Los 117 kilos de cocaína y el arsenal decomisados en un narcolaboratorio desmantelado en Ayutla, San Marcos, fueron trasladados este jueves bajo fuertes medidas de seguridad a la bodega de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación, Unagob, en la zona 14 de la capital guatemalteca, donde quedaron bajo resguardo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en un operativo que las autoridades presentan como un golpe a las estructuras criminales que operan en la frontera con México.

Entre lo incautado había 14 fusiles, cuatro pistolas, 43 cargadores para fusil, 10 cargadores para pistola y 1.346 municiones de distintos calibres. Durante el procedimiento también fueron capturadas ocho personas, que ahora están bajo investigación por posibles vínculos con redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

El cargamento llegó a bordo de helicópteros de la Unagob desde la aldea Zanjón San Lorenzo, en el municipio de Ayutla. Tras su arribo a los hangares de la unidad aérea, la droga, el armamento y los demás ilícitos fueron llevados a las bodegas de la SGAIA de la Policía Nacional Civil, donde permanecerán mientras continúan los procesos establecidos y las investigaciones.

El decomiso corresponde a 122 paquetes de cocaína localizados el martes en una instalación que, de acuerdo con las autoridades, operaba como centro de procesamiento y empaque de droga en la frontera suroccidental del país. Agentes especializados verificaron el embalaje mientras el material era ingresado a resguardo.

El viceministro dijo que el lugar era una empacadora de cocaína y pasta base

El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza Víctor Hugo Cruz afirmó que el inmueble funcionaba como un centro de procesamiento de droga. “Se encontró una empacadora, prácticamente de cocaína y de pasta base, y ese es el éxito de desmantelar estas cocinas y laboratorios”, dijo Cruz al Diario de Centroamérica.

Las autoridades no descartan que el laboratorio tenga conexiones con cárteles mexicanos por la ubicación estratégica del inmueble y por la ruta utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico. “No lo descartamos y seguramente la droga usualmente iba hacia el norte y probablemente tenga relaciones con el narcotráfico”, dijo Cruz.

Para las fuerzas de seguridad, la incautación también tiene un impacto financiero sobre las organizaciones criminales. “Cada incautación que nosotros hacemos es financiamiento que se les quita a las estructuras criminales”, sostuvo Víctor Hugo Cruz.

El viceministro añadió que la coordinación entre instituciones ha ampliado la capacidad operativa en áreas clave para el trasiego de drogas. “Nuevamente, el trabajo interinstitucional fortalece también al Estado y permite llegar a todas las áreas donde se pueden hacer estas incautaciones”, dijo Cruz.

El operativo fue ejecutado con el Ejército en una zona fronteriza bajo vigilancia

El operativo fue ejecutado de manera conjunta entre fuerzas antinarcóticas y el Ejército de Guatemala, como parte de las acciones de combate al narcotráfico en zonas fronterizas, según las autoridades. La localización del narcolaboratorio, añadieron, fue resultado de labores de inteligencia, entrenamiento especializado y coordinación táctica entre las instituciones de seguridad.

“Esto es parte de la especialización que tienen las fuerzas antinarcóticas. Un trabajo en conjunto que se hace con el Ejército: preparación, entrenamiento, inteligencia, y estos son los resultados”, afirmó Cruz, en declaraciones al Diario de Centroamérica.

En otra declaración incluida en el mismo material, el viceministro dijo: “Estas son parte de las acciones que estamos haciendo en conjunto con el Ejército para trabajar en esas zonas donde se tiene inteligencia sobre algunos laboratorios”.

Ayutla, en el departamento de San Marcos, sigue siendo una de las zonas más vigiladas por las autoridades por su cercanía con la frontera mexicana, una región históricamente utilizada para el trasiego de droga, armas y otros productos ilícitos. Las autoridades indicaron que el operativo representa un nuevo golpe contra estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas que operan en esa franja limítrofe.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala también se pronunció sobre el desmantelamiento del recinto donde se procesaba droga. “El reciente operativo realizado por Guatemala contra un laboratorio de drogas demuestra su compromiso de llevar la lucha contra los narcoterroristas a su país. Este es otro éxito para la Coalición de las Américas Contra los Carteles. Juntos, estamos trabajando para combatir el flagelo del narcoterrorismo en la región”, publicó la misión diplomática estadounidense en redes sociales.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AmCham Guatemala, y el OSAC del Departamento de Estado de Estados Unidos realizan en La Antigua Guatemala la XVIII Convención de Seguridad Corporativa, un encuentro orientado a reforzar la preparación frente a riesgos emergentes y a mejorar la toma de decisiones estratégicas en un contexto en el que la seguridad corporativa incide sobre las operaciones, el comercio y la atracción de inversión.

Guatemala tiene una proyección de crecimiento del PIB de 4.1 % para 2026, por encima del promedio regional, aunque la inseguridad y las debilidades institucionales siguen siendo desafíos para el clima de negocios.

Sobre ese escenario se apoya la convención, que plantea a la seguridad corporativa como un factor para fortalecer la confianza y resguardar la actividad empresarial.

El encuentro reúne a representantes del sector público, líderes empresariales y expertos internacionales. El objetivo es fortalecer las capacidades de los gerentes de seguridad corporativa y promover una cultura basada en información estratégica, prevención y colaboración público-privada.

Durante la inauguración, autoridades de AmCham Guatemala, del OSAC y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala señalaron la necesidad de contar con espacios de análisis para anticipar riesgos y articular respuestas coordinadas ante amenazas de alcance local y regional.

La convención aborda seguridad física, ciberseguridad e inteligencia estratégica

La agenda de la XVIII Convención de Seguridad Corporativa pone el foco en la evolución de la seguridad integral, la inteligencia aplicada a la toma de decisiones y la respuesta ante riesgos cada vez más dinámicos, según el comunicado de prensa compartido por AmCham. Entre los ejes temáticos figura la transición hacia un enfoque HSSE: salud, seguridad, protección y medio ambiente.

El programa también examina la convergencia entre seguridad física y ciberseguridad. A eso suma el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la analítica de video para la prevención y la gestión de incidentes, de acuerdo con el texto fuente.

Otro bloque de sesiones está dedicado a la planificación de respuesta ante incidentes, al uso de fuentes de información para inteligencia estratégica y a las megatendencias en seguridad. En ese tramo se incluye la democratización de identidades y credenciales digitales, según el texto compartido.

La convención responde de forma directa a una necesidad concreta del sector corporativo: ofrecer herramientas para prever amenazas, organizar respuestas y sostener operaciones en un entorno de riesgo cambiante. Ese es el propósito central del encuentro convocado por AmCham Guatemala y OSAC, según el comunicado.

El contexto regional y la competitividad empresarial forman parte de la agenda

El programa incorpora espacios de alto nivel sobre el contexto regional, con análisis de la criminalidad y de su impacto en las operaciones empresariales. Ese examen se concentra en fronteras, infraestructura y comercio.

En materia de política pública y entorno de inversión, participan autoridades gubernamentales para abordar la relación entre seguridad y competitividad. También se analizan retos de cumplimiento normativo, incluidas nuevas regulaciones como la Ley Antipandillas.

Las sesiones incluyen además experiencias prácticas y casos reales sobre manejo de crisis. A eso se suman tendencias en seguridad física, con tecnologías como drones, biometría y otras herramientas emergentes.

El temario incorpora el estudio de delitos transnacionales como la falsificación y su vínculo con el crimen organizado. Esa combinación de riesgos operativos, regulatorios y criminales apunta a traducir la seguridad en criterios concretos para la protección de intereses empresariales.

La convención reafirma la colaboración entre AmCham Guatemala y OSAC como una plataforma de intercambio de conocimiento, fortalecimiento de capacidades y diseño de estrategias para promover un entorno más seguro para la inversión.

Guatemala presentó el primer Plan Nacional de Enfermería 2026–2031, una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para fortalecer el talento humano en salud, mejorar las condiciones del personal y consolidar a la enfermería como pieza central de un sistema sanitario más equitativo, humanizado, intercultural y centrado en las personas.

El documento se apoya en la evidencia del Censo Nacional de Enfermería 2024 y fija un horizonte de ejecución de 2026–2031. Su implementación, según el propio plan, exige mecanismos claros de gobernanza, monitoreo, evaluación, financiamiento y sostenibilidad para asegurar resultados durante ese período.

El lanzamiento fue impulsado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En la presentación participaron autoridades sanitarias, universidades, asociaciones gremiales y profesionales de enfermería de distintas regiones del país.

El plan, titulado “Construyendo el futuro de la Enfermería en Guatemala”, es la primera hoja de ruta nacional diseñada específicamente para orientar el fortalecimiento integral de la enfermería.

El texto incorpora enfoques de atención primaria de salud, derechos humanos, interculturalidad, equidad territorial, colaboración interprofesional, toma de decisiones basada en datos y transformación digital.

El plan ordena la política de enfermería en tres líneas estratégicas

La estrategia se estructura en tres ejes: condiciones laborales y desarrollo profesional; formación y calidad en enfermería; e identidad, liderazgo y gobernanza. Según el documento, también incluye acciones de actualización normativa, promoción de la investigación y mejora continua de la calidad del cuidado.

El objetivo general del plan es fortalecer la contribución estratégica de la enfermería al sistema de salud de Guatemala entre 2026 y 2031 mediante políticas integradas de desarrollo laboral, formación de calidad, regulación profesional, liderazgo, investigación y mejora del cuidado.

Esa meta, de acuerdo con el texto oficial, se formula con enfoque de atención primaria de salud, derechos humanos, interculturalidad, equidad territorial y gestión basada en evidencia.

Entre sus objetivos específicos, el plan propone mejorar las condiciones laborales, la distribución territorial, la protección social, la seguridad ocupacional y las oportunidades de desarrollo del personal de enfermería.

El documento pone especial énfasis en las zonas rurales, remotas o desatendidas.

También plantea fortalecer la formación inicial, la educación continua, la profesionalización, la docencia-servicio, la práctica avanzada, la investigación y la calidad educativa en enfermería. Según el plan, esa formación debe alinearse con las necesidades del sistema de salud y con las prioridades de la atención primaria.

Otro de los puntos centrales es actualizar y reforzar la gobernanza, la regulación y la estructura técnico-administrativa de la enfermería. El texto prevé procesos normativos, certificación y mecanismos de información para apoyar la toma de decisiones.

El MSPAS y actores del sector salud lo definen como una visión de país

Sulma Yaneth Bernal Ruano, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermeras y Enfermeros Profesionales y coordinadora de la Unidad de Desarrollo de los Servicios de Enfermería del MSPAS, afirmó durante la actividad que el plan es “una visión de país” construida con diálogo, evidencia y compromiso colectivo.

“Hoy no solamente presentamos un documento técnico. Hoy presentamos una visión de país”, expresó Bernal. Añadió que el instrumento recoge las necesidades, aspiraciones y aportes de miles de profesionales de enfermería de Guatemala.

Donato Camey, ministro de Salud Pública y Asistencia Social en funciones, señaló que la estrategia permitirá avanzar en mejores condiciones laborales, desarrollo profesional y reconocimiento del personal de enfermería. Según Camey, ese fortalecimiento también contribuirá a sistemas de salud más resilientes, accesibles y centrados en las personas.

Alexandre Florencio, asesor de Sistemas y Servicios de Salud de OPS/OMS en Guatemala, sostuvo que reforzar la enfermería equivale a fortalecer la gobernanza sanitaria, la capacidad de respuesta territorial y el futuro del cuidado en el país.

Esa valoración se alinea con el contenido del plan, que fue elaborado con participación del MSPAS, la Unidad de Desarrollo de los Servicios de Enfermería, el Consejo Nacional de Enfermería, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala, la asociación gremial, las instituciones formadoras y otros actores del sector salud.

El documento establece además que la política se alinea con las orientaciones estratégicas de la OPS y la OMS para el fortalecimiento de la enfermería, así como con prioridades vinculadas con atención primaria de salud, redes integradas de servicios, trabajo decente, regulación profesional y desarrollo de capacidades.

El plan define como propósito adicional consolidar la identidad profesional, el liderazgo, la representación institucional, la visibilidad pública y la participación efectiva de la enfermería en los espacios de decisión del sistema de salud.

También fija la incorporación de mecanismos de monitoreo, evaluación, financiamiento y sostenibilidad para implementar y seguir de forma progresiva, articulada y transparente las acciones previstas hasta 2031.

Bryan Molina García murió este viernes 29 de mayo en el Hospital Roosevelt, adonde había sido trasladado herido y bajo custodia policial tras el tiroteo ocurrido el jueves en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, un hecho que, según la Policía Nacional Civil, comenzó con un asalto a un automovilista y terminó con dos presuntos atacantes fuera de combate.

La institución informó que Molina García tenía 29 años, una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa fechada el 23 de abril de 2026 y un antecedente por encubrimiento propio de 2023. En la escena, de acuerdo con la PNC, quedaron una pistola y la motocicleta en la que los sospechosos intentaban huir.

La muerte de Molina García convirtió en fallecidos a los dos hombres señalados por la policía en este caso. El otro presunto asaltante, de 22 años, murió en el lugar del enfrentamiento, según la versión oficial.

La víctima ya había recibido un disparo cuando la policía detectó el asalto

Según la PNC, el hecho comenzó cuando dos hombres asaltaban a una persona de 50 años que se movilizaba en un automóvil Toyota sobre ese tramo de la ruta Interamericana.

El informe policial añade que la víctima ya presentaba una herida de bala en la mano izquierda y que el vehículo tenía un impacto de proyectil.

La institución sostuvo que el sonido de los disparos alertó a agentes de la comisaría 16, que intervinieron para impedir que el robo se consumara. Siempre según la versión oficial, los policías ordenaron detenerse a los sospechosos, que se desplazaban en motocicleta.

La PNC afirmó que ambos respondieron con varios disparos hechos con una pistola Glock contra los agentes. Tras ese intercambio, uno de los hombres murió en el lugar y Molina García fue trasladado herido por Bomberos Voluntarios al Hospital Roosevelt, bajo custodia policial.

Ese es el dato central del caso: la policía sostiene que frustró un asalto en desarrollo contra un automovilista herido, persiguió a los presuntos responsables cuando intentaban escapar en motocicleta y se enfrentó a tiros con ellos después de que, según la versión oficial, atacaran a los agentes.

El director de la PNC dijo que pedirá una condecoración para los agentes

El director general de la Policía Nacional Civil David Custodio Boteo defendió la actuación de los agentes en declaraciones recogidas en el lugar. Según dijo, fue “una acción totalmente acorde al trabajo de la Policía Nacional Civil”.

Boteo añadió que el objetivo del procedimiento fue “proteger la vida y la seguridad y la integridad física de las personas y sus bienes”. También afirmó que el fenómeno de los motoladrones “tiene impactado y preocupado a la población guatemalteca” y aseguró que en la calzada Roosevelt se han registrado muchos asaltos y capturas.

Sobre Molina García, el jefe policial sostuvo que el hecho de que tuviera una orden de aprehensión vigente muestra que se trata de “delincuentes habituales que constantemente cometen hechos delictivos”. Según Boteo, gestionará ante el ministro de Gobernación una condecoración para los agentes involucrados y propondrá que reciban la cruz de oro por este procedimiento.

La PNC indicó que el arma recuperada será sometida a pruebas balísticas comparativas para determinar si fue utilizada antes en otros hechos delictivos. La institución también mantiene bajo registro la motocicleta abandonada en el sitio donde ocurrió el enfrentamiento.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala advirtió nuevamente que el país corre el riesgo de entrar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de que avance la revisión internacional prevista para 2027, un escenario que, según el organismo, afectaría remesas, comercio exterior, costos financieros y precios para los hogares.

El impacto más inmediato podría recaer sobre el dinero que reciben las familias desde el exterior: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras advirtió que el costo de operar el envío de remesas podría subir hasta 40% si Guatemala es incluida en la lista gris. Esa condición implicaría controles más estrictos y posibles límites al monto mensual que los hogares podrían recibir, según el sector privado.

La advertencia de la SIB se apoya en un calendario concreto. De acuerdo con el organismo, el país deberá someterse a una nueva evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en febrero de 2027, y para entonces la ley no solo debe estar aprobada, sino también implementada.

La reforma busca evitar una sanción que encarezca remesas, importaciones y exportaciones

En un comunicado oficial, la SIB sostuvo que el marco legal vigente acumula más de 25 años sin una reforma de fondo. Según la entidad, esa legislación ya no responde ni a las exigencias del sistema financiero internacional ni a los riesgos asociados a la criminalidad organizada transnacional.

El antecedente inmediato es el Informe de Evaluación Mutua realizado a Guatemala en 2016, que identificó brechas en la normativa antilavado y recomendó su actualización. Diez años después de ese señalamiento, las reformas siguen pendientes.

La iniciativa ahora debe pasar por la discusión artículo por artículo y por la redacción final.

El proyecto sustituye la legislación actual por un marco de 126 artículos alineado con las 40 recomendaciones del GAFI y con los estándares de GAFILAT.

Entre sus disposiciones, amplía el catálogo de sujetos obligados, incorpora a proveedores de activos virtuales y operadores de bingo, autoriza el congelamiento preventivo de fondos sospechosos, crea nuevas sanciones penales y establece el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La pregunta central planteada por la advertencia oficial es qué está en juego si la ley no se aprueba: según la SIB, una mayor vigilancia internacional sobre las operaciones vinculadas con Guatemala encarecería las transacciones financieras con el exterior, volvería más lentos los procesos de importación y exportación y terminaría trasladándose a mayores precios de bienes y servicios para la población.

El presidente del Congreso Luis Contreras dijo en el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero que espera la aprobación final de la iniciativa 6593 el 2 de junio de 2026 en una sesión extraordinaria. Durante el encuentro organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala, Contreras afirmó: “Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar”.

El antecedente de 2001 refuerza la presión sobre el Congreso

La advertencia actual también se apoya en la experiencia previa del país con el sistema internacional de control financiero. En 2001, Guatemala fue incluida en la lista negra del GAFI por carecer de una legislación específica contra el lavado de dinero.

La respuesta institucional incluyó la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ese mismo año, la creación de la Intendencia de Verificación Especial y la aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en 2002. Esos cambios permitieron que el país saliera de la lista negra en 2004.

La presión no proviene solo del supervisor financiero. La Asociación Guatemalteca de Exportadores advirtió sobre el daño comercial de una eventual inclusión en la lista gris, y su presidente Francisco Ralda definió ese escenario como “la sentencia de muerte” para los exportadores, que ya enfrentan obstáculos en puertos, burocracia y trámites.

La SIB sostuvo que la aprobación de la nueva ley es necesaria para proteger la estabilidad económica, preservar la confianza internacional y reducir riesgos para el sistema financiero y para millones de familias guatemaltecas. El plazo que el sector privado organizado considera crítico vence el 2 de junio de 2026.

El teleférico que INGUAT impulsa entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala entró en una nueva etapa de estudios de prefactibilidad, un avance con el que el Instituto Guatemalteco de Turismo busca reforzar la movilidad turística entre dos puntos clave del país y reducir el impacto ambiental del transporte terrestre en esa ruta.

La segunda fase de esos estudios contará con apoyo financiero del banco alemán KfW, según informó INGUAT en una publicación sobre la visita de representantes en Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica. En un video difundido por la institución, una voz institucional afirmó que el proyecto “avanza hacia una nueva etapa estratégica”, mientras representantes del BCIE confirmaron el inicio de esa fase.

El respaldo inicial del proceso fue aprobado por el BCIE en marzo de 2025 mediante una cooperación técnica no reembolsable de USD 50 mil, de acuerdo con la información institucional. Ese aporte fue solicitado para desarrollar un “Diagnóstico de Alternativas de Transporte para Movilización de Turistas entre el Aeropuerto Internacional La Aurora y Antigua Guatemala”.

La segunda fase se activa tras un diagnóstico financiado por el BCIE

El proyecto, según INGUAT, está orientado a fortalecer la integración de destinos clave de Guatemala. La institución sostuvo que la obra forma parte de una apuesta por infraestructura moderna y sostenible para mejorar la experiencia de movilidad de visitantes nacionales e internacionales.

El diagnóstico financiado por el BCIE debe analizar las condiciones habilitantes del proyecto. De acuerdo con el texto institucional, ese trabajo permitirá identificar las mejores opciones tecnológicas para el modo de transporte, los puntos de conexión estratégicos y los aspectos institucionales y legales necesarios para determinar la viabilidad financiera, ambiental, jurídica y operativa.

Ese punto responde a la pregunta central sobre qué se está haciendo en este momento: no hay una obra en construcción, sino una profundización de los estudios previos para definir si el sistema puede ejecutarse y bajo qué condiciones. Si la viabilidad preliminar resulta positiva, el apoyo avanzará hacia la elaboración de los términos de referencia para contratar los estudios de prefactibilidad y de demanda, según la información del proyecto.

En el video difundido por INGUAT, se narra que: “Un nuevo paso acerca al país a una movilidad moderna, sostenible y pensada para el turismo“. La misma pieza agregó que el teleférico busca fortalecer la conectividad entre “dos de los destinos más importantes del país”.

Antigua Guatemala concentra el argumento turístico del proyecto

La justificación territorial del plan parte del peso turístico de Antigua Guatemala. La ciudad colonial se consolidó como uno de los destinos más visitados y que, para potenciar su desarrollo, requiere soluciones de movilidad urbana que permitan un traslado eficiente y sostenible.

INGUAT y el BCIE vinculan esa necesidad con la identificación de oportunidades de inversión en infraestructura turística para el Gobierno de Guatemala. Según el texto, la iniciativa también se presenta como una contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre ciudades y comunidades sostenibles mediante la búsqueda de acceso a sistemas de transporte asequibles.

El material audiovisual añade otro dato de priorización regional. Según esa pieza difundida por INGUAT, entre tres proyectos presentados por Centroamérica, el banco alemán priorizó el de Guatemala por su visión, su impacto y su potencial para transformar la movilidad de visitantes nacionales e internacionales.

El BCIE enmarca el proyecto dentro de su financiamiento regional

El perfil institucional del Banco Centroamericano de Integración Económica aparece como parte del sustento del anuncio. Según el texto fuente, el organismo tiene 64 años de trayectoria y 15 países miembros: los de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina, Cuba, España, República de Corea y República de China, Taiwán.

La misma información institucional sostiene que, en los últimos 20 años, los proyectos financiados por el BCIE representaron aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para la región centroamericana. El banco también indicó que cuenta con las calificaciones AA Estable A1+ de S&P, Aa3 Estable P1 de Moody’s y AA Estable de JCR, con fechas de revisión entre mayo y septiembre de 2024.

El ejecutivo destacó que este crecimiento es reflejo del dinamismo económico de Guatemala, pero también expone la urgencia de adaptar la red de transmisión para evitar un cuello de botella en el desarrollo.

Según Rodríguez, Guatemala cuenta actualmente con cerca de 5,000 kilómetros de líneas de transmisión y doscientas subestaciones. Sin embargo, el ritmo de expansión del sistema de transporte se ha mantenido apenas en el 1.5% anual, una cifra muy por debajo del incremento de la demanda energética que experimenta el país. El vicepresidente de AGTE explicó que, si esta tendencia persiste, la infraestructura será insuficiente para cubrir las necesidades de industrias, comunidades y nuevos sectores tecnológicos que requieren un suministro estable y confiable.

“Este foro va a ser una gran oportunidad para que todas las instituciones, tanto de gobierno, sector privado, universidades, academia, nos pongamos de acuerdo en qué queremos construir como país y qué vamos a tomar de acción para poder que el sistema de transporte cumpla esos retos que tiene para atender toda la demanda de energía”, sostuvo Rodríguez para el medio TN23.

El aumento sostenido en el consumo eléctrico de Guatemala responde, en parte, al desarrollo de nuevos sectores económicos y a la expansión de la electrificación rural. La demanda de energía de los centros de datos y la movilidad eléctrica figura entre los factores que presionan la capacidad instalada de la red.

“Esa demanda de energía claramente lo que va a permitir es mejorar las condiciones de vida de las comunidades, facilitar los procesos de electrificación rural, atender la nueva demanda de energía de data center, de centros de datos, de movilidad eléctrica y todo lo que estamos viviendo hoy en día, que es mucho más grande de lo que vivimos años atrás”, puntualizó el vicepresidente de la AGTE.

Variabilidad climática obliga a la expansión de la red eléctrica

Rodríguez remarcó que la ampliación de la oferta debe apoyarse en una matriz energética diversificada, capaz de responder a la variabilidad de las fuentes y al impacto del cambio climático. Las alteraciones en los patrones de lluvia y la intensidad de los periodos secos requieren una estrategia que contemple múltiples tecnologías de generación y un sistema de transmisión flexible.

“No es en vano que muchos países hoy ven los impactos del cambio climático, los temas que implican que las lluvias se vayan moviendo a lo largo del año, que sean algunos momentos más intensos, que haya periodos de verano más intensos. Y eso hace que definitivamente la demanda de energía también vaya variando significativamente”, explicó Rodríguez.

Rodríguez concluyó que el futuro energético dependerá de la capacidad de todos los actores involucrados para anticiparse a las necesidades y planificar la infraestructura con visión de largo plazo.

La consulta anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Guatemala comenzó el 27 de mayo y se extenderá hasta el 5 de junio de 2026. La misión evaluará el desempeño macroeconómico, las cuentas fiscales, la política monetaria y la agenda de reformas del Gobierno, incluida una nueva ley antilavado vinculada a la búsqueda del grado de inversión, según informó este jueves el Ministerio de Finanzas Públicas.

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento de 4,3% en 2025. El jefe de misión, Alex Culiuc, dijo que el desempeño luce “demasiado impresionante” en un contexto internacional en el que, según su evaluación, los aranceles impuestos por Estados Unidos no generaron el impacto que el organismo había previsto.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, afirmó que la relación con el Fondo “ha ido mucho más allá del marco tradicional de evaluación”, de acuerdo con la cartera. Señaló que el Gobierno de Bernardo Arévalo prioriza crecimiento, empleo y un uso estratégico de las finanzas públicas.

La ley antilavado y el grado de inversión en la agenda del Gobierno

Uno de los puntos centrales que el Ejecutivo llevó a la misión fue la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que el Gobierno considera clave para avanzar hacia el grado de inversión, según informó el Ministerio de Finanzas Públicas.

Menkos dijo que las conversaciones en el Congreso, encabezadas por la Superintendencia de Bancos, permiten ser “bastante optimistas” sobre una votación prevista para el 2 de junio. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, agregó que existe “un consenso total” alrededor del proyecto, aunque aún se discuten puntos específicos en el Legislativo, de acuerdo con Finanzas.

El superintendente de Bancos, Julio César Gálvez Díaz, sostuvo, según el Ministerio de Finanzas Públicas, que el proyecto actualiza el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También dijo que la norma busca mejorar condiciones para atraer inversión extranjera y reforzar la supervisión financiera.

La evaluación del Banco de Guatemala sobre crecimiento, inflación y reservas: González Ricci definió la visita como “un chequeo económico”. En su exposición, sostuvo que Guatemala mantiene expansión, inflación bajo control, tipo de cambio estable y reservas monetarias en máximos. “Estamos creciendo bien”, dijo el titular del banco central.

El presidente del Banco de Guatemala también mencionó la publicación del primer informe de estabilidad financiera. Según la misma fuente, afirmó que ese documento respalda la capacidad del sistema bancario para absorber shocks.

Los riesgos internacionales y el foco del FMI en combustibles, caja fiscal e infraestructura

Culiuc advirtió, según el Ministerio de Finanzas Públicas, que la consulta de este año ocurre con nuevos riesgos externos, en especial por las repercusiones de la guerra en el Golfo. Explicó que ese escenario puede afectar el crecimiento, la inflación y el saldo externo de Guatemala.

El jefe de misión detalló que el Fondo analizará el impacto económico del conflicto y el diseño de subsidios a combustibles para orientarlos a quienes más los necesitan, de acuerdo con Finanzas. También revisará proyectos de infraestructura y, en particular, el puerto Quetzal, la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los Consejos de Desarrollo, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y la Ley de Contrataciones Públicas.

La misión evaluará además los saldos de caja del Estado, las asignaciones específicas de ingresos, la coordinación entre Tesorería y Crédito Público y las restricciones para emitir deuda de corto plazo, según el Ministerio de Finanzas Públicas. Culiuc planteó la posibilidad de discutir una Ley Orgánica de Presupuesto orientada a simplificar y ordenar la administración financiera pública, de acuerdo con la misma fuente.

El ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, descartó este jueves la realización de maniobras militares estadounidenses contra el narcotráfico en el país, respaldando declaraciones previas del presidente Bernardo Arévalo. Sáenz indicó que no habrá soldados extranjeros operando en territorio, mar o espacio aéreo guatemalteco, amparado en la Constitución, que prohíbe este tipo de intervenciones.

Las aclaraciones surgieron tras una publicación de The New York Times, diario estadounidense, que sostuvo que Guatemala habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos tras una llamada entre Arévalo y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, el 19 de mayo.

El presidente Arévalo precisó que solo se solicitó cooperación a Washington para operaciones lideradas por fuerzas guatemaltecas, no acciones conjuntas ni presencia militar extranjera. Arévalo reafirmó que Guatemala no firma acuerdos fuera del marco constitucional y que la colaboración con Estados Unidos se mantiene en los términos previos, con expectativas de intensificación, pero sin comprometer la soberanía nacional.

Diputados guatemaltecos recordaron que cualquier acuerdo de este tipo requeriría aprobación del Congreso.

El debate surge en un contexto de tensiones regionales por la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, que lanzó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional integrada por varios gobiernos, de la cual Guatemala decidió no formar parte.

Según The New York Times, Guatemala acordó con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra organizaciones de narcotráfico dentro de su territorio, lo cual amplía la campaña militar del gobierno de Donald Trump en América Latina y encaja en una estrategia más amplia para normalizar la presencia estadounidense en la región y aumentar la presión sobre México.

La publicación detalla que la semana pasada el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo aceptó ataques aéreos y otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, según dos personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times.

El alcance de esa campaña ya tiene cifras concretas. Desde septiembre del año pasado, el Pentágono lanzó 58 ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el este del océano Pacífico, con al menos 194 personas muertas, según un recuento del medio estadounidense; el gobierno de Trump, añadió el diario, ha aportado pocas pruebas de que los blancos fueran traficantes de drogas.

Si el acuerdo entra en vigor, Guatemala será el segundo país de la región que acepta acción militar conjunta contra grupos criminales dentro de sus fronteras, según The New York Times. Ecuador cerró un arreglo similar a comienzos de este año, bajo el cual fuerzas estadounidenses asesoran y apoyan a militares ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntos grupos narcotraficantes, de acuerdo con ese medio.

La Casa Blanca busca extender el esquema a más países de la región

Uno de los próximos objetivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos es Honduras, según dos personas al tanto de los planes citadas por The New York Times. De acuerdo con esas fuentes, la Casa Blanca concentra su presión sobre Guatemala y Honduras con la idea de empujar a México a aceptar operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

Washington ha insistido en obtener presencia sobre el terreno y capacidad para lanzar ataques con drones, pero la presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó esas peticiones “con firmeza”, según The New York Times. La estrategia general del gobierno de Trump consiste en extender la presencia militar estadounidense en América Latina para ganar influencia sobre México, añadieron dos de las fuentes consultadas por el diario.

Esa línea es impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, y por Joseph Humire, máximo responsable interino de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina, según las mismas fuentes citadas por The New York Times. Miller encabeza cada dos semanas una reunión conocida internamente como “reunión de victorias”, donde las agencias exponen resultados recientes y el Pentágono aparece con frecuencia entre las más celebradas por el número de muertos en ataques a embarcaciones, según tres personas con conocimiento de ese encuentro citadas por el diario.

La Casa Blanca negó esa caracterización. “El gobierno sigue trabajando para llevar a cabo la agenda del presidente”, señaló en una declaración a The New York Times.

Una controversia surgió en Guatemala después de que una publicación de The New York Times, diario estadounidense reportó que el país habría aceptado realizar ataques aéreos conjuntos. Legisladores de varias bancadas legislativas recalcaron la necesidad de que cualquier acuerdo de seguridad firmado entre ambos países pase por el Congreso, aludiendo a los límites constitucionales del organismo Ejecutivo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, negó la existencia de un pacto de ese tipo y precisó que el gobierno únicamente solicitó incrementar la cooperación tradicional en equipos, capacitación e inteligencia, según declaraciones recogidas por The New York Times.

La revelación del diario estadounidense provocó una reacción inmediata en el Congreso de Guatemala. Cristian Álvarez, diputado de oposición, planteó la inquietud sobre la legalidad de un posible acuerdo de este alcance sin la intervención del poder legislativo. “El tema es ver si el presidente por sí solo puede armar esto o se necesita de algún convenio en el Congreso. En el caso de que se necesite venir al Congreso, creo que es importante conocerlo a la brevedad posible”, afirmó Álvarez en declaraciones reproducidas por The New York Times.

Julio César López, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, coincidió en que la propuesta debe ser presentada formalmente. “Estamos preparados para recibir cualquier acción que se tenga de parte del Ejecutivo, poder analizarla y pasarla al pleno (...), quien es el que tiene la última decisión para tomar este tipo de acción”, enfatizó López, según detalló The New York Times.

En el seno del Congreso, el debate giró en torno a la necesidad de respetar los controles institucionales y garantizar que cualquier esquema de cooperación con Estados Unidos se ciña a la legislación vigente. Ronald Portillo, diputado del bloque parlamentario Vamos, respaldó la postura de control parlamentario.

“Yo creo que siempre es bienvenida cualquier tipo de acción nacional o internacional en contra del crimen organizado”, expresó Portillo. Aclaró que la Junta Directiva sigue a la espera de recibir la documentación oficial que el gobierno pueda trasladar sobre el tema.

El contexto regional y la estrategia de Trump

La polémica se produce en un contexto regional marcado por las tensiones en torno a la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Según The New York Times, en marzo pasado Trump promovió la creación del Escudo de las Américas, una coalición de gobiernos de la región para combatir el crimen transnacional.

Este bloque reúne principalmente a gobiernos como Argentina, El Salvador y Ecuador. En contraste, ejecutivos de orientación progresista en países como Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no incorporarse a la iniciativa.

Dentro de este esquema, Washington mantiene con Ecuador un modelo de cooperación militar que incluye asesoría en redadas terrestres y ataques aéreos, una práctica que ha generado alertas internacionales. The New York Times reportó que un bombardeo en la frontera norte de Ecuador afectó por error a una granja lechera, lo que elevó la preocupación por posibles daños colaterales en operaciones conjuntas.

La postura de México

La administración de Trump también ha presionado a México, país vecino de Guatemala, para que acepte operaciones similares a las implementadas en Ecuador. “Eso vulneraría la soberanía de nuestro país”, declaró Sheinbaum, según recogió The New York Times.

De acuerdo con lo señalado por legisladores guatemaltecos, cualquier nuevo acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos deberá someterse a la revisión y aprobación del Congreso, en cumplimiento de los controles constitucionales. Mientras tanto, la Junta Directiva permanece a la espera de recibir información oficial del Ejecutivo para analizarla en el pleno.

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala presentó su informe anual de resultados 2025 y sostuvo que el cierre del ciclo de cooperación 2021-2025 dejó más de 375 iniciativas de desarrollo, una ejecución acumulada cercana a USD 1.000 millones y la base del nuevo marco 2026-2030, con el que la organización y el Estado guatemalteco buscan mantener apoyo en gobernabilidad, reducción de pobreza, resiliencia y migración.

Solo en 2025, el sistema ejecutó casi USD 188 millones, dijo José Miguel Barreto, coordinador residente de las Naciones Unidas en Guatemala, durante la presentación del informe en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. Barreto afirmó que ese ciclo estuvo marcado por la pospandemia, restricciones financieras y crisis que exigieron una coordinación más estrecha entre instituciones públicas, cooperación internacional, sector privado y sociedad civil.

El funcionario explicó que en 2025 el trabajo conjunto con el Estado permitió que más de 4,5 millones de personas ampliaran su acceso a servicios esenciales. Añadió que la cooperación también fortaleció el Registro Social de Hogares, con la identificación de 250.000 hogares para orientar políticas públicas hacia poblaciones en mayor vulnerabilidad.

La ONU reportó más de 50.000 pisos de concreto y apoyo humanitario para 275.000 personas

Barreto dijo que en 2025 las Naciones Unidas apoyaron al Estado en la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en hogares vulnerables. Señaló que esa intervención alcanzó a 10 municipios que, según expuso en el acto, fueron declarados libres de piso de tierra por el presidente Bernardo Arévalo.

El coordinador residente sostuvo que el efecto de ese programa fue sanitario y social: menos riesgo de enfermedad para niñas y niños, mejores condiciones de vida para las familias y hogares más seguros. Presentó ese resultado como una muestra de que la cooperación no se mide solo por recursos o proyectos, sino por cambios concretos en la vida cotidiana.

En el plano humanitario, Barreto afirmó que la acción apoyada por donantes llegó en 2025 a más de 275.000 personas en situación de alta vulnerabilidad. También indicó que Guatemala puso en marcha la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica, con la participación de cuatro agencias de la ONU, para asistir a más de 67.000 personas antes de que la crisis alimentaria del año pasado alcanzara niveles críticos.

Barreto anunció además una nueva operación con apoyo del Gobierno de Estados Unidos para llegar a 700.000 personas en seis meses. Precisó que el despliegue comenzará el 1 de junio, involucrará a 10 organizaciones —cinco de Naciones Unidas y cinco organizaciones no gubernamentales humanitarias— y trabajará de forma directa en más de 38 municipios con los niveles más altos de vulnerabilidad, también como medida anticipatoria frente al fenómeno de El Niño.

El nuevo marco 2026-2030 prioriza gobernabilidad, pobreza, resiliencia y migración

El bloque central del mensaje de Barreto fue que la coordinación entre agencias no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para generar impacto y eficiencia. En ese punto, vinculó la experiencia guatemalteca con el proceso de transformación del sistema de Naciones Unidas que identificó como UN80, orientado, según dijo, a construir una estructura más eficiente, coherente y capaz de responder a las prioridades reales de los países.

En el balance del ciclo 2021-2025, el funcionario también mencionó apoyo a procesos de transformación digital, fortalecimiento del sistema estadístico nacional, plataformas interoperables y mecanismos de participación ciudadana. Sumó a ello acciones para ampliar el acceso a la justicia, el diálogo con autoridades indígenas, la memoria histórica y la reparación para víctimas del conflicto armado interno, incluidos procesos de recuperación y preservación de archivos y acompañamiento a mecanismos vinculados con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Sobre la etapa que comenzará en 2026, Barreto dijo que el nuevo marco de cooperación firmado en diciembre priorizará cuatro áreas: gobernabilidad democrática y Estado de derecho, desarrollo humano y reducción de pobreza, resiliencia y sostenibilidad, y movilidad humana y migración. Añadió que ese esquema incorporará como ejes habilitadores la transformación digital, el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información, el enfoque territorial, la capacidad de anticipación, la juventud, el empoderamiento de la mujer y la protección de los derechos humanos.

El presidente Bernardo Arévalo dijo en el mismo acto que su gobierno considera a la Organización de las Naciones Unidas un aliado confiable para procesos con impacto concreto en el país. Afirmó que la cooperación ha acompañado iniciativas estatales y sociales, y destacó de manera específica el apoyo a los programas de pisos de cemento, a defensores de derechos humanos, a la libertad de prensa y al diálogo permanente entre el Gobierno de la República y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas en el marco del Fondo de Consolidación de la Paz.

Arévalo sostuvo que el sistema de Naciones Unidas también acompañó la transición que atravesó su gobierno en 2023 y que sigue respaldando el fortalecimiento cotidiano de la institucionalidad guatemalteca. En su discurso, vinculó esos resultados con la necesidad de que la democracia entregue respuestas concretas a la población para sostener la confianza en las instituciones.

El Sistema de Naciones Unidas, Guatemala, iniciará el 1 de junio un plan humanitario de seis meses en 38 municipios para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño, ante la previsión de una canícula prolongada que podría reducir la producción de granos básicos en distintas regiones del país, según explicó el coordinador residente Miguel Barreto durante la presentación del Informe Anual 2025 al presidente Bernardo Arévalo.

La intervención apunta a beneficiar a unas 700 mil personas y se concentrará en zonas vulnerables a la sequía, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, según Barreto. El programa atenderá comunidades clasificadas en fase 3 y fase 4 de vulnerabilidad alimentaria y se ejecutará con diez organizaciones: cinco agencias de la ONU y cinco organizaciones no gubernamentales.

Barreto indicó que el programa cuenta con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, que aportó USD 60 millones al Fondo Regional de Emergencia de OCHA. Con esos recursos, las organizaciones pondrán en marcha proyectos de agua y saneamiento, nutrición, protección y asistencia humanitaria.

“Creemos que estas actividades van a, sin duda, paliar el posible impacto del fenómeno de El Niño, particularmente la situación que vamos a tener probablemente desde el mes de junio, que es una canícula prolongada que va a afectar la producción de granos en el país”, dijo Barreto.

La ONU desplegará transferencias, pozos y brigadas nutricionales en 38 municipios

La respuesta directa al riesgo previsto incluye transferencias económicas para personas de muy bajos ingresos, construcción de pozos y sistemas de abastecimiento de agua, y brigadas nutricionales que recorrerán comunidades para medir la desnutrición y responder de inmediato cuando sea necesario, según Barreto.

El funcionario añadió que el plan también contempla apoyo a familias retornadas mediante asistencia económica y acceso a salud. Las acciones se desarrollarán en municipios de departamentos del corredor seco, entre ellos Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula, de acuerdo con sus declaraciones.

“Hemos recibido una contribución financiera del gobierno de los Estados Unidos por USD 60 millones”, señaló Barreto. Sobre la ejecución territorial, agregó que las actividades “empiezan el primero de junio en estos 38 municipios”.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la entrega y presentación del Informe Anual 2025 de la ONU al presidente Bernardo Arévalo. Ese documento marca, según Barreto, el cierre del ciclo de programación 2021-2025 del sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

La ONU informó una ejecución cercana a USD 1.000 millones durante el ciclo 2021-2025

Durante ese ciclo de cinco años, el sistema de Naciones Unidas acompañó al país con más de 375 iniciativas de desarrollo y una ejecución acumulada cercana a USD 1.000 millones, según Barreto. Solo en 2025, añadió, la ejecución alcanzó casi USD 188 millones.

Barreto sostuvo que en 2025 la ONU apoyó a que más de 4,5 millones de personas ampliaran su acceso a servicios esenciales gracias al trabajo conjunto con el Estado. También afirmó que el acompañamiento al fortalecimiento del Registro Social de Hogares permitió identificar 250 mil hogares y mejorar la capacidad estatal para orientar políticas públicas hacia la población en mayor vulnerabilidad.

Según Barreto, el trabajo del sistema en Guatemala involucró a 25 agencias, fondos y programas, y se apoyó en la coordinación con instituciones públicas, sector privado y sociedad civil. En su intervención, describió ese esquema como una prueba de que la coordinación “no es un fin en sí mismo” sino una herramienta para generar impacto, eficiencia y respuestas efectivas para la población.

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala señaló que los resultados compartidos buscan mostrar cómo la cooperación internacional impulsa el desarrollo sostenible y transforma vidas en todo el país, con énfasis en transparencia, datos y análisis sobre avances hacia un futuro más inclusivo y resiliente.

De acuerdo con el organismo, la intervención fue “otro éxito” para la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y se enmarca en el trabajo conjunto para combatir “el flagelo del narcoterrorismo” en la región, según la misma fuente.

El Ejército y la SGAIA-PNC desmantelan narcolaboratorio en San Marcos

En una actualización, la mañana de este jueves en redes sociales la PNCdeGuatemala, informa que en un operativo conjunto de SGAIA-PNC, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público desbarató un narcolaboratorio en la aldea Zanjón, en San Lorenzo, San Marcos, donde fueron capturadas ocho personas y se incautaron droga, armas, vehículos y dinero.

En el lugar se contabilizaron 117 kilos de cocaína. Los tres inmuebles quedaron sellados por el Ministerio Público.

La acción se realizó como parte del seguimiento de una investigación que ubicó el inmueble donde, según las autoridades, se fabricaba y almacenaba cocaína. Durante el operativo, los implicados intentaron huir, pero fueron neutralizados y capturados.

Los detenidos fueron identificados como Edy “N” (55 años), Alejandro “N” (35), Luis “N” (30), Benilzon “N” (28), Byron “N” (41), Ludwing “N” (48), César “N” (34) e Irma “N” (66), quien fue trasladada bajo custodia a un centro asistencial por quebrantos de salud.

Durante la inspección localizaron equipo usado para la producción de droga: 12 microondas, siete pesas digitales, dos prensadoras hidráulicas, dos máquinas para hacer paquetes, además de mecanismos y químicos para fabricar cocaína. También se hallaron tres caballos, que fueron entregados a las autoridades encargadas de su resguardo.

En otros dos domicilios cercanos, las fuerzas de seguridad localizaron 14 fusiles, cuatro pistolas, 43 cargadores para fusil, 10 cargadores para pistola y 1.346 municiones de distintos calibres, además de 19 teléfonos, nueve radios portátiles y cuatro memorias USB. En cuanto al dinero, se reportaron USD 26.787 y Q74.461, además de 81 pesos mexicanos, y en un vehículo se halló un costal con paquetes de dólares que totalizaron USD 136.024, presuntamente vinculados a la venta de droga.

El Ministerio Público informó que también fueron incautados seis microbuses, 14 vehículos y 12 motocicletas. La droga, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del juzgado correspondiente.

El gobierno de Guatemala desmantela complejo vinculado al tráfico de cocaína cerca de la frontera con México

El Ejército de Guatemala localizó el 26 de mayo en San Marcos un laboratorio de presunta cocaína que el ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz describió en una conferencia transmitida por canales oficiales como el mayor hallado en 15 años, un operativo que, según el funcionario, muestra una estructura capaz de completar en un solo sitio todo el ciclo de producción de la droga y forma parte de una estrategia sostenida para debilitar redes criminales que operan rutas hacia México.

En el primer inmueble intervenido se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos, según detalló Sáenz en la conferencia oficial.

El procedimiento seguía abierto al momento de su comparecencia porque abarcaba tres inmuebles interconectados, según el ministro. Sáenz precisó que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores.

