Un grupo de jóvenes costarricenses logró posicionar al país en el escenario internacional de la innovación aeroespacial, después de conquistar el primer lugar en la competencia BAJA ROCKET Science 2026, celebrada en Laguna Salada, Mexicali, Baja California, México, con un cohete desarrollado en territorio nacional y equipado con un motor de fabricación propia.

El reconocimiento fue obtenido por Singularity Rocket Technologies, una empresa conformada por universitarios costarricenses que participó en la categoría 1 km SRAD, destinada a proyectos que incorporan sistemas diseñados y fabricados por los propios equipos.

La agrupación está integrada por Kendrik Palacios, José Andrés Granados, Karina Artavia y Andrea Hidalgo, esta última docente de la Universidad Fidélitas, institución que brindó acompañamiento al desarrollo del proyecto.

Más allá de conseguir el primer lugar, la participación representó un acontecimiento para la cohetería experimental de la región, pues, según sus integrantes, se trata del primer equipo costarricense y centroamericano en realizar un vuelo utilizando un motor de fabricación propia, en lugar de recurrir a sistemas comerciales de propulsión.

“El resultado convierte a Singularity en el primer equipo costarricense y centroamericano en realizar un vuelo con un motor de fabricación propia, en lugar de utilizar uno comercial, lo cual nos llena de muchísimo orgullo”, expresó Karina Artavia, integrante de la agrupación.

El logro también estuvo acompañado por el éxito técnico de la misión, debido a que el dispositivo pudo recuperarse en perfecto estado después del lanzamiento, lo que permitió comprobar el funcionamiento de los sistemas desarrollados por los jóvenes.

La operación recibió el aval de la Asociación Nacional de Actividades Espaciales de México (ANAEM), organismo vinculado con la realización de actividades de cohetería en ese país.

Un cohete diseñado y construido durante seis meses en Costa Rica

El protagonista de esta hazaña tecnológica fue CACIQUE, un cohete experimental desarrollado durante aproximadamente seis meses, mediante un proceso que combinó conocimientos de ingeniería, diseño estructural, simulaciones computacionales y fabricación de componentes.

El dispositivo tiene dos metros de altura, un diámetro de siete centímetros y un peso de 7,15 kilogramos.

Su estructura fue construida utilizando fibra de vidrio, mientras que las aletas se elaboraron con madera contrachapada de uso aeroespacial. La ojiva, ubicada en el extremo superior del cohete, fue fabricada mediante impresión 3D, utilizando un material PLA reforzado con fibra de carbono.

Uno de los elementos más relevantes fue el desarrollo nacional del motor, considerado por sus creadores como un avance que demuestra las posibilidades de producir tecnología aeroespacial especializada sin depender exclusivamente de componentes comerciales.

Antes de viajar a México, los integrantes realizaron diferentes simulaciones mediante el programa OpenRocket, una herramienta utilizada para analizar el comportamiento de vehículos experimentales durante el vuelo.

Estas evaluaciones permitieron estudiar variables relacionadas con la velocidad, aceleración, estabilidad y peso, con el objetivo de determinar la viabilidad del diseño y reducir los riesgos durante el lanzamiento.

El trabajo previo fue determinante para que el proyecto pudiera superar las exigencias técnicas de la competencia y completar satisfactoriamente su participación internacional.

Jóvenes también consiguieron avances en certificaciones internacionales

Además del reconocimiento obtenido en la categoría principal, los representantes costarricenses realizaron exitosamente lanzamientos de certificación correspondientes a los niveles 1 y 2 de cohetería de alta potencia.

Estas actividades permitieron respaldar los procesos de certificación de Karina Artavia, integrante de Singularity, y Andrea Hidalgo, docente universitaria y miembro de la Asociación Costarricense de Cohetería (ACC).

Los ejercicios implicaron la aplicación de conocimientos avanzados en distintas áreas de la ingeniería y exigieron que los participantes demostraran su capacidad para desarrollar, operar y recuperar dispositivos de propulsión experimental.

“La experiencia combinó pruebas prácticas, evaluación técnica y desarrollo de capacidades en cohetería de alta potencia, una disciplina que exige conocimientos de ingeniería, propulsión, estabilidad, telemetría y recuperación”, explicó Kendrik Palacios.

Los resultados también representan una oportunidad para fortalecer la formación de profesionales costarricenses interesados en disciplinas relacionadas con el desarrollo aeroespacial.

De acuerdo con los participantes, la experiencia permitió someter el trabajo realizado en Costa Rica a un proceso de evaluación internacional y comprobar que sus conocimientos pueden aplicarse en proyectos de mayor complejidad tecnológica.

Laboratorios universitarios impulsaron el desarrollo del proyecto

Parte del trabajo de diseño e investigación se llevó a cabo en los Laboratorios de Innovación de la Universidad Fidélitas, espacios destinados al desarrollo de proyectos que combinan creatividad, experimentación y aplicación de conocimientos científicos.

Para Andrea Hidalgo, docente de Ingeniería Civil de la institución, el resultado demuestra la importancia de contar con infraestructura que permita a los estudiantes transformar sus conocimientos académicos en soluciones y desarrollos tecnológicos.

“La participación en BAJA ROCKET Science 2026 permitió al equipo poner a prueba sus capacidades en un escenario internacional y demostrar el alcance de un proyecto concebido y desarrollado propiamente en Costa Rica y en los Laboratorios de Innovación de nuestra Universidad”, destacó Hidalgo.

La académica señaló que estos espacios están concebidos para estimular la investigación, el ingenio y la experimentación, elementos que resultaron fundamentales para que el equipo pudiera materializar su propuesta.

El proyecto también recibió patrocinio de diferentes organizaciones y empresas privadas, entre ellas la Universidad Fidélitas, Novex, Luis Fernando Rivas, Psico Vital y Aluna Diseño y Sublimación.

Este respaldo permitió acompañar a los jóvenes durante el proceso de preparación y participación en la competencia internacional.

“Este resultado demuestra el potencial del talento costarricense para desarrollar tecnología, ponerla a prueba y competir en escenarios internacionales”, afirmó Andrea Hidalgo.

Un precedente para el desarrollo aeroespacial de Centroamérica

El triunfo conseguido en México representa un nuevo paso para quienes buscan impulsar la cohetería experimental en Costa Rica y Centroamérica, especialmente en un campo que requiere conocimientos especializados y acceso a recursos tecnológicos.

La fabricación del motor en territorio costarricense constituye uno de los aspectos centrales del proyecto, debido a los desafíos técnicos que implica desarrollar sistemas de propulsión propios y comprobar su funcionamiento durante un vuelo real.

Para los integrantes de Singularity Rocket Technologies, la experiencia permitió demostrar que los proyectos desarrollados por jóvenes nacionales pueden alcanzar resultados competitivos fuera de las fronteras del país.

El éxito de CACIQUE también evidencia las oportunidades que pueden surgir mediante la colaboración entre estudiantes, docentes, universidades y empresas privadas para impulsar iniciativas científicas.

“Con este triunfo que nos tiene sumamente emocionados, Singularity Rocket Technologies contribuye al desarrollo de la cohetería experimental en Costa Rica y Centroamérica, y demuestra que la capacidad de innovación nacional puede proyectarse hacia campos tecnológicos de alta especialización”, concluyó José Andrés Granados.

Con esta victoria, el equipo costarricense no solamente consiguió un reconocimiento internacional, sino que también estableció un precedente para el desarrollo de tecnología de propulsión experimental hecha en el país, abriendo nuevas posibilidades para futuras generaciones interesadas en la ingeniería y la investigación aeroespacial.

La actividad sísmica desencadenada por el poderoso terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre continúa bajo vigilancia de las autoridades costarricenses, después de que el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA) contabilizara más de 300 réplicas, algunas de las cuales pudieron sentirse en comunidades cercanas a la frontera entre ambos países.

Según el informe divulgado por la institución, hasta el mediodía del domingo 11 de octubre, su red de estaciones sismológicas había registrado más de 300 movimientos secundarios, de los cuales 46 alcanzaron magnitudes superiores a 4,5.

El dato refleja la intensa actividad que permanece en la zona donde se originó el terremoto, cuyo epicentro se ubicó en la península de Azuero, Panamá, y que provocó movimientos prolongados en varias provincias costarricenses.

Aunque las réplicas tienen su origen principalmente en territorio panameño, los equipos de vigilancia instalados en Costa Rica han logrado captar una cantidad considerable de estos eventos, especialmente los de mayor magnitud.

Los especialistas explicaron que algunos movimientos secundarios pudieron ser percibidos nuevamente por habitantes del sur del país, debido a su proximidad con la región donde se mantiene la actividad tectónica.

“Es muy probable que algunas hayan sido percibidas en comunidades de Costa Rica cercanas a la frontera con Panamá”, explicó Wálter Jiménez, sismólogo del Ovsicori.

Réplicas disminuyen, pero actividad sísmica continúa

Pese a la elevada cantidad de temblores, los especialistas señalaron que el comportamiento registrado durante el fin de semana corresponde a un proceso esperado después de un terremoto de gran magnitud.

El Ovsicori identificó que la cantidad y magnitud de las réplicas siguen una tendencia decreciente, un fenómeno que suele presentarse a medida que transcurre el tiempo desde el movimiento principal.

De acuerdo con el análisis técnico, la secuencia sísmica está siguiendo una curva exponencial decreciente, lo que significa que los temblores secundarios tienden a producirse con menor frecuencia conforme avanza el proceso de reajuste de la zona de falla.

El observatorio describió este comportamiento como “algo normal y de esperar en este tipo de eventos de gran magnitud”.

No obstante, los expertos aclararon que una disminución progresiva de la actividad no implica que hayan terminado las réplicas ni descarta que se registren nuevos movimientos capaces de sentirse en territorio costarricense.

¿Cuánto tiempo podrían continuar los temblores en Costa Rica?

La posibilidad de que se registren nuevos movimientos durante las próximas semanas fue abordada por especialistas de la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El sismólogo Leopold Linkimer explicó que, después de un terremoto de gran magnitud, la actividad secundaria puede prolongarse durante días, semanas e incluso meses, aunque normalmente tiende a disminuir de manera gradual.

El experto también señaló que la ubicación del epicentro, fuera del territorio costarricense, representa una dificultad para los sistemas nacionales de monitoreo.

Esto ocurre porque las estaciones sismológicas están distribuidas principalmente dentro de Costa Rica, mientras que la mayoría de las réplicas se origina a una distancia considerable de estos instrumentos.

Por esa razón, los especialistas pueden localizar con mayor facilidad los eventos más fuertes, mientras que los movimientos pequeños resultan más difíciles de identificar con precisión.

Las autoridades enfatizaron que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá una nueva réplica ni cuál será su magnitud.

Sin embargo, el comportamiento observado hasta ahora permite identificar una reducción progresiva de la actividad más intensa.

Un operativo desarrollado en la frontera norte de Costa Rica permitió a las autoridades decomisar un cargamento de productos que habrían ingresado ilegalmente al territorio nacional, cuyo valor comercial podría superar los 37 millones de colones (USD 80 mil), según estimaciones preliminares del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La intervención fue realizada por oficiales de la Policía de Fronteras, quienes localizaron miles de medicamentos, zapatos, alimentos y dispositivos electrónicos en una zona montañosa de Peñas Blancas, cerca del río Sapoá, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, próximo a la frontera con Nicaragua.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió como resultado de labores de inteligencia, patrullaje y vigilancia fronteriza orientadas a combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Durante el recorrido, los oficiales sorprendieron a tres hombres que se encontraban cargando numerosos sacos con diferentes productos en un camión, situación que motivó su intervención inmediata.

Los sospechosos fueron detenidos en el lugar, mientras los agentes procedieron a coordinar con la Policía de Control Fiscal para realizar la revisión e inventario de la mercancía.

Las autoridades calificaron el hallazgo como uno de los mayores decomisos de productos ingresados sin el pago de impuestos realizados en esa zona fronteriza, debido tanto al volumen de los artículos como a su valor económico.

Más de 13,900 medicamentos entre los artículos decomisados

Uno de los aspectos más llamativos del operativo fue la gran cantidad de productos farmacéuticos encontrados entre la mercancía.

Según el inventario elaborado por los cuerpos policiales, se decomisaron 13,914 unidades de medicamentos de diferentes tipos, que representaban la categoría más numerosa dentro del cargamento.

Además de los fármacos, los policías localizaron 1,515 pares de zapatos, entre tenis y sandalias, así como 2,715 unidades de productos alimenticios, incluidos consomés, sopas, café y diferentes tipos de salsas.

El inventario también permitió identificar 76 artículos electrónicos, principalmente audífonos.

Tres detenidos y un conductor remitido a la Fiscalía

El procedimiento policial también dejó como resultado la aprehensión de tres hombres, quienes fueron sorprendidos mientras movilizaban los productos hacia el camión.

Después de realizar las coordinaciones correspondientes con el Ministerio Público, las autoridades determinaron que dos de los involucrados debían quedar a disposición de la Policía Profesional de Migración, debido a que se encontraban en condición migratoria irregular dentro del territorio costarricense.

Por su parte, el conductor del vehículo, identificado únicamente con el apellido Calero, fue remitido al Ministerio Público para la continuación de las diligencias judiciales.

Frontera norte registra otros decomisos recientes

El hallazgo se produjo en medio de una serie de intervenciones policiales desarrolladas durante los primeros días de octubre de 2026 para combatir el ingreso irregular de mercancías por la frontera con Nicaragua.

El 6 de octubre, las autoridades también informaron sobre la detección de compartimentos ocultos en un autobús que transportaba productos de contrabando cerca de Peñas Blancas.

En aquella intervención, los oficiales encontraron zapatos, sandalias, bebidas alcohólicas, cosméticos y medicamentos que eran trasladados sin cumplir con los controles aduaneros correspondientes.

En otro procedimiento durante la misma semana, la Policía de Fronteras decomisó 1,311 unidades de medicamentos, entre antibióticos, analgésicos, pastillas y jarabes, que eran transportados por una pareja de nacionalidad nicaragüense.

Según los reportes policiales de ese caso, los productos presuntamente iban a ser comercializados al menudeo en sectores de San José.

El contrabando y sus implicaciones para Costa Rica

El ingreso de mercancías sin cumplir con las obligaciones aduaneras representa un desafío para las autoridades fiscales, debido a que puede generar pérdidas en la recaudación tributaria y condiciones de competencia desiguales para los comerciantes que sí cumplen con los requisitos legales.

En el caso particular de los medicamentos, el comercio fuera de los canales autorizados también plantea interrogantes sobre las condiciones de almacenamiento, transporte, trazabilidad y cumplimiento de los controles sanitarios.

El Gobierno de Costa Rica anunció el envío de una misión médica de emergencia a Panamá, con el propósito de apoyar la recuperación de los servicios de atención para mujeres en período de posparto y bebés recién nacidos en dos hospitales afectados por el poderoso terremoto que sacudió al país vecino el pasado viernes.

La decisión fue comunicada por la presidenta Laura Fernández Delgado, quien explicó que el contingente costarricense viajará este martes 13 de octubre, en respuesta a una solicitud oficial de asistencia formulada por las autoridades panameñas.

La operación contará con el respaldo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e incluirá el traslado de dos módulos asistenciales, plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, así como profesionales de medicina, enfermería y especialistas en logística.

El objetivo principal será colaborar con el restablecimiento de la capacidad hospitalaria para atender a mujeres que acaban de dar a luz y a sus hijos recién nacidos, una población que requiere cuidados especializados y continuidad en los servicios médicos.

“Querido pueblo panameño, quiero que sepan que Costa Rica está con ustedes en este difícil momento que están atravesando después del terremoto del viernes”, expresó la mandataria al iniciar su mensaje dirigido a la población del país vecino.

Fernández recordó los vínculos históricos entre ambas naciones y manifestó que la respuesta costarricense busca acompañar a Panamá durante las labores de recuperación posteriores a la emergencia.

“Nuestros países comparten mucho más que una frontera. Compartimos historia, amistad y, sobre todo, la certeza de que cuando uno de nuestros pueblos necesita ayuda, el otro está dispuesto a tenderle la mano”, señaló.

Los módulos asistenciales permitirán reforzar temporalmente la infraestructura disponible para brindar atención sanitaria mientras las autoridades panameñas avanzan en la evaluación y recuperación de los establecimientos afectados.

La misión también llevará plantas eléctricas y sistemas de agua y saneamiento, recursos fundamentales para sostener el funcionamiento de instalaciones médicas en situaciones de desastre.

Estos equipos resultan especialmente relevantes en un contexto donde algunas instalaciones hospitalarias han sufrido interrupciones en servicios básicos y han tenido que trasladar temporalmente a sus pacientes.

Uno de los principales aspectos destacados por la presidenta fue la participación de la Caja Costarricense de Seguro Social, institución que aportará recursos humanos y equipo para ejecutar la misión.

La mandataria explicó que el operativo será organizado de acuerdo con los estándares internacionales establecidos para equipos médicos de emergencia por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este tipo de despliegues requiere una coordinación que permita proporcionar atención sanitaria en escenarios donde la infraestructura local ha resultado dañada o no dispone de todos los recursos necesarios para responder a la emergencia.

En el caso de Panamá, los equipos costarricenses tendrán como prioridad apoyar el restablecimiento de servicios hospitalarios esenciales y complementar los esfuerzos del personal sanitario local.

Fernández también abordó el posible impacto del traslado de profesionales y equipos sobre la prestación de servicios de salud dentro de Costa Rica.

En ese sentido, aseguró que la movilización de personal y recursos no provocará afectaciones en la atención de los asegurados costarricenses.

“La atención y colaboración que vamos a brindar no afectará en absolutamente nada los servicios propios de la Caja Costarricense de Seguro Social en el territorio nacional”, sostuvo la presidenta.

Terremoto dejó hospitales afectados y cientos de viviendas dañadas

La misión costarricense se anuncia apenas tres días después del terremoto de magnitud 7,7 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, cuyo epicentro se ubicó en las cercanías de la península de Azuero, en el centro-sur del país.

El movimiento provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, carreteras, puentes y otros edificios, especialmente en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

De acuerdo con balances difundidos por las autoridades panameñas durante el fin de semana, el terremoto dejó al menos 27 personas heridas y afectaciones en aproximadamente 900 viviendas, cifras sujetas a actualización conforme avanzan las evaluaciones.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino declaró el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos y la atención de las comunidades afectadas.

Los daños alcanzaron también instalaciones sanitarias, lo que obligó a establecer mecanismos temporales para garantizar la continuidad de los servicios.

Según una actualización del Ministerio de Salud de Panamá, divulgada este 12 de octubre, las autoridades evaluaron 842 instalaciones sanitarias y detectaron 66 estructuras con afectaciones leves, que no comprometían su integridad.

No obstante, algunos centros médicos continuaban atendiendo a sus pacientes mediante espacios temporales o áreas adaptadas.

Entre ellos figuraban el Hospital Cecilio A. Castillero, el Hospital Aquilino Tejeira, el Minsa-CAPSI de Macaracas, el Centro de Salud de Los Pozos y el Hospital de San Félix.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) confirmó que más de 40 pacientes fueron evacuados de la antigua sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, como medida preventiva ante los daños estructurales detectados.

Estos antecedentes reflejan la presión que enfrenta el sistema sanitario panameño para mantener operativos sus servicios durante la emergencia.

Más de 6,000 pacientes atendidos tras el terremoto

La magnitud de la respuesta sanitaria también quedó reflejada en los reportes oficiales divulgados por el Ministerio de Salud de Panamá.

Según las autoridades, durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto se brindó atención a más de 6,000 pacientes, mediante diferentes establecimientos del sistema público de salud.

La institución también reportó la instalación de 16 hospitales de campaña y la coordinación de más de 140 traslados de emergencia, tanto por vía terrestre como aérea.

En su mensaje, la presidenta Laura Fernández destacó que la cooperación responde a los vínculos históricos y de amistad entre ambas naciones.

“Panamá, reciban nuestro abrazo fraterno. Hoy necesitan apoyo solidario y Costa Rica responderá, como siempre, con capacidad y con el corazón”, concluyó la mandataria.

El Gobierno de Costa Rica expresó una enérgica condena contra los ataques perpetrados por la milicia hutí de Yemen contra Arabia Saudita, después de una serie de bombardeos que alcanzaron el principal aeropuerto internacional de Riad y dejaron al menos 14 personas fallecidas y más de 300 heridas durante el fin de semana.

Mediante un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto rechazó las acciones armadas dirigidas contra el territorio saudí, particularmente el atentado contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, una de las principales instalaciones de transporte aéreo del país.

“Costa Rica condena enérgicamente los continuos ataques perpetrados por la milicia hutí contra el Reino de Arabia Saudita, incluido el grave atentado contra el Aeropuerto Internacional de Riad”, manifestó la Cancillería costarricense.

La declaración se produjo después de que las autoridades saudíes confirmaran múltiples víctimas como consecuencia de los ataques registrados entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2026, en medio de una creciente escalada militar que amenaza con extender las hostilidades en Medio Oriente.

El Gobierno costarricense también manifestó su solidaridad con las autoridades y la población de Arabia Saudita, así como con las naciones que perdieron ciudadanos durante los bombardeos.

“Costa Rica expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo del Reino de Arabia Saudita, así como sus condolencias por las víctimas de estos ataques y a los países cuyos ciudadanos se hayan visto afectados por estos actos de violencia”, señaló el comunicado.

Ataques contra el aeropuerto dejaron cientos de víctimas

La ofensiva más grave ocurrió el sábado 10 de octubre, cuando un ataque con misiles impactó el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, ubicado en las afueras de Riad, la capital saudí.

De acuerdo con información de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA), el atentado provocó inicialmente la muerte de 12 personas y dejó 309 heridos, varios de ellos en estado crítico.

Entre los fallecidos figuraban cuatro ciudadanos saudíes, dos personas de Bangladesh y víctimas de Estados Unidos, Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán.

Posteriormente, la Embajada de la India en Arabia Saudita confirmó el fallecimiento de uno de sus ciudadanos, quien permanecía hospitalizado por las lesiones sufridas durante el ataque del sábado, elevando a 13 el número de muertos de ese incidente.

La situación se agravó el domingo 11 de octubre, cuando un nuevo proyectil alcanzó sectores del aeropuerto y provocó la muerte de un ciudadano pakistaní, además de causar heridas a 11 personas.

Con estos acontecimientos, el número de fallecidos en los ataques del sábado y domingo ascendió a por lo menos 14, sin contar otras víctimas registradas durante las agresiones ocurridas en días anteriores.

Según reportes de Reuters y Associated Press, el aeropuerto había sido blanco de varios ataques a lo largo de la semana, incluidos bombardeos del jueves 8 de octubre que causaron la muerte de tres ciudadanos saudíes, entre ellos un piloto de la aerolínea nacional Saudia.

La sucesión de ofensivas provocó daños en instalaciones aeroportuarias, interrupciones del tráfico aéreo y la activación de protocolos de emergencia para atender a las víctimas.

Aeropuerto de Riad permanecerá cerrado y aerolíneas suspenden vuelos

Como consecuencia de los ataques, las autoridades saudíes suspendieron las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, mientras los equipos especializados realizan inspecciones para determinar el alcance de los daños y verificar las condiciones de seguridad.

Según informó Reuters este lunes, la suspensión de operaciones se extenderá hasta el 17 de octubre, una medida que ha provocado cancelaciones y modificaciones en vuelos internacionales.

Compañías como Lufthansa, Air France-KLM y Etihad figuran entre las aerolíneas afectadas por las restricciones operativas y el deterioro de las condiciones de seguridad en la región.

Asimismo, organismos internacionales de aviación han emitido advertencias relacionadas con los riesgos de operar en determinadas zonas del espacio aéreo saudí.

El cierre representa una afectación importante para la conectividad de Arabia Saudita, particularmente por el movimiento de viajeros internacionales, trabajadores y empresarios que utilizan Riad como punto de llegada y conexión.

¿Quiénes son los hutíes y por qué atacan Arabia Saudita?

Los hutíes, también conocidos como Ansar Allah, constituyen un movimiento político y armado originario de Yemen, que controla la capital, Saná, y amplias zonas del norte del país.

El grupo mantiene una prolongada confrontación con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudita, y cuenta con apoyo de Irán, en un conflicto que ha provocado una grave crisis humanitaria.

Durante los últimos años, los hutíes han utilizado misiles y drones para atacar instalaciones militares, energéticas y de transporte, tanto en territorio saudí como en otras zonas estratégicas de Medio Oriente.

La reciente intensificación de las operaciones militares en Yemen ha incrementado las tensiones entre las partes enfrentadas, mientras las fuerzas saudíes realizan acciones contra posiciones controladas por los rebeldes.

Los hutíes han advertido a las aerolíneas internacionales sobre los riesgos de utilizar el espacio aéreo saudí, en medio de sus operaciones contra instalaciones aeroportuarias y otros objetivos.

Las ofensivas también generan preocupación por las posibles consecuencias sobre el transporte comercial y energético en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, una de las rutas marítimas estratégicas para el comercio internacional.

Costa Rica se suma a los llamados internacionales para detener la violencia

El pronunciamiento del Gobierno costarricense coincide con las reacciones expresadas por diferentes países y organismos internacionales tras los ataques contra el aeropuerto saudí.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el bombardeo del 10 de octubre e hizo un llamado al cese inmediato de las agresiones contra la población civil.

De igual manera, representantes de la Unión Europea rechazaron las acciones contra instalaciones civiles y advirtieron sobre las consecuencias humanitarias de la escalada militar.

El Gobierno de España también condenó el ataque, mientras otras naciones expresaron solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Por su parte, Costa Rica reiteró su posición en defensa de la solución pacífica de los conflictos y del respeto a la vida de las personas que no participan directamente en las hostilidades.

“Costa Rica reitera su llamado a la paz y a la protección de la población civil, y rechaza todo ataque contra la infraestructura civil”, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La posición de San José mantiene una línea de rechazo a los ataques contra territorio saudí que ya había expresado el 19 de septiembre de 2026, cuando la Cancillería condenó el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra Riad y otras instalaciones estratégicas de Arabia Saudita.

En aquella oportunidad, las autoridades costarricenses también instaron a la comunidad internacional a fortalecer los esfuerzos para combatir el terrorismo y promover la paz.

Mientras tanto, la situación en Medio Oriente continúa siendo motivo de preocupación internacional, especialmente por las amenazas contra aeropuertos, rutas comerciales y otros puntos estratégicos que podrían afectar a miles de civiles.

El Gobierno saudí mantiene las evaluaciones sobre los daños ocasionados por los ataques, mientras la comunidad internacional insiste en la necesidad de evitar una mayor escalada militar y garantizar la protección de las personas que permanecen expuestas a la violencia.

El Gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sumó este lunes 12 de octubre de 2026 dos nuevas bajas en su equipo de trabajo, después de conocerse las renuncias de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Bolaños Argueta, y del viceministro de Economía, Industria y Comercio, Christian Rucavado Leandro, en medio de una serie de cambios que han marcado los primeros meses de la administración.

Las salidas se producen a poco más de cinco meses de que Fernández asumiera la Presidencia de la República, el pasado 8 de mayo, y afectan a dos instituciones estratégicas para el funcionamiento del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La renuncia de Bolaños Argueta, quien ocupaba el Viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, fue confirmada por distintas fuentes consultadas por el medio nacional CR Hoy.

Según la información publicada, su salida se hará efectiva el próximo jueves 15 de octubre, precisamente el día en que Ana Elena Pinto Lizano asumirá como nueva ministra de Relaciones Exteriores, tras la destitución de Manuel Tovar Rivera.

Entretanto, la renuncia de Christian Rucavado fue confirmada oficialmente por la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, quien explicó que el funcionario decidió dejar su cargo para asumir la Dirección Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Aunque ambas dimisiones se conocieron durante la misma jornada, las circunstancias son distintas: en el caso del MEIC, existe un relevo anunciado y una nueva oportunidad profesional para el funcionario saliente, mientras que en la Cancillería no se han explicado públicamente los motivos de la renuncia de Bolaños.

Adriana Bolaños Argueta había asumido el Viceministerio de Asuntos Multilaterales el 1 de julio de 2026, como parte del equipo encabezado entonces por Manuel Tovar.

La funcionaria es abogada y diplomática de carrera, con una trayectoria de más de 25 años vinculada al servicio exterior costarricense desde su incorporación en 2001.

Durante su trayectoria profesional ha representado a Costa Rica en países como Ecuador, Bélgica, Francia y España, además de ocupar distintos puestos dentro de la Cancillería.

Entre sus responsabilidades anteriores se encuentran la Dirección General de Política Exterior, la Dirección de Cooperación Internacional y el Viceministerio de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional.

Su nombramiento más reciente antes de regresar al país fue como embajadora de Costa Rica ante España, puesto que desempeñó desde 2023.

Por ahora, no se ha informado quién asumiría el Viceministerio de Asuntos Multilaterales ni se han dado a conocer las razones específicas de su salida.

Bolaños representó recientemente a Costa Rica ante la OEA

Uno de los últimos actos internacionales de relevancia en los que participó Adriana Bolaños fue la reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada el 2 de octubre en Washington, Estados Unidos.

Durante ese encuentro, la vicecanciller representó a Costa Rica en las discusiones relacionadas con la situación política de Nicaragua y la respuesta regional ante el deterioro de las condiciones democráticas en ese país.

La diplomática expresó la posición del Gobierno costarricense frente a las decisiones de las autoridades nicaragüenses y defendió la necesidad de que los países del continente mantuvieran una actuación activa en materia de derechos humanos y democracia.

“Cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente, mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”, manifestó durante su intervención.

Viceministro de Economía deja el Gobierno para dirigir Cámara de Comercio

La segunda renuncia conocida este lunes corresponde a Christian Rucavado Leandro, quien se desempeñaba como viceministro de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

La salida fue confirmada por la ministra María del Milagro Solórzano, durante declaraciones brindadas al medio nacional La Reacción, después de una actividad relacionada con el Sistema de Banca para el Desarrollo.

De acuerdo con la jerarca, Rucavado decidió aceptar una nueva oportunidad profesional en la Cámara de Comercio de Costa Rica, donde asumirá la Dirección Ejecutiva.

La ministra destacó la experiencia del funcionario dentro de la administración pública y su trayectoria previa en organizaciones vinculadas con el sector empresarial.

“Es una buena oportunidad para él dentro de su desarrollo profesional”, expresó Solórzano, al referirse a la decisión del viceministro.

Rucavado había regresado al MEIC en mayo de 2026, cuando inició la administración de Laura Fernández, después de desempeñarse como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Su trayectoria también incluye funciones durante el Gobierno del expresidente Rodrigo Chaves Robles, cuando ocupó el Viceministerio de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria antes de ser designado al frente del INA en septiembre de 2024.

La ministra de Economía señaló que el proceso administrativo para formalizar su salida y completar los nombramientos correspondientes se encuentra en marcha.

¿Quién sustituirá a Christian Rucavado?

A diferencia de lo ocurrido en la Cancillería, el MEIC ya anunció quién ocupará el puesto que deja el funcionario.

Se trata de Ricardo Carvajal, quien hasta ahora se desempeñaba como director de la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa de esa institución.

Según explicó María del Milagro Solórzano, el nuevo viceministro tendrá bajo su responsabilidad asuntos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el emprendimiento y las políticas destinadas al fortalecimiento del desarrollo empresarial.

La jerarca aseguró que los programas impulsados por el ministerio continuarán desarrollándose bajo la nueva estructura de trabajo.

Las otras salidas que ha registrado el Gobierno

Los movimientos anunciados este lunes se suman a una serie de cambios en ministerios y viceministerios ocurridos desde el inicio de la administración de Laura Fernández.

Entre ellos figura la salida de Roy Thompson Chacón, quien ocupaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la de Stephanie Chandler Villalobos, quien se desempeñaba como viceministra del Área Laboral de esa misma cartera.

También se reportó la salida de Sofía Ramírez González, del Viceministerio Administrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP).

A esta lista se sumó Julián Arias Varela, viceministro administrativo-financiero del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuya renuncia se hizo efectiva el 31 de agosto.

Posteriormente ocurrió la destitución de Manuel Tovar en Relaciones Exteriores, seguida ahora por las renuncias de Adriana Bolaños y Christian Rucavado.

Lo que comenzó como un viaje para disfrutar de uno de los festivales de música electrónica más reconocidos internacionalmente terminó en tragedia para un joven costarricense que falleció después de presentar una grave emergencia médica en Medellín, Colombia, durante la primera jornada del Electric Daisy Carnival (EDC).

La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, originario de Desamparados, San José, quien había viajado a territorio colombiano para participar en el evento musical celebrado durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026.

De acuerdo con información divulgada por medios colombianos como El Tiempo, El Colombiano y Caracol Radio, el costarricense fue encontrado inconsciente y con dificultades para respirar dentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, complejo donde se desarrollaban las presentaciones.

Los primeros informes indican que varias personas advirtieron la condición del joven y alertaron al personal médico y a los organismos de socorro presentes en el festival.

Tras recibir una valoración inicial, los equipos de emergencia determinaron que su estado requería atención hospitalaria inmediata, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe, uno de los centros médicos de Medellín.

Pese a las maniobras realizadas por los profesionales de salud, Méndez Huertas falleció durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

Los detalles médicos que trascendieron tras su fallecimiento

Uno de los principales elementos que analizan las autoridades colombianas es la posibilidad de que el joven hubiera sufrido una intoxicación relacionada con alguna sustancia.

El paciente ingresó al hospital en condición crítica, con convulsiones prolongadas y signos compatibles con una posible intoxicación.

Durante su atención médica habría presentado un primer paro cardiorrespiratorio, del cual los especialistas consiguieron reanimarlo. Sin embargo, su condición volvió a deteriorarse y posteriormente sufrió un segundo episodio.

Aunque la hipótesis de una posible sobredosis aparece en varios informes preliminares, no existe una confirmación médico-legal pública de que el joven consumiera sustancias estupefacientes ni de que estas hayan provocado su muerte.

La determinación de las causas exactas dependerá de los estudios forenses y de las actuaciones de las autoridades competentes.

El joven se encontraba en Medellín para disfrutar del festival internacional, que reunía a miles de seguidores de la música electrónica procedentes de Colombia y otros países.

Cancillería de Costa Rica confirmó la muerte

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica confirmó oficialmente el fallecimiento del costarricense después de que medios nacionales solicitaran información sobre el caso.

El Consulado de Costa Rica en Bogotá acompaña los trámites respectivos ante las autoridades colombianas.

La Cancillería también explicó que, por respeto a los familiares, no proporcionaría más detalles personales sobre lo sucedido.

Entretanto, medios colombianos informaron que agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana realizaron la inspección del cuerpo como parte de los procedimientos correspondientes.

El caso quedó sujeto a las actuaciones médico-legales necesarias para determinar las circunstancias del fallecimiento y completar la documentación requerida para el eventual traslado del cuerpo a territorio costarricense.

El festival continuó mientras avanzaban las investigaciones

El fallecimiento ocurrió durante la primera jornada del Electric Daisy Carnival, una de las franquicias de festivales de música electrónica de mayor proyección internacional, que celebraba su edición colombiana en Medellín.

La programación contemplaba presentaciones de reconocidos artistas como Alesso, deadmau5, Armin van Buuren, Above & Beyond y Richie Hawtin, entre otros exponentes de géneros como techno, trance y house.

Según las estimaciones difundidas por las autoridades de Medellín, el evento proyectaba un impacto económico cercano a los 37,1 millones de dólares, debido a la movilización de visitantes y la actividad generada para hoteles, restaurantes, transporte y comercios.

La segunda jornada del festival se mantuvo programada para el domingo 11 de octubre, con actividades que se extendían hasta la madrugada del lunes.

Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan con las actuaciones correspondientes para establecer qué provocó la emergencia médica sufrida por el costarricense.

El esclarecimiento de la causa de muerte y los avances en los trámites para el traslado de sus restos a Costa Rica permanecen entre los principales aspectos pendientes de este caso.

Un hombre de apellidos Garro Muñoz fue detenido la mañana de este lunes 12 de octubre de 2026 en San Marcos de Tarrazú, al sur de la provincia de San José, Costa Rica, luego de publicar un video en la red social TikTok en el que dirigía expresiones consideradas amenazantes contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

La captura fue realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una intervención desarrollada en la vía pública y coordinada con el Ministerio Público, según confirmó la oficina de prensa de la Policía Judicial a medios nacionales.ñ

El sospechoso había difundido una grabación el pasado viernes 9 de octubre, en la que cuestionaba el comportamiento del jerarca durante intervenciones realizadas en centros penitenciarios del país.

En el material audiovisual, el hombre hablaba directamente a la cámara y manifestaba su intención de encontrarse personalmente con Aguilar, sin que este estuviera acompañado por los oficiales encargados de su seguridad.

Las declaraciones provocaron que el caso llegara a conocimiento de las autoridades judiciales, que finalmente procedieron con la detención del sospechoso.

Después de su captura, Garro Muñoz fue trasladado ante el Ministerio Público, donde deberá determinarse su situación jurídica y la eventual existencia de responsabilidades penales.

El video en el que desafió al ministro de Justicia

La grabación que motivó la intervención policial comenzó a circular en TikTok en medio de la controversia por la forma en que el ministro Gabriel Aguilar se dirige a las personas privadas de libertad durante sus visitas a distintos centros penitenciarios.

El sujeto manifestaba su deseo de encontrarse con el jerarca en alguna calle de San José, con el propósito de reclamarle por su comportamiento hacia los reclusos.

Durante el mensaje, el hombre mostraba uno de sus puños a la cámara y aseguraba que quería poner a prueba la fuerza de sus golpes contra el ministro.

Sin embargo, también insistía en que su intención no era amenazarlo de muerte, sino proponer un enfrentamiento físico entre ambos.

“Me gustaría retarlo a una peleíta profesional o deportiva, o lo que sea”, manifestó Garro Muñoz en uno de los fragmentos de la grabación.

El sujeto incluso propuso que ambos participaran en una pelea dentro de un cuadrilátero de boxeo, con la posibilidad de transmitir el enfrentamiento a través de redes sociales para que otras personas pudieran observarlo.

Al finalizar su intervención, solicitó al jerarca que valorara la propuesta y le respondiera durante los días siguientes.

La controversia que dio origen a las declaraciones

El incidente está relacionado con un video institucional difundido el 29 de septiembre por el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”.

En aquella grabación, el ministro Gabriel Aguilar aparecía durante una intervención en el Centro de Atención Institucional 26 de Julio, ubicado en Puntarenas, donde oficiales penitenciarios realizaron una inspección que permitió decomisar armas punzocortantes.

Durante el recorrido, el jerarca sostuvo intercambios verbales con varios privados de libertad y advirtió que algunos serían trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).

El material mostraba al ministro increpando a personas recluidas y cuestionando sus actitudes frente a los oficiales.

En una de las escenas, Aguilar ordenaba retirar a un recluso del lugar, mientras posteriormente aparecían varios hombres tendidos en el suelo.

La difusión del video generó cuestionamientos de diferentes sectores, incluidos organismos encargados de la defensa de los derechos humanos y representantes de instituciones judiciales.

Fiscalía también investiga actuaciones del ministro

La controversia adquirió relevancia judicial después de que la Fiscalía General de la República confirmara la apertura de una investigación contra Gabriel Aguilar por el presunto delito de abuso de autoridad.

Según información confirmada por el Ministerio Público, la causa corresponde al expediente 26-99-033-PE y está relacionada precisamente con el video difundido durante la visita del jerarca al centro penitenciario de Puntarenas.

Esta investigación es independiente del procedimiento seguido contra el hombre detenido este lunes en Tarrazú.

Además, durante el fin de semana surgieron nuevas denuncias sobre presuntas agresiones ocurridas durante un operativo desarrollado el viernes 9 de octubre en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Alajuela.

El OIJ y el Ministerio Público confirmaron la apertura de diligencias para esclarecer lo sucedido, después de que familiares de privados de libertad señalaran supuestos maltratos durante la intervención.

El ministro negó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trató de una inspección penitenciaria ordinaria, realizada conjuntamente con el Ministerio de Seguridad Pública, durante la cual fueron decomisadas armas punzocortantes.

“Es rotundamente falso que hubiese agresiones o maltratos en el operativo realizado en el centro penitenciario La Reforma”, sostuvo Aguilar mediante un comunicado oficial divulgado el 10 de octubre.

Las investigaciones sobre estas denuncias permanecen abiertas y no constituyen, por sí mismas, una determinación de culpabilidad del funcionario.

Costa Rica se consolidó como uno de los principales proveedores de cables y componentes eléctricos dentro de la región centroamericana, un rol que coincide con su posición educativa: 11.2% de su población cuenta con estudios superiores completos.

Ese dato conecta dos hallazgos del informe “Exportaciones y sus cadenas de valor en México y Centroamérica, y la relevancia de la educación para su desarrollo” del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que analiza la transformación exportadora de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, agrupados bajo la sigla CAPARD.

El documento sostiene que la región atraviesa un cambio estructural sin abandonar su base agropecuaria, que todavía concentra cerca de un tercio de las exportaciones totales.

Los instrumentos médicos y los componentes eléctricos lideran el cambio exportador

Entre 2011 y 2025, los instrumentos médicos, ópticos y afines pasaron de representar 4% a 14% de las exportaciones de CAPARD. Los cables, conductores y aparatos para circuitos eléctricos subieron de 2% a 5% en el mismo período.

En contraste, los textiles bajaron de 14% a 13% y los minerales y químicos cayeron de 20% a 10%. El informe del BID señala que la aceleración de los dos sectores en ascenso comenzó alrededor de 2019, coincidencia temporal con la pandemia y las disrupciones logísticas globales, aunque no establece una relación de causa directa.

Entre 2019 y 2025, las exportaciones de instrumentos médicos y de productos eléctricos de la región casi se triplicaron. El estudio identifica a ambos rubros como los principales motores recientes de diversificación exportadora en Centroamérica y Panamá.

La ventaja comparativa de la región se duplicó en seis años

Para medir la especialización exportadora, el documento emplea el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR), que compara la participación de un sector en las exportaciones regionales con su peso en el comercio mundial. Un valor por encima de 100 indica especialización superior al promedio global.

Históricamente, CAPARD mostró fuerte ventaja en productos agropecuarios y en textiles, sector que escaló su participación de 5.6% en 2003 a 14% en 2011 tras la entrada en vigor del CAFTA-DR.

Sin embargo, los instrumentos médicos y los cables y conductores eléctricos son hoy los sectores con mayor ventaja exportadora internacional de la región: para 2025, sus índices casi duplicaron los niveles de 2019.

Estados Unidos, la Unión Europea y México compran distinto

El informe calcula también el Índice de Complementariedad Comercial, que cruza la oferta exportadora regional con la demanda de importación de sus socios.

Con Estados Unidos, la complementariedad es más alta en textiles y en cables y conductores eléctricos, con un crecimiento reciente notorio en instrumentos médicos.

Con la Unión Europea, los sectores más complementarios son los textiles y los productos agropecuarios. México, en cambio, concentra su afinidad comercial con la región en cables, conductores y aparatos para circuitos eléctricos, lo que sugiere una posible cadena productiva compartida entre ambos mercados.

Costa Rica y Panamá abastecen la cadena regional, Nicaragua mira a México

El sector eléctrico muestra el mayor grado de integración productiva dentro de CAPARD. En 2025, el 38.5% de las exportaciones regionales de cables, conductores y aparatos eléctricos se dirigió al comercio intrarregional o a México.

Dentro de ese esquema, Costa Rica y Panamá son los países que más abastecen al resto de la región, mientras que Nicaragua aparece más conectada con el mercado mexicano. En importaciones, todos los países de CAPARD —salvo Panamá— registran montos relativamente similares entre sí.

Los instrumentos médicos siguen un camino opuesto. Solo 0.5% de las exportaciones regionales del sector se destinó al comercio intrarregional y a México en 2025, lo que confirma una orientación casi exclusiva hacia mercados externos y una producción concentrada en pocos países.

El Salvador enfrenta un déficit educativo que limita el salto tecnológico

El documento vincula la expansión de estas manufacturas con el nivel educativo de la fuerza laboral. Según sus modelos econométricos, un punto porcentual adicional de población con educación terciaria eleva en 1.2% el crecimiento de las exportaciones de instrumentos médicos, el sector de mayor complejidad analizado.

La educación secundaria básica, en cambio, se asocia con el crecimiento de cables y conductores (0,4%) y de textiles (0,8%). El acceso a internet y la calidad institucional también inciden positivamente en el desempeño de los instrumentos médicos, mientras que el tipo de cambio no resultó significativo en ningún sector.

La comparación entre países expone brechas marcadas. Además del 11.2% de población costarricense con estudios superiores completos, el 27.1% cuenta con preparatoria terminada y el 61.7% tiene escolaridad incompleta.

En su manufactura, el 11.5% de los trabajadores posee educación superior, con una proporción menor de universitarios que en el resto de la economía.

El Salvador muestra una base de capital humano más estrecha: apenas 7.2% de su población tiene estudios superiores y 70.5% registra escolaridad incompleta, la proporción más alta entre los países comparados en el informe.

En su sector manufacturero, solo 6.3% de los trabajadores cuenta con educación superior y apenas 1.6% tiene formación técnica.

El informe concluye que Centroamérica y Panamá avanzan hacia exportaciones de mayor contenido tecnológico sin dejar atrás sus sectores tradicionales. El reto, advierte, es ampliar la educación secundaria y, sobre todo, terciaria para sostener ese avance, en particular en los países con mayores rezagos formativos.

Los motociclistas concentraron 247 muertes en las carreteras de Costa Rica entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa el 58% de las 425 personas fallecidas en el sitio de accidentes de tránsito durante ese período, según los registros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El dato sitúa a quienes viajaban en motocicleta como el grupo con mayor cantidad de víctimas mortales en las vías del país durante los primeros ocho meses del año.

La advertencia se conoce mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identifica como un problema la actuación de grupos de motociclistas que realizan piruetas, bloquean la circulación de otros vehículos y, en algunos casos, agreden a conductores que reaccionan ante esas conductas. Las autoridades indicaron que estos hechos pueden derivar en infracciones de tránsito, sanciones administrativas o investigaciones penales, según las circunstancias de cada incidente.

El jefe de la Unidad de Investigación de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ, Víctor Moreno, sostuvo que este tipo de grupos pasó a ocupar un lugar relevante entre las situaciones que afectan la seguridad vial. “Ahora lo que está de moda es el grupo de motociclistas que van haciendo piruetas y van obstruyendo el libre paso”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

El exceso de velocidad fue la principal causa asociada a accidentes mortales

Los datos del MOPT señalan, según El Observador, que el exceso de velocidad fue la causa asociada con más fallecimientos en accidentes de tránsito entre enero y agosto de 2026, con 146 muertes. La invasión de carril apareció después, con 81 víctimas, mientras que la imprudencia del conductor se relacionó con otros 66 fallecimientos registrados en el lugar de los hechos.

Las estadísticas oficiales permiten establecer la cantidad de personas que murieron en el sitio de los accidentes y el tipo de vehículo en el que viajaban. No obstante, los registros no detallan cuántos de los motociclistas fallecidos participaban en carreras ilegales, circulaban a velocidades excesivas o efectuaban maniobras peligrosas al momento del siniestro.

La proporción de víctimas que se desplazaban en motocicleta revela que casi seis de cada diez personas fallecidas en carretera durante el período analizado viajaban en ese medio de transporte. Ese resultado coincide con la preocupación expresada por el OIJ ante prácticas que pueden elevar el riesgo no solo para los motociclistas, sino también para los demás usuarios de las vías.

Las piruetas pueden causar accidentes y afectar a otros usuarios de la vía

Moreno explicó que los incidentes vinculados con estos grupos no se limitan a la obstrucción del tránsito o a las maniobras realizadas sobre la carretera. El investigador señaló que existen situaciones en las que otros conductores hacen sonar la bocina ante el bloqueo de la vía y luego reciben agresiones o sufren daños en sus vehículos.

“En muchos de estos casos las personas tal vez les pitan y termina en que estos conductores de las motos agreden a los usuarios que van a su casa, al trabajo o le hacen un daño al vehículo”, señaló Víctor Moreno a El Observador. La advertencia abarca a quienes utilizan las carreteras para desplazarse por motivos personales o laborales y encuentran dificultades para continuar su trayecto.

El funcionario también confirmó que algunas de las conductas observadas ya provocaron accidentes con consecuencias graves. Los riesgos alcanzan a quienes ejecutan las maniobras y a las personas que circulan cerca de ellos, debido a que una pérdida de control o una invasión de espacio puede afectar a más de un vehículo.

“Se ha dado, por ejemplo, que van haciendo algún tipo de maniobra que no es permitida por ley como levantando la motocicleta en una llanta”, indicó Moreno. La referencia apunta a las piruetas en una sola rueda, una conducta que no está permitida por la legislación vigente.

El jefe policial recordó que este año se aprobó una reforma a la Ley de Tránsito dirigida a quienes utilizan vehículos para realizar piruetas, malabares y otras prácticas que no corresponden a la conducción habitual. La normativa permite que las autoridades intervengan cuando los hechos constituyen una infracción de tránsito o un delito.

