Un fuerte incendio forestal afecta el Parque Nacional Palo Verde, una de las áreas protegidas más vitales de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. La emergencia se desató luego de que un rayo impactara directamente dentro del parque, desencadenando un fuego que ya ha consumido 400 hectáreas y se propagó con rapidez debido a las condiciones climáticas extremas y a la abundancia de vegetación seca, característica de la región en esta época del año.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este viernes por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el incidente comenzó a gestarse un día antes. “La emergencia ocurrió la tarde del jueves, cuando un rayo producto de una tormenta seca generó el incendio en el Parque Nacional”, explicó Alexander León, director regional del Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT-Sinac).

Ante la gravedad de la situación, bomberos forestales del ACAT, junto a brigadistas y personal de apoyo, se desplazaron rápidamente a la zona y mantienen una atención activa y constante para intentar frenar el avance de las llamas.

Las labores de extinción no están siendo fáciles. El director regional, Alexander León, señaló que los factores climáticos se han convirtieron en el principal enemigo de los cuerpos de rescate.

“Especialmente las altas temperaturas, vientos leves pero constantes y el tipo de combustible presentes en la región, dificultan las labores de contención, por lo que los equipos continúan trabajando de manera estratégica y coordinada con maquinaria”, indicó León.

El “combustible” al que hacen referencia las autoridades es la densa capa de hojarasca, pastizales y madera perenne que, tras meses de calor, se encuentra completamente deshidratada. Esta combinación, sumada al viento que oxigena el fuego, genera un escenario perfecto para la propagación rápida y errática de las llamas, lo que obligó a los bomberos a aplicar líneas de defensa estratégicas y rondas cortafuegos con maquinaria pesada para proteger el corazón del parque.

Palo Verde: Un tesoro ecológico bajo amenaza

La preocupación de las autoridades y ambientalistas no es para menos. El Parque Nacional Palo Verde, fundado en la década de 1970 y con una extensión de más de 18,000 hectáreas, es uno de los santuarios ecológicos más importantes y singulares de Costa Rica y de toda América Central.

El parque es mundialmente reconocido por albergar una doble riqueza natural:

• El Bosque Seco Tropical: Uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Palo Verde resguarda una de las pocas porciones que quedan de este bosque, el cual tiene la particularidad de perder sus hojas en la época seca para conservar agua, el escenario que hoy, paradójicamente, facilita el incendio.
• Humedales de importancia internacional: El parque cuenta con un vasto sistema de lagunas, pantanos y manglares alimentados por el río Tempisque. Esta zona está designada como un sitio Ramsar, lo que significa que es un humedal de importancia mundial.

Durante los meses de verano, miles de aves acuáticas, tanto migratorias de Norteamérica como residentes, utilizan estos humedales como sitio de alimentación, reproducción y descanso. Especies en peligro de extinción, como el jabirú (la cigüeña más grande de América), dependen directamente de la salud de este entorno.

Además, es un refugio crítico para una enorme variedad de felinos, monos, venados y una de las mayores poblaciones de cocodrilos del país. Por lo que, un incendio en esta zona no solo destruye la flora, sino que altera el hábitat de especies que no encuentran refugio en ningún otro lugar del istmo. Por esa razón, los equipos de primera respuesta continúan arriesgando su integridad en jornadas extenuantes para evitar una catástrofe mayor dentro del parque.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión anual del Artículo IV y el análisis de medio término de la Línea de Crédito Flexible de Costa Rica, una decisión que mantiene para el país un blindaje financiero preventivo de USD 1,500 millones mientras el organismo advierte que el crecimiento se moderaría al 3,6% en 2026 por el encarecimiento del petróleo asociado a la guerra en Medio Oriente y por el aumento de aranceles internacionales.

El respaldo del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional deja vigente ese acceso precautorio, diseñado para países con marcos macroeconómicos muy sólidos, según el organismo. Al mismo tiempo, el FMI señaló que la economía costarricense llega a esa revisión después de haber crecido 4,6% en 2025, con impulso principal del régimen de zonas francas.

La respuesta central del informe es doble: el organismo valida la solidez macroeconómica del país, pero sostiene que los riesgos se inclinan a la baja. Según el FMI, la desaceleración prevista a 3,6% en 2026 está vinculada a choques externos y a factores internos que pueden afectar la actividad.

El FMI identificó riesgos externos e internos para la economía costarricense

El informe técnico del Fondo Monetario Internacional indicó que las perspectivas de mediano plazo siguen siendo favorables, aunque con amenazas concentradas en el frente externo. Entre ellas mencionó una escalada geopolítica, un mayor proteccionismo comercial y una eventual “corrección desordenada del mercado” impulsada por la Inteligencia Artificial.

En su comunicado, el FMI afirmó: “Los riesgos a la baja para el crecimiento provienen principalmente de una escalada en las tensiones geopolíticas, un mayor proteccionismo e interrupciones comerciales, una corrección desordenada del mercado liderada por la Inteligencia Artificial (IA), condiciones financieras globales más restrictivas y el empeoramiento de la criminalidad interna”.

El organismo también incorporó un factor doméstico en su diagnóstico: el deterioro de la seguridad. Según el FMI, el aumento de la criminalidad es un riesgo para el crecimiento económico del país.

En las cuentas fiscales, el informe consignó que el superávit primario del Gobierno Central cayó a 0,9% del PIB en 2025. La deuda cerró ese año en 60,4% del PIB, un aumento que el propio análisis vinculó en parte con la acumulación de cajas para cubrir vencimientos.

El Banco Central recibió la recomendación de pausar la baja de tasas

En materia monetaria y cambiaria, el FMI recomendó al Banco Central de Costa Rica detener por ahora la reducción de la Tasa de Política Monetaria. La sugerencia, según el organismo, busca dar tiempo para evaluar el impacto del conflicto internacional sobre los precios de las materias primas.

El Fondo prevé que la inflación, después de 11 meses consecutivos de deflación, volverá al rango meta de entre 2% y 4% en los próximos ocho trimestres. A la vez, advirtió que una inflación demasiado baja podría afianzarse si las expectativas del mercado caen de forma drástica.

El Directorio del FMI también pidió avanzar en reformas estructurales. Entre las medidas mencionó la flexibilización laboral para incorporar a más mujeres al mercado de trabajo, la reducción de la informalidad, el recorte de exoneraciones fiscales para financiar educación y seguridad, y la creación de un marco regulatorio claro para empresas fintech y activos digitales.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 53 votos, su primer calendario de recesos del período 2026-2027, una decisión que suspenderá sesiones y plazos entre julio de 2026 y marzo de 2027 y que deja definidos desde el primer mes de trabajo los días libres del Congreso para medio año, fin de año y Semana Santa.

La moción fija 16 días de receso y suma tres feriados, para un total de cuatro semanas sin actividad legislativa. Durante esos períodos se suspenden los plazos legales y reglamentarios, así como las sesiones del plenario y de las comisiones.

El acuerdo fue votado antes del cierre de la sesión del plenario de este jueves 28 de mayo. Dos diputaciones se opusieron: el liberacionista Eder Hernández Ulloa y la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Otros dos legisladores no estaban presentes al momento de la votación, por lo que la moción recibió el respaldo de 53 congresistas de un total de 57.

El primer receso coincidirá con las vacaciones escolares de julio

Según la moción leída por Gerald Bogantes Rivera, primer secretario del directorio legislativo, el primer receso irá del 6 al 10 de julio de 2026. Ese tramo coincide con la primera semana de vacaciones de medio período del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, previstas del 6 al 17 de julio.

El segundo receso abarcará del 21 al 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el texto aprobado, el último día laboral del año será el viernes 18 de diciembre y los diputados retomarán sus funciones el lunes 4 de enero de 2027.

La tercera pausa quedó programada del 22 al 24 de marzo de 2027. A esos tres días se agregan los feriados de Jueves y Viernes Santos, 25 y 26 de marzo, por lo que la actividad legislativa se reanudará el lunes 29 de marzo.

La votación llegó cuando el Congreso cerraba su primer mes de funciones

La definición del calendario de recesos se produjo cuando concluía el primer mes de trabajo de los diputados electos en febrero y que comenzaron funciones el 1 de mayo. La Asamblea cumple un mes de labores a inicios de junio.

El acuerdo mantiene una práctica que ya venía del período anterior, cuando los recesos de Días Santos, medio año y Navidad y Año Nuevo se aprobaron cada año. En esta ocasión, los nuevos diputados dejaron resueltas sus vacaciones de los próximos meses apenas iniciado el período 2026-2030.

Según la moción de orden sometida al plenario, durante los recesos cesará toda la actividad legislativa. Eso incluye tanto las sesiones del plenario como las de comisiones y la suspensión de todos los plazos legales y reglamentarios.

Un nuevo operativo contra la minería ilegal en la frontera norte en Costa Rica terminó con enfrentamientos entre oficiales de la Fuerza Pública y presuntos oreros clandestinos en el cerro Conchuditas, ubicado en Cutris de San Carlos, cerca del río San Juan.

La intervención policial permitió desarticular un amplio campamento utilizado para actividades extractivas ilegales y evitó que aproximadamente 5,000 sacos con material minero fueran extraídos de la zona, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

El hecho representa el segundo golpe en menos de dos semanas contra organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en esta región fronteriza, una problemática que ha encendido las alertas de las autoridades por el impacto ambiental, el control territorial de grupos delictivos y el riesgo para la seguridad pública.

Según el reporte oficial, cuando los oficiales ingresaron al campamento localizaron una gran cantidad de personas en el lugar. La mayoría de los sospechosos huyó hacia la montaña; sin embargo, cerca de 150 individuos permanecieron en la zona y reaccionaron violentamente contra los policías.

De acuerdo con Seguridad Pública, algunos de los presuntos oreros portaban armas de fuego y dispararon contra los efectivos policiales, mientras otros intentaron atacarlos utilizando machetes, barras metálicas y herramientas conocidas como “sachos”, utilizadas comúnmente en labores mineras.

Ante la agresión directa, los oficiales tuvieron que utilizar sus armas de reglamento para repeler el ataque y proteger su integridad física. Pese a la tensión del enfrentamiento, ninguna persona resultó herida.

Posteriormente, la Fuerza Pública logró dispersar al grupo, cuyos integrantes escaparon hacia sectores boscosos y hacia el río San Juan, zona utilizada frecuentemente por organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro debido a las dificultades de acceso y la cercanía con la frontera.

Tras controlar la situación, los oficiales realizaron una inspección completa del campamento clandestino y encontraron aproximadamente 5,000 sacos cargados con sedimento minero, equivalentes a unas dos toneladas y media de material.

Según las autoridades, dicho sedimento ya habría sido procesado parcialmente para extraer oro, actividad que genera importantes ganancias para estructuras criminales que operan en la región.

Además, la Fuerza Pública ubicó y destruyó 147 piletas artesanales utilizadas para procesar material minero. Cada una contaba con sistemas de filtración improvisados y sedimento almacenado.

Los oficiales también encontraron un complejo sistema de tuberías presuntamente utilizado para actividades extractivas ilegales, así como 10 plantas eléctricas, 11 bombas sumergibles, gran cantidad de mangueras y 1.000 sacos vacíos empleados aparentemente para almacenar material minero.

Dentro del campamento clandestino también fueron decomisados aproximadamente 100 kilogramos de cal, 40 kilogramos de cianuro y 60 litros de gasolina.

El hallazgo de cianuro encendió nuevamente las preocupaciones ambientales sobre este tipo de minería ilegal, ya que el uso de sustancias químicas altamente tóxicas representa un grave riesgo para los ríos, los ecosistemas y las comunidades cercanas.

La Fuerza Pública además destruyó 96 champas o tiendas improvisadas hechas de plástico, muchas de las cuales estaban equipadas con cocinas y cilindros de gas, evidencia de que el sitio funcionaba como una operación minera permanente.

En los últimos meses, las autoridades costarricenses han intensificado los operativos en la frontera norte debido al crecimiento de actividades extractivas ilegales relacionadas con el oro, especialmente en zonas cercanas al río San Juan y sectores montañosos de difícil acceso.

Las autoridades sostienen que estas estructuras no solo generan daños ambientales severos, sino que además están relacionadas con delitos como tráfico de combustible, contaminación de fuentes de agua, evasión fiscal y presencia de grupos criminales organizados.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que mantendrá reforzada la vigilancia en la zona mediante patrullajes terrestres, acuáticos y aéreos, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y combatir las economías ilícitas que operan en la frontera.

“Seguiremos fortaleciendo la presencia policial para proteger las comunidades fronterizas y los recursos naturales del país”, señalaron las autoridades tras concluir el operativo.

La zona de Cutris y otros puntos fronterizos del norte del país se han convertido en áreas críticas para la extracción ilegal de oro, fenómeno que también ha sido denunciado por organizaciones ambientalistas debido a la contaminación de ríos y la deforestación provocada por estas actividades clandestinas.

Las autoridades no descartan nuevas intervenciones en las próximas semanas como parte de la estrategia para frenar la expansión de campamentos mineros ilegales en la frontera con Nicaragua.

El expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue absuelto este viernes del delito de peculado en el denominado caso Reaseguros, una de las causas judiciales más extensas y complejas de las últimas décadas en el país, que permaneció abierta durante 25 años y atravesó una serie de retrasos, anulaciones, sobreseimientos y recursos legales.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, luego de un juicio que se extendió desde agosto de 2025 hasta este 29 de mayo de 2026.

Además del exmandatario, quien gobernó Costa Rica entre 1998 y 2002, también fueron absueltos el exjefe de Reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), Álvaro Antonio Acuña Prado; el exjefe de Reaseguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ronald Bonilla Rodríguez; así como los exfuncionarios del ICE Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.

Todos enfrentaban una acusación por peculado relacionada con supuestos pagos indebidos efectuados en 2001 por compañías reaseguradoras británicas interesadas en convertirse en proveedoras del INS.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostenía que dichos desembolsos correspondían a beneficios irregulares o comisiones vinculadas con contratos estatales. En el caso de Rodríguez, el Ministerio Público llegó a solicitar una condena de 132 años de prisión al atribuirle 11 delitos de peculado.

Sin embargo, el tribunal concluyó que el elemento esencial para configurar ese delito no estaba presente.

Durante la lectura del fallo, la jueza Mercedes Muñoz explicó que el análisis de la prueba permitió determinar que los recursos investigados provenían de fondos privados pertenecientes a aseguradoras y corredores internacionales, por lo que no podían ser considerados patrimonio público.

Según expuso la juzgadora, el criterio del tribunal coincidió con informes emitidos anteriormente por la Contraloría General de la República, incorporados al expediente antes de que se presentaran las acusaciones.

“Esta plata, claramente, sale de fondos privados de las aseguradoras y de los corredores. Este criterio del Tribunal coincide con los reiterados informes que constan en el expediente, emitidos por la Contraloría General de la República de previo a que se formularan las acusaciones”, indicó la jueza al justificar la absolutoria.

El delito de peculado se configura cuando una persona funcionaria pública sustrae o utiliza indebidamente dinero o bienes públicos cuya administración o custodia le fue confiada debido a su cargo. Al determinar que los recursos no pertenecían al Estado, el tribunal concluyó que no era posible encuadrar los hechos dentro de esa figura penal.

Un expediente marcado por atrasos y controversias

La investigación del caso Reaseguros inició a principios de la década de los 2000 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más prolongados del país.

Originalmente, las pesquisas se dividieron en dos expedientes. Uno analizaba un supuesto pago de 2,1 millones de dólares relacionado con la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y 2002. El segundo se enfocaba en presuntas comisiones y viajes financiados por las corredoras internacionales Guy Carpenter y Willis Re durante 2001.

Ambas causas fueron acumuladas en agosto de 2013.

Ese mismo año, un juzgado dictó un sobreseimiento a favor de los imputados al considerar que existían irregularidades en el uso de pruebas bancarias obtenidas en Panamá, Estados Unidos y Reino Unido.

No obstante, un tribunal anuló esa decisión en 2014 y ordenó continuar con el proceso, aunque mantuvo excluida parte de la evidencia cuestionada.

La ruta hacia el juicio también estuvo marcada por múltiples obstáculos. En 2015 se ordenó elevar la causa a debate, pero la resolución fue anulada un año después debido a una recusación planteada por la defensa.

Posteriormente, en 2017 se volvió a ordenar la apertura a juicio y, en junio de 2018, el Tribunal Penal de Hacienda confirmó esa determinación.

Aunque inicialmente el debate estaba previsto para 2021, la pandemia de COVID-19 obligó a suspenderlo. A ello se sumó la necesidad de traducir más de 4.800 folios redactados en inglés, proceso que sufrió nuevos retrasos por dificultades administrativas y la renuncia de uno de los traductores designados.

En 2022, incluso, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por Rodríguez y condenó al Estado, por medio del Poder Judicial, debido a la excesiva duración del proceso.

Fiscalía anuncia apelación

Pese al fallo absolutorio, el caso aún podría tener nuevos capítulos judiciales.

El Ministerio Público informó que esperará la redacción integral de la sentencia para analizar los fundamentos jurídicos de la decisión y determinar los recursos que presentará.

La Fiscalía recordó que, al inicio del debate, planteó una recusación contra una de las juezas que integró el tribunal, argumentando que anteriormente había participado en una resolución de sobreseimiento dentro del mismo expediente. Sin embargo, la gestión fue rechazada y la jueza continuó formando parte del juicio.

Además, la institución manifestó que identificó afirmaciones en la parte dispositiva de la resolución que, a su criterio, no coinciden con los hechos acreditados mediante la prueba presentada durante el debate.

La Fiscalía también destacó que parte de la evidencia analizada en Costa Rica fue valorada por autoridades judiciales del Reino Unido, donde se dictó una sentencia condenatoria relacionada con los mismos hechos investigados.

Según el Ministerio Público, en ese proceso se determinó que uno de los principales acusados admitió haber realizado pagos a funcionarios públicos costarricenses mediante recursos asociados a fondos administrados por el INS.

Asimismo, recordó que en Estados Unidos varias empresas recibieron sanciones por efectuar pagos y otorgar beneficios, incluidos viajes, a personas vinculadas con la investigación desarrollada en Costa Rica.

Por ello, la Fiscalía aseguró que estudiará cuidadosamente la fundamentación completa del fallo antes de definir las acciones procesales que emprenderá en las próximas semanas.

Con la absolución de este viernes, el Tribunal Penal de Hacienda puso fin, al menos en primera instancia, a uno de los expedientes más extensos y mediáticos de la historia judicial costarricense, una causa que permaneció activa durante un cuarto de siglo y que ahora queda a la espera de una eventual revisión por parte de instancias superiores.

El portero costarricense Keylor Navas volvió a demostrar que sigue vigente en la élite del fútbol internacional. Luego de un semestre cargado de actuaciones decisivas con Pumas UNAM, el arquero tico fue nominado al premio de mejor jugador del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La candidatura del guardameta llega después de una campaña en la que se convirtió en uno de los pilares del conjunto universitario, que alcanzó la final del campeonato mexicano, aunque terminó cayendo ante Cruz Azul en una serie muy disputada.

Pese a que Pumas no logró romper la sequía de títulos que arrastra desde hace 15 años, el rendimiento de Navas fue ampliamente destacado por aficionados, analistas y medios deportivos mexicanos, quienes lo señalaron como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato.

Durante todo el certamen, el costarricense protagonizó intervenciones claves que sostuvieron al equipo en partidos de alta exigencia, especialmente en fases definitivas. Incluso, en la final ante Cruz Azul, varios medios internacionales resaltaron que el arquero fue una de las figuras del encuentro pese a la derrota de su club.

La nominación también representa un reconocimiento a la capacidad de reinvención del portero de 39 años, quien encontró en el fútbol mexicano un nuevo capítulo de protagonismo después de su paso por Europa y Sudamérica.

Desde su llegada a Pumas en julio de 2025, Keylor asumió rápidamente el liderazgo del vestuario y se convirtió en capitán del equipo. Su experiencia internacional terminó siendo determinante para impulsar a un plantel joven que sorprendió durante el torneo.

El nivel mostrado durante el semestre también terminó por convencer a la dirigencia universitaria de extender su contrato. El vínculo del arquero finalizaba en junio de este año; sin embargo, las negociaciones avanzaron rápidamente y el club anunció oficialmente su renovación hasta junio de 2027.

La continuidad del costarricense fue celebrada por la afición de Pumas y por distintos sectores de la prensa deportiva mexicana, que consideran al exguardameta del Real Madrid como uno de los mejores fichajes recientes de la Liga MX.

“Estoy muy contento aquí. Es increíble la manera en que mis compañeros y la afición me muestran mucho cariño”, declaró Navas tras firmar la ampliación de su contrato.

Además del reconocimiento deportivo, la presencia de Keylor en México también ha generado un fuerte impacto mediático y comercial para el club universitario. Su experiencia internacional, sumada a su historial en la UEFA Champions League, lo mantienen como una de las figuras más respetadas del fútbol de Concacaf.

La carrera de Navas continúa siendo una de las más exitosas en la historia del deporte costarricense. El arquero saltó al reconocimiento mundial durante el Mundial de Brasil 2014, cuando lideró a Costa Rica hasta los cuartos de final con actuaciones memorables.

Posteriormente fue fichado por el Real Madrid, club con el que ganó tres UEFA Champions League consecutivas, además de títulos de Liga española, Supercopas de Europa y Mundiales de Clubes. Su etapa en el conjunto merengue lo consolidó como uno de los porteros más importantes de su generación.

Aunque durante años enfrentó cuestionamientos y competencia interna en el club español, especialmente tras la llegada de Thibaut Courtois, numerosos aficionados continúan recordándolo como pieza fundamental de una de las épocas más exitosas del Real Madrid.

Después de su paso por España, el costarricense también defendió los colores del Paris Saint-Germain, donde conquistó títulos locales en Francia, y posteriormente jugó en la Premier League con Nottingham Forest antes de recalar en el fútbol mexicano.

En México, muchos consideran que el tico llegó en el momento ideal. Programas deportivos de cadenas internacionales como ESPN llegaron a catalogarlo como un arquero capaz de convertirse rápidamente en el mejor portero de la Liga MX.

Incluso en redes sociales y foros especializados, aficionados mexicanos han destacado constantemente su impacto inmediato en Pumas. En Reddit, seguidores de la Liga MX llegaron a describirlo como “el mejor portero de la liga” y celebraron que decidiera permanecer en el club pese al interés de equipos de la MLS y otras ligas.

Ahora, la nominación a mejor jugador del torneo aparece como una nueva confirmación de que Keylor Navas continúa compitiendo al máximo nivel, incluso en la recta final de una carrera que ya lo instaló como uno de los futbolistas más importantes en la historia de Costa Rica.

Mientras tanto, el guardameta mantiene intacto su gran objetivo en México: devolverle un título de liga a Pumas y seguir ampliando un legado que todavía parece lejos de terminar.

La presidenta de Costa Rica Laura Fernández reunió este jueves a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de la seguridad nacional, exponer el funcionamiento de 61 bandas en conflicto y preparar proyectos de ley con los que el Gobierno busca responder a una criminalidad que, según dijo la mandataria, ya no puede enfrentarse con normas pensadas para “otra Costa Rica”.

Uno de los datos que marcó la reunión fue el caso de una persona detenida hasta 388 veces sin que, según la presidenta, exista una causa penal formada en su contra. La mandataria también afirmó que se analizaron expedientes de liberaciones en las que el Instituto de Criminología Nacional del Ministerio de Justicia y Paz recomendó no excarcelar a personas consideradas peligrosas y, aun así, jueces de ejecución de la pena las dejaron en libertad.

La reunión se realizó en el Instituto Nacional de Seguros, en San José, y comenzó con una exposición de especialistas del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz. Según la presidenta, esos funcionarios presentaron mapas de calor de las siete provincias, fichas de los principales delincuentes de distintas estructuras y los puntos más conflictivos del territorio nacional.

La mandataria sostuvo que el objetivo fue triple: revisar con datos la realidad de la seguridad, identificar fortalezas y debilidades del Estado y escuchar de los propios funcionarios “que le ponen el pecho a las balas” cuáles son las trabas operativas y legales que dificultan la respuesta institucional. También anunció la preparación de varios paquetes de proyectos de ley para enviarlos a la Asamblea Legislativa.

El Gobierno apunta a reformas penales, penitenciarias y de coordinación entre poderes

La presidenta aseguró que, por ahora, no hay una acción específica definida en conjunto entre los tres poderes, pero sí una manifestación de voluntad para aprobar con rapidez leyes sobre ejecución de la pena, reformas al Código Penal y cambios en las reglas carcelarias para cortar la comunicación de bandas criminales encarceladas con sus miembros en libertad.

En la misma línea, el diputado del Frente Amplio José María Villalta aseguró que la reunión fue “productiva en dos sentidos” porque permitió identificar problemas concretos de coordinación entre los cuerpos policiales y el Poder Judicial, además de vacíos legales que requieren corrección. Según Villalta, uno de los ejemplos fue la ejecución eficaz de allanamientos, donde se combinan un problema presupuestario en el Ejecutivo y la necesidad de mejorar protocolos y legislación.

Villalta agregó que las fracciones expusieron sus propias agendas y que hubo coincidencias con iniciativas en marcha para sancionar mejor a las bandas criminales, desarticularlas con más rapidez, agilizar los procesos penales y mejorar el sistema penitenciario. Señaló además que su aporte específico fue impulsar una reforma para atacar el financiamiento del crimen organizado, porque eso golpea a las organizaciones “donde más les duele”.

El legislador también advirtió que persiste un obstáculo político e institucional. Según explicó, el tono de enfrentamiento permanente del Ejecutivo con el Poder Judicial no facilita el trabajo conjunto, porque una coordinación fluida exige confianza y respeto, y una reunión de tres horas no resuelve por sí sola ese problema.

La presidenta respondió además a preguntas sobre el tiempo que tardan algunos allanamientos. Afirmó que la Policía de Control de Drogas solicita diligencias y que en ocasiones pasan hasta dos meses antes de que el Organismo de Investigación Judicial pueda ejecutarlas; a su juicio, en ese lapso ya se vendió la droga, desapareció la prueba o huyeron los sospechosos.

El Gobierno prepara un proyecto para restringir comunicaciones desde máxima seguridad

La mandataria confirmó que en junio presentará un proyecto de ley para revisar a fondo cómo se comunican hacia el exterior personas de alto perfil delictivo recluidas en máxima seguridad en La Reforma. Sostuvo que hay reclusos que siguen enviando mensajes, encargos e incluso operando presupuestos de las bandas desde prisión.

Consultada sobre si la iniciativa podría incluir el registro o grabación de visitas, incluidas las de abogados, respondió que el texto aún está en construcción técnica, pero defendió revisar todas las vías de contacto. Dijo que ha visto casos de internos que reciben hasta 17 visitas por semana, una frecuencia que calificó de absurda, y afirmó que las visitas de representantes legales deben limitarse exclusivamente a asuntos vinculados con la causa penal.

La presidenta también informó que asumió personalmente la conducción de la Fuerza Élite todos los lunes a las 08:00 en el Ministerio de Seguridad Pública. Según explicó, en esas reuniones participan altos mandos policiales del Gobierno para evaluar lo ocurrido la semana anterior, definir tareas inmediatas y revisar el comportamiento de cuerpos como Guardacostas.

En ese marco, sostuvo que todos los mandos policiales de alto rango que participen en esas sesiones deben someterse a una prueba de polígrafo. Añadió que esa exigencia también alcanzará a cualquier invitado del Poder Judicial o de otro poder de la República que se incorpore a reuniones donde se comparta información confidencial sobre crimen organizado.

Crucitas consume USD 1 millón al mes en seguridad, según la presidenta

Aunque la situación de Crucitas no formó parte de la sesión de trabajo, la presidenta dijo que el problema será abordado en una visita de campo prevista para el 19 de junio junto con diputados. Describió la zona como una combinación de desastre ambiental, extracción ilegal de riqueza pública y presencia creciente de bandas de crimen organizado.

Según la mandataria, la atención de seguridad en Crucitas le cuesta al Estado USD 1 millón al mes, recursos que, afirmó, deberían destinarse a otras necesidades de la seguridad nacional. También recordó que existe una propuesta de solución en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.

La presidenta invitó a los legisladores a recorrer el lugar a pie para observar directamente las condiciones en que operan los policías. En su intervención, cuestionó que se rechacen soluciones desde oficinas en San José mientras los agentes trabajan en un entorno que describió como inhóspito.

Sobre la posición del Poder Judicial, la mandataria señaló que durante la reunión no hubo planteamientos vinculados con presupuesto. Añadió que los representantes judiciales manifestaron disposición para implementar coordinaciones necesarias, revisar los proyectos de ley que el Gobierno presentará el 15 de junio y sumarse a la construcción de una respuesta conjunta.

Un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería fue detenido este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras ser vinculado con la presunta tenencia de material de explotación sexual infantil.

El sospechoso, identificado con los apellidos Jiménez Cambronero, fue capturado durante un operativo realizado en barrio Chapultepec, en Curridabat, como parte de una investigación que se desarrollaba desde agosto de 2025 bajo el nombre de “Caso Sombra”.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el hombre mantenía en su poder al menos 158 archivos relacionados con pornografía infantil, entre ellos seis videos que contenrían escenas de abuso sexual contra menores de edad.

La detención ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., cuando oficiales del OIJ interceptaron al sospechoso mientras se dirigía a su lugar de trabajo en la Dirección General de Migración y Extranjería.

Posteriormente, los agentes trasladaron al detenido hasta su vivienda para ejecutar un allanamiento y recopilar evidencia digital que podría estar vinculada con la investigación.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a análisis forense para determinar si existe más material ilícito almacenado o si hubo distribución de contenido a través de plataformas digitales.

Según informó el OIJ, el caso comenzó luego de que la empresa tecnológica Meta emitiera una alerta internacional relacionada con actividad sospechosa detectada en una de sus plataformas.

La información fue remitida inicialmente a autoridades de Estados Unidos y, mediante rastreo geográfico del dispositivo utilizado, se logró determinar que la conexión provenía de Costa Rica.

A partir de ello, se inició una coordinación entre agencias estadounidenses y el OIJ, lo que permitió abrir una investigación formal contra el funcionario desde agosto del año pasado.

El caso fue denominado “Sombra” debido a que el sospechoso participaba frecuentemente como cosplayer (disfraz de personaje) en distintas actividades públicas y eventos dirigidos a niños y familias.

De acuerdo con la investigación, el hombre utilizaba un personaje conocido como “Sombra”, con el cual asistía a actividades recreativas vestido con disfraces inspirados en personajes ficticios.

El dato generó especial preocupación entre las autoridades debido a la cercanía que este tipo de dinámicas puede generar con menores de edad en espacios públicos y actividades familiares.

Sin embargo, hasta el momento, el OIJ no ha confirmado denuncias relacionadas con contacto físico, agresiones o delitos sexuales cometidos directamente contra menores en Costa Rica.

La investigación se mantiene enfocada, por ahora, en la aparente tenencia de material de explotación sexual infantil y el análisis de los dispositivos decomisados.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y las medidas cautelares que podrían imponerse mientras avanza el proceso penal.

En Costa Rica, la legislación contempla severas penas para delitos relacionados con pornografía infantil, particularmente cuando existe almacenamiento, distribución o producción de contenido sexual que involucre personas menores de edad.

Las autoridades judiciales han señalado en reiteradas ocasiones que el intercambio de este tipo de archivos suele estar vinculado a redes internacionales y plataformas digitales que operan en distintos países, por lo que la cooperación internacional resulta clave para detectar a sospechosos.

Precisamente, plataformas tecnológicas como Meta están obligadas a reportar actividades relacionadas con explotación sexual infantil cuando sus sistemas identifican contenido sospechoso o patrones asociados con este tipo de delitos.

En los últimos años, el OIJ ha incrementado las investigaciones relacionadas con delitos informáticos y explotación sexual de menores, especialmente aquellos vinculados con almacenamiento y circulación de archivos en línea.

La Policía Judicial recordó además que la posesión de material de explotación sexual infantil constituye un delito, aunque la persona no haya participado directamente en la producción del contenido.

Mientras continúa el análisis de los equipos electrónicos decomisados en el allanamiento, las autoridades no descartan ampliar la investigación o identificar posibles conexiones con otras personas.

Los consumidores costarricenses enfrentarán un nuevo golpe en sus presupuestos a partir de la próxima semana, cuando entren en vigencia los nuevos ajustes en las tarifas de los combustibles aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Este ajuste responde al estudio extraordinario de mayo de 2026, el cual recopila los costos reales de los embarques gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) entre el 10 de abril y el 7 de mayo del presente año.

La coyuntura geopolítica actual, marcada por la persistente inestabilidad y el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Medio, continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Al ser el petróleo crudo la materia prima indispensable para la producción de carburantes, su encarecimiento global se traslada de manera automática e inevitable a los precios de los productos terminados que Costa Rica importa para abastecer su demanda interna.

Un detalle particular que se mantiene y consolida en el mercado costarricense es la inversión de la brecha de precios entre los dos tipos de gasolina disponibles en las estaciones de servicio.

Históricamente, la Gasolina Superior ha tenido un costo superior debido a su mayor octanaje (RON 95). Sin embargo, debido a la dinámica de las compras internacionales y las fechas específicas de los embarques adquiridos por RECOPE, la Gasolina Regular (RON 91) volverá a ser más costosa que la Superior.

• Gasolina Regular (RON 91): Experimentará un incremento de ¢8,00 por litro, elevando su costo vigente de ¢748,00 hasta un precio aprobado de ¢756,00 por litro (equivalente a $1.47 por litro).
• Gasolina Superior (RON 95): Registrará un alza de ¢20,00 por litro, pasando de ¢733,00 a un precio aprobado de ¢753,00 por litro (equivalente a $1.46 por litro).

Por otro lado, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), en su mezcla 70-30, sufrirá un aumento de ¢6,00 por litro, situándose en ¢272,00. Este incremento impacta directamente el costo del cilindro de gas de 25 libras (el de mayor consumo residencial y comercial en el país), el cual subirá ¢144,00, pasando de ¢7.255,00 a un precio final aprobado de ¢7.399,00.

Alta vulnerabilidad a choques externos

El Intendente de Energía de la ARESEP, Mario Mora, fue enfático al señalar las razones macroeconómicas detrás de este ajuste tarifario. Según el jerarca, el panorama local está completamente supeditado a variables que escapan al control del Gobierno o de los reguladores nacionales:

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”.

Al no ser un país productor de petróleo, Costa Rica se posiciona en una situación de extrema vulnerabilidad ante los choques externos de la economía global.

Los analistas internacionales y las autoridades energéticas locales coinciden en que, en el corto plazo, no se identifican señales contundentes ni factores de mercado que permitan prever una pronta estabilización o una tendencia a la baja sostenida en la evolución de los precios internacionales del crudo.

La resolución con las nuevas tarifas ya ha sido tramitada por la ARESEP para su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Siguiendo el debido proceso legal, se prevé que las variaciones tarifarias entren a regir de forma oficial a mitad de la próxima semana, apenas un día después de que el documento aparezca en la gaceta oficial, vinculando obligatoriamente a todas las estaciones de servicio del territorio nacional.

La desarticulación de 82 bandas criminales en los últimos dos años redujo el universo de organizaciones identificadas de 342 a 260, según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Michael Soto, citado en una nota de la agencia EFE.

El jefe de OIJ atribuyó el resultado al trabajo coordinado con otras policías, mientras la institución mantiene abiertas pesquisas sobre 109 agrupaciones.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el descenso se vincula con investigaciones contra el trasiego de drogas, el narcomenudeo y el lavado de activos. Soto sostuvo que la presión sobre estas estructuras exige operativos sostenidos porque los grupos se reorganizan con rapidez para evitar la acción policial.

De acuerdo a datos citados en la nota, en 2024 y 2025, el OIJ tramitó 1,244 casos por tráfico de drogas, de acuerdo con cifras institucionales. Soto señaló que la estrategia se apoya en la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, policías municipales y la Policía de Tránsito, a los que atribuyó parte del impacto en la contención de la violencia asociada al crimen organizado.

Operativos, capturas y bandas bajo investigación

Hasta el 5 de diciembre de 2025, 47,367 personas habían sido detenidas en actuaciones encabezadas por el OIJ. El dato implica 1,278 capturas más que en el mismo periodo de 2024, un aumento que la institución asoció con más operativos y mayor capacidad para ubicar sospechosos.

El OIJ detalló que, de las 260 bandas que considera activas dentro del registro actualizado, 109 agrupaciones permanecen bajo investigación. Las restantes, según la institución, ya fueron desmanteladas mediante expedientes, allanamientos y detenciones, aunque el propio Soto advirtió que parte de esas estructuras intenta recomponerse y mutar de forma acelerada para eludir controles.

Soto atribuyó la reducción de 342 a 260 organizaciones a un esfuerzo sostenido de los cuerpos policiales, pese a limitaciones presupuestarias. En su explicación, remarcó que la coordinación interinstitucional permite golpear mandos, rutas y finanzas de los grupos dedicados a drogas y blanqueo de capitales, además de sostener investigaciones de largo plazo.

Prisión preventiva y tensión en el sistema penitenciario

El avance de causas penales vinculadas con crimen organizado también se refleja en el uso de medidas cautelares, según datos penitenciarios citados por el OIJ. En febrero de 2025, 5,034 personas estaban en prisión preventiva, el régimen de detención más estricto previsto durante el proceso, el doble que en 2021, cuando se registraron 2,568.

La población carcelaria llegó a 19,453 reclusos, el nivel más alto de la última década, de acuerdo con registros oficiales. El Mecanismo de la Prevención de la Tortura atribuyó el aumento de la prisión preventiva a un cambio en criterios judiciales, con mayor inclinación a mantener privados de libertad a imputados durante la etapa procesal.

El OIJ sostuvo que esa presión sobre el sistema penitenciario convive con el desafío operativo de las bandas que se reagrupan.

Soto insistió en que la contención depende de sostener la cooperación entre instituciones policiales y de mantener investigaciones activas sobre las 109 estructuras que siguen en trámite.

El Gobierno de Costa Rica designó a Arnoldo André, Mario Zamora y Boris Marchegiani como nuevos embajadores ante la OEA y la ONU, una decisión anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que reubica en la representación exterior a dos exministros del gobierno de Rodrigo Chaves y a un empresario que ganó visibilidad pública por financiar vallas de presión política.

Las primeras designaciones se aprobaron en la sesión del Consejo de Gobierno del 27 de mayo, y los nuevos representantes podrán iniciar funciones en el corto plazo porque esos cargos no requieren trámite de beneplácito, según informó la Cancillería. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los nombramientos se realizaron en cumplimiento del inciso 3 del artículo 147 de la Constitución Política.

La Cancillería precisó que Arnoldo André Tinoco, excanciller de la República en la administración de Rodrigo Chaves, será embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad, fue nombrado embajador representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.

En esa misma ronda de nombramientos, Boris Marchegiani Carrero fue designado embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, según la Cancillería. También se incluyó a la embajadora Eugenia Gutiérrez Ruíz como representante permanente alterna ante la ONU en Ginebra y a la embajadora Ana Lorena Villalobos Brenes como representante permanente alterna ante la ONU en Nueva York.

La Cancillería afirmó que los designados cumplen requisitos de idoneidad

“Los nombramientos incluyen tanto embajadores en comisión como diplomáticos de carrera, promoviendo así un equilibrio en la representación costarricense en el extranjero”, indicó la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó: “Las designaciones cumplen con los requisitos de idoneidad para el nombramiento, combinando experiencia profesional y trayectoria para impulsar la estrategia y defensa de Costa Rica desde el multilateralismo y el Derecho Internacional”.

La decisión responde a cargos diplomáticos ante organismos multilaterales, no a embajadas bilaterales, y por eso el Gobierno pudo concentrar en una sola sesión designaciones para la ONU en sus sedes de Ginebra y Nueva York, además de la representación ante la OEA. Según la Cancillería, se trata de representantes titulares y alternos ante organismos internacionales.

Mario Zamora llega a la sede de Ginebra después de haber encabezado la política de seguridad en la administración anterior, donde lideró la lucha contra el crimen organizado, el hampa común y el narcotráfico. Arnoldo André, por su parte, fue uno de los jerarcas que no continuó en el cargo tras el cambio de gobierno, al igual que Zamora.

Marchegiani pasó de financiar la campaña “renuncien” a representar al país en Nueva York

El nombramiento de Marchegiani incorpora a la diplomacia costarricense a un empresario que cobró notoriedad el año pasado por financiar vallas publicitarias en las que se exigía la renuncia de altos jerarcas del Estado. Entre las figuras mencionadas en esa campaña estaban Rodrigo Arias, expresidente de la Asamblea Legislativa; Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Carlo Díaz, fiscal general.

El Tribunal Penal de Heredia en Costa Rica dictó una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre de apellidos Alfaro Mena, acusado de haber cometido cinco delitos de difusión de pornografía en perjuicio de dos hermanas menores de edad. La decisión se tomó tras una investigación liderada por la Fiscalía de San Joaquín de Flores, que logró probar las acciones delictivas ocurridas entre febrero y abril de 2022.

Según informó la Fiscalía de San Joaquín de Flores, el imputado, quien trabajaba como taxista informal y era vecino de las víctimas, aprovechó su cercanía para trasladarlas diariamente a la escuela ubicada en Santa Bárbara de Heredia. Durante al menos cinco trayectos distintos, Alfaro Mena mostró imágenes de contenido sexual a las niñas, que en ese momento tenían 9 y 10 años.

La sentencia resalta que el acusado utilizó su posición de confianza y la relación de vecindad para facilitar el acceso a las menores. El caso fue expuesto ante el tribunal por el Ministerio Público, que presentó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Alfaro en la difusión de material pornográfico.

De acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía, las víctimas no solo fueron expuestas a contenido sexual, sino que también sufrieron un daño psicológico considerable, según los informes incorporados al expediente judicial.

La Fiscalía enfatizó en su acusación la gravedad de los hechos y el impacto sobre las víctimas, elementos que influyeron en la decisión del tribunal de imponer una pena severa. Alfaro Mena cumplirá prisión preventiva hasta que la sentencia quede en firme, como medida cautelar que busca evitar cualquier intento de fuga o represalia.

El caso generó atención mediática en la región, dada la naturaleza de los delitos y el contexto en que ocurrieron. La Fiscalía de San Joaquín de Flores subrayó la importancia de denunciar este tipo de situaciones y reiteró el compromiso de la institución con la protección de la niñez y adolescencia, recordando que la ley sanciona con rigor los delitos de explotación y difusión de pornografía infantil.

El proceso judicial también evidenció los retos que enfrentan las autoridades en el combate de delitos sexuales contra menores, especialmente cuando los responsables son personas del entorno cercano de las víctimas. El tribunal reconoció la labor de las entidades intervinientes, incluidas las fuerzas policiales y los equipos de atención psicológica.

Según registros oficiales, la difusión de pornografía infantil constituye uno de los delitos más perseguidos en la legislación costarricense. El Código Penal establece penas elevadas para quienes incurren en este tipo de conductas, sobre todo en casos donde existe reincidencia o se aprovecha una relación de confianza.

En este caso, la condena de 30 años representa una de las penas más altas dictadas por el Tribunal Penal de Heredia en materia de delitos sexuales contra menores. Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia señalaron que estos fallos envían un mensaje claro sobre la importancia de proteger a los menores y sancionar a quienes atentan contra su integridad.

El expediente judicial permanecerá bajo reserva para resguardar la identidad de las víctimas. La sentencia podrá ser apelada por la defensa, pero mientras tanto, Alfaro Mena continuará bajo prisión preventiva. La Fiscalía de San Joaquín de Flores reiteró el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación sospechosa y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos similares.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que el brote de intoxicación alimentaria detectado en Ciudad Colón está contenido, después de que la investigación epidemiológica vinculara los casos a una fuente común: un establecimiento comercial y alimentos específicos, entre ellos ensalada o pollo, según dijo el ministro de Salud Alexander Sánchez Cabo en conferencia de prensa. El funcionario explicó que la pesquisa comenzó alrededor del 15 de mayo tras un aumento de pacientes con diarrea notificado por un centro hospitalario y que el análisis apuntó a bacterias como Escherichia coli y Salmonella.

La actualización oficial precisó que hubo 64 casos confirmados dentro del brote, de los cuales 27 se comprobaron por laboratorio y 37 por nexo epidemiológico, según Sánchez Cabo y la directora de Vigilancia de la Salud Jennifer González. González agregó que la alerta inicial había contemplado 103 personas con enfermedad diarreica aguda o posible intoxicación alimentaria.

De esos 103 reportes iniciales, 20 fueron descartados por no guardar relación con el establecimiento investigado y 19 no pudieron ser contactados, según González. La funcionaria también confirmó una persona fallecida, cinco hospitalizaciones y 58 casos que recibieron tratamiento ambulatorio y evolucionaron de forma satisfactoria; añadió que todos los pacientes hospitalizados ya fueron dados de alta.

El dato central de la investigación es que el brote se asoció a un único punto de exposición, lo que permitió a las autoridades considerarlo controlado, según el Ministerio de Salud. Esa condición de “fuente común”, explicó Sánchez Cabo, corresponde a personas que consumieron alimentos en un mismo local o tuvieron contacto con alguien ya confirmado.

La investigación vinculó los contagios a un local de comida y a bacterias detectadas en alimentos

Sánchez Cabo señaló que las pruebas realizadas por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y por SENASA identificaron Salmonella en alimentos analizados durante la investigación. El ministro añadió que entre los agentes causales bajo estudio figuran Salmonella y Escherichia coli.

El Ministerio de Salud indicó que la investigación fue conducida por la Dirección de Vigilancia de la Salud con apoyo de niveles regionales y locales, junto con SENASA, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, según González. La funcionaria describió que el sistema se activó cuando los establecimientos de salud notificaron un aumento de consultas por diarrea.

Las autoridades sanitarias también adoptaron medidas administrativas durante la pesquisa. González informó que se detectaron condiciones de riesgo que justificaron el cierre y la clausura del establecimiento comercial bajo investigación.

El director general del Servicio Nacional de Salud Animal Luis Alberto Matamoros detalló que las inspecciones en locales bajo competencia de SENASA detectaron fallas en la cadena de frío, problemas de trazabilidad, deficiencias de limpieza y desinfección y fallas de infraestructura. Esos hallazgos derivaron en una orden sanitaria de cese de actividades productivas y en decomisos de más de 500 kilogramos de productos cárnicos, según Matamoros.