San Marcos integra una franja fronteriza bajo presión del narcotráfico

La información difundida sobre el operativo sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia México. La Agencia Guatemalteca de Noticias señaló que el hallazgo expone infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia ese país.

Sáenz atribuyó el resultado al trabajo de inteligencia coordinado entre el Ejército de Guatemala, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Dirección General de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia Militar. Ante preguntas de la prensa, dijo que esta estructura era investigada desde un año y medio.

La operación Relámpago 10 dejó en Las Cruces, Petén, el decomiso de armas de alto poder, droga y la captura de tres personas, en un despliegue que, según el Ejército de Guatemala, sigue en desarrollo y apunta a golpear a una estructura dedicada al narcotráfico en una zona usada históricamente para el trasiego de ilícitos por su ubicación estratégica.

Uno de los hallazgos de mayor escala fue la erradicación de 252.888 matas de marihuana y la localización de un vivero con otras 200 plantas pequeñas listas para cultivo, de acuerdo con el consolidado oficial citado por el Ejército de Guatemala.

En el lugar también fueron encontradas 39 bolsas con posible marihuana procesada y cuatro paquetes que presuntamente contenían cocaína, que serán sometidos a análisis por las autoridades competentes.

Las acciones comenzaron desde ayer en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, como parte de una coordinación interinstitucional entre el Ejército de Guatemala, el Ministerio Público y fuerzas de seguridad civil, según informó el propio Ejército.

Las diligencias incluyeron allanamientos dirigidos contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

El operativo dejó 13 fusiles, un lanzacohetes y más de 1.280 cartuchos

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron 13 fusiles, una subametralladora calibre nueve milímetros, tres pistolas y un lanzacohetes de 66 milímetros.

El material incautado incluyó además dos silenciadores, 38 tolvas para fusil, una tolva tipo caracol y 1.280 cartuchos de distintos calibres.

El decomiso también alcanzó equipo táctico: siete chalecos tácticos, un chaleco blindado, fundas para arma de fuego, mochilas, prendas pixeladas similares a las usadas en operaciones de campo, un pasamontañas y equipo de comunicación portátil.

Según el texto oficial, el arsenal hallado muestra la capacidad operativa de la estructura investigada.

La respuesta directa al alcance del operativo es esta: las autoridades reportaron tres capturas, entre ellas dos hombres y una mujer, que presuntamente tendrían vínculos con la red criminal bajo investigación.

También incautaron un vehículo tipo pick-up, una placa blindada artesanal, un teléfono celular, una pesa digital y otros indicios que podrían fortalecer las pesquisas del Ministerio Público.

Las fuerzas de seguridad señalaron que este tipo de cultivos ilegales representa una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones criminales que operan en áreas fronterizas y de difícil acceso.

Esa valoración explica el peso que tuvo el hallazgo de las plantaciones dentro del operativo desplegado en Petén.

Las diligencias continúan para impedir la salida de integrantes y de ilícitos

El Ejército de Guatemala informó que los equipos especializados mantienen puestos de control y registro en el área para evitar la movilización de integrantes de la estructura o el traslado de ilícitos. La operación, según la institución, continúa en desarrollo.

De acuerdo con el Ejército de Guatemala, estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno para combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer la seguridad en el territorio nacional. La institución añadió que Relámpago 10 se suma a otros operativos recientes orientados a debilitar redes dedicadas al narcotráfico, al tráfico de armas y a otras actividades ilícitas.

En Petén, la presencia de fuerzas militares y policiales es considerada clave por las rutas que grupos criminales utilizan para movilizar droga hacia otros países de la región.

Las investigaciones avanzan para determinar el alcance de la estructura desarticulada y establecer posibles conexiones con organizaciones internacionales.

En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, dijo que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación.

Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, seguía abierta al momento de su comparecencia.

El Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala presentó avances en la actualización de la Política Nacional de Vivienda y

Asentamientos Humanos, una estrategia que busca atender a familias que viven en condiciones precarias y ampliar su acceso a vivienda digna, segura y funcional con servicios básicos, ordenamiento territorial y opciones de financiamiento.

La política forma parte del marco estatal 2020-2032 y fue diseñada para reducir el déficit habitacional y mejorar los asentamientos precarios en Guatemala. Según el texto oficial, también promueve el desarrollo urbano sostenible y la articulación de políticas públicas, coordinación institucional y fortalecimiento de la planificación territorial.

El proceso de actualización incluyó una mesa técnica de trabajo con representantes del sector público y privado, organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional.

En esa reunión se expusieron los avances del plan de acción de la propuesta de política pública de vivienda y se recibieron aportes de los sectores participantes.

El viceministro Lionel Morfín sostuvo durante la reunión que el déficit habitacional debe atenderse de manera integral, con acceso a suelo, financiamiento, servicios básicos y ordenamiento territorial, y no solo desde la construcción de viviendas. Según el funcionario, esos factores son determinantes para un desarrollo urbano ordenado.

La política apunta a reducir el déficit de vivienda y mejorar barrios precarios

La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos busca responder al crecimiento del déficit habitacional, en especial el vinculado con viviendas que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad.

El documento plantea actuar tanto sobre el déficit cuantitativo, asociado a la falta de casas, como sobre el cualitativo, referido a hogares sin servicios básicos o construidos con materiales precarios.

Entre sus ejes de acción se incluye el mejoramiento integral de barrios, con intervenciones directas en asentamientos informales para dotarlos de servicios, reducir riesgos y mejorar la tenencia de la tierra.

También impulsa nuevos modelos urbanos orientados a proyectos de vivienda social con densificación urbana y conexión con transporte público y fuentes de empleo.

La respuesta central de esta política es esa: el Estado de Guatemala busca no limitar la acción pública a levantar nuevas viviendas, sino integrar suelo, infraestructura, financiamiento, regularización y planificación territorial para reducir el déficit habitacional y ordenar el crecimiento urbano.

El texto oficial indica que la construcción de la propuesta se sometió a diagnósticos técnicos, validación de ejes estratégicos, talleres participativos, coordinación interinstitucional y definición preliminar de programas, metas y líneas de acción. El documento seguirá en revisión hasta su validación final, aprobación y publicación oficial.

El registro de asentamientos informales se usa para priorizar servicios y regularización

A la política se suman el Registro de Asentamientos Informales y el Sistema Integrado de Información de Asentamientos Informales, herramientas que permiten contabilizar estos asentamientos y reunir datos sobre acceso a servicios, tenencia de tierra, riesgos y organización comunitaria.

Según el texto oficial, esa información facilita identificar las necesidades más urgentes de cada población.

El Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda mantiene ese registro a nivel nacional en diversos nodos urbanos, incluida la zona metropolitana de Ciudad de Guatemala. El objetivo es priorizar el otorgamiento de escrituras y servicios.

La política también articula al Gobierno Central, las municipalidades y el sector privado mediante instrumentos financieros y sociales. Entre ellos figura el FOPAVI, descrito en el texto como el brazo ejecutor encargado de otorgar subsidios directos a familias vulnerables para construcción, mejora o habilitación de hogares.

La coordinación con el Sistema de Consejos de Desarrollo, a través de CODEDE/CODEL, aparece además como un mecanismo para asegurar que la vivienda sea compatible con el ordenamiento territorial local. Según el documento, ese esquema busca orientar las acciones del Estado en vivienda, desarrollo urbano y mejoramiento de asentamientos humanos.

El MAGA confirmó que no comprará fertilizantes este año por un recorte de Q58 millones en su presupuesto, una decisión que coincide con advertencias sobre una canícula prolongada y menor lluvia en Guatemala, un escenario que puede golpear la producción agrícola y elevar el riesgo de inseguridad alimentaria, sobre todo entre pequeños productores.

La reducción forma parte de las readecuaciones con las que se financió el subsidio a los combustibles, que se cubrió con Q2 mil millones tomados de distintas carteras, de acuerdo con el texto fuente. En ese ajuste, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación aportó Q58 millones.

La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera Dávila dijo durante una rueda de prensa en el Congreso de la República que no habrá compras con fondos nacionales porque “nos hicieron reducción del presupuesto, entonces con fondos nacionales no hay suficiente”. La funcionaria vinculó esa limitación con la capacidad de respuesta de la cartera ante una posible emergencia climática en los próximos meses.

Rivera Dávila añadió que la utilidad del insumo depende de la lluvia. “La otra cosa es que, si no llueve, realmente los fertilizantes no les sirven a los señores agricultores”, afirmó la ministra.

El Gobierno prioriza alimentos y apoyos focalizados ante una temporada más seca

La decisión responde también a un pronóstico de escasez de lluvia que, se agravará por la presencia de El Niño. Entidades como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología han advertido sobre la probabilidad de una canícula prolongada, con impacto en cultivos de subsistencia y en la producción agrícola nacional, en especial en zonas vulnerables del Corredor Seco.

Las proyecciones agroclimáticas indican que 2026 será relativamente seco y que la canícula será prolongada, por lo que no habría beneficio en adquirir fertilizante. Bajo ese criterio, el ministerio optó por redirigir recursos y preparar otras respuestas ante una eventual crisis alimentaria.

Rivera Dávila explicó que el ministerio ya pidió modificaciones presupuestarias al Ministerio de Finanzas para fortalecer la compra de alimentos y atender emergencias. “Lo que hicimos primero fue ir a hablar con Finanzas y con el señor presidente para decirle que por favor no nos reduzcan más porque tenemos que atender esta emergencia”, dijo la ministra.

La titular del MAGA señaló que la institución trabaja en estimaciones sobre cuántas raciones alimentarias podría entregar a la población afectada, aunque el alcance dependerá de la evolución de la temporada lluviosa y de los recursos disponibles. “Ahorita estamos anticipándonos y es algo que en el país no se había hecho”, sostuvo.

La ministra también reconoció rezagos estructurales en el manejo de suelos y en la planificación agrícola ligada al agua. “Está tarde 20 años lo que se tendría que haber trabajado de suelos y sobre todo cómo diseñamos la agricultura alrededor del agua que es lo más importante”, afirmó.

Donaciones, bioproductos y semillas para zonas con mayor humedad

Aunque no comprará fertilizantes, el ministerio confirmó que Guatemala recibirá una pequeña donación procedente de Marruecos. Rivera Dávila indicó que ese producto se destinará a áreas con humedad suficiente para que pueda usarse y precisó que la cantidad es reducida frente al tamaño del país.

El MAGA tiene mapas de las zonas con condiciones mínimas para repartir fertilizante por vía de donación. Esas áreas son la Franja Transversal del Norte, Petén, algunas zonas de Sololá, Quiché y la Boca Costa.

El ministerio también apuesta por los bioproductos. Según el texto fuente, en abril comenzó la instrucción a líderes, campesinos, promotores y extensionistas para fabricarlos con insumos locales; la formación dura una semana y en 15 días las personas ya podrían producirlos. En Guatemala existe una asociación de tipo federativo que reúne a unas 25 biofábricas, y la iniciativa podría alcanzar al menos a 500 mil agricultores.

El 13 de mayo, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, se conoció que el ministerio comprará semillas de frijol y maíz por medio del Programa Mundial de Alimentos. La adquisición busca fortalecer la producción primaria en áreas donde se prevé menor impacto de El Niño y presencia de lluvia.

Las semillas se distribuirán en Petén, Izabal, Alta Verapaz y Quiché. Según Quintana, se invertirán Q14 millones y se beneficiará a 17 mil agricultores, cada uno con una bolsa de 60 mil semillas de maíz para sembrar una hectárea y 25 libras de frijol para un cuarto de manzana.

La distribución comenzará en agosto, cuando ocurre la producción de segunda y se registra precipitación constante en el norte del país, donde se producen alrededor de 25 millones de quintales de maíz para cubrir la demanda local, de acuerdo con el texto fuente.

Una delegación de Eurofront se reunió con la SAT y el Ministerio de Guatemala para reforzar los controles fronterizos, modernizar los procesos aduaneros y coordinar acciones contra el narcotráfico, en el marco de un programa financiado por la Unión Europea que opera en siete países de América Latina y trabaja sobre cuatro fronteras piloto.

El programa, financiado por la Comisión Europea, tiene como ejes la gestión integral de fronteras, la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Su modelo, según la información oficial, impulsa el aprendizaje entre pares, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de redes de confianza entre instituciones nacionales y organismos internacionales.

Las reuniones se desarrollaron con dos áreas centrales del Estado guatemalteco: la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Gobernación. En ambos casos participó el director de Eurofront, José Antonio Cambronero.

La SAT vinculó la cooperación con la modernización aduanera y la seguridad comercial

En la reunión con la Superintendencia de Administración Tributaria, el superintendente Werner Ovalle afirmó que la alianza con Eurofront permitirá reforzar la capacitación del personal aduanero, mejorar los canales de intercambio de información y promover buenas prácticas internacionales orientadas a una gestión fronteriza moderna.

Según el comunicado oficial de la SAT, el objetivo de esa cooperación es avanzar en la modernización de los controles fronterizos, agilizar el comercio y reforzar la seguridad en las operaciones de ingreso y salida de mercaderías.

Ese tramo de la agenda se concentró en la dimensión aduanera de la frontera: formación, circulación de información y actualización de procedimientos. La institución vinculó esos cambios con una administración más ágil del flujo comercial y con mayores resguardos sobre las operaciones que atraviesan los puestos de control.

Gobernación puso el foco en narcotráfico, crimen transnacional y tecnología

La reunión con el Ministerio de Gobernación se centró en el combate al crimen organizado transnacional. El encuentro se celebró en el Salón Menor de esa cartera y reunió a mandos policiales, delegados internacionales y autoridades vinculadas a la seguridad.

El viceministro Antinarcóticos Víctor Cruz sostuvo que el intercambio de experiencias y estrategias con organismos internacionales amplía la presencia operativa de las fuerzas de seguridad en las fronteras. Según planteó, esos puntos son áreas clave frente al crimen organizado.

Uno de los ejes de la agenda con Gobernación fue la implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad fronteriza y optimizar los mecanismos de control en puntos estratégicos del país.

Las autoridades también expusieron nuevas líneas estratégicas para modernizar las capacidades operativas de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.

El jefe de Dipafront, Teddy Almazán, explicó que los proyectos contemplan fortalecer los controles migratorios y mejorar los mecanismos de análisis de riesgo para detectar posibles actividades ilícitas.

Según detalló, las nuevas herramientas tecnológicas agilizarán los procesos de verificación y reforzarán el trabajo operativo en puestos fronterizos, puertos y aeropuertos.

En esos intercambios también participó el jefe de la SGAIA, Wuilber Arreaga, junto con delegados del programa regional. La presencia de ambas unidades mostró que la cooperación abordó de manera simultánea el control de accesos, el análisis de información antinarcótica y la capacidad operativa en puntos de entrada y salida del país.

El plan nacional prioriza la modernización policial, la inteligencia y los protocolos de comercio

El plan de acciones en Guatemala se organiza en tres líneas: seguridad fronteriza, tecnología para control migratorio e intercambio comercial, con medidas orientadas a reforzar capacidades policiales, modernizar herramientas de inteligencia y actualizar procedimientos aduaneros.

En el eje de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, el programa prevé alianzas estratégicas para fortalecer a la Dipafront (División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos) y a la SGAIA (Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica) de la Policía Nacional Civil.

La línea de tecnología e inteligencia contempla la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar el control migratorio y robustecer la inteligencia interinstitucional.

En comercio exterior, el esquema plantea cooperación con la SAT para actualizar protocolos, la gestión integral y las buenas prácticas en las aduanas del país.

El diputado Edmundo Lemus presentó en el Congreso de Guatemala la iniciativa 6780, una propuesta de ley de dignificación laboral que busca dar estabilidad a trabajadores del sector público contratados de forma temporal mediante su acceso a plazas permanentes, con el argumento de que esa medida también reduciría el costo de las reinstalaciones laborales que ya le han significado al Estado más de Q724 millones.

Según la propuesta presentada por Lemus junto con los congresistas Duay Martínez, Erick Tzún, Luis Rodríguez, Carolina Cifuentes, Greicy de León y Carlos Calderón, todos del bloque Vamos, la iniciativa está dirigida a empleados que acrediten experiencia, capacidad y méritos académicos para optar a una plaza bajo el renglón 011.

Los legisladores sostuvieron que la medida busca abrir el debate sobre la estabilidad laboral en el sector público y mejorar las condiciones de miles de familias guatemaltecas que dependen de esos empleos. Lemus afirmó durante la presentación: “El Estado ha pagado más de Q724 millones en reinstalaciones laborales. Esta iniciativa busca dignificar a los trabajadores y evitar un impacto negativo en las finanzas públicas”.

La propuesta plantea trasladar a personal temporal al renglón 011

La iniciativa 6780 propone que empleados contratados temporalmente, pero que cumplen funciones propias de personal permanente en instituciones del Estado, puedan ser trasladados al renglón 011. El texto presentado indica que el objetivo principal es brindar estabilidad laboral a miles de trabajadores estatales que hoy prestan servicios bajo contratos temporales.

Entre los trabajadores a los que apunta la propuesta figuran servidores públicos considerados esenciales, como maestros, personal de salud y monitores de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El planteamiento, según sus promotores, busca reconocer años de trabajo continuo en dependencias públicas sin acceso a una plaza permanente.

Durante la presentación, Lemus señaló que el proyecto también responde a una lógica de responsabilidad financiera. Explicó que cada año numerosos trabajadores son despedidos y luego reinstalados por la vía legal, un proceso que genera costos millonarios para el Estado.

El diputado Luis Rodríguez sostuvo que la iniciativa pretende “dignificar al trabajador del Estado” y terminar con la incertidumbre que enfrentan al cierre de cada periodo o con la llegada de nuevas autoridades. También dijo que busca evitar “ese vicio que siempre hay” de litigar reinstalaciones, que definió como un derecho de los trabajadores, pero también como una fuente de gasto para el sector público.

Rodríguez agregó que, solo en el último año mencionado durante la presentación, el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales y que existen más de 79 casos que superan el millón de quetzales. Según su explicación, frenar ese egreso permitiría orientar recursos a áreas que describió como urgentes para el país: salud, carreteras e inseguridad.

Diputados de Vamos vinculan la iniciativa con trabajo digno y continuidad laboral

El diputado Duay Martínez afirmó que la propuesta parte de una experiencia conocida por quienes han trabajado para el Estado bajo contratos temporales. Durante su intervención, dijo: “Sabemos lo que sufre cada una de las personas que desarrolla una actividad laboral y que cuando llega el fin de año tiene la zozobra de saber si lo van a contratar o no lo van a contratar el siguiente año”.

Martínez aseguró que hay personas con cinco, 10 y 15 años de trabajo bajo contratos temporales, pese a que realizan actividades permanentes dentro de las instituciones. También sostuvo que la iniciativa busca priorizar “el derecho al trabajo digno” para empleados de distintas dependencias estatales, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Comunicaciones.

El legislador señaló además que, en años recientes, el presupuesto de la República ya incluyó un artículo que obligó al Ministerio de Salud a iniciar la transición de trabajadores desde renglones temporales hacia renglones permanentes. Según Martínez, ese proceso tomó tiempo, pero permitió que parte del personal pasara a plazas permanentes dentro del ministerio.

En su intervención, el diputado también vinculó la discusión con las demandas de alcance nacional impulsadas por maestros, aunque subrayó que el problema no se limita a ese sector. Su planteamiento fue que la estabilidad y el trabajo digno deben abarcar a todos los trabajadores del Estado que hoy permanecen en esquemas temporales mientras desempeñan funciones permanentes.

El Ministerio de Agricultura de Guatemala fijó una veda de atún en el Pacífico oriental con dos períodos de restricción para la pesca de aleta amarilla, barrilete y patudo, según informó el MAGA. La prohibición regirá del 6 de agosto al 8 de octubre de 2026 y del 9 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

La medida quedó establecida en el Acuerdo Ministerial No. 81-2026, publicado este miércoles en el Diario de Centro América. El texto indica que el Gobierno busca “velar por la conservación y aprovechamiento sostenible” de los recursos hidrobiológicos.

¿Qué establece la veda y a quiénes alcanza?

El MAGA precisó que, durante las fechas de restricción, los buques cerqueros deberán suspender sus operaciones de pesca en las zonas delimitadas por la normativa.

El acuerdo abarca capturas de atún aleta amarilla, barrilete y patudo en el Pacífico oriental, de acuerdo con lo publicado en el diario oficial.

Motivos y marco legal de la restricción: La cartera de Agricultura explicó que la disposición responde a compromisos internacionales asumidos por Guatemala, orientados a la protección de especies altamente migratorias y a la sostenibilidad de la actividad pesquera.

La normativa advirtió que el incumplimiento se sancionará conforme la Ley General de Pesca y Acuicultura, con medidas que pueden incluir decomiso de aparejos y del producto pesquero en los casos que correspondan.

Los datos oficiales exponen que los beneficios de implementar vedas y proteger nuestros ecosistemas son fundamentales para el equilibrio del planeta.

Estas medidas permiten garantizar la sostenibilidad marina al proteger los ecosistemas del mar y los estuarios, lo que asegura su supervivencia futura y preserva su valiosa diversidad genética.

Asimismo, resultan cruciales para cuidar a las especies más vulnerables, defendiendo a las poblaciones en riesgo o peligro de extinción y enfocándose en la conservación de los entornos naturales que son vitales para evitar su desaparición.

Por otro lado, estas acciones funcionan como un escudo para blindar las áreas protegidas, poniendo a salvo las zonas marinas de cualquier impacto negativo o daño causado por actividades que se realizan fuera de ellas.

Al mismo tiempo, ayudan a fomentar el conocimiento y el ecoturismo, haciendo más comprensible el funcionamiento de estos entornos para impulsar la educación ambiental, la concienciación y el turismo responsable.

Cifras de exportación de atún de Guatemala

De enero a noviembre de 2025, Guatemala alcanzó exportaciones pesqueras por 866 millones 774 mil 831 quetzales (USD 113,303,899.59) en ventas de pescado, atún y camarón, de acuerdo con registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) citados por la AGN.

La Unión Europea fue el principal destino, con 225 exportaciones por 536 millones 282 mil 275 quetzales (USD 70,102,258.17), según el MAGA a través del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) y la Dirección de Inocuidad de Alimentos.

De acuerdo con esos registros, Taiwán recibió 38 exportaciones por 30 millones 869 mil 714 quetzales (USD 4,035,256.76), mientras que a otros países se realizaron 943 exportaciones por 299 millones 622 mil 842.64 (USD 39,166,384.66).

En el periodo, el país efectuó 1.206 exportaciones de estos productos. El MAGA atribuyó el resultado al cumplimiento de estándares sanitarios y a acciones para fortalecer la inocuidad, la trazabilidad y la competitividad de la producción nacional, según la AGN.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala pidió a Estados Unidos apoyo para intensificar su combate al narcotráfico con capacitación, equipo, expertos e intercambio de inteligencia, una cooperación que, según dijo en una rueda de prensa, no incluye por ahora operaciones militares de tropas estadounidenses en territorio guatemalteco y por eso no requiere aprobación del Congreso.

La solicitud, explicó Arévalo, será pública “en breves minutos” a través de una carta enviada por el ministro Sáenz al “secretario de Guerra de los Estados Unidos”, y su duración dependerá de que el Gobierno mantenga estos esfuerzos contra los cárteles. También precisó que el Ejecutivo aún espera la respuesta de Washington.

La aclaración llegó después de que un periodista citara una publicación de The New York Times sobre la posibilidad de operaciones conjuntas entre el Ejército de Guatemala y el de Estados Unidos dentro del país para combatir organizaciones de narcotráfico. Arévalo respondió que el Gobierno mantiene una estrategia contra las drogas “desde nuestro primer día, desde el año 2024” y que la nueva gestión busca reforzar mecanismos ya existentes entre ambos países.

La solicitud contempla asistencia, inteligencia y planificación, no despliegue de tropas

Arévalo sostuvo que lo pedido al Gobierno de Estados Unidos se concentra en cuatro áreas: acceso a equipo, capacitación, apoyo de expertos para la planificación de operaciones a nivel estratégico y táctico, e integración e intercambio de inteligencia. Según el presidente, esa asistencia se enmarca en acuerdos bilaterales ya vigentes.

Ante preguntas sobre la llegada de soldados estadounidenses, el mandatario fue explícito. “El gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo”, dijo, y añadió que la colaboración requerida consiste en “capacitación, entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación de operaciones a nivel estratégico y a nivel táctico, apoyo en inteligencia y en intercambio de inteligencia”.

El presidente también explicó que, de acuerdo con la Constitución, el ingreso de ejércitos extranjeros o la realización de operaciones militares de ese tipo en el país solo puede ser autorizado por el Congreso de la República con el voto de dos terceras partes. Por esa razón, insistió en que lo planteado por su Gobierno no entra en esa categoría.

En otro momento de la conferencia, Arévalo resumió la diferencia entre la versión periodística y la posición oficial con una frase breve: “No hay un acuerdo, hay una solicitud”. Según dijo, esa petición se ajusta a los convenios existentes entre ambos países y a la legislación guatemalteca.

Arévalo vinculó el pedido con operativos recientes en Petén, San Marcos y las fronteras

Para justificar la petición a Estados Unidos, Arévalo mencionó acciones recientes de su administración contra el narcotráfico. Citó la captura de armas en Las Cruces, en Petén; el desbaratamiento de lo que el Gobierno cree que es el laboratorio de drogas más grande localizado en Ayutla, San Marcos; y el número de capturados y extraditados.

También afirmó que Guatemala ya ha recibido cooperación estadounidense en interdicción marítima de drogas. Según el presidente, en los últimos años el país obtuvo lanchas y otros equipos, y la intención actual es intensificar esa colaboración a partir de la “determinación del Gobierno norteamericano” en esta materia.

Consultado sobre la posibilidad de bombardeos o acciones como las mencionadas por un periodista al referirse a Ecuador, Arévalo respondió que no conoce el acuerdo firmado por ese país con Estados Unidos. Sobre Guatemala, reiteró que las operaciones previstas se limitan a entrenamiento, equipo, expertos en planificación e integración de inteligencia.

El mandatario también rechazó que la colaboración solicitada abra la puerta a violaciones de derechos humanos. “La mejor defensa contra cualquier violación de los derechos humanos es el respeto y el compromiso nuestro con las leyes de la República y con la legislación vigente”, afirmó.

En el intercambio final, un periodista le planteó si Estados Unidos había sido un aliado incompleto para Guatemala por supuestas injerencias en otros asuntos internos. Arévalo separó ese cuestionamiento del tema de seguridad y respondió que, en el combate al narcotráfico, la cooperación con Estados Unidos ha sido “excelente” y que ha permitido entregar resultados que, según dijo, no se habían conseguido antes en esta materia.

El 27 de mayo se publicó la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana elaborada por la Fundación Libertad y Desarrollo en alianza con CID Gallup, documento que evidenció una fuerte alarma en el contexto social y económico de Guatemala.

El estudio, que recogió datos entre el 7 y el 20 de mayo de 2026, describe a una ciudadanía marcada por la preocupación ante el rápido aumento de los precios de productos básicos y un profundo pesimismo respecto al rumbo del país, situando al costo de vida como el mayor desafío en los hogares.

Según el informe, el 76% de los consultados considera que la nación sigue un “rumbo equivocado”, mientras solo el 19% cree que avanza en la dirección “correcta”.

Esta percepción negativa permanece en niveles históricamente altos, con mínimas variaciones respecto a las cifras de principios de año, lo que da cuenta de un escepticismo persistente en la sociedad guatemalteca.

El aspecto más alarmante del informe es el repunte vertical del costo de vida como la mayor preocupación de las familias guatemaltecas. Un 39% de los encuestados lo señala de forma espontánea como su principal problema personal, lo que representa un dramático incremento de 11 puntos porcentuales en comparación con el 28% registrado en enero del presente año.

Este crecimiento ha desplazado del primer lugar a la inseguridad ciudadana, la cual bajó del 32% al 24% en el mismo periodo; un cambio que los analistas atribuyen no a un cese real de la delincuencia, sino a que la presión inflacionaria diaria se ha vuelto una urgencia mucho más asfixiante.

El desempleo (13%) y los problemas crónicos de tráfico y movilidad (4%) completan el cuadro de las principales inquietudes.

Al profundizar en esta materia, un contundente 62% de la población asegura que, en comparación con hace cuatro meses, el costo de la vida “ha aumentado mucho”. Esta cifra revierte la tendencia a la baja que se experimentaba a finales de 2025 (47%) y enero de 2026 (42%), evidenciando un repunte inflacionario severo en el último trimestre.

Sin embargo, este impacto económico no afecta a todos por igual. El análisis demográfico y desagregado revela una clara brecha de género y vulnerabilidad. Las mujeres experimentan con mayor rigor la crisis de precios: el 70% de las ciudadanas afirma que el costo de la vida ha subido mucho, una cifra que se eleva hasta el 72% cuando se analiza exclusivamente a los hogares con jefatura femenina. Son ellas quienes mayoritariamente administran los presupuestos del hogar y enfrentan directamente el alza en los mercados.

Contraste en la economía familiar: Presente polarizado y un futuro de expectativa

Al evaluar la situación económica particular de los miembros del hogar en comparación con el año pasado, la opinión pública se encuentra dividida. Un 44% considera que su situación está “mejor o mucho mejor”, mientras que un 42% sostiene que está “peor o mucho peor”, dejando apenas un 14% en la categoría de “igual”.

La segmentación por edades muestra que la juventud (18 a 24 años) es la más optimista, con un 60% reportando mejoras, mientras que las personas mayores de 40 años reflejan el impacto más duro, con un 54% que afirma estar peor que hace un año.

A pesar de las dificultades presentes, los guatemaltecos preservan una dosis de resiliencia de cara al futuro. El 50% proyecta que la economía de su hogar estará mejor dentro de un año, impulsado principalmente por las expectativas del segmento joven (64%). Asimismo, un 47% vislumbra mejores posibilidades para la adquisición de bienes durables (muebles, electrodomésticos), superando al 42% que cree que sus condiciones empeorarán para estos fines.

En conclusión, los datos recopilados configuran un panorama de alta presión para los tomadores de decisiones públicos y privados. La disparidad entre el esfuerzo de las familias por mantenerse a flote y la percepción de un rumbo nacional equivocado subraya la urgencia de implementar políticas enfocadas en la estabilización de precios, la generación de empleo formal y el fortalecimiento de la certidumbre económica en el país.

Guatemala, a través del Plan Makira, puso en marcha operativos masivos y sorpresivos para fiscalizar cerca de empresas inscritas bajo el amparo del Decreto 29-89, con el objetivo de verificar el cumplimiento de derechos laborales, salarios conforme a la ley y cobertura de seguridad social en sectores exportadores, de maquila y de servicios.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que realizó 20 inspecciones laborales en obras de construcción de la ciudad de Guatemala por la alta incidencia de accidentes de trabajo reportados en ese sector. Según la cartera, esas diligencias buscaron revisar las condiciones laborales, las obligaciones patronales y las medidas de salud y seguridad ocupacional.

En el Plan Makira participan los ministerios de Trabajo y Economía, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Policía Nacional Civil. La estrategia se concentra en maquilas, fábricas de empaques, cartón y papel, empresas agroexportadoras y del sector acuícola, además de centros de llamadas y compañías de servicios BPO.

El operativo responde a una pregunta central: qué controlan las autoridades en estas inspecciones. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los inspectores verifican que los empleados reciban prestaciones laborales, salario mínimo, pago de horas extras y bonificaciones, además de acceso a seguridad social.

La inspección se concentró en empresas exportadoras y maquilas amparadas por el Decreto 29-89

Como parte de esas acciones, se realizó una diligencia de inspección laboral en la empresa AB Textiles Aparel, S.A., ubicada en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esa verificación se hizo en el marco del Plan Makira sobre empresas exportadoras y de maquila amparadas por el Decreto 29-89 del Congreso de la República.

La diligencia fue desarrollada por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con SAT, IGSS, MINECO y MINGOB por medio de la PNC. Según la cartera laboral, el operativo interinstitucional es impulsado por el ministerio a través de la Inspección General de Trabajo.

El objetivo principal del plan, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es verificar el cumplimiento de los derechos laborales y de las normas de salud y seguridad ocupacional. Esa supervisión incluye la revisión del uso de equipo de protección adecuado, la seguridad de las instalaciones y la existencia de protocolos de prevención de riesgos.

Las inspecciones también abarcan la prevención de abusos en los centros de trabajo. Según la información oficial, los operativos buscan garantizar la no discriminación laboral, la igualdad de remuneración y la erradicación del trabajo forzado.

El Ministerio de Trabajo habilitó la línea 1511 para asesoría y denuncias

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social indicó que las personas que requieran asesoría, quieran denunciar irregularidades o busquen información sobre sus derechos laborales pueden comunicarse a la línea de atención al ciudadano 1511. La cartera también informó que atiende en su sede central, ubicada en la 7a. avenida 3-33, zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Sobre los controles en construcción, la Inspección General de Trabajo señaló que esas 20 inspecciones forman parte de estrategias permanentes de vigilancia y cumplimiento. Según el ministerio, el propósito es fortalecer la prevención de riesgos laborales, promover entornos de trabajo seguros y dignos y proteger la integridad de las personas trabajadoras en ese sector.

Guatemala acordó con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra el narcotráfico dentro de su territorio, una decisión que, según tres personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times, amplía la campaña militar del gobierno de Donald Trump en América Latina y forma parte de una estrategia para aumentar la presión regional sobre México.

Las operaciones podrían comenzar ya el próximo mes, según dos de esas fuentes citadas por The New York Times. Esas mismas personas dijeron que el objetivo más amplio de la Casa Blanca es normalizar la presencia militar estadounidense en la región para ganar influencia sobre México.

La semana pasada, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo aceptó ataques aéreos y otras acciones militares durante una llamada con el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth, según dos de las personas familiarizadas con el diálogo citadas por The New York Times. El alcance exacto de las otras actividades militares no estaba claro.

La oficina de Arévalo confirmó en una declaración a The New York Times que Guatemala presentó formalmente una solicitud de “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico” en una carta dirigida a Hegseth.

La presidencia guatemalteca añadió que Arévalo y Hegseth hablaron por teléfono el 19 de mayo para cerrar los términos, aunque no difundió detalles específicos.

Guatemala se encamina a ser el segundo país de la región con operaciones militares conjuntas

Si el acuerdo entra en vigor, Guatemala se convertirá en el segundo país de América Latina que permite acción militar conjunta contra grupos criminales dentro de sus fronteras, según The New York Times. Ecuador aceptó un arreglo similar a comienzos de este año.

Bajo ese esquema, las fuerzas estadounidenses asesoran y asisten a militares ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntos grupos de narcotráfico, según The New York Times.

El medio señaló que esas organizaciones han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina.

El nuevo entendimiento responde a una política más amplia del gobierno de Trump para conseguir que más países latinoamericanos acepten operaciones conjuntas en sus territorios, según The New York Times.

Uno de los próximos objetivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos es Honduras, de acuerdo con dos personas familiarizadas con esos planes citadas por el diario.

La presión sobre Guatemala y Honduras apunta a modificar la posición de México

El gobierno de Trump concentra parte de sus esfuerzos en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico, según dos de las fuentes citadas por The New York Times.

Washington ha intentado obtener presencia sobre el terreno y autorización para ataques con drones, pero la presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó esas solicitudes, según esas mismas personas.

La estrategia es impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, y por Joseph Humire, por ahora principal responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina, según dos de las personas familiarizadas con el plan citadas por The New York Times.

Miller encabeza una reunión bimensual llamada reunión de “victorias”, en la que distintas agencias gubernamentales informan sus logros recientes, según dos de esas personas y otra conocedora de esos encuentros citadas por The New York Times.

En esas sesiones, el Pentágono suele figurar entre las dependencias con más resultados por la cantidad de personas muertas en ataques contra embarcaciones, de acuerdo con esas fuentes.

Centroamérica y República Dominicana afrontarán entre mayo y julio de 2026 lluvias irregulares, temperaturas por encima del promedio y una canícula más intensa y prolongada. El escenario fue proyectado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en su último boletín, elaborado con base en el LXXX Foro del Clima de América Central y análisis de los servicios meteorológicos nacionales.

El informe del SICA prevé precipitaciones entre normales y por debajo de lo habitual en la mayor parte de la región, aunque algunas áreas podrían tener acumulados superiores al promedio histórico. También anticipa un inicio irregular de la temporada lluviosa, con posibles adelantos en el norte y retrasos en el sur, en especial en Costa Rica y Panamá.

Los modelos internacionales citados en el boletín advierten que la fase neutral del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) podría evolucionar hacia condiciones de El Niño durante el trimestre, con mayor probabilidad de períodos secos intraestacionales y cambios en los patrones de precipitación y temperatura.

Pronóstico de lluvias por país y zonas con mayor riesgo

Según el detalle incluido por el SICA, Belice; el centro y sur de Guatemala; la mayor parte de El Salvador y Honduras; además de zonas del Caribe y del norte de Costa Rica y algunas regiones de Panamá, se ubican dentro del rango de lluvias normales para el trimestre.

En cambio, el occidente y la bocacosta de Guatemala; zonas orientales y occidentales de El Salvador; áreas fronterizas de Honduras; la vertiente del Pacífico y zonas centrales y del norte de Costa Rica; y gran parte de la República Dominicana, enfrentarían precipitaciones por debajo de lo normal, de acuerdo con el boletín regional. El documento consignó que no hay información climática detallada para Nicaragua en este período.

Recomendaciones para el agro ante déficit de lluvias y más calor

El SICA planteó que el sector agropecuario mantenga un seguimiento continuo de los reportes climáticos y refuerce la coordinación con servicios técnicos y ministerios de Agricultura, especialmente en áreas con señales de déficit de lluvia.

Para las zonas con menor precipitación, el boletín recomendó ajustar fechas de siembra, priorizar variedades tolerantes al estrés hídrico, fortalecer la conservación de agua y suelo, reforzar la vigilancia fitosanitaria y evitar quemas agrícolas. En ganadería, sugirió garantizar agua para el ganado, ajustar la carga animal, asegurar sombra y vigilar la salud animal por el riesgo de enfermedades asociadas al estrés térmico.

Medidas en zonas con lluvias superiores al promedio

En las áreas donde el boletín del SICA prevé lluvias por encima de lo normal, las recomendaciones incluyeron mantener canales y drenajes limpios, proteger la infraestructura agrícola ante episodios de precipitación intensa, evitar labores en suelos saturados y reforzar el monitoreo de enfermedades favorecidas por la humedad.

Para el sector pecuario en estas zonas, el informe aconsejó asegurar áreas secas, mantener la calidad del agua y del forraje, y revisar caminos internos y accesos en fincas con riesgo de anegamiento.

El Consejo Agropecuario Centroamericano, citado en el boletín regional, instó a trabajar de forma conjunta y a sostener medidas preventivas orientadas a proteger cultivos y ganado y a mantener la disponibilidad de recursos naturales.

El documento agregó que la vigilancia climática, la gestión territorial preventiva, la capacitación técnica y la articulación institucional son ejes para mejorar la capacidad de adaptación del sector agropecuario ante la variabilidad climática prevista para los próximos meses.

En la aldea San Miguelito, ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este miércoles sobre la captura de Luis Alberto J., de 36 años, señalado como el presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera. Según el informe oficial de la PNC, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de turno por el delito de femicidio.

La investigación, desarrollada por la Sección de Delitos Contra el Femicidio, determinó que el 17 de noviembre de 2025, Luis Alberto J. recogió a la adolescente en una motocicleta cuando ella salía del colegio en el centro de Guazacapán, departamento de Santa Rosa.

De acuerdo con el reporte policial, la menor, quien vestía su uniforme escolar y portaba una mochila, aceptó acompañar al adulto. Las pesquisas establecen que el trayecto continuó hasta una finca situada en la aldea El Astillero, en el mismo municipio.

Días después de la desaparición, familiares y autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa, donde el cadáver se encontraba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. A pocos metros, los investigadores encontraron una mochila con cuadernos forrados, un peine y un dije plateado con una imagen religiosa, objetos que fueron reconocidos por allegados a la víctima. El caso generó consternación en la comunidad educativa y en los habitantes de la región, quienes exigieron respuestas a las autoridades.

La PNC detalló que, gracias a labores de inteligencia y el análisis de grabaciones obtenidas de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, fue posible reconstruir los movimientos y las rutas utilizadas por el presunto agresor. Estas pruebas permitieron sustentar la solicitud de orden de captura y fortalecer la hipótesis de la participación directa de Luis Alberto J. en los hechos investigados. La institución policial subrayó que la detención representa un avance en la lucha contra el femicidio y ratificó el compromiso de continuar combatiendo la impunidad en estos delitos.

Durante el operativo de captura, los agentes incautaron un teléfono móvil y una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar 125, color negro con franjas multicolor. Según la orden judicial, este vehículo está sujeto a secuestro como parte de la investigación, ya que habría sido utilizado para trasladar a la víctima el día de su desaparición. Las autoridades también evalúan la información almacenada en el dispositivo móvil para obtener nuevos elementos probatorios o identificar posibles cómplices.

Investigación policial y colaboración ciudadana en la captura del sospechoso

En declaraciones recogidas por la Policía Nacional Civil, se informó: “La investigación incluyó el análisis de las rutas y los tiempos de desplazamiento del sospechoso, así como la identificación de testigos y la recolección de evidencias materiales halladas en el lugar del hallazgo”. Además, la PNC reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y solicitó a quienes posean información adicional que la aporten por los canales oficiales.

En el operativo participaron unidades de investigación criminal, agentes uniformados y representantes del Ministerio Público, quienes coordinaron las acciones para asegurar la integridad del procedimiento y la preservación de la cadena de custodia de las evidencias.

La más reciente encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, en colaboración con la firma CID Gallup, publicada en mayo de 2026, muestra entre sus análisis, la disposición de la población guatemalteca a migrar si contara con los recursos necesarios, así como los países que elegirían como destino.

Según el citado estudio, el 27% de los guatemaltecos considera “muy probable” dejar el país si tuviera los medios económicos para hacerlo y un 16% lo ve “algo probable”.

En contraste, el 14% considera “poco probable” migrar, mientras que el 42% afirma que no lo haría bajo ninguna circunstancia. Estos porcentajes reflejan que más de cuatro de cada diez guatemaltecos mantienen abierta la opción de emigrar si las condiciones económicas se lo permitieran.

No obstante, los resultados muestran una leve disminución en la intención de migrar respecto a inicios de 2026, cuando la proporción de quienes decían que “nada probable” emigrarían llegó a 49%. Sin embargo, la disposición a migrar se mantiene relevante, especialmente en ciertos grupos de la población.

¿Quiénes piensan emigrar?

El deseo de migrar es más alto entre quienes residen en el área metropolitana, donde el 32% respondió que sería “muy probable” que emigrara si tuviera los recursos.

La tendencia es similar entre los jóvenes de 25 a 39 años, con un 32%, y entre los de 18 a 24 años, donde el 28% manifestó esta intención. El porcentaje baja a 21% entre las personas de 40 años o más.

El nivel educativo influye de manera notable: el 36% de quienes tienen educación superior consideran “muy probable” migrar, frente al 29% con secundaria y el 22% con primaria. Además, la percepción sobre la situación económica del hogar juega un papel importante.

El 28% de quienes perciben que su situación es “peor” que antes ven la migración como una alternativa real, mientras que solo el 19% de quienes consideran que su situación es “mejor” comparten ese sentimiento.

¿A dónde migrarían los guatemaltecos?

De igual manera, entre quienes consideran probable la migración, el destino preferido es Estados Unidos, que concentra el 55% de las menciones en el mes de mayo de 2026.

Por su parte, Canadá ocupa el segundo lugar con el 15%, seguido de España con el 12%.

Al mismo tiempo es importante destacar que la preferencia por EE. UU. ha sido constante en los últimos años, aunque ha disminuido respecto a 2024, cuando alcanzó el 76%.

De igual manera, las razones principales para considerar la migración siguen estando vinculadas a factores económicos.

El 37% menciona la mala situación económica, incluyendo bajos salarios y falta de empleo, como la motivación principal. Mientras que, el 30% busca mejores salarios o trabajos.

Otros factores relevantes son el deseo de escapar del crimen y la violencia (8%), la percepción de falta de oportunidades en el país (8%) y la intención de reunirse con familiares en el extranjero (7%).

Por último, el interés por estudiar o acceder a una mejor educación motiva al 6% de los encuestados, mientras que solo un 2% menciona la atención médica como factor clave.

La Sala Primera de Mayor Riesgo de Guatemala concedió un amparo y dejó en suspenso el levantamiento del embargo sobre la finca El Nacimiento, un inmueble vinculado al expresidente Alejandro Giammattei. El Ministerio Público informó que recibió la notificación este miércoles 27 de mayo y que la medida mantiene bloqueada cualquier transacción mientras sigue la investigación.

El amparo revierte, de forma provisional, la decisión del Juzgado de Extinción de Dominio que el 21 de mayo había ordenado retirar las medidas cautelares. La Fiscalía de Extinción de Dominio planteó la acción al sostener que persisten dudas sobre el origen del dinero usado para adquirir y desarrollar la propiedad.

La finca está ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez. Según el Ministerio Público, el inmueble está valuado en USD 5 millones y forma parte de un expediente por posible origen ilícito de fondos, por lo que el Estado busca evitar que el bien cambie de manos antes de que avance el proceso judicial.

¿Qué resolvió la Sala y por qué se reactivó el embargo?

El Juzgado de Extinción de Dominio había autorizado el 21 de mayo el levantamiento de las medidas cautelares y habilitó la libre disposición del inmueble. Tras esa resolución, la Fiscalía de Extinción de Dominio promovió el recurso de amparo, que fue admitido por la Sala Primera de Mayor Riesgo, según la comunicación oficial del Ministerio Público.

Con la nueva decisión, queda sin efecto el fallo anterior y se ordena mantener el embargo mientras se determinan los hechos y se define si corresponde un decomiso en el marco del proceso de extinción de dominio, indicaron las autoridades.

El expediente sobre la finca comenzó en mayo de 2025, cuando el Juzgado de Extinción de Dominio decretó el embargo preventivo. El terreno tiene unas 100 manzanas (70 hectáreas), incluye una mansión, una plantación de café y otras construcciones, de acuerdo con información citada por Prensa Libre.

