OPUS 503, trío de pop lírico, llevó música de El Salvador a Madrid con una presentación previa al concierto de Shakira en la Plaza Central de Macondo Park, donde el trío interpretó repertorio salvadoreño, español e italiano y vistió tejidos tradicionales de Panchimalco.

José Guerrero, Mauro Iglesias y Esaú Osorio, los tres salvadoreños, actuaron ante miles de asistentes durante casi media hora, acompañados por la embajadora de El Salvador en España, Anabella Machuca. La participación formó parte de la programación artística de la residencia de la cantante colombiana en la capital española, tal como mostraron en sus redes sociales.

El público reunió a seguidores de distintas procedencias, entre ellos salvadoreños que ondearon la bandera nacional durante la actuación. El grupo llegó a Madrid esa misma mañana desde Milán, donde había cumplido otros compromisos artísticos.

Un repertorio entre El Salvador, España e Italia

La intervención comenzó con “Nada se compara contigo”, incluida en un mix dedicado al cantautor salvadoreño Álvaro Torres. Luego, el conjunto rindió homenaje al español Camilo Sesto con una selección que vinculó la canción romántica en español con el público reunido en el recinto madrileño.

El repertorio continuó con “Tierra de Palmas y Flores”, “El Toro y la Luna” y “El Carbonero”, una pieza ligada a la memoria cultural de El Salvador. La presentación concluyó con “Volare”, el clásico de la música italiana.

El uso de indumentaria de Panchimalco, tierra de cultura originaria en el país, reforzó esa presencia centroamericana sobre el escenario.

“Macondo Park” fue concebido como un espacio complementario de los conciertos de Shakira, con propuestas de música, gastronomía, literatura, moda y cultura latinoamericana. La actuación de OPUS 503 se integró a la programación previa a uno de los últimos espectáculos de la residencia de la artista en Madrid.

La presencia del trío fue posible por las gestiones de la Embajada de El Salvador en España y contó con el apoyo de empresas salvadoreñas. La agrupación también agradeció al equipo de producción de Shakira, artistas que fue bien recibida en su residencia en El Salvador este mismo año.

La gira por cuatro países y la trayectoria del trío

La presentación en España forma parte de la gira “El Salvador, Tierra de Palmas y Flores”, que llevó a OPUS 503 por Turquía, Marruecos, Italia y España entre septiembre y octubre. El recorrido internacional tuvo como eje la difusión de la música y la identidad salvadoreñas.

Fundado en 2017, OPUS 503 está integrado por Guerrero, Iglesias y Osorio. Su propuesta se inscribe en el pop lírico, también conocido como classical crossover, estilo que combina recursos del canto lírico con música popular y arreglos contemporáneos.

El repertorio del conjunto abarca arias de ópera, piezas del bel canto y canciones de América Latina y El Salvador. Sus presentaciones combinan técnica vocal, producción escénica y reinterpretaciones de obras populares desde una identidad centroamericana.

La discografía de OPUS 503 incluye El Salvador bajo mi piel, publicado en 2018; Balsamero, de 2019; Centroamérica Libre, de 2021; OPUS 503 Gold, de 2023; y Corazón de Añil, desarrollado entre 2024 y 2025.

El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, afirmó que el Gobierno presentará ante la Asamblea Legislativa los “instrumentos necesarios” para atender los pagos vinculados a la deuda previsional el próximo año, aunque no precisó cuál será el mecanismo de financiamiento ni el monto que buscará cubrir con esas medidas.

Durante una comparecencia del viernes 9 de octubre ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, como parte del inicio del estudio del proyecto de presupuesto estatal para 2027, Posada sostuvo que los recursos para responder por los intereses adeudados a los fondos de pensiones están contemplados en las proyecciones fiscales, pero no en el presupuesto sometido a discusión.

“El Gobierno no va a dejar de atender sus compromisos y en su momento, el próximo año, seguramente vendremos a esta Asamblea Legislativa con los instrumentos necesarios para poder atender dichos pagos o dichos compromisos”, dijo el funcionario ante una consulta de una diputada sobre la diferencia entre la partida presupuestaria y el monto de intereses previsionales señalado en informes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presupuesto prevé USD 250 millones como aporte estatal

La intervención surgió después de que una legisladora cuestionó que la propuesta presupuestaria para 2027 incluyera USD 250 millones para el sistema previsional, frente a una deuda de intereses que, según mencionó durante la sesión, supera los USD 2.000 millones.

Posada corrigió una cifra planteada inicialmente en la comisión y afirmó que el presupuesto no contempla USD 250 mil, sino USD 250 millones como aporte del Estado para 2027. Aclaró que esa cantidad corresponde a una partida presupuestaria y no al total de los intereses pendientes.

El ministro separó esa asignación de las estimaciones fiscales de mediano plazo. “En cuanto a los dos mil millones y algo que ya usted bien mencionaba, que corresponde al pago de intereses, yo mencioné que está incorporado en nuestras proyecciones fiscales, que son diferentes al presupuesto”, respondió.

La diputada Claudia Ortiz insistió en conocer la estrategia específica para responder por la obligación frente a las personas cotizantes. Posada evitó adelantar el tipo de instrumento que propondrá el Ejecutivo y señaló que la definición continúa en curso.

“El Gobierno actualmente está en definición todavía. Lo único que puedo confirmar es que se atenderá con responsabilidad y en tiempo las necesidades del fondo de pensiones y los recursos que sean necesarios para atender los compromisos del próximo año”, afirmó.

Intereses acumulados desde 2022 y presión sobre las finanzas públicas

El debate en torno a la partida prevista para 2027 ocurre mientras crecen las advertencias sobre la presión que la deuda del Estado con los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puede ejercer sobre las finanzas públicas.

El economista César Villalona estimó en septiembre que la obligación estatal con los fondos previsionales podría superar los USD 12.000 millones al cierre de 2026. Según sus cálculos, los intereses acumulados entre 2022 y 2026 ascenderían a USD 3.576 millones, a partir de una tasa anual de 7%.

Villalona ubicó la deuda previsional en USD 8.197 millones al cierre de 2022 y calculó intereses por USD 574 millones para ese año. Para 2023, estimó una obligación de USD 9.495 millones y USD 665 millones en intereses. Dijo que, el saldo llegó a USD 10.526 millones en 2024, con intereses por USD 737 millones. Para 2025, calculó una deuda de USD 11.241 millones y un costo anual de USD 787 millones.

El economista proyectó que el saldo superará los USD 12.000 millones al finalizar 2026 y que los intereses de ese período rondarán los USD 840 millones. “Los intereses acumulados son USD 574 millones, USD 665 millones, USD 737 millones, USD 787 millones y USD 840 millones. Eso da USD 3.576 millones”, expresó durante una entrevista con YSUCA.

La Feria del Jocote Corona reunió a salvadoreños y extranjeros el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Parque Natural Cerro Verde, en el departamento de Santa Ana, El Salvador, para degustar la fruta y sus derivados.

El encuentro contó con el apoyo del Instituto Salvadoreño del Turismo, que ofreció buses desde la capital salvadoreña para facilitar el traslado de asistentes. Emprendedores locales también vendieron cremas a base de jocote, pomadas de bálsamo y salsas picantes. El público pudo consumir la fruta fresca, jalea de jocote, jocote en miel de atado, postres, helados, minutas, pupusas y pizza con jocote. La oferta incluyó productos elaborados con la fruta para diversificar sus preparaciones.

La alcaldía de San Salvador Centro celebró el Mes de la Niñez con una megafiesta en el Parque Cuscatlán, donde miles de familias participaron en actividades gratuitas de entretenimiento y recreación. La jornada incluyó espacios para niños, adultos y mascotas en un ambiente seguro y familiar.

La celebración forma parte del programa que la municipalidad desarrollará durante octubre en los distritos de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado. La iniciativa busca agasajar a la niñez con distintas actividades a lo largo del mes. El parque fue distribuido en zonas temáticas con piscinas, juegos inflables, trampolines, estaciones de comida, canchas de fútbol, gimnasio urbano, bicicletas, pintacaritas, títeres, cuentacuentos, manualidades y búsqueda del tesoro.

La carretera Panamericana cambió por unas horas el tránsito habitual por pasos de corredores, carriolas y mascotas: más de 15 mil personas participaron este 11 de octubre en la carrera We All Run, organizada por el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador en San Salvador.

La convocatoria propuso una jornada deportiva abierta a públicos de distintas edades y condiciones físicas. Desde las primeras horas de la mañana, familias completas, madres con bebés, personas mayores y corredores habituales se concentraron en el punto de partida para elegir entre cuatro distancias: uno, tres, cinco y 10 kilómetros.

La dinámica permitió que cada asistente escogiera el trayecto de acuerdo con sus posibilidades. Los recorridos más cortos reunieron a familias y personas que participaron de manera recreativa, mientras que las pruebas de cinco y 10 kilómetros concentraron a quienes optaron por un desafío de mayor exigencia.

Un hombre logró salir de su vehículo después de que la corriente de una quebrada arrastró el automóvil en San Vicente Sur durante las tormentas que afectaron la zona. El conductor quedó atrapado por varios minutos tras intentar cruzar una calle inundada, pero consiguió ponerse a salvo con apoyo de habitantes del sector.

El hecho ocurrió en la calle antigua a Amapulapa, en la colonia San Fernando, en el municipio de San Vicente Sur. La creciente sorprendió al automovilista cuando atravesaba una quebrada, cuya corriente aumentó por las lluvias.

De acuerdo con la información disponible, el agua desplazó el vehículo cerca de 10 metros y lo dejó dentro de la quebrada. El conductor viajaba solo y logró abandonar el automóvil por sus propios medios antes de recibir ayuda de residentes de la zona.

El paso permanecía afectado por la fuerza de la corriente, que representaba un riesgo para quienes circulaban por el sector. Las lluvias pueden elevar el nivel de quebradas y calles en pocos minutos, sobre todo en zonas donde el agua baja desde áreas más altas.

Personal del Equipo Táctico Operativo atendió al hombre tras el incidente y confirmó que estaba estable. No se informó sobre lesiones ni sobre daños adicionales en los alrededores.

Las autoridades recomiendan no intentar atravesar calles inundadas, quebradas o pasos donde la corriente haya aumentado. Incluso una acumulación de agua que parece limitada puede desplazar un vehículo, reducir la visibilidad y dejar sin control al conductor.

El caso ocurrió en una jornada marcada por condiciones lluviosas en distintas zonas del país. Las autoridades mantienen el llamado a buscar rutas alternas cuando un paso presenta anegamientos o cuando no es posible determinar la profundidad del agua.

Para la tarde de este domingo se prevén lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador, con mayor probabilidad en la zona norte, la cadena volcánica, sectores del Área Metropolitana de San Salvador y el oriente del país, por lo que las autoridades solicitaron estar atentos a los anuncios oficiales.

Una rastra terminó dentro de una vivienda en Usulután

En otro accidente de tránsito, una rastra terminó dentro de una vivienda ubicada a la orilla de la carretera Litoral, a la altura de Concepción Batres, en el departamento de Usulután.

Según la información preliminar, el vehículo pesado habría invadido el carril contrario antes de que su conductor perdiera el control. La rastra salió de la vía y terminó en el inmueble, lo que provocó daños materiales.

No se reportaron personas con lesiones de gravedad. Tampoco se precisó cuántas personas se encontraban dentro de la vivienda al momento del choque ni el alcance de los daños en la estructura.

El accidente afectó la circulación en un tramo de la carretera Litoral, una de las vías con mayor tránsito de vehículos de carga y particulares en el oriente del país. Las autoridades deberán establecer las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control de la unidad.

Más de 17 mil siniestros viales

Los incidentes de San Vicente y Usulután ocurren en un contexto de alta siniestralidad vial. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 17,296 siniestros viales entre el 1 de enero y el 10 de octubre.

Ese registro incluye 12,324 personas lesionadas en las diferentes emergencias y 1,121 que perdieron la vida producto de los siniestros ocurridos en las carreteras del país. Los datos reflejan el impacto de los accidentes de tránsito y la necesidad de mantener precaución ante lluvias, baja visibilidad, exceso de velocidad y condiciones adversas en la vía.

El inicio de la semana estará marcado por lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador, una condición que se mantendrá por la influencia del flujo del este y de vaguadas locales, de acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través del Observatorio de Amenazas.

La humedad que llega desde el mar Caribe favorecerá la formación de nubosidad durante las próximas horas. El escenario tendrá variaciones según el momento del día y la zona del país, con mayor presencia de precipitaciones en áreas montañosas, la franja costera y el oriente salvadoreño.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado en sectores de la zona central y oriental. Las lluvias podrían extenderse hasta el amanecer, mientras que la nubosidad se concentrará luego de forma parcial sobre la cordillera volcánica.

El pronóstico prevé precipitaciones de corta duración en áreas como la sierra de Tacuba y el norte de Chalatenango. Para la tarde, aumentará la cobertura nubosa en la zona norte, la cadena volcánica, sectores del Área Metropolitana de San Salvador y el oriente del territorio.

La zona central y el oriente concentrarán las lluvias nocturnas

Hacia la noche, el MARN anticipa lluvias y tormentas en la zona central, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, y en el oriente. Los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión figuran entre los puntos donde se prevén estas condiciones. Por lo que las autoridades mantendrán vigilancia ante la posible crecida en caudales de ríos y quebradas del país.

El viento tendrá dirección predominante del noreste, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 kilómetros por hora. También podrían presentarse ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, según la información difundida por el Observatorio de Amenazas.

Las condiciones cambiarán parcialmente el lunes 12 de octubre. El cielo continuará parcialmente nublado, aunque las lluvias tendrán mayor énfasis sobre la cordillera volcánica central y oriental, así como en la franja costera de las zonas central y oriental.

La combinación entre el flujo del este, que transporta humedad desde el Caribe, y las vaguadas locales continuará como el principal factor para el desarrollo de precipitaciones y tormentas. Las vaguadas son áreas de menor presión atmosférica que favorecen la acumulación de nubosidad y la inestabilidad en el tiempo.

Tardes cálidas y noches frescas

Para el lunes, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde. En la noche y la madrugada se esperan temperaturas más frescas, sobre todo en zonas elevadas y sectores donde se registren lluvias.

El viento variará entre ocho y 18 kilómetros por hora. La reducción en la velocidad prevista para esa jornada no eliminará la posibilidad de precipitaciones, debido a que persistirá el transporte de humedad y la influencia de las condiciones locales.

El MARN no informó acumulados estimados de lluvia ni emitió alertas asociadas al pronóstico divulgado. La evolución de la nubosidad y las tormentas dependerá de la interacción entre la humedad del Caribe, el calentamiento diurno y los sistemas locales presentes sobre el país.

La previsión mantiene la atención sobre la cordillera volcánica, la franja costera y los departamentos orientales durante el lunes, mientras el país atraviesa una jornada con condiciones atmosféricas propicias para lluvias de distribución irregular.

El crucero Nieuw Amsterdam, que navega bajo bandera de los Países Bajos, arribó este sábado 10 de noviembre al puerto de Acajutla con 1,921 turistas a bordo, quienes participaron en recorridos por sitios históricos, culturales y naturales de El Salvador.

La llegada de la embarcación forma parte de la actividad turística internacional en el país centroamericano. De acuerdo con información de la Presidencia a través de su Secretaría, los visitantes tienen la posibilidad de conocer destinos diversos como las playas, los volcanes, el patrimonio arqueológico y las tradiciones salvadoreñas.

El buque transporta pasajeros interesados en recorrer distintos puntos del territorio, desde espacios urbanos hasta zonas con vestigios de las civilizaciones prehispánicas. Las excursiones incluirán opciones en San Salvador, Sonsonate y otros departamentos del país.

Entre los lugares incluidos en la oferta para los pasajeros se encuentra el Parque Arqueológico Joya de Cerén, el Parque Arqueológico El Tazumal y el distrito de Nahuizalco, según información oficial.

De igual forma, Joya de Cerén permite conocer parte de la vida cotidiana de una comunidad agrícola prehispánica. El Tazumal, en tanto, reúne estructuras arqueológicas que dan cuenta de la presencia de pueblos originarios en el occidente salvadoreño.

Nahuizalco fue presentado como una alternativa para acercarse a las costumbres locales y a las expresiones artesanales de la zona. El distrito forma parte de los destinos que concentran actividades comerciales tradicionales y una identidad comunitaria vinculada con la herencia indígena.

De igual manera, los pasajeros del Nieuw Amsterdam también tendrán la oportunidad de recorrer el Centro Histórico de San Salvador y el Parque Natural, dentro de una agenda orientada a mostrar la variedad de experiencias disponibles para los visitantes internacionales.

El objetivo es que los viajeros conozcan distintos aspectos de la historia y la oferta turística del país durante la escala del crucero.

Sonsonate recibió a un grupo de visitantes en el Museo del Ferrocarril

Una parte de los turistas que descendió en Acajutla se trasladó a Sonsonate Centro, donde visitó el Museo del Ferrocarril. La Alcaldía de Sonsonate informó en redes sociales que el grupo conoció piezas y contenidos relacionados con la historia ferroviaria, la cultura y el patrimonio del municipio.

“Tras atracar esta mañana en el puerto de Acajutla el crucero Nieuw Amsterdam, un grupo de turistas visitaron y conocieron el Museo del Ferrocarril, descubriendo parte de la historia, la cultura y el patrimonio de nuestro municipio”, comunicó la administración local.

La municipalidad sostuvo que Sonsonate Centro busca mantener la promoción de sus atractivos turísticos ante visitantes procedentes de otros países.

El Museo del Ferrocarril se incorporó así a los puntos de interés ofrecidos a los pasajeros de la embarcación durante su paso por el occidente salvadoreño. La visita permitió sumar una escala centrada en el patrimonio local a los recorridos por parques arqueológicos, comunidades tradicionales y destinos urbanos.

La llegada del crucero al puerto de Acajutla dejará un movimiento turístico concentrado en varias localidades del país, con actividades programadas para que los visitantes conozcan parte de la oferta cultural, histórica y natural de El Salvador.

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) informó que su monitoreo de medios documentó cuatro suicidios, dos homicidios atribuidos a familiares y seis hechos graves de violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes en El Salvador, entre enero de 2025 y el 9 de octubre de 2026.

Los casos, recopilados por el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia de la organización, incluyeron víctimas de entre 18 meses y 17 años. Ormusa advirtió que los datos reflejan contextos familiares con violencia, desprotección y necesidades de salud mental que no recibieron atención adecuada.

La entidad planteó la necesidad de garantizar atención psicológica y psiquiátrica, prevención y acompañamiento para la niñez y la adolescencia, con especial atención a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Los casos abarcan suicidios, homicidios y ataques con armas de fuego

Según Ormusa, los cuatro suicidios corresponden a un niño de nueve años en San Matías, La Libertad; un niño de 11 años en San Juan Opico, La Libertad; un adolescente de 14 años en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate; y una adolescente de 17 años en San Jorge, San Miguel.

La organización también consignó dos homicidios de menores presuntamente cometidos por familiares. Uno ocurrió en mayo de 2026, cuando un niño de dos años murió en Santa Ana en un hecho atribuido de forma preliminar a su madre adolescente.

El segundo caso tuvo lugar en octubre de 2026 en Ciudad Barrios, San Miguel. De acuerdo con el documento, un niño de seis años murió durante un ataque contra su familia presuntamente cometido por su tío. En el mismo hecho resultó lesionado un adolescente de 15 años.

La lista también incluyó una niña agredida físicamente por su padrastro en San Marcos, San Salvador; una menor herida de bala por su padre en Sesori, San Miguel; un adolescente de 17 años atacado con arma de fuego por su padre en Colón, La Libertad; un bebé de 18 meses lesionado por su padre en Santa Ana, y un niño de 10 años agredido por su padrastro en el mismo departamento.

Ormusa pidió reforzar la atención en salud mental y la protección estatal

La organización sostuvo que los episodios recopilados constituyen una parte de las violencias que afectan a la población menor de edad, ya que el registro no incluye situaciones de violencia sexual ni abandono.

Ormusa señaló que los hechos demandan mecanismos de prevención, detección temprana y atención oportuna, junto con respuestas coordinadas entre los servicios de salud y las instituciones de protección de la niñez.

La entidad pidió activar rutas de atención y protección para menores que viven en hogares de riesgo y evitar la estigmatización de las personas que enfrentan problemas de salud mental.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el Ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582.

En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988.

En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador recordó a instituciones públicas, empresas, centros educativos, organizaciones comunitarias y población el ejercicio de Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, previsto para el próximo 15 de octubre a las 10:00 a.m. (hora local).

Bajo el lema “Preparados respondemos mejor”, Protección Civil busca que los participantes activen y evalúen sus planes de emergencia, rutas de evacuación, sistemas internos de comunicación y organización de brigadas. La jornada tendrá alcance nacional e involucrará a entidades del Órgano Ejecutivo, municipalidades, sector privado, universidades, escuelas, organismos humanitarios y comunidades.

La convocatoria cobra relevancia tras los sismos registrados recientemente en la región. El último ocurrido en Panamá.

El ejercicio simulará un terremoto de magnitud 8.0 frente a La Libertad

El escenario planteado para el simulacro contempla un terremoto de magnitud 8.0 , con una profundidad focal de 17 kilómetros y una duración estimada de 50 segundos. El epicentro ficticio se ubicará frente a la costa del departamento de La Libertad, según la información difundida por Protección Civil.

La simulación prevé daños estructurales, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendio, víctimas simuladas y evacuaciones masivas en edificios públicos, empresas, centros educativos y otros espacios de concentración de personas. Las instituciones deberán poner en práctica sus protocolos para reaccionar durante y después del movimiento telúrico.

El ejercicio permitirá comprobar si las rutas de salida están identificadas, si los puntos de reunión resultan adecuados y si las brigadas cuentan con roles definidos. También evaluará la coordinación entre autoridades, servicios de salud, empresas proveedoras de agua, energía, telecomunicaciones, transporte y medios de comunicación.

Protección Civil indicó que la actividad forma parte de la preparación nacional ante eventos sísmicos de gran magnitud y de la actualización del Plan Nacional de Contingencia para Terremotos. El propósito es detectar fallas operativas y obtener información para ajustar protocolos, planes institucionales y procedimientos de respuesta.

La participación busca poner a prueba los planes de evacuación y comunicación

Entre los objetivos del simulacro figura la evaluación de los planes de emergencia institucionales y de protección escolar. Además, se verificará el desempeño de las brigadas comunitarias y empresariales, así como la fluidez de las comunicaciones entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.

La actividad también contempla medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y otros grupos que puedan requerir asistencia durante una evacuación. Cada institución deberá considerar estos factores al organizar sus procedimientos y asignar responsabilidades.

La entidad recordó que El Salvador se encuentra expuesto a amenazas naturales y antrópicas, entre ellas terremotos, lluvias intensas e incidentes que pueden afectar la infraestructura y los servicios esenciales. Los sismos de 1986 y 2001 forman parte de los antecedentes que sostienen la necesidad de mantener planes actualizados y realizar ejercicios periódicos.

Protección Civil invitó a las organizaciones públicas y privadas a inscribir a su institución o empresa y a incorporarse al Simulacro Nacional ante Terremoto. La convocatoria abarca a todos los sectores, con prioridad para los servicios esenciales, como salud, agua y saneamiento, energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura crítica.

El 10 de octubre de 1986, a las 11:49, la capital de El Salvador tembló durante diez segundos en los que una falla geológica transformó el centro urbano en una masa de escombros.

El evento, conocido como el terremoto de San Salvador, provocó un desastre que dejó un saldo de 1,530 personas muertas, 10,000 heridas y más de 200,000 sin hogar, de acuerdo con los registros oficiales del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET).

La sacudida sísmica de magnitud 5.4 en la escala de Richter ocurrió en medio del conflicto armado que atravesaba el país y expuso las graves deficiencias en la infraestructura edilicia capitalina.

El movimiento se originó a una profundidad de 7,3 kilómetros, con un epicentro localizado en Los Planes de Renderos, al sur de la ciudad. A pesar de su corta duración, la escasa profundidad y la trayectoria de la onda expansiva hacia el norte multiplicaron el efecto destructivo en zonas densamente pobladas como Candelaria, Santa Anita y San Jacinto.

Más de 60,000 viviendas sufrieron destrucción total o parcial, mientras que el 90% de la red hospitalaria pública quedó inhabilitada por fallas estructurales. En el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, los médicos e internos debieron coordinar la evacuación de 11 pisos mientras los pacientes salían a pie; allí ocurrió una única muerte debido a la interrupción del suministro eléctrico que alimentaba un respirador artificial.

El colapso del edificio Rubén Darío y la tragedia en la escuela Santa Catalina

El símbolo más trágico de la jornada fue el colapso del edificio Rubén Darío, una estructura de cinco niveles ubicada en la intersección de la tercera avenida Sur y la calle Rubén Darío.

La edificación, construida con concreto armado en la década de 1950, había quedado resentida por el sismo de mayo de 1965 y pesaban sobre ella advertencias de demolición que no fueron ejecutadas. Durante los diez segundos de la sacudida del 10 de octubre, el inmueble se convirtió en polvo y dejó 300 víctimas mortales atrapadas en una estructura que había sido declarada inhabitable.

Brigadas de rescate locales e internacionales, procedentes de México y Francia, trabajaron de forma continua entre las ruinas y lograron extraer con vida a 150 personas, de las cuales dos sobrevivientes permanecieron soterrados por más de 75 horas.

A pocas calles de distancia, en el barrio San Jacinto, la escuela Santa Catalina sufrió el derrumbe completo de su fachada y aulas de adobe y bajareque. La tragedia escolar conmocionó al país cuando los equipos de socorro confirmaron que 41 niñas y un niño fallecieron entre los escombros de las aulas.

Una falla geológica de 30 kilómetros destruyó la infraestructura de la capital

La elevada intensidad observada, que alcanzó el grado IX en la escala de Mercalli, provocó una secuencia prolongada de inestabilidad sísmica. Durante los días posteriores se contabilizaron 2,745 réplicas que atemorizaron a la población y dificultaron las labores de rescate en el área metropolitana.

Los análisis posteriores elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcularon que el evento sísmico ocasionó pérdidas equivalentes al 23% del producto interno bruto salvadoreño y un incremento en el déficit fiscal.

Unas 3,183 edificaciones registraron daños de diversa consideración, lo que obligó a emitir más de 100 órdenes de demolición inmediata. La catástrofe paralizó gran parte del comercio y de los servicios públicos en la capital, destruyó carreteras y cortó los suministros de energía y agua potable durante semanas.

La respuesta internacional impulsó la reconstrucción y nuevas normas urbanas

Frente a la magnitud de la emergencia, la ayuda humanitaria comenzó a ingresar a través del aeropuerto de Ilopango. Durante los últimos meses de 1986, la comunidad internacional movilizó un total de 12.5 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos aportó inicialmente 325,000 dólares destinados al rescate de víctimas, y poco después el Congreso de ese país aprobó un fondo de 50 millones de dólares para la restauración urgente de infraestructuras vitales.

En 1988, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) entregó un aporte adicional de 105 millones de dólares destinados a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, mercados comunitarios y redes de saneamiento ambiental.

Estos recursos permitieron levantar nuevas edificaciones bajo parámetros de ingeniería sismorresistente. El desastre de 1986 forzó una revisión integral de los códigos de edificación en El Salvador, lo que fijó normativas más estrictas para el diseño urbano y la fiscalización de obras en zonas de alto riesgo telúrico.

Duelos, separaciones, cambios de residencia y dificultades laborales suelen ser la puerta de entrada a una consulta psicológica para los adultos. Detrás de esos hechos, muchas veces aparecen síntomas de ansiedad, depresión o estrés que la persona no identifica en un primer momento.

Para la psicóloga salvadoreña Elizabeth Montes, atender la salud mental en la adultez puede repercutir en la salud física, los vínculos familiares y el bienestar de niños y adolescentes.

En diálogo con Infobae, la especialista advirtió que los adultos que no procesan sus emociones pueden trasladar ese malestar a sus relaciones más cercanas. En la práctica clínica, afirmó, que “es habitual atender a niños y adolescentes afectados por conductas reactivas, impulsivas o explosivas de los adultos con quienes conviven”.

La atención de la salud mental en adultos también puede tener efectos en la calidad de vida de sus hijos, nietos, parejas y otros integrantes del entorno familiar, según explicó Montes.

También vinculó el estrés crónico con manifestaciones físicas que requieren atención. Entre ellas mencionó migrañas, molestias gastrointestinales, dificultades en la recuperación física e infecciones recurrentes. Agregó que el malestar emocional puede complicar cuadros preexistentes, como hipertensión, diabetes o resistencia a la insulina.

“Cuando hay emociones desagradables que no se han resuelto, la calidad de vida se reduce”, advirtió. La profesional remarcó que esos efectos también pueden expresarse en dificultades laborales y conflictos interpersonales.

Los hombres y los adultos mayores enfrentan más barreras para pedir ayuda

La especialista sostuvo que actualmente persisten prejuicios culturales que dificultan el acceso a terapia, en especial entre los hombres y las personas adultas mayores. Según describió, algunos pacientes asocian la búsqueda de apoyo psicológico con debilidad, locura o incapacidad para resolver los problemas por cuenta propia.

“El expresarte no te hace débil”, planteó Montes al referirse a una idea que, según considera, condiciona la consulta en sectores de la población. En el caso de los hombres, indicó que ciertos mandatos sociales desalientan el llanto, la expresión de emociones y la conversación sobre el malestar personal.

Montes comparó la atención emocional con una consulta médica. “Así como una persona busca ayuda si le duele una pierna, el estómago o la cabeza, también necesita evaluación cuando hay un malestar emocional”, afirmó.

Entre las personas mayores, la resistencia puede aparecer bajo frases como “yo no estoy loco” o “he cargado esto toda mi vida”.

A su vez, la psicóloga enumeró señales que deben llamar la atención de familiares y allegados. “Cuando la persona ya no quiere comer, se aísla o deja de atender su higiene personal, la familia debería consultar lo antes posible”, indicó.

La especialista afirmó que las mujeres continúan siendo quienes más acuden a terapia en El Salvador, aunque percibe una mayor asistencia de hombres en los últimos años. Atribuyó ese cambio a la circulación de información sobre síntomas emocionales y a las derivaciones de médicos que detectan manifestaciones físicas asociadas al estrés o la ansiedad.

La psicóloga también aclaró que buscar síntomas en internet no reemplaza una evaluación psicológica. Su recomendación es usar esa información como una orientación inicial y luego consultar a una persona calificada que pueda determinar el origen y el alcance del malestar.

Montes reconoció que el acceso económico continúa siendo una de las principales limitaciones para iniciar y sostener un tratamiento psicológico en El Salvador. Un proceso puede requerir tres, seis, 12 o más sesiones, de acuerdo con el diagnóstico y la evolución de cada paciente.

Las mujeres, los adultos de 18 a 59 años y quienes han experimentado discriminación o viven con discapacidad registran las mayores probabilidades de riesgo suicida en El Salvador, de acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022.

El estudio, titulado “La salud mental en la población adulta salvadoreña” analiza la situación de las personas mayores de 18 años y evalúa la presencia de estrés postraumático, depresión, ansiedad generalizada y riesgo suicida.

La citada encuesta identificó que el riesgo suicida afectaba al 7.8% de los adultos de 18 a 59 años y al 5.6% de las personas de 60 años o más.

El análisis de probabilidades marginales incluido en el informe sitúa a las mujeres entre los grupos con mayor exposición. La probabilidad promedio de presentar conductas autolesivas o riesgo suicida fue de 8.7% entre las mujeres, frente a 4.1% entre los hombres.

La diferencia forma parte de un patrón más amplio de desigualdad en salud mental. Según el documento, el 35% de las mujeres presentaba alguna afección de salud mental, una proporción 14.2 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

El estudio señala que las mujeres también presentan mayor incidencia de factores como discriminación y discapacidad, junto con menor presencia de elementos protectores, entre ellos la resiliencia y el apoyo comunitario percibido.

La resiliencia y el apoyo comunitario aparecen como factores de protección

El estudio también identifica condiciones vinculadas con una menor probabilidad de riesgo suicida. Entre quienes mostraban un nivel alto de resiliencia, la estimación fue de 5.6%, menos de la mitad del 12.3% registrado en el grupo con resiliencia baja.

El apoyo social percibido presentó una diferencia aún mayor. Las personas con un nivel bueno o excelente de apoyo comunitario tuvieron una probabilidad de 3.7%, frente a 7.7% entre quienes calificaron ese apoyo como malo o regular.

La investigación define el apoyo comunitario como la percepción sobre la disponibilidad y calidad del respaldo que una persona puede recibir de su entorno. Para medirlo, la Encuesta Nacional de Salud Mental evaluó integración, participación comunitaria y vínculos con organizaciones locales.

El PNUD advierte que la atención temprana resulta necesaria incluso ante síntomas leves, con especial atención a mujeres, personas mayores y habitantes de zonas rurales.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el Ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582.

En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988.

En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

La primera Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022 identificó que el 30.8% de la población adulta en El Salvador padecía al menos un problema de salud mental, mientras que solo el 3.9% afirmó haber sido diagnosticado por un médico o un psicólogo.

La investigación tuvo representatividad nacional y examinó, entre otros aspectos, depresión, ansiedad generalizada, estrés postraumático y riesgo suicida en la población adulta.

La diferencia expone una brecha entre la presencia de síntomas y el acceso efectivo a una evaluación profesional. El estudio “La salud mental en la población adulta salvadoreña”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), retoma esos datos y señala como posibles causas el desconocimiento de los síntomas, el estigma y las dificultades de acceso a los servicios de salud.

Según la encuesta, citada por el PNUD, la depresión y la ansiedad fueron las afecciones más frecuentes entre las personas mayores de 18 años. La encuesta registró síntomas de depresión en el 22.4% de la población de entre 18 y 59 años y en el 25.7% de las personas de 60 años o más. La ansiedad afectó al 19.5% de los adultos en conjunto y al 17.7% de la población adulta mayor.

La distancia entre las afecciones estimadas y los diagnósticos también aparece entre las personas mayores. El 3.3% de la población de 60 años o más señaló que un médico o psicólogo le había diagnosticado algún problema de salud mental, frente al 4.1% entre quienes tenían de 18 a 59 años.

El reporte del PNUD sitúa estos datos en un escenario de envejecimiento poblacional y de limitaciones en la protección social. Para la agencia, la población salvadoreña mayor de 60 años crecerá hasta superar a los menores de 15 en 2045. Por ende, elevará la demanda de cuidados, que recaen sobre todo en hogares, mujeres y niñas, con efectos emocionales para cuidadores y personas atendidas.

La atención temprana en salud mental puede prevenir estos problemas y evitar limitaciones en el desarrollo personal.

“El país debe atender los desafíos de trascender hacia una sociedad con una estructura demográfica más longeva y envejecida, especialmente en materia de protección social y acceso a servicios de salud y cuidados”, destacó el PNUD en su informe.

El estigma y las barreras de acceso agrandan el subregistro

El documento identifica un posible subregistro entre los hombres. De acuerdo con el análisis del PNUD, normas sociales vinculadas con la masculinidad pueden llevar a ocultar o minimizar el sufrimiento psicológico, dificultar la identificación de emociones y desalentar la búsqueda de ayuda profesional.

A la vez, la prevalencia de problemas de salud mental fue mayor entre las mujeres. El 35% registró al menos una afección, una diferencia de 14.2 puntos porcentuales respecto de los hombres.

El PNUD plantea que la atención temprana puede evitar que los problemas se agraven y recomienda reforzar los servicios de salud mental en la atención primaria, con énfasis en zonas rurales.

También propone soluciones digitales que faciliten el acceso de personas con discapacidad, habitantes de lugares alejados de los centros sanitarios y quienes enfrentan barreras sociales asociadas al estigma.

Más de cinco perros robot ya fueron adquiridos por la Dirección General de Aduanas y otros equipos llegarán para operar en puntos fronterizos, según afirmó José Benjamín Mayorga, director general de Aduanas.

Entre ellos está Bartolito, un perro robot que ya opera en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. La institución prevé conformar un grupo de estos dispositivos dentro de su estrategia tecnológica.

La incorporación ampliará las herramientas disponibles para las áreas de videovigilancia y gestión de riesgos. También exigirá personal técnico para operar y dar mantenimiento a los dispositivos.

“Vamos a tener una escuadra de perritos robot”, afirmó el director al referirse a los equipos que se utilizarán en los puntos de control fronterizo.

Bartolito será la insignia de ese grupo tecnológico. Los demás equipos llegarán para apoyar las operaciones de Aduanas en las fronteras.

Los dispositivos no sustituirán al personal de Aduanas. Sin embargo, su incorporación requerirá capacitar a los trabajadores en robótica, inteligencia artificial, operación técnica y mantenimiento de equipos.

Esa necesidad de formación está ligada a un plan más amplio de modernización. La institución no busca limitarse a adquirir tecnología, sino preparar personal capaz de utilizarla en las operaciones diarias.

Aduanas proyecta una escuela aduanera de logística para capacitar a sus empleados. El plan también prevé abrir espacios para integrantes del gabinete económico y empresarios vinculados con el comercio y la logística.

Escáneres reducen las revisiones de 10 minutos a 10 segundos

Otra de las tecnologías implementadas por Aduanas son los escáneres de alta energía, utilizados para revisar el transporte de carga sin abrir los contenedores.

10 segundos es el tiempo de revisión que requieren los nuevos equipos para procesar un medio de transporte en puntos fronterizos y portuarios de El Salvador.

Los escáneres redujeron un procedimiento que antes tomaba, en promedio, 10 minutos. La tecnología permite obtener imágenes de ambos lados de un contenedor durante una sola revisión.

Los equipos operan en El Amatillo, La Hachadura y el puerto de Acajutla. La Dirección General de Aduanas prevé instalarlos también en otros puntos fronterizos.

Los conductores ya no deben descender de los vehículos para completar el escaneo. El cambio permite revisar más medios de transporte durante la jornada y disminuir las esperas en las aduanas.

El sistema permite comprobar si los productos declarados corresponden con la mercancía que cruza la frontera. También fortalece los controles sobre ilícitos y seguridad ciudadana.

El Salvador es el segundo país de América en contar con esos escáneres, después de Estados Unidos, según el funcionario. Añadió que los equipos fueron utilizados en un evento internacional de fútbol, aunque no identificó al proveedor ni la competencia.

Cámaras corporales y tabletas respaldan los controles

La estrategia tecnológica incorpora herramientas para registrar los procedimientos del personal y automatizar la información de las operaciones aduaneras.

Los funcionarios cuentan con cámaras corporales y trabajan en espacios cubiertos por circuitos cerrados de video con captación de audio. Esos recursos permiten supervisar cómo se realizan los procedimientos y prevenir actos de corrupción.

Las imágenes de Acajutla, el aeropuerto y otros puntos operativos pueden ser revisadas desde el despacho de la dirección. Además, Aduanas remite encuestas a empresarios por medio de las gremiales para conocer su evaluación sobre la atención del personal.

Parte de los registros manuales fue sustituida por tabletas conocidas como “cebras”. Desde esos dispositivos, los funcionarios reciben declaraciones e información de carga que se incorpora a los sistemas institucionales.

Las fronteras cuentan con conexión inalámbrica para respaldar estos procedimientos. El sistema evita que los trabajadores copien datos desde documentos en papel y permite automatizar la captura de información.

Acajutla combina escáneres y despacho en línea

La aplicación de estos controles forma parte de la operación del puerto de Acajutla, donde Aduanas trabaja con Yilport, empresa encargada de administrar el recinto.

Recibe la carga de los buques, tramita los documentos y permite el desembarque de los contenedores. También se ejecuta un proyecto de camiones para el traslado de contenedores dentro del puerto.

En esa operación se ha contratado a mujeres, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista en Panorama. La Corporación de Exportadores de El Salvador ha acompañado ese proceso, según Mayorga.

Una vez descargado, cada contenedor pasa por los escáneres de alta energía. En Acajutla, se revisa el 100% de las mercancías que salen del país y el 100% de las que ingresan.

Después de ese control, la carga puede recibir selectividad verde o selectividad roja, según los criterios de gestión de riesgo. Si recibe verde, el despacho se realiza en línea y Yilport pone la mercancía a disposición del empresario.

Cuando un envío recibe selectividad roja, el contenedor pasa desde las instalaciones de Yilport al área física de Aduanas para una revisión adicional. Este procedimiento se aplica cuando el sistema identifica elementos que requieren verificación.

La intervención presencial de Aduanas en Acajutla es limitada porque los escáneres y los documentos electrónicos resuelven parte de los trámites sin abrir contenedores ni trasladar la carga hacia otras zonas.

El aeropuerto aplica semáforos para pasajeros y carga

En el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Aduanas utiliza equipos de baja energía y un sistema de selección para atender a pasajeros y controlar la carga aérea.

Los viajeros presentan su pasaporte en un lector que procesa los datos y genera una señal interna de riesgo. El sistema muestra los colores verde, amarillo o rojo en la pantalla que utilizan los funcionarios.

Si aparece amarillo, el personal consulta al pasajero sobre los bienes que transporta. Cuando se activa el rojo, el equipaje pasa por un escáner antes de que se defina si corresponde una revisión física.

Los controles buscan identificar perfiles comerciales entre pasajeros que transportan productos destinados a la venta. Medicamentos, cosméticos, alimentos u otras mercancías deben contar con los permisos exigidos.

Los bienes de carácter comercial también deben pagar los tributos aplicables. Las revisiones buscan impedir el ingreso de productos que puedan afectar la salud de la población.

En el área de carga, Aduanas trabaja con Adimex, empresa que recibe las mercancías de los aviones y las traslada a sus bodegas. La carga pasa por los escáneres antes de que se determine el despacho y los impuestos.

Una declaración incorrecta puede activar la selectividad roja. El director puso como ejemplo un envío declarado como galletas cuando el escáner identifica teléfonos celulares.

Los controles también incluyen la protección de la propiedad intelectual. La institución verifica que quien importe productos bajo una marca tenga autorización para comercializarlos en El Salvador.

El sistema se apoya en información de aerolíneas, documentos de carga emitidos en los países de origen, otras administraciones aduaneras y fuentes de inteligencia. También existe intercambio de datos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La Hachadura tendrá más de 10 carriles

La modernización tecnológica se complementa con proyectos de infraestructura en La Hachadura, San Cristóbal y El Poy, además de los preparativos para el futuro Aeropuerto Internacional del Pacífico.

La Hachadura es el punto terrestre con mayor tránsito de carga entre El Salvador y Guatemala. Por esa frontera ingresan productos desde México, mercancías procedentes de puertos guatemaltecos y envíos en tránsito hacia Sudamérica.

Por ese punto circulan más de 1,500 medios de transporte diarios. Las instalaciones actuales tienen límites de espacio porque el entorno de viviendas impide ampliar la operación.

Aduanas adquirió inmuebles para construir una nueva instalación en La Hachadura. El proyecto contempla una frontera con capacidad para atender el flujo de los próximos 50 años.

La infraestructura tendría más de 10 carriles para importaciones y exportaciones. También incluiría escáneres, básculas y herramientas de registro mediante códigos QR.

La institución también busca adquirir propiedades para transformar la aduana San Cristóbal. El Poy terminó una etapa de obras y será mejorado en su totalidad.

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de trabajo para el personal de Aduanas, Policía Nacional Civil y Ministerio de Agricultura que opera en las fronteras.

El Amatillo reduce los tiempos de despacho con Honduras

La modernización de las fronteras incluye coordinación con autoridades de los países vecinos para realizar controles en instalaciones compartidas.

En La Hachadura, Aduanas ha conversado con la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala para que sus funcionarios trabajen dentro del recinto salvadoreño.

El mismo modelo se proyecta en El Poy con autoridades hondureñas. La coordinación ya funciona en El Amatillo, donde comparten instalaciones funcionarios de Aduanas y Migración de El Salvador y Honduras.

Antes de esa integración, un transporte podía completar el trámite en El Salvador, pero luego esperar más de 72 horas en la aduana hondureña, según la explicación ofrecida.

Con la operación conjunta, el despacho puede tomar cerca de 20 minutos entre lunes y miércoles, cuando el flujo de carga es menor. Entre miércoles y viernes, cuando aumenta la demanda, el procedimiento puede llegar a dos horas.

“Estamos reduciendo de las 72 horas a dos horas los días que hay más mapas de calor”, afirmó Mayorga. La operación integrada también redujo denuncias por cobros ilegales y multas administrativas en el tránsito hacia Honduras.

¿El peligro está al interior de nuestras casas? Más de 1,000 personas han sido atendidas de emergencia en el sistema de salud debido a quemaduras que ocurren de forma accidental con sustancias calientes. En su mayoría, los cuadros responden a incidentes domésticos en lo que va del año.

Los datos oficiales señalan que 1,289 pacientes fueron atendidos en la red pública, de los cuales el 24% son niños menores de nueve años. Este grupo se posiciona como el sector poblacional más vulnerable ante esta situación, según los datos retomados del Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud (MINSAL).

Los datos indican que el 72.55% de los casos correspondieron a quemaduras no intencionales con objetos o sustancias calientes. Solo el 19% corresponde a accidentes directamente con la llama del fuego.

Las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial que cobra alrededor de 180,000 vidas al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de estos fallecimientos se produce en países con ingresos bajos y medianos.

Previamente, la organización Shriners El Salvador, que coordina esfuerzos con el MINSAL en la atención de niños quemados, detalló que ocho de cada diez casos se deben a accidentes con agua u otras bebidas hirviendo, cernada de maíz (insumo común en la preparación de grano en zonas rurales) o melaza caliente.

El presidente del Club Shriners, Juan Carlos Otaegui, explicó que, aunque en diciembre la manipulación de pólvora incrementa los accidentes, durante el resto del año “el 80% de los niños quemados en El Salvadorocurren por accidentes domésticos durante todo el año”.

Las mujeres adultas y los niños son especialmente vulnerables a las quemaduras. Estas son la quinta causa más común de lesiones infantiles no mortales. Pese a que un importante factor de riesgo es la supervisión inadecuada por parte de los adultos, un número considerable de lesiones por quemaduras en niños se debe al maltrato infantil, según datos presentados por la OMS.