Entre las medidas administrativas que pueden aplicarse figura la inmovilización del vehículo, aunque la decisión dependerá de las condiciones de cada caso. La eventual respuesta penal también estará sujeta a la conducta investigada y a las consecuencias que haya provocado.

El OIJ aún no realiza operativos específicos contra estos grupos

Moreno reconoció que las carreras ilegales, conocidas como piques, aún ocurren en Costa Rica, aunque sostuvo que se presentan con menor frecuencia que en años anteriores. La persistencia de estos eventos se suma a la circulación de grupos que realizan maniobras peligrosas o bloquean el paso de otros vehículos.

El OIJ mantiene coordinaciones con la Policía de Tránsito para efectuar controles de alcohol en carretera. Esas acciones forman parte de las labores destinadas a detectar conductas que pueden poner en riesgo a conductores, pasajeros y peatones.

Pese a esas coordinaciones, el investigador indicó que todavía no se han concretado operativos específicos contra los grupos que participan en carreras ilegales o circulan a velocidades excesivas. La advertencia de las autoridades se produce en un contexto en el que los motociclistas representan la mayoría de las víctimas mortales contabilizadas en el lugar de los accidentes de tránsito durante los primeros ocho meses de 2026.

Un grupo de 80 estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) recibe formación especializada para incorporarse a la industria de dispositivos médicos, uno de los sectores exportadores más importantes del país y que requiere profesionales con conocimientos específicos en manufactura avanzada, procesos de calidad y estándares regulatorios internacionales.

La iniciativa, denominada Talent Bridge, contempla un proceso de capacitación de cuatro meses y busca reducir la brecha entre la preparación académica universitaria y las habilidades técnicas que demandan las empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos.

El programa es impulsado por Zona Franca La Lima, desarrollo empresarial de Garnier & Garnier, en colaboración con el Tecnológico de Costa Rica, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), la organización especializada School of Medical Devices y la empresa de servicios electromecánicos SEYAC.

La formación está dirigida principalmente a estudiantes que cursan el último año de sus carreras y se encuentran próximos a realizar su práctica profesional, una etapa considerada estratégica para facilitar su posterior incorporación al mercado laboral.

Según explicaron los organizadores, el objetivo es que los participantes conozcan anticipadamente los procedimientos, estándares y dinámicas de trabajo de una industria altamente regulada, evitando que deban adquirir todos esos conocimientos únicamente después de ser contratados.

La iniciativa forma parte de la estrategia “¡Quédate en Cartago!”, mediante la cual Zona Franca La Lima busca fortalecer las oportunidades profesionales dentro de la provincia y generar una mayor conexión entre las empresas instaladas en el parque y el talento formado en instituciones académicas de la región.

La capacitación se desarrolla mediante sesiones semanales impartidas en las instalaciones del Tecnológico de Costa Ricay en algunas de las empresas ubicadas dentro del parque empresarial.

El contenido académico se concentra en cuatro áreas fundamentales: manufactura y entorno regulado de dispositivos médicos, estadística aplicada a manufactura, resolución estructurada de problemas y validación de procesos.

Estas áreas permiten familiarizar a los estudiantes con conceptos que habitualmente deben dominar al comenzar su experiencia profesional dentro del sector.

Entre ellos destacan el cumplimiento de procedimientos técnicos, la comprensión de sistemas de calidad y la aplicación de herramientas para identificar y resolver problemas relacionados con los procesos productivos.

La formación también pretende que los futuros profesionales desarrollen una mayor comprensión del funcionamiento de una industria que exige precisión, documentación y cumplimiento de regulaciones.

Estudiantes de diez carreras participan en el programa

En esta primera etapa, Talent Bridge reúne a estudiantes del último año de 10 carreras del Tecnológico de Costa Rica, seleccionadas por su relación con las diferentes necesidades del sector productivo.

Las especialidades participantes son Producción Industrial, Física, Mecatrónica, Materiales, Biotecnología, Electrónica, Mantenimiento Industrial, Diseño Industrial, Computación y Administración de Empresas.

Esta diversidad de disciplinas responde a las características de una industria que no solamente requiere profesionales dedicados a la manufactura, sino también personal especializado en automatización, diseño, análisis de procesos, gestión administrativa y tecnologías de información.

El 85% de los trabajadores de Zona Franca La Lima son de Cartago

Uno de los principales componentes del programa es su enfoque territorial, debido a que busca fortalecer las oportunidades de formación y empleo para los habitantes de Cartago.

Según los datos suministrados por Zona Franca La Lima, actualmente el 85% de las personas que trabajan en las empresas instaladas en el parque empresarial son de la provincia.

El gerente general de Zona Franca La Lima, Fernando Carazo, explicó que el desarrollo del programa surge del contacto permanente que mantienen con las empresas instaladas en el parque y de la necesidad de responder a sus requerimientos de talento humano.

“Desde el inicio de Zona Franca La Lima hemos trabajado de la mano con las empresas para entender sus necesidades y acompañarlas en su crecimiento. Esa cercanía también nos permite identificar los retos que enfrenta la industria en materia de talento y promover, junto con las propias empresas y la academia, iniciativas para atenderlos”, afirmó.

El representante empresarial agregó que la propuesta busca generar condiciones que permitan a la provincia acompañar la expansión de las compañías especializadas.

“Talent Bridge nace de esa visión: trabajar junto con la industria para preparar talento y generar en Cartago las condiciones que acompañen su crecimiento”, señaló Carazo.

La estrategia también busca que los estudiantes conozcan las oportunidades profesionales existentes dentro de su propia provincia antes de finalizar la universidad.

Una industria con más de 58,000 empleos directos en Costa Rica

El fortalecimiento de las capacidades profesionales cobra relevancia ante el crecimiento que registra la industria de dispositivos médicos dentro de la estructura exportadora costarricense.

De acuerdo con datos de PROCOMER correspondientes al primer trimestre de 2025, las exportaciones de dispositivos médicos registraron un crecimiento superior al 33% respecto al mismo período del año anterior.

Según las cifras sectoriales incluidas en la información del programa, esta actividad reúne a más de 120 empresas exportadoras y genera más de 58,000 empleos directos en el país.

La actividad demanda personal con distintas especialidades, debido a que sus operaciones abarcan desde la fabricación de componentes hasta procesos de validación, mantenimiento de equipos, control de calidad, desarrollo tecnológico y gestión de operaciones.

Además, la naturaleza de los productos fabricados requiere el cumplimiento de estándares técnicos y regulatorios relacionados con la seguridad, la calidad y la consistencia de los procesos productivos.

TEC destaca la importancia de acercar la universidad a las empresas

Desde la perspectiva del Tecnológico de Costa Rica, la incorporación de profesionales recién graduados a industrias especializadas requiere complementar la formación científica y metodológica con conocimientos técnicos específicos.

El doctor José Luis León Salazar, vicerrector de Investigación y Extensión del TEC, destacó que este tipo de alianzas permite acercar a los estudiantes a las exigencias reales de los sectores productivos.

“En el Tecnológico de Costa Rica valoramos las alianzas estratégicas que potencian el desarrollo de nuestros estudiantes. La formación universitaria otorga bases científicas y metodológicas de excelencia; sin embargo, industrias altamente especializadas como la de dispositivos médicos exigen un conocimiento riguroso de normas regulatorias, validación de procesos y resolución estructurada de problemas en entornos reales de manufactura”, manifestó.

El académico señaló que integrar estas competencias antes de que los jóvenes ingresen formalmente al mercado laboral puede contribuir a acelerar su desarrollo profesional.

“Integrar estos conocimientos previos a la inserción laboral es clave para acelerar el desarrollo profesional de los jóvenes”, agregó.

Para el TEC, uno de los principales beneficios del programa es que las empresas pueden identificar directamente cuáles habilidades consideran prioritarias, permitiendo complementar la formación académica con contenidos especializados.

De esta manera, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer procedimientos, metodologías y estándares aplicados por compañías que operan en condiciones de manufactura avanzada.

León Salazar también destacó que la participación de las empresas permite ajustar las iniciativas de capacitación a los cambios del entorno productivo.

“La participación activa de las empresas en la identificación de las habilidades requeridas nos permite responder con agilidad a las demandas del entorno productivo”, sostuvo.

El Gobierno de Costa Rica anunció nuevas medidas para reforzar la atención de emergencias en el país, entre ellas una transferencia de aproximadamente ₡1,500 millones (USD 3.2 millones) a la Cruz Roja Costarricense y la adquisición de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos, en momentos en que la institución humanitaria atraviesa una de las situaciones económicas más delicadas de los últimos años.

La Cruz Roja ha advertido recientemente que 66 de sus 134 comités tienen dificultades económicas y podrían verse obligados a reducir servicios o incluso cerrar a mediano plazo si la institución no logra asegurar nuevas fuentes de financiamiento.

Para sostener la atención básica nacional requiere alrededor de ₡25,000 millones (USD 54 millones), de los cuales aproximadamente un 40% procede de recursos públicos y el restante 60% debe obtenerse mediante ingresos privados, donaciones y otras fuentes.

Cruz Roja atraviesa una crítica situación económica

La situación financiera ha comenzado a tener consecuencias concretas. Los comités de San Pablo y San Rafael de Heredia dejaron de operar recientemente dentro de un proceso de reorganización, mientras otras seis sedes de esa provincia permanecen en condición crítica. A julio de 2026, la institución registraba un faltante cercano a ₡943 millones (USD 2 millones) de los recursos requeridos para mantener sus operaciones durante el año.

La presión económica también viene de años anteriores. La institución cerró 2025 con un déficit preliminar cercano a ₡1,400 millones (USD 3 millones), en un escenario marcado por un aumento en la cantidad y complejidad de las emergencias atendidas y recursos que no crecieron al mismo ritmo.

La Cruz Roja atiende cerca de 500,000 llamadas de emergencia al año, alrededor de una por minuto, mientras enfrenta mayores costos asociados a accidentes de tránsito graves, hechos violentos y otras emergencias que requieren personal, vehículos y equipamiento especializado.

Uno de los casos que refleja las dificultades es precisamente Orotina. El comité opera actualmente con una sola ambulancia y cuatro funcionarios, distribuidos entre turnos diurnos y nocturnos, y atiende en promedio unas 17 emergencias diarias. Según información divulgada recientemente por Teletica, cerca de 35,000 personas dependen de su cobertura y la sede había advertido que, sin nuevas fuentes de recursos, su continuidad podría verse comprometida.

Gobierno anuncia ₡1,500 millones para la institución

Ante esta situación, la presidenta Laura Fernández explicó que, aunque la Cruz Roja es una entidad de naturaleza privada y no depende administrativamente del Poder Ejecutivo, cumple una función pública esencial que justifica el apoyo estatal.

“El hecho de que sea una entidad privada no significa que el fin público que cumple a mí no me preocupe”, manifestó.

Fernández informó que instruyó al Ministerio de Hacienda para tramitar una modificación presupuestaria con el objetivo de aportar recursos que permitan respaldar la continuidad de las operaciones.

El ministro de Hacienda confirmó posteriormente que la modificación contempla alrededor de ₡1,500 millones para la Cruz Roja.

El jerarca recordó que se trata de recursos públicos y, por tanto, deberán ser utilizados conforme a los controles y procedimientos establecidos en la legislación costarricense.

La institución incluso lanzó recientemente una campaña de recaudación ante las dificultades de sus comités y ha insistido en la necesidad de contar con fuentes sostenibles para evitar que los problemas económicos terminen afectando la cobertura de emergencias.

Bomberos comprará 40 ambulancias

En paralelo al apoyo económico destinado a la Cruz Roja, el Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció que el Cuerpo de Bomberos está adquiriendo 40 nuevas ambulancias para ampliar su participación en la atención prehospitalaria.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, explicó que las unidades ya fueron adjudicadas y que la expectativa es incorporarlas al servicio de los costarricenses en febrero de 2027.

Bomberos ya ofrece atención prehospitalaria en el país, aunque actualmente en una escala menor a la desarrollada por la Cruz Roja.

El financiamiento provendrá del 4% de las primas de seguros que ya se destinan al Cuerpo de Bomberos, por lo que, según aseguró la funcionaria, la ampliación del servicio no implicará un cobro adicional para la población.

“Este servicio que le vamos a dar a todos los costarricenses no le va a costar un cinco más a los costarricenses”, agregó.

Servicio podrá desplegarse desde 79 estaciones

Uno de los elementos que facilitará la expansión es la infraestructura existente. El Cuerpo de Bomberos dispone actualmente de 79 estaciones, por lo que el INS sostiene que no será necesario desarrollar una nueva red de instalaciones para poner a funcionar las unidades.

Actualmente, el servicio prehospitalario ya opera desde cuatro estaciones de Bomberos, experiencia que servirá como base para ampliar la atención.

El planteamiento gubernamental también busca hacer más eficiente la asignación de recursos durante determinadas emergencias.

La presidenta ejecutiva del INS puso como ejemplo los accidentes de tránsito en los que actualmente pueden coincidir unidades de Bomberos y Cruz Roja. En situaciones donde una persona queda atrapada dentro de un vehículo, Bomberos realiza las maniobras especializadas de extracción, por lo que una mayor capacidad prehospitalaria podría permitir redistribuir recursos y disminuir duplicidades.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que el 80% del ganado del país ya fue identificado dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina y Bufalina, un programa que busca registrar el recorrido de cada animal desde la finca hasta el procesamiento y la comercialización de la carne.

Durante una cadena nacional dominical, Fernández ratificó que el 26 de octubre vencerá el plazo extraordinario para que los propietarios incorporen al sistema a los bovinos adultos que aún no cuentan con identificación oficial. La fecha había sido ampliada tras el vencimiento inicial del 26 de abril.

La trazabilidad se basa en la colocación de un dispositivo de identificación individual en cada animal. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el mecanismo oficial incluye dos piezas: un arete visual en la oreja izquierda y un botón con tecnología de identificación por radiofrecuencia en la derecha. Solo los bovinos que porten ambos elementos serán considerados identificados y registrados de forma oficial.

La identificación individual será obligatoria para mover animales fuera de las fincas

El Gobierno extendió por seis meses el período de adaptación para que los productores registren e identifiquen a sus animales. Ese plazo extraordinario, que concluirá el 26 de octubre de 2026.

Hasta entonces, los productores podrán movilizar bovinos sin identificación individual si cuentan con guías físicas o digitales autorizadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). Una vez vencido el período, ningún animal podrá trasladarse fuera de su establecimiento sin el dispositivo oficial.

Fernández pidió a los productores que todavía no ingresaron al sistema que aprovechen los meses restantes. “En este proceso, el productor no está solo”, afirmó durante el mensaje oficial.

Los productores con hasta 150 animales podrán recibir aretes gratuitos

La presidenta anunció que quienes tengan entre uno y 150 bovinos podrán acceder a hasta 150 aretes sin costo. La medida está dirigida a facilitar la incorporación de pequeños y medianos productores, en especial de aquellos que deben identificar a la totalidad de su hato antes del vencimiento.

El sistema de identificación individual no reemplaza necesariamente las marcas, los aretes privados u otros mecanismos que los ganaderos ya utilicen para administrar sus animales. Sin embargo, el MAG estableció que cada bovino deberá portar el Dispositivo de Identificación Individual Oficial completo para integrar el registro estatal.

La trazabilidad permitirá seguir a cada bovino desde su lugar de origen hasta los distintos eslabones de la cadena productiva, según lo expuesto por el Gobierno. Ese registro comprende la finca, los traslados, las subastas, los establecimientos de procesamiento y la distribución de la carne.

El Gobierno vincula el plan con la sanidad animal y el acceso a mercados

La administración de Fernández sostiene que la identificación individual ayudará a ubicar animales, rastrear movimientos y responder ante eventuales enfermedades. El sistema también busca verificar el cumplimiento de condiciones sanitarias durante las diferentes etapas de producción.

El director ejecutivo de la Corporación Ganadera (CORFOGA), Luis Diego Obando, indicó en la cadena nacional que la herramienta permitirá respaldar información sobre la calidad de la carne y los cortes. Juan Bolaños, asistente veterinario, añadió que el registro fortalece las garantías sanitarias del producto.

La presidenta afirmó que el sistema ofrece ventajas para los ganaderos porque les permite tener un mayor control sobre sus animales y acreditar ante compradores y autoridades que cumplen con los requisitos sanitarios. Además, lo presentó como una condición para ingresar a destinos comerciales con exigencias de información sobre el origen de la carne.

Más de 28 mil fincas ganaderas en el registro oficial

Fernández indicó que más de 28 mil fincas ganaderas ya están incorporadas al sistema. En una comunicación anterior, el MAG señaló que funcionarios habían visitado el 37% de las fincas con Certificado Veterinario de Operación activo ante el SENASA para identificar y registrar animales en la plataforma.

El avance del plan combina el trabajo de registro en campo con los trámites que deben realizar los propietarios. El MAG habilitó la compra en línea de las guías de movilización, que quedan disponibles de inmediato en los dispositivos electrónicos que el productor autorice.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez, afirmó durante la cadena que la institución acompañará a los ganaderos durante la etapa final de la implementación. “Estaremos para ayudarles en todo momento”, dijo.

El Ejecutivo también apunta al comercio irregular de carne y ganado

La presidenta vinculó la trazabilidad con la lucha contra el contrabando de carne, la circulación de productos de origen incierto y la competencia desleal. Durante la transmisión oficial se mencionó el reciente decomiso de 1.400 kilos de carne.

Fernández cuestionó las subastas que, según afirmó, son utilizadas por estructuras del crimen organizado. El sistema de registro de animales y guías de movilización busca que las autoridades puedan reconstruir el trayecto de un bovino y verificar que su traslado cuente con respaldo documental.

El vocero de la institución, Marvin Portuguez, informó que dos recursos fueron enviados al sitio después de recibir el aviso sobre una persona que había ingresado al agua y no logró salir por sus propios medios.

A la llegada de las unidades, los socorristas iniciaron la extracción del paciente y aplicaron maniobras de reanimación. Portuguez indicó que el equipo mantuvo la atención durante cerca de 40 minutos, sin resultados favorables. El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

La poza de Meño Rojas, en Santa Isabel, como escenario del hecho

Información preliminar publicada por medios locales ubicó el hecho en un punto del cauce conocido como la poza de Meño Rojas, en Santa Isabel de Río Cuarto. Según esos reportes, el hombre se sumergió en una zona profunda y no volvió a la superficie.

Personas que estaban cerca lograron sacarlo del agua minutos después. Tras la llegada de los equipos de emergencia, el paciente recibió atención avanzada porque se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

La identidad de la víctima no había sido divulgada de forma oficial al cierre de esta nota. CR Hoy indicó que se trataba de un hombre de 45 años, dato que todavía requiere confirmación por parte de las autoridades judiciales.

Discrepancias en el horario de la alerta y en la denominación del sitio

Los reportes divulgados durante la tarde situaron la primera alerta a las 12:36, mientras que la declaración del vocero de la Cruz Roja señaló que la institución fue despachada a las 14:45. Tampoco hay coincidencia plena sobre la denominación exacta del sitio, ya que algunas versiones lo ubican en Santa Rita y otras en Santa Isabel de Río Cuarto.

Ambas localidades pertenecen al cantón de Río Cuarto, en Alajuela. La información preliminar coincide en que el hombre fue localizado dentro del río y que los esfuerzos de los socorristas no lograron salvarle la vida.

La escena quedó bajo custodia policial. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumirá la inspección, tal como indicaron los medios locales, el levantamiento del cuerpo y las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Las pesquisas deberán precisar si la víctima ingresó sola al agua, cuánto tiempo permaneció sumergida y si existieron otros factores que incidieron en su muerte.

Otra tragedia ocasiona la muerte de un menor

Este viernes, los medios costarricenses anunciaron que un niño de solo ocho años murió tras recibir una patada de un caballo. El impacto lo recibió directamente en la cabeza y esto habría ocurrido, según la versión preliminar, luego de haber estado cabalgando.

El hecho ocurrió en la comunidad de Roca Quemada, ubicada en el territorio indígena cabécar de Chirripó, en Turrialba.

Las autoridades de Costa Rica decomisaron 52 kilos de cocaína que estaban ocultos en un contenedor con carga de fruta y cuyo destino final era el Puerto de Amberes, en Bélgica. El procedimiento se llevó a cabo en la Terminal de Contenedores de Moín, situada en la provincia de Limón, en el Caribe costarricense.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que el contenedor presentó inconsistencias durante los controles efectuados con escáneres y las tareas de análisis y perfilamiento de la carga.

Los agentes de la Policía de Control de Drogas realizaron una inspección posterior. En las tarimas utilizadas para transportar el producto legal encontraron 199 envoltorios con la sustancia ilícita.

De acuerdo con el reporte oficial citado por EFE, el cargamento tuvo un peso aproximado de 52 kilos y 735 gramos de cocaína. La mercancía declarada era fruta, mientras que la droga se encontraba escondida dentro de los soportes de madera.

El decomiso se produjo en uno de los principales puntos de exportación marítima del país. La terminal de Moín concentra operaciones comerciales con destinos internacionales y forma parte de los lugares en los que las autoridades reforzaron los controles contra el narcotráfico.

El Gobierno costarricense puso en marcha la Operación Soberanía en julio de 2023. La estrategia incluyó la instalación de escáneres y un aumento de la presencia policial en la terminal portuaria.

El objetivo de esa iniciativa es detectar cargamentos de drogas que puedan estar ocultos entre exportaciones de productos lícitos. Según los datos oficiales, los operativos en terminales portuarias han permitido decomisar más de 23 toneladas de cocaína hasta la fecha.

Las propias autoridades costarricenses han señalado que el país se convirtió en los últimos años en un punto utilizado para el almacenamiento y la exportación de cocaína hacia destinos de Europa y Norteamérica.

A finales de septiembre detectaron 550 kilos de cocaína en Peñas Blancas

A finales de septiembre, las autoridades informaron otro decomiso de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el norte de Costa Rica. En ese caso, la Policía localizó 550 kilos de droga dentro de un cilindro de hierro transportado en un contenedor.

La carga había llamado la atención después de pasar por un escáner. El análisis de las imágenes mostró irregularidades en la estructura metálica, por lo que los equipos de seguridad profundizaron la revisión.

El contenedor tenía como destino declarado Guatemala. Los agentes utilizaron equipo especializado para abrir una parte del cilindro y localizar los paquetes que contenían la cocaína.

La operación formó parte de la denominada Operación Fuerza Élite. Además de la Policía de Control de Drogas, participaron la Policía de Fronteras, la Dirección de Inteligencia y Seguridad y oficiales de la Unidad Especial de Apoyo.

Las autoridades no habían informado sobre personas detenidas por ese hallazgo. La investigación quedó orientada a determinar quién preparó el cargamento, dónde se introdujo la droga y si la documentación aduanera coincidía con la ruta prevista.

El paso de Peñas Blancas es uno de los principales cruces terrestres entre Costa Rica y Nicaragua. Por ese motivo, la pesquisa también busca reconstruir el recorrido que debía realizar el contenedor antes de llegar a su destino declarado.

Los dos procedimientos muestran el uso de controles tecnológicos, escáneres y revisiones físicas en puertos y fronteras para detectar drogas ocultas en mercancías comerciales o en estructuras de gran tamaño.

Denuncias por presunta estafa, coacción, delitos sexuales y posibles irregularidades en la venta de lotes y viviendas dieron lugar a una investigación sobre Earthwaking Village, una ecovilla ubicada en Platanillo de Pérez Zeledón. El martes 6 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial detuvo a dos hombres y dos mujeres estadounidenses señalados como integrantes de la administración del lugar, en una causa que contempla una presunta estafa de USD 600,000 contra extranjeros que participaron en un retiro espiritual.

La comunidad se promociona en redes sociales como un proyecto de vida autosuficiente y espiritualidad. Las personas denunciantes sostienen que recibieron ofrecimientos de propiedades y viviendas dentro de esa iniciativa. Una de ellas afirmó que llegó al sitio en 2022, después de mantener contacto durante cerca de un año con un hombre de apellido England, a quien identifica como el presunto líder del grupo.

Según ese relato, los primeros encuentros se centraban en la supuesta “caída de Babilonia”, una expresión que los participantes utilizaban para aludir a Estados Unidos. El grupo hablaba de un posible deterioro de las instituciones y del sistema financiero, y planteaba la necesidad de prepararse para ese escenario mediante una comunidad autosuficiente en Costa Rica.

El testimonio plantea una exigencia de obediencia al presunto líder

La persona denunciante afirmó que la dinámica interna cambió cuando England empezó a presentarse como el elegido y a identificarse como “la mano de Dios”. De acuerdo con su versión, los participantes debían seguir sus instrucciones bajo el argumento de que Dios actuaba a través suyo. Estas afirmaciones corresponden al testimonio sobre el funcionamiento del grupo y forman parte de los hechos expuestos ante las autoridades.

El relato publicado por CR Hoy señala que, ante la posibilidad de un colapso financiero, se alentaba a los asistentes a retirar el dinero que mantenían en entidades bancarias. Según la denunciante, esos recursos debían entregarse al pastor para invertirlos en una criptomoneda cuya creación, de acuerdo con lo que se les decía, había sido ordenada por Dios.

La propuesta incluía inicialmente referencias a “matar el ego” y servir en el reino de Dios. Con el tiempo, según la persona afectada, se habría instalado la idea de que “todo le pertenece a Dios”, una afirmación que, de acuerdo con su relato, era utilizada para responder a los reclamos de quienes esperaban la entrega de viviendas o propiedades por las que ya habían realizado pagos.

La denunciante aseguró que decidió abandonar Earthwaking Village porque temía por su vida. También sostuvo que las dinámicas de la comunidad habrían provocado afectaciones psicológicas en otras personas que llegaron al lugar con interés en la propuesta espiritual.

El abogado estima pérdidas superiores a USD 3 millones

El abogado Javier Chaverri Ross, quien representa a varias personas que se consideran afectadas, sostuvo que el perjuicio económico denunciado supera los USD 3 millones, equivalentes a unos ₡1,300 millones. Esa estimación incluye una cantidad de casos mayor que la presunta estafa de USD 600,000 vinculada con las detenciones y abarca otros daños económicos que, según el letrado, fueron reportados por sus representados.

Chaverri describió lo ocurrido como una “manipulación muy bien orquestada”. Según explicó a CR Hoy, los encargados presuntamente alentaban a los participantes a alejarse de sus familiares y amistades, además de pedirles que solicitaran tarjetas de crédito con el límite más alto que pudieran obtener.

El abogado afirmó que posteriormente se utilizaba el crédito disponible y que las deudas quedaban a nombre de las personas que habían solicitado las tarjetas. Esa es una de las modalidades descritas por el representante legal en las denuncias relacionadas con la administración de la ecovilla.

Entre los casos mencionados por Chaverri figura el de una mujer de 67 años, identificada como presunta víctima de delitos sexuales. Según el abogado, cuando ella comunicó lo ocurrido a otros integrantes de la comunidad, los responsables presuntamente intentaron silenciarla y le atribuyeron responsabilidad por los hechos que denunció.

Los denunciantes incluyen ciudadanos de tres países

El representante legal también indicó que los administradores habrían dicho a participantes extranjeros que el lugar tenía soberanía frente al resto de Costa Rica. Según Chaverri, esa versión se acompañaba de la afirmación de que los responsables podían impartir justicia dentro de la comunidad y de advertencias sobre la conveniencia de evitar un escándalo.

Las personas que se consideran afectadas incluyen ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. La investigación deberá establecer el alcance de los hechos denunciados, verificar las acusaciones planteadas y determinar la eventual responsabilidad de las cuatro personas estadounidenses detenidas.

Los estudiantes costarricenses que destacan por sus calificaciones académicas y aspiran a continuar sus estudios superiores en Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad para acercarse a universidades de ese país, mediante un programa de becas que busca eliminar algunas de las barreras económicas que enfrentan durante los procesos de admisión.

Se trata del Opportunity Funds Program 2026-2027, una iniciativa impulsada por EducationUSA Costa Rica, cuya oficina se encuentra en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), que brinda respaldo económico y asesoramiento especializado a personas con alto rendimiento académico y recursos financieros limitados.

La convocatoria estará disponible hasta el próximo 30 de octubre de 2026 y permitirá la participación de estudiantes interesados en cursar un bachillerato universitario, una maestría o un doctorado en instituciones de educación superior estadounidenses.

Uno de los principales requisitos consiste en contar con un promedio académico superior a 85, además de demostrar competencias en inglés, participación en actividades extracurriculares y una trayectoria que permita competir por becas o programas de financiamiento ofrecidos directamente por las universidades.

La asesora de EducationUSA Costa Rica, Ana Gabriel Solís, explicó que la iniciativa responde a las dificultades que enfrentan numerosos jóvenes para asumir los gastos previos a una postulación internacional, incluso cuando reúnen condiciones académicas para ingresar a instituciones de prestigio.

“Hay estudiantes con un buen desempeño académico y logros en áreas como liderazgo, actividades extracurriculares, investigación o servicio comunitario, pero que no cuentan con los recursos para cubrir los primeros gastos del proceso. Opportunity Funds busca reducir esa barrera”, indicó Solís.

El objetivo es que las limitaciones financieras para completar las solicitudes universitarias no impidan que los aspirantes participen en procesos de selección y tengan la posibilidad de obtener ayuda económica para sus estudios.

¿Qué gastos cubre la beca para estudiar en Estados Unidos?

A diferencia de otros programas de financiamiento académico, Opportunity Funds no cubre directamente la totalidad de una carrera universitaria, sino que concentra sus recursos en los gastos necesarios para solicitar la admisión a instituciones de educación superior de Estados Unidos.

Entre los rubros que pueden recibir apoyo económico se encuentran los exámenes estandarizados exigidos por las universidades, así como la preparación necesaria para presentar estas evaluaciones.

También se contempla el pago de las cuotas de solicitud de ingreso, que pueden representar un gasto importante para estudiantes interesados en postularse a varias instituciones.

El programa puede financiar las traducciones de documentos académicos y otros requisitos administrativos relacionados con la postulación. Asimismo, dependiendo de las circunstancias y condiciones del beneficio, podría cubrir determinados gastos asociados con el viaje a Estados Unidos.

Sin embargo, la organización enfatizó que recibir este apoyo no significa obtener automáticamente una beca completa para estudiar en el extranjero.

Una vez desarrolladas las solicitudes, los beneficiarios deberán competir por las alternativas de ayuda financiera que ofrecen las propias universidades estadounidenses, algunas de las cuales contemplan financiamiento significativo o completo, sujeto a sus respectivos criterios de selección.

Además del componente económico, EducationUSA proporciona orientación durante las diferentes etapas del proceso, desde la identificación de instituciones hasta la preparación de documentos y el cumplimiento de los requisitos particulares de cada universidad.

“Una postulación internacional requiere planificación. Los estudiantes deben identificar universidades, conocer sus requisitos, preparar documentación y, cuando corresponde, presentar exámenes. El acompañamiento busca orientar al estudiante durante esas etapas”, explicó Ana Gabriel Solís.

Cómo inscribirse y dónde obtener información

Los interesados deberán completar su postulación antes del viernes 30 de octubre de 2026, fecha establecida como límite para participar en esta edición del programa.

La inscripción se realiza mediante el formulario oficial del Opportunity Funds Program 2026-2027, disponible en el siguiente enlace:

Formulario de postulación al Opportunity Funds 2026-2027⁠.

Quienes requieran orientación adicional también pueden acudir a EducationUSA Costa Rica, cuya oficina se encuentra en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, en San Pedro de Montes de Oca, San José.

Esta oficina forma parte de una red internacional de asesoramiento educativo respaldada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que proporciona información sobre estudios superiores en instituciones estadounidenses acreditadas.

El programa ya cuenta con antecedentes de estudiantes costarricenses que lograron acceder a universidades de ese país. Según información de EducationUSA, una generación integrada por cuatro beneficiarios en 2020 consiguió 12 ofertas de admisión de universidades estadounidenses, con oportunidades de financiamiento para continuar sus estudios.

Con la convocatoria 2026-2027, la organización pretende seguir facilitando la participación de estudiantes con perfiles académicos sobresalientes en procesos internacionales de admisión.

La iniciativa representa una posibilidad para quienes consideran que los costos iniciales de postulación constituyen uno de los principales obstáculos para estudiar fuera de Costa Rica, aunque la admisión definitiva y el financiamiento de la carrera dependerán de las universidades a las que cada estudiante decida aplicar.

Según el balance final de la Cruz Roja, el derrumbe afectó un local comercial tras la acumulación de tierra, piedras y otros materiales obstruyó el ingreso principal.

La Benemérita desplazó tres unidades de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y dos vehículos de rescate. Los equipos trabajaron junto a los bomberos para definir una ruta de salida que permitiera evacuar a las personas sin exponerlas a otra posible caída de material.

Las autoridades iniciaron el procedimiento con precaución debido a la inestabilidad del terreno. En un primer momento, se informó que los ocupantes permanecían dentro del comercio porque el deslizamiento había cerrado la única entrada disponible.

El coordinador operativo regional de la Cruz Roja Costarricense, Sebastián Ramírez, indicó que las unidades de emergencia lograron completar la extracción de todas las personas que estaban atrapadas en el establecimiento.

Durante la atención del incidente, los socorristas valoraron a una niña de 11 años. La menor no requirió traslado a un centro médico, de acuerdo con el reporte final entregado por Ramírez.

No se informaron otras personas lesionadas por el deslizamiento. Las maniobras se desarrollaron mientras las instituciones mantenían vigilancia sobre las condiciones del sitio, debido a la posibilidad de nuevos desprendimientos en la zona.

El Cuerpo de Bomberos señaló que una gran cantidad de tierra y otros residuos descendieron hasta el frente del negocio. El material cubrió la entrada principal e incluso causó daños en un vehículo que se encontraba cerca del lugar.

Las estaciones de Bomberos de Sarchí y Grecia se movilizaron hacia el sitio para apoyar las labores de respuesta. La intervención se centró en garantizar la salida de los ocupantes y evaluar las condiciones de seguridad alrededor de la estructura.

La presencia de material acumulado y la saturación del suelo mantienen el riesgo de nuevas afectaciones en sectores expuestos a lluvias persistentes.

Alerta por lluvias y tormentas eléctricas

El incidente ocurrió durante una jornada marcada por precipitaciones en distintas regiones de Costa Rica. En su aviso meteorológico, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el paso de la onda tropical número 50, sumado a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, generó condiciones inestables en el país.

El IMN registró aguaceros con tormenta eléctrica sobre el eje montañoso central, con acumulados estimados de entre 15 y 40 milímetros en seis horas. En áreas cercanas a Grecia se estimaron máximos de entre 60 y 75 milímetros, junto con otros puntos como Goicoechea, Tilarán, San Isidro, Uvita y Puerto Jiménez.

Para la noche, el organismo previó lluvias y tormentas eléctricas en el Valle Central, el Pacífico y la Zona Norte, con mayor intensidad en el Pacífico Norte. También pidió atención en las cuencas montañosas del Pacífico, el sur de la Zona Norte, la península de Nicoya, Osa y el Valle Central, donde los suelos presentan niveles moderados de saturación.

El Instituto Meteorológico Nacional recomendó extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones, evitar la exposición a tormentas eléctricas y buscar refugio ante ráfagas que, en casos aislados, podrían alcanzar 80 km/h.

El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar, aseguró este sábado que no hubo agresiones ni maltratos durante un operativo de requisa realizado en el centro penitenciario La Reforma, tras la difusión de denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre supuestos incidentes de violencia dentro del complejo.

En un comunicado de prensa, el funcionario sostuvo que las versiones difundidas durante las últimas horas son falsas y rechazó, además, que haya fallecido una persona privada de libertad como consecuencia del procedimiento.

Según el documento, la intervención tuvo carácter rutinario. Las autoridades emplearon escáneres móviles para inspeccionar las celdas y localizar objetos prohibidos dentro del establecimiento penitenciario.

De igual forma, el ministro de Justicia y Paz informó que el resultado de la requisa fue el decomiso de una cantidad no precisada de armas punzocortantes.

A su vez, Aguilar afirmó que el operativo se desarrolló sin hechos de violencia contra las personas privadas de libertad. “Es rotundamente falso que hubiese agresiones o maltratos en el operativo realizado en el centro penitenciario La Reforma”, señaló el ministro en el texto difundido por la cartera.

De igual forma, la institución vinculó las denuncias con el clima que, según su versión, existe entre la población penitenciaria ante la próxima apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

“El inminente inicio de operaciones del CACCO ha generado tensión en la población privada de libertad”, indicó Aguilar, quien sostuvo que esa situación deriva en denuncias que el Gobierno considera carentes de fundamento.

CACCO es una cárcel de máxima seguridad construida en San Rafael de Alajuela, junto al complejo La Reforma. El establecimiento tendrá capacidad para 5,100 personas privadas de libertad y estará destinado a cabecillas de organizaciones criminales, reclusos violentos y personas en proceso de extradición. Su inauguración está prevista para el próximo miércoles 14 de octubre.

Las autoridades reportaron una protesta en un pabellón

El ministro también se refirió a una huelga de hambre que, de acuerdo con el comunicado, fue advertida mientras el operativo todavía estaba en marcha. Aguilar señaló que las autoridades se trasladaron al pabellón donde se había iniciado la protesta y conversaron con las personas privadas de libertad. Tras ese diálogo, afirmó, los internos aceptaron recibir los alimentos.

La nota de prensa cuestionó la difusión de versiones que atribuyeron consecuencias más graves al procedimiento. “Lo que están informando, de manera malintencionada algunos, no es correcto”, expresó Aguilar. Entre esas afirmaciones, mencionó el supuesto fallecimiento de un privado de libertad, un hecho que el funcionario calificó como falso.

A su vez, Aguilar afirmó que no le sorprende la existencia de cuestionamientos contra personal penitenciario porque, según indicó, la Fiscalía General de la República ha abierto investigaciones vinculadas con presuntos abusos de autoridad.

El ministro sostuvo que una entrevista emitida durante la semana en un medio de comunicación mencionó una cantidad de causas inferior a la que, según dijo, existe actualmente. Aguilar afirmó que hay “en total contra mí, cinco de ellas por abuso de autoridad”.

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) denunció una posible intervención del Gobierno costarricense en el retiro de publicidad que exponía los atrasos salariales de profesionales de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una situación que ha provocado reclamos y movilizaciones del personal sanitario durante los últimos meses.

La controversia surgió después de que dos piezas de la campaña “La Vida No Espera” fueran retiradas de espacios públicos de San José en un periodo aproximado de 24 horas, sin que, según la organización profesional, existiera una explicación formal que justificara la decisión.

Los anuncios se encontraban instalados en lugares estratégicos de la capital. Uno correspondía a una estructura publicitaria en una parada de autobús, frente a las oficinas centrales de la CCSS, mientras que el segundo era un tótem ubicado en la Plaza de la Cultura, uno de los espacios de mayor circulación peatonal de San José.

De acuerdo con el Colegio, la empresa contratada para colocar la publicidad comunicó que los anuncios debían retirarse, pero no ofreció mayores detalles sobre los motivos.

Sin embargo, durante una conversación telefónica, representantes de la compañía habrían indicado que la instrucción provenía del Gobierno, una afirmación que llevó al gremio a exigir explicaciones y anunciar gestiones para determinar lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que alguna autoridad gubernamental haya ordenado el retiro, ni se ha identificado a la persona o institución que habría emitido la supuesta instrucción.

Colegio de Enfermeras anuncia acciones legales por posible censura

El presidente del Colegio de Enfermeras, Gabriel Guido Sancho, confirmó que la organización comenzó a gestionar acciones administrativas y judiciales para identificar a los responsables de la decisión y establecer si existió alguna interferencia indebida.

“Nos encontramos tomando acciones administrativas y judiciales para que se nos aclare quién giró la instrucción de retirar esta publicidad”, manifestó el representante gremial.

Guido sostuvo que la situación genera preocupación desde el punto de vista constitucional, particularmente por la posibilidad de que se haya intentado limitar la difusión de denuncias relacionadas con los derechos laborales del personal de Enfermería.

El dirigente aseguró que el Colegio llevará el caso “hasta las últimas consecuencias”, con el propósito de determinar si existió alguna actuación destinada a impedir que el gremio expresara públicamente sus cuestionamientos sobre los atrasos salariales.

Por su parte, el asesor legal de la organización, Giovanni Eduardo Rodríguez Solís, advirtió que las circunstancias deberán analizarse a la luz de las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.

“Esperamos que esto no constituya una violación a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política, mediante una censura previa que nos impida manifestarnos como corresponde a todos los costarricenses”, señaló el abogado.

El artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica protege el derecho de petición ante las instituciones públicas, mientras que el artículo 28 establece garantías frente a la persecución por manifestar opiniones. Por su parte, el artículo 29 reconoce expresamente el derecho a comunicar y publicar pensamientos sin censura previa.

Más de 700 denuncias por atrasos salariales en la CCSS

La polémica ocurre en medio de un conflicto laboral que afecta al personal de Enfermería de los hospitales públicos costarricenses.

Según datos divulgados por el Colegio de Enfermeras el 5 de octubre de 2026, la organización había recopilado 714 reportes de profesionales de la CCSS con salarios atrasados o pagos incompletos.

La información, obtenida entre el 25 y el 29 de septiembre, reveló que 8 de cada 10 casos presentaban atrasos de dos meses o más, mientras que el 83% de las personas afectadas eran mujeres.

Entre las irregularidades denunciadas figuran la falta de pago de salarios ordinarios, diferencias en las remuneraciones, problemas con el reconocimiento de horas extraordinarias y atrasos relacionados con nombramientos y sustituciones.

Las cifras del Colegio contrastan con los 482 casos de funcionarios con dificultades salariales que la CCSS había identificado públicamente en septiembre, aunque ambos registros responden a levantamientos y criterios que no necesariamente son equivalentes.

La institución sanitaria anunció entonces que gestionaría los pagos pendientes durante octubre, mediante una revisión individual de los expedientes laborales.

A esta situación se suman los hallazgos de la Auditoría Interna de la CCSS, que identificó problemas asociados al sistema de pagos SIPE, entre ellos 808 funcionarios con dificultades salariales en el Hospital México, así como movimientos administrativos pendientes en otros centros médicos.

El conflicto también provocó una huelga nacional del sector salud el 17 de septiembre, durante la cual organizaciones sindicales exigieron soluciones para los trabajadores que denunciaban incumplimientos en sus remuneraciones.

El Colegio de Enfermeras ya había presentado en agosto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por los problemas de pago, además de acudir a otras instancias institucionales para solicitar soluciones.

Las autoridades de salud de Costa Rica notifica un aumento sostenido en la presión sobre el sistema hospitalario debido al comportamiento de los patógenos respiratorios que afectan al país.

De acuerdo con los datos recopilados por la Dirección de Vigilancia de la Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el territorio costarricense superó 1,023,605 casos de Infecciones Respiratorias Agudas Superiores hasta la semana epidemiológica 38 de 2026, lo que generó un incremento en las atenciones médicas y un nivel de saturación en centros clave de atención pediátrica.

El balance oficial del Ministerio de Salud confirma además que el registro acumulado incluye 5,829 diagnósticos de neumonía y 7,100 atenciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

La evaluación semanal efectuada por las instituciones sanitarias demuestra que la circulación viral impacta de manera directa a los grupos poblacionales de menor y mayor edad, con un comportamiento dinámico en la demanda de internamientos.

En relación con la vigilancia específica del COVID-19, el informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud contabilizó 64 contagios confirmados durante la semana epidemiológica 38. Los datos hospitalarios de la CCSS con corte al 6 de octubre muestran que 16 personas contagiadas permanecen en salón de aislamiento y tres reciben soporte especializado en unidades de cuidados intensivos.

Adicionalmente, el reporte oficial de la semana epidemiológica 40 confirmó dos fallecimientos asociados al virus en el ámbito hospitalario. El Ministerio de Salud reitera el llamado a mantener los protocolos de higiene, completar los esquemas de vacunación y acudir a las unidades médicas ante el agravamiento de los síntomas respiratorios.

La población infantil y los adultos mayores concentran la mayor cantidad de hospitalizaciones

El monitoreo epidemiológico establece que la población de 75 años y más encabeza los registros de mayor gravedad entre los adultos. Este grupo de edad acumula 1,744 casos de IRAG y 1,442 diagnósticos de neumonía en lo que va del año.

La fragilidad inmunológica de los adultos mayores frente a la circulación de agentes infecciosos mantiene a esta población bajo vigilancia constante en los establecimientos de salud de la CCSS.

En el ámbito pediátrico, los menores de cinco años presentan una vulnerabilidad elevada. Las estadísticas del Ministerio de Salud detallan que la niñez entre uno y cuatro años registra 1,233 atenciones por IRAG y 815 casos de neumonía. Asimismo, este grupo de edad sostiene la mayor carga acumulada de infecciones superiores en todo el país, con un total de 114,688 atenciones registradas en los servicios sanitarios.

Por su parte, los lactantes menores de un año contabilizan 1,222 cuadros de IRAG y 730 diagnósticos de neumonía. Las autoridades médicas enfatizan la necesidad de reforzar las medidas de prevención y la consulta temprana ante signos de alarma respiratoria en lactantes y niños pequeños.

El Hospital Nacional de Niños opera por encima de su capacidad habitual

La situación asistencial muestra un punto crítico en el Hospital Nacional de Niños (HNN), centro de referencia nacional ubicado en San José. El informe operativo institucional emitido al 6 de octubre de 2026 indica que el centro hospitalario atiende a 98 pacientes por causas respiratorias, de los cuales 82 permanecen en camas de hospitalización y 16 reciben atención en el servicio de Emergencias.

Esta cifra representa un 122% de ocupación respecto a su dotación habitual de camas destinadas a problemas respiratorios, aunque la cifra desciende al 91% al evaluar la capacidad bajo la modalidad de dotación expandida. La alta demanda asistencial obligó a reestructurar áreas internas para garantizar la atención de los pacientes pediátricos procedentes de diversas regiones del país.

El área de atención crítica registra el nivel de saturación más alto. El HNN reporta el 100% de la capacidad de su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ocupada, con 27 pacientes en condición delicada.

La vigilancia de laboratorio en este centro médico determinó que los virus predominantes son el Rinovirus, con 744 detecciones acumuladas, y el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), con 364 detecciones, acompañados por una menor presencia de Parainfluenza y Adenovirus.

Costa Rica amplió sus conexiones aéreas con Estados Unidos mediante la llegada de Breeze Airways, una aerolínea estadounidense de bajo costo que inició sus operaciones en el país con vuelos directos desde la ciudad de Tampa, Florida, hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), principal terminal aérea costarricense.

La compañía completó exitosamente sus primeras dos operaciones, realizadas el sábado 3 y el miércoles 7 de octubre de 2026, con lo que oficialmente comenzó a prestar servicio en una ruta que hasta ahora no contaba con vuelos comerciales regulares sin escalas.

El nuevo enlace aéreo tendrá dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, desde el Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA), mediante aeronaves Airbus A220, con capacidad para transportar hasta 137 pasajeros por vuelo.

La apertura representa una nueva alternativa para quienes buscan viajar entre ambos países sin realizar escalas en otras ciudades estadounidenses, al tiempo que amplía las posibilidades de atraer visitantes hacia los diferentes destinos turísticos costarricenses.

La llegada de Breeze Airways forma parte del programa de atracción de aerolíneas que impulsa el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en coordinación con AERIS, empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos V. Borges, destacó que la apertura de nuevas conexiones internacionales tiene repercusiones positivas para el turismo, particularmente por las oportunidades económicas que representa para las comunidades vinculadas con esta actividad.

“Celebramos la llegada de la aerolínea Breeze Airways a nuestro país, así como la apertura de una conexión directa entre Tampa, Florida y Costa Rica. Cada nueva ruta permite la llegada de más turistas y abre múltiples oportunidades para cientos de familias y genera diversos encadenamientos turísticos en nuestras comunidades a lo largo y ancho del país”, expresó el funcionario.

El jerarca agregó que la incorporación de la compañía responde a los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para incrementar las conexiones internacionales y fortalecer la posición de Costa Rica como destino turístico.

¿Cuánto cuestan los vuelos entre Costa Rica y Tampa?

Uno de los principales atractivos de la nueva conexión es la posibilidad de adquirir boletos con tarifas económicas, aunque los precios finales dependerán de la fecha del viaje, la disponibilidad y los servicios adicionales seleccionados.

De acuerdo con información divulgada por Breeze Airways, las tarifas promocionales iniciales fueron anunciadas desde USD 129 por trayecto para viajar desde Tampa hacia San José.

Este precio corresponde a una tarifa básica de ida y no significa que todos los vuelos, fechas o trayectos de regreso tengan el mismo costo.

La compañía advierte que los precios pueden modificarse según la demanda y que determinados servicios, como equipaje adicional u otras opciones de viaje, podrían generar cargos extra.

Los interesados pueden consultar la disponibilidad y las condiciones de las tarifas mediante el sitio oficial de Breeze Airways⁠.

La ruta, que conecta directamente ambas ciudades, tiene una duración aproximada de 3 horas y 15 minutos, de acuerdo con los horarios publicados para esta operación.