Matamoros añadió que, de forma conexa, se identificó un establecimiento de sacrificio de aves sin permiso de funcionamiento ni certificado veterinario de operación otorgado por SENASA. Ese sitio, dijo, fue cerrado de inmediato.

Salud anunció operativos en comercios de alimentos durante una semana

El director general de Salud Christian Valverde afirmó que el Ministerio de Salud reforzará las visitas a establecimientos de venta de alimentos al público para revisar trazabilidad de productos, permisos de funcionamiento, carné de manipulación de alimentos y protocolos de higiene. Precisó que el aumento de inspecciones se aplicará durante toda una semana en el resto del país y que la próxima semana se informarán los resultados del operativo.

Valverde señaló que la intervención se enfocará de forma especial en locales de alimentación al público por la identificación de un lugar que comercializaba productos sin permisos de SENASA. Según el funcionario, la meta es verificar que los alimentos ofrecidos a la población sean inocuos y no representen un riesgo sanitario.

En el mensaje final de la conferencia, Sánchez Cabo pidió a la población consumir alimentos en sitios con permisos sanitarios, verificar limpieza e higiene y reforzar el lavado de manos con agua y jabón. También recomendó asegurar la cocción adecuada del pollo, evitar la contaminación cruzada entre carne cruda y verduras o frutas, y mantener buenas prácticas de refrigeración.

Matamoros dirigió otra recomendación a comercios y productores: verificar a sus proveedores, la cadena de refrigeración, el origen de los productos, el etiquetado y que los alimentos procedan de establecimientos con permisos de funcionamiento, según explicó en la conferencia. González reiteró al cierre que la situación “está controlada”, aunque señaló que todavía hay resultados pendientes dentro de la investigación y que SENASA continúa con inspecciones.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica no logró elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional durante el reinicio de las votaciones del expediente 25.258, un bloqueo que mantiene sin cubrir nueve vacantes y que puede afectar la capacidad del tribunal para sesionar y resolver causas vinculadas con derechos fundamentales.

Desde mediados de diciembre del año anterior siguen vacantes nueve plazas de magistrados suplentes en la Sala Cuarta. Ninguno de los 18 candidatos incluidos en la nómina alcanzó los 38 votos necesarios tras varias rondas de votación.

El llamado Bloque Democrático de Oposición pidió a la bancada oficialista abrir una negociación para escoger a alguno de los postulantes, luego de que Pueblo Soberano optara por votar en blanco y no respaldar ninguna candidatura.

Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, pidió devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia y solicitar una nueva lista de aspirantes. Según esa posición, el nombramiento exige personas “probas” y que los legisladores cuenten con el conocimiento necesario para votar por ellas, además de conocer quiénes son, por qué quieren integrar la corte y cuáles son sus objetivos.

La falta de acuerdos deja sin resolver la elección de 18 postulantes

La votación se reanudó sobre una lista de 18 candidatas y candidatos, pero ninguna persona consiguió el respaldo mínimo exigido por el Congreso. El resultado dejó intacto el vacío en las suplencias de la Sala Constitucional.

Ese órgano de la Corte Suprema de Justicia tramita, analiza y resuelve recursos de amparo, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y consultas de constitucionalidad. La elección pendiente no se refiere a un cargo administrativo, sino al funcionamiento del tribunal que atiende conflictos sobre garantías y control constitucional.

Abril Gordienko, diputada de la Unidad Social Cristiana, sostuvo que la falta de nombramientos le “está fallando a Costa Rica, al pueblo costarricense”. En esa intervención advirtió que, si la Sala Cuarta no puede sesionar porque uno de sus integrantes está enfermo o debe inhibirse, quedarán sin resolver casos que ya están acumulados.

La legisladora afirmó que la Sala Constitucional de Costa Rica es “probablemente la sala del mundo o una de las salas del mundo que más casos atiende, recibe de los costarricenses”. Esa referencia fue utilizada para subrayar la carga de trabajo que enfrenta el tribunal mientras continúan sin llenarse las suplencias.

La oposición vinculó la vacancia con el acceso a garantías constitucionales

Otro pronunciamiento del Bloque Democrático de Oposición insistió en abrir un diálogo para resolver el problema. Según esa bancada, no se trata de una dificultad interna de la Asamblea Legislativa, sino de una situación que afecta a la población que acude a la Sala para hacer valer derechos y garantías previstos por la legislación costarricense.

La respuesta directa a la disputa parlamentaria es esta: la Asamblea Legislativa no eligió a los magistrados suplentes porque ningún postulante reunió los 38 votos requeridos y una parte del Congreso pidió renegociar o incluso devolver la nómina a la Corte Suprema para empezar de nuevo con otro listado.

Mientras no haya acuerdo político, seguirán sin llenarse las nueve vacantes de la Sala Cuarta, el tribunal encargado de resolver amparos, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y consultas de constitucionalidad.

La captura de 12 integrantes de una banda acusada de robar a usuarios de gimnasios en Costa Rica se concretó la mañana del jueves, tras siete allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Alajuela y otras zonas.

De acuerdo a una nota de Diario Extra de Costa Rica, La organización se vincula con 53 casos y un perjuicio superior a ₡25 millones de colones ( unos 55,000 dólares) y USD 10.000, según el subdirector a.i. Vladimir Muñoz.

Según indicó la OIJ, el grupo entraba a los gimnasios como clientes, forzaba lockers en descuidos puntuales y robaba tarjetas de crédito y débito. Luego hacía compras en comercios y plataformas virtuales, con especial foco en bienes de alto valor, antes de que las víctimas bloquearan los plásticos.

La nota destaca que la investigación comenzó en enero de 2025, cuando los agentes detectaron un patrón que se repitió en gimnasios de San José y que después se extendió a Alajuela, Heredia y San Ramón, según explicó Muñoz.

Cómo operaba la banda en los gimnasios y qué delitos se investigan

Las pesquisas permitieron documentar 27 causas judiciales al inicio. Con el avance del expediente se sumaron cerca de 25 casos adicionales, de acuerdo con la información del OIJ, que mantiene el conteo total en 53 denuncias vinculadas a la misma estructura.

Según la Sección de Hurtos, los sospechosos ingresaban como usuarios, observaban rutinas y elegían momentos de menor vigilancia para forzar los casilleros. El objetivo principal eran tarjetas bancarias, que usaban con rapidez para reducir la posibilidad de bloqueo.

“Compras de alto valor”, licor y otros artículos figuran entre los consumos realizados con los plásticos sustraídos, indicó Muñoz. El OIJ estimó el perjuicio en ₡25 millones y USD 10.000.

Siete allanamientos y lo decomisado durante el operativo

La mañana del jueves, agentes del OIJ ejecutaron siete allanamientos en Alajuela y otras zonas del país. El operativo terminó con la captura de 12 personas que las autoridades vinculan con la banda investigada.

Entre los detenidos figuran los presuntos líderes, identificados por los apellidos Agüero (32) y Aguilar (23), además de otros 10 sospechosos, según detalló el OIJ.

Durante los procedimientos, los agentes decomisaron teléfonos móviles, licor, marihuana y artículos de valor que se relacionan con los hechos investigados, informó la institución.

Qué sigue en la causa y el pedido del OIJ a posibles víctimas

El expediente continúa abierto. El OIJ informó que mantiene la búsqueda de un sospechoso pendiente de captura y que no descarta nuevas denuncias a medida que se revise información y se incorporen casos.

Las víctimas, en su mayoría usuarios habituales de gimnasios, notaron el robo durante sus rutinas o poco después, cuando aparecieron consumos no autorizados.

El OIJ pidió a quienes hayan sufrido hechos similares que presenten la denuncia para verificar si existen conexiones con la causa en curso.

Panorama de otros delitos en el país

Entre 2025 y mayo de 2026 se acumularon 7,543 denuncias por robos y hurtos en viviendas, un promedio de un caso cada hora y media, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una publicación de Monumental.

En el plano de la violencia letal, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 265 homicidios, una cifra menor a la del mismo período de 2025, y el 66% de las víctimas tenía entre 12 y 39 años, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, según publicó Infobae.

Los robos de vehículos también sumaron cientos de denuncias: entre el 1 de enero y el 11 de febrero de 2026 se registraron 513 reportes, mientras que en 2025 se reportaron 4.751 casos, y más del 60% de los hechos ocurrió por descuido de los propietarios, según informó Infobae.

En paralelo, la Fuerza Pública reportó un refuerzo de operativos y en 2025 alcanzó casi 215.000 aprehensiones, de acuerdo con lo publicado por Infobae sobre información del Ministerio de Seguridad Pública.

Las organizaciones regionales dedicadas a la agricultura y la producción lechera han comenzado a coordinar esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad en la industria láctea de América Latina y el Caribe.

Este proceso, impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), involucra a actores clave y ya se implementa en Costa Rica, República Dominicana y Uruguay.

El proyecto, denominado “Desarrollo de una agenda regional para una lechería sostenible”, convoca a productores, técnicos e instituciones públicas y privadas bajo una metodología compartida. El propósito central es establecer mecanismos para evaluar, monitorear y demostrar mejoras continuas en sostenibilidad, alineando los criterios locales con estándares internacionales y permitiendo que cada país adapte sus acciones a la realidad propia.

Según destacó EFE, en cada territorio participante la iniciativa fomenta la participación directa de quienes forman parte de la cadena lechera.

Estos actores colaboran en la elaboración de un perfil de sostenibilidad que se ajusta a las necesidades y particularidades de su entorno. Este trabajo permite identificar carencias, reconocer avances y definir acciones concretas para optimizar la producción y reducir el impacto ambiental.

El enfoque adoptado posibilita un diagnóstico más preciso de la situación del sector en cada país, facilitando la toma de decisiones informadas y la planificación de estrategias que respondan a desafíos reales. De este modo, el proyecto favorece tanto la adaptación local como la integración regional de prácticas sostenibles.

Metodología y cooperación regional

El marco metodológico corresponde al Marco de la Sostenibilidad Lechera, una plataforma global que facilita la comparación y el reporte de logros en materia de sostenibilidad entre distintas naciones. Esta herramienta permite que los progresos se midan con criterios comparables y se compartan buenas prácticas, generando una base de información robusta que respalda el avance del sector.

Ariel Londinsky, secretario general de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), señaló que la existencia de este marco común fortalece la posición internacional de América Latina y el Caribe al demostrar de manera transparente los progresos alcanzados por el sector lechero regional.

Por su parte, Sacha Trelles, especialista del IICA en Costa Rica, explicó que “estamos avanzando en la construcción de una hoja de ruta basada en evidencia, que integra información del sector y el conocimiento de productores y técnicos para orientar decisiones alineadas con criterios internacionales de sostenibilidad”.

Esta hoja de ruta se convierte así en un instrumento para consolidar un proceso de mejora continua, en el que la experiencia local y la evidencia técnica contribuyen a definir metas comunes, fortalecer capacidades y orientar políticas públicas que favorezcan la sostenibilidad desde una perspectiva regional.

El desarrollo de este proyecto no solo busca mejorar las capacidades internas de cada país involucrado, sino también generar conocimiento transferible en el ámbito latinoamericano y caribeño. El IICA destacó que la colaboración entre países es clave para la construcción de una visión común para el desarrollo sostenible de la producción lechera.

Resultados esperados y próximos pasos

Entre los resultados esperados se encuentran la elaboración de reportes técnicos nacionales y el desarrollo de hojas de ruta consensuadas con los actores de la cadena lechera en cada país. La visibilización de los avances facilitará la consolidación de una base de información y cooperación, permitiendo análisis más profundos sobre la sostenibilidad en el sector.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura subrayó que este proceso representa un avance relevante hacia la mejora continua y la proyección internacional de la producción láctea de la región. El trabajo conjunto entre productores, técnicos e instituciones refuerza la capacidad de adaptación y la competitividad de la lechería latinoamericana y caribeña en el escenario global.

Actualmente, el proyecto se desarrolla principalmente en Costa Rica y República Dominicana, donde ya se han iniciado los trabajos para elaborar perfiles de sostenibilidad y para involucrar a los agentes más relevantes del sector en la definición de estrategias y metas conjuntas. Estos primeros pasos reflejan una clara voluntad de integrar experiencias locales en una agenda compartida, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector en el largo plazo.

El Hogar Manos de Jesús, ubicado en Guadalupe de Cartago y allanado días atrás por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debido a denuncias de aparentes maltratos contra adultos mayores, emitió un amplio pronunciamiento público en el que rechaza las acusaciones y asegura que mantendrá total apertura con las autoridades.

La institución, que desde hace más de tres décadas atiende adultos mayores en condición de abandono y vulnerabilidad social, afirmó que las versiones divulgadas sobre supuestas prácticas de sedación no consentida, castigos y restricciones alimentarias son “temerarias y maliciosas”.

El caso generó una fuerte conmoción nacional luego de que agentes del OIJ, junto con la Fiscalía, el Ministerio de Salud, Cruz Roja y otras instituciones, realizaran un operativo en el centro como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con maltrato, condiciones inadecuadas y posibles irregularidades administrativas.

Durante los allanamientos fueron detenidas varias personas vinculadas con la administración y operación del hogar, mientras las autoridades recaban pruebas y testimonios sobre las condiciones en las que permanecían decenas de residentes.

En el comunicado difundido, el Hogar Manos de Jesús defendió su trayectoria y aseguró que nació hace 34 años con el objetivo de atender a personas adultas mayores “en condiciones de abandono absoluto, pobreza extrema, indigencia y vulnerabilidad social”.

“La institución no es una empresa privada de cuido ni un servicio residencial comercial”, señaló el documento, donde además indicaron que muchos de los residentes fueron remitidos por el propio Estado mediante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

La organización sostuvo que el proceso judicial ha provocado un “profundo golpe moral” y lamentó que, según afirman, se hayan presentado hipótesis preliminares como si fueran hechos comprobados.

“Rechazamos categóricamente las afirmaciones temerarias y maliciosas que se han divulgado sobre nuestra operación diaria”, indicó el pronunciamiento.

Además, aseguraron que las acusaciones sobre supuestos “cuartos de castigo” y sedaciones son completamente falsas y ofensivas para el personal que trabaja en el centro.

Las investigaciones judiciales comenzaron tras denuncias que apuntaban a aparentes agresiones físicas y psicológicas contra residentes, además de posibles restricciones alimentarias y otras condiciones irregulares.

Incluso, el fiscal general Carlo Díaz aseguró públicamente que entre los hechos investigados figuran aparentes sedaciones para mantener tranquilos a algunos adultos mayores y supuestos racionamientos de comida y líquidos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es la investigación sobre el fallecimiento de algunos residentes, situación que el OIJ busca esclarecer para determinar si existió alguna conducta delictiva.

Pese a ello, el Hogar Manos de Jesús insistió en que colaborará plenamente con las diligencias judiciales y aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación requerida.

“No hay nada que esconder, ni nada que temer”, afirmó el centro en el comunicado.

La institución también indicó que sus libros contables, bitácoras médicas y registros relacionados con subsidios públicos están abiertos para revisión por parte del Ministerio Público y del OIJ.

El caso ha provocado un intenso debate público sobre las condiciones de algunos centros de atención para adultos mayores en Costa Rica y sobre la supervisión estatal en hogares que reciben subsidios públicos.

Las autoridades judiciales continúan recopilando evidencia, entrevistando testigos y revisando permisos de funcionamiento del lugar mientras avanzan las investigaciones.

Entretanto, el Hogar Manos de Jesús aseguró que seguirá operando para garantizar el cuidado de los adultos mayores que permanecen en el centro.

“El cuidado, la alimentación, la atención médica y, sobre todo, el amor hacia nuestros adultos mayores no se detendrán ni un solo segundo”, concluyó el comunicado.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa inició el análisis de la primera modificación al presupuesto nacional de 2026, una propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda que contempla ajustes en ingresos y gastos del Gobierno central, incorporación de recursos pendientes y reasignaciones para atender obligaciones urgentes de distintas instituciones públicas.

La discusión arrancó con la comparecencia del viceministro de Ingresos, Luis Molina, y la contralora general de la República, Marta Acosta, quienes explicaron a los diputados los alcances de la modificación presupuestaria y las razones técnicas detrás de los movimientos financieros planteados por el Ejecutivo.

Según expuso Molina ante los legisladores, la propuesta busca ajustar ingresos y egresos del Gobierno central, incorporar recursos que no habían sido presupuestados inicialmente, atender disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y realizar cambios urgentes solicitados por diversas entidades públicas.

Entre los principales movimientos destaca un aumento de ingresos corrientes por aproximadamente ₡658 millones (USD 1.4 millones). De ese monto, ₡53,7 millones (USD 118 mil )provenientes del impuesto a la minería serán trasladados a asociaciones de desarrollo del cantón de Montes de Oro. Paralelamente, el plan incluye una reducción presupuestaria superior a los ₡52 mil millones (USD 116 millones)

Uno de los anuncios que generó mayor atención durante la sesión fue la incorporación de ₡5.574 millones (USD 12 millones) destinados a infraestructura en la provincia de Limón, específicamente para la construcción de dos puentes en la región Caribe.

De acuerdo con el viceministro, los recursos provienen de superávits libres de JAPDEVA que fueron reintegrados al Gobierno central para ser presupuestados dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y ejecutados por el Consejo Nacional de Vialidad.

“Es un proyecto muy bonito que trabajó JAPDEVA con el CONAVI”, explicó Molina ante la comisión, al señalar que las obras se vienen coordinando desde el año pasado entre las autoridades del sector transporte y desarrollo portuario.

La discusión legislativa ocurre en un contexto de presión constante sobre las finanzas públicas y de cuestionamientos recurrentes sobre la planificación presupuestaria del Estado. Precisamente, la contralora Marta Acosta advirtió durante su exposición que varios de los ajustes incluidos en esta modificación responden a omisiones y debilidades detectadas en la formulación inicial del presupuesto aprobado para este año.

La jerarca del ente contralor indicó que parte de los recursos que ahora se buscan incorporar debieron haber sido presupuestados desde 2025, mientras que otros movimientos pretenden cubrir gastos que no fueron contemplados adecuadamente en el plan original.

Además, Acosta señaló la necesidad de revisar la eliminación de varias normas de ejecución presupuestaria contenidas en el artículo siete de la Ley de Presupuesto de la República, al considerar que dichas herramientas permiten fortalecer la transparencia y mejorar los controles sobre el uso de los recursos públicos.

La Contraloría también insistió en la importancia de establecer mecanismos permanentes mediante leyes ordinarias que faciliten la detección de espacios de eficiencia en la administración estatal y garanticen una mayor claridad en la prestación de servicios públicos.

El análisis de modificaciones presupuestarias suele convertirse en uno de los debates más sensibles dentro de la Asamblea Legislativa, especialmente por el impacto que tienen las reasignaciones sobre instituciones públicas, programas sociales y proyectos de infraestructura.

En años recientes, Costa Rica ha enfrentado múltiples discusiones sobre disciplina fiscal, crecimiento de la deuda pública y control del gasto estatal, temas que incluso motivaron reformas como la regla fiscal y negociaciones con organismos internacionales.

Para el Gobierno, este tipo de ajustes son necesarios para corregir desequilibrios detectados durante la ejecución del presupuesto y responder a necesidades emergentes de distintas instituciones. Sin embargo, algunos diputados han advertido en otras ocasiones sobre la práctica reiterada de incorporar recursos o corregir omisiones mediante modificaciones posteriores al presupuesto original.

Durante la sesión, los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios también consultaron sobre la sostenibilidad de algunas partidas y el impacto que podrían tener los recortes planteados en determinadas áreas de la administración pública.

El expediente continuará en análisis en las próximas sesiones legislativas antes de ser remitido al Plenario para su eventual votación. Los diputados deberán definir si aprueban los cambios propuestos por Hacienda o introducen modificaciones adicionales al texto.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda insiste en que la propuesta busca garantizar la continuidad operativa del Estado, cumplir obligaciones legales y reforzar proyectos considerados prioritarios, particularmente en infraestructura y atención de compromisos financieros pendientes.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reconoció este martes que los estudiantes costarricenses todavía arrastran importantes rezagos en Matemáticas, comprensión lectora y escritura, tras presentar los resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas durante los primeros meses del 2026 en escuelas y colegios de todo el país.

Las autoridades educativas admitieron que, aunque existen avances, “no son tan grandes” como esperaba la institución y atribuyeron parte de las dificultades al impacto que dejó la pandemia sobre generaciones que aprendieron a leer y escribir durante los años de restricciones sanitarias.

Los resultados evidenciaron que Matemáticas continúa siendo la materia con mayores desafíos tanto en primaria como en secundaria. Según los datos expuestos por el MEP, apenas un 19.1% de estudiantes de primaria alcanzó el nivel avanzado en esa asignatura, mientras un 44.2% permanece en nivel intermedio.

En secundaria, el panorama también preocupa. En colegios técnicos, únicamente un 17.6% logró nivel avanzado en Matemáticas y un 39% se ubicó en nivel intermedio.

“Esta es la asignatura precisamente que requiere mayor atención pedagógica”, señalaron las autoridades educativas al explicar que los docentes deberán reforzar aprendizajes base antes de avanzar hacia contenidos más complejos.

Comprensión lectora y escritura siguen entre las principales preocupaciones

El MEP también alertó sobre debilidades en comprensión lectora y producción escrita, especialmente en habilidades inferenciales, argumentativas y de redacción.

En Español, cerca de un tercio de estudiantes de primaria alcanzó el nivel avanzado, mientras el resto continúa en niveles básicos e intermedios. Las autoridades insistieron en que los alumnos deben fortalecer competencias relacionadas con inferencia, deducción, análisis de personajes y comprensión causa-efecto.

Como parte de las nuevas estrategias de evaluación, el Ministerio reactivó la prueba nacional de escritura en primaria después de años sin aplicarse.

La prueba arrancó este miércoles 27 de mayo y evaluará a más de 66 mil estudiantes de primaria y 55 mil de secundaria en todo el país.

En primaria, los estudiantes deberán redactar un texto expositivo de 200 palabras dividido en cuatro párrafos, mientras en secundaria elaborarán un ensayo argumentativo de 300 palabras. Las evaluaciones medirán estructura, coherencia, ortografía, puntuación y capacidad argumentativa.

“El sistema educativo que no evalúa la escritura desconoce las competencias y habilidades que tienen sus estudiantes”, afirmaron las autoridades.

El MEP defendió cambios en las pruebas nacionales estandarizadas

Las autoridades también anunciaron modificaciones importantes en las pruebas nacionales estandarizadas que se aplicarán este año.

Entre los cambios figura el aumento de preguntas por examen, que pasaron de 35 a 60 ítems, además de la incorporación de cuatro opciones de respuesta en lugar de tres para reducir respuestas al azar.

Asimismo, el MEP explicó que las pruebas ahora serán individualizadas por asignatura y permitirán generar informes personalizados para estudiantes, docentes, centros educativos y autoridades nacionales.

Según el Ministerio, estos reportes facilitarán identificar áreas específicas de mejora y orientar decisiones pedagógicas más precisas. Los padres de familia podrán acceder a los informes mediante usuarios y contraseñas entregados por los centros educativos.

El ministro también defendió el nivel de exigencia de las nuevas evaluaciones y negó que se trate de pruebas “más difíciles”.

“La prueba no puede ser ni totalmente difícil ni totalmente fácil. Tiene que ser una prueba equilibrada y justa”, afirmó durante la conferencia.

El Gobierno atribuyó parte de los rezagos al impacto de la pandemia

Las autoridades educativas insistieron en que muchos de los resultados reflejan el impacto que tuvieron las limitaciones de clases presenciales entre 2021 y 2022.

En el caso de primaria, las pruebas fueron aplicadas a estudiantes que iniciaron primer grado durante la pandemia, mientras en secundaria corresponden a alumnos que cursaban sexto año durante ese período.

El MEP aseguró que desde 2022 implementa programas para recuperar aprendizajes mediante apoyo tecnológico, tutorías y refuerzo docente, especialmente en Matemáticas, Español e Inglés.

La institución indicó además que invirtió más de USD 10 millones en estrategias de atención prioritaria para estudiantes con rezagos educativos.

Pese a ello, el Ministerio admitió que los desafíos persisten y que las pruebas diagnósticas servirán como herramienta para definir prioridades educativas durante los próximos meses.

La presidenta de Costa Rica Laura Fernández ordenó este miércoles desconvocar de la agenda legislativa el proyecto de armonización eléctrica, aprobado en primer debate el martes pero aún sin los 38 votos necesarios para el segundo.

La mandataria dijo que buscará abrir una negociación con bancadas opositoras antes de volver a someter el expediente 23,414 a votación.

La iniciativa consiguió 27 votos a favor en primer debate y requiere 38 en el segundo para convertirse en ley.

La desconvocatoria se hará en sesiones extraordinarias, cuando el Poder Ejecutivo define la agenda del Congreso. Fernández pidió al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, que redacte el decreto durante la tarde.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, Fernández cuestionó a legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio que votaron en contra. Los calificó de “comunistas”, “vagabundos” y “enemigos del pueblo”.

La presidenta sostuvo que esas fracciones “venden humo” sobre los efectos de la iniciativa y defendió que la reforma no debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). También dijo que un rechazo legislativo podría derivar en problemas de abastecimiento eléctrico como los que, según ella, afrontan Cuba y Venezuela.

El Gobierno retiró el proyecto para abrir una negociación antes del segundo debate

Fernández dijo que retira de forma temporal el proyecto para “dar una pausa de cara al segundo debate”. Planteó abrir conversaciones con los diputados opuestos para revisar ajustes y pidió que estudien el contenido del expediente y el contexto internacional en materia energética.

“No le fallen al pueblo de Costa Rica”, afirmó en el cierre de la conferencia. También indicó que el plazo de la desconvocatoria lo definirá el Gobierno, con la expectativa de que el PLN y el Frente Amplio reconsideren su voto.

La mandataria vinculó la aprobación de la reforma con la capacidad del país para atender el aumento de la demanda eléctrica, atraer inversión y sostener el empleo. “Si hay un tema en particular en que le están vendiendo humo al pueblo de Costa Rica es con este”, dijo.

Fernández aseguró que hay empresas interesadas en instalar industrias, pero que desisten por falta de disponibilidad de energía. Mencionó Limón, la Zona Sur, Puntarenas y la Zona Norte como territorios donde, afirmó, la población le traslada preocupación por el acceso a mejores empleos.

También acusó a diputados contrarios al plan de meter miedo con la idea de una desaparición del ICE y con eventuales aumentos tarifarios para las familias.

Para respaldar la iniciativa, el Gobierno dio espacio en la conferencia a representantes de sectores industriales y empresariales. La exdiputada Daniela Rojas defendió el proceso de negociación de los últimos cuatro años y dijo: “No botar esto hoy es echar a la basura negociaciones y trabajo”.

Qué propone la reforma de armonización eléctrica y el nuevo operador del sistema

El proyecto plantea pasar de un esquema concentrado en el ICE a un mercado más abierto, con participación de actores públicos y privados para generar, vender y comprar electricidad bajo nuevas reglas. Propone un operador independiente, un mercado mayorista nacional, subastas para contratar energía y cambios en las funciones del Estado, el ICE, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Ministerio de Ambiente y Energía.

El texto prevé crear el Mercado Eléctrico Nacional, un esquema donde entidades estatales, cooperativas, municipalidades y empresas privadas participarían en transacciones mediante contratos, subastas y mercados diarios. El diseño apunta a una competencia regulada, con supervisión estatal y prioridad para el abastecimiento interno.

Uno de los cambios centrales es la creación del Ecosen, una institución autónoma que asumiría funciones hoy a cargo del ICE. Entre sus tareas figuran operar el sistema eléctrico en tiempo real, definir el despacho, administrar el mercado, coordinar el despacho nacional y representar al país ante el mercado regional centroamericano.

La reforma diseña un mercado mayorista con tres mecanismos: contratos de mediano y largo plazo por subastas, un mercado diario de oportunidad y mercados para servicios auxiliares y capacidad.

Además, las empresas distribuidoras deberían contratar al menos el 90% de su demanda mediante subastas anuales organizadas por el Ecosen.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica encendió las alertas por una serie de irregularidades detectadas en certificados médicos utilizados para justificar ausencias laborales, luego de identificar documentos legítimos que habrían sido alterados por pacientes y, eventualmente, por terceros dedicados a modificar incapacidades para hacerlas pasar como válidas.

La advertencia fue emitida por la Fiscalía del Colegio, que actualmente analiza distintos casos relacionados con certificados manipulados posteriormente a su emisión original. Entre las anomalías encontradas figuran modificaciones en la cantidad de días de reposo, alteraciones en fechas de emisión, cambios en datos personales de pacientes e incluso el uso de códigos pertenecientes a certificados emitidos meses atrás a otras personas.

“Lo que preocupa es que se está utilizando un documento con fe pública para aparentar incapacidades legítimas mediante información alterada. Esto no solamente representa un intento de burlar controles laborales, sino que también compromete la credibilidad y seriedad de un documento médico oficial”, señaló Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La revisión interna permitió detectar patrones repetitivos que levantan sospechas inmediatas. Entre ellos aparecen incongruencias entre el consecutivo del certificado y la fecha en que supuestamente fue emitido, diferencias en tipografías, modificaciones en formatos oficiales, alteraciones en el lenguaje técnico e incluso errores de redacción impropios de un documento médico.

Los códigos permiten rastrear la autenticidad de cada certificado

El Colegio recordó que todos los certificados emitidos mediante la plataforma Sedimec —Servicios Digitales para Médicos Colegiados— contienen un código único e irrepetible que permite verificar su autenticidad.

Precisamente, varias de las anomalías fueron detectadas cuando esos códigos se verificaron internamente y se comprobó que correspondían en realidad a otros pacientes y fechas distintas.

La institución considera que muchos de estos documentos alterados logran pasar inadvertidos debido a que algunos patronos desconocen la existencia de herramientas oficiales de validación o simplemente no realizan la comprobación antes de aceptar la incapacidad médica.

Por ello, el Colegio insistió en que cualquier persona o empresa puede corroborar la autenticidad de un certificado médico a través del portal oficial del Colegio de Médicos. Para ello, se debe ingresar al apartado de “Certificados médicos” y colocar el código del documento junto con el número de cédula del paciente.

“Los patronos tienen a disposición un verificador oficial que les permite confirmar si el documento es auténtico o si presenta inconsistencias. La recomendación es utilizarlo siempre antes de validar una incapacidad o justificar una ausencia laboral”, agregó Garita.

Las incapacidades falsas pueden derivar en despidos y consecuencias penales

El Colegio de Médicos recordó que los certificados únicamente pueden emitirse luego de un acto médico presencial realizado por un profesional autorizado y colegiado.

La entidad también reconoció que existen profesionales que han realizado procedimientos de manera inadecuada, aunque aclaró que eso no exime la responsabilidad de pacientes que intentan alterar documentos oficiales para evadir controles laborales.

La utilización de certificados médicos falsificados o alterados podría exponer a los trabajadores a sanciones administrativas, despidos sin responsabilidad patronal e incluso investigaciones penales relacionadas con falsificación de documentos públicos.

Además, el Colegio advirtió que en aquellos casos donde se logre identificar la participación de terceros dedicados a alterar o comercializar incapacidades falsas, la información será remitida a las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de investigaciones formales.

El uso fraudulento de incapacidades ha generado preocupación en distintos sectores

En Costa Rica, el tema de incapacidades médicas y ausencias laborales ha sido objeto de discusión recurrente tanto en instituciones públicas como privadas, especialmente ante el aumento en controles internos y auditorías relacionadas con incapacidades prolongadas o reiteradas.

En años recientes, distintas entidades estatales y empresas privadas han reforzado mecanismos de verificación para detectar inconsistencias en incapacidades médicas, debido al impacto económico y operativo que generan las ausencias injustificadas.

El Colegio considera que este tipo de alteraciones no solo afecta a empleadores y sistemas de control, sino también la confianza en los profesionales de salud y en los documentos médicos oficiales utilizados diariamente en el país.

Mientras avanzan las investigaciones internas y eventuales procesos judiciales, la institución reiteró el llamado tanto a patronos como a trabajadores para utilizar exclusivamente canales oficiales y verificar cualquier documento médico antes de aceptarlo como válido.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para varias regiones de Costa Rica debido a la consolidación del fenómeno climático de El Niño y los posibles impactos que podría generar durante los próximos meses en distintas zonas del país.

La decisión fue tomada tras los análisis presentados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierten una disminución considerable en las lluvias y un aumento en las temperaturas en regiones como el Pacífico Norte, Pacífico Central, Valle Central y sectores de la zona norte.

Según explicaron las autoridades, el fenómeno influirá en las condiciones climáticas durante el resto del año, provocando una reducción en las precipitaciones que podría oscilar entre el 25% y el 50%, dependiendo de la región.

“La decisión se basa en el análisis del Instituto Meteorológico Nacional, que advierte una disminución de las lluvias en relación con el año anterior y un aumento de las temperaturas para los próximos meses”, señaló Alejandro Picado, presidente de la CNE.

La alerta verde incluye regiones del Pacífico y 29 cantones del Valle Central

La declaratoria de alerta verde aplica para el Pacífico Norte y el Pacífico Central, además de 29 cantones ubicados en el Valle Central.

Entre las localidades incluidas se encuentran San José, Escazú, Santa Ana, Desamparados, Alajuela, Grecia, Mora y La Unión, entre otros cantones considerados vulnerables ante posibles afectaciones relacionadas con sequías, estrés hídrico y aumento en el consumo de agua y electricidad.

Las autoridades indicaron que la lista completa de cantones puede consultarse a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias y plataformas digitales del Gobierno.

Aunque el escenario predominante apunta a condiciones más secas de lo habitual, la institución aclaró que el fenómeno de El Niño no elimina la posibilidad de lluvias intensas y eventos aislados de fuerte precipitación.

Por esa razón, la CNE aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas en todo el territorio nacional.

Gobierno prepara acciones para enfrentar impacto en agua, agricultura y electricidad

El Gobierno de la República anunció que próximamente dará a conocer una serie de acciones interinstitucionales dirigidas a reducir el impacto del fenómeno climático en sectores estratégicos.

Entre las principales preocupaciones figuran el abastecimiento de agua potable, la agricultura, la salud pública y la generación eléctrica, especialmente ante la posibilidad de una prolongada disminución de lluvias en distintas regiones del país.

Costa Rica ya ha enfrentado anteriormente episodios asociados al fenómeno de El Niño que provocaron sequías, pérdidas agrícolas, incendios forestales y restricciones en el uso de agua, principalmente en Guanacaste y comunidades del Pacífico.

Las autoridades también monitorean el posible aumento en las temperaturas, debido a que las condiciones secas suelen incrementar la demanda eléctrica y generar presión sobre los sistemas de abastecimiento hídrico.

Autoridades piden uso responsable del agua y mantenerse informados

Ante el escenario previsto para los próximos meses, la Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales y adoptar medidas preventivas desde ahora.

La institución recomendó hacer un uso responsable del agua potable y de la electricidad, especialmente en las regiones donde se prevé mayor disminución de lluvias.

Además, recordó que la alerta verde corresponde a una fase preventiva que permite activar monitoreo, coordinación institucional y preparación anticipada ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

El fenómeno de El Niño se produce por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y suele alterar los patrones normales de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo, incluyendo Centroamérica.

En Costa Rica, históricamente se relaciona con períodos más secos en el Pacífico y Valle Central, mientras algunas regiones del Caribe pueden experimentar condiciones más lluviosas de lo habitual.

Las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de forma constante y reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con medidas de ahorro y prevención mientras evoluciona el comportamiento climático en el país.

La detención de un nicaragüense en el cantón de Los Chiles, en el norte de Costa Rica, activó un operativo policial en la zona fronteriza con Nicaragua, según destacó el periódico 100% Noticias.

De acuerdo a la nota, el sospechoso, de 39 años y conocido como “Mexicano”, fue arrestado en el sector de Medio Queso tras una denuncia por abuso sexual contra una niña de 10 años, informaron las autoridades.

El arresto ocurrió luego de que se emitiera una alerta y el hombre intentara evadir a la policía al esconderse en un área boscosa. La Fuerza Pública desplegó patrullas y unidades tácticas, y localizó al sospechoso en cuestión de horas, según el reporte oficial del caso.

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido tenía cercanía con la familia de la víctima porque se hospedaba en la casa de los padres de la menor, también nicaragüenses. Esa relación de confianza, indicaron las autoridades, facilitó el acceso del acusado a la niña, detalló el reporte divulgado por 100% Noticias.

Cómo fue el operativo en la zona de Medio Queso

La Fuerza Pública indicó que la búsqueda se organizó tras la recepción de la denuncia y que participaron la delegación policial de Los Chiles y equipos tácticos desplegados en el área.

La captura se concretó en Medio Queso, un punto próximo a la frontera, donde suelen registrarse desplazamientos frecuentes entre comunidades cercanas.

Un funcionario policial explicó a medios locales que “la operación fue posible” por el trabajo coordinado de los agentes y por el despliegue dispuesto tras la alerta, en una zona con cobertura boscosa que suele dificultar los rastreos.

Según la versión oficial, el sospechoso trató de escapar al internarse en una zona de vegetación, pero los equipos en tierra lograron ubicarlo y proceder a su detención.

La denuncia y el vínculo con la familia de la víctima

La denuncia se originó cuando una adolescente de 14 años advirtió lo ocurrido y avisó a adultos responsables, lo que permitió notificar a la policía, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades.

Con esa información, los agentes activaron el dispositivo de búsqueda y cerraron el perímetro en sectores cercanos.

Las autoridades sostienen que el acusado se encontraba alojado en la vivienda familiar, un dato que forma parte de las primeras diligencias y que, según el reporte, explica cómo el hombre pudo acercarse a la menor sin levantar sospechas en un primer momento.

Situación judicial del detenido y avances de la investigación

La Fuerza Pública informó que el sospechoso quedó bajo custodia y fue puesto a disposición del Ministerio Público y de los organismos de investigación, que definirán la imputación y las medidas cautelares. La policía también difundió un video del traslado del detenido hacia celdas judiciales.

Las diligencias continúan mientras el Ministerio Público analiza pruebas y testimonios recabados durante el operativo, según indicaron fuentes oficiales.

En la zona fronteriza de Los Chiles, las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de inmediato para acelerar la intervención policial en casos que involucran a menores.

La Sala de Casación Penal de Costa Rica dejó firme el martes la condena contra Fabio Ríos Garro por el asesinato de su pareja, Fernanda Sánchez Aguilar, y de su hija, Raisha Ríos Sánchez. El tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de 76 años de prisión, informó el Ministerio Público, de acuerdo a una nota publicada por la agencia EFE.

La decisión cerró la última vía de impugnación presentada por el condenado. La fiscalía sostuvo que no hubo irregularidades en la valoración de la prueba ni violaciones al debido proceso, e indicó que la sentencia, dictada en febrero de 2025, ya no admite revisión por esa vía.

El caso corresponde a un doble femicidio ocurrido en San Pablo de León Cortés, en la provincia de San José, y fue investigado por el Ministerio Público, que comunicó el fallo tras la resolución del máximo órgano penal en materia de casación.

El doble femicidio y el fallo de la Sala de Casación Penal

El crimen ocurrió el 30 de julio de 2020, según la reconstrucción presentada en el juicio. La acusación describió un episodio de violencia intrafamiliar que terminó con el asesinato de Fernanda Sánchez Aguilar y de la niña Raisha Ríos Sánchez.

De acuerdo con el Ministerio Público, después de los homicidios Ríos Garro incendió la vivienda familiar e intentó desviar la investigación mediante una denuncia falsa. La defensa pidió revertir la condena con planteos sobre presuntas fallas probatorias y garantías procesales, pero el tribunal rechazó todos los argumentos.

La fiscal Karen Valverde atribuyó la ratificación del fallo al trabajo técnico y jurídico de los equipos que intervinieron en el caso. “Acceso a la justicia”, sostuvo, al referirse al impacto de la decisión para víctimas de violencia.

Femicidios en Costa Rica: cifras oficiales y marco legal

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial contabiliza 557 femicidios desde 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Según esos registros, los picos se dieron en 2011, con 42 casos, y en 2024, con 44.

La normativa establece penas de 20 a 35 años de prisión para el femicidio, de acuerdo con la legislación vigente citada por el Poder Judicial. En el expediente de Ríos Garro, la condena total llegó a 76 años de cárcel por el doble crimen juzgado.

Los datos oficiales indican que en 2025 se registraron 36 casos y que en lo que va de 2026 suman 10, según el observatorio judicial. El Ministerio Público enmarcó la resolución de la Sala de Casación Penal como parte de la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Según medios locales 2024 marcó un récord con 44 femicidios y 2025 cerró con 36, lo que ubica a 2026 dentro de una tendencia que no se ha revertido.

La pregunta central es qué está ocurriendo en el país: Costa Rica acumula asesinatos de mujeres por razones de género en un ritmo que, según los registros del Poder Judicial citados por crhoy.com, llevó la cuenta a 10 casos antes de completar el primer cuatrimestre del año.

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de armonización del mercado eléctrico con 27 votos, una iniciativa que amplía la participación privada en la generación y comercialización de energía, pero que aún no reúne los 38 apoyos requeridos para superar el segundo debate por la creación del nuevo Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional.

El texto recibió 25 votos en contra: 16 diputados del Partido Liberación Nacional, los siete del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana. La oposición además anunció que enviará la iniciativa a consulta ante la Sala Constitucional y que no dará los 38 votos necesarios para la aprobación final.

La votación se realizó antes de las 22:00 de este martes porque funcionarios del Congreso acumulaban más de 12 horas de trabajo y la ley lo prohíbe, después de un reclamo del diputado del Frente Amplio José María Villalta a la presidenta legislativa Yara Jiménez. La discusión en el plenario se extendió durante seis horas.

El proyecto abre el mercado y crea un nuevo ente autónomo

La iniciativa permitiría que, además del Instituto Costarricense de Electricidad, empresas privadas, cooperativas y otros actores generen y vendan electricidad dentro de un esquema regulado por el Estado. Hoy, toda la energía privada solo puede ser adquirida por el ICE bajo un sistema de cuotas.

El cambio institucional central es la creación del Ecosen, una nueva institución autónoma que coordinaría técnicamente el sistema y administraría el mercado eléctrico, también asumiría funciones de operación, planificación y administración que hoy recaen en el ICE.

Según la propuesta, la planificación del sistema eléctrico quedaría bajo las políticas del Ministerio de Ambiente y Energía. El Ecosen elaboraría el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la Transmisión Nacional y su funcionamiento se financiaría mediante un canon eléctrico.

El proyecto también plantea flexibilizar la compra y contratación de electricidad entre distribuidoras y generadores privados, fortalecer la generación distribuida, permitir la permanencia de pequeñas plantas dentro del sistema nacional y abrir el acceso al Sistema Eléctrico Nacional a personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos técnicos y legales.

La necesidad de una mayoría calificada surgió por un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que concluyó que el expediente requiere al menos 38 votos por crear una institución autónoma. Esa exigencia convierte el segundo debate en el principal obstáculo del proyecto.

La oposición cuestiona el impacto sobre el ICE y las tarifas

El jefe de fracción del PLN Álvaro Ramírez sostuvo que la iniciativa afectaría el “modelo solidario” del sistema eléctrico y no garantiza una reducción en las tarifas para hogares y pequeños comercios. También afirmó que la creación del Ecosen restaría protagonismo al ICE y abriría espacio a una mayor injerencia política al quedar bajo influencia del Minae.

El Frente Amplio afirmó que la aprobación del proyecto generaría “tarifazos”, apagones y aumentos en los recibos eléctricos por el alza en los precios derivada de la competencia entre productores. La diputada Sigrid Segura, del FA, sostuvo que el oficialismo no ha dado “ni un solo argumento” de por qué esa ley no implicaría una desmantelación del sistema eléctrico.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, señaló que el país debe modernizar su sistema eléctrico, pero que ese proceso no debe traducirse en un socavamiento de las entidades públicas. A las objeciones parlamentarias se sumaron protestas de sindicatos, movimientos estudiantiles y otros grupos a las afueras del Congreso y en la barra del público.

El oficialismo defendió la modernización del sistema

Durante la discusión, los diputados oficialistas defendieron que el país necesita modernizar el sistema eléctrico y ampliar la participación de otros actores en la generación de energía. La diputada Nayuribe Guadamuz, indicó: “No vamos a permitir que, en nombre de una falsa modernización, desmonten en silencio el modelo del país que tantos costarricenses construyen con esfuerzo. Este proyecto mantiene la rectoría del Estado, mantiene la regulación tarifaria de la Aresep, mantiene la transmisión y distribución reguladas, mantiene el principio de solidaridad y mantiene al ICE como actor estratégico del sistema eléctrico costarricense”.

El primer debate dejó aprobado el expediente con 27 votos a favor y 24 en contra. Pese a ese aval inicial, la iniciativa todavía depende de una mayoría reforzada que la oposición ya adelantó que no respaldará en el plenario.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los USD 7,463 millones durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos divulgados por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

El incremento equivale a USD 493 millones adicionales respecto al periodo enero-abril de 2025 y confirma la continuidad del dinamismo exportador costarricense, especialmente en sectores de manufactura avanzada, tecnología médica y agroindustria.

De acuerdo con el reporte oficial, los dispositivos médicos se mantuvieron como el principal producto exportado del país al concentrar el 44% del total de ventas al exterior durante el periodo analizado. El sector reafirma así el peso estratégico que tiene Costa Rica dentro de las cadenas globales de manufactura médica y tecnológica.

La segunda categoría de exportación más importante fue la piña, con una participación del 6%, seguida por el banano con 5%, los jarabes y concentrados para bebidas gaseadas con 3% y el café oro también con 3%.

Otros productos destacados dentro de la oferta exportadora nacional fueron jugos y concentrados de frutas, cables eléctricos, aceite de palma, materiales eléctricos y antisueros.

Asia lideró el crecimiento porcentual de las exportaciones

Aunque América del Norte continúa siendo el principal destino comercial de Costa Rica al concentrar el 47% de las exportaciones totales, el mercado asiático fue la región con el mayor crecimiento relativo durante el inicio de 2026.

Las exportaciones hacia Asia alcanzaron USD 571 millones, un aumento del 50% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a USD 191 millones adicionales.

Europa también mostró un comportamiento sólido, con exportaciones por USD 1,623 millones y un crecimiento del 15%, es decir, USD 213 millones más que en 2025.

Centroamérica mantuvo igualmente un crecimiento positivo del 9%, con exportaciones que sumaron USD 1,362 millones.

En contraste, América del Norte registró una leve caída del 1%, equivalente a USD 48 millones menos que el año anterior, pese a mantenerse como el principal socio comercial del país.