40% de las quemaduras son de segundo grado

Dependiendo del nivel de afectación que una quemadura genera en el cuerpo, se puede clasificar en tres niveles. Hasta el 58% de los casos atendidos en el territorio salvadoreño responde a quemaduras de primer nivel.

El 37.26% de las emergencias necesita más atención debido a que corresponde a quemaduras de segundo grado, que presentan dolor intenso, enrojecimiento, inflamación y ampollas.

Solo el 4.39% de los casos es de tercer nivel. Estos cuadros presentan una apariencia blanquecina, oscura o carbonizada y pueden quedar sin sensibilidad, o adormecidos, por daño en los nervios.

En El Salvador no se tienen datos actualizados sobre el costo de atención a los pacientes por quemaduras; sin embargo, los datos oficiales hasta 2020 del MINSAL indican que, en temporadas críticas, como fin de año, el costo acumulado por decenas de consultas y egresos hospitalarios de pacientes quemados por pólvora ha superado los $80,000 globales para decenas de afectados.

¿Puedo darle primeros auxilios a una persona con quemaduras?

A continuación se proporcionan orientaciones básicas sobre primeros auxilios en caso de quemaduras.

Lo que se debe hacer

Detenga el proceso de quemadura: quite la ropa e hidrate las quemaduras.

Extinga las llamas: haga rodar a la persona por el suelo, cúbrala con una manta o utilice agua u otros líquidos que ayuden a apagar el fuego.

Use agua corriente fría para reducir la temperatura de la quemadura.

En caso de quemaduras químicas, elimine o diluya el agente químico mediante la irrigación con grandes cantidades de agua.

Envuelva al paciente en un paño o una sábana limpia y llévelo al establecimiento adecuado más cercano para que reciba atención médica.

Lo que no se debe hacer

No comience a prestar primeros auxilios sin garantizar su propia seguridad: apague la corriente eléctrica y use guantes de protección contra sustancias químicas, entre otras medidas.

No aplique pomadas, aceite ni haldi (cúrcuma) a la quemadura, ni utilice algodón en bruto sobre esta.

No aplique hielo, dado que no hace sino profundizar la lesión.

Evite el enfriamiento prolongado con agua, ya que provocará hipotermia.

No rompa las ampollas hasta que un proveedor de atención de salud pueda tratarlas con antimicrobianos de uso tópico.

No aplique ningún material directamente sobre la herida, ya que podría infectarse.

Evite aplicar medicación de uso tópico hasta que el paciente reciba la atención médica adecuada.

La Justicia de El Salvador impuso penas de cadena perpetua a dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), procesados por homicidios, desapariciones, extorsiones y delitos vinculados a organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que los condenados mantenían presencia en distintos sectores de San Salvador y zonas aledañas, donde se les atribuyeron hechos violentos y diversas actividades criminales. El ministerio público no difundió detalles sobre cada caso ni precisó las fechas de los delitos incluidos en el proceso.

Los sentenciados son Josué Germain González Mejía, a quien la Fiscalía identificó con el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la estructura pandillera.

Ambos fueron detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó las condenas, según la información divulgada por la propia Fiscalía.

El régimen de excepción permite a las autoridades reforzar las acciones contra las pandillas y recuperar el control en zonas afectadas durante años por la violencia. La medida ha contribuido a una reducción de los homicidios y a una mayor percepción de seguridad entre los ciudadanos, con efectos en la vida cotidiana, el comercio y la circulación en espacios públicos.

Pena perpetua aplicable tras una reforma aprobada este año

Las recientes sentencias contra los miembros de la MS-13 se conocen meses después de que la Asamblea Legislativa modificara el marco legal para permitir la prisión perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo.

Las reformas que habilitaron esta pena entraron en vigor el 26 de abril de 2026, tras la modificación del artículo 27 de la Constitución y de normas penales secundarias. La normativa se aplica para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

La legislación determinó la prisión perpetua revisable. De acuerdo con la normativa citada en informes sobre los primeros fallos, una persona adulta condenada por un delito puede solicitar la primera revisión judicial tras 30 años de cárcel. El plazo puede extenderse a 35 o 40 años cuando existen varios delitos o agravantes.

Las primeras condenas perpetuas fueron impuestas en septiembre

La primera sentencia de prisión perpetua bajo la nueva legislación recayó sobre Carlos Arturo Herrera Castro, condenado por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova. El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador dictó el fallo, que la Fiscalía anunció el 11 de septiembre.

Según la acusación, Herrera Castro atacó a López Cordova con piedras para robarle dinero. El crimen ocurrió en mayo de 2026 en Arcatao, en el departamento de Chalatenango.

Tres días después, el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso otra condena perpetua a Eduardo Mauricio Urbina García por feminicidio agravado. El tribunal también ordenó el pago de USD 15,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la familia de la víctima.

. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.

La Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ordenaron el cierre temporal de 19 establecimientos en El Salvador por incumplimientos sanitarios detectados durante inspecciones. La suspensión durará una semana y los responsables deberán corregir las deficiencias para reabrir y volver a atender al público.

Las verificaciones realizadas en lo que va de 2026 superan las 6,700 en todo el país, con el objetivo de proteger los derechos de los compradores. Más de 2.000 estuvieron dirigidas exclusivamente a restaurantes, supermercados y comercios de comida.

Los controles alcanzaron un restaurante con fusión gastronómica salvadoreña y mexicana, en Suchitoto, y al Hotel y Restaurante ubicado en la zona costera de Acajutla, Sonsonate. En esos negocios se identificaron deficiencias en el almacenamiento y la conservación de alimentos, equipos inadecuados y personal que manipulaba productos alimenticios sin carné autorizado.

Las condiciones exigidas para volver a atender al público

La reapertura dependerá de que cada establecimiento subsane las irregularidades halladas y de que las autoridades comprueben que cumple las condiciones sanitarias requeridas. Las inspecciones buscan prevenir riesgos para la salud, vigilar la normativa vigente y garantizar condiciones adecuadas para consumidores y turistas.

Más de 225 comercios registraron infracciones graves por mantener productos listos para la venta o ingredientes de cocina con fechas de caducidad vencidas. La Defensoría del Consumidor retiró y destruyó más de 3,400 productos expirados que estaban en estanterías o áreas de preparación de alimentos.

Las sanciones a proveedores y empresas infractoras superaron los $958.000 por abusos de precios. Las medidas alcanzan a incrementos injustificados en productos de la canasta básica y a importadores de alimentos, mientras más de 50 empresas permanecen bajo investigación por ese motivo.

La vigilancia de precios y los reclamos de los compradores

La Defensoría del Consumidor también atiende denuncias por cobros indebidos, incumplimientos de garantías, fallas en productos o servicios y publicidad engañosa. Entre sus funciones figura la resolución de reclamos y la orientación legal gratuita para la ciudadanía.

El organismo monitorea los precios de la canasta básica y otros productos esenciales para prevenir aumentos abusivos. Además, desarrolla acciones de educación sobre los derechos de los consumidores en el mercado.

Estas medidas aportan al cuidado del turista y los nacionales. El Salvador registra la llegada de 43,449 turistas hondureños hasta el mediodía del 8 de octubre de 2026, una cifra que ya supera los 43, 008 visitantes recibidos durante toda la Semana Morazánica de 2025. Según medios locales

El mayor ingreso en un solo día ocurrió el miércoles 7 de octubre, cuando 8,612 ciudadanos de Honduras entraron al país. El flujo terrestre se concentró principalmente en el puesto fronterizo de El Amatillo, en La Unión Norte.

El Ministerio de Turismo de El Salvador proyecta la llegada de 58,522 turistas hondureños entre el 3 y el 11 de octubre, lo que supondría un aumento del 20 % frente al año anterior.

El Gobierno de El Salvador expresó este viernes su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado en el país centroamericano, mientras su red consular activó un monitoreo para atender eventuales incidencias entre los ciudadanos salvadoreños residentes en territorio panameño.

El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño. La Cancillería señaló que acompaña al pueblo y al Gobierno panameños luego del movimiento telúrico y manifestó sus deseos de seguridad para la población de las zonas afectadas.

“El Salvador expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de Panamá ante el sismo ocurrido en su territorio”, indicó la cartera de Exteriores. El comunicado añadió que el país hace votos por el bienestar de los habitantes y por la normalización de las condiciones en las áreas que sufrieron el impacto del terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el sismo a 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en Panamá, y le asignó una magnitud de 7.6, con una profundidad de 10 kilómetros. El evento ocurrió a las 12:56, hora local.

El sismo activó protocolos de emergencia en Panamá

El terremoto se percibió en varias zonas del país, incluida la Ciudad de Panamá. Las autoridades iniciaron evaluaciones de infraestructura y activaron medidas preventivas en las provincias que registraron una mayor intensidad del movimiento.

En las primeras horas posteriores al temblor, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió calma a la población y ordenó la movilización de instituciones, personal y recursos para atender a las personas que pudieran requerir asistencia. También solicitó a los organismos responsables que informaran sobre las afectaciones y evitaran la difusión de mensajes que generaran alarma.

El Ministerio de Educación panameño suspendió las clases durante el resto de la jornada y el Aeropuerto Internacional de Tocumen interrumpió temporalmente sus operaciones como medida preventiva, según informaciones recogidas por medios locales e internacionales. Las autoridades también reportaron réplicas y mantuvieron el monitoreo en distintas regiones del país.

El Salvador mantiene alerta su red consular

La Cancillería salvadoreña informó que su red consular se mantiene alerta ante las consecuencias que el movimiento telúrico pueda provocar. “Por el momento, no tenemos reportes de connacionales afectados”, precisó el comunicado.

La institución puso a disposición de los salvadoreños residentes en Panamá dos líneas de emergencia, los números +507 6378-0116 y +507 6147-2307, además del WhatsApp +503 7070-1071, para quienes necesiten asistencia consular.

El Gobierno salvadoreño también reafirmó los vínculos de “hermandad, amistad y cooperación” entre ambos países y expresó su respaldo a los panameños durante la emergencia.

Por su parte, Mulino agradeció recientemente los mensajes de apoyo de gobiernos de la región tras el terremoto. En una publicación, el mandatario escribió: “Gracias a todos los gobiernos amigos que han enviado su solidaridad. A nombre de todo el pueblo panameño lo agradezco grandemente”.

El presidente panameño había anunciado antes que su administración mantendría la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y los ministerios para establecer el alcance de los daños y atender las zonas afectadas. Hasta el momento, no se reportaron personas fallecidas, aunque se registran 100 réplicas, lo que genera temor entre la población.

El gobierno de Estados Unidos oficializó un aporte financiero de 55 millones de dólares para El Salvador con el fin de mitigar los impactos climáticos provocados por el fenómeno de El Niño.

La Embajada de Estados Unidos en territorio salvadoreño confirmó la distribución de estos recursos de cooperación internacional, los cuales buscan responder a la grave escasez de precipitaciones y fortalecer las capacidades de preparación del país centroamericano frente a eventos meteorológicos extremos que amenazan la seguridad alimentaria.

La asistencia económica internacional comprende dos etapas diferenciadas para la ejecución de las partidas presupuestarias. Un primer tramo de 25 millones de dólares se encuentra en plena fase de implementación y se canaliza por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estos fondos están destinados a estructurar mecanismos de alivio directo e inmediato para las comunidades rurales golpeadas por la falta de lluvia. En paralelo, la representación diplomática norteamericana precisó que existen 30 millones de dólares adicionales en proceso de asignación, los cuales se enfocarán en programas preventivos y en la construcción de resiliencia climática en trabajo conjunto entre las agencias de la ONU y el gobierno salvadoreño.

La entrega de esta cooperación financiera surge en medio de un escenario institucional de alerta. El pasado miércoles 7 de octubre, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la declaración de un Estado de Emergencia Nacional con una vigencia de seis meses debido a la severidad de la sequía meteorológica.

Las proyecciones climatológicas oficiales indican que los efectos de mayor gravedad sobre el sector agropecuario y el abastecimiento de insumos básicos se manifestarán con especial intensidad entre los meses de enero y abril de 2027, período en el cual se prevé un impacto directo en el mercado local.

Pérdidas por el fenómeno de El Niño: cosechas diezmadas y riesgo de desabastecimiento

El impacto de las variaciones climáticas en la producción agrícola ha situado a amplias regiones en una condición de vulnerabilidad crítica, con un foco de afectación acentuado en el Corredor Seco Centroamericano.

En esta zona geográfica coincidieron marcas térmicas elevadas con el registro del mes de agosto más seco desde 1971. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), la primera siembra del año, efectuada entre mayo y junio, sufrió un declive del 20%, situación que derivó en la destrucción de 2,3 millones de quintales de maíz.

La situación para los ciclos agrícolas posteriores mantiene un diagnóstico preocupante. La gremial CAMPO advirtió que el déficit de lluvias amenaza la continuidad de las siembras secundarias planificadas para agosto y septiembre, con un volumen de 6,9 millones de quintales de granos en alto riesgo de pérdida total en cultivos esenciales como el maíz, el frijol y el sorgo.

En diversos municipios rurales de la franja oriental y paracentral, los agricultores de subsistencia informaron caídas de hasta un 50% en la producción familiar, un escenario que dejó a numerosas parcelas sin rendimiento para el consumo propio.

Las zonas con mayores niveles de afectación incluyen los municipios de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, y Tecoluca, en La Paz, además de amplios sectores en Morazán, áreas donde los registros meteorológicos contabilizaron hasta 15 días consecutivos de sequía extrema.

Ante este panorama de escasez de lluvia, el déficit proyectado en el suministro nacional de granos básicos se incrementó de cuatro millones a casi siete millones de quintales. Para contener el desabastecimiento previsto en los próximos meses, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comenzó a coordinar la creación y distribución de reservas alimenticias de contingencia destinadas a mitigar las pérdidas en las comunidades afectadas.

Casi ocho de cada diez hogares productores de maíz en el Corredor Seco centroamericano perdieron entre el 75% y el 100% de su cosecha. Esa cifra, documentada en una evaluación realizada en 354 comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, resume el punto de partida desde el que la ONG Plan International lanzó su última alerta.

La organización advirtió este viernes que las niñas y adolescentes de la región cargan con las peores consecuencias de la sequía asociada a El Niño. El fenómeno ya apartó a miles de ellas de la escuela para asumir tareas de cuidado del hogar, según informó EFE, agencia de noticias española.

El Corredor Seco, epicentro de la crisis

Honduras, Guatemala y El Salvador concentran hoy la emergencia más grave del continente. En Tegucigalpa se registra el año con menos lluvia desde que existen mediciones, y el 80% del territorio hondureño permanece en alerta roja.

Esa escasez hídrica llevó a la capital hondureña a racionar el agua potable cada 12 días desde hace un mes. Más de 91 mil hogares rurales de la zona afrontan, de forma simultánea, pérdidas agrícolas, caída de ingresos y falta de agua.

¿Por qué afecta especialmente a las niñas? Porque cuando una familia pierde la cosecha o el acceso al agua, son ellas quienes suelen asumir las tareas de cuidado: buscar agua, cuidar a sus hermanos o encargarse del hogar. Esa carga les resta tiempo de estudio y multiplica el riesgo de matrimonio infantil, violencia y embarazo adolescente, según el informe de la ONG.

“El Niño ya está afectando a miles de familias pero lo peor todavía no ha llegado”, afirmó Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, según consignó la agencia.

Una región que ya paga el precio del fenómeno

Dos tercios de los hogares productores del Corredor Seco disponen de reservas de maíz para apenas tres semanas o menos. El riesgo ahora es que falle también la segunda cosecha, conocida como postrera, lo que prolongaría la escasez durante gran parte de 2027.

“Sabemos dónde golpeará con más fuerza y sabemos que, si no actuamos a tiempo, serán las niñas quienes carguen con las peores consecuencias”, agregó Alemán en la declaración difundida con motivo del Día Internacional de la Niña, el próximo 11 de octubre.

El informe de la organización, titulado El Estado Mundial de las Niñas 2026, documenta que el riesgo de matrimonio infantil y violencia se duplica entre las niñas cuya escolaridad se interrumpe por un desastre climático.

Los testimonios recogidos describen un patrón repetido: mientras los adultos salen a buscar ingresos alternativos, las niñas quedan al frente del hogar, expuestas a situaciones de violencia, incluida la sexual.

Tres millones de personas en Guatemala y 1.8 millones en Honduras se encuentran ya en situación de crisis alimentaria o peor, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El Comité Internacional de Rescate alertó además que la escasez de lluvias podría dejar a 700 mil personas en El Salvador con necesidad inmediata de ayuda de emergencia.

Respuesta de la organización ante el avance del fenómeno

Plan International ya ejecuta proyectos de agua, saneamiento y protección en Honduras, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Perú, y activó una respuesta subregional específica para la sequía centroamericana, con foco en las familias y comunidades más afectadas.

En El Salvador, la caída de pozos y tanques comunitarios obligó a abandonar actividades productivas vinculadas al agua, como la cría de tilapias en algunas localidades. En Guatemala, país con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil de la región, agricultores de comunidades indígenas del norte reportaron la pérdida total de sus cultivos de maíz.

Este mes, la organización impulsa además la campaña Niñas en Emergencia en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay. La iniciativa busca coordinar esfuerzos con otros actores capaces de sumarse a la respuesta ante las crisis climáticas que afectan a niñas, adolescentes y jóvenes de la región.

El fenómeno climático que agrava la crisis centroamericana

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que El Niño se intensifica con rapidez y alcanzará su fase “muy fuerte” entre octubre y diciembre, con un pico esperado para ese mes.

Según su secretaria general, Celeste Saulo, el episodio podría convertirse en uno de los más potentes desde 1950 y se prolongaría hasta febrero de 2027.

El Banco Mundial advirtió, en su informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, que el fenómeno representa un riesgo adicional para una región que ya enfrenta presiones fiscales y vulnerabilidades ambientales, y señaló que el Corredor Seco Centroamericano figura entre las áreas donde la sequía podría golpear con más fuerza la producción agrícola.

Naciones Unidas activó mecanismos de acción anticipatoria en Guatemala, Honduras y El Salvador antes de que se materializaran los peores impactos de la sequía, y liberó USD 10.5 millones del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia para proteger a las comunidades más vulnerables de la región.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cancela la amenaza de tsunami para El Salvador, según publicó en sus redes oficiales tras el fuerte terremoto registrado en Panamá este 9 de octubre. Previamente, las autoridades habían estimado que las variaciones del nivel del mar podrían alcanzar hasta 2.1 metros en coincidencia con la marea alta.

Luis Mixco, sismólogo del MARN, explicó previamente en un noticiero local que el fenómeno podría provocar una serie de olas y corrientes marinas peligrosas en la costa del Pacífico, por lo que indicó la importancia de alejarse de la zona costera.

El técnico explicó que había personal en el campo evaluando la situación en la costa salvadoreña. Momento después de estas declaraciones, el MARN publicó que “tras el sismo de magnitud 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m. (hora de El Salvador), el último informe del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) indica que se cancela la amenaza de tsunami para la costa salvadoreña”.

La institución recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones.

El movimiento telúrico en Panamá ocurrió en el centro-sur de Panamá. El epicentro se localizó a unos 12 kilómetros de Tonosí, con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos difundidos por medios regionales a partir de los reportes del organismo estadounidense.

Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en las costas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y México. La advertencia activó los protocolos de vigilancia en los países situados sobre el litoral del Pacífico.

Mixco advirtió que el principal riesgo no se limitaba al aumento del nivel del mar. Las olas pueden rebotar y cambiar de dirección al entrar en contacto con la costa, un proceso que genera corrientes de alta velocidad en playas, bahías, esteros y zonas cercanas a muelles.

En ese sentido, el sismólogo pidió a pescadores, turistas y personas que realizan actividades recreativas que evitaran el ingreso al mar mientras la alerta se mantenía vigente.

Durante la entrevista en el noticiero local, Mixco manifestó que terremotos de esta magnitud también pueden generar réplicas. Si alguno de esos movimientos ocasiona un desplazamiento en el lecho oceánico, podría producir una serie de olas, por lo que el monitoreo se mantendría activo.

Medios televisivos como Telemetro indicó que hasta el momento se registran más de 33 réplicas, algunas imperceptibles para la población y advirtieron que en las siguientes semanas podrían continuar los movimientos telúricos.

Asimismo, se destacó que hay varias viviendas afectadas, mientras que las autoridades llaman a la calma y aseguran que se están desplegando los equipos para evaluar los daños.

Las autoridades panameñas también indicaron que “hay una afectación moderada” en un centro de salud y reportaron que no hay energía en algunas zonas tras el movimiento telúrico. Además, explicaron que se mantienen cerrados algunos supermercados y el Centro de Operaciones se mantiene activo en el territorio “haciendo coordinaciones pertinentes” para responder a la población.

El 63% del territorio de El Salvador presenta una amenaza sísmica alta o muy alta, de acuerdo con datos proporcionados durante la entrevista de Radio YSUCA. En ese sentido, el ingeniero Ricardo Castellanos, del Departamento de Mecánica Estructural de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), advirtió que la seguridad de una construcción depende de los estudios previos, el diseño, la calidad de la obra y el cumplimiento de las normas técnicas.

Castellanos señaló en la entrevista radial que la vulnerabilidad sísmica forma parte de las condiciones del país y que no existe un lugar totalmente exento de riesgos. “El sesenta y tantos por ciento del país es vulnerable y eso no lo podemos evitar”, afirmó. Añadió que buscar una zona donde las condiciones sean completamente seguras no resulta posible en un territorio atravesado por fallas locales y con características geológicas complejas.

Asimismo explicó que buena parte de El Salvador está asentada sobre suelos geológicamente jóvenes, con capas de tierra blanca y materiales relativamente blandos. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas, a diferencia de lo que ocurre en áreas donde las construcciones se apoyan directamente sobre roca.

“El país está cuarteado. Eso es lo que llamamos fallas, fallas locales. Cada vez que usted ve una quebrada, eso es una falla”, afirmó el ingeniero. El Área Metropolitana de San Salvador, conocida históricamente como el Valle de las Hamacas, concentra varias de estas condiciones.

La ingeniera Alexandra Urbina, también integrante de la UCA, agregó que la tierra blanca es sensible al agua y que el manejo deficiente de drenajes puede afectar la estabilidad del suelo. Las cárcavas, los taludes deteriorados y la presencia de aguas subterráneas requieren evaluaciones específicas antes de levantar una vivienda, una torre de apartamentos u otra infraestructura.

Frente a ese escenario, los especialistas plantearon la necesidad de realizar estudios geotécnicos que determinen las características del terreno. Entre las soluciones posibles mencionaron cimentaciones profundas, capaces de transmitir las cargas hacia estratos más firmes, y sistemas de amortiguación que reduzcan la energía que llega a la parte habitable de un edificio.

Urbina precisó que el concepto adecuado para los edificios no es “antisísmico”, sino sismorresistente. Explicó que las estructuras no pueden impedir un terremoto ni mantenerse intactas ante cualquier movimiento, pero deben evitar el colapso para reducir el riesgo de muertes.

“No existe una estructura antisísmica como tal”, sostuvo Urbina. La finalidad del diseño, mencionó, consiste en crear condiciones para que el inmueble no colapse y permita la evacuación de sus ocupantes. Un sismo de gran intensidad puede provocar grietas, deformaciones o daños que impidan volver a utilizar el edificio, incluso si su estructura principal se mantiene en pie.

Castellanos también alertó sobre la presión urbana que generan los nuevos proyectos en altura. La expansión de torres de apartamentos incrementa la demanda sobre las redes existentes de agua potable, aguas lluvias y aguas negras, muchas de las cuales fueron diseñadas para una ciudad menos densa.

“Estamos densificando la ciudad”, dijo. El ingeniero sostuvo que el desafío no se limita a la resistencia de cada edificio, sino que incluye el ordenamiento territorial, la capacidad de los servicios públicos y la evaluación de los efectos de cada desarrollo sobre su entorno.

En ese sentido, recomendó a quienes evalúan comprar una propiedad que investiguen quién diseñó y construyó el proyecto, además de revisar la información disponible sobre zonificación y condiciones del suelo. También señaló que las autoridades deben definir límites y requisitos según las características de cada zona, en lugar de aplicar una altura máxima uniforme para todo el país.

Los especialistas coincidieron en que un plano estructural correcto no garantiza por sí solo el comportamiento esperado durante un terremoto. La obra debe ejecutarse con precisión, bajo supervisión técnica y con materiales que respondan a las especificaciones del diseño.

“Construir es fácil. Construir bien es el problema”, resumió Castellanos. Según explicó, la colocación de cada elemento requiere procedimientos, dosificaciones y controles que eviten errores que pueden permanecer ocultos hasta que un sismo los exponga.

Urbina indicó que los materiales deben someterse a ensayos, incluso si el proveedor presenta certificados. El concreto, por ejemplo, se produce en la obra mediante la mezcla de cemento, arena, grava y agua, por lo que requiere controles para comprobar que alcanza la resistencia prevista.

La calidad de la mano de obra también resulta determinante. En un proyecto pueden participar cientos de personas, por lo que la supervisión no puede sustituir la responsabilidad individual de quienes ejecutan cada tarea. Para los expertos, la combinación de diseño técnico, normativa, controles de calidad y construcción adecuada define la capacidad de una edificación para resistir un sismo sin colapsar.

Continúan las lluvias y tormentas en El Salvador durante este viernes y el fin de semana, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) actualizado para este viernes.

La cordillera volcánica, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la zona occidental y la cadena montañosa norte concentran el mayor riesgo de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

El fenómeno responde a la combinación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y una vaguada inducida por el huracán Isaías, ubicado al norte del golfo de México.

Ese sistema favorece el transporte de humedad hacia Centroamérica tanto este viernes como durante la jornada del sábado 10 de octubre.

Lluvias previstas para este viernes en El Salvador

Para la mañana, el MARN prevé cielo nublado con lluvias intermitentes en la zona costera, los municipios aledaños a la cordillera volcánica —incluidos sectores del AMSS— y las zonas oriental y paracentral. Las precipitaciones tenderán a disiparse conforme avance la jornada.

Cerca del mediodía, sin embargo, podrían reaparecer lluvias puntuales en la cordillera volcánica, el AMSS y la cadena montañosa norte. Por la tarde, el MARN anticipa lluvias y tormentas en esos mismos sectores más la zona occidental.

Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán en las zonas central y occidental, con posible actividad eléctrica. El viento soplará del noreste con velocidades de entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será ligeramente cálido de día y fresco durante la noche y la madrugada.

Este patrón se repite desde comienzos de octubre: el MARN confirmó que la salida de una onda tropical y la persistencia de la ZCIT mantuvieron un ambiente húmedo e inestable sobre el territorio durante toda la semana, lo que llevó a Protección Civil a mantener un aviso nacional por lluvias y una alerta amarilla focalizada en el municipio de La Libertad Sur.

El sábado, lluvias más concentradas en el occidente

El pronóstico del sábado 10 de octubre marca un cambio de distribución respecto del viernes. La madrugada tendrá lluvias puntuales en sectores de las zonas norte y occidental, mientras que la mañana se presentará sin precipitaciones, salvo por la posibilidad de lluvias puntuales cerca del mediodía en la cordillera volcánica, principalmente en Ahuachapán.

Por la tarde, el MARN prevé lluvias en la zona occidental y la cadena montañosa norte, con énfasis en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana y Ahuachapán. Durante la noche, las precipitaciones continuarán en distintos sectores del país, sobre todo en Santa Ana, Cabañas y La Unión, también con posible actividad eléctrica.

El viento mantendrá velocidades de entre 10 y 20 km/h y el ambiente seguirá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada. Para esa jornada, el MARN atribuye las condiciones a la ZCIT y a la cercanía de una onda tropical adicional.

Simón e Isaías, los dos sistemas que elevan la humedad en la región

El meteorólogo Roberto González, del MARN, explicó que la ZCIT recibe la influencia combinada de dos sistemas tropicales: el huracán Simón y el huracán Isaías. “Estaremos siendo influenciados por la zona de convergencia intertropical, que viene siendo inducida tanto por el huracán Simón como también por el huracán Isaías”, señaló el especialista.

La interacción de ambos fenómenos incrementa el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia Centroamérica, lo que explica la persistencia de lluvias y tormentas vespertinas que se registra en el país desde comienzos de mes. González indicó además que algunos episodios de precipitación podrían prolongarse hasta la madrugada siguiente en distintos sectores.

El MARN mantiene bajo vigilancia una zona ubicada al sur-suroeste de El Salvador que, según el último informe disponible, presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20% durante los próximos siete días. La institución señaló que ese sistema podría introducir cambios adicionales en las condiciones atmosféricas del país.

Protección Civil pide vigilancia en zonas vulnerables

El director de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que el aviso nacional por lluvias se mantendría mientras continúe el período lluvioso. “Lo que hablamos hasta las 10:00 de la mañana en una reunión... es que esto es todos los días del período lluvioso”, sostuvo ante medios locales.

Amaya anticipó además el paso de una nueva baja presión que podría dejar tormentas eléctricas cargadas de lluvia, además de una onda tropical hacia el final de la semana.

Protección Civil había emitido una alerta amarilla focalizada en el municipio de La Libertad Sur, que incluye los distritos de Santa Tecla y Comasagua, por riesgo de deslizamientos y flujo de lodo cerca de centros escolares ubicados en la cordillera del Bálsamo.

Las lluvias sostenidas durante la última semana representan una amenaza particular para las familias de comunidades rurales y zonas vulnerables, donde predominan viviendas construidas con materiales como barro, láminas y plástico. Los principales riesgos asociados son los deslizamientos de tierra y las inundaciones por desbordamiento de ríos.

El MARN recomendó a la población mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos oficiales y evitar actividades dentro de cauces durante las tormentas, dado que el nivel del agua puede subir en poco tiempo tras lluvias intensas en zonas altas. La temporada lluviosa en El Salvador se extiende de mayo a noviembre.

Luis “el Piry” lleva más de dos décadas devolviendo vida a las tablas de surf que el mar de Punta Roca rompe y desgasta. Su taller, enclavado en el Puerto de La Libertad, es una de las pocas piezas que conectan la identidad original de esa costa con el fenómeno global y turístico que hoy la rodea.

Creció en el Puerto de La Libertad con el Pacífico como patio trasero. A los 12 años se subió a una tabla por primera vez y algo en él se acomodó en su lugar definitivo. No fue una afición: fue un reconocimiento.

Desde ese momento supo que quería estar cerca del agua. No como turista, no como espectador. Como parte de lo que el mar hace todos los días.

Cuando ya no bastaba con surfear, encontró otra manera de no alejarse. Desde 2003 restaura tablas de surf como su sustento y su oficio. Cada tabla que pasa por sus manos tiene historia: golpes contra el arrecife de piedra de Punta Roca, caídas en el Graveyard, la sección más brava de la ola o el simple desgaste de quienes le han sacado el mejor partido.

Luis conoce esas marcas mejor que nadie. Las lee, las repara y las devuelve al agua.

La Punta que el mundo ahora conoce

Punta Roca lleva décadas en el radar del surf mundial. Desde los años 70 aparece en revistas especializadas, y desde 2022 forma parte del circuito del Campeonato Mundial de la Liga Mundial de Surf (WSL). Los locales la llaman “el J-Bay de Centroamérica”, en referencia a la famosa ola sudafricana de Jeffreys Bay.

El taller de el Piry existe en ese mismo territorio desde mucho antes de que llegaran las cámaras y los patrocinadores. Eso lo convierte en algo que el turismo no puede fabricar: memoria viva del lugar.

“El mar es mi paz”

La frase lo define mejor que cualquier currículum. Para Luis, el mar no es un escenario ni un recurso: es el centro desde donde organiza su vida.

Su negocio no es grande. No necesita serlo. Lo que sostiene es algo más difícil de reemplazar que cualquier escala: la continuidad de una forma de habitar Punta Roca que existía antes de que se llamara Surf City, y que seguirá cuando los reflectores apunten a otro lado.

Como cada día, Luis se encuentra en su local ubicado en la zona costera conocida como Punta Roca, en La Libertad, El Salvador. Realiza un enderezado de una tabla a base de resina, uno de los tantos materiales que utiliza para restaurar las tablas de surf tanto de nacionales como extranjeros que llegan a buscarlo.

El es uno de esos “famosos” que le dan identidad a las playas de La Libertad. Su negocio, “Piri’s Ding Repair” es de los más conocidos para mantener con vida las tablas de surf.

Nació en 1978 en el Puerto de La Libertad, en pleno comienzo de la guerra civil salvadoreña. Hijo de un hombre jornalero, y una madre comerciante que se ganaban la vida honradamente. Piry, escogió el mar como su lugar de paz.

A sus 12 años, en 1990, aprendió a surfear por su cuenta, ya que ningún miembro de su familia había surfeado antes. De hecho, su padre quería que se convirtiera en futbolista profesional. Pero, Piry, tenía claro desde niño que siempre quiso estar cerca del mar, y el surf.

Participó en decenas de torneos de surf nacionales, e internacionales. Coincidió en la época del surfista Jimmy Rotherham, quien se consolidó en los años 90′ como uno de los surfistas más talentosos de El Salvador. Luis fue contemporáneo a una camada de surfistas talentosos que empezaban a ganar nombre internacionalmente.

Sin embargo, a principios de los 2000, las necesidades económicas de su familia obligaron a Piry a migrar a Estados Unidos, buscando una mejor vida. Pero, a los 3 meses, la complicada situación migratoria en Estados Unidos hizo que no se acoplara en ese país. “No era ese mi lugar en el mundo” dijo Luis, mientras coloca una tabla de surf a un costado de su local.

Entonces, optó por migrar a Puerto Rico, donde si bien pudo establecerse laboral y económicamente, pero fue deportado tras dos años por falta de documentos legales para vivir en el país caribeño.

De regreso en El Salvador, Luis mejor conocido por todos como Piry, encontró en el oficio de arreglar las tablas de surf su medio para ganarse la vida. Era el año 2003, cuando encontró en un local ubicado en una intersección de Punta Roca, un punto estratégico para promover su oficio.

Aunque, él mismo asegura que no todo fue fácil. Desde 2009, sufrió a las pandillas de El Salvador. La esquina donde está su local, era un punto limítrofe entre las bandas de mareros. Relata que utilizaban su local como una especie de escudo entre ambas

“Yo veía y escuchaba de todo. Pero no podía decir nada. Pagaba renta, vi homicidios, vi familias que perdieron seres queridos, fui amenazado y tenía menos clientes”, dice, mientras observa el mural donde hay decenas de periódicos y revistas de surf.

Ahora, ya no sufre a las pandillas. La seguridad es un pilar que mejoró en su vida, su negocio y el de miles de salvadoreños. Pero, asegura que siempre hay que ir cambiando y mejorando otros aspectos, como la economía.

Piry define su vivencia en Punta Roca, antes llamado Punta Chilama, como una sobrevivencia constante por todo lo vivido. Pero, también es consciente que forma parte de la identidad viva del lugar.

*Esta historia fue elaborada durante el taller fotográfico Witness Storytellers junto a Grace Cohen y Mónica Solís.*

Este viernes 9 de octubre arranca la convocatoria 2026 de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI), el programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que selecciona emprendedores latinoamericanos para realizar pasantías profesionales de cuatro semanas en empresas estadounidenses. La postulación es gratuita y se realiza exclusivamente a través del sitio ylai.state.gov/apply.

El llamado llega apenas meses después de que el programa celebrara una década de presencia en El Salvador, donde ya reúne a más de 3,000 emprendedores dentro de su red regional.

Qué cubre la beca y cómo se accede a la pasantía

Quienes resultan seleccionados no pagan nada por participar. El Gobierno de Estados Unidos financia el viaje de ida y vuelta, el alojamiento, un estipendio para comidas y un plan limitado de cobertura por accidentes y enfermedades durante la estadía.

La beca incluye además apoyo para tramitar la visa J-1, trámite obligatorio para poder viajar. Esa cobertura no alcanza a los familiares del becario: se trata de un programa sin acompañantes.

El plan de estudios combina formación en línea con instancias presenciales, entre ellas un evento de apertura y un foro de clausura en Washington D. C. Durante las cuatro semanas de intercambio, cada becario trabaja junto a una organización anfitriona y diseña un plan de acción de liderazgo empresarial que luego pone en práctica al volver a su país.

Quiénes pueden postularse

Para aplicar es necesario tener entre 25 y 35 años al inicio del programa y acreditar al menos dos años de experiencia al frente de un negocio propio. También se exige nivel de inglés avanzado y capacidad de demostrar potencial de liderazgo y crecimiento del proyecto.

Quedan fuera los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes de Estados Unidos y los empleados del gobierno de ese país. Los postulantes deben ser elegibles para recibir la visa J-1.

El universo de países habilitados incluye a El Salvador, Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Venezuela y Cuba, junto con otras naciones del Caribe y Canadá. Las convocatorias nacionales se gestionan a través de cada embajada estadounidense en los países participantes.

El antecedente salvadoreño

El caso de El Salvador funciona como referencia de lo que generó YLAI desde su creación en 2015. En junio pasado, la Embajada de Estados Unidos en San Salvador reconoció a casi 80 salvadoreños que integraron la red del programa desde su llegada al país en 2016.

“Junto a nuestra encargada de negocios, Naomi Fellows, celebramos el décimo aniversario de YLAI y reconocimos a casi 80 salvadoreños que han formado parte de esta red desde 2016”, expresó la oficina diplomática.

La funcionaria agregó, de acuerdo con el diario, que las historias de esos emprendedores reflejan el impacto de la innovación, la colaboración y el emprendimiento en el desarrollo de las comunidades salvadoreñas.

Del total de la red salvadoreña, 77 emprendedores completaron el intercambio de un mes en Estados Unidos. Sus proyectos abarcan rubros diversos: comida, moda, servicios, tecnología y proyectos sociales, una variedad sectorial que el propio programa describe como uno de sus rasgos distintivos tras una década de trabajo en el país centroamericano.

Qué busca la red de YLAI a largo plazo

YLAI no termina con el regreso del becario a su país de origen. El programa busca sostener en el tiempo los vínculos y contactos generados durante la pasantía, con el objetivo de que cada emprendedor pueda atraer inversión y apoyo para su proyecto una vez concluido el intercambio.

Desde su lanzamiento en 2015, la iniciativa vinculó a miles de becarios de América Latina, el Caribe y Canadá con empresas y organizaciones estadounidenses, de acuerdo con la información oficial del programa. Según registros de convocatorias previas, los períodos de solicitud suelen abrirse entre abril y mayo, con viajes a Estados Unidos programados entre abril y junio del año siguiente, aunque en esta oportunidad la recepción de solicitudes arranca en octubre.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) e Invest in El Salvador alistan los últimos detalles para la celebración de la El Salvador Trade Expo 2026, una plataforma comercial que reunirá a más de 70 marcas locales y más de 40 compradores internacionales para potenciar las ventas en los mercados externos.

El evento se llevará a cabo el lunes 12 y martes 13 de octubre de 2026 en un hotel capitalino, a partir de las 8:00 am. La iniciativa surge de la cooperación entre el sector público y la gremial empresarial, la cual suma 110 años de trayectoria en el país.

El encuentro tiene como lema “Where opportunities connect” (Donde las oportunidades se conectan) y está diseñado para acercar clientes extranjeros a las compañías nacionales de forma directa, lo que evita los costos que implica el desplazamiento a ferias fuera de las fronteras salvadoreñas.

“Aquí conectamos oportunidades y justamente queremos dar a conocer toda esta oferta exportable que tenemos acá en El Salvador”, afirmó la presidente de Camarasal, Leticia Escobar, durante una entrevista televisiva.

La dirigente gremial enfatizó que la cita posibilitará reuniones de negocios uno a uno pre agendadas. El mecanismo de seguimiento posterior a las jornadas permitirá medir las intenciones de compra y acompañar a los empresarios para convertirlas en contratos definitivos.

Escobar, abogó que el piso de exhibición de El Salvador Trade Expo 2026 contará con 74 espacios comerciales distribuidos en cinco áreas estratégicas. Estos pabellones corresponden a los rubros que registran la mayor cantidad de envíos al extranjero:

• Retail o comercio minorista
• Industria químico-farmacéutica
• Alimentos y bebidas
• Servicios empresariales
• Empaques de plástico y cartón.

“Queremos que esa huella salvadoreña trascienda, no solamente a esos mercados a los cuales ya están exportando, sino que puedan ampliar esos potenciales compradores”, señaló Escobar.

El aprovechamiento del nearshoring posiciona al país como nodo logístico

Uno de los ejes centrales del programa académico de la convención es el análisis del nearshoring, la estrategia económica de relocalización de operaciones comerciales y cadenas de suministro hacia países geográficamente cercanos a los principales mercados de consumo, como Estados Unidos y México.

El fenómeno cobra importancia estratégica porque permite a las corporaciones multinacionales reducir tiempos y costos de transporte, disminuir la dependencia de proveedores asiáticos y reaccionar con mayor rapidez ante fluctuaciones en la demanda global.

Para El Salvador, la atracción de inversiones bajo esta modalidad representa una oportunidad para diversificar la matriz de exportaciones, generar empleo formal de mayor calificación e integrar a los productores locales en redes internacionales de abastecimiento.

A este escenario se suman factores como la agilización de procesos en aduanas y la red de acuerdos comerciales que otorgan acceso preferencial a 41 países y un mercado de cerca de 1,200 millones de consumidores.

Campaña “Lo nuestro es calidad” impulsa el consumo local hasta fin de año

De forma paralela al encuentro internacional, la gremial empresarial relanzó por segundo año consecutivo la campaña “Lo nuestro es calidad con huella salvadoreña”. Esta iniciativa comenzó en septiembre y se mantendrá activa hasta diciembre, con la meta de enlazar las celebraciones patrias con el ciclo de compras de fin de año, periodo que abarca el Black Friday, las festividades navideñas y el Año Nuevo.

La estrategia busca visibilizar el esfuerzo de los productores locales e incentivar que las familias prefieran bienes y servicios generados en el territorio nacional. A través de sus canales oficiales, Camarasal ofrecerá difusión a las marcas participantes y a sus promociones especiales para ampliar la llegada hacia el público consumidor.

“Cuando alguien elige un producto o un servicio salvadoreño, no solo está apoyando una marca, está apoyando a cada uno de los colaboradores y sus familias que trabajan en estas empresas”, sostuvo Escobar.

La vocera destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un motor indispensable de la economía nacional, por lo que respaldar la oferta interna fortalece el bienestar social y la generación de puestos de trabajo.

El Corredor Seco Centroamericano se encuentra entre las zonas más vulnerables de América Latina y el Caribe ante el avance de El Niño, un fenómeno climático que puede provocar sequías, reducir rendimientos agrícolas, afectar la seguridad alimentaria y elevar los precios de los alimentos, según el Banco Mundial.

En el último informe denominado Panorama Económico de América Latina y el Caribe, el organismo advierte que la intensificación de El Niño representa un riesgo adicional para una región que ya enfrenta crecimiento moderado, presiones fiscales, alta informalidad laboral y vulnerabilidades ambientales.

“El Niño amenaza la actividad económica a través de múltiples canales, desde sequías que afectan la generación hidroeléctrica y la agricultura, hasta episodios de lluvias excesivas”, señala el informe. La advertencia es especialmente relevante para los países centroamericanos, donde una parte importante de la población rural depende de cultivos sensibles al clima y de actividades agrícolas de pequeña escala.

El Banco Mundial sostiene que, tras el rápido deterioro de La Niña, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y agencias meteorológicas internacionales confirmaron que “un poderoso fenómeno de El Niño se está intensificando rápidamente”, con alta probabilidad de alcanzar su punto máximo hacia finales de 2026.

Aunque los efectos no serán uniformes en toda América Latina, el Corredor Seco Centroamericano figura entre las áreas donde las condiciones de sequía podrían golpear la producción agrícola. El informe también identifica riesgos para los países andinos, mientras que otras zonas de la región podrían sufrir lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.

“Las condiciones de sequía asociadas con El Niño pueden reducir el rendimiento de los cultivos sensibles al clima, particularmente en los países andinos y el Corredor Seco Centroamericano”, indica el documento. A ello se suman posibles interrupciones en redes de transporte rural y dificultades para que los productores lleven sus cosechas a los mercados.

Las consecuencias pueden extenderse más allá del campo. Menores cosechas y mayores costos de transporte pueden encarecer los alimentos en los mercados internos, con un impacto más duro sobre los hogares de bajos ingresos, que destinan una proporción mayor de su presupuesto a la alimentación.

El Banco Mundial advierte que “incluso las pérdidas moderadas de producción relacionadas con el clima podrían traducirse en aumentos desproporcionados de la inseguridad alimentaria y la malnutrición”. Estas condiciones, añade, pueden tener efectos duraderos sobre la acumulación de capital humano, en especial entre niños y familias rurales vulnerables.

La amenaza climática también alcanza al sector energético. América Latina depende de manera importante de la hidroelectricidad, que representa cerca de la mitad de la generación eléctrica regional. Las sequías prolongadas pueden reducir los niveles de los embalses y obligar a los países a sustituir energía hidroeléctrica por generación térmica más costosa y dependiente de combustibles fósiles importados.

En Centroamérica, este escenario podría incrementar los costos de producción, la presión sobre las finanzas públicas y la inflación. Los gobiernos pueden verse forzados a ampliar subsidios, financiar medidas de emergencia o reconstruir infraestructura dañada por eventos extremos.

El informe prevé que la economía de América Latina y el Caribe crezca 2.2% en 2026, ligeramente por debajo del 2.4% registrado en 2025. Para Centroamérica, las proyecciones mantienen un desempeño superior al promedio regional en varias economías: Guatemala crecería 3.7%; Honduras, 3.4%; Nicaragua, 3.6%; Panamá, 4.2%; y El Salvador, 4.5%.