La posibilidad de viajar sin escalas representa una alternativa para turistas, empresarios y personas que visitan familiares, al evitar conexiones en otros aeropuertos estadounidenses que pueden incrementar el tiempo total de desplazamiento.

Estados Unidos es el principal mercado turístico de Costa Rica

La llegada de esta nueva aerolínea adquiere especial relevancia por el peso que tiene el turismo estadounidense dentro de la actividad económica costarricense.

Según las estadísticas más recientes compartidas por el ICT, entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país aproximadamente 1,2 millones de viajeros procedentes de Estados Unidos por vía aérea.

Esta cifra posiciona al mercado estadounidense como el principal emisor de turistas hacia el territorio nacional y explica parte de los esfuerzos institucionales para mantener y ampliar las conexiones con diferentes ciudades de ese país.

En este contexto, la nueva ruta desde Tampa permitirá incorporar una alternativa de acceso para viajeros residentes en Florida y otras zonas cercanas que deseen visitar destinos costarricenses.

Las autoridades turísticas consideran que la expansión de la conectividad internacional puede favorecer a hoteles, restaurantes, empresas de transporte, operadores turísticos y pequeños negocios que dependen de la llegada de visitantes extranjeros.

Como parte de las acciones para dar a conocer la conexión, el ICT anunció que a finales de octubre de 2026 desarrollará una campaña publicitaria en espacios exteriores de alto tránsito de la ciudad de Tampa.

La estrategia buscará promocionar el nuevo servicio aéreo entre potenciales viajeros y posicionar a Costa Rica como una alternativa para realizar vacaciones, actividades de aventura, turismo de naturaleza y otras experiencias.

Costa Rica registró durante septiembre de 2026 la cifra más baja de muertes en carretera de los últimos 11 meses, después de que 34 personas perdieran la vida en accidentes de tránsito, según los datos oficiales divulgados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de la Policía de Tránsito.

El resultado representa una disminución en comparación con los meses anteriores y convierte a septiembre en el primer mes de 2026 con menos de 40 fallecidos, un comportamiento que las autoridades destacan dentro de las estadísticas nacionales de seguridad vial.

Para encontrar un registro mensual inferior es necesario retroceder hasta octubre de 2025, cuando se contabilizaron 33 víctimas mortales en las carreteras costarricenses.

La reducción también resulta significativa frente a julio, que anteriormente mantenía el registro más bajo del año con 46 fallecimientos. La diferencia es de 12 personas, equivalente a una disminución aproximada del 26% entre ambos meses.

Sin embargo, pese al comportamiento favorable de septiembre, las cifras acumuladas evidencian que la mortalidad vial continúa representando un desafío importante para el país.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 459 personas fallecieron en el sitio de accidentes de tránsito, una cantidad que equivale a un promedio de aproximadamente 51 víctimas mensuales.

Motociclistas concentran siete de cada diez muertes

Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a la participación de las motocicletas en los accidentes con consecuencias mortales.

Durante septiembre, 24 personas que viajaban en motocicleta perdieron la vida, lo que representa aproximadamente el 70,6% de las 34 víctimas registradas durante ese mes.

Aunque se trata de una cifra elevada respecto al total de fallecimientos, el dato iguala el registro de julio, cuando también murieron 24 motociclistas.

Ambos meses se convirtieron en los únicos de 2026 en los que se han contabilizado menos de 30 fallecimientos entre usuarios de motocicletas.

Las estadísticas vuelven a situar a este tipo de vehículo entre los principales focos de atención de las autoridades de tránsito, debido a la exposición física de sus ocupantes durante colisiones, derrapes y otros percances.

A diferencia de quienes viajan en automóviles, los motociclistas no cuentan con una estructura protectora que reduzca directamente las consecuencias de un impacto, por lo que el uso adecuado del casco, la velocidad y la distancia de seguridad resultan fundamentales.

La Policía de Tránsito ha reiterado que tanto los motociclistas como los conductores de otros vehículos deben adoptar medidas preventivas, particularmente al circular por carreteras con poca visibilidad, superficies mojadas o condiciones de lluvia.

Dos meses consecutivos sin muertes asociadas al alcohol

Otro de los resultados destacados por las autoridades corresponde a los accidentes mortales vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el MOPT, durante agosto y septiembre no se registraron personas fallecidas por accidentes atribuidos al alcohol al volante, convirtiéndose en el segundo mes consecutivo sin víctimas mortales por esta posible causa.

El comportamiento contrasta con lo ocurrido en julio, cuando se reportaron siete fallecimientos relacionados con este factor de riesgo, la mayor cantidad mensual registrada durante el año.

Anteriormente, marzo de 2026 había sido el único mes sin víctimas mortales asociadas con esta circunstancia.

La ausencia de fallecimientos atribuidos al alcohol durante dos meses consecutivos constituye un resultado relevante, aunque no significa que hayan desaparecido los casos de conductores que circulan bajo sus efectos.

El tercer trimestre fue el menos mortal de 2026

Las estadísticas oficiales también muestran una disminución de fallecimientos cuando se comparan los tres trimestres transcurridos del año.

Durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, Costa Rica registró 129 personas fallecidas en carretera, convirtiéndose en el trimestre con menor cantidad de víctimas mortales de 2026.

En comparación, el primer trimestre, correspondiente a enero, febrero y marzo, cerró con 173 fallecimientos, mientras que el segundo, entre abril y junio, contabilizó 157 muertes.

Esto significa que durante el tercer trimestre se registraron 44 fallecimientos menos que en el primero y 28 menos que en el segundo.

La diferencia entre el primer y el tercer trimestre representa una reducción aproximada del 25,4%.

Las cifras evidencian una disminución progresiva de los decesos registrados por trimestre, aunque todavía será necesario observar el comportamiento de los últimos meses de 2026 para establecer si esta tendencia se mantiene.

Exceso de velocidad continúa encabezando las causas de muerte

Pese a la reducción general, las conductas de riesgo al volante continúan estando presentes en una parte importante de los accidentes mortales.

Según los datos reportados por el MOPT, el exceso de velocidad se relacionó con 14 fallecimientos durante septiembre, mientras que el adelantamiento indebido estuvo asociado con otras 11 muertes.

Ambos factores concentraron una parte considerable de los accidentes fatales identificados durante el mes.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, el exceso de velocidad registra 160 víctimas mortales, manteniéndose como la principal situación de riesgo vinculada con los decesos en carretera.

Por su parte, las maniobras de adelantamiento indebido acumulan 92 fallecidos, ubicándose entre las conductas más peligrosas detectadas por las autoridades.

Estas dos situaciones aparecen asociadas, en conjunto, con 252 muertes, una cifra que evidencia la magnitud de los riesgos derivados de circular a velocidades inadecuadas o realizar maniobras de rebase peligrosas.

Costa Rica se prepara para dar un nuevo paso hacia la modernización de su sistema de transporte público mediante la incorporación de al menos 75 autobuses eléctricos de fabricación europea, una iniciativa respaldada por una contribución de 8 millones de euros de la Unión Europea (UE) que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y ofrecer un servicio más eficiente a miles de pasajeros.

El proyecto fue formalizado mediante un acuerdo entre la Unión Europea y el Banco de Costa Rica (BCR), con la participación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

La iniciativa contempla la creación de un mecanismo financiero que permitirá a las empresas autobuseras acceder a vehículos eléctricos sin asumir de manera inmediata la totalidad de los costos que implica sustituir sus unidades tradicionales de diésel.

De acuerdo con las proyecciones del MOPT, los primeros autobuses podrían comenzar a operar durante 2027, principalmente en rutas de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde se concentra una parte importante de los desplazamientos diarios de la población.

La viceministra de Transportes, Sofía Fallas, explicó que al menos 10 empresas autobuseras ya han manifestado interés en participar en este mecanismo de financiamiento.

Sin embargo, las rutas específicas que recibirán las nuevas unidades todavía no se encuentran definidas y su incorporación dependerá de los procesos de evaluación financiera y de la participación de los operadores interesados.

El objetivo de las autoridades es que este primer grupo de autobuses represente el inicio de una renovación progresiva de las flotillas utilizadas en el transporte público costarricense.

¿Cómo funcionará el financiamiento para comprar los autobuses eléctricos?

Los 8 millones de euros aportados por la Unión Europea servirán como capital inicial de un fondo fiduciario que será estructurado y administrado por el Banco de Costa Rica.

A través de este mecanismo, las empresas de transporte podrán acceder a esquemas de financiamiento diseñados específicamente para facilitar la adquisición de autobuses eléctricos europeos.

Uno de los instrumentos contemplados es el leasing o arrendamiento financiero, que permite a las compañías utilizar los vehículos mediante el pago de cuotas, en lugar de efectuar una compra directa que requiera desembolsar una suma elevada desde el inicio.

Este modelo pretende reducir uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas autobuseras para electrificar sus flotas: el costo inicial de inversión.

Según explicó la viceministra Sofía Fallas, se pretende ofrecer condiciones financieras favorables para que el costo de incorporar una unidad eléctrica sea competitivo frente a la adquisición de un autobús convencional de diésel.

El financiamiento también contempla la adaptación de los planteles donde permanecen estacionados los autobuses y la instalación de infraestructura de recarga, elementos fundamentales para garantizar la operación diaria de las nuevas unidades.

De esta manera, el proyecto no se limita a facilitar la compra de vehículos, sino que busca desarrollar las condiciones necesarias para su funcionamiento.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraim Zeledón, destacó la necesidad de diseñar mecanismos que permitan renovar las flotas sin generar presiones económicas adicionales sobre los pasajeros.

“El reto de modernizar el transporte público también pasa por facilitar la renovación de las flotas, sin trasladar todo el peso de esa inversión a los usuarios”, manifestó el jerarca.

¿Cómo serán los nuevos autobuses que circularán en Costa Rica?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades a medios nacionales, las unidades previstas serán autobuses eléctricos europeos de aproximadamente 12 metros de longitud, diseñados para prestar servicios regulares de transporte público.

Entre sus características se contempla la incorporación de piso bajo, una configuración que facilita el ingreso y salida de pasajeros y permite mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Al funcionar mediante motores eléctricos, estos vehículos no generan emisiones directas por el tubo de escape durante su operación, lo que puede contribuir a reducir la contaminación local en las zonas donde circulen.

Además, los autobuses eléctricos suelen producir menos ruido durante su funcionamiento en comparación con las unidades impulsadas por motores de combustión interna.

La transición también podría representar beneficios económicos para las empresas operadoras, especialmente por el ahorro potencial en combustibles y determinados costos de mantenimiento.

Según informó el MOPT, un autobús eléctrico ya ha sido utilizado en pruebas realizadas por diferentes compañías de transporte, con resultados positivos en materia de gastos operativos.

No obstante, los beneficios financieros dependerán de factores como el precio de adquisición, las condiciones de los contratos, el consumo energético, el mantenimiento y la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Unión Europea busca transformar la movilidad costarricense

La iniciativa forma parte de Global Gateway, una estrategia de la Unión Europea destinada a movilizar inversiones en infraestructura sostenible, transporte, energía, conectividad y otros sectores estratégicos.

En Costa Rica, el programa pretende contribuir a la transición hacia un sistema de transporte público más moderno, menos contaminante y con mejores condiciones para los usuarios.

El embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, destacó que la cooperación internacional permite combinar recursos financieros y conocimientos técnicos para impulsar proyectos de largo plazo.

“Mediante la cooperación para modernizar el transporte público, en colaboración con empresas europeas y costarricenses, la Unión Europea busca promover un sistema más sostenible, moderno y accesible, combinando inversión y transferencia de conocimientos para apoyar los esfuerzos del país frente al cambio climático”, expresó el diplomático.

El representante europeo también señaló que esta inversión constituye una primera etapa de la iniciativa y manifestó la disposición de continuar apoyando proyectos similares.

Según explicó, Costa Rica es el primer país donde se aplica este mecanismo financiero, lo que permitiría evaluar sus resultados y eventualmente utilizarlo como referencia para otras iniciativas de transporte sostenible.

Por su parte, el gerente general del Banco de Costa Rica, Julio César Trejos, señaló que la institución participará mediante su modelo Impulso Sostenible, encargado de estructurar las condiciones financieras para facilitar la adquisición de las unidades.

El banco buscará ofrecer mecanismos que permitan a las empresas autobuseras acceder a la tecnología eléctrica y, al mismo tiempo, impulsar proyectos relacionados con la reducción de emisiones y el desarrollo sostenible.

Gobierno espera superar los 100 autobuses eléctricos en 2028

La incorporación inicial de 75 vehículos representa solamente una primera fase de los planes de modernización del transporte público.

Según declaraciones de la viceministra Sofía Fallas recogidas por medios nacionales, las autoridades trabajan en la búsqueda de recursos adicionales para ampliar progresivamente la cantidad de autobuses eléctricos disponibles.

La expectativa del MOPT es que para 2028 circulen más de 100 unidades eléctricas, aunque alcanzar esta meta dependerá de nuevos mecanismos de financiamiento y de la participación de las empresas operadoras.

La jerarca explicó que el proceso no debe limitarse a sustituir autobuses de combustión por vehículos eléctricos, sino que también requiere mejorar la organización y funcionamiento del sistema de transporte.

Entre los aspectos considerados figuran la integración de rutas, la conexión entre diferentes modalidades de transporte y el mejoramiento de las condiciones de servicio para los pasajeros.

La transformación también contempla esfuerzos para facilitar la conexión de los autobuses con los servicios ferroviarios, buscando que los desplazamientos sean más eficientes.

El fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá comenzó a generar repercusiones en el transporte aéreo de Costa Rica, después de que el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen obligara a desviar vuelos internacionales hacia otras terminales de la región.

La empresa AERIS, encargada de administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en Alajuela, informó que se prepara para atender siete vuelos desviados como consecuencia de la suspensión de operaciones aeroportuarias en territorio panameño.

La compañía también advirtió que podrían registrarse demoras en los vuelos programados desde Costa Rica hacia Panamá, debido a las restricciones temporales establecidas en el vecino país.

Pese a esta situación, la administración aeroportuaria aseguró que la principal terminal aérea costarricense continúa funcionando sin interrupciones generales y que dispone de los mecanismos necesarios para atender la llegada de aeronaves adicionales.

“La operación en el Juan Santamaría se desarrolla con total normalidad”, indicó AERIS.

La empresa explicó que trabaja de manera coordinada con los equipos encargados de las operaciones aeroportuarias para recibir los vuelos desviados, manteniendo las condiciones habituales de seguridad y servicio.

El anuncio se produce pocas horas después del terremoto de magnitud 7,7, según la medición revisada del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que sacudió Panamá y fue percibido en diferentes regiones de Costa Rica.

El movimiento ocurrió a las 11:56 de la mañana, hora costarricense, y provocó evacuaciones, inspecciones de infraestructura y suspensiones temporales de servicios en distintas localidades panameñas.

Vuelos desde Costa Rica hacia Panamá podrían sufrir retrasos

Las afectaciones no se limitan a los vuelos que tenían previsto aterrizar en Panamá.

AERIS también confirmó que se esperan demoras en las salidas desde Costa Rica hacia ese país, debido a la situación operativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las posibles alteraciones podrían repercutir en los itinerarios de pasajeros que utilizan Panamá como punto de conexión hacia otros destinos internacionales.

El aeropuerto panameño funciona como un importante centro de operaciones de Copa Airlines, una compañía que conecta diferentes ciudades de América mediante su red de vuelos internacionales.

Por ello, la interrupción temporal de sus operaciones puede generar ajustes en los horarios de salida y llegada, así como modificaciones en las conexiones programadas por las aerolíneas.

Las personas que tengan vuelos programados hacia ese destino deben consultar directamente con sus aerolíneas antes de trasladarse a la terminal y revisar cualquier actualización de sus horarios.

Aeropuerto de Tocumen suspendió operaciones por el terremoto

La interrupción de los vuelos en Panamá ocurrió después de que las autoridades aeroportuarias decidieran suspender temporalmente las operaciones en Tocumen como medida preventiva tras el fuerte movimiento sísmico.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, el personal administrativo de la terminal fue evacuado y se iniciaron revisiones para verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura aeroportuaria.

Las inspecciones incluyen las instalaciones utilizadas para las operaciones aéreas y la torre de control, elementos fundamentales para garantizar la seguridad de las aeronaves, los trabajadores y los pasajeros.

Las autoridades panameñas indicaron que la reanudación de las operaciones estaría condicionada a la verificación de las condiciones de seguridad de la terminal.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en la provincia panameña de Herrera, también provocó daños en edificaciones y evacuaciones en diferentes sectores del país.

Las autoridades reportaron afectaciones en inmuebles de Coclé, Herrera y Los Santos, mientras organismos de emergencia realizaban evaluaciones de infraestructura y atendían las consecuencias de los movimientos posteriores.

La suspensión de operaciones aeroportuarias formó parte de las medidas preventivas adoptadas durante la emergencia, que también ocasionó interrupciones temporales en otros servicios públicos.

Un despliegue de 1,275 funcionarios judiciales, 80 allanamientos simultáneos, 31 personas detenidas y un enfrentamiento armado que dejó dos agentes policiales heridos marcaron uno de los mayores operativos contra el crimen organizado desarrollados en Costa Rica durante 2026, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que operaba principalmente en la provincia caribeña de Limón.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 4:00 de la madrugada de este viernes 9 de octubre, como parte de las investigaciones denominadas Portus y Conexión, dirigidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

La operación se concentró principalmente en Liverpool, Moín y otras comunidades de Limón, aunque también incluyó intervenciones en Heredia, Upala, Puntarenas, Desamparados, Puriscal, Escazú, Guápiles, Siquirres y Batán.

Las autoridades investigan a una organización presuntamente dedicada al robo de contenedores, sustracción ilegal de combustible, venta de drogas, homicidios, legitimación de capitales y asociación ilícita, con una estructura que habría operado durante varios años.

De acuerdo con el reporte oficial, participaron 1,100 agentes del OIJ, 85 jueces y 90 fiscales, además del apoyo de unidades tácticas especializadas encargadas de ingresar a propiedades consideradas de alto riesgo.

El director interino del OIJ, Michael Soto, confirmó que durante las primeras horas del despliegue se logró detener a 31 sospechosos, incluidos dos hombres señalados como los principales responsables de coordinar las actividades delictivas de la agrupación.

Las autoridades buscan determinar la participación de cada uno de los investigados y reunir elementos probatorios que permitan establecer sus responsabilidades penales.

Dos agentes del OIJ resultaron heridos durante enfrentamiento armado

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió durante un allanamiento desarrollado en Liverpool de Limón, donde se produjo un intercambio de disparos entre oficiales judiciales y al menos un sospechoso.

Según explicó Michael Soto, los agentes intentaban detener a integrantes de la organización cuando uno de los investigados habría intentado escapar.

En medio de la intervención se escuchó un disparo, lo que provocó la respuesta de los funcionarios policiales.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos agentes del OIJ sufrieron heridas por arma de fuego, aunque las autoridades confirmaron que ambos se encontraban estables y que sus lesiones eran leves.

El incidente no dejó personas fallecidas.

Los investigadores también lograron capturar a un hombre sospechoso de haber disparado contra los oficiales con la intención de impedir su avance.

Durante los allanamientos se reportó además el decomiso de cinco armas de fuego, entre ellas cuatro pistolas y un fusil tipo AR-15, así como dinero en efectivo, drogas y vehículos de alta gama.

¿Quiénes son “Chon” y “Salchichón”, los principales sospechosos?

Entre los detenidos figura un hombre de apellidos Delgado Sandí, conocido con el alias “Chon”, quien fue capturado en el sector de Liverpool de Limón.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, este sujeto habría desempeñado el papel de principal cabecilla de la organización.

El expediente judicial lo señala como la persona encargada de planificar y coordinar diferentes actividades ilícitas, entre ellas el robo de mercancías, la sustracción de combustible y las operaciones relacionadas con el narcotráfico.

Otro de los principales sospechosos es Vargas Marín, alias “Salchichón”, detenido en Birrí de Heredia, quien presuntamente cumplía funciones de liderazgo dentro de la estructura y estaría relacionado con la organización de robos de contenedores.

Las autoridades también identificaron a otros integrantes que supuestamente desempeñaban funciones relacionadas con la logística, almacenamiento, transporte y comercialización de productos obtenidos de manera ilegal.

El Ministerio Público considera que la agrupación operaba mediante una distribución de tareas que permitía desarrollar varias actividades delictivas simultáneamente.

La investigación comenzó en 2024 y permitió identificar patrones de operación que condujeron a los allanamientos de este viernes.

Robos de contenedores dejaron pérdidas por USD 1,5 millones

Una de las principales líneas de investigación se relaciona con los asaltos a vehículos de carga que transportaban mercancías de alto valor por distintas carreteras del país.

Según el OIJ, la estructura estaría vinculada con al menos 11 robos de contenedores, ocurridos principalmente en sectores de Limón, Puntarenas, Liberia y San Ramón.

Entre los productos sustraídos figuraban atún, mariscos, artículos de limpieza, productos de higiene personal y otras mercancías destinadas al comercio.

Las pérdidas económicas relacionadas con estos hechos se estiman en aproximadamente USD 1,5 millones.

Organización habría robado 654,000 litros de combustible

Otra de las actividades atribuidas a la estructura es la extracción ilegal de combustible mediante intervenciones clandestinas en el sistema de distribución de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Las autoridades documentaron cinco eventos relacionados con tomas ilegales, localizadas en sectores de Alajuela y Siquirres.

En total, los investigadores estiman que los sospechosos sustrajeron aproximadamente 654,000 litros de combustible, cuyo valor económico rondaría los 400 millones de colones (USD 870 mil)

Estos hechos habrían representado una importante fuente de ingresos para la organización.

La investigación busca determinar cómo se realizaba la extracción, qué mecanismos utilizaban los sospechosos para transportar el producto y cuál era su destino comercial..

Dos homicidios investigados en Limón

Las autoridades judiciales también relacionan a la estructura con dos homicidios ocurridos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 en la provincia de Limón.

El primero se registró el 27 de diciembre de 2025, en el sector de Limón 2000, donde murió una mujer de apellido Aráuz.

El segundo ocurrió el 2 de agosto de 2026, en Liverpool de Limón, y tuvo como víctima a un hombre de apellido Morrison.

Ambos crímenes forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer las actuaciones de los presuntos integrantes de la organización y las posibles disputas relacionadas con sus actividades ilícitas.

En materia de narcotráfico, el OIJ también vinculó a la agrupación con la comercialización de marihuana y cocaína.

Durante las pesquisas iniciadas en 2024, los investigadores decomisaron aproximadamente 100 kilogramos de cocaína, además de varios kilogramos de marihuana presuntamente relacionados con los sospechosos.

Dinero lanzado por las ventanas y una piscina con el rostro de Pablo Escobar

Los allanamientos también dejaron escenas que llamaron la atención de las autoridades judiciales.

En una de las propiedades intervenidas en Limón, un sospechoso lanzó una gran cantidad de billetes por las ventanas cuando se percató de la presencia policial.

Según explicó Michael Soto, el sujeto aparentemente intentaba deshacerse del dinero para evitar que fuera relacionado con las actividades criminales investigadas.

El director del OIJ describió la situación como “una lluvia de dinero”, cuyos billetes pudieron ser recuperados y puestos bajo custodia para su incorporación como evidencia.

En otra propiedad, vinculada con “Chon”, los funcionarios encontraron una piscina decorada con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de Liverpool, donde las autoridades también investigan bienes que podrían estar relacionados con las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

El fiscal general, Carlo Díaz, calificó el diseño de la piscina como una manifestación de apología del delito.

Además de las detenciones, las autoridades pretenden identificar propiedades, vehículos y otros activos que podrían haber sido adquiridos con recursos procedentes de las actividades investigadas.

Fiscalía investiga posibles nexos con otras organizaciones criminales

El Ministerio Público también analiza si la estructura liderada presuntamente por “Chon” y “Salchichón” mantenía relaciones con otras organizaciones delictivas asentadas en la provincia de Limón.

Entre los grupos mencionados por las autoridades figuran “La H” y la organización vinculada con Tony Peña Russell, ambas objeto de investigaciones y operativos policiales durante los últimos meses.

El fiscal general Carlo Díaz confirmó que esta posibilidad forma parte de las líneas de investigación, aunque todavía no se ha establecido una relación definitiva entre las agrupaciones.

“Posiblemente esta organización tiene ligamen con una de esas más grandes”, manifestó el jerarca.

El fiscal también destacó que el operativo de este viernes se suma a otros procedimientos desarrollados en Limón, entre ellos los casos Riverside, Traición y Valle, dirigidos contra diferentes estructuras criminales.

Costa Rica volvió a experimentar movimientos sísmicos durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026, luego de que dos nuevos temblores de magnitudes 5,5 y 6,9 fueran registrados en Panamá, como parte de la intensa actividad tectónica que afecta a la región tras el poderoso terremoto ocurrido antes del mediodía.

Los movimientos se produjeron con una diferencia aproximada de cinco minutos y fueron seguidos por reportes de personas que sintieron nuevas sacudidas en la Zona Sur y diferentes sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).

De acuerdo con el catálogo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el primero de estos eventos ocurrió a las 3:20:25 p. m., hora panameña, equivalentes a las 2:20:25 p. m. en Costa Rica.

Este sismo alcanzó una magnitud preliminar de 5,5, con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro localizado a 37 kilómetros al sureste de Soná, en territorio panameño.

Apenas cinco minutos después, a las 2:25:37 p. m., hora costarricense, se registró otro movimiento considerable, cuya magnitud revisada fue de 6,9, con una profundidad de 5 kilómetros.

El organismo científico ubicó este segundo epicentro a 25 kilómetros al este de la isla de Coiba, Panamá, una región del Pacífico que experimentó una importante secuencia de movimientos sísmicos durante la jornada.

La situación ocurrió menos de tres horas después del terremoto principal, que sacudió Panamá a las 11:56 de la mañana, hora de Costa Rica, y fue sentido en gran parte del territorio nacional.

Red Sismológica Nacional advierte que las réplicas podrían continuar

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR) explicó que los terremotos de gran magnitud pueden producir una cantidad considerable de réplicas durante periodos prolongados.

El sismólogo Leopold Linkimer señaló tras el terremoto principal ocurrido en Panamá, la institución había identificado aproximadamente 10 réplicas importantes durante las primeras horas.

El especialista explicó que podrían continuar registrándose movimientos durante las próximas horas, días, semanas e incluso meses, una posibilidad relacionada con los reajustes tectónicos posteriores a la liberación de energía del evento principal.

También indicó que algunas de las réplicas de mayor magnitud podrían volver a sentirse en territorio costarricense.

El especialista también mencionó la posibilidad de que un terremoto fuerte provoque cambios de tensión capaces de favorecer actividad en otras fallas de la región.

¿Por qué se siguen sintiendo movimientos originados en Panamá?

La secuencia sísmica de este viernes está relacionada con una región geológica caracterizada por la interacción de diferentes placas tectónicas.

Según explicó Leopold Linkimer, el terremoto principal se produjo cerca del límite entre la placa de Nazca y la microplaca de Panamá, donde ocurren procesos tectónicos que pueden involucrar tanto subducción como desplazamientos laterales.

El sismólogo Walter Brenes, del OVSICORI, también señaló que el evento principal podría estar relacionado con la interacción de estas estructuras.

“De forma preliminar, puede estar asociado al proceso de subducción de la placa Nazca que está debajo de la placa de Panamá”, manifestó el especialista durante una entrevista con Noticias Repretel.

En los terremotos de gran magnitud, la ruptura de una falla provoca modificaciones en la distribución de esfuerzos de las rocas cercanas, lo que puede generar nuevos movimientos sísmicos.

Estos eventos posteriores se conocen como réplicas cuando están vinculados con el reajuste producido por el terremoto principal.

La secuencia puede incluir movimientos pequeños, prácticamente imperceptibles para la población, así como otros suficientemente fuertes para sentirse a cientos de kilómetros.

En este caso, la proximidad geográfica entre Panamá y Costa Rica permite que algunos de los movimientos más importantes sean percibidos en comunidades costarricenses.

Autoridades mantienen vigilancia tras una jornada de fuertes temblores

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó, tras el terremoto principal, que no se habían identificado daños severos en Costa Rica, aunque la institución se mantenía atenta ante posibles réplicas.

La emergencia también provocó afectaciones materiales en Panamá, principalmente en localidades cercanas a los epicentros, donde las autoridades reportaron daños en edificaciones y realizaron evacuaciones preventivas.

En Costa Rica, la preocupación se concentra en la posibilidad de que continúen produciéndose movimientos perceptibles, particularmente en la Zona Sur, una de las regiones más cercanas a la actividad registrada en territorio panameño.

Un fuerte terremoto registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 se sintió en diferentes regiones de Costa Rica, donde habitantes describieron una sacudida inusualmente prolongada, con movimientos que variaron desde suaves oscilaciones hasta vibraciones fuertes.

El movimiento ocurrió a las 11:56 de la mañana, hora costarricense, cuando numerosas personas se encontraban en sus lugares de trabajo, viviendas y establecimientos comerciales.

Aunque el epicentro se localizó en territorio panameño, las ondas sísmicas alcanzaron distintas regiones del país y provocaron percepciones diferentes dependiendo de la ubicación de las personas.

Se recibieron reportes desde San José, Cartago, Puntarenas y Limón, así como de comunidades del interior del territorio nacional.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la duración percibida del movimiento. A diferencia de los temblores breves que se manifiestan mediante una sacudida repentina, numerosos testimonios coincidieron en describir un fenómeno que se mantuvo durante varios segundos.

En algunos lugares se experimentó como un movimiento suave y persistente, mientras que en otros provocó una sensación de mayor intensidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente sobre un terremoto de magnitud 8,0, aunque posteriormente revisó su estimación a 7,6, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, Panamá, y una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 4 kilómetros.

¿En qué lugares de Costa Rica se sintió más fuerte?

Los reportes ciudadanos permiten establecer que la percepción del terremoto no fue uniforme en territorio costarricense.

En San José, algunas personas describieron un movimiento suave, pero prolongado. Sin embargo, otros habitantes del centro de la capital y del cantón de Tibás indicaron que la sacudida se sintió con fuerza.

También se reportó la percepción del movimiento en Cartago, Turrialba, San Ramón, Puriscal, Parrita y El Roble de Puntarenas, así como en localidades de Limón y Talamanca.

Mientras tanto, en Turrialba y Talamanca, otros habitantes calificaron el movimiento como fuerte.

La situación también generó comentarios en redes sociales, donde usuarios costarricenses compartieron sus experiencias.

¿Cuánto duró el temblor que se sintió en Costa Rica?

La duración fue una de las características más comentadas por las personas que experimentaron el movimiento.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una medición oficial que establezca cuántos segundos fue percibido el terremoto en territorio costarricense.

Los reportes ciudadanos coinciden en señalar que se trató de un movimiento prolongado, aunque la sensación temporal puede variar según la ubicación de cada persona, la intensidad de las ondas y las características del inmueble donde se encontraba.

Es importante distinguir entre el tiempo durante el cual se produce la ruptura de una falla geológica y el periodo durante el que las personas perciben las vibraciones.

Ambos intervalos no necesariamente son iguales.

Un terremoto libera energía que se propaga mediante diferentes tipos de ondas sísmicas. Algunas llegan primero a las estaciones de monitoreo y otras pueden continuar generando movimientos perceptibles durante un periodo mayor.

Además, las características del terreno y de las edificaciones pueden modificar la forma en que se experimenta el movimiento.

¿Por qué algunas personas sintieron un movimiento de balanceo?

Otra de las particularidades del terremoto fue la sensación de oscilación descrita en varios testimonios.

Este tipo de percepción suele relacionarse con el movimiento horizontal provocado por determinadas ondas sísmicas, capaces de generar desplazamientos de un lado hacia otro.

En edificios de varios pisos, especialmente aquellos con estructuras flexibles, estas oscilaciones pueden ser más perceptibles debido a la respuesta natural de la construcción frente a las ondas que atraviesan el terreno.

La sensación puede asemejarse a un balanceo, mientras que en otras edificaciones las vibraciones pueden experimentarse como sacudidas rápidas.

En los movimientos sísmicos se distinguen comúnmente dos formas de percepción: el movimiento oscilatorio, asociado con desplazamientos laterales, y el trepidatorio, relacionado con sacudidas predominantemente verticales.

No obstante, ambos componentes pueden presentarse simultáneamente durante un terremoto y su intensidad depende de factores geológicos y estructurales.

En el caso del evento de este viernes, los testimonios sobre balanceo son compatibles con una percepción oscilatoria.

La distancia respecto al epicentro también influye en la percepción, ya que las ondas sísmicas modifican sus características mientras se propagan a través de diferentes materiales.

¿Qué se sabe sobre posibles daños en Costa Rica?

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que no se reportan afectaciones luego del sismo reportado este viernes. Por su parte, la Cruz Roja Costarricense reportó caída de objetos menores en localidades como Laurel y Neily en la zona sur del país.

Las autoridades hicieron un llamado a mantener la calma y a seguir las recomendaciones ante un evento sísmico como este.

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) confirmó este viernes 9 de octubre de 2026 que Costa Rica no enfrenta peligro de tsunami como consecuencia del fuerte terremoto registrado en Panamá, que fue percibido en territorio costarricense y generó preocupación por sus posibles efectos en las costas del Pacífico centroamericano.

La institución científica, adscrita a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), emitió un comunicado oficial después de analizar la información disponible sobre el movimiento sísmico, ocurrido a las 11:56 de la mañana, hora costarricense.

“Basándonos en la información disponible: NO HAY PELIGRO DE TSUNAMI PARA COSTA RICA por el sismo Mw 7.6 en Panamá, a las 11:56am hora de CR hoy 9 de octubre”, indicó el organismo mediante sus plataformas oficiales.

El pronunciamiento permitió aclarar la situación para las comunidades costeras después de que organismos internacionales emitieran evaluaciones de amenaza tras el movimiento de gran magnitud.

En su boletín informativo, SINAMOT reiteró que no existe amenaza de tsunami para el Pacífico de Costa Rica, por lo que el análisis técnico nacional no identificó condiciones que justificaran una advertencia de peligro por este fenómeno.

Fuerte terremoto se sintió en Costa Rica

El terremoto se originó en territorio panameño poco antes del mediodía y fue reportado como percibido en regiones de Costa Rica, principalmente en el sur del país.

La cercanía geográfica entre ambos territorios y la magnitud del fenómeno favorecieron que las ondas sísmicas pudieran propagarse a una distancia considerable del epicentro.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó el movimiento a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, una localidad situada en la península de Azuero.

Según el catálogo revisado del organismo panameño, el terremoto alcanzó una magnitud de 7,2, con una profundidad aproximada de 4 kilómetros.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no reportó daños materiales o personas lesionadas en Costa Rica como consecuencia del terremoto.

¿Por qué se habló de una posible amenaza de tsunami?

La preocupación por la posibilidad de un tsunami surgió debido a la considerable magnitud del terremoto y a su localización en una región del Pacífico donde existen estructuras tectónicas capaces de producir movimientos sísmicos importantes.

Después de un terremoto de gran magnitud, los organismos internacionales especializados suelen realizar evaluaciones inmediatas para determinar si existe la posibilidad de desplazamientos significativos del agua del océano.

Estas evaluaciones consideran factores como la ubicación del epicentro, la profundidad del movimiento, el mecanismo de ruptura y las características del fondo marino.

En este caso, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una evaluación regional que incluyó diferentes países de Centroamérica y Sudamérica.

Entre los territorios contemplados en las estimaciones iniciales figuraban Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador y México.

Para Costa Rica, la conclusión de SINAMOT fue que el terremoto de este viernes no representa peligro de tsunami.

¿Qué significa la confirmación de SINAMOT para las costas costarricenses?

El boletín de la institución establece que no existe amenaza de tsunami asociada con este terremoto para el litoral Pacífico del país.

La confirmación resulta especialmente relevante para comunidades costeras de Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur, así como para las personas que desarrollan actividades turísticas, pesqueras y comerciales vinculadas con el océano.

También brinda información a los habitantes de destinos como Golfito, Puerto Jiménez, Quepos, Puntarenas y el Pacífico Norte, donde la vigilancia del comportamiento del mar constituye una parte importante de los protocolos de prevención.

Costa Rica registró otro sismo durante la mañana

El fuerte terremoto ocurrido en Panamá se produjo durante una jornada en la que también se registró actividad sísmica en el norte de Centroamérica.

Horas antes, a las 6:33 de la mañana, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR)había informado sobre un movimiento de magnitud 4,9, localizado a 26 kilómetros al oeste de Rivas, Nicaragua.

El temblor tuvo una profundidad aproximada de 160 kilómetros y fue reportado como sentido en Guanacaste y la Zona Norte de Costa Rica.

Según los especialistas de la Universidad de Costa Rica, su origen estuvo relacionado con la deformación interna de la placa del Coco durante el proceso de subducción bajo Centroamérica.

Aunque ambos movimientos ocurrieron durante el mismo viernes, no existe información científica que permita establecer una relación directa entre ellos.

La coincidencia temporal tampoco significa que se esté produciendo una secuencia sísmica regional de mayor magnitud.

Los especialistas recuerdan que Centroamérica se encuentra sobre una región tectónicamente activa, donde la interacción de diferentes placas puede generar movimientos frecuentes.

Autoridades recomiendan mantenerse informados

Pese a que SINAMOT descartó el peligro de tsunami para Costa Rica, las autoridades de prevención recuerdan la importancia de mantener medidas básicas de preparación ante terremotos y otros fenómenos naturales.

Entre las recomendaciones generales figuran identificar zonas seguras, conocer los planes de evacuación de las comunidades costeras y utilizar fuentes oficiales para confirmar cualquier cambio en las condiciones de riesgo.

Los especialistas también insisten en evitar la difusión de mensajes alarmistas o información no verificada, especialmente después de terremotos de gran magnitud.

Costa Rica sobresale en Centroamérica por una estrategia de reducción gradual de la deuda pública basada en reglas fiscales, control del gasto y superávits primarios sostenidos, de acuerdo con el más reciente Panorama económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

El informe, publicado en octubre de 2026, ubica al país entre las economías de la región que han logrado estabilizar sus finanzas públicas tras el incremento de la deuda provocado por la pandemia. A diferencia de los ajustes abruptos o de las reestructuraciones de obligaciones, el caso costarricense se apoya en una consolidación progresiva que ha fortalecido la confianza de los mercados.

“La disminución de los ratios de deuda pública refleja una consolidación más gradual, basada en reglas”, señala el Banco Mundial. El organismo destaca que esta trayectoria está “anclada en las reglas fiscales y los controles del gasto público”, factores que han permitido ordenar las cuentas estatales y mejorar la credibilidad de la política económica.

El reporte subraya que los superávits primarios sostenidos —es decir, el resultado fiscal antes del pago de intereses— han sido decisivos para contener la carga financiera. Esta disciplina ha contribuido a que Costa Rica reduzca paulatinamente la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto (PIB), luego del repunte observado durante los años más críticos de la emergencia sanitaria.

La estrategia también ha fortalecido la percepción de los inversionistas. Según el Banco Mundial, el marco fiscal costarricense ayudó a “estabilizar las finanzas públicas” y a reforzar la confianza de los mercados, un elemento relevante en una región donde los elevados costos de financiamiento y los pagos de intereses continúan presionando los presupuestos nacionales.

El desempeño fiscal de Costa Rica ocurre en un contexto latinoamericano complejo. América Latina y el Caribe crecería 2.2% en 2026, ligeramente por debajo del 2.4% estimado para 2025. El Banco Mundial advierte que la región mantiene un espacio fiscal limitado, altos niveles de deuda y costos reales de endeudamiento superiores a los de la década pasada.

En Centroamérica, las condiciones son heterogéneas. Países como Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana mantienen perspectivas de crecimiento relativamente sólidas, apoyadas por la inversión, las remesas, el turismo, la logística y las exportaciones. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal continúa siendo una prioridad regional, especialmente ante un escenario global de volatilidad energética, incertidumbre comercial y riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

Costa Rica proyecta un crecimiento económico de 3.3% en 2026, después de expandirse 4.5% en 2025, según las estimaciones del Banco Mundial. Aunque el ritmo sería menor al del año anterior, la economía conservaría una expansión superior al promedio regional.

El organismo multilateral identifica a las exportaciones de bienes manufacturados y a la inversión como motores relevantes para el crecimiento costarricense. Esta combinación resulta clave: mientras la disciplina fiscal reduce vulnerabilidades, la inversión y la diversificación productiva pueden sostener la actividad económica y ampliar la capacidad de generación de empleo formal.

No obstante, el informe advierte que reducir deuda no elimina todos los desafíos. La región enfrenta baja productividad, déficits de capital humano, informalidad laboral y restricciones de financiamiento para empresas. En Costa Rica, al igual que en otros países centroamericanos, el reto consiste en mantener la prudencia fiscal sin sacrificar inversiones estratégicas en infraestructura, educación, digitalización y resiliencia climática.

“El crecimiento moderado refleja el equilibrio de políticas actual, no el potencial de la región”, plantea el Banco Mundial. Para Costa Rica, la reducción gradual de la deuda representa una base para mejorar ese potencial: unas finanzas públicas más ordenadas pueden reducir riesgos, facilitar condiciones de financiamiento y permitir una planificación estatal de mayor plazo.

La principal lección regional, según el reporte, es que las decisiones de política económica sostenidas pueden generar resultados. En el caso costarricense, la combinación de reglas fiscales, controles de gasto y disciplina en el balance primario perfila una ruta de ajuste paulatino que busca preservar la estabilidad sin recurrir a medidas disruptivas.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el jueves 8 de octubre de 2026 la creación de una comisión especial investigadora que examinará posibles vínculos entre el narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales con el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales de 2022 y 2026.

La decisión fue respaldada por 52 diputados, en una votación unánime que se produjo después de varias horas de discusiones y del rechazo de dos propuestas anteriores, presentadas por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Aunque el resultado final contó con el respaldo de todas las bancadas presentes, la jornada estuvo marcada por fuertes diferencias sobre el alcance de las investigaciones, particularmente acerca de la necesidad de esclarecer los posibles vínculos de Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos Tam”, con figuras políticas nacionales.

El empresario, de origen chino y naturalizado costarricense, fue detenido recientemente a solicitud de autoridades estadounidenses que lo requieren por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero. Su aparición en fotografías de actividades políticas vinculadas con el oficialismo generó cuestionamientos de diputados opositores.

A esa controversia se sumó el caso Éxodo, investigación judicial por presunta legitimación de capitales en la que fueron detenidos los productores de conciertos Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza.

Dos mociones rechazadas antes de alcanzar un acuerdo

La sesión legislativa estuvo marcada por las diferencias entre Pueblo Soberano y Liberación Nacional sobre cuáles hechos debían incluirse en las investigaciones.

La primera propuesta del PLN buscaba crear una comisión enfocada en las posibles relaciones políticas de Guobin Tam Zhang, sus sociedades y las organizaciones presuntamente vinculadas con sus actividades.

El texto pretendía establecer si existieron nexos con agrupaciones partidarias, estructuras de campaña o funcionarios públicos, así como posibles operaciones relacionadas con evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico.

Sin embargo, la moción fue rechazada con los votos de la bancada de Pueblo Soberano, que argumentó que las investigaciones no debían concentrarse exclusivamente en una persona o agrupación política.

Posteriormente, Liberación Nacional presentó otra iniciativa orientada a investigar el financiamiento de los partidos durante el proceso electoral de 2026.

Esta segunda propuesta también fue rechazada por los legisladores oficialistas.

Finalmente, el Congreso aprobó una tercera moción impulsada por Pueblo Soberano, que amplió el período de investigación para incluir las campañas de 2021-2022 y 2025-2026.

El texto recibió el respaldo de todas las fracciones presentes, pese a las diferencias manifestadas durante la discusión.

La decisión significa que la nueva comisión no estará limitada a las donaciones recibidas en la última elección presidencial, sino que podrá examinar posibles irregularidades en las dos campañas.

Oficialismo defiende incluir la campaña de Rodrigo Chaves de 2022

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, aseguró que su bancada no tiene inconvenientes en investigar el financiamiento de diferentes procesos electorales, independientemente de las agrupaciones políticas que puedan resultar involucradas.

Durante la sesión, el legislador insistió en que cualquier investigación debe abarcar a todos los partidos y no concentrarse únicamente en las actividades vinculadas con el oficialismo.

“Ahora que hablaba con la campaña anterior (la de 2022), entrémosle a esa campaña, aquí no hay miedo. No tenemos ningún problema con las investigaciones”, manifestó Acosta.

El diputado también hizo referencia a fotografías en las que aparece Don Stockwell junto a figuras de Liberación Nacional, entre ellas el actual jefe de bancada, Álvaro Ramírez.

Acosta cuestionó públicamente esas relaciones y planteó la necesidad de esclarecer cualquier vínculo que pudiera resultar relevante para la investigación legislativa.

La bancada oficialista defendió que el nuevo órgano investigador pueda examinar las contribuciones y relaciones de diferentes agrupaciones, con el propósito de evitar que las pesquisas se limiten a señalamientos contra un solo sector político.

Liberación Nacional cuestiona rechazo de investigación sobre empresario detenido

Desde la oposición, el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, criticó la decisión inicial del oficialismo de rechazar una comisión específicamente orientada a investigar los presuntos vínculos de Guobin Tam Zhang con figuras políticas.

El legislador sostuvo que la investigación debe permitir a la ciudadanía conocer si existieron relaciones que pudieran comprometer la transparencia del financiamiento electoral o la independencia de las instituciones públicas.

“No es un tema de hacer circo, es de darle a los costarricenses respuestas. Nos interesa que se establezcan las responsabilidades”, expresó Ramírez durante el debate parlamentario.

El jefe de bancada también cuestionó la reacción de los diputados oficialistas ante la propuesta de investigar al empresario requerido por la justicia estadounidense.

Los señalamientos surgieron después de que trascendieran fotografías de Tam Zhang durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández, realizada el 1 de febrero de 2026 en el Hotel Aurola, en San José.

También se divulgaron imágenes de otra actividad política en la que coincidió con Rodrigo Chaves, Laura Fernández y legisladores oficialistas.

La oposición recuerda que la campaña de 2022 ya fue investigada

La decisión de incluir las elecciones de 2022 también provocó cuestionamientos de diputados opositores, quienes recordaron que una comisión legislativa anterior ya investigó el financiamiento de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.

La diputada liberacionista Janice Sandí sostuvo que aquella investigación permitió documentar presuntas irregularidades relacionadas con una estructura paralela de financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Millones de colones invirtió esta Asamblea en una comisión que investigó la campaña de 2022 y el informe de mayoría fue trasladado a la fiscalía”, manifestó Sandí, quien cuestionó que el Congreso vuelva a dedicar recursos a hechos examinados anteriormente.

La legisladora también afirmó que las investigaciones penales relacionadas con ese financiamiento enfrentan dificultades debido a la inmunidad de algunas personas investigadas.

Entre los nombres mencionados durante el debate figuraron Rodrigo Chaves y el diputado Stephan Brunner, vinculados a investigaciones sobre el financiamiento de aquella campaña.

Una comisión de nueve diputados con mayoría oficialista

El órgano especial aprobado este jueves estará integrado por nueve legisladores, distribuidos entre las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa.

Pueblo Soberano tendrá cinco representantes, mientras que el Partido Liberación Nacional contará con dos. El Frente Amplio dispondrá de un puesto y las fracciones unipersonales tendrán un representante.

Esta composición otorgará al oficialismo la mayoría dentro del órgano investigador, una circunstancia que generó preocupaciones entre legisladores de oposición respecto de cómo se definirán las comparecencias y las diligencias de investigación.

La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidió que la mayoría oficialista tome en consideración las posiciones de las minorías cuando se decida a cuáles personas se convocará para rendir explicaciones.

La comisión tendrá un plazo inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga, para elaborar y presentar sus conclusiones ante el Plenario Legislativo.

Además de examinar posibles vínculos entre el crimen organizado y las campañas presidenciales, podrá incorporar hechos relacionados que surjan durante sus investigaciones y formular recomendaciones para fortalecer los controles sobre el financiamiento político.

El Gobierno de Costa Rica descartó solicitar, al menos en el corto plazo, un aumento en las tarifas del agua potable y aseguró que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) deberá mejorar primero su eficiencia administrativa y financiera antes de considerar cualquier ajuste que impacte el bolsillo de los usuarios.

Según la posición expuesta por el Ejecutivo, aunque la base tarifaria del AyA no se revisa desde 2018, la institución no ha solicitado un incremento y tampoco tiene previsto hacerlo de manera inmediata.

“El AyA no está pidiendo aumento tarifario. Aresep lo viene mencionando, pero la institución no solicitará un aumento al usuario en el corto plazo”, señaló el Gobierno.

La decisión, según las autoridades, responde a un proceso interno dirigido a ordenar las finanzas de la institución y corregir problemas acumulados antes de trasladar mayores costos a los hogares costarricenses.

AyA asegura que dejó atrás los números rojos

La presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, explicó que la institución ha enfrentado durante años dificultades financieras, pero afirmó que los resultados recientes muestran una mejoría que permitiría evitar, por ahora, un aumento tarifario.