Según el Ministerio Público, la valuación asciende a USD 5 millones, equivalentes a Q38,25 millones, con base en una tasación independiente realizada por un arquitecto. En noviembre de 2025, las autoridades informaron que dentro del predio identificaron la plantación cafetalera y documentaron características de la residencia, con acabados de lujo.

Las pesquisas señalan que la propiedad habría sido adquirida por una sociedad anónima sin actividad tributaria informada y que, según el Ministerio Público, mantiene vínculos con el expresidente Alejandro Giammattei. La hipótesis de los investigadores apunta a que esa sociedad no registraba movimientos económicos compatibles con una compra de ese monto.

El Ministerio Público sostuvo, en declaraciones recogidas por Prensa Libre, que la investigación sigue activa y que continúa el análisis de información financiera y registral de las sociedades involucradas. El objetivo del embargo, añadió, es impedir maniobras que puedan dificultar un decomiso eventual si se comprueba el uso de fondos ilícitos.

Reacciones y estado actual del expediente

Hasta el momento, ni el expresidente Giammattei ni representantes de la sociedad señalada hicieron declaraciones públicas sobre la restitución del embargo, según lo informado por Prensa Libre.

Con la medida vigente, la finca queda sujeta a control cautelar y no puede ser vendida ni transferida mientras el proceso continúa en las instancias judiciales correspondientes. El caso se mantiene con reserva parcial por tratarse de una investigación en curso, según el mismo medio.

Guatemala podría sumar 20 mil toneladas de aguacate Hass fresco hacia 2028 si logra reducir las barreras que frenan la competitividad del sector, en un escenario marcado por mayor demanda internacional, exigencias crecientes de sostenibilidad y trazabilidad, y la presión del cambio climático sobre los modelos productivos.

Ese potencial se apoya en una base ya instalada: el país tiene más de 13,217 hectáreas sembradas y una tendencia de crecimiento de 15% aproximado para los próximos 10 años, según el texto fuente. La expansión, de acuerdo con el Comité de Aguacate de AGEXPORT, depende de mejorar productividad, logística, cumplimiento normativo y apertura de mercados.

En 2025, las exportaciones de aguacate guatemalteco alcanzaron USD 17 millones, con un alza de 3% frente al año anterior, según BANGUAT. El resultado, aunque positivo, refleja que el desempeño del país todavía puede crecer si se reducen los obstáculos que afectan la operación del sector.

“Tenemos sectores con enorme potencial, como el aguacate, pero ese potencial necesita un entorno que acompañe su crecimiento. La competitividad no se construye solo desde las empresas; requiere decisiones país, visión de largo plazo y acciones concretas que nos permitan pasar de las barreras a las soluciones”, afirmó Amador Carballido, director general de AGEXPORT.

El sector busca nuevos destinos en Asia para vender aguacate de mayor valor

La estrategia de crecimiento no se limita a producir más. El Comité de Aguacate de AGEXPORT trabaja en la apertura de nuevos mercados de exportación, con foco en Asia, especialmente en Corea del Sur y Taiwán, y mantiene la exploración de oportunidades en Japón y otros destinos estratégicos, según el texto fuente.

Hoy, los principales mercados del aguacate guatemalteco son Países Bajos, Reino Unido, El Salvador, Costa Rica y Honduras. La diversificación, según el Comité, apunta a colocar la fruta en destinos de mayor valor y ampliar la base de clientes.

“Los consumidores asiáticos muestran una creciente preferencia por alimentos saludables y naturales, lo que representa una oportunidad estratégica para el aguacate guatemalteco. Ingresar a estos mercados no solo amplía la base de clientes: fortalece la capacidad del sector de competir con sostenibilidad y visión de largo plazo”, aseguró Freddy Hochstetter, presidente del Comité de Aguacate de AGEXPORT.

Hochstetter explicó que el Comité construye alianzas con instituciones de gobierno, sector privado, academia, investigación y cooperantes internacionales.

En paralelo, el sector impulsa la identificación de oportunidades comerciales, la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, el manejo integrado de plagas, la certificación de fincas, la trazabilidad, la investigación y la industrialización.

El V Congreso Nacional de Aguacate reunirá a más de 500 actores de la cadena

Como parte de esa agenda, el Comité de Aguacate de AGEXPORT realizará el V Congreso Nacional de Aguacate el 18 y 19 de junio en la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. El encuentro busca reunir a los actores de la cadena de valor para generar soluciones y coordinar esfuerzos orientados a fortalecer la competitividad del sector.

El evento convocará a productores, exportadores, técnicos y profesionales de la industria aguacatera para conocer tendencias en producción, tecnología aplicada y modelos de gestión desarrollados en países líderes del sector, según AGEXPORT.

La agenda incluye conferencias especializadas con expertos, un piso de exhibición de proveedores de insumos y servicios, espacios de relacionamiento profesional y giras de campo en fincas que sirven como referencia en prácticas orientadas a resultados productivos y sostenibles.

Se espera la asistencia de más de 500 personas, de acuerdo con AGEXPORT. La organización plantea que esa participación permitirá fortalecer capacidades en campo, elevar estándares de calidad y convertir conocimiento técnico en mejores resultados productivos y comerciales.

“El Congreso busca convertirse en una plataforma para acelerar soluciones. Porque fortalecer la industria aguacatera no solo implica producir más, sino construir un entorno que permita hacerlo mejor, con competitividad y visión de largo plazo”, concluyó Marco Quilo, presidente del Comité Organizador del V Congreso Nacional de Aguacate de AGEXPORT.

La encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo muestra que la gestión de Bernardo Arévalo enfrenta más rechazo que apoyo en Guatemala: el 5% la califica como “muy buena”, el 25% como “buena” y el 52% la evalúa de manera negativa. El sondeo también registra desconfianza electoral de cara a 2027 y una crisis de representación partidaria.

La diferencia entre opiniones positivas y negativas deja un saldo de -22, según los datos del estudio, que ubica el clima social en un escenario de pesimismo sobre el rumbo del país y la economía familiar.

En la medición, la aprobación formal de la administración llega al 41% y la desaprobación al 54%. El relevamiento también señala que solo uno de cada cuatro consultados cree que el Ejecutivo podrá resolver la principal preocupación de su familia.

Aprobación presidencial y evaluación por áreas de gestión

La Fundación Libertad y Desarrollo informó que el 36% considera que el presidente actúa “casi siempre” o “siempre” en beneficio del pueblo. En el mismo sondeo, la opinión pública exhibe un desgaste en la credibilidad del Ejecutivo.

En la evaluación sectorial, educación concentra el mayor nivel de aprobación con 49%. Le siguen empleo (40%), salud (34%), lucha contra la corrupción (29%) y seguridad (28%), de acuerdo con los resultados del estudio.

Interés por la política y crisis de representación partidaria

El 68% de los encuestados dijo mantener algún grado de interés por la política. En paralelo, el 90% afirmó no identificarse con ningún partido político, un dato que la Fundación Libertad y Desarrollo asocia con el desencanto hacia la representación tradicional.

En el ranking de imagen pública, Arévalo registra una valoración positiva del 40%, seguido por Ernesto “Neto” Bran, Sandra Torres y Carlos Pineda, según el sondeo. El Congreso aparece como una de las instituciones peor evaluadas: solo el 12% aprueba la labor de los diputados, una cifra que el estudio señala como estable desde 2022.

La preferencia por la democracia alcanza al 41% de los consultados. El relevamiento también encontró que el 18% aceptaría un gobierno autoritario en ciertas circunstancias, un indicador que el informe vincula a la frustración institucional.

Desconfianza electoral hacia 2027 y demandas al próximo presidente

De cara a las elecciones de 2027, el 68% dijo dudar de la limpieza y transparencia del próximo proceso, según la Fundación Libertad y Desarrollo. Apenas el 8% expresó plena confianza en que habrá comicios justos, un dato que el estudio presenta como un desafío para la legitimidad de las futuras autoridades.

Sobre el panorama de candidaturas, el 23% considera que existen “algunos buenos candidatos”. Entre las cualidades más valoradas para el próximo presidente figuran firmeza contra la delincuencia (39%), honestidad y lucha contra la corrupción (37%) y capacidad para gobernar (31), de acuerdo con el relevamiento.

Entre las prioridades sociales, el sondeo ubicó en primer plano aumentar el salario mínimo (49%), controlar precios de productos básicos (45%), mejorar la infraestructura vial (35%) y construir escuelas y hospitales (32%). También se mencionan, según el informe, la necesidad de perseguir la corrupción, reducir el tamaño del Congreso y atraer nuevas empresas.

Malestar social, economía familiar y migración

La Fundación Libertad y Desarrollo describió un clima de pesimismo sobre el rumbo nacional y la situación económica de las familias, con la inseguridad y el rechazo a las élites políticas como factores transversales a distintos sectores sociales.

El estudio también sitúa la migración como una respuesta sostenida a problemas vinculados con el empleo y la violencia. En ese marco, el informe señala que la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, divide opiniones en la sociedad guatemalteca.

El procedimiento seguía abierto al momento de la conferencia porque abarcaba tres inmuebles interconectados, según Sáenz. El ministro precisó que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó en su cuenta oficial de X que las fuerzas combinadas desmantelaron “lo que podría ser el laboratorio de presunta cocaína más grande en la historia del país”. Añadió que el crimen organizado “se está topando con instituciones que ahora son más fuertes y con un gobierno que protege a su gente y su territorio”.

La operación se desarrolló en Zanjón San Lorenzo, Ayutla con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, según Sáenz. El operativo se inició en una vivienda, donde el Ejército de Guatemala y el Comando de Operaciones Antinarcóticas de la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricar drogas.

El hallazgo mostró una línea completa de producción en un solo punto

Sáenz sostuvo en la conferencia oficial que el hallazgo permite observar la línea de producción desde la extracción de la hoja de coca del terreno, su transformación en pasta y su conversión posterior en polvo para consumo. El ministro lo describió como uno de los más grandes encontrados por las fuerzas de seguridad.

Esa descripción marca la diferencia con un laboratorio localizado en 2019 en Izabal, según el relato de Sáenz. En aquel antecedente, dijo, el proceso “únicamente llegaba hasta la coca”, mientras que en el caso actual las imágenes muestran una operación con un nivel de procesamiento mayor.

Sobre la droga localizada, el titular de Defensa evitó fijar una cifra definitiva y remarcó que el conteo seguía abierto. Señaló que el Ministerio Público determinará si se trata de droga y establecerá su tipo, calidad y cantidad exacta.

Dentro del inmueble, las fuerzas de seguridad encontraron recipientes, moldes y al menos 30 paquetes con presunta cocaína, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. También hallaron pesas digitales, brochas, cuchillas y otros instrumentos que, de acuerdo con el reporte oficial citado por la misma agencia, serían usados para empaquetar el estupefaciente.

En la misma inspección, las autoridades localizaron decenas de cargadores y municiones, además de alrededor de 10 fusiles de grueso calibre. Sáenz detalló en la conferencia que en el primer inmueble intervenido se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos.

San Marcos aparece en una franja fronteriza bajo presión del narcotráfico

La información difundida sobre el operativo sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia México. La Agencia Guatemalteca de Noticias señaló que el hallazgo expone infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia ese país.

Sáenz atribuyó el resultado al trabajo de inteligencia coordinado entre el Ejército de Guatemala, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Dirección General de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia Militar. Ante preguntas de la prensa, dijo que esta estructura era investigada desde un año y medio.

El ministro también aseguró que las operaciones contra estas redes se desarrollan desde hace dos años con cooperación internacional con México. Según Sáenz, esa actividad tiene mayor incidencia en áreas como Cuilco y El Mesía, y la localización en San Marcos se concretó cuando las autoridades identificaron el momento para ejecutar la planificación.

En Petén se desarrolló otra operación con armas y posible marihuana

En la misma conferencia, Sáenz informó que en Petén se desarrolló la operación Huracán de Fuego en el sector de Las Cruces. Según el ministro, en ese procedimiento se incautaron 12 fusiles, dos pistolas, siete bolsas, dos silenciadores para pistola, municiones de calibre aún no determinado, un pickup, un teléfono celular y posible marihuana.

El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación. Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, seguía abierta al momento de su comparecencia.

Sáenz presentó ambos procedimientos como parte del esquema general de “Cinturón de Fuego”. Dijo que esa estrategia busca proteger a comunidades en zonas de frontera y desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, supervisó este miércoles la Gran Farmacia Proam de Parramos, en el departamento de Chimaltenango. La sede opera por un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la municipalidad. Vende medicamentos a bajo costo y se integra al plan oficial de llevar este modelo a los 340 municipios.

La farmacia atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00. Según el Ministerio de Salud, beneficiará a 22.503 personas de Parramos y áreas cercanas, con una oferta de 152 medicamentos, entre ellos amlodipina y omeprazol, además de tratamientos para enfermedades crónicas.

Arévalo pidió a la población acudir a estos puntos de venta. “Medicinas de calidad y a bajo costo”, dijo durante una transmisión en vivo, y aseguró que cualquier persona puede comprar en las farmacias del programa.

La farmacia de Parramos funciona por un convenio firmado el 1 de marzo de 2026

La sede fue posible por un Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado el 1 de marzo de 2026 entre la Municipalidad de Parramos y el Programa de Accesibilidad de Medicamentos (Proam), con vigencia de un año, de acuerdo con información oficial.

El acuerdo establece que la comuna cede el inmueble ubicado en la 0 avenida 1-50, cantón La Unión, zona 1 de Parramos, para la instalación de la farmacia. Según el Ministerio de Salud, la municipalidad aporta el local y la cartera instala el servicio, abastece los medicamentos y asigna al personal.

La inauguración se realizó el 24 de marzo de 2026, según el Gobierno, como parte de la expansión de una red que busca crecer con apoyo de alcaldías en distintos puntos del país.

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, anunció durante la actividad que la cartera lanzará una campaña para difundir qué medicamentos ofrece el programa y dónde se ubican las sedes. “Vamos a lanzar una campaña para que la gente conozca los medicamentos y los lugares donde puede encontrar una farmacia Proam cerca de su localidad”, dijo.

El Ministerio de Salud registra 241 establecimientos Proam y proyecta 80 aperturas más

Barnoya informó que las farmacias Proam cuentan con más de 150 medicamentos y productos relacionados y que ya funcionan 241 establecimientos en Guatemala. Según detalló, la red incluye 121 farmacias municipales, 13 farmacias estatales, 90 ventas sociales y 17 grandes farmacias.

El ministro agregó que la cobertura actual alcanza 13 departamentos y que el plan oficial contempla abrir otras 80 nuevas farmacias antes de fin de año. De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre 2024 y 2026 ya se instalaron 80 sedes.

Arévalo atribuyó los precios más bajos a compras de gran volumen realizadas por el Ministerio. Según explicó durante la supervisión, la cartera adquiere medicamentos en cantidades que permiten ofrecerlos “a precio de costo” a la población.

Como ejemplo, el presidente contó que un tratamiento mensual que en farmacias privadas le cuesta más de 250 quetzales lo compró en Proam por 2,50 quetzales. También dijo que pagó 4,50 quetzales por un conjunto de medicinas por el que normalmente desembolsa más de 500 quetzales.

El mandatario señaló que la apertura de estas farmacias depende de la coordinación con gobiernos municipales, ya que los alcaldes deben aportar el local para que el Ministerio instale el servicio, el equipo y los medicamentos. En ese marco, reiteró que la meta oficial es alcanzar una sede en cada uno de los 340 municipios.

La visita incluyó el puesto de salud de Parramos y un llamado a recuperar la vacunación

Durante la misma jornada, Arévalo visitó el puesto de salud de Parramos junto con el director del área de salud para revisar su funcionamiento. Según dijo el presidente, el abastecimiento de medicinas en ese centro llega al 91% y la atención se articula con el hospital de Chimaltenango para los casos que no se resuelven en el puesto.

Arévalo afirmó que conversó con pacientes que esperaban atención odontológica, médica y de farmacia, y sostuvo que manifestaron conformidad con el servicio. También dijo que el Ministerio “está empezando a funcionar como una red integrada”.

Consultado por vacunación, Barnoya indicó que el sistema sanitario aún arrastra efectos de la pandemia, cuando la atención se concentró en esa emergencia y cayeron los esquemas de inmunización. Señaló que ahora el esfuerzo apunta a recuperarlos, en particular frente al sarampión, y mencionó las vacunas ESR y SPR en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas.

Agentes e investigadores de la PNC, junto con fiscales del Ministerio Público y apoyo del Ejército de Guatemala, realizaron allanamientos y puestos de registro en la aldea Los Laureles, en Las Cruces, Petén, donde la operación Huracán de Fuego dejó decomisos preliminares de armas, municiones, posible droga y un vehículo, en una acción que, según el Ejército de Guatemala, forma parte de la estrategia del Gobierno para golpear al crimen organizado transnacional.

Entre los primeros hallazgos figuran 16 mil matas de almácigo de marihuana y un sembradío de marihuana, de acuerdo con el Ejército de Guatemala. La misma institución informó que el operativo también busca erradicar plantaciones ilícitas y destruir infraestructura utilizada por estructuras de narcotráfico.

Las autoridades localizaron de manera preliminar 12 fusiles de diferentes calibres, dos pistolas, siete tolvas, munición de distintos calibres, dos silenciadores, posible marihuana, un pick-up y un teléfono celular, según la información difundida por la PNC y el Ejército de Guatemala. Las diligencias seguían en desarrollo y las instituciones indicaron que ampliarían los detalles al concluir la operación.

La operación Huracán de Fuego combinó allanamientos y puestos de registro en Petén

La intervención se concentró en la aldea Los Laureles, en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, al norte de Guatemala, según el Ejército de Guatemala. La fuerza castrense señaló que actuó en coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

La PNC precisó que en el trabajo participaron agentes e investigadores de la División de Información Policial de la Subdirección General de Investigación Criminal. La policía agregó que el operativo incluyó allanamientos y puestos de registro en la misma zona donde se produjeron los decomisos preliminares.

El dato central del procedimiento es que las autoridades reportaron la localización inicial de armamento, accesorios para armas, droga en investigación, un vehículo y plantaciones vinculadas con marihuana en un solo despliegue operativo en Los Laureles. Ese resultado preliminar fue atribuido por las propias instituciones a la operación Huracán de Fuego.

El Gobierno vincula los decomisos con su estrategia contra el narcotráfico

El Ejército de Guatemala sostuvo que “estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad y el Estado de Derecho en el país”. La institución añadió que el objetivo de la operación es desarticular estructuras de narcotráfico.

Según el Ejército de Guatemala, en este tipo de operativos se emplean fuerzas de mar, aire y tierra para contrarrestar la incursión de grupos criminales. La institución también afirmó que las autoridades han destruido plantaciones ilícitas detectadas en distintos puntos del territorio nacional.

La PNC y el Ministerio Público mantenían abiertas las diligencias al momento del reporte. El Ejército de Guatemala indicó que al finalizar el operativo se darán a conocer más detalles sobre los hallazgos y decomisos.

Operativo en Petén: armas, vehículo y posible marihuana

En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz informó que en Petén se desarrolló la operación Huracán de Fuego en el sector de Las Cruces. Según el ministro, en ese procedimiento se incautaron 12 fusiles, dos pistolas, siete bolsas, dos silenciadores para pistola, municiones de calibre aún no determinado, un pickup y un teléfono celular, además de posible marihuana.

El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación. Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, sigue abierta al momento de su comparecencia.

Sáenz presentó ambos procedimientos como parte del esquema general de “Cinturón de Fuego”. Dijo que esa estrategia busca proteger a comunidades en zonas de frontera y desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico.

La vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera lanzó en San Juan Sacatepéquez la estrategia nacional Nutrir Avanzar, un plan del Gobierno para prevenir y reducir la desnutrición aguda en la niñez. La intervención prioriza agua segura, alimentación, salud y educación en 60 territorios definidos como de mayor riesgo, según las autoridades.

Guatemala registró una reducción de 4,5 puntos en los índices de desnutrición infantil en el período 2025-2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil. El Gobierno atribuyó el descenso a acciones de prevención y atención integral en el país.

San Juan Sacatepéquez, se convirtió en el segundo municipio del departamento de Guatemala donde se pone en marcha el programa, después de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla. Según el Instituto Nacional de Estadística, el municipio supera los 250 mil habitantes y más de 61 mil son niños de cero a 12 años.

Herrera informó en un comunicado de prensa compartido que Nutrir Avanzar articula “esfuerzos multisectoriales entre Gobierno, comunidades y sector privado” con prioridad en la primera infancia. La vicepresidenta sostuvo que el plan se integra a las acciones estatales para fortalecer la atención integral en esa etapa.

San Juan Sacatepéquez, entre los 60 territorios priorizados

El municipio integra los 60 territorios donde el Gobierno refuerza medidas contra la desnutrición aguda. En esa zona, el problema también se asocia al acceso limitado a agua segura, saneamiento y alimentación adecuada, según el diagnóstico oficial.

Herrera indicó que el enfoque es interinstitucional e involucra áreas de salud, educación, agricultura y desarrollo social, además de municipalidades, comunidades, universidades y sector privado. “La prevención requiere acción nacional, pero también compromiso municipal”, afirmó.

La estrategia combina atención sanitaria, educación alimentaria, producción de alimentos nutritivos, protección social y servicios básicos para la primera infancia, según la presentación del programa. La vicepresidenta señaló que la desnutrición responde a múltiples factores y requiere respuestas coordinadas.

Antecedentes del lanzamiento en Escuintla

En Santa Lucía Cotzumalguapa, donde el Gobierno presentó la estrategia por primera vez a finales de abril, Herrera definió el plan como una intervención nacional centrada en la niñez, según información difundida por canales oficiales. Esa actividad coincidió con la inauguración del Puesto de Salud Miriam 1, de acuerdo con las autoridades.

Durante ese acto, la vicepresidenta sostuvo que la desnutrición infantil condiciona el futuro del país y planteó una corresponsabilidad entre el Estado y los gobiernos locales. También dijo que el puesto de salud fue construido con fondos municipales.

Qué incluye la estrategia Nutrir Avanzar

Herrera afirmó que aceptar la desnutrición aguda como un hecho cotidiano supone afectar el derecho de la niñez. “El problema de la desnutrición aguda nos afecta como país y bajo ninguna circunstancia podemos aceptarla como parte de la vida cotidiana”, declaró.

La vicepresidenta identificó los primeros mil días de vida como una etapa clave para el desarrollo infantil. “Es ahí donde se construyen las bases para su salud, aprendizaje y desarrollo”, sostuvo.

Según la presentación oficial, el plan incluye formación en hábitos alimentarios, impulso a la producción agrícola para mejorar la provisión de alimentos nutritivos y herramientas de protección social frente a la pobreza. El Gobierno también asignó a las municipalidades un rol en agua potable, saneamiento y articulación en seguridad alimentaria.

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, Nutrir Avanzar busca colocar a las familias y a la infancia en el centro de la acción pública y convoca a universidades, sociedad civil e iglesias a sumarse a la coordinación multisectorial.

Herrera resumió el objetivo con esta frase difundida por las autoridades: “Guatemala avanza cuando se nutre, cuando protege a la niñez, cuando coordina, cuando coloca a la niñez en el centro de sus decisiones”.

Guatemala será sede de Abrelatam/ConDatos del 7 al 9 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala, un encuentro regional sobre datos abiertos que reunirá a más de 500 personas con la meta de impulsar el uso de información pública para fortalecer la transparencia, mejorar políticas públicas y ampliar la participación ciudadana. Según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

La conferencia llega al país con una trayectoria de 13 ediciones, 12 países anfitriones, más de 4,500 participantes de América Latina y el Caribe, 35 países representados, seis exposiciones de Datos+Arte y más de 40 donantes, de acuerdo con la información de presentación del evento.

Guatemala albergará por primera vez esta cita hemisférica sobre tecnología cívica, transparencia e innovación pública, en su decimocuarta edición.

El encuentro convocará a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, academia, periodistas, comunidades tecnológicas y organismos internacionales para intercambiar experiencias y promover una agenda de datos al servicio de la democracia y de la gestión pública basada en información verificable.

El encuentro reunirá a participantes de 35 países y pondrá el foco en democracia, clima y gasto público

El eje conceptual de la edición 2026 será “Datos en movimiento”. Según la presentación del evento, la propuesta apunta a que los datos circulen, se utilicen y generen impacto para fortalecer la democracia, mejorar las decisiones públicas, reducir desigualdades y promover el desarrollo sostenible.

La agenda temática incluye seis frentes: gobernanza de datos, inteligencia artificial e infraestructura pública digital; datos que perduran, innovación e incidencia; datos para un futuro sostenible, clima, desarrollo y resiliencia; datos para la transparencia, integridad, planificación y gasto público; datos para la democracia, participación, protección del espacio cívico y libertad de expresión; y datos para la equidad territorial, inclusión, género y diversidades.

Ese bloque responde al núcleo del anuncio: Abrelatam/ConDatos 2026 será un foro regional para discutir cómo el uso estratégico de los datos puede transformar políticas públicas y mejorar la vida de la ciudadanía, con participación de actores estatales, sociales, académicos y tecnológicos.

La designación de Guatemala como sede fue posible por el trabajo conjunto del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, Red Ciudadana, Hivos, la Organización de los Estados Americanos y la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos.

Autoridades de Guatemala vinculan la sede con transparencia y decisiones públicas

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos Zeissig dijo que ser anfitrión del encuentro “consolida a Guatemala como un referente regional en innovación, transparencia y acceso a la información” y sostuvo que “nuestro país ha cumplido los requisitos que tiene que tener una nación que desea tener este espacio de conversación”.

Menkos agregó que Guatemala “ha dado pasos importantes en materia de transparencia, de rendición de cuentas”, y planteó la necesidad de dejar instaladas condiciones para que, sin importar el gobierno futuro, la ciudadanía exija la continuidad de los datos abiertos y su uso para “contar y para comprender la realidad de nuestro país”.

La subsecretaria de SEGEPLAN Guatemala Ilieana Peña señaló que los datos funcionan como una herramienta estratégica para orientar mejor las decisiones públicas. En la presentación del evento afirmó: “Es a partir de esta información que podemos identificar dónde están las mayores brechas, qué políticas están funcionando, dónde deben concentrarse los recursos públicos y cómo anticipar riesgos que afectan a la población”.

En otra intervención durante la conferencia de prensa, Peña resumió ese enfoque con una definición sobre el papel del Estado: “Para un Estado que busca recuperar el valor de lo público, los datos son importantes, son indispensables para tomar mejores decisiones y generar resultados que mejoren la vida de las personas. Porque un Estado que entiende mejor su realidad también puede servir mejor a sus ciudadanos”.

El propio Menkos también vinculó el valor del encuentro con la capacidad de seguimiento sobre la acción pública. “Los datos son vitales, porque nos permiten mantener la comprensión de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo”, afirmó.

La organización informó que la agenda de la conferencia comenzará a construirse desde el 4 de junio a partir de iniciativas presentadas por los asistentes. Las personas interesadas en participar, registrarse o convertirse en patrocinadoras pueden consultar la información en abrelatam.org.

El concierto de Ed Sheeran complicará el tránsito este miércoles 27 de mayo en los alrededores del Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de Ciudad de Guatemala, donde el cantautor británico se presentará por primera vez en el país con su “Loop Tour”, un debut que, según información difundida por El País al anuncio del concierto y otros medios de entretenimiento convierte a Guatemala en una escala de su gira latinoamericana.

La Policía Municipal de Tránsito informó que la circulación vehicular podría verse afectada en el sector, en especial en el área de Chinautla y por la vía del bulevar La Pedrera. El mismo texto señala que la organización prevé una ocupación hotelera cercana al 90% en las zonas próximas al recinto.

La presentación está programada para este 27 de mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso. Según la información compartida por medios de comunicación, el show ha sido presentado como uno de los conciertos más esperados del calendario local y como una actuación que ubica al país dentro de las grandes giras internacionales.

El evento tendrá impacto vial y una alta demanda de servicios en la zona 6

La advertencia central para los asistentes y para quienes transiten por el sector es concreta: la actividad de esta noche puede volver más lento el paso de vehículos cerca del estadio, sobre todo en los accesos vinculados con Chinautla y el bulevar La Pedrera, según la Policía Municipal de Tránsito citada en el texto fuente.

El mismo texto añade que el flujo de visitantes no se limitará al público local. También prevé la llegada de personas desde El Salvador, Honduras y el sur de México, lo que, según proyecciones atribuidas en el texto a la Cámara de Turismo de Guatemala, impulsará la actividad comercial y podría convertir la cita en uno de los principales motores de ingreso del sector durante el primer semestre del año.

Esa expectativa también alcanza a restaurantes, hoteles y transporte. El texto fuente sostiene que el evento tendrá un efecto económico y turístico visible en los alrededores del estadio y en la ciudad.

Los boletos van de Q690 (USD 90.51) a Q2,325 (304.99 USD) y serán solo digitales

La organización del espectáculo, a cargo de Asa Promotions según el texto fuente, dividió las localidades en varios segmentos. Los precios informados son estos: Amex, Q2.325 (304.99 USD); Black, Q1.858; (243.73 USD) Platea, Q1.624 (213.03 USD); Tribuna o Preferencia, Q1.040 (136.42); y General I y II, Q690 (304.99 USD).

El texto fuente indica que la preventa comenzó con una fuerte actividad en plataformas digitales. También precisa que las entradas serán exclusivamente digitales y usarán códigos QR dinámicos para impedir la duplicación o la impresión, una medida orientada a frenar la reventa y el fraude.

La llegada del artista británico fue descrita por un vocero de Asa Promotions en el texto fuente como “el cumplimiento de un sueño largamente postergado” para parte del público guatemalteco, que hasta ahora debía viajar a México o a Estados Unidos para verlo en vivo.

El show se apoya en la Loop Station, la técnica central de esta gira

Una de las claves del espectáculo, según el texto fuente, es el uso de la Loop Station. Esa técnica le permite a Sheeran construir en tiempo real bases rítmicas, armonías y líneas melódicas durante la presentación.

El texto agrega que el músico interpreta cada canción desde cero, sin bandas masivas ni pistas pregrabadas. Rolling Stone, citado en el texto fuente, describió esa propuesta de este modo: “transforma el escenario en un laboratorio creativo ante la vista de todos”.

Según el mismo texto, la elección del estadio responde a condiciones de acústica y visibilidad valoradas por promotores y artistas internacionales. También afirma que miles de seguidores guatemaltecos, identificados como Sheerios, expresaron su expectativa por la visita en redes sociales y foros digitales.

El texto fuente añade que Ed Sheeran ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y lo presenta como una de las figuras más exitosas del mercado anglosajón.

La Diaco realizó 1.473 monitoreos en gasolineras de Guatemala entre el 28 de abril y el 22 de mayo de 2026 para verificar que el subsidio temporal a los combustibles se aplique al consumidor final en el precio de venta y quede reflejado en la factura, una fiscalización que continuará durante tres meses o hasta que se agoten los Q2 mil millones asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas.

La verificación coincide con una nueva tabla de precios de referencia difundida por el Ministerio de Energía y Minas para la semana del 26 de mayo al 1 de junio.

Según el MEM, en la Ciudad de Guatemala el galón de gasolina superior quedó en referencia en 37,35 quetzales, la regular en 36,35 quetzales y el diésel en 33,26 quetzales.

De acuerdo con la Diaco, los controles buscan confirmar la “aplicación de precios de referencia” y sostener la “protección de la economía familiar”. En sus redes oficiales, la entidad informó que “se han efectuado mil 473 monitoreos en distintos puntos del país, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la protección de la economía familiar”.

El apoyo temporal que se revisa en esos operativos es de ocho quetzales por galón de diésel y de cinco quetzales por galón para las gasolinas regular y súper. El beneficio, según el texto oficial, se traslada de forma directa al consumidor en el momento de la compra y debe aparecer en la factura correspondiente.

Los operativos revisan precio de referencia y factura del consumidor

Durante las primeras semanas de vigilancia, autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Diaco encabezaron operativos conjuntos en estaciones de servicio. Según la Diaco, “en la supervisión verificamos los precios basados en los precios de referencia, según lo indica el Ministerio de Energía y Minas”.

El procedimiento descrito por la entidad tiene dos pasos. Primero, el personal de ambas instituciones comprueba que los precios de las gasolineras coincidan con los valores de referencia; después, revisa la factura del consumidor para constatar que el apoyo temporal haya sido aplicado.

La Diaco también pidió a la población denunciar anomalías en precios de combustibles y en la aplicación del subsidio. Las quejas pueden presentarse en la página web diaco.gob.gt, mediante el call center 1544 o a través de la aplicación Alerta Combustibles, donde la denuncia puede ser anónima.

Ese párrafo responde al punto central del operativo: las autoridades revisan si la estación cobra conforme al precio de referencia del MEM y si el descuento del subsidio aparece efectivamente en el comprobante de compra del usuario.

El MEM fijó precios de referencia para la semana del 26 de mayo al 1 de junio

Según el MEM, los precios de referencia vigentes para esa semana se emitieron en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 189-2026, que establece el mecanismo de cálculo. El ministerio indicó que esos valores incluyen un rango de referencia para la variación de precios al consumidor final, parámetros técnicos para supervisar el mercado e identificar desviaciones no justificadas.

En la Ciudad de Guatemala, de acuerdo con el MEM, la gasolina superior tuvo un precio de referencia de 37,35 quetzales por galón, la regular de 36,35 quetzales y el diésel de 33,26 quetzales. En Quetzaltenango, la superior se ubicó en 37,60 quetzales, la regular en 36,60 quetzales y el diésel en 33,51 quetzales por galón.

En Cobán, Alta Verapaz, el ministerio fijó la gasolina superior en 37,87 quetzales por galón, la regular en 36,87 quetzales y el diésel en 33,78 quetzales. Según el MEM, para la gasolina V-Power y la gasolina superior existe una diferencia de 0,50 quetzales por galón, mientras que entre el diésel y el diésel ultrabajo en azufre la diferencia es de 1,00 quetzal por galón.

El MEM también señaló que entre el autoservicio y el servicio completo se establece una diferencia de 1,00 quetzal por galón.

Guatemala administra 25 centros penitenciarios y mantiene bajo custodia a 23.837 personas privadas de libertad, en un sistema con 340% de sobrecapacidad que el Gobierno intenta reordenar con requisas, traslados y digitalización de expedientes, según información oficial entregada por la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala en respuesta a una consulta de Infobae Centroamérica.

En ese total de población reclusa, según datos oficiales compartidos al concluir el censo de la población reclusa en febrero recién pasado registra a 2,545 pandilleros terroristas activos del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda reconoció, además, durante un conversatorio previo a la edición 2026 del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo organizado por Fundesa el 22 de abril, que la red penitenciaria arrastra décadas de abandono en infraestructura.

La distribución oficial del sistema contempla 16 centros de detención preventiva, seis de cumplimiento de condena y tres instalaciones mixtas, según la respuesta oficial citada por Infobae Centroamérica.

Ese mismo documento advierte que, por una “deficiencia histórica en infraestructura”, en la práctica todos los recintos alojan tanto a personas en prisión preventiva como a condenados.

El Sistema Penitenciario no divulga, por razones de seguridad, la sectorización interna, la cantidad de módulos ni el número de requisas ejecutadas en cada recinto, según la respuesta oficial. Esa reserva convive con una estrategia de intervenciones focalizadas que las autoridades presentan como parte de un proceso de control gradual.

El departamento de Guatemala concentra la mayor parte de los recintos

La mayor concentración de cárceles se ubica en el departamento de Guatemala, según la información oficial remitida.

Allí funcionan cuatro de los 16 centros preventivos: el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Zona 18, el centro de delitos menores y faltas para hombres de la misma zona conocido como Anexo “B”, el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional” de Pavoncito en Fraijanes y el Centro de Detención Preventiva para Mujeres “Santa Teresa”, también en Zona 18.

A esos recintos se suma Mariscal Zavala, en Zona 17, de acuerdo con la misma fuente. Los demás centros preventivos están distribuidos en Chimaltenango, Mazatenango en Suchitepéquez, Cobán en Alta Verapaz, Santa Elena en Petén, Los Jocotes en Zacapa, El Boquerón en Santa Rosa, Santa Cruz del Quiché, Cantel en Quetzaltenango, Malacatán en San Marcos, Salamá en Baja Verapaz y Coatepeque.

Los seis centros de cumplimiento de condena son Fraijanes I para mujeres, la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón en Fraijanes, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá en Escuintla, la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango, el Centro de Orientación Femenino en Fraijanes y el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios en Izabal, según la respuesta oficial.

Las tres instalaciones mixtas son el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II y el Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la Zona 1, conocido como Matamoros, de acuerdo con la misma información.

El Gobierno digitaliza expedientes y refuerza el control interno

El sistema GP360 integra el perfil médico, legal y de seguridad de cada recluso, con expedientes digitalizados y registro biométrico completo, validación que se realiza mediante lectura de huellas dactilares y cotejo con el Registro Nacional de Personas.

De acuerdo con información publicada en medios de comunicación locales, la plataforma prevé vincular ese censo digital con los registros de visitas para reforzar los controles de ingreso.

También permitirá registrar traslados con fecha y hora de salida y entrada, identificar a los guardias responsables, detectar suplantaciones y facilitar la coordinación interinstitucional, según explicó el funcionario.

La puesta en marcha del sistema responde a instrucciones de Marco Antonio Villeda y forma parte del proceso de modernización institucional del Ministerio de Gobernación. En paralelo, el Sistema Penitenciario destina 56 millones de quetzales para modernizar y reforzar ocho prisiones: Pavoncito, el Preventivo de Zona 18, Santa Teresa, Renovación I, Boquerón, Chimaltenango, Fraijanes 2 y El Cobo, en cumplimiento del Decreto 11-2025 sobre combate a grupos criminales.

Las requisas en Pavón y Renovación I revelaron estructuras internas de poder

Villeda dijo durante el conversatorio de Enade 2026 organizado por Fundesa que en la Granja de Rehabilitación Pavón ya fueron intervenidos 18 de los 25 módulos. El ministro sostuvo que el tamaño del recinto impide realizar operativos totales en una sola jornada.

Ante ese auditorio, Villeda describió el patrón que encuentran las fuerzas de seguridad dentro de los sectores allanados: “Cada vez que ingresamos a un módulo encontramos múltiples ilícitos. No es que se permita el ingreso constante, sino que el tamaño de las cárceles y su composición dificultan un control absoluto inmediato”.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó este martes que Guatemala presentará la muestra “Guatemala diseña con las manos” en Alemania durante la Berlin Design Week, del 28 al 31 de mayo.

La participación llevará a Alemania una exhibición que reúne arte textil y diseño de autor para mostrar el trabajo de diseñadores y artesanos guatemaltecos, según el Inguat. La muestra se enmarca en una semana de actividades del sector creativo que, de acuerdo con el organismo, convoca a más de 15.000 marcas, arquitectos y referentes de Europa y otras regiones.

La presentación forma parte de la agenda internacional del instituto para promover la oferta turística y cultural del país, según el comunicado oficial difundido este martes.

¿Qué incluye la muestra “Guatemala diseña con las manos”?

El portal oficial del evento indicó que la exposición reúne objetos y procesos de creadores que trabajan “en la intersección del trabajo artesanal y una visión contemporánea del diseño y la creación”. De acuerdo con esa descripción, la muestra incorpora prácticas que abarcan artesanía, diseño y arte, además de gastronomía y joyería.

En el texto de invitación publicado en el sitio oficial de la Berlin Design Week, Guatemala aparece como “un destino que combina cultura, historia y contemporáneo” y como cuna de la civilización maya. Ese mismo material menciona como destinos turísticos a Antigua Guatemala, el lago Atitlán y el Parque Nacional Tikal.

Guatemala también se presentó en la edición de la Berlin Design Week de 2025, que tuvo lugar del 15 al 18 de mayo. Tres tejedoras mayas y tres diseñadores guatemaltecos participaron en el evento.

Además, el portal del evento informa que dentro de las ponencias destacadas se encuentra “Tejiendo el futuro”, una presentación que incluye el segmento “Guatemala diseña con las manos”, donde se analizará cómo el patrimonio textil maya vivo se transforma en diseño contemporáneo y por qué el conocimiento ancestral no es una cosa del pasado, sino la materia prima actual. Esta sección cuenta con la participación de Luján Cambariere.

Guatemala deslumbrando en diseño por Europa este 2026

E abril, el INGUAT anunció la presencia de Guatemala en Milan Design Week, donde del 20 al 26 de abril diversas lideresas y maestras tejedoras exhibieron su trabajo en Le Cavallerizze. El objetivo institucional fue integrar la identidad y saber ancestral guatemalteco en el diálogo global del diseño, según confirmó el instituto.

“La participación de asociaciones y lideresas, maestras tejedoras en Milan Design Week, es una apuesta por reconocer el tejido guatemalteco como una expresión viva de conocimiento, innovación y arte. En Milán, su trabajo no solo se exhibe, sino que se posiciona como una obra intelectual que refleja la profundidad de saberes ancestrales y su vigencia en la economía creativa global. Es un paso firme hacia nuevas oportunidades y el reconocimiento justo de su autoría”, destacó la institución gubernamental a través de sus redes sociales.

Según Prensa Latina, Para este año Guatemala participa de al menos 20 ferias de turismo internacional este 2026. Este año el país dio inicio con la promoción del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, con el cual consolidar el incremento, mejorar la experiencia del visitante y garantizar que los beneficios lleguen a más personas.

El Ejército de Guatemala y el Comando de Operaciones Antinarcóticas de la PNC localizaron este 26 de mayo un laboratorio improvisado para fabricar drogas en una vivienda de Zanjón San Lorenzo, en Ayutla, San Marcos, durante un operativo que seguía en desarrollo, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. El hallazgo expone la presencia de infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que, de acuerdo con los reportes más recientes de las fuerzas de seguridad citados por la misma agencia, concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia México.

Dentro del inmueble, las fuerzas de seguridad encontraron recipientes, moldes y al menos 30 paquetes con presunta cocaína, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. También hallaron pesas digitales, brochas, cuchillas y otros instrumentos que, de acuerdo con el reporte oficial, serían usados para empaquetar el estupefaciente.

El operativo dejó la captura de al menos siete personas, quienes deberán responder ante la justicia por estas actividades, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. En la misma inspección, las autoridades localizaron decenas de cargadores y municiones, además de alrededor de 10 fusiles de grueso calibre.

En horas de la noche el Presidente Bernardo Arévalo, en su cuenta oficial de X, posteaba sus reacciones sobre el allanamiento: “El crimen organizado se está topando con instituciones que ahora son más fuertes, y con un gobierno que protege a su gente y su territorio”.

“Por la mañana la PNC de Guatemala incautó 65 paquetes de droga en Puerto Quetzal. Por la tarde, el Ejército de Guatemala desmanteló lo que podría ser el laboratorio de presunta cocaína más grande en la historia del país. Nuestras fronteras están protegidas y vigiladas. El crimen organizado no tiene cabida. No nos detendremos. Seguiremos tomando acciones para proteger la vida y la dignidad de nuestro pueblo.” expresó el mandatario

San Marcos integra una franja fronteriza donde las fuerzas de seguridad ubican actividad narco

La información difundida por la Agencia Guatemalteca de Noticias sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia el norte. Esa referencia explica por qué el hallazgo no aparece como un episodio aislado dentro del mapa reciente de operaciones antinarcóticas en Guatemala.

Según esos reportes citados por la agencia oficial, los laboratorios de narcotráfico en Guatemala suelen localizarse en regiones fronterizas, áreas boscosas de difícil acceso y municipios cercanos a la capital. La distribución geográfica combina puntos de paso internacional, zonas de ocultamiento y enclaves logísticos para procesamiento y distribución.

En Huehuetenango, el 26 de mayo de 2026 se registró un enfrentamiento armado entre el Ejército y presuntos integrantes de carteles internacionales en el sector de Agua Zarca, Santa Ana Huista, una ruta que el reporte describe como clave para el trasiego fronterizo, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. El mismo día, en Quiché, en la zona Reina de Uspantán, una incursión militar de madrugada permitió localizar un laboratorio clandestino completamente enterrado, enfocado en la producción de drogas sintéticas, de acuerdo con la misma fuente.

Los antecedentes recientes muestran operaciones en el Caribe, Petén y el área metropolitana

En Izabal, en el municipio de Livingston, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica destruyeron el 13 de febrero de 2026 instalaciones de procesamiento de cocaína en áreas montañosas de difícil acceso, cercanas a plantaciones ilícitas previamente erradicadas, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. En Petén, en el municipio de Las Cruces, un operativo ejecutado el 19 de marzo de 2026 en el caserío Ixcoch permitió asegurar infraestructura logística y destruir más de 65,000 plantas ilícitas, de acuerdo con el mismo reporte.

Los antecedentes también alcanzan la región central. En San José Pinula, la PNC desmanteló el 17 de mayo de 2025 un narcolaboratorio en una residencia de la Lotificación Lo de Valdes, capturó a cuatro personas, entre ellas un ciudadano mexicano, y confiscó 132 recipientes de precursores químicos y ollas industriales, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En Amatitlán, el 26 de mayo de 2026 se reportaron allanamientos preventivos y capturas en las colonias San Jorge y El Ingenio para desarticular células criminales dedicadas a la distribución, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. Ese encadenamiento de operativos en occidente, el norte, el Caribe, Petén y el área metropolitana es el marco en el que las autoridades sitúan el hallazgo del laboratorio y del armamento en San Marcos.

El diputado José Chic solicitó este martes al Ministerio Público (MP) de Guatemala la publicación de las tablas salariales e indemnizaciones correspondientes a Consuelo Porras, exfiscal general, así como a otros exfuncionarios como Ángel Arnoldo Pineda Ávila, exsecretario general, y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

La principal demanda del legislador, perteneciente a la fracción Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), se centra en que los salarios y montos de indemnización de Porras y otros exfuncionarios no pueden permanecer bajo reserva, ya que esta información fue pública hasta 2023 y su ocultamiento contraviene principios de transparencia.

Según expuso José Chic en conferencia de prensa, la información sobre los ingresos desapareció del portal institucional tras una disposición de la administración anterior. Hasta hace 3 años, los datos salariales de los altos mandos del Ministerio Público se mantenían disponibles para consulta.

De igual manera, el diputado afirmó que, con la llegada de una nueva administración al ente fiscalizador, ahora comandado por Gabriel Estuardo García Luna, corresponde restablecer la transparencia en el manejo de recursos públicos. Al mismo tiempo, Chic remarcó que resulta incompatible con la legislación guatemalteca mantener en reserva los salarios de exfuncionarios que ejercieron cargos de alta jerarquía.