Sin embargo, el Banco Mundial subraya que los efectos de El Niño podrían alterar esas previsiones. Ecuador, Paraguay y Argentina aparecen entre los países potencialmente más expuestos a impactos climáticos, pero Centroamérica enfrenta una vulnerabilidad particular por la dependencia de la agricultura, las remesas y los precios internacionales de alimentos y energía.

Frente a este panorama, varios gobiernos ya activan planes preventivos, como alertas tempranas para municipios vulnerables, preparación de suministros de emergencia y financiamiento contingente para desastres. Para el Corredor Seco, la anticipación será clave: una nueva sequía puede significar no solo menos cultivos, sino también más pobreza, inseguridad alimentaria y presión económica para miles de familias.

El Salvador se mantiene en el Nivel 2 en el “Informe sobre la Trata de Personas 2026″ del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoció un aumento en las investigaciones y en la identificación de víctimas, aunque mantuvo alertas.

El documento sostiene que el Gobierno salvadoreño no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, aunque realizó “esfuerzos significativos” durante el período evaluado. Por ese motivo, permaneció en el Nivel 2, categoría que agrupa a los países no alcanzan plenamente los estándares de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Estados Unidos (TVPA, por sus siglas en inglés), pero adoptan medidas relevantes para adecuarse a esos parámetros.

Entre los avances mencionados aparecen la actualización del Plan de Acción Nacional contra la trata para el período 2025-2029, la ampliación de los mecanismos para repatriar a víctimas salvadoreñas explotadas en el exterior y nuevos controles para agencias y reclutadores laborales.

El reporte también señala que las autoridades investigaron más casos, identificaron a más víctimas y reforzaron las guías para atender a menores de edad y migrantes. Aun así, el Departamento de Estado de EE.UU. planteó que los servicios públicos no alcanzaron a la mayoría de las personas detectadas como víctimas.

Las investigaciones aumentaron, pero cayeron los procesos y las condenas

Según el informe, las autoridades salvadoreñas investigaron 58 casos sospechosos de trata en 2025, frente a 18 investigaciones nuevas registradas en 2024. Del total, 37 expedientes estuvieron vinculados con explotación sexual, 10 con explotación laboral y 11 con modalidades no especificadas.

Pese a ese incremento, el número de sospechosos procesados bajó de forma pronunciada. El Salvador inició procesos contra 36 personas, frente a 504 durante el año anterior. También continuaron causas ya abiertas contra 515 sospechosos, entre ellos 494 presuntos dirigentes de la pandilla MS-13 imputados bajo el régimen de excepción por formas no especificadas de trata.

Los tribunales condenaron a cinco tratantes en 2025, una cifra menor a las 11 condenas de 2024. Tres de los casos correspondieron a trata sexual y dos involucraron explotación laboral y sexual. Dos condenados recibieron penas de 16 y 18 años de prisión.

La legislación salvadoreña castiga la trata sexual y laboral con penas de entre 10 y 14 años de prisión. Cuando intervienen fuerza, fraude o coacción, las sanciones pueden elevarse a entre 16 y 20 años.

El Gobierno identificó a 152 víctimas durante 2025

El informe contabilizó 152 víctimas de trata identificadas por las autoridades en 2025, frente a 27 el año anterior. Entre ellas hubo 53 víctimas de explotación sexual, 86 de trabajo forzoso y 13 de formas de trata no especificadas.

La mayoría de las víctimas de trabajo forzoso fueron hombres. El reporte también consignó la identificación de niñas, niños, mujeres y ciudadanos extranjeros procedentes de Colombia, Guatemala y Rusia que sufrieron explotación dentro de El Salvador.

El Departamento de Estado destacó que el Gobierno salvadoreño detectó indicios de reclutamiento fraudulento y posible trata en el caso de 65 hombres salvadoreños trasladados a la República Democrática del Congo para trabajar en seguridad privada. De acuerdo con la información oficial, los trabajadores no recibieron el pago prometido y las autoridades mantenían una investigación abierta.

Por su parte, EE.UU. menciona que el país centroamericano aprobó normas que endurecieron el registro y la supervisión de agencias de empleo, reclutadores individuales y subintermediarios. Las inspecciones identificaron al menos 40 agencias sin licencia.

El informe también mencionó el uso creciente de redes sociales, plataformas de mensajería, préstamos en línea y transferencias de dinero para captar víctimas mediante falsas ofertas laborales o educativas. Los tratantes, según el documento, también recurren a criptomonedas, Inteligencia Artificial (IA) y la web oscura para facilitar la explotación.

Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo, recibió este jueves en Montevideo al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en un encuentro en el que elogió la aprobación que mantiene el gobierno de Nayib Bukele y manifestó interés por la evolución política, económica y social del país centroamericano.

La reunión contó también con la participación del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien puso el foco en los efectos que, a su juicio, tuvo la mejora de la seguridad sobre otras áreas de la vida pública salvadoreña, como la educación, la salud y el crecimiento económico.

Tras el encuentro, Sanguinetti dijo que recibió a Ulloa con “gran alegría e interés”. El exmandatario recordó que, durante su extensa trayectoria política, siguió distintos momentos del proceso salvadoreño y conoció de cerca “el largo periplo de El Salvador” en asuntos de relevancia regional.

El intercambio, en el marco de la visita de Ulloa a Uruguay

El encuentro se produjo durante una visita de Ulloa a Uruguay que incluyó contactos con autoridades del Gobierno y referentes políticos del país. Sanguinetti, dos veces presidente de Uruguay y una de las figuras históricas del Partido Colorado, se refirió de manera favorable a la valoración que conserva el Ejecutivo salvadoreño, luego de una conversación con Ulloa, quien integra el Gobierno de Bukele desde el inicio de su gestión.

El expresidente remarcó su conocimiento de la historia reciente del país. El Salvador atravesó durante décadas conflictos políticos, violencia criminal y dificultades institucionales que marcaron el debate regional sobre seguridad y gobernabilidad.

Ojeda: la seguridad abrió paso a avances en educación, economía y salud

Ojeda sostuvo que el análisis sobre El Salvador suele concentrarse de forma casi exclusiva en las estrategias contra la criminalidad. Para el dirigente uruguayo, esa mirada deja en un segundo plano otros indicadores y políticas públicas que surgieron, según planteó, a partir de la mejora de las condiciones de seguridad.

“A veces yo creo que, erróneamente, [la experiencia] está reducida a la cuestión de seguridad, pero la seguridad ha permitido otros avances”, afirmó tras participar de la reunión.

El secretario general del Partido Colorado señaló que la reducción de la violencia permitió que el país avanzara en materia económica, educativa, tecnológica y sanitaria. También citó la difusión de datos sobre la evolución del producto interno bruto y mencionó las iniciativas vinculadas con el uso de tecnología en el sistema educativo y en la atención de salud.

“Hoy se publica en tapa de algunos diarios del mundo el crecimiento del PIB, el desarrollo en términos de educación, las políticas vinculadas a tecnología en educación y en salud. Hay mucho para aprender de la experiencia salvadoreña”, expresó.

Las declaraciones de Ojeda ubicaron el encuentro en un debate más amplio sobre el modelo implementado por el Gobierno de Bukele. El Ejecutivo salvadoreño ganó notoriedad internacional a partir de su política de seguridad, en particular por el régimen de excepción que generó detenciones masivas en el marco de la lucha contra las pandillas.

Reuniones con Orsi y Lubetkin antes del encuentro con Sanguinetti

Antes de reunirse con Sanguinetti y Ojeda, Ulloa mantuvo encuentros con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y con el canciller Mario Lubetkin.

Luego de esas conversaciones, el vicepresidente salvadoreño destacó la relevancia de la relación bilateral y expresó la disposición de su país a acompañar las iniciativas de Uruguay en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC. “Teniendo Uruguay la Presidencia, nosotros queremos fortalecer, apoyar y acompañar sus iniciativas”, declaró a la prensa.

Lubetkin aludió a la cooperación entre ambos países y valoró el apoyo de El Salvador a Uruguay en asuntos de carácter regional. El canciller habló de un “respaldo enorme” por parte del país centroamericano para afrontar distintos desafíos en los foros multilaterales.

El Salvador ya registró más ingresos de ciudadanos hondureños que los contabilizados durante toda la Semana Morazánica de 2024, pese a que el período vacacional todavía no concluye. Hasta este jueves 8 de octubre, la Dirección General de Migración y Extranjería reportó 43.449 controles migratorios de viajeros procedentes de Honduras.

La cifra supera en 441 registros el total de 43.008 ingresos de hondureños que las autoridades salvadoreñas contabilizaron durante toda la Semana Morazánica del año pasado. Para la actual temporada, la institución prevé la llegada de 48.300 visitantes desde el país vecino.

El flujo de viajeros se concentró en los pasos terrestres del oriente y norte salvadoreño, con mayor movimiento en El Amatillo, en el departamento de La Unión. La afluencia también se mantuvo en El Poy, Chalatenango, y en Puente Integración, Cabañas.

El miércoles concentró más de 8.600 controles migratorios

La jornada con mayor número de controles hasta el momento fue la del miércoles 7 de octubre. Ese día, las autoridades registraron 8.612 controles migratorios de ciudadanos hondureños, de acuerdo con los datos divulgados por Migración y Extranjería de El Salvador.

El conteo corresponde a las gestiones de entrada y salida que realiza la institución en sus puestos fronterizos. El Amatillo, ubicado en la frontera con Honduras y cercano a la ruta que conecta con el sur de ese país, concentra la mayor parte de los movimientos durante el asueto.

El aumento del tránsito se produce durante la Semana Morazánica, período de vacaciones en Honduras que moviliza a miles de personas hacia distintos destinos de la región. El Salvador figura entre los países receptores debido a la cercanía terrestre y a la conexión directa entre varias ciudades hondureñas y las playas salvadoreñas.

Tres años consecutivos de crecimiento en los ingresos desde Honduras

Los registros oficiales muestran que la llegada de visitantes hondureños a El Salvador aumentó de forma consecutiva en las tres ediciones más recientes de este período vacacional.

En 2023, las autoridades contabilizaron 26.560 ingresos. Un año después, la cifra llegó a 37.557, un incremento de 10.997 controles respecto del período anterior. En 2024, el número subió a 43.008.

El acumulado de 43.449 registros de este año ya dejó atrás esa marca antes de la finalización de la Semana Morazánica. Si la proyección de 48.300 visitantes se cumple, el total será 5.292 superior al registrado en 2024.

La institución no precisó cuántos días restaban para el cierre de su dispositivo especial ni detalló la distribución de los ingresos por cada puesto fronterizo. Sí señaló que El Amatillo registra la mayor cantidad de entradas y salidas entre los pasos habilitados durante esta temporada.

El paso ágil permite controles sin que los pasajeros bajen de los vehículos

Para atender el aumento de viajeros, la Dirección General de Migración y Extranjería aplica el mecanismo de paso ágil entre El Salvador y Honduras. El sistema busca acelerar las verificaciones migratorias en los cruces con mayor demanda.

La entidad también dispone de puntos de prechequeo, donde el personal revisa la documentación de los pasajeros sin que deban descender de las unidades de transporte. Según la información oficial, esa modalidad permite mantener un promedio de atención cercano a 20 segundos por persona.

El procedimiento se aplica en coordinación con las instituciones presentes en las fronteras. Migración sostuvo que ese trabajo conjunto permite organizar los recursos disponibles, reforzar las verificaciones y reducir los tiempos de espera para quienes ingresan o salen del país.

Las autoridades reiteraron que los viajeros deben portar sus documentos en regla antes de llegar a los puestos de control. La recomendación incluye atender las indicaciones del personal migratorio para evitar retrasos en los procesos de ingreso y salida.

Herramientas de escaneo y mayor capacidad en el centro de datos

El dispositivo de atención fronteriza incorpora herramientas de escaneo inteligente e identificación de documentos, según informó la institución. Estos sistemas permiten verificar la información de los viajeros nacionales y extranjeros durante el control migratorio.

Migración indicó además que fortaleció la infraestructura de su centro de datos, con capacidad para administrar información de hasta seis millones de personas. La entidad señaló que esa capacidad facilita los procesos de identificación y consulta de datos en los puntos de ingreso y salida del país.

La institución mantiene atención las 24 horas en los puestos fronterizos durante la Semana Morazánica. Con el flujo acumulado hasta el 8 de octubre, el país se acerca a la proyección de 48.300 visitantes hondureños para la temporada.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) informó este jueves que Hernán “Bolillo” Gómez fue ratificado como seleccionador mayor de El Salvador, días después de que el combinado nacional descendiera en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol informa a los medios de comunicación y al público en general que el profesor Hernán Darío Gómez ha sido ratificado en su cargo como seleccionador mayor nacional”, señaló el ente federativo.

El documento también indicó que el entrenador colombiano comenzará en breve la preparación de los partidos del play-in ante Saint Martin, previstos para noviembre.

Yamil Bukele había dicho que Gómez dejaría el cargo si se producía el descenso

El presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, se refirió a la situación de Gómez después de la derrota por 6-0 ante Guatemala.

Bukele afirmó que el propio DT había condicionado su permanencia a la continuidad de la selección en la máxima división del campeonato. “‘Bolillo’ me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes 6 de octubre y eso es lo que puso sobre la mesa”, dijo el dirigente.

El escenario planteado se concretó tras el empate 1-1 ante Martinica, resultado con el que El Salvador quedó con cuatro puntos. La goleada sufrida contra Guatemala tuvo peso en la diferencia de goles, uno de los factores que selló el descenso del equipo centroamericano.

Pese a esto, el “Bolillo” expresó su intención de mantenerse al frente del proceso y dejó la decisión en manos de la federación. “Yo espero el análisis del presidente. Yo no me quiero ir”, declaró el técnico ante los medios a su regreso al país.

Preparará el play-in contra Saint Martin en noviembre

Tras ratificarlo en el cargo, la Fesfut anticipó que el entrenador preparará los encuentros del play-in de la Liga de Naciones contra Saint Martin, que se disputarán el próximo mes. Esto con el objetivo de seguir con vida en el camino hacia la Copa Oro 2027.

La federación también anunció que ampliará el cuerpo técnico del entrenador. “En línea con la filosofía de trabajo de la actual administración de la FESFUT, el cuerpo técnico del profesor Gómez será ampliado y los detalles al respecto serán dados a conocer posteriormente”, señaló la institución.

Gómez se mantendrá al frente de la Selecta después de una serie de resultados adversos en distintas competiciones desde que asumió el cargo hace 19 meses.

El primer traspié se produjo en la Copa Oro 2025, disputada en junio. La Azul y Blanco concluyó el certamen como último lugar del Grupo B, con un punto, y quedó fuera del torneo.

Después llegó la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026. La Selecta finalizó en el fondo de la tabla y sin opciones de clasificación a la Copa del Mundo.

La secuencia negativa continuó en la Liga de Naciones 2026-2027. El 25 de septiembre de este año, el combinado cuscatleco venció 3-1 a Martinica, pero tres días después sufrió la goleada por 6-0 ante Guatemala, un resultado que agravó la presión sobre el cuerpo técnico. El equipo luego perdió 2-0 contra Jamaica el 2 de octubre y empató 1-1 ante Martinica el 5 de octubre.

El Gobierno de El Salvador y la empresa Linguard Labs anunciaron este jueves una alianza para relanzar Chivo como una plataforma financiera integral, con servicios de remesas sin costo desde Estados Unidos, acceso al crédito y operaciones con dólares y activos digitales.

La empresa de infraestructura tecnológica para finanzas digitales adquirió una participación mayoritaria en la aplicación -creada en 2021 por el gobierno salvadoreño para hacer transacciones con Bitcoin-, mientras el Estado conservará acciones y continuará como socio, según el comunicado oficial difundido este 8 de octubre.

La operación profundiza un cambio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había señalado en septiembre de 2026. El organismo afirmó entonces que la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo habían pasado a un operador privado, mientras el gobierno mantuvo una participación minoritaria y la custodia de los fondos de los usuarios.

La nueva alianza público-privada se presenta como consistente con el programa financiero que el país sostiene con el FMI. El fondo, además, había vinculado la reducción de la participación estatal en la billetera con los compromisos asumidos por las autoridades salvadoreñas en materia de activos digitales, regulación y gestión de riesgos para tener acceso a financiamiento hasta por USD 1,400 millones en un período de 40 meses.

Chivo conservará las cuentas existentes y sumará préstamos

Según la información oficial, Chivo tiene más de 4.5 millones de cuentas registradas. Los usuarios conservarán sus saldos y perfiles, aunque la plataforma incorporará funciones para transferir dinero, pagar compras, solicitar financiamiento y mover fondos entre dólares y activos digitales aceptados.

El plan contempla microcréditos y adelantos de efectivo para personas sin historial bancario. La evaluación dependerá de la actividad registrada en la aplicación, como ingresos, envíos de dinero y pagos efectuados a través de la billetera.

Los comercios también podrán acceder a financiamiento para comprar inventario, contratar personal o ampliar sus actividades. El comunicado no especificó tasas de interés, montos de los préstamos, plazos de devolución ni la fecha de lanzamiento de los nuevos servicios.

Drew Weinstein, fundador y director ejecutivo de Linguard Labs, afirmó que la compañía busca ofrecer crédito a los usuarios sin acceso a servicios bancarios y a quienes sí lo tienen. “Hacerlo gratis, sí. Dar acceso a crédito a los salvadoreños, estén o no bancarizados, también es una victoria”, sostuvo, según cita el comunicado.

El FMI había informado el traspaso del control operativo

El 3 de septiembre, el FMI comunicó que la participación pública en Chivo se había reducido de forma sustancial. El organismo indicó que un operador privado asumió la mayoría accionaria y la gestión de la plataforma, mientras el Gobierno mantuvo una participación minoritaria.

Esa definición formó parte de las revisiones del programa de 40 meses aprobado en febrero de 2025 bajo el Servicio Ampliado del FMI, por un total de USD 1,400 millones. El acuerdo incluyó compromisos para actualizar el marco legal, regulatorio y de supervisión vinculado a los criptoactivos.

El Fondo también sostuvo que no preveía nuevas compras estatales de Bitcoin, salvo ingresos por donaciones documentadas. Según el organismo, el aumento de las tenencias desde la primera revisión del programa respondió a aportes privados y no al uso de recursos públicos.

Las remesas sin comisión apuntan al mercado de Estados Unidos

La nueva Chivo ofrecerá transferencias sin costo desde Estados Unidos hacia El Salvador para sus usuarios de categoría Regular, según el comunicado. Además se destacó que los salvadoreños en el exterior enviaron casi USD 10,000 millones en remesas en 2025.

La plataforma prevé pagos en comercios con Bitcoin, dólares, stablecoins y otros activos digitales autorizados, además de un sistema de devolución de dinero por compras. Las tarjetas de débito asociadas a Chivo permitirán utilizar los saldos en establecimientos que acepten tarjetas.

Linguard Labs indicó que la aplicación estará sujeta a las leyes salvadoreñas de protección de datos, gobernanza y estabilidad financiera, bajo supervisión de las autoridades competentes. La empresa informó que entre sus directivos figuran exejecutivos de Visa, JPMorgan Chase y Citi.

Una ofensiva coordinada por INTERPOL contra las redes de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna silvestre dejó 233 detenidos en nueve países de América Latina y el Caribe, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La operación también permitió recuperar más de 1.000 animales vivos e identificar 60.000 hectáreas de bosque talado de forma ilegal.

La Operación Madre Tierra VIII, desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de julio, reunió a fuerzas de seguridad de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El operativo estuvo coordinado desde la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, con sede en San Salvador. Según INTERPOL, las organizaciones investigadas movían madera, especies protegidas y minerales mediante rutas que también se utilizan para otros mercados ilegales.

La falta de lluvias en Nicaragua retrasa la producción de café, reduce las previsiones para la caña de azúcar y dejó al maní con la mitad del área sembrada frente al ciclo anterior. El impacto se concentra en el Pacífico y el Corredor Seco, donde la escasez de agua compromete cultivos destinados a la exportación.

Las precipitaciones han sido escasas, esporádicas e irregulares. La sequía altera los ciclos de siembra, floración y maduración, limita la contratación de trabajadores rurales y pone bajo presión a actividades que sostienen la economía de varias zonas agrícolas.

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones combinadas de café, azúcar y maní generaron USD 468.5 millones, según el Banco Central de Nicaragua. El resultado quedó por debajo del mismo período de 2025 por la caída de las ventas de azúcar y maní, aunque el incremento de los ingresos cafeteros evitó una baja general.

La falta de agua demora la maduración del café y posterga la cosecha; en la caña, reduce las perspectivas de producción; y en el maní, limita la superficie cultivada y anticipa menores rendimientos. El efecto puede alcanzar a productores, empresas y trabajadores de las cadenas agrícolas.

El empleo formal rural apenas avanzó durante el último año

El estancamiento productivo coincide con un crecimiento mínimo del empleo formal en el campo. El sector de agricultura, silvicultura, caza y pesca registraba 56,173 afiliados a la Seguridad Social en julio de 2025.

Un año después, la actividad apenas había incorporado a 81 personas. La variación fue de 0.14%, en un período atravesado por dudas sobre el desarrollo de las cosechas y la demanda de mano de obra temporal.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que la región enfrenta una reducción sustancial de las precipitaciones acumuladas y un aumento de la temperatura atmosférica.

El organismo incluyó a Nicaragua dentro de la sequía prolongada del Corredor Seco Centroamericano, una franja que también recorre Guatemala, Honduras y El Salvador. La evaluación tomó referencias de la Organización Meteorológica Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y otras agencias nacionales advirtieron desde comienzos de año sobre la llegada de un fenómeno de El Niño más intenso de lo habitual.

Varios países de la región emitieron alertas y directrices ante una posible crisis humanitaria. Nicaragua no anunció una alerta preventiva ni un plan específico para los productores y las familias del Corredor Seco.

Las autoridades nicaragüenses sostuvieron en el estatal Canal 6 que el impacto de El Niño será limitado. Ciudadanos por la Libertad cuestionó la falta de medidas oficiales y alertó sobre daños en la producción, las exportaciones y los ingresos de miles de familias.

El café acumula demoras en la maduración y la cosecha

El café fue el principal producto agrícola de exportación de Nicaragua en 2025. El país comercializó 3.37 millones de quintales por USD 918 millones, lo que ubicó al grano como el tercer producto exportado, detrás del oro y la carne.

Los precios internacionales ofrecen una perspectiva favorable para los ingresos de los productores. La falta de lluvia, no obstante, alteró el desarrollo de los cafetales en zonas del sur del país.

Elvin Barrera, técnico a cargo de cultivos de café y maíz en una propiedad del sur, explicó a Confidencial que las lluvias llegaron tarde y tuvieron un comportamiento intermitente.

“Lo más que hemos llegado es a un 50%”, afirmó Barrera a Confidencial. El técnico indicó que la finca debería registrar cerca de 1,700 milímetros de agua, mientras el pluviómetro apenas acumulaba unos 900 milímetros.

La falta de agua demoró la maduración. Barrera recordó que, en el mismo momento del año anterior, el cultivo ya registraba un avance de 7% en ese proceso.

“Ahorita no se ha cortado nada. Ni un grano”, sostuvo el técnico ante el medio. Las precipitaciones actuales responden a fenómenos como tormentas tropicales y no al desarrollo habitual de la estación lluviosa.

La finca debería contar con entre 15 y 20 cortadores para recolectar de 35 a 40 latas diarias. Por ahora, solo contrató a algunas personas para limpiar los surcos por donde ingresará la mano de obra cuando empiece la recolección.

Barrera estimó que la maduración podría comenzar desde el 15 de octubre. Para entonces, el cultivo normalmente debería presentar un promedio de 25% de granos maduros.

En el norte del país, las lluvias han sido más favorables y los cafetales no tienen dificultades inmediatas. Un productor de esa región advirtió a la publicación que el resultado dependerá del comportamiento del invierno en las próximas semanas.

El café requiere alternancia entre lluvia y sol. Si las precipitaciones se interrumpen, la maduración se frena; la escasez de agua también reduce la miel necesaria para despulpar el fruto y puede hacer que la cáscara quede adherida al grano.

La caña recortó sus previsiones y el maní redujo la siembra

El azúcar y el maní también padecen estrés hídrico. Una funcionaria de una entidad que asesora a productores agropecuarios indicó que ambos cultivos presentan retrasos en la carga de frutos y mayores afectaciones por plagas.

En 2025, Nicaragua exportó 7.6 millones de quintales de azúcar por USD 165.9 millones. Las ventas externas de maní superaron los 1.7 millones de quintales y alcanzaron USD 107.3 millones.

Ambas actividades tienen un alto nivel de mecanización, aunque sostienen la dinámica económica de las zonas donde se concentran, especialmente en el occidente del país y Rivas.

El Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó para el ciclo 2026-2027 una producción de siete millones de toneladas métricas de caña en Nicaragua.

El informe mantuvo la superficie cultivada en 73,000 hectáreas y dejó sin efecto, por ahora, la expansión prevista de otras 500 hectáreas. El organismo vinculó esa decisión con la alta probabilidad de afectación por El Niño.

El reporte también tomó en cuenta una caída de 16.9% en los precios internacionales del azúcar. Al 31 de diciembre de 2025, el producto cotizaba a cerca de USD 0.33 por kilogramo (USD 0.15 por libra) en el mercado intercontinental de Nueva York.

Las estimaciones conocidas después del informe estadounidense, fechado en abril de 2026, empeoraron las proyecciones para la caña. El sector calcula una reducción inicial de entre 10% y 15% de la producción.

Los productores también analizan postergar el inicio de la zafra hasta diciembre. La medida busca dar más tiempo de desarrollo al cultivo y favorecer una mayor acumulación de azúcar.

El maní enfrenta una reducción más marcada desde la siembra. Fuentes del sector indicaron que solo se utilizó el 50% de la superficie cultivada el año anterior.

Los especialistas anticipan rendimientos bajos y una menor calidad por la falta de agua en los suelos. La merma puede afectar a las empresas y a los trabajadores vinculados con esta actividad.

Un cruce fuera de la esquina, una carrera para alcanzar el otro lado de la vía sin usar las pasarelas puede ahorrar unos segundos a las personas, pero la imprudencia de los peatones figura entre las principales causas de muertes viales en El Salvador. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) informó que los peatones representan el 35% de las víctimas mortales registradas en las calles y carreteras del país.

Hasta el 7 de octubre, el ONASEVI contabilizó 17,133 siniestros viales con datos de la Policía Nacional Civil (PNC). En esos hechos murieron 1,110 personas, de las cuales 389 eran peatones o usuarios vulnerables. Se estima que cada 17 horas se registra la muerte de un peatón en el territorio salvadoreño.

Las declaraciones de Hugo Mayorga, experto en temas de movilidad, y Fidel Medrano, gerente de Educación Técnica de MOVES, ambos sostienen que la prevención exige responsabilidad de quienes conducen, caminan, administran flotas y aplican los controles de tránsito, en el programa de entrevista radial Punto 105 FM.

Mayorga señaló que el comportamiento de los peatones debe incluirse en la discusión sobre seguridad vial. “Muchas veces el peatón es irresponsable en el uso de las vías”, afirmó. Añadió que cada persona debe cumplir las normas durante sus traslados, ya sea al volante o a pie, para disminuir los hechos que pueden prevenirse.

Siete de cada diez peatones asumen conductas de riesgo

Un estudio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial estableció que siete de cada diez peatones observados en el Área Metropolitana de San Salvador incurren en conductas de riesgo al cruzar las calles. Entre ellas figuran atravesar por puntos distintos a las esquinas, no usar pasos peatonales y evitar las pasarelas.

Un informe de siniestralidad vial publicado hasta el segundo trimestre ubicó la distracción del conductor, la imprudencia del peatón y el exceso de velocidad entre las principales causas de esos fallecimientos.

Medrano retomó esos datos y señaló que las zonas previstas para cruzar deben utilizarse para reducir la exposición al tránsito. “Eso quiere decir que no utilizan las esquinas de las calles, paso cebra, esté o no esté pintado, y las pasarelas”, indicó sobre el comportamiento identificado en el estudio.

El gerente de Educación Técnica de MOVES consideró que la seguridad vial depende de decisiones cotidianas. “Todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones para poder gozar de nuestros derechos”, expresó. Según explicó, la movilidad permite trasladarse de un punto a otro, pero requiere que cada usuario actúe con previsión y respete a los demás.

¿Cuándo ocurren los accidentes?

Los datos oficiales indican que el 61% de las muertes viales ocurre entre las 06:00 pm., y las 6:00 am. Las franjas con más fatalidades se registran en períodos en los que la visibilidad puede disminuir y el flujo de peatones coincide con el tránsito vehicular.

La siniestralidad aumenta desde los jueves y alcanza sus mayores registros de lesionados y fallecidos los sábados y domingos. En ese contexto, Mayorga planteó que la prevención parte del cumplimiento individual de las normas. “Si cada uno de nosotros toma su rol y lo ejecuta de manera como la ley ya lo manda, evitaríamos una cantidad enorme de siniestros viales”, dijo.

Medrano también llamó a reforzar una conducta de convivencia en las vías. “Todos tenemos que ceder para que todo empiece a fluir”, sostuvo. Para los peatones, esa responsabilidad implica buscar cruces seguros, observar el entorno antes de avanzar y evitar maniobras que reduzcan el tiempo de reacción de los conductores.

Según publicaciones difundidas en las redes sociales del centro asistencial, la tecnología permite el mapeo anatómico de cada paciente, la planificación de resecciones óseas precisas y un control milimétrico de la posición de los implantes durante los reemplazos de rodilla. Las imágenes compartidas muestran al equipo médico en quirófano junto al brazo robótico y la consola del sistema.

El hospital señaló que el uso de ROSA busca mejorar la alineación de la prótesis y preservar los tejidos durante procedimientos reconstructivos. En sus comunicaciones, también mencionó como posibles beneficios una reducción del sangrado y del dolor posoperatorio, además de una rehabilitación más ágil. Esos resultados, sin embargo, dependen de las condiciones de cada paciente, la indicación clínica y la experiencia del equipo quirúrgico.

La incorporación de este equipo forma parte de la apuesta tecnológica del nuevo nosocomio, inaugurado el 1 de junio de 2026 por el presidente Nayib Bukele. Durante la inauguración oficial, el Gobierno salvadoreño informó que el centro dispone de robots para cirugía general y para intervenciones ortopédicas, además de un quirófano híbrido, equipos de diagnóstico por imágenes y áreas para procedimientos de alta complejidad.

A nivel internacional existen centros asistenciales que utilizan ROSA Knee, de la compañía Zimmer Biomet, una plataforma de asistencia robótica para la artroplastia total de rodilla, la operación que reemplaza las superficies articulares dañadas por componentes artificiales. No sustituye al cirujano: el médico define el plan quirúrgico y realiza el procedimiento con información obtenida en tiempo real sobre la anatomía, el equilibrio de los ligamentos y la posición de los instrumentos.

La plataforma puede trabajar con planificación basada en imágenes o sin ellas, según la configuración clínica. Durante la operación, el profesional registra referencias anatómicas, evalúa la movilidad de la rodilla y ajusta el plan de resección. El brazo robótico ayuda a orientar las guías de corte dentro de los límites definidos por el equipo médico.

Una revisión sistemática publicada en 2025, que reunió 21 ensayos clínicos aleatorizados con 2,692 pacientes, halló que la cirugía robótica de reemplazo de rodilla redujo la proporción de casos con desviaciones de alineación mecánica frente a la técnica convencional. El estudio también informó que las operaciones asistidas por robot demandaron, en promedio, cerca de 20 minutos más.

La misma revisión no detectó diferencias significativas en las escalas de dolor y función más utilizadas durante los seguimientos de corto y mediano plazo. Otra evaluación de investigaciones disponibles concluyó que las plataformas robóticas mejoran la exactitud de la planificación y de la colocación de los implantes, aunque aún se requieren estudios prolongados para determinar si esa precisión reduce de forma consistente las revisiones de prótesis y mejora su duración.

El hospital ya había realizado procedimientos con el sistema Versius

El Hospital Rosales también ha informado operaciones con Versius, un robot quirúrgico destinado a procedimientos mínimamente invasivos de tejidos blandos. El centro comunicó en agosto la realización de su primera cirugía robótica con esa tecnología, que permite al cirujano controlar instrumentos articulados desde una consola y operar a través de pequeñas incisiones.

Versius, desarrollado por la firma británica CMR Surgical, tiene una estructura modular y brazos independientes que pueden ubicarse alrededor de la mesa de operaciones. La plataforma se utiliza en especialidades como cirugía general, urología, ginecología, cirugía colorrectal y cirugía torácica. Su función es facilitar el acceso y la visualización en intervenciones de mínima invasión; tampoco reemplaza las decisiones del equipo médico.

CMR Surgical informó en marzo que más de 45 mil pacientes habían sido tratados con Versius en hospitales de más de 30 países. Entre los lugares donde la empresa reportó instalaciones o uso clínico figuran Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia, Brasil, Grecia e Indonesia. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó la comercialización del sistema para indicaciones específicas, entre ellas la colecistectomía en pacientes adultos.

La expansión de estas herramientas coincide con una mayor adopción de la robótica en quirófanos de distintos países. En el caso de las prótesis de rodilla, la evidencia disponible respalda una mayor precisión técnica, mientras la investigación continúa para establecer el impacto de esa ventaja sobre los resultados clínicos y la vida útil de los implantes.

La elaboración de medicamentos falsificados en Guatemala y su posterior distribución en países de Centroamérica es una situación que, según Carmen Estela Pérez, presidenta de la Federación de la Industria Farmacéutica de Centroamérica y el Caribe (FIFCCA) y de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR), debe abordarse de forma regional.

Durante una entrevista en Frente a Frente, Pérez también habló del contrabando, las ventas sin autorización y los medicamentos importados. La dirigente sostuvo que los productos que llegan al mercado deben cumplir requisitos sanitarios, tanto si son fabricados dentro de la región como si proceden de otros países.

Falsificación, contrabando y herramientas legales

Pérez afirmó que hay elaboración de medicamentos falsificados en Guatemala que luego se distribuyen hacia otros países de Centroamérica. La presidenta de FIFCCA planteó que este fenómeno requiere una respuesta regional, debido a que los productos pueden circular entre distintos mercados.

La entrevistada mencionó que la Fiscalía presentó, en un congreso, las acciones efectuadas para incautar medicamentos falsificados y procesar a personas que los comercializaban. Aclaró que no conoce los detalles de ese caso, pero consideró que el procedimiento mostró la posibilidad de actuar con las herramientas disponibles.

Según Pérez, no existe un tipo penal específico para la falsificación de medicamentos. Explicó que las autoridades recurren a delitos ya contemplados en el Código Penal, como aquellos relacionados con la venta de productos farmacéuticos en lugares que no cuentan con autorización.

La presidenta de INQUIFAR consideró que la autoridad sanitaria y el Ministerio Público necesitan más instrumentos para investigar la producción, distribución y comercialización de medicamentos falsificados. No detalló cuáles reformas legales deberían adoptarse.

Pérez también se refirió al contrabando de medicamentos. Señaló que es difícil conocer su magnitud porque los productos que ingresan por vías irregulares no pasan necesariamente por aduanas ni dejan registros que permitan establecer su origen o cantidad.

“Es difícil medirlo”, afirmó. La dirigente explicó que pueden existir estimaciones, pero no presentó datos sobre el volumen de medicamentos que entran o se venden fuera de los mecanismos formales de importación y distribución.

Empaques, presentación y puntos de venta

La entrevistada recomendó a los consumidores revisar la presentación habitual de los medicamentos que utilizan. Indicó que cambios en el color de una tableta, una cápsula o un envoltorio pueden llevar a comprobar el origen del producto, especialmente si fue adquirido fuera de establecimientos autorizados.

“Si cambia ese color, dude”, expresó Pérez. La presidenta de INQUIFAR explicó que los laboratorios regulados no pueden modificar por decisión propia el empaque primario de un medicamento, que es el material que está en contacto directo con tabletas, cápsulas u otras presentaciones.

Como ejemplo, mencionó los blísteres elaborados con plástico y aluminio. Si un fabricante quiere sustituir ese material por otra presentación, debe solicitar una autorización sanitaria, que evalúa si el cambio conserva la estabilidad del producto.

Pérez explicó que la estabilidad se relaciona con la capacidad del medicamento para mantener su potencia y sus condiciones durante el tiempo previsto para su uso. Por ello, afirmó que una modificación en el empaque debe ser evaluada antes de aplicarse.

Entre las características que pueden generar dudas, la dirigente mencionó envoltorios con sellos deficientes, letras desplazadas, información incompleta o diferencias frente a la presentación que el consumidor compra habitualmente.

Pérez pidió adquirir medicamentos en farmacias y otros establecimientos habilitados. Señaló que algunos supermercados, tiendas de conveniencia y comercios pueden venderlos, siempre que cuenten con los permisos requeridos por la autoridad sanitaria.

La presidenta de FIFCCA recomendó evitar las compras a vendedores ambulantes, en parques, calles, mercados y otros puntos no autorizados. También pidió cautela ante productos promocionados en redes sociales, sobre todo si ofrecen efectos extraordinarios o soluciones para varios problemas de salud.

Medicamentos de India y controles para importaciones

Pérez afirmó que existe una presencia amplia de medicamentos importados en Centroamérica, principalmente fabricados en India. Al ser consultada sobre ese ingreso, dijo que la preocupación de la industria regional es conocer qué tipo de productos están llegando al mercado y si cumplen las exigencias requeridas.

La dirigente señaló que los productos importados a los que se refirió ingresan como medicamentos genéricos. Aclaró que la posición de los laboratorios centroamericanos no es impedir su entrada, sino que sean sometidos a las mismas condiciones que deben cumplir los fabricantes instalados en la región.

“Los mismos estándares que nosotros cumplimos para nuestra población sean los estándares de todos los que quieran ingresar a la región”, sostuvo Pérez durante la entrevista.

La presidenta de INQUIFAR afirmó que la industria farmacéutica regional ha avanzado en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Según explicó, las plantas se someten a auditorías y controles vinculados con sus procesos de fabricación.

Pérez indicó que la autoridad sanitaria ya trabaja en la fiscalización de medicamentos importados para determinar cuáles son aptos y cuáles no cumplen las condiciones necesarias para venderse. En El Salvador, identificó a la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) como la entidad responsable de esa tarea.

Los medicamentos que ingresan legalmente requieren autorización del regulador de cada país antes de comercializarse en farmacias y otros establecimientos habilitados. También deben entrar por los mecanismos establecidos para que las autoridades puedan verificar sus requisitos sanitarios.

“En algún momento usted y yo somos pacientes consumidores”, afirmó Pérez al explicar que, según su planteamiento, los medicamentos disponibles en el mercado deben ser seguros, eficaces y de calidad.

Más allá del contrabando de cigarrillos, un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito TRACIT identifica otros mercados donde el comercio ilícito golpea con fuerza en Centroamérica: medicamentos falsificados, alcohol adulterado y oro de origen ilegal.

El documento, basado en el Índice de Comercio Ilícito 2025, revela incrementos preocupantes en varios de estos rubros durante el último año.

En Costa Rica, considerado el país mejor evaluado de la región, los casos de medicamentos falsificados detectados aumentaron 662% entre junio de 2024 y junio de 2025. Durante ese período se decomisaron más de 365.000 productos farmacéuticos ilícitos, con la frontera de Nicaragua señalada como un punto de entrada relevante.

El mercado de medicamentos falsificados crece en la región

Los productos farmacéuticos ilícitos detectados en Costa Rica incluyen antibióticos, analgésicos, medicamentos dermatológicos y otros tratamientos que pueden estar falsificados, vencidos, mal almacenados o desviados de cadenas legales.

En Guatemala, el informe estima que aproximadamente 10% de los medicamentos de venta libre podrían ser falsificados. Las autoridades decomisan con frecuencia antibióticos, analgésicos, remedios para gripe, anticonceptivos y suplementos adulterados.

El documento advierte sobre la existencia de laboratorios clandestinos que imitan productos reconocidos en el mercado guatemalteco. Estos medicamentos suelen llegar a farmacias pequeñas y áreas rurales, donde el acceso a servicios de salud formales es limitado.

El reporte recomienda reforzar la cooperación con el sistema mundial de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud y mejorar el acceso a farmacias legítimas en zonas rurales como estrategia de contención.

En El Salvador, esta semana, la presidenta de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador Inquifar Carmen Estela Pérez, alertó también sobre el ingreso ilegal de medicamentos a la región, principalmente a El Salvador, procedentes de la India.

Alcohol adulterado: de Costa Rica a las redes sociales salvadoreñas

El alcohol ilícito representa cerca del 9% del consumo nacional en Costa Rica, según las estimaciones del informe. El contrabando proviene especialmente de Panamá, donde los precios pueden ser menores.

El documento señala antecedentes de intoxicaciones por metanol vinculadas al alcohol adulterado, lo que convierte a este mercado en un riesgo directo de salud pública, más allá de sus efectos fiscales.

En El Salvador, el alcohol ilícito alcanzaría cerca del 12% del consumo total. El informe detecta un uso creciente de redes sociales y comercio digital para vender bebidas adulteradas o falsificadas, una vía que escapa a los controles tradicionales de distribución.

Panamá, por su parte, no solo enfrenta consumo interno de alcohol ilícito: el informe lo describe como una plataforma de desvío regional. Cerveza y otros productos ingresan formalmente al país para su reexportación, pero terminan desviados hacia el mercado local o países vecinos sin el pago de impuestos correspondiente.

Oro ilegal: de Sudamérica a Nicaragua vía Panamá

El oro de origen ilícito atraviesa la región a través de rutas que conectan Sudamérica con Centroamérica. Panamá aparece como centro de tránsito de oro procedente de Colombia, Venezuela, Perú y otros países productores.

Según el informe, el metal puede ingresar a Panamá por rutas terrestres, marítimas o aéreas, ser procesado o reempaquetado en el país, y luego reexportarse como si tuviera origen legítimo.

En Costa Rica, la minería ilegal de oro se concentra en la zona de Crucitas, un punto que el documento identifica junto con la tala ilegal y el comercio de maderas como el cocobolo entre los principales delitos ambientales del país.

Nicaragua presenta el caso más grave del rubro: el informe estima que la minería ilegal de oro podría representar una parte relevante de las exportaciones auríferas totales del país, en un contexto de invasión de reservas naturales como Bosawás e Indio Maíz.

Belice pierde biodiversidad por el tráfico de fauna y flora

Belice enfrenta pérdidas económicas y ambientales significativas por el comercio ilegal de especies. El informe calcula pérdidas cercanas a BZ$61 millones, unos US$30 millones, entre 2012 y 2018, por el tráfico de fauna y flora que incluye loros, langostas, tiburones, palo de rosa y caoba.

Este comercio ilícito amenaza directamente la biodiversidad del país y pone en riesgo al ecoturismo, uno de los sectores económicos clave de Belice.

A esto se suma una debilidad regulatoria en el comercio digital: la legislación beliceña sobre transacciones electrónicas es principalmente reactiva.

Las plataformas solo están obligadas a retirar contenido ilícito una vez notificadas, sin exigencias robustas de monitorear vendedores o verificar productos antes de su publicación.

Tres grupos de países según su capacidad de respuesta

El informe de TRACIT organiza a los siete países centroamericanos en tres categorías según su desempeño frente al comercio ilícito.

Costa Rica y Panamá conforman el grupo de mayor capacidad relativa: cuentan con marcos institucionales más sólidos, aunque enfrentan una brecha entre la regulación existente y su aplicación efectiva en fronteras, puertos y comercio electrónico.

Belice y El Salvador integran el grupo de riesgo intermedio. El primero por su dependencia de la Zona Libre de Corozal como plataforma de tránsito; el segundo por avances en seguridad y modernización aduanera que todavía conviven con alta informalidad y fronteras rurales vulnerables.

Guatemala, Honduras y Nicaragua conforman el grupo con mayores debilidades estructurales, marcado por informalidad masiva, corrupción profunda y una integración extendida entre comercio ilícito, crimen organizado y delitos ambientales.

El informe concluye que Centroamérica no carece por completo de leyes, tratados o infraestructura para enfrentar el comercio ilícito. El problema central, según el documento, es que la apertura comercial y logística de la región avanzó más rápido que su capacidad de supervisar, controlar y sancionar el uso ilícito de esos mismos sistemas.

La adhesión del Centro Histórico de San Salvador al programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres ha reforzado la percepción de seguridad de quienes visitan y transitan la zona, con acciones que incluyen mejoras urbanas, capacitación empresarial y prevención del acoso callejero.

La directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, Adriana Larín, explicó que la estrategia parte de una premisa: las condiciones de seguridad deben acompañarse de espacios accesibles, iluminados y preparados para las necesidades de las familias, mujeres y turistas.

“Un país puede estar seguro y gozar de la seguridad que ahora tenemos, pero si una luz falla o una acera está en mal estado, eso afecta también la percepción de seguridad”, afirmó Larín durante la entrevista Diálogo de Grupo Megavisión.

Larín indicó que el Centro Histórico se incorporó al programa de Ciudades Seguras en 2024 y que, desde entonces, la institución articula mesas de trabajo con organismos públicos, municipales y sectores privados.

El objetivo es elaborar herramientas para que la planificación de la ciudad contemple la seguridad desde distintos aspectos: infraestructura, movilidad, atención al visitante, accesibilidad y prevención de situaciones de acoso.

La funcionaria sostuvo que esa tarea requiere la participación de comerciantes, empleados, ciudadanos e instituciones. “El trabajo de la percepción de seguridad no es tarea nada más de una institución, es tarea de todos”, señaló.

En ese sentido, mencionó la importancia de que los negocios cuenten con personal capacitado para atender a una mujer que se sienta acosada y para prevenir conductas que generen incomodidad o temor entre quienes circulan por el área.

La estrategia también busca incorporar estos criterios en el Plan Especial del Centro Histórico, que contempla lineamientos para el ordenamiento urbano y las intervenciones en inmuebles y espacios públicos.

Las obras alcanzan el 43% de los espacios públicos previstos

La directora de la Autoridad del Centro Histórico informó que las intervenciones en espacios públicos tienen un avance del 43%, con obras de infraestructura, instalación de cableado subterráneo y recuperación de corredores urbanos.

