En 2008, Mercedes Lalor hizo historia al convertirse en la primera mujer en ingresar a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina, lugar que se ganó gracias a su activismo gremial en General Villegas. Era el año del conflicto del campo y del gran protagonismo de las asociaciones de productores agropecuarios.

Su apellido es sinónimo de ganadería. Su bisabuelo Juan Lalor, irlandés, llegó a Argentina en 1881 y pronto empezó a trabajar en el campo y de a poco a establecerse por su cuenta. En 1910, creó la empresa consignataria de hacienda que hizo célebre el apellido.

Por el lado materno, Mercedes Lalor desciende de vascos. Quirno Costa fue el primer tambero del Río de la Plata, a comienzos del 1800. Y uno de sus antepasados, Norberto Quirno Costa, fue el vicepresidente de Julio Argentino Roca en su segundo mandato.

En 2023, el Indec comunicó que, según el último censo rural, el 20% de las explotaciones agropecuarias de Argentina están administradas por mujeres. Esto va desde la pequeña unidad familiar hasta los campos más extensos, como es el caso del de Mercedes Lalor. Hay otras áreas donde la presencia femenina es aun mayor y en crecimiento: en 2022, 38% de los inscriptos en la carrera de Agronomía eran mujeres, contra 28% en 2014. Y en otro rubro que también se relaciona en parte con el campo, la veterinaria, las estudiantes mujeres son mayoría: entre 60 y 65 por ciento.

— ¿Cuánto tiempo estuviste en la comisión directiva de la Sociedad Rural?

— Me fui en la segunda presidencia de (Nicolás) Pino. Ya cumplí mi ciclo. Igual sigo en el gremialismo, en este momento soy vicepresidenta de la Rural de Villegas. Sigo aportando, además de ocuparme del campo.

— ¿Hubo más mujeres después de vos en la comisión directiva de la Rural?

— Sí, sí, entraron varias, fue muy positivo eso. Y ahora está Eloísa Frederking, como vicepresidenta segunda. Y también como revisora de cuentas Inés Pereda. Debería haber más, ¿no?

— ¿Ves muchas mujeres al frente de unidades productivas?

— Conozco varias. También veo muchas ingenieras agrónomas trabajando en pools de siembra. Eso me da mucha alegría, tratar con una mujer, trabajando en tal lugar o asesorando. Y mujeres veterinarias. Yo crío caballos criollos y hay muchas criadoras mujeres. Pero no hay tantas en la representación.

— Vos estuviste siempre en el campo, sos hija de productores y...

— Nieta, bisnieta... Mi bisabuelo vino en 1880. Por el lado de papá, la rama irlandesa. Por el lado de mamá, Quirno Costa, vascos, el señor Quirno fue el primer tambero que hubo en el Río de la Plata. A principios de mil ochocientos. Si yo quisiera sacar un pasaporte de afuera, no podría. ¿Viste que todo el mundo tiene pasaporte de Europa? Yo no.

— Muchas generaciones nacidas acá.

— Mi bisabuelo, Juan Lalor, que vino en el 80, empezó como profesor de inglés, pero después decidió que el campo era el futuro, fue a trabajar de capataz en una estancia y después empezó a abrirse camino solo. En el veinte volvió a Irlanda. Y dijo: “Eso no tiene arreglo, yo no vuelvo nunca más”, por Irlanda (ríe). Imaginate que estuvo acá de 1880 a 1920. Una Argentina que crecía y crecía. Y que dejaba crecer al que venía, porque mi bisabuelo vino sin nada. Mi abuelo materno, Quirno Costa, quedó huérfano de muy chico y se crió con su abuelo, Norberto Quirno Costa, que fue vicepresidente de Roca, ministro del Interior y de Relaciones Exteriores.

— Segunda presidencia de Roca.

— Exactamente. Mi abuelo nunca quiso meterse en política porque vio lo que le costó al suyo que se gastó toda la plata en política, era al revés que ahora. Así que a él no le tocó nada. Se dedicó a trabajar y luego compró campos, creció y nos dejó bien parados. En esa época se podía crecer perfectamente trabajando honestamente. Yo agradezco que todos trabajaron, se pusieron las cosas al hombro, las sacaron adelante, y nos enseñaron la cultura del trabajo, nos exigieron.

— ¿Vivian en el campo?

— Mis abuelos estuvieron muchísimo en el campo pero iban y venían, porque la consignataria se manejaba en (el mercado de) Liniers) y en (el mercado general de hacienda de) Avellaneda. Pero tenían campos y mi abuelo iba todas las semanas. El mercado era lunes, martes, miércoles. Mi abuelo Quirno sí vivía mucho en el campo. Nosotros estudiamos acá porque en ese momento, en el interior -yo soy del 54- no había grandes colegios. Mamá y papá me decían: “No, ¿cómo te vas a ir a trabajar al campo?” Pero un día surgió ahí un inconveniente y mamá me dijo: “Andá y cubrime”. Y ahí ya me quedé trabajando en el campo.

— ¿Caballos únicamente?

— No, no, todo, todo. Los caballos son un emprendimiento mío. Pero yo me ocupo del manejo de todo el campo. En General Villegas.

— ¿Vas y venís, como hacía tu padre, tu abuelo?

— A ver, este año estuve casi todo el año en el campo. Toda la pandemia estuve allá.

— ¿Y hacés de todo? ¿Todas las tareas?

— Yo me subía al caballo y no me bajaba hasta la noche. Lo que pasa es que la edad te limita. Ahora recorro el campo en camioneta. Mis padres fallecieron... Tengo un hermano.

— ¿Él se ocupa también?

— Sí, muchísimo. Administra muy bien, lo que pasa es que tenemos dividido el campo y cada uno maneja lo suyo,

— ¿Tenés hijos?

— No. Estoy casada, pero no tengo hijos. Tengo sobrinas, hijas de mi hermano.

— ¿Hay algo que las mujeres no puedan hacer en el campo?

— Yo creo que ahora pueden hacer todo.

— ¿Porque está todo muy mecanizado?

— Sí, pero además, antes había un poquito de prurito en cuanto a que no era un ambiente para una mujer... Que no te falten el respeto. Debo decir que en mi casa nadie fue machista, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos. Entonces no tuve ese inconveniente de que me dijeran: no, eso no... Sí me dijeron: sé prudente, siempre tratá bien, nunca hagas algo que ofenda, ese tipo de cosas. Pero creo que sí, que una mujer puede hacer todo. Por lo menos yo he trabajado sin problemas.

— La mayor parte del personal es masculino, imagino.

— Sí, y he tenido gente muy buena, capataces que me han enseñado muchísimo, que se han jubilado en casa y han sido grandes maestros en cómo manejar un rodeo, cómo manejarme con los caballos, buenos domadores. Nunca tuve problemas. Obviamente hay que tener carácter. Una vez le dije a un veterinario, hablando de otra persona, “pero qué difícil es este tipo”. Y él me contestó: “Pero no más difícil que vos, ¿eh?” (risas).

— Se sinceró.

— Era la única forma de hacerme respetar. Si uno no pone límites… Imaginate una chica joven, de veintitantos, en el campo, sola, porque papá tenía mucho trabajo y otras administraciones. Tenía la sensación de que el que venía, pensaba: “Yo a ésta la requete fumo en pipa”. (Ríe) Esa era la sensación que yo tenía, a lo mejor equivocada. Ya no me pasa ahora, pero en aquel momento…

— Me decías que ves más mujeres tomando las riendas de su campo?

— Antes las mujeres delegaban, dejaban al hermano, al marido, al hijo, y las fundían. Terminaban sin nada. No sabés la cantidad de gente que sé, que por no hacerse cargo, por comodidad o yo que sé, heredaban un campo y preferían dejárselo a un administrador o al marido... y terminaban sin campo. En cambio ahora no, ahora agarran la manija, buscan quien las asesore, controlan las cuentas y se hacen cargo. Obviamente que sigue habiendo más hombres todavía. Pero conozco, tengo muchas amigas que se están haciendo cargo. Se lo ve bastante a diario, no me llama la atención.

— Mencionaste la jubilación. ¿Cómo está ese tema en el campo?

— Hasta hace un tiempo la jubilación era solo a los 65 años. Pero me ha pasado de varios jubilados que quisieron seguir trabajando. Y en casa la idea es que el que quiere seguir trabajando, sigue. Hasta por un tema afectivo. Han estado toda la vida ahí y no quieren irse al pueblo... Pero ahora en el campo te podés jubilar a los 57, pero tenés que cambiar de rubro. Tenés que irte a trabajar de otra cosa. Yo se los explico: “Miren que no van a poder seguir en el campo”. No pueden seguir haciendo lo que saben hacer. En realidad es una jubilación anticipada. Lo han hecho pensando en gente que por lesiones no puede seguir andando a caballo o en tractor. Pero por lo general todos se quedan. Yo he tenido mucha gente que se ha jubilado y ha seguido trabajando.

— Si viene una persona, de 50 años o más, y te dice “quiero largar todo esto que hago, no sé, ingeniería, docencia, lo que sea, y me quiero ir al campo”, ¿qué le dirías?

— Que sí, porque es mucho más responsable la gente grande. Es llamativo, porque los que te piden trabajo van de los dieciocho a los veintipico, los que están arrancando. Después hay un bache, hablo del campo, no sé en otro lado. Y luego aparecen de vuelta de cuarenta y ocho a cincuenta. Y vos decís: Pero ¿qué pasó con los que tendrían entre treinta y cincuenta? ¿Qué pasó con esas generaciones? Y a los de veintipico los podés tener, siempre que haya uno grande que los dirija, porque no tienen experiencia y la experiencia te la da la práctica, no hay nada que hacer. Entonces, si hay una persona calificada al frente, y si los más jóvenes tienen ganas de aprender, seguro que van a aprender.

— ¿Te ha pasado de contratar gente ya grande?

— Sí, sí, claro que sí. No me molesta, al revés, me da confianza.

— Una cosa es irse a trabajar al campo como empleado. ¿Pero qué pasa con el que quiere emprender?

— Tenés que tener un asesor, claro. O sea, al campo no podés llegar diciendo a ver qué hago, porque hay tanta cosa que aprender. En el campo realmente todo es práctica, aprendés en el día a día y de alguien que está a la par tuya trabajando.

— ¿Quién te puede asesorar? ¿El INTA?

— Sí, hay INTAs que funcionan bien y hay INTAs más politizados. Depende de la región. Yo nunca he estado muy relacionada con el INTA. Tengo asesores, desde hace muchos años el mismo ingeniero agrónomo, nos conocemos bien. Son difíciles los cambios, a veces por el retiro de alguien, hay que hacerlo. Una amiga de mamá decía: “Es enseñar todo de vuelta, Mercedes. Tengo que explicar todo de vuelta”. Pese a que en el campo el servicio se da de tal mes a tal mes, la vaca se preña de tal forma, tiene que tener pasto para preñarse, ya sabés las vacunas…

— Está todo pautado.

— Las vacunas que tenés que dar, cuándo las tenés que dar, cuándo se hace el tacto, cuándo se hace el destete. Y que las aprendés de la vivencia, no están en un libro... Muchas veces te anticipás a lo que va a pasar, porque ya te pasó. En mi zona, cuando viene la tormenta ya sabés que los árboles se caen de oeste a este y entonces no tenés que poner el auto de este lado. Pero sí, yo tomo gente grande, no tengo ningún problema.

— ¿Y es un buen momento para emprender? ¿para producir?

— Sí, sí, siempre hay espacio. Cada vez se está produciendo más, cada vez los rindes son más altos. En ganadería hay que darle más kilos a la hacienda, cosa de que con la misma cantidad de cabezas, puedas tener más cantidad de carne. Después, mejores índices de preñez, para tener por cada vaca más cantidad de terneros. Cada vez hay mejores híbridos, que dan rindes mucho más altos, y se van ajustando las fechas de siembra y las máquinas que se usan... Ahora, hay que diversificar. Si te dedicas a una sola cosa y te va mal, ¿cómo salís adelante? En cambio, si diversificaste… por ejemplo, sembrás una cosa pero también incursionás un poco en aves y en producir huevos. O lechón, que tiene un periodo de gestación y un engorde más cortos. El ciclo de la carne vacuna es muy largo.

— ¿Se está produciendo más?

— Tenemos que producir más para exportar más. Creo que igual se está produciendo más. No aumentó el stock, pero sí el rendimiento. No estamos aumentando la exportación, tenemos que mejorar los números. Pero hace falta previsibilidad. Que lo que se dice hoy dentro de diez años se siga cumpliendo, que no te cambien las reglas de juego cada vez... Porque uno hace una inversión grande. Acá el criador, el que tiene vacas, creo que es muy difícil que se deshaga de las madres. Aunque el número no le cierre, él ya viene del papá, del abuelo, del bisabuelo, que le dijo: “Vos las vacas tenelas siempre, porque es un seguro”. Por eso es que hay vacas, si no, yo no sé si habría.

— Menos mal, porque con el poco incentivo que hay...

— Cuando se cerró de repente la exportación, mandaban al frigorífico las vacas preñadas o recién paridas. Se me caían las lágrimas porque yo tengo alma de criadora. A veces se toman decisiones políticas que generan un disturbio tan grande. Y esas decisiones no las toma el que es criador de toda la vida, sino alguien que recién entró al negocio y que dice: “Ah, ahora da más la soja, vendo las vacas y chau”. En cambio, el que es criador de alma, viene una seca terrible, y a las vacas las subsidia. Les da de comer como sea, pero no las vende. No te deshacés de... porque es la fábrica.

— ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Hay decepción o expectativa?

— Expectativa, diría. Sería una buena medida que sacaran las retenciones. Es muy injusto que el mundo entero produzca sin retenciones y algunos con subsidios mientras nosotros tenemos que seguir trabajando con retenciones a todo, porque ha bajado en algunas producciones, pero igual siguen estando, tanto cuando ganás como cuando perdés. O sea, si ganás más, te sacan más. Pero si te viene una inundación, de ese poquito que te queda para subsistir, igual te sacan la parte de la retención. No hay impuesto más justo que ganancias, porque si ganás, pagás, si no ganás, no pagás. Y además es coparticipable.

— En proporción a las retenciones, hubo poca inversión en infraestructura para el campo y la agroindustria. Por caso, la ruta a Mendoza, a la altura de Junín, una de las zonas más ricas, la ruta es un carril de ida y uno de vuelta. Es peligrosísima.

— Esa es la que tomo yo. Además, la producción tan rica de esa zona tiene que salir del campo y sale por esa ruta donde se mata tanta gente. Y es la ruta que va a Chile, debería ser toda autopista. Hay otra ruta que es peor, que es la 33, que une Rosario con Bahía Blanca, dos puertos productivos importantísimos y está hecha torta.

— ¿A dónde fue la plata de las retenciones?

— Se la llevaron. Hay que decir las cosas como son. Es una lástima porque la producción hay que sacarla. Y los caminos de tierra... Por ahí tiene que transitar el camionero, el veterinario, el que saca la leche, el que va a la escuela, todos. Y hay partidos de la provincia de Buenos Aires que están totalmente inundados. Vos ves en el Instagram los reels que suben y... Villegas ha estado muchas veces inundado porque nos entra agua de La Pampa, de Córdoba y de Santa Fe. Y no tenemos canales. Están en el plan maestro del Salado, desde hace veinte años. Ahora está llegando a Bragado, pero falta hacer el bypass de Bragado y un tramo entre Ernestina y, y Roque Pérez, entonces todavía no está funcionando para el oeste. Y hemos estado dos años bajo el agua. Saliendo como podés en tractor. En todo el mundo hay inundaciones, hay que ser realistas. Pero duran poco, cuando hay canales. Acá se te queda y se te queda.

— Y no hay mantenimiento de las rutas.

— Espero que pronto empiecen con las privatizaciones de las rutas nacionales. Si no las va a arreglar Vialidad, que nos cobren peaje, pero que privaticen.

— ¿El campo está unido hoy como lo estuvo en 2008?

— Esa fue una etapa maravillosa. Una unidad, impresionante. Pero hoy, no. Desgraciadamente, con toda la tristeza del alma lo tengo que decir: no, no está unido. Es como que cada uno, desde las entidades que nos representan, hace su... no sé cómo llamarlo, porque empiezan a aparecer certificaciones, trazabilidades, o sea, kioscos.

— El otro día hubo un debate en Infobae en vivo entre la legisladora que quiere poner un impuesto al metano que generan las vacas y un joven de Carbap.

— Sí, Ignacio Kovarsky, es brillante, es veterinario, es el presidente de Carbap. Es de Trenque Lauquen. Sabe de lo que habla.

— Joven.

— Sí, es un muchacho joven, tiene tambo y Carbap está trabajando muy bien. Ellos están siguiendo este tema del plan maestro de la cuenca del Salado, son ellos los que están negociando y peticionando.

— Me llamó la atención cuando la diputada le dijo: “Si sos un productor responsable no vas a pagar el impuesto”. Como dando por sentado que no lo es.

— Tiene un desconocimiento muy grande del tema. Porque están por ejemplo los bonos de carbono. Hay países que contaminan menos y otros muchísimo. Argentina no es un país que contamina. Primero porque no andamos con muchos aviones ni muchos autos. Durante la pandemia, cuando se paró todo, las vacas siguieron estando en el campo, se siguió sembrando, el campo siguió trabajando. Sin embargo, los agujeros de ozono se cerraron. Eso demostró que el eructo de la vaca no le hace mal a nadie (ríe). Pero además está demostrado que las plantas absorben el carbono, como si fueran un secante, lo necesitan. Es más, el pasto que se produce supera lo que las vacas puedan llegar a hacer. Las pasturas y siembras que hacemos consumen carbono. O sea, que Argentina es un país que…

— …¿está equilibrado?

— No, qué equilibrado, tiene a favor. Podría vender bonos a países que los necesitaran porque sí contaminan mucho.

— Por la forma de la producción.

— Sí, porque es extensiva.

— Pero nos aplican un criterio que corresponde a países como los europeos, donde la vaca está encerrada.

— Claro, acá es extensiva y además hay un montón de espacios sin vacas...

— ¿Hay mucho feedlot actualmente?

— Hay de todo. La cría se hace extensiva en general. El engorde se hace en feedlot. Se trata de hacer todos los kilos posibles a pasto, que es el engorde más barato. Y recién en el final, cuando ya lo tenés grande, le das los kilos para engorde en el feedlot.

— Estábamos con lo de los bonos de carbono.

— Y ahora con el ViSeC [N. de la R: una plataforma que certifica la soja y carne argentina como libres de deforestación]. O sea, que vas a tener que anotarte en una plataforma, porque Europa no quiere comprar ni soja, ni carne producida donde se ha desmontado.

— Es una pose o una excusa más bien…

— ¿A vos te parece que Argentina, la llanura pampeana, donde había algún ombú, algún tala, pero poquísimos árboles, tiene que demostrar que no desmontó?

— Esto siempre me hace acordar que los ingleses arrasaron con casi todo el Bosque …

— … de Sherwood.

— Claro, el de Robin Hood, no existe más que en la novela.

— Me parece que ellos están más preocupados por Brasil, porque ahí sí se ha desmontado.

— Sí, pero el Amazonas es de Brasil y de varios otros países, no es el pulmón de mundo.

— Bueno, pero cada vez hay más habitantes en el mundo y hay que darles de comer. Entonces hay que buscar el equilibrio. Si el mundo no quiere que Brasil destruya la selva amazónica tiene que pagarle, hacer una propuesta de mercado, razonable. No decir “no te compro porque estás desmontando”.

— Cuando ingresaste a la comisión directiva de la Rural, dijiste que la problemática de género no tenía sentido en el siglo XXI, cosa que comparto. Hoy las mujeres tienen acceso a todas las profesiones y si no las eligen es por inclinación.

— Mi sobrina, que estudió veterinaria, me decía: “¿Sabés que somos más mujeres que hombres?” Mi otra sobrina estudió Medicina, pero no le he preguntado.

— Debe ser parejo. ¿Y en agronomía?

— Hay muchas mujeres. Sí, sí, eso lo veo. Cuando yo empecé a ocuparme del campo, de pronto iba a reuniones, donde te hablaban de cría, iba a cursos, cosas así. Y a veces llegaba y eran todos hombres. Estoy hablando de los 70.

— ¿Resultaba incómodo?

— No, no, para nada. Nunca me sentí mal. Intercambiaba opiniones con todos, me respetaban. Está en la actitud de uno también, ¿no?

— ¿Cómo ves tu futuro? ¿Hasta cuándo seguir en esto?

— Voy a trabajar mientras el cuerpo me lo permita. ¿Retirarme? Nooo. Primero, porque esto es lo que he hecho toda mi vida. Después, es difícil dejar... O sea, a lo mejor si tuviera alguien, pero mis sobrinas tienen hijos chicos. Quizás cuando ellas tengan más tiempo disponible.

— ¿O sea que no tenés un sucesor o sucesora a mano como para ir delegando hoy.

— No, hoy no. Espero que cuando desteten (ríe), empiecen a aparecer o tal vez los chicos.

— Los sobrinos nietos.

— Mientras tanto, yo estoy bien.

— ¿Y hay mucha gente grande que sigue al frente de sus emprendimientos?

— Sí. Y te diría que uno de los problemas que a veces hay es que, estando el hijo, teniendo hijos, les cuesta largar la manija.

— Delegar.

— Cuesta mucho delegar, sí. Eso lo veo. Y a veces el hijo se va haciendo viejo también. Además quiere que le dejen un poco de independencia, entonces a veces se abre y empieza otro emprendimiento, porque el padre no le afloja. Se da más en los hombres eso. A veces incluso compiten con el hijo. Y el encargado viene con chimentos.

— ¿Cómo es eso?

— En serio, el encargado le viene con chimentos. Hay dos personas que pesan mucho en el campo. Uno es el encargado y otro es la cocinera.

— Sorprendente.

— La cocinera, que te da de comer, te prepara el desayuno. Y mientras tanto habla. Sobre todo al hombre, que se sienta a que lirvan, le lleven el mate; esa pava que va y viene de la cocina genera mucha conversación. Y la cocinera termina teniendo mucho predicamento, viene con todos los chismes y...

— Su hijo hizo esto, lo otro. O cambió tal cosa.

— Sí, sí. Y el encargado al que el cambio de generación no le cae bien. Porque el padre ya está más grande, vigila menos…

— No quiere un patrón más joven.

— Y más dinámico. Los cambios cuestan.

— Qué interesante. Es para una novela o para un cuento de Borges.

— Había un señor, Pedro Saubidet, que escribía estas pequeñas historias en Facebook, con el nombre “Sucedidos”, y luego hizo un libro.

FOTOS: gentileza Mercedes Lalor

El avance de una especie autóctona movilizó al organismo sanitario nacional. A través de la Resolución 816/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró el Alerta Fitosanitaria en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz por la presencia y expansión de la tucura sapo (Bufonacris claraziana), un insecto endémico de la región patagónica que, si bien no representa riesgo alguno para la salud humana, fue identificado como una amenaza para los pastizales naturales y la actividad agropecuaria.

La medida, que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, apunta a intensificar las acciones de prevención, vigilancia y control de esta especie que, en los últimos años, mostró un crecimiento poblacional considerable y una expansión territorial que preocupa a las autoridades. En el texto de la resolución, Senasa advirtió que la tucura sapo “representa una seria amenaza para los pastizales naturales, como así también para la producción agropecuaria”.

A pesar de que el insecto no transmite enfermedades ni implica un peligro directo para las personas, su capacidad de daño sobre la vegetación y su presencia sostenida en la estepa llevaron a que se considere necesario reforzar las tareas de monitoreo. El organismo subrayó que, por sus características biológicas, esta especie debe mantenerse restringida a su hábitat natural para evitar un mayor impacto ambiental y productivo.

La expansión de esta tucura, nativa del sur argentino, afecta especialmente a pequeños productores, agricultores familiares y comunidades rurales, cuya economía depende directamente de los recursos forrajeros disponibles en los campos. Según informó el organismo, el insecto se alimenta de gramíneas y otras plantas herbáceas, por lo que su proliferación compromete la base alimentaria de la ganadería extensiva típica de la Patagonia.

La tucura sapo pertenece al grupo de los acrí­didos, familia Acrididae, subfamilia Melanoplinae, que agrupa a insectos conocidos por su capacidad de salto y, en algunos casos, de vuelo. Sin embargo, esta especie en particular presenta una notable diferencia: no tiene alas funcionales, por lo que no vuela. Su cuerpo, compacto y robusto, mide entre 3 y 4 centímetros, y puede adoptar tonalidades que van del marrón al verde grisáceo, lo que le permite camuflarse con facilidad en los entornos áridos y pedregosos que habita.

A simple vista, recuerda a una langosta o a un saltamontes, aunque su comportamiento y morfología evocan, de forma particular, al de un sapo, de ahí su nombre común. Esta peculiaridad también se refleja en su forma de desplazarse: se mueve principalmente a través de saltos, ayudado por sus patas traseras desarrolladas.

La especie fue descripta científicamente en el año 1882 por el entomólogo Carl Brunner von Wattenwyl, a partir de ejemplares recolectados por el naturalista alemán Johann Claraz durante sus exploraciones por la Patagonia. En honor a este último, el insecto recibió el nombre científico claraziana.

Si bien en condiciones normales no es considerada una plaga agrícola de impacto generalizado, existen ciclos en los que su población alcanza altas densidades y provoca daños visibles en los pastizales. El fenómeno, según lo señalado por Senasa, se intensificó en los últimos años, lo que derivó en la necesidad de establecer la emergencia fitosanitaria y aplicar medidas extraordinarias de control.

La resolución busca atender este escenario reforzando los operativos en campo y articulando con actores locales para prevenir una afectación mayor sobre los ecosistemas patagónicos. Con este marco legal, se habilita a las autoridades competentes a implementar acciones directas para contener la plaga, promover la restauración de zonas afectadas y proteger los sistemas productivos más vulnerables.

El área de dispersión natural de la Bufonacris claraziana incluye las regiones áridas de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, donde las condiciones del suelo y la vegetación baja favorecen su desarrollo. A partir del monitoreo realizado por técnicos del Senasa, se determinó que el insecto está ocupando superficies cada vez mayores, lo que justifica el estado de alerta y la necesidad de intensificar los controles en toda la estepa.

En este contexto, el organismo reiteró la importancia de trabajar de manera coordinada con las provincias, municipios y productores para frenar el avance de esta especie y minimizar el impacto sobre la producción agropecuaria y el equilibrio ambiental de la región. La vigilancia será clave en los próximos meses, especialmente en aquellos sectores donde el deterioro de la cobertura vegetal ya comienza a evidenciarse.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó declaraciones recientes de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, que advirtieron sobre eventuales restricciones a la compra de carne argentina por la presencia de fiebre aftosa. Durante una entrevista radial, el dirigente calificó a las manifestaciones de la funcionaria estadounidense como equivocadas y defendió el sistema sanitario nacional señalando: “Hace más de 20 años, por suerte, que no tenemos problemas con esta enfermedad”.