El Caribe también mostró una disminución del 6%, mientras América del Sur reportó un crecimiento moderado del 3%.

Dispositivos médicos continúan dominando la matriz exportadora

El peso de los dispositivos médicos dentro de las exportaciones costarricenses confirma la transformación que ha vivido la economía nacional durante las últimas décadas.

Actualmente, Costa Rica alberga operaciones de manufactura avanzada vinculadas con empresas multinacionales dedicadas a la producción de implantes, catéteres, prótesis, equipos quirúrgicos y componentes médicos especializados que son exportados principalmente hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

El sector ha sido señalado reiteradamente por PROCOMER como uno de los principales motores de generación de empleo formal, inversión extranjera directa y transferencia tecnológica.

A nivel internacional, Costa Rica se ha consolidado como uno de los principales exportadores de dispositivos médicos de América Latina y uno de los ecosistemas más relevantes para manufactura médica especializada.

Exportaciones agrícolas mantienen peso estratégico

Pese al crecimiento de la manufactura tecnológica, los productos agrícolas continúan siendo una pieza clave dentro de la estructura exportadora nacional.

La piña y el banano siguen ubicándose entre los productos más relevantes de la oferta costarricense hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa.

El café oro también mantiene una participación importante dentro del comercio exterior costarricense, en medio de un contexto internacional marcado por precios elevados del grano debido a problemas climáticos y restricciones de oferta en países productores.

Además, productos como jugos concentrados, aceite de palma y materiales eléctricos complementan una matriz exportadora que combina manufactura avanzada con agroindustria tradicional.

Gobierno destaca diversificación comercial

Las autoridades de COMEX y PROCOMER señalaron que los resultados reflejan el impacto de la estrategia de diversificación de mercados impulsada durante los últimos años.

El crecimiento acelerado en Asia y Europa ocurre en un contexto donde Costa Rica ha buscado ampliar su presencia comercial fuera de América del Norte mediante tratados de libre comercio, promoción de inversión y fortalecimiento logístico.

El desempeño exportador también coincide con un escenario internacional de desaceleración económica moderada, tensiones geopolíticas y ajustes en cadenas globales de suministro.

Pese a esos factores, el comercio exterior costarricense logró mantener crecimiento positivo durante el arranque de 2026, impulsado principalmente por manufactura especializada y productos de alto valor agregado.

La Caja Costarricense de Seguro Social reconoció este martes a los médicos con las mejores calificaciones en el examen de ingreso a residencias del periodo 2026-2027, un proceso que permitió a 823 profesionales avanzar a las siguientes etapas de admisión académica para optar por una especialidad y que la institución vincula con la formación del recurso humano que requiere el sistema de salud costarricense.

Entre los resultados destacados, la nota más alta fue 99, obtenida por Jazmín Campos Campos; dos aspirantes alcanzaron 98, dos lograron 97, una obtuvo 96 y cuatro registraron 95, de acuerdo con la lista difundida por la Caja Costarricense de Seguro Social. Los diez médicos reconocidos fueron homenajeados durante el 52.º aniversario del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social, el Cendeisss.

La evaluación se aplicó el 19 de abril de 2026 y estuvo a cargo del Cendeisss, entidad responsable del proceso.La institución indicó que quienes alcanzaron o superaron la nota de corte continuarán ahora con las etapas de admisión académica en las universidades que mantienen convenio para desarrollar programas de especialización médica.

La presidenta ejecutiva de la CCSS Mónica Taylor Hernández vinculó el reconocimiento con las necesidades presentes y futuras de la población. “Nos sentimos sumamente complacidos por el homenaje que les dimos a estos muchachos residentes en el marco del aniversario del Cendeisss. Ellos representan las diez mejores notas de todo el programa y reflejan el perfil humano y profesional que requiere nuestra institución: compromiso, responsabilidad, mística de servicio y deseo de aportar al país desde distintas especialidades médicas”.

La prueba se aplicó con apoyo de la National Board of Medical Examiners

La CCSS informó que el examen fue desarrollado en alianza con la National Board of Medical Examiners, una organización internacional especializada en evaluación médica estandarizada. Según la institución, esa participación fortaleció la rigurosidad técnica y la confiabilidad del proceso evaluativo.

El gerente médico de la CCSS Marvin Palma Lostalo sostuvo que la formación de especialistas es una prioridad institucional. “La formación de médicos especialistas constituye una prioridad estratégica para la Caja Costarricense de Seguro Social. Contar con procesos de evaluación objetivos, transparentes y técnicamente robustos nos permite avanzar hacia una selección basada en mérito, calidad y pertinencia institucional. Felicitamos a quienes lograron superar esta etapa y reconocemos el esfuerzo de todas las personas participantes, pues este resultado refleja el alto nivel profesional de la medicina costarricense”.

El director del Cendeisss Jorge Arturo Jiménez Brizuela señaló que el centro condujo técnicamente el proceso y lo enmarcó en la formación de talento humano en salud. “Desde el Cendeisss hemos asumido este proceso con absoluta seriedad, responsabilidad técnica y compromiso institucional. La alianza con la National Board of Medical Examiners fortalece la transparencia y la calidad de la evaluación, permitiendo que la CCSS cuente con un mecanismo estandarizado y confiable para identificar a quienes avanzarán hacia las etapas académicas correspondientes. Este esfuerzo se enmarca en la misión sustantiva del Cendeisss de contribuir a la formación del talento humano en salud que el país necesita”.

Este examen define qué profesionales siguen en competencia por una plaza de residencia médica de la CCSS. La institución precisó que solo avanzaron quienes obtuvieron una nota igual o superior al puntaje de corte establecido para el periodo 2026-2027.

La nota más alta fue para una médica que aspira a dermatología oncológica

Entre los diez profesionales homenajeados, Jazmín Campos Campos, de 24 años y vecina de Belén de Heredia, obtuvo la mejor calificación del examen con 99, según la CCSS. La médica dijo que su expectativa es ingresar a dermatología, con interés en un enfoque oncológico.

“Estoy muy emocionada de haber obtenido la nota más alta. Mis expectativas son ingresar a dermatología, ojalá con un enfoque oncológico, para brindarles a los pacientes tranquilidad frente a un cáncer que puede tratarse oportunamente y que tiene bastante prevalencia en el país”, comentó Campos Campos.

La CCSS también reconoció a Gabriela Guevara Hernández, de 25 años y vecina de Escazú, quien aspira a especializarse en ginecología y obstetricia. “Siempre he soñado con ser ginecóloga y obstetra porque considero que tenemos una deuda importante con la salud femenina. Me gustaría formar parte de los profesionales que puedan brindar atención de calidad a niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores”.

Otro de los homenajeados fue Akira Osawa Pivovarov, de 24 años y vecino de San Ramón de Alajuela, quien indicó que su meta es ingresar a oftalmología. “Creo que es una especialidad que equilibra mucho lo clínico y lo quirúrgico y, al final, quien más se beneficia siempre es el paciente”.

La lista de las diez mejores notas incluyó además a Chuang Lin Wang Kong con 98, Kang San Keum con 98, Daniel Kaufmann Millet con 97, Tamara Cáceres Alán con 97, Adrián Murillo Sotela con 95, Helena Wigoda Elizondo con 95 y Sergio Valerio Villalobos con 95. Según la CCSS, el proceso forma parte de la planificación estratégica del recurso humano especializado que requiere el sistema de salud costarricense.

Costa Rica confirmó la presencia de Leishmania infantum en ocho perros que nunca salieron del país, un hallazgo que prueba la transmisión local del parásito y le permite fortalecer el diagnóstico temprano, la vigilancia epidemiológica y la prevención de una infección que también puede afectar a humanos, según la Universidad de Costa Rica.

A escala mundial, cerca de 15 millones de perros están infectados con Leishmania infantum y solo 2,5 millones desarrollan la enfermedad, de acuerdo con el doctor Víctor Montenegro, médico veterinario del Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional de Costa Rica e investigador del estudio. Montenegro añadió que cerca del 60 % de los perros infectados no presenta signos clínicos y puede actuar como transmisor silencioso, mientras que los animales enfermos, alrededor del 30 %, constituyen una fuente mayor de parásitos.

La confirmación oficial se realizó con trabajo conjunto de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís, con un colaborador del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, además de laboratorios y clínicas veterinarias privadas del país y centros científicos de Brasil y Alemania. La evidencia fue publicada en la revista científica Frontiers in Veterinary Science.

La doctora Alicia Rojas Araya, microbióloga de la Universidad de Costa Rica y una de las científicas que participó en la detección formal señaló: “Anteriormente, ya existían reportes aislados de Leishmania infantum en humanos, perros importados de otros países y fauna silvestre en Costa Rica, pero nunca se habían documentado casos autóctonos confirmados de leishmaniasis visceral canina en el país; es decir, casos que se originaron en Costa Rica y no son importados. Con el estudio comprobamos que hay casos circulando y que los perros pueden ser un reservorio del parásito. Eso sí, los perros no van a contagiar a las personas directamente con el parásito. Para esto se requiere del flebótomo —mosquito— que lo transmita de un hospedero a otro”.

El parásito puede causar una enfermedad grave en perros y en humanos

La relevancia sanitaria del hallazgo se concentra en tres puntos. El primero es que el parásito puede causar leishmaniasis visceral canina, una enfermedad distinta del papalomoyo, que también es provocada por otra especie de Leishmania, y que puede llevar a la muerte del animal si no recibe diagnóstico y tratamiento a tiempo.

El segundo es que Leishmania infantum puede transmitirse de animales a personas a través del flebótomo, conocido popularmente como mosquito ariblanco. En humanos provoca leishmaniasis visceral, una enfermedad que afecta sobre todo el hígado, el bazo y la médula ósea, y que puede ser mortal sin atención oportuna.

El tercer punto es que su detección resulta más difícil que la de otros parásitos de preocupación sanitaria. Esa condición vuelve más valioso el hallazgo porque redefine el panorama de circulación del microorganismo en el país y permite orientar medidas de control con base científica.

Rojas pidió evitar respuestas basadas en el miedo tras la confirmación de los casos. La microbióloga de la UCR afirmó: “Lo primero que debemos de transmitirle a las personas es calma y responsabilidad con la tenencia de mascotas. El detectar el parásito no significa que tengamos una emergencia fuera de control, ni que los perros deban ser violentados o abandonados, porque ya está comprobado que esto no logra disminuir la circulación del parásito. Debemos evitar reacciones basadas en el miedo y en la desinformación. Lo ideal es siempre consultar al médico veterinario, porque hay tratamientos disponibles, y siempre cuidar a nuestras mascotas”.

La prevención depende del control del flebótomo y del cuidado de las mascotas

El contagio no ocurre por contacto directo entre perros ni entre personas, sino mediante el flebótomo o mosquito ariblanco. Esa es la respuesta central sobre el riesgo de transmisión: el perro no infecta de forma directa a un humano; el parásito necesita ese vector para pasar de un hospedero a otro.

Montenegro indicó que la expansión de la enfermedad se asocia al desplazamiento de perros infectados y a cambios en condiciones favorables para el vector. También recomendó reducir la exposición de las mascotas durante las horas de actividad del insecto, entre la tarde y la noche, y usar productos repelentes como collares, pipetas, vacunas con antígeno recombinante y controles adecuados para el traslado de animales.

El siguiente paso en Costa Rica será reforzar la vigilancia epidemiológica, a partir de los datos obtenidos por el estudio. Las y los investigadores también plantearon un llamado a la ciudadanía para proteger a los perros, evitar abandonos y realizar pruebas rutinarias.

Rojas sostuvo que la detección temprana permite diseñar respuestas más eficaces desde la medicina y la salud pública. La investigadora de la Universidad de Costa Rica concluyó: “En la medicina y la salud pública, detectar un problema a tiempo significa que podemos diseñar estrategias de prevención más apropiadas. Con este estudio, tenemos la oportunidad de que Costa Rica actúe con información científica y de manera preventiva, siempre en resguardo de los animales y la salud pública”.

El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que aumentó a 47 la cantidad de personas identificadas dentro del brote de enfermedad transmitida por alimentos asociado preliminarmente a un establecimiento comercial ubicado en Ciudad Colón de Mora, una emergencia sanitaria que ya dejó una persona fallecida y mantiene a otra hospitalizada en condición estable.

La actualización fue emitida luego de varios días de investigación epidemiológica desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Además de los 47 casos ya vinculados al brote, las autoridades reportaron otros 45 pacientes que continúan bajo investigación y a la espera de resultados de laboratorio para determinar si también están relacionados con el consumo de alimentos en el establecimiento intervenido.

El caso comenzó a llamar la atención nacional desde el pasado fin de semana, cuando los servicios médicos empezaron a detectar múltiples pacientes con síntomas gastrointestinales severos como diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal y malestar general. Conforme avanzó la investigación, las autoridades sanitarias confirmaron varios resultados positivos por salmonella y ordenaron el cierre temporal del local bajo sospecha.

El brote evolucionó rápidamente en pocos días

Los primeros reportes oficiales hablaban inicialmente de 32 casos asociados y nueve contagios confirmados por salmonella. Sin embargo, conforme se ampliaron los análisis epidemiológicos y las entrevistas clínicas, el número de afectados siguió creciendo.

De acuerdo con información divulgada por medios nacionales, más de 80 personas llegaron a presentar síntomas gastrointestinales relacionados con el caso, aunque no todas forman parte todavía del grupo confirmado epidemiológicamente.

Las autoridades sanitarias indicaron que una de las principales líneas de investigación apunta a posibles problemas en el manejo y conservación de alimentos dentro del establecimiento comercial investigado. Durante las inspecciones realizadas en el sitio, el Ministerio de Salud reportó inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza, desinfección, control de temperatura y manipulación de alimentos.

SENASA también participa en la investigación para rastrear la trazabilidad de productos cárnicos vinculados al comercio, mientras INCIENSA continúa procesando muestras microbiológicas para determinar el origen exacto de la contaminación.

Las autoridades piden reforzar medidas sanitarias

Ante el crecimiento del brote, el Ministerio de Salud lanzó además una advertencia pública para reforzar medidas preventivas tanto en hogares como en restaurantes y comercios de alimentos.

Entre las principales recomendaciones figuran consumir únicamente en establecimientos con permiso sanitario vigente, verificar las condiciones de higiene del local y observar que el personal utilice adecuadamente implementos de manipulación como protectores de cabello y lavado frecuente de manos.

Las autoridades también insistieron en la importancia de cocinar completamente carnes y pollo, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, mantener la refrigeración adecuada y no consumir productos con apariencia o olor alterado.

El Ministerio recordó que síntomas como diarrea intensa, náuseas, dolor abdominal, fiebre o vómitos requieren atención médica inmediata, especialmente en personas que recientemente consumieron alimentos en la zona de Ciudad Colón.

El caso reabre discusión sobre controles sanitarios

El brote volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la fiscalización sanitaria en establecimientos de alimentos en Costa Rica, particularmente en relación con restaurantes, sodas y comercios de alta rotación.

La salmonella es una bacteria que suele transmitirse mediante alimentos contaminados, especialmente productos cárnicos mal cocidos, huevos, lácteos o superficies contaminadas por mala manipulación.

El Ministerio de Salud informó que continuará realizando inspecciones y monitoreo epidemiológico mientras se desarrollan los análisis pendientes. La institución aclaró además que la información seguirá actualizándose conforme avancen los resultados de laboratorio.

Por ahora, las autoridades no han revelado públicamente el nombre del establecimiento comercial investigado ni han confirmado oficialmente el alimento específico que habría originado el brote.

El caso se mantiene bajo vigilancia activa y podría convertirse en uno de los brotes alimentarios más relevantes registrados en Costa Rica en los últimos años debido a la cantidad de afectados y al fallecimiento asociado a la investigación.

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá dieron una nueva señal de acercamiento diplomático luego de varios meses marcados por tensiones políticas y diferencias bilaterales en temas migratorios, comerciales y de seguridad fronteriza.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, y su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvieron un encuentro en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde ambos acordaron impulsar una agenda conjunta para atender desafíos comunes mediante mesas binacionales de trabajo.

Según la información oficial divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la reunión permitió abordar temas relacionados con seguridad, migración, aduanas y comercio, áreas que durante los últimos meses han provocado roces entre San José y Ciudad de Panamá.

“Ambos destacaron la histórica relación de buena vecindad que une a ambos pueblos y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos actuales”, señalaron las cancillerías tras el encuentro.

La cita ocurre en un momento especialmente delicado para la relación bilateral entre los dos países vecinos, luego de múltiples episodios de tensión política que escalaron públicamente desde 2025.

Migración y cierres fronterizos marcaron las principales diferencias

Uno de los principales focos de conflicto entre Costa Rica y Panamá ha sido el manejo de la migración irregular a través de la frontera común, particularmente tras el incremento de flujos provenientes de Sudamérica, Venezuela y otras regiones que atraviesan el Tapón del Darién.

Durante los últimos meses, ambos gobiernos intercambiaron cuestionamientos públicos sobre la coordinación migratoria, los traslados humanitarios y la responsabilidad en la atención de miles de migrantes que cruzan territorio panameño hacia Costa Rica.

Ambas naciones han vivido tensiones derivadas de operativos fronterizos y diferencias sobre controles de seguridad en Paso Canoas, una de las zonas comerciales y migratorias más sensibles de Centroamérica.

Las discusiones también se intensificaron luego de medidas implementadas por Panamá relacionadas con restricciones comerciales y controles aduaneros que generaron preocupación entre exportadores y transportistas costarricenses.

En paralelo, autoridades de ambos países han manifestado preocupación por el aumento de actividades vinculadas con narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas en la región fronteriza.

El encuentro busca reconstruir canales políticos

En ese contexto, la reunión sostenida en Nueva York fue interpretada como un intento de reconstruir canales de diálogo político y bajar el tono de confrontación bilateral.

Los cancilleres acordaron establecer mesas técnicas binacionales orientadas a generar resultados concretos en temas prioritarios para ambas administraciones.

Según el comunicado oficial, los gobiernos impulsarán “un diálogo constructivo” enfocado en fortalecer la coordinación institucional y encontrar soluciones compartidas.

El canciller costarricense, Manuel Tovar, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de mantener cooperación regional en temas migratorios y de seguridad, especialmente ante el impacto que tiene la crisis migratoria continental sobre Centroamérica.

Por su parte, Javier Martínez-Acha Vásquez ha insistido en que Panamá enfrenta una presión migratoria histórica derivada del flujo constante de personas que atraviesan el Darién rumbo al norte del continente.

Comercio y aduanas siguen siendo puntos sensibles

Otro de los temas centrales en la relación bilateral ha sido el comercio regional y el tránsito de mercancías entre ambos países.

Empresarios costarricenses han manifestado preocupación durante el último año por atrasos aduaneros, inspecciones y restricciones que afectan el paso de productos hacia Panamá y el resto de Centroamérica.

El conflicto incluso llegó a generar advertencias sobre posibles impactos económicos para exportadores nacionales, especialmente en productos agrícolas y mercancías de tránsito terrestre.

Costa Rica y Panamá mantienen una de las relaciones comerciales más dinámicas de la región centroamericana, con intercambio constante de alimentos, bienes industriales, combustibles y servicios logísticos.

Por eso, el establecimiento de mesas binacionales sobre comercio y aduanas aparece como uno de los principales intentos para evitar una escalada mayor en las diferencias bilaterales.

Seguridad regional se mantiene como prioridad compartida

La cooperación en seguridad también figura entre las prioridades del nuevo acercamiento diplomático.

La frontera sur costarricense se ha convertido en una zona estratégica para el combate contra el narcotráfico y las redes criminales que operan entre Colombia, Panamá y Costa Rica.

En distintas ocasiones, autoridades costarricenses y panameñas han coordinado operativos conjuntos relacionados con tráfico de drogas, armas y personas.

Sin embargo, el deterioro político de la relación bilateral durante los últimos meses generó preocupación sobre posibles afectaciones en los mecanismos de cooperación regional.

Con la reunión celebrada en Naciones Unidas, ambos gobiernos intentan ahora proyectar una señal de estabilidad diplomática y coordinación regional en medio de un escenario regional marcado por presión migratoria, inseguridad y tensiones comerciales.

La dependencia de Costa Rica de las importaciones de frijol ha alcanzado niveles inéditos, dejando a la producción nacional en una situación de vulnerabilidad sin precedentes, según detalla un análisis publicado en el periódico costarricense El Observador.

De acuerdo a los datos publicados en la nota, la Universidad Nacional (UNA) advirtió que el país solo logra abastecer el 20% de su demanda interna, mientras el resto proviene principalmente de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El fenómeno no se limita a una cifra. Según la UNA, la producción local actual apenas cubre dos meses del consumo nacional antes de requerir la llegada de frijol importado.

Esta brecha en el abastecimiento deja expuesta a la población frente a factores externos que el país no puede controlar, convirtiendo lo que era un asunto agrícola en un tema estratégico de seguridad alimentaria.

Caída abrupta en la siembra y abandono de productores

Entre 2018 y 2025, el área destinada al cultivo de frijol disminuyó de 16,000 a tan solo 9,000 hectáreas.

Según Rafael Evelio Granados Carvajal, académico de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA, miles de productores abandonaron la actividad, sobre todo en las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega, áreas históricamente ligadas al cultivo del grano.

El deterioro del sector se explica por una combinación de factores. En la conferencia de prensa “Poca venta de frijol activa alarmas sobre inseguridad alimentaria”, la universidad señaló que el debilitamiento de las políticas públicas y la reducción de la investigación desde los años noventa marcaron el inicio de la crisis.

Vulnerabilidad ante el mercado internacional y pérdida de biodiversidad

La dependencia de importaciones, que supera el 80%, coloca a Costa Rica en una posición frágil. Cualquier alteración en los mercados internacionales, como subidas de precios o restricciones de exportación, podría afectar el acceso a este alimento básico.

La UNA también alertó sobre otro riesgo: la pérdida de biodiversidad genética. “La desaparición de variedades locales de frijol implica perder la capacidad de adaptación a condiciones propias del país”, explicó Granados.

Además, subrayó que desarrollar una nueva semilla requiere seis años de investigación, pero después de cinco años de uso, los patógenos pueden limitar su aprovechamiento, lo que complica aún más la sostenibilidad productiva.

Impacto del cambio climático y propuestas de solución

El cambio climático ha exacerbado la crisis. Desde la década de 2010, las lluvias extremas han destruido cosechas y material genético local, según la evaluación de la UNA. Este fenómeno incrementa la dependencia de semillas importadas y reduce la resiliencia nacional ante los desafíos ambientales.

Para revertir la tendencia, la UNA propone diversificar las fuentes de abastecimiento y fortalecer la investigación en semillas resistentes.

Recomiendan también revalorizar el frijol costarricense, destacando su valor nutricional, su menor huella de carbono cuando es producido localmente y su aporte al empleo rural.

La situación del frijol en Costa Rica, según la universidad, es un claro ejemplo de cómo la seguridad alimentaria depende tanto de las decisiones internas como de la capacidad de respuesta ante factores globales y ambientales.

Más de 3,300 armas de fuego y 56 toneladas de drogas fueron retiradas de circulación en un operativo sin precedentes en América Latina y el Caribe, según reportó la Interpol y documentó una nota de la agencia EFE.

El despliegue, denominado ‘Orca XI’, involucró a fuerzas policiales de 19 países, con una participación activa de naciones de Centroamérica como Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Las autoridades centroamericanas, en coordinación con el resto de la región, contribuyeron a la detención de más de 8,700 personas relacionadas con el tráfico de armas, drogas y otros delitos graves.

Según destaca EFE, el operativo, que se extendió durante seis semanas entre octubre y noviembre de 2025, evidenció la magnitud del tráfico ilícito de armas y drogas, y su vínculo con actividades como la trata de personas y el delito cibernético.

Las fuerzas de seguridad incautaron no solo armas, sino también cerca de 200,000 municiones y más de USD 256.000 en efectivo, lo que evidencia la potencia del crimen organizado extendido por varios naciones.

Las autoridades de Interpol también decomisaron 210 vehículos utilizados en actividades delictivas.

Otro datos relevante citado en la nota es que entre los resultados, destaca un enorme decomiso de varias sustancias ilícitas: 6.9 toneladas de cocaína, 9.3 toneladas de pasta base de cocaína y 38.5 toneladas de marihuana confiscadas, así como 2 toneladas de metanfetamina y más de 659,000 plantas de coca.

El operativo contó con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que subrayó el valor del trabajo conjunto entre países.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, sostuvo que la operación representa “un progreso real en la lucha contra el crimen organizado”. Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó que estos resultados demuestran que “la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados”.

En el caso de Panamá, se reportó la detención de dos personas por contrabando de armas a través de sistemas de mensajería y correo.

Por su parte, Colombia informó la captura de 22 individuos investigados por financiación del terrorismo y tráfico de armas. Otros países como Brasil y Chile lograron desarticular redes criminales y confiscar grandes cantidades de drogas, recursos y armas.

El despliegue de la operación Orca XI involucró a países de toda la región: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

La acción coordinada puso de manifiesto la gravedad del tráfico de armas en Centroamérica y su relación directa con otras formas de criminalidad.

En respuesta a la pregunta sobre qué sucedió en el marco de este operativo, las autoridades centroamericanas lograron desarticular diversas rutas de tráfico ilegal, detener a decenas de sospechosos y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad.

La operación Orca XI evidenció la urgencia de mantener la vigilancia y la colaboración entre los países, especialmente en una región donde las redes criminales continúan adaptando sus métodos para evadir la ley.

A menos de un mes de haber asumido la presidencia de Costa Rica, la derechista Laura Fernández anunció el lanzamiento de un proyecto de mano dura contra el crimen, el cual busca que todas las visitas que reciben los presos en las cárceles de máxima seguridad sean grabadas en audio y video, con el fin de cortar su comunicación con grupos delictivos en el exterior.

La presidenta explicó que para implementar esta medida es necesario presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Según Fernández, la normativa actual impide grabar o restringir las visitas a los internos de este perfil.

“Voy a proponer una ley para que las visitas a este perfil de delincuente que está en máxima seguridad sean grabadas en video y en audio, porque si no, no vamos a ganar la batalla. Me parece que son cosas de sentido común, pero actualmente tienen una prohibición legal de que sean grabadas o restringidas esas visitas”, afirmó la mandataria tras un encuentro con altos mandos policiales del Ministerio de Seguridad.

En su declaración, Fernández detalló que los presos de máxima seguridad continúan enviando mensajes y girando órdenes a sus bandas desde la cárcel, utilizando como intermediarios tanto a sus visitantes como a sus abogados.

Dijo que estos contactos permiten que los grupos criminales, principalmente vinculados al narcotráfico, mantengan sus operaciones desde el interior de los penales. “No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando la banda criminal a la que pertenecen”, expresó.

La jefa de Estado, quien asumió el poder el pasado 8 de mayo, señaló que el Ministerio de Seguridad tiene identificados y ubicados a los delincuentes más peligrosos del país. Solicitó al Organismo de Investigación Judicial que avance con las investigaciones sobre 260 estructuras criminales que, según su información, agrupan a 4,300 miembros.

Fernández subrayó: “No son tantos, 4,300 personas son las malas en Costa Rica, las que pertenecen a una banda criminal. Me duele que estén sueltas, pero más que dolor es combustible para hacer lo que haya que hacer. No puede ser que 4,300 delincuentes le roben la paz a todo el territorio nacional”.

En el marco del endurecimiento de la política de seguridad, la presidenta remarcó la importancia del desarrollo del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), conocido como la “mega cárcel”, que presenta un avance del 36 % en su construcción y tendrá capacidad para 5,100 internos. Esta infraestructura, que demandará una inversión de $35 millones, sigue el modelo aplicado en El Salvador.

El anuncio se produce en un contexto de cifras récord de homicidios en Costa Rica, con alrededor de 900 asesinatos anuales, de los que aproximadamente un 70 % se atribuyen al narcotráfico.

La mandataria enfatizó que la lucha contra el crimen enfrenta obstáculos por las corrientes garantistas y progresistas, que según sus palabras priorizaron los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas.

“Estamos peleando contra corrientes garantistas y progresistas que pusieron por delante los derechos de los delincuentes y se les olvidó las víctimas, tenemos que enderezar eso”, declaró.

En esta línea, Fernández anunció que someterá a pruebas de polígrafo a los jefes policiales del país, como parte de las acciones para fortalecer la integridad y efectividad de las fuerzas de seguridad. El plan de la presidenta apunta a cortar los vínculos de los cabecillas criminales desde las cárceles y limitar su capacidad de operación en el exterior.

La quietud habitual del Barrio Las Palmas, en Guápiles, se desvaneció de forma abrupta la noche de ayer 25 de mayo. En un instante, el silencio de la comunidad fue reemplazado por el estruendo de ráfagas de fuego, transformando una humilde vivienda en el escenario de una profunda tragedia humana.

Dos vidas, pertenecientes a un hombre y una mujer que apenas comenzaban a echar raíces en la zona, fueron apagadas de manera violenta, dejando tras de sí un vacío incalculable y el llanto de una pequeña cuya existencia cambió para siempre en un parpadeo. El suceso ha conmocionado a los habitantes locales, quienes atestiguan cómo la criminalidad irrumpe en la intimidad del hogar, un espacio tradicionalmente sagrado para el resguardo de la familia.

De acuerdo con los reportes de las fuentes policiales y medios locales, el asalto a la tranquilidad de la vivienda ocurrió con una frialdad sobrecogedora. Al menos dos sujetos armados irrumpieron de forma directa en el inmueble, sorprendiendo en primera instancia al hombre en el sector de la cochera. Allí, bajo el peso de un ataque fulminante, la víctima perdió la vida de forma inmediata, quedando tendida sin posibilidad de recibir asistencia médica.

No hubo espacio para la tregua ni para el auxilio. Los agresores, determinados en su avance, continuaron hacia el interior de la estructura, persiguiendo a la mujer que, en un desesperado intento por salvaguardar su integridad, buscó refugio en los confines del cuarto de baño. No obstante, los atacantes la alcanzaron en ese último rincón, ejecutando múltiples disparos a muy corta distancia antes de huir de la escena.

Cuando las unidades de la Cruz Roja Costarricense arribaron al lugar, tras ser alertadas por los vecinos alarmados por el estruendo de los impactos, el panorama era irreversible. Los socorristas confirmaron que tanto el hombre como la mujer carecían por completo de signos vitales. Sin embargo, en medio del horror y los vestigios del ataque, un milagro de vida se abrió paso entre las paredes del inmueble.

Los oficiales de la Fuerza Pública localizaron y rescataron sana e ilesa a una bebé de aproximadamente dos años de edad, quien presumiblemente es hija de la pareja fallecida. Junto a ella, otra mujer adulta que se encontraba en la propiedad logró sobrevivir al asalto sin sufrir heridas físicas. Ambas resultaron ilesas del atentado, resguardadas por el azar en medio de la tempestad.

Reacción de las autoridades y medidas tras el doble homicidio

El rastro del suceso no tardó en extenderse más allá de las fronteras del vecindario. Minutos después del doble homicidio, una llamada ingresó con urgencia al sistema de emergencias 9-1-1, alertando sobre un vehículo envuelto en llamas frente al plantel de los Badilla, en el sector de El Prado de Guápiles.

Al llegar al sitio, el Cuerpo de Bomberos controló el fuego que consumía el automotor. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que este vehículo fue el utilizado por los perpetradores para llegar y escapar de la escena, incendiándolo posteriormente de forma deliberada en un intento por borrar cualquier huella física, balística o biológica que permitiera su identificación.

La respuesta institucional se activó de inmediato para contener el impacto del crimen y brindar protección a la víctima más vulnerable. La niña de dos años fue puesta bajo la custodia y el cuidado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), donde equipos especializados se encargan de asegurar su bienestar físico y emocional en estas horas críticas.

Mientras tanto, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la custodia de la vivienda en el Barrio Las Palmas, procediendo con el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios esenciales para el caso. Las autoridades mantienen estrictos operativos en diversos puntos estratégicos de la región para intentar localizar a los autores del crimen.

De momento, las causas detrás de este ataque violento permanecen bajo investigación, mientras la comunidad intenta procesar el dolor de una realidad que golpea con fuerza la dignidad de la vida humana.

La Caja Costarricense de Seguro Social destinará ₡6.335 millones (USD 13 millones) a terapias contra la esclerosis múltiple en 2026, un aumento de casi ₡814 millones (USD 1,7 millones) frente a 2025 que, según la institución, responde al mayor uso de medicamentos biológicos de alta eficacia para pacientes con formas recurrentes y progresivas de la enfermedad.

El aumento también se reflejará en la cobertura: de acuerdo con datos institucionales, la cantidad de pacientes que recibirán ocrelizumab pasará de 207 en 2025 a 330 en 2026. En ofatumumab, otro anticuerpo monoclonal de alta eficacia, los tratamientos subirán de 83 a 100 pacientes.

La mayor inversión proyectada para 2026 se concentrará en ocrelizumab, indicado para pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente y primaria progresiva. Según la CCSS, solo ese fármaco representará una compra estimada de ₡295 millones (USD 650 mil)

La esclerosis múltiple es un trastorno neurológico crónico que afecta el sistema nervioso central y puede causar dificultades motoras, problemas visuales, alteraciones cognitivas y discapacidad progresiva. El tipo más frecuente es la esclerosis múltiple remitente-recurrente, presente en aproximadamente el 85% de los pacientes, mientras entre el 10% y el 15% desarrolla la variante primaria progresiva.

La inversión se concentrará en terapias biológicas para formas recurrentes y progresivas

El gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, explicó que el crecimiento del gasto está vinculado con el acceso a terapias más complejas y dirigidas para personas con evolución clínica avanzada o con falla terapéutica frente a otros tratamientos. También mencionó que ese acceso obedece a procesos de negociación que permiten mejorar las condiciones de compra y garantizar el suministro a quienes lo requieren.

La respuesta central de la institución es esta: en 2026 aumentará el dinero destinado a medicamentos especializados y crecerá el número de pacientes que recibirán terapias biológicas de alta eficacia. Según la CCSS, esa expansión busca fortalecer la continuidad terapéutica y el acceso oportuno a tratamientos para una enfermedad que no tiene cura, pero cuyo curso puede modificarse con medicación.

Vega señaló que uno de los principales retos consiste en asegurar la continuidad de terapias de alto costo que exigen seguimiento especializado y abastecimiento sostenido. El funcionario añadió: “La esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí tratamientos que pueden modificar el curso de la enfermedad, disminuir brotes y retrasar la discapacidad. Por eso, el acceso oportuno resulta determinante para los pacientes”.

La institución mantiene varias líneas de tratamiento según el tipo de enfermedad

Actualmente, la CCSS dispone de varias líneas terapéuticas según el tipo y la evolución del cuadro clínico. Entre ellas figuran interferones como primera línea para casos recurrentes-remitentes, fingolimod para pacientes con reacciones adversas al interferón y siponimod para esclerosis múltiple secundaria progresiva.

El lineamiento institucional vigente también contempla medicamentos para situaciones específicas, como cladribina y natalizumab. Esa estructura terapéutica se complementa con la ampliación prevista en los fármacos biológicos de alta eficacia durante 2026.

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se conmemora cada 30 de mayo por iniciativa de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Según esa organización, la fecha busca visibilizar esta enfermedad neurológica, crónica y autoinmune, que afecta a millones de personas en el mundo y puede provocar problemas de movilidad, visión, equilibrio y otras alteraciones neurológicas progresivas.

El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales apuestas del Gobierno de Laura Fernández, enfrenta este martes un escenario político cuesta arriba en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que la diputada Claudia Dobles y la fracción del Partido Liberación Nacional anunciaran oficialmente su voto en contra de la iniciativa.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 23.414, pretende transformar el modelo eléctrico costarricense mediante cambios en la participación estatal y privada dentro del mercado energético. Sin embargo, sus críticos sostienen que el texto debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), rompe el principio solidario del sistema y podría terminar elevando las tarifas para hogares y pequeñas empresas.

La posición del Partido Liberación Nacional (PLN) se oficializó este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de fracción, Álvaro Ramírez, y el excandidato presidencial Álvaro Ramos. La bancada verdiblanca confirmó que sus 17 diputados votarán negativamente el proyecto, una decisión que prácticamente deja sin posibilidades matemáticas al oficialismo de alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar la reforma.

“El país necesita un ICE fuerte y este proyecto lo debilita”, afirmó Ramírez al justificar la decisión del partido. La agrupación sostuvo además que Costa Rica sí requiere modernizar su sistema eléctrico, pero bajo un modelo distinto al planteado por el Gobierno.

Claudia Dobles endureció la oposición al proyecto

Horas antes del anuncio liberacionista, la diputada Claudia Dobles también confirmó públicamente que votará en contra del expediente, una decisión que terminó consolidando un bloque opositor suficiente para bloquear la iniciativa.

En un video divulgado durante el fin de semana, Dobles aseguró que el proyecto “no garantiza el modelo solidario y universal” que actualmente sostiene el sistema eléctrico nacional y advirtió que podría incrementar el precio de la electricidad para las familias y pequeños negocios.

La legisladora, quien llegó al Congreso mediante la coalición Agenda Ciudadana, afirmó además que el texto contiene “deficiencias importantes” y deja al ICE “sin herramientas pero con todas las responsabilidades”. Según explicó, la propuesta genera conflictos de interés institucionales y no asegura cobertura equitativa para todo el territorio nacional.

La posición de Dobles resultó especialmente relevante debido a que, hasta hace pocos días, distintos sectores políticos mantenían dudas sobre el sentido final de su voto. Su rechazo terminó alineándose con la postura ya anunciada por el Frente Amplio, que también confirmó oposición al expediente.

El Gobierno pierde margen político en la Asamblea

La reforma eléctrica requiere al menos 38 votos en el Congreso debido a cuestionamientos sobre posibles afectaciones a la autonomía constitucional del ICE y a la creación de nueva institucionalidad autónoma. Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que el proyecto entra en el ámbito de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, lo que obliga a una mayoría calificada.

Sin el apoyo del PLN y con la oposición ya confirmada del Frente Amplio y Claudia Dobles, el oficialismo quedó matemáticamente lejos de los votos necesarios. Actualmente, el Gobierno y sus aliados suman cerca de 31 apoyos legislativos, insuficientes para sacar adelante la iniciativa.

El exministro de Hacienda y figura clave del oficialismo, Nogui Acosta, reconoció este lunes que el Gobierno no esperaba el rechazo liberacionista.

Mientras tanto, sectores empresariales y cámaras industriales han defendido la propuesta argumentando que Costa Rica necesita mayor capacidad de generación eléctrica, tarifas más competitivas y herramientas para enfrentar el crecimiento de la demanda energética.

El debate ocurre además en medio de advertencias sobre posibles riesgos de racionamientos, aumento del consumo eléctrico y presión sobre la infraestructura energética nacional.

El modelo eléctrico vuelve al centro de la disputa política

La discusión alrededor del proyecto terminó convirtiéndose en uno de los principales choques políticos del inicio de la nueva legislatura.

Para el oficialismo, la armonización eléctrica representa una modernización necesaria para responder al crecimiento económico y tecnológico del país. Pero para sus opositores, el expediente abre la puerta a una transformación estructural que podría debilitar el modelo solidario construido históricamente alrededor del ICE.

El PLN anunció incluso que impulsará una propuesta alternativa denominada “ley de emergencia y seguridad energética”, enfocada en evitar eventuales racionamientos sin modificar profundamente el modelo actual.

La votación está programada para este martes en el plenario legislativo y se anticipa como una de las discusiones más tensas del año político.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó un aumento tarifario de 5,43% en autobuses y de entre 1,39% y 2,82% en taxis por el alza internacional de los combustibles vinculada al conflicto bélico en Medio Oriente y con el objetivo de evitar que el encarecimiento afecte la continuidad del servicio público en Costa Rica.

El ajuste extraordinario fue tramitado de oficio al amparo del artículo 30 de la Ley Nº 7593, según ARESEP, por tratarse de variaciones significativas en el entorno económico. La autoridad reguladora indicó que el impacto del conflicto comenzó a reflejarse en el país desde el 17 de abril.

El combustible representa cerca del 28% de los costos del servicio de autobús y el 12% del servicio de taxi, de acuerdo con ARESEP. La entidad sostuvo que ese aumento presiona el flujo de caja de los operadores y puede comprometer la prestación regular, segura y sostenible del transporte.

El ajuste en buses se aplicará a rutas con operador designado y título vigente

En el caso de los autobuses, el incremento general aprobado es de 5,43% sobre las tarifas vigentes para todas las rutas con operador designado y título habilitante vigente, sea concesión o permiso, según ARESEP. Las nuevas tarifas comenzarán desde este martes 26 de mayo de 2026.

La distribución de los incrementos en los pasajes muestra que 211 tarifas subirán entre ₡5 y ₡10 (USD 0,011 y USD USD 0,044), 1,130 entre ₡15 y ₡20 (USD 0,033 y USD 0,044), 1,119 entre ₡25 y ₡40 (USD 0,055 y USD 0,088), 995 entre ₡45 y ₡100 (USD 0,099 y USD 0,221), 399 entre ₡105 y ₡300 (USD 0,232 y USD 0,662), y 140 tendrán aumentos de más de ₡300, según ARESEP.

Los taxis tendrán alzas diferenciadas por base de operación y tipo de vehículo

Para los taxis rojos y los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el regulador aprobó incrementos de entre 1.39% y 2.82%, según la base de operación y el tipo de vehículo. En términos absolutos, el banderazo y cada kilómetro adicional subirán entre ₡10 y ₡20 (USD 0,022 y USD 0,044), y la tarifa por demora aumentará entre ₡55 y ₡95 (USD 0,121 y USD 0,210)por hora.

En la base de operación regular de taxis rojos, el taxi sedán tendrá un banderazo de ₡840 (USD 1,85) y una tarifa variable de ₡840 (USD 1,85), frente a los ₡825 (USD 1,82) vigentes, con aumentos de ₡15 (USD O,O33) en ambos casos, según ARESEP. La tarifa por demora pasará de ₡3,465 (USD 7,65) a ₡3,520 (7,77), con una variación de ₡55

En la base de operación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el taxi sedán pasará de ₡720 (USD 1,59) a ₡730 (USD 1,61) tanto en banderazo como en tarifa variable, con un ajuste de ₡10 (USD O,02), y la demora aumentará de ₡3,655 (USD 8,07) a ₡3,710 (USD 8,19). El taxi microbús subirá de ₡710 (USD 1,57) a ₡730 (USD 1,61) en banderazo y tarifa variable, con un incremento de ₡20 (USD O,O4), mientras la demora pasará de ₡3,815 (USD 8,42) a ₡3.910 (USD 8,63), con un aumento de ₡95 (0,21).

La entidad también informó que los usuarios pueden consultar las tarifas vigentes de autobús en su portal oficial y en la aplicación móvil gratuita “ARESEP”.

La autoridad reguladora detalló que, desde el inicio de la afectación atribuida al caso fortuito, el diésel registró primero un aumento de ₡35 (USD 0,08), luego otro de ₡151 (USD 0,33), y además fue sometida a consulta pública una rebaja de ₡46 (USD 0,10). Según ARESEP, esa secuencia fue incorporada en la fijación extraordinaria de tarifas.

Luego de la visita de funcionarios de seguridad de Costa Rica a El Salvador la semana recién pasada, anoche el Gobierno de Costa Rica, a través de un video difundido en las redes sociales de la Presidencia, anunció que el país activará un cambio en la política penitenciaria costarricense.

el país adoptará el Plan Cero Ocio, un esquema de trabajo para personas privadas de libertad inspirado en la experiencia salvadoreña.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que la meta es reducir costos, ampliar la producción dentro de las cárceles y orientar la reinserción mediante oficios.

Se prevé labores productivas y proyectos de utilidad pública bajo supervisión estatal, con asesoría técnica salvadoreña, según indicaron autoridades costarricenses.

El ministerio también informó que revisó planes de infraestructura penitenciaria y bajó el presupuesto estimado de USD 60 millones a USD 35 millones.

El eje del plan es que el tiempo en prisión se utilice en actividades laborales y de capacitación. El Gobierno sostiene que el modelo busca que el sistema penitenciario reduzca gastos operativos y que el trabajo sirva como herramienta de reinserción, con criterios de seguridad para determinar quiénes pueden acceder.

El modelo salvadoreño que Costa Rica busca replicar

Funcionarios costarricenses visitaron la semana pasada el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas, en Santa Ana, donde observaron programas de confección de ropa, fabricación de pupitres y tareas comunitarias, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz.

La premisa es limitar el tiempo ocioso y concentrar la actividad diaria en producción y mantenimiento.

En ese esquema, la reducción de pena funciona como incentivo: por cada 16 horas de trabajo se descuenta un día de condena, según detallaron las autoridades.

El ministro Gerald Campos explicó que el plan prioriza a privados de libertad sin antecedentes de violencia grave y que el acceso depende de evaluaciones de seguridad y de un régimen de confianza.

Costa Rica tiene cerca de 20 mil personas encarceladas, según cifras oficiales mencionadas por el Ejecutivo. La selección del universo que ingresará al programa se hará con criterios técnicos, con el objetivo de concentrar los cupos en perfiles de menor peligrosidad.

Trabajo penitenciario, costos y producción para el Estado

El Gobierno costarricense plantea que el trabajo penitenciario debe impactar en las compras públicas y en la operación diaria del Estado. Campos sostuvo que el plan apunta a que los internos dejen de ser solo un costo y pasen a aportar con producción de bienes y tareas de mantenimiento en infraestructura pública.

El cálculo oficial indica que cada persona privada de libertad representa un gasto mensual cercano a USD 1,000, según el Ministerio de Justicia y Paz.

Con el nuevo esquema, el sistema buscará producir mobiliario escolar, uniformes, muebles y otros insumos, además de apoyar en reparaciones y mantenimiento de espacios públicos.

Un ejemplo citado por las autoridades es la fabricación de camarotes para centros penitenciarios, con un ahorro superior a 306 millones de colones (unos USD 570,000). El ministerio comparó esa cifra con el financiamiento de casi 1,700 becas educativas o más de 3,500 pensiones sociales mensuales.

Incentivos, testimonios y reglas del plan

El programa también eliminará el pago de incentivos económicos por el trabajo, según la explicación oficial, y lo reemplaza por capacitación y redención de pena como principales mecanismos de estímulo.

La cartera de Justicia sostuvo en el video, que el objetivo es que el aprendizaje de oficios tenga impacto en la empleabilidad al recuperar la libertad.

