Un operativo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y autoridades locales para retirar a personas sin hogar de varias calles de Centro Habana ha generado cuestionamientos sobre el tratamiento de la pobreza en Cuba, según ha reportad el medio digital Cuba Herald y posts en redes sociales. La intervención habría incluido el traslado de personas y la retirada de sus pertenencias de espacios públicos.

Según la información difundida, las actuaciones se desarrollaron en zonas de las calles Galiano, Reina, Belascoaín e Infanta, donde habitualmente permanecen personas que carecen de una vivienda estable o pasan parte de su tiempo en la vía pública. No se ha precisado cuántas personas fueron retiradas ni hacia dónde fueron trasladadas.

Los sujetos fueron detenidos en Cuba desde septiembre en procedimientos relacionados con el tráfico de drogas, según informaron medios estatales citados por EFE.

Los operativos forman parte de un plan de choque coordinado por el Ministerio del Interior, la Aduana General de la República y otras entidades de la isla.

La información oficial señaló que las acciones también derivaron en el desmantelamiento de 15 viviendas donde se consumía crack y, en menor medida, cannabinoides sintéticos. Esos inmuebles estaban ubicados en focos y lugares complejos, principalmente en La Habana.

Las detenciones alcanzaron a más de 250 personas que, de acuerdo con los medios estatales, reincidían en la comercialización de drogas, servían como bases de apoyo de organizadores cubanos residentes en el exterior o se dedicaban al escamoteo de recalos.

Los procedimientos se concentraron principalmente en La Habana y en las provincias de Matanzas y Granma, en el este del país. Las autoridades vincularon parte de los casos con los llamados recalos, denominación utilizada para los cargamentos de narcóticos que redes internacionales de tráfico lanzan al mar.

Las mayores incautaciones fueron de cannabinoides sintéticos

Durante los registros, las autoridades incautaron cocaína, marihuana, crack y metanfetaminas, según el reporte oficial.

Las mayores incautaciones correspondieron a cannabinoides sintéticos en sus actuales formatos de expendio: hojas, tiras y pequeños papeles. En Cuba, esas sustancias también son conocidas como químico.

Los medios estatales indicaron que los procedimientos incluyeron el aseguramiento de recursos financieros, vehículos y diversos instrumentos que se utilizaban para la dosificación y venta de las sustancias.

Entre los bienes decomisados figuraron más de USD 43,000, 650 euros, dos automóviles y siete motocicletas. La información oficial también mencionó instrumentos empleados en la preparación de las dosis y la comercialización de drogas.

La Aduana reforzó las acciones sobre vuelos y cargas aéreas

La Aduana General de la República trabaja en varias acciones para descubrir y enfrentar vuelos de riesgo, de acuerdo con el reporte difundido por los medios estatales, retomado por EFE.

El organismo también prioriza el trabajo especializado sobre las cargas aéreas, a partir de su proclividad y empleo en la introducción de drogas.

Las autoridades cubanas han reconocido un aumento del consumo de drogas y han expresado preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes.

Aunque no se han difundido estadísticas completas sobre el consumo, el problema se define y afronta principalmente como un problema de orden público.

El Código Penal contempla penas de prisión perpetua y condena de muerte

El Código Penal cubano sanciona la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas de entre cuatro y 30 años de cárcel. La normativa también contempla la prisión perpetua y la condena de muerte.

De acuerdo con informes oficiales, durante 2025 las autoridades incautaron en Cuba 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína.

En ese período fueron detenidas 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, según los datos oficiales citados en la información estatal.

Las autoridades de la isla sostienen una política de tolerancia cero frente a las drogas. También afirman que Cuba no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas.

La falta de combustible Jet A-1 para el abastecimiento de aeronaves figura en nuevos avisos aeronáuticos que alcanzan a diez aeropuertos cubanos. Según informó Periódico Cubano, los documentos emitidos por la Empresa Cubana de Navegación Aérea prevén que la indisponibilidad se mantenga hasta el 1 de diciembre de 2026.

Los avisos establecen que el producto no estará disponible hasta las 11:00 pm del 30 de noviembre en Cuba. Esa hora equivale a las 4:00 am UTC del 1 de diciembre.

La restricción se refiere al repostaje de aeronaves en las terminales incluidas. No supone, por sí sola, el cierre de los aeropuertos ni la cancelación de todos los vuelos internacionales programados hacia el país.

Las compañías aéreas deberán organizar sus operaciones sin contar con el suministro habitual de Jet A-1 en esas instalaciones. Una de las alternativas señaladas consiste en cargar combustible suficiente en el aeropuerto de salida para realizar el trayecto de ida y regreso, cuando las condiciones lo permitan.

Los avisos aeronáuticos mantienen la falta de suministro

La Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) emitió el 30 de octubre los NOTAM A3875/26 a A3884/26. Cada documento corresponde a una terminal distinta, pero todos comparten la misma fecha de vencimiento.

La advertencia técnica incluida en las notificaciones es “JET A1 FUEL NOT AVBL”. Esa expresión indica que el combustible de aviación no está disponible para abastecer aviones.

La nueva serie prolonga una situación que comenzó a documentarse en febrero. En octubre, Periódico Cubano había informado sobre una extensión anterior de las restricciones hasta el 1 de noviembre.

El registro aeronáutico NOTAC reprodujo el contenido del NOTAM A3875/26, correspondiente al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El aviso reemplazó al A3459/26, cuya vigencia finalizaba el 1 de noviembre.

Diez aeropuertos están incluidos en la nueva prórroga

Los avisos abarcan las mismas instalaciones incluidas en las notificaciones anteriores. Cada aeropuerto tiene un NOTAM propio.

• Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana: NOTAM A3875/26.
• Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero: NOTAM A3876/26.
• Aeropuerto Jaime González, de Cienfuegos: NOTAM A3877/26.
• Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, de Santa Clara: NOTAM A3878/26.
• Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte, de Camagüey: NOTAM A3879/26.
• Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, de Cayo Coco: NOTAM A3880/26.
• Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín: NOTAM A3881/26.
• Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba: NOTAM A3882/26.
• Aeropuerto Sierra Maestra, de Manzanillo: NOTAM A3883/26.
• Aeropuerto Internacional Vilo Acuña, de Cayo Largo del Sur: NOTAM A3884/26.

Las aerolíneas pueden recurrir a combustible cargado fuera de Cuba

La falta de suministro obliga a las compañías a planificar los vuelos sin depender del repostaje en los aeropuertos afectados. La posibilidad de transportar una mayor cantidad de combustible desde el punto de origen depende del tipo de aeronave y de las condiciones de cada trayecto.

La alternativa puede resultar más viable en rutas relativamente cortas desde Estados Unidos, México o países del Caribe. El material señala que esas operaciones podrían realizarse con combustible suficiente para cubrir tanto el viaje de ida como el regreso.

Los trayectos de larga distancia pueden requerir escalas técnicas en terceros países antes de continuar el viaje. Esas paradas permitirían reabastecer las aeronaves fuera de Cuba.

Durante 2026, distintas aerolíneas recurrieron a esas soluciones para sostener sus conexiones con la isla. Algunas compañías reorganizaron sus operaciones ante la escasez de combustible.

Otras suspendieron rutas o redujeron sus servicios, según el medio.

Las organizaciones cubanas alertaron al papa León XIV sobre una serie de restricciones que, según sus registros, afectaron el ejercicio de la fe de cientos de personas y comunidades en la isla.

La carta, entregada en La Habana, reclama que Cuba forme parte de las conversaciones sobre libertad religiosa y derechos humanos durante la gira latinoamericana del pontífice. La información fue difundida por Radio Martí, emisora de radio estadounidense con sede en Miami.

El documento reúne 939 violaciones a la libertad religiosa registradas entre marzo y septiembre de 2026, de acuerdo con el Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD y el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE).

Las entidades sostienen que los casos incluyen citaciones a dirigentes religiosos, vigilancia de congregaciones, obstáculos para realizar cultos, presiones contra creyentes y detenciones arbitrarias.

La denuncia alcanza a católicos, evangélicos, ortodoxos y fieles de otras confesiones. Los observatorios señalaron que esas personas afrontan trabas para reunirse, expresar sus creencias y desarrollar actividades comunitarias.

La carta pide que Cuba no quede fuera del debate sobre derechos humanos

El planteo fue presentado el viernes 6 de noviembre ante la Nunciatura Apostólica en La Habana por Shaliaj Carlos Montoya, fundador de la iglesia Bet-El Shalom en Cuba.

Las organizaciones pusieron a disposición de la Santa Sede informes, testimonios y otros documentos vinculados con los hechos denunciados. Su pedido apunta a que la situación cubana sea abordada en los contactos del papa con autoridades, creyentes y referentes de distintas comunidades religiosas.

La iniciativa busca que el viaje apostólico de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú incorpore una referencia a las restricciones religiosas y a las denuncias sobre derechos fundamentales en Cuba.

El pontífice inició la gira el 6 de noviembre y prevé concluirla el 17. La isla no figura entre las escalas del itinerario, una circunstancia que los firmantes de la carta buscaron convertir en un llamado de atención ante el Vaticano.

“Una isla puede quedar fuera de una ruta”, señala el texto, “pero no debe quedar fuera de la conversación sobre derechos humanos”.

Las denuncias abarcan vigilancia, presiones y detenciones

Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD, afirmó a Radio Martí que los casos recopilados reflejan la exposición de personas y comunidades a mecanismos de control por practicar o manifestar sus convicciones.

“Los 939 casos documentados representan a personas y comunidades expuestas a vigilancia, citaciones y represalias”, sostuvo Vargas.

El dirigente pidió que la gira papal mantenga presente la demanda de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos para los cubanos.

Mario Félix Lleonart, director adjunto del Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD, remarcó que las restricciones denunciadas no se limitan a una confesión. El reclamo, indicó, abarca a todos los creyentes, sin distinción de tradición religiosa.

La carta también plantea una definición amplia de la libertad religiosa. Los firmantes consideran que ese derecho debe proteger la posibilidad de profesar, practicar, cambiar o no adherir a una religión o creencia sin padecer represalias.

El documento vincula esa garantía con el respeto general de los derechos humanos y con la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente a sus gobernantes.

La denuncia coincide con una serie reciente de citaciones a activistas cristianos

La entrega de la carta ocurrió en medio de una nueva sucesión de acciones contra activistas cristianos en Cuba. Entre los hechos mencionados figuran citaciones, interrogatorios, arrestos temporales y amenazas.

El texto refiere los casos de Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, así como la retención durante horas de integrantes y colaboradores del proyecto Fuera de la Caja.

También menciona a Rolando Pérez Lora, conocido como el Pregonero de Cristo. Según la denuncia, las autoridades lo trasladaron por la fuerza desde La Habana hasta Las Tunas después de dejarlo en libertad.

Como contexto reciente, la organización Christian Solidarity Worldwide advirtió el 9 de noviembre sobre una oleada de detenciones y citaciones contra líderes religiosos, miembros de iglesias, comunicadores y activistas que han expresado públicamente su visión sobre la realidad cubana.

La entidad sostiene que las actividades e instituciones religiosas permanecen sometidas a controles estatales y que dirigentes de comunidades inscritas han denunciado trabas para registrar iglesias domésticas o reparar edificios destinados al culto.

Defensa CD afirma que contrasta las denuncias recibidas

Defensa CD indicó que sus registros se nutren de denuncias confidenciales, que luego son contrastadas con otras fuentes y clasificadas según el tipo de vulneración informada.

La cifra incluida en la carta corresponde al período comprendido entre marzo y septiembre. Los observatorios no presentaron en el texto un desglose público de cada caso, pero describieron un patrón de interferencias contra actividades religiosas y comunitarias.

Las organizaciones solicitaron que la Santa Sede considere esa información en sus intercambios sobre libertad de conciencia y derechos humanos. La presentación ante la Nunciatura dejó el reclamo formalmente en manos de la representación diplomática del Vaticano en Cuba.

Cuba atraviesa una compleja crisis epidemiológica marcada por un repunte de dengue que supera en más de diez veces los niveles habituales, en medio de un pronunciado apagón informativo gubernamental. De acuerdo con las estimaciones consolidadas por el Observatorio Global del Dengue, la isla acumula 15,859 casos en lo que va del año, una cifra que representa 10.6 veces el promedio esperado de acuerdo con los registros del último quinquenio.

Los números confirman una aceleración sostenida en la curva de transmisión. Durante octubre, históricamente el mes con mayor incidencia de la enfermedad en el país caribeño, se notificaron 4,624 contagios estimados.

Ese registro consolida la tendencia ascendente iniciada a mediados de año, luego de que en septiembre se contabilizaran 4,102 casos y en agosto otros 3,214, lo que ubica a la nación entre los territorios con mayor afectación relativa de la región.

El análisis del Observatorio Global del Dengue expone que el último reporte oficial emitido por las autoridades sanitarias cubanas corresponde a junio. Ante la ausencia de boletines periódicos, la entidad internacional debió acudir a modelos predictivos calibrados con intervalos de validación del 95% para calcular la propagación de la dolencia durante el segundo semestre.

Además, la falta de registros públicos impide conocer con exactitud la cantidad de ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados al virus. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció la circulación simultánea de los cuatro serotipos del patógeno, con predominio del tipo dos, pero evitó actualizar los balances epidemiológicos.

Con anterioridad, funcionarios del área técnica admitieron la existencia de un amplio subregistro, dado que numerosos pacientes optan por transitar los cuadros febriles en sus viviendas sin acudir a policlínicos ni hospitales.

El colapso en los servicios básicos y la basura en las calles multiplican los criaderos

La propagación de la enfermedad se intensifica por el colapso de los servicios básicos en Cuba. Los prolongados cortes de electricidad, que en distintas provincias superan las 20 horas continuas, obligan a la población a mantener puertas y ventanas abiertas durante las noches para tolerar las temperaturas elevadas, circunstancia que facilita las picaduras del mosquito Aedes aegypti.

A la par, las fallas crónicas en el suministro de agua corriente empujan a miles de familias a almacenar el líquido en:

• Tanques
• Bidones
• Cubos sin la protección adecuada ni pastillas de abate.

También la escasez crítica de combustible provoca una parálisis de las cuadrillas de control vectorial en los municipios más afectados, al no haber reservas para movilizar los vehículos ni accionar las máquinas de termonebulización. El panorama se agrava por la acumulación de toneladas de basura en zonas urbanas, derivada de la falta de camiones de recolección en servicio.

El sistema sanitario de la isla enfrenta el alza de contagios con una infraestructura desprovista de recursos elementales. Las farmacias comunitarias carecen de antipiréticos y analgésicos básicos, entre ellos el paracetamol, por lo que las personas afectadas deben recurrir al mercado informal o a remedios caseros para paliar el dolor y la fiebre.

En los centros de salud, el déficit de reactivos de laboratorio impide procesar pruebas serológicas de confirmación o realizar análisis indispensables, como el recuento de plaquetas que permite vigilar la evolución hacia cuadros graves o hemorrágicos. Ante esta limitación de insumos, los médicos asumen los diagnósticos por criterio clínico mientras atienden, en paralelo, cuadros sospechosos de otras enfermedades que circulan en el país, como el virus del Oropouche, la influenza y el chikunguña.

La mujer grabó el testimonio desde el poblado de Juan Gualberto Gómez, en la provincia de Matanzas, mientras mostraba los alimentos disponibles para ese día en su casa: varios trozos de yuca y una porción de carne molida.

“Esto es lo que se va a comer hoy aquí en mi casa”, dijo Yesi Concepción. Según su relato, las tres libras de yuca costaron 300 pesos cubanos, unos USD 0,33 al valor informal de referencia, mientras que la libra de picadillo tuvo un precio de 700 pesos, equivalente a USD 0,76.

La compra completa sumó 1.000 pesos cubanos, o USD 1,09. En su propia explicación, Concepción utilizó una cotización de 1.000 pesos por dólar en su localidad, por lo que equiparó el ingreso mensual de su esposo con USD 1.

La carne molida absorbió cerca de USD 0,76 del ingreso familiar

El picadillo representó el mayor gasto de la compra. Concepción afirmó que la libra de carne molida había subido desde el día anterior y que su precio pasó de unos 550 pesos a 700 pesos cubanos.

Esa libra de picadillo absorbió el 70% del salario que la mujer atribuyó a su esposo. Las tres libras de yuca, por su parte, consumieron el 30% restante. El dinero no alcanzó para incorporar arroz, aceite, frijoles, huevos, vegetales u otros alimentos.

“Saquen la cuenta ahí”, expresó en la grabación, antes de precisar que el total gastado coincidía con el ingreso mensual del hogar.

“Ni con el salario tú puedes comer”

Concepción sostuvo que el encarecimiento de los alimentos dejó a su familia sin margen para adquirir otros productos. “Esto es lo que voy a comer hoy, porque no hay más nada, porque el salario no alcanza”, afirmó.

Luego respondió a quienes cuestionan las denuncias sobre la falta de alimentos. “No es miseria, es la realidad del hambre que se está pasando en Cuba, que ni con el salario tú puedes comer”, dijo.

El valor informal del dólar había superado los 900 pesos cubanos en los primeros días de noviembre. El 7 de noviembre, el promedio fue de 933 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba para el denominado Segmento III se situaba en 800 pesos por dólar.

El video de Concepción quedó centrado en dos cifras: 300 pesos por la yuca, unos USD 0,33, y 700 por el picadillo, cerca de USD 0,76. Juntas consumieron, según su testimonio, la totalidad del salario mensual de su esposo.

Según medios internacionales y locales (BBC, Martí Noticias, CubaNet) el alto costo de la comida en Cuba responde a una producción nacional insuficiente, la dependencia de las importaciones y una inflación que ha reducido el poder adquisitivo de la población.

Sumado a la migración de más de dos millones de cubanos en los últimos años también redujo la mano de obra disponible para el sector agropecuario y que la isla importa alrededor del 80% de los alimentos que consume.

La tasa de mortalidad de menores de cinco años en Cuba subió de 9.7 a 12.1 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos entre 2024 y 2025, según el Anuario Estadístico de Salud. El aumento se extendió en 14 de las 16 provincias y tuvo sus registros más altos en Isla de la Juventud, con 18.4, y La Habana, con 16.6.

El informe señala que el porcentaje nacional de niños que llegan con vida a los cinco años cayó de 99% en 2024 a 98,8% en 2025. Aunque la variación parece acotada en términos porcentuales, la disminución coincide con el aumento de las tasas de mortalidad infantil y de menores de cinco años.

El anuario es una publicación oficial que reúne datos, indicadores y análisis sobre la situación sanitaria del país. Su contenido se apoya en información de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Isla de la Juventud, La Habana y Camagüey encabezaron las tasas

La Isla de la Juventud registró el mayor salto entre 2024 y 2025: la tasa de mortalidad de menores de cinco años pasó de 10.6 a 18.4 por cada 1,000 nacidos vivos. La proporción de supervivencia a esa edad descendió de 98.9% a 98.2%.

En La Habana, la tasa aumentó de 12.8 a 16.6. La capital tuvo la segunda marca más elevada del país y su porcentaje de supervivencia a los cinco años bajó de 98.7% a 98.3%.

También se produjeron subas en Camagüey, donde el indicador pasó de 9,3 a 14.5; en Ciego de Ávila, de 8.3 a 14; y en Granma, de 9.5 a 13. Guantánamo llegó a 13.9, Matanzas a 12.2, Santiago de Cuba a 12.3 y Villa Clara a 12.

Solo Cienfuegos y Holguín redujeron sus tasas: la primera provincia pasó de 9.7 a 9.0 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, mientras Holguín descendió de 7.3 a 7.2. En Pinar del Río, el porcentaje de supervivencia se mantuvo en 99.3%, al igual que en Holguín.

También creció la mortalidad infantil en el país

El deterioro alcanzó a la mortalidad infantil, que comprende las defunciones antes del primer año de vida. El indicador nacional pasó de 7.1 en 2024 a 9.9 por cada 1.000 nacidos vivos en 2025.

La Habana registró una tasa de 14.2, seguida de Isla de la Juventud, con 12.9; Camagüey, con 12,4; Villa Clara y Guantánamo, ambas con 11; y Granma, con 10.9. Ciego de Ávila llegó a 10,6 y Mayabeque a 10.2.

De igual manera, el anuario también informó un aumento de la mortalidad materna. La tasa fue de 44.1 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, frente a 40.6 durante 2024. Las tasas de muertes maternas por causas directas e indirectas aumentaron, según el documento.

El escenario coincide con una menor cantidad de nacimientos. Cuba registró 3,294 nacidos vivos menos que el año anterior y una tasa global de fecundidad de 1.29 hijos por mujer. Mientras que el 99.7% de los nacimientos ocurrieron en instituciones de salud.

Desmontar la dictadura cubana no será un camino fácil, pero la oposición en el exilio ha puesto sobre la mesa un mapa con algunas vías que lleven a ese destino.

La activista Rosa María Payá presentó recientemente en Madrid un plan que plantea una transición democrática en Cuba dividida en tres fases, con el desmantelamiento de los organismos represivos, ayuda humanitaria inmediata, un gobierno provisional limitado en el tiempo y la convocatoria a elecciones plurales.

La iniciativa, expuesta durante el encuentro Cuba en el Umbral, reunió a activistas, juristas, economistas y representantes de organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla. Sus planteamientos parten de una advertencia: el cambio político no podría sostenerse si las estructuras de vigilancia, control económico y poder partidista conservaran capacidad para condicionar el proceso.

El plan busca sustituir el actual sistema político cubano, prevé un período transitorio de entre 18 y 36 meses, sin prórrogas, y concluye con un plebiscito constitucional vinculante y comicios libres.

Payá, fundadora de Cuba Decide y coordinadora de la plataforma Pasos de Cambio, sostuvo que el objetivo no es administrar una transición indefinida, sino devolver a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre el futuro político de la isla. “Ya no estamos exclusivamente denunciando la dictadura, estamos preparando la República”, afirmó durante la presentación, según informó 14ymedio.

El fin de la represión, condición para iniciar el proceso

La primera etapa del programa se denomina liberación y fija como requisito el cese de la represión estatal y la restitución de derechos fundamentales. Para los promotores del plan, no puede haber apertura política mientras se mantengan los mecanismos de persecución contra opositores, activistas, periodistas independientes y ciudadanos críticos del régimen.

La propuesta incluye la disolución de la Seguridad del Estado, de las brigadas de respuesta rápida y de los sistemas de vigilancia vinculados a los Comités de Defensa de la Revolución. También plantea que las Fuerzas Armadas queden subordinadas a autoridades civiles, con el argumento de que el control de las armas debe responder a la ley y no al Partido Comunista.

Armando Ibarra, responsable del área de seguridad de la iniciativa, propuso retirar de Cuba los servicios de inteligencia de Rusia y China. El documento también contempla el traspaso del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas, a una administración civil. La reorganización del poder militar y económico figura como una de las condiciones centrales del programa opositor.

El planteamiento busca incorporar incluso a quienes hoy integran las instituciones oficiales. Payá señaló que la propuesta está dirigida a todos los cubanos, incluidos aquellos que permanecen dentro de estructuras estatales y partidarias. Esa definición apunta a evitar que el cambio político se limite a los sectores opositores y alcance a funcionarios, trabajadores públicos y miembros de organismos de seguridad.

Ayuda humanitaria gratuita en las primeras 72 horas

La segunda fase, definida como estabilización y reconstrucción, parte de un diagnóstico sobre el deterioro de las condiciones de vida en Cuba. El plan prevé la distribución de alimentos, agua y medicamentos durante los primeros 180 días de la transición, con un operativo inicial en un plazo de 72 horas.

Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, explicó que la asistencia sería gratuita y no tendría condicionamientos políticos. La propuesta incluye una autoridad nacional para coordinar la ayuda y centros logísticos destinados a asegurar su llegada a distintas zonas del país.

El abastecimiento de productos básicos en las primeras 72 horas busca responder a uno de los principales riesgos de una transición: que la escasez y la precariedad social generen inestabilidad durante el cambio institucional. Los opositores plantean que la emergencia humanitaria debe recibir atención antes de avanzar en reformas más amplias de la economía y el sistema político.

En el plano económico, el economista Elías Amor Bravo propuso reducir el peso del Estado en la actividad productiva, ampliar las garantías para la propiedad privada, contener la inflación y captar inversiones. La propuesta parte de la premisa de que existen recursos nacionales que requieren una administración distinta y mayor transparencia.

Justicia para las víctimas y revisión de las propiedades confiscadas

El documento también dedica un apartado a la justicia transicional. El politólogo y escritor Julio M. Shiling, asesor del área, propuso investigar los delitos atribuidos al régimen cubano, depurar las instituciones estatales y preservar los archivos de los organismos de seguridad.

El programa contempla mecanismos para restituir o indemnizar propiedades confiscadas tras la revolución, aunque establece el derecho de permanencia de quienes ocupan actualmente esos inmuebles. La devolución o compensación por los bienes confiscados aparece vinculada a una política de reparación sin desalojos automáticos.

La revisión del funcionamiento de Gaesa forma parte de ese proceso. Los impulsores de la iniciativa consideran que debe esclarecerse el manejo de los recursos controlados por el conglomerado militar y establecerse responsabilidades en caso de que las investigaciones detecten irregularidades.

Shiling propuso tomar como referencia la Constitución cubana de 1940, con adaptaciones a la realidad actual. El planteamiento busca ofrecer una base legal anterior al sistema instaurado después de 1959 y abrir un debate sobre el marco institucional de una futura República.

Organismos electorales autónomos en los primeros 90 días

La tercera y última fase se centra en la democratización. El abogado Mijail Bonito Lovio explicó que durante los primeros 90 días se deberían crear instituciones autónomas, entre ellas un servicio nacional electoral y una contraloría.

La denominada ley de transición democrática tendría carácter provisional y establecería los pasos jurídicos para el período de cambio. El límite máximo de 36 meses apunta a impedir que el gobierno transitorio se prolongue sin una consulta popular y sin elecciones competitivas.

El itinerario concluiría con un plebiscito constitucional vinculante y comicios plurales. La propuesta insiste en que el proceso debe devolver la soberanía a los ciudadanos dentro de la isla y a los cubanos residentes en el exterior.

Durante el encuentro en Madrid, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, reclamó la liberación de los presos políticos, la exclusión del Partido Comunista de la etapa transitoria y la creación de tribunales que garanticen justicia para las víctimas. Iván Hernández Carrillo, representante de sindicatos independientes, pidió protección social y garantías laborales, con libertad sindical como condición para una democracia en el ámbito del trabajo.

La presentación del plan contó con la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, eurodiputados y representantes diplomáticos de Estados Unidos, Chile y países europeos. El proyecto amplía el Acuerdo de Liberación presentado en Miami en marzo y reúne propuestas de organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba.

Jorge Antonio Fernández Torres, director del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana (MNBA), recibió la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, una distinción concedida por el rey Felipe VI de España a personas que acreditan méritos relevantes en favor de las relaciones con ese país.

La condecoración fue impuesta en La Habana por el embajador de España en Cuba, Francisco Javier Hergueta Garnica, según informaron medios cubanos. El diplomático destacó la trayectoria de Fernández Torres como especialista en artes visuales y su labor al frente de una de las principales instituciones culturales de la isla.

De acuerdo con EFE, la Orden de Isabel la Católica es una condecoración española que reconoce conductas civiles, méritos y servicios relevantes para España o para la promoción de vínculos de cooperación con otros países. En este caso, el reconocimiento recayó en Fernández Torres, quien dirige el principal museo de artes plásticas de Cuba.

Durante la ceremonia, el embajador español señaló que el funcionario cubano ha desarrollado una labor sostenida en la gestión institucional y en la difusión de la pintura. Hergueta Garnica afirmó que Fernández Torres es “un gran gestor al frente de este magnífico museo” y un “conocedor y experto de renombre” en esa disciplina.

El director del museo agradeció la condecoración y mencionó la colaboración de la embajada española con la institución que encabeza.

Fernández Torres también hizo un repaso de los lazos humanos y culturales que han unido a ambos países. En su intervención, aludió a figuras cubanas y españolas vinculadas con la plástica, la arquitectura, las letras y otras expresiones artísticas, así como a la permanencia de sus obras y aportes.

La principal colección de arte cubano, en el MNBA

El Museo Nacional de Bellas Artes tiene entre sus funciones la conservación, restauración, investigación y divulgación del patrimonio de las artes plásticas cubanas. Sus fondos reúnen la colección más amplia de arte nacional, con piezas que recorren un período que va desde el siglo XVI hasta la producción contemporánea.

Además de su acervo nacional, el MNBA reúne obras de América Latina, Estados Unidos y Europa. El museo también conserva objetos arqueológicos correspondientes al Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y la Antigua Roma, junto con piezas de arte asiático.

La variedad de esos fondos sitúa a la institución entre los principales espacios museísticos del Caribe. Es, además, el único museo cubano especializado en la historia del arte universal, una función que amplía su alcance más allá de la preservación de la producción local.

Seis siglos de producción artística europea en sus salas

Entre los conjuntos que resguarda el museo figura una colección de pintura y escultura europea que cubre las principales escuelas del continente durante seis siglos. Ese patrimonio incluye obras y referencias de distintas tradiciones artísticas, que dialogan con el acervo cubano y americano de la institución.

La distinción a Fernández Torres se produjo en ese contexto institucional, con el museo como escenario de conservación y difusión de un patrimonio que reúne expresiones de Cuba y de otras regiones. La condecoración española reconoce su actividad como director y especialista en un ámbito donde los vínculos culturales entre ambos países mantienen presencia histórica.

La institución mantiene una agenda centrada en el cuidado de sus colecciones, la investigación y la exhibición de obras que integran el patrimonio artístico cubano y universal.

El régimen de Cuba publicó este lunes su primera Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que reorganiza el sistema científico del país e incorpora un marco legal para las alianzas entre entidades estatales y privadas. La legislación, que entra en vigor dentro de 60 días, según la Gaceta Oficial, se lanza en un contexto de crisis económica y humanitaria.

La Ley 182/2025 reconoce de manera formal a las formas de gestión no estatal dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre los actores contemplados figuran empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores autónomos.

La norma busca ampliar la participación en iniciativas científicas y tecnológicas en medio de la crisis económica de la isla y de un proceso de reformas que habilitan una mayor presencia privada en sectores que hasta hace poco permanecían bajo control estatal.

El viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Daimar Cánovas, afirmó a EFE, agencia de noticias española, que uno de los propósitos de la legislación es aumentar la participación de actores públicos y privados en los proyectos vinculados con la ciencia.

“Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado”, sostuvo Cánovas durante una conferencia de prensa en La Habana.

La norma habilita financiamiento de riesgo y capital semilla

La legislación establece incentivos económicos para la creación y expansión de empresas de base tecnológica. Entre las herramientas previstas figuran mecanismos de financiamiento de riesgo y capital semilla, destinados a respaldar proyectos vinculados con la innovación.

La ley también permite la constitución de compañías basadas en patentes y marcas. Ese esquema apunta a canalizar inversión externa o privada hacia actividades científicas y tecnológicas, de acuerdo con el texto publicado en el diario oficial del Estado cubano.

Otro de los puntos incluidos en la norma es la posibilidad de firmar contratos entre entidades estatales y privadas que contemplen regalías y pagos por la comercialización de paquetes tecnológicos. Con esa disposición, el régimen busca dar respaldo jurídico a operaciones que involucren resultados de investigación, productos patentados y transferencia de conocimientos.

Cánovas señaló que más innovación entre los distintos actores económicos podría acelerar el desarrollo de soluciones propias en el país. “En la medida en que haya más innovación en todos los actores económicos, podremos avanzar con más velocidad como país”, afirmó el funcionario a EFE.

La inclusión de cooperativas, trabajadores autónomos y empresas privadas implica que esos sectores podrán acceder a los instrumentos de capacitación y financiamiento previstos por la ley. Hasta ahora, universidades y centros de investigación estatales concentraban buena parte de las capacidades científicas y de desarrollo tecnológico de la isla.

Más de 16,000 empresas privadas operan en la isla

La apertura hacia las inversiones y la capacitación de negocios privados se extendió durante los últimos meses a varios ámbitos de la economía cubana, en medio de la peor crisis que vive la isla. El proceso forma parte de un paquete de 176 reformas con las que el régimen busca liberalizar algunas actividades productivas y de servicios.

Esas medidas alcanzaron áreas como la educación y la administración de farmacias, dos sectores considerados básicos dentro de la estructura estatal. La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación suma el sistema de investigación y desarrollo a esa tendencia.

Según datos oficiales citados por EFE, en Cuba funcionan más de 16,000 empresas privadas. Expertos independientes consultados por la agencia señalaron que estos negocios se consolidaron como un eslabón necesario dentro de la economía nacional ante la crisis que atraviesa el país.

La norma plantea que las formas de gestión no estatal tendrán acceso, en condiciones equiparables a las instituciones públicas, a programas de formación y vías de financiación vinculadas con la actividad científica. El alcance efectivo de esos mecanismos dependerá de la reglamentación y de los recursos que se asignen para su ejecución.

La publicación de la nueva ley ocurre en medio de una crisis energética y de servicios públicos que afecta a millones de cubanos y que dificulta el desarrollo de actividades básicas de las empresas, instituciones y de la población en general.

El Ministerio de Ciencia se integrará a Educación Superior

La entrada en vigor de la ley coincide con la aplicación de otra disposición que reduce la estructura del régimen para adaptarla a la crisis económica. Como parte de ese proceso, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se integrará al Ministerio de Educación Superior.

Las autoridades del sector sostuvieron que la reorganización institucional no afectará la puesta en marcha de la nueva legislación. Cánovas afirmó que la reducción de la estructura ministerial “no es un obstáculo para la implementación de la nueva ley”.

La disolución gradual del organismo se realizará en un plazo de entre seis meses y un año. Durante ese período, el régimen deberá definir cómo quedarán distribuidas las funciones vinculadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación de los nuevos mecanismos de financiamiento para las empresas de base tecnológica.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que la política de Washington hacia Cuba apunta a ampliar las libertades políticas y económicas de la población y afirmó que la situación de la isla representa una cuestión de seguridad nacional para su país. El funcionario también acusó al régimen cubano de sostener un modelo basado en el control de los ciudadanos y cuestionó el manejo de recursos por parte del conglomerado militar GAESA.

Durante un intercambio con periodistas en Washington, Rubio fue consultado sobre la posibilidad de que existan movimientos internos organizados para desplazar al régimen comunista de la isla. El secretario de Estado evitó referirse a posibles contactos entre ciudadanos cubanos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), después de que le mencionaran sobre el llamado previo a comunicarse con ese organismo.

“No se los diría si obtuviera un resultado de la CIA”, respondió Rubio. “Porque entonces a esas personas no les iría muy bien”.

El funcionario planteó que el problema central de la isla, desde su perspectiva, reside en que el régimen cubano evita otorgar libertades económicas por temor a perder el control político. Según dijo, las autoridades permiten un nivel limitado de actividad privada y comercial, aunque sin habilitar condiciones que reduzcan la dependencia de la población respecto de las estructuras estatales.

Rubio cuestionó la dependencia económica de los ciudadanos respecto del régimen cubano

“Este es el problema con Cuba”, expresó Rubio. “El régimen allí tiene miedo de dar a su gente cualquier tipo de libertad, económica o de otro tipo, porque les gusta controlarla”.

El secretario de Estado describió un sistema que, según su análisis, busca sostener una economía con recursos mínimos para evitar un deterioro mayor, aunque sin abrir espacios de autonomía para los ciudadanos. “No les importa que la gente no tenga mucho; solo quieren asegurarse de que, sea lo que sea que tenga la gente, dependan de ellos al 100% para ello”, afirmó.

Rubio consideró que esa fórmula no ofrece una salida económica para el país y la vinculó con la salida masiva de cubanos en las últimas décadas. “Lo único a lo que ha conducido es a que millones de personas abandonen el país de Cuba, entre ellas muchas hacia Estados Unidos”, señaló.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que esa situación tiene consecuencias para Washington. Aseguró que la inestabilidad y el “Estado fallido” que, según sostuvo, se formó en la isla constituyen “una amenaza para la seguridad nacional y el interés nacional de Estados Unidos”.

Estados Unidos condiciona un posible cambio en el embargo a avances políticos

Rubio explicó que la administración estadounidense concentra sus esfuerzos en promover cambios que permitan a los cubanos obtener mayores márgenes de autonomía. Mencionó tanto la libertad política como la posibilidad de desarrollar actividades económicas sin depender de las autoridades.

“Queremos que el pueblo de Cuba tenga lo que prácticamente la gente de prácticamente todos los países del hemisferio occidental tiene”, dijo. “La capacidad de salir y ganarse la vida sin depender del régimen para que se la proporcione”.

También recordó que el embargo estadounidense sobre la isla está establecido por ley. De acuerdo con Rubio, cualquier levantamiento de esas restricciones requiere cambios políticos en Cuba. “Nuestro embargo sobre Cuba está codificado por ley y requiere libertad política para poder levantarlo”, afirmó.

Las sanciones y el embargo han sido durante décadas uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y La Habana. El régimen cubano responsabiliza a esas medidas por parte de las dificultades económicas del país, mientras que Estados Unidos sostiene que las restricciones buscan presionar por reformas políticas y por el respeto de los derechos humanos.

Rubio acusó a GAESA de apropiarse de recursos de la población cubana

En otro tramo de sus declaraciones, Rubio cuestionó a GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas del régimen de Cuba. El funcionario aseguró que existen integrantes del régimen cubano con recursos depositados en cuentas bancarias en distintos países.

“Hay personas dentro de ese régimen que tienen millones y millones de dólares ocultos en cuentas bancarias por todo el mundo”, afirmó. Luego sostuvo que GAESA se apropió de recursos que, según dijo, pertenecen a la población cubana.

El secretario de Estado no presentó durante ese intercambio con los periodistas documentación específica que respaldara esas acusaciones, aunque aseguró que se trata de una situación “bien documentada”. También indicó que Estados Unidos mantendrá el foco en las acciones destinadas a presionar por cambios en la isla.

“En última instancia nuestro objetivo es que Cuba tenga un futuro mejor”, sostuvo Rubio. “Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a encaminarla hacia esa senda”.

El funcionario señaló que los cambios dependerán de decisiones internas. “Será necesario que despierten y se den cuenta de que no hay futuro en el camino por el que van ahora mismo”, afirmó.

Las calles de La Habana amanecen bloqueadas por montañas de residuos y ni los barrios más emblemáticos escapan al colapso.

A metros del Centro Cultural Dulce María Loynaz, en pleno Vedado, un basurero de hasta un metro y medio de altura y aguas albañales desbordadas invaden la cuadra sin que el régimen cubano actúe, según documentó CiberCuba el 6 de noviembre.

La escena se repite frente al Hospital Pediátrico Universitario William Soler, en el municipio de Boyeros, donde los desechos ocupan parte de la vía y de un canal de drenaje.

“El tema de los desechos sólidos en La Habana, y en Cuba en general, es algo que ya está fuera de control”, afirmó el activista y creador digital Radimir Galán a Radio y Televisión Martí, emisora estadounidense de alcance a Cuba.

Los ciclos de recogida se alargan por falta de combustible

Los camiones recolectores no cubren el volumen diario de residuos por averías mecánicas y escasez de diésel, lo que extiende los ciclos de recogida y deja calles cerradas durante semanas, según el testimonio de vecinos y activistas recogido por distintos medios.

“Los ciclos de recogida se han alargado notablemente. Hay calles cerradas por la basura por falta de combustible, por falta de recogida”, dijo Galán al mismo medio.

A inicios de este año, solo 44 de un centenar de camiones de recogida funcionaban en una ciudad que produce unos 30.000 metros cúbicos de desechos sólidos cada día, una cifra que el activista usó para ilustrar ante Martí Noticias la magnitud del problema.

“La basura es otro enemigo más que tiene el sistema. Creo que es imposible ganarle y, a medida que pase el tiempo, va a empeorar”, declaró Galán.

Ya en 2023, el régimen había admitido que menos del 40% de los equipos de recogida de la capital estaban operativos, sin precisar cuántos contenedores necesitaba la ciudad.

Los equipos pesados rompen aceras y parques

El deterioro no se limita a los desechos acumulados. “Otro tema es que los equipos pesados diseñados para la construcción, está rompiendo las aceras y los parques”, comentó el activista a Radio y Televisión Martí.

Las Fuerzas Armadas también participan del operativo, aunque sin regularidad.

“La utilización de equipos de las Fuerzas Armadas con reclutas del Servicio Militar Obligatorio” se activa, según Galán, “cada vez que hay un evento importante y quieren que la ciudad esté menos sucia”, pero no como un servicio sostenido.

Un plan de 49 medidas que no revirtió la crisis

En febrero de este año, las autoridades anunciaron 49 medidas para atender el problema, pero las denuncias vecinales sobre montículos de basura continuaron durante los meses siguientes en Boyeros, Centro Habana, Luyanó, San Miguel del Padrón y La Habana Vieja, precisó CiberCuba.

Desde julio, un proyecto con capital privado llamado El Rampeño usa triciclos eléctricos para recoger basura, aunque solo en algunos barrios, particularmente en el Vedado. El servicio cobra 100 pesos cubanos a viviendas, restaurantes particulares, tiendas, mercados y hoteles.

En octubre, la propia prensa oficialista pidió expandir el protagonismo de los negocios privados en la recogida de desechos y que los vecinos de cada barrio paguen esa misma tarifa cada vez que se retire la basura.

En septiembre, el régimen mostró 20 camiones con aire acondicionado y otros equipos de origen chino, capaces de cargar hasta diez toneladas de desechos, aunque reconoció que no se trataba de “la solución definitiva”.

La crisis eléctrica agrava el panorama sanitario

La escasez de combustible que frena a los camiones recolectores forma parte de un colapso energético más amplio. Este fin de semana, la Unión Eléctrica cubana pronosticó una disponibilidad de apenas 1.070 megavatios frente a una demanda de 2.830 megavatios, lo que cubre el 38% de las necesidades del país, informó CiberCuba.

Algunos circuitos de La Habana acumularon más de 52 horas consecutivas sin electricidad a comienzos de noviembre, según el mismo medio, que atribuyó la situación a termoeléctricas con más de 40 años de operación y a la falta de repuestos por escasez de divisas.

Un reportaje de NPR describió este fin de semana a la capital cubana sumida en la oscuridad, con calles desiertas y el Capitolio sin iluminación.

“Es un poco sorprendente cuánta vida le da la luz a una ciudad, y esto se siente como una película de zombis”, dijo el corresponsal Eyder Peralta en el programa All Things Considered, según recogió CiberCuba.

La acumulación de agua estancada entre los desechos, propicia para la reproducción del mosquito transmisor del dengue, se suma a las urgencias saturadas y la escasez de medicamentos que enfrenta el Hospital William Soler.

La Habana celebra 507 años en medio del deterioro

Desde el año pasado, las autoridades calificaron “la higienización de La Habana” como una prioridad. Cuando la ciudad cumple 507 años de fundada este 16 de noviembre, la basura que colapsa sus calles muestra que ese anuncio quedó en una promesa incumplida.

El contraste resulta evidente: mientras la capital prepara conciertos, reaperturas de museos y la tradicional vuelta a la ceiba por su aniversario, sus vecinos conviven con edificaciones destruidas, desabastecimiento de agua y desechos sin recoger, según documentó Diario de Cuba este 9 de noviembre.

Las armas de fuego que, según denuncias recogidas por Cubalex, se usan para negociar beneficios penitenciarios pueden costar entre 130 mil y 180 mil pesos cubanos en el mercado ilegal. El informe sostiene que ese valor deja el mecanismo fuera del alcance de muchas familias de reclusos.

La organización compara esos precios con un salario medio cercano a 6,500 pesos. Según la investigación, la diferencia económica obliga a algunos allegados a vender bienes o asumir riesgos legales para procurar una reducción de condena, un traslado o un cambio de régimen para la persona encarcelada.

El informe de Cubalex describe un presunto esquema en el que familiares de presos compran armas en el mercado clandestino y las entregan a funcionarios a cambio de beneficios penitenciarios. La organización advierte que esas operaciones pueden exponerlos a detenciones, procesos penales y pérdidas económicas, sin garantías de que las autoridades cumplan los acuerdos.

El precio de un arma puede superar varios salarios mensuales

La investigación señala que, entre 2015 y 2020, el valor de una pistola oscilaba entre USD 300 y USD 800. Tras el ordenamiento monetario, las cifras reportadas cambiaron y pasaron a expresarse en pesos cubanos.

Cubalex indica que el dólar fluctúa, al momento de la publicación, entre 300 y 400 pesos cubanos. Bajo ese cálculo, la compra de un arma supone para muchas familias una suma equivalente a numerosos meses de ingresos.

Eliober Sosa, ex reeducador penitenciario entrevistado para el reporte, dijo que existen familiares que “han vendido la casa, un carro” para buscar una salida anticipada de prisión para un hijo, un padre u otro allegado.

El informe recoge también el testimonio de Laritza Diversent, directora de Cubalex, sobre una madre que buscó asesoramiento porque valoraba comprar un arma para lograr la liberación de su hijo. La mujer ya había vendido el refrigerador y otros artículos de su vivienda.

Según la organización, los presos con mayores recursos o con vínculos previos dentro de entornos criminales tienen más posibilidades de participar en estos acuerdos. Esa desigualdad convertiría un beneficio sujeto a requisitos legales en una opción condicionada por la capacidad económica.

Los familiares enfrentarían riesgos al buscar armas en el mercado ilegal

La investigación sostiene que algunos reclusos que colaboran con las autoridades proporcionarían contactos de vendedores de armas a las familias interesadas. Esa situación llevaría a los allegados a relacionarse con personas vinculadas al comercio clandestino.

Un familiar consultado bajo anonimato afirmó que los acuerdos pueden involucrar a presos que actúan como intermediarios. El informe indica que la búsqueda de armas expone a las familias a riesgos financieros, personales y judiciales.

Julio Ferrer Tamayo, jurista y ex preso político, advirtió que las autoridades podrían usar la operación para detener a quienes consiguieron el arma. Según explicó a Cubalex, algunos familiares eran procesados por receptación después de que los agentes recuperaban la pieza.

Ferrer relató que, en esos casos, el perjuicio también alcanzaba al recluso. El familiar podía ser detenido y la promesa de un beneficio penitenciario quedaba sin efecto.

El informe menciona denuncias previas sobre la venta de armas en zonas periféricas de La Habana. Los testimonios recogidos por Cubalex indican que esos puntos de comercialización se mantendrían activos.

Los acuerdos podrían incluir libertad anticipada y traslados

La entrega de un arma puede derivar, de acuerdo con los testimonios, en el paso a un régimen de menor severidad, una reducción de la sanción, la libertad condicional, la licencia extrapenal o la libertad anticipada.

Algunos declarantes mencionaron también traslados a cárceles cercanas al lugar de residencia de la familia. Otros hablaron de cambios de establecimiento para alejar a un recluso de conflictos dentro del penal.

Juan Luis Bravo Rodríguez relató a Cubalex que algunos presos trasladados desde La Habana a Guantánamo lograban posteriormente nuevos beneficios luego de entregar armas. Según su versión, algunos recuperaban la libertad y permanecían en una provincia donde no eran conocidos.

Una presa política, cuya identidad fue preservada, habló de una reclusa condenada por delitos de drogas que negoció la entrega de un arma. El supuesto acuerdo buscaba que su pareja, también encarcelada, accediera a un régimen de mínima severidad.

El informe enfatiza que los beneficios no siempre se concretan. La falta de documentos, registros públicos o mecanismos de reclamación dejaría a los reclusos y sus familiares sin herramientas para exigir el cumplimiento de las promesas.

Cubalex cuestionó la legalidad del presunto mecanismo

La organización afirma que no encontró normas cubanas de acceso público que permitan canjear armas por beneficios penitenciarios. El informe señala que los derechos de los reclusos deben definirse según el tiempo de cumplimiento de la condena, la conducta y las condiciones previstas por la legislación.

