El nuevo informe de la ONG Prisoners Defenders sacó a la luz este miércoles la persistencia y el endurecimiento de la represión en Cuba, con 1.327 presos políticos registrados al cierre de julio.

Entre las incorporaciones de este último mes destaca por su gravedad la detención y golpiza de un menor de 13 años en Santiago de las Vegas, así como la creciente utilización del destierro como condición para la excarcelación.

Las detenciones afectan a un mosaico amplio de la sociedad: manifestantes, artistas, periodistas, activistas y personas que simplemente ejercieron actos de solidaridad.

El mes, marcado por el quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 -más conocidas como 11J- evidenció una escalada renovada de la violencia desde el Estado. Prisoners Defenders identificó 36 nuevas personas arrestadas por razones políticas, 15 de ellas vinculadas a manifestaciones recientes, y subrayó una “criminalización” creciente del disenso público.

Además, continúan observándose patrones de desnutrición, torturas y privación de atención médica entre quienes permanecen encarcelados: 459 presos políticos padecen patologías médicas graves.

La represión contra un menor durante las protestas

El caso más extremo es el de Alex Javier Hernández González, de 13 años. Según el relato de su madre, agentes policiales lo interceptaron y golpearon reiteradamente durante las protestas del pasado 22 de julio en Santiago de las Vegas.

El menor, sin orden de arresto y sin que mediara tutela judicial, suplicaba: “No me den más, soy un niño”.

Las lesiones, constatadas posteriormente, no fueron certificadas oficialmente. La policía suspendió su traslado al policlínico bajo el pretexto de una firma ausente.

Actualmente, Alex Javier permanece privado de libertad en el centro para menores “El Combinadito”, bajo custodia del Ministerio del Interior; y se desconoce tanto la imputación formal como la resolución sobre su caso.

Artistas y periodistas, blanco de la criminalización del disenso

La lista de nuevos arrestos incluye a los músicos independientes Pedro Ernesto Farías (“El Feno”) y Rolando Almenteros (“El Bohemio”), detenidos el 7 de julio mientras grababan un video de protesta por los apagones en La Habana. Rolando fue golpeado violentamente y permanece incomunicado excepto por breves visitas en presencia policial, mientras Pedro Ernesto continúa privado de libertad sin cargos claros ni proceso judicial iniciado.

La represión también se extiende al ámbito digital y comunicacional. El creador de contenidos Yoesbel Rodríguez del Pino fue arrestado y sometido a reclusión domiciliaria—sin intervención de un juez—tras un operativo que derivó en la confiscación de todos sus equipos de trabajo. Mientras tanto, el periodista independiente Julio César Álvarez Marrero fue excarcelado sólo tras firmar un “acta de advertencia” en la que, de reincidir, podría ser acusado por “Desobediencia Penal Precriminal” conforme al nuevo Código Penal cubano. La vigilancia y el hostigamiento no han cesado.

El informe resaltó la reciente promulgación del Decreto 160/2026, que prohíbe las publicaciones periódicas y la actividad informativa a todos los actores económicos no estatales, cerrando legalmente cualquier resquicio a la prensa independiente ya en la práctica perseguida.

La solidaridad también recibe castigo

Los actos solidarios con otras personas privadas de libertad también son atacados desde el Estado. Aniley Martínez Ramírez fue arrestada tras llevar alimentos y productos básicos a la activista encarcelada Lizandra Góngora, quien cumple una condena de 14 años desde las protestas de 2021, padece graves problemas de salud y permanece sometida a aislamiento y dificultades crecientes de contacto con su familia. “La ayuda de Aniley resultaba especialmente importante para Lizandra debido a su delicado estado de salud”, expuso el documento, pues atraviesa episodios de anemia severa y hemorragias no tratadas.

Activistas como Lumey Guzmán y Humberto Michael Gonzáles Zamora fueron detenidos en medio de protestas pacíficas. La represión se acompaña, según Prisoners Defenders, de desapariciones forzadas breves y manipulación de pruebas.

El destierro impuesto como condición de libertad

El informe subrayó la utilización, cada vez más frecuente, de la expatriación forzosa. Ejemplo de esto son los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, deportado tras cumplir la totalidad de su condena; Yosvany Rosell García Caso, al que la administración penitenciaria comunicó que sería “enviado fuera de Cuba”, rechazo que la familia denuncia como una violación a su derecho a permanecer en el país; y Roilán Álvarez Rensoler, cuya liberación depende de que sus familiares le compren un pasaje para abandonar Cuba.