Dentro de los talleres, participantes citados por las autoridades describieron la posibilidad de aprender un oficio como herramienta para conseguir ingresos fuera de prisión.

“Aquí tengo la oportunidad de aprender algo nuevo, algo que me guste y con lo cual pueda ganarme la vida honradamente afuera”, dijo uno de los internos, según el video difundido por el ministerio.

La implementación incluye coordinación con otras instituciones y proyectos con utilidad pública verificable, de acuerdo con Justicia y Paz. El Gobierno informó que busca reforzar el equipamiento industrial con aportes del sector privado, bajo seguimiento estatal.

Exclusiones, controles y cambios legales en la implementación

El plan excluye a privados de libertad de máxima seguridad. Más de 2 mil internos considerados de alta contención no podrán incorporarse a los programas productivos, según precisaron las autoridades costarricenses, que justificaron la medida en criterios de riesgo y control.

El Gobierno también anticipó ajustes normativos y refuerzo de cuerpos policiales como parte del despliegue del esquema, según comunicó el Ministerio de Justicia y Paz.

La administración sostuvo que el nuevo modelo exige controles más estrictos y una coordinación permanente entre el Estado y actores privados para sostener la operación.

La presidenta Laura Fernández puso en marcha este lunes la Fuerza Élite, un esquema de reuniones semanales desde el Ministerio de Seguridad Pública con el que, según dijo la propia mandataria, asumirá el mando directo de la coordinación policial para enfrentar al crimen organizado, revisar inteligencia, fijar metas a 30, 60 y 90 días y exigir resultados a todos los cuerpos de seguridad del país.

En esa primera rendición de cuentas tras la sesión, Fernández informó que en Costa Rica operan 260 estructuras criminales, de las cuales 61 están en confrontación activa, con 4,300 miembros identificados por la inteligencia policial. También sostuvo que el Gobierno empezará a medir semanalmente aprehensiones, prisión preventiva, productividad de operativos y trazabilidad de los casos.

La mandataria afirmó que el equipo se reunirá todos los lunes a las 08:00 y que en la mesa participan directores regionales de la Fuerza Pública de todas las provincias y regiones, junto con responsables de Guardacostas, Policía Penitenciaria, Policía de Fronteras, unidades especiales e inteligencia. “Yo no voy a tolerar fronteras entre cuerpos policiales”, dijo Fernández.

La presidenta explicó que la reunión será “inminentemente técnica” y que ella misma verificará qué hicieron los cuerpos policiales en la semana anterior, qué acciones ejecutarán en la siguiente y cómo se articularán mejor. También señaló que espera incorporar en próximas sesiones al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa.

El Gobierno anunció reformas para cortar la operación de bandas desde las cárceles

Fernández aseguró que uno de los hallazgos centrales de la reunión fue que varias bandas continúan operando aun cuando sus cabecillas están presos. Como ejemplo, mencionó a la banda de los Lara en San José y a la del Gordo Leo en Desamparados, y sostuvo que sus jefes siguen activos desde prisión.

Según la presidenta, esa continuidad delictiva se explica, entre otros factores, por visitas, encomiendas de comida y comunicaciones que permiten el traslado de mensajes. Por eso anunció que promoverá una ley para restringir la comunicación de delincuentes de alta peligrosidad y otra para que las visitas a ese perfil de reclusos en máxima seguridad sean grabadas en video y audio.

También instruyó al ministro de Justicia y Paz Gabriel Aguilar a revisar reglamentos penitenciarios tras mencionar casos de reclusos con múltiples pares de zapatos de lujo, cigarros, encendedores y otras prerrogativas dentro de prisión. Aguilar sostuvo que “las épocas en que las cárceles eran considerados hoteles llenos de privilegios” terminaron y advirtió que los funcionarios corruptos “ya están siendo identificados”.

Fernández añadió que impulsará una ley que sancione la pertenencia a una banda criminal y dijo que planea presentarla en junio. A la vez, vinculó la futura cárcel de máxima contención con la necesidad de aislar a jefes criminales que, según afirmó, conservan capacidad de mando desde los centros penales.

La presidenta citó mapas de calor, caídas parciales en homicidios y fallas en judicialización

Durante su exposición, la presidenta dijo que el comportamiento delictivo no es homogéneo y que la sesión revisó provincia por provincia los llamados mapas de calor. Aseguró que el análisis permitió identificar bandas, movimientos territoriales y puntos específicos en San José, Limón, Cartago, Puntarenas, Liberia y Tamarindo.

Fernández afirmó que los delitos contra la vida bajaron 13,3% en 2026 frente a 2025, aunque aclaró que ese resultado “no es suficiente”. También señaló que hubo disminuciones en delitos contra la propiedad, pero alertó por un aumento de la tacha de vehículos mediante tecnología que inhibe la señal de cierre.

En su detalle territorial, dijo que en la zona sur de Puntarenas se dispararon los tumbonazos de droga; que Cartago enfrentó un triple homicidio al inicio del año; que San José es la provincia que más mejoró en delitos contra la vida; y que en Limón existe un “negocio de outsourcing de homicidios”. Sobre esos fenómenos, sostuvo que las autoridades conocen las bandas, sus integrantes y sus zonas de operación.

Fernández aseguró que “de cada cien detenidos solo cuatro son condenados”. También afirmó que solo 38% de las detenciones llega a un “final eficiente”, dato que usó para justificar nuevos indicadores de desempeño sobre operativos y resultados penales.

Esa es la respuesta directa que el Gobierno dio sobre el problema central que busca atacar con la Fuerza Élite: la policía detiene, pero una parte sustancial de los casos no deriva en prisión preventiva ni en condenas, según la evaluación expuesta por la presidenta, que reclamó mayor articulación con el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y los jueces.

El plan incluye polígrafo para mandos policiales y presión política sobre otros poderes

Fernández ordenó que todos los directores presentes en la reunión, además de los ministros, se sometan a una prueba de polígrafo con preguntas sobre crimen organizado y narcotráfico. Recordó que ella se hizo ese examen antes de asumir la candidatura presidencial y dijo que no tolerará “el menor tufito” de corrupción o infiltración criminal.

El ministro de Seguridad Pública Gerald Campos respaldó esa decisión y sugirió que también deberían someterse a esa prueba funcionarios vinculados a la lucha contra el crimen organizado en el Poder Judicial y en la Asamblea Legislativa. Campos dijo que el Ejecutivo está trabajando “como una familia” y reiteró que necesitan el apoyo de la policía judicial y del Ministerio Público para que las investigaciones y acusaciones prosperen.

La presidenta confirmó además que invitó a los 57 diputados a una reunión este viernes para revisar el estado de situación y discutir reformas legales.

El reconocimiento de fallas del Estado para enfrentar el crimen organizado marcó este lunes un cambio de tono en Costa Rica. La presidenta Laura Fernández dijo que el Gobierno, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa no han logrado frenar a las bandas criminales, según destacó el periódico costarricense Elmundo.cr.

Fernández reunió este lunes a jefes y unidades de la fuerza pública para revisar la estrategia de seguridad. Participaron cuerpos policiales de todo el país, unidades especiales, directores regionales, la Academia Nacional de Policía, fuerzas de control de drogas y vigilancia aérea, además de los ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz.

Costa Rica no ha logrado desarticular el crimen organizado, reconoció la presidenta Laura Fernández, por fallas compartidas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

La mandataria sostuvo este lunes que las trabas legales, la operación de cabecillas desde las cárceles y la lentitud de los expedientes debilitan la respuesta del Estado.

Fernández afirmó que el análisis de inteligencia muestra una criminalidad desigual en el territorio, con variaciones de delitos según la provincia y el cantón. También pidió reforzar la capacitación policial con nuevos cursos enfocados en áreas de confrontación criminal.

Advirtió sobre el aumento de robos al interior de vehículos con dispositivos que inhiben alarmas electrónicas. Recomendó a los conductores verificar el cierre de los autos, mientras la policía, según indicó, refuerza operativos para frenar esa modalidad.

Bandas identificadas y delitos desde la cárcel

De acuerdo a la nota, la presidenta informó que las autoridades identificaron integrantes de varias bandas, incluida Los Lara. Señaló que algunos miembros continúan con actividad delictiva aun encarcelados, un punto que atribuyó a debilidades del sistema penitenciario.

“No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando en la banda criminal a la que pertenecían o a la que siguen perteneciendo”, dijo Fernández. Explicó que, aunque los cabecillas estén presos, mantienen contactos por medio de visitas y comunicaciones, lo que facilita la coordinación de delitos fuera del penal.

En esa línea, sostuvo que el país necesita cárceles de máxima contención para aislar a presos de alta peligrosidad. También planteó cambios en el régimen de visitas para reducir el margen de maniobra de las organizaciones criminales.

Fernández adelantó que impulsará una ley para que las visitas a reclusos de alta peligrosidad puedan ser registradas en video y audio. Argumentó que hoy existen restricciones legales que impiden grabarlas, y que ese límite, según su diagnóstico, favorece la continuidad de órdenes y coordinación desde prisión.

La mandataria también insistió en una reforma para sancionar la pertenencia a organizaciones criminales. Indicó que presentará una iniciativa en junio, con el objetivo de cubrir ese vacío y endurecer el marco jurídico contra las bandas.

Críticas a la lentitud judicial y reclamo a otros poderes

La nota también señala que Fernández cuestionó demoras en el accionar judicial y sostuvo que la lentitud de expedientes y la caída de investigaciones obligan a la policía a repetir procedimientos, lo que, según afirmó, debilita la respuesta estatal. “Hasta dos o tres meses pasan sin que se haga un operativo o se cae todo el proceso que hicieron ellos contra un delincuente y tienen que empezar de cero”, dijo.

En el plano político, la presidenta reclamó a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial una respuesta rápida y atribuyó parte del problema a enfoques garantistas que, a su criterio, priorizan derechos de los imputados por sobre los de las víctimas.

La mandataria aseguró que la estrategia requiere acción coordinada entre instituciones para frenar a las mafias.

El fenómeno de El Niño ya se manifiesta en Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), y el sector agropecuario advierte impactos directos sobre la producción de alimentos. El evento podría extenderse hasta inicios de 2027, con menos lluvias y hasta 2 °C más de temperatura, con efectos distintos según la región, destaca el periódico El Observador.

De acuerdo a la nota, el IMN prevé que Guanacaste sea una de las áreas más expuestas, con una reducción de precipitaciones de hasta 50%. En el Pacífico la caída sería de entre 30% y 40%, mientras que el Valle Central también registraría una baja, aunque menor. En el Caribe, en cambio, podrían aumentar las lluvias.

El reclamo central de los gremios es la falta de un plan gubernamental definido para mitigar el impacto. Dirigentes del agro sostienen que, pese a las alertas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el IMN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no hay una hoja de ruta con medidas por región y por actividad.

“El Niño no es solo un fenómeno climático. Es un riesgo económico, es un riesgo social que exige acción inmediata de parte del Gobierno para proteger la producción de comida de todos los costarricenses”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Óscar Arias en la nota. Planteó que el ministerio debe asumir un rol de conducción y definir estrategias específicas para cada cadena productiva.

El impacto sobre los cultivos y la ganadería

El déficit de lluvias podría afectar tanto cultivos de ciclo corto como plantaciones permanentes. Productores de hortalizas que dependen de la lluvia anticipan problemas en las cosechas. En el caso del café y la palma aceitera, la disponibilidad de agua influye en la floración y el desarrollo del fruto, con consecuencias en la producción de la temporada y en la siguiente.

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria pidió facilitar almacenamiento de agua y reducir trabas para habilitar nuevos pozos y puntos de captación en ríos. También propuso reforzar reservas de alimento para el ganado con heno y silos elaborados con residuos de cultivos como piña o naranja.

El escenario también favorece la aparición de plagas asociadas a baja humedad, como los ácaros en el maíz, de acuerdo con advertencias del sector. Para reducir pérdidas, los productores solicitan acompañamiento técnico y acceso a soluciones de riego y manejo de plagas adaptadas a cada zona.

En ganadería, la combinación de menos agua y menos pasto presionaría la producción de carne y leche. Isaías Gómez, de la Corporación Ganadera (Corfoga), también citado en la nota, explicó que un recorte de hasta 50% del recurso hídrico podría traducirse en una reducción de 23% del consumo de alimento seco, con impacto en la producción lechera y la condición corporal de los animales.

Corfoga recomendó priorizar el suministro de agua, ajustar la alimentación con suplementos y subproductos agrícolas, y evitar el sobrepastoreo. También sugirió limitar la movilización de animales en las horas de mayor calor para disminuir el estrés térmico.

Reclamos del sector y respuesta de la CNE

Durante el Día del Agricultor, la presidenta Laura Fernández anunció la activación de una comisión de seguimiento del evento. La oficina de prensa de la CNE indicó que el plan de acción todavía está en elaboración. “Se está trabajando. Pronto se le comunicará a la población y a los medios de comunicación las medidas que se tomarán”, señaló la institución al medio citado.

El presidente del Centro Agrícola de Escazú, José Oviedo, sostuvo que las advertencias sobre la intensidad del fenómeno llevan meses y que productores han pedido medidas preventivas como reservorios de agua y sistemas de riego tecnificado. “Al sector agro no se nos escucha; no ha pasado nada. La gente está a la expectativa de lo que pueda venir con el fenómeno de El Niño”, afirmó.

Según la nota, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA) también pidió definiciones. Su vocero, Guido Vargas, describió el escenario como “una tormenta perfecta” por la suba de costos y la presión sobre el ingreso del productor. Mencionó el encarecimiento de insumos y combustibles y el efecto de la caída del dólar, y advirtió que el aumento de temperatura empeorará la merma de rendimientos en cultivos y plantaciones como café y caña de azúcar.

Medidas preventivas en la industria lechera

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos informó que mantiene medidas preventivas ante riesgos climáticos, con monitoreo de recursos hídricos, actualización de mapas de riesgo y acompañamiento técnico a productores. Entre las acciones, mencionó ajustes en el manejo alimenticio, mejoras en el confort animal y optimización del uso del agua.

Dos Pinos advirtió que un episodio intenso de El Niño puede reducir la disponibilidad de pastos, aumentar el estrés térmico y elevar los costos de alimentación por el mayor uso de suplementos y forrajes, por lo que trabaja con sus asociados para sostener la productividad y amortiguar el impacto en la producción lechera.

Costa Rica publicó una guía para quienes viajen a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto difundió una Guía Consular con requisitos migratorios y aduaneros, recomendaciones de seguridad y pasos ante emergencias. Aplica para el torneo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El documento fue elaborado por el Departamento Consular y por las embajadas y consulados de Costa Rica en América del Norte, según informó la Cancillería. El objetivo es que los viajeros planifiquen su traslado y estadía con información actualizada y ajustada a las normas de cada país.

La guía reúne datos sobre ingreso migratorio, controles aduaneros y procedimientos ante pérdida de documentos o detenciones. También incluye contactos de sedes consulares, teléfonos de emergencia y canales de atención, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Información práctica y requisitos de viaje

La Cancillería indicó que las autoridades migratorias de cada país pueden pedir documentación de respaldo al momento del ingreso y que el Mundial no implica excepciones automáticas. La guía detalla qué trámites deben realizarse antes de viajar y qué comprobantes suelen solicitar en frontera.

El ministerio recomendó llevar pasaporte vigente, confirmar reservas de hospedaje y contar con evidencia de medios económicos y pasajes de salida, además de revisar restricciones aduaneras. También advirtió que exceder el tiempo autorizado de permanencia puede generar sanciones.

En el caso de Canadá, la guía señala que los costarricenses deben gestionar una visa de visitante o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) antes del viaje, mediante los canales oficiales canadienses. Precisa que la eTA aplica para ingresos por vía aérea y contempla una excepción limitada para quienes entren por aire y luego crucen a Estados Unidos por tierra, dentro del período autorizado.

Sobre aduanas canadienses, el documento menciona restricciones para el ingreso de armas y de ciertos productos, como lácteos, frutas y plantas. También recuerda la obligación de declarar montos superiores a 10.000 dólares canadienses (equivalente a 7239.10 dólares estadounidenses) o su equivalente en otra moneda, según la normativa de ese país.

Para México, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que los ciudadanos de Costa Rica no requieren visa para turismo, pero deben cumplir con los requisitos migratorios. La guía incluye, entre los documentos habituales, pasaporte válido, boleto de ida y regreso, reservas y prueba de medios económicos, además de la justificación del viaje.

El texto oficial agrega que las autoridades pueden solicitar comprobantes de hospedaje y salida, y verificar que no se exceda el tiempo permitido de estancia. También advierte sobre controles aduaneros y regulación para el ingreso de armas, ciertos alimentos y montos superiores a USD 10.000.

En Estados Unidos, la guía consular indica que es necesario tramitar la visa correspondiente antes de viajar. Según el ministerio, el Gobierno estadounidense, en coordinación con FIFA, aplicará el sistema FIFA PASS para facilitar la programación de citas consulares para visas B1/B2 a quienes cuenten con boletos oficiales. La Cancillería remarcó que ese acceso prioritario no implica aprobación automática: se mantienen los criterios habituales de evaluación. Entre los requisitos de ingreso, la guía menciona pasaporte vigente, visa aprobada, pasajes de ida y regreso, reserva de alojamiento y prueba de fondos económicos.

Además, el documento advierte que autoridades estadounidenses pueden revisar antecedentes y redes sociales del viajero y aplicar consecuencias si se excede el plazo autorizado de permanencia, de acuerdo con los procedimientos migratorios de Estados Unidos.

Asistencia consular y emergencias

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto recordó que la asistencia consular se brinda conforme al derecho internacional y la normativa vigente, y que no reemplaza a las autoridades locales ni exime del cumplimiento de la ley del país visitado.

Según la guía, los consulados pueden orientar y asistir en casos como pérdida de documentos, detención o situaciones de emergencia. El ministerio aclaró que esa asistencia no incluye cubrir gastos personales, multas o repatriaciones.

Para casos de extravío de documentos, la Cancillería indicó que la reposición se gestiona exclusivamente en los consulados, por lo que recomendó llevar copias digitales de identificación. Ante una detención, el documento sugiere contactar de inmediato al consulado correspondiente para que el personal verifique la situación y brinde la asistencia prevista en convenciones internacionales. La guía incorpora un listado de consulados costarricenses en Canadá, México y Estados Unidos, además de números de emergencia y contactos útiles para viajeros, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó el domingo 24 de mayo que investiga un brote de enfermedad transmitida por alimentos con nexo preliminar con un comercio de Ciudad Colón de Mora. La cartera reportó 32 casos vinculados, 12 positivos por salmonella y un fallecimiento en análisis para determinar si se relaciona con el episodio.

De los 32 casos, 12 cuentan con resultados confirmados de salmonella, según precisó el ministerio. La institución advirtió que la pesquisa sigue en curso y que las cifras pueden variar a medida que avancen los estudios epidemiológicos y de laboratorio.

El trabajo se coordina con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), informó el Ministerio de Salud.

El establecimiento fue cerrado tras una inspección sanitaria

De acuerdo con una publicación de La Nación, el local investigado corresponde a un comercio de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora. El medio indicó que se ordenó el cierre temporal mediante una medida sanitaria mientras continúan las indagaciones y se verifica el cumplimiento de acciones correctivas.

El mismo medio local informó este domingo que en la inspección se detectaron “inconsistencias” vinculadas con limpieza y desinfección, control de temperatura y manipulación de alimentos. También consignó que las muestras de alimentos siguen bajo análisis en INCIENSA y que, con apoyo de SENASA, se revisan aspectos de trazabilidad y manejo de productos cárnicos asociados al establecimiento.

El Ministerio de Salud no divulgó el nombre del comercio, tal como se evidencia en el comunicado oficial. Por su parte, el medio CRHoy señaló que el local estaría cerca del mercado viejo de Ciudad Colón de Mora.

Síntomas reportados por usuarios y lo que dijeron las autoridades

Mientras avanzaba la investigación oficial, se publicaron en redes sociales testimonios de personas que afirmaron haber presentado diarrea, vómitos y malestares estomacales tras consumir alimentos en el local, según CRHoy. El medio indicó que varios usuarios describieron cuadros con fiebre y dolor abdominal.

Una usuaria también escribió a dicho medio: “Mi esposo, mi hijo” de ocho años y yo estamos igual. Nosotros consumimos el sábado en la tarde y ayer fuimos a la clínica y seguimos igual". Otra persona comentó, de acuerdo con el medio: “No es coincidencia”. Mi esposo dice que le cayó mal ese pollo. El domingo por la tarde fuimos a comer pollo frito a ese mismo lugar y mi esposo está enfermo".

El ministro de Salud Alexander Sánchez Cabo dijo que continúan las investigaciones epidemiológicas y de laboratorio, según CRHoy y el Ministerio de Salud. En declaraciones recogidas por La Nación, afirmó: “Se mantiene en investigación” un fallecimiento.

Las autoridades sanitarias recomendaron acudir al centro médico más cercano si aparecen síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, especialmente tras consumir alimentos en la zona, informó La Nación. El Ministerio de Salud también pidió verificar que los comercios tengan permiso sanitario vigente y condiciones adecuadas de higiene, además de mantener el lavado de manos.

El estudiante indígena Juan Mesac Ramírez Varela representará a Costa Rica en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes 2026, que se celebrará en Estados Unidos. El joven, de 17 años y miembro de la comunidad brunca, ha conseguido una beca que le permitirá participar en uno de los eventos científicos juveniles más destacados a escala internacional. Según la información oficial, el menor viajará a Virginia Occidental el 11 de julio para un encuentro de tres semanas con jóvenes de diferentes países y especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Juan Mesac nació y creció en la comunidad brunca, ubicada en el sur de Costa Rica. Esta población indígena habita principalmente en los territorios de Boruca y Rey Curré, en la provincia de Puntarenas. Los brunca preservan una cultura ancestral caracterizada por el trabajo del tejido, la talla de máscaras y la defensa de sus tradiciones, que incluyen festividades y reuniones comunitarias. El idioma brunca, aunque en riesgo de desaparición, sigue presente en sus expresiones culturales.

La vida en estas zonas rurales implica retos como el acceso limitado a servicios básicos y a oportunidades educativas, circunstancias que forman parte del día a día de la mayoría de los jóvenes indígenas del país.

El caso de Juan destaca por su historia de superación. Durante su infancia, caminaba largas distancias para asistir a la escuela y muchas veces lo hacía descalzo, según declaraciones a medios locales. Durante sus primeros años de estudio fueron los más difíciles según su testimonio debido a que caminaba tres kilómetros desde casa al centro escolar. Su dedicación al estudio le permitió avanzar en el sistema educativo, a pesar de las limitaciones económicas y de infraestructura que enfrenta su comunidad. La obtención de la beca representa un logro personal y un reconocimiento a su esfuerzo académico, ya que fue seleccionado entre numerosos aspirantes de todo el país.

La participación de Juan en el campamento científico es un hito para la representación indígena costarricense en espacios internacionales. El evento reunirá a decenas de jóvenes de diferentes nacionalidades con el objetivo de impulsar el interés por las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Durante su estadía, los participantes desarrollarán proyectos, asistirán a talleres y tendrán la oportunidad de interactuar con expertos de diversas ramas científicas.

La comunidad brunca mantiene una fuerte conexión con su entorno natural, fomenta el respeto por la tierra y los saberes tradicionales. Entre sus costumbres más visibles se encuentra la Fiesta de los Diablitos, una celebración anual que simboliza la resistencia cultural y la identidad del pueblo brunca. La elaboración de máscaras y la práctica de danzas propias forman parte del legado que transmiten de generación en generación. A pesar del avance de la modernidad, las familias brunca procuran que los niños y jóvenes mantengan vivas estas expresiones, aun cuando deben desplazarse a centros educativos distantes.

La historia de Juan también pone en relieve las barreras que enfrentan los estudiantes indígenas en Costa Rica. La distancia, la falta de recursos y las condiciones del entorno rural dificultan el acceso a una educación de calidad. No obstante, la perseverancia y el apoyo familiar han sido claves para que el joven avance en sus estudios.

Su presencia en el campamento científico representa un ejemplo de inclusión y diversidad en espacios de aprendizaje global.

El viaje de Juan Mesac se ha convertido en motivo de orgullo para su familia, su comunidad y el sistema educativo nacional. La beca que obtuvo cubre los gastos de traslado, alojamiento y materiales, lo que le permitirá concentrarse en su formación académica y en el intercambio con otros jóvenes.

La reconocida Catarata Río La Fortuna en Costa Rica alcanzó por primera vez uno de los máximos reconocimientos internacionales en turismo al ingresar al exclusivo 1% de las mejores atracciones del planeta, según la plataforma de viajes Tripadvisor.

El destino costarricense fue incluido dentro de la categoría “Travelers’ Choice Best of the Best 2026”, distinción reservada únicamente para los lugares mejor calificados por millones de viajeros alrededor del mundo.

La selección se realizó entre más de ocho millones de destinos registrados en Tripadvisor y posiciona a la catarata costarricense junto a destinos icónicos como Bali, Londres, Dubái, París, Roma, Marrakech y Nueva York.

Reconocimiento basado en millones de viajeros

El premio toma en cuenta las reseñas y calificaciones recopiladas durante un periodo de 12 meses, donde los turistas evalúan aspectos como la belleza escénica, la calidad del servicio, la experiencia general y el valor del destino.

Actualmente, la Catarata Río La Fortuna recibe en promedio cerca de mil visitantes diarios provenientes de países como Francia, España, India, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia y México.

“Hace 25 años visitar la Catarata Río La Fortuna era toda una odisea. Sin senderos definidos, apenas con bejucos para sostenerse, cruzábamos quebradas y regresábamos empapados, pero siempre con la certeza de haber vivido algo único y hermoso”, comentó José Eduardo Jiménez Vásquez, gerente del sitio turístico.

Según explicó, con el paso de los años la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT) realizó inversiones para mejorar la infraestructura y garantizar una experiencia más accesible y segura para los visitantes.

Actualmente el recorrido cuenta con senderos trazados, puentes dentro del bosque, zonas de hidratación y medidas de seguridad distribuidas en todo el trayecto.

Un destino natural con múltiples experiencias

Además de la famosa caída de agua de 70 metros, el lugar ofrece restaurante, cafetería, heladería, coctelería, tiendas de souvenirs, vestidores, sanitarios, lockers y parqueos.

El sitio también dispone de un ranario, un jardín de mariposas y un pequeño hotel de abejas mariolas, además de espacios ideales para el avistamiento de fauna silvestre como perezosos, tucanes, pizotes, guatusas y distintas especies de aves.

Los visitantes pueden incluso bañarse en las pozas naturales al pie de la catarata y observar peces dentro del río.

“Estos detalles nos han permitido recibir reconocimientos de Tripadvisor en 2024 y 2025, ubicándonos entre el 10% de los destinos más recomendados. En 2026 alcanzamos el 1% de preferencia mundial”, añadió Jiménez.

Turismo que impulsa a la comunidad

ADIFORT, organización encargada de administrar el sitio, aseguró que el reconocimiento también valida el modelo de economía social que impulsa la asociación.

Según detallaron, el 100% de los excedentes generados por la catarata se reinvierte en proyectos comunales y programas de desarrollo local en La Fortuna.

“Nos sentimos sumamente complacidos porque es el premio a un esfuerzo sincero, a una visión que busca mejorar la calidad de vida del distrito”, expresó el gerente.

Entre las iniciativas impulsadas con esos recursos se encuentran ayudas sociales, becas estudiantiles, apoyo a escuelas y proyectos comunitarios.

Puente de cristal sería el próximo gran proyecto

Como parte de los planes futuros, ADIFORT analiza la viabilidad de construir un puente de cristal de 437 metros de longitud para atraer nuevos mercados turísticos.

Además, la organización desarrolla proyectos de conservación y recreación en una propiedad conocida como Siete Ríos.

La Catarata Río La Fortuna se ubica a cuatro kilómetros del centro de La Fortuna de San Carlos. Para llegar al pie de la caída de agua los visitantes deben descender 530 escalones, trayecto que incluye zonas de descanso, miradores y abastecimiento de agua potable.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este sábado que investiga un brote de enfermedad transmitida por alimentos que ha dejado más de 80 personas con cuadros de diarrea y un total de 9 casos confirmados de salmonela. El foco preliminar del brote se asocia a un establecimiento comercial ubicado en Ciudad Colón de Mora, donde se dispuso el cierre temporal del local como medida preventiva y de seguridad, según información oficial del Ministerio de Salud.

De acuerdo con datos de la cartera sanitaria, 83 personas han presentado síntomas de diarrea, 43 casos permanecen bajo investigación como sospechosos de intoxicación alimentaria y 25 afectados reportaron haber consumido alimentos en el establecimiento actualmente bajo análisis. Autoridades confirmaron que los laboratorios identificaron nueve casos positivos de salmonela, lo que llevó a intensificar los controles epidemiológicos en la zona.

De igual manera, el Ministerio de Salud sostuvo que el cierre del local se mantendrá hasta que concluyan las inspecciones y se verifiquen las acciones correctivas exigidas. “Como medida preventiva, se ordenó el cierre temporal del local mientras avanzan las investigaciones y se verifican acciones correctivas”, comunicó la cartera.

Refuerzo de controles sanitarios y recomendaciones para prevenir nuevos contagios

Actualmente, los equipos técnicos de la Dirección de Vigilancia de la Salud recopilan muestras, revisan las condiciones de almacenamiento de alimentos y supervisan el cumplimiento de las normativas para manejo de productos perecederos. Además, la investigación cuenta con la participación de distintas entidades estatales e incluye análisis de laboratorio para determinar el origen exacto del brote.

La cartera estatal reiteró la importancia de reforzar las medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Entre las principales recomendaciones dirigidas a la población, el ministerio enumeró: lavado frecuente de manos, cocción completa de carnes y pollo, refrigeración adecuada de alimentos y evitar la contaminación cruzada entre productos crudos y cocidos. Además, instó a consumir únicamente alimentos en establecimientos que mantengan controles sanitarios vigentes.

De acuerdo con la información oficial, quienes presenten diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, especialmente si han consumido alimentos en la zona de Ciudad Colón de Mora, deben acudir cuanto antes al centro de salud más cercano. “Si presenta diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, especialmente si consumió alimentos en la zona, acuda oportunamente al centro de salud más cercano”, reiteró Salud en su comunicado.

La vigilancia epidemiológica permanece activa, y el área de salud continúa con la recolección de información y el seguimiento a los afectados. El brote ha impulsado la coordinación interinstitucional para asegurar que los protocolos de higiene y seguridad alimentaria se cumplan en la zona, mientras se mantiene la alerta en establecimientos comerciales y restaurantes que operan en el distrito de Mora.

Por ahora, la información se actualizará conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio. El Ministerio de Salud mantiene abiertas las líneas de comunicación para reportes de casos y consultas de la ciudadanía y reitera la recomendación de no automedicarse ante síntomas gastrointestinales.

“La investigación continúa en desarrollo y la información podrá actualizarse conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio”, e

El cine centroamericano ha firmado una página dorada en la historia del séptimo arte internacional. En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a la persistencia, las actrices costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, junto a la reconocida estrella mexicana Marina de Tavira (nominada al Oscar por Roma), se alzaron de forma conjunta con el premio a la mejor interpretación femenina en la sección «Una cierta mirada» (Un Certain Regard) del prestigioso Festival de Cannes.

El galardón reconoce el extraordinario trabajo actoral en «Siempre soy tu animal materno», el segundo largometraje de la cineasta costarricense Valentina Maurel. La producción, que ya había hecho historia al convertir a Maurel en la primera realizadora de Costa Rica en entrar en la selección oficial de Cannes, consolida al país como un foco emergente de cine de autor con proyección global.

Dado que era la única de las tres actrices presentes en el festival el día de ayer 22 de mayo, Daniela Marín Navarro subió al escenario a recoger el galardón acompañada por la directora. Conmovida por un reconocimiento que la dejó “inundada de emoción”, la intérprete no dudó en dedicar el triunfo a las realidades y desafíos que enfrenta el cine en su país natal.

“¡Que aguante el cine costarricense! Yo sé que a veces es muy difícil hacer cine. En Costa Rica no tenemos suficientes fondos. A veces todo se pone demasiado difícil, pero se puede lograr. Se puede lograr y aquí estamos y todos estamos verdaderamente poniendo una piedra sobre otra. Estoy demasiado feliz”, manifestó Marín Navarro a la agencia EFE tras la ceremonia.

Para la joven actriz, el premio es un tributo a la química lograda en el set: “Es un poco celebrar el trabajo que hicimos las tres en pantalla, es bellísimo”. Asimismo, destacó la importancia de que un festival de la talla de Cannes ponga la mirada sobre producciones que exploran “vínculos complejos” vinculados al amor y la maternidad.

La fuerza de una propuesta colectiva

Por su parte, la directora Valentina Maurel se mostró orgullosa y feliz, reafirmando que el alma de su cinematografía reside en el trabajo con los actores. Maurel calificó a su trío protagonista como mujeres de una “gran generosidad y emocionalmente muy valientes”, capaces de encarnar papeles sumamente intrincados.

A pesar de que los festivales rara vez otorgan premios de actuación compartidos, Maurel consideró que en este caso es una distinción de absoluta justicia:

• Marina de Tavira: Aporta la madurez y solvencia de una actriz con una enorme trayectoria en cine y teatro.
• Daniela Marín Navarro: Quien, a pesar de su juventud, ya arrastra el prestigio de haber sido galardonada previamente en el Festival de Locarno.
• Mariángel Villegas: Quien debuta con paso firme y por la puerta grande en el cine internacional a través de este largometraje.

La directora reflexionó sobre el impacto político y cultural de este hito para la región. Para la cineasta, este premio demuestra que Centroamérica puede exportar narrativas que huyan de los clichés tradicionales.

“Esto viene a confirmar que es posible hacer películas que abarquen los territorios de la intimidad, de la ambigüedad, de la interioridad en Costa Rica; que no sea necesariamente un cine que sea turístico porque es un país turístico”, puntualizó.

Además, recalcó que la región es capaz de romper con el monopolio de las temáticas de violencia: “No tiene que ser un cine centroamericano que solo logre hablar de nuestras crisis y de la violencia en nuestra región, que es real, pero también se puede hacer un cine diferente”.

Una historia de heridas generacionales

Coproducida entre Bélgica, Francia y México, «Siempre soy tu animal materno» caló hondo en el público de Cannes, donde tras su estreno recibió una ovación de cuatro minutos.

La trama sigue los pasos de Elsa (Marín Navarro), una joven un tanto extraviada que regresa a Costa Rica tras cursar estudios en Europa. A su regreso, descubre que su hermana menor, Amalia (Villegas), vive en un alarmante aislamiento dentro de la casa familiar, rodeada de compañías sospechosas y volcada hacia el esoterismo.

Al intentar alertar a sus padres, Elsa topa con la indiferencia: un padre (Reinaldo Amién) distraído por sus conquistas amorosas y una madre (De Tavira) completamente absorta en la reedición de los poemas eróticos que escribió en su juventud.

El resultado es un retrato íntimo y desgarrador sobre las fracturas afectivas intergeneracionales y los lazos, a menudo complejos y asfixiantes, entre madres e hijas. Con este galardón, la cinematografía costarricense no solo se posiciona con fuerza en el mapa internacional, sino que demuestra que la falta de recursos se puede suplir con valentía, rigor artístico y una mirada única.

El Estadio Nacional de San José se vistió de gala, nostalgia y mucho ritmo latino la noche de ayer 22 de nato, miles de almas se congregaron en La Sabana para recibir a uno de los artistas más queridos y vigentes de la música en español: Chayanne. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche no solo estuvo sobre el escenario, sino también entre las butacas de la zona VIP, donde una fanática muy especial acaparó todas las miradas.

La presidenta de la República, Laura Fernández, dejó de lado por unas horas los protocolos y la agenda de Estado para disfrutar, como una seguidora más, del espectacular regreso del “Papá de América” a suelo costarricense.

Desde los primeros acordes de la noche, quedó claro que la mandataria costarricense iba dispuesta a disfrutar la velada al máximo. Vestida de forma casual y con una sonrisa imborrable, Fernández fue captada por los asistentes cantando a todo pulmón y bailando los grandes éxitos que han marcado a fuego la carrera del puertorriqueño.

Los videos de la presidenta disfrutando de temas icónicos como “Dejaría todo”, “Y tú te vas” y, por supuesto, la infaltable y enérgica “Torero”, no tardaron en inundar las redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron completamente virales. Los internautas aplaudieron la espontaneidad de la mandataria, destacando su carisma y el hecho de que, ante el encanto de Chayanne, nadie puede resistirse. La Sabana se transformó en una gigantesca fiesta latina donde la música unió a todo el país.

Pero la mandataria no estuvo sola en esta noche de rumba y romanticismo. Al parecer, la “Chayannemanía” se apoderó de las altas esferas del Gobierno, ya que varias figuras del gabinete presidencial también fueron vistas en el recinto disfrutando del espectáculo.

Entre los asistentes destacados estuvo Arnold Zamora, ministro de Comunicación, quien cambió los comunicados de prensa por los coros de las baladas más famosas de la noche.

También se hizo presente Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública, disfrutando de un merecido momento de esparcimiento en un Estadio Nacional blindado y seguro. A la lista de autoridades se sumó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, quien no dejó pasar la oportunidad de vivir en carne propia el arrollador show del boricua.

Un encuentro exclusivo tras bambalinas

El momento cumbre de la noche para la mandataria ocurrió fuera del alcance del público general. Tras finalizar el concierto, que dejó un gran sabor de boca gracias a las coreografías impecables y la inagotable energía de Chayanne a sus más de 50 años, la presidenta Fernández tuvo la oportunidad de conocer en persona al artista.

Acompañada por su esposo, la gobernante se trasladó al área de camerinos para un encuentro exclusivo con el ídolo de generaciones. Entre risas, felicitaciones por el impecable espectáculo y muestras de mutuo cariño, la pareja presidencial conversó brevemente con el cantante y aprovechó el momento para inmortalizar la noche con varias fotografías oficiales que capturaron la complicidad del encuentro.

Para Costa Rica, la noche de ayer no solo significó el regreso triunfal de uno de los baladistas y bailarines más importantes de la historia de la música latina, sino también una velada donde la política se pausó para dar paso a la música, el baile y la alegría humana. Chayanne demostró, una vez más, por qué sigue siendo el rey de los corazones ticos, incluyendo el de la propia presidenta del país.

Las advertencias por retroceso en derechos humanos en Costa Rica se intensificaron tras el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que alertó sobre restricciones a personas migrantes y a la población carcelaria.

En 2025, el MNPT informó que 200 migrantes deportados desde Estados Unidos fueron alojados en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) en condiciones que, según el organismo, implicaron una privación de libertad de facto y afectaron su salud psicosocial.

El reporte también señaló que el sistema penitenciario costarricense opera con una sobrepoblación del 46.4%: alberga 19,453 personas privadas de libertad y hay centros que alcanzan el 134% de su capacidad, un nivel que, según el MNPT, tensiona los estándares internacionales de trato digno.

Restricciones y riesgos en el sistema penitenciario

En el circuito de alta contención, el MNPT registró un endurecimiento de medidas: eliminación total del acceso a educación y actividades laborales, además de limitaciones a vínculos familiares y a la alimentación.

Para el organismo, esas condiciones convierten a las prisiones en espacios de confinamiento sin iniciativas de reinserción social, con impacto en la reincidencia.

El informe advirtió que, con la prioridad puesta en la contención, las cárceles enfrentan un riesgo de convertirse en entornos torturantes. El MNPT sostuvo que esa orientación compromete derechos básicos de los internos y debilita el objetivo de resocialización.

Migrantes deportados desde Estados Unidos y denuncias por vulneraciones

Sobre el caso del CATEM, el MNPT indicó que el procedimiento prolongó una cadena internacional de vulneraciones y dejó a las personas afectadas en mayor vulnerabilidad.

Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que durante el proceso se afectaron garantías fundamentales, en el marco de traslados y permanencias que no se presentaron como detención formal.

El mecanismo vinculó el deterioro psicosocial reportado con la incertidumbre, el encierro de hecho y la ausencia de condiciones adecuadas para una atención integral, según su evaluación del dispositivo de alojamiento temporal.

Nuevas políticas y megaproyecto penitenciario

Ante la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado, la presidenta Laura Fernández anunció una “reforma profunda” del Estado. Entre las medidas, incluyó la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una cárcel inspirada en el modelo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la obra registra un avance del 36%, proyecta una capacidad de 5,100 internos y un costo de USD 35 millones. Fernández planteó que el complejo servirá para aplicar “mano dura” frente a la delincuencia.

En ese contexto, la presidenta vinculó la iniciativa con el aumento de los homicidios: alrededor de 900 por año, y un 70% atribuido al narcotráfico. El MNPT, por su parte, advirtió que la orientación punitiva y las restricciones excesivas pueden agravar la vulnerabilidad de personas migrantes y privadas de libertad en lugar de resolver de fondo la dinámica delictiva y migratoria.

Las oportunidades de formación técnica comenzarán a llegar con más fuerza a la Zona Sur de Costa Rica. El Instituto Tecnia anunció la apertura de 130 becas para programas especializados en Pérez Zeledón, una iniciativa que busca acercar opciones reales de estudio y empleo a personas fuera del Gran Área Metropolitana.

La convocatoria incluye capacitaciones en mecánica básica de vehículos livianos, servicios en hotelería y turismo, y plataformista de servicios administrativos, áreas que actualmente mantienen alta demanda de personal en distintas regiones del país.

El proyecto busca responder a una problemática recurrente en zonas alejadas de la capital: la limitada oferta de formación técnica y las dificultades que enfrentan muchas personas para trasladarse o acceder a estudios especializados.

“Muchas personas tienen disposición de trabajar y desarrollarse profesionalmente, pero enfrentan barreras relacionadas con acceso a formación o ubicación geográfica. Este tipo de iniciativas acerca oportunidades reales de capacitación a comunidades que requieren más alternativas para acceder al mercado laboral”, señaló Alejandra Vargas.

Los cursos serán impartidos directamente en Pérez Zeledón mediante modalidades presenciales e híbridas, permitiendo mayor flexibilidad para estudiantes que trabajan o viven en comunidades alejadas.

La oferta académica contempla un técnico en mecánica básica de vehículos livianos con duración de cinco meses en modalidad presencial; un programa en servicios de hotelería y turismo de seis meses en modalidad híbrida; y un técnico en plataformista de servicios administrativos de cuatro meses también bajo modalidad híbrida.

La apertura de estas becas ocurre en un contexto donde el mercado laboral costarricense mantiene una creciente necesidad de perfiles técnicos y operativos especializados.

Según datos del Programa Estado de la Nación correspondientes a 2025, áreas relacionadas con servicios administrativos, soporte operativo, mantenimiento técnico, logística y turismo figuran entre las ocupaciones con mayor demanda de talento en regiones fuera de la GAM.

A esto se suma un informe de ManpowerGroup que advierte que siete de cada diez empleadores en Costa Rica reportan dificultades para encontrar personal calificado.

Para Tecnia, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer programas orientados a habilidades prácticas y rápida inserción laboral, especialmente en regiones donde las oportunidades educativas suelen ser más limitadas.

“El mercado laboral requiere cada vez más perfiles técnicos con habilidades prácticas y capacidad de adaptación. Los programas fueron diseñados a partir de necesidades reales del sector productivo y buscan generar herramientas concretas para acceder a empleo formal”, agregó Vargas.

La organización ya ha desarrollado programas similares en zonas como San José, Puntarenas, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Cartago, Grecia y San Ramón, enfocándose en capacitación aplicada y formación vinculada con sectores productivos estratégicos.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de mayo de 2026, llenando el formulario https://bit.ly/Pre-Selección_TECNIA2026 y las personas interesadas deberán cumplir requisitos básicos como ser mayores de edad, contar con sexto grado aprobado y tener disponibilidad para asistir a clases.

El Instituto Tecnia indicó que el objetivo principal es ampliar el acceso a oportunidades de capacitación en regiones donde históricamente la población ha tenido menos acceso a formación técnica especializada y, por ende, menores oportunidades de inserción laboral.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) reforzó su llamado a la prevención ante la posible llegada de El Niño en el segundo semestre de 2026, un escenario que podría reducir las lluvias entre 10% y 30% y elevar las temperaturas entre 0,5 y 1 °C en Costa Rica, con impacto previsto sobre el agua, la producción agropecuaria y el precio de productos básicos, según la Red de Estaciones Meteorológicas del Programa de Laboratorios y de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN)

La advertencia se apoya también en señales ya observadas fuera del Valle Central. La vertiente del Caribe presenta condiciones de sequía por el déficit acumulado en la primera parte del año, mientras que Guanacaste aparece como la provincia más expuesta a temperaturas por encima de lo habitual, de acuerdo con el IMN.

La respuesta directa de la universidad apunta a tres frentes: cuidar el agua, reducir el consumo energético y seguir información oficial del IMN. La institución sostuvo que la preparación ciudadana puede amortiguar los efectos de un fenómeno que amenaza la productividad agrícola y la disponibilidad de pasturas para el ganado.

La reducción de lluvias pondría presión sobre el agua y la agricultura

La docente y meteoróloga del Programa de Laboratorios Melissa Chacón Gómez explicó que el acceso al agua figura entre los principales retos que plantea El Niño. Al presentar el llamado de la UNED, afirmó: “Queremos reforzar el llamado a la prevención, promoviendo el uso responsable de los recursos y la capacitación comunitaria en resiliencia climática”.

Chacón enfatizó que el fenómeno trasciende el plano meteorológico y entra en la vida cotidiana. “Este evento nos recuerda que el agua es un recurso limitado y vulnerable, no se trata solo de un asunto técnico, sino de un desafío que afecta directamente la vida cotidiana de las personas, desde el acceso al agua potable hasta la producción de alimentos”.

La universidad vinculó el déficit de precipitación con efectos concretos sobre la economía doméstica y rural. Según la UNED, la caída de lluvias y el aumento de temperatura pueden reducir la productividad agrícola, comprometer la disponibilidad de forraje para el ganado y encarecer productos de la canasta nacional.

En el plano práctico, las recomendaciones difundidas por la académica abarcan el uso racional del agua, la prevención en agricultura, el ahorro energético, la reducción del riesgo de incendios forestales y medidas de salud frente al calor. Entre ellas figuran reparar fugas, cerrar el grifo durante tareas cotidianas, reutilizar agua cuando sea posible y regar jardines o cultivos en la madrugada o en la noche.