“Nosotros en este momento no hemos solicitado ni estamos planeando solicitar un aumento a la tarifa de agua”, manifestó.

La jerarca sostuvo que la prioridad será administrar de manera más eficiente los recursos y activos del AyA antes de recurrir a un incremento en las tarifas.

“Necesitamos administrar de forma positiva todos nuestros recursos, nuestros activos, antes de ir y trasladar una ineficiencia que ha tenido, quizás de forma histórica, una institución al usuario”, agregó.

El Gobierno indicó además que durante 2023 y 2024 se registró un saldo acumulado a favor de los usuarios por ₡151 millones (USD 330 mil), mientras que en 2025 el AyA alcanzó una ejecución presupuestaria de 88%, presentada como la más alta de su historia.

Como referencia, entre 2010 y 2021 la ejecución presupuestaria anual habría promediado aproximadamente un 70%.

Gobierno promete no “castigar” al consumidor

La presidenta Laura Fernández defendió la decisión y aseguró que su administración pretende proteger a los usuarios antes que recurrir a incrementos para compensar problemas administrativos.

“Yo no vine a ser presidenta para defender instituciones como fines en sí mismas. Vine a defender el bolsillo de ustedes y las causas justas”, expresó Fernández.

La mandataria comparó la posición asumida con el AyA con decisiones adoptadas previamente en materia eléctrica y sostuvo que el Gobierno no pretende trasladar a los consumidores costos derivados de ineficiencias institucionales.

Desde el AyA también insistieron en esa línea.

“Estamos comprometidos en no darle ningún golpe al bolsillo de ningún costarricense antes de acercarnos nosotros nuestra propia faja”, afirmó la jerarca.

¿Qué pasará con Orosi II y otros proyectos?

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante fue si la decisión de no solicitar un aumento tarifario podría comprometer proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el abastecimiento de agua.

Entre ellos se mencionó el proyecto para la Gran Área Metropolitana conocido como Orosi II, así como inversiones en alcantarillado sanitario y el proyecto Agua para la Bajura, destinado a atender necesidades hídricas en Guanacaste.

La presidenta ejecutiva del AyA aseguró que, de acuerdo con las revisiones realizadas hasta ahora, la institución puede hacer frente a los esquemas de financiamiento de sus principales proyectos.

No obstante, reconoció que el AyA mantiene una deuda histórica antigua que deberá reorganizar para mejorar su administración y facilitar futuras opciones de financiamiento.

La jerarca señaló que ya existe planificación financiera para proyectos como el acueducto metropolitano y obras de alcantarillado sanitario.

También destacó el programa de reducción de agua no contabilizada, es decir, el recurso que se produce pero no termina generando ingresos debido a fugas, pérdidas u otras deficiencias del sistema.

Según explicó, disminuir esas pérdidas podría incrementar los ingresos de la institución y reducir la necesidad de trasladar mayores costos al consumidor.

“Consideramos que en este momento no es necesario trasladar algún tipo de administración que aún nos falta trabajar al usuario”, sostuvo.

Agua para Guanacaste seguirá en agenda

Sobre Agua para la Bajura, las autoridades señalaron que el proyecto continúa bajo coordinación con otras instituciones y que todavía deben resolverse aspectos relacionados con su financiamiento.

El Gobierno aseguró, sin embargo, que mantiene el compromiso de realizar los ajustes necesarios para llevarlo adelante.

Fernández insistió en que garantizar el abastecimiento de agua para Guanacaste constituye una prioridad y recordó que el proyecto ha sido discutido durante décadas.

“El agua para Guanacaste tenemos que garantizarla”, manifestó la presidenta.

La mandataria aseguró que confía en que durante su administración el proyecto avance hasta concretar el suministro esperado para las comunidades beneficiadas.

Costa Rica se mantuvo en el Nivel 2 del informe sobre trata de personas de 2026 porque, aunque el Gobierno incrementó sus esfuerzos, no cumplió plenamente con las normas mínimas para erradicar ese delito. Las autoridades condenaron a más tratantes, procesaron a un funcionario por presunta complicidad e iniciaron un protocolo para el sector pesquero y acuícola, pero investigaron y procesaron menos casos que el año anterior, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las posibles víctimas explotadas fuera de la capital debían trasladarse a San José para ser entrevistadas y obtener la acreditación necesaria para acceder a servicios. Ese requisito limitó el acceso a la certificación y a la asistencia, mientras que los albergues y servicios para hombres adultos continuaron siendo insuficientes.

Durante 2025, las autoridades investigaron 86 casos: 53 vinculados con explotación sexual y 33 con explotación laboral. La cifra fue inferior a los 97 expedientes investigados en 2024.

El Gobierno procesó a siete sospechosos, cinco por trata sexual y dos por trata laboral, frente a 10 acusados el año anterior. Los tribunales condenaron a 10 tratantes, ocho por explotación sexual y dos por explotación laboral, mientras que en 2024 solo habían sido condenadas dos personas por trata laboral.

Penas de hasta 16 años y causas aún pendientes

El artículo 172 del Código Penal sancionaba la trata con fines de explotación sexual y laboral con penas de seis a 10 años de prisión cuando la víctima era adulta, y de ocho a 16 años cuando era menor de edad. Para el Departamento de Estado, esas condenas resultaban suficientemente graves y, en los casos de explotación sexual, proporcionales a las aplicadas por delitos como la violación.

La norma, sin embargo, incluía dentro de la definición de trata la adopción ilegal sin fines de explotación, un alcance que no se ajustaba a la definición prevista por el derecho internacional. Los funcionarios también utilizaron figuras penales relacionadas para procesar estos hechos.

El artículo 170, sobre proxenetismo agravado, y el artículo 171, sobre proxenetismo coactivo, contemplaban penas de entre dos y 10 años de cárcel. El artículo 189 castigaba el trabajo o los servicios forzados con condenas de seis a 10 años.

Durante el período evaluado, el país modificó el Código Penal para penalizar el reclutamiento deliberado de menores de edad para participar en la comisión de delitos. La ley fijó penas de cuatro a seis años, que ascendían a entre cuatro y ocho años si el responsable obligaba al menor mediante fuerza o coacción.

Ocho de las 10 condenas registradas en 2025 se dictaron bajo la legislación específica contra la trata y las otras dos se basaron en normas diferentes. Las penas impuestas a los condenados oscilaron entre ocho y 14 años de prisión.

Los fiscales también continuaron con 16 causas iniciadas en años previos, en las que participaba un número indeterminado de sospechosos. Esos expedientes permanecían en trámite durante el período relevado.

Un funcionario procesado y recursos insuficientes

Los casos de corrupción y complicidad involucraron a algunos funcionarios gubernamentales. El Gobierno detuvo y procesó a un empleado del Ministerio de Trabajo acusado de pagar por actos sexuales con un menor de edad víctima de trata sexual.

También se mantuvieron los cargos presentados en 2016 contra un exalcalde y otros dos exfuncionarios locales, señalados por presuntamente dirigir una red de trata sexual de menores. El juicio todavía no había comenzado.

Costa Rica colaboró con otros gobiernos en operaciones policiales e investigaciones conjuntas sobre casos de trata. A nivel interno, mantuvo unidades especializadas de policía y fiscalía, aunque la falta de fondos y de personal redujo su capacidad para investigar y procesar delitos de este tipo.

Los fiscales especializados intervenían directamente en los casos detectados en San José y brindaban apoyo a investigadores y fiscales de otras zonas del país. Además, funcionaban 13 grupos de trabajo provinciales para coordinar a fiscales locales y nacionales y facilitar la gestión de los expedientes.

La capacidad institucional variaba según la región. Algunos funcionarios locales no habían recibido capacitación suficiente para identificar posibles situaciones de trata ni para solicitar asistencia especializada durante la preparación de los casos.

Con frecuencia, las fuerzas policiales imputaban a los tratantes por delitos previstos en otras leyes, algunas con penas menores que las establecidas en la norma específica. El Gobierno impartió capacitaciones a agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluidos cursos especializados dirigidos a fiscales de zonas rurales.

Costa Rica y Países Bajos avanzan en el fortalecimiento de su cooperación policial para combatir el narcotráfico internacional, particularmente las operaciones de organizaciones criminales que utilizan las rutas comerciales para transportar drogas desde territorio costarricense hacia Europa.

Como parte de este esfuerzo, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, realizó una visita oficial a territorio neerlandés, donde sostuvo reuniones con autoridades de seguridad y conoció las operaciones del puerto de Rotterdam, una de las principales infraestructuras logísticas para el comercio internacional en el continente europeo.

El encuentro tuvo como objetivo establecer mecanismos de coordinación más estrechos entre los cuerpos policiales de ambos países, con especial participación de la Policía de Control de Drogas (PCD), encargada de investigar estructuras vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas en Costa Rica.

La visita también permitió abordar los desafíos que representa la utilización de rutas comerciales internacionales por parte de organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente aquellas que buscan aprovechar el movimiento de mercancías entre América Latina y Europa.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, las reuniones permitieron avanzar en el establecimiento de enlaces entre las autoridades policiales costarricenses y neerlandesas, con el propósito de facilitar el trabajo conjunto frente a organizaciones criminales que operan en distintos territorios.

El puerto de Rotterdam, uno de los puntos estratégicos de la cooperación

Uno de los principales componentes de la agenda del ministro Gerald Campos fue su visita al puerto de Rotterdam, una infraestructura considerada estratégica para el comercio marítimo europeo por su capacidad para movilizar mercancías provenientes de diferentes regiones del mundo.

La importancia de este puerto dentro del intercambio comercial internacional también plantea desafíos para las autoridades encargadas de prevenir el ingreso de sustancias ilícitas ocultas en cargamentos que circulan por las rutas marítimas.

Las redes de narcotráfico transnacional pueden intentar aprovechar operaciones comerciales legítimas para movilizar drogas entre países productores, territorios de tránsito y mercados de destino.

En ese contexto, la coordinación entre los organismos policiales resulta relevante para intercambiar información sobre estructuras investigadas, identificar posibles riesgos y mejorar la detección de actividades ilícitas vinculadas con el transporte de mercancías.

Durante su recorrido por las instalaciones portuarias, el jerarca costarricense conoció aspectos relacionados con los desafíos de seguridad que enfrentan las autoridades neerlandesas.

Además, la visita permitió establecer contactos para reforzar las investigaciones relacionadas con el envío de drogas desde Costa Rica hacia el mercado europeo.

El ministro explicó que el objetivo de este acercamiento no fue únicamente conocer el funcionamiento de la infraestructura, sino construir relaciones de trabajo que permitan identificar a quienes participan en estas actividades.

“No solamente conocimos el puerto de Rotterdam, sino establecimos los enlaces. ¿Para qué? Para seguir identificando a esta gente que quiere cometer ilícitos, que quiere enviar droga desde Costa Rica a Europa”, afirmó Campos Valverde.

Reunión con autoridades neerlandesas para fortalecer las investigaciones

Durante su visita oficial, Gerald Campos también sostuvo un encuentro con David van Weel, ministro de Justicia y Seguridad de Países Bajos.

La reunión permitió analizar oportunidades para ampliar la colaboración bilateral y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.

Entre los principales temas abordados figuró la necesidad de mantener una comunicación efectiva entre los organismos policiales de ambos países, especialmente en investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas al narcotráfico.

El encuentro también sirvió para reforzar las relaciones de trabajo entre las autoridades neerlandesas y la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, con el objetivo de facilitar acciones conjuntas frente a delitos que trascienden las fronteras nacionales.

Costa Rica busca identificar a las organizaciones que envían droga a Europa

El titular de Seguridad Pública explicó que la cooperación internacional forma parte de la estrategia gubernamental para enfrentar a las organizaciones criminales que desarrollan operaciones dentro y fuera del territorio costarricense.

Según Campos Valverde, el fortalecimiento de los vínculos policiales con Países Bajos permitirá coordinar esfuerzos para identificar a personas que pretendan utilizar Costa Rica como punto de salida de cargamentos de droga hacia Europa.

“Eso no lo vamos a permitir. Tenemos un modelo de trabajo fuerte orientado a esa lucha frontal contra la criminalidad”, manifestó el ministro.

El funcionario insistió en que las actividades del crimen organizado no se limitan a un solo territorio, por lo que requieren mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados.

En el caso del narcotráfico internacional, las investigaciones pueden abarcar distintas etapas de una operación criminal, desde el almacenamiento y traslado de sustancias hasta su ingreso en cadenas logísticas y posterior distribución.

Por esa razón, la coordinación entre las autoridades de los países de origen, tránsito y destino constituye uno de los mecanismos utilizados para investigar estas estructuras y establecer sus conexiones.

Las autoridades costarricenses buscan fortalecer particularmente la capacidad para identificar a los responsables de utilizar rutas comerciales con fines ilícitos, así como mejorar los canales de comunicación que permitan dar seguimiento a investigaciones desarrolladas en ambos territorios.

Gobierno costarricense apuesta por la cooperación para enfrentar el crimen organizado

El ministro Gerald Campos Valverde sostuvo que la estrategia del Gobierno costarricense contempla el fortalecimiento de las capacidades policiales y la ampliación de las alianzas internacionales para enfrentar a organizaciones criminales.

En sus declaraciones, el jerarca señaló que la cooperación con las autoridades neerlandesas permitirá desarrollar un trabajo conjunto para identificar y llevar ante la justicia a personas vinculadas con actividades delictivas.

“Esto lo estamos haciendo porque queremos una Costa Rica más segura, queremos a los delincuentes debidamente detenidos y condenados, pero sobre todo queremos esta alianza que nos va a permitir trabajar de manera unida y enfrentar la criminalidad que hay aquí en Costa Rica, como también la que hay en Europa”, expresó.

El funcionario destacó que las reuniones sostenidas durante la visita fueron fructíferas y reiteró la importancia de mantener canales permanentes de coordinación entre las instituciones policiales.

El fortalecimiento de estas relaciones también se enmarca en la necesidad de enfrentar delitos que requieren investigaciones más allá de las fronteras, particularmente cuando las organizaciones criminales utilizan diferentes países para ejecutar sus operaciones.

En este sentido, la Policía de Control de Drogas tendrá un papel relevante en la continuidad de los contactos establecidos con las autoridades neerlandesas.

El ingreso de recursos económicos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas a las campañas electorales podría convertirse en una amenaza para la democracia de Costa Rica, al facilitar que organizaciones criminales influyan en decisiones gubernamentales, nombramientos de funcionarios y contrataciones públicas.

Así lo advirtió Ana Rita Argüello Miranda, investigadora y docente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quien señaló que uno de los principales riesgos del financiamiento político irregular no se encuentra únicamente en el origen del dinero, sino en los compromisos que podrían establecerse entre quienes aportan los recursos y las personas que posteriormente llegan a ejercer cargos de poder.

La preocupación surge en un contexto marcado por investigaciones judiciales sobre presunta legitimación de capitales, cuestionamientos relacionados con contribuciones a agrupaciones políticas y nuevas discusiones en la Asamblea Legislativa sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y estructuras partidarias.

Según la académica, el financiamiento de campañas constituye uno de los puntos de mayor vulnerabilidad para los sistemas democráticos, particularmente en países donde las organizaciones criminales cuentan con importantes recursos económicos y buscan mecanismos para ampliar su influencia.

“El principal riesgo no es únicamente que el dinero proceda de fuentes ilícitas e ingrese a las campañas electorales, sino que ese financiamiento se convierta en un mecanismo de captura de las decisiones públicas y que esto termine convirtiéndose en una captura del aparato estatal”, manifestó Argüello Miranda.

La investigadora explicó que estas estructuras podrían intentar obtener beneficios mediante la designación de personas cercanas en puestos estratégicos, el debilitamiento de controles institucionales o incluso la interferencia en investigaciones judiciales.

En ese escenario, el financiamiento electoral dejaría de ser únicamente un asunto administrativo o contable para transformarse en un problema relacionado con la seguridad nacional, la independencia institucional y la estabilidad democrática.

Advertencia surge en medio de investigaciones sobre financiamiento político

El pronunciamiento de la UNED se conoce durante una semana en la que nuevas informaciones han reavivado el debate sobre los vínculos entre empresarios investigados por presuntas actividades ilícitas y el financiamiento de agrupaciones políticas.

El pasado 7 de octubre trascendió que un empresario detenido como sospechoso en una investigación por presunta legitimación de capitales había registrado aportes en especie por aproximadamente ₡14.1 millones (USD 30 mil) a una agrupación política durante el proceso electoral de 2026.

A esta situación se suman investigaciones judiciales relacionadas con presuntas estructuras paralelas de financiamiento de la campaña electoral de 2022 y cuestionamientos sobre el reporte de determinadas contribuciones realizadas mediante plataformas de transferencia electrónica.

Para Argüello, estos acontecimientos evidencian la necesidad de analizar las debilidades del sistema electoral desde una perspectiva preventiva, antes de que eventuales irregularidades puedan comprometer la transparencia de los procesos democráticos.

Donaciones en especie y estructuras paralelas complican la fiscalización

Uno de los principales problemas identificados por la investigadora está relacionado con la dificultad de las autoridades para conocer oportunamente quiénes aportan los recursos utilizados por las agrupaciones políticas.

Según explicó, el financiamiento de una campaña no se limita a depósitos bancarios o transferencias monetarias, sino que también puede desarrollarse mediante contribuciones indirectas.

Entre estas modalidades figuran el préstamo de vehículos, combustible, alimentación, servicios profesionales, publicidad digital y otros bienes necesarios para las actividades electorales.

Aunque estos aportes deben cumplir requisitos de reporte y fiscalización, su naturaleza puede dificultar la identificación de la persona que realmente proporciona los recursos, especialmente cuando intervienen terceros.

“No estamos hablando solamente de donaciones económicas o bancarias, sino también de préstamos de vehículos, combustible, alimentación, servicios digitales y publicidad. Existe una dificultad importante para identificar quién está aportando realmente esos recursos”, explicó la docente.

Otra de las vulnerabilidades señaladas corresponde a las denominadas estructuras paralelas de financiamiento, mediante las cuales determinados gastos de campaña podrían mantenerse fuera de la contabilidad formal de los partidos políticos.

Este tipo de mecanismos puede dificultar la trazabilidad del dinero y reducir la capacidad de las autoridades para detectar posibles aportes irregulares antes de una elección.

Ante ese panorama, Argüello consideró necesario avanzar hacia mecanismos de supervisión que permitan actuar de manera anticipada.

“Es importante fortalecer la prevención y no quedarnos únicamente con la fiscalización posterior. Necesitamos sistemas de alerta temprana que permitan garantizar la trazabilidad de los recursos y detectar los riesgos antes de que comprometan los procesos electorales”, señaló.

Financiamiento electoral debe analizarse como asunto de seguridad democrática

La investigadora de la UNED insistió en que Costa Rica necesita ampliar la manera en que aborda la fiscalización de los recursos utilizados durante los procesos electorales.

A su juicio, el debate no debe concentrarse únicamente en los reportes de ingresos y gastos de las agrupaciones, sino también en los posibles riesgos institucionales que genera la presencia de economías ilícitas.

“La discusión debe incorporar una perspectiva de seguridad democrática, prevención del crimen organizado y protección de la independencia”, manifestó.

Para ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos para identificar a los verdaderos contribuyentes, mejorar la trazabilidad de los recursos, detectar oportunamente movimientos irregulares y establecer una mayor coordinación entre las autoridades electorales y las instituciones responsables de investigar delitos.

La académica advirtió que, ante el crecimiento económico de las organizaciones criminales, los partidos políticos podrían convertirse en espacios atractivos para quienes buscan protección, influencia o legitimidad institucional.

“En un contexto de expansión del narcotráfico y de mayor capacidad económica de las organizaciones criminales, los partidos políticos pueden convertirse en espacios estratégicos para buscar protección e influencia”, sostuvo.

Un profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue detenido como sospechoso de participar en una red internacional dedicada al intercambio de material de abuso sexual infantil, en una investigación que involucra a decenas de personas de distintos países y cientos de archivos digitales bajo análisis de las autoridades.

El sospechoso fue identificado como un hombre de apellidos Altamirano Campos, de 32 años, quien fue capturado durante un allanamiento efectuado por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Salitrillos de Aserrí, al sur de San José.

El operativo comenzó aproximadamente a las 6:00 de la mañana, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, después de una investigación que se extendió durante más de un año y que tuvo su origen en una alerta internacional sobre presuntas actividades relacionadas con la tenencia y distribución de contenido sexual que involucra a personas menores de edad.

Durante las diligencias, los investigadores decomisaron distintos dispositivos electrónicos y unidades de almacenamiento de información, que serán sometidos a análisis forenses para determinar si contienen material relacionado con los delitos investigados.

La captura adquiere relevancia debido a que el sospechoso estaría vinculado laboralmente con la principal universidad pública del país.

Un grupo internacional con 177 integrantes

Uno de los principales hallazgos divulgados por las autoridades apunta a la existencia de un grupo de WhatsApp en el que presuntamente se compartían archivos de contenido sexual infantil.

Ese grupo estaría integrado por aproximadamente 177 usuarios de diferentes países, y el docente detenido sería el único participante costarricense identificado dentro de esa conversación.

La investigación también permitió identificar movimientos relacionados con aproximadamente 500 archivos de contenido sexual infantil, entre documentos digitales que presuntamente habrían sido enviados, recibidos, cargados o descargados por medio de plataformas tecnológicas.

Estos datos constituyen parte de las pesquisas y deberán ser respaldados mediante el análisis de los dispositivos y registros digitales incorporados al expediente judicial.

Los investigadores procuran determinar cuál habría sido la participación específica del sospechoso, la naturaleza de los archivos intercambiados y si existen otros elementos que permitan establecer una eventual responsabilidad penal.

La investigación también busca esclarecer el funcionamiento de la red internacional y las conexiones digitales entre sus participantes.

Aunque se investiga un grupo numeroso, la información divulgada hasta el momento no permite afirmar que las 177 personas hayan cometido delitos ni que todas se encuentren formalmente identificadas o procesadas judicialmente.

Una alerta internacional permitió iniciar la investigación en 2025

La detención del profesor universitario fue el resultado de una investigación iniciada en mayo de 2025, cuando la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ recibió información procedente del extranjero sobre posibles delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Los hechos que originaron la alerta habrían ocurrido durante abril de 2025, aproximadamente 18 meses antes de la captura.

A partir de esa información, los agentes judiciales desarrollaron diligencias para identificar al presunto usuario involucrado, establecer su ubicación y recopilar indicios que permitieran vincularlo con las actividades denunciadas.

Las pesquisas condujeron a una vivienda en Salitrillos de Aserrí, donde los investigadores ejecutaron el allanamiento este jueves.

Según el reporte del OIJ, el hombre presuntamente utilizaba una plataforma internacional de mensajería para recibir y enviar material de abuso sexual infantil.

Computadoras y dispositivos decomisados serán sometidos a análisis

Durante el allanamiento, los agentes judiciales localizaron y decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento de memoria que podrían contener información de interés para el expediente.

Estos equipos serán examinados mediante procedimientos de informática forense, con el propósito de identificar archivos, registros de comunicaciones y otros elementos que permitan reconstruir los movimientos digitales investigados.

Las diligencias permitirán determinar si los dispositivos contienen evidencia que respalde las sospechas de tenencia o difusión de material de abuso sexual infantil.

También será necesario establecer si los archivos investigados se encontraban almacenados en los equipos del detenido o si existieron operaciones mediante servicios digitales externos.

¿Qué penas contempla la legislación costarricense?

En Costa Rica, la tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil están tipificadas como delitos en el Código Penal, con sanciones que varían según la conducta investigada.

El artículo 173 bis establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes posean material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz.

La disposición también contempla el almacenamiento de esos archivos en dispositivos electrónicos o sistemas de almacenamiento remoto.

Por su parte, el artículo 174 establece penas de cinco a nueve años de prisión para quienes exhiban, difundan, distribuyan, financien o comercialicen material pornográfico en el que aparezcan personas menores de edad, o lo posean con esas finalidades.

Estas disposiciones fueron modificadas mediante la Ley N.º 10020, aprobada en 2021, que fortaleció el marco legal relacionado con los delitos sexuales cometidos mediante tecnologías de comunicación.

No obstante, las eventuales consecuencias penales para Altamirano Campos dependerán de los delitos que formalmente le atribuya el Ministerio Público, de la evidencia presentada y de las decisiones que adopten los tribunales.

La vinculación con la Universidad de Costa Rica

La Universidad de CostaRica (UCR) emitió un comunicado oficial en el que condenó categóricamente cualquier forma de explotación sexual contra menores de edad y anunció el inicio de gestiones internas para verificar la situación del funcionario investigado.

“La UCR condena de manera tajante y sin matices la producción, tenencia, distribución o consumo de material de abuso sexual infantil”, señaló la institución, que aseguró que aplicará las medidas administrativas, cautelares, disciplinarias y legales que correspondan, de conformidad con la normativa universitaria y nacional.

El sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales

Después de su detención, Altamirano Campos fue remitido a las autoridades judiciales para continuar con los procedimientos correspondientes.

Corresponderá al Ministerio Público determinar los próximos pasos de la investigación y valorar si procede solicitar medidas cautelares ante un juzgado penal.

El caso Éxodo, una de las investigaciones recientes más relevantes sobre presunta legitimación de capitales en Costa Rica, registró nuevos acontecimientos este jueves 8 de octubre de 2026, luego de que el reconocido productor de conciertos Don Stockwell recuperara su libertad, mientras la Fiscalía avanzó con las solicitudes de medidas cautelares contra los sospechosos detenidos durante el operativo desarrollado el miércoles.

La investigación, que involucra a empresarios del entretenimiento y a una organización presuntamente vinculada con el narcotráfico, busca esclarecer el origen de cuantiosas inversiones realizadas en conciertos internacionales y otras actividades comerciales.

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) confirmó que solicitará medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva contra Stockwell, después de analizar su declaración, las pruebas recopiladas y los posibles riesgos procesales.

La decisión no significa que el empresario haya sido absuelto o excluido del expediente judicial. Por el contrario, continúa como imputado y deberá atender los requerimientos de las autoridades mientras se desarrolla la investigación.

El proceso también involucra al productor Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza, quien permanecía detenido mientras se preparaba la discusión judicial sobre las medidas cautelares de los investigados.

Don Stockwell recuperó su libertad y calificó la investigación como un malentendido

Uno de los acontecimientos más importantes de las últimas horas fue la liberación de Frederick Don Stockwell, quien había sido detenido el miércoles 7 de octubre durante un allanamiento efectuado en su residencia, ubicada en un condominio de Pozos de Santa Ana.

Después de comparecer ante el Ministerio Público, el empresario abandonó las instalaciones judiciales durante la madrugada del jueves y posteriormente publicó un video en sus redes sociales para confirmar que se encontraba nuevamente en su vivienda.

“Ya estoy en casa, listo para luchar contra este malentendido”, manifestó el productor, quien aseguró haber proporcionado explicaciones sobre los hechos que motivaron su detención.

Stockwell también reconoció que la situación había representado un momento complicado para su familia y agradeció el acompañamiento de su defensa legal.

Horas después, al acudir a los tribunales de Goicoechea, el empresario volvió a referirse públicamente a los señalamientos.

“Me asocié con personas que yo no sabía que conocían a otras personas. Tengo la conciencia y la cabeza en alto”, expresó ante los medios de comunicación.

Con estas declaraciones, el productor defendió su actuación y sostuvo que desconocía determinadas relaciones de las personas con quienes había desarrollado negocios.

Su abogado, Daniel Brenes, aseguró que durante la declaración indagatoria se aportaron elementos que, según su valoración, permitieron disminuir los riesgos procesales considerados por la Fiscalía.

La defensa también sostiene que su representado no mantenía el vínculo criminal que le atribuyen los investigadores y ha manifestado su disposición a continuar colaborando con las autoridades.

Fiscalía descarta pedir prisión preventiva contra Stockwell, pero mantiene la acusación bajo investigación

La situación judicial del productor fue aclarada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, que explicó que la decisión de dejarlo en libertad respondió a una valoración individual de las pruebas y de sus condiciones personales.

Entre los factores analizados figuran los arraigos del imputado, los posibles peligros procesales, su presunta participación en los hechos y los elementos probatorios disponibles.

A partir de esa evaluación, el Ministerio Público determinó que, por el momento, no solicitaría prisión preventiva contra Stockwell, sino otras medidas destinadas a garantizar su vinculación con el proceso penal.

Otra mujer quedó libre y 17 sospechosos enfrentan solicitudes de medidas cautelares

El Ministerio Público también confirmó la liberación de una mujer identificada con el apellido Corrales, quien había sido detenida como parte de las diligencias del caso.

En su situación, las autoridades determinaron que, por ahora, no solicitarán medidas cautelares, aunque continuará figurando como imputada.

Esta decisión se diferencia de la adoptada respecto a Stockwell, porque contra el productor sí se solicitarán restricciones judiciales, aunque distintas a la prisión preventiva.

Entre quienes continuaban bajo custodia judicial figuraba el empresario Hugo Barboza, cuya situación deberá ser resuelta por las autoridades competentes.

Debido a la cantidad de investigados y al volumen de información incorporada al expediente, la defensa de Stockwell estima que el procedimiento podría prolongarse entre dos y tres semanas.

Incluso, el despacho judicial reservó un período de hasta un mes para desarrollar las audiencias necesarias.

Las nuevas pruebas que complican la investigación de los productores

Mientras se define la situación judicial de los sospechosos, nuevas informaciones sobre el expediente revelaron comunicaciones y movimientos financieros que las autoridades consideran relevantes para establecer los presuntos vínculos entre los empresarios del entretenimiento y Edwin Vargas García, alias “Sobrino”.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios costarricenses, los investigadores recuperaron conversaciones de aplicaciones de mensajería, comprobantes de pago, fotografías de dinero y registros relacionados con inversiones en eventos.

Una de las pruebas corresponde a una videollamada realizada el 14 de septiembre de 2023 entre Stockwell y Vargas García, en la que ambos habrían conversado sobre una inversión de aproximadamente USD 250,000 para un espectáculo.

El registro forma parte de los elementos utilizados por el OIJ para sostener que la relación entre los investigados no habría sido únicamente circunstancial.

En otra comunicación, incorporada a la orden de allanamiento y relacionada con un concierto de Ricardo Montaner, aparecen referencias a una inversión de USD 130,000, ganancias netas superiores a USD 42,000 y un retorno del 37%.

Para los investigadores, esos mensajes indicarían que los productores conocían la participación de Vargas García como inversionista y discutían mecanismos para devolver el capital junto con las utilidades.

Estas interpretaciones corresponden a la hipótesis de las autoridades y todavía deberán ser valoradas dentro del proceso judicial.

Comprobantes de pago, dinero en efectivo y criptomonedas

Otra revelación divulgada este jueves corresponde a conversaciones de Snapchat que, según los investigadores, muestran intercambio de recibos, fotografías de fajos de billetes y comprobantes de transferencias.

En el expediente se mencionan movimientos asociados con el concierto de Ricardo Montaner, incluidos pagos por aproximadamente USD 191,753, compuestos por la recuperación del capital y ganancias relacionadas con entradas y patrocinios.

También aparecen registros de inversiones vinculadas con el espectáculo deportivo Nitro Circus, celebrado en el Estadio Nacional, cuyos montos investigados pasaron de aproximadamente USD 182,660 a USD 222,455.

Los agentes también identificaron comunicaciones relacionadas con el concierto de Aventura, celebrado en 2024, para el cual el supuesto inversionista habría destinado alrededor de USD 300,000, según documentos incorporados a la investigación.

Incluso se investiga una transferencia de USD 350,000, fechada en febrero de 2024, y comunicaciones posteriores sobre posibles mecanismos para movilizar recursos.

Las autoridades buscan determinar si estos movimientos correspondían a operaciones comerciales legítimas o si fueron utilizados para introducir en el sistema económico recursos de origen ilícito.

El FBI colaboró en la recuperación de conversaciones

La cooperación internacional también ha tenido un papel importante en el desarrollo del caso.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) colaboró con las autoridades costarricenses para recuperar comunicaciones utilizadas por algunos de los investigados.

Según la Fiscalía, parte de los intercambios se desarrollaban mediante Snapchat, una plataforma que representaba dificultades técnicas para la obtención de información por parte de los investigadores nacionales.

Con la asistencia estadounidense fue posible recuperar conversaciones que posteriormente se incorporaron a la investigación.

La información permitió identificar contactos entre Vargas García y personas relacionadas con la organización de espectáculos, además de examinar cómo se negociaban aportes económicos y posibles ganancias.

Uno de los aspectos que deberán aclararse es el grado de conocimiento que tenían los productores sobre el origen de los recursos utilizados en los eventos.

Más de USD 850,000 en conciertos y negocios investigados

El Organismo de Investigación Judicial informó inicialmente que la organización atribuida a “Sobrino” habría invertido aproximadamente USD 859,000 en al menos tres espectáculos masivos.

Sin embargo, las diligencias también abarcan otras transacciones, comunicaciones y eventos cuya relación con la causa deberá determinarse.

La investigación no se limita a la industria del entretenimiento.

Según la información divulgada por el OIJ, la estructura presuntamente utilizaba distintas actividades económicas para movilizar e introducir recursos cuyo origen podría estar relacionado con la venta de drogas.

Entre los negocios investigados figuran operaciones de compra y venta de oro, adquisición de propiedades, inversiones ganaderas, préstamos informales y lotería clandestina.

Uno de los mecanismos bajo investigación estaría relacionado con la comercialización de oro extraído ilegalmente de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

De acuerdo con la hipótesis policial, la organización habría utilizado establecimientos comerciales y operaciones de exportación para introducir ese material en circuitos económicos formales.

Durante los 22 allanamientos, las autoridades reportaron el decomiso de vehículos y motocicletas de alta gama, armas de fuego y dinero en efectivo.

Estas diligencias constituyen una nueva fase de una investigación que comenzó a desarrollarse a partir del denominado caso Granero, operativo que permitió la detención de Edwin Vargas García en enero de 2025.

La relación de los productores con figuras políticas también genera controversia

Las detenciones provocaron repercusiones fuera del ámbito judicial, especialmente por la circulación de fotografías de los productores investigados con figuras políticas nacionales.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó que asistió en marzo de 2026 al concierto de Grupo Firme, donde coincidió con Hugo Barboza y se tomó fotografías con él.

La mandataria explicó que la invitación le fue trasladada mediante el vicepresidente Francisco Gamboa, y afirmó que no conocía previamente al empresario ni tenía información sobre investigaciones en su contra.

Fernández defendió su actuación y señaló que desconocía los supuestos vínculos del productor con actividades ilícitas.

Por otra parte, el Partido Liberación Nacional (PLN) negó este jueves que Stockwell y Barboza figuraran como contribuyentes o proveedores de la agrupación en las campañas electorales de 2022 y 2026, después de que circularan fotografías de los empresarios con dirigentes de ese partido.

La existencia de fotografías, invitaciones o encuentros públicos no demuestra participación de dirigentes políticos en las actividades presuntamente delictivas.

Hasta esta actualización, las informaciones verificadas no establecen responsabilidad penal de la presidenta ni de las otras figuras políticas mencionadas por sus contactos sociales con los empresarios investigados.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este jueves 8 de octubre de 2026, en primer debate, el controvertido proyecto de ley que permitiría establecer jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas diarias, bajo la modalidad conocida como 4x3, una reforma que ha generado profundas divisiones políticas, empresariales y sociales por sus posibles consecuencias sobre las condiciones de trabajo.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente legislativo 24.290, obtuvo 31 votos a favor y 19 en contra, durante una sesión extraordinaria del Congreso que marcó el cierre de una extensa discusión parlamentaria.

El resultado representa una victoria para el oficialismo, aunque el proyecto todavía no se convierte en ley y deberá superar nuevas etapas antes de entrar en vigor.

El respaldo provino de 30 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de Abril Gordienko, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra votaron 11 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), 7 del Frente Amplio (FA) y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La votación se produjo después de que el Congreso superara el trámite de más de 5,000 mociones y dedicara las sesiones del 7 y 8 de octubre a discutir el fondo de la propuesta. Los defensores de la reforma sostienen que permitirá atraer inversiones y generar oportunidades laborales, mientras sus detractores advierten que podría extender las jornadas de trabajo sin garantías suficientes para las personas asalariadas.

Cómo funcionarán las jornadas 4x3 y quiénes podrán utilizarlas

El texto aprobado introduce en el Código de Trabajo la figura de la jornada excepcional ampliada, que permitiría organizar determinados puestos laborales bajo esquemas diferentes de los horarios tradicionales.

Para las jornadas diurnas y mixtas, los empleados podrían trabajar hasta 12 horas por día durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días libres. En el caso de las jornadas nocturnas, el esquema contempla tres días de trabajo de hasta 12 horas y cuatro días de descanso.

Esto significa que las jornadas diurnas podrían alcanzar 48 horas semanales, mientras que las nocturnas llegarían a 36 horas, sin considerar el trabajo extraordinario permitido bajo condiciones específicas.

La reforma no sustituiría la jornada ordinaria de ocho horas diarias. Su aplicación estaría limitada a actividades del sector privado que cumplan los criterios establecidos para situaciones excepcionales.

Entre las actividades que podrían acogerse se encuentran la manufactura tecnificada de operación continua, la industria de dispositivos médicos, determinados servicios de apoyo a estos procesos y servicios corporativos que operan de forma ininterrumpida en distintas zonas horarias.

Por el contrario, la propuesta excluye expresamente al sector público, las actividades agrícolas, agropecuarias y de construcción, así como los trabajos pesados, peligrosos o insalubres.

También prohíbe aplicar estas jornadas a menores de edad, mujeres embarazadas y trabajadoras en período de lactancia.

Salarios, horas extra y descansos: las condiciones que establece el proyecto

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la remuneración de quienes acepten incorporarse a la modalidad excepcional.

El proyecto establece que los trabajadores de jornadas diurnas o mixtas deberán recibir, como mínimo, un salario por hora equivalente al mínimo correspondiente a su categoría ocupacional, más un 17% adicional.

Para quienes desempeñen jornadas nocturnas, el incremento establecido es del 25.5%, calculado sobre el salario mínimo horario ajustado para esa modalidad.

Estos porcentajes no deben interpretarse como aumentos automáticos sobre todos los salarios actuales, sino como componentes del piso de remuneración previsto en el proyecto.

Además, las empresas deberán garantizar al menos 90 minutos diarios destinados a alimentación, descanso y recreación, considerados tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, remunerados.

La iniciativa también obliga a establecer medidas de prevención de la fatiga laboral, efectuar evaluaciones periódicas de salud ocupacional y facilitar transporte cuando los horarios de entrada o salida no coincidan con la disponibilidad del servicio público.

La polémica por la posibilidad de trabajar durante los días libres

Una de las discusiones más intensas de este jueves surgió alrededor de la posibilidad de que los empleados sean requeridos para trabajar durante parte de los días que, en principio, deberían corresponder al descanso.

El diputado oficialista Gerald Bogantes, del Partido Pueblo Soberano, defendió el contenido de la reforma y aseguró que existe una interpretación equivocada sobre la eliminación del pago de horas extraordinarias.

Durante su intervención, el legislador explicó que las 12 horas de la jornada excepcional pasarían a formar parte del horario ordinario de ese régimen, por lo que no generarían automáticamente el mismo pago extraordinario que tendrían bajo una jornada convencional.

Sin embargo, sostuvo que eso no significa que desaparezca por completo el reconocimiento de horas extra.

La discusión cobró importancia porque el proyecto contempla la posibilidad de trabajar, de manera excepcional y voluntaria, durante alguno de los días libres, con un recargo salarial del 50%, sin exceder 12 horas adicionales por semana.

También establece un descanso absoluto mínimo de 24 horas después de completar la jornada semanal, que no puede utilizarse para ese trabajo adicional.

Desde la oposición, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, cuestionó que esa posibilidad pueda debilitar la promesa de disponer de tres días completos para descansar.

Los opositores también sostienen que el cambio en la clasificación de las horas trabajadas podría representar una pérdida de ingresos para algunos empleados que actualmente reciben pagos extraordinarios.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la reforma establece un régimen diferente, con compensaciones salariales y períodos de descanso propios.

El oficialismo celebra una victoria legislativa

Tras la votación, el Partido Pueblo Soberano celebró el avance del proyecto, considerado una de las prioridades de la administración de la presidenta Laura Fernández.

El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, destacó que la iniciativa superó una extensa discusión parlamentaria y defendió su importancia para la actividad económica.

“Costa Rica no puede seguir esperando”, afirmó el legislador, al insistir en que la reforma busca proteger puestos de trabajo, ampliar oportunidades laborales y facilitar la llegada de inversión.

El subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, también sostuvo que la reforma permitirá brindar mayor seguridad jurídica a las compañías que necesitan operar durante las 24 horas del día.

Según los representantes oficialistas, contar con reglas específicas para las jornadas excepcionales podría favorecer la instalación y expansión de empresas vinculadas con sectores productivos especializados.

La bancada también reprochó a las agrupaciones opositoras la presentación de miles de mociones que prolongaron el trámite legislativo.

Liberación Nacional rechaza el proyecto por eliminar la votación de trabajadores

El Partido Liberación Nacional (PLN) justificó su oposición en uno de los cambios introducidos durante el proceso parlamentario: la eliminación de un mecanismo que habría permitido a los trabajadores decidir, mediante una votación secreta y vinculante, si una empresa podía solicitar la implementación de las jornadas excepcionales.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, sostuvo que la bancada no se opone necesariamente a las modalidades de trabajo flexibles, pero considera indispensable equilibrar la competitividad empresarial con las garantías laborales.

La versión que había sido negociada durante la anterior integración de la Asamblea Legislativa contemplaba una consulta colectiva a las personas trabajadoras antes de autorizar el cambio.

No obstante, la mayoría parlamentaria impulsó posteriormente un texto que eliminó ese requisito.

Aunque la iniciativa actual mantiene la disposición de que cada trabajador debe aceptar voluntariamente el cambio y firmar una modificación de su contrato, los legisladores verdiblancos consideran que esto no sustituye una decisión colectiva.

El PLN también manifestó preocupaciones sobre las repercusiones de los horarios prolongados para personas que estudian, tienen responsabilidades de cuido o presentan condiciones de salud que dificultan permanecer durante 12 horasen el trabajo.

Frente Amplio anuncia que llevará la reforma a la Sala Constitucional

El enfrentamiento político no terminó con la votación.

Minutos después de conocerse el resultado, el Frente Amplio anunció su intención de presentar una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, conocida como Sala IV, para cuestionar tanto el procedimiento legislativo como el contenido de la reforma.

José María Villalta, jefe de la bancada, afirmó que el partido considera la iniciativa perjudicial para los derechos laborales.

“Este proyecto es un retroceso para las personas trabajadoras”, expresó el diputado, quien aseguró que su agrupación continuará utilizando los mecanismos legales para cuestionar la propuesta.

Entre los argumentos que pretende presentar el Frente Amplio figuran posibles incumplimientos del procedimiento parlamentario, particularmente relacionados con la suspensión y posterior reanudación del trámite de vía rápida.

La fracción también cuestiona la compatibilidad de las jornadas excepcionales con compromisos internacionales de Costa Rica en materia laboral, incluidos instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otra preocupación es la capacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para fiscalizar la aplicación efectiva de las nuevas jornadas y garantizar que la aceptación de los empleados sea verdaderamente voluntaria.

Para presentar esta consulta se requieren las firmas de al menos 10 diputados. Debido a que el Frente Amplio cuenta con 7 legisladores, necesita respaldo de otras fracciones. Tanto esa agrupación como el PLN han anunciado su intención de acudir al tribunal constitucional.

Si la consulta se presenta y cumple los requisitos de admisibilidad, el avance legislativo quedará suspendido mientras los magistrados resuelven los cuestionamientos planteados.

Más de 20 años de discusión y miles de mociones

La aprobación de este jueves constituye un nuevo capítulo de un debate que se ha extendido durante más de dos décadasen Costa Rica.

Las propuestas para flexibilizar las jornadas laborales han sido promovidas por distintos sectores empresariales y gobiernos, pero también han enfrentado resistencia de organizaciones sindicales y agrupaciones políticas preocupadas por la protección de los derechos laborales.

En agosto de 2023, una propuesta anterior, tramitada bajo el expediente 21.182, superó el primer debate legislativo, pero su avance quedó frustrado después de que la Sala Constitucional identificara vicios en el procedimiento.

La versión actual, correspondiente al expediente 24.290, recibió un procedimiento abreviado durante 2025, con el propósito de acelerar su discusión en el Congreso.

No obstante, la presentación de miles de mociones prolongó el trámite, que incluso debió ser retomado por una nueva integración parlamentaria.

Durante 2026, el oficialismo impulsó sesiones extraordinarias para completar las votaciones pendientes, proceso que culminó el 17 de septiembre.

Posteriormente, tras cumplir las consultas requeridas, los diputados iniciaron la discusión de fondo el 7 de octubre y realizaron la votación definitiva de primer debate durante la mañana de este jueves.

Uno de los cambios más importantes de esa etapa fue la decisión de regresar a un texto sin el mecanismo de votación colectiva de los trabajadores, lo que terminó por profundizar las diferencias entre el oficialismo y el PLN.

¿Qué ocurrirá ahora y cuándo podrían entrar en vigor las jornadas 4x3?

Pese a la aprobación alcanzada este jueves, las jornadas excepcionales todavía no pueden implementarse de manera general con fundamento en la nueva legislación, porque el proyecto aún no es ley.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, fijó inicialmente el martes 13 de octubre de 2026 como fecha para celebrar el segundo debate del expediente.

Sin embargo, la consulta anunciada por el Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional podría modificar ese calendario.

Los magistrados de la Sala Constitucional deberán analizar los cuestionamientos que eventualmente sean presentados y determinar si existen vicios que impidan continuar con el trámite legislativo.

De superar las etapas pendientes, el proyecto requerirá la aprobación definitiva, la sanción correspondiente y su publicación oficial para adquirir fuerza de ley, conforme a las reglas aplicables.

Posteriormente, las autoridades deberán desarrollar los mecanismos de autorización, reglamentación y fiscalización necesarios para determinar cuáles empresas y puestos podrán acogerse legalmente a las jornadas excepcionales.

El Ministerio de Trabajo tendrá un papel central en ese proceso, pues deberá intervenir en la autorización y vigilancia de las modalidades permitidas, mientras las empresas estarán obligadas a respetar las garantías salariales, de descanso, salud ocupacional y voluntariedad establecidas en la normativa.

Así, el 8 de octubre de 2026 quedará registrado como una fecha decisiva para el futuro de las jornadas laborales en Costa Rica. La mayoría parlamentaria consiguió superar la primera votación, pero la controversia continuará en el terreno jurídico y político, mientras el país debate cómo conciliar la competitividad económica con la protección de los derechos de las personas trabajadoras.

Siete factores externos e internos podrían incidir en el tipo de cambio del dólar frente al colón, según el economista Norberto Zúñiga, consultor de Ecoanálisis. El especialista incluyó entre esas variables los precios internacionales, las tasas de interés, el comercio exterior, la inversión extranjera, las expectativas del mercado y el panorama fiscal.

El primer factor se relaciona con los conflictos geopolíticos, que han elevado los precios del petróleo, las materias primas y los alimentos. Ese contexto encarece las importaciones de Costa Rica y puede aumentar la necesidad de moneda extranjera.

La factura petrolera del país creció cerca de 50% durante los primeros nueve meses del año. El incremento se sumó a un entorno internacional de tasas de interés más elevadas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron 5.30% para los títulos a 10 años y 5.60% para los de 30 años. De acuerdo con Zúñiga, la rentabilidad de esos instrumentos puede atraer capitales hacia Estados Unidos e influir sobre la demanda de dólares en otros mercados.

“Es claro que será un detonante que, más pronto que tarde, incrementará la demanda de divisas”, indicó el consultor a CRHoy. El economista aclaró que no es posible establecer la magnitud de las salidas netas de capital desde Costa Rica.

Las exportaciones y la inversión forman parte de las variables observadas

La evolución de las exportaciones de bienes y servicios constituye otro de los elementos considerados. Zúñiga vinculó la desaceleración con los mayores aranceles aplicados a algunos productos costarricenses por la administración de Donald Trump y con la apreciación prolongada del colón.

Las empresas instaladas bajo el Régimen de Zonas Francas aparecen entre las actividades que podrían enfrentar efectos de ese escenario. Las ventas externas de bienes aumentaron 3.8% en los primeros ocho meses del año, frente al 15.7% registrado en el mismo período anterior.

Las exportaciones de servicios disminuyeron más de 3% durante el primer semestre. Una menor actividad exportadora puede limitar el ingreso de divisas al mercado local.

El análisis también contempla una posible reducción de la inversión extranjera directa, tras anuncios de reestructuraciones, cierres parciales y despidos en compañías de zonas francas.

La venta de negocios de Florida Ice & Farm a Heineken fue mencionada como una excepción entre los ingresos de capital. Fuera de esa operación, Zúñiga planteó la posibilidad de una disminución en la inversión extranjera directa.