Entre los proyectos citó la revitalización de la calle Rubén Darío, que conecta el parque Cuscatlán con el microcentro y las principales plazas del área histórica. Según Larín, la recuperación de estos sectores también ha favorecido el uso de la ciclorruta.

“Ahora podemos ver cómo las estaciones para dejar las bicicletas resguardadas se están llenando cada vez más”, aseguró. Para la funcionaria, ese movimiento refleja una mayor presencia de personas que llegan al Centro Histórico por trabajo, recreación o actividades turísticas.

La agenda de actividades también apunta a sostener la llegada de visitantes. Durante la Semana Morazánica celebrada en Honduras, el centro histórico ha recibido turistas con eventos culturales, deportivos y familiares en las plazas Libertad, Morazán y Barrios.

Larín destacó que la afluencia beneficia al sector de alojamiento, restaurantes, transporte y comercio. Entre los sitios que despiertan interés mencionó la Biblioteca Nacional de El Salvador, uno de los puntos con mayor concurrencia de visitantes hondureños.

La oferta cultural busca que los turistas regresen

La funcionaria planteó que la recuperación urbana debe acompañarse de actividades que incentiven visitas recurrentes. “Una persona puede decir que ya fue al Palacio o a la Biblioteca, pero siempre hay actividades diferentes que la hacen regresar”, explicó.

La Autoridad del Centro Histórico promueve una agenda dirigida a familias, con actividades culturales, recreativas y deportivas. Larín sostuvo que los comercios también comenzaron a adaptar su oferta a una demanda enfocada en experiencias y atención al visitante.

En paralelo, la institución mantiene una unidad de atención turística y empresarial que brinda acompañamiento a negocios de la zona. El trabajo incluye capacitaciones, búsqueda de becas de idiomas y coordinación con entidades financieras para facilitar crédito a micro y pequeñas empresas.

Larín señaló que en los últimos tres años la ventanilla única de la entidad registró más de USD 200 millones en inversiones mediante proyectos para el Centro Histórico. Parte de esas iniciativas ya abrió al público y otras se encuentran en construcción o restauración.

Entre ellas mencionó la próxima reapertura del Portal Sagrera, que incorporará comercios y servicios. También afirmó que varios negocios locales, incluidos establecimientos históricos, volvieron a operar en la zona.

La directora añadió que el futuro sistema de aerocable tendrá una estación multimodal en el Centro Histórico, con conexión a otros medios de transporte. “Llegar al Centro Histórico será más fácil”, concluyó Larín.

El aguinaldo puede destinarse al ahorro, al pago de deudas, a un fondo de emergencia, a inversiones o a gastos de fin de año, en lugar de gastarse de una sola vez en celebraciones o compras inmediatas, recomendaron Jacqueline Rivas y Ernesto Urroz, analistas de Educación Financiera de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Durante una entrevista en La Entrevista AM, los especialistas señalaron que ese ingreso adicional puede distribuirse durante noviembre, diciembre y enero. También aconsejaron anotarlo dentro del presupuesto familiar para identificar las prioridades de cada hogar.

Jacqueline Rivas planteó tres posibles destinos para el aguinaldo: el ahorro, el pago anticipado de deudas y la inversión. La elección dependerá de las necesidades, obligaciones y objetivos de cada persona o familia.

Una parte del ingreso adicional puede reservarse para gastos previstos en enero, como la compra de útiles escolares y uniformes, además de otros requerimientos del inicio del año lectivo. La analista señaló que planificar esos desembolsos evita que se conviertan en una presión financiera después de las fiestas.

Rivas también recomendó crear o fortalecer un fondo de emergencia. Ese dinero puede utilizarse ante desperfectos en la vivienda, reparaciones de vehículos o gastos vinculados a la salud.

La analista indicó que las personas pueden ahorrar USD 5, USD 10 o USD 25, o cualquier cantidad que esté dentro de sus posibilidades. El objetivo es contar con recursos para atender situaciones inesperadas sin alterar por completo el presupuesto.

Los convivios laborales, reuniones familiares, regalos y celebraciones también deben tener una partida dentro del presupuesto. Rivas afirmó que esos gastos deben planificarse para que las festividades no se conviertan en una carga económica.

Otra opción consiste en abonar una cantidad adicional a préstamos o créditos pendientes. Según Rivas, ese pago puede permitir que la persona salga de la deuda en menor tiempo y pague menos intereses.

La inversión también puede ser una alternativa. La analista mencionó la posibilidad de destinar una parte del aguinaldo a una idea de negocio, un emprendimiento o una cuenta a plazo.

Una cuenta a plazo puede ser útil para quienes prefieren mantener el dinero fuera de su disponibilidad inmediata. Rivas explicó que esa opción puede ayudar a resguardar los recursos y generar intereses.

Recomiendan distribuir el aguinaldo entre noviembre, diciembre y enero

Ernesto Urroz señaló que la entrega anticipada del aguinaldo permite planificar su uso durante varios meses. El analista explicó que las personas tienen más tiempo para decidir cómo distribuir ese ingreso antes de los gastos de diciembre y enero.

Urroz recomendó separar el dinero según los compromisos que se esperan en cada periodo. La planificación puede incluir gastos de noviembre, compras y comidas de diciembre, así como requerimientos escolares de enero.

El analista propuso conversar en familia sobre el uso de ese dinero. Las personas que comparten un hogar pueden poner por escrito los ingresos disponibles y definir cuánto se destinará a vivienda, alimentación y deudas, además de ropa, calzado y otras necesidades.

Urroz sostuvo que la organización debe contemplar los gastos propios de las celebraciones. Cada familia puede decidir cuánto asignará a comida, reuniones, regalos o estrenos de fin de año, sin dejar de atender sus obligaciones principales.

“Tenemos más oportunidades para poder pensar cómo lo vamos a ir gastando”, afirmó Urroz. El analista insistió en que el dinero no debe gastarse de una sola vez, sino repartirse de acuerdo con las prioridades establecidas.

También recomendó llevar una lista al supermercado y ajustarse al monto aprobado en el presupuesto. Esa práctica permite controlar las compras y evitar que los gastos superen lo que la familia había previsto.

La fórmula 60%, 30% y 10% para organizar ingresos

Urroz mencionó una técnica de distribución basada en los porcentajes 60%, 30% y 10%. El analista aclaró que se trata de una referencia que cada persona puede adaptar a sus propias prioridades y posibilidades.

En ese esquema, el 60% puede destinarse a gastos generales, como alimentación, vivienda, energía eléctrica, agua y otros compromisos del hogar. El 30% puede reservarse para necesidades o gastos planificados.

El 10% puede dirigirse al ahorro. Urroz indicó que, si una persona no puede comenzar con ese porcentaje, puede establecer una cantidad menor, como el 5% del ingreso, y ajustar los demás rubros de su presupuesto.

La recomendación es que el ahorro aparezca como una partida definida, no como un monto que se intenta guardar solo si queda dinero al final de la quincena o del mes. Esa planificación permite establecer metas de ahorro y dar seguimiento al avance.

Cómo elaborar un presupuesto

Jacqueline Rivas señaló que el primer paso para conocer la situación financiera es hacer un presupuesto personal o familiar. Esa herramienta permite identificar los ingresos y saber con precisión en qué se utiliza el dinero.

La analista explicó que los ingresos pueden ser fijos, como un salario o una pensión, pero también variables. En este último grupo se encuentran las ventas de emprendimientos, las remesas u otras entradas que no se reciben con la misma regularidad.

Después de registrar los ingresos, la persona debe anotar todos sus gastos. Rivas distinguió entre gastos esenciales, como vivienda y alimentación, y desembolsos variables, como ropa, entretenimiento o salidas familiares.

El presupuesto debe contener un apartado específico para el ahorro. La analista recomendó definir desde el inicio para qué se guardará ese dinero, ya sea para una meta, proyecto o emergencia.

Rivas sostuvo que conocer el destino del ahorro puede incentivar el hábito. Una persona puede proponerse reunir dinero para cumplir una meta personal, iniciar un negocio, comprar un vehículo o atender una necesidad futura.

Recomiendan registrar los gastos cotidianos

Urroz indicó que muchas personas tienen una idea general de sus gastos, pero no los registran de forma detallada. Esa falta de anotaciones puede ocultar pequeñas compras cotidianas que, al final del mes, representan una cantidad considerable.

El analista explicó que el problema no es gastar, sino malgastar. El dinero puede utilizarse para invertir, atender necesidades o disfrutar actividades, pero las decisiones deben corresponder a los ingresos disponibles.

Entre los rubros que deben incluirse en un presupuesto mencionó la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el transporte, los servicios básicos y el ocio. Cada hogar puede ordenar esas prioridades según su situación económica.

Urroz afirmó que el ocio no debe quedar fuera de la planificación. Sin embargo, esa partida debe asignarse sin desplazar los gastos esenciales ni generar deudas innecesarias que luego afecten las finanzas del hogar.

El analista recomendó comparar los ingresos y gastos de forma mensual o quincenal. Esa revisión permite detectar si una persona gastó más de lo que recibió y hacer ajustes en el siguiente periodo.

Si los gastos suman USD 100 y los ingresos alcanzan USD 90, existe un desfase de USD 10. Urroz explicó que esa diferencia puede convertirse en deuda si no se ajusta el presupuesto.

Cuando los ingresos superan los gastos, la diferencia puede dirigirse al ahorro. Para llegar a ese resultado, las personas pueden revisar sus prioridades, reducir algunos consumos o buscar ingresos adicionales según sus posibilidades.

La Superintendencia promueve la educación financiera para todos

Rivas señaló que la educación financiera no es exclusiva de quienes tienen altos ingresos o manejan grandes capitales. Afirmó que cualquier persona puede utilizar estas herramientas para ordenar su dinero.

La analista indicó que los hábitos de ahorro, presupuesto y control de gastos pueden fomentarse desde edades tempranas. También consideró necesario que las personas conozcan las condiciones de los productos financieros antes de contratarlos.

Urroz explicó que la educación financiera ayuda a tomar decisiones sobre ingresos, gastos, ahorro, crédito, inversiones y otros servicios financieros. El propósito es que cada persona pueda organizar sus recursos con información y planificación.

Los analistas señalaron que la Superintendencia desarrolla cursos presenciales, seminarios virtuales y contenidos en el Centro de Formación Financiera. La institución también realiza campañas y actividades como la Ruta del Ahorro en diferentes localidades del país.

El contrabando de cigarrillos se consolida como el problema sectorial más extendido del comercio ilícito en Centroamérica, según el informe de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade TRACIT (Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito) basado en el Índice de Comercio Ilícito 2025. Las cifras varían drásticamente entre países, pero en ningún caso el mercado ilegal resulta marginal.

En Panamá, el documento estima que entre 92% y 96% de los cigarrillos vendidos en el país son ilícitos. El país también actúa como punto de tránsito para gran parte del tabaco ilegal que circula en América Latina y el Caribe, con empresas fachada que alteran origen, valor y destino de las mercancías en la Zona Libre de Colón.

Nicaragua presenta el segundo peor escenario: entre 65% y 80% del mercado de cigarrillos sería ilícito, con las marcas “Modern” y “Silver Elephant” como dominantes. El tabaco llega principalmente desde China vía Panamá y se distribuye mediante redes formales e informales.

Honduras, Guatemala y El Salvador también enfrentan mercados paralelos

En Honduras, los cigarrillos ilegales representarían cerca del 43% del consumo nacional. En 2025 se registró en Roatán una incautación de más de 137 millones de cigarrillos ilícitos, vinculada a redes criminales transnacionales. El país carece, según el informe, de un sistema robusto de rastreo y trazabilidad para estos productos.

Guatemala presenta un mercado ilícito de entre 25% y 40%, con pérdidas fiscales estimadas en alrededor de Q180 millones anuales- 23 millones 593 mil USD_ desde 2017. El tabaco llega principalmente desde China, India, Emiratos Árabes Unidos y Paraguay, y transita por la Zona Libre de Corozal antes de ingresar al país.

En El Salvador, el tabaco ilícito representa aproximadamente 33% del mercado. En 2025 las autoridades destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos ilegales incautados, y en febrero de 2026 se habría desarticulado una red de contrabando con pérdidas fiscales estimadas en US$2.2 millones.

Costa Rica, pese a ser el país mejor evaluado del índice general, no escapa al problema: las estimaciones citadas ubican entre 31% y 46% la proporción de cigarrillos ilícitos en el mercado, con pérdidas anuales cercanas a US$100 millones.

Corrupción profunda en Guatemala, Honduras y Nicaragua

Los tres países con peor desempeño regional comparten un rasgo común: redes de corrupción que atraviesan aduanas, policía, ejército y poder judicial.

En Guatemala, el informe cita el caso “La Línea”, que reveló sobornos en aduanas para reducir o evadir impuestos de importación. El documento estima que la economía informal alcanza cerca del 50% del PIB, unos US$153.000 millones anuales, lo que limita severamente la trazabilidad comercial.

En Honduras, el reporte menciona que la impunidad por delitos graves superaría el 85%, según el documento.

Nicaragua aparece como uno de los países más corruptos del mundo en el informe, en el puesto 175 de 182 del Índice de Percepción de la Corrupción citado. La corrupción alcanzaría aduanas, policía, ejército, migración y poder judicial, lo que facilita el movimiento de mercancías ilegales.

Deforestación y tráfico de fauna en la región

Los delitos ambientales golpean con particular fuerza a Honduras. El informe estima que entre 80% y 90% de las maderas duras de alto valor del país podrían provenir de fuentes ilegales, y entre 40% y 50% de las maderas blandas tendrían también origen ilícito. Las zonas más afectadas son Olancho, Yoro, Gracias a Dios y La Moskitia.

El documento vincula esta tala ilegal con la llamada “narco-deforestación”: desmontes para ganadería, pistas clandestinas y control territorial criminal, con la madera destinada en parte a Estados Unidos y China.

En Nicaragua, el problema se concentra en la invasión de reservas como Bosawás e Indio Maíz, además de ganadería ilegal y minería de oro no regulada, que según el informe podría representar una parte relevante de las exportaciones auríferas del país.

Las recomendaciones centrales del informe

TRACIT plantea once prioridades para la región, entre ellas fortalecer la cooperación transfronteriza entre aduanas, policía y fiscalías, y someter a control efectivo las zonas francas de Colón y Corozal.

El documento también recomienda implementar sistemas de rastreo y trazabilidad para tabaco, alcohol y medicamentos, combatir la corrupción en aduanas y fuerzas de seguridad, y reducir los incentivos económicos al contrabando mediante ajustes en los impuestos especiales.

Otras medidas incluyen la regulación de plataformas digitales y comercio electrónico, el fortalecimiento de los regímenes contra el lavado de activos, y la formalización de la economía informal mediante registro empresarial simplificado y acceso a protección social.

¿Los huracanes Simón e Isaías afectarán directamente a El Salvador?: El territorio salvadoreño se verá afectado con la sistemas atmosféricos, incrementará la humedad y la inestabilidad que favorecerán lluvias y tormentas este jueves sobre Centroamérica este jueves 8 de octubre.

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la jornada. Las precipitaciones tendrán presencia en sectores de la cordillera volcánica, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la zona norte y el occidente del territorio.

Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas ocasionales que superarían los 30 kilómetros por hora (Km/h). El viento, en tanto, variará entre 10 y 20 km/h.

El meteorólogo Roberto González, del MARN, explicó que la Zona de Convergencia Intertropical recibe influencia de los sistemas asociados a Simón e Isaías. Esa interacción incrementa el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia la región centroamericana.

“Estaremos siendo influenciados por la zona de convergencia intertropical, que viene siendo inducida tanto por el huracán Simón como también por el huracán Isaías”, señaló González. El especialista añadió que Isaías mantiene una vaguada que se extiende hacia Centroamérica y que favorece condiciones de inestabilidad y un aumento de las lluvias durante la tarde y la noche.

Las precipitaciones comenzarán cerca del mediodía

De acuerdo con el pronóstico, cerca del mediodía podrían formarse lluvias puntuales a lo largo de la cadena volcánica. También existe posibilidad de precipitaciones en los alrededores de San Salvador y en la zona montañosa del norte del país.

Durante la tarde, las lluvias y tormentas tenderán a organizarse con mayor presencia en la zona norte, sobre todo desde el centro hacia el occidente. Estos sistemas se desplazarán hacia el interior del territorio nacional.

La cordillera volcánica también registrará lluvias y tormentas durante esa franja horaria. Para la noche, las condiciones se mantendrán en la zona norte y occidental, mientras que en el oriente las precipitaciones serán más puntuales.

González indicó que algunos eventos lluviosos podrían prolongarse hasta la madrugada del viernes. Ante este panorama, el MARN pidió a la población mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos y de las actualizaciones difundidas por sus canales oficiales.

La humedad del Pacífico y una vaguada aumentan la inestabilidad

La Zona de Convergencia Intertropical es uno de los principales factores que inciden en las condiciones de este jueves. Este sistema aporta humedad desde el océano Pacífico, un elemento que favorece la formación de nubosidad y lluvias en el territorio salvadoreño.

A ese aporte se suma la vaguada inducida por el huracán Isaías, ubicado en el golfo de México, según la información del Observatorio de Amenazas. La combinación de ambos fenómenos facilita el traslado de humedad hacia Centroamérica y crea un ambiente favorable para tormentas locales.

La cobertura nubosa mantendrá un ambiente ligeramente cálido durante el día. Las temperaturas máximas estarán entre 26 y 33 °C, aunque algunos sectores de la costa y del oriente podrían alcanzar los 35 °C.

Durante la noche y la madrugada se espera un ambiente fresco, con temperaturas mínimas entre 19 y 24 °C. Las condiciones marítimas serán adecuadas para las actividades en el mar, aunque el MARN recomendó precaución ante la presencia de corrientes de retorno.

La condena impuesta en El Salvador a un hombre por participar en una agresión sexual colectiva contra otro adulto pone de manifiesto el devastador impacto emocional que la violencia física puede generar en la salud mental de las víctimas hasta desencadenar un desenlace fatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia emitida contra Raúl Antonio Quinteros Torres, a quien las autoridades judiciales impusieron 16 años de cárcel tras comprobar su responsabilidad en el delito de violación agravada ocurrido en el distrito de Ayutuxtepeque, en San Salvador Centro.

Los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en un local de la zona. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Quinteros Torres esperó a que el establecimiento estuviera por cerrar para acercarse al hombre y proponerle continuar en su vivienda bajo la promesa de que tenía más licor.

Durante el trayecto, el agresor lo guio hacia un callejón desolado y le pidió que esperara un momento. Minutos después regresó acompañado por cuatro sujetos encapuchados, quienes sometieron a la víctima y abusaron sexualmente de ella.

Tras sobrevivir al ataque, el afectado acudió ante las autoridades para presentar la denuncia formal. Sin embargo, en los días posteriores a la agresión, el hombre se quitó la vida debido a las graves afectaciones físicas y psicológicas derivadas del abuso sufrido.

Este caso refleja cómo las situaciones de sufrimiento extremo o trauma inducido por la violencia de terceros vulneran la estabilidad psíquica de una persona. En declaraciones ofrecidas a la radio YSUCA, el psicólogo Guillermo Najarro, terapeuta de la Clínica de Asistencia Psicológica de la UCA, explicó que la vivencia de un evento traumático o pérdidas abruptas impacta con mayor fuerza cuando existen vulnerabilidades previas o cuando la persona queda sumergida en el aislamiento.

Según detalló el especialista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la violencia sexual o física altera de forma drástica la percepción de seguridad y la autoestima de quien la sufre.

“Cualquier persona puede atravesar una situación de riesgo. Las experiencias de trauma pueden empujar a una persona hacia un intento de quitarse la vida, especialmente cuando disminuyen las habilidades de afrontamiento y se carece de una red de apoyo sólida”, sostuvo Guillermo Najarro.

A escala global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica las muertes por propia mano entre las tres principales causas de fallecimiento en personas de 15 a 29 años, lo que convierte a este fenómeno en un problema sanitario prioritario.

La importancia de derribar mitos y realizar preguntas directas ante señales de alerta

Durante la conversación, el profesional enfatizó la necesidad de eliminar creencias equivocadas que impiden atender a tiempo el dolor de una persona. Mitos como considerar que quien expresa intenciones de morir solo busca llamar la atención o que hablar abiertamente sobre el tema estimula el acto deben descartarse por completo.

Tratar las advertencias con seriedad es el primer paso indispensable para prevenir una tragedia, ya que minimizar el sufrimiento ajeno aumenta la desprotección de quien atraviesa por un trance crítico.

Identificar las señales de alerta permite actuar a tiempo. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

De acuerdo con el especialista, preguntar directamente a la persona si ha pensado en quitarse la vida no incide negativamente; por el contrario, abordar la situación con claridad y sin rodeos suele brindar alivio a la persona agobiada y abre la posibilidad de buscar asistencia profesional.

El acompañamiento comunitario y el cuidado compartido para sostener la vida

Acompañar a alguien en riesgo implica escuchar con calma, evitar juicios y ofrecer una presencia constante que no presione a la persona. El terapeuta de la Clínica de Asistencia Psicológica de la UCA remarcó que la ayuda no proviene únicamente del ámbito clínico, sino también del fortalecimiento de los vínculos familiares, sociales y comunitarios.

Asimismo, Guillermo Najarro advirtió sobre la urgencia de no dejar recaer la responsabilidad del cuidado sobre una sola persona. Acompañar a un ser querido en crisis resulta desgastante, por lo que la familia y la comunidad deben repartir las tareas de supervisión y contención.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Centroamérica funciona como corredor de tránsito, redistribución y consumo de mercancías ilícitas, según un informe de la organización TRACIT (Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito) que evaluó a siete países de la región mediante el Índice de Comercio Ilícito 2025.

El estudio examina 158 países a través de 37 indicadores agrupados en seis categorías, entre ellas tributación, marco regulatorio, facilitadores delictivos y control de fronteras.

La posición geográfica de la región, entre Sudamérica, Norteamérica, el Caribe y los mercados globales, favorece el comercio formal. Pero el documento advierte que esa misma ubicación multiplica las oportunidades para el contrabando, la falsificación y el lavado de activos.

Cómo mide TRACIT la resiliencia frente al comercio ilícito

El índice asigna una puntuación de 0 a 100 a cada país: cuanto más alto el número, mayor la capacidad de resistir el comercio ilegal.

Las seis categorías evaluadas incluyen entorno económico, aplicación de la ley, corrupción y crimen organizado, control aduanero, cadenas de suministro e indicadores sectoriales como tabaco, alcohol, medicamentos y delitos ambientales.

Costa Rica obtuvo el mejor resultado regional, con 51.2 puntos y el puesto 68 de 158 a nivel global. Le sigue Panamá, con 49.6 puntos y el puesto 81. En el otro extremo aparece Nicaragua, con apenas 33.3 puntos y el puesto 149, el peor de los siete países analizados.

El resto de la tabla la completan El Salvador (45.8 puntos, puesto 96), Belice (43.9, puesto 103), Guatemala (43.1, puesto 106) y Honduras (39.3, puesto 129). Todos permanecen muy por debajo de los líderes globales del índice.

Corrupción, informalidad y baja capacidad aduanera

El informe identifica un patrón que se repite en los siete países: fronteras terrestres, marítimas y fluviales con vigilancia insuficiente, escáneres limitados y poco uso de análisis de riesgo en las aduanas.

A eso se suman economías informales extensas, que actúan como redes de distribución para productos de contrabando y falsificados.

El documento también señala corrupción en aduanas, fuerzas de seguridad, autoridades portuarias y sistemas judiciales como un factor que reduce la efectividad de las leyes existentes.

La debilidad no se limita al comercio físico. El reporte advierte que la región tiene una regulación escasa sobre plataformas digitales, comercio electrónico y paquetería postal, lo que abre una vía adicional para la venta de bienes ilícitos con poco control.

Las zonas francas, principal punto de fuga

Dos zonas francas concentran la atención del informe como epicentros del problema: la Zona Libre de Colón, en Panamá, y la Zona Libre de Corozal, en Belice.

El documento describe la Zona Libre de Colón como un espacio con capacidad para ocultar mercancía ilícita entre carga legal, reempacar productos, alterar documentación y certificados de origen, y lavar activos mediante sobre o subfacturación. El propio informe la califica como un “Disneyland del contrabando”.

En Belice, la Zona Libre de Corozal presenta un patrón similar. El documento cita una cifra que ilustra la magnitud del problema: en 2021 habría existido una diferencia de 5,400 millones de cigarrillos sin contabilizar, cuando el consumo doméstico estimado era de solo 100 millones de unidades.

Esa brecha sugiere que Belice funciona principalmente como centro de reexportación ilegal hacia México, Guatemala, Honduras y El Salvador, más que como mercado de consumo interno para esos volúmenes.

En Panamá, el informe encuentra una contradicción similar: el país mejoró técnicamente sus normas contra el lavado de activos, con un 75% de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, pero solo alcanza un 30% de eficacia práctica en su implementación, según el documento.

Una sentencia de 367 años de cárcel fue impuesta a Jonathan Stiven Reyes Rivera, alias street, dentro de un proceso contra personas vinculadas a la clica Normandie Locos Salvatruchos que operaba en San Miguel. La Fiscalía General de la República informó que la condena incluyó homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

El proceso abarcó hechos registrados entre 2014 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, Sesori, El Tránsito y San Miguel. El expediente incluyó homicidios agravados, privaciones de libertad, extorsiones agravadas y otros delitos atribuidos a la estructura investigada.

Entre los casos mencionados por la Fiscalía está el asesinato de una mujer, quien murió tras recibir disparos el 16 de agosto de 2017 en la colonia Belén, de la ciudad de San Miguel.

Óscar David López Ramos, alias gallina ciega, recibió una condena de 224 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Por su parte, Wilian Miguel García Caballero, alias crup, fue sentenciado a 108 años de cárcel.

La misma resolución incluyó una pena de 189 años de prisión para Vladimir Bernabé Pineda Díaz, alias incompleto. La Fiscalía indicó que García Caballero y Pineda Díaz fueron condenados por agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad con agravación especial.

Además, otras 16 personas recibieron penas de entre cuatro y 67 años de cárcel. El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado J2 de San Miguel dictó las condenas en rebeldía para todos los implicados.

José Nicolás Valladares Pérez recibió 45 años de prisión por homicidio agravado

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 45 años de prisión a José Nicolás Valladares Pérez por el homicidio agravado de un hombre de avanzada edad en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este.

Según el fiscal del caso, el crimen ocurrió el 24 de junio de 2025, entre las 09:30 am y las 10:00 am, en unas canchas ubicadas en ese distrito. La acusación sostuvo que Valladares Pérez citó a la víctima con engaños y la mató en ese lugar.

La investigación señaló que, ese mismo día, el condenado envió mensajes de texto a familiares de la víctima. De acuerdo con el reporte, en esas comunicaciones fingió un secuestro y exigió USD 25,000 en concepto de rescate.

Los familiares interpusieron una denuncia y se implementó un dispositivo de búsqueda. El 1 de julio de 2025, las autoridades localizaron el cuerpo del adulto mayor enterrado en una fosa clandestina dentro de un complejo recreativo.

Según la información fiscal, la fosa había sido cavada por el imputado. Durante el juicio, la representación fiscal presentó pruebas documentales, científicas y testimoniales.

Seis testigos declararon sobre la desaparición de la víctima y el hallazgo del cuerpo. La Fiscalía también reprodujo videos del recorrido realizado por el hombre el día de los hechos y grabaciones del interior de las canchas.

De acuerdo con la acusación, las imágenes mostraron el momento en que la víctima se reunió con Valladares Pérez y cuando este la condujo hacia el lugar donde posteriormente fue hallada muerta. La ubicación de ambos también fue respaldada con la activación de antenas telefónicas de los celulares que portaban.

Una transferencia de USD 350,000 derivó en condenas por estafa agravada

Julio Isaac Gómez Carrillo fue condenado a ocho años de prisión y Jacqueline Lissett Muñoz recibió una pena de cinco años por estafa agravada, según informó la Fiscalía General de la República. El fallo también ordenó que ambos paguen un total de USD 350,000 en concepto de responsabilidad civil.

El caso se originó en enero de 2023, cuando Muñoz ofreció un negocio de inversión a la apoderada de una sociedad. Según la investigación, la propuesta contemplaba un retorno de entre 3% y 6%, y Gómez Carrillo fue presentado como un socio estratégico de origen canadiense y experto en finanzas.

En los días posteriores, los imputados entregaron documentos con los que aparentaban credibilidad sobre el negocio. La Fiscalía indicó que esos papeles mostraban empresas supuestamente sólidas, a cargo del socio estratégico y respaldadas por bancos estadounidenses.

En julio de 2023, la apoderada de la sociedad transfirió USD 350,000. De acuerdo con el reporte, Gómez Carrillo le aseguró que la inversión tendría una alta rentabilidad en un plazo de tres meses.

La víctima descubrió después que la información ofrecida era falsa y no recuperó el dinero transferido ni las ganancias acordadas. Tras la prueba presentada por la Fiscalía, Gómez Carrillo fue sentenciado a ocho años de cárcel y al pago de USD 250,000 por responsabilidad civil.

Muñoz fue condenada a cinco años de prisión como cómplice necesaria. La sentencia también ordenó que restituya USD 100,000.

En horas de la madrugada de hoy, 8 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en una acción coordinada con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo simultáneo en los departamentos de Ahuachapán, Usulután y La Paz.

El procedimiento tuvo como objetivo desarticular una compleja red transnacional dedicada al tráfico ilícito de cocaína, la cual utilizaba la franja costera e insular del territorio salvadoreño como corredor estratégico de tránsito marítimo.

Según los informes presentados por el ministerio público, la investigación contra esta organización criminal dio inicio en julio de 2024. Desde esa fecha hasta la actualidad, el trabajo articulado de inteligencia y vigilancia ha permitido asestar severos golpes financieros a la banda narco.

En relación con las personas detenidas, las autoridades confirmaron que el proceso judicial ya contaba con doce imputados que fueron capturados previamente en distintas fases de la investigación desarrollada desde el año pasado.

A este grupo se suman los sujetos que resultaron arrestados durante las intervenciones de esta madrugada, incrementando la cantidad de integrantes de la estructura que serán sometidos a los tribunales.

Entre los involucrados figuran pescadores artesanales y colaboradores de la franja costera, quienes utilizaban su conocimiento marítimo para facilitar logística, combustible y resguardo a los cargamentos de droga en puntos estratégicos de Ahuachapán, Usulután y La Paz.

Estos colaboradores locales abastecían a las tripulaciones de combustible, sistemas de posicionamiento global (GPS) y embarcaciones adicionales para evadir los patrullajes navales.

En total, las autoridades han incautado 1,917 kilogramos de cocaína, cuyo valor comercial en el mercado ilícito asciende a $48,193,380.00. De igual manera, se han decomisado seis embarcaciones que servían como transporte marítimo para el trasiego de la sustancia.

Todos los procesados responderán ante la justicia salvadoreña por la comisión de los delitos de:

• Tráfico ilícito
• Tráfico ilícito de carácter internacional
• Agrupaciones ilícitas.

El delito de tráfico de drogas en El Salvador

Debido a su ubicación geográfica en el istmo centroamericano y su amplia franja costera en el Océano Pacífico, El Salvador es frecuentemente utilizado por las redes de crimen organizado como un punto de reabastecimiento y acopio temporal para la droga que viaja desde el sur del continente americano hacia los mercados de América del Norte y Europa.

En el ordenamiento jurídico nacional, el marco normativo rector en esta materia es la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Esta ley sanciona severamente la tenencia, producción, almacenamiento, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El uso de las comunidades pesqueras por parte de los carteles internacionales representa una amenaza directa para la economía local y la seguridad costera.

Las organizaciones criminales aprovechan las necesidades socioeconómicas o el conocimiento geográfico de los pescadores para reclutarlos como proveedores de apoyo logístico en altamar, facilitando combustible, telefonía satelital, GPS y resguardo de cargamentos en las zonas de esteros e islas.

Ante este panorama, la FGR y la Fuerza Armada, a través de la Marina Nacional han intensificado los patrullajes en las 200 millas náuticas y en aguas interiores.

Los constantes decomisos a gran escala realizados en el Océano Pacífico demuestran la efectividad de los radares marinos, la inteligencia conjunta con agencias internacionales y los operativos de búsqueda y captura coordinados con la Policía Nacional Civil.

La interdicción de cargamentos millonarios busca debilitar la capacidad financiera de los grupos delictivos e impedir que las costas salvadoreñas funcionen como zonas de impunidad.

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decretó instrucción con medidas sustitutivas contra Ingrid Guadalupe B. P., de 20 años, acusada del presunto uso y tenencia de documentos falsos tras presentar tres constancias médicas para justificar ausencias en la institución educativa donde estudiaba. Según información de Centros Judiciales El Salvador.

La procesada deberá presentarse el día 30 de cada mes ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, mantener su domicilio actual y abstenerse de salir de El Salvador mientras avance la causa.

La resolución se dictó por un delito en perjuicio de la fe pública y, de manera subsidiaria, de la doctora Carolina del Carmen R. de C., de 60 años. La decisión no constituye una condena y el caso continuará en la etapa de instrucción, informó Centros Judiciales.

Tres constancias para justificar ausencias escolares

Las constancias cuestionadas estaban fechadas el 9 y el 19 de julio de 2024, además del 4 de agosto de ese año. Los documentos buscaban justificar períodos de ausencia de cinco días, un día y 14 días, respectivamente.

Los papeles fueron remitidos al Ministerio de Educación de El Salvador, donde se detectaron errores ortográficos que despertaron dudas sobre su autenticidad. Las supuestas incapacidades aparecían extendidas a nombre de la médica.

Ante las sospechas, el MINED envió las constancias al Consejo Superior de Salud Pública para comprobar si habían sido emitidas de forma legítima. Las diligencias establecieron que las clínicas particulares consignadas en los documentos no coincidían con los lugares donde trabajaba la profesional.

La investigación determinó que la doctora laboraba exclusivamente para el Ministerio de Salud. Ese dato contrastaba con la información incluida en las tres constancias presentadas para respaldar las inasistencias de la estudiante.

Las penas previstas para el uso de documentos falsos

El Código Penal salvadoreño regula el uso y tenencia de documentos falsos en su artículo 287. La norma sanciona a quien, con conocimiento de que un documento fue falsificado o alterado y sin haber participado en su elaboración, lo utilice o lo mantenga en su poder.

La pena prevista para ese delito es de prisión de tres a cinco años. La disposición comprende documentos públicos, auténticos o privados.

Para que exista una condena, los tribunales deben establecer la existencia material de un documento falsificado o alterado, su naturaleza y el conocimiento de la persona que lo utilizó o conservó. También debe acreditarse que esa persona no intervino en la falsificación inicial.

Si se comprobara que alguien creó total o parcialmente un documento público o auténtico falso, o modificó uno verdadero, el hecho podría encuadrarse en el artículo 283, referido a la falsedad material. Esa conducta se castiga con prisión de tres a seis años y la misma sanción puede aplicarse a documentos privados cuando exista intención de causar perjuicio a un tercero.

El Código Penal también contempla la supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos. El artículo 286 prevé penas de uno a tres años de prisión cuando la desaparición u ocultamiento de documentos legítimos perjudique al Estado, a la sociedad o a particulares.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez atendió a más de 4 millones de pasajeros entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, según informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El registro además incluye a viajeros en llegadas, salidas y conexiones dentro de la terminal aérea.

La cifra da cuenta del movimiento acumulado durante los primeros nueve meses del año y de la actividad del aeropuerto como punto de conexión para pasajeros que viajan desde y hacia El Salvador, así como para quienes utilizan la terminal en rutas de enlace regional e internacional.

De igual manera, CEPA señaló que el resultado coincide con el proceso de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria que impulsa el Gobierno salvadoreño. El organismo sostuvo que las obras buscan ampliar la capacidad operativa de la terminal y responder a las necesidades de los usuarios.

El dato de los más de 4 millones de pasajeros comprende las tres etapas principales del tránsito aéreo: quienes ingresaron al país, quienes partieron desde la terminal y aquellos que realizaron escalas o conexiones hacia otros destinos.

De igual forma, según la institución, el aeropuerto cumple una función de enlace entre El Salvador y distintas ciudades de la región y del resto del mundo. La operación diaria involucra a aerolíneas, equipos de pista, personal de migración, seguridad, manejo de equipaje y trabajadores de atención al pasajero.

CEPA también añadió que cada operación aérea requiere coordinación entre los distintos servicios que intervienen antes y después de un vuelo. Esa estructura incluye la recepción de aeronaves, el desembarque, los controles migratorios, la entrega de valijas, el registro de pasajeros y el embarque.

La ampliación incorpora una nueva terminal de llegadas y más espacio para el check-in

Por su parte, CEPA destacó entre las obras recientes la construcción de una nueva terminal de llegadas y la ampliación del área de registro de pasajeros o check-in. De acuerdo con la institución, ambos proyectos forman parte del plan de expansión previsto para la principal terminal aérea salvadoreña.

La nueva infraestructura para arribos busca aumentar la capacidad en sectores como migración y entrega de equipaje. CEPA afirmó que la intervención permitirá ordenar el recorrido de los viajeros desde su llegada al país hasta la salida de la terminal.

La ampliación del área de check-in, por su parte, incorpora más espacio para los procesos previos al embarque. La institución indicó que el objetivo consiste en adecuar las instalaciones a la demanda actual y a las proyecciones de crecimiento del tráfico de pasajeros.

Las obras se inscriben en la estrategia de fortalecimiento de la conectividad aérea, vinculada con la actividad turística, los viajes de negocios y la conexión de la diáspora salvadoreña con el país.

La marca de más de 4 millones se alcanzó antes de finalizar el año. El próximo balance permitirá establecer el camino hacia el cierre de 2026.

“Cada despegue, llegada y reencuentro nos impulsa a seguir conectando a nuestro país con el mundo”, expresó CEPA por medio de redes sociales.

Operación internacional dejó 233 detenidos por delitos ambientales en América Latina y el Caribe. Una ofensiva coordinada por INTERPOL contra las redes de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna silvestre dejó 233 detenidos en nueve países de América Latina y el Caribe, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La operación también permitió recuperar más de 1.000 animales vivos e identificar 60.000 hectáreas de bosque talado de forma ilegal.

La Operación Madre Tierra VIII, desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de julio, reunió a fuerzas de seguridad de Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El operativo estuvo coordinado desde la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, con sede en San Salvador.

Las autoridades informaron más de 330 expedientes vinculados con delitos ambientales. En ese marco, identificaron a 312 sospechosos y realizaron 313 incautaciones.

La operación puso el foco en los corredores que conectan Centroamérica con Sudamérica. Según INTERPOL, las organizaciones investigadas movían madera, especies protegidas y minerales mediante rutas que también se utilizan para otros mercados ilegales.

Rastreo del flujo financiero para identificar a quienes financian las redes

El operativo incorporó el análisis de pagos, empresas y propiedades presuntamente vinculadas con las estructuras criminales. Los investigadores cruzaron información de distintas jurisdicciones para establecer conexiones entre explotaciones ilegales, sociedades comerciales y compradores ubicados fuera de la región.

Krandall Gullock, jefe de la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, sostuvo que seguir el flujo financiero permite ampliar los casos más allá de las personas que extraen oro, talan árboles o capturan animales.

“Seguir el rastro del dinero, ya sea desde una mina de oro ilegal en Panamá hasta un comprador en Norteamérica, Europa o Asia, ayuda a que un caso vaya más allá de las personas que talan la madera, manipulan el animal o extraen el oro”, afirmó Gullock.

El funcionario señaló que ese método permite dirigir las investigaciones hacia empresas, administradores e inversores que podrían obtener beneficios de esas actividades.

Costa Rica y Nicaragua, con acciones contra minería y tráfico de aves

En Costa Rica y Nicaragua, los agentes recuperaron aves exóticas incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Entre los ejemplares había loros y guacamayas verdes y rojas.

Las incautaciones en el conjunto de los países participantes incluyeron reptiles, insectos poco frecuentes y aves exóticas. También se decomisaron unos 165 kilos de aletas de tiburón secas, con un valor estimado de USD 280.000. en Panamá

El subdirector de Seguridad Ambiental de INTERPOL, Thomas Ungerbuehler, advirtió que los países con alta biodiversidad se han convertido en territorios de origen para productos destinados a mercados ilícitos internacionales.

“Estos casos demuestran la naturaleza transnacional de los delitos ambientales”, señaló Ungerbuehler. “Subrayan la importancia de una cooperación internacional sostenida para identificar y desmantelar las redes criminales que impulsan este comercio”.

La Operación Madre Tierra cumple su octava edición y cuenta con apoyo del Proyecto GAIA, financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania a través de la Iniciativa Climática Internacional, y del proyecto LEAP, respaldado por la Iniciativa Internacional de Noruega para el Clima y los Bosques.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), José Luis Saca, afirmó que la proyección del Banco Mundial, que ubica a El Salvador como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina en 2026, refleja el trabajo conjunto entre el sector privado, los trabajadores y el Gobierno.

El Banco Mundial prevé que la economía salvadoreña crezca 4,5% en 2026, por encima del promedio regional estimado en 2,2%. Según esa proyección, el país se ubicaría detrás de República Dominicana y Paraguay, que tendrían expansiones de 4,7%.

“Representa realmente una gran satisfacción saber que El Salvador está haciendo bien las cosas”, sostuvo Saca este miércoles. El dirigente empresarial atribuyó las perspectivas de crecimiento a la coordinación entre el empresariado, el sector laboral y las autoridades.

Inversión y nuevos mercados, en la agenda de ANEP

El presidente de la ANEP señaló que el objetivo debe ser mantener la expansión económica e incrementarla “hasta donde se pueda”, a partir de las capacidades del país.

Saca vinculó las proyecciones del Banco Mundial con la necesidad de atraer capitales nacionales y extranjeros. “Se trata exactamente de seguir atrayendo inversionistas aquí al país”, dijo.

El representante del sector privado mencionó una rueda de negocios con Corea como parte de las iniciativas para promover vínculos con potenciales inversores. A su juicio, un entorno favorable para los negocios puede aportar al crecimiento y al desarrollo económico.

El Banco Mundial indicó que El Salvador y Paraguay superan el promedio regional, con respaldo de mejores condiciones de seguridad, consolidación fiscal e inversión privada. El organismo advirtió, a la vez, que América Latina y el Caribe enfrenta riesgos asociados a la volatilidad de los precios de la energía, los niveles de deuda y los posibles efectos de El Niño sobre la agricultura y la generación hidroeléctrica.

El Banco Mundial elevó por tercera vez su previsión de crecimiento para El Salvador en 2026, tras un ajuste de 1,3 puntos porcentuales entre informes. La proyección supera el promedio regional de 2,2% previsto por el organismo para ese año y responde a la mejora de la seguridad, la consolidación fiscal y la inversión privada.

El país registró una expansión de 3,9% en 2025, según el mismo informe. Las estimaciones del organismo pasaron de 2,5% en octubre de 2025 a 3% en enero de 2026 y 3,2% en junio; el incremento posterior rompió la tendencia de ajustes inferiores a medio punto porcentual.

El Banco Mundial señaló que la reducción de la delincuencia observada en 2022 eliminó una “importante limitación” para la actividad económica y elevó la confianza del mercado junto con la consolidación fiscal.

El Banco Central de Reserva (BCR) también prevé una expansión de entre 4,5% y 5% para 2026 y atribuye el impulso a la inversión privada, que, según el organismo, ha sostenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años.

El informe no se limita al año en curso. Para 2027, el Banco Mundial anticipa que el crecimiento salvadoreño se moderará a 3.9%, y para 2028 proyecta una desaceleración adicional hasta 3.5%.

Las compañías de El Salvador sobresalen por sus resultados económicos y por la calidad de su oferta comercial, aunque enfrentan rezagos en brechas en innovación y talento, ética, responsabilidad corporativa, transformación digital y proyección internacional. Ese fue el diagnóstico presentado por José María San Segundo, CEO de Merco, durante la exposición del Ranking Merco Empresas El Salvador 2026.

El análisis recogió las valoraciones de directivos y expertos sobre las 100 empresas mejor evaluadas del país. Merco se define como un monitor de reputación que incorpora diversas miradas sobre las compañías, más allá de los consumidores y de la conversación en redes sociales.

“Tenemos en cuenta a la sociedad, tenemos en cuenta las redes sociales, pero son los otros puntos”, explicó San Segundo al describir la metodología. La consulta a directivos pidió seleccionar diez empresas, sin incluir a la propia organización ni a otras del mismo grupo, e identificar tres fortalezas y una debilidad entre 18 variables.

Calidad comercial y resultados, los atributos mejor valorados

La calidad de la oferta comercial fue la principal fortaleza señalada por los directivos, con 20,5 puntos, seguida por los resultados económico-financieros, con 20,2. También figuraron el talento, con 16,9; la ética y responsabilidad corporativa, con 16,2; la dimensión internacional, con 13,9, y la innovación, con 12,2.

San Segundo resumió el resultado: “Rentables. Empresas que ganan dinero y que tienen competencia”.

El expositor también mencionó la solvencia, el valor de marca y la calidad de productos como factores que apuntalan la reputación de las compañías en El Salvador. Según indicó, esas ventajas se sostienen en el presente, aunque no garantizan su competitividad futura. “Las marcas de hoy y las utilidades de hoy no nos trabajan el mañana”, advirtió.

El perfil reputacional resultante reflejó saldos positivos en resultados económico-financieros, con 9,9 puntos, y calidad de la oferta comercial, con 6. En cambio, innovación alcanzó un saldo negativo de -14,5, el más bajo entre los seis valores evaluados.

La innovación, con 26.8% de las menciones de debilidad

La mayor brecha de las empresas salvadoreñas aparece en la innovación, que concentró 26.8% de las menciones de debilidad. Le siguieron el talento, con 17,4%; la ética y responsabilidad corporativa, con 17,1%; la dimensión internacional, con 14,8%; la calidad de la oferta comercial, con 13,7%, y los resultados económico-financieros, con 10,3%.