La conversación, difundida por Radio Mitre, se originó cuando el conductor mencionó las declaraciones de la secretaria norteamericana alusivas al riesgo sanitario, generando molestia entre representantes argentinos del sector ganadero. Nicolás Pino sostuvo que la funcionaria se mostró “mal informada” sobre la realidad sanitaria. “Si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en Argentina con al sur del río Colorado, al norte, libre, aftosa, con vacunación, sin vacunación, bueno, eso puede llegar a confundir un poco", explicó.

De acuerdo con el titular de la SRA, los controles en el país se mantienen en alto nivel y las prácticas de vacunación preventiva consolidaron la erradicación de la enfermedad. Destacó que la vigilancia responde a experiencias pasadas y demuestra el compromiso local para evitar episodios adversos. “No tenemos ningún problema con esta enfermedad, que tanto daño hace a la ganadería”, enfatizó durante la charla.

“Vamos a creer que fue un error el comentario”, agregó.

En el intercambio, Nicolás Pino optó por interpretar la declaración oficial de la secretaria estadounidense como un equívoco y no como una decisión política deliberada. “Vamos a creer que fue un error, que fue un error”, insistió el dirigente. Remarcó que la intención comercial expresada por los funcionarios de Estados Unidos podría beneficiar al sector exportador local y calificó como una “muy buena noticia” la posibilidad de aumentar el volumen de exportaciones de carne hacia ese mercado.

Durante la entrevista reproducida por Radio Mitre, el presidente de la SRA también recordó que Argentina exporta actualmente unas 20 mil toneladas de carne a Estados Unidos. “Si tuviera aftosa, no podríamos vender esa cantidad de carne”, señaló. Este volumen incluye cortes de alto valor y responde a las condiciones impuestas por los protocolos sanitarios internacionales vigentes. La afirmación busca desmentir, desde el punto de vista de los ganaderos, cualquier sospecha sobre una supuesta falta de control sanitario.

En ese sentido, Nicolás Pino explicó que en el proceso se contempla la vacunación como parte de una política preventiva y no como respuesta a brotes activos. “No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros. Somos cuidadosos realmente con el tema y no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años”, añadió.

Ganadería: precios y recursos del sector

Al margen de la polémica, la entrevista también abordó la situación económica de la ganadería argentina. Consultado por la evolución del mercado interno, Nicolás Pino aseguró que durante 2025 toda la cadena exhibió cotizaciones satisfactorias. En particular, el dirigente subrayó que el eslabón de la cría, responsable de la producción de terneros, alcanzó un desempeño positivo respecto de años previos. Señaló que este segmento suele ser el más afectado por las fluctuaciones de precios, ya que enfrenta la obligación de vender toda la producción en determinada época del año, pero en el presente ciclo logró mejores condiciones.

El presidente de la SRA declaró: “Eso incentiva a que un productor guarde alguna ternera más para hacer un futuro vientre”. Estas decisiones buscan aumentar el stock nacional para responder a la demanda internacional, especialmente frente al interés renovado de Estados Unidos por incrementar las importaciones, en un escenario global con elevada demanda de proteína animal. Según Pino, Argentina enfrenta el desafío de replantear y elevar los niveles productivos, así como aumentar la cantidad de cabezas de ganado, un parámetro que permanece estable desde hace años.

La entrevista emitida por Radio Mitre cerró con una visión sobre la necesidad de fortalecer la producción ganadera local para enfrentar el nuevo contexto comercial global. La expectativa frente al posible crecimiento del mercado estadounidense para la carne argentina figura como un objetivo para el sector, que se basa en la garantía de “carnes de buen valor y cortes seleccionados”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, se refirió s la organización de la exposición anual en Palermo, el impacto de los derechos de exportación recientemente elevados y la relación con el Gobierno nacional.

En declaraciones a CNN Radio, Pino confirmó que la exposición número 137 se iba a desarrollar del 17 al 27 de julio en el predio de La Rural, ubicado en Ciudad de Buenos Aires. Señaló que este evento atraía visitantes de todo el país y lo describió como un hecho cultural que convocaba a familias, productores y empresas de múltiples rubros. Detalló que esperaban recibir a más de 2200 animales, un 10 % más que en la edición anterior, y a representantes de diversas actividades comerciales, como metalmecánica y producciones regionales.

Indicó que había especial interés en la dimensión política del evento por tratarse de un año electoral. Mencionó la participación prevista de representantes de unas 15 o 16 provincias. También comentó la expectativa generada en torno a la posible presencia del presidente de la Nación en la jornada del 26 de julio, aclarando que había asistido personalmente a invitarlo. Según Pino, el mandatario se mostró interesado en asistir, dado que valoraba el contacto con un sector al que consideraba competitivo y productivo.

Pino explicó que, más allá de la organización de la exposición, el tema de las retenciones seguía ocupando buena parte del diálogo entre el sector y el Gobierno. Definió al derecho de exportación como el “impuesto más injusto” y “perverso”, señalando que impactaba con fuerza sobre la rentabilidad. Criticó el nivel de alícuota vigente para la soja, del 33 %, comparándolo con un “número de casino”.

Argumentó que los precios internacionales del producto habían bajado respecto de los niveles alcanzados en años anteriores, mientras el costo argentino seguía elevado. Explicó que esta combinación derivaba en quebrantos o márgenes mínimos para productores. Según Pino, desde la Sociedad Rural se presentaban alternativas viables al Gobierno y se reconocía el contexto de reacomodamiento macroeconómico, pero consideraba que insistir en la misma receta resultaba inviable.

En la entrevista, Pino recordó que desde la implementación de las retenciones, a principios de los años 2000, se había recaudado una cifra acumulada de aproximadamente 200 mil millones de dólares. Subrayó que esa cantidad no se veía reflejada en mejoras sustanciales para la población, como infraestructura vial, salud o educación. Dio ejemplos de rutas en estado precario, en particular la ruta 3 a la altura de Puerto Deseado y Puerto San Julián. Criticó la falta de inversiones y acusó a la política de haber dilapidado los fondos.

Consultado sobre el intento de debate legislativo sobre retenciones que derivó en un escándalo en Diputados, Pino manifestó una mezcla de sorpresa y bronca. Cuestionó que sectores políticos que gobernaron durante casi dos décadas impulsaran ahora el debate sobre un tributo que aplicaron incluso en contextos de precios internacionales mucho más altos. Recordó que en momentos en que la soja cotizaba cerca de 600 dólares, se mantenía la carga impositiva, sin aprovechar esa renta extraordinaria para mejorar las condiciones del país.

Sobre el tipo de cambio, Pino señaló que el sector agropecuario no fijaba expectativas concretas respecto de un valor determinado. Enfatizó la importancia de contar con un tipo de cambio único. Relató que hasta hace pocos meses los productores vendían al dólar oficial, pero adquirían insumos con costos asociados a cotizaciones mucho más elevadas, con brechas que llegaban al 200 %. Valoró el avance hacia un esquema unificado como condición necesaria para planificar y trabajar con mayor previsibilidad.

Indicó que el debate sobre competitividad incluía otras variables, como la presión tributaria. Pino afirmó que los gobiernos nacional, provinciales y municipales debían asumir responsabilidad en la generación de condiciones para aumentar la producción. Según el dirigente, no se trataba solo de definir el tipo de cambio sino de reducir impuestos para mejorar la competitividad del sector.

Sobre la organización de la exposición rural, Pino remarcó su carácter inclusivo. Describió la experiencia de ver a chicos que tenían su primer contacto con animales de granja como vacas, caballos u ovejas. Consideró que el evento se convertía en un espectáculo para toda la familia y no solo para profesionales del agro.

En relación con la seguridad, Pino fue consultado por el intento de atentado ocurrido en septiembre del año anterior, cuando explotó un sobre en las oficinas de La Rural. Admitió que no había mayores avances en la causa. Recordó que desde ese momento hasta fin de año hubo fuerte presencia policial tanto en el predio como en su entorno personal. Comentó que se mantenía en contacto esporádico con el juzgado, pero que la investigación continuaba abierta con pocos elementos de prueba.

Durante la charla radial, Pino reconoció la volatilidad propia de un año electoral. Dijo que en pocos meses se iban a celebrar elecciones y que eso generaba incertidumbre en los mercados. Señaló la importancia de sostener condiciones claras y estables para el trabajo del sector.

El dirigente rural insistió en la idea de que el derecho de exportación era particularmente dañino en el contexto actual, donde los precios internacionales se encontraban por debajo de los niveles máximos alcanzados en la última década. Criticó la falta de resultados concretos tras años de fuerte recaudación y atribuyó la carencia de obras e infraestructura a problemas de mala administración y corrupción política.

Pino mencionó que el Gobierno estaba al tanto de los reclamos del sector. Indicó que la Sociedad Rural Argentina mantenía reuniones y contactos frecuentes con funcionarios para presentar números y proponer alternativas. Reconoció que la situación económica general era compleja, con un reacomodamiento doloroso que afectaba a toda la población, pero sostuvo que insistir en el esquema actual de retenciones resultaba insostenible para la producción agropecuaria.

En su invitación a la exposición de julio, Pino dijo esperar una concurrencia masiva de público y de actores políticos. Valoró la oportunidad de mostrar la diversidad productiva del país, incluyendo las economías regionales y las cadenas de valor asociadas al sector. Remarcó la presencia de empresas de distintos rubros y la importancia del encuentro para generar vínculos comerciales y sociales.

El titular de la Sociedad Rural también hizo mención a la relevancia de la exposición para la Ciudad de Buenos Aires como atractivo turístico y cultural en vacaciones de invierno. Describió la preparación de los corrales, los stands comerciales y los espacios de divulgación técnica como parte de la identidad del evento.

En la entrevista, reiteró la invitación a periodistas y familias para que visitaran la exposición y resaltó el valor educativo de la experiencia para niños y jóvenes. Reconoció el esfuerzo logístico necesario para organizar la muestra y agradeció el acompañamiento de las provincias y empresas participantes.

Pino cerró la conversación destacando el rol histórico del campo como sostén de la economía argentina. Resaltó la capacidad productiva del sector y su vocación de aportar al desarrollo del país, aun en contextos difíciles. Expresó confianza en la convocatoria de la exposición de Palermo como ámbito de encuentro y diálogo entre productores, empresarios y funcionarios.

A horas de que las retenciones a la soja y el maíz aumenten por el fin de la baja transitoria, la Mesa de Enlace elevó su queja ante el Gobierno, mencionó que la presión fiscal que sufre el campo es “asfixiante” y reclamaron que no haya más medidas de corto plazo sobre los derechos de exportación.

En un comunicado conjunto firmado por las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural), los dirigentes del agro pidieron “medidas urgentes y definitivas que atendieran los graves problemas de competitividad que arrastraba el sector”. Indicaron que estos planteos se realizaban en reuniones con legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo nacional y provincial y afirmaron que “lo seguiremos haciendo con responsabilidad y firmeza”.

La entidad señaló que el principal cuestionamiento a los derechos de exportación no residía solo en las alícuotas. Los definió como “un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial” que, según expresaron, impidió aprovechar oportunidades para la inversión y el desarrollo federal. Para la Mesa de Enlace, esto generó retraso social, tecnológico y productivo, pese a los esfuerzos de productores y otros actores para sostener la producción y el arraigo rural.

También describieron “la presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta” como un factor que comprometía la competitividad del sector en provincias donde la cadena agroindustrial resultaba clave para el desarrollo, el empleo y la calidad de vida.

El comunicado cerró con un mensaje directo: “No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón”. La Mesa de Enlace exigió “reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”.

A excepción del trigo y la cebada, a partir del martes vuelven a su nivel anterior los derechos de exportación (DEX) de ciertos commodities agropecuarios, luego de la reducción temporal dispuesta a principios de año que buscaba incentivar la liquidación de la cosecha gruesa.

Así, las retenciones para el complejo soja pasarán de 24,5% para harina y aceite y 26% para poroto, a 31% y 33%, respectivamente. Por su parte, para maíz el incremento iría desde el 9,5% actual hasta el 12% vigente hasta mediados de enero.

“Con la suba de retenciones, el poder de compra del sector exportador se ve mermado. Tomando los valores actuales para embarques en julio,el poder teórico de compra de la exportación caería un 9% en soja y un 3% para maíz”, precisó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Soja

• Con DEX bajos de 24,5% y 26%, el valor teórico en puerto se estima en USD 283 por tonelada.
• Con DEX altos de 31% y 33%, bajaría a USD 257 por tonelada.

Maíz

• Con DEX bajos de 9,5%, el valor teórico en puerto se calcula en USD 168 por tonelada.
• Con DEX altos de 12%, se ubicaría en USD 164 por tonelada.

En este contexto, en lo que va de junio se registraron 930.000 toneladas de aceite de soja, 2,1 millones de toneladas de soja y 3,2 millones de toneladas de harina para embarcar desde julio en adelante, un total de 6,1 millones de toneladas del complejo soja vendidas al exterior.

El lunes 24 de junio se convirtió en el día con mayor volumen de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del año. Según datos difundidos por el analista Salvador Vitelli, de Romano Group, ese día se anotaron 750.000 toneladas de soja para julio, 270.000 toneladas para agosto y otras 750.000 toneladas para septiembre, lo que representó más de 1,7 millones de toneladas comprometidas para embarque en el corto y mediano plazo.

Entre enero y mayo ingresaron USD 11.713 millones, lo que representa un aumento del 29% en relación al mismo periodo del 2024, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

China aprobó por primera vez la compra de harina de soja procedente de Argentina, en una decisión que involucró una negociación prolongada entre ambos gobiernos y que implicó cambios en los requisitos fitosanitarios exigidos por el país asiático. El embarque, que formó parte de una importación de prueba, posicionó a la Argentina como nuevo proveedor en uno de los mercados más grandes del mundo.

El acuerdo se produjo luego de más de dos décadas de exportaciones argentinas de poroto de soja sin procesar al mercado chino, sin que se habilitara la venta de derivados industriales como la harina. Esta operación inicial se interpretó como una señal de apertura del gigante asiático, en un contexto de crecientes tensiones con su principal proveedor de subproductos de soja, Estados Unidos.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura, el ingreso del primer cargamento se concretó luego de que China aprobara los protocolos de inspección y cuarentena requeridos para la harina de soja desactivada argentina. Este producto representa el mayor volumen de exportación industrial del país y es una de las principales fuentes de ingreso de divisas.

El proceso para lograr esta apertura involucró múltiples instancias técnicas, auditorías y visitas sanitarias por parte de funcionarios chinos a plantas procesadoras argentinas, especialmente en zonas del Gran Rosario, el principal polo agroexportador del país.

Detalles de la operación

El cargamento que se exportó se trató de una compra piloto, autorizada con fines de verificación de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. El volumen de la exportación fue limitado, pero suficiente para permitir a las autoridades chinas evaluar el cumplimiento de sus normativas internas.

El comprador fue un grupo empresario chino, cuya identidad no trascendió, que acordó con una firma aceitera argentina el envío del producto desde uno de los puertos fluviales del Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se trató de una operación pactada bajo condiciones sanitarias estrictas y con seguimiento técnico binacional.

De acuerdo con lo informado por autoridades argentinas, esta habilitación se logró tras un largo camino diplomático, iniciado en 2017, que incluyó múltiples negociaciones, propuestas de protocolo, auditorías virtuales y presenciales, y visitas de comitivas técnicas chinas. La última auditoría, realizada a fines de 2023, fue clave para destrabar la aprobación oficial.

Importancia económica y productiva

La harina de soja representa más del 50% del total de las exportaciones del complejo sojero argentino. Su venta genera un ingreso de divisas muy superior al del poroto sin procesar. Hasta ahora, China sólo compraba poroto de soja a Argentina, lo que obligaba a exportar materia prima en lugar de productos industrializados con mayor valor agregado.

El complejo agroexportador argentino esperaba desde hace años la autorización de parte de China para vender harina, ya que el país sudamericano es uno de los principales productores y exportadores mundiales de este subproducto. La posibilidad de acceder al mayor mercado global de consumo animal abre una nueva etapa para las plantas procesadoras nacionales.

Desde las cámaras industriales del sector, señalaron que este paso podría representar en el mediano plazo un cambio estructural en los flujos de comercio de soja, aunque aclararon que dependerá de la evolución del vínculo comercial entre ambos países y de la demanda sostenida del mercado chino.

Contexto geopolítico y tensiones comerciales

El anuncio coincidió con un momento de tensión en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, en particular por la disputa en torno al suministro de productos agrícolas y el uso de subsidios. China venía reduciendo progresivamente su dependencia del poroto estadounidense, y exploraba nuevos proveedores para asegurar el abastecimiento de subproductos proteicos para alimentación animal.

Analistas del sector agrícola vincularon la apertura a la harina de soja argentina con una estrategia de diversificación por parte del gobierno chino, que buscaba fortalecer su seguridad alimentaria y reducir la exposición geopolítica a su principal socio comercial.

Además, remarcaron que la harina argentina cuenta con altos estándares de calidad, buena disponibilidad logística y costos competitivos, lo que la convierte en un producto atractivo para los compradores chinos, especialmente en las provincias del sur del país, donde se concentra la producción porcina.

Reacción de la industria y perspectivas

Representantes del sector agroindustrial argentino calificaron la operación como un hecho “muy relevante” para el país y expresaron su expectativa de que este primer embarque sea el punto de partida para nuevas exportaciones a gran escala. Afirmaron que las plantas aceiteras cuentan con capacidad ociosa que podría ser aprovechada si se abren nuevos destinos.

Indicaron también que la decisión china puede influir sobre otros mercados asiáticos, que suelen seguir los criterios técnicos establecidos por el gigante asiático en cuanto a estándares sanitarios y de trazabilidad.

Por su parte, funcionarios del área de Comercio Exterior señalaron que el desafío ahora será sostener la relación comercial y lograr que las pruebas iniciales deriven en una autorización permanente, con volúmenes mayores y contratos de largo plazo.

Avances en protocolos y negociaciones

El acuerdo se alcanzó luego de que China y Argentina concluyeran un protocolo sanitario que establece las condiciones para la exportación del subproducto. Este documento definió las exigencias sobre residuos, fumigación, contaminación cruzada y parámetros microbiológicos, entre otros aspectos técnicos.

Las autoridades argentinas confirmaron que las plantas procesadoras auditadas por China recibieron la aprobación y quedaron habilitadas para operar bajo el nuevo régimen. El SENASA participó en todas las etapas del proceso y coordinó la implementación de los controles internos requeridos para cumplir con los estándares chinos.

Se espera que, tras la validación del envío piloto, se pueda avanzar hacia la exportación regular, con participación de otras firmas del sector y ampliación del volumen comercializado. Hasta ahora, el mercado chino representaba una porción marginal en términos de compra de subproductos de soja argentina, pese a ser el principal destino del poroto.

Tal como había anunciado, el Gobierno dispuso que a partir del 1° de julio volverán a subir las retenciones para la soja y el maíz.

La decisión, que era resistida por las entidades agropecuarias, fue publicada este viernes a través del decreto 439/2025 en el Boletín Oficial.

La norma incluye una novedad: el Ministerio de Economía decidió prorrogar la baja en las alícuotas para el trigo y la cebada.

El decreto se conoce a pocos días del inicio de la tradicional exposición de La Rural y con la expectativa latente de que el presidente Javier Milei participe de la ceremonia de inauguración.

Según el texto oficial, la alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, mientras que la del maíz y el sorgo pasará de 9,5% a 12%. También se ajustará la del girasol, que volverá al 7%, tras haber tributado un 5,5% durante los últimos cinco meses. En contrapartida, el trigo y la cebada mantendrán el esquema reducido del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.

El decreto 439/2025 lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y especifica que sólo los productos listados en el anexo de la norma conservarán la alícuota reducida. Los cultivos invernales incluidos deberán cumplir con un requisito adicional: los exportadores tendrán que liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente.

Este nuevo plazo duplica el establecido en el decreto 38/2025, que regía desde fines de enero y que imponía una ventana de 15 días hábiles para ingresar las divisas al país. Quienes no cumplan este nuevo requisito perderán el beneficio tributario y deberán tributar la alícuota más alta que rija para el cultivo correspondiente.

Desde el Gobierno explicaron que la extensión de las alícuotas reducidas sólo para trigo y cebada responde a la necesidad de “garantizar la eficacia en su exportación”, dado que la campaña 2025/2026 para ambos cultivos se encuentra en curso. La prórroga no alcanzó a los cultivos de verano como la soja y el maíz, cuya cosecha ya avanzó significativamente.

Durante las semanas previas a la publicación del decreto, se registró una aceleración en las anotaciones de declaraciones juradas de venta al exterior DJVE. Desde el 27 de enero, fecha en la que entró en vigor la rebaja temporal, se anotaron 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 6,5 millones de toneladas de poroto de soja, 3,8 millones de toneladas de aceite de soja, y 17,9 millones de toneladas de maíz. Estas operaciones permitieron un ingreso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en las últimas dos semanas.

Pese al incremento de la actividad exportadora, las entidades rurales expresaron su disconformidad con la decisión oficial. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su “preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos”. También reconoció avances en materia económica, pero pidió una revisión urgente de la política tributaria para el agro.

Por su parte, Coninagro advirtió que la finalización de la rebaja en los DEX “genera suma preocupación y desigualdad”, al tiempo que destacó que “muchos procesos productivos se encuentran inconclusos al 30 de junio”. La entidad señaló que el sector necesita “certezas y reglas claras y duraderas” para planificar la producción y mantener niveles sostenidos de inversión y rentabilidad.

El impacto de la medida se refleja también en los datos de siembra de cultivos invernales. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 72,7% del área proyectada de trigo ya fue sembrada, en un total estimado de 6,7 millones de hectáreas. En cuanto a la cebada, la implantación cubre el 50,8% de las 1,3 millones de hectáreas previstas. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta 7,1 millones de hectáreas de trigo, apenas 200.000 más que en la campaña anterior, aunque recortó 100.000 hectáreas por los excesos hídricos de los últimos meses.

En términos de valor, las exportaciones conjuntas de trigo y cebada generan ingresos por unos 4.000 millones de dólares anuales. La harina de trigo también mantendrá su alícuota del 5,5%, según lo indicado en el texto oficial. Estos cultivos representan un componente estratégico para la balanza comercial del país y para las economías regionales del centro y sur bonaerense.

Más allá de la continuidad del beneficio para trigo y cebada, las quejas de los productores se centraron en la reimposición de las alícuotas previas para cultivos como el maíz, cuya cosecha aún no terminó. En este caso, el 45% del área todavía no fue recolectada, lo que significa que buena parte de la producción saldrá al mercado bajo el nuevo esquema tributario.

Varios analistas de mercado señalaron que la suba de las retenciones puede frenar la comercialización de soja y maíz durante los próximos meses. Aunque el Ministerio de Economía no incluyó esos productos en la prórroga del beneficio, el impacto sobre las decisiones comerciales y la liquidez del sistema agroindustrial podría trasladarse a los próximos ciclos de siembra y cosecha.

La fecha elegida para la publicación del decreto también generó interpretaciones políticas. El anuncio se conoció en la antesala de la exposición de La Rural, un evento emblemático para el sector agropecuario argentino. La posibilidad de que el presidente Milei asista a la inauguración alimentó la expectativa sobre posibles anuncios o gestos hacia el sector en ese ámbito.

Mientras tanto, el Gobierno mantuvo el enfoque en la necesidad de consolidar las cuentas públicas, recuperar el superávit fiscal y reforzar las reservas del Banco Central. La actualización del esquema de retenciones se enmarca dentro de ese objetivo general de equilibrio macroeconómico, aunque las tensiones con los sectores productivos continúan vigentes.

El precio del aceite de soja registró un salto superior al 11% entre el viernes 13 y el lunes 16 de junio en el mercado de Chicago. La escalada respondió a la propuesta del gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, de incrementar significativamente la cantidad de biocombustibles que deben mezclarse con combustibles fósiles en 2026 y 2027. Además, a las 14:00 del lunes en Buenos Aires, el contrato ÑUS Soybean Oil (ZLN5) se negociaba a 54,51 centavos por libra, con una suba diaria de 7,70%.

El alza se produjo tras la presentación de una propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense, que fijó un nuevo objetivo de mezcla de 24.020 millones de galones de biocombustibles para 2026 y 24.460 millones para 2027. Esto representó un aumento de casi el 8% respecto de la meta vigente en 2025.

El mandato incluyó un componente clave para el aceite de soja: la categoría de biocombustibles avanzados, dentro de la cual se encuentra el biodiésel elaborado a partir de ese insumo. Según los datos oficiales, la nueva meta para esta categoría se ubicó en 5.610 millones de galones en 2026 y 5.860 millones en 2027. En 2025, la cifra alcanzaba los 3.350 millones, por lo que el salto fue de aproximadamente 67%.

Las modificaciones no se limitaron a las cantidades exigidas. La EPA también propuso un rediseño en la manera de contabilizar los volúmenes y otorgar los créditos RINs (Renewable Identification Numbers), que son certificados negociables utilizados para demostrar el cumplimiento de los mandatos de mezcla.

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que los biocombustibles importados, o aquellos elaborados con materias primas extranjeras, recibirán sólo la mitad de los créditos RINs respecto de sus equivalentes producidos internamente con insumos locales. Esa diferencia busca incentivar el uso de insumos agrícolas estadounidenses y reducir la participación de aceites provenientes de terceros países.

La EPA también propuso que los volúmenes exigidos pasen a medirse en RIN equivalentes. Esto implica que cada galón de biocombustible se traduzca directamente en un número proporcional de créditos RINs, simplificando los cómputos y unificando criterios entre las distintas categorías de combustibles renovables.

En paralelo, se definieron nuevos factores de equivalencia. Para el diésel renovable, el valor propuesto fue 1,6 RINs por galón, en lugar de 1,7 como ocurría hasta ahora. Para el biodiésel convencional, el factor se mantuvo en 1,5. También se introdujeron valores para combustibles menos frecuentes, como el jet fuel renovable y otros subproductos.

Según analistas del mercado, estas medidas afectaron las expectativas en torno a la demanda de insumos como el aceite de soja, lo que impulsó las cotizaciones en los mercados de futuros. El viernes, los contratos de julio del producto en la Bolsa de Chicago treparon 6%, alcanzando los 1.112 dólares por tonelada, y el lunes consolidaron un alza acumulada de 11%, con valores cercanos a los 1.164 dólares por tonelada.

La tendencia continuó durante la jornada del lunes, cuando la cotización del ÑUS Soybean Oil (ZLN5) subió 3,90 centavos o 7,70%, situándose en 54,51 centavos de dólar por libra. Esta fue la mayor suba en dos días para el producto desde 2022, según datos de GrainTrade y plataformas de datos agrícolas.

Otro elemento que reforzó el movimiento alcista fue la suba del precio del petróleo crudo, impulsado por un nuevo episodio de conflicto en Medio Oriente. Los futuros del crudo Brent para agosto subieron 7,26% y cerraron el viernes en 74,1 dólares por barril. La suba de los precios del crudo suele generar una mayor competitividad de los biocombustibles, al elevar el precio relativo de los combustibles fósiles.