Para el sector agropecuario, la orientación de la UNED incluye ajustar calendarios de siembra con base en boletines agroclimáticos del MAG y del IMN, diversificar cultivos e incorporar sistemas de riego más eficientes como el goteo o la microaspersión. La institución también pidió participar en capacitaciones organizadas por el MAG y la universidad.

La red de 17 estaciones meteorológicas aporta datos para la prevención local

Chacón destacó que la universidad dispone de 17 estaciones meteorológicas automáticas que permiten el monitoreo preciso de las condiciones atmosféricas y generan información útil para investigación, educación y sectores como agricultura, turismo y salud. Esa red produce datos abiertos orientados a enfrentar sequías y mejorar la preparación local.

La estrategia de prevención también se apoya en alianzas institucionales. La universidad informó que consolidó trabajo conjunto con el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica, la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Sarapiquí para ampliar el alcance de la información y de las acciones preventivas en comunidades.

Las recomendaciones sobre energía incluyen reducir el uso de aire acondicionado, preferir ventilación natural, sustituir bombillos incandescentes por luces LED, desconectar aparatos que no estén en uso y aprovechar la luz natural en hogares y oficinas. En zonas secas, la universidad pidió evitar quemas agrícolas y fogatas, avisar de inmediato al 9-1-1 ante cualquier foco de incendio y participar en brigadas comunitarias organizadas por SINAC y la CNE.

En materia de salud, la orientación divulgada por la academia indica mantener hidratación constante, evitar exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y protector solar, y prestar atención especial a niños y adultos mayores por su mayor vulnerabilidad al calor extremo. Chacón señaló que el objetivo de estas acciones es reforzar el compromiso de aportar ciencia aplicada y confiable para enfrentar los retos del fenómeno de El Niño.

Un total de 272 personas sufrieron amputaciones en Costa Rica durante el primer trimestre de 2026 como consecuencia de accidentes laborales y de tránsito, según datos de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros.

La mayoría de los casos estuvo relacionada con emergencias laborales cubiertas por el Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo (RT), que acumuló 222 amputaciones en apenas tres meses, consolidándose como la principal causa de este tipo de lesiones severas en el país.

Por su parte, el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) registró 49 casos asociados a accidentes de tránsito, mientras que el seguro de Responsabilidad Civil reportó un caso adicional.

Las cifras encendieron las alertas dentro del Instituto Nacional de Seguros (INS), que hizo un llamado a reforzar las medidas preventivas tanto en centros de trabajo como en carretera.

“Detrás de cada una de estas cifras hay personas y familias cuya vida cambió por completo tras una lesión severa. Por eso es fundamental fortalecer la prevención, promover espacios de trabajo más seguros y fomentar una conducción responsable que ayude a evitar este tipo de situaciones”, afirmó Kenneth Rojas, Director General de la Red de Servicios de Salud del INS

De acuerdo con el reporte, las amputaciones más frecuentes fueron en falanges, con 138 casos registrados. También se contabilizaron lesiones severas en dedos del pie, piernas, fémur, manos y brazos.

Las autoridades señalaron que este tipo de accidentes suele generar consecuencias permanentes tanto a nivel físico como emocional y económico, debido a los largos procesos de rehabilitación y adaptación que enfrentan los pacientes.

Uno de los casos más recientes es el de Josué Villalobos, quien perdió su pierna derecha mientras atendía una emergencia durante una actividad pública.

Según relató el oficial, el accidente ocurrió el pasado 21 de marzo mientras intervenía en una riña y colaboraba en la persecución de un sospechoso.

“Mientras cruzaba la calle para abordar la patrulla y brindar apoyo, fui atropellado accidentalmente por un compañero que participaba en la persecución, lo que provocó la amputación de mi pierna”, contó Villalobos.

El policía municipal fue dado de alta recientemente, aunque continuará bajo seguimiento médico por parte del INS mediante citas de ortopedia, terapia física, trabajo social y procesos de rehabilitación.

La Red de Servicios de Salud del INS explicó que la atención para personas amputadas incluye acompañamiento integral desde el primer momento y durante todo el proceso de recuperación.

Los tratamientos contemplan terapia física, terapia ocupacional, apoyo psicológico, rehabilitación especializada y adaptación de prótesis, con el objetivo de facilitar la reintegración funcional, social y laboral de los pacientes.

Especialistas señalan que los accidentes laborales relacionados con maquinaria pesada, herramientas de corte, manipulación industrial y fallas en protocolos de seguridad continúan figurando entre las principales causas de amputaciones en el país.

En carretera, las colisiones de alta velocidad y atropellos también representan un riesgo importante de lesiones incapacitantes permanentes.

El INS reiteró el llamado a empleadores, trabajadores y conductores a reforzar las prácticas de seguridad y prevención para reducir la incidencia de accidentes graves que puedan derivar en amputaciones u otras lesiones irreversibles.

El estudiante Marcel Arrieta Fonseca del Instituto Tecnológico de Costa Rica ganó el premio Judge’s Choice en la iGEM Startups BioHackathon con un proyecto para detectar la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas que, si no se trata a tiempo, puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

El joven, de 21 años y oriundo de Birrisito de Paraíso, integró el equipo BOREALIS junto con Ximena Romero, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México, y Jeancarla Padilla, de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. La propuesta fue distinguida en una competencia internacional centrada en soluciones a problemas reales mediante biología sintética.

Arrieta explicó que los sistemas actuales de detección de la enfermedad de Lyme tienen una tasa de error de entre 40% y 60%. A partir de esa limitación, el equipo diseñó una especie de sensor biológico para identificar si una persona está contagiada.

El proyecto BOREALIS busca detectar la bacteria y mostrar un resultado visual

Según Marcel Arrieta, estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica, el sistema propuesto utiliza células modificadas a las que se incorporan receptores sintéticos creados para reconocer a Borrelia burgdorferi, la bacteria causante de la enfermedad.

Arrieta describió así el objetivo del proyecto: “En términos simples, el proyecto BOREALIS se encarga de trabajar con un sistema de detección para la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas, la misma inserta la bacteria al sistema de las personas y estas personas tienen problemas degenerativos crónicos en el cerebro y en el corazón”.

Sobre el funcionamiento de la propuesta, Arrieta añadió: “Con nuestro proyecto desarrollamos un sistema basado en receptores sintéticos, es decir, antenas que sean capaces de detectar la presencia de la bacteria y saber en qué estado se encuentra la infección. Nosotros vamos a generar, después de la detección, un tipo de estímulo visual que permita a las personas darse cuenta si se encuentran enfermas o no”.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Al inicio suele causar sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, y el tratamiento inmediato favorece una recuperación rápida.

En los Estados Unidos, la causa habitual es la bacteria Borrelia burgdorferi. Se transmite a los humanos por la picadura de garrapatas infectadas, por lo general garrapatas de patas negras o garrapatas de venado, presentes en el noreste, el Atlántico medio, el Alto Medio Oeste y la costa del Pacífico, especialmente en el norte de California.

Estas garrapatas pueden adherirse a cualquier parte del cuerpo, aunque suelen encontrarse en zonas difíciles de ver como la ingle, las axilas y el cuero cabelludo. En general, deben permanecer adheridas más de 24 horas para transmitir la bacteria.

La competencia evaluó ciencia, viabilidad y transferencia tecnológica

La iGEM Startups BioHackathon tenía como objetivo diseñar soluciones innovadoras con biología sintética. Los proyectos se evaluaban por su base científica y por su factibilidad para llegar al mundo real y generar transferencia de tecnología, es decir, convertir una idea surgida en la academia en un emprendimiento con llegada a la industria e impacto en la sociedad.

La competencia se desarrolló de forma virtual, con horarios definidos para talleres, sesiones de networking y espacios de trabajo. Arrieta señaló que ese formato les dio flexibilidad y evitó gastos de transporte y alojamiento, lo que volvió a la experiencia más accesible y concentrada en su propósito.

Para Arrieta, haber sido aceptado en la competencia y luego seleccionado como integrante del equipo ganador también tiene un valor formativo. Sostuvo que este tipo de experiencias les permitió enfrentar situaciones reales, trabajar en equipo y desarrollar habilidades y destrezas profesionales.

Sobre el significado del reconocimiento, Arrieta afirmó: “Ser ganador y representar al TEC es un gran honor y una manera de retribuirle con agradecimiento a esta institución que me ha visto crecer y me ha brindado las herramientas para convertirme en el profesional que alguna vez soñé ser. Este logro representa que la educación pública es la llave del futuro y vale la pena continuar invirtiendo en ella, soy solo uno de los tantos casos de éxito que han sido galardonados a nivel internacional, y confío plenamente en que seguirán siendo muchos más”.

También dejó un mensaje dirigido a quienes comienzan sus estudios universitarios: “Hace cuatro años soñaba con ser el científico que soy hoy, nunca abandonen sus sueños, trabajen y busquen de apoyo en quienes ustedes admiran, tenemos un gran talento en el país y hay espacio para que todos brillemos juntos y alcancemos nuestros sueños”.

Arrieta hizo una mención especial a la profesora Montserrat Jarquín Cordero, directora de la carrera de Biotecnología, y al profesor David García Gómez, fallecido en 2023.

Sobre ambos, dijo: “La profe Monserrat ha sido como una segunda mamá y al profesor David, quien incluso antes de ingresar a la carrera (cuando era estudiante aún del Científico de Cartago) me motivó a perseguir mi sueño de aventurarme en la biología sintética, el ecosistema de iGEM y el desarrollo de proyectos que beneficiaran a la sociedad. El profesor David falleció en 2023, pero dejó una gran huella y motivación en mí, que me sigue acompañando a día de hoy y motivando a alcanzar estas metas”.

Por su parte, Montserrat Jarquín Cordero, directora de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, valoró el premio obtenido por el estudiante. “Marcel, es un estudiante muy capaz y todo lo que se propone lo logra. Le he trasmitido conocimientos, sin embargo, él ha logrado aprovechar cada detalle para ir un paso más allá y cumplir sus metas. Estoy segura de que este premio es uno más en lista de éxitos de su vida”.

Arrieta también se definió como una persona apasionada por la biología sintética y por el desarrollo de sistemas vivos que apliquen principios de la inmunología para ofrecer soluciones a quienes hoy no las tienen. Añadió: “Por ello me encuentro en constante búsqueda de oportunidades que me ayuden a crecer como profesional, generar contactos en el ecosistema global y retarme personalmente para aumentar mis conocimientos y comprensión del tema con los avances más recientes e innovadores”.

Cualquier persona puede desarrollar la enfermedad si la pica una garrapata infectada, aunque el riesgo aumenta entre quienes pasan tiempo al aire libre en zonas boscosas y con hierba, como quienes acampan, hacen excursiones o trabajan en jardines y parques. La mayoría de las picaduras ocurre entre abril y septiembre, cuando estos animales están más activos y hay más permanencia en exteriores, aunque también pueden producirse en otras épocas del año si las temperaturas son más altas de lo habitual.

El Hospital San Juan de Dios anunció el cierre temporal de su Unidad Nacional de Quemados como medida preventiva tras detectar un aumento de pacientes positivos por la bacteria Pseudomonas, una infección que puede afectar especialmente a personas hospitalizadas y con sistemas inmunológicos comprometidos.

La decisión fue tomada luego de que la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalarias identificara un incremento de casos positivos dentro del servicio especializado, pasando de tres a siete pacientes afectados.

Al momento de la alerta epidemiológica, la Unidad de Quemados mantenía internados a 11 pacientes en un área con capacidad total para 16 camas.

La directora general del hospital, María Eugenia Villalta Bonilla, explicó que el cierre temporal busca reforzar el control de infecciones y evitar nuevos contagios dentro del centro médico.

“Estamos actuando de manera preventiva y responsable para proteger a nuestros pacientes y funcionarios. Desde el momento en que se identificó el aumento de casos, se activaron los protocolos institucionales de vigilancia, aislamiento y desinfección”, indicó la funcionaria.

La Pseudomonas es una bacteria oportunista que puede provocar infecciones graves, principalmente en personas hospitalizadas, inmunosuprimidas o con heridas abiertas.

En pacientes con quemaduras, el riesgo aumenta debido a la pérdida de la barrera natural de protección que proporciona la piel.

Especialistas en infectología explicaron que este tipo de bacteria puede encontrarse en ambientes hospitalarios y requiere estrictas medidas de control para evitar brotes intrahospitalarios, especialmente en unidades críticas o de alta complejidad.

Como parte de las acciones implementadas, el hospital mantiene el aislamiento de los pacientes positivos, vigilancia clínica permanente y una limpieza especial acompañada de procesos de desinfección profunda en toda la Unidad Nacional de Quemados.

Además, se suspendieron temporalmente las visitas al área mientras se desarrollan las labores de control epidemiológico.

El hospital también coordinó con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el traslado de pacientes con quemaduras complejas hacia otros hospitales de la red nacional mientras se mantiene vigente la medida preventiva.

Las autoridades recalcaron que, pese al cierre temporal de la unidad, el hospital conserva capacidad para atender emergencias de alta complejidad relacionadas con pacientes quemados.

Según detalló la Dra. Villalta, en caso de presentarse situaciones críticas, el centro médico dispone de espacios habilitados dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos para garantizar atención inmediata.

La situación ocurre en medio de una vigilancia cada vez más estricta sobre infecciones intrahospitalarias en centros médicos, especialmente aquellas asociadas a bacterias resistentes o de alta propagación en ambientes hospitalarios.

La CCSS no detalló cuánto tiempo permanecerá cerrada la Unidad Nacional de Quemados, ya que la reapertura dependerá de los resultados del monitoreo epidemiológico y de las evaluaciones sanitarias posteriores a la desinfección.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó cifras históricas de visitación durante el primer cuatrimestre de 2026, consolidando a Costa Rica como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en la región.

Entre enero y abril de este año ingresaron al país un total de 1,195,271 turistas por vía aérea, lo que representa un aumento del 10.5% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos oficiales procesados por la institución.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, aseguró que el crecimiento responde a una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad aérea y consolidar la presencia del país en mercados prioritarios.

“Los datos de visitación del primer cuatrimestre son alentadores; y si bien somos conscientes del complejo entorno global que estamos enfrentando, mantenemos una perspectiva positiva”, afirmó el jerarca.

Las proyecciones actuales apuntan a que Costa Rica podría cerrar el 2026 con aproximadamente 2.7 millones de turistas internacionales, una cifra que reforzaría la recuperación y expansión del sector tras años marcados por incertidumbre económica global y ajustes en la industria aérea.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el aumento en las operaciones aéreas hacia los dos aeropuertos internacionales del país.

El Aeropuerto Internacional de Guanacaste registró un crecimiento del 14.9% en llegadas internacionales, mientras que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mostró un incremento del 7.9%.

El mercado norteamericano continúa siendo el principal emisor de turistas hacia Costa Rica, con un crecimiento del 11.2% durante el primer cuatrimestre.

Dentro de esa región sobresale especialmente Canadá, país que registró un aumento del 26.6% en el envío de turistas gracias al fortalecimiento de la conectividad aérea permanente hacia ambos aeropuertos internacionales costarricenses.

El ICT también destacó señales positivas desde Europa, particularmente en mercados como España y Países Bajos, donde se reportaron incrementos en la llegada de visitantes.

Según la institución, esta tendencia fortalece la imagen de Costa Rica como un destino seguro, sostenible y atractivo para el turismo europeo, especialmente en segmentos vinculados con naturaleza, bienestar y aventura.

El impacto del turismo continúa reflejándose además en la economía nacional

Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) indican que durante 2025 la actividad turística generó aproximadamente 5,543,7 millones de dólares en divisas, superando incluso los ingresos provenientes de exportaciones tradicionales como piña, banano, café y medicamentos.

Por otra parte, la Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que tanto el año pasado como durante el primer trimestre de 2026 se mantuvo una ocupación promedio superior a las 164,000 personas en actividades relacionadas con turismo.

El empleo asociado al sector incluye áreas como hospedaje, restaurantes, transporte, agencias de viajes y actividades culturales, consolidando al turismo como uno de los principales motores económicos del país.

Pese al panorama positivo, las autoridades reconocen que el sector continúa enfrentando retos asociados a la situación económica internacional, el aumento en costos operativos y la competencia regional por atraer nuevas rutas aéreas y viajeros internacionales.

Ha transcurrido poco más de un mes desde que el dolor y la incertidumbre se instalaron de forma definitiva en el hogar de la familia Merlo Espinoza.

El pasado 9 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica realizó el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven nicaragüense y reconocida tiktoker, quien fue enterrada de forma clandestina en la localidad de Santa Ana.

Por el atroz crimen, que ha conmocionado tanto a Costa Rica como a Nicaragua, las autoridades mantienen en prisión preventiva a su expareja sentimental, señalado como el presunto autor de este femicidio.

Ante la falta de respuestas definitivas y la urgencia de proteger a los miembros más vulnerables de la familia, doña Vilma Espinoza, madre de la víctima, y su hija Mariuris Merlo, se han visto obligadas a emprender un doloroso viaje. Recorrieron más de 650 kilómetros desde San Juan de Río Coco, en Nicaragua, hasta suelo costarricense.

Las motivaciones de estas mujeres son claras y urgentes: exigir que la muerte de Junieysis Adely no quede impune y recuperar la custodia definitiva de las hijas de la joven, unas gemelas de apenas dos años de edad que actualmente se encuentran bajo el resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Para doña Vilma Espinoza, el proceso ha sido devastador. En declaraciones exclusivas para Trivisión, confesó que inicialmente no encontraba las fuerzas físicas ni emocionales para realizar el viaje debido al profundo impacto de la tragedia.

Sin embargo, el motor que la impulsó a cruzar la frontera fue el recuerdo y el amor por sus nietas, a quienes hasta el día de hoy solo conoce a través de la pantalla de un teléfono por videollamadas.

“Aún no me sentía con valor de viajar, pero le pedí al Señor fuerza y lo hice. Es necesario que la muerte de mi hija no se quede impune, que se haga justicia”, expresó conmovida doña Vilma.

La madre de la víctima relató que su hija vivía en Costa Rica con la gran ilusión de criar a sus pequeñas y que siempre le recordaba que ellas eran su principal motivo para salir adelante. Ante los restos de Junieysis Adely, doña Vilma asumió la promesa de velar por el bienestar de las menores.

La familia ha hecho un llamado público a las autoridades costarricenses, dirigiéndose de manera directa a la presidenta ejecutiva del PANI y a figuras del gobierno, apelando a la sensibilidad de género y al entendimiento del dolor materno para que agilicen los trámites que les permitan llevar a las niñas de regreso a Nicaragua.

Temor, incertidumbre y la urgencia de la custodia materna

El viaje no solo ha estado marcado por el duelo, sino también por el miedo. Mariuris Merlo, hermana de Junieysis , reconoció que la familia se encuentra en un estado de constante alerta y vulnerabilidad en Costa Rica. Al tratarse de un caso severo de violencia machista, existe un temor fundado por su propia seguridad física, por lo que han solicitado formalmente apoyo y protección a las autoridades locales.

Mariuris enfatizó que la prioridad absoluta es que las gemelas salgan del albergue institucional del PANI para ser criadas en un entorno familiar sólido.

Asimismo, explicó que el tiempo de permanencia en el país es totalmente indefinido pudiendo extenderse por meses debido a la burocracia y los requisitos legales indispensables para resolver la situación migratoria y de custodia de las menores, quienes poseen la nacionalidad costarricense por nacimiento.

La estrategia legal y el clamor por la solidaridad ciudadana

En el ámbito jurídico, la familia Merlo Espinoza cuenta con la representación del licenciado Joseph Rivera. El abogado detalló que la estrategia inmediata consiste en presentarse ante la Fiscalía o el Juzgado Penal de Pavas para ratificar las denuncias y establecer formalmente a la madre y hermana de la víctima como parte activa en el proceso penal.

Respecto a la situación de las menores, Rivera se mostró optimista tras los primeros acercamientos con los personeros del PANI. Explicó que el principal obstáculo actual es la falta de un domicilio fijo y permanente para la familia en Costa Rica, requisito indispensable para que las trabajadoras sociales de la institución evalúen el entorno y autoricen que las niñas salgan del albergue temporal.

Mientras la tramitología avanza y el Ministerio Público define la apertura del juicio contra el presunto femicida, la familia sobrevive gracias a la solidaridad de los pueblos costarricense y nicaragüense. Con donaciones iniciales de la ciudadanía y hospedajes temporales que vencen de forma inmediata, la permanencia de doña Vilma y Mariuris en el país pende de un hilo, por lo que las plataformas informativas mantienen abiertos los canales de ayuda económica para sostener esta lucha que apenas comienza.

La escalada en la relación entre Costa Rica y Panamá ha generado inquietud en los sectores productivos y empresariales de la región. En este contexto, la Cámara de Comercio de Costa Rica expresó este viernes mediante un comunicado, su apoyo a las gestiones del Gobierno para garantizar el respeto a los acuerdos bilaterales y regionales con el país vecino.

La postura del ente empresarial se reafirma tras la reciente decisión del presidente panameño, José Raúl Mulino, de suspender los planes de venta de energía eléctrica a Costa Rica.

Este giro en el conflicto, que durante años se centró en los productos agrícolas, ahora alcanza el sector energético, amplificando la tensión entre ambos países.

El respaldo de la Cámara se basa en la necesidad de restablecer “condiciones comerciales justas, transparentes y acordes con las reglas internacionales”, según manifestó su presidente, Arturo Rosabal.

La entidad remarcó que resulta esencial defender la seguridad jurídica y fortalecer la relación bilateral, siempre bajo el marco de los tratados vigentes.

Reclamos por las restricciones comerciales

Desde hace varios años, Costa Rica y Panamá mantienen diferencias comerciales que afectan a múltiples sectores.

El comunicado de la Cámara recuerda que las restricciones impuestas por Panamá han limitado el ingreso de productos costarricenses como carne de res, cerdo y pollo, además de lácteos, piña, banano y otros productos de origen animal y vegetal.

Las autoridades de Costa Rica señalan que el bloqueo a sus exportaciones, iniciado en 2020, ha generado pérdidas y obstaculizado el comercio regional.

Como consecuencia, la presidenta Laura Fernández exigió públicamente la intervención de organismos internacionales para presionar a Panamá y lograr la reapertura de estos mercados.

Respuesta política desde Panamá

José Raúl Mulino rechazó las declaraciones de Fernández y afirmó: “La política exterior no se maneja desde púlpitos ni conferencias de prensa, sino con discreción y respeto”, calificando las exigencias costarricenses como “poco prudentes”.

El actual escenario refleja cómo un conflicto que comenzó en el comercio agrícola ha derivado en medidas en el sector energético y en un cruce de declaraciones al más alto nivel.

La Cámara de Comercio de Costa Rica insta a que se privilegie el diálogo y la legalidad para superar la crisis y restablecer el intercambio bajo condiciones equitativas.

En los últimos meses, la relación entre Costa Rica y Panamá se ha visto marcada por decisiones unilaterales y exigencias públicas que han complicado el entendimiento bilateral.

El respaldo del sector empresarial costarricense al Gobierno busca fortalecer la posición del país en un momento donde la seguridad jurídica y la apertura de mercados resultan fundamentales para ambos socios.

La tensión va subiendo de nivel

El presidente José Raúl Mulino anunció el jueves en Panamá que su gobierno no autorizará ventas adicionales de energía eléctrica a Costa Rica mientras escala la disputa comercial entre ambos países, según informó Infobae.

La decisión dejó el conflicto fuera del terreno agropecuario y lo extendió a un área sensible de la relación bilateral.

La crisis se arrastró desde 2019, cuando Panamá impuso restricciones a productos agropecuarios costarricenses como fresas, piñas, bananos, plátanos, carnes y lácteos, de acuerdo con Infobae.

En diciembre de 2024, un panel de la Organización Mundial del Comercio falló a favor de Costa Rica al concluir que las medidas panameñas no estaban basadas en principios científicos suficientes, pero en enero de 2025 Panamá apeló esa decisión.

La presidenta Laura Fernández ordenó al canciller Manuel Tovar emprender acciones diplomáticas internacionales por lo que describió como un bloqueo comercial de Panamá sobre productos agrícolas costarricenses. Fernández dijo: “El tema del bloqueo comercial que nos tiene Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también”.

Mulino endureció la respuesta con el frente energético

Mulino reaccionó a esas declaraciones y dijo que su deber era “proteger a los panameños”, según publicó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá. La frase condensó la posición oficial panameña: el conflicto comercial pasó a ser presentado como una cuestión de defensa de intereses nacionales.

Panamá alegó desde el inicio que las restricciones respondieron a razones sanitarias y fitosanitarias, mientras Costa Rica sostuvo que se trató de un bloqueo comercial injustificado. Esa diferencia definió el núcleo de la disputa y explicó por qué el caso llegó a la OMC.

Costa Rica activó una ofensiva diplomática internacional por las trabas panameñas a sus exportaciones agropecuarias. Panamá respondió con una señal política y económica: mantuvo el freno comercial y cerró, por ahora, la puerta a más ventas de electricidad fuera de los intercambios previstos en el sistema regional.

La creciente incertidumbre internacional provocada por conflictos geopolíticos, crisis energéticas y alteraciones en las rutas marítimas volvió a poner sobre la mesa una preocupación estratégica para el sector agrícola: la alta dependencia de fertilizantes importados y el impacto que esto puede tener sobre la producción de alimentos.

En medio de ese escenario, la empresa costarricense Fertipel, ubicada en Aguas Zarcas, impulsa una propuesta basada en economía circular y producción nacional de fertilizantes organominerales microbiológicos elaborados a partir de materias primas locales.

La iniciativa utiliza insumos como gallinaza compostada y carbón vegetal obtenido de residuos agroindustriales para desarrollar fertilizantes que buscan complementar los esquemas tradicionales de nutrición agrícola y, al mismo tiempo, abrir una discusión sobre resiliencia alimentaria y soberanía de insumos.

Según explicó Juan Sauma, representante de la compañía, la volatilidad de los mercados internacionales puede afectar directamente los costos de producción agrícola en Costa Rica y terminar trasladándose al precio final de los alimentos.

“Costa Rica debe empezar a ver los fertilizantes no solo como un insumo agrícola, sino como un asunto de seguridad alimentaria. Cuando un conflicto a miles de kilómetros puede afectar el costo de producir alimentos en el país, queda claro que necesitamos fortalecer soluciones locales”, afirmó Sauma.

La discusión cobra relevancia en un contexto global marcado por los efectos prolongados de la guerra entre Rusia y Ucrania —dos actores clave en el mercado internacional de fertilizantes—, las tensiones comerciales entre potencias y los altos costos logísticos derivados de la inestabilidad energética y marítima.

Durante los últimos años, productores agrícolas de distintas partes del mundo enfrentaron aumentos abruptos en los precios de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, situación que encareció cultivos y presionó la inflación alimentaria global.

En Costa Rica, donde buena parte de los fertilizantes utilizados en agricultura son importados, las variaciones internacionales impactan directamente a sectores como café, piña, caña, hortalizas y ganadería.

Frente a este panorama, Fertipel plantea una estrategia que combine materia orgánica y componentes minerales para mejorar la eficiencia de nutrientes y recuperar la salud de los suelos, sin abandonar completamente los modelos convencionales de fertilización.

La empresa insiste en que su objetivo no es sustituir de manera inmediata los fertilizantes tradicionales, sino ofrecer una herramienta complementaria que fortalezca la estabilidad del productor nacional frente a factores externos que escapan a su control.

“Costa Rica tiene productores, materia prima, conocimiento e industria para construir soluciones propias. La pregunta es si vamos a seguir dependiendo casi por completo de insumos importados o si vamos a fortalecer alternativas nacionales que le den más estabilidad al productor”, añadió el vocero.

Además de disminuir vulnerabilidades externas, la compañía sostiene que el aprovechamiento de residuos agroindustriales puede generar encadenamientos productivos, empleo rural y nuevas oportunidades de innovación dentro del sector agroindustrial costarricense.

La propuesta también se alinea con modelos de agricultura sostenible que buscan reducir desperdicios y reincorporar residuos orgánicos al ciclo productivo mediante procesos de compostaje y transformación industrial.

Para Fertipel, avanzar hacia una mayor soberanía de insumos agrícolas requiere impulsar investigación aplicada, innovación tecnológica y políticas que favorezcan soluciones locales capaces de coexistir con los modelos actuales de producción.

“Fertipel nace de una idea sencilla: lo que antes era residuo puede volver al suelo como nutrición. En un mundo donde los fertilizantes dependen de guerras, barcos, energía y rutas internacionales, producir localmente es una decisión ambiental, económica y alimentaria”, concluyó Sauma

La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunció este jueves que celebrará el próximo miércoles 27 de mayo un nuevo proceso de elección para los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego de que el anterior Congreso no alcanzó un acuerdo tras seis rondas de votación. La decisión se dio a conocer este jueves y busca poner fin a la vacancia que afecta al alto tribunal desde diciembre pasado.

Según informó la Televisión Legislativa, la actual conformación parlamentaria enfrenta el desafío de cubrir las plazas vacantes que permanecen sin titular desde el vencimiento de los nombramientos en diciembre. La falta de consenso ha llevado a una acumulación considerable de recursos pendientes en la Sala Constitucional, lo que ha generado preocupación sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Nogui Acosta Jaén, diputado de la fracción Pueblo Soberano, manifestó la expectativa de que la votación del miércoles permita resolver el estancamiento: “Esperamos que esta fecha, este 27, podamos, ya sea resolver el tema de una vez por todas o eventualmente decirle a la Corte que no hay acuerdo sobre ninguno de esos miembros y que requerimos una nueva propuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia”, declaró Acosta Jaén en declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

Por su parte, Antonio Trejos Mazariego, representante del Frente Amplio, subrayó la trayectoria de los postulantes y la urgencia de completar el proceso: “Son personas capaces, tienen los atestados, pasaron un proceso de reclutamiento interno y ahora nos toca tomar la decisión. Se va a tomar ojalá el 27 de mayo de este mes y esperemos que podamos darle las herramientas al Poder Judicial porque funcione. Si seguimos saboteando este proceso de nombramiento, si seguimos aletargándolo, echando la bola para adelante, lo único que vamos a lograr es sabotear el trabajo del Poder Judicial”, enfatizó Trejos Mazariego, en diálogo con la Televisión Legislativa.

El reglamento exige que cada candidato obtenga al menos treinta y ocho votos para ser designado como magistrado suplente. En caso de que ningún aspirante alcance este umbral, la Asamblea Legislativa deberá solicitar una nueva lista de postulantes a la Corte Suprema de Justicia e iniciar el procedimiento desde cero.

La demora en la designación ha afectado la capacidad operativa de la Sala Constitucional, una de las instancias clave del sistema judicial costarricense. El tema se mantiene como una de las prioridades del actual período legislativo, en un contexto donde la eficiencia del Poder Judicial y la resolución de recursos pendientes cobran especial relevancia.

“Imagínense qué irónico, aquí que se habla de todas las mejoras que necesita el Poder Judicial y no le damos ni los nombramientos que necesita, que está requiriendo desde hace más de un año”, apuntó Trejos Mazariego, en una de las declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

La sesión del miércoles próximo se perfila como decisiva para el futuro inmediato de la Sala Constitucional y su capacidad para atender la carga de trabajo acumulada. En Costa Rica, el período de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia es de cuatro años y son aptos para ser reelegidos para períodos iguales.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría habilitó este 21 de mayo de 2026 una nueva área de llegadas en su Terminal Internacional para agilizar el ingreso al país, en una obra con la que busca atender el crecimiento sostenido del tráfico aéreo, ampliar la capacidad operativa y mejorar la atención a los pasajeros en el principal punto de entrada a Costa Rica. La apertura coincide con una etapa que AERIS describe como un nuevo hito en la evolución del aeropuerto, cuando se cumplen 25 años de la gestión interesada.

La nueva área de llegadas tiene 3.800 m² y forma parte de la expansión de la Terminal Internacional, un proyecto incluido en el Plan Maestro que suma una inversión de USD 62 millones. Una vez terminada toda la expansión, el aeropuerto añadirá más de 10.000 m² hacia el sector oeste de la terminal aérea.

La infraestructura incorpora espacios ampliados para la inspección de equipaje y para procesos operativos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Aduanas. También suma nuevas áreas para rent-a-car, un centro de negocios y una plaza de encuentro para familiares y pasajeros.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, relacionó la obra con la imagen de Costa Rica hacia el exterior: “El ingreso de un pasajero al país representa uno de los momentos más importantes dentro de su experiencia de viaje. Esta nueva área de llegadas nos permite ofrecer espacios más amplios, eficientes y alineados con el nivel de experiencia que Costa Rica busca proyectar como destino turístico y de negocios. Además, representa un paso importante en el proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria y en el fortalecimiento de la conectividad aérea y el desarrollo económico del país”.

La expansión suma áreas operativas, comerciales y de atención al pasajero

La apertura reorganiza el flujo de pasajeros desde su llegada mediante una distribución más eficiente dentro de la terminal. El objetivo declarado es reducir puntos de congestión y hacer más ordenados los procesos de entrada al país.

La nueva zona, de acuerdo con la información del proyecto, incorpora estándares internacionales de sostenibilidad y eficiencia energética. Entre las mejoras incluidas figuran iluminación LED, sistemas de vigilancia CCTV, nueva señalización y una distribución funcional de espacios.

El diseño prioriza mayor altura interior y sensación de amplitud, junto con áreas de espera más cómodas. Esa configuración busca integrar con más claridad los espacios operativos y comerciales dentro de la terminal del Juan Santamaría.

La ejecución de la obra requirió coordinación permanente entre AERIS y actores de la comunidad aeroportuaria, entre ellos el Consejo Técnico de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Dirección General de Aviación Civil y el OFGI, además de otras autoridades vinculadas con la operación del aeropuerto. Ese trabajo conjunto permitió avanzar con la construcción mientras se mantenía la continuidad operativa y la atención de los pasajeros.

El Gobierno vinculó la obra con la ampliación de la red aeroportuaria

Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, situó la apertura dentro de una política más amplia de infraestructura y turismo: “Este gobierno está comprometido con el sector turismo y el desarrollo de obra pública”.

Zeledón señaló que el Ejecutivo seguirá con la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y con proyectos en otras terminales del país: “Seguiremos avanzando con la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, así como con los aeropuertos de Liberia, Limón y la futura terminal en la Zona Sur, para tener una Costa Rica más conectada y competitiva”.

AERIS indicó que mantendrá inversiones sostenidas, mejora continua de procesos y coordinación con autoridades y actores del sector para fortalecer la operación del aeropuerto. La empresa también sostuvo que la nueva infraestructura busca reforzar la experiencia de viaje desde la principal puerta de entrada a Costa Rica, con una propuesta alineada con la hospitalidad que el país busca ofrecer a quienes ingresan por esta terminal.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó asistir a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, eventos previstos para junio próximo en ese país.

Durante su conferencia de prensa semanal en San José, la mandataria aseguró que no contempla realizar viajes internacionales frecuentes y señaló que actualmente su prioridad está centrada en la agenda nacional.

“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta: yo no me veo como una presidenta viajera. Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo esté montada en un avión”, expresó Fernández ante consultas de la prensa.

La presidenta agregó que, aunque eventualmente deberá realizar algunos desplazamientos internacionales por razones diplomáticas o de Estado, su intención es que esos viajes sean los menos posibles durante su administración.

Fernández, una politóloga de derecha de 39 años, asumió la presidencia el pasado 8 de mayo para un periodo de cuatro años y, hasta ahora, no ha anunciado cuál será su primer viaje oficial al exterior.

Precisamente, uno de los invitados internacionales que asistió a su toma de posesión fue el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en un contexto marcado además por tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Costa Rica y Panamá mantienen desde 2019 una controversia comercial que actualmente se tramita ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En las últimas semanas, el conflicto volvió a escalar con intercambios de declaraciones oficiales y reclamos mutuos entre ambos gobiernos. Este jueves, el presidente panameño, José Raúl Mulino, dio la orden de suspender la venta de electricidad a Costa Rica.

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 22 al 24 de junio en Panamá, mientras que el 22 de junio tendrá lugar la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico impulsado por el libertador Simón Bolívar.

El Congreso Anfictiónico de Panamá, realizado en 1826, es considerado uno de los primeros intentos de integración política regional en América Latina y un antecedente histórico del multilateralismo continental que décadas después daría origen a la OEA.

Para el Gobierno panameño, la coincidencia entre ambos encuentros tiene un fuerte valor simbólico e histórico, razón por la cual la Cancillería extendió invitaciones a distintos jefes de Estado de la región para participar en la conmemoración.

Sin embargo, la ausencia de Fernández no representaría una excepción dentro de la dinámica habitual de la OEA, ya que a las asambleas generales suelen asistir principalmente cancilleres y representantes diplomáticos, mientras que la presencia de presidentes es menos frecuente.

La decisión de la mandataria costarricense también marca una diferencia respecto a otros líderes latinoamericanos que suelen utilizar estos encuentros multilaterales para fortalecer relaciones bilaterales, sostener reuniones diplomáticas o posicionar agendas regionales.

Desde el inicio de su administración, Fernández ha insistido en que su enfoque estará concentrado en temas internos como infraestructura, seguridad, empleo y reactivación económica, áreas que ha señalado como prioritarias para su gobierno.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó este jueves la suspensión inmediata e indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica, una decisión vinculada a las declaraciones de la presidenta costarricense Laura Fernández en medio del conflicto comercial por productos agropecuarios.

Esta medida cobra peso porque el país vecino se prepara para un 2026 atravesado por los efectos de El Niño, con riesgo de sequías y racionamientos eléctricos.

La decisión se conoció horas después de que Fernández anunciara que activaría “todos los mecanismos que estén a su alcance” para intentar levantar el bloqueo panameño a productos costarricenses. El choque bilateral ya había llegado a la Organización Mundial de Comercio, donde un panel falló a favor de Costa Rica en 2024, aunque Panamá apeló esa decisión en enero de 2025.

Mulino explicó en su conferencia semanal que Costa Rica solicitó un mayor acceso a la energía panameña “producto de sus propias necesidades”. Según indicó, ya instruyó al ministro Julio Moltó para comunicar al Instituto Costarricense de Electricidad que “por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”.

La suspensión de electricidad se sumó a una disputa comercial que sigue abierta en la OMC

El mandatario panameño argumentó que la decisión responde al principio de “reciprocidad” en la relación bilateral. “Yo creo mucho en el principio rector de las relaciones internacionales, que es la reciprocidad, y créamelo que esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o tocar a la relación con Costa Rica”, afirmó Mulino.

También criticó la manera en que Fernández llevó el reclamo a la esfera pública. “Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia, eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se hagan “exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos”, dijo.

Mulino detalló que autoridades panameñas y costarricenses ya habían sostenido reuniones para tratar los planes de venta de energía, aunque no brindó detalles sobre esos contactos. Agregó estar “sorprendido” por la reacción del gobierno de Costa Rica.

El trasfondo comercial de la disputa se remonta a 2019 y 2020. Las restricciones panameñas afectan frutas y productos bovinos costarricenses, incluidos lácteos, carne y embutidos. Asimismo, banano, plátano, pollo, cerdo, fresas y piña.

Una de las quejas más precisas del reclamo costarricense es que Panamá mantiene bloqueadas 26 plantas exportadoras. Estas restricciones han sido justificadas por razones de seguridad sanitaria.

Laura Fernández pidió acciones internacionales por pérdidas de “muchos millones”

Laura Fernández, que asumió el cargo el 8 de mayo, ordenó al canciller Manuel Tovar poner en marcha “una estrategia bilateral” y conformar una mesa de trabajo que “tiene que dar resultados”. Pidió públicamente iniciar acciones internacionales contra Panamá por el cierre a productos costarricenses.

La presidenta subrayó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” de su país y definió la resolución de la disputa como una prioridad para su administración. En uno de sus pronunciamientos más severos, afirmó: “No voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla... Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”.

Mulino aseguró que su prioridad es “proteger a los panameños” y responsabilizó también a Costa Rica de mantener bloqueadas durante más de 10 años a “un sinnúmero” de empresas de Panamá. Enfatizó que “la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto”.

El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que Costa Rica no registra casos de enfermedad por virus Bundibugyo, una de las variantes del virus del Ébola que actualmente mantiene en alerta a organismos internacionales de salud debido a un brote activo en África central.

La institución indicó que tampoco existen casos reportados en la región de las Américas y aseguró que, por ahora, el riesgo para la población costarricense continúa siendo bajo. Sin embargo, las autoridades señalaron que mantienen vigilancia epidemiológica constante y pidieron a la ciudadanía reforzar las medidas preventivas.

La advertencia ocurre en medio de la creciente preocupación internacional por la situación que enfrentan la República Democrática del Congo y Uganda, donde se detectó un brote de la cepa Bundibugyo, una variante rara del Ébola para la que actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico aprobado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta mediados de mayo se contabilizaban al menos ocho casos confirmados por laboratorio, 246 casos sospechosos y cerca de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del Congo.

No obstante, reportes más recientes advierten que la cifra podría ser considerablemente mayor. Medios internacionales y organismos humanitarios señalan que el brote ya habría provocado unas 139 muertes y cerca de 600 casos sospechosos o probables entre Congo y Uganda, mientras las autoridades sanitarias continúan investigando nuevas cadenas de transmisión.

La OMS declaró el pasado 16 de mayo la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido al riesgo de expansión regional y a las complejas condiciones en las zonas afectadas.

El brote preocupa especialmente porque se desarrolla en áreas con presencia de grupos armados, desplazamientos masivos de población y sistemas sanitarios limitados, lo que dificulta el rastreo de contagios y la atención de pacientes. Además, el virus ya fue detectado fuera de la zona inicial del brote y se confirmaron casos importados en Uganda.

Las autoridades sanitarias internacionales también han advertido que la enfermedad habría circulado durante semanas sin ser detectada, debido a que la cepa Bundibugyo no suele incluirse en pruebas estándar de Ébola y porque inicialmente se confundió con otras enfermedades hemorrágicas.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas infectadas, como saliva, vómito, sudor, orina o heces. También puede propagarse mediante objetos contaminados, incluyendo ropa, superficies o sábanas expuestas a dichos fluidos. Las autoridades reiteraron que el virus no se transmite por el aire.

Los síntomas pueden aparecer entre dos y 21 días después del contagio. Inicialmente se presentan fiebre, dolor de cabeza intenso, debilidad y dolores musculares. En etapas avanzadas pueden producirse vómitos, diarrea, dolor abdominal, hemorragias y deterioro severo del estado general.

Según la OMS, las tasas de mortalidad de brotes previos de la variante Bundibugyo oscilaron entre el 30% y el 50%, aunque otras cepas del Ébola pueden alcanzar mortalidades mucho mayores.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de Costa Rica informó que se revisan continuamente los protocolos de preparación y respuesta para eventuales casos sospechosos, así como los mecanismos de vigilancia epidemiológica en puntos de ingreso al país.

La institución recomendó mantener medidas preventivas básicas, entre ellas el lavado frecuente de manos, evitar contacto con personas enfermas y reforzar el uso de equipo de protección en servicios de salud.

Asimismo, pidió a la población mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales para evitar desinformación o alarmas injustificadas relacionadas con el virus.

El paso de la onda tropical número tres mantiene bajo alerta verde a la provincia de Limón y a otros cantones del Caribe y de la zona norte de Costa Rica, tras provocar inundaciones que afectaron viviendas, aislaron comunidades y dañaron infraestructura vial, según Teletica y la Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos.

En el cantón de Matina, uno de los puntos más afectados, el agua seguía alta durante la mañana de este jueves en la calle Los Berros y en algunos tramos superaba la rodilla, según mostró Teletica.

La emergencia no se limitó a Matina. Según Teletica, los seis cantones de Limón permanecían en alerta verde, junto con el cantón de Turrialba en Cartago y el cantón de Sarapiquí en Heredia, mientras las autoridades reportaban ríos crecidos, escuelas inundadas, cortes en caminos y comunidades incomunicadas.

En Turrialba hubo al menos tres escuelas afectadas por inundaciones, además de vías bloqueadas por caída de árboles y por el colapso de algunas carreteras cantonales, según Teletica. En el cantón central de Limón, en el distrito del Valle de la Estrella, las autoridades realizaban inspecciones en zonas indígenas donde el desbordamiento de ríos y la caída de árboles dejaron poblaciones aisladas, de acuerdo con Teletica.

En Matina, el agua tardaría hasta cinco días en bajar en algunos sectores

En la calle Los Berros de Matina, una vecina identificada por Teletica como Idania relató que la inundación avanzó en cuestión de minutos y alcanzó primero la rodilla y luego un nivel que le impidió sacar su vehículo. La vivienda, ubicada al final de un callejón, quedó entre las propiedades donde el agua tarda más en retirarse.

Idania dijo al medio Teletica que en ese punto el agua puede durar “tres, cuatro, cinco días" antes de bajar por completo, incluso cuando ya hay sol. También contó que durante la crecida se encontraba sola con su bebé y que no logró mover el carro antes de que el agua lo cubriera.

La afectada explicó al medio Teletica que ya había sufrido pérdidas en una inundación anterior en Matina, cuando perdió televisor, lavadora, ropa y otros bienes.

Esta vez, además del daño en la parte baja de la casa, señaló que teme perder el automóvil, que estaba estacionado en el patio cuando el agua entró a la propiedad.

El reporte de Teletica indicó que varias viviendas de ese sector quedaron prácticamente atrapadas por el nivel del agua. Idania resumió esa situación al medio Teletica: “Aquí no puede uno salir cuando se pone esta agua y llena rápido, aquí no hay salida, pues”.

El desborde de un canal y varios ríos agravó la emergencia en el Caribe

Según Teletica, en la calle Los Berros pasa un canal cercano que se desbordó porque recibe agua del río Barbilla, del río San Miguel y del río Chirripó. La lluvia del martes hizo que ese sistema se saliera de cauce en pocos minutos y cubriera varias casas del sector.

El medio también informó que la situación se repitió en otros cantones de la provincia, entre ellos Siquirres, Talamanca y el cantón central de Limón.

Durante la mañana del reporte no se registraban nuevas lluvias en la zona, lo que permitía que el agua empezara a bajar y que se hicieran visibles los daños dejados por la emergencia, según Teletica.

La afectación se combinó con la situación económica de algunas familias. Idania contó al medio Teletica que su esposo trabajaba en plantas bananeras de la zona atlántica y que fue despedido hace unas semanas, por lo que la inundación empeoró la situación del hogar.

