroMetro en la zona 9, un punto clave junto a Plaza España.

Se trata de la segunda visita diplomática al proyecto, luego de la recorrida realizada por la embajadora de la Unión Europea, Johanna Karanko, en febrero, lo que resalta el interés internacional que despierta esta iniciativa, según informó MuniGuate.

Actualmente, las tareas principales se concentran en la construcción de las torres y estaciones que articularán el trayecto. Sobre la Calle Montúfar, ya se completaron excavaciones y cimentaciones para la estación 1 (Plaza España), además del montaje de estructuras metálicas.

Las torres 1 y 2 han alcanzado importantes etapas en sus bases, mientras que las torres 3 y 4 siguen en proceso de excavación y las torres 5 y 6 con trabajos preliminares. Estos componentes constituyen el armazón sobre el que se sostendrá el sistema electromecánico encargado de movilizar a los usuarios del nuevo servicio de transporte.

La coordinadora del proyecto, Klamcy Solórzano, detalló a MuniGuate que la cimentación de los pilotes alcanza profundidades de entre 10, 12 y 18 metros, lo que proporciona una base estable capaz de soportar las operaciones del AeroMetro.

Cada estación contará con cinco mástiles de acero y concreto, fundidos para garantizar seguridad y durabilidad en el soporte del sistema. Esta ingeniería de base sólida es fundamental para el funcionamiento continuo del transporte aéreo, una de las características definitorias que distinguen la propuesta frente a opciones tradicionales.

El AeroMetro introduce nuevas dinámicas de tiempo y espacio en la ciudad

Al recorrer las obras, la embajadora Kehrer destacó ante MuniGuate el potencial que el sistema tiene para que los habitantes guatemaltecos accedan a una alternativa que les permita evitar el tráfico habitual. Recalcó que, con la finalización de la línea 2, el trayecto desde Mixco hasta Plaza España podría realizarse en 30 minutos aproximadamente, lo que, según sus palabras, permite a la ciudadanía "ahorrarse muchísimo tiempo, que podrían usar para sus familias o para el deporte, y esto ayuda enormemente“.

El diseño del AeroMetro implica una circulación continua, sin las detenciones que caracterizan a los sistemas de superficie. Desde la visión diplomática, esta dinámica replica modelos exitosos en México y responde a la necesidad de optimizar el tiempo, un recurso cada vez más escaso para los millones de habitantes de la capital.

Modificaciones viales y desafíos urbanos durante la ejecución

La implementación del proyecto AeroMetro implica ajustes temporales en la circulación vial de varios sectores. Actualmente, se desarrolla la cimentación de la torre 2, situada entre la 5ª y 6ª avenidas en la Calle Montúfar, acompañada de cierres parciales o totales en los entornos de las torres 3, 4, 5, 6 y 7.

Estas restricciones afectan el acceso hasta la estación 2, próxima al monumento a Tecún Umán, y exigen a los automovilistas seguir las indicaciones de la Policía Municipal de Tránsito para mantener la seguridad durante las maniobras.

La Municipalidad de Guatemala ha reiterado el llamado a los vecinos y usuarios para que se informen únicamente a través de canales oficiales de MuniGuate y agradeció la colaboración ciudadana durante esta etapa de obras.

Limitaciones presupuestarias condicionan el alcance: AeroMetro frente a opciones ferroviarias

En respuesta a la demanda de un sistema de Metro integral para toda la ciudad, las autoridades reconocen limitaciones presupuestarias sustanciales. La municipalidad dispone del 1% del presupuesto nacional, lo que restringe la capacidad para impulsar obras de mayor envergadura. Según MuniGuate, aunque el Gobierno de Guatemala destina una partida específica para estos proyectos, el Metro aún permanece en fase de planificación.

El AeroMetro surge entonces como una solución impulsada desde el municipio que puede ofrecer respuestas concretas en el corto plazo y reducir el tiempo de traslado para miles de usuarios, sin impedir el desarrollo de alternativas ferroviarias futuras. Este sistema aéreo se consolida como la opción más viable y eficiente en el escenario actual de movilidad urbana, abriendo el camino hacia esquemas de transporte integrados y creando condiciones para expansiones posteriores.

La coordinadora Solórzano acercó una visión de futuro para la ciudad: "Tómenle una foto a El Trébol, porque ese lugar cambiará y el AeroMétro se podrá unir al TransMetro“. La articulación progresiva de estos sistemas perfila una metrópoli que busca adaptarse y responder a los desafíos cotidianos de quienes la habitan.

El Seguro Agropecuario para pequeños productores otorgó indemnizaciones por más de Q34 millones 355 mil 900 entre 2025 y 2026, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Este instrumento ha permitido a 46 mil 927 agricultores de todo el país afrontar pérdidas provocadas por sequías, lluvias intensas e inundaciones, contribuyendo a la estabilidad de sus medios de vida y a la continuidad de sus actividades agrícolas, tal como informó el MAGA en su último balance.

En particular, el programa mostró una expansión respecto años previos. De acuerdo con el balance oficial citado por el MAGA, en 2024 el Seguro Agropecuario benefició a 21 mil 118 productores, lo que evidencia “una mejora en la capacidad de atención y fortalecimiento de este programa que apoya a productores que más lo necesitan”.

La cobertura alcanzó los 22 departamentos de Guatemala, priorizando las áreas con mayor impacto climático y demanda de mecanismos efectivos de protección.

Cómo funciona el Seguro Agropecuario

El mecanismo implementado por el Seguro Agropecuario consiste en la monitorización climática automatizada y en la agilización del proceso de indemnización. El MAGA detalla que el sistema utiliza datos satelitales, modelos meteorológicos y una plataforma tecnológica que rastrea niveles de lluvia y sequía.

Cuando un evento extremo excede los parámetros normales en una localidad, la plataforma identifica automáticamente a los asegurados afectados y ordena pagos individuales.

Una vez confirmada la ocurrencia de un fenómeno climático extremo, la entidad aseguradora remite a los beneficiarios un mensaje de texto con un código especial, conocido como “token”, que permite cobrar la indemnización en cualquier cajero de la red 5B del país.

El acceso al cobro se realiza con este código y el número de Documento Personal de Identificación (DPI), explica el MAGA. El procedimiento, completamente digitalizado, asegura la rapidez y eficacia en la entrega de los recursos a quienes han sufrido pérdidas.

Protección al agricultor y políticas públicas

La función principal del Seguro Agropecuario, según el informe del MAGA, es resguardar el capital invertido por pequeños agricultores frente a riesgos incontrolables.

Al reducir la exposición a pérdidas económicas derivadas de fenómenos meteorológicos, el seguro les da la posibilidad de mantener sus ingresos, planificar el próximo ciclo agrícola y evitar la interrupción de su actividad productiva.

Además de la protección financiera, el Seguro Agropecuario forma parte de los lineamientos estratégicos fijados por el MAGA a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER), enfocados en facilitar el acceso a infraestructura productiva, innovación, tecnología y servicios que contribuyan a la resiliencia y la seguridad alimentaria de las familias rurales.

El seguro es un mecanismo dirigido expresamente a productores agropecuarios que enfrentan pérdidas por eventos climáticos extremos.

