Un total de 713 mil vehículos ingresan a la Ciudad de Guatemala todos los días provenientes de municipios aledaños, un flujo masivo que causa severas complicaciones de tránsito en las principales arterias de la capital guatemalteca.

Según la Dirección de Movilidad de la Municipalidad de Guatemala y la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), el municipio de Mixco encabeza este volumen diario al aportar 213,900 transportes, cifra que representa el 30% del parque vehicular colindante que entra a la capital.

La congestión se intensifica durante el último trimestre del año ante el incremento del comercio y las actividades de temporada.

El volumen vehicular desde los municipios aledaños sobrepasa la capacidad vial

El registro de la municipalidad capitalina detalla que la circulación intermunicipal proviene de diversas localidades satélite.

Detrás de Mixco, los desplazamientos diarios se originan en Santa Catarina Pinula con 199.650 vehículos, seguidos por Villa Nueva y Villa Canales con 106,950 conductores, así como Chinautla con 85,560 automóviles.

Esta convergencia eleva la circulación diaria en la Ciudad de Guatemala a un rango que oscila entre 1,2 y 1,5 millones de unidades.

Por su parte, la Policía Nacional Civil de Tránsito (PMT) y las autoridades locales identificaron que la flota en circulación urbana pasó de 2,6 millones a cerca de 3 millones de transportes.

A nivel nacional, los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indican que el parque vehicular alcanzó 6,77 millones de unidades registradas, donde las motocicletas ya suman 3,47 millones, equivalente a más del 50% del total del país.

El tráfico de la capital implica pérdidas anuales de 54 días por conductor

Las consecuencias operativas de la saturación vial impactan la economía local.

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los automovilistas pierden un promedio de 1.300 horas al año en el tráfico capitalino, lo que equivale a más de 54 días al año desperdiciados en desplazamientos.

Esta parálisis representa un costo económico superior a los Q25 mil millones, alrededor de USD 3.246 millones.

Estudios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) señalan que cada integrante de la población ocupada pierde alrededor de USD 169 mensuales en productividad.

En el departamento de Guatemala, donde laboran 2,7 millones de personas, estos retrasos equivalen al 9,4% del producto interno bruto departamental.

La entidad gremial advierte que la red vial creció a un ritmo de 1,4% anual en las últimas dos décadas, mientras el parque vehicular aumentó un 9,6% al año.

Instituciones académicas y empresariales debaten sobre soluciones estructurales de transporte

Para reducir la congestión, Fundesa plantea una estrategia integral que abarca pasos a desnivel, el anillo regional C-50, rutas exprés y un sistema de transporte masivo multimodal con líneas de metro y ampliaciones del Transmetro.

Sin embargo, sobre proyectos específicos como el AeroMetro, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala emitió objeciones técnicas.

El CEUR señaló que la primera fase del sistema por cable aéreo sobre la Calzada Roosevelt no resolverá la alta demanda de transporte.

El centro de investigación precisó que la falta de integración tarifaria y la menor capacidad del sistema aéreo frente a opciones como los buses de tránsito rápido o el tren ligero pueden incrementar los costos de traslado para los usuarios y limitar su efectividad en la red metropolitana.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detectó que integrantes de estructuras criminales alquilan viviendas en Jalapa para establecer centros de operaciones y cometer delitos,

Esta situación ha activado las alertas de las autoridades, quienes advirtieron que los inmuebles utilizados para fines ilícitos serán clausurados y sus propietarios podrían afrontar procesos penales.

El jefe de la Comisaría 22 de Jalapa, Silvestre Maldonado Cabrera, dijo en entrevista al medio local MiJalapa.com que iniciaron investigaciones para determinar si existe responsabilidad de los arrendadores en la facilitación de inmuebles para actividades delictivas.

Maldonado explicó que las acciones policiales buscan evitar que integrantes de pandillas, procedentes de sectores de la Ciudad de Guatemala, ejecuten extorsiones, robos y ataques armados en la región.

De acuerdo con Maldonado Cabrera, la corporación policial reforzó los controles en los puntos de acceso al departamento para cerrar el paso a presuntos delincuentes.

“Tenemos los cuellos de botella... cuando tenemos una alerta de que un marero o una persona con conducta criminal se esté desplazando de cualquier entrada del departamento de Jalapa, incursionamos y hacemos los operativos para contener el ingreso”, declaró el comisario.

Entre los casos recientes, el jefe de la comisaría destacó la intervención en la colonia Los Laureles, donde un presunto integrante del Barrio 18 alquilaba una propiedad para albergar a otros miembros de la estructura.

“Se encontraba una persona con otro individuo alquilando un inmueble para cometer hechos delictivos y fue capturado por portación ilegal de un revólver. El mismo planificaba cometer crímenes aquí en la cabecera de Jalapa”, detalló el jefe policial.

El incidente estuvo relacionado con la detención de José Santos López Martínez, de 23 años, alias “El Tiburón”, y un acompañante de 19 años identificado como Walter “N”, más conocido como “El Enano”.

La Ley Contra la Delincuencia Organizada sanciona a quienes facilitan medios a pandillas

La PNC gestionó el cierre de la vivienda mediante orden judicial para desarrollar las diligencias correspondientes. Maldonado remarcó las consecuencias legales para los arrendadores que omitan verificar la identidad de sus inquilinos.

“Ese inmueble ya fue clausurado por orden judicial, (ahora) se buscará establecer la responsabilidad del dueño, porque la Ley Contra la Delincuencia Organizada también aplica en el sentido de facilitación de medios para la comisión de un delito”, manifestó el funcionario.

Además, afirmó que no permitirán que Jalapa se convierta en “guarida” de personas con antecedentes criminales procedentes de áreas roja de la Ciudad de Guatemala como las zonas 3, 5 y 18.

Patrón que se extiende en Guatemala

Las autoridades señalaron que este patrón operativo no se limita a Jalapa, sino que se extiende a otros municipios de Guatemala como San José Pinula, Fraijanes, Santa Catarina Pinula y Amatitlán.

Según datos de la PNC, integrantes del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha suelen utilizar identidades falsas, parejas o familias para alquilar casas o departamentos en sectores residenciales, con el objetivo de ocultarse de las fuerzas de seguridad y establecer expendios de droga o centros de extorsión.

Incluso, el 10 de agosto de 2026 en el municipio de San José Pinula, en el departamento de Guatemala el Comando Antisecuestros rescató a una mujer de 54 años retenida durante dos meses en su propia vivienda.

El hecho ocurrió cuando miembros del Barrio 18 alquilaron una habitación y la obligaron a colaborar en la distribución de estupefacientes. El Ministerio Público (MP) y la PNC capturaron a seis personas implicadas por el delito de plagio o secuestro.

Las mamás de dos adolescentes en conflicto con la ley, fueron capturadas en Guatemala cuando intentaron ingresar marihuana oculta en accesorios personales al Centro Especializado de Reinserción Juvenil Las Gaviotas.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a las detenidas como Zulmy Judith Méndez Díaz, de 32 años, y Sandra Patricia Barillas del Cid, de 31 años, quienes pretendían entregar la sustancia a sus hijos privados de libertad.

Al ser interrogadas por los agentes, las madres argumentaron que la droga ayudaría a sus hijos a sobrellevar el encierro.

El hallazgo de la sustancia ilícita estuvo a cargo del personal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que realizaba las revisiones de rutina en el área de acceso para las visitas del centro ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Las monitoras detectaron 12 envoltorios de marihuana ocultos en una almohada para el cuello y otros tres paquetes escondidos en una cola para sujetar el cabello.

Ante la irregularidad, las autoridades del recinto coordinaron con efectivos de la comisaría 13 de la PNC para proceder con la consignación de ambas mujeres ante los tribunales correspondientes.

Los adolescentes a quienes iba dirigida la sustancia tienen 13 y 16 años y cumplen una pena de cuatro años de prisión por el delito de asesinato.

Según los informes oficiales de los cuerpos de seguridad, los dos menores pertenecen a la pandilla Mara Salvatrucha.

Homicidio y extorsión concentran las causas de detención de adolescentes en Guatemala

En Guatemala, la SBS administra seis centros de privación de libertad para menores de edad, entre los que figuran las instalaciones de Las Gaviotas y el Centro Especializado de Reinserción.

Las estadísticas institucionales revelan que actualmente existen aproximadamente 474 jóvenes en conflicto con la ley penal bajo el resguardo del Estado.

De ese total, 235 son menores de 18 años, mientras que 239 corresponden a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían sus respectivas sanciones.

Las investigaciones y registros policiales señalan que los principales delitos por los que son remitidos los adolescentes al sistema de justicia juvenil son homicidio, extorsión, robo agravado, violación y lesiones graves.

Frente a este escenario, las autoridades estatales implementan programas de capacitación técnica y nivelación académica dentro de los centros con el propósito de ofrecer herramientas de reinserción social a la población juvenil reclusa al término de sus condenas.

Teléfonos celulares, drogas y armas blancas destacan entre los objetos decomisados en requisas

El intento de ingreso de narcóticos a los centros correccionales ocurre en medio de un intensificado plan de seguridad en los recintos carcelarios del país.

Durante los operativos e inspecciones periódicas que ejecutan las fuerzas combinadas de la PNC y el Sistema Penitenciario, los agentes incautan con frecuencia diversos artículos prohibidos dentro de los módulos.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Gobernación, los objetos más decomisados son teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores y routers para señal de internet, herramientas utilizadas para coordinar extorsiones y otros crímenes desde el interior de los penales.

Asimismo, las inspecciones en los centros penitenciarios guatemaltecos permiten la incautación de armas blancas punzocortantes, envoltorios de cocaína, crack y marihuana, así como bebidas alcohólicas, electrodomésticos no autorizados y dinero en efectivo.

Las autoridades han incrementado la vigilancia en las entradas a las prisiones para evitar que familiares y visitantes introduzcan estos ilícitos durante las jornadas de visita.

La búsqueda de una niña de 5 años reportada como desaparecida terminó en tragedia, luego de que su cuerpo fuera localizado sin vida a la orilla de una carretera rural en Guatemala.

Según familiares, la menor, identificada como Madelin Adelaida Chacach Balán, salió a visitar a su abuela y después de ello nadie supo de su paradero, por lo que se activó una alerta Alba-Keneth.

No obstante, fue localizada sin vida el sábado 10 de octubre en una finca cercana a la ruta entre Patzicía y Acatenango, en el departamento de Chimaltenango, tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

El cuerpo fue encontrado entre cafetales y matorrales, a la altura del kilómetro 76 de la carretera, luego de que los Bomberos Municipales Departamentales recibieran una llamada anónima que advertía sobre la presencia de una menor en el sector.

Familiares que llegaron al lugar reconocieron el cuerpo de Madelin, quien había desaparecido en la aldea Rincón Grande, municipio de Zaragoza. La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron las diligencias en la escena.

Salió a visitar a su abuela, ubicada a dos casas de distancia

La tarde del miércoles 7 de octubre, Madelin pidió permiso a su madre para visitar a su abuela, quien vivía a dos casas de su vivienda, según el relato de familiares recogido durante los días de búsqueda.

Vecinos dijeron haber visto a la niña con un helado en la mano. La madre afirmó que ningún integrante de la familia le había entregado dinero para comprarlo ni le había dado el alimento, un dato que quedó incorporado entre los elementos conocidos sobre sus últimos momentos antes de desaparecer.

La alerta Alba-Keneth ubicó su última vez vista en la aldea Rincón Grande. Tras la denuncia, familiares, vecinos, socorristas, policías y miembros del Ejército participaron en recorridos por la comunidad y zonas cercanas, incluidos caminos y áreas próximas a un río.

Las autoridades revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia del sector durante las primeras jornadas de búsqueda. La familia y los vecinos consideraban que la menor podía haber sido trasladada fuera de la comunidad.

El hallazgo ocurrió a más de 15 kilómetros de la vivienda de la menor

El sitio donde fue localizada Madelin está a más de 15 kilómetros de su casa, según informaron medios locales. Bomberos Municipales Departamentales habían desplegado el viernes una Patrulla Especial de Rescate y una unidad canina, pero no lograron ubicarla en esa jornada.

El portavoz de los socorristas, Edwin Xeper, afirmó a medios locales que el aviso anónimo llevó a los socorristas hasta una hondonada con cafetales, a unos cinco metros de la carretera. Allí confirmaron que la niña no tenía signos vitales.

Según una estimación de socorristas, la menor podría haber muerto unas 48 horas antes del hallazgo. Esa valoración deberá ser determinada mediante las pericias forenses y la investigación del Ministerio Público.

Autoridades de la Municipalidad de Zaragoza manifestaron condolencias a los familiares a través de una esquela publicada en las redes sociales. De igual manera, el colegio al que asistía la menor expresó su profundo dolor por el fallecimiento de la menor.

Guatemala registró 4.786 alertas Alba-Keneth hasta septiembre de 2026

Las cifras oficiales más recientes disponibles para el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2026 corresponden al cierre de septiembre. La Procuraduría General de la Nación (PGN) registró 4.786 alertas Alba-Keneth activadas en ese lapso.

De ese total, 4.054 alertas fueron desactivadas tras la localización de niñas, niños y adolescentes, mientras que 732 permanecían vigentes al 1 de octubre. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años, según datos de la PGN difundidos por medios guatemaltecos.

Una adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac habría recobrado la conciencia durante su velorio en la aldea El Jocote, en Sacapulas, Quiché, Guatemala, después de que su familia la considerara fallecida durante varias horas.

El caso ocurrió el sábado 10 de octubre y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, lo que ha generado posiciones encontradas entre los internautas.

Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud.

“Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital”, afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso.

El padre afirmó que la adolescente no ingresó a un hospital

El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. “No ingresó a hospital ella”, dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda.

“Yo vi en ella que ya no respiraba, ya no tenía sus pulsos en sus brazos”, sostuvo. De acuerdo con su relato, familiares, vecinos y miembros de su congregación religiosa ya se habían reunido en la casa para la velación cuando ocurrió la reacción de la adolescente.

Ixcotoyac indicó que llegó a la vivienda cerca de las 14:30 y permaneció en el patio mientras otras personas acomodaban el féretro. Poco después, escuchó gritos de los presentes y se acercó al lugar donde velaban a su hija.

“Cuando voy viendo, mi hija la estaban sacando de la caja donde la traían”, recordó. El hombre atribuyó lo ocurrido a un hecho religioso y expresó su agradecimiento por la recuperación de la joven.

La madre dijo que vio movimientos dentro del ataúd

La madre de Yuleidy, Lesvia Ríos, dijo que no había perdido la esperanza de que su hija estuviera viva. Según contó, se acercó al ataúd mientras lloraba y notó que la adolescente se movía.

“Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta”, afirmó Ríos. Luego describió el momento en que la familia advirtió que la joven reaccionaba: “Ella se estaba moviendo, se estaba despertando y de un solo se levantó”.

Los videos difundidos muestran a varias personas alrededor del féretro mientras la joven se incorpora. Los asistentes le ofrecieron agua y la ayudaron a salir del ataúd, según las imágenes y los testimonios recogidos por TV Sac.

Yuleidy relató que sintió dolor en el pecho antes de desmayarse

Durante la misma entrevista, Yuleidy Ixcotoyac habló brevemente sobre las horas previas al velorio. La joven agradeció a sus padres y a quienes enviaron mensajes a la familia. “No tengo cómo pagarle a Dios para todo lo que ha hecho en mi vida. Fue un milagro”, expresó.

Al ser consultada por los síntomas que tuvo antes de perder el conocimiento, explicó: “Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”.

La adolescente indicó que su padre le contó después que no pudieron llegar al hospital. Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento de autoridades sanitarias de Guatemala que explique qué ocurrió ni una evaluación médica pública sobre el estado de salud de la joven.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) suscribió un convenio con seis instituciones estatales para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes con derechos humanos amenazados o vulnerados, incluidos quienes se encuentran en contexto de movilidad humana. El acuerdo prevé una atención inmediata, integral y diferenciada según las necesidades de cada caso.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social participaron en la firma. Cada organismo intervendrá de acuerdo con sus atribuciones en materia de protección, salud, educación, seguridad, programas sociales, formación y empleo.

Durante 2026, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia atendió a más de 49 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país. De acuerdo con la PGN, el nuevo mecanismo busca unir las capacidades de las entidades estatales ante situaciones que afectan a esa población y requieren respuestas de distintas áreas de la administración pública.

Una mesa técnica con reuniones trimestrales

El convenio fija compromisos específicos para las instituciones firmantes y establece mecanismos de seguimiento sobre las acciones que se implementen. La coordinación estará a cargo de una mesa técnica integrada por enlaces de cada entidad, que celebrará reuniones cada tres meses para evaluar las medidas adoptadas y supervisar la ejecución del acuerdo.

La mesa permitirá revisar la atención brindada en los distintos casos y ordenar la intervención de los organismos involucrados. El esquema contempla que las entidades compartan responsabilidades sin sustituir las competencias propias de cada una.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia participará dentro de un sistema que también incluye a los ministerios responsables de desarrollo social, salud, educación, gobernación y trabajo. La PGN mantendrá su función de protección de la niñez y la adolescencia en un modelo de respuesta articulada.

El acuerdo parte de que las vulneraciones de derechos pueden estar vinculadas con factores de distinta naturaleza. Entre ellos figuran las condiciones socioeconómicas de las familias, las necesidades de atención sanitaria, la continuidad educativa, la seguridad, la protección frente a riesgos y las circunstancias de movilidad humana.

Acceso a servicios y apoyo para las familias

La coordinación interinstitucional apunta a facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a los servicios que correspondan en cada situación. La atención podrá involucrar asistencia médica, acompañamiento educativo, medidas de protección, intervenciones de seguridad y programas sociales, según la necesidad identificada.

El Ministerio de Desarrollo Social y las demás instituciones incorporadas al convenio deberán aportar sus recursos dentro de sus respectivos ámbitos. La finalidad es que la respuesta estatal no se limite a una sola dependencia cuando el caso requiera medidas complementarias.

El mecanismo también contempla oportunidades de formación y empleo para las familias. Esa dimensión se incorpora como parte de la atención a los entornos en los que viven niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados.

La participación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social permitirá incluir alternativas de capacitación y empleo en los casos que lo requieran. La intervención se desarrollará conforme a las competencias institucionales y a las necesidades que se determinen durante el seguimiento.

La PGN considera que la firma fortalece la protección integral de la niñez y la adolescencia porque formaliza una estructura de coordinación y seguimiento entre organismos estatales. Las acciones deberán ser evaluadas periódicamente por los enlaces designados en la mesa técnica.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturaron a un adolescente de 17 años que disparó contra un ciudadano venezolano en la colonia La Reformita, ubicada en la zona 12 de la capital.

El ataque armado ocurrió mientras el hombre, de 46 años, permanecía dentro de un vehículo a la espera del cambio de luz en un semáforo.

Los disparos alcanzaron a un ciudadano venezolano en el hombro y el tórax, mientras que una segunda persona que viajaba como pasajero en el mismo automóvil también sufrió heridas de bala.

Elementos de la comisaría 14 que ejecutaban el plan Semáforo Seguro escucharon las detonaciones e intervinieron de inmediato, lo que derivó en un enfrentamiento en el cual el menor resultó herido en una pierna y terminó neutralizado bajo custodia policial.

Durante la agresión, el sospechoso descendió de una motocicleta y abrió fuego contra los uniformados para evitar su captura.

Socorristas trasladaron a las víctimas y al agresor a la emergencia del Hospital Roosevelt. En tanto, el acompañante del menor huyó del lugar a bordo de la motocicleta y lo abandonó en la vía pública.

Unidades de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) iniciaron el rastreo del prófugo. Las fuerzas de seguridad confiscaron al detenido una pistola ilegal, un cargador y tres municiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven es un integrante activo de la pandilla Mara 18 y proviene de una familia vinculada a estructuras del crimen organizado.

El 25 de agosto, las autoridades aprehendieron a su tío, Gilberto José Ángel Luna Flores, de 34 años, en la zona 10 de la capital tras un asalto y tiroteo contra un transeúnte, hecho en el que también incautaron un arma de fuego sin registro.

La violencia en la zona 12 motiva operativos continuos de las fuerzas de seguridad

La zona 12 de la Ciudad de Guatemala, en especial la colonia La Reformita y el sector de la Central de Mayoreo (Cenma), constituye una de las áreas prioritarias para las intervenciones de la PNC y el Ejército de Guatemala debido a la persistencia de robos, asaltos a transeúntes y ataques armados contra automovilistas.

Las fuerzas de seguridad despliegan patrullajes y puestos de control en intersecciones clave para mitigar la operatividad de grupos delictivos.

Operativos recientes permitieron la identificación de cientos de personas y la fiscalización de vehículos para prevenir la comisión de ilícitos en esta jurisdicción capitalina.

Las persecuciones policiales de 2026 permitieron desarticular redes de motoladrones

Entre enero y octubre de 2026, el Ministerio de Gobernación y la PNC intensificaron las persecuciones policiales y las operaciones estratégicas en el departamento de Guatemala y regiones colindantes como Escuintla para combatir el robo de motocicletas y los ataques cometidos por motoladrones.

Las acciones coordinadas por las autoridades derivaron en la desarticulación de ocho estructuras criminales y la detención de más de 30 personas vinculadas a este tipo de delitos.

La implementación de patrullajes focalizados y el plan Semáforo Seguro contribuyeron a una reducción de más del 17% en el robo de motocicletas, con operativos en carretera y áreas urbanas que permitieron la recuperación de vehículos y el decomiso de armas de fuego ilegales.

Los integrantes de Orquigonia hallaron fósiles de rudistas en Cobán durante una caminata para observar orquídeas en la Cooperativa Samac, en Alta Verapaz. Los restos, incrustados en rocas calizas, pertenecen a moluscos bivalvos extintos que habitaron arrecifes tropicales hace entre 70 y 90 millones de años, cuando la región del norte de Guatemala estaba cubierta por un mar poco profundo.

La identificación preliminar fue confirmada por dos especialistas en geología regional y vincula los ejemplares con el Cretácico Superior. El hallazgo sitúa bajo los actuales bosques nubosos de Alta Verapaz una secuencia de sedimentos marinos que posteriormente fue elevada hasta formar parte del paisaje montañoso de Guatemala.

Fragmentos calcáreos en una plataforma marina desaparecida

La exploración se desarrolló en afloramientos de roca caliza de la Cooperativa Samac, dentro del municipio de Cobán. El punto donde aparecieron los fragmentos está ubicado en las coordenadas 15.5138620, -90.4877350, a una altura aproximada de 1.030 metros sobre el nivel del mar.

El equipo recorría los bosques con la vista puesta en las ramas, donde buscaba orquídeas, cuando detectó piezas incrustadas en la roca. Las formas y texturas observadas no correspondían a procesos geológicos comunes, por lo que los ejemplares fueron sometidos a una revisión técnica.

Los restos presentan una forma en abanico o radiada, costillas radiales o pliegues, hileras de perforaciones o canalículos y una composición calcárea. De acuerdo con el material técnico difundido por Orquigonia, las piezas se conservaron como moldes y contramoldes, una modalidad frecuente en este tipo de organismos marinos.

Los rudistas fueron moluscos bivalvos exclusivos del Mesozoico, la era geológica que abarcó el Jurásico y el Cretácico. Desarrollaron conchas de gran espesor y valvas marcadamente asimétricas, características que les permitieron construir arrecifes y montículos calcáreos donde vivían otras especies del mar.

El grupo desapareció en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, durante el mismo evento de extinción que acabó con los dinosaurios no aviares. Su presencia en Samac permite asociar las rocas de la zona con antiguos ecosistemas tropicales formados en aguas cálidas y claras.

La Cooperativa Samac se encuentra en el cinturón kárstico de Alta Verapaz, una región dominada por rocas carbonatadas de origen marino. Los afloramientos fósiles pertenecen a la Formación Cobán, compuesta por calizas masivas y estratificadas que se depositaron en un ambiente de plataforma marina somera a arrecifal.

La antigüedad de esa formación se extiende desde el Turoniano hasta el Maastrichtiano, dos etapas del Cretácico Superior. Ese intervalo geológico coincide con el período en que los rudistas y los corales formaban estructuras arrecifales en el territorio que hoy ocupa Alta Verapaz.

La Formación Cobán y la identificación preliminar

La región también contiene la Formación Campur, cuyas rocas presentan litologías similares y abundancia de rudistas según estudios geológicos previos. Sin embargo, los rasgos de las piezas halladas en Samac fueron asociados con la Formación Cobán, documentada en los mapas del Centro Universitario del Norte y del Instituto Geográfico Nacional.

La evaluación estuvo a cargo de Rafael Flores, experto en la geología de Cobán, y Axel Gutiérrez, investigador y consultor en geología regional. Ambos realizaron la identificación preliminar y concluyeron que las características observadas son compatibles con rudistas del Cretácico.

Al presentar los resultados, la organización señaló: “Su valiosa opinión técnica confirma que los ejemplares corresponden a rudistas del Cretácico”. La determinación aún deberá ser complementada con un análisis más detallado para precisar la especie y otros aspectos taxonómicos de los fósiles.

La reconstrucción geológica de la zona describe un antiguo fondo marino cubierto por una plataforma de aguas cálidas, donde se desarrollaban arrecifes construidos por rudistas y corales. Con el paso de millones de años, las conchas quedaron enterradas, se transformaron en roca y fueron incorporadas a los sedimentos que luego emergieron con el levantamiento de las cadenas montañosas guatemaltecas.

Ese proceso elevó hasta la superficie materiales formados bajo el mar y configuró parte del sustrato sobre el que hoy se desarrollan bosques y nacimientos de agua. Los bosques nubosos de Alta Verapaz, reconocidos por su diversidad biológica y por la presencia de orquídeas, se asientan sobre esas formaciones calcáreas.

La revisión de los ejemplares se apoyó en trabajos especializados sobre la geología regional. Entre ellos figura la investigación de R. W. Scott sobre los rudistas cretácicos de Guatemala, publicada en el Journal of Paleontology en 1964.

También se incluyó el estudio de M. A. Salanic sobre la geología del cuadrángulo de Cobán, publicado por el Instituto Geográfico Nacional en 1970. Las referencias suman una tesis sobre la caracterización geológica del karst del cuadrángulo Cobán, elaborada en el Cunor-Usac, y el mapa geológico de Guatemala a escala 1:250.000 correspondiente a la hoja de Cobán. *Con información de Orquigonia

El helicóptero que cayó el jueves 8 de octubre en el lago de Atitlán, en el departamento guatemalteco de Sololá, fue extraído durante la tarde del sábado tras dos días de operaciones subacuáticas. La recuperación del fuselaje cerró la etapa de búsqueda y rescate, mientras la Dirección General de Aeronáutica Civil abrió una investigación para determinar las causas del siniestro.

La aeronave fue localizada a 36 metros de profundidad en inmediaciones de Panajachel, donde se precipitó con siete personas a bordo. El operativo requirió la intervención de buzos del Ejército de Guatemala y de los Bomberos Voluntarios, además del uso de un dron subacuático para identificar el punto exacto en el que había quedado sumergida.

Cinco ocupantes lograron salir del agua con vida y permanecieron bajo observación médica. El accidente causó la muerte del piloto Jorge Rodolfo Maldonado Ferber y del pasajero Pablo José Polanco Agustín.

Los cuerpos permanecieron dentro de la cabina hasta que los Hombres Rana de la 33.ª Compañía de Bomberos Voluntarios lograron recuperarlos durante una jornada previa de buceo. Luego de esa maniobra, los rescatistas trasladaron a las víctimas hacia la orilla para entregarlas a sus familiares y a las autoridades correspondientes.

La localización del fuselaje mediante un dron subacuático

El Comando Naval del Pacífico, dependiente del Ejército de Guatemala, informó que la coordinación entre las instituciones permitió establecer puntos precisos en la zona de impacto. El dron subacuático aportó imágenes de referencia para ubicar el fuselaje de la aeronave de ala rotativa bajo el agua.

Los buzos especialistas fijaron una línea de anclaje y colocaron una boya de referencia antes de descender hacia la cabina. Esa señal permitió organizar las inmersiones y completar la recuperación de las personas que se encontraban en el interior.

El Ejército comunicó que la operación concluyó luego de la extracción: “Con este esfuerzo conjunto concluye la operación, cumpliendo con el deber de llevar tranquilidad a las familias afectadas”.

La coordinación de las tareas de búsqueda, localización, extracción y recuperación estuvo a cargo del mayor Juan Díaz Muñoz, jefe nacional de la sección acuática. El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala reconoció públicamente a su personal operativo y a los integrantes de Hombres Rana que participaron en la emergencia.

Los Bomberos Voluntarios señalaron que los buceadores contaban con certificación internacional en seguridad pública, un conocimiento que resultó determinante para localizar la aeronave. La fase de extracción y recuperación se desarrolló durante la noche anterior, con bajas temperaturas del agua, oscuridad y condiciones climáticas adversas.

La institución destacó el cumplimiento de la misión pese a las dificultades: “No importando el clima, las bajas temperaturas del agua, la oscuridad, y la profundidad cumplieron con el objetivo de esta búsqueda”. Tras recuperar a las víctimas, la sección acuática dio por finalizada su activación oficial y comenzó el retorno de su personal al punto base.

La investigación sobre las causas de la caída

La Dirección General de Aeronáutica Civil lamentó las muertes de Maldonado Ferber y Polanco Agustín en un comunicado fechado el 10 de octubre en Guatemala. Su Unidad de Investigación de Accidentes mantiene los procedimientos para establecer los factores que incidieron en la caída.

Personal especializado permanece en el lugar desde la extracción del helicóptero para recolectar los elementos necesarios para los peritajes. La autoridad aeronáutica busca determinar las posibles causas del accidente y las circunstancias en las que se produjo.

Una publicación difundida en redes sociales durante la tarde del sábado mostró una fotografía del momento en que la aeronave fue retirada de las profundidades del lago. El mensaje sostuvo que la determinación de responsabilidades corresponde a los especialistas y a las autoridades, sin especulaciones sobre la actuación del piloto.

Con el fuselaje ya fuera del lago de Atitlán, la investigación técnica quedó a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de su Unidad de Investigación de Accidentes.

La Policía Nacional Civil (PNC) retiró 14 cámaras ilegales de videovigilancia instaladas en espacios públicos de las aldeas Cuchilla y El Carmen, en Santa Catarina Pinula, Guatemala, por su presunto uso por parte de estructuras criminales para vigilar a vecinos y anticipar los movimientos de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento reunió a investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Las autoridades actuaron tras investigaciones y denuncias sobre la colocación irregular de los dispositivos en distintos sectores del municipio.

La intervención forma parte de una estrategia desplegada desde el inicio del año para desmontar aparatos instalados sin autorización en la capital guatemalteca y otros municipios del departamento de Guatemala. En ese período, las fuerzas de seguridad confirmaron el desmantelamiento de más de 500 cámaras colocadas en postes de alumbrado público y telefonía.

Los equipos buscaron localizar los dispositivos ubicados en áreas de circulación vecinal y espacios públicos. La información policial no precisó la cantidad de aparatos atribuidos individualmente a cada grupo delictivo ni la relación concreta de cada cámara retirada con una estructura criminal.

Cámaras para vigilar comunidades y operativos policiales

La PNC investiga si las cámaras eran utilizadas para observar los desplazamientos de los habitantes y de los agentes desplegados en el territorio. Según la institución, ese sistema de vigilancia permitiría a las organizaciones criminales mantener control sobre determinadas zonas y prever incursiones de seguridad.

Las autoridades atribuyen la instalación de estos equipos a grupos delictivos vinculados con el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. El retiro busca reducir los recursos tecnológicos que estas estructuras podrían emplear para extorsionar y vigilar a la población.

Los operativos en Santa Catarina Pinula incluyeron a unidades especializadas y a la Policía Municipal, que colaboraron con los investigadores en la identificación y desinstalación de los dispositivos. La coordinación permitió realizar las intervenciones en distintos puntos de las dos aldeas alcanzadas por el procedimiento.

El portavoz de la institución policial, Jorge Aguilar Chinchilla, informó que en estos despliegues participan más de diez agentes, entre inspectores, personal del núcleo central y asesores jurídicos. La presencia de esas áreas responde al seguimiento investigativo y operativo de las instalaciones irregulares.

La Policía Nacional Civil indicó que las incursiones para desmontar cámaras no han derivado en capturas. El objetivo inmediato de estas acciones es debilitar las capacidades de vigilancia de las estructuras que extorsionan y controlan sectores mediante dispositivos tecnológicos.

El retiro de dispositivos en espacios públicos

Los aparatos detectados estaban instalados sin autorización en infraestructura pública, como postes de iluminación y redes de telefonía. La instalación en esos puntos permite cubrir zonas amplias sin necesidad de que los responsables permanezcan en el lugar.

La División Especializada en Investigación Criminal interviene en estos casos para dar seguimiento a las denuncias y determinar el posible uso criminal de cada equipo localizado. Las unidades policiales retiraron las cámaras durante recorridos e inspecciones en sectores seleccionados por las autoridades.

La estrategia se extiende a distintos puntos del país mediante acciones conjuntas entre la PNC, unidades especializadas y otras instituciones. Las fuerzas de seguridad mantienen este tipo de operativos para retirar equipos presuntamente destinados a facilitar actividades ilícitas y reforzar la protección en las comunidades.

Santa Catarina Pinula se sumó así a los municipios del departamento de Guatemala donde las autoridades han localizado cámaras instaladas de manera irregular. Las intervenciones continúan como parte de las acciones de prevención y combate contra estructuras dedicadas a la extorsión y la vigilancia clandestina.

Carlos Ortiz asumió como superintendente de Competencia de Guatemala el 9 de octubre, tras una vacancia de varios meses causada por la renuncia de Jorge Miguel Castillo Castro. Carlos Federico Ortiz Ortiz, de 53 años, deberá preparar a la Superintendencia de Competencia para la plena vigencia de la Ley de Competencia el 9 de diciembre.

El Directorio de la Superintendencia de Competencia eligió al funcionario para el período 2025-2031 con dos votos favorables entre los tres directores titulares presentes. Ortiz Ortiz, originario de Morales, Izabal, fue juramentado el mismo día y asumió de inmediato sus funciones.

La elección se produjo en el segundo intento de sesión. La convocatoria del jueves 8 de octubre no reunió quórum por el desacuerdo de uno de los directores, mientras que al día siguiente el presidente del Directorio, Javier Bauer, y el director Jorge Mario González Paz respaldaron la designación.

El tercer director titular, Edgar Rolando Guzmán Fuentes, se abstuvo de participar en la votación. Después cuestionó el procedimiento en redes sociales, sostuvo que la decisión ya estaba definida antes de la sesión y anticipó posibles impugnaciones.

Bauer defendió la necesidad de cubrir el puesto por las atribuciones que la ley concede a su titular: “Recordemos que el Superintendente es el encargado de las investigaciones, por lo que esta decisión no se podía prorrogar más”.

Una evaluación con diferencias de hasta 27 puntos

Ortiz Ortiz obtuvo 79,97 puntos sobre 100 en el expediente 28-2026, la segunda nota más alta entre los seis finalistas. José Luis Gramajo de León encabezó la clasificación con 81,33 puntos, de acuerdo con la ponderación del proceso de elección.

La lista incluyó a Julio Adrián Velásquez Aguiar, con 74,87 puntos; Geovanni Javier Avendaño Maldonado, con 73,30; Armando Gabriel Pokus Yaquián, con 71,97; y Alain Pierce Samayoa Chavarría, con 71,83. La prueba de oposición fue realizada por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

Las evaluaciones individuales mostraron una marcada distancia entre los integrantes del Directorio. En la entrevista, sobre un máximo de 20 puntos, Guzmán Fuentes calificó a Ortiz Ortiz con cuatro, mientras que Bauer le otorgó 19 y González Paz, 20.

La brecha entre la máxima y la mínima nota alcanzó 27 puntos. La diferencia se repitió en el plan de trabajo: Guzmán Fuentes asignó cuatro puntos sobre 12, frente a la calificación máxima que concedieron los otros dos directores.

Un comunicado de la Superintendencia de Competencia indicó que Ortiz Ortiz logró la mejor puntuación en el examen de oposición y acreditó más de 12 años de experiencia en la administración pública. Su formación incluye informática, administración pública, gobierno y gestión empresarial.

El nuevo titular sostuvo que su prioridad será dejar a la institución en condiciones de aplicar el nuevo marco legal: “Vengo a trabajar, a poner toda mi capacidad y mi experiencia para asegurar que la ley de competencia pueda cobrar plena vigencia y pueda estar, y la institución pueda estar operativa a partir del nueve de diciembre como manda la ley”.

Ortiz Ortiz añadió que transmitirá a los agentes económicos la garantía de que la entidad actuará “siempre apegados a la normativa”. La Ley de Competencia asigna a la Superintendencia funciones de investigación, sanción y autorización de concentraciones económicas.

La salida de Castillo Castro y la estructura pendiente

La Superintendencia de Competencia inició sus operaciones sin una estructura previa, a diferencia de otras entidades que surgieron de ministerios ya establecidos, explicó Bauer. El presidente del Directorio afirmó que la prioridad administrativa es contratar a los intendentes y a los equipos técnicos que integrarán la autoridad de competencia.

Ortiz Ortiz es el segundo superintendente en la historia de la entidad. Su antecesor, Jorge Miguel Castillo Castro, había sido juramentado el 13 de octubre de 2025 como primer titular del cargo, también para el período 2025-2031.

La gestión de Castillo Castro quedó envuelta en una controversia por una escala salarial aprobada el 30 de enero de 2026. Esa decisión fijó remuneraciones de Q57 mil mensuales para los directores titulares y de Q52 mil para los suplentes, además de Q52 mil y Q3 mil en gastos de representación para el superintendente.

El esquema incluía pagos retroactivos que, según Guzmán Fuentes, habrían representado Q342 mil para cada director titular por los seis meses anteriores. El Directorio revirtió la medida después de las críticas públicas.

También surgieron cuestionamientos por contrataciones discrecionales de personal, entre ellos exfuncionarios de administraciones anteriores que habrían ingresado sin concursos públicos. Una acción de amparo presentada ante la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo cuestionó además el proceso de designación original de Castillo Castro.

Castillo Castro presentó su renuncia irrevocable el 10 de marzo de 2026, aunque el Directorio la aceptó formalmente el 27 de julio mediante una votación de dos a uno, con el rechazo de Guzmán Fuentes. Tomás Xocoy Acán, intendente de Gestión Administrativa y Financiera, asumió temporalmente la representación legal de la entidad conforme al artículo 52 de la Ley de Competencia.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Amcham Guatemala, calificó la designación como “un nombramiento relevante para la continuidad y consolidación institucional de la Superintendencia”. La organización pidió que la entidad ejerza sus funciones “con independencia, objetividad y carácter técnico y apolítico, en estricto apego al marco legal vigente”.

El Insivumeh analiza toda la cuenca del río Pinula tras las lluvias intensas que, desde la emergencia iniciada el sábado 3 de octubre, provocaron colapsos de viviendas en Villa Hermosa y abrieron el riesgo de nuevas inundaciones en San Miguel Petapa. El objetivo es anticipar qué sectores podrían sufrir desbordamientos o afectaciones ante futuras precipitaciones, luego de que la socavación del terreno también dejara comprometido el puente de la comunidad.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) identificó 116 viviendas con daño severo y 499 inmuebles expuestos a nuevas crecidas en los sectores II y IV de Villa Hermosa I, zona 7 de San Miguel Petapa. La emergencia alcanzó a 2.763 personas, de acuerdo con las evaluaciones efectuadas tras la crecida del río.

El aumento del caudal profundizó el cauce y derrumbó varias casas situadas junto a la ribera. También dejó expuesto el único puente que conecta a la comunidad con la salida hacia la capital, una vía que permite el acceso hacia Los Álamos y Boca del Monte.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) extendió ahora el análisis más allá de los puntos donde los daños ya son visibles. La institución estudiará el comportamiento del agua en toda la cuenca para detectar escenarios de riesgo en áreas que aún no registraron afectaciones.

El recorrido del agua desde las zonas altas hasta los sectores urbanos

Los técnicos emplean modelos hídricos y otras herramientas para seguir el desplazamiento de la lluvia desde las zonas altas hacia las zonas bajas. El estudio busca establecer cómo crece el caudal del río y cuáles son las áreas que podrían enfrentar episodios de inundación o desbordamiento.

La investigación contempla las condiciones del terreno y la expansión urbana, con viviendas, calles y otras construcciones. Esos elementos modifican el recorrido natural del agua y pueden influir tanto en su acumulación como en su desplazamiento dentro de la cuenca del río Pinula.

El análisis permitirá estimar la cantidad de lluvia que podría registrarse y determinar hacia dónde se dirige el agua una vez que cae sobre el territorio. Con esos resultados, las instituciones competentes podrán contar con elementos técnicos para orientar sus acciones frente a los riesgos que enfrentan las familias de Villa Hermosa y otras comunidades.

La evaluación no se concentra únicamente en las viviendas colapsadas ni en el puente amenazado. El alcance abarca todos los sectores conectados por el sistema de drenaje natural del río, debido a que las alteraciones producidas en un punto de la cuenca pueden incidir en la acumulación y el movimiento del agua en otros lugares.

La información también servirá para dimensionar las condiciones que favorecen nuevas afectaciones. El propósito es sustentar las decisiones institucionales con base técnica y considerar el funcionamiento completo de la cuenca, en lugar de limitar las respuestas a los sitios donde ya hubo daños.

Resultados iniciales en semanas y estudios durante tres meses

Los primeros resultados podrían conocerse en las próximas semanas, mientras que otros componentes del trabajo se prolongarán durante aproximadamente tres meses. Ese período permitirá observar con mayor detalle los efectos de las lluvias y el comportamiento del agua en el territorio analizado.

El Insivumeh busca aportar información para soluciones integrales que contemplen las condiciones de toda la cuenca. La institución procura identificar riesgos antes de que se materialicen en sectores donde todavía no se produjeron colapsos, inundaciones o desbordamientos.

El antecedente de Villa Hermosa motivó la ampliación de los estudios. La crecida ya había mostrado que el incremento del caudal puede erosionar el terreno junto a las viviendas, alterar el cauce y comprometer infraestructura de conexión para la población.

El Gobierno de Guatemala mantiene este trabajo mediante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Insivumeh. Ambas entidades buscan aportar conocimiento científico e información técnica para respaldar las decisiones de las instituciones responsables ante una situación que amenaza viviendas, infraestructura y la seguridad de las comunidades asentadas en la cuenca.

La Conred identificó 116 viviendas con daño severo y 499 inmuebles en riesgo por el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, ciudad de Guatemala una emergencia que afectó a 2.763 personas y comprometió el acceso de la comunidad hacia Los Álamos y Boca del Monte.

Las lluvias intensas provocaron la crecida del río el sábado 3 de octubre en la colonia Villa Hermosa I, zona 7 del municipio. El aumento del caudal profundizó el cauce, causó el colapso de varias casas ubicadas junto al río y obligó a cerrar la circulación en el área, donde también quedó expuesto el único puente de conexión con la salida hacia la capital.

Las evaluaciones establecieron que 487 personas resultaron damnificadas por daños severos, mientras otras 2.276 permanecen en condición de riesgo. La cifra reúne los resultados de los sectores II y IV de Villa Hermosa.

Daños concentrados en los sectores II y IV

El sector II registró 68 viviendas con daño severo y 207 en riesgo. Allí se contabilizaron 308 personas damnificadas y 950 expuestas a posibles nuevas afectaciones por el comportamiento del río.

En el sector IV, el número de viviendas con daños graves ascendió a 48, mientras 292 quedaron en condición de riesgo. La zona concentra 179 personas damnificadas y 1.326 residentes expuestos.

Los datos surgieron de las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades, un mecanismo que permite determinar cómo una emergencia afectó a las familias, sus viviendas y los recursos necesarios para atenderlas. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los equipos realizaron jornadas de campo el 8 y 9 de octubre y solicitaron a los vecinos información para completar el relevamiento.

El despliegue institucional del viernes 9 de octubre incluyó a 243 elementos de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, la Municipalidad de San Miguel Petapa, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Otros dos equipos, formados por 58 personas, fueron asignados a los sectores I y III para realizar visitas y acompañar a los habitantes. La secretaria ejecutiva de la institución, Claudinne Ogaldes, recorrió el área junto con el gobernador departamental de Guatemala para supervisar el avance de las evaluaciones.

Resguardo de viviendas y propuesta de mitigación permanente

La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad perimetral en las zonas afectadas para proteger las viviendas y las pertenencias de las familias que deben evacuar. La medida busca prevenir actos de vandalismo ante la resistencia de algunos vecinos a abandonar sus casas por temor a dejar sus bienes sin resguardo.

La institución recomendó retirarse de los inmuebles con daños estructurales o condiciones que puedan comprometer la seguridad, sin esperar una nueva crecida. También advirtió que no es posible anticipar la magnitud que podría alcanzar el caudal y señaló que la protección de la vida debe prevalecer sobre los bienes materiales.

La emergencia llevó al diputado y secretario general del partido Valor, Elmer Palencia, a proponer una iniciativa para asignar Q100 millones al Ministerio de la Defensa Nacional. Los fondos estarían destinados a un programa permanente de prevención y mitigación de riesgos vinculados al río Pinula.

La ejecución quedaría a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en coordinación con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, las municipalidades y otras entidades competentes. El proyecto contempla un plan anual y otro multianual de cinco años, actualizables, con puntos críticos, obras prioritarias, mantenimiento, responsables, metas, costos e indicadores para reducir riesgos.

La iniciativa prioriza los sectores de alto riesgo asociados directamente al río Pinula, especialmente en San Miguel Petapa y las áreas pertinentes de Villa Canales. La intervención en otros municipios requeriría estudios técnicos que acrediten una conexión hidrológica directa y la necesidad de reducir amenazas relacionadas con el cauce.