De manera paralela, el diputado solicitó al MP que gestione el retiro de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que permanecen en las inmediaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). “Desde el 8 de abril, más de cien efectivos se han mantenido en turnos de veinticuatro horas en el lugar, sin que se reporte actualmente una acción concreta que justifique la continuidad de este operativo”, apuntó el diputado.

La solicitud abarca el periodo de 2018 a 2026 e incluye las tablas salariales y montos de indemnización de Porras, Pineda y Curruchiche.

José Chic advierte sobre pago millonario a exfiscal general

El legislador señaló que la indemnización para la exfiscal general podría alcanzar hasta 2 millones de quetzales (más de USD 262,469). “Indemnizar a quienes tanto daño le hicieron a este país no es justo, es algo que el pueblo estaría cuestionando. Esperaríamos que el el nuevo fiscal general de una respuesta a estas solicitudes”, advirtió José Chic. El pedido formal al fiscal general actual apunta a restituir la información en la página institucional y responder a la ciudadanía sobre el destino de estos recursos.

“La información requerida corresponde a los años 2018 a 2026 y debe entregarse en un plazo de tres días”, señala el diputado en el documento oficial.

Al mismo tiempo, el diputado Chic reiteró que la transparencia y el acceso a la información pública resultan indispensables para fortalecer la confianza en las instituciones y el Estado de derecho en Guatemala.

Además, José Chic reclamó el cambio de fiscalía encargada del expediente sobre el caso de adopciones ilegales, en el que aparece vinculada la exfiscal Consuelo Porras.

El caso pasó a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, una unidad cuya idoneidad para investigar esta causa ha sido puesta en duda por organizaciones civiles.

La ministra María Fernanda Rivera Dávila presentó la actualización del PIR-2026 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, un plan que incorpora acciones anticipatorias, monitoreo territorial, protocolos de respuesta y herramientas tecnológicas para reducir riesgos y proteger la producción agrícola, la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de familias guatemaltecas, según lo expuesto durante el acto oficial del ministerio.

La actualización incluye 10 protocolos vigentes y un esquema dividido en dos fases: una preventiva, orientada a anticipar riesgos, y otra de respuesta, que activa procedimientos específicos ante emergencias, de acuerdo con la presentación del director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA, Rafael López.

López informó que el plan prevé una meta de atención de 1,013,788 raciones de alimentos a través de VISAN y que ya dispone de 106.610 raciones como parte de la reserva estratégica nacional de granos básicos. También detalló que el ministerio identificó un déficit hídrico y lluvias temporales intensas que están dañando la agricultura en distintos territorios del país.

La ministra afirmó que la cuarta actualización del plan busca cambiar la lógica de reacción por una de prevención. “Debemos prepararnos, planificar antes y actuar antes. Tenemos que anticiparnos”, dijo María Fernanda Rivera Dávila durante el acto del MAGA.

El plan prioriza prevención ante sequías, plagas, incendios y emergencias sanitarias

Según la exposición institucional presentada en el evento, Guatemala enfrenta una alta vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático, con amenazas como sequías, inundaciones, plagas, incendios forestales, actividad volcánica y sísmica, además de otros impactos agroclimáticos que afectan cada año la producción agropecuaria.

Ese diagnóstico incorpora como antecedentes las tormentas Eta e Iota en 2020, la erupción del Volcán de Fuego y la sequía de 2018, eventos que dañaron la producción de familias agricultoras en el país, de acuerdo con el material audiovisual difundido por el ministerio.

Rivera Dávila sostuvo que el nuevo enfoque permite tomar decisiones “con base en evidencia, información estratégica y monitoreo territorial para reducir riesgos y proteger medios de vida antes de que las pérdidas ocurran”. Añadió que eso implica llevar asistencia técnica a tiempo, movilizar insumos de manera oportuna, fortalecer la comunicación agropecuaria y mejorar la coordinación institucional.

El plan contempla atención ante plagas y enfermedades agrícolas, incendios, emergencias zoosanitarias, brotes epidemiológicos, marea roja, materiales peligrosos y atención de animales en situaciones de emergencia, según la ministra y la presentación técnica del MAGA.

La estrategia, según López, se apoya en imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y boletines periódicos para monitorear condiciones agroclimáticas y ambientales. Esa información se publica en el geoportal del MAGA y se usa para generar alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones.

El MAGA asignó recursos para alimentos, comunicación y control sanitario

Durante la presentación técnica, López detalló que el protocolo de comunicación agropecuaria por fenómenos ambientales y agroclimáticos cuenta con una reserva de 90.416 quetzales para generar y distribuir información estratégica a agricultores mediante boletines mensuales, alertas e infografías técnicas.

Para la gestión de alimentos, el director indicó una asignación de 257.784.548 quetzales, destinada a asegurar la asistencia alimentaria a través de VISAN. A eso se suman 2.640.000 quetzales para acciones ante plagas y enfermedades agrícolas y 2.098.201,50 quetzales para emergencias zoosanitarias.

López agregó que existen 44.414.850 quetzales para acciones complementarias derivadas del Plan Institucional de Respuesta. También explicó que otros protocolos, como gestión de centros de acopio, acciones por incendios, brotes epidemiológicos, marea roja, manejo de materiales peligrosos y atención de animales en emergencia, podrán atenderse con presupuesto local o donaciones cuando corresponda.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, dijo durante el acto que los próximos meses presentan escenarios complejos asociados a la variabilidad climática, el aumento de temperaturas, la canícula prolongada, la irregularidad de las lluvias y eventos extremos que podrían afectar de forma directa la producción agrícola, pecuaria y alimentaria.

Ogaldes sostuvo que la incorporación de acciones anticipatorias marca un cambio en la gestión pública. “Es por primera vez estamos pensando en la prevención y no únicamente en la respuesta a emergencias”, afirmó durante su intervención.

Al evento asistieron, además de Rivera Dávila, Ogaldes y López, los viceministros de la cartera y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, OIRSA e ICTA Guatemala, según la presentación oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La entrega oficial del plan a la CONRED se realizó durante el acto como parte del cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta, marco al que se articula el documento presentado por el MAGA.

La Contraloría General de Cuentas de Guatemala entregó al Congreso el informe de auditoría sobre la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2025. El reporte consigna Q9.006.096.098,94 en hallazgos (USD 1,181 millones ), además de 114 denuncias penales y 3.080 sanciones económicas, según los resultados consolidados.

Los hallazgos se concentraron en los exámenes especiales realizados en 2025: 752 revisiones generaron 1.014 hallazgos por Q.8.752.803.050,22, según la Contraloría. En ese rubro, la institución registró 87 denuncias penales por Q.8.585.471.813,99, 887 sanciones económicas por Q.114.264.255,26 y 40 formulaciones de cargos por Q.53.066.980,97.

Al sumar esos resultados con auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, el consolidado del ejercicio 2025 llegó a 3.251 hallazgos por Q.9.006.096.098,94, 114 denuncias penales por Q.8.771.788.089,10, 57 formulaciones de cargos por Q.71.904.386,50 y 3.080 sanciones económicas por Q.162.403.623,34, de acuerdo con la Contraloría General de Cuentas.

La institución indicó que presentó esta fiscalización en cumplimiento de los artículos 232 y 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regulan su función de control, la probidad en la administración pública y la rendición de cuentas.

Auditorías del Plan Anual 2025 y sanciones económicas

En el Plan Anual de Auditoría 2025, la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público ejecutó 583 auditorías: 576 financieras y de cumplimiento, y siete de desempeño, según esa dependencia.

De acuerdo con el informe, esas auditorías dejaron 2.237 hallazgos por Q.253.293.048,72, 2.193 sanciones económicas por Q.48.139.368,08, 27 denuncias penales por Q.186.316.275,11 y 17 formulaciones de cargos por Q.18.837.405,53.

La Contraloría General de Cuentas también contabilizó 2.524 acciones preventivas. Del total, 2.226 quedaron atendidas y 298 no atendidas, según el documento.

Por recomendaciones en auditoría concurrente sobre contrataciones y adquisiciones públicas, autoridades de distintas entidades desistieron de procesos de contratación por Q.1.151.510.476,00, de acuerdo con el reporte.

En probidad, la Subcontraloría de Probidad realizó 128 auditorías durante 2025. Esas revisiones generaron 47 hallazgos, 33 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público y 15 sanciones económicas por Q.146.287,15, según esa subcontraloría.

Declaraciones patrimoniales en línea y registro electrónico de títulos

La Contraloría General de Cuentas informó que recibió 32.827 declaraciones juradas patrimoniales en 2025, en cumplimiento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su reglamento. Según la institución, 18.485 correspondieron a toma de posesión, 7.283 a ampliaciones y 7.059 a cese en el cargo.

La aplicación Declaración Jurada Patrimonial en Línea recibió 20.960 declaraciones por vía electrónica, equivalentes al 64% del total, según la Contraloría.

La entidad también reportó 70.107 constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos en formato electrónico. En el registro de títulos, informó 125.468 registros electrónicos de nivel medio, 1.721 de nivel universitario y 29 denuncias por indicios de falsedad de títulos o diplomas.

De acuerdo con el informe, el Sistema de Registro de Títulos en Línea funciona como mecanismo de trazabilidad e integridad del registro de títulos ante la Contraloría General de Cuentas.

Observaciones sobre alimentación policial y el fondo de crédito agrícola

En el Ministerio de Gobernación, en la Unidad Ejecutora 203 Dirección General de la Policía Nacional Civil, renglón 211 “Alimentos para personas”, la Contraloría determinó en 2025 un monto devengado de Q.291.148.346,57. Según el informe, esos recursos se destinaron a comisarías del departamento de Guatemala con infraestructura de comedor, lo que dejó fuera a agentes asignados en el resto del país.

La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia penal vinculada a la contratación de alimentos para personas bajo la modalidad de baja cuantía, de acuerdo con el documento. El informe recomendó coordinar con áreas técnicas y financieras la creación de un bono alimenticio en efectivo para ampliar la cobertura del beneficio a nivel nacional.

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el informe indicó que, con base en el Decreto 17-2024 del Congreso de la República de Guatemala y el convenio interinstitucional 23-2024, se trasladaron Q.500.000.000,00 al banco El Crédito Hipotecario Nacional para el Fondo de Crédito de Apoyo a los Pequeños y Medianos Productores Agrícolas TOBANIK.

Según el reporte, se desembolsaron Q.149.000.000,00 a 10 cooperativas, que autorizaron 737 créditos por Q.80.000.000,00. Quedó pendiente Q.351.000.000,00, equivalente al 70% del fondo, y la Contraloría recomendó que la autoridad comunicara su decisión sobre la continuidad o rescisión del convenio.

Herramientas digitales para fiscalización y servicios

La Contraloría General de Cuentas informó el desarrollo e implementación de más de 23 herramientas tecnológicas para fiscalización y servicios, según el informe.

Entre los sistemas mencionó la Declaración Jurada Patrimonial en línea, el Sistema de Registro de Títulos en línea para nivel medio emitidos a partir de 2008, la aplicación Título CGC para validar títulos registrados, el Sistema de Rendición de Cuentas Electrónica para municipalidades y responsables de rendición, y el Módulo de Consulta Electrónica de Acciones Legales y Administrativas.

El documento consignó una interconexión y cruce de información con plataformas del Ministerio de Finanzas Públicas para análisis masivo de datos y supervisión de la ejecución del gasto.

También incluyó un sistema de autodespacho de almacén, herramientas para compras y programación de adquisiciones, monitoreo en instituciones públicas de jurisdicción municipal y un sistema para registro técnico electrónico de obras públicas y proyectos productivos.

Eli Nahúm G., ciudadano hondureño, fue expulsado este martes de Guatemala y entregado a la Policía Nacional de Honduras tras ser señalado como sospechoso de participar en la masacre en la que murieron cinco agentes de seguridad en territorio hondureño.

La entrega se concretó luego de que Eli, de 44 años, obtuviera el alta médica en un hospital privado del departamento de Izabal.

De acuerdo con la Policía de Guatemala, el hondureño ingresó de manera ilegal al país el jueves pasado, tras resultar herido de bala. Junto a otra persona de su misma nacionalidad, buscó refugio en un hospital de Izabal, donde permanecieron bajo custodia policial hasta la recuperación.

El segundo hondureño sigue internado y bajo vigilancia, a la espera de su expulsión y entrega a las autoridades de su país.

De igual manera, la PNC guatemalteca confirmó que Eli Nahúm G. tenía activa una notificación azul de Interpol para su localización, lo que permitió la coordinación con el cuerpo policial de Honduras y su posterior entrega, en un operativo binacional orientado a fortalecer el control fronterizo y la cooperación en materia de seguridad.

Sospechoso rechaza su vinculación con la masacre

En el acto de entrega y durante su traslado, medios locales recogieron declaraciones directas del hondureño, quien negó su participación en la masacre y sostuvo: “Si hubiera participado, tuviera esa bala en la cabeza. ¿Verdad que no?”. Reiteró su versión: “Yo iba pasando en el momento equivocado”.

El jefe policial noroccidental de Honduras, Eduardo Lanza, explicó que la detención se logró mediante la colaboración de la Oficina Central Nacional de Interpol de ambos países y señaló que la investigación lo vincula a delitos de asociación para delinquir, así como posibles actividades de estructuras criminales responsables de hechos violentos recientes.

De igual manera, Lanza añadió: “Esta coordinación interinstitucional permite que la policía de nuestro país actualice sus equipos de trabajo y logre este tipo de capturas y remisiones a los juzgados de jurisdicción nacional. En operativos recientes en Puerto Cortés, fueron detenidas otras personas vinculadas a la misma estructura criminal”.

Al mismo tiempo, la PNC de Guatemala mantiene reforzados los controles fronterizos y los operativos conjuntos con la policía hondureña para impedir el ingreso irregular de personas asociadas a delitos graves. Las autoridades reiteraron que los extranjeros que crucen la frontera ilegalmente serán expulsados y puestos a disposición de las instancias competentes.

Operativo internacional tras la masacre de cinco agentes

En la masacre ocurrida el pasado jueves 21 de mayo, cinco agentes pertenecientes a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) resultaron muertos en un ataque en la aldea Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés (Honduras).

Las víctimas, integrantes de una fuerza de seguridad local, perdieron la vida durante una acción armada que motivó el despliegue de operativos policiales en distintos puntos fronterizos, en busca de quienes habrían participado en el crimen.

Este contexto llevó a la emisión de alertas internacionales y a la colaboración entre la Policía Nacional de Honduras y la Policía Nacional Civil de Guatemala para la localización y captura de los presuntos implicados.

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y el ministro de Salud Joaquín Barnoya informaron sobre la respuesta al brote de sarampión y una serie de medidas para ampliar la red pública, con más vacunación, obras y compras de equipo, además de un plan oncológico que prevé un hospital de radioterapia.

La actualización oficial incluyó un pico de contagios en la semana epidemiológica 27 y una baja posterior, atribuida por el ministerio a la campaña de inmunización. También se detalló la expansión de farmacias sociales y la inversión en infraestructura sanitaria en varias regiones del país.

Entre enero y la fecha de la presentación, el Ministerio de Salud contabilizó más de 740 mil vacunas aplicadas contra el sarampión, entre la respuesta de emergencia y el esquema regular, según Barnoya. El Gobierno también informó la ampliación de la red PROAM y un paquete de obras y compras para atención oncológica, con apoyo de Taiwán y la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Uno de los anuncios fue el crecimiento del programa PROAM: Barnoya reportó 241 establecimientos en 13 departamentos y una proyección de 80 nuevas farmacias antes de fin de año. Indicó que la red incluye 121 farmacias municipales, 13 estatales, 90 ventas sociales y 17 grandes farmacias, con más de 150 medicamentos y productos afines de bajo costo.

El ministro también señaló que el Ministerio de Salud realizó más de 100 intervenciones de infraestructura, con 63 construcciones y 48 remozamientos. Según el funcionario, esas obras benefician a más de dos millones de personas y suponen una inversión superior a 200 millones de quetzales en infraestructura y 16 millones de quetzales en equipamiento.

El brote de sarampión y la campaña de vacunación

Barnoya explicó que la curva de contagios publicada por el Ministerio de Salud muestra un aumento hasta un pico en la semana epidemiológica 27 y una tendencia descendente en las semanas siguientes. Atribuyó esa baja a la vacunación y a la respuesta de la población al llamado oficial a inmunizarse.

Recordó que el primer caso en Guatemala se detectó en enero en Sololá tras la visita de un ciudadano salvadoreño, según Barnoya. A partir de esa detección, el ministerio activó búsqueda de casos y rastreo comunitario, además de jornadas de vacunación.

El ministro vinculó el brote con un escenario regional y dijo que los primeros casos se registraron en Estados Unidos. También afirmó que el sarampión había sido eliminado, pero que la caída de las coberturas de vacunación tras la pandemia favoreció su reaparición.

Barnoya sostuvo que la vacunación es la herramienta principal para frenar una enfermedad “muy contagiosa” como el sarampión. Señaló que el ministerio ya contaba con las vacunas SPR y SR y que reforzó existencias con nuevas compras para contener el brote.

De acuerdo con los datos presentados por el ministro, la cartera aplicó algo más de 500 mil dosis en la respuesta de emergencia y 218 mil dentro del esquema regular. También indicó que se usa la “dosis cero” para bebés de seis a 11 meses, que deben recibir una vacuna contra el sarampión aunque tengan el calendario regular al día.

Obras, personal y equipo para atención del cáncer en la red pública

Barnoya relacionó estos anuncios con la red integral e incluyente basada en redes de atención en salud formalizada en agosto de 2024 mediante un acuerdo gubernativo. Según explicó, el modelo busca definir dónde reforzar servicios, estimar población por territorio y ordenar la referencia y contrarreferencia de pacientes entre niveles de atención.

En cáncer, recordó que en marzo de 2024 se aprobó la Ley Integral de Atención al Cáncer. Añadió que el ministerio emitió el acuerdo para crear la Dirección Nacional del Cáncer y que aún falta el nombramiento de su director.

El ministro informó que más de 900 trabajadores de salud recibieron capacitación para detección temprana de cáncer pediátrico. También dijo que la red incorporó 206 profesionales, entre cirujanos, cirujanos oncólogos, oncólogos, químicos biólogos, patólogos y enfermeras para atender a pacientes oncológicos.

Según Barnoya, el sistema reforzó la provisión de fármacos con compras por más de 132 millones de quetzales. Además, indicó que cuatro hospitales fueron equipados con tomógrafos: el Hospital Roosevelt, el Hospital de Escuintla, el Hospital de Amistad Japón y el Hospital de Cuilapa, con una inversión superior a ocho millones de quetzales.

Barnoya detalló que se abrieron cinco clínicas de la mujer enfocadas en cáncer de cérvix y de mama, en el Hospital San Juan de Dios, el Roosevelt, Villa Nueva, el Hospital de Occidente y el Hospital de Mazatenango. También señaló que se fortalecieron laboratorios en el Hospital de Cobán, el Roosevelt y el Hospital de Antigua Guatemala para mejorar la capacidad de identificar tipos de cáncer.

Henry Saenz confirmó que el Ejército de Guatemala mantendrá una presencia indefinida en la región oriental tras el ataque armado registrado el lunes en la aldea San José Las Lágrimas, en Chiquimula, donde militares acudieron tras oír disparos, hallaron viviendas destruidas y quemadas, y encontraron el cadáver de un campesino; según el ministro de la Defensa Nacional, el despliegue busca estabilizar la zona fronteriza con Honduras mientras continúan las investigaciones sobre quiénes participaron y con qué objetivo.

El funcionario dijo por vía telefónica en la conferencia de prensa semanal en el Palacio Nacional de la Cultura que una columna de 20 vehículos “agrícolas” se dirigió a esa comunidad.

Según Henry Saenz, el destacamento militar de San José Las Lágrimas reaccionó al escuchar los disparos, encontró a parte de los vehículos en retirada y activó refuerzos para asegurar el área.

Saenz informó que la segunda brigada con sede en Zacapa movilizó personal para reforzar la posición y que desde la capital también fueron enviados kaibiles al límite político internacional. Según el ministro, el Ejército ya entregó datos sobre los vehículos involucrados a las instituciones responsables de la investigación.

El mensaje oficial del gobierno fue que las operaciones militares continuarán “de manera indefinida” en Chiquimula e Izabal. Según Saenz, el objetivo es restablecer “la seguridad y la tranquilidad” y permitir que la población retome su vida cotidiana.

El gobierno dijo que aún no sabe quiénes cruzaron la frontera ni cuál era su objetivo

El presidente Bernardo Arévalo respaldó la exposición del ministro y afirmó que el incidente sigue bajo investigación en ambos países. Según Arévalo, no existe todavía claridad sobre “quiénes son las personas, si eran hondureñas, si eran guatemaltecas, qué era lo que estaban haciendo, cuáles eran las intenciones”.

El mandatario añadió que ya hay contactos entre fuerzas de seguridad en el terreno y que los jefes de Estado Mayor de Guatemala y Honduras se reunieron para coordinar acciones alrededor del caso. De acuerdo con Arévalo, la pesquisa avanza al mismo tiempo dentro de Guatemala, con las entidades competentes, y en coordinación con las fuerzas de seguridad hondureñas.

Saenz sostuvo ante la población de San José Las Lágrimas que la reacción militar evitó un daño mayor. En su intervención, el ministro lamentó la muerte registrada en el lugar, pero afirmó: “Si el soldado hubiera dudado desde el primer momento, estoy seguro que el desastre hubiera sido mayor”.

El ministro también pidió a los habitantes del área que entreguen cualquier información útil directamente a los soldados desplegados. Según Saenz, las tropas permanecerán con mayor presencia en la zona y tratarán la información recibida de forma reservada para mejorar las operaciones.

Arévalo negó una falla fronteriza y vinculó la violencia a estructuras criminales

Durante la misma conferencia, Arévalo respondió a preguntas sobre una posible debilidad en el control fronterizo, a raíz de hechos recientes en la zona limítrofe con Honduras.

El presidente corrigió primero que los hechos de la semana anterior ocurrieron en territorio hondureño y que las personas atendidas en Guatemala cruzaron por razones humanitarias, no como resultado de una incursión armada en suelo guatemalteco.

Sobre el ataque más reciente en Chiquimula, Arévalo reconoció que sí hubo una penetración hacia territorio guatemalteco, aunque dijo que todavía no se sabe por parte de quién.

Según el mandatario, lo que ocurrió después mostró “presencia, capacidad de respuesta” del Ejército, porque la columna salió huyendo cuando fue repelida con fuego.

Arévalo recordó además un episodio previo en la frontera con México, donde, según su versión, un grupo mexicano de narcotraficantes penetró en Guatemala y fue repelido de inmediato por el Ejército.

Dijo que en ese caso hubo “por lo menos una o dos víctimas” entre los atacantes y sostuvo que ambos episodios muestran capacidad de reacción militar en las zonas limítrofes.

El presidente atribuyó la violencia en las fronteras con Honduras y México a actividades ligadas al narcotráfico y a otros tráficos ilícitos. Según Arévalo, en la frontera con México opera desde enero de 2024 el dispositivo llamado Cinturón de Fuego, mientras que en la frontera con Honduras existe otro despliegue militar instalado tras una visita de una funcionaria de seguridad del gobierno de Estados Unidos.

Después que Guatemala asumiera en 2025 la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migración en 2026 y abrió en Ciudad de Guatemala un encuentro centrado en integración, reintegración socioeconómica y movilidad laboral, con la meta de consensuar una declaración extraordinaria sobre principios y compromisos para personas en movilidad y de afianzar una agenda regional basada en protección, retorno con oportunidades y atención a las causas estructurales del desplazamiento, según las intervenciones del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones.

Uno de los datos que marcó el contexto del encuentro fue expuesto por Julio Croci, oficial senior de políticas de la oficina regional de la OIM: América Latina y el Caribe elevó de 12 a 16 informes voluntarios su participación en la revisión del Pacto Mundial para la Migración durante el Foro de Examen de la Migración Internacional celebrado del cuatro al ocho de mayo en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Croci sostuvo además que el continente registra una tasa promedio de natalidad de 1,8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional, y vinculó ese cambio demográfico con una mayor presión sobre los sistemas de previsión social y asistencia estatal. Según el funcionario de la OIM, la migración regular puede ampliar la base de contribuyentes, dinamizar los mercados laborales y facilitar acceso al empleo formal, al crédito y al emprendimiento.

La declaración extraordinaria será el principal producto político del encuentro

Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración, dijo en la apertura que al finalizar las jornadas los países miembros de la CRM adoptarán una declaración extraordinaria sobre principios y compromisos para la integración y reintegración de personas en movilidad.

Según Rivera, ese texto se alimenta de tres referencias regionales: la Estrategia Regional de Migración Laboral y Movilidad Humana 2023-2030 de la Organización Internacional del Trabajo, la Estrategia Regional de Migración Laboral de la CRM y la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica, ERISE.

Rivera definió el diálogo regional como “una necesidad técnica y política” y afirmó que Guatemala eligió como eje de su presidencia el nexo entre desarrollo y migración. Al medio institucional del encuentro no habló, pero en su intervención pública sostuvo que el retorno debe abordarse desde el reconocimiento de las personas retornadas “como agentes de cambio, que cuentan con habilidades, conocimientos y propios saberes a nivel individual, familiar y comunitario para potenciar su propio desarrollo”.

El funcionario también presentó el marco nacional con el que Guatemala busca mostrar avances al resto de la región. Según Rivera, el Código de Migración de 2016 cambió el enfoque estatal: “Pasamos de una gestión centrada en el documento y en la seguridad a una gestión centrada en la persona migrante como sujeta de derechos”.

Ese código, añadió, creó el Sistema Migratorio Guatemalteco y colocó en el centro a la Autoridad Migratoria Nacional, presidida por la vicepresidenta de la República Karin Herrera, como órgano encargado del diseño, articulación y monitoreo de la política migratoria del Estado.

La OIM vinculó reintegración, empleo y sostenibilidad del retorno

Croci afirmó que la integración y la reintegración de personas migrantes y retornadas figuran entre los mayores desafíos para los países de la CRM. En su exposición, remarcó que diversos estudios de la OIM, de la banca multilateral y de la academia muestran que una migración “segura, ordenada y regular” impulsa desarrollo económico, social y cultural en las sociedades receptoras.

El funcionario añadió que la OIM apoya a los gobiernos en procesos de regularización, integración y empleabilidad. Como ejemplo mencionó el Fondo de Desarrollo Empresarial, con el que la organización generó más de 2.000 puestos laborales directos e indirectos y elevó la producción de pequeñas y medianas empresas en Guatemala, Ecuador y Argentina, según dijo durante el taller.

Croci también destacó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó días antes la declaración de progreso del Foro de Examen de la Migración Internacional. Según su evaluación, ese paso reflejó “un alto compromiso con la migración” y reforzó el papel de Guatemala como portavoz de la CRM en ese proceso multilateral.

El taller puso el foco en cómo cambian los perfiles y las formas de retorno

Tim Haward, especialista regional de la OIM, planteó que los retornos en la región responden a múltiples factores, entre ellos cambios en políticas migratorias, mecanismos de cooperación y readmisión, y dinámicas económicas y de desarrollo. Según explicó, el perfil de las personas retornadas cambió y también lo hicieron sus vulnerabilidades.

Haward propuso analizar el retorno como un espectro que va desde el retorno voluntario hasta el forzoso, con formas intermedias como el retorno espontáneo, el voluntario asistido, la repatriación voluntaria y los retornos bajo opciones limitadas.

“Tenemos que considerar que hay muchas nuevas formas de retorno”, dijo, y puso como ejemplo la aparición de términos como “autodeportación”.

El especialista sostuvo que la forma en que empieza el retorno condiciona la reintegración posterior. “Tenemos que tomar a la persona como centro de todo eso”, afirmó, y señaló que cada proceso exige respuestas diferenciadas en los planos económico, social y psicosocial.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala informó además que las defensorías de las Personas Migrantes y de las Personas Trabajadoras participaron en la primera sesión de la Conferencia Regional sobre Migración, donde se abordó la reintegración económica y social de las personas guatemaltecas retornadas.

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico presentó este lunes al presidente Bernardo Arévalo avances en transformación digital del Estado, con foco en la Plataforma de Interoperabilidad del Organismo Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno de Guatemala inició la implementación del 7.º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027, que fija compromisos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, según la GAE.

La reunión ordinaria bimensual se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura con el órgano colegiado y se centró en el seguimiento de acciones estratégicas para la modernización del Estado, informó la GAE.

Las autoridades informaron avances en iniciativas del Organismo Ejecutivo para mejorar la eficiencia institucional y los servicios públicos con herramientas tecnológicas.

Uno de los ejes tratados fue la actualización de la Plataforma de Interoperabilidad, un proyecto liderado por la GAE para habilitar el intercambio seguro y estandarizado de información entre instituciones públicas.

La comisión indicó que la infraestructura busca acelerar trámites administrativos y ordenar la provisión de servicios con foco en la ciudadanía.

Como parte del proceso, la GAE publicó la Respuesta Razonada del plan y abrió una consulta pública de 15 días, de acuerdo con la propia comisión. El documento está disponible en el portal institucional y explica cómo se analizaron las propuestas recibidas, en línea con los estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Cómo se evaluaron las propuestas ciudadanas recogidas en 11 departamentos

La Respuesta Razonada publicada por la Dirección de Gobierno Abierto detalla cómo instituciones públicas, el Foro Multiactor y la GAE analizaron y respondieron aportes ciudadanos levantados en 11 departamentos, según la comisión.

El documento también incorpora recomendaciones del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto, indicó el organismo.

En los ejes transversales, el plan incorpora un componente de transformación digital a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil con apoyo de la GAE. Ese compromiso se enfoca en la gestión de los servicios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado mediante instrumentos técnicos e informáticos para agilizar el análisis de expedientes.

El eje transversal de transparencia fiscal lo lidera el Ministerio de Finanzas Públicas e incluye el rediseño del portal de ONG y el uso de datos abiertos para innovación pública y transparencia fiscal, según la GAE. El eje de anticorrupción, a cargo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, plantea innovación digital y participación ciudadana para la auditoría social de proyectos de los consejos departamentales de desarrollo, de acuerdo con la información oficial.

Ejes del 7.º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027

El 7.º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027 quedó estructurado en cuatro ejes estratégicos y tres transversales, según la información oficial difundida por la GAE.

En el lanzamiento participaron Arévalo, autoridades gubernamentales, representantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, el Foro Multiactor de Gobierno Abierto Guatemala, cooperantes internacionales y actores de sociedad civil, academia y sector privado, de acuerdo con el organismo.

El primer eje está dedicado a seguridad alimentaria y nutricional y lo lidera la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según la GAE. Incluye compromisos orientados a ampliar el acceso a información sobre programas sociales, con hitos como la reingeniería del portal del SIINSAN, la publicación en datos abiertos de indicadores del Programa de Alimentación Escolar y la elaboración de agendas departamentales.

El segundo eje aborda la violencia contra las mujeres y lo encabeza la Secretaría Presidencial de la Mujer, informó la GAE. El plan contempla acciones de prevención y atención integral, entre ellas 22 foros departamentales, la publicación de informes sobre derechos humanos de las mujeres, la formación de personal policial y la creación de un tablero situacional sobre violencia contra mujeres indígenas.

El tercer eje se enfoca en migración y lo lidera el Instituto Guatemalteco de Migración, con medidas para fortalecer la ruta de atención a personas guatemaltecas retornadas y en riesgo de migración irregular, según la GAE.

Entre los hitos se mencionan una matriz de información de servicios consulares, la centralización de la oferta programática en el portal Plan Retorno al Hogar y acciones de atención y formación técnica en centros Quédate de Huehuetenango, Quiché y Sololá.

El cuarto eje corresponde a medio ambiente, agua, saneamiento y residuos, bajo liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo con la GAE.

El compromiso central apunta a reforzar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión del agua, la vigilancia participativa de servicios de agua potable y saneamiento, la difusión de información ambiental y la participación de pueblos indígenas en procesos de consulta.

El MAGA activó acciones anticipatorias ante la sequía en el agro como parte de la actualización de su Plan Institucional de Respuesta 2026, con una estrategia que combina alimentos para familias vulnerables, asistencia técnica, alerta temprana y obras de captación de lluvia para actuar antes de que el riesgo hídrico alcance niveles críticos y reducir el impacto de la variabilidad climática en las áreas rurales.

Entre las medidas ya ejecutadas figura la instalación de cuatro reservorios de captación de agua de lluvia en Jutiapa, Jalapa y Chiquimula, con capacidad de 53 mil litros cada uno, que beneficiarán a 162 productores del corredor seco. Esos depósitos permiten almacenar agua en invierno para regar cultivos de frijol, maíz y otros alimentos básicos cuando disminuyen las lluvias.

El ministerio informó además que dispone de 106 mil 610 raciones de alimentos para familias en condición de vulnerabilidad, que serán distribuidas de acuerdo con los protocolos del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La actualización del PIR-2026 sustituye el enfoque reactivo tradicional por un modelo de Acciones Anticipatorias sustentado en evidencia científica y sistemas de alerta temprana, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La respuesta directa al problema planteado por el ministerio es esta: ante la falta de agua para cultivos en tiempo de sequía, las familias agricultoras del corredor seco podrán almacenar lluvia durante la temporada húmeda y usarla después en riego. El MAGA presentó esa solución como una forma de sostener la producción y reducir el daño de las sequías prolongadas sobre la seguridad alimentaria.

El plan incorpora alerta temprana, asistencia técnica y seguro agrícola

La estrategia oficial incluye asistencia técnica especializada para agricultores con el objetivo de fortalecer el manejo de cultivos y mejorar las prácticas productivas frente a sequías y otros eventos climáticos adversos. Según el MAGA, ese acompañamiento busca elevar la resiliencia de los sistemas agrícolas antes de que se agrave el déficit de agua.

El plan también impulsa proyectos de siembra y cosecha de agua de lluvia, entre ellos el Programa Suelos y Agua para el Futuro, ejecutado bajo diseño hidrológico Keyline. De acuerdo con la cartera, ese esquema está orientado a fortalecer la resiliencia productiva en áreas rurales.

Otro componente es la continuidad del seguro agrícola, presentado por el ministerio como una herramienta para reducir las pérdidas económicas de los productores, en especial de quienes se dedican a la agricultura de subsistencia. La cartera agregó que en el país operan 21 Mesas Técnicas Agroclimáticas, espacios en los que científicos, técnicos y productores elaboran recomendaciones adaptadas a las condiciones climáticas de cada región para los sectores agro y pecuario.

El MAGA señaló además que genera boletines y alertas agrometeorológicas especializadas que identifican niveles de riesgo y orientan la toma de decisiones en los sistemas productivos. Ese sistema forma parte del cambio de enfoque del PIR-2026 hacia intervenciones previas a la emergencia.

Los reservorios fueron instalados en cuatro comunidades del corredor seco

Los cuatro depósitos forman parte del Proyecto de Cooperación Técnica de Frijol, impulsado por el MAGA por medio del VISAN en coordinación con Centro KOPIA Guatemala. La instalación se desarrolla como parte de las acciones de acompañamiento técnico orientadas a fortalecer la resiliencia y la producción de alimentos en comunidades vulnerables del corredor seco, según el ministerio.

Los reservorios fueron ubicados en El Quebracho, en Santa Catarina Mita, Jutiapa; Las Ánimas, en San Manuel Chaparrón, Jalapa; La Esperanza, en Ipala; y Guacamayas Arriba, en San José La Arada, Chiquimula. El objetivo es que las familias dispongan de agua almacenada para mantener activas sus parcelas durante más tiempo.

El ministerio atribuyó la escasez hídrica que golpea a estas comunidades al fenómeno de El Niño, al que también identifica como “Súper Niño”, y señaló que afecta de forma constante al corredor seco. En ese escenario, los depósitos de lluvia fueron presentados como una alternativa para amortiguar la falta de agua en los periodos sin precipitación.

Además del apoyo directo a la producción agrícola, el MAGA sostuvo que esta tecnología mejora las condiciones de las familias rurales porque les permite sostener cultivos básicos por más tiempo. La cartera vinculó ese resultado con una menor exposición a las pérdidas que provocan las sequías prolongadas en la seguridad alimentaria.

El gobernador departamental de Guatemala Mauricio Benard Alvarado y el director general de la PNC David Custodio Boteo presentaron estrategias de seguridad, prevención de la violencia y atención a problemas que afectan a distintos sectores del departamento, con un plan que incluye patrullajes preventivos, coordinación con vecinos y empresas privadas, y acciones interinstitucionales para reducir factores que generan violencia en las comunidades.

Uno de los ejes centrales expuestos en la conferencia fue el aumento de hechos viales a nivel nacional: el Departamento de Tránsito informó que se reportan cerca de 900 fallecidos y más de 3.500 lesionados por siniestros de tránsito.

Esa situación sostiene los operativos en distintos puntos de la ciudad capital y en rutas nacionales para sancionar carreras ilegales, exceso de velocidad y conducción bajo efectos de alcohol.

La conferencia también abordó el incremento de robos en residenciales y condominios ubicados en carretera a El Salvador y en otros sectores del departamento.

Frente a ese problema, las autoridades anunciaron que reforzarán los patrullajes preventivos y la coordinación con vecinos y empresas de seguridad privada, además de impartir capacitaciones para mejorar los controles de ingreso y prevenir delitos patrimoniales.

Acompañaron a Benard y Boteo el subdirector general de Operaciones Jacinto Quiché, el subdirector general de Investigación Criminal José Cornel Santos, el jefe del Departamento de Tránsito Carlos Fuentes López y el subjefe de la División Especializada en Investigación Criminal, Juan Francisco Sequén Figueroa.

La respuesta oficial combina patrullajes, controles de tránsito y prevención del consumo

La respuesta presentada por las autoridades incluye una intervención directa sobre dos frentes: los robos en áreas residenciales y las carreras clandestinas de motocicletas.

En el primer caso, el enfoque estará puesto en vigilancia preventiva, coordinación comunitaria y mejores filtros de acceso; en el segundo, en operativos para sancionar competencias ilegales, velocidad excesiva y manejo bajo efectos de alcohol.

Mauricio Benard indicó que desde la Mesa Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del departamento de Guatemala se impulsan acciones interinstitucionales orientadas a prevenir el consumo de alcohol y drogas.

Esa mesa también promueve la recuperación de espacios deportivos y recreativos y el trabajo conjunto con municipalidades para reducir factores vinculados con la violencia en las comunidades.

Las autoridades también destacaron la coordinación entre la PNC y el Ejército de Guatemala mediante patrullajes conjuntos y operativos estratégicos en zonas priorizadas del departamento y en áreas fronterizas. El objetivo de ese despliegue es reducir la incidencia criminal, prevenir hechos violentos y fortalecer la seguridad ciudadana.

La Gobernación departamental plantea una coordinación sostenida con municipios y vecinos

La Gobernación Departamental de Guatemala presentó estas medidas como parte de una estrategia sostenida de articulación entre instituciones de seguridad, municipalidades y ciudadanía.

Ese esquema busca atender problemáticas que afectan a la población en distintos sectores del departamento y sostener una respuesta coordinada ante los riesgos de violencia y delincuencia.

La institución reiteró su compromiso de mantener espacios de coordinación y trabajo conjunto con las entidades de seguridad, los gobiernos municipales y la población para fortalecer la prevención, mejorar las condiciones de seguridad y promover entornos más seguros para las familias guatemaltecas.

La PNC refuerza operativos nocturnos contra carreras clandestinas en Guatemala

La Policía Nacional Civil intensificó operativos nocturnos contra carreras clandestinas en el departamento de Guatemala, ante el aumento de hechos vinculados con motocicletas y exceso de velocidad, un fenómeno que las autoridades identifican como amenaza para la seguridad vial y ciudadana.

Las sanciones por estas prácticas ilegales van de 5 mil a 35 mil quetzales, según la gravedad de la infracción.

Durante una conferencia sobre seguridad ciudadana en la Gobernación Departamental de Guatemala, las autoridades señalaron que estas competencias continúan provocando accidentes de tránsito y molestias a vecinos, lo que alimenta la preocupación entre la población.

El gobernador departamental Mauricio Roberto Benard afirmó que hay coordinación permanente entre la Gobernación, el Departamento de Tránsito (DT-PNC) y otras instituciones para enfrentar la situación.

El jefe del DT-PNC Carlos Fuentes López precisó que las carreras suelen realizarse en las calzadas Roosevelt, San Juan y Atanasio Tzul, además de la avenida Petapa y zonas cercanas a la Torre del Reformador, sobre todo en horarios con menor presencia de autoridades.

Fuentes López explicó que, a diferencia de los despliegues preventivos previos, ahora se ejecutan operativos estratégicos con apoyo de unidades de Investigación Criminal a partir de monitoreo de redes sociales, denuncias ciudadanas e inteligencia policial.

El Congreso de Guatemala agendó para el 2 de junio la aprobación en tercera lectura y redacción final de la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque antes celebrará una reunión adicional el lunes 1 de junio para intentar cerrar las enmiendas que aún no tienen consenso y ajustar el texto a las recomendaciones del GAFI.

La discusión gira sobre todo en torno a la autonomía del delito de lavado, uno de los puntos que todavía divide a los bloques y a los equipos técnicos. El diputado José Chic, de la bancada VOS, dijo que la propuesta final para los artículos 73 y 74 será revisada por la Comisión de Economía, la Intendencia de Verificación Especial y la Asociación Bancaria de Guatemala para que quede “en concordancia con las recomendaciones internacionales”.

El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, precisó que en las últimas tres reuniones se revisaron ocho enmiendas presentadas por distintos bloques, con acompañamiento técnico de la Superintendencia de Bancos y de la IVE. De ese conjunto, dos obtuvieron viabilidad parcial, tres viabilidad completa y tres no alcanzaron aval técnico.

Ayala detalló que los artículos con viabilidad parcial son el dos y el 25, mientras que los técnicamente implementables son los artículos 52, 83 y 111. Los artículos ocho, 73 y 74 quedaron fuera de acuerdo, porque tocan el enfoque basado en riesgo, la tipificación del delito y la autonomía del lavado de dinero.

Tres artículos siguen sin acuerdo técnico

Según Jorge Ayala, el artículo dos modifica tres definiciones: persona expuesta políticamente, transacción y transacción sospechosa. El artículo 25 se refiere a los grados de consanguinidad y afinidad de las personas expuestas políticamente en casos especiales.

El artículo 52 añade una función a la intervención de supervisión especial en materia de capacitación y divulgación. El artículo 83 regula tres fases del delito no consumado de lavado: proposición, conspiración y tentativa, con una pena de un tercio, mientras que el 111 modifica el Código de Notariado para excluir únicamente los aspectos relacionados con la ley de lavado y su reglamento.

Los mayores desacuerdos se concentran en los artículos 73 y 74. Ayala explicó que una de las propuestas buscaba introducir la exigencia de que el delito precedente quedara previamente determinado, con el argumento de reforzar la presunción de inocencia y el debido proceso, pero advirtió que ese cambio podía afectar la autonomía del delito establecida en la reforma de 2010.

El propio Ayala sostuvo que el resto del articulado ya incorpora más garantías que la normativa vigente, porque establece que comete lavado quien actúa sabiendo el origen ilícito de los fondos. Según esa interpretación, será el Ministerio Público quien deba probar ese conocimiento, sin que haga falta alterar esos dos artículos de forma que debilite la reforma previa.

Los bloques admiten presión por evitar una lista gris

El diputado Inés Castillo, de la bancada UNE, afirmó que existe “un alto compromiso” del Congreso para avanzar con la reforma y adaptar la legislación nacional a las recomendaciones del GAFI sin contradecir la Constitución ni vulnerar derechos humanos. También sostuvo que no se prevé presentar más enmiendas y que la discusión actual se limita a las ya planteadas.

Castillo reconoció que el debate central sigue siendo la autonomía del delito. En su explicación, para acusar a una persona por lavado debería existir un delito previo que explique el origen ilícito del dinero, pero agregó que la recomendación del GAFI trata el lavado como un delito autónomo y que Guatemala, por ser signataria de esos compromisos, debe adecuarse a ese estándar.

El diputado de la UNE añadió que la reforma busca corregir efectos de la ley actual sobre la economía informal. Según su exposición, el nuevo texto dejaría de tratar como lavado el simple depósito bancario de dinero en efectivo por parte de comerciantes informales que no han pagado impuestos y concentraría la persecución en crimen organizado, trata de personas, corrupción y narcotráfico.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, defendió que la nueva propuesta es más garantista que la normativa vigente. Según su explicación, hoy una alerta de la IVE puede derivar en una captura y en una acusación inmediata por lavado, mientras que con la reforma el Ministerio Público tendría que demostrar por sus propios medios que la persona comete ese delito y no podría basarse en esa alerta para probarlo.

Contreras confirmó que el lunes invitarán a la prensa a la reunión en la que esperan firmar acuerdos previos. También explicó que la sesión del martes incluirá primero una ceremonia solemne, luego la integración de la Comisión Postuladora de la Contraloría, después una iniciativa de educación escolar que será devuelta a comisión y, a continuación, el debate de la ley antilavado, cuya discusión seguiría el día siguiente si no concluye en esa jornada.

La vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera ordenó en la tercera reunión extraordinaria del CONASAN reanudar en el corto plazo la entrega del Alimento Complementario Fortificado para niñas y niños menores de cinco años, una medida aprobada por ese consejo para prevenir la desnutrición infantil mientras el Ejecutivo activa planes anticipatorios frente a la amenaza de sequía en 2026.

La instrucción apunta de manera directa a la distribución del Alimento Complementario Fortificado, identificado como ACF, para menores de cinco años en todo el país. El texto oficial la define como una medida esencial de prevención de la desnutrición infantil.

En la misma reunión, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional conoció los avances de los planes de trabajo de varias instituciones del Organismo Ejecutivo para implementar medidas anticipatorias ante la sequía de 2026. Según el texto oficial, esas acciones buscan fortalecer la prevención, el monitoreo y la respuesta temprana en los territorios con mayor riesgo.

El Ejecutivo activó planes anticipatorios ante la amenaza de sequía de 2026

Las entidades que presentaron sus acciones fueron la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La presentación se realizó durante la tercera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

De acuerdo con el texto oficial, la SESAN continúa con el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, el monitoreo de la desnutrición aguda, la coordinación territorial y las estrategias de comunicación para el cambio social y de comportamiento. Esas herramientas, según la misma fuente, permiten identificar riesgos y promover acciones oportunas en las comunidades.