El MAGA afirma que su propósito principal es disminuir el impacto económico de estos fenómenos en los hogares y permitir la recuperación y continuidad de la actividad agrícola.

La cobertura nacional, la digitalización del proceso de indemnización y la atención prioritaria a los productores más vulnerables definen este programa como uno de los ejes de política pública para fortalecer el sector agropecuario guatemalteco ante los desafíos del cambio climático.

El seguro agropecuario de Guatemala mantiene su vigencia, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con cobertura para agricultores en los 22 departamentos del país. Desde su inicio, el esquema protege a pequeños productores de pérdidas originadas por sequías o lluvias intensas.

El periodo actual 2024-2025 contemplo a 70mil beneficiarios, según datos del MAGA. De acuerdo con la política pública presentada formalmente el 10de febrero de 2022 por el Gobierno de Guatemala, la iniciativa permite que los productores registrados accedan a indemnizaciones económicas ante eventos climáticos adversos. El modelo cubre granos básicos, diversas hortalizas y cultivos anuales.

El cierre total del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala este lunes 6 de abril impidió desde primera hora el ingreso tanto vehicular como peatonal y obligó a trasladar las actividades académicas a modalidad virtual.

La medida obstaculizó la movilidad en un sector clave de la zona 12 de la capital, generando congestión vial y afectando a docentes, estudiantes y personal administrativo.

Según Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, la protesta incluyó pancartas y mantas en rechazo al alza del combustible, y provocó la imposibilidad de acceder al predio.

Las autoridades universitarias suspendieron la presencialidad inmediatamente después de la Huelga de Dolores y la Semana Santa, un periodo en el que también estaba previsto el inicio de trabajos de exploración arqueológica en el campus.

No obstante, un comunicado oficial de la universidad informó que las actividades administrativas debían continuar, aunque aclaró que la institución no era responsable del cierre.

El texto detalló: “un grupo de personas desconocidas, con el rostro cubierto, han tomado el día de hoy las instalaciones universitarias del campus central, zona 12, sin la debida autorización, impidiendo el libre acceso de la comunidad sancarlista y la libre locomoción, manifestando su rechazo al alza del precio de los combustibles”.

La manifestación afectó el tránsito desde primeras horas. Montejo indicó que varios vehículos, algunos en doble fila de trabajadores que esperaban ingresar, permanecieron varados en la Avenida Petapa y el Anillo Periférico, mientras la congestión se extendía hacia el bulevar universitario y la 30 calle antes de las 7:00.

Solo quedó habilitado un carril, según lo pudo observar la Policía Municipal de Tránsito. La presencia de grupos identificados como comisión de Orden, con el rostro cubierto, estuvo presente durante toda la jornada.

Comunicado institucional y acciones de la Universidad de San Carlos

La Universidad de San Carlos de Guatemala reiteró en su comunicado el llamado a priorizar el diálogo y buscar soluciones pacíficas “en beneficio del pueblo de Guatemala”.

La situación también fue notificada al Consejo Superior Universitario (CSU), que convocó a una reunión extraordinaria virtual programada para las 13:00.

El acta 09-2026 establece que, si no se reúne el quórum, se reprogramará hasta las 14:00, y permite incorporar puntos sobre la integración del Cuerpo Electoral Universitario, órgano responsable de la elección del rector para el periodo 2026-2030.

El comunicado oficial señaló que el cierre del campus central impide la libre locomoción y el acceso de la comunidad académica, mientras que la protesta de los estudiantes, autodenominados comisión de Orden y con el rostro cubierto, se enfoca en el incremento del precio de los combustibles.

Los desvíos de tráfico, la suspensión de clases presenciales y la transición a la modalidad virtual muestran el efecto inmediato de la medida en la rutina universitaria y la circulación en la zona.

El diputado José Chic atribuye cierre de la USAC a grupos vinculados al rector Walter Mazariegos

El diputado José Chic, de la bancada VOS, denunció en una transmisión en vivo que el cierre de la Universidad de San Carlos (USAC) responde a la acción de grupos de choque vinculados al rector Walter Mazariegos. Chic advirtió sobre la relevancia de mantenerse atentos de cara a la elección prevista para el miércoles 8 de abril, dado que la institución tiene influencia directa en la Seguridad Social guatemalteca y representación en la Junta Monetaria, órgano encargado de definir la política económica y crediticia en Guatemala.

El legislador afirmó que existe “un fraude, más que evidente”, y criticó la inacción del Ministerio Público ante la situación.

La elección pautada para el 8 de abril es vista por distintos sectores como un punto de inflexión, dado el papel de la USAC en diversos organismos del Estado.

La Policía Nacional Civil ha duplicado el número de capturas con fines de extradición en lo que va de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, una escalada que responde a la intensificación de los operativos en coordinación con autoridades internacionales.

Entre enero y 2026, se han registrado 22 detenciones, frente a las 11 del año previo. Este incremento refleja un cambio notable en la eficacia de la estrategia conjunta que mantienen Guatemala y Estados Unidos en materia de justicia y seguridad, según informó la Policía Nacional Civil.

El fenómeno de las extradiciones encuentra su marco en la administración del presidente Bernardo Arévalo, bajo la cual se han aprehendido 69 personas requeridas por Estados Unidos desde 2024, de acuerdo con cifras divulgadas por las autoridades guatemaltecas. La distribución anual de estas detenciones alcanza las 22 en 2024, 26 durante 2025, y 21 en lo que va de 2026.

La mayor parte de las órdenes de captura han estado vinculadas a delitos como narcotráfico —con 14 casos en el último periodo reportado—, seguidos por violación (5 casos), homicidio (2) y trata de personas (1), según el informe de la Policía Nacional Civil.

El resultado central de este proceso es el fortalecimiento de la cooperación internacional. Las acciones conjuntas entre Guatemala y Estados Unidos han permitido en los últimos tres años la aprehensión de 69 individuos reclamados por la justicia estadounidense para extradición, lo que evidencia un avance sostenido en la lucha contra estructuras delictivas transnacionales.

Perfil de las extradiciones recientes y delitos involucrados

De los 22 detenidos en lo que va de 2026, 21 fueron solicitados por autoridades estadounidenses y uno por México. El desglose de los delitos indica una tendencia consistente: más de la mitad de las extradiciones formalizadas en 2024 y 2025 fueron por cargos de narcotráfico, lo que posiciona a este delito como la principal causa de colaboración internacional en materia de justicia penal.

Además, en 2025, se reportó la captura de 32 personas con orden de extradición: 19 por narcotráfico, 2 por agresión sexual, 3 por asesinato, 3 por lavado de dinero, 1 por trata de personas y 1 por secuestro y violación, según datos oficiales citados por la Policía Nacional Civil y replicados por la AGN.

Para el año 2024, el balance indica 31 capturas totales, aunque solo 4 de ellas ocurrieron entre enero y marzo. Ese año las causas más frecuentes fueron narcotráfico (19 detenciones), tráfico ilegal de personas (6), asesinato (2), agresión sexual (1), extorsión (1), asociación ilícita (1) y pornografía (1).