Cubalex sostiene que el mecanismo descrito podría vulnerar disposiciones del Código Penal sobre la adquisición, tenencia, tráfico y facilitación ilícita de armas. También plantea posibles responsabilidades por corrupción, abuso de funciones, tráfico de influencias y encubrimiento.

La investigación menciona que el Decreto-Ley 74/2023 contempla rebajas de hasta 60 días por año, con otros 60 adicionales en circunstancias excepcionales. Los requisitos, según el documento, no incluyen la entrega de armas de fuego.

El reporte también cita criterios de la Ley de Ejecución Penal para acceder a la libertad condicional. Cubalex cuestiona que esas exigencias puedan ser reemplazadas por una negociación clandestina con funcionarios.

Para la organización, la práctica tiene consecuencias sobre las víctimas de delitos graves si personas condenadas por asesinato, violación o narcotráfico obtienen beneficios fuera de los procedimientos previstos. El informe advierte que esa situación puede afectar la seguridad ciudadana y las garantías de reparación.

La investigación plantea un posible circuito de corrupción

Cubalex recoge dos interpretaciones sobre la finalidad de la recogida de armas. Una apunta a la pretensión de retirar armamento de las calles y reducir la delincuencia.

La otra hipótesis, expuesta por entrevistados y por la directora de la organización, plantea la posible existencia de un negocio circular. Bajo esa lectura, las armas recuperadas sin controles transparentes podrían volver a circuitos ilegales mediante personas vinculadas con las autoridades.

Diversent cuestionó que se ofrezcan beneficios penitenciarios si los funcionarios conocen dónde operan vendedores de armas. “Sencillamente irían a esos lugares y las recuperarían”, afirmó al referirse a la capacidad de la policía para realizar registros.

El informe menciona una sentencia emitida en octubre de 2024 por el Tribunal Militar Región Habana contra un primer suboficial acusado de sustraer seis pistolas Makarov de su unidad. Otros cuatro ciudadanos recibieron condenas por participar en la compra y reventa de esas armas.

Hasta la fecha del informe, las autoridades cubanas no habían emitido una declaración pública para reconocer o desmentir la práctica denunciada. Cubalex presentó su investigación como una aproximación inicial que requiere una documentación más amplia sobre sus alcances y consecuencias.

El intercambio de armas por beneficios penitenciarios habría funcionado durante más de tres décadas en las cárceles de Cuba, según un informe de Cubalex.

La organización reunió testimonios sobre presuntos acuerdos en los que reclusos y familiares entregan armas de fuego para obtener rebajas de condena, traslados o cambios de régimen.

La investigación cita el caso de 12 presos comunes con sanciones elevadas que habrían pasado de la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, a campamentos de menor severidad. Una fuente interna proporcionó sus nombres a la organización en diciembre de 2024.

Según el informe, los acuerdos de ese grupo se realizaron directamente con el teniente coronel Graisel La Rosa González, jefe del entonces Departamento Técnico Investigativo en ese penal. El reporte no presenta ese caso como una medición nacional, sino como parte de la evidencia recabada.

El mecanismo descrito por Cubalex consiste en que los familiares consiguen armas en el mercado ilegal y las entregan a funcionarios. A cambio, esperan que la persona privada de libertad reciba una modificación de su situación penitenciaria, aun cuando el beneficio no le corresponda por el tiempo de condena o las reglas vigentes.

Los testimonios describen una práctica en 13 prisiones y campamentos

La investigación se basó en las declaraciones de ocho ex prisioneros, un familiar y un antiguo reeducador penitenciario. Los relatos abarcan 13 prisiones y campamentos de trabajo forzado distribuidos en seis provincias.

Los entrevistados coincidieron en que el procedimiento podría tener alcance nacional. También señalaron que su conocimiento se transmite de forma oral entre la población penal y que la práctica se mantiene como un asunto conocido dentro de muchas cárceles.

Cubalex aclaró que el material reunido no permite establecer cuántos reclusos han accedido a estos acuerdos. El informe expone testimonios y antecedentes que, según la organización, muestran un patrón sostenido en el tiempo.

Las declaraciones recogidas atribuyen participación o conocimiento del proceso a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, al Departamento Técnico Investigativo, que posteriormente pasó a denominarse Policía Técnica Investigativa, y en ciertos casos a fiscales.

El jurista y ex preso político Julio Ferrer Tamayo situó el comienzo de la práctica entre finales de 1992 y principios de 1993. Relacionó ese período con el robo de un contenedor de pistolas Makarov en La Habana.

Esas armas eran reglamentarias para el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El informe indica que, tras el robo, parte de ese armamento habría circulado en el mercado informal.

Eliober Sosa, ex reeducador penitenciario que trabajó en centros de Granma entre 1992 y 1999, ubicó el surgimiento de estos procedimientos alrededor de 1993 y 1994. Según dijo a la organización, los agentes del DTI comenzaron a intervenir en las prisiones con el objetivo de esclarecer delitos y localizar armas extraviadas.

Sosa afirmó que el trabajo de esos funcionarios afectaba las decisiones sobre los expedientes penitenciarios. “Lo que le interesa es el arma”, declaró al referirse al criterio que, según su testimonio, guiaba la concesión de determinados beneficios.

Los beneficios regulados por ley pasarían a una negociación clandestina

La progresión a un régimen de menor severidad, la reducción de sanciones, la libertad condicional, la licencia extrapenal y los traslados son beneficios previstos en la normativa penitenciaria cubana. La ley los vincula al tiempo cumplido, la conducta y otras condiciones establecidas para cada caso.

El informe sostiene que, en los acuerdos denunciados, esos requisitos podían quedar relegados frente a la entrega de un arma. De esa manera, una facultad regulada por la legislación se transformaría en una negociación informal entre reclusos, familiares y funcionarios.

Algunos familiares consultados por la organización afirmaron que la denegación de beneficios se utiliza como presión. Esa negativa llevaría a ciertos presos a buscar contactos para conseguir armas que luego serían entregadas a autoridades vinculadas con la prisión.

Los testimonios señalan que la información circula mediante reclusos que colaboran con los funcionarios, conocidos como disciplinas. También mencionan el uso de agentes que se presentarían como presos para identificar a personas que pudieran conocer la existencia de armas fuera de los penales.

Cuando un recluso lograba un cambio de régimen o una rebaja después de entregar un arma, el resultado se difundía entre otros internos. Ese antecedente, según los declarantes, impulsaba a nuevos presos o familiares a solicitar una entrevista con agentes del DTI.

Un familiar entrevistado bajo anonimato indicó que los acuerdos no siempre se cumplen. La ausencia de documentos y la condición clandestina de las gestiones impedirían que los afectados presenten reclamos formales si la promesa de un beneficio queda sin efecto.

Las armas serían sometidas a revisiones de criminalística

El informe recoge una denuncia de 2020 realizada por Noel López González, entonces preso en el Combinado del Este. El recluso afirmó que algunos internos conseguían beneficios después de presentar fotografías de armas con el número de serie visible sobre un periódico de fecha reciente.

Según ese testimonio, los familiares también contrataban abogados para que se reunieran con oficiales del DTI. Antes de concretar el acuerdo, los funcionarios examinaban el arma para determinar si se había utilizado en la comisión de un delito.

Los entrevistados indicaron que algunas armas eran llevadas a laboratorios de criminalística. Una presa política consultada bajo reserva relató que una reclusa beneficiada le dijo que su familiar tuvo que entregar la pieza para comprobar si guardaba relación con un hecho de sangre sin resolver.

Tres declarantes sostuvieron que las autoridades no concedían el beneficio si el arma estaba vinculada con un asesinato. En esos casos, según sus relatos, se exigían datos sobre la procedencia de la pieza y sobre la persona que la había vendido.

Juan Luis Bravo Rodríguez describió esa situación a Cubalex: “Si esta arma, por casualidad, tiene coincidencia con algún asesinato no resuelto, entonces esa persona tiene que hablar quién se la vendió, dónde la compró”.

Sosa ofreció otra explicación sobre la finalidad del procedimiento. El ex reeducador afirmó ante la organización que el interés principal era recuperar el arma y utilizar cualquier información disponible para esclarecer delitos.

El informe señala que los testimonios mencionan, de manera reiterada, la búsqueda de pistolas Makarov extraviadas de organismos estatales. De todos modos, la investigación indica que los acuerdos abarcarían distintos tipos de armas de fuego y excluirían las de fabricación casera elaboradas con inyectores.

Huelgas de hambre en Cuba han quedado asociadas a un sistema penitenciario en el que la protesta puede derivar en aislamiento, pérdida de comunicaciones y alimentación forzada. La organización Cubalex registró en su informe “Huelga de Hambre en Cuba: Causas y Responsabilidad Estatal”, 122 muertes en establecimientos de reclusión entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de agosto de 2026.

Del total documentado, 87 fallecimientos estuvieron relacionados con la falta de atención médica o con negligencias. El registro incluyó siete casos identificados durante julio y agosto de 2026, todos vinculados a la omisión de asistencia bajo custodia estatal.

La huelga de hambre es una negativa voluntaria a ingerir alimentos y, en algunos casos, líquidos para reclamar una demanda legal, política o personal. Cubalex sostiene que, en Cuba, este recurso aparece cuando las personas detenidas consideran que los canales judiciales no revisan sus denuncias ni ofrecen respuestas frente a condenas, malos tratos o problemas de salud.

La protesta surge ante recursos judiciales que no corrigen las denuncias

Para la organización, una muerte de una persona que protestaba mediante el hambre no puede atribuirse de forma automática al suicidio.

El argumento se basa en que el Estado conserva el control sobre la alimentación, el agua, los medicamentos, la asistencia sanitaria, las visitas familiares y el acceso a la defensa legal de quienes permanecen bajo su custodia.

El informe diferencia la huelga de hambre del ayuno y de la vigilia. El ayuno suele ser breve y programado, mientras que la vigilia implica permanecer despierto como forma de oración, reflexión o protesta pública.

Las Damas de Blanco han convocado jornadas de oración y ayuno para denunciar la represión y exigir la liberación de presos políticos. El 9 de marzo de 2026, una veintena de estudiantes realizó una vigilia en la escalinata de la Universidad de La Habana por los apagones, la falta de conectividad y la reducción de clases presenciales.

La protesta por privación de alimentos tiene antecedentes internacionales entre las sufragistas británicas, Mahatma Gandhi y los prisioneros republicanos irlandeses. En la historia cubana, Cubalex menciona la huelga iniciada por Julio Antonio Mella en 1925 durante la dictadura de Gerardo Machado.

La organización sitúa el origen actual de estas protestas en la falta de eficacia de las vías legales previstas por la normativa. Entre ellas figuran las apelaciones, los recursos de casación, las revisiones, las quejas ante la Fiscalía y las solicitudes vinculadas con la ejecución de penas.

Según el análisis, esos mecanismos no garantizan una revisión independiente ni reparan los abusos denunciados, sobre todo en procesos que las personas afectadas consideran motivados por razones políticas.

El caso de Carlos Alberto Macdonald Ennis fue incluido como ejemplo de prisión provisional prolongada. Permanece detenido desde marzo de 2024 sin acusación fiscal, juicio ni información definida sobre los hechos que se le imputan.

Un recurso de hábeas corpus fue rechazado sin que el tribunal examinara las irregularidades denunciadas en torno a su arresto. La investigación también vincula las huelgas con traslados alejados de los familiares, restricciones de comunicación y castigos internos.

La atención médica queda bajo control de la administración penitenciaria

Las cárceles cubanas han registrado brotes de sarna, tuberculosis, dengue y COVID-19, de acuerdo con la documentación reunida por Cubalex. El informe también describe escasez de medicamentos, hacinamiento, problemas de higiene y dificultades para acceder a agua potable.

Las autoridades penitenciarias controlan los diagnósticos, los tratamientos, los traslados a hospitales, los expedientes clínicos y el contacto de los detenidos con sus familias. Esa estructura puede colocar a una persona enferma en una situación de dependencia completa frente a quienes administran su encierro.

Algunos presos iniciaron huelgas de hambre para pedir un traslado a un hospital civil o para acceder a medicamentos. La organización advierte que la denegación de atención como castigo o presión puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, e incluso tortura.

Las protestas también están vinculadas con la negativa a conceder libertad condicional, licencia extrapenal o el paso a regímenes de menor severidad. La Ley de Ejecución Penal contempla esas alternativas, aunque el informe afirma que su aplicación puede quedar condicionada a muestras de arrepentimiento o sumisión ideológica.

Ángel Jesús Véliz Marcano comenzó una huelga en la prisión Kilo 9 de Camagüey para reclamar el cambio al régimen de mínima severidad y la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Rolando Yusef Pérez Morera realizó una protesta por la negativa a otorgarle beneficios de ese tipo.

Las golpizas, amenazas, retiro de medicamentos, suspensión de visitas, confiscación de pertenencias y traslados punitivos figuran entre los hechos que pueden preceder una huelga. También aparece el confinamiento en celdas de castigo.

Las Reglas Nelson Mandela consideran que el aislamiento por más de 15 días consecutivos puede constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El documento cuestiona que esta medida pueda aplicarse a personas que protestan por sus condiciones de detención.

La legislación no protege de forma expresa a quienes protestan

La Ley No. 152/2022 de Ejecución Penal no reconoce de manera explícita la huelga de hambre como un derecho o una forma legítima de protesta. La norma tampoco la describe específicamente como infracción disciplinaria.

La administración penitenciaria, dependiente del Ministerio del Interior, conserva facultades para responder ante conductas que considere indisciplinadas. Esa potestad puede derivar en sanciones contra quienes reclaman desde el encierro.

El Decreto-Ley 74/2023 permite restringir visitas, productos, artículos y otros beneficios. También prevé el internamiento en celda, el aislamiento provisional y la regresión hacia regímenes de mayor rigor.

Aunque la normativa reconoce el derecho de los reclusos a presentar quejas, peticiones y denuncias, la revisión de las sanciones permanece principalmente dentro de la estructura administrativa. Para Cubalex, esta situación permite que una vía de reclamo termine convertida en otro motivo de castigo.

El Reglamento del Sistema Penitenciario conocido fue aprobado por la Orden No. 7/2016 del Ministerio del Interior. Esa regulación establece infracciones graves, menos graves y leves, aunque la investigación señaló que no existe certeza sobre su vigencia.

La organización indicó que hay referencias a una posible Orden No. 7/23, pero no localizó una versión pública en la Gaceta Oficial ni en repositorios jurídicos de acceso abierto.

Los servicios médicos penitenciarios también dependen del Ministerio del Interior. La Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial exige respetar la autonomía de las personas en huelga de hambre y prohíbe la alimentación forzada cuando conservan capacidad para tomar decisiones.

La regulación permite que los médicos informen sobre el estado de salud de una persona aislada y propongan la suspensión de la medida. La decisión final, no obstante, queda en manos del jefe del establecimiento.

Las protestas pueden trasladarse de la cárcel a viviendas y hospitales

Las huelgas de hambre pueden comenzar en prisiones, estaciones policiales, unidades de instrucción, viviendas de activistas u hospitales. El lugar modifica las condiciones de vigilancia, aunque la respuesta estatal suele encuadrarse en criterios de seguridad, disciplina, salud o protección.

Dentro de una prisión, las personas dependen de las autoridades para recibir visitas, realizar llamadas y obtener atención sanitaria. En una estación policial, la protesta puede buscar denunciar una detención arbitraria, evitar la incomunicación o reclamar la intervención de la Fiscalía.

Las huelgas iniciadas en viviendas cuentan con mayor exposición pública. También pueden provocar vigilancia policial, cortes de internet, cercos, detenciones de personas solidarias y acusaciones de desorden público, desacato o instigación.

El 26 de noviembre de 2020, las fuerzas estatales irrumpieron en la sede del Movimiento San Isidro. Más de una decena de personas fueron detenidas, incluidas cinco que mantenían una huelga de hambre, y luego fueron trasladadas a una estación policial.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue retirado de su vivienda el 2 de mayo de 2021 después de más de ocho días de protesta y llevado al Hospital Calixto García. Cuatro días más tarde, una sala del Tribunal Provincial Popular de La Habana rechazó un hábeas corpus.

El tribunal consideró que Otero Alcántara no estaba detenido ni sometido a un proceso penal. La resolución sostuvo que permanecía ingresado con el diagnóstico de “inanición voluntaria”.

El Comité contra la Tortura ya había advertido en 2012 sobre muertes bajo detención, falta de información sobre sus causas y la necesidad de investigar la atención recibida por las personas en huelga. Diez años después, el organismo reiteró sus preocupaciones por las deficiencias sanitarias, la malnutrición, la escasez de agua y medicamentos, el aislamiento prolongado y los malos tratos.

La Dirección de Control de la Legalidad de los Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía General de la República tiene el mandato de supervisar cárceles, tramitar denuncias y exigir la restitución de derechos vulnerados. El informe sostiene que, en los casos analizados, las denuncias contra guardias fueron archivadas, sobreseídas o remitidas al fuero militar.

Las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM han suspendido sus operaciones hacia Cuba. La interrupción ha dejado mercaderías inmovilizadas fuera de la isla, y ha restringido el abastecimiento de negocios privados, lo que eleva la presión sobre una economía dependiente de productos importados, según IPS Cuba.

Más de 7,000 contenedores con destinos y contenidos diversos se encuentran varados en distintos países durante más de cinco meses. Entre las cargas se encuentran vehículos, ropa, equipos eléctricos y paneles solares adquiridos por comerciantes, emprendedores y personas que importan mercadería de manera informal.

Ángel Miranda, un cubano de 60 años que viaja hasta tres veces por año a Panamá para abastecer al sector privado e informal, describió la incertidumbre de quienes pagaron por productos que no han llegado.

“Hay personas con envíos que no llegan: vehículos, ropa, equipos eléctricos o paneles solares. No saben cuándo recuperarán la inversión, en lo que el dólar sube, o cómo llegará lo que compraron”, explicó a IPS Cuba.

Durante décadas, los llamados “mulas” conformaron una red de importadores que aprovechó la ampliación de los viajes desde Cuba hacia otros países y las posibilidades de enviar carga no acompañada. Esa vía abastecía tanto a actividades informales como a empresas privadas.

En septiembre, el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, informó que CMA CGM había reanudado algunas operaciones. Sin embargo, los viajes quedaron limitados al transporte de alimentos, medicamentos e insumos, con una frecuencia insuficiente para reducir la lista de espera.

Las rutas aéreas tampoco han podido compensar la falta de transporte marítimo. El Centro de Estudios de la Economía Cubana incluyó las dificultades para trasladar bienes importados entre los factores que impulsan la inflación.

Ernesto Vargas, de 30 años, trabajaba desde noviembre de 2025 como gestor de ventas para una empresa privada mayorista que comercializaba cerca de cinco contenedores mensuales de harina. Según IPS Cuba, la operación se interrumpió de manera repentina y aún no se recuperó.

“La demanda aumentó, el problema es que no llegaban contenedores suficientes y casi toda la materia prima es importada”, señaló Vargas. La escasez de insumos redujo la oferta de alimentos y productos de consumo, elevó los precios y obligó a algunos negocios a detener sus actividades, como la panadería privada Pan de La Habana, que no tiene una fecha prevista de reapertura.

La retención de cargas también afectó a servicios básicos. Pérez-Oliva denunció que en julio había 3.5 millones de jeringuillas retenidas en puertos jamaicanos, además de piezas destinadas a equipos hídricos y al sistema energético.

Alimentos, combustible y dependencia comercial de Estados Unidos

La dependencia de las importaciones también alcanza a la alimentación. La oficina del Programa Mundial de Alimentos de Estados Unidos estimó que las compras externas cubren entre 70% y 80% de las necesidades alimentarias de la isla, después de décadas de atraso tecnológico, baja eficiencia productiva y dificultades para conservar los equipos existentes.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información registró que Cuba importó en 2024 más de USD 2 millones en productos alimenticios. Esa cifra crece desde 2020 y representa una cuarta parte de las mercancías que ingresan al país, en una proporción comparable a los combustibles y los equipos de transporte.

Tras la salida de las navieras internacionales, el comercio con Estados Unidos continuó y aumentó hasta USD 876 millones entre enero y agosto. El intercambio incluye alimentos, combustible, vehículos, equipos y sistemas energéticos para el sector privado cubano.

Mundo Marítimo, sitio especializado en comercio naval, indicó que los envíos entre ambos países pasaron de operaciones esporádicas, principalmente de alimentos, a 326,587 toneladas métricas distribuidas en más de 200 itinerarios hasta agosto.

El volumen fue 60% superior al de 2025 y superó el total registrado durante 2024, aunque todavía no cubre la demanda de la isla.

La economista Isabella Rebolledo advirtió que la llegada de bienes estadounidenses contrasta con el deterioro de la producción interna y convierte a Estados Unidos en un proveedor cada vez más relevante para el funcionamiento cotidiano de Cuba.

“Hoy, en noviembre de 2026, venden un medicamento que vence dentro de dos meses, en enero de 2027”, escribió la habanera Juliette Fernández Estrada después de comprar un aerosol de salbutamol para tratar el asma.

La publicación, difundida por CiberCuba, incluyó imágenes de la caja del producto elaborado por la Empresa Laboratorios MedSol, con sede en Boyeros, La Habana. El envase pertenece al lote 675025 y consigna enero de 2027 como fecha de caducidad.

Fernández Estrada afirmó que no había conseguido el inhalador durante un año y dos meses debido a la falta sostenida del medicamento en la farmacia de su barrio.

El salbutamol volvió a la farmacia tras un año y dos meses de faltante

“Después de muchos meses, ‘vinieron’ algunos medicamentos a la farmacia de mi barrio. Y después de un año y dos meses en que se mantuvo constantemente en falta, pude comprar el espray de salbutamol que necesito para el asma”, escribió la paciente en Facebook.

La habanera cuestionó que el producto estuviera disponible con un período de uso cercano a dos meses. En su mensaje, vinculó esa situación con los problemas de abastecimiento estatal.

“El insufrible Estado cubano, después de faltar a su deber durante mucho tiempo, vende medicinas a punto de vencerse o francamente vencidas”, sostuvo Fernández Estrada.

El salbutamol es un broncodilatador utilizado por personas con asma.

En Bayamo ofrecieron medicamentos que vencían el 30 de septiembre

La situación se suma a otra denuncia registrada en septiembre en Bayamo, Granma. Una farmacia estatal ofrecía paracetamol y azitromicina cuya fecha de vencimiento era el 30 de septiembre.

La publicación sobre aquel caso se realizó el 11 de septiembre. Los productos tenían menos de tres semanas de vida útil al momento de la denuncia.

CiberCuba relacionó ambos episodios con la administración de las existencias de medicamentos. Según el medio, algunos productos habrían permanecido en reservas estatales mientras las farmacias notificaban desabastecimiento y luego habrían llegado a los mostradores cerca de su fecha de caducidad.

Las denuncias por falta de aerosoles se registraron en otras localidades

El aerosol de salbutamol figura desde hace años entre los medicamentos de acceso limitado en Cuba. En mayo de 2026, habitantes de Güines, en Mayabeque, denunciaron que las farmacias locales no tenían unidades disponibles.

Un mes después, una madre relató que debía llevar a su hijo asmático al hospital por la falta de aerosoles para continuar el tratamiento en su hogar.

La publicación de Fernández Estrada se incorporó a esos casos.

Reconocen una disponibilidad reducida del cuadro básico

La falta de medicamentos alcanzó niveles reconocidos por las propias autoridades cubanas durante 2026. En abril, faltaban 461 de los 651 medicamentos incluidos en el cuadro básico nacional.

En agosto, el dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que solo estaba disponible alrededor del 30% del cuadro básico.

En Ciego de Ávila, las autoridades informaron que las farmacias contaban con 60 de los 603 medicamentos incluidos en el cuadro básico provincial. Esa disponibilidad representaba cerca del 10% de la lista local.

El grupo farmacéutico estatal BioCubaFarma comunicó en junio que no había producido aproximadamente 300 de los 395 medicamentos que debía entregar al sistema de salud.

La empresa atribuyó la situación a una brecha de financiamiento superior a USD 250 millones para adquirir materias primas.

El canciller Bruno Rodríguez añadió que la falta de combustible impedía distribuir cerca del 50% de los medicamentos que sí se producían dentro del país.

Las redes solidarias distribuyen medicamentos donados en La Habana

Ante las dificultades de abastecimiento estatal, surgieron en La Habana redes solidarias dedicadas a redistribuir gratuitamente medicamentos donados. Estas iniciativas buscan atender necesidades que las farmacias públicas no cubren de forma regular.

En julio, el Gobierno aprobó el Decreto 160/2026, que permite a entidades privadas administrar farmacias.

A comienzos de octubre, ninguna de esas farmacias operaba con una licencia definitiva. La norma mantiene bajo control estatal las importaciones de medicamentos.

La economía cubana comenzó a operar “a dos velocidades”: las empresas estatales sostienen un declive, mientras varias actividades privadas muestran una expansión acelerada, explicó el economista Pavel Vidal en un análisis reseñado por 14ymedio.

Las reformas económicas aprobadas este año habilitaron a las micro, pequeñas y medianas empresas a superar los 100 trabajadores, participar como socias en más de una compañía, ampliar sus establecimientos y diversificar sus actividades.

Esos cambios permiten negocios de mayor escala, pero el crecimiento privado no alcanza para recuperar la capacidad productiva del país. La concentración de las actividades en el comercio, las restricciones derivadas de las sanciones internacionales y el desplome del turismo limitan su impacto sobre la generación de bienes y divisas.

Las nuevas formas de cooperación entre ambos sectores incluyen convocatorias de octubre para arrendar o licitar establecimientos estatales. Las empresas privadas pueden aportar recursos y asumir actividades comerciales sobre esos activos.

La participación de compañías privadas como proveedoras de combustible también muestra una relación más estrecha con el abastecimiento empresarial. Esa conexión amplía la necesidad de divisas para adquirir combustibles, paneles solares, equipos e insumos, además de los dólares destinados tradicionalmente a importar bienes de consumo, según 14ymedio.

De acuerdo con la publicación, una parte de esas compras podría financiarse con pesos acumulados durante años en cuentas corrientes empresariales. Esa liquidez provendría de déficits fiscales, subsidios a empresas estatales y la monetización de esos desequilibrios.

El traslado de esos recursos hacia el mercado informal agregaría poder de compra sobre una oferta de divisas limitada. Aunque las estadísticas no permiten medir todavía el alcance del fenómeno, el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) considera que puede ayudar a explicar la aceleración de la caída del peso durante las últimas semanas.

Menos oferta de dólares y presión sobre los precios

La demanda diaria de dólares en los espacios virtuales monitoreados alcanzó en octubre un promedio de USD 61,000. La cifra fue 15% inferior a los USD 71,700 registrados en la segunda mitad de septiembre, aunque permaneció 27% por encima de los niveles de agosto.

La oferta no acompañó el aumento de las cotizaciones. Los montos anunciados para la venta cayeron cerca de 25% entre la primera y la segunda quincena de octubre, un retroceso que agravó el desequilibrio entre compradores y vendedores.

La depreciación encarece las importaciones y la reposición de inventarios, con efectos directos sobre el costo de vida. En septiembre, la variación interanual del índice general de precios fue de 28.44%, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron un aumento de 42.66%.

Los precios subieron casi 25% desde enero, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), mientras el peso se depreció 39% frente al dólar. El economista estadounidense Steve Hanke, que calcula la inflación a partir del tipo de cambio informal, ubicó a Cuba como la quinta economía más inflacionaria del mundo, con una tasa anual de 84%.

El proyecto de Índice de Precios al Consumidor de Alimentos de El Toque, todavía en fase de prueba, detectó un cambio de ritmo desde agosto. El indicador registró un salto ese mes y aumentos cercanos al 10% mensual en septiembre y octubre; el incremento acumulado desde diciembre de 2025 se aproxima al 90%.

Los pronósticos del OMFi quedaron por debajo de la cotización final del dólar durante dos meses consecutivos, incluso respecto de su límite superior. Vidal atribuyó parte de ese desajuste a que los modelos aún no incorporan plenamente los cambios en las fuentes de liquidez ni en los agentes que demandan divisas.

En un video publicado en redes sociales, Legna Sabón contó que comenzó a practicar gimnasia rítmica cuando tenía cinco años y que a los 11 ya integraba una selección nacional cubana. Durante su etapa como atleta, aseguró haber obtenido más de 50 medallas en competencias panamericanas y centroamericanas.

Su relato, sin embargo, se detiene lejos de los podios. “Detrás de los podios había una realidad muy dura”, sostuvo al recordar los años de exigencia y competencia que atravesó antes de tomar la decisión de abandonar la actividad deportiva.

A los 20 años pidió su salida del deporte cubano

Sabón afirmó que, a los 20 años, solicitó la baja deportiva porque no estaba dispuesta a aceptar malos tratos ni humillaciones. Según su versión, las autoridades deportivas le otorgaron la baja bajo la figura de “indisciplina”.

“Ahí entendí que para ellos yo solo era un número”, expresó la exatleta, quien presentó esa decisión como el punto de quiebre de una vida que hasta entonces había transcurrido dentro de la estructura deportiva estatal de Cuba.

La salida del deporte la dejó, según contó, sin una carrera profesional consolidada fuera del entrenamiento de alto rendimiento. “Sin carrera deportiva y desde cero tuve que reinventarme”, dijo.

La danza y el circo como salida tras la ruptura

Tras dejar la gimnasia, Sabón aprendió baile y artes circenses. Esa formación se convirtió en una alternativa laboral y, poco después, en la herramienta que utilizó para salir de la isla.

La exgimnasta aseguró que dejó en Cuba a sus padres, a su pareja y a su entorno cercano para emigrar a España en busca de otras oportunidades. El traslado supuso una ruptura personal y profesional: pasó de representar a su país en competencias a buscar empleos que le permitieran sostenerse en un territorio desconocido.

“Me tocó adaptarme a lo que viniera”, afirmó. Entre los trabajos que enumeró figura el cuidado de personas mayores, una ocupación que alternó con presentaciones y actividades vinculadas al espectáculo.

También relató que recorrió la península ibérica junto a un circo. La experiencia le permitió mantenerse ligada a las capacidades físicas que había adquirido desde la infancia, aunque en un escenario distinto al de las competencias oficiales y con una vida marcada por los desplazamientos constantes.

De las competencias nacionales a entrenar gimnastas en Gran Canaria

Años después de su llegada a España, Sabón dijo que reside en Gran Canaria, donde trabaja como entrenadora de futuras gimnastas, profesora de flexibilidad y artista de circo.

El recorrido que describe parte de una vida organizada alrededor del maillot, las rutinas y la representación nacional, y termina en un proyecto profesional propio que reúne las disciplinas que aprendió tras dejar Cuba. “Vivo de lo que amo”, señaló.

Su experiencia reúne elementos habituales en los testimonios de atletas que dejaron estructuras deportivas centralizadas: la pérdida repentina de una carrera, la necesidad de conseguir otros oficios y la emigración como vía para rehacer una trayectoria laboral.

“Perder el maillot no me hizo perder el valor, más bien me enseñó de qué estaba hecha”, concluyó Sabón en el video, en el que convirtió su salida de la gimnasia competitiva y su llegada a España en una historia de reinvención personal.

El Gobierno de Centro Habana restauró de emergencia el exterior de la iglesia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari antes del 28 de octubre, después de que la acumulación de basura, cinco incendios y las denuncias vecinales expusieran el deterioro de uno de los templos neoclásicos del siglo XIX en el barrio de Los Sitios.

La intervención eliminó el vertedero ubicado junto a una de las fachadas laterales y construyó una nueva acera para proteger los cimientos. Los trabajos se realizaron tras un incendio ocurrido el 9 de septiembre, que destruyó por completo una puerta lateral ya afectada, mientras que la entrada principal también había sufrido daños previos.

La situación reveló una forma poco habitual de respuesta institucional: fondos de emergencia del Gobierno municipal, la contratación de una empresa privada y la participación sostenida de la comunidad religiosa permitieron actuar sobre un inmueble que arrastraba problemas de mantenimiento y reparación.

Un templo neoclásico afectado por el vertedero

La Iglesia Parroquial de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, construida en 1848, ocupa un lugar relevante dentro de la arquitectura religiosa habanera. Su diseño de una sola nave y su torre central, integrada a la fachada mediante líneas puristas, responden a la estética neoclásica que se extendió durante el siglo XIX.

El templo fue levantado durante la expansión urbana de La Habana, cuando aumentó la construcción de iglesias en barrios periféricos. Entre sus contemporáneas figuran Nuestra Señora de Monserrate, edificada entre 1836 y 1843 en Galiano; Nuestra Señora del Carmen, en Línea entre 14 y 16, en El Vedado; y San Salvador del Mundo, de 1850, en la calle Santo Tomás, en el Cerro.

La basura acumulada junto al edificio agravó su estado durante este año. Las tareas de limpieza del vertedero con maquinaria pesada de Servicios Comunales dañaron las aceras originales y agrietaron los muros, debido a afectaciones en la cimentación.

Los desperdicios provocaron cinco incendios entre abril y septiembre. El último siniestro debió ser apagado por los vecinos ante la falta de respuesta de los bomberos y fue denunciado en redes sociales por el padre escolapio Ernesto Cuba.

La difusión del episodio en medios independientes y perfiles privados amplificó la indignación de la comunidad. La proximidad del 28 de octubre, día de San Judas Tadeo y fecha de una peregrinación importante por el santo patrono de las causas imposibles, aceleró la intervención oficial.

Fondos públicos, empresa privada y participación religiosa

La primera etapa de rehabilitación fue financiada con recursos de emergencia del Gobierno municipal. La ejecución quedó a cargo de la mipyme El Lugar, mientras que los Padres Escolapios y los feligreses mantuvieron la interlocución con las autoridades.

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural asumió la supervisión técnica y normativa de las obras. Su tarea incluyó velar por la recuperación de la carpintería original y por el uso de soluciones compatibles con los valores históricos del edificio.

La restauración exterior resolvió la acumulación de basura y reforzó la protección de los cimientos, pero el interior del templo continúa pendiente de reparación. El resultado parcial mostró que los recursos públicos, las capacidades privadas y la participación comunitaria pudieron confluir para atender un bien patrimonial colectivo.

La movilización vecinal contrastó con la escasa presencia actual de organizaciones autónomas en la gestión de asuntos locales. Las asociaciones de propietarios y vecinos, las sociedades de instrucción y recreo y otras organizaciones civiles habían funcionado como interlocutores reconocibles en la defensa de intereses colectivos.

El 16 de junio de 1957, la inauguración del Hospital Municipal Clínico Quirúrgico Mercedes del Puerto, hoy Joaquín Albarrán, reunió a instituciones sanitarias y gubernamentales, además de hermandades, clubes, sociedades de trabajadores y asociaciones de vecinos, según Diario de la Marina.

Entre los asistentes figuraban representantes de los repartos Porvenir, La Esperanza, Alturas de la Víbora, Asunción, Naranjito, Los Pinos, Miraflores, Rosario, La Mallorquina, Ampliaciones de Lawton, Sevillano, Santa Amalia, La Güinera, El Calvario y Reparto Eléctrico. Eran comunidades del sur de La Habana que celebraban la cercanía de una institución hospitalaria moderna.

Las instituciones de ese período participaban en la agenda pública, promovían el conocimiento de la historia local y abrían espacios de discusión sobre asuntos comunes. Su desaparición redujo los mecanismos de diálogo y reclamación ante el Gobierno, así como la capacidad de las comunidades para exigir responsabilidades sobre su entorno.

Una flota que apenas supera las dos decenas de vehículos busca aliviar un problema cotidiano para miles de habaneros: el régimen cubano incorporó 20 ómnibus reparados al transporte público de La Habana, en un momento en que la falta de combustible, los apagones y la reducción de rutas han limitado la movilidad dentro y fuera de la capital.

Las unidades son autobuses Yutong ZK 6118 recuperados en la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama, conocida como Caisa, en Guanajay, Artemisa. Su destino principal será la terminal de Santiago de las Vegas, en el municipio de Boyeros, aunque las autoridades todavía no precisaron cuáles serán las rutas que recibirán los vehículos ni cuándo comenzarán a operar de forma regular.

Las 20 unidades forman parte de un plan para aliviar el déficit 100 autobuses

La reparación de las unidades se hizo a través de repuestos enviados por China como parte de un donativo. Aunque el cargamento, integrado por 40 contenedores y valuado en unos $10 millones, llegó a Cuba en agosto de 2025, la integración de las unidades tardó meses. Las piezas permitirían recuperar 100 ómnibus, entre ellos 60 rígidos y 40 articulados.

El plan contemplaba tener las primeras 20 unidades listas antes de que terminara 2025. Sin embargo, los cortes de electricidad y la escasez de combustible retrasaron el proceso durante casi un año. La disponibilidad de diésel continúa como una de las principales limitaciones para que los vehículos puedan mantenerse en circulación.

Las autoridades sostienen que la recuperación de los primeros ómnibus evitará la compra de unidades nuevas y permitirá ahorrar más de $2.5 millones. El anuncio fue presentado como parte de las actividades por el aniversario del triunfo de la revolución de 1959.

El transporte interprovincial cayó de 419 salidas diarias a 11

La incorporación de las unidades ocurre después de meses de ajustes en el sistema de transporte. Datos divulgados en octubre por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, indicaron que las salidas diarias de ómnibus interprovinciales desde La Habana pasaron de 419 en 2025 a 11 en 2026.

La reducción equivale a una caída del 97.4% en las salidas interprovinciales. En ese mismo período, las rutas nacionales descendieron de más de 100 a 21. En junio, el Ministerio de Transporte había informado que los viajes desde la capital hacia las cabeceras provinciales quedarían reducidos a tres frecuencias semanales.

La disminución de servicios afectó la conexión de los habitantes de La Habana con otras provincias y obligó a muchos pasajeros a recurrir a transportistas privados, taxis compartidos o vehículos particulares. Estas alternativas suelen tener precios fuera del alcance de una parte de la población.

El costo de trasladarse supera los ingresos de muchos trabajadores

En algunas zonas, el gasto mensual para utilizar transporte privado puede llegar a 5,000 pesos cubanos, una cifra superior al salario mínimo de 3,210 pesos. El incremento de los costos dificulta los traslados diarios hacia centros de trabajo, escuelas, hospitales y universidades.

La situación también alcanza a quienes deben viajar dentro de la capital. El escritor y periodista independiente Frank Correa, residente en Jaimanitas, relató que su hija no pudo asistir durante una semana a clases en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana porque el trayecto de ida y vuelta le cuesta 2.000 pesos cubanos por día, sin incluir la alimentación.

La llegada de los 20 ómnibus añade vehículos a una red afectada por averías, baja disponibilidad de combustible y una demanda superior a la capacidad actual. El funcionamiento efectivo de esas unidades dependerá de la asignación de combustible, del estado de las rutas y de la organización de los servicios en las terminales de La Habana.

Mia Dio anunció en redes sociales su viaje a Miss Universe para representar a Cuba en el certamen. La participante dijo que parte con ilusión, sueños y el compromiso de darlo todo por su país.

Dio agradeció a quienes la acompañaron durante su despedida y aseguró que se lleva consigo el cariño recibido. También pidió el respaldo de Cuba y dedicó su participación a su gente y a los cubanos que viven alrededor del mundo.

Cruz se define como un tracer, el término utilizado para los practicantes de parkour. Sus saltos y volteretas le dieron popularidad en internet, aunque la producción de contenido exige grabar, editar y publicar con regularidad antes de poder generar dinero.

El deportista afirmó que no abandonó los entrenamientos ni el reclamo por el reconocimiento de la actividad. “Llevo tiempo intentando vivir de mi pasión, que es el parkour, y no lo he logrado”, sostuvo dos años después de una primera conversación con el medio.

Las promesas que no llegaron a consolidarse

La falta de una academia, materiales específicos y organización institucional contrasta con el alcance que The Boss logró en internet. “La realidad es que seguimos solos, sin recibir ningún tipo de apoyo del gobierno”, dijo el joven.

En 2022, Cruz y otro practicante acudieron a la Escuela Nacional de Gimnasia, dependiente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), para explorar la posibilidad de que el parkour recibiera un estatus oficial como otros deportes del país.

El encuentro generó expectativas: les hablaron de abrir escuelas en distintos territorios y de crear condiciones para extender la práctica. En marzo de 2023, el atleta participó además en una capacitación impartida por especialistas extranjeros.

“Hubo un momento que incluso nos apoyaron del extranjero con ciertos obstáculos para hacer parkour”, recordó. Sin embargo, tras aquel curso se interrumpieron las comunicaciones y los proyectos anunciados no se concretaron.

Los equipos destinados a los practicantes tampoco llegaron a sus manos. “Suponemos que están en la escuela de gimnasia. Se quedaron con ellos”, afirmó Cruz.

Para The Boss, las autoridades no priorizan esta disciplina porque no posee la capacidad de otros deportes, como el boxeo, el béisbol, el fútbol, el voleibol o el atletismo, para generar ingresos mediante contratos internacionales de atletas.

“Están esperando que los de allá, del exterior, inviertan en el parkour en Cuba. Estoy seguro de que ellos, de su parte, de su bolsillo, no van a sacar un peso para cumplir todo lo que un día nos prometieron”, señaló.

Entrenamientos urbanos, lesiones y restricciones

La ausencia de instalaciones especializadas obliga a los practicantes a utilizar espacios urbanos. El parkour nació en Francia a partir de la superación de estructuras arquitectónicas y obstáculos del entorno, pero en Cuba las carencias añaden riesgos a una actividad que requiere preparación física y control técnico.

El calzado adecuado resulta costoso y no todos pueden conseguirlo. Las limitaciones económicas también dificultan el acceso a una alimentación acorde con la exigencia de los entrenamientos diarios.

El mayor temor aparece ante una lesión. Cruz nunca logró recuperarse por completo de una luxación que sufrió hace años en el hombro derecho y relató que, cuando acudió al hospital, los médicos le recomendaron abandonar el deporte.

“A la hora de entrenar, un golpe puede salir muy caro por la situación del país. Yo mismo tengo experiencia. He tenido que estar solo en mi casa, buscando la manera de recuperarme yo mismo, porque no hay un hospital donde te atiendan como debe ser”, expresó.

La precariedad de los edificios condiciona los lugares elegidos para las maniobras. Mientras algunos practicantes de otros países utilizan construcciones y estructuras elevadas, los atletas cubanos prefieren entrenar a poca altura por la incertidumbre sobre la resistencia de los inmuebles ante el impacto de los saltos.

También enfrentan restricciones para acceder a determinados sitios. Cruz sostuvo que las maniobras en edificios sin autorización pueden provocar la intervención policial: “Nosotros preferimos hacer todo en el suelo, para evitar riesgos por un derrumbe. La mayoría de los edificios aquí se están cayendo, y la misma gente que vive en ellos te ve saltar y se asusta, al momento te amenazan con llamar a la policía”.

Según explicó, hay practicantes distribuidos por todo el país con un nivel técnico comparable al suyo. Sin competencias, encuentros, una federación o posibilidades de construir una carrera, muchos abandonan los entrenamientos para pasar a deportes que les permitan obtener ingresos.

En varios barrios de La Habana, montículos de residuos ocupan calzadas, veredas y canales de drenaje hasta dificultar el paso de autos e incluso de los peatones. La falta de una recolección regular ha convertido la acumulación de basura en un problema cotidiano para miles de cubanos, con efectos sobre la circulación, la salud pública y las condiciones de vida en zonas residenciales.

El reparto Altahabana, en el municipio Boyeros, es uno de los puntos donde vecinos alertaron sobre calles cubiertas por bolsas, plásticos, neumáticos, restos de obras y desperdicios domésticos. Cerca del Hospital Pediátrico Universitario William Soler, los residuos llegaron a ocupar parte de la vía y de un canal de drenaje, según imágenes difundidas por residentes.

La situación se repite en sectores de Centro Habana, Luyanó, San Miguel del Padrón y La Habana Vieja. En algunos casos, los desechos reducen el espacio disponible para el tránsito vehicular, obligan a los conductores a circular por carriles estrechos y dificultan el acceso a viviendas, comercios y centros de salud.

La flota de camiones no cubre el volumen diario de residuos

La crisis está vinculada con las limitaciones del sistema de recogida de desechos. A comienzos de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores disponibles en la capital se encontraban operativos. Las averías mecánicas y la falta de diésel redujeron la capacidad de respuesta ante una ciudad que produce entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de basura por día.

Con esa capacidad limitada, hasta 23,814 metros cúbicos de residuos podían quedar sin recoger en una sola jornada. La diferencia entre el volumen generado y la cantidad retirada favorece la aparición de microvertederos en esquinas, solares, avenidas y zonas cercanas a instalaciones públicas.

En febrero, las autoridades anunciaron un plan de 49 medidas para atender el problema. No obstante, las denuncias vecinales sobre montículos de basura continuaron durante los meses siguientes en distintos municipios de la capital.

La escasez de combustible afecta servicios básicos

La falta de combustible constituye uno de los factores que agravan la crisis de limpieza urbana. Los camiones recolectores requieren diésel para cumplir recorridos diarios, trasladar los residuos a los vertederos y mantener una frecuencia mínima de recogida en los barrios.

El déficit energético también impacta en otros sectores de la vida cotidiana en Cuba. Los apagones, las dificultades en el transporte, los problemas para movilizar mercancías y las limitaciones en servicios públicos forman parte de un escenario que condiciona el funcionamiento de las ciudades.

En el caso de la basura, la interrupción o reducción de las rutas de recogida deja a los vecinos sin alternativas para disponer de los desechos. En algunos puntos, la acumulación permanece durante semanas, mientras los residentes denuncian malos olores y la presencia de insectos, gusanos y animales.

Los residuos favorecen la presencia de mosquitos y roedores

Los basureros a cielo abierto aumentan los riesgos sanitarios en áreas con alta densidad de población. El agua que queda retenida entre recipientes, plásticos y escombros puede convertirse en un espacio propicio para la reproducción de mosquitos, entre ellos los transmisores del dengue.

También se registraron denuncias por la presencia de roedores en zonas donde los residuos se acumulan cerca de viviendas y negocios. La proliferación de ratas representa una preocupación adicional por su relación con enfermedades como la leptospirosis y por la contaminación de alimentos y espacios domésticos.

La cercanía de estos focos de basura a hospitales y escuelas añade presión sobre comunidades que ya enfrentan dificultades para acceder a atención médica, medicamentos y transporte. En Altahabana, el vertedero ubicado cerca del Hospital William Soler resume una crisis que se extiende por las calles de La Habana: los residuos permanecen a la vista mientras la capacidad de recogida continúa limitada por la falta de camiones, combustible y recursos operativos.

Una de las historias más violentas que ha marcado la memoria popular de Holguín tiene como protagonista al dueño de una posada que ofrecía descanso a los viajeros. Francisco Rondán Rodríguez, conocido como “El Manco Rondán”, habría dejado un camino de sangre en Auras, un poblado próximo a Gibara, donde instaló una casona que ocultaba pasadizos y una trampas bajo el piso.

Quienes llegaban al lugar veían un mesón dispuesto para recibirlos. Había comida, una cama y la posibilidad de pasar la noche antes de continuar el viaje. Pero, de acuerdo con los relatos transmitidos durante generaciones, algunos de esos huéspedes nunca retomaban el camino.

Rondán había llegado desde Málaga cerca de 1820. Era un inmigrante español que se asentó en el oriente de Cuba, con el paso de los años, acumuló riqueza y poder.

Nadie podía explicar con certeza el origen de su fortuna, aunque en el pueblo comenzaban a repetirse las mismas preguntas cada vez que un viajero desaparecía.

Su nombre se transformó en advertencia. Todavía hoy, la expresión “es más malo que el Manco Rondán” se usa en la zona para hablar de alguien cruel. La frase conserva el eco de una historia en la que el miedo no estaba en los caminos, sino detrás de la puerta de una casa.