El CEUR de la Universidad de San Carlos de Guatemala advirtió, tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, que la prevención frente al riesgo sísmico cuesta una fracción de lo que demanda la reconstrucción después de un desastre. El centro sostuvo que la amenaza geológica para Guatemala es inevitable, pero que la vulnerabilidad depende de decisiones financieras y urbanas.

La falta de preparación puede traducirse en destrucción de infraestructura y edificios, paralización económica, interrupciones en las cadenas de suministro y caída de ingresos fiscales y privados. También obliga a redirigir recursos de salud, educación e infraestructura hacia la emergencia y la reconstrucción.

Los antecedentes sísmicos de Guatemala

Guatemala registró en 1976 un terremoto de magnitud 7,5 en la falla de Motagua que modificó su geografía social y urbana. El desastre causó más de 23.000 muertes y aceleró la urbanización informal hacia el área metropolitana.

Los terremotos de 2012, de magnitud 7,4, y de 2014, de magnitud 7,3, volvieron a afectar al departamento de San Marcos y al occidente del país. El CEUR los señaló como parte de la recurrencia sísmica que condiciona a la región.

La entidad afirmó que “la interacción entre las placas tectónicas de nuestra región no da tregua”. Su planteo distingue entre la amenaza geológica, que considera inevitable, y la exposición construida por la ubicación, el estado y la falta de refuerzo de la infraestructura.

La resiliencia, según el centro universitario, requiere capacidad técnica, estructural y financiera para absorber un impacto y recuperarse con rapidez. No depende de la suerte ni de una resistencia pasiva.

El costo financiero de postergar la prevención

Los estudios técnicos y el refuerzo estructural adecuado representan una parte mínima de los recursos que exige un desastre, señaló el organismo. También remarcó que ningún riesgo puede ser gestionado, mitigado o transferido si no fue cuantificado previamente.

La advertencia estuvo dirigida a instituciones, municipios y empresas guatemaltecas, a las que instó a no esperar un nuevo gran evento sísmico para evaluar y transferir sus riesgos. La actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico volvió a quedar expuesta con los terremotos de Venezuela, Colombia y Panamá.

El terremoto de Panamá y la alerta regional de tsunami

Dos movimientos de magnitud 7,6 y 7,7, seguidos por una réplica de 6,6 y otros sismos secundarios, sacudieron el sur panameño durante la tarde. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó inicialmente una magnitud preliminar de ocho para el primer terremoto, que luego ajustó a 7,6 y posteriormente a 7,7.

El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento provocó derrumbes de edificios cerca de la zona afectada, evacuaciones en todo Panamá y una alerta de tsunami para las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala, con olas previstas de entre uno y tres metros.

El terremoto también se sintió en Colombia y tuvo réplicas de hasta 5,8 en las horas posteriores. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis declaró la amenaza para varios países de la región, aunque descartó riesgos para Estados Unidos.

El sistema GDACS estimó que hasta 530 mil personas quedaron expuestas a intensidades iguales o superiores al grado VII de la escala Mercalli Modificada. Para el CEUR, el episodio forma parte de una secuencia de terremotos que alcanzó a Venezuela, Colombia y Panamá en los últimos meses.

El 24 de junio, un doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 golpeó el estado venezolano de La Guaira y dejó más de 6.500 muertos, según cifras de fuentes oficiales del país. El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 en el municipio de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó, causó al menos 111 fallecidos y 87 heridos.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó que ese movimiento dejó 61 edificios colapsados, 18 centros de salud dañados y 52 instituciones educativas afectadas. La sucesión de episodios llevó al centro guatemalteco a expresar su solidaridad con los tres países.

La corona quedó en manos de Jihan Dimack, representante de Tanzania. Shyare Andrade, de Ecuador, fue primera finalista; Beau Megan Goos, de Países Bajos, obtuvo el título de segunda finalista, mientras que Emoura Phạm, de Vietnam, terminó como cuarta finalista.

La definición reunió a candidatas de al menos 78 países, que buscaron avanzar hasta la instancia decisiva de una competencia desarrollada a lo largo de varias etapas eliminatorias. Carrillo ingresó al grupo de las cinco concursantes que disputaron los puestos finales.

El recorrido de Guatemala desde las semifinales

La final comenzó a las 6:00, hora de Guatemala, con la presentación de todas las participantes frente al público y el jurado. En ese primer tramo de la ceremonia, Carrillo anunció el nombre de Guatemala sobre el escenario de Bangkok.

Luego, la organización dio a conocer a las 25 candidatas que continuarían en competencia. La selección consideró el desempeño previo de las participantes y las entrevistas privadas realizadas con el jurado.

Carrillo fue la concursante número 24 en ser llamada entre las semifinalistas. Esa ubicación le permitió continuar hacia la prueba de traje de baño y mantenerse en carrera por la corona.

La pasarela evaluó el desenvolvimiento escénico, la seguridad y la presencia de las concursantes. Tras esa ronda, se anunciaron las diez participantes que pasarían a la siguiente instancia.

La representante guatemalteca fue la octava candidata convocada al Top 10. Con esa clasificación, avanzó a la fase que reunió a las concursantes con posibilidades de acceder a la final.

Una de las pruebas centrales de la noche fue el discurso Stop the War and Violence, expresión que significa “Detengan la guerra y la violencia”. Las semifinalistas debieron exponer un mensaje sobre la paz mundial, la tolerancia, el rechazo a los conflictos armados y las causas sociales que defenderían si obtenían el título.

El jurado valoró en esa instancia la oratoria, la elocuencia, la autenticidad y el dominio de idiomas de cada concursante. La prueba formó parte de las rondas que definieron a las finalistas del certamen.

El vestido de gala y las preguntas decisivas

Las participantes que permanecían en competencia desfilaron después con vestidos de gala. Carrillo lució un diseño dorado con pedrería y detalles en verde esmeralda.

La siguiente etapa consistió en preguntas asignadas al azar y realizadas según el orden de participación. La guatemalteca fue la cuarta concursante en responder ante el jurado.

La pregunta que recibió estuvo centrada en el futuro de los certámenes de belleza: “¿Qué harías para mantener los concursos de belleza relevantes, valiosos y populares alrededor del mundo?”. La respuesta integró la evaluación previa a la selección del grupo finalista.

La organización anunció posteriormente a las cinco candidatas que seguirían en disputa por el título. Carrillo fue la segunda participante convocada al Top 5, lo que confirmó su presencia en la última fase de Miss Grand International 2026.

Las cinco finalistas respondieron una misma pregunta frente al jurado: “En tu opinión, ¿qué cualidades debería tener una mujer empoderada?”. Cada participante presentó su visión sobre el empoderamiento femenino y las características que considera necesarias en una mujer.

Tras esa ronda, Tanzania obtuvo la corona mediante Jihan Dimack. Ecuador quedó en el puesto de primera finalista con Shyare Andrade, Países Bajos fue segunda finalista con Beau Megan Goos y Guatemala alcanzó la tercera finalista con Ximena Carrillo.

Vietnam ocupó el lugar de cuarta finalista con Emoura Phạm. La clasificación final dejó a Guatemala en el cuarto puesto del certamen, por delante de la representante vietnamita.

El IGM inauguró este viernes 9 de octubre una oficina regional en Morales, Izabal, su cuarta sede fuera de la capital, mientras reportó la atención de 55.061 guatemaltecos deportados o retornados voluntariamente durante 2026. La dependencia concentrará trámites de pasaportes, residencias, control migratorio y asistencia para quienes regresaron al país tras vivir en el extranjero.

La cifra corresponde al corte del 8 de octubre y superará el total registrado durante el año pasado, informó el director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera. El aumento de personas deportadas y de retornos voluntarios llevó a la institución a impulsar el Plan Retorno al Hogar.

La sede funciona en Ofi Bodega G&H, en el kilómetro 245 de la carretera CA-9, en la aldea La Ruidosa. Su apertura reunió a la gobernadora departamental de Izabal, Gilda Ismelda Córdoba Pacheco; representantes del cuerpo diplomático, diputados, funcionarios de derechos humanos y organizaciones vinculadas con la movilidad humana, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Servicios migratorios y atención para la población retornada

La nueva oficina reúne las subdirecciones de Pasaportes, Extranjería, Control Migratorio y Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes. La concentración de estas áreas permitirá que los habitantes del departamento gestionen sus trámites sin viajar a otras regiones.

Los usuarios podrán solicitar la emisión o renovación del pasaporte y recibir el documento el mismo día, según indicó el Instituto Guatemalteco de Migración. También podrán tramitar residencias temporales y permanentes, pedir extensiones de visa y obtener orientación si excedieron el plazo autorizado de estadía en Guatemala.

La Subdirección de Control Migratorio atenderá pedidos de certificaciones de movimiento migratorio, gestiones de arraigo y cálculos de multas por exceso de estadía. Izabal ya cuenta con cuatro puestos de control migratorio ubicados en El Cinchado, Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla y Livingston.

La institución habilitó además un servicio móvil destinado a extranjeros residentes en áreas como las marinas del departamento. Rivera explicó que las autoridades habían identificado en esas zonas a personas extranjeras que generan empleo local.

El Plan Retorno al Hogar, promovido bajo el liderazgo del presidente Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta Karin Herrera, está dirigido a facilitar la reintegración de guatemaltecos que permanecieron durante años fuera del país. La atención estará a cargo de la subdirección especializada en la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

La oficina permitirá entrevistar y acompañar a las personas retornadas durante su proceso de reinserción. El director del IGM señaló que Izabal requiere atención prioritaria también para quienes solicitan protección internacional, ya que sus cinco municipios fueron declarados territorio solidario en coordinación con ACNUR.

Búsqueda de migrantes desaparecidos y reducción de traslados

La sede de Morales incorporó un mecanismo de búsqueda de personas migrantes desaparecidas mediante coordinación interinstitucional. Los familiares de personas cuyo paradero se desconoce podrán presentar reportes en el lugar y acceder a acompañamiento psicológico.

La creación de la oficina comenzó a gestionarse en 2024, cuando Rivera asumió la dirección del IGM. El funcionario relató que el proceso incluyó reuniones con el Congreso de la República, autoridades locales, la asociación de mujeres UNAGIL y diputados de Izabal.

La apertura se suma a las oficinas regionales que operan en Chiquimula, Zacapa y Quetzaltenango. La estrategia busca descentralizar los servicios migratorios y ampliar la presencia institucional fuera de Ciudad de Guatemala.

Córdoba sostuvo que la sede evitará que los habitantes de Puerto Barrios, El Estor, Livingston, Morales y Los Amates deban viajar hasta Río Hondo, Zacapa, para realizar sus trámites. Durante el acto de inauguración, afirmó: “Que los servicios lleguen a la gente y no la gente al servicio”.

La oficina opera bajo el Código de Migración, Decreto 44-2016, y su reglamento. Atenderá de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00, mientras que los requisitos de cada gestión estarán disponibles en los canales oficiales del IGM.

Los Bomberos Voluntarios recuperaron el viernes, en el lago de Atitlán, los cuerpos del piloto Jorge Rodolfo Maldonado y del pasajero Pablo José Polanco Agustín, hallados dentro del helicóptero siniestrado a 43 metros de profundidad. La extracción puso fin a dos jornadas de búsqueda tras el accidente del 8 de octubre, mientras la familia del piloto reclamó que se determinen las causas de la caída.

La aeronave, un Eurocopter EC130 con matrícula TG-GUH, transportaba a siete personas cuando se precipitó durante una aproximación a un helipuerto de la zona norte del lago, en Panajachel, departamento de Sololá. Era el tercer vuelo de la jornada.

Cinco ocupantes lograron salir del agua con ayuda de lancheros y testigos antes de la llegada de los socorristas: Andrea Lozano, Diego Díaz, César Enrique Catún, Katherine Victoria Chay Carrillos y Sandra Nataly Santizo Romero. Todos presentaron crisis nerviosa y permanecieron bajo observación médica en un hotel de la zona.

Un dron subacuático y bolsas neumáticas para ubicar el fuselaje

La ubicación definitiva del helicóptero fue posible mediante un dron subacuático y las coordenadas aportadas por personas que presenciaron la caída. El mayor Juan Díaz Muñoz, jefe nacional de la sección acuática de Bomberos Voluntarios, explicó que los registros audiovisuales ayudaron a acotar el área de rastreo: “Los videos y todo esto nos ayudó también a marcar y a llegar más o menos al punto en el que queríamos ubicarnos”.

El dispositivo permitió observar parte de la estructura sumergida y fue anclado directamente al fuselaje, aunque se quedó sin carga durante la maniobra. Con el sitio localizado, los buzos de la sección de rescate y salvamento acuático Hombres Rana descendieron hasta la aeronave.

Los rescatistas aseguraron y estabilizaron el fuselaje con bolsas neumáticas antes de llevarlo a la superficie con apoyo de una embarcación. Los cuerpos fueron retirados de la cabina antes de que el helicóptero fuera remolcado hasta la orilla.

En el procedimiento participaron 35 personas, entre integrantes de Bomberos Voluntarios y colaboradores externos; unos 20 trabajaron de forma directa en el rescate. También se utilizaron sonares, una lancha equipada con sonar facilitada por un hotel de la zona y apoyo técnico de la empresa ADIP Internacional.

La Comandancia y Capitanía Lacustre del Apostadero Naval de Atitlán confirmó el hallazgo junto con los Bomberos Voluntarios. Díaz Muñoz señaló que hubo coordinaciones realizadas desde la ciudad capital y que la cantidad de personas involucradas en el despliegue era extensa.

El helicóptero permanecerá en la orilla hasta que el Ministerio Público disponga su retiro. El mayor advirtió que el fuselaje anegado representa un riesgo de contaminación para el lago y explicó que no sería extraído por completo en el corto plazo debido a su peso y a la hora en que finalizó la operación.

La investigación sobre las causas del accidente

Los buzos no observaron golpes visibles en los cuerpos durante la extracción, aunque Díaz Muñoz aclaró que esa apreciación estaba condicionada por la descomposición tras dos días bajo el agua. El Ministerio Público o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses deberán determinar si las víctimas sufrieron lesiones por el impacto.

El jefe de la sección acuática planteó que ambos ocupantes intentaron abandonar la cabina. “Ellos lucharon por tratar de salir, ya que había uno de los vidrios rotos y se ve que intentaron con los pies romper este vidrio. Ya no estaban con los cinturones de seguridad”, afirmó.

Johana Maldonado, esposa del piloto, agradeció el trabajo de los socorristas, del Apostadero Naval, de quienes llevaron alimentos y agua durante la búsqueda y de la comunidad de Panajachel. “Esperábamos que estuviera con vida en alguna parte de nuestra mente y de nuestro corazón, pero a medida que pasaba el tiempo empezamos a aceptar que no iba a ser así”, expresó.

La mujer sostuvo que la recuperación del cuerpo les permitió despedirlo: “Lo que nos dieron como familia es paz, poder ir a visitarlo y darle cristiana sepultura”. También destacó que los Hombres Rana permanecieron más de doce horas en agua fría durante las tareas de búsqueda.

Maldonado describió a su esposo como piloto desde los 16 años, con más de 20.000 horas de vuelo acumuladas. “Yo lo que les puedo decir es que él era una persona muy responsable, que no pudo, esto tiene que tener otra explicación, pero no puede ser una falla del piloto”, sostuvo.

La esposa del aviador pidió a la Dirección General de Aeronáutica Civil que esclarezca las circunstancias del siniestro. “Espero que las autoridades correspondientes la logren encontrar”, dijo sobre la causa del accidente; la pareja tenía dos hijas, una de ellas próxima a casarse.

Las inmersiones durante la búsqueda habían alcanzado entre 52 y 58 metros de profundidad y fueron suspendidas en algunos tramos por condiciones climáticas adversas. Con la recuperación de los dos cuerpos, concluyeron las labores de rescate, mientras las autoridades aeronáuticas y policiales mantienen abierta la investigación.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala validó las líneas de su estrategia para prevenir y abordar las enfermedades crónicas no transmisibles entre 2027 y 2037, con acciones destinadas a contener la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y la obesidad en la próxima década.

El proceso reunió a dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con representantes de los sectores de salud, educación, seguridad alimentaria y nutrición. Sus aportes se incorporarán al documento final antes de que sea publicado.

La estrategia busca ordenar la respuesta del sistema sanitario frente a patologías que comparten factores de riesgo y requieren una atención coordinada. El objetivo incluye prevenir los casos, mejorar la atención de quienes ya tienen un diagnóstico y reforzar el control de estas enfermedades.

Cuatro enfermedades vinculadas por factores de riesgo comunes

La diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y la obesidad fueron tratadas de manera conjunta durante el taller de validación. Los especialistas identificaron al tabaquismo, la alimentación inadecuada y la falta de actividad física como los principales determinantes que favorecen la aparición y el avance de estas condiciones en la población guatemalteca.

El coordinador del Programa de Salud Renal del MSPAS, Randall Lou Meda, planteó la necesidad de contar con una herramienta que permita abordar el conjunto de enfermedades. El especialista afirmó: “Necesitamos elaborar una estrategia que nos ayude a abarcar este abanico de enfermedades y eventualmente también hacer que podamos detener el avance de esta enfermedad”.

Las intervenciones previstas deberán ser costo-efectivas, estar validadas y poder aplicarse a escala nacional. La propuesta contempla la participación de sectores gubernamentales y sociales para contribuir a la prevención, la atención y el control de las enfermedades crónicas, además de promover entornos más saludables.

La validación del documento constituye una etapa intermedia antes de la definición de la política sanitaria que orientará el abordaje de estas patologías hasta 2037. El MSPAS no precisó una fecha para la publicación definitiva, mientras continúan las consultas con los sectores involucrados.

Prevención, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento

La asesora para enfermedades no transmisibles, factores de riesgo y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Guatemala, Ingrid García, indicó que la selección de medidas prioritarias permitirá fortalecer cuatro pilares del sistema sanitario: la prevención, la detección temprana, el tratamiento y el control de las enfermedades.

García sostuvo que el trabajo ayudará a reforzar la respuesta de los servicios de salud y a mejorar el acceso oportuno de la población a la atención médica. La detección temprana figura entre los aspectos centrales para atender la diabetes, la obesidad, la hipertensión y el daño renal antes de que estas condiciones avancen.

El acompañamiento técnico de la OPS/OMS se suma a una misión realizada meses atrás junto con el MSPAS para mejorar la atención primaria de las enfermedades no transmisibles. Esa instancia incluyó el Taller Nacional de Calidad de la iniciativa HEARTS.

El encuentro se desarrolló entre el 25 y el 28 de mayo y reunió a equipos técnicos de 25 Direcciones Departamentales de Redes Integrales de Servicios de Salud. La actividad sentó parte de las bases para la formulación de la estrategia de largo plazo que ahora atraviesa su fase de validación.

Durante esa misión, el ministro Joaquín Barnoya remarcó la importancia de fortalecer un modelo de salud basado en la atención primaria y en redes integradas de servicios. Esa orientación coincide con el enfoque multisectorial planteado para la estrategia nacional.

El director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OPS, Anselm Hennis, había advertido que las brechas en prevención, detección y acceso oportuno al tratamiento permanecen entre los principales desafíos para los sistemas sanitarios de la región.

Diputados independientes del bloque Raíces presentaron ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República de Guatemala la iniciativa 6865, un proyecto de 79 artículos para sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace más de seis décadas y regular los contratos de alquiler de vivienda.

La propuesta, denominada Ley de Protección al Derecho a la Vivienda en Alquiler, busca establecer obligaciones para propietarios e inquilinos, prohibir desalojos realizados por la fuerza o mediante intimidación y fijar procedimientos para resolver conflictos derivados de los arrendamientos.

El proyecto plantea que las personas con mensualidades pendientes dispongan de un plazo de dos meses para cancelar las cuotas antes de que el propietario pueda iniciar un proceso de desalojo. La restitución del inmueble deberá tramitarse mediante los procedimientos legales correspondientes, con respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

Elena Mota presentó la iniciativa durante una conferencia de prensa junto con las diputadas Mercedes Monzón y Patricia Orantes, y los parlamentarios Samuel Pérez, Román Castellanos, Orlando Pérez, Byron Obregón y Ronalth Ochaeta.

La legisladora sostuvo que el alquiler constituye para miles de familias, jóvenes, trabajadores y personas adultas mayores la única alternativa para acceder a una vivienda, ante un mercado en el que comprar una casa resulta cada vez más inaccesible. “Tener una vivienda digna no debería significar vivir con miedo a perderla de un día a otro”, afirmó.

Depósitos, rentas y reparaciones bajo condiciones definidas

La iniciativa pretende que los contratos de arrendamiento dejen de depender de acuerdos informales o cláusulas ambiguas. El texto obliga a los propietarios a formalizar por escrito las condiciones bajo las cuales entregan un inmueble en alquiler.

El contrato deberá dejar establecidas las reglas sobre la constitución, administración y devolución del depósito en garantía. La medida apunta a reducir las controversias entre las partes por el manejo de ese dinero al inicio o al final de la relación contractual.

La propuesta también define criterios de razonabilidad y previsibilidad para los ajustes de la renta. Cualquier modificación del canon de arrendamiento deberá responder a parámetros conocidos de antemano, en lugar de quedar sujeta a decisiones arbitrarias.

El proyecto no contempla controles administrativos de precios ni una intervención estatal directa para fijar el valor de los alquileres. La iniciativa sostiene que la libertad contractual es necesaria para incentivar la inversión privada en el sector de vivienda.

Las responsabilidades por reparaciones y mantenimiento del inmueble también quedarían incorporadas en el régimen propuesto. La norma incluye, además, causas para la terminación del contrato y plazos de aviso previo que deberán respetar tanto arrendadores como arrendatarios.

La nueva regulación reemplazaría el Decreto 1468, Ley de Inquilinato, que lleva más de 65 años en vigor. La propuesta busca actualizar el marco jurídico que rige los alquileres de inmuebles destinados a vivienda.

La prohibición de desalojos por fuerza, amenazas o cortes de servicios

El proyecto prohíbe de manera expresa los desalojos de hecho, definidos como actos unilaterales destinados a privar a una persona del uso del inmueble sin intervención de la autoridad competente. La prohibición alcanza a acciones realizadas por fuerza, intimidación, amenazas o suspensión arbitraria de servicios básicos.

La recuperación de la vivienda por parte del propietario solo podría concretarse a través de los mecanismos legales aplicables cuando exista una causa establecida. La propuesta de Ley reconoce el derecho de los arrendadores a promover acciones judiciales para proteger su patrimonio y recuperar el inmueble ante incumplimientos contractuales.

La iniciativa incorpora mecanismos alternativos para resolver controversias, entre ellos la conciliación y la mediación. El objetivo es reducir la judicialización de los conflictos que surjan durante la relación entre quien alquila una propiedad y quien la habita.

La diputada afirmó que la normativa no está diseñada como una protección exclusiva para los inquilinos. “Esta ley también protege al propietario, porque tener reglas claras significa saber cómo cobrar, cómo hacer valer un contrato y cómo recuperar legalmente un inmueble cuando exista un incumplimiento”, señaló Mota.

El texto de la iniciativa consultada sostiene que la formalización de los alquileres generaría condiciones de confianza para propietarios, desarrolladores inmobiliarios e inversionistas. Bajo esa premisa, plantea que un régimen más claro podría ampliar la oferta de inmuebles disponibles en el mercado habitacional.

La iniciativa 6865 deberá ser remitida a una comisión de trabajo del Congreso para su análisis y eventual dictamen, antes de ser sometida a discusión en el pleno legislativo.

El presidente Bernardo Arévalo supervisó dos proyectos viales en Las Cruces, Petén, durante una gira de trabajo orientada a verificar obras financiadas con recursos públicos que buscan mejorar la movilidad, los espacios para peatones y las condiciones urbanas de la población.

Las intervenciones, ejecutadas por la Municipalidad de Las Cruces con recursos canalizados mediante el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén, representan aportes del IVA-Paz por aproximadamente 14,9 millones de quetzales. Una de las obras aún está en construcción y la otra ya fue finalizada.

El mandatario recorrió los trabajos junto al gobernador de Petén, Fabricio Ramírez; el alcalde de Las Cruces, Byron Sarceño; y Víctor Hugo Godoy, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La visita incluyó encuentros previstos con vecinos y niños de la comunidad para conocer su experiencia con las mejoras.

Una obra vial con 80% de ejecución en la zona 1

El primer punto de la supervisión fue el proyecto de mejoramiento de calles y avenidas de la zona 1 de la cabecera municipal, que registra un avance de 80 %. La obra contempla la intervención de 1,90 kilómetros de vías y corresponde al ejercicio fiscal 2026.

El proyecto cuenta con una inversión de Q 9.899.875 y tiene como población beneficiaria prevista a 2.408 habitantes. Los trabajos se desarrollan en sectores que anteriormente tenían calles de terracería.

Durante el recorrido se contempló la participación de tres integrantes de la comunidad, quienes compartirían con Arévalo las condiciones que enfrentaban antes de la intervención y las expectativas sobre los cambios que traerá la finalización de las obras.

En los puntos intervenidos también se colocaron fotografías de los sectores antes de los trabajos. Las imágenes muestran el estado previo de las calles, que carecían de la infraestructura vial que actualmente se ejecuta en la zona 1.

La visita permitió revisar el estado de una obra que todavía se encuentra en desarrollo, con la meta de mejorar las condiciones de tránsito dentro de la cabecera municipal. La infraestructura forma parte del conjunto de proyectos financiados a través del Consejo Departamental de Desarrollo.

Ciclovía, iluminación y banquetas en la zona 2

La segunda inspección se realizó en la 7.ª avenida, entre la 1.ª y la 8.ª calle de la zona 2, donde el proyecto de mejoramiento vial alcanzó el 100 % de ejecución. La intervención corresponde al ejercicio fiscal 2025 y abarca una meta de 2.418 metros.

La obra tuvo una inversión ejecutada de Q 4.999.597 y reporta 2.392 habitantes beneficiados. Además del mejoramiento de la vía, el espacio incorpora una ciclovía, banquetas para peatones, iluminación LED y bancas destinadas al descanso de los vecinos.

La infraestructura fue diseñada para ofrecer áreas de desplazamiento y permanencia en el entorno urbano. La ciclovía se suma a los elementos destinados a peatones y ciclistas dentro de un tramo que anteriormente no contaba con estas condiciones.

En esa zona se programó un encuentro entre el Presidente y siete niños que asistirían con sus bicicletas. La conversación tenía como objetivo conocer el uso que los menores dan a la ciclovía y los cambios que ha representado para la comunidad contar con este espacio.

Las dos intervenciones se concentran en calles de la cabecera municipal, aunque presentan distintos estados de avance. Mientras la obra de la zona 1 continúa en ejecución, la de la zona 2 ya ofrece infraestructura vial, iluminación y mobiliario urbano.

Códigos QR y reportes sobre la inversión pública

La supervisión incluyó la revisión de códigos QR instalados en las vallas informativas de cada proyecto. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia impulsa esta herramienta para que la población pueda acceder a información sobre las obras.

A través de esos códigos, los ciudadanos pueden consultar los recursos asignados, las metas de ejecución y las entidades responsables de cada intervención. El mecanismo busca que los datos sobre la inversión pública estén disponibles en los lugares donde se desarrollan los trabajos.

Arévalo destacó la instalación de los códigos QR como una forma de mostrar a los habitantes los detalles de ejecución de los proyectos. Las vallas informativas también contienen referencias sobre las obras que se realizan con fondos del sistema de consejos de desarrollo.

En los carteles figura el número 1504, habilitado para reportar irregularidades relacionadas con el Sistema de Consejos de Desarrollo.

La Policía Nacional Civil de Guatemala incautó cuatro carabinas, una escopeta, cuatro pistolas y 196 municiones durante un allanamiento en la colonia San José Las Flores, en Zacapa, para someter el arsenal a peritajes balísticos dentro de una investigación aún en curso. Las armas tenían documentación legal y las autoridades no dieron detalles sobre el motivo de la diligencia.

El operativo fue realizado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, en coordinación con el Ministerio Público. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses analizará las armas para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos.

La incautación ocurrió un día después de que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, defendiera ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso el proyecto presupuestario de su cartera para 2027. La propuesta del Ministerio de Gobernación asciende a Q10.490 millones.

Entre los recursos solicitados, Villeda incluyó Q95 millones para adquirir cinco mil armas destinadas a los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil. El funcionario vinculó esa compra con el objetivo de ampliar el número de efectivos policiales.

Cinco mil armas para la incorporación de nuevos agentes

El ministro explicó ante los diputados que el pedido de fondos responde a la necesidad de equipar a cada integrante que sea incorporado a la institución. “A más policías necesito más armamento. Si necesito incorporar cinco mil agentes, necesito comprar cinco mil armas. Esto me representa un aumento de noventa y cinco millones”, afirmó durante la audiencia legislativa.

La solicitud de presupuesto fue presentada junto con un balance de las acciones atribuidas al Ministerio de Gobernación durante 2026. Villeda indicó que la cartera incautó bienes por casi 22 millones de quetzales, frente a los 13 millones registrados en 2024 y 2025.

El funcionario sostuvo que esa variación equivale a casi el doble de los montos reportados durante esos dos años. También informó que fue destruida una pista de aterrizaje clandestina y que fueron desmantelados cuatro narcolaboratorios.

La cartera reportó además la incautación de droga valuada en 1.205 millones de quetzales. Esas cifras fueron expuestas por Villeda durante la misma comparecencia en la que pidió los recursos para reforzar el armamento policial.

En materia de detenciones, la Policía Nacional Civil realizó 3.266 aprehensiones durante el año, según los datos presentados por el ministro. Esa fue la cifra más alta del actual período de gobierno.

Entre las personas capturadas figuran 37 requeridas por cortes internacionales con fines de extradición. El balance fue parte de la justificación presentada para la asignación presupuestaria prevista para 2027.

Armas y objetos ilícitos dentro de las cárceles

Villeda también abordó la presencia recurrente de armas dentro de los centros penitenciarios del país. El ministro relacionó esos hallazgos con la falta de un cuerpo de guardia penitenciaria jerarquizado y con formación adecuada.

“Cada vez que entramos a hacer una requisa encontramos teléfonos, armas, toda clase de objetos ilícitos, que es producto de lo que se permite ingresar”, manifestó ante los legisladores. El funcionario señaló que esos ingresos ocurren de manera permitida dentro de las prisiones.

El titular del Ministerio de Gobernación atribuyó la situación a la falta de una reforma profunda del sistema penitenciario. Según indicó, Guatemala no construye una nueva cárcel desde hace 40 años.

Su gestión impulsa una reestructuración de los procesos de reclutamiento y formación de los guardias penitenciarios. La iniciativa busca enfrentar el ingreso de armas, teléfonos y otros objetos ilícitos a los centros de detención.

Un terremoto de magnitud 8.0 sacudió este viernes Panamá y llevó a Guatemala a activar una línea de emergencia consular para asistir a los 3.089 ciudadanos registrados en el país centroamericano, mientras las autoridades guatemaltecas no reportaban connacionales afectados y mantenían una alerta de tsunami para el litoral del Pacífico.

El movimiento se registró a las 12:56, hora local, y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Los Santos. La profundidad fue de 33 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano.

La magnitud había sido calculada inicialmente en 7.3, pero los organismos especializados la revisaron posteriormente al alza hasta 8.0. El sismo también se percibió en Costa Rica, Colombia y Ecuador, donde se activaron medidas preventivas ante el riesgo de olas en las áreas costeras.

La Embajada de Guatemala en Panamá informó que mantiene un monitoreo de la situación de los guatemaltecos residentes y que no había recibido reportes de personas afectadas. La sede diplomática habilitó el teléfono de emergencia +507 6892-0971 y el correo electrónico conspanama@minex.gob.gt para solicitudes de apoyo e información.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a la comunidad guatemalteca en Panamá seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar únicamente fuentes oficiales. La advertencia apuntó a evitar la circulación de información no verificada en redes sociales durante la emergencia.

La alerta de tsunami para el Pacífico guatemalteco

El impacto regional del sismo alcanzó a Guatemala mediante una alerta de tsunami emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El organismo advirtió sobre un posible arribo de olas a las costas del Pacífico guatemalteco a partir de las 14:36.

El boletín del Insivumeh fue emitido a las 12:28 y se apoyó en información del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, conocido por sus siglas en inglés como PTWC. Esa entidad identificó la posibilidad de que el fenómeno afectara a varios países con costas sobre el océano Pacífico.

Ante ese escenario, el instituto pidió a las instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, que activaran las alertas institucionales correspondientes en sus áreas de responsabilidad. El seguimiento de la amenaza quedó sujeto al monitoreo en tiempo real.

Un tsunami es una serie de olas que se desplaza fuera de su zona de origen y puede llegar a distintas costas con intervalos de pocos minutos hasta una hora entre cada una. Esos períodos pueden prolongarse en determinadas circunstancias.

El Insivumeh indicó que la altura de las olas puede variar de forma considerable incluso entre regiones próximas. Algunas áreas podrían registrar variaciones menores en el nivel del mar, mientras que otras tendrían una afectación mayor.

Evacuaciones y vigilancia en Colombia y Ecuador

En Colombia, el remezón se sintió con fuerza en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda, además de varios sectores de la costa Caribe. Hubo evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales.

Las autoridades locales mantuvieron las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de réplicas después del evento principal. La percepción del sismo tuvo distinta intensidad según las regiones alcanzadas por el movimiento.

En Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, Inocar, inició el monitoreo tras la emisión de un boletín del sistema de vigilancia de tsunamis. La advertencia señaló un peligro inminente para el litoral ecuatoriano.

Las autoridades ecuatorianas pidieron a los habitantes de las zonas costeras que se alejaran de las playas y se dirigieran a áreas elevadas como medida preventiva. La recomendación se sumó a los protocolos activados en otros países de la región ante el riesgo de olas y de nuevas sacudidas.

Un dron submarino descendió hasta 58 metros (190 pies) durante la cuarta inmersión destinada a localizar el helicóptero, que se hundió frente a la finca San Buenaventura, en Panajachel, departamento de Sololá. Las operaciones se habían interrumpido durante la noche por las condiciones climáticas y se reanudaron al día siguiente.

Cuatro embarcaciones apoyaban el despliegue de la sección de Hombres Rana de Bomberos Voluntarios, mientras ambulancias permanecían apostadas en la orilla. La lluvia que afectaba a municipios de la cuenca del lago volvió a condicionar el trabajo de los equipos acuáticos.

Búsqueda a más de 50 metros de profundidad

Los socorristas presumían que Molina y Polanco Agustín quedaron atrapados en el fuselaje después del impacto contra el agua. Los desaparecidos fueron identificados como el capitán y piloto Jorge Rodolfo Molina, mencionado también como Jorge Rodolfo Maldonado en otros reportes, y el pasajero Pablo José Polanco Agustín.

Las inmersiones de buzos certificados alcanzaban profundidades de entre 52 y 58 metros (170 y 190 pies). Distintas fuentes describieron esas cotas como superiores al límite operativo de 100 metros para el buceo convencional, por lo que los equipos recurrieron a un sonar Aqua Eye, un dron subacuático y bolsas de elevación para enganchar y subir estructuras desde el fondo.

El oficial Juan Muñoz Díaz confirmó que, hasta el mediodía del viernes, se habían realizado dos inmersiones sin resultados sobre el paradero de los dos hombres. La localización precisa de la aeronave era el paso necesario antes de intentar extraerla.

Cinco ocupantes lograron salir con vida poco después del accidente gracias a personas y lancheros que estaban en el área antes de la llegada de los cuerpos de socorro. Andrea Lozano, Diego Díaz, César Enrique Catún, Katherine Victoria Chay Carrillos y Sandra Nataly Santizo Romero presentaron crisis nerviosa y quedaron bajo evaluación médica en un hotel de la zona.

El tercer vuelo del día y las hipótesis sin confirmar

El helicóptero realizaba su tercer trayecto de la jornada y volaba detrás de otras dos aeronaves que ya habían aterrizado en Panajachel. Sus pasajeros se dirigían a un congreso en hoteles de la zona, vinculado con aseguradoras, según relató un allegado del piloto.

El mismo allegado sostuvo que Molina tenía más de 15 mil horas de vuelo en helicóptero y que había comenzado a pilotar avionetas a los 16 años, antes de pasar a aeronaves bimotor y helicópteros. También afirmó que el piloto tenía dos hijas.

“El piloto todavía logró abrir la puerta de atrás y por eso fue que la gente logró salir”, aseguró el hombre, quien consideró que la puerta ubicada donde viajaba Molina podía haber quedado bloqueada por la presión del agua. Esa versión no fue confirmada por las autoridades.

El allegado atribuyó la caída a una falla de la aeronave y sostuvo que el piloto intentó evitar un impacto frontal contra el agua. Sin embargo, el mal clima y una posible falla mecánica solo figuraban como hipótesis extraoficiales: las autoridades aeronáuticas no habían confirmado la causa del siniestro.

Las autoridades aeronáuticas y policiales mantenían abierta la investigación sobre las circunstancias de la caída, mientras los equipos preparaban nuevas inmersiones para localizar el helicóptero y a los dos tripulantes desaparecidos.

Dos niñas de uno y ocho años murieron soterradas este viernes 9 de octubre, luego de que un desprendimiento de tierra cayera sobre una vivienda del caserío Cocol, en Joyabaj, Quiché. Una mujer adulta fue rescatada con vida y trasladada a un centro asistencial, mientras los equipos de emergencia verificaban la estabilidad del terreno y la posible presencia de otras personas afectadas.

El incidente ocurrió en una casa ubicada sobre la ruta que comunica Joyabaj con Pachalum. Tres personas se encontraban dentro de la estructura cuando la tierra y los escombros alcanzaron el inmueble, según la información preliminar de los Bomberos Voluntarios.

Las unidades de emergencia se movilizaron tras recibir las primeras alertas. Al llegar al lugar, los socorristas iniciaron las tareas de búsqueda y rescate con apoyo de personal técnico en urgencias médicas.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, confirmó que las menores fallecieron en el sitio. El reporte inicial de la institución estableció que las víctimas tenían ocho y un año.

La emergencia se produjo durante un período de lluvias que mantiene bajo observación a distintas regiones de Guatemala por los riesgos de inundaciones, derrumbes, deslizamientos, crecidas de ríos y daños en carreteras. Las autoridades no habían determinado si las precipitaciones influyeron directamente en el desprendimiento ocurrido en Cocol.

El rescate de una mujer de 25 años entre los escombros

Los bomberos localizaron con vida a una mujer de 25 años, identificada preliminarmente como Silvia Xorxe Gutiérrez. Recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladada a un hospital para una evaluación médica.

La identidad completa de las niñas no había sido confirmada oficialmente. Una de las informaciones difundidas por los socorristas las identificó como Nataly Manuela, de ocho años, y Luz Clarita, de un año, mientras otros reportes consignaron el apellido Uriales.

El desprendimiento dejó a la familia atrapada bajo tierra y restos de la vivienda. Los equipos de emergencia continuaron en el área para examinar las condiciones del terreno alrededor de la casa y descartar que hubiera más víctimas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología emitió a las 06:00 del viernes 9 de octubre el boletín especial BESS-2026-109, que alertó sobre la saturación de suelos en varias zonas del país. El organismo indicó que esos terrenos pueden perder capacidad de absorción de agua y volverse inestables.

San Antonio Ilotenango y Patzité, ambos municipios de Quiché, registraban una saturación igual o superior al 90% en la capa superficial del suelo, hasta 30 centímetros de profundidad, de acuerdo con el Insivumeh. Chajul y Chicamán, también en ese departamento, presentaban al menos ese nivel de humedad en las capas inferiores, entre 30 centímetros y tres metros de profundidad.

Joyabaj no figuraba entre los municipios mencionados expresamente en ese boletín. Por esa razón, la advertencia no permite establecer una relación directa entre la saturación señalada por el organismo y el deslizamiento que afectó la vivienda de Cocol.

Cuando el suelo está saturado, disminuye la infiltración del agua de lluvia y aumenta la escorrentía hacia ríos, riachuelos, quebradas y zanjas. Esa acumulación puede elevar el riesgo de crecidas repentinas y favorecer la inestabilidad de algunos terrenos, explicó la institución.

Lluvias y actividad eléctrica previstas para el fin de semana

Las precipitaciones podrían continuar el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche. El boletín informativo No. 333-2026 del Insivumeh prevé lluvias en la Ciudad de Guatemala, el Altiplano Central y Occidental, Petén, Alta Verapaz, el Caribe, la Franja Transversal del Norte y regiones del Oriente.

Para el Pacífico, el pronóstico contempla lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica. Las condiciones responden al ingreso de humedad, a factores atmosféricos locales y al posible acercamiento de una onda del este.

El ambiente sería cálido y húmedo durante el día, mientras que en las primeras horas de la mañana podría haber neblina en algunos sectores. Las lluvias acumuladas en los últimos días incrementaron los riesgos en comunidades cercanas a laderas y terrenos vulnerables.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas a través del Sistema CONRED. La institución recomendó no cruzar ríos crecidos, alejarse de laderas inestables, mantener limpios los drenajes y no buscar refugio bajo árboles durante tormentas eléctricas.

CONRED también solicitó a las familias preparar la Mochila de las 72 Horas, identificar rutas de evacuación y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al número 119.

Las autoridades de Gobernación, Defensa y el Organismo Judicial solicitaron al Congreso de Guatemala más de Q 23 mil millones para 2027, con el objetivo de incorporar agentes policiales, construir cárceles de máxima seguridad, ampliar la cobertura de juzgados y modernizar la infraestructura estatal.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Willy Ralda, del bloque Cabal, recibió las exposiciones de las tres instituciones durante una audiencia transmitida por el Canal del Congreso bajo la política de Congreso de Puertas Abiertas.

El Ministerio de la Defensa Nacional planteó un presupuesto de Q 6.374 millones, frente a los Q 4.643 millones asignados para 2026. La propuesta contempla Q 5.076 millones para funcionamiento y Q 1.298 millones para inversión.

Más patrullas, armas y nuevos agentes para la Policía Nacional Civil

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pidió Q 10.490 millones para 2027, Q 1.349 millones más que los Q 9.753 millones vigentes. El 95,7% de esos recursos se destinaría a gastos de funcionamiento y el 4,3% a inversión.

La cartera prevé asignar Q 444 millones al Bono de Bienestar Policial, Q 95 millones para adquirir cinco mil armas y Q 365 millones para comprar 800 patrullas y mil motocicletas. Otros Q 64 millones financiarían mobiliario y equipos como casilleros, cámaras y neumáticos.

Villeda sostuvo que la inversión busca enfrentar la falta de movilidad de la Policía Nacional Civil, que no realiza una compra significativa de vehículos desde 2019. El ministro relató el caso de una vecina de Mazatenango que no recibió asistencia durante una emergencia porque no había patrullas disponibles.

El funcionario indicó que el proceso para adquirir 540 patrullas ya concluyó y que los vehículos serían entregados durante la primera quincena de noviembre. También afirmó que la meta del Gobierno es incorporar 13.500 agentes de la PNC durante el período presidencial, 1.375 más que el objetivo inicial fijado por el presidente Bernardo Arévalo.

“Preferimos hacer una pausa, reordenar los temas, mejorar el tema de la carrera penitenciaria y continuar ya con unas bases sólidas”, señaló el ministro.

La cartera prevé concluir entre noviembre y diciembre de 2027 el Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad de Masagua, Escuintla. La obra forma parte de 13 proyectos de inversión registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, entre ellos la mejora del Centro de Cumplimiento de Condenas de Flores, Petén, y el remozamiento de comisarías, con 60 intervenciones ya terminadas.

Villeda también pidió aumentar en 110% los fondos destinados a los servicios de gobierno departamental. La medida busca acompañar una modificación al reglamento orgánico interno de las gobernaciones, aún pendiente ante la Oficina Nacional de Servicio Civil.

“Los gobernadores están involucrados en todo, pero no mandan absolutamente nada, ni tienen el personal correspondiente para lograr el propósito que requiere su función”, afirmó.

El Organismo Judicial busca duplicar sus recursos y crear 25 juzgados

La presidenta saliente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, solicitó Q 6.500 millones para 2027, casi el doble de los Q 3.308,8 millones asignados durante el ejercicio vigente. La magistrada asistió junto con Jenny Alvarado Tení, presidenta electa de ambas instituciones.

El Ministerio de Finanzas Públicas estimó Q 4.359 millones para el Organismo Judicial dentro del proyecto presupuestario. Paredes reclamó Q 2.141 millones adicionales para aplicar leyes aprobadas recientemente, entre ellas la Ley de Competencia, la Ley Antipandillas, reformas al Código Civil y la Ley de Insolvencias.

La planificación incluye 12 nuevas salas, 14 juzgados y tribunales, siete proyectos administrativos, 42 iniciativas tecnológicas y siete obras de infraestructura judicial en Villa Nueva, Izabal, Petén y Jutiapa. En total, el organismo proyecta habilitar 25 juzgados, de los cuales 23 estarían ubicados fuera de la capital.

“Hay una asignación de Q 777 millones orientados principalmente a fortalecer los órganos jurisdiccionales, unidades administrativas existentes, implementar nuevos órganos jurisdiccionales, ampliar la cobertura institucional, modernizar y fortalecer la infraestructura tecnológica e incrementar la capacidad para mejorar la eficiencia de prestaciones judiciales”, explicó Paredes.

La magistrada advirtió que, sin los recursos adicionales, el presupuesto alcanzaría únicamente para pagar la nómina actual y servicios básicos como electricidad, agua y telecomunicaciones, necesarios para desarrollar audiencias virtuales. Guatemala cuenta con ocho jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que los estándares internacionales citados por Paredes recomiendan 18.

La propuesta de Defensa financiaría el equipamiento de unidades militares, el mantenimiento de caminos, obras de infraestructura y el refuerzo de capacidades estratégicas. El viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Lemus, detalló la compra prevista de 2.600 fusiles, 59 ametralladoras, 11.220 tolvas y 57 lanzagranadas.