La propuesta regulatoria del gobierno de Estados Unidos también generó efectos indirectos en otros aceites vegetales. En Malasia, el precio del aceite de palma trepó por encima de los 4.000 ringgit por tonelada, con una suba intradiaria de 4,1%. La correlación entre el aceite de palma y el de soja responde a que ambos compiten como insumo para la elaboración de biocombustibles, en particular en Asia.

La firma Phillip Nova, a través de su analista Darren Lim, explicó en un informe que “los biocombustibles se vuelven más competitivos cuando suben los precios del crudo, lo que genera una migración en la demanda desde los combustibles fósiles”.

La medida de la EPA también buscó reducir los riesgos de fraude con insumos importados, como el aceite reciclado o el aceite de cocina usado proveniente de China, que ingresan al sistema bajo condiciones poco claras. Por eso, se propuso implementar requisitos adicionales de trazabilidad y documentación, obligatorios para todos los actores que comercien productos bajo los esquemas de biocombustibles regulados.

En términos de impacto para los mercados, algunos analistas advirtieron que los futuros del aceite de soja en Chicago comenzarán a reflejar con mayor intensidad las condiciones específicas del mercado estadounidense, dada la distorsión que introduce la penalización a los productos importados. Esto obligará a los operadores a prestar más atención a los precios físicos del producto en Sudamérica y Europa para captar las señales reales de oferta y demanda global.

Entre los países productores, Argentina ocupa un lugar destacado. El país se caracteriza por procesar internamente la mayor parte de su producción de soja, a diferencia de otras economías exportadoras que despachan grano sin industrializar. De esa molienda surgen dos productos clave: la harina de soja, líder en volumen exportado, y el aceite de soja, segundo en importancia dentro del complejo sojero nacional.

En este contexto, los cambios introducidos por Estados Unidos podrían representar una oportunidad para la industria aceitera local, siempre que el alza de precios se traslade al valor FOB argentino y que los principales destinos mantengan o amplíen su demanda. Actualmente, los compradores más relevantes del aceite de soja argentino son India, Bangladesh, Perú, Egipto y Argelia.

Además, la menor competitividad de los aceites importados en Estados Unidos podría desviar parte de la demanda global hacia productos de origen sudamericano, al menos en los mercados que no están sujetos a los esquemas regulatorios de la EPA.

El seguimiento del diferencial entre el aceite de soja y otros insumos competidores, como el aceite de canola canadiense o el aceite de palma malayo, será clave en las próximas semanas para anticipar posibles cambios en las corrientes comerciales.

La nueva estructura de mandatos en EE.UU. también debe analizarse en el marco de la estrategia energética de la administración Trump, que busca reducir la dependencia externa y fortalecer el consumo de energía de origen agrícola. En esa línea, se inscriben tanto la penalización de las importaciones como los incentivos al uso de insumos locales.

El debate político también dejó señales. La senadora Joni Ernst, representante republicana del estado de Iowa, uno de los mayores productores de soja de Estados Unidos, celebró la medida y la calificó como una prueba de que “la administración está comprometida con defender la América rural”.

En contraste, la Fueling American Jobs Coalition, que agrupa a refinerías independientes, expresó su rechazo al considerar que los nuevos mandatos amenazan la viabilidad de los últimos establecimientos de refinación independientes que aún operan en suelo estadounidense.

El Gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prorrogó por 60 días la implementación de la flexibilización de la barrera sanitaria patagónica. La medida se formalizó mediante la Resolución 419/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, y establece que hasta el 10 de agosto continuará la suspensión del ingreso de carne con hueso a la región sur del país.

El texto oficial señaló que “resulta conveniente disponer la prórroga del plazo previsto por el artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2024-241-APN-PRES#SENASA del 14 de marzo de 2024 del Senasa por el término de 60 días corridos”. El artículo mencionado hacía referencia a la habilitación para que carne bovina con hueso fuera transportada a la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, es decir, al territorio patagónico.

El aplazamiento se fundamentó en la necesidad de “continuar con el desarrollo de las actividades previstas para la implementación progresiva de la flexibilización” y en el “tiempo prudencial requerido para llevar adelante una coordinación federal con los distintos actores del sector público y privado”.

En paralelo, el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales patagónicos alcanzaron un acuerdo para extender la suspensión del ingreso de carne con hueso a la región. Las provincias habían insistido en la necesidad de más tiempo para analizar el impacto sanitario y comercial de la medida que buscaba permitir el ingreso de media res con hueso, algo que estaba prohibido desde hace 24 años.

A mediados de marzo, el Ejecutivo nacional habilitó el ingreso de carne con hueso plano desde la zona del país que se considera libre de fiebre aftosa con vacunación hacia la Patagonia, una zona libre sin vacunación. Esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de productores, frigoríficos, asociaciones rurales y gobernadores de las provincias sureñas.

La crítica central apuntó al riesgo sanitario de ingresar carne con hueso desde zonas con vacunación, lo que podría comprometer el estatus sanitario internacional de la Patagonia. Además, distintos sectores plantearon que esta flexibilización afectaría la economía regional, al permitir el ingreso de productos que compiten con los producidos localmente bajo condiciones sanitarias más estrictas.

La presión de las provincias llevó al Gobierno a suspender temporalmente la medida pocos días después de su anuncio original. Desde entonces, se sucedieron distintas negociaciones para evaluar alternativas de implementación progresiva que contemplaran las demandas regionales y los compromisos internacionales del país en materia sanitaria.

Una nota publicada en marzo por Infobae detalló que la medida había generado tensiones entre el Ejecutivo y las provincias del sur, especialmente Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que reclamaron mayor participación en la toma de decisiones. También se registraron advertencias de distintos sectores sobre el posible impacto en el comercio internacional de productos cárnicos argentinos.

Durante los últimos meses, Senasa y el Ministerio de Economía analizaron distintas opciones para compatibilizar la apertura comercial interna con la preservación del estatus sanitario de la Patagonia. En este contexto, la prórroga oficializada hoy responde a la necesidad de continuar con esos estudios y consensos.

Una nota reciente de Revista Chacra señaló que “el tiempo de definiciones” se acercaba para el Gobierno, al cumplirse los plazos establecidos originalmente. En esa línea, los actores del sector agroindustrial esperaban una resolución definitiva sobre el esquema de ingreso de carne con hueso a la región.

La nueva Resolución establece que, hasta el 10 de agosto, seguirá vigente la prohibición del ingreso de carne con hueso plano desde la zona norte hacia la Patagonia. Mientras tanto, continuarán las reuniones técnicas y políticas entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los representantes del sector privado para definir los próximos pasos.

Desde hace meses, la situación de SanCor, una de las cooperativas lácteas más emblemáticas del país, figura en el radar del sector y de sus trabajadores. La empresa entró en concurso de acreedores con un pasivo que supera los USD 400 millones, dejando inactivas gran parte de sus plantas, con una reducción fuerte tanto en su estructura comercial como en la plantilla del personal. Ante este panorama, el nuevo acuerdo con la cordobesa Elcor, empresa familiar que produce la reconocida marca Tonadita, atrajo la atención sobre la posible reactivación y futuro de SanCor.

Según confirmaron fuentes cercanas a SanCor, el pacto involucra exclusivamente a la planta ubicada en la localidad de Devoto, Córdoba. En esta instalación, Tonadita provee la materia prima esencial, que es la grasa láctea, más algunos insumos para la elaboración de manteca. El acuerdo tiene un formato de producción conjunta: SanCor utiliza los aportes de Elcor para fabricar manteca, que se comercializa bajo dos etiquetas. Los productos de Tonadita los distribuye directamente Tonadita, y los que llevan la marca SanCor los distribuye SanCor, excepto en las zonas donde la cooperativa no puede garantizar la llegada a los comercios. En esos casos, el canal de ventas lo aporta la red de Tonadita.

La precisión sobre los alcances de este convenio resulta crucial. Si bien circularon versiones sobre una reactivación más amplia de varias plantas y líneas de productos, fuentes cercanas a SanCor aclararon que por el momento el sistema de fasón ​abarca de manera exclusiva la producción de manteca y limita su impacto únicamente a la fábrica de Devoto. En ese lugar, además de manteca, históricamente SanCor elaboró crema y queso del tipo Mendicrim, pero el actual acuerdo sólo abarca manteca. No hay otras plantas ni otros productos incluidos en el convenio firmado con Elcor.

La empresa Elcor, con una fuerte presencia en Villa María –ciudad conocida como el corazón de la manteca nacional–, se encarga de la elaboración de Tonadita y exporta productos a más de 30 países, además de abastecer a cadenas de comida rápida, supermercados y mayoristas en todo el país. En estas semanas, aportó grasa láctea y logística para que SanCor logre poner en funcionamiento nuevamente parte de la planta de Devoto, lo que activó el regreso al trabajo de personal suspendido y permitió generar flujos de fondos futuros para una cooperativa que todavía analiza su pasivo total y las perspectivas de negociar con nuevos socios.

Un aspecto significativo del acuerdo radica en el carácter “productivo” y no “comercial” del mismo. Esto implica que SanCor y Tonadita comparten insumos y capacidad industrial, mientras cada parte conserva la gestión y comercialización bajo las marcas respectivas. El convenio se articuló luego de años de intentos y propuestas sin éxito. “Siempre costó que aceptaran colaboración externa”, señalaron fuentes próximas al acuerdo. Finalmente la negociación avanzó, acotada, pero con la expectativa concreta de permitir la reactivación de una planta que permanecía cerrada.

En los últimos años, el derrumbe de SanCor fue notorio. La cooperativa, que alguna vez llegó a procesar 4 millones de litros de leche diarios y a liderar junto a La Serenísima la industria láctea argentina, vio caer su producción hasta operar por debajo de los 60.000 litros diarios, con media docena de plantas cerradas y una caída de personal de 1.350 a 850 trabajadores. Casi sin presencia en las góndolas, la marca retrocedió mientras enfrentaba múltiples frentes de conflicto.

Ante la poca capacidad productiva mantenida, el acuerdo de Devoto representa una alternativa para reactivar personal y equipos. “Con este tipo de esquema surgen flujos de fondos a futuro y se logra reintegrar al trabajo a empleados suspendidos”, apuntaron fuentes cercanas a SanCor, poniendo el foco en que se trata de un arreglo limitado que aún no implica la vuelta a gran escala de la cooperativa.

Respecto de futuros pasos, también fuentes cercanas a SanCor informaron que existen conversaciones preliminares con otras empresas para firmar acuerdos con formato de fasón por otros productos y en otras plantas. Pero ninguna de esas negociaciones avanzó hasta el punto de alcanzar un arreglo formal, por lo que no hay por ahora, más allá del caso de Tonadita y la planta de Devoto, otras fábricas ni líneas productivas reactivadas a través de este método.

Elcor, dirigida actualmente por la tercera generación de la familia Piazza, es una de las líderes nacionales en el segmento de mantecas y quesos cheddar, y su planta de Villa María concentra el 70% de la manteca que se consume en la Argentina. También opera en Chile y abastece con manteca y queso a marcas internacionales de cadenas de fast food. Posee alrededor de 350 empleados y, por primera vez, selló un esquema de producción cruzada con una histórica cooperativa como SanCor.

El contexto del acuerdo también resulta importante para entender la escala de los desafíos. A comienzos de junio, SanCor continuaba en concurso, con vencimientos legales para la presentación de acreedores, volumen alto de presentaciones y negociación constante con bancos y fondos del extranjero. Entre los principales acreedores figura el Fondo IGG, junto a otros actores que monitorean con interés el futuro de la cooperativa. El proceso legal está bajo la supervisión del juez Guillermo Adrián Vales, del Juzgado de la Cuarta Nominación de Rafaela, Santa Fe.

No es la primera vez que SanCor explora fórmulas para garantizar su supervivencia. En 2021, la cooperativa buscó armar el fideicomiso SanCor Capital, proyecto que implicaba inversiones considerables, pero los interesados abandonaron la idea. Más recientemente, la cooperativa mantuvo reuniones exploratorias con potenciales inversores locales y extranjeros, entre los que se encuentra Adecoagro –el principal productor de leche del país– y algunos fondos cripto internacionales, aunque esas negociaciones no pasaron de contactos preliminares.

Por fuera del acuerdo de Devoto y Tonadita, la estructura comercial y productiva de SanCor sigue desarticulada. Gran parte de sus unidades productivas todavía permanece inactiva. El curador concursal continúa afinando el estado de situación patrimonial y los trabajadores esperan una resolución que permita ampliar el alcance de los convenios actuales.

Dada la modalidad de este primer paso, fuentes del sector ven el esquema como una posibilidad de replicar acuerdos similares en otros productos, aunque insisten en que no hay hasta el momento nada cerrado. “Estamos hablando con otras empresas, pero son charlas preliminares. La prioridad fue lograr que la planta de Devoto se reactive con producción de manteca bajo el sistema de fasón y que el personal suspendido pueda regresar”, sostuvieron fuentes cercanas a SanCor.

La expectativa de reactivación es moderada. No existe, al cierre de la presente nota, compromiso de venta de la cooperativa ni transformación de su estructura societaria. La estrategia apunta a mantener la marca en movimiento y restaurar parte del volumen productivo, aunque circunscripto por el momento sólo a la manteca producida y distribuida desde Devoto.

El crecimiento de la siembra y exportación de alfalfa consolidó en los últimos años a Córdoba como una provincia clave dentro de un negocio de alto potencial. Con muy buenas condiciones naturales para el desarrollo del cultivo, Córdoba se transformó en el foco de atención para referentes de la agroindustria que buscan capitalizar las oportunidades de un mercado mundial de heno y forrajes que, según empresarios del sector, “parece no tener techo, al menos en el corto plazo”.

El protagonismo cordobés se explica tanto por su superficie dedicada —610.000 hectáreas— como por el entramado productivo e industrial reunido en el denominado clúster de alfalfa. Esta red público-privada de trabajo colaborativo integra 105 socios y organiza para noviembre una misión a Francia y Alemania, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades y conocer de primera mano las experiencias europeas durante el IV Congreso Mundial de Alfalfa en Reims y la feria Agritechnica en Hannover.

Un mercado global que multiplica cifras

A pesar del entusiasmo, la Argentina hoy representa solo el 1,5% del mercado mundial de heno, según datos del sector. El país exporta unas 147.000 toneladas anuales, en un contexto donde el volumen global asciende a 9,8 millones de toneladas, impulsado por la demanda de ganaderías intensivas de todo el mundo. Durante el año pasado, las exportaciones argentinas generaron ingresos por 66 millones de dólares, una cifra considerable que, no obstante, queda muy por debajo del verdadero potencial proyectado por los referentes de la cadena.

El análisis interno del clúster muestra que el proceso continuo de intensificación ganadera a nivel mundial exige alimentaciones cada vez más sofisticadas, con altos requerimientos de henos y silajes entregados mediante raciones completamente mezcladas. Bajo esta dinámica, la posibilidad de crecimiento de la Argentina aparece como una ventana de oportunidad para diversificar exportaciones y captar parte de un negocio cuyo techo resulta difícil de dimensionar.

Córdoba al frente de la transformación

Con la mayor concentración de hectáreas dedicadas al cultivo y cuatro de las siete plantas de recompactado de heno en el país, Córdoba se posiciona como la principal exportadora nacional. También cuenta con una de las dos plantas deshidratadoras existentes en la Argentina. Los actores de la cadena proyectan que, de impulsar la industrialización y ampliar el complejo productivo, el país podría alcanzar exportaciones anuales de entre 800.000 y un millón de toneladas, equivalentes a unos 250 millones de dólares en ingresos por año.

Las expectativas no solo se apoyan en la disponibilidad de superficie, sino también en el avance de las instalaciones y la tecnología. Para escalar hasta esas cifras, la cadena calcula que sería necesario contar con 50 plantas de procesamiento de 20 toneladas por hectárea o bien con 100 plantas de 10 toneladas por hectárea. Tal salto requeriría inversiones en nuevos polos industriales, infraestructura de almacenamiento y mejores soluciones logísticas para mantener la calidad del producto en todo momento.

Un ránking de gigantes y una oportunidad para crecer

El liderazgo mundial del sector corresponde a Estados Unidos, que controla el 58% del negocio. Lo siguen Australia (12%), España (10%), Canadá (5%), Francia e Italia (2% cada uno). En el mapa de la demanda, Japón se posiciona como el primer importador global, absorbiendo el 26% de las compras de heno. Le siguen China (23%), Corea (11%) y Emiratos Árabes Unidos (9%).

Frente a este escenario de grandes jugadores, el bajo porcentaje de la Argentina en el volumen comercializado incentiva a referentes locales a impulsar cambios estructurales para ganar participación. Córdoba lidera este impulso, al concentrar la mayor parte de las exportaciones de todo el país y actuar como polo tecnológico en materia de deshidratado y recompactado de heno.

Desafíos estructurales para la expansión

El principal reto para ingresar al gran negocio del heno de manera más significativa consiste en dar un salto hacia la industrialización. Tal como subrayan desde el clúster provincial, el foco debe estar en la adopción de innovaciones tecnológicas para el deshidratado, la consolidación de centros de acopio y en el desarrollo de nuevas soluciones en materia logística.

La naturaleza climática de las tierras dedicadas a la alfalfa en Córdoba representa uno de los principales obstáculos. Las regiones más productivas del país corresponden a zonas subhúmedas o húmedas, donde la época de crecimiento del cultivo coincide con una alta frecuencia de lluvias. La forma tradicional de secado a campo requiere “ventanas” de 4 o 5 días seguidos sin precipitaciones, condición que pocas veces se cumple y que expone el material al deterioro.

En promedio, los productores pierden dos de cada seis cortes al año producto de las lluvias, lo que reduce notablemente el volumen de henos de alta calidad tanto para el mercado interno como para la exportación. Además, la humedad ambiente impide que el heno elaborado con contenidos de entre 14% y 20% logre secarse adecuadamente hasta llegar al estándar requerido internacionalmente —menos del 14% de humedad— para su ingreso en contenedores y envío a los principales destinos.

El modelo español, referencia en innovación

Los referentes locales señalan la experiencia de España como un ejemplo a seguir. A mediados de la década del ’90, ese país exportaba volúmenes similares a los de la Argentina de hoy, pero revirtió la situación a través de un proceso de fuerte industrialización. El avance tecnológico permitió la instalación de cerca de 60 plantas industriales de deshidratado con sistema tromel, que procesan hoy alrededor de la mitad de la producción nacional.

En la actualidad, España suma 217.000 hectáreas dedicadas a la alfalfa, y cerca de 110.000 hectáreas se destinan a deshidratado en instalaciones industriales. Este salto permitió a los productores españoles convertirse en el segundo mayor exportador global, superando a numerosos competidores tradicionales.

Visión y expectativas del sector

El clúster de alfalfa provincial nuclea una red de actores públicos y privados comprometidos con el desarrollo de la cadena. Bajo la coordinación de Gastón Urrets Zavalía, referente de INTA Manfredi en forrajes conservados, la organización promueve la integración de los productores con la industria, impulsa misiones exploratorias y fomenta el intercambio de experiencias exitosas extranjeras para adaptarlas al contexto local.

El sector considera que una mayor industrialización permitirá agregar valor al producto y superar limitaciones logísticas como el secado insuficiente, las pérdidas por lluvias o la falta de centros de acopio estratégicamente ubicados. A largo plazo, la instalación de más plantas de procesamiento y el acceso a nuevas tecnologías serían fundamentales para colocar a la Argentina entre los principales abastecedores de heno de calidad a nivel mundial.

Un futuro condicionado por la infraestructura

Para aprovechar por completo la ventana de oportunidad que representa el mercado global de alfalfa, la industria reconoce la necesidad de realizar inversiones en infraestructura y de avanzar en procesos de modernización. El caso español muestra que el cambio de escala productiva requiere tanto decisión política como respaldo financiero y coordinación entre los distintos actores del entramado.

La experiencia cordobesa, a partir de su actual grado de organización y de la centralidad alcanzada en la exportación nacional, ubica a la provincia como modelo para otras regiones que buscan sumar hectáreas y capacidades productivas. La expectativa del sector se sustenta en la posibilidad de multiplicar por cinco o seis el volumen exportable en los próximos años y transformar radicalmente el lugar de la Argentina dentro de la cadena internacional del heno.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) mantuvo el martes 3 de junio un encuentro con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en el que expuso su desacuerdo con tres de los principales cambios que el Gobierno nacional evalúa implementar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Las entidades rurales advirtieron sobre los riesgos de modificar la autarquía, la gobernanza y la estructura de Centros Regionales, y reclamaron mantener estos pilares para preservar el funcionamiento del organismo.

Participaron en la reunión los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: Carlos Castagnani, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, por Coninagro; Andrea Sarnari, por Federación Agraria Argentina (FAA); y Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina (SRA). También asistieron el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; su vicepresidenta, María “Pilu” Giraudo; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández.

En el encuentro, los dirigentes rurales expresaron su preocupación ante las versiones que señalan la inminente publicación de un decreto del Poder Ejecutivo con el objetivo de reformar la estructura del INTA. Indicaron que comparten la necesidad de introducir cambios para modernizar el organismo, pero aclararon que estos no deben poner en riesgo su funcionamiento estratégico.

La resistencia de la Mesa de Enlace se concentró en tres puntos clave: la preservación de la autarquía administrativa y financiera, la continuidad del actual esquema de gobernanza con participación del sector agropecuario y la red territorial desplegada a través de los Centros Regionales, las estaciones experimentales y las agencias de extensión rural.

Según señalaron, los productores requieren un organismo con capacidad técnica, presencia territorial y una estructura capaz de acompañar las necesidades del sector. “Los integrantes de la CEEA expresaron estar preocupados y comprometidos con el INTA, ya que los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país”, señalaron las entidades en un comunicado.

La inquietud rural se agravó por trascendidos que circulan dentro y fuera del organismo. De acuerdo con distintas fuentes, el Gobierno evalúa reducir de 10 a 8 los integrantes del Consejo Directivo, el máximo órgano de conducción del INTA, donde participan representantes de las entidades agropecuarias. También se estudia otorgar al Ministerio de Economía un control financiero directo, lo que implicaría un cambio en la autonomía del Instituto.

En ese mismo contexto, circulan versiones sobre un recorte de 1500 puestos de trabajo, de una dotación actual cercana a los 6000 empleados, y el cierre o fusión de unidades en el interior del país. Este posible ajuste de personal y estructuras se inscribiría en una estrategia oficial para reducir gastos y rediseñar el rol del INTA en la política agropecuaria nacional.

Las entidades rurales recordaron que el INTA cuenta actualmente con 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y cerca de 258 agencias de extensión rural distribuidas en todo el país. Su funcionamiento se financia, en parte, con un aporte del 0,45% del valor CIF de las importaciones, y su presupuesto anual ronda los 230.000 millones de pesos.

A lo largo del mes de mayo, la Mesa de Enlace sostuvo otros encuentros con funcionarios del Gobierno. El 8 de mayo, los presidentes de CRA, SRA, FAA y Coninagro mantuvieron una reunión con el secretario Sergio Iraeta en la que recibieron la confirmación de que el Ejecutivo trabaja en un decreto para reorganizar el INTA. Según detalló en ese momento la presidenta de la FAA, Andrea Sarnari, el Gobierno aseguró que no planea fusionar el INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), aunque sí proyecta modificar su estructura interna.

Sarnari explicó que en esa oportunidad las entidades plantearon la importancia estratégica del INTA, mientras los funcionarios comunicaron su intención de avanzar con reformas. “Nos dijeron que están pensando en un decreto que reformará el funcionamiento específico del Instituto”, indicó. “En las modificaciones va a trabajar el Consejo Directivo del INTA en base a un plan estratégico ya trazado”, añadió.

Por su parte, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, sostuvo que se trata de una “modernización” del organismo. “Las formas y el cómo es en lo que se debe trabajar, y el Consejo Directivo va a enfocarse en cómo aggiornar ese plan estratégico que data del año 2015”, señaló. También explicó que algunas investigaciones del INTI pasarían a la órbita del INTA.

En paralelo a las gestiones de la Mesa de Enlace, trabajadores del INTA realizaron distintas asambleas internas y encuentros de coordinación. El lunes 2 de junio se desarrolló la cuarta Asamblea Virtual de Consejos Locales Asesores, con participación de técnicos, productores, representantes de la Mesa Agroalimentaria y personal del organismo. En esa reunión se consensuaron acciones para defender el rol del INTA como herramienta clave del desarrollo productivo.

Además, los trabajadores definieron sumarse a movilizaciones junto a otros organismos públicos como Conicet, INTI y el Hospital Garrahan. También impulsaron reuniones con legisladores nacionales de las comisiones de Agricultura y de Ciencia y Técnica, y resolvieron visibilizar la situación en distintas provincias, mediante encuentros con representantes locales.

A su vez, el Consejo Directivo del organismo se mantiene en estado de alerta, con reuniones periódicas y preocupación por la falta de certezas respecto al rumbo de la transformación. Para algunos integrantes, el proceso aparece como una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, con escaso margen de diálogo. Ante este escenario, la Mesa de Enlace proyecta abrir canales institucionales con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para expresar su postura y conocer detalles del decreto.

En medio de la reestructuración, el Gobierno concretó designaciones clave en la nueva estructura del Instituto. Gustavo Abaurrea quedó a cargo de la Coordinación Operativa; Claudio Vinograd, en la Dirección General Administrativa; y Jorgelina Traut, en Comunicación. Permanecen pendientes otras definiciones sobre áreas como la Secretaría de Coordinación Técnica, Recursos Humanos y Sistemas de Información.

La dirigencia rural insistió en que cualquier reforma debe ser discutida con todos los actores del sector. En ese sentido, los representantes del agro en el Consejo Directivo plantearon que buscan acercarse a los funcionarios para explicar la situación crítica del INTA y proponer un camino más dialogado, que garantice la operatividad y territorialidad del organismo.

El Gobierno nacional, por su parte, no confirmó oficialmente el contenido del decreto ni los plazos de publicación, pero las distintas señales oficiales indican que el proyecto de reforma avanza en el marco del plan de reorganización del Estado impulsado por el Presidente.

El Gobierno nacional oficializó la habilitación del ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una región declarada libre de fiebre aftosa sin vacunación. La decisión quedó establecida en la Resolución 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Pablo Cortese.

Desde 2001, el país mantuvo una barrera sanitaria que impedía la entrada de carne con hueso desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a la región patagónica, con el objetivo de preservar su estatus sanitario. Ahora, la nueva normativa establece condiciones específicas para el ingreso de carnes y material genético desde otras partes del país y del exterior, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El texto de la resolución indica que los estudios sanitarios realizados por el Senasa no registraron circulación viral en el territorio nacional, lo que permitiría flexibilizar las restricciones sin comprometer el estatus de la Patagonia. La medida también se fundamenta en una evaluación de riesgo que determinó que la probabilidad de introducir el virus de la fiebre aftosa mediante el traslado de carne con hueso es insignificante.