La Casa Larga escondía el lugar donde terminaban los viajeros

La propiedad de Rondán era conocida como la Casa Larga. Desde el exterior parecía una posada común, pero la tradición local sitúa bajo sus habitaciones una red de pasadizos, un sótano y un pozo.

El espacio más temido era un cuarto apartado, al que el dueño conducía a ciertos viajeros después de ganarse su confianza.

La invitación podía parecer inocente: una partida de cartas antes de dormir. Rondán elegía, según el relato, a quienes portaban dinero, animales, joyas o mercancías. Sentados frente a la mesa, los huéspedes no sabían que bajo sus pies había una abertura preparada para activarse en cualquier momento.

Si el visitante vencía en el juego, Rondán movía una palanca. El suelo se abría y el hombre caía al pozo oculto, sin tiempo para entender qué había ocurrido. El golpe no era, según las versiones, el final del suplicio.

Un barbero de Auras habría participado en los crímenes. Después de la caída, los dos degollaban a las víctimas y se quedaban con sus pertenencias. La historia fue retomada por CubaNet, que describe al Manco Rondán como una de las figuras criminales más recordadas dentro de la tradición popular de la isla.

Cada desaparición aumentaba la fortuna del dueño del mesón

El dinero de los viajeros habría sido la base del poder de Rondán. Sus víctimas llegaban con bienes que luego desaparecían junto con ellas: efectivo, mercancías, animales y objetos de valor. La Casa Larga habría funcionado como una trampa para alimentar una fortuna, mientras el dueño consolidaba su influencia en el poblado.

Los relatos también lo vinculan con el contrabando de esclavos. Esa actividad habría ampliado sus recursos y reforzado su posición en Auras. La riqueza crecía, pero el silencio de quienes no regresaban convertía cada visita al mesón en motivo de inquietud.

El apodo de Manco Rondán nació después de una pelea en la que perdió un brazo. Desde entonces, su imagen quedó fijada como la de un hombre mutilado, rico y temido, al que se atribuían múltiples crímenes.

El pozo siguió allí después de su muerte

Cuando Rondán murió, la Casa Larga pasó a otras familias de Holguín. El inmueble cambió de manos, pero el pozo permaneció como el rastro más perturbador de la leyenda.

Según las versiones locales, sus propietarios intentaron cerrarlo varias veces sin obtener resultados.

Una familia cubana decidió no enviar a un adolescente al servicio militar obligatorio al considerar que su incorporación representa “un riesgo” innecesario.

La negativa quedó registrada en un video difundido por Árbol Invertido, en el que un familiar del joven comunica su decisión a reclutadores estatales que llegaron a su vivienda para entregar una citación.

En la grabación, el hombre identifica al convocado como su sobrino, Miguel, y afirma que ni él ni los padres del joven aceptan que cumpla el Servicio Militar Activo.

“No queremos que pase por ese riesgo”, sostiene durante el intercambio. El familiar fue identificado como un expreso político.

El reclutador explica que la citación corresponde a una comisión médica y advierte que, después de una negativa, otras instancias pueden intervenir.

“El propio juez se lo explicará”, responde cuando el familiar pregunta si la decisión puede traerle consecuencias al adolescente. También menciona la posible aplicación de un decreto, aunque no precisa si implicaría una multa u otra medida.

El caso aparece en un contexto de mayor presión legal sobre los jóvenes que rechazan la convocatoria. El Parlamento de Cuba aprobó un Código Penal Militar que contempla penas de prisión para quienes no se presenten, abandonen su unidad o se lesionen para evitar la prestación, según una publicación de EFE.

La Ley de Defensa Nacional cubana establece que los ciudadanos de sexo masculino deben cumplir el Servicio Militar Activo bajo las condiciones fijadas por la legislación. El ingreso se prevé preferentemente desde los 18 años y la duración es de dos años.

El nuevo Código Penal Militar amplía las consecuencias para quienes opten por no incorporarse. El artículo 41 establece que quien abandone la unidad donde presta servicio o no se presente con la intención de evadirlo de manera definitiva puede recibir una pena de dos a cinco años de prisión.

La norma también penaliza a quienes no respondan al llamado de las autoridades militares y a quienes se provoquen lesiones para quedar fuera del reclutamiento. En el video difundido por el medio cubano , el familiar de Miguel anticipa que llevará al joven ante la comisión para explicar la postura de la familia, aunque insiste en que no permitirá que cumpla el servicio.

“Es obligarlo a pasar un servicio militar. ¿A defender qué? ¿Arriesgar su vida por qué?”, afirma al final de la grabación. Durante el diálogo, recalca que su decisión no responde a una objeción médica, sino al rechazo familiar a que el adolescente sea expuesto a lo que considera un peligro.

Al menos 89 reclutas murieron en unidades militares

La discusión sobre el reclutamiento obligatorio se intensificó después de accidentes y muertes de jóvenes dentro de instalaciones o durante tareas asignadas por las Fuerzas Armadas. Una investigación de elTOQUE documentó al menos 89 muertes de reclutas que cumplían el servicio militar en Cuba entre 2017 y 2026.

El registro incluye muertes por accidentes, suicidios, presunta negligencia médica, homicidios y desapariciones. De ese total, 33 casos fueron clasificados como accidentes y 31 como suicidios, categorías que reúnen el 72% de los episodios documentados por la investigación.

Los datos muestran un aumento de casos en los últimos años. Entre 2017 y 2021, el medio identificó 15 muertes. Entre 2022 y 2025, el número ascendió a 70. La investigación advierte que las cifras de 2026 son parciales y pueden aumentar con la verificación de nuevos hechos.

Dos tragedias concentran 13 de los 89 fallecimientos. Cuatro reclutas, de entre 18 y 20 años, murieron durante el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022. Otros nueve jóvenes que cumplían el servicio obligatorio fallecieron tras las explosiones registradas en enero de 2025 en un almacén militar de Melones, en Holguín.

De las 46 familias contactadas por elTOQUE, solo ocho informaron que tuvieron conocimiento de una investigación oficial. Ninguna consideró que el proceso hubiera aclarado por completo las circunstancias de la muerte o establecido responsabilidades.

Anna Bensi denunció un operativo de vigilancia en el edificio donde reside en Alamar, La Habana, que, según afirmó, le impidió asistir a una actividad cultural de la Embajada de Estados Unidos. Su madre, Caridad Silvente, también permaneció bajo vigilancia durante esa jornada, de acuerdo con lo informado por CiberCuba.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre. La activista sostuvo que las personas apostadas en los accesos al inmueble permanecieron allí desde las primeras horas del día hasta la noche.

La denuncia se produjo en un contexto de medidas dirigidas contra periodistas, activistas y creadores de contenido independiente en la capital cubana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 387 acciones represivas en octubre y contabilizó 3,438 desde el comienzo de 2026.

Bensi afirmó que no pudo salir de su edificio en Alamar

Según el reporte de CiberCuba, Bensi aseguró en sus redes sociales que la vigilancia alcanzó todas las entradas y salidas del edificio. La activista interpretó el operativo como un impedimento para acudir a una actividad programada en la Casa Cultural de la Embajada de Estados Unidos.

“Como saben, desde bien temprano, mi mamá y yo estuvimos sitiadas. En todas las entradas y salidas de mi edificio hubo vigilancia hasta la noche”, escribió Bensi.

La activista relató que, durante el día, observó el paso de personas que identificó como presuntos agentes encubiertos. Según su versión, algunas aparentaban ser enfermeras o vendedores ambulantes de torticas, rosquitas y cloro.

También mencionó a un hombre que se presentó como panadero. “Con decirles que pasó un panadero y no traía ni un pan”, señaló Bensi, al describir la situación.

La opositora dijo que no logró asistir al evento cultural previsto en la sede diplomática estadounidense. En su publicación, cuestionó a quienes, según consideró, colaboraron con las tareas de vigilancia.

“No pude disfrutar del desfile en la Casa Cultural de la Embajada Norteamericana, pero tuve la oportunidad de ver desfilar todo el día a personas que se prestan para seguirle el juego a la Seguridad del Estado”, expresó.

Las dificultades de conexión afectaron el contacto con otras personas

Bensi indicó que durante la jornada tuvo problemas para acompañar a otras personas que habían sido citadas por las autoridades. Según relató, la situación no solo limitó su presencia física, sino también sus posibilidades de brindar apoyo a través de internet.

“Fue duro para mí no poder apoyar físicamente a algunos de los que citaron. Y casi no pude hacerlo virtualmente, pues las comunicaciones, como saben, están horribles”, afirmó la activista.

La denunciante sostuvo que las limitaciones de conexión dificultaron el intercambio con otras personas. También manifestó su malestar por no poder intervenir con mayor facilidad ante esas situaciones.

El cerco denunciado por Bensi y Silvente coincidió con otras medidas contra integrantes de la sociedad civil cubana. CiberCuba informó que la periodista Yoani Sánchez fue detenida durante cerca de nueve horas y que, tras recuperar la libertad, quedó bajo vigilancia.

La reportera Camila Acosta fue esposada y retenida durante más de ocho horas, según la misma información. El activista Anthony Martínez Román recuperó la libertad después de permanecer retenido por más de 20 horas.

En Santiago de Cuba, las fuerzas especiales ingresaron en la vivienda de Yoel Alejandro Pérez Serrano, promotor de un proyecto humanitario que atendía a más de 400 personas.

La activista había denunciado impedimentos similares en 2026

El caso no sería el primero en que Bensi denunció restricciones para acudir a actividades organizadas por la representación diplomática estadounidense.

Según el antecedente citado, la activista había enfrentado impedimentos para participar en la celebración del 4 de julio y en “Noches Americanas”, una actividad realizada en septiembre.

Bensi y su madre tienen además un antecedente judicial reciente. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las condenó a dos años de limitación de libertad.

La decisión se produjo después de que ambas grabaran y difundieran la visita de un agente del Ministerio del Interior que entregó una citación en su domicilio.

La Embajada de Estados Unidos cuestionó esa sentencia con el mensaje: “Pensar diferente no es un crimen”. El subsecretario de Estado Juan Pablo Segura calificó la medida de “cobardía”.

En su publicación posterior al operativo, Bensi pidió mantener el apoyo entre las personas afectadas por estas acciones. “Mientras más intenten hacernos daño, más nos uniremos y apoyaremos”, escribió.

Las estaciones de energía portátiles o baterías conocidas popularmente en Cuba como “ecoflow” fueron señaladas como responsables de una parte de las averías que afectan a los transformadores eléctricos del país, por parte de Alejandro Rodríguez Azpeitía, director de la Empresa Eléctrica Provincial de Matanzas. El funcionario aseguró, en declaraciones citadas por Diario de Cuba, que en esa provincia se averían entre tres y cuatro transformadores cada día.

Rodríguez Azpeitía atribuyó esos daños a una combinación de factores. Por una parte, mencionó las afectaciones provocadas por las últimas tormentas y, por otra, la sobrecarga de los equipos durante los breves períodos en que se restablece el servicio eléctrico.

“Hoy los equipos que las personas usan para alumbrarse, como los ecoflow y las estaciones de carga, han incrementado considerablemente la carga en los transformadores”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con su explicación, una estación de energía de este tipo tarda alrededor de 40 minutos en cargarse y durante ese tiempo consume unos 1,200 vatios. En un barrio donde al menos 10 hogares utilizan esos equipos, la demanda adicional puede alcanzar los 12 kilovatios sobre un transformador de 50 kilovatios. Esa carga representa casi el 20% de la capacidad para la que fue diseñado el equipo, señaló.

El funcionario también relacionó el aumento de la demanda con la concentración de actividades en los momentos en que regresa la electricidad. En Matanzas, explicó, existen zonas que pueden permanecer más de 24 horas sin servicio. Cuando se produce el restablecimiento, los residentes cocinan, lavan, enfrían sus refrigeradores y cargan sus equipos al mismo tiempo, lo que eleva el consumo.

En ese contexto, las estaciones portátiles se han convertido en una forma de conservar algo de energía durante los cortes del servicio. Sin embargo, el funcionario reconoció que el uso simultáneo de esos equipos incrementa la presión sobre una red con transformadores dañados y dificultades para reponerlos.

La Empresa Eléctrica de Matanzas reporta 162 transformadores fuera de servicio: 37 de 19.000 kVA, 116 de 7.620 kVA y nueve de 2.400 kVA. Las averías afectan a 5,687 clientes. Si se calcula un promedio de tres personas por vivienda, más de 15,000 habitantes de la provincia estarían vinculados a esos transformadores sin funcionamiento, indicó Rodríguez Azpeitía.

La reposición de los equipos se ha retrasado durante meses. El funcionario también reconoció que uno de los transformadores espera ser sustituido desde el 23 de julio en un caserío situado antes de la zona industrial de Matanzas, donde 70 viviendas permanecen sin servicio. Otro equipo está pendiente desde el 3 de agosto.

El director de la empresa provincial explicó que los transformadores se distribuyen de acuerdo con la antigüedad de las afectaciones. De los 16 recibidos recientemente, las autoridades priorizaron los sitios con mayor cantidad de viviendas afectadas. Algunos equipos abastecían a 10 hogares, mientras que otros estaban vinculados a 50, por lo que estos últimos recibieron prioridad.

La falta de aceite también limita la producción. Rodríguez Azpeitía admitió que la fábrica de transformadores está “prácticamente parada” porque no dispone de ese insumo y que la provincia llevaba alrededor de 15 días sin recibir equipos nuevos. Añadió que se esperaba la llegada de aceite para reanudar la fabricación.

Las autoridades también justifican los desperfectos en transformadores con el robo de aceite dieléctrico.

Ante la falta de equipos, la Empresa Eléctrica de Matanzas anunció además que reducirá los circuitos protegidos vinculados a los hospitales. Con 12 seccionadores, la entidad espera disponer de 19 megavatios que actualmente se destinan a proteger esas instalaciones y repartir esa energía entre otros circuitos. La medida busca mantener el suministro hospitalario y reducir las horas de afectación en el resto de la red.

La Seguridad del Estado cubano impidió el viernes 6 de noviembre que la activista Marthadela Tamayo y su esposo, el músico Osvaldo Navarro, asistieran a una actividad cultural de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La pareja quedó sin electricidad, con una conexión limitada a internet y bajo vigilancia policial frente a su vivienda, en un operativo que también alcanzó a periodistas, activistas y familiares de presos políticos.

Los agentes llegaron alrededor de las 11:00 y les comunicaron: “No van a ir a la actividad”. La orden estuvo acompañada por el despliegue de una patrulla en la entrada del edificio, según relató Tamayo a DIARIO DE CUBA.

La activista, integrante de la Red Femenina de Cuba, afirmó que era la cuarta vez en el año que las autoridades les impedían participar en eventos organizados por la representación diplomática estadounidense. Recordó cercos durante las celebraciones del 4 de julio, el 18 de septiembre y otro operativo ocurrido en marzo.

La prohibición de esta jornada estaba dirigida a impedirles concurrir a “Noches Americanas”, un encuentro cultural previsto en la embajada. Mientras hablaba con el diario, Tamayo aseguró que la patrulla había sido desplazada a la esquina de la calle Tercera y que un joven vigilaba desde el piso inferior del inmueble.

“Ahora corrieron la patrulla hacia la esquina de calle Tercera, y aún están allí, y un joven en el piso de abajo, sentado, vigila”, describió. Tamayo sostuvo que intentar evadir el cerco podría derivar en su arresto, como ocurrió en situaciones anteriores.

Cortes de luz y vigilancia frente a las viviendas

La falta de electricidad también afectó su posibilidad de comunicar lo que ocurría. Tamayo explicó que no podía publicar denuncias en Facebook y que apenas conseguía enviar mensajes por WhatsApp.

“Ahora dieron tres horas de luz y, así, vigilados, hay que bajar al piso de abajo a cargar agua”, relató sobre las dificultades de abastecimiento que atravesaba junto a Navarro. La restricción de movimiento se sumó a los problemas de acceso a servicios básicos dentro de la vivienda.

Para la activista, los operativos tienen como objetivo impedir el vínculo entre ciudadanos que suelen asistir a actividades culturales. “Eso es para impedir la articulación entre las personas que, de manera normal, asistimos y las actividades, que son puramente culturales, y esto tampoco lo respetan”, declaró.

La periodista Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban también permanecían bajo vigilancia. Ninguno recibió una explicación oficial sobre el despliegue, aunque Acosta consideró que se trataba del “clásico operativo” vinculado con el evento de la embajada.

“Debe ser por un evento cultural de la embajada que será esta tarde”, precisó la periodista. La directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, denunció a su vez la presencia de Policía Política en los bajos de su edificio para impedirle salir.

El cerco contra Sánchez ocurrió un día después de que fuera detenida durante nueve horas. También reportaron restricciones para abandonar sus domicilios los periodistas Yunia Figueredo y Boris González.

La creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, denunciaron medidas similares. Ambas habían sido condenadas recientemente a dos años de limitación de libertad por motivos políticos.

Citaciones, detención y reclamos por presos políticos

El colaborador de CubaNet, Adelth Bonne Gamboa, informó que amaneció con la patrulla número 444 frente a su casa. “Para impedir salir de mi domicilio”, escribió en Facebook.

Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera, reportó otra patrulla frente a su vivienda. Según explicó, el operativo respondía a su decisión de “no callar ante la injusticia de ver preso a mi hijo”.

Mauro Reigosa Pérez y Karel Daniel Hernández Bosques, integrantes del proyecto audiovisual Fuera de la Caja, recibieron citaciones para presentarse en la unidad policial de la calle Aguilera, en el municipio habanero de Diez de Octubre. ADN Cuba recogió posteriormente denuncias de que Hernández Bosques llevaba más de dos horas dentro de la estación.

En Guanajay, Artemisa, el activista cristiano Anthony Martínez fue detenido, de acuerdo con una denuncia realizada por su esposa en Facebook. Las citaciones y arrestos se produjeron junto con los operativos desplegados ante las viviendas de opositores y comunicadores independientes.

Las restricciones ocurrieron un día después de que Estados Unidos condenara la represión contra la prensa independiente en Cuba. El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó que “el régimen cubano muestra su cobardía al recurrir a detenciones arbitrarias porque teme la verdad”.

Tamayo consideró que impedir la asistencia a estos encuentros forma parte de una política para restringir la movilidad y el contacto entre integrantes de la sociedad civil. “Es una manera más, como sabemos, de impedir tu movilidad interna, además de que muchos también seguimos regulados, sin poder salir de Cuba”, sentenció.

El papa León XIV aceptó la renuncia de Dionisio Guillermo García Ibáñez y nombró a Juan Gabriel Díaz Ruiz como nuevo arzobispo de Santiago de Cuba.

La decisión fue comunicada este 7 de noviembre por la Santa Sede, que trasladó a Díaz Ruiz desde la diócesis de Matanzas para asumir la arquidiócesis metropolitana del oriente cubano. García Ibáñez, de 81 años, había presentado su dimisión en 2020, cuando cumplió la edad establecida por el Derecho Canónico para que los obispos pongan su cargo a disposición del pontífice.

El relevo pone fin a casi dos décadas de García Ibáñez al frente de la arquidiócesis. Benedicto XVI lo designó para esa función en 2007 y, desde entonces, mantuvo una presencia pública dentro del episcopado cubano, con intervenciones sobre la situación social y económica de la isla.

Díaz Ruiz, trasladado desde Matanzas para asumir la arquidiócesis

La Santa Sede informó que Juan Gabriel Díaz Ruiz asumirá como arzobispo metropolitano de Santiago de Cuba tras su paso por la diócesis de Matanzas. Antes también fue obispo de Ciego de Ávila y desarrolló tareas pastorales en varias parroquias cubanas.

Díaz Ruiz nació el 14 de noviembre de 1960 en Céspedes, dentro de la arquidiócesis de Camagüey. Antes de ingresar al seminario estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Camagüey. Luego cursó Filosofía y Teología en los seminarios mayores de San Basilio Magno, en Santiago de Cuba, y San Carlos y San Ambrosio, en La Habana.

El arzobispo designado obtuvo además una licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Fue ordenado sacerdote el 5 de agosto de 1989 e inició su ministerio en la arquidiócesis de Camagüey.

A lo largo de su trayectoria fue vicario parroquial en Morón y Florida, párroco en Nuevitas, Guáimaro y Florida, además de profesor del Seminario Mayor San Carlos y San Ambrosio. También se desempeñó como administrador diocesano de Camagüey y delegado del clero de esa arquidiócesis ante la Comisión Nacional de Sacerdotes.

En 2017, el Vaticano lo nombró obispo de Ciego de Ávila. Su consagración episcopal tuvo lugar el 30 de septiembre de ese año. Más tarde pasó a Matanzas, desde donde ahora fue trasladado a la principal sede eclesiástica del este de Cuba.

La renuncia de Dionisio García, seis años en espera

La salida de Dionisio García se formalizó seis años después de la presentación de su renuncia. El Derecho Canónico dispone que los obispos diocesanos ofrezcan su dimisión al cumplir 75 años, aunque corresponde al papa decidir el momento en el que la acepta y define una sucesión.

Durante ese lapso, García Ibáñez continuó al frente de la arquidiócesis de Santiago de Cuba. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) agradeció su servicio y recordó que desarrolló su misión con dedicación pastoral desde que recibió el nombramiento de Benedicto XVI.

La COCC sostuvo que el arzobispo saliente dejó una marca en la comunidad católica santiaguera por su acompañamiento a los fieles y por sus pronunciamientos sobre las crisis que enfrentan las familias cubanas.

En 2021, después de las protestas del 11 de julio, García pidió que las diferencias dentro de Cuba encontraran salidas pacíficas y rechazó la violencia y la intolerancia. Ese posicionamiento ocurrió tras las mayores manifestaciones contra el régimen cubano en varias décadas.

Las homilías de García y su frase sobre la crisis en la isla

En una homilía pronunciada en octubre en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, García se refirió a los problemas que afectan a la población, entre ellos la falta de alimentos y medicamentos, los apagones y las enfermedades.

“Estamos mal, no sabemos cómo salir de esto”, expresó el entonces arzobispo al describir el escenario de muchas familias de la isla. La frase circuló en medio de la crisis económica, energética y social que atraviesa Cuba.

La Santa Sede no informó la fecha de la toma de posesión de Díaz Ruiz.

Madres, niños y otros vecinos de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, salieron este sábado 7 de noviembre a las calles con carteles y cacerolas para reclamar la liberación de Yoel Alejandro Pérez Serrano, un joven opositor que, según denuncias, fue arrestado durante un operativo en su vivienda.

Los videos divulgados por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada muestran a mujeres acompañadas por menores de edad que recorren calles del poblado. En las imágenes se escuchan reclamos por la liberación de Yoel, mientras varios participantes portan carteles y golpean calderos.

Según los testimonios, la protesta tuvo carácter pacífico. A pesar de ello, se reportaron acciones contra vecinos que salieron a las calles.

La movilización ocurrió después de que se conociera la denuncia sobre un operativo policial en la casa del joven, ubicada en Guamuta, una zona de El Cobre. De acuerdo con la información recibida por Mayeta Labrada, efectivos de la policía del régimen y tropas especiales ingresaron al domicilio cerca de las 6:00 de la mañana de este día

Según la versión difundida por el comunicador, los agentes arrestaron a Yoel y retiraron teléfonos, alimentos, calderos y otras pertenencias de la vivienda. Hasta el momento de las denuncias publicadas, no se había precisado el lugar al que fue trasladado ni los motivos que las autoridades habrían alegado para justificar el arresto.

De igual forma, Yeny, esposa de Yoel, y estudiante de Medicina, habría sido detenida. El reporte añadió que otras mujeres que se encontraban en el lugar fueron golpeadas y despojadas de sus teléfonos, aunque estas versiones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Persisten las dudas sobre el paradero de Yoel y los motivos formales de su arresto

Las denuncias difundidas por activistas y organizaciones opositoras relacionan la detención con las actividades comunitarias de Yoel. Según esas fuentes, el joven distribuía alimentos entre familias necesitadas de la zona durante las últimas semanas.

A su vez, la organización Ciudadanía y Libertad señaló que Yoel cuestionaba la respuesta del régimen ante las necesidades de los habitantes de su comunidad. La agrupación sostuvo que, en noviembre de 2025, el joven se enfrentó públicamente al dictador Miguel Díaz-Canel para pedir ayuda destinada a los damnificados del huracán Melissa.

De acuerdo con esa organización, el actual arresto se produce en un contexto de vigilancia y presión sobre personas que participan en iniciativas independientes dentro de la comunidad. También pidió información inmediata sobre el paradero del joven y garantías para su integridad física.

A su vez, se exigió protección para los menores que estuvieron presentes en la movilización y solicitó que no haya represalias contra los vecinos.

Por su parte, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) reclamó la liberación de Yoel y cuestionó las detenciones y agresiones denunciadas durante la protesta.

Por ahora, la principal incógnita sigue centrada en el paradero de Yoel y en las razones formales de su arresto. Hasta el momento, las denuncias divulgadas no detallan si fue presentado ante una autoridad judicial ni si cuenta con representación legal.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó siete equipos de bombeo de agua para Manzanillo, en la provincia de Granma, una donación destinada a reforzar el suministro para más de 100,000 habitantes en medio de la crisis de abastecimiento que afecta a Cuba.

Los equipos serán instalados en ese municipio del este cubano y deberán operar de forma coordinada sobre una misma conductora, según informaron medios estatales. La donación llega mientras más de 2,6 millones de personas enfrentan dificultades para recibir agua en sus hogares, en un escenario marcado por los apagones y las averías en la infraestructura hidráulica.

El lote incluye dos bombas con capacidad para impulsar 98 litros por segundo, con una carga de entre 120 y 125 metros. Las otras cinco unidades pueden bombear 40 litros por segundo y tienen una carga de 80 metros. El sistema fue diseñado para que todos los equipos trabajen al mismo tiempo y alimenten una única red de conducción.

El director técnico de Acueducto en Granma, Andis Castellanos, indicó a la prensa estatal que cuatro de los siete equipos ya fueron montados. No precisó la fecha prevista para la puesta en funcionamiento completa de la instalación ni el plazo en el que el nuevo sistema podría comenzar a beneficiar a la población.

Más de 2.6 millones de cubanos sufren problemas de abastecimiento

El deterioro de las redes, las fallas de los equipos de bombeo y la falta de electricidad han limitado la capacidad de los sistemas de acueductos para distribuir el recurso de manera regular.

La situación energética condiciona el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Cuba atraviesa apagones diarios que, en algunos territorios, superan las 20 horas. Sin energía, buena parte de las instalaciones hidráulicas no puede extraer ni trasladar agua hacia las viviendas, incluso en áreas donde existen fuentes disponibles.

En numerosos municipios, los cortes también dificultan la reparación de las redes y el mantenimiento de los equipos. Las autoridades reconocieron que hay localidades en las que las familias pasan hasta cuarenta días sin recibir agua por las tuberías.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó esta semana que el abastecimiento de agua constituye una de las situaciones más graves y complejas del país. El mandatario señaló que el problema responde a la crisis energética y al envejecimiento de las redes, aunque también atribuyó responsabilidades a la “negligencia, la indolencia y la falta de coordinación” de las autoridades vinculadas al sector.

El régimen busca alimentar los bombeos con parques solares

El régimen cubano informó que trabaja en una estrategia para modificar la matriz energética de los sistemas de bombeo. El objetivo es reducir la dependencia de la red eléctrica nacional mediante fuentes alternativas de energía, ante los cortes frecuentes que afectan al sistema.

En La Habana, el régimen prevé destinar cerca de 10 parques solares a las tres principales fuentes de abastecimiento de agua de la capital. La medida buscaría garantizar energía para el funcionamiento de las estaciones de bombeo, aunque estas soluciones todavía no se aplican de forma extendida en el resto del país.

La expansión de esos proyectos enfrenta el desafío de una infraestructura hidráulica envejecida y de equipos con fallas recurrentes. La crisis del agua no tiene una sola causa: los problemas eléctricos interrumpen el bombeo, mientras que las roturas y el deterioro de las conductoras reducen la presión y el volumen que llega a los hogares.

La isla arrastra una crisis energética desde mediados de 2024. El sistema eléctrico cubano opera con centrales termoeléctricas antiguas, déficits de generación y falta de inversiones acumuladas durante décadas. A ese cuadro se suma el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha afectado la disponibilidad de combustible para la generación eléctrica.

La llegada de los equipos de Unicef a Manzanillo representa un refuerzo puntual para una provincia afectada por las limitaciones del sistema de acueductos. La instalación de las tres bombas restantes definirá la capacidad final del nuevo esquema de suministro en ese municipio granmense.

Las interrupciones eléctricas se extienden por La Habana y otras ciudades cubanas. El equipo de 60 Minutes, programa de CBS News, registró uno de esos cortes dentro de la guardia pediátrica del hospital William Soler mientras los médicos esperaban que arrancara el generador.

Un especialista de la unidad de cuidados intensivos explicó que unos pocos segundos sin electricidad pueden poner en riesgo a pacientes anestesiados o conectados a ventilación mecánica. El problema se agrava cuando los generadores fallan: los profesionales consultados afirmaron que, en ocasiones, completaron procedimientos quirúrgicos con la luz de teléfonos celulares y suministraron oxígeno de forma manual a enfermos críticos.

La escasez también condiciona los tratamientos. Un bebé que ingresó con desnutrición requería soporte nutricional, aunque el hospital carecía de fórmulas especializadas. Los médicos señalaron que debían recurrir a preparados a base de malanga y pollo para suplir alimentos médicos que no llegan al país.

El niño logró salir inicialmente de terapia intensiva, pero sufrió complicaciones respiratorias y regresó a la unidad. El jefe del área informó después al programa que murió un jueves, sin que en la transcripción se precisara la fecha.

Faltantes de anestésicos, medicamentos oncológicos y piezas para equipos médicos

Médicos y residentes describieron faltantes de anestésicos, medicamentos para pacientes con cáncer y materiales de laboratorio, además de una reducción del personal disponible en los hospitales.

Una residente de cirugía pediátrica relató que la falta de recursos obliga a comunicar a las familias que no hay posibilidades de resolver determinados problemas de salud. “Tenemos que decirle eso a la gente constantemente”, dijo al programa.

El reportaje presentó el caso de una niña que esperaba una pieza necesaria para operar una máquina de pulmón artificial. El insumo, que en condiciones habituales habría llegado en dos días, llevaba 68 días pendiente cuando el equipo periodístico la conoció.

La falta de suministros también afecta a las embarazadas. Paloma Blanco, bailarina del Ballet Nacional de Cuba embarazada de ocho meses, contó que pidió a amigos en Estados Unidos materiales quirúrgicos ante la posibilidad de requerir una cesárea. Según expresó, otras mujeres adoptan medidas similares cuando tienen familiares o contactos que pueden enviarles esos productos.

Los salarios empujan a médicos a buscar otros empleos

La crisis alcanza a los trabajadores de la salud, que enfrentan bajos ingresos y una carga laboral creciente. Numerosos médicos abandonaron la profesión o emigraron, mientras otros buscan ocupaciones adicionales para sostenerse.

El jefe de terapia intensiva pediátrica del hospital William Soler administra un puesto de comida y obtiene allí mayores ingresos que en su trabajo médico. La residente de cirugía pediátrica complementa sus recursos como locutora de radio.

La salida de personal sanitario deja menos médicos y enfermeros para atender a una población que enfrenta carencias de alimentos, tratamientos e infraestructura, según los testimonios recogidos durante el reportaje.

Fuera de los hospitales, las dificultades se reflejan en las calles. El programa mostró largas filas para conseguir pan, comercios con pocos productos y zonas de La Habana Vieja sin iluminación nocturna por los cortes de energía.

La escasez de medicamentos derivó además en la expansión de un mercado informal. En uno de los puestos callejeros que visitó el equipo televisivo se ofrecían fármacos en pequeñas dosis, una alternativa para quienes no logran acceder a ellos por los canales estatales.

Las autoridades penitenciarias de Matanzas suspendieron la excarcelación de Francisco Rangel Manzano, preso político de las protestas del 11J, y le informaron a su familia que deberá permanecer otros seis meses en prisión por un supuesto “error administrativo”. La salida del interno estaba prevista para el 1 de noviembre.

La denuncia fue difundida por Martí Noticias, los familiares acudieron a la cárcel para recibir a Rangel Manzano luego de que el penal confirmara su liberación, pero las autoridades negaron su salida al momento del encuentro.

El hijo del prisionero, Hermes Rangel Naranjo, afirmó al citado medio que funcionarios penitenciarios justificaron la decisión con errores en el cálculo de la sanción. De acuerdo con ese testimonio, las autoridades alegaron que los expedientes no habían sido actualizados de forma digital debido a los apagones registrados en el país.

La familia también recibió como explicación que sanciones disciplinarias previas habían dejado sin efecto rebajas de pena otorgadas a Rangel Manzano. Cubalex (organización de asesoría y acompañamiento legal a víctimas de violaciones de derechos humanos en la isla) cuestionó esos argumentos y sostuvo que la decisión prolonga su privación de libertad después de que las propias autoridades notificaran una fecha concreta de excarcelación.

El 1 de noviembre, sus familiares se presentaron en el centro penitenciario después de recibir la confirmación de que sería puesto en libertad. La salida no se produjo y, según la denuncia, la familia fue notificada entonces de que el prisionero debía cumplir otros seis meses de condena.

Rangel Manzano cumple una pena de seis años de prisión por “desórdenes públicos”. Fue condenado tras participar en las manifestaciones del 11J en Colón, Matanzas, una de las localidades donde hubo protestas contra el régimen cubano el 11 de julio de 2021.

Según la información de Martí Noticias, su liberación estaba prevista inicialmente para marzo de 2026. Esa fecha se aplazó después de que le retiraran beneficios penitenciarios. La nueva comunicación implica otra extensión de su reclusión, según la ONG.

Alerta por el estado de salud del preso político

Cubalex también advirtió sobre la situación médica de Rangel Manzano. Según la organización, el interno padece una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión, además de haber sufrido crisis que requirieron atención de emergencia.

La continuidad de su encarcelamiento representa un riesgo para su salud, señaló la entidad, que reclamó que las autoridades garanticen su atención médica y respeten su integridad física.

Cubalex vinculó este caso con lo que describió como un patrón de irregularidades administrativas, sanciones disciplinarias y retiro de beneficios penitenciarios contra presos políticos cercanos a completar sus condenas.

A su vez, afirmó que esas medidas prolongan las penas y colocan a las familias ante expectativas de libertad que luego son canceladas.

La entidad exigió la liberación inmediata de Rangel Manzano, el cese de las medidas que, según denunció, bloquean su excarcelación y el respeto de sus garantías durante el cumplimiento de la pena.

La familia espera ahora una explicación oficial sobre el nuevo cálculo de condena y las condiciones en las que continuará detenido.

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo limitó el viernes 6 de noviembre la entrega subsidiada de aceite y chícharos a 11.653 personas por falta de inventarios, una cobertura que deja fuera a buena parte de los consumidores registrados en la provincia.

El anuncio fue difundido por Radio Guantánamo y recogido por CiberCuba.

La restricción se conoce después de que el primer ministro, Manuel Marrero, informara a inicios de octubre que Cuba contabilizaba 883.446 personas en situación de vulnerabilidad. La ayuda internacional prevista para la isla incluye un plan del Programa Mundial de Alimentos para 2026-2030, aprobado en junio con USD 116 millones, y una donación japonesa de USD 1 millón canalizada por el organismo en octubre.

La distribución corresponde a la quinta vuelta bimestral del módulo alimentario del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Las existencias disponibles no alcanzan para los 49.842 consumidores anotados en el padrón provincial.

El arroz será el único producto destinado a todas las personas inscritas, con cuatro kilogramos por consumidor. El aceite se entregará en una proporción de un litro por persona y los chícharos, de un kilogramo, solo a quienes figuren en los listados del denominado Nuevo Perfil PMA de Vulnerables.

Los criterios que reducen la cobertura alimentaria

La selección incluye a beneficiarios de la Asistencia Social, mujeres mayores de 60 años que viven solas, hombres mayores de 65 en la misma situación, embarazadas, niños de hasta cinco años, menores con bajo peso o enfermedades crónicas y mujeres jefas de hogar con tres o más hijos.

Pertenecer a uno de esos grupos no asegura la inclusión. Las autoridades también evalúan que el ingreso familiar por persona sea inferior a 4,000 pesos, la carga de cuidados dentro del hogar, la recurrencia de la inseguridad alimentaria y los daños en viviendas causados por eventos meteorológicos graves.

Los listados excluyen a hogares con personas aptas para trabajar que estén desvinculadas del empleo y a quienes superen el límite de ingresos fijado. Un levantamiento provincial reportado en septiembre había identificado a más de 51 mil personas vulnerables en Guantánamo, una cifra casi cuatro veces superior a la cobertura prevista para esta vuelta.

La falta de alimentos se suma a las dificultades de transporte. En septiembre, más de 140 toneladas de arroz y 51 toneladas de frijoles permanecían sin trasladarse desde Santiago de Cuba hacia Guantánamo por falta de combustible.

El Ministerio de la Industria Alimentaria había reconocido en junio que el aceite no se distribuyó mediante la libreta de abastecimiento en ningún punto del país durante los meses transcurridos de ese año.

Personas vulnerables fuera de los listados

Los problemas en la conciliación de los padrones también han dejado fuera a personas ya reconocidas como vulnerables. Días antes, un anciano de Bayamo que estaba censado no apareció en ninguna relación de beneficiarios.

Para quienes dependen de una pensión, la diferencia implica que el dinero pierde valor antes de convertirse en un bien básico. El jubilado no solo cede parte de sus ingresos para obtener billetes, sino que dedica tiempo y fuerzas a recorrer cajeros, bancos y filas sin garantía de éxito.

Los espacios de cotrabajo se diversifican en La Habana como respuesta a los apagones nacionales y las limitaciones de conexión doméstica: cafeterías, hoteles privados y emprendimientos ofrecen internet y respaldo energético para sostener empleos a distancia.

La expansión busca atender a profesionales que necesitan una oficina colectiva durante interrupciones eléctricas que pueden extenderse por horas o días, según IPS Cuba.

El teletrabajo llegó a abarcar a medio millón de trabajadores cubanos en 2023, impulsado por la escasez energética y la pandemia de covid, aunque perdió fuerza en los años posteriores.

Las cifras disponibles del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reflejan la dimensión que alcanzó esa modalidad antes del actual crecimiento de servicios privados y estatales de apoyo.

La Ley 189 del Código de Trabajo, vigente desde el 25 de septiembre, amplió el marco jurídico para el empleo a distancia y reconoce la posibilidad de contratar desde el exterior. Una regulación de 2021 ya establecía que los empleadores debían proporcionar los recursos necesarios para trabajar desde casa, pero los cortes eléctricos y los problemas de conectividad expusieron la fragilidad de esas garantías.

Los espacios de cotrabajo, también conocidos como coworking, funcionan como oficinas colectivas con infraestructura compartida para profesionales que pueden desarrollar proyectos propios o en colaboración.

Las primeras iniciativas surgidas en La Habana en 2020 buscaban facilitar esos vínculos laborales, mientras que las nuevas propuestas priorizan la conexión a internet y la autonomía energética.

Gestores de redes sociales, programadores, diseñadores, periodistas, animadores, estudiantes y trabajadores independientes que prestan servicios a empresas extranjeras integran la mayor parte de la clientela.

Elizabeth Cuesta, gestora de redes sociales, explicó que trabaja desde hace meses en hoteles y cafeterías privadas. “Estaría mejor si no tuviera que moverme siempre de mi casa para trabajar, porque allí no tengo conexión o se me acaba la batería. Es un obstáculo, aunque sea rentable, porque no vivo cerca”, dijo a IPS Cuba.

Los hoteles concentraron inicialmente buena parte de estas alternativas y aún son la principal opción en zonas donde no se instalaron servicios colectivos. Claudia Terry, fundadora de Residencia Albero Dulce, describió el perfil de quienes acuden al lugar.

“Aquí viene mucha gente de marketing, diseñadores, periodistas, o algún freelancer que trabaja con empresas extranjeras, estudiantes y animadores”, indicó al mismo medio.

La afluencia de clientes comenzó a crecer desde febrero, cuando se agravó la crisis energética. Albero Dulce había abierto en 2018 como hotel familiar para visitantes extranjeros, pero la caída del turismo durante la pandemia llevó a sus responsables a sumar actividades de bienestar, clases de yoga y colaboraciones con emprendimientos.

El establecimiento cuenta con respaldo de energía solar y añadió el servicio de cotrabajo a finales de 2025. Su área laboral cobra 700 CUP (USD 29.17) por hora y ofrece planes semanales y mensuales que alcanzan hasta 80.000 CUP (USD 3,333.34) para usos más intensivos.

El Vedado y la economía circular con talento local

Algunas cafeterías incorporaron esta modalidad mediante consumos asociados a internet y suministro eléctrico. En El Bejuco, por ejemplo, el acceso a esos recursos suele estar vinculado a la compra de algún producto del local.

El restaurante Grados alberga otro espacio de cotrabajo a través del proyecto de desarrollo local Vive el Vedado. Su fundador, Ernesto Asen, explicó que la iniciativa surgió por la necesidad de disponer de un sitio comunitario “donde ser feliz, tomar algo, pero también trabajar o estudiar”.

El servicio forma parte de la estrategia para reactivar el barrio habanero del Vedado mediante una red de actividades locales. Asen definió esa meta como la posibilidad de “hacer economía circular con el talento local, que todo se reinvierta (…) creando un pequeño ecosistema”.

Terry consideró que el modelo permite dar continuidad a negocios afectados por la baja del turismo y la actividad económica durante 2026. “En la búsqueda para nosotros de qué hacer con el negocio, vimos que en otros lugares del mundo existen espacios así. En Europa, por ejemplo, hay y allí hay conexión”, afirmó a IPS Cuba.

La fundadora de Albero Dulce también vinculó el formato con la posibilidad de que los usuarios desarrollen proyectos conjuntos. “De que las personas conecten (…), trabajen en la misma mesa, escuchen lo que está haciendo el otro y quizás en un futuro puedan formar un proyecto juntos”, agregó.

Tarifas desde un euro (USD 1.12) y respaldo renovable

El hostal Kerida Habana ofrece puestos de trabajo compartido por un euro cada hora, mientras que La Oficina Coworking funciona dentro del hostal privado Consulado 106. Ambos emprendimientos adaptaron sus instalaciones ante la reducción del turismo y de la actividad económica.

La micro, pequeña y mediana empresa estatal La Quinta SURL comenzó en agosto pruebas de este servicio en el Jardín Botánico La Quinta de los Molinos. Sus instalaciones cuentan con energías renovables y la tarifa establecida es de 500 CUP (USD 20.83)por hora.

La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo inauguró el Café Coworking Avenida Italia, con distintos niveles de membresía, asesoría y otras actividades. La ciudad también mantiene propuestas anteriores, como Amarillo Coworking y el espacio del Parque Científico Tecnológico de La Habana, ambos creados en 2020.

Casi diez meses después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la dictadura cubana mantiene el control político e institucional de la isla, pese al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, las restricciones al suministro de combustible y el deterioro de la crisis energética. Newsweek, semanario estadounidense, sostiene que las diferencias entre los dos regímenes explican por qué la estrategia aplicada por Washington todavía no ha producido en La Habana un desenlace similar al venezolano.

La administración de Donald Trump aumentó la presión económica sobre Cuba desde enero de 2026. Entre las medidas que menciona Newsweek figuran el corte de los envíos de petróleo desde Venezuela, amenazas de aranceles a países que suministren combustible a la isla y sanciones contra funcionarios, empresas estatales y compañías extranjeras vinculadas con La Habana.

El impacto de esas medidas se reflejó en el sistema eléctrico. Según Newsweek, la red nacional sufrió al menos seis colapsos parciales o totales entre enero y septiembre, mientras que algunas zonas registraron apagones de más de 24 horas. La escasez de energía se sumó a los problemas de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos que atraviesa la población.

Pese a ese escenario, la presión económica no derivó aún en concesiones políticas. El régimen de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, mantuvo el control de las instituciones y rechazó las exigencias estadounidenses. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla defendió la disposición de La Habana a resistir durante el tiempo que sea necesario, mientras que la encargada de negocios cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, afirmó en octubre que ambos países mantienen canales de comunicación, aunque sin negociaciones formales.

La estructura de poder y control cubana y sus diferencias con Venezuela

Uno de los elementos centrales del análisis de Newsweek es la diferencia entre la dictadura de Cuba y la que existía en Venezuela durante el mandato de Maduro. Michael Bustamante, historiador y director del Programa de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, explicó al medio que Cuba funciona bajo un sistema de partido único, mientras que Venezuela conservó espacios institucionales multipartidistas, aunque sometidos a restricciones y denuncias de represión.

En Venezuela, la oposición logró movilizarse durante las elecciones de 2024 y sostuvo una presencia política con capacidad de disputar espacios de poder. Tras la captura de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la conducción y estableció mecanismos de cooperación con Washington. Esa situación permitió a Estados Unidos relacionarse con una estructura estatal que permaneció en funciones, aunque bajo nuevas condiciones, dice el medio.

El caso cubano presenta otros límites. El Partido Comunista de Cuba, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad concentran el poder político y económico, según Newsweek. No existe una figura dentro de la cúpula del régimen que pueda asumir el mando y negociar una transición con Estados Unidos, ni una oposición con representación institucional equiparable a la venezolana.

Sebastián Arcos, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, planteó al semanario que la salida de Díaz-Canel o incluso de Raúl Castro no garantizaría una modificación del sistema. La estructura partidaria, militar y de inteligencia podría preservar la continuidad bajo otra conducción.

“Venezuela no es Cuba”, afirmó Christopher Hernández-Roy, director en funciones del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en declaraciones al medio. Para el especialista, la remoción de Maduro no desmanteló el aparato estatal venezolano, sino que abrió una vía de entendimiento entre Washington y quienes asumieron el control en Caracas.

La estrategia de Washington para generar fracturas internas

De acuerdo al análisis de Newsweek, la estrategia estadounidense combina sanciones económicas y advertencias políticas con el objetivo de elevar los costos de sostener la dictadura cubana. Arcos describió ese enfoque como una política destinada a intimidar y asfixiar al régimen de Cuba, con la expectativa de que surjan divisiones internas o se debilite la confianza de sus dirigentes en la supervivencia del modelo.

Sin embargo, los expertos citados por el medio advierten que el deterioro económico no garantiza un cambio político. Cuba atravesó antes la caída de la Unión Soviética, la crisis posterior y más de seis décadas de sanciones y tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Esa experiencia alimenta la expectativa de que el aparato estatal puede resistir una nueva fase de presión externa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la continuidad de esa política sin comprometerse con un cambio inmediato. En agosto aseguró que Cuba avanzaría hacia un futuro distinto antes del final de la administración Trump y señaló que Washington buscaría bloquear las alternativas financieras y comerciales que permitan aliviar las restricciones.

“Cada vez que encuentran una salida, nosotros la cerramos”, dijo Rubio en una declaración citada por Newsweek.

La guerra con Irán y el costo de una intervención

El análisis también señala que la guerra con Irán alteró los cálculos de Washington. Hernández-Roy consideró que el conflicto obligó a trasladar recursos militares que estaban desplegados en el Caribe y elevó el costo político de una eventual operación en Cuba.

Una acción militar contra la isla implicaría riesgos mayores si no ofreciera un resultado inmediato, menciona el medio. A diferencia del escenario venezolano, Estados Unidos no cuenta en Cuba con un interlocutor dentro de la estructura de poder que pueda garantizar estabilidad institucional y cooperación después de una eventual remoción de las principales figuras del régimen.