“Nos dicen que no han avanzado suficientemente en transformación digital, que les falta avanzar en responsabilidad social y ambiental, y ojo a la calidad laboral y ojo a las inversiones y planes”, afirmó San Segundo.

El director ejecutivo sostuvo que las compañías deben incorporar este factor en su estrategia de gestión. “Tienen que meterse en la innovación en su ADN”, planteó. También alertó que las fortalezas y debilidades se han profundizado con el tiempo: “Las fortalezas son cada vez más fortalezas, cada vez crecen más, y las debilidades cada vez son más debilidades”. Eso, a juicio del experto, debería funcionar al revés y las compañías deberían enfocarse en mejorar sus debilidades.

El Top 10: mejor en rentabilidad, rezagado en innovación

Las diez compañías mejor ubicadas en el ranking registraron mejores resultados económico-financieros, calidad comercial y dimensión internacional que el resto de las empresas evaluadas. El Top 10 alcanzó 12,3 puntos en resultados, frente a 8,2 del resto; 8,1 en calidad de la oferta, contra 5,9, y 1,4 en dimensión internacional, frente a -1,9.

La diferencia se invirtió en innovación y talento. Las empresas líderes obtuvieron -18,7 puntos en innovación y -2,6 en talento, mientras que el resto marcó -11,4 y 1,1, respectivamente.

“Las grandes empresas cuidan mucho menos el talento, las grandes aún son menos innovadoras todavía”, señaló San Segundo. A su juicio, la innovación es un problema tanto en las compañías de mayor tamaño como en el resto del grupo evaluado. Pero también explicó que esto no solo sucede en El Salvador, sino que ocurre en países como España y en ciudades donde están gigantes empresariales como Florida en Estados Unidos.

Qué calificaciones dieron los expertos a las empresas

La evaluación de expertos mostró diferencias según cada grupo consultado. Las instancias de defensa de los derechos de los consumidores otorgaron una valoración de 75,9 puntos sobre 100. Les siguieron los analistas financieros, con 72,9; los catedráticos del área de empresa, con 70,7; y representantes del Gobierno o sector público, con 70,6.

Los periodistas especializados en información económica calificaron a las empresas salvadoreñas con 68,4 puntos, las organizaciones no gubernamentales con 68,1 y las organizaciones del sector laboral dieron 58,6, la nota más baja.

San Segundo consideró que esos resultados exponen la necesidad de fortalecer el vínculo con los grupos de interés para las empresas.

La comparación presentada por Merco con España y el estado de Florida mostró coincidencias en las fortalezas, concentradas en resultados y calidad comercial. El expositor señaló que El Salvador presenta una brecha más amplia en innovación y dimensión internacional.

Bancoagrícola encabezó los rankings de Merco Empresas y Responsabilidad en El Salvador

Bancoagrícola lideró los rankings Merco Empresas y Merco Responsabilidad El Salvador 2026, presentados el 6 de octubre en San Salvador. La entidad repitió el primer puesto entre las compañías con mejor reputación y también quedó al frente de la clasificación de responsabilidad corporativa.

En el ranking de Merco Empresas, La Constancia ocupó el segundo lugar y Grupo Calleja quedó tercero. El top 10 se completó con Holcim, Grupo Poma, BAC, Walmart, Grupo Siman, Nestlé y AES El Salvador.

Además, la clasificación de Merco Responsabilidad, que evalúa variables ambientales, sociales y de gobernanza, ubicó a La Constancia en el segundo puesto y a Holcim en el tercero. Walmart, BAC, Ternova, AES El Salvador, Grupo Poma, Nestlé y Grupo Calleja integraron las siguientes posiciones.

Entre los liderazgos sectoriales figuraron La Constancia en bebidas, Holcim en cementera, Nestlé en alimentación, Grupo Poma en grupos empresariales, Walmart en retail, Ternova en industria, AES El Salvador en energía y gas, y Telus en tecnologías de la información.

Merco indicó que el ranking de reputación se elaboró a partir de 1,294 encuestas y 16 fuentes de información, mientras que el estudio de responsabilidad reunió 1,328 encuestas, con cinco perspectivas de evaluación y 14 fuentes.

Un hombre de nacionalidad salvadoreña resultó herido de gravedad tras un ataque con arma de fuego durante una discusión entre conductores en el sector de El Coyol, en Alajuela, Costa Rica.

Según informó Diario Extra, el hecho involucró al conductor de un tráiler y al de un vehículo liviano. La versión preliminar indica que ambos mantuvieron un altercado en carretera y que el segundo habría efectuado varios disparos contra el chofer del camión.

La víctima fue trasladada grave al Hospital San Rafael de Alajuela

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió al hombre herido en el lugar. Después, lo trasladó en condición grave al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió atención médica.

La Fuerza Pública también acudió a la zona tras recibir el reporte de la balacera. Las autoridades no difundieron, hasta el momento, la identidad ni la edad de la víctima.

La Policía detuvo al conductor de un vehículo liviano

Los agentes interceptaron al presunto involucrado a unos cuatro kilómetros del lugar del ataque, de acuerdo con el reporte del medio costarricense. El conductor quedó detenido mientras avanzan las diligencias del caso.

La investigación busca determinar qué originó la discusión y establecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos. Tampoco se informó si el arma utilizada estaba registrada o si el detenido enfrentará cargos formales.

En Costa Rica, el Código Penal regula el homicidio y establece penas según las circunstancias del hecho. La Ley N.º 4573 fija una condena de 12 a 18 años de prisión para quien cause la muerte de otra persona, mientras que el homicidio calificado puede recibir entre 20 y 35 años.

El artículo 112 considera calificado el homicidio cometido contra familiares cercanos, miembros de los Supremos Poderes por razón de sus funciones, menores de 12 años y personas internacionalmente protegidas. También contempla los casos con alevosía o ensañamiento, uso insidioso de veneno, medios capaces de generar un peligro común y aquellos destinados a facilitar, ocultar o asegurar la impunidad de otro delito.

La misma norma incluye las muertes cometidas por precio o promesa remuneratoria y las dirigidas contra policías en ejercicio, por causa o razón de sus funciones. También agrava el delito cuando la víctima es atacada por odio relacionado con su grupo etario, origen racial o étnico, religión, nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.

Si el hecho implica un encargo dentro de una organización criminal, puede aplicarse la Ley N.º 10841, Ley contra el Sicariato. La portación ilegal o el uso indebido de armas de fuego se rige por la Ley de Armas y Explosivos, Ley N.º 7539.

Disparar varias veces contra una misma persona no crea un delito separado por cada tiro. La pluralidad de disparos puede demostrar dolo, ensañamiento o alevosía, o dar lugar a una acumulación de delitos cuando existen varias víctimas.

Las autoridades de El Salvador detuvieron a Luis Carlos M. A., un ciudadano guatemalteco que transportaba marihuana y cocaína en un vehículo de carga con placas de Guatemala.

El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro Funes, informó que se trata de la mayor incautación de drogas registrada hasta ahora en la modalidad de transporte terrestre en el país. La droga estaba oculta con papel especial para dificultar su detección.

“Nuestro país no es un puente para el tráfico de drogas ni para cualquier otro ilícito. Hemos capturado a Luis Carlos, quien se conducía en un vehículo de carga con placas de Guatemala. Este sujeto transportaba un cargamento de marihuana, distribuido en bultos de diferentes tamaños. Además, intentó ocultar la droga utilizando papel especial para dificultar su detección”, anunció el funcionario.

Mayor decomiso terrestre de drogas en El Salvador

El procedimiento permitió decomisar 63 kilos de marihuana distribuidos en tres bultos con 108 porciones grandes, además de 2,5 kilos de cocaína repartidos en cuatro bultos con 33 porciones y seis cajas de cigarrillos. Según el material divulgado por el funcionario, el guatemalteco intentaba ocultar los ilícitos tras paquetes de papel higiénico.

Luis Carlos a será procesado por tráfico internacional, contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas.

Capturas de salvadoreños con posesión de droga

La División Élite contra el Crimen Organizado capturó este lunes en el departamento de Santa Ana a Jonathan Eduardo E. R., quien transportaba marihuana y crack en una mochila. El operativo fue informado por Villatoro Funes.

Villatoro afirmó que quienes cometan estos delitos deberán responder ante la justicia y sostuvo: “La puerta giratoria ya está cerrada”. También vinculó el tráfico de drogas con pandillas y cuestionó a quienes, según dijo, actúan como colaboradores de organizaciones no gubernamentales.

Durante la captura fueron incautadas 200 piedras de crack, 15 porciones de marihuana, $ 395 en efectivo y un teléfono celular Redmi.

En agosto, la Policía Nacional Civil capturó a Jesús Armando A. M. durante dos allanamientos en San Salvador y Santa Tecla por un caso de tráfico de drogas. El procedimiento permitió decomisar marihuana, cocaína, éxtasis y ketamina, además de equipos utilizados para esa actividad.

El valor total de las sustancias incautadas ascendió a USD 34.521,44. Afane Merino será procesado por el delito de tráfico ilícito y, según el anuncio, podría enfrentar décadas en prisión.

Las autoridades también decomisaron balanzas digitales, teléfonos celulares, una tableta y una computadora portátil. Entre las drogas encontradas había marihuana valorada en USD 31.854, cocaína por USD 1.206, comprimidos de éxtasis por USD 960 y otras porciones de esa sustancia valoradas en USD 500.

Días antes, la Policía capturó a Gerardo Antonio A. G. en el departamento de La Libertad, donde le incautó media libra de marihuana. El detenido será procesado por el delito de tráfico ilícito.

El ministro afirmó que Abarca Galdámez podría enfrentar décadas en prisión y sostuvo que las autoridades buscan impedir la venta de drogas cerca de las zonas turísticas. “Seguimos impactando el tráfico de este maldito veneno y a sus vendedores. Queremos un país libre de drogas, sepan que no los vamos a tolerar y menos cerca de nuestras zonas turísticas”, declaró Villatoro Funes.

El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa autorización para emitir hasta USD 515 millones en títulos valores de crédito, una operación que busca cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

La iniciativa ya fue admitida y pasará al análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El proyecto faculta al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, a obtener los recursos mediante emisiones en el mercado nacional o internacional.

El texto establece que los fondos deberán destinarse al financiamiento integral requerido para el Presupuesto de 2027 y que no podrán cubrirse con ingresos corrientes ordinarios.

La solicitud señala que el Gobierno requiere una fuente de recursos complementaria para responder a gastos y obligaciones estatales durante el próximo ejercicio fiscal. El decreto plantea que el Ministerio de Hacienda actúe en representación del Estado en las operaciones de colocación de valores, previa autorización legislativa.

Títulos a colocarse con descuento, premio o rendimiento variable

La propuesta establece que las condiciones financieras de los títulos se definirán al momento de cada transacción, según las prácticas del mercado. Los instrumentos podrán colocarse con descuento o con premio y tendrán rendimientos determinados en cada operación.

Los valores podrán emitirse a mediano o largo plazo. El monto nominal podrá amortizarse con pagos periódicos, mediante un único pago al vencimiento o en una fecha establecida previamente.

El documento también prevé que el valor nominal y los rendimientos de los títulos queden exentos de impuestos, tasas y contribuciones. Las ganancias de capital derivadas de la compraventa estarán sujetas al tratamiento tributario previsto en la legislación vigente.

Hacienda podrá contratar bancos, agentes y servicios financieros

El proyecto autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones necesarias para concretar las operaciones, con base en las condiciones existentes en los mercados de capitales.

También habilita la contratación de bancos de inversión, agentes y otros servicios financieros requeridos para estructurar y ejecutar las emisiones.

La iniciativa contempla la exención de tributos para esos servicios, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. La norma aclara que la exoneración no elimina las retenciones de impuestos cuando los servicios se contraten con personas o entidades domiciliadas en El Salvador.

El Banco Central de Reserva de El Salvador actuaría como agente financiero del Estado. Para ese fin, el Ministerio de Hacienda podrá suscribir el contrato respectivo con la institución.

Posibilidad de colocar deuda en el mercado estadounidense

El texto prevé que los títulos puedan colocarse en los mercados local, regional o internacional. Para las emisiones externas, Hacienda podrá utilizar mecanismos de registro ante la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos, conocida como SEC, o esquemas previstos en las reglas 144A y Regulación S de ese organismo.

El Ministerio de Hacienda quedaría facultado para presentar declaraciones de registro y otros documentos ante la SEC, así como para ejecutar reformas, certificaciones y trámites vinculados con la colocación de los valores.

La propuesta también habilita la contratación de coberturas frente a riesgos asociados con las tasas de interés y el pago de costos vinculados con operaciones ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos, conocida como Finra, si la emisión se concreta.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador anunció este miércoles la puesta en marcha de AgroConecta, un modelo de asistencia técnica híbrida que combinará el trabajo en campo con herramientas digitales para atender a productores de todo el país. La propuesta incorporará WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes, videos y aplicaciones, junto con visitas, capacitaciones y demostraciones presenciales.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que la iniciativa añade una herramienta digital a la asistencia técnica agropecuaria. Según explicó en redes sociales, los productores podrán realizar consultas y recibir orientación remota con el apoyo de profesionales en agronomía y una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) especializada en el sector agropecuario.

“Desde consultas básicas hasta la programación de visitas territoriales a nivel nacional, la atención estará al alcance de los productores”, sostuvo Domínguez. El funcionario presentó a AgroConecta como la primera fase de una estrategia de modernización y digitalización de la asistencia técnica especializada.

La plataforma ofrecerá consultas remotas y coordinación de visitas en territorio

El modelo anunciado mantendrá las modalidades presenciales de acompañamiento a agricultores y ganaderos. Las visitas técnicas, los espacios de capacitación y las demostraciones en campo formarán parte del servicio, que ahora tendrá canales remotos de comunicación.

Con el sistema, los productores podrán plantear dudas vinculadas con sus actividades y solicitar atención sin necesidad de esperar una jornada presencial. De igual manera, el MAG indicó que la herramienta facilitará además la programación de visitas técnicas en las distintas zonas del país.

Domínguez señaló que un agrónomo atenderá las consultas que ingresen por los canales habilitados. También afirmó que, a partir de cada interacción, la herramienta de IA incorporará información para ampliar y fortalecer su capacidad de atención.

La asistencia está dirigida a productores de granos básicos, hortalizas, frutales, ganadería y especies menores. La cartera agrícola señaló que el objetivo es extender el acceso a contenidos técnicos y facilitar la transferencia de conocimientos para las distintas actividades del sector.

Los productores interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al (+503) 7748-6792 o llamar al 912 para solicitar asistencia técnica remota. El horario de atención anunciado es de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30.

MAG puso en marcha AgroConecta con apoyo de la Unión Europea y la FAO

AgroConecta es impulsado por el proyecto MERIAN, que cuenta con financiamiento de la Unión Europea (UE). El programa se ejecuta con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en El Salvador y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

También intervienen el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), según informó el MAG. Estas instituciones participarán en una etapa inicial que el Ministerio inscribió dentro de su objetivo de avanzar hacia una agricultura 5.0.

La cartera agrícola define ese enfoque como una articulación entre la experiencia de los productores y las tecnologías disponibles. En sus publicaciones oficiales, el MAG señaló que busca impulsar la productividad, la innovación y la sostenibilidad a partir de una asistencia más cercana y continua.

Carlos Humberto Morazán, un hondureño de 30 años con síndrome de Down que había sido reportado como desaparecido tras salir de su casa hacia una iglesia, fue encontrado en una delegación policial de El Salvador. El hombre llegó a una comisaría de Cojutepeque, en Cuscatlán Sur, donde agentes iniciaron las gestiones para identificarlo y ubicar a su familia.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este miércoles que Carlos se presentó en la delegación el 28 de septiembre. La institución señaló que, después de realizar verificaciones, logró comunicarse con sus hermanos en Honduras, quienes ya habían denunciado su desaparición.

Los familiares viajaron desde el vecino país y cruzaron hacia El Salvador por la frontera de El Amatillo, en el departamento de La Unión. Un equipo policial los esperaba en ese punto y los trasladó hasta Cojutepeque para concretar la entrega.

Según la información oficial, el joven fue entregado en buen estado de salud y no había sido víctima de ningún delito. La institución no precisó cómo llegó desde Honduras hasta la ciudad salvadoreña ni el recorrido que realizó durante el tiempo en que estuvo lejos de su familia.

La familia había perdido contacto con él después de que salió de su casa

Desde finales de septiembre, los familiares de Carlos habían pedido ayuda pública para localizarlo. El medio hondureño HCH difundió el testimonio de sus hermanos, quienes explicaron que el joven requería cuidados especiales y que tenía dificultades para comunicarse.

Uno de ellos afirmó que Carlos no habla y se expresa principalmente mediante señas. También explicó que podían identificarlo si lo llamaban “Pastor”, ya que respondía ante ese nombre.

La familia relató que el hombre había salido de su vivienda el 26 de septiembre en el barrio El Arenal, en Danlí, departamento de El Paraíso. Sus parientes creían que iba a asistir a una iglesia, una actividad que realizaba con frecuencia, pero no regresó a su hogar.

Una de sus hermanas explicó que Carlos llegó a la terminal de Danlí y abordó un taxi. El conductor no consiguió establecer hacia dónde se dirigía, debido a que el joven no podía expresarse verbalmente. Más tarde, según el relato familiar, subió a un autobús que cubría la ruta entre Danlí y Tegucigalpa, con llegada a Comayagüela.

Los familiares habían presentado denuncias en dos ciudades hondureñas

Sus allegados presentaron denuncias ante las autoridades de Danlí y Tegucigalpa mientras intentaban reconstruir sus últimos movimientos.

La hermana del joven advirtió que Carlos tampoco escuchaba y que necesitaba supervisión. Durante la búsqueda, expresó temor por los riesgos que podía enfrentar solo en la vía pública, sobre todo cerca de vehículos, motocicletas y otros peligros.

La PNC indicó que el contacto con los hermanos permitió coordinar el viaje de la familia a territorio salvadoreño. Tras cruzar por El Amatillo, el padre y los hermanos del joven fueron trasladados a Cojutepeque, donde se produjo el reencuentro.

El caso terminó con el regreso de Carlos Humberto Morazán junto a sus familiares, después de que saliera de su casa.

La selección de El Salvador salió de las 100 mejores del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por primera vez en más de nueve años. La Azul cayó dos posiciones, hasta el puesto 102 del listado mundial, luego de una campaña que terminó con el descenso a la Liga B de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El equipo dirigido por Hernán “Bolillo” Gómez permanecía dentro del top 100 desde el 9 de agosto de 2017, cuando figuró en el lugar 103. La nueva ubicación representa un retroceso para una selección que había sostenido su presencia entre los primeros 100 puestos durante más de nueve años.

El Salvador quedó en el puesto 11 de la Concacaf

En la clasificación regional, El Salvador ocupa el puesto 11. México encabeza el listado, seguido por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Curazao, Haití y Guatemala.

La caída en el ranking se produjo después de una serie de resultados adversos en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. La selección salvadoreña integró el Grupo B de la Liga A y sumó una victoria, un empate y dos derrotas en sus cuatro compromisos.

El equipo comenzó con un triunfo por 3-1 ante Martinica como local, aunque después sufrió una derrota por 6-0 frente a Guatemala como visitante y cayó 2-0 ante Jamaica en casa. El 5 de octubre empató 1-1 con Martinica fuera de El Salvador, un resultado que dejó comprometida su continuidad en la máxima división del torneo regional.

El descenso a la Liga B llega en un contexto de dificultades para sostener resultados y competir ante los seleccionados que ocupan los principales puestos de la región.

El 49 de 2012 fue la mejor posición de La Azul

La historia de El Salvador en la clasificación FIFA incluye un mejor registro en abril de 2012, cuando alcanzó el puesto 49. En el otro extremo, su ubicación más baja fue el lugar 169, registrado en noviembre de 2006.

La pérdida de posiciones también se suma a la eliminación de la ruta hacia el Mundial de 2026. La campaña dejó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y la gestión del cuerpo técnico encabezado por Gómez.

En el campo, El Salvador alternó esquemas como el 4-4-1-1 y una defensa con cinco jugadores. El bloque bajo y las transiciones rápidas ofrecieron algunos pasajes favorables, aunque el equipo mostró dificultades para salir bajo presión, generar juego en ataque y sostener ventajas durante los partidos.

La Selecta disputaría en noviembre los partidos de play-in en busca de un lugar en las fases preliminares de la Copa Oro 2027.

Panamá lidera Centroamérica en el ranking de selecciones de la CONCACAF según las actualizaciones de octubre de 2026.

La clasificación regional continúa con Costa Rica, Honduras y Guatemala. Guatemala aparece en el puesto 95.

Guatemala subió al puesto 95 después de obtener puntos en eliminatorias y torneos zonales. Las clasificaciones de la región se actualizan cada trimestre o después de ventanas de partidos oficiales.

A nivel general, México lidera la zona CONCACAF, seguido por Estados Unidos y Canadá.

La ciudad de San Miguel, en el oriente de El Salvador, se prepara para celebrar el Carnaval de San Miguel, una fiesta popular que reúne música, carrozas, bailes, conciertos y actividades comunitarias durante noviembre.

La edición de 2026 tendrá como uno de sus artistas anunciados a Marc Anthony, quien figura en la programación para el sábado 28 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix.

La cuenta oficial del carnaval difundió la participación del intérprete de salsa y Apple Music incluyó esa fecha en la agenda de conciertos del cantante.

El carnaval constituye el cierre de las fiestas patronales de San Miguel, dedicadas a la Virgen de la Paz. La celebración principal suele realizarse el último sábado de noviembre y congrega a visitantes de distintas zonas de El Salvador y de países vecinos.

El programa no se limita al concierto central. Las fiestas comienzan semanas antes con el desfile del correo, que anuncia de manera pública el inicio de los festejos. Después se realizan los carnavalitos en barrios, colonias y cantones, con orquestas, agrupaciones locales y actividades para las comunidades.

También forman parte de la agenda la elección y coronación de la reina del carnaval, los eventos religiosos dedicados a la Virgen de la Paz y el desfile de carrozas por las principales calles de la ciudad. La música se distribuye en distintos escenarios y espacios públicos, con presentaciones que se extienden durante la noche.

En la edición de 2025 participaron 44 artistas nacionales e internacionales, entre agrupaciones, orquestas y solistas.

Tres de los nombres principales fueron Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y el grupo mexicano Calibre 50, que actuaron en el estadio Charlaix junto a la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores. En 2022, los organizadores reunieron a casi 90 artistas en “La Perla de Oriente”..

La cifra de participantes cambia de acuerdo con cada programación. Por el momento, los organizadores no han divulgaron el número total de artistas para la edición de 2026.

El salto de las pequeñas fiestas patronales a un carnaval

Los antecedentes de la celebración se remontan a las antiguas fiestas de la ciudad, que se realizaban el 8 de mayo, fecha de fundación de San Miguel. Aquellos encuentros tenían un marcado componente comercial, con la llegada de mercaderes de distintos puntos de Centroamérica.

En 1939, el Concejo Municipal trasladó los festejos a noviembre, en honor a la Virgen de la Paz, patrona de la ciudad. En esa etapa, los barrios organizaban sus propias actividades, mientras los clubes y casinos ofrecían bailes a los que asistía un sector reducido de la población.

El cambio que dio forma al carnaval actual ocurrió en 1959. Miguel Félix Charlaix, entonces gobernador departamental, impulsó que las orquestas salieran a las calles para que la celebración tuviera acceso público. La primera edición contó con cuatro orquestas, decoraciones en la 4ª. Calle Poniente y disfraces inspirados en la mitología cuscatleca.

Dos años después, la fiesta recibió al entonces presidente de Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes, y a cinco reinas de belleza de Centroamérica. Ese hecho reforzó su proyección regional.

El segundo carnaval inspiró a Francisco Palaviccini a componer “Carnaval en San Miguel”, canción presentada en 1961. El tema se asocia con el xuc, ritmo salvadoreño que quedó vinculado con la convivencia popular de esa noche.

Con el paso de las décadas, el escenario migueleño recibió a artistas y agrupaciones nacionales e internacionales. Entre los nombres que figuran en los registros históricos de la celebración están Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Elvis Crespo, Oro Sólido, Aventura, Los Tigres del Norte, Los Temerarios, Víctor Manuelle, Tito El Bambino y Héctor el Father, integrante en su etapa inicial del dúo Héctor & Tito.

La presencia anunciada de Marc Anthony lo sumaría a ese historial de figuras de la música tropical, urbana, regional mexicana, merengue, bachata y cumbia que han pasado por el carnaval.

En 2008, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró al Carnaval de San Miguel como Bien Cultural a través del Decreto Legislativo 746, aprobado el 5 de noviembre. La declaración fue publicada el 25 de noviembre del mismo año en el Diario Oficial.

El reconocimiento destaca el valor de la fiesta como tradición cultural y como parte de la identidad de San Miguel y del país. La próxima edición se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026, con Marc Anthony como artista confirmado y, con fuertes rumores, sobre la posible participación del mexicano Marco Antonio Solís para actuar en la “Perla de Oriente”.

El cine de El Salvador suma presencia en el mercado internacional con la llegada de “La Confesión” al catálogo de Hulu, la plataforma de streaming vinculada al ecosistema de Disney. La película, dirigida por el salvadoreño Ronald Algarín, tendrá acceso a un público más amplio fuera de las fronteras nacionales.

El estreno en la plataforma marca un paso para la carrera del director Ronald Algarín y para el alcance del cine producido en El Salvador. La presencia de “La Confesión” en un servicio asociado a Disney abre una ventana de distribución para un contenido concebido y realizado con talento local.

El comunicado difundido por Algarín Film sostiene que la llegada a Hulu sitúa a la producción audiovisual salvadoreña en una de las ventanas de distribución del entretenimiento internacional. También plantea que el caso puede servir como referencia para realizadores que buscan proyectar sus obras hacia mercados externos.

La circulación digital cambia las posibilidades de exhibición para películas que no cuentan con grandes lanzamientos en salas de cine. En ese contexto, la disponibilidad de “La Confesión” en Hulu amplía el alcance del cine salvadoreño y le permite acceder a espectadores que no necesariamente conocen la producción audiovisual del país centroamericano.

La obra se suma a los esfuerzos de cineastas salvadoreños por construir espacios de exhibición fuera del circuito local. Para sus responsables, el ingreso a Hulu constituye una oportunidad para que una historia situada en Monte Bello llegue a espectadores de otros territorios a través de una plataforma internacional.

La producción no informó en el comunicado la fecha exacta de disponibilidad ni los países en los que podrá verse la película dentro de Hulu.

La producción se ambienta en Monte Bello, una localidad de El Salvador, y desarrolla una trama de drama y suspenso dentro de una iglesia católica. La historia sigue a un sacerdote de aparente prestigio dentro de la comunidad, que guarda un secreto que altera la percepción de ese entorno y abre paso a una investigación sobre hechos ocurridos entre los muros del templo.

De acuerdo con la sinopsis difundida por la producción, el eje del relato es el hallazgo de un quirófano clandestino donde personas secuestradas son sometidas a operaciones relacionadas con el tráfico de órganos. El argumento contrapone el carácter religioso del escenario con una red criminal que convierte el lugar en un espacio atravesado por la violencia y la muerte.

La película pone el foco en un tema que ha aparecido en producciones de suspenso y denuncia social: el tráfico de órganos. En este caso, el relato se sitúa en una comunidad salvadoreña y utiliza como escenario principal una iglesia católica local.

El elenco está integrado por René Mena, Hansel Ramírez y Mafalda Pinto. La dirección quedó a cargo de Algarín, quien impulsa el proyecto desde la industria audiovisual salvadoreña.

La incorporación de la película a Hulu representa una nueva instancia de circulación para una obra realizada en El Salvador. Las plataformas internacionales permiten que producciones de mercados audiovisuales con menor presencia global puedan ser vistas por públicos de distintos países.

Cine salvadoreño con proyección internacional

Esta noticia se suma al reciente anuncio del largometraje Vértices; cinta que aborda la amistad, el paso del tiempo, el duelo y la muerte a partir del reencuentro de un grupo de amigos y que fue seleccionada por el Comité Nacional de Selección Cinematográfica de El Salvador (Cinesal) para ser considerada a participar en la categoría de mejor película internacional en los premios de la Academia de 2027.

Las personas que padecen cáncer y que viajan de San Francisco Gotera, Morazán, a San Salvador y viceversa no pagarán los USD 5.55 del pasaje durante octubre. La medida de la ruta 305 también cubre a un acompañante por cada paciente y se extiende a quienes aborden en cualquiera de las paradas intermedias.

Pedro Fuentes, encargado de la ruta 305, explicó a Infobae El Salvador que la campaña coincide con el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Sin embargo, la empresa decidió que el apoyo no se limitara a ese diagnóstico, sino que alcanzara a usuarios con cualquier tipo de cáncer.

“Nosotros optamos por no solo a esas personas del cáncer de mama darle gratis, sino que a todas las personas, no importa el tipo de cáncer que tengan”, afirmó Fuentes, quien señaló que el beneficio está dirigido a personas de todas las edades que viajen a recibir tratamiento o que regresen a la zona oriental después de una atención.

La ruta reservará un asiento para el paciente y otro para la persona que lo acompañe. El servicio estará disponible en todos los horarios durante octubre, incluidos los viajes de madrugada que conectan San Francisco Gotera con San Salvador y que suelen ser utilizados por personas que necesitan llegar temprano a una cita o una emergencia médica.

Fuentes aclaró que la ayuda no está restringida a quienes inician el recorrido en San Francisco Gotera o en San Salvador. Los pacientes podrán abordar en cualquier punto de la ruta, aunque solo necesiten completar una parte del trayecto entre las dos ciudades.

“En cualquier punto del camino, no importa el tramo, si sea corto o largo, lo vamos a recibir”, aseguró el encargado de la ruta 305.

Facebook, TikTok y WhatsApp para reservar los asientos

Las reservas pueden solicitarse a través de la página de Facebook Gotera 305 Especial y de la cuenta de TikTok TransporteFuentes1. En ambos perfiles están publicados los enlaces de los grupos de WhatsApp administrados por la ruta, aunque los usuarios también pueden comunicarse por mensaje directo.

Al momento de hacer la solicitud, los pasajeros deben indicar en qué parada abordarán la unidad o si saldrán desde San Francisco Gotera o San Salvador. Con esa información, el personal puede apartar los espacios para el paciente y su acompañante antes de cada salida.

Fuentes explicó que la reserva busca facilitar el traslado de quienes deben asistir a consultas, tratamientos o emergencias. El servicio también se aplica a la salida de madrugada, que la empresa habilitó para atender a pasajeros que necesitan llegar temprano a hospitales, universidades o lugares de trabajo.

Pedro Fuentes reportó 14 solicitudes desde el anuncio

Al momento de la entrevista, 14 personas se habían comunicado con la ruta 305 para solicitar el beneficio. Hasta el día anterior, un pasajero había viajado en el horario de las 11:45 am y otras dos personas utilizaron el servicio de madrugada para realizar su traslado.

La empresa ya había aplicado una campaña similar en 2025, cuando atendió a 40 personas. Fuentes explicó que ese año la iniciativa se dio a conocer hasta mediados de octubre, por lo que tuvo menos tiempo para llegar a las familias que podían necesitar el apoyo.

Este año, el encargado espera que la cifra aumente a partir de la difusión que recibió la medida. “Espero que sea más del doble que eso”, dijo al comparar las atenciones de 2025 con las expectativas que tiene para esta nueva edición.

Las historias de los pasajeros impulsaron la campaña

La decisión de entregar pasajes sin costo nació de los relatos que el personal escucha durante los viajes. Fuentes contó que muchos usuarios les explican que se trasladan para acompañar a padres, hijos, abuelos u otros familiares que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

El encargado también ha vivido situaciones cercanas a la enfermedad. Dijo que perdió amigos a causa del cáncer, que varios familiares han recibido ese diagnóstico y que actualmente tiene una amiga que lucha contra la enfermedad.

Esas experiencias personales, sumadas a lo que escucha de los pasajeros, influyeron en la decisión de ofrecer la ayuda durante octubre. “Compartimos el sentimiento de lo que se siente estar en esos momentos de angustia”, expresó Fuentes.

Algunas familias tienen cómo pagar el traslado, pero el encargado considera que el beneficio les transmite acompañamiento en una etapa difícil. Otras personas enfrentan mayores obstáculos para reunir el dinero de viajes frecuentes hacia hospitales o centros de tratamiento.

“Nos sentimos bien al saber que ellos, de alguna manera, les estamos apoyando con un granito de arena”, manifestó Fuentes sobre el alcance que esperan tener con la exoneración del pasaje.

Una niña que viajaba con su madre marcó a la ruta 305

Entre las experiencias que más recuerda está la de una madre que viajaba con su hija, una niña de aproximadamente ocho años, para que la menor recibiera tratamiento. La familia utilizaba la ruta cuando la niña requería atención en San Salvador.

La madre escribía a la empresa cuando su hija se sentía mal y debía viajar de emergencia. El personal de la ruta les reservaba los asientos para que pudieran abordar juntas y realizar el trayecto hacia la capital.

Hace cerca de dos años, la ruta 305 abrió una salida de madrugada desde San Francisco Gotera hacia San Salvador. Fuentes explicó que ese servicio fue pensado para personas con emergencias, citas médicas, estudios universitarios o trabajos que comienzan temprano.

El nuevo horario les permitió conocer las historias de más pasajeros. La niña y su madre se encontraban entre quienes viajaban con frecuencia por motivos médicos, y en algunas semanas la menor debía trasladarse hasta tres veces para recibir atención.

Después de varios viajes, la madre comunicó que su hija había muerto porque no resistió el tratamiento de quimioterapia. La noticia afectó al personal de la empresa, que ya había creado cercanía con ambas pasajeras durante las reservas y los traslados.

“La verdad se sintió bien desgarrador, porque ya la habíamos tomado como cariño a la pasajera”, relató Fuentes, quien precisó que ese caso no fue el único motivo de la campaña.

El encargado también recordó la muerte de un amigo de infancia, ocurrida hace menos de dos años. Según contó, su amigo tenía un tumor entre el pulmón y el corazón, una pérdida que reforzó su cercanía con los pasajeros que atraviesan situaciones similares.

San Francisco Gotera, San Miguel y San Salvador forman el recorrido

La ruta 305 sale desde San Salvador, pasa por San Miguel y llega a San Francisco Gotera, Morazán. El servicio también opera en sentido contrario hacia la capital, por lo que los pacientes pueden utilizar el beneficio tanto para acudir a una atención como para regresar a sus hogares.

Desde San Salvador, Fuentes mencionó como paradas principales San Martín y San Vicente. En el trayecto desde San Francisco Gotera hacia la capital, señaló el kilómetro 18, La Coquera, China House y el Hospital Militar.

La empresa también recibe pasajeros en puntos como Moncagua, Chinameca, Lolotique y El Triunfo. Las personas con cáncer que aborden en esas localidades también pueden solicitar la reserva para viajar sin pagar el costo del pasaje durante octubre.

El valor habitual del recorrido completo entre San Salvador y San Francisco Gotera es de USD 5.55. Durante la campaña, los pacientes y sus acompañantes quedarán exentos de ese pago después de avisar a la empresa y gestionar la reserva de los asientos.

Fuentes estimó que la ruta moviliza entre 1,500 y 1,800 pasajeros por semana. La cantidad varía según el día, ya que los fines de semana las unidades suelen ir llenas, mientras que entre semana la afluencia equivale aproximadamente al 50 % de la que registran sábados y domingos.

La salida de las 2:15 am llega temprano a San Salvador

El primer servicio desde San Francisco Gotera parte a las 2:15 am. La unidad pasa por La Coquera, en San Miguel, alrededor de las 2:55 am y llega por El Chinaco hacia el Hospital Militar cerca de las 3:00 am.

La llegada a San Salvador está prevista aproximadamente a las 5:30 am. Fuentes explicó que ese horario permite que los pasajeros lleguen temprano a emergencias, citas médicas, universidades o trabajos que requieren iniciar la jornada en las primeras horas del día.

Después de esa salida, la ruta tiene otro horario desde San Francisco Gotera a las 5:00 am. El último viaje desde ese punto parte a las 11:45 am.

Desde San Salvador hacia San Francisco Gotera, la primera unidad sale a las 6:25 am. El segundo servicio parte a las 12:30 pm y el último inicia su recorrido a las 2:26 pm.

Con 59 votos a favor y un voto en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio durante un plazo de seis meses para atender los impactos de la sequía meteorológica y agrícola provocada por el fenómeno climático conocido como El Súper Niño.

La iniciativa fue aprobada en la sesión plenaria 129 mediante una dispensa de trámite presentada por el diputado del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, en atención a una solicitud formal enviada por el presidente Nayib Bukele. Esta medida busca facilitar:

• La movilización de fondos públicos
• Coordinar la asistencia humanitaria internacional
• Proteger la producción de alimentos frente a la falta de precipitaciones.

El decreto legislativo toma como base legal el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, así como los principios constitucionales que imponen al Estado el deber de velar por la vida, la salud y la seguridad alimentaria de los habitantes.

La resolución parlamentaria sigue a la declaración de alerta roja emitida por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial el 25 de agosto de 2026, documento que confirmó la gravedad del déficit de lluvias sobre los cultivos de subsistencia en el país.

Por lo que, la entrada en vigor de la normativa el gobierno salvadoreño queda facultado para realizar transferencias presupuestarias entre distintas carteras de Estado con el propósito de mitigar los efectos de la crisis climática.

Las disposiciones imponen la activación de las comisiones departamentales y municipales del Sistema Nacional de Protección Civil. La Dirección General de esta entidad deberá rendir informes diarios a la Presidencia de la República sobre las acciones ejecutadas, la distribución de la ayuda y los recursos recibidos de la cooperación internacional.

Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería liderará las acciones de resguardo alimentario, la gestión de la nutrición comunitaria y el almacenamiento de insumos básicos.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional asumirá el control logístico de la ayuda humanitaria, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y los cuerpos de socorro. En tanto, la gestión de fondos y donaciones extranjeras estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá la coordinación, gestión y canalización de todos los recursos procedentes de la cooperación internacional durante la vigencia de esta medida.

La Cancillería salvadoreña trabajará de forma conjunta con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para articular la recepción de fondos financieros, donaciones en especie y asistencia técnica brindada por organismos multilaterales y países aliados, con el objetivo de encauzar el auxilio hacia las comunidades más castigadas por los efectos del Super El Niño.

El déficit hídrico mantiene a El Salvador bajo alerta roja

El fenómeno de El Niño ha desatado una grave sequía generalizada en El Salvador durante 2026, una condición adversa que provocó fuertes mermas en las siembras de maíz, frijol y otros granos básicos, además de perjudicar a la ganadería por la falta prolongada de pastizales.

Pequeños agricultores han informado en los últimos meses sobre la destrucción de la mayor parte de sus parcelas, lo cual generó una reducción estimada de hasta un 50% en la producción de alimentos en múltiples comunidades rurales.

Los impactos más agudos del déficit hídrico y de las temperaturas récord registradas en agosto se concentran en zonas de la región paracentral y oriental del territorio salvadoreño, principalmente en municipios como San Esteban Catarina, dentro del departamento de San Vicente, y Tecoluca, ubicado en La Paz, donde la ausencia de lluvias paralizó las actividades del campo.

Esta crisis climática mantiene al país bajo alerta roja por sequía meteorológica y agrícola, al tiempo que los ganaderos enfrentan serias dificultades para alimentar a sus animales por la pérdida de forraje disponible.

Ante esta coyuntura, organismos internacionales como Unicef advirtieron que miles de familias e infantes del Corredor Seco enfrentan un riesgo elevado de malnutrición e inseguridad alimentaria, mientras que la baja oferta en los cultivos amenaza con incrementar de forma notable los precios de los productos esenciales en los mercados locales.

En horas de la madrugada de este miércoles 7 de octubre, la tranquilidad del sector conocido como El Mango, en el cantón Llano El Ángel, jurisdicción de Ciudad Barrios (San Miguel Norte), fue interrumpida por un desgarrador suceso de violencia e incendio que consternó a la comunidad local.

Según el reporte de la Policía Nacional civil (PNC) y versiones recopiladas por los medios locales como Canal 14 TLM, José Gabriel Márquez López, de 55 años, un hombre deportado en el año 2010 y con antecedentes de padecer problemas psiquiátricos, atacó con un arma blanca a varios integrantes de su propia familia en el interior de la vivienda que compartían.

Durante la agresión, Márquez López le quitó la vida a su sobrino de tan solo 6 años de edad a causa de la gravedad de las heridas provocadas. Tras perpetrar el ataque armado contra los habitantes del inmueble, el sujeto habría provocado un incendio que envolvió en llamas la estructura del hogar, generando momentos de angustia y desesperación entre los vecinos que intentaban prestar auxilio a las víctimas en medio de la oscuridad.

El siniestro y la violencia desatada dejaron un saldo lamentable: además del menor fallecido, cinco miembros del núcleo familiar resultaron con quemaduras y lesiones de consideración. Las víctimas sobrevivientes identificadas en el lugar corresponden a:

• María Telma Portillo (46 años)
• María Nolvia Amaya (33 años)
• María Estela López (46 años)
• José Santos López (53 años)
• René Gabriel Márquez (15 años)

Todas estas personas fueron conducidas a centros asistenciales donde permanecen bajo diagnóstico reservado. Una de las víctimas, además de las quemaduras causadas por el fuego, presenta profundas heridas de arma blanca en su cuerpo.

Efectivos policiales desplegados en la zona aprehendieron de inmediato a José López, quien será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar cargos procesales por homicidio, lesiones e incendio/daños.

La inimputabilidad por trastorno mental en la legislación penal salvadoreña

Ante hechos donde se reporta que el agresor padece afecciones o trastornos de salud mental, el ordenamiento jurídico de El Salvador establece mecanismos y procedimientos específicos en el Código Penal (CP) y el Código Procesal Penal (CPP) para determinar la responsabilidad penal del individuo.

De acuerdo con el Artículo 27, numeral 4 del Código Penal salvadoreño, se declara inimputable (exento de responsabilidad penal) a quien, al momento de realizar la acción punible, no posea la capacidad de comprender la ilicitud de su acto o de actuar conforme a esa comprensión, a causa de una enajenación mental, un trastorno mental transitorio u otras alteración psíquica grave.

Para verificar esta condición, durante la fase de instrucción del proceso penal se ordena un peritaje psiquiátrico forense a cargo del Instituto de Medicina Legal (IML). Los peritos determinan el estado mental del procesado al momento exacto en que ocurrieron los hechos.

Además, Si los tribunales confirman mediante los dictámenes médicos que la persona actuó bajo un estado de inimputabilidad absoluta:

• El juez dictará una absolución penal, pero declarará al procesado sujeto a una medida de seguridad (Artículos 93 y 94 del Código Penal).
• La medida de seguridad suele consistir en el internamiento en un centro de atención psiquiátrica o establecimiento especializado, bajo custodia y supervisión médica continua.
• La duración de este internamiento se evalúa periódicamente y no puede exceder el tiempo máximo de la pena fijada para el delito cometido (en este caso, la pena aplicable al homicidio agravado).

Aunque una persona sea declarada exenta de pena de prisión por inimputabilidad, la legislación salvadoreña contempla que la responsabilidad civil (reparación de daños materiales, gastos médicos y perjuicios causados a las víctimas) continúa vigente conforme a la ley y debe ser cubierta por el procesado o por quienes ejerzan su tutela legal, según corresponda.

El caso continuará bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para recabar las pruebas periciales y determinar el cauce del juzgamiento contra Márquez López.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador inició la verificación de la no afiliación partidaria de las personas propuestas para integrar organismos electorales temporales de cara a las elecciones de 2027. El procedimiento abarca a quienes fueron postulados para conformar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED), las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM) y la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX).

Al acto asistieron los magistrados del TSE; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; fiscal electoral y representantes de partidos políticos. Durante el evento, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, sostuvo que los integrantes de estas instancias asumirán responsabilidades en la organización, conducción y resguardo del sufragio. Por esa razón, señaló que su designación debe ajustarse a criterios de independencia y cumplimiento de la normativa electoral.

“La ausencia de afiliación partidaria es un requisito legal que este Tribunal tiene el deber indelegable de comprobar”, afirmó la funcionaria ante la mirada de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y otras instituciones que acompañaron la actividad.

La revisión forma parte de las etapas preparatorias de los comicios de 2027. Las JED y las JEM intervienen en la organización electoral en los departamentos y municipios, mientras que la junta para el voto en el extranjero administra aspectos vinculados con el sufragio de los salvadoreños fuera del país.

Para el acto de verificación, que se realizó sin medios de comunicación tras las palabras de Soriano, contempló una metodología que consistía en la entrega de un dispositivo USB por parte de los institutos políticos al TSE. En dicho dispositivo debían presentar el registro completo de sus afiliados para que el equipo técnico del Tribunal realizara las validaciones correspondientes.

Según explicó Soriano, el sistema se encargaría de revisar la consistencia de la información, la estructura de los números de identificación y la cantidad de registros proporcionados por cada partido. Después, realizará una confrontación individual entre las bases de afiliación y los listados de personas propuestas para ocupar cargos en la JED y la JEM.

“De existir coincidencia, la propuesta se declarará inobservante del requisito legal y será desestimada conforme a derecho”, indicó la presidenta del organismo electoral. Si no se detectan coincidencias, la persona superará esa fase, aunque deberá cumplir con el resto de condiciones previstas en la legislación.

El Tribunal informó que los técnicos acreditados por los partidos podrán inspeccionar los equipos utilizados en la revisión. Soriano aseguró que las computadoras no tenían discos duros internos y que el sistema operativo funcionaría desde unidades de memoria independientes.

La titular del TSE señaló que esa arquitectura busca impedir la retención de información y preservar la confidencialidad de los registros. Las bases de datos, agregó, se usan solo para la verificación y se destruirán al terminar el procedimiento. También se comprobará que los equipos no conserven archivos.