Condiciones sanitarias para el ingreso de carne a la Patagonia

La nueva normativa establece pautas estrictas para la producción, procesamiento, empaque y transporte de carne con o sin hueso que se traslade hacia la región. Entre los requisitos para el ingreso de estos productos, se destacan los siguientes:

• La carne debe provenir de animales que hayan permanecido en una zona libre de fiebre aftosa con o sin vacunación.
• El sacrificio debe realizarse en un establecimiento habilitado por el Senasa y los ejemplares deben superar las inspecciones sanitarias previas y posteriores.
• En el caso de rumiantes, debe excluirse la cabeza, incluyendo la faringe, la lengua y los nódulos linfáticos asociados.
• Los cortes primarios, con o sin hueso, deben contar con doble empaque debidamente rotulado.
• Las menudencias comestibles deben cumplir con un proceso similar y su presentación puede ser individual o en bloques congelados o refrigerados.
• La carne debe haber sido obtenida de canales a las que se les extrajeron los principales ganglios visibles y sometidas a un proceso de maduración de al menos 24 horas a más de 2 °C, con un nivel de pH igual o inferior a 5,9.

Desde el Senasa destacaron que estas medidas buscan garantizar la bioseguridad agropecuaria del país sin afectar la competitividad del sector ni los acuerdos comerciales vigentes con otros mercados internacionales.

Impacto en el precio de la carne en la Patagonia

Uno de los objetivos principales de la nueva normativa es reducir el costo de la carne en la Patagonia, donde los precios de los cortes vacunos son significativamente más altos que en el resto del país.

Hasta ahora, en esa región solo podía venderse carne producida localmente, lo que generaba una oferta limitada y presionaba los valores al alza. Según informes recientes, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el precio del asado superó los $20.000 por kilo, más del doble del valor registrado en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires, donde se comercializa a $8.200 por kilo.

El levantamiento de la prohibición permitiría aumentar la oferta de carne en el mercado patagónico, lo que podría generar una reducción en los precios y en los costos de distribución dentro de la cadena comercial.

Regulación para el ingreso de material genético

Además del ingreso de productos cárnicos, la Resolución 180/2025 también establece condiciones para la entrada de material reproductivo a la Patagonia. Esto incluye embriones y semen de bovinos, bubalinos y cerdos domésticos, que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Los embriones deben provenir de hembras donantes sin signos clínicos compatibles con fiebre aftosa en el momento de la recolección.
• Las donantes deben haber permanecido en una zona libre con vacunación durante los tres meses previos a la recolección de ovocitos.
• Los animales utilizados para la producción de embriones deben haber sido vacunados al menos dos veces, con la última dosis aplicada entre uno y seis meses antes de la recolección.
• En su defecto, los animales deben haber dado negativo en pruebas de detección de anticuerpos contra el virus de fiebre aftosa entre 21 y 60 días después de la recolección.
• En el caso del semen, debe haber sido obtenido en establecimientos habilitados por el Senasa, y los machos donantes no deben haber mostrado síntomas de fiebre aftosa en el día de la colecta ni en los 30 días posteriores.

Por el momento, la resolución no habilita el ingreso de reproductores en pie a la Patagonia. Fuentes del Senasa señalaron que esta posibilidad sigue en análisis y requerirá negociaciones adicionales con socios comerciales internacionales antes de su implementación.

El Banco Central efectuó este martes compras en el mercado de cambios por USD 156 millones, con lo cual absorbió el 45,4% de la oferta de contado, que alcanzó los 343,5 millones de dólares.

El Banco Central acumula en febrero un saldo positivo de USD 1.653 millones, en el séptimo mes consecutivo con cifras a favor por su intervención.

Si bien el BCRA suele ser vendedor en las últimas ruedas de cada mes por cuestiones técnicas (más demanda de empresas por el cierre de balance mensual), las compras del segundo mes del año están cerca de alcanzar los USD 1.700 millones y ser las más elevadas desde mayo de 2024.

Las reservas internacionales aumentaron en USD 94 millones, a 28.682 millones de dólares. El stock bruto anota un incremento de USD 375 millones en febrero, aunque en lo que va de 2025 acumula una baja de 925 millones de dólares.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 24.820 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 7.474 millones o un 35,2%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

Las miradas apuntan a un esperado nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por un crédito en danza de 44.000 millones de dólares y la llegada de dinero fresco que apuntale las débiles reservas del Banco Central.

En cuanto a las liquidaciones del agro, “los productores aumentaron el ritmo de venta de soja tanto de vieja como de nueva cosecha. De todas formas vienen atrasados a pesar de la mejora en precios internacionales, la quita en derechos de exportación, y un panorama climático más claro. De la campaña vieja hay 68% con precio definido versus 77% promedio, y de la nueva estamos en 2,5% contra 8% promedio”, afirmó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

“Los productores Argentinos estuvieron vendiendo maíz más agresivamente, dado los muy buenos precios y el inicio de la cosecha de este año, que aunque incipiente, ya permite tener idea de volúmenes concretos. De todas formas se lleva sólo 8% vendido a precio contra 17% promedio histórico”, agregó Romano.

Mediante la Resolución General Conjunta 5651/2025, de ARCA (la Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, ya no será necesario brindar información anticipada sobre las operaciones de importación mediante el SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones), cuyo objetivo era realizar el análisis y seguimiento de datos sobre las compras internacionales de bienes.

"En su objetivo de seguir eliminando barreras no arancelarias, el gobierno declaró que el SEDI cumplió su función de normalizar y agilizar las importaciones. Con su derogación, ya no se requerirá la presentación previa de datos de importación. Adicionalmente, se simplifica el reglamento técnico, aceptando certificados internacionales", indicó un informe de Max Capital.

El ministro Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social “X”, indicó que el Gobierno continuará implementando políticas de facilitación comercial para garantizar transacciones transparentes, eficientes y predecibles.

El Banco Central informó que el 20 de febrero último, los depósitos en dólares en efectivo subieron en un millón de dólares. Desde el 15 de agosto, por el impulso del blanqueo de capitales, estas colocaciones se incrementaron USD 11.910 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de 30.578 millones de dólares.

El monto operado en el mercado mayorista alcanzó este lunes los USD 403,7 millones en el segmento de contado, con compras ejecutadas por el Banco Central por unos USD 129 millones, el 32% de la oferta privada.

El Banco Central acumula en febrero un saldo positivo de USD 1.497 millones, en el séptimo mes consecutivo con cifras a favor por su intervención.

Las reservas internacionales, en tanto, se incrementaron en USD 119 millones, a USD 28.588 millones.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 24.664 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 7.380 millones o un 34,8%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

Las miradas apuntan a un esperado nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por un crédito en danza de 44.000 millones de dólares y la llegada de dinero fresco que apuntale las débiles reservas del Banco Central.

El analista Salvador Di Stefano recordó que “el Presidente ha dicho que el cepo se levanta el 31 de diciembre del año 2025. Sin embargo, dijo que con ayuda externa y suba del stock en dólares de las reservas podría adelantarse la salida del cepo. No parece que el acuerdo con el FMI esté para fin de febrero, hay negociaciones avanzadas, pero el mismo ministro de Economía habla de un final feliz para el primer cuatrimestre del año 2025″.

Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, expresó que “el BCRA lleva comprado en el 2025 estimativamente casi 3.000 millones de dólares, siendo el tercer mejor arranque de año de las últimas dos décadas. Así, ‘cepo’ mediante, si hay atraso cambiario el BCRA no lo estaría sintiendo”, afirmó, y estimó que “de todos modos, el déficit en la cuenta corriente sigue, principalmente por los pagos de deuda”.

“Sobran argumentos para esperar un peso que se mantenga fuerte hacia adelante, respaldado en las condiciones actuales de la economía y expectativas. De todas formas, no habrá que dejar de prestar especial atención a la dinámica de las reservas con la mirada puesta en la salida del ‘cepo’”, reportó el Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

“El Gobierno busca mantener el tipo de cambio sin devaluación para frenar la inflación y reducir la pobreza”, señaló el economista Orlando Ferreres en declaraciones periodísticas.

“El Gobierno interpretó la baja demanda de instrumentos dollar-linked (en la última licitación de Letras) como una señal de que el mercado no ve una sobrevaluación del tipo de cambio y, por lo tanto, no está dispuesto a pagar por cobertura ante una posible devaluación”, sostuvo Max Capital.

“En plena negociación con el FMI para definir el monto del préstamo y el ritmo de los desembolsos, el apoyo explícito de Trump a Milei y los elogios de Bessent a Caputo son señales muy favorables. Se espera que Argentina obtenga alrededor de USD 11.000 millones en nuevos fondos del FMI en los próximos doce meses, probablemente con desembolsos graduales. Según el ministro Caputo, el gobierno podría utilizar los recursos dentro de un esquema de intervenciones”, puntualizó Max Capital.

El BCRA informó que el 19 de febrero último, los depósitos en dólares subieron en USD 95 millones. Desde el 15 de agosto -blanqueo de capitales mediante-, se incrementaron USD 11.909 millones, dejando los depósitos del sector privado en USD en un total de 30.577 millones de dólares.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresó su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, relacionadas con la eliminación y reducción de los derechos de exportación que pesan sobre los productos del agro y derivados industriales.

“Desde hace meses venimos advirtiendo sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas. Por esta razón, el jueves pasado, tras una reunión entre las entidades, solicitamos públicamente un ‘alivio fiscal’ y alertamos sobre la grave crisis que atraviesa el sector como consecuencia de una combinación de factores internos y externos”, manifestaron en un comunicado conjunto las cuatro principales entidades del sector: la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro.

El Gobierno anunció este jueves una reducción temporal de las retenciones a cultivos clave, que comenzará la próxima semana y se extenderá hasta el lunes 30 de junio, es decir que abarcará los meses de la temporada alta de liquidaciones que coincide con la cosecha gruesa -soja y maíz- en el segundo trimestre del año.

Las retenciones a la soja se reducirán en 7 puntos porcentuales, quedando en 26%; las de aceite y harina de soja, en 6,5 puntos, al 24,5%; y las de trigo, maíz, cebada y sorgo en 2,5 puntos, en 9,5 por ciento. Para el girasol, se reducirán también en 2,5 puntos porcentuales, a 5,5 por ciento. Asimismo la percepción de los derechos de exportación sobre productos de las economías regionales serán eliminados de forma permanente.

“Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, indicó a Comisión de Enlace. “La eliminación de este impuesto no debe sólo ser una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino. Desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200 mil millones de dólares en retenciones. Creemos que ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo”, añadió.

Para acceder a estas reducciones temporales, los productores deberán liquidar sus ingresos en el mercado de cambios dentro de los 15 días posteriores a la presentación de la declaración jurada de venta de exportación, aunque las exportaciones efectivas podrán realizarse más adelante.

“Sostenemos que estas medidas son un paso positivo en la dirección correcta. La eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio. La baja de alícuotas para los otros productos va en el sentido correcto, aunque siempre pregonaremos por la eliminación definitiva”, acotó el comunicado de las entidades del agro.

“Reafirmamos que para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector”, puntualizó la Comisión de Enlace. Y concluyó con “un llamado a la clase política para que estas decisiones sean parte de una política de Estado que priorice el desarrollo productivo del interior del país y el bienestar de todos los argentinos”.

En el marco de los recientes anuncios realizados por el Gobierno nacional, Carlos Castagnani, presidente de CRA, expresó su satisfacción durante una entrevista radial. En sus declaraciones, calificó la medida como un paso positivo en medio de un contexto económico y climático adverso para el sector agropecuario. “Es un reclamo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Es necesario por la situación actual de bajos precios internacionales y la falta de lluvia. Este combo dejó a muchos productores con rentabilidad cero o en quebranto”, aseguró.

El Gobierno comunicó el jueves la baja temporal de retenciones para los principales cultivos y la eliminación permanente de este impuesto para las economías regionales. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Entre los productos afectados por la reducción figuran la soja, el trigo, el maíz y el girasol, mientras que para otros como el arroz, el tabaco y el azúcar, la alícuota se eliminó definitivamente.

Una medida esperada por el sector

En declaraciones a Radio Mitre Castagnani señaló que esta decisión responde a un reclamo histórico del campo y destacó que representa una señal favorable en medio de las dificultades que enfrenta el sector. Según el titular de CRA, “la apertura de un camino hacia la eliminación total de las retenciones es clave. Incluso el mismo ministro lo mencionó como un objetivo”. Aunque consideró que lo ideal habría sido que la baja no tuviera una fecha límite, el dirigente remarcó que es un avance importante.

El nuevo esquema comenzará a regir a partir del lunes 27 de enero y tendrá un costo fiscal cercano a 800 millones de dólares, según estimaciones oficiales. La medida incluye una reducción temporal de los derechos de exportación para productos clave hasta el 30 de junio, lo que permitirá a los productores acceder a un alivio tributario en el corto plazo.

Entre los cultivos más beneficiados se encuentra la soja, cuya alícuota pasará del 33% al 26%. En el caso de los derivados como el aceite y la harina, la reducción será del 31% al 24,5%. Otros cultivos como el trigo, el maíz, la cebada y el girasol experimentarán una baja en las alícuotas que los afectaban, mientras que las economías regionales quedarán exentas de este tributo de forma definitiva.

Importancia para las economías regionales

Uno de los puntos más destacados por Castagnani fue la eliminación de retenciones en las economías regionales, una medida que calificó como esencial para estas actividades. “No olvidemos que las economías regionales cumplen una función muy importante. Crean arraigo en las zonas donde la economía tradicional no llega y que se hayan eliminado definitivamente las retenciones es un buen mensaje”, afirmó durante la entrevista.

Los productos incluidos en esta eliminación abarcan desde el arroz y el azúcar hasta el algodón, el cuero bovino y las preparaciones alimenticias. Según datos oficiales, estas actividades representaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones durante 2024. “Es una decisión acertada. Si bien no impactaba mucho en términos de recaudación, sí tenía un fuerte efecto sobre las actividades en las que se aplicaba”, agregó el presidente de CRA.

Por su parte, Luis Caputo afirmó durante el anuncio que la medida busca “darle al campo una señal de apoyo y justicia”. El ministro también aseguró que las bajas en las alícuotas no comprometerán el superávit fiscal logrado a través del programa económico implementado en los últimos trimestres.

Expectativas hacia el futuro

Consultado sobre la posibilidad de que estas bajas temporales puedan revertirse después de junio, Castagnani descartó esa opción y enfatizó en la necesidad de trabajar para consolidar una política de eliminación total de las retenciones. “No está en nuestra mente que eso pueda suceder. El mismo presidente expresó públicamente su intención de eliminar este impuesto, que es injusto y arbitrario”, afirmó.

Desde el Gobierno, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, sostuvo que la decisión fue motivada por las condiciones actuales del campo, afectado por la sequía y los bajos precios internacionales. “Es una excelente noticia en un momento en el que la producción enfrenta grandes desafíos. Ojalá que llueva y esta medida sirva para producir más y mejor”, comentó durante la conferencia.

Además de las declaraciones del sector agropecuario, el Gobierno especificó que los exportadores podrán optar por acceder a los beneficios a través de una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Este mecanismo, que estará operativo desde el próximo lunes, estipula un plazo de cinco días para el pago del derecho y quince días hábiles para la liquidación de divisas.

Un sector clave para la economía nacional

La reducción de retenciones se enmarca en un contexto en el que el sector agropecuario representa una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país. Con un superávit comercial, energético y de cuenta corriente, el Gobierno buscó equilibrar el alivio fiscal con la sostenibilidad financiera. “Queremos bajar impuestos, pero sin comprometer el esfuerzo de todos los argentinos”, explicó Caputo.

Sin embargo, el impacto de la medida será evaluado en los próximos meses, cuando los cultivos beneficiados comiencen a reflejar los cambios en términos de costos y proyección. Para Carlos Castagnani, este anuncio marca un punto de partida en una negociación más amplia entre el Gobierno y el sector agropecuario. La próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Mesa de Enlace, en la que se espera avanzar en otros temas pendientes, como la previsibilidad a largo plazo para los productores.

En un contexto en que organizaciones ruralistas aseguran enfrentar un panorama crítico por cuestiones tales como la sequía, la carga tributaria y los bajos precios internacionales, en 2024 las seis principales cadenas de granos aportaron en USD 5.350 millones en concepto de retenciones o derechos de exportación (DEX). Esta cifra se ubica un 75% por encima de 2023, y representó el 80% del total recaudado por ese impuesto el año pasado. Para 2025 se proyecta que el aporte sea aún mayor.

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), si bien la recaudación por retenciones se recompuso en relación al año previo, atravesado por una sequía histórica, el número quedó por debajo de lo registrado en los años 2021 y 2022. Esto debido principalmente a la caída de los precios internacionales y a la dinámica comercial, relacionado con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

Del total aportado, el complejo soja representó USD 4.319 millones, incluyendo el pago de derechos de exportación por ventas externas de poroto, harina y aceite de soja, así como también el pago de DEX por las exportaciones de subproductos obtenidos de poroto importado.

En segundo lugar, con un aporte de USD 567 millones en DEX, se ubica el complejo maicero. El tercero es el complejo trigo, con un aporte estimado de USD 243 millones. Le siguen los de cebada, girasol y sorgo, con aportes que rondaron los 135, 60 y 25 millones de dólares, respectivamente.

Para 2025, la BCR anticipa un repunte en la recaudación. Bajo el esquema de alícuotas vigentes, los precios FOB - Free on board (libre a bordo)- actuales y las estimaciones de producción y exportaciones a la fecha, se estima que la recaudación por DEX alcance USD 8.386 millones. Esto significa un aumento de casi 50% en comparación con el año pasado.

La BCR mencionó que en el cálculo de DEX para el próximo año se supone que el registro de DJVE anticipadas vuelve a exhibir un patrón similar al de los años previos, cuando los exportadores comenzaban a registrar anticipadamente ventas al exterior varios meses antes de iniciadas las nuevas campañas. Si, por el contrario, el comportamiento que se vio este año en el cual los exportadores no realizan ventas externas con tanta anticipación, el aporte por DEX se vería reducido.

La contracara de dicha mayor recaudación es la pérdida de rentabilidad de los productores. Por un lado, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el Estado se queda con $64,30 de cada $100 de renta agrícola, lo que es un aumento de 5,4 puntos porcentuales en relación a 2023. Por otro, los productores argentinos cobran casi USD 150 menos por tonelada de soja comercializada que sus pares brasileños.

En este sentido, “recuperar la competitividad de un sector complicado por precios a la baja y una moneda fuerte requiere avanzar en la eliminación de los DEX y continuar con todas aquellas reformas que permitan incrementar la productividad y alinear precios internos de insumos y bienes de capital con sus valores de referencia internacional”, señaló un trabajo del IERAL.

En recientes declaraciones, dos gobernadores se alinearon con este reclamo del sector. Por caso, el mandatario provincial de Córdoba, Martín Llaryora, a través de su cuenta de X, sostuvo: “Nuestro país necesita de este pujante sector para seguir avanzando. Por eso, desde Córdoba respaldamos el legítimo reclamo de los productores y sus entidades, que le solicitan al Gobierno nacional la baja de las retenciones para poder seguir produciendo y no fundirse. Ahora le toca al campo, es hora de bajar las retenciones.”

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó: “Nosotros, como provincia, no tenemos incidencia directa sobre los Derechos de Exportación, pero sabemos que su eliminación sería un antes y un después para nuestros productores. Por eso, hemos llevado este reclamo a la agenda nacional, buscando un alivio real para el sector que es el motor de nuestra economía”.

Sucede que, de acuerdo con la Bolsa de Cereales de la provincia, si se eliminaran las retenciones, la soja de primera podría pasar de un quebranto de USD 122 la hectárea a un beneficio de USD 158 la hectárea, la soja de segunda pasaría de USD 131 a un resultado positivo de USD 131 y el trigo reduciría sus pérdidas de USD 122 dólares a USD 77.

Las manifestaciones surgen luego de que la Mesa de Enlace le solicitara al ministro de Economía, Luis Caputo, una reunión para tratar “la crítica situación de los productores agropecuarios”.

“Las condiciones climáticas, como la falta de lluvias y las altas temperaturas, sumado a la depresión de los precios internacionales y los altos costos de producción, condicionan la actividad que genera desarrollo económico y arraigo en todas las provincias del país”, aseguraron en un comunicado la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, (CRA) y la Sociedad Rural Argentina, (SRA).

Las entidades agropecuarias le pidieron al Gobierno nacional “un alivio fiscal inmediato, a través de la reducción de impuestos que permita a los productores hacer frente a los costos crecientes y mantener sus actividades y la eliminación de los derechos de exportación”. Además, consideraron necesario mejorar la infraestructura logística y la conectividad y seguridad rural.

Esto se da también en un marco en que Los Grobo y Agrofina, empresas ligadas al agro, incurrieron en impago de pagarés y obligaciones negociables en los últimos días del 2024. Asimismo, la semana pasada anunciaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pudieron hacer frente a pagos de un crédito a 8 bancos acreedores por un total, entre las dos, de unos USD 30 millones. Surcos es otra de las compañías en default.

Los representantes de las entidades agropecuarias más relevantes del país, Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina, FAA), Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas, CRA) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina, SRA), llevaron adelante una reunión en la sede de CRA para analizar la situación que atraviesa el sector agropecuario. Durante el encuentro, resolvieron solicitar una audiencia con el Ministro de Economía, Eduardo Caputo, a través de un comunicado, con el propósito de abordar posibles soluciones.

La solicitud de la Mesa de Enlace se centró en un “alivio fiscal inmediato” mediante la reducción de impuestos y la eliminación de retenciones a las exportaciones. Según los dirigentes, estas medidas permitirían a los productores enfrentar los crecientes costos de producción, preservar sus actividades y mitigar las consecuencias de las adversas condiciones económicas y climáticas.

Según argumentan los ruralistas, la falta de lluvias y las altas temperaturas, que afectaron de manera crítica a la producción en numerosas regiones del país, fueron temas centrales en la discusión. Estas condiciones agravaron la situación de los productores, ya presionados por los elevados costos de insumos y el descenso en los precios internacionales de los commodities agrícolas. La Mesa de Enlace subrayó que la producción agropecuaria constituye un motor esencial para el desarrollo económico y el arraigo en las provincias, pero advirtieron que la actividad enfrenta serias limitaciones que requieren atención urgente.

Además de las cuestiones climáticas, los representantes del sector destacaron la necesidad de mejorar aspectos estructurales clave, como la infraestructura y la conectividad rural, que también influyen en los costos y en la competitividad de los productores.

Propuestas de la Mesa de Enlace

Entre las medidas propuestas por las entidades, se incluyó un plan de trabajo conjunto con el Gobierno. Los representantes agropecuarios plantearon que la actual estructura tributaria, junto con los derechos de exportación, impacta negativamente en la capacidad de inversión del sector y, por ende, en su sustentabilidad.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace manifestaron su intención de avanzar en un diálogo constructivo con el Gobierno para abordar las problemáticas señaladas. Consideraron esencial la apertura de canales de comunicación que permitan articular políticas públicas que beneficien tanto a los productores como al desarrollo económico de las provincias.

Entre los puntos que planean plantear al Ministro de Economía y al Secretario de Agricultura, destacaron:

• La eliminación de los derechos de exportación (retenciones), que afecta la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional.
• Un esquema impositivo más equilibrado, que contemple las particularidades de las economías regionales y alivie la carga fiscal sobre los pequeños y medianos productores.
• La implementación de medidas de financiamiento accesible que permitan a los productores realizar inversiones clave para su actividad.

En el marco de la reunión, se debatieron otros temas considerados fundamentales para el desarrollo del sector:

1. Infraestructura vial y logística: Los dirigentes remarcaron la urgencia de mejorar los caminos rurales y los accesos, ya que el mal estado de las rutas complica el traslado de insumos y productos. También destacaron la importancia de avanzar en la mejora de la hidrovía, puertos y ferrocarriles, que son esenciales para garantizar una logística más eficiente y competitiva.
2. Conectividad rural: Los representantes señalaron que la falta de internet de calidad en muchas zonas rurales afecta la productividad y la educación en las economías regionales. Propusieron promover inversiones que fortalezcan la infraestructura digital en el campo.
3. Seguridad rural: Ante el creciente problema de la inseguridad, se pidió que se implementen medidas inmediatas para proteger a los productores y a sus familias. Robos de maquinaria, insumos y ganado han generado una fuerte preocupación en el sector.

Impagos en el sector

La solicitud de la Mesa de Enlace se enmarca en un escenario económico complicado para el agro. Además de las dificultades mencionadas, varios actores destacados del sector enfrentan graves problemas financieros. Empresas como Los Grobo y Agrofina han comunicado recientemente su incapacidad para cumplir con pagos a sus acreedores. Según informaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), las dos compañías acumulan deudas significativas que se encuentran en proceso de reestructuración.

En diciembre, Los Grobo registró un impago de $1.506 millones y proyecta un nuevo incumplimiento por $1.940 millones en enero. Por su parte, Agrofina no logró afrontar obligaciones por $5.600 millones el mes pasado y tampoco podrá pagar $3.466 millones a lo largo de enero. Estos casos reflejan un contexto de endeudamiento crítico y dificultades financieras en el sector.

Además, empresas como Surcos y Rizobacter han atravesado situaciones similares, lo que subraya la magnitud de la crisis en el agro. Según analistas del sector, el impacto de las retenciones, los costos de producción y las condiciones climáticas limitan la capacidad de los productores para generar ingresos y cumplir con sus obligaciones financieras.

Los presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace expresaron su preocupación por la situación actual y destacaron la necesidad de tomar decisiones inmediatas. Sarnari, de la Federación Agraria Argentina, enfatizó que las economías regionales se encuentran en un estado crítico debido a la falta de medidas efectivas. Magnano, de Coninagro, señaló que es fundamental priorizar el diálogo para encontrar soluciones sostenibles.

Por su parte, Pino, de la Sociedad Rural Argentina, subrayó que las condiciones actuales amenazan con desincentivar la producción y afectar la economía de las provincias. Castagnani, de CRA, destacó que la Mesa de Enlace se encuentra dispuesta a trabajar de manera conjunta con el Gobierno para superar la crisis.

Dos empresas ligadas al agro que cayeron en default en los últimos días de 2024 informaron que este miércoles volvieron a incumplir pagos previstos ante sus acreedores. Se trata de Los Grobo y de Agrofina, que anunciaron ante la CNV que no pudieron pagar, entre las dos, unos USD 21,4 millones que vencieron el lunes y otros $9.400 millones que tenían hoy como fecha de pago.

En sendos comunicados a la autoridad reguladora del mercado de capitales, las dos firmas, ligadas societariamente, oficializaron nuevos eventos de impago. En este caso, se trata de un aviso ante la CNV de que no pudieron afrontar pagos el lunes de un crédito que las dos compañías intentaron renegociar con los bancos Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro, Bapro, el Banco Industrial y Promontoria Holding.

Así, Los Grobo incumplió un pago de 12,5 millones de dólares este lunes ante ese grupo de acreedores y otros casi 9 millones de dólares de Agrofina. Asimismo, anunciaron que no pagarán vencimientos este miércoles por algo más de $5.000 millones en el caso de la primera empresa y otros $4.470 millones de Agrofina.