Las expectativas y el escenario fiscal pueden afectar la cotización

Las previsiones de las empresas, los inversionistas y otros participantes del mercado integran otro de los factores señalados. Si una parte relevante del mercado anticipa una depreciación del colón, podría aumentar sus compras de dólares y disminuir la oferta disponible.

El panorama fiscal de los próximos años también puede influir sobre las expectativas y las calificaciones de riesgo de Costa Rica. Zúñiga resumió ante CRHoy que el conjunto de variables locales e internacionales podría llevar a “una mayor demanda de divisas, así como una menor oferta”.

El consultor consideró atípico el comportamiento reciente de la divisa. También señaló que no existe un modelo que permita prever con certeza la evolución del tipo de cambio.

El Banco Central utilizó reservas para atender la demanda pública

El tipo de cambio promedio ponderado aumentó más de ₡1 (USD 0.002) por día en ocho de las 10 jornadas hábiles previas al 5 de octubre. La variación acumulada fue de ₡10.89 (USD 0.02), equivalente a 2.43%, y la cotización llegó a ₡458.67 (USD 1), su valor más alto en tres meses.

Durante ese período, las operaciones en el Mercado de Monedas Extranjeras, conocido como Monex, registraron menor volumen. Ninguna rueda diaria superó los USD 40 millones, una quedó por debajo de USD 20 millones y el promedio fue de USD 31 millones.

El Banco Central de Costa Rica vendió USD 187.9 millones al Sector Público No Financiero y compró USD 128.3 millones en Monex. La diferencia llevó a la entidad a utilizar USD 59.6 millones de las reservas monetarias internacionales.

Las operaciones bancarias con el sector privado mantuvieron un saldo superavitario, aunque no alcanzaron para cubrir los requerimientos del sector público. Entre las necesidades mencionadas se encontraban las de la Refinadora Costarricense de Petróleo.

Una ofensiva coordinada por INTERPOL contra las redes de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna silvestre dejó 233 detenidos en nueve países de América Latina y el Caribe, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La operación también permitió recuperar más de 1.000 animales vivos e identificar 60.000 hectáreas de bosque talado de forma ilegal.

La Operación Madre Tierra VIII, desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de julio, reunió a fuerzas de seguridad de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El operativo estuvo coordinado desde la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, con sede en San Salvador. Según INTERPOL, las organizaciones investigadas movían madera, especies protegidas y minerales mediante rutas que también se utilizan para otros mercados ilegales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC)interanual de Costa Rica registró una variación de 0.34% en septiembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La cifra llevó el indicador a terreno positivo después de 16 meses consecutivos de resultados negativos y fue la primera lectura superior a cero desde abril de 2025, cuando alcanzó 0.37%.

La inflación interanual estima la variación de los precios frente al mismo mes del año anterior. El resultado de septiembre indicó que el nivel general de precios se ubicó por encima del registrado en septiembre de 2025, aunque el indicador permaneció por debajo del rango de tolerancia fijado por el Banco Central de Costa Rica.

La racha de variaciones interanuales negativas comenzó en mayo de 2025, cuando el índice registró -0.12%, y se extendió hasta agosto de 2026. El menor registro de ese período se presentó en febrero de este año, con una variación de -2.73%.

Después de ese nivel, las variaciones negativas fueron menores. El indicador marcó -0.32% en junio, -0.28% en julio y -0.17% en agosto, antes de pasar a un resultado positivo en septiembre, según datos de El Observador.

En septiembre de 2025, la inflación interanual se ubicaba en -1%. Entre ese registro y la medición correspondiente al mismo mes de este año, el índice aumentó 1.34 puntos porcentuales.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) establece una meta de inflación de 3%, con un rango de tolerancia de entre 2% y 4%. La lectura de septiembre se situó 1.66 puntos porcentuales por debajo del límite inferior de ese intervalo.

La distancia frente a la meta del banco central fue de 2.66 puntos porcentuales. De esta forma, el retorno del indicador a cifras positivas no modificó su ubicación por debajo del rango definido por la autoridad monetaria.

Los huevos, los vehículos nuevos y la telefonía móvil incidieron en el aumento mensual

La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor fue de 0.11% en septiembre. El resultado recogió aumentos y reducciones en distintos bienes y servicios que integran la canasta utilizada por el INEC para elaborar el indicador.

Los huevos estuvieron entre los artículos que más incidieron en el resultado mensual, con un incremento de 18.12%. Los vehículos nuevos aumentaron 1.57% y el servicio de telefonía móvil registró un alza de 1.55%.

Los alquileres de vivienda y la papaya también contribuyeron al aumento mensual. El informe no detalló las variaciones específicas de esos dos rubros dentro de los datos señalados.

Algunos productos y servicios registraron bajas durante septiembre. La gasolina disminuyó 1.45%, mientras que los boletos aéreos al exterior redujeron su precio en 6.37%.

El tomate presentó una disminución de 9.10%, de acuerdo con el detalle de los artículos que incidieron en la medición. Estas reducciones operaron en sentido contrario a los incrementos observados en otros componentes de la canasta.

De los 293 artículos incluidos en el IPC, el 42% redujo su precio durante el mes. El 33% mostró aumentos y el 25% no tuvo variación.

La distribución de los artículos reflejó que el resultado mensual reunió comportamientos diferentes entre los bienes y servicios considerados por el índice. El aumento general no implicó variaciones al alza en la totalidad de los componentes de la medición.

Ocho de las 13 divisiones del IPC registraron incrementos en septiembre. Información y comunicación aumentó 0.47%, mientras que transporte subió 0.23%.

La división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 0.22%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene la mayor ponderación dentro del índice, aumentó 0.12%.

Entre las divisiones con reducciones se ubicaron recreación, deporte y cultura, que disminuyó 0.67%, y ropa y calzado, con una baja de 0.32%.

Joselito Esquivel Ortiz, alias “Chelo”, guarda en el Registro Nacional dos embarcaciones con motores valuados en ₡22 millones - unos USD 48.222- que él mismo declaró por apenas ₡430,000, unos 943 USD.

El dato, revelado por CR Hoy, sitio costarricense de noticias, expone el desfase entre su patrimonio visible y los ocho meses que cotizó ante la seguridad social costarricense.

Estados Unidos pidió su extradición. La Corte del Distrito Este de Texas lo reclama por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico, según informó CR Hoy.

Esquivel permanece en prisión preventiva desde setiembre, imputado en el caso conocido como Riverside, la causa que apunta contra la estructura atribuida a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Coordinador entre organizaciones, no “mano derecha”

Las autoridades judiciales consideran a Esquivel uno de los principales colaboradores de López Vega, el presunto líder de un cártel que operaba en Limón y que ya fue extraditado a Estados Unidos. CR Hoy precisa que su función no era exactamente la de “mano derecha”, sino la de coordinador entre distintas organizaciones criminales.

Según el expediente del caso Riverside, Esquivel organizaba las actividades de los miembros operativos y garantizaba el cumplimiento de las instrucciones de los mandos superiores. También supervisaba el almacenamiento, la negociación y la distribución de las drogas que López Vega suministraba a otras bandas.

Una corte federal de Texas lo investiga por presunta vinculación con delitos de narcotráfico dentro de la estructura atribuida a “Pecho de Rata”. El pedido llega mientras Esquivel cumple prisión preventiva en Costa Rica por el caso Riverside, que en junio derivó en más de 100 allanamientos contra la organización.

Fotografías extraídas de un celular de López Vega ubican a Esquivel dentro del círculo familiar del cabecilla. En una de esas imágenes aparece junto a Kishna y Jardel López Tyndall, hijos de “Pecho de Rata”, y también junto a Randall Delgado Mora, alias “Míster Músculo”, quien funcionaba como enlace del cártel con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. En esa misma fotografía, Esquivel luce un anillo grabado con su apodo.

Antecedentes penales y un patrimonio que no cuadra

“Chelo” ya era conocido por las autoridades antes del caso Riverside. Registra una causa penal de 2020 por tenencia y portación ilegal de armas, además de procesos previos por sustracción patrimonial y lesiones culposas, según CR Hoy.

En 2017 le rechazaron una solicitud de inscripción de armas porque las autoridades detectaron antecedentes policiales por tenencia de marihuana. El sitio vincula ese rechazo con una directriz del entonces viceministro Celso Gamboa, quien más tarde resultó señalado como socio de López Vega.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentó que Esquivel acumuló vehículos, una propiedad de lujo y equipo de navegación pese a una capacidad económica formal que no respalda ese patrimonio. En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra únicamente ocho cotizaciones entre 2013 y 2014, con un salario cercano a ₡137.000- unos USD 300.

El Registro Nacional consigna a su nombre un automóvil Hyundai Excel, dos motocicletas y dos embarcaciones inscritas ante la Capitanía de Limón: “Fantasma de la Noche” y “Lindel”.

La primera cuenta con dos motores Yamaha de 200 caballos de fuerza cada uno, con un valor comercial estimado de ₡22 millones- 48,222 USD,, aunque fueron declarados ante el Registro por apenas ₡430.000 en conjunto, unos USD 943.

Para los investigadores citados por CR Hoy, esa subvaloración de los activos marítimos es un indicio adicional de que el patrimonio de Esquivel no coincide con sus ingresos declarados.

Llamadas interceptadas y contactos dentro de Seguridad Pública

El OIJ interceptó en agosto de 2025 una conversación entre López Vega y sus dos hijos en la que analizaban información de un expediente de la DEA y comentaban sobre sujetos vinculados con “Chelo” antes de un viaje a Colombia.

CR Hoy reproduce parte del intercambio: “Acuérdese el otro ‘Enano’ estaba también ahí con ‘Chelo’ y todo, y después se fue para Colombia, pero no sé cuál de los dos enanos es”.

Entre las llamadas interceptadas, las autoridades detectaron contactos con un número telefónico a nombre del Ministerio de Seguridad Pública instalado en la sede de Guardacostas de Moín, dentro del plantel de Recope en Limón. La policía judicial calificó esas comunicaciones como preocupantes, pues evidencian contacto directo con el cuerpo encargado del control marítimo.

Se presume que la organización reclutaba funcionarios públicos a cambio de dinero para facilitar el trasiego de droga en sectores del Caribe Sur como Penshurt, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, según CR Hoy.

La familia de “Pecho de Rata”, con un año de prisión preventiva

El pedido de extradición contra Esquivel se suma a un expediente que ya golpeó al núcleo familiar de López Vega. El 30 de setiembre, la jueza penal de Limón Alejandra Rojas Calvo dictó un año de prisión preventiva para 37 imputados del caso Riverside, entre ellos los cuatro hijos de “Pecho de Rata”: Kishna Aneika, Jardel Leonid, Jonedzel Shaquille y Nayevska Giolanny López Tyndall, según informó La Nación, diario costarricense. La medida rige hasta el 23 de junio de 2027.

La jueza remitió además el expediente completo al Juzgado Penal de Talamanca, en Bribrí, tras declarar la incompetencia territorial del despacho de Limón.

Otros 17 investigados del caso recibieron medidas alternas, como firmar periódicamente en el juzgado o el impedimento de salida del país.

López Vega fue extraditado a Texas el 20 de marzo. Con el pedido contra “Chelo”, la Fiscalía costarricense ubica a Esquivel como el extraditable número 28 reclamado por la justicia estadounidense dentro de la ola de entregas que el país centroamericano habilitó desde 2025, tras la reforma constitucional que permite extraditar a sus propios ciudadanos por narcotráfico o terrorismo.

Costa Rica ocupa el cuarto lugar entre los mejores destinos del mundo para retirarse en 2026, de acuerdo con el 2026 Global Retirement Report and Index, un estudio que comparó 46 programas de residencia para jubilados a partir de factores relacionados con calidad de vida, movilidad, impuestos, trámites y costos.

El país aparece únicamente por debajo de Uruguay, Mauricio y España, y supera en la clasificación a destinos europeos tradicionalmente asociados con el retiro de extranjeros como Portugal, Letonia, Andorra, Italia y Grecia.

La clasificación coloca a Costa Rica además como uno de los tres países de América que consiguieron ingresar al top 10, junto con Uruguay, que encabeza el índice, y Paraguay, ubicado en la sexta posición.

Una de las particularidades del resultado es la poca distancia entre los países mejor posicionados: menos de cuatro puntos separan al primer lugar del décimo, por lo que el propio reporte señala que el grupo debe interpretarse como destinos con niveles comparables, aunque cada uno presenta ventajas y desventajas diferentes.

Impuestos y bajo requisito económico impulsan a Costa Rica

Costa Rica obtiene algunos de sus mejores resultados en optimización fiscal, donde alcanza una puntuación de 88 puntos, que la coloca en el sexto puesto entre los 46 programas evaluados.

El reporte destaca el sistema de tributación territorial del país, bajo el cual las pensiones provenientes del extranjero no son gravadas en Costa Rica. También señala como ventajas la ausencia de impuestos sobre el patrimonio y la herencia dentro de los parámetros utilizados por el estudio.

El segundo elemento que favorece considerablemente al país es el costo para acceder a su categoría migratoria de pensionado.

El programa costarricense obtiene 95 puntos en el apartado de Costos e Inversión.

Para optar por la residencia bajo esta modalidad, el solicitante debe demostrar una pensión vitalicia de al menos USD 1,000 mensuales, el requisito económico más bajo entre los 10 países mejor posicionados en el índice.

Además, ese monto permite incluir al cónyuge y a hijos menores de 25 años sin que el requisito mensual aumente por cada dependiente, una condición que el reporte considera particularmente favorable para familias.

Existe, sin embargo, una condición importante: los USD 1,000 deben provenir de una pensión vitalicia, ya sea de la seguridad social o de una fuente pública o privada. Por ello, la categoría no está diseñada para personas que únicamente reciben ingresos de inversiones o alquileres.

Costa Rica obtiene 95 puntos en movilidad y ciudadanía

Otro de los resultados destacados corresponde a Movilidad y Ciudadanía, apartado en el que Costa Rica obtiene 95 puntos.

El reporte señala que una persona extranjera puede acceder a la naturalización después de siete años y que el país permite la doble ciudadanía.

En cuanto a Calidad de Vida, Costa Rica obtiene una calificación de 78 puntos.

Esta categoría toma en consideración aspectos como nivel de vida, seguridad personal, utilización cotidiana del inglés y calidad ambiental.

El índice utiliza para esta dimensión información procedente de referencias internacionales como el Global Peace Index y el Environmental Performance Index, mientras que los requisitos específicos de cada programa son contrastados con fuentes legales y gubernamentales correspondientes al año evaluado.

Los trámites son el principal punto débil

El resultado cambia considerablemente cuando se analiza la facilidad y rapidez del procedimiento migratorio.

Costa Rica obtiene apenas 64 puntos en Calidad del Procedimiento, resultado que la coloca en el puesto 40 entre los 46 programas estudiados.

De acuerdo con el reporte, los procedimientos ante la Dirección General de Migración y Extranjería normalmente requieren entre 12 y 18 meses.

El estudio añade que muchos solicitantes presupuestan entre USD 1,000 y USD 2,000 para contratar los servicios de un abogado especializado en inmigración.

Ese desempeño contrasta con otros países del top 10. Letonia, por ejemplo, ofrece un procedimiento de aproximadamente dos meses, mientras que Paraguay presenta plazos estimados de entre tres y seis meses.

Uruguay encabeza el ranking mundial

El primer puesto del 2026 Global Retirement Report and Index corresponde a Uruguay, que sobresale especialmente en movilidad y ciudadanía, con 97 puntos, y en costos e inversión, con 96.

Le sigue Mauricio, que registra uno de los mejores desempeños fiscales del estudio y obtiene 91 puntos en materia tributaria.

España ocupa la tercera posición, inmediatamente antes de Costa Rica. El país europeo consigue 94 puntos en Calidad de Vida y 98 en Movilidad y Ciudadanía, aunque presenta una importante desventaja fiscal: obtiene solamente 50 puntos, la calificación más baja entre los 46 programas evaluados.

Después de Costa Rica aparecen Portugal, Paraguay, Letonia, Andorra, Italia y Grecia, que completan los primeros diez lugares.

Europa domina numéricamente el grupo con seis países, mientras América aporta tres y África aparece representada por Mauricio.

No existe un único destino perfecto para retirarse

El estudio construye su clasificación a partir de cinco pilares ponderados: Calidad de Vida, Movilidad y Ciudadanía, Optimización Fiscal, Calidad del Procedimiento y Costos e Inversión.

Cada indicador es llevado a una escala común para permitir la comparación de variables tan diferentes como tasas impositivas, tiempos de procesamiento y requisitos financieros.

El informe advierte, además, que los resultados son comparativos y no deben interpretarse como una recomendación individual para todas las personas que buscan jubilarse en otro país.

Precisamente, los resultados muestran perfiles muy diferentes. Países latinoamericanos como Uruguay, Costa Rica y Paraguay destacan por requisitos financieros relativamente bajos y un tratamiento favorable de los ingresos provenientes del extranjero, mientras varios destinos europeos sobresalen por calidad de vida, movilidad y acceso a pasaportes de la Unión Europea, pero enfrentan cargas tributarias superiores.

Para Costa Rica, la combinación resulta suficiente para alcanzar el cuarto lugar mundial: un programa accesible, con ventajas fiscales y posibilidades de naturalización, cuyo principal desafío, según el índice, sigue siendo el tiempo necesario para completar los trámites migratorios.

Costa Rica repite entre los destinos preferidos para el retiro

Costa Rica ya había destacado en otros estudios internacionales recientes sobre jubilación. El Annual Global Retirement Index 2026 de International Living ubicó al país en el tercer puesto mundial, únicamente detrás de Grecia y Panamá, con una puntuación de 87,6 y resultados particularmente altos en clima, atención médica e infraestructura.A esto se suma el Global Relocation Index 2026, elaborado por la firma Rumavi, que colocó a Costa Rica en el quinto lugar mundial entre los mejores países para jubilados y en el puesto 20 de 192 países y territorios en su clasificación general. Los resultados refuerzan una tendencia que se repite en distintas mediciones internacionales, aunque cada índice utiliza metodologías y variables diferentes para evaluar los destinos.

Después de una década de espera, Iron Maiden volverá a encontrarse con sus seguidores en Costa Rica este jueves 8 de octubre de 2026, cuando la banda británica tome el escenario del Estadio Nacional, en San José, como parte de su gira mundial Run For Your Lives World Tour.

Será la cuarta presentación de Iron Maiden en territorio costarricense y la primera que realizará en el Estadio Nacional. La agrupación no se presenta en el país desde 2016, cuando ofreció un concierto en el Estadio Ricardo Saprissa.

La gira fue concebida para celebrar los 50 años de historia de la agrupación, fundada por el bajista Steve Harris en 1975, y tiene una particularidad: el repertorio se concentra en canciones correspondientes a los primeros nueve álbumes de estudio de la banda.

El espectáculo forma parte del tramo latinoamericano de la gira, que pasó por Ciudad de México el 2 de octubre y San Salvador el 5, antes de llegar a San José. Después de Costa Rica, el recorrido continuará por Bogotá, Quito, Lima, Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile.

¿A qué hora comienza el concierto?

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4:00 p. m., dos horas antes del inicio de la música en vivo.

A las 6:00 p. m. está prevista la presentación de The Raven Age, banda británica invitada que acompañará a Iron Maiden en Costa Rica. La agrupación fue fundada en Londres y entre sus integrantes se encuentra George Harris, hijo de Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden.

La salida de Iron Maiden está programada para las 7:30 p. m., según los horarios comunicados por la organización para el espectáculo.

La presencia de The Raven Age tampoco será nueva para el público costarricense: la banda ya acompañó a Iron Maiden durante su presentación de 2016, cuando también participó Anthrax.

Una enorme producción para celebrar los 50 años

El montaje del espectáculo comenzó desde el 1.º de octubre y para este martes ya alcanzaba aproximadamente un 80% de avance, de acuerdo con información proporcionada por la producción técnica de Move Concerts a Teletica.

La infraestructura instalada en el Estadio Nacional incluye más de 100 motores y 458 luces, además de una pantalla de grandes dimensiones y numerosos efectos especiales, entre ellos pirotecnia.

Buena parte de la infraestructura utilizada para el concierto es costarricense, incluyendo el escenario, las estructuras, el sistema de sonido, las luces y los motores. Las pruebas técnicas finales están previstas para la mañana del jueves.

La lluvia y las tormentas eléctricas de los últimos días obligaron a modificar algunos horarios durante los trabajos de montaje, aunque la preparación del espectáculo continuó.

¿Qué canciones podría interpretar Iron Maiden?

La gira Run For Your Lives fue diseñada para recuperar material de los primeros nueve discos de estudio de Iron Maiden, publicados desde Iron Maiden, de 1980, hasta Fear of the Dark, de 1992.

La propia agrupación ha adelantado que el espectáculo incluye clásicos de diferentes etapas como “Run to the Hills”, “The Trooper”, “The Number of the Beast”, “Powerslave”, “2 Minutes to Midnight”, “Wasted Years”, “Phantom of the Opera” y “Hallowed Be Thy Name”.

Iron Maiden también ha pedido a sus seguidores vivir el espectáculo sin concentrarse en grabarlo con sus teléfonos. En el anuncio de la etapa latinoamericana, Steve Harris pidió a los fanáticos disfrutar el concierto “en el momento” y mantener los celulares guardados durante la presentación.

Todavía quedan entradas

A pocas horas del concierto todavía se reportaban entradas disponibles en dos localidades.

La zona The Trooper, de pie y más cercana al escenario, tiene un precio de ₡71,600 (USD 155) mientras que General de Pie cuesta ₡41,800 (USD 90). Los montos incluyen impuestos y cargos por servicio. Ambas localidades son exclusivamente para mayores de 18 años.

Las entradas se comercializan mediante eTicket Costa Rica.

Estos serán los accesos al Estadio Nacional

La organización estableció entradas diferentes dependiendo de la localidad adquirida. Los asistentes de The Trooper deberán utilizar el acceso noreste; quienes tengan boleto para Gradería Norte entrarán por el sector norte, diagonal al Hotel Hilton.

El público de Sombra, Platea y Balcón deberá utilizar el costado este del estadio, mientras quienes compraron General de Pie ingresarán por el acceso suroeste, frente a Teletica. Para Gradería Sur, la entrada será por el costado sur.

La productora recomendó además descargar previamente las entradas con tecnología NFC y almacenarlas en la billetera digital del teléfono, con el objetivo de agilizar los controles y evitar inconvenientes al momento de ingresar.

¿Qué está prohibido llevar?

Los asistentes deberán prestar especial atención a las restricciones establecidas por la organización antes de dirigirse al Estadio Nacional.

Está prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, vapeadores, encendedores, sombrillas o paraguas, alimentos y bebidas, cámaras profesionales o semiprofesionales, bolsos de más de 30 centímetros, selfie sticks, banderas o carteles superiores a un metro, vasos térmicos, drogas, asientos, cadenas para billeteras y drones.

La prohibición de paraguas adquiere especial relevancia debido a las condiciones lluviosas registradas durante los días previos, por lo que quienes asistan deberán considerar alternativas permitidas para protegerse de la lluvia antes de ingresar.

Algunos fanáticos esperan desde una semana antes

La expectativa por el regreso de Iron Maiden ha provocado que algunos seguidores comenzaran a instalarse en las inmediaciones del Estadio Nacional desde el jueves 1.º de octubre, exactamente una semana antes del espectáculo.

Los fanáticos se han organizado mediante turnos para permanecer cerca del recinto mientras esperan el concierto, una escena impulsada en buena medida por los 10 años transcurridos desde la última presentación de la agrupación en Costa Rica.

La cuarta visita de Iron Maiden a Costa Rica

La relación entre Iron Maiden y el público costarricense comenzó el 26 de febrero de 2008, cuando la banda se presentó por primera vez en el Estadio Ricardo Saprissa.

Aquel concierto reunió a más de 25,000 personas provenientes de diferentes partes de Centroamérica.

La agrupación regresó apenas un año después. En marzo de 2009 ofreció su segundo espectáculo en el país, esta vez en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

La tercera visita ocurrió en marzo de 2016, nuevamente en el Estadio Ricardo Saprissa, como parte de la gira The Book of Souls. Esa noche Iron Maiden compartió cartel con Anthrax y The Raven Age.

Ahora, 10 años después, Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía regresan para una cuarta cita que tendrá un componente distinto: por primera vez la banda tocará en el Estadio Nacional y lo hará con un espectáculo concebido específicamente para celebrar el medio siglo de una de las agrupaciones más influyentes del heavy metal.

El concierto de este jueves forma parte además de una etapa especial para Iron Maiden. La agrupación anunció que, una vez concluido el Run For Your Lives World Tour, se tomará un descanso de las giras durante 2027.

Más de 200 integrantes de distintos cuerpos policiales de Costa Rica se encuentran bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, según confirmó el Gobierno del país centroamericano.

El dato fue revelado en medio de una amplia intervención sobre la penetración del crimen organizado en distintas estructuras del país y sobre la cooperación que mantienen las autoridades costarricenses con agencias internacionales para combatir redes dedicadas al tráfico de drogas y la legitimación de capitales.

“Ya vamos por más de 200 compañeros oficiales de diferentes cuerpos de policía que estamos investigando por presuntos vínculos con el narcotráfico”, afirmó la presidenta Laura Fernández.

Gobierno advierte sobre infiltración del crimen organizado

El Ejecutivo presentó estas investigaciones como parte de un problema más amplio relacionado con la capacidad de las organizaciones criminales para penetrar estructuras públicas y mezclarse con actividades legales.

Fernández sostuvo que el fenómeno no se limita a organizaciones que operan abiertamente al margen de la ley, sino que también incluye personas que mantienen actividades empresariales, comerciales o profesionales mientras, presuntamente, participan en redes delictivas.

“El narcotráfico también se filtró en los cuerpos policiales de Costa Rica”, aseguró la presidenta.

La mandataria agregó que el Gobierno continuará impulsando investigaciones internas y operativos dirigidos a identificar posibles casos de corrupción dentro de las instituciones encargadas precisamente de combatir la criminalidad.

Ese señalamiento se suma a advertencias realizadas por el Ejecutivo sobre la presencia de redes criminales en otras estructuras institucionales, en momentos en que Costa Rica enfrenta una creciente presión por homicidios, tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales y disputas entre grupos organizados.

Cooperación con DEA y FBI

El Gobierno también aseguró que mantendrá la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el FBI para investigar organizaciones de alcance internacional y detectar posibles colaboradores dentro del país.

Fernández defendió el trabajo conjunto de estas agencias con la Policía de Control de Drogas (PCD) y otros cuerpos nacionales.

“Mientras yo sea presidenta de la República, la DEA, el FBI y los cuerpos de policía del OIJ y del Gobierno van a seguir persiguiendo a los criminales”, manifestó.

La presidenta señaló que esa cooperación resulta especialmente importante cuando se trata de estructuras de delincuencia transnacional, debido a que algunas investigaciones se originan fuera de Costa Rica o requieren intercambio de información con autoridades extranjeras.

Según explicó, algunas personas vinculadas presuntamente con narcotráfico o lavado de dinero pueden mantener durante años una apariencia de normalidad, sin que existan expedientes públicos que permitan advertir de inmediato sus actividades.

“Que caiga el que tenga que caer”

Fernández afirmó que las investigaciones continuarán sin importar la posición de las personas involucradas y aseguró que su administración no protegerá a funcionarios que eventualmente resulten vinculados con estructuras criminales.

“Que caiga el que tenga que caer”, expresó.

También sostuvo que el objetivo del Gobierno es identificar y separar de las instituciones públicas a quienes puedan estar colaborando con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“Hay que limpiar a Costa Rica”, agregó la mandataria durante su intervención.

El Ejecutivo ha señalado en varias ocasiones que la corrupción dentro de los cuerpos policiales representa uno de los principales riesgos para las operaciones contra el crimen organizado, ya que puede facilitar filtraciones de información, movimientos de cargamentos, evasión de controles o protección a determinadas estructuras criminales.

El Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de ley que plantea cerrar formalmente el Ministerio de Gobernación y Policía y redistribuir entre otras instituciones las competencias que permanecían bajo esa cartera.

La iniciativa corresponde al expediente 24.719, denominado Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas, y fue aprobada durante la sesión del 6 de octubre de 2026 con el respaldo de 51 diputados, mientras seis legisladores estuvieron ausentes. No se registraron votos en contra en esa votación.

El proyecto todavía debe superar el segundo debate antes de completar su trámite legislativo y convertirse en ley, por lo que la aprobación alcanzada hasta ahora no significa que el Ministerio haya desaparecido jurídicamente de forma inmediata.

La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo el 25 de noviembre de 2024 y parte de la premisa de que la estructura del Ministerio de Gobernación perdió progresivamente relevancia dentro del aparato estatal, mientras varias de sus funciones pasaron a ser desempeñadas o respaldadas por otras instituciones.

Una cartera dirigida desde hace décadas por Seguridad Pública

Uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la reforma es que, desde la década de 1990, la dirección del Ministerio de Gobernación y Policía ha recaído en la misma jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública.

La exposición que acompañó el proyecto señala que esa situación produjo una disminución progresiva del papel de Gobernación, hasta el punto de que la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad Pública terminó brindándole apoyo para su funcionamiento.

El Gobierno también argumentó que varias de las competencias asociadas históricamente con Gobernación ya son atendidas por otras instituciones públicas o pueden ser asumidas por entidades existentes.

En lugar de crear nuevas estructuras para sustituirlo, el proyecto redistribuye sus principales órganos entre diferentes ministerios.

¿Qué pasará con Migración, Dinadeco y la Imprenta Nacional?

Uno de los principales cambios recaerá sobre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Tribunal Administrativo Migratorio, que pasarán al Ministerio de Seguridad Pública.

El texto dispone que Migración funcionará como un órgano de desconcentración mínima, mientras que el Tribunal Administrativo Migratorio tendrá desconcentración máxima dentro de Seguridad Pública.

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) será trasladada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Esta dependencia tiene entre sus funciones la relación institucional con las organizaciones comunales y la aplicación del marco establecido para el desarrollo de las comunidades.

El proyecto también modifica las referencias legales necesarias para adaptar la estructura de Dinadeco a su nueva ubicación dentro del Poder Ejecutivo.

Por su parte, la Imprenta Nacional y sus competencias pasarán al Ministerio de la Presidencia. Según el texto analizado durante el trámite legislativo, quedará constituida como un órgano de desconcentración mínima de esa cartera.

De esta manera, la reforma no plantea la eliminación de Migración, Dinadeco, el Tribunal Administrativo Migratorio o la Imprenta Nacional, sino su traslado hacia otras estructuras ministeriales.

Proyecto fue presentado en 2024

El expediente 24.719 ingresó a la corriente legislativa el 25 de noviembre de 2024 por iniciativa del Poder Ejecutivo.

Posteriormente fue analizado por la Comisión de Gobierno y Administración, mientras durante su tramitación también surgieron criterios distintos sobre la forma en que debían reorganizarse algunas de las instituciones alcanzadas por la propuesta. La propia Asamblea Legislativa reportó en junio de 2025 que el traslado y los cambios de funciones generaron posiciones divididas durante su análisis en la Comisión de Reforma del Estado.

El expediente recibió un dictamen afirmativo de mayoría el 11 de diciembre de 2025 y posteriormente tuvo textos actualizados el 29 de junio y el 12 de agosto de 2026, antes de llegar a la votación en primer debate.

Dos hombres murieron a balazos dentro del Ebáis de Concepción de Alajuelita, en San José, luego de que sujetos armados ingresaran al centro médico y dispararan contra un masculino, que según las autoridades, era perseguido por sus atacantes.

Las víctimas fueron identificadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Álvarez, de 22 años, y el guarda de seguridad del establecimiento, José Efraín Agüero Salazar, de 64 años. Ambos fallecieron en el sitio producto de heridas ocasionadas por arma de fuego.

La emergencia fue reportada alrededor de las 6:47 p. m. de este martes 06 de octubre cuando cuerpos de socorro recibieron la alerta sobre una balacera dentro de las instalaciones ubicadas frente a la plaza de deportes de Concepción.

“Al llegar al lugar, los cruzrojistas abordaron a dos hombres con aparentes heridas provocadas por arma de fuego. Ambos fueron localizados sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

Víctima habría buscado refugio dentro del Ebáis

Las primeras versiones policiales señalan que dos sujetos que viajaban en una motocicleta perseguían a Álvarez antes del ataque.

El joven habría ingresado al Ebáis con la intención de refugiarse, pero uno de los ocupantes de la motocicleta descendió, entró al establecimiento y abrió fuego contra él.

Durante la agresión también fue alcanzado el guarda de seguridad que se encontraba trabajando dentro del centro médico.

El OIJ indicó posteriormente que dos sujetos ingresaron al Ebáis portando un arma de fuego, dispararon contra el masculino que huía y también contra Agüero, para luego escapar del lugar.

Las circunstancias exactas en las que el oficial de seguridad recibió los disparos continúan bajo investigación.

El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero, confirmó además que el guarda se encontraba desarmado cuando ocurrió el hecho.

Guarda tenía menos de dos horas de haber iniciado su jornada

Agüero había comenzado a trabajar alrededor de las 5:00 p. m., por lo que llevaba menos de dos horas en su puesto cuando se produjo la balacera.

Vecinos aseguraron que el hombre estaba próximo a pensionarse.

Su muerte ocurrió mientras cumplía labores de vigilancia dentro del establecimiento médico.

En relación con Álvarez, el viceministro Barquero informó que una semana antes había sido detenido durante una intervención policial en la que se decomisaron armas de fuego, entre ellas un fusil tipo AR-15.

El joven había sido presentado ante la Fiscalía tras ese procedimiento y posteriormente quedó sujeto a medidas cautelares.

El ahora fallecido sería una persona con presuntos vínculos con una agrupación conocida como “Chus”, señalamiento que forma parte de las líneas iniciales manejadas por las autoridades y que todavía deberá ser establecido dentro de la investigación judicial.

Operativo para localizar a los responsables

Tras el doble homicidio, oficiales de la Fuerza Pública y unidades del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables.

Las autoridades mantuvieron presencia policial alrededor del Ebáis mientras agentes judiciales procesaban la escena, recolectaban indicios y realizaban el levantamiento de los cuerpos.

Hasta la tarde de este miércoles 7 de octubre, el OIJ no había informado sobre personas detenidas por el doble homicidio.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil, reconstruir el recorrido de los atacantes e identificar a los responsables.

CCSS suspendió atención en el centro médico

Como consecuencia del ataque, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suspendió la atención en el Ebáis de Concepción Arriba durante este miércoles.

“Las instalaciones permanecerán cerradas hasta que las autoridades judiciales lo indiquen. Las personas cuyas citas se suspendieron serán contactadas para reprogramarlas a la mayor brevedad”, informó la institución.

La CCSS comunicó además que, a partir del jueves 8 de octubre, las consultas correspondientes a este Ebáis serán brindadas temporalmente en la sede central del Área de Salud de Alajuelita.

El ataque de Alajuelita ocurre menos de dos meses después de otro homicidio cometido dentro de un centro médico costarricense.

El 8 de agosto, sujetos armados ingresaron al Hospital La Anexión de Nicoya, en Guanacaste, y asesinaron a Arnold Valverde Matarrita, de 32 años, quien se encontraba internado por una lesión en una pierna.

En ambos casos, hombres armados ingresaron a instalaciones destinadas a la atención de pacientes para ejecutar ataques, aunque hasta ahora las autoridades no han establecido relación alguna entre ambos hechos.

La investigación sobre el doble homicidio en Alajuelita continúa en manos del OIJ, mientras el centro médico permanece afectado en su operación y la comunidad espera la reanudación normal de los servicios.

Un hombre de nacionalidad salvadoreña resultó herido de gravedad tras un ataque con arma de fuego durante una discusión entre conductores en el sector de El Coyol, en Alajuela, Costa Rica.

Según informó Diario Extra, el hecho involucró al conductor de un tráiler y al de un vehículo liviano. La versión preliminar indica que ambos mantuvieron un altercado en carretera y que el segundo habría efectuado varios disparos contra el chofer del camión.

La víctima fue trasladada grave al Hospital San Rafael de Alajuela

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió al hombre herido en el lugar. Después, lo trasladó en condición grave al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió atención médica.

La Fuerza Pública también acudió a la zona tras recibir el reporte de la balacera. Las autoridades no difundieron, hasta el momento, la identidad ni la edad de la víctima.

La Policía detuvo al conductor de un vehículo liviano

Los agentes interceptaron al presunto involucrado a unos cuatro kilómetros del lugar del ataque, de acuerdo con el reporte del medio costarricense. El conductor quedó detenido mientras avanzan las diligencias del caso.

La investigación busca determinar qué originó la discusión y establecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos. Tampoco se informó si el arma utilizada estaba registrada o si el detenido enfrentará cargos formales.

En Costa Rica, el Código Penal regula el homicidio y establece penas según las circunstancias del hecho. La Ley N.º 4573 fija una condena de 12 a 18 años de prisión para quien cause la muerte de otra persona, mientras que el homicidio calificado puede recibir entre 20 y 35 años.

El artículo 112 considera calificado el homicidio cometido contra familiares cercanos, miembros de los Supremos Poderes por razón de sus funciones, menores de 12 años y personas internacionalmente protegidas. También contempla los casos con alevosía o ensañamiento, uso insidioso de veneno, medios capaces de generar un peligro común y aquellos destinados a facilitar, ocultar o asegurar la impunidad de otro delito.

La misma norma incluye las muertes cometidas por precio o promesa remuneratoria y las dirigidas contra policías en ejercicio, por causa o razón de sus funciones. También agrava el delito cuando la víctima es atacada por odio relacionado con su grupo etario, origen racial o étnico, religión, nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.

Si el hecho implica un encargo dentro de una organización criminal, puede aplicarse la Ley N.º 10841, Ley contra el Sicariato. La portación ilegal o el uso indebido de armas de fuego se rige por la Ley de Armas y Explosivos, Ley N.º 7539.

Disparar varias veces contra una misma persona no crea un delito separado por cada tiro. La pluralidad de disparos puede demostrar dolo, ensañamiento o alevosía, o dar lugar a una acumulación de delitos cuando existen varias víctimas.

La Fiscalía de Costa Rica archivó la investigación destinada a identificar a la persona que ordenó el asesinato de Roberto Samcam, militar retirado, opositor nicaragüense y ciudadano español, asesinado el 19 de junio de 2025 en su vivienda de San José. La decisión deja abierta la posibilidad de retomar esa línea si aparecen nuevos elementos, mientras continúa el proceso contra los sospechosos de ejecutar el crimen, informó la agencia de noticias EFE.

La resolución fue emitida el 5 de octubre por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José y fue notificada el martes 6 de octubre a los representantes legales de la familia. Según el documento, al que se refirieron la defensa y familiares de la víctima ante EFE, los informes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no aportaron elementos suficientes para determinar quién dio la orden.

El Ministerio Público precisó que el archivo no implica el cierre definitivo de la investigación. La causa podrá reabrirse si surgen datos que permitan avanzar sobre la identificación de los autores intelectuales o de quienes financiaron el homicidio.

Acusación contra cuatro sospechosos de la ejecución

La medida no modifica el expediente penal contra los presuntos responsables materiales del crimen. En junio de 2026, la Fiscalía presentó una acusación contra cuatro personas por su presunta participación en el asesinato de Samcam.

Entre los imputados figura un joven al que se atribuyen los disparos contra el exmilitar. La acusación también alcanzó a otros sospechosos que, de acuerdo con la investigación, habrían intervenido en la planificación del ataque.

La viuda de la víctima, Claudia Vargas, cuestionó que se archivara la línea destinada a establecer quién ordenó el crimen apenas un año y casi cuatro meses después del asesinato. “Definitivamente creo que Costa Rica tiene que agotar todas las instancias de investigación posible”, afirmó en declaraciones a EFE.

Vargas sostuvo que, si las autoridades costarricenses consideran que no pueden profundizar la causa por sus propios medios, deberían solicitar cooperación a otros Estados. Para la familia, el caso no puede limitarse a los acusados de ejecutar el ataque.

Reclamo de la familia por las conexiones con el régimen de Nicaragua

La viuda señaló que el homicidio tiene consecuencias que trascienden a los allegados de Samcam y afectan a la comunidad de opositores nicaragüenses que vive fuera de su país. “Esto es algo que le pasó a la comunidad exiliada”, manifestó.

La abogada de la familia y directora del bufete internacional Guernica 37, Almudena Bernabéu, expresó su decepción por la decisión de la Fiscalía. Afirmó que, a su entender, el asesinato no puede explicarse solo por la actuación de los cuatro sospechosos sometidos al proceso penal.

“Hay detrás una mano negra y una organización criminal con tentáculos en Costa Rica, pero que parte de Nicaragua”, dijo Bernabéu a EFE. La letrada señaló que el archivo alcanza exclusivamente a la pesquisa sobre los eventuales autores intelectuales y no al juicio contra quienes habrían participado en la ejecución.

El abogado Yader Valdivia, integrante de la organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, planteó una posición similar. Según explicó, la Fiscalía debe establecer una teoría del caso que abarque la motivación del ataque, además de la identidad de quien disparó.

“La fiscalía no puede solamente decir ‘vamos a acusar a esta persona por haber disparado a esta otra’ sin tener una teoría del caso de cuál es la motivación”, afirmó Valdivia. La causa contra los cuatro acusados continuará mientras la familia espera que surjan nuevos elementos que permitan reabrir la investigación sobre quienes habrían ordenado o financiado el asesinato.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, respondió este miércoles a los cuestionamientos surgidos después de que circularan fotografías y videos en los que aparece junto a personas que posteriormente fueron detenidas o quedaron vinculadas a investigaciones por presunto lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

Durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, Fernández fue consultada particularmente por su encuentro con el productor de espectáculos Hugo Barboza, detenido este miércoles como sospechoso de legitimación de capitales dentro del denominado Caso Éxodo, así como por la presencia de un ciudadano de origen chino requerido por las autoridades de Estados Unidos en actividades relacionadas con el oficialista Partido Pueblo Soberano.

La mandataria rechazó que las fotografías permitan establecer que conocía las presuntas actividades ilícitas atribuidas posteriormente a esas personas y aseguró que políticos y funcionarios públicos no cuentan con herramientas que les permitan conocer si alguien que se acerca a ellos mantiene una investigación penal reservada.

“Ni que tuviera una bola mágica en la cartera, muchachos”, manifestó Fernández al explicar su encuentro con Barboza durante un concierto de Grupo Firme realizado en el Estadio Nacional.

El encuentro con Hugo Barboza

Fernández relató que llegó a esa presentación después de que los organizadores del espectáculo contactaran al vicepresidente Francisco Gamboa para invitarla y entregarle un reconocimiento por las acciones gubernamentales dirigidas a simplificar los trámites necesarios para organizar actividades.

Según su versión, decidió asistir utilizando el palco presidencial y no aceptó una entrada proporcionada por los organizadores.

En ese lugar, explicó, tuvo contacto con el productor que ahora figura entre las personas detenidas.

“Ahí llegó el promotor este, que hoy parece fue detenido por presuntos nexos. Saludé al cantante, me tomé fotos, bailé, canté, me dieron una plaquita”, explicó la mandataria.

Fernández indicó que en ese momento no existía información pública que le permitiera conocer una eventual investigación contra Barbosa.

“Ahora, después de la foto de ellos, mejor no hubiera ido”, expresó durante su respuesta.

La presidenta sostuvo que estaría dispuesta a que se revise cualquier aspecto relacionado con ese encuentro y aseguró que no mantiene vínculos personales con el empresario.

Cuestionamientos por ciudadano requerido por Estados Unidos

La discusión también incluyó al ciudadano de origen chino que fue detenido en Costa Rica ante un requerimiento de las autoridades estadounidenses y cuya aparición en fotografías relacionadas con actividades del oficialismo desató cuestionamientos políticos durante los últimos días.

Fernández afirmó que revisó información del Partido Pueblo Soberano y certificaciones vinculadas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y aseguró que el hombre “no aportó ni un colón” a la campaña que la llevó a la Presidencia.

Según la mandataria, el ciudadano tampoco adquirió bonos de deuda política ni realizó donaciones.

Fernández explicó que su presencia durante la celebración de la victoria electoral no significa que existiera una relación con dirigentes del partido, pues se trató de una actividad abierta en la que afirmó haberse tomado fotografías con cientos de personas.

La presidenta defendió además a la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien también apareció fotografiada junto al hombre.

Fernández aseguró que no permitirá que se utilice una fotografía tomada durante una actividad multitudinaria para intentar vincular a Cisneros con personas investigadas.

“Que caiga el que tenga que caer”

La mandataria aprovechó la polémica para defender la cooperación de Costa Rica con agencias estadounidenses en investigaciones contra el crimen organizado.

Según Fernández, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el FBI continuarán trabajando con las autoridades costarricenses durante su administración.

“Mientras yo sea presidenta de la República, la DEA, el FBI y los cuerpos de policía del OIJ y del Gobierno van a seguir persiguiendo a los criminales”, aseguró.

Fernández argumentó que uno de los principales obstáculos para identificar a personas vinculadas con legitimación de capitales es que algunas mantienen públicamente perfiles de empresarios exitosos y participan con normalidad en actividades sociales.

“Están metidos en los supermercados, en los centros comerciales. Sus hijos van a las mismas escuelas que nuestros hijos, van a misa, van al culto, van a los conciertos”, indicó.

La presidenta insistió en que el Gobierno respaldará las investigaciones independientemente de quién resulte involucrado.

“Que caiga el que tenga que caer”, dijo Fernández, quien agregó que no le “temblará el pulso” para apoyar investigaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos.

Fernández respondió a Liberación Nacional

Durante su intervención, Fernández también arremetió contra diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) que cuestionaron al Gobierno después de divulgarse las fotografías.

La mandataria sostuvo que las imágenes de personas posteriormente investigadas existen también junto a figuras de otras agrupaciones políticas y mencionó fotografías y videos relacionados con dirigentes y exfuncionarios de administraciones anteriores.

No obstante, señaló que su argumento no pretende establecer responsabilidades por asociación, sino demostrar precisamente que una fotografía, una actividad pública o un encuentro ocasional no necesariamente implica conocimiento sobre las actividades privadas de una persona.

Fernández sostuvo que las verificaciones sobre el origen de fondos corresponden principalmente a las instituciones financieras y aseguró que una persona dedicada a la política no dispone de una plataforma para consultar eventuales investigaciones judiciales reservadas de quienes participan en actividades públicas.

La mandataria cerró su respuesta señalando que las recientes detenciones, lejos de demostrar tolerancia del Ejecutivo hacia esas estructuras, evidencian, según su posición, el fortalecimiento de los operativos contra el crimen organizado.

“No vamos a parar”, afirmó al referirse a las investigaciones contra narcotraficantes, legitimadores de capitales, contrabandistas y evasores.

Costa Rica tendrá una agenda cultural especial para cerrar el año con 18 actividades programadas entre el 19 de noviembre y el 27 de diciembre de 2026, como parte de la temporada Tiempo de Compartir, anunciada por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

La propuesta abarcará 39 días de actividades en teatros, museos, parques, calles y otros espacios públicos, con una programación que combinará música, gastronomía, artes visuales, teatro, tradiciones populares y celebraciones cívicas. La temporada estará encabezada por artistas costarricenses y contará con el apoyo del Instituto Nacional de Seguros (INS)y Kölbi.

Uno de los ejes centrales será reforzar tradiciones vinculadas con la identidad costarricense. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, afirmó que “la Navidad tica se vive en familia, en la calle y alrededor de la mesa”y destacó que todas las actividades estarán encabezadas por talento nacional.

La programación se apoya además en datos de la Encuesta Nacional de Cultura 2026, según la cual 94,5 % de la población considera importante la comida costarricense en su vida cotidiana, mientras que la escucha de música nacional pasó de 25,8 % a 42,7 % en una década.

Jazz, posadas y artes visuales abrirán la temporada

Uno de los primeros grandes eventos será el 506 Costa Rica Jazz Fest, que se realizará del 19 al 21 de noviembre en el Centro de Patrimonio y el Centro Nacional de la Cultura (CENAC).

El festival tendrá a Estados Unidos como país invitado y contará con artistas nacionales e internacionales, entre ellos Ed Calle, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Big Band del Instituto Nacional de la Música.

El 20 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m., se realizarán las Posadas de Luz, un recorrido por distintos espacios culturales del centro de San José.

La caminata iniciará en la Dirección de Patrimonio Cultural y pasará por el Cine Variedades, Centro de Cine, Taller Nacional de Teatro, Pinacoteca y Biblioteca Nacional, para terminar en el CENAC. A lo largo del recorrido habrá coros, pasacalles y degustaciones de comidas, bebidas y postres típicos navideños.

Ese mismo fin de semana, la Antigua Aduana recibirá VIVÍ Vitrina Visual CR, una plataforma pública enfocada en fortalecer el mercado de las artes visuales costarricenses.

Participarán 70 artistas seleccionados entre 193 propuestas, además de nueve artistas invitados, entre ellos Leda Astorga, Fernando Carballo, Rosella Matamoros, Fabio Herrera y Otto Apuy.

Boyeros, marimbas y abolición del Ejército

Las tradiciones costarricenses también tendrán un espacio importante dentro de la agenda.