El Ministerio de Desarrollo Social, identificado como MIDES, expuso medidas incluidas en la respuesta anticipatoria ante la amenaza de sequía. El texto oficial indica que están enfocadas en reforzar la protección social de las familias en situación de vulnerabilidad mediante intervenciones como el Bono Nutrición y el fortalecimiento del programa de Comedores Sociales.

Salud y agricultura concentraron acciones sobre nutrición, agua y producción de alimentos

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, identificado como MSPAS, presentó las intervenciones que desarrolla en el marco de la Ventana de los Mil Días. Según el texto oficial, ese paquete incluye monitoreo nutricional, atención preventiva, vigilancia de la calidad del agua, vacunación y atención integral dirigida a mujeres embarazadas, madres y niñez menor de cinco años.

Esas acciones, de acuerdo con la misma fuente, buscan reducir factores de riesgo que pueden agravarse durante períodos de sequía. La combinación de nutrición, agua y atención preventiva forma parte de la preparación sanitaria frente a esa amenaza climática.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, identificado como MAGA, presentó intervenciones orientadas a fortalecer la resiliencia de las familias productoras. El texto oficial señala que esas medidas incluyen apoyo a la producción de alimentos, gestión alimentaria, comunicación agropecuaria y atención de amenazas que puedan afectar los cultivos y la disponibilidad de alimentos en las comunidades.

La reunión también dejó definida una línea de acción institucional: coordinar respuestas para reducir la desnutrición infantil a escala nacional y contener el impacto de las amenazas climáticas. Según el texto oficial, ese es el compromiso que el Gobierno reafirmó con la reanudación del ACF y con los planes anticipatorios frente a la sequía.

Abordaje interinstitucional a áreas urbanas

El CONASAN aprobó sumar seis municipios al Protocolo Interinstitucional para el Abordaje de la Desnutrición Aguda en territorios con mayor carga de morbilidad o mortalidad, con lo que el esquema alcanza 61 municipios. La medida se resolvió en la segunda reunión del año, presidida por la vicepresidenta Karin Herrera.

La ampliación incorpora por primera vez municipios de características predominantemente urbanas, un cambio que plantea la desnutrición aguda más allá del ámbito rural. Según declaraciones de la secretaria de la SESAN Mireya Palmieri: “Esto está enfocando el problema en las áreas urbanas. Tenemos lecciones importantes desde 2024 para implementar en estos municipios, que son muy relevantes por su alta densidad poblacional”.

Los territorios que se integran al protocolo son Chimaltenango (cabecera), Chiquimula (cabecera), San José (Escuintla), Chinautla (Guatemala), Santo Domingo Suchitepéquez y San Antonio Suchitepéquez (Suchitepéquez). Chimaltenango y Chiquimula, como cabeceras departamentales, y Chinautla, conurbado con la Ciudad de Guatemala, quedaron incluidos en el abordaje interinstitucional.

El proyecto Guatemaltecos por la Nutrición avanza hacia su segundo proceso de medición de impacto en Guatemala, con el objetivo de verificar la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos por combatir la desnutrición en el departamento de Huehuetenango. La evaluación actual es encabezada por la economista María Sophia Aguirre, profesora emérita de la Universidad Católica de América en Washington y presidenta de la Catholic International University, según informó la agencia EFE.

El equipo auditor, bajo la dirección de Aguirre, realiza el levantamiento de datos en varias zonas de Huehuetenango, una de las regiones más afectadas por la desnutrición en el país centroamericano. La intervención abarca los municipios de Cuilco, La Libertad y La Democracia, donde el segundo año de intervención está siendo evaluado, y los municipios de Santa Eulalia y San Pedro Soloma, donde se analizan los resultados del primer año de operaciones. Además, se establece una línea de base técnica en Chiantla, municipio fronterizo con México.

Durante el primer año de implementación en Cuilco, La Libertad y La Democracia, la iniciativa logró reducir la desnutrición aguda a prácticamente cero, partiendo de una línea de base del 6%, según datos proporcionados a EFE por la académica. En el mismo periodo, la desnutrición crónica descendió del 26% al 9% en la región piloto, una disminución considerada drástica por el equipo auditor.

Los ejes clave de acción del programa

La iniciativa, impulsada por el grupo empresarial Castillo Hermanos, fue lanzada hace poco más de 4 años y propone un modelo integral para romper el ciclo de pobreza y desnutrición. El enfoque metodológico de Guatemaltecos por la Nutrición contempla 6 ejes de acción: atención primaria en salud, acceso a alimentos, soporte nutricional, agua y saneamiento, crecimiento económico y desarrollo infantil temprano.

Según explicó Aguirre, la sostenibilidad del proyecto depende del compromiso comunitario bajo un esquema de selección voluntaria. “No se trata de tratamiento, sino de acompañamiento. Es no querer ser asistencialista, sino trabajar juntos, de acuerdo con la dignidad humana y el principio de subsidiariedad, que es lo que funciona en el tiempo”, declaró la economista en entrevista con EFE. La participación activa de las autoridades locales y de las familias se configura como un elemento clave para la viabilidad de las intervenciones, según los auditores.

La dinámica promovida por el sector privado ha generado un efecto multiplicador en la conducta social dentro de la región. Los hogares que han incorporado nuevas prácticas de higiene y preparación de alimentos comparten sus experiencias en espacios comunitarios, como las piletas públicas de lavado. Este intercambio ha propiciado que comunidades inicialmente reticentes decidan sumarse al programa tras constatar la reducción de enfermedades diarreicas infantiles y el consiguiente ahorro económico en medicinas, detalló EFE.

Con la mirada puesta en el tercer año de operaciones en la zona inicial, el programa proyecta fortalecer el acceso a alimentos mediante proyectos agrícolas sostenibles y aumentar la formación técnica de jóvenes en competencias laborales adaptadas a la economía regional. El propósito es contribuir a mitigar la migración forzada hacia Norteamérica, una problemática persistente en el área.

Desde 2022, la inversión destinada por la firma Castillo Hermanos al programa asciende a USD 15 millones. En su medición inicial, los resultados reflejaron un impacto positivo sobre la reducción de la desnutrición en los municipios asistidos, de acuerdo con la información proporcionada por EFE. Los datos recabados durante la presente auditoría servirán para determinar si el modelo es sostenible en el tiempo y si puede replicarse en otras regiones del país.

En 2023, la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2023, elaborada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reportó que la desnutrición crónica en menores de 5 años se mantuvo en torno al 46% a nivel nacional, una de las más altas de América Latina.

“Esperamos que este año sigamos mejorando y que se restaure y estabilice la situación”, puntualizó Aguirre. Según indicó la académica a EFE, el equipo auditor continuará el monitoreo en campo para verificar la permanencia de los avances y la consolidación del modelo integral en las comunidades de Huehuetenango.

Por su parte, el gobierno guatemalteco ha desarrollado el programa nacional ‘Nutrir es Avanzar’, una intervención nacional que busca prevenir y reducir la desnutrición aguda en la niñez, situando el cuidado de la primera infancia como eje prioritario.

La convocatoria internacional para mejorar la movilidad urbana en Ciudad de Guatemala ha colocado en el centro del debate la experiencia del Reino Unido y su modelo de colaboración en infraestructura, destaca una nota de la agencia EFE.

Durante un foro celebrado el lunes, funcionarios y expertos británicos expusieron alternativas para enfrentar el creciente colapso vial en la capital guatemalteca.

El presidente Bernardo Arévalo de León encabezó la reunión, acompañado por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, y representantes diplomáticos y comerciales del Reino Unido.

Entre ellos, la embajadora Juliana Correa y el comisionado Oliver Ballhatchet, quienes destacaron la importancia de asociarse con empresas líderes en infraestructura para transformar la movilidad urbana en Guatemala.

El impacto del tráfico en la vida diaria

Los organizadores subrayaron que el ciudadano promedio en Guatemala dedica casi dos meses al año atrapado en el tráfico.

Este fenómeno, según organizaciones independientes, representa además una pérdida económica de cerca de USD 200 mensuales por conductor debido a la reducción de la productividad laboral.

El dato resume la magnitud del problema: el tráfico es uno de los principales retos urbanos sin solución efectiva en el corto plazo.

En respuesta a la pregunta de por qué el tráfico es un problema central en Ciudad de Guatemala, basta con señalar que las largas horas perdidas y el alto costo económico afectan tanto a la calidad de vida como al desarrollo económico del país.

La persistencia de esta situación se explica por la insuficiencia de infraestructura moderna y la resistencia de algunos sectores sociales a los proyectos de transporte alternativo.

Estrategias británicas y cooperación internacional

La embajadora Correa remarcó el objetivo de “construir alianzas, crear oportunidades para fortalecer capacidades y promover mecanismos modernos de cooperación”.

Explicó que la presencia de empresas británicas en el foro refleja el compromiso del Reino Unido de colaborar con Guatemala a través de soluciones tecnológicas y modelos de gestión ya implementados en otras regiones.

Durante el evento, expertos británicos compartieron su experiencia en la ejecución de proyectos similares en países como Perú, donde la colaboración entre gobiernos ha facilitado la modernización de la infraestructura de transporte.

El foro también abordó la posibilidad de adaptar estos modelos al contexto guatemalteco, con énfasis en la transferencia de tecnología y la capacitación de equipos locales.

Propuestas y desafíos para el futuro del transporte

La Municipalidad de Ciudad de Guatemala impulsa la construcción de sistemas como el aerómetro o metroriel, un teleférico urbano que busca aliviar la saturación de las vías.

Sin embargo, estos proyectos han encontrado una amplia resistencia de diversos sectores, lo que evidencia la necesidad de diálogo y consenso para avanzar hacia una movilidad más eficiente.

El foro dejó en claro que la solución al problema del tráfico requiere no solo inversión en infraestructura, sino también la integración de modelos de cooperación internacional y la voluntad política para superar las barreras sociales y administrativas.

El caso británico ofrece un ejemplo de cómo la colaboración entre gobiernos y empresas puede ser una herramienta clave para cerrar brechas y mejorar la calidad de vida en las ciudades latinoamericanas.

La captura de Gladis Castro García y su deportación a Guatemala reactivaron el caso por la muerte de su esposo, ocurrido en 2017. La mujer, que fue identificada por la Cancillería como vicecónsul en Los Ángeles, llegó en un vuelo de expulsados desde Estados Unidos y fue arrestada con una orden vigente por parricidio y obstaculización a la acción penal.

Castro, de 40 años, fue detenida el sábado 23 de mayo tras arribar a la Fuerza Aérea Guatemalteca, informó Soy 502. La orden de captura, según La República y el mismo medio, fue emitida el 16 de enero de 2026 por un juzgado de Quetzaltenango por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes que Castro se desempeñaba como vicecónsul en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, según medios guatemaltecos como La República y Soy 502. La Cancillería sostuvo que el retorno al país ocurrió en el marco de un permiso laboral y que, cuando fue contratada en agosto de 2024, no tenía antecedentes penales ni policiales.

La investigación cambió tras las dudas de la familia por las lesiones

El caso se remonta al 9 de septiembre de 2017, cuando murió Mohammad Hashem Suleiman Arabiat en Malacatán, San Marcos, según La República y Soy 502. De acuerdo con Soy 502, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en un inmueble ubicado en la calle final A, Cantón Victoria, donde Castro estaba con su esposo, originario de Jordania.

La versión inicial atribuyó la muerte a un accidente doméstico. Soy 502 consignó la declaración de Castro, quien indicó que su esposo cayó mientras podaba plantas o un árbol fuera de la vivienda y se golpeó la cabeza al impactar contra piedras.

La investigación tomó otro rumbo tras diligencias del Ministerio Público y análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, informó La República. Familiares de la víctima dijeron que la explicación inicial no coincidía con las heridas que observaron, y eso impulsó que el caso se profundizara, según ese medio.

Qué informó la Policía Nacional Civil sobre el traslado y la escena

La Policía Nacional Civil, citada por Soy 502, indicó que Castro condujo su vehículo hasta un sanatorio para pedir asistencia médica. Luego regresó al inmueble con un médico, quien confirmó la muerte y emitió un certificado.

Según Soy 502, ese documento fue presentado cuando llegó el Ministerio Público y se usó para intentar frenar el procesamiento de la escena. El mismo medio informó que también se impidió que otras personas se acercaran al cadáver con el argumento de que, por la religión del fallecido, nadie podía tocar el cuerpo.

Indicios por el certificado médico y el hallazgo posterior en la ciudad de Guatemala

Uno de los puntos bajo revisión fueron las presuntas irregularidades en la emisión del certificado médico, de acuerdo con La República. Ese medio también reportó posibles limitaciones al levantamiento y análisis de la escena, supuestamente justificadas por motivos religiosos vinculados a las creencias del fallecido.

El cuerpo fue trasladado después a la ciudad de Guatemala para la ceremonia funeraria correspondiente a la religión musulmana, según Soy 502. Fue allí donde los familiares advirtieron heridas por arma de fuego, de acuerdo con la misma publicación. Con esos antecedentes, Soy 502 informó que las pesquisas apuntaron a Castro como presunta responsable de la muerte. La República señaló que esos hallazgos llevaron al Ministerio Público a solicitar la orden de captura que derivó en su arresto.

Tras la detención, Castro fue trasladada a la Torre de Tribunales, según La República. Allí deberá comparecer a la audiencia de primera declaración, donde el juzgado resolverá si existen elementos para ligarla a proceso y qué medidas de coerción se le imponen. Si es hallada culpable, el delito de parricidio prevé penas de entre 25 y 50 años de prisión, según La República.

El Banco de Guatemala empezó este lunes 25 de mayo la distribución del nuevo billete conmemorativo de Q100, una emisión por los 80 años de la institución y el centenario de la banca central. El papel moneda tendrá curso legal y circulará en todo el país, según informaron La Hora GT y Soy 502.

La impresión total es de 15 millones de unidades, dijo el presidente del banco central, Álvaro González Ricci, en declaraciones a Soy 502. El funcionario afirmó que el volumen alcanzará para el uso cotidiano y para el interés de coleccionistas.

“Lo vamos a ver circulando en los establecimientos como cualquier otro billete”, sostuvo González Ricci ante dicho medio local También indicó que, aunque parte de los ejemplares se guardará por su valor numismático, una gran cantidad ingresará al circuito habitual del efectivo.

Según La Hora GT, hay tres vías para obtenerlo: canjear billetes actuales de Q100 por la nueva edición en las oficinas del banco central del 25 al 29 de mayo; solicitarlo en bancos del sistema sin una fecha límite definida; o recibirlo por la circulación normal del efectivo.

Material, diseño y medidas de seguridad del nuevo Q100

El billete fue fabricado con fibras 100% de algodón, según la nota “Banco de Guatemala presenta emisión de billete conmemorativo de Q100” citada por La Hora GT. González Ricci explicó que ese sustrato le otorga una vida útil estimada de cinco años, según el nivel de uso.

En el anverso retoma elementos del primer billete de Q100 emitido en 1948, de acuerdo con La Hora GT. Incluye el vuelo del quetzal, una marca de agua inspirada en la obra “Indio de Nahualá”, la efigie de Francisco Marroquín y el edificio del banco central, como referencia a las ocho décadas de la entidad.

Las medidas de seguridad incorporan hilo con microtexto y efecto de movimiento, imagen latente, registro perfecto de impresión, fondos de seguridad, marca de agua, numeración en sistema Braille, líneas en relieve perceptibles al tacto y un elemento óptico conmemorativo que cambia de dorado a verde al inclinarlo, según detalló.

González Ricci dijo a Soy 502 que el diseño combina rasgos de los primeros billetes de esta denominación con tecnología moderna para dificultar la falsificación. También señaló que la emisión podría participar en concursos internacionales de diseño numismático, como ocurrió con el billete conmemorativo de Q1 emitido en 2024, que fue reconocido en Brasil en 2025.

¿Qué muestra el reverso y cómo será el recambio de billetes?

En el reverso figura una representación del edificio de la Universidad de San Carlos de Borromeo y una inscripción por los 350 años de su fundación, según La Hora GT. El billete también suma motivos inspirados en el mural escultórico de la fachada del edificio del banco central, añadió el mismo medio.

La emisión generó interés entre coleccionistas y personas que buscan conservar ejemplares por su carácter conmemorativo, de acuerdo con La Hora GT. El medio consignó que el objetivo incluye reforzar la seguridad monetaria y poner en valor referencias institucionales y culturales de Guatemala. González Ricci informó que el Banco Central habilitó ventanillas especiales durante dos semanas para facilitar el acceso. Según el funcionario, el proceso avanza de forma ordenada y sin aglomeraciones.

Las piezas deterioradas serán retiradas por los bancos y luego destruidas por el Banco de Guatemala mediante procesos especializados, explicó González Ricci. “Hay suficientes billetes para que cada quien pueda tener esta pieza conmemorativa”, afirmó.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala advirtió este lunes a los partidos políticos que eviten la campaña anticipada durante actividades de afiliación y capacitación, tras detectar un aumento de denuncias por publicaciones vinculadas al Día de la Madre. El organismo recordó que esas conductas pueden abrir expedientes administrativos, con un plazo de cinco días para presentar defensa.

Entre enero y mayo de 2026, el TSE contabilizó más de 110 expedientes por presunta propaganda adelantada, en su mayoría por publicaciones en redes sociales.

El departamento de Guatemala concentró 18 casos, Zacapa 17, San Marcos 16 y Quiché 12, según lo expuesto en la reunión mensual entre magistrados y representantes de organizaciones políticas.

El tribunal pidió que los partidos trasladen a secretarios generales, dirigencias departamentales y responsables de jornadas de afiliación la obligación de no convertir esas actividades en promoción electoral fuera de plazo, para evitar notificaciones y procesos administrativos.

El inspector general del TSE Roberto Garza dijo que durante la conmemoración del 10 de mayo se identificaron publicaciones y videos que podrían encuadrar en promoción de imagen o propaganda. También precisó que el tribunal recibe denuncias electrónicas a través de su sitio web y reportes en subdelegaciones, delegaciones, la Inspección General y la sede central.

Garza solicitó actuar con “precaución” en las jornadas de afiliación y capacitación porque, según explicó, el órgano electoral observó casos en los que “es la misma figura” la que encabeza distintas actividades, lo que activa alertas internas y denuncias ciudadanas.

De acuerdo con lo tratado en la reunión, la campaña anticipada se regula principalmente en el artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sobre esa base, el funcionario instó a las organizaciones a ajustarse a la normativa vigente.

Errores en formularios de afiliación y validación de datos

En la misma reunión, la jefa del Departamento de Organizaciones Políticas Deyanira Herrera informó sobre inconsistencias en los formularios de afiliación presentados por distintas organizaciones, lo que impide tomar en cuenta varios registros.

Herrera detalló que los problemas más frecuentes incluyen hojas sin firma o sin huella, uso de corrector, tachones y fecha de afiliación incompleta o en blanco. También se detectaron documentos con solo firma o huella, mientras el resto de la información quedó sin completar.

La funcionaria agregó que en algunos expedientes las huellas dactilares no son legibles o fueron colocadas en casillas incorrectas. Sumó casos en los que la firma consignada en la hoja de afiliación no coincide con la registrada ante el Registro Nacional de las Personas (Renap), lo que dificulta la validación.

Herrera señaló además situaciones en las que el registro en Renap contiene firma, pero en la hoja entregada al TSE se dejó huella, y también casos en sentido inverso. Según explicó, las organizaciones deben corregir esas observaciones para evitar demoras en la verificación y validación.

Calendario: proclamación de candidaturas desde el 1 de julio

El magistrado del TSE Mario Alexander Velásquez Pérez informó que desde el 1 de julio los partidos podrán iniciar asambleas de proclamación de candidatos a alcaldes, diputados y presidente para los comicios de 2027. Indicó que el cronograma responde a la ley porque la convocatoria electoral debe emitirse en enero de 2027 y las proclamaciones pueden comenzar seis meses antes.

Velásquez Pérez añadió que, a partir de julio, la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión empezará la inscripción de los medios interesados en participar en la pauta publicitaria de los partidos durante el proceso electoral de 2027. También anticipó que el calendario completo se presentará en una próxima reunión.

Por su parte, el magistrado del TSE Quelvin Jiménez informó que el departamento de informática realizó una auditoría para reforzar la seguridad institucional. Según dijo, la Dirección de Tecnologías de la Información revisó vulnerabilidades en los sistemas, que registraron inconsistencias durante una semana, y aplicó un reseteo de contraseñas de usuarios para mejorar los controles.

Jiménez indicó que el resultado de esa revisión técnica se presentará en la próxima reunión de trabajo del organismo electoral.

CONRED informó que 21 incendios forestales siguen activos en Guatemala durante la temporada 2026, una emergencia que ya obligó a atender 1,677 siniestros y que ocurre en un contexto en el que más del 99% de los fuegos son atribuidos a actividades humanas, según el Instituto Nacional de Bosques.

De acuerdo con el Sistema CONRED, siete de los incendios activos están en Petén, tres en Quiché, dos en Zacapa, Jutiapa, Jalapa y Chiquimula, y uno en Sacatepéquez, Huehuetenango y el departamento de Guatemala.

El organismo también precisó que, del total de 1,677 incendios atendidos en la temporada 2026, 1,229 han sido forestales. La institución pidió a la población manejar correctamente la basura, evitar quemas y rozas, y reportar cualquier emergencia al 119.

Guatemala, Petén y Quiché concentran la mayor cantidad de incendios liquidados

Según el Boletín Informativo No. 146-2026 de la Secretaría Ejecutiva de CONRED, al 25 de mayo los departamentos con más incendios liquidados son Guatemala, Petén y Quiché, con base en información del Sistema Integrado de Información para la Gestión del Fuego en Guatemala del INAB.

En el departamento de Guatemala se han controlado y liquidado 254 incendios, de acuerdo con CONRED. Los municipios más afectados son Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales y Palencia, donde brigadistas y cuerpos de socorro continúan las labores de combate y liquidación.

La Secretaría Ejecutiva de CONRED señaló que, a escala nacional, durante la presente temporada se superaron los 1.670 incendios liquidados. Esas acciones, añadió el organismo, forman parte de la Función 11 del Plan Nacional de Respuesta, orientada a la atención de incendios en el país.

El dato central de la emergencia es este: Guatemala mantiene 21 incendios forestales activos y, al mismo tiempo, acumula más de 1,670 siniestros liquidados en la temporada, según CONRED. La carga de la respuesta se concentra en departamentos del norte y del centro del país, con Petén, Quiché y Guatemala entre los más afectados.

La plataforma del INAB permite seguir incendios activos, puntos de calor y áreas afectadas

Las cifras pueden consultarse mediante la plataforma interactiva desarrollada por el Inab en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y CONRED. Según la información oficial, la herramienta permite vigilar áreas afectadas y zonas vulnerables en todo el país.

El portal funciona como un tablero geográfico en tiempo real con información sobre incendios activos, incendios liquidados, áreas afectadas, puntos de calor, departamentos con mayor incidencia, cobertura vegetal impactada y monitoreo histórico de la temporada.

En la pantalla principal aparecen puntos, capas y marcadores que representan incendios y eventos relacionados con fuego forestal. Al hacer clic sobre cada punto amarillo o sobre el ícono rojo de fuego, el usuario puede consultar fecha del incendio, ubicación exacta, coordenadas, departamento, municipio, estado del siniestro, observaciones técnicas e imágenes, según la descripción del sistema.

La plataforma usa puntos geográficos conectados a una base de datos que se actualiza conforme evolucionan las emergencias. También permite monitorear puntos de calor con herramientas satelitales y coordinar acciones de respuesta en campo.

El tablero integra filtros por departamento y municipio, capas de incendios activos o liquidados, herramientas de búsqueda, estadísticas acumuladas e históricas y seguimiento territorial de la temporada. Según la información oficial, aunque el sistema es utilizado por instituciones de respuesta y brigadas forestales, cualquier ciudadano puede consultar esos datos públicos sobre incendios forestales.

Otro registro incluido en el texto oficial señala que Guatemala ha alcanzado 1.095 incendios durante la actual temporada, con 24,803.65 hectáreas afectadas, de acuerdo con los datos monitoreados a través del Sistema Integral de Información para la Gestión de Fuego en Guatemala del INAB.

El contexto difundido en la información oficial indica que el país enfrenta una temporada de incendios forestales y estructurales con decenas de siniestros activos de forma simultánea, en especial en Petén, Quiché y Guatemala. Ese mismo contexto atribuye más del 99% de los incendios a actividades humanas como quemas agrícolas no controladas y quema de basura.

Entre las causas principales señaladas por el INAB figuran las quemas agropecuarias que se salen de control, la quema irresponsable de basura o en basureros clandestinos, y las fogatas y colillas de cigarro mal apagadas. CONRED recomendó evitar quemas o rozas en áreas con demasiada pendiente, tomar precauciones al hacer fogatas y avisar de inmediato al 119; el texto también menciona los números 122 de los Bomberos Voluntarios y 123 de los Bomberos Municipales.

Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias Psicópata, fue enviado a prisión preventiva y ligado a proceso penal por asesinato y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivo, después de que la Policía Nacional Civil lo capturó el domingo 24 de mayo en la zona 18 cuando, según el texto fuente y la resolución judicial, presuntamente descuartizaba a un hombre en una casa abandonada junto a un menor de edad. Según publicación del Diario LaHora.

El juzgado de turno dio al Ministerio Público tres meses para completar la investigación y fijó para el 8 de septiembre una audiencia ante el Juzgado Sexto Penal, donde se discutirá si Herrera debe o no enfrentar juicio por estos hechos.

De acuerdo con la publicación del Diario La Hora, el Ministerio Público, Herrera fue detenido cuando intentó escapar del lugar. El ente investigador indicó además que presentaba manchas de sangre que deben ser analizadas y que tenía un arma de fuego.

Herrera se negó a declarar ante el juez para responder por los hechos atribuidos. En la resolución, el juzgador sostuvo que, a partir de los hechos descritos por el Ministerio Público, podía observarse “la maldad de los actos”, por lo que la investigación debía establecer si participó en el crimen y en qué grado.

El juez validó la captura por los indicios hallados al momento de la detención

Durante la audiencia, según la transcripción incluida en el texto fuente, el juez sostuvo que los agentes policiales actuaron conforme a su función al reaccionar de inmediato ante la noticia de un hecho punible. Basó ese razonamiento en las normas del Código Procesal Penal sobre investigación preliminar y detención de sospechosos para evitar su fuga u ocultación.

El juzgador explicó que la sospecha inicial se apoyó en tres elementos: los sindicados salieron corriendo, tenían manchas de sangre en la ropa y el calzado, y uno de ellos llevaba un arma de fuego. Según esa argumentación, esos indicios cobraron mayor peso cuando la policía ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo de la víctima descuartizado.

De acuerdo con la exposición judicial, la ley no exige que los agentes hayan visto de forma directa la comisión del crimen para detener a una persona. El criterio, según dijo el juez en audiencia, permite la aprehensión cuando el sospechoso es sorprendido instantes después con huellas, efectos o instrumentos que hagan pensar fundadamente que acaba de cometer o participar en el hecho.

El juez añadió que el arma de fuego también debía ser considerada un indicio relevante, porque la investigación aún debe determinar si la víctima recibió disparos antes de ser atacada con un arma corto contundente. Esa parte del análisis quedó vinculada tanto a la pesquisa por el asesinato como al cargo por portación ilegal.

La investigación deberá definir el grado de participación de Herrera

Según la argumentación expuesta en audiencia, el Ministerio Público pidió encuadrar los hechos en el artículo 132 del Código Penal, con referencia a alevosía, premeditación y perversidad brutal. El juez afirmó que la forma en que murió la víctima permitía, en esta etapa inicial, considerar esos elementos para abrir el proceso.

La resolución aprobó la carpeta investigativa del Ministerio Público y concluyó que sí existe el delito y que, de manera posible, Herrera participó en él. Con ese criterio, el juzgado declaró con lugar la petición fiscal y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras avanza la causa.

El caso del menor detenido junto a Herrera fue remitido al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal. Según el texto fuente, hasta ahora se desconoce si esa judicatura ya resolvió su situación legal.

Guatemala cerró 2025 con un desempeño portuario histórico que reafirma su papel estratégico en el comercio marítimo de Centroamérica.

El país movilizó más de 1.1 millones de contenedores, registrando un crecimiento interanual del 11%, una de las tasas más altas de la región, según datos del Informe Estadístico Portuario 2025 de la Comisión Portuaria Nacional.

Este dinamismo se vio impulsado por el aumento en importaciones, exportaciones y operaciones de tránsito marítimo, en un contexto donde Centroamérica consolida su papel como corredor logístico clave para el comercio internacional, beneficiado por la proximidad con el Canal de Panamá.

Las estadísticas oficiales muestran que Guatemala movilizó 1,119,626 contenedores entre llenos y vacíos durante 2025, de los cuales 783,853 correspondieron a contenedores llenos y 335,773 a vacíos. El movimiento total se segmentó en 497,931 contenedores de desembarque (importaciones), 525,587 de embarque (exportaciones), 28,713 unidades en tránsito y 67,395 operaciones de transbordo.

Estos resultados ubicaron a Guatemala como el segundo país con mayor participación en el movimiento portuario de contenedores en Centroamérica, con el 14% del total regional, solo superado por Panamá, que concentró el 66% del mercado regional de transbordos.

El incremento del 11% con respecto a 2024 refleja una recuperación sostenida de la actividad económica y comercial nacional. La evolución estuvo determinada por el impulso exportador, el incremento de operaciones logísticas regionales, la recuperación general del comercio internacional y una mayor demanda de productos agrícolas e industriales guatemaltecos.

El volumen de embarque superó levemente al de desembarque, lo que muestra un entorno favorable para el sector exportador nacional. Entre los productos históricamente relevantes para la actividad marítima en Guatemala figuran el café, azúcar, banano, palma africana, manufacturas, textiles y productos alimenticios.

En el contexto centroamericano, Guatemala exhibió mejores resultados que la mayoría de sus países vecinos. Mientras Guatemala creció 11% en movimiento de contenedores, El Salvador alcanzó el 12%, Honduras el 6%, Nicaragua el 14%, Costa Rica el 3% y Panamá el 3%. No obstante, Panamá conserva el liderazgo regional en virtud de su modelo de transbordo internacional, movilizando más de 5.5 millones de contenedores durante el año, de los cuales el 89% fueron operaciones de transbordo.

El Sistema Portuario Centroamericano movilizó en total más de 8.3 millones de contenedores en 2025, con un crecimiento regional promedio del 4%. Panamá encabezó el movimiento total con 5.5 millones de unidades, seguido por Guatemala con 1.1 millones y Costa Rica con más de 903 mil. El informe señala que Panamá concentró más de 4.9 millones de operaciones de transbordo, consolidándose como el principal hub logístico marítimo de América Latina.

El auge del comercio se reflejó también en la actividad marítima. Guatemala registró 3,190 recaladas de buques en 2025, un aumento del 2% respecto al año anterior, quedando como el segundo puerto regional en frecuencia solo después de Panamá.

El puerto guatemalteco recibió principalmente buques portacontenedores (1,917), graneleros líquidos (506), graneleros sólidos (339), convencionales (155), tipo Ro-Ro (97), cruceros (60), gaseros (24), frigoríficos (26), petroleros (3) y barcazas (21). Las principales terminales del país, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, siguen absorbiendo la mayor parte de la carga marítima nacional, tanto en importaciones como en exportaciones. El fortalecimiento operativo ocurre en paralelo con la modernización portuaria y ampliación de infraestructura promovidas por el Estado y operadores privados.

La actividad marítima constituye uno de los principales motores logísticos y fiscales para Guatemala. El sistema portuario nacional aporta cerca del 18% de la recaudación tributaria ligada al comercio exterior. Puerto Quetzal sigue siendo el nodo principal de recaudación aduanera marítima, seguido por Santo Tomás de Castilla. Además del impacto económico, el desarrollo portuario genera efectos directos en el transporte terrestre, almacenamiento, servicios logísticos, comercio exterior, industria exportadora y generación de empleo.

Pese a los avances, el sector enfrenta desafíos en su camino hacia una mayor competitividad. Entre los principales retos se encuentran la modernización tecnológica, ampliación de muelles, reducción de tiempos de espera, automatización de operaciones y fortalecimiento institucional. Sectores empresariales han advertido acerca de problemas de saturación operativa en algunos puertos nacionales, especialmente en temporadas de alta demanda. A nivel global, la tendencia es hacia puertos más automatizados, eficientes y sostenibles, capaces de atender embarcaciones de mayor tamaño y adaptarse a cadenas logísticas cada vez más exigentes.

El crecimiento registrado en 2025 confirma que Guatemala consolida su posición estratégica dentro del comercio marítimo centroamericano. La ubicación geográfica del país, la expansión del comercio regional y la búsqueda de cadenas logísticas más ágiles representan oportunidades para que el sistema portuario aumente su capacidad y competitividad en los años venideros. Mantener el actual ritmo de crecimiento requiere inversiones constantes en infraestructura, digitalización y eficiencia operativa para evitar cuellos de botella y aprovechar el auge del comercio marítimo internacional.

La Policía Nacional Civil de Guatemala desplegó estos lunes operativos relámpago contra presuntos moto ladrones en la capital y otros puntos del país, una estrategia que la institución mantendrá de forma indefinida porque los asaltos cometidos a bordo de motocicletas se concentran en las primeras horas de la mañana y, según la PNC, los sospechosos suelen desplazarse hacia zonas sin cobertura cuando detectan presencia policial.

Desde el inicio del año, la PNC ha incautado 1.500 motocicletas y ha capturado a 116 personas por robo, informó el director general de la institución David Estuardo Custodio Boteo. Entre las unidades decomisadas hay motocicletas con reporte de robo, de acuerdo con el jefe policial.

Custodio Boteo confirmó que los controles comenzaron en la colonia Molino Las Flores, sobre la Calzada Roosevelt, y se extendieron a varias zonas de la ciudad de Guatemala y a departamentos del interior.

Según el director, la motocicleta es el vehículo más utilizado en los asaltos denunciados por la población, por lo que los operativos se centran en verificar datos de conductores y acompañantes.

La PNC concentra controles en corredores con alta circulación de motocicletas

Los operativos involucran a la Comisaría 14 y a la Comisaría 16, responsables del tramo que cubre la Calzada Roosevelt. Custodio Boteo describió esa vía como “sumamente extensa” y dijo que requiere una presencia policial elevada.

La PNC también instaló controles en la Calzada Mateo Flores, la colonia Pamplona, La Verbena, la colonia 4 de Febrero y el sector de la Brigada Santa Marta, en la zona cinco de Mixco. La estrategia consiste en cambiar de punto sin aviso previo para impedir que los asaltantes anticipen la ubicación de los agentes, indicó la institución.

El horario de los operativos responde al patrón detectado por la Policía. “En este horario es donde se cometen estos asaltos”, dijo Custodio Boteo sobre las primeras horas de la mañana, cuando los ciudadanos se trasladan a sus lugares de trabajo.

El director pidió a la población colaborar con la Policía pese a las afectaciones al tránsito que provocan los controles. La institución sostiene que esos registros buscan identificar, revisar y capturar a sospechosos vinculados con asaltos cometidos desde motocicletas.

La PNC pidió al Organismo Judicial y al Ministerio Público fortalecer los casos

La PNC advirtió que una de las principales limitaciones de estos operativos aparece después de las detenciones. Según Custodio Boteo, varios capturados vuelven a las calles poco tiempo después.

Por eso, el director llamó al Organismo Judicial y al Ministerio Público a acompañar los procesos y pidió a los ciudadanos formalizar las denuncias y declarar ante las autoridades.

“Se necesita no solo la denuncia ciudadana, sino también el acompañamiento para la declaración respectiva ante el Ministerio Público y el Organismo Judicial para que el proceso esté fortalecido”, afirmó Custodio Boteo.

La Policía sostiene que esa participación es necesaria para que las capturas terminen en condenas. La institución reiteró que denunciar y sostener la declaración durante el proceso judicial es una condición indispensable para robustecer los expedientes.

El fenómeno, según Custodio Boteo, no se limita a la capital. Los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez y Quetzaltenango también registran asaltos a mano armada con modalidades similares.

De acuerdo con el director, la presencia policial y las capturas redujeron este tipo de delitos en las áreas intervenidas. También reconoció que los delincuentes suelen moverse hacia sectores sin cobertura cuando advierten que hay operativos en marcha.

El Ejército de Guatemala repelió este lunes una incursión de nueve vehículos con hombres fuertemente armados que cruzaron de forma ilegal desde Honduras por la zona de San José Las Lágrimas, en Esquipulas, Chiquimula, y el choque dejó un fallecido no identificado, en un episodio que agrava la tensión en una franja fronteriza donde, según las autoridades guatemaltecas, estructuras del crimen organizado han intensificado su actividad.

El dato central del operativo fue ese ingreso irregular por un paso no autorizado de vehículos tipo cuatro por cuatro, detectado de manera fortuita por tropas desplegadas en el área, de acuerdo con el Ministerio de la Defensa Nacional. Según la cartera, no hubo bajas entre el personal militar guatemalteco.

El ministerio indicó que los ocupantes de los vehículos estaban presuntamente vinculados a estructuras criminales. Al advertir la presencia de las tropas, abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad y los militares respondieron bajo los protocolos establecidos, según el comunicado oficial del Mindef.

En ese parte, el Ejército afirmó: “Al percibir la presencia militar, los individuos fuertemente armados abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, por lo que el personal militar repelió el ataque conforme a los protocolos establecidos, logrando hacer retroceder a estas personas que actúan al margen de la ley”.

Tras el enfrentamiento, el Ministerio de la Defensa Nacional desplegó refuerzos aéreos y terrestres en la zona, incluidos helicópteros y convoyes. Las operaciones de seguridad y vigilancia seguían activas en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de resguardar la soberanía y la integridad territorial de Guatemala.

Guatemala reforzó la vigilancia en la franja de Esquipulas

La respuesta guatemalteca incluyó el refuerzo inmediato de la presencia militar en el área de Esquipulas, donde el Ejército dijo que mantiene operaciones continuas. Según las autoridades castrenses, la incursión en San José Las Lágrimas se inscribe en un patrón de tensión creciente en la frontera entre ambos países.

Ese patrón, de acuerdo con el Ejército de Guatemala, está marcado por una mayor actividad de estructuras criminales en la franja limítrofe. El fallecido del enfrentamiento de este lunes seguía sin identificar.

El choque ocurrió cuatro días después de una ola de asesinatos en Honduras

La incursión se produjo cuatro días después de uno de los episodios de violencia más graves registrados en Honduras en los últimos meses. El 21 de mayo, al menos 25 personas murieron en dos ataques simultáneos atribuidos a grupos del crimen organizado en el norte del país, según informes del país centroamericano.

El ataque más letal ocurrió de madrugada en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, donde 19 trabajadores de una plantación fueron asesinados con armas largas en medio de disputas territoriales entre bandas narcotraficantes, según AP. En el segundo hecho, en Omoa, departamento de Cortés, a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala, un escuadrón antidroga fue emboscado y murieron cinco agentes y un civil, de acuerdo con la Policía Nacional de Honduras citada por AP.

El ministro de Seguridad de Honduras Gerzon Velásquez describió esos hechos como “horribles”, según AP. El funcionario advirtió al medio que la región arrastra desde hace años la presión de grupos armados ligados al narcotráfico y a disputas por tierras agrícolas.

Según AP, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hondureñas fueron desplegadas en las dos zonas atacadas junto con equipos forenses y fiscales para avanzar en las investigaciones. La agencia también informó que el ataque en Omoa ocurrió cuando el convoy policial viajaba desde Tegucigalpa hacia ese municipio en una misión antimaras.

Las autoridades hondureñas confirmaron que entre los muertos en esa emboscada había un oficial de alto rango, según AP. Esa misma semana, el Congreso de Honduras aprobó nuevas reformas de seguridad orientadas a combatir la violencia del crimen organizado, también de acuerdo con AP.

El viceministro de Energía y Minas Erwin Barrios afirmó que Guatemala empezará a despachar gasolina E10 desde el 30 de junio de 2026, una medida que el Ministerio de Energía y Minas presenta como parte de la modernización del combustible, con la expectativa de reducir emisiones, sustituir un aditivo tóxico por un oxigenante de origen vegetal y abaratar el producto final.

Barrios dijo en una entrevista que la implementación fue aplazada primero con la llegada del nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo y del ministro Víctor Hugo Ventura, y luego extendida hasta el 30 de junio para dar más tiempo a importadores, distribuidores y al propio ministerio para completar infraestructura, equipos, laboratorios, registros y licencias.

El funcionario explicó que la demanda guatemalteca de etanol para la mezcla rondará los 100 millones de galones al año. Añadió que los productores locales elaboran alrededor de 60 millones de galones anuales, aunque esa producción ya se comercializa en mercados como Europa y no toda estará disponible para abastecer el mercado interno.

La gasolina E10 saldrá desde el 30 de junio, pero su llegada a cada estación será gradual

Barrios precisó que, desde las 00:00 del 30 de junio, comenzará la salida de gasolina E10 desde las terminales de almacenamiento de los importadores, definidos como distribuidores en la normativa. Aclaró que eso no significa que cada surtidor del país tendrá de inmediato una mezcla exacta de 10% de etanol.

Según el viceministro Barrios, en los tanques de las estaciones todavía habrá gasolina previa al cambio, por lo que al inicio se producirá una mezcla transitoria con porcentajes menores, de cinco, seis o siete, hasta que se agote el combustible remanente. “Es cuestión de horas o días”, señaló en la entrevista.

El funcionario sostuvo que, para el consumidor, la referencia central es que desde esa fecha ya podrá encontrar gasolina con etanol en las estaciones del país. “Eso es lo que dice la ley”, afirmó Barrios al ser consultado sobre la entrada en vigor.

El ministerio creó un departamento específico y fiscaliza estaciones para evitar agua en los tanques

Barrios indicó que el proceso fue retomado en 2021, después de que el uso de gasolinas mezcladas con etanol quedara en pausa desde 1985. Señaló que en julio de 2023 se emitió el acuerdo gubernativo 159-2023 y que, tras nuevas revisiones, a finales del año pasado se aprobó otro acuerdo con cambios relevantes.

De acuerdo con Barrios, la nueva normativa amplió el margen de compra para los importadores, que podrán adquirir etanol en Guatemala o en el mercado internacional con la oferta más conveniente. El viceministro mencionó como posibles competidores externos a Estados Unidos y Brasil.

También informó que el ministerio creó el departamento de Alcohol Carburante para atender la nueva etapa regulatoria. Ese despacho, según Barrios, ya avanzó en registros y licencias, aunque algunos trámites siguen en proceso y deben quedar listos antes del 30 de junio para permitir las transacciones comerciales.

El viceministro dijo que el ministerio visitó instalaciones de importadores y constató avances en almacenamiento y equipos de mezcla, que son las inversiones más importantes del sistema. Añadió que las obras no están terminadas al 100%, pero que “todo apunta” a que estarán listas para la fecha prevista.

En el caso de las estaciones de servicio, Barrios explicó que la supervisión se concentra en verificar el mantenimiento preventivo y, en especial, la ausencia de agua en los tanques. Señaló que ese control ya era obligatorio antes de la llegada de la E10, pero que ahora la fiscalización se intensificó porque la presencia de agua altera el combustible.

Según Ministerio de Energía y Minas, esa tarea incluye campañas frecuentes y prolongadas de inspección, además de acciones administrativas para advertir a los gasolineros que deben estar preparados para la fecha de entrada en vigor. Barrios aseguró que la respuesta general de la mayoría de operadores ha sido positiva.

El gobierno prevé competencia entre importaciones y producción local de etanol

Barrios sostuvo que la apertura del mercado introducirá un escenario competitivo entre productores guatemaltecos y etanol importado. Explicó que el país tiene una capacidad local que podría cubrir casi la mitad de la demanda prevista, pero remarcó que los productores nacionales ya colocan hoy su producción en el exterior.

El funcionario dijo que esa competencia puede dificultar la posición de los fabricantes locales frente a oferentes de gran escala. También afirmó que el resultado esperado de esa rivalidad comercial sería favorable para los consumidores de gasolina.

En la misma entrevista, Barrios defendió la política como una actualización del sistema energético del país. Sostuvo que el cambio aumentará la autonomía energética de Guatemala, reducirá gases de efecto invernadero, sustituirá un componente tóxico por uno de origen vegetal y tendrá “un efecto en la economía del país al tener un combustible más barato”.

Guatemala cuenta con 2,100 gasolineras a nivel nacional, según registro del MEM.

La incorporación del sistema ECMO en Guatemala fortalece su oferta de turismo de salud de alta complejidad y evita que pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar grave deban ser trasladados al extranjero en estado crítico, según una publicación de Agexport Hoy.

La disponibilidad local de esta terapia, de acuerdo con ese medio, acerca al país a destinos médicos regionales como Costa Rica, Colombia y México.

El dato se suma a otra variable clave para ese mercado: Guatemala ofrece procedimientos con precios hasta 50 % más bajos que en Estados Unidos, según el texto fuente.

Esa combinación entre medicina especializada, costos competitivos e infraestructura es la base sobre la que el país busca captar pacientes que antes viajaban directamente a Houston, Miami o Bogotá.

El ECMO, sigla de oxigenación por membrana extracorpórea, funciona como un pulmón o corazón artificial extracorpóreo. Extrae la sangre, la oxigena, elimina el dióxido de carbono y la devuelve al organismo para que los órganos afectados puedan descansar y recuperarse, según Agexport Hoy.

Hasta ahora, los pacientes guatemaltecos y centroamericanos que necesitaban esa terapia debían salir del país, con riesgos clínicos, costos adicionales y el impacto familiar que supone un traslado en condiciones críticas, según Agexport Hoy. La disponibilidad del sistema modifica ese escenario para los casos más complejos de medicina crítica.

El Hospital Herrera Llerandi activó un sistema que requiere 26 especialistas y protocolos en menos de una hora

El avance no se limita a la compra de un equipo médico. Según Agexport Hoy, el despliegue del ECMO exigió la formación de un ecosistema clínico con más de 26 especialistas y subespecialistas certificados internacionalmente, personal de enfermería entrenado de forma específica y protocolos de activación capaces de poner en marcha el sistema en menos de una hora.