Consultada por sus necesidades más urgentes, Idania pidió ayuda con alimentos y con la posibilidad de ser trasladada a un albergue. “Si viene un albergue que nos lleve, y si no, que nos traiga un bocado de comida, una bolsa, que nos ayude”, dijo al medio.

En Valle de la Estrella ya había personas albergadas y equipos en campo

La alcaldesa de Limón Ana Matarrita en declaraciones dijo que en el distrito del Valle de la Estrella, en el sector de La Guaria, las autoridades habilitaron un espacio para albergar a personas de una zona indígena que quedó aislada por las inundaciones.

Añadió que la unidad técnica de gestión vial estaba en campo recopilando información sobre los daños en la red vial cantonal.

Matarrita mencionó que también estaban activos cuerpos de rescate y otros equipos de respuesta para verificar afectaciones dentro de sus competencias. Ese despliegue, según el reporte, formaba parte del trabajo de los comités municipales de emergencia de los cantones limonenses.

La Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos declaró la alerta verde tras las intensas precipitaciones asociadas al paso de la onda tropical número tres. En la provincia de Limón, la mañana avanzaba sin nuevas lluvias mientras las aguas descendían lentamente y dejaban al descubierto los daños en viviendas, caminos y vehículos.

Un incendio en Curridabat, la noche del miércoles, arrebató la vida de dos adultos mayores dentro de una vivienda de 100 metros cuadrados en el sector de José María Zeledón, 50 metros al este de la piscina municipal, mientras las autoridades investigan por qué comenzó el fuego y cómo quedaron atrapadas las víctimas.

El caso se suma a una secuencia de siniestros que ya dejó tres fallecidos en estructuras incendiadas durante esta semana y a más de 400 incendios registrados en 2026, según informó la periodista de Telenoticias de Teletica desde el sitio.

Las víctimas fueron identificadas por vecinos y por el reporte de Telenoticias como José Luis Sánchez Redondo y Eiby Pineda, ambos de 75 años. Los dos residían en la casa donde ocurrió la emergencia, en un barrio de viviendas cercanas entre sí.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en una estructura de aproximadamente 100 metros cuadrados, de los cuales 80 resultaron afectados por las llamas. Cuatro unidades trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego antes de que alcanzara otras edificaciones cercanas.

Jeffrey Aguilar, bombero de la estación metropolitana sur, explicó al medio Telenoticias que las unidades encontraron una vivienda “comprometida por fuego en un 80% aproximadamente”. También detalló: “Cuando se realizan las labores de búsqueda primaria, que es la prioridad del cuerpo de bomberos, lamentablemente logramos identificar el cuerpo de dos adultos mayores, los cuales no logran salir de la vivienda y son declarados fallecidos en la escena”.

De acuerdo con el reporte de Telenoticias, la mañana de este jueves aún salía un poco de humo de la estructura, aunque el incendio ya estaba controlado en su totalidad. La vivienda permanecía custodiada por oficiales de la Fuerza Pública mientras avanzaban las diligencias.

Las autoridades judiciales coordinaron la investigación y el levantamiento de los cuerpos. Según el reporte televisivo, en estos casos deben intervenir tanto especialistas de ingeniería del Cuerpo de Bomberos como agentes del Organismo de Investigación Judicial, que deben establecer dónde y cómo empezó el incendio y esclarecer por qué las víctimas no pudieron salir.

La periodista de Telenoticias señaló que el trabajo de los bomberos fue rápido y evitó un escenario más amplio en una zona donde las casas están muy próximas. Esa contención impidió que las llamas alcanzaran otras estructuras.

Las autoridades investigan si la causa de muerte estuvo ligada al incendio o fue previa

El mismo reporte de Telenoticias precisó que las autoridades no dan por sentado que las víctimas hayan muerto necesariamente por efecto directo del fuego. Según explicó la periodista, los agentes judiciales deben determinar si fallecieron por otra causa antes del incendio o si murieron a raíz del siniestro.

Ese procedimiento también se aplicó a otros casos recientes. La semana comenzó con un incendio en San Rafael de Heredia en el que murió un adulto de aproximadamente 30 años, según Telenoticias. Un día después se quemaron seis estructuras, aunque en ese hecho no se reportaron personas afectadas en su salud, de acuerdo con el mismo medio.

Durante la transmisión, la periodista de Telenoticias añadió que las autoridades suelen reiterar advertencias sobre el comportamiento de algunas personas atrapadas por el humo y las llamas. Indicó que, en ciertos casos, buscan refugio en la parte trasera de la vivienda o en un baño y abren la ducha para intentar evitar la asfixia o morir calcinadas, pero aclaró que esa no es una conducta recomendada por los equipos de emergencia.

Según el mismo reporte, los bomberos insisten en la necesidad de tener las llaves a mano y contar, si es posible, con una segunda salida. La periodista subrayó que esa alternativa no existe en la mayoría de las estructuras en Costa Rica, según las advertencias citadas en la cobertura.

La casa de José Luis Sánchez Redondo y Eiby Pineda quedó bajo resguardo oficial después del levantamiento de los cuerpos. La investigación quedó en manos de los expertos que deben determinar el punto de inicio del fuego y las condiciones que impidieron a la pareja abandonar la vivienda.

La Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica informó que ha ejecutado más de ₡83 mil millones, equivalentes a USD 158 millones, en los últimos tres años, con un impacto directo e indirecto en más de 1,9 millones de personas en el país. A través de 218 iniciativas conjuntas desplegadas en 2025, el organismo multilateral cubrió el 90% de los cantones y orientó sus intervenciones a la modernización de la infraestructura pública, la protección de poblaciones vulnerables y el fomento de oportunidades económicas inclusivas, de acuerdo con su último Informe de Resultados.

El reporte, titulado Cerrando Brechas para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo, resalta que estos esfuerzos cobran particular relevancia luego de que Costa Rica alcanzara —este mismo año— la categoría de país de ingreso alto, con un ingreso per cápita de USD 15,620, según la oficina local de la organización.

El conjunto de acciones financiadas por Naciones Unidas, detalladas por el coordinador residente Pablo Salazar Canelos al presentar el informe, responde a la necesidad de traducir el crecimiento económico en oportunidades efectivas para la población en condiciones de vulnerabilidad. Según Salazar: “El verdadero desafío comienza ahora: convertir ese crecimiento en oportunidades para quienes históricamente han quedado al margen”. De acuerdo con el organismo, solo en el último año la inversión superó los ₡24 mil millones (USD 47,73 millones), un monto canalizado hacia proyectos que refuerzan la resiliencia climática, la inclusión social y la modernización estatal.

Como parte de los resultados anuales, la ONU reporta que sus intervenciones beneficiaron de manera directa a 1,973,214 personas en Costa Rica a través del despliegue de recursos y alianzas con instituciones públicas y privadas. Entre las áreas de mayor impacto figura la atención a personas en movilidad humana: en 2025, más de 60,000 migrantes accedieron a atención humanitaria y refugio, mientras 54,326 solicitantes de refugio y migrantes regularizaron su estatus legal o recibieron documentación. El Sistema Nacional de Asilo cerró 66,000 expedientes inactivos y gestionó un total de 129,688 trámites administrativos.

Cooperación internacional y énfasis en inclusión social

El programa de Naciones Unidas fue clave en la puesta en marcha de políticas públicas enfocadas en la protección social integral, la equidad de género y la mejora de la movilidad humana. En 2025, la inversión dedicada a estos ámbitos alcanzó USD 11,34 millones, permitiendo que 16,043 trabajadores agrícolas migrantes y sus familias fueran regularizados mediante el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria. En paralelo, se consolidó la protección para mujeres y niñas: 4,000 mujeres en situación de movilidad recibieron servicios especializados y se creó un manual para gestionar casos de violencia basada en género. Además, 500 mujeres y 90 funcionarios fortalecieron sus habilidades digitales, y 50 adolescentes se capacitaron en negociación climática local.

Desde la perspectiva institucional, la ONU acompañó a Costa Rica en la modernización y fortalecimiento de su aparato estatal mediante una inversión de USD 12,46 millones. Esto permitió la consolidación de seis mecanismos formales de coordinación en temas de asilo, migración y género, así como la formación de 500 funcionarios en estándares internacionales de protección. El organismo apoyó el desarrollo de la Política Migratoria, la actualización de la Hoja de Ruta contra el trabajo infantil, y la formulación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial y la Política Nacional de Empleo.

Dentro del enfoque de innovación pública, la entidad implementó una herramienta de Prácticas Inclusivas en Proyectos de Infraestructura Pública en obras clave como la rehabilitación del puente sobre el río Virilla, incorporando barreras anticaídas y mecanismos de prevención de acoso y suicidio. Además, se fortaleció el ecosistema nacional de datos con la adopción de la encuesta MICS Plus en 2026.

Combate a la desigualdad y transición verde

La apuesta por una economía más inclusiva y sostenible se expresó en una inversión de USD 3,68 millones. Entre los logros destaca el fortalecimiento del esquema de fijación salarial y la introducción del Protocolo Costa Rica-El Salvador de migración laboral, que permitió el arribo del primer grupo de trabajadores salvadoreños para cubrir vacantes en el transporte público local. Para el empoderamiento económico de las mujeres, 124 empresas adoptaron los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres y la plataforma Hecho por Mujeres generó ventas superiores a USD 35,000. En materia ambiental, se removieron 95 toneladas de residuos plásticos y se restauraron o mejoraron 9,284 hectáreas en 41 proyectos comunitarios. Además, el país habilitó la primera flota eléctrica de transporte público y aprobó la Ley Tierra para Mujeres.

Para fortalecer la preparación y respuesta a crisis climáticas y flujos migratorios, la ONU destinó USD 20,23 millones. La guía rápida para el abordaje de violencia de género en albergues temporales se implementó en zonas fronterizas y 492 funcionarios fueron capacitados para atender emergencias localmente. El Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) permitió la ejecución de 502 obras públicas críticas integrando criterios de inclusión y reducción de riesgos. En la gestión climática, la formulación de la Política Nacional de Carbono y el desarrollo de su marco regulatorio se combinaron con una reducción del 82% en el consumo de HCFC —sustancias que agotan la capa de ozono— en comparación con 2013.

Eficiencia, alianzas y transparencia

La coordinación de operaciones de Naciones Unidas generó ahorros significativos gracias a sinergias en servicios y compras conjuntas dentro de la Casa de las Naciones Unidas y procesos de negociación con proveedores, estimados en USD 574.000. Como parte de su política de transparencia, la organización ha puesto a disposición del público información en tiempo real sobre sus proyectos en la Plataforma UNINFO.

A lo largo de la última década, la Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica ha intensificado el enfoque en innovación pública y desarrollo inclusivo, convirtiendo al país en referente regional para la implementación de políticas que buscan un crecimiento sostenido donde nadie quede excluido.

La cantante mexicana Gloria Trevi regresará a Costa Rica luego de más de 15 años de ausencia con un concierto que promete convertirse en uno de los espectáculos latinos más esperados del 2026. La intérprete de “Todos me miran”, “Pelo Suelto” y “Con los ojos cerrados” se presentará el próximo 3 de octubre en Parque Viva, como parte de su gira internacional “Gloria Trevi Live Celebration”.

El anuncio generó una ola de expectativa entre los fanáticos costarricenses de la artista, considerada una de las figuras más icónicas y polémicas del pop latino en las últimas décadas.

El espectáculo marcará el esperado reencuentro de Trevi con el público tico después de más de una década sin conciertos en el país.

Una gira cargada de nostalgia, empoderamiento y teatralidad

La gira “Gloria Trevi Live Celebration” recorrerá varios países de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos entre 2026 y 2027. Según la producción, el show será una celebración de la carrera de la cantante mexicana y un recorrido por los temas que marcaron generaciones enteras.

Trevi ha construido una trayectoria caracterizada por el dramatismo escénico, coreografías explosivas, cambios de vestuario y mensajes de libertad y empoderamiento femenino que la convirtieron en una figura irreverente dentro de la música latina.

“Live Celebration en el escenario es la mejor manera de agradecerle a la vida y a mi público por tantos años de amor y resistencia”, expresó la artista.

Durante el concierto en Costa Rica se espera que interprete éxitos como Todos Me Miran, Pelo Suelto, Con los ojos cerrados, Doctor Psiquiatra, 5 Minutos y El Recuento de los Daños.

La artista mexicana es reconocida por mezclar pop, rock y balada con letras cargadas de rebeldía, desamor y superación personal.

Entradas casi que agotadas

Las entradas para el concierto estándisponibles a través de la plataforma eticket Costa Rica, sin embargo, ya varias localidades están agotadas, a solo unas pocas horas del arranque de la venta.

Los precios de las entradas oscilan entre ₡42.500 (94.08 dólares) y ₡72.500 (160.49 dólares), dependiendo de la localidad seleccionada.

Estas son las localidades anunciadas:

• Zona BAC: ₡72.500 (160.49 dólares)
• Zona Diamante: ₡62.500 (138.35)
• Zona Platino: ₡59.500 (131.71)
• Zona VIP: ₡49.500 (109.57)
• Zona Preferencial: ₡42.500 (94.08)

La producción también confirmó el beneficio de Tasa 0 a seis meses para quienes adquieran boletos con tarjetas participantes.

Gloria Trevi: una carrera marcada por éxitos y reinvención

Nacida en Monterrey, México, Gloria Trevi se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de América Latina desde finales de los años 80.

Su estilo irreverente, letras provocadoras y estética rebelde rompieron esquemas en la industria musical latinoamericana, especialmente con canciones como “Pelo Suelto”, que se transformó en un himno juvenil en toda la región.

A lo largo de su carrera, la artista también enfrentó fuertes controversias personales y judiciales que marcaron su imagen pública durante varios años. Sin embargo, logró reconstruir su carrera y mantenerse vigente en escenarios internacionales.

En los últimos años, Trevi ha consolidado nuevamente su presencia en grandes escenarios, agotando conciertos en México, Estados Unidos y España. Incluso, en 2026 alcanzó un récord histórico al convertirse en la artista femenina con más presentaciones en el Auditorio Nacional de México.

Sus espectáculos siguen siendo reconocidos por el alto despliegue visual, la intensidad emocional y la conexión cercana que mantiene con sus seguidores.

Costa Rica se prepara para una noche de nostalgia y fiesta

La llegada de Gloria Trevi se suma a la creciente agenda de conciertos internacionales que tendrá Costa Rica durante el 2026 y que ha despertado entusiasmo entre los amantes de la música latina.

La producción espera una asistencia cercana a las 17 mil personas en Parque Viva, donde la cantante ofrecerá una única presentación en el país.

Además, existe expectativa por la posible participación del bailarín costarricense Michael Rubí dentro del cuerpo oficial de baile de la gira latinoamericana de Trevi.

Con una carrera que supera las tres décadas, Gloria Trevi regresará a Costa Rica dispuesta a convertir Parque Viva en una gran celebración de nostalgia, rebeldía y música pop latina.

El anuncio de Lufthansa sobre el incremento de vuelos entre Frankfurt y San José a partir del 25 de octubre de 2026 consolida el posicionamiento de Costa Rica como destino de alto interés para el mercado europeo y anticipa una mejora significativa en la experiencia de viaje gracias a la incorporación del Boeing 787-9 Dreamliner con la cabina Allegris. La empresa alemana confirmó que la conexión directa pasará de tres a cinco frecuencias semanales durante la temporada de invierno, dando respuesta al aumento sostenido de la demanda y fortaleciendo los vínculos turísticos y comerciales entre ambos países.

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante el primer cuatrimestre de 2026 Alemania se consolidó como el segundo mercado emisor de turistas desde Europa hacia Costa Rica, con más de 34,000 visitantes registrados por vía aérea. El volumen total de viajeros procedentes del Viejo Continente en ese período superó los 190,000 turistas, lo que subraya la relevancia estratégica de incrementar la conectividad directa a través de Lufthansa.

La programación de vuelos cubrirá los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027. La ruta Frankfurt–San José será operada con el Boeing 787-9 Dreamliner, que sobresale por la implementación de la nueva cabina Allegris, una generación de interiores pensada para elevar el confort, la privacidad y la personalización en todos los segmentos de servicio. Esta modernización responde a la tendencia internacional de las aerolíneas por ofrecer experiencias diferenciadas y tecnológicamente avanzadas.

El nuevo producto Allegris, según detalló Alejandro Arias, director de Ventas de Lufthansa Group Passenger Airlines para México y Centroamérica, introduce asientos rediseñados en Primera Clase, Clase Ejecutiva, Premium Economy y Clase Económica. Entre los elementos innovadores se encuentran 38 asientos en clase ejecutiva, áreas más espaciosas, puertas corredizas, sistemas de calefacción y enfriamiento individual en los asientos, acceso directo al pasillo, camas completamente reclinables y pantallas de entretenimiento 4K de 27 pulgadas con Bluetooth y carga inalámbrica. Arias puntualizó: “La personalización y la privacidad son de suma importancia para nosotros y serán una característica única en nuestros vuelos de San José a Frankfurt”.

Costa Rica se fortalece como destino preferido del turismo alemán

La decisión de Lufthansa de ampliar sus operaciones hacia Costa Rica tiene repercusiones directas en la economía local y en la oferta de servicios turísticos. Marcos Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, expresó su reconocimiento al afirmar: “Con este incremento de frecuencias y mejoramiento del servicio con un avión más moderno, el grupo Lufthansa fortalece sus operaciones y nos permite aumentar la conectividad directa con el Viejo Continente, producto del programa de atracción de líneas aéreas del ICT en conjunto con AERIS y las autoridades aeroportuarias”.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, valoró el anunci: “Este aumento de frecuencias por parte de Lufthansa refleja el creciente interés y demanda del mercado alemán hacia Costa Rica, así como el trabajo constante que se ha venido realizando de manera conjunta entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y AERIS para fortalecer la relación con la aerolínea y continuar impulsando la conectividad aérea entre ambos destinos”.

La radiografía del turismo alemán elaborada por el ICT indica que los visitantes provenientes de Alemania permanecen más de 18 noches en promedio en Costa Rica y cuentan con un gasto medio superior a USD 142 diarios. El perfil de estos turistas revela que el 38% viaja acompañado de su pareja, el 32% opta por hacerlo en solitario, el 16% prefiere viajar con amigos y el 14% elige la compañía de familiares.

Las actividades más frecuentes que realiza el turista alemán en suelo costarricense incluyen el disfrute de sol y playa, experiencias al aire libre como senderismo, observación de flora y fauna, visitas a volcanes y deportes como el surf. Además, existe una preferencia marcada por las aguas termales, la gastronomía local y el acercamiento con comunidades autóctonas, consolidando a Costa Rica como un destino de naturaleza y experiencias personalizadas.

Con este aumento operativo y el despliegue de una nueva generación de cabinas, Lufthansa subraya su apuesta por el mercado centroamericano y la vigencia de Costa Rica como uno de los polos de atracción turística más dinámicos de América Latina.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades sanitarias para fortalecer los controles epidemiológicos y la coordinación interinstitucional ante el flujo constante de personas deportadas desde Estados Unidos hacia territorio costarricense.

La advertencia surge en medio de un contexto internacional marcado por brotes y reaparición de enfermedades transmisibles en distintas regiones del mundo, situación que mantiene en alerta a sistemas de salud y organismos internacionales.

Según el Colegio de Médicos, el movimiento de población entre países obliga a reforzar los mecanismos de monitoreo, prevención y atención sanitaria, especialmente mientras persisten casos de enfermedades como el sarampión y otros padecimientos infecciosos que continúan bajo vigilancia epidemiológica.

Costa Rica ha recibido al menos 72 deportados en 2026

La solicitud del gremio médico se da en momentos en que Costa Rica mantiene un acuerdo bilateral con Estados Unidos para recibir personas deportadas de distintas nacionalidades.

El país ha recibido al menos tres vuelos de deportados durante el 2026, con un total aproximado de 72 personas trasladadas desde territorio estadounidense hacia Costa Rica.

Los vuelos forman parte de un mecanismo firmado entre ambos gobiernos en marzo de este año, el cual contempla la llegada semanal de grupos reducidos de migrantes deportados.

Entre las personas trasladadas figuran ciudadanos de países como China, India, Honduras, Guatemala, Brasil, Albania, Marruecos, Camerún, Turquía y Uzbekistán, además de algunos costarricenses deportados desde Estados Unidos.

En 2025, Costa Rica ya había recibido otros 200 migrantes deportados bajo acuerdos similares, según antecedentes recopilados por agencias internacionales.

“Debe verse como una acción preventiva”

El presidente del Colegio de Médicos, Elliott Garita Jiménez, insistió en que el país debe mantener protocolos rigurosos de vigilancia sin que esto se interprete como una medida de alarma o estigmatización.

“Costa Rica debe mantener una vigilancia epidemiológica rigurosa y oportuna, especialmente en momentos donde existen brotes activos y reaparición de enfermedades en distintas partes del mundo. Esto no debe verse desde una óptica de alarma, sino como una acción preventiva y responsable de salud pública”, manifestó.

El especialista explicó que el abordaje institucional debe enfocarse tanto en la protección de la población nacional como en garantizar atención médica adecuada para las personas deportadas que ingresan al país.

Según indicó, muchos migrantes atraviesan largos procesos de traslado y permanencia en distintos puntos migratorios antes de llegar a Costa Rica, situación que podría aumentar riesgos sanitarios si no existen controles oportunos.

Preocupan brotes de sarampión

Entre los escenarios que mantienen bajo vigilancia al gremio médico destacan los recientes brotes de sarampión reportados en varios países, incluidos casos detectados en Estados Unidos.

Costa Rica registró recientemente casos importados de esta enfermedad, situación que encendió nuevamente las alertas sanitarias sobre la necesidad de mantener actualizados los esquemas de vacunación y protocolos epidemiológicos.

“El fortalecimiento de los mecanismos de detección temprana resulta fundamental para evitar riesgos de transmisión”, señaló Garita.

El Colegio de Médicos recordó que durante los procesos de deportación y tránsito internacional ingresan al país personas provenientes de distintas partes del mundo, por lo que consideran indispensable aplicar lineamientos sanitarios acordes con las recomendaciones internacionales vigentes.

Piden coordinación entre Migración y Salud

La organización médica también insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades migratorias y sanitarias para responder de forma más eficiente ante posibles riesgos de salud pública.

Según explicaron, el monitoreo epidemiológico debe sustentarse en criterios científicos y técnicos, evitando mensajes que puedan generar desinformación o discriminación hacia las poblaciones migrantes.

“Las acciones institucionales deben desarrollarse con base en información técnica y coordinación interinstitucional”, indicó el Colegio.

Vigilancia sanitaria y atención humanitaria

El Colegio de Médicos subrayó que las medidas de control epidemiológico no deben desvincularse del respeto a los derechos humanos y la atención digna de las personas migrantes.

Por ello, consideran clave que las autoridades garanticen condiciones adecuadas de atención médica, valoración clínica y seguimiento sanitario para quienes ingresan bajo procesos de deportación.

Además, insistieron en que fortalecer la vigilancia epidemiológica permitirá actuar con rapidez ante eventuales brotes y proteger tanto a la población costarricense como a las personas migrantes.

El Organismo de Investigación Judicial allanó este miércoles el asilo Hogar Manos de Jesús en Cartago, Costa Rica por una investigación sobre presuntos maltratos a adultos mayores, posibles delitos patrimoniales y anomalías vinculadas con la muerte de algunos residentes. En el centro viven entre 75 y 80 personas mayores.

De acuerdo con fuentes judiciales, cerca de la mitad de los residentes recibían subsidio estatal. Esas mismas fuentes indicaron que la valoración médica de los adultos mayores contempla primero su traslado al Hospital Max Peralta y, después, la definición de los hogares a los que serán remitidos; por el momento, tres serán enviados al Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, en Goicoechea.

El operativo comenzó cerca de las 9:00, y sorprendió a familiares, visitantes y vecinos por el despliegue de agentes judiciales, oficiales de la Fuerza Pública y personal de varias instituciones. En las diligencias participaron la Cruz Roja Costarricense, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cartago y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

Entre los objetivos del allanamiento figuran la encargada del centro, varios cuidadores, una trabajadora social, una doctora y el presidente de la junta directiva de la institución. Hasta el momento han sido detenidas cinco personas.

La investigación incluye denuncias por castigos, falta de alimentación y muertes bajo revisión

La investigación se originó hacia finales de 2025, cuando un residente del hogar denunció supuestas irregularidades dentro del centro. Esa denuncia menciona presuntos maltratos físicos y psicológicos, alimentación inadecuada y castigos contra adultos mayores que reclamaban por la vulneración de sus derechos.

La investigación precisa, que a algunos residentes “no se les alimentaba de la manera idónea, además si los adultos mayores realizaban reclamos cuando se violentaban sus derechos, los dejaban sin comer e incluso los encerraban en un cuarto de castigo por una semana o más tiempo”.

Uno de los focos principales de las autoridades judiciales es aclarar el fallecimiento de algunos residentes del lugar. El objetivo es determinar si existió alguna actuación que pueda considerarse delictiva.

Las autoridades también investigan aparentes agresiones y posibles condiciones irregulares en las que habrían permanecido algunos adultos mayores dentro del asilo.

Un familiar relató restricciones, silencio institucional y sospechas sobre el trato a su madre

Cinthia Ortega contó que su madre, Blanca Solano, está internada en el hogar intervenido por las autoridades. Solano tiene 68 años y entró al centro en noviembre de 2024; cuatro meses después, su familia comenzó a detectar irregularidades, según el mismo testimonio.

Ortega relató que sus sospechas comenzaron durante una visita, a partir del comentario de otro residente: “En una visita se acercó un señor y dijo: ‘¿Blanquita por qué no habla?’. Eso mismo pensé. Luego el señor agregó: ‘Es que a doña Blanca le pegan, la maltratan’. Quedé impresionada y pregunté por qué hacían eso con mi mamá”.

Sobre la decisión de denunciar, Ortega agregó: “Se lo comenté a mi hermana. Ella se movió con las autoridades y ahora estamos en esto. Ojalá lo cierren, porque son muchos los adultos mayores que sufren”.

La mujer también describió lo que observó en el estado de su madre y la respuesta que recibió del personal del asilo. “Nos ha dolido mucho ver esta situación, porque desde el primer día que vine a visitarla sentí que algo pasaba”.

En esa misma declaración, Ortega afirmó: “Ella no hablaba, no caminaba y permanecía encogida. Yo decía: ‘¿Qué está pasando?’. Pedimos explicaciones sobre lo que ocurría, pero no nos quisieron decir nada”. También aseguró: “En las visitas nos prohibieron ingresar celulares y tampoco nos informaban sobre su estado de salud”.

Según su relato, al principio las visitas duraban una hora y en ese periodo no había advertido con claridad lo que ocurría. Más tarde, tras escuchar la acusación de otro adulto mayor, percibió “mucha vigilancia” y “un constante movimiento de empleados de un lado a otro”.

Las diligencias continúan mientras las autoridades recogen documentos, realizan entrevistas e inspeccionan permisos de funcionamiento del centro.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, debutó este miércoles con un nuevo formato de conferencias semanales desde Casa Presidencial, en una jornada cargada de anuncios políticos, económicos y de infraestructura, donde el tema central fue el avance del proyecto del tren eléctrico “Tibby”, recientemente aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Fernández aprovechó su primera conferencia de prensa de los miércoles para marcar el tono de su administración: confrontación con proyectos anteriores, defensa de la obra pública y presión política para acelerar iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno.

La actividad arrancó con un mensaje contundente sobre el financiamiento del tren eléctrico, proyecto que recibió respaldo unánime de los 57 diputados y que, según la mandataria, representa una solución histórica para los problemas de congestión vial en la Gran Área Metropolitana.

“Es un día de alegría para todo el pueblo de Costa Rica. Hoy vamos a firmar esta importante ley que le va a dar los recursos al INCOFER para poder tener en el menor tiempo posible esta solución a las grandes presas”, afirmó Fernández durante el acto oficial de firma junto al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, y el presidente ejecutivo del INCOFER, Álvaro Bermúdez.

El Gobierno aprovechó además para lanzar críticas contra el proyecto ferroviario impulsado en la administración anterior por la hoy diputada Claudia Dobles. Durante uno de los videos proyectados en la conferencia, se desmintieron varios cuestionamientos hechos por Dobles sobre el plan “Tibby”, particularmente relacionados con tarifas, pasos a desnivel y costos por kilómetro.

Según los datos expuestos por el Ejecutivo, el nuevo proyecto tendría un costo de 800 millones de dólares para 52 kilómetros, frente a los 1,500 millones de dólares que habría requerido el tren planteado por la administración anterior para 86 kilómetros.

Fernández aseguró que el nuevo Congreso ha mostrado “vientos de cambio” y celebró la relación política con la actual Asamblea Legislativa, liderada por la bancada oficialista y la presidenta legislativa Yara Jiménez.

La mandataria incluso estrenó un nuevo segmento denominado “De la mano con el Congreso”, donde el Ejecutivo repasó los proyectos aprobados o avanzados durante las primeras semanas legislativas. Entre ellos destacó el financiamiento del tren eléctrico, programas para reconstrucción de infraestructura afectada por emergencias, recursos para el agro, reformas al PANI y la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.

“¿Se dan cuenta que sí podíamos? ¿Se dan cuenta de lo increíble que es trabajar en equipo cuando se suman fuerzas y nuevos bríos al servicio del pueblo de Costa Rica?”, expresó Fernández.

Durante la conferencia también participó el jefe de fracción oficialista, Nogu Acosta, quien afirmó que “bien valió su voto”, al señalar que el oficialismo ahora cuenta con una mayoría legislativa que permite impulsar proyectos estratégicos del Ejecutivo.

Otro de los anuncios relevantes giró en torno a la economía y el turismo. El Gobierno informó que Costa Rica recibió más de 1,195 millones de turistas por vía aérea durante los primeros cuatro meses del año, lo que representa un crecimiento del 10,5% respecto al mismo periodo del 2025.

Fernández destacó además el aumento en las frecuencias de vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa, que pasará de tres a cinco vuelos semanales hacia Costa Rica.

En materia económica, el Ejecutivo resaltó que el Instituto Nacional de Seguros alcanzó un capital social superior al billón de colones y anunció el impulso de un nuevo seguro paramétrico para productores de café afectados por sequías o exceso de lluvias.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, explicó que este mecanismo permite activar pagos automáticos sin necesidad de inspecciones presenciales cuando se registran condiciones climáticas extremas previamente definidas.

“El agricultor puede pronto tener su dinero y volver a sembrar”, señaló Chacón.

Otro de los momentos más celebrados por el oficialismo fue la actualización sobre el avance de la carretera a San Carlos, específicamente en la llamada “punta sur”, obra que Fernández describió como una deuda histórica con la zona norte y Occidente del país.

Según datos presentados por el MOPT, durante el último mes se removieron 190 mil metros cúbicos de tierra y uno de los tramos ya supera el 73% de excavación. Además, el Gobierno informó sobre la construcción del que sería el viaducto más largo de Costa Rica, con más de 300 metros de longitud.

“Si fuera fácil, otros lo habrían hecho hace mucho. Nosotros decidimos comernos la bronca y estamos cumpliendo”, afirmó uno de los videos institucionales proyectados durante la conferencia.

La jornada también incluyó anuncios sobre pruebas prácticas de manejo sin cita previa en el Estadio Nacional, la restauración del histórico Teatro Variedades y la feria de empleo Talent de PROCOMER, que reunió a más de 11,La400 personas.

Con este nuevo formato semanal, Laura Fernández busca consolidar un espacio permanente de comunicación política y rendición de cuentas, combinando anuncios de Gobierno, propaganda institucional y mensajes dirigidos tanto a la oposición como a la ciudadanía.

Las autoridades locales y los comités de rescate se mantienen en máxima alerta ante la continuidad de las precipitaciones.

Según el informe oficial de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las lluvias constantes han saturado rápidamente los suelos de la Vertiente del Caribe. Los Comités Municipales de Emergencia (CME) reportan incidentes graves en los cantones de Matina, Talamanca y Limón centro.

En el cantón de Matina, la principal preocupación radica en el crecimiento desmedido de los ríos Chirripó, Barbilla y Madre de Dios, los cuales se encuentran cerca de sus niveles máximos. Asimismo, se reporta el anegamiento total de la comunidad de B-Line.

Por su parte, en Talamanca se registran inundaciones en el sector turístico de Cocles y aguaceros torrenciales en la zona fronteriza de Sixaola. En el centro de Limón, el colapso de los sistemas de alcantarillado provocó la inundación de varias vías públicas, dificultando el tránsito vehicular.

De igual manera, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso detallando que la onda tropical #3 se encuentra posicionada directamente sobre el país. Esta condición, combinada con la aceleración de los vientos alisios en el Mar Caribe, ha generado acumulados de lluvia de entre 10 mm y 30 mm en las últimas seis horas, alcanzando máximos extraordinarios de hasta 65 mm en localidades como Turrialba, Sixaola y el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Para el resto de la tarde y la noche, los expertos pronostican que la inestabilidad atmosférica se desplazará hacia otras regiones del país:

• Pacífico Central y Pacífico Sur: Se estiman aguaceros aislados pero de fuerte intensidad acompañados de tormenta eléctrica, especialmente en las zonas costeras durante las primeras horas de la noche. Los acumulados podrían alcanzar los 70 mm.
• Valle Central y Península de Nicoya: Se prevén precipitaciones aisladas y lloviznas, con acumulados inferiores a los 15 mm.
• Zona Norte y Caribe: Se espera que la intensidad disminuya paulatinamente, manteniendo nubosidad variable y lluvias dispersas de menor intensidad durante la madrugada del jueves 21 de mayo.

¿Qué es una onda tropical?

Para comprender la magnitud de los eventos actuales, es necesario entender el fenómeno meteorológico que los provoca. Una onda tropical (también llamada onda del este) es un canal alargado de baja presión atmosférica que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos. Estos sistemas se originan principalmente en el continente africano y viajan a través del Océano Atlántico impulsados por los vientos alisios.

A diferencia de los frentes fríos, las ondas tropicales se caracterizan por transportar una masa de aire extremadamente húmeda e inestable. A su paso, alteran el patrón del viento y favorecen el desarrollo de densos sistemas de nubes cumulonimbos.

Esto se traduce en un aumento drástico de la nubosidad, tormentas eléctricas organizadas, ráfagas de viento y aguaceros torrenciales de corta a mediana duración. En regiones propensas como Centroamérica, el paso de una onda tropical suele ser el detonante principal de inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la rápida acumulación de agua.

Ante el panorama de inestabilidad y saturación de suelos que deja el paso de la onda tropical #3, las autoridades recomiendan a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en sectores propensos a inundaciones debido al riesgo inminente de colapso en sistemas de alcantarillado y desbordamiento de quebradas.

Costa Rica ubicó a cuatro universidades entre las cinco mejores de Centroamérica para 2026, según la evaluación de Quacquarelli Symonds (QS).

La evaluación de Quacquarelli Symonds (QS) es uno de los análisis y clasificaciones de instituciones de educación superior más prestigiosos y utilizados en el mundo. Su objetivo principal es medir y comparar la calidad académica, la investigación y la empleabilidad de las universidades

El listado posicionó en el primer lugar a la Universidad de Costa Rica (UCR), en el segundo al Tecnológico de Costa Rica (TEC), en el tercero a la Universidad Nacional (UNA) y en el quinto a la Universidad Latina de Costa Rica, única privada del país presente en el top 5.

Solo la Universidad de San Carlos de Guatemala interrumpió la hegemonía costarricense en la cuarta posición, de acuerdo con El Financiero.

La solidez actual del sistema universitario costarricense remite a procesos institucionales iniciados en el siglo XX.

La UCR surgió oficialmente en 1940 como respuesta a la ausencia de estudios superiores tras el cierre de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1888.

El impulso reformador del gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y la gestión del ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, sentaron las bases para el liderazgo académico que hoy exhibe el país.

Esta tradición de autonomía y modelos inclusivos consolidó a las universidades públicas como motores de movilidad social y desarrollo científico en Centroamérica.

El análisis de El Financiero recalcó que las universidades costarricenses lideraron en dos rubros clave: reputación académica y empleabilidad.

La UCR retuvo el primer puesto regional por su producción científica y peso histórico. El TEC consolidó su perfil en ingeniería y su colaboración con el sector tecnológico de alto valor agregado, apoyado en su modelo académico inspirado originalmente en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

La UNA ocupó el tercer lugar, destacándose en justicia social y acceso equitativo a la educación mediante sistemas diferenciados de admisión para estudiantes rurales y de colegios públicos.

La Universidad Latina se situó como la privada mejor evaluada del istmo, superando a competidoras históricas de Panamá y Guatemala.

Costa Rica concentra el talento universitario y atrae inversión extranjera

El reciente ranking de QS reveló que solo dos instituciones no costarricenses, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Tecnológica de Panamá, se ubicaron dentro de los siete primeros lugares.

La distancia entre Costa Rica y sus vecinos resultó notoria, puesto que estas posiciones evidenciaron una brecha en calidad educativa y capacidad de inserción laboral de los graduados.

Según el informe, el éxito nacional residió en la convivencia de sistemas públicos robustos y entidades privadas competitivas, potenciados por la autonomía universitaria y la descentralización geográfica.

Lo que ocurrió fue que la UCR, el TEC, la UNA y la Universidad Latina de Costa Rica ocuparon los lugares uno, dos, tres y cinco del ranking elaborado por Quacquarelli Symonds para 2026.

El liderazgo académico costarricense se tradujo en una concentración de talento profesional, lo que consolidó al país como destino de inversiones extranjeras vinculadas a industrias de alto valor agregado y movilidad social ascendente dentro del istmo.

Investigaciones científicas y modelos de admisión diferenciados potencian la influencia académica

La UCR tiene presencia nacional a través de sus Sedes Regionales y fue declarada Institución Benemérita de la Educación y la Cultura en 2001.

El TEC obtuvo su autonomía constitucional en 1975 y en 2012 fue reconocido como Institución Benemérita de la Educación, la Cultura y la Tecnología, además de haber lanzado el primer satélite centroamericano.

La UNA sobresale en áreas como ciencias de la salud y vigilancia volcánica y sísmica, aplicando modelos de ingreso socialmente diferenciados y sumando campus en zonas como Pérez Zeledón y Liberia.

La privada Universidad Latina ratificó su inserción regional, logrando superar en este listado a competidoras panameñas y guatemaltecas tradicionalmente ubicadas en los primeros escalones del sector privado.

Datos de la tabla de QS muestran que la Universidad del Valle de Guatemala se situó en el séptimo puesto y que la fortaleza educativa costarricense se definió tanto por resultados históricos como por el flujo actual de inversión extranjera directa originado en la confianza sobre el nivel de los egresados.

La medición resaltó también el valor de la autonomía institucional como factor clave para la generación de nuevas líneas de investigación e innovación científica, independientes de ciclos políticos inmediatos.

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM), considerada la principal plataforma logística y portuaria de Costa Rica, anunció una inversión de 7 millones de dólares para el año 2026, destinada a infraestructura, modernización de equipos y optimización de procesos operativos.

El anuncio fue realizado por la empresa APM Terminals, filial del conglomerado danés Maersk y concesionaria de la terminal ubicada en Limón, en el Caribe costarricense. La compañía aseguró que las inversiones forman parte de una estrategia para fortalecer la competitividad del comercio exterior del país y mejorar la capacidad operativa del puerto, que en siete años ha movilizado cerca de 29 millones de toneladas de carga.

La terminal se ha convertido en uno de los principales motores del comercio internacional costarricense, especialmente para las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos y Europa, mercados fundamentales para productos como banano, piña, café y dispositivos médicos.

Según datos revelados por la empresa, durante el 2025 la TCM movilizó 1,3 millones de contenedores y exportó más de 6 millones de toneladas de mercancías hacia distintos destinos internacionales. Además, desde el inicio de operaciones en 2019, el puerto ha atendido más de 7,000 embarcaciones, con un promedio cercano a mil buques anuales.

“Estos siete años demuestran que contar con infraestructura moderna y procesos confiables no solo mejora la competitividad, sino que también fortalece la estabilidad del comercio exterior en el largo plazo”, afirmó José Rueda, director general de la terminal.

La inversión anunciada para 2026 estará enfocada en ampliar capacidades operativas, modernizar equipamiento especializado y fortalecer una cultura de mejora continua dentro de la operación portuaria.

La Terminal de Contenedores de Moín fue inaugurada oficialmente en febrero de 2019, luego de un largo proceso de discusión política y sindical en Costa Rica. El proyecto, valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares, fue adjudicado a APM Terminals bajo un contrato de concesión por 33 años.

Su apertura marcó un cambio estructural en la logística marítima del país. Antes de la construcción de la terminal, Costa Rica no tenía capacidad para recibir buques tipo “súper pospanamax”, embarcaciones de gran tamaño utilizadas por las principales navieras del mundo.

Con la entrada en funcionamiento de la TCM, el país comenzó a recibir barcos con capacidad de hasta 8,500 contenedores, permitiendo una reducción en costos logísticos y una mayor competitividad frente a otros mercados de la región.

El puerto opera bajo un esquema automatizado y con funcionamiento continuo las 24 horas del día, lo que ha permitido agilizar procesos de carga y descarga en comparación con los antiguos muelles estatales.

La empresa también destacó que la terminal ha sido clave para sostener la estabilidad de las exportaciones costarricenses en medio de escenarios globales complejos, incluyendo crisis logísticas internacionales, aumentos en costos de transporte marítimo y disrupciones en cadenas de suministro ocurridas durante los últimos años.

El desarrollo de Moín también transformó la dinámica económica de la provincia de Limón, generando empleos directos e indirectos vinculados al comercio marítimo, transporte terrestre y servicios logísticos.

Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de polémica. Desde su concepción enfrentó fuertes críticas de sindicatos portuarios y sectores políticos que cuestionaban la concesión privada de las operaciones portuarias del Caribe costarricense. A pesar de ello, los distintos gobiernos mantuvieron el respaldo al proyecto bajo el argumento de que Costa Rica necesitaba modernizar urgentemente su infraestructura logística.

Actualmente, la TCM concentra buena parte del comercio exterior costarricense y se mantiene como uno de los activos estratégicos más importantes para la economía nacional.

La inversión anunciada por APM Terminals se produce además en momentos en que Costa Rica busca fortalecer su posición como centro regional de exportación y atraer nuevas inversiones internacionales, especialmente en sectores de manufactura avanzada, tecnología y dispositivos médicos.

Especialistas en comercio exterior han señalado en reiteradas ocasiones que la eficiencia portuaria será determinante para sostener el crecimiento exportador del país y competir frente a otros mercados de América Latina.

La donación de leche humana continúa marcando una diferencia en la atención de recién nacidos y bebés vulnerables en Costa Rica. Solo durante el primer trimestre del 2026, un total de 2,445 niños atendidos en hospitales nacionales recibieron leche materna gracias a las donaciones realizadas por madres voluntarias en el país.

La cifra fue dada a conocer por la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, que se conmemora cada 19 de mayo.

Actualmente, el Banco de Leche Materna del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva es el encargado de recolectar, procesar y distribuir este alimento esencial a siete hospitales del país, principalmente para bebés prematuros o con condiciones médicas especiales.

Un alimento vital para bebés prematuros

Las autoridades médicas recordaron que la leche materna representa un recurso fundamental para el desarrollo de los recién nacidos, especialmente en los casos de bebés prematuros, quienes requieren nutrientes y defensas especiales para sobrevivir y desarrollarse adecuadamente.

La doctora Mariela Castro Valverde, coordinadora del programa de lactancia materna del hospital, explicó que actualmente existen 120 donadoras activas, aunque la meta es aumentar significativamente ese número.

“Es indispensable que cada día lleguen más donadoras, ya que debemos crear conciencia sobre la importancia que tiene este alimento, sobre todo para los niños prematuros”, señaló Castro.

El banco de leche abastece actualmente al Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional de Niños, Hospital de Cartago, Hospital Calderón Guardia, Hospital México y Hospital de Heredia, entre otros centros médicos.

La leche donada pasa por estrictos controles de calidad y procesos de esterilización antes de ser entregada a los hospitales, con el objetivo de garantizar seguridad para los bebés que la reciben.

“Donar leche ha sido un privilegio”

Detrás de cada donación existe una historia personal. Angie Román Rocha, funcionaria del Hospital de las Mujeres y donadora desde hace más de un año, aseguró que la experiencia ha sido profundamente significativa.

“Mi bebé ya va para los dos años y para mí el hecho de donar leche ha sido un privilegio”, expresó.

Según explicó la CCSS, las madres que participan en el programa no solo ayudan a bebés hospitalizados, sino que también encuentran tranquilidad al saber que otros niños pueden acceder al mejor alimento posible durante sus primeros meses de vida.

Otra de las donadoras, Daniela Leroy Jara, hizo un llamado a más mujeres para sumarse al programa.

“Considero que uno debe ayudar con lo que puede a los demás”, afirmó.

¿Quiénes pueden donar?

Las autoridades indicaron que los requisitos para convertirse en donadora son relativamente sencillos.

La madre y su bebé deben encontrarse en buen estado de salud, asistir a una entrevista previa y realizarse exámenes de sangre solicitados por el personal médico.

Además, las participantes deben comprometerse con medidas estrictas de higiene y esterilización durante el proceso de extracción de leche.

La CCSS recordó que la leche materna donada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos bebés prematuros o con complicaciones de salud.

Un trabajo silencioso que salva vidas

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el funcionamiento del banco de leche humana implica un esfuerzo conjunto entre personal médico, enfermeras, nutricionistas y madres voluntarias.

Cada frasco donado representa horas de recolección, almacenamiento y procesamiento para garantizar que los bebés hospitalizados reciban alimento seguro y de alta calidad nutricional.

Las autoridades del Hospital de las Mujeres insistieron en que fortalecer la cultura de donación es clave para mantener abastecidos los centros médicos del país.

Para las personas interesadas en convertirse en donadoras, el hospital habilitó información a través del teléfono 2523-5900, extensiones 1073 y 2115.

El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar su nombramiento no está relacionada con las denuncias más mediáticas en su contra, como los señalamientos por presuntas violaciones sexuales o supuestas filtraciones de información judicial.

La reacción del exjerarca se dio horas después de que la Corte Plena avalara de forma unánime la recomendación emitida por la Inspección Judicial, tras un proceso disciplinario en su contra relacionado con aparentes faltas administrativas.

Mediante un extenso comunicado, Zúñiga cuestionó el fallo y afirmó que la resolución “pone a prueba la independencia judicial”.

“El juicio legal cede ante la presión mediática”, expresó.

Niega relación con casos más mediáticos

El exdirector del OIJ insistió en que la sanción impuesta por Corte Plena no guarda relación con los casos más conocidos públicamente durante los últimos meses.