El 28 y 29 de noviembre, el Parque Metropolitano La Sabana será sede del Festival de Boyeros, que incluirá actividades en homenaje al Día Nacional de la Marimba Costarricense.

El sábado se realizará el tradicional sesteo de carretas y yuntas, acompañado por bailes, cimarrona y conciertos, mientras que el domingo se llevará a cabo el desfile de boyeros.

La programación también incorporará la celebración por los 78 años de la abolición del Ejército.

El 29 de noviembre, el Museo Nacional albergará un festival con feria de emprendimientos, títeres y conciertos, mientras que el 1.º de diciembre se realizará un desfile de bandas desde las cercanías del Cine Variedades hasta la Plaza de la Democracia.

Posteriormente, la Orquesta Sinfónica Juvenil presentará el concierto Costa Rica Canta junto a artistas nacionales.

Coros, iluminación y espectáculos navideños

Del 1.º al 3 de diciembre, los jardines del Teatro Nacional recibirán la tradicional Jornada Coral Navideña, que alcanzará 52 años de historia.

El programa incluirá villancicos, canciones navideñas, lectura de cuentos y la bendición del pasito.

El 3 de diciembre, la fachada del Museo de Arte Costarricense será utilizada para un espectáculo de video mapping, acompañado de música, actividades artísticas y gastronomía navideña.

Entre el 6 y el 16 de diciembre, el Teatro Nacional presentará “Donde nace la luz”, un espectáculo que combinará teatro, danza y música sinfónica en vivo.

La obra contará la historia de Lucía, una joven que realiza un recorrido mágico por Costa Rica para reencontrarse con el significado de una Navidad costarricense.

Feria, mercado y desfiles cerrarán diciembre

La Feria Hecho Aquí se realizará del 4 al 6 de diciembre en la Antigua Aduana y tendrá a Filipinas como país invitado.

El evento reunirá productos costarricenses y una programación cultural con música, danza, cine, cimarronas y agrupaciones nacionales.

Del 18 al 20 de diciembre, el CENAC se convertirá en un Mercado Navideño, con emprendimientos de artesanía, gastronomía, textiles y cuero, además de conciertos y espectáculos infantiles.

El 25 de diciembre, La Sabana recibirá un concierto navideño con actividades familiares, mientras que el 26 de diciembre se realizará el Desfile del Día Nacional del Caballista, desde Plaza Víquez hasta La Sabana.

La temporada cerrará el 27 de diciembre con Costa Rica de Fiesta: Desfile por las 7 provincias, que recorrerá las calles de San José con bandas de marcha y representaciones artísticas inspiradas en las distintas regiones del país.

Rodríguez Vives resumió la propuesta como una invitación a ocupar los espacios culturales y públicos durante el cierre de año. “Tiempo de Compartir es una invitación a llenar las plazas, los teatros y los museos”, señaló el jerarca.

La detención de los productores de conciertos Don Stockwell Ulloa y Hugo Benavides Barboza como parte del Caso Éxodo no solo puso bajo la lupa las inversiones realizadas en espectáculos masivos en Costa Rica, sino que también hizo aflorar los contactos que ambos empresarios mantuvieron con figuras de la política nacional.

Los vínculos conocidos hasta ahora son de naturaleza diferente. En el caso de Stockwell, existen registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre aportes económicos a agrupaciones políticas, incluido un desembolso superior a ₡14 millones (USD 30 mil) relacionado con la campaña presidencial de Natalia Díaz para las elecciones de 2026.

En el de Barboza, fotografías y videos documentan un encuentro con la actual presidenta Laura Fernández, ocurrido en marzo pasado durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional. Para entonces, Fernández ya había ganado las elecciones y, además, ejercía como ministra de la Presidencia.

Los hechos adquieren relevancia después de que ambos productores fueran detenidos este miércoles 7 de octubre en los 22 allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía dentro del Caso Éxodo.

Las autoridades investigan una presunta estructura de legitimación de capitales relacionada con la organización atribuida a Edwin Vargas García, alias “Sobrino”. El OIJ informó que esa estructura habría invertido alrededor de USD 859,000 en tres eventos artísticos en los que tuvieron participación Stockwell y Barboza.

Laura Fernández recibió flores y se fotografió con Hugo Barboza

Uno de los encuentros que cobró relevancia tras las detenciones ocurrió el 28 de marzo de 2026, durante el concierto de la agrupación mexicana Grupo Firme, producido por H Barboza Producciones en el Estadio Nacional.

Ese día, Laura Fernández ingresó a espacios exclusivos del espectáculo y se encontró con Barboza.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas tanto por la propia Fernández como por la empresa del productor y otros perfiles en redes sociales. En ellas aparece la mandataria sosteniendo un ramo de flores y conversando con Barboza.

En uno de los videos se escucha a Fernández decir: “Muy feliz de apoyar el arte y el talento a nivel regional”. Posteriormente se despide del productor con un beso en la mejilla y un abrazo.

La entonces presidenta electa también ingresó al área detrás del escenario y conversó con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, a quien habló sobre su próxima llegada a la Presidencia.

Francisco Gamboa y el actual director de Inteligencia también estuvieron presentes

Fernández no acudió sola.

En la actividad estuvo acompañada por su esposo, Jeffry Umaña, y por Francisco Gamboa, quien para ese momento era vicepresidente electo y actualmente ocupa la primera Vicepresidencia de la República.

Las imágenes también muestran a Pablo Martínez Bertozzi, quien entonces se desempeñaba como asesor presidencial y posteriormente, el 1.º de junio, fue nombrado director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

La presencia de funcionarios y autoridades alrededor de Fernández generó cuestionamientos en medios nacionales sobre los controles de seguridad aplicados a quienes podían tener contacto directo con la futura mandataria.

Esto ocurre porque, según información publicada este miércoles, las pesquisas relacionadas con Barboza y Stockwell no comenzaron después de aquel concierto. El OIJ llevaba aproximadamente dos años investigándolos, por lo que Barboza ya figuraba como objetivo de las autoridades cuando ocurrió el encuentro de marzo.

Sin embargo, no existe información que atribuya a Fernández o Gamboa participación en las operaciones financieras investigadas en el Caso Éxodo.

Barboza habría presumido las fotografías

Un nuevo elemento surgió horas después de conocerse las detenciones.

Según informó La Nación, una fuente policial vinculada con la investigación aseguró que Barboza habría presumido ante otros integrantes de la estructura las fotografías que consiguió con Laura Fernández, mediante conversaciones en Snapchat.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que las autoridades costarricenses recibieron colaboración del FBI de Estados Unidos para obtener y preservar comunicaciones realizadas mediante esa plataforma entre personas investigadas en el Caso Éxodo.

Díaz explicó que se logró establecer comunicación a través de una red social entre alias “Sobrino” y el productor de eventos y que esos intercambios resultaban de interés para la investigación.

Don Stockwell aportó más de ₡14 millones a campaña de Natalia Díaz

El vínculo político documentado de Don Stockwell tiene un componente distinto: financiamiento electoral.

De acuerdo con registros de contribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones, citados este miércoles por CRHoy, Stockwell aportó más de ₡14 millones a Unidos Podemos, partido que llevó a la exministra Natalia Díaz como candidata presidencial en las elecciones de 2026.

El productor no se limitó al aporte económico. Fotografías publicadas durante la campaña muestran a Stockwell participando junto a Díaz en diferentes actividades políticas.

Otro caso reciente puso bajo la lupa contactos con el oficialismo

El caso de los productores se conoce pocos días después de que otro episodio generara cuestionamientos sobre contactos de personas investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico con figuras políticas.

Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, ciudadano chino nacionalizado costarricense, fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos y es señalado por las autoridades como uno de los principales presuntos legitimadores de capitales provenientes del narcotráfico en Costa Rica; la investigación estadounidense lo vincula con organizaciones criminales de México y Colombia.

Tras su captura circuló una fotografía suya con Pilar Cisneros, tomada durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández el 1.º de febrero, encuentro que la exdiputada confirmó, aunque aseguró que no conocía al empresario ni había hablado con él.

Fernández también negó conocerlo y afirmó desconocer por qué estuvo en el festejo. El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció posteriormente una investigación interna para determinar quién invitó a Tam Zhang y cómo ingresó a la actividad, mientras sectores de oposición plantearon investigar sus supuestos vínculos con la agrupación.

Bryan Ruiz será el entrenador oficial de Costa Rica después de haber dirigido de manera interina los partidos ante Nicaragua y Haití, dos triunfos que aseguraron la permanencia de la selección en la Liga A de Concacaf y la devolvieron al quinto puesto regional.

La decisión fue confirmada por una fuente cercana a la situación a Diario Extra, aunque todavía resta definir a los asistentes técnicos.

El ex capitán de la Tricolor había asumido tras la salida de Fernando “Bocha” Batista con una misión limitada a dos encuentros. La federación lo convocó cuando el equipo ya había comprometido su participación en la Liga de Naciones y enfrentaba el riesgo concreto de caer a la Liga B.

Costa Rica cerró esa ventana con seis puntos, cinco goles a favor y ninguno recibido. El equipo venció 0-3 a Nicaragua en Managua y luego superó 2-0 a Haití, resultados que modificaron un panorama que había quedado deteriorado por las derrotas previas.

De la derrota ante Curazao a la permanencia en la Liga A

La crisis se había profundizado en el estadio Ricardo Saprissa, donde Costa Rica ganaba 3-0 ante Curazao y terminó perdiendo 3-4. Después sufrió una derrota 2-0 contra Haití el 27 de septiembre, una secuencia que precipitó la salida de Batista.

La posibilidad de descenso dejó de ser una amenaza lejana. Ruiz recibió un equipo eliminado de la pelea principal de la Liga de Naciones, con dos partidos por delante y la obligación inmediata de ganar para evitar un golpe mayor para el fútbol costarricense.

El debut llegó en Nicaragua, con Keylor Navas en el arco y una formación que incluyó a Yerlan Sosa, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Darril Araya, Sebastián Acuña, Roan Wilson, Claudio Montero, Carlos Mora, Kenyel Michel y Orlando Sinclair. Sinclair, Mora y Michel marcaron los goles de la victoria.

La presión por el riesgo de descenso había condicionado ese primer compromiso. Ruiz lo explicó después del encuentro en Managua: “La dificultad de nosotros en este partido era que podíamos descender a la B, era mucha presión”.

El entrenador modificó la convocatoria que había heredado de Batista. Entre sus principales decisiones estuvieron los regresos de Keylor Navas, Celso Borges, Juan Pablo Vargas y Roan Wilson, además de la titularidad de Sosa, un jugador al que conocía de las divisiones menores de Alajuelense.

Las lesiones y otras circunstancias forzaron nuevos cambios para recibir a Haití. Rónald Matarrita, Anthony Hernández y Mayron George ingresaron en la lista, que quedó integrada por 23 futbolistas y también mantuvo a Navas, Borges, Sosa, Vargas, Michel, Mora y Sinclair.

El segundo triunfo completó el objetivo que se había planteado al inicio de la gestión. Tras el 2-0 ante Haití, Ruiz resumió sus dos partidos en el banquillo: “Estoy muy contento por las dos victorias, no eran partidos fáciles, Haití juega muy bien, tiene años de trabajo, hay que darle valor a la victoria. De mi parte, tarea cumplida, a partir de mañana veremos qué pasa”.

El quinto puesto regional y el camino hacia la Copa Oro

Costa Rica terminó la ventana internacional como quinta selección de Concacaf, con 1.534 puntos y una mejora de seis unidades en la clasificación. Solo quedó por detrás de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

La Tricolor superó en esa tabla a Jamaica, con 1,530 puntos; Haití, con 1,516; y Honduras, con 1,464. La recuperación de posiciones tendrá incidencia en los preliminares de marzo que definirán la presencia del país en la Copa Oro, mientras que la ventana internacional de noviembre también influirá en la configuración de esas series.

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, destacó la claridad táctica y la seguridad que mostró el equipo bajo el mando de Ruiz. En declaraciones recogidas por CR Hoy, consideró que el ex jugador tiene condiciones para consolidar una carrera prolongada como entrenador.

“Bryan eso lo ha hecho muy bien, es inteligente, tiene una capacidad tremenda y creo que tenemos un entrenador para muchos años. Dios quiera que siga ahí, desgraciadamente está el tema familiar, pero y ojalá se quede en la Selección, porque yo creo que se presta, porque hay espacios para que él maneje su tema familiar y lo mismo que de la Selección”, afirmó Ramírez en una entrevista con LDA Media.

El entrenador rojinegro también resaltó la decisión de convocar a futbolistas con recorrido internacional, como Borges y Matarrita. “Ayuda mucho tener a Celso, el mismo Matarrita, gente de experiencia, y no solo de experiencia sino que dan el ejemplo a seguir y que los muchachos jóvenes los ve a ellos con esa disposición, con muchas ganas, eso retroalimenta mucho y ayuda a que caminen juntos”, señaló.

Una ofensiva judicial desplegada desde la madrugada de este miércoles 7 de octubre puso bajo la lupa el negocio de los espectáculos en Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos detuvieron a 18 personas, entre ellas los conocidos productores de conciertos Don Stockwell Ulloa y Hugo Benavides Barboza, como parte de la denominada Operación Éxodo.

Las autoridades realizaron 22 allanamientos en diferentes puntos del país, incluidos sectores de Santa Ana, Escazú, Curridabat, Granadilla, barrio México, Tibás, Cristo Rey, Alajuela, Heredia, Cartago y San Carlos.

También fue detenida la esposa de Barboza. El operativo constituye una segunda fase de las acciones contra la estructura atribuida a Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, quien permanece detenido desde enero de 2025 y a quien las autoridades señalan como líder de una organización vinculada con el narcotráfico.

Uno de los principales focos de las diligencias de este miércoles está relacionado con el dinero que presuntamente llegó al sector de los espectáculos.

Casi USD 860,000 vinculados con tres eventos

De acuerdo con información proporcionada por el director interino del OIJ, Michael Soto, aproximadamente USD 859,000 provenientes del grupo atribuido a “Sobrino” habrían sido colocados en tres eventos en los que tuvieron participación Stockwell y Barboza.

“Son eventos del 2024 y 2025 donde estas personas, tanto Barboza como Stockwell, tuvieron participación en esas actividades y recibieron inversión económica de parte del grupo de alias Sobrino”, explicó Soto.

El jerarca evitó inicialmente revelar los nombres de los artistas vinculados con esos espectáculos debido a que no tienen relación con los hechos investigados.

Sin embargo, información publicada por CRHoy con base en las pesquisas judiciales identificó operaciones relacionadas con tres espectáculos producidos por Stockwell: el concierto de Ricardo Montaner, realizado el 4 de noviembre de 2023; Nitro Circus, efectuado el 27 de enero de 2024; y la presentación de Aventura, del 5 de octubre de 2024.

Según esa información, “Sobrino” habría aportado USD 130,000 en efectivo para el espectáculo de Montaner. A esa cantidad se habrían sumado aproximadamente USD 41,753 provenientes de entradas y patrocinio, para una operación cercana a los USD 172,000.

Para Nitro Circus, el aporte atribuido a Vargas habría alcanzado USD 222,445, mientras que otros USD 127,545 habrían sido generados mediante entradas, llevando la operación a aproximadamente USD 350,000.

En el caso de Aventura, el aporte señalado habría sido de USD 300,000, acompañado de un rendimiento estimado en USD 37,500.

En conjunto, las tres operaciones rondarían los USD 859,253.

Sobre la manera en que habrían circulado esos recursos, Soto manifestó que “es muy probable que sean inversiones que se den en efectivo y no estén bancarizadas”.

Dos conocidos nombres del negocio de los espectáculos

Don Stockwell Ulloa es uno de los productores de eventos más reconocidos del país. Durante su trayectoria ha participado en la organización de conciertos de artistas y agrupaciones internacionales como Juanes, Chayanne, Lady Gaga, Daddy Yankee, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Black Sabbath y Megadeth, entre otros.

Agentes judiciales ingresaron desde aproximadamente las 4:00 a. m. a su vivienda, ubicada en un condominio de Santa Ana, como parte de las diligencias.

El segundo productor detenido es Hugo Benavides Barboza, propietario de H Barboza Producciones. Su vivienda en Tibás también figuró entre los puntos intervenidos.

Barboza ha organizado diferentes espectáculos internacionales y recientemente estuvo detrás de la presentación de Grupo Firme en el Estadio Nacional. Su productora también tenía programado un concierto de Beéle para el 17 de octubre en Parque Viva.

Stockwell, por su parte, tenía anunciado el espectáculo del rapero estadounidense Snoop Dogg para el 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal.

¿Quién es “Sobrino”?

El nombre que conecta las diligencias de este miércoles con una operación policial anterior es el de Edwin Vargas García, alias “Sobrino”.

Vargas fue detenido el 29 de enero de 2025, cuando las autoridades desarrollaron la denominada Operación Granero en diferentes puntos del país.

El OIJ atribuyó a su organización actividades relacionadas principalmente con narcotráfico y distribución de drogas al menudeo en sectores como Curridabat, Granadilla, Tibás, Cristo Rey y Desamparados.

Aquella intervención permitió decomisar aproximadamente ₡800 millones (USD 1.7 millones) entre bienes, dinero, joyas y otros activos. Solo las joyas relacionadas con “Sobrino” fueron valoradas en alrededor de ₡42 millones (USD 91 millones)

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó este miércoles que las autoridades detectaron lo que califican como “persistencia criminal”, debido a que integrantes de la organización habrían mantenido actividades pese a que algunos de sus líderes estaban encarcelados.

“Aunque los líderes estaban detenidos, reitero, continuaban con su organización, manejándola incluso desde las cárceles”, afirmó Díaz.

El fiscal resumió el objetivo patrimonial de la operación con otra frase: “Con esto prácticamente le quitamos el músculo a esta organización”.

Oro, ganado y propiedades también aparecen en el caso

Los espectáculos representan solo una parte de los movimientos económicos detectados por las autoridades.

Entre las actividades señaladas aparecen operaciones relacionadas con oro, bienes inmuebles, compra y venta de ganado, lotería clandestina, préstamos gota a gota y extorsiones.

En el caso del oro, Soto indicó que se detectaron operaciones de captación y fundición del metal para posteriormente trasladarlo hacia Estados Unidos.

Las autoridades también analizan una eventual relación con oro procedente de Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, aunque todavía no han establecido públicamente la cantidad ni el origen de todo el material involucrado.

Otro de los movimientos detectados corresponde a la adquisición de más de 60 cabezas de ganado, además de propiedades y vehículos de alto valor.

Vehículos de lujo, armas y efectivo

La dimensión patrimonial quedó reflejada también en los bienes ubicados durante los operativos.

El OIJ estimó preliminarmente en aproximadamente ₡700 millones (USD 1.5 millones) el valor de propiedades, vehículos y otros activos que buscaba inmovilizar durante las diligencias. La cifra corresponde a una estimación sobre los bienes objeto de las acciones y no significa que todo ese monto haya sido decomisado en efectivo.

Hasta la actualización disponible durante la mañana, los agentes habían incautado aproximadamente 10 vehículos y motocicletas de alta gama, siete armas de fuego y una cantidad de dinero en efectivo que todavía debía ser contabilizada.

Uno de los allanamientos estuvo cerca de terminar en un enfrentamiento.

En Turrúcares de Alajuela, un sospechoso apareció con una escopeta cuando agentes del grupo táctico ingresaban a la propiedad.

“Estuvimos muy cercanos de tener un enfrentamiento directo con uno de los sujetos, ya que cuando va ingresando nuestro grupo táctico, este sujeto sale con una escopeta”, relató Soto.

El hombre finalmente obedeció las instrucciones de los agentes y no se produjo un intercambio de disparos.

18 detenidos en 22 allanamientos

El balance divulgado por el OIJ durante la mañana de este miércoles era de 18 personas detenidas como resultado de los 22 allanamientos.

Además de Stockwell y Barboza, entre los aprehendidos aparecen personas de apellidos Vargas, Hernández —dos personas—, Agüero, Solano, Roses, Alvarado, Provenza, Berrocal, Pérez, Alfaro, Madriz, Acuña, García, Chacón y Oviedo.

Las autoridades no han detallado públicamente el grado de participación atribuido a cada uno de los detenidos.

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las solicitudes de medidas cautelares que presentará ante los tribunales.

La campaña electoral de Costa Rica 2026 estuvo acompañada por un ecosistema de desinformación más intenso, descentralizado y tecnológicamente sofisticado, según un informe elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Observatorio Complutense de Desinformación.

El estudio documentó 257 incidentes de interferencia y manipulación de la información (IMI) entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, periodo que abarcó la etapa previa a los comicios, la jornada electoral del 1 de febrero y las semanas posteriores. La muestra fue construida mediante monitoreo de redes sociales, medios digitales y contenidos identificados por plataformas de verificación.

Los investigadores clasificaron los casos entre desinformación, información errónea e información maliciosa y encontraron presencia de contenido fabricado, publicaciones fuera de contexto, material engañoso y episodios de acoso digital.

Uno de los principales hallazgos fue el peso de las redes sociales. Facebook concentró 179 incidentes, mientras que TikTok registró 85, X contabilizó 23 e Instagram ocho. Un mismo contenido podía circular por más de una plataforma, por lo que las cifras no son excluyentes entre sí.

El informe advierte que la concentración de casos en Facebook y TikTok guarda relación con el alcance que ambas plataformas tienen entre los usuarios costarricenses y su capacidad de viralización.

TSE y candidaturas estuvieron entre los principales blancos

Las candidaturas presidenciales y legislativas fueron el principal objetivo de los contenidos identificados, con 105 registros, seguidas por los partidos políticos, con 80, y el órgano electoral, con 61.

Los investigadores detectaron, entre otras prácticas, imágenes manipuladas y contenidos generados mediante inteligencia artificial que buscaban asociar a candidatos costarricenses con figuras políticas latinoamericanas altamente polarizantes.

En el análisis específico de las narrativas, el bloque más numeroso fue el relacionado con la integridad del proceso electoral y los ataques contra el TSE, que agrupó 71 casos.

Estos contenidos incluían acusaciones de supuesto fraude, presunta manipulación del sistema de transmisión de resultados, diferencias en los conteos manuales, afirmaciones sobre parcialidad del órgano electoral y hasta instrucciones falsas sobre cómo emitir el voto.

El estudio encontró además que buena parte de estas publicaciones apareció después de la elección, particularmente entre el 2 de febrero y el 1 de marzo.

Entre ellas circularon afirmaciones sobre un supuesto informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que habría detectado fallas en el sistema de transmisión de resultados. El informe de PROLEDI sostiene que esas acusaciones eran falsas y contradecían las conclusiones de la misión de observación de la OEA sobre el proceso costarricense.

Otro grupo de 54 casos fue clasificado dentro de la narrativa “Gobierno bajo ataque” y élites, en la que se presentaba al oficialismo y a figuras como Rodrigo Chaves y Laura Fernández como víctimas de medios de comunicación, sectores económicos, el Poder Judicial u otros actores.

Según el documento, una de sus conclusiones centrales es que las elecciones estuvieron marcadas por una “campaña sistemática de deslegitimación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de actores políticos de Inteligencia artificial apareció en 55 incidentes

El estudio también pone especial atención en el uso de inteligencia artificial generativa, herramienta que fue identificada en 55 de los 257 incidentes analizados.

Los investigadores encontraron imágenes, audios y videos producidos o manipulados mediante IA. En lugar de crear narrativas completamente nuevas, la tecnología fue utilizada para reforzar temas que ya circulaban en la campaña, como el anticomunismo, los cuestionamientos al TSE y los ataques contra candidaturas.

Casi una tercera parte de los casos con inteligencia artificial representaba a políticos costarricenses junto a personajes como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Fidel Castro o Hugo Chávez, a través de montajes en los que aparecían juntos, estrechándose la mano o brindándose apoyo.

Uno de los ejemplos mencionados en el informe fue un video falso en el que Nicolás Maduro supuestamente expresaba respaldo al candidato Ariel Robles. Ese contenido acumuló aproximadamente 298,000, visualizaciones en Facebook.

Para los investigadores, estos datos muestran que la IA dejó de ser un elemento marginal y pasó a integrarse en las estrategias de manipulación de contenido político.

Influencers y cuentas de difícil identificación

Otro hallazgo relevante es que 255 de los 257 incidentes, equivalentes al 99,2%, circularon a través de canales que el estudio clasifica como no atribuidos directamente al Estado.

En esta categoría se incluyeron perfiles personales, páginas anónimas, espacios de difusión política y generadores de contenido cuya propiedad o administración no pudo vincularse de manera verificable con estructuras estatales.

Solo dos casos fueron clasificados como contenidos difundidos por canales vinculados al Estado; el informe los relacionó con cuentas oficiales en TikTok asociadas a la diputada Pilar Cisneros.

Los influencers, comunicadores o divulgadores fueron señalados como actores causantes en 107 registros, mientras que otros actores de identificación difusa acumularon 101 casos. Además, se contabilizaron 22 incidentes vinculados con pseudomedios o panfletos, 18 con medios de comunicación, 15 con cuentas que presentaban características de bots y nueve relacionados con candidaturas.

El informe advierte, sin embargo, que el hecho de que la mayoría de los canales no estuvieran formalmente vinculados al Estado no implica que las narrativas carecieran de orientación política. Según los investigadores, una parte importante mostró “una notable alineación con la agenda del oficialismo”, aunque el propio estudio señala que esto no permite concluir necesariamente que existieran estructuras formalmente coordinadas.

UCR advierte sobre cambio en el ecosistema político

En su evaluación final, el informe sostiene que Costa Rica pasó de un entorno informativo históricamente estable a uno altamente polarizado, en el que la desinformación dejó de ocupar una posición marginal y empezó a utilizarse de manera sistemática dentro de la confrontación política.

La investigación vincula esa transformación con factores acumulados como la pérdida de confianza institucional, la fragmentación del sistema de partidos, cambios en el ecosistema de medios y un estilo de comunicación política más confrontativo.

Pese a los ataques identificados, el TSE logró preservar la integridad del proceso electoral y mantener estable la confianza ciudadana en el organismo.

La respuesta institucional incluyó nueve conferencias de prensa, más de 50 comunicados, tres cadenas nacionales, el micrositio “¡Que no lo engañen!”, más de 40 contenidos difundidos durante el día de las elecciones y el proyecto Votante Informado.

Aun así, los investigadores consideran que el desafío supera la capacidad de una sola institución y plantean la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática, la transparencia de la publicidad electoral, los mecanismos de monitoreo y la discusión sobre una regulación democrática de las plataformas digitales.

Los drenajes, rellenos, incendios y movimientos de tierra comprometen el agua y el hábitat del humedal de Coris, en Cartago, donde al menos 10 especies de aves amenazadas o en peligro de extinción encuentran refugio, alimento y espacios de descanso durante sus migraciones.

La degradación también limita la capacidad del ecosistema para contener agua de lluvia, una función que podría ayudar a reducir inundaciones en sectores cercanos, informó CR Hoy.

Desde 2024, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental mantiene abierta la causa 24-000030-0611-PE por el presunto delito de drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales. Entre las propiedades bajo investigación se encuentra una donde opera el proyecto Hybrida Farms, de Vantage Point Global CR S. A., ante posibles afectaciones a cuerpos de agua y al ecosistema.

El humedal de Coris reúne 129 especies de aves

Los monitoreos realizados en Coris identificaron 129 especies de aves, de las cuales 40 son acuáticas. Diez forman parte de la lista costarricense de especies amenazadas contemplada en el reglamento de conservación de vida silvestre, lo que refleja la importancia del sitio para poblaciones que tienen pocos ambientes disponibles en el Valle Central.

El biólogo de la Organización para Estudios Tropicales, Jossy Calvo, explicó a CR Hoy que las aves encuentran allí un espacio para refugiarse. El humedal también recibe especies migratorias que requieren descansar y alimentarse antes de continuar sus recorridos hacia otros destinos.

Coris es un humedal palustre, un ecosistema de condiciones semejantes a las de un pantano. Calvo lo definió como el humedal palustre natural más grande del Área Metropolitana y, posiblemente, de todo el Valle Central, una región donde otros ambientes de este tipo fueron modificados o desaparecieron.

La escasez de humedales similares incrementa la relevancia del área. Las plantas acuáticas que sobreviven en Coris casi no se encuentran en otros sectores del Valle Central, donde las transformaciones del terreno eliminaron o alteraron espacios con abundante presencia de agua.

“El desconocimiento hace que sean los ecosistemas más amenazados del país, ni qué decir en el Valle Central”, afirmó Calvo a CR Hoy. El especialista añadió que Coris se mantiene entre los últimos humedales palustres de la zona.

Los drenajes redujeron la capacidad natural de almacenar agua

La coordinadora regional del Programa de Recurso Hídrico y Cuencas Hidrográficas del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fulvia Wohl, indicó que la red de drenajes artificiales cambió el funcionamiento natural del humedal. Esas estructuras permiten que el agua salga con rapidez, en lugar de permanecer acumulada en el terreno.

La ubicación de Coris favorece la concentración de caudales. El área se encuentra en una zona baja que recibe agua de terrenos cercanos y de las montañas próximas, incluidos los cerros de La Carpintera, aunque varias quebradas fueron modificadas y canalizadas.

“Si esos drenajes no se hubieran hecho, existiría un gran espejo de agua”, sostuvo Wohl. La pérdida de esa reserva afecta la capacidad del ecosistema para contener parte del caudal que baja desde las zonas más altas durante los períodos de lluvia.

El humedal de Coris podría retener agua y liberarla de forma gradual mediante evaporación e infiltración si conservara mejores condiciones. Esa función disminuiría la llegada inmediata de grandes volúmenes de agua a áreas cercanas, aunque los drenajes y las alteraciones acumuladas redujeron esa posibilidad.

Los incendios sumaron otra presión sobre el ecosistema al eliminar cobertura vegetal. Tras esos episodios, algunas plantas de crecimiento más rápido ocuparon sectores en los que podrían desarrollarse especies hidrófilas, adaptadas a vivir en ambientes con abundante agua.

Wohl afirmó que el sitio “no está cumpliendo una función hidrológica correcta porque está drenado”. Ante ese deterioro, consideró que la fauna representa el principal valor que conserva actualmente el área.

El cierre de drenajes sería el primer paso para rehabilitar el área

La recuperación del humedal requeriría un plan para identificar las áreas con mayor posibilidad de rehabilitación y aplicar intervenciones progresivas. Entre los sectores prioritarios, Wohl mencionó el lugar donde brotan nacientes termales, que podría tener condiciones favorables para restablecer parte de las dinámicas naturales del ecosistema.

La restauración total enfrenta límites por la presencia de viviendas, industrias y propiedades privadas dentro del humedal. Por esa razón, la especialista planteó una zonificación que defina cuáles sectores pueden ser rehabilitados y qué restricciones deberían aplicarse en cada uno.

La primera acción consistiría en devolverle al terreno su capacidad para acumular agua. Para lograrlo, sería necesario cerrar los drenajes artificiales y retirar diques u otras estructuras que modifican el flujo, de modo que el ecosistema pueda iniciar un proceso de recuperación por sus propios mecanismos.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación recibe denuncias constantes por presuntas afectaciones dentro del área, entre ellas nuevos drenajes, construcciones y movimientos de tierra. La condición de humedal restringe las actividades que pueden realizar los propietarios en esos terrenos.

Wohl relató que presentó una denuncia después de observar el vertido de aguas procedentes de una caballeriza mientras trabajaba en la zona. Ese hecho forma parte de las presiones que enfrenta un ecosistema clave para las aves acuáticas y para la regulación natural del agua en Coris.

La onda tropical N.° 50 prevista para el viernes coincidirá con suelos que ya registran niveles de saturación de entre 80% y 90% en sectores de Costa Rica.

El escenario eleva la vulnerabilidad ante inundaciones, deslizamientos y problemas en los sistemas de alcantarillado urbanos.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anticipó que la combinación de humedad, temperaturas cálidas y vientos débiles mantendrá las condiciones favorables para lluvias y aguaceros durante los próximos días.

La onda tropical se sumará a la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical y a la inestabilidad en la atmósfera alta al sur de la región. Esos factores sostendrán el patrón de precipitaciones propio de la época lluviosa, con mayor actividad durante las tardes.

El IMN prevé aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en distintas regiones del país. Las lluvias tendrán mayor presencia en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, donde algunos episodios podrían alcanzar fuerte intensidad, según datos de El Observador.

“Entre los elementos que favorecerán este patrón se encuentran la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical, la inestabilidad en la atmósfera alta al sur de la región y el ingreso de la onda tropical el viernes”, señaló la institución.

Las precipitaciones también alcanzarán zonas montañosas de ambas vertientes. En el oeste del Caribe y en el centro de la Zona Norte, el pronóstico apunta a lluvias más aisladas.

Entre el jueves y el domingo aumentará la posibilidad de lluvias localizadas en horas de la mañana. El Meteorológico atribuyó esa previsión a la inestabilidad sobre las aguas del Pacífico cercanas al territorio nacional.

Durante la noche, el panorama incluirá lluvias dispersas y posibles aguaceros con tormenta en la vertiente del Pacífico. De forma ocasional, esa actividad podría extenderse hacia sectores del Valle Central.

La humedad del suelo aumenta el riesgo de afectaciones

La advertencia adquiere relevancia por el nivel de humedad acumulada en el terreno. El IMN informó que la saturación alcanza entre 80% y 90% en el oeste del Valle Central, las montañas de la Zona Norte y el Pacífico Central.

“Para la tarde se esperan aguaceros dispersos con tormenta eléctrica, especialmente sobre el eje montañoso”, indicó el organismo, citado por El Observador. La entidad añadió que las precipitaciones podrían llegar a zonas bajas de la Gran Área Metropolitana (GAM) y Guanacaste.

Los acumulados estimados para esos eventos se ubican entre 40 mm y 60 mm, aunque algunos puntos podrían superar los 70 mm. En el Caribe y la Zona Norte, las lluvias asociadas a tormentas que ingresen desde el mar dejarían entre 20 mm y 30 mm.

El pronóstico se conoce después de una jornada de lluvias intensas. El lunes se registraron acumulados de entre 40 mm y 80 mm en el Pacífico Norte, mientras que sectores montañosos del Valle Central, principalmente alrededor de San Ramón, recibieron hasta 70 mm.

La persistencia de lluvias sobre terrenos con alta humedad puede favorecer el desprendimiento de tierra en zonas vulnerables y el aumento de caudales. También existe riesgo de que los sistemas de drenaje se saturen en áreas urbanas.

Durante el resto de la semana se mantendrán las temperaturas cálidas, la elevada humedad y los vientos débiles. El IMN indicó además que habrá recurrencia de brisas provenientes del oeste.

Emprendedores costarricenses que buscan mejorar la presentación de sus productos, incorporar nuevas herramientas tecnológicas o encontrar alternativas para producir de manera más eficiente tendrán la posibilidad de capacitarse gratuitamente durante tres días en la Expográfica 2026, una feria especializada que reunirá más de 100 stands y especialistas nacionales e internacionales.

El encuentro se realizará del jueves 8 al sábado 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con entrada gratuita para los visitantes. Las actividades estarán disponibles de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. durante las tres jornadas.

La feria busca acercar diferentes tecnologías tanto a negocios que apenas comienzan como a compañías que ya cuentan con procesos de producción consolidados.

Entre las opciones que podrán observarse se encuentran alternativas dirigidas, por ejemplo, a quienes necesitan crear empaques o etiquetas para productos alimenticios, personalizar camisetas y tazas, realizar bordados, imprimir sobre distintos materiales o producir rótulos para vehículos y establecimientos comerciales.

Los asistentes también podrán conocer maquinaria y soluciones de impresión de gran formato, DTF para personalización textil, impresión UV, sublimación, corte láser, textiles, etiquetas, empaques, acabados, programas informáticos, inteligencia artificial y herramientas de automatización.

Uno de los componentes principales de la actividad será la posibilidad de observar los equipos funcionando en tiempo real, lo que permitirá a los visitantes comparar tecnologías antes de tomar decisiones de inversión para sus negocios.

Una industria presente en pequeños y grandes negocios

La actividad es organizada por la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (ASOINGRAF) y alcanzará en 2026 su edición número 18.

La organización pretende además mostrar que la industria gráfica no se limita a las grandes empresas dedicadas tradicionalmente a la impresión, sino que interviene en numerosos procesos cotidianos de pequeños emprendimientos.

Una etiqueta colocada en un producto artesanal, el diseño de una caja, una camiseta personalizada, la rotulación de un automóvil o la presentación visual de una marca forman parte de las aplicaciones vinculadas con esta industria.

Marco Vinicio Vargas, presidente de ASOINGRAF, aseguró que muchas de estas soluciones pueden representar oportunidades para aumentar la productividad de los negocios.

“Muchas veces se piensa en la industria gráfica únicamente como grandes imprentas, cuando en realidad forma parte de la operación diaria de negocios de todos los tamaños”, señaló Vargas.

El representante agregó que las tecnologías del sector participan directamente en la manera en que los productos son presentados, identificados y promocionados frente a los consumidores.

Según Vargas, “Expográfica permite acercarse a esas posibilidades, conocer nuevas tecnologías, capacitarse y encontrar soluciones que pueden ayudar tanto a un emprendimiento que empieza como a una empresa consolidada a crecer y producir de manera más eficiente”.

La exposición también tendrá como patrocinador oficial a Epson, empresa que destacó la posibilidad de que pequeños y medianos empresarios conozcan tecnologías que habitualmente no utilizan dentro de sus operaciones.

José Brenes, gerente regional de Mercadeo y Comunicación de Epson, aseguró que estos espacios permiten transformar la innovación en herramientas aplicables directamente dentro de los negocios.

“Eventos como Expográfica son clave para acercar soluciones tecnológicas al sector empresarial. Son escenario para que las pymes, emprendedores y empresas de diversos tamaños descubran e integren soluciones tecnológicas a su medida, convirtiendo la innovación y el conocimiento en productividad real”, afirmó Brenes.

Capacitación sin costo durante la feria

Además de la exhibición comercial, los organizadores prepararon un programa de conferencias gratuitas sobre sostenibilidad, personalización de productos, redes sociales, productividad y nuevas tendencias relacionadas con la industria gráfica.

Una de las conferencias será “Imprimiendo el futuro: ecodiseño estratégico en empaques y etiquetas”, impartida por Luis David Mendoza, de Colombia.

La exposición abordará temas relacionados con economía circular, reducción en el uso de plásticos y nuevas alternativas para el desarrollo de empaques y etiquetas.

También se ofrecerá la conferencia “La revolución textil ya llegó: DTFilm, DTFabric, DTG y Sublimación en un solo lugar”, a cargo de Bryan López, dirigida principalmente a personas vinculadas con la personalización de prendas o interesadas en ingresar a este mercado.

La agenda incluirá además “Hazte Cargo”, impartida por Taimer Quero Lugo, de Venezuela, quien hablará sobre redes sociales, contenido orgánico y estrategias para comunicar el valor de un negocio.

Otro de los espacios estará a cargo de Oliver Zúñiga, con la charla “No sospechas lo que se puede hacer con animación”, enfocada en diferentes aplicaciones de esta herramienta.

El programa general contempla además conferencias relacionadas con flexografía, troquelado, optimización del color, consumo de tinta, empaques, procesos de impresión y gestión empresarial.

Todas estas actividades serán gratuitas, aunque el ingreso estará sujeto a la disponibilidad de espacio en cada conferencia.

Inteligencia artificial y sostenibilidad

En paralelo con Expográfica se realizará durante el 8 y 9 de octubre el FESPA Print Leadership Central America, un encuentro especializado que abordará innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad y gestión empresarial.

A diferencia del programa general de conferencias de Expográfica, esta actividad tendrá un esquema de acceso independiente.

La feria busca así combinar exhibición, capacitación y contacto directo con proveedores en un momento en el que herramientas como la automatización, la inteligencia artificial y nuevos sistemas de impresión están modificando los procesos de producción y comercialización de empresas de diferentes tamaños.

Los interesados podrán consultar el programa completo, los horarios de las conferencias y el proceso de registro a través del sitio oficial de ASOINGRAF.

La inmunidad constitucional dejaría de impedir o retrasar investigaciones penales por delitos sexuales contra diputados y otros integrantes de los supremos poderes si prospera un proyecto presentado esta semana en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 25.825, plantea modificar los artículos 110, 121 inciso 9), 143 y 151 de la Constitución Política. Su objetivo es establecer una excepción expresa al fuero constitucional cuando se investiguen hechos relacionados con abuso sexual, acoso sexual u otros delitos de naturaleza sexual.

La reforma es impulsada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y tiene como principal firmante al jefe de fracción, Álvaro Ramírez Bogantes. También aparece respaldada por legisladores como Iztarú Alfaro Guerrero, Rafael Ángel Vargas Brenes, Andrea Valverde Palavicini, Marco Francisco Badilla Chavarría, Diana Murillo Murillo, Karen Alfaro Jiménez, Janice Sandí Morales, Mangell Mc Lean Villalobos, Norjelens Lobo Vargas, Karol Matamoros Montoya, Ronald Campos Villegas, Salvador Padilla Villanueva, Víctor Manuel Hidalgo Solís, Ángela Aguilar Vargas y Eder Hernández Ulloa.

El cambio no eliminaría la inmunidad parlamentaria ni el fuero constitucional de manera general. La protección se mantendría para otros tipos de procesos, pero dejaría de operar como requisito previo para iniciar o continuar una causa penal relacionada con delitos sexuales.

Actualmente, determinados altos funcionarios cuentan con protecciones constitucionales que obligan a seguir procedimientos especiales antes de que puedan ser sometidos a ciertas causas judiciales. En algunos casos, la Asamblea Legislativa debe decidir previamente si levanta el fuero o si existe lugar a formación de causa.

No solo alcanzaría a los diputados

Aunque buena parte de la discusión pública se ha concentrado en la inmunidad de los legisladores, el alcance del proyecto es más amplio.

La reforma al artículo 110 modificaría las reglas aplicables a diputados; el cambio al artículo 143 alcanzaría a ministros, mientras que la modificación al artículo 151 permitiría investigar penalmente a quien ocupe la Presidencia o una Vicepresidencia de la República por delitos sexuales sin que previamente exista una declaratoria de formación de causa por parte del Congreso.

El artículo 121 inciso 9) también sería reformado para introducir la excepción en la competencia que actualmente tiene la Asamblea Legislativa para admitir acusaciones contra determinados integrantes de los supremos poderes.

El proyecto señala que la eliminación de ese requisito en delitos sexuales no significaría una declaración anticipada de culpabilidad.

Las personas investigadas mantendrían sus garantías de defensa, el derecho a conocer los cargos en su contra, controvertir las pruebas y ser representadas por una defensa técnica. La responsabilidad penal continuaría siendo determinada por los tribunales.

Para los proponentes, el fuero constitucional tiene como finalidad proteger el ejercicio de determinadas funciones públicas frente a posibles persecuciones políticas, no impedir investigaciones relacionadas con conductas sexuales presuntamente delictivas.

Álvaro Ramírez sostuvo que “hemos visto con mucha preocupación cómo se usa la inmunidad de los jerarcas de los supremos poderes como un escudo de impunidad frente a casos graves”, y mencionó específicamente delitos de naturaleza sexual.

El legislador agregó que el propósito es modificar las reglas para que esos casos puedan ser conocidos directamente por las autoridades judiciales sin depender previamente de una decisión política dentro del Congreso.

La discusión surge tras denuncias contra legisladores

La presentación de la iniciativa ocurre después de varias controversias relacionadas con denuncias de presunto hostigamiento sexual contra diputados.

En septiembre, legisladoras del Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) solicitaron al diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), renunciar a su inmunidad para enfrentar denuncias por presunto acoso sexual. El Ministerio Público confirmó entonces la existencia de denuncias contra el congresista, quien conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

Posteriormente, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, conformó una comisión especial de cinco diputados, uno por cada fracción legislativa, para investigar una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Obaldía bajo el reglamento interno del Congreso.

El proyecto presentado por Liberación Nacional hace referencia al debate generado por situaciones recientes dentro de la propia Asamblea Legislativa. Ramírez también mencionó públicamente el caso de Obaldía al explicar las razones de la propuesta.

Meses antes, el Congreso también había abordado una investigación por hostigamiento sexual contra el entonces diputado Fabricio Alvarado Muñoz. En abril, 33 legisladores aprobaron una amonestación ética pública dentro de ese procedimiento. En mayo, una moción que buscaba revertir el archivo del expediente fue rechazada por 29 votos contra 24.

Proyecto requerirá una mayoría calificada

Debido a que se trata de una reforma parcial de la Constitución Política, la iniciativa no seguirá el mismo procedimiento que un proyecto de ley ordinario.

La propuesta deberá superar las etapas constitucionales correspondientes y requerirá una mayoría calificada. Para avanzar, necesitaría el respaldo de al menos 38 diputados, equivalentes a dos terceras partes del total de integrantes de la Asamblea Legislativa.

El expediente se encuentra en la etapa de admisibilidad de reforma constitucional y todavía no registra votaciones.

El texto también utiliza cifras judiciales para justificar la necesidad de modificar el marco actual. Durante 2024 se registraron 15,562 mujeres ofendidas por ilícitos de naturaleza sexual, equivalentes al 87% del total consignado en la fuente utilizada por los proponentes.

La discusión legislativa determinará ahora si existe el respaldo suficiente para introducir por primera vez una excepción expresa a la inmunidad constitucional por delitos sexuales.

Ramírez aseguró que la bancada inició conversaciones con otras fracciones y resumió el objetivo de la iniciativa al señalar que “lo importante es cambiar las reglas del juego y que las reglas del juego reflejen el compromiso político y ético que tenemos”.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica desplegó a 13 funcionarios en distintas comunidades indígenas de los cantones de Talamanca, Limón y Turrialba, donde ofrecerá servicios de registro civil e identificación directamente en los lugares de residencia de sus habitantes.

La jornada comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre de 2026, con visitas programadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

De acuerdo con la institución, alrededor de 1,295 costarricenses podrán beneficiarse de esta iniciativa, que combina atención en puntos fijos con recorridos casa por casa por comunidades donde el acceso a oficinas institucionales puede representar largos desplazamientos y mayores costos para las familias.

Entre los trámites disponibles se encuentran reconocimientos, declaraciones de nacimiento, solicitudes de cédula de identidad por primera vez o reposición, procesos de paternidad responsable y ocursos, que corresponden a correcciones en asientos de inscripción.

Los habitantes también podrán solicitar certificados de nacimiento, defunción y estado civil, además de recibir información y asesoría relacionada con trámites de naturalización.

La iniciativa abarcará diferentes poblados indígenas, principalmente en territorios ubicados en zonas de difícil acceso de Talamanca, Limón y TurriEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desplegó a 13 funcionarios en distintas comunidades indígenas de los cantones de Talamanca, Limón y Turrialba, donde ofrecerá servicios de registro civil e identificación directamente en los lugares de residencia de sus habitantes.

La jornada comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre de 2026, con visitas programadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

De acuerdo con la institución, alrededor de 1.295 costarricenses podrán beneficiarse de esta iniciativa, que combina atención en puntos fijos con recorridos casa por casa por comunidades donde el acceso a oficinas institucionales puede representar largos desplazamientos y mayores costos para las familias.

Entre los trámites disponibles se encuentran reconocimientos, declaraciones de nacimiento, solicitudes de cédula de identidad por primera vez o reposición, procesos de paternidad responsable y ocursos, que corresponden a correcciones en asientos de inscripción.

Los habitantes también podrán solicitar certificados de nacimiento, defunción y estado civil, además de recibir información y asesoría relacionada con trámites de naturalización.

Entre las comunidades contempladas aparecen Bajo Bley, Pjuju, Rangalle, Tquey, Alto Bley, Broy, Cerro Águila y Dyesqira, así como otros poblados ubicados en los sectores de Bajo Telire y Alto Telire, en el cantón de Talamanca.

También se visitarán localidades como Alto Piedra Mesa, Arco Iris, Becbta, Bekbata, Cocotsa, Datziribata, Mureribata, Sipiri y Xiqey.

En el cantón central de Limón, las visitas incluyen poblados como Bayey, Shinabla, Shordy y Tamiju, ubicados en el distrito administrativo de Valle La Estrella.

En tanto, en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago, el TSE atenderá a residentes de comunidades como Bambú, Duchiitawasi y Sucuri, localizadas en la zona de El Chirripó.

Jóvenes podrán tramitar la Tarjeta de Identidad de Menores

La jornada también incluye un componente dirigido especialmente a personas de entre 12 y 17 años, quienes podrán solicitar la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

Para este servicio, tres funcionarios electorales atenderán en la Escuela Bajo Bley norte, en el distrito administrativo de Telire, cantón de Talamanca, entre el 6 y el 8 de octubre, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En caso de que la TIM sea solicitada por primera vez, el menor deberá presentarse acompañado de un testigo que sea familiar directo, como padres, abuelos, hermanos o tíos por consanguinidad.

Ese acompañante deberá presentar su cédula de identidad.