La institución también proyecta ampliar las operaciones terrestres, aéreas y marítimas, además de ejecutar 300.000 metros de dragado. Sus estimaciones contemplan acciones de gestión de riesgos para 6,3 millones de guatemaltecos, tareas de protección marítima, lacustre y fluvial para 2,9 millones, y operaciones de seguridad interior y exterior para 18,49 millones de habitantes.

Lemus confirmó retrasos en la construcción del Centro de Prevención El Triunfo, en Morales, Izabal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército prevé entregar la cárcel entre agosto y septiembre de 2027, si las condiciones climáticas permiten mantener el ritmo de las obras.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala reconoció como libre de Ceratitis capitata a la zona Alta del Valle del Río Aguán, en Honduras, una decisión que abarca los municipios de Arenal y Olanchito, en Yoro, y facilita el comercio de frutas y hortalizas sin tratamientos cuarentenarios adicionales.

La medida quedó formalizada en el Acuerdo Ministerial No. 153-2026, firmado el 25 de septiembre y publicado el 9 de octubre en el Diario de Centro América. La norma entró en vigor al día siguiente de su divulgación oficial.

El reconocimiento se basa en el expediente técnico presentado por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de Honduras, Senasa, y validado por el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones guatemalteco. La Subsecretaría de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones de Honduras también certificó la documentación.

La zona reconocida cuenta con 47.000 hectáreas bajo manejo sanitario en los municipios de Olanchito y Arenal. Desde 2020, el área dispone de puestos de cuarentena interna que inspeccionan vehículos y productos agrícolas en tránsito.

Una zona bajo vigilancia sanitaria desde 2002

Honduras declaró libre de la mosca del Mediterráneo al Valle del Río Aguán en 2002, mediante el Acuerdo Ejecutivo 657-02 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La condición se sostiene mediante una red de trampas que determina el estado fitosanitario del territorio e identifica las áreas con mayor riesgo.

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Oirsa, asumió la operación técnica y administrativa del programa mediante un convenio de cooperación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería hondureña.

El acuerdo guatemalteco se apoya en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, del que Guatemala y Honduras forman parte. También invoca el Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria, adoptado en 1997, que promueve la cooperación entre países frente a plagas que dañan cultivos y productos vegetales.

La resolución tiene como antecedente el Acuerdo Ministerial No. 191-2007, emitido por Guatemala el 27 de marzo de ese año, que estableció los procedimientos para reconocer áreas, sitios y huertos libres de plagas. La Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto 36-98, faculta al Ministerio a proteger vegetales, animales y productos no procesados de enfermedades y organismos perjudiciales.

El impacto de una plaga que deteriora la fruta

La mosca del Mediterráneo deposita sus huevos bajo la piel de los frutos. Las larvas se alimentan de la pulpa, provocan deterioro y pudrición, y pueden volver inviable la cosecha para el consumo o su comercialización.

La especie afecta a más de 260 plantas pertenecientes a más de 20 familias botánicas, entre ellas cítricos, café, mango, aguacate y hortalizas. Las pérdidas vinculadas con infestaciones pueden oscilar entre 10% y 60% de las cosechas afectadas, mientras que en condiciones graves el daño puede alcanzar la totalidad de la fruta.

La plaga fue detectada por primera vez en el continente americano en Guatemala en 1975. Dos años después se estableció en México, en el municipio fronterizo de Tuxtla Chico.

La condición de área libre tiene efectos directos sobre las exportaciones agrícolas, debido a que países importadores como Estados Unidos aplican restricciones de cuarentena a los productos procedentes de zonas infestadas. El aval de Guatemala permite que los productores del Alto Aguán accedan a mercados con exigencias sanitarias sin someter la fruta a tratamientos adicionales.

La publicación del Acuerdo Ministerial No. 153-2026 quedó exenta del pago de tarifa por ser considerada de interés estatal. El reconocimiento pone el estatus fitosanitario del Valle del Río Aguán a disposición de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de otros socios comerciales para respaldar el intercambio de productos vegetales entre Guatemala y Honduras.

El sector empresarial y las instituciones de seguridad y justicia de Guatemala formalizaron una alianza para reducir los homicidios a la mitad y fortalecer la certeza jurídica, durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026).

El acuerdo busca coordinar acciones contra la delincuencia, recuperar el control de las cárceles y crear condiciones para la inversión.

La iniciativa reunió al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de la Víctima.

Las entidades asumieron el compromiso de conectar bases de datos, acelerar procesos penales y definir metas medibles contra el crimen.

El encuentro, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), puso el foco en la relación entre seguridad, actividad económica y empleo.

La propuesta plantea que el país reduzca la tasa de homicidios a menos de ocho por cada 100 mil habitantes en 2036.

Arévalo vinculó la seguridad con la inversión y el empleo

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que la seguridad debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo.

“La seguridad es una base importante de cualquier proyección de desarrollo. Su ausencia impide la inversión, limita la creación de empleo y no permite que la prosperidad sea sostenible en el tiempo”, sostuvo ante empresarios y autoridades.

El mandatario también se refirió al impacto de las redes criminales sobre la economía formal. “Cada extorsión que paga un comerciante, cada territorio que controla el narcotráfico, cada quetzal que se lava, es inversión que no llega, empleo que no se crea y oportunidades que se niegan a nuestras familias”, expresó.

Arévalo respaldó la meta impulsada por Fundesa y señaló que el país cuenta con antecedentes para alcanzar una nueva reducción de la violencia. “Esta experiencia demuestra que cuando fortalecemos nuestras instituciones y trabajamos de manera coordinada, podemos proteger más vidas”, afirmó.

Fundesa advirtió sobre el costo económico de la violencia

El presidente de Fundesa, José Miguel Torrebiarte, señaló que la delincuencia representa un costo equivalente al 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

También expuso que la tasa de homicidios pasó de 46,4 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 16,3 a mediados de 2026, aunque el indicador mostró un estancamiento en los años posteriores a la pandemia.

“La seguridad es una condición indispensable para el desarrollo y Guatemala ya ha demostrado que puede avanzar en temas de seguridad”, declaró Torrebiarte, quien planteó reducir el índice a menos de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes en la próxima década.

El diagnóstico presentado durante ENADE incluyó la situación penitenciaria. Según Fundesa, el 70% de las extorsiones se coordina desde las cárceles.

El sistema alberga a 24 mil privados de libertad, con una sobrepoblación del 300%, unos 2 mil guardias por turno y un presupuesto equivalente al 0,08% del PIB, por debajo del promedio centroamericano de 0,17%.

El acuerdo apunta a recuperar el control de las cárceles

La estrategia de seguridad hacia 2036 propone fortalecer a la PNC, ampliar el programa Zonas Seguras, facilitar denuncias anónimas y protegidas, integrar los sistemas de información de justicia y construir centros de máxima seguridad.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Carlos Arias, afirmó que dos de cada 10 empresas fueron víctimas de extorsiones.

“La seguridad no es un tema aparte de la economía, es su base. Ningún inversionista llega a donde no puede proteger a su gente”, sostuvo.

Arias pidió que el Ejecutivo, el Congreso y el sector justicia actúen como un sistema con rendición de cuentas.

Entre las prioridades mencionó adecuar la normativa contra el lavado de dinero a estándares internacionales, aprobar leyes de ciberseguridad y contrataciones del Estado, recuperar los centros penales y consolidar una justicia independiente.

Torrebiarte añadió que el Organismo Judicial enfrenta para 2027 una brecha presupuestaria estimada en 2.141 millones de quetzales. Según Fundesa, el 91,7% de su asignación actual se destina a gastos fijos, mientras que solo el 5% del Presupuesto General de la Nación llega al sector justicia.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se comunicó este viernes con su par panameño, José Raúl Mulino, para ofrecer apoyo tras el terremoto que sacudió Panamá y cuya magnitud fue situada posteriormente en 7,6 por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El mandatario confirmó que los guatemaltecos radicados en el país vecino se encuentran a salvo.

“Me he comunicado con el presidente @JoseRaulMulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten”, escribió Arévalo en su cuenta de X. El jefe de Estado cerró su mensaje con “un abrazo fraterno al pueblo panameño”.

La alerta de tsunami se extendió a nueve países del Pacífico: Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador, México y Guatemala. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en sus costas.

La Embajada de Guatemala en Panamá informó que no había recibido reportes de ciudadanos guatemaltecos afectados y que mantenía el monitoreo de la situación. La sede diplomática tiene registrados a 3.089 ciudadanos guatemaltecos en territorio panameño.

Para responder consultas y solicitudes de asistencia, la representación habilitó el teléfono de emergencia +507 6892-0971 y el correo electrónico conspanama@minex.gob.gt. El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a la comunidad guatemalteca seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar únicamente fuentes oficiales.

Me he comunicado con el presidente @JoseRaulMulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten.

Nuestra embajada nos confirma que los guatemaltecos en ese país se encuentran a salvo.…

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 9, 2026

El epicentro a 14 kilómetros de Pitaloza Arriba

El sismo ocurrió a las 12:56, hora local, con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Los Santos, y a una profundidad de 33 kilómetros. La ubicación fue reportada tanto por el Servicio Geológico de Estados Unidos como por el Servicio Geológico Colombiano.

Las primeras estimaciones fijaron la magnitud en 7,2 y luego la elevaron a 8,0. Mediciones posteriores del organismo estadounidense la situaron en 7,6, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó valores de entre 7,0 y 7,2, con un epicentro próximo a Tonosí, en la península de Azuero.

El temblor se percibió con fuerza en Ciudad de Panamá y en varias provincias del interior, donde habitantes salieron de sus viviendas. En los primeros reportes no se había confirmado la existencia de víctimas ni daños materiales de consideración.

Mulino pidió calma y ordenó a los organismos estatales atender la emergencia. “He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos que informen sobre los efectos, llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, publicó el presidente panameño en X, en referencia a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil.

El seguimiento preventivo en las costas guatemaltecas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología emitió un boletín a las 12:28 en el que advirtió sobre un posible arribo de olas a la costa del Pacífico guatemalteco desde las 14:36. También solicitó a las instituciones del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que activaran sus alertas y mantuvieran el seguimiento en tiempo real.

El Insivumeh explicó que un tsunami está formado por una serie de olas que se desplazan fuera de su zona de origen y pueden alcanzar distintas costas con intervalos de pocos minutos hasta una hora. Esos períodos pueden prolongarse según las circunstancias.

La altura de las olas puede variar de manera considerable incluso entre zonas cercanas. Algunas regiones pueden registrar cambios menores en el nivel del mar, mientras otras pueden sufrir una afectación mayor.

En Colombia, el movimiento se sintió en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda, además de sectores de la costa Caribe. Las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas en edificios y áreas residenciales y mantuvieron recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de réplicas.

En Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada inició un monitoreo luego de que el sistema de vigilancia de tsunamis advirtiera un peligro inminente para el litoral. Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas costeras alejarse de las playas y dirigirse a áreas elevadas como medida preventiva.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala declaró bajo reserva parcial durante siete años los planos y documentos técnicos de la futura cárcel de máxima seguridad de Masagua, Escuintla, para impedir que la información sobre su diseño facilite fugas, motines, sabotajes o ataques de estructuras de delincuencia organizada cuando el centro entre en funcionamiento.

La medida quedó establecida en la Resolución Ministerial 000769, firmada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, y fechada el 8 de octubre de 2026. La disposición protege los componentes técnicos del proyecto, pero mantiene públicos sus datos administrativos, presupuestarios, financieros y contractuales, siempre que no permitan deducir el contenido reservado.

El penal será construido en la finca Cuyuta, lote 218, del municipio de Masagua. Su denominación oficial es Proyecto Ejecutivo “Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres”.

Los planos, accesos y controles bajo reserva

La clasificación alcanza la totalidad de los elementos técnicos del proyecto: características arquitectónicas, constructivas, funcionales y operativas. También incluye los productos generados durante la fase de preinversión que permitan conocer o reconstruir la configuración de la cárcel.

La resolución advierte que la divulgación de esos detalles podría revelar accesos, rutas de circulación internas, sistemas de control e instalaciones consideradas críticas. El riesgo, según la cartera, existe desde las etapas de contratación, construcción y equipamiento del establecimiento.

El Ministerio de Gobernación sostuvo que el conocimiento anticipado de la infraestructura podría utilizarse para neutralizar los sistemas de seguridad o planificar evasiones, rescates, motines, ingreso de armas, drogas y otros objetos prohibidos. Entre los escenarios contemplados figuran también sabotajes y ataques desde el exterior.

La reserva fue fundamentada en los artículos 23 y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008. Esas normas permiten restringir información cuando su divulgación pueda provocar un daño presente, probable o específico.

La decisión no bloquea por completo el acceso a los expedientes relacionados con la obra. Los aspectos de contratación, ejecución presupuestaria, financiamiento y administración seguirán disponibles al público, salvo que su publicación parcial revele o permita inferir los componentes técnicos protegidos.

En ese supuesto, la clasificación podrá extenderse al documento completo. La resolución establece que no basta con ocultar planos o especificaciones si el resto de la documentación permite reconstruir la información reservada.

La solicitud para aplicar la medida fue presentada por el director ejecutivo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia. El pedido incluyó una opinión jurídica emitida el 11 de septiembre de 2026.

El Consejo Específico de Información Pública del Ministerio de Gobernación avaló posteriormente la clasificación mediante un acta administrativa del 24 de septiembre. El organismo concluyó que era “pertinente y necesario” proteger parcialmente el proyecto conforme a la legislación vigente.

La custodia de los documentos y los atrasos de la obra

La Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia custodiará los documentos clasificados durante las fases de contratación, construcción, equipamiento y recepción del penal. Cuando el centro sea entregado formalmente, la responsabilidad pasará a la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El cambio de autoridad encargada de los expedientes no levantará ni modificará la reserva. La protección seguirá vigente durante el plazo fijado y podría ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

La cárcel de Masagua fue planteada durante el gobierno de Alejandro Giammattei y retomada por la administración de Bernardo Arévalo. Aunque la obra fue adjudicada a finales de 2023, no avanzó conforme a los plazos previstos inicialmente.

En agosto de 2025, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció que el proyecto acumulaba un año de atraso. El exfuncionario atribuyó las demoras de 2024 a problemas surgidos durante la preinversión, entre ellos discrepancias en la medición y el registro catastral del terreno, además de la oposición de pobladores locales.

Villeda informó ante la comisión de Finanzas del Congreso que la licitación de la obra se publicaría el 9 de octubre. Las estimaciones de la cartera sitúan la entrega del centro entre noviembre y diciembre de 2027, aunque ese calendario depende de procedimientos administrativos que todavía están pendientes.

El proyecto de Masagua forma parte de la estrategia gubernamental para modernizar el sistema penitenciario guatemalteco. La iniciativa se suma a la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, ubicada en Morales, Izabal.

Bomberos Voluntarios identificaron a la víctimas del accidente aéreo en el Lago de Atitlán en Guatemala, quienes asistirían a una capacitación corporativa que fue suspendida luego de lo ocurrido.

El acuatizaje ocurrió este jueves 8 de octubre, luego de que un helicóptero privado con siete personas a bordo cayó en aguas del Lago de Atitlán. Dos personas, incluido el piloto, siguen sin aparecer.

El siniestro ocurrió en la jurisdicción de Panajachel, departamento de Sololá, cuando la aeronave realizaba una maniobra de aproximación hacia el helipuerto de un complejo hotelero tras despegar desde la capital del país.

De los ocupantes, cinco resultaron rescatados con vida, mientras que el piloto y un pasajero permanecen sumergidos en la estructura.

Un trayecto de media hora que terminó abruptamente en la bahía de San Buenaventura

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detalló que la aeronave, un Airbus Helicopters EC130 (registrado también como modelo H130) con matrícula TG-GUH, despegó a las 12:11 horas del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala.

El tiempo estimado de vuelo era de 30 minutos. Sin embargo, entre las 12:35 y las 12:48 horas, el aparato perdió altitud de forma repentina frente a las costas de la finca San Buenaventura.

Plataformas de rastreo aéreo como Flightradar24 precisaron que el vehículo aéreo realizó tres operaciones consecutivas durante la jornada.

A las 09:18 horas completó una ruta hacia Antigua Guatemala de 17 minutos de duración, la cual repitió a las 11:41 horas. En su tercer trayecto, mientras sobrevolaba el Lago de Atitlán a una altitud de 5.150 pies con 18 minutos de travesía, la señal del radar se interrumpió de manera definitiva.

Los rescatistas evacuaron a cinco ejecutivos y mantienen la búsqueda de dos personas

Informes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que la comitiva de pasajeros estaba integrada por ejecutivos que se trasladaban a una capacitación corporativa en un hotel local, actividad que quedó suspendida tras el percance.

Los cuerpos de socorro lograron la evacuación con vida de cinco personas: Andrea Lozano Ardón de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Morales Catú, Cáterin Victoria Chay Carrillo y Sandra Natali Santizo Romero. Ninguno presentó heridas graves y todos quedaron alojados en el mismo establecimiento hostelero bajo evaluación médica.

Por el contrario, el capitán y piloto de la aeronave, Jorge Rodolfo Maldonado, así como el pasajero Pablo José Polanco Agustín, no salieron a la superficie y continúan dentro de la estructura sumergida.

Personal de socorro presume que ambas víctimas quedaron atrapadas en el fuselaje cuando el aparato impactó sobre la superficie acuática.

La profundidad del lago representa el principal obstáculo para las inmersiones de salvamento

Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios e integrantes del Apostadero Naval del Ejército de Guatemala desplegaron a un equipo especializado de 40 rescatistas, conocidos como Hombres Rana, con el objetivo de ubicar los restos.

Las estimaciones de la PNC ubican al helicóptero a una profundidad estimada de entre 200 y 300 metros, lo cual excede el límite operativo de buceo convencional de los socorristas, fijado en 100 metros.

Para superar esta limitante, los brigadistas incorporaron tecnología que incluye el dispositivo de sonar Aqua Eye, un dron subacuático y bolsas de elevación especializadas.

No obstante, las adversas condiciones meteorológicas y las intensas lluvias en Panajachel obligaron a suspender temporalmente los trabajos bajo el agua.

Las autoridades aeronáuticas y policiales mantienen abierta la investigación para esclarecer las fallas técnicas o humanas que provocaron el descenso intempestivo de la unidad.

Un integrante del Ejército de Guatemala falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Según las autoridades el tiro fue efectuado por un francotirador durante tareas de seguridad en el municipio de El Tumbador, en el departamento de San Marcos.

El ataque ocurrió el 8 de octubre en la denominada elevación 3 mil, un sector con disputas territoriales históricas donde también opera el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó el deceso durante la conferencia de prensa La Ronda de este jueves 8 de octubre y explicó que el efectivo militar permanecía apostado entre comunidades en conflicto cuando sufrió el impacto directo desde otra posición.

“Lastimosamente hoy el Ejército de Guatemala está de luto porque un francotirador, desde otra posición, disparó a las posiciones militares e impactó en la cabeza del soldado, dejándolo fallecido inmediatamente”, declaró el funcionario.

Además, explicó: “Al decir francotirador, es la característica de la distancia y la precisión del objetivo que disparó”, explicó.

Aunque el soldado no fue identificado de manera oficial, fuentes del Ejército confirmaron a Infobae que se trató de Isaías Valentín Ramírez Salvador originario del caserío Las Vírgenes, en el municipio de El Tumbador, San Marcos.

El ataque ocurrió en una zona de alta presencia del crimen organizado

Las fuerzas armadas mantienen un despliegue permanente en la región con el propósito de ubicarse entre poblaciones rivales y prevenir trágicos enfrentamientos.

Según la información oficial, la tensión en San Marcos se debe a conflictos comunitarios de larga data que han facilitado el asentamiento de estructuras delictivas de alto impacto.

“Hay un problema de muchos años en las comunidades de San Marcos”, indicó Henry Sáenz, quien comparó esta labor con los operativos desplegados en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá.

El jefe castrense vinculó el panorama de inseguridad a la presencia de grupos que poseen capacidad táctica y armamento de combate.

De acuerdo con las autoridades, las fuerzas de seguridad pública y el Ejército han confiscado más de 7.000 armas en lo que va del periodo gubernamental, entre las cuales figuran lanzacohetes y fusiles de alta precisión.

“Dentro de esas ha habido armas RPG-7, ha habido armas de fusiles de francotirador y ha habido armas de uso exclusivo militar”, afirmó el ministro.

Las autoridades investigan el origen y la autoría del disparo

Aunque no atribuyó la autoría del crimen a una banda en particular, Henry Sáenz advirtió sobre los riesgos que implica la convergencia entre conflictos locales y bandas delictivas internacionales.

“En esa región hay mucho crimen organizado que se convierte en crimen organizado transnacional”, aseveró el titular de la Defensa Nacional, quien fundamentó la calificación del atacante como francotirador en la distancia y la exactitud de la agresión.

El Ministerio Público (MP) asumió la conducción de las diligencias para determinar el lugar preciso desde donde se efectuó el disparo y la identidad del responsable.

“Obviamente el Ministerio Público, al llegar a hacer las diligencias que necesita hacer, va a determinar de dónde se disparó, quién. No tenemos nosotros el dato en este momento”, señaló el ministro.

Además, descartó cualquier posibilidad de que se haya tratado de un incidente interno al remarcar: “Lo que sí le puedo decir es que no nos disparamos nosotros mismos y eso es muy poco probable”.

La familia del exministro de Comunicaciones de Guatemala Javier Maldonado Quiñónez pidió que las autoridades investigar a fondo las circunstancias de su fallecimiento y expresaron dudas sobre la hipótesis inicial de un posible suicidio.

Ricardo Maldonado Quiñónez, hermano del exfuncionario, sostuvo que la trayectoria de la herida de bala que observó durante el funeral plantea interrogantes que, según dijo, deben ser esclarecidos por peritos.

El exfuncionario fue hallado herido de bala la noche del 6 de octubre dentro de una residencia de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales lo trasladaron en estado agónico a un centro asistencial privado, donde murió pese a la atención médica.

La familia cuestionó la trayectoria del disparo

Ricardo Maldonado afirmó que el orificio de entrada del proyectil estaba detrás de una oreja y que la salida se produjo en la parte frontal. A partir de esa observación, consideró que resulta “muy difícil” pensar que su hermano se haya disparado a sí mismo.

“Vemos cuestiones que no cuadran”, dijo el hermano del exministro. Según relató en una entrevista al medio local Sur Tv Intercable, se percataron de la ubicación de la herida cuando la familia abrió el féretro para dejar un rosario y un escapulario junto al cuerpo.

El familiar señaló que en Guatemala existen capacidades institucionales para determinar qué ocurrió, pero reclamó que los investigadores realicen las diligencias necesarias. También indicó que la familia solicitará apoyo al Gobierno de Estados Unidos, ya que sus integrantes poseen doble ciudadanía.

“No nos estamos echando culpas entre nosotros, pero hay cuestiones que tenemos que ver”, sostuvo Ricardo Maldonado, quien pidió que no se cierre el caso sin una investigación técnica sobre la escena, el arma localizada y la lesión que sufrió el exfuncionario.

La Policía Nacional Civil investiga un posible suicidio

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una de las primeras líneas de investigación apuntan a un posible suicidio, aunque aclaró que el hecho continúa bajo investigación. En la vivienda, ubicada en la colonia Vista Hermosa, agentes y fiscales localizaron un arma de fuego y manchas de sangre.

De acuerdo con el parte policial, la conviviente de Maldonado Quiñónez, Alvy Alejandra López Mauricio, ella se encontraba en la cocina cuando escuchó una detonación. Al llegar a la sala, encontró al exministro tendido en el suelo, con sangre en el rostro y un arma junto a él.

La mujer declaró a los agentes que el exfuncionario recibía tratamiento psicológico y que, cuatro semanas antes, habría intentado quitarse la vida. En esa oportunidad, ella le arrebató el arma e impidió que se disparara.

Las autoridades no han difundido aún resultados de peritajes balísticos, análisis forenses o reconstrucciones de la escena que permitan confirmar la causa de la muerte. La hipótesis de suicidio no ha sido establecida de forma definitiva.

Despiden los restos del exfuncionario

Amigos y familiares despidieron el cuerpo de Javier Maldonado Quiñónez con una misa de cuerpo presente en la iglesia del municipio de Chicacao, del departamento de Suchitepéquez.

Luego de la ceremonia el cuerpo fue llevado en brazos hacia el Parque Central de la localidad, donde estuvieron presentes los padres del exfuncionario.

En el lugar, Ricardo Maldonado ofreció unas palabras a los asistentes donde agradeció las muestras de cariño, pero también pidió perdón por aquellos que, según él, “se ríen de la desgracia familiar”.

“Javier Maldonado hizo mucha obra con orgullo, con pasión, con valores inculcados. Dicen que habían caletas llenas, dicen que habían maletas llenas.. decían que el dinero estaba en Chicacao. El tesoro estaba en Chicacao: Es su pueblo, es su sangre en nuestros sobrinos, ese es el tesoro que deja mi hermano”, afirmó.

Maldonado Quiñónez enfrentaba denuncias por su gestión

Javier Maldonado Quiñónez dirigió el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) entre julio de 2021 y enero de 2024, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Antes había ocupado el cargo de viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública.

Tras la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia, el exministro fue denunciado por presuntas irregularidades durante su gestión.

Entre los casos figuraban un supuesto fraude en el programa de cocinas temporales, con desembolsos cuestionados por Q53 millones(unos USD 6.9 millones), y pagos vinculados con la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango.

También fue mencionado en una investigación sobre contrataciones dentro del CIV. Las denuncias no equivalen a una condena, y no se informó sobre una sentencia firme contra Maldonado Quiñónez por esos hechos.

La familia espera ahora que el Ministerio Público y la PNC determinen, mediante pericias y otras diligencias, si la muerte del exministro correspondió a un suicidio o si existieron circunstancias criminales.

Pide ayuda

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

El Ejecutivo de Guatemala admitió que efectivos militares realizaron disparos durante los hechos violentos registrados en el municipio de Huité, departamento de Zacapa, y puso a disposición de la justicia a 107 efectivos tras el saldo de ocho personas fallecidas.

El presidente Bernardo Arévalo y el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos, anunciaron la conclusión del informe interno de investigación y la entrega inmediata de la documentación al Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades penales.

Como parte de las medidas administrativas asumidas tras el suceso, las autoridades formalizaron el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de división José Geovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería con sede en Zacapa, coronel de infantería Erwin Constanza Hidalgo.

Las remociones buscan garantizar la independencia de las pesquisas judiciales e institucionales, luego de que el coronel de infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez presentara una denuncia formal ante la fiscalía en la que planteó la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales.

El Gobierno dispone el retiro de mandos y la entrega de armamento al Ministerio Público

El ministro Sáenz explicó, durante la conferencia de prensa La Ronda de este jueves 8 de octubre, algunos detalles de lo ocurrido, mientras que afirmó que el informe elaborado por una comisión multidisciplinaria del Ejército está bajo reserva por orden del Ministerio Público.

Según la versión oficial, la presencia del contingente castrense en el área tenía como fin instalar puestos de control vial en las vías de acceso a la localidad.

Respecto al uso de la fuerza, Sáenz detalló la actuación de las tropas desplegadas en el sector: “El informe establece que, al escucharse detonaciones de arma de fuego y no tenerse identificada una amenaza ni conocerse el motivo de las detonaciones, el personal militar realizó disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida o la integridad física”.

No obstante, insistió en que en ese momento “se tomó la decisión de no ingresar al enfrentamiento armado con el propósito de evitar un posible escalonamiento de violencia y mayores riesgos”. Ello, pese a que videos publicados por el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Huité evidencian la participación de los soldados.

El caso permanece bajo reserva judicial mientras persisten las incógnitas sobre el operativo

Tanto el armamento como los pertrechos de la unidad involucrada quedaron bajo resguardo en la Segunda Brigada de Infantería, donde los 107 militares, entre oficiales y tropa, permanecen concentrados a disposición de las citaciones de los fiscales del Ministerio Público.

Pese a la entrega del expediente de investigación castrense, el presidente Arévalo aclaró que la documentación se mantiene bajo reserva judicial ordenada por los tribunales competentes, lo que impide divulgar los detalles de las conclusiones.

Diversas dudas aún rondan en el ambiente respecto a la secuencia de los acontecimientos. Inicialmente, tanto el Ministerio de Gobernación como las autoridades de Defensa negaron haber participado en el operativo.

Sin embargo, un informe preliminar elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) vinculó la balacera con un presunto intento de captura contra Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, presunto líder de la estructura delictiva Los Lorenzana.

Además, la circulación de videos del Cocode en redes sociales confirmó la presencia de vehículos militares tipo J8 en las inmediaciones del municipio entre las 20 y las 21 horas, horas después del primer tiroteo registrado cerca del campo de fútbol local.

Ante la incertidumbre de la población, Sáenz manifestó: “A las familias de las víctimas y al pueblo de Huité, reitero mi solidaridad y nuestro compromiso de actuar con seriedad, objetividad y transparencia”.

Los hechos del 27 de septiembre dejaron ocho muertos y decenas de indicios balísticos

Los sucesos violentos ocurridos el pasado 27 de septiembre en Huité, Zacapa, dejaron un saldo de ocho personas fallecidas tras una serie de tiroteos registrados en distintas zonas de la localidad.

Durante el procesamiento de la escena, peritos del MP trabajaron en cuatro escenarios diferentes, donde recolectaron un total de 77 indicios balísticos.

Aunque las versiones oficiales iniciales atribuyeron los disparos a un choque entre grupos rivales del crimen organizado, el despliegue del Ejército de Guatemala y las posteriores denuncias sobre la actuación de la tropa mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el grado de implicación de los efectivos y determinar las responsabilidades penales del suceso.

Minutos de horror vivieron varios pasajeros de una helicóptero, cuando éste se precipitara al vacío y cayera sobre el Lago de Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá en Guatemala.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detalló que se trata de la aeronave marca Airbus Helicopters EC 30, matrícula TG-GUH, el cual partió del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 12:11 horas con siete personas a bordo.

Según detallaron, el destino del helicóptero era el departamento de Sololá y se dirigía específicamente a un hotel ubicado al norte del Lago de Atitlán. Mientras que el percance habría ocurrido entre las 12:35 y 12:48 horas.

Dos personas siguen desaparecidas

Por su parte, el cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que personal operativo y elementos especializados en el salvamento y rescate acuático, conocidos como “Hombres Rana” se movilizaron al lugar del accidente, donde ya realizan inmersiones de buceo en el lago de Panajachel, Sololá.

Hasta ahora, se ha logrado la evacuación de cinco personas, las cuales se encuentran sanas y salvas, únicamente con crisis nerviosa.

Sin embargo, dos personas más continúan desaparecidas, por lo que buceadores certificados de Bomberos Voluntarios continúan en la búsqueda de los desaparecidos.

Datos de la aeronave

La página de seguimiento de aeronaves detalla que el helicóptero pertenece a una aerolínea privada, de la cual no se detalla el nombre.

Sin embargo, detalla que este jueves 8 de octubre la aeronave realizó tres vuelos, el primero desde la Ciudad de Guatemala y salió a las 9:18 horas.

Un segundo lo inició en el mismo lugar y salió a las 11:41 horas y el tercero a las 12:11 horas, el cual terminó accidentado en el Lago de Atitlán.

Siniestros aéreos en Guatemala encienden las alarmas de seguridad operacional

El espacio aéreo guatemalteco ha registrado diversos incidentes y accidentes fatales entre el 1 de enero y el 7 de octubre de 2026, evidenciando los retos en materia de seguridad operacional para la aviación civil y comercial del país.

Uno de los hechos más graves ocurrió la noche del 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, cuando una avioneta Cessna 182H (matrícula TG-JEB) se precipitó a tierra en una zona boscosa.

El desplome, ocurrido en el marco de actividades locales, dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y múltiples heridos, lo que motivó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a endurecer la vigilancia sobre vuelos no regulados.

Semanas más tarde, el 3 de julio, una aeronave monomotor Beechcraft 35 Bonanza (matrícula TG-PIP) se estrelló en una agreste zona montañosa de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Las labores de búsqueda coordinadas con unidades de ala rotativa permitieron ubicar los restos, confirmándose el fallecimiento de sus tres tripulantes tras activarse la señal de emergencia del Transmisor de Localización (ELT).

Por otro lado, incidentes recientes han dejado saldos más favorables. El 7 de octubre, un avión agrícola destinado a labores de fumigación sufrió un desplome en una finca de Tiquisate, Escuintla. Afortunadamente, el piloto sobrevivió al impacto y fue trasladado consciente a un centro asistencial.

Ante esta serie de percances, la DGAC mantiene abiertas múltiples investigaciones técnicas a través de su unidad especializada, reiterando el llamado imperativo a operadores y pilotos para cumplir estrictamente con los protocolos aeronáuticos y salvaguardar la vida humana en cada ruta.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inauguró este jueves Abrelatam con Datos 2026, el encuentro regional sobre transparencia y gestión de información pública que se desarrolla desde el 7 de octubre en Ciudad de Guatemala.

El mandatario anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos será aprobada en diciembre y comenzará a aplicarse en 2027, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y la coordinación estatal.

La decimocuarta edición reúne las conferencias de Abrelatam y Condatos bajo el lema “Datos en movimiento”.

La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con la participación de autoridades nacionales, organismos internacionales, organizaciones civiles y delegaciones de América Latina y el Caribe.

Guatemala avanzó del puesto 146 al 142 entre 182 países evaluados por Transparencia Internacional en su índice de percepción de la corrupción. La puntuación nacional pasó de 24 en 2024 a 26 puntos en 2025, una mejora que Arévalo vinculó con las políticas de transparencia e integridad impulsadas por su administración.

“El Estado, cuando abre los datos, no pierde poder, gana confianza”, afirmó el Presidente. También sostuvo que gobernar supone asumir responsabilidad sobre lo público y rendir cuentas mediante la difusión de la información producida por la administración.

Transparencia presupuestaria y evaluación de resultados

El Ministerio de Finanzas Públicas obtuvo 71 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria en la más reciente Encuesta de Presupuesto Abierto, una evaluación independiente de la International Budget Partnership.

La calificación quedó por encima del promedio regional, mientras que el indicador de participación ciudadana llegó a 41 puntos, frente a los 19 alcanzados en la edición anterior.

La ministra de Finanzas Públicas, Débora Alvarado, atribuyó parte de los avances a la adopción de un estándar de datos para contrataciones abiertas y a la creación del Comité de Usuarios de Datos Abiertos. Ese espacio permitió al ministerio recibir aportes de periodistas, organizaciones sociales y centros de investigación para modificar sus herramientas de consulta.

“Nuestra aspiración es construir ecosistemas de datos que se sostengan en el tiempo, que trasciendan los cambios de administración”, señaló Alvarado. La cartera trabaja junto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en un ejercicio participativo de planificación y presupuesto abierto, además de documentos presupuestarios dirigidos a públicos no especializados.

El secretario de Segeplan, Carlos Mendoza, planteó que la apertura de información pública amplía la posibilidad de que la ciudadanía cuestione, discuta y proponga alternativas frente a las decisiones estatales. El funcionario advirtió que uno de los principales problemas de la gestión consiste en ejecutar presupuestos sin conocer su efecto concreto en la vida de las personas.

“Los datos pueden ayudarnos a responder y también a corregir cuando la respuesta nos resulta incómoda”, dijo Mendoza. Para el secretario, la planificación debe estar conectada con el seguimiento y la evaluación de cada obra o programa estatal.

Mendoza también alertó sobre los riesgos de utilizar inteligencia artificial basada en información incompleta. Si los datos públicos dejan fuera a pueblos indígenas o comunidades rurales, sostuvo, las respuestas automatizadas reproducirán esa exclusión territorial.

La apertura de información como política duradera

Arévalo mencionó una agenda de modernización del organismo ejecutivo enfocada en resolver problemas de coordinación entre instituciones y sistemas que, según indicó, funcionaron desconectados durante años. La estrategia nacional de datos abiertos es liderada por el Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Gobernación, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El director ejecutivo de Red Ciudadana, Julio Herrera, pidió convertir la publicación de información en una política de Estado que continúe después de la actual administración. “Un gran legado para esta administración es que lo que hoy se abra no vuelva a cerrarse nunca más”, expresó ante el mandatario.

Herrera reconoció los avances de Finanzas Públicas en transparencia fiscal y de Segeplan en la publicación de datos sobre planificación e innovación pública, aunque señaló que aún queda un camino amplio. También agradeció el respaldo del Banco de los Trabajadores, la Embajada de Taiwán, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banrural, el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El jefe de Gobierno Digital de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos, Mike Mora, destacó el desarrollo de la estrategia guatemalteca. El encuentro abordará cinco ejes: gobernanza de datos e inteligencia artificial, infraestructura pública digital, transparencia e integridad del gasto público, democracia y espacio cívico, y equidad territorial.

La oficial regional de comunicación de Hivos, Gabriela Melgar, sostuvo que la información adquiere capacidad de transformación cuando se combina con el trabajo de periodistas, activistas y movimientos sociales. La organización acompaña a movimientos feministas, LGBTIQ+, de mujeres indígenas y defensores del territorio en distintos países de la región.

La directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Gloria, recordó que Abrelatam con Datos nació hace más de una década como una comunidad regional para intercambiar herramientas y experiencias. “No necesariamente vamos a salir de Guatemala con todas las respuestas, pero sí podemos salir con mejores preguntas”, afirmó.

El encuentro continuará durante los próximos dos días con sesiones sobre los cinco ejes temáticos y con el pitch day del desafío “Datos por la Democracia”, organizado en el marco de los 25 años de la Carta Democrática Interamericana.

Una ofensiva coordinada por INTERPOL contra las redes de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna silvestre dejó 233 detenidos en nueve países de América Latina y el Caribe, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La operación también permitió recuperar más de 1.000 animales vivos e identificar 60.000 hectáreas de bosque talado de forma ilegal.

La Operación Madre Tierra VIII, desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de julio, reunió a fuerzas de seguridad de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El operativo estuvo coordinado desde la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, con sede en San Salvador. Según INTERPOL, las organizaciones investigadas movían madera, especies protegidas y minerales mediante rutas que también se utilizan para otros mercados ilegales.

La Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el nombramiento de Jonathan Menkos al frente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, dispuesto por el presidente Bernardo Arévalo, y dejó sin efecto las actuaciones que el funcionario realizó desde su toma de posesión el 1 de octubre. La medida responde a acciones que cuestionaron su continuidad como diputado mientras ejercía la Presidencia del banco central.

La decisión judicial llegó después de que la Embajada de Estados Unidos manifestara que no guardaría silencio ante intentos de “politizar el Banco de Guatemala, socavar su independencia o poner en riesgo la estabilidad económica del país”. La representación diplomática también respaldó la autonomía de la Corte de Constitucionalidad para resolver sin presiones externas ni represalias.

El amparo fue promovido por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, conocido como Cacif, y posteriormente se sumó una segunda acción del diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos. Ambos recursos objetaron que Menkos conservara su condición de legislador mientras asumía la máxima autoridad del Banco de Guatemala.

Los accionantes sostuvieron que esa situación contraviene el artículo 112 de la Constitución y los artículos 18 y 31 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. La controversia se concentró en la compatibilidad entre la curul de Menkos y sus nuevas funciones dentro de la institución responsable de la política monetaria del país.

El Banco de Guatemala es una institución vital para la estabilidad económica del país. Estados Unidos también respeta la autoridad de la Corte de Constitucionalidad para tomar decisiones de manera independiente, libre de presiones externas o represalias, y su papel fundamental en…

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 8, 2026

Las restricciones para futuras designaciones en el banco central

Los magistrados ordenaron a Arévalo comprobar, antes de cualquier futura designación, que la persona propuesta reúna los requisitos legales y las calidades exigidas para el puesto. También deberá verificar que el candidato no esté alcanzado por prohibiciones o incompatibilidades para ejercer el cargo.

La Corte de Constitucionalidad conminó al mandatario a “abstenerse de nombrar personas que incumplen con lo dispuesto en los artículos 14 y 28 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala”. El tribunal dispuso además que las designaciones respeten las normas constitucionales vinculadas con la función pública.

La resolución fue adoptada luego de una sesión convocada para el 8 de octubre a las 10:30 horas por la presidenta del tribunal, Gladys Annabella Morfín Mansilla. El expediente del amparo presentado por el sector empresarial fue identificado con el número 9292-2026.

El Cacif había reclamado públicamente una demora en el trámite y recordó que el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece un plazo de ocho días para que el tribunal se pronuncie sobre una suspensión provisional desde la presentación del recurso.

La organización empresarial promovió su acción el 1 de octubre y pidió que se suspendieran los efectos de la juramentación de Menkos. También solicitó que el vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco Valdés, asumiera de manera interina la dirección de la entidad hasta que se resolviera el fondo del litigio.

El planteamiento del Cacif se apoyó en el permiso que el Congreso concedió a Menkos en enero de 2024 para dejar temporalmente sus funciones legislativas y asumir como ministro de Finanzas Públicas. Para el gremio, aquella autorización no eliminó su calidad de diputado ni su curul, sino que suspendió el ejercicio de sus atribuciones parlamentarias.

“Un permiso para ejercer un cargo ejecutivo no extingue la calidad de diputado ni la curul; únicamente suspende temporalmente su ejercicio. Por ello, esta calidad es un impedimento legal”, sostuvo el Cacif. El cuestionamiento se trasladó luego a su nombramiento como presidente del banco central.

Arévalo remitió a la Corte un informe circunstanciado dentro del plazo de 48 horas otorgado por el tribunal. El Presidente defendió que Menkos no ejerce una doble función pública remunerada y sostuvo que el artículo 160 de la Constitución permite a los diputados desempeñar cargos en entidades autónomas o descentralizadas si cuentan con autorización del Congreso.

Con esos argumentos, el mandatario pidió que se rechazaran de manera definitiva los amparos presentados contra la designación. La suspensión provisional, sin embargo, paralizó los efectos del nombramiento mientras continúa el análisis judicial de los recursos.

El recambio de cinco gerencias bajo revisión judicial

La disputa por la Presidencia del banco central coincidió con cambios dentro de su estructura técnica. La Junta Monetaria aprobó el 7 de octubre el relevo de cinco gerencias: General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica.

La medida constituyó la primera renovación completa del cuerpo gerencial de la institución. El Cacif advirtió que el reemplazo simultáneo de esas áreas “puede debilitar la continuidad técnica que ha distinguido a la banca central guatemalteca”.

La Embajada de Estados Unidos difundió su pronunciamiento en la red social X mientras crecía la expectativa por la decisión de la Corte. “El Banco de Guatemala es una institución vital para la estabilidad económica del país”, afirmó la sede diplomática al expresar su respaldo a la independencia del tribunal constitucional.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala alertó sobre una modalidad de estafa en redes sociales que utiliza perfiles falsos para ofrecer armas traumáticas, solicitar transferencias anticipadas y bloquear a los compradores después de recibir el dinero. Los responsables simulan ser comercios establecidos, prometen resolver requisitos legales y desaparecen sin entregar el producto.

El engaño apunta a personas interesadas en estos dispositivos como alternativa de seguridad personal. Las armas traumáticas disparan proyectiles de goma u otros materiales no letales, diseñados para incapacitar de manera temporal a una persona sin causar daños mortales.

La comercialización legal de esos artefactos está bajo control de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional. La entidad autoriza la tenencia, el registro y la portación de armas de fuego en el país.

Trámites legales fuera de las redes sociales

La regulación aplicable incluye el Decreto 15-2009, Ley de Armas y Municiones, y su reglamento, establecido mediante el Acuerdo Gubernativo 85-2011. El MP remarcó que ningún trámite de este tipo se gestiona por redes sociales ni se completa con transferencias previas a cuentas personales.

Para obtener una licencia de portación, la Digecam exige un formulario de solicitud, documento personal de identificación vigente, certificaciones de carencia de antecedentes penales y policiales, declaración jurada ante notario público y la aprobación de evaluaciones teórica, práctica y psicológica.

El proceso cuesta 400 quetzales por la evaluación, mientras que la licencia tiene un valor anual de 190 quetzales. Su vigencia puede extenderse entre uno y tres años.

Los comercios habilitados para vender armas y municiones deben presentar, además, una certificación contable de ingresos, escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil, patente de comercio con un objeto social específico para la venta de armas e inscripción como contribuyentes ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Las licencias comerciales duran cinco años.

Los estafadores construyen la apariencia de negocios legítimos mediante catálogos completos de armas traumáticas, conversaciones con potenciales compradores y supuestas recomendaciones o testimonios de usuarios. Esos recursos buscan instalar la idea de que otras personas ya concretaron adquisiciones sin inconvenientes.

Una vez que logran generar confianza, solicitan un pago anticipado y entregan datos de cuentas bancarias. Justifican el depósito con el argumento de que el monto cubre el dispositivo y los trámites legales necesarios para su adquisición.

El Ministerio Público advirtió: “Una oferta fuera de lo común puede ser una señal de alarma”. Después de recibir la transferencia, los responsables dejan de responder, bloquean a la víctima en la plataforma y eliminan los canales de contacto, una maniobra que complica su identificación.

Verificación de vendedores y cuentas bancarias

La institución recomendó desconfiar de precios que se alejen de forma notoria del valor habitual de mercado. También pidió verificar qué establece la ley antes de comprar, poseer o portar un arma.

Los usuarios deben revisar la antigüedad de los perfiles, la información de contacto y la procedencia de las páginas que ofrecen esos productos. El MP aconsejó ingresar directamente a los sitios oficiales, sin utilizar anuncios, enlaces patrocinados o vínculos enviados por personas desconocidas.

La alerta también incluye no compartir datos personales innecesarios con vendedores cuya identidad no haya sido comprobada. Antes de una operación, los compradores deben confirmar la legitimidad del supuesto establecimiento mediante otros canales de contacto.

“No transferir dinero a terceros” fue una de las recomendaciones centrales de la institución. La cuenta bancaria utilizada debe corresponder efectivamente al vendedor o al comercio que ofrece el producto.