Acciones y objetivos de la cooperación internacional

Las autoridades subrayaron que la tendencia sostenida en la colaboración internacional ha permitido tanto desarticular estructuras criminales como garantizar que los responsables comparezcan ante tribunales, tanto en Guatemala como en jurisdicciones extranjeras, en particular las estadounidenses.

La estrategia de la Policía Nacional Civil contempla la continuidad de los operativos de captura con fines de extradición, como parte de un esfuerzo permanente para debilitar redes criminales y asegurar la entrega de los acusados a la justicia internacional, reafirmando el compromiso de Guatemala en la cooperación regional contra el crimen organizado.

Detenidos por narcotráfico

Dos presuntos narcotraficantes, identificados como Jorge Edy Peláez Martínez y Juan Carlos Escobar Rodríguez, fueron detenidos en Guatemala tras órdenes de extradición solicitadas por Estados Unidos. Ambos casos están vinculados a la presunta conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y 400 gramos de fentanilo destinados al mercado estadounidense.

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de su Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), informó sobre la captura de Escobar Rodríguez, quien posee doble nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, en la entrada principal de San Miguel Dueñas, Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez. La orden de captura fue emitida el 4 de marzo del año en curso por un juzgado de Guatemala a petición de Estados Unidos.

Entre los cargos presentados figuran la tentativa de distribución de una sustancia controlada, la conspiración para importar ilegalmente drogas y la posesión consciente de un arma de fuego en el marco de presuntas actividades de tráfico. La acusación, en ambos expedientes, destaca que existe “causa razonable para creer que las sustancias serían introducidas de manera ilegal en territorio estadounidense". Con información a AGN.

La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG) notificó al Ministerio de Gobernación que el gremio se encuentra en una situación financiera insostenible y ha decidido suspender el servicio de transporte a partir del lunes 6 de abril de 2026, junto a la Asociación de Transportistas EGA y Metrotransportes Limitada, ambas organizaciones que agrupan a empresas del sector. La suspensión equivale a un paro total del transporte urbano e interurbano en el país, al que se sumará una marcha pacífica con 200 unidades hacia el centro político de la capital.

Según un comunicado presentado por la CATUG y recibido oficialmente por el Ministerio el 30 de marzo, la crisis de inflación global ha provocado un incremento grave en el costo de los hidrocarburos y derivados del petróleo. Las empresas han declarado que han agotado su capital de trabajo, lo que impide la adquisición de combustible y la realización de mantenimiento de las unidades. La organización sostiene que la falta de liquidez operativa constituye una causa de fuerza mayor y obliga a la paralización de actividades.

Las agrupaciones señalan que esta medida es el último recurso, tras no haber obtenido respuesta favorable a sus peticiones y ante la ausencia de mecanismos de contingencia para garantizar la viabilidad del transporte público.

Razones del paro y situación del sector

El gremio informó que este lunes en la mañana se desplegarán 200 unidades de transporte en una marcha pacífica por las principales vías de la ciudad de Guatemala. El recorrido culminará en la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional y el Congreso de la República. La movilización tiene como objetivo exigir la atención inmediata de las autoridades y la creación de soluciones frente a la crisis de costos operativos.

La CATUG subrayó que la protesta se fundamenta en los derechos de reunión y manifestación consagrados en los artículos 33 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La organización solicitó al Ministerio de Gobernación que se garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, evitando confrontaciones y asegurando el carácter pacífico de la protesta.

En el documento, la CATUG reiteró su disposición al diálogo técnico con las entidades responsables, siempre que existan propuestas concretas para abordar la situación. El comunicado finaliza con un llamado urgente a las autoridades para establecer mecanismos que permitan la continuidad del servicio público de transporte.

Congreso debatirá subsidio este lunes

Por su parte, el Congreso de la República de Guatemala se prepara para retomar este lunes 6 de abril el debate sobre el subsidio a los combustibles, una discusión que ha crecido en intensidad debido a la persistente alza de precios y a la urgencia que representa para amplios sectores sociales y económicos. La sesión ordinaria se inserta en una agenda que busca responder a la presión ciudadana generada por el incremento de los costos energéticos y, al mismo tiempo, enfrenta acusaciones de baja productividad legislativa vinculadas a un contexto político preelectoral, según informó el medio guatemalteco Prensa Libre.

Durante la última sesión enfocada en esta medida, realizada el 25 de marzo, la iniciativa del Organismo Ejecutivo para subsidiar los combustibles estuvo cerca de recibir aprobación de urgencia nacional.

Sin embargo, el proceso se estancó cuando el bloque oficialista condicionó su voto a una ampliación presupuestaria de Q1.500 millones (USD 196.516.500), lo que deshizo los consensos y provocó la ruptura del quórum. Este desencuentro político no solo retrasa la respuesta ante la crisis de precios, sino que también revela el carácter condicionado de la toma de decisiones actual en el Congreso, según documenta el medio.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, líder del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), destacó tres prioridades inmediatas: la aprobación del subsidio al combustible, el avance de la ley de lavado de dinero en segundo debate y la aprobación en tercera lectura de la ley de puertos. Contreras detalló que la búsqueda de acuerdos incluye la invitación a representantes de los transportistas a reunirse con la instancia de jefes de bloque, un gesto destinado a escuchar directamente las demandas sectoriales y buscar salidas al costo del diésel, indica la nota de Prensa Libre.

El Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Guatemala implementó, al cierre de la Semana Santa 2026, una despedida inédita para los turistas, entregando recuerdos representativos de la cultura maya en la sala de espera a los visitantes que regresaron a sus países de origen.

El Gobierno de la República de Guatemala informó que la acción buscó fortalecer el vínculo emocional con el país y realzar su patrimonio cultural ante la comunidad internacional.

En años anteriores, la terminal aérea no había desarrollado iniciativas de este tipo, según detallaron. La acción surgió en respuesta al incremento de turistas durante la temporada, tradicionalmente reconocido como uno de los períodos con mayor afluencia en los sitios arqueológicos y naturales del país centroamericano.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) coordinaron la ejecución del evento, otorgando a cada viajero relojes personalizados con el Nahual de su fecha de nacimiento, playeras de Tikal, llaveros y mapas turísticos que destacan los principales atractivos del territorio guatemalteco.

El espíritu maya y la promoción internacional

La entrega de recuerdos representativos reforzó el mensaje oficial acerca de la importancia de la civilización maya y su legado como elemento identitario y atractivo diferencial.

Entre los obsequios más valorados, los relojes personalizados con el Nahual de la fecha de nacimiento de los turistas evocaron la cosmovisión ancestral y espiritualidad propia del país, mientras que los diseños alusivos a Tikal, uno de los sitios arqueológicos más reconocidos del Mundo Maya, sirvieron de recordatorio tangible de la experiencia en la región.

Según datos oficiales, la coordinación entre la administración del aeropuerto y la delegación de INGUAT resultó determinante para el éxito de la iniciativa. Ambas entidades subrayaron la meta de “brindar una mejor experiencia a los visitantes, incluso en el momento de su regreso”.

Entre los recuerdos obsequiados, sobresalieron los prendedores en forma de pajaritos, identificados en el reporte oficial como elementos característicos de la diversidad natural guatemalteca.

“Con este tipo de acciones, Guatemala continúa posicionándose como un destino que no solo ofrece historia y naturaleza, sino también detalles que dejan huella en quienes lo visitan”, destacaron las autoridades en un comunicado de prensa.