Durante un acto en Florida el 23 de octubre, Trump volvió a mencionar a Cuba como uno de sus próximos objetivos y sugirió que Rubio podría viajar a la isla para negociar un acuerdo una vez que los buques estadounidenses regresaran de la región de Irán. Hasta ahora, esas declaraciones no derivaron en una operación comparable a la ejecutada en Venezuela.

El escenario descrito por Newsweek mantiene dos dinámicas en paralelo: la Casa Blanca prolonga la presión económica y diplomática, mientras el régimen de Cuba conserva sus mecanismos de control. En el medio quedan millones de cubanos afectados por una crisis que, según el semanario, se profundizó con las restricciones de combustible y las sanciones estadounidenses.

Familiares y colegas denunciaron que los activistas cubanos Anthony Martínez Román y Karel Daniel Hernández Bosques permanecen detenidos este viernes, después de que ambos acudieran a citaciones policiales.

Martínez Román, activista cristiano residente en Guanajay, en la provincia de Artemisa, tenía una convocatoria oficial para presentarse ante la Policía. Su esposa informó en Facebook que recibió una llamada poco después de que él se dirigiera a la unidad policial. La persona que la contactó le comunicó que su esposo estaba arrestado por una presunta “desobediencia”.

La mujer dijo que pidió precisiones sobre el supuesto hecho, pero recibió una respuesta que vinculó la detención con que Martínez Román estaba “hablando de más”.

La esposa cuestionó que esa información se transmitiera por teléfono. También manifestó preocupación por el estado de salud del activista, quien requiere tratamiento médico.

“¿Una información como esa se da por teléfono? Un oficial debía presentarse en mi casa para explicarme correctamente”, escribió. La familia pidió que se garantice la atención médica que necesita durante la detención.

El activista David Espinosa informó que varios integrantes de la comunidad religiosa que acompañaban a Martínez Román fuera de la unidad policial de Guanajay fueron llevados al interior del edificio.

Espinosa afirmó que las personas que intentaron comunicarse con ellos no obtuvieron respuesta. Hasta el momento de la denuncia, no habían trascendido detalles públicos sobre su situación ni sobre las razones de su ingreso a la dependencia.

El caso ocurre en una jornada en la que organizaciones y activistas reportaron operativos de vigilancia, cercos y citaciones contra periodistas independientes, opositores y creadores de contenido en distintos puntos de la isla.

Karel fue citado en la estación de Aguilera

El segundo caso denunciado corresponde a Karel Daniel Hernández Bosques, integrante del proyecto audiovisual independiente Fuera de la Caja Cuba, quienes asistieron a una citación en la estación policial de Aguilera, ubicada en el municipio Diez de Octubre, en La Habana.

Según informó el proyecto en Facebook, Hernández permanecía retenido luego de más de cinco horas dentro de la dependencia. La publicación no detalló si las autoridades formularon cargos ni si permitieron la comunicación con familiares o allegados.

“Nos tratan como si fuéramos criminales solo por publicar contenido en Internet”, señaló Fuera de la Caja Cuba en su denuncia. El colectivo sostuvo que las autoridades despliegan patrullas y otros recursos por videos que consideran incómodos.

Fuera de la Caja Cuba vinculó la situación de Hernández con su actividad como creador de contenido en plataformas digitales.

El ICLEP pidió información para las familias y la liberación de ambos

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) exigió la liberación inmediata de Martínez Román y Hernández Bosques. La entidad sostuvo que ambos fueron privados de libertad por ejercer su derecho a opinar, publicar videos y expresar ideas.

El ICLEP también pidió que las autoridades informen a los familiares sobre la situación de los detenidos y que aseguren la asistencia médica requerida por Martínez Román.

Hasta el cierre de esta nota, no se conocía una versión de las autoridades cubanas sobre las denuncias difundidas por familiares, activistas y el proyecto Fuera de la Caja Cuba.

Mientras algunos niños juegan, ajenos por momentos a las circunstancias que los rodean, los adultos acuden con tanques y cubos para recoger esa misma agua y llevarla a sus casas, ante la incapacidad de las autoridades para garantizar el suministro a los hogares.

Detrás de esta escena está el abandono de las infraestructuras, la mala gestión y la desidia de un régimen que sigue sin resolver las necesidades más básicas de la población.

Richard Tur de la Concepción fue elegido por aclamación como experto de la ONU para el período 2027-2029, apenas diez días después de que Estados Unidos lo declarara persona non grata y lo expulsara tras una agresión contra un funcionario estadounidense en la sede de Naciones Unidas. El diplomático cubano integrará la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, según informó CiberCuba.

La designación ocurrió el viernes 6 de noviembre, después de una semana adversa para La Habana en la Asamblea General. La resolución anual contra el embargo estadounidense fue aprobada el 28 de octubre con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, frente a los 187 votos que Cuba había obtenido dos años antes.

Un puesto individual en el comité presupuestario de la ONU

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, conocida como ACABQ, está integrada por 21 miembros elegidos a título personal por la Asamblea General, no como representantes de sus gobiernos. El organismo asesora a Naciones Unidas sobre su presupuesto y administración.

La elección por aclamación supone que no hubo otro candidato para el puesto asignado al grupo regional de Cuba o que los integrantes de la Asamblea no plantearon objeciones formales a su postulación.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, celebró el resultado en X con “cálidas felicitaciones” a Tur. Definió la designación como una “nueva victoria de Cuba y un reconocimiento a su destacada labor a favor del multilateralismo y el trabajo de la Organización”.

Tur agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, conocido como MINREX, y al equipo de la misión cubana ante la ONU “por el tremendo trabajo realizado en esta elección”. También reafirmó “el compromiso con una gestión sólida de la ONU”.

La expulsión ordenada tras el incidente del 27 de octubre

El 27 de octubre, durante el debate anual de la Asamblea General sobre el embargo, Tur intentó quitarle el teléfono a J.P. Freire, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la misión de Estados Unidos y portavoz del embajador Mike Waltz. Mientras Freire grababa la confrontación, el diplomático cubano le lanzó varios manotazos.

Esa noche, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó la orden de expulsión. Waltz dijo en Fox News que Tur “estaría en un avión rumbo a La Habana dentro de las próximas 24 horas” y advirtió: “Si pones una mano encima de un estadounidense aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Rubio y yo mismo no lo vamos a tolerar”.

El Departamento de Estado confirmó su salida del país el 29 de octubre y calificó al régimen cubano de “incompetente”. Un vocero de la institución afirmó que sus tácticas eran de “intimidación y opresión” y señaló: “Hemos dejado claro a la misión cubana que este individuo no es bienvenido en Estados Unidos”.

La recepción en La Habana contrastó con la expulsión. El viceministro primero, Gerardo Peñalver Portal, recibió a Tur en el Aeropuerto Internacional José Martí junto a cerca de una decena de funcionarios del MINREX.

El 2 de noviembre, la cancillería cubana organizó un acto de bienvenida en su sede con unas 40 a 50 personas. Rodríguez Parrilla describió la conducta del diplomático como “firme y valiente” y como un “ejemplo para la Diplomacia Revolucionaria”.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FHRC, incorporó a Tur a su lista de represores cubanos un día después del incidente. La entidad también señaló sus presuntos vínculos con la inteligencia cubana: investigaciones de Martí Noticias y de la FHRC sostienen que su padre operó como oficial del Departamento de Inteligencia MII bajo cobertura diplomática en Bolivia, Paraguay y Jamaica.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante octubre se registraron en Cuba al menos 387 acciones represivas, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y 357 abusos contra activistas, opositores, periodistas independientes, líderes religiosos, presos políticos y ciudadanos que participaron en protestas pacíficas.

La organización, con sede en Madrid, informó este viernes que recibió 73 denuncias realizadas por presos políticos, comunes y sus familiares. El informe también contabilizó 145 acciones de vigilancia y cerco policial en viviendas, una práctica que, según el OCDH, tuvo como objetivo restringir los desplazamientos de personas críticas del régimen e impedir su participación en actividades públicas, religiosas o judiciales.

Las provincias con más denuncias fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. El registro incluye amenazas, hostigamientos, citaciones policiales y pedidos fiscales contra ciudadanos procesados por publicaciones en redes sociales, participación en protestas y otras actividades.

“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea”, sostuvo Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.

El dirigente agregó que esas acciones no resolverán “la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite”

Detenciones contra activistas, periodistas y manifestantes del 11J

Las detenciones arbitrarias registradas durante el mes alcanzaron principalmente a activistas, opositores, expresos políticos, periodistas independientes y personas que reclamaron por la situación del país. Entre los casos mencionados por la organización figuran los de los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, además de los activistas Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez.

También fueron detenidos Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021, mientras cumplían con obligaciones de presentación impuestas después de sus excarcelaciones, según el informe.

El OCDH destacó además el arresto del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”. De acuerdo con la denuncia, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria lo detuvieron el 1 de octubre cuando se dirigía al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este para acompañar a la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, durante el juicio contra ambas.

La entidad indicó que esa jornada estuvo marcada por controles, restricciones de movimiento y arrestos contra personas que buscaban asistir a la audiencia. Entre quienes habrían sufrido cercos policiales estuvieron las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, el periodista Reinaldo Escobar, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler y el expreso político Ángel Moya.

Abusos contra presos políticos

El relevamiento documentó al menos 63 abusos contra presos políticos durante octubre. Las denuncias incluyeron agresiones físicas, amenazas, aislamiento en celdas de castigo, falta de atención médica y medicamentos, restricciones de contacto con familiares, traslados arbitrarios y condiciones de reclusión que comprometerían la salud de los detenidos.

Entre los casos señalados aparecen los de Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango, quienes denunciaron castigos, incomunicación y falta de asistencia médica en cárceles de Camagüey. El informe también consignó agresiones contra Yandi Dita Rodríguez y Roilán Álvarez Rensoler, así como el aislamiento prolongado del periodista independiente Henry Constantín Ferreiro.

El OCDH incluyó denuncias sobre amenazas de muerte contra Denys Hernández Ramírez y huelgas de hambre de Amaury Díaz García, Danisbel Labrada Morales y Yunaykis Linares Rodríguez, quienes protestaron por las condiciones de encierro y las restricciones penitenciarias.

La falta de atención médica fue otro de los puntos recurrentes. La organización mencionó las situaciones de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Bello Domínguez y Ana Ibis Tristá Padilla, quienes tendrían dificultades para acceder a tratamientos especializados pese a sus problemas de salud.

Fiscalía pidió penas de hasta 13 años en causas vinculadas con protestas

Durante octubre, el observatorio documentó al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales. Las causas están relacionadas con publicaciones críticas en redes sociales, actividades de integrantes de la masonería y participación en manifestaciones ciudadanas.

En Granma, la Fiscalía solicitó penas de hasta diez años de prisión contra Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo, Ariel Eugenio Arzuaga Peña y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell, en un expediente vinculado con la difusión de videos críticos, conversaciones privadas y recargas telefónicas.

En Ciego de Ávila, la Fiscalía Provincial pidió condenas de hasta 13 años de privación de libertad para 18 personas imputadas por las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón. En Bayamo, por su parte, se solicitaron penas de hasta cinco años contra nueve ciudadanos procesados por la protesta popular del 23 de mayo de 2025.

El informe también registró citaciones a periodistas, activistas y colaboradores de iniciativas humanitarias, con denuncias de interrogatorios y amenazas de encarcelamiento. Entre los casos figuran los del periodista Jorge Enrique Rodríguez, el activista Adelth Bonne Gamboa y el expreso político Julián Mazola.

Un turista extranjero retrató la pérdida de público y el deterioro material del Estadio Latinoamericano de La Habana, una escena que vinculó con el desgaste cotidiano de una isla atravesada por apagones, dificultades para conseguir alimentos y la salida de jóvenes peloteros hacia otros países.

El visitante llegó al principal estadio de béisbol de Cuba con la expectativa de asistir a una jornada marcada por la música, el bullicio y la rivalidad deportiva. Pagó una entrada de 20 pesos cubanos, una suma que, según relató, equivale a menos de diez centavos de dólar en el mercado informal. Encontró, en cambio, tribunas extensas con pocos asistentes, sectores visiblemente desgastados y un ambiente distante de las postales que durante años identificaron a la pelota cubana.

Las imágenes tomadas desde las gradas mostraron filas de asientos vacíos frente al terreno de juego. En otro sector, un grupo de espectadores avanzaba por un pasillo azul hacia una zona de tribunas, sin que la afluencia altere la sensación general de un recinto con capacidad para decenas de miles de personas y una ocupación reducida.

El Latinoamericano conserva el juego, pero perdió parte de su público

El estadio sigue abierto y los partidos continúan. Los jugadores saltan al terreno, el marcador permanece encendido y los vendedores circulan en los pasillos. Pero el visitante describió una escena en la que el béisbol cubano parece sostenerse por inercia, con una distancia marcada entre la importancia histórica del deporte y la realidad de las tribunas.

“El espectáculo hace rato que hizo las maletas”, resumió el turista al observar los asientos vacíos. Su relato no cuestiona que la pelota conserve seguidores en la isla. Plantea, en cambio, que parte del público dejó de acudir con la frecuencia de otros años porque las prioridades diarias se impusieron sobre el ocio.

Durante décadas, el béisbol funcionó como uno de los principales espacios de reunión popular en La Habana y otras ciudades cubanas. Un juego ofrecía varias horas de distracción, conversación y rivalidad entre provincias. El visitante contrapuso esa memoria con el presente que encontró: una tarde en la que el silencio de las gradas resultaba más visible que el desarrollo del partido.

La situación no se limita a la asistencia. Según su impresión, la falta de vínculos duraderos entre los fanáticos y los planteles también contribuye al desinterés. Los jugadores con mejores condiciones físicas y deportivas suelen buscar oportunidades fuera de Cuba, una expectativa que transforma a la Liga Nacional en un espacio de tránsito para muchos talentos.

La salida de peloteros redujo la posibilidad de que el público se identifique durante años con las mismas figuras. Para el aficionado, seguir a un prospecto puede implicar asumir que su permanencia será breve. Esa discontinuidad afecta la construcción de referentes y erosiona una de las bases tradicionales del espectáculo deportivo.

Una entrada barata no resuelve el costo de asistir al partido

El bajo precio de los boletos no se traduce necesariamente en estadios llenos. El turista interpretó que la explicación excede el valor de la entrada. Para una persona que atraviesa cortes eléctricos prolongados o destina buena parte de su jornada a conseguir alimentos, transporte y productos básicos, pasar varias horas bajo el sol en un estadio puede dejar de ser una opción viable.

El partido cuesta 20 pesos cubanos, pero asistir exige tiempo, traslado, comida y energía. El relato coloca esos elementos en el centro de la experiencia: la entrada puede ser accesible, aunque las condiciones materiales que rodean al encuentro hagan difícil convertirla en un plan cotidiano.

La oferta dentro del estadio también aparece como parte de esa austeridad. El visitante señaló que la comida se reducía prácticamente a pan con lechón, aderezado con vinagre. No lo presentó como una rareza gastronómica, sino como un reflejo de las limitaciones que observó durante su recorrido por la capital.

El contraste entre el costo de la entrada y el estado del escenario fue uno de los aspectos que más llamó su atención. Las estructuras azules, las escaleras, las barandas y los asientos mantienen la escala del recinto, pero también dejan ver desgaste en distintas zonas. Desde las gradas altas, la distancia entre el tamaño del estadio y la presencia de público acentúa la percepción de abandono.

La pelota continúa, aunque el entusiasmo parece agotado

El turista resumió su experiencia con una frase: “Bienvenidos al funeral más barato del mundo”. La expresión condensa una mirada personal sobre el estado del béisbol profesional cubano, aunque también abre una lectura más amplia sobre las dificultades que atraviesa la vida cotidiana en la isla.

No se trata de que el deporte haya desaparecido. El calendario continúa, los equipos juegan y el estadio recibe asistentes. El problema que retrató el visitante es la distancia entre una tradición deportiva masiva y la capacidad actual de la población para convertir esa tradición en una celebración.

El Estadio Latinoamericano sigue allí, con sus tribunas azules, su campo de juego y su lugar central en la historia de la pelota cubana. En la escena observada por el turista, el marcador conserva su función, los jugadores disputan cada entrada y algunos fanáticos todavía ocupan los asientos. Pero el ruido que antes acompañaba esas jornadas parece haber dejado lugar a un silencio que, para él, explica más que el resultado del partido.

La periodista cubana Yoani Sánchez, fundadora y directora del medio independiente 14ymedio, informó que recuperó la libertad después de haber sido detenida el jueves 5 de noviembre en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado. Según reportes de su medio, la comunicadora pasó más de nueve horas bajo custodia y fue acusada de un presunto “atentado contra el orden constitucional”.

“Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana”, escribió Sánchez en su cuenta de Facebook tras ser liberada. La opositora vinculó su salida con la presión generada por las denuncias públicas: “Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”.

Sánchez anticipó que este viernes dará detalles sobre lo ocurrido durante el arresto. También afirmó que buscará visibilizar la situación de otras personas que permanecen detenidas sin contar con exposición pública ni medios para denunciar lo que sucede. “Tengo el deber de hacer públicas sus historias”, expresó.

La comunicadora había salido de su vivienda en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución, para hacer compras en un mercado cercano. Diez minutos después consiguió advertir a sus colegas a través de un mensaje: “Me secuestró la policía”. Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, confirmó poco después que había sido detenida por la Seguridad del Estado.

Sánchez, nacida en La Habana en 1975, alcanzó notoriedad internacional por su blog Generación Y y fundó 14ymedio en 2014. Durante los últimos años ha denunciado restricciones de movimiento, vigilancia y presiones sobre integrantes de su redacción. Su captura se produjo en un contexto de denuncias por hostigamiento contra periodistas y activistas en la isla.

El caso se sumó a las detenciones de Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, y de Camila Acosta, periodista de ese medio y corresponsal del diario español ABC. Bonne Gamboa fue arrestado el lunes 2 de noviembre, interrogado, multado y despojado de equipos de trabajo, según organizaciones y medios independientes. Acosta fue detenida al día siguiente, permaneció varias horas en un calabozo de la estación policial de Playa y denunció que su teléfono quedó inutilizable tras el procedimiento.

A estos casos se añade el de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, quien permanece en prisión preventiva desde el 16 de septiembre en la cárcel de Kilo 7, en Camagüey. Las autoridades lo acusan de desobediencia.

Piden una intervención de la CIDH

El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó una respuesta urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a las detenciones, amenazas y citaciones contra periodistas, comunicadores y activistas cubanos.

La entidad pidió a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y a la Relatoría para Cuba de la CIDH que se pronuncien y requieran información al régimen cubano. En su comunicado, Defensa CD mencionó los casos de Sánchez, Acosta, Bonne Gamboa, Berta Soler y María Cristina Labrada, quienes recuperaron la libertad, aunque advirtió que ello no elimina el riesgo de nuevas represalias.

La organización también señaló que recibió reportes de citaciones contra jóvenes del proyecto Fuera de la Caja y contra el activista y creador de contenido Anthony Martínez.

“Informar y defender derechos no es un delito”, sostuvo la organización, que reclamó la liberación de quienes continúan presos por ejercer de forma pacífica sus derechos.

Por su parte, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, condenó el arresto de Sánchez en un mensaje publicado en X. El funcionario afirmó que la detención de la periodista forma parte de “la continua campaña del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente”.

Segura también aludió a los arrestos de Bonne Gamboa y Acosta, así como al encarcelamiento de Constantín. “El régimen cubano demuestra su cobardía al recurrir a detenciones arbitrarias por temor a la verdad”, manifestó.

Cuba registró 136,214 defunciones en 2025, 8,116 más que el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos por Periódico Cubano. El aumento interanual fue de 6.3%.

El período estuvo atravesado por la crisis económica, el deterioro de los servicios sanitarios y el envejecimiento de la población. Las estadísticas generales no permiten establecer cuántos fallecimientos estuvieron directamente vinculados con esas carencias.

Los fallecimientos casi duplicaron a los nacimientos durante el año. Cuba registró 68,064 nacimientos, por lo que el saldo natural fue negativo en 68,150 personas.

La diferencia entre nacimientos y defunciones se sumó a la emigración en la contracción demográfica del país. Cuba perdió 313,414 habitantes durante 2025 y cerró el año con una población efectiva de 9,434,593 personas.

La Habana, Santiago de Cuba y Holguín concentraron cerca del 40% de las muertes

La Habana: 29,646 muertes.

Santiago de Cuba: 12,431 muertes.

Holguín: 12,175 muertes.

Estas tres provincias concentraron cerca del 40% de las defunciones notificadas en el país.

Mayabeque reportó 4,624 fallecimientos. Cienfuegos contabilizó 4,801 y Ciego de Ávila registró 4,970.

Las cifras absolutas no determinan por sí solas un mayor riesgo de mortalidad, ya que también dependen de la cantidad de habitantes de cada territorio.

Los registros provinciales forman parte de los indicadores demográficos difundidos para 2025. La información permite identificar la distribución territorial de las defunciones notificadas durante el año.

El municipio de Santiago de Cuba encabezó el registro local

El municipio de Santiago de Cuba registró 6,677 defunciones, el mayor número local incluido en el informe. La Ciénaga de Zapata tuvo 55.

El desglose figura en Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, 2025, publicado por la ONEI.

La diferencia entre ambos municipios aparece en el registro territorial de defunciones del documento. El informe incluye los datos correspondientes a los distintos territorios del país.

En 2024, Cuba había informado 128,098 muertes. El incremento de 2025 coincidió con mayores dificultades para acceder a atención médica y con el deterioro de las condiciones de vida.

Más de 100,000 pacientes permanecían sin intervenciones quirúrgicas

Periódico Cubano había informado que más de 100,000 pacientes permanecían sin acceso a intervenciones quirúrgicas por la falta de medicamentos, materiales e insumos hospitalarios.

La crisis energética también limita el funcionamiento de hospitales, tratamientos y otros servicios esenciales.

Las dificultades en el sistema sanitario ocurrieron durante un período de aumento de las defunciones y descenso demográfico. Las estadísticas generales no establecen cuántos fallecimientos estuvieron vinculados de forma directa con esas carencias.

Las personas de 60 años o más representaban el 26.7% de la población

Al cierre de 2025, las personas de 60 años o más representaban el 26.7% de los habitantes. Esa proporción eleva la demanda de cuidados médicos y asistencia social.

La presión sobre el sistema sanitario crece con el envejecimiento poblacional. El aumento de la población dependiente, la reducción de la fuerza laboral y las limitaciones del sistema de salud plantean mayores exigencias para las autoridades.

La recuperación de los servicios públicos y la protección de los adultos mayores permanecen pendientes.

Los hermanos Yoan y Yosvan Arévalo Álvarez continúan bajo custodia en centros penitenciarios de La Habana, más de cuatro meses después de su detención tras una protesta contra los apagones en el barrio Barbosa. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) alertó este jueves sobre la falta de información respecto de Yoan y el deterioro de la salud de ambos, quienes todavía no tienen petición fiscal ni fecha de juicio, según sus familiares.

De acuerdo con la información recopilada por el CDPC, los dos fueron arrestados el 18 de junio de 2026 luego de participar en una manifestación pacífica en Barbosa, municipio Playa. La protesta se produjo después de más de 30 horas sin electricidad en la zona. Martí Noticias informó entonces que vecinos del lugar salieron a las calles bajo consignas contra los cortes del servicio y que las fuerzas de seguridad dispersaron la concentración.

El hermano mayor, Yoan, fue trasladado al Combinado del Este, una de las principales prisiones de la capital cubana. Su madre, Estrella Álvarez, afirmó que no tiene noticias de él desde el 7 de octubre. Según relató a ADN Cuba, las autoridades penitenciarias tampoco aceptaron los alimentos que llevó durante un intento de visita.

La situación genera preocupación por sus antecedentes médicos de Yoan. Su familia indicó que fue sometido a una operación a corazón abierto, que le falta un pulmón y que requiere atención especializada. En septiembre, allegados denunciaron que presentaba vómitos y deposiciones con sangre sin haber recibido, según esa versión, los medicamentos ni la asistencia médica necesaria.

La falta de comunicación con Yoan constituye uno de los puntos centrales de la denuncia. Su madre sostuvo que el último contacto ocurrió hace casi un mes y que, desde entonces, desconoce su estado, las condiciones de reclusión y si recibe tratamiento médico.

ADN Cuba publicó el 4 de noviembre que Yoan había sido trasladado desde la prisión Jóvenes del Cotorro, conocida como Ivanov, al Combinado del Este. El medio vinculó el traslado con un cartel de protesta que el detenido habría colocado dentro del penal.

La familia también denunció que Yoan sufrió golpes durante el arresto. Un reporte de Martí Noticias sobre las protestas de junio señaló que vecinos identificaron a los hermanos Arévalo entre los detenidos durante el operativo.

Yosvan Arévalo está recluido en el campamento Toledo I

El menor de los hermanos, Yosvan, permanece en el campamento Toledo I, también en La Habana. Según el CDPC, su estado de salud se ha deteriorado debido a una pérdida progresiva de visión.

Su progenitora afirmó que ya no puede ver de noche y que la dificultad visual aumenta con el paso de los días. El joven, de 36 años, tenía problemas congénitos de visión antes de su encarcelamiento, de acuerdo con el testimonio. La familia sostiene que no ha tenido acceso a la atención especializada que requiere.

Los dos hermanos siguen en prisión preventiva y no tienen acusación formal conocida ni una fecha fijada para el juicio, según la información divulgada por el CDPC y medios independientes cubanos.

El caso plantea cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el acceso a derechos básicos de las personas privadas de libertad. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, establecen que la atención sanitaria en prisión debe tener un estándar equivalente al disponible fuera de los centros penitenciarios

El CDPC pidió al régimen garantizar la vida, la salud y la integridad de los hermanos Arévalo, además de permitir a sus familiares conocer su situación y entregarles alimentos.

La periodista recuperó la libertad el jueves por la noche. “Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana”, escribió en su cuenta de Facebook apenas llegó a su vivienda.

Sánchez vinculó directamente su salida del calabozo con la presión pública generada por las denuncias en redes sociales. “Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”, añadió en la misma publicación.

Un día después, este viernes 6 de noviembre, amplió su relato en un video. “Vine caminando y quiero devolver con gratitud esos gestos que sin lugar a dudas me hicieron que yo esté hoy aquí frente a este micrófono”, relató.

En esa misma grabación detalló los cargos que le imputaron: propaganda contra el orden constitucional, una acusación que, según explicó, se vincula directamente con su trabajo periodístico.

Mencionó en particular el podcast Cafecito Informativo, su labor al frente de 14ymedio y las cápsulas callejeras que realiza bajo el seudónimo de Andarina Sánchez.

“Quieren que me calle, quieren que me vaya, quieren que me silencie, quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”, afirmó.

El jueves, Tres hombres sin identificarse se abalanzaron sobre Yoani Sánchez cuando salía de su casa en el barrio habanero de Nuevo Vedado, lo que terminó con la periodista cubana secuestrada durante nueve horas por agentes de la Seguridad del Estado.

La denuncia sobre los “ilegales” de La Habana

Este viernes, ya liberada, la directora de 14ymedio reveló en el video compartido en sus cuentas y que a menos de una hora ya llevaba casi 5,000 reproducciones, algo que trasciende su propio caso: en el calabozo donde estuvo recluida comprobó que decenas de cubanos son detenidos a diario en La Habana por no tener registrada una dirección capitalina en su carné de identidad.

Los llaman “ilegales”. Y los deportan por la fuerza a sus provincias de origen.

Antes de salir del calabozo, Sánchez ya había anticipado su intención de usar la visibilidad obtenida para hablar de otros detenidos. “Tengo el deber de hacer públicas sus historias”, expresó, y afirmó que buscará dar voz a quienes permanecen bajo custodia sin exposición pública ni medios para denunciar lo que les ocurre.

En el video del viernes cumplió esa promesa. Contó que la mayoría de los detenidos en la cuarta estación no estaban ahí por delitos, sino por su situación de residencia. “Las dos palabras que más escuché estando en ese calabozo fueron ilegales y deportación”, relató.

Según su testimonio, se trata de una ofensiva que recorre todos los barrios de la ciudad: agentes toman a jóvenes y personas de cualquier edad, los encierran horas y después los trasladan por la fuerza a su provincia de origen. La periodista calificó el mecanismo de “discriminación por origen provincial”.

La respuesta está en el Decreto-Ley 217, vigente desde 1997, que exige autorización administrativa previa para fijar residencia en La Habana. Quien no la tiene puede recibir multas y ser devuelto por la fuerza a su provincia, aun siendo ciudadano cubano dentro de su propio país.

Sánchez describió escenas de personas que habían dejado hijos al cuidado de terceros y fueron deportadas igual, además de casos de arrestos a quienes se encontraban en un municipio habanero distinto al que figura en su carné de identidad.

Este relato no es aislado. Apenas días antes, un operativo del Ministerio del Interior en el municipio de San Miguel del Padrón terminó con 71 personas detenidas, varias de ellas señaladas por las propias autoridades como “indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada”, según consignó Tribuna de La Habana, diario oficialista.

Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, documentó que la policía cubana había expulsado por la fuerza a personas de La Habana en aproximadamente 20 mil ocasiones bajo esa norma, un patrón que, según la periodista, continúa vigente y se aplica con mayor dureza sobre migrantes internos procedentes del oriente del país.

La acusación contra la Seguridad del Estado

Sánchez también denunció lo que llamó “la absoluta sumisión” de la Policía Nacional Revolucionaria frente a la Seguridad del Estado. Según su testimonio, pudo observarlo en la propia estación donde estuvo retenida.

“Lo vi en sus rostros, incluso en esa cuarta unidad de la policía, cómo tenían que tragarse su orgullo de policía ante el que llegaba vestido de civil”, relató. Según su descripción, bastaba con que un agente de la Seguridad del Estado mostrara su carné para que los policías uniformados se paralizaran.

La periodista pidió levantar una denuncia por secuestro contra los hombres de civil que la interceptaron, algo que, afirmó, no ocurrió. “La policía cubana, las fuerzas del orden, se deben a un precepto ideológico, político y al Partido Comunista”, sostuvo.

Detenciones a periodistas independientes esa misma semana

El caso de Sánchez no llegó solo. Según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organización no gubernamental con sede en Nueva York, el arresto se produjo tras una serie de detenciones a comunicadores independientes registradas esa misma semana en la isla.

Entre ellos figuran Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, arrestado e interrogado el lunes 2 de noviembre, y Camila Acosta, periodista de ese medio y corresponsal del diario español ABC. Ambos fueron liberados horas después, con multas y advertencias.

José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, condenó el episodio. “Su detención forma parte de una campaña más amplia de represión contra los periodistas independientes”, declaró, y reclamó que las autoridades cubanas informen sobre el paradero de los detenidos de forma inmediata.

Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, también se pronunció sobre el caso a través de la red social X. Calificó lo ocurrido como parte de “la continua campaña del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente”.

Sánchez, Premio Ortega y Gasset 2008, fundó 14ymedio en 2014 tras alcanzar notoriedad internacional con su blog Generación Y. En los últimos años había denunciado de forma reiterada restricciones de movimiento, vigilancia y presiones sobre los integrantes de su redacción.

Al cierre de su video, insistió en que no dejará de ejercer el periodismo pese a la detención. “Aquí estaré. Seguiré informando y haciendo mi trabajo”, afirmó, antes de reiterar su agradecimiento a quienes se movilizaron para exigir su liberación.

Los habitantes de Villa Clara, en el centro de Cuba, recibirán seis horas de electricidad durante la madrugada cada 10 días dentro de un nuevo esquema de rotación anunciado por la Empresa Eléctrica provincial. La medida comenzará a aplicarse este jueves 5 de noviembre y se suma a los prolongados apagones que afectan a la isla por el déficit de generación.

Según informó el medio independiente Cubanet, los circuitos incluidos en la planificación tendrán suministro entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana tres veces al mes. El plan prevé una rotación de 10 bloques durante un ciclo de 30 días: los circuitos que recuperen el servicio el 5 de noviembre volverán a tener electricidad los días 15 y 25.

La programación implica que muchas familias deberán adaptar tareas domésticas, la cocción de alimentos, la carga de equipos y el llenado de depósitos de agua a un horario nocturno. La empresa no aclaró cómo quedará distribuido el servicio durante el resto de cada jornada, una duda que generó cuestionamientos de usuarios en las redes sociales.

El ingeniero José Antonio Padrón Solanes, jefe del área de operaciones del Despacho de Carga Provincial, explicó que el esquema busca organizar los cortes en un contexto de restricciones de generación, según Cubanet. La compañía advirtió, además, que el calendario podría modificarse ante averías, falta de combustible u otras contingencias dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El esquema se aplicará mientras persiste un déficit de generación

La medida llega cuando el sistema eléctrico cubano mantiene una brecha entre la capacidad disponible y el consumo previsto. Para este 5 de noviembre, la previsión para el horario de mayor demanda era de 1,140 megavatios (MW) de disponibilidad frente a 2,880 MW de demanda, con un déficit calculado de 1,740 MW y una afectación estimada de 1,770 MW.

El día anterior, los cortes alcanzaron 1,950 MW en el momento de máxima demanda. La situación se repite desde hace semanas, con interrupciones extendidas en distintas provincias y circuitos que, en algunos casos, superaron las 24 horas sin servicio.

Las autoridades atribuyen las limitaciones a averías en unidades termoeléctricas, mantenimientos programados y falta de combustible para la generación distribuida. La salida de servicio de una unidad de las centrales térmicas tiene efectos directos sobre una red con escaso margen de reserva, que depende en gran medida de instalaciones antiguas.

Los parques solares aportan electricidad durante el día, pero su producción no cubre la demanda nacional ni resuelve las restricciones nocturnas. El 4 de noviembre, la generación fotovoltaica alcanzó una potencia máxima de 463 MW, una cifra insuficiente frente a la brecha existente en el sistema.

Los apagones también agravan las dificultades para acceder al agua

La falta de electricidad repercute sobre otros servicios esenciales. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció esta semana que las interrupciones afectan el bombeo de agua, ya que gran parte de las estaciones depende de la red eléctrica. Las fallas en el suministro también dificultan la conservación de alimentos y alteran la actividad comercial y productiva.

En Villa Clara, la Empresa Eléctrica justificó el cronograma por la reducción habitual de la demanda durante los meses de menor temperatura. También indicó que quedarán fuera de la rotación los circuitos que abastecen hospitales, instalaciones de agua y otros servicios considerados esenciales.

El nuevo plan deja a los hogares con una ventana de suministro limitada y nocturna. “Habrá que coger las horas que el campo necesita descansar para hacer las tareas domésticas”, afirmó una usuaria identificada como Yamilka Vera, según recogió Cubanet.

Franyer Abad Dumet denunció falta de pago por el trabajo que realiza en el Campamento de Prisioneros número 16, en San Miguel del Padrón, La Habana. Según su relato, no ha recibido remuneración desde noviembre de 2025.

El manifestante afirmó que, al llegar al centro el 12 de noviembre de 2025, le entregaron una tarjeta magnética sin clave. Explicó que esa situación le impide retirar dinero en cajeros automáticos.

El preso también señaló que no puede cobrar en una ventanilla bancaria. De acuerdo con su versión, como interno del sistema penitenciario no cuenta con un documento de identidad para realizar ese trámite.

El Decreto-Ley 81/2023 prevé pagos mensuales por el trabajo penitenciario

El Decreto-Ley 81/2023, que regula el trabajo de las personas privadas de libertad, establece que la remuneración se paga en pesos cubanos al menos una vez al mes.

La norma dispone que la autoridad penitenciaria debe efectuar el pago. También contempla que el recluso pueda designar en su contrato de trabajo a un familiar para que cobre en su nombre.

La denuncia del manifestante se refiere a la imposibilidad de acceder a la remuneración mediante la tarjeta que recibió y a la falta de documentación para cobrar directamente en el banco.

Otro recluso del Campamento 16 denunció una situación similar

Marcos de la Luz Caballero Granados, preso político recluido en el mismo Campamento 16, denunció que llevaba más de cinco meses trabajando sin cobrar.

CubaNet publicó el 14 de octubre que Caballero Granados sostuvo que casi todos los internos de esa instalación se encontraban en una situación similar.

El caso de Abad Dumet se suma a ese testimonio sobre los pagos por trabajo dentro del campamento. No se aportaron cifras sobre la cantidad de reclusos afectados ni detalles sobre los empleos que realizan.

En septiembre de 2025, Prisoners Defenders estimó en 60.000 presos cubanos la cantidad de personas sometidas a trabajo correccional en el país.

La ONG basó ese cálculo en 53 testimonios de exreclusos. Según el informe, el 69,81% no firmó un contrato laboral.

El documento añadió que ninguno de los entrevistados que tenía un salario asignado recibió una constancia de pago.

Abad Dumet fue detenido después de las protestas en La Güinera

Abad Dumet tiene 31 años y reside en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Antes de ser arrestado trabajaba por cuenta propia como chofer de bicitaxi.

El manifestante fue encarcelado tras participar en las protestas populares no violentas del 12 de julio de 2021 en esa localidad de La Habana.

Según denunció, durante su detención fue golpeado, esposado con las manos detrás de la espalda y obligado a caminar con el torso inclinado unas tres o cuatro cuadras hasta una patrulla.

Tras el arresto, fue llevado a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó. Allí permaneció durante siete días, de acuerdo con su relato, según CubaNet.

El 19 de julio fue trasladado al edificio 3, conocido como el Depósito, del centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este.

Abad Dumet afirmó que salió en libertad el 26 de agosto. El 30 de agosto, cuando acudió a 100 y Aldabó para recoger sus pertenencias, fue detenido de nuevo.

Según su testimonio, permaneció otros siete días bajo custodia. El 7 de septiembre de 2021 regresó al Combinado del Este.

La pena quedó en 10 años tras un recurso de casación

El manifestante indicó que recibió una petición fiscal de 20 años de cárcel el 22 de octubre de 2021.

El juicio se realizó junto con otros 15 vecinos de La Güinera los días 10, 11 y 12 de enero de 2022. El proceso tuvo lugar en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Abad Dumet afirmó que recibió inicialmente una sanción de 12 años de privación de libertad. Tras presentar un recurso de casación, la condena fue reducida a 10 años de cárcel.

Entre los delitos que, según señaló, le imputaron figuran sedición, atentado, lesiones y desórdenes públicos.

El recluso también dijo que le negaron la libertad condicional en dos ocasiones.

El 28 de diciembre de 2024 fue promovido a un régimen de mínima severidad y trasladado a Zona Cero, una instalación perteneciente al Combinado del Este.

Permaneció allí hasta el 12 de noviembre de 2025, cuando fue enviado al Campamento número 16. Esa instalación se encuentra cerca de El Pitirre, identificado como Unidad 15-80, en San Miguel del Padrón.

Prisoners Defenders incluye a Abad Dumet en su base de datos de personas privadas de libertad por motivos políticos. Según su ficha, padece desnutrición grave.

La organización, fundada en Madrid para la protección de los derechos de personas encarceladas por razones políticas, contabilizó 1,351 presos políticos en Cuba al cierre de septiembre de 2026.

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones contra dos personas, ocho empresas y cinco buques vinculados con la dictadura de Cuba, bajo el argumento de que forman parte de redes relacionadas con el transporte de petróleo, el suministro de tecnología militar y las élites del régimen.

Las medidas fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a cinco embarcaciones en su lista de bienes bloqueados. Esa designación impide, en términos generales, que los activos puedan ser vendidos, transferidos, retirados, pagados, exportados o utilizados sin una licencia específica de Washington.

Según informó EFE, agencia de noticias española, las sanciones alcanzan a compañías radicadas en Cuba, Panamá, Chipre y China. La decisión forma parte de la estrategia de presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, en un contexto de restricciones al abastecimiento energético de la isla.

Washington apuntó a navieras ligadas al traslado de crudo

Entre las firmas sancionadas figuran las navieras Caroil Transport Marine, con sede en Chipre, y Tentacool Commercial, registrada en Panamá. También fueron incluidas las compañías cubanas Internacional Marítima y Petróleos Marítimos del Caribe, conocida como Petromarca.

Estados Unidos vincula a esas compañías con operaciones de transporte de crudo y productos derivados hacia Cuba o desde la isla. El Departamento del Tesoro identificó a las estructuras comerciales como parte de una red que permite el movimiento de combustibles, un recurso central para la economía cubana y en el funcionamiento de su sistema eléctrico.

La OFAC señaló como bienes bloqueados a los buques Esperanza, María Cristina, Gloria C, Emilia y Lourdes. Los tres primeros fueron asociados con Caroil Transport Marine, mientras que las dos últimas embarcaciones quedaron vinculadas a Petromarca.

La inclusión de los barcos en la lista de sanciones amplía el alcance de las restricciones. Las operaciones comerciales, financieras y logísticas que involucren a esas naves quedan sujetas a las prohibiciones impuestas por la normativa estadounidense, salvo que cuenten con una autorización expresa.

Dos empresas chinas fueron incluidas por presunto suministro militar

El paquete también afecta a las empresas estatales cubanas Cubaelectrónica y Tecnosime. La primera se dedica a la importación de suministros y equipos electrónicos, mientras que la segunda comercializa servicios técnicos y tecnológicos.

A ellas se suman las corporaciones chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies. Washington las acusa de suministrar componentes y equipos de uso militar a través de la empresa cubana Duna, una entidad relacionada con el aparato de defensa de la isla.

La decisión sitúa a las compañías tecnológicas dentro de la misma ofensiva sancionatoria que alcanzó a las navieras y a las personas identificadas por el Departamento del Tesoro. Estados Unidos sostiene que esas estructuras respaldan actividades del ejército cubano y de sectores vinculados al régimen.

Las sanciones de la OFAC suelen implicar el congelamiento de activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con las personas o entidades designadas, una medida que puede dificultar sus operaciones internacionales por la exposición del sistema financiero al dólar.

Las sanciones incluyen a dos personas vinculadas con estructuras empresariales cubanas

Entre los individuos incluidos aparece Guillermo Rodríguez López-Calleja, a quien Washington relaciona con una red dedicada al traslado marítimo de productos petrolíferos.

También fue sancionada Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Rodríguez Lastres fue directora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel, una instalación logística relevante para las operaciones portuarias cubanas.

GAESA concentra una parte de las actividades empresariales ligadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Su peso en sectores como el turismo, el comercio exterior, las finanzas, el transporte y la logística ha convertido al conglomerado en uno de los principales objetivos de las sanciones estadounidenses contra la isla.

Las medidas llegan después de que Washington restringiera el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba, según EFE. Venezuela ha sido durante años uno de los principales proveedores energéticos de la isla, por lo que la reducción de esos envíos aumentó la presión sobre el régimen cubano.

La ofensiva estadounidense se intensificó desde enero, cuando Estados Unidos designó al exdictador venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con EFE. Desde entonces, la administración Trump ha vinculado las restricciones energéticas y financieras con su demanda de un cambio político en Cuba.

Cáritas Cuba recibió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos destinado a familias vulnerables de Güines, una localidad de la provincia de Mayabeque, según informó este jueves la organización católica en sus redes sociales.

El envío fue dirigido a la Arquidiócesis de La Habana y contiene alimentos, productos de higiene y artículos para el acceso al agua y la iluminación. La distribución estará a cargo de voluntarios de Cáritas, que elaboran registros de los hogares con mayores necesidades en cada zona parroquial.

Destino íntegro a familias de Güines

Cáritas Cuba indicó que los recursos recibidos se destinarán “íntegramente” a las familias de la zona parroquial de Güines. El municipio se encuentra en el oeste de Cuba, en una provincia afectada por los problemas de abastecimiento que atraviesa el país.

El cargamento incluye arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún. También contiene jabones, crema y cepillos dentales, tabletas para potabilizar agua, toallas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

La organización agradeció a quienes colaboraron con el envío y sostuvo que la asistencia representa un apoyo para las personas que reciben los módulos. “Agradecemos de corazón a todas las personas e instituciones que, con su generosidad, han hecho posible este envío. Su solidaridad es una bendición y un abrazo de aliento para quienes más lo necesitan”, expresó Cáritas Cuba.

Los voluntarios de la entidad católica entregarán alimentos y artículos de aseo según un relevamiento previo de las familias en situación de mayor vulnerabilidad. El método busca asignar los recursos disponibles a hogares con necesidades urgentes.

USD 60 millones canalizados a través de la Iglesia católica

El nuevo cargamento forma parte de la asistencia anunciada en mayo por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que comunicó un fondo de USD 100 millones para ayuda humanitaria directa al pueblo cubano.

Según la información divulgada entonces, los recursos serían distribuidos con la coordinación de la Iglesia católica y de otras organizaciones humanitarias independientes consideradas confiables por Washington.

Reportes de Cáritas Cuba señalan que USD 60 millones de ese paquete de asistencia se gestionan a través de la Iglesia católica. La organización recibió los primeros cargamentos en los últimos meses y puso en marcha una red de distribución con apoyo de sus equipos territoriales.

De acuerdo con la información recogida por EFE, los módulos ya llegaron a familias de las provincias centrales de Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y Cienfuegos. También hubo entregas en Pinar del Río, Matanzas y La Habana, en el occidente de la isla.

La asistencia combina productos de consumo básico con suministros para afrontar dificultades cotidianas, como los cortes de electricidad y los problemas para acceder al agua potable. Las lámparas recargables y las tabletas potabilizadoras forman parte de los artículos incluidos en las entregas.

La crisis económica y energética como telón de fondo

La llegada de estos donativos ocurre en un período de tensión diplomática entre La Habana y Washington, en un escenario que distintos analistas describen como uno de los momentos de mayor deterioro en los vínculos bilaterales de las últimas décadas.

Cuba atraviesa desde hace 6 años la peor crisis económica que redujo la disponibilidad de alimentos, combustible y medicamentos. La situación se agravó tras la pandemia de COVID-19, las políticas aplicadas por el régimen cubano y las sanciones de Estados Unidos.

El deterioro se refleja además en una inflación elevada, apagones prolongados y un proceso de dolarización parcial de la economía. La escasez de productos básicos ha obligado a muchas familias a recurrir a redes de ayuda comunitaria, organizaciones religiosas y remesas enviadas desde el exterior.

Desde enero, Washington aplica una política de “máxima presión” que incluye un cerco petrolero y medidas secundarias anunciadas en mayo contra sectores relevantes de la economía cubana. Esas decisiones han añadido presión sobre el sistema energético de la isla, que enfrenta problemas de generación eléctrica y abastecimiento de combustible.

Estados Unidos sancionó este jueves a ocho empresas y dos personas por mover petróleo hacia y desde Cuba, suministrar material militar a las Fuerzas Armadas del régimen o tener lazos con la cúpula del conglomerado militar GAESA. Dos de las compañías son chinas. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, declara además bienes bloqueados a cinco petroleros que no podrán venderse, transferirse ni usarse sin permiso de Washington.

En total, las sanciones alcanzan a ocho empresas y dos personas, y bloquean cinco buques vinculados al transporte de crudo hacia o desde la isla.

La red petrolera gira en torno a Caroil Transport Marine, una naviera con sede en Chipre que gestiona tres de esos buques (Esperanza, Gloria C y María Cristina) y que ya estaba sancionada desde septiembre de 2019 por llevar crudo venezolano a la isla. Ahora se suman Tentacool Commercial, de Panamá, propietaria del Gloria C, y dos empresas cubanas: Internacional Marítima, dueña del Esperanza, y Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca), que posee u opera el Emilia y el Lourdes.

Entre las personas sancionadas está Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, al que Washington vincula con una red de navieras que transporta combustible cubano. Es hermano del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro, que dirigió GAESA hasta su muerte en 2022.

El suministro militar llega desde Beijing. China National Electronic Import and Export Company (CEIEC), una empresa pública que exporta electrónica de defensa y sistemas de seguridad, firmó contratos para enviar componentes de equipos que usa el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), según el Departamento de Estado. Beijing H&C Technologies exportó material militar a la isla. Las dos operaron este año a través de Sociedad Mercantil Duna, la compradora de armas cubana sancionada el 6 de agosto.