La advertencia fue difundida mientras el MP mantiene abiertas varias líneas de investigación por tráfico de armamento. Días antes, la institución realizó 10 allanamientos en distintos departamentos, junto con la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC), para reunir pruebas sobre la presunta sustracción y venta ilegal de municiones asignadas a esa fuerza de seguridad.

Las pesquisas buscan determinar cómo esas municiones habrían terminado en manos de estructuras criminales. Durante los operativos fueron incautadas drogas, armas de fuego, municiones de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y dispositivos electrónicos, además de ser detenidas personas con órdenes judiciales vigentes.

Durante el primer semestre del año, las autoridades decomisaron 1.812 armas de fuego en todo el territorio guatemalteco, la cifra más alta para ese período desde 2020, según datos citados por medios locales. El MP recordó que toda compra, posesión o portación de armas debe cumplir los requisitos legales y contar con la documentación emitida por la Digecam.

El coronel Miguel Estuardo Barrios Martínez denunció al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, por la incursión armada del 27 de septiembre en Huité, Zacapa, que dejó ocho personas fallecidas y abrió investigaciones sobre la actuación militar durante los enfrentamientos. El Ministerio Público confirmó que recibió la acción, mientras el Gobierno ordenó una comisión para determinar el alcance de la participación del Ejército.

La denuncia también solicita investigar al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Geovani Martínez Milián, y plantea como hipótesis la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Las responsabilidades y los eventuales delitos deberán ser determinados por las pesquisas del Ministerio Público.

Los investigadores procesaron cuatro escenas vinculadas con el ataque y recolectaron 77 indicios balísticos, que fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para establecer qué armas pudieron haber sido utilizadas. Los análisis deberán contribuir a identificar a los participantes y reconstruir cómo se desarrollaron los hechos.

La denuncia contra dos altos mandos militares

De acuerdo con medios guatemaltecos, la oficina de prensa del Ministerio Público informó que recibió una denuncia contra el ministro Henry Sáenz relacionada con los ataques armados registrados en Huité. El ente investigador no detalló los delitos que podrían ser atribuidos ni las diligencias que se desprenderán de la presentación.

Barrios Martínez, coronel de infantería, incluyó en su solicitud al ministro Henry David Sáenz Ramos y al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. También pidió esclarecer la eventual participación de integrantes del Batallón Especial de Interdicción y Respuesta, conocido como BEIR.

El coronel sostuvo que incorporó a esa unidad por el tipo de operaciones para las que está entrenada y por la cadena de mando que, según su planteamiento, interviene en la autorización de sus acciones. Además, cuestionó que la institución militar investigue internamente la conducta de sus propios integrantes.

La incursión ocurrió durante una jornada de violencia en el municipio zacapaneco. Vecinos reportaron la presencia de hombres fuertemente armados y el sobrevuelo de dos helicópteros, cuya procedencia y posible intervención no han sido esclarecidas.

Los primeros reportes situaron el número de víctimas en al menos seis personas, entre ellas una niña de 10 años. En los días posteriores, las autoridades elevaron el saldo a ocho fallecidos: cuatro hombres, tres mujeres y un menor de edad.

Las versiones del Ejército y la comisión ordenada por Arévalo

La presencia de militares en el área fue objeto de versiones contradictorias. En un primer momento, el Ministerio de la Defensa descartó que el Ejército hubiera participado en los hechos.

Más tarde, las autoridades militares reconocieron que había personal desplegado en las cercanías, aunque sostuvieron que no ingresó inicialmente al lugar para evitar una escalada de violencia y proteger a la población civil. La cartera también confirmó que vehículos militares aparecen en videos difundidos sobre los acontecimientos.

Entre esos vehículos figura un J8 ubicado cerca del área donde se produjeron los ataques. Según la explicación de Defensa, el primer incidente se registró entre las 17 y las 18 horas, mientras que el despliegue militar ocurrió entre las 20 y las 21 horas.

Varios días después, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que el Ejército participó en los enfrentamientos, sin precisar la modalidad ni las circunstancias de esa intervención. Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó: “Las circunstancias aún no han sido esclarecidas”.

Arévalo ordenó la creación de una comisión multidisciplinaria dentro del Ministerio de la Defensa Nacional para establecer responsabilidades. La instancia, encabezada por el ministro de la Defensa, deberá examinar aspectos operativos, de personal, logística e inteligencia vinculados con la actuación de los militares.

El presidente dispuso que las conclusiones de esa comisión sean remitidas al Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación en distintos escenarios. La Fiscalía deberá establecer cómo ocurrieron los enfrentamientos, quiénes participaron y si existieron actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio de la Defensa anunció que ampliará la información sobre el operativo y sobre su pesquisa interna respecto de los elementos que estuvieron presentes en Huité.

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala excluyó a cinco aspirantes de la elección de autoridades de Conamigua, luego de que no entregaran pruebas de descargo dentro del plazo fijado. La definición del secretario y subsecretario ejecutivo determinará quiénes conducirán la institución encargada de coordinar la atención y protección de los guatemaltecos en el extranjero, sus familias y los programas de migración y retorno.

La exclusión fue aprobada con 13 votos a favor durante una reunión híbrida presidida por el diputado Edgardo Ramírez. De los 31 expedientes recibidos al inicio de la convocatoria, solo 10 profesionales cumplieron inicialmente con todos los requisitos legales, mientras que 21 quedaron fuera de manera provisional por observaciones en su documentación.

Los cinco candidatos excluidos de forma definitiva son Hugo Alejandro Sicá Morales, Nadia Odette Mazariegos Alvizures, Olinda Mishell Jolón Arenales, Neida Rossanna Cardona Padilla de González y Andrea Renata María Alvarado Rodríguez. Ninguno presentó documentos para responder a los señalamientos formulados sobre sus expedientes.

Otros 16 aspirantes que habían sido excluidos provisionalmente sí entregaron pruebas de descargo antes del 5 de octubre. Los integrantes de la comisión iniciaron el análisis de esa documentación y acordaron extender la revisión debido a la cantidad y extensión de los memoriales presentados.

Dieciséis descargos y objeciones contra candidatos habilitados

La revisión todavía puede modificar la lista de participantes habilitados, ya que algunos de los 10 candidatos que inicialmente cumplieron las exigencias del artículo 11 del Decreto 46-2007, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, recibieron objeciones o impedimentos, conocidos como tachas.

Ramírez informó que esas objeciones serán verificadas después de que concluyan los análisis de las pruebas de descargo. La comisión resolvió examinarlas de manera global, en un solo grupo, sobre la base del listado oficial de aspirantes.

Entre los casos ya conocidos figura el de Elizabeth Nicté Paz Pineda, quien pidió que los diputados revisaran directamente sus documentos. La aspirante sostuvo que cuenta con la experiencia profesional requerida para ocupar uno de los cargos en disputa.

El diputado Julio López, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, propuso que los memoriales fueran examinados con mayor detalle antes de tomar decisiones sobre las postulaciones observadas. La propuesta fue aceptada por la comisión, que convocó a continuar la sesión permanente el jueves 8 de octubre a las 08:30.

La nómina inicial de profesionales que superaron la primera verificación está integrada por José David Prado Vásquez, Raúl Eduardo Berríos Ramírez, Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Luis Enrique Arévalo Girón y Mirna Gabriela Castillo González.

También figuran Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez, Diego Santamarina Cárdenas, Ana Marleni Gutiérrez, Boris Adolfo de León Gutiérrez y José Carlos Guerra Aldana. La relación fue publicada por el Diario de Centro América tras la revisión de los requisitos establecidos en la ley.

Una nómina de cinco nombres para el Pleno del Congreso

El proceso busca reducir el grupo de postulantes a una nómina de cinco personas que será remitida al Pleno del Congreso. Los diputados deberán elegir de esa lista al secretario ejecutivo y al subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

La comisión había previsto realizar las entrevistas entre el 8 y el 10 de octubre, mientras que la elaboración de la nómina final de cinco candidatos estaba programada para el 12 de octubre. La continuidad de ese calendario dependerá de la evaluación de los descargos y de las objeciones planteadas contra los aspirantes.

La sesión que resolvió las cinco exclusiones contó con la participación presencial de los diputados Julio López, Lourdes Teresita de León, Gustavo Cifuentes, Manuel Archila, Víctor Hugo Cifuentes, Martín Nicolás Segundo, Erick Martínez, Carlos López, Sofía Hernández, Darwin Lucas, Mario Gálvez y Napoleón Rojas.

De forma virtual participaron Gustavo Cruz, Sergio Enríquez, Julio Gómez, Pablo Cifuentes y Carlos Roberto Calderón.

El Mides y el Mineduc defendieron este miércoles sus proyecciones para el presupuesto de 2027 ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, en una audiencia que abrió el análisis de la iniciativa 6841. Las dos carteras solicitaron recursos para ampliar la atención social, sostener la red educativa pública y ejecutar programas de infraestructura, alimentación y formación docente.

La comisión, presidida por el diputado Willy Ralda, estableció un calendario de audiencias públicas para evaluar la propuesta de ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal. Cada funcionario tuvo 15 minutos para exponer la planificación de su ministerio antes de responder las preguntas de los legisladores.

El Ministerio de Desarrollo Social proyectó un presupuesto de Q5.500 millones, Q1.503 millones más que los Q3.996 millones asignados en el actual ejercicio fiscal. La ampliación equivale a un aumento de 37,61%, mientras que la cantidad de beneficiarios crecería 42,9% frente al año anterior.

La expansión de programas sociales en 21 departamentos

El titular de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, informó que la cartera prevé atender a 500 mil familias en 21 departamentos, con prioridad para hogares en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El mecanismo de focalización será el Registro Social de Hogares, una herramienta que identifica las condiciones de vida de las familias y a la población vulnerable.

El ministerio también proyecta instalar más de 170 comedores sociales durante 2027, con el objetivo de alcanzar una red de 340 establecimientos en el país. La iniciativa forma parte de la expansión prevista para sus programas de asistencia.

El programa de Mejoramiento de Vivienda contempla reemplazar pisos de tierra por cemento, instalar letrinas y renovar paredes. La cartera calcula que alcanzará a 330.277 personas, 80.380 más que las atendidas durante el presente año.

El Bono Social ampliaría su cobertura hasta 350 mil beneficiarios mediante la incorporación de 150 mil personas adicionales. Pinto sostuvo que los diputados pueden ejercer sus facultades de fiscalización y visitar los programas sociales para supervisar su ejecución.

El diputado José Mendoza cuestionó el nivel de ejecución de la cartera y la forma en que se desarrollan los proyectos. La diputada Lourdes Teresita de León criticó la baja ejecución de la inversión física y planteó dudas sobre un posible uso electoral de algunos programas.

De León señaló que la participación de diputados oficialistas en actividades de entrega de asistencia social puede alimentar esas preocupaciones. El funcionario respondió a los cuestionamientos durante la audiencia de la comisión legislativa.

La propuesta educativa para más de 3,1 millones de estudiantes

El Ministerio de Educación solicitó Q27.898 millones para 2027, un aumento de Q1.282 millones frente a los Q26.616,5 millones vigentes. La ministra Anabella Giracca explicó que el proyecto se organiza en cinco prioridades para atender a cerca de 37 mil centros educativos públicos y a más de 3,1 millones de estudiantes del sector oficial.

La propuesta incluye la apertura de 300 institutos de nivel medio, que se sumarían a los 529 creados en 2026. También prevé extender los programas de alimentación escolar, útiles y materiales docentes para los institutos por cooperativa.

El Mineduc busca dar mantenimiento a 10 mil establecimientos mediante el programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos. Giracca sostuvo: “Avanzamos hacia la meta de remozar los más de 37 mil centros educativos públicos del país. Tres de cada cuatro centros educativos en todo el país ya fueron remozados entre 2024 y 2026. Anualmente se han remozado alrededor de 10 mil centros educativos”.

La planificación incorpora la continuidad del programa Ciudadanía Digital, destinado a entregar recursos tecnológicos para el aprendizaje de estudiantes de cuarto diversificado del sector oficial. La ministra afirmó que las tabletas deben entregarse junto con conectividad y herramientas que tengan efectos concretos en la formación de los alumnos.

El presupuesto también financiaría la primera fase de implementación del Decreto 4-2026, Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades. La norma busca garantizar una preparación académica de calidad para quienes ejercerán la docencia.

El diputado José Pablo Mendoza preguntó por el papel de las Organizaciones de Padres de Familia en la ejecución de los programas de apoyo. Giracca respondió que estas organizaciones tienen más de una década de experiencia y son el mecanismo previsto por la ley para administrar la alimentación escolar y la entrega de útiles.

El diputado Inés Castillo solicitó información actualizada sobre la cobertura de preprimaria, primaria, básico y diversificado para identificar las brechas educativas y evaluar el aporte de la asignación presupuestaria. También propuso analizar cocinas industriales que abastezcan a varios establecimientos como alternativa para garantizar alimentos de calidad.

Castillo planteó revisar el modelo de infraestructura para asegurar escuelas en condiciones adecuadas y pidió fortalecer la enseñanza del inglés como herramienta para ampliar las oportunidades académicas y laborales. El diputado Byron Rodríguez cuestionó el uso de los recursos para remozamientos y denunció presuntos casos de corrupción en Quetzaltenango, uno de ellos bajo investigación.

Las audiencias públicas serán transmitidas por el Canal del Congreso de la República y la multiplataforma informativa del organismo, dentro de la política de Congreso Transparente y Congreso de Puertas Abiertas impulsada por la X Legislatura.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) inició un diagnóstico institucional con acompañamiento del Banco Mundial para definir qué estrategias funcionan de forma óptima, cuáles requieren mejoras y cómo fortalecer la planificación y la inversión pública.

Durante una semana, una misión técnica del organismo realizará sesiones para identificar acciones dirigidas a mejorar capacidades, procesos, gestión de información y plataformas tecnológicas. La meta es integrar de manera más efectiva el ecosistema de finanzas públicas.

Carlos Mendoza, titular de SEGEPLAN, explicó que la institución abrió sus procedimientos, sistemas, documentos y conversaciones internas durante los últimos meses para examinar su funcionamiento. “Las instituciones también tienen que detenerse, de vez en cuando, a mirarse a sí mismas”, afirmó.

Cuatro dimensiones para integrar planificación, inversión y presupuesto

La visita se inscribe en el proyecto “Finanzas Públicas Inteligentes”, orientado a modernizar la gestión del gasto público mediante un mayor uso de datos, mejores procesos, sistemas de información integrados e interoperabilidad entre las entidades responsables de la planificación, la inversión pública y la gestión financiera estatal.

La misión también forma parte de la asistencia técnica de Finanzas y Administración Pública Eficiente, Transparente y Digital, conocida como FARO. El proceso busca obtener una visión integral de las capacidades institucionales, los procedimientos, la información y las plataformas tecnológicas que respaldan la planificación y la inversión pública en SEGEPLAN.

El diagnóstico se elaboró a partir de una revisión documental y de consultas con actores vinculados a planificación, inversión, análisis, seguimiento, gestión de información y tecnología. Las jornadas incluirán a las subsecretarías de Inversión para el Desarrollo, de Planificación y Programación para el Desarrollo y de Análisis Estratégico del Desarrollo, además de la Dirección de Sistemas de la Información.

Los equipos institucionales contrastarán los hallazgos, incorporarán observaciones y acordarán una versión definitiva del análisis. El examen abarca la organización y la gobernanza; la continuidad del ciclo de planificación e inversión; la gestión de la información; y la dimensión tecnológica.

El diagnóstico del Banco Mundial detectó que SEGEPLAN cuenta con capacidades relevantes, aunque persisten brechas de articulación entre dependencias, procesos, información y sistemas. Mendoza sostuvo: “Tenemos capacidades importantes, pero también existen brechas de articulación entre dependencias, procesos, información y sistemas”.

Una hoja de ruta para ordenar las decisiones públicas

El análisis revisa cómo se vinculan la política pública, la planificación, la programación, la inversión, el presupuesto, el seguimiento y la evaluación. También observa la circulación y el uso de la información para respaldar la toma de decisiones.

Entre las necesidades identificadas figuran una mayor coordinación entre los componentes del ciclo institucional, una continuidad más sólida entre planificación, programación, presupuesto e inversión, reglas de gobernanza definidas y un uso integrado de los datos disponibles.

La misión técnica permitirá elaborar una hoja de ruta con prioridades, hitos, secuencias y un cronograma para reforzar los ámbitos evaluados. El objetivo es que las prioridades de desarrollo se traduzcan con mayor consistencia en planificación, programación e inversión, mientras el seguimiento y la evaluación alimentan las decisiones posteriores.

Las entidades SEGEPLAN y SINSE presentan experiencias ministeriales sobre el uso de evidencia en decisiones públicas

En paralelo, durante el XIV Encuentro “Hablemos de evaluación”, SEGEPLAN y SINSE presentaron experiencias de los ministerios de Desarrollo Social (MIDES) y de Educación (MINEDUC) sobre la institucionalización del seguimiento y la evaluación para usar evidencia en la toma de decisiones públicas.

El MIDES expuso un video que plantea que institucionalizar la evaluación no consiste únicamente en evaluar más, sino en crear condiciones para que ese proceso sea útil, riguroso y sostenible. La presentación también abordó cómo utilizar sus resultados para mejorar la gestión institucional.

El encuentro virtual promovió el aprendizaje continuo y la coordinación entre instituciones mediante el intercambio de instrumentos, avances y resultados. Bajo la moderación de Catalina Zagal, experta del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR LAC), las 11 instituciones del Grupo Impulsor y otros participantes identificaron buenas prácticas, obstáculos y lecciones aplicables a sus propios contextos.

Cientos de desechos de madera recolectados en el río Motagua están siendo utilizados para la fabricación de muebles y para proveer de leña a familias de escasos recursos en Guatemala.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala y la organización neerlandesa The Ocean Cleanup como una estrategia ambiental que busca reducir la tala de árboles y evitar que los desechos del río Motagua lleguen al mar Caribe.

De acuerdo con el MARN, cientos de árboles son arrastrados de manera natural por las corrientes del caudaloso río, principalmente en la época de lluvia.

Se estima que el material vegetal representa un 60% de los residuos que retiene la biobarda en la comunidad de El Quetzalito, en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal.

La mayoría corresponde a madera de sauce arrastrada por las corrientes fluviales durante los meses de invierno, entre mayo y septiembre, detalló la unidad de Comunicación del MARN a Infobae.

En El Quetzalito, los pobladores procesan parte de este recurso para elaborar mesas, la mayoría utilizadas en los comedores comunitarios y en áreas laborales.

La madera que no puede ser utilizada en muebles es enviado hacia comunidades de Zacapa como La Fragua, El Hato y la colonia Pueblo Modelo, para que lo utilicen como leña y así reducir la tala inmoderada de árboles. Este proyecto de combustible ha beneficiado a unas 2.000 personas.

Además de la madera, el proyecto gestiona el reciclaje de plástico PET, el cual es transformado en poliéster para fabricar escobas y recogedores.

Alianza con The Ocean Cleanup frena la llegada de desechos al Caribe desde 2019

La cooperación entre el MARN y The Ocean Cleanup comenzó en 2019 para mitigar el flujo de desechos en la cuenca del río Motagua, de acuerdo con datos de la organización neerlandesa.

Tras las primeras pruebas en 2022 en el afluente río Las Vacas, la organización desplegó sistemas avanzados como el Interceptor 006 y, posteriormente, el Interceptor 021 en la desembocadura de El Quetzalito.

La operación conjunta retiene entre el 60% y el 70% de la contaminación, lo que equivale a la extracción de más de 10 millones de kilos de basura que de otro modo llegarían al golfo de Honduras.

A partir de 2024, ante la saturación de espacio en la aldea de origen, la entidad ambiental y la ONG estructuraron el traslado sistemático de la madera retenida mediante fletes de hasta 770 toneladas por viaje.

Acumulación de basura desata reclamos diplomáticos y demandas en Honduras

El arrastre masivo de residuos sólidos por la cuenca del río Motagua genera tensiones fronterizas en Centroamérica.

Las corrientes desplazan miles de toneladas de plásticos y materiales procedentes del vertedero de la zona 3 de Ciudad de Guatemala hacia las playas de Omoa y Puerto Cortés, en Honduras.

Las autoridades de ese país señalan que el 80% de los desechos en sus costas proviene de territorio guatemalteco, con afectaciones directas sobre la pesca y el turismo local.

En el Congreso Nacional de Honduras, legisladores han impulsado iniciativas legales para interponer demandas internacionales contra Guatemala por daños ambientales con el argumento de que la vía diplomática no ha detenido la contaminación.

Mientras que en El Salvador sectores ecologistas advierten sobre el impacto de estos residuos en el ecosistema marino regional.

Guatemala realizó el Congreso Interprofesional sobre Precursores Químicos y Nuevos Patrones en el Consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas, una instancia destinada a reforzar la prevención, la investigación, la regulación y el control frente a la evolución del mercado ilícito de drogas y la capacidad de las organizaciones criminales para sintetizar y modificar sustancias.

El encuentro reunió a profesionales e instituciones vinculadas con el abordaje de las sustancias psicoactivas. Su programa quedó organizado en tres ejes: los cambios en los patrones de consumo, el marco jurídico y la gestión de precursores químicos, y las tendencias de estas sustancias junto con prácticas para su control.

La actividad fue promovida por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, SECCATID, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos. El objetivo fue actualizar los conocimientos de los participantes y fortalecer las capacidades institucionales ante modalidades emergentes de producción y consumo.

Sustancias sintéticas y modificaciones químicas

El mercado ilegal de drogas ya no se limita a las formas tradicionales de producción. El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Cruz, advirtió que el crimen organizado ha desarrollado capacidades para sintetizar sustancias y alterar sus estructuras químicas, lo que incorpora nuevos riesgos para la población.

La expansión de esas capacidades obliga a las instituciones a anticiparse a los cambios en la oferta ilícita y en las formas de consumo. La respuesta planteada durante la inauguración requiere la participación de distintos sectores y el uso de información científica para orientar las acciones de prevención y combate.

Los precursores químicos ocupan un lugar central en esa discusión. Estas sustancias pueden ser empleadas en procesos industriales o legales, pero su regulación, investigación y supervisión son necesarias para impedir su utilización en la elaboración de drogas sintéticas.

El congreso abordó la gestión responsable de esos componentes y el marco legal aplicable a su control. También incorporó el análisis de las nuevas sustancias psicoactivas, un conjunto de compuestos cuyo consumo y circulación demandan una actualización permanente de los mecanismos institucionales.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, Mingob, las conferencias y talleres fueron diseñados para compartir conocimientos y experiencias entre quienes trabajan en prevención, regulación, investigación y control. Las jornadas también buscaron fortalecer la coordinación entre las entidades que intervienen ante este fenómeno.

Protocolos comunes y coordinación institucional

La respuesta frente a las sustancias sintéticas requiere la intervención conjunta de organismos con competencias diferentes. Ninguna institución puede enfrentar por sí sola la complejidad vinculada con los precursores químicos, los nuevos patrones de consumo y la modificación de compuestos por parte de redes criminales.

Los participantes trabajaron sobre la creación de rutas de acción, protocolos unificados y compromisos concretos. La coordinación propuesta apunta a mejorar la articulación entre las instituciones responsables de regular el uso de químicos, investigar posibles delitos y prevenir la circulación de sustancias psicoactivas.

La SECCATID desarrolló el encuentro por medio del Observatorio Nacional sobre Drogas. La instancia reunió a actores relacionados con la atención de las adicciones y el tráfico ilícito de drogas para intercambiar experiencias y aplicar el marco normativo en la respuesta a los desafíos emergentes.

La prevención figura entre los objetivos del proceso, junto con el fortalecimiento de los controles y de las capacidades de investigación. El enfoque también contempla identificar variaciones en el mercado ilegal antes de que se consoliden como nuevas formas de producción o distribución.

Durante la jornada inaugural, Cruz sostuvo que la respuesta estatal debe ser multidisciplinaria y capaz de adecuarse a los cambios del fenómeno. El viceministerio que encabeza participó en la actividad como parte de las acciones del Mingob en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Las actividades fueron declaradas oficialmente inauguradas al cierre de la jornada.

Guatemala se posicionó como el país con el menor respaldo ciudadano a la democracia en América Latina, al registrar que solo el 35% de la población considera este sistema preferible a cualquier otra forma de gobierno, según datos del Informe Latinobarómetro 2026.

El estudio regional, elaborado sobre la base de 19.207 entrevistas presenciales en 17 países entre mayo y junio de 2026, sitúa a Guatemala por debajo de Brasil (41%), Honduras (42%) y Ecuador (43%).

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2026, señala que solo el 35% de los guatemaltecos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

La diferencia alcanza los 38 puntos porcentuales respecto de Argentina, nación que encabeza el indicador con un 73%, seguida por Uruguay con el 64%, así como por Costa Rica y Chile con un 63%.

Desconfianza en el Estado

El informe sostiene que América Latina atraviesa un retroceso de proyectos democráticos inconclusos en lugar de una crisis de sistemas consolidados.

En el caso guatemalteco, apenas el 14% de los encuestados afirmó que el Estado ha hecho mucho o algo por la ciudadanía, una de las proporciones más reducidas de la región, nivel que comparte con Panamá. Esta cifra dista del promedio regional del 26% y del 52% registrado en El Salvador.

La desconexión responde a la falta de respuestas gubernamentales ante demandas de protección, justicia y servicios públicos de calidad.

Cuando la ciudadanía percibe ineficacia o abandono por parte del poder público, se debilita el apego a los valores democráticos, refiere el estudio.

Un tercio de los encuestados admite la posibilidad de un sistema sin elecciones

La encuesta muestra además que Guatemala tiene una relación ambivalente con los componentes básicos de la democracia. Aunque 61% sostiene que no puede haber democracia sin elecciones, el país presenta la cifra más baja de la región en este indicador.

Aún más preocupante, aproximadamente un tercio de la población considera que la democracia podría funcionar sin procesos electorales.

La desconfianza afecta directamente a los mecanismos representativos. Paralelamente, cerca de un tercio de la sociedad guatemalteca opina que el sistema podría funcionar sin comicios.

Latinobarómetro advierte que la pérdida de relevancia del voto mina la capacidad social para evaluar o reemplazar a los gobiernos.

Esta brecha se enmarca en una crisis regional donde la confianza en los partidos políticos promedia apenas un 15%, un contexto en el que las posturas autoritarias y las demandas de mano dura encuentran mayor receptividad.

Además, en América Latina, 76% declara no sentirse representado por el Parlamento; Guatemala comparte ese entorno de desconfianza institucional.

La posición política internacional sitúa al país fuera del bloque de seguridad regional

En la clasificación ideológica del estudio, Guatemala aparece junto a México, Brasil y Uruguay como uno de los cuatro países gobernados por la izquierda.

El documento señala que Guatemala no forma parte del denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa atribuida a Estados Unidos y compuesta principalmente por gobiernos de derecha, centroderecha o extrema derecha.

Esta ubicación política es relevante porque el informe describe un giro regional hacia la derecha desde 2024, producto del descontento con los gobiernos tradicionales, la inseguridad y la debilidad de los partidos. Guatemala, por tanto, constituye una excepción dentro de un mapa político regional crecientemente polarizado.

La viabilidad del modelo democrático en la nación dependerá de la capacidad estatal para reconstruir la confianza mediante avances concretos en economía, seguridad y combate a la corrupción.

Un saldo trágico de una persona fallecida, la destrucción de tramos carreteros e inundaciones generalizadas dejaron las precipitaciones de las últimas horas en Guatemala.

Varias comunidades del occidente y del oriente del país sufrieron cortes de paso e inundaciones por el desbordamiento de cauces y desprendimientos de tierra.

En el departamento de El Progreso, las intensas lluvias provocaron la crecida intempestiva de una quebrada en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, la cual arrastró a un poblador.

Tras un operativo de búsqueda desplegado por socorristas, las brigadas de rescate localizaron el cuerpo sin vida de la víctima corriente abajo.

Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para efectuar las diligencias correspondientes.

En esa misma localidad, la fuerza del río Aguahiel arrastró un vehículo particular y provocó severas anegaciones en el sector de El Rancho, mientras que un deslizamiento en la aldea Tulumaje dejó varado un autobús de transporte extraurbano con daños materiales en la ruta hacia las Verapaces.

Deslaves y cortes de ruta paralizan el tránsito hacia el occidente guatemalteco

El impacto en la red vial generó severas complicaciones en la ruta Interamericana, en donde un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 82,5, en jurisdicción de Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango, cubrió los carriles con toneladas de tierra procedentes de una ladera.

Cuadrillas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y elementos de los Bomberos Municipales Departamentales habilitaron un paso controlado de manera parcial para permitir la movilidad de los automotores atascados en largas filas en ambos sentidos.

Durante la emergencia, los cuerpos de socorro trasladaron a un paciente cuyo vehículo había quedado inmovilizado en la congestión.

En la región sur del país, pobladores notificados en el departamento de Suchitepéquez informaron sobre el colapso de un tramo de la carretera que conecta San Lucas Tolimán con Patulul.

El paso del agua de un riachuelo crecido partió la cinta asfáltica e inhabilitó por completo el tránsito vehicular, lo que obligó a los vecinos a arriesgarse a cruzar a pie y con motocicletas sobre la corriente.

De igual forma, se reportaron inundaciones en la colonia Santa Isabel, en Telemán, Panzós, Alta Verapaz.

En estos momentos, sectores de la colonia presentan acumulación de agua, por lo que las autoridades municipales han recomendado a los vecinos tomar precauciones y evitar transitar por áreas afectadas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres registra casi dos mil emergencias en la temporada

Los incidentes de las últimas horas se suman al balance de la temporada de lluvias, en la cual la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) contabiliza 1.966 incidentes atendidos en todo el territorio nacional.

Las precipitaciones han dejado 19 personas fallecidas, 208.271 afectados y más de 12.000 viviendas con algún tipo de daño, de acuerdo con las estadísticas de la institución.

El reporte consolidado de las autoridades confirma además la afectación en 573 carreteras y la destrucción de tres puentes a nivel nacional.

El departamento de Alta Verapaz se mantiene como la zona con mayor cantidad de emergencias registradas al acumular 546 eventos, seguido por el departamento de Guatemala con 193 e Izabal con 160 emergencias atendidas por el sistema de prevención.

Gianni Infantino condenó el racismo denunciado por Surinam tras su derrota 1-0 ante Guatemala, el 5 de octubre, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. El resultado dejó al seleccionado surinamés fuera de los cuartos de final, mientras sus futbolistas aseguraron haber recibido insultos y sonidos de simios desde las tribunas del estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

El episodio más tenso ocurrió al minuto 63, cuando el árbitro estadounidense Joseph Dickerson expulsó a Richonell Margaret después de que el delantero mostrara el dedo medio hacia la afición. La reanudación del encuentro se demoró 12 minutos y los jugadores de Surinam amenazaron con retirarse del campo.

La Federación de Fútbol de Surinam denunció públicamente que sus futbolistas fueron víctimas de actos racistas durante el partido. Según la entidad, los hinchas llamaron “monos” a los jugadores y emitieron sonidos de simios cuando se acercaban a las gradas.

La condena de Infantino y el antecedente contra El Salvador

El presidente de la FIFA rechazó lo ocurrido mediante un mensaje en sus redes sociales. “No hay lugar para el racismo en el fútbol. Lo que han tenido que soportar los jugadores de Surinam en Guatemala es absolutamente inaceptable”, escribió Infantino.

No fue la primera denuncia de este tipo presentada por Surinam en la actual Liga de Naciones. La FIFA ya había sancionado a El Salvador por cánticos racistas dirigidos contra futbolistas surinameses.

Margaret sostuvo ante Dickerson que su reacción se produjo por los insultos racistas que recibía desde las tribunas. Tras el encuentro, afirmó que era un ser humano con emociones y que no soportó más el supuesto abuso y la discriminación en el estadio Manuel Felipe Carrera.

La acción del delantero fue advertida por un árbitro asistente, que notificó al juez central y pidió la expulsión. Después de abandonar el terreno de juego, Margaret insultó a los aficionados; en la transmisión televisiva se lo observó decir “Que los jodan” e intentar escupir hacia la tribuna.

Los futbolistas surinameses cruzaron las muñecas en forma de aspa para señalar que sufrían insultos racistas. Pese a ese gesto y a la amenaza de abandonar el partido, Dickerson no activó el protocolo de tres pasos establecido por la FIFA y la Concacaf para combatir la discriminación.

Gestos, acusaciones y tensión en las tribunas

Parte de los aficionados guatemaltecos atribuyó el conflicto a provocaciones de los jugadores visitantes. En redes sociales se difundió un video en el que Jonathan Fonkel, arquero suplente de Surinam, aparentemente untaba una sustancia en uno de los postes de la portería.

El guardameta continuó con esa acción pese a que el árbitro le pidió que se alejara del arco. Algunos seguidores calificaron el gesto como “brujería”, aunque no se informó qué era el ungüento aplicado por Fonkel.

Tras la reanudación, el arquero titular Etienne Vaessen respondió en varias ocasiones a los aficionados y llegó a lanzar un pelotazo hacia la platea del estadio. Al terminar el encuentro, realizó gestos obscenos y ofensivos mientras se retiraba del campo, en medio de un altercado con jugadores y oficiales guatemaltecos.

Los seguidores de Guatemala también sostuvieron que las provocaciones se habían iniciado antes, en Paramaribo, donde Vaessen se burló públicamente de Matthew Evans durante el partido disputado allí.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un presunto sicario vinculado con el abandono de cadáveres en bolsas y sábanas en diversos sectores de la Ciudad de Guatemala.

La detención del sospechoso ocurrió durante una vigilancia en la vía pública de la colonia El Amparo I, ubicada en la zona 7 de la capital.

El capturado fue identificado como José Bryon Arcón Macal, de 27 años, a quien las fuerzas de seguridad consideran un objetivo de alto valor.

Sobre la persona pesaba una orden de aprehensión emitida el 08 de septiembre por la jueza Neldy Vanesa Rodríguez Andrade, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal del Departamento de Guatemala.

El individuo afronta cargos por asociación ilícita, asesinato, terrorismo y plagio o secuestro. Las pesquisas iniciales lo señalan por la muerte de varias personas cuyos restos terminaron arrojados en bolsas en la vía pública.

Esta detención se suma a las acciones policiales desarrolladas en semanas recientes contra estructuras asociadas al mismo patrón criminal.

A finales de septiembre, las autoridades aprehendieron en Villa Nueva a Roger Iván Molina Boch, alias “Carnicero”, requerido por secuestro y homicidio.

Los investigadores también relacionan estos operativos con un expediente de noviembre de 2024, cuando fueron localizados dos cuerpos desmembrados y envueltos en sábanas en el límite entre el puente Villalobos y el bulevar Sur de San Cristóbal, en Mixco.

El Ministerio Público contabiliza 65 cadáveres hallados en sacos, bolsas y sábanas durante 2026

Los operativos de la PNC responden a una constante localización de restos humanos en envoltorios plásticos, costales y piezas textiles en la región metropolitana.

Las estadísticas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP) reportaron 54 denuncias vinculadas a 65 personas fallecidas que aparecieron en bolsas, sábanas, toneles, costales o nailon entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2026.

El informe oficial detalló que 49 de las víctimas aparecieron en el departamento de Guatemala. La distribución geográfica de la fiscalía ubicó 16 hallazgos en la ciudad capital, ocho en Mixco, cuatro en Villa Nueva, cuatro en Chinautla, tres en Amatitlán, tres en Villa Canales, dos en San José Pinula y uno en Palencia.

Del total nacional consignado por el MP, 50 de los fallecidos eran hombres, seis eran mujeres y en nueve casos no se determinó el sexo. Además, la policía registró 318 homicidios registrados en agosto, la cifra mensual más elevada de los últimos cinco años.

Disputas territoriales entre pandillas y ejecuciones en inmuebles privados encabezan la hipótesis oficial

Las investigaciones del Ministerio de Gobernación y de la policía derivaron en varias líneas explicativas sobre el modus operandi de los responsables de estos crímenes.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó en varias entrevistas que un porcentaje considerable de estas muertes ocurre cuando las víctimas resultan ejecutadas en el interior de inmuebles privados.

En esas viviendas, la intervención preventiva de los agentes enfrenta límites legales, por lo que los agresores trasladan posteriormente los restos hacia la vía pública, tramos carreteros o barrancos.

Por su parte, el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, ha dicho que los perfiles de las víctimas y las pruebas recolectadas atribuyen los hechos a enfrentamientos entre facciones pandilleras.

Las autoridades determinaron que el abandono de cadáveres responde a purgas internas, disputas territoriales por narcomenudeo y cobro de extorsiones. Asimismo, la policía constató que varios de los fallecidos contaban con antecedentes penales o ingresos previos a centros carcelarios.

Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentó una iniciativa para reformarla Ley Orgánica del Presupuesto con el fin de limitar el pago de dietas y gastos de representación en el sector público.

La propuesta busca ordenar los cobros que perciben funcionarios y directivos mediante la fijación de montos máximos mensuales y la obligación de publicar de manera individual los desembolsos.

El proyecto propone modificar los artículos 77 y 78 de la legislación presupuestaria para fijar un límite general de Q7 mil (USD 909) mensuales en concepto de gastos de representación.

Con esta medida se pretende evitar que cada institución determine de forma discrecional las asignaciones para sus autoridades. Debido a que, en la actualidad, hay funcionarios que devengan más de su salario en este concepto.

Respecto a las dietas, la iniciativa busca fijar un tope de Q5 mil (USD 650) al mes, independientemente del número de sesiones o reuniones en las que participe cada integrante.

Asimismo, la reforma contempla la obligación de que las instituciones difundan públicamente el desglose de lo pagado por persona.

Las asignaciones adicionales por estos rubros quedarían reservadas para cargos específicos de alta jerarquía, entre los que figuran el presidente de la República, la vicepresidenta, los titulares de los organismos del Estado.

Además de los los magistrados presidentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como los integrantes de la junta directiva del Congreso de la República, el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el fiscal general, el procurador de los Derechos Humanos (PDH) y los alcaldes.

La bancada VOS detectó cobros mensuales que superan los Q100 mil en el sector público

El diputado José Chic señaló que las fiscalizaciones previas permitieron identificar a dirigentes deportivos y autoridades estatales que perciben entre Q5 mil (USD 650) y Q8 mil (USD 1.039) por cada sesión.

El legislador detalló que funcionarios como los titulares de los ministerios de Energía y Minas y de Economía, además del titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), reciben ingresos de Q28 mil (USD 3.636) mensuales por formar parte del directorio del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), adicionales a sus sueldos y gastos de representación institucionales.

La revisión parlamentaria expuso que en las entidades deportivas los gastos de representación oscilan entre Q25 mil (USD 3.247) y Q35 mil (USD 4.545) sin mecanismos de liquidación.

Adicionalmente, se hallaron directivos con cargos clasificados como ad honorem que devengan por dietas entre Q35 mil (USD 4.545) y Q40 mil (USD 5.194) mensuales.

De acuerdo con Chic, un dirigente deportivo llegó a percibir en septiembre Q105 mil (USD 13.636) mediante la combinación de dietas en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) y gastos de representación.

Por su parte, en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal se registraron cobros de dietas de hasta Q555 (USD 72) por minuto.

Instituciones descentralizadas y autónomas deberán ajustar sus pagos al nuevo marco legal

Los cambios proyectados abarcan a entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. La norma aplicaría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Banco de Guatemala (Banguat), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), empresas municipales, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la CDAG.

La iniciativa incluye también al Consejo Económico Social, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el Fondo de Tierras, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, el Fondo de Desarrollo y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

La propuesta deberá agotar el proceso legislativo antes de convertirse en ley. Es decir, primero deberá ser conocida en el pleno, para asignarla a una comisión legislativa para dictamen y luego someterse a la aprobación o no por parte de los congresistas.

Un agente de tránsito falleció y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC)sufrió lesiones graves en una colisión ocurrida durante una persecución policial en Puerto San José, en el departamento de Escuintla, Guatemala.

El trágico hecho vial se registró durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, cuando ambos elementos perseguían a un motociclista que momentos antes había evadido un puesto de control ubicado en la Aldea Jardines.

De acuerdo con informes de la PNC guatemalteca, las fuerzas combinadas de seguridad mantenían un operativo instalado en la calle principal cuando le marcaron el alto a una motocicleta de color negro.

El conductor no obedeció la señal y aceleró con rumbo a la calle conocida como La Esso. Ante la fuga, los efectivos iniciaron el seguimiento a bordo de una motocicleta oficial, conducida por el inspector de Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Escuintla.

De acuerdo con testigos, al llegar al Sector Pintores, el agente trató de rebasar a un vehículo particular e impactó de frente contra un camión cisterna de color rojo.

El impacto le provocó la muerte a Marvin Geobany Sipaque Rodas, de 23 años, integrante de la PMT, quien ingresó sin signos vitales a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en San José.

En tanto, el agente de la PNC, Carlos Enrique Pérez Puac, sobrevivió al choque con un diagnóstico de fractura de arco cigomático y recibió atención médica en el mismo centro asistencial de Escuintla.

Las investigaciones iniciales en el lugar determinaron que ninguno de los dos agentes portaba casco de protección al momento del impacto, una circunstancia que agravó la severidad de las heridas sufridas.

Mientras que las autoridades policiales aprehendieron al conductor del transporte pesado, identificado como Pedro David de Paz Barrios, de 30 años, quien quedó a disposición de la justicia por los delitos de homicidio culposo y lesiones.

Persecuciones policiales registran antecedentes de muertes y percances graves de agentes en Guatemala

Los operativos de seguimiento ejecutados por las fuerzas de seguridad guatemaltecas han provocado diversos accidentes fatales y lesiones graves en el personal uniformado.

En el municipio de Mazatenango, Suchitepéquez, el agente de la PNC, Juan Emanuel López Coro, de 32 años, falleció tras perder el control de su motocicleta al atravesar un túmulo mientras perseguía a un sospechoso.

Asimismo, en la Calzada Aguilar Batres de la Ciudad de Guatemala, dos elementos policiales resultaron embestidos por un vehículo particular en plena persecución de presuntos asaltantes, hecho que dejó a uno de los elementos gravemente herido.

Estos percances reflejan los elevados riesgos operativos que enfrentan las patrullas motorizadas durante los operativos de persecución en el país.

El municipio de San José concentra elevados índices de violencia e intensidad criminal en Escuintla

El municipio de San José se posiciona entre las demarcaciones con mayor incidencia delictiva del departamento de Escuintla, un territorio afectado por constantes hechos de violencia.

Reportes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y del Ministerio Público (MP) detallan que Escuintla acumuló 262 homicidios entre enero y octubre, guarismo que ubica a esta jurisdicción como la segunda más violenta de todo el territorio nacional.

En ese marco, San José se ubica entre los municipios con más muertes violentas, con 30 homicidios registrados, además de un alto volumen de denuncias por agresiones físicas y lesiones. Esta coyuntura criminal mantiene un despliegue constante de puestos de control y patrullajes combinados entre las autoridades municipales y nacionales en la zona.

Las autoridades de Guatemala registraron 45 hechos de tránsito en las carreteras nacionales durante una semana, como parte del Plan de Acción Invierno 2026.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), emitió un llamado preventivo ante el incremento de emergencias viales asociadas a la temporada de lluvias en el territorio guatemalteco.

Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, los equipos de auxilio atendieron un saldo de cuatro personas fallecidas, 20 heridas y 21 trasladadas a centros hospitalarios.

De las 364 personas involucradas en estos percances, 181 resultaron ilesas y 138 recibieron asistencia en el lugar.

La carretera CA-9 Norte concentró la mayor siniestralidad con 19 sucesos, seguida por la CA-9 Sur y la CA-2 Occidente, con siete casos cada una.

Asimismo, las rutas CA-1 Oriente y CA-1 Occidente contabilizaron cinco incidentes por tramo, mientras que la vía CITO 180 y la CA-13 registraron un hecho cada una.

La tipología de incidentes abarcó desde colisiones múltiples hasta incendios de vehículos

El desglose oficial de las emergencias incluyó 14 colisiones, 13 salidas de pista y siete colisiones múltiples.

Además, las brigadas de Provial documentaron cuatro vuelcos, dos derrapes y diversos incidentes como desprendimientos de neumáticos, caídas de carga, choques estructurales, atropellos y un vehículo incendiado.

Los datos del CIV confirmaron una elevada presencia de unidades de transporte pesado como cabezales, camiones y cisternas, además de picops, automóviles sedán, camionetas agrícolas, motocicletas, microbuses y autobuses de transporte extraurbano y turístico.

Los percances más graves de las últimas semanas paralizaron rutas clave en la red vial guatemalteca

Durante las últimas dos semanas, siniestros de gran magnitud complicaron el paso en arterias estratégicas de Guatemala.

El 29 de septiembre, en el kilómetro 13,5 de la CA-9 Sur, en la cuesta de Villalobos, un tráiler sin frenos provocó un percance múltiple en el que una camionetilla quedó al borde de caer a un precipicio de 10 metros y un motorista perdió la vida.

En esa misma jornada, el vuelco de un camión en San Cristóbal, municipio de Mixco, bloqueó el tránsito hacia la capital.

Días antes, en la ruta al Atlántico, entre los kilómetros 27 y 54, una serie de colisiones de transporte pesado y derrumbes generó un colapso vehicular de más de cinco horas. Asimismo, el 4 de octubre, la carretera CITO 180 registró un accidente fatal en la jurisdicción de Cantel, Quetzaltenango.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y revisar los sistemas del vehículo ante la lluvia

Ante las condiciones climáticas adversas, el vocero de Provial, Marco López, instó a la población a implementar medidas de seguridad antes y durante cada recorrido.

Las autoridades recomendaron verificar el estado de los frenos, las llantas y los limpiabrisas, reducir la velocidad debido a la falta de adherencia en asfalto mojado y mantener las luces encendidas.

El organismo recomendó guardar mayor distancia de seguridad entre automóviles, evitar maniobras bruscas, respetar las señales en áreas con riesgo de derrumbes y detenerse en puntos seguros si la lluvia es intensa. Para consultar el estado de la red vial o reportar imprevistos, se encuentra disponible la línea telefónica 1520.