Estrategias turísticas y operativos de seguridad durante Semana Santa 2026

Como cada año, la oferta turística guatemalteca combinó naturaleza, cultura y tradición. En materia de seguridad, INGUAT implementó operativos especiales en las principales fronteras, entre ellas Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, San Cristóbal y La Ermita.

Además, las autoridades activaron caravanas de “acompañamiento seguro” en horarios definidos, lo que facilitó el traslado de turistas hacia diferentes destinos del país.

Estas acciones se complementa con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, que articuló a más de 35 instituciones para brindar atención y garantizar una experiencia segura en todo el territorio.

Para este año 2026, Guatemala proyectó recibir cerca de 150 mil turistas internacionales durante la temporada, de los cuales aproximadamente 80 mil serían salvadoreños, generando ingresos estimados en USD 100 millones.

Los equipos de rescate mantienen un despliegue de emergencia en las aguas del Lago de Atitlán, en Guatemala, tras la desaparición de un joven de 25 años, quien se precipitó desde un vehículo acuático la tarde del pasado 4 de abril, según informó Emisoras Unidas.

Mientras las labores de búsqueda submarina se intensifican, el caso ha cobrado relevancia debido a una ola de desinformación en redes sociales que vinculó erróneamente a conocidos creadores de contenido con la tragedia.

Según el reporte de Bomberos Voluntarios, retomado por el citado medio, una alerta fue recibida exactamente a las 15:30 horas. Los cuerpos de socorro señalaron que un joven identificado como Gesler Estuardo Palacios, originario de Barillas, Huehuetenango, se encontraba a bordo de un jet car en compañía de una mujer y luego de lanzarse al agua no se sabía nada de él.

Autoridades señalan que Palacios decidió salir del vehículo acuático; sin embargo, tras la zambullida, no logró emerger a la superficie. Ante la emergencia, la asociación de rescatistas activó a la unidad de “Hombres Rana”, quienes han realizado diversas inmersiones en la zona del incidente en el departamento de Sololá.

Este domingo, el operativo continúa activo. Las condiciones del lago y la profundidad en la zona del siniestro representan los principales desafíos para los cuerpos de socorro, quienes trabajan para localizar y recuperar el cuerpo lo antes posible.

Influencer Benito GT desmiente rumores

El incidente se vio rodeado de una rápida propagación de noticias falsas en plataformas digitales. Diversos usuarios y páginas de Facebook señalaron inicialmente que la víctima era un influencer. Un nombre mencionado fue Benito GT, un creador de contenido guatemalteco con amplia audiencia.

Ante la magnitud de las especulaciones, Benito GT publicó un video oficial a través de TikTok para esclarecer su situación y desvincularse totalmente del hecho.

“Yo gracias a Dios me encuentro bien, no tuve nada que ver con el accidente en cuestión. No conozco a la persona desparecida, tampoco es de mi equipo. Desconocemos lo que pasó”, afirmó.

El creador de contenido explicó que su presencia en el Lago de Atitlán se debió exclusivamente a un compromiso laboral.

Benito GT enfatizó que su participación terminó mucho antes de la tragedia. Y el creador de contenido agregó: “El jet car no es de nosotros, solo le hicimos promoción”.

El hermano de Benito GT también se pronunció, reiterando que su rol fue estrictamente publicitario y brindó fortaleza a la familia de la víctima.

Por ahora, el foco de las autoridades guatemaltecas permanece en el Lago de Atitlán, donde se espera que las condiciones climáticas permitan el avance de las brigadas de rescate en las próximas horas. El caso sigue bajo investigación para determinar si hubo negligencia en el uso del vehículo acuático o si se cumplían las medidas de seguridad básicas, como el uso de chalecos salvavidas.

La familia de las víctima atraviesa horas de incertidumbre, aguardando novedades mientras se mantiene la búsqueda. En medio de la espera, piden respuestas sobre las circunstancias que rodearon el incidente y exigen que se esclarezcan las responsabilidades.

El Congreso de la República de Guatemala retomará el lunes 6 de abril la discusión sobre el subsidio a los combustibles, una medida que se ha convertido en eje de tensión política tras el incremento de precios registrado durante las últimas semanas. La urgencia de este debate radica en la presión social y económica que implica el mantenimiento de los costos actuales, así como en la persistencia de desacuerdos internos que han paralizado la aprobación del proyecto en sesiones anteriores, según reporta Prensa Libre.

Durante la última sesión ordinaria, realizada el 25 de marzo, la iniciativa enviada por el Organismo Ejecutivo para subsidiar el precio de los combustibles estuvo a punto de ser aprobada de urgencia nacional. Sin embargo, los acuerdos políticos se quebraron después de que el bloque oficialista condicionara su voto a la aprobación simultánea de una ampliación presupuestaria por Q1.500 millones ($196,516,500.00), lo que llevó a la ruptura del quórum, informó Prensa Libre.

La reanudación de las actividades legislativas está acompañada por la expectativa de concretar el subsidio al combustible, avanzar en la ley de lavado en segundo debate, y aprobar en tercera lectura la ley de puertos. Así lo declaró Luis Contreras, presidente del Congreso y líder del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), al medio Prensa Libre.

“Queremos aprobar el subsidio al combustible, queremos aprobar la ley de lavado en segundo debate y queremos aprobar la ley de puertos en tercer debate y redacción final, esa es la agenda país”, dijo.

Contreras anunció además que ha invitado a los representantes de los transportistas a reunirse con la instancia de jefes de bloque, con el objetivo de escuchar sus demandas y buscar una solución urgente para el precio del diésel. Subrayó la importancia de mantener la negociación continua, señalando: “Estoy invitando a los transportistas con los cuales ya tuve un diálogo para que vengan y nos digan, y estamos en constante negociación, para poder aprobar el subsidio al diésel que es tan necesitado en este momento”.

El bloqueo político y el deterioro de la productividad legislativa

La décima legislatura, bajo la dirección de Contreras, ha sido criticada por expertos como Pablo Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, quien indicó a Prensa Libre que el trabajo parlamentario ha estado marcado por el cálculo político y las necesidades partidarias, lo que ha conducido a una baja productividad.

Solórzano enfatizó que “las decisiones que han tenido que tomar se basan precisamente en intereses que tienen que ver de cara a sus futuras decisiones políticas, sus futuras participaciones y en un año preelectoral estamos viendo cómo el Congreso de la República se está ordenando políticamente, lo cual lo ha hecho improductivo”.

La agenda legislativa enfrenta riesgos adicionales debido a la coyuntura preelectoral, que según estimaciones de analistas puede reducir tanto la cantidad como la calidad de los decretos promulgados este año.

La causa central de la reciente alza en los combustibles, según el diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva, no es únicamente externa: “Lamentable esta situación, pero todo esto tiene un punto de origen y es la debilidad, el contubernio de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas por no sancionar a toda esta gente que se ha encargado de especular. Llevamos ya más de un mes de una política de especulación”, declaró Blanco a Prensa Libre. Exigió, además, la comparecencia del ministro de Energía y Minas en el Congreso y pidió al presidente Bernardo Arévalo su destitución, ante lo que calificó de colusión con empresarios del sector.