CEIEC ya figuraba en la lista negra del Tesoro desde noviembre de 2020. Washington la acusó entonces de dar al régimen de Nicolás Maduro tecnología para vigilar y censurar internet en Venezuela.

La segunda persona sancionada es Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, y exdirectora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel. Su madre fue sancionada el 7 de mayo junto con el conglomerado, que según el Departamento de Estado controla el 40% o más de la economía cubana. La lista se completa con dos empresas estatales: Cubaelectrónica, importadora de insumos electrónicos, y Tecnosime, comercializadora de servicios técnicos.

En paralelo, el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro firmó una resolución que permite sancionar a cualquier extranjero que opere en los sectores electrónico, manufacturero, tecnológico y marítimo de Cuba. Se suman a los cinco que ya preveía la orden ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo: energía, defensa, minería y metales, servicios financieros y seguridad. Una naviera o un proveedor de componentes de cualquier país puede así quedar fuera del sistema financiero estadounidense. El comercio de alimentos, medicinas y equipos médicos sigue autorizado.

“La élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y de transporte marítimo de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano enfrentarse a apagones, escasez de combustible y una economía estancada”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La presión sobre La Habana se endureció tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Venezuela, principal proveedor de crudo de la isla, dejó de enviarle petróleo. El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional respecto de Cuba y amenazó con aranceles a cualquier país que le venda combustible. Cuba produce unos 40.000 barriles diarios y necesita cerca de 100.000, según estimaciones oficiales. Los apagones generales se repiten desde marzo. A la orden de mayo siguieron sanciones contra la petrolera estatal Cupet y contra el dictador Miguel Díaz-Canel en junio, y contra Duna en agosto.

El proyecto El Rampeño concentró decenas de contenedores con basura junto a la calle 5 y H, en El Vedado, a una cuadra del Malecón de La Habana, donde vecinos denunciaron malos olores, roedores y riesgos sanitarios tras varios días de acumulación de desechos. El miércoles 4 de noviembre, un camión de Comunales retiró parte del volumen reunido en el antiguo parqueo del Deportivo José Martí, después de que las quejas circularan en redes sociales, según 14ymedio, portal cubano de noticias.

El lugar funciona como destino final de los residuos recolectados por triciclos eléctricos dentro de este plan piloto del Consejo Popular Rampa. Los vehículos llegaban con bolsas de desperdicios mientras el camión se llevaba únicamente la carga que podía transportar, ante una acumulación que ocupaba cerca de medio centenar de depósitos.

Una vecina de la zona cuestionó la ubicación del centro de recogida frente a las viviendas de la calle H. “Eso en principio está muy bien, pero esos tanques los pusieron ahí sin contar con nadie, y nosotros no estamos de acuerdo en concentrar los desperdicios tan cerca de las viviendas”, afirmó.

Un centro de recogida instalado sin consulta vecinal

Junto a los contenedores se formó un vertedero espontáneo con desechos diversos y restos de vegetación. La denunciante consideró que la situación vulnera las normas ambientales y el derecho de los residentes a vivir en un entorno sano e higiénico.

Un residente consultado en la zona sostuvo que el sistema solo desplaza el problema hacia otro punto del barrio. “Es que al final es mover la basura de un sitio a otro, y si no unos, otros acaban teniendo el problema, porque la basura no se desintegra por las buenas”, expresó.

Otra residente atribuyó la demora en la recogida a una posible falta de combustible y sostuvo que el servicio se reanudó por la presión vecinal en internet. “Esa concentración de basura atrae a los roedores y es fuente de infecciones, por no hablar de la peste que hay todo el día y se mete hasta la cocina”, lamentó.

Treinta triciclos prometidos y cinco vehículos operativos al inicio

El Rampeño fue presentado a finales de junio con el anuncio de 30 triciclos eléctricos y la contratación de unos 70 trabajadores. Cuando comenzó a operar, el 1 de julio, solo funcionaban cinco de los vehículos previstos.

El proyecto, encabezado por Pedro Garcés, presidente del Consejo Popular Rampa, también contemplaba una estación de carga solar. La instalación debía reducir la dependencia de la red eléctrica nacional y permitir que la recogida se extendiera a 14 circunscripciones, pero esa ampliación no se concretó, mencionó el medio local.

Durante las primeras semanas, las calles incluidas en los recorridos mostraron una mejora. El 15 de julio, algunas zonas atendidas estaban prácticamente libres de desperdicios, aunque bastaba avanzar hasta una vía fuera del servicio para encontrar contenedores desbordados y montones de basura.

En esa etapa, el programa cubría solo cuatro áreas pequeñas del consejo popular. En agosto, Garcés reconoció públicamente que no se había alcanzado el objetivo inicial y criticó las demoras para encontrar alternativas de carga durante los apagones prolongados.

Los recolectores continuaron con las tareas incluso cuando debieron levantar los desperdicios manualmente por falta de medios. En varias calles de El Vedado se colocaron carteles pintados con brocha roja que dicen: “Aviso. No botar basura ni escombros”, sin advertencias sobre posibles sanciones.

Julián Mazola Beltrán, expreso político del 11J, cumple 27 días detenido en un calabozo bajo control de la Seguridad del Estado sin que, según su familia y la organización Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide (Defensa CD), las autoridades hayan presentado pruebas en su contra. La denuncia también alerta por episodios de desmayo, problemas de alimentación y la falta de una atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia.

De acuerdo con la información difundida por Defensa CD, sus familiares lo visitaron el martes y lo encontraron tranquilo, aunque con un cuadro de salud que genera preocupación. Durante el encuentro, el detenido relató que ha sufrido desmayos asociados a una baja presión arterial.

Mazola atribuyó ese problema, en parte, a la comida que recibe durante su reclusión. Según el testimonio de sus seres queridos, los alimentos estarían en mal estado y esa situación le impide comer con normalidad. La falta de ingesta, indicó, agrava sus episodios de presión baja.

La única medida que las autoridades habrían autorizado hasta ahora fue la entrega de un paquete de galletas al oficial de guardia, además de permitir visitas familiares los martes y jueves. Defensa CD cuestionó esa respuesta y reclamó asistencia sanitaria para el detenido.

La familia espera hasta el 7 de noviembre por el análisis de un teléfono

El instructor a cargo del expediente no se encontraba durante la visita familiar, según la denuncia. Sus allegados deberán esperar hasta el próximo 7 de noviembre para conocer el resultado de una técnica ordenada por la Fiscalía sobre el teléfono celular que le fue incautado el día de su arresto.

La organización sostuvo que las autoridades mantienen la detención mientras revisan el dispositivo electrónico. “Casi un mes después, el régimen sigue sin presentar pruebas y mantiene a Julián preso mientras revisa su teléfono en busca de algo que justifique haberlo encarcelado”, señaló Defensa CD en su comunicado.

La defensa legal de Mazola tenía prevista una visita para este viernes. Defensa CD pidió que el contacto con su abogada sea pleno y sin restricciones, en un contexto en el que la familia reclama información sobre el expediente y las condiciones de detención.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció la detención arbitraria de Mazola el 9 de octubre en San Antonio de los Baños, Artemisa. Tras una citación de la Seguridad del Estado, fue llevado a su casa para un registro y luego trasladado a una unidad policial. Posteriormente, el 15 de octubre, se conoció que se le había abierto un proceso penal por “propaganda contra el orden constitucional”.

Mazola es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Defensa CD afirmó que el régimen cubano tiene la obligación de proteger su vida e integridad física. En ese sentido, consideró que su detención sin pruebas conocidas, las denuncias sobre alimentación y los desmayos constituyen un posible incumplimiento de las medidas otorgadas por la CIDH.

La Seguridad del Estado empujó a Yoani Sánchez dentro de una patrulla este jueves en La Habana, mientras ella gritaba que la estaban secuestrando.

Así lo relató una persona que presenció el arresto, citada por el periodista Mario J. Pentón en redes sociales y reproducida por CubaNet, portal de noticias sobre Cuba.

“La tiraron a la patrulla y gritaba a todo pulmón que la estaban secuestrando”, describió el testigo. El operativo ocurrió en la calle Estancia, junto al estacionamiento del Ministerio de la Agricultura, en el municipio Plaza de la Revolución.

Yoani Sánchez, fundadora y directora de 14ymedio, fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su casa en La Habana. Su esposo, el periodista Reinaldo Escobar, denunció el arresto en Facebook. La periodista llevaba meses documentando apagones, protestas vecinales y la crisis de agua y electricidad en la isla.

Sánchez salió a comprar al mercado y nunca regresó

La directora de 14ymedio había avisado a sus colegas que iría al mercado de su barrio, en Nuevo Vedado, y que volvería pronto. Salió de su vivienda alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves, según relató el propio medio.

Diez minutos después de salir, Sánchez logró enviar un mensaje de apenas cuatro palabras para alertar sobre lo que ocurría. Desde entonces sus compañeros de redacción no tuvieron más noticias de su paradero.

“Ha sido detenida por la Seguridad del Estado hoy en La Habana”, escribió Escobar en Facebook. El periodista se encontraba en Madrid en el momento del arresto, junto a su hija Luz Escobar, periodista cubana exiliada en España desde 2022.

No es la primera vez que la reprimen en 2026

La detención del jueves no es un hecho aislado en la vida de Sánchez durante este año, según documentó CiberCuba, portal de noticias sobre Cuba.

En enero, agentes la interceptaron cuando se dirigía a una recepción en la residencia del jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y la escoltaron de vuelta a su domicilio con prohibición de salir.

En marzo, un agente vestido de civil le impidió abandonar su edificio sin identificarse ni mostrar una orden legal. En septiembre la retuvieron en su casa junto a Escobar y otros activistas para evitar que asistiera a un acto en la embajada estadounidense, consignó el portal.

Otros dos periodistas de CubaNet detenidos la misma semana

El arresto de Sánchez se suma al de otros comunicadores independientes detenidos días antes. El lunes 2 de noviembre, la Policía interceptó en la vía pública, en el reparto Santos Suárez, a Adel Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet.

“Lo trasladaron a una unidad policial, lo interrogaron, le quitaron sus equipos, lo multaron y lo amenazaron con la cárcel”, declaró a Martí Noticias Arailaisy Rosabal, especialista del Observatorio Cubano de Libertad de Prensa y Expresión (OCLE).

A Bonne Gamboa le confiscaron laptop, teléfono, cámara y equipo de audio, y le impusieron una multa de 3.000 pesos al amparo del Decreto-Ley 370, la norma que el régimen usa para sancionar la difusión de información en plataformas digitales.

Un día después, el martes 3 de noviembre, fue detenida Camila Acosta, también colaboradora de CubaNet y corresponsal del diario ABC en La Habana. Los agentes la interceptaron cuando se dirigía con su mascota a una consulta veterinaria y la trasladaron esposada en una patrulla.

Acosta quedó libre esa misma tarde, tras pasar varias horas detenida en la estación policial de Playa. “Estuve toda la tarde en un calabozo de la estación policial de Playa. Mañana cuento en detalle lo sucedido”, escribió la periodista en Facebook tras su liberación.

Su esposo, el escritor y expreso político Ángel Santiesteban, relató al portal independiente que los agentes justificaron el arresto con una acusación vaga: que “por culpa de ella habían golpeado al familiar de un revolucionario”. Acosta figura como regulada, con prohibición de salir del país, desde 2019.

Freedom House denuncia un patrón de hostigamiento contra la prensa

Freedom House, organización internacional de defensa de los derechos civiles y políticos, calificó las detenciones de Bonne Gamboa y Acosta como parte de “un esfuerzo más amplio para silenciar el periodismo independiente y ocultar la realidad de la represión en Cuba”. La entidad exigió a las autoridades cubanas que liberen de inmediato a los detenidos por ejercer el periodismo.

El OCLE, perteneciente al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, sostiene que las detenciones, las amenazas de procesos penales y la confiscación de equipos buscan restringir la difusión de información sobre la situación del país, según consignó Martí Noticias.

Henry Constantín, preso desde septiembre

Al patrón de arrestos recientes se suma el caso de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, quien permanece en prisión preventiva desde el 16 de septiembre en la cárcel de Kilo 7, en Camagüey. Las autoridades lo acusan de desobediencia.

El periodista continúa detenido mientras organizaciones de prensa en el exterior reclaman su liberación y la de los demás comunicadores arrestados en la isla durante los últimos días.

En medio de una de las crisis de servicios básicos más severas de los últimos años en Cuba, la sociedad civil ha comenzado a articular sus propios mecanismos de auxilio ante la inacción y el colapso de las infraestructuras estatales.

La activista y residente local Gisselle Ordóñez Milián, conocida en redes sociales como Zea Gisselle, ha puesto en marcha la campaña solidaria “Agua Segura para Cuba”.

Esta iniciativa ciudadana, respaldada por la Red de Ayuda Humanitaria, surge como una respuesta directa a la desesperación de cientos de familias que enfrentan un desabastecimiento prolongado, obligadas en muchos casos a subsistir recolectando agua de lluvia para beber, higienizarse y cocinar.

El proyecto inició como un plan piloto en el barrio Zamora, ubicado en el municipio habanero de Marianao, una zona donde diversas familias acumulan más de seis meses continuos sin recibir una sola gota por las tuberías de la red pública.

Por lo que, el objetivo principal de la recaudación es adquirir y distribuir insumos de primera necesidad para el saneamiento, tales como:

• Pastillas potabilizadoras
• Filtros domésticos
• Equipos de ozonización, priorizando a los hogares en condiciones de extrema vulnerabilidad social y económica.

La magnitud del problema trasciende al municipio de Marianao. Las propias autoridades del régimen cubano tuvieron que reconocer públicamente que el panorama del abasto de agua a nivel nacional atraviesa un estado «grave y complejo», afectando de forma directa a más de medio millón de residentes únicamente en La Habana.

Diversos municipios, entre ellos La Habana Vieja, han reportado periodos superiores a los 30 días seguidos sin servicio por tubería, lo que ha desencadenado protestas espontáneas, cacerolazos y cortes de vías protagonizados mayoritariamente por madres que exigen soluciones inmediatas.

Los informes oficiales reconocen las causas estructurales que mantienen paralizado el sistema hidráulico:

El drama humano y sanitario en el barrio Zamora

La promotora de la campaña ha documentado testimonios desgarradores que ilustran la magnitud de la precariedad cotidiana. En sus recorridos por la comunidad, Zea Gisselle constató cómo abuelas de la tercera edad, solas o a cargo de nietos pequeños huérfanos, deben ingeniárselas para acumular agua de las precipitaciones en recipientes improvisados ante la total ausencia de suministro regular.

La activista ha calificado estas condiciones de vida como insostenibles y criminales, haciendo hincapié en que los sectores más desprotegidos, ancianos y niños pequeños, son quienes sufren con mayor crudeza las consecuencias de este abandono.

La única medida paliativa enviada por las autoridades locales a la zona consistió en el envío de un camión cisterna (pipa) cuyo cargamento llegó visiblemente turbio y amarillento, además de resultar ínfimo para la demanda de más de cuatro manzanas residenciales.

Quienes no logran abastecerse de estas escasas distribuciones oficiales se ven forzados a pagar cifras exorbitantes de hasta 2,000 pesos cubanos ($2.17 dólares) a conductores particulares de pipas por un tanque de apenas 55 galones, un costo inasumible para pensionados y trabajadores con salarios estatales promedio.

El impacto sobre la salud pública no se ha hecho esperar. En el propio barrio Zamora ya se han registrado brotes de hepatitis ambiental y enfermedades gastrointestinales, directamente relacionados con la ingestión de agua no tratada o contaminada.

Esta realidad coincide con las alertas emitidas por personal médico independiente y pediatras, así como por admisiones del propio Ministerio de Salud Pública, que ha reportado un repunte simultáneo de infecciones diarreicas agudas y hepatitis A en la capital y otras provincias del país.

Los 92 profesionales sanitarios cubanos que trabajan en Belice podrán recibir contratos laborales individuales para continuar en el sistema público de salud, según el plan anunciado por las autoridades del país centroamericano.

La propuesta busca mantener la atención médica que prestan esos trabajadores, aunque Belice no renovará el convenio de cooperación sanitaria que sostiene con Cuba desde 1990. Cada integrante de la brigada podrá decidir si acepta las nuevas condiciones.

El Ministerio de Salud y Bienestar negociará los acuerdos directos con los profesionales interesados. Según informó Breaking Belize News, citado por CubaNet, la decisión cierra el esquema bilateral vigente durante 36 años sin descartar la continuidad de los trabajadores cubanos en sus actuales funciones.

Los contratos individuales reemplazarían el convenio entre Belice y Cuba

Las autoridades aclararon que el cambio no implica, por ahora, la salida de los profesionales cubanos. El objetivo es que quienes estén interesados puedan mantener su vínculo con el sistema de salud mediante contratos directos.

De los 92 integrantes de la brigada, 45 son médicos. El resto está integrado por personal de enfermería, técnicos y otros trabajadores sanitarios.

El Ministerio de Salud y Bienestar deberá definir las condiciones de los nuevos acuerdos laborales. Hasta el momento, el Gobierno no informó cuáles serán los salarios, las prestaciones ni los requisitos migratorios previstos.

Tampoco se ha precisado cuántos profesionales cubanos aceptaron continuar bajo la nueva modalidad de contratación.

Cada profesional podrá decidir si permanece

El ministro de Salud de Belice, Kevin Bernard, explicó a News 5 Belize que los miembros de la misión podrán determinar de manera individual si desean seguir trabajando en el país.

El funcionario manifestó que espera conservar a todos los integrantes de la brigada. No obstante, reconoció que la permanencia dependerá de que acepten las condiciones que se establezcan en los contratos.

La continuidad de los servicios tendrá especial incidencia en las zonas donde los profesionales cubanos representan una parte relevante del personal disponible.

En el distrito de Toledo, por ejemplo, ocho de los 16 médicos disponibles eran cubanos, de acuerdo con datos difundidos por medios locales.

Breaking Belize News recogió el anuncio de la Cancillería beliceña sobre el nuevo esquema. El medio señaló que el Ministerio de Salud y Bienestar llevará adelante el proceso con los trabajadores que opten por permanecer.

Otros países modificaron sus convenios sanitarios con Cuba

La decisión beliceña se suma a cambios aplicados por otros gobiernos de América Latina y el Caribe en sus acuerdos de cooperación sanitaria con Cuba.

En diciembre de 2025, Antigua y Barbuda puso fin a su convenio médico con La Habana. La medida se produjo después de que el primer ministro Gaston Browne defendiera públicamente la presencia de profesionales cubanos en el sistema de salud nacional.

Posteriormente, el Gobierno anunció la contratación de personal sanitario procedente de Ghana para cubrir parte de las necesidades del país.

Jamaica dio por terminado en marzo de 2026 su esquema de cooperación entre gobiernos, después de que las negociaciones para renovarlo no prosperaran.

Las autoridades jamaicanas habían planteado que los profesionales recibieran directamente sus salarios y mantuvieran sus documentos de viaje.

El fin de aquel convenio no significó la desaparición de la presencia médica cubana en Jamaica. El ministro de Salud, Christopher Tufton, informó el 30 de octubre que 200 profesionales cubanos trabajaban en el sistema sanitario local mediante contratos individuales conforme a la legislación del país.

Según los datos oficiales, 43 de los 278 integrantes de la misión presentes en Jamaica en marzo aceptaron inicialmente permanecer bajo el nuevo modelo. Otros profesionales regresaron después para incorporarse con condiciones similares.

Guatemala y Bahamas también revisaron sus mecanismos de contratación

En Guatemala, las autoridades notificaron en febrero de 2026 que no renovarían el acuerdo de cooperación sanitaria con Cuba y organizaron una salida escalonada de la brigada.

El proceso debía comenzar en abril con la partida de 93 profesionales. Un segundo grupo tenía previsto salir en agosto.

Bahamas anunció en junio de 2025 que eliminaría los contratos establecidos mediante el Gobierno cubano y ofrecería empleo directo a los profesionales de salud de la Isla.

El ministro de Salud bahameño, Michael Darville, presentó la medida después de conversaciones con Estados Unidos y en medio de cuestionamientos sobre las condiciones laborales de las brigadas.

Los casos muestran que el fin de los convenios estatales no ha tenido un resultado único. Algunos gobiernos optaron por reemplazar al personal, mientras que otros conservaron parte de los servicios a través de contrataciones individuales.

Estados Unidos cuestiona los programas internacionales de servicios médicos de Cuba

Estos cambios se producen en un contexto de presión de Estados Unidos sobre los programas internacionales de servicios médicos de Cuba.

Washington sostiene que la contratación mediante entidades estatales cubanas puede facilitar prácticas de trabajo forzoso y explotación laboral. Su posición se refiere a la retención de una parte de los ingresos generados por los profesionales y a restricciones durante las misiones.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado amplió las restricciones de visado contra funcionarios cubanos y extranjeros vinculados con programas de exportación de trabajadores que considera potencialmente explotadores.

Las denuncias sobre las condiciones laborales también fueron formuladas por antiguos participantes y organizaciones de derechos humanos. Esos señalamientos incluyen restricciones de movimiento, retención de documentos, vigilancia y limitaciones para disponer libremente de los ingresos.

En abril de 2025, CubaNet publicó una investigación basada en los testimonios de cinco trabajadoras cubanas de la salud. El informe documentó denuncias de control laboral y económico en distintas misiones del Caribe.

Un saco de carbón vegetal cuesta entre 2,000 y 5,000 pesos cubanos en la isla, un valor equivalente a entre USD 2.19 y USD 5.46 en el mercado informal. Para muchas familias, ese gasto se suma a la compra de alimentos básicos y se vuelve necesario ante los apagones y las dificultades para conseguir gas licuado.

La denuncia fue difundida a través de redes sociales por el Food Monitor Program (FMP), que advirtió que el carbón se consolidó como una alternativa para cocinar, aunque su precio limita el acceso de los hogares con menores ingresos.

El precio puede cambiar según la provincia, la calidad del producto y el lugar de venta. El FMP indicó que un saco de 5,000 pesos puede equivaler hasta al 155% del salario mínimo del país. En términos prácticos, una persona que cobra el salario mínimo necesitaría más de un mes de ese ingreso para comprar uno de los sacos más caros.

El valor de una bolsa pequeña de nailon con carbón ronda los 600 pesos cubanos, unos USD 0.66. Aunque su precio es menor que el de un saco, su duración resulta limitada y obliga a realizar compras frecuentes para cubrir apenas algunas cocciones.

El gasto para cocinar se agrega al costo de los alimentos

A su vez, el carbón no reemplaza la compra de comida, sino que añade un costo para preparar los alimentos. Arroz, frijoles, aceite y huevos forman parte de una canasta cuyos precios aumentaron por la inflación y la escasez, según el planteo de la organización.

La situación afecta en especial a las familias que no disponen de gas licuado ni cuentan con un suministro eléctrico estable. Cuando hay apagones, el carbón y la leña quedan como una de las pocas opciones para cocinar.

La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 del FMP señaló que el 35% de los participantes utilizó leña o carbón debido a la falta de electricidad y gas. El estudio, cuyos resultados se difundieron en mayo de 2026, también indicó que el 80.4% enfrentó dificultades para elaborar sus comidas por los cortes de luz.

El acceso también condiciona la producción

El problema no se limita al precio final. El FMP afirmó que una parte de los terrenos donde crecen especies usadas para producir carbón, como el marabú y la aroma, permanece bajo control estatal.

Esa situación reduce las posibilidades de los pequeños productores que buscan fabricar y vender carbón por cuenta propia. Quienes no acceden a esas tierras deben pagar a propietarios o intermediarios para usar parcelas con árboles aptos para la producción.

“El Estado reserva esas tierras para quienes le convienen”, afirmó un carbonero entrevistado por el Food Monitor Program.

La organización describió una cadena en la que participan entidades oficialistas, propietarios de terrenos, intermediarios, productores y vendedores. Por ende, el último eslabón es el consumidor, que paga un precio más alto por un combustible que necesita para cocinar.

El FMP sostiene que la falta de alternativas energéticas estables, el costo de la comida y las restricciones para producir carbón agravan la precariedad económica de los hogares cubanos.

“En Cuba, hasta encender el fogón se ha convertido en un lujo…“,puntualizó Food Monitor Program.

Un hombre fue condenado a cadena perpetua en Cuba por asesinar a su expareja después de descubrir que ella mantenía una nueva relación con otro hombre. La segunda víctima fue identificada como Abel Morales Castro, quien era la pareja sentimental de la mujer. El doble crimen sacudió el municipio de Florencia, en la provincia de Ciego de Ávila, y terminó con la máxima pena de privación de libertad prevista por la legislación cubana.

El sentenciado es Adrián Cruz Díaz, confesó el brutal crimen y se declarado culpable por las muertes de Marialina García Borroto y Morales Castro. La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila dictó el fallo luego de un juicio oral y público.

La condena fue comunicada por el tribunal provincial, que calificó el hecho como asesinato con circunstancias agravantes y aplicó la sanción de privación perpetua de libertad. La resolución judicial se conoció esta semana, más de un año después de que trascendiera el ataque contra la pareja en Florencia.

La información vinculada al proceso señala que Cruz Díaz era expareja de García Borroto. De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el caso, el hombre asesinó a la mujer tras enterarse de su vínculo con Morales Castro. Las autoridades establecieron que el segundo cuerpo correspondía al hombre con quien ella mantenía esa relación.

El crimen ocurrió durante 2025, aunque la comunicación judicial no indicó la fecha precisa del hecho. En agosto de ese año circularon reportes sobre el asesinato de dos personas dentro de una vivienda de Florencia. El caso generó preocupación en esa localidad de Ciego de Ávila, una provincia situada en la zona central de la isla.

La condena contra Cruz Díaz llega en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Cuba. Organizaciones independientes que siguen estos casos registraron 49 feminicidios en 2025 y al menos 61 durante 2026 hasta los primeros días de noviembre.

El Observatorio de Género de Alas Tensas documentó que una proporción importante de los feminicidios verificados en la isla tiene como agresores a parejas o exparejas de las víctimas. Sus registros también señalan que una parte relevante de los ataques ocurre dentro de las viviendas o en sus inmediaciones.

La muerte de García Borroto se inscribe en ese patrón de violencia ejercida por hombres con vínculos afectivos previos o actuales con las víctimas. El hecho derivó además en la muerte de Morales Castro, a quien las autoridades identificaron como la nueva pareja de la mujer.

Cubano contempla el feminicidio como un delito autónomo en su Código Penal. Los asesinatos de mujeres por razones de género pueden ser investigados bajo figuras como homicidio o asesinato, con agravantes según las características del caso.

Organizaciones de derechos de las mujeres han reclamado durante años registros públicos sistemáticos, mecanismos de prevención y mayor protección para quienes enfrentan situaciones de violencia. El Estado cubano sostiene que aplica una política de tolerancia cero ante la violencia de género, mientras los observatorios independientes continúan documentando casos a partir de información disponible en comunidades, redes sociales y fuentes cercanas a las víctimas.

En el proceso de Ciego de Ávila, el tribunal consideró probada la responsabilidad penal de Cruz Díaz en las dos muertes y dictó una pena de prisión perpetua. La sentencia coloca el caso entre los hechos de violencia contra las mujeres que han generado atención en Cuba durante los últimos meses.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba reclamó atención sobre la situación de Félix Navarro y Saylí Navarro, dos opositores encarcelados, tras una reunión de funcionarias diplomáticas con Sonia Álvarez, esposa y madre de ambos, en Perico, provincia de Matanzas.

La representación diplomática difundió el encuentro el 4 de noviembre a través de sus redes sociales. En el mensaje sostuvo que mantiene su preocupación por la situación de los dos integrantes de la familia Navarro y afirmó que ambos permanecen detenidos de forma “injusta”.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía tomada durante la visita. Allí se observa a Álvarez junto a dos funcionarias de la embajada, Félix Navarro y otros integrantes del entorno familiar y opositor. La imagen fue compartida con la etiqueta #LiberenTodos, una consigna utilizada por organizaciones y activistas que reclaman excarcelaciones de presos políticos en Cuba.

La visita a Perico, Matanzas

La visita tuvo lugar en Perico, una localidad de la provincia de Matanzas, donde reside la familia. Según el mensaje de la sede diplomática, las funcionarias conversaron con Sonia Álvarez, esposa de Félix Navarro y madre de Saylí Navarro.

La embajada informó que durante el encuentro también estuvieron presentes los activistas Iván Hernández Carrillo y Asunción Carrillo Hernández. No precisó si la conversación incluyó gestiones diplomáticas concretas, pedidos a las autoridades cubanas o información sobre las condiciones de reclusión de los detenidos.

El pronunciamiento público de Estados Unidos se centró en la situación de padre e hija y en el respaldo a sus familiares. La embajada no informó las causas judiciales bajo las cuales están privados de libertad ni dio detalles sobre sus sentencias, lugares de detención o eventuales procesos de apelación.

Félix y Saylí Navarro, en el centro del pronunciamiento

Félix Navarro es una de las figuras de la disidencia cubana y ha mantenido actividad política opositora durante décadas. Su hija, Saylí Navarro, también participa en iniciativas de activismo y en reclamos vinculados con los derechos civiles y políticos en la isla.

La mención conjunta de los dos en el comunicado subraya el impacto familiar de los encarcelamientos. Sonia Álvarez quedó situada como interlocutora de las representantes de Estados Unidos y como una de las voces cercanas a los detenidos que transmiten información sobre su situación.

La embajada empleó una formulación directa al sostener que Navarro y su hija están “injustamente encarcelados”. Esa definición expresa la posición oficial de Washington sobre el caso, aunque la publicación no incluyó una respuesta de instituciones cubanas ni una referencia a la postura de la Fiscalía, los tribunales o el Gobierno de Cuba.

Tensión persistente entre Estados Unidos y Cuba

El encuentro se produjo en un contexto de tensión persistente entre Estados Unidos y Cuba por cuestiones vinculadas con derechos humanos, libertades políticas y el trato a opositores, periodistas independientes y activistas. La situación de los presos políticos suele ocupar un lugar central en los pronunciamientos de la embajada estadounidense y de organizaciones de la sociedad civil.

La etiqueta #LiberenTodos amplió el alcance del reclamo más allá del caso de Félix y Saylí Navarro. La consigna plantea la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos, según la definición de quienes impulsan esa campaña.

La publicación no detalló si la embajada prevé nuevas reuniones con familiares de detenidos ni si presentará pedidos formales ante autoridades cubanas. Tampoco informó sobre posibles comunicaciones posteriores con organizaciones internacionales dedicadas al seguimiento de los derechos humanos en Cuba.

El mensaje dejó constancia de que la sede diplomática estadounidense mantiene contacto con familiares y activistas en distintas provincias de la isla, mientras sostiene públicamente su demanda por la liberación de Félix Navarro, Saylí Navarro y otros opositores detenidos.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este miércoles que más de 2.6 millones de habitantes sufren interrupciones en el suministro de agua, una situación que describió como “grave y compleja” y cuya solución, según afirmó, requiere inversiones de gran escala que demandarán tiempo.

Durante su espacio radial Criterio Compartido, el político abordó una de las dificultades que más afecta en la vida cotidiana de la población cubana. Díaz-Canel sostuvo que el déficit de agua responde a problemas estructurales de larga data, agravados por la crisis energética, el deterioro de las redes hidráulicas y fallas en la gestión de las autoridades locales.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, precisó que las afectaciones alcanzan a 2.681,770 personas en la isla. Según indicó, el 66% de los casos está vinculado a dificultades eléctricas, mientras que el 25% responde a averías en los equipos de bombeo.

La cifra expone la dependencia del sistema de abastecimiento respecto del funcionamiento de la red eléctrica nacional. La falta de energía impide la operación regular de estaciones de bombeo y afecta tanto a las fuentes de captación como a los sistemas que trasladan el agua hacia zonas urbanas y rurales.

La Habana concentra más de medio millón de personas afectadas

La capital cubana es la provincia con mayor cantidad de habitantes afectados por las interrupciones del servicio. Rodríguez afirmó que unos 536,000 residentes de La Habana tienen problemas con el acceso al agua.

El funcionario también mencionó a Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas, Artemisa y Pinar del Río entre los territorios con mayores dificultades. En cada una de esas provincias, alrededor de 200,000 personas padecen deficiencias en el suministro, según los datos expuestos durante el programa oficial.

Díaz-Canel señaló que el agua es uno de los asuntos más sensibles del país. En su intervención, atribuyó parte de la situación al bloqueo de Estados Unidos, a la crisis energética y a la antigüedad de las redes de distribución. También cuestionó “la negligencia, la indolencia y la falta de coordinación” de las autoridades responsables de atender el problema.

El deterioro de las tuberías y tuberías conductoras representa una de las principales limitaciones del sistema hidráulico cubano. Las pérdidas en las redes, las roturas frecuentes y la falta de equipos de repuesto reducen la capacidad de trasladar el agua desde las fuentes de abastecimiento hasta las viviendas.

El régimen cubano apuesta a la energía solar para sostener los bombeos

Díaz-Canel planteó que la recuperación del servicio exige intervenir las fuentes de abastecimiento y las tuberías conductoras principales. Además, presentó la transición energética como una vía para dar mayor estabilidad a los sistemas de bombeo en medio de los cortes de electricidad.

Afirmó que es necesario asegurar el funcionamiento de las fuentes principales, los equipos impulsores y las estaciones intermedias. Esa estrategia depende de un sistema eléctrico que atraviesa una crisis desde mediados de 2024, con apagones prolongados y dificultades para garantizar la generación necesaria en varias provincias.

La infraestructura electroenergética de Cuba arrastra décadas de falta de mantenimiento e inversiones. A ello se suma la escasez de combustible para operar centrales termoeléctricas y unidades de generación distribuida. El régimen cubano atribuye parte de esas limitaciones a las sanciones estadounidenses y a las restricciones para adquirir petróleo y componentes en el mercado internacional.

Como respuesta, la dictadura puso en marcha un programa de instalación de 92 parques solares, con una potencia total prevista de cerca de 2,000 megavatios. El plan busca reducir la dependencia de combustibles fósiles e incorporar fuentes renovables a una red que presenta fallas recurrentes.

No obstante, la fragilidad del sistema eléctrico limita la capacidad de aprovechar plenamente la generación fotovoltaica. La falta de estabilidad en las líneas de transmisión y distribución puede impedir que la electricidad producida por los parques solares llegue de forma continua a los puntos de consumo.

Rodríguez anunció que diez parques solares, con 200 megavatios de capacidad de acumulación, estarán destinados a las tres fuentes fundamentales de abastecimiento de La Habana. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de esos sistemas ante las interrupciones de la red nacional.

Más de 800 equipos de bombeo ya operan con otra matriz energética

En el resto del país, la primera etapa del cambio de matriz energética incluye 1,312 equipos de bombeo. De ese total, 853 ya están en funcionamiento, de acuerdo con el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Las autoridades no detallaron un calendario para completar la transformación de los equipos restantes ni precisaron cuándo podrían disminuir de forma sustancial las interrupciones del servicio. Díaz-Canel advirtió que las inversiones de mayor volumen requieren tiempo, aunque afirmó que se trabaja sobre las dificultades inmediatas.

En numerosos territorios, familias cubanas pasan hasta 40 días sin recibir agua por las redes domiciliarias. Esa situación obliga a depender de camiones cisterna, depósitos improvisados o fuentes alternativas, con consecuencias directas sobre la higiene, la preparación de alimentos y las condiciones sanitarias en los hogares.

La falta de agua se suma a la acumulación de basura en las calles, la escasez de alimentos y medicamentos, las limitaciones en hospitales y el aumento de los precios. En ese escenario, el acceso regular al agua se mantiene como una de las demandas más urgentes de la población, según informó EFE.

Las cajas comenzaron a bajar de un camión en la Parroquia de La Santa Cruz, en Cruces, mientras voluntarios y trabajadores ordenaban los paquetes destinados a familias con mayores necesidades del municipio. La operación pone en marcha la distribución de 700 módulos de alimentos y 700 paquetes de higiene enviados desde Estados Unidos.

La entrega se inició este miércoles 4 de noviembre en la localidad de la provincia de Cienfuegos, después de que el cargamento aterrizara el martes en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, de Santa Clara. Los suministros llegaron para asistir a hogares seleccionados por sus condiciones de vulnerabilidad.

El operativo está a cargo de Cáritas Cuba, que coordinó la identificación previa de las familias y organizó la descarga, el traslado y la distribución de los productos. La entidad cuenta con voluntarios y estibadores para movilizar la carga desde el punto de recepción hasta las instalaciones parroquiales y los lugares de entrega.

Los módulos se asignan según criterios de vulnerabilidad

La ayuda no se repartirá entre todos los habitantes de Cruces. Cáritas Cuba priorizó a adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, pacientes encamados, mujeres embarazadas o lactantes y familias con niños menores de cinco años.

También recibirán atención preferente los hogares afectados por inseguridad alimentaria y por dificultades para obtener agua potable. En los casos de personas que no puedan trasladarse por problemas de salud o por requerir cuidados permanentes, los equipos prevén llevar los módulos directamente hasta las viviendas.

Cada familia seleccionada recibirá alimentos e insumos de aseo. Los envíos anteriores de este programa incluyeron arroz, frijoles, aceite, azúcar, pastas, sardinas y atún. Los paquetes de higiene reunieron productos de uso personal y limpieza, tabletas para tratar agua y lámparas recargables.

La llegada a Cruces constituye el segundo cargamento de asistencia estadounidense destinado a la Diócesis de Cienfuegos. El 17 de septiembre, otro avión con 700 módulos alimentarios y 700 paquetes de higiene arribó al aeropuerto de Santa Clara para su entrega en la Parroquia de San Antonio de Padua, en Lajas.

En esa oportunidad, unos 50 voluntarios de Cáritas y más de una decena de trabajadores participaron en la distribución. Para alcanzar comunidades rurales y viviendas de difícil acceso, el operativo utilizó carretas para el traslado de los suministros.

El programa prevé alcanzar a 10,200 familias en Cienfuegos

Los recursos forman parte de un programa de asistencia humanitaria de USD 100 millones para Cuba. De ese monto, USD 60 millones se canalizan mediante Cáritas Cuba y Catholic Relief Services (CRS), una organización humanitaria católica con sede en Estados Unidos.

El plan comenzó en julio de 2026 con un primer envío destinado a La Habana. En septiembre se anunciaron nuevos cargamentos para Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río. Dentro de la diócesis cienfueguera, el programa prevé beneficiar a unas 10.200 familias en situación de pobreza mediante entregas en parroquias y comunidades.

La distribución ocurre en un escenario de dificultades para cubrir necesidades básicas en distintas zonas de Cuba. La falta de alimentos, los problemas de acceso al agua potable, los cortes de electricidad y las limitaciones de transporte afectan la vida diaria de numerosos hogares.

A esas carencias se suman ingresos insuficientes y obstáculos para acceder a empleos estables que permitan cubrir los gastos de alimentación, higiene, medicamentos y otros productos esenciales. En ese contexto, las organizaciones que gestionan la asistencia focalizan los recursos en familias que enfrentan mayores limitaciones materiales.

La entrega en Cruces continuará con la clasificación de los módulos y la convocatoria a los hogares incluidos en el listado de beneficiarios, mientras los equipos organizan los traslados a domicilio para las personas que no puedan acudir a los puntos establecidos.

Cuba atraviesa una transformación demográfica que reduce el número de habitantes y eleva el peso de las personas mayores dentro de la población. La baja natalidad, la salida de población en edad laboral y el aumento de la esperanza de vida han alterado la estructura de los hogares y plantean nuevos desafíos para el sistema de cuidados.

El fenómeno también aumenta la presión sobre los servicios de salud y asistencia social, en un país donde crece la demanda de atención para enfermedades crónicas, tratamientos especializados y ayuda cotidiana. Para muchos mayores, resolver traslados, turnos médicos y tareas domésticas se convirtió en una dificultad adicional.

Un video publicado en Facebook muestra el recorrido de Pepe Avalo, un cubano originario de El Cerro, en La Habana, que relata cómo dejó Cuba, atravesó distintos empleos en Estados Unidos y terminó por cumplir un deseo de su infancia: vestir el uniforme del Ejército estadounidense.

Avalo se presenta como “Pepito”, un niño que creció jugando con soldados y que admiraba a personajes de acción como Rambo y Jean-Claude Van Damme. Según cuenta, esa aspiración chocó pronto con las limitaciones que percibía en su entorno. “En este país no hay sueños ni futuro”, afirmó al recordar sus años en Cuba.

El cubano se negaba a la posibilidad de ser integrante de las Avispas Negras, conocidas como la Brigada Móvil de Tropas Especiales del régimen de Cuba o convertirse en un “represor de barrio”.

De maestro emergente a estudiante de Psicología

Antes de emigrar, Avalo integró el programa de maestros emergentes, una iniciativa estatal destinada a cubrir la falta de docentes. Dijo que trabajó cinco años en las aulas por un salario de USD 19 mensuales, período que describió con humor al referirse a la pérdida de cabello.

Luego buscó empleo en el sector privado. Fue camarero y bartender en una cafetería, donde aseguró que obtenía cerca de USD 10 al día entre salario y propinas. En paralelo, cursaba la carrera de Psicología durante la noche.

Más tarde trabajó como pastelero en turnos de madrugada. De acuerdo con su testimonio, el ingreso llegaba a unos USD 20 diarios. Cuando obtuvo el título universitario, concluyó que ejercer su profesión en Cuba no le permitiría una mejora económica: calculó que habría ganado cerca de USD 30 al mes como psicólogo.

“Así que tocó seguir horneando pasteles”, expresó en el video.

La salida de Cuba y el comienzo en Estados Unidos

Avalo afirmó que decidió salir de Cuba después de sentir que no tenía perspectivas de desarrollo personal y profesional. En el video cuestionó al sistema político de la isla y señaló que expresar posiciones críticas podía traer consecuencias.

Tras pasar por otros países, llegó a Estados Unidos, al que define como el lugar donde pudo recomenzar. Su primera etapa laboral transcurrió en Sarasota, Florida, donde hizo trabajos de jardinería en residencias, manejó un camión de FedEx, repartió pizzas y realizó entregas a domicilio.

También trabajó en una cadena de supermercados, donde repuso productos y descargó camiones. Ninguna de esas ocupaciones estaba relacionada con la Psicología ni con su formación académica, pero Avalo señaló que los ingresos le permitieron sostener su hogar.

“No eran mis trabajos ideales, pero aun así era suficiente para mantener mi hogar y tener una vida digna”, contó.

El Ejército y el sueño de la infancia

En 2020, según relató, el Ejército apareció como una posibilidad que no había contemplado. Para entonces, ya había dejado atrás aquella fantasía infantil de convertirse en soldado. Sin embargo, la incorporación a la institución le devolvió una imagen que creía perdida.

“Hoy Pepito viste con orgullo el uniforme militar del país que lo acogió”, afirmó.

Cuba vuelve a enfrentar una jornada con la red eléctrica al límite. La Unión Eléctrica (UNE) pronosticó para este miércoles 4 de noviembre una afectación de hasta 1.920 megavatios (MW) durante el horario de mayor consumo, una cifra que confirma que el sistema apenas logrará cubrir un tercio de la demanda nacional, según informó Periódico Cubano, diario independiente cubano.

El dato llega después de una jornada marcada por cortes continuos. El martes el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas, con un pico de afectación de 1.905 MW a las 7:30 de la noche.

La demanda duplica la generación disponible

El parte oficial de la UNE calculó para este miércoles una demanda máxima de 2.850 MW frente a apenas 960 MW de disponibilidad. Esa brecha deja un déficit de generación de 1.890 MW, la cifra que explica por qué buena parte de la isla permanecerá sin electricidad durante las horas de mayor consumo.

El Sistema Eléctrico Nacional arrastra una combinación de averías en termoeléctricas, trabajos de mantenimiento programado y limitaciones de combustible que, sumadas, reducen la generación disponible a menos de la mitad de lo que el país necesita en el horario pico, según Periódico Cubano.

A las seis de la mañana, la disponibilidad ya era de 960 MW frente a una demanda de 2.300 MW, con 1.220 MW afectados. Para el mediodía, la propia UNE estimó una afectación de 1.500 MW, lo que anticipaba que la crisis no daría tregua en ningún horario del día.

Siete unidades termoeléctricas fuera de servicio

El reporte identificó cuatro unidades averiadas: la número 5 de Mariel, la 1 de Santa Cruz del Norte, la 2 de Felton y la 3 de Renté. A ellas se suman otras tres en mantenimiento: la unidad 3 de Santa Cruz del Norte, la 5 de Nuevitas y la 5 de Renté.

La UNE reportó además 538 MW de limitaciones en la generación térmica, sin precisar cuándo se reincorporarían las unidades dañadas. Periódico Cubano señaló que la empresa estatal no ofreció una fecha estimada de recuperación, lo que mantiene la incertidumbre sobre el servicio en los próximos días.

La dependencia de centrales termoeléctricas envejecidas sigue siendo, según el diario, uno de los principales factores que explican la fragilidad del sistema: cuando una sola unidad sale de operación, el déficit se traslada de inmediato a los circuitos de distribución.

Localidades con más de 24 horas sin electricidad

Los efectos territoriales del déficit se concentraron en el oriente del país. En Holguín, el circuito Nicaro-Cabonico acumulaba 27 horas y 28 minutos sin servicio, mientras que Gibara 2 superaba las 22 horas de interrupción. En Moa, otro circuito llevaba más de 22 horas afectado.

En Las Tunas, la empresa eléctrica provincial reportó 561 interrupciones pendientes y 121 transformadores dañados. Granma registró 75 MW afectados, con circuitos de Jiguaní, Campechuela y Pilón entre los más perjudicados.

El deterioro se arrastra desde finales de octubre: el 29 de ese mes la afectación llegó a 2.004 MW, al día siguiente subió a 2.039 MW y el 31 de octubre se ubicó en 2.022 MW, de acuerdo con un reporte de Infobae que cita a Periódico Cubano.

Al cierre de ese mes, algunas zonas de la isla acumulaban entre 70 y 89 horas seguidas sin electricidad, y en La Habana se registraron 213 MW afectados con 84 circuitos interrumpidos en un solo día.

La energía solar no alcanza para compensar el déficit

Durante la jornada del martes, los parques solares fotovoltaicos aportaron 2.341 megavatios hora, con una potencia máxima de 364 MW. La cifra resultó insuficiente para cubrir el déficit nacional, sobre todo durante la noche, cuando la generación solar desaparece y el consumo aumenta.

Otro reporte de Periódico Cubano, recogido también por Infobae, detalla que apenas dos días antes los parques solares habían llegado a aportar 4.140 MWh con una potencia máxima de 644 MW, un volumen que tampoco logró evitar que el déficit superara los 1.880 MW esa jornada.

Según un recuento de Cubanet, sitio de noticias independiente cubano, el deterioro del sistema ya había provocado unos ocho apagones generales en lo que va de 2026, distribuidos entre marzo, julio, agosto y septiembre, y había derivado en un aumento de las protestas por el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

La persistencia de los cortes afecta la conservación de alimentos, el suministro de agua y las actividades productivas en toda la isla.

Mientras el Gobierno cubano mantiene anuncios de inversión para mejorar la generación, los partes diarios de la UNE siguen mostrando una capacidad insuficiente frente a una demanda que no cesa, sin que haya una fecha definida para la estabilización del servicio.

Lianet Cardona, Dayanara Curbelo y Jonathan Charón abandonaron la delegación cubana tras competir en el Abierto Panamericano de Florida, en Estados Unidos, pese a que los tres habían ganado medallas y estaban previstos para participar el próximo fin de semana en Montreal. Las salidas privan a Cuba de tres judocas de entre 21 y 22 años que integraban la selección nacional en sus respectivas divisiones, según 14ymedio.