“La Sociedad continúa en negociación con los Acreedores a los fines de llegar a un acuerdo en relación con los vencimientos detallados precedentemente, y se informará cualquier novedad relevante al respecto sobre el curso de dicha negociación”, mencionaron las dos compañías en sus comunicados ante la comisión de valores.

Agrofina, además, informó al mercado que la calificadora de riesgo Fitch le bajó la nota a su deuda. En un informe de esa entidad se mencionó: “Según información de la compañía, a noviembre 2024 la deuda total de Agrofina y LGA en forma consolidada ascendía a USD 207 millones (incluye capital e intereses devengados), siendo de vencimiento en los próximos 3 meses de USD 52 millones entre ON, pagarés bursátiles y descuento de valores”, dijo Fitch.

Este lunes una de las compañías que defaulteó sus obligaciones de pago ante acreedores reiteró que el vencimiento que tuvo lugar este lunes tampoco será pagado; en este caso, por haber sido objeto de una inhibición tras una denuncia hecha por el Gobierno. Otra comunicó que recomprará parte de sus pasivos y otras dos, también en la mira en estas semanas, que analizan cómo reestructurar su deuda de los próximos meses.

Así lo dejaron saber al mercado ese grupo de firmas en distintas comunicaciones ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre el viernes a la tarde y este lunes después del mediodía. Hubo comunicados de Surcos, la primera empresa del sector en interrumpir el pago normal de su deuda, de Los Grobo y Agrofina, otras dos compañías que informaron a sus acreedores que no podrían afrontar sus pasivos, y Rizobacter, que cumplió con su calendario financiero y que anticipó que recomprará parte de sus obligaciones negociables para bajar la carga de su deuda.

Los Grobo y Agrofina, que también incurrieron en impago de pagarés y obligaciones negociables en los últimos días del 2024, reiteraron ante la CNV que se encuentran en un proceso de reestructuración de su deuda. Agrofina comunicó que sus vencimientos del primer trimestre del 2025 suman casi $24.000 millones. En diciembre no pudo cumplir con el pago normal de algo más $5.600 millones y a lo largo de enero tampoco abonará $3.466 millones. Los Grobo tienen una carga de pasivos menor ($10.700 millones hasta fines de marzo) y registró un impago en diciembre de $1.506 millones, mientras que este mes será de $1.940 millones más.

El caso de Surcos es el más grave. Surcos defaulteó a principios de diciembre el pago de 3,5 millones de dólares y $9.364 millones de pesos. La CNV determinó una suspensión provisoria sobre esa compañía y luego un embargo al considerar que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyó un delito al haber emitido obligaciones negociables “sin difundir información que permitiera conocer sobre su real situación financiera”, según reza en la denuncia judicial hecha por el Poder Ejecutivo.

En un comunicado ante el regulador del mercado de capitales, Surcos anunció este lunes: “Sin perjuicio de continuar realizando todas las medidas necesarias para adoptar una solución integral que permita asegurar el normal funcionamiento de la compañía, considerando, tal como se ha informado, que se ha decretado la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas bancarias de la Sociedad, por medio de la presente, se informa que la Sociedad se encuentra imposibilitada de abonar el séptimo pago de servicio de las Obligaciones Negociables Serie X VS, que asciende a la suma de USD 69.025,46, cuyo vencimiento estaba previsto efectuarse el día de la fecha”, dijo esa empresa, en referencia a un vencimiento que tuvo lugar este lunes.

El Estado se queda con $64,30 de cada $100 de renta agrícola, lo que representa un aumento de 5,4 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023. Se debe principalmente a la caída de precios internacionales y el menor efecto del dólar exportador, más conocido como dólar blend.

Así lo señala el índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Por jurisdicción, el 94,7% son impuestos nacionales, 4,7% provinciales y el resto municipales. De esos impuestos nacionales, el 67,5% no se coparticipan a las provincias, principalmente son los derechos de exportación (DEX) o retenciones.

“Si desaparecieran los DEX la participación del Estado sería del 36%. Un escenario que no sólo sería positivo para el productor sino que permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y mayores inversiones. Esto a su vez implicaría un mayor movimiento en diferentes regiones del país y un crecimiento en diversas áreas de la sociedad, sería positivo para todos los argentinos”, afirmó Nicolle Pisani Claro, economista en Jefe de FADA.

“Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 64,3%, la participación del Estado en soja es del 68,5%, maíz 56,6%, trigo 69,5% y girasol 59,1%”, precisa el informe.

Entre las razones del aumento de la participación estatal respecto hace un año, FADA señaló que la caída de los precios, que se encuentran por debajo del promedio de los últimos 5 años, aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de la sequía, hacen reducir el valor bruto de la producción. A esto se suma la pérdida del efecto del dólar exportador, que incrementaba el valor de las ventas al exterior, por la reducción de la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el CCL.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 27,2% de los impuestos medidos. Entre estos se destaca el impuesto a las Ganancias y los saldos técnicos de IVA. Por sí solas las provincias recaudan tributos tales como el impuesto inmobiliario rural, a los sellos y a los Ingresos Brutos.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,6% del Índice FADA en el promedio nacional. El componente central de estos son las tasas viales o las guías cerealeras, según la provincia.

También se analizaron los costos que tiene el sector. Uno de gran peso es el de los fletes: “A medida que aumenta la distancia con los puertos, el costo se va elevando. Es así que vemos que en el caso del maíz, el flete representa el 26% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 28%, en San Luis el 27%, en La Pampa el 25% y en Entre Ríos el 21%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 19%”, explicó Natalia Ariño, Economista de FADA.

Exportaciones sin retenciones

En relevamientos previos, FADA había resaltado el crecimiento que podría tener el sector si no se cobraran derechos de exportación, se unificara el tipo de cambio y se eliminaran las restricciones. Por caso, las exportaciones se incrementarían en USD 30.000 millones, la producción de granos aumentaría en 76 millones de toneladas durante los próximos 10 años y en los primeros 4 años el sector sumaría 2,9 puntos de crecimiento directo al PBI. Además, se generarían 370.000 nuevos puestos de trabajo.

La Argentina no es el único país que cobra este tipo de tributos. Sin embargo, se diferencia del resto por el alcance y la magnitud. A nivel global, de 116 países, 38 cobraron impuestos a las exportaciones en el año 2020. Pero ese número se reduce a cinco si se considera sólo aquellos en los cuales la recaudación por impuestos a las exportaciones sobre el PBI fue mayor a 0,5%. Estos son Rusia (1%), Kazajstán (1%), Costa de Marfil (1,2%), Argentina (1,4%) e Islas Salomón (3,7%), según datos de Fundar.

A pesar de que la gran promesa del gobierno de Javier Milei para el sector agropecuario, que es eliminar las retenciones, aún no se concretó, los empresarios del campo mantienen una elevada confianza en la actual gestión y esperan que los derechos de exportación puedan quitarse, o al menos reducirse, entre el 2025 y el 2026. De hecho, el índice de confianza del campo, medido por el Ag Barometer Austral del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, alcanzó en noviembre de 2024 su valor más alto desde el inicio de la medición, en 2018.

Con un puntaje de 149, el indicador muestra un incremento del 13% respecto a septiembre pasado (132) y un aumento interanual del 27% frente a noviembre de 2023 (117). Este avance refleja un cambio significativo en la percepción de los productores agropecuarios sobre el presente y el futuro del sector, en un contexto de transformaciones económicas y políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

El aumento se observa tanto en el Índice de Condiciones Presentes, que subió un 14% (120 vs. 105), como en el Índice de Expectativas Futuras, que avanzó un 13% (169 vs. 150). Según el informe, este comportamiento positivo responde a factores como las recientes precipitaciones que mejoran las expectativas de rendimientos agrícolas, y las políticas económicas del Gobierno, que apuntan a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, persisten desafíos estructurales que generan preocupación en el sector.

Imagen de Milei

La imagen de Javier Milei entre los productores agropecuarios es en su mayoría positiva: un 60% considera que cumplió con las expectativas del sector en sus primeros meses de gestión. Este grupo valora especialmente la baja de la inflación, la reducción de las tasas de interés y la rapidez con la que se han impulsado reformas estructurales.

No obstante, un 36% opina que el Presidente aún no ha satisfecho las demandas del sector. Las principales críticas se centran en la continuidad de los derechos de exportación, un impuesto que reduce la competitividad del agro argentino, y en la pérdida de competitividad del tipo de cambio, que está siendo ajustado a un ritmo inferior al de la inflación local.

“Los derechos de exportación siguen siendo un tema central de discusión. Los productores argentinos reciben un 32% menos por su soja que sus competidores en Estados Unidos y Brasil, lo que les resta competitividad”, explicó Carlos Steiger, director de la encuesta y especialista del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

A pesar de los desafíos, la confianza del sector agropecuario también se refleja en las expectativas de inversión. Un 56% de los productores planea invertir en activos fijos durante los próximos 12 meses, lo que marca un cambio significativo respecto al 47% registrado en septiembre. Este índice de inversión en activos fijos alcanza su segundo mayor valor histórico, solo superado por el de marzo de 2022, cuando los precios internacionales del agro estaban en máximos.

“Es una situación paradójica: el índice de confianza está en su punto más alto, mientras que las condiciones de rentabilidad del sector agropecuario, especialmente para quienes trabajan en campos arrendados, se encuentran en niveles muy bajos o incluso negativos”, comentó Steiger.

En el caso de la ganadería, el informe muestra un renovado interés por invertir, especialmente en vientres para incrementar el stock, a pesar de que los precios ganaderos siguen aumentando por debajo de la inflación y la debilidad del consumo local afecta la rentabilidad.

Desafíos internacionales y el efecto Trump

El plano internacional también genera opiniones divididas entre los productores. Un 57% cree que las políticas del presidente estadounidense electo Donald Trump favorecerán al agro argentino, mientras que el 43% opina lo contrario. Para el primer grupo, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China podría beneficiar nuevamente a la soja del Mercosur, como sucedió en 2018. Sin embargo, quienes ven un impacto negativo temen que las políticas proteccionistas de Trump fortalezcan al dólar, lo que afectaría los precios de los commodities argentinos.

“El dólar fuerte podría ser un golpe para el agro, especialmente considerando la caída de los precios internacionales y la pérdida de competitividad del tipo de cambio local”, advirtió Steiger.

El grupo inversor CIMA SA adquirió la deuda que Vicentin mantenía con un grupo de bancos internacionales, en el marco del proceso de concurso preventivo que tramita desde 2020 en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lorenzini. La operación, que involucra USD 447.194.396,91, fue formalmente notificada en el expediente judicial el 17 de diciembre de 2024, luego de concretarse el 12 de noviembre.

Según informó CIMA, la transacción incluye créditos cedidos por varias entidades financieras del exterior. El detalle de las acreencias verificadas es el siguiente: IFC por USD 205.785.014,45, FMO por USD 122.278.129,55, ING por USD 46.429.718,73, Rabobank por USD 22.781.133,64, MUFG por USD 12.381.296,09, SMBC por USD 12.381.296,09 y Natixis por USD 9.934.586,27. Fuentes del mercado estimaron que CIMA habría pagado aproximadamente USD 70 millones por la adquisición, un monto equivalente a 11 centavos por cada dólar de acreencia.

La intervención de CIMA posiciona al grupo inversor como el principal acreedor del concurso. En un comunicado oficial, señalaron que la operación busca “contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina”.

Además, indicaron que “es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo”.

El escenario judicial y el rol del cramdown

El concurso preventivo de Vicentin se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si homologa el plan de pagos presentado por la agroexportadora o si habilita la apertura del cramdown, un mecanismo que permitiría el ingreso de un tercero para competir con la propuesta original. En este contexto, CIMA informó que inició “diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown”.

Cabe recordar que el cramdown es un proceso que permite a acreedores u otros interesados presentar propuestas alternativas para reestructurar la deuda o directamente hacerser con la propiedad de la empresa, en caso de que la oferta inicial sea rechazada o no logre las mayorías requeridas. Durante el proceso, otras partes pueden ofrecer esquemas de pago a los acreedores, con el objetivo de quedarse con los activos de la empresa en conflicto.

Por su parte, el Directorio de Vicentin emitió un comunicado en el que afirmó que, de confirmarse la operación de CIMA, “nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”. La empresa reiteró su posición en torno a la demora judicial: “Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores”. Asimismo, hicieron referencia al dictamen del Procurador General, que recomendó rechazar la queja presentada por Commodities, una firma que presentó un recurso para bloquear la homologación y habilitar el cramdown en cuestión.

La situación financiera de Vicentin

El comunicado del Directorio también reconoció las dificultades financieras que atraviesa la compañía, destacando que “ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano”. Añadieron que no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar un eventual proceso de cramdown.

En relación a la demora en la definición judicial, la empresa solicitó una pronta resolución: “Reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities, para que finalmente todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”.

La estrategia de CIMA y el Grupo Grassi

CIMA lideró la compra de la deuda y comenzó a estructurar una propuesta junto con el Grupo Grassi, uno de los actores relevantes en el proceso concursal.

La intervención de CIMA y la posibilidad de habilitar el cramdown modificaron el escenario del concurso preventivo, colocando a la empresa en un punto crítico. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe será determinante para definir el futuro de la compañía, mientras distintos actores buscan posicionarse estratégicamente en el proceso.

Un grupo de 40 productores rurales autoconvocados del municipio de Lincoln rechazaron
el uso de la Tasa de Red Vial Rural, creada para financiar el mantenimiento de caminos rurales e instrumentada por el gobierno local. .

“Este grupo surge porque no nos sentimos representados por ninguna institución en el partido, y nos encontramos frente a una problemática urgente”, planteó Agustina Urdaniz, que junto a Carlos Cabral son voceros de este sector ruralista. “El tributo debería destinarse exclusivamente al mantenimiento de los caminos rurales para garantizar su transitabilidad. Están en un estado malo o regular. Hoy en día, los caminos solo reciben intervenciones de urgencia sin planificación adecuada, lo que significa es que no hay una contraprestación”, lamentó en diálogo con Infobae.

El distrito, con una superficie de 560.000 hectáreas, tiene un trazado donde los caminos rurales son críticos para la producción agropecuaria. Desde hace tiempo, las entidades ruralistas vienen reclamando que el cálculo actual de la tasa vial esté indexada, basada en ajustes inflacionarios. Pero este grupo también cuestiona que exista un escalonamiento, según contribuyente. Según un estudio realizado por los autoconvocados, el actual sistema permite al municipio cobrar el equivalente a 20,5 litros de gasoil por hectárea al año para los productores que pagan más alta la tasa, mientras otros apenas pagan 3,5 litros.

El intendente Salvador Serenal desmintió que haya una subejecución significativa de los recursos aportados por la tasa rural vial, pero confirmó que parte de lo recaudado se destina para otros fines. “Les mostramos nuestros números a los productores. En la recaudación de la tasa vial, vamos poco más de $2.600 millones este año. Unos $1700 van a caminos, es casi el 70%. El resto de la tasa son $875 millones que van a seguridad, salud y educación”, afirmó a este medio.

La mesa de productores autoconvocados proponen un rediseño del esquema de recaudación con base en un insumo de combustibles. Que se pague un mismo valor por hectárea para todos los inmuebles del partido, con una tasa fijada en 2,23 litros de gasoil grado 2 YPF por hectárea por año, ajustada a la inflación de ese insumo. Además, solicitan que los fondos percibidos solo sean utilizados únicamente para la gestión de caminos rurales, con auditorías de dos veces por año, y un informe de gestión trimestral sobre el uso de dichos recursos.

Sin embargo, hay diferencias con otros empresarios agropecuarios. El presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, Aníbal Fernández, mantuvo una reunión con las autoridades locales, en la que llevaron sus inquietudes por el ajuste de la tasa rural. Y, según ellos, hubo una respuesta positiva desde la comuna. “En 15 minutos llegamos a un acuerdo. El año que viene se termina la indexación, se hará con cuotas fijas y se aplicará un sistema de reajuste anticipado. También habrá descuentos para quienes tengan buen cumplimiento de pago”, precisó el ruralista al medio Somos Lincoln.

La sábana corta para afrontar las necesidades comunales es una de las problemáticas reales, detrás de los reclamos vecinales. Uno de estos casos es el hospital Rubén Miravalle, con un presupuesto que alcanza los $6.000 millones anuales. “No podemos permitir que nos quedemos sin hospital. Hace 40 años que pasa esto, y es la primera vez que nos enteramos a dónde va a la plata. Vamos a trabajar para ver qué se puede hacer para financiar el hospital”, consideró el titular de la SRA de Lincoln.

“Los municipios estamos atravesando una situación complicada, con competencias que ya no está cumpliendo ni Nación ni la provincia de Buenos Aires en salud, educación y seguridad. Los combustibles o los arreglos de los patrulleros de la Policía los pagamos nosotros. O por ejemplo, cuando en una derivación a un hospital provincial, a veces tenemos que pagar las prótesis o estudios para los vecinos, porque se demora la entrega de insumos. Nación no pago nada más en obras o en temas de salud”, explicó el jefe comunal de Lincoln.

Según el intendente, las otras entidades agropecuarias intermedias están de acuerdo cómo se viene implementando la tasa. El nuevo reajuste abarca un incremento superior al 30% anual, con descuentos de hasta el 35% por pagar de manera anticipada la obligación fiscal. “La SRA y la Confederación Agraria están de acuerdo con el procedimiento. Que no hay contraprestación es una gran mentira, nosotros los invitamos a recorrer con nosotros los caminos”, sostuvo Salvador.

Desde su punto de vista sectorial, los autoconvocados cuestionan que los municipios mantengan como práctica sostenida el abuso del concepto que representa una tasa, y, en cambio, se la utilice como un “impuesto”, que tiene como objetivo financiar los gastos regulares.

“Las tasas no son impuestos, pero desde hace años que van a salud, educación o seguridad. Lo hacemos todos los municipios por los recortes o la falta de aportes de Nación o provincia”, respondió Salvador.

La política de las tasas

El planteo de los productores rurales está en sintonía con el reproche que impulsa el gobierno de Javier Milei, frente a los municipios que aplican incrementos y nuevas tasas o impuestos municipales, ante la caída de la recaudación y de la coparticipación frente la realidad económico que se inauguró en diciembre de 2023. Uno de los arietes de esta consigna es el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, que instó en varias oportunidades a una “rebelión fiscal” y litigar contra las tasas municipales excesivas.

La mayor tensión política tuvo como escenario al conurbano bonaerense. En septiembre, la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, prohibió que municipios y provincias apliquen tasas y cargos adicionales en las facturas de luz y gas, para financiar servicios como alumbrado, barrido y vigilancia. Pese a esa limitación, al menos 11 municipios del área metropolitana lograron amparos judiciales que les permiten sostener este tipo de cobros. Aun así, el Gobierno imputó este mes a 95 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor.

Otros distritos tuvieron marchas y contramarchas en el objetivo de sostener las rentas generales. En Necochea, el intendente Arturo Rojas impulsó la creación de una tasa del 3% sobre las ventas de nafta, gasoil y GNC en las estaciones de servicio del distrito, con el fin de reparar calles y mantener la vía pública. Como la medida generó fuertes críticas en entidades agropecuarias y en la oposición, finalmente desistió de la idea. Pero logró aprobar el Fondo Compensador Vial Solidario, incluido dentro de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, que establece un cobro de la tasa adicional a la exportación e importación en Puerto Quequén, que fija el valor de medio litro de gasoil grado 3 por cada tonelada cargada o descargada.

Las cuatro entidades del agro que conforman la Mesa de Enlace bonaerense, Confederaciones Rurales (Carbap), Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, manifestaron su rechazo al nuevo tributo en Necochea, y advirtieron e incrementaría los costos de exportación e importación de granos e insumos a través de esta terminal.

En Lincoln, los productores autoconvocados se reunieron este miércoles con el secretario de Hacienda, Alberto Sala, en una larga reunión de tres horas. Le presentaron sus propuestas para modificar el destino y el ajuste de la tasa, pero no consiguieron lo que esperaban. “Alberto Sala nos dijo que 30 productores no le podemos decir cómo hacer su trabajo”, cuestionó Urdaniz. “Sugirió postergar nuestra propuesta para plasmarla en 2026, una respuesta que ya ha dado a otros productores en el pasado, lo que refleja una falta de voluntad para resolver la situación. Nosotros lo que pedimos es que la tasa se utilice de manera eficiente, sea transparente y acorde al servicio que nos debería garantizar”, exigió la productora rural.

“El 90% de los productores están de acuerdo con la presentación que venimos haciendo. Ellos quieren modificar el escalonamiento. Lo que observo es que no quieren pagar la tasa”, aseguró el intendente de la UCR. “Nosotros los escuchamos, presentamos proyectos y documentación, pero luego nos encontramos con información maliciosa. La mayoría de ellos no está viviendo en Lincoln. Somos un municipio transparente que busca un trato respetuoso con todos, pero faltan a la verdad con las reuniones que hemos tenido. En lo personal me duele, destruyen las instancias de diálogo”, concluyó.

La confianza de los productores agropecuarios en la Argentina registró en septiembre de este año su primera caída desde noviembre de 2022, tras marcar una baja del 5%, según el Índice de Confianza del Productor Argentino (Ag Barometer Austral), elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Este retroceso revela una creciente inquietud en el sector, particularmente en las expectativas para el próximo año, que se contrajeron en un 6% frente a la medición previa. Los productores ven su futuro financiero con preocupación, con una caída de 11% en sus proyecciones a 12 meses, alimentada en parte por la baja de los precios futuros de la soja, fundamental para el sector.

La incertidumbre macroeconómica (20%), la falta de financiamiento (20%) y el elevado costo de crédito (16%) son algunos de los principales motivos detrás del creciente escepticismo del sector. La falta de alternativas rentables de inversión (14%) y la desconfianza en el futuro del sector (12%) también son factores que inciden en la falta de ánimo inversor de los productores, quienes han visto cómo, pese a cierta estabilidad cambiaria y la baja en las tasas de interés, los factores económicos generales continúan siendo un obstáculo.

Carlos Steiger, investigador y director de la encuesta, explicó que “aunque las tasas de interés activas han disminuido y aparecen créditos en dólares, las expectativas de baja rentabilidad para la campaña 2024/25, sumadas a los bajos precios internacionales y la continuidad de los derechos de exportación, están desalentando las inversiones productivas”. Esta situación, según Steiger, refleja una tendencia hacia la “prudencia” entre los productores, quienes en el contexto actual prefieren mantener una posición conservadora en lugar de arriesgarse en nuevas inversiones.

Además de los obstáculos financieros, los productores enfrentan un panorama climático incierto. La campaña 2024/25 se desarrolla en condiciones menos favorables que las de 2023/24, y el 55% de los encuestados teme que se presenten problemas climáticos graves, lo cual refuerza la cautela en el sector.

En tanto, más de la mitad de los productores (51%) realiza sus actividades en campos arrendados, con una estructura de costos que no es favorable. Para el 76% de ellos, el pago de arrendamientos representa el 40% o más de sus costos totales, mientras que para un 48% esta incidencia es del 50% o más. Este escenario de altos costos operativos, junto con las expectativas de bajos precios y rendimiento, agrava la situación. Al depender en gran medida de campos arrendados, estos productores encuentran limitado su margen para reinvertir, al tiempo que enfrentan una carga financiera significativa por alquileres que suelen pagarse en quintales, sumando presión sobre sus ingresos netos.

Inversiones en el sector

La baja en la confianza ha tenido consecuencias claras: el 61% de los productores encuestados descarta realizar inversiones en activos fijos en los próximos 12 meses. De quienes aún consideran invertir (35%), las áreas elegidas son maquinarias grandes (42%), hacienda vacuna (33%) y tierras (23%), principalmente debido a que sus precios actuales son relativamente bajos.

La caída en la confianza de los productores agropecuarios deja en claro que el sector percibe riesgos significativos en su entorno económico y climático, lo que frena su voluntad de invertir y contribuye a una perspectiva incierta para la próxima campaña. El Ag Barometer Austral anticipa que, sin factores climáticos adicionales, la producción podría llegar a 130 millones de toneladas en 2024/25, pero con precios menores a los de la campaña anterior, especialmente en soja. Esta situación refuerza el desafío del Gobierno para lograr una recuperación económica sólida en un contexto de baja inversión en uno de los sectores clave del país.

Según explicó Steiger, los productores esperan una campaña agrícola 2024/25 con márgenes muy ajustados “fundamentalmente para la soja, que será el cultivo con la mayor superficie implantada, y con pocas posibilidades de los productores para transferir parte de esa área al maíz, que presenta mejores perspectivas de rentabilidad”. “La demora en las lluvias ha atrasado las siembras de maíz temprano, aunque las últimas precipitaciones del mes de octubre pueden tener un impacto positivo no solo en la siembra de maíz, sino también en los rendimientos de trigo”, agregó el investigador.

Con el crecimiento del trabajo remoto y el estilo de vida urbano, los jóvenes de 25 a 35 años buscan viviendas que combinen comodidad, conectividad y funcionalidad. Las opciones más atractivas para este grupo etario son departamentos de diseño moderno, espacios optimizados y ubicación cercana a servicios esenciales y a entretenimiento.

En CABA, áreas como Palermo, Villa Urquiza, Chacarita y Villa Crespo en Buenos Aires están entre las más buscadas por este segmento. Ofrecen alternativas que van desde estudios compactos hasta unidades de tres ambientes en zonas llenas de vida, incluidos polos gastronómicos y cervecerías artesanales que abren hasta altas horas de la madrugada.

Según Zonaprop, el precio medio en la Ciudad subió 0,6% en septiembre y se ubica en USD 2.315 por m2, igual nivel que en marzo 2022, aunque la tendencia ahora es alcista y acumula una valoración interanual que trepa hasta el 12% en algunos barrios como Villa Ortúzar y Palermo, entre otros.

¿Qué características priorizan?

Los jóvenes priorizan el diseño de planta abierta que permite aprovechar mejor el espacio. “Los departamentos de uno a dos ambientes con cocina integrada al living son muy populares, ya que crean una sensación de amplitud en espacios reducidos”, explicó a Infobae Lisandro Cuello, experto en Real Estate.

Además, los edificios que ofrecen amenities como gimnasio, coworking, y terrazas compartidas suelen destacarse, ya que complementan el estilo de vida moderno.

En suma, entre los jóvenes hay un interés creciente en barrios con un estilo de vida relajado, accesibilidad y diversidad de ofertas culturales.

Chacarita, uno de los más “cool” del mundo según la revista Time Out es una opción atractiva para jóvenes profesionales y parejas que buscan alternativas a zonas más concurridas como Palermo y con precios por debajo del área palermitana

Juan Manuel Mampfe, de Century 21 Nimahaus, observó que el perfil de Chacarita permite que quienes buscan su primer hogar encuentren una oferta accesible sin sacrificar calidad de vida. “La demanda de jóvenes se concentra en departamentos de 2 ambientes, donde los precios son atractivos y la infraestructura cultural y gastronómica está en crecimiento constante”, señaló.