“La salida del país se presenta como única alternativa para recuperar la libertad”, apuntó Prisoners Defenders. El exilio, detalló el informe, “añade el desarraigo, la separación familiar y el apartamiento de una voz crítica del territorio nacional”.

Condiciones, cifras y perfiles: el alcance de la represión

Con datos cerrados al 31 de julio, la lista oficial verifica 41 menores (39 varones y 2 mujeres) aún privados de libertad por causas políticas, no solo derivados de las protestas del 11J sino por “actos de sedición”, delito por el que 16 menores han recibido condenas con una media de cinco años de cárcel.

Según un reporte remitido a Naciones Unidas, en Cuba se recluye anualmente a al menos 410 menores en auténticas prisiones gestionadas directamente por el Ministerio del Interior. Además, 150 mujeres figuran bajo medidas cautelares o condenas de tipo político. Más de 450 presos registran problemas médicos graves, y 54 padecen trastornos psiquiátricos sin tratamiento.

En cuanto a la tipificación, los 1.327 presos políticos incluyen 801 convictos de conciencia (privados de libertad por sus opiniones o acciones pacíficas), 489 condenados de conciencia (bajo medidas restrictivas pero fuera de prisión) y 37 casos de otros presos políticos, quienes cumplen condenas en procesos que, aunque identifican acciones penalmente reprochables, han sido objeto de graves violaciones al derecho de defensa por móviles políticos.

Nuevos patrones represivos en el interior y acciones penales sin control judicial

La represión más reciente se enfoca geográficamente fuera de La Habana, con la mayoría de los nuevos casos concentrados en Camagüey, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. Los informes reseñan operativos posteriores a “cacerolazos” y protestas por apagones, arrestos de líderes barriales y amenazas a quienes documentan o difunden información.

Una cita de Ana Ibis Tristá Padilla, activista condenada a 14 años de prisión pese a haber sido absuelta por falta de pruebas en el primer juicio, refleja la tenacidad de quienes permanecen encarcelados: “No estamos muertos, y menos callados”, afirma desde la prisión La Veguita de Las Tunas, donde enfrenta problemas renales, debilidad y pérdida de peso severa. Según el informe, “en Cuba, las absoluciones por sentencia judicial pueden ignorarse de forma arbitraria”, ya que la decisión de absolución fue anulada y el caso reabierto por orden del propio tribunal.

A nivel internacional, el caso del artista Maykel Osorbo destaca tras su traslado repentino y sin aviso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos refrendó en julio la responsabilidad del Estado cubano en su desaparición forzada temporal, vulneración de derechos y reclamo por su inmediata liberación. Osorbo posee un “parole humanitario” aprobado por Estados Unidos, pero permanece encarcelado ya que Cuba condiciona su excarcelación al exilio.

Prisoners Defenders enfatizó que el sistema cubano de persecución judicial priva a los acusados de control judicial efectivo: fiscales pueden imponer directamente la prisión preventiva, sin que un juez conozca el caso. Y, en los juicios políticos, los testimonios acusatorios proceden casi exclusivamente de funcionarios de la Seguridad del Estado o el Ministerio del Interior.

La ONG recalcó que el fenómeno de la prisión política “no solo castiga hechos acontecidos, sino que busca impedir nuevas movilizaciones mediante el miedo, la vigilancia, el encarcelamiento y el destierro”.

Rosario María Murillo Zambrana confía en sus talismanes y piedras para sobrevivir en el poder. Arrastra en su esoterismo y misticismo a su esposo, Daniel Ortega, con quien no sólo comparte lecho, sino el comando absoluto de Nicaragua. El matrimonio dictatorial, sin embargo, no descansa sólo en las cartas. También revisa la información dura que le agrupa su círculo cercano para contrastar con la suerte que, juran, siempre está de su lado.

Los Ortega-Murillo leen, además, las noticias. Y saben que algo no anda del todo bien con quienes le prometieron una alianza indestructible. O una protección a prueba de crisis. Sobre todo a partir del 3 de enero último.