Cardona y Curbelo dejaron el equipo el martes, de acuerdo con Alain Fernández, entrenador cubano de judo en Estados Unidos. Al día siguiente, Cubalite informó que Charón también se apartó del conjunto cubano después de concluir su participación en el torneo.

Los tres subieron al podio en Florida. Curbelo conquistó la plata en más de 78 kg, luego de imponerse a la polaca Urszula Hofman y a la dominicana Moira Morillo, antes de caer en la final ante la venezolana Karen León.

Cardona obtuvo otra medalla de plata en 78 kg. La santiaguera venció a la estadounidense Lydia Coleman y perdió la definición por el título frente a la venezolana Elvismar Rodríguez.

Charón se consagró en 60 kg tras derrotar al brasileño Michel Augusto en la final. El judoca guantanamero había llegado a la competencia como campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La ausencia de los tres atletas altera la planificación cubana para el Abierto Panamericano de Montreal, donde iban a competir pocos días después de sus resultados en Florida. Las autoridades deportivas los consideraban figuras con proyección para los próximos torneos internacionales.

Dayanara Curbelo, natural del municipio Artemisa, tiene 21 años y fue la abanderada de Cuba en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025. Allí consiguió el único oro cubano en judo, y en 2026 sumó bronces en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y en el Campeonato Continental de mayores de Ciudad de Panamá.

Lianet Cardona, de 22 años, alcanzó el tercer puesto en Santo Domingo 2026. Su historial también incluye bronces en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Río de Janeiro 2024 y de Santiago de Chile 2025.

Jonathan Charón, de 22 años, acumuló medallas durante cuatro ediciones consecutivas del Campeonato Panamericano de Judo: bronce en Calgary 2023 y Río de Janeiro 2024, plata en Santiago 2025 y oro en Ciudad de Panamá 2026. También obtuvo el título en Santo Domingo, el oro de Florida y un bronce en el Grand Slam de Tbilisi 2025.

Fernández cuestionó las nuevas salidas de atletas cubanos y señaló: “¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo atletas que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado formar?”. El entrenador añadió que “la difícil situación económica, política y social de Cuba, junto con la falta de recursos, el escaso fogueo internacional y las limitadas oportunidades profesionales, continúa afectando nuestro deporte”.

La partida de los judocas ocurrió un día después de que la luchadora Yusneylis Guzmán López dejara la delegación nacional durante una escala en México. El equipo viajaba hacia Brasil cuando la habanera, subcampeona olímpica en lucha libre de 50 kg en París 2024, abandonó la comitiva.

Guzmán López, de 30 años, fue la primera cubana en obtener una medalla olímpica para la Isla en lucha. Ese mismo año recibió la distinción como mejor atleta femenina de Cuba.

Las medallas de París 2024 y el impacto de las salidas

Las autoridades deportivas cubanas reconocen que desde 2013 más de mil atletas han abandonado las delegaciones de la Isla. Esa pérdida de deportistas también se reflejó en los resultados de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los atletas cubanos que participaron en Francia obtuvieron 18 medallas, pero solo nueve correspondieron a la delegación oficial de Cuba: dos oros, en lucha grecorromana y boxeo; una plata, en lucha libre; y seis bronces, en lucha grecorromana, dos en lucha libre, boxeo, canotaje y taekwondo.

Las otras nueve preseas, una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, fueron ganadas por deportistas cubanos exiliados que representaron a otros países. Los 21 atletas de origen cubano que compitieron bajo otras banderas lograron esa cifra con una proporción superior a la de la delegación de Cuba.

La Isla asistió a París 2024 con 61 competidores en 16 disciplinas. La cosecha olímpica oficial fue la peor de Cuba en 52 años.

La construcción de viviendas en Cuba registró una disminución en 2025, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El descenso se produjo en un contexto de déficit habitacional, deterioro de inmuebles ya existentes y reclamos de familias que buscan una alternativa de alojamiento.

La ONEI contabilizó 5,493 viviendas terminadas en 2025, frente a las 20,232 concluidas en 2022. La variación equivale a una reducción del 72.8% durante ese período.

La situación habitacional incluye tanto la necesidad de nuevas construcciones como las reparaciones pendientes en viviendas ocupadas. También abarca casos de personas que residen en albergues, espacios provisionales o inmuebles sin condiciones adecuadas.

El déficit habitacional superaba las 805,000 viviendas

La directora general de Vivienda del Ministerio de la Construcción, Delilah Díaz Fernández, informó en julio de 2025 que el déficit acumulado ascendía a 805,583 viviendas al cierre de marzo de ese año.

De ese total, 407,219 inmuebles requerían construcción. Los otros 398,364 necesitaban rehabilitación.

Díaz Fernández planteó ante una comisión parlamentaria que los planes constructivos se encontraban por debajo de las necesidades del país. La diferencia entre esos planes y la demanda de viviendas persistió durante 2025, según Alas Tensas.

El sector estatal también redujo su producción. La ONEI indicó que las viviendas concluidas por esa vía pasaron de 8,103 en 2022 a 1,791 en 2025.

Esa variación representó una disminución del 77.9% en tres años. La cifra estatal formó parte de la caída general observada en la construcción de viviendas.

La revista Alas Tensas señaló que, solo en 2025, la producción nacional de viviendas descendió 26%. El medio vinculó ese resultado con la continuidad de programas oficiales destinados a atender las necesidades de alojamiento.

El 47% de los encuestados afirmó que necesitaba reparaciones

El IX Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, incluyó 1,318 entrevistas en 79 municipios. El 47% de los participantes manifestó que su vivienda requería reparaciones.

El estudio indicó que el 25% necesitaba arreglos urgentes. A su vez, el 7% declaró vivir en inmuebles con peligro de derrumbe.

Solo el 18% de las personas consultadas consideró que su vivienda estaba en buen estado. La encuesta también recogió situaciones de alojamiento transitorio y falta de vivienda.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el 4% de los encuestados residía en albergues o campamentos provisionales. Otro 2% declaró que vivía en la calle.

Los datos reflejan dificultades para acceder a reparaciones, alquileres o nuevas construcciones. La situación alcanza a familias con distintos niveles de vulnerabilidad económica y social.

Los desalojos denunciados involucraron a madres y menores

El 27 de agosto de 2026, tres madres y sus hijos fueron desalojados de oficinas de la Delegación Municipal de la Agricultura, en la calle Máximo Gómez, cerca del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola, en Ciego de Ávila.

Según documentó Árbol Invertido, agentes policiales retiraron por la fuerza a una de las mujeres. Vecinos mencionaron que entre los menores había una niña con síndrome de Down.

En febrero, otro grupo de madres denunció un intento de expulsión y demolición de construcciones precarias donde, según sus testimonios, llevaban 15 años viviendo.

“Hace 15 años vivimos aquí... Ahora la quieren porque está limpia”, expresaron las afectadas en una grabación difundida en redes sociales. Las mujeres sostuvieron que habían acondicionado el terreno con recursos propios.

Entre las familias había mujeres embarazadas y niños pequeños. Algunas madres afirmaron que la incertidumbre habitacional afectaba la asistencia escolar de los menores.

Las denunciantes también dijeron que habían recibido multas por ocupar el terreno. Según sus relatos, las autoridades buscaban demoler las edificaciones.

A finales de octubre, 17 madres y 73 niños permanecían en una antigua academia de boxeo de Caracatey, en Santa Clara, tras ocupar el lugar para pedir una solución habitacional.

Una de las mujeres afirmó a ADN Cuba que las familias llevaban cerca de dos semanas en el inmueble. La entrevistada pidió preservar su identidad por temor a represalias.

“Los niños con hambre y desesperados”, dijo la mujer a ese medio. También señaló que vecinos les habían llevado alimentos y agua.

Las madres denunciaron la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior y posibles sanciones. Su reclamo se centraba en obtener una alternativa antes de abandonar el lugar.

La Ley 187 incorpora criterios de género para asignar viviendas

La Ley 187 de 2026 fue publicada el 14 de octubre en la Gaceta Oficial y entró en vigor el día 21. La norma incorporó disposiciones sobre violencia de género y violencia familiar.

El artículo 62.4 dispone que la asignación de viviendas debe considerar criterios de género. También establece prioridad para víctimas que necesiten una solución inmediata.

El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, defendió el proyecto el 30 de julio durante su aprobación. El funcionario sostuvo que la legislación contemplaba a personas en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas que enfrentan violencia familiar o tienen responsabilidades de cuidado.

La falta de una vivienda alternativa puede dificultar la separación de una mujer respecto de un agresor cuando ambos comparten el hogar. La situación puede ser más compleja si existen hijos a cargo.

El Observatorio de Género de Alas Tensas advirtió que Cuba no cuenta con una red pública de refugios para mujeres y niñas en riesgo.

Entre enero y agosto de 2026, el observatorio documentó 49 feminicidios. De esos casos, 32 ocurrieron dentro de viviendas, una proporción equivalente al 65.3%.

El registro indicó que 26 víctimas tenían menores de edad a cargo. Además, identificó al menos 40 niñas, niños y adolescentes dependientes.

El Índice de Riesgo Migratorio Cubano (IRMC) alcanzó en el mes de octubre un valor de 0.77, dentro de la categoría de riesgo extremo, tras registrar 16 eventos que involucraron a 112 personas cubanas en países como Estados Unidos, México, Bahamas y Guyana. La cifra representó un aumento frente a septiembre, cuando el indicador se ubicó en 0.69, en el rango alto, con 14 eventos y 40 personas afectadas.

Según el estudio de elTOQUE, la variación mensual supuso un incremento del 180% en la cantidad de migrantes expuestos a incidentes. El índice mide mensualmente la intensidad y la distribución geográfica de los riesgos que enfrentan los cubanos durante su trayecto migratorio.

Para ello, combina la frecuencia de los hechos con la gravedad de su impacto humano y arroja un resultado entre cero y uno, distribuido en cuatro niveles: bajo, moderado, alto y extremo.

Uno de los casos registrados involucró a Fermín Izquierdo, quien permaneció entre ocho y nueve días a la deriva en el mar, sin combustible, agua ni alimentos. Un carguero lo rescató el 19 de octubre, a unos 352 kilómetros al noreste de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán.

Izquierdo había partido desde Mantua, en Pinar del Río, junto a otras cinco personas. De acuerdo con testimonios citados por el medio, que las autoridades mexicanas no corroboraron, dos integrantes del grupo murieron a bordo de la embarcación. Otros tres desaparecieron en el mar mientras intentaban alcanzar el buque que finalmente recogió al sobreviviente.

La deportación de 69 cubanos concentró la mayor cantidad de afectados

Dos días después del rescate de Izquierdo, un avión despegó desde Alexandria, en Luisiana, con destino a la República Centroafricana y transportó a cerca de 90 migrantes. De ese total, 69 eran cubanos, según los relatos de los deportados.

La clasificación de los eventos incluyó una deportación, con 69 personas; cuatro rescates, con 16; una llegada, con 11; dos desapariciones, con siete; dos repatriaciones, también con siete; tres muertes, con cuatro víctimas; una intercepción, con tres personas, y dos detenciones, con dos. El registro además consignó un caso de vulneración de la integridad, aunque correspondió a personas que ya habían sido contabilizadas dentro de la deportación.

Cuatro migrantes murieron y tres seguían desaparecidos al cierre de octubre

Durante octubre murieron cuatro personas migrantes cubanas. A las dos víctimas de la embarcación que salió de Mantua se sumó Alside, de 25 años, quien murió ahogado el 18 de octubre en Puerto Madero, Chiapas. El joven esperaba una respuesta a su solicitud de refugio.

La cuarta víctima fue Lázaro Yasmany Izquierdo Duarte, de 37 años. Murió el 21 de octubre en Little Diamond, Guyana, después de haber sido apuñalado el día anterior.

Al cierre del mes, tres personas que viajaban en la embarcación de Mantua seguían desaparecidas. En contraste, los cuatro hombres que habían sido reportados como desaparecidos tras salir de Consolación del Sur fueron localizados con vida en México. Un familiar confirmó esa información el 30 de octubre.

Entre los casos con información demográfica disponible, el IRMC registró 87 hombres y cinco mujeres. No identificó a menores de edad.

La periodista independiente Camila Acosta fue liberada tras haber sido detenida el martes 3 de noviembre en La Habana. La profesional permaneció en un calabozo de la estación policial de Playa, según informó CiberCuba.

Acosta, reportera de CubaNet y corresponsal del diario español ABC en la capital cubana, confirmó su regreso a casa a través de Facebook. “Acabo de llegar a la casa. Estuve toda la tarde en un calabozo de la estación policial de Playa. Mañana cuento en detalle lo sucedido. Gracias a todos por la preocupación”, escribió en la red social.

La periodista fue interceptada por agentes de la Seguridad del Estado en la esquina de su vivienda, en el municipio Plaza de la Revolución, cuando se dirigía a una consulta veterinaria con su gata. Su esposo, el escritor y expreso político Ángel Santiesteban, aseguró a CubaNet que los agentes la esposaron y la subieron por la fuerza a una patrulla.

La mascota de Acosta quedó en la vía pública hasta que un vecino la recogió y dio aviso a Santiesteban. El escritor recorrió varias estaciones de policía para conocer el paradero de su esposa, aunque, de acuerdo con el reporte de CiberCuba, no recibió información durante las primeras horas posteriores al arresto.

Vecinos que presenciaron el operativo intentaron interceder ante los agentes. Según el relato difundido por el medio, los policías señalaron que “por culpa de ella habían golpeado al familiar de un revolucionario”, sin que se comunicara una acusación formal contra Acosta.

La detención coincidió con la citación a juicio de Santiesteban y otros tres dirigentes masónicos. El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre fijó para el 5 de noviembre la audiencia oral por una causa de presunto tráfico ilegal de divisas vinculada a dos operaciones de cambio informal por USD 300 destinadas al Asilo Nacional Masónico Llansó.

La Fiscalía pidió para Santiesteban una pena de dos años de limitación de libertad y una multa de 20,000 pesos (USD 833.61), según publicó CiberCuba.

El arresto del 3 de noviembre se produjo cinco días después de que un agente vestido de civil le impidiera a Acosta salir de su vivienda en el Vedado. La periodista registró ese episodio en video y lo difundió en sus redes sociales. Según el reporte inicial de CiberCuba, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa había documentado cercos similares contra ella en agosto y septiembre de 2026.

Entre los antecedentes mencionados figura su detención del 21 de abril de 2024 en Cárdenas, Matanzas, cuando viajaba para visitar a familiares de presos políticos. Acosta también fue arrestada el 12 de julio de 2021, después de cubrir las protestas del 11 de julio para CubaNet y ABC. Tras ese caso, permaneció más de diez meses bajo arresto domiciliario, de acuerdo con la información recogida por CiberCuba.

En 2022, Acosta afirmó que había sido detenida unas 20 veces durante su trabajo periodístico. Desde 2019 figura además como “regulada”, una clasificación que le impide salir de Cuba.

Otro colaborador de CubaNet fue detenido un día antes

El caso de Acosta ocurrió un día después de la detención del comunicador Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, en el reparto Santos Suárez de La Habana. Bonne recuperó la libertad horas después, pero las autoridades le confiscaron una computadora portátil, un teléfono, una cámara y equipos de audio.

También recibió una multa de 3.000 pesos (USD 125.04) bajo el Decreto-Ley 370, una norma utilizada para sancionar la difusión de contenidos en plataformas digitales. La organización Freedom House condenó ambos arrestos y pidió a las autoridades cubanas que cesaran el acoso, las detenciones arbitrarias y la intimidación contra periodistas independientes.

La convocatoria para el evento 100 años de Fiel en Solidaridad con Cuba organizado en el Parlamento uruguayo generó controversia en el sistema político y motivó la propuesta de la oposición para que este evento sea cancelado.

Según la convocatoria oficial, la propuesta incluye la proyección del documental El Sueño de Fidel del diputado Agustín Mazzini. Está previsto que se realice este jueves 5 de noviembre a las 19:00 en el anexo del Palacio Legislativo, la sede del Congreso uruguayo. La actividad tendrá el cierre artístico de cantante Numa Moraes.

Como oradores, son presentados la embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Pérez, la senadora Bettiana Díaz y los diputados Magela Rinaldi, Carlos Reutor y Cecilia Badín. El moderador será el también legislador Víctor Aldaya. Son todos diputados del Frente Amplio, la coalición de izquierda de Uruguay. Es decir, no hay legisladores de la oposición en la convocatoria.

La oposición reaccionó marcando la dictadura que existe en Cuba y pidiendo la cancelación del evento.

“En el Parlamento del Uruguay, que se supone es la Casa de la Democracia, la Embajadora del régimen cubano y sus cómplices del Frente Amplio, rinden homenaje al DICTADOR Fidel Castro…”, escribió en la red social X el diputado del opositor Partido Nacional Juan Martín Rodríguez. “Que podemos esperar de aquellos que invitan y se regodean con terroristas de Medio Oriente y Latinoamérica!”, agregó.

El diputado Felipe Schipani también pidió que se cancele el evento. “En el Parlamento hay lugar para la pluralidad y las discrepancias. Pero todo tiene un límite: homenajear a quien violó los derechos humanos, ejerció el terrorismo de Estado y persiguió a su pueblo durante décadas. Que lo homenajeen en los comités de base. En la Casa de la Democracia, no”, escribió en un mensaje a Infobae el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani).

En un posteo en X, expresó: “Fidel Castro asesinó, persiguió, encarceló y torturó. Los cubanos llevan 67 años padeciendo una dictadura”

Las bancadas del bloque opositor (la Coalición Republicana, integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente) acordaron que este martes el tema se trate como asunto político en una sesión de la Cámara de Representantes, informó El País. El objetivo era habilitar un debate al respecto, para que luego la cámara baja se exprese en contra.

“En la casa de la democracia no se puede homenajear a un dictador”, expresó Schipani en declaraciones a ese medio. Reconoció que no existe ningún reglamento para la asignación de las salas del palacio para distintas actividades. Pero opinó que en este caso corresponde que “no se haga”.

Sin embargo, la moción no alcanzó los votos para que el tema se tratara como asunto político. Esto fue cuestionado por el diputado de Cabildo Abierto, uno de los partido de la oposición pero que en algunos proyectos clave ha votado con el oficialismo.

“Hoy discutimos Fidel Castro, mañana Israel, Palestina, Irán, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Ucrania. Nos dedicamos a discutir en este Parlamento temas que no tienen que ver con la vida cotidiana de los uruguayos. Por eso me parece importante discutir estos temas, pero hay que acordarlos. De repente hacemos sesiones especiales para discutir todos estos temas”, expresó Álvaro Perrone, uno de los dos diputados que tiene ese partido.

En el oficialismo una de las respuestas fue la del diputado Sebastián Valdomir, quien apuntó directamente contra Rodríguez. “Qué raro es lo de este Diputado. Es secretario general de un organismo regional (Parlatino) que hace tiempo es presidido por un diputado cubano. ¿Cuántas veces le habrá dicho que no secunda las acciones de Presidencia por ser representante de una “dictadura”? Acá denuncia, en Panamá es dócil”, escribió en la red social X.

La falta de agua convirtió tareas básicas como cocinar, lavar ropa, limpiar y mantener la higiene personal en un problema diario para las familias del barrio. La presencia de madres con niños en la protesta reflejó el impacto doméstico de una crisis que obliga a los hogares a reorganizar sus rutinas en función de la llegada eventual de una pipa o de la posibilidad de comprar agua por vías particulares.

Un camión cisterna llegó tras el bloqueo, pero la entrega no resolvió la interrupción prolongada del servicio por tuberías. Los residentes siguen sin conocer cuándo volverán a contar con un suministro regular, una incertidumbre que se repite en distintos puntos de la isla.

Ante la falta de abastecimiento, muchas familias recurren al servicio particular para llenar tanques y recipientes. Aunque puede tener un costo que representa una carga para hogares que ya enfrentan el aumento del costo de los alimentos, los apagones y la escasez de productos esenciales.

La compra de agua no garantiza continuidad. En varios barrios, los vecinos deben esperar la disponibilidad de los transportistas, coordinar con otros residentes o reducir el uso del recurso para que alcance hasta la siguiente entrega. En viviendas con menores, personas mayores o enfermos, la situación adquiere otra dimensión por las necesidades de higiene y cuidado cotidiano.

Datos divulgados por medios independientes y por organismos vinculados al sector hidráulico han situado a millones de personas entre quienes padecen afectaciones totales o parciales en el servicio. En la capital, la escasez ha derivado en reclamos vecinales, cacerolazos y bloqueos de calles en los últimos meses.

Las madres reclaman servicios básicos bajo riesgo de sanciones

La participación de mujeres en protestas por el agua, la electricidad, los alimentos y la atención de otras necesidades básicas se produce bajo un contexto de vigilancia y represalias contra quienes expresan reclamos en espacios públicos.

Durante una audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 27 de octubre, Camila Rodríguez, directora de la organización Justicia 11J, alertó sobre las consecuencias que enfrentan mujeres vinculadas con protestas públicas en la isla.

Rodríguez señaló que las organizaciones de la sociedad civil han documentado detenciones de corta duración, procedimientos administrativos y causas penales contra mujeres que participaron en manifestaciones o expresaron reclamos. Según expuso, algunas de ellas cumplen sanciones.

La directora también advirtió que existe un subregistro de estos casos. El temor de las familias a denunciar detenciones, amenazas o procesos judiciales puede impedir que una parte de los hechos llegue a organizaciones independientes o a mecanismos internacionales de derechos humanos.

En esa audiencia, Justicia 11J informó que había registrado más de 880 protestas públicas de distinta naturaleza en Cuba durante 2026. Las manifestaciones incluyeron reclamos por apagones, falta de agua, alimentos, transporte y demandas políticas.

Amnistía Internacional Américas pidió la liberación de Roberto Pérez Fonseca, al que identificó como activista cubano, defensor de derechos humanos y preso de conciencia. El reclamo fue difundido este martes 3 de noviembre en una publicación que incluyó una imagen del detenido y la consigna: “Liberen a Roberto Pérez Fonseca, preso de conciencia”.

La exigencia coincidió con una nueva denuncia de represalias dentro de la prisión de Aguacate, ubicada en Quivicán, provincia de Mayabeque. Según informó su familia, Pérez Fonseca fue trasladado a una celda de aislamiento después de desplegar una sábana con la frase “Patria y Vida” en el patio del penal.

El activista cumple una condena de 10 años de privación de libertad por hechos vinculados con las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Su caso ha sido documentado por Prisoners Defenders International, organización que registra además varias enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Protesta y agresión previa dentro de la cárcel

La decisión de enviarlo a una celda de castigo fue confirmada a su madre, Liset Fonseca, por el director del penal, según la denuncia divulgada por su hermano Alberto Ortega Fonseca, activista exiliado en Canadá conocido como Albert Fonse.

El familiar afirmó en una transmisión en Facebook que el hecho estuvo precedido por una agresión de otro recluso. Según ese relato, un preso común atacó a Pérez Fonseca por la espalda sin que existiera una discusión previa entre ambos.

Cuando el detenido intentó defenderse, el agresor habría sacado un arma blanca ante una reeducadora y varios funcionarios penitenciarios. La familia sostuvo que los guardias presentes no intervinieron para frenar el ataque ni aplicaron sanciones al recluso que habría portado el arma.

Tras ese episodio, Pérez Fonseca exhibió en el patio la sábana con la consigna “Patria y Vida”, una frase que se convirtió en símbolo de rechazo al régimen cubano. La dirección de la cárcel ordenó entonces su traslado inmediato al área de aislamiento, según la versión de sus familiares.

Más de diez ingresos a celdas de castigo

Albert Fonse aseguró que su hermano ha sido confinado en aislamiento en más de 10 oportunidades desde su encarcelamiento. Estimó que, sumados todos los períodos, ha permanecido entre uno y dos años en celdas de castigo.

“Ya yo no sé cuál es el número de veces que a mi hermano lo meten en celda de castigo; son más de diez veces y, de forma acumulativa, debe llevar entre un año y dos años en aislamiento”, afirmó el activista, según recogió Martí Noticias, portal de noticias sobre Cuba.

El familiar sostuvo que esas reclusiones han afectado la salud de Pérez Fonseca por las condiciones de las celdas. Señaló que los espacios tendrían poca ventilación y acumulación de polvo, factores que agravarían sus dificultades respiratorias.

“Las últimas veces que ha estado ahí se le ha agravado su situación de salud por el polvo, le da falta de aire por sus problemas pulmonares. Se sabe que la mayoría son celdas tapiadas con poca ventilación”, declaró Albert Fonse.

Enfermedades respiratorias y digestivas documentadas

La ficha de Prisoners Defenders International sobre Roberto Pérez Fonseca consigna que el preso padece asma, bronquitis crónica, esofagitis, gastritis, neumonía y úlceras estomacales. La organización sitúa su reclusión en la prisión Aguacate, en Quivicán.

Las denuncias familiares adquieren especial gravedad por ese historial clínico. El aislamiento prolongado y las condiciones deficientes de ventilación pueden representar un riesgo adicional para una persona con enfermedades pulmonares, según advirtió su hermano.

Amnistía Internacional no detalló en la publicación difundida este martes si tomó conocimiento del último traslado a celda de castigo. Su mensaje se centró en el pedido de excarcelación y en la identificación de Pérez Fonseca como preso de conciencia.

La organización ha utilizado esa categoría para referirse a personas detenidas por expresar pacíficamente sus convicciones, identidad u otras creencias, siempre que no hayan promovido ni usado la violencia.

Condena vinculada con las protestas del 11 de julio de 2021

Roberto Pérez Fonseca fue detenido el 16 de julio de 2021, cinco días después de las protestas que se extendieron por distintas ciudades de Cuba. Según Prisoners Defenders International, su causa está relacionada con las manifestaciones que tuvieron lugar en San José de las Lajas, en Mayabeque.

La sentencia de 10 años fue dictada en mayo de 2023 y quedó firme en apelación. El activista fue condenado por los delitos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos.

Mientras sus familiares denuncian que las sanciones disciplinarias dentro de la cárcel se han repetido y han profundizado sus problemas de salud, el reclamo de Amnistía Internacional atribuye el último traslado al aislamiento a su protesta con la consigna “Patria y Vida”.

La deportista, de 30 años, obtuvo en los Juegos de París 2024 la primera medalla olímpica de la lucha libre femenina cubana.

Guzmán compitió en la categoría de 50 kg y alcanzó la medalla de plata en la capital francesa, de acuerdo con la fuente consultada por AFP, que pidió no ser identificada.

Hasta este martes, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER) y la Federación Cubana de Lucha no habían emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Subcampeona olímpica y mejor deportista cubana de 2024

La salida de Yusneylis Guzmán implica la pérdida de una de las principales figuras de la lucha femenina de la isla. Tras los Juegos Olímpicos de París, fue distinguida como la mejor deportista cubana de 2024, luego de una temporada que la consolidó entre las atletas con mayor proyección internacional del país.

Su recorrido deportivo también incluye el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y la plata conseguida en Lima 2019. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obtuvo el oro en San Salvador 2023, la plata en Veracruz 2014 y el bronce en Barranquilla 2018.

La atleta había llegado a la final olímpica después de una trayectoria sostenida en certámenes regionales y continentales.

La delegación en la que viajaba tenía como destino Brasil, donde debía realizar una preparación deportiva. No trascendieron detalles sobre el lugar de la escala, la fecha exacta de su salida ni su paradero posterior.

Salidas repetidas de atletas cubanos en viajes al exterior

El caso se suma a una serie de abandonos de deportistas cubanos durante viajes al exterior. En julio, nueve de los 12 integrantes de una delegación de canotaje dejaron al equipo durante una estadía en Canadá, según conoció AFP por una fuente próxima a ese episodio.

Los atletas habían participado en Montreal en la tercera Copa del Mundo y en el Campeonato Panamericano de canotaje de velocidad. Aquel caso expuso las dificultades de las autoridades deportivas cubanas para retener a sus seleccionados en el exterior.

Entre 2021 y 2023, el deporte de alto rendimiento de Cuba registró numerosas salidas de atletas, mientras una ola migratoria tuvo impacto en distintos sectores de la sociedad. En octubre de 2021, la selección cubana Sub-23 de béisbol regresó a la isla con solo la mitad de los jugadores que habían integrado la plantilla durante su participación en un torneo disputado fuera del país.

Según información recopilada por Infobae, algunos deportistas que abandonaron delegaciones cubanas describieron carencias en la preparación, dificultades para acceder a implementos y problemas para sostener a sus familias; esa recopilación también recogió denuncias sobre la retención de pasaportes y controles internos sobre los atletas durante las competencias en el extranjero.

Yunia Milanés, capitana de la selección de hockey sobre césped, no regresó a Cuba tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 junto con cinco compañeras, según ese análisis de Infobae. Según ese testimonio, el equipo afrontaba limitaciones materiales para sus entrenamientos, entre ellas el deterioro del calzado y la falta de elementos de protección.

La crisis económica y energética de Cuba y su impacto en el deporte

Cuba atraviesa una crisis económica y energética, con apagones frecuentes, escasez de alimentos y dificultades en el acceso a bienes básicos. El país mantiene además desde hace décadas un embargo de Estados Unidos, una política que el régimen cubano identifica como uno de los factores de sus restricciones económicas.

En este escenario, los resultados deportivos continúan como una fuente de reconocimiento internacional para la isla, aunque las delegaciones nacionales han sufrido bajas en distintas disciplinas. Para quienes deciden no retornar, la salida supone el inicio de trámites migratorios y la necesidad de reconstruir su carrera fuera del sistema deportivo cubano.

De acuerdo a la información, los atletas que abandonan las delegaciones afrontan una separación de sus familias y obstáculos para regularizar su situación en los países donde permanecen. En el caso de Guzmán, no hay información oficial sobre los pasos que seguirá ni sobre su eventual continuidad competitiva.

¿Conoces a los cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito en el exterior?. La respuesta está en el escenario de Ricardo Arjona, donde cuatro artistas nacidos en Cuba integran la gira Lo que el Seco no dijo, que comenzó con una residencia de 27 funciones en Ciudad de Guatemala a fines de 2025 y continuó durante 2026 por Estados Unidos y América Latina.

El bajista Yarel Hernández Espinosa, el saxofonista y tecladista Hammadi Bayard, el pianista Michel Ferré y la bailarina Midalys Perdigón Álvarez forman parte de una compañía internacional que combina músicos, coristas y artistas escénicos de distintos países.

Sus recorridos profesionales tienen un punto en común: desarrollaron sus carreras fuera de Cuba y llegaron al elenco del cantautor guatemalteco para esta etapa de conciertos.

En redes sociales los cuatro artistas han compartido su experiencia tras la salida de la isla años atrás.

Yarel Hernández dirige la música desde el bajo

Yarel Hernández Espinosa, nacido el 8 de julio de 1985 en Fomento, Sancti Spíritus, tiene 41 años. En la gira toca el bajo y cumple una función central como director musical, con responsabilidad sobre los arreglos y la cohesión sonora de cada presentación.

Hernández estudió en escuelas de arte de Villa Clara y La Habana. Durante su etapa en Cuba integró proyectos como Síntesis y la agrupación de X Alfonso. En 2006 se estableció en Islas Canarias, España, donde trabajó como productor y director de proyectos musicales. Hacia 2018 se mudó a Madrid, ciudad desde la que desarrolló colaboraciones con músicos cubanos y españoles.

Su incorporación al equipo de Arjona lo colocó al frente de la dirección musical de una gira que reúne repertorio nuevo del disco Seco y clásicos como Historia de taxi, Mujeres y Fuiste tú.

Hammadi Bayard suma saxofón y teclados a la banda

El segundo cubano en la formación es Hammadi Bayard, saxofonista y tecladista nacido en La Habana en 1979. Tiene 47 años. En el escenario aporta los pasajes de saxofón y los teclados que acompañan las transiciones instrumentales del espectáculo.

Bayard se formó en la Escuela Nacional de Arte y ha trabajado en producciones musicales, conciertos y espectáculos de artistas latinos. Antes de esta gira ya había participado en actividades vinculadas a Arjona y al lanzamiento del último albúm.

Su carrera también incluye experiencia con el Cirque du Soleil, Prince Royce y Gloria Trevi, según sus perfiles profesionales. No hay información pública verificable que precise cuándo salió de Cuba ni la fecha de su instalación definitiva en Estados Unidos.

Michel Ferré pasó del piano clásico a la producción musical

Michel Ferré ocupa el piano dentro de la banda. Nació en La Habana, comenzó su formación musical a los cuatro años y estudió piano clásico desde los siete en el conservatorio Manuel Saumell.

Su trabajo se concentra en teclados, sintetizadores, programación y producción. Ferré combinó ritmos cubanos, jazz y músicas del mundo en distintos proyectos antes de trasladarse a Ecuador y, en 2008, a Estados Unidos. Desde allí colaboró con Lauryn Hill, Concha Buika, Franco de Vita, Prince Royce, Diego Torres y Alex Ubago.

Midalys Perdigón la cubana que está arrasando con la Historia de taxi

Midalys Perdigón Álvarez es la única integrante cubana del elenco no musical. Bailarina, modelo y profesora de baile, interpreta a Norma, el personaje de la “rubia” de Historia de taxi. Su aparición coincide con la entrada de un taxi amarillo al escenario, una de las escenas narrativas del concierto.

Perdigón se instaló en Miami alrededor de 2023 y construyó allí una actividad ligada al modelaje, la danza y el entretenimiento. Recibió la invitación para audicionar en mayo de 2025, pasó por entrevistas y pruebas, y se sumó al elenco de Arjona para la residencia en Guatemala.

En 2026 los cuatro cubanos han brillado con luz propia desde el escenario.

La enfermera cubana Maribel Pupo murió el 1 de noviembre, según informó este lunes la Dirección General de Salud de Cumanayagua por medio de redes sociales.

Maribel perdió la vida tres días después de sufrir una agresión que le causó graves lesiones en la cabeza. Según la versión publicada por la página NiO Reportando Un Crimen y retomada por Alas Tensas, el ataque ocurrió el 29 de octubre tras una discusión.

La mujer había reclamado a unos padres que completaran el esquema de vacunación pendiente de su hijo. Durante ese intercambio, un hombre identificado por la denuncia como Julio César R. le habría dado un golpe de puño.

La agresión hizo que la enfermera cayera al suelo y sufriera un traumatismo en la cabeza, según el relato publicado. Pupo recibió una primera atención médica en el policlínico de Cumanayagua y luego fue trasladada a la ciudad de Cienfuegos por la gravedad de su estado.

Los médicos realizaron una intervención quirúrgica debido a la presencia de tres coágulos cerebrales. La enfermera permaneció en estado crítico hasta su muerte, ocurrida el sábado.

La familia pidió que el caso no quede sin respuesta

Una sobrina de la víctima, Alianiny Villazon Pupo, expresó el dolor de la familia y exigió justicia a través de una publicación en Facebook. La mujer responsabilizó al presunto agresor por la muerte de su tía, aunque esa acusación no ha sido confirmada hasta ahora por las autoridades cubanas.

“Mi tía merece justicia y nosotros no vamos a dejar que su muerte quede en el olvido”, escribió Villazon. También recordó que Maribel era madre, hermana y enfermera, y que dedicó su vida a la atención de otras personas.

El reclamo de los familiares se produjo en medio de la falta de datos públicos sobre el expediente. No se conoce si la Policía abrió una causa penal, qué delitos podrían investigarse ni cuál es la situación procesal del hombre señalado en las denuncias difundidas en redes.

Por su parte, el perfil Omarito Informa publicó, con base en fuentes no identificadas, que el sospechoso podría haber sido detenido en Cumanayagua. Esa versión no cuenta con una confirmación oficial ni con elementos públicos que permitan verificarla.

La investigación oficial del caso será determinante para precisar la secuencia de los hechos, las responsabilidades y la situación del hombre denunciado por la familia.

El caso se conoce en medio de denuncias por violencia e inseguridad en la isla

La muerte de Maribel Pupo se suma a otros episodios de violencia que han generado preocupación en Cuba. Según Alas Tensas, la organización independiente Cubalex informó en agosto que registró 2,932 hechos de violencia e inseguridad entre 2023 y ese mes de 2026.

El informe incluyó 736 homicidios en ese período. Cubalex contabilizó además 168 incidentes en julio de 2026, entre ellos 37 asesinatos, una cifra que la entidad presentó como la más alta de su monitoreo mensual desde 2023.

Esos registros aportan un contexto sobre la percepción de inseguridad latente que se vive en la isla.

La periodista independiente Camila Acosta fue detenida este martes 3 de noviembre en una vía pública del municipio habanero de Plaza de la Revolución, cuando se dirigía con su mascota a una consulta veterinaria, según informó CubaNet. Al momento de la publicación de la denuncia, se desconocía el lugar al que había sido trasladada.

El arresto ocurrió un día después de la detención y posterior liberación del comunicador Adelth Bonne Gamboa, también colaborador de CubaNet. En ambos casos, el medio atribuyó las acciones a agentes policiales y de la Seguridad del Estado cubana.

Ángel Santiesteban, escritor y expreso político, esposo de Acosta, relató al portal que un vecino presenció el procedimiento y rescató a la gata de la periodista, que había quedado en la calle. “Se la llevaron esposada y la metieron violentamente a la patrulla”, afirmó, según declaraciones recogidas por CubaNet.

De acuerdo con el testimonio divulgado por el mismo medio, otros residentes intercedieron ante los policías y expresaron su desacuerdo con la detención. Santiesteban aseguró que los agentes respondieron que Acosta había golpeado a un familiar de una persona identificada como revolucionaria. El escritor sostuvo que no tenían información sobre una acusación formal contra la reportera.

Este arresto se suma a otro hecho ocurrido esta semana. El lunes 2 de noviembre, agentes policiales detuvieron a Adelth Bonne Gamboa cerca de su vivienda en el reparto Santos Suárez, en el municipio de Diez de Octubre, en La Habana. Según la información publicada por CubaNet, el comunicador fue esposado e introducido en la patrulla número 519 sin que los efectivos presentaran documentación sobre el procedimiento.

Bonne recuperó la libertad horas más tarde, luego de un interrogatorio que, según su relato al portal, se extendió durante unos 45 minutos. Durante el arresto, denunció que un agente le dio una bofetada luego de que gritara “¡Abajo la dictadura!” y que las esposas permanecieron ajustadas durante el traslado, hasta el punto de afectar la circulación en sus manos.

Las autoridades le impusieron una multa de 3,000 pesos cubanos (USD 124.97) bajo el Decreto-Ley 370, una norma que regula, entre otros aspectos, la difusión de contenidos en plataformas digitales. Además, confiscaron una computadora portátil, un teléfono, una cámara, dos trípodes, audífonos y un micrófono, todos equipos vinculados a su trabajo periodístico.

El arresto de Bonne se produjo después de varias semanas de citaciones y advertencias. El 20 de octubre había acudido a un interrogatorio en la estación policial de Aguilera, donde, de acuerdo con su denuncia, agentes de la Seguridad del Estado le exigieron que dejara de colaborar con CubaNet. También le habrían atribuido el delito de propaganda contra el orden constitucional y le habrían advertido sobre una eventual prisión.

Acosta acumulaba denuncias por vigilancia y restricciones de movimiento

La detención de Camila Acosta se suma a un historial de vigilancia, interrogatorios y limitaciones para desplazarse que la reportera ha denunciado durante los últimos años. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) documentó episodios de presión contra la periodista durante 2026, entre ellos cercos en su vivienda los días 6 y 11 de agosto, 18 de septiembre y 30 de septiembre.

Acosta también fue arrestada el 21 de abril de 2024 en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos. En julio de 2021 permaneció detenida durante cuatro días después de cubrir las protestas antigubernamentales registradas en Cuba el 11 de ese mes.

La reportera conduce la revista diaria Arenas de CubaNet y publica informaciones sobre presos políticos, violaciones de derechos humanos, denuncias ciudadanas y situaciones sociales que no suelen figurar en los medios estatales de la isla.

El régimen de Cuba oficializó una profunda reducción de su aparato ejecutivo que disminuye de 27 a 21 los organismos de la administración central a través de la fusión de ministerios y la eliminación de dependencias estatales. La medida quedó formalizada con la promulgación de la Ley 186 en la Gaceta Oficial, tras la ratificación que otorgó la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión plenaria.

La legislación reorganiza el funcionamiento estatal en La Habana con el objetivo oficial de reducir gastos y eliminar duplicidades burocráticas frente a las dificultades financieras de la isla.

Conforme al texto legal, la nueva estructura gubernamental quedará conformada por 20 ministerios y el Banco Central de Cuba, institución que preserva su condición autónoma dentro de la administración central y continuará bajo la conducción de un ministro presidente.

Uno de los movimientos más amplios abarca el sector productivo. Las autoridades crearon el Ministerio de Agricultura y Alimentación, un organismo que concentra las funciones de dos carteras previas junto con las tareas históricas de la actividad azucarera. Esta entidad asume:

• La producción agropecuaria
• Cañera
• Forestal
• Pesca
• Industria de bebidas y la elaboración de alimentos, actividades que antes operaban de manera dispersa en diferentes despachos.

En el ámbito monetario y fiscal, el Ejecutivo dispuso el nacimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que surge de la integración de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios.

La nueva dependencia asume la elaboración del presupuesto estatal, la recaudación de tributos, las políticas de precios, el crédito público, los seguros y el diseño de la inversión nacional. Asimismo, el comercio interior y exterior convergen en el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, que absorbe la captación de capitales foráneos y el abastecimiento comercial interno.

Paralelamente, el sector fabril absorbió las obras civiles a través del Ministerio de Industrias y Construcción, entidad que aglutina la siderurgia, la química, la producción de medicamentos, el reciclaje y los proyectos de edificación.

Lista de los 20 ministerios de Cuba:

• Ministerio de Agricultura y Alimentación
• Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Deportes y Recreación
• Ministerio de Economía y Finanzas
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación
• Ministerio de Energía y Minas
• Ministerio de Industrias y Construcción
• Ministerio de Información y Comunicación Social
• Ministerio de Comunicaciones
• Ministerio de Justicia
• Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Salud Pública
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Ministerio de Turismo
• Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
• Ministerio del Interior
• Ministerio del Transporte.

La normativa establece que los titulares de cada cartera cuentan con un plazo de 30 días naturales para entregar sus cronogramas de trabajo a la firma del primer ministro Manuel Marrero. El documento gubernamental determina además un periodo de transición de hasta un año con el propósito de transferir personal, inmuebles, partidas presupuestarias y contratos entre las dependencias salientes y las recién constituidas.

La Ley 186 entrará en vigor siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que fija el inicio del nuevo orden administrativo para el 9 de noviembre. Fuentes oficiales informaron que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió la redistribución de funciones como un paso hacia la racionalidad del aparato estatal, mientras sostuvo que las transformaciones en marcha en Cuba no implicarán la privatización de las empresas públicas.

Hay vivencias que quiebran la trayectoria de una vida para siempre, obligando a quien las padece a reconstruirse desde las cenizas. Para Mia Dio, creadora de contenido de 25 años, graduada de la Florida International University (FIU), y Miss Cuba 2026 ese punto de quiebre ocurrió en el año 2023.

Aquel año, la joven de raíces cubano-argentinas enfrentó uno de los episodios más devastadores para una mujer: la pérdida gestacional de su bebé. Lejos de ser un hecho pasajero, la pérdida la sumergió en una profunda depresión y en un proceso de duelo complejo, marcado por el dolor físico, el vacío emocional y una abrumadora sensación de aislamiento.

En medio de esa tormenta silenciosa, Mia se percató de una realidad alarmante: la indolencia del entorno social, la falta de información médica accesible y el tabú generalizado que obliga a las mujeres a llorar la partida de sus hijos en soledad.

Movida por la necesidad de sanar y decidida a que ninguna otra mujer transitara ese abismo sin red de apoyo, tomó una decisión valiente: abrir su corazón en el entorno digital y transformar el sufrimiento más agudo en una misión colectiva.

Así nació Cuerpos Conscientes, una plataforma de activismo digital concebida para brindar acompañamiento, derribar estigmas y poner el foco sobre la salud reproductiva y el bienestar emocional femenino. A través de esta iniciativa, Mia convirtió su vulnerabilidad en fortaleza, demostrando que el dolor compartido pierde la capacidad de destruir y se convierte en una herramienta de transformación comunitaria.

Cuerpos Conscientes: Los pilares de una cruzada por la salud femenina

Cuerpos Conscientes no es una campaña superficial; es un proyecto integral articulado en torno a tres ejes fundamentales que responden a vacíos estructurales en la conversación pública sobre la salud de la mujer:

• Apoyo real tras perder un bebé: Es un espacio seguro donde el dolor de perder un embarazo no se ignora ni se hace de menos. A través de historias reales y apoyo emocional, ayuda a que las madres se sientan escuchadas, comprendidas y libres de culpa en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
• Aprender sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) sin secretos: Al enterarse de que tenía esta condición, Mia decidió mostrar su propio camino paso a paso. Comparte cómo la alimentación, el ejercicio y pequeños cambios diarios le han servido para equilibrar su cuerpo, animando a otras mujeres a cuidar su salud sin miedo.
• Cuidado del cuerpo y de las emociones: La iniciativa busca que las mujeres reciban información clara y sin pena sobre su cuerpo y su fertilidad, además de pedir más apoyo para la salud mental femenina, recordando que mente y cuerpo van siempre de la mano.

La incursión de Mia Dio en la plataforma de Miss Universo 2026 representa la evolución natural de su liderazgo social. Para la comunicadora, portar la banda de Cuba no constituye un ejercicio de vanidad estética, sino la oportunidad de amplificar el mensaje de Cuerpos Conscientes a escala global y visibilizar las luchas de las mujeres de su tierra y del exilio.

Su preparación hacia el certamen combina una rigurosa disciplina física con un robusto compromiso cívico. Frente a los reflectores internacionales, Mia plantea una candidatura sustentada en la autenticidad, la empatía y la coherencia moral.

Su paso por los escenarios internacionales demuestra que los certámenes modernos han dejado de buscar figuras inalcanzables para dar paso a mujeres reales, las experiencias por la adversidad y decididas a generar un impacto duradero.

La falta de acceso al sol se extendió por más de una semana entre los internos de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, según una denuncia del preso político del 11 de julio de 2021Denis Hernández Ramírez.

De acuerdo con Cubalex, los reclusos de ese establecimiento no pudieron salir a los destacamentos destinados a tomar el sol. Hernández Ramírez afirmó que la decisión impedía el acceso al patio de las personas encarceladas.

La restricción habría sido ordenada por un oficial identificado como el teniente coronel Edgar, según la información difundida por la organización.

La falta de salida a espacios exteriores priva a los reclusos de una actividad vinculada con la salud física y mental. El acceso al aire libre y la posibilidad de realizar ejercicio forman parte de los estándares internacionales citados por Cubalex sobre las condiciones de detención.

Las denuncias incluyeron prisiones de Villa Clara, La Habana y Mayabeque

Las limitaciones para acceder a los espacios exteriores también fueron denunciadas durante 2026 en otros centros penitenciarios cubanos.

Entre los establecimientos mencionados figura El Pre, ubicado en Santa Clara. La relación también incluye la prisión 1580, el campamento de trabajo forzado El 18 y la prisión de Mujeres de Occidente, en La Habana.

Cubalex incorporó a esa lista al campamento Ho Chi Minh, situado en Bainoa, Mayabeque.

Entre las personas afectadas por la falta de acceso al exterior aparecen los presos políticos Marcos de la Luz Caballero Granados, Alexander Fábregas y Jorge Martín Perdomo.

La denuncia también comprende a Denis Hernández Ramírez y a otros reclusos comunes. Los reportes se refieren a restricciones para salir a los patios o a áreas destinadas a la exposición al sol.

Las Reglas Mandela contemplan una hora diaria de ejercicio exterior

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, establecen pautas sobre las condiciones en las que deben permanecer las personas privadas de libertad.