Según datos recientes, el valor de publicación por metro cuadrado en Chacarita para un departamento de 2 ambientes ronda entre USD 1.800 y USD 2.000, y para uno de 3 ambientes entre USD 1.700 y USD 1.900; sin embargo, el precio de cierre promedio es ligeramente inferior: USD 1.703 para 2 ambientes y USD 1.687 para 3 ambientes.

“Esto lo coloca como una opción más económica en comparación con barrios como Villa Urquiza, donde los valores de cierre se sitúan entre USD 1.900 y USD 2.050, reflejando una diferencia sustancial en la oferta de unidades”, acotó Mampfe.

Zonas favoritas y valores

Palermo: Este barrio se destaca por su vida cultural, su conectividad y sus espacios verdes. La oferta de departamentos en esta zona incluye desde estudios modernos hasta unidades de lujo, con precios que oscilan entre USD 2.990 por m2, en el usado, dependiendo del tamaño y las amenities del edificio.

Villa Urquiza: Otra área muy popular entre jóvenes que buscan calidad de vida y tranquilidad, con una buena oferta de transporte público. Aquí, los departamentos se pueden conseguir desde USD 2.414 por m2 usados.

Villa Crespo: Es conocido por su onda moderna y su cercanía a Palermo. En estas zonas, los jóvenes pueden encontrar departamentos por USD 2.109 por m2.

Caballito: Una alternativa más económica y residencial, con precios accesibles y excelente conexión con el resto de la ciudad. Esta zona cuenta con una amplia oferta de espacios verdes y centros comerciales, lo cual lo hace atractivo para los jóvenes que buscan un balance entre costo y comodidad. El valor del usado es de USD 2.099 promedio.

Opciones en pozo y créditos hipotecarios

Para quienes buscan comprar, los desarrollos en pozo ofrecen una alternativa viable con opciones de financiamiento que se adaptan al presupuesto y flujo de ingresos.

Cuello agregó: “Varias constructoras permiten pagar en pesos y en cuotas, lo cual ayuda a los jóvenes a adquirir una propiedad sin grandes desembolsos iniciales”.

Los precios de venta en pre-construcción son significativamente más bajos que los de las propiedades finalizadas: un monoambiente en zonas como Villa Urquiza o Villa Crespo puede adquirirse desde USD 50.000 en etapas tempranas, mientras que un dos ambientes ronda los 75.000 dólares.

En Villa Urquiza, los nuevos créditos hipotecarios permiten adquirir propiedades a un precio promedio de USD 2.100 por m2. Para una unidad de USD 90.300, el monto del crédito alcanza $87.365.250, con una cuota inicial de $512.618. El ingreso necesario para acceder a este préstamo es de $2.050.472, y se requiere un anticipo de 22.575 dólares.

“En muchos casos, los padres aportan un refuerzo económico para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda mediante financiamiento bancario”, agregó Cuello.

Un extra que hace la diferencia

Las amenities se han vuelto un factor clave en los edificios residenciales. Los jóvenes valoran los espacios de uso común como coworking, gimnasio y terrazas, ya que estos complementan el estilo de vida sin necesidad de gastar en membresías adicionales.

“En barrios como Palermo y Villa Crespo, los edificios con amenities pueden costar un 10-15% más en alquiler que aquellos sin servicios adicionales, pero representan un ahorro para el residente en otros aspectos”, agregó Cuello.

Consejos

Al momento de decidir, es importante considerar el presupuesto mensual, las necesidades personales y las posibilidades de crecimiento.

Las unidades con planta abierta y cocina integrada son una gran ventaja para quienes buscan funcionalidad, mientras que los departamentos con balcón o terraza ofrecen un plus, especialmente para quienes trabajan desde casa y valoran el aire libre.

Además, es recomendable revisar opciones de financiamiento si el objetivo es comprar, ya que el costo de la inversión puede ser más manejable con planes en cuotas.

“Es sorprendente e inesperado. Completamente un acto intimidatorio y condenable como criminal”, declaró Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en referencia al artefacto explosivo que llegó a las oficinas de la entidad en un paquete dirigido a Nicolás Pino, presidente de la SRA. Aunque el explosivo no contenía metralla y no se registraron heridos graves, Pereda expresó su preocupación por la gravedad del ataque y subrayó que, afortunadamente, no hubo consecuencias fatales.

En una entrevista a Radio Rivadavia, Pereda comentó que a pesar de la gravedad de la situación, las personas involucradas, incluida la secretaria de Pino, se encuentran en buen estado de salud. “Por suerte, no hubo heridos de gravedad, lo principal es que todos están bien”, señaló, agradeciendo los gestos de solidaridad que la Sociedad Rural recibió tras el atentado.

El vicepresidente también describió el momento como “shockeante”, y expresó su deseo de que la investigación avance rápidamente. “Esto está en manos de las autoridades, pero las primeras conclusiones sugieren que el paquete contenía pólvora y que fue más un acto intimidatorio, con mucho humo y un fogonazo”, agregó, reconociendo que aún faltan datos para entender el propósito exacto detrás del ataque.

Consultado respecto a posibles hipótesis, Pereda intentó no hacer especulaciones. Pero ante la insistencia señaló que, en el pasado, la Sociedad Rural Argentina ha sido blanco de protestas pero remarcó que se trató de acciones muy distintas , generalmente vinculadas a activistas veganos, que en ocasiones han realizado actos vandálicos, pero destacó que este tipo de intimidación no tiene precedentes. “Hemos tenido ataques con pintura, pero esto es algo completamente distinto”, explicó, haciendo hincapié en lo inusual de un ataque de estas características en la institución.

Durante la entrevista, que tuvo lugar en Radio Rivadavia, Pereda subrayó la importancia de esperar los resultados de la investigación para obtener un panorama más claro y no adelantarse con hipótesis. “No estamos en condiciones de hacer suposiciones hasta que no tengamos más datos de las autoridades”, puntualizó.

El ataque a la SRA

El jueves por la mañana, un paquete dirigido a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, explotó al ser abierto en las oficinas de la entidad, ubicadas en Palermo. El artefacto no contenía metralla, pero liberó una gran cantidad de humo que afectó a quienes estaban en la sala. Pamela Sousa, secretaria de Pino, manipuló el paquete antes de que este explotara. Aunque se reportó inicialmente que había sufrido un hematoma, más tarde se confirmó que solo había inhalado el humo.

El mismo día, llegó una segunda encomienda dirigida a Marcos Pereda Born, aunque en este caso se trataba de un paquete con un decodificador que el vicepresidente había comprado, descartándose cualquier relación con el ataque.

El caso está siendo investigado por el juez Daniel Rafecas, y las autoridades están tratando de determinar cómo fue confeccionado el artefacto y quién lo envió. La brigada de explosivos de la Policía de la Ciudad continúa trabajando en el lugar, y las cámaras de seguridad de la zona están siendo revisadas para identificar al responsable de la entrega del paquete.

En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina aseguró que ningún miembro de la entidad resultó herido y que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, recibió esta mañana dos paquetes, de los cuales uno tenía material explosivo y el segundo un decodificador, indicaron fuentes policiales a Infobae. Al abrir el que iba dirigido a Pino, se produjo una pequeña explosión: el material no tenía metralla y no se registraron heridos de gravedad.

Nicolás Pino tiene 58 años, es productor agropecuario y comercializador de carnes. Nació en Buenos Aires y proviene de una familia con un largo historial en la producción agropecuaria. Estudió Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA). Su familia tuvo un campo en Olavarría. Es el titular de la SRA desde junio de 2021.

Es un ferviente defensor del gobierno de Javier Milei y hasta tiene un vínculo muy estrecho con el Presidente y su hermana, Karina. Tanto es así que durante el evento por el “Día de la Industria”, en la UIA, luego de que el jefe de Estado dijera que “para proteger a la industria se le robó al campo” y que eso lo único que había generado era “un sector adicto al Estado”, Milei terminó de dar su discurso, miró a Pino y le dijo, haciéndole un guiño: “¿Me escuchaste, no?”. El presidente de la SRA estaba sentado en las primeras filas.

Luego de esta exposición, Pino expuso vía la red social X su visión sobre las palabras del mandatario. “En el Día de la Industria, el presidente Javier Milei expuso algunas teorías sobre la relación entre el agro y la industria, recordando que ambos sectores pueden y deben crecer juntos”. Además dijo: “Durante su discurso, destacó cómo el campo fue castigado con políticas discriminatorias, frenando su desarrollo mientras otros países competidores ganaban mercados globales. En los últimos 20 años, por ejemplo, nos sacaron casi USD 200 mil millones solo en retenciones”.

Trayectoria

Desde muy joven, ocupó diferentes cargos en la Sociedad Rural como delegado y director. También integró y dirigió ámbitos técnicos de trabajo, como el Comité de Carnes y el de Exposiciones, participó de la Comisión Directiva con los cargos de secretario y vicepresidente, fue secretario del Comisariato General y Comisario General de la Exposición Rural y Vicepresidente de La Rural Sociedad Anónima.

Otra de sus etapas que más se recuerda en lo relacionado a la vida institucional de la entidad fue su participación en la Fundación Sociedad Rural Argentina como responsable productivo del Colegio Agropecuario de Realicó (La Pampa).

Con más de 30 años de trayectoria profesional e institucional ha ocupado toda clase de cargos dentro de la entidad. También cumplió un rol fundamental en la conformación de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias y en los últimos años, ha sido artífice de las relaciones entre las gremiales empresarias.

También integra, como presidente de la SRA, el Grupo de los 6 (G6), que nuclea a otras importantes entidades empresarias como la UIA, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Bolsa Argentina de Comercio. Los titulares de todas estas instituciones se reúnen habitualmente para discutir sobre la marcha de la economía y definir posicionamientos conjuntos sobre algunos temas.

Pino llegó a la presidencia de la SRA en mayo de 2021 tras una elección histórica. Fue la segunda vez en 31 años que hubo dos listas compitiendo por la conducción. En este caso, Pino le ganó a Daniel Pelegrina, que buscaba renovar su mandato al frente de la entidad. El proceso electoral se desarrolló en un período de fuerte tensión entre el campo y el Gobierno nacional por la suspensión de los exportaciones de carne, medida tomada por el Gobierno de Alberto Fernández para buscar bajar el precio en el mercado local por la disparada de la inflación.

Pelegrina, quien era el presidente desde 2018, representaba una línea de la Rural más tradicional, en tanto que Pino promocionaba una entidad más “federal, participativa y de gestión moderna”.

Repudio generalizado

Luego de ataque, distintas entidades empresariales y gremiales se solidarizaron con Pino.

El Grupo de los 6, que integra la SRA y también la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Industrial Argentina (UIA), expresó su “su más profundo rechazo al violento episodio”.

“La Argentina del crecimiento, el desarrollo y la producción sólo es posible en un marco de paz, diálogo y respeto”, expresaron.

“Es inadmisible, en nuestra sociedad democrática sostenida por los valores de la República, que tengan lugar ataques de esta naturaleza. Expresamos nuestra solidaridad, particularmente, con los colaboradores de la SRA que padecieron la explosión, que afortunadamente no provocó lesiones de gravedad”, señaló de manera individual Camarco.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), por su parte, manifestó su “plena solidaridad para con la SRA y los dirigentes destinatarios de los envíos, como así también para con los colaboradores que padecieron la explosión, que afortunadamente no provocó lesiones de consideración”.

“Resulta sumamente preocupante e inadmisible que se registren episodios de esta naturaleza, que recuerdan épocas nefastas del pasado de nuestro país que no debemos repetir en absoluto. La CAC exhorta a las autoridades competentes a obrar con profesionalismo y celeridad, a fin de esclarecer prontamente lo ocurrido y hacer que todo el peso de la ley caiga sobre los autores de este acto criminal”, destacaron desde la entidad presidida por Mario Grinman.

La poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) también repudió el atentado y exigió que acciones como estas “deben ser condenadas con toda firmeza y deben castigarse con dureza a los responsables de este accionar”.

También se sumó a la lista la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde donde expresaron también su “absoluto repudio ante el acto intimidatorio sufrido hoy por la Sociedad Rural Argentina (SRA)”.

“Resulta inadmisible y preocupante que en tiempos de democracia se pretenda generar un clima de tensión de este tipo. Condenamos el ataque a la entidad gremial empresaria y hacemos llegar nuestra solidaridad a su presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda”, señaló el titular de CAME, Alfredo González.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresó su apoyo y solidaridad a los directivos y colaboradores de la Sociedad Rural Argentina. “Hace más de 40 años que los ciudadanos argentinos hemos elegido convivir en democracia y en paz y no podemos permitir que vuelvan a ganar lugar este tipo de manifestaciones violentas. Para avanzar en un crecimiento económico que permita solucionar las necesidades de los argentinos se requiere no solo un marco económico estable sino también una sociedad que pueda desarrollar su vida en forma pacífica”, detallaron.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires también condenó “enérgicamente el atentado perpetrado hoy” y realizó un “llamado público a preservar la convivencia democrática en paz y en el marco de las instituciones”.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, hicieron un “llamado a las autoridades para que se investigue a fondo lo sucedido, se identifique a los responsables y se los someta con todo el peso de la ley” y reafirmaron el “compromiso con la democracia, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en forma pacífica y civilizada, convencidos de que la violencia nunca puede ser el camino para resolver ningún tipo de diferencias”.

Finalmente, desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) destacaron su solidaridad con las autoridades y el personal de la SRA. “Desde Fecoba manifestamos nuestro apoyo al presidente de la SRA, Nicolas Pino, y al vicepresidente Marcos Pereda ante esta condenable situación”, dijo el titular de la entidad porteña, Fabián Castillo, al tiempo que exigió “un urgente esclarecimiento del hecho”.

El Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) autorizó el cultivo sin restricciones del trigo resistente a la sequía producido en la Argentina y determinó que no presenta riesgos en comparación con el trigo convencional. Por tal motivo, ese tipo de trigo podrá iniciar el camino de su proceso productivo en ese país.

La decisión del USDA recayó sobre el trigo genéticamente modificado bajo la marca comercial HB4. Fue desarrollado en la Argentina por la bioquímica Raquel Chan y su equipo del CONICET junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y la empresa Bioceres para otorgarle mayor tolerancia a la sequía.

Fuentes de la compañía señalaron a Infobae que se trata de “un gran hito para la empresa y el proceso desregulatorio de la tecnología HB4 a nivel global”.

“Es un paso fundamental para producir trigo en Estados Unidos, que es el 4to productor mundial de trigo, el quinto exportador y un mercado siempre abierto a la innovación tecnológica”, afirmaron en Bioceres. Destacaron además que se trata de la primera empresa de origen argentino que recibe una aprobación de este tipo en Estados Unidos.

“El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) realizó una evaluación exhaustiva y determinó que el Trigo HB4 no presenta un riesgo en comparación con el trigo convencional. Esta decisión se basa en una revisión detallada que incluyó el análisis del fenotipo de este trigo genéticamente modificado, su posible impacto en el ambiente y sus características. APHIS concluyó que el Trigo HB4 no representa en sí mismo ni contribuye con plagas vegetales”, señaló Bioceres en un comunicado.

El trigo HB4️ ya fue aprobado para consumo humano y animal en otros 7 países: Australia, Colombia, Indonesia, Nueva Zelanda, Nigeria, Sudáfrica y Tailandia. También se han presentado solicitudes para su habilitación en Bolivia, Filipinas, Uruguay y Vietnam, para su consumo, humano y animal, y su cultivo.

Estados Unidos se transformó así en el cuarto mercado después de la Argentina, Brasil y Paraguay (países con más del 90% de la superficie cultivada con trigo de Sudamérica) en otorgar la autorización total para producir y comercializar el trigo HB4.

Según el grupo industrial US Wheat Associates, antes de comercializar en Estados Unidos el trigo HB4 modificado para tolerar la sequía, todavía se necesitan medidas adicionales, incluidas pruebas de campo. “Bioceres tardará años en completar las medidas adicionales”, afirmó la entidad.

Como resultado, esta variedad de trigo genéticamente modificado así como cualquier progenie derivada de él, “puede ser cultivado en EE.UU. sin restricciones. Esta autorización también se aplica a cualquier cruza del Trigo HB4️ con plantas no modificadas o con otras plantas modificadas que no estén sujetas a estas regulaciones”. La empresa agregó que dos años atrás, en junio de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo había aprobado para su consumo.

La modificación genética consiste en alterar la composición de una planta mediante la transferencia de ADN de un organismo a otro y es algo habitual en cultivos como el maíz, que se utiliza para la alimentación del ganado. “Dondequiera que se cultive trigo en el mundo, la sequía afecta los rendimientos y la calidad, por lo que una innovación como HB4 tiene mucho interés para productores como yo”, dijo Michael Peters, un productor de trigo de Oklahoma y expresidente de US Wheat Associates.

Con información de Reuters

Los contratos futuros de la soja y el maíz en el Mercado de Chicago bajaban este martes y se situaban cerca de los valores mínimos nominales de cuatro años, en un momento en que los operadores esperaban a ver si una ronda de cultivos ampliamente seguida esta semana respaldaba las expectativas de una producción récord en Estados Unidos.

Los futuros del trigo también caían, ya que las grandes cosechas del Mar Negro y la mejora de la situación del trigo estadounidense mantenían las expectativas de una oferta abundante a pesar de las malas cosechas francesas y alemanas.

El contrato de soja más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) operaba estable a USD 358,69 por tonelada (USD 9,762 el bushel), mientras que el maíz de la CBOT caía un 0,1% a USD 157,47 por tonelada (USD 4 el bushel) y el trigo retrocedía un 0,2% a USD 202,46 la tonelada (USD 5,51 el bushel). Hay que recordar que los tres contratos han caído a sus niveles más bajos desde 2020 en las últimas semanas: USD 350,90 la tonelada de soja, USD 153,54 la tonelada de maíz y USD 188,86 la tonelada de trigo.

En este sentido, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario precisó que en el plano local el poder de compra local de soja es el más bajo desde julio de 2019. “Estas últimas dos semanas han resultado decisivas para el mercado interno por soja. Con un cambio de 180° respecto al escenario vigente el año pasado, las cotizaciones locales se resienten fuertemente junto con la dinámica internacional, en un contexto de mayor oferta argentina durante esta campaña 2023/24. Así las fuertes caídas en las cotizaciones FOB (Free On Board) en puertos argentinos de poroto de soja y derivados han llevado a un resentimiento significativo en el margen exportador, operando con grandes pérdidas dada la dinámica comercial interna″, indicó la entidad.

“Los márgenes ampliamente negativos, a diferencia de lo que el mercado había experimentado durante abril y mayo, limitan el poder de compra de parte del sector exportador para ofrecer mejores condiciones comerciales sobre la plaza interna. Así se consuma un hecho que viene atisbándose ya desde principios de año. A la dinámica de la inflación local, habría que sumarle el derrotero en las cotizaciones, siendo así que el poder de compra de una tonelada de soja en Argentina es el más bajo desde julio del 2019″, subrayó la Bolsa rosarina.

Hay que recordar además que en el inicio de agosto los problemas en la actividad portuaria por el paro de aceiteros frenaron los embarques, aunque la demanda de maíz sigue siendo robusta.

Asimismo, en términos reales o constantes, cuando se tiene en cuenta la depreciación del dólar en las últimas dos décadas por la tasa de inflación acumulada en los EEUU, el poder de compra de una tonelada de soja en Chicago alcanzó niveles no vistos desde 2006, debido a una caída en los precios que se extendió a los mercados locales.

El informe mensual del USDA sorprendió con proyecciones de producción récord y una relación stock/consumo alta para la campaña 2024/25, lo que llevó a una caída del 4% en los precios de soja y mínimos desde septiembre de 2020. La debilidad en los precios de harina y aceite de soja, principales productos de exportación de la Argentina, por encima de la soja y el maíz en grano, junto con la especulación sobre una posible guerra comercial entre EEUU y China, agravó la situación.

Un estudio de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia precisó que “las principales preocupaciones se posaron sobre el escenario internacional. Golpeado por la mejora en las estimaciones de cosecha del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (+3,5% respecto de julio), la soja rozó los USD 350 por tonelada este viernes, retrocediendo 4,3% en la semana y 6,2% en lo que va del mes. En tanto, la harina de soja -más relevante para nuestro país- cayó 2,5% en los últimos cinco días, a la vez que el aceite de soja perdió 6,5%. Así, la oleaginosa está en mínimos desde agosto 2020.

“En el terreno de los cereales, el trigo se mantuvo virtualmente estable en lo que va de agosto (+0,2%), a la vez que el maíz retrocedió 1,6%. Los buenos números de producción están siendo más relevantes que la relajación esperada de la política monetaria de Estados Unidos, que abarataría el costo de financiamiento en dólares y reduciría el rendimiento de los activos libres de riesgo, impulsando la demanda de commodities y otros activos sustitutos”, agregaron los analistas del Banco Provincia.

Expectativas en el mercado internacional

Es probable que la soja y el maíz caigan aún más a medida que Estados Unidos se prepara para la cosecha en las próximas semanas, dijo a Reuters Ole Houe, agente de IKON Commodities en Sídney. “Hay mucho que vender en un corto espacio de tiempo”, afirmó, y añadió que mucho dependerá de si China, cuya economía y demanda de soja estadounidense fueron mediocres, comprará maíz y soja estadounidenses a granel.

“China es la clave para encontrar el fondo de los mercados en estos momentos”, afirmó Houe, pues “sin China no hay fondo” para la caída de las cotizaciones. La gira de cultivos Pro Farmer en el Medio Oeste de Estados Unidos comenzó el lunes, y los analistas aseguraron que las perspectivas de rendimiento del maíz tanto en los estados norteamericanos de Ohio como en Dakota del Sur estaban por debajo de los resultados del año pasado, pero por encima de la media de tres años.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) calificó el 67% de la cosecha nacional de maíz y el 68% de la cosecha de soja en condiciones buenas a excelentes, cifras que coincidieron con las expectativas de los analistas y las más altas para esta época del año para ambos cultivos desde 2020.

El USDA también informó de ventas privadas de 332.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China y 110.000 toneladas a destinos no revelados para su envío en la campaña 2024/25.

En cuanto al trigo, el USDA calificó el 73% de la cosecha de primavera estadounidense de buena a excelente, un 1% más que la semana anterior y por encima de las expectativas de los analistas.

Los precios de exportación del trigo ruso bajaban la semana pasada en el contexto de caída de los precios mundiales y la debilidad de la demanda, y los analistas prevén que los suministros de la nueva cosecha aumenten y ejerzan una mayor presión a la baja.

Egipto sigue confiando en asegurar su objetivo de alrededor de 3,8 millones de toneladas métricas de trigo importado para finales de 2024 a través de una combinación de licitaciones, compras directas y acuerdos entre Gobiernos, dijo un ministro de país africano.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne este martes con la Mesa de Enlace en el marco de 136 Exposición Rural de Palermo. El funcionario llegó al predio donde se realiza el evento pasadas las 11 de la mañana.

“Nos gustaría bajar las retenciones, pero primero necesitamos superávit fiscal”, destacó al ingreso y dijo que de haber anuncios los hará el presidente Javier Milei, cuando hable el domingo en la inauguración del evento rural.

El ministro, junto a los secretarios de Coordinación de Producción, Juan Pazo; su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, “dialogó sobre la situación del sector y sobre las políticas del Gobierno Nacional para fomentar las exportaciones y la producción. Allí, Caputo explicó las medidas implementadas para ordenar la economía y agradeció el apoyo del campo al Gobierno al asegurar que se trata de un sector fundamental en desarrollo de la economía nacional”, según destacó Presidencia.

Caputo dijo que el sector tiene las puertas abiertas para dialogar y acercar propuestas. “Vamos a hacer todo lo q esté a nuestro alcance para ayudar”, agregó y afirmó que “estamos en un cambio histórico en la Argentina y le pedimos al campo que confíe”.

“Muy importante escucharlos, contarles en mayor detalle nuestro programa económico, y transmitirles nuestro compromiso con el sector”, resumió, luego, en X, t aseguró que fue una “excelente visita y reunión de trabajo”.

En el encuentro estuvieron presentes el Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; y su vicepresidente, Marcos Pereda; el Presidente de Coninagro, Elbio Laucirica; el subgerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas de esta entidad, Alejandro Bertone; el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; y el delegado del CRA por CARSFE, Gustavo Sutter Schneider. En representación de la Federación Agraria Argentina (FAA), participaron su presidente, Elvio Guía; y el vicepresidente, Marcelo Banchi.

“Explicó una vez más en rumbo macro, cómo ve el futuro y habló de los cambios de estos seis meses. Además, remarcó fuertemente la importancia que ven en el campo. Y nos pidió paciencia para bajar la presión impositiva. Somos pacientes, todo lo que hacemos se basa en paciencia. Este encuentro es una buena señal. Todavía hay unas 100 regulaciones para todo el campo que habría que sacar”, destacó Pino.

“Valoramos el encuentro. No hubo anuncios concretos, pero sí se habló de objetivos. Quizás haya novedades pronto, quizás el domingo, tenemos algún indicio. Ojalá sea próspero para todo el sector”, agregó Castagnini.

A pesar de los dichos de Caputo, no parece haber una anuncio de baja de retenciones. De ese tema, central para el campo, también se habló en la reunión de la primera semana de julio con la Sociedad Rural (SRA).

“Hoy mantuvimos una reunión con el ministro Luis Caputo y su equipo. Les presentamos un diagnóstico del sector y la visión que tenemos desde la entidad de la economía y perspectiva de los productores. Coincidimos en la necesidad de la eliminación de las retenciones y otros impuestos que nos ponen un freno a la hora de invertir. Les contamos la difícil situación climática que se vive en la Patagonia, en estos últimos días. Aprovechamos la oportunidad para manifestarle la importancia de su participación en la Exposición Rural”, señaló la SRA en un comunicado tras ese encuentro.

Esta mañana, Castagnani, de CRA, había asegurado: “No sabemos aún el temario que trae el ministro Caputo para la reunión de hoy”. “Esperamos anuncios concretos sobre impuesto PAIS, impuesto al cheque, retenciones...”, afirmó en diálogo con Futurock.

A diferencia de la confirmación de la baja del 17,5% al 7,5% del Impuesto PAIS (aún sin una fecha concreta, aunque se habla que podría ser entre agosto y septiembre) y su futura eliminación en 2025, Caputo no puso ninguna fecha para modificaciones en los derechos de exportación.

Sucede que las retenciones son una pata fundamental de la recaudación en un contexto de caída de los ingresos del Estado nacional por la recesión. En este sentido, en el primer semestre del año la recaudación por retenciones se duplicó tras la sequía histórica que sufrió el agro el año pasado y que que dejó como saldo una pérdida productiva de más de 50 millones de toneladas.

“Entre enero y junio, se estima que el agro aportó USD 2.660 millones por DEX a las arcas del Tesoro. Dicho total más que duplica el aporte de los primeros seis meses del 2023, con un estimado de USD 1.153 millones en ese período”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

No obstante, aclaró que “si se compara con los años anteriores, este guarismo está por debajo de los USD 4.000 millones recaudados por esta vía en los primeros seis meses de 2021 y 2022. Esto encuentra su explicación tanto en un mayor volumen de grano anotado para exportar en aquellos años, así como mejores precios de exportación”.