Esa madrugada crítica, Rusia no logró salvar a la dictadura de Nicolás Maduro ni a su esposa, Cilia Flores. A pesar de las reiteradas promesas del Kremlin y la presencia de una misión militar encabezada por el general Oleg Leontievich Makarevich, el régimen chavista no resistió el operativo militar de Estados Unidos. El uniformado -cuyas destrezas en el terreno ya habían sido confirmadas negativamente en Ucrania- creía que podría poner a resguardo a sus protegidos desde su smartphone conectándose tan sólo a una app: FlightRadar24.

Durante años, Moscú se presentó como un aliado indispensable de Maduro, asegurando un control absoluto del espacio aéreo venezolano y la capacidad tecnológica para anticipar cualquier amenaza. La Equator Task Force, bajo dirección rusa, se ocupó de entrenar y asesorar a las fuerzas armadas venezolanas con la promesa de protección frente a eventuales intervenciones extranjeras.

En los momentos críticos, entre noviembre y diciembre de 2025, Makarevich transmitió confianza a Maduro y a su entorno, asegurando que Rusia disponía de los medios necesarios para garantizar la seguridad del mandatario y de los principales cuadros chavistas.

Sin embargo, la madrugada del 3 de enero de 2026, la operación estadounidense “Resolución Absoluta” sorprendió tanto a las fuerzas venezolanas como a sus asesores rusos (y cubanos). Más de 150 aeronaves participaron en bombardeos y maniobras que culminaron con la captura del dictador y su esposa en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

El operativo expuso la ineficacia de la tecnología y los sistemas de inteligencia rusos desplegados en Venezuela... que no funcionaron. Fuentes militares venezolanas y cubanas señalaron su desconfianza hacia Makarevich, quien llegó a Caracas tras un desempeño poco destacado en Ucrania. El fracaso dejó un saldo de 33 militares cubanos muertos, responsables de la custodia de Maduro, y desencadenó cuestionamientos internos sobre la verdadera capacidad de Rusia para garantizar la protección de regímenes aliados. La Habana culpa a Rusia, no sólo a Venezuela, por esas muertes.

Actualmente, Maduro se encuentra detenido en Nueva York, enfrentando cargos federales en Estados Unidos. Mientras tanto, la cúpula cubana debate el valor real de la protección rusa. Aunque Moscú sigue ofreciendo respaldo a La Habana, la experiencia venezolana ha sembrado dudas sobre la eficacia y sinceridad de esas promesas. La dirigencia cubana percibe que, más allá de los discursos, Rusia nunca tuvo un plan concreto para defender a Maduro y que, llegado el momento, podría abandonar también a Cuba.

Esa información es la que no sólo leen a diario los Ortega-Murillo, sino que son los datos que comparten -cuando la discreción lo permite- con oficiales y enviados de Cuba.

Pero además, en la intimidad del poder nicaraguense, creen que incluso están un eslabón por debajo de la protección que Rusia podría ofrecerle a sus pares de La Habana. Sienten que la tecnología en radares que Moscú dijo haber invertido -alrededor de 1.000 millones de dólares- para proteger a los tres regímenes latinoamericanos nunca existió. “O al menos es tan secreta que nadie la ha visto”, ironiza un general en comunicación con Infobae, por un sistema encriptado. Esa red de radares fue vendida como más moderna, incluso, que la que estaría protegiendo los cielos cubanos.

Pero los Ortega-Murillo también sienten una traición que no tiene que ver con lo militar. Sino con lo político y económico.

Se sienten defraudados por parte de Rusia por no haber apoyado su moción para ingresar a los BRICS, el bloque político y económico de naciones emergentes formado originalmente por Brasil, Rusia, India y China, al que se sumaron, entre otros, Sudáfrica e Irán.

Managua padeció una doble desilusión en su intento por escalar “socialmente” en el mundo a partir de ese bloque de economías un poco más sólidas que la enclenque nicaragüense. Primero fue Brasil el que se opuso a su inclusión, pero luego supo que el Kremlin no revirtió ese destino fijado por Itamaraty cuando había prometido otros caminos al matrimonio dictatorial.

La política exterior rusa atraviesa un momento de absoluta desconfianza por parte de sus aliados. “Antes no teníamos más remedio que estar con ellos y creerles, pero ahora son cada vez menos confiables”, dice la misma fuente en off the record.

X: @TotiPI