Si el familiar es extranjero, podrá identificarse mediante pasaporte ordinario o provisional, cédula de residencia, documento emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería o un documento oficial de identidad de su país de origen que se encuentre en buen estado.

La institución explicó que no solamente los habitantes de Bajo Bley podrán aprovechar la presencia de los funcionarios electorales, sino también personas provenientes de comunidades cercanas.

Además de tramitar la TIM, los usuarios podrán solicitar los demás servicios de registración civil e identificación habilitados durante la jornada.

Una alternativa para reducir largos desplazamientos

Uno de los principales objetivos del operativo es acercar los servicios públicos a poblaciones que enfrentan mayores dificultades geográficas para trasladarse.

El TSE destacó que en determinados territorios indígenas, llegar hasta una oficina regional puede implicar varias horas de viaje, mayores gastos en transporte e incluso costos adicionales de alimentación durante el desplazamiento.

La institución señaló que estas jornadas buscan garantizar un acceso más equitativo a los servicios del Estado.

Según el TSE, las visitas “se traducen en un ahorro significativo en traslados, alimentación y tiempo de viaje para todos sus pobladores”.

La estrategia también pretende ofrecer una atención “más inclusiva, eficiente y oportuna”, especialmente para ciudadanos que viven en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

La atención casa por casa permite además llegar a personas que, por razones de movilidad, distancia o condiciones geográficas, podrían tener mayores obstáculos para realizar trámites indispensables relacionados con su identidad o estado civil.

El desplazamiento institucional adquiere especial importancia en zonas como Telire y Chirripó, donde varias comunidades se encuentran distantes de los principales centros de servicios y algunas requieren recorridos prolongados para acceder a trámites públicos.

Un operativo de la Policía de Fronteras de Costa Rica terminó con el decomiso de un arsenal compuesto por 10 pistolas calibre 9 milímetros, 10 cargadores y 400 proyectiles que era transportado por dos ciudadanos nicaragüenses a bordo de un autobús que se desplazaba entre San Carlos y Los Chiles, en la frontera norte del país.

La intervención se produjo en la comunidad de El Corozo de Los Chiles, cuando oficiales fronterizos abordaron la unidad de transporte público como parte de los controles que realizan en poblados cercanos a la línea limítrofe con Nicaragua.

Durante la inspección, los policías ubicaron a una mujer de apellido Echeverría, de 21 años, y a un hombre de apellido Rocha, de 18 años. De acuerdo con las autoridades, ambos se encontraban en condición migratoria irregular en Costa Rica.

Lo que llamó la atención de los oficiales fueron los bolsos que los dos pasajeros mantenían sobre sus piernas.

Al revisar el equipaje, la Policía encontró armas de fuego y cientos de municiones de diferentes calibres, según detalló el director de la Policía de Fronteras, comisionado Gerald Camacho.

Diez pistolas escondidas en dos bolsos

La mujer transportaba dentro de su bolso cuatro pistolas calibre 9 milímetros, cada una con su respectivo cargador, además de 200 proyectiles del mismo calibre.

El joven que la acompañaba llevaba otro bolso en el que las autoridades localizaron seis pistolas calibre 9 milímetros, también acompañadas por sus respectivos cargadores.

En su equipaje también fueron encontradas 100 municiones calibre .38 y otras 100 calibre 6,35 milímetros.

En total, el decomiso ascendió a 10 armas de fuego, 10 cargadores y 400 municiones.

Esos elementos formarán parte de las diligencias judiciales posteriores a la detención.

La Policía de Fronteras indicó que ambos extranjeros fueron aprehendidos durante el operativo y quedaron posteriormente a disposición de las autoridades judiciales.

Fiscalía asumió el caso

Tras localizar las armas, los oficiales coordinaron las actuaciones con el fiscal de turno de Los Chiles.

Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, las 10 pistolas, los cargadores y las 400 municiones fueron formalmente decomisados para incorporarlos a la investigación.

Los dos sospechosos fueron remitidos posteriormente a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde continuarán las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

El caso deberá determinar, entre otros aspectos, la procedencia del arsenal, quién entregó las armas a los sospechosos y cuál era el punto al que pretendían trasladarlas.

La intervención se produjo en uno de los sectores de la zona norte donde la Policía de Fronteras mantiene controles en carreteras y comunidades cercanas al límite internacional.

Según explicó el Ministerio de Seguridad Pública, este tipo de revisiones comprende vehículos y medios de transporte que circulan por sectores fronterizos con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

Los detenidos permanecen bajo el principio de presunción de inocencia mientras el Ministerio Público desarrolla el procedimiento judicial y define los cargos que eventualmente podrían ser presentados en su contra.

El armamento, mientras tanto, quedó bajo custodia de las autoridades como evidencia del caso.

Un operativo conjunto de la Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal permitió decomisar 2,916 unidades de diferentes tipos de licores que eran transportadas en una embarcación por el río Sixaola, en el cantón de Talamanca, Limón.

El cargamento, cuyo valor en el mercado nacional podría oscilar entre ₡4 millones y ₡5 millones (USD 8.7 mil y USD 10.9 mil), fue localizado durante uno de los patrullajes que realizan las autoridades en este sector fronterizo con Panamá.

De acuerdo con el reporte oficial, varios agentes de la Policía de Fronteras se encontraban recorriendo la zona cuando observaron un bote que se dirigía hacia la orilla costarricense.

Los oficiales ordenaron a los tripulantes detener la embarcación para realizar una revisión, pero las personas que viajaban a bordo optaron por lanzarse del bote y escapar hacia territorio panameño.

La lancha quedó a la deriva con el cargamento en su interior.

Las bebidas estaban siendo introducidas al país sin cumplir las normas sanitarias y tributarias correspondientes, por lo que fueron decomisadas.

Tras completar las diligencias en el lugar, los agentes de la Policía de Control Fiscal se encargaron del traslado de toda la mercancía decomisada.

Cargamento fue llevado a una bodega de Aduanas

Las 2,916 unidades fueron trasladadas hasta una bodega de la Dirección General de Aduanas, donde quedaron bajo custodia institucional.

El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta por autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Hacienda.

El caso ocurrió en el río Sixaola, que forma parte de la línea limítrofe natural entre Costa Rica y Panamá.

La Policía de Fronteras mantiene patrullajes constantes en esta zona con el objetivo de prevenir y combatir delitos transfronterizos.

Según el reporte institucional, una de las áreas de vigilancia corresponde precisamente a la introducción irregular de mercancías que no cumplen con los requisitos establecidos para su ingreso al territorio nacional.

En este caso, la intervención se produjo cuando los agentes detectaron la embarcación avanzando hacia la margen costarricense y procedieron a darle la orden de detenerse.

La reacción de los ocupantes fue abandonar el bote y huir hacia Panamá, mientras las autoridades costarricenses tomaron control de la embarcación y del cargamento.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas como resultado de este operativo.

Las autoridades tampoco informaron sobre nuevas diligencias relacionadas con la identificación de quienes transportaban la mercancía.

Operativos continuarán en zonas fronterizas

El Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda indicaron que continuarán realizando acciones para combatir los delitos transfronterizos y la evasión fiscal en diferentes zonas del país.

Estas operaciones incluyen sectores alejados donde las condiciones geográficas requieren patrullajes específicos por parte de unidades especializadas.

La Policía de Fronteras mantiene presencia en comunidades cercanas a las líneas limítrofes del país, mientras que la Policía de Control Fiscal participa en procedimientos relacionados con el ingreso irregular de mercancías y el cumplimiento de las disposiciones tributarias.

Costa Rica ha registrado de manera recurrente decomisos de bebidas alcohólicas ingresadas de forma irregular, especialmente en zonas fronterizas, donde las autoridades mantienen operativos para detectar mercancías que evaden los controles aduaneros, sanitarios y tributarios.

El contrabando de licores representa además un reto para la recaudación fiscal y para el control de mercancías que ingresan al mercado nacional sin cumplir los requisitos establecidos por las autoridades. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda han insistido en mantener acciones conjuntas en pasos fronterizos y comunidades alejadas, con el objetivo de frenar el ingreso ilegal de bebidas alcohólicas y reducir el impacto económico que estas operaciones pueden generar para el Estado y el comercio formal.

El ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense Guobin Tam Zhang, requerido por Estados Unidos por su presunta vinculación con narcotráfico internacional y legitimación de capitales, permanecerá recluido en el circuito de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma, mientras los tribunales costarricenses resuelven el proceso de extradición en su contra.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que tomó la decisión después de analizar el perfil del detenido y considerar sus supuestos vínculos con estructuras criminales relacionadas con tráfico de drogas y lavado de dinero.

Tam Zhang, de 54 años, fue trasladado a una celda individual de máxima seguridad, bajo un régimen de vigilancia reforzada que incluye controles sobre sus visitas, llamadas telefónicas, contactos con funcionarios penitenciarios, alimentación, pertenencias y otros movimientos dentro del centro penal.

Su permanencia en ese sector se mantendrá mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con la petición presentada por las autoridades estadounidenses.

El Tribunal Penal de San José ordenó inicialmente dos meses de detención provisional contra el extraditable, medida que empezó a regir tras su captura y que permitirá mantenerlo bajo custodia mientras se desarrolla el trámite correspondiente.

El hombre fue detenido el 2 de octubre en Costa Rica después de una operación coordinada entre el Ministerio Público, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD) y autoridades estadounidenses.

El Ministerio Público informó oficialmente que Zhang Guobin es requerido por Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con narcotráfico y que, según información aportada por la DEA, tendría nexos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo.

Esas vinculaciones forman parte de las más acusaciones que deberán ser examinadas dentro del proceso correspondiente y no constituyen una condena contra el detenido.

Dos meses de detención mientras avanza el proceso

Tras su arresto, Tam Zhang permaneció durante el fin de semana en las celdas judiciales de San José hasta comparecer ante el tribunal encargado del procedimiento.

Durante la audiencia se le comunicó formalmente la solicitud de extradición y la orden emitida en su contra por autoridades estadounidenses. Posteriormente fue trasladado al sistema penitenciario nacional.

La decisión del Ministerio de Justicia fue ubicarlo directamente en el circuito de alta contención de La Reforma, una sección destinada a privados de libertad considerados de alto perfil o que requieren medidas especiales de seguridad.

El centro aplicará además controles particulares establecidos para personas sometidas a procesos de extradición.

Desde junio de 2026, el Ministerio de Justicia dispuso que los privados de libertad con órdenes de extradición únicamente puedan recibir visitas mediante locutorios penitenciarios, separados físicamente de sus visitantes por un vidrio de seguridad.

La institución también ordenó que los oficiales penitenciarios utilicen cámaras corporales cada vez que atiendan solicitudes o intervengan con personas que se encuentren en esa condición.

Estas disposiciones, según Justicia, responden a criterios de seguridad y a la necesidad de proteger procesos de extradición que se encuentren activos.

Autoridades estadounidenses lo investigan por narcotráfico

La captura de Tam Zhang forma parte de una investigación internacional en la que participan autoridades costarricenses y estadounidenses.

El Ministerio Público confirmó que la detención se ejecutó a solicitud de Estados Unidos y que la información proporcionada por la DEA lo relaciona presuntamente con organizaciones del narcotráfico que operan en México y Colombia.

El expediente de extradición deberá determinar ahora si se cumplen los requisitos legales para que Tam Zhang sea entregado a Estados Unidos y enfrente allí los cargos que se le atribuyen.

Mientras ese procedimiento continúa, permanecerá bajo custodia de las autoridades penitenciarias costarricenses.

Estricta vigilancia dentro de La Reforma

El Ministerio de Justicia indicó que mantendrá una bitácora detallada sobre las interacciones del detenido mientras se encuentre en máxima seguridad.

Los controles comprenderán visitas familiares y de abogados, comunicaciones telefónicas, contacto con funcionarios, alimentación y desplazamientos dentro del centro penitenciario.

El régimen también contempla que permanezca solo dentro de su celda, una medida utilizada con otros privados de libertad considerados de alto perfil.

La ubicación del detenido en máxima seguridad no representa una resolución sobre la solicitud de extradición ni determina su responsabilidad penal.

El proceso seguirá bajo conocimiento de las autoridades judiciales costarricenses, que deberán valorar la documentación remitida por Estados Unidos y resolver si corresponde autorizar su entrega.

El uso pedagógico de la tecnología en primaria todavía se concentra en los niveles básicos: el 47.5% de los docentes de I y II Ciclos se ubicó en la categoría inicial de competencia digital, de acuerdo con una evaluación del Ministerio de Educación Pública (MEP). El estudio, elaborado por la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y difundido por CR Hoy, analizó 1,130 cuestionarios válidos basados en la autopercepción de los educadores, por lo que refleja cómo valoran sus capacidades y prácticas, sin medir el desempeño mediante una prueba directa.

El nivel avanzado reunió al 8.7% de los docentes consultados

El 43.8% de los maestros alcanzó el nivel intermedio, mientras que la categoría avanzada concentró al 8.7% de los participantes. El nivel inicial corresponde a las primeras etapas de incorporación de herramientas digitales a la práctica docente; la clasificación intermedia comprende un uso habitual de esos recursos para enseñar, aprender y evaluar, y la categoría más alta supone una aplicación estratégica e innovadora de la tecnología.

La proporción de docentes ubicados en el nivel inicial aumentó 8.5 puntos porcentuales frente a la medición de 2021. El MEP aclaró que esa comparación es descriptiva porque ambas evaluaciones no siguieron a las mismas personas, de modo que los resultados no permiten establecer cambios individuales entre un relevamiento y otro.

Los recursos fueron la dificultad más señalada para usar tecnología

La falta de recursos fue el obstáculo más mencionado para incorporar herramientas digitales a las clases: el 61.1% de los educadores identificó esa limitación como la principal barrera. Aunque el 68.8% indicó que dispone de una computadora portátil y el 51.1% reportó acceso a un laboratorio de cómputo, la disponibilidad de esos elementos no asegura que puedan utilizarse durante toda la jornada ni en condiciones adecuadas para el trabajo de aula.

La conexión a internet de alta velocidad estuvo disponible para el 47.1% de los docentes consultados, mientras que solo el 20.4% señaló que cuenta con dispositivos móviles institucionales. Según advirtió el informe divulgado por CR Hoy, la existencia de computadoras, conectividad o laboratorios no implica que esos recursos estén siempre al alcance de los maestros ni que funcionen de forma adecuada durante las lecciones.

El uso frecuente no siempre implica competencias pedagógicas consolidadas

El 72.3% de los maestros afirmó que emplea recursos digitales con frecuencia o siempre. Esa práctica declarada fue superior a la proporción de educadores que se ubicó en los niveles intermedio y avanzado de competencia, lo que muestra una diferencia entre utilizar dispositivos o plataformas y aplicarlos de manera sostenida en los procesos pedagógicos.

En las áreas de enseñanza, aprendizaje y contenidos digitales, el 52.2% permaneció en el nivel inicial. La mayor proporción en esa categoría apareció en la dimensión vinculada con el desarrollo de capacidades digitales entre los estudiantes, donde el 52.8% de los participantes se clasificó en el escalón más bajo.

Los resultados indican que la incorporación cotidiana de herramientas tecnológicas no siempre se traduce en estrategias consolidadas para planificar, enseñar, evaluar o fortalecer las habilidades digitales de los alumnos. La evaluación diferenció así entre el uso declarado de recursos y las capacidades para integrarlos a la enseñanza.

La capacitación institucional llegó al 17.1% de los maestros

Solo el 17.1% de los docentes de primaria reportó haber recibido formación en tecnologías digitales a través del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del MEP durante los dos años anteriores a la medición. Otro 29.9% indicó que accedió a capacitación mediante otras instancias, mientras que la falta de formación fue identificada por el 38.9% de los educadores como una dificultad para integrar tecnología a su trabajo.

La falta de tiempo también apareció entre los obstáculos señalados por los participantes y fue mencionada por el 33.4%. La resistencia al cambio tuvo una incidencia menor, ya que apenas el 4.6% de los docentes la identificó como una barrera para incorporar herramientas digitales en la enseñanza.

La medición retrató una situación en la que una parte amplia de los maestros declara utilizar recursos digitales, aunque casi la mitad se percibe todavía en una etapa inicial de competencia. La disponibilidad efectiva de equipos, la conectividad, la formación profesional y el tiempo para preparar las clases condicionan la integración de esas herramientas en las aulas.

La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto que incorpora la minería ilegal como crimen organizado y modifica las sanciones penales aplicables a esa actividad y a otros delitos ambientales. La iniciativa recibió respaldo unánime en segundo debate y quedará a la espera de la firma de la presidenta Laura Fernández para entrar en vigencia.

El expediente 23,952 plantea reformas a varias leyes para elevar las penas por conductas relacionadas con la afectación de recursos minerales, fauna silvestre, bosques, recursos pesqueros y tortugas marinas.

El texto se refiere, entre otros casos, a la situación de la minería ilegal en el sector de Crucitas y permite que determinadas acciones se tramiten bajo las condiciones previstas en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

La extracción ilegal en áreas protegidas tendrá penas de hasta ocho años

El proyecto establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quienes desarrollen actividades mineras ilegales en zonas que forman parte del patrimonio natural del Estado, incluidos parques nacionales y reservas biológicas. La misma sanción se aplicará a las personas que comercialicen minerales extraídos ilegalmente en esos espacios, de acuerdo con datos de El Observador.

La norma también fija condenas de dos a seis años de cárcel para quienes promuevan, financien, administren, organicen, faciliten, dirijan u obtengan beneficios de actividades mineras ilegales que se realicen sin permiso o concesión. Para la extracción, explotación, procesamiento, almacenamiento, transporte o comercialización de recursos minerales sin la autorización correspondiente fuera de las áreas contempladas en el artículo 139, las penas serán de uno a seis años de prisión.

La propuesta fue presentada por el Frente Amplio y se aprobó junto con otra iniciativa vinculada con trabajadores mineros asociados a cooperativas de Abangares. Ambos expedientes recibieron el voto unánime de los diputados en su trámite de segundo debate.

El proyecto reforma sanciones por delitos contra la fauna y los bosques

La iniciativa también modifica las consecuencias penales de varias conductas ambientales. El comercio, la negociación, el tráfico o el trasiego ilegal de animales silvestres, así como de sus productos o derivados, podrá castigarse con penas de dos a cuatro años de prisión.

Cuando esos hechos involucren especies reducidas, en peligro de extinción o protegidas, la sanción aumentará a entre tres y seis años de cárcel. El texto incorpora esta diferenciación según la condición de conservación de los animales afectados.

Los delitos contemplados en la Ley Forestal que sean cometidos por dos o más personas se tramitarán bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada. Para esos casos, la reforma prevé penas de entre uno y seis años de prisión.

La misma condición se aplicará a delitos previstos en la Ley de Pesca cuando intervengan dos o más personas. Las sanciones podrán alcanzar hasta seis años de cárcel, de acuerdo con el texto aprobado.

Las conductas contra tortugas marinas tendrán sanciones diferenciadas

La muerte, la caza, la captura, el destace, el trasiego o el comercio ilegal de tortugas marinas tendrá penas de entre uno y tres años de prisión. La tenencia con fines comerciales y el comercio de productos o subproductos de esos animales se castigarán con condenas de tres meses a dos años de cárcel.

Si estas conductas son cometidas por tres o más personas, la pena será de entre dos y seis años de prisión. La reforma incluye esta agravación para los casos en que participe un grupo de esa cantidad de personas, según datos de El Observador.

El proyecto mantiene la excepción para la recolección, el transporte, la distribución y la comercialización de huevos de tortuga lora procedentes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Esa actividad deberá realizarse conforme a las disposiciones reglamentarias del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Un segundo proyecto crea un régimen transitorio para Abangares

Los diputados también aprobaron, por unanimidad y en segundo debate, el expediente 25,775, que establece un régimen transitorio para trabajadores mineros asociados a las cooperativas contempladas en el artículo 8 del Código de Minería. La disposición permitirá la explotación y el procesamiento de oro durante un período de hasta 24 meses.

La autorización aplicará a las personas que tengan solicitudes de concesión en trámite para el área de reserva minera del cantón de Abangares. El régimen se dirige a trabajadores vinculados con esas cooperativas en el contexto de las disposiciones aprobadas sobre minería ilegal.

La Dirección de Geología y Minas del Minae deberá resolver todas las solicitudes de concesión pendientes antes de que concluya el plazo transitorio. El texto aprobado establece esa obligación para que las gestiones administrativas queden definidas dentro del período previsto.

El 70% de los casos de herpes zóster registrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre 2021 y 2025 correspondió a personas de 45 años o más, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reconocer los factores de riesgo y las opciones disponibles para prevenir esta enfermedad.

El herpes zóster, conocido popularmente en Costa Rica como “culebrilla”, es provocado por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo responsable de la varicela.

Después de que una persona supera la varicela, el virus no desaparece completamente del organismo. Puede permanecer inactivo durante años o incluso décadas dentro del sistema nervioso y reactivarse posteriormente.

Se estima que una de cada tres personas desarrollará herpes zóster a lo largo de su vida, aunque el riesgo aumenta con la edad y en personas cuyo sistema inmunológico se encuentra comprometido.

Los registros de la CCSS muestran además una variación en la cantidad de casos durante los últimos años. En 2021 se reportaron 34 casos, mientras que en 2023 la cifra alcanzó 56, el nivel más alto señalado para el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

Aunque cualquier persona que haya tenido varicela puede desarrollar la enfermedad, los especialistas advierten que el riesgo aumenta conforme avanza la edad.

Las personas mayores de 50 años, quienes padecen enfermedades preexistentes como hipertensión o diabetes, así como pacientes inmunocomprometidos, forman parte de los grupos en los que la prevención adquiere particular importancia.

La enfermedad suele comenzar con sensaciones que pueden confundirse inicialmente con otros padecimientos.

Entre las primeras manifestaciones aparecen dolor, ardor, picazón u hormigueo en una zona específica del cuerpo. Posteriormente puede desarrollarse una erupción acompañada de ampollas que generalmente se concentra en un solo lado del cuerpo.

El torso y el rostro son algunas de las zonas donde puede aparecer con mayor frecuencia.

Además de las lesiones en la piel, algunas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, sensibilidad al tacto y malestar general.

Una consulta médica temprana es importante especialmente cuando las lesiones aparecen cerca de los ojos, debido a que la enfermedad puede generar complicaciones que requieren valoración inmediata.

Una de las consecuencias más conocidas del herpes zóster es la neuralgia postherpética.

Se trata de un dolor nervioso que puede continuar después de que las ampollas y demás lesiones visibles desaparecen. En algunos pacientes, las molestias pueden mantenerse durante meses e incluso años.

Este tipo de dolor puede afectar actividades cotidianas como dormir, caminar, trabajar o mantener una vida social normal, con un impacto especialmente importante entre los adultos mayores.

La edad no es el único factor que puede incrementar el riesgo.

Determinadas enfermedades, tratamientos o condiciones que reducen las defensas del organismo también pueden facilitar la reactivación del virus que permanecía latente desde una infección previa de varicela.

En ese contexto, una de las herramientas disponibles para disminuir el riesgo es la vacunación contra el herpes zóster.

La recomendación es que las personas conversen con un profesional de salud para determinar, de acuerdo con su edad, antecedentes y condiciones particulares, si corresponde recibir la vacuna.

La prevención adquiere relevancia también por el envejecimiento progresivo de la población y por la presencia cada vez más frecuente de enfermedades crónicas.

En personas mayores de 50 años, así como en pacientes con condiciones que afectan su respuesta inmunológica, una evaluación médica puede permitir identificar las medidas preventivas más adecuadas.

Los especialistas también insisten en no minimizar los primeros síntomas.

El dolor o ardor localizado puede aparecer antes de que sean visibles las ampollas, por lo que reconocer esa combinación de síntomas y buscar atención médica oportunamente puede facilitar el diagnóstico y manejo del episodio.

Otra recomendación es evitar la automedicación y consultar a un profesional, particularmente si las lesiones aparecen en el rostro o alrededor de los ojos, si el dolor es intenso o si el paciente tiene alguna condición que compromete su sistema inmunológico.

Aunque el herpes zóster puede provocar cuadros dolorosos y complicaciones prolongadas, existen medidas para reducir su impacto.

Mantenerse informado, reconocer las señales tempranas, consultar oportunamente y evaluar junto con un médico las alternativas de prevención son algunas de las principales recomendaciones frente a una enfermedad que puede permanecer silenciosa durante décadas antes de manifestarse.

El paso de Bryan Ruiz por el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica fue tan breve como efectivo. Asumió el mando en un momento crítico, con un equipo golpeado en lo anímico y con la presión directa de no descender en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Dos partidos después, el balance es perfecto: seis puntos de seis posibles, cinco goles anotados y la portería invicta. Lo más importante es que logró salvar la categoría, asegurando la permanencia de Costa Rica en la Liga A. Con la tarea cumplida, se abre el debate sobre si el capitán histórico debe asumir el proceso de manera definitiva.

Antes de la llegada de Ruiz, la Selección acumulaba un año entero sin conocer la victoria. El equipo mostraba dudas, falta de ritmo y poca claridad en su juego. En apenas una semana de trabajo, Bryan logró darle un giro a la situación. La victoria 3-0 frente a Nicaragua en Managua y el triunfo 2-0 ante Haití en el estadio Ricardo Saprissa demostraron una idea de juego más ordenada, con futbolistas que mostraron otra disposición en el campo.

Más allá del resultado numérico, el cuerpo técnico interino introdujo variantes tácticas y de nombres que funcionaron de inmediato. Bryan apostó por jugadores que entendieron la responsabilidad de vestir la camiseta tricolor, devolviéndole la confianza a una afición que venía golpeada por los últimos tropiezos internacionales.

El mensaje clave: compromiso y un grupo estable

En sus declaraciones tras el triunfo ante Haití, Ruiz dejó clara cuál fue la clave de este breve éxito: el nivel de exigencia. Para el estratega, la Selección necesita futbolistas completamente enfocados, que pongan al equipo patrio como su prioridad absoluta. Su mensaje fue directo al señalar que quien no esté dispuesto a dar su máximo esfuerzo, no debería quitarle tiempo al proceso nacional.

Para lograr resultados a largo plazo, considera fundamental consolidar un grupo donde el 80% de los integrantes se mantenga de forma constante, generando química interna y un sentido de pertenencia similar al que vivió la generación del Mundial de 2014.

A pesar del entusiasmo del público y de los buenos números, Bryan mantiene la cabeza fría. El extitular de la Sele reconoció que dirigir a la representación nacional es un sueño que tiene como entrenador, pero enfatizó que no tiene prisa ni buscará forzar su nombramiento. Para él, las decisiones deben tomarse con madurez, evaluando si las condiciones están dadas para ambas partes.

Ruiz fue claro al señalar que evaluará la propuesta de los dirigentes considerando el bienestar del fútbol costarricense y la tranquilidad de su familia. Si la Federación considera que es el momento adecuado y el proyecto es sólido, aceptará el reto. De lo contrario, no tiene problema en dar un paso al costado, continuar con su formación como director técnico y esperar una oportunidad futura.

De momento, la pelota está ahora en el campo de los dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol. El interinato de Bryan Ruiz demostró que el talento nacional existe y que con las pautas correctas el equipo puede responder en momentos de presión. Dejó una base sembrada y un mensaje claro para el vestuario.

La duda que rodea a la afición es si la dirigencia apostará por la continuidad de un ídolo que arrancó con pie derecho o si buscará un perfil de mayor experiencia en los banquillos para iniciar el camino hacia las próximas competencias internacionales. Por ahora, Ruiz cumplió con crecer en su misión y dejó abierta la puerta para el futuro.

El sector construcción en Costa Rica registró una leve reducción en la cantidad de accidentes y enfermedades laborales durante el primer semestre de 2026, pero la actividad continúa acumulando un promedio cercano a 44 casos diarios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Entre enero y junio de este año, la aseguradora contabilizó 7,898 accidentes y/o enfermedades laborales entre personas trabajadoras vinculadas con esta actividad económica.

La cifra representa una disminución de 3.5% frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 8,182 casos.

Aunque la reducción es positiva, el volumen de incidentes mantiene al sector bajo atención por los riesgos propios de actividades como trabajos en altura, manipulación de materiales, levantamiento de cargas y desplazamientos en espacios con desniveles.

Entre los accidentes más frecuentes reportados por el INS se encuentran los golpes con objetos móviles, las caídas de personas en zonas con desnivel y los esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos, además de otros eventos asociados con las condiciones habituales de una obra de construcción.

El balance del año anterior también refleja el impacto que este tipo de accidentes puede tener tanto para los trabajadores como para el sistema asegurador.

Durante todo 2025, el INS contabilizó 16,191 eventos relacionados con accidentes y enfermedades laborales dentro del sector construcción.

Esos casos generaron un total de 450,691 días de incapacidad, una cifra que evidencia las consecuencias prolongadas que pueden derivarse de una lesión ocurrida durante la jornada laboral.

Además, la atención de estas personas representó una inversión cercana a ₡10,000 millones (USD 21 millones) por parte del INS.

Los recursos fueron destinados a cubrir conceptos como incapacidad temporal, incapacidad permanente y servicios médicos para trabajadores afectados por accidentes o enfermedades asociadas con sus labores.

En total, durante 2025, el Instituto reportó aproximadamente 90,454 trabajadores asegurados dentro del sector construcción bajo el seguro obligatorio correspondiente.

La reducción de los casos durante el primer semestre de 2026 no elimina, sin embargo, la necesidad de reforzar las medidas preventivas.

El INS recordó a los patronos que la prevención de accidentes depende en buena medida de la implementación constante de prácticas de seguridad, el uso adecuado de equipos de protección y la supervisión permanente de las condiciones en las que trabajan las personas.

Una de las principales recomendaciones está relacionada con los trabajos en altura.

La institución llamó a “vigilar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad en trabajos de altura”, especialmente en labores de mantenimiento y construcción, con el objetivo de reducir el riesgo de caídas tanto de personas como de objetos.

El uso de equipos de protección personal también ocupa un lugar central dentro de las medidas planteadas.

El INS recordó que las empresas deben proporcionar a sus trabajadores los implementos necesarios según la actividad que realizan, sustituirlos cuando corresponda y garantizar que el personal reciba la capacitación requerida para utilizarlos y mantenerlos adecuadamente.

Entre esos equipos pueden incluirse cascos, arneses, guantes, calzado de seguridad, protección ocular y otros implementos definidos según el tipo de trabajo.

Otra recomendación apunta al orden dentro de las áreas de construcción.

La institución indicó que los espacios de trabajo y tránsito deben mantenerse libres de clavos, remaches y objetos punzocortantes, con el propósito de evitar accidentes por pisadas, roces o cortes.

Las recomendaciones adquieren especial relevancia debido a que las obras de construcción suelen reunir simultáneamente múltiples factores de riesgo, como maquinaria pesada, desniveles, estructuras temporales, herramientas eléctricas y materiales en movimiento.

Por ello, la prevención no depende únicamente de contar con equipos de seguridad, sino también de mantener procedimientos de trabajo adecuados, capacitación constante y supervisión de las actividades.

El INS insistió en que el cumplimiento de las disposiciones de salud ocupacional y la prevención de riesgos deben mantenerse como una prioridad entre las empresas del sector.

La construcción continúa siendo una actividad fundamental para la economía costarricense, pero también una en la que los trabajadores están expuestos diariamente a condiciones que pueden provocar lesiones graves si no se aplican adecuadamente las medidas de seguridad.

Southwest Airlines ampliará durante 2027 su conectividad hacia Costa Rica con nuevas operaciones desde Austin, Texas, y Nashville, Tennessee, con destino a Guanacaste Aeropuerto, según anunciaron la terminal aérea y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Las nuevas conexiones forman parte de los esfuerzos para ampliar las alternativas de viaje entre Estados Unidos y la provincia de Guanacaste, uno de los principales destinos turísticos costarricenses para viajeros internacionales.

La ruta entre el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom (AUS) y Guanacaste comenzará operaciones el 5 de junio de 2027 y se mantendrá hasta el 1 de agosto de ese mismo año.

Los vuelos estarán disponibles los sábados y domingos, lo que representará dos frecuencias semanales durante el periodo anunciado.

La operación se realizará en aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 175 pasajeros, de acuerdo con la información divulgada por Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports.

Actualmente no existen vuelos directos entre ambos aeropuertos, por lo que la incorporación de Southwest permitirá recuperar la conexión sin escalas entre Austin y Guanacaste.

El anuncio también incluye una ampliación de las operaciones procedentes de Nashville (BNA).

En este caso, Southwest volará directamente entre Nashville y Guanacaste todos los sábados, desde el 5 de junio hasta el 31 de julio de 2027.

La nueva programación dará continuidad a la operación previamente anunciada para los meses de febrero, marzo y abril de 2027, extendiendo así durante parte del verano estadounidense la conectividad directa entre Tennessee y Costa Rica.

Al igual que en la ruta desde Austin, los vuelos procedentes de Nashville se realizarán utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Para las autoridades costarricenses, las nuevas rutas representan una oportunidad para fortalecer la llegada de viajeros procedentes de Estados Unidos y aumentar las opciones de acceso aéreo directo hacia Guanacaste.

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, Marcos V. Borges, destacó que la incorporación de nuevas operaciones es resultado de los esfuerzos para atraer aerolíneas y ampliar las conexiones internacionales del país.

“El anuncio hecho por Southwest Airlines confirma el trabajo que realizamos constantemente en el ICT para la atracción de líneas aéreas, una acción vital para el turismo, que permitirá a los viajeros estadounidenses contar con más conexiones a nuestro país y de esta forma seguir llevando más empleo turístico y progreso a la provincia de Guanacaste”, afirmó Borges.

Estados Unidos constituye uno de los mercados fundamentales para el turismo costarricense y también representa un punto estratégico para Guanacaste, debido a la cantidad de conexiones aéreas que operan desde diferentes ciudades estadounidenses hacia la terminal localizada en Liberia.

La gerente Comercial y de Comunicación de Guanacaste Aeropuerto, Renata González, explicó que la estrategia de la terminal busca sumar puntos de origen que generen nuevas oportunidades para la provincia.

“Estados Unidos es nuestro principal mercado internacional y nuestra estrategia es ampliar la conectividad con puntos que representen nuevas oportunidades para Guanacaste”, señaló González.

La representante agregó que “estas operaciones fortalecen nuestro alcance en ese mercado y responden al trabajo conjunto con las aerolíneas y el sector turístico para impulsar la competitividad del destino”.

La incorporación de Austin resulta particularmente relevante debido a que permitirá disponer nuevamente de una conexión directa desde Texas sin necesidad de utilizar escalas en otros aeropuertos estadounidenses antes de llegar a Costa Rica.

Austin es además uno de los principales centros urbanos de Texas y en las últimas décadas ha experimentado una expansión económica y demográfica que ha incrementado la actividad de su aeropuerto internacional.

Por su parte, la continuidad de Nashville permitirá mantener durante más meses del año una ruta que Southwest ya había anunciado para el primer semestre de 2027, ampliando las posibilidades para viajeros procedentes de Tennessee y zonas cercanas.

Con ambos anuncios, Southwest Airlines continuará fortaleciendo su presencia en Guanacaste y ampliará las alternativas disponibles para los visitantes estadounidenses que buscan llegar directamente a las playas y otros atractivos turísticos del Pacífico norte costarricense.

Las operaciones anunciadas tendrán carácter estacional, por lo que estarán concentradas entre junio y julio, además de los primeros días de agosto en el caso de Austin.

Más de 157.000 personas estaban desempleadas en Costa Rica entre junio y agosto de este año, casi 20.000 más que doce meses atrás. La tasa de desocupación trepó a 6.7%, frente al 6.0% del mismo trimestre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El dato llega en medio de una ola de recortes de personal en empresas multinacionales que operan en el país.

Al menos nueve multinacionales trasladaron total o parcialmente sus operaciones fuera de Costa Rica, cerraron plantas o recortaron planillas durante los últimos tres años. La cifra acumulada de empleos perdidos supera los 6,000 puestos de trabajo, según un relevamiento de CR Hoy, portal costarricense de noticias. Entre las firmas afectadas figuran Intel, Amazon, Microsoft, Boston Scientific y Western Union.

Intel y Viant abrieron la ola de recortes en el sector tecnológico

La primera de estas salidas se definió a inicios de ese año, cuando una compañía reubicó parte de sus operaciones para acercarse a sus mercados y proveedores en Asia. La decisión respondió a una estrategia corporativa global, según indicó en su momento la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), agencia estatal de promoción de exportaciones e inversiones.

En julio, Intel anunció un recorte del 15% de su planilla en todo el mundo. La compañía cerró su planta de Ensamble y Prueba en San Antonio de Belén y trasladó esas funciones a países asiáticos. Se estima que despidió a al menos 1.500 trabajadores, de acuerdo con CR Hoy.

En enero de este año, Viant Costa Rica, fabricante de dispositivos médicos, redujo en aproximadamente 900 puestos su fuerza laboral local. La empresa atribuyó el ajuste a cambios ligados a un programa específico y aseguró que no afecta la continuidad de sus restantes actividades en el país.

Amazon, TicoFrut y Microsoft recortaron personal este año

Amazon anunció en enero el recorte de 16.000 empleados a nivel global, medida que impactó a unos 1,000 trabajadores en Costa Rica, cesados en mayo. En junio, TicoFrut, una de las mayores procesadoras de naranjas y piñas de Centroamérica, despidió a 600 trabajadores en un proceso de reestructuración motivado por dificultades económicas.

En julio, Microsoft eliminó 4.800 puestos a nivel mundial. En Costa Rica, su planilla disminuyó en al menos 400 empleados, según el portal.

Boston Scientific y Western Union ejecutan los últimos ajustes

Boston Scientific, fabricante de dispositivos médicos, opera en Costa Rica desde 2004 y genera unos 10,000 empleos en Alajuela, Heredia y Cartago, según La Nación.

En julio, la compañía aprobó un plan de reestructuración global con una meta de ahorro de USD 500 millones en tres años, más de la mitad de los cuales espera alcanzar al cierre de 2027. El ajuste incluyó recortes de personal que también impactaron sus operaciones locales.

Un mes después, en septiembre, Western Union confirmó la reducción de su Centro de Operaciones en el país y el traslado de puestos a Guatemala, Lituania y Filipinas. La multinacional, instalada en Costa Rica desde 1998, adelantó que ejecutará ajustes durante los próximos 12 meses, lo que implicaría el recorte de más de 1.000 empleos, de acuerdo con CR Hoy.

Otras compañías con sede en el país también anunciaron procesos de transformación en paralelo. Heineken respondió al diario: “Heineken anunció una iniciativa global para simplificar su estructura organizacional, la cual contempla una reducción estimada de entre 5.000 y 6.000 posiciones a nivel mundial en un período de dos años. Los aproximadamente 3.000 puestos impactados durante el primer semestre forman parte de este proceso previamente comunicado”. GSK y Mondelēz confirmaron recortes similares en sus operaciones regionales, según La Nación.

El Banco Central matiza el alcance de los despidos

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), dijo a El Financiero que los datos disponibles no permiten hablar todavía de un deterioro generalizado del mercado laboral. El titular del ente emisor reconoció la pérdida de aproximadamente 1,600 empleos en zonas francas desde enero y apuntó que algunas empresas salen mientras otras llegan al país.

Madrigal señaló además que las decisiones de largo plazo de varias firmas podrían depender de definiciones arancelarias aún pendientes. La economista Roxana Morales, de la Universidad Nacional de Costa Rica, amplió ante el diario que el sector manufacturero perdió 29.857 empleos y el de servicios financieros, 18.650 en el último año, mientras comercio y reparaciones sumaron 47.942 puestos y educación y salud, 33.835.

La inversión extranjera creció pese a la desaceleración de las zonas francas

La inversión extranjera directa (IED) aumentó 23.4% durante el primer semestre del año, hasta alcanzar USD 2,739,6 millones, impulsada por los aportes de empresas del régimen de zona franca, según datos de Procomer basados en cifras preliminares del BCCR.

Pese a ese crecimiento, el ritmo de expansión de las zonas francas empezó a perder fuerza desde julio de 2025, de acuerdo con el índice mensual de actividad económica para ese sector citado por La Nación. Analistas económicos atribuyen la pérdida de rentabilidad de las operaciones locales al costo de las planillas, la disponibilidad de talento técnico especializado, las limitaciones de infraestructura eléctrica, vial y logística, y la caída del tipo de cambio real frente a costos expresados en dólares.

La inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica registró un crecimiento de 23.4% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, incluso después de excluir el efecto de una operación extraordinaria concretada durante los primeros meses del año.

De acuerdo con un análisis técnico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), elaborado con base en datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR), los flujos de inversión alcanzaron $2,739.6 millones entre enero y junio.

El resultado contempla la exclusión de la adquisición de una compañía de bebidas, operación que tuvo un impacto significativo en las cifras del primer trimestre.

Al retirar ese efecto extraordinario, varios de los principales regímenes de inversión mantuvieron crecimientos de dos dígitos.

La inversión en empresas del régimen definitivo alcanzó $569.7 millones, lo que representó un aumento de 46.9%, equivalente a $182 millones adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso del régimen de zona franca, los flujos pasaron de $1,283.7 millones en 2025 a $1,736.3 millones en 2026, para un incremento de 35%.

También se registró un aumento en la inversión canalizada hacia zonas francas ubicadas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En estas regiones, los flujos alcanzaron $149.6 millones, es decir, $40.5 millones más que un año antes, cifra que representa un crecimiento de 37%.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó el desempeño de la inversión en un contexto internacional que calificó como marcado por la incertidumbre.

“Los resultados de inversión extranjera directa al primer semestre de 2026 son sumamente alentadores, especialmente en un entorno internacional marcado por la incertidumbre y ante los retos internos que inciden en las decisiones de inversión”, afirmó.

Trejos señaló que, incluso descontando la operación extraordinaria, el resultado refleja un crecimiento sostenido.

“Incluso al excluir la inversión extraordinaria registrada durante el primer trimestre, la IED mantiene un crecimiento cercano al 23.4% respecto del mismo período de 2025”, agregó.

La jerarca también destacó el comportamiento de las zonas francas, el capital nuevo y las reinversiones.

Según los datos divulgados, y excluyendo la operación extraordinaria, el capital nuevo aumentó 15%, mientras que las reinversiones crecieron 5% frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro del régimen de zona franca, el capital nuevo aumentó en $77.8 millones, mientras que las reinversiones registraron un incremento de $70.2 millones.

La gerente general de PROCOMER, Laura López, señaló que los resultados fuera de la GAM respaldan la estrategia de llevar nuevos proyectos hacia distintas regiones del país.

“Estos resultados obtenidos en inversión extranjera directa durante el primer semestre del año, con crecimientos de dos dígitos en la inversión fuera de la GAM, nos impulsan a seguir consolidando la estrategia de PROCOMER de llevar inversión a las diferentes regiones del país”, sostuvo.

La procedencia de los capitales también muestra una alta concentración en un grupo reducido de mercados.

Estados Unidos concentró 68.9% de la IED, seguido por Suiza con 5.7% y España con 5.1%.

Por sectores, la industria manufacturera se mantuvo como el principal destino de los flujos, con $1,951.5 millones, lo que representó un crecimiento de 9.8% respecto al mismo periodo de 2025.

Uno de los mayores aumentos porcentuales se produjo en el sector servicios.

La inversión pasó de $9.4 millones a $212.5 millones, un incremento de aproximadamente $203 millones, equivalente a un crecimiento de 2,161%.

La agricultura también mostró una recuperación. El sector pasó de registrar un flujo negativo de $2.1 millones en 2025 a recibir $48.8 millones en 2026.

Una situación similar ocurrió con la agroindustria, que pasó de -$8,7 millones en el primer semestre de 2025 a $41.5 millones durante el mismo periodo de este año.

No todos los sectores, sin embargo, registraron resultados positivos.

La inversión extranjera directa vinculada con el turismo disminuyó 27%, al pasar de $215 millones entre enero y junio de 2025 a $157.9 millones en el primer semestre de 2026.

A pesar de esa caída sectorial, las autoridades consideran que los datos generales muestran un crecimiento sostenido de la inversión y una mayor participación de nuevos capitales y reinversiones.

PROCOMER indicó que el análisis, elaborado bajo el principio direccional, permite dar seguimiento a la evolución de los distintos componentes de la IED y orientar las estrategias destinadas a atraer nuevos proyectos.

Para las autoridades comerciales, uno de los principales desafíos será mantener el crecimiento, ampliar la diversificación de los mercados de origen y fortalecer la llegada de inversión hacia regiones situadas fuera de la GAM.

El barítono costarricense Kevin Godínez dará uno de los pasos más importantes de su carrera artística este mes, cuando suba al escenario del Teatro alla Scala de Milán, Italia, para participar en dos producciones operísticas.

El artista, integrante del programa Ópera Estudio del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (MCJ), interpretará el próximo 29 de octubre el personaje de Valentín en Faust, del compositor francés Charles Gounod.

La presentación se realizará como parte de una nueva producción del reconocido teatro italiano y permitirá al costarricense compartir escenario con figuras internacionales del canto lírico.

Godínez actuará junto a Julien Dran, quien interpretará a Faust; Ekaterina Bakanova, en el papel de Marguerite; y Alex Esposito, quien asumirá el personaje de Méphistophélès.

Sin embargo, la participación del barítono costarricense en Milán comenzará días antes.

Entre el 24 y el 28 de octubre, Godínez también participará en tres funciones de El elixir de amor, obra de Gaetano Donizetti, en las que interpretará a Belcore, otro de los papeles relevantes dentro de su repertorio para esta nueva etapa internacional.

La llegada del cantante a La Scala se produce pocos meses después de que asumiera uno de los personajes más reconocidos de la ópera en Costa Rica.

Durante la temporada lírica nacional de 2026, Godínez interpretó a Fígaro en El Barbero de Sevilla, producción presentada por el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Compañía Lírica Nacional, en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

Ese papel permitió al público costarricense observarlo en uno de los grandes personajes del repertorio operístico y se convirtió en uno de los principales antecedentes de su nuevo desafío profesional.

Meses después de aquella presentación, el cantante pasará del escenario del Melico Salazar a uno de los teatros de ópera más reconocidos internacionalmente.

La oportunidad surgió tras su participación, en agosto de 2026, en el ORFEO Concurso de Canto Lírico de América, donde obtuvo el tercer lugar.

Durante el certamen, Godínez recibió del maestro Paolo Gavazzeni, director artístico del Teatro alla Scala de Milán, la propuesta de interpretar los dos personajes.

Posteriormente, el costarricense recibió la invitación formal para incorporarse a las respectivas producciones.

“Acepté el reto de asumir dos roles que nunca he cantado de manera completa en uno de los teatros más icónicos del mundo. Es una oportunidad enorme y un paso muy importante en mi carrera”, expresó Godínez.

Su incorporación a estas producciones representa también un nuevo paso para el canto lírico costarricense en escenarios internacionales.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó el logro del barítono y señaló que su participación refleja las posibilidades de crecimiento de los artistas nacionales cuando cuentan con espacios de formación.

“Ver a un joven talento costarricense llegar a un escenario como La Scala nos llena de alegría y demuestra hasta dónde puede llegar el talento cuando encuentra oportunidades para crecer”, indicó Rodríguez.

El jerarca agregó que “Kevin forma parte del Ópera Estudio y este nuevo paso en su carrera también nos habla del enorme potencial que tiene Costa Rica en el canto lírico”.

Rodríguez aseguró además que desde el Ministerio de Cultura y Juventud buscan mantener programas que permitan a los artistas costarricenses desarrollar su formación y proyectarse fuera del país.

Godínez forma parte precisamente del Ópera Estudio, un programa del Ministerio de Cultura y Juventud administrado por la Compañía Lírica Nacional, cuyo objetivo es fortalecer la preparación de jóvenes cantantes mediante procesos de formación y experiencia escénica.

A lo largo de su trayectoria, el barítono ha participado en producciones como Il barbiere di Siviglia, Falstaff, The Rape of Lucretia, I Pagliacci, Don Giovanni y La bohème, entre otras obras.

La presentación en Milán agregará ahora dos nuevos papeles a esa experiencia y colocará al artista costarricense frente a un público internacional en una de las instituciones operísticas de mayor tradición.

La presencia de Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, en la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández abrió cuestionamientos en Costa Rica sobre una eventual cercanía del empresario con figuras del Partido Pueblo Soberano (PPSO), luego de que fuera detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y legitimación de capitales.

La mandataria aseguró este lunes que no lo conoce, nunca se ha reunido con él y desconoce cómo llegó a la actividad partidaria realizada la noche de las elecciones.

“No lo conozco, ni me he reunido con él, no sé qué hacía ahí el día que yo gané las elecciones”, respondió Fernández al ser consultada por periodistas sobre el caso. La mandataria agregó que investigaría las circunstancias que permitieron la presencia del empresario en la celebración.

La controversia surgió después de que trascendiera una fotografía de Tam Zhang junto a Pilar Cisneros, exdiputada y actual asesora de comunicación del Gobierno, tomada aparentemente el 1.° de febrero de 2026, cuando dirigentes y simpatizantes de Pueblo Soberano se reunieron en el Hotel Aurola, en San José, para celebrar el triunfo electoral de Fernández.