La gravedad de la crisis se extiende al impacto en la canasta básica, un factor que el diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva, destacó como un problema que requiere la evaluación de múltiples propuestas legislativas para enfrentar la escasez de soluciones frente a la escalada de los precios, especialmente porque “la guerra continúa – en el medio oriente – y el alza en los precios también y el tema de la canasta básica se complica para los guatemaltecos”.

Los desafíos en la calidad normativa y la representación social

El trabajo legislativo reciente ha sido objeto de críticas no solo por la parálisis en torno al subsidio, sino también por decretos que han fallado en precisión técnica. Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), evaluó para Prensa Libre que las reformas al Código Municipal y la derogatoria de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones carecieron de una redacción adecuada: “Probablemente había ideas buenas, lamentablemente no se materializó en una redacción precisa, entonces es un contrasentido”.

En los procesos de elección de magistrados demandados por la Constitución, el Congreso ha cumplido formalmente sus funciones, aunque Quezada condenó el modo en que “pisotearon la dignidad de una altísima investidura como es una magistratura de la CC y eso pues sí dejó realmente una nota muy negativa por parte del Congreso y de los que se prestaron a este tipo de temas”.

El estancamiento en la aprobación del subsidio a los combustibles ha ampliado la percepción de distancia entre el Legislativo y las necesidades sociales y económicas de la población.

La reciente detención de un hombre guatemalteco en la ciudad de Ogden, Utah por parte de la policía local ha reavivado el debate sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos y el seguimiento de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias. El individuo fue aprehendido tras ser acusado de secuestroagravado y agresión sexual a una adolescente, caso que podría derivar en una larga condena antes de una eventual deportación.

Según documentos judiciales citados por la policía de Ogden, el arrestado fue identificado como Israel Itzep Ixcoy, de 41 años, frente a cargos que incluyen secuestro agravado, violación y otros delitos conexos. De acuerdo con el capitán Timothy Scott, la policía detuvo el vehículo donde viajaba la víctima, una joven de 15 años que conducía en compañía de Ixcoy como copiloto. Las inconsistencias en sus declaraciones y la edad de la conductora motivaron una investigación inmediata, informó la policía a los medios locales.

La menor relató que Itzep Ixcoy, aprovechanado que eran vecinos con cierta relación familiar, la persuadió para salir de su casa con la promesa de comprarle golosinas. Posteriormente la llevó a su habitación, cerró la puerta y la agredió sexualmente, según consta en el expediente citado por la policía de Ogden. Las autoridades resaltaron que este incidente refleja patrones donde los agresores buscan ganarse la confianza de menores empleando regalos, dinero o atención especial. Expertos en psicología infantil consultados por la policía insisten en la importancia de que los padres supervisen la vida social de sus hijos y mantengan canales de comunicación abiertos para prevenir escenarios de “grooming”.

Las consecuencias para Itzep Ixcoy se agravan por su estatus migratorio. Según informaron las autoridades migratorias tras la detención, existe una orden de detención activa contra el acusado. Documentos del caso revelan que fue deportado previamente en 2014, lo que implica que, en caso de condena, podría pasar varios años en prisión antes de ser devuelto a Guatemala.

Seis trabajadores guatemaltecos detenidos tras denuncia de su empleadora en Maryland

El 24 de marzo de este año, seis trabajadores guatemaltecos fueron detenidos en Cambridge, Maryland, luego de ser denunciados por la propietaria de la vivienda donde laboraban. El arresto fue llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un caso que llamó la atención de los medios a nivel internacional.

Bryan, uno de los migrantes, relató que la dueña de la casa, tras facilitarles una escalera para que descendieran de la azotea, esperó a que culminaran sus tareas y posteriormente alertó a las autoridades migratorias, con el objetivo de evitar el pago de al menos $10,000 por el trabajo realizado. Tras la intervención de ICE, los trabajadores ubicaron su camioneta, utilizada para desplazarse hasta el trabajo desde Glen Burnie, abandonada con las puertas abiertas en las inmediaciones.

El incidente tuvo amplia visibilidad debido a que el arresto fue transmitido en vivo durante unos 30 minutos por uno de los compañeros, Bryan Polanco, quien no fue detenido debido a que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos.

El sector exportador de Guatemala y el gobierno consolidaron una alianza estratégica para avanzar en la transformación digital y la facilitación del comercio, rubricando una Carta de Entendimiento durante la sesión oficial del Comité de Transformación Digital en el Palacio Nacional de la Cultura de Ciudad de Guatemala.

El acuerdo introduce el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan modernizar trámites estatales, optimizar la administración pública y crear condiciones favorables para atraer inversión extranjera, según informó el Ministerio de Economía de Guatemala.

La implementación de la nueva Ventanilla Única de Comercio e Inversión (VUC), plataforma presentada como iniciativa central en la sesión, busca simplificar los procedimientos de exportación y de inversión, integrando trámites ahora dispersos y digitalizándolos para reducir tiempos y minimizar costos tanto para empresas como para ciudadanos.

Entre las novedades principales de la VUC, el ministerio resaltó la capacidad de ofrecer seguimiento en tiempo real al estado de los procesos, lo que “contribuirá a fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión pública” de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía.

El encuentro, convocado por el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y con la colaboración de la Secretaría Privada de la Presidencia, reunió a autoridades del sector público y actores del ámbito privado. Entre los asistentes se destacaron Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), y Francisco Ralda, presidente de la junta directiva de la asociación, quien fue responsable de firmar en nombre del gremio exportador. Ralda reiteró durante la jornada “la disposición de AGEXPORT para colaborar junto al sector público, facilitar el comercio, fomentar la innovación y expandir la inserción internacional de las empresas guatemaltecas”.

Guatemala impulsa la Ventanilla Única de Comercio e Inversión

La creación del Comité Interinstitucional de Transformación Digital forma parte de los ejes del Plan Estratégico de Transformación Digital y la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo. Ambas iniciativas, presentadas en la sesión, están orientadas a optimizar la eficiencia gubernamental y a promover la adopción de soluciones tecnológicas alineadas con el desarrollo productivo del país, detalló el Ministerio de Economía.

Frente a los desafíos que enfrenta el comercio exterior, representantes del sector privado subrayaron la importancia de la interoperabilidad institucional, la certeza jurídica y la reducción de la burocracia como factores esenciales para fortalecer la competitividad y fomentar la generación de empleo.

Claudia De Del Águila, directora de Entorno Exportador de AGEXPORT, participó del análisis de avances y destacó el impacto directo de la modernización sobre el posicionamiento internacional de Guatemala.

La Ventanilla Única de Comercio e Inversión contempla la adopción de formularios digitalizados y procesos unificados que, según el Ministerio de Economía, eliminarán la duplicidad de trámites. La plataforma está diseñada para permitir que empresas y emprendimientos realicen sus solicitudes en línea y rastreen el progreso de sus gestiones sin intermediarios ni demoras innecesarias.

El acuerdo, formalizado en Ciudad de Guatemala, refuerza la colaboración entre instituciones gubernamentales y organizaciones empresariales, con miras a posicionar al país como destino competitivo en la región para los inversores internacionales y a facilitar la expansión de las exportaciones.