La Municipalidad de Guatemala aprobó el 30 de septiembre un reglamento publicado este martes 7 de octubre para crear una franja permanente de seguridad alrededor del AeroMetro, con límites de altura y distancia para impedir que edificios, instalaciones u otros elementos interfieran con las cabinas del sistema de transporte por cable aéreo.

La norma, identificada como Acuerdo COM-31-2026, fue firmada por el alcalde Ricardo Quiñónez Lemus y publicada en el Diario de Centro América. Su vigencia comenzó al día siguiente de esa publicación.

El Concejo Municipal fundamentó la regulación en el artículo 40 Bis del Plan de Ordenamiento Territorial, contenido en el Acuerdo COM-030-2008, y tomó como referencia la norma europea EN 12929 del Comité Europeo de Normalización.

Dos corredores entre El Trébol, la zona 9 y Mixco

El reglamento define al AeroMetro como un sistema de transporte público masivo de pasajeros por cable aéreo, tipo teleférico y cien por ciento eléctrico. La nueva franja de resguardo deberá mantenerse libre de obstáculos para permitir el tránsito y la oscilación de las cabinas.

La delimitación considera el ancho del gálibo, el volumen que ocupan las cabinas durante su desplazamiento y los márgenes técnicos mínimos en sentido horizontal y vertical frente a edificios, estructuras o instalaciones.

El primer recorrido, denominado Eje I Trébol-Montúfar, tendrá 2,1 kilómetros entre el puente El Trébol, el bulevar Liberación, la 12 calle o calle Montúfar y la 7a. avenida de la zona 9 de la ciudad de Guatemala.

El Eje II Trébol-Molino de las Flores se extenderá durante 6,8 kilómetros desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en la zona 2 de Mixco. De ese trayecto, 4,8 kilómetros estarán bajo jurisdicción de la Municipalidad de Guatemala y los dos kilómetros restantes corresponderán a Mixco, que deberá emitir su propia regulación para ese tramo.

La supervisión técnica y el control del funcionamiento del proyecto quedarán a cargo de la Inspección Municipal del Sistema AeroMetro, creada por la comuna para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y del contrato vinculado al sistema.

Márgenes técnicos y licencia obligatoria para obras cercanas

Las construcciones futuras deberán respetar una distancia horizontal mínima de 1,5 metros desde el punto máximo de oscilación o deflexión lateral de una cabina hasta cualquier edificación situada en zonas sin acceso público. En áreas accesibles al público, el margen aumentará a 2,5 metros.

La separación vertical será de 1,5 metros frente al terreno o estructuras fijas no accesibles. El límite se elevará a 4,0 metros en superficies abiertas al público y será de un metro respecto de la altura máxima permitida para vehículos que circulen por las vías.

Las estructuras, instalaciones y obras colindantes con la ruta quedarán sujetas de forma permanente a esas restricciones. La Municipalidad podrá limitar la altura urbanística de los inmuebles que invadan el espacio reservado para el recorrido de las cabinas.

Toda obra nueva cercana a la ruta necesitará un dictamen de resguardo antes de recibir su licencia de construcción. La Dirección de Control Territorial deberá revisar si el inmueble colinda con el trazado y, de ser así, trasladar el expediente a la Inspección Municipal del Sistema AeroMetro.

El organismo técnico contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para examinar el diseño arquitectónico y estructural de la propuesta frente a los límites tridimensionales de la franja. El resultado podrá ser favorable, condicionado a modificaciones como retranqueos o reducción de altura, o desfavorable si la obra invade el área protegida o compromete la estabilidad de las cabinas.

La Dirección de Control Territorial solo podrá extender la licencia cuando exista una resolución favorable. Los casos que no estén contemplados por el reglamento serán resueltos por el Concejo Municipal, después de recibir opiniones técnicas de la Inspección Municipal del Sistema AeroMetro, la Dirección de Control Territorial y la Dirección de Planificación Urbana.

Las instalaciones ya existentes que ocupen la vía pública e interfieran con el área de seguridad también deberán retirarse. La obligación alcanza a marquesinas, toldos, salientes, elementos decorativos, vallas y soportes publicitarios, entre otros obstáculos.

El retiro correrá por cuenta, costo y riesgo de la persona individual o jurídica propietaria. Si no cumple, la Municipalidad podrá ordenar la remoción o demolición mediante sus dependencias o por disposición del Juzgado de Asuntos Municipales, y cobrará los gastos al responsable por la vía económico-coactiva, sin derecho a indemnización.

Toda construcción u ocupación que contradiga el dictamen técnico e invada la franja será considerada ilegal. El reglamento habilita su paralización inmediata y demolición a costa del infractor, mientras que el Juzgado de Asuntos Municipales impondrá las sanciones previstas por el Código Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial.

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) presentó a los doce nominados para la vigésima edición del galardón Gerente del Año 2026.

Este es un reconocimiento diseñado para distinguir a ejecutivos y emprendedores que impulsan la economía del país mediante la innovación y la transformación organizacional.

La gala de premiación se realizará el jueves 22 de octubre a las 18:30 horas en el Hotel Westin Camino Real, en la Ciudad de Guatemala.

Desde su creación en 2005, la AGG distingue iniciativas en áreas clave como el desarrollo humano, la productividad y el emprendimiento.

Evelio Alvarado, presidente de la Junta Directiva de la AGG, destacó que durante dos décadas la premiación ha evidenciado cómo el liderazgo en Guatemala se construye con valores, compromiso social e innovación capaces de transformar los desafíos en oportunidades concretas para las nuevas generaciones.

Seis categorías definirán el reconocimiento a la excelencia ejecutiva

El certamen se estructura en seis categorías diseñadas para abarcar los distintos ámbitos del ecosistema empresarial guatemalteco.

En la categoría Innovación Comercial, los nominados son:

• Marie Belle Archila, gerenta general de Grupo Emisoras Unidas, por la creación del proyecto multiplataforma Universo Fútbol;
• Herbert Flores, gerente comercial regional de Forza Delivery, tras impulsar un crecimiento interanual del 65%; y
• Edgar Santos, director comercial de Business Development Group (BDG), responsable de un modelo de venta consultiva con más de 400 clientes corporativos en cuatro países.

En el ámbito de la Innovación Organizacional, compiten:

• Rodrigo Labbé, gerente general de ProHygiene Guatemala, quien incrementó la plantilla de 5 a 95 colaboradores;
• María Cristina Quiñónez, fundadora y directora general de Vedanta Center, con un modelo enfocado en el bienestar corporativo en más de 75 organizaciones; y
• Pablo Suchini, CEO de Grupo GT – COMOSA, líder de un proceso de transformación interna en una firma con siete décadas de trayectoria.

Por su parte, la categoría Innovación Productiva reúne a:

• Patty Díaz, gerenta general de Multitubo, quien elevó la eficiencia productiva en más de un 10% y eliminó los metales pesados en la fabricación de tuberías;
• Samuel Reyes, de Grupo Diveco, cuyo sistema operacional elevó un 31% la productividad; y
• Rodrigo Toledo, CEO de Accesorios Globales, por la implementación de inteligencia artificial para elevar la eficiencia fabril al 22%.

Votación abierta para miles de asociados del sector privado

La categoría Start Up premia a proyectos emergentes de alto impacto regional. Los aspirantes son Piero Coen Dávila, cofundador de OSMO, plataforma de pagos basada en Bitcoin con más de 300.000 usuarios en 18 países; Christian Ortiz, CEO de Vidassa, con presencia en seis mercados centroamericanos; y Rocío Pinto Gómez de Liaño, CEO de Multiverse, entidad que ha acompañado a más de 6.000 emprendedores.

Los ganadores de las cuatro primeras categorías serán elegidos directamente por los cerca de 5.000 socios de la AGG, quienes podrán emitir su voto en el sitio web oficial del evento hasta el sábado 10 de octubre a las 13:00 horas.

En tanto, las distinciones correspondientes a Trayectoria Empresarial y la máxima gala de Gerente del Año serán otorgadas por la Junta Directiva de la institución tras evaluar los méritos de los postulantes de acuerdo con los criterios institucionales.

Guatemala inauguró este 7 de octubre Abrelatam/ConDatos 2026, un encuentro regional sobre tecnología cívica, transparencia e innovación pública que reúne a más de 500 personas de 35 países en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala. La cita busca debatir el uso de datos para fortalecer la democracia, mejorar las decisiones estatales, reducir desigualdades y promover el desarrollo.

El cierre está previsto para el 9 de octubre a las 15:00, con representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA), el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Red Ciudadana y Hivos. La última jornada incluirá un análisis sobre una década de gobierno abierto en Iberoamérica y un pitch day —una instancia de presentación breve de proyectos— del Desafío de Datos por la Democracia, por los 25 años de la Carta Democrática Interamericana.

La decimocuarta edición acumula 13 encuentros previos, realizados en 12 países anfitriones de América Latina y el Caribe, con más de 4.500 participantes. La programación de este año contempla más de 90 sesiones y más de 170 panelistas, talleristas y facilitadores.

La apertura reúne a Hivos, Red Ciudadana e ILDA, además de la presentación de la muestra Datos y Arte: Entredatos. Las actividades iniciales se desarrollan en la Gran Sala Efraín Recinos del centro cultural.

Una agenda definida por la comunidad participante

La primera jornada corresponde a Abrelatam y adopta un formato de desconferencia, una modalidad participativa en la que los asistentes proponen y construyen parte de la agenda. Daniel Carranza ofrecerá una introducción para quienes participen por primera vez, mientras que el lobby del segundo nivel será sede de la construcción colectiva del programa.

Desde las 10:30, los talleres se repartirán en las salas Orquídea, Atitlán, Tikal, Acatenango, Jaguar, Barrilete y Quetzal. Entre las actividades previstas figura un taller sobre pedidos de información pública, dirigido por integrantes del colectivo de periodistas No Nos Callarán.

Clara Cubas estará a cargo de una capacitación sobre seguridad digital para proteger fuentes con herramientas como Tails, un sistema operativo diseñado para preservar el anonimato; Tor, una red de navegación privada; y SecureDrop, una plataforma para el envío protegido de documentos a medios. A las 11:30 comenzarán cuatro horas de diálogos simultáneos, moderados por facilitadores y definidos por los participantes al inicio de la jornada.

Las siete salas del recinto albergarán las desconferencias de Abrelatam hasta la plenaria de cierre de las 16:00, facilitada por Red Ciudadana, Hivos e ILDA. El programa propone intercambios horizontales entre representantes de gobiernos, sociedad civil y academia.

Datos, inteligencia artificial y gestión pública

La segunda jornada, el 8 de octubre, estará dedicada a ConDatos y comenzará con un acto oficial de las instituciones del Comité Organizador 2026, seguido de una presentación cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. La sesión inaugural planteará la pregunta: “¿Tecnología para quién? Datos y poder en América Latina”, con la participación de Angie Contreras, Fabrizio Scrollini, Pía Flores y Enrique Crespo.

La agenda incluirá un panel sobre el uso de inteligencia artificial para identificar a personas desaparecidas en México mediante tatuajes y rasgos distintivos presentes en archivos forenses. También se presentará Fáctica Centinela, un prototipo guatemalteco para detectar narrativas de desinformación.

Otro taller abordará el análisis de datos abiertos sobre contrataciones públicas de Guatemala mediante herramientas de inteligencia artificial, sin necesidad de programar. El encuentro se organiza bajo el lema “Datos en movimiento” y distribuye sus actividades en seis áreas, entre ellas la gobernanza de datos, la infraestructura pública digital, el clima, el gasto estatal, la libertad de expresión y la inclusión territorial.

Anteriormente, la subsecretaria de Segeplan, Ilieana Peña, definió a los datos como una herramienta estratégica para orientar las decisiones públicas. “Es a partir de esta información que podemos identificar dónde están las mayores brechas, qué políticas están funcionando, dónde deben concentrarse los recursos públicos y cómo anticipar riesgos que afectan a la población”, afirmó.

Peña agregó que los datos son indispensables para un Estado que busca recuperar el valor de lo público, mejorar sus decisiones y generar resultados para la población.

El Gobierno de Guatemala presentó un plan de emergencia para Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, ante el deterioro del cauce del río Pinula y el riesgo de colapso de un puente, después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Ejecutivo asumir la atención de la crisis.

La respuesta incluirá una evaluación de daños, un censo de población vulnerable, inspecciones técnicas de viviendas y de la estructura vial, patrullajes de seguridad y un estudio integral de la cuenca. La decisión de evacuar familias y habilitar albergues dependerá de los resultados de los primeros diagnósticos.

El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, indicó que las instituciones ya trabajaban antes del amparo judicial. “Hemos estado tomando acciones incluso antes del amparo”, afirmó, tras señalar que existía un estudio hidrológico previo y una primera evaluación de campo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudia Nogales, presentó una matriz de trabajo con responsables y plazos. La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades estará terminada en dos días y requerirá información del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

El relevamiento se concentrará inicialmente en el sector cuatro de Villa Hermosa, donde no existe información catastral precisa. También se solicitarán estudios de suelo e hidrogeología, junto con el plan de ordenamiento territorial que mantiene Segeplán.

Un censo de familias vulnerables y la inspección del puente

El diagnóstico sobre el riesgo estructural de las viviendas requerirá más tiempo que la primera evaluación. Las autoridades ya cuentan con datos de los sectores uno, dos y tres, mientras que el censo de población vulnerable, con información georreferenciada de la municipalidad, Conred y el Ministerio de Desarrollo Social, estará completo en aproximadamente siete días.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Lucía Acevedo, anunció una inspección técnica inmediata en el puente donde Conred recomendó suspender el tránsito. El resultado definirá el alcance de un estudio estructural posterior, que podría recibir apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El análisis hidrológico entregado a la municipalidad recomienda controlar los drenajes de las viviendas y las aguas grises que erosionan los taludes del cauce. También plantea limpiar el lecho del río, parcialmente obstruido en el tramo que atraviesa el municipio, y ampliar la evaluación para examinar el comportamiento hidráulico de la cuenca del río Michatoya.

La caída de otra vivienda durante la noche anterior fue atribuida por Acevedo a la saturación de los suelos. La ministra advirtió: “Cualquier vibración, cualquier movimiento, entonces esa zona está en alto riesgo y puede ocurrir tal cual pasó el día de ayer”.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo que el Ejecutivo comenzó a coordinar la respuesta desde los primeros días de la emergencia en los sectores II y IV de la colonia Villa Hermosa I. Conred, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ya realizan evaluaciones para definir las medidas necesarias.

Arévalo anticipó decisiones de aplicación inmediata y acciones de mediano y largo plazo. “Va a haber medidas que habrá que tomar de orden inmediato para evitar los riesgos de colapso”, afirmó el mandatario.

El Presidente vinculó el problema con la autorización de construcciones en un área sobre la que existían advertencias técnicas. “Ahí hay viviendas que se construyeron y a las que se les dio licencia en un área en donde había claros informes de que era un área de riesgo”, indicó.

Albergues para 350 personas y obras aún sin financiamiento definido

La municipalidad de San Miguel Petapa ofreció un salón y un domo con capacidad conjunta para 350 personas, además de otros dos espacios que podrían utilizarse si fuera necesario. La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente participará en la asistencia a la población que deba abandonar sus viviendas.

La Gobernación Departamental de Guatemala coordina patrullajes conjuntos de la Policía Nacional Civil y el Ejército para resguardar las casas que puedan quedar desocupadas. El alcalde de San Miguel Petapa, Manuel Morales, puso instalaciones municipales a disposición de las fuerzas de seguridad.

Nogales anunció un estudio integral de la cuenca del río Pinula, que abarcará más allá de los 2,3 kilómetros situados en San Miguel Petapa. La funcionaria explicó que una evaluación similar en el río Chinautla tardó entre tres y cuatro meses y recordó que el área está declarada de alto riesgo desde 2001, bajo el decreto 179-2001.

La investigación deberá contemplar la relación con Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Villa Canales y la ciudad de Guatemala, cuyas aguas residuales desembocan en el río. Mendoza reconoció que existe una mesa de trabajo con invitaciones a varias municipalidades, aunque todavía no se formalizó una coordinación específica para esta crisis.

“Seguramente tendrá que ser una actuación que tengamos que hacer de una manera coordinada, bien establecida y definida”, señaló el secretario de Segeplán.

El financiamiento de las obras se definirá después de conocer los resultados de la evaluación inicial y el costo de las medidas de mitigación. El Fondo Nacional para la Reducción de Desastres dispone de 30 millones de quetzales de los 120 millones presupuestados, luego de que cerca de 90 millones fueran destinados a subsidios por sismos previos.

Una eventual declaratoria de estado de calamidad dependerá de la estimación del costo de las obras. Mientras las instituciones realizan sus evaluaciones, Morales aseguró que la municipalidad continúa con un enrocado ciclópeo para evitar el colapso del puente y las autoridades acordaron emitir informes de avance cada 24 horas.

El TSE capacitó a representantes de partidos políticos junto con Meta para reforzar el uso responsable de redes sociales antes de las elecciones generales de 2027, con énfasis en la verificación de cuentas, la detección de perfiles falsos y la prevención de la desinformación.

La actividad, realizada el martes 6 de octubre bajo el nombre “Buenas Prácticas en Redes Sociales”, fue organizada por el Tribunal Supremo Electoral mediante su Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

El encuentro reunió a delegados de las agrupaciones políticas para explicar el manejo de publicaciones, anuncios, contenidos multimedia y mecanismos de denuncia en las plataformas digitales.

Cada organización fue invitada a enviar a cuatro representantes para recibir formación sobre verificación de cuentas, pago de pauta, segmentación de anuncios y reportes de perfiles falsos.

La campaña electoral está prevista entre el 29 de marzo y el 25 de junio de 2027. Las elecciones generales se celebrarán el 27 de junio y, si fuera necesaria, la segunda vuelta será el 22 de agosto.

Cuentas verificadas y control de la publicidad digital

Las agrupaciones deberán completar el proceso de autenticación y verificación de sus cuentas ante Meta, y luego comunicar el cumplimiento a la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. El procedimiento busca facilitar la identificación de los perfiles oficiales y reducir la circulación de cuentas creadas con nombres, símbolos o distintivos partidarios.

El personal de Meta recomendó registrar las marcas de las organizaciones políticas. Ese registro permitiría solicitar la baja de cuentas falsas que utilicen la identidad de un partido, sus emblemas o denominaciones.

Pablo Portocarrero, jefe de la unidad especializada y secretario en funciones del Tribunal Supremo Electoral, señaló que las capacitaciones apuntan a que los mensajes oficiales lleguen a la ciudadanía desde cuentas verificables de los partidos y los medios de comunicación. “La intención es que las campañas se desarrollen en cultura de paz, en lo físico y digital, sin interferencia del TSE”, afirmó.

La Biblioteca de Anuncios de Meta permitirá conocer cuánto tiempo permanece activa cada pauta, quién financia su difusión y cuál fue el monto invertido. Esa información será trasladada a la unidad encargada de fiscalizar las finanzas partidarias.

Las autoridades y fiscales que participaron en la jornada también abordaron la generación de contenidos falsos, discriminatorios o que inciten al odio y al rechazo. El aumento de este tipo de publicaciones mediante inteligencia artificial motivó recomendaciones para reconocerlas, denunciarlas y evitar su difusión.

Portocarrero recordó que el uso de redes sociales fue el principal reto de la elección anterior y definió la desinformación como un “enemigo de la democracia”. La fase de capacitaciones continuará hasta enero, cuando se convoque formalmente a elecciones generales, e incluirá a futuros candidatos y a integrantes de la prensa.

Más del 90% de los casos de campaña anticipada, en redes

El Tribunal Supremo Electoral registra 215 casos vinculados con campaña anticipada, y más del 90% surgió en redes sociales y plataformas digitales. Por ese motivo, las agrupaciones fueron advertidas sobre la difusión de mensajes electorales antes del inicio oficial de la campaña.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece en su artículo 94 Bis: “No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento”.

La norma considera campaña anticipada las acciones destinadas a posicionar el nombre, rostro, símbolos o planes de gobierno de un aspirante antes de la convocatoria electoral. También incluye los llamados directos o indirectos al voto, el uso reiterado de símbolos partidarios para promocionar a una persona o agrupación y la contratación de publicidad electoral en medios o redes fuera del período autorizado.

La convocatoria a elecciones generales está programada para el 22 de enero. El plazo para inscribirse en el padrón electoral concluirá el 20 de marzo; al 1 de octubre, el registro contabilizaba 10 millones 225 mil 221 ciudadanos inscritos.

La divulgación oficial de los resultados electorales está prevista entre el 1 y el 8 de diciembre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró en septiembre un Índice Oceánico de El Niño de 2,2, el máximo de una secuencia ascendente durante 2026, y prevé menos lluvia y temperaturas más altas hacia finales de este año y durante el primer semestre de 2027. El fenómeno ya incide en las estimaciones de inflación del Banco de Guatemala y en una licitación estatal para reforzar la generación eléctrica ante la sequía.

El Índice Oceánico de El Niño, conocido como ONI, mide las variaciones de la temperatura superficial del mar en la región ecuatorial. Sus registros subieron de 0,5 a 0,9, luego a 1,4 y 1,8, hasta alcanzar el valor de septiembre.

El director del Insivumeh, Edwin Rojas, sostuvo que el organismo dejó de considerar a El Niño como un fenómeno exclusivamente cíclico. “En este momento hemos considerado este fenómeno como un fenómeno con una tendencia creciente y cada vez más rápida en el transcurso del tiempo”, afirmó.

Menos precipitaciones y temperaturas hasta dos grados más altas

Las proyecciones elaboradas desde marzo anticipaban una reducción de alrededor de un tercio de las lluvias respecto de los valores normales, junto con un aumento de la temperatura de entre uno y dos °C. La primera temporada lluviosa comenzó con un retraso leve y las condiciones registradas posteriormente coincidieron con los escenarios previstos.

Entre julio y agosto, la canícula se prolongó durante entre 50 y 53 días de los 61 que integran esa fase del calendario agrícola. Rojas advirtió que el calentamiento de las aguas tendrá efectos en Guatemala durante los próximos meses: “Las aguas se calentaron en exceso y este comportamiento va a tener repercusiones en nuestro país los siguientes meses”.

Los modelos estadísticos y dinámicos examinados por el organismo extienden la vigilancia hasta el primer semestre de 2027. Los escenarios contemplan un posible debilitamiento gradual, aunque las condiciones vinculadas con el fenómeno continuarán bajo observación.

La preocupación climática también llegó al Congreso durante la exposición de las perspectivas económicas para el próximo año. El presidente del Banco de Guatemala, Jonathan Menkos, alertó que El Niño “ya comienza a hacerse visible y podría alcanzar una intensidad considerable”.

El banco central prevé aumentos de temperatura, déficit de lluvias durante el próximo semestre y recursos hídricos por debajo de los niveles climatológicos habituales. Los análisis econométricos preliminares sugieren una afectación de la inflación guatemalteca a lo largo de 2027, según explicó Menkos ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

El funcionario vinculó esa presión sobre los precios con las condiciones de producción que podrían presentarse durante el período. Sin embargo, estimó que el impacto sobre el crecimiento económico general sería limitado y que los mayores daños se concentrarían en la producción de subsistencia destinada al consumo familiar.

“Es un tema que hay que mantener en la reflexión de todos los organismos del Estado”, afirmó Menkos. La advertencia sitúa al fenómeno entre las variables que las instituciones públicas deberán seguir durante 2027.

La licitación eléctrica para compensar la menor generación hidroeléctrica

La reducción de los caudales asociada a El Niño también llevó al Gobierno a reforzar la planificación energética. Durante la presentación de la Licitación Abierta PEG-6-2026, el presidente Bernardo Arévalo y el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, señalaron que la menor disponibilidad de agua afectó directamente la generación hidroeléctrica.

La convocatoria prevé 600 megavatios de generación firme: 450 megavatios corresponderán a nuevas plantas y 150 a centrales ya existentes. Los contratos podrán extenderse hasta 15 años.

Barrios explicó que la potencia firme permite disponer de electricidad con independencia de las condiciones climáticas y complementa a las fuentes renovables. “Las energías renovables son parte esencial del futuro energético de Guatemala, pero la potencia firme es la base sobre la cual descansa la confiabilidad y estabilidad de un sistema eléctrico”, señaló.

La PEG-6-2026 forma parte del Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2026-2050, con el que el Gobierno busca reducir los riesgos de abastecimiento y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante episodios climáticos. Arévalo defendió una matriz diversificada que combine fuentes renovables con generación capaz de sostener la estabilidad en escenarios adversos.

“Si no nos preparamos hoy, invirtiendo en fuentes de energía, este desarrollo puede verse limitado por su falta”, expresó el mandatario. También afirmó que la electricidad que dentro de seis años ilumine escuelas, mueva fábricas y permita el crecimiento de las comunidades dependerá de las decisiones adoptadas ahora.

El Insivumeh mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas para que las instituciones vinculadas con la gestión de riesgos ajusten sus decisiones en los próximos meses. Esa información alimenta las proyecciones del Banco de Guatemala sobre la inflación de 2027 y los cálculos del Ministerio de Energía y Minas sobre la capacidad firme necesaria para sostener la demanda eléctrica del próximo año.

El Gobierno de Guatemala ofreció este miércoles disculpas públicas a cinco autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá que enfrentaron persecución penal por participar en las protestas de 2023 para exigir el respeto a la voluntad popular tras las elecciones. El acto reunió al presidente Bernardo Arévalo de León, a representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Municipalidad Indígena de Sololá.

Los cinco dirigentes fueron acusados de terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. La causa fue impulsada por el Ministerio Público durante la gestión de la entonces fiscal general, Consuelo Porras.

La ceremonia se realizó en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, con la participación del procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y de la vicepresidenta Karin Herrera. La disculpa respondió a una orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dentro de la causa 1069-2024-443 y conforme a resoluciones emitidas el 11 y el 25 de septiembre.

Los beneficiados fueron Luis Aroldo Pacheco Gutiérrez, quien presidía la Junta Directiva de los 48 Cantones en 2023; el tesorero Héctor Samuel Chaclán Batz; el vicepresidente Basilio Bernardo Puac García; la vocal primera María Juana Elías Xunundetsik, y el vicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, Esteban Toc Tsay.

La acusación de terrorismo contra dirigentes de Totonicapán y Sololá

Las autoridades ancestrales de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá convocaron y participaron en las manifestaciones de octubre de 2023. Saavedra afirmó que el Estado persiguió a los 48 Cantones y a su junta directiva “como si se tratara de una organización criminal”, aunque las pruebas determinaron lo contrario.

Pacheco y Chaclán fueron capturados el 23 de abril de 2025 y permanecieron más de 15 meses en prisión preventiva en el Centro de Detención Mariscal Zavala, hasta el 5 de agosto. Puac y Toc quedaron bajo arresto domiciliario, mientras que el juzgado dictó el sobreseimiento de Elías el 25 de septiembre.

El procurador general describió el proceso como un intento de instaurar un autoritarismo competitivo, una expresión atribuida a los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way para definir sistemas en los que existe competencia electoral, pero el poder utiliza las instituciones estatales contra sus adversarios. “Manifestar no es delito”, sostuvo Saavedra.

El funcionario señaló que la persecución contra representantes indígenas tiene un efecto que trasciende a las personas imputadas porque alcanza a las instituciones comunitarias a las que representan. La criminalización, dijo, afecta las formas de organización de los pueblos originarios.

Arévalo denunció una persecución política y espuria

El presidente Bernardo Arévalo calificó el expediente judicial como una causa “abiertamente arbitraria e ilegal, una persecución sesgada, política y espuria”. También sostuvo que la Junta Directiva de los 48 Cantones y la Municipalidad Indígena de Sololá no son organizaciones criminales, sino autoridades legítimas vinculadas a las estructuras sociales y la identidad cultural del país.

Arévalo reconoció la prisión arbitraria que enfrentaron Pacheco, Chaclán, Puac y Toc, además del exilio que debió asumir Elías. El mandatario afirmó que el Estado debe fortalecer las instituciones de los pueblos indígenas y garantizar que ninguna autoridad originaria sea perseguida por ejercer su representación o manifestarse de forma pacífica.

El jefe de Estado citó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como un marco para el reconocimiento de las formas propias de organización de los pueblos indígenas. Herrera también se sumó a las disculpas mediante un mensaje en la red social X.

La vicepresidenta sostuvo que reconocer lo ocurrido “es un paso necesario para reparar, reconstruir la confianza, el diálogo y el respeto entre el Estado y los pueblos indígenas”. Luego se retiró del acto por una agenda prevista en Huehuetenango, donde tenía programada una reunión con el cardenal Álvaro Ramazzini Imeri y su participación en el foro “HumanIA: Diálogos sobre Inteligencia Artificial, Estrategia y Futuro”.

Los reclamos por reparación psicológica, económica y comunitaria

Pacheco relató su permanencia en prisión junto a Chaclán y reiteró que defender el derecho a manifestarse “no es delito”. Chaclán aseguró que estuvo detenido durante más de 468 días y agradeció el respaldo de organizaciones, iglesias y del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala.

Puac cuestionó que la intervención del procurador general no mencionara el daño psicológico ni financiero que, según afirmó, sufrieron las familias de los procesados. “Una disculpa pública es muy fácil”, advirtió, al reclamar medidas de reparación.

Elías habló también en idioma k’iche’ y pidió una mayor participación de las mujeres en los espacios de autoridad indígena. Además, solicitó a los medios de comunicación que no tergiversen la información relacionada con el caso.

El alcalde indígena de Sololá, Miguel Ángel Vicente, propuso que la disculpa incluya mejoras en infraestructura, salud, educación y economía comunitaria. También planteó un diálogo nacional sobre reformas constitucionales que fortalezcan el reconocimiento de los pueblos originarios.

Eduardo Tax, presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones, pidió que la fecha quede registrada en la historia del país y afirmó que “nunca más la organización comunitaria” debe ser confundida con una organización criminal. Durante el acto, Herrera se refirió además al asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez e instó a las autoridades competentes a esclarecer el crimen con prontitud.

A casi un año de la fuga masiva de 20 privados de libertad del Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II, las autoridades de Guatemala contabilizan 11 prófugos ya localizados: diez detenidos y uno hallado sin vida. Nueve integrantes de la pandilla Barrio 18 permanecen con paradero desconocido, pese a los operativos de búsqueda nacional e internacional que se mantienen activos.

La evasión salió a la luz el 12 de octubre de 2025, cuando las autoridades reportaron la fuga de los 20 reclusos, todos vinculados a la estructura del Barrio 18.

La salida del penal se produjo de forma gradual, en pequeños grupos y en algunos casos de manera individual, presuntamente durante horarios de visita familiar. El hecho no fue detectado de inmediato, sino que se descubrió tras un conteo general de reclusos, lo que dejó en evidencia fallas graves en los controles del centro carcelario.

Desde entonces, el gobierno de Guatemala ofrece una recompensa de 150 mil quetzales por información que conduzca a la localización de cada uno de los prófugos restantes. La Policía Nacional Civil (PNC) solicita a la población reportar cualquier dato de forma confidencial a los números 110 y 1561.

El historial de recapturas

La primera detención se produjo apenas un día después de conocerse la fuga. Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, líder de la clica Latin Family, fue localizado el 13 de octubre de 2025 en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Cumplía una condena de 180 años por delitos como asesinato, extorsión y robo agravado.

El 18 de octubre, las fuerzas de seguridad ubicaron en un mismo inmueble de Huehuetenango a Melcin de León, alias “Liro Strong”, y a Marlon Manolo Sincuir, alias “Spektro”, ambos integrantes de la clica Solo Para Locos. Tres días después, el 21 de octubre, la PNC reportó la captura de Nicolás Xantes Sis, alias “Brown”, líder de la clica Vatos Locos, interceptado en La Democracia, Escuintla.

Durante noviembre y diciembre se sumaron dos capturas más. Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias “Cartoon”, señalado como ranflero de la clica Crazy Gánster, fue detenido el 20 de noviembre en una vivienda de la aldea Las Anonas, San José Pinula. El 23 de diciembre, Milton Noel Najarro García, alias “Soberbio” o “Dark”, líder de la clica Solo Para Locos, fue localizado en la aldea Las Pitas, Los Amates, Izabal. Durante ese operativo se decomisaron un arma de fuego, una tolva, municiones y teléfonos celulares.

Un prófugo hallado sin vida

El 4 de enero de 2026, las autoridades localizaron sin vida a Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, señalado como líder de la clica Hollywood Gánster. Su cuerpo fue encontrado en el parcelamiento San Rafael, aldea El Jocotillo, Villa Canales, e identificado mediante el sistema biométrico MI-3. González Ortega, de origen nicaragüense, ostentaba el rango de ranflero dentro de la estructura pandilleril. El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación sobre las circunstancias de su muerte continuaba abierta.

El 30 de enero, la PNC reportó la recaptura de Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón”, localizado en el sector Las Maravillas, San Pedro Ayampuc. El 13 de marzo se sumó la detención de José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, tras diligencias de allanamiento. Sinay Ortiz resultó herido durante un enfrentamiento armado con agentes, al igual que dos elementos de la Fuerza Especial Policial. El detenido cumplía condena por homicidio en grado de tentativa, conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

Dos capturas en territorio mexicano

El capítulo más reciente se registró el 5 de octubre de 2026, cuando la coordinación entre Guatemala y México permitió localizar a dos prófugos más en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Se trata de Rudy Augusto Ortiz Morales, también registrado como Mynor Aníbal Ortiz Morales, de 42 años, conocido como “Smoking”, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano, también registrado como Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias “Liro Spyder” o “Little Spyder”. Ambos contaban con notificación roja de Interpol desde su fuga del penal.

La detención fue resultado de una operación coordinada entre el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la PNC, el Ministerio Público (MP) de Guatemala y autoridades mexicanas. Al momento del arresto, las fuerzas de seguridad incautaron en flagrancia presunta marihuana, armas de fuego y municiones en poder de los detenidos. Ortiz Morales era señalado como uno de los cabecillas de la estructura del Barrio 18 y enfrentaba acusaciones por asesinato, tentativa de asesinato y evasión, además de la coordinación de atentados contra policías, custodios penitenciarios y fiscales del Ministerio Público.

El MP informó que continúan las diligencias para establecer las responsabilidades legales de ambos hombres y definir los procedimientos de extradición hacia Guatemala. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para su traslado.

Nueve prófugos siguen en búsqueda

Con el saldo actualizado, las autoridades buscan a Edwin René Ramírez Iboy, Fernando Muñoz Sinar, Kevin Amilear Ramos Aguilar, Carlos Augusto Aguilar Escobar, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, Julio Cristóbal Gómez Lic, Gerson Alexander Osorio Herrera, Carlos Estuardo Boch y Winston Estivenson Mereira Aristondo.

La PNC mantiene activas las líneas de investigación y la coordinación con fuerzas policiales de México, El Salvador, Honduras y Belice para ampliar las posibilidades de recaptura. El vocero de la institución, Jorge Aguilar, señaló que el trabajo policial se enfoca en la prevención del delito, la pesquisa y el combate a las estructuras criminales vinculadas con la fuga.

Guatemala entrará en la temporada fría desde la segunda quincena de octubre, aunque los primeros frentes fríos con incidencia prevista para el país llegarían a partir de noviembre, según las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El cambio será gradual y tendrá mayor impacto durante las noches y madrugadas, sobre todo en Occidente y el Altiplano Central.

En esas regiones, las temperaturas mínimas promedio de octubre podrían ubicarse entre 7 ℃ y 17 ℃ (44,6 ℉ y 62,6 ℉), mientras el país deja atrás de forma paulatina la época lluviosa.

Noviembre marcará la llegada de los primeros frentes fríos

Aunque la temporada fría suele comenzar en la segunda mitad de octubre y se extiende hasta la primera quincena de marzo, el pronóstico mensual no contempla frentes fríos para este mes.

La mayor probabilidad de estos sistemas comenzará en noviembre, cuando se esperan dos frentes. Para diciembre y enero se proyectan cuatro en cada mes; para febrero, tres, y para marzo, otros tres. La perspectiva no anticipa frentes fríos en abril.

De cumplirse ese escenario, diciembre y enero concentrarían la mayor actividad de la temporada. El Insivumeh advierte que enero podría registrar las temperaturas más bajas del año en Occidente y el Altiplano Central, con posibilidad de heladas en sectores de mayor elevación.

Los frentes fríos suelen generar viento norte de moderado a fuerte. El aire frío atraviesa las planicies de la península de Yucatán y, al llegar a las montañas del norte de Guatemala, asciende y condensa la humedad.

Ese fenómeno puede provocar lluvias en el Norte, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, además de eventos aislados en Bocacosta y el sur de Occidente.

Sololá y Quetzaltenango tendrían las mínimas más bajas en octubre

La perspectiva climática de octubre identifica a Sololá y Quetzaltenango entre los departamentos con los promedios mínimos más bajos.

En Sololá, los registros previstos oscilan entre 7 ℃ y 13 ℃ (44,6 ℉ y 55,4 ℉). En Quetzaltenango, las mínimas promedio estarían entre 8 ℃ y 10 ℃ (46,4 ℉ y 50 ℉).

En Huehuetenango se estiman temperaturas mínimas de entre 11 ℃ y 14 ℃, mientras que en el departamento de Guatemala se proyectan entre 14 ℃ y 17 ℃.

Nebaj, en Quiché tendría valores de 11 ℃ a 16 ℃; Cobán, Alta Verapaz de 15 ℃ a 17 ℃; y Esquipulas, Chiquimula de 15 ℃ a 19 ℃.

Estos datos corresponden a promedios mensuales pronosticados y no a temperaturas extremas. Por esa razón, durante octubre pueden presentarse registros inferiores o superiores a los rangos previstos, según las condiciones de cada jornada.

El contraste entre las temperaturas medias y las mínimas será más notorio en las áreas elevadas. En Guatemala, por ejemplo, la media mensual prevista se sitúa entre 19 ℃ y 22 ℃, aunque las madrugadas podrían bajar hasta los 14 ℃. En Sololá, la media se proyecta entre 12 ℃ y 18 ℃.

Octubre mantendrá lluvias en varias regiones del país

La reducción de las lluvias no será inmediata. El Insivumeh prevé acumulados de entre 140 y 605 milímetros en Bocacosta, Pacífico, Petén y Caribe durante octubre.

En Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente, los valores estimados van de 55 a 205 milímetros.

Las precipitaciones tendrían mayor presencia durante la primera y la cuarta semana del mes. Estas condiciones mantienen el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos y lahares cerca de la cadena volcánica.

Las autoridades recomiendan seguir los boletines meteorológicos y reforzar las medidas de prevención ante las bajas temperaturas, en especial para reducir enfermedades respiratorias en las zonas altas del país.

Luego que trascendiera el traslado de emergencia del exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado Quiñónez, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el exfuncionario falleció y que, como parte de las primeras hipótesis, se investiga un posible suicidio.

De acuerdo con la información de Bomberos Municipales, llamadas de emergencia los alertaron sobre una persona que se encontraba gravemente herida de bala, por lo que se trasladaron a una zona residencial exclusiva de la ciudad de Guatemala.

En el lugar localizaron con un disparo en el cráneo y en estado agónico al exministro de Comunicaciones, quien fue trasladado hacia un centro asistencial privado de la zona 10. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, Maldonado Quiñónez falleció.

Su conviviente estaba en la cocina de la residencia

De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso Infobae, el exministro fue localizado por su conviviente identificada como Alvy Alejandra López Mauricio, quien fungió como Asistente de Adquisiciones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante la administración de Quiñónez Maldonado.

La mujer relató a los oficiales que acudieron a la escena que ella se encontraba en la cocina del domicilio, cuando escuchó una detonación posiblemente de proyectil de arma de fuego.

De inmediato se dirigió a la sala del inmueble, lugar donde encontró a Maldonado Quiñónez tendido en el suelo con el rostro cubierto de sangre y a un costado un arma de fuego, por lo que de inmediato coordinó la asistencia médica con los bomberos.

López Mauricio detalló a los oficiales de la Policía Nacional Civil que el exfuncionario “estaba bajo tratamiento psicológico y que hace cuatro semanas había intentado suicidarse, pero ella logró arrebatarle el arma de fuego” impidiendo que concretara sus intenciones.

La mujer no detalló cuáles eran las causas de la depresión del exministro de Comunicaciones, pero confirmó que este era su segundo intento de quitarse la vida.

Inician investigación

Luego del incidente acudieron al lugar fiscales del Ministerio Público (MP), así como agentes de la Policía Nacional Civil.

Dentro de la residencia ubicada en 3a. Calle 18-48, de la Colonia Vista Hermosa, Zona 15 de la Ciudad de Guatemala, localizaron un arma de fuego y manchas de sangre.

Además, detallaron que la víctima presentaba una lesión de proyectil de arma de fuego en la región del cráneo.

Como móvil del hecho señalaron un “posible suicidio”, pero aclaran que el hecho aún está por esclarecerse, por lo que continuarán con las diligencias para determinar lo ocurrido.

Exministro señalado de corrupción y anomalías

Javier Maldonado Quiñónez asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el 1 de julio de 2021, tras ser juramentado por la Presidencia de la República en el gobierno de Alejandro Giammattei.

Antes de asumir ese cargo, ya había fungido como viceministro de Edificios Estatales. Sin embargo, fue ascendido por recomendación del expresidente Jimmy Morales, según confirmaron a Infobae fuentes cercanas a esa administración.

Luego de la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia guatemalteca, Maldonado Quiñónez fue objeto de acciones legales por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la cartera de infraestructura.

Una de las denuncias fue por un posible fraude realizado con el programa de cocinas temporales, donde se detectaron duplicados y triplicados de desembolsos que sumaban unos USD 6.9 millones.

También fue denunciado por la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango, el cual fue cancelado en un 90%, pese a que la obra física únicamente avanzó un 38%.

Pero uno de los casos que más llamó la atención, fue la denuncia sobre una posible trata de personas dentro del Ministerio a través de plazas otorgadas a presuntas damas de compañía para funcionarios de la administración de Giammattei.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

El exministro Javier Maldonado Quiñónez falleció la noche del martes 6 de octubre, después de ser hallado con una herida de bala en el cráneo en una vivienda de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Nacional Civil investiga el hecho como un posible suicidio, tras una gestión al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda marcada por denuncias de corrupción y una acusación por una presunta red de trata de personas.

Maldonado Quiñónez dirigió la cartera durante el gobierno de Alejandro Giammattei y, tras la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia, acumuló acciones legales por obras hospitalarias inconclusas, proyectos viales paralizados y contrataciones cuestionadas. El último proceso judicial en su contra concluyó el 9 de junio con una falta de mérito.

El ingeniero tenía estudios de especialización estratégica en la Universidad Europea del Atlántico y experiencia en construcción, planificación y logística de proyectos de infraestructura. Antes de llegar al gabinete, encabezó la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y fue viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública durante nueve meses.

La Presidencia lo juramentó como titular del CIV el 1 de julio de 2021. Su nombramiento respondió a una recomendación del expresidente Jimmy Morales, según confirmaron fuentes cercanas a esa administración a Infobae.

Hospitales con pagos adelantados y obras detenidas

La denuncia por la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango, expuso una diferencia entre los desembolsos realizados y el avance de la obra. La administración anterior había pagado el 90% del costo total cuando la ejecución física era de apenas 38%, de acuerdo con una verificación oficial.

El proyecto quedó paralizado durante 11 meses y afectó a más de 42 mil habitantes. El Ministerio de Salud y Asistencia Social, el CIV y la Comisión Nacional contra la Corrupción denunciaron por fraude a Maldonado Quiñónez, al exviceministro Carlos Quiñónez Schwank, al exdirector de la UCEE Juan Carlos Alonzo Reyes y al representante legal de la constructora, Erick Estuardo Escobar Vargas.

Otra investigación se concentró en el hospital de San Benito, en Petén, valuado en 264 millones de quetzales. Aunque Maldonado Quiñónez y Giammattei anunciaron la obra en junio de 2023, una inspección detectó únicamente trabajos de aplanamiento y cercado del terreno.

Los pagos rondaban los 83 millones de quetzales, mientras que el avance financiero superaba el 40% y la ejecución física no alcanzaba el 8%. El diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, cuestionó esa diferencia.

Las denuncias también abarcaron los pasos a desnivel de la calzada Roosevelt y la avenida Petapa, en la capital guatemalteca. Legisladores de VOS señalaron en mayo de 2024 presuntas sobrevaloraciones, movimientos de tierra dudosos y pagos que no coincidían con el estado de las obras.

Blanco sostuvo que esos proyectos “conforman una red de saqueo que se dio en el Estado de Guatemala” en al menos diez construcciones similares. El paso a desnivel de la avenida Petapa, valuado en más de 100 millones de quetzales, permanecía detenido desde mayo de 2023.

El programa “Cocinas Dignas” motivó otra denuncia por 53 millones de quetzales destinados a 590 cocinas temporales. La viceministra de la UCEE, Paola Constantino, informó ante la bancada VOS que el Sistema de Contabilidad Integrada registraba 1.140 inscripciones duplicadas y triplicadas.

Los inspectores localizaron 516 de las estructuras previstas y nueve no figuraban en ningún registro. La empresa contratista también había construido las escuelas Bicentenario, un proyecto cuestionado por anomalías similares por 630 millones de quetzales.

La acusación por trata y el cierre de la denuncia

La acusación con mayor repercusión pública apuntó a una presunta estructura de trata de personas dentro del CIV, mediante plazas otorgadas a mujeres que, según la denuncia, prestaban servicios de acompañamiento a funcionarios de la administración de Giammattei. La existencia del supuesto esquema fue revelada por ConCriterio, que describió una oficina donde se contrataba a secretarias y asistentes para tareas ajenas a sus cargos, incluso favores sexuales.

La entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, denunció la estructura en mayo de 2024 y aseguró que ordenó destituciones de personal involucrado. También afirmó que presentó el caso ante el comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo.