Ese proceso tomó tres años, de acuerdo con Agexport Hoy. El punto central, según esa publicación, es que la tecnología solo se convierte en capacidad real cuando existe un equipo humano preparado para operarla en condiciones de alta exigencia.

El Hospital Herrera Llerandi integró el ECMO a su nueva Unidad de Cuidados Intensivos, diseñada bajo estándares internacionales con tecnología antibacterial, filtros HEPA y sistemas de aislamiento inteligente, según Agexport Hoy. La institución ya era identificada por ese medio como pionera en los primeros trasplantes de médula ósea y hepáticos realizados en el país.

La validación inicial llegó con un primer caso exitoso: un paciente de 25 años se recuperó tras cuatro días de soporte extracorpóreo, según Agexport Hoy. Para el hospital, ese resultado respalda tanto la inversión tecnológica como la preparación del equipo que opera el sistema.

La respuesta directa a la pregunta sobre qué cambia con este avance es concreta: Guatemala ya puede sostener en su propio territorio terapias de soporte vital para pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar severa, sin depender de una derivación internacional. Ese es el tipo de capacidad que, según el texto fuente, define a un destino maduro de turismo médico.

Guatemala concentra su oferta médica en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango

El texto fuente ubica la mayor parte de la infraestructura médica en dos polos. Ciudad de Guatemala reúne los hospitales privados más modernos y la tecnología de punta, en especial en las zonas 10 y 14, mientras Quetzaltenango aparece como otro centro de atracción con clínicas altamente especializadas y un entorno orientado al descanso.

Esa red incluye hospitales, clínicas dentales y oftalmológicas, centros especializados en cirugía plástica y estética, traumatología, fisioterapia y rehabilitación, oncología, diabetes, medicina reproductiva y servicios de bienestar, muchos de ellos con certificaciones internacionales, según el texto fuente. También señala que el país atrae pacientes interesados en odontología, cirugía plástica, cirugía bariátrica, oftalmología y ortopedia.

Publicaciones anteriores del CACIF, sostienen que Guatemala ofrece una de las ciudades más modernas de la región y estándares altos en servicios de medicina especializada con tecnología avanzada. Esa oferta se complementa con médicos formados en el extranjero, precios competitivos y una experiencia turística asociada al período de recuperación.

El componente turístico aparece como parte del paquete que se ofrece al paciente internacional. Después del tratamiento, según el texto fuente, los visitantes pueden desplazarse a destinos como Tikal, Antigua Guatemala, el lago de Atitlán, Semuc Champey y la sierra de Los Cuchumatanes.

La propuesta también incorpora turismo de bienestar, con servicios orientados a la salud mental, física y emocional, además de estancias de recuperación para quienes viajan por tratamientos dentales, cirugías plásticas u otros procedimientos, según el texto fuente. En ese marco, la llegada del ECMO amplía la oferta desde las intervenciones electivas hacia la medicina crítica y de alta especialidad.

El CACIF pidió una aprobación urgente de la ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala porque, según el pronunciamiento leído por Carlos Arias Bouscayro por los canales oficiales de la organización, el país enfrenta el riesgo de entrar en la lista gris si el Congreso no actúa a tiempo, con efectos directos sobre remesas, crédito, inversión y operaciones financieras que sostienen a millones de familias.

El sector empresarial situó el plazo crítico en el 2 de junio. En la ronda de preguntas posterior al comunicado, Arias Bouscayro dijo que esa fecha sería “la última” con margen para que la norma no solo se apruebe, sino que pueda implementarse antes de la visita prevista de GAFILAT a Guatemala en febrero.

Según el mismo, la ley debió quedar aprobada el año pasado y el cálculo original apuntaba a que debía salir a más tardar el 15 de mayo. Explicó que el problema ya no es solo legislativo, sino de calendario de implementación, porque “no es que la ley esté pasada, tiene que estar implementada”.

El pronunciamiento del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras fue leído por Carlos Arias Bouscayro, presidente de la entidad para el período 2026-2027. Allí sostuvo que la discusión “no es ideológica ni política”, sino una decisión sobre “el futuro económico del país”, la confianza internacional en Guatemala y la protección de ciudadanos, trabajadores, emprendedores y empresas.

El sector privado advirtió que la lista gris elevaría costos y controles sobre remesas y crédito

La advertencia más concreta del sector empresarial se concentró en las remesas. En el comunicado, CACIF afirmó que el costo de operar esos envíos podría aumentar 40% y que además podrían aparecer controles más estrictos y límites al monto mensual que las familias recibirían en Guatemala.

La organización vinculó ese impacto con la vida cotidiana de los hogares y con la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el pronunciamiento, tiendas de barrio, farmacias, restaurantes, talleres, importadores y emprendimientos digitales dependen del sistema financiero nacional y enfrentarían más requisitos, mayores costos y un acceso al crédito más difícil si Guatemala pasa a ser vista como un país de mayor riesgo.

En esa línea, Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Construcción dijo que una restricción sobre las remesas afectaría incluso la compra de vivienda. Explicó que una parte importante de la adquisición de casas proviene de esos recursos y que, si se limita cuánto dinero puede recibir cada familia al mes, “básicamente desaparecería la capacidad para adquirir vivienda”.

El comunicado también subrayó el papel de las corresponsalías bancarias, descritas como los bancos fuera de Guatemala que sostienen transferencias internacionales, inversiones, importaciones, exportaciones, cartas de crédito, pagos con tarjetas y remesas. Según CACIF, si el país entra en la lista gris, esas operaciones podrían encarecerse y volverse más complejas, con una pérdida de competitividad para toda la economía.

El empresariado vinculó la demora legislativa con riesgo para inversión y grado de inversión

En la conferencia, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) es el licenciado Francisco Ralda afirmó que la falta de aprobación de la ley se observa “con mucha preocupación”. Dijo que, para los exportadores, quedar en la lista gris de GAFILAT sería “la sentencia de muerte” en un contexto en el que ya enfrentan problemas de puertos, vialidad, burocracia, trámites, aprobaciones y licencias.

Arias Bouscayro, añadió que Guatemala viene trabajando desde hace años para alcanzar el grado de inversión y sostuvo que caer en la lista gris destruiría “el esfuerzo de los últimos 10 años”. Para ilustrar la magnitud del problema, mencionó el caso de Panamá y afirmó que a ese país le tomó seis años salir de la lista gris.

El Congreso busca acuerdos mientras el sector privado evita especular sobre los bloqueos

Consultados sobre por qué el Congreso no ha aprobado la ley, los representantes del sector privado dijeron que no querían especular sobre las razones específicas. Sí afirmaron que ven una necesidad “imperante” y que identifican un grupo de diputados “cada vez más grande” que considera urgente sacar adelante la norma.

En el pronunciamiento, CACIF afirmó que durante varios meses distintos sectores participaron en discusiones técnicas, presentaron observaciones, construyeron consensos y agotaron vías institucionales para impulsar la iniciativa. La organización sostuvo además que los principios y alcances de la ley “han sido ampliamente discutidos y explicados”.

El llamado del sector privado se produjo mientras los diputados buscaban acuerdos sobre el tema. El presidente del Congreso Luis Contreras ha insistido en la posibilidad de que la ley pueda aprobarse el 2 de junio en una sesión extraordinaria.

La sala de lactancia del Palacio Nacional de la Cultura ya funciona para trabajadoras y visitantes, informó el Ministerio de Cultura y Deportes. El espacio, habilitado por la Unidad de Género, busca garantizar condiciones higiénicas y de privacidad para la extracción y resguardo de leche materna. La medida se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Lactancia Materna.

El ambiente está destinado a mujeres en período de lactancia que permanecen en el edificio por trabajo o por visita, y también puede ser usado por personal de otras instituciones con presencia en el Palacio Nacional de la Cultura, según detalló la cartera.

La sala comenzó a operar y el ministerio indicó que su equipamiento continúa en proceso de fortalecimiento. De acuerdo con la información oficial, varias madres ya la utilizaron y manifestaron satisfacción por contar con el servicio.

Cómo es y dónde queda la sala de lactancia del Palacio Nacional de la Cultura

El Ministerio de Cultura y Deportes ubicó el espacio en el tercer nivel, en el Patio de la Vida, sala número uno del Palacio Nacional de la Cultura. La cartera señaló que el objetivo es disponer de un lugar privado y seguro para que las mujeres puedan extraer leche materna y conservarla en condiciones adecuadas durante su permanencia en el recinto.

El ministerio presentó la habilitación como parte de sus acciones para atender las necesidades de las usuarias y favorecer el bienestar de las madres y de sus bebés, con un entorno de resguardo e higiene dentro del edificio.

La coordinadora de la Unidad de Género, Celia Ovalle, atribuyó la apertura al respaldo de la administración del ministro Luis Méndez Salinas para impulsar medidas orientadas a mejorar la atención y el bienestar del personal.

Maya Sipac, asesora de la Unidad de Género y formada para la atención del servicio, explicó que la sala responde a una demanda de mujeres trabajadoras que necesitan un lugar de privacidad para la lactancia y el manejo de la leche materna durante la jornada.

MINTRAB y UNICEF: qué son los “espacios amigos” de la lactancia materna

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de su Sección de Mujer Trabajadora, informó que con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) promueve que los centros de trabajo o estudio cuenten con un “espacio amigo de la lactancia materna”, con parámetros y lineamientos definidos por esa iniciativa.

Según MINTRAB, con apoyo de UNICEF también se otorga un reconocimiento a los centros que cumplen con esos criterios, con el fin de incentivar a más instituciones y empresas a incorporar ambientes destinados a la extracción y resguardo de leche materna.

Palacio municipal de la ciudad también cuenta con espacio Amigo de la Lactancia Materna

La Municipalidad de Guatemala habilitó un Espacio Amigo de la Lactancia Materna en el Palacio Municipal como parte de una política para apoyar a madres trabajadoras y visitantes. El programa, impulsado desde la Secretaría de Asuntos Sociales encabezada por Dominique de Quiñónez, esposa del alcalde, busca proporcionar espacios dignos y privados para la extracción y alimentación materna, fortaleciendo así la conciliación entre la vida laboral y familiar dentro de las dependencias municipales.

La iniciativa responde al compromiso del alcalde Ricardo Quiñónez de crear entornos laborales más inclusivos y humanos. Este nuevo espacio cumple con estándares de apoyo a la maternidad y destaca la relevancia de la lactancia como pilar en el desarrollo saludable infantil. “Cuando apoyamos a una madre, fortalecemos a toda la ciudad. La lactancia materna es un acto de amor y también de salud, y desde la Municipalidad estamos comprometidos a crear espacios que acompañen y respeten ese momento tan importante”, expresó el alcalde.

El Espacio Amigo de la Lactancia Materna también se encuentra disponible para vecinas que visitan el Palacio Municipal para realizar trámites y se suma a otras áreas habilitadas en distintas dependencias de la Municipalidad de Guatemala, ampliando el alcance del apoyo a madres usuarias y empleadas del municipio.

Adicionalmente, el programa +Vida ofrece charlas y actividades de orientación dirigidas a madres y familias, entregando información relevante sobre los beneficios de la lactancia materna y brindando asesoría y acompañamiento durante esta etapa. La comuna capitalina reafirma así su apuesta por políticas laborales que faciliten el cuidado materno infantil y fortalezcan el bienestar general de las familias.

En tanto, en el Congreso de la República, no avanzo el debate y aprobación de la Ley de Lactancia Materna, proyecto promueve que tanto organismos estatales como empresas privadas habiliten espacios dignos, higiénicos y privados para la extracción de leche materna, lo que implicaría adaptar instalaciones sin que ello represente grandes inversiones, según lo informaron las diputadas impulsoras de la propuesta, con el objetivo de solucionar los elevados índices de desnutrición infantil y fortalecer los derechos de la niñez.

Tras 24 horas de viaje desde México, niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados llegaron a Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango, un albergue temporal donde recibieron comida, atención básica y la confirmación de que estaban en un lugar seguro mientras se concretaba la reunificación familiar.

El centro atendió en 2025 a 389 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría de entre 13 y 17 años, según los testimonios y datos del personal del albergue incluidos en el texto publicado por la Secretaria de Bienestar Social en Guatemala.

El relato continua, Rosana Hidalgo, trabajadora social de Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango, explicó que muchos adolescentes llegaron con miedo y pensaron que serían sancionados o que estaban entrando a una prisión. Por ello, la primera intervención consistió en aclarar que se trataba de un espacio de resguardo temporal.

La situación física con la que retornaron también mostró el desgaste del trayecto. La médica del albergue, Ana Mazariegos, indicó que muchos casos presentaron cuadros severos de deshidratación, dolor corporal, agotamiento extremo y largas horas sin descanso, después de días de caminata o de tránsito constante.

El viaje dejó secuelas físicas y emocionales

El impacto no fue solo corporal. Hidalgo señaló que los adolescentes llegaron tristes, frustrados y con sensación de derrota, mientras que el psicólogo Roberto Álvarez agregó que, en muchos casos, cargaban además con la presión de las deudas que sus familias habían asumido para financiar el viaje.

Ese cuadro hizo que la atención no se limitara a ofrecer alimento y descanso. Hidalgo precisó que una parte central del proceso fue escucharlos, porque muchos lloraron al no saber qué hacer tras el retorno, reporta la SBS.

La primera respuesta fue protección temporal

Al llegar al albergue, el personal los recibió por su nombre y los condujo al comedor, donde se les ofreció un platillo guatemalteco y se les informó que ya estaban en su país. Esa rutina de ingreso buscó reducir la incertidumbre de quienes sí encontraron familiares al bajar del bus y de quienes no vieron a nadie conocido.

La función del albergue, según el personal citado, consistió en brindar atención integral mientras se organizaba el contacto con la familia. El objetivo fue que el regreso ocurriera hacia un entorno seguro y que cada caso tuviera seguimiento a través de las sedes departamentales.

El reencuentro familiar marcó el momento clave

Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando el equipo logró restablecer la comunicación con los familiares. Jenni Lemus, jefa del Departamento de Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada, relató que algunos padres respondieron con frases como: “Yo no sabía que mi hijo estaba vivo”.

La información del albergue muestra qué se encontró en estos retornos: adolescentes que viajaron para buscar trabajo o reencontrarse con familiares, que regresaron con afectación física y emocional, y que necesitaron un espacio de resguardo antes de volver con su familia. La atención incluyó alimentación, atención médica, descanso y acompañamiento emocional especializado.

Muchos adolescentes viajaron para buscar ingresos

El caso de David, citado en el texto fuente, resumió una motivación frecuente entre los retornados: la intención de ganar dólares para ayudar a su familia y construir un mejor futuro. Su relato también describió las condiciones del trayecto, con falta de comida y una alimentación reducida a golosinas y agua.

María de la Paz López, encargada de Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango, definió el papel del centro como el de una “mano amiga” y una “cara amiga” del país para quienes regresan. En el caso de David, tras la experiencia vivida, expresó que quería volver a ver a su familia y continuar sus estudios en Guatemala.

Dos presuntos integrantes de la Mara 18 fueron capturados la noche de este domingo en la zona 18 de Ciudad de Guatemala tras ser sorprendidos, según la Policía Nacional Civil (PNC), cuando “descuartizaban a una persona” dentro de una casa abandonada del sector Lomas de Santa Fe.

“Allí fueron reducidos al orden inmediatamente gracias a la denuncia anónima de los guatemaltecos”, dijo un agente policial en un video divulgado en las redes sociales de la institución. La PNC informó que el operativo estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 12, quienes llegaron al lugar tras recibir la alerta ciudadana. La institución no informó la identidad de la víctima ni precisó el momento exacto de los hechos.

¿Qué se sabe sobre los detenidos y el decomiso de armas?

La PNC indicó que entre los detenidos hay un adulto y un menor de edad. “El menor fue remitido hacia el Juzgado de Menores en conflicto con la Ley Penal y el adulto fue puesto a disposición del juez de turno”, informó la institución de seguridad pública. Las imágenes mostraron a ambos detenidos ya dentro de la patrulla policial.

Durante la intervención, la Policía afirmó que decomisó armamento. “En estos momentos son neutralizados y se les decomisa una pistola”, señaló la PNC, detallando que el cargamento incautado consistía en un arma de fuego y un arma blanca.

La investigación estará a cargo del Ministerio Público

La fuerza de seguridad informó que las diligencias posteriores quedaron a cargo de unidades especializadas. “El trabajo de investigación continúa por parte del Departamento de Delitos contra la Vida junto al Ministerio Público”, comunicó la PNC en el video divulgado.

Próximamente se espera que las autoridades confirmen a la ciudadanía guatemalteca la identidad de la víctima.

Otro casos que conmocionaron a Guatemala

En junio de 2013, un jefe policial secuestrado y descuartizado a manos de un grupo de narcotraficantes, cuyas partes de su cuerpo que fueron encontradas después de la matanza en un río de Huehuetenango. La víctima fue César García. Según las declaraciones de las autoridades, la noche del 13 de junio, un comando armado asesinó a balazos a ocho agentes y secuestró al jefe policial.

Además, el exfiscal auxiliar, Allan Stowlinsky, fue hallado descuartizado en mayo de 2011 en el departamento de Alta Verapaz, según informó Reuters a partir de versiones de autoridades. Sus restos aparecieron en bolsas frente a la Gobernación de Alta Verapaz, en la ciudad de Cobán, y la cabeza fue encontrada en un mercado de la misma localidad. El crimen ocurrió días después de que 27 campesinos fueran encontrados asesinados, muchos de ellos decapitados, en una de las peores masacres registradas en Guatemala en años, de acuerdo con el medio.

Para entonces, la portavoz del Ministerio Público Yecenia Enríquez, dijo a Reuters que Stowlinsky Vidaurre había participado en un operativo en Raxuhá, Chisec y Cobán, donde se decomisaron 452 kilos de cocaína, y en la investigación que permitió identificar a un infiltrado del grupo criminal denominado “los Zetas” en el Ministerio Público.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora denunció esta semana ante el Ministerio Público de Guatemala a 10 personas, entre ellas el expresidente Alejandro Giammattei, la exfiscal general Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, a quienes acusa de haber impulsado una persecución judicial en su contra desde 2022, según publicaciones de Prensa Libre y la agencia AFP.

La presentación sostiene que hubo maniobras en los procesos penales que derivaron en su detención y posterior encarcelamiento. Zamora permanece bajo arresto domiciliario desde febrero, tras pasar casi dos años en prisión, informó AFP.

Entre los mencionados también figuran los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, además de representantes de la Fundación Contra el Terrorismo, de acuerdo con la agencia de noticias. Tras presentar el recurso al fiscal general Gabriel García Luna, que asumió el domingo 17, Zamora habló con periodistas: “Espero que reciban su dosis importante de justicia (…). Es muy sólida la denuncia”, citó AFP.

Los señalados y los delitos que Zamora atribuye

La denuncia alcanza a exfuncionarios, fiscales, jueces y particulares que, según el escrito citado por Prensa Libre, habrían intervenido en decisiones, diligencias y actuaciones ligadas a los casos abiertos contra el periodista.

En el documento, Zamora plantea una “utilización selectiva” de mecanismos institucionales y una presunta coordinación entre funcionarios y particulares para impulsar investigaciones, restringir medios de defensa y construir hipótesis incriminatorias en su contra, según Prensa Libre.

El periodista afirma que los hechos denunciados podrían encuadrar en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal y denegación de justicia, entre otros previstos en el Código Penal, de acuerdo con Prensa Libre. El mismo medio agregó que la acusación tiene carácter preliminar y que la eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante las investigaciones.

Las actuaciones cuestionadas en el caso iniciado en 2022

Uno de los ejes de la presentación apunta a actuaciones de la FECI durante la recepción de una denuncia inicial presentada en julio de 2022, según Prensa Libre. Zamora cuestiona, siempre de acuerdo con el documento citado por ese medio, la ausencia de diligencias de corroboración inmediata sobre hechos que, sostiene, podían verificarse mediante registros bancarios, vigilancia y otras herramientas de investigación.

El escrito también asegura que hubo una omisión deliberada de pruebas que, a criterio del denunciante, favorecían su defensa, además de una supuesta reconstrucción posterior de hipótesis investigativas con documentación y materiales incorporados después a los expedientes, según Prensa Libre.

El trasfondo político y judicial que el periodista plantea

Zamora responsabiliza a Consuelo Porras por las causas judiciales que lo llevaron a prisión en 2022 y señala a Giammattei como responsable político de su arresto. Según la agencia AFP, lo vincula con represalias por la publicación de casos de corrupción del gobierno en el extinto diario El Periódico.

Porras dejó el cargo el sábado 16, después de ocho años de gestión en los que procesó a decenas de exfuncionarios y jueces anticorrupción, líderes indígenas y periodistas, muchos ahora en el exilio, informó AFP. El mismo medio indicó que Porras fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran una figura corrupta y antidemocrática.

Entre los denunciados aparecen además Curruchiche, Orellana, Bremer y representantes de la Fundación Contra el Terrorismo. La agencia AFP señaló que esas personas enfrentan sanciones de Washington y Bruselas. Zamora, por su parte, es considerado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, según el mismo medio.

El documento presentado por el periodista añade que, tras su captura y la prisión preventiva, comenzaron nuevas investigaciones y actuaciones dirigidas contra abogados defensores, periodistas, familiares y personas de su entorno profesional y personal, de acuerdo con Prensa Libre.

En junio de 2023, Zamora fue condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero esa sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse, informó la AFP. Además, enfrenta otro expediente por presunta obstrucción a la justicia y está pendiente de que un juez determine si debe ir a juicio, según el mismo medio. En 2024 recibió un reconocimiento a la excelencia de la Fundación Gabo de Colombia por su trayectoria periodística.

El Ministerio de Salud de Guatemala lanzó este domingo la Semana de Vacunación en las Américas 2026 con la meta de aplicar 350 mil dosis en todo el país, incluidas vacunas contra el sarampión. La jornada se realizará del 24 al 30 de mayo y apunta a ampliar coberturas en niños y otros grupos priorizados, según informó la cartera sanitaria.

La actividad se inauguró en la Concha Acústica de la zona 1 de la capital. “Las vacunas son un bien público y un derecho. Con la red de servicios la meta es llegar a las comunidades sin importar la distancia”, dijo el ministro en funciones Donato Camey, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La campaña cuenta con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, según el MSPAS. El eje de la jornada es reforzar la inmunización frente al sarampión, en un contexto de aumento de casos notificados en los últimos meses.

Metas de vacunación y foco en el sarampión

El MSPAS precisó que la estrategia incluye aplicar vacunas en todo el territorio y cerrar brechas de inmunidad, con prioridad en comunidades de difícil acceso. La campaña se desarrolla bajo el lema “Tu futuro marca la diferencia”.

El enfoque principal apunta a elevar la cobertura contra el sarampión, con aplicación de dosis cero a niños de seis a 11 meses, vacunación a menores con esquemas incompletos y a personas de 16 a 50 años, de acuerdo con la planificación difundida por el ministerio.

Desparasitación y acciones de nutrición durante la semana

El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Edgar González, informó que la campaña contempla 55 mil desparasitaciones y 200 mil intervenciones de nutrición como parte de una atención integral durante la semana.

“Como Ministerio de Salud, tenemos la responsabilidad de garantizar que estas vacunas sean seguras, de calidad y eficaces”, afirmó González, según el MSPAS, al referirse a los controles sobre los biológicos y a la implementación de la jornada en el país.

A quiénes está dirigida la campaña y qué vacunas se aplicarán

De acuerdo con el comunicado oficial, la Semana de Vacunación se dirige especialmente a niñas y niños de cero a cinco años. Para esa población, el MSPAS detalló que se aplicarán biológicos como BCG, hepatitis B, poliomielitis, neumococo, rotavirus, sarampión, paperas, rubéola, tétanos, difteria y tosferina.

El ministerio también incluyó la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para niñas nacidas a partir de 2006 y para niños de nueve años cumplidos nacidos a partir de 2015, según la información oficial.

La estrategia prioriza a grupos vulnerables, incluidas personas con enfermedades crónicas, y suma acciones de desparasitación y suplementación nutricional, informó el MSPAS. La cartera sanitaria señaló que brigadistas, empresas e instituciones participan para ampliar el alcance territorial y facilitar el acceso a la inmunización.

Camey agradeció a quienes colaboran en la campaña e hizo un llamado a las familias para llevar a sus hijos a vacunar. “Gracias al esfuerzo de cada salubrista que colabora en esta semana intensiva de vacunación”, dijo el ministro en funciones, según el Ministerio de Salud.

El club Municipal alcanzó la cima del fútbol guatemalteco tras consagrarse como campeón del Clausura 2026, al imponerse como visitante por 1-2 sobre Xelajú MC en el partido de vuelta de la final. Con este resultado, el equipo capitalino sumó su corona número 33 y se consolidó como el máximo ganador del país, según informaron medios guatemaltecos.

El encuentro, disputado en la ciudad de Quetzaltenango, estuvo marcado por la intensidad y la rivalidad histórica entre ambos equipos. El conjunto dirigido por el técnico nicaragüense Mario Acevedo llegó con una ventaja de 4-1 obtenida en el partido de ida, lo que obligaba a Xelajú MC a buscar una remontada. El equipo local abrió el marcador al minuto 14 por intermedio de Manuel Romero, quien minutos antes del final del primer tiempo anotó en propia puerta y decretó el empate.

La segunda mitad presentó un desarrollo equilibrado hasta que el jugador de Municipal, José Morales, marcó el gol que selló la victoria visitante en el minuto 57. Este tanto sentenció las aspiraciones de Xelajú MC, que buscaba sumar su octavo título, y permitió a los capitalinos asegurar un marcador global de 6-2.

El Clausura 2026 presentó un desarrollo competitivo desde la fase de clasificación, marcada por la regularidad de Municipal y la resistencia de Xelajú MC. De acuerdo con un análisis de Prensa Libre, el equipo de la Ciudad de Guatemala ocupó las primeras posiciones de la tabla durante la etapa regular, mostrando un equilibrio entre defensa y ataque. Por su parte, los quetzaltecos, bajo la conducción del técnico mexicano Roberto Hernández, aseguraron su pase a la postemporada tras una campaña de altibajos y lograron acceder a la final tras superar eliminatorias exigentes.

En las semifinales, Municipal dejó en el camino a Comunicaciones, su histórico rival, en una serie que atrajo la atención nacional por la rivalidad entre ambos clubes. Prensa Libre detalló que el conjunto capitalino logró imponerse gracias a su solidez defensiva y la eficacia de sus delanteros, lo que le permitió avanzar a la instancia decisiva y aumentar la expectativa sobre la posibilidad de romper el empate en el palmarés de títulos.

Por otro lado, Xelajú MC accedió a la final tras eliminar a Guastatoya, en una llave caracterizada por la intensidad de los duelos y la capacidad del cuadro quetzalteco para revertir situaciones adversas en su estadio. El plantel de Hernández llegó fortalecido a la definición, buscando repetir hazañas pasadas como las remontadas de 2012 y 2023, tal como subrayó Prensa Libre.

Fin a la sequía de dos años sin títulos

La obtención de este trofeo para el Municipal representó el final de una sequía de dos años para la escuadra de la ciudad de Guatemala, que había perdido las finales de los torneos Clausura y Apertura en 2025.

Este campeonato también revivió una de las rivalidades más antiguas y enconadas del fútbol nacional, que no se definía en una instancia decisiva desde 2012. En aquella ocasión, Xelajú MC se había impuesto en la tanda de penaltis. El técnico mexicano buscaba repetir hazañas pasadas, como las remontadas logradas en 2012 y 2023.

La victoria de Municipal permitió romper el empate histórico que mantenía con Comunicaciones, su tradicional adversario de la capital guatemalteca, y ocupar en solitario la cima del palmarés del fútbol nacional. El club rojo suma ahora 33 títulos oficiales, superando a su rival con el que compartía el liderazgo en campeonatos ganados.

El festejo de los jugadores y la afición de Municipal se extendió en el estadio local, mientras el equipo se prepara para disputar el próximo torneo con la meta de ampliar su ventaja en la tabla histórica.

El club se prepara para afrontar el próximo torneo con la mira puesta en ampliar su ventaja, mientras la competencia local anticipa nuevos capítulos de la tradicional rivalidad entre los equipos más ganadores del país.

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo monitoreo a 212 municipios por temperaturas superiores a 35 °C y por lluvias de más de 100 milímetros previstas para los próximos días. La cartera advirtió que el calor eleva la evaporación y agrava el estrés hídrico, aunque las precipitaciones podrían mejorar de forma gradual la humedad del suelo.

Gran parte del país registra humedad del suelo inferior al 25%, según el informe citado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). La condición se concentra en el norte, el Caribe, la Franja Transversal del Norte, Oriente y parte del Altiplano Central.

El MAGA atribuyó la baja humedad a las altas temperaturas y a la distribución irregular de las lluvias. La cartera sostuvo que las precipitaciones previstas pueden mejorar las condiciones para las actividades agrícolas en regiones del sur y centro del país.

Las lluvias previstas y el pronóstico del Insivumeh

Las lluvias en el territorio estarán asociadas a condiciones locales, al paso de una onda del este y a inestabilidad en el océano Pacífico, de acuerdo con el boletín agrometeorológico del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA, basado en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El mismo documento señaló que las altas temperaturas continuarán en varias regiones de Guatemala. Según el boletín, ese patrón incrementa la evaporación y el estrés hídrico, mientras que las precipitaciones podrían favorecer una recuperación gradual de la humedad del suelo y de la reserva de agua para el sector agropecuario.

Recomendaciones del MAGA para cultivos y ganado

El MAGA recomendó medidas de conservación de humedad, manejo de escorrentías y protección de cultivos y ganado. También pidió limpiar drenajes, zanjas y canales para facilitar el escurrimiento del agua. La cartera sugirió aplicar prácticas de cosecha y almacenamiento de lluvia. Para el ganado, indicó que se debe asegurar agua y sombra suficientes y reforzar la vigilancia fitosanitaria ante posibles aumentos de plagas y enfermedades, según el boletín oficial.

El boletín del MAGA identificó riesgos para café, banano, maíz y frijol, además de palma de aceite, mango, arroz, cardamomo y hortalizas. Según el ministerio, la afectación potencial se concentra en departamentos como Petén, Escuintla, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Santa Rosa.

La advertencia oficial se apoya en la combinación de calor persistente y lluvias intensas previstas. El MAGA afirmó que ese comportamiento meteorológico obliga a proteger la producción agrícola y pecuaria en los 212 municipios bajo monitoreo.

El pasado 21de mayo, la titular del MAGA, María Fernanda Rivera, dijo a Canal Antigua que Guatemala se prepara para un episodio de El Niño que ya supera el90 % y que la institución activó hace dos meses un comité de emergencia para anticipar la respuesta.

La ministra sostuvo que los años análogos para el comportamiento agroclimático actual son 2018, 2021, 2023, 2024 y 2026. Según explicó, la recurrencia de sequías en años recientes muestra que la política pública debe orientarse a la adaptación al cambio climático y no a eventos aislados.

Un caso que estremeció Guatemala este fin de semana, tras reportarse el violento ataque que cobró la vida de Betsy Lucía, una maestra rural guatemalteca que fue atacada en su vivienda por dos presuntos vendedores de pan.

La tarde del sábado, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Betsy Lucía Sequen Herrera de 29 años, quién residía en la zona 1 del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en el departamento de Sacatepéquez. Según los informes oficiales, Betsy fue atacada al abrir la puerta de su vivienda a dos hombres que se hicieron pasar como vendedores de pan.

Los agresores, luego de que la víctima salió, le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga antes de que los vecinos pudieran intervenir.

Tras los disparos, vecinos alertaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente para brindarle asistencia médica. Betsy fue trasladada a un centro asistencial en un intento por salvarle la vida, pero no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas. La noticia de su fallecimiento generó consternación en la comunidad, donde era reconocida por su labor como maestra y su participación en proyectos sociales. Betsy era madre de dos hijos, su muerte provocó numerosas muestras de solidaridad y condolencias en redes sociales, donde amigos, familiares y vecinos lamentaron lo ocurrido. La Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas publicó una esquela en sus plataformas oficiales, sumándose a las expresiones de duelo.

Dos sujetos capturados por el crimen

En respuesta al ataque, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo en la zona. Como resultado, dos individuos fueron capturados y señalados como presuntos responsables del asesinato de Betsy. Los detenidos fueron identificados como Emilio “N”, de 25 años, conocido como “Primo”, y un adolescente de 14 años, su hijastro. De acuerdo con la información policial, ambos utilizaban la fachada de vendedores de pan para recorrer distintas calles del municipio y cometer actos de sicariato.

El informe detalla que los sospechosos transitaban en motocicleta con un canasto de pan, lo que les permitía acercarse a las viviendas sin levantar sospechas. El día del crimen, los dos sujetos llegaron hasta la casa de Betsy, tocaron la puerta y al ser atendidos, dispararon varias veces a quemarropa. Tras el ataque, emprendieron la huida, pero fueron localizados aproximadamente a un kilómetro del lugar del hecho, gracias a la colaboración de los vecinos y la respuesta inmediata de la PNC.

Durante la detención, la policía confiscó dos pistolas sin registro legal, una de marca Bryco Arms, otra Zigana, junto a dos tolvas y diez municiones. También fue incautada la motocicleta que presuntamente utilizaron para desplazarse y cometer el ataque. Emilio “N” quedó bajo custodia policial y el menor fue remitido al juzgado correspondiente, donde enfrentarán cargos por el asesinato de la maestra.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los motivos que llevaron al crimen de Betsy Lucía Sequen Herrera y verificar si los capturados están implicados en otros hechos violentos en la zona. El caso sigue bajo análisis de las instancias judiciales y policiales de Guatemala.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con fiscales del Ministerio Público y agentes de la comisaría 43, rescataron a una menor hondureña de 17 años presunta víctima de explotación sexual en un club nocturno ubicado en la colonia Los Ángeles, Huehuetenango.

Según la PNC, el procedimiento, realizado este sábado, incluyó la captura de tres mujeres señaladas por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la trata de personas y el favorecimiento de la prostitución.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se desarrolló en el establecimiento nocturno. Durante la diligencia, la menor rescatada quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), institución responsable de su protección inmediata tras la intervención policial. El caso ha sido documentado por la PNC y comunicado a través de sus canales oficiales.

Tres mujeres detenidas por delitos vinculados a explotación y asociación delictiva

Entre las capturadas figura María “N”, de 34 años, quien enfrenta tres órdenes de captura previas por los delitos de extorsión, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

Además, las autoridades detuvieron a Gladys “N”, de 44 años, recapturada por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación delictiva. Según el informe policial, Gladys “N” ya registraba antecedentes por estos delitos desde 2023.

La tercera detenida, Ligia “N”, de 36 años, era la encargada y cajera del local y está sindicada por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

Durante el operativo, la PNC incautó diversos objetos relevantes para la investigación: un teléfono celular, un DVR, preservativos y dinero en efectivo. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para fortalecer la investigación penal sobre la presunta red de explotación sexual que operaba en el lugar.

La Policía informó que toda la evidencia fue debidamente embalada y trasladada al Ministerio Público, que coordina las acciones legales correspondientes.

Intervención coordinada y protección inmediata para la menor rescatada

El procedimiento contó con la participación activa de la DEIC y la comisaría 43, quienes actuaron bajo la supervisión de fiscales, siguiendo lineamientos legales y protocolos de protección a víctimas menores de edad. La PNC señaló que la menor de nacionalidad hondureña fue rescatada en condiciones de vulnerabilidad, por lo que fue entregada inmediatamente a la PGN para su resguardo y atención integral. “La menor fue puesta bajo protección, garantizando sus derechos y bienestar”, destacó el informe policial.

El caso refleja la labor de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la identificación y desarticulación de espacios donde presuntamente se facilita la explotación sexual de menores y la comisión de otros delitos conexos. La PNC reiteró su compromiso con la investigación de redes de trata y la protección de víctimas, en coordinación con el Ministerio Público y la PGN.

Las detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación legal en las próximas horas. El operativo forma parte de una serie de acciones de la Policía guatemalteca orientadas a combatir la trata de personas y el delito de explotación sexual en el territorio guatemalteco.

En un operativo realizado este sábado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, dos individuos fueron detenidos tras ser señalados como presuntos responsables de un ataque armado cometido bajo la fachada de repartidores de pan en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. Según el reporte oficial, los capturados son Emilio “N”, de 25 años, alias “Primo”, y su hijastro de 14 años, quienes habrían simulado vender pan para ejecutar actos de sicariato en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con la información difundida por la PNC, el hecho ocurrió en la zona 1 de Santa Lucía Milpas Altas, cuando los supuestos responsables, a bordo de una motocicleta y portando un canasto con pan, circularon por las calles ofreciendo el producto casa por casa. El caso tomó un giro violento cuando, tras llegar a la vivienda de una mujer de 29 años, tocaron la puerta y, al salir la víctima, abrieron fuego a corta distancia. La mujer resultó herida en el ataque y fue trasladada a un centro asistencial.

La Policía detalló que los agresores utilizaron la venta de pan como señuelo para ocultar su verdadera intención. Tras disparar, abandonaron el canasto con pan frente a la residencia de la víctima y huyeron rápidamente en la motocicleta. Este elemento, según el informe policial, formaba parte de su modus operandi para pasar desapercibidos en el municipio.

Operativo policial permitió captura y decomiso de armas ilegales

Las autoridades, alertadas por el ataque, iniciaron un operativo de búsqueda que culminó a aproximadamente un kilómetro del lugar de los hechos. En ese punto, los agentes de la comisaría 74 procedieron a la captura de Emilio “N” y a la conducción del menor ante el juzgado correspondiente. Durante la detención, fueron decomisadas dos pistolas sin registro legal, una marca Bryco Arms y la otra Zigana, junto a dos tolvas y diez municiones. Además, las fuerzas de seguridad incautaron la motocicleta utilizada por los presuntos atacantes.

Según la PNC, el mayor de los capturados, alias “Primo”, cuenta con antecedentes por atentado registrados en el año 2020. Las autoridades señalaron que no se descarta la participación de los detenidos en otros hechos violentos ocurridos tanto en Antigua Guatemala como en la propia Santa Lucía Milpas Altas.

Llamado de la PNC a denunciar actividades sospechosas

El caso ha generado preocupación entre los vecinos del municipio, quienes manifestaron inquietud ante la posibilidad de que este tipo de prácticas se extienda a otras zonas, aprovechando la confianza que suele existir hacia los vendedores locales. La PNC de Guatemala reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa y colabore con las autoridades proporcionando información que permita identificar a posibles implicados en hechos similares.

Las investigaciones continúan abiertas, y las fuerzas de seguridad analizan la relación de estos hechos con otros ataques armados recientes en la región.

La PNC informó que el menor involucrado fue puesto a disposición del juzgado de menores, donde se determinará su situación jurídica, mientras que Emilio “N” enfrentará cargos relacionados con portación ilegal de armas y tentativa de homicidio. El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan nuevas capturas vinculadas a la estructura criminal detrás de estos ataques.

El eco de las turbinas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de la capital, se mezcló con el silencio tenso de los pasajeros que descendían del avión. Entre ellos, Gladis “N”, una profesional de la administración de 40 años, no cruzó la pista en busca de un reencuentro familiar.

La esperaban agentes de la Policía Nacional Civil y delegados de INTERPOL. Terminaba así una fuga internacional que se extendió durante ocho años y que comenzó tras un crimen oculto bajo la apariencia de un accidente doméstico en el departamento de San Marcos.

La historia se remonta al 9 de septiembre de 2017, en una vivienda del cantón Victoria, en el municipio de Malacatán, donde un hombre de 37 años, originario de Jordania y de religión musulmana, perdió la vida de manera abrupta. El matrimonio recién celebrado entre la víctima y Gladis “N” parecía unir dos culturas distantes, aunque la convivencia resultó breve y trágica.

Según la versión que la mujer entregó a las autoridades locales, su esposo falleció mientras realizaba trabajos de jardinería, al caer y golpearse la cabeza contra unas piedras. Un médico particular, convocado por la propia Gladis, emitió un certificado que validaba la hipótesis del accidente sin ejercer mayores indagaciones.

La coartada permitió que el cuerpo fuera trasladado a la Ciudad de Guatemala para los actos fúnebres. El proceso, sin embargo, se vio interrumpido cuando los familiares del fallecido, durante el ritual islámico de purificación, advirtieron que las lesiones no correspondían a una caída.

Detectaron heridas compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego, incompatibles con la versión oficial. Según el relato de la familia recogido por las autoridades, “las señales en el cuerpo eran evidentes y no podían pasar desapercibidas”.

Por lo que, Gladis “N” impidió el acceso de los peritos a la vivienda en San Marcos, argumentando que los procedimientos criminalísticos transgredían las normas religiosas de su esposo. Esta negativa, sumada a la denuncia de los parientes, motivó la intervención del Ministerio Público (MP) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Los análisis forenses posteriores confirmaron que el certificado médico inicial había sido expedido para encubrir un asesinato.

Cuando la investigación judicial comenzó a avanzar, la administradora huyó hacia Estados Unidos, extendiendo un periodo de clandestinidad que culminó con su captura y este día 23 de mayo.

La tipificación de los delitos en la ley guatemalteca

El proceso judicial abierto en Guatemala incluye dos acusaciones principales. La primera, por parricidio, se fundamenta en el Artículo 131 del Código Penal, que sanciona con prisión de 25 a 50 años a quien, conociendo el vínculo, da muerte a su cónyuge. El vínculo matrimonial entre Gladis y la víctima jordana constituye el elemento determinante para la tipificación de este delito.

La segunda figura penal es la obstaculización a la acción penal en forma continuada, según el Artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta establece penas de 6 a 8 años de prisión para quien obstaculiza la investigación judicial mediante engaño, amenaza o desvío de pruebas.

La conducta de Gladis quedó registrada en varias etapas: primero, al mentir a las autoridades; luego, al presentar documentación falsa, y finalmente, al utilizar argumentos religiosos para restringir la labor de los peritos.

De momento, el proceso judicial sigue su curso y mantiene en prisión a la acusada, mientras la investigación busca esclarecer si existieron cómplices en la expedición del certificado médico y en la manipulación de la escena.

La llegada de Gladis “N” en calidad de deportada marcó el final de una huida y el inicio de un juicio que podría derivar en una condena de hasta medio siglo. El caso, seguido de cerca por medios locales, pone a prueba los mecanismos de cooperación internacional y los protocolos de investigación en crímenes que cruzan fronteras.

Guatemala ha dado un nuevo paso en la protección de los derechos de la infancia con la implementación de acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención, atención y reintegración de madres adolescentes en Alta Verapaz, una de las regiones con mayores índices de vulnerabilidad en el país. La vicepresidenta Karin Herrera lideró una agenda de trabajo en el municipio de La Tinta, acompañada por representantes de organismos nacionales e internacionales, con el objetivo de articular esfuerzos y garantizar entornos seguros para niñas y adolescentes.

Según informó la Vicepresidencia de la República, la jornada incluyó la participación de Danissa Ramírez, secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia; y de Alejandra Trossero, representante de UNICEF en Guatemala. Durante la visita, se realizaron recorridos para conocer los servicios de atención integral, visibilizar el trabajo conjunto y promover la restitución de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en la región.

Durante su estancia en La Tinta, la delegación visitó la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 “Marcela Lemus Dimas” y la Unidad Móvil de Prevención (UNIVET), espacios en los que se compartieron mensajes de prevención y protección con estudiantes y comunidad educativa. De acuerdo con la Vicepresidencia de la República, el propósito central fue fortalecer la seguridad y el bienestar de los menores a través del trabajo articulado entre instituciones públicas y organismos de cooperación.

Uno de los puntos destacados de la agenda fue la visita al Centro ADP – Programa Florecer, iniciativa dedicada a la reintegración educativa y social de madres adolescentes a través de programas extraescolares y servicios de apoyo para la construcción de proyectos de vida. Según detalló la Vicepresidencia de la República, en el encuentro participaron jóvenes que compartieron sus experiencias y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan en sus procesos de superación personal y reintegración.

La problemática de la maternidad adolescente en Guatemala mantiene cifras preocupantes. De acuerdo con datos del Banco Mundial y la plataforma FRED, la tasa de fertilidad adolescente fue de 67.8 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años en 2024. Según el informe de la organización Guttmacher, Guatemala ocupa el tercer lugar en Centroamérica en nacimientos de madres adolescentes, con 114 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años en ciertas áreas, y el 44% de las mujeres de 20 a 24 años fueron madres antes de cumplir los 20. La incidencia es mayor en zonas rurales y comunidades indígenas.

Esta situación refleja una tendencia regional. De acuerdo con la UNFPA, Latinoamérica y el Caribe registran más de 1,6 millones de nacimientos anuales de madres adolescentes, con una tasa de 50.6 por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años, la segunda más alta del mundo, solo superada por África Subsahariana. En Centroamérica, algunas regiones duplican el promedio regional, alcanzando hasta 124 embarazos por cada 1,000 adolescentes en zonas de menor desarrollo humano. Según la misma fuente, el 67% de los embarazos adolescentes en la región no son planificados.

La maternidad temprana acarrea consecuencias sociales y económicas de largo alcance. De acuerdo con UNFPA, el costo anual estimado por embarazos adolescentes y maternidad temprana asciende a 15,300 millones de dólares en la región, afectando principalmente a las mujeres y sus familias por la reducción de oportunidades educativas y laborales. Además, los riesgos de mortalidad materna aumentan considerablemente en adolescentes, y la probabilidad de que dejen la escuela es mucho mayor frente a quienes postergan la maternidad.

Las autoridades guatemaltecas, en coordinación con organismos internacionales, han reiterado la importancia de fortalecer la prevención y el acompañamiento integral a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La Vicepresidencia de la República destacó que las acciones en Alta Verapaz buscan asegurar la restitución de derechos, la reinserción educativa y mejores oportunidades de desarrollo para las jóvenes, reafirmando el compromiso del Estado con la infancia y la igualdad de género.

Guatemala se prepara para un relevo crucial en sus autoridades monetarias y de supervisión financiera, con la inminente renovación de la presidencia del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos prevista para septiembre de 2026.

La designación de estas figuras será determinante para la estabilidad macroeconómica y la confianza del sistema financiero nacional e internacional, de acuerdo con la información confirmada por el Banco de Guatemala.