La regla 23.1 indica que los reclusos que no trabajen al aire libre deben contar, cuando el clima lo permita, con al menos una hora diaria de ejercicio físico adecuado fuera de las celdas.

La norma se refiere a quienes desarrollan sus actividades en espacios cerrados. El ejercicio exterior aparece contemplado como parte de las condiciones de reclusión.

La regla 42 dispone que las condiciones generales de detención deben garantizar iluminación, ventilación, acceso al aire libre y actividad física para todas las personas privadas de libertad.

La regla 43 prohíbe las sanciones que constituyan tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esa disposición también prohíbe los castigos colectivos.

Un organismo de la ONU consideró básico el ejercicio al aire libre

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura abordó el acceso al ejercicio exterior en un informe publicado en 2023.

El organismo señaló que la posibilidad de ejercitarse al aire libre durante una hora diaria constituye un derecho básico. También recomendó que esa garantía alcance a todos los reclusos, sin excepciones.

Según el informe citado, esa posibilidad no debe quedar sujeta a la consideración de un beneficio que el personal penitenciario pueda retirar.

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas incluyen disposiciones sobre la exposición diaria a la luz natural y la ventilación adecuada.

Ese documento fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su principio I exige un trato humano y el respeto por la dignidad y la integridad física, mental y moral de las personas detenidas.

Cubalex vinculó la medida con normas contra los tratos degradantes

El artículo 16 de la Convención contra la Tortura establece la obligación de prevenir actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La disposición se refiere a hechos cometidos por funcionarios públicos o con su consentimiento. Cubalex advirtió que la retirada deliberada del acceso al patio puede vulnerar esos estándares cuando se emplea como represalia, mecanismo de presión o castigo colectivo.

La organización sostuvo que las autoridades penitenciarias cubanas deben garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana.

Cubalex planteó además que la exposición a la luz natural y las necesidades básicas relacionadas con la salud no deben utilizarse como herramientas de sanción.

El pronunciamiento incluyó un reclamo por la liberación de las personas encarceladas arbitrariamente por ejercer las libertades de expresión, reunión y manifestación pacífica.

El caso ocurrió hace “tres meses y pico”, según la víctima, quien no precisó la fecha exacta ni el municipio. La agresión tuvo lugar cerca de las 20:00, cuando todavía había luz natural por el horario de verano, según explicó durante la grabación.

“Me cogieron de momento por el pelo y me halaron para un pasillo y me dijeron: ‘Si gritas, te matamos’”, contó la joven. “Yo no grité y ahí me cortaron el pelo, me robaron el teléfono, el power bank (batería), todo lo que llevaba encima”.

El video muestra el testimonio de la víctima antes de un cambio de corte, luego de que dejara crecer su cabello durante varios meses tras el asalto.

Los agresores llevaban el rostro cubierto

La mujer explicó que los atacantes usaban prendas para ocultar sus caras.

El robo de objetos personales formó parte del ataque, pero el corte forzado de cabello quedó en el centro de su relato. La joven señaló que perdió una melena que había cuidado durante años y que no había podido cortarse desde entonces.

La escena expone una modalidad de agresión que combina el despojo de bienes con una violencia física y psicológica contra la víctima. El cabello no aparece como un objeto de uso inmediato, como un teléfono o dinero, sino como parte de un ataque que dejó una marca visible y prolongó el impacto del hecho durante meses.

En el video, la mujer que la entrevista alertó a quienes tienen el cabello largo sobre los riesgos que, según planteó, enfrentan al caminar por las calles. También recomendó evitar salidas nocturnas. La víctima, sin embargo, aclaró que el episodio ocurrió a una hora en la que aún había movimiento y visibilidad en la zona.

La inseguridad gana espacio entre las preocupaciones cotidianas en Cuba

El relato se conoce en un contexto de aumento de denuncias ciudadanas por robos, asaltos y hechos violentos en Cuba, en medio de la falta de estadísticas oficiales periódicas y detalladas sobre la evolución del delito.

Registros de organizaciones independientes permiten dimensionar parte del problema, aunque no sustituyen un registro estatal completo. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2.833 delitos durante 2025, un incremento del 115% frente al año anterior. De ese total, 1.536 correspondieron a robos.

Los datos dependen de denuncias públicas, reportes de medios independientes, publicaciones en redes sociales y otras fuentes abiertas. Por ese motivo, no reflejan todos los delitos ocurridos en el país. También muestran una realidad marcada por el subregistro: muchas víctimas desisten de denunciar por desconfianza, temor o la percepción de que sus pertenencias no serán recuperadas.

En Matanzas, por ejemplo, el OCAC contabilizó 155 robos en el primer semestre de 2026, una cifra superior a los 143 casos que había documentado en esa provincia durante todo 2025. Los reportes incluyen sustracciones en viviendas, robos de vehículos eléctricos, ataques a conductores y arrebatos de teléfonos.

Otro monitoreo, elaborado por Cubalex, organización independiente de defensa legal, registró 314 hechos de violencia e inseguridad en agosto de 2026, entre ellos 52 homicidios. La organización incluyó en ese recuento robos, asaltos con armas blancas y armas de fuego, así como tiroteos en zonas residenciales.

La ausencia de datos oficiales limita la dimensión real del problema

Las autoridades cubanas han reconocido en distintos momentos un incremento de la actividad delictiva y la presencia de armas de fuego en manos de civiles. Aun así, no existe una publicación sistemática y accesible de cifras sobre robos violentos, asaltos, homicidios o delitos cometidos con armas.

Esa falta de información pública impide establecer con precisión la magnitud del fenómeno, su distribución territorial, el perfil de las víctimas y el nivel de esclarecimiento de los casos. También dificulta conocer cuántas denuncias derivan en investigaciones, arrestos, juicios o condenas.

El Código Penal cubano castiga la tenencia, portación y tráfico ilegal de armas, pero los testimonios ciudadanos y los registros independientes dan cuenta de asaltos cometidos con cuchillos, machetes y armas de fuego. En paralelo, las denuncias sobre robos en viviendas, sustracción de motocicletas y triciclos eléctricos, ataques a custodios y violencia en espacios públicos se multiplicaron en redes sociales.

En ese escenario, algunas familias optaron por medidas domésticas de protección. En otro video viral, una mujer instaló ollas, palos y otros objetos detrás de la puerta de su casa para crear una alarma improvisada ante posibles intrusos. La imagen resumió una preocupación extendida: la sensación de que proteger bienes básicos depende cada vez más de recursos individuales y redes vecinales.

La joven asaltada describió una situación similar desde la experiencia de quien fue sorprendida a pocos metros de su casa. No identificó a los agresores ni ofreció más detalles sobre el lugar. Su testimonio quedó resumido en una frase que da cuenta de la violencia del episodio: “Me cogieron de momento por el pelo”.

El incremento coincidió con denuncias sobre deterioro de hospitales maternos, falta de alimentos para embarazadas de riesgo, carencia de camas e interrupciones de servicios esenciales. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó estos episodios durante octubre de 2026 en centros de Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba y Holguín.

De acuerdo con Alas Tensas, las denuncias ocurrieron después de que el Ministerio de Salud Pública reconociera una subida de la mortalidad infantil y materna en 2025. La tasa de fallecimientos de menores de un año pasó de 7.1 a 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos.

La variación equivalió a una subida de 39.4%. La mortalidad materna también subió de 40.6 a 44.1 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, un aumento de 8.6% en la tasa.

La crisis en la atención materna reúne denuncias por alimentación insuficiente para embarazadas de riesgo, falta de camas para recién nacidos, problemas de higiene, escasez de medicamentos y apagones que afectan áreas neonatales. El OCC reunió los reportes en su informe de octubre.

El Ministerio de Salud Pública indicó que el aumento absoluto de la mortalidad materna correspondió a una muerte adicional. Los datos oficiales sobre ambos indicadores se divulgaron en enero de 2026.

Las embarazadas de riesgo dependían de alimentos llevados por sus familiares

El informe del observatorio incluyó testimonios de pacientes del Hogar Materno de Matanzas. Las mujeres ingresadas por embarazos de riesgo denunciaron raciones pequeñas y comidas con poco aporte proteico.

Yuneisy, de 33 años, llevaba tres semanas hospitalizada durante su segundo embarazo de riesgo. Según los testimonios recogidos, las pacientes dependían de los alimentos que sus familiares trasladaban desde sus viviendas para complementar la dieta institucional.

Esa situación representó una carga adicional para las familias. Debían conseguir y transportar alimentos en medio del encarecimiento de los productos básicos y de las dificultades para movilizarse.

El OCC también registró el caso de una embarazada a término que pasó una madrugada sobre sillas metálicas. La denuncia no permitió establecer la fecha exacta del hecho.

Un video mostró a recién nacidos sobre sillas en Camagüey

El 22 de octubre, el periodista independiente José Luis Tan Estrada difundió un video grabado en el Hospital Ginecobstétrico Ana Betancourt de Mora, en Camagüey.

Las imágenes mostraban a recién nacidos acostados sobre sillas deterioradas y telas en la sala de preparto. Según la denuncia, los bebés fueron ubicados allí porque no había camas disponibles.

El documento del OCC también recogió la muerte de un recién nacido en ese hospital después de un parto inducido. La denuncia citada sostuvo que el equipo médico prolongó el procedimiento durante más de 24 horas sin realizar una cesárea a tiempo.

Los reportes sobre Camagüey formaron parte de una serie de denuncias sanitarias incluidas por el observatorio. La información fue publicada por Alas Tensas a partir del informe mensual de esa organización.

Las pacientes denunciaron chinches y ratas en áreas hospitalarias

En el Hospital Ginecobstétrico de Matanzas, pacientes denunciaron una infestación de chinches. Una afectada relató: “Son muchas, caminan por todas partes. Te pican”.

El informe indicó que algunas embarazadas preferían dormir durante el día para evitar las picaduras nocturnas. El hecho se sumó a los cuestionamientos por las condiciones de internación en centros de atención materna.

En Santiago de Cuba, las denuncias apuntaron a la presencia de ratas en el área de Perinatología del Hospital Juan Bruno Zayas Alfonso. El documento también mencionó problemas de saneamiento en otras salas de la institución.

El mismo hospital fue escenario de la muerte de Aniari Barrientos Vázquez, de 26 años, ocurrida el 27 de septiembre. La mujer había ingresado cuatro días antes para la inducción del parto.

Sus allegados denunciaron durante octubre falta de comunicación por parte del personal médico y condiciones higiénicas deficientes. El texto fuente atribuyó esas denuncias a familiares, sin informar una determinación oficial sobre la causa de la muerte.

La falta de medicamentos y los apagones afectaron la atención médica

El OCC informó que 300 de los 395 medicamentos del cuadro básico estaban en falta. La escasez de insumos coincidió con apagones e interrupciones en el suministro de agua que afectaron a distintas instituciones médicas.

El observatorio registró 65 eventos relacionados con la salud pública en octubre. La cifra fue menor que los 69 contabilizados en septiembre.

En Holguín, la crisis energética también afectó la atención de recién nacidos. El OCC documentó que las enfermeras deben aplicar procedimientos manuales para mantenerlos con vida cuando los cortes de electricidad paralizan los equipos de las salas neonatales.

Las denuncias vinculadas con alimentación, inflación y agricultura subieron 12.5% en octubre frente a septiembre, al pasar de 56 a 63 eventos. En el conteo histórico de esa categoría, los registros aumentaron de 88 a 167, una subida de 89.8%.

La última llamada de Antonio Alejandro Rassi Roque a su madre fue antes de comenzar una guardia. Horas después, el joven de 18 años murió dentro de la Unidad Militar 5050, conocida como El Calvario, en La Habana, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en Cuba.

Mercedes Roque Rodríguez sostiene que su hijo, fallecido el 18 de agosto de 2025, sufrió presiones y maltrato psicológico antes de morir. La versión oficial, según denunció la madre, calificó el hecho como una “decisión propia”. Ella rechaza esa explicación y reclama que se determinen responsabilidades dentro de la unidad.

En una publicación reciente, Roque dirigió sus cuestionamientos al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera. También responsabilizó al primer teniente Aldo Fábregas Ardiles y pidió explicaciones sobre la actuación del mayor Ricardo Martínez, quien estaba al frente de la unidad cuando su hijo ingresó al servicio.

“La imposición del servicio militar te dejó atrapado en la Unidad 5050 del Calvario, en la posta número 6, donde falleciste solito”, escribió la madre. Según su relato, el oficial señalado permaneció encerrado durante cuatro horas en una oficina después de la muerte del joven.

La familia cuestiona la investigación sobre lo ocurrido

Antonio Alejandro Rassi Roque había ingresado a la unidad apenas 21 días antes de morir. Su madre afirmó que, durante ese período, notó cambios en su estado emocional y conductual. Denunció que el joven tenía problemas para dormir, dejó de asearse, se mostraba desorientado y llevaba el uniforme sucio.

Roque también aseguró que su hijo fue amenazado con ser trasladado a una unidad de castigo y recibió una sanción de 49 días sin permiso de salida. Para la familia, esas medidas influyeron en el desenlace.

La última comunicación entre ambos ocurrió a las 8:55 del 18 de agosto de 2025. Antonio le dijo que comenzaría una guardia. Murió a las 14:45, de acuerdo con el relato de su madre.

El expediente fue archivado de forma provisional el 2 de julio de 2026. La decisión implica que el proceso puede reabrirse si aparecen nuevos elementos, aunque hasta ahora no se informó de imputaciones contra militares vinculados con el caso. En octubre, Roque denunció que una reunión con representantes del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no incluyó a los oficiales cuya presencia había solicitado.

Un registro documentó 89 muertes en una década

El caso de Rassi Roque se conoció en medio de nuevos cuestionamientos sobre las muertes de jóvenes durante el Servicio Militar Activo. Una investigación publicada en septiembre documentó al menos 89 fallecimientos de reclutas entre 2017 y 2026, según elTOQUE.

El registro, elaborado a partir de testimonios, documentos y reportes independientes, clasificó 33 muertes como accidentes y 31 como suicidios. Ambas categorías concentraron 64 casos, equivalentes al 72% del total. También reunió fallecimientos vinculados con enfermedades, presunta negligencia médica y hechos violentos.

La investigación logró establecer la edad en 65 de los casos. La mayoría de las víctimas tenía 18 o 19 años, aunque el listado incluyó a seis menores de edad. Entre 2017 y 2021 se documentaron 15 muertes, mientras que entre 2022 y 2025 la cifra ascendió a 70.

De 46 familias consultadas para ese trabajo, solo ocho indicaron que existió una investigación oficial. Ninguna consideró que el resultado hubiera esclarecido plenamente las circunstancias de la muerte ni identificado responsables.

El reclamo de Mercedes Roque continúa abierto más de un año después de la muerte de su hijo. La madre anunció que presentará una nueva queja ante las autoridades militares para pedir que el caso vuelva a ser examinado.

Un nuevo dossier elaborado por el analista Emilio Morales concluyó que GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana, utiliza empresas privadas como pantalla para acceder al mercado de combustible estadounidense, mientras Washington intensifica su estrategia para cercar el abastecimiento energético del régimen.

La investigación, titulada “El control del combustible: nuevo instrumento de presión sobre el Estado mafioso cubano”, fue elaborada por Morales en su carácter de vicepresidente de Cuba Siglo 21 y presidente del Havana Consulting Group.

El documento analiza el entramado financiero, empresarial y logístico que estructura las importaciones de combustible desde Estados Unidos y cuestiona que esas operaciones constituyan un negocio genuinamente independiente del sector privado cubano.

GAESA perdió su principal fuente de ingresos con la caída de Maduro

El trasfondo de este nuevo escenario es la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, que privó a La Habana de su principal proveedor de petróleo subsidiado. Según estimaciones recogidas en el dossier, GAESA revendía en mercados asiáticos entre el 40 y el 50% del crudo venezolano recibido, una operación que habría generado aproximadamente USD 30.000 millones entre 2010 y 2025.

Ante el agravamiento de la crisis energética, la administración estadounidense habilitó una vía para exportar combustible a entidades privadas cubanas elegibles y a consumidores individuales, bajo la excepción Support for the Cuban People. El propósito era permitir el abastecimiento de actividades independientes sin beneficiar a las entidades militares y estatales sancionadas.

Las MIPYMES operan como intermediarias, pero la infraestructura sigue en manos militares

El dossier identifica, sin embargo, una contradicción estructural: aunque las MIPYMES aparezcan formalmente como importadoras o comercializadoras, las gasolineras continúan perteneciendo a CIMEX, los pagos se realizan mediante las tarjetas Clásica administradas por FINCIMEX y los ingresos terminan depositados en el Banco Financiero Internacional (BFI), todas entidades vinculadas al conglomerado militar.

En ese esquema, las MIPYMES pueden participar en la operación comercial, pero GAESA conserva el control de los activos estratégicos y del circuito financiero por el que circulan los dólares.

A esa dependencia estructural se suma una barrera de entrada prácticamente infranqueable para los pequeños empresarios independientes. Según los cálculos presentados por Morales, comenzar a operar con diez isotanques de combustible puede requerir una inversión inicial de entre USD 500.000 y USD 1.400.000, sin acceso a financiamiento y con pagos al contado.

Las exportaciones de combustible desde EEUU

Los volúmenes comerciales refuerzan los interrogantes sobre el origen real del capital detrás de esas operaciones. Entre enero y agosto de este año, las exportaciones estadounidenses de combustible y derivados hacia Cuba alcanzaron aproximadamente USD 232 millones, con un récord mensual de USD 74.900.000 en agosto.

Para Morales, esas cifras difícilmente pueden explicarse mediante operaciones de pequeñas empresas sin respaldo de estructuras financieras y logísticas de mayor escala.

Washington sancionó a empresas estatales

En paralelo, la administración Trump intensificó las sanciones contra empresas estatales vinculadas al comercio de combustible, entre ellas CUPET, ENETEC y COREYDAN. Las autoridades estadounidenses también informaron de la interceptación de 90 envíos destinados a ENETEC, con aproximadamente 600.000 galones de combustible, valuados en USD 2.800.000.

Esas operaciones muestran que Washington no se limita a controlar el suministro energético, sino que busca identificar las redes empresariales utilizadas para evadir las sanciones y rastrear los destinos finales de los cargamentos.

El dossier advierte, además, sobre el riesgo de que combustible autorizado para el sector privado termine abasteciendo instituciones militares y organismos de seguridad del régimen. Investigaciones periodísticas citadas en el documento identificaron suministros a vehículos vinculados con estructuras represivas.

El régimen ya no controla las reglas del juego energético como antes

La investigación concluye que el cambio más profundo no reside únicamente en la sustitución del petróleo venezolano por combustible estadounidense, sino en la transformación de las relaciones de dependencia energética.

Durante años, GAESA aprovechó el suministro venezolano para obtener ingresos extraordinarios mediante operaciones en mercados internacionales. Ahora debe desenvolverse en un mercado donde Estados Unidos tiene capacidad de supervisar exportaciones, identificar intermediarios y sancionar operaciones irregulares.

Washington enfrenta, no obstante, un equilibrio delicado: impedir que el combustible fortalezca al aparato represivo sin provocar un colapso aún mayor de los servicios esenciales de los que depende la población cubana. Por ello, según el dossier, las autoridades estadounidenses han mostrado inicialmente una gran flexibilidad al aceptar como independientes a MIPYMES “privadas” que, según sostiene Morales, “operan en contubernio con GAESA”.

El desarrollo de este nuevo escenario también podría contribuir a identificar las MIPYMES utilizadas como testaferros del conglomerado militar y a exponer los mecanismos mediante los cuales GAESA intenta preservar sus fuentes de financiamiento.

En un régimen cuya supervivencia depende tanto del control de las divisas como de los recursos energéticos, esa pérdida de autonomía representa una amenaza que trasciende el negocio petrolero.

Amnistía Internacional reclamó la liberación de Sayli Navarro Álvarez, a quien definió como una “presa de conciencia” y activista cubana vinculada al movimiento Damas de Blanco. La organización difundió el pedido en una publicación en redes sociales el 2 de noviembre, dentro de su campaña identificada con la etiqueta #CubaSinRepresión.

El mensaje de Amnistía Internacional Américas presentó a Navarro Álvarez como cofundadora de las Damas de Blanco, un grupo integrado por madres, esposas e hijas de parte de los 75 opositores detenidos durante la oleada represiva de 2003, conocida como la Primavera Negra.

La publicación incluyó una fotografía de la activista junto a una bandera cubana y una imagen con la leyenda: “Liberen a Sayli Navarro. Presa de conciencia”. El reclamo situó su caso entre las denuncias de restricciones contra integrantes de la disidencia y defensores de derechos humanos en la isla.

Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos, utiliza la categoría de presa de conciencia para referirse a personas privadas de libertad por sus creencias, identidad u otras expresiones de conciencia, siempre que no hayan promovido ni recurrido a la violencia. En el caso de Navarro Álvarez, la organización exigió su liberación sin detallar en ese mensaje la causa judicial, el lugar de detención, la pena impuesta ni la fecha de su arresto.

La petición se difundió bajo la campaña #CubaSinRepresión

La solicitud fue publicada por la cuenta de Amnistía Internacional Américas, que acompañó el texto con la expresión #CubaSinRepresión. La campaña apunta a visibilizar casos de personas detenidas o sometidas a procesos judiciales por motivos políticos en Cuba.

El pronunciamiento se concentró en la trayectoria de Navarro Álvarez dentro de Damas de Blanco. Según la organización, el colectivo surgió a partir de familiares de los 75 disidentes, periodistas independientes y activistas arrestados en marzo de 2003 durante la Primavera Negra.

Aquel operativo estatal marcó uno de los episodios de mayor alcance contra la oposición cubana desde el inicio de este siglo. Las autoridades cubanas acusaron a los detenidos de actuar contra la independencia nacional y de colaborar con intereses extranjeros. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron los procesos y reclamaron entonces la liberación de los encarcelados.

Las Damas de Blanco comenzaron a realizar caminatas pacíficas, en especial después de asistir a misa, con ropa blanca como símbolo de protesta por las detenciones. Con el paso de los años, el movimiento mantuvo su actividad a través de familiares y activistas que denunciaron arrestos temporales, vigilancia y restricciones para movilizarse.

Navarro Álvarez, presentada como cofundadora de Damas de Blanco

En su publicación, Amnistía Internacional señaló que Sayli Navarro Álvarez formó parte de la fundación de Damas de Blanco. Esa identificación la ubica dentro de un movimiento que se convirtió en uno de los principales referentes de reclamo público por la liberación de opositores presos en Cuba.

El mensaje no incorporó declaraciones de la activista ni una respuesta de las autoridades cubanas. Tampoco precisó cuáles son los hechos por los que permanece detenida, si cuenta con una condena firme o si tiene recursos judiciales pendientes.

La ausencia de esos datos limita la reconstrucción del expediente actual de Navarro Álvarez. No obstante, el pedido de liberación formulado por la organización vuelve a colocar su situación en el centro de las denuncias sobre los derechos civiles y políticos en Cuba.

La Primavera Negra de 2003, referencia persistente para la oposición cubana

La mención a la Primavera Negra conecta el caso con una etapa que aún ocupa un lugar central en la memoria de sectores opositores cubanos. Las detenciones de 2003 involucraron a 75 personas y dieron origen a una red de familiares que trasladó sus reclamos a las calles.

Las integrantes de Damas de Blanco adoptaron el blanco como distintivo en sus movilizaciones y establecieron una forma de protesta basada en marchas silenciosas y demandas de libertad para los detenidos. Su actividad recibió reconocimiento internacional y también derivó en choques recurrentes con las autoridades.

Un despliegue policial en varios barrios de San Miguel del Padrón, en La Habana, terminó con 71 personas detenidas y trasladadas a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Entre los arrestados hubo ciudadanos acusados de distintos delitos y residentes de otras provincias que no contaban con autorización para vivir en la capital.

Inicialmente el operativo fue anunciado por el medio oficialista Tribuna de La Habana.

El operativo se extendió a todos los Consejos Populares del municipio

La acción fue desplegada el domingo 1 de noviembre en los Consejos Populares del municipio. Agentes del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) realizaron controles y trasladaron a los detenidos a la 11ª Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Las autoridades presentaron el procedimiento como una medida dirigida a reforzar la seguridad ciudadana y responder a denuncias de vecinos. Una publicación difundida en una cuenta vinculada a la PNR, que luego fue eliminada, señaló que la actuación formaba parte de acciones de vigilancia en calles y barrios.

El grupo de detenidos incluyó a personas investigadas por presunta tenencia de drogas, ejercicio de la prostitución, portación de armas blancas, actividad económica ilícita e impago de multas. Dentro de la misma operación, la policía también identificó a ciudadanos definidos como “indocumentados e ilegales en la capital con conducta desajustada”.

La residencia en La Habana requiere una autorización previa

Esa categoría se aplica a cubanos que proceden de otras provincias y viven en La Habana sin haber completado el trámite administrativo requerido para establecer domicilio permanente en la ciudad. La regulación está contemplada en el Decreto-Ley 217, aprobado en abril de 1997.

La norma establece que las personas que deseen trasladar su residencia a la capital deben obtener una autorización previa. En caso de no contar con ella, pueden recibir sanciones económicas y ser devueltas a la provincia donde tenían su residencia oficial.

El criterio no se refiere a la nacionalidad de los detenidos, sino a su situación de residencia dentro del país. Se trata de migrantes internos, muchos de ellos llegados desde provincias del oriente cubano, que buscan empleo, vivienda o vínculos familiares en la capital.

Los controles alcanzan a migrantes internos y personas acusadas de delitos

El operativo reunió bajo una misma acción policial situaciones de naturaleza diferente. Por un lado, incluyó presuntas infracciones penales y administrativas, como la portación de armas blancas o el impago de multas. Por otro, abarcó a personas cuya situación irregular se vincula con la falta de permiso para residir en La Habana.

Quienes viven en la capital sin autorización pueden enfrentar limitaciones para acceder a empleos estatales y a productos distribuidos mediante la libreta de abastecimiento en el lugar donde residen. También pueden ser requeridos durante controles de identidad en terminales de transporte, zonas céntricas y operativos barriales.

La regulación ha tenido cambios parciales. En 2011, el Decreto 293 introdujo modificaciones que facilitaron algunos casos de reunificación familiar. No obstante, mantuvo la exigencia de autorización para fijar residencia en la capital.

La PNR retiró la publicación sobre el despliegue

La información sobre las detenciones apareció inicialmente en un perfil de Facebook asociado a la PNR. La publicación fue retirada después de su difusión, sin que se conocieran detalles adicionales sobre la situación procesal de los 71 detenidos ni sobre la cantidad de personas que podrían ser devueltas a sus provincias de origen.

El operativo se produjo en un contexto en el que las autoridades cubanas mantienen controles sobre la migración interna hacia La Habana, una ciudad que concentra oportunidades laborales, servicios y actividad económica en comparación con otras zonas del país.

La central eléctrica flotante turca Erol Bey abandonó este lunes 2 de noviembre Cuba de forma definitiva, según pudo corroborar EFE. Su salida reduce aún más la capacidad de generación disponible en la isla, donde los cortes de luz superan habitualmente las 20 horas diarias en La Habana y pueden extenderse durante hasta tres días consecutivos en otras provincias.

La embarcación, con una capacidad de 63 megavatios (MW), dejó el puerto de La Habana cerca de las 14:30, hora local, equivalentes a las 16:30 GMT. Las autoridades cubanas no habían confirmado oficialmente su partida al cierre de esta información.

La Erol Bey era una de las últimas unidades flotantes contratadas por el régimen cubano a la empresa Karpowership, perteneciente a Karadeniz Holding. Desde 2019, estas plantas fueron incorporadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) como una alternativa para compensar las fallas de las termoeléctricas terrestres.

La Belgin Sultán, única central flotante que permanece en La Habana

En abril, el Ministerio de Energía y Minas informó que en La Habana permanecían dos centrales de este tipo: la Belgin Sultán y la Erol Bey. Entre ambas aportaban una capacidad instalada de 124 MW, una cifra limitada frente a las necesidades del SEN en los períodos de mayor demanda.

La salida de la Erol Bey se suma a la de otras seis unidades flotantes turcas que dejaron la isla. Cuba había contratado ocho embarcaciones para reforzar su generación eléctrica, que llegaron a aportar más de 400 MW al sistema cuando operaban en las bahías del Mariel, al oeste del país, y de La Habana.

Durante dos semanas, las centrales flotantes volvieron a producir electricidad tras la llegada del petrolero ruso Anatoli Kolodkin a fines de mayo. El buque arribó con 740,000 barriles de crudo, equivalentes a 100,000 toneladas, un volumen que permitió alimentar de forma temporal algunas instalaciones de generación.

La disponibilidad de combustible resulta determinante para estas plantas y para las centrales termoeléctricas cubanas, que dependen de importaciones de crudo para sostener sus operaciones.

Crisis energética agravada desde mediados de 2024

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una crisis energética que se agravó este año. El régimen ha atribuido parte de la situación a las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre el suministro de petróleo, que afectaron las importaciones de crudo necesarias para abastecer tanto a las termoeléctricas como a las plantas flotantes.

El propio régimen cubano calificó la situación del SEN como “crítica” y “extremadamente tensa”. A la escasez de combustible se suma el deterioro de buena parte de la infraestructura eléctrica nacional.

Las centrales termoeléctricas, responsables de cerca del 40% de la generación, fueron construidas en su mayoría durante las décadas de 1960 y 1970. Las averías y los mantenimientos prolongados han reducido su disponibilidad, mientras que la generación distribuida también enfrenta problemas por falta de combustible y repuestos.

Cuba sufrió ocho apagones totales en lo que va de 2026, según los datos difundidos por las autoridades. Esos colapsos dejaron sin electricidad a todo el país durante varias horas y evidenciaron la fragilidad del sistema.

Apagones con impacto en transporte, salud y abastecimiento

Los apagones afectan múltiples actividades diarias. El transporte público opera de manera limitada en varias zonas, mientras que hospitales y otros servicios estatales redujeron prestaciones por las dificultades para sostener el suministro eléctrico.

La falta de energía también impacta en la conservación de alimentos, el acceso al agua y las comunicaciones. En paralelo, los precios de productos básicos y medicamentos aumentaron en los mercados informales, donde muchas familias buscan alternativas ante el desabastecimiento de la red estatal.

La partida de la Erol Bey deja a la Belgin Sultán como la única central flotante turca que permanece en La Habana, según información oficial de abril.

En Matanzas, el director de la Empresa Eléctrica Provincial, Alejandro Rodríguez Azpeitía, atribuyó parte de las averías de transformadores al uso simultáneo de ecoflows, las estaciones portátiles que los hogares cubanos emplean durante los apagones.

El funcionario aseguró que entre tres y cuatro equipos quedan fuera de servicio cada día en la provincia, informó Diario de Cuba.

Las tormentas recientes y la sobrecarga figuran entre las causas señaladas. Rodríguez Azpeitía sostuvo que las baterías se conectan durante los períodos breves en que regresa la electricidad, lo que eleva de forma concentrada la demanda sobre una red ya afectada.

Un ecoflow tarda alrededor de 40 minutos en cargarse y consume unos 1,200 W durante ese lapso. El funcionario calculó que diez de estos dispositivos conectados en un barrio añaden cerca de 12 kW a un transformador diseñado para 50 kW, casi el 20% de su capacidad.

La carga simultánea durante los breves períodos con electricidad

Rodríguez Azpeitía explicó que el problema se agrava por la concentración de consumos: “Hoy los equipos que las personas usan para alumbrarse, ecoflow, estaciones de carga, han incrementado considerablemente la carga en los transformadores”.

En zonas de Matanzas donde los cortes superan las 24 horas, los residentes aprovechan el retorno del servicio para cocinar, lavar, enfriar los refrigeradores y recargar equipos. Esa coincidencia de actividades dispara la demanda eléctrica en lapsos reducidos.

El director también mencionó el traslado de negocios hacia transformadores específicos y el aumento de las motorinas eléctricas. Según indicó, ambos factores elevan la carga en los sitios que conservan suministro.

La provincia tenía 162 transformadores dañados, una situación que afectaba a 5.687 clientes. Del total, 37 equipos eran de 19.000 kVA, 116 de 7.620 kVA y nueve de 2.400 kVA.

Rodríguez Azpeitía estimó que la interrupción alcanzaba a más de 15.000 personas si se toma como referencia un promedio de tres habitantes por vivienda. La falta de reposición ha dejado barrios de distintas partes del país sin electricidad durante meses.

La falta de aceite y la demora en las reposiciones

La Empresa Eléctrica Provincial distribuye los transformadores disponibles según la antigüedad de cada avería, aunque los últimos 16 equipos recibidos fueron destinados a las zonas con mayor número de viviendas afectadas. El funcionario señaló que se priorizaron casos vinculados a 50 hogares por encima de otros que involucraban a diez.

Un transformador situado en el caserío previo a la zona industrial de Matanzas esperaba reemplazo desde el 23 de julio, con 70 viviendas sin servicio. El siguiente caso pendiente correspondía al 3 de agosto.

La fábrica de transformadores se encontraba prácticamente detenida por falta de aceite, según Rodríguez Azpeitía. “Hace alrededor de 15 días que no recibimos ningún equipo. O sea, se dañan sin reposición. Se espera que en los próximos días entre el aceite a la industria y reanude la producción de transformadores”, afirmó.

El robo de aceite dieléctrico de transformadores en funcionamiento también ha sido señalado por las autoridades como una causa de desperfectos. La sustracción de esa sustancia, utilizada por algunos cubanos como combustible, ha derivado en procesos penales por sabotaje contra un número creciente de personas.

La crisis eléctrica nacional se agravó desde el verano de 2021, en medio de la falta de inversión en el sistema electroenergético, el deterioro de las termoeléctricas y el uso de petróleo crudo cubano para generar electricidad. Las plantas no reciben los mantenimientos que requieren, mientras la mayor parte de la inversión de la última media década se destinó a hoteles de lujo afectados por la caída del turismo.

La empresa matancera decidió reducir los circuitos protegidos vinculados a hospitales mediante 12 seccionadores. La medida permitirá disponer de 19 MW que antes no se desconectaban para proteger esas instalaciones y repartir esa energía entre otros circuitos.

Rodríguez Azpeitía aseguró que los hospitales mantendrán el servicio, mientras la modificación busca reducir las horas de apagón en áreas que hasta ahora recibían menos afectaciones por estar conectadas a instalaciones esenciales.

Adiuska Suárez Morton busca agua en las casas de algunos vecinos y la guarda en las vasijas que encuentra. En su vivienda de madera, ubicada en Flora y Fauna, un asentamiento informal de Marianao, no tiene un tanque que le permita conservarla para cocinar, limpiar y cuidar a su hijo de tres años.

La madre, de 38 años, llegó a La Habana desde Guantánamo después de escapar de una relación marcada por la violencia con el padre del niño. Tras denunciarlo y conseguir que fuera encarcelado, decidió trasladarse con el dinero que tenía ahorrado e iniciar una nueva vida.

La pequeña casa que compró con esos ahorros es apenas un cuarto. Adiuska intenta ampliarla de forma gradual, con los recursos que consigue después de resolver las necesidades más urgentes del hogar.

“Tengo dos hijas, una tiene 20 años y otra tiene 15 años, y un niño de tres añitos que vive conmigo aquí en La Habana”, explicó la mujer a CubaNet. El niño menor permanece a su cargo en la capital.

El salario del hospital se reparte entre la comida y el cuidado del niño

La madre trabaja como empleada de limpieza en un hospital habanero situado en la calle 26. Por esa labor recibe 20,000 pesos mensuales (aproximadamente USD 23.72, según la cotización del mercado informal de divisas reportada por CiberCuba hasta el 27 de octubre), una suma que debe distribuir entre los alimentos, los gastos de la vivienda y la atención de su hijo.

El cuidado del niño representa un desembolso fijo de 4.000 pesos al mes (aproximadamente USD 4.74, según esa misma cotización). Ese pago no contempla todo lo que necesita comer durante el día, porque Adiuska debe llevarle pan, comida, jugo, yogur u otros productos.

La mujer sale a trabajar con esa provisión preparada y vuelve a una casa en la que cada gasto requiere cálculos. El dinero disponible debe cubrir también los artículos de primera necesidad y cualquier mejora que necesite el único espacio donde viven ambos.

La madre describió de este modo el impacto de los precios en su vida cotidiana: “Estoy pasando cantidad de trabajo con los precios tan altos como están, es para volverse loca”.

Su vivienda tiene paredes de madera, pero ella la reconoce como el resultado de sus propios esfuerzos después de dejar Guantánamo. “Vivo en una casa de madera, pero como quiera es mi casa. Estoy luchando aquí sola”, afirmó.

Una vecina compartió frijoles cuando no había comida en la casa

En Flora y Fauna, la ayuda entre residentes se vuelve necesaria en los momentos de mayor escasez. Adiuska contó que existe un intercambio constante entre vecinos, quienes comparten lo poco que tienen cuando alguien enfrenta una necesidad inmediata.

“A veces los vecinos me ayudan a mí y yo los ayudo a ellos. Hace dos días yo no tenía nada de comer y la vecina me dio un poquito de potaje de frijoles”, recordó ante el medio.

Ese plato resolvió una jornada en la que no tenía alimentos en casa. La solidaridad vecinal no elimina las dificultades económicas, pero permite enfrentar situaciones puntuales mientras la madre busca cómo sostener a su hijo.

Los asentamientos informales conocidos popularmente como “llega y pon” han crecido en distintos sectores de La Habana, entre otros factores, por las dificultades para acceder a una vivienda. Contar con un terreno o una construcción en esos barrios no asegura servicios ni infraestructura estable.

Las familias deben resolver con sus propios medios los problemas de construcción, abastecimiento y acceso a recursos básicos. Para Adiuska, el agua es una de las carencias que condicionan toda la rutina doméstica.

Las vasijas reemplazan al tanque que no puede comprar

La madre no tiene dónde almacenar agua cuando logra conseguirla. Por eso debe trasladarla desde las casas de algunos vecinos y conservarla en recipientes disponibles dentro de su cuarto.

“Aquí estamos pasando mucho trabajo con el agua. Tengo que buscar agua en casa de algunos vecinos y no tengo tanque, tengo que llenar las vasijas que encuentre para poder guardarla”, detalló Adiuska a CubaNet.

La falta de un depósito obliga a improvisar cada vez que necesita una reserva. Conseguir agua se suma al trabajo en el hospital, la atención de su hijo y la búsqueda diaria de alimentos.

El problema del abastecimiento afecta a otras zonas de la capital cubana. En septiembre de 2025, EFE documentó que habitantes de Centro Habana y La Habana Vieja llevaban semanas sin recibir agua corriente y dependían de cubos y otros recipientes.

En julio de 2026, Human Rights Watch describió que los apagones y el deterioro de la infraestructura agravaban el acceso al agua en distintos barrios habaneros. La situación de Adiuska se desarrolla en medio de esas dificultades para garantizar un servicio básico.

Las fluctuaciones eléctricas también tuvieron consecuencias dentro de su casa. El televisor que poseía dejó de funcionar por problemas de voltaje, según contó.

Reemplazar ese equipo no está entre sus prioridades. La comida de su hijo, el dinero para pagar su cuidado y el agua para el hogar ocupan el primer lugar en su lista de gastos.

La meta es ampliar el cuarto y asegurar condiciones básicas

El traslado a La Habana le permitió alejarse de la violencia y obtener un espacio propio. Aun así, la casa que consiguió no tiene las condiciones que necesita para vivir con tranquilidad junto a su hijo.

Adiuska aspira a conservar su empleo y ampliar la vivienda cuando pueda reunir los materiales y el dinero necesarios. Su presente depende de su salario y de la red de vecinos que le ofrece ayuda cuando falta comida o agua.

“Esto tiene que cambiar un día porque no es fácil esto”, dijo al hablar sobre la situación del país. Para ella, esa expectativa se traduce en una necesidad concreta: que trabajar cada día alcance para alimentar a su hijo y vivir en una casa con agua y servicios básicos.

El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide (Defensa CD) documentó 137 violaciones a la libertad religiosa en septiembre y denunció que el pastor Alián López Rodríguez ha sufrido citaciones, detenciones, vigilancia y restricciones para asistir a presos en Cabaiguán, Sancti Spíritus.

Según los datos difundidos por la organización, el régimen cubano persiguió, hostigó o detuvo de forma arbitraria a 90 personas por motivos religiosos, entre ellas 35 mujeres y 55 hombres. El reporte ubicó 50 de esos casos en La Habana, 24 en Villa Clara y 16 en Pinar del Río.

El testimonio de Alián, líder de la Iglesia Apostólica y Profética Tabernáculo de la Promesa, describe una sucesión de presiones contra él, su familia y miembros de la congregación que dirige desde 2014 en el municipio de Cabaiguán.

Alián sostuvo que agentes de la Seguridad del Estado lo convocaron mediante llamadas telefónicas bajo el argumento de una entrevista vinculada con asuntos migratorios. Dijo que se negó a asistir sin una citación escrita y que, más tarde, seis motocicletas con agentes fueron a su vivienda para trasladarlo a Sancti Spíritus.

“Me amenazaron de que me iban a meter un delito por desobediencia”, afirmó el pastor en el testimonio recogido por Defensa CD. Según su relato, los agentes le dijeron que las citaciones verbales tenían validez y le advirtieron que podrían iniciar un proceso penal en su contra.

La iglesia realizó una actividad pública y el pastor fue detenido

El religioso relató que su iglesia organizó un ayuno de 40 días y que, al finalizarlo, los feligreses realizaron una marcha y una oración pública en el paseo de Cabaiguán. Durante la actividad llevaron banderas cubanas y blancas, y expresaron peticiones por un cambio en el país, el fin de la corrupción, la violencia y la intimidación.

Alián aseguró que agentes vestidos de civil y funcionarios locales interrumpieron el acto y lo trasladaron a una unidad policial. Según su versión, integrantes de la congregación siguieron el vehículo y exigieron información sobre su paradero.

El pastor afirmó que uno de sus hijos, de 16 años, fue maltratado durante el operativo. “Lo tomaron por los pelos y por las orejas”, denunció al describir el episodio.

Tras su liberación, dijo que volvió a ser detenido y llevado a una dependencia de la Seguridad del Estado en Sancti Spíritus. Allí, según su testimonio, le exigieron que publicara una retractación en Facebook sobre la actividad religiosa. López Rodríguez sostuvo que rechazó esa petición.

“Nos dijeron que si nosotros no íbamos a irnos del país, que nos fuéramos tranquilos, que no querían hacernos daño ni meternos presos”, relató. El pastor respondió que no había cometido delito alguno y que su actividad se limitaba al ejercicio de su fe y a la defensa de personas encarceladas.

Restricciones para asistir a presos y a sus familias

El líder religioso aseguró que la presión en su contra se intensificó por su labor de acompañamiento a reclusos y familiares de presos, incluidos dos presos políticos a los que su iglesia ayuda con recursos propios.

Alián visitó a familiares de Jonathan David Muir Burgos, al activista Guillermo del Sol Pérez durante una huelga de hambre y a otras personas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021. También afirmó que ofreció apoyo emocional, oración y ayuda material a internos y a sus familias.

El pastor dijo que las autoridades le prohibieron acercarse a la prisión provincial Ñico Morejón y que lo amenazaron con encarcelarlo si volvía a permanecer en los alrededores del centro penitenciario. Además, afirmó que, desde la prohibición, solo puede mantener contacto con algunos presos a través de llamadas, cartas o familiares.

Alián aseguró que él y su familia permanecen bajo vigilancia y que agentes de la Seguridad del Estado impulsaron una campaña para desacreditarlo ante vecinos y otros líderes religiosos. Según dijo, personas vinculadas a la Seguridad del Estado lo acusaron de recibir financiamiento de Estados Unidos y de utilizar la iglesia como cobertura.

El pastor también sostuvo que recibió información sobre un supuesto plan para fabricar una causa penal en su contra. “Cualquier cosa que nos pueda pasar como pastores, a mí, a mi familia o a mi hijo, tendrán que asumir la responsabilidad”, afirmó.

El pastor aseguró que continuará al frente de su congregación y mantuvo su denuncia contra el régimen. “Queremos una Cuba libre y una Cuba de paz”, expresó.

Defensa CD advirtió además sobre un presunto patrón en el que agentes del régimen se presentarían como miembros de otros grupos de fe para provocar tensiones entre distintas comunidades religiosas.

Negar medicamentos a reclusos para forzarlos a colaborar con las autoridades o a aceptar el exilio a cambio de su libertad: esa es una de las prácticas que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en Cuba durante octubre.

El hallazgo forma parte de un informe mensual que describe un país atravesado por la inseguridad, los cortes de electricidad y agua, y la represión contra la disidencia.

El OCC registró 85 actos represivos durante octubre, entre los que se destacaron el confinamiento en celdas de castigo, la incomunicación y las presiones gubernamentales para que presos políticos acepten salir de la isla como condición para recuperar su libertad.

La organización relevó además 542 protestas, denuncias y expresiones críticas en el país, encabezadas por tercer mes consecutivo por la inseguridad ciudadana, en un contexto de apagones prolongados y escasez de agua potable que afecta a millones de cubanos.

La inseguridad ciudadana lidera las denuncias por tercer mes consecutivo

El balance de octubre reunió 119 eventos vinculados a la inseguridad, 104 relacionados con los servicios públicos y 88 catalogados como desafíos al Estado policial, de los cuales 24 fueron protestas presenciales.

Matanzas concentró el mayor número de denuncias por inseguridad, con 30 eventos, seguida de La Habana, con 22.

“Los robos, los asaltos, los homicidios y otros hechos violentos reflejan el creciente deterioro de la seguridad de los ciudadanos cubanos”, declaró a Martí Noticias Oscar Casanella, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El especialista precisó que entre los casos registrados figuran muertes por hechos violentos, incluidos feminicidios.

El total de eventos relevados cayó 18.25% respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 663. Sin embargo, el observatorio advirtió que esa baja no implica una mejora en las condiciones de vida de la población.

El informe distingue este registro detallado de un conteo histórico con metodología propia, que se mantuvo casi sin variaciones: 1,143 incidencias en octubre frente a 1,147 en septiembre. Ambas series corresponden a universos distintos y no deben sumarse entre sí.

Apagones y falta de agua provocaron cacerolazos en varias provincias

Casanella explicó a la emisora que los cortes eléctricos, la falta de agua potable y la acumulación de basura golpean de forma simultánea a numerosas comunidades y deterioran la calidad de vida de sus habitantes.

Los apagones derivaron en cacerolazos en Cabañas y en el municipio artemiseño de Mariel los días 9 y 14 de octubre. También hubo manifestaciones en Santa Rita y Jiguaní, y una protesta en La Habana, donde vecinos cerraron la Avenida de Boyeros con contenedores de basura el 30 de octubre.

Según cifras reconocidas por las autoridades y recogidas por el observatorio, unos 2.5 millones de cubanos sufrían interrupciones del suministro de agua durante octubre, de las cuales el 88% se atribuyó a problemas eléctricos.

La única categoría del registro detallado que aumentó respecto a septiembre fue la de alimentación, inflación y agricultura, con 63 eventos, siete más que el mes previo.

Reclusos políticos denuncian aislamiento y presiones para exiliarse

Casanella denunció ante Martí Noticias que la negación de medicamentos y tratamientos médicos a personas encarceladas, incluso cuando sus familiares intentan hacérselos llegar, se utiliza “como mecanismo para doblegarlos”. En el caso de los presos políticos, el investigador sostuvo que estas restricciones forman parte de las presiones para obtener su colaboración o forzar su salida del país.

Entre los casos documentados por el observatorio figura el de Carlos Alain Abrahantes Valdés, enviado a una celda de castigo en la prisión Kilo 7, en Camagüey, donde habría permanecido incomunicado y sin medicamentos básicos.