Según explicó, dentro del procedimiento disciplinario no se discutieron los señalamientos difundidos en octubre de 2025 sobre presuntas violaciones sexuales, ni tampoco situaciones relacionadas con Kimberly Araya, Julieta Fernández, Nadia Peraza o los primos Barboza.

“Tampoco se discutió si se habían enviado fotografías de cadáveres o se hubiera alertado sobre allanamientos como se indicó en ese programa”, manifestó.

De acuerdo con Zúñiga, esos procesos continúan en otras vías y el juicio relacionado con esos señalamientos iniciará el próximo 25 de mayo del 2026.

“Solo sancionaron seis cargos”

En el comunicado, el exjerarca aseguró que durante la investigación disciplinaria se le trasladaron 50 cargos, aunque finalmente solo fue sancionado por seis.

Zúñiga defendió que nunca reveló información confidencial y afirmó que las conversaciones por las cuales fue sancionado hacían referencia a hechos que ya eran de conocimiento público.

“No se demostró que mi persona hubiera revelado información secreta, confidencial o desconocida públicamente de previo”, sostuvo.

Además, indicó que las conversaciones cuestionadas estaban relacionadas con información que previamente había sido divulgada por medios de comunicación o mediante vocerías institucionales.

“Lo que se sanciona, en esencia, es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados públicamente”, añadió.

Para ejemplificar su posición, Zúñiga comparó el proceso disciplinario con un juicio penal.

“Esto es como si a una persona lo llevan a juicio por robo, como no logran encontrarlo culpable por esto, entonces lo condenan por evasión fiscal a pesar de que no formaba parte de la acusación”, expresó.

Acudirá a la vía contencioso-administrativa

El exdirector anunció que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la decisión tomada por Corte Plena y solicitar una revisión del proceso.

Según afirmó, buscará que lo actuado sea analizado “con rigor técnico y jurídico”.

Zúñiga también cuestionó la manera en que el caso fue presentado ante la opinión pública y aseguró que existe una intención de afectar la independencia de la policía judicial.

“La institucionalidad democrática exige que las decisiones se adopten con base en prueba, legalidad y debido proceso, no por presión mediática ni por conveniencia coyuntural”, manifestó.

En la parte final de su pronunciamiento, lanzó una advertencia sobre el futuro de la institución.

“Existe una finalidad muy clara de debilitar la policía judicial y llevárselo al Ejecutivo”, concluyó.

Poder Judicial confirmó salida

La Corte Suprema de Justicia confirmó oficialmente la revocatoria del nombramiento de Randall Zúñiga como director del OIJ.

Mientras se realiza un nuevo concurso para designar al próximo jerarca de la institución, Michael Soto continuará como director interino.

Durante los últimos seis meses, Zúñiga permaneció suspendido con goce salarial mientras avanzaban las investigaciones administrativas en su contra.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que las reuniones sostenidas este martes con distintas bancadas legislativas en Casa Presidencial dejaron un balance “productivo” y reiteró su intención de construir una relación de trabajo conjunta entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

La jerarca sostuvo encuentros con la fracción del Partido Liberación Nacional, del Frente Amplio y las diputadas independientes Claudia Dobles y Abril Gordienko, como parte de una ronda de acercamientos impulsada desde el Poder Ejecutivo.

Al finalizar las reuniones, Fernández afirmó que el principal mensaje trasladado a los legisladores fue la necesidad de trabajar de manera coordinada en beneficio del país.

“Hacerles un llamado a los diputados de trabajar en equipo con el Gobierno de manera constructiva, buscando el beneficio del pueblo de Costa Rica”, expresó.

Gobierno convocará reunión confidencial sobre seguridad

Uno de los principales anuncios realizados por Fernández fue la convocatoria a una reunión programada para el próximo 29 de mayo a las 10 de la mañana, en la que participarán diputados y autoridades de seguridad nacional.

Según explicó Fernández, el objetivo será analizar información sensible relacionada con criminalidad y violencia en el país.

La ministra indicó que durante el encuentro se expondrán mapas de calor elaborados por inteligencia policial para identificar las zonas más golpeadas por la delincuencia y el crimen organizado.

“Será una reunión confidencial y vital para empujar la toma de decisiones que necesita Costa Rica para recuperar la paz”, afirmó.

La convocatoria surge en medio del creciente debate nacional sobre seguridad pública, narcotráfico y aumento de homicidios, temas que han dominado la agenda política durante los últimos meses.

Diputados serán invitados a Crucitas

Otro de los temas planteados por Laura Fernández fue la situación en Crucitas, zona que el Gobierno considera una prioridad debido a la minería ilegal y los daños ambientales denunciados en el sector.

La mandataria anunció que los 57 diputados serán invitados a una visita de campo el próximo 19 de junio para conocer personalmente las condiciones en las que se encuentra la zona.

“Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí”, manifestó.

Fernández aseguró que el Ejecutivo no permitirá que continúe la extracción ilegal de oro en Crucitas y calificó la situación como un problema ambiental, económico y de seguridad nacional.

“Ustedes ya saben que yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas”, añadió.

La problemática en Crucitas se mantiene como uno de los principales desafíos para las autoridades costarricenses debido al impacto ambiental generado por la minería ilegal, así como por la presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado y extracción clandestina de oro.

“Habían diputados que no conocían Casa Presidencial”

Laura Fernández también destacó que algunos legisladores que participaron en los encuentros nunca habían visitado Casa Presidencial ni habían tenido contacto directo con ella.

Por esa razón, insistió en que uno de sus principales objetivos es mejorar la comunicación política y fortalecer las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Habían diputados que no me conocían, que no conocían Casa Presidencial y mi principal propósito es que podamos tener una buena relación de trabajo en equipo”, comentó.

Las reuniones forman parte de los esfuerzos del Gobierno por acercarse a distintas fracciones legislativas en momentos donde varios proyectos impulsados por el Ejecutivo requieren respaldo político dentro del Congreso.

Aunque Fernández calificó las conversaciones como productivas, persisten diferencias entre el Gobierno y algunos sectores de oposición sobre temas relacionados con seguridad, proyectos económicos y manejo político del Ejecutivo.

No obstante, la Presidenta insistió en que existe disposición para mantener espacios de diálogo con todas las bancadas.

El Gobierno de Costa Rica dio un nuevo paso en su intención de acercarse al modelo de seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que viajará a El Salvador junto con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, para visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña convertida en símbolo internacional de la estrategia de mano dura contra el crimen organizado.

El anuncio fue realizado por Aguilar mediante un video grabado desde el Centro Penitenciario La Reforma, donde además supervisó los avances del Centro de Alta Contención para Occidente (CACO), uno de los proyectos estrella del gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado en materia de seguridad.

“Conoceremos de propia mano la experiencia que está aplicando El Salvador en temas de trabajo para personas privadas de libertad mediante el programa Cero Ocio y asimismo visitaremos el CECOT para conocer cuáles son todas las características, todos los procesos y además todos los retos que han encontrado para traerlos a Costa Rica y aplicarlos en el nuevo centro penitenciario”, afirmó Aguilar.

La visita ocurre en medio de un contexto de creciente preocupación por la violencia ligada al narcotráfico en Costa Rica y tras reiteradas declaraciones de Fernández, quien ha manifestado públicamente su admiración por el modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele.

Durante la campaña electoral y luego de asumir el poder, la mandataria costarricense defendió la necesidad de construir cárceles de máxima seguridad y endurecer las condiciones penitenciarias para líderes criminales y estructuras ligadas al narcotráfico.

El interés de Costa Rica en el esquema salvadoreño no es nuevo. Desde enero de este año, Bukele participó en la colocación de la primera piedra de la nueva cárcel de máxima seguridad costarricense, un proyecto inspirado directamente en el CECOT salvadoreño y desarrollado con asesoría técnica del gobierno de El Salvador.

El CECOT, inaugurado en El Salvador en 2023, es considerado una de las cárceles más grandes y estrictas de América Latina. Diseñado para albergar a decenas de miles de pandilleros y criminales de alta peligrosidad, el recinto se convirtió en la pieza central de la ofensiva de Bukele contra las maras y el crimen organizado. Sin embargo, el modelo también ha generado fuertes cuestionamientos internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos y denuncias sobre detenciones arbitrarias.

Pese a las críticas, el gobierno costarricense insiste en que buscará adaptar únicamente algunos elementos del esquema salvadoreño. Fernández ha señalado en distintas entrevistas que pretende replicar mecanismos de aislamiento de líderes criminales, restricciones de comunicación y fortalecimiento de cárceles de alta contención, aunque aseguró que Costa Rica mantendrá el respeto a las garantías constitucionales.

Aguilar aseguró que el objetivo es acabar con lo que calificó como “alcahueterías” dentro del sistema penitenciario costarricense.

“No queremos privados de libertad ociosos, queremos privados de libertad que cumplan con sus condenas y que también sean productivos para el país”, sostuvo el ministro.

El jerarca también explicó que una de las razones de su visita a La Reforma fue verificar que los sospechosos vinculados al asesinato de un oficial de Fuerza Pública permanecieran bajo estrictas medidas de máxima seguridad.

Paralelamente, el Gobierno de Costa Rica avanza con la construcción del CACO y del denominado C5, dos megaproyectos penitenciarios y de seguridad que forman parte de la nueva estrategia gubernamental contra el crimen organizado.

El CACO —Centro de Alta Contención para Occidente— se levanta en el complejo penitenciario de La Reforma, en Alajuela, y está diseñado para recluir a privados de libertad considerados de alta peligrosidad. Según ha explicado el Ejecutivo, el recinto contará con módulos de aislamiento, monitoreo tecnológico permanente y fuertes restricciones de comunicación para impedir que estructuras criminales continúen operando desde prisión.

El proyecto ha sido presentado por el oficialismo como la versión costarricense del modelo salvadoreño impulsado por Bukele. Incluso, medios internacionales reportaron que el nuevo centro podría incrementar en cerca de un 40 % la capacidad penitenciaria costarricense.

Por otra parte, el Gobierno también impulsa el desarrollo del llamado C5, un centro estratégico que pretende integrar inteligencia policial, monitoreo de seguridad y coordinación interinstitucional para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada.

La administración Fernández sostiene que ambas iniciativas buscan responder al deterioro de la seguridad en el país, marcado por cifras récord de homicidios y una creciente disputa entre bandas narco por el control territorial.

La aproximación de Costa Rica al modelo Bukele, no obstante, sigue generando división en el ámbito político y social. Sectores críticos advierten sobre riesgos de autoritarismo y posibles afectaciones a derechos fundamentales, mientras que el oficialismo defiende que el país necesita medidas “firmes y extraordinarias” frente al avance del crimen organizado.

Según detalló el INEC, el Índice de Precios de Viviendas de Interés Social subió un 0.74% en el mes, mientras que el índice de edificaciones privadas tuvo una variación menor, de 0.06%.

Las cifras oficiales señalan que el índice de viviendas pasó de 99.417 a 100.153 puntos, lo que evidencia una tendencia al alza focalizada en este tipo de proyectos. El Financiero informó que el índice general de edificios se situó en 96.481 puntos.

El informe recogido por el INEC también muestra que los costos de maquinaria y equipo para la construcción disminuyeron durante abril. El índice de posesión de maquinaria bajó un 1.15% y el de equipo cayó un 1.16%.

Destaca la reducción de los precios de repuestos y llantas, con descensos de 1.94% y 1.53% respectivamente. Estos movimientos pueden aliviar parcialmente el gasto de las empresas, según el análisis del ente oficial.

Uno de los datos más relevantes corresponde al Índice de Precios de Combustibles, que subió 4.33% en el mes, alcanzando 96.065 puntos.

El INEC precisó que este aumento puede incidir en los costos logísticos y de operación de maquinaria pesada. Mientras tanto, los lubricantes bajaron 0.55% y los productos asfálticos registraron una disminución de 3.40%. En contraste, la mezcla asfáltica en caliente incrementó su precio en 0.20%.

En materiales de construcción, el reporte del INEC arroja que el cemento hidráulico subió 0.96% y el acero de refuerzo 2.24%. Los precios del concreto hidráulico, áridos y tubería de concreto no mostraron cambios.

Resalta en el documento el encarecimiento de materiales plásticos: la tubería PVC para agua potable aumentó 7.52%, la tubería PVC para aguas residuales 7.27% y la tubería PEAD para agua potable 4.50%.

El INEC señala que estas variaciones pueden estar asociadas a factores internacionales y de mercado local.

Entre los productos con bajas de precio, el índice de encofrados de metal retrocedió 2.48% y los productos metálicos elaborados 3.02%. También se reportaron caídas en encofrados de madera (-0.74%) y demarcación vial horizontal (-1.15%).

Algunos insumos mantuvieron sus precios estables durante el mes, como la tubería de concreto, el hierro para conducción de aguas y la señalización vial vertical, según el seguimiento mensual del INEC.

La variabilidad en los precios de insumos clave plantea desafíos para las empresas y autoridades responsables de proyectos de vivienda y obra pública.

El INEC remarcó que el comportamiento de los índices dependerá de factores externos, como la evolución de los mercados internacionales y la situación logística global.

Incidencia en el acceso a la vivienda

El más reciente informe del INEC confirma un ajuste en los precios de las viviendas de interés social y en insumos clave para la construcción, una situación que pone en alerta a quienes aspiran a adquirir un inmueble o dependen del sector para su empleo.

La variabilidad en los precios de insumos esenciales impacta directamente en el costo final de las viviendas. Para los costarricenses, un alza en el índice de precios de materiales y combustibles puede significar cuotas más altas, menos opciones de financiamiento y una menor oferta de proyectos asequibles.

El INEC advierte que el comportamiento de estos indicadores dependerá de la evolución de los mercados internacionales y la situación logística global. Por tanto, la posibilidad de acceder a una vivienda propia podría verse condicionada por factores externos que permanecen fuera del control de las familias y las autoridades nacionales.

El seguimiento a estos índices se convierte así en una herramienta fundamental para anticipar ajustes en el sector y para que la ciudadanía comprenda cómo las fluctuaciones en los insumos afectan su economía cotidiana.

La advertencia del Gobierno de Costa Rica sobre los viajes al Medio Oriente adquiere un nuevo matiz tras la reiteración oficial emitida en San José este 18 de mayo de 2026 a través de un comunicado del Ministerio de relaciones Exteriores y Culto de ese país.

A través de la nota, difundida en la cuenta de X, las autoridades insisten en la suspensión de todo desplazamiento hacia la región, señalando la imprevisibilidad de la situación y la posibilidad concreta de nuevos cierres de espacios aéreos, así como la cancelación de vuelos de entrada, salida y tránsito.

El comunicado informa que un agravamiento de las hostilidades podría acarrear ataques directos a zonas pobladas y generar riesgos de contaminación radiológica en áreas cercanas a instalaciones nucleares.

Estas amenazas, sumadas a los obstáculos logísticos, configuran un escenario especialmente complejo para quienes se encuentren en el área.

El Gobierno costarricense advierte que los recursos para ejecutar evacuaciones de ciudadanos en caso de conflicto armado son extremadamente limitados.

Además, en el comunicado se explica que la capacidad material y económica del país resulta insuficiente para organizar operaciones de rescate masivas, lo que restringe las posibilidades de asistencia para residentes o turistas en la zona.

A lo largo de la nota se explica que, quienes se encuentren actualmente en Medio Oriente deben priorizar su seguridad personal, mantenerse informados a través de los canales oficiales y desarrollar planes de salida rápida si el contexto así lo exige.

Esta recomendación aplica tanto a residentes como a viajeros temporales y responde a la necesidad de anticipar escenarios de escalada bélica o crisis humanitaria.

Para quienes requieran ayuda consular, el Gobierno de Costa Rica proporciona los contactos de las representaciones diplomáticas en Tel Aviv, Doha y Abu Dabi, así como de los consulados honorarios en Beirut y Amán, como se detalla a continuación.

Para asistencia consular, pueden comunicarse con:

Consulado de Costa Rica en Tel Aviv, Israel: Teléfono: (00 972) 3-613-5061

Correo electrónico: concr-il@rree.go.cr

Consulado de Costa Rica en Doha, Catar: Teléfono emergencias: +(974) 3142 7178 Teléfono consultas o trámites: +(974) 4498-0094

Correo electrónico: concr-qa@rree.go.cr

Consulado de Costa Rica en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos: Teléfonos: +971 2 554 7458 / +971 55 564 7098

Correo electrónico: concr-ae@rree.go.cr

También pueden contactar a los Consulados Honorarios de Costa Rica en:

Beirut, Líbano: Teléfonos: +961 5 456 666 ext. 200 / +961 70 270 227

Correo electrónico: conhcr-li@rree.go.cr

Amán, Jordania: Teléfono: 00 (962-6) 5822684

Correo electrónico: costarica@ak.com.jo

Estas oficinas ofrecen orientación en casos de emergencia, consultas o trámites administrativos, aunque su alcance operativo puede verse restringido en situaciones de conflicto activo.

El llamado institucional remarca que la seguridad de los ciudadanos costarricenses depende principalmente de su propia capacidad de respuesta y de la información proporcionada por las autoridades locales.

La recomendación de evitar viajes al Medio Oriente se mantiene como una medida preventiva ante la volatilidad regional y la imposibilidad de prever el desarrollo de nuevos episodios de violencia.

La advertencia de Costa Rica deja en claro la preocupación por la protección de sus ciudadanos y la ausencia de garantías para brindar apoyo efectivo en medio de posibles escenarios de guerra o crisis humanitaria. La situación exige máxima precaución y una actitud proactiva ante cualquier cambio en las condiciones de seguridad.

El mercado laboral costarricense está cambiando aceleradamente y las empresas ya tienen claro cuáles son los perfiles que más necesitan contratar. Así lo evidencia el más reciente estudio de CINDE, que identifica las carreras universitarias, técnicos y especializaciones con mayor demanda en sectores estratégicos como servicios, ciencias de la vida y manufactura avanzada.

La investigación, elaborada a partir de las necesidades actuales de compañías instaladas en Costa Rica, refleja una tendencia contundente: los perfiles vinculados con ingeniería, tecnología, administración, finanzas y producción industrial dominan las oportunidades laborales en el país.

El informe también deja ver un fenómeno que viene creciendo en los últimos años: cada vez más personas optan por carreras técnicas y certificaciones cortas para ingresar rápidamente al mercado laboral, especialmente en industrias vinculadas con manufactura especializada, dispositivos médicos, centros de servicios y tecnología.

En el sector servicios, la carrera con mayor demanda es Administración de Empresas, seguida de Finanzas y Contaduría. Más atrás aparecen Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Tecnologías de la Información, esta última ingresando por primera vez al listado de carreras prioritarias para las empresas.

El crecimiento de áreas tecnológicas evidencia cómo las compañías buscan perfiles capaces de adaptarse a procesos digitales, automatización, análisis de datos y transformación tecnológica. La demanda de ingenieros en sistemas también escaló posiciones dentro del ranking, reflejando el peso que hoy tiene la industria tecnológica en la economía costarricense.

Mientras tanto, en el sector ciencias de la vida —uno de los motores de exportación y empleo especializado del país— la Ingeniería Industrial se mantiene como la carrera más solicitada. También destacan Administración de Empresas, Ingeniería de Calidad, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electromecánica.

La aparición de Ingeniería de Calidad como una de las nuevas carreras de alta demanda responde al crecimiento sostenido de empresas de dispositivos médicos y manufactura avanzada que requieren controles rigurosos, trazabilidad y estándares internacionales.

En manufactura, el panorama no es muy distinto. Ingeniería Industrial lidera nuevamente el listado, seguida de Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Administración de Empresas e Ingeniería Eléctrica.

El estudio también confirma que los técnicos especializados continúan siendo una de las vías más rápidas para conseguir empleo en Costa Rica.

En el sector servicios, las empresas están buscando principalmente técnicos en Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas, Desarrollo de Software y Redes y Computadoras.

Por su parte, en ciencias de la vida y manufactura predominan los técnicos ligados a producción, electrónica y mantenimiento industrial. Gestión de la Producción, Mecánica de Precisión, Mantenimiento Industrial, Electrónica Industrial y Electromecánica aparecen entre las áreas más requeridas.

Según el análisis de CINDE, estas áreas concentran una alta empleabilidad debido a la expansión de compañías multinacionales que requieren personal técnico capacitado para operar procesos industriales sofisticados y cadenas de producción automatizadas.

El informe también plantea una pregunta que cada vez más jóvenes se hacen antes de ingresar a estudiar: ¿conviene más una carrera universitaria o un técnico?

Para responderla, CINDE recomienda evaluar factores como los objetivos profesionales a largo plazo, la rapidez con la que se necesita generar ingresos, el tiempo y dinero disponible para estudiar y, sobre todo, la demanda laboral real de cada área.

La organización señala que ambas opciones tienen ventajas distintas. Mientras una carrera universitaria puede abrir oportunidades de crecimiento profesional y puestos de liderazgo, los técnicos permiten incorporarse con mayor rapidez al mercado laboral y responder a necesidades específicas de las empresas.

Otro de los elementos clave que revela el estudio es que muchas de las áreas con mayor demanda requieren dominio del inglés y habilidades digitales, competencias que se han convertido prácticamente en un requisito transversal para acceder a mejores salarios y oportunidades laborales en compañías internacionales.

Costa Rica continúa consolidándose como un hub regional para industrias de alta especialización, particularmente en servicios corporativos, manufactura avanzada y ciencias de la vida. Eso ha provocado que las necesidades de talento evolucionen rápidamente y que las empresas prioricen perfiles técnicos y profesionales altamente especializados.

En un escenario donde miles de jóvenes buscan decidir qué estudiar, el estudio de CINDE se convierte en una radiografía del mercado laboral costarricense y una guía para entender hacia dónde se están moviendo las oportunidades de empleo en el país.

El Banco Central de Costa Rica ha anunciado que el próximo miércoles 20 de mayo estará disponible la séptima y última moneda coleccionable de ₡25, dedicada al Teatro Nacional. Esta pieza cierra la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”, y saldrá a la venta a través de entidades financieras distribuidas en todo el país. Cada moneda podrá adquirirse a un precio de ₡8.400 (USD 19), en acrílico o estuche, con un límite máximo de dos unidades por persona para asegurar un mayor acceso público.

La emisión de monedas, compuesta por 10,000 unidades en acrílico y 7,000 en estuche, representa uno de los mayores lanzamientos conmemorativos de los últimos años. La serie que culmina con el homenaje al Teatro Nacional buscó destacar lugares emblemáticos del país, incluyendo aquellas edificaciones que, como la referida, ostentan reconocimientos oficiales: fue declarada Monumento Nacional en 1965, Institución Benemérita de las Artes Patrias en 1998 y Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico en 2018.

El reverso de la nueva moneda lleva la inscripción “Provincia de San José”, “Teatro Nacional”, junto al año de la colección “2023”. El diseño resalta la silueta del Teatro Nacional, considerado una joya arquitectónica de la capital y símbolo relevante de la historia costarricense.

En el anverso figuran las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, con dos barras en alto relieve en la parte inferior para facilitar su identificación táctil. Posee un borde liso, cumpliendo así con los lineamientos habituales de accesibilidad y seguridad en monedas de colección diseñadas en el país.

Distribución y características de las monedas

La distribución de las monedas estará a cargo de los principales bancos y cooperativas, cada uno con cantidades específicas asignadas según sus requerimientos. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica recibirán 2,300 monedas cada uno —700 en estuche y 1,600 en acrílico—. Otras entidades como Banco Popular y de Desarrollo Comunal, BAC Credomatic y diversas cooperativas, como Coopealianza R.L. y Coopegrecia R.L., repartirán montos que van desde 400 hasta 1,00 monedas por distribuidor.

La entidad señala que la cantidad de monedas coleccionables otorgada a cada banco o cooperativa responde a sus propias solicitudes y criterios de distribución, permitiendo que la disponibilidad alcance regiones de todas las provincias. Las condiciones se replicarán en cada punto de venta, donde el límite de compra será de dos unidades por persona, independientemente de la presentación elegida.

Las ventas también incluyen la modalidad en línea ofrecida exclusivamente por el Banco Nacional de Costa Rica, a través de su plataforma digital. El Museo del Banco Central de Costa Rica, ubicado en los Bajos de la Plaza de la Cultura en San José, realizará una venta posterior, cuya fecha será anunciada por los canales oficiales de la entidad.

En total, 17 entidades financieras y cooperativas participarán en la distribución inicial de la moneda conmemorativa, cubriendo sucursales en provincias como Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Limón y San José.

Lanzamiento paralelo de la moneda de circulación regular

Junto a la edición coleccionable, el Banco Central de Costa Rica emitirá una moneda de circulación regular de ₡25, sin aplicación de colores en su diseño. Esta pieza funcionará como medio de pago y será integrada de forma paulatina al sistema financiero a partir del mismo 20 de mayo, acompañando así el proceso de reemplazo de monedas con el diseño anterior.

La circulación de la nueva moneda regular se gestiona a través de la red del Sistema Financiero Nacional, que asegura el acceso en todo el territorio costarricense para personas y empresas. La entidad exhorta al público a facilitar el uso y circulación de estas nuevas piezas para lograr que la denominación se normalice gradualmente en los meses venideros, objetivo que responde a la estrategia de sustitución impulsada por el Banco Central de Costa Rica.

La colección “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” concluye así con una emisión limitada y cuidadosamente distribuida para preservar su valor numismático y potenciar el reconocimiento de la historia y patrimonio nacionales por medio de la moneda.

La Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica acordó este lunes revocar de manera unánime el nombramiento de Randall Zúñiga López como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), poniendo fin a una de las crisis institucionales más delicadas que ha enfrentado la policía judicial en los últimos años.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial en el que el Poder Judicial informó que Zúñiga fue considerado responsable de una “falta gravísima” dentro del expediente disciplinario 25-4302-031-DI.

Según detalló la institución, la medida se relaciona con “la desatención de los deberes inherentes al cargo”, específicamente por “la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial”.

“El señor Michael Soto continuará como director interino del OIJ”, indicó el comunicado emitido por la Corte Suprema.

La destitución ocurre después de que Zúñiga permaneciera suspendido de su cargo durante aproximadamente siete meses. La primera medida cautelar fue impuesta el 29 de octubre de 2025 y, desde entonces, la suspensión fue prorrogada en varias ocasiones mientras avanzaba la investigación disciplinaria.

El caso tomó fuerza luego de que trascendieran señalamientos sobre presuntas filtraciones de información sensible por parte del entonces director del OIJ hacia varias mujeres con las que mantenía relaciones personales. Entre el material que habría compartido figuraban fotografías, ubicaciones y detalles de diligencias judiciales en desarrollo.

La investigación administrativa también coincidió con denuncias penales por presuntos delitos sexuales que fueron presentadas en su contra ante la Fiscalía Adjunta de Género.

Zúñiga era investigado por aparentes delitos de violación, contagio venéreo y ofensas a la dignidad, derivados de denuncias interpuestas por varias mujeres.

La Corte Suprema había ordenado inicialmente una suspensión preventiva de 15 días hábiles para evitar interferencias en la recopilación de pruebas y garantizar la objetividad del proceso. Sin embargo, conforme avanzaron las pesquisas, la Inspección Judicial solicitó extender la medida cautelar debido a la gravedad de los hechos investigados y al posible riesgo para la confidencialidad de las operaciones del OIJ.

Incluso hace apenas unos días, la Inspección Judicial había pedido ampliar por tres meses más la suspensión de Zúñiga, alegando la necesidad de resguardar la investigación y proteger la información institucional manejada por la policía judicial.

El caso provocó fuertes cuestionamientos políticos y mediáticos debido a la relevancia del cargo que ocupaba Zúñiga dentro de la estructura de seguridad costarricense.

El exjerarca había sido nombrado oficialmente como director del OIJ en agosto de 2023, tras obtener la mejor calificación en el proceso de selección realizado por la Corte Plena. En ese momento, el Poder Judicial destacó su trayectoria de más de dos décadas dentro de la institución y su experiencia en análisis criminal e investigación policial.

Durante su gestión, Zúñiga ganó notoriedad pública por sus frecuentes apariciones en medios de comunicación y por asumir un rol visible en investigaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y corrupción pública.

Sin embargo, la investigación disciplinaria terminó debilitando completamente su permanencia en el cargo.

En el comunicado emitido este lunes, la Corte Plena subrayó que, pese a la ausencia de Zúñiga, el OIJ continuó desarrollando “de forma ininterrumpida” sus labores de investigación y combate contra la delincuencia organizada.

La institución también destacó que durante el periodo de suspensión se mantuvieron operativos, allanamientos y acciones policiales sin afectaciones operativas relevantes.

La salida definitiva de Zúñiga ocurre además en medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre temas de seguridad, crimen organizado y desempeño institucional.

Precisamente este mismo lunes, la presidenta Laura Fernández sostuvo una reunión con magistrados y autoridades judiciales donde cuestionó públicamente la eficiencia del sistema judicial y advirtió sobre posibles infiltraciones del narcotráfico dentro de las instituciones.

En ese contexto, Fernández mencionó como ejemplo reciente el caso de Celso Gamboa y habló de reforzar controles internos, transparencia y mecanismos anticorrupción dentro del Poder Judicial.

Ahora, la destitución de Randall Zúñiga abre un nuevo capítulo dentro del OIJ, una de las instituciones más emblemáticas y sensibles del aparato de seguridad costarricense.

El proyecto que pretende trasladar algunos feriados al lunes siguiente para volver a generar fines de semana largos en Costa Rica ya empezó a dividir opiniones entre sectores económicos, políticos y religiosos.

Mientras la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) considera que la iniciativa podría convertirse en un impulso clave para las economías regionales y el turismo interno, la Iglesia Católica manifestó su rechazo al eventual traslado del feriado del 2 de agosto, fecha en la que el país celebra a la Virgen de los Ángeles, patrona nacional.

La propuesta fue presentada por el diputado oficialista Wilson Jiménez y busca reformar el artículo 148 del Código de Trabajo para mover varios feriados al lunes siguiente y así incentivar el turismo nacional, aumentar el consumo y generar más fines de semana largos durante el año.

El legislador ha defendido públicamente que la iniciativa pretende beneficiar principalmente a pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo, además de promover espacios de descanso y recreación para las familias costarricenses.

El proyecto revive una discusión que Costa Rica ya había tenido durante la pandemia y los años posteriores, cuando algunos feriados fueron trasladados temporalmente como medida para estimular la economía interna y ayudar a sectores golpeados por la caída del turismo.

Ahora, el respaldo más fuerte llegó desde la Cámara Nacional de Turismo.

En un pronunciamiento oficial, CANATUR aseguró que ve “de manera positiva” la presentación del proyecto de ley y recordó que los fines de semana largos históricamente han generado un impacto directo en la economía nacional, especialmente fuera del Gran Área Metropolitana.

“La experiencia ha demostrado que este tipo de medidas generan un impacto real en la economía nacional, especialmente en las regiones turísticas, donde miles de micro, pequeñas y medianas empresas dependen directamente de la visitación interna y del movimiento turístico nacional”, señaló la directora ejecutiva de CANATUR, Shirley Calvo.

Según datos citados por la Cámara, las reservas y ventas del sector turístico pueden incrementarse hasta en un 40% en promedio durante los fines de semana largos.

El impacto alcanza hoteles, restaurantes, tour operadores, sodas, comercios y emprendimientos locales que dependen del movimiento turístico nacional para sostener empleo y actividad económica.

Para CANATUR, el retorno de los fines de semana largos permitiría fortalecer destinos turísticos, dinamizar economías locales y ofrecer más oportunidades para que las familias viajen dentro del país.

“Consideramos que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar las economías locales, fortalecer a los destinos turísticos y apoyar a las mipymes que dependen de una mayor movilización de visitantes para sostener el empleo y la actividad económica”, agregó Calvo.

Sin embargo, el debate cambió de tono cuando trascendió que el proyecto también contempla trasladar el feriado del 2 de agosto, correspondiente al Día de la Virgen de los Ángeles.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica reaccionó rechazando la propuesta y defendiendo que esa celebración posee un valor histórico, religioso y cultural que no puede modificarse únicamente por razones económicas.

La Iglesia Católica recordó que la festividad de la Virgen de los Ángeles es una de las manifestaciones religiosas más importantes del país y está profundamente ligada a la tradicional romería hacia Cartago, que cada año moviliza a millones de personas.

Los obispos cuestionaron que se pretenda mover la fecha oficial de la celebración religiosa y advirtieron que el 2 de agosto tiene un significado especial para la identidad nacional costarricense.

Además, señalaron que la romería culmina precisamente el día de la festividad, por lo que trasladar el feriado al lunes alteraría el sentido histórico y espiritual de la peregrinación.

La Iglesia también criticó los criterios utilizados para decidir qué feriados se trasladarían y cuáles no, particularmente porque el Día de la Madre —15 de agosto— sí permanecería en su fecha original.

Pese a la controversia, CANATUR aseguró que comprende el valor cultural y religioso de las fechas patrias y religiosas, y manifestó confianza en que la discusión legislativa permita encontrar “un equilibrio” entre tradición y dinamización económica.

“Desde CANATUR entendemos y respetamos plenamente el valor cívico, cultural y religioso que muchas de estas fechas representan para los costarricenses. Por ello, confiamos en que la discusión que se desarrolle en la Asamblea Legislativa se dé de manera equilibrada”, expresó Shirley Calvo.

La iniciativa ahora deberá avanzar en la corriente legislativa, donde se anticipa un debate complejo entre diputados, sectores empresariales, grupos religiosos y organizaciones sociales.

El tema vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Costa Rica: cómo balancear el impulso económico y turístico con la preservación de tradiciones históricas y religiosas profundamente arraigadas en la cultura nacional.

La reunión entre la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y la cúpula del Poder Judicial terminó convirtiéndose en una de las confrontaciones políticas más fuertes de los últimos meses entre ambos poderes de la República.

Durante una extensa conferencia de prensa posterior al encuentro, Fernández lanzó duros cuestionamientos contra jueces, magistrados y fiscales, habló de “persecución política”, criticó supuestas “pifias” (errores) judiciales y anunció un paquete de reformas legales y constitucionales que pretende presentar el próximo mes ante la Asamblea Legislativa.

La reunión, que se prolongó durante más de dos horas en Casa Presidencial, contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fiscal general Carlo Diaz, Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación y autoridades del Poder Ejecutivo, como Rodrigo Chaves, ministro de Presidencia y Hacienda, Gerald Campos de Seguridad, Arnold Zamora de Comunicación y Enlace y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

Fernández aseguró que el encuentro fue más una “mesa de trabajo” que una reunión protocolaria y afirmó que llegó con el objetivo de expresar “cómo se siente el pueblo de Costa Rica” respecto al desempeño del Poder Judicial.

“Hay una distancia entre lo que el pueblo de Costa Rica espera del Poder Judicial y lo que está recibiendo”, sostuvo la mandataria.

La presidenta criticó particularmente las decisiones de jueces de ejecución de la pena, a quienes responsabilizó de otorgar beneficios carcelarios y reducciones de condena que, según ella, generan indignación ciudadana.

“Les pedí adoptar medidas para frenar lo que hacen algunos jueces de ejecución, donde se dan liberaciones o cambios en las medidas de prisión”, señaló.

Según explicó, uno de los acuerdos alcanzados consiste en crear un canal de comunicación directo entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para alertar sobre eventuales reducciones de condenas o cambios de medidas cautelares en casos considerados de alta peligrosidad.

La mandataria también aseguró que percibe una “politización” dentro del Poder Judicial y denunció una supuesta “persecución política” contra integrantes del Gobierno.

“Yo les planteé que existe persecución política por parte del Poder Judicial hacia funcionarios del Gobierno”, afirmó.

Incluso relató experiencias personales relacionadas con causas judiciales abiertas en su contra, las cuales calificó como “ridículas” y utilizadas como mecanismos de presión política.

Fernández sostuvo que la inseguridad nacional requiere una reforma profunda del sistema judicial y adelantó que trabaja en un paquete de proyectos de ley para modificar normas relacionadas con ejecución de la pena, el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Además, aseguró que impulsará reformas para mejorar la fiscalización y eficiencia del Poder Judicial.

“Mi apuesta es que la Asamblea Legislativa empuje este paquete de proyectos, pero si no avanzan, eventualmente podríamos convocar a referéndums nacionales”, advirtió.

La presidenta también cuestionó el presupuesto asignado al Poder Judicial y afirmó que actualmente recibe recursos por encima de lo establecido constitucionalmente.

“Si aplicáramos expresamente lo que dice la Constitución, al Poder Judicial le tocarían ₡474 mil millones, pero se les están presupuestando ₡532 mil millones”, indicó.

Fernández criticó además la subejecución presupuestaria y señaló que existen privilegios salariales dentro de la institución.

“Yo no voy a consentir privilegios ni gollerías”, lanzó.

La mandataria incluso cuestionó las escalas salariales de personal administrativo judicial y afirmó que existen diferencias de hasta ₡200 mil o ₡300 mil respecto a funcionarios equivalentes del Poder Ejecutivo.

Otro de los temas que marcó la conferencia fue la infiltración del crimen organizado dentro del aparato judicial.

Fernández hizo referencia directa al caso del exmagistrado Celso Gamboa y aseguró que existe preocupación por posibles vínculos entre narcotráfico y funcionarios judiciales.

Como parte de los acuerdos alcanzados, indicó que el Poder Judicial reforzará sus políticas anticorrupción y analizará la posibilidad de implementar pruebas de polígrafo para funcionarios vinculados con investigaciones sensibles.

“Así como lo hace el FBI o la DEA, deberían existir pruebas periódicas para funcionarios que manejan casos donde puede haber corrupción del crimen organizado”, afirmó.

Fernández también anunció la creación de un “task force” permanente de seguridad nacional, encabezado directamente por ella y conformado por ministros, cuerpos policiales y autoridades de seguridad.

Según explicó, se reunirá semanalmente con jerarcas de Seguridad Pública, Policía de Control de Drogas, Policía de Fronteras y otros cuerpos policiales para monitorear personalmente la situación del país.

“Voy a tomar yo misma el control y seguimiento de los progresos en materia de seguridad nacional”, aseguró.

Por su parte, Orlando Aguirre respondió defendiendo la independencia y eficiencia del Poder Judicial.

El magistrado rechazó que exista una crisis institucional como la descrita por la presidenta y aseguró que organismos internacionales ubican al sistema judicial costarricense entre los mejores de América Latina.

“El Centro de Estudios de Justicia de las Américas calificó al Poder Judicial de Costa Rica como el mejor poder judicial de América Latina”, afirmó.

También indicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reconoció al país por sus estándares de integridad institucional.

“Somos un Poder Judicial eficiente y estamos cumpliendo a cabalidad nuestra función”, sostuvo.

Sin embargo, Fernández respondió que existe una desconexión entre la percepción internacional y el sentimiento ciudadano dentro del país.

“Hay una distancia entre lo que opinan internacionalmente del Poder Judicial y lo que opinamos aquí los costarricenses”, concluyó la presidenta.

Una estructura sospechosa de lavar dinero proveniente del narcotráfico mediante gimnasios, propiedades de lujo, vehículos exclusivos y una empresa recicladora fue golpeada este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una operación que incluyó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Costa Rica.

La acción fue liderada por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), con apoyo de otras dependencias judiciales, y permitió la detención de ocho personas vinculadas con un aparente esquema de legitimación de capitales relacionado con los casos de narcotráfico conocidos como “Torero” y “Manantiales”.

Los operativos arrancaron desde las cuatro de la mañana en sectores como Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia, Pérez Zeledón y otras zonas del país, donde las autoridades intervinieron viviendas de lujo, negocios y propiedades ligadas a la organización.

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que la investigación apunta a una estructura que habría utilizado negocios aparentemente legales para introducir dinero ilícito dentro de la economía formal.

“Estamos realizando diecisiete allanamientos en diferentes lugares del país. Esto tiene que ver con un caso de legitimación de capitales, donde hasta este momento se han detenido ocho personas”, indicó Soto.

Entre los bienes decomisados destacan automóviles de lujo extremadamente exclusivos, algunos valorados en cientos de miles de dólares y de los cuales existen muy pocas unidades en Costa Rica.

Según explicó el jerarca judicial, únicamente los vehículos decomisados tendrían un valor cercano a los 2,7 millones de dólares.

“Hay un vehículo que cuesta cuatrocientos mil dólares y solo hay cuatro en el país”, detalló Soto durante las declaraciones brindada tras el operativo.

Las autoridades también ordenaron la anotación de 28 bienes inmuebles y 29 bienes muebles vinculados con la organización criminal. Entre las propiedades figura una mansión valorada en aproximadamente tres millones de dólares que contaba con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio propio.

“Prácticamente una mansión”, describió el director del OIJ al referirse a una de las residencias allanadas.

La investigación señala como presunto cabecilla de la organización a un hombre de apellido Alfaro, de aproximadamente 50 años, quien ya figura entre los detenidos.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría involucrado a miembros de su núcleo familiar dentro de la estructura criminal y mantenía un perfil ligado a la exhibición y comercialización de vehículos deportivos y de alta gama.

“Esta persona se dedicaba en gran medida a traer vehículos de lujo, deportivos, de los cuales hay muy pocos en el país”, explicó Soto.

Además de los carros de lujo y las propiedades, la estructura aparentemente utilizaba una cadena de gimnasios y una empresa recicladora como mecanismos para legitimar dinero proveniente, presuntamente, del narcotráfico.

El OIJ incluso confirmó que durante los allanamientos pretendían decomisar cerca de 400 máquinas utilizadas dentro de los gimnasios intervenidos.

Las pesquisas vinculan directamente esta operación con los expedientes “Torero” y “Manantiales”, dos investigaciones previas relacionadas con narcotráfico.

“Acorde con nuestra investigación preliminar y vinculados con el caso Manantiales y el caso Torero, podríamos presumir que el dinero viene de esa línea”, afirmó Soto.

Durante las diligencias judiciales también se decomisó un arma larga tipo AR-15, además de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, joyería y vehículos.

El balance preliminar del operativo incluye:

• 1 arma larga
• 2 camiones
• 1 motocicleta
• 4 vehículos 4x4
• 16 automóviles
• 21 teléfonos celulares
• 9 computadoras
• 9 dispositivos USB
• 5 grabadores
• 1 tablet
• ₡7 millones en efectivo
• $465 dólares
• 17 mil pesos colombianos
• 50 córdobas
• 65 piezas de joyería
• 29 bienes muebles
• 28 bienes inmuebles

Entre las personas detenidas figuran hombres de apellidos Alfaro, Solís, Lanuza, Backer, Villalta y Monge, así como dos mujeres de apellidos Alfaro y Piedra.

Las autoridades no descartan nuevas detenciones ni más decomisos conforme avance la investigación y se procesen los elementos recopilados durante los allanamientos.

La operación representa uno de los golpes más grandes ejecutados recientemente por el OIJ contra aparentes estructuras de legitimación de capitales vinculadas con organizaciones narcotraficantes en Costa Rica.

La reciente combinación de factores adversos ha colocado a productores y exportadores costarricenses de banano, café, piña y melón ante una situación crítica en 2026.

De acuerdo a una nota publicada en el portal CR Hoy, la fuerte apreciación del colón frente al dólar, sumada a la caída de precios internacionales y el aumento de los costos de producción, ha generado un escenario que muchos en el sector ya llaman tormenta perfecta.

El sector bananero sufrió un fuerte golpe tras el anuncio de Fresh Del Monte Produce: la empresa cerró cuatro fincas en la región Atlántica y despidió a más de 850 trabajadores, cita la nota.

La razón principal fue la caída del tipo de cambio, ya que los ingresos provienen de ventas en dólares, mientras que la mayoría de los gastos son en colones.

Este ajuste cambiario redujo los ingresos por exportaciones y elevó la preocupación entre la Corporación Bananera Nacional y la Asociación de Productores de Banano. Solo en 2025, la reducción de envíos al extranjero provocó una merma de USD 130 millones respecto al año anterior.

La presión sobre el agro no termina ahí. El conflicto en Medio Oriente ha encarecido combustibles y fertilizantes, mientras que los temporales de finales de 2024 y principios de 2025 causaron estragos en fincas de todo Costa Rica.

Estos eventos, junto con el brote más agresivo de sigatoka negra y la escasez de insumos para el control de plagas, han complicado la situación, destaca CR Hoy.

El impacto de la caída del tipo de cambio

Los cafetaleros también sienten el peso de la coyuntura. Según el Instituto del Café de Costa Rica, la cotización del café arábica en la Bolsa de Nueva York se desplomó de USD 440 por quintal en octubre de 2025 a USD 290 en abril de 2026.

Ese descenso, junto a un colón más fuerte, afectó directamente el precio de liquidación al productor, que cayó a ₡115.754 por fanega en la cosecha más reciente, contra ₡132.445 en 2021-2022.

La caída del dólar frente al colón —de ₡649,59 promedio a ₡459,65— explica casi por completo esta reducción.

Para la cosecha 2026-2027, el pronóstico es aún más preocupante. Se estima que el precio de liquidación podría ubicarse entre ₡83.000 y ₡99.000 por fanega. El Instituto del Café advierte que una producción récord en Brasil presionará aún más los precios internacionales.

Los exportadores de piña tampoco escapan al embate. De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la apreciación del colón provocó que entre 2022 y 2025 los ingresos del sector se redujeran en USD 1.600 millones, sobre un total exportado de USD 6.000 millones.

Aunque no se trata de pérdidas contables directas, el efecto se refleja en una menor competitividad y márgenes más estrechos para los productores, muchos de los cuales deben cubrir salarios y cargas sociales en colones.

Melón y otros retos logísticos

Los productores de melón prevén un año especialmente difícil. La Cámara de Productores y Exportadores de Melón y Sandía señala que las perspectivas para el ciclo 2026-2027 son reservadas, con previsión de caída en la producción.

El tipo de cambio sigue siendo un reto: aunque las ventas se pactan en dólares, gran parte de los costos —incluyendo salarios, impuestos y combustibles— se pagan en colones, lo que dificulta nuevas inversiones.

A esto se suman otros factores: se proyecta un aumento significativo en los precios de fertilizantes, productos fitosanitarios y combustibles, así como un posible encarecimiento de la electricidad por los efectos de El Niño.

Además, el conflicto en Medio Oriente podría encarecer el transporte marítimo y complicar la disponibilidad de contenedores, agravado por las limitaciones en los puertos nacionales.

El panorama para el agro costarricense en 2026 está marcado por la incertidumbre y el riesgo de reducciones en áreas cultivadas, exportaciones y empleo.