El cambio se producirá cuando finalice el mandato de Álvaro González Ricci como presidente del Banco de Guatemala y de Saulo De León Durán como superintendente de Bancos, ambos con un período de gestión de cuatro años que culmina el 30 de septiembre de 2026.

Según el portal institucional del Banco de Guatemala, los nuevos nombramientos estarán a cargo del presidente Bernardo Arévalo, quien, conforme a la legislación vigente, tiene la atribución exclusiva de designar a los sucesores en ambos cargos.

La próxima elección de autoridades económicas de segundo grado, marcada en el calendario constitucional para septiembre de 2026, se considera uno de los procesos más relevantes para la conducción de la política monetaria y la regulación bancaria en Guatemala.

El nuevo presidente del Banco de Guatemala no solo asumirá la conducción de la principal entidad emisora, sino que también ejercerá la presidencia de la Junta Monetaria (JM), el máximo órgano de dirección de la política económica y financiera del país.

La estructura de las designaciones y los requisitos legales

El proceso de nombramiento difiere entre ambas instituciones. Según la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el presidente y vicepresidente de la entidad, así como los líderes de la Junta Monetaria, son elegidos de manera directa y discrecional por el presidente de la República para un mandato de cuatro años.

En el caso del superintendente de Bancos, la Ley de Supervisión Financiera establece que debe ser seleccionado a partir de una terna propuesta por la Junta Monetaria, con el voto favorable de al menos tres cuartas partes de sus miembros.

La conformación de la Junta Monetaria responde a la representación de distintos sectores: el titular del Banco de Guatemala la preside, acompañado de los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura, un representante del Congreso, otro de los bancos privados, uno designado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y sendos representantes de los sectores agrícola, comercial e industrial.

El proceso de designación contempla estrictos requisitos de elegibilidad. Para el cargo de presidente del Banco de Guatemala, la persona debe ser guatemalteco, gozar de derechos civiles y políticos, y contar con probada honorabilidad y competencia profesional en ciencias económicas.

Según los requisitos publicados en el sitio oficial del Banco de Guatemala, el presidente electo asume también el liderazgo pleno de la Junta Monetaria.

Para la Superintendencia de Bancos, la ley exige que el candidato sea guatemalteco de origen, mayor de 30 años, posea título universitario en economía, auditoría o derecho y demuestre reconocida probidad y experiencia en técnicas bancarias y supervisión.

El nombramiento, según detalla el Banco de Guatemala, requiere que la terna sea votada favorablemente por el 75% de la Junta Monetaria antes de ser presentada al presidente.

Repercusiones y vigilancia de la transición institucional

El fin de los actuales mandatos en septiembre de 2026 marca el inicio de un período de transición que será observado por los actores económicos locales e internacionales. La selección de las nuevas autoridades será clave para mantener la confianza en la política financiera del país y en la solidez del sistema bancario, así como para garantizar la continuidad de la gestión contra la inflación y la supervisión del sector crédito.

Estas designaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley de Supervisión Financiera, refuerzan la potestad técnica y discrecional del presidente de la República en la conducción del aparato económico de Guatemala. Todos los detalles, convocatorias y requisitos para la postulación pueden consultarse directamente en los portales oficiales del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.

La vigilancia sobre estos procesos continuará, dado que, según la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde exclusivamente al presidente de la República asegurar la selección idónea para la estabilidad futura del sistema financiero nacional.

Según informó la PNC, el decomiso incluyó cuatro rifles, una carabina M4, una pistola, tres tolvas, 400 municiones, así como miras telescópicas. De acuerdo con la versión oficial, las armas se encontraban ocultas en una caja junto a otros objetos personales y pretendían ingresar al país sin la documentación requerida.

En declaraciones recogidas por Telediario, José Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, confirmó que la operación se realizó tras una inspección minuciosa de las encomiendas procedentes de EE.UU.

“Se ha logrado ubicar en una caja de encomiendas que proviene de Estados Unidos con destino Guatemala y con el documento que el destino final sería el departamento de Huehuetenango, se ha logrado ubicar en el interior del mismo, en este caso, en el interior de esta caja, cuatro fusiles, una pistola y también más de cuatrocientas municiones”, detalló el vocero.

De igual manera, la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos ha iniciado una investigación para determinar el origen, destino y responsables del envío de estas armas, así como la autenticidad de los documentos de respaldo presentados para la encomienda.

Las autoridades buscan establecer si existe una red criminal dedicada al tráfico de armas utilizando este tipo de envíos, aprovechando la ruta de encomiendas que guatemaltecos en el extranjero emplean para enviar productos a sus familiares en el país centroamericano.

Este es el tercer decomiso de armas ocultas en encomiendas

De acuerdo con la información oficial, este decomiso representa el tercer caso en la última semana en el que se detecta el intento de introducir armas ilegales por medio de contenedores.

“Este es la tercera ocasión que se ha llevado a cabo la localización de este tipo de situaciones ilegales en ese sector durante esta última semana”, puntualizó Chinchilla al citado medio. La reiteración de estos hallazgos en tan corto plazo ha motivado a las autoridades a reforzar las medidas de control y vigilancia en las áreas de bodega y despacho de mercancías del recinto portuario.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones buscan aclarar si los destinatarios de la encomienda mantenían vínculos con organizaciones delictivas o si las armas tenían como fin alimentar conflictos armados internos en el país.

“El trabajo de investigación continúa por parte de la Policía Nacional Civil para dar con los presuntos responsables de estar realizando este tipo de situaciones ilegales, tomando en cuenta que es la tercera ocasión que ocurre”, afirmó el vocero de la institución policial en la entrevista concedida a Telediario.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala quedó este viernes con la decisión sobre la validez del Decreto 10-2026, después de que el Congreso de la República formalizara una consulta por el veto presidencial que sostiene que las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas contravienen la Constitución. El trámite quedó publicado este 22 de mayo en el Diario de Centro América mediante el Acuerdo 15-2026.

La solicitud del Congreso fue planteada el 14 de mayo, según el texto proporcionado, y forma parte del procedimiento legal que se activa cuando un veto presidencial se fundamenta en inconstitucionalidad. El mismo documento indica que ese mecanismo consultivo ante la Corte de Constitucionalidad integra las formalidades requeridas en ese tipo de objeciones.

El punto central es este: el Congreso aprobó el Decreto 10-2026 el 14 de abril de 2026, el presidente de la República lo vetó por medio del Acuerdo Gubernativo 68-2026 del cinco de mayo de 2026, y ahora los magistrados de la CC deberán emitir una opinión sobre la inconstitucionalidad alegada por el Organismo Ejecutivo.

El Acuerdo 15-2026, publicado en el Diario de Centro América, consigna que “el honorable Congreso de la República aprobó el Decreto Número 10-2026, Reformas al Código Penal, Decreto Número 17-73 y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto Número 9-2009”. El mismo texto añade que “el presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del Acuerdo Gubernativo Número 68-2026 de fecha cinco de mayo de dos mil veintiséis, dispuso vetar el citado Decreto”.

El veto presidencial trasladó el conflicto al tribunal constitucional

Según el acuerdo, el Pleno del Congreso conoció las razones de inconstitucionalidad expuestas por el presidente en el veto. A partir de ese paso, el Legislativo resolvió pedir a la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva con fundamento en la literal h) del artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El documento institucional señala de forma expresa: “Se solicita a la honorable Corte de Constitucionalidad, con fundamento en la literal h) del artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que emita opinión sobre la inconstitucionalidad alegada por el Organismo Ejecutivo”. También precisa que la opinión se solicita sobre el contenido del Acuerdo Gubernativo 68-2026, formulado contra el Decreto 10-2026 del Congreso de la República.

La base constitucional invocada incluye los artículos 179, 268 y 272, literal h), según el texto proporcionado. El expediente respectivo fue remitido “para los efectos pertinentes”, de acuerdo con la misma documentación.

El acuerdo faculta a la Junta Directiva del Congreso para continuar el trámite

El Acuerdo 15-2026 establece que la Junta Directiva del Congreso queda facultada para realizar el procedimiento consultivo correspondiente ante la Corte de Constitucionalidad. El texto también indica que esa atribución permite cumplir con el trámite derivado del veto presidencial.

La documentación institucional resume la secuencia de los hechos: el Congreso aprobó reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas el 14 de abril de 2026; después, el presidente vetó esas reformas mediante el Acuerdo Gubernativo 68-2026; más tarde, el Pleno conoció el veto y los argumentos de inconstitucionalidad; finalmente, el Legislativo acordó pedir la opinión del tribunal constitucional.

El acuerdo sostiene que “las reformas aprobadas mediante el Decreto Número 10-2026 del Congreso de la República, de fecha catorce de abril de dos mil veintiséis, contravienen el texto de la Constitución Política de la República de Guatemala”. Añade que la razón de inconstitucionalidad fue expuesta en el veto contenido en el Acuerdo Gubernativo 68-2026.

La publicación oficial también deja establecido que el Acuerdo Número 15-2026 fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala y que “el presente Acuerdo entra en vigencia el día de su aprobación”. El texto agrega que el acuerdo fija los pasos a seguir tras el veto presidencial a las reformas legales.

La exfiscal general Thelma Aldana vive exiliada en Washington desde 2019, después de salir de Guatemala por amenazas y por procesos judiciales promovidos durante la gestión de Consuelo Porras.

El 17 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo designó al abogado Gabriel García Luna al frente del Ministerio Público tras la salida de Porras, un cambio que Aldana considera clave para evaluar un eventual regreso.

El exilio le impidió volver a ejercer la abogacía y la alejó de su vida familiar, según relató. “Perdí mi país, perdí el clima de Guatemala, perdí mi profesión, nunca más pude volver a ejercer como abogada”, dijo.

La posibilidad de retorno, según su planteo, depende de que avancen decisiones dentro del Ministerio Público y de que existan garantías de seguridad, además de resolver las causas abiertas en su contra.

Cambios en el Ministerio Público tras la salida de Consuelo Porras

Gabriel García Luna asumió el 17 de mayo como jefe del Ministerio Público, tras ser designado por el presidente Arévalo. Aldana destacó como señal inicial la destitución de Rafael Curruchiche, a quien ubicó como una de las piezas centrales de las investigaciones contra opositores y periodistas.

Entre los casos mencionados figura el del periodista José Rubén Zamora, encarcelado desde 2022, en una causa que organizaciones internacionales cuestionaron por el uso del sistema penal contra la prensa.

La salida de Porras, que estuvo ocho años al frente del organismo, reactivó expectativas entre quienes dejaron Guatemala durante su administración.

La gestión de Porras recibió sanciones de alrededor de 40 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, por acusaciones de persecución política y de socavar la democracia, de acuerdo con reportes públicos citados por organismos y gobiernos.

Ese contexto, según Aldana, explica por qué la transición en el Ministerio Público se volvió un punto de inflexión para los exiliados.

Procesos judiciales, falta de defensa y requisitos para volver a Guatemala

Aldana sostuvo que el 98% de las denuncias en su contra proviene de la Fundación Contra el Terrorismo y afirmó que “todas carecen de sustento”.

También dijo que no cuenta con recursos para afrontar una defensa legal y que planea pedir apoyo a organizaciones internacionales para enfrentar los expedientes abiertos.

Durante su paso por el Ministerio Público, Aldana impulsó investigaciones por corrupción que derivaron en detenciones y procesos contra exfuncionarios y empresarios entre 2014 y 2018. Según su relato, a partir de 2019 el nuevo escenario dentro de la fiscalía derivó en hostigamiento y causas judiciales que la obligaron a salir del país.

La organización Right Livelihood la reconoció en 2018 por su trabajo contra redes de corrupción en Guatemala, un antecedente que Aldana mencionó como parte del respaldo internacional que recibió en esos años.

Sobre el presente, sostuvo: “Veo que el nuevo fiscal está dando los pasos adecuados y espero que logre retomar la institucionalidad, pero es sumamente difícil porque es una destrucción de ocho años”.

Organizaciones como Human Rights Watch informaron que cerca de 90 operadores de justicia, periodistas y activistas abandonaron Guatemala entre 2019 y 2026, y describieron el fenómeno como una “persecución espuria” y un proceso de “cooptación de la justicia”.

Qué dijo Thelma Aldana sobre su futuro político y el contacto con el gobierno de Arévalo

Aldana afirmó que todavía no sabe cómo se reinsertaría si vuelve a Guatemala y describió un escenario material complejo. “No tengo idea de qué haré al volver, dónde voy a vivir, no tengo vehículo, regresaré en una condición precaria, pero estoy dispuesta a volver a trabajar, incluyendo incursionar en la política porque es un derecho y yo no renuncio a mis derechos”, sostuvo.

También indicó que mantuvo contacto con el gobierno de Arévalo en Washington y que confía en que, si se consolidan condiciones de seguridad y se revisa el uso de los procesos penales, ella y otros exiliados podrán regresar y retomar actividades públicas en Guatemala.

El centro de investigaciones CIEN presentó, dentro de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, un análisis sobre el Ministerio Público que sitúa el principal desafío de la próxima administración en una pregunta concreta: si el crecimiento territorial, presupuestario y operativo de la institución se ha traducido en más capacidad investigativa y en una justicia penal efectiva.

La exposición, centrada en “Oportunidades y Desafíos para la Nueva Administración del Ministerio Público”, vinculó esa discusión con el papel constitucional del ente acusador y con los resultados que hoy exhibe el sistema penal.

El dato más contundente apareció en la evaluación de desempeño institucional: según David Casasola, para 2025 solo el 44.3 % de las víctimas de delitos denunció, mientras el 55.7 % no lo hizo. Esa cifra, expuesta a partir de una encuesta de ocurrencia delictiva citada por Cien, fue presentada como una señal de que la expansión territorial no modificó de manera decisiva la disposición de la población a acudir al sistema.

Francisco Quezada, analista de Cien, explicó que el Ministerio Público opera dentro de la justicia penal como el vehículo estatal que investiga los hechos ilícitos y, si encuentra elementos, formula la acusación.

En su exposición recordó que esa función se inscribe en un esquema de tres actores: la tesis del Ministerio Público, la antítesis de la defensa y la síntesis que resuelve el juzgador mediante sentencia.

Quezada sostuvo que la lógica de la justicia penal parte de la protección de valores reconocidos por la ley, como la vida, la integridad y la propiedad. Cuando esos bienes son transgredidos, dijo, el Estado reacciona a través del derecho penal, que puede restringir derechos constitucionales como la libertad, el patrimonio e incluso la vida, en los casos en que el ordenamiento contemple pena de muerte.

La reducción de mora no elevó la judicialización de los casos

Casasola sostuvo que el aumento de sedes tampoco garantizó por sí solo un incremento claro en la denuncia. Según los datos expuestos por Cien, mientras en 2016 casi siete de cada 10 denuncias se presentaban en la Policía Nacional Civil, en 2025 esa proporción bajó a casi cinco de cada 10, y el Ministerio Público pasó de captar el 20 % al 44 % de las denuncias.

Esa variación, dijo, debe evaluarse junto con otro cambio institucional: la posibilidad de interponer denuncias digitales habilitada desde la pandemia. Para el analista, el crecimiento de denuncias recibidas directamente por el Ministerio Público puede obedecer tanto a la presencia territorial como a esa vía remota.

El segundo desafío, según Casasola, es la gestión de los expedientes. Explicó que a finales de 2019 comenzó a implementarse de forma gradual el modelo de gestión integral de casos, diseñado para dividir el trabajo entre equipos que atendieran expedientes recientes y equipos que resolvieran casos antiguos con salidas procesales más rápidas.

El resultado agregado de ese esquema fue una caída acelerada de la mora fiscal. Según los datos citados de la plataforma Flujograma, el Ministerio Público pasó de alrededor de 2,4 millones de casos activos pendientes en 2014 a 2,2 millones en 2020, 1,3 millones en 2022, 404.000 en 2023 y 198,000 en 2025.

Casasola advirtió que esa reducción cuantitativa no implicó una mejora equivalente en la investigación. Al examinar las salidas de los casos, afirmó que la mayoría corresponde a archivos, prescripciones o decisiones de no continuar por falta de elementos, mientras la proporción que llega a judicialización cayó de 9,6 % a alrededor de 5 % y promedió 3,5 % entre 2018 y 2025.

La consecuencia, resumió, es que casi 96 de cada 100 casos no terminan en una vía que implique acusación penal. En delitos de homicidio simple y calificado, añadió, acusaciones y sentencias apenas promedian cerca del 7 %, y la salida más frecuente sigue siendo el cierre en sedes fiscales.

El crecimiento presupuestario del Ministerio Público superó al de otras instituciones del sistema penal

Para Casasola, el tercer desafío es recuperar una visión integral del sistema de justicia penal. Señaló que el Ministerio Público depende de la coordinación con la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Civil, el Inacif, la defensa pública y otras entidades, y que fortalecer a una sola institución sin equilibrar a las demás limita el resultado final.

También mencionó problemas en los espacios de coordinación. Según su exposición, la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, presidida por el Organismo Judicial, enfrenta debilidades porque desde el año pasado el Ministerio de Gobernación no participa en esa mesa.

El cuarto desafío es la administración de una institución que cambió de escala. Según Casasola, el presupuesto del Ministerio Público pasó de Q1.691 millones en 2018 a Q3.800 millones en 2025, y para 2026 alcanzó un nivel equivalente a 1,2 veces el presupuesto del Organismo Judicial, 12,4 veces el del Instituto de la Defensa Pública Penal, 12,3 veces el del Inacif y ocho veces el del sistema de atención a la víctima.

El Ejército de Guatemala mantiene operaciones de seguridad y vigilancia en puntos fronterizos con Honduras, mientras la Policía Nacional Civil ha desplegado más efectivos, luego de los recientes ataques armados en el vecino país que dejaron más de 20 muertos.

La respuesta coordinada busca fortalecer la seguridad nacional y evitar el ingreso de sospechosos vinculados a las agresiones ocurridas en territorio hondureño.

La escalada de violencia registrada en Honduras forzó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas.

El Ejército de Guatemala, en coordinación con fuerzas de seguridad civil, realiza patrullajes terrestres, instala puestos de control y ejecuta labores de reconocimiento en diferentes tramos de la frontera, principalmente en los departamentos de Izabal, Zacapa y Chiquimula.

De acuerdo con un comunicado oficial, estas acciones forman parte de la Operación Cinturón de Fuego, que busca “fortalecer la seguridad exterior del país y mantener el control en áreas estratégicas”.

Las unidades militares mantienen presencia permanente en los sectores limítrofes para prevenir actividades ilícitas y resguardar la soberanía nacional.

Según el Ejército, “estas acciones fortalecen la vigilancia permanente en el territorio guatemalteco, donde se mantienen condiciones de normalidad”. Imágenes difundidas por la institución muestran a soldados patrullando zonas rurales, instalando retenes y recorriendo caminos de difícil acceso.

Mientras tanto, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) confirmó ayer que se incrementó el despliegue policial tras los ataques armados que provocaron múltiples víctimas en Honduras, incluyendo agentes de seguridad y civiles.

El refuerzo policial responde a la magnitud de los hechos, atribuidos a disputas entre pandillas hondureñas por el control de territorios para actividades ilícitas.

La PNC informó que la vigilancia se extendió a rutas principales, caminos alternos y puntos ciegos de la línea limítrofe, con el objetivo de evitar el ingreso de individuos vinculados a los crímenes, así como proteger a las comunidades guatemaltecas cercanas a la frontera. “Se mantienen operativos conjuntos para dar seguimiento a los recientes hechos violentos ocurridos en Honduras, con el objetivo de proteger a los ciudadanos guatemaltecos y evitar el ingreso de personas vinculadas a estos crímenes”, señaló la institución.

El intercambio de información y la coordinación en tiempo real entre las fuerzas de seguridad de ambos países buscan identificar y capturar a los sospechosos que puedan intentar huir hacia Guatemala. Las autoridades enfatizaron que, ante la detección de ingresos ilegales, procederán a la captura de los involucrados.

En la última jornada, habitantes de comunidades fronterizas en Izabal y Chiquimula reportaron un marcado aumento en el movimiento de patrullas, el establecimiento de retenes y la presencia de operativos sorpresa en áreas rurales. El refuerzo de la vigilancia incluye no solo los pasos formales, sino también zonas rurales consideradas sensibles por los antecedentes de tránsito ilícito.

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, uno de los hechos más graves ocurrió en la aldea Corinto, municipio de Omoa, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado con presuntos miembros de estructuras criminales. El saldo parcial ascendió a cinco policías muertos y al menos cuatro supuestos pandilleros detenidos. Honduras respondió con el despliegue de unos 700 efectivos y el apoyo de diversas unidades militares para localizar a los responsables y a agentes desaparecidos.

La consecuencia inmediata en el plano binacional fue el endurecimiento del control del lado guatemalteco, con el fin de bloquear cualquier intento de huida de los atacantes. La PNC guatemalteca afirmó que mantenía comunicación constante con sus homólogos hondureños para coordinar acciones conjuntas y monitorear áreas de difícil acceso.

Las autoridades de ambos países investigan a la estructura criminal responsable de los ataques, mientras la tensión se mantiene elevada en la zona fronteriza. Las medidas adoptadas por Guatemala buscan garantizar la tranquilidad en las comunidades limítrofes y evitar la expansión de la violencia, en un escenario marcado por la disputa de pandillas y el tráfico ilícito en la región.

La cooperación bilateral y el refuerzo de la seguridad en la frontera permanecen activos, con patrullajes y controles permanentes que buscan evitar el ingreso de personas vinculadas a los hechos violentos y proteger la integridad de la población guatemalteca.

El Consejo Nacional de la CONRED declaró alerta amarilla preventiva el 22 de mayo de 2026 en Guatemala por la escasez de lluvias y las altas temperaturas en zonas con mayor susceptibilidad a impactos, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Para el fin de semana del 23 al 24 de mayo, el INSIVUMEH prevé el paso de una nueva onda del este sobre el territorio nacional, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias por la tarde y noche, principalmente desde el Sur hacia el Centro del país.

La CONRED indicó que la elevación del nivel de alerta es una acción de prevención y preparación anticipada y que no representa una declaratoria del fenómeno ENOS.

La decisión se adoptó con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales y en proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, de acuerdo con el organismo.

Según el INSIVUMEH, habrá neblina matutina en la Meseta Central y la región del Pacífico, donde persistirá un ambiente cálido y húmedo con viento ligero durante el día. En Alta Verapaz, Caribe y la Franja Transversal del Norte podrían registrarse lluvias con actividad eléctrica por la tarde o noche.

Las temperaturas más altas se mantendrán en regiones del Motagua y Valles de Oriente, con máximas de hasta 41°C, sin descartar lluvias dispersas, de acuerdo con el INSIVUMEH.

La CONRED pidió a los gobiernos departamentales y municipales elevar sus niveles de alerta, reforzar acciones de prevención, actualizar planes de respuesta y coordinar medidas de protección ante posibles eventos asociados como sequía, incendios forestales, altas temperaturas, inundaciones y deslizamientos.

También anunció que reforzará el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación interinstitucional.

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomendó a la población no conducir a altas velocidades durante las lluvias, preparar su Plan Familiar de Respuesta y mantenerse informada por canales oficiales de la CONRED y el INSIVUMEH ante el riesgo de derrumbes, deslizamientos, inundaciones o crecidas repentinas de ríos.

El gobierno de Guatemala elabora plan de contingencia ante amenazas climáticas para el corredor seco

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, advirtió sobre la posibilidad de una canícula extendida y de alto impacto que se desplegaría en julio y agosto de 2026, periodo que tradicionalmente corresponde a la temporada de lluvias en el país.

Esta previsión se fundamenta en los pronósticos climáticos atípicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), que estiman un escenario de condiciones anómalas que obligan al gobierno a coordinar acciones de preparación junto a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), especialmente en las regiones que se anticipa serán las más vulnerables. La información fue comunicada este martes en rueda de prensa y retransmitida por los canales del gobierno.

En respuesta, Arévalo explicó que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la CONRED trabajan en una estrategia conjunta basada en dos ejes: la acumulación y gestión de reservas de granos básicos para las comunidades que podrían enfrentar carencias alimentarias y el desarrollo de un programa de tratamiento de suelos para optimizar la captación de agua durante el periodo de escasez.

El mapa climático elaborado por el INSIVUMEH delimita con precisión las áreas expuestas a mayor riesgo. El próximo martes se presentarán los pormenores del plan, informó el mandatario.

El INSIVUMEH calcula una probabilidad del 92 % de que el fenómeno climático El Niño prevalezca en el trimestre junio-agosto de 2026. Según el organismo guatemalteco, ese fenómeno genera históricamente déficits de precipitaciones en el costado Pacífico y en el corredor seco del oriente del país, propiciando la prolongación y agravamiento de la canícula.

El 14 de mayo último, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una Alerta de El Niño, aunque aclaró que la situación persiste en condición neutra, con una anomalía de temperatura del mar de +0,4 °C en la región Niño-3.4.

El corredor seco, principal foco de riesgo agrícola ante la nueva canícula

La distribución de lluvias prevista para el trimestre por el INSIVUMEH será heterogénea. Regiones como la Bocacosta, el Caribe y la Franja Transversal del Norte experimentarán los mayores acumulados, mientras que el Altiplano Central, el Occidente y los Valles de Oriente recibirán precipitaciones por debajo del promedio registrado entre 1991 y 2020. Las temperaturas máximas que podrían afectar áreas de baja altitud oscilarán entre 30 °C y 38 °C (86 °F a 100 °F), agravando la presión sobre el sector agrícola.

Para los agricultores de subsistencia del corredor seco, que incluye departamentos como Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, el riesgo fundamental lo marca la duración de la canícula. El INSIVUMEH detalla que el periodo seco que divide la temporada usualmente abarca dos o tres semanas. En años de El Niño severo puede prolongarse hasta 30 o 40 días, afectando la primera cosecha de maíz de la temporada.

En 2014, una anomalía térmica marina de apenas 0,6 °C por encima de la media —insuficiente para ser clasificada como El Niño por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)— derivó en ausencias de lluvia de hasta 45 días y en la pérdida de más del 70 % de los cultivos de granos básicos en Guatemala. Estos antecedentes sirven de referencia para calibrar la magnitud potencial del escenario actual, según informó el INSIVUMEH.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala inauguró este viernes en Tecpán, Chimaltenango, la nueva infraestructura de la PNC, que incluye la Estación 73-3, la Subestación 73-3-1 y una Oficina de Atención a la Víctima, en una ceremonia oficial transmitida por canales del ministerio que las autoridades presentaron como un refuerzo de la presencia estatal y de la capacidad policial en el municipio.

La apertura de la oficina para víctimas fue uno de los ejes centrales del acto. El director de la Policía Nacional Civil David Botero afirmó durante su discurso que ese espacio fue creado para brindar atención integral, orientación, acompañamiento y asistencia a personas afectadas por hechos de violencia, delitos o vulneraciones de derechos.

Según Botero, la seguridad ciudadana no puede limitarse a la respuesta operativa frente al delito y debe incluir mecanismos de atención y contención para quienes atraviesan momentos de dolor, incertidumbre y vulnerabilidad.

Añadió que la oficina busca avanzar hacia un modelo policial más cercano a la población y más comprometido con la dignidad de las personas.

El alcalde de Tecpán Flaviano Salomón Díaz sostuvo durante la actividad oficial que la obra fue posible por la coordinación entre el Gobierno de la República, el Ministerio de Gobernación y la municipalidad. También dijo que la nueva sede permitirá que los agentes trabajen en mejores condiciones y con mayor dignidad.

Salomón Díaz aseguró que el proyecto se concretó en un plazo de dos meses, equivalentes a 60 días, y agradeció al ministro de Gobernación por haber cumplido una promesa hecha semanas antes. En su intervención, describió la inauguración como “un día histórico para nuestro municipio” y señaló que el edificio representa “la esperanza y el compromiso y fortalecimiento de la seguridad ciudadana para todas las familias tecpanecas y tecpanecos”.

La ceremonia oficial presentó la obra como una respuesta a carencias de infraestructura policial

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval dijo en el acto que durante muchos años numerosas dependencias policiales trabajaron con limitaciones, infraestructura deteriorada y espacios insuficientes. En ese marco, sostuvo que fortalecer una comisaría también significa dignificar a quienes sirven al país y mejorar la capacidad institucional, operativa y territorial del Estado.

Villera Sandoval afirmó que una comisaría “no es únicamente un edificio”, sino una forma de ampliar la tranquilidad de las familias, de los comerciantes y de las comunidades. También sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad exige transformación, tecnología, coordinación, capacidad de reacción y mejores herramientas para investigar y prevenir el delito.

En el tramo final de su discurso, el ministro introdujo una diferencia respecto de otras intervenciones del acto. Mientras el alcalde y la gobernadora hablaron de una nueva subestación construida para los agentes, Villera Sandoval dijo: “Hoy estamos entregándole al pueblo de Tecpán esta subestación completamente remodelada”.

La gobernadora departamental de Chimaltenango María del Tránsito Calán Hernández había sostenido antes que “no es un remozamiento, sino que se hizo esta subestación especialmente para los agentes que están acá brindándole seguridad a los habitantes de Tecpán, Guatemala”. También afirmó que durante muchos años no se habían hecho obras de este tipo y que la Policía Nacional Civil las demandaba para poder prestar servicio en condiciones adecuadas.

Las autoridades vincularon la nueva sede con atención a víctimas y cercanía con la comunidad

Botero definió a Tecpán como un territorio de relevancia histórica, cultural y estratégica para Guatemala y afirmó que sus habitantes “merecen instituciones sólidas y fortalecidas, accesibles y eficientes”. Según el director de la Policía Nacional Civil, la obra responde a una visión de seguridad pública basada en prevención, proximidad ciudadana, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades operativas, preventivas y humanas.

El jefe policial también se dirigió a los agentes que prestarán servicio en las nuevas instalaciones y les dijo que ese espacio representa la confianza depositada por la población en la institución. En ese sentido, sostuvo que allí no solo se desarrollarán acciones de seguridad, sino que también se protegerán la vida, la integridad, la libertad y la dignidad humana.

El Ministerio de Gobernación clasificó como reservada por siete años la información del convenio con el Ministerio de la Defensa Nacional para construir la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal, una decisión oficializada en la Resolución ministerial 000290 publicada el viernes 22 de mayo en el Diario de Centro América y sustentada en que divulgar esos datos podría comprometer la estrategia de seguridad del proyecto.

La resolución fija que la reserva abarca la totalidad del convenio específico de cooperación interinstitucional firmado el 25 de marzo de 2026 entre ambas carteras, y señala que el plazo podrá ampliarse de conformidad con el artículo 28 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.

Según la resolución del Mingob, la vigencia de la reserva comienza el sábado 23 de mayo de 2026. El mismo documento identifica como responsables de la conservación del expediente a la Subdirección Administrativa de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, la Dirección de Planificación y la Dirección General del Sistema Penitenciario, todas del ministerio.

La reserva cubre todo el convenio firmado para levantar la prisión de máxima seguridad

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario de Centro América, la solicitud de clasificación fue presentada por el director general de la Dirección General del Sistema Penitenciario. La cartera precisó que esa dependencia es la fuente de la información sometida a reserva.

El documento indica que el fundamento legal de la decisión está en los artículos 23, numeral 4, y 26 del Decreto 57-2008. Según Gobernación, la difusión del contenido podría causar “un serio perjuicio o daño presente” al vulnerar acciones o estrategias vinculadas con la construcción del centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad.

La resolución añade que la divulgación del convenio podría amenazar el interés protegido por la ley, porque implicaría un daño probable que pondría en alto riesgo la construcción del centro. En la versión leída en voz alta del acuerdo ministerial también se afirma que el acceso a ese documento permitiría a la delincuencia organizada identificar áreas de riesgo en materia de seguridad penitenciaria.

Ese mismo texto argumenta que el perjuicio derivado de liberar la información es mayor que el interés público de conocerla. La justificación oficial también menciona el riesgo de acercar elementos y datos a grupos delictivos que pretendan involucrarse o infiltrarse en tareas de custodia de personas reclusas.

El proyecto corresponde a la cárcel El Triunfo impulsada por el gobierno de Bernardo Arévalo

La obra a la que se refiere la reserva es la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, que será construida en Morales, Izabal. El proyecto fue impulsado por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en el marco del Decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas.

Según el texto fuente, la construcción contará con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”. La resolución reserva de forma íntegra el convenio específico de cooperación interinstitucional suscrito para esa intervención.

La primera piedra del proyecto fue colocada a finales de marzo de este año para iniciar la construcción de la prisión. Ese avance quedó frenado de forma temporal después de una acción presentada ante una Sala Mixta de Apelaciones de Izabal.

La publicación del acuerdo ministerial, según la lectura de la resolución, se dispuso “por ser de interés para el Estado” y se realizaría sin costo alguno.

La Sala Tercera de Apelaciones resolvió que el juez Mynor Moto asumirá el proceso penal contra los exlíderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, una decisión que redefine un expediente marcado por cambios de judicatura y que también deberá encaminar una petición de medida sustitutiva que sigue sin resolverse desde el año pasado.

El traslado convierte este expediente en un caso que ya cambió de juez en tres ocasiones. Según la resolución de la sala, el proceso pasó del Juzgado Cuarto Penal al Juzgado Quinto Penal, luego al Juzgado Séptimo Penal y ahora quedó a cargo del juez B del Juzgado Tercero Penal.

Medios locales reportan que, la sala, presidida por Alejandro Prado, aceptó la excusa presentada por el juez A del Juzgado Séptimo Penal Fredy Orellana para apartarse del caso. El cambio se produjo después de recusaciones e inconformidades planteadas contra los juzgadores que habían conocido el expediente.

La resolución implica que la carpeta judicial deberá ser trasladada al juzgado de Moto, quien tendrá a su cargo conocer el proceso y decidir sobre la solicitud de medida sustitutiva presentada por ambos exdirigentes. Esa petición, según el texto fuente, no ha sido resuelta desde el año pasado por los sucesivos cambios de tribunal.

El caso se originó en las protestas de 2023 y mantiene a ambos exdirigentes en prisión preventiva

El proceso contra Pacheco y Chaclán surgió por su participación en las protestas de 2023, que comenzaron por la persecución penal emprendida por el Ministerio Público contra el proceso electoral de ese año. Durante esas jornadas, organizaciones indígenas exigieron que se respetara el resultado electoral y pidieron la renuncia de la entonces fiscal general Consuelo Porras.

El 23 de abril de 2025, ambos líderes indígenas fueron detenidos y luego ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Después se les añadió el delito de asociación ilícita y, de acuerdo con el texto fuente, actualmente continúan en prisión preventiva.

El cambio de juez responde directamente a la pregunta central del caso: quién conocerá ahora el proceso contra los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán. La respuesta es que el expediente quedó asignado a Mynor Moto, juez B del Juzgado Tercero Penal, por decisión de la Sala Tercera de Apelaciones tras aceptar la excusa de Orellana.

La trayectoria de Mynor Moto incluye casos de alto impacto y controversias judiciales

Mynor Mauricio Moto Morataya es descrito en el texto fuente como un juez y abogado guatemalteco que se desempeña actualmente como juez Tercero de Primera Instancia Penal. Su trayectoria ha estado vinculada a decisiones controvertidas, procesos legales y a casos de alto impacto en Guatemala.

Entre los expedientes que ha conocido figuran el caso Rosenberg, el caso Bufete de la Impunidad y el caso Libramiento de Chimaltenango, según el texto fuente. También se le ha señalado por presuntos retrasos maliciosos en investigaciones y ha enfrentado antejuicios por supuestos vínculos con el caso Comisiones Paralelas 2020.

El texto fuente también indica que Moto ha intentado en varias ocasiones integrar la Corte de Constitucionalidad en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esos intentos, según el mismo texto, fueron frenados por acciones legales, denuncias y órdenes de captura que han marcado su historial reciente.

Líderes de los 48 Cantones exige liberación de exdirigentes detenidos

Recientemente, integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y representantes de otros pueblos indígenas realizaron una marcha en la Ciudad de Guatemala para exigir la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes del movimiento, detenidos desde hace un año por su supuesta vinculación a protestas ciudadanas de 2023. La movilización, que coincidió con el aniversario de la detención, busca llamar la atención sobre lo que consideran una prolongada “persecución política” y presionar por un cambio en el Ministerio Público, de acuerdo con las canales oficiales de los 48 cantones.

Durante la manifestación, los participantes instalaron afiches en los alrededores del Ministerio Público en el barrio Gerona, zona 1, con fotografías de los detenidos y mensajes en los que afirman: “¡No son criminales!”. Esta acción responde a lo que los manifestantes consideran una criminalización sistemática de líderes indígenas y a la falta de justicia objetiva y oportuna tras un año completo en prisión preventiva de Pacheco, expresidente, y Chaclán, extesorero, ambos de la junta directiva de los 48 Cantones

AmCham Guatemala pidió avanzar con la Ley del Sistema Portuario Nacional en la fase final de su trámite legislativo, al sostener que un marco jurídico actualizado puede dar certeza a la inversión, ordenar la modernización de las terminales marítimas y mejorar la competitividad logística de Guatemala.

La discusión ocurre mientras el país busca aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional, identificada como la Iniciativa 6541, y después de la entrada en vigor del Decreto 26-2024, que estableció a la Comisión Portuaria Nacional como autoridad designada para garantizar seguridad y estándares internacionales, según el texto fuente.

Durante un panel organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, representantes del sector público y privado analizaron los retos y oportunidades de esa reforma. La entidad señaló que las eventuales enmiendas deben conservar los objetivos originales de seguridad, fortalecimiento institucional e incentivo a la inversión privada.

Waleska Sterkel de Ortiz destacó la postura de la organización: “Desde AmCham Guatemala consideramos fundamental avanzar hacia un sistema portuario moderno, eficiente y con reglas claras, ya que los puertos son un pilar clave para la competitividad del país. Su fortalecimiento impacta directamente en la eficiencia del comercio exterior, la reducción de costos logísticos y la atracción de inversión”, según AmCham Guatemala.

La iniciativa busca crear una autoridad portuaria nacional y ordenar la inversión en terminales

El objetivo de la ley, según el dictamen citado en el texto fuente, es establecer el marco jurídico rector para la organización, regulación, planificación, desarrollo, administración y supervisión del sistema portuario nacional, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro, competitivo y sostenible.

El artículo 1 de las iniciativas de ley, citado en el texto fuente, establece: “Esta ley regula las competencias de la autoridad rectora, derechos y obligaciones de los actores públicos y privados que integran el sistema, los procedimientos para el desarrollo de infraestructura y superestructura portuaria, la prestación de servicios comerciales portuarios, logísticos portuarios, proyectos de soporte a la actividad portuaria, actividades complementarias a los servicios comerciales portuarios, así como las condiciones para fomentar la inversión pública y privada bajo los principios establecidos en la presente ley”.

La propuesta también plantea regularizar la participación de empresas que puedan construir terminales marítimas. De acuerdo con el texto fuente, ese punto apunta a evitar congestión en el mar, una situación que hoy genera costos para las compañías y para los consumidores.

Parte de los atrasos en las terminales marítimas se explica por fallas en grúas contratadas, sobre todo en la Empresa Portuaria Quetzal, lo que obliga a los buques a hacer fila para descargar mercadería, según el texto fuente.

La norma define además que el sistema portuario nacional estará integrado por autoridades públicas, instancias técnicas y personas individuales y jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que operen, desarrollen o administren instalaciones portuarias o presten servicios comerciales portuarios en dominio público o privado.

Ese entramado trabajaría de manera coordinada para prestar el servicio comercial portuario nacional en condiciones de eficiencia y seguridad. Para esto, la iniciativa crea la autoridad portuaria nacional como ente rector con facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y convenios internacionales como el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

El directorio propuesto incluye ministerios, la SAT y usuarios del sistema

Uno de los puntos en debate es la integración de la futura autoridad portuaria nacional. Según el texto fuente, en el dictamen de la comisión de Comunicaciones se propuso que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras tuviera un espacio, mientras algunos diputados impulsan enmiendas para que el Congreso de la República ocupe un asiento.

La propuesta que avanzó en el Pleno prevé que el directorio esté formado por un titular y un suplente de los ministerios de Economía, Gobernación y Comunicaciones, además de un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria y uno del consejo de usuarios del sistema portuario, según el texto fuente.

La iniciativa también crea el comité de apoyo del sistema portuario, Codas, que podrá participar en la aprobación del plan nacional integral de desarrollo portuario.

El proyecto de ley marco fusiona las iniciativas 6527 y 6541, y habilita contratos de explotación portuaria y alianzas público-privadas con concesiones de hasta 50 años, según el texto fuente. Ese esquema busca abrir espacio a capital privado para nueva infraestructura y reducir sobrecostos operativos, mientras el Estado conserva la soberanía técnica.

AmCham Guatemala indicó que la modernización del sistema portuario requiere reglas previsibles para estimular inversión nacional y extranjera en el desarrollo, modernización y especialización de instalaciones e infraestructura. La organización forma parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos desde hace 56 años y señala que AmCham integra la Asociación de Cámaras de Comercio en América Latina, una red empresarial con más de 20 mil empresas con relaciones comerciales en Estados Unidos y más de 3 millones de socios en Latinoamérica.

La concejal de oposición de Chinautla Brenda Granados denunció que sufrió un atentado armado junto a su esposo en el camino hacia la aldea La Laguneta, un hecho en el que, según los Bomberos Voluntarios de la 117 Compañía, estuvieron involucrados un vehículo y una motocicleta, y que quedó bajo investigación de las autoridades.

La información preliminar indicó que, durante una persecución policial, dos presuntos motosicarios fueron neutralizados por agentes de la comisaría 12 tras su participación en el ataque registrado en la ruta a San Pedro Ayampuc.

En el lugar, de acuerdo con ese reporte preliminar, los atacantes abandonaron una motocicleta y un arma de fuego.

Los bomberos informaron que atendieron en el sitio a dos personas, evaluaron su estado de salud y coordinaron la respuesta de emergencia. La institución precisó que no fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

La concejal atribuyó el ataque a conflictos políticos en Chinautla

En declaraciones difundidas por Radio Cadena Sonora, Brenda Elizabeth Granados Palomo de González, a quien el medio identificó como concejal cuarto de la municipalidad de Chinautla y concejal de oposición, indicó que el ataque ocurrió después de una visita de campo a la colonia El Chan Uno, solicitada por medio del consejo el día anterior.

Granados mencionó que en repetidas ocasiones había acudido como concejal a esa comunidad para apoyar a vecinos y que ya había tenido altercados con personas del lugar.

Detalló que una mujer identificada como doña Angelina, señalada como presidenta del COCODE y afín a la alcaldesa, los había interceptado antes con vehículos y otras acciones para atacarlos, al punto de que, en un incidente anterior, su esposo fue golpeado.

La concejal sostuvo en Radio Cadena Sonora que ya había recibido amenazas del síndico tercero, a quien identificó primero como Daniel Huerta y después como Héctor Huerta. También responsabilizó públicamente a la alcaldesa Brenda Elcis Medrano y afirmó que, si algo le sucede a ella o a su familia, recaerá sobre ambos la responsabilidad.

Granados relató al medio que la alcaldesa la citó a las 06:00 en la municipalidad, pese a que era conocido el riesgo que corría en esa colonia. Agregó que, tras acudir a la actividad y emprender el regreso por el área boscosa de las aldeas, vio a la presidenta del COCODE en la calle con otras vecinas con las que ya habían tenido problemas, y que poco después, a unos 100 metros, una motocicleta se acercó y comenzó a disparar.

El vehículo recibió disparos y los atacantes dejaron la moto y un arma

Según el relato de Granados en Radio Cadena Sonora, los atacantes no esperaban que la camioneta en la que se movilizaba fuera blindada. Al no conseguir su objetivo, se adelantaron al vehículo y en ese momento el arma presentó una falla, lo que permitió iniciar una persecución.

Rony, presentado por Radio Cadena Sonora como esposo de la concejal y actor político en Chinautla, señaló que lograron embestir a los dos atacantes cuando estos se atravesaron frente al vehículo en contra de la vía. Añadió que en el lugar quedaron tiradas la motocicleta y el arma de fuego.

El reportero de Radio Cadena Sonora describió una motocicleta a escasos metros del vehículo atacado y puntualizó que el automóvil, una Toyota Land Cruiser Prado, presentaba varias perforaciones de proyectil de arma de fuego.

Además, informó que la policía ya había identificado plenamente a los responsables que, según la cobertura del medio, pretendían asesinar a la concejal de oposición por su labor de fiscalización.

Granados aseguró en Radio Cadena Sonora que ha denunciado públicamente anomalías, robos y hechos que atribuye a la municipalidad ante la Contraloría y el Ministerio Público. A partir de esas denuncias, afirmó tener la certeza de que el atentado provino de las personas a las que señaló públicamente.

La violencia cobra la vida del concejal segundo de San Juan Sacatepéquez

Miguel Najarro García Salas fue asesinado la tarde del domingo 17 de mayo tras un ataque armado en el ingreso de Villas del Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, mientras se conducía en su vehículo, según información preliminar.

La víctima se desempeñaba como concejal segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. De acuerdo con el reporte inicial, fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones.

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales constataron que Najarro ya no tenía signos vitales.

La reconfiguración política en Guatemala de cara a las elecciones de 2027 ha comenzado a tomar forma con la articulación de nuevas alianzas y negociaciones entre partidos de derecha, un fenómeno que apunta a una posible consolidación opositora en el escenario nacional. La confirmación de la alianza entre el partido PODER y el Partido Unionista, anunciada por Óscar Rodolfo Castañeda durante una entrevista en Canal Antigua, responde a la estrategia de unir fuerzas ante una oposición fragmentada y la percepción de postración gubernamental.

Según Castañeda, las negociaciones avanzan con tres agrupaciones adicionales de orientación derechista, en un esfuerzo por constituir un frente político capaz de competir con mayor solidez en los comicios presidenciales programados para 2027. Los partidos en conversaciones buscan no solo incrementar su peso electoral, sino también generar eficiencia en la conformación de equipos de gobierno y reducir costos en la segunda vuelta. El propio Castañeda afirmó en Canal Antigua: “El milagro está vigente y es fácil. Solo necesitamos dos millones de guatemaltecos”.

Esta dinámica se produce en un escenario donde, de acuerdo con Canal Antigua, la inscripción y reactivación de partidos como PODER marca un retorno relevante a la escena electoral. El secretario general adjunto explicó que el proceso se llevó a cabo bajo la dirección de Walter Lara, con énfasis en una estructura partidaria “sana, no con firmas sustraídas de otros registros”.