La Fiscalía Contra la Trata de Personas del Ministerio Público citó a De la Vega para que aportara información sobre las posibles víctimas. El departamento de Comunicación Social del organismo indicó: “Se presume que la información de trabajadores y de nombres de las posibles víctimas las tiene la exministra, por tal razón, ha sido citada para que pueda aportar toda la información que sepa del hecho denunciado”.

Maldonado Quiñónez rechazó los señalamientos mediante un comunicado, en el que calificó las acusaciones como “asquerosas acusaciones” sin fundamento. El exfuncionario afirmó: “Rechazo enérgico y categórico a las mentirosas declaraciones de la exministra Jazmín De la Vega”.

Sostuvo que durante su administración no toleró actividades ilícitas ni hechos de trata de personas. También exigió que De la Vega identificara los contratos que, según ella, habían sido rescindidos y anunció acciones penales por difamación y calumnia, además de denuncias por presuntos delitos contra su esposa, su hija y su madre.

La Comisión Nacional contra la Corrupción pidió un informe al CIV y solicitó confidencialidad para evitar la revictimización de las posibles personas afectadas. En julio de 2025, el comisionado contra la corrupción, Julio Flores, informó que el Ministerio Público había archivado la denuncia.

Maldonado Quiñónez compareció el 28 de enero de 2026 ante el Juzgado Séptimo Penal por una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad sobre presuntos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes. La audiencia fue reprogramada para el 3 de marzo y la jueza Mónica Castillo le otorgó falta de mérito el 9 de junio.

“Gracias a Dios se determinó que no había delito que perseguir, por lo cual ya salimos de este tema”, declaró el exministro. Explicó que la causa se había originado por una delegación de funciones y no por un nombramiento irregular.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

Un supuesto sicario fue abatido por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, luego de que minutos antes disparara contra un adolescente de 16 años, quien falleció en el lugar.

Tras el enfrentamiento con los agentes policiales, el sicario falleció, mientras que su acompañante, un menor de edad, resultó gravemente herido, por lo que fue enviado a un centro asistencial bajo el resguardo policial.

El tiroteo ocurrió en la 21 avenida, entre la 11 y 13 calles de la colonia Cipresales, zona 6 de la Ciudad de Guatemala, frente a las instalaciones del Club de Oficiales.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) detectaron a dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, instantes después de que perpetraran un ataque armado contra un adolescente de 16 años, quien falleció a unos 60 metros del lugar de la intervención.

La intervención policial y el decomiso del armamento

Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, los sospechosos desenfundaron una pistola e iniciaron un ataque contra los uniformados.

Los efectivos repelieron la agresión en el sitio, donde cayó abatido uno de los presuntos atacantes, mientras que su acompañante, un menor de edad, sufrió heridas por impactos de proyectil.

Paramédicos de los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria en el lugar y trasladaron al adolescente herido hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó ingresado bajo estricta custodia policial.

Las autoridades incautaron en la escena una pistola marca Pietro Beretta calibre 9 milímetros, la cual contaba con reporte de robo con fecha del 8 de enero de 2018.

El portavoz de la PNC, César Mateo, confirmó que las directrices institucionales ordenan el uso legítimo de la fuerza para resguardar a la población y a los propios agentes.

Peritos del Ministerio Público (MP) acordonaron el área para recolectar los indicios balísticos e integrar el expediente correspondiente.

Escalada de tiroteos y choques armados con fuerzas de seguridad

El incidente se suma a una serie de enfrentamientos recientes entre las fuerzas del orden y estructuras delictivas en la capital guatemalteca.

El 29 de septiembre de 2026, agentes de la Comisaría 12 mantuvieron un intenso tiroteo sobre la calzada José Milla y 19 avenida de la zona 6, cuando interceptaron una camioneta negra en la que viajaban hombres con pasamontañas equipados con fusiles de asalto.

Aquel operativo concluyó con la captura de dos sospechosos heridos y el decomiso de armas de alto calibre.

Meses antes, una irrupción de investigadores en el barrio El Gallito, ubicado en la zona 3, derivó en un nutrido tiroteo contra la banda Los Caradura, con un saldo de tres personas muertas, entre ellas un agente policial.

Asimismo, en enero del mismo año, la PNC enfrentó una ola de agresiones directas de pandillas tras una serie de motines coordinados en diversos centros penitenciarios del país.

Incidencia criminal y homicidios en la zona 6 de la capital

La zona 6 constituye una de las demarcaciones urbanas con mayor actividad delictiva en el municipio de Guatemala. Informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ubican a este sector entre las áreas con mayor registro de violencia, al concentrar cerca del 8% de los homicidios ocurridos en la capital, superada únicamente por las zonas 18, 3 y 7.

A nivel nacional, el 84% de las muertes violentas se comete con armas de fuego, según datos estadísticos del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Las autoridades atribuyen cerca del 77% de estos hechos a pugnas entre pandillas y venganzas personales. Aunque la tasa nacional se situó en 16,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de Guatemala registra la mayor proporción de casos al acumular alrededor del 20% de los crímenes violentos reportados en todo el territorio nacional.

El Congreso de Guatemala aprobó una medida de emergencia para apoyar a las familias afectadas por los socavamientos del río Pinula, mientras las obras de infraestructura en la cuenca podrían requerir una inversión de hasta USD 25,9 millones, según el alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales.

La decisión busca mitigar los riesgos ambientales e inmobiliarios en el municipio de San Miguel Petapa.

El impacto de las crecidas e inundaciones exige una intervención económica de gran escala en la localidad. El alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, afirmó que la unidad de planificación municipal estima que las obras definitivas requerirán entre 170 millones y 200 millones de quetzales (hasta USD 25,9 millones) para solucionar la problemática de fondo en la cuenca del río Pinula.

Morales sostuvo que la municipalidad continuará con trabajos de contención local, mediante el tiro de rocas en los puntos más críticos, para prevenir el colapso de la infraestructura vial.

Asimismo, el jefe edilicio indicó que los megacolectores construidos en la Ciudad de Guatemala incrementan el caudal que atraviesa el municipio, por lo que instó a evaluar la responsabilidad de las distintas comunas del área metropolitana.

Diputados aprueban un punto resolutivo para urgir los trabajos en el área de impacto

El Pleno del Congreso de la República de Guatemala aprobó, con 143 votos a favor, el Punto Resolutivo 2-2026, una iniciativa presentada por la diputada Alexándra Ajcip, del bloque Elefante.

La disposición exhorta al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a coordinar acciones inmediatas con la Municipalidad de San Miguel Petapa para resguardar a los pobladores de Villa Hermosa I.

El instrumento legislativo establece la realización de evaluaciones técnicas integrales que determinen la magnitud de las cárcavas y la estabilidad de las márgenes del río Pinula.

De igual forma, la resolución contempla actualizar el censo de familias damnificadas, organizar evacuaciones preventivas hacia albergues temporales y facilitar soluciones habitacionales para quienes habitan en zonas declaradas de riesgo no mitigable.

El Organismo Ejecutivo activó una mesa interinstitucional por mandato judicial

En respuesta a una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) coordinó un plan de acción para los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa I.

El amparo otorgado por el tribunal obliga al Ejecutivo a priorizar la seguridad física y la atención humanitaria de la población en condición de vulnerabilidad.

Las tareas se articulan a través de la Mesa Multisectorial de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, liderada por el gobernador de Guatemala, Mauricio Bernard.

En esta instancia participan el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, con el fin de evaluar la estructura del puente principal y rehabilitar el tránsito.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia brindará apoyo técnico a la Municipalidad de San Miguel Petapa mientras avanzan los estudios hidrológicos. El seguimiento continuará en la sede de la Conred con el objetivo de definir la asignación de recursos financieros para dar cumplimiento a lo dispuesto por la CC.

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala condenó a Williams Paredes Chávez a 54 años de prisión por el parricidio de su madre y el asesinato de su sobrino, quienes fueron encontrados sin vida en marzo de 2023 en un residencial de San José Pinula.

La sentencia se dictó el martes 6 de octubre, luego de que los jueces consideraran suficientes las pruebas presentadas para establecer la responsabilidad del acusado. Paredes Chávez recibió 27 años por parricidio y otros 27 años por asesinato.

Las víctimas fueron identificadas como Sara Elena Chávez Carrillo, de 62 años, madre del condenado, y Josué Caleb Chávez, de 18 años, su sobrino.

El proceso había quedado bajo reserva durante una parte del debate, por lo que no trascendieron todos los elementos que la fiscalía utilizó para sostener la acusación.

Los cuerpos fueron hallados el 23 de marzo de 2023

El doble crimen ocurrió el 23 de marzo de 2023 en el residencial Altos de San Nicolás, situado en el kilómetro 25 de la carretera que conecta Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, con San José Pinula, en Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al inmueble tras recibir un llamado de emergencia. En el lugar localizaron los cuerpos de Chávez Carrillo y del joven de 18 años, quienes presentaban señales de violencia.

En un inicio, la información conocida apuntó a un posible ataque armado. Sin embargo, los análisis practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyeron que ambas víctimas fallecieron por asfixia mediante estrangulamiento.

Ese dictamen forense fue expuesto durante el juicio por un perito del Inacif, quien explicó ante el tribunal que la causa de muerte en los dos casos fue la misma.

Un hermano del acusado relató antecedentes de amenazas

Durante una audiencia celebrada el 27 de agosto, uno de los hermanos de Paredes Chávez declaró como querellante adhesivo y afirmó que existían conflictos dentro de la familia. Según su testimonio, el ahora condenado había amenazado de muerte en distintas ocasiones a su madre y a su sobrino.

El familiar señaló que recomendó a Chávez Carrillo que denunciara a su hijo ante el Ministerio Público (MP), debido a las amenazas que, según dijo, había recibido. También sostuvo que la relación entre Paredes Chávez y sus hermanos estaba deteriorada desde antes de los hechos.

El testigo relató que se encontraba en Estados Unidos cuando recibió una llamada de su hermana para avisarle que su madre y su sobrino habían sido encontrados muertos.

Indicó, además, que la última vez que habló con su madre fue el 20 de marzo de 2023, tres días antes del crimen, por un asunto relacionado con el envío de dinero.

La fiscalía investigó celos y dinero como posibles móviles

La declaración del hermano incorporó dos posibles motivos atribuidos al acusado: los celos por la relación entre su madre y su sobrino, y el dinero que la mujer tenía en sus cuentas.

Según el testigo, Williams Paredes Chávez consideraba que Josué Caleb Chávez había ocupado su lugar como el integrante más cercano a su madre. El familiar sostuvo que esa situación provocaba malestar en el acusado.

También afirmó que había enviado una suma de dinero a Chávez Carrillo pocos días antes de su muerte. Tras el crimen, la familia detectó que esos fondos ya no aparecían depositados en las cuentas de la víctima.

Ese señalamiento formó parte de la declaración testimonial y requería corroboración dentro de la investigación del MP. El tribunal, no obstante, concluyó que las pruebas incorporadas al debate permitían atribuir a Paredes Chávez la muerte de su madre y su sobrino.

El condenado deberá cumplir la pena en el centro penitenciario que determinen las autoridades guatemaltecas.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó este lunes que no es escenografía para fotos de campaña, ni base de datos, ni verificadora de antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular en 2027.

A través de su cuenta en la red social X, la sede diplomática subrayó que las elecciones del próximo año son “un asunto de soberanía guatemalteca” y reiteró su compromiso con el combate a la influencia del narcotráfico en las instituciones del país.

El pronunciamiento se dio horas después de que el precandidato presidencial Carlos Pineda, del partido Servir, acudiera a la sede diplomática, ubicada en la zona 16 de la capital, para entregar documentación sobre las personas que buscan postularse por su partido a alcaldías y diputaciones en los próximos comicios.

Pineda indicó que la entrega se realizó “de buena fe” e incluyó el listado de posibles candidatos de las representaciones de Servir en todo el país, la fuente de ingresos de cada uno y una carta firmada por todos ellos en la que autorizan a la sede diplomática y a sus agencias a solicitar cualquier ampliación de información.

La Embajada de EE.UU. no es escenografía para fotos de campaña, ni base de datos, ni verificadora de antecedentes. Las elecciones de 2027 son un asunto de soberanía guatemalteca. Nuestro compromiso con el pueblo de Guatemala: combatir la influencia del narcotráfico en las…

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 6, 2026

El comunicado de la embajada marca distancia del uso político de su imagen

En su publicación, la embajada fue explícita al delimitar su rol frente a la contienda electoral guatemalteca. La sede diplomática no citó de forma directa a Pineda ni a su partido, pero el mensaje llegó en respuesta inmediata a la visita realizada esa misma jornada.

La embajada precisó que su compromiso con el pueblo de Guatemala consiste en combatir la influencia del narcotráfico en las instituciones, evitar que narcotraficantes tengan cabida en las elecciones y respaldar un proceso democrático, transparente y creíble. El mensaje reafirmó además que el proceso electoral de 2027 corresponde a una decisión soberana del país centroamericano.

Pineda llamó a otros partidos a replicar la entrega de listados

De acuerdo, con medio de comunicación en Guatemala, el precandidato presidencial hizo un llamado a otras organizaciones políticas para que presenten también la nómina de sus aspirantes ante la sede diplomática estadounidense. Entre los partidos mencionados por Pineda figuran UNE, Valor, Cabal, Unionistas, Comunidad Elefante, Todos, Victoria, Creo, Nosotros, XGuate, Firmes, Bien y Viva, entre otros.

“Guatemala merece ser limpiada”, afirmó Pineda, quien sostuvo que la actividad política debe volver a ser “una actividad civil honorable” que permita la participación de más ciudadanos en la administración del país. El dirigente de Servir aplaudió además la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, de impulsar acciones contra lo que calificó como “narcopolítica”. Agradeció la medida “como país” y dijo que, ante la debilidad de las instituciones nacionales, “tiene que venir alguien más grande” a poner orden.

El episodio se suma a una serie de pronunciamientos de Washington sobre el proceso electoral

La respuesta de la embajada se produjo en un contexto de creciente atención de Estados Unidos hacia los comicios guatemaltecos de 2027. El 29 de septiembre, la sede diplomática había señalado en la misma red social que apoya “firmemente el fortalecimiento de instituciones libres de la influencia de redes de narcotráfico y del financiamiento ilícito”, en referencia al proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas, cargo que emite la constancia necesaria para que los aspirantes puedan participar en las elecciones generales.

Ese mensaje fue respaldado por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, quien calificó la elección del Contralor como “un proceso de especial importancia” y advirtió que existen “actores políticos y sectores vinculados a redes de corrupción y narcotráfico que podrían verse afectados” por esa decisión. “Este cargo representa un obstáculo para las elecciones del próximo año y para los narcopolíticos y actores corruptos que los apoyan”, escribió Segura en esa oportunidad.

Días antes, el 13 de septiembre, la embajada había advertido que Washington utilizará “todas las herramientas disponibles” para sancionar a funcionarios que faciliten el narcotráfico, y citó el caso de Ecuador como antecedente.

Un informe reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), titulado Panorama Electoral 2027, destacó que varios de los principales precandidatos presidenciales, entre ellos Pineda, Sandra Torres, Nery Ramos, Zury Ríos y Roberto Arzú, han hecho de la cercanía con la administración estadounidense y con el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele un eje recurrente de sus mensajes en redes sociales, de cara a la primera vuelta electoral prevista para el 27 de junio de 2027.

El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, Javier Maldonado Quiñónez, fue localizado con una herida de bala en el cráneo dentro una vivienda ubicada en una zona exclusiva de la capital.

El hecho ocurrió la noche de este martes 6 de octubre, donde socorristas del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al inmueble ubicado en la 3a calle y 18 avenida, zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

En el lugar, Técnicos en Urgencias Médicas brindaron soporte vital avanzado al exfuncionario y lo trasladaron en estado agónico a un centro asistencial privado, donde ingresó bajo al sector de medicina intensiva después de ser identificado por sus familiares.

Hasta ahora se desconocen los detalles de lo ocurrido y no se ha presentado ninguna versión sobre las causas del hallazgo.

Javier Maldonado Quiñónez integró el gabinete de Alejandro Giammattei

El exfuncionario asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el 1 de julio de 2021, tras ser juramentado por la Presidencia de la República en el gobierno de Alejandro Giammattei.

Antes de asumir el cargo de ministro, Maldonado Quiñónez se desempeñó durante nueve meses como viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública.

En su trayectoria dentro de la administración pública guatemalteca, también ejerció la dirección de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de socorro no han determinado las circunstancias en las que se produjo el ataque armado dentro de la residencia ni han proporcionado detalles sobre la autoría del hecho.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó denuncias por corrupción y anomalías contra el exministro

Durante el año 2024, la administración del presidente Bernardo Arévalo presentó una serie de acciones legales contra Maldonado Quiñónez por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la cartera de infraestructura.

Entre los casos denunciados por el CIV, destaca un fraude en el programa de cocinas temporales por un monto de Q53 millones (unos USD 6.9 millones), donde las autoridades detectaron mil 140 registros duplicados y triplicados en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

De las 590 estructuras previstas, los inspectores ubicaron solo 516 construidas y reportaron nueve unidades no localizadas. Esta misma empresa ejecutó las obras de las escuelas bicentenario, un proyecto salpicado por anomalías similares valoradas en 630 millones de quetzales.

A estas acusaciones se sumó la denuncia por el abandono de la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango.

Según la verificación oficial, las autoridades de la administración anterior pagaron el 90% del costo total de la obra cuando el avance físico real alcanzaba solo el 38%, lo cual dejó el proyecto paralizado durante 11 meses y perjudicó a más de 42 mil pobladores.

Por este caso, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, junto al CIV y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), denunciaron por delito de fraude a Maldonado Quiñónez, a otros dos exfuncionarios y al representante legal de la empresa contratista.

Asimismo, en mayo de 2024, la exministra Jazmín de la Vega denunció la existencia de una red administrativa dentro del ministerio que funcionaba como un “catálogo de edecanes”.

Las empleadas contratadas en puestos secretariales devengaban sueldos de entre Q10 mil (USD 1.298) y Q12 mil (USD 1.558) para prestar servicios de acompañamiento a funcionarios, un hallazgo que derivó en una investigación de la CNC por posible trata de personas dentro de la institución.

El presidente Bernardo Arévalo ordenó destinar todos los recursos del Ejecutivo para esclarecer el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido el viernes 2 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango, e identificar a los responsables.

El mandatario repudió el homicidio y expresó solidaridad con la familia, los colegas y el gremio periodístico del comunicador.

López Sánchez tenía 34 años, era maestro, cronista deportivo y fundador del medio digital Huehue Es Noticia. También integraba la Asociación de Prensa de Huehuetenango, conocida como APEHUE.

El periodista murió baleado cerca de las 22:15 en el cantón Nazareno, mientras se dirigía a su vivienda en el cantón Cementerio. La Policía Nacional Civil informó que la causa de muerte habría sido un proyectil de arma de fuego.

El levantamiento del cuerpo debió postergarse hasta el sábado por la tensión en la zona, según la Policía Nacional Civil. Adela Lucía Ramírez Domingo, de 39 años, realizó el reconocimiento del cadáver.

La acusación vecinal y el incendio de la dependencia policial

La muerte de López Sánchez derivó en disturbios luego de que agentes policiales interceptaran a un conductor de un vehículo blanco que circulaba por el sector. Tras revisar sus datos, lo dejaron en libertad al concluir que no era el responsable del ataque, una decisión rechazada por parte de la población.

Cerca de 500 personas se reunieron frente a la subestación 43-4-4 de la Policía Nacional Civil durante la noche del crimen. El personal abandonó el edificio por seguridad y los vecinos ingresaron, dañaron la estructura y material logístico.

Durante la madrugada del sábado, una turba incendió completamente la dependencia policial, un vehículo y una vivienda donde se presumía que podía estar el supuesto agresor.

El inspector César Mateo, subjefe del Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, sostuvo que la institución no puede detener a una persona solo por señalamientos de vecinos, sin orden judicial ni elementos que respalden la captura.

La APEHUE presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, con sede en Quetzaltenango, y reclamó una investigación “rigurosa y transparente”. La organización cuestionó que representantes de la fiscalía llegaran al lugar del crimen recién a la mañana siguiente, una demora que, a su juicio, pudo afectar la preservación de pruebas.

La Junta Directiva 2026-2028 de la asociación exigió justicia el mismo día del asesinato: “No más impunidad, exigimos justicia”. También señaló que la exposición del cuerpo durante varias horas vulneró la dignidad del periodista y los derechos de sus familiares como víctimas indirectas.

Las amenazas y la hipótesis vinculada con el periodismo

La Asociación de Periodistas de Guatemala indicó que existía información preliminar sobre intimidaciones vinculadas con el trabajo informativo de López Sánchez. En la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la entidad afirmó: “Se tiene conocimiento que sufría de amenazas constantes por su labor periodística”.

Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades guatemaltecas investigar de manera prioritaria si el crimen estuvo relacionado con su actividad profesional. La organización sostuvo que el reportero había denunciado públicamente amenazas desde hacía años, algunas recibidas por teléfono.

Un colega que solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad dijo a la organización que López había asociado parte de esas intimidaciones con actores políticos. Esa vinculación deberá ser determinada por las autoridades.

Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, planteó que la pesquisa “debe tener en cuenta las amenazas que había recibido debido a su actividad periodística”. También reclamó condiciones para que los periodistas trabajen “sin temor a amenazas ni represalias”, particularmente ante las elecciones generales y municipales previstas para 2027.

Dos periodistas consultados por la organización describieron a Huehuetenango como una zona atravesada por actividades vinculadas con narcotráfico, tráfico de personas e intereses políticos locales.

Según sus testimonios, la cobertura de la gestión municipal, el uso de recursos públicos y posibles casos de corrupción puede exponer a reporteros locales a amenazas.

El homicidio se produjo meses después del asesinato del periodista independiente Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido el 26 de abril de 2026 en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Cal Ical cubría infraestructura municipal, carreteras y denuncias ciudadanas.

En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, Reporteros Sin Fronteras ubicó a Guatemala en el puesto 128 de 180 países y territorios.

Las medidas de protección para periodistas de San Pedro Necta

El Ministerio de Gobernación señaló que el móvil del asesinato deberá establecerse durante la investigación y que cualquier información sobre posibles responsables será tratada sobre la base de elementos probatorios.

La cartera afirmó que la exigencia ciudadana de justicia no puede reemplazar la investigación ni el debido proceso, y rechazó los ataques contra personas, viviendas, vehículos e instalaciones públicas.

Tras el homicidio, la fiscalía especializada adoptó medidas de protección para varios periodistas de San Pedro Necta, según informó APEHUE a Reporteros Sin Fronteras.

El Gobierno también señaló que el Mecanismo de Protección para Periodistas se encuentra en su fase final de validación con organizaciones dedicadas a la seguridad del gremio y comprometió su publicación antes de que termine el año.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Guatemala y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) presentaron la reestructuración técnica de las rutas aéreas del país para responder al crecimiento continuo del número de vuelos en el territorio nacional.

La iniciativa plantea la reorganización del tráfico para evitar congestiones y trazar trayectos más directos, ordenados y seguros.

El estudio se enfocó en las zonas de control de las terminales internacionales La Aurora de la Ciudad de Guatemala y Mundo Maya en el departamento de Petén. La propuesta contempla el replanteamiento de las trayectorias de entrada y salida de las aeronaves, con una clara separación entre los vuelos comerciales y los de aviación general.

Además, el diseño aleja los recorridos de zonas de riesgo natural, como los sectores volcánicos.

Con la aplicación de este esquema técnico, las autoridades prevén una reducción en la carga de trabajo de los controladores de tránsito aéreo, así como la disminución de cruces entre rutas de vuelo.

Estas modificaciones permitirán incrementar progresivamente la capacidad real de las terminales aéreas, medida que se complementará con mejoras en el flujo sobre las plataformas de estacionamiento.

La tecnología satelital respaldará la navegación aérea del país

El proyecto prioriza la modernización tecnológica sin descuidar los sistemas tradicionales de apoyo en tierra. Héctor Monzón, integrante del departamento de Navegación Aérea de la DGAC, explicó que el propósito central radica en actualizar los procedimientos nacionales dentro de la región de Centroamérica.

“Nuestro objetivo es preparar al país para atender no solo las necesidades actuales dentro puramente del marco de una optimización, sino que también prepararnos para el futuro”, sostuvo el funcionario.

Monzón detalló que la propuesta elaborada junto a la firma ALG y la COCESNA utiliza sistemas de alta precisión.

“Avanzar hacia un máximo aprovechamiento de la navegación satelital” constituye uno de los ejes principales del diagnóstico.

Sin embargo, aclaró que las estaciones instaladas en la superficie mantendrán su operatividad: “Nuestras radio ayudas para la navegación aérea actualmente instaladas en tierra no dejarán de funcionar para tener ese sistema de redundancia en caso de una falla”.

La optimización del espacio aéreo reducirá costos operativos e impacto ambiental

Por su parte, el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, destacó que el trabajo técnico busca definir con claridad las rutas sobre el territorio guatemalteco.

“Buscamos hacer un diseño del espacio aéreo que optimice las carreteras en el espacio”, afirmó el funcionario en referencia a los corredores que deben transitar tanto aeronaves comerciales como privadas para evitar que coincidan múltiples vías al mismo tiempo.

Suriano enfatizó que un mejor ordenamiento de las aproximaciones se traduce en mayor eficiencia para las aerolíneas.

“No significa que no seamos seguros, significa que podamos ser más eficientes y más ordenados”, señaló el viceministro, quien agregó que la reducción en los tiempos de vuelo impulsará la optimización ambiental y reducirá los costos de operación.

La implementación integral de esta reestructuración requerirá de dos a tres años de trabajo, el cual inicia con el análisis y estudio técnico integral, según indicaron las autoridades.

El Congreso de Guatemala eligió este 6 de octubre a Elfego Odair Castañón González como nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el periodo 2026-2030, en una votación donde el oficialismo y bancadas aliadas sumaron 154 votos a favor del hermano de un diputado oficialista.

Durante la sesión plenaria en la cual se tomó la promesa de ley al funcionario, el legislador Manfredo Duvalier Castañón González, integrante de la facción de Movimiento Semilla, fue el único parlamentario que se abstuvo de votar, según él, para evitar el conflicto de intereses ya que el nuevo funcionario es su hermano.

La elección de Elfego Odair Castañón González, quien reemplazará a Frank Helmuth Bode Fuentes al frente del organismo fiscalizador, contó con el respaldo de las bancadas CABAL, UNE, VIVA, TODOS, VALOR y el bloque oficialista.

El profesional había alcanzado la nómina final de seis aspirantes tras obtener 65 puntos en la tabla de gradación, la calificación más baja entre los finalistas, además de 21 votos favorables entre los 27 integrantes de la Comisión de Postulación.

En la contienda previa también figuraba Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, perfil mencionado semanas atrás como el favorito.

El nuevo contralor se desempeñaba desde mayo de 2024 como titular de la Subcontraloría Administrativa de la CGC, cargo en el que sustituyó a Erick Mazariegos Salas.

En dicha función, Castañón González estuvo a cargo de administrar el presupuesto institucional y supervisar los procesos de contratación.

Su trayectoria en la entidad incluye el cargo de director de Auditoría entre 2022 y 2024, tras haber ingresado en 2013 bajo el régimen de servicios profesionales antes de incorporarse a una plaza permanente.

Los señalamientos por conflicto de interés y nepotismo no frenaron la designación legislativa

La candidatura llegó al Pleno del Congreso de Guatemala con dos tachas formales admitidas a trámite por la Comisión de Postulación, referidas a la vinculación laboral de sus familiares dentro de la Contraloría General de Cuentas.

En concreto, los cuestionamientos señalaron la contratación de su hermano Lenin Magdonal Castañón González y el ascenso de su esposa Liliana Aracely Fuentes Fuentes dentro de la CGC.

Aunque el aspirante argumentó que los nombramientos respondieron a requerimientos técnicos y méritos profesionales sin su injerencia, la comisión rechazó sus descargos al no reunir los 18 votos normativos para aceptarlos.

Sin embargo, los señalamientos realizados por la sociedad civil no fueron incluyentes al momento de su elección en el Congreso, por el contrario, días atrás el diputado oficialista José Carlos Sanabria reconoció en rueda de prensa que Castañón “reúne las cualidades éticas y capacidades técnicas para asumir” el puesto de Contralor.

La designación cobra relevancia ante la discusión del presupuesto nacional y el rol de la entidad frente a los comicios de 2027.

La CGC es la institución facultada para emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, documento conocido como finiquito, el cual constituye un requisito legal indispensable para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular en el país.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) remitió un informe al Ministerio Público sobre los vuelos registrados hacia Zacapa durante el horario en el que se produjo un ataque armado que dejó ocho personas fallecidas en el municipio de Huité, el pasado 27 de septiembre, hecho que aún conmociona a los guatemaltecos.

La autoridad de aviación civil aclaró que su competencia legal se limita a la seguridad operacional y que carece de atribuciones para fiscalizar aeronaves militares o determinar lo ocurrido en el espacio aéreo de esa región.

Las declaraciones se realizaron durante una conferencia de prensa en la que se presentó un diagnóstico y diseño conceptual del espacio aéreo de Guatemala con el que se pretende cubrir el crecimiento de vuelos al país.

El director de la DGAC, Tomás Aldecoa, explicó que la entidad atendió un requerimiento del Ministerio Público (MP) para detallar los viajes aéreos dirigidos a la zona oriental en la jornada de los hechos.

El funcionario remarcó que las funciones del organismo no abarcan la supervisión de operaciones militares, aduaneras ni de gobernación, debido a que el control de esos ámbitos corresponde a otras instituciones del Estado.

El control aéreo civil no abarca la base militar instalada en Zacapa

Por su parte, Héctor Monzón, integrante del departamento de Navegación Aérea de la DGAC, precisó que en Zacapa existe un identificador de aeródromo registrado correspondiente a una base militar, sitio en el cual la entidad no presta servicios de tránsito aéreo.

Monzón indicó que la función primaria del regulador consiste en prevenir accidentes entre aeronaves civiles mediante la separación de ruta, sin capacidad para autorizar o prohibir maniobras en instalaciones castrenses.

Las autoridades señalaron que, una vez que una aeronave abandona el espacio aéreo bajo control civil, la continuidad de la navegación queda bajo decisión exclusiva del piloto al mando.

Ante esta condición técnica, la DGAC puntualizó que no cuenta con elementos para determinar si los aparatos observados sobre Huité realizaban vuelos ilegales o si pertenecían a unidades militares.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, expuso la diferencia entre la seguridad operacional, enfocada en la prevención de accidentes aéreos, y los aspectos de seguridad nacional o del ámbito de la gobernación.

El Ministerio de la Defensa mantiene una investigación administrativa interna

En forma paralela a las actuaciones del MP, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) mantiene abierta una pesquisa administrativa por medio de una comisión técnica.

Esta mesa de trabajo evalúa los aspectos operativos, logísticos y de despliegue de las unidades militares asignadas a ese departamento oriental, con el compromiso de elevar su informe final a las autoridades superiores una vez concluidas las verificaciones de campo.

Mientras que el Gobierno central mantiene silencio respecto a lo ocurrido, pese a las exigencia de los residentes de Huité, quienes exigen explicaciones.

Incluso, este martes 6 de octubre los residentes del municipio ubicado al oriente del país, realizarán una “caminata por la memoria”, tras cumplirse nueve días de los trágicos acontecimientos que provocaron la muerte de ocho personas en un incidente que aún no se a esclarecido.

Un ataque armado sin esclarecer dejó ocho muertos y sospechas sobre dos helicópteros en Huité

El antecedente directo del expediente ocurrió el domingo 27 de septiembre, cuando una incursión armada en el municipio de Huité, Zacapa, dejó un saldo de ocho personas fallecidas.

Durante el desarrollo de la agresión, residentes de la localidad registraron en video la presencia de dos helicópteros a baja altura, aparatos que diversos reportes vincularon con las matrículas FAG 155 y FAG 156, sin que las autoridades hayan aclarado hasta la fecha la identidad de los tripulantes ni la misión asignada a las aeronaves.

El diputado Álvaro Arzú cuestionó la legalidad del nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, al sostener que la licencia legislativa otorgada en 2024 para ejercer como ministro de Finanzas Públicas no lo habilitaba para dirigir una entidad autónoma. La controversia llegó a la Corte de Constitucionalidad, donde tres amparos pendientes y un reclamo interno de magistrados presionan por una resolución sobre la designación vigente desde el 1 de octubre de 2026.

El presidente Bernardo Arévalo nombró a Menkos el 29 de septiembre para conducir ambas instituciones durante el período que finalizará el 30 de septiembre de 2030. La discusión enfrenta al Congreso, al sector empresarial y a integrantes del propio tribunal constitucional sobre la compatibilidad entre su condición de diputado con licencia y la presidencia del banco central.

La objeción de Arzú se centró en el alcance del permiso aprobado por 100 diputados, con fundamento en el artículo 160 de la Constitución y el artículo 64 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Menkos había solicitado esa autorización el 19 de enero de 2024, después de que Arévalo, entonces presidente electo, lo invitara a integrar el Organismo Ejecutivo.

La licencia legislativa y el cargo en el banco central

La solicitud firmada por Menkos establecía que se ausentaría de su curul para asumir un cargo ministerial “por el tiempo que dure en sus funciones ejecutivas”. Arzú sostuvo ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda que esa condición terminó cuando el funcionario dejó el Ministerio de Finanzas Públicas el 30 de septiembre.

El legislador afirmó que, tras su salida de la cartera, Menkos debía volver al Congreso, pedir una nueva licencia o renunciar a la diputación antes de asumir la conducción del Banco de Guatemala. “En el momento en el que se renunció a ser ministro de Finanzas, debió de haber regresado al Congreso, solicitar una nueva licencia o proponer una renuncia a esa curul para ejercer el cargo de presidente del Banco de Guatemala”, expresó.

Menkos defendió su designación con una interpretación distinta del artículo 160 de la Constitución. Según su lectura, la norma permite que los diputados desempeñen funciones como funcionarios estatales o en entidades descentralizadas y autónomas, incluido el banco central, siempre que exista permiso del Congreso.

El presidente del Banco de Guatemala consideró que la autorización concedida en 2024 no tenía una limitación temporal y solo regulaba su ausencia del Legislativo. A su criterio, la licencia parlamentaria no define la validez de un nombramiento realizado por otra autoridad competente.

“El Congreso no sustituye la autoridad constitucional o legalmente competente para efectuar el nombramiento en el cargo de destino, ni convierte mediante su permiso un nombramiento válido o inválido o viceversa”, afirmó Menkos. El funcionario señaló que la designación y la regulación de la ausencia de un diputado son “planos jurídicos muy diferentes” y que corresponde a la Corte de Constitucionalidad resolver la discrepancia.

Arzú advirtió que el conflicto puede trasladar inestabilidad jurídica y política al banco central. La preocupación se concentra en la continuidad de una institución cuya integración también fue impugnada ante el tribunal constitucional.

Los amparos y el reclamo por los plazos legales

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras presentó el primer amparo contra la designación. El Cacif argumentó que la diputación de Menkos supone un impedimento conforme a los artículos 18, literal g, y 31 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que declaran incompatible la presidencia de la entidad con cualquier otro empleo público.

“Un permiso para ejercer un cargo ejecutivo no extingue la calidad de diputado ni la curul; únicamente suspende temporalmente su ejercicio”, planteó la organización empresarial. Su acción cuestiona tanto el nombramiento como la toma de posesión del presidente de la Junta Monetaria y del banco central.

A ese proceso se sumó otro amparo impulsado por el diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos. Su planteamiento sostiene que el permiso de 2024 autorizaba el ingreso al Organismo Ejecutivo, pero no otorgaba una habilitación general para ocupar cualquier puesto público.

Un grupo de ciudadanos promovió una tercera acción que cuestiona si Menkos reúne el requisito constitucional de contar con “notoria preparación y competencia en materia económica y financiera” para presidir el banco central. Los tres expedientes fueron identificados con los números 9267-2026, 9292-2026 y 9353-2026.

La presión por una resolución también surgió desde el interior de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera solicitaron a la presidenta del tribunal, Gladys Annabella Morfín Mansilla, que convocara de inmediato al pleno para conocer los expedientes acumulados.

El Cacif respaldó horas después el planteamiento de los magistrados mediante un comunicado fechado el 6 de octubre en Ciudad de Guatemala. La entidad recordó que el artículo 138 obliga al tribunal a pronunciarse de oficio y sin formar artículo sobre una suspensión provisional dentro del plazo legal.

“El plazo establecido por la ley se encuentra actualmente en curso, por lo que Cacif exhorta respetuosamente a que el asunto sea conocido oportunamente y dentro del término legal correspondiente”, indicó la organización. También afirmó que el cumplimiento de esos plazos es una garantía de certeza jurídica, debido proceso y respeto al Estado de Derecho cuando está en discusión la integración de un órgano constitucional.

El pronunciamiento incluyó un llamado directo a Gladys Annabella Morfín Mansilla para que el expediente sea conocido conforme a los plazos y principios establecidos por la ley. La organización reiteró que su acción busca garantizar la correcta integración de un órgano que considera determinante para la estabilidad económica y monetaria de Guatemala.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de Guatemala inició el análisis del proyecto de Presupuesto para 2027, que eleva el gasto estatal a 192.000 millones de quetzales (USD 25.140 millones) y proyecta un déficit fiscal de 4,4% del producto interno bruto. Diputados de distintas bancadas cuestionaron el aumento del endeudamiento y la ejecución limitada de la inversión pública antes de que el plan llegue al pleno legislativo.

La propuesta equivale al 17,6% del producto interno bruto y representa un aumento de 13,8% frente al presupuesto vigente, con 23.255 millones de quetzales adicionales. El resultado presupuestario previsto asciende a 48.300 millones de quetzales, frente al déficit estimado de 3,8% para el cierre de 2026.

La ministra de Finanzas Públicas, Débora Eunice Alvarado Franco, no acudió a la primera exposición formal ante la comisión y delegó su participación en el viceministro de Administración Financiera, Walter Orlando Figueroa Chávez. El vicepresidente de la instancia lamentó su ausencia y señaló que el Congreso podría volver a convocarla durante el proceso.

Figueroa atribuyó el incremento del gasto al cumplimiento de mandatos legales. Entre ellos figuran 2.550 millones de quetzales para la Ley de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, 3.517,6 millones para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios, 2.000 millones para financiar las elecciones del próximo año y 2.600 millones para cubrir las deficiencias netas del Banco de Guatemala.

Ingresos tributarios y deuda pública en ascenso

Los ingresos tributarios aportarían 131.635,9 millones de quetzales, una carga de 12,1% del producto interno bruto, por encima del 11,8% estimado para 2026. El viceministro sostuvo que el aumento provendría de medidas administrativas de la Superintendencia de Administración Tributaria, como la tributación internacional y el combate al contrabando, con una recaudación cercana a 4.000 millones de quetzales y sin nuevos impuestos.

La deuda pública pasaría de 280.700 millones de quetzales en 2026 a 320.000 millones de quetzales en 2027. Su proporción sobre el producto interno bruto subiría de 27,6% a 29,4%, todavía por debajo del umbral de 40% que el Fondo Monetario Internacional considera de riesgo mínimo.

El plan prevé desembolsos de créditos multilaterales por 2.870 millones de quetzales y amortizaciones por 3.284 millones, lo que dejaría un financiamiento externo neto negativo de 415 millones. La principal fuente para cubrir el déficit sería la deuda bonificada, con 40.150 millones de quetzales netos y negociaciones de deuda nueva por 42.750 millones; otros 8.565 millones procederían de ahorros acumulados en caja y bancos.

El diputado Orlando Blanco preguntó por qué el Ejecutivo no utilizaría en mayor medida esos saldos, ante una subejecución cercana al 9% prevista para el cierre del año. Figueroa respondió que una parte importante de esos recursos tiene destinos específicos por tratarse de préstamos o fondos de entidades autónomas y descentralizadas, por lo que no vuelve a la disponibilidad de la administración central.

La baja inversión pública y los recursos sin ejecutar

La ejecución global del presupuesto vigente alcanzaba 65,7% el día de la audiencia, pero la inversión pública apenas llegaba a 40,9%, según expuso el diputado Álvaro Arzú, de la bancada Unionista. El legislador calificó el proyecto como una “abominación de presupuesto”.

Arzú detalló que el Ministerio de Comunicaciones registraba 38% de ejecución, el Ministerio de Gobernación solo 14% en inversión y el Ejército de Guatemala rondaba 95%, el nivel más alto dentro del Ejecutivo. También cuestionó el aumento de 1.200 millones de quetzales para el Ministerio de Desarrollo Social, cuya inversión tenía una ejecución de 28%, dado que 2027 será un año electoral.

El viceministro explicó que el aumento para esa cartera responde al fortalecimiento del programa Mano a Mano, conforme a los techos presupuestarios notificados. Los consejos departamentales de desarrollo concentraron otra parte de las objeciones por el uso de los recursos asignados desde 2024.

Blanco indicó que la ejecución acumulada de fondos ordinarios y extraordinarios de esos consejos era de 29,5%, con cerca de 15.000 millones de quetzales pendientes de utilizar. Figueroa estimó que el nivel podría cerrar entre 55% y 60% al final del año, aunque advirtió que los recursos extraordinarios no ejecutados no se trasladan automáticamente al ejercicio siguiente.

Crecimiento de 4% y riesgos climáticos para 2027

El presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Jonathan Menkos, presentó el escenario macroeconómico que respalda las previsiones de ingresos. La economía guatemalteca creció 3,7% en 2024 y 4,3% en 2025, mientras que para 2026 se mantiene una expectativa de expansión de 4,3%.

Para 2027, el Banco de Guatemala proyecta un crecimiento de 4%, apoyado en una mejora del contexto internacional tras la esperada disipación del choque energético derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El petróleo, que cerraría 2026 en USD 83,6 por barril, bajaría a USD 71,92 al cierre del próximo año, mientras la inflación se mantendría cerca de 4%.

Menkos advirtió que las primeras señales del superniño, observadas durante el segundo semestre de 2026 mediante aumentos de temperatura y déficit de lluvias, podrían afectar la agricultura de subsistencia y presionar los precios. Las remesas familiares, equivalentes a cerca de 20% del producto interno bruto, crecerían 5% en 2026 y 3% en 2027, hasta USD 27.600 millones.

Guatemala lanzó la licitación PEG-6-2026 para contratar 600 MW de potencia y energía firme desde el 1 de mayo de 2032, con el objetivo de responder al aumento del consumo eléctrico y reducir la exposición del sistema a sequías y otras condiciones climáticas que afectan la generación.

La convocatoria prevé 450 MW de nuevas plantas y 150 MW de centrales ya operativas, mediante contratos que podrán extenderse hasta 15 años. Si se desarrollan proyectos de generación a gas para cubrir parte de la nueva capacidad, la inversión podría superar los USD 1 mil millones.

El Sistema Nacional Interconectado registró en 2026 una demanda máxima de 2.301 MW, un alza de 8,6 % frente a 2025, de acuerdo con datos del Administrador del Mercado Mayorista citados por las distribuidoras. Entre enero y junio de este año, el consumo eléctrico aumentó más de 6%, según indicó el presidente Bernardo Arévalo durante la presentación.

La sequía redujo 25,5% la generación hidroeléctrica en agosto, una caída que reforzó la necesidad de incorporar fuentes capaces de producir electricidad durante todo el año. La energía firme es aquella que puede mantenerse disponible las 24 horas, sin depender de la lluvia o del viento.

“Si no nos preparamos hoy invirtiendo en fuentes de energía, este desarrollo puede verse limitado por su falta”, afirmó Arévalo. El mandatario sostuvo que el país requiere una generación “que esté disponible cuando llueve y cuando no llueve, cuando el viento la pueda generar y cuando no”.

Generación continua para complementar las renovables

La licitación es impulsada por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, las Distribuidoras de Energía Eléctrica de Oriente S.A. y de Occidente S.A., con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El organismo regula estos procesos para que las distribuidoras puedan contratar la potencia y la energía necesarias para abastecer a los usuarios del servicio de distribución final.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, señaló que el crecimiento de la demanda obliga a anticipar la generación que requerirá Guatemala en los próximos años. “La potencia firme es la base sobre la cual descansa la confiabilidad y estabilidad de un sistema eléctrico”, afirmó.

La convocatoria también busca diversificar la matriz energética. Guatemala llega a producir hasta 74% de su electricidad con recursos renovables como agua, sol, viento y geotermia, pero esas fuentes deberán complementarse con tecnologías que aporten suministro continuo.

Para los 450 MW de nuevas centrales se mencionaron alternativas como gas y geotermia. En el caso del gas, se plantearon opciones de gas natural, etanol y propano, mientras que la licitación mantiene abierta la posibilidad de incorporar otras tecnologías de generación.

Arévalo recordó que la anterior licitación, PEG-5, dejó 57 plantas contratadas. “Vamos a mantener estas fuentes que nos permiten atender nuestras necesidades energéticas con responsabilidad ambiental y de forma sostenible”, dijo sobre el papel de las renovables.

Mario Naranjo, gerente general de EEGSA, afirmó que la expansión sostenida del consumo exige planificar con anticipación el abastecimiento. “El consumo de energía mantiene un crecimiento sostenido en Guatemala, y la PEG-6 es la respuesta responsable para que el suministro no se interrumpa”, sostuvo.

Paulo Parra, gerente general de Energuate, afirmó que contar con suficiente electricidad y un suministro confiable es necesario para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo del país. También invitó a desarrolladores e inversionistas nacionales y extranjeros a participar en el proceso.

Bases desde octubre y adjudicación prevista para mayo de 2027

La PEG-6 se deriva de la resolución CNEE-323-2026, que aprobó los términos de referencia para elaborar las bases de la licitación. La normativa de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica exige que estos procedimientos mantengan acceso público a la información relacionada con la convocatoria y la adjudicación.

Las bases estarán disponibles desde el 6 de octubre de 2026, con un costo de USD 25 mil. Las compañías interesadas deberán designar a un representante autorizado y registrarse en un Data Room, un repositorio digital que concentrará las reglas del proceso, las consultas, las respuestas, las aclaraciones y el seguimiento de cada etapa.