Los artículos que exigen la no afiliación partidaria

Según el artículo 91 del Código Electoral, las Juntas Electorales Departamentales se conformarán con cinco integrantes propietarios y sus respectivos suplentes, “cuatro de ellos con derecho propio, a propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección legislativa. El quinto será elegido por sorteo de entre el resto de partidos, coaliciones y candidaturas no partidarias”.

En ese sentido, las primeras cuatro propuestas le corresponden por ley a Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al Partido de Concertación Nacional (PCN); institutos políticos que obtuvieron los números más altos en las elecciones legislativas de 2024.

Para integrar un organismo electoral los requisitos necesarios, regulados en el artículo 92 del Código Electoral, se encuentran: ser salvadoreños, mayores de 21 años, contar con estudios superiores, no tener las inhabilidades constitucionales aplicables y carecer de afiliación partidaria.

El artículo 97 del Código Electoral fija una condición equivalente para quienes integren las Juntas Electorales Municipales. En este caso, exige estudios de educación media, edad superior a los 21 años, ausencia de las inhabilidades previstas en la Constitución y ninguna afiliación de partidos.

Para las Juntas Receptoras de Votos, el Código Electoral también contempla la exigencia de no afiliación en el artículo 101. En el caso del sufragio fuera del territorio salvadoreño, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero incorpora esa condición en su artículo 8 para la Junta Electoral de Voto en el Extranjero.

“Nuestro propósito es que tanto los actores políticos como la ciudadanía conozcan no solo cuál es el resultado, sino también cómo se obtiene”, expresó Soriano. La Secretaría General del TSE resguardará el resultado y preparará un informe para la aprobación del organismo colegiado.

Un camión detenido por falta de conductor puede retrasar el traslado de mercancías desde una fábrica hasta un puerto o una frontera. La escasez de conductores de transporte pesado aparece como un posible límite para el crecimiento de las exportaciones salvadoreñas, en un momento en que el sector privado plantea una mayor demanda de servicios logísticos.

La presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, afirmó que el país registra un déficit estimado de 1,200 conductores de vehículos de carga pesada. Ante este escenario, la gremial prepara un programa de capacitación para al menos 600 personas, con convocatorias dirigidas a mujeres y hombres en distintas zonas del país.

Cuéllar explicó que la falta de personal especializado afecta a una actividad que conecta a las empresas exportadoras con los puertos, las aduanas, los centros de distribución y los mercados de destino, a través del programa de entrevista En Panorama.

El déficit afecta el traslado de productos hacia puertos y fronteras

La escasez existe cuando las empresas de transporte, operadores portuarios y compañías exportadoras necesitan más conductores con licencia pesada de los que hay disponibles para cubrir las rutas y las unidades en operación. El problema no se limita a manejar camiones: el personal debe conocer normas de seguridad, revisión mecánica, procedimientos de carga y descarga, así como los requisitos de la logística de comercio exterior.

Para las empresas, la falta de conductores puede generar demoras en la salida de contenedores, mayores costos de operación o dificultades para responder a pedidos que exigen entregas frecuentes. Cuéllar relató que recibió consultas de compradores interesados en productos salvadoreños en cantidades equivalentes a varios contenedores mensuales, pero advirtió que la capacidad de producción y transporte puede ser insuficiente para atender algunos requerimientos.

El desafío se vuelve más visible en una economía que busca ampliar sus ventas externas de manufacturas y servicios. Los productos industriales requieren materias primas importadas y, luego, transporte hacia mercados regionales o terminales de salida. Cada tramo depende de una cadena que incluye conductores, vehículos, carreteras, aduanas y puertos.

COEXPORT busca formar personas para transporte de carga

El programa anunciado por COEXPORT comenzará en la zona oriental y luego se extenderá hacia el occidente y el centro del país. La iniciativa contempla la participación del Instituto de Formación y Capacitación (INCAF), según señaló Cuéllar, y apunta a capacitar a personas para manejar camiones, cabezales y unidades de transporte de contenedores.

La dirigente empresarial planteó que la incorporación de mujeres puede ayudar a cubrir parte de la demanda de personal. La propuesta parte de una experiencia previa en el puerto, donde unas 120 mujeres fueron contratadas tras un programa de formación para operar vehículos terminales, conocidos como terminal trucks.

“Hay un déficit que se ha medido de alrededor de 1,200 conductores”, señaló Cuéllar. La meta inicial, añadió, es preparar a 600 personas. El programa busca ampliar la oferta de trabajadores calificados en un rubro que exige licencias específicas y conocimientos técnicos.

La formación incluye prácticas de seguridad antes de iniciar un recorrido. Ese procedimiento busca reducir incidentes y evitar fallas que puedan interrumpir el traslado de mercancías.

La logística se vuelve parte de la capacidad exportadora

El transporte terrestre es uno de los eslabones que determina si una empresa puede cumplir con los plazos de entrega. La disponibilidad de camiones no resulta suficiente si no hay conductores capacitados para operar las unidades. Por eso, el déficit de personal puede convertirse en una restricción para empresas que buscan aumentar volúmenes de exportación o abrir rutas hacia nuevos mercados.

Cuéllar sostuvo que el programa priorizará la formación de mujeres para rutas dentro de El Salvador, mientras que los hombres podrían cubrir con mayor frecuencia trayectos internacionales. La convocatoria, sin embargo, está abierta a ambos grupos.

La gremial prevé iniciar las capacitaciones después de la difusión de los anuncios de inscripción. El resultado dependerá de la cantidad de personas que completen la formación, obtengan las licencias requeridas y sean incorporadas por las empresas de transporte y logística.

La licencia para vehículos pesados no garantiza, por sí sola, que un conductor esté preparado para operar un camión o una rastra. Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transporte Internacional de Carga (ASTIC), planteó que las pruebas pueden reducirse a una maniobra de conducción.

El dirigente propuso crear escuelas de capacitación para pilotos de transporte pesado. Consideró que la formación debería ser obligatoria y contar con registros que permitan comprobar quiénes han completado ese proceso.

Alfaro sostuvo que algunos conductores de tráiler aprenden a manejar con familiares. Según expuso, esa experiencia no siempre incluye prácticas relacionadas con descensos, curvas, maniobras, carga o documentación necesaria para circular por Centroamérica.

El presidente de ASTIC afirmó que los gremios pueden participar en los programas de formación. Aun así, señaló que se necesita respaldo estatal para exigir la asistencia de los conductores.

El representante gremial cuestionó que los operativos posteriores a accidentes recientes se concentren en el transporte pesado. “La ley es general para todos, no para un sector”, dijo Alfaro durante una entrevista en Diálogo.

A su juicio, los controles deben abarcar vehículos particulares, motocicletas, transporte colectivo y unidades de carga. Entre los aspectos que mencionó figuran la revisión de llantas, las licencias y las condiciones mecánicas.

Alfaro también cuestionó la mesa nacional de transporte promovida por el Viceministerio de Transporte. Según afirmó, dos gremiales del sector no fueron incorporadas a ese espacio.

El dirigente pidió una discusión entre las autoridades, las empresas y los transportistas sobre la capacitación, la regulación y las condiciones de operación. “Conversación, diálogo, acuerdos, sistematización”, expresó.

El sobrepeso debe formar parte de las investigaciones por accidentes

Alfaro planteó que las autoridades deben investigar el peso de las cargas en los accidentes que involucran camiones. Durante el programa, relató que una empresa le consultó sobre trasladar entre 36 y 40 toneladas de bloques.

Según explicó, una rastra tiene un peso máximo de 41 toneladas entre el vehículo y la carga. Bajo ese criterio, consideró que la cantidad de bloques debía ajustarse a la capacidad permitida para la unidad.

El presidente de ASTIC cuestionó la falta de controles para verificar el peso antes de que los camiones inicien sus recorridos. También mencionó un accidente que, según dijo, involucró a un vehículo que salió de Acajutla con 10 toneladas de sobrepeso.

El experto en movilidad urbana Eduardo Martell consideró que cada investigación debe establecer si una unidad circulaba con exceso de carga, si tenía capacidad para transportarla y si el conductor se encontraba en condiciones de manejarla.

Martell se refirió al caso de una volqueta que trasladaba arena en la Ronda de Integración. El especialista planteó que deben determinarse la cantidad de material que llevaba, el límite autorizado y el estado mecánico de la unidad.

“No tenía que ir con sobrepeso”, manifestó Martell en Diálogo. El experto descartó que el horario de circulación pueda justificar que una unidad exceda los límites establecidos.

El estado de las llantas también debe verificarse, según explicó. El desgaste de los neumáticos puede afectar el control de un vehículo, especialmente cuando llueve.

Martell vinculó el aumento de camiones que trasladan arena, ripio y otros materiales con la actividad constructiva. Afirmó que esa demanda requiere controles sobre la capacidad de las unidades y sus condiciones de mantenimiento.

Las rampas de emergencia podrían evaluarse en carreteras con pendientes

Alfaro propuso instalar rampas de emergencia en carreteras con descensos pronunciados. Explicó que estas estructuras permiten que un vehículo con problemas para frenar salga de la vía hacia una superficie que reduzca su velocidad.

El dirigente señaló que Guatemala cuenta con esa infraestructura. Por ello, propuso estudiar su instalación en rutas salvadoreñas donde confluyan pendientes y una circulación frecuente de transporte pesado.

Martell consideró que las rampas pueden resultar necesarias en determinados puntos. Mencionó los tramos hacia puertos y las carreteras con descensos marcados como posibles zonas de aplicación.

El especialista aclaró que no sería viable instalarlas en todas las vías. Añadió que esa alternativa debe acompañarse de controles sobre el mantenimiento, el peso transportado y las condiciones de conducción.

La normativa contempla revisiones técnicas, pero no se aplican anualmente a los camiones

El experto en movilidad vial Hugo Mayorga afirmó que la normativa salvadoreña prevé revisiones técnicas vehiculares desde 1996: una anual para vehículos livianos y dos por año para el transporte colectivo y de carga. Esa obligación se mantuvo en la regulación de 2003 para las unidades pesadas.

El especialista señaló que la ley aprobada en 2013 derogó normas anteriores y quedó sin un reglamento que desarrollara sus disposiciones. Una licitación iniciada en 2000 derivó en litigios y arbitrajes que el Estado ganó entre 2017 y 2023, tras lo cual se habilitaron talleres para las inspecciones.

Actualmente hay seis talleres autorizados para vehículos de menor dimensión y los controles se concentran en la importación. Los camiones son revisados al ingresar al país, pero no pasan por inspecciones anuales. “No se hace”, dijo Mayorga.

El experto agregó que una resolución de la Dirección General de Transporte de Carga, emitida el 3 de octubre y vigente desde el 5 de octubre, ordena revisar primero los vehículos fabricados antes de 1999. Luego se definirá un calendario para las unidades posteriores.

La siniestralidad vial también involucra motocicletas, automóviles y peatones

Martell señaló que la siniestralidad vial incluye hechos relacionados con motociclistas, vehículos de carga, transporte colectivo, automóviles particulares y peatones. El experto consideró que los controles deben dirigirse a las causas y a los grupos donde se concentran las muertes y lesiones.

Las estadísticas presentadas durante la entrevista indicaron que las muertes asociadas al transporte de carga llegaron a 67 personas hasta el cierre de septiembre de 2026. Esa cifra representó un incremento de 16% frente al mismo período del año anterior.

El experto afirmó que el mal estado mecánico de los vehículos aparece entre la cuarta o quinta causa de siniestros viales. La distracción del conductor y la invasión de carril encabezan esos registros, según indicó.

Martell planteó que los controles deben mantenerse de forma permanente. Para el especialista, el respeto a los límites de velocidad no debería depender solo de la presencia de agentes de tránsito.

El manejo defensivo figura entre las prácticas que pueden reducir riesgos. Martell también mencionó las multas y sanciones como instrumentos que pueden incidir en conductas que vulneran la normativa.

El experto advirtió que conducir sin licencia expone al piloto y al resto de usuarios de la vía. También aludió a las consecuencias familiares y a los gastos hospitalarios asociados a los accidentes.

La responsabilidad por un accidente depende de las circunstancias

Durante el debate surgió la posibilidad de restringir el paso del transporte pesado en horas de mayor tráfico. Alfaro recordó que algunas rutas ya cuentan con horarios de restricción.

El dirigente propuso además un seguro regional para el transporte internacional de carga. Señaló que los vehículos que circulan por Centroamérica enfrentan cobros de seguros en los distintos países.

Alfaro preguntó qué ocurre con la licencia de un conductor implicado en un accidente con una unidad pesada. Martell respondió que la normativa contempla escenarios distintos según las circunstancias de cada caso.

El experto explicó que una persona con licencia, que permanece en el lugar de los hechos y no conducía bajo los efectos de alcohol o drogas ni participaba en carreras clandestinas, no queda detenida de manera automática.

Los documentos son devueltos mientras comienzan los procesos correspondientes, según indicó. El caso puede avanzar por la vía penal y por la responsabilidad civil subsidiaria cuando el vehículo trasladaba materiales con fines comerciales.

Esta información surge tras las medidas implementadas en diferentes carreteras del país, a raíz de recientes percances viales que involucran al transporte pesado en los cuales se registraron múltiples personas fallecidas y lesionadas.

El Salvador postergó la presentación de una reforma integral de pensiones hasta el año 2027 tras acordarlo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el análisis presentado por el especialista Patricio Pineda en el espacio de entrevista Frente a Frente.

El integrante de la Mesa por una Pensión Digna sostuvo que la decisión gubernamental respondió a un cálculo de costo político para evitar el desgaste electoral inmediato.

No obstante, advirtió que el compromiso con el organismo multilateral de ejecutar cambios en el modelo previsional se mantiene vigente como un requerimiento insoslayable para la estabilidad financiera del país.

El volumen de endeudamiento vinculado al sistema de retiro ha alcanzado un punto crítico para las finanzas de El Salvador. De acuerdo con los registros del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda acumulada en concepto de pensiones roza los 11,700 millones de dólares, una cifra que equivale a más del 89.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para reestructurar el sistema previsional, el FMI planteó la adopción de un ajuste paramétrico en 2027. “Para que una reforma sea estructural en términos previsionales, desde la óptica de las paramétricas, necesitas modificar 17 parámetros”, afirmó Pineda en el programa televisivo.

Sin embargo, el analista explicó que las administraciones estatales suelen limitar las reformas a tres variables específicas: la edad de retiro, los años de cotización requeridos y la cuota de aportación al fondo.

Un incremento de cinco años en la edad de jubilación generaría un ingreso aproximado de 2,500 millones de dólares en un período de cinco años, aunque implicaría un impacto directo sobre más de 600 mil cotizantes. Respecto a la tasa de aportación, la ley establece un 16% sobre el salario base.

“Si vos quieres tener una pensión que supere un poco lo que es la canasta básica, tienes que cotizar el 20%”, explicó el representante de la Mesa por una Pensión Digna. No obstante, aplicar un aumento en la cuota patronal elevaría los costes laborales e incentivaría la reducción de personal en las empresas, mientras que cargarlo sobre el empleado mermaría el poder adquisitivo de los hogares.

Las organizaciones sociales proponen redirigir utilidades de empresas autónomas y crear un Banco Previsional

Frente a la crisis financiera del sistema, el representante de la Mesa por una Pensión Digna expuso propuestas técnicas para evitar que el ajuste recaiga de forma exclusiva sobre la población trabajadora.

Una de las alternativas planteadas consiste en aprovechar el superávit generado por las empresas públicas e instituciones autónomas, el cual suma más de 230 millones de dólares acumulados en los últimos seis años. Mediante una reforma a las disposiciones generales del presupuesto, un porcentaje de esas utilidades podría ser transferido de manera directa al fondo de retiro, lo que reduciría hasta en un 50% la necesidad de emitir nueva deuda anual.

En materia de diseño administrativo, la organización propone la transición hacia un sistema mixto basado en la redistribución de la tasa actual del 16%, sin subir los impuestos a la ciudadanía. Bajo este esquema, un 13% iría destinado a un pilar solidario y un 2.5% a la cuenta de ahorro individual, complementado con una reducción en la comisión que cobran las AFP.

Esta reestructuración permitiría elevar el monto de las pensiones hasta cubrir entre el 60% y el 85% del último salario, al tiempo que representaría un ahorro proyectado de 5,000 millones de dólares en el tiempo para las finanzas estatales.

La propuesta incluye también la creación de un Banco Previsional, una entidad amparada en el artículo 46 de la Constitución de El Salvador y cuya propiedad pertenecería a los trabajadores.

La institución tendría la función de administrar los fondos de pensiones para colocarlos en mercados internacionales con altas tasas de rendimiento, tales como el desarrollo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, siguiendo el modelo aplicado por los fondos soberanos de Europa.

De esta manera, el intérprete se suma a una constelación de estrellas que ha sido parte del Carnaval de San Miguel, como Calibre 50, Oro Sólido, Juan Luis Guerra, Elvis Crespo, Carlos Vives, Aventura, Los Ángeles Azules y Los Temerarios.

Nacido como Marco Antonio Muñiz el 16 de septiembre de 1968 en Nueva York, Estados Unidos, el cantante tiene 58 años. Es hijo de padres puertorriqueños y creció en East Harlem, Manhattan.

Su carrera abarca la interpretación, la composición, la producción y la actuación, aunque su mayor reconocimiento internacional llegó a partir de la salsa.

Comenzó su recorrido discográfico en la escena del freestyle neoyorquino a fines de los años 80. En 1993 lanzó Otra Nota, su primer álbum de salsa. Dos años después publicó Todo a Su Tiempo, un trabajo que consolidó su presencia radial con canciones como “Te Conozco Bien” y “Hasta Que Te Conocí”.

El salto definitivo llegó con Contra la Corriente, de 1997, que le dio su primer premio Grammy. De ese período surgieron temas como “Y Hubo Alguien”, “No Me Conoces”, “Nadie Como Ella” y la canción que da nombre al disco. La Recording Academy registra que el álbum ganó el Grammy a mejor interpretación tropical latina en 1999.

Ese mismo año editó el álbum Marc Anthony, con el que ingresó al mercado anglo y colocó “I Need to Know”, “You Sang to Me”, “My Baby You” y “When I Dream at Night” entre sus canciones más conocidas. “I Need to Know” llegó al top cinco del Billboard Hot 100 y “You Sang to Me” alcanzó el segundo puesto de ese ranking.

Su discografía también incluye Amar Sin Mentiras, Valió la Pena, El Cantante, Opus, Pa’llá Voy y Muevense. En paralelo, sostuvo una trayectoria cinematográfica con papeles en Big Night, Bringing Out the Dead, Man on Fire y El Cantante, película de 2006 en la que interpretó al salsero Héctor Lavoe.

El regreso a la salsa con 3.0, en 2013, representó un punto de mayor expansión para su carrera. El álbum incluyó “Vivir Mi Vida”, canción que encabezó Hot Latin Songs durante 17 semanas, de acuerdo con la Academia Latina de la Grabación. Billboard contabilizó 18 semanas en la cima en sus mediciones de ese período. El sencillo obtuvo el Latin Grammy a grabación del año y 3.0 recibió el premio a álbum tropical en los Billboard Music Awards de 2014.

Anthony también ha obtenido premios Latin Grammy por Contra la Corriente, Amar Sin Mentiras, Opus y Pa’llá Voy. Cuenta con nueve Latin Grammy y 28 nominaciones, según la ficha de la Academia Latina de la Grabación. Entre esos reconocimientos figuran canción del año por “Dímelo (I Need to Know)”, grabación del año por “Vivir Mi Vida”, mejor álbum de salsa por Valió la Pena, El Cantante, 3.0 y Pa’llá Voy.

La Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año en 2016. Además, recibió el Billboard Spirit of Hope Award en 2010, ingresó al Billboard Latin Music Hall of Fame en 2012 y obtuvo el Founders Award de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) ese mismo año.

En 2024, Muevense debutó en el cuarto puesto de Tropical Albums y significó su 15° ingreso al top 10 de esa lista. El sencillo “Ale Ale” llegó al número uno de Tropical Airplay y amplió su récord de primeros puestos en ese ranking, según Billboard.

Su presentación en San Miguel, el próximo 28 de noviembre representa una buena oportunidad para que repasar sus éxitos y compartir con cientos de seguidores salvadoreños que viven y disfrutan cada una de sus interpretaciones.

La representante de El Salvador en Miss Grand International 2026, Valeria Amaya, continúa acaparando las miradas de la prensa internacional, los missólogos y los apasionados del mundo de la belleza desde Bangkok, Tailandia.

En una jornada llena de brillo y elegancia, la delegada salvadoreña se convirtió en una de las grandes protagonistas gracias a la presentación de su deslumbrante atuendo alegórico y a su desempeño intachable en el escenario internacional.

El momento culminante de la salvadoreña llegó durante el esperado desfile de Trajes Típicos (National Costume), celebrado hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, en el emblemático MGI Hall de Bangkok. Para esta ocasión tan especial, Valeria Amaya desveló la fantástica creación titulada “Timeless and Mystic — Garden Queen of Mesoamerica” (Reina del Jardín de Mesoamérica Inmortal y Mística), una pieza que dejó maravillados a los jueces y al público.

La propuesta era un auténtico homenaje visual a las raíces ancestrales prehispánicas de El Salvador y al legado histórico del pueblo pipil. Por lo que, el traje está conceptualizado como una deidad mesoamericana protectora y guardiana de la naturaleza, la cultura y la sabiduría ancestral del pueblo salvadoreño.

Visualmente, el diseño destaca por su imponente estructura alada repleta de plumas en tonos verde, amarillo deslumbrante y azul turquesa. La forma y el performance en escena simulan con maestría el vuelo del torogoz, la hermosa ave nacional de El Salvador, llevando consigo el espíritu vivo de la identidad cuscatleca y promoviendo la preservación de la riqueza cultural y la lengua náhuat.

En el aspecto artesanal, la pieza es considerada una obra de alta confección. De acuerdo con comentarios vertidos en plataformas como Instagram por expertos en el ámbito de la missología, la vestimenta resalta por su evolución respecto a años anteriores.

Fue elaborada minuciosamente mediante complejas técnicas de pedrería fina en la India, acompañándose de un cetro ceremonial, tobilleras, brazaletes y un vistoso tocado que enmarca la belleza de la modelo. Diversos especialistas del Certamen Nacional de la Belleza de El Salvador ya la han catalogado como una de las mejores propuestas culturales que el país ha llevado a un escenario internacional.

Con el desfile ya concluido, el certamen habilitó las votaciones oficiales del público, las cuales se mantendrán abiertas hasta el 9 de octubre. Dado que la competencia premia tres modalidades (voto en redes sociales, voto en página web y la elección directa del jurado), los resultados finales del traje ganador se darán a conocer el sábado 10 de octubre de 2026.

Intensa actividad y destacada participación de Valeria Amaya en Bangkok

Más allá de la majestuosidad de su traje típico, Valeria Amaya ha mantenido una agenda sumamente activa y competitiva en Tailandia durante el día de hoy y a lo largo de las últimas semanas.

Este 7 de octubre no solo estuvo dedicado a los trajes nacionales; también se llevó a cabo la crucial Gala Preliminar en el MGI Hall. En este evento, Amaya se sometió a la evaluación decisiva del jurado en dos desfiles clave: traje de baño y vestido de noche. Para la pasarela en traje de baño preliminar, la salvadoreña lució un elegante diseño con estampado en tonos azules, proyectando garbo, soltura y una postura impecable.

Las calificaciones acumuladas entre la pasarela de playa y la Gala Preliminar de hoy servirán para definir a las candidatas que integrarán el codiciado Top 20. Con su carisma, compromiso y preparación, Valeria Amaya continúa firmando una participación histórica, elevando el nombre de El Salvador y perfilándose con fuerza rumbo a la gran gala final del próximo sábado 10 de octubre de 2026

La comunidad de El Porfiado, en La Paz Centro, registró 339.7 milímetros de precipitación durante septiembre de 2026, el valor más alto entre las 13 estaciones comunitarias de la Red de Observadores Ambientales (ROA).

En contraste, El Tular, en Usulután Oeste, acumuló 97.5 milímetros, la cifra más baja del monitoreo realizado en territorios del Estero de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco.

El boletín mensual de la Red de Observadores Ambientales indicó que las estaciones registraron un promedio de 233.02 milímetros durante septiembre. Los datos reflejan una distribución desigual de las lluvias, con diferencias de más de 240 milímetros entre las comunidades con mayor y menor acumulado.

La ROA señaló que los resultados son consistentes con la Perspectiva Nacional del Clima del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que proyectaba precipitaciones por debajo de los niveles habituales en buena parte de El Salvador, con acumulados mensuales de entre 200 y 300 milímetros.

El reporte fue divulgado en el marco del convenio Manos que Alimentan El Salvador, que acompaña el trabajo de observación comunitaria y busca aportar información para las decisiones productivas y la gestión del agua en comunidades costeras.

Ánimas Arriba y La Calzada también superaron los 280 milímetros

Además del registro de El Porfiado, la estación de Ánimas Arriba, en La Paz Este, reportó 306.2 milímetros de lluvia. La Calzada, en La Paz Centro, acumuló 284.1 milímetros, mientras que Las Hojas, en La Paz Oeste, llegó a 275.9 milímetros.

El Aguaje, otra comunidad de La Paz Centro, contabilizó 275.6 milímetros. La diferencia entre esos puntos y las estaciones con niveles menores muestra la variabilidad territorial que identificó la red durante septiembre.

Los Nilos 2, en La Paz Este, registró 213,6 milímetros; El Chingo, en La Paz Centro, 218.5 milímetros; y Hacienda Vieja, en La Paz Este, 232.5 milímetros. En San Vicente Sur, El Playón acumuló 232.9 milímetros y La Pita, 192.5 milímetros.

Tasajera, en La Paz Centro, registró 199.1 milímetros, mientras que Hoja de Sal, en el mismo distrito, alcanzó 157.1 milímetros. Estos datos se ubicaron por debajo del promedio general de las estaciones monitoreadas.

La ROA advirtió que las zonas de Usulután presentaron las condiciones más secas del monitoreo. El Tular quedó por debajo de los 100 milímetros, una cifra que contrasta con los acumulados de La Paz Centro y La Paz Este.

La falta de humedad dificultó la siembra de postrera

El boletín indicó que el déficit de lluvias acumulado durante los últimos meses mantuvo baja la humedad en los suelos durante septiembre. Esa condición afectó la siembra de postrera y, en algunas zonas, impidió que los productores iniciaran o sostuvieran sus cultivos.

La situación también tuvo efectos sobre la agricultura de subsistencia. La menor disponibilidad de agua obligó a ampliar el uso de riego en determinados períodos, aunque el incremento en los precios del combustible elevó el costo de esa alternativa para las familias productoras.

En el sector ganadero, el informe reportó una reducción de los pastos y de la disponibilidad de agua para los animales. Como consecuencia, los productores enfrentaron una menor producción de leche y una mayor necesidad de comprar alimento para el ganado.

El documento señaló que la escasez de pastos y agua elevó los costos de producción ganadera, debido a la adquisición de concentrados y otros insumos para mantener la alimentación de los animales.

El calentamiento del mar obligó a ampliar las faenas de pesca

La pesca artesanal también sufrió las consecuencias de las condiciones climáticas, según el reporte. Las altas temperaturas del mar empujan a los peces hacia áreas más profundas y frías, lo que obliga a los pescadores a recorrer mayores distancias.

Esa situación prolonga los tiempos de captura y aumenta el consumo de combustible, con impacto directo en los costos de las faenas. El boletín indicó que la menor cercanía de las especies marinas dificulta el trabajo de las comunidades que dependen de la pesca artesanal en el Estero de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco.

La información reunida por la ROA procede de un sistema de monitoreo comunitario que permite registrar las precipitaciones en distintos puntos del territorio. Según el convenio Manos que Alimentan El Salvador, los datos contribuyen a la planificación de los ciclos productivos, la evaluación de la disponibilidad de agua y la adopción de medidas ante la variabilidad del clima.

Los Escachaitos, la famosa familia de campesinos colombianos originarios de Boyacá (Gachantivá / Genesán) que se volvieron virales en redes sociales por mostrar su vida cotidiana en el campo, compartir recetas tradicionales y dar consejos de remedios naturales, mostraron en redes sociales cómo preparan pupusas, uno de los platos más representativos de la gastronomía de El Salvador, con una conversación en tono familiar y una preparación paso a paso.

El video reunió ingredientes como frijoles, queso, repollo, zanahoria, cebolla, tomate, vinagre y orégano, además de un mensaje de cercanía con las tradiciones culinarias salvadoreñas.

La secuencia comenzó con Julián Galindo frente a Diana Galindo, quien sostenía un plato con las preparaciones. “Uy, paisana, esas son pupusas salvadoreñas. Véndame una, por favor”, le dijo él. Ella respondió que no podía vendérselas porque eran para ella, aunque propuso una alternativa: enseñar a la audiencia cómo cocinarlas.

La propuesta dio paso a una receta casera que incluyó la preparación del relleno, el curtido, la salsa y la masa. A lo largo del video, los integrantes de la familia alternaron las explicaciones con comentarios espontáneos y bromas, una fórmula habitual en sus contenidos.

Frijoles cocidos, queso y masa de harina y agua

El primer paso consistió en cocinar una taza de frijoles con cebolla, pimentón, sal y agua durante 45 minutos. Una vez que quedaron blandos, Julián explicó que los llevaron a la licuadora y luego a una sartén, donde los cocinaron hasta obtener una consistencia similar a un puré.

Mientras avanzaba la preparación, Diana planteó una consulta a sus seguidores sobre el nombre del plato. “Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cómo se dice, popusas o pupusas”, expresó ante la cámara. A lo que todo salvadoreño podría responder que es “pupusas”.

La masa se elaboró con harina y agua. Después de mezclar ambos ingredientes hasta lograr una textura suave, Brayan Galindo mostró cómo dar forma a cada unidad. “Le vamos a hacer la forma de una arepa. Enseguida le vamos a agregar frijol por todas las partes y también bastante queso”, explicó.

Luego, cerraron la masa para encerrar el relleno y colocaron las pupusas en una sartén hasta que tomaron color. “Quiero que miren lo perfecta que nos están quedando”, comentó Brayan durante ese tramo de la preparación.

Curtido y salsa con referencias salvadoreñas

El video dedicó una parte central al curtido, acompañamiento habitual de las pupusas. Para prepararlo, rallaron repollo y zanahoria, a los que sumaron cebolla, agua caliente, vinagre, sal y orégano.

Julián presentó ese paso con una broma antes de usar el rallador. “Vamos a rallar un repollo, zanahoria y queso, pero no con un marcador, sino con un rallador”, dijo.

La receta también incluyó una salsa a base de tomate, cebolla, chile, ajo, sal y agua. Diana señaló que todos esos ingredientes debían cocinarse antes de servirlos junto a las pupusas. Así, el contenido reunió los elementos que suelen acompañar este plato: la masa con relleno de frijoles y queso, el curtido de vegetales y la salsa de tomate.

El cierre: una invitación a cocinar en casa

Al final de la grabación, Julián abrió una de las pupusas para mostrar el relleno. “Se le ve completamente el frijol y todo el queso”, afirmó antes de probarla.

María Belén Galindo cerró el video con una invitación directa a los espectadores: “Ustedes también las pueden preparar en casa. ¡Que viva el campo!”. Julián acompañó el mensaje con la misma expresión.

El obispo salvadoreño Evelio Menjívar Ayala solicitó a la administración estadounidense un período de transición prolongado para los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) antes de que entre en vigor cualquier modificación de ese beneficio migratorio. El religioso advirtió que una cancelación abrupta afectaría a familias, empleadores y comunidades de todo Estados Unidos.

En una columna de opinión publicada el 6 de octubre en The Hill, el obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, planteó que los beneficiarios salvadoreños del TPS necesitan tiempo para analizar alternativas legales y prepararse ante un eventual regreso a su país de origen.

“Pido tiempo: un período de transición prolongado para los salvadoreños antes de que se haga efectivo cualquier cambio de estatus”, escribió Menjívar Ayala, quien nació en El Salvador y fue designado en 2023 como obispo auxiliar de Washington.

El TPS permite a ciudadanos de determinados países vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos debido a situaciones extraordinarias en sus lugares de origen. En el caso de los salvadoreños, el programa ha protegido durante décadas a personas que construyeron una vida en el país, con empleos, viviendas, negocios y familias.

Menjívar Ayala recordó su propia experiencia migratoria. Llegó a territorio estadounidense cuando era joven, tras huir de la guerra civil salvadoreña, y obtuvo protección a través del programa. Esa autorización, sostuvo, le permitió trabajar legalmente, pagar impuestos y sostenerse en empleos de construcción y limpieza antes de iniciar su formación religiosa.

“Me permitieron no solo ganarme la vida honradamente, sino también saber que, a través de mi trabajo, mi servicio y mis impuestos, contribuía al país que me había abierto sus puertas”, afirmó el obispo en la columna.

Advierte sobre el impacto en familias y empleadores

El religioso señaló que los salvadoreños representan una de las comunidades con mayor arraigo entre los beneficiarios del TPS. Muchos son padres de ciudadanos estadounidenses y llevan años insertos en sectores laborales que requieren mano de obra estable.

Para Menjívar Ayala, la finalización repentina del TPS no afectaría solo a quienes poseen el permiso, sino también a sus familias y a las economías locales. “Afectaría a familias estadounidenses, lugares de trabajo, parroquias, vecindarios y economías locales”, escribió.

El obispo aclaró que no cuestiona la potestad de Estados Unidos para definir sus políticas fronterizas y aplicar sus leyes migratorias. No obstante, pidió que cualquier decisión contemple una salida ordenada para quienes han vivido y trabajado legalmente en el país durante años.

“La Iglesia jamás ha enseñado lo contrario”, indicó en referencia al derecho de la nación a controlar sus fronteras.

El jefe de la diócesis de Wheeling-Charleston también sostuvo que una transición extendida permitiría a los empleadores reorganizarse y a El Salvador preparar la eventual llegada de personas que hoy residen y trabajan en Estados Unidos.

Menjívar Ayala reconoció los avances de El Salvador en materia de seguridad pública, aunque advirtió que el retorno de un número elevado de migrantes supondría desafíos económicos y sociales para el país centroamericano.

El obispo resaltó, además, el aporte de los trabajadores salvadoreños a través de impuestos y remesas enviadas a sus familias. A su juicio, una extensión del TPS también abriría una oportunidad para que el Congreso estadounidense debata una vía legal permanente.

El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom atiende, en promedio, 250 nuevos casos de cáncer infantil cada año, una cifra que dimensiona la demanda de tratamientos especializados en El Salvador. En ese contexto, este martes, el país recibió el primer envío de una iniciativa internacional que le permitirá acceder a 27 medicamentos oncológicos pediátricos destinados a niños y adolescentes.

El lote inicial llegó a través de la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, de Estados Unidos.

El Salvador es el segundo país de la región de las Américas seleccionado para integrar este mecanismo, conocido como GAPCCM, por sus siglas en inglés. La plataforma busca facilitar la disponibilidad de medicamentos para el tratamiento de leucemia, linfomas, tumores sólidos y otros tipos de cáncer pediátrico.

El primer envío consiste en calcium folinate de 10 miligramos, en presentación inyectable de 5 mililitros. Según la información oficial, los demás medicamentos incluidos en el programa llegarán al país durante los próximos meses.

Los medicamentos serán destinados a pacientes del Hospital Bloom

Los fármacos estarán dirigidos a los pacientes atendidos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, centro de referencia para la atención pediátrica en El Salvador. Allí reciben tratamiento niños y adolescentes con diagnósticos oncológicos que requieren quimioterapia y otros esquemas terapéuticos.

El acceso a medicamentos es uno de los factores centrales para sostener la continuidad de los tratamientos. La incorporación del país a la plataforma contempla el fortalecimiento de los procesos de planificación, recepción, almacenamiento y administración de los fármacos que serán distribuidos en el hospital.

La llegada de los medicamentos se inscribe en una estrategia que busca elevar la sobrevida global del cáncer infantil en El Salvador. De acuerdo con los datos oficiales, ese indicador se sitúa en 56%, mientras que la meta establecida es alcanzar el 60%.

Evaluación previa de la cadena de suministro

La iniciativa comenzó en 2021, cuando El Salvador se adhirió a la Iniciativa Global contra el Cáncer en la Niñez y la Adolescencia, promovida por la OPS y St. Jude. El programa propone mejorar la detección, el diagnóstico y el acceso a tratamientos para pacientes pediátricos.

En 2025, las autoridades salvadoreñas solicitaron su incorporación a la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil. Tras la aceptación, se conformó un equipo técnico encargado de adecuar los procedimientos necesarios para ingresar al sistema de suministro.

Una misión de la OPS y St. Jude evaluó las capacidades instaladas en el país y los mecanismos vinculados con la cadena de abastecimiento de medicamentos oncológicos. El proceso incluyó la revisión de condiciones de recepción, conservación y entrega de los tratamientos.

En septiembre de 2025, El Salvador suscribió una carta de entendimiento y elaboró un plan de trabajo para cumplir con los estándares definidos por la plataforma. Ese paso permitió la selección del país para recibir el primer lote de medicamentos pediátricos.

La incorporación al mecanismo internacional supone que el Hospital Bloom recibirá, de forma escalonada, los fármacos restantes incluidos en el programa.

El Salvador Arbitration Week 2026 convocará a expertos nacionales e internacionales entre el 26 y el 28 de octubre para analizar los desafíos del arbitraje y su uso en la resolución de controversias vinculadas con la actividad empresarial.

La jornada será organizada por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), junto con el Capítulo Salvadoreño del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA). La programación contempla dos actividades centradas en el arbitraje institucional y en los conflictos de sectores como construcción, tecnología y energía.

La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, sostuvo que las empresas requieren mecanismos confiables ante posibles diferencias en sus relaciones comerciales.

“El arbitraje permite abordar controversias dentro de un marco especializado y, a través de encuentros como Arbitration Week, contribuimos a que empresarios, profesionales e instituciones conozcan su evolución y las buenas prácticas que se están desarrollando en la región”, expresó.

XVI Convención Centroamericana y del Caribe, el 26 y 27 de octubre

La primera parte del encuentro incluirá la XVI Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje, prevista para el lunes 26 y el martes 27 de octubre.

La actividad llevará el lema “Confianza en evolución: fortaleciendo el arbitraje institucional para un entorno de negocios en constante transformación”.

Según Camarasal, especialistas y profesionales debatirán sobre los retos que enfrentan los centros de arbitraje, además de intercambiar experiencias y prácticas aplicadas en la región.

El arbitraje es un mecanismo alterno para resolver controversias fuera de la vía judicial ordinaria, mediante un procedimiento en el que las partes someten el caso a la decisión de uno o más árbitros. La agenda buscará examinar la adaptación de estos procesos a las demandas del entorno empresarial.

Construcción, tecnología y energía en el foco del congreso del 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre se realizará el II Congreso Internacional de Arbitraje, organizado por el CEIA Capítulo Salvadoreño bajo el nombre “Arbitraje 360°: Construcción – Tecnología – Energía”.

El programa prevé el análisis de disputas y mecanismos de solución de conflictos en tres sectores con alta incidencia en la actividad empresarial: construcción, tecnología y energía. Los panelistas tratarán esos temas desde una perspectiva multidisciplinaria, de acuerdo con el anuncio de las entidades organizadoras.

La agenda incluirá conferencias magistrales, paneles especializados, un foro institucional, una mesa redonda sobre prácticas de los centros de mediación y arbitraje, una conversación en formato Fireside Chat y espacios de intercambio entre los asistentes.

Abogados, empresas y estudiantes, entre el público previsto

La Arbitration Week 2026 está dirigida a abogados litigantes y asesores legales, árbitros, representantes jurídicos internos de empresas, peritos, consultores técnicos y responsables de instituciones arbitrales.

También podrán participar estudiantes, profesionales jóvenes y empresas relacionadas con los rubros de construcción, energía y tecnología. Camarasal y el CEIA Capítulo Salvadoreño indicaron que la iniciativa busca abrir un espacio regional de discusión técnica sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos.

Camarasal integra organismos como la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, las Cámaras Latinas en Estados Unidos, la Cámara Internacional de Comercio y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.

Participantes de distintas comunidades se reunieron en el sitio arqueológico Casa Blanca, en Chalchuapa, El Salvador, para celebrar el Wajxaqi’b Tz’ikin, conocido como la ceremonia del Ave Sagrada. El ritual retoma elementos de la espiritualidad maya y reúne plegarias, ofrendas y actos simbólicos vinculados con la naturaleza.

La ceremonia está asociada con Tz’ikin, el pájaro dentro del calendario ritual maya, una figura relacionada con el aire, el mensaje espiritual y la abundancia. La elección de Casa Blanca, un antiguo centro ceremonial de la región, refuerza el vínculo entre la práctica contemporánea y el legado prehispánico de Chalchuapa.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó este martes la previsión del Banco Mundial de que El Salvador crecerá 4,5 % en 2026, una tasa que lo ubicaría como la tercera economía de mayor expansión de América Latina y la cuarta si se incluye al Caribe. El mandatario vinculó esa expectativa con un cambio en la percepción sobre el país: “Nadie se lo hubiera imaginado hace unos años. Paciencia y confianza”, escribió en X, según informó EFE.

La estimación supera el promedio de 2,2% previsto por el organismo para América Latina y el Caribe. Solo Guyana, con una expansión proyectada de 23,7%, y Paraguay y República Dominicana, ambos con 4,7%, se situarían por encima de El Salvador en la clasificación regional.

El pronóstico para 2026 representa una mejora frente al 3,2% que el Banco Mundial calculaba en junio. Para 2027, la entidad elevó su previsión de 3% a 3,9%.

La inversión privada y la seguridad detrás de la expansión

El Banco Mundial indicó en su Panorama económico de América Latina y el Caribe que El Salvador ha mantenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años, con la inversión privada como uno de los motores de la expansión. El organismo también atribuyó el desempeño a la mejora de las condiciones de seguridad y a los esfuerzos de consolidación fiscal.

“La fuerte reducción de la delincuencia observada a partir de 2022” eliminó una limitación relevante para la actividad económica, sostuvo la institución. Ese cambio, junto con la disciplina fiscal, fortaleció la confianza del mercado.

El país registró una expansión de 3,9% en 2025, de acuerdo con el mismo diagnóstico. El Banco Mundial señaló que El Salvador y Paraguay sostienen ritmos superiores al promedio regional por la combinación de seguridad, consolidación fiscal e inversión privada sólida.

La proyección coincide con el rango de crecimiento de 4,5% a 5% para 2026 que anticipa el Banco Central de Reserva. La autoridad monetaria también identifica a la inversión privada como un factor central de la actividad económica.

Las previsiones del FMI y la preocupación por la economía

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía salvadoreña se expanda 4,5% al cierre de 2026 y 4% en 2027, en el marco de la revisión de un acuerdo por USD 1.400 millones con el país. El organismo estimó además una inflación de 2,7% para este año y de 2,1% para el siguiente.

El producto interno bruto salvadoreño aumentó 4,79 % durante el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras, según cifras del Banco Central de Reserva.

La mejora de las previsiones económicas convive con una inquietud creciente entre la población. Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana señaló que 70,7 % de los salvadoreños considera que la situación económica es el principal problema del país, por encima de la violencia.

El Banco Mundial proyecta que el crecimiento de El Salvador será de 3,9% en 2027 y se desacelerará hasta 3,5% en 2028.

La publicación actualiza las perspectivas económicas mundiales antes de las reuniones anuales que el Banco Mundial sostendrá junto al Fondo Monetario Internacional entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

El Sunzal acogerá el Mundial de Longboard de la ISA en octubre de 2026, una competencia que reunirá a especialistas de la modalidad de tabla larga y que forma parte del acuerdo entre Surf City El Salvador y la Asociación Internacional de Surf para mantener campeonatos internacionales en el país hasta 2027. Informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia

Las actividades comenzarán el 15 de octubre con la reunión de los responsables de cada selección nacional. Al día siguiente se realizarán la conferencia de prensa y la ceremonia de apertura, antes del inicio de las pruebas en el mar.

El torneo se disputará desde el sábado 17 hasta el miércoles 21, con jornadas desde el amanecer hasta el atardecer. Las finales se celebrarán el jueves 22 y luego tendrá lugar la ceremonia de cierre.

La cita tendrá a El Sunzal como única sede competitiva y será el cuarto Mundial de Longboard consecutivo organizado allí, después de las ediciones de 2023, 2024 y 2025. Las playas salvadoreñas reciben de forma recurrente los principales campeonatos de la ISA desde 2019.

Cuatro ediciones consecutivas en El Sunzal

La edición de 2025 reunió a 143 atletas de 44 países, la mayor participación registrada hasta entonces en el campeonato. Compitieron 74 hombres y 69 mujeres, con los debuts de Noruega, Polonia, Tahití y Tailandia.

La estadounidense Rachael Tilly conquistó el título femenino y obtuvo su primera medalla de oro individual en un Mundial de Longboard. El francés Edouard Delpero ganó la categoría masculina después de haber disputado cuatro finales consecutivas en esta competencia.

Francia se quedó con el campeonato por equipos, el cuarto de su historia. Estados Unidos obtuvo la plata, Filipinas logró el bronce y Brasil recibió el cobre.

El calendario internacional de 2026 también incluye a El Salvador como sede del Mundial Junior en septiembre. El Mundial de Longboard será la siguiente gran competencia internacional de surf prevista en la costa del país.

Una federación presente en 120 países

La Asociación Internacional de Surf fue fundada en 1964 y es reconocida por el Comité Olímpico Internacional como la autoridad rectora mundial del surf. Reúne a las federaciones nacionales de 120 países distribuidos en cinco continentes. según el portal web de ISASURF

La organización regula modalidades como tabla corta, longboard, bodyboard, carreras, surf y competencias de tabla y remo de pie, parasurf, bodysurf, wakesurf y otras actividades practicadas tanto en olas como en aguas planas con equipamiento de surf.