En el núcleo de la estrategia está la convicción de que una sola agrupación no logrará romper con la inercia que ha caracterizado a la derecha en las últimas décadas. La apuesta, en palabras de Castañeda, es “conformar una plataforma política de derecha, porque ya nos dimos cuenta que un solo partido no puede”. Entre las entidades que figuran en las negociaciones, destaca el acercamiento formal con el Partido Unionista—ligado históricamente a la familia Arzú y con fuerte influencia urbana—además de diálogos con liderazgos del interior del país, como los alcaldes de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñonez y Sebastián Siero, de Santa Catarina Pinula.

El enfoque central de esta alianza busca un “pacto por Guatemala” que rescate al país de la parálisis institucional y aborde problemas considerados urgentes, más allá de la división ideológica tradicional. Castañeda explicó a Canal Antigua: “Los problemas no son ni de izquierda ni de derecha. Los problemas son de urgencia y hay que empezar ya”.

Unas alianzas centradas en el rescate institucional y la economía

Durante la entrevista en Canal Antigua, Castañeda enfatizó que los sectores productivos clave para el desarrollo del país son los pequeños y medianos empresarios, y que el éxito de una coalición de derecha depende de sumar liderazgos honestos y con visión política clara. Advirtió que la “verdadera gestión económica está en los pequeños y los medianos empresarios”, restando peso relativo a los grandes grupos empresariales que, afirmó, “siempre tendrán capacidad de gestión”.

La perspectiva del dirigente de PODER es que la amenaza al modelo guatemalteco no proviene tanto de la izquierda, a la que calificó de “un cáncer al que hay que erradicar”, sino de la ineficacia histórica observada dentro del propio espectro conservador. Mencionó como ejemplo la situación de Cuba y la transformación negativa sufrida tras el giro socialista: “La izquierda en Cuba llevó... Cuba era un líder a nivel latinoamericano. Hoy es la peor ruina”.

En este contexto, la plataforma que busca liderar Castañeda convoca a la participación ciudadana directa, desmarcándose de prácticas partidarias tradicionales que exigen pagos o cuotas de poder para incorporarse. La meta declarada es el involucramiento de “dos millones de guatemaltecos” dispuestos a “levantar la mano y decir: ‘Yo quiero participar’”.

La expectativa de las dirigencias consultadas por Canal Antigua es que el proceso de alianzas continúe durante los primeros meses de 2024 y se amplíe conforme avance el calendario electoral, en la medida que los partidos de derecha y centroderecha logren dejar atrás fragmentaciones y privilegien el “pacto por Guatemala” que proponen como base para una transición de poder efectiva a partir de 2027.

Los partidos de derecha y centroderecha en Guatemala impulsan la reunificación para 2027

Aunque Castañeda no especificó con qué otros partidos se encuentran en pláticas, los principales partidos de derecha y centroderecha vigentes incluyen a Valor, Vamos, Cabal, CREO, Unionista, Partido Azul y Todos, según información verificada en el sitio oficial del Tribunal Supremo Electoral. Estas agrupaciones se caracterizan por impulsar posturas conservadoras en el ámbito social y el libre mercado, y actualmente constituyen el núcleo de la oposición al actual gobierno de centroizquierda.

El anuncio del presidente Bernardo Arévalo en 2025 sobre la reactivación del ferrocarril en Guatemala abrió una inquietud inmediata entre las familias que viven a lo largo de la vía: temen ser desplazadas de terrenos ocupados desde hace décadas, aunque Ferrocarriles de Guatemala aseguró que no habrá desalojos mientras el proyecto siga en etapa de estudios y no exista un plan de reubicación.

La dimensión social del conflicto ya aparece en las cifras discutidas en el Congreso. El diputado de la bancada UNE César Dávila dijo que, según lo expuesto en una reunión con autoridades y pobladores, no habrá desalojo hasta contar con un proyecto para reubicar a 250 mil personas, mientras dirigentes de asentamientos sostienen que sus últimos registros hablaban de 65 mil familias distribuidas en 10 departamentos.

Dávila explicó que, según Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), el proyecto todavía no ha pasado de una fase preliminar. Al ser entrevistado, el interventor Miguel Ángel Díaz Bobadilla indicó que los análisis en curso incluyen componentes financieros, jurídicos y de certeza sobre el estado real de la línea, porque en algunos tramos ya ni siquiera existen rieles.

Fegua asegura que no habrá desalojos mientras no exista reubicación

La respuesta directa de las autoridades fue que no hay una operación de retiro en marcha. Dávila dijo que el interventor fue “muy claro” al señalar que no habrá desalojo y que, por ahora, ni existe un lugar definido ni hay presupuesto para trasladar a quienes viven sobre el derecho de vía.

Díaz Bobadilla, interventor de Fegua, sostuvo en el Congreso que el trabajo actual se limita a “ordenar la casa” después de 30 años sin operación ferroviaria. Precisó que su tarea consiste en revisar el estado administrativo de la empresa y contar con un diagnóstico técnico antes de ofrecer cualquier ruta concreta al Ejecutivo.

El funcionario también descartó adelantar decisiones sobre el componente social. Afirmó: “No es nuestra competencia en este momento qué va a pasar, lo que sí tenemos es un acuerdo con el Registro de Información Catastral para que haga un trabajo de toda la vía férrea, para ver su estado actual y, con base en eso, empezar con estudios técnicos, no desde el punto de vista social, porque eso lo tocarán otras instancias”.

Ese levantamiento catastral comenzó a finales del año pasado, de acuerdo con Díaz Bobadilla. Sobre los plazos, evitó fijar una fecha definitiva, aunque en las declaraciones recogidas en la reunión se habló de un horizonte de siete a ocho meses, e incluso de hasta 10 meses, para recibir resultados de algunos estudios.

Las familias asentadas en la vía piden traslado y no desalojo

La posición de los habitantes organizados no es rechazar de plano la recuperación del tren, sino exigir una alternativa habitacional previa. Domingo Hernández, de la Asociación Coordinadora Nacional de Asentamientos de Línea Férrea, ACONAFER, dijo que las familias entienden que no pueden permanecer indefinidamente sobre la línea, pero reclaman ser trasladadas a otro lugar y no expulsadas sin solución.

Hernández relató que la ocupación de esos espacios se fue formando en varias etapas históricas. Mencionó el terremoto de 1917, la permanencia de familias vinculadas a la antigua IRCA, el terremoto del 4 de febrero de 1976 y el desplazamiento interno derivado de los 36 años de conflicto armado, como factores que poblaron de manera progresiva la franja ferroviaria.

Según el dirigente, hoy viven allí hijos, nietos y bisnietos de quienes llegaron en esas etapas. También afirmó que la preocupación aumentó cuando Arévalo anunció que en 2027 empezaría a trabajar el ferrocarril, porque las comunidades interpretaron que, si el tren vuelve a circular, el Estado tendrá que decidir qué hará con las familias instaladas directamente sobre los rieles.

En esa misma línea, Hernández sostuvo que aún no existe un censo concluyente. Dijo que nadie tiene certeza total sobre cuántas familias viven en la vía y que, por la magnitud del problema, el conteo tendría que hacerse por departamentos y en el momento en que el proyecto entre a una fase más concreta.

El proyecto ferroviario sigue en estudios técnicos, legales y financieros

La asesoría externa tampoco se ha traducido todavía en financiamiento para obras. Díaz Bobadilla afirmó que el Banco Mundial acompaña a Fegua en el análisis de aspectos financieros, sociales, políticos y ambientales, pero aclaró que todo continúa “a nivel de estudios” y que no hay todavía recursos aprobados para ejecutar la rehabilitación.

El interventor resumió el desafío con una advertencia jurídica: “Debemos tener certeza jurídica, Estado de derecho, nadie quiere estar en contra del Estado de derecho, pero no funciona solo para quienes tenemos que hacerlos cumplir, sino para todos los ciudadanos. Tenemos que reconocer que en determinado momento, las áreas usurpadas, porque no es invasión, tendrán que volver a su dueño o se hará una solución a la problemática social”.

El Gobierno formalizó además el Comité Presidencial para la Reactivación Ferroviaria, Coprefe, mediante el Acuerdo Gubernativo 139-2025, publicado en el Diario de Centro América. De acuerdo con ese acuerdo, el comité será coordinado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda e integrado también por los ministerios de Finanzas Públicas, Defensa Nacional, Cultura y Deportes, además de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Entre sus funciones figuran la coordinación de proyectos ferroviarios dentro del Organismo Ejecutivo, la propuesta de acciones para recuperar el sistema con enfoque logístico, económico y ambiental, y la promoción de cooperación internacional.

El presidente Arévalo también anunció un acuerdo de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para apoyo técnico a la recuperación del sistema ferroviario nacional.

El presidente Bernardo Arévalo encabezó este jueves la vigésima quinta Asamblea de Diálogo Nacional con autoridades indígenas y ancestrales para revisar avances y desafíos sobre el derecho al territorio y la propiedad comunal, una agenda que el Gobierno de Guatemala proyecta seguir en 2026 con nuevas propuestas y seguimiento institucional, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

Como parte de ese proceso, en la primera asamblea de 2026 se presentó el informe de diálogo correspondiente a 2025 y la programación de los temas priorizados para ese año, de acuerdo con el contexto oficial incluido en el texto fuente.

Ese informe registró 20 asambleas de alto nivel, 12 agendas de trabajo conjunto en el territorio y reformas en la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.

La reunión de este jueves se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y evaluó también avances en institucionalidad indígena y asuntos estratégicos vinculados a los territorios, según la Secretaría Privada de la Presidencia. La entidad agregó que en la sesión se revisaron temas como la lucha contra la discriminación, los derechos de las mujeres indígenas, la revitalización de los idiomas mayas, la propuesta de ley de aguas y el diálogo para una futura política energética nacional.

Arévalo describió la reunión como un mecanismo de coordinación directa con los pueblos indígenas. “Este es un espacio de diálogo para fortalecer la comunicación y trabajo conjunto con los pueblos indígenas del país. Estas reuniones buscan el desarrollo de los cuatro pueblos de Guatemala”, afirmó el mandatario, según reportes de la Secretaría Privada de la Presidencia y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La agenda puso el foco en la propiedad comunal y la atención registral

El punto central de la asamblea fue el derecho al territorio y a la propiedad comunal. Ante líderes indígenas y autoridades ancestrales, Arévalo pidió al Registro General de la Propiedad brindar atención con pertinencia cultural en los 22 departamentos del país, según la información oficial.

El mandatario vinculó esa demanda con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas: “Defender la propiedad comunal es defender la continuidad de los pueblos sin renunciar a su identidad, porque nuestra Constitución Política de la República reconoce la identidad de los pueblos indígenas”, sostuvo Arévalo, según la Secretaría Privada de la Presidencia.

La reunión fue conducida bajo el liderazgo del presidente y de la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, Mónica Mazariegos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas, de acuerdo con el texto fuente. En ese marco, las autoridades indígenas y ancestrales presentaron propuestas y proyectos para impulsar el desarrollo en sus comunidades y pidieron que las autoridades concreten esas iniciativas.

Una de las respuestas institucionales expuestas provino del Registro de la Propiedad. El titular segundo de esa entidad, Hugo Alfredo Bautista del Cid, presentó una propuesta para elaborar una guía registral para los territorios comunales con el propósito de orientar sobre los aspectos prácticos de los registros comunales, según el texto fuente.

Bautista del Cid reiteró además el compromiso del Registro de la Propiedad de impulsar atención con pertinencia cultural en sus sedes a nivel nacional, con apoyo de los pueblos ancestrales. Esa línea de trabajo fue mencionada por Arévalo como parte de una política pública que, según dijo, debe construirse junto con los pueblos indígenas y traducirse en programas concretos.

El Gobierno presentó el diálogo como una política permanente del Ejecutivo

La asamblea respondió a una estrategia que el Ejecutivo define como permanente. En la primera asamblea de 2026, Arévalo sostuvo que el diálogo con los pueblos indígenas constituye “un compromiso consolidado y una política integral que involucra a todo el Organismo Ejecutivo”, según el informe citado en el contexto del texto fuente.

En esa intervención, el presidente afirmó: “Por primera vez el Gobierno establece un espacio permanente de diálogo político al más alto nivel, donde las autoridades indígenas ancestrales participan directamente en la definición de prioridades y en la construcción de soluciones a problemas históricos y actuales”. También señaló que el objetivo es pasar de políticas diseñadas para los pueblos indígenas a políticas construidas con ellos, en respeto a su cosmovisión y a sus sistemas de autoridades, normas e instituciones propias.

La Secretaría Privada de la Presidencia sostuvo en esta vigésima quinta asamblea que Guatemala continúa construyendo un diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas. La institución reafirmó su compromiso con ese espacio de participación, escucha y construcción conjunta, y señaló que un Estado que escucha es un Estado que cambia.

El informe del período 2024-2025 incorporado en el contexto oficial también identificó desafíos estructurales pendientes: el reconocimiento legal pleno de las autoridades indígenas, la falta de información estadística desagregada para medir el impacto de las políticas públicas en esas poblaciones y la transformación de instituciones históricamente excluyentes.

Entre los avances del mismo período, el documento destacó el seguimiento al cumplimiento de sentencias relacionadas con consulta previa, libre e informada y la modificación de la Ley Orgánica del Presupuesto para permitir inversión pública en tierras de propiedad comunal indígena.

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, dijo en el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo que espera la aprobación final de la iniciativa 6593 el martes 2 de junio, una ley que el sistema financiero considera necesaria para que Guatemala llegue con una norma actualizada a la evaluación de Gafilat prevista para febrero de 2027 y evite volver a la lista gris.

La iniciativa ya fue aprobada en tercer debate y ahora debe pasar por la discusión por artículos y la redacción final, según la información difundida por el Congreso de la República.

La evaluación regional examinará si el país cumple con una norma ajustada a las 40 recomendaciones de GAFI, de acuerdo con la misma fuente.

Contreras sostuvo en el evento que no hay diputados que se opongan públicamente a la ley, pero atribuyó la demora a “inquietudes” de los legisladores que aún deben discutirse.

También explicó que, tras enmiendas introducidas al final del proceso, convocó a una reunión con la junta directiva, jefes de bloque, personal de la Intendencia de Verificación Especial y la Asociación Bancaria de Guatemala, y que otra cita quedó programada para el 25 de mayo con el objetivo de alcanzar consensos.

La presión por aprobar la ley se centra en remesas, comercio y evaluación internacional

En su intervención, Contreras afirmó que la norma no responde a una agenda de bancada, sino a una necesidad nacional. Lo expresó así: “Hay leyes que son de diputados, de un grupo de legisladores, pero esta ley es de país. El Congreso debe apoyar esta ley, no porque nadie no lo pide, es porque Guatemala lo pide, los diputados nos debemos al clamor por el país”.

El presidente del Congreso agregó que la falta de aprobación tendría efectos concretos sobre la economía. “Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar. La Asociación Bancaria no va a tener las herramientas para combatir este flagelo que todos lo han dicho, no podemos permitir que en nuestro país se lave dinero, no lo podemos hacer”, dijo Contreras durante el congreso organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala.

La Superintendencia de Bancos también pidió al Congreso aprobar la iniciativa 6593 en un comunicado oficial. Según la SIB, la ley constituye una “prioridad estratégica” porque Guatemala iniciará en 2027 su Quinta Ronda de Evaluación Mutua ante Gafilat y porque su aprobación ayudaría a proteger la economía, generar confianza para la inversión, preservar las relaciones financieras internacionales y reducir riesgos para el país, el sistema financiero y miles de familias.

Ese es el punto central de la discusión: la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento ilícito del terrorismo busca actualizar el marco legal vigente para que Guatemala cumpla estándares internacionales antes de la revisión de 2027. Según Contreras, la norma además daría más herramientas a los jueces para interpretar la comisión de un delito.

El Congreso admite que el obstáculo pendiente es político, no técnico

Contreras dijo que la parte técnica de la iniciativa ya fue resuelta y que el problema pendiente es político. En el congreso afirmó: “La ley es para estar al nivel de otros países, la parte técnica ya la resolvimos, es la parte política que tenemos que resolver. La Ley de 2001 es muy rígida, y la nueva ley le da más capacidad a los jueces para interpretar un delito que es nefasto para el país”.

En esa misma declaración, añadió: “Esta ley es jurídicamente mejor, está técnicamente mejor elaborada, vamos a tener una mejor ley, los diputados no debemos tener temores, ya que es una ley que necesita el país y la tenemos que apoyar”. También sostuvo, en declaraciones difundidas por el Congreso, que desde la presidencia del Legislativo respalda el proyecto y que la junta directiva y los jefes de bloque están a favor.

El titular del Congreso señaló además que la negociación requiere mayoría en un hemiciclo fragmentado. Indicó que lleva 24 años como diputado, que conoce la dinámica parlamentaria y que debe construir acuerdos entre 16 bloques legislativos y un diputado independiente para llevar la ley a su aprobación final.

Al encuentro también asistió el diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, la mesa desde la cual se analizó la iniciativa en el Legislativo. El congreso regional reunió además a autoridades del Banco de Guatemala, de la IVE y de la SIB.

Guatemala ya enfrentó sanciones por debilidades en esta materia

La SIB recordó que el país arrastra más de dos décadas de ajustes en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero. Según ese organismo, en 2001 Guatemala fue incluida en la lista negra de GAFI porque no contaba con legislación específica contra el lavado de dinero, ni con un régimen de personas obligadas, ni con una unidad de inteligencia financiera encargada de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas.

De acuerdo con la SIB, la respuesta incluyó la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en 2001, su reglamento en 2002 y la creación de la Intendencia de Verificación Especial como unidad de inteligencia financiera del país. Ese mismo proceso incorporó el régimen de personas obligadas y la aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en 2002 para reforzar la supervisión del sistema financiero.

La superintendencia indicó que esos cambios permitieron que Guatemala saliera de la lista negra de GAFI en 2004. Contreras recordó en el congreso que él apoyó tanto la ley de 2005 como la reforma de 2010 para que el país dejara atrás la lista gris y expresó que espera que Guatemala no vuelva a esa condición.

El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, sostuvo durante la inauguración del CLADIT 2026 que este tipo de espacios fortalecen los marcos de prevención y supervisión financiera mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Según el banco central, González Ricci remarcó que la estabilidad económica y financiera requiere instituciones sólidas, transparentes y alineadas con los estándares internacionales.

La economía de Guatemala prevé cerrar 2026 con un crecimiento del 4.1 %, impulsada principalmente por el ingreso récord de remesas familiares, según las proyecciones oficiales divulgadas por el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, citado por EFE. El dato, presentado este jueves durante un encuentro empresarial con la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, posiciona al país por encima del promedio de crecimiento regional y de las economías avanzadas, que se estima rondarán el 1.8 %.

De acuerdo con el reporte de EFE, Ricci atribuyó este desempeño a la fortaleza de los sectores productivos, la estabilidad cambiaria y el flujo constante de remesas, que podrían alcanzar alrededor de USD 27,000 millones hacia el cierre del año, una cifra sin precedentes para la economía guatemalteca. “Esperamos que a fin de año ese crecimiento se mantenga en 5 % sobre lo del año pasado recibimos más remesas que todo el presupuesto realmente del país”, puntualizó el presidente de Banguat durante su intervención ante empresarios españoles.

El funcionario también remarcó que el consumo interno permanece sólido debido al ingreso de remesas familiares, lo que contribuye a blindar la economía ante factores externos. Las exportaciones también muestran un comportamiento positivo, con un aumento estimado del 6 %, respaldado por productos tradicionales como café, banano, azúcar y cardamomo. La inversión extranjera directa mantiene una senda ascendente, aunque su consolidación depende de mejoras en infraestructura vial y portuaria.

Inflación controlada y confianza internacional refuerzan la posición económica de Guatemala

En materia de precios, Ricci anticipó que la inflación se ubicará en torno al 3.75 % al finalizar el año, por debajo del valor central de la meta oficial del 4 %. Este control ha contribuido a que las tres principales agencias de calificación de riesgo global, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, mantengan la calificación crediticia de Guatemala a un solo escalón del grado de inversión, reconociendo la sostenibilidad de la recaudación tributaria, cuyo objetivo para 2026 ronda los USD 15,400 millones (120.000 millones de quetzales).

EFE recogió también la valoración de Rafael Briz, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, quien coincidió en destacar la resiliencia de la macroeconomía guatemalteca. Briz destacó que España permanece como el principal inversor europeo en el país, con cerca de 100 empresas operativas y una generación de más de 20.000 empleos directos.

“Las empresas españolas siguen viendo en Guatemala un destino seguro y sumamente atractivo para expandir sus operaciones gracias a su probada resiliencia económica”, declaró el directivo ante los empresarios reunidos.

EFE precisa que Guatemala reportó un crecimiento del 3.6 % en 2024 y una expansión del 4.1 % en 2025, datos que refuerzan la percepción de estabilidad y dinamismo en la región. Las autoridades económicas confían en que la combinación de remesas, exportaciones e inversión extranjera permita sostener el ritmo de expansión durante el próximo año, siempre condicionado a la consolidación de mejoras estructurales en logística y recaudación.

Las proyecciones oficiales y las valoraciones empresariales refuerzan la imagen de Guatemala como un destino de interés para el capital extranjero, respaldado por indicadores sólidos y el reconocimiento de las principales agencias calificadoras.

Con estas perspectivas, el país centroamericano busca consolidar su posición estratégica en la región, apalancado por el flujo constante de remesas y el desempeño positivo de sus principales sectores productivos.

Guatemala refuerza su presencia comercial en México a través de su participación en Expo ANTAD 2026, una de las principales plataformas de negocios para el sector retail en América Latina.

El Ministerio de Economía acompaña a 20 empresas guatemaltecas que presentan sus productos ante más de 52 mil posibles compradores de 70 países, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de exportación e integración regional.

Durante el segundo día de la feria, los empresarios guatemaltecos sostuvieron reuniones y ruedas de negocio con compradores, distribuidores y representantes de cadenas comerciales internacionales. Entre los productos que generaron mayor interés se encuentran los de panadería, bolsas reutilizables y productos de cuidado de la piel, lo que demuestra la diversidad y el potencial de la oferta guatemalteca en el mercado mexicano.

Uno de los casos emblemáticos es el de Papas Cronch, una empresa de Huehuetenango que forma parte del programa MIPYME Exporta. Hace seis meses, el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME presentó el plan de exportación de Papas Cronch al Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, identificando a México como uno de sus mercados estratégicos.

Actualmente, la empresa participa en Expo ANTAD 2026, presentando sus papas fritas artesanales elaboradas en la región montañosa de Huehuetenango, sin conservantes ni colorantes y en sabores naturales como barbacoa, queso jalapeño, sal y limón y picante.

Acorde a la información del ministerio, con menos de 10 empleados y una capacidad instalada de 75 mil unidades mensuales, el emprendimiento de papas ejemplifica el esfuerzo de emprendimientos guatemaltecos por acceder a mercados internacionales con productos auténticos y diferenciados.

“Hemos tenido mucho apoyo de Mineco a través de capacitaciones, ferias nacionales y ahora en México en Expo Antad. Estamos demasiado agradecidos con el MINECO porque con el apoyo de la institución hemos logrado cumplir un sueño que antes veíamos muy lejos”, señaló Julissa Villatoro, gerente comercial del comercio de papas.

La participación guatemalteca en Expo ANTAD 2026 responde a la visión de la ministra de Economía, Gabriela García, quien impulsa la articulación de los viceministerios para acompañar a más empresas en su proceso de crecimiento, desde el desarrollo de herramientas para exportar hasta la generación de oportunidades de internacionalización.

El Ministerio de Economía enfatizó este jueves que mantiene su compromiso de fortalecer la capacidad de las mipymes y diversificar los destinos de exportación. Las empresas interesadas en iniciar un proceso de internacionalización pueden acercarse a la institución para acceder a programas de acompañamiento, formación y promoción comercial que les permitan impulsar su crecimiento y abrirse espacio en mercados internacionales.

Este mes, el Ministerio de Economía informó que México y Centroamérica son mercados estratégicos para el país por la cercanía geográfica, la demanda de productos y la integración comercial. Según la cartera, durante 2025 Guatemala exportó a México USD 688,166 millones y a Centroamérica USD 5.980,85 millones.

La institución identificó productos con potencial para posicionarse en México: maquillaje, artículos para el cuidado del cabello, desodorantes, confitería y dulces. Para Centroamérica, señaló oportunidades en medicamentos profilácticos, productos de panadería y pastelería, y papel higiénico.

Según el Ministerio de Economía, las acciones buscan fortalecer la competitividad y ampliar la presencia de productos y servicios guatemaltecos en mercados de la región.

El gobierno de Bernardo Arévalo acumula más de 21 relevos ministeriales y más de 60 cambios en su gabinete ampliado entre el 15 de enero de 2024 y mayo de 2026, una rotación que alcanzó áreas sensibles del Ejecutivo guatemalteco y dejó a la vista crisis de gestión, destituciones, renuncias y disputas internas en varias carteras, de acuerdo con datos publicados a lo largo de los meses en medios de comunicación guatemaltecos.

En los 57 viceministerios distribuidos en 14 ministerios se registraron al menos 37 cambios en 26 dependencias. El punto de mayor inestabilidad estuvo en el Viceministerio de Infraestructura del CIV, que tuvo seis titulares distintos, mientras los viceministerios de Comunicaciones y de Edificios Estatales y Obra Pública, dentro de la misma cartera, sumaron tres cambios cada uno.

En el nivel de secretarías presidenciales hubo seis sustituciones. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia fue la que más rotó, con tres titulares: Haroldo Sánchez, Santiago Palomo y Karina García Ruano.

El dato central es este: de las 14 carteras del Ejecutivo, seis cambiaron de ministro al menos una vez durante los primeros dos años de gestión, mientras ocho mantuvieron a sus titulares originales desde la toma de posesión. Los ministerios sin relevo son: Desarrollo Social, Economía, Educación, Energía y Minas, Finanzas Públicas, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social.

El Ministerio de Comunicaciones concentró cinco ministros en poco más de dos años

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fue la cartera con mayor inestabilidad entre los ministerios del gabinete original. En poco más de dos años tuvo cinco titulares.

Jazmín De la Vega fue la primera ministra y también la primera en salir. Fue destituida en mayo de 2024 por lo que Arévalo describió como “pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”.

Después llegó Félix Alvarado, que dejó el cargo en noviembre de 2024 en un contexto de baja ejecución presupuestaria. El CIV cerró 2024 con una ejecución de 70,67%.

Paola Constantino ocupó el ministerio de forma interina entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Ese mes asumió Miguel Ángel Díaz Bobadilla, cuya salida también quedó asociada a un bajo nivel de ejecución: la cartera reportaba 62,01% al 21 de diciembre de 2025, según datos oficiales.

Norma Lissette Zea Osorio, ingeniera civil con experiencia en infraestructura vial, asumió el cargo el 28 de noviembre de 2025. Desde entonces ocupa el despacho.

Gobernación enfrentó una fuga de reos y nuevos relevos internos

El Ministerio de Gobernación protagonizó uno de los episodios más tensos del período. Francisco Jiménez renunció en octubre de 2025 después de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la pandilla Barrio 18 desde el centro penitenciario de Fraijanes II.

En ese mismo episodio también dejaron sus cargos los viceministros José Portillo y Claudia Palencia, tras señalamientos públicos cruzados entre ambos. El 17 de octubre de 2025 asumió como nuevo ministro Marco Antonio Villeda Sandoval, juez de carrera con más de 30 años de experiencia.

Bajo la gestión de Villeda continuaron los cambios internos. En marzo de 2026, el viceministro de Informática William Cameros fue sustituido por Karen Stefany Ortiz Solares tras una evaluación de desempeño.

En la conferencia de prensa “La Ronda”, Villeda explicó esa decisión: “Considero que no se había gestionado a la velocidad que nosotros necesitamos, y las circunstancias lo exigen”.

El 19 de mayo de 2026, Kelvin René Aguilar Menéndez asumió como viceministro Administrativo tras la renuncia por motivos personales de Felipe Sánchez. Sobre ese nombramiento, el ministro dijo en la misma conferencia: “No es que hubo una destitución, él ya había presentado su renuncia por razones personales hace un tiempo”.

Desde el inicio de la administración, el MINGOB suma al menos cinco relevos en su cúpula. Esa secuencia incluyó la salida del ministro, cambios de viceministros y reemplazos posteriores ya bajo la conducción de Villeda.

Salud, Ambiente, Agricultura, Cultura y Energía también tuvieron cambios

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tuvo tres titulares. Óscar Cordón Cruz dejó el cargo en junio de 2024 por razones de salud, Sandra Angelina Aparicio Sical asumió de forma interina durante un mes y Joaquín Barnoya Pérez tomó posesión el 15 de julio de 2024.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales registró su primer cambio apenas tres meses después del inicio de la administración. María José Iturbide fue destituida el 8 de abril de 2024 después de que se hiciera público que su hija usaba vehículos oficiales del ministerio para fines personales.

Arévalo justificó esa decisión con una declaración de “tolerancia cero al mal uso de recursos del Estado”. Patricia Orantes, entonces diputada del partido Movimiento Semilla, fue nombrada en su lugar el 11 de abril de 2024 y permanece en el cargo.

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estrada renunció en mayo de 2025 por razones personales tras 16 meses al frente de la cartera. María Fernanda Rivera, ingeniera agrónoma con más de 15 años de experiencia en desarrollo rural y seguridad alimentaria, asumió el cargo el 9 de mayo de 2025.

El Ministerio de Cultura y Deportes fue el último en cambiar de titular. Liwy Grazioso presentó su renuncia el 6 de abril de 2026 en sesión del Consejo de Ministros por motivos personales, aunque su salida estuvo rodeada de cuestionamientos por la aprobación de permisos de excavación en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por señalamientos de baja ejecución presupuestaria.

Al día siguiente, Arévalo juramentó al escritor Luis Méndez Salinas como nuevo titular de la cartera. Ese relevo cerró la lista de cambios ministeriales informados hasta mayo de 2026.

El movimiento más reciente en el gabinete ampliado ocurrió en el Ministerio de Energía y Minas, que confirmó el jueves 21 de mayo el nombramiento de Luis Arturo Mérida Peralta como viceministro encargado del Área Energética tras la renuncia por motivos personales de Juan Fernando Castro, según la cartera.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, Mérida Peralta asumió el viceministerio después de la dimisión que Castro presentó el viernes anterior. Según el MEM, Castro estuvo dos años al frente del cargo y encabezó proyectos e iniciativas del ministerio, pero la cartera aún no anunció quién ocupará el puesto de forma definitiva.

Guatemala informó este jueves que reforzó la frontera con Honduras y activó un mayor despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) tras los ataques armados ocurridos en territorio hondureño, donde murieron más de una decena de personas de ese país, además de registrarse heridos y desaparecidos. La medida se concentró en los departamentos guatemaltecos de Izabal, Zacapa y Chiquimula, según confirmó la PNC por medio de redes sociales.

El refuerzo comenzó, después de que las autoridades guatemaltecas conocieran la magnitud de los hechos atribuidos a pandillas hondureñas. La cooperación con las fuerzas de seguridad de Honduras siguió activa para impedir que los responsables cruzaran hacia territorio guatemalteco.

De igual manera, la PNC informó que el intercambio de información y la coordinación en tiempo real con sus pares hondureños apuntaron a “identificar y capturar a los sospechosos” en caso de que intentaran ingresar al país. La vigilancia se extendió sobre rutas principales, caminos alternos y puntos ciegos de la línea limítrofe.

Según la información de la PNC, “se mantienen operativos conjuntos para dar seguimiento a los recientes hechos violentos ocurridos en Honduras, con el objetivo de proteger a los ciudadanos guatemaltecos y evitar el ingreso de personas vinculadas a estos crímenes”. La institución agregó que, en caso de detectar el ingreso ilegal de sospechosos, se procederá a su captura.

La PNC destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de la frontera y garantizar la tranquilidad en las comunidades cercanas, en respuesta a los incidentes recientes que han afectado a las fuerzas de seguridad hondureñas.

El operativo hondureño dejó un policías sin vida

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, uno d elos hechos ocurrió en la aldea Corinto, ubicado en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado con presuntos miembros de estructuras criminales. El saldo parcial incluyó 5 policías sin vida y al menos cuatro supuestos pandilleros detenidos.

Honduras desplegó cerca de 700 efectivos con apoyo de diversas unidades militares para buscar a los responsables y localizar a los agentes desaparecidos. La consecuencia inmediata en el plano binacional fue el endurecimiento del control del lado guatemalteco para bloquear una eventual huida de los atacantes.

La PNC de Guatemala dijo que mantuvo comunicación constante con sus homólogos hondureños para coordinar acciones conjuntas y evitar el ingreso de los responsables. Esa respuesta incluyó patrullajes terrestres reforzados y monitoreo sobre áreas de difícil acceso.

La disputa entre pandillas elevó la tensión regional

El gobierno de Honduras declaró que la violencia registrada en los últimos días estuvo vinculada a la disputa entre pandillas por el control de territorios para actividades ilícitas. Ese dato explicó por qué Guatemala amplió la seguridad no solo en los pasos formales, sino también en zonas rurales sensibles de la frontera compartida.

En las comunidades de Izabal y Chiquimula, habitantes reportaron a medios locales un mayor movimiento de patrullas, retenes policiales y operativos sorpresa en áreas rurales. Al mismo tiempo, la frontera entre ambos países abarca también el departamento guatemalteco de Zacapa.

Las autoridades de Guatemala informaron la captura de un cuarto presunto responsable vinculado al secuestro ocurrido en Huehuetenango. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Juan Carlos Juan Tomas, de 46 años, durante un operativo que permitió también el rescate de la víctima, un hombre de 49 años que permaneció en cautiverio durante 20 días.

Según la información oficial, el secuestro se registró el 2 de mayo en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango. Los responsables trasladaron a la víctima a una vivienda en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, donde fue localizada por las fuerzas de seguridad. Los captores exigían un rescate de cuatro millones de quetzales a cambio de la liberación.

El operativo permitió la localización y aseguramiento de diversos objetos utilizados durante el cautiverio, incluyendo dos Documentos Personales de Identificación (DPI), tres tarjetas bancarias, seis casquillos de arma de fuego, un pasaporte, tres teléfonos celulares y ocho cámaras de vigilancia, entre otros elementos relevantes para la investigación.

Tras su rescate, la víctima recibió atención médica por parte de la Subdirección General de Salud Policial antes de ser trasladada vía aérea a un hospital en la capital del país. Los detenidos, incluidos los tres capturados previamente, quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La reciente captura del cuarto implicado en el caso de Huehuetenango se suma a las acciones emprendidas para contener el avance de las estructuras criminales dedicadas al secuestro. Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de más personas en la organización y esclarecer la totalidad de los hechos relacionados con el caso.

Repunte de secuestros y respuesta de las autoridades

Guatemala enfrenta un repunte en los casos de secuestro en los primeros meses de 2026. De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil, entre enero y abril se contabilizaron al menos 95 denuncias por este delito, con una mayor incidencia en áreas urbanas y en el occidente del país. Esta tendencia ha impulsado un aumento en los operativos del Comando Antisecuestros, que en las últimas semanas ha ejecutado diversas acciones para rescatar víctimas y desarticular bandas dedicadas a este ilícito.

Durante mayo de 2026, la PNC reportó la captura de presuntos secuestradores en otros casos de alto perfil. El 14 de mayo, un agente policial secuestrado en Nentón, Huehuetenango, fue liberado tras la intervención de las fuerzas de seguridad, mientras que el 20 de mayo, tres sospechosos fueron aprehendidos en Mixco, zona 4 de Bosques de San Nicolás, tras exigir dinero por la liberación de otra víctima. Estas acciones reflejan la intensificación de la respuesta institucional ante el incremento de los secuestros y secuestros exprés en distintas regiones del territorio guatemalteco.

Las autoridades han señalado que el trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil, el Comando Antisecuestros y el Ministerio Público resultó clave para la captura de los implicados y la recuperación de las víctimas. En el caso de Huehuetenango, la investigación permitió ubicar el lugar de cautiverio y desplegar un operativo que evitó la fuga de los responsables y garantizó la integridad de la persona secuestrada.

Según los registros oficiales, la cifra de denuncias por secuestro en los primeros cuatro meses de 2026 supera la registrada en igual periodo de años anteriores, lo que marca una tendencia preocupante para las autoridades encargadas de la prevención y persecución de este delito. Los reportes señalan que las víctimas suelen ser retenidas durante extensos periodos y sometidas a condiciones de cautiverio, mientras los secuestradores exigen sumas millonarias como condición para su liberación.

La PNC ha reiterado el compromiso de fortalecer las capacidades operativas del Comando Antisecuestros y la cooperación interinstitucional para reducir la incidencia de estos delitos. Las estrategias incluyen el uso de tecnología para rastrear comunicaciones, la vigilancia en puntos críticos y la atención inmediata a las denuncias recibidas. El despliegue de efectivos en zonas consideradas de alto riesgo y la capacitación constante de los agentes forman parte de los esfuerzos para combatir el flagelo del secuestro y garantizar la seguridad ciudadana.

La Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala impulsa una estrategia conjunta para fortalecer la capacitación de pilotos del transporte de carga y de buses extraurbanos, en coordinación con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y representantes del sector transportista.

El objetivo es mejorar la calidad del servicio, reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, según informaron autoridades de Guatemala y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Durante una reunión celebrada esta semana, se abordó la necesidad de introducir herramientas como simuladores de conducción para el transporte pesado, además de fortalecer la preparación práctica de los conductores ante situaciones de emergencia.

En este espacio, representantes de los distintos sectores intercambiaron experiencias sobre metodologías de capacitación que buscan elevar las habilidades técnicas y la capacidad de reacción de los pilotos frente a riesgos en carretera.

La directora Pai Escobar, al frente de la DGT, subrayó durante el evento que la capacitación constante de los conductores representa un elemento esencial para la prevención de siniestros viales.

Explicó que el reglamento de transporte vigente designa al Intecap como la entidad responsable de impartir la formación a pilotos, la cual actualmente comprende 240 horas distribuidas en 18 meses. En palabras de Escobar, “es necesario reforzar la práctica y la preparación de los conductores para que actúen adecuadamente ante situaciones de riesgo o emergencia”.

El nuevo plan estratégico de la DGT se enfoca en la profesionalización de los pilotos mediante la colaboración entre instituciones estatales y el sector privado.

Entre las acciones planteadas figura la implementación de sistemas de simulación y una revisión constante de los contenidos formativos, en busca de elevar los estándares de calidad y seguridad tanto en el transporte de carga como en los buses extraurbanos.

El gremio de transporte extraurbano, representado por Gretexpa, ya participa en el programa piloto, reportando avances con el acompañamiento de las autoridades estatales.

Según informó Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la estrategia contempla la colaboración interinstitucional orientada a mejorar la calidad del servicio y resguardar la vida de los pasajeros. Las autoridades indicaron que el trabajo conjunto permitirá alinear los esfuerzos en materia de formación con las necesidades reales del sector, apuntando a la adopción de buenas prácticas internacionales en materia de seguridad vial.

El contexto logístico y de transporte en Guatemala presenta retos estructurales que complican la competitividad y la eficiencia del sector. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, los principales desafíos incluyen altos costos logísticos, una oferta fragmentada de servicios de transporte por carretera, congestión urbana en la capital y deficiencias en la infraestructura vial secundaria y terciaria.

Además, los procesos documentales y los tiempos de despacho en aduanas han representado históricamente un obstáculo para el comercio y la movilidad eficiente de mercancías.

En los últimos años, la modernización de puertos y la digitalización de procesos aduaneros han generado una reducción en los tiempos promedio de liberación de carga, según reportó la World Customs Organization.

Por ejemplo, en 2026, el 85% de la carga terrestre se libera en menos de 24 horas, y los tiempos de exportación en el puerto de Santo Tomás de Castilla alcanzan los 2 días y 5 horas en promedio. Aun así, persisten retos como la seguridad en carretera, el acceso limitado a formación avanzada y los vacíos normativos que restringen la flexibilidad y la competencia en el sector.

El crecimiento del comercio electrónico y la expansión de acuerdos comerciales han impulsado la demanda de servicios logísticos cada vez más sofisticados.

El sector de transporte de carga en Guatemala ha respondido con inversiones en tecnología, digitalización y nuevas soluciones para la última milla, aunque enfrenta presiones por el aumento de los costos operativos y la falta de personal calificado. Entre las recomendaciones de organismos multilaterales figura la apertura a mayor competencia, la mejora de la infraestructura secundaria y la actualización continua de los programas de capacitación.

A través de la estrategia conjunta lanzada por la DGT, el Intecap, Provial y el sector transportista, el país busca cerrar esas brechas y posicionar al transporte de carga y extraurbano en un nivel superior de calidad y seguridad. Las autoridades prevén que el fortalecimiento de la capacitación, el uso de tecnologías innovadoras y el seguimiento a los avances del plan piloto permitan consolidar un modelo de transporte más eficiente y seguro para los usuarios y para el comercio nacional e internacional.

Es falso que cascos azules de Guatemala se hayan contagiado de ébola en la República Democrática del Congo hasta el 21 de mayo de 2026: el Ministerio de Defensa guatemalteco desmintió la versión que circuló en redes sociales, mientras el brote en el país africano ya deja 139 muertos y 600 casos sospechosos, según la Organización Mundial de la Salud.

Los mensajes difundidos en Facebook, X e Instagram afirmaban que tres soldados guatemaltecos de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUSCO, habían contraído la enfermedad. Estas publicaciones sostenían que las autoridades militares habían activado protocolos sanitarios extremos por el supuesto contagio.

La desinformación incluyó una declaración del empresario y excandidato presidencial guatemalteco Carlos Pineda, quien en TikTok aseguró que había tres militares infectados y que el ministerio de Exteriores buscaba repatriarlos. El texto fuente no aporta pruebas de esa afirmación.

El Ministerio de Defensa de Guatemala aseguró que todo el contingente está en buen estado de salud

La respuesta oficial apareció en X por parte del Ejército de Guatemala: una portavoz del Ministerio de Defensa indicó que todos los efectivos desplegados en la República Democrática del Congo se encuentran en perfecto estado de salud. La comunicación precisa que el contingente aplica los protocolos sanitarios emitidos por la OMS.

La portavoz añadió que cualquier situación que amenace la salud de los militares será informada por los mecanismos oficiales correspondientes. Según el texto fuente, medios de comunicación guatemaltecos también publicaron ese desmentido.

No hay registro de soldados guatemaltecos contagiados de ébola en la misión de la ONU en la República Democrática del Congo hasta el 21 de mayo de 2026. Según el Ministerio de Defensa de Guatemala, todos los efectivos continúan sanos.

De acuerdo con medios del país centroamericano citados en el texto fuente, Guatemala contribuye a MONUSCO desde 2006 con unos 180 efectivos. Ese despliegue forma parte de la misión de Naciones Unidas en un país donde persiste un conflicto armado.

La ONU y los medios no registran contagios de militares internacionales hasta el 21 de mayo

Una consulta en la página de las misiones de paz de la ONU no muestra información sobre contagios de ébola entre efectivos internacionales hasta esa fecha, según el texto fuente. Un rastreo en medios internacionales tampoco encontró publicaciones que sostengan la versión difundida en línea.

El desmentido se produce en un contexto sanitario real en el este congoleño. La República Democrática del Congo atraviesa un nuevo brote de ébola, el decimoséptimo en su historia, con más de 130 muertos y focos en la provincia de Ituri, donde operan más de un centenar de grupos armados.

El brote fue confirmado tras detectar el virus en 13 de 20 muestras analizadas por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, según el texto fuente. La circulación del virus comenzó a fines de abril.

La epidemia se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, áreas marcadas por un intenso movimiento de población y su cercanía con Uganda y Sudán del Sur. Según la OMS, el riesgo del brote, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es “bajo” a escala global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional.

Según información recabada por los Bomberos, una pipa de combustible perdió el control y cayó a una hondonada (porción de terreno que presenta un hundimiento). El impacto originó un incendio que envolvió al vehículo pesado y se extendió hacia los comercios que se encuentran al costado de la carretera, generando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros. Bomberos participaron en las tareas para sofocar el fuego, coordinando acciones para proteger tanto a los transeúntes como a los propietarios de los establecimientos afectados.

Hasta el momento, la emergencia no dejó víctimas mortales. Sin embargo, cuerpos de socorro y unidades de emergencia se mantuvieron en el sitio para evitar que el fuego se propagara a nuevas áreas, mientras las autoridades locales recomendaron a los automovilistas buscar rutas alternas, ya que la circulación quedó interrumpida. El denso humo generado por el incendio dificulta la visibilidad en la zona, ya que las columnas que se elevan desde el lugar cubren gran parte del área afectada.

El incendio afectó comercios y puso en riesgo la infraestructura local

El siniestro obligó a suspender la actividad comercial de los negocios cercanos al punto del accidente. Bomberos destacaron que las llamas alcanzaron varios locales, lo que generó pérdidas materiales y puso en riesgo la infraestructura de la zona. “La pipa se incendió tras caer al barranco y el fuego se expandió rápidamente. Los bomberos actuaron rápido, lo que evitó una tragedia mayor”, detalló uno de los comerciantes afectados, según el último reporte oficial.

La columna de humo negro se observó desde distintos puntos y, al mismo tiempo, generó alarma entre residentes y automovilistas. El tránsito en la ruta al Atlántico, una de las principales vías del país centroamericano, se mantuvo interrumpido hasta que las fuerzas de emergencia lograron controlar la situación. Las autoridades recomendaron extremar precaución en la zona y atender las indicaciones de los cuerpos de socorro mientras persistía el riesgo de nuevos brotes de fuego.

El incidente puso en evidencia los riesgos que enfrentan los comercios situados en las inmediaciones de rutas de transporte pesado y la importancia de fortalecer las medidas de prevención para el manejo seguro de materiales peligrosos. Las autoridades locales y de tránsito permanecen en la zona para evaluar los daños y asegurar la reapertura de la ruta una vez que las condiciones lo permitan.

Hasta el momento, los Bomberos Municipales Departamentales mantienen labores de enfriamiento y vigilancia para evitar la reactivación de las llamas. Hasta el momento, no se registraron víctimas mortales, y la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación antes de que provocara daños mayores a los habitantes y negocios del sector.