El plazo para presentar solicitudes de aclaración vencerá el 4 de marzo de 2027. Las respuestas y eventuales adendas deberán emitirse, como máximo, el 18 de marzo.

La presentación y apertura de las ofertas técnicas se realizará el 6 de abril de 2027. La evaluación económica está programada para el 22 de abril y la adjudicación para el 6 de mayo.

Los contratos de abastecimiento deberán firmarse dentro de los tres meses posteriores a la adjudicación. *Con información de la AGN

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, colocó la primera piedra de un complejo que reemplazará la residencia Nidia Martínez, en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, donde viven niñas, niños y adolescentes con discapacidad bajo protección estatal.

La obra tendrá capacidad para 130 residentes y busca sustituir instalaciones deterioradas, con carencias de servicios básicos y sin una separación adecuada por edad o sexo.

La primera dama, Lucrecia Peinado, participó del acto junto con autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y la embajada de la República de China, Taiwán.

El país asiático financiará el proyecto y el Banco Centroamericano de Integración Económica aportará el equipamiento de las nuevas residencias.

La residencia Nidia Martínez recibió a parte de la población trasladada tras el cierre de Hogar Seguro en 2017, ordenado por un juez después del incendio en San José Pinula que causó la muerte de más de 40 niñas bajo custodia estatal. Más de 600 niñas, niños y adolescentes fueron reubicados luego del cierre del macrohogar.

Del traslado sin criterios al nuevo modelo residencial

El secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales García, afirmó que los menores fueron distribuidos “sin un criterio claro” y que quienes tenían discapacidad terminaron en instalaciones derruidas de Quetzaltenango.

“Los niños con discapacidad, los que no se amotinan, fueron depositados aquí, Nidia Martínez”, relató.

Rabanales García describió condiciones sanitarias deplorables y una falta de personal especializado. El funcionario definió el inicio de la obra como “un acto de reparación” ante una reubicación que, según sostuvo, se hizo “sin ninguna lógica o enfoque de derecho”.

Arévalo recordó que, al asumir el Gobierno en 2024, encontró a niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y múltiple en un centro con servicios insuficientes y privaciones en casi todas las áreas de cuidado. “Era un lugar de abandono”, afirmó el mandatario, quien visitó el sitio junto a la primera dama poco después del comienzo de su gestión.

El nuevo complejo tendrá más de 4,000 metros cuadrados construidos, repartidos entre tres módulos de un nivel y otro de dos niveles, además de patios y áreas verdes. Sus instalaciones incluirán dormitorios, comedor, cocina, aulas, talleres, espacios terapéuticos, clínicas de atención primaria y enfermería.

Cada sector contará con rampas, baños adaptados y rutas de circulación accesibles. El diseño está previsto para residentes con discapacidad leve o moderada y organizará las tres residencias según edad, sexo y necesidades de apoyo.

Tres residencias conectadas en una comunidad de cuidado

El presidente explicó que el proyecto retoma el modelo de las escuelas tipo federación promovidas hace 80 años por Juan José Arévalo. Esa concepción sustituyó la idea de un edificio uniforme por unidades con mayor autonomía, vinculadas entre sí dentro de una comunidad.

La construcción generará más de 300 empleos durante un período estimado de 21 meses, que contempla las etapas de diseño, planificación y ejecución. El Ministerio de Educación, mediante la Dirección de Educación Especial, y el Ministerio de Salud brindarán acompañamiento técnico, indicó Rabanales García.

La embajadora de la República de China, Taiwán, Vivian Chang, señaló que esta cooperación se añade a otros proyectos acordados durante una visita realizada la semana anterior por el canciller taiwanés. Entre ellos mencionó la modernización del aeropuerto internacional La Aurora, el diseño de la carretera CA9 hacia Puerto Barrios y la construcción de un hospital especializado en cáncer, cuya primera piedra está prevista “en breve”.

Chang recordó que Guatemala y Taiwán mantienen una relación de 92 años. La presidenta de la Junta Directiva de CONADI, Mayra Virginia Rivas, vinculó la obra con los 20 años de cumplimiento de Guatemala de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Rivas sostuvo que el complejo representa “un paso hacia la construcción de un país donde todas las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades, ejercer sus derechos y participar en igualdad de condiciones”.

Daniel Guerra, triatleta y representante de América Latina en el Consejo Global de Líderes de Olimpiadas Especiales, pidió que se abran espacios para las personas con discapacidad desde la niñez y afirmó que la comunidad “ahora tiene voz y voto” en el país.

Arévalo señaló que el objetivo es que cada residente sea reconocido en su individualidad, reciba los apoyos necesarios y forme parte de una comunidad. También indicó que el Estado debe garantizar condiciones dignas para el personal, que durante años sostuvo el servicio con recursos propios frente a las carencias estatales.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitió la Resolución SAT-DSI-1596-2026 para regular la exención temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, conocido como IDP, sobre varios combustibles en Guatemala.

La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece controles de facturación, inventarios y precios para que el beneficio alcance a los consumidores finales.

La disposición desarrolla el Decreto 22-2026 del Congreso de la República, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que fue sancionado por el presidente Bernardo Arévalo el 30 de septiembre. La ley ordenó a la SAT emitir sus reglas administrativas dentro de los cinco días hábiles posteriores a su entrada en vigencia.

El alcance incluye a la gasolina superior, la gasolina regular, el diésel, el gas oil y el alcohol carburante. La resolución complementa el reglamento publicado un día antes por el Ministerio de Energía y Minas en el Diario de Centro América.

La cadena de comercialización bajo control tributario

La SAT estableció siete categorías de contribuyentes y participantes que quedarán bajo supervisión y verificación durante la vigencia del beneficio fiscal. El control abarca desde la importación y producción de combustibles hasta la venta en estaciones de servicio y el pago de los consumidores.

Entre los obligados están los productores, importadores y distribuidores de combustibles, además de los operadores de terminales y depósitos de almacenamiento. También deberán cumplir las disposiciones los distribuidores mayoristas, transportistas comercializadores y expendedores, incluidas las estaciones de servicio.

Las entidades emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y débito que actúan como agentes de retención del IVA quedaron incluidas en el régimen de supervisión. La medida incorpora además a los certificadores del Régimen de Factura Electrónica en Línea, o FEL, que operen de forma distinta a la propia SAT.

Los declarantes y auxiliares de la función pública aduanera que intervengan en la importación o exportación de los productos alcanzados también deberán aplicar los procedimientos establecidos. La resolución extiende las obligaciones a cualquier otro participante de la cadena de comercialización de combustibles.

Las operaciones exentas deberán quedar identificadas en los Documentos Tributarios Electrónicos, o DTE, emitidos mediante el sistema FEL. Quienes vendan gasolina superior, gasolina regular, diésel o gas oil sin IVA ni IDP tendrán que utilizar las frases de exención disponibles dentro de ese régimen electrónico.

Los importadores o fabricantes de alcohol carburante autorizados por el Ministerio de Energía y Minas deberán consignar la frase correspondiente en los documentos electrónicos de venta. Para ese producto, la exención temporal corresponde únicamente al IVA.

En las importaciones de los cuatro combustibles y del alcohol carburante, el declarante o su representante deberá registrar la exención del IVA en la Declaración Única Centroamericana, conocida como DUCA. El alivio tributario no elimina las demás obligaciones formales ni las regulaciones no arancelarias aplicables a la actividad.

Inventarios diferenciados y tributos anteriores sin devolución

Los participantes de la comercialización deberán elaborar reportes de existencias conforme al artículo 10 del Reglamento de la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles. La SAT pondrá a disposición un Formato de Reporte de Existencias por los medios que considere adecuados, con el objetivo de estandarizar la información entre los distintos operadores.

Los impuestos generados antes de la entrada en vigor del Decreto 22-2026 no podrán ser devueltos, acreditados ni reintegrados. Esos montos continuarán sujetos a las normas del Decreto 38-92, Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, y del Decreto 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El IVA pagado antes de la vigencia de la exención por la importación o compra de combustibles podrá reconocerse como crédito fiscal del período tributario correspondiente. Para ello, deberá estar documentado en la DUCA o en los DTE emitidos previamente y cumplir los requisitos previstos en los artículos 15 y 16 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cuando los créditos fiscales de un período superen los débitos, se aplicarán las disposiciones generales vigentes para esa situación. La resolución no modifica el tratamiento de esos saldos, sino que mantiene las reglas tributarias ordinarias para los combustibles adquiridos antes del beneficio.

El Acuerdo Gubernativo 164-2026 del Ministerio de Energía y Minas añadió un control diario sobre los precios de venta. Las estaciones de servicio deberán reportarlos al Sistema Estadístico de Comercialización de Hidrocarburos, mientras la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor verificará que la reducción impositiva se traslade íntegramente al valor pagado por los consumidores finales.

El Ministerio de Educación de Guatemala capacitó a cerca de 5,000 docentes en el uso pedagógico del ajedrez, una preparación previa a la incorporación de esta disciplina al Currículo Nacional Base desde 2026 y a su expansión entre estudiantes de primaria y secundaria de todo el país en 2027.

La primera fase del programa Ajedrez en el Aula se desarrolló de forma virtual y mil participantes ya recibieron su diploma de finalización.

La iniciativa comenzó como plan piloto en 57 centros educativos públicos de primaria del departamento de Guatemala. La experiencia servirá como modelo para extender la propuesta al resto del territorio nacional.

La respuesta de los maestros llevó a ampliar el número de establecimientos participantes respecto de la previsión inicial. El programa también contempla la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

El acuerdo que incorpora el ajedrez al currículo público

El Acuerdo Ministerial 1884-2026, publicado en el Diario Oficial, estableció el marco legal para integrar el ajedrez como herramienta pedagógica complementaria en todos los niveles de la enseñanza básica pública. La normativa fijó el 5 de mayo como fecha de implementación formal.

Los insumos serán entregados únicamente a los centros educativos públicos, en un proceso gradual condicionado por la disponibilidad presupuestaria. La Dirección General de Educación Física deberá proveer los juegos de ajedrez según los mecanismos que defina la cartera educativa.

La disposición exige actividades obligatorias que relacionen las reglas y dinámicas del tablero con los contenidos del Currículo Nacional Base. Para ello, los docentes deberán aplicar metodologías de aprendizaje significativo, resolución de problemas y colaboración entre pares.

Los ejercicios tendrán que vincular el juego con asignaturas como matemáticas, especialmente geometría y razonamiento lógico, comunicación y lenguaje, y educación física. Cada actividad deberá adaptarse al grado escolar de los estudiantes.

La formación y actualización de maestros estará a cargo de la Dirección General de Educación Física y de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa, junto con las Direcciones Departamentales de Educación. El curso virtual forma parte de un proceso que se prevé extender a docentes de todos los departamentos del país.

El Ministerio de Educación indicó que la capacitación busca que los maestros empleen el ajedrez como recurso educativo dentro de las clases. La incorporación de la disciplina no se limita a la práctica competitiva, sino que propone usar sus reglas para abordar contenidos curriculares.

Pruebas diagnósticas y competencias entre escuelas

El inicio del programa incluirá pruebas diagnósticas para alumnos de primaria y nivel medio. Las evaluaciones establecerán una línea de base sobre sus conocimientos y habilidades en matemáticas, comunicación y educación física.

La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa coordinará el seguimiento académico, las evaluaciones y la elaboración de informes para la mejora continua de la iniciativa. Ese monitoreo permitirá observar la evolución de los estudiantes a partir de la aplicación de las actividades en el aula.

El acuerdo también contempla competencias interescolares de ajedrez con eliminatorias por distrito. Los ganadores de cada departamento participarán luego en un festival anual.

Estas instancias buscan promover una competencia sana y fortalecer las habilidades sociales de los alumnos. El programa las incorpora entre los objetivos educativos asociados al uso del tablero en las escuelas públicas.

El ajedrez es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Dos jugadores disputan una partida al mover 16 piezas sobre un tablero con el propósito de dar jaque mate al rey rival.

Las partidas de competición pueden extenderse durante varias horas y exigen resistencia física y fortaleza mental. Su práctica demanda estudio y mejora constantes, y se asocia con el desarrollo de la concentración, la memoria, el razonamiento lógico y la inteligencia emocional.

Los fundamentos de la iniciativa educativa guatemalteca también vinculan la disciplina con la honestidad, el autocontrol, el entrenamiento cognitivo y la gestión emocional. Estas capacidades respaldan su uso en ámbitos educativos y terapéuticos.

El Congreso de la República de Guatemala inició el proceso para renovar a las autoridades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el período 2026-2031, una elección que definirá tres relatores titulares y tres suplentes encargados de supervisar posibles vulneraciones de derechos en centros de privación de libertad, hospitales, escuelas y otros espacios.

La Comisión de Derechos Humanos prevé remitir el 6 de noviembre una nómina de nueve aspirantes al Pleno del Congreso, que realizará la elección final. El procedimiento tendrá 12 etapas, desde la recepción de expedientes hasta la integración de las ternas y su traslado legislativo.

La diputada Dámaris Carolina Cerna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y representante de la bancada UNE, explicó que los diputados ya revisaron parte de la tabla de gradación para calificar a los postulantes. Los criterios pendientes serán discutidos el jueves 8 de octubre, a partir de las 11:00.

“Hoy avanzamos hasta conocer parte de la tabla de gradación, para lo cual había algunos puntos que teníamos que dejar más claros y en discusión”, afirmó Cerna. La legisladora añadió que los cargos abarcan la prevención de la tortura y de tratos crueles en lugares donde puedan producirse vulneraciones de derechos.

Un calendario de postulaciones, tachas y entrevistas públicas

La convocatoria será publicada en el Diario Oficial el viernes 9 de octubre. Los profesionales interesados podrán entregar sus expedientes el 12 y 13 de octubre, entre las 9:00 y las 16:00, en la oficina 53 del quinto nivel del edificio Tecún, ubicado en la 11 calle 8-14 de la zona 1 de Ciudad de Guatemala.

La Comisión amplió el horario de recepción, que inicialmente terminaba a las 11:30. No se admitirán postulaciones presentadas después de la fecha y hora límite establecidas.

Tras la recepción, los expedientes serán verificados y depurados entre el 14 y el 16 de octubre. Las tachas contra los aspirantes podrán presentarse del 19 al 21, mientras que los candidatos señalados tendrán los días 22 y 23 para aportar pruebas de descargo.

La evaluación de los expedientes se desarrollará del 26 al 29 de octubre. Las entrevistas públicas están previstas entre el 2 y el 4 de noviembre, aunque su duración dependerá de la cantidad de personas que superen las fases previas.

Cada tacha deberá identificar al postulante, exponer hechos concretos y acompañar los respaldos correspondientes. La Comisión deberá analizar los señalamientos y los descargos antes de aprobar el listado definitivo de quienes continuarán en el proceso.

Una calificación de 100 puntos y 21 documentos obligatorios

La evaluación de los aspirantes tendrá un máximo de 100 puntos: 30 por méritos académicos, 40 por experiencia profesional, 10 por proyección humana y 20 por el plan de trabajo y las entrevistas públicas.

En el componente académico, un doctorado en un área afín podrá obtener 12 puntos, mientras que un doctorado en otra disciplina sumará nueve. Una maestría afín recibirá nueve puntos; una maestría en otra área, seis; y una especialización o posgrado relacionado, cuatro.

Los diputados también aprobaron dos criterios de experiencia profesional: hasta 10 puntos por ejercicio de la profesión y hasta 15 por trayectoria específica en los ámbitos definidos en el Decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El resto de los criterios continuará bajo análisis.

Los candidatos deberán presentar 21 documentos, entre ellos una carta de interés, currículum vítae actualizado, fotografías recientes, títulos universitarios legalizados e inscritos en la Contraloría General de Cuentas, constancia de colegiado activo y certificaciones de antecedentes penales y policiales.

También se exigirá una declaración jurada sobre el pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, un plan de trabajo de hasta 10 páginas y una copia digital completa del expediente en formato PDF dentro de una memoria USB. La documentación deberá entregarse en original, fotocopia y formato digital, en un fólder azul tamaño oficio, foliado y rubricado.

La convocatoria está dirigida a guatemaltecos de origen mayores de edad, profesionales de las ciencias humanas, sociales, jurídicas o de la salud vinculadas a la prevención de la tortura. Además, deberán acreditar al menos cuatro años de experiencia en derechos humanos, justicia, personas privadas de libertad, investigación criminal, niñez y adolescencia, justicia juvenil o rehabilitación de víctimas.

No podrán ser electas las personas que ocupen cargos públicos, ejerzan puestos directivos en partidos políticos, tengan parentesco en los grados establecidos por la ley con determinadas autoridades o directivos de centros de detención, permanezcan activas o en disponibilidad en el Ejército de Guatemala, sean responsables de violaciones a derechos humanos por sentencia firme o tengan señalamientos del procurador competente.

Los diputados del Congreso de Guatemala acumularon una asistencia promedio de 79% entre el 14 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, aunque ese registro no permite determinar cuánto tiempo permanecieron realmente en el hemiciclo. El sistema puede considerar presente a un legislador que se retire pocos minutos después de marcar su ingreso, una limitación que afecta la medición de la participación en las sesiones.

El cálculo se elaboró a partir de 183 registros por legislador extraídos del sitio web del Congreso. La Alianza por un Congreso Eficiente difundió los resultados y advirtió que la asistencia formal no equivale necesariamente a la presencia efectiva durante los debates y votaciones.

La bancada Cambio tuvo el porcentaje más bajo, con 53% de asistencia. Le siguieron INDP-Vamos, con 57%, e INDP-Bien, con 67%.

En el extremo opuesto, Creo encabezó el registro con 91%. Azul, INDP-Vos y Vos alcanzaron 89% cada uno, de acuerdo con los datos procesados por la organización ciudadana.

El registro de ingreso sin control sobre la permanencia

El tablero electrónico del hemiciclo registra la hora de entrada y salida de cada diputado, pero esos datos no se procesan para establecer el tiempo efectivo de permanencia ni se publican como parte del listado oficial. El sistema contabiliza de la misma manera a quien participa durante toda una sesión y a quien marca presencia por un período breve.

El Informe del Primer Período de Sesiones Ordinarias de 2026 establece que un legislador puede aparecer como presente incluso si abandona el recinto antes de que concluya la jornada. Esa condición impide conocer cuántos diputados se mantuvieron de forma simultánea en el pleno durante el desarrollo de la agenda legislativa.

La falla también contempla otro escenario: un diputado puede registrar su ingreso, retirarse del hemiciclo y no desmarcarse. En esos casos, el tablero sigue acumulando tiempo de permanencia pese a que el legislador ya no se encuentra físicamente en el recinto.

La información disponible permitiría reconstruir ese comportamiento mediante el análisis de los horarios de marcaje y desmarcaje. Con ese procesamiento sería posible identificar entradas y salidas dentro de una misma sesión, además de las presencias de corta duración que hoy quedan incluidas en el registro general.

Las 35 sesiones y las pérdidas de quórum

Durante el primer período ordinario de 2026, comprendido entre el 14 de enero y el 15 de mayo, el Congreso celebró 35 sesiones plenarias. La asistencia registrada fue de 76%, equivalente a 122 de los 160 diputados por sesión.

Pese a esa proporción de presencia, el quórum necesario para continuar con la agenda legislativa se perdió con frecuencia durante las reuniones. La diferencia entre la asistencia consignada y la disponibilidad efectiva de legisladores revela que el indicador actual no muestra cuántos representantes permanecieron en el hemiciclo ni durante cuánto tiempo.

La Alianza por un Congreso Eficiente señaló que el tablero contiene los datos necesarios para corregir esa falta de precisión. El problema reside en que las horas registradas no se convierten en un indicador de tiempo de presencia real ni se ofrecen al público para verificar el recorrido de cada sesión.

La primera propuesta de la organización consiste en calcular y exhibir el tiempo acumulado de permanencia de cada diputado. Ese indicador debería sumar los intervalos entre cada marcaje y desmarcaje efectuados durante una sesión y acompañar el registro oficial de asistencia.

La segunda medida plantea publicar información detallada por legislador y por sesión: los horarios de entrada y salida, el tiempo acumulado de presencia y la duración total de la jornada. Los datos deberían estar disponibles en formatos accesibles y descargables que permitan revisar los cálculos.

La tercera recomendación propone incorporar tecnología capaz de detectar cuándo un diputado abandona físicamente el hemiciclo. Con esa herramienta, el tablero actualizaría automáticamente el estado del legislador y reduciría la dependencia de que cada representante registre voluntariamente su salida.

La cantante guatemalteca y médica cirujana famosos, Flaminia Villagrán, dio un nuevo giro a su carrera, tras asumir la conducción de la Secretaría de la Mujer en el partido político XGuate, agrupación que confirmó al diplomático y excandidato presidencial Edmond Mulet como su secretario general durante la primera Asamblea General Ordinaria celebrada en Guatemala.

Villagrán, conocida por su trabajo en medicina estética y antienvejecimiento, quien ha operado a artistas de gran trayectoria como Olga Tañón, explicó que su decisión responde a una preocupación por la situación del país y a la intención de ampliar el alcance de los proyectos sociales que ha impulsado desde el sector privado.

“Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad social y si no nos involucramos, pues no podemos quejarnos tampoco de la situación del país”, afirmó Villagrán durante una entrevista con Infobae.

La médica sostuvo que su experiencia en hospitales públicos y jornadas médicas le permitió observar problemas vinculados con la desnutrición, las carencias del sistema sanitario, la violencia y las dificultades de las familias rurales para acceder a atención especializada.

Como impulsora del proyecto Doctora en casa, la especialista adquirió notorio reconocimiento mediático al atender a diversas figuras de la industria del entretenimiento y expandir su práctica clínica hacia México, donde abrió un espacio de atención en la histórica residencia de la actriz Irma Serrano, conocida como “La Tigresa”.

En el ámbito profesional, la revista Forbes la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas de Latinoamérica por su labor médica y empresarial.

Nieta del ex vicepresidente Francisco Villagrán Kramer, la profesional cobró trascendencia pública también por su compromiso con el actor mexicano Leonardo García, hijo de Andrés García.

Antes de su incorporación a la política partidaria, Villagrán trabajó ad honorem en el Hospital Roosevelt, lugar donde promovió proyectos de reacondicionamiento en el área de medicina interna, campañas de sensibilización sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y apoyo a la unidad de niños quemados.

Edmond Mulet es confirmado como Secretario General de XGuate

Luego de postularse como candidato presidencial con el partido Cabal, Edmond Mulet, exfuncionario de Naciones Unidas, fue confirmado como Secretario General del nuevo partido político XGuate.

El exembajador guatemalteco afirmó que buscará ampliar su presencia territorial y convocar a personas ajenas a las estructuras tradicionales de la política.

“Gobernar requiere capacidad y honestidad. No quiero gente que llegue al Gobierno a servirse con la cuchara grande. Quiero gente que llegue a servir”, expresó Mulet.

Mulet señaló que la expansión del partido deberá estar acompañada por filtros internos sobre las personas que pretendan integrarse a sus filas y sobre el origen de los fondos destinados a la actividad política. También puso el foco en la seguridad y en la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones estatales.

La incorporación de Flaminia Villagrán apunta a reforzar el trabajo con mujeres y madres de familia. Según explicó, la Secretaría de la Mujer buscará promover una mayor participación femenina en la política, así como programas de formación para impulsar la independencia económica.

“Hay muchas mamás solteras y mujeres que quieren salir adelante”, señaló. La médica indicó que ya desarrolló talleres destinados a mujeres interesadas en iniciar microempresas, con contenidos sobre comercialización, venta de productos y uso de redes sociales.

La doctora no descarta una candidatura para las elecciones de 2027

Por ahora, Villagrán aseguró que no tiene una postulación definida para las elecciones de 2027. Consultada sobre una eventual candidatura a una alcaldía, diputación o vicepresidencia, respondió que su prioridad actual es colaborar con Mulet y aportar programas que puedan llegar a una población más amplia.

“No es que tenga una aspiración que diga quiero hacer esto o lo otro, sino que realmente sí estoy preocupada por la situación de Guatemala”, sostuvo. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de evaluar una candidatura si surgiera un espacio desde el cual pudiera aplicar sus propuestas.

La profesional afirmó que recibió acercamientos de otras agrupaciones políticas, pero que optó por sumarse al proyecto de Mulet debido a su trayectoria diplomática. Villagrán mencionó su paso por Naciones Unidas, la presidencia del Congreso y las misiones internacionales en las que participó.

Respecto de las críticas y cuestionamientos que han acompañado la carrera de Mulet, entre ellos el caso de las adopciones internacionales, Villagrán defendió al dirigente y aseguró que, según lo que ha conversado con él, los procesos se realizaron de forma legal. Sus declaraciones representan su posición personal y no incluyen documentación adicional sobre esos expedientes.

Una carrera entre la medicina estética, la música y los proyectos sociales

Flaminia Villagrán se graduó como médico y cirujano en 2011. Su perfil público combina la actividad médica con la música.

Es pianista, compositora, productora y cantante, con una trayectoria vinculada al pop, la balada y la música electrónica. En 2010 trabajó con el disc jockey y productor Francis Dávila en el álbum Shine.

La doctora alcanzó notoriedad en medios internacionales por sus tratamientos estéticos a figuras del espectáculo.

En 2023, durante una entrevista con el programa Al Rojo Vivo, relató el caso de una cantante que lloró tras ver el resultado de un procedimiento facial no invasivo. Entre las artistas que han difundido públicamente tratamientos con la médica figura la puertorriqueña Olga Tañón.

Hábitat para la Humanidad Guatemala inauguró el XVIII Foro Nacional de Vivienda, denominado “Movilidad, infraestructura y vivienda”, con el objetivo de promover una planificación territorial que conecte la vivienda con servicios, transporte y oportunidades de desarrollo.

La actividad se realizó en la ciudad de Guatemala y reunió a representantes del Gobierno central, municipalidades, sector privado, academia, cooperación internacional y organizaciones sociales.

El encuentro plantea una interrogante central: cómo garantizar que las inversiones en infraestructura y movilidad contribuyan a generar vivienda adecuada, accesible y bien localizada.

La organización destacó que una vivienda no debe evaluarse únicamente por sus condiciones físicas o por su precio, sino también por su cercanía a empleo, educación, salud, cuidado, transporte público y servicios básicos.

Según el planteamiento del Foro, en Guatemala las inversiones en vivienda, carreteras, transporte, servicios y equipamientos suelen desarrollarse de manera sectorial. Esta fragmentación puede provocar que los proyectos habitacionales se ubiquen lejos de las fuentes de trabajo y de los servicios esenciales.

Asimismo, las inversiones en infraestructura pueden elevar el valor del suelo sin asegurar opciones de vivienda asequible para las familias.

Impacto en las familias

Las consecuencias de esta falta de articulación se reflejan en trayectos largos, mayores gastos de transporte, dificultades para acceder a servicios y menos posibilidades de aprovechar oportunidades laborales y educativas.

Para Hábitat para la Humanidad Guatemala, la vivienda debe entenderse como una pieza de la infraestructura económica y social del país.

“La vivienda es infraestructura económica y social. Sostiene la salud, el aprendizaje, el trabajo y el cuidado. Invertir en ella, junto con servicios y movilidad, fortalece a las familias y la capacidad de desarrollo del país”, afirmó Álvaro Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la organización.

La agenda del Foro se organiza en cinco ejes: vivienda, accesibilidad y movilidad cotidiana; vivienda e infraestructura básica; infraestructura, suelo y vivienda asequible; comercio, logística y desarrollo territorial; y gobernanza, financiamiento y resiliencia.

Radiografía de la situación habitacional

Uno de los principales aportes de la jornada es la presentación de una radiografía de la vivienda en Guatemala mediante el Continuum global de vivienda, a cargo de María Carrizosa, directora asociada de Política Global de Vivienda de Hábitat para la Humanidad Internacional.

Esta herramienta busca ampliar la discusión sobre el desafío habitacional, al considerar no solo la necesidad de construir nuevas viviendas, sino también las condiciones de los hogares existentes y las distintas soluciones requeridas por las familias.

La información busca orientar decisiones de planificación, inversión y financiamiento hacia soluciones de vivienda adecuada.

La programación también incluyó los resultados de la Primera Encuesta Ciudadana del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo, presentada por el investigador Luis Diego Dávila Migoya.

Además, se abordaron temas como la vivienda, movilidad e infraestructura como motores del desarrollo nacional; la relación entre vivienda, movilidad y proximidad; y experiencias regionales de regeneración urbana y revitalización sostenible en Santa Tecla y La Libertad, El Salvador.

Compromisos para reducir desigualdades

Los paneles analizarán dónde debe crecer Guatemala, el papel de los proyectos habitacionales en el futuro urbano y las alianzas financieras necesarias para desarrollar comunidades conectadas.

Hábitat para la Humanidad Guatemala busca fortalecer la coordinación entre instituciones, municipalidades y actores privados y sociales para reducir las desigualdades territoriales.

Durante la inauguración, Herrera convocó a convertir el diálogo en compromisos concretos durante los próximos doce meses. “Que nuestra medida de éxito sea una familia que vive mejor: con servicios, con oportunidades cercanas y con más tiempo para estar junta”, expresó.

Guatemala inició la temporada de cruceros 2026-2027 con la llegada del Queen Elizabeth a Puerto Quetzal, en Escuintla. El país prevé recibir 44 embarcaciones hasta el 31 de mayo de 2027, con una proyección de 64.350 pasajeros y 30.682 tripulantes.

El primer buque de la temporada arribó este lunes 5 de octubre al principal puerto guatemalteco sobre el Pacífico. La programación contempla 35 escalas en Puerto Quetzal y nueve en Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, sobre el Caribe.

En conjunto, los cruceros transportarán a 95.032 personas, entre pasajeros y miembros de las tripulaciones. La cifra corresponde al total de ocupantes previstos a bordo de las naves que visitarán el país durante el ciclo 2026-2027.

Puerto Quetzal concentrará 35 de los 44 arribos previstos

La inauguración de la temporada se realizó en la marina Pez Vela de Puerto Quetzal, donde el Queen Elizabeth llegó con 1.863 pasajeros, según informó Claudia Coronado, jefa del Departamento de Operación y Comercialización del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

“Cada llegada representa una oportunidad para mostrar Guatemala y para generar actividad económica en los destinos”, señaló Coronado durante la actividad. La funcionaria indicó que los viajeros demandan transporte, guías, alimentación, artesanías y experiencias turísticas durante su estadía.

El calendario de arribos se extenderá por casi ocho meses y conectará a Guatemala con rutas internacionales que recorren el Pacífico y el Caribe. Para el INGUAT, el desafío consiste en mejorar la atención a los visitantes durante las escalas y favorecer que los pasajeros regresen al país para estadías más prolongadas.

Excursiones hacia La Antigua, Iximché, Pacaya y el Caribe guatemalteco

Desde Puerto Quetzal, los cruceristas pueden contratar recorridos a La Antigua Guatemala, el sitio arqueológico de Iximché, el volcán de Pacaya, Comalapa, la Ciudad de Guatemala y San Juan del Obispo. La oferta también incluye playas del Pacífico, fincas de café y plantaciones de macadamia.

Las escalas en Puerto Santo Tomás de Castilla permiten acceder a otros destinos. Entre ellos figuran el Parque Arqueológico Quiriguá, Río Dulce, el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, el sendero Las Escobas y Playa Blanca.

La actividad distribuye ingresos entre operadores turísticos, transportistas, guías, restaurantes, comercios y productores locales. El INGUAT prevé mantener la coordinación con autoridades portuarias, navieras, empresas privadas y prestadores de servicios para atender a los pasajeros y las tripulaciones.

La temporada anterior dejó USD 11,71 millones en gasto turístico

Durante la temporada 2025-2026, Guatemala recibió 50 cruceros entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de junio de 2026. De ese total, 39 embarcaciones llegaron a Puerto Quetzal y 11 a Puerto Santo Tomás de Castilla.

El período cerró con 60.016 cruceristas desembarcados y una derrama económica estimada en USD 11,71 millones, de acuerdo con los registros del INGUAT. Puerto Quetzal concentró 53.796 visitantes y USD 10,49 millones del gasto calculado, mientras que el puerto caribeño recibió 6.220 pasajeros y aportó USD 1,21 millones.

La institución utiliza como referencia un gasto promedio de USD 195,04 por crucerista, basado en la temporada 2021-2022, y estima que cerca del 80% de los pasajeros de cada embarcación baja a tierra durante las escalas.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó este 5 de octubre el Acuerdo Gubernativo 164-2026, que reglamenta la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo para gasolina superior, regular, diésel y gas oil en Guatemala. La norma entró en vigor el mismo día y establece controles para que el beneficio tributario llegue al precio final que pagan los consumidores.

El reglamento desarrolla el Decreto 22-2026 del Congreso, sancionado por el presidente Bernardo Arévalo el 30 de septiembre. La disposición fue publicada en el Diario de Centro América y define las obligaciones de estaciones de servicio, operadores de tarjetas, entidades tributarias y organismos de protección al consumidor.

Las operadoras de tarjetas de crédito y débito deberán coordinar con los comercios afiliados los mecanismos para identificar las compras de combustibles exentos y evitar la retención correspondiente. Esa exclusión no alcanzará a los contribuyentes inscritos en el Régimen de Pequeño Contribuyente, para quienes la retención continuará conforme a la ley.

Reportes diarios de precios y controles en las facturas

Las estaciones de servicio deberán enviar cada día un reporte de sus precios de venta al consumidor final mediante el Sistema Estadístico de Comercialización de Hidrocarburos. La plataforma permitirá cargar la información por cada establecimiento durante la jornada.

El MEM publicará esos registros en su portal electrónico al día siguiente de recibirlos. La Dirección General de Hidrocarburos remitirá a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, conocida como Diaco, los reportes de los expendedores que no cumplan con la entrega diaria de precios.

La comunicación sobre los incumplimientos se enviará cada lunes mientras esté vigente la exención. La Diaco deberá comprobar que el beneficio fiscal se traslade íntegramente al precio final de los combustibles.

Las verificaciones incluirán los valores exhibidos en las estaciones, los precios consignados en las facturas y la aplicación de las exenciones tributarias. También se controlará que las facturas electrónicas indiquen expresamente la exención temporal del IVA y del IDP, junto con el desglose del beneficio fiscal por cada galón despachado.

El reglamento prohíbe exportar o extraer del territorio aduanero nacional gasolina regular, gasolina superior o diésel que hayan recibido las exenciones, sin importar el régimen o modalidad utilizados para esa operación.

Inventarios separados y compensaciones presupuestarias

Los participantes de la cadena de comercialización deberán llevar registros auxiliares de existencias, compras y ventas. La documentación tendrá que diferenciar los combustibles adquiridos antes de la entrada en vigor de la ley de los comprados durante el período de exención.

Cada operador deberá elaborar un inventario físico inicial con los galones disponibles y presentar un reporte mensual al último día de cada mes. Ese registro deberá detallar existencias iniciales, entradas, salidas y existencias finales de los productos alcanzados por la suspensión de impuestos.

Luego del 31 de diciembre de 2026, los participantes tendrán que informar mensualmente las existencias compradas durante la vigencia de la medida que continúen en inventario, hasta que se agoten. Los registros deberán quedar disponibles para la Superintendencia de Administración Tributaria, el MEM y la Diaco, dentro de sus respectivas competencias.

El Ministerio de Finanzas Públicas realizará las readecuaciones presupuestarias y compensaciones necesarias para cubrir las insuficiencias de ingresos tributarios vinculadas con los destinos específicos afectados por la exención. Los recursos provendrán de fondos financieros no programados para el ejercicio fiscal vigente, sin afectar las fuentes de financiamiento ya contempladas en el Presupuesto General de Egresos del Estado.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron una licitación pública para remozar el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, una obra que que ha estado paralizada por litigios, señalamientos de corrupción y abandono desde 2025.

La convocatoria, publicada este 5 de octubre, está identificada con el número UNDP-GTM00294, contempla la construcción de obras complementarias y servicios vinculados al mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas del estadio, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

El proceso llega después de seis meses de estudios técnicos, evaluaciones y preparación de documentos.

El convenio entre la CDAG y el PNUD fue suscrito en marzo, aunque la fase de contratación no había avanzado hasta ahora que se lanza una convocatoria abierta e internacional.

La licitación incluye pista, gramilla, butacas e iluminación

Las empresas nacionales e internacionales podrán presentar ofertas de forma individual o mediante consorcios, para uno, varios o la totalidad de los tres lotes definidos por el PNUD y la CDAG.

El primero incluye la pista de atletismo y el campo de fútbol. El segundo abarca las butacas y trabajos asociados, mientras que el tercero corresponde al sistema de iluminación.

El proyecto prevé la rehabilitación de la pista con especificaciones de World Athletics, la instalación de una nueva gramilla con estándares de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el sistema de riego, la renovación de los asientos y la modernización de las luminarias. También contempla señalización, medidas de seguridad y la compra de maquinaria especializada.

Antes de publicar la invitación, el PNUD recibió información de 10 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la etapa de Expresión de Interés. Con esa documentación, el organismo fortaleció los requisitos técnicos y administrativos del concurso.

Las obras aún no fueron adjudicadas

La publicación de la licitación no implica el inicio inmediato de la construcción. Las ofertas deberán pasar por un Comité de Evaluación, que analizará la situación legal y financiera de los postulantes, su capacidad técnica, antecedentes en proyectos similares, cumplimiento de requisitos y precio evaluado.

El PNUD indicó que el proceso estará sujeto a mecanismos internos de supervisión y control. Las personas que intervengan en la evaluación deberán suscribir declaraciones de confidencialidad, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés.

Las compañías interesadas deberán registrar su participación a través del correo procurement.gt@undp.org. La convocatoria establece una reunión informativa y una visita guiada al estadio para el 21 de octubre, antes de la presentación y revisión de las propuestas.

La CDAG trasladó al PNUD Q63.599,170, equivalente a unos USD 8.3 millones, para financiar la intervención integral. Cuando ambas entidades firmaron el acuerdo, estimaron que el proyecto tendría una duración aproximada de 18 meses, con una posible finalización hacia finales de 2027.

El proyecto busca superar una obra detenida desde 2025

La nueva licitación intenta resolver la crisis que dejó el contrato anterior con Constructora y Distribuidora Bremar, cuya ejecución superaba los Q32,4 millones (USD 4.2 millones). La obra quedó detenida con un avance estimado entre el 30% y el 34%, sin gramilla y sin una pista sintética apta para competencias.

La CDAG rescindió el contrato a finales de 2025 por incumplimientos en los plazos y activó el cobro de fianzas. Además, la Contraloría General de Cuentas presentó denuncias ante el Ministerio Público por posibles irregularidades vinculadas con el proyecto.

El próximo paso será la visita técnica del 21 de octubre. Luego, el PNUD deberá evaluar las ofertas y definir qué empresas asumirán la recuperación del principal escenario deportivo de Guatemala.

Diversas organizaciones campesinas anunciaron una jornada de manifestaciones en todas las cabeceras departamentales de Guatemala para el próximo 12 de octubre de 2026, Día de la Hispanidad.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL) confirmaron que la movilización nacional dará inicio a las 07:00 horas.

El objetivo central de la convocatoria consiste en plantear peticiones colectivas vinculadas con la contención del costo de vida, la gestión de los servicios públicos, reformas legislativas y transformaciones en el sistema de justicia del país.

Exigen la nacionalización de la energía eléctrica y la construcción de una refinería estatal

En materia económica, los bloques sociales rechazaron los subsidios que el Estado otorga a las empresas importadoras de combustibles.

Las organizaciones proponen que esos recursos públicos se canalicen hacia la construcción de una refinería estatal de petróleo capaz de procesar y abastecer de hidrocarburos a la nación.

A su vez, Codeca, el CCDA y el FNL demandaron la nacionalización del servicio de energía eléctrica y señalaron las altas tarifas cobradas por la firma Energuate, situación que genera conflictos sociales en múltiples comunidades rurales.

Respecto a la administración pública, las dirigencias solicitaron reducir los sueldos de los parlamentarios del Congreso de la República y demás altos funcionarios.

La propuesta exige fijar un tope salarial máximo equivalente a cinco salarios mínimos, de modo que el dinero ahorrado se destine al abastecimiento de medicamentos y a la construcción de laboratorios clínicos en los centros hospitalarios del país.

Demandan la derogación de reformas penales y el rechazo a la propuesta de Ley de Aguas

En el terreno normativo, los colectivos exigieron la derogación inmediata del Decreto 8-2023, disposición que modificó el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Asimismo, manifestaron un rechazo categórico a la Iniciativa 6816, correspondiente al proyecto de Ley de Aguas presentado por el Organismo Ejecutivo.

En su lugar, solicitaron que se elabore una nueva iniciativa legislativa con base en las necesidades y aportes formulados por las propias comunidades indígenas y campesinas.

En cuanto al ámbito judicial, las agrupaciones solicitaron que el Ministerio Público (MP) abra investigaciones contra funcionarios del sistema de justicia a quienes señalan de presuntos nexos con redes de corrupción y delincuencia organizada.

De igual forma, pidieron indagar posibles alianzas irregulares entre diputados y magistrados, a la vez que demandaron detener los desalojos territoriales y las acciones judiciales contra los líderes comunitarios.

Piden la renuncia de autoridades universitarias y de las altas cortes del país

Las organizaciones campesinas requirieron la renuncia de Walter Mazariegos a su cargo como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El reclamo institucional abarca también la dimisión inmediata de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes cuestionan en su comunicado oficial.

Finalmente, las dirigencias de Codeca, el CCDA y el FNL reiteraron el llamado a las comunidades de todo el territorio nacional a sumarse a las marchas fijadas para el 12 de octubre de 2026, jornadas con las que buscan impulsar un proceso conducente a una asamblea constituyente popular y plurinacional.

Un operativo de las fuerzas de seguridad en Guatemala derivó en la captura de un presunto narcotraficante mexicano requerido en extradición por Estados Unidos por el tráfico masivo de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

Efectivos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a Jorge Rubén Michel Monroy, de 57 años, en la 12 calle y 3a. avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Durante el procedimiento táctico, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, un cargador portátil y una tarjeta SIM, elementos incorporados como evidencia en el expediente judicial.

El detenido utilizaba múltiples identidades falsas, entre ellas “Jorge García”, “Jorge Rubén Michel”, “Rubén Monroy”, “Oscar Marteil” y “Roberto Hernández”.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala detalló que la solicitud de extradición fue emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Las pesquisas norteamericanas señalan que, entre febrero y abril de 2026, el acusado coordinó el envío a Nueva York de cientos de kilogramos de fentanilo y metanfetamina.

Con este arresto, las fuerzas de seguridad guatemaltecas contabilizan 38 personas capturadas con fines de extradición en 2026, de las cuales 24 corresponden a delitos vinculados al narcotráfico.

Las investigaciones en Illinois vinculan al acusado con incautaciones de millones de dólares

Además de los cargos en Nueva York, Michel Monroy enfrenta una orden de captura librada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Documentos judiciales estadounidenses ubican al imputado junto a 21 personas en una red criminal interconectada que operaba desde México hacia Chicago, Filadelfia y otras regiones de Estados Unidos.

La estructura estaba liderada por Víctor Mata Madrigal, responsable de introducir cargamentos mayoristas de cocaína, heroína y marihuana en territorio estadounidense.

En el marco de estas pesquisas, agentes federales de la Fuerza Especial de Estados Unidos decomisaron US$3.927.359 en efectivo el 16 de abril de 2013 en una residencia de Park Ridge, en los suburbios de Chicago.

El dinero, presuntamente proveniente del comercio ilegal de drogas, se encontraba oculto en bolsas de lona, maletas con ruedas y mochilas, junto con contadoras de billetes y herramientas para el embalaje del efectivo.

Las escuchas telefónicas evidenciaron el uso de claves para el traslado de cargamentos

Las investigaciones desarrolladas por el gobierno estadounidense incluyeron interceptaciones telefónicas dirigidas a la organización criminal. En una de las grabaciones, Michel Monroy coordinaba aspectos logísticos con Jorge Sánchez, otro de los acusados radicado en Filadelfia.

Durante las conversaciones, ambos monitoreaban la calidad de los empaques de las sustancias ilícitas, a los que denominaban internamente bajo el código de “pañales”.

Los antecedentes registran que Mata Madrigal continuó dirigiendo las operaciones de la red desde el centro de reclusión tras su arresto en 2013.

Por su parte, Michel Monroy permaneció prófugo hasta su localización en Guatemala, donde aguarda el desarrollo del proceso legal para su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

Luego del cierre del puente Pinula en Villa Hermosa, la Dirección Departamental de Educación de Guatemala Sur decidió suspender las clases presenciales en un solo establecimiento público. Mientras que el tránsito se reporta complicado por el sector.

Las fuertes lluvias de los últimos días incrementaron la emergencia en Villa Hermosa I, del municipio de San Miguel Petapa, la cual lleva más de una década que ha dejado derrumbes y viviendas destruidas, como consecuencia del mal manejo de las aguas servidas de tres municipios que caen al río Pinula e incrementa su caudal erosionando la tierra.

Mayra Aracely Martínez, directora Departamental de Educación, confirmó a Infobae sobre la suspensión, pero aclaró que los estudiantes recibirán sus clases normales de manera virtual para no entorpecer su proceso de enseñanza aprendizaje.

Según explicó, la medida se tomó debido a que para llegar a este establecimiento muchos estudiantes deben cruzar por el puente a pie y algunos lo hacen en bus escolar. “Queremos resguardar la integridad física de los estudiantes y de los padres de familia”, explicó.

Por ahora, la decisión de clases virtuales se tomó sólo para este lunes 5 de octubre. No obstante, la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur envió a un equipo técnico para realizar una evaluación y determinar el riesgo que pueda representar para los estudiantes asistir a clases presenciales.

Como parte de la evaluación, también se buscará establecer el tiempo que pueda permanecer cerrado el puente Pinula, debido a que dependen de ello para llegar al centro educativo.