La propuesta de transformación digital, impulsada desde el Ministerio de Economía en conjunto con PRONACOM, apunta a modernizar los servicios públicos vinculados a la inversión y el comercio exterior.

La Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala impuso sanciones económicas a una empresa tras un accidente colectivo, ocurrido este sábado, en el kilómetro 49 de la ruta antigua entre Palín y Escuintla, que dejó un hombre muerto y diez personas heridas, según confirmaron los Bomberos Voluntarios y la propia DGT.

La unidad de transporte implicada, identificada con placas C-466BLK, incumplía dos requisitos centrales de la normativa: no portaba el Sistema Limitador de Velocidad y circulaba careciendo de registro de piloto autorizado.

Elementos de los Bomberos Voluntarios atendieron un percance vial registrado durante horas de la tarde en el kilómetro 49 de la ruta antigua entre Palín y Escuintla. Mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Marvin Arriaza, piloto involucrado en el accidente.

En el incidente estuvieron implicados una unidad de transporte extraurbano y un microbús particular. Diez personas resultaron lesionadas y fueron llevadas a centros asistenciales, mientras que un hombre perdió la vida en el sitio del accidente.

“Ante esta situación, la DGT actuó de manera inmediata. Inspectores se hicieron presentes en el lugar del accidente para realizar las verificaciones correspondientes”, destaca la nota.

Por ende, la DGT sanciona estos incumplimientos con una multa de Q20,011.40 (USD 2,623 aproximadamente) por la ausencia del limitador y Q5,000.00 (USD 655.37) por el segundo hallazgo.

Estos hechos reavivaron el debate público sobre el letal saldo de los accidentes en el transporte colectivo y la eficacia de los controles regulatorios en Guatemala.

El informe oficial de la DGT publicado esa tarde expuso que todas las personas heridas en el accidente fueron trasladadas a centros asistenciales.

La falta de controles y el repunte de accidentes tensan el sector

En 2026, Guatemala mantiene cifras preocupantes en materia de siniestralidad en el transporte público extraurbano. La actuación de la DGT en este accidente, según su propio comunicado, busca servir de advertencia al sector.

Las autoridades señalaron la importancia de la participación ciudadana, invitando a los usuarios a denunciar cualquier anomalía o posible infracción a la normativa vigente.

La DGT indicó que continuará con la inspección y el control del parque vehicular, priorizando las rutas de mayor tránsito como la de Palín a Escuintla. El caso permanece bajo investigación y las autoridades advirtieron la posibilidad de aplicar nuevas medidas conforme avance el esclarecimiento de los hechos.

Sanciones inmediatas y llamado a la corresponsabilidad en la seguridad vial

El accidente ocurrido este viernes en la ruta antigua hacia Palín involucró a una unidad de transporte que circulaba sin limitador de velocidad ni piloto autorizado. La DGT impuso las multas respectivas y trasladó a los heridos, al tiempo que la tragedia avivó el debate sobre la vigilancia estatal, la responsabilidad empresarial y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control.

En el comunicado difundido, las autoridades reiteraron la obligación de los transportistas y pilotos de cumplir con la normativa vigente, mantener la documentación en regla y ejercer una conducción responsable.

Se subrayó que la seguridad en el transporte público depende de la vigilancia estatal y del esfuerzo conjunto de las empresas y los conductores.

Tres jóvenes murieron tras asfixia por sumersión en el río Paz, ubicado entre la Aldea Las Pilas del municipio de Comapa y la Aldea Tempisque, en Jalpatagua, departamento de Jutiapa, según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales este sábado por medio de redes sociales.

En su cuenta de Facebook, la Estación Jalpatagua informó que fue notificada de la desaparición de tres personas en una poza del río Paz. Posteriormente, las víctimas fueron localizadas y trasladadas en un pickup hasta la Aldea El Tempisque, donde el propio personal de bomberos confirmó que ya habían fallecido.

Según las autoridades, las víctimas fueron identificados como Luis Carlos Barco Cortez, de 18 años; Cristofer Ricardo Barco Cortez, de 13 años; y Jesther Santiago Ramírez, de 17 años aproximadamente, todos originarios de la aldea El Guayabito, Comapa, Jutiapa.

Información del medio Soy 502 señala que Luis y Cristofer eran hermanos. Por otra parte, los equipos de emergencia utilizaron las unidades AD-174 y AD-147 para atender el caso y ofrecieron acompañamiento a los familiares de las víctimas.

“Familiares trasladaban a los jóvenes en un vehículo particular, por lo que fueron encontrados por los socorristas a la altura de la aldea Tempisque, en Jalpatagua; sin embargo, al ser evaluados, se confirmó que ya no contaban con signos vitales”, señaló Edwin Xeper, portavoz de esa institución, según destaca el citado medio.

Festividades de Semana Santa elevan el saldo de emergencias

Hasta las 20:00 horas del pasado viernes 3 de abril, en el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) se reportó que 190 personas perdieron la vida en el territorio guatemalteco, de las cuales cuatro se deben ahogamiento relacionado con actividades turísticas.

El operativo vacacional dejó hasta la fecha, además, 923 atenciones médicas básicas, 3,608 personas heridas, 676 hospitalizaciones directas, 104 personas desaparecidas y 5,311 asistidas directamente.

Estas cifras refleja el mayor despliegue de recursos humanos y logísticos para la temporada, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). El organismo centralizó sus operativos en entornos de alta concurrencia, tales como ríos, lagos y playas, desplegando equipos para servicios informativos (82,334) y servicios mecánicos (225).

La CONRED recalcó la necesidad de fortalecer la prevención en balnearios y cuerpos de agua a la luz de la tendencia creciente de incidentes en estas fechas vacacionales.

En este operativo especial, la coordinación de los cuerpos de socorro resulta decisiva. El despliegue permite la intervención inmediata frente a quienes se encontraban en situación de riesgo, especialmente en destinos con alta presencia de visitantes. La atención prioritaria a incidentes médicos y rescates subrayó lo que supuso el mayor esfuerzo logístico y preventivo en el año para Guatemala, según expresaron las autoridades.

Los canales de información de SINAPRESE permanecen abiertos durante el resto de la temporada, reforzando la vigilancia preventiva y la capacidad de respuesta, mientras continuaron las actividades religiosas y el turismo masivo en diversas regiones del país centroamericano.

Entre las cifras gestionadas por el sistema de prevención, destacan que 104 personas figuran como desaparecidas (tomando en cuenta todas las alertas durante Semana Santa).

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura del último integrante de la estructura criminal conocida como “Los Fósforos”, una organización sindicada de delitos graves como asesinato y hurto agravado. La detención se realizó la mañana del sábado 4 de abril durante un operativo de seguimiento y vigilancia llevado a cabo por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en la zona 5 de Quetzaltenango.

El detenido fue identificado como Rodrigo “N”, de 28 años, quien era buscado por su presunta participación en diversos hechos ilícitos cometidos por el grupo criminal en varias zonas del municipio. La aprehensión de Rodrigo “N” representa el cierre de un proceso investigativo de más de un año contra la estructura, que mantenía presencia en las zonas 2, 6 y 11 de Quetzaltenango. Las autoridades señalaron que “Los Fósforos” están directamente vinculados con un homicidio registrado en un auto hotel de la zona 5, además de estar involucrados en múltiples robos y otros delitos.