La ISA coronó a sus primeros campeones mundiales masculinos y femeninos en 1964. Un año después entregó su primer título mundial de olas grandes; en 1980 incorporó el campeonato juvenil, en 1982 el de kneeboard y en 1988 los de longboard y bodyboard.

Los campeonatos mundiales de surf en tándem comenzaron en 2006, los Masters en 2007, las pruebas de tabla y remo de pie y paddleboard en 2012, y el surf adaptado en 2015. La organización es presidida por el argentino Fernando Aguerre y su director ejecutivo es Robert Fasulo.

El Sindicato de Empresa Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SETUES) exigió a las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) eliminar el examen de nuevo ingreso para 2027, ampliar la matrícula y reforzar el programa de becas. El gremio también informó el inicio de un paro de labores escalonado e indefinido en algunas áreas de la institución.

En un comunicado fechado en septiembre de 2026, el sindicato sostuvo que la inscripción para el proceso de nuevo ingreso cayó a niveles que considera críticos. Según sus estimaciones, en años anteriores la universidad recibía entre 18,000 y 23,000 solicitudes, mientras que para el proceso actual se registran entre 8,000 y 10,000 aspirantes.

El SETUES planteó que la reducción de aspirantes puede afectar la cobertura de la única universidad pública del país, así como su presupuesto, las unidades académicas y administrativas y las condiciones laborales de su personal.

Política de ingreso masivo para 2027, entre las demandas centrales

Entre sus principales demandas, el sindicato pidió implementar una política extraordinaria de ingreso para 2027 que aproveche la capacidad instalada de la UES y amplíe las oportunidades de acceso para jóvenes de sectores populares y familias trabajadoras.

La organización cuestionó la continuidad del examen de admisión. “Exigimos formalmente a las autoridades universitarias la eliminación inmediata del examen de nuevo ingreso y la implementación de una política de puertas abiertas e ingreso masivo”, señaló el comunicado extendido este martes.

El gremio propuso que la universidad adopte mecanismos de acompañamiento y nivelación académica para los aspirantes, con el objetivo de que la prueba de admisión no funcione como una barrera de acceso.

Los aspirantes de nuevo ingreso de la UES se someten a un examen de admisión que requiere un porcentaje mínimo de 50 puntos favorables y en el caso de alcanzar menos de eso y arriba de 30, se puede optar a una segunda oportunidad de examen siempre y cuando hayan cupos para la carrera solicitada. Vale destacar que son muchos los que logran ingresar a las carreras en el segundo examen, cuando ya se evalúan solo temas afines.

Los exámenes de admisión permiten tener un medidor a escala nacional sobre el rendimiento con el que los bachilleres intentan ingresar a las universidades.

Becas, salarios y estabilidad laboral en el pliego de demandas

El sindicato también solicitó fortalecer el sistema de becas y los apoyos socioeconómicos para estudiantes de menores ingresos.

El comunicado incluyó denuncias sobre presuntos gastos en viajes al extranjero y viáticos para personas cercanas a la rectoría. El gremio pidió que la administración publique información sobre viajes, misiones oficiales y gastos de dirección superior, y que evalúe la reorientación de recursos legalmente disponibles hacia becas, actividades académicas y necesidades laborales.

“La verdadera austeridad debe comenzar por priorizar las necesidades reales del estudiantado”, expresó la organización sindical.

En materia laboral, el SETUES exigió aplicar ajustes y nivelaciones salariales para el personal administrativo no docente, con base en el Reglamento General del Sistema de Escalafón de la UES. El sindicato sostuvo que las disposiciones presupuestarias para 2026 y 2027 mantienen la aplicación de sistemas escalafonarios en el sector público, pese a las restricciones generales para aumentos salariales.

El gremio también reclamó medidas para dar estabilidad al personal eventual y temporal que cumple funciones permanentes dentro de la universidad.

Paro iniciado en la imprenta y el complejo polideportivo

El sindicato anunció que las acciones comenzaron con la suspensión de labores en la imprenta y el complejo polideportivo de la UES. De acuerdo con sus representantes, el paro tendrá carácter indefinido y podría extenderse de forma progresiva a otras dependencias.

La medida fue aprobada por la asamblea sindical, según informó el SETUES, tras cuestionar la falta de avances en una mesa de diálogo con la rectoría.

“Comenzamos acciones de paro de labores de manera escalonada”, indicaron voceros del gremio durante la concentración. El sindicato exigió además una mesa de negociación con resultados y plazos definidos antes del cierre del año fiscal.

Las autoridades de la UES no aparecen citadas en el comunicado con una respuesta a las demandas planteadas por el sindicato.

Detectar el cáncer de mama en una etapa temprana puede marcar la diferencia en la vida de una paciente, ya que permite definir tratamientos antes de que la enfermedad avance.

Para que ese proceso sea oportuno, se necesitan estudios disponibles, una atención coordinada y datos que permitan conocer cuántas mujeres reciben un diagnóstico en El Salvador.

El ginecólogo obstetra y oncólogo Danilo Alfonso Arévalo señaló que la información sobre cáncer de mama proviene de distintas instituciones, aunque no existe un registro que reúna todos los casos diagnosticados y tratados en el país.

“No se puede saber con precisión la situación de cáncer de mama en el país por varias razones”, afirmó durante una entrevista.

Las pacientes pueden recibir atención en el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), hospitales regionales, clínicas privadas u organizaciones especializadas. Cada servicio cuenta con sus propios procesos de registro, lo cual dificulta establecer una cifra única sobre diagnósticos, tratamientos y supervivencia.

“El sistema es fragmentado, no es un sistema único. Las pacientes pueden ser atendidas en una institución pública, en el ISSS o en una institución privada”, explicó Arévalo.

Entre 2020 y 2024, los diagnósticos de cáncer de mama registrados en El Salvador pasaron de 221 a 416, un aumento del 88%, según datos del Ministerio de Salud recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

La cifra de 2024 corresponde a los casos informados hasta septiembre de ese año dentro de un total de 979 nuevos diagnósticos de cáncer, por lo que refleja una parte de la carga atendida y no necesariamente todos los casos del país.

El Ministerio de Salud informó, además, que la red pública realizó 28,492 mamografías y 308,248 exámenes clínicos de mama entre junio de 2024 y mayo de 2025.

Los equipos y el acceso a controles forman parte de la detección temprana

La Memoria de Labores 2024-2025 del Ministerio de Salud informó que el país contaba con 17 mamógrafos en funcionamiento. El documento reportó 28.492 mamografías y 308.248 exámenes clínicos de mama realizados en hospitales y establecimientos del primer nivel de atención.

Arévalo valoró la disponibilidad de mamografía digital en algunos servicios y la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito privado. A la vez, planteó que la cobertura debe responder a la cantidad de mujeres que requieren controles. “Son tres millones de mujeres que lo necesitan. Entonces, ¿Cuántas mujeres tienen que ir a atender en eso?”, manifestó.

El oncólogo sostuvo que el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento también requiere atención. “Las cosas que mejoran el pronóstico de una paciente con cáncer es el hecho de que desde el momento del diagnóstico ella reciba un tratamiento al menos 30 días después”, afirmó.

Según Arévalo, una coordinación más amplia entre los diferentes servicios de salud permitiría acompañar a las pacientes desde la detección de una lesión hasta la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento.

Los registros reflejan la atención de cada institución

El médico indicó que las estadísticas disponibles pueden partir de los datos de instituciones específicas o de los diagnósticos de egreso hospitalario. Esa información permite conocer la actividad de cada centro, aunque no siempre muestra el recorrido completo de una paciente.

Una mujer puede realizarse una biopsia en una ciudad, recibir una cirugía en otra y completar sus tratamientos en un establecimiento distinto. Además, los diagnósticos consignados al alta pueden referirse a intervenciones quirúrgicas o a condiciones clínicas que no detallan toda la evolución oncológica.

“Hay pacientes que pueden ser operadas en Santa Ana u otras que son atendidas en San Miguel, pero esos datos no están ahí porque no es el área central o no es el Hospital Nacional de la Mujer que las atendió”, dijo.

Arévalo consideró que un registro integrado permitiría precisar la incidencia de la enfermedad, identificar la etapa en que las pacientes llegan a consulta y conocer los resultados de los tratamientos. “Conocer un dato bien fidedigno está bien difícil”, resumió.

La coordinación puede facilitar la continuidad de los estudios

El especialista también se refirió a las mujeres que realizan estudios en el sector privado y buscan continuar su atención en otra institución. En algunos casos, explicó, se solicitan nuevas evaluaciones para validar los resultados o adecuarlos a los protocolos clínicos de cada prestador.

“Si una paciente se tomaba un examen dentro del área privada y luego iba a una consulta a un sistema público, el examen no era válido y tenían que hacerlo nuevamente”, señaló Arévalo.

El médico indicó que la repetición de pruebas puede prolongar el proceso y representar un costo adicional para las familias. “Aunque la gente trate de adelantar en el aspecto privado, se ven truncados porque les quieren hacer de nuevo ese estudio”, expresó.

Entre los 58 expedientes que acompañan a las familias del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, hay un caso que resalta en el papel, pero que en la realidad comparte el mismo drama de incertidumbre.

Es el caso de Fernando Andrés Rosales, un comerciante de 35 años que desapareció el 5 de marzo de 2022 en la ciudad de Santa Ana.

Aunque es la única causa del colectivo que ha logrado avanzar hasta los tribunales con personas detenidas, el proceso penal se encuentra atrapado en un laberinto judicial de postergaciones que impide conocer la verdad sobre su paradero.

En entrevista con Infobae, Esmeralda del Carmen Rosales reconstruye paso a paso la travesía de su familia. Desde el primer día, la búsqueda de su hermano estuvo marcada por desorientaciones institucionales, demoras procedimentales y la angustia constante de una madre y una hermana que se niegan a dejar el expediente en el olvido.

La mañana del sábado 5 de marzo de 2022, Fernando Andrés Rosales salió temprano de su vivienda en Mejicanos a bordo de su vehículo. Se dedicaba a la venta ambulante de productos variados, como ropa y detergentes, recorriendo habitualmente mercados en diferentes departamentos. Ese día decidió trasladarse hacia el Mercado Central de Santa Ana.

Acostumbrado a regresar o comunicarse entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m., el silencio en su teléfono celular encendió las alarmas de la familia al caer la tarde. Su hermana Esmeralda viajó esa misma noche hacia Santa Ana para buscarlo.

Al presentarse en las dependencias policiales para solicitar ayuda, se enfrentó a la indecisión y demoras de los agentes. La denuncia no fue procesada de inmediato, sino hasta la madrugada del 6 de marzo.

La angustia se intensificó horas después cuando los investigadores le aseguraron que Fernando se encontraba detenido en la sede del 911 de Flor Blanca, en San Salvador. Sin embargo, al trasladarse al lugar, la familia constató que se trataba de un informe equivocado.

Sin respuestas oficiales certeras, la propia familia localizó el vehículo de Fernando estacionado en una calle desolada a pocas cuadras del Mercado Central de Santa Ana.

A pesar de reportar el hallazgo a las autoridades y esperar durante horas la inspección técnica del automóvil, el cual fue decomisado para peritajes, no se entregaron informes posteriores sobre rastros o evidencias encontradas en el interior.

Evidencia en video y la persecución en la zona comercial

Con la incorporación de una abogada querellante al caso, la familia logró acceder a la información que constaba en el expediente judicial. Las investigaciones y las cámaras de videovigilancia de la zona comercial de Santa Ana permitieron reconstruir los últimos momentos en que Fernando fue visto con vida.

De acuerdo con los registros visuales y los testimonios incorporados al proceso —entre ellos el de un testigo bajo régimen de protección—, Fernando advirtió que era perseguido por un grupo de hombres mientras caminaba cerca del mercado.

En un intento desesperado por resguardarse, el comerciante ingresó a una ferretería del sector. Las cámaras captaron el momento en que los perseguidores observaban hacia el interior del establecimiento a través de los ventanales de vidrio, haciendo señas antes de simular que se retiraban del lugar.

Antes de salir del establecimiento, Fernando logró comunicarse telefónicamente con su entonces pareja para alertarle de la situación y pedirle que buscara auxilio con una patrulla policial.

Sin embargo, tras verificar que la calle parecía despejada, Fernando abandonó el local e intentó huir. En ese momento fue abordado por un grupo de aproximadamente ocho personas. Las imágenes muestran cómo fue rodeado y obligado a caminar bajo presión física por las calles aledañas, perdiéndose su rastro tras ser ingresado por la fuerza a un negocio de ropa usada de la zona.

El estado procesal: Cuatro capturas y más de 12 suspensiones de audiencia

El avance de las investigaciones permitió la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer— vinculadas al entorno del mercado de Santa Ana, quienes fueron procesadas por su presunta participación en la privación de libertad. A uno de los procesados se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención, mientras que los otros tres continúan bajo prisión preventiva a la espera de la fase de instrucción.

A pesar de contar con imputados y elementos de prueba en el expediente, el caso se encuentra paralizado. La audiencia preliminar ha sido suspendida en más de 12 ocasiones por diversos motivos procesales, postergando año tras año la posibilidad de avanzar hacia un juicio.

Para la familia, la detención de los colaboradores del sector no es suficiente si no se determina el paradero de Fernando ni se identifica a los autores materiales directos que se lo llevaron de la zona.

Hoy en día, Esmeralda integra la coordinación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevando la voz de su familia a las actividades públicas y legislativas del colectivo. “A mí lo que me mueve es la tristeza y el dolor de mis padres. El deseo de mi mamá es tener un lugar donde orarle, un lugar donde llevarle flores y saber que él está ahí”, concluye Esmeralda.

A más de cuatro años de la desaparición, la familia Rosales continúa exigiendo que el único caso judicializado del grupo no se convierta en un expediente más en el archivo de la impunidad.

Panamá se perfila como la economía con mayor dinamismo de la subregión centroamericana durante los próximos tres años. El Banco Mundial proyecta una expansión de 3.9% para 2026, que se acelerará a 4.1% tanto en 2027 como en 2028, según el organismo.

El dato se da en un contexto en el que Centroamérica enfrenta un escenario externo adverso. El alza y la volatilidad de los precios de la energía golpean con especial fuerza a una subregión compuesta casi en su totalidad por países importadores netos de combustibles.

Según las proyecciones del Banco Mundial, Panamá liderará con 3.9%, seguido por Guatemala con 3.7% y Costa Rica con 3.5%. Los tres países superarán el promedio previsto para toda América Latina y el Caribe, que será de apenas 2.2%.

Panamá consolida su posición gracias al Canal y la logística

El desempeño panameño se apoya en una plataforma logística, financiera, comercial y de servicios consolidada. La actividad vinculada al Canal y a la conectividad regional sostiene buena parte de ese impulso, de acuerdo con el informe del organismo.

El país venía de crecer 4.4% en 2025, por lo que la cifra de 2026 representa una moderación. Aun así, la recuperación esperada para 2027-28 confirmaría a Panamá como una de las economías de mayor expansión de toda América Central.

El reto, según el Banco Mundial, pasa por consolidar la inversión y sostener condiciones globales más estables para no perder el ritmo alcanzado.

Guatemala y Costa Rica completan el podio regional

Guatemala mostraría una de las trayectorias más estables de la subregión. Tras un crecimiento estimado de 4.2% en 2025, el país avanzaría 3.7% en 2026 y 3.8% tanto en 2027 como en 2028.

La fortaleza guatemalteca proviene de una demanda interna relativamente resistente y del flujo constante de remesas, que sostienen el consumo de los hogares. El organismo advierte, sin embargo, que la formalización laboral, la productividad y la infraestructura siguen siendo pendientes para elevar el crecimiento potencial del país.

Costa Rica, por su parte, mantiene una de las perspectivas más sólidas de la región. Después de expandirse 4,6% en 2025, se proyecta una moderación a 3,5% en 2026, con una recuperación gradual hacia 3,6% en 2027 y 3,7% en 2028.

La diversificación productiva costarricense explica buena parte de esa resiliencia. Servicios, turismo, manufactura avanzada, dispositivos médicos e inversión extranjera conforman una base económica menos vulnerable que la de otros países de la subregión, aunque tampoco inmune al encarecimiento energético.

El resto de la subregión crece a un ritmo más moderado

Nicaragua había crecido un estimado de 4.9% en 2025, pero el Banco Mundial anticipa una normalización hacia 3.4% en 2026 y 2027, con una leve moderación a 3.3% en 2028. El consumo interno y las remesas seguirán siendo determinantes para el país.

Honduras, El Salvador y Belice se ubican en un escalón de crecimiento más bajo dentro de la subregión. Ninguno de los tres alcanzaría el ritmo de expansión previsto para Panamá, Guatemala o Costa Rica durante el trienio 2026-2028.

El organismo insiste en que la dependencia de la demanda estadounidense —vía exportaciones, remesas, turismo e inversión— sigue siendo el principal riesgo compartido por toda la subregión. Una desaceleración mayor de Estados Unidos o un endurecimiento financiero internacional prolongado podría alterar estas proyecciones.

Las remesas, el amortiguador común

Más allá de las diferencias entre países, el Banco Mundial identifica a las remesas como el principal factor de contención frente al choque energético. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana dependen especialmente de estos flujos para sostener el consumo de los hogares.

La demanda interna relativamente estable en la mayor parte de la subregión actúa como segundo colchón. Ambos factores explican por qué, pese al encarecimiento del petróleo, Panamá, Guatemala y Costa Rica mantienen proyecciones de crecimiento muy por encima del promedio latinoamericano.

El informe también señala limitaciones estructurales comunes: baja creación de empleo formal, alta informalidad y un espacio fiscal reducido por los altos niveles de deuda. Estas restricciones condicionan la capacidad de los gobiernos centroamericanos para responder a nuevos choques externos.

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardoza, sostuvo que los partidos políticos de El Salvador deben reactivar sus bases territoriales ante un deterioro de su respaldo ciudadano que, según su evaluación, se arrastra desde 2015.

La convocatoria para las elecciones de 2027 obliga a las organizaciones a movilizar nuevamente a su militancia para inscribir candidaturas y cubrir la estructura electoral.

Cardoza afirmó que la pérdida de apoyo no es reciente y que se ha reflejado tanto en la membresía partidaria como en el respaldo popular. “Hemos visto cómo han venido desde hace ya unos diez, doce años, cómo ha venido su membresía y su apoyo, su respaldo popular, cómo ha venido para abajo, en decadencia”, dijo durante la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión.

El exfuncionario, que integró el Tribunal Supremo Electoral desde 2015, señaló que cada proceso electoral produce una reactivación transitoria de las estructuras locales. Los partidos vuelven a buscar a sus dirigentes y bases, a quienes no mantienen necesariamente movilizados fuera de los períodos de campaña.

La apertura formal del proceso electoral marca el comienzo de la inscripción de candidatos, un paso que exige a los partidos presentar sus planillas y la documentación que acredite la realización de sus elecciones internas. El plazo para registrar candidaturas vence el 19 de noviembre.

La convocatoria también activa la preparación de la campaña electoral, prevista para los cuatro meses previos a los comicios. Sin embargo, antes de promover candidatos, los institutos políticos deberán reconstruir la red humana que permite operar una elección en todo el país.

El Tribunal Supremo Electoral solicitará a cada partido los nombres de sus representantes ante las juntas electorales departamentales y municipales, así como de quienes trabajarán en las Juntas Receptoras de Votos y ejercerán funciones de vigilancia.

Para Cardoza, esa exigencia obliga a recuperar vínculos con líderes locales y ciudadanos que puedan incorporarse a la organización electoral.

“Eso es una estructura que el partido necesita reactivarla”, explicó. A su juicio, las agrupaciones deben volver a sus bases para identificar a las personas que participarán en las tareas de representación y control del proceso.

La competencia, agregó, dependerá finalmente de los candidatos que se inscriban, pues todavía no se conoce quiénes integrarán la contienda.

Las reglas, señaló, se mantienen, pero el escenario político cambió: antes existían dos partidos grandes con posibilidades de competir en condiciones más equilibradas; ahora hay organizaciones más pequeñas y una fuerza con mayor capacidad que las demás.

Un padrón de 6.5 millones y una nueva circunscripción exterior

La elección del 28 de febrero de 2027 convocará a un padrón de 6.5 millones de personas. De ese total, 982,000 son salvadoreños residentes en el exterior, mientras que más del 50 % del electorado está compuesto por mujeres.

Los comicios definirán 582 cargos públicos: presidente y vicepresidente de la República, 60 diputados propietarios y 60 suplentes, 44 alcaldes, 44 síndicos, 196 regidores propietarios y 179 suplentes. La elección legislativa incorporará además una decimoquinta circunscripción para la diáspora, que elegirá seis diputados.

Cardoza consideró que el nuevo calendario, surgido tras la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial y extendió el período presidencial de cinco a seis años, ordena los ciclos electorales. Los diputados y alcaldes conservarán períodos de tres años, por lo que habrá elecciones de esos cargos a mitad del mandato presidencial.

Esa votación intermedia podría funcionar como una evaluación ciudadana del desempeño del Gobierno, según el exmagistrado. “En cada elección el pueblo está auditando a su gobernante, le está diciendo si está de acuerdo o no con el trabajo cada vez que la población se pronuncia”, afirmó.

También advirtió que, una vez convocadas las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral debe ser reconocido como la máxima autoridad en la materia.

Cardoza recordó que en procesos anteriores decisiones judiciales y cambios de reglas cercanos a la votación complicaron la planificación, como ocurrió con la implementación del voto cruzado y la definición del valor de las fracciones de voto.

El territorio salvadoreño continúa experimentando condiciones de inestabilidad atmosférica y lluvias a nivel nacional debido a los remanentes de una onda tropical en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), según informó el Observatorio de Amenazas, este martes.

Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), señalaron que dichas condiciones climáticas se concentran principalmente en horas de la tarde hasta la noche en el occidente del país, la cordillera volcánica, con énfasis en el tramo Apaneca-Ilamatepec, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Desde las primeras horas de la mañana el cielo se presentó con una fuerte nubosidad, se espera que estas condiciones se mantengan en lo que resta del día. Por otra parte, el viento mantendrá una baja intensidad con velocidades que rondan entre los 10 y 20 kilómetros por hora (km/h), con una tendencia desde el sureste.

El Observatorio atribuyó estas condiciones a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, junto con el paso de la onda tropical, sistemas que favorecen la formación de nubosidad y tormentas.

La institución advirtió que las precipitaciones podrían generar afectaciones leves en distintos puntos del territorio. El llamado es a mantener vigilancia en zonas vulnerables, especialmente donde las lluvias suelen provocar acumulación de agua o complicaciones para la circulación.

San Miguel bajo vigilancia por posibles inundaciones y crecidas súbitas

La persistencia de las lluvias mantiene una advertencia específica para el departamento de San Miguel. El Observatorio prevé la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas, con mayor atención en el distrito de San Miguel y las zonas cercanas.

El aumento de las precipitaciones puede afectar de forma temporal el tránsito vehicular y peatonal. También podría dificultar la movilidad en áreas próximas a ríos, quebradas o canales, donde el incremento del caudal tiene capacidad de arrastrar objetos pequeños.

Las autoridades recomendaron evitar actividades dentro de cauces durante las tormentas y atender los avisos oficiales. En estos sectores, el nivel del agua puede subir en poco tiempo tras lluvias intensas registradas en zonas altas.

La alerta amarilla focalizada en La Libertad Sur

La Dirección General de Protección Civil mantiene una alerta amarilla focalizada para el municipio de La Libertad Sur, en el departamento de La Libertad. La medida responde a la inestabilidad de un terreno colindante con los centros escolares Lamatepec y La Floresta, ubicados en el distrito de Santa Tecla.

La declaratoria se basa en un dictamen emitido el 2 de octubre por el Consejo Asesor de Protección Civil. El documento recomendó la construcción de obras para reducir la vulnerabilidad ante deslizamientos de tierra y flujos de lodo en el área.

Protección Civil señaló que las condiciones del terreno representan un riesgo para las instalaciones cercanas a ambos centros educativos. Mientras se ejecutan las obras de prevención y mitigación, la recomendación es que las clases continúen bajo modalidad virtual.

Según el Reglamento General de la Ley de Protección Civil, la alerta amarilla se establece cuando la probabilidad de afectación por una amenaza natural aumenta en un 50%.

La institución ordenó al propietario del inmueble y a las entidades competentes realizar de forma inmediata las obras requeridas. De no concretarse esas intervenciones, el área continuará expuesta a un riesgo alto de deslizamientos.

Durante las últimas semanas se registraron múltiples caídas de árboles a nivel nacional debido a la inestabilidad del suelo.

El dolor de la ausencia no da tregua en El Salvador. La incertidumbre de no saber dónde está un ser querido convierte las horas en un peso insoportable y la rutina en una constante interrogante.

Ante la disolución de diversas organizaciones de apoyo humanitario y el agotamiento de recursos para acompañar a las víctimas, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas se ha consolidado como una trinchera de resiliencia, articulación comunitaria y dignidad.

En entrevista exclusiva con Infobae, Josefa Mejías López y Guadalupe Beatriz Hernández Balzar reconstruyen la memoria de sus hijos, denunciando los obstáculos burocráticos y reafirmando un compromiso inquebrantable: no dejar que el olvido se borre sus nombres.

El sábado 14 de abril de 2018, la rutina de la familia Mejía se fracturó para siempre. Juan Antonio Mejía Mejía, de 26 años, trabajaba repartiendo agua embotellada en el municipio de Ilopango. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, sus botas de hule y cargaba un bolso negro donde guardaba ropa de cambio y mangas de tela para protegerse del sol.

Aquel día era decisivo en la vida del joven. Padre de dos niños que en ese momento tenían tres y seis años, Juan Antonio había tomado la decisión de separarse de su pareja e irse a vivir con su madre, Josefa Mejías López, a la colonia La Selva. Quería ahorrar esa última semana de trabajo para actualizar su currículum y buscar un empleo nuevo que le permitiera seguir pagando la vivienda que había adquirido a través del Fondo Social para la Vivienda.

Sin embargo, al terminar la tarde, el joven no llegó ni a la casa que dejaría ni a la de su madre. La desesperación de Josefa comenzó a marcar la hora desde la 1:00 p.m. Al no tener noticias, empezó una búsqueda que no se ha detenido un solo día. “Empezó la angustia, el dolor, el deseo de encontrarlo. Lo he buscado yo como mamá, en que nadie me hizo caso, ni las autoridades. Yo lo busqué bajo de puentes, en los montes, en los tubos de agua, en las colonias, en los hospitales”, relató Josefa a Infobae.

Las primeras horas estuvieron marcadas por la falta de empatía institucional, cuando le indicaron que debía esperar 72 horas para interponer formalmente la denuncia. Durante dos años acudió de forma periódica a la Fiscalía General de la República, donde era sometida a entrevistas repetitivas sin obtener avances sobre las bitácoras telefónicas.

A lo largo de los años, Josefa ha recorrido comandancias, centros penales, la morgue de Medicina Legal, el Seguro Social e instalaciones de las Fuerzas Armadas. Días antes de su desaparición, Juan Antonio le había expresado temores sobre situaciones de riesgo en sus rutas de reparto, mencionando presiones por cobro de extorsión o “renta” en zonas como Las Margaritas en Soyapango, así como conflictos personales en su entorno cercano.

A pesar de haber sido citada para pruebas de ADN tras el hallazgo de restos en Cumbres de San Bartolo que vestían prendas similares a las de su hijo, resultado que finalmente no arrojó coincidencia, Josefa exige la creación de un banco genético unificado para que las muestras no se pierdan.

Tras unirse al Bloque de Búsqueda, sostiene su fe con firmeza: “Yo no quisiera morirme pensando que a mi hijo no lo pude encontrar, ni siquiera su cuerpo. Nosotros, lo que queremos es que nos ayuden a darnos esa ley para ser respaldadas. Si hubiera un banco, mi sangre estuviera guardada”.

Guadalupe Beatriz Hernández y la herida abierta por su hija y yerno

En la costa del departamento de La Libertad, el dolor de Guadalupe Beatriz Hernández Balzar se mantiene intacto desde el 19 de abril de 2021. Ese día, su hija Marcela Jacqueline Rojas Hernández, de 22 años, desapareció sin dejar rastro en la capital.

Marcela trabajaba elaborando arreglos florales en un negocio del mercado San Miguelito en San Salvador. Para evitar los largos trayectos diarios desde La Libertad, la joven alquilaba un cuarto en un mesón de la zona de Don Rúa, en San Salvador.

Marcela compartía su vida con su pareja, Ricardo Alfredo Durán, también de 22 años, quien trabajaba en el mismo sector del mercado. La mañana de aquel lunes 19 de abril, ambos salieron del mesón con dirección a sus labores a las 5:00 a.m., pero ninguno se presentó a trabajar ni volvió a la habitación. A las 5:00 p.m., la familia fue alertada de que la pareja no daba señales de vida.

Guadalupe inició una travesía desesperada acudiendo a centros asistenciales, morgues, hospitales y dependencias de la Policía Nacional Civil. Al consultar en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se encontró con la frialdad de las respuestas institucionales. “Aún hasta fui a la PDH y mejor me dijeron de que cuidara a mi hijo que tenía vivo, que ya no anduviera buscando a alguien que ya estaba muerto”, recordó Guadalupe en entrevista con Infobae.

La desaparición de la pareja dejó un vacío profundo y una enorme responsabilidad sobre los hombros de Guadalupe, quien tuvo que asumir de forma absoluta la crianza, educación y sostenimiento de los dos hijos de Marcela, que hoy enfrentan la infancia sin su madre. Con escasos recursos y enfrentando problemas de salud en su entorno familiar, la carga económica y emocional ha sido devastadora.

A pesar del temor y de las sospechas familiares sobre las presiones de pandillas y conflictos del pasado que rodeaban el entorno de los jóvenes, Guadalupe encontró una luz en el camino un año después de la desaparición, al incorporarse al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El colectivo le brindó asesoría jurídica y un espacio seguro para hablar sin miedo.

“Uno sabe lo que nosotros sufrimos a diario. Yo antes ni hablar de esto podía”, confesó a Infobae, destacando cómo el apoyo de sus compañeras de lucha le ha devuelto las fuerzas para exigir que el Estado no abandone a las familias ni a los niños que han quedado en la orfandad. “Yo en lo personal quisiera que nos apoyaran, aún hasta con los niños que ella ha dejado. Nosotros solo pedimos ser escuchados”.

El programa Dos Escuelas por Día superó las mil escuelas intervenidas en El Salvador el sábado 3 de octubre, de acuerdo con el registro oficial de la iniciativa.

El hito correspondió al Centro Escolar Hacienda La Galilea, Cantón Sirama, identificado como la escuela número 1,000 en el portal gubernamental, aunque la ficha del establecimiento indica que las obras aún se encuentran en ejecución.

El centro escolar atiende a 69 estudiantes, tiene un área de construcción de 504 metros cuadrados y cuenta con una inversión prevista de $627 mil, según la ficha oficial de la escuela número 1.000. La ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Dirección General de Centros Penales.

La intervención incluye reparación y pintura de paredes, nivelación de pisos y colocación de porcelanato, nuevas ventanas y puertas metálicas, renovación de las redes eléctricas e hidrosanitarias, iluminación LED, ventiladores, mobiliario, juegos didácticos y un área de cocina. El proyecto también contempla obras exteriores, como andenes, canchas, zonas lúdicas y jardines.

El sitio oficial actualizó su registro al día siguiente. El 4 de octubre incorporó como escuela número 1.001 al Centro Escolar Caserío Cashagua, Cantón Cauta Arriba, con 106 estudiantes, 652 metros cuadrados de construcción y una inversión de $ 802 mil. La condición de ambas fichas señala que la intervención se encuentra en ejecución.

El presidente Nayib Bukele presentó el programa el 22 de mayo de 2025, durante una cadena nacional desde San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Entonces reconoció demoras en la reconstrucción de escuelas y anunció que el Ejecutivo iniciaría dos intervenciones por día, incluidos fines de semana y feriados. “Hemos construido ya muchas escuelas; pero aún es muy lento y queremos ir más rápido”, afirmó en ese momento el mandatario.

El 3 de mayo de 2026, durante la inauguración del tercer paquete de 70 establecimientos finalizados, Bukele sostuvo que el mecanismo incorporaba dos nuevos proyectos cada jornada. “Cada día, dos escuelas. Se inicia la construcción y se van entregando”, dijo.

En esa ocasión, el Gobierno informó que 210 escuelas habían sido terminadas y que otras 694 se encontraban en obras, con una inversión global proyectada de cerca de $ 690 millones y alcance para más de 114 mil alumnos.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó el pasado 24 de octubre ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que el MOP aporta materiales, logística y supervisión, mientras que la mano de obra proviene de personas privadas de libertad. “Esto nos genera ahorro en costos y nos permite hacer muchas más escuelas”, declaró el funcionario en declaraciones recogidas por El Diario de Hoy.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, también ha presentado balances que combinan escuelas entregadas con obras en proceso. El 21 de enero de 2026 afirmó, en una entrevista con Frente a Frente, que había 490 instituciones intervenidas dentro del programa, además de 70 ya inauguradas, y cifró la inversión en infraestructura en alrededor de $ 503.8 millones. En mayo sostuvo que la meta alcanzaría “todas las escuelas” del país.

El presupuesto de 2026 incluyó $ 100 millones para construcción y mejoramiento de centros educativos, una partida que menciona a “Dos Escuelas por Día”.

El desafío abarca una red de más de 5,100 centros escolares públicos, según datos del Ministerio de Educación citados durante el debate presupuestario de 2026.

Actualmente, el Gobierno impulsa el apoyo al sector educativo. Para 2027 se ha establecido un presupuesto del 27.5%, según anunció la semana anterior el ministro de Hacienda, Jerson Posada. La cifra proyectada es de $ 3,416 millones a Educación; dicho monto supera la cuarta parte de los recursos previstos para el próximo año y representa el 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.

El Salvador escalará al tercer puesto entre las economías de mayor expansión de América Latina en 2026, con un crecimiento proyectado de 4.5%, según la última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, organismo multilateral con sede en Washington, divulgada este martes.

El país centroamericano queda apenas detrás de República Dominicana y Paraguay, que comparten el liderazgo regional con una proyección de 4.7% cada uno para ese año.

El dato representa la tercera revisión al alza que aplica el organismo sobre la economía salvadoreña en menos de un año. En octubre de 2025 había estimado un 2.5%; en enero de 2026 subió la cifra a 3%, y en junio la llevó a 3.2%. El último ajuste suma 1.3 puntos porcentuales de un informe a otro.

El salto más pronunciado de las tres revisiones

Ninguno de los incrementos previos había superado el medio punto porcentual. El salto de junio a octubre rompe esa tendencia y coloca a El Salvador muy por encima del promedio que el propio Banco Mundial proyecta para toda la región en 2026: 2.2%.

El organismo explica el desempeño por tres factores combinados: la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una inversión privada sólida. “El Salvador y Paraguay continúan registrando un crecimiento superior al promedio regional, impulsados por la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una sólida inversión privada”, indicó el Banco Mundial en el documento.

El país llega a esta nueva proyección después de haber registrado una expansión de 3.9% en 2025, según el mismo informe.

El Banco Central de Reserva coincide con la proyección

La proyección del Banco Mundial coincide con la que maneja el Banco Central de Reserva (BCR), que anticipa una expansión de entre 4.5% y 5% para 2026. El organismo salvadoreño atribuye el impulso al mismo elemento que señala el multilateral: la inversión privada.

“El Salvador también ha mantenido un crecimiento robusto, con un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años y la inversión privada desempeñando un papel crucial en dicha expansión”, sostuvo el BCR.

El Banco Mundial añade un matiz histórico a ese diagnóstico. Según el organismo, la reducción de la delincuencia observada en 2022 eliminó una “importante limitación” que pesaba sobre la actividad económica del país. Esa mejora, combinada con la consolidación fiscal, elevó la confianza del mercado.

El Salvador frente al resto de Centroamérica

El Salvador no es el único país de la región que crece por encima del promedio latinoamericano. Panamá sigue con una proyección de 4.2%, Guatemala de 3.7%, Nicaragua de 3.6%, Honduras de 3.4%, Costa Rica de 3.3% y Perú de 3.2%.

El Banco Mundial atribuye el repunte regional a un mayor dinamismo de las economías centroamericanas en su conjunto. Si se incorporan las economías del Caribe al análisis, Guyana se despega de cualquier comparación con una proyección de 23.7% para 2026, producto de su desarrollo petrolero.

El organismo advierte, sin embargo, que la “relativa estabilidad” de América Latina y el Caribe refleja apenas un grado de resiliencia frente a los choques externos. El factor de mayor peso identificado por el Banco Mundial es el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales, un riesgo que podría alterar las proyecciones actuales.

Proyecciones hasta 2028

El informe no se limita al año en curso. Para 2027, el Banco Mundial anticipa que el crecimiento salvadoreño se moderará a 3.9%, y para 2028 proyecta una desaceleración adicional hasta 3.5%.

La publicación llega en un momento clave del calendario financiero internacional. El Banco Mundial actualiza sus perspectivas económicas mundiales de cara a las reuniones anuales que sostendrá junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

El dolor de la ausencia no descansa. Para las familias de las personas desaparecidas en El Salvador, la rutina diaria comienza con la misma interrogante suspendida en el aire y termina con el peso de la incertidumbre.

Ante la disolución de diversas organizaciones por normativas recientes y el paulatino agotamiento de recursos para el acompañamiento de las víctimas, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas se ha consolidado como un refugio de resiliencia, articulación comunitaria y apoyo mutuo.

A través de la unión de madres, hermanas y familiares, este colectivo sostiene una lucha constante para mantener viva la memoria de sus seres queridos y exigir respuestas sobre su paradero.

La vida de Carmen Argueta ya había sido golpeada por la violencia cuando en 2006 las pandillas le quitaron a su esposo. Tras la tragedia, la familia tuvo que reinventarse: el negocio familiar cerró y sus hijos comenzaron a trabajar desde muy jóvenes.

Años después, la calma parecía retornar al hogar en Mejicanos durante el confinamiento, cuando sus hijos lograron trabajar en la modalidad de teletrabajo. Herber Argueta Antonio, el hijo mayor de 32 años, políglota apasionado por los idiomas que dominaba inglés, alemán y francés, trabajaba en el área de atención telefónica en un call center en el turno nocturno.

La noche del 4 de agosto de 2021, en vísperas de las Fiestas Agostinas, llovía con fuerza sobre la capital. Herber se encontraba en su descanso laboral de las 9:30 p.m. mientras compartía tiempo con su novia en su habitación. Al no haber cenado, decidió salir unos minutos a buscar comida a una tienda cercana. Llevaba puesta una camiseta negra, jeans azules rotos al estilo fit y unas botas Jordan.

En el apuro por no perder su turno de regreso a las 10:00 p.m., dejó sobre la mesa sus llaves, su billetera y su teléfono celular, llevando únicamente el dinero en efectivo en la mano. Nunca regresó.

Fue hasta la mañana siguiente cuando los mensajes de la novia de Herbert encendieron las alertas. La búsqueda inicial se convirtió en una travesía llena de trabas administrativas: la Fiscalía se negó en un primer momento a entregarle una copia de la denuncia, la declaración de la acompañante no fue receptada esa misma noche y la valiosa información que pudo brindar el vigilante del pasaje se perdió por la falta de diligencias inmediatas.

El desgaste institucional se profundizó con el cambio constante de fiscales y la falta de aplicación efectiva de las leyes. “Uno llega a preguntar y es revictimizado porque tiene que contar su historia una y otra vez. Siempre me atiende el fiscal de turno y lo único que hacen es echarle un vistazo al informe y decirme: ‘Sí, estamos trabajando’”, relata Carmen con indignación.

A pesar de solicitar pruebas de ADN y pedir avances, la respuesta oficial solía justificarse en la falta de recursos. Por lo que, Carmen halló en el Bloque de Búsqueda la fuerza para llevar su voz a conversatorios y aulas universitarias: “No me puedo quedar callada. Callar la historia de mi hijo es callar la historia de miles de familias”.

Carmen sostiene como principal hipótesis que los responsables directos de la desaparición de su hijo fueron integrantes de pandillas, grupos criminales que operaban en la zona y por los cuales su familia ya había sido impactada años atrás tras el asesinato de su esposo.

Miriam Elizondo: Quince años de resistencia por Josué

En Santa Ana, el relato de Miriam Elizondo refleja el desgaste de un proceso que supera ya los quince años. El sábado 4 de junio de 2011, su hijo Josué Miranda Elizondo, de tan solo 14 años, se alistó de madrugada para ir a trabajar. Vestía un jeans azul, tenis blancos, un cincho verde de nailon y una camisa a cuadros sobre una camiseta blanca con relieve.

El menor ayudaba a su tío en la distribución de pan dulce en colonias y zonas rurales, un oficio que había asumido con el anhelo de ahorrar y poner su propio negocio.

Aquel mediodía, tras descargar el producto en un local cercano a la delegación policial de Santa Ana sobre la 25 Avenida Sur, Josué comió un pedazo de pollo con sus familiares, recibió los siete dólares de su jornada y anunció que saldría “a dar una vuelta” antes de regresar a cargar el camión para el día siguiente.

La última persona que lo vio con vida fue un trabajador del sector, quien lo observó parado cerca del semáforo de la aldea San Antonio alrededor de las 3:30 p.m., tranquilo y despidiéndose con un gesto de la mano.

Cuando cayó la noche y Josué no volvió, la angustia se apoderó de la familia. La respuesta de las autoridades en las primeras horas fue el presagio de un largo abandono: la policía se negó a tomar la denuncia de inmediato bajo la premisa de que debían transcurrir 24 horas y que el joven probablemente andaba de fiesta. “Los ‘nunca’ se llegan, señora”, le espetó un agente cuando Miriam insistió en que su hijo jamás se ausentaba sin avisar.

Los días posteriores se transformaron en un recorrido sin descanso por hospitales, salas de emergencia, el Centro de Atención de Menores (CAN) y la morgue. La publicación de la fotografía del adolescente en los medios de comunicación no trajo datos certeros, sino una ola de llamadas de extorsión que buscaron lucrarse del dolor familiar. Tampoco las autoridades realizaron las bitácoras telefónicas a tiempo, dejando pasar dos años cruciales sin rastrear las llamadas.

Sobre las causas de la desaparición, la familia e investigaciones iniciales manejaron presuntas hipótesis vinculadas a estructuras de pandillas. Entre las principales sospechas destaca la posibilidad de que el adolescente fuera engañado o usado mediante una “carnada” para sacarlo del sector; que el hecho estuviera relacionado con el cobro de extorsión o “renta” exigido al negocio de pan; o el riesgo que representaba movilizarse entre zonas que en ese momento estaban bajo el control de grupos criminales rivales.

Miriam buscó acompañamiento psicológico en la Cruz Roja, se unió a las primeras reuniones de colectivos de víctimas e integró el grupo fundador del Bloque de Búsqueda en febrero de 2022. Su insistencia constante llevó el caso hasta la justicia constitucional: en noviembre de 2022, la Sala de lo Constitucional admitió de manera parcial un recurso de amparo a favor de Josué.

Quince años después, Miriam sostiene su lucha con la firmeza intacta: “Nuestros hijos están desaparecidos. Es una realidad, el dolor y el sufrimiento de toda la familia. Pronunciarse es un derecho que tenemos para alzar la voz y exigir que seamos escuchados”.

Nuevas inversiones y ampliaciones de operaciones en el país acompañaron el crecimiento promedio de 3.6% de la industria salvadoreña durante el primer semestre de 2026, según un análisis de la Gerencia de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

El informe, elaborado con datos del Banco Central de Reserva (BCR), se conoció en un contexto de expansión de la actividad económica nacional.

El sector industrial aporta el 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la información divulgada por la ASI. El desempeño de la industria coincidió con la expansión registrada por la economía salvadoreña durante el segundo trimestre de 2026, cuando varias actividades productivas mostraron aumentos frente al mismo período del año anterior.

El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, señaló que el resultado responde al trabajo del sector productivo y expresó su expectativa de que la tendencia continúe durante los últimos meses de 2026. “Vamos por el camino correcto. Como sector privado estamos desarrollando oportunidades de inversión y de producción que ayudan al crecimiento”, afirmó.

El dirigente indicó que la industria podría cerrar el año por encima del crecimiento de 3% registrado en 2025. Arriaza sostuvo que la tendencia muestra una reactivación del sector, aunque el análisis divulgado por la gremial no detalla cuáles fueron las ramas industriales que tuvieron una mayor incidencia en la variación del primer semestre.

Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la ASI, afirmó que el crecimiento de la actividad puede reflejarse en la generación de empleos, las exportaciones y la innovación vinculada a la formación del personal. “Para la industria, un crecimiento de 3.6% significa dinamismo, generación de empleos, exportaciones e innovación en el talento humano. Confirma a la industria como el motor de la economía”, explicó.

La economía salvadoreña creció 5.1% en el segundo trimestre, según datos del BCR

La economía de El Salvador registró una expansión interanual de 5.1% entre abril y junio de 2026, según datos del Banco Central de Reserva. La actividad económica alcanzó USD 10,060.6 millones durante ese trimestre, un aumento de USD 926.5 millones frente al mismo período de 2025, con avances en la mayoría de las actividades productivas.

La construcción fue la rama con mayor crecimiento, al registrar un alza de 11.2%. El resultado estuvo asociado con proyectos inmobiliarios, comerciales, turísticos, logísticos y de infraestructura pública, mientras que el crédito destinado al sector creció 30.9% interanual hasta junio y el financiamiento para vivienda aumentó 65.1% en ese mismo período.

El consumo aparente de cemento subió 19.9% frente al segundo trimestre de 2025. A la vez, la explotación de minas y canteras avanzó 7.9%, por su aporte de insumos a la fabricación de cemento, y los servicios profesionales y técnicos crecieron 7%, con actividades vinculadas a ingeniería y arquitectura.

La actividad de salud aumentó 8.7% durante el trimestre. El comportamiento estuvo relacionado con el fortalecimiento de la atención primaria, la modernización del equipamiento médico, la capacitación especializada del personal y la ampliación de programas preventivos.