Los líderes del sector no descartan caídas en las utilidades y ajustes en las operaciones, mientras buscan respuestas ante una tormenta que, según reconocen, ya está en marcha.

La tasa de mortalidad infantil en Costa Rica experimentó un descenso durante el periodo abril 2025 – marzo 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en su último informe estadístico publicado este lunes.

El país registró 8.17 muertes por cada mil nacimientos, una cifra que marca un retroceso respecto al año previo, cuando el indicador se situó en 9.88 por mil.

El informe oficial señala que Costa Rica contabilizó 45,288 nacimientos y 370 muertes infantiles en el último ciclo interanual. En comparación con el periodo anterior, esto representa 343 nacimientos menos y 81 muertes infantiles menos.

La reducción equivale a una baja del 17.3% en la mortalidad infantil, lo que implica dos muertes menos por cada mil nacimientos respecto al año anterior.

Esta disminución es la mayor registrada en los últimos años y devuelve la tasa nacional a valores similares a los del primer quinquenio de la serie histórica iniciada en 2016.

Entre 2016 y 2020, la tasa se mantuvo alrededor de ocho muertes infantiles por cada mil nacimientos. En los años siguientes, el indicador subió gradualmente hasta alcanzar su punto más alto —diez muertes por cada mil nacimientos— en el periodo 2024 – 2025.

Las cifras proporcionadas por el INEC evidencian un retroceso de la mortalidad infantil al nivel más bajo en una década.

Históricamente, después de un lustro de estabilidad, la tasa había escalado a nueve por mil durante el segundo quinquenio, aunque la tendencia se revirtió en el último año.

La reducción reciente implica avances concretos en materia de salud materno-infantil y en la atención a la primera infancia. El INEC subraya que mantener la tendencia descendente será clave para consolidar el bienestar infantil en el país.

Según las autoridades, el esfuerzo conjunto entre instituciones y la continuidad de políticas públicas han sido fundamentales para este resultado.

El dato más reciente sitúa a Costa Rica nuevamente en los niveles más bajos de mortalidad infantil de la región en la última década.

Para quienes se preguntan por qué bajó la tasa, la respuesta oficial apunta a la mejora en los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica y la ampliación de programas preventivos que han reducido los factores de riesgo en los nacimientos y la infancia temprana.

Según el Ministerio de Salud, estos logros no solo evidencian mejoras en la atención médica, sino también en la vigilancia inmediata a recién nacidos, sobre todo en los primeros 28 días, la etapa más vulnerable para su desarrollo.

En términos concretos, este avance significa que en Costa Rica más niños sobreviven y crecen, gracias a una mejor respuesta del sistema sanitario y al compromiso de los actores sociales involucrados.

El fortalecimiento de los servicios médicos durante la gestación y el parto, junto con una atención más rigurosa en el periodo neonatal, se consolidan como los pilares principales detrás de estos resultados.

Retos pendientes en la salud materno infantil

A pesar de las mejoras, el Ministerio de Salud reconoce la existencia de desafíos que requieren atención urgente. Entre las prioridades figura acortar los tiempos de respuesta y traslado ante emergencias que afectan a madres y recién nacidos, especialmente en zonas rurales o alejadas de los principales centros asistenciales.

Otra meta es fortalecer la cobertura de servicios en comunidades rurales e indígenas, donde las barreras geográficas y sociales dificultan el acceso a controles médicos y apoyo especializado.

Además, se busca intensificar la prevención desde el inicio del embarazo, con énfasis en la promoción del control prenatal temprano y la atención a factores de riesgo como el embarazo adolescente.

Las autoridades sanitarias insisten en que este avance impulsa la responsabilidad de trabajar con base en la evidencia y en la mejora continua, con el objetivo de garantizar que cada niño y niña inicie su vida en condiciones seguras y saludables.

El INEC concluye que, pese a la mejoría, persiste el desafío de sostener los logros alcanzados y de fortalecer la prevención para asegurar que la mortalidad infantil continúe descendiendo en los próximos años.

Un estudio elaborado por la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) reveló que algunas mujeres vinculadas al crimen organizado en Costa Rica han logrado asumir roles de liderazgo dentro de estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico, aunque con estilos de mando distintos a los tradicionalmente asociados con los hombres.

La investigación concluye que las mujeres que alcanzan posiciones de poder dentro de estas organizaciones suelen utilizar estrategias menos violentas y más enfocadas en la negociación, la planificación y el control operativo.

El informe surge en medio del aumento sostenido de la violencia ligada al crimen organizado en Costa Rica, fenómeno que durante los últimos años ha impactado directamente las cifras de homicidios y la seguridad pública del país.

De acuerdo con los datos citados en el estudio, solo en 2023 Costa Rica registró 905 homicidios dolosos, la cifra más alta de su historia reciente, con una tasa de 17.2 asesinatos por cada 10,000 habitantes. Aunque durante 2024 y 2025 la cantidad disminuyó levemente, las autoridades contabilizaron más de 800 homicidios anuales.

Dentro de ese contexto, las mujeres también comenzaron a figurar cada vez más como víctimas de la violencia asociada al narcotráfico y a las disputas entre organizaciones criminales.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incluidos en la investigación, durante el 2025 se registraron 85 homicidios de mujeres en el país. De ese total, 43 casos estuvieron relacionados con ajustes de cuentas o venganzas vinculadas directamente al crimen organizado.

La investigadora de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karla Salazar Sánchez, explicó que los hallazgos cuestionan la percepción tradicional de que el liderazgo dentro de las estructuras criminales es exclusivamente masculino.

“Si bien la mayoría de mujeres vinculadas al crimen organizado ejercen funciones operativas y con poco poder, algunas alcanzan cierto nivel de liderazgo en estructuras familiares y de mediana escala con estrategias más calculadas y menos violentas”, señaló la investigadora.

El estudio se basó en casos cualitativos y en la reconstrucción de trayectorias de vida de mujeres relacionadas con organizaciones criminales dedicadas principalmente al narcotráfico.

La investigación concluyó que muchas de estas mujeres provienen de contextos marcados por exclusión social, pobreza, violencia estructural, maternidad temprana y limitadas oportunidades educativas, factores que terminan influyendo en su incorporación a actividades ilícitas.

Salazar indicó que las mujeres no solo ocupan posiciones subordinadas dentro de las estructuras criminales, sino que en algunos casos llegan a tomar decisiones, organizar operaciones y ejercer autoridad.

“Reconocer esta realidad es clave para comprender cómo se configuran las dinámicas de poder y género en contextos de crimen organizado y para diseñar respuestas institucionales más efectivas”, agregó.

La investigación también incorpora datos del sistema penitenciario nacional. Según las estadísticas citadas por la UNED, durante el 2024 había 1,351 mujeres en conflicto con la ley en Costa Rica. De ese total, el 40.5% enfrentaba procesos relacionados con delitos contemplados en la Ley de Psicotrópicos.

Además, el informe señala que la mayoría de estas mujeres tienen entre 25 y 44 años y que el 79% no concluyó la educación secundaria, lo que refleja un perfil asociado con la exclusión social y la falta de oportunidades laborales y educativas.

El estudio detalla que las mujeres desempeñan funciones similares a las de los hombres dentro de las organizaciones criminales. Entre los principales roles identificados aparecen puestos como “campanas”, vendedoras terminales, administradoras y gerentes de zona.

Sin embargo, la principal diferencia detectada por los investigadores es que las mujeres que alcanzan posiciones de liderazgo tienden a ejercer el control mediante estrategias menos violentas y más orientadas a la negociación y la organización interna.

En la conmemoración del Día de Europa en Costa Rica la Unión Europea renovó su compromiso de consolidar una alianza estratégica orientada en la prosperidad económica, la seguridad regional y el desarrollo sostenible. Pierre-Louis Lempereur, embajador de la Unión Europea, subrayó que uno de los avances más notables de la última década es el incremento superior al 230% en el comercio bilateral tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, mientras que la inversión europea en Costa Rica supera 6,000 millones de euros (6,973.260,000 USD).

Estos datos, divulgados por la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, posicionan al bloque europeo como el segundo mayor inversionista extranjero en el país. Además, en materia de seguridad, la cooperación total entre la UE y Costa Rica suma actualmente hasta 120 millones de euros (139.452,600 USD dólares) en programas orientados a combatir el crimen organizado y fortalecer la gestión fronteriza y la prevención.

Durante su intervención el 15 de mayo en el Museo Nacional de Costa Rica, Lempereur afirmó: “Hoy más que nunca, la asociación entre la Unión Europea y Costa Rica debe consolidarse como una verdadera alianza de acción, capaz de generar estabilidad, prosperidad y seguridad en un mundo cada vez más incierto y fragmentado. Europa tiene la capacidad económica y el liderazgo en sostenibilidad; ofrece cooperación en seguridad y un firme compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas. La Unión Europea es y seguirá siendo un socio fuerte, predecible y fiable”, destacó el diplomático.

El crecimiento del comercio y la inversión europea fortalece la economía costarricense

Desde la aplicación del Acuerdo de Asociación, el aumento de más de 230% en el intercambio comercial simboliza la relevancia económica de Costa Rica para el bloque europeo, que ya es el segundo mayor inversionista extranjero gracias a sus más de 6.000 millones de euros en inversiones. Uno de los proyectos de infraestructura más representativos es el Tren Eléctrico de Pasajeros para la Gran Área Metropolitana, que recibe un respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones por 250 millones de dólares, a los que se suman recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Fondo Verde del Clima hasta alcanzar cerca de 800 millones de dólares de financiación total.

La UE, en colaboración con Alemania y la iniciativa Equipo Europa, ha canalizado también más de 25 millones de euros en cooperación técnica no reembolsable, focalizando esfuerzos en la transformación del transporte público. Asimismo, la cooperación se extiende al ámbito digital a través del MICITT, con apoyo para redes 5G seguras, fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad y conectividad científica regional en proyectos como BELLA II y RedCLARA. El bloque, además, respalda programas de migración, integración energética, desarrollo productivo sostenible y formación juvenil, entre ellos Agropaisajes Sostenibles, EUROCLIMA+ y Erasmus+.

El 15 de mayo de 2024, la Unión Europea y Costa Rica reafirmaron su compromiso de profundizar su alianza estratégica, destacando un aumento del 230% en el comercio bilateral y una inversión superior a 6.000 millones de euros por parte del bloque europeo. El acto, realizado en el Museo Nacional, evidenció el protagonismo creciente de la UE como socio económico y cooperante en temas de seguridad, sostenibilidad y desarrollo regional, conforme a lo informado por la Delegación.

El bloque europeo se consolida como el segundo socio más relevante de Costa Rica en materia de seguridad gracias a la habilitación de programas por hasta 120 millones de euros. Esta cooperación abarca la lucha contra el crimen organizado, la gestión de fronteras y la prevención, en el marco de iniciativas que robustecen las capacidades policiales, judiciales y aduaneras para combatir tanto el narcotráfico como la trata de personas y el crimen transnacional.

Multilateralismo, cooperación regional y visión conjunta

El fortalecimiento del diálogo entre Europa y América Latina fue otro de los ejes destacados durante la conmemoración. La Unión Europea enfatizó el valor del multilateralismo tras la Cumbre CELAC–UE realizada en Santa Marta, Colombia, y la reciente reunión ministerial del Consejo de Asociación UE–Centroamérica. Según Lempereur, “La relación entre la Unión Europea y Costa Rica trasciende lo bilateral. Compartimos una visión común en favor del multilateralismo, la cooperación regional y la defensa de un orden internacional basado en reglas”, según consignó la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica.

El evento culminó con un llamado a profundizar aún más los lazos entre Costa Rica y la Unión Europea y a mantener activa una agenda de cooperación robusta para afrontar los desafíos globales. “Hoy, más que nunca, necesitamos alianzas capaces de generar estabilidad, prosperidad y seguridad en un mundo cada vez más incierto y fragmentado”, concluyó el embajador Pierre-Louis Lempereur durante la ceremonia en el Museo Nacional de Costa Rica.

Las obras de mejora en el puente modular ubicado sobre la ruta nacional 1, frente al aeropuerto Internacional Juan Santamaría, iniciarán la mañana del lunes 18 de mayo, según anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica. Las labores iniciales no interferirán con la circulación vehicular, ya que corresponden únicamente al armado de la nueva estructura modular, detalló la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad.

Esta intervención forma parte de la planificación estratégica vinculada al desarrollo del futuro corredor San José–San Ramón, anticipando el crecimiento en la demanda de tránsito y ajustándose a los requerimientos de seguridad esperados, de acuerdo con el Consejo Nacional de Vialidad. El nuevo puente, de doble cercha y mayor capacidad estructural, será instalado para reemplazar la estructura existente en el sentido El Coyol–San José, replicando el modelo implementado recientemente en Cambronero.

La sustitución del puente actual representará la segunda fase del proyecto y, en ese momento, podrá requerirse regulación del paso o cierres temporales, que serán comunicados oportunamente a los usuarios, indicó la autoridad. El cambio responde a criterios preventivos para reforzar la seguridad y funcionalidad ante el incremento esperado en el flujo de vehículos pesados.

La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes estimó que el nuevo paso quedará habilitado en aproximadamente un mes. Las especificaciones oficiales datan del 15 de mayo en el portal de noticias institucionales del ministerio.

Más proyectos viales en Costa Rica

Conductores que circulan entre Cartago y San José se encontrarán restricciones de tránsito el próximo martes 19 de mayo, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica ejecute el montaje de vigas en el puente sobre el río Taras, en San Nicolás de Cartago. Entre las 9.00 y 16.00, se habilitará solo un carril con paso regulado, lo que afectará la circulación en este sector, según informó el MOPT.

Esta intervención forma parte del proyecto Taras-La Lima, cuya infraestructura sostiene el tránsito entre Cartago y la capital por la autopista Florencio del Castillo, señaló La Teja CR. La reducción de carriles en esta zona, considerada estratégica para el flujo vehicular, suele generar largas filas y demoras para miles de personas. Este proyecto estuvo pensando como una concesión y contempla la colocación de peajes en esa ruta, según datos del CR Hoy.

Vale destacar que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solicitó respetar la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora mientras se realicen las obras y recomendó a los conductores programar sus desplazamientos con antelación para evitar mayores contratiempos por los congestionamientos previstos. Estas obras corresponden al plan de modernización vial que el ministerio mantiene vigente en la región.

Adicionalmente, la institución gubernamental informó este viernes que las obras en el puente sobre río Tárcoles en la Ruta Nacional 34 alcanzan ya un 92% de avance. “El paso volverá a dos carriles a partir de las 4:00 pm (16.00h) del jueves 21 de mayo, cuando se concluya la colocación de las barandas”, expone la institución.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora este 17 de mayo, especialistas y organizaciones internacionales encendieron las alertas sobre un problema silencioso que afecta a millones de personas: medirse mal la presión arterial.

Aunque controlar la presión es una de las herramientas más importantes para prevenir enfermedades cardiovasculares, expertos advierten que muchos pacientes cometen errores durante la medición que alteran los resultados y generan falsas sensaciones de seguridad o alarmas innecesarias.

La campaña global de este 2026, impulsada por la World Hypertension League bajo el lema “¡Controlando la hipertensión juntos!”, busca precisamente reforzar la importancia de realizar controles periódicos y correctamente ejecutados.

La hipertensión arterial, conocida como el “enemigo silencioso”, rara vez presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales. Esto provoca que miles de personas vivan durante años con presión alta sin diagnóstico ni tratamiento.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres personas adultas padece hipertensión, y una gran parte ni siquiera sabe que tiene la enfermedad.

Una medición incorrecta puede cambiarlo todo

Especialistas advierten que errores aparentemente simples pueden modificar los valores de presión arterial y afectar decisiones médicas importantes.

Hablar durante la medición, usar el celular, cruzar las piernas o colocarse el brazalete sobre la ropa son algunas de las prácticas más frecuentes que alteran los resultados.

También influye medirse inmediatamente después de hacer ejercicio, consumir café, fumar o incluso tener la vejiga llena.

“Una medición incorrecta puede retrasar el diagnóstico y afectar el tratamiento oportuno”, advierten expertos en el marco de la campaña internacional.

La hipertensión no controlada aumenta considerablemente el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y daño renal.

¿Cómo tomarse la presión correctamente?

Las recomendaciones médicas para obtener resultados confiables son claras y relativamente sencillas.

Antes de medir la presión arterial, la persona debe descansar al menos cinco minutos.

Además, debe permanecer sentada con la espalda apoyada, ambos pies sobre el suelo y sin cruzar las piernas.

El brazo debe colocarse a la altura del corazón y apoyado sobre una superficie firme.

Durante la medición no se recomienda hablar, moverse ni utilizar dispositivos electrónicos.

También se aconseja evitar café, tabaco y actividad física al menos 30 minutos antes del procedimiento.

¿En cuál brazo debe medirse?

Los especialistas recomiendan que en una primera evaluación la presión se mida en ambos brazos.

Posteriormente, debe utilizarse siempre el brazo que registre valores más altos.

En controles caseros, la consistencia también es importante: lo ideal es utilizar siempre el mismo brazo para comparar resultados con mayor precisión.

Los errores más frecuentes

Entre las prácticas más comunes que afectan la exactitud de la medición destacan:

• Tomarse la presión inmediatamente después de actividad física.
• Hablar o revisar el celular durante el procedimiento.
• Colocar el brazalete encima de la ropa.
• Utilizar dispositivos no calibrados o de baja calidad.
• Hacer una sola medición en vez de dos o tres para promediar resultados.

Cómo saber si el aparato es confiable

Los expertos también alertan sobre el uso de equipos domésticos de mala calidad o sin validación clínica.

La recomendación es utilizar preferiblemente aparatos automáticos de brazo, ya que los dispositivos de muñeca suelen ser menos precisos.

Además, sugieren adquirir equipos en farmacias o puntos de venta confiables y asegurarse de que el brazalete sea del tamaño adecuado para el brazo del paciente.

Los especialistas recomiendan revisar periódicamente el funcionamiento del aparato con ayuda de un profesional de salud.

Un problema silencioso que sigue creciendo

El llamado de este Día Mundial de la Hipertensión ocurre en momentos en que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

La detección temprana sigue siendo uno de los principales desafíos, especialmente porque muchas personas descubren que padecen hipertensión después de sufrir una complicación grave.

Por eso, los expertos insisten en que controlar la presión arterial no debe verse como un procedimiento ocasional, sino como una práctica preventiva permanente, especialmente en personas con factores de riesgo como obesidad, diabetes, sedentarismo, tabaquismo o antecedentes familiares.

El paso de Valentina Maurel por el Festival de Cannes representa un logro nunca antes alcanzado por el cine de Costa Rica. Por primera vez, una directora del país forma parte de la selección oficial, y Maurel asume ese lugar consciente de que carga también la voz de una generación de cineastas, casi todas mujeres, que buscan crear “una industria que no existe”.

Al hablar de su participación, Maurel reconoce: “Me siento muy honrada y me siento con responsabilidad de hablar de mis colegas cineastas costarricenses, porque somos una nueva generación de cineastas que somos casi todas mujeres”. Su segundo largometraje, ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’, fue seleccionado en la sección ‘Una cierta mirada’, y la directora insiste en que si hoy está en Cannes es también gracias a sus compañeras y al esfuerzo conjunto por construir una industria cinematográfica en su país.

Según informó EFE, el título de la película proviene de un verso escrito por su madre, pero la idea surgió de manera espontánea durante una entrevista. Después, Maurel comenzó a escribir el guion con libertad, en paralelo a su experiencia personal de convertirse en madre. No se atrevió a cambiar el título, que quedó tal cual.

La película cuenta la historia de Elsa (Daniela Marín Navarro), una joven un tanto perdida que, tras estudiar en Europa, regresa a Costa Rica. Allí encuentra a su hermana menor, Amalia (Mariangel Villegas), sola en la casa familiar, rodeada de compañías extrañas y cada vez más inmersa en creencias esotéricas. Elsa intenta advertir a sus padres sobre la situación, pero el padre (Reinaldo Amién) está ocupado con sus conquistas amorosas y la madre, interpretada por la mexicana Marina de Tavira, se encuentra absorta en la reedición de sus poemas eróticos.

Maurel describe los vínculos familiares de la historia como disfuncionales y marcados por una idea de familia “posmoderna”. Explica que sus propios padres son de una generación de artistas que quisieron romper con los esquemas de autoridad, defendiendo la singularidad y la libertad de cada persona, aunque reconoce que a veces eso puede rozar la negligencia. Para ella, el mensaje central de la película es que “hay que aprender a soltar” y a aceptar a los otros tal como son, algo que considera “la cosa más difícil de hacer en una familia”.

La directora también incorpora su propia experiencia de regreso a Latinoamérica tras vivir en Europa, lo que genera un “desfase interno” y convierte el lugar de origen en algo periférico. Este tema de la biculturalidad será, según adelanta, el eje de su próximo proyecto.

El esoterismo presente en la historia le sirve a Maurel para reflexionar sobre la diferencia entre la visión europea, estrictamente racional, y la vida cotidiana en Costa Rica, donde “la religión y lo místico forma parte de la vida cotidiana”. Le interesa mostrar, sin juzgar, cómo la mirada europea puede ser condescendiente ante otras formas de entender el mundo.

‘Siempre Soy Tu Animal Materno’ compite en la sección ‘Una cierta mirada’, cuyos premios se anunciarán el viernes, en la víspera de la clausura del festival y la entrega de la Palma de Oro. La participación de Maurel es vista como un paso relevante para el cine costarricense y para una generación de creadoras que buscan abrirse espacio.

El Ministerio de Salud de Costa Rica alertó por medio de un comunicado sobre el elevado consumo de sal en la población y advirtió que la ingesta diaria es casi el doble de lo recomendado por organismos internacionales, en el marco de la Semana de Sensibilización sobre la Sal y el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Las autoridades enfatizaron la urgencia de modificar hábitos alimenticios para prevenir enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones de salud.

De acuerdo con datos oficiales, cada costarricense consume en promedio 9.6 gramos de sal al día, una cifra que supera considerablemente los 5 gramos máximos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el Ministerio de Salud, este exceso se relaciona directamente con el incremento de casos de hipertensión arterial, además de favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y daño renal.

Entre una serie de actividades educativas, la cartera de salud organizó, el pasado 13 de mayo, un webinar nacional con especialistas en nutrición y rehabilitación cardiometabólica. Durante el encuentro virtual, los expertos enfatizaron el impacto negativo del sodio en la salud y recomendaron reducir el consumo de alimentos procesados, además de preferir hierbas y especias naturales en la preparación de comidas.

La institución remarcó la importancia de limitar el uso de salsas comerciales y condimentos artificiales, revisar detenidamente el etiquetado nutricional y priorizar opciones frescas.

“La prevención es la mejor herramienta para evitar complicaciones futuras”, señalaron las autoridades, que también recomendaron mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física regular.

Casos de hipertensión

Las estadísticas de la Dirección de Vigilancia de la Salud revelaron que en 2025 se reportaron 36,720 nuevos casos de hipertensión arterial en el país, lo que equivale a un promedio de 100 diagnósticos diarios. Además, se registraron preliminarmente 187 fallecimientos asociados a esta enfermedad durante el mismo año. Para las autoridades, estos datos reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana.

En este contexto, el Ministerio de Salud recordó que el 31 de mayo de 2024 se oficializó el Decreto N.° 44466-S, que creó la “Norma Nacional para la Atención de la Hipertensión Arterial en los Servicios de Salud”. Esta normativa establece lineamientos destinados a mejorar la atención de quienes padecen hipertensión, así como a facilitar el acceso a nuevos medicamentos y estandarizar los tratamientos en la atención primaria.

“La hipertensión arterial se considera el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares”, destacó el ministerio, que insiste en la importancia de monitorear regularmente la presión arterial y mantener controles médicos periódicos. Las recomendaciones incluyen mantener un peso saludable, evitar el consumo de tabaco y limitar la ingesta de alcohol.

Además, las autoridades sanitarias aconsejan reducir el estrés y adoptar rutinas que favorezcan el bienestar integral. “La alimentación saludable y el control de factores de riesgo pueden marcar la diferencia en la prevención de enfermedades graves”, concluyó la cartera estatal.

Quienes requieran más información o deseen orientación sobre hábitos saludables pueden consultar los canales oficiales del Ministerio y participar en futuras actividades de concientización, que buscan reforzar la educación en salud pública y disminuir la incidencia de hipertensión en la población.

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, junto al presidente de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), dio la bienvenida oficial al subsecretario de Estado para Crecimiento Económico de Estados Unidos, Jacob Helberg, durante su visita al país. El funcionario costarricense destacó en su cuenta oficial de X la importancia del encuentro y agradeció el compromiso del visitante estadounidense para impulsar nuevas oportunidades e iniciativas destinadas al fortalecimiento de los lazos económicos entre ambas naciones.

Durante la reunión, el subsecretario Helberg y las autoridades costarricenses analizaron los principales retos y oportunidades en materia de cooperación bilateral, con un enfoque en el desarrollo económico y la promoción de inversiones. El ministro enfatizó la relevancia de esta visita para consolidar proyectos conjuntos que permitan potenciar el comercio exterior y diversificar la oferta exportadora de Costa Rica.

“Agradezco su compromiso para impulsar oportunidades e iniciativas para el fortalecimiento de los lazos económicos entre nuestras naciones. Un gran encuentro y buenas cosas por venir”, expresó el ministro, subrayando el interés compartido de ambos gobiernos en profundizar la relación comercial. La visita de Helberg se produce en un contexto de creciente interés por parte de empresas estadounidenses en el mercado costarricense, especialmente en sectores vinculados a la tecnología y la sostenibilidad.

Según la información divulgada por las autoridades, PROCOMER reiteró su disposición para trabajar en conjunto con agencias y organismos de Estados Unidos, con el objetivo de crear plataformas que faciliten el intercambio comercial y la transferencia de conocimiento. El encuentro también sirvió para revisar avances en iniciativas previas y plantear líneas de acción para el corto y mediano plazo.

La cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos ha sido clave para el desarrollo de la industria local, permitiendo que el país centroamericano incremente su competitividad y acceda a nuevos mercados. Los funcionarios destacaron que la visita del subsecretario Helberg representa una oportunidad para proyectar a Costa Rica como un socio estratégico en la región.

Visita en Panamá

Durante su visita oficial a Panamá, el subsecretario adjunto de Estados Unidos, Alex Helberg, encabezó una serie de reuniones con autoridades panameñas para fortalecer alianzas económicas y garantizar cadenas de suministro confiables en sectores estratégicos. La gira forma parte de una agenda regional que también contempla escalas en Guyana y Costa Rica, países identificados como prioritarios por la administración de Donald Trump en materia de energía y minerales críticos.

De acuerdo con el reporte de Reuters, Helberg sostuvo encuentros con el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. En estos espacios se abordaron temas como inversiones, nuevas tecnologías, infraestructura y seguridad económica, con énfasis en áreas consideradas sensibles para Washington, como inteligencia artificial, semiconductores, energía y tecnología avanzada.

Durante la visita, Estados Unidos reiteró su interés en posicionar a Panamá como un socio clave en el hemisferio para el desarrollo y la protección de cadenas de suministro que involucren tecnologías emergentes y recursos minerales estratégicos. Según fuentes diplomáticas, la gira de Helberg busca asegurar que los países de la región cuenten con la infraestructura y las capacidades necesarias para responder a los desafíos de seguridad económica global.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica publicó ayer, 15 de mayo de 2026, los datos preliminares del comercio exterior de bienes para el primer trimestre del año. Las cifras aduaneras muestran un balance contable crudo que expone la realidad estructural del país: se gastó más dinero en el mercado internacional del que ingresó por ventas externas.

Específicamente, el intercambio de mercancías consolidó un déficit comercial de aproximadamente 447 millones de dólares. Durante este periodo, Costa Rica acumuló un total de 6,102.45 millones de dólares en exportaciones de bienes, frente a un valor aduanero de importaciones que alcanzó los 6,549.92 millones de dólares.

La dinámica transaccional experimentó una contracción generalizada si se compara con el mismo periodo del año anterior, sugiriendo un enfriamiento moderado en el ritmo del comercio. El valor acumulado de las exportaciones ($6,102.45 millones) representó un decrecimiento del 0.89% respecto al primer trimestre de 2025.

Al desglosar el comportamiento mensual, se observa una tendencia al alza: enero registró $1,843.04 millones; febrero ascendió a $2,091.61 millones; y marzo cerró como el mes de mayor dinamismo con $2,167.80 millones.

Por otra parte, el valor aduanero de las importaciones se situó en $6,549.92 millones, lo cual equivale a una disminución del 5.95% en comparación con el primer trimestre de 2025. Mensualmente, las importaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

• $2,056.99 millones en enero
• $2,066.37 millones en febrero
• $2,426.56 millones, marzo.

La composición de las mercancías transadas ratifica la consolidación de Costa Rica como un centro especializado en la manufactura de alta tecnología y dispositivos médicos, conviviendo con su tradicional matriz agrícola. En el sector exportador, los productos líderes indiscutibles fueron los instrumentos y aparatos de medicina de precisión, que incluyen:

• Jeringas
• Agujas
• Catéteres
• Cánulas
• Tubos de perfusión
• Aparatos de ortopedia.

Concentración de mercados y balance de socios comerciales

En la acera de las importaciones, las necesidades reflejan dependencia energética y logística. Los principales productos que ingresaron fueron las gasolinas y el diésel, esenciales para sostener la matriz de transporte y la producción local.

En el apartado logístico, el informe resalta una marcada especialización según el flujo de la mercancía. La Aduana Santamaría figuró como la principal jurisdicción operativa. Para las importaciones, el transporte marítimo fue el más utilizado, canalizando un 59% del valor total de los bienes debido al volumen que representan los hidrocarburos.

Los datos publicados por el INEC reafirman la concentración geográfica del comercio exterior. Los cinco principales destinos de las exportaciones agruparon el 63.86% del valor total transado, ubicándose exclusivamente en América y Europa. Estados Unidos se mantiene como el principal comprador, absorbiendo $2,617.81 millones (42.90%).

Por el lado de los proveedores, el fenómeno es similar, ya que los cinco principales países origen aglutinaron el 65.63% de las importaciones, distribuyéndose entre América, Asia y Europa. Estados Unidos también lidera este segmento al proveer el 38.15% de los bienes comprados ($2,498.73 millones). La lista la completan México con un 5.10% ($334.21 millones), Alemania con un 2.63% ($172.10 millones) y Japón con un 2.61% ($171.19 millones).

La radiografía del primer trimestre de 2026 suministrada por el INEC recuerda que la balanza comercial general de Costa Rica opera bajo un déficit persistente estructural. No obstante, la considerable caída de las importaciones respecto al año anterior ha funcionado como un amortiguador que evitó que el saldo en rojo del déficit aduanero se ampliara significativamente durante este ciclo económico inicial.

El fútbol femenino costarricense ha vivido una de sus páginas más memorables y emotivas de los últimos años. Tras una intensa batalla estratégica y noventa minutos de pura pasión en el Estadio Nicolás Masís, el Deportivo Saprissa Femenino se proclamó flamante campeón del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Promerica Femenina.

Con un contundente marcador de 3-1 ante un aguerrido Dimas Escazú, las “moradas” no solo bordaron una nueva estrella en su escudo, sino que sacudieron los cimientos del balompié nacional al poner fin a una larga sequía de ocho años sin celebrar un título de liga.

El compromiso definitivo en Escazú estuvo a la altura de las expectativas. Saprissa saltó al terreno de juego con la convicción de las grandes citas, mostrando un bloque sólido y una vocación ofensiva que incomodó desde el arranque a las locales. El grito de desahogo llegó al minuto 28, cuando Jimena González capitalizó una gran jugada colectiva para poner el 0-1, desatando la euforia en el banquillo tibaseño.

A pesar de la resistencia de Dimas Escazú, la segunda mitad tuvo un nombre propio: Carolina Venegas. La histórica delantera y capitana morada demostró por qué es una de las máximas referentes del área. En una ráfaga de genialidad y jerarquía, Venegas liquidó las aspiraciones rivales con un doblete fulminante a los minutos 69 y 71. Aunque Dimas logró descontar para maquillar el 1-3 definitivo, la mesa ya estaba servida para la fiesta saprissista.

El fin de un imperio y el camino al trono

Este campeonato tiene un valor doblemente histórico para la institución de Tibás. Por un lado, representa la quinta estrella de Primera División en sus vitrinas. Por el otro, y quizás lo más impactante para el ecosistema del fútbol femenino local, significa el fin de la abrumadora hegemonía de la Liga Deportiva Alajuelense.

Las manudas sumaban un registro impresionante de nueve torneos consecutivos dejándose la copa, un dominio absoluto que parecía inquebrantable hasta que este Saprissa versión 2026 decidió decir lo contrario.

El camino hacia la gloria no fue obra de la casualidad, sino el fruto de un proyecto deportivo renovado y de una consistencia notable en las fases decisivas. Cabe recordar que, antes de plantarse en la Gran Final, las dirigidas por el cuerpo técnico morado dieron un golpe de autoridad sobre la mesa en las semifinales, donde despacharon con un inapelable 4-1 global al Sporting F.C., otro de los grandes contendientes al cetro.

De igual manera, el éxito de este Saprissa Femenino se cimentó en un vestuario que combinó a la perfección la experiencia de figuras de peso con el talento internacional.

Carolina Venegas, además de sus goles en la final, fungió como la líder espiritual dentro de la cancha. Junto a ella, nombres como Gloriana Villalobos, Yomira Pinzón y Valentina Rivera se convirtieron en las aduanas y motores del equipo, manejando los tiempos en el mediocampo y oxigenando el ataque en los momentos de mayor presión.

Con esta nueva conquista, el palmarés histórico del Deportivo Saprissa Femenino se relanza con fuerza, alcanzando un total de cinco títulos de Primera División (2012, 2014, 2015, 2018 y Clausura 2026), que se suman al Torneo de Copa obtenido en 2024 y al prestigioso Torneo Centroamericano de la UNCAF ganado en 2019. Saprissa está de vuelta en la cima, y el fútbol femenino celebra el regreso de uno de sus gigantes.

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental dentro de las universidades costarricenses y ya forma parte de múltiples procesos académicos. Sin embargo, junto con su expansión también crecen las preocupaciones éticas, los riesgos de sesgos algorítmicos y las tensiones relacionadas con la privacidad de datos.

Así lo concluye un estudio presentado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que analizó cómo el personal docente está incorporando herramientas de inteligencia artificial en la educación superior y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la institución.

La investigación, desarrollada por el Centro de Investigaciones en Educación (CINED), llevó por nombre “Uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos que aplica el personal docente de la UNED: fundamentos axiológicos, creencias y buenas prácticas”.

El informe se elaboró con una muestra de 483 personas académicas y expone un panorama donde la inteligencia artificial ya se utiliza en áreas clave como investigación, análisis de datos, elaboración de recursos didácticos, evaluación de aprendizajes y gestión administrativa.

La IA gana espacio en las aulas universitarias

Los hallazgos reflejan que el uso de inteligencia artificial dentro de la universidad avanza rápidamente y ya impacta múltiples dimensiones de la enseñanza.

Entre los beneficios más señalados por el personal docente destacan la personalización del aprendizaje, la optimización del tiempo y la diversificación de recursos educativos.

Además, académicos consultados consideran que estas herramientas pueden fortalecer procesos evaluativos y facilitar tareas administrativas y de investigación.

Sin embargo, el crecimiento de estas tecnologías también abre interrogantes sobre sus límites y consecuencias.

Sesgos, privacidad y dependencia tecnológica preocupan a docentes

El estudio advierte que una parte importante del personal académico mantiene preocupaciones sobre el uso de inteligencia artificial en educación.

Entre las principales alertas aparecen los sesgos algorítmicos, la dependencia tecnológica, la privacidad de datos y los dilemas éticos vinculados con la toma de decisiones automatizadas.

La investigación también identificó que no todos los docentes utilizan la inteligencia artificial de la misma manera.

Mientras algunos muestran una alta integración tecnológica y una actitud innovadora, otros mantienen un uso mínimo y mucho más cauteloso.

Según los investigadores, estas diferencias reflejan la necesidad de crear estrategias institucionales diferenciadas de capacitación y acompañamiento.

UNED impulsa política institucional sobre inteligencia artificial

La universidad recordó que desde octubre del año anterior aprobó su primera Política Institucional para el uso responsable de la Inteligencia Artificial.

La iniciativa busca orientar a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre cómo incorporar estas tecnologías de manera ética, crítica y sostenible.

“La política institucional de IA no se limita a las plataformas o herramientas, sino que establece cómo deben alinearse con los principios y valores que históricamente han guiado a nuestra universidad: inclusión, derechos humanos, transparencia, sostenibilidad y autonomía universitaria”, explicó Jensy Campos Céspedes, coordinadora del estudio.

Crean red institucional para coordinar uso de IA

Como parte de las acciones derivadas de esta estrategia, la UNED también anunció la creación de la Red Institucional de Inteligencia Artificial (RedIIA).

La iniciativa funcionará como un espacio articulador enfocado en formación, investigación, gestión, seguridad tecnológica y acompañamiento institucional.

La vicerrectora de Docencia, Mildred Acuña Sossa, señaló que la red pretende coordinar esfuerzos en toda la universidad para implementar la política institucional de inteligencia artificial.

Las recomendaciones del estudio

El informe plantea varias recomendaciones estratégicas para enfrentar los retos que implica la expansión de estas tecnologías en educación superior.

Entre ellas destacan:

• Fortalecer la capacitación permanente del personal docente en competencias éticas, técnicas y pedagógicas.
• Crear lineamientos claros de regulación y gobernanza tecnológica.
• Impulsar investigaciones sobre impactos de la IA en equidad e inclusión educativa.
• Desarrollar espacios de acompañamiento diferenciados según el nivel de adopción tecnológica de cada docente.

Además, distintas unidades académicas trabajan en la elaboración de un marco institucional para orientar el uso pedagógico, ético y responsable de la inteligencia artificial dentro de la docencia universitaria.

Un debate que apenas comienza

La discusión sobre inteligencia artificial en educación se intensifica a nivel mundial conforme estas herramientas se vuelven más accesibles y sofisticadas.

Universidades, gobiernos y organismos internacionales mantienen abierto el debate sobre cómo equilibrar innovación tecnológica con principios éticos, protección de datos y calidad educativa.

En el caso de Costa Rica, el estudio de la UNED se convierte en uno de los primeros diagnósticos amplios sobre cómo el personal universitario está enfrentando esta transformación tecnológica dentro de las aulas.

La fracción legislativa del Frente Amplio presentó una moción en el Plenario Legislativo para crear una comisión especial mixta enfocada en reformar y fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.

La iniciativa surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la mora judicial, el atraso en casos de corrupción de alto perfil y las dificultades de acceso a la justicia que enfrentan distintos sectores de la población.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que la propuesta pretende demostrar que es posible impulsar cambios profundos dentro del sistema judicial sin debilitar la institucionalidad democrática ni la independencia de poderes.

“Costa Rica necesita una justicia más pronta, transparente y accesible. La ciudadanía está cansada de grandes casos de corrupción que no avanzan y de problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia. Frente a eso, propondremos soluciones serias, democráticas y técnicamente responsables”, afirmó el legislador frenteamplista.

Comisión buscará acuerdos para modernizar la justicia

La propuesta, impulsada junto a diputados de otras bancadas legislativas, plantea la creación de un espacio de análisis, investigación y construcción de acuerdos orientados a atender problemas estructurales del sistema de administración de justicia.

Entre los principales temas que abordaría la comisión destacan la mora judicial, la sobrecarga de expedientes, la transparencia institucional y la digitalización de procesos judiciales.

Además, el grupo analizaría el fortalecimiento de la carrera judicial, el uso de nuevas tecnologías y las barreras que enfrentan poblaciones vulnerables para acceder a servicios de justicia.

La intención es que la comisión también pueda estudiar y dictaminar proyectos de ley relacionados directamente con la modernización del sistema judicial costarricense.

Expertos y sociedad civil participarían en el proceso

Uno de los puntos centrales de la propuesta es incorporar participación de sectores externos al Congreso.

La comisión incluiría audiencias y espacios de consulta con especialistas en derecho, organizaciones de sociedad civil, trabajadores judiciales y entidades vinculadas al sistema de justicia.

Según el Frente Amplio, el objetivo es generar recomendaciones concretas y propuestas legislativas técnicamente fundamentadas que permitan modernizar el Poder Judicial y mejorar la atención a la ciudadanía.

Debate sobre independencia judicial

La iniciativa aparece en un contexto de tensión política alrededor del Poder Judicial y de constantes cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento de tribunales y fiscalías.

En ese escenario, Trejos Mazariegos insistió en que reformar el sistema no debe confundirse con debilitar la independencia judicial.

“Defender la independencia judicial no implica negar los problemas existentes dentro del sistema, sino asumir con responsabilidad la tarea de reformarlo y fortalecerlo sin caer en ataques que debiliten la separación de poderes o abran espacio a presiones políticas sobre la justicia”, señaló.

El legislador agregó que Costa Rica necesita un Poder Judicial “independiente, fuerte, moderno, transparente y democrático”, capaz de garantizar justicia pronta y cumplida para toda la población.

Mora judicial sigue siendo uno de los principales reclamos

La mora judicial se ha convertido en uno de los problemas más señalados por distintos sectores sociales y empresariales en Costa Rica.

Procesos que tardan años en resolverse, investigaciones de corrupción sin sentencia y retrasos en distintas materias judiciales forman parte de las principales críticas que enfrenta el sistema.

Diversos informes institucionales y organismos internacionales han advertido durante los últimos años sobre la necesidad de acelerar procesos, fortalecer herramientas digitales y mejorar la eficiencia administrativa del Poder Judicial.

La propuesta del Frente Amplio abre ahora un nuevo debate político sobre cómo reformar el sistema judicial sin comprometer la independencia de los jueces ni alterar el equilibrio entre poderes del Estado.

La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea lanzó una serie de recomendaciones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al Gobierno y a distintos actores políticos y sociales de Costa Rica tras analizar el desarrollo de las elecciones generales de 2026.

En su informe final, presentado en la sede central del TSE, la misión europea concluyó que el proceso electoral costarricense fue organizado “de manera transparente y eficiente”, aunque alertó sobre el impacto de la desinformación, los ataques digitales y las campañas dirigidas a debilitar la credibilidad de las autoridades electorales.

Entre las principales recomendaciones figura reforzar la comunicación institucional sobre las garantías técnicas del proceso electoral, especialmente en temas sensibles como el conteo de votos y el escrutinio.

La Unión Europea también recomendó fortalecer iniciativas independientes de verificación de datos y programas de alfabetización mediática y digital para combatir la manipulación de información en línea, incluyendo contenidos generados mediante inteligencia artificial.

Además, planteó la necesidad de establecer marcos jurídicos más claros sobre publicidad estatal y asignación de frecuencias de radiodifusión, introducir franjas de propaganda electoral equitativas para todos los partidos y fomentar una mayor observación electoral independiente.

Otra de las recomendaciones apunta directamente al funcionamiento de las juntas receptoras de votos. La misión sugirió “simplificar y ciudadanizar” el sistema de selección del personal electoral, de forma que todos los integrantes queden bajo autoridad directa del TSE y reciban capacitación formal.

El informe también pidió mejorar la publicación conjunta de actas de resultados y escrutinio para facilitar el acceso ciudadano a la información, así como valorar plazos procesales más ágiles para resolver denuncias relacionadas con elecciones.

Desinformación y ataques contra el TSE

Uno de los apartados más extensos y delicados del informe se concentró en la ofensiva digital que enfrentó el TSE durante el proceso electoral.

La misión europea concluyó que Costa Rica vivió “cuestionamientos sin precedentes” contra la autoridad electoral, principalmente impulsados desde redes sociales, páginas afines al oficialismo y cuentas coordinadas.

Según el documento, aunque el presidente saliente Rodrigo Chaves inicialmente elogió al TSE, posteriormente cuestionó públicamente la imparcialidad de la institución y llegó a afirmar que intentaban censurarlo.

“Este discurso acentuó la pérdida de confianza en las instituciones, principalmente entre los simpatizantes del Partido Pueblo Soberano”, señala el informe.

La misión también mencionó a la entonces candidata oficialista Laura Fernández Delgado, indicando que aunque mantuvo un tono “menos confrontativo”, realizó declaraciones que sugerían supuestos sesgos del TSE contra su movimiento político.

El informe sostiene que hashtags como “#NoConfíoEnElTSE”, acusaciones de parcialidad a favor del PLN y teorías sobre elecciones “amañadas” circularon constantemente en plataformas digitales.

Además, los expertos europeos citaron análisis del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica, que detectó actividades sofisticadas de cuentas tipo “troll” destinadas a amplificar ataques personales y polarización política.

Incluso después de las elecciones, la misión observó nuevas olas de desinformación ligadas a supuestas irregularidades en el escrutinio y publicaciones engañosas sobre las actas electorales.

La respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones

Pese al escenario de polarización, la Unión Europea destacó la reacción del TSE ante los ataques.

El informe considera que la respuesta “más consistente” de la institución fue priorizar la transparencia y mantener un proceso abierto a observación nacional e internacional.

Los expertos resaltaron que el TSE explicó públicamente cada etapa del proceso electoral, desde la preparación de materiales hasta el conteo y transmisión de resultados.

También reconocieron la decisión de mantener el voto manual pese a pruebas exitosas de voto electrónico, argumentando que esto fortaleció la trazabilidad y la confianza en el proceso.

La misión europea destacó además iniciativas digitales impulsadas por el tribunal, incluyendo la plataforma “Que no lo engañen”, campañas informativas en redes sociales y el trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para monitorear desinformación y discursos de odio.

Costa Rica, un modelo regional según la UE

Más allá de las recomendaciones y advertencias, el informe calificó el sistema electoral costarricense como sólido y alineado con estándares internacionales.

La misión elogió el padrón electoral “altamente inclusivo”, la claridad en la inscripción de candidaturas, la calidad de los materiales utilizados en juntas receptoras de votos y la transparencia del escrutinio.

También resaltó los avances en paridad de género, señalando que Costa Rica cuenta con “uno de los marcos más avanzados del mundo” en esa materia.

El informe destacó particularmente la elección de la segunda mujer presidenta de la República en la historia del país y el hecho de que la Asamblea Legislativa quedara integrada por mayoría femenina por primera vez.

Asimismo, reconoció las medidas implementadas por el TSE para facilitar la participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad durante las elecciones.