El reporte también menciona a Saylí Navarro Álvarez, quien afrontaba problemas digestivos sin diagnóstico adecuado en la prisión La Bellotex, en Matanzas. Por separado, recoge las denuncias de Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García sobre presiones para aceptar el exilio como condición para salir de prisión.

La organización aclaró que no en todos los casos es posible establecer que la privación de tratamiento médico responda a una orden política puntual. No obstante, remarcó que el aislamiento, las carencias médicas y las restricciones de visitas agravan la vulnerabilidad de los reclusos y de sus familias.

La crisis eléctrica se agrava en los primeros días de noviembre

El deterioro del sistema energético que documentó el observatorio durante octubre no se detuvo con el cambio de mes. Según datos de la Unión Eléctrica difundidos por CiberCuba, portal de noticias cubano, Cuba inició noviembre con una afectación prevista de 1.965 megavatios (MW) en el horario pico, con apenas 958 MW disponibles frente a una demanda de 2.850 MW.

El cierre del 31 de octubre ya había marcado 2.022 MW de afectación, uno de varios días del mes con impactos superiores a los 2.000 MW. Entre las causas, CiberCuba citó averías en varias unidades termoeléctricas y la salida de servicio de la planta Energas Varadero por falta de lubricante.

El país acumula ocho desconexiones totales del sistema eléctrico nacional en lo que va de 2026, de acuerdo con el mismo portal.

A la crisis energética se suma el peso del encarcelamiento político. Según datos divulgados por Cubalex, organización de derechos humanos, 679 presos políticos permanecen en Cuba, de los cuales 205 residen en La Habana, la provincia con mayor concentración de casos del país.

Las limitaciones de las termoeléctricas alcanzan 607 MW en Cuba, mientras el Sistema Eléctrico Nacional inicia noviembre con una previsión de cortes extendidos durante el horario de mayor consumo.

La Unión Eléctrica (UNE) calcula una afectación de 1,922 MW para la noche de este lunes, según informó Periódico Cubano. La disponibilidad prevista es de 958 MW frente a una demanda de 2,850 MW.

Los apagones masivos responden a un déficit de generación que impide cubrir la demanda nacional. Para el pico nocturno, la UNE anticipa un faltante de 1,892 MW, con unidades termoeléctricas fuera de servicio, plantas bajo mantenimiento y nuevas salidas asociadas a problemas de combustible y lubricación.

Desde la madrugada, la capacidad de generación ya estaba por debajo del consumo. A las 06:00, la disponibilidad era de 970 MW y la demanda alcanzaba 2,300 MW.

Ese desbalance dejó 1,300 MW sin cobertura. Para el horario de la media, el organismo previó una afectación de 1,550 MW.

El déficit eléctrico se mantuvo durante las 24 horas del domingo

La jornada previa tampoco dio margen de recuperación. La UNE comunicó que el servicio sufrió interrupciones por falta de capacidad durante todo el domingo y que las afectaciones continuaron durante la madrugada.

El mayor faltante de esa jornada llegó a 1,886 MW a las 7:20 pm. El dato anticipó otro inicio de semana con interrupciones prolongadas en distintas zonas del país.

Periódico Cubano indicó que las fallas de las centrales térmicas explican una parte sustancial de la crisis. La unidad uno de Santa Cruz, la unidad dos de Felton y las unidades tres y seis de Renté estaban fuera de servicio.

A esa situación se sumaban tareas de mantenimiento en la unidad tres de Santa Cruz, la unidad cinco de Nuevitas y la unidad cinco de Renté.

La UNE informó que “las limitaciones en la generación térmica son de 607 MW”. Esa capacidad indisponible reduce el margen de maniobra del sistema ante los aumentos del consumo.

La entrada de una unidad no compensa las nuevas desconexiones previstas

El parte oficial contemplaba para la noche la entrada de la unidad cuatro de la central Carlos Manuel de Céspedes. La incorporación aportaría 150 MW.

Esa mejora tendría un alcance limitado porque la unidad tres de esa misma planta saldría de operación por bajo nivel de combustible. La pérdida prevista era de 115 MW.

La central Energas Varadero también debía desconectarse por falta de aceite de lubricación. Esa salida retiraría 47 MW de la generación disponible.

La combinación de ingresos y salidas muestra que la red opera sin una reserva suficiente. Las reparaciones, las averías y la escasez de insumos pueden alterar la disponibilidad en pocas horas.

La generación solar no alcanza para cubrir los cortes nocturnos

Los parques solares aportaron 4,140 MWh el domingo. La potencia máxima fue de 644 MW durante el horario de la media.

Ese volumen no logra compensar las limitaciones de las plantas térmicas. Tampoco cubre la noche, cuando la demanda aumenta y se concentran los mayores cortes.

La dependencia de centrales termoeléctricas envejecidas agrava la vulnerabilidad del sistema. Cuando una unidad deja de aportar electricidad, el déficit se traslada de inmediato a los consumidores.

La crisis actual prolonga el deterioro registrado en los últimos días de octubre. El faltante superó los 2,000 MW durante tres jornadas consecutivas al cierre del mes.

El 29 de octubre, la afectación alcanzó 2,004 MW. Al día siguiente subió a 2,039 MW y el 31 de octubre se ubicó en 2,022 MW.

La Antonio Guiteras sufrió cinco averías no programadas en octubre

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, registró cinco averías no planificadas solo durante octubre. La planta tiene una capacidad nominal de 316 MW.

La última falla estuvo vinculada con un bajo vacío en el condensador. En la caldera se detectaron tres grietas simultáneas.

Otro episodio ocurrió el 16 de octubre, cuando un incendio en la central Santa Cruz redujo la disponibilidad del SEN a 740 MW. En ese momento, quedó sin cobertura el 75.5% de la demanda.

Las consecuencias también se reflejaron en los circuitos de distribución. Al final de octubre, algunas zonas de la isla acumulaban entre 70 y 89 horas seguidas sin electricidad.

En La Habana, al mediodía del domingo había 213 MW afectados y 84 circuitos interrumpidos. El panorama se suma a los cortes de más de 20 horas diarias que enfrentan habitantes de distintas provincias.

El plan oficial hacia 2035 contrasta con la falta de capacidad actual

En noviembre de 2025, las autoridades cubanas presentaron una estrategia que promete alcanzar la independencia eléctrica en 2035. El proyecto plantea que las fuentes renovables representen el 40% de la generación.

La situación de este lunes exhibe una distancia entre esa meta y la capacidad disponible. El SEN comienza noviembre condicionado por averías, mantenimientos y limitaciones de combustible que reducen la producción de electricidad.

El dólar estadounidense se ubicó en torno a los 900 pesos cubanos en el mercado informal este lunes, de acuerdo con distintas referencias publicadas por medios independientes.

Los valores relevados muestran una continuidad en la tendencia ascendente de las divisas frente al peso cubano, aunque las cotizaciones pueden variar según la metodología y el momento de actualización.

EFE informó que la tasa diaria de El Toque situó al dólar en 900 CUP y al euro en 990 CUP. La agencia señaló que la moneda estadounidense subió 10 CUP respecto de la jornada anterior y que, durante la semana pasada, había alcanzado los 850 CUP.

La información de CiberCuba mostró un valor medio de 895 CUP para el dólar a las 10:00am del lunes. En ese registro, las ofertas de compra se ubicaron en 890 CUP y las de venta en 900 CUP.

Las diferencias entre las cifras divulgadas no necesariamente implican valores contradictorios. La tasa de El Toque citada por EFE presenta una referencia diaria, mientras que CiberCuba separa un promedio de las cotizaciones de compra y venta detectadas en publicaciones del mercado informal.

El euro también registró aumentos en ambas mediciones. EFE consignó una tasa de 990 CUP, mientras que CiberCuba informó un valor medio de 983 CUP, con ofertas de compra a 975 CUP y de venta a 991 CUP.

La divisa europea presentó una subida diaria de 12 CUP en el índice de CiberCuba. El portal indicó que el dato debía tomarse con cautela por la menor cantidad de registros disponibles durante las primeras horas de la jornada.

Las cotizaciones informales continúan por encima del tipo de cambio oficial

El Banco Central de Cuba (BCC) mantuvo el tipo de cambio oficial para personas naturales, conocido como segmento III, en 770 CUP por dólar, según EFE.

CiberCuba registró una referencia oficial de 768 CUP por dólar y 857 CUP por euro. Esa diferencia puede responder al horario de consulta de cada publicación o a actualizaciones en la cotización oficial.

Tomando los valores divulgados por el portal, la distancia entre el promedio informal y el tipo de cambio oficial era de 127 CUP en el caso del dólar. Para el euro, la brecha se ubicaba en 126 CUP.

Los otros segmentos oficiales no registraron cambios, de acuerdo con el despacho de EFE. La tasa para las personas jurídicas se mantuvo en 24 CUP por dólar, mientras que las personas físicas y las pequeñas empresas privadas cubanas continuaron con una cotización de 120 CUP.

El índice de CiberCuba indicó que el dólar acumuló un aumento de 55 CUP durante los últimos siete días. Esa variación equivale al 6.5%, según el medio.

En el período de 30 días, el portal calculó una subida de 110 CUP para la divisa estadounidense. La publicación aclaró que una parte de ese movimiento podría estar vinculada con ajustes metodológicos de su índice y no exclusivamente con cambios en las operaciones de mercado.

Para el euro, CiberCuba informó una subida semanal de 55 CUP. En los últimos 30 días, la variación acumulada fue de 102.5 CUP, aunque el medio realizó la misma advertencia sobre posibles efectos de la metodología empleada.

La MLC registró una baja en una jornada de aumentos del dólar y el euro

La Moneda Libremente Convertible (MLC) tuvo una evolución diferente. El portal la ubicó en un promedio orientativo de 561 CUP, luego de una baja de 7.5 CUP respecto de la jornada anterior.

Las referencias para la MLC fueron de 612 CUP en la compra y 509 CUP en la venta. CiberCuba señaló que el reducido número de operaciones relevadas exige prudencia al interpretar esos valores.

El medio explicó que su tasa de cambio se obtiene mediante el análisis de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El sistema descarta avisos atípicos y mensajes no pertinentes, pondera la antigüedad de los anuncios y actualiza la referencia varias veces al día.

El escenario se desarrolla después de la Tarea Ordenamiento, la reforma cambiaria aplicada a comienzos de 2021. Según EFE, la medida buscaba eliminar la dualidad monetaria, aunque ese objetivo no se concretó.

La agencia también indicó que el peso cubano se depreció en un contexto de crisis económica. Entre 2020 y 2025, el producto interior bruto de Cuba se redujo un 15%, de acuerdo con los datos citados en el despacho.

Las estimaciones independientes recogidas por EFE prevén una contracción del 10.3% para la economía cubana durante este año. El informe menciona la presión de Estados Unidos desde comienzos de 2026 y las políticas económicas y monetarias nacionales entre los factores considerados.

La inflación interanual del mercado formal alcanzó el 28.44% en septiembre, según datos oficiales. La variación mensual fue de 3.37%.

Esas estadísticas no abarcan la evolución de los precios en el mercado informal. Expertos independientes citados por EFE consideran que la inflación en ese circuito podría llegar a tres dígitos.

El Gobierno cubano ha cuestionado en ocasiones la tasa difundida por El Toque. Las autoridades sostienen que esa referencia puede favorecer la especulación y la inflación, además de vincularla con acciones destinadas a desestabilizar la economía nacional.

Por esa razón, explicó que debió sumar otras tareas vinculadas con la creación de contenido y las ventas por internet para sostener su hogar en Cuba.

La profesional, cuya identidad no fue consignada en el testimonio difundido, se identifica como “Una Doctora Cubana”. Describió la distancia entre la preparación que recibió y las actividades que ahora realiza fuera de la consulta.

“Yo estudié medicina para salvar vidas, pero nadie me dijo que iba a terminar haciendo algo totalmente diferente para poner un plato digno de comida en la mesa”, afirmó.

Su mensaje expuso una rutina que combina el trabajo médico con responsabilidades domésticas, familiares y actividades digitales. Según contó, su formación incluyó materias como anatomía, fisiología, farmacología y urgencias, disciplinas orientadas a la atención de pacientes en situaciones críticas.

El título no alcanza para sostener las necesidades del hogar

La doctora aseguró que no se considera en una situación de extrema precariedad, aunque remarcó que esa circunstancia no elimina las dificultades económicas cotidianas.

“No vivo mal”, señaló, antes de precisar que una cosa es mantener cierta estabilidad y otra poder cubrir con tranquilidad las necesidades básicas de la casa.

“Aquí en Cuba a veces tu título no alcanza solamente”, sostuvo en el video. Su testimonio se centró en la necesidad de conseguir ingresos adicionales para llevar alimentos a la mesa, una preocupación que presentó como parte de su experiencia personal.

La médica no detalló cuánto percibe por su trabajo profesional ni especificó la institución sanitaria en la que se desempeña. Tampoco brindó cifras sobre sus ingresos obtenidos a través de las redes sociales o de la venta de productos. El relato puso el foco en la necesidad de complementar un empleo vinculado con la salud con otras ocupaciones.

Grabar videos y vender por internet, nuevas tareas fuera de la consulta

Para ampliar sus fuentes de ingreso, la profesional dijo que tuvo que aprender a grabar videos, editarlos, promocionar productos y utilizar internet como canal de venta. En su relato, esas tareas aparecieron como una extensión de su vida laboral y familiar, más que como una actividad elegida dentro de su carrera.

“Después de tantos años estudiando medicina también iba a tener que aprender a grabar videos, editar, crear contenido, promocionar productos y vender por Internet”, expresó.

La publicación también mostró el peso de una jornada atravesada por papeles simultáneos. La doctora se definió como médica, madre, esposa, ama de casa, creadora de contenido, vendedora, editora y cocinera. “Al final uno termina siendo médico, mamá, esposa, ama de casa, creadora, vendedora, editora, cocinera y hasta maga”, indicó.

El uso de la palabra “maga” resumió, en su relato, el esfuerzo por administrar recursos y resolver las necesidades del hogar con ingresos que consideró insuficientes.

“La vida me enseñó a reinventarme”

El testimonio cerró con una reflexión sobre el recorrido que la llevó a combinar la medicina con el trabajo digital. “Yo estudié para cuidar vidas, pero la vida me enseñó a reinventarme”, afirmó.

La médica invitó a otros usuarios que trabajan en actividades distintas de aquellas para las que se formaron a compartir sus experiencias. Su convocatoria apuntó a quienes tuvieron que modificar o ampliar su ocupación para sostener a sus familias.

El salto hacia lo desconocido suele comenzar con una mirada furtiva al pasillo de un hotel, una puerta de emergencia entreabierta o una carrera desesperada en medio de la noche.

Para los atletas de alto rendimiento de Cuba, romper con la delegación oficial no es un acto impulsivo de gloria deportiva: es una fractura humana traumática, planificada en el más absoluto silencio y ejecutada con la certeza de que el camino de retorno queda cancelado de inmediato.

La continua fuga de deportistas cubanos en certámenes internacionales desnuda una realidad angustiante donde el talento físico convive con el desabastecimiento crónico, el asedio ideológico y el peso asfixiante de la vigilancia estatal.

Detrás de cada medalla y podio continental o mundial, los deportistas cubanos lidian con condiciones de entrenamiento que rozan el absurdo en el ámbito profesional.

Lejos de las instalaciones de vanguardia, nutrición científica e indumentaria especializada que disfrutan sus pares extranjeros, los atletas de la isla enfrentan carencias básicas de:

• Implementos
• Transporte
• Alimentación.

El testimonio de Yunia Milanés, capitana de la selección de hockey sobre césped que decidió no regresar tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 junto a cinco de sus compañeras, grafica con crudeza esta realidad.

Milanés relató las penurias que atravesó el equipo antes de tomar la decisión: entrenaban con calzados rotos, alternando zapatillas entre compañeras y sin protectores faciales mínimos para mitigar los impactos de la bocha.

A estas carencias estructurales se suma el impacto del colapso cotidiano en la isla. Los apagones eléctricos constantes, la escasez crítica de alimentos con alto valor proteico y la imposibilidad de sostener a sus familias convierten la rutina deportiva en una lucha de supervivencia.

Como sintetizó el saltador de longitud Lester Lescay, quien optó por radicarse en España tras abandonar el combinado nacional en 2022 con apenas 20 años: los logros deportivos no se traducen en una vida digna ni aseguran estabilidad económica. La gloria simbólica ofrecida por el régimen pierde todo su sentido ante la falta total de horizontes.

El cerco de la vigilancia y el despojo de la identidad

El despojo de la identidad jurídica es el primer eslabón del control. Una vez sorteados los controles migratorios de ingreso al país anfitrión, las autoridades de la delegación incautan y retienen los pasaportes de los participantes.

Esta maniobra deliberada deja a los competidores indocumentados, reduciendo drásticamente sus opciones de escape y colocándolos en una situación de indefensión legal inmediata si deciden huir.

La presión psicológica se intensifica dentro y fuera de las instalaciones deportivas. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde cinco deportistas dejaron la concentración, una investigación periodística de Diario Libre expuso que agentes de la seguridad del Estado cubano llegaron a infiltrarse en las sedes vistiendo uniformes de otras delegaciones para seguir cada paso de los atletas.

Las tensiones derivadas de esta persecución en el Parque del Este desencadenaron un severo roce diplomático que obligó a las autoridades dominicanas a expulsar a funcionarios consulares de la isla.

Abandonar la delegación significa, por tanto, eludir un cerco de espionaje en territorio extranjero, sin documentos y con la constante zozobra de ser interceptado antes de alcanzar un refugio seguro.

El alto precio del destierro: desarraigo, castigo y estigma

La decisión de cortar los lazos con el sistema deportivo oficial no culmina con la fuga; marca el inicio de un prolongado y doloroso castigo personal. El régimen cubano aplica sanciones implacables contra quienes cataloga de desertores, imponiendo por norma la prohibición de regresar a su país natal durante al menos ocho años.

Ese veto migratorio equivale a una ruptura forzada con el entorno más íntimo. Padres, hijos, parejas y amistades quedan atrás, al otro lado de una frontera infranqueable.

Esta amarga tradición de desarraigo comenzó a forjarse a inicios de la década de 1990 con pioneros como René Arocha, quien en 1991 aprovechó una escala en Miami para buscar el profesionalismo, y se consolidó en Atlanta 1996 cuando Rolando Arrojo huyó tras confirmar que su familia estaba a salvo.

Pese a brillar luego en las Grandes Ligas con Tampa Bay Devil Rays, Arrojo debió cargar con el estigma público de traidor impuesto por el propio Fidel Castro y con la certeza de no poder volver jamás a su tierra natal.

Para estos jóvenes, el proceso de adaptación arranca desde cero: regularizar su estancia legal, buscar fuentes de sustento precarias y reconstruir sus trayectorias atléticas sin banderas oficiales. Su travesía refleja el sacrificio silencioso de quienes prefieren el desamparo y el exilio antes que ver morir su juventud en el encierro.

La periodista Yadiris Luis Fuentes recuerda que una llamada telefónica en octubre de 2021 confirmó un riesgo que conocía desde hacía años: el régimen cubano impedía el ejercicio del periodismo independiente y perseguía a quienes intentaban hacerlo. Exiliada en España a través de un programa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Fuentes contó a EFE que aquella intimidación fue el inicio de una sucesión de interrogatorios, amenazas y aislamiento que precedió a su salida de Cuba en 2022.

Su testimonio adquiere relevancia en vísperas del 2 de noviembre, Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas. La fecha vuelve a centrar la atención sobre la falta de protección para trabajadores de prensa en distintos países y sobre los casos sin resolución judicial.

Fuentes explicó que recibió la llamada de un hombre que se presentó como militar. Le dijo que sabía dónde vivía y que podía pasar a buscarla. Tras conocer la situación, abogados de su entorno le recomendaron que no aceptara, bajo ninguna circunstancia, ir a una “casa de protocolo”, lugares que, según su relato, el régimen utiliza para interrogar a periodistas, opositores y activistas fuera de las comisarías.

Las casas de protocolo, sin control ni registro para las familias

Fuentes relató a EFE que esos lugares suponían un riesgo particular porque las personas retenidas permanecían incomunicadas y sus familias no tenían información sobre su paradero. “De esas casas de protocolo mucha gente terminaba en la cárcel o yéndose del país”, recordó Fuentes.

Poco después de aquel primer contacto, recibió una citación para un interrogatorio. Para ella, ese momento abrió una etapa de deterioro de su vida cotidiana. “Empieza a ocurrir una especie de muerte civil”, afirmó, al describir cómo se reducían sus vínculos, sus posibilidades laborales y su margen de acción.

Los últimos interrogatorios que enfrentó antes de abandonar Cuba ocurrieron, precisamente, en esas casas de protocolo. Fuentes salió de la isla en 2022 y se instaló en España mediante un programa de protección de RSF.

El caso expone un problema regional y global. Por primera vez en la clasificación mundial de libertad de prensa de RSF, más de la mitad de los países se encuentran en una situación considerada “difícil” o “muy grave” para el ejercicio de la actividad periodística.

América Latina y el Caribe, la región con más periodistas asesinados

América Latina y el Caribe continúan como la región con mayor número de periodistas asesinados desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) comenzó a contabilizar los casos en 1993. El registro global supera los 1.800 homicidios de trabajadores de prensa, según los datos citados por EFE.

La familia de Francisco Pacheco, diez años de impunidad y amenazas

La conmemoración incluye también el caso de Priscila Romero, hija del reportero mexicano Francisco Pacheco, asesinado a balazos frente a su casa en 2016. Diez años después, su familia sostiene que el crimen sigue impune y denuncia amenazas, desplazamiento interno y falta de acceso efectivo a las medidas previstas para las víctimas.

“¿Por qué después de diez años nosotros seguimos siendo perseguidos?”, planteó Romero en declaraciones telefónicas a EFE. La joven cuestionó que su familia deba continuar reclamando protección y justicia tras el asesinato de su padre, a quien describió como un periodista que murió por ejercer su trabajo.

Romero afirmó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas retiró a su familia los apoyos de vivienda y alimentación. También señaló que, pese a la existencia de una ley de víctimas en México, no acceden a las prestaciones que establece esa norma.

La familia denuncia la presencia de personas y vehículos sospechosos cerca de su vivienda, además de amenazas. “Somos víctimas indirectas del homicidio, víctimas de violaciones a derechos humanos, del no acceso a la justicia”, sostuvo Romero, quien mencionó problemas de salud, miedo y afectaciones psicológicas entre sus familiares.

La plataforma feminista independiente Alas Tensas informó este domingo sobre el feminicidio de Yarielys Gigato Medina, una mujer de 36 años que murió tras una presunta agresión de su expareja en el municipio de Viñales, provincia de Pinar del Río. Con este caso, el observatorio elevó a 61 la cantidad de asesinatos por razones de género que contabiliza en Cuba en lo que va de 2026.

Según la publicación difundida el 1 de noviembre, Gigato Medina fue atacada en la mañana del 30 de octubre dentro de su vivienda, situada en el kilómetro dos y medio de la carretera de Viñales. La organización indicó que la víctima murió como consecuencia de la violencia ejercida presuntamente por su expareja.

El reporte no precisó si el acusado fue detenido, si existe una investigación formal en curso ni si las autoridades cubanas emitieron información sobre el hecho. Tampoco detalló las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La muerte de la mujer dejó a tres hijos menores de edad, dos niñas y un niño, sin el cuidado materno, de acuerdo con Alas Tensas, plataforma feminista independiente con sede en Cuba. La entidad trasladó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de Gigato Medina, y volvió a reclamar información pública sobre los expedientes de hechos de violencia machista.

61 casos documentados en menos de 11 meses

La cifra difundida por el observatorio corresponde a los feminicidios que la organización había documentado hasta el 1 de noviembre. El registro se construye a partir de denuncias, testimonios de familiares, publicaciones en redes sociales y otros datos que permiten identificar casos en un país donde las estadísticas oficiales sobre violencia de género presentan limitaciones.

Además de los 61 feminicidios, la plataforma señaló que había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Este último concepto describe homicidios de personas que intervienen, acompañan o quedan expuestas a una agresión dirigida contra una mujer por motivos de género.

La organización también mantiene abiertas varias investigaciones sobre muertes que podrían estar vinculadas con violencia machista. Entre ellas, pidió acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas.

Alas Tensas incluyó, además, el caso de Bárbara Sánchez González en la categoría de posible suicidio feminicida. Esa expresión alude a situaciones en las que una mujer se quita la vida después de haber atravesado violencia, coerción, amenazas u otras formas de agresión de género. La clasificación requiere elementos que permitan establecer una relación entre la muerte y ese contexto de violencia.

Casos bajo investigación y pedidos de información pública

En su actualización, el observatorio informó que aún investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida alertados durante 2025. Para 2026, la entidad indicó que revisa otros 11 posibles feminicidios y 18 intentos.

La plataforma convocó a la ciudadanía a denunciar estos crímenes y recordó que quienes cuenten con información pueden comunicarse con su observatorio. El llamado apunta a reconstruir circunstancias, identificar a las víctimas y dar seguimiento a casos que no siempre reciben información pública suficiente.

En Cuba, organizaciones independientes dedicadas a los derechos de las mujeres han advertido de forma reiterada sobre las dificultades para acceder a datos oficiales desagregados, denuncias, procesos judiciales y medidas de protección para víctimas de violencia de género. La falta de información limita el seguimiento de los casos y la evaluación de las respuestas institucionales.

El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, en el este de Cuba, impuso una condena de 15 años de prisión a un hombre acusado de tráfico de drogas, según informó este domingo 26, periódico estatal cubano, y retomó la agencia EFE.

Durante el proceso judicial, las autoridades expusieron que el acusado comercializaba marihuana, cannabinoides sintéticos y cocaína en el reparto México, dentro del municipio de Las Tunas. La investigación incluyó el uso de vigilancia electrónica, una técnica con la que, de acuerdo con el periódico 26, se comprobó la actividad atribuida al condenado.

El tribunal calificó el juicio como “ejemplarizante” e impuso también medidas accesorias. El sentenciado perderá sus derechos públicos, sufrirá el decomiso de los bienes ocupados y no podrá solicitar un pasaporte ni salir del país mientras cumpla la pena.

El Código Penal prevé hasta prisión perpetua y pena de muerte

La sentencia se dictó bajo la Ley 151 de 2022, que corresponde al Código Penal vigente en la isla. Esa normativa establece sanciones para la tenencia y el tráfico de estupefacientes que van de cuatro a 30 años de cárcel. La legislación contempla además la prisión perpetua y la pena de muerte en determinados casos.

El proceso de Las Tunas se suma a otros juicios por delitos vinculados con drogas que se conocieron en los últimos meses en las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Holguín. En esos casos, los acusados recibieron penas de entre cuatro y 14 años de prisión por la posesión de marihuana y el tráfico de una sustancia sintética identificada en la isla como “el químico”.

Las autoridades han difundido estos procesos en medios estatales como parte de una campaña que sostiene una política de “tolerancia cero” frente a los estupefacientes. El régimen cubano ha reconocido, a la vez, un aumento del consumo y de la circulación de drogas, con especial preocupación por su presencia entre jóvenes.

El régimen cubano reconoce presencia de drogas en todas las provincias

Esta semana, el jefe del Órgano de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), el coronel Juan Carlos Poey, afirmó que los problemas asociados a la tenencia y el consumo de drogas se manifiestan en todas las provincias del país.

Según los reportes de medios oficiales, la metanfetamina y los cannabinoides sintéticos figuran entre las sustancias con mayor presencia en Cuba. Estos últimos compuestos, comercializados bajo diferentes presentaciones, han sido mencionados en varios de los procesos judiciales informados en los últimos meses.

El régimen cubano sostiene que el país no es productor ni territorio de tránsito de drogas ilícitas. Bajo esa postura, las autoridades atribuyen el incremento de los casos a redes de distribución internas y al ingreso de sustancias supuestamente desde el exterior.

Los datos oficiales indican que durante 2025 fueron incautados 507 kg de drogas, principalmente cocaína. Además, las autoridades detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

La difusión de la condena en Las Tunas se produjo pocos días después de que el Minint alertara sobre la extensión territorial del consumo y anunciara el refuerzo de las acciones de prevención y persecución penal contra los delitos relacionados con drogas.

Nueve personas vinculadas o interesadas en colaborar con Páginas Villareñas habrían recibido amenazas de cárcel, procesos judiciales o pérdida del empleo entre abril y octubre de 2026, según una denuncia presentada por Alberto Hernández González, director del boletín comunitario de Santa Clara.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), recogió los testimonios y señaló que las presiones habrían llevado a esas personas a abandonar la colaboración o a desistir de iniciarla.

El OCLE verificó mediante registros internos que cinco de los involucrados habían publicado textos en el boletín entre febrero y junio de este año. La entidad aclaró que no pudo corroborar de manera independiente las amenazas, ya que los hechos habrían ocurrido sin testigos externos y fueron comunicados por los afectados al director del medio.

Hernández sostuvo que este tipo de situaciones explicaría por qué el boletín no ha podido ampliar su red de colaboradores. El director indicó, además, que reúne información sobre otros dos casos de personas que habrían desistido de vincularse con el proyecto.

Los testimonios describen visitas en casas y lugares de trabajo

La periodista ciudadana Raiza Ruiz Goire afirmó que un hombre vestido de civil la abordó el 11 de abril cerca de su vivienda, en el reparto Bengochea. Según su relato, el individuo se trasladaba en una moto roja y mostró un carné para identificarse.

Ruiz Goire señaló que el hombre le dijo que no le permitiría colaborar con “los tipejos del boletín”. También habría advertido que sería “muy fácil meterla presa” y despedir a su esposo.

La colaboradora había publicado en febrero una denuncia sobre la falta de recolección de basura en Bengochea. Según el texto del observatorio, su experiencia motivó a Hernández a consultar por qué otras personas que se comunicaban con el boletín habían dejado de hacerlo.

El camillero Bernardo García Morales declaró que un oficial que se presentó como Ariel lo visitó en abril en el policlínico Nazareno, donde trabaja. El funcionario le habría dicho que podía perder el empleo y afrontar un proceso legal si mantenía su vínculo con el boletín.

García Morales había escrito sobre el cierre de una consulta para fumadores en un policlínico de Santa Clara. Su caso forma parte de los testimonios recopilados por el OCLE.

El profesor de natación Raúl Vega Torres relató que recibió una visita el 18 de mayo en la Escuela de Iniciación Deportiva provincial. El visitante se habría identificado como “teniente Ariel” y conducía una moto Suzuki negra.

Según Vega Torres, el hombre le advirtió sobre un posible despido y aludió a sus dos hijos pequeños. El agente habría dicho que “podían crecer con su padre en una prisión”.

El profesor había firmado artículos sobre deporte y educación en las ediciones 136, 137 y 142 de Páginas Villareñas. De acuerdo con su testimonio, el oficial le planteó que debía elegir entre seguir escribiendo para “un boletín de la contrarrevolución” o terminar preso.

Las denuncias incluyen advertencias dirigidas a familiares

Víctor Sánchez Jiménez afirmó que un hombre identificado como “teniente Ariel” acudió a su casa, en el barrio Los Paragüitas, durante la tarde del 19 de agosto. El visitante le habría dicho que podía ser detenido y procesado por “usurpación de funciones públicas”.

Según Sánchez Jiménez, el agente se dirigió a su esposa y le recomendó que lo aconsejara si no quería verlo “preso por un buen tiempo”. El colaborador había publicado una nota sobre la suspensión del ómnibus de la presa Minerva.

Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire, un matrimonio que verificaba información para el boletín, también denunció una visita. El episodio habría ocurrido el 4 de septiembre.

La pareja afirmó que recibió a un oficial de la Seguridad del Estado y a un jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria, a quien identificaron como el teniente Manuel García. Los funcionarios les habrían indicado que podían ser procesados por sus actividades.

Según el relato recogido por el OCLE, los visitantes también mencionaron que la aspiración universitaria del hijo de la pareja “podía complicarse”. El observatorio incluyó este episodio entre los casos de presiones contra personas vinculadas al medio.

La organización mantuvo en reserva las identidades de otros dos ciudadanos que habrían desistido de colaborar. Uno de ellos afirmó que fue visitado el 8 de septiembre en la empresa estatal donde trabaja.

Esa persona indicó que recibió advertencias de cárcel si publicaba información sobre el centro laboral. También señaló que su jefe directo le pidió alejarse del ICLEP.

El segundo ciudadano fue abordado dos días después en su trabajo por un agente vestido de civil que se presentó como “teniente Félix”, de acuerdo con el testimonio. El visitante habría dicho que su relación con el director del boletín podía costarle el empleo a él y a su esposa.

La advertencia, según el OCLE, fue formulada de la siguiente manera: “Tú escoge y decide si quieres seguir trabajando aquí o terminar preso”. Tras ese encuentro, el ciudadano habría abandonado su intención de colaborar.

Un mismo nombre fue mencionado en varios testimonios

El profesor de inglés Ariel Suárez Bermúdez denunció que un hombre que dijo ser “teniente Ariel” lo visitó el 2 de octubre en su vivienda del reparto Escambray. Según su versión, el agente le advirtió que podía ser procesado por “usurpación de funciones públicas”.

Suárez Bermúdez también afirmó que el visitante amenazó con que perdería su trabajo si continuaba escribiendo para el boletín. El profesor había publicado textos sobre asuntos religiosos, sanitarios, ambientales y educativos en Santa Clara.

Entre esos artículos figuraban notas sobre la falta de insumos para sueros en el Hospital Oncológico, la contaminación del río Bélico y las consecuencias de los apagones en la educación universitaria semipresencial.

El docente sostuvo que el hombre hizo referencia a la salud de su madre y le exigió que dejara “el jueguito a ser periodista” si quería verla bien. El OCLE incorporó este caso a su registro de denuncias.

En al menos cuatro de los episodios, las personas afectadas mencionaron a un agente que se presentó como “teniente Ariel”. El observatorio indicó que esa misma identificación había sido utilizada por uno de los interrogadores de dos distribuidores del boletín detenidos el 1 de marzo en Santa Clara.

Según el OCLE, aquellos distribuidores también habrían recibido amenazas relacionadas con una posible acusación de usurpación de funciones públicas. La organización no estableció una identidad verificable para el agente mencionado en los testimonios.

El observatorio consideró que hubo afectaciones a la libertad de prensa

El OCLE interpretó que las visitas, advertencias de procesos penales y alusiones a familiares podrían constituir una afectación a la libertad de prensa. La organización sostuvo que esas acciones habrían buscado limitar la relación del boletín con sus colaboradores y con personas que entregan denuncias.

El observatorio señaló que los hechos se sumarían a presiones anteriores contra Páginas Villareñas, incluido el hostigamiento denunciado contra su entonces director, Yasser Toledo Ventura.

La entidad citó los artículos 54 y 55 de la Constitución cubana, que se refieren a las libertades de pensamiento, expresión y prensa. También mencionó disposiciones internacionales sobre la vida privada y familiar, junto con el derecho a investigar, recibir y difundir información.

La posible llegada de roedores a un centro de alimentos preocupa a los residentes de un edificio situado en la calle Sitios, entre Ayestarán e Infanta, en La Habana. Los vecinos denunciaron una invasión de ratas que alcanzó varias viviendas del inmueble.

Los habitantes vincularon la presencia de los animales con dos patios ubicados a menos de tres metros. En esos espacios, según expusieron, se acumulan desechos y restos vegetales.

La principal preocupación se concentra en un centro de elaboración de alimentos situado detrás del edificio, del que se abastece una parte de la comunidad. Los residentes plantearon que los roedores podrían haber entrado allí de la misma forma en que, según denunciaron, ingresaron a los apartamentos.

La vecina Lizehima Pinos expresó esa inquietud en una publicación de Facebook. “De la misma forma que entran en los apartamentos de mi edificio pueden estar invadiendo el centro de elaboración del cual todos nos abastecemos. De eso no tenemos la menor duda”, sostuvo.

La denuncia fue difundida por Pinos, quien afirmó hablar en representación de los habitantes del edificio. La publicación incluyó fotografías de roedores muertos que, según indicó, fueron capturados dentro de la propiedad.

Los residentes relacionaron la situación con los dos patios próximos al inmueble. Según CiberCuba, entre los desperdicios había hojas, latas, restos de plantas de plátano y otros materiales que también favorecen la aparición de insectos.

“Desde hace varias semanas dichos animalitos se han trasladado al edificio en busca de alimentos para su supervivencia y han invadido varias viviendas”, escribió Pinos en Facebook.

Los habitantes dijeron que intentaron dialogar con los responsables de los patios. De acuerdo con su relato, recibieron respuestas que no se concretaron, como: “Sí, cuando llegue el dueño se lo digo” y “este fin de semana resolvemos”.

La leptospirosis figura entre las preocupaciones de los residentes

Pinos mencionó el riesgo de leptospirosis, una enfermedad que pueden transmitir animales infectados. La vecina pidió protección para los adultos mayores y los niños pequeños que viven en el inmueble.

La preocupación de los residentes se inscribe en un escenario de dificultades con la recogida de residuos en la capital cubana. En febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana se encontraban operativos, de acuerdo con datos oficiales citados por CiberCuba.

Los comentarios publicados junto a la denuncia reflejaron malestar por las condiciones sanitarias y cuestionamientos a la respuesta de las autoridades. Un usuario escribió que “al gobierno no le importa en lo más mínimo”.

Otro comentario resumió su percepción con la frase: “Cuba es un basurero por doquier”. Ambas expresiones corresponden a reacciones de usuarios en la publicación difundida por Pinos.

Los reportes sobre roedores también alcanzaron a centros de salud

La presencia de roedores también fue denunciada en instituciones sanitarias de Cuba. En agosto, una cría de rata fue captada en la sala de Perinatología del hospital Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba.

Meses antes, circularon imágenes de animales en los pasillos del hospital Enrique Cabrera, en La Habana.

Entre 2018 y 2022, la leptospirosis provocó 105 muertes confirmadas en Cuba, según el Laboratorio Nacional de Referencia. De ese total, 26 fallecimientos correspondieron a La Habana.

Este 1 de noviembre entró en vigor en Cuba la nueva Ley 171 de Migración, que elimina el límite anterior de 24 meses de permanencia fuera de la isla. La norma incorpora el criterio de residencia efectiva para definir la situación migratoria de los ciudadanos cubanos y contempla cambios en trámites consulares, ciudadanía y reglas para entrar y salir del país, según informó CiberCuba.

El nuevo marco incluye también la Ley 172 de Ciudadanía, la Ley 173 de Extranjería y sus reglamentos. Estas disposiciones se publicaron en la Gaceta Oficial número 39 el 5 de mayo de 2026 y tenían un plazo de 180 días para su entrada en vigor.

A partir de ahora, la legislación distingue entre ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional y residentes en el exterior. En este último grupo están quienes viven habitualmente fuera de Cuba, las personas que ya tenían condición de emigradas y quienes obtengan estatus de inversores o de negocios.

La residencia efectiva se basa en la permanencia durante el año previo

La Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (DIMEC), que depende del Ministerio del Interior, puede determinar de oficio que una persona tiene residencia efectiva en Cuba si acumuló más de 180 días naturales en el país durante el año anterior a la evaluación. Para ese cálculo se suman los días de diferentes viajes o visitas, por lo que no es necesario haber permanecido de manera continua en la isla.

La eliminación del límite de 24 meses no implica que los cubanos que viven en otros países recuperen automáticamente la residencia en Cuba. La disposición transitoria primera establece que cada persona conservará la condición migratoria que tenía cuando comenzó a aplicarse la ley, aunque deberá cumplir las nuevas reglas cuando correspondan a su situación.

El criterio anterior vinculaba la condición de emigrado con una estancia prolongada y consecutiva en el exterior. CiberCuba informó que esa regla había quedado suspendida durante años mediante una moratoria.

Los ciudadanos con residencia en el territorio nacional que no lleguen al umbral de 180 días podrán solicitar el reconocimiento de esa condición por arraigo. Para hacerlo, deberán probar que estuvieron más de 120 días naturales en Cuba durante el año anterior a la presentación de la solicitud.

El arraigo incorpora vínculos familiares, laborales y económicos

El artículo 48 de la Ley de Migración establece qué elementos pueden considerarse para demostrar arraigo. Entre ellos figuran el matrimonio, la unión de hecho o el parentesco de primer grado con ciudadanos cubanos o extranjeros residentes permanentes que tengan residencia efectiva en Cuba.

También se tendrán en cuenta el empleo remunerado y la participación o inversión económica en el país. La persona interesada puede combinar dos de estos factores con otros requisitos, como contar con vivienda o domicilio, usar regularmente cuentas bancarias y cumplir con las obligaciones tributarias.

La tenencia de una casa o una cuenta bancaria no será suficiente por sí sola para obtener el reconocimiento de residencia efectiva. La norma permite combinar dos de los factores previstos con requisitos relacionados con la vivienda o el domicilio, el uso regular de cuentas bancarias y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Las solicitudes se deberán presentar en las oficinas de trámites correspondientes. La Autoridad Migratoria tendrá 20 días hábiles desde la recepción para resolver y comunicar su decisión, aunque podrá pedir documentos adicionales antes de pronunciarse.

La regulación también prevé que los residentes en Cuba que permanezcan fuera del país durante períodos prolongados por trabajo, estudios, salud u otras causas similares puedan conservar esa condición. Para ello deberán acreditar esas circunstancias ante la Autoridad Migratoria.

La reforma conserva las reglas sobre ciudadanía y documentos de viaje

Los ciudadanos cubanos que residen fuera de la isla mantienen el derecho al uso, disfrute y disposición de sus bienes, de acuerdo con la legislación vigente. Además, obtener otra nacionalidad no supone la pérdida automática de la ciudadanía cubana.

Dentro del territorio nacional, las autoridades consideran cubana a la persona que conserve esa ciudadanía. Por este motivo, no podrá invocar otra nacionalidad para producir efectos jurídicos ante las instituciones del país, incluso si también tiene pasaporte de Estados Unidos, España u otra nación.

Los pasaportes y documentos de viaje emitidos antes de que entraran en vigor las nuevas leyes seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que figure en cada uno. La reforma no exige, por sí sola, renovar esos documentos.

Como regla general, los ciudadanos cubanos deberán utilizar un pasaporte cubano vigente o un documento equivalente para entrar o salir de la isla. Tener una segunda ciudadanía o un documento de viaje extranjero no reemplaza este requisito.

La condición de emigrado tampoco desaparece de forma automática. Quienes ya tenían ese estatus pueden solicitar el cambio a residentes en el exterior, mediante un procedimiento diferente del que permite pedir el reconocimiento de residencia efectiva en Cuba.

Los cambios de condición y la renuncia a la ciudadanía requieren trámites específicos

La solicitud para cambiar de condición de emigrado a residente en el exterior deberá presentarse por escrito ante el consulado cubano del país donde vive el interesado. El reglamento exige explicar las razones del pedido, presentar antecedentes penales del país de residencia y aportar documentos sobre los movimientos migratorios y la forma en que ocurrió la salida de Cuba.

Si esos datos no aparecen en los sistemas de la DIMEC, el solicitante podrá presentar una declaración jurada ante notario o cónsul. La Autoridad Migratoria tendrá 90 días hábiles para emitir una resolución y podrá contar con hasta 30 días hábiles adicionales para notificarla.

La Ley 172 regula también la renuncia a la ciudadanía cubana desde el exterior. La persona que quiera iniciar ese procedimiento deberá ser mayor de 18 años, demostrar que posee otra ciudadanía y no tener deudas monetarias con el Estado cubano.

Además, no podrá estar cumpliendo una condena de privación de libertad ni una sanción sustitutiva, ni estar perseguida por un delito en Cuba o en otro país. El trámite debe realizarse ante el consulado cubano del país de residencia.

La presentación de la solicitud no cambia de inmediato la condición de la persona ante las autoridades cubanas. La renuncia solo tendrá efecto cuando la autoridad competente la acepte y emita la decisión correspondiente.

La ley mantiene facultades para limitar entradas y salidas

Los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración mantienen facultades estatales para impedir la salida de ciudadanos o limitar de manera excepcional su entrada al país. Las causas previstas incluyen razones de seguridad nacional, orden público o interés público.

La organización de derechos humanos Cubalex cuestionó la discrecionalidad de estas disposiciones y señaló que podrían tener efectos sobre activistas, periodistas independientes y otros cubanos que permanezcan fuera del territorio nacional. La entidad también expresó preocupación por causales que podrían permitir la privación de ciudadanía debido a actos realizados desde el extranjero que el Estado considere contrarios a sus intereses políticos, económicos y sociales.

La situación migratoria de cada persona podrá consultarse en las oficinas de trámites de la DIMEC y en los consulados cubanos correspondientes. Quienes quieran cambiar de condición migratoria o solicitar una excepción deberán presentar los documentos requeridos para el procedimiento aplicable a su caso.

Para una joven adulta de La Habana, una salida a la costa implicó más que elegir un día de sol: el trayecto hasta Santa María del Mar estuvo condicionado por la falta de transporte, tarifas elevadas y dificultades para pagar de forma electrónica.

La joven, llamada Lisa Garci, relató su experiencia en un video publicado en redes sociales, en el que cuestionó la idea de que los habitantes de Cuba tienen un acceso sencillo a las playas por vivir en una isla. “Yo no sé quién fue el gracioso que se pensó que vivir en Cuba era igual que vivir en la playa”, dijo.

Según su testimonio, las alternativas para llegar a las playas del este de la capital se redujeron por la crisis del transporte. Mencionó que la ruta A40, antes identificada como 400 y una de las opciones de menor costo, ya no resultaba viable.

Los taxis compartidos pueden costar 4,000 pesos por pasajero

La segunda alternativa que enumeró fueron los taxis compartidos hacia Guanabo. De acuerdo con su relato, el viaje de ida y vuelta puede llegar a 4.000 pesos cubanos por persona (USD $4.71), una suma que la llevó a optar por el ómnibus que parte del Parque Central.

Vale mencionar que el salario mínimo en Cuba es de 3.210 pesos cubanos (CUP) mensuales, lo que equivale aproximadamente a 4,28 dólares estadounidenses en el mercado informal.

Ese servicio, explicó, funciona en teoría con pagos mediante tarjeta. Sin embargo, afirmó que tuvo inconvenientes con el sistema electrónico y que debió usar buena parte del efectivo que llevaba para completar el trayecto.

Tras unos 30 minutos de viaje, el grupo llegó a Santa María del Mar, una de las playas situadas al este de La Habana. La joven señaló que percibió una menor concurrencia respecto de otros años.

La comida y las sombrillas también se pagaron con tarjeta

En la entrada de la playa encontró los puestos de comida habituales. Evitó precisar cuánto costaban los productos, aunque sostuvo que los precios eran elevados. Aun así, Garci compró algunos alimentos y bebidas, pagos que sí pudo realizar con tarjeta.

También alquiló un toldo con camas de playa para protegerse del sol. “Me dejaron pagar con tarjeta”, señaló sobre ese servicio.

El agua, describió, mantuvo las condiciones que esperaba de una playa caribeña. Más tarde caminó por la costa hasta un sector con poca gente, donde encontró una acumulación de residuos.

La basura reforzó una sensación de abandono

“Llegué a esta playa que la vi medio solitaria y con muchísima basura”, contó. Aunque se bañó allí, aseguró que el paisaje le produjo una sensación de abandono similar a la que, según expresó, observa en otras zonas de la ciudad.

Durante el día también nadó cerca de peces. La vuelta, en cambio, estuvo marcada por la logística. La joven recomendó no retirarse demasiado tarde, ya que muchos visitantes coinciden en las paradas y se forman filas para regresar a la capital.

Su grupo logró abordar el transporte con rapidez porque ocupaba uno de los primeros lugares de la cola. Poco después, ya en Centro Habana, el regreso terminó con un apagón. “Apagón de bienvenido y todo”, resumió al cerrar el video.