En la detención, dos agentes de la DEIC escoltaron al capturado, quien vestía una chaqueta azul y pantalón oscuro, con las manos esposadas a la espalda. La aprehensión se realizó en las inmediaciones de una reja metálica y posteriormente el traslado se efectuó frente a las instalaciones del Organismo Judicial de Quetzaltenango, según muestran las imágenes divulgadas por la PNC en sus canales oficiales.

Antecedentes: desarticulación de “Los Fósforos” en 2025

La PNC confirmó que la captura de Rodrigo “N” completa la desarticulación de la estructura, ya que en marzo y mayo de 2025 se había logrado la detención de otros cuatro integrantes por los mismos delitos. Estos operativos, realizados el año pasado, permitieron identificar y capturar a los principales miembros de la banda, quienes enfrentan cargos por asesinato y hurto agravado. Las investigaciones revelaron que el grupo tenía como modus operandi el actuar en distintos puntos de Quetzaltenango, aprovechando la dispersión geográfica en las zonas 2, 6 y 11 para cometer robos y planear ataques selectivos.

Las autoridades consideran que con esta última detención se logra desmantelar por completo la estructura de “Los Fósforos”, que operaba con violencia y actuaba de manera coordinada para cometer ilícitos en el municipio. Los cuatro integrantes capturados el año pasado fueron puestos a disposición del sistema de justicia y actualmente enfrentan procesos por los delitos que se les imputan. No se han revelado sus identidades por motivos de investigación y seguridad.

La PNC de Guatemala reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que las acciones contra estructuras criminales continuarán en todo el país. Además, hizo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos.

La detención de Rodrigo “N” fue recibida como un avance en la lucha contra el crimen organizado en Quetzaltenango, una región que en los últimos años ha registrado un aumento en los hechos de violencia asociados a estructuras delictivas. El seguimiento a este caso se mantendrá en los próximos días conforme avancen las diligencias judiciales y se esclarezcan los hechos vinculados a la estructura criminal de “Los Fósforos”.

Un ataque armado registrado la mañana del sábado 4 de abril en la colonia Nuevo Texcuaco, sector conocido como “Las Tareas”, en jurisdicción de La Gomera, Escuintla, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. De acuerdo con información preliminar, las víctimas —dos mujeres y dos hombres— murieron a causa de múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió durante la celebración del Sábado de Gloria, una de las fechas más concurridas de la Semana Santa en Guatemala, lo que ha generado consternación y temor entre los habitantes del área.

Versiones iniciales recabadas por medios locales como Emisoras Unidas y La Hora.gt señalan que las víctimas intentaron huir del lugar al percatarse del ataque, pero fueron perseguidas por los agresores, quienes finalmente les dieron alcance y abrieron fuego.

Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia informaron que, al momento de su evaluación, las personas ya no contaban con signos vitales. Imágenes divulgadas por páginas de noticias locales muestran que los cuerpos quedaron tendidos en diferentes puntos del terreno, lo que sugiere que las víctimas intentaron escapar por varias direcciones.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena y mantienen un fuerte resguardo policial en el área. Asimismo, se espera la llegada de fiscales y peritos del Ministerio Público (MP), quienes estarán a cargo del levantamiento de los cuerpos, su identificación oficial y la recolección de evidencias. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni se reportan capturas vinculadas al hecho. Voceros de la PNC indicaron que se han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

El hecho ha generado alarma en la comunidad, donde vecinos y familiares de las víctimas se congregaron en las cercanías del sitio, visiblemente afectados por la violencia registrada en pleno feriado. Según testigos, la tranquilidad habitual del sector se vio interrumpida por la llegada de patrullas y ambulancias, mientras los cuerpos de socorro atendían el llamado de emergencia.

Mientras continúan las diligencias en la colonia Nuevo Texcuaco, las autoridades llaman a la población a colaborar con información que permita identificar a los responsables del ataque. El Ministerio Público solicitó a cualquier testigo o persona que haya presenciado movimientos sospechosos en la zona que se acerque a declarar de forma confidencial. Se prevé que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre este nuevo hecho de violencia que enluta a la comunidad de La Gomera y visibiliza la compleja situación de seguridad en Guatemala durante la Semana Santa de 2026.

Semana Santa marcada por la violencia

Este ataque se suma a otros hechos violentos registrados en Guatemala durante la Semana Santa de 2026, un periodo que tradicionalmente atrae a miles de personas a actividades religiosas y recreativas, pero que también evidencia los desafíos persistentes en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese), hasta el 4 de abril se contabilizaban 190 personas fallecidas por diversas causas y más de 3,000 heridas durante el asueto, cifra que incluye víctimas de accidentes, ahogamientos y hechos criminales.

La violencia armada en el país se ha mantenido como una de las principales preocupaciones de la población y de las autoridades. Durante los últimos días, diversos departamentos han reportado incidentes similares, con ataques perpetrados en áreas urbanas y rurales. En la ciudad de Guatemala, la noche del Viernes Santo se registró un ataque armado en la zona 18, que dejó dos personas heridas, mientras que en Chiquimula, un altercado en la vía pública terminó con una persona fallecida y otras dos lesionadas.

Organizaciones sociales y observadores de derechos humanos han reiterado la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante la escalada de hechos violentos, especialmente en fechas de alta movilidad como Semana Santa. En respuesta, la PNC y el Ministerio Público han desplegado operativos especiales y reforzado los patrullajes en puntos considerados de alto riesgo, aunque los resultados siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) alertó este viernes 3 de abril sobre el comportamiento anómalo de los ríos pertenecientes a la vertiente del Pacífico, cuyos niveles se mantienen por debajo de los valores históricos habituales. El reporte, contenido en el boletín hidrológico número 277, confirma que la situación afecta de manera significativa a la mayoría de los principales cauces monitoreados en esta región.

De acuerdo con los datos recopilados, los ríos Naranjo, Meléndrez, Nahuatán, Samalá, Sis, Ican y Villalobos figuran con la observación “Río Bajo”, reflejando condiciones de caudales inferiores al 10% de la ocurrencia histórica. Por ejemplo, el río Naranjo, en San Pedro Sacatepéquez, reportó un nivel actual de 0,29 metros y un caudal instantáneo de solo 0,26 m³/s, muy por debajo de los parámetros normales. El Meléndrez, en Pajapita, registró un nivel de 0,36 metros y caudal de 15,35 m³/s, también considerado bajo para la época. El río Nahuatán presentó un nivel de 0,26 metros y caudal de 4,02 m³/s, mientras que en el río Sis, en San José La Máquina, el nivel fue de -0,36 metros y el caudal de 0,94 m³/s, ambos valores clasificados como bajos.

La tendencia general observada en los ríos del Pacífico es de mantenimiento o disminución, sin señales de recuperación a corto plazo. Las únicas excepciones corresponden a los ríos Cabuz y Madre Vieja, cuyos niveles y caudales se mantienen dentro de la normalidad, aunque sin incrementos significativos. La falta de lluvias y la persistencia de condiciones secas en el sur y suroccidente del país son, según especialistas, factores que explican este comportamiento.