Esto se da en un marco en que, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), “durante junio las empresas del sector liquidaron operaciones por USD 1.978 millones; implicó una baja del 24% con relación a mayo y de 25% frente a junio del año anterior”.

Aún así, la actividad económica del sector, puntualmente el rubro de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, creció 103,3% interanual en mayo impulsando al alza el Estimador Mensual de Actividad económica (EMAE) del Indec.

En paralelo, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) estimó que si se quitaran los derechos de exportación, se unificara el tipo de cambio y se eliminaran las restricciones; la producción de granos aumentaría en 76 millones de toneladas durante los próximos 10 años, las exportaciones se incrementarían en USD 30.000 millones y en los primeros 4 años el sector sumaría 2,9 puntos de crecimiento directo al PBI. Además, se generarían 370.000 nuevos puestos de trabajo.

Esta semana, los mercados de granos traen malas noticias para el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y los productores argentinos. La soja bajó de precio tanto en Rosario, donde se cotizó a $280.000, como en Chicago, con una pérdida diaria de USD 9,55. Esto llevó a que la posición septiembre cerrara a USD 379,84 por tonelada, perforando el piso de los 400 dólares luego de casi cuatro años.

El Gobierno había apostado fuerte a una mejor cosecha tras el impacto de la sequía del año anterior. Aunque el volumen cumplió con las expectativas, los precios internacionales de los granos bajaron considerablemente desde noviembre. Esto, que se esperaba solucionara buena parte de los problemas económicos, sirvió solo para sofocar parcialmente las dificultades.

En el primer semestre de este año, el ingreso de divisas por exportaciones de granos fue de USD 11.000 millones, una cifra similar a la obtenida durante la gestión pasada. Esta situación plantea la duda de por qué los productores no ingresan más divisas.

Según estimaciones del sector, hasta el momento fue vendido el 37% de los granos de los seis principales cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol) de la cosecha 2023/24. Esta cifra es ligeramente inferior al 42% vendido en la misma semana del año pasado. En cuanto a la soja, economistas colocan en torno al 46% de la cosecha de este año el porcentaje vendido, comparado con el 45% en las dos campañas previas y el 49% promedio de los últimos cinco años.

Como resultado, quedan por comercializar más de la mitad de la cosecha de soja, unos 27 millones de toneladas, lo que equivale a USD 11.188 millones a un precio FOB de USD 432 por tonelada. En el caso del maíz, queda un remanente de USD 6.000 millones por vender, aunque parte se destinará al mercado interno. Esto proyecta una liquidación remanente de divisas de aproximadamente USD 13.500 millones.

El bajón para los precios internacionales del cultivo encuentra a los productores en medio de vaivenes cambiarios preocupantes. El pico de los dólares financieros, que llevó a la brecha entre la cotización oficial y las paralelas bien por encima del 50%, desincentiva ventas al exterior. El Gobierno, a través del anuncio de la intervención en el mercado de dólares financieros con divisas compradas en el mercado oficial, le dio un golpe a la brecha ayer. Pero la decisión de liquidar o no

Hoy martes, el mercado de Chicago muestra una ligera recuperación gracias a las compras de oportunidad. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago creció un 0,1%, a USD 10,41 por bushel (USD 382,55 por tonelada) a partir de las 0326 GMT. El trigo ganó un 0,1%, a USD 5,33 por bushel (USD 196,11 por tonelada), y el maíz sumó un 0,6%, a USD 4,06 por bushel (USD 149,91 por tonelada).

El mercado de granos sigue atento a las condiciones climáticas y a los informes del USDA, que continuarán influenciando los precios en el corto plazo. La caída de los precios de los granos se explica en gran medida por las favorables condiciones climáticas en las principales regiones productoras de Estados Unidos y Rusia. Los cultivos estadounidenses se beneficiaron de las lluvias recientes y las temperaturas moderadas, lo que mejoró las perspectivas de la cosecha de maíz y soja. Asimismo, las previsiones meteorológicas para las próximas semanas siguen siendo optimistas, lo que añade presión bajista sobre los precios.

Otro factor que contribuye a la baja de precios es la mejora de las perspectivas de cosecha en Rusia. La consultora agrícola rusa IKAR elevó su previsión para la cosecha de trigo del país a 83,2 millones de toneladas métricas, frente a los 82 millones de toneladas anteriores. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, y una cosecha abundante en este país aumenta la oferta global, impactando negativamente los precios.

Además, la demanda de soja mostró signos de debilidad. La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA) informó que la trituración de soja en Estados Unidos disminuyó en junio, situándose por debajo de la mayoría de las estimaciones comerciales. Este menor ritmo de procesamiento, junto con unas exportaciones de soja que no alcanzaron las expectativas, tuvo su rol a la presión bajista sobre los precios.

El secretario de Agricultura, Fernando Vilella, dejó su cargo en el Gobierno Nacional. La Casa Rosada confirmó su remoción a través de un comunicado y precisó que será reemplazado por Sergio Iraeta, subsecretario de la misma cartera.

La salida de Vilella del Gobierno ya se había rumoreado en otras ocasiones. Esta vez, se concretó. En particular, los comentarios respecto a su inminente separación del cargo tenían que ver con que, según fuentes del Gobierno, estaba muy corrido últimamente de la gestión. La Secretaría se fue desmantelando con respecto a las designaciones que le habían comprometido, hubo muchos cambio de subsecretarios y de secretarios en la administración nacional y Vilella nunca llegó a sentirse cómodo en ese contexto.

Además, sostienen también allegados, el funcionario nunca congenió con el ministro de Economía, Luis Caputo, del que dependía. De hecho, interesado en tener un control más directo del sector el Ministro diseñó un puesto por encima de las secretarías asociadas a la producción y se la dio a Juan Pazo, quien primero se perfilaba como una especie de secretario de Industria pero cuya dependencia fue cambiando de nombre hasta transformarse en una especie de paraguas que cubría distintos sectores.

Pazo originalmente fue puesto a cargo Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, pero más tarde su oficina pasó a llamarse Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía del Ministerio de Economía y más tarde fue creada para él la figura de “secretario Coordinador de Producción”. En los hechos, el hombre de confianza de Caputo pasó a ser el que se reunía con la mesa de enlace, el interlocutor con las organizaciones de productores y la persona a consultar.

“El ingeniero Fernando Vilella presentó hoy la renuncia a su cargo como Secretario de Bioeconomía de la Nación. La Secretaría, que volverá a su denominación de Agricultura, Ganadería y Pesca, será conducida por Sergio Iraeta, quién se desempeñó hasta hoy como Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal”, dijo la Casa Rosada a través de un comunicado oficial.

“Iraeta, abogado y productor agropecuario, seguirá trabajando en línea con los objetivos del Presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, de potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, de generar las condiciones para aumentar la competitividad y de seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional”, agregó el texto.

“A su vez, el ingeniero Manuel Chiappe -quien hasta hoy se desempeñaba como jefe de asesores de la Secretaría- será el nuevo subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal”, añadió el comunicado presidencial.

El final de su función en el Gobierno encontró a Vilella en el final de una gira por Asia. El funcionario encabezó una comitiva argentina que visitó Corea del Sur, Japón y China, que tenía por objetivo abrir mercados para las exportaciones de productos agropecuarios argentinos. El ahora ex funcionario viajó acompañado por el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría, Agustín Tejeda, y el vicepresidente del Senasa, Sergio Robert. Al mismo tiempo, en los destinos a los que llegaron los funcionarios fueron acompañados en las respectivas visitas por los embajadores argentinos en China, Marcelo Suárez Salvia, y en Japón, Eduardo Tempone.

El Gobierno hizo oficial la prórroga para la suspensión del cobro de retenciones a las exportaciones de lácteos por un año, medida anunciada en mayo pasado.

“Prorrógase, desde el 1° de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, inclusive, el nivel del Reintegro a la Exportación (R.E.) establecido en el artículo 2° del Decreto N° 9 del 3 de enero de 2024, para los productos elaborados con leche, leche bovina, bebidas a base de leche, caseína y sus derivados, alcanzados por las disposiciones del artículo anterior”, indica el Decreto 557/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

“Es preciso contextualizar la situación del mercado lácteo, fluctuante ante diversos elementos, entre los que se encuentran las condiciones climáticas que repercuten en sus precios y costos internacionales”, indica los considerandos de la norma.

“Que en el último semestre, a raíz de la reducción al 0 % de la alícuota del Derecho de Exportación, que dispuso el Decreto N° 9/24, para ciertos productos lácteos y sus derivados se evidenció un paulatino pero constante crecimiento interanual en los volúmenes de exportación de los productos lácteos; esto, incluso a pesar de contar con precios promedios de exportación más bajos que meses anteriores, dando cuenta de que aumentó la posibilidad de concreción de operaciones, a mayor resguardo de las fluctuaciones en la cotización internacional”, agrega.

Previo a la suspensión de los derechos de exportación por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en octubre pasado, los lácteos pagaban un 9% de retenciones en el caso de la leche en polvo, mientras que los quesos abonaban 4,5%.

El Gobierno justificó la prórroga el pasado 8 de mayo, asegurando que “la medida brinda previsibilidad y mayor competitividad a todos los eslabones de la cadena láctea y busca incentivar el desarrollo de inversiones orientadas al aumento de la producción de leche y a la mejora de los procesos, tanto a nivel de producción primaria como industrial”.

Además, señalaron que “la decisión generará una mayor inserción de los productos lácteos nacionales en el mercado internacional con valor agregado e incrementará el ingreso de divisas a través de la exportación”, así como también “impactará fuertemente en el desarrollo de la economías de las regiones de las principales provincias productoras de leche”.

Actualmente, alrededor del 20% de la producción total de leche en el país se destina al mercado externo y “poco más del 70% que se destina al mercado interno, que tiene un poder adquisitivo totalmente deteriorado por el proceso inflacionario, sobre todo de la clase media, principal demandante de lácteos de mayor valor agregado”, afirmaron desde el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA).

En el estudio, publicado en abril pasado, la OCLA detalló que “la cantidad de tambos en la Argentina se redujo el último año un 4,5%” y agregó que “en total, en el país habría 9.735 unidades productivas registradas, cuando un año antes eran 10.197″. Es decir que, por primera vez en al menos 40 años, la cantidad de tambos perforó la barrera de los 10.000 y la comparación la línea histórica muestra que son 5.000 menos que los que había a principios de siglo, y 20.000 menos que en 1998, cuando superaban los 30.000″. El informe subraya, además, que hay 1.486.248 vacas en ordeñe, el valor más bajo de una serie que se inicia en 2005.

Respecto al consumo interno, informó que en el acumulado del primer trimestre de 2024 se produjo una caída del 18,7% en volumen de productos lácteos y del 15,2% en litros de leche equivalentes. Este volumen representa una baja del 16,1% en el promedio diario.

La Mesa de Enlace emitió un comunicado reclamando que no se renueve el recargo en la tasa en las operaciones de crédito a los productores, cuya prórroga vence el próximo 30 de junio.

La medida había sido dispuesta en 2022 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y prorrogada en diciembre pasado a través de la Comunicación “A” 7931, Esta establece un recargo del 20% en la tasa a los productores de trigo y soja con más del 5% de existencias.

“Hasta el 30 de junio de 2024, la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos –cualquiera sea la forma de instrumentación– a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” con acopio de su producción de soja, será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada”, indicaba la prórroga del Central publicada el 28 de diciembre pasado.

“Se trata de un gravamen que va a contramano con la desregulación y la liberación económica pregonada por la actual administración nacional y en ese sentido, los productores agropecuarios de la Argentina esperaban ansiosos la derogación de dicha medida, pero ante la fecha límite al menos aguardan que no se renueve”, dice el comunicado firmado por la Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y CRA.

“En ese sentido, desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias se ha venido insistiendo en la eliminación de la norma nacida en la administración de Alberto Fernández y renovada en diciembre por el gobierno de Javier Milei”, recordaron.

“El gobierno nacional está ante una inmensa oportunidad de subsanar un grave error que resulta arbitrario y desconocedor de las costumbres y operatorias del mundo agropecuario como lo es acopiar parte de su producción para hacer frente a las obligaciones y futuras campañas. Esta medida significa un mayor costo financiero y atenta contra el crecimiento del sector. El campo necesita gestos y en este caso la no continuidad de la norma sería un aliciente, que deberá ratificarse con la quita total de las retenciones -siempre dentro de un esquema razonable- y la eliminación de los impuestos País y al Cheque”, sostuvieron.

“Cabe recordar que la normativa actual impone a los productores que disponen más de 5% del stock de la última cosecha de soja un interés 20 puntos superior a la tasa establecida, lo cual resulta un castigo más a quienes producen, crean empleo genuino, desarrollan el interior y generan divisas en la Argentina”, agregaron.

“Es inadmisible que se continúe aplicando una medida copiada del kirchnerismo que sólo conlleva discriminación y hasta ignorancia. El gobierno debiera saber que los productores agropecuarios no utilizan sus granos de manera especulativa, simplemente guardan parte de su producción como reaseguro, ahorro y hasta forma de pago. Ante ello, esperamos y apostamos por un gobierno que brinde menos intervenciones y una concreta apertura económica, pero estos hechos son una muestra clara de la mano del Estado que no deja de lado viejas recetas del pasado que entorpecen y generan incertidumbre en los productores”, concluyeron.

Otro de los reclamos que el sector le viene haciendo al gobierno es la eliminación del cepo, y por ende del dólar blend, junto con una baja de Derechos de Exportación. En este sentido, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo en diálogo con TN: “Lo que nosotros esperamos es que se empiece una baja las retenciones, aunque sea con un cronograma de mediano y largo plazo. Más allá de estos parches que pueden servir momentáneamente, pero que no traen transparencia al mercado y generan problemas con los contratos forwards. Esto que pedimos sabemos que ahora no es lo posible, pero sí sería lo ideal”.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) comunicaron que las empresas del sector liquidaron en mayo USD 2.612 millones.

Esta cifra representa una suba del 37% en relación a abril pero también una caída del 37% en comparación al mayo del año pasado, en plena sequía. En los primeros 5 meses del año la baja es del 4% frente al mismo período de 2023.

“El ingreso de divisas del mes de mayo es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja y de la relación de costos de insumos y granos”, señaló el comunicado de las entidades que conjuntamente representan el 48% de las exportaciones argentinas.

“La exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes; algo que creció este mes debido a los paros de los sindicatos aceiteros que paralizaron la actividad por razones ajenas a la industria”, agregó.

La demora en la liquidación de la cosecha gruesa “empieza a poner en evidencia que la dinámica de atraso del dólar como ancla antiinflacionaria tiene riesgos asociados para otros de los objetivos del Gobierno por fuera de la desinflación”, aseguraron desde LCG.

Asimismo, la consultora Invecq, en un informe en el que presenta los desafíos para la acumulación de reservas internacionales y saneamiento del balance del Banco Central para el segundo semestre indicó que si bien mayo-agosto suelen ser los meses de mayor volumen de exportaciones -por la cosecha gruesa-, habrá que seguir de cerca el nivel del tipo de cambio real.

“Pese a que el gobierno insista en que no se encuentre atrasado, y mantenga su estrategia de crawling-peg al 2%, el tipo de cambio real ya está 4% por debajo del promedio de enero-noviembre 2023. De seguir apreciándose, podría demorar la liquidación de divisas en el MLC; y, pese a que se espera un repunte, el agro podría vender solo lo necesario para cancelar compromisos y/o comprar insumos -financiándose en pesos a tasas reales negativas-, a la espera de un mejor precio”, consideraron.

“De mantenerse el esquema cambiario actual, en el segundo semestre el BCRA pasaría a ser vendedor neto en el MLC, y hasta podría perder lo ganado durante la primera parte del año”, agregaron.

Cabe destacar que el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó en 2023 el 50,1% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (12% del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa, cercana al 70%. El segundo producto más exportado el año pasado fue el maíz (11%) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, hizo un lapidario diagnóstico sobre el sector asegurando que Argentina va al fracaso total de la industria y a la desaparición de la soja. “El partido lo perdimos. No hay vuelta atrás. Argentina es un jubilado de la agricultura y vamos al fracaso total de la industria aceitera. Es más, no hay una sóla inversión global que se piense para la industria aceitera Argentina. Todo lo contrario: hay visiones globales de desinversión sobre el Gran Rosario”, aseguró.

En declaraciones al portal Rosario3, agregó: “Es que desde hace 10 años nos estamos engañando. Desde hace 10 años venimos diciendo que nos ‘comemos a los chicos crudos’ y que vamos a alimentar al mundo, y la verdad es que cada vez alimentamos menos al mundo, que está siendo alimentado por Brasil y Estados Unidos. Hoy, mientras que Paraguay es una topadora, Argentina es un jubilado de la agricultura, porque hace 15 años que estamos absolutamente estancados, como en la producción de soja”

El agro dejó atrás la dura crisis productiva provocada por la sequía, pero aún está lejos de recuperarse en términos económicos. Un buen termómetro de esta situación es el balance de las ventas de maquinaria agrícola del primer trimestre del año. Según datos publicados por el Indec, el mercado se contrajo con fuerza en ese período, tanto en cantidad de unidades comercializadas como en facturación.

De acuerdo a los datos del organismo, entre enero y marzo las empresas agroindustriales compraron 1.145 tractores, lo que representó una caída del 31% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Se debe tener en cuenta, una vez más, que la temporada 2023 estuvo condicionada por la sequía, fenómeno que provocó la pérdida de millones de toneladas de producción en los rubros más importantes de la actividad. Este año el volumen producido por las empresas está mucho más cerca de lo normal, pero aún así las inversiones en bienes de capital han sido bajas.

Fue negativo también el resultado de la venta de sembradoras; con 169 unidades vendidas, se registró una fuerte baja del 24,9% en la comparación interanual. En tanto, se vendieron 167 cosechadoras (-16,1%) y 1.290 implementos (-12%), siempre hablando del período comprendido entre enero y marzo de este año.

Bajas en facturación

En concordancia con los números analizados hasta el momento, los resultados en términos de facturación también fueron negativos. Según el estudio del Indec, en los primeros tres meses del año las concesionarias vendieron maquinarias por un valor de $269.943 millones, lo que reflejó un aumento interanual del 243,7% en términos nominales. Si bien a simple vista parece un número positivo, se debe tener en cuenta que en ese mismo período la inflación avanzó 287,9%, lo que significa que el incremento de la facturación quedó 44,2 puntos porcentuales por debajo del avance del IPC. Dicho de otra forma, la facturación cayó en términos reales.

Claro que no a toda la maquinaria le fue de la misma manera. Algunos insumos sufrieron caídas más significativas, mientras que otros lograron ganarle a la inflación en el período analizado.

Según el Indec, las ventas de tractores dejaron ganancias por $111.937 millones, con lo que alcanzaron una mejora nominal interanual del 232,9% (55 puntos por debajo de la inflación).

También quedó por debajo del IPC la venta de implementos ($71.724 millones), que registró una variación nominal del 241,1%. Dentro de “implementos” se puede hacer una discriminación en tres ramas de productos diferentes. Por un lado están las pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas, que facturaron 22.089 millones de pesos y apenas lograron una variación interanual del 146%. Por otra parte están los implementos de acarreo y almacenaje de granos, que también quedaron por debajo de la inflación, con una facturación de $15.454 millones y una variación de 279,4%. La tercera categoría, “otros implementos”, fue la única que logró un crecimiento en términos de facturación. Con $34.181 millones facturados, registró una variación interanual nominal del 328,5%, con lo que superó por 39,6 puntos porcentuales a la inflación del período.

Tampoco pudieron ganarle a la inflación las concesionarias dedicadas a la venta de sembradoras, que tuvieron una facturación de $21.299 millones entre enero y marzo de este año, 202,6% más que en igual período del año pasado.

Estuvo mucho más cerca del Índice de Precios al Consumidor la categoría de “cosechadoras”. Según el Indec, las 167 unidades vendidas dejaron una facturación de $64.982 millones a las empresas vendedoras. Con eso, registraron un aumento nominal interanual del 285,6%. También estuvieron por debajo de la inflación general, pero en ese caso la diferencia fue de apenas 2,3 puntos porcentuales.

Argentina está camino a exportar maíz a China a partir de julio tras la aprobación de dos variedades transgénicas del cereal en Pekín, según aseguró la cámara de exportadores de granos Ciara-CEC, lo que sería un gran impulso a las ventas del país sudamericano, el tercer proveedor mundial del cereal, indicaron.

“Ayer nos confirmaron (el Gobierno chino) que están dadas todas las condiciones para avanzar con los embarques a China a partir de julio”, dijo Gustavo Idígoras, titular de Ciara-CEC, confirmando por primera vez que avanzaban los planes para iniciar los embarques, citado por la agencia de noticias Reuters.

“El mercado chino está creciendo con 20 millones de toneladas anuales de importaciones. Brasil es el primer abastecedor. Así que Argentina tiene todas las condiciones para ser un proveedor fuerte y confiable de maíz para alimentación animal”, agregó el ejecutivo ante una consulta de Infobae.

Más temprano el martes, el Gobierno había informado que China habilitó para su importación dos variedades de maíz transgénico utilizados en el país austral, desarrollados por las compañías Monsanto, Dow Agrosciences y Dupont. Según el comunicado de la Secretaría de Bioeconomía, las variedades son el maíz MON-87411 desarrollado por Monsanto -que fue adquirida por la farmacéutica Bayer en el 2018- y el maíz DAS-59122-7, de las compañías Dow Agrosciences y Dupont. Ambos productos son tolerantes a herbicidas.

De este modo, “los exportadores argentinos están en condiciones de concretar operaciones, habida cuenta que los importadores chinos pueden obtener los certificados de bioseguridad para todos los eventos biotecnológicos de maíz utilizados en la producción argentina”, dijo el Gobierno argentino.

“Cabe destacar que las gestiones de la Secretaría de Bioeconomía, a través de su Consejería Agrícola en la Embajada Argentina en Beijing, fueron realizadas en coordinación con el sector exportador argentino, incluyendo presentación de documentación oficial, intercambio de información disponible sobre el estado de los registros y la posibilidad efectiva de concretar operaciones”, explicaron desde la cartera que encabeza Fernando Vilella.

Si bien China y Argentina hace un año lograron un acuerdo fitosanitario para las exportaciones del maíz argentino al gigantesco mercado asiático, datos oficiales señalan que no se realizaron embarques del cereal a puertos chinos desde la firma del convenio. Actualmente los agricultores argentinos están en las etapas iniciales de las tareas de cosecha del maíz de la temporada 2023/24, cuya producción la Bolsa de Comercio de Rosario estima en 47,5 millones de toneladas.

Bioeconomía informó que el avance de las labores ascendía al 36% al jueves pasado, lo que implica un proceso con cierto rezago en comparación con años anteriores, según un informe de la bolsa rosarina. “Hay que tener en cuenta que en esta campaña el 67% de las hectáreas sembradas corresponden a maíz tardío, cuando el promedio de los últimos cinco ciclos arroja una proporción del 58%, por lo cual tiene sentido que el grueso de la cosecha se registre en los próximos meses”, mencionaron.

“La mayor proporción de maíz tardío se hace sentir sobre la logística interna hacia los puertos. Se estima que, desde el comienzo del mes de mayo hasta hoy, ingresaron cerca de 44.100 camiones con maíz a la zona portuaria del Gran Rosario, un promedio de 2.100 camiones por día. En una comparación histórica, el promedio de los últimos cinco años (descontando el atípico año 2023) muestra que el ingreso diario de camiones con maíz a la zona del Up-River durante mayo es de 2.600; es decir, un 23% superior.

“Como consecuencia, según datos de la Agencia Marítima NABSA S.A. (NABSA), el volumen de toneladas de maíz embarcado durante el mes de mayo ascendería a 3,2 millones de toneladas por detrás del volumen observado durante las últimas cinco campañas, a excepción de la anómala campaña 2022/23″, apuntó la bolsa rosarina.

Carlos Achetoni, un mendocino de 56 años, era desde 2018 el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), la entidad que representa a los pequeños y medianos productores del país y forma parte de la Mesa de Enlace. Achetoni fue reelecto en septiembre de 2023 con un abrumador 96% de los votos de los federados. Antes de alcanzar el máximo cargo, se desempeñó como secretario de Finanzas de la entidad. Esta madrugada falleció en un accidente automovilístico cuando viajaba de Rosario a Mendoza.

En el ámbito privado, Achetoni era productor frutícola y vitícola en unas 10 hectáreas situadas en el departamento de General Alvear, Mendoza. Se dedicaba a la producción de damascos, duraznos, ciruelas y uvas, actividades que se agrupan bajo la denominación de economías regionales, que la FAA busca representar y defender.

Esta semana, Achetoni participó en dos importantes eventos del agro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Maizar 2024 y la Expo Angus de Otoño Indoor. Lamentablemente, el fatídico accidente que le costó la vida ocurrió cuando regresaba a su localidad.

Achetoni era un ferviente crítico de la presión impositiva que afecta a los pequeños productores, argumentando que dicha situación los dejaba fuera de juego. En una de sus declaraciones más destacadas, mencionó: “Hemos aportado casi USD 13 mil millones, y en los últimos 21 años más de US$170 mil millones por retenciones. Y, en muchos casos, las condiciones en las que vivimos son muy malas. En ningún momento vinieron a decirnos qué necesitamos, ni nos sacaron el pie de encima con la presión tributaria e impositiva que estamos soportando en la Argentina”.

Trayectoria ruralista

Su trayectoria comenzó en la filial de Federación Agraria General Alvear, donde se convirtió en una figura destacada. Durante su mandato, desempeñó un papel crucial en la defensa del agua a través de la Ley 7722 y abogó por el seguro agrícola provincial, así como por la provisión de subsidios y créditos a los productores afectados por emergencias o desastres agropecuarios en la zona.

Posteriormente, Achetoni ascendió al Consejo Directivo Central de Federación Agraria y alcanzó el cargo de secretario de Finanzas a nivel nacional. En septiembre de 2018, fue elegido presidente de la entidad, siendo reelecto en 2019 y 2022. Durante su liderazgo, se destacó por su incansable trabajo en la búsqueda de financiamiento adecuado para el sector, la lucha contra las injusticias y abusos en las cadenas productivas, y la promoción de mercados de referencia en todas las actividades agrarias.

Además, abogó por políticas que favorecieran a los productores más pequeños, promovió iniciativas destinadas a los jóvenes para frenar la migración hacia las grandes ciudades y presidió la Fundación Federación Agraria y la Fundación Fortalecer, ambos miembros del complejo federado.

A nivel internacional, representando a la Federación Agraria, desempeñó un papel destacado en la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM), una coalición que representa a cerca de 22 millones de agricultores familiares, campesinos e indígenas en siete países.

Además, contribuyó al Comité de la Estrategia Nacional de Involucramiento (ENI Argentina), una plataforma respaldada por la International Land Coalition – América Latina (ILC AL).

Recientemente, su tono se había vuelto crítico hacia el Gobierno asumido en diciembre y reclamando la eliminación de las retenciones a las exportaciones.