“Aún no hemos determinado si la medida se ampliará y si es así por cuánto tiempo, ya que todo ello debe de precisarse en el análisis técnico que se llevará a cabo este día”, manifestó Martínez.

¿Suspendieron clases en colegios privados y otras escuelas?

Pese a que el Ministerio de Educación recomendó precaución a la comunidad educativa ubicada en cercanías al área de riesgo en San Miguel Petapa, las clases no han sido suspendidas.

Aunque la cartera educativa dejó la decisión de enviar o no a sus hijos a estudiar en manos de los padres de familia y tutores, a quienes les pidió “tomar en cuenta las posibilidades de movilización a los centros educativos aledaños” al área afectada.

Por su parte, la Directora Departamental de Educación Guatemala Sur dijo a Infobae que los colegios privados deberán tomar la decisión de suspender las clases o no las clases, dependiendo del riesgo que puedan correr sus estudiantes.

Río Pinula colapsa viviendas y obliga al cierre de puente principal

Las torrenciales lluvias de los últimos días han provocado una emergencia crítica en la zona 7 de San Miguel Petapa, donde la furia del río Pinula ha generado una severa erosión en sus riberas.

El incremento desmedido del caudal causó el colapso de varias viviendas y mantiene en vilo a cientos de familias ante el inminente peligro estructural.

Ante la amenaza directa sobre los cimientos de la infraestructura vial, las autoridades municipales y de emergencia ordenaron el cierre temporal, preventivo y total del paso vehicular y peatonal en el puente que conecta el bulevar de Villa Hermosa con la colonia Los Álamos y Boca del Monte.

Esta medida ha generado complicaciones masivas en la movilidad urbana, obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas hacia la avenida Petapa y el bulevar El Frutal.

Equipos de mitigación y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantienen los monitoreos en el área —declarada de alto riesgo— y han urgido a los vecinos de zonas aledañas a acatar las recomendaciones de evacuación preventiva para salvaguardar vidas humanas frente a la continuidad de las precipitaciones.

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, y ordenó al Gobierno central adoptar medidas para atender la emergencia en las riberas del río Pinula.

Las lluvias del fin de semana elevaron la humedad de los suelos por encima del 75% en sectores del centro y sur de Guatemala, una condición que mantiene bajo vigilancia áreas agrícolas y ganaderas de 193 municipios.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) advirtió que las precipitaciones previstas para los próximos días podrían aumentar la acumulación de agua en terrenos con drenaje limitado.

El análisis agrometeorológico de la cartera, elaborado con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), identifica un incremento de la humedad desde valores cercanos al 51% hasta niveles superiores al 75% en zonas que se extienden desde el sur hacia el centro del país.

Ocho departamentos concentran áreas agrícolas bajo seguimiento

El monitoreo abarca 20 departamentos y 193 municipios, con atención sobre Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Jalapa, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Suchitepéquez. En esos territorios se producen maíz, frijol, café, hortalizas, cardamomo y pastos para la actividad pecuaria.

La acumulación de agua puede afectar los cultivos cuando persiste durante varios días, sobre todo en parcelas donde las zanjas y los canales no permiten una evacuación adecuada.

El MAGA señaló que la saturación también puede dificultar el ingreso de maquinaria y las labores de campo, además de aumentar el riesgo de deterioro de productos ya recolectados.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (Vider) recomendó mantener libres de obstáculos las zanjas, canales y sistemas de drenaje para facilitar la salida del agua.

También pidió revisar los sitios de cosecha y almacenar los productos en espacios secos, ventilados y protegidos de la lluvia.

El MAGA aconsejó postergar las labores en terrenos saturados

Las autoridades agrícolas recomendaron a los productores esperar antes de realizar tareas de siembra, manejo o cosecha cuando el suelo presente una humedad elevada. Trabajar sobre terrenos saturados puede compactar la tierra, reducir la oxigenación y provocar daños en las raíces de los cultivos.

En las zonas ganaderas, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar) aconsejó mantener al ganado en lugares secos, con techo y drenaje. Además, pidió evitar el traslado de animales por corrientes de agua o sectores que puedan presentar crecidas repentinas.

El Insivumeh prevé lluvias y actividad eléctrica durante las tardes y noches de esta semana, con mayor presencia en el occidente, el altiplano central, la bocacosta y la Franja Transversal del Norte.

La inestabilidad atmosférica también eleva el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, daños en caminos y lahares en la cadena volcánica.

Octubre alternará lluvias puntuales con un déficit previsto por El Niño

Para las próximas semanas, los pronósticos oficiales anticipan un escenario de contrastes. Durante los primeros días de octubre continuarán las lluvias moderadas a fuertes en varias regiones, con posibilidad de tormentas locales.

A la vez, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el fenómeno de El Niño ya está establecido y podría fortalecerse entre septiembre y noviembre.

El pronóstico climático para octubre contempla lluvias por debajo de los valores habituales en gran parte del país y temperaturas superiores al promedio, aunque los episodios de precipitación pueden concentrarse en períodos puntuales.

El MAGA mantendrá el seguimiento agrometeorológico para orientar medidas preventivas ante la humedad elevada y los cambios previstos durante el resto de la temporada.

Un operativo coordinado entre autoridades de Guatemala y México derivó en la captura de dos pandilleros de alta peligrosidad del Barrio 18 que se habían fugado de la cárcel de Fraijanes 2 en 2025.

Los detenidos fueron localizados en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, tras una labor conjunta efectuada por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y fuerzas de seguridad mexicanas.

Durante la intervención en territorio mexicano, las fuerzas del orden aprehendieron a Rudy Augusto Ortiz Morales, de 42 años, conocido con el alias de Smoking, y a Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias Liro Spyder.

Al momento del arresto en flagrancia, las autoridades incautaron presunta marihuana, armas de fuego y municiones.

Ambos prófugos registraban una notificación roja de INTERPOL debido a su evasión del centro carcelario en octubre de 2025.

Los entes gubernamentales iniciaron las gestiones legales necesarias para tramitar su expulsión y posterior extradición a Guatemala. Hasta el momento el Ministerio Público no ha informado cuándo podría llevarse a cabo la entrega de los reos prófugos y ahora capturados.

Rudy Augusto Ortiz Morales dirigía la clica Imperial Gangsters y evadió los controles carcelarios en dos ocasiones

El perfil criminal de Rudy Augusto Ortiz Morales lo ubica como uno de los principales cabecillas del Barrio 18 en la región.

Dentro de la estructura, Smoking estaba a cargo de la clica Imperial Gangsters y contaba con el respaldo de la facción Little Psycho Criminal.

Sobre el pandillero pesan condenas por homicidio, extorsión y asociación ilícita, acumuladas a lo largo de su trayectoria delictiva. El presidiario permanecía en el penal de Fraijanes 2 desde el 8 de octubre de 2009.

A pesar de su encierro, las pesquisas señalan que coordinó el asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil y de guardias penitenciarios, además de planificar atentados contra fiscales del Ministerio Público.

Ortiz Morales burló la seguridad del presidio en dos oportunidades. La primera ocurrió en 2022, cuando un tercero suplantó su identidad dentro del penal.

La maniobra se descubrió el 15 de mayo de 2023 tras el fallecimiento del suplantador. Posteriormente, el pandillero fue capturado el 8 de febrero de 2025 en Mérida, Yucatán, e identificado mediante el sistema de INTERPOL antes de su deportación.

Su segundo escape se registró el 12 de octubre de 2025, cuando se reportó la fuga masiva de reos en el centro carcelario Fraijanes 2 en Guatemala.

Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz coordinaba la red de extorsiones del Barrio 18 en el municipio de Mixco

La estructura de Smoking mantenía ramificaciones operativas en el área metropolitana guatemalteca a través de su entorno cercano.

El 13 de enero, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturó a Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz, de 38 años, identificada como la conviviente del líder pandillero Rudy Augusto Ortiz Morales, durante un allanamiento en la colonia Pradera de las Flores, en la zona 8 de Mixco.

Las investigaciones policiales determinaron que Leiva Paz ejercía como operadora de las clicas Imperial Gangsters y Little Psycho Criminal, esta última designada como organización terrorista por Estados Unidos.

La mujer dirigía a grupos encargados de cobrar extorsiones a comerciantes y transportistas en colonias como El Milagro, Carolingia y Lo de Carranza. El dinero recaudado ingresaba directamente a las arcas de la mara para financiar sus operaciones.

Autoridades buscan a nueve reos de alta peligrosidad que permanecen prófugos de Fraijanes 2

La detención de Smoking y Liro Spyder se enmarca en las acciones posteriores a la masiva evasión registrada el 12 de octubre de 2025 en la prisión de alta seguridad Fraijanes 2, cuando un grupo de 20 reos considerados de alta peligrosidad se escapó de las instalaciones.

Con la reciente aprehensión en Quintana Roo, el saldo oficial de los operativos de búsqueda registra 10 prófugos recapturados y uno fallecido. Las fuerzas de seguridad de Guatemala y México mantienen el despliegue de rastreo para ubicar a los nueve prófugos restantes que continúan evadidos de la justicia.

Aunque reconoce que faltan más estudios, las primeras hipótesis reflejan que el Fenómeno de El Niño es cada vez más frecuentes y más intenso, manifestó en una entrevista con Infobae el director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), Alex Guerra Noriega.

Según comentó, Guatemala atraviesa una sequía con reducciones de lluvia de hasta 85% en algunas zonas, un escenario que vinculó con el fortalecimiento de El Niño. Al tiempo que afirmó que en los próximos meses el fenómeno se fortalecerá y se alargará hasta 2027.

Guerra explicó que El Niño altera los patrones climáticos en distintas regiones. Mientras provoca lluvias e inundaciones en áreas como el sur de Brasil y Argentina, en parte de México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela reduce las precipitaciones.

“En muchos lugares del mundo El Niño lleva una reducción en las lluvias y entonces normalmente se dan sequías. Ese es el caso en nuestra región”, señaló el especialista.

Las lluvias cayeron desde mayo y la canícula se extendió ocho semanas

Aunque los indicadores en el Pacífico tropical superaron en junio el umbral que confirma la presencia de El Niño, las estaciones meteorológicas del ICC en Guatemala detectaron una disminución de las lluvias desde mayo.

Ese mes registró aproximadamente la mitad de las precipitaciones habituales. En junio hubo un repunte, aunque los valores permanecieron por debajo de lo normal. La mayor caída ocurrió en julio, cuando coincidieron la canícula y los efectos del fenómeno climático.

Según Guerra, en la capital se registró 85% menos lluvia, mientras que en otras zonas del país la reducción llegó a 70%. Las estaciones ubicadas entre Chimaltenango, Escuintla y otros puntos de la vertiente del Pacífico reportaron descensos de entre 40% y 73% respecto de los niveles habituales.

La canícula, el período seco que suele presentarse dentro de la temporada lluviosa, ya acumulaba ocho semanas. El director del ICC advirtió que esta extensión anticipa consecuencias sobre los caudales, las lagunas, los lagos y los niveles de agua subterránea.

“Yo decía que en 2027 íbamos a ver niveles de lagunas, de lagos y de ríos más bajos, o que los niveles de los pozos estuvieran más bajos. La sorpresa ya se está dando”, afirmó.

El calor aumentó y elevó el riesgo de incendios

El déficit de precipitaciones estuvo acompañado por temperaturas elevadas. Guerra indicó que, en algunos casos, el calor de julio superó al de abril, que suele ser el mes más cálido en Guatemala.

La combinación de menos humedad y altas temperaturas favorece la aparición de incendios, incluso en bosques que habitualmente conservan condiciones húmedas.

El experto recordó episodios ocurridos durante El Niño de 2015 y 2016, cuando hubo focos de fuego cerca del volcán de Agua, el Biotopo del Quetzal y la Sierra de las Minas.

Las ciudades enfrentan un factor adicional: la isla de calor urbana. La expansión de superficies de concreto y asfalto, junto con la pérdida de árboles, aumenta la absorción de temperatura.

Guerra sostuvo que la vegetación ofrece sombra y aporta humedad al ambiente mediante la liberación de agua por las hojas.

El ICC observa eventos más cercanos e intensos, aunque pide más datos

El director del ICC sostuvo que El Niño ocurre, en promedio, al menos una vez cada cinco años, aunque la variable determinante es su intensidad. Los eventos se clasifican como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes de acuerdo con el calentamiento del océano Pacífico.

Guerra mencionó como precedentes los episodios de 1997 y 1998, 2015 y 2016 y 2023 y 2024. A su juicio, la cercanía entre los eventos recientes y su mayor fuerza sugieren una tendencia asociada al calentamiento global.

De todos modos, aclaró que todavía se requieren series largas de información para establecer una conclusión científica con alto grado de certeza. “Para sacar una conclusión estadísticamente confiable, se necesitaría como cien años de datos”, explicó.

El Boletín de Septiembre del mismo Instituto, refiere que El Niño continuó fortaleciéndose durante septiembre.

Mientras que el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé que sus condiciones persistan y se intensifiquen durante el resto del año y hasta comienzos de 2027, con probabilidades superiores al 90% para el trimestre de febrero a abril.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó el cierre total e inmediato del puente Pinula en Guatemala ante el “inminente colapso”. En paralelo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional y ordenó al Gobierno central adoptar medidas para atender la emergencia en las riberas del río Pinula.

La decisión del tribunal constitucional responde a una acción presentada por el alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, por los daños y riesgos en los sectores II y IV de la colonia Villa Hermosa I.

La resolución instruye a las autoridades nacionales a ejecutar las acciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para evitar nuevos daños y proteger a los habitantes de la zona.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluó el área tras las lluvias de las últimas horas y advirtió a través del Boletín 70-2026 una “condición de riesgo inminente de colapso” de la estructura vial.

El organismo pidió a la Municipalidad de San Miguel Petapa impedir el paso de todo tipo de vehículos y establecer controles de seguridad en el sector. El cierre afectará la conexión entre Villa Hermosa y el municipio de Boca del Monte, en Guatemala.

La CC ordenó medidas para proteger a los vecinos de Villa Hermosa I

El amparo provisional dispone que el Gobierno central adopte de inmediato “cuanta medida sea necesaria” para reducir los daños en los sectores afectados de Villa Hermosa I. También deberá emitir las órdenes ejecutivas, técnicas y administrativas que permitan atender la situación.

La Corte indicó que las medidas deben apuntar a restablecer la infraestructura vial cuando sea posible, ante las dificultades que las condiciones climáticas provocan para el transporte de personas y mercancías.

Los magistrados ordenaron, además, acciones destinadas a garantizar los derechos que puedan estar amenazados, con énfasis en el derecho a la vida. También exige políticas de prevención y planes de contingencia ante una posible salida de cauce o desbordamiento del río Pinula.

El tribunal exhortó al presidente de Guatemala a evaluar, si fuera necesario, la convocatoria a un consejo de ministros y la declaración de un estado de excepción. Para ello, mencionó las herramientas previstas en la Ley de Orden Público, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley de Contrataciones del Estado y las normas presupuestarias.

Maynor Morales afirmó que el municipio enfrenta solo la emergencia

El alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, dijo a Infobae que su administración aún no había recibido la notificación oficial de la resolución de la CC. Sostuvo que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) es el ente rector de las cuencas que desembocan en el río Villalobos y el lago de Amatitlán.

“Hemos agotado la vía administrativa como municipalidad, pero se ha quedado en mesas de trabajo”, afirmó el jefe comunal. Según Morales, esas instancias no se tradujeron en intervenciones concretas, mientras el municipio mantiene tareas en el lugar.

El alcalde atribuyó parte de la presión sobre el caudal a las aguas que, según denunció, llegan desde la Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula y Villa Canales.

“Es imposible que nosotros sigamos trabajando cuando es demasiada el agua que están conectando constantemente al río Pinula”, afirmó.

Morales indicó que el municipio realiza trabajos de enrocado para reducir la velocidad del agua y contener la erosión en las orillas. “Estamos enrocando la zona para poder evitar que se siga socavando”, señaló.

Conred pidió activar albergues y habilitar rutas alternas

Además del cierre preventivo del puente, la Conred recomendó habilitar albergues para las familias que viven cerca de la cuenca del río Pinula y facilitar evacuaciones preventivas si las condiciones se agravan.

También solicitó a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres de San Miguel Petapa activar su plan local de respuesta y mantener la vigilancia en el área.

A las municipalidades de Ciudad de Guatemala, Villa Canales y San Miguel Petapa les pidió identificar rutas alternativas para garantizar la circulación vehicular y peatonal.

La recomendación prioriza la protección de la población ante el riesgo inminente de colapso del puente Pinula y la continuidad de las lluvias previstas para los próximos días.

Un presunto integrante del Barrio 18 fue detenido en Santa Catarina Pinula, Guatemala, luego de que, según la denuncia, exigiera Q30 mil, equivalentes a unos USD 3.896, a cambio de no atacar a una víctima y permitirle permanecer en su propia vivienda.

La captura estuvo a cargo de agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), en el sector norte de la zona 10 de Santa Catarina Pinula. El detenido fue identificado como Brayan Gerardo Daniel Díaz, de 34 años.

La investigación se inició después de que la víctima denunciara que recibía amenazas de muerte. De acuerdo con el reporte policial, el hombre le exigía dinero para no “eliminarlo físicamente” y para que pudiera seguir residiendo en el inmueble.

Las autoridades señalaron que las partes habían acordado un pago único para este lunes. Durante el operativo, los agentes incautaron un teléfono que presuntamente era usado para negociar la entrega, otros dos dispositivos atribuidos al detenido, un paquete que simulaba el efectivo exigido y una motocicleta con placas M-633BMS.

Según la PNC, Díaz no registraba antecedentes policiales ni penales y figuraba como solvente en los registros consultados. Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades judiciales para que se determine su situación legal.

Las pandillas también presionan para controlar viviendas alquiladas

El caso se enmarca en una modalidad de extorsión a residencias que investigadores guatemaltecos habían detectado en municipios como Villa Canales, San Miguel Petapa y Villa Nueva.

A finales de 2024, el Ministerio Público identificó denuncias sobre integrantes del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha que acudían a viviendas de alquiler para exigir que los inquilinos dejaran de pagar las mensualidades a los propietarios. En su lugar, los grupos criminales pretendían recibir esos fondos.

Otro mecanismo consiste en llegar a las casas o apartamentos, amenazar a quienes viven allí y exigir una cuota por cada habitación o unidad habitacional. Algunas víctimas aceptan las imposiciones por temor a represalias, mientras que otras abandonan los inmuebles.

La PNC había identificado tres formas recurrentes de extorsión contra residentes. La primera corresponde a llamadas telefónicas efectuadas por imitadores o integrantes de pandillas. La segunda se produce cuando los extorsionistas llegan de forma directa a la vivienda y reclaman montos que pueden oscilar entre Q10 mil (USD 1.298) y Q50 mil (USD 6.493).

La tercera modalidad apunta a inquilinos de viviendas compartidas o de alquiler, a quienes se les exige una cuota periódica de entre Q300 (USD 39) y Q1 mil (USD 130). Las autoridades han advertido que las víctimas suelen evitar la denuncia y optan por pagar o mudarse.

En 2025, la PNC también informó la captura de cinco presuntos miembros del Barrio 18 que ocupaban una vivienda en Villa Nueva. El propietario había dejado el inmueble el 15 de septiembre de ese año tras denunciar que era víctima de extorsión.

Guatemala acumuló más de 25 mil denuncias de extorsión en 2025

Las cifras recientes reflejan la dimensión del delito en Guatemala. De acuerdo con datos citados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el país registró 25.961 denuncias por extorsión en 2025, frente a 24.978 durante 2024.

En agosto de 2026 se contabilizaron 1.121 denuncias, 795 menos que en el mismo mes del año anterior. El CIEN advirtió que la reducción no permite establecer si hubo menos hechos o si disminuyó la disposición de las víctimas a acudir ante las autoridades.

Los registros oficiales indican que diez municipios concentraron el 42,6% de las denuncias acumuladas entre enero y agosto de 2026. El municipio de Guatemala reunió el 20,9% del total nacional.

Varios vehículos quedaron atrapados luego que el río Silvino se saliera de su cauce e inundara una parte de la carretera que conduce hacia el Atlántico en Guatemala.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo 4 de agosto a la altura del kilómetro 260, en la jurisdicción de la aldea Cayuga y el sector de la Cueva del Silvino, conocida también como la “Vuelta del Silvino”, en el municipio de Morales, del departamento de Izabal.

En videos publicados en las redes sociales se observa a, por lo menos, dos vehículos atrapados, cuando intentaban cruzar por la crecida sin calcular el tamaño ni el riesgo que significaba.

Uno de los vehículos logró salir de la gran poza que se formó en el lugar. Sin embargo, otro quedó atrapado en el área, mientras que los conductores de otros automóviles se arriesgaron para empujar y sacar del lugar el carro atascado en el agua.

La situación provocó largas colas. Aunque también quedaron detenidos vehículos del transporte pesado, conforme bajó la fuerza del agua fueron pasando uno a uno por el lugar.

Este no es un problema nuevo. En temporadas de lluvia pasadas, las fuertes precipitaciones en la región han generado la crecida del río y su desbordamiento impidiendo el paso a los automovilistas y obstaculizando el paso vehicular hacia y desde Puerto Barrios.

El problema suele complicarse y, hasta provocar accidentes de tránsito, debido a lo pronunciado y peligroso de la curva que, sumado a la excesiva velocidad, impide que los conductores se percaten del riesgo e impacten contra los vehículos varados.

Calles anegadas en Puerto de San José

Las fuertes lluvias de las últimas horas también provocaron inundaciones en el municipio de San José, Escuintla, donde las calles quedaron completamente anegadas.

Uno de los lugares más afectados fue la zona donde se localiza el mercado central. Los comercios estaban completamente cerrados, luego que el agua impidiera caminar por el sector.

También se reportó la evacuación voluntaria de varias familias, luego de que sus viviendas fueron inundadas.

Según las autoridades municipales la inundación ocurrió debido a la gran cantidad de basura que se lanza a las calles y aunque se realiza la limpieza constante de los tragantes, los desechos suelen rebasar la capacidad de los trabajos que se realizan.

Sin ingreso al municipio

El ingreso a San Lucas Tolimán, en Sololá también quedó bloqueado por una inundación.

Según los reportes de medios locales, las fuertes lluvias causaron la acumulación de agua e impidió el paso por varias horas. Fue necesaria la intervención de maquinaria, para poder habilitar de nuevo el paso.

La inundación también afectó el campo de fútbol de la localidad, el cual quedó completamente bajo el agua.

De acuerdo con los vecinos, uno de los factores que ha generado la problemática es la falta de sistemas de drenajes adecuados para la gran cantidad de agua durante la época de lluvia.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que pidió a la población tomar las precauciones pertinentes.

Una escuela rural de Guatemala terminó con serios daños después de que un muro perimetral cediera, ante las fuertes lluvias que azotaron el país durante este fin de semana. Mientras que en otros sectores del país se reportan derrumbes, inundaciones y caída de árboles.

El incidente ocurrió en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Hacienda El Santo, ubicada en el municipio de Chiquimula.

Según la información proporcionada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la escuela sufrió el colapso de su muro perimetral.

Ante la emergencia, personal técnico de la institución acudió al recinto para realizar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

La inspección en el área afectada busca determinar el nivel de impacto de los estragos y establecer los requerimientos prioritarios del establecimiento educativo para coordinar la asistencia necesaria.

Las precipitaciones continuas generaron un deterioro en la estructura hasta provocar la caída completa de una de sus secciones.

Caída de árboles, inundaciones y derrumbes, otros incidentes de las lluvias

Los efectos del mal tiempo también perjudicaron la red vial y varias zonas habitables en otros puntos del país.

En el departamento de Quiché, se reportó la caída de árboles sobre el kilómetro 181 de la carretera RD-QUI-2, en la comunidad de Agua Tibia, municipio de Chinique, lo que dejó el paso vehicular completamente obstruido.

Integrantes de los Bomberos Voluntarios efectuaron las labores de limpieza y despeje tras las coordinaciones correspondientes, hasta lograr habilitar la ruta luego de varias horas de trabajo.

Asimismo, en esa misma provincia, un deslizamiento de rocas y tierra bloqueó la carretera que comunica Santa Cruz del Quiché con la aldea Panajxit, ambas en el departamento de Quiché.

La atención del desastre fue articulada por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred), la Secretaría Ejecutiva de la Conred y miembros de la comunidad local para retirar los escombros de la vía.

Mientras tanto, en el casco urbano de Las Cruces, en Petén, torrenciales precipitaciones provocaron la inundación de diversas viviendas, razón por la cual los vecinos afectados optaron por autoalbergarse con familiares.

Representantes de la municipalidad, el Consejo de Desarrollo y personal de la Conred realizan las evaluaciones correspondientes.

Lluvias continuarán en Guatemala

Las precipitaciones persistirán sobre el territorio nacional durante las próximas horas, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en la Cápsula Informativa No. 16-2026 emitida este 4 de octubre.

Según indicaron, un sistema de baja presión ubicado al sureste de Guatemala favorece la constante entrada de humedad y genera abundante nubosidad, principalmente del sur al centro del país.

A pesar de que el fenómeno meteorológico registra una baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical, las autoridades advirtieron que la acumulación de agua en los suelos puede causar crecidas de ríos, inundaciones, deslaves y lahares en la cadena volcánica.

Estas complicaciones se mantienen latentes aun bajo la presencia del fenómeno de El Niño. La Conred recomendó a la población evitar el paso por cauces o ríos acrecentados, mantenerse alejada de barrancos o laderas vulnerables, conducir con precaución y comunicarse a la línea 119 frente a cualquier situación de riesgo.

Una discusión bajo los efectos del alcohol terminó con la muerte de un hombre a manos de su sobrino, quien luego del hecho fue capturado y luego puesto a disposición de las autoridades competentes.

El incidente se produjo durante la noche del sábado 3 de octubre en el barrio La Cruz, del municipio de Purulhá, del departamento de Baja Varapaz en Guatemala.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto agresor, identificado como William “N”, de 20 años, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a su familiar.

Durante la convivencia, una disputa verbal generada al calor de los tragos escaló de forma repentina. El joven desenfundó un arma de fuego y realizó múltiples disparos contra la humanidad de su tío.

Al escuchar las detonaciones, vecinos y familiares alertaron de inmediato a socorristas y a la policía. Al lugar se hicieron presentes Técnicos de Urgencias Médicas de la Cruz Roja Guatemalteca quienes prestaron los primeros auxilios a la víctima.

Según indicaron, el hombre, identificado como Melvin Josué Fortín, de 37 años, presentaba heridas de gravedad en la región del cuello y una trayectoria con entrada y salida en la zona parietal del cráneo.

Los socorristas lo trasladaron hacia el Centro de Atención Permanente (CAP) local. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento al momento del ingreso al centro asistencial.

Quiso escapar

Posterior a la agresión, el sospechoso intentó darse a la fuga a pie por las calles aledañas, pero los agentes de la Policía Nacional Civil concretaron su persecución y posterior arresto.

Al momento de la aprehensión, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de una pistola calibre 9 mm marca Glock, la cual portaba de forma ilegal y con la que presuntamente cometió el crimen.

El detenido fue remitido ante el juzgado correspondiente para resolver su situación jurídica.

Las autoridades registran un incremento en la incautación de armas e intervenciones policiales

El suceso ocurre en medio de operativos de seguridad desplegados en el territorio nacional para controlar la portación ilegal de armamento.

Cifras de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), adscrita al Ministerio de Gobernación (Mingob), registran la incautación de más de 1.700 armas de fuego en lo que va del año, cifra que representa un aumento del 39 % respecto al mismo lapso del año anterior.

A nivel operativo, la Policía Nacional Civil reporta más de 17.000 capturas por diversos delitos en el país.

En el departamento de Baja Verapaz, el trabajo de las fuerzas de seguridad ha permitido que seis municipios mantengan estadísticas bajas de violencia homicida, aunque la proliferación de armas sin licencia continúa desencadenando sucesos fatales en riñas comunitarias.

La intolerancia en reuniones familiares provocó múltiples tragedias recientes en el país

Los conflictos entre familiares asociados al consumo de alcohol y el uso de armas representan una causa recurrente de homicidios en la nación centroamericana.

Datos de la institución policial señalan que los motivos emocionales y la venganza personal concentran el 57 % de las muertes violentas registradas en Guatemala.

Casos recientes evidencian esta tendencia. En la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, una alteración bajo los efectos de bebidas embriagantes derivó en el asesinato de un ex viceministro a manos de su propio hijo mediante el uso de un arma blanca.

De igual forma, en la zona 6 de Mixco, un altercado entre parientes terminó en una balacera que dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos heridos de gravedad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar las vías de denuncia pacífica para evitar que los desacuerdos intrafamiliares escalen a hechos trágicos.

La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala redujo a diez profesionales la lista con expedientes completos para competir por la secretaría y subsecretaría ejecutiva del Conamigua, el organismo encargado de las políticas de atención y protección de migrantes guatemaltecos y sus familias. El proceso debe concluir antes del 13 de octubre, cuando vencen los mandatos de las actuales autoridades.

La nómina fue publicada el viernes 2 de octubre en el Diario de Centro América, después de que la comisión legislativa, presidida por el diputado Edgardo Ramírez, revisara los 31 expedientes recibidos durante la convocatoria. Los seleccionados cumplieron los requisitos legales y documentales exigidos para avanzar a la siguiente etapa.

Otros 21 aspirantes fueron notificados para completar documentos pendientes en un plazo de tres días. La comisión había anticipado que permitiría corregir omisiones formales, como declaraciones juradas sin los timbres requeridos para su validez.

Los diez profesionales que superaron la primera revisión son José David Prado Vásquez, Raúl Eduardo Berríos Ramírez, Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Mirna Gabriela Castillo González y Boris Adolfo de León Gutiérrez. También integran el grupo Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez, José Carlos Guerra Aldana, Diego Santamarina Cárdenas, Luis Enrique Arévalo Girón y Ana Marleni Gutiérrez.

La lista final de cinco candidatos para el pleno legislativo

La Comisión de Migrantes prevé reunirse el 7 de octubre y espera definir el 9 de octubre la nómina definitiva de cinco aspirantes que remitirá al pleno del Congreso. Los diputados elegirán de esa terna ampliada al secretario ejecutivo y al subsecretario ejecutivo para el período 2026-2029.

La Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante establece que los candidatos deben acreditar al menos tres años de experiencia comprobada en asuntos migratorios. La normativa también exige capacidad, idoneidad, honradez y pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

La evaluación se realizará mediante una tabla de ponderación con más de 200 aspectos, aprobada por la comisión. El mecanismo considera formación académica, trayectoria profesional, conocimientos sobre migración y constancias de dominio del idioma inglés.

Ramírez había señalado que el objetivo era evitar exclusiones por fallas subsanables en la documentación. “Es una cifra bastante grande, 31 personas que aplicaron, que entregaron su expediente”, afirmó el legislador a Infobae Centroamérica.

Las entrevistas comenzarán después de la revisión de las correcciones presentadas por quienes recibieron observaciones. El presidente de la comisión indicó que el conocimiento de los asuntos migratorios será uno de los elementos centrales para calificar a los postulantes.

La convocatoria impide participar a personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos, con ciertos vínculos de parentesco con diputados o integrantes de Conamigua, o condenadas por delitos contemplados en la legislación aplicable. Quienes hayan ocupado puestos estatales deben presentar constancias de solvencia o finiquito.

La situación de las actuales autoridades de Conamigua

Entre los diez aspirantes figura Raúl Eduardo Berríos Ramírez, actual secretario ejecutivo de Conamigua, quien ha dirigido la institución durante dos períodos. La ley permite una única renovación en la secretaría, por lo que solo puede postularse ahora al cargo de subsecretario ejecutivo.

El mandato de Berríos y del actual subsecretario ejecutivo, Julio Lainfiesta, vence el 13 de octubre. Lainfiesta, exdiputado de la Unión del Cambio Nacional, presentó su expediente junto con los otros 30 postulantes iniciales, aunque no aparece entre quienes completaron el filtro documental publicado.

También avanzó Diego Santamarina Cárdenas, notario que constituyó dos empresas farmacéuticas que obtuvieron contratos millonarios con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social durante el gobierno de Alejandro Giammattei, principalmente desde la pandemia de covid-19.

La elección ocurre tras cuestionamientos de la Red Migrante Guatemalteca, una organización que agrupa a más de 70 líderes migrantes en Estados Unidos, México y Canadá. Sus integrantes enviaron una carta abierta a la Comisión de Migrantes para pedir una depuración del proceso y una revisión rigurosa de las candidaturas de trabajadores de la institución.

Las autoridades que resulten electas deberán coordinar la atención de guatemaltecos en el exterior, acompañar a las personas retornadas, promover la migración regular y articular programas de protección para las familias afectadas por la movilidad humana.

Un nuevo hundimiento en la colonia Pablo VI, zona 7 del municipio de Mixco, en Guatemala, obligó otra vez al cierre del paso para peatones y vehículos en el sector.

El hecho ocurrió el sábado entre las casas 107 y 108, después de las lluvias que afectaron el área metropolitana de Guatemala, y reavivó la preocupación de los residentes por el estado de los drenajes.

Los vecinos identificaron este episodio como el cuarto socavamiento en el sector. La información disponible documenta dos hundimientos el 23 de septiembre y el nuevo colapso ocurrido este sábado, por lo que al menos tres incidentes se concentraron en menos de un mes.

Imágenes y videos difundidos por habitantes de la colonia mostraron el desprendimiento de una parte del pavimento hacia el interior del agujero.

Las autoridades municipales atribuyen el problema al deterioro de las tuberías que conducen las aguas residuales de las viviendas y temen que existan daños en otros puntos de la red.

El paso quedó cerrado mientras se evalúa el daño

La Empresa Mixqueña de Transporte (Emixtra) informó que el área afectada quedó restringida para peatones y vehículos. La medida busca evitar riesgos mientras personal de la Municipalidad de Mixco revisa el alcance del nuevo colapso y define las reparaciones necesarias.

Mynor Espinoza explicó a Infobae que los equipos iniciaron trabajos en el punto afectado. “De momento se está realizando el trabajo con la maquinaria para limpiar alrededor del tubo de aluminio”, afirmó.

El funcionario señaló que la inspección permitirá conocer el nivel de deterioro de la infraestructura subterránea. “Determinar el diámetro de lo que está afectado para ver si van a ser los tubos completos o van a ser más”, indicó Espinoza.

También precisó que cada tramo de tubería tiene una extensión aproximada de seis metros y que los técnicos prevén instalar anillos y nuevas conexiones una vez que retiren el material alrededor del conducto. La definición de la intervención dependerá de los daños que se encuentren bajo la superficie.

Dos hundimientos en una jornada encendieron las alertas

El 23 de septiembre, la colonia Pablo VI registró dos socavamientos en pocas horas. El primero ocurrió alrededor de las 6 y afectó a un automóvil particular. Más tarde, otro colapso atrapó a un camión repartidor de agua.

Tras esos hechos, la comuna sustituyó tuberías que, según la información municipal, estaban colapsadas. Sin embargo, vecinos del sector pidieron una evaluación completa de la red de drenajes y la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La preocupación se centra en que las obras ejecutadas después de los incidentes de septiembre habrían conectado nuevas tuberías a conductos antiguos. Los residentes sostienen que el deterioro de esa infraestructura puede afectar a otras viviendas y generar nuevos hundimientos.

Conred había advertido sobre una problemática recurrente

Los antecedentes en Pablo VI se remontan a incidentes registrados en 2019, 2021 y 2024. Un informe elaborado por Conred después de un hundimiento ocurrido en septiembre de 2024 vinculó los socavamientos con el desgaste de las tuberías y advirtió que las intervenciones de entonces no constituían una solución integral.

El documento recomendó inspeccionar el sistema de drenajes, implementar mantenimiento preventivo y elaborar un proyecto para reparar de forma completa los colectores afectados. Parte de la tubería metálica instalada en la zona data de 1999, según información municipal divulgada con anterioridad.

El sector permanece cerrado mientras la Municipalidad de Mixco determina la dimensión del daño y el tipo de tubería que deberá reemplazarse.

Al respecto, Espinoza reconoció que la antigüedad de la tubería es factor clave en los socavamientos ocurridos, pues la mayoría tienen 26 años y son tubos de metal. Aseguró que se ha hecho mantenimiento y trabajos de mitigación con los que se ha cambiado 82 tubos.

Sin embargo, afirmó que “cambiar toda la tubería sería una inversión millonaria”, razón por la que no se ha llevado a cabo.

La Asociación de Prensa de Huehuetenango presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Guatemala y exigió una investigación “rigurosa y transparente” por el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, de 34 años, ocurrido el viernes 2 de octubre en San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango.

López Sánchez, fundador y administrador del medio digital local Huehue es Noticia, murió tras un ataque armado cuando se dirigía a su vivienda, ubicada en el cantón Cementerio. La información preliminar sitúa el crimen en la noche del viernes cerca de las 21:00 horas.

En el velatorio del comunicador, integrantes de la junta directiva de la Asociación de Prensa de Huehuetenango informaron que acudieron a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, con sede en Quetzaltenango, para dejar constancia de lo ocurrido y reclamar medidas inmediatas.

La entidad solicitó que las autoridades revisen sus registros para establecer si López Sánchez había presentado denuncias por amenazas de muerte antes del ataque.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) indicó a través de un comunicado que, existía información preliminar sobre intimidaciones vinculadas con su labor informativa.

“Se tiene conocimiento que sufría de amenazas constantes por su labor periodística”, expuso la asociación en la denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado públicamente que el trabajo del periodista haya sido el móvil del crimen.

La APG afirmó que el asesinato representa una agresión contra la libertad de expresión y el derecho de la población a acceder a información.

Además, reclamó una pesquisa que identifique tanto a los autores materiales como a quienes pudieron ordenar el ataque.

Reclamos por la demora en la escena del crimen

La Asociación de Prensa de Huehuetenango cuestionó la respuesta inicial de las autoridades y sostuvo que representantes del Ministerio Público llegaron a la escena hasta la mañana siguiente.

La agrupación consideró que esa demora pudo afectar la preservación del lugar del crimen y la recolección de pruebas.

También señaló que la exposición del cuerpo durante varias horas vulneró la dignidad del periodista y los derechos de sus familiares como víctimas indirectas.

La denuncia pide que el Ministerio Público requiera informes a las autoridades responsables sobre su actuación.

La gremial informó, además, que gestionó medidas de protección, auxilio y perímetro para integrantes del sector periodístico, las cuales serán remitidas a la subestación policial de San Pedro Necta y a la Comisaría 43.

La Policía anunció un equipo de investigación

La Policía Nacional Civil (PNC) expresó sus condolencias a la familia y al gremio periodístico. La institución indicó que un equipo especializado de investigación criminal trabaja junto con el Ministerio Público para ubicar a los responsables.

El Ministerio de Gobernación también lamentó el asesinato y sostuvo que el móvil deberá definirse a partir de las pruebas que reúna la investigación.

La cartera pidió que cualquier señalamiento sobre posibles implicados se sustente en evidencia y respete el debido proceso.

Tras el crimen, vecinos de San Pedro Necta realizaron manifestaciones para exigir justicia, algunas personas incendiaron una sede policial y una vivienda en la que supuestamente se encontraba un sospechoso.

El Ministerio de Gobernación rechazó los ataques contra personas, viviendas, vehículos e instalaciones públicas, al tiempo que anunció que la PNC mantendrá presencia en el municipio para reforzar la seguridad y colaborar con el esclarecimiento del asesinato de Evelio Lisandro López Sánchez.

El INSIVUMEH confirmó en 2026 el establecimiento de la fase de El Niño en Guatemala tras cinco trimestres móviles consecutivos con anomalías de temperatura iguales o superiores a +0,5 °C en el Pacífico ecuatorial. El fenómeno influye en las condiciones climáticas del país por el aumento de la temperatura superficial del mar y la persistencia de cambios oceánicos y atmosféricos.

Las precipitaciones han caído alrededor de un tercio respecto de los valores normales en algunos sectores, mientras se registraron reducciones de caudales y un incremento de las temperaturas. Los impactos requieren medidas de atención para la agricultura, los recursos hídricos, la energía, la seguridad alimentaria y nutricional, y la gestión de riesgos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología indicó que la confirmación se basó en el Índice Oceánico de El Niño, publicado por NOAA CPC. El indicador acumuló cinco períodos móviles por encima del umbral en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial.

El ascenso del índice oceánico durante 2026

Los registros comenzaron el año con valores negativos: -0,4 °C en diciembre-enero-febrero y -0,2 °C en enero-febrero-marzo. La anomalía pasó a 0,1 °C en febrero-marzo-abril y alcanzó 0,5 °C en marzo-abril-mayo, el primer trimestre móvil sobre el umbral establecido.

La tendencia continuó con 0,9 °C en abril-mayo-junio, 1,4 °C en mayo-junio-julio, 1,8 °C en junio-julio-agosto y 2,2 °C en julio-agosto-septiembre. Este último valor completó la sucesión necesaria para declarar oficialmente la fase.

En marzo, el INSIVUMEH y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres habían advertido sobre el déficit de lluvia y el aumento de las temperaturas en el boletín BEAC-012026. Desde entonces, las instituciones mantienen el seguimiento de las variables meteorológicas y oceánicas.

La declaración quedó detallada en el boletín especial BEAC-202610. El instituto continuará el monitoreo de las condiciones océano-atmosféricas y de las variables meteorológicas en el territorio nacional para aportar información a las instituciones, los sectores productivos y la población.

La población debe mantenerse atenta a los pronósticos, las perspectivas climáticas y los comunicados oficiales emitidos por las instituciones competentes.

El Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC) reporta que las condiciones de El Niño se fortalecieron en julio y se espera que prevalezcan durante el resto de 2026 y principios de 2027.

Según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, citado por el ICC, la probabilidad de que el evento continúe es superior al 95 %, con un posible aumento de intensidad hacia un episodio muy fuerte entre septiembre de este año y enero de 2027.

La anomalía de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 alcanzó +2.0 °C en julio, superando ampliamente el promedio y marcando una tendencia preocupante.

La duración de El Niño en la región ha sido variable: entre 2014 y 2015, el episodio se extendió por 20 meses, mientras que en 2018-2019 duró 10 meses. Estos antecedentes refuerzan la alerta sobre la posible prolongación del déficit de lluvias.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala presentó la Guía para el Buen Cuidado de perros y gatos, una herramienta de la Unidad de Bienestar Animal destinada a orientar a quienes conviven con animales de compañía desde antes de su adopción o adquisición y durante toda su vida.

El documento reúne pautas sobre alimentación, salud, alojamiento, comportamiento y prevención del maltrato. La propuesta busca que los responsables evalúen el tiempo, los recursos y las condiciones del hogar antes de incorporar un perro o un gato, para reducir situaciones de abandono, negligencia y exposición a riesgos.

La guía fue elaborada por la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el apoyo de Humane World for Animals. La organización estuvo representada durante la presentación por Mauricio Mota Charnaud, desde Costa Rica.

Los cuidados cotidianos más allá de la alimentación y la salud

El material indica que perros y gatos deben recibir alimentación adecuada, acceso permanente a agua limpia, atención veterinaria y medidas de prevención de enfermedades. También requieren protección frente al sol, la lluvia, el frío y otros factores ambientales.

El espacio donde viven debe permitirles descansar, moverse y desarrollar conductas propias de su especie. El bienestar animal no se reduce a evitar lesiones o enfermedades: comprende la interacción, el juego, la socialización, la actividad física y la observación de cambios de comportamiento que puedan requerir atención profesional.

Los perros necesitan tiempo para paseos, ejercicio y convivencia con las personas responsables de su cuidado. Los gatos, en cambio, requieren espacios seguros, áreas de descanso y elementos que les permitan trepar, esconderse o realizar actividades acordes con sus comportamientos naturales.

La decisión de adoptar o adquirir un animal implica compromisos que pueden extenderse durante varios años. Antes de asumirlos, la guía propone considerar el espacio disponible, el presupuesto para alimentos y consultas veterinarias, el tiempo para brindar compañía y cuidados, y la composición del hogar.

La presencia de niños, adultos mayores u otros animales puede influir en la adaptación y en las necesidades de cada caso. La Unidad de Bienestar Animal sostiene que una evaluación previa de esas condiciones ayuda a prevenir el abandono y la falta de atención.

Cinco afiches en tres idiomas para ampliar el acceso a la información

La Unidad de Bienestar Animal presentó además cinco afiches informativos en español, kaqchikel y q’eqchi’. Los materiales buscan extender las recomendaciones sobre cuidado de animales de compañía a comunidades con distintos idiomas.

La coordinadora de la Unidad de Bienestar Animal, Irene Velázquez, vinculó la iniciativa con la diversidad lingüística y territorial del país: “Sabemos que Guatemala es un país diverso y, por ello, queremos continuar trabajando para que estos materiales estén disponibles en más idiomas y lleguen a más comunidades, municipios y departamentos”.

Los contenidos en idiomas mayas incluyen indicaciones sobre salud, alimentación, prevención del maltrato y convivencia responsable. La funcionaria añadió que la unidad mantiene acciones destinadas a fortalecer el conocimiento, la responsabilidad y el respeto hacia los animales.

La guía se basa en principios internacionales de bienestar animal y en la legislación guatemalteca de Protección y Bienestar Animal, vigente desde 2017 junto con su reglamento. Ese marco establece condiciones para la protección de los animales, incluidos los de compañía.

Las denominadas cinco libertades del bienestar animal contemplan la protección frente al hambre, la sed, el miedo, el dolor, las enfermedades y las limitaciones para expresar conductas naturales. El enfoque fue ampliado hacia un modelo de cuatro principios y doce criterios que incorpora la salud física, el ambiente, la nutrición, las interacciones con personas y otros animales, y el estado mental.

Las recomendaciones incluyen controles veterinarios, higiene adecuada, prevención de la reproducción no planificada y condiciones de seguridad. La puesta en práctica de estas pautas apunta a prevenir el maltrato, el abandono y las enfermedades en perros y gatos.