Otras vertientes: estabilidad y un caso de crecida en el norte

El boletín del Insivumeh también detalla el estado de los ríos en las vertientes del Mar Caribe y del Golfo de México. En la vertiente del Mar Caribe, los ríos Camotán (Chiquimula) y Motagua (Conculá II, Baja Verapaz) comparten la categoría de “Río Bajo”, con niveles actuales de 0,45 y -0,72 metros, respectivamente, y caudales muy por debajo de los históricos. El resto de estaciones en esta cuenca muestra niveles estables o en ligero descenso, como en los casos del río Gualán, que presenta un nivel de 1,90 metros y un caudal de 244,3 m³/s, y el río Matanzas, con un nivel de 0,10 metros y caudal de 23,92 m³/s.

En la vertiente del Golfo de México, la situación es diversa. La mayoría de los ríos presentan niveles normales, pero destaca el caso del lago de Petén Itzá, en San José, Petén, que registra un nivel de 3,83 metros, clasificado como “Lago Crecido” y superior al promedio de años anteriores. Este desborde contrasta con el comportamiento del río Chixoy en Colotenango, que se encuentra con nivel bajo de -0,40 metros y caudal instantáneo de 0,14 m³/s. Ríos como el Usumacinta y La Pasión, en Las Cruces, Petén, mantienen niveles elevados, aunque sin tendencia a incrementarse.

Distribución espacial y contexto hidrológico

El sistema de monitoreo hidrológico nacional, representado en el mapa interactivo del Insivumeh, permite observar la distribución de las condiciones de los ríos a nivel nacional. En la región sur y suroccidente predomina el color amarillo, indicativo de ríos bajos, mientras que en el norte se identifica el color rojo en el lago de Petén Itzá, único punto en alerta por crecida. El resto de estaciones hidrométricas muestran una tendencia a la estabilidad, sin incrementos abruptos.

El contexto hidrológico nacional se caracteriza actualmente por la ausencia de precipitaciones significativas en gran parte del territorio, lo que impacta en los caudales y niveles de los ríos.

“Estamos utilizando tecnología que pueda transmitir en tiempo real el crecimiento de los ríos, con esto hacer proyecciones de crecidas repentinas y desbordamientos”, explicó Yeison Samayoa, director de la institución. Destacó además la incorporación de nuevas estaciones automáticas que fortalecen la capacidad de alerta y prevención ante eventos extremos.

Recomendaciones y perspectivas

El Insivumeh recomienda a la población y autoridades locales mantenerse informados a través de los boletines oficiales, especialmente en el inicio de la temporada lluviosa, ya que los niveles bajos pueden revertirse rápidamente ante lluvias intensas. Sugiere evitar actividades en cauces secos o con niveles bajos, pues la reactivación de flujos puede ser repentina y peligrosa. El monitoreo continuo de los ríos es esencial para la reducción del riesgo de desastres, la protección de la infraestructura y la seguridad de las comunidades.

La evolución de los caudales en las próximas semanas dependerá de la llegada de lluvias y del comportamiento climático regional, por lo que el seguimiento de los informes técnicos seguirá siendo clave para la gestión integral del recurso hídrico en Guatemala.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, por medio del Proyecto Crecer Sano, realizó la entrega de 3.097 kits de materiales educativos en 139 municipios priorizados del país, con el objetivo de mejorar los hábitos de higiene, la alimentación, y fomentar hogares más saludables entre las familias más vulnerables. La estrategia, que incluye la difusión de contenidos culturales y la utilización de herramientas pedagógicas, forma parte de los esfuerzos por reducir la desnutrición crónica y prevenir enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, de acuerdo con la información difundida por el mismo Ministerio.

En el marco de estas acciones, Unicef donó 2.373 kits de higiene familiar a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), con el fin de fortalecer la respuesta ante emergencias e impulsar prácticas seguras de limpieza en el entorno doméstico. Según declaró Unicef al medio Unicef, “esta donación refleja nuestro compromiso de trabajar junto a CONRED para fortalecer la capacidad de respuesta y gestión de riesgo”.

El alcance de Crecer Sano y los kits asociados es notorio: el programa gubernamental, iniciado en Guatemala en 2024, prioriza departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Alta Verapaz, Quiché e Ixcán para llegar a los hogares durante los primeros mil días de vida de los niños, etapa fundamental para el desarrollo infantil saludable. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informados, en el ámbito de la alimentación complementaria se distribuyeron más de 238.000 kits, cada uno con platos medidores, vasitos y cucharitas destinadas a niños de seis a veinticuatro meses.

Kits adaptados a las necesidades locales y familias vulnerables

Cada kit educativo contiene tarjetas generadoras, rotafolios, afiches y bifoliares sobre la importancia del lavado de manos, las reglas de oro para la manipulación de alimentos, la desinfección del agua y el uso de filtros caseros e hipocloradores. El material fue validado por familias, líderes comunitarios y personal sanitario antes de su distribución, lo cual garantiza que cada herramienta resulte viable y eficaz en los distintos contextos culturales.

El paquete se completa con una bolsa para resguardo y una memoria USB con los recursos en formato digital, lo que facilita su difusión durante charlas, sesiones educativas, visitas domiciliarias y actividades comunitarias; así, la información llega directamente a los hogares y multiplica su impacto, según detalló.

Otros componentes destacados incluyen los kits “Hogares Saludables”, que aportan capacitación y recursos para construir cocinas seguras y realizar mejoras habitacionales, y la Mochila Azul, dirigida a la promoción de cambios de comportamiento en salud y nutrición a través de herramientas comunicativas y lúdicas. Por su parte, el Ministerio de Salud también entrega kits de maternidad con equipos modernos para monitorear a embarazadas en áreas remotas.

Las acciones de Crecer Sano y otras iniciativas articuladas con Unicef priorizan familias en condición de vulnerabilidad extrema, proporcionando recursos para atender necesidades inmediatas y generar transformaciones sostenibles en la prevención de enfermedades. Según destacaron desde Unicef al medio Unicef, estas intervenciones buscan “combatir la desnutrición crónica, mejorar hábitos de higiene y capacitar familias, impactando a miles de hogares con herramientas prácticas”.

El efecto de la distribución masiva: cifras y objetivos alcanzados

La distribución de los más de 238.000 kits de alimentación, sumados a los 3.097 kits educativos en salud y a los 2.373 kits de higiene entregados a través de CONRED, coloca a Guatemala entre los países de la región con estrategias más robustas para fortalecer la educación sanitaria y la prevención de enfermedades en zonas rurales y urbanas desfavorecidas, según datos del Ministerio.

El impacto directo de estos programas se concentra en los primeros mil días del desarrollo infantil y la atención a embarazadas, además de acciones integrales para la mejora del entorno doméstico. Estas intervenciones refuerzan la capacidad local y comunitaria para promover conductas saludables y reducir los factores de riesgo asociados a la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos.

De este modo, la articulación entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Crecer Sano y Unicef cristaliza en la entrega focalizada de recursos y educación sanitaria, permitiendo a miles de familias del país disponer de los insumos y conocimientos necesarios para fortalecer su salud, seguridad alimentaria y bienestar.