“Hay una necesidad de que comiencen a mirarnos distinto; el sector necesita estímulos concretos que le permita salir de esta situación y aportar desde otro ángulo”, había dicho en recientes declaraciones radiales.

“Argentina pasó de ser un país de tentación y más barato que el resto, pasamos a ser más caros; y eso nos lleva como productores a tener insumos y costos encarecidos, que al salir al mercado internacional nos falta la rentabilidad y la expectativa. Con la baja de retenciones tenemos una ventanita como para que el productor arriesgue en un momento tan difícil, más teniendo en cuenta que las proyecciones climáticas que no estamos seguros que nos acompañaran en la campaña gruesa del año que viene y asegurar la campaña fina”, había dicho.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, murió esta madrugada en un accidente de tránsito en la Provincia de Buenos Aires. La propia organización informó el fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Federación Agraria Argentina lamenta informar el fallecimiento esta madrugada de su presidente, Carlos Achetoni, en un accidente automovilístico. Este desgraciado acontecimiento enluta y entristece a la conducción y a todos los federados”, dijo el comunicado oficial.

“Desde la entidad, acompañamos y abrazamos a Mary, sus hijos y toda su familia en estos momentos tan devastadores. Siempre lo recordaremos luchando por los pequeños y medianos productores y las economías regionales que tanto y tan bien ha representado”, agregó la escueta comunicación.

Viaje nocturno

Según detalles dados a conocer por la revista Chacra, el accidente ocurrió en la ruta 188, entre Ameghino y Granada, provincia de Buenos Aires. El fallecimiento del líder ruralista se produjo en torno a la medianoche en el kilómetro 305 de ruta cuando un auto Fiat Palio impactó con la parte trasera de un camión.

Según el reporte policial, Achetoni era el único ocupante del Palio y también la única víctima fatal del accidente. El choque, según detallan los datos policiales, fue contra un camión cerealero. El auto de Achetoni colisionó con la parte de atrás del camión, que iba en su misma dirección. El conductor del camión fue trasladado al hospital aunque sin lesiones visibles.

Según allegados y colegas de la FAA, Achetoni viajaba de Rosario —donde tiene sede la entidad— hacia su casa, ubicada en Bowen, General Alvear, provincia de Mendoza. No era raro que el dirigente rural hiciera estos viajes después de terminar el día de trabajo en la Federación para volver con su familia.

Condolencias del campo

El resto de las organizaciones ruralistas comenzaron a expresar sus condolencias por la pérdida del líder de FAA. La Mesa de Enlace publicó un comunicado conjunto mientras que otras entidades sumaron sus lamentaciones.

“Desde la Comisión de Entidades de Enlace Agropecuarias manifestamos con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Achetoni, un dirigente rural excepcional y una persona de inmensa calidad humana. Su dedicación y compromiso con el sector agropecuario han dejado una huella imborrable en nuestra comunidad”, sostiene el texto difundido por de la Mesa de Enlace.

“Carlos fue un líder inspirador cuya integridad y valores siempre guiarán nuestros esfuerzos. Su amabilidad, calidez y espíritu solidario lo convirtieron en una figura entrañable, respetada y admirada por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar con él. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas en este difícil momento. La pérdida de Carlos deja un vacío irremplazable, pero su legado perdurará en nuestros corazones. Que descanse en paz”, agregaron las organizaciones que participan de la mesa junto a la FAA.

“CRA lamenta con profundo pesar la muerte del presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. Un hombre íntegro, probo y abocado a la lucha gremial en defensa de sus federados y del sector agropecuario en su conjunto, supo dar respaldo a su palabra con valores”, expresó Confederaciones Rurales Argentinas.

“Carbap acompaña a la Familia Federada en este triste momento ante el fallecimiento de Carlos Achetoni, un dirigente que antepuso ante todo el diálogo en busca de la solución de los problemas de los pequeños y medianos productores. Carlos, que en Paz descanses”, dijo por su parte la dirigencia de Carbap.

El Gobierno Nacional decidió disolver un fideicomiso creado durante la gestión de Mauricio Macri destinado al desarrollo del sector agropecuario.

Se trata del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), sobre el cual el Ministerio de Economía dispuso el revocamiento del contrato suscripto en 2017 entre el ex Ministerio de Agroindustria y Nación Fideicomisos S.A. (actual BICE Fideicomisos S.A.).

El FONDAGRO había sido creado en el segundo año de mandato de Cambiemos como un fideicomiso de administración y financiero, “con el objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las acciones que se consideren más eficientes, el sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país”.

A tales fines, se dispuso que la ex cartera de Agroindustria, conducida en ese momento por Ricardo Buryaile, fuera el fiduciante y que Nación Fideicomisos S.A. fuera el fiduciario.

En 2022, durante la administración de Alberto Fernández, se transfirieron por decreto “las unidades y organismos dependientes, las Empresas y Entes del Sector Público Nacional actuantes en su órbita, los créditos presupuestarios, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a dicha fecha, y se estableció que el Ministerio de Economía sería continuador a todos sus efectos del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”.

Ese mismo año, la Auditoría General de la Nación (AGN) había alertado en un informe sobre las transferencias del FONDAGRO sobre la poca transparencia en su gestión de los recursos, desde su creación por una ley de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. Señaló que no se pudieron determinar “los requisitos para acceder a las facilidades, las prioridades en la asignación de los recursos, los procesos de evaluación, otorgamiento, administración, recupero (si fuera el caso) y control”. Y observaba que “el 60,44 % de los fondos desembolsados en el periodo auditado se otorgaron bajo la modalidad de financiamiento AR que no contaba con reglamentación general y que sólo obligaban a la entidad receptora a devolver los fondos en la medida que los productores -destinatarios finales cumplieran con el pago de las cuotas pactadas, registrándose un bajo índice de cobrabilidad en la operatoria”.

Asimismo, el informe de la AGN destacaba que el Fondo “no posee mecanismos que garanticen el control de las rendiciones de cuentas, ni que permitan un adecuado seguimiento del destino de los fondos, dejando expuesta una inadecuada articulación de las partes intervinientes para gestionar los fondos públicos. No es posible apreciar el impacto de las políticas públicas implementadas ya que el FONDAGRO no aplicó herramientas para su medición”.

Dicho Fondo es uno de los que el Gobierno de Javier Milei calificó como “cajas negras de la política” e incluyó en el listado para eliminar. En este marco, en marzo se designó por decreto al Ministerio de Economía como “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección de dichos fondos fiduciarios”. Mientras que una resolución del pasado 16 de abril delegó en la Secretaría Legal y Administrativa facultades respecto de dichos fondos.

“Atento al contexto económico actual y vista la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de propender a la mayor transparencia y eficiencia de la Administración Pública Nacional, resulta oportuno proceder a la revocación del mencionado Contrato de Fideicomiso y, por ende, a la extinción del fideicomiso Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO)”, anunció el Gobierno en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

A través de la Resolución 333/2024, Caputo declaró “transferidas, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, las acreencias que tuviese a su favor el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), cuyo cobro no sea exigible dentro del plazo que se establece en el artículo 2° de la presente medida, al Estado Nacional -Ministerio de Economía-, quien resulta el destinatario final de los fondos integrantes del Fideicomiso”.

Y se encomendó a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, la administración y cobranza de la cartera de créditos que sean transferidos al Estado Nacional, en cumplimiento de la presente medida.

La producción de maíz para la campaña 2023/24 sufrió un recorte significativo de 11,5 millones de toneladas, descendiendo la estimación total a 47,5 millones, influenciada principalmente por los daños causados por la plaga conocida como “chicharrita”. Este ajuste impacta drásticamente a la producción de maíz tardío o de segunda, con especial incidencia en las regiones centro y norte del país. En el mercado doméstico la pérdida asciende a USD 2.045 millones, en tanto la estimación de exportaciones cae USD 1.634 millones.

“Este año, las condiciones han sido particularmente adversas para el maíz tardío, con la estimación de producción cayendo de 36,1 a 24,7 millones de toneladas”, indica el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta caída representa una pérdida económica estimada en 2.045 millones de dólares a los precios actuales del mercado doméstico.

El informe detalla que la merma en la zona centro asciende a 6,5 millones de toneladas, un 16% menos respecto a la proyección de enero, mientras que la región norte explica una reducción de otras 3,8 millones de toneladas, o un 61% en comparación con las estimaciones anteriores. En contraste, la producción en la región sur muestra una caída de 1,12 millones de toneladas, o un 9,3%, siendo la menos afectada en términos relativos.

A pesar de la severa reducción en la producción, las exportaciones proyectadas para el ciclo 2023/24 se estiman en 31,5 millones de toneladas, un 25% por encima de la campaña anterior marcada por la sequía, pero aún por debajo del promedio de 35 millones de toneladas de los últimos cinco años. “El recorte de 8,5 millones de toneladas en el volumen de las exportaciones representa una merma en valor de 1.634 millones de dólares, previstas para ingresar con la cosecha de julio/agosto”, señala el informe.

Sin embargo, los datos oficiales muestran que, a mayo, el ritmo de comercialización está en línea con el promedio de los últimos cinco años, con los industriales y exportadores habiendo adquirido 17,6 millones de toneladas de maíz, representando el 36% de la oferta total.

En los primeros dos meses de la campaña comercial, marzo y abril, Argentina ha exportado un total de 7,8 millones de toneladas de maíz, valoradas en aproximadamente 1.565 millones de dólares. Estos números representan el segundo mayor registro en volumen desde el inicio de la campaña 2019/20 y el segundo mayor valor en dólares, superado solo por los 1.834 millones exportados en 2021/22, un período marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania que disparó los precios internacionales.

A pesar de la caída en las estimaciones de producción, el comercio de maíz y los embarques se han mantenido inusualmente altos para esta época del año, reflejando una estrategia de adelanto en las ventas externas posiblemente motivada por la incertidumbre económica global y las fluctuaciones de los precios internacionales. “El dinamismo en la exportación de maíz durante estos meses es notable y muestra una adaptación del mercado local a las condiciones internacionales que son altamente variables”, agrega el reporte.

¿Qué es la chicharrita?

Según la describe Aapresid, la chicharrita dalbulus es un insecto muy pequeño, de no más que 3 a 4 mm. El adulto es color crema translúcido con dos puntos más oscuros sobre la cabeza, con las alas más largas que el abdomen. Puede tener al menos siete generaciones desde septiembre a mayo. Los inviernos benignos de los últimos años podrían haber favorecido a la supervivencia en cultivos como trigo, cebada, avena, centeno, pasturas y diversas malezas para luego colonizar el maíz siguiente.

El efecto de la plaga es llamado achaparramiento del maíz, que es causado por la bacteria Spiroplasma kunkelii, y es es una enfermedad transmitida por la chicharrita al alimentarse. Afecta principalmente a maíces del norte del país, aunque en la actual campaña se convirtió en un dolor de cabeza en zonas donde antes no era un problema. Su potencial de daño es preocupante: las pérdidas de rendimiento pueden superar el 70 por ciento.

En una decisión de relevancia para el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof optó por no actualizar la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, manteniendo así el monto igual al del período anterior. Esta medida busca proporcionar un respiro financiero a los productores rurales, especialmente a los de menor escala, en un contexto económico desafiante.

La decisión se tomó después de una serie de reuniones entre el gobernador y representantes de la Mesa de Enlace Bonaerense, que incluye a entidades como la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Carbap y Coninagro. Durante estos encuentros, se plantearon preocupaciones sobre aumentos excesivos en el impuesto que estaban previstos en el 20% y, según algunos reportes, alcanzaron hasta el 500% en ciertos casos, aunque el gobierno asegura que los incrementos se mantuvieron dentro de los límites establecidos por la Legislatura. Los aumentos, argumentaban los dirigentes agropecuarios, eran mayores por la inexistencia de descuentos.

La provincia ya había tomado una decisión similar con el aumento de las patentes en el distrito.

Esta medida de congelamiento del impuesto Inmobiliario Rural se suma a una serie de políticas presentadas por la administración de Kicillof como destinadas a apoyar al sector agropecuario de la provincia. Entre ellas, la introducción de nuevos créditos y herramientas financieras que facilitan la compra de insumos y maquinaria esencial para la producción agrícola.

Mediante el Banco Provincia, se dispusieron $100 mil millones destinados a la producción de trigo a través de dos instrumentos financieros principales: Procampo Digital y Línea Siembra. Procampo Digital ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) acceso a financiamiento para adquirir semillas, fitosanitarios, fertilizantes y combustibles, con préstamos que tienen tasas desde el 34% a 270 días. Por su parte, la Línea Siembra permite a productores, arrendatarios y aparceros, principalmente de pequeña y mediana escala, obtener hasta $318 mil por hectárea para el cultivo de trigo, con tasas desde el 42% anual.

Además, la Tarjeta Procampo habilita la financiación para la adquisición general de semillas y otros insumos en comercios adheridos, con una tasa de interés desde el 42% y plazos de hasta 360 días. Esta iniciativa se complementa con otros $50 mil millones asignados a créditos para inversión y adquisición de maquinarias a través de la línea Expoagro, que ofrece tasas desde el 24,5% y plazos de hasta 48 meses.

Por otro lado, el sector ganadero también recibe apoyo a través de $20 mil millones distribuidos en dos herramientas financieras: la Línea Inversión y una extensión de Procampo Digital. La primera proporciona financiamiento a largo plazo, con plazos de hasta 60 meses y seis meses de gracia, y tasas desde el 45%. La segunda ofrece un año de plazo con tasas desde el 28,5% para diversos fines dentro del sector ganadero.

Estas medidas se ven acompañadas por la continuidad de las líneas REPYME, destinadas a financiar capital de trabajo con tasas desde el 39% y plazos que varían entre 180 días y 24 meses, además de variantes específicas para el descuento de e-cheqs y cheques, con plazos similares y tasas competitivas.

En un esfuerzo adicional por fomentar la innovación y el desarrollo en el campo, el Ministerio de Desarrollo Agrario lanzó la Convocatoria 2024 para proyectos estratégicos de agregado de valor e industrialización. Esta convocatoria está dirigida a cooperativas agropecuarias, agroalimentarias y agroindustriales de Buenos Aires, con el fin de financiar y cubrir los costos de iniciativas que busquen aumentar la competitividad y fomentar los procesos productivos de agregado de valor en origen.

El congelamiento del impuesto Inmobiliario Rural es un intento del gobierno provincial por mostrar un mayor compromiso con el sector agropecuario. En palabras del propio Kicillof, refleja una política de “puertas abiertas” para sostener la actividad y promover el desarrollo rural.

Uno de los acontecimientos relevantes de las últimas semanas es el nivel de liquidación de exportaciones del agro. El segundo trimestre del año coincide con la cosecha gruesa, que corresponde principalmente a los cultivos de soja y maíz, que por sí solos aportan cerca de 100 millones de toneladas.

Los ingresos del agro son la principal fuente de divisas para la economía argentina, un sector ampliamente superavitario que además contribuye este año al sostenido ritmo de compras de dólares a manos del Banco Central.

Después de la devaluación de diciembre, la entidad emprendió un intenso ciclo de recomposición de reservas por su intervención en el mercado de cambios, donde el gobierno de Javier Milei dispuso que el 80% de las exportaciones del sector se cursen por la plaza mayorista (hoy a una tasa de cambio de $875), mientras que el 20% restante se puede liquidar a través del mercado de valores al tipo de cambio del “contado con liquidación” (hoy cerca de $1.080), que mejora la rentabilidad del sector.

Después de superar el histórico impacto en la producción del agro por la sequía de la campaña anterior (2022/2023), en la presente zafra vuelve a incidir el factor climático, pues aún con la mejora en el nivel de producción, las frecuentes lluvias de 2024 vienen afectando los cultivos y, a la vez, retrasan la recolección, lo que significa un dolor de cabeza no solo para el sector, sino también para la autoridad monetaria, que cuenta con sumar divisas para afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.

En este aspecto, el monto de contado operado en el mercado de cambios alcanzaba en las ruedas de esta semana unos USD 400 millones diarios, lejos de los casi USD 600 millones registrados en los primeros días el mes. Un menor volumen restringe la capacidad de compra del BCRA, pues también debe dar margen para la demanda importadora.

“El retraso en la comercialización de soja obedece a distintos factores -precios, tipo de cambio, entre otros-, pero uno de los principales es el ritmo de cosecha que, a la fecha, se ubica en el 14%, contra el 20% de la campaña pasada y el 28% del promedio de las últimas cinco campañas”, precisó Gonzalo Agusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. “Las lluvias de la última semana condicionaron las labores de cosecha en distintas partes de la zona agrícola de Argentina”, agregó.

“Hasta ahora, la cosecha (de soja) avanzó con severas dificultades y a contrarreloj por las constantes amenazas de lluvias. Se recolectó el 60% del área de soja de primera y el escenario de cosecha es el más difícil de los últimos ocho años. Los temores de nuevas lluvias obligan a entrar a los lotes pese a todo y la humedad del grano está lejos del óptimo”, indicó en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario.

¿Se podrá cosechar? “La pregunta angustia porque todo se atrasó demasiado y no hay mucho tiempo más para las sojas de primera. Hasta ahora, la cosecha avanzó con severas dificultades y a contrarreloj por las constantes amenazas de lluvias”, indicaron desde la entidad.

En cuanto al maíz, “con muchas dificultades por las lluvias, la cosecha avanza muy lenta. En una semana, apenas se sumó un 2%, lo que deja el avance en un 70% del total de la superficie cosechada, sumando unas 610.000 hectáreas. Si lo comparamos con el ritmo normal de los últimos cinco años -desestimando la campaña 22/23-, estamos 13 puntos por detrás. Los rendimientos oscilan entre los 80 a 120 quintales por hectárea, con una media de 105 quintales por hectárea”, puntualizó la Bolsa de Comercio Rosarina.

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano explicó que “el campo difícilmente liquide lo que el gobierno necesita. Mayo es el mes clave, la presión tributaria es elevada, retenciones e impuesto país son los verdugos”.

“El campo está demorando la liquidación de la cosecha, si bien es cierto que hubo problemas climáticos y de logística, con una cosecha de soja que se espera en los 50 millones de toneladas, se registran ventas por 12,8 millones de toneladas, y de ese total solo 3,6 millones de toneladas con precio. Está claro que el hombre de campo esta desconforme con el precio de la soja, las retenciones que le impone el gobierno, el impuesto país, el tipo de cambio, el precio de los insumos, y el de la maquinaria agrícola. En resumen, está con escasa rentabilidad y muy enojado”, evaluó Di Stefano.

Vencimientos de deuda

Con compras en el mercado por casi USD 15.000 millones desde el 11 de diciembre, el Banco Central se encuentra en un proceso de mejora en su activo. Las reservas internacionales crecieron bajo la administración de La Libertad Avanza en USD 8.887 millones (+41,9%) desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre a los USD 30.095 millones del 25 de abril. Sin embargo, la reservas netas -descontándoles depósitos privados y préstamos como el “swap”- aún son negativas, cálculo que deja en evidencia que al Gobierno no le están sobrando dólares de cara a los exigentes compromisos en el corto plazo.

Según indicó Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur), “las reservas netas BCRA subieron rápidamente. Pero hay vencimientos que pagar por casi USD 2.800 millones entre 30 de abril y el primero de mayo”. Las estimaciones prevén pagos al exterior por unos USD 6.674 millones en los próximos cuatro meses.

A eso debe añadirse el vencimiento en junio de unos USD 5.000 millones utilizados en el marco del “swap” de monedas con el Banco Popular de China. Por ese motivo, una comitiva oficial encabezada por la canciller Diana Mondino, integrada además por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, al país asiático en las próximas horas para definir el destino del acuerdo de intercambio de monedas, por el equivalente a 18.000 millones de dólares.

El Gobierno nacional aumentó la prestación por desempleo de los trabajadores rurales al fijar los nuevos montos mínimos y máximos. Esta es la tercera actualización en lo que va del año.

Los nuevos valores fueron oficializados mediante la resolución 1243/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Así, el mínimo ascendió a $56.000 y el máximo a $112.000.

En el considerando de la normativa, se menciona que la Ley N° 25.191 establece que el empleador rural deberá aportar una contribución mensual con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) del 1,5 por ciento del total de la remuneración abonada a cada trabajador.

Los mismos valores ya habían sido actualizados en marzo y abril. El primero fijó los montos en $42.000 y $85.000, mientras que el segundo los estableció en $50.000 y $100.000.

Al momento de oficializar la suba de abril, el organismo emitió un comunicado en el que señaló que “esta medida tiene como objetivo principal colaborar con la familia rural a través de un ingreso en la difícil situación del desempleo”, así como también aseguró que “refleja el compromiso del Renatre en garantizar el bienestar de quienes trabajan en el campo”, según la agencia ADN.

En este contexto, explicaron que el subsistema por desempleo tiene como fin “garantizar el acceso a los beneficios de la misma como las asignaciones familiares, la cobertura de salud para el trabajador o trabajadora titular del beneficio y su grupo familiar y el sepelio, en caso de fallecimiento”. Además, este sistema contempla también las capacitaciones laborales que le permitan al beneficiario poder insertarse nuevamente al mercado de trabajo.

La prestación debe solicitarse al Renatre, el trámite puede realizarse de manera presencial en las distintas delegaciones del registro o en las Bocas de Entrega y Recepción. También puede realizarse de manera virtual a través de la línea de WhatsApp del organismo.

Anteriormente, el presidente del Renatre, Adrián Luna Vázquez, ya había destacado la importancia de “poder incrementar la prestación de manera sostenible, acompañando a todos los trabajadores que desafortunadamente perdieron su empleo en momentos muy complejos”.

En febrero, el Gobierno ya había tomado una decisión para beneficiar a los trabajadores rurales. Mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Ejecutivo garantizó la complementariedad entre el trabajo registrado y los beneficios de la seguridad social de trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales.

“El 18 de agosto de 2023 se publicó el decreto 423 prorrogando el decreto 514/2021 que había dado vigencia a la promoción del trabajo registrado y la ampliación de los beneficios (tarjeta “Alimentar”) de la seguridad social de los trabajadores rurales que presten servicios en actividades temporales y estacionales y sus grupos familiares. Esto significa que el trabajador temporario puede ser registrado por su empleador sin perder el plan social”, explicaron desde Nación.

“Sin embargo, el 2 de octubre de 2023, quien era presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el decreto 493/2023 que oficializó un “Nuevo IFE” como ‘refuerzo para trabajadores informales’. Esta acción, que impedía que los trabajadores registrados cobraran la ayuda extra, en la actualidad condiciona al jornalero; quien decide no registrarse para trabajar porque considera que perderá la ayuda o no la recibirá en caso de que hubiese una nueva”, subrayaron desde la Secretaría de Agricultura.

La medida apunta a resolver el problema de los faltantes de trabajadores en las cosechas (en el último año se perdieron 1.800 puestos de trabajo formales). Desde el Gobierno advirtieron que la escasez de cosechadores podría provocar pérdidas del 30% y hasta el 40% en tabaco; peras y manzanas que no se recolectan; junto a cítricos que quedarán en las plantas en el litoral sin juntarse.

El miedo a perder la asistencia del Estado nacional no es el único problema que enfrentan los trabajadores rurales. El agro es de por sí el sector con mayor cantidad de trabajadores en negro en el país. Por esto mismo, la medida que tomaron apunta también a reducir el número de trabajadores que se encuentran en esa situación.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobó un desarrollo argentino que permite que una semilla de soja produzca proteína de carne de cerdo. El proyecto biotecnológico lleva la marca Piggy Sooy y la aprobación, según fuentes del mercado, podría disparar su proceso de producción para 2025, primero en la Argentina y luego en Estados Unidos.

El proyecto Piggy Sooy fue impulsado por Moolec Science, una empresa de agricultura molecular que forma parte del ecosistema Bioceres y que desde 2023 cotiza en Nasdaq, el mercado bursátil de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Moolec produjo cantidades significativamente altas de proteínas de cerdo en el cultivo de la soja y la decisión del gobierno de Estados Unidos “marca un hito sin precedentes en biotecnología con la primera aprobación de este tipo”, explicaron en la compañía.

El proyecto que logró producir hasta un 26,6% de proteína de cerdo soluble total en las semillas, 4 veces más a lo inicialmente proyectado, lo que le permitió recibir la luz verde por parte del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) del USDA.

La empresa ha estado trabajando para insertar genes de cerdo en soja y genes de carne vacuna en semillas para crear proteínas híbridas de plantas y animales que puedan reemplazar la carne real en salchichas y hamburguesas, al mismo tiempo que consigue satisfacer el paladar de los consumidores de carne. Si bien el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA dijo que la soja con infusión de carne de cerdo no representa un mayor riesgo de plagas y, por lo tanto, no necesita otra regulación, también añadió que otras agencias, incluida la Food and Drug Administration (FDA) pueden someter a esas semillas a requisitos antes de darle plena autorización, según informó Bloomberg.

Tras conocerse el anuncio, la acción de Moolec se disparó. Antes de la apertura de los mercados de hoy, creció un 127 por ciento. Luego del cierre de operaciones en el Nasdaq, la acción registró una meteórica suba del 78%, logrando un valor de USD 2,47 frente a USD 1,40 de su cierre del viernes.

La particular historia de Moolec comienza como un desprendimiento de Bioceres, la empresa de biotecnología con sede en Rosario que cotiza en el Nasdaq, con un foco de negocios tan disruptivo como innovador: utilizar plantas genéticamente modificadas para transformarlas en proteína animal.

El CEO y cofundador de Moolec es Gastón Paladini, cuyo apellido está más que ligado al mundo de los negocios. El emprendedor integra la cuarta generación de la familia dedicada a la producción de chacinados desde hace casi un siglo. Con su conocimiento de la industria de la carne tradicional, por haber sido director del Grupo Paladini, comenzó a explorar el ecosistema de las proteínas alternativas. Y así fundo Moolec, dedicada a la agricultura molecular. Paladini cuenta con un MBA del IAE de la Universidad Austral y es Licenciado en Publicidad por la Universidad de Palermo. Antes de trabajar en la empresa familiar se desempeñó como publicista en agencias de renombre, como Craverolanis o Agulla & Baccetti.

En la presentación oficial de Piggy Sooy, llevada a cabo en junio del año pasado, Paladini señaló: “Piggy Sooy representa una prueba tangible y visual de que la tecnología de Moolec tiene la capacidad de lograr rendimientos significativos en plantas para producir proteínas cárnicas. Con este logro innovador, Moolec se consolida como creador de categorías y pionero en agricultura molecular para la industria alimentaria. Nuestro equipo de biología vegetal está escribiendo la historia de la ciencia de los alimentos y no podría estar más orgulloso de ellos”.

Además del proyecto Piggy Sooy, hasta ahora Moolec había creado dos productos: la quimosina, que es una proteína utilizada en la elaboración de queso, y el aceite nutricional ácido gamma-linoleico. Tiene en marcha la creación de una cartera de productos más amplia destinada a cumplir con lo que la compañía considera su misión: “Mejorar el sabor, la nutrición y el acceso a las proteínas alternativas mientras se construye un sistema alimentario mundial más sostenible y equitativo”.