La puesta en funcionamiento del Hospital Nacional Especializado Rosales, la incorporación de servicios de alta complejidad, la telemedicina y la infraestructura tecnológica también acompañaron el desempeño de esa actividad, de acuerdo con los datos citados.

El suministro de electricidad creció 8.1%, impulsado por una mayor demanda energética durante mayo y junio, meses en los que se registraron altas temperaturas. El consumo eléctrico aumentó 7.2% interanual en mayo y 9.7% en junio; durante el primero de esos meses alcanzó un máximo histórico de 715.8 GWh.

La actividad de información y comunicaciones avanzó 5.2%. El inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 favoreció la contratación de paquetes de internet móvil y un mayor uso de plataformas digitales, mientras que los hoteles y restaurantes crecieron 6.3% y las actividades recreativas aumentaron 7.8%.

Las remesas familiares sumaron USD 2,625 millones entre abril y junio. Esos recursos respaldaron la capacidad de gasto de los hogares y la demanda interna durante el trimestre, junto con el comportamiento de los servicios, el comercio y las actividades inmobiliarias.

Los servicios del Gobierno crecieron 6.1%, las actividades inmobiliarias aumentaron 6% y la enseñanza avanzó 5.7%. Los servicios financieros y de seguros registraron una variación de 5%, mientras que el comercio, el transporte y el almacenamiento crecieron 4.2%.

Los servicios personales y la actividad agropecuaria fueron las únicas ramas que retrocedieron frente al segundo trimestre de 2025. La primera disminuyó 0.5% y la segunda cayó 0.9%; ambas representaron en conjunto el 6.4% del PIB en términos monetarios.

El desempeño de la industria se enmarca en el Plan de Desarrollo Industrial 2025-2029, que contempla la definición de nuevas áreas para la actividad industrial y el fortalecimiento de habilidades técnicas para el sector y su cadena de valor.

En el espacio de entrevista radial Punto de vista, transmitido por Radio Cadena YSKL, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, detalló el panorama económico nacional para la recta final del año y las respuestas del sector privado ante los desafíos internacionales.

En un escenario marcado por la necesidad de reactivar el comercio y adaptar la legislación laboral a las dinámicas productivas actuales, la dirigente analizó la evolución de las actividades clave, los avances en la mesa de diálogo del trabajo y la preparación de las empresas para cumplir con los pagos de fin de año en El Salvador.

El contexto internacional reciente ha estado determinado por la volatilidad en los precios de los insumos, las restricciones de paso en rutas marítimas clave como el canal de Panamá y el incremento en las tarifas de los fletes continentales.

Pese a estas dificultades externas que presionan a las cadenas de suministro, la actividad productiva salvadoreña ha mantenido un ritmo constante. De acuerdo con datos oficiales presentados por la gremial, el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) registró un incremento del 5.2% a junio de 2026.

Este comportamiento positivo responde fundamentalmente al dinamismo de la construcción, acompañado por el desempeño en la administración pública, los servicios financieros y el área de información y comunicaciones, donde la simplificación de trámites facilitó la apertura de firmas tecnológicas.

Para neutralizar el impacto de las demoras logísticas globales sin trasladar de forma inmediata la totalidad de los costos adicionales a los consumidores, las compañías privadas ajustaron sus operaciones internas.

La estrategia del empresariado combinó la diversificación de los países proveedores, la acumulación preventiva de inventarios en bodegas para evitar el desabastecimiento y el uso de herramientas tecnológicas en el transporte terrestre.

“Los empresarios están apoyando mucho de la tecnología. En el sentido de, por ejemplo, colocar GPS a sus unidades de transporte para poder monitorear el tiempo en que se están repartiendo todas estas rutas”, afirmó Leticia Escobar al explicar las acciones aplicadas para optimizar el paso de las mercancías en las carreteras.

Las empresas ajustan sus presupuestos para el pago de prestaciones y la liquidez de fin de año

El inicio del último trimestre representa una etapa determinante para la economía familiar y la liquidez del comercio. En El Salvador, las normativas vigentes exigen que las empresas privadas preparen sus presupuestos para hacer efectivo el pago de los aguinaldos entre el 1 y el 20 de diciembre. A esto se suma la planificación financiera requerida para asumir las obligaciones salariales complementarias que entran en vigor al comienzo del siguiente ciclo fiscal.

Ante las inquietudes de los trabajadores sobre el cumplimiento de estos derechos, la dirigencia de Camarasal subrayó que el respeto a la ley es indispensable para mantener la estabilidad del mercado laboral y recordó el carácter obligatorio de la quincena 25 a partir del mes de enero.

“El esquema de la quincena 25 es obligatorio y ahí no hay escapatoria para nadie. O sea, aquí es la invitación es a cumplir esta disposición porque es de obligatoriedad para todos los empresarios”, enfatizó Leticia Escobar.

En este marco, la decisión del gobierno de adelantar la entrega del aguinaldo a los empleados del sector público inyectará dinero de forma anticipada al mercado. La gremial prevé que este aumento de circulante dinamizará las ventas al por menor y fortalecerá el flujo comercial en la recta final de 2026.

La Defensoría del Consumidor de El Salvador, presidida por Ricardo Salazar, activó un plan nacional de verificación ante la llegada de al menos 58,000 turistas hondureños durante la Semana Morazánica, con controles para impedir productos vencidos, cobros indebidos, publicidad engañosa y aumentos injustificados de precios.

El operativo abarca hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia y comercios situados en los principales destinos turísticos. Las inspecciones incluyen la revisión de alimentos exhibidos y de productos utilizados en cocinas, además de las condiciones de pago y la información ofrecida a los visitantes.

Durante los primeros tres días de controles, la institución ha realizado cerca de 100 inspecciones en todo el país y detectó incumplimientos en alrededor del 24% de los casos. Salazar explicó en Diálogo 21 que los procedimientos sancionatorios pueden derivar en multas de entre 200 y 500 salarios mínimos.

El plan se ha concentrado en zonas identificadas con mayor afluencia durante el feriado hondureño, entre ellas el Centro Histórico de San Salvador, Surf City en el Puerto de La Libertad, la Ruta Panorámica, Ataco, Apaneca y las principales playas del oriente del país.

La apertura del mausoleo del general Francisco Morazán figura entre los atractivos para los visitantes hondureños en el Centro Histórico. La Defensoría busca que las normas de protección al consumidor se apliquen tanto a los salvadoreños como a los extranjeros.

“Los derechos que están vigentes en nuestro país valgan independientemente de la condición de ser personas nacionales o extranjeras”, afirmó Salazar. El organismo mantendrá las verificaciones durante toda la semana, incluido el siguiente fin de semana.

La institución vigila que los comercios muestren sus precios de forma visible y que las promociones contengan información “clara, precisa y oportuna”, sin condiciones que puedan inducir a error. El precio a la vista resulta relevante para los turistas que no conocen los valores habituales de los productos o enfrentan diferencias por el cambio de moneda.

Las inspecciones también contemplan los pagos con tarjeta de crédito. La legislación salvadoreña prohíbe que un comercio cobre un precio distinto según el cliente pague en efectivo o con tarjeta, y también impide exigir una compra mínima para aceptar ese medio de pago.

Cuando los inspectores detectan productos vencidos, pueden ordenar como medida cautelar su destrucción dentro del establecimiento. Esa disposición busca impedir que los alimentos sean utilizados en la preparación de comidas o puestos a la venta.

Vigilancia sobre precios ante el costo de los combustibles

La Defensoría del Consumidor también requirió información a más de 50 empresas importadoras, productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos para examinar posibles incrementos de precios vinculadas al encarecimiento de los combustibles.

El análisis se centra en la estructura de costos de cada compañía. Salazar sostuvo que el aumento del combustible puede incidir en los valores de los productos, pero cualquier traslado debe ser proporcional y estar debidamente justificado.

Las sanciones por incrementos injustificados en productos de la canasta básica ya superan los USD 958,000, de acuerdo con el presidente de la entidad. La Defensoría identificó más de 165 casos, incluidos incumplimientos por no entregar la información requerida por el organismo.

Los monitoreos abarcan supermercados, mercados, distribuidores e importadores de alimentos. La institución también observó un aumento en las importaciones de granos básicos, como maíz, arroz y frijoles, una situación que, según Salazar, contribuye a evitar problemas de abastecimiento.

Los consumidores pueden presentar denuncias por cobros indebidos, incumplimientos en promociones, recargos por pagos con tarjeta o alzas abruptas de precios mediante el número 910 y el WhatsApp +503 7844-1482. Las personas extranjeras podrán iniciar sus reclamos antes de salir de El Salvador, y la Defensoría continuará la gestión de cada caso.

El Salvador enfrenta el reto técnico y humano de fortalecer sus mecanismos institucionales para el rastreo y localización de ciudadanos de los que no se tiene paradero. En este contexto, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un colectivo integrado por familiares y acompañantes humanitarios presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado 24 de agosto una propuesta técnica denominada Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La iniciativa plantea un cuerpo normativo estructurado en 40 artículos dirigidos a coordinar esfuerzos, agilizar los tiempos de respuesta y brindar un marco de protección integral a las familias.

En conversación exclusiva con Infobae, Carmen Argueta, coordinadora del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y madre de Gelber Antonio quien fue desaparecido el 4 de agosto de 2021, explicó las motivaciones centrales que llevaron al colectivo a redactar esta iniciativa.

Para las familias, el proyecto representa la cristalización de sus aprendizajes directos en los trámites y gestiones del día a día dentro de una agrupación que nació formalmente en febrero de 2022 para dar respuesta al repunte de desapariciones en el país en 2021.

“Este proyecto de ley nace de nuestras necesidades, de nuestras carencias y de nuestras experiencias”, explicó Argueta durante la entrevista.

“No es un proyecto político, sino una propuesta humana para que las familias contemos con un sistema de apoyo coordinado, donde sepamos a qué puerta tocar y tengamos la certeza de que las autoridades cuentan con las herramientas y la voluntad para buscar a nuestros seres queridos”.

De acuerdo con la coordinadora, el principal objetivo de la propuesta es garantizar que el proceso de búsqueda sea un esfuerzo colectivo, humanitario y respaldado por normativas claras.

La creación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB)

El eje central del proyecto de ley es la creación formal del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), concebido como un mecanismo de articulación técnica entre las entidades del Estado y las familias afectadas. El Artículo 8 establece que el SNB integrará los recursos de las distintas instituciones bajo un canal de comunicación permanente para dar seguimiento continuo a cada expediente.

La propuesta asigna funciones específicas a las siguientes instancias:

Para mitigar los tiempos de espera tras el reporte de una persona no localizada, el proyecto contempla herramientas tecnológicas de respuesta rápida. El Artículo 12 estipula que las empresas de telefonía tendrán la obligación de colaborar con la FGR mediante la entrega de reportes de geolocalización de las líneas telefónicas vinculadas a la persona buscada.

La propuesta indica que este reporte de ubicación en el que se precisará si el dispositivo se encuentra encendido o apagado deberá entregarse en un plazo no mayor a cinco horas tras la solicitud fiscal.

Asimismo, la normativa fija que para la realización de este trámite bastará únicamente el requerimiento formal de la Fiscalía. Para asegurar la efectividad de la medida, el texto establece sanciones económicas administrativas de cien salarios mínimos para las empresas operadoras en caso de retrasos o negativas no justificadas.

Regulación del Banco de ADN y protocolos en fosas comunes

En el área técnico-forense, la propuesta legisla sobre la creación e integración funcional del Banco Nacional de Datos de ADN. Esta herramienta permitirá el almacenamiento preventivo de perfiles genéticos de familiares, así como de las muestras recuperadas por las autoridades.

El Artículo 16 establece una regla técnica para el manejo de restos no identificados por parte del Instituto de Medicina Legal: se prohíbe el envío de cualquier cuerpo a la fosa común sin que antes se le haya practicado la prueba científica de ADN correspondiente y se haya efectuado el cotejo en la base de datos nacional.

Finalmente, el articulado se sustenta en principios orientados a simplificar los procesos administrativos y legales:

• Presunción de vida: Principio por el cual la búsqueda de cualquier persona se desarrollará bajo la premisa de encontrarla con vida, independientemente del tiempo transcurrido desde su reporte.
• Búsqueda inmediata: Suprime cualquier requerimiento burocrático de esperar plazos de 24, 48 o 72 horas para activar los protocolos operativos.
• Gratuidad y antiformalismo: Garantiza que todos los trámites sean completamente gratuitos y que la ausencia de documentos no esenciales no impida el inicio del rastreo.

La propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas se presenta así como un aporte normativo que busca consolidar procedimientos científicos, agilizar los tiempos institucionales y ofrecer certezas a las familias salvadoreñas.

Una presunta red de hurto de identidad que contactaba a habitantes de comunidades y vendedores de mercados permanece bajo investigación en San Salvador. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 2, ordenó que Rodolfo G. R., Leonardo E. C. y Kevin A. L. continúen detenidos mientras avanza el proceso.

La Fiscalía General de la República los acusa de agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y hurto de identidad. La investigación fiscal ubica las acciones atribuidas a los tres procesados entre enero y marzo de 2026 y señala que la modalidad perjudicó a, al menos, 22 víctimas.

Según el dictamen de acusación, los sujetos se hacían pasar por empleados de instituciones financieras nacionales para comunicarse con residentes de comunidades y comerciantes de mercados. Bajo esa identidad, ofrecían entre USD 20 y USD 25 a las personas que aceptaran responder una encuesta y obtenían sus datos personales mediante ese mecanismo.

El formulario estaba diseñado para que las víctimas escribieran información personal. La Fiscalía sostiene que los imputados empleaban esos datos para abrir cuentas bancarias digitales a nombre de quienes habían participado en el supuesto sondeo, pese a que el cuestionario no tenía el propósito que les habían presentado.

Las cuentas creadas con la información recopilada habrían sido utilizadas para movilizar dinero procedente de estafas cometidas por WhatsApp. Esta es la maniobra que fundamenta la acusación por hurto de identidad y hurto por medios informáticos, además del señalamiento por agrupaciones ilícitas contra los tres procesados.

Rodolfo y Leonardo fueron detenidos el 17 de septiembre, tras allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en sus viviendas. El procedimiento contra el primero se ejecutó en el distrito de Apopa, mientras que la captura del segundo ocurrió en Ciudad Delgado.

Las autoridades arrestaron a Kevin días después. La resolución judicial mantiene a los tres acusados bajo custodia durante la continuación de la causa, centrada en el uso de una falsa encuesta para recopilar identidades vinculadas luego a cuentas digitales utilizadas para trasladar fondos relacionados con estafas.

Rafael Antonio García Criollo recibió una pena de seis años por tráfico ilegal de personas

En otro proceso judicial, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Rafael Antonio García Criollo a seis años de cárcel por tráfico ilegal de personas. Además de la pena de prisión, la sentencia ordenó que el imputado pague USD 1,400 en concepto de responsabilidad civil.

El caso se relaciona con un viaje irregular hacia Estados Unidos que comenzó en septiembre de 2022. Según expuso el fiscal, García Criollo exigió USD 8,000 a la víctima para trasladarla hasta ese país, pero dejó de acompañarla durante el recorrido por Guatemala.

El viaje inició el 15 de septiembre de 2022. En territorio guatemalteco, el condenado entregó a la víctima a otra persona y abandonó el trayecto, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía durante el proceso.

La víctima continuó el recorrido hasta México, donde fue secuestrada por un cartel. El grupo exigió USD 1,000 para liberarla y la persona intentó comunicarse con García Criollo para pedir ayuda, pero el ahora condenado no respondió las llamadas.

Un familiar de la víctima que se encontraba en Estados Unidos pagó el rescate exigido por el cartel. Tras recuperar la libertad, la persona retornó a El Salvador y denunció el caso, lo que dio inicio al proceso penal que concluyó con la condena dictada en Santa Tecla.

El fallo impuso la pena de cárcel por tráfico ilegal de personas y estableció la responsabilidad civil a cargo de García Criollo. El imputado estuvo presente durante el proceso judicial.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a miles de mujeres a nivel internacional y se posiciona como una de las principales causas de muerte. El Salvador no es una excepción a este devastador escenario; sin embargo, es importante destacar que la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden salvar y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Tras recibir el diagnóstico positivo a cáncer el cuidado de la salud mental juega un papel esencial, “Más que sobrevivir: cómo enfrentar el diagnóstico?”.

El diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama generan un impacto emocional profundo, donde aproximadamente 1 de cada 4 personas diagnosticadas sufre depresión y hasta un 30% experimenta ansiedad o estrés postraumático.

La salud mental debe evaluarse desde el diagnóstico

El médico psiquiatra Carlos Acevedo, presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental (APSAN), explicó en entrevista con Infobae que las reacciones emocionales tras conocer el diagnóstico pueden aparecer desde el primer momento. El shock, la negación, el miedo, la incertidumbre y la ira pueden dar paso a cuadros de ansiedad o depresión que requieren atención profesional.

“La persona empieza a pensar qué le va a pasar, a qué tratamiento se va a someter o cuánto tiempo más irá a vivir. Es una sensación de angustia a la que los seres humanos no reaccionamos bien”, afirmó Acevedo.

El especialista señaló que el acompañamiento psicológico debe incorporarse desde el inicio del proceso oncológico. Si los síntomas lo requieren, también puede ser necesaria la evaluación psiquiátrica y el uso de medicamentos.

El objetivo es atender el malestar antes de que afecte la capacidad de la paciente para afrontar los controles, los tratamientos y los cambios en su vida cotidiana.

Acevedo indicó que la ansiedad y la depresión ocupan un lugar frecuente entre las pacientes con cáncer de mama. “Hay reportes de que más del 80% de mujeres que reciben este diagnóstico tienen un cuadro de ansiedad y depresión que amerita tratamiento”, señaló, aunque advirtió que muchas no consultan ni reciben atención adecuada.

Señales que exigen atención en menos de 24 horas

El periodo posterior al diagnóstico merece especial atención. Acevedo sostuvo que las semanas siguientes pueden implicar un mayor riesgo de suicidio, relacionado con la depresión y no solo con el dolor o la gravedad de la enfermedad.

Las ideas suicidas, la desesperanza intensa, el abandono del tratamiento, la falta de sueño, la pérdida del apetito y las crisis de ansiedad son señales de alerta. De acuerdo con el psiquiatra, estos casos requieren una derivación a psicología o psiquiatría en un plazo máximo de 24 horas.

“Si está durmiendo poco o solo duerme dos horas, tres horas, eso inmediatamente amerita una intervención”, explicó. También alertó sobre expresiones como “ya no quiero el tratamiento” o “quiero morirme”, que deben tomarse con seriedad sin restar la importancia del caso.

La imagen y la autonomía de las mujeres

“La calidad de vida es un objetivo de la terapia a la par de la supervivencia”, planteó Acevedo. La paciente debe recibir información suficiente para participar en las decisiones sobre su atención y preservar, dentro de lo posible, su autonomía.

La quimioterapia, la radioterapia, la caída del cabello, las cirugías y la mastectomía pueden alterar la percepción corporal, la sexualidad y la autonomía. A esto se suman el dolor, la fatiga, posibles dificultades de memoria y concentración asociadas al tratamiento.

La familia puede ser una red de apoyo, siempre que evite imponer decisiones o minimizar el sufrimiento. “La escucha empática es escucharla sin juzgarla y sin dar consejos que no necesita”, dijo el especialista. Frases como “anímate” o “todo va a salir bien” pueden invalidar el miedo de la paciente.

Para Acevedo, el abordaje integral debe incluir atención oncológica, apoyo psicológico, acompañamiento familiar y redes sociales. “El cáncer de mama impacta la mente, el cuerpo y el entorno social de la mujer”, sostuvo.

La integración económica regional, las normas técnicas comunes y el aumento de la producción farmacéutica han acompañado el crecimiento del intercambio de medicamentos entre los países centroamericanos, que superó los USD 800 millones en 2025, según afirmó Carmen Estela Pérez, presidenta de FIFCCA e INQUIFAR.

Pérez también planteó que la industria debe prepararse ante el vencimiento de patentes de medicamentos biotecnológicos entre 2026 y 2030. Sus declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en Frente a Frente.

La dirigente explicó que la partida arancelaria 30.04, correspondiente a preparaciones de medicamentos a dosis fija, se convirtió en la categoría con mayor comercio dentro de Centroamérica. Según indicó, hace dos años superó a la partida 21.06, vinculada con alimentos y otras preparaciones.

“Lo que más fabricamos y más nos vendemos entre los centroamericanos son medicamentos”, afirmó Pérez. Para la presidenta de FIFCCA, esa dinámica muestra que los laboratorios de la región ya no ven únicamente a su país como mercado, sino a Centroamérica en su conjunto.

Pérez señaló que El Salvador tiene una participación en la partida 30.04 y que algunos laboratorios del país fabrican medicamentos para otras empresas bajo contratos de marca. Esa modalidad es conocida en el sector como maquila.

La entrevistada indicó que Guatemala ha crecido en exportaciones, mientras El Salvador mantiene un crecimiento constante. Afirmó que Honduras ha despuntado en exportaciones farmacéuticas y que Costa Rica trabaja en otros segmentos de la industria.

Sobre Costa Rica, mencionó la partida 30.02, que incluye preparaciones derivadas o que contienen plasma humano. En el caso de República Dominicana, sostuvo que el país se convirtió en una plataforma desde la cual se envían productos hacia 90 países.

Pérez planteó que los países de Centroamérica y el Caribe no deben producir los mismos medicamentos. Según explicó, la apuesta consiste en identificar nichos de producción y construir capacidades que permitan complementar la oferta regional.

COMIECO y normas para la industria farmacéutica

La presidenta de FIFCCA destacó la incidencia del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO) en las normas que aplica la industria farmacéutica regional.

Pérez explicó que las regulaciones se discuten en mesas de trabajo donde participan representantes de la industria, la academia, las autoridades sanitarias, instituciones económicas y entidades vinculadas con la protección de los consumidores.

En el caso del sector farmacéutico, esas mesas abordan normas para medicamentos, cosméticos, productos naturales, productos afines e higiénicos. La dirigente indicó que uno de los instrumentos en desarrollo es el Reglamento Técnico Centroamericano de Estabilidad de Medicamentos.

La estabilidad de un medicamento, según explicó, implica que el producto conserve su potencia y sus condiciones durante el tiempo establecido. Pérez señaló que también se han trabajado reglamentos sobre buenas prácticas de manufactura y etiquetado.

Las buenas prácticas de manufactura incluyen controles de calidad antes, durante y después de la fabricación de un medicamento. La entrevistada sostuvo que estas exigencias han permitido elevar los estándares de producción de los laboratorios regionales.

Pérez relató que los textos técnicos pasan por diferentes niveles de negociación antes de llegar al COMIECO. Una vez aprobados por los ministros, se emite un decreto que debe publicarse en los diarios oficiales de los países firmantes.

Según la presidenta de INQUIFAR, esos instrumentos se incorporan a la normativa nacional y pasan a ser obligatorios para la industria. Por ello, afirmó que el sector ha dado seguimiento a las reuniones del COMIECO y a los procesos de integración económica.

La entrevistada vinculó ese trabajo con las dificultades registradas durante la pandemia de COVID-19, los cierres de fronteras, la crisis de contenedores y el aumento de los fletes internacionales.

Pérez sostuvo que esos factores encarecieron el traslado de materias primas y medicamentos. Frente a esas situaciones, consideró que la producción local y el comercio entre los países de la región pueden contribuir a complementar el abastecimiento.

Patentes biotecnológicas entre 2026 y 2030

Pérez afirmó que entre 2026 y 2030 vencerán patentes de varios medicamentos que han tenido una alta demanda internacional. La dirigente indicó que este fenómeno es conocido en la industria como patent cliff.

Una vez que concluye la protección patentaria, otros laboratorios pueden desarrollar versiones de esos productos. Sin embargo, Pérez aclaró que los fabricantes deben cumplir con la normativa, realizar investigación y desarrollo, y demostrar ante las autoridades sanitarias que el medicamento es seguro, eficaz y de calidad.

La presidenta de FIFCCA señaló que gran parte de los productos que perderán patente son biotecnológicos. Explicó que se trata de medicamentos elaborados con estructuras distintas de los productos de síntesis química convencional.

Pérez mencionó como ejemplo la semaglutida, asociada a medicamentos como Ozempic. Según describió, los productos biotecnológicos pueden incluir ADN recombinante o material vivo, por lo que requieren capacidades técnicas e inversiones diferentes.

“Se tiene capacidad y hay que construir”, respondió la entrevistada al ser consultada sobre la posibilidad de producir este tipo de medicamentos en El Salvador.

Pérez sostuvo que la región cuenta con una base industrial y de conocimiento, aunque planteó que debe ampliar su infraestructura, formación técnica y capacidad de producción para participar en ese mercado.

La dirigente identificó al Instituto Nacional de Capacitación y Formación de El Salvador como un aliado para elevar el conocimiento técnico dentro del sector. Según explicó, la formación permite que la industria y las autoridades regulatorias trabajen con criterios comunes frente a las exigencias sanitarias.

Origen de FIFCCA y patentes farmacéuticas

Pérez ubicó parte de la trayectoria de FIFCCA en su creación, el 8 de febrero de 2002 en San Salvador. Según relató, la federación surgió en un período marcado por negociaciones sobre integración económica, comercio y propiedad intelectual que involucraban al sector farmacéutico regional.

La organización fue constituida por asociaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. La declaración inicial también contempló la posibilidad de incorporar a entidades de Panamá, Nicaragua y Belice.

Nicaragua llegó a tener participación en FIFCCA, aunque Pérez indicó que la asociación farmacéutica de ese país dejó de existir. Añadió que la federación conserva contacto con representantes de la industria nicaragüense.

Sobre Panamá, la presidenta de FIFCCA señaló que la industria farmacéutica local es de menor escala. Describió al país como un centro orientado, principalmente, al empaquetado final y la distribución, con referencia a la Zona Libre de Colón.

Pérez explicó que FIFCCA fue una plataforma para coordinar posiciones de la industria privada durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Entre los asuntos discutidos, mencionó la aplicación de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

La dirigente recordó que, antes de la armonización regional, los plazos de protección de las patentes farmacéuticas diferían entre los países. Según indicó, en Costa Rica era de un año y, en El Salvador, de 15 años.

“Y llegamos a veinte”, afirmó Pérez sobre el plazo que se consolidó para las patentes. Durante la entrevista, describió ese mecanismo como un período de exclusividad para el titular de una invención, a cambio de que el conocimiento pueda utilizarse una vez que concluye la protección.

Pérez afirmó que El Salvador y Centroamérica no cuentan con patentes farmacéuticas propias. Según su explicación, la industria regional participa en el mercado mediante la producción de alternativas después de que vencen las patentes de medicamentos innovadores.

Un trágico suceso ha consternado a la comunidad del municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, México. Una joven madre de familia, identificada como Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años de edad y de origen salvadoreño, fue brutalmente asesinada en el interior de su domicilio.

El crimen ocurrió frente a la mirada de sus tres pequeños hijos, generando una ola de indignación, conmoción y profunda tristeza entre los residentes locales. Según información difundida por medios de comunicación como Milenio, TeleDiario, entre otros, los trágicos hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del pasado viernes 2 de octubre.

El ataque mortal tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Arco, casi en su intersección con Paseo de las Haciendas, dentro del sector Francés de la colonia Las Haciendas Montecarlo.

De acuerdo con los relatos compartidos por habitantes del sector a las autoridades y a la prensa, durante las primeras horas de la tarde de ese mismo día se escuchó una fuerte y acalorada discusión entre Karla Beatriz y su pareja sentimental.

No obstante, no fue sino hasta ya entrada la noche cuando la alarma se encendió en el vecindario. Los habitantes de la zona se percataron de la gravedad de la situación al escuchar el llanto desconsolado y persistente de los niños en la vivienda, motivo por el cual solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de seguridad y de auxilio.

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer salvadoreña. Las primeras investigaciones y versiones preliminares recopiladas en el lugar señalan que el esposo de la víctima habría perpetrado la agresión utilizando un arma punzocortante (un cuchillo) para quitarle la vida.

Tras cometer el ataque en presencia de los menores, el presunto agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las corporaciones policiacas mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero y deslindar responsabilidades legales.

Tres menores bajo el resguardo de las autoridades e incertidumbre familiar

El impacto del crimen ha dejado vulnerables a los tres hijos de Karla Beatriz: un niño de 12 años y dos niñas de 8 y 4 años de edad, respectivamente. Tras la llegada de las autoridades y la confirmación del deceso de su madre, los menores fueron puestos bajo el resguardo, la protección y el cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pesquería, donde reciben la asistencia necesaria ante el trauma vivido.

La tragedia ha provocado un sentimiento generalizado de impotencia e inseguridad en la colonia Las Haciendas Montecarlo. A pesar de que Karla Beatriz y su familia llevaban apenas unos 10 días habitando en esa vivienda, los vecinos expresaron su consternación por la violencia ejercida dentro del hogar.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres asumió el control de la investigación para esclarecer formalmente el móvil del crimen y reunir las pruebas requeridas para llevar al responsable ante la justicia.

Por otro lado, personas cercanas y allegadas a la víctima han expresado su preocupación debido a las dificultades para localizar a los familiares de Karla Beatriz en El Salvador e informarles formalmente sobre su fallecimiento. Asimismo, se han comenzado a solicitar apoyos y donativos económicos con el fin de cubrir los gastos derivados de los trámites legales y los servicios funerarios para brindarle una sepultura digna.

El diésel ha acumulado un aumento superior a USD 1.50 durante 2026, según Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC).

El dirigente señaló que el incremento de USD 0.17 por galón, vigente desde el 15 de septiembre, para las referencias de gasolina superior, gasolina regular y diésel, obliga a los transportistas a revisar sus tarifas según el costo de cada viaje.

En una entrevista con Infobae El Salvador, Alfaro explicó que el combustible representa un gasto directo para la operación de los camiones. Por ello, consideró que cada transportista debe recalcular el precio del servicio cuando inicia un nuevo viaje con el diésel a un valor mayor.

Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, indicó que si el nuevo precio del combustible representa USD 20 adicionales en un viaje, la tarifa podría subir entre USD 20 y USD 25. El ajuste, explicó, se cobra al importador o exportador que contrata el traslado de mercancías, aunque cada empresa decide posteriormente si absorbe ese gasto o si lo incorpora al precio de sus productos.

Alfaro sostuvo que no puede mantener los mismos precios si el combustible aumenta cada 15 días. También señaló que el diésel no es el único costo que ha subido para el gremio, pues mencionó incrementos en repuestos, mantenimiento y llantas, elementos que deben incluirse en el cálculo de cada servicio de carga.

Las tarifas se ajustan según el consumo de cada recorrido

Alfaro explicó que maneja tablas de tarifas organizadas por rangos de USD 0.10 en el precio del diésel. Cuando el valor del combustible aumenta más de ese tramo, revisa los montos de los fletes para reflejar la diferencia entre el precio anterior y el nuevo costo de operación.

Como ejemplo, indicó que una unidad destinada a Guatemala puede consumir alrededor de 80 galones de diésel. El ajuste final depende de esa cantidad de combustible, de la distancia de la ruta, de la carga movilizada y de otros gastos que asume el transportista durante el traslado.

El presidente de ASTIC mencionó que un flete hacia Guatemala que antes rondaba los USD 550 puede ubicarse cerca de USD 700.

Alfaro reconoció que algunos clientes pueden optar por contratar a transportistas que ofrezcan precios menores. No obstante, consideró que una tarifa demasiado baja puede impedir que el proveedor cubra el combustible, el mantenimiento y los demás gastos de operación, lo que, según dijo, limita su capacidad de mantenerse en el mercado.

“Hay una competencia desleal entre que un transportista hace un precio barato, pero ese tiene o le queda poca vida si sigue cobrando barato”, expresó.

Los viajes a Centroamérica requieren entre 100 y 400 galones

El dirigente detalló que un traslado desde El Salvador hacia San Pedro Sula puede requerir unos 100 galones de diésel. Para Nicaragua, estimó un consumo de 120 galones, mientras que en una ruta hacia Costa Rica calculó que una unidad puede utilizar cerca de 200 galones.

En el caso de Panamá, Alfaro señaló que el recorrido de ida y vuelta puede requerir hasta 400 galones. Explicó que esos cálculos dependen también de si el transportista logra conseguir mercancía para el retorno, una situación que no siempre ocurre para las empresas salvadoreñas que prestan servicios fuera del país.

Según Alfaro, algunos camiones deben regresar vacíos o esperar una oferta de carga con un precio menor, porque no cuentan con suficientes clientes permanentes en los países de destino. Esa condición influye en la rentabilidad de las rutas internacionales y en el costo que debe fijarse desde el inicio para cubrir el viaje completo.

Las demoras en fronteras, permisos y paros también afectan la operación, de acuerdo con el presidente de ASTIC. Para Honduras o Guatemala, afirmó que los transportistas pueden ofrecer al cliente un plazo de hasta tres días, aunque el recorrido podría realizarse en aproximadamente un día y medio si no hubiera retrasos.

Alfaro indicó que, después de esos tres días, se puede cobrar una estadía de USD 100 diarios por cada tráiler. En la ruta hacia Costa Rica, añadió, el retorno de una unidad a El Salvador puede tardar hasta 21 días, lo que reduce la posibilidad de realizar dos viajes durante una misma semana.

ASTIC cuenta con más de 10 mil camiones con códigos de transportistas en El Salvador, según Alfaro. La flota incluye tráileres y camiones con capacidades de cuatro, ocho, 12 y hasta 20 toneladas, aunque el dirigente dijo que no podía precisar la cantidad de mercancía que movilizan semanalmente.

Alfaro pide estabilidad en las referencias del diésel

Alfaro afirmó que solicitó al Gobierno mantener el precio del diésel sin variaciones durante tres meses. Según explicó, esa medida permitiría al sector mantener tarifas más estables y evitaría que los transportistas tengan que cambiar automáticamente el valor de los fletes cada 15 días.

El presidente de ASTIC dijo que, hasta el momento de la entrevista, no habían atendido esa petición. También planteó que el precio del diésel debería ser igual en todo el país, aunque observó que las referencias difundidas por el Ministerio de Economía ya muestran valores cada vez más cercanos entre las zonas occidental, central y oriental.

El dirigente descartó que el gremio deba responder con paros, como los que mencionó en Guatemala. En su lugar, consideró que la alternativa para los transportistas consiste en ajustar sus tarifas de acuerdo con el aumento de sus costos de combustible y operación.

“Simple y sencillamente es subir el precio de mi flete”, manifestó Alfaro. Además, atribuyó parte de la presión sobre los precios a factores internacionales, entre ellos los problemas vinculados con el estrecho de Ormuz, y cuestionó el mecanismo con el que se calculan las referencias locales de los combustibles.

COEXPORT reporta aumentos en los fletes marítimos desde Asia

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), afirmó que el flete marítimo de mercancías desde Asia pasó de USD 3,000 a USD 10,000 por contenedor en un período de seis o siete meses. La dirigente abordó el tema durante una entrevista con La Tribu.

Cuéllar atribuyó ese incremento a una combinación de factores, como el aumento del petróleo, las tensiones en Oriente y la disponibilidad de contenedores. También mencionó que las empresas en China se aproximan a un período de vacaciones, por lo que buscan despachar mercancía antes de esas fechas.

Ese movimiento, explicó, aumenta la demanda de contenedores y de espacios en los barcos. “Los contenedores están ocupados”, señaló Cuéllar, quien indicó que los embarques pueden quedar programados para fechas posteriores debido a la falta de disponibilidad.

La presidenta de COEXPORT sostuvo que la situación no se limita a El Salvador, pues afecta las rutas y empresas de distintos países. Por esa razón, consideró que el incremento de costos no coloca necesariamente a las compañías salvadoreñas en una desventaja aislada frente a competidores que también dependen de esos servicios marítimos.

Los fletes elevan los costos de insumos y productos

Cuéllar indicó que el encarecimiento del transporte marítimo puede elevar el costo de los insumos que utilizan las empresas. Como ejemplo, citó la materia prima plástica, cuyo precio, según dijo, ha aumentado de forma considerable y puede repercutir en el valor de los productos elaborados con ese material.

La dirigente explicó que cada empresa debe evaluar cuánto puede absorber antes de trasladar una parte de ese gasto al consumidor. Algunas compañías pueden mantener sus precios durante un tiempo, mientras que otras podrían necesitar ajustar el valor de venta para sostener sus operaciones.

“Muchos productos pueden subir”, manifestó Cuéllar durante la entrevista con La Tribu. También señaló que el incremento afecta al transporte terrestre hacia Centroamérica, ya que las tarifas de esas rutas dependen, entre otros factores, del precio del diésel.

Cuéllar diferenció ese escenario de los fletes terrestres hacia Estados Unidos. Según relató, una empresa que transporta carga hacia Miami le explicó que el diésel forma parte de la tarifa, pero no es el único componente que determina el precio final del viaje.

De acuerdo con esos datos, el componente del diésel ronda los USD 800 en un flete de entre USD 2,500 y USD 3,000, según el destino. Cuéllar estimó que el reciente incremento del combustible representa alrededor de USD 50 adicionales dentro de ese componente.

El 42% de las compañías de Centroamérica identifica a la tecnología y la transformación digital como su principal desafío interno para los próximos tres años, según el reciente estudio Desafíos y Tendencias de las Empresas 2026 de EY. El sondeo muestra que la presión de los clientes, los cambios en los mercados y la llegada de competidores obligan a las organizaciones a revisar sus estrategias y capacidades de ejecución.

Los cambios en las preferencias, la demanda y el comportamiento de los clientes aparecen como el principal reto externo para el 33% de las empresas consultadas. Le siguen los riesgos propios de cada sector, con 29%, y la irrupción de nuevos competidores y productos sustitutos, tanto locales como globales, con 27%.

El crecimiento de la participación de mercado y las mejoras operativas, de productividad y costos también alcanzaron el 27%. Más atrás quedaron el escenario económico global, citado por el 24%, y la incertidumbre geopolítica, con 23%.

El informe se elaboró a partir de las respuestas de 1,988 ejecutivos y directores de más de 18 países de América Latina. Para Centroamérica y República Dominicana, EY tomó un corte regional agregado de 90 respuestas, por lo que los resultados no representan mediciones individuales por país.

Mercados inestables y consumidores más exigentes, los factores que ordenan la agenda

Los resultados exponen una agenda empresarial marcada por la necesidad de reaccionar ante mercados menos estables y consumidores con mayores exigencias. El estudio señala que las organizaciones de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana enfrentan un entorno donde la capacidad de transformación definirá parte de su posición competitiva.

La competencia entre Estados Unidos y China figura entre los factores externos que las compañías siguen de cerca. El 50% de los ejecutivos consultados consideró que esa disputa tendrá un efecto neutro sobre sus negocios en el corto plazo. Otro 27% anticipó consecuencias positivas o muy positivas, mientras que el 23% previó un impacto negativo o muy negativo.

La dispersión de las respuestas refleja que las consecuencias de las tensiones geopolíticas no son homogéneas en la región. Su incidencia depende de la exposición de cada empresa a las cadenas de suministro, las importaciones, la inversión extranjera y las dinámicas de cada industria.

En el plano interno, después de la tecnología y la transformación digital, la automatización de procesos se ubicó como el segundo desafío, con 28%. La encuesta plantea que las empresas ya no consideran la tecnología solo como una herramienta de eficiencia: también la ven como un elemento que modifica la competencia y aumenta los riesgos operativos.

La ciberseguridad y la protección de datos, primeras entre las tendencias del sector

La ciberseguridad y la protección de datos encabezan las tendencias empresariales identificadas por el estudio, con 89%. La transformación digital acelerada alcanzó el 87%; el uso de los datos como activo transversal, el 84%; la innovación, el 82%; y la productividad impulsada por la tecnología, el 80%.

El informe vincula estas prioridades con una mayor atención sobre los activos digitales. Las empresas buscan incorporar tecnología a sus procesos, aunque el desafío consiste en traducir esas inversiones en cambios operativos y resultados de negocio.

“La capacidad de implementación será el factor decisivo para convertir la tecnología en resultados tangibles”, afirmó Jaime Bonilla, gerente sénior de EY Parthenon. El ejecutivo sostuvo que las compañías avanzan desde una agenda centrada en optimizar estructuras existentes hacia otra orientada al desarrollo de capacidades para transformarse y diferenciarse.

Inteligencia artificial: alta expectativa, adopción todavía limitada

La inteligencia artificial ocupa el primer lugar entre las tecnologías que las empresas prevén con mayor impacto, con 87%. Le siguen Analytics y Big Data, con 81%, y la automatización inteligente, la robótica y los sistemas ciberfísicos, también con 81%.

Pese a ese nivel de expectativa, la adopción plena todavía es limitada. El 81% de las empresas se encuentra en fases de investigación y evaluación, con 25%; pruebas piloto, con 24%; o implementaciones específicas, con 32%. La proporción de organizaciones que ya obtuvo resultados significativos a escala sigue siendo minoritaria.

Bonilla señaló que el próximo desafío consiste en pasar de la experimentación a capacidades que puedan aplicarse en toda la organización. Según el estudio, las empresas que articulen inteligencia artificial, datos, automatización y objetivos de negocio tendrán mejores condiciones para transformar la inversión tecnológica en productividad y competitividad.

En el caso de El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente un régimen especial para proyectos nacionales de inteligencia artificial, robótica y tecnologías similares, remitido el 21 de septiembre de 2026 por el Gobierno para agilizar adquisiciones, contratación de expertos y permisos migratorios bajo coordinación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. La iniciativa excluye esas operaciones de la Ley de Compras Públicas, según informó Infobae.

Los proyectos también podrán incluir obras e infraestructura: equipos de cómputo, centros de datos, laboratorios, sistemas de energía, refrigeración e interconexión. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial determinará qué iniciativas ingresan en esta categoría mediante una resolución fundamentada.

Más de un millón de familias salvadoreñas seguirán recibiendo el subsidio al gas propano el próximo año, uno de los beneficios con mayor arraigo social en el país. Así lo confirma el anteproyecto de Presupuesto General del Estado 2027, que el Ministerio de Hacienda remitió a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre, según informó Diario El Mundo.

El documento consigna USD 188.26 millones para los subsidios de energía eléctrica y de gas licuado de petróleo (GLP) el próximo año. La cifra representa un incremento de 5.3% frente a los USD 178.77 millones aprobados para 2026.

El refuerzo al gas propano explica la mayor parte del aumento

El salto en la partida combinada se concentra casi por completo en el subsidio al GLP. Hacienda reservó USD 124.14 millones para esta obligación, que consiste en administrar el padrón de beneficiarios y atender las solicitudes de quienes buscan incorporarse al programa.

El monto supera en USD 9.49 millones a los USD 114.64 millones destinados al mismo rubro en el presupuesto de 2026, según Diario El Mundo. Ese refuerzo es el único movimiento al alza dentro del conjunto de subvenciones energéticas del próximo ejercicio fiscal.

Para el subsidio de gas propano funcionan dos esquemas paralelos. Uno es directo y llega a más de un millón de familias salvadoreñas. El otro estabiliza los precios del producto mediante una ley transitoria que vence en mayo de 2027, luego de acumular varias prórrogas desde su entrada en vigor.

El subsidio eléctrico que Hacienda mantiene sin cambios para 2027 es una transferencia de hasta USD 5 mensuales que se descuenta de forma automática en la factura de luz de los hogares beneficiarios, sin que el usuario deba realizar ningún trámite adicional.

El Finet repite la asignación del año pasado

Mientras el gas propano recibe el refuerzo presupuestario, el subsidio a la energía eléctrica queda congelado. Hacienda mantuvo la asignación en USD 64.12 millones, el mismo nivel que en 2026, de acuerdo con el diario.

Ese monto se transfiere íntegramente al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (Finet), organismo encargado de ejecutar la subvención a través del descuento automático en la factura mensual.

La combinación de ambas cifras explica el total de USD 188.26 millones que maneja la cartera para el próximo ejercicio fiscal. El crecimiento de 5,3% respecto al año anterior queda atribuido en su totalidad al refuerzo del padrón de beneficiarios del GLP, según Diario El Mundo.

El presupuesto global de 2027 roza los USD 12,421 millones

El anteproyecto de subsidios energéticos se inscribe en un presupuesto general más amplio. La Asamblea Legislativa recibió a comienzos de octubre una propuesta de gasto total por USD 12,421 millones para 2027, un 17.7% más que el presupuesto vigente.

Ese documento reserva USD 258.9 millones para el conjunto de subsidios sociales del país. Dentro de esa cifra se incluyen los USD 124 millones para gas propano y los USD 64.1 millones para energía eléctrica que detalla el diario, junto a una partida adicional de USD 70.7 millones para transporte colectivo.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó la iniciativa ante los legisladores y explicó que el presupuesto contempla una brecha fiscal de USD 515 millones, según consignó YSUCA, emisora salvadoreña. Esa diferencia responde, según el funcionario, a la necesidad de dar mayor cobertura al gasto prioritario incorporado en áreas como educación.

El transporte público recibe el mayor incremento porcentual

Entre las tres subvenciones que más siguen los salvadoreños, la de transporte es la que más crece en términos relativos. La partida corresponde al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), bajo el programa de Registro y Regulación del Transporte.

Ese esquema busca modernizar el transporte público de pasajeros para ofrecer mayor comodidad a la población usuaria, según el documento citado por el diario. Para 2027, Hacienda contempla un desembolso de USD 73.01 millones desde esa cartera.

La cifra implica USD 10.67 millones adicionales frente a los USD 62.33 millones aprobados para transporte en el presupuesto de 2026. El incremento resulta porcentualmente el más pronunciado entre las tres subvenciones de mayor consumo popular, aunque en el detalle del proyecto global remitido a la Asamblea la misma partida aparece contabilizada en USD 70.7 millones.

El proyecto de presupuesto quedó en manos de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que deberá someterlo a estudio y análisis antes de su eventual aprobación para el ejercicio fiscal 2027.