La imagen adquirió mayor relevancia después de la detención del empresario el pasado 2 de octubre.

El Ministerio Público confirmó que se trata de un ciudadano de origen chino naturalizado costarricense requerido por autoridades de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico. Según información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) citada por la Fiscalía costarricense, el sospechoso estaría relacionado con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo.

Tam figura como uno de los principales sospechosos de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en territorio costarricense. La captura fue coordinada por el Ministerio Público con la DEA, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas y autoridades estadounidenses.

La pregunta que ahora rodea al caso es cómo el empresario logró ingresar al espacio donde se celebraba el triunfo electoral de Pueblo Soberano.

Según La Nación, Tam habría accedido a salones privados del Hotel Aurola donde se encontraba el núcleo de la agrupación política. El medio señaló que el área tenía controles de ingreso y que el acceso se realizaba mediante invitación, lo que generó nuevas interrogantes sobre quién permitió su entrada.

Pilar Cisneros rechazó conocer al empresario y explicó que durante la celebración se fotografió con cientos de personas.

“No tengo la menor idea de quién es ese señor, nunca he hablado con él, ese día me pude haber tomado 400 o 500 fotografías”, manifestó Cisneros al ser consultada sobre la imagen.

La exdiputada también negó haber mantenido conversaciones con él y trasladó al propio partido las preguntas sobre cómo consiguió acceso a la actividad.

“Lo que tendría que hacer es averiguar quién lo invitó y por qué estaba ahí en esa actividad del gane de doña Laura”, señaló Cisneros.

Posteriormente, la asesora presidencial mencionó específicamente a la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, y al secretario general de la agrupación, Freddy González, como las personas que podrían aclarar el procedimiento utilizado para las invitaciones.

Ortega, por su parte, negó mantener una relación con Tam y afirmó que el empresario no forma parte de ninguna estructura de Pueblo Soberano. También aseguró desconocer quién lo invitó a la actividad.

La dirigente explicó que durante una campaña electoral es común que simpatizantes o asistentes busquen acercarse a candidatos y dirigentes para tomarse fotografías.

“La dinámica de las personas en una campaña electoral es acercarse a los que son candidatos o a quienes son representantes de la política a nivel nacional a tomarse fotografías”, sostuvo Ortega, aunque no aclaró cómo Tam logró ingresar específicamente al recinto privado en el que se encontraban las principales figuras del partido.

A raíz de la polémica, el Partido Pueblo Soberano informó este 5 de octubre que su Tesorería realizó una revisión de los registros financieros, contables y documentales de la agrupación y aseguró que Zhang Guobin, Guobin Tam Zhang o Juan Carlos Tam Cheong no mantiene ninguna relación comercial con el partido. Según el documento remitido al secretario general, Freddy González, tampoco existen donaciones en efectivo o especie, contratos, operaciones, transferencias, contribuciones ni registros de cesión vinculados con el empresario durante la campaña presidencial de 2026. La agrupación afirmó que con esta revisión busca aclarar que no existe relación financiera entre el detenido y el Partido Pueblo Soberano.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, designó a Ana Elena Pinto Lizano como nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto, cargo que asumirá tras la destitución de Manuel Tovar Rivera ocurrida el pasado 24 de septiembre.

El nombramiento de Pinto comenzará a regir el 15 de octubre de 2026, según informó la Presidencia de la República.

La designación pone fin al periodo de transición abierto luego de la salida de Tovar, quien fue separado del cargo por decisión de Fernández después de participar en una actividad de la iniciativa Escudo de las Américas sin informar previamente a la mandataria.

El cese de Manuel Tovar quedó formalizado posteriormente mediante el Acuerdo N.° 081-P, publicado en La Gaceta, con efectos a partir del 24 de septiembre de 2026. El documento calificó lo ocurrido como una “gestión inadecuada” y confirmó que la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, quedaría al frente de la Cancillería de manera interina.

Según informó entonces Casa Presidencial, Tovar participó el 22 de septiembre en una sesión de Escudo de las Américas celebrada en Nueva York y vinculada con autoridades estadounidenses, sin haber comunicado con antelación a Fernández los detalles de la actividad. El Gobierno señaló que la omisión impidió que la presidenta participara en un encuentro de alto nivel encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fernández aseguró posteriormente que había “errores que no se pueden pasar por alto” al referirse a la decisión de remover al canciller.

La nueva canciller es diplomática de carrera y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el Servicio Exterior costarricense.

Ana Elena Pinto Lizano es relacionista internacional y posee una Maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), además de un Diploma de Tercer Ciclo en Formación Diplomática del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos (CEDS), en París, Francia.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos de responsabilidad tanto en representaciones costarricenses en el exterior como dentro de la propia Cancillería.

Su trayectoria incluye funciones relacionadas con política exterior, relaciones internacionales, negociación internacional, organismos multilaterales, cooperación internacional y promoción económica, turística y cultural.

Entre sus responsabilidades más recientes destaca su labor como embajadora de Costa Rica ante la República Francesa y el Principado de Mónaco, además de delegada permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

El nombramiento significa que una funcionaria formada dentro de la carrera diplomática pasará ahora a dirigir directamente la política exterior del país desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Pinto llegará a la Cancillería en un momento de reacomodo institucional provocado por la destitución de Tovar, quien había sido nombrado por Fernández al inicio de su administración.

La nueva jerarca deberá asumir la conducción de una agenda que incluye relaciones bilaterales, participación en organismos multilaterales, cooperación internacional, promoción de los intereses costarricenses en el exterior y seguimiento de los principales temas de política internacional.

La Presidencia destacó como uno de los principales atributos de la nueva ministra su experiencia acumulada de más de 20 años dentro del aparato diplomático costarricense.

El fortalecimiento del fenómeno de El Niño comienza a modificar las condiciones agrícolas en distintos puntos del continente americano, con pérdidas de cultivos en Centroamérica y proyecciones de menor producción para algunos granos y legumbres en mercados como Canadá y Estados Unidos.

El escenario mantiene bajo observación el abastecimiento para los próximos meses en países importadores como Costa Rica, que obtiene una parte importante de los frijoles, lentejas, garbanzos y otros productos que consume de mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, México, Nicaragua y Argentina.

Uno de los mayores focos de preocupación se encuentra en Centroamérica, donde la falta de lluvias ha golpeado las cosechas del primer ciclo agrícola.

En Honduras, la sequía prolongada provocó durante la temporada Primera de 2026 la pérdida de 8,772 hectáreas de maíz y 3,080 hectáreas de frijol rojo, principalmente en departamentos ubicados dentro del denominado Corredor Seco.

El Gobierno hondureño adoptó medidas de emergencia y declaró en alerta roja a decenas de municipios ante los efectos de la falta de agua sobre la producción agropecuaria.

El problema no se limita a ese país. El sistema internacional GEOGLAM Crop Monitor for Early Warning informó que entre el 1 de abril y el 20 de agosto de 2026 sectores de la costa del Pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua recibieron apenas entre 30% y 60% de las precipitaciones promedio para ese periodo.

Según el organismo, fue uno de los periodos más secos observados en la región desde el inicio de sus registros comparables en 1981. Además, las condiciones del maíz de la primera temporada agrícola fueron clasificadas como “pobres” en Honduras y Nicaragua debido a los prolongados periodos secos y las altas temperaturas.

La situación de Nicaragua tiene especial relevancia para Costa Rica, debido a que ese país centroamericano es uno de los mercados de origen de frijol negro y rojo que posteriormente se comercializa en territorio costarricense.

El Niño podría alcanzar una intensidad excepcional

Las alteraciones agrícolas ocurren mientras los indicadores climáticos muestran que El Niño continúa fortaleciéndose.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó en septiembre que existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad considerada muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte de 2026-2027.

La entidad calculó además una probabilidad del 75% de que, durante el trimestre octubre-diciembre de 2026, El Niño alcance una magnitud que supere la intensidad de eventos registrados desde 1950, de acuerdo con el indicador RONI utilizado actualmente por la institución.

Sin embargo, la NOAA aclaró que una mayor intensidad incrementa la posibilidad de impactos asociados con El Niño, pero no significa que estos vayan a producirse de la misma manera en todos los países o regiones.

Para Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama, esa diferencia entre regiones será determinante para entender el comportamiento de los mercados durante los próximos meses.

“El clima no está afectando de la misma manera a todos los países productores. Podemos tener sequía y menores rendimientos en un mercado y condiciones más favorables o incluso exceso de lluvias en otro”, explicó.

Según Sandoval, la situación obliga a observar simultáneamente diferentes regiones productoras.

“Por eso es importante observar permanentemente qué está ocurriendo con las cosechas y contar con distintas alternativas de abastecimiento que permitan responder ante cambios en la disponibilidad de los productos”, agregó.

Canadá y Estados Unidos proyectan menos lentejas y frijoles

El panorama también presenta cambios importantes en Norteamérica, aunque las reducciones previstas no pueden atribuirse exclusivamente a El Niño.

El Gobierno de Canadá proyectó para la temporada 2026-2027 una producción de aproximadamente 2.5 millones de toneladas de lentejas, frente a los 3.36 millones de toneladas del ciclo anterior.

La reducción equivale a aproximadamente un 26%.

Para los frijoles secos, la producción canadiense fue estimada en unas 350,000 toneladas, frente a las 438,000 toneladas de la temporada anterior, una contracción cercana al 20%.

En Estados Unidos, las proyecciones también muestran descensos.

La producción total de frijoles secos para la temporada 2026-2027, excluyendo garbanzos, podría reducirse alrededor de 13%, mientras la producción estadounidense de lentejas se proyecta aproximadamente 27% por debajo del año anterior.

En estos casos, las disminuciones están relacionadas no solo con las condiciones climáticas, sino también con factores como una menor superficie sembrada y variaciones previstas en los rendimientos.

Esto adquiere relevancia para el mercado costarricense debido a la diversidad de productos importados desde esos países.

Según explicó La Maquila Lama, los frijoles blancos comercializados por la compañía proceden de Estados Unidos y Canadá, mientras las lentejas llegan principalmente desde Canadá.

Los garbanzos son adquiridos en México, Canadá y Argentina; el denominado frijol cubá procede de México; y los frijoles negros y rojos tienen como mercados de origen Estados Unidos, Argentina y Nicaragua.

“Debemos entender que el clima no conoce fronteras: lo que sucede con una cosecha en Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, México o Argentina puede modificar la disponibilidad internacional de determinados productos”, señaló Sandoval.

No significa necesariamente escasez o aumento de precios

Pese a las afectaciones y proyecciones de reducción, los especialistas consideran prematuro anticipar un problema generalizado de abastecimiento o un incremento de precios.

Mientras una región puede experimentar sequía y déficit de lluvias, otros mercados productores pueden atravesar condiciones favorables o incluso registrar excesos de humedad.

Además, la existencia de proveedores en distintos países permite compensar parcialmente los problemas que pueda enfrentar una zona específica.

“Más que anticipar desde ahora un aumento de precios o un problema de abastecimiento, debemos mantener vigilancia sobre las cosechas. Todavía es temprano para determinar el impacto final”, manifestó Sandoval.

El representante empresarial indicó que contar con distintos mercados de origen es una herramienta para enfrentar eventuales alteraciones climáticas o productivas.

“La experiencia demuestra que contar con diferentes mercados de origen permite reaccionar cuando una región enfrenta problemas climáticos o productivos”, añadió.

La estrategia de empresas importadoras incluye mantener proveedores distribuidos en diferentes países y regiones y conservar inventarios capaces de atender alteraciones temporales de los mercados.

Los siguientes meses serán determinantes.

La NOAA prevé que El Niño continúe fortaleciéndose hasta finales de 2026, por lo que la evolución de las precipitaciones, los rendimientos agrícolas y las próximas cosechas serán claves para conocer si las actuales afectaciones terminan repercutiendo sobre la disponibilidad internacional de granos y legumbres y, eventualmente, sobre los consumidores costarricenses.

La prisión preventiva contra cuatro hijos de Edwin López Vega, alias “Pecho de rata”, se mantendrá hasta el 23 de junio de 2027, según la resolución dictada por la jueza penal de Limón Alejandra Rojas en el caso “Riverside”.

La decisión, fechada el 30 de setiembre, individualizó los indicios contra dos hijas y dos hijos del investigado. La jueza sostuvo que el parentesco no permite atribuirles de forma automática los delitos investigados contra otras personas.

Según informó El Observador, para tres de los imputados Rojas consideró que existe una probabilidad cautelar de participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y la asociación ilícita. La cuarta hija quedó bajo análisis por una posible colaboración en el manejo de recursos financieros.

La resolución separó los indicios atribuidos a cada hijo

La jueza estableció que cada sospecha debe apoyarse en acciones concretas y evidencia individual. Ser hija o hijo de López Vega no alcanza para extenderles toda la responsabilidad por la estructura bajo investigación.

En el caso de una de las hijas, la resolución examinó comunicaciones con su padre sobre gestiones, cantidades y cálculos. El principal episodio analizado fue una secuencia de llamadas del 25 de junio de 2025, vinculada con una actividad que fue suspendida ante circunstancias consideradas riesgosas.

La juzgadora también reconoció que el bar y restaurante Ire Zone desarrollaba una actividad comercial real. Los testimonios de trabajadores, las facturas, las planillas y los movimientos bancarios respaldaban esa conclusión.

Administrar el negocio o contar efectivo no demuestra, por sí solo, una operación de legitimación de capitales. El análisis se concentró en el posible valor penal de sus comunicaciones dentro de la secuencia operativa investigada.

De acuerdo con El Observador, la resolución vinculó ese episodio con las diligencias sobre una presunta distribución de drogas en Cahuita. Para esta etapa, el imputado quedó relacionado con asociación ilícita y facilitación de actividades vinculadas con el tráfico de drogas.

“La confianza de Edwin en su hija no se convierte automáticamente en ‘dominio funcional’ de delitos ajenos”, indicó Rojas. La resolución precisó que la sospecha se limita al aporte concreto descrito y no abarca todos los hechos atribuidos a otras personas.

Dos llamadas sostuvieron la sospecha contra uno de los hijos

Para otro de los imputados, el elemento central fueron dos comunicaciones del 21 de enero de 2025. Un hombre de apellido Collado llamó a otra persona para decirle que el hijo de alias “Pecho de rata” le había advertido sobre un seguimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La jueza advirtió que en esas llamadas no se oyó directamente la voz del hijo de López Vega. Tampoco existía una observación de una venta de drogas realizada personalmente por él.

A pesar de esas limitaciones, Rojas valoró la proximidad entre ambas comunicaciones, la reiteración de la advertencia y la reacción de alertar a terceros para que guardaran lo que tenían. Esos aspectos fueron considerados un indicio específico de participación en una cadena de avisos por la presencia policial.

La jueza no encontró, en cambio, una operación específica que demostrara que ese hijo hubiera recibido, transferido u ocultado bienes de procedencia delictiva. Por ello, no consideró acreditada una sospecha suficiente por legitimación de capitales.

El traslado de un paquete no permitió identificar su contenido

La valoración sobre el segundo hijo incluyó comunicaciones relacionadas con coordinaciones y una vigilancia policial realizada el 20 de enero de 2026. Según el seguimiento, el imputado ingresó con un paquete a un inmueble utilizado por otro investigado y salió sin él.

La resolución puntualizó que no se incautó el paquete. Tampoco se comprobó que se tratara del mismo objeto que habría sido entregado posteriormente.

La información previa sobre un supuesto cargamento de cocaína no bastaba para establecer que el paquete trasladado contuviera esa sustancia. La observación no permitió definir una cantidad, identificar el contenido ni acreditar una entrega concreta.

Aun así, la jueza entendió que las comunicaciones de contenido operativo, las indicaciones procedentes de Edwin López Vega y el traslado material del objeto permitían sostener una probabilidad de participación en la logística de las actividades de tráfico investigadas.

“La información previa acerca de un supuesto cargamento de cocaína no equivale a la constatación” de que el paquete tuviera droga, señaló la resolución. Ese límite impidió considerar probado un traslado específico de estupefacientes.

Las billeteras digitales centraron el caso de la segunda hija

La cuarta imputada quedó vinculada provisionalmente con legitimación de capitales y asociación ilícita. Entre los indicios figuraban imágenes de plataformas o billeteras digitales con su nombre, encontradas en el teléfono decomisado a su padre.

Además, las autoridades localizaron tarjetas bancarias y documentos identificados con ella dentro de un vehículo conducido por otra persona. La hipótesis sostiene que su identidad habría sido utilizada en instrumentos financieros para dificultar la identificación de quienes controlaban los recursos.

“Corresponderá a la investigación confirmar o descartar si ella conocía y aceptaba ese uso”, manifestó Rojas. La jueza concluyó que la coincidencia de los elementos excedía una sospecha fundada únicamente en el parentesco.

El cuadro incorporado a la resolución resumió los alcances de las atribuciones provisionales. La primera hija fue asociada con delitos relacionados con tráfico de drogas, asociación ilícita y facilitación de actividades.

Uno de los hijos fue relacionado con asociación ilícita y facilitación de actividades vinculadas con el tráfico. El otro apareció asociado con hechos ligados al tráfico de drogas y la asociación ilícita.

La segunda hija figuró por legitimación de capitales y asociación ilícita. En los cuatro casos, la jueza remarcó que los indicios no prueban una participación total en la estructura investigada ni autorizan atribuirles automáticamente operaciones específicas de lavado de dinero o tráfico de drogas.

Para Gelina Abrego y su hija Jessica, cruzar desde la comarca panameña de Ngäbe-Buglé hacia Costa Rica no supone solo iniciar una temporada de trabajo.

El trayecto incluye trámites migratorios, controles de salud y, en algunos casos, una noche de espera antes de llegar a las fincas cafetaleras. El Ministerio de Salud de Costa Rica anunció esta semana que reforzará la atención sanitaria para la población indígena migrante que ingresa por la frontera sur durante la cosecha de café.

Según el anuncio oficial, unas 15 mil personas participan cada año de esta migración laboral desde Panamá hacia distintas zonas agrícolas costarricenses. Muchas viajan para emplearse de forma temporal en cafetales de la Zona Sur, Turrialba, en Cartago, y San Ramón, en Alajuela, antes de regresar a sus comunidades.

Madre e hija llevan tres años en ese circuito. La cosecha representa la fuente de ingresos que encontraron para sostenerse, aunque el acceso al empleo depende de un proceso fronterizo que puede extenderse más allá de una jornada.

Controles para detectar malaria, tuberculosis y otras enfermedades

Después de completar los trámites migratorios, las personas que ingresan por el sector de San Marcos de Sabalito, en Coto Brus, deben pasar por pruebas para detectar malaria, tuberculosis y otras enfermedades, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El Área Rectora de Salud de Coto Brus tiene a cargo los tamizajes. La directora de esa dependencia, Hazel Vargas, señaló que todos los migrantes deben cumplir con el control para identificar posibles casos de malaria, una enfermedad que Costa Rica busca erradicar.

“Los casos que dan positivo son atendidos de manera inmediata y nos ponemos en contacto con las autoridades panameñas”, afirmó Vargas, según el comunicado. La medida apunta a facilitar el acceso a la atención médica y a identificar riesgos sanitarios durante el tránsito de los trabajadores.

La frontera entre Costa Rica y Panamá en ese sector abarca unos 90 kilómetros, una extensión que condiciona la capacidad de respuesta institucional y el traslado de quienes llegan desde comunidades indígenas para sumarse a las labores agrícolas.

Albergue temporal para quienes no terminan el proceso en un día

No todos logran completar los requisitos de ingreso antes del cierre de la jornada. Para esos casos, en Río Sereno funciona un albergue temporal donde pueden pasar la noche, recibir alimentos y protegerse de las condiciones climáticas mientras esperan continuar el trámite al día siguiente, de acuerdo al portal de Salud de Costa Rica.

El lugar tiene capacidad para cerca de 40 personas y es sostenido de forma gratuita por Rosenda y John Harmon, una pareja de ciudadanos estadounidenses, según informó el Ministerio de Salud, que trabaja en la regularización del espacio para que pueda seguir operando bajo las normas vigentes.

La disponibilidad de alojamiento evita que familias y trabajadores queden expuestos durante la espera, pero la capacidad resulta limitada frente al volumen de personas que cruza durante la temporada cafetalera.

Coordinación institucional para mejorar las condiciones de ingreso

La situación de Gelina y Jessica Abrego refleja una dinámica que se repite cada año en la frontera sur. La llegada de trabajadores ngäbe-buglé permite cubrir tareas estacionales en el sector cafetalero, aunque para quienes migran el recorrido combina empleo temporal, controles sanitarios, documentación y la incertidumbre sobre cuánto demorará el ingreso.

El Ministerio de Salud anunció que coordinará acciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección General de Migración y Extranjería y representantes del sector cafetalero. El objetivo declarado es mejorar las condiciones de salud, seguridad y trato digno de las personas que cruzan la frontera para trabajar.

Para las familias que dependen de esta ruta, el resultado de esas gestiones se medirá en cuestiones concretas: la rapidez de los trámites, el acceso a controles médicos, un lugar donde dormir cuando no alcanzan las horas del día y la posibilidad de llegar a las fincas sin que la frontera se convierta en un obstáculo adicional.

Detrás del carrito de Dulce y Sal, Nicole Goldgewicht encontró una forma de convertir una herramienta de comunicación en un vínculo cotidiano con otras personas. Desde un espacio visible dentro de la tienda Tips, atiende a quienes se acercan a comprar productos de repostería y pastelería con una computadora de comunicación asistida.

La joven, de 21 años y con parálisis cerebral, dejó las tareas que realizaba en la empresa para concentrarse en este proyecto. La nueva actividad le permite conversar con los clientes, ofrecer los productos y realizar los cobros desde su propio puesto.

Nicole creó Dulce y Sal dentro de Tips después de expresar a su familia que quería emprender. El carrito combina una actividad comercial con el uso diario de la herramienta tecnológica, de modo que pueda relacionarse directamente con el público en situaciones concretas.

Su madre explicó a CR Hoy que esa posibilidad fue uno de los motivos centrales detrás de la iniciativa. “Aparte de que sea su emprendimiento, es una manera de que siga practicando la parte de comunicación, que le encuentre un uso en el día a día”, señaló.

El carrito nació después de su experiencia en Recursos Humanos

Antes de instalar el puesto de pastelería, Nicole colaboró durante aproximadamente dos años en el área de Recursos Humanos de Tips. Entre sus tareas estuvo la organización de actividades para los empleados durante las celebraciones por el Día de la Madre, el Día del Niño y el Día del Padre.

Ese recorrido precedió a una conversación con sus padres, a quienes les dijo que deseaba tener un emprendimiento propio. La familia decidió acompañar esa iniciativa y ayudar a transformar la idea en un proyecto que pudiera funcionar dentro del local.

Sus familiares construyeron el carrito de repostería, gestionaron su ubicación en la tienda y la acompañaron durante la selección de la mercadería. También participaron en el cálculo de los precios, aspectos necesarios para que el puesto comenzara a operar.

La madre de Nicole consideró ante CR Hoy que algunas personas con discapacidad pueden requerir apoyos para desarrollar determinados planes. Aun así, sostuvo que esa ayuda no debe desplazar sus decisiones ni limitar sus aspiraciones.

“Hay que creer que ellos sí pueden”, afirmó. Para ella, el punto de partida está en reconocer que una persona puede necesitar herramientas o colaboración para concretar un objetivo, sin que eso implique que no pueda elegir el camino que quiere seguir.

La mujer planteó que el entorno debe facilitar recursos para que los proyectos personales se vuelvan posibles. En su reflexión, vinculó esa oportunidad con la autonomía, el cumplimiento de los sueños y la posibilidad de construir una rutina elegida.

“Entonces, lo que uno tiene que hacer es apoyarlos con las herramientas, con lo que uno pueda, para que ellos realicen sus sueños también y puedan salir adelante siendo personas útiles”, expresó.

También sostuvo que la sensación de utilidad puede dar sentido a la vida diaria. Según explicó, contar con una actividad propia puede convertirse en un motivo para levantarse por la mañana, alistarse y comenzar el día.

Doris Goldgewicht celebró el proyecto de su nieta

La chef Doris Goldgewicht, abuela de Nicole, compartió un mensaje de orgullo tras conocer el emprendimiento. Sus palabras estuvieron dirigidas a la joven y destacaron la manera en que encara los desafíos que aparecen en su vida.

“Ay, Niki, qué orgullosa me siento de vos, machita. De verdad que sos mi ídolo”, le dijo la cocinera. La chef celebró que su nieta se animara a llevar adelante una idea propia y a compartir con otros aquello que imagina.

Doris Goldgewicht le manifestó que Nicole le enseñó que puede alcanzar aquello que se propone. Además, destacó la alegría con la que transmite sus ocurrencias y la disposición que muestra para convertirlas en acciones.

“Me has enseñado que, de veras, cualquier cosa para vos es posible y lo mejor de todo es esa alegría tuya para compartir con los demás todo lo que se te ocurre”, expresó. La abuela añadió que la ama y la definió como su héroe.

La chef también recordó las dificultades que atravesó su nieta y valoró la actitud con la que, según dijo, las enfrentó. “Con todo lo que vos has pasado, siempre estás con esa sonrisa y siempre, siempre estás dispuesta a hacer algo más”, afirmó.

Para Doris Goldgewicht, esa disposición se expresa en la búsqueda de propuestas que entusiasmen a Nicole y que puedan aportar a otras personas. “Algo que te emocione, algo que ayude a otros. O sea, de verdad, sos excepcional”, concluyó.

La Presidencia de Costa Rica anunció este domingo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) será inaugurado el 14 de octubre a las 12:30. La ceremonia se transmitirá en directo a través de YouTube, según informó el Gobierno en la cadena nacional emitida este domingo 4 de octubre.

El anuncio fue uno de los principales mensajes de la intervención oficial, que incluyó imágenes de la infraestructura y declaraciones de la presidenta Laura Fernández. “Hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo”, afirmó.

El Gobierno vinculó la prisión con su política contra el crimen organizado

Fernández sostuvo que la nueva cárcel responde a los reclamos de las víctimas y de las familias afectadas por la inseguridad. “Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes”, dijo durante el video.

La mandataria señaló que el proyecto busca reforzar la respuesta estatal frente a las estructuras criminales. “Hoy más que nunca vamos a defender a nuestra patria con todas nuestras fuerzas”, expresó al cierre de la pieza audiovisual.

La cadena también incorporó fragmentos de críticas al proyecto, que cuestionaban la denominación y la dimensión de la prisión. En respuesta, Fernández se paseó por algunos de los espacios del centro.

“No hay tal megacárcel, es una cárcel pequeña”, “Esto no es una megacárcel, es una mentira”, fueron algunas de las reacciones al prryecto a los que Fernández reaccionó mostrando el adelanto de lo que le espera a Costa Rica.

El centro se construye dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y fue concebido para concentrar a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras de crimen organizado o clasificadas bajo perfiles de alta peligrosidad.

La infraestructura contará con cinco módulos y tendrá capacidad para aproximadamente 5.100 reclusos. Cada módulo podrá albergar alrededor de 1.020 personas, de acuerdo con información divulgada sobre el proyecto.

El CACCO no operará bajo las mismas condiciones que otros centros penitenciarios del país. El Ministerio de Justicia explicó anteriormente que la denominada alta contención contempla restricciones adicionales dirigidas a reducir las posibilidades de que personas vinculadas con organizaciones criminales continúen coordinando actividades desde prisión.

Informes realizados desde el interior de la obra también señalan que los internos dispondrían de períodos limitados fuera de las celdas y que existirán espacios de aislamiento para quienes generen disturbios dentro del centro.

La administración Fernández presentó el proyecto como una herramienta para reforzar el control sobre reclusos relacionados con sicariato, narcotráfico y crimen organizado, aunque la asignación de internos dependerá de los criterios técnicos y penitenciarios aplicables.

Medidas para pescadores de Puntarenas

La presidenta anunció también un decreto para que los pescadores sujetos a veda reciban un pago por servicios ambientales. Informó además que la Embajada de Estados Unidos donó balizas para embarcaciones pesqueras, una medida que, según afirmó, contribuirá a mejorar la seguridad de quienes trabajan en el mar.

Las autoridades de Panamá incautaron 2,852 paquetes de droga que eran transportados en una embarcación interceptada en aguas del Pacífico, cerca de la frontera con Costa Rica, según informó este domingo la Fiscalía panameña. El cargamento fue hallado durante una operación realizada al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

La Fiscalía no precisó el tipo de sustancia ni el peso total del alijo. Los paquetes suelen pesar aproximadamente 1 kilogramo cada uno, aunque las autoridades deberán establecerlo mediante los peritajes correspondientes.

En el operativo fueron detenidos tres extranjeros: dos ciudadanos colombianos y un costarricense. Los sospechosos comparecerán ante un juez en las próximas horas, de acuerdo con la información oficial.

Tres extranjeros detenidos durante el operativo en Barú

La embarcación fue ubicada durante la madrugada de este domingo en jurisdicción del distrito de Barú, una zona de Chiriquí que limita con Costa Rica y que forma parte de las rutas marítimas bajo vigilancia de los organismos de seguridad panameños.

Chiriquí registró un alza de los decomisos en 2026

La incautación se produjo pocos días después de que datos oficiales mostraran un aumento de los decomisos de drogas en Chiriquí. Entre enero y agosto de 2026, la provincia acumuló 12,91 toneladas de sustancias ilícitas, frente a las 1,34 toneladas registradas en el mismo período de 2025.

Del total decomisado este año en esa provincia, 9,08 toneladas correspondieron a cocaína y 3,83 toneladas a marihuana, según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. Agosto fue el mes con mayor actividad en Chiriquí, con 3,29 toneladas incautadas.

En septiembre, las fuerzas de seguridad también decomisaron 1.380 paquetes de droga durante un allanamiento a una bodega. En otro operativo, desarrollado en el Pacífico, las autoridades interceptaron un cargamento de 5.529 paquetes.

El uso de embarcaciones para mover cargamentos continúa como una de las modalidades detectadas en las operaciones contra el narcotráfico. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades informaron la incautación de 15,92 toneladas de cocaína en puertos del Pacífico y el Atlántico, además de cargamentos detectados en naves interceptadas en mar abierto.

De acuerdo con datos oficiales, el país decomisó 69,5 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026. La cocaína representó 46,2 toneladas, equivalentes al 66,5% del total.

Panamá figura en la lista estadounidense de países de tránsito

Panamá es considerada una ruta de paso para la droga producida en Sudamérica con destino a Estados Unidos y Europa. El país alcanzó uno de sus mayores registros recientes en 2023, cuando decomisó 129,9 toneladas de sustancias ilícitas.

La cifra descendió a 124,4 toneladas en 2024 y a 122,04 toneladas en 2025. En 2021, el país había registrado el máximo de la serie reciente, con 145,2 toneladas confiscadas.

Estados Unidos volvió a incluir a Panamá en su lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. La designación contempla factores como la ubicación geográfica, las rutas comerciales y el movimiento marítimo del país.

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que Washington trabaja a diario con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para que el país salga de esa clasificación.

Un ciudadano nicaragüense fue detenido este domingo en el norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua, bajo sospecha de tráfico ilícito de personas. Las autoridades lo interceptaron cuando, según el Ministerio de Seguridad Pública, intentaba eludir un puesto fronterizo para trasladar a diez compatriotas hacia una comunidad de la zona.

El detenido, identificado por el apellido Rivas, fue capturado por oficiales fronterizos en las inmediaciones del puesto de Tablillas. De las diez personas que viajaban con él, siete se encontraban en condición migratoria irregular, de acuerdo con la información oficial recogida por la agencia EFE.

El caso fue remitido a la Fiscalía de Los Chiles, en la zona norte costarricense. Un juzgado penal ordenó quince días de prisión preventiva para el sospechoso, mientras avanza el proceso judicial que podría llegar a juicio.

Rivas buscó evadir los controles migratorios

Las autoridades señalaron que Rivas habría buscado evitar los controles migratorios en Tablillas, uno de los puntos de vigilancia situados en el límite entre Costa Rica y Nicaragua. El objetivo, según el comunicado oficial, era conducir al grupo hacia una localidad cercana después de cruzar la frontera.

La Policía de Fronteras detectó el desplazamiento y procedió a detener al supuesto responsable. El Ministerio de Seguridad Pública no precisó las condiciones en las que viajaban las diez personas ni el medio de transporte utilizado durante el operativo.

La investigación se concentra en establecer la participación del detenido en el traslado de los migrantes y determinar si existían otras personas involucradas. En Costa Rica, el delito de tráfico ilícito de personas contempla penas de hasta ocho años de cárcel.

Siete migrantes, presentados como testigos y enviados a Migración

Los siete nicaragüenses que no tenían una situación migratoria regular fueron presentados ante la Fiscalía de Los Chiles como testigos en la causa contra Rivas. Tras esa instancia, quedaron a cargo de la Policía Profesional de Migración.

“Los extranjeros que estaban en condición migratoria irregular fueron presentados como testigos ante la mencionada fiscalía”, informó el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado. Luego, añadió la institución, serán devueltos a Nicaragua mediante el procedimiento migratorio correspondiente.

Las otras tres personas trasladadas por el sospechoso no fueron incluidas en ese proceso de devolución, según las autoridades. El comunicado tampoco precisó su situación migratoria ni si aportaron testimonios ante la Fiscalía.

El tráfico ilícito de personas se diferencia de la trata porque se vincula con facilitar el ingreso, la salida o el tránsito irregular de personas a cambio de un beneficio económico u otro tipo de ventaja. La investigación judicial deberá determinar si se configuró ese delito en el caso detectado en la frontera norte.

Más de 218 mil solicitantes de protección internacional en Costa Rica

El arresto se produjo en un contexto de movilidad constante entre Nicaragua y Costa Rica. El país costarricense recibe desde hace años a ciudadanos nicaragüenses que buscan empleo, reunificación familiar o protección internacional.

De acuerdo con datos oficiales citados por EFE, más de 218 mil personas solicitantes de protección internacional, la mayoría procedente de Nicaragua. Esa cifra refleja la presión sobre los mecanismos migratorios y de refugio en un país con una extensa frontera terrestre y numerosos pasos formales e informales.

La causa contra Rivas continuará bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales de Los Chiles, mientras la Policía de Migración ejecuta las medidas administrativas sobre los siete testigos que permanecían en situación irregular.

Las autoridades costarricenses detectaron varios cargamentos de licores y bebidas energéticas presuntamente ingresados por contrabando durante controles efectuados en Pérez Zeledón y Parrita. En total, la Fuerza Pública y la Policía de Control Fiscal (PCF) incautaron 6,408 unidades que eran trasladadas en cuatro vehículos.

La mayor parte de la mercancía fue ubicada en Pérez Zeledón, cantón de la provincia de San José. Los oficiales interceptaron dos vehículos en los distritos de San Pedro y Daniel Flores, donde encontraron 4,647 unidades de bebidas. Según la información divulgada por las autoridades, los productos procedían de la frontera sur del país.

Tres hombres de apellidos González, Álvarez y Barrantes quedaron vinculados con este procedimiento. Las autoridades indicaron que dos de ellos registran antecedentes: Álvarez por legitimación de capitales y Barrantes por transporte ilegal de licores. La información disponible no precisa si fueron detenidos, ni detalla las marcas, el valor comercial de los productos o su destino final.

Dos vehículos fueron interceptados en la carretera Costanera

El segundo decomiso ocurrió en Parrita, en la provincia de Puntarenas. Durante patrullajes en la carretera Costanera, los agentes abordaron otros dos vehículos que transportaban bebidas alcohólicas.

Uno de los automotores llevaba 1,320 unidades de licor y el otro, 488. Ambas cantidades completan las 1,808 unidades decomisadas en ese cantón. Sumadas a las incautadas en Pérez Zeledón, elevaron el total del operativo a 6,408 productos.

La mercancía quedó a disposición de la Policía de Control Fiscal, que deberá efectuar el conteo oficial y determinar las diligencias que corresponden. Esa dependencia del Ministerio de Hacienda investiga posibles infracciones relacionadas con el ingreso, traslado, almacenamiento o comercialización de mercancías que no cumplen las exigencias fiscales y aduaneras.

El caso se mantiene bajo análisis debido a que las autoridades calificaron los productos como presuntamente contrabandeados. Hasta ahora, no se informó sobre una eventual acusación formal, el cálculo de impuestos que se habrían dejado de pagar ni posibles sanciones para los sospechosos.

Los controles buscan verificar el origen legal de las mercancías

Costa Rica mantiene operativos de vigilancia en carreteras, zonas fronterizas, bodegas y comercios para detectar mercancías que podrían circular sin el pago de tributos o sin los permisos requeridos para su venta. Estos controles incluyen patrullajes, inspecciones de vehículos y verificaciones sobre el origen de los productos.

La PCF trabaja en coordinación con otras instituciones de seguridad y fiscalización cuando identifica indicios de contrabando, evasión tributaria o comercio irregular. En procedimientos recientes, el Ministerio de Hacienda también ha señalado la importancia de las denuncias ciudadanas, que pueden dar inicio a investigaciones y seguimientos sobre movimientos inusuales de productos.

Las medidas buscan impedir que bebidas alcohólicas, alimentos, medicamentos, cigarrillos y otros artículos ingresen o se distribuyan fuera de los mecanismos legales. En el caso de los licores, la fiscalización también apunta a comprobar que los productos cuenten con la documentación correspondiente y que hayan cumplido las obligaciones tributarias aplicables.

Las autoridades no informaron cuándo concluyeron los operativos ni si ampliarán la investigación a otros vehículos, comercios o personas. La definición del caso dependerá de la revisión de la mercancía decomisada y de las verificaciones que realice la Policía de Control Fiscal.

La planificación educativa en Costa Rica podría enfrentar cambios durante los próximos años por la reducción proyectada de la población infantil. El informe Education at a Glance 2026 (Panorama de la Educación 2026), publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estima que el país tendrá 28% menos niños de entre cinco y 14 años en 2033 que en 2024.

La disminución prevista para el país supera el descenso de 9% calculado para la OCDE durante el mismo período. El informe sitúa a Costa Rica entre los países donde se proyectan las mayores reducciones de población en ese tramo de edad, junto con otras naciones que también registrarían un descenso en la cantidad de niños.

Corea registraría la caída más alta, con 40%. Argentina y Costa Rica tendrían una baja de 28%, mientras que Letonia y Lituania presentarían descensos de 23% y 22%, respectivamente, según los datos difundidos por El Observador.

La tendencia también abarcaría a los niños más pequeños. La población costarricense de cuatro años o menos disminuiría 16% entre 2024 y 2033, una variación que anticipa una posible reducción de la matrícula escolar más allá de la próxima década.

La proyección se refiere a la evolución de la población por edad y no define, por sí sola, cómo cambiará la cantidad de alumnos matriculados en cada institución. El resultado también dependerá de la distribución territorial de las familias y de las decisiones que adopte el sistema educativo.

La proyección no establece una reducción equivalente de docentes

Una menor cantidad de estudiantes no supone una disminución proporcional del personal docente. La demanda de maestros depende, además, de la cantidad de alumnos por aula, las jornadas laborales, el tiempo de instrucción, la organización escolar, el financiamiento y la ubicación de la población.

Los datos de la última década en la OCDE muestran que la matrícula y el empleo docente pueden evolucionar a ritmos distintos. Entre 2015 y 2024, la cantidad de alumnos de primaria aumentó 2% en los países del organismo, mientras que el número de docentes de ese nivel, medido en equivalentes de tiempo completo, subió 13%.

En Costa Rica, la cantidad de estudiantes de primaria se redujo 3% durante ese período. Al mismo tiempo, el número de docentes de primaria aumentó 8%, según la información incluida en el reporte de la OCDE.

El organismo señala que el descenso demográfico podría reducir la demanda de profesores si las restantes políticas educativas se mantienen sin modificaciones. Esa posibilidad no implica que una baja de alumnos produzca automáticamente una reducción de igual proporción en la plantilla educativa.

La necesidad de personal también estará vinculada con las jubilaciones y otras salidas de docentes. Las decisiones sobre financiamiento, tamaño de los grupos y distribución de las plazas pueden modificar el efecto de la caída poblacional en cada zona del país.

La concentración regional del descenso será otro elemento relevante. Las áreas que pierdan población infantil con mayor rapidez podrían enfrentar desafíos diferentes de aquellas donde la matrícula se mantenga o disminuya a un ritmo menor.

Las escuelas costarricenses tienen una matrícula menor por grado

Las instituciones de primaria de los países miembros y economías asociadas de la OCDE registran un promedio de 34 estudiantes por grado. En Costa Rica, los datos de 2024 muestran una media de 17 alumnos por grado por institución.

La diferencia puede estar relacionada con la distribución geográfica de la población y con la necesidad de sostener el acceso educativo en comunidades de menor tamaño. En especial en las zonas rurales, una red dispersa puede requerir centros que atiendan a grupos reducidos.

Las escuelas pequeñas pueden facilitar vínculos más cercanos entre estudiantes, docentes y familias. También pueden sostener una relación directa entre el centro educativo y la comunidad donde funciona.

A la vez, mantener infraestructura y personal para una matrícula limitada puede elevar el costo por alumno. La menor fecundidad y la salida de habitantes de áreas rurales pueden profundizar la reducción de la población escolar y dificultar la continuidad de una red amplia de establecimientos.

La OCDE plantea que la planificación de la oferta educativa debe considerar esa tensión. La organización de la red no depende únicamente de la cantidad de alumnos, sino también de las condiciones de traslado y acceso de cada comunidad.

La reorganización de centros puede modificar el acceso territorial

El cierre de una escuela o la concentración de la matrícula en otra localidad puede reducir algunos costos de funcionamiento. Esa medida también puede aumentar las distancias de traslado que los estudiantes deben recorrer para asistir a clases.

El informe plantea que la eficiencia económica de la red escolar debe equilibrarse con el acceso territorial al servicio educativo. La continuidad de un centro en una comunidad puede tener implicaciones que van más allá de su cantidad de alumnos.

La publicación de la OCDE menciona el caso de Finlandia, donde algunas comunidades rurales perdieron población después del cierre de sus escuelas locales. La referencia muestra una relación posible entre la permanencia de servicios educativos y la continuidad de habitantes en localidades pequeñas.

El reporte también cita a Portugal, que agrupó la administración y la gobernanza de varios centros educativos. Ese país mantuvo la oferta en distintas localidades, aun cuando reorganizó la gestión de las instituciones.

El caso portugués aparece como una modalidad distinta de reorganización. La centralización administrativa no implicó necesariamente trasladar a todos los estudiantes hacia una sola escuela.

Los datos difundidos por El Observador a partir del informe de la OCDE plantean una previsión demográfica para Costa Rica. El alcance de ese cambio sobre la matrícula, los docentes y la infraestructura dependerá de las políticas educativas y de las condiciones de cada territorio.

Algunas fincas cacaoteras del Caribe y Talamanca, en Costa Rica, registraron reducciones de entre 50% y 60% en su producción debido a las lluvias intensas de 2026. Los productores prevén que la pérdida de flores y las dificultades para procesar el grano también repercutan en la cosecha que recogerían dentro de seis meses.

El 16 de agosto, nueve estaciones de la Vertiente del Caribe registraron el día más lluvioso de toda su serie de datos. En algunos puntos, la precipitación acumulada estuvo cerca de 360 milímetros en 48 horas, mientras que la mayoría de esas estaciones cuenta con registros de más de 10 años.

La propietaria de la productora Skenseke Ta, Elena Gaitán, calculó que perdió cerca del 60% de su grano durante este período. La afectación también alteró la previsión de entregar 10 toneladas de cacao a sus clientes en marzo, una meta que ya no pudo cumplir en las condiciones previstas, según informó El Observador.

“Es que ahora no llueve como antes, que empezaba a lloviznar y ya. No, ahora es primero un viento fuerte que se lleva lo que tenga que llevarse, árboles y todo”, dijo Gaitán a El Observador. La productora señaló que, después de los vientos, se producen aguaceros de gran intensidad que terminan por derribar las flores de los árboles.

Gaitán sostuvo que las flores vinculadas con la cosecha de estos meses ya cayeron y que la misma situación se observa en la producción posterior. Esa pérdida limita la formación de mazorcas, ya que las flores que se desprenden antes de tiempo no llegan a transformarse en los frutos que contienen el cacao.

El productor de Finca La Fe en Talamanca, José Alberto Moore, estimó que las lluvias afectaron entre 50% y 60% de las flores de sus plantaciones. La menor disponibilidad de grano lo llevó, en algunas oportunidades, a comprar cacao a otros agricultores para cumplir con la cuota de venta que tenía establecida.

La humedad también favorece enfermedades y limita la polinización

El investigador Carlos Hernández, de la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional, explicó que la reducción de la floración se traduce en menos grano disponible para comercializar durante los meses siguientes. El efecto puede alcanzar a más de 1,500 familias productoras de cacao en el país, cuyos ingresos dependen en buena medida del resultado de la cosecha.

“Estamos hablando de una gran cantidad de familias que van a percibir una menor cantidad de recursos”, afirmó Hernández ante el diario. El investigador añadió que numerosas familias cacaoteras viven en comunidades de la región norte, zonas fronterizas y territorios indígenas, donde las condiciones económicas suelen ser más complejas.

El exceso de humedad también altera la actividad de Forcipomyia, un mosquito que interviene en la polinización de las flores del cacao. Hernández indicó que las lluvias reducen su capacidad para desplazarse entre las plantas, lo que limita el proceso de polinización y puede aumentar la caída de flores.

Las condiciones de humedad favorecen, además, la propagación de la mazorca negra, una enfermedad provocada por Phytophthora palmivora. Hernández señaló que ese problema afecta a los cacaotales de las áreas con exceso de lluvia, que incluyen todo el Caribe y la zona de Talamanca.

“Esa enfermedad está afectando muchísimo los cacaotales actualmente en la zona donde hay exceso de lluvias, que es todo el Caribe y la zona de Talamanca”, sostuvo el investigador ante la publicación. A la pérdida de flores y la presencia de la enfermedad se suma la dificultad para secar el cacao una vez cosechado.

El secado representa un obstáculo particular para los pequeños productores, que suelen utilizar el sol para completar ese proceso en sus fincas. La persistencia de las precipitaciones impide que el grano se seque en las condiciones habituales y agrega una limitación a la producción que todavía logra recolectarse.

La actividad enfrenta problemas de precios y cambios productivos

La producción de cacao se concentra mayoritariamente en el Caribe costarricense y se ha reducido con el paso de los años. Moore afirmó que varios agricultores cambiaron al cultivo de plátano porque el precio del cacao es bajo y no resulta competitivo frente al valor de los racimos de banano.

El productor busca complementar los ingresos de su finca con alternativas vinculadas al turismo rural comunitario. Esa decisión responde a un escenario en el que los agricultores enfrentan, al mismo tiempo, dificultades climáticas, condiciones de mercado y una menor disponibilidad de cacao para vender.

“Somos sobrevivientes. Esa ha sido nuestra política todo el tiempo: sobrevivir a todo tipo de inclemencia de tiempo, de precio, de mercado”, dijo Moore. Para las familias que dependen del cultivo como fuente principal de recursos, la merma de la cosecha ya comienza a reflejarse en menores ingresos.

La magnitud final de la afectación dependerá de la evolución de las lluvias, del alcance de las enfermedades en las plantaciones y de la posibilidad de los productores de secar y comercializar el grano. La pérdida de flores registrada durante este período también condiciona la disponibilidad futura de cacao.

Un estudio analizó pérdidas de cacao vinculadas con extremos de lluvia

El fenómeno observado en Costa Rica coincide con hallazgos de otras regiones tropicales. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, citado por El Observador, revisó dos décadas de datos sobre la producción de cacao en Ghana y vinculó los extremos climáticos con variaciones en los rendimientos.

La investigación concluyó que el exceso de lluvia durante la temporada húmeda, junto con la sequía en la estación seca, explicó el 68% de la variabilidad anual de la producción cacaotera en ese país. El trabajo fue titulado Las lluvias extremas impulsan pérdidas de rendimiento del cacao en los trópicos.

Los investigadores también identificaron respuestas negativas ante precipitaciones intensas en Ecuador e Indonesia. Según el estudio, ese patrón sugiere la existencia de un mecanismo común que afecta a las regiones tropicales productoras de cacao cuando las lluvias alcanzan niveles extremos.

Durante la temporada 2023/2024, África Occidental registró pérdidas de hasta 40% después de varios años de producción reducida. Esas caídas amenazaron la principal fuente de ingresos de cerca de dos millones de pequeños agricultores de la región.

Costa Rica registró una creación neta de 22,291 empleos, aunque la cantidad de personas desocupadas aumentó en 19,867 durante el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2026. El resultado se explicó porque la fuerza de trabajo creció en 42,158 personas, por encima de la expansión del empleo.

Esto datos según el informe “Crece el empleo y el desempleo en Costa Rica”, elaborado por la economista Roxana Morales Ramos, del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

El análisis, basado en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), muestra un mercado laboral con creación de puestos, aunque con diferencias entre sectores, tipos de ocupación y niveles de calificación.

La mayor parte de las personas que se incorporaron al desempleo fueron hombres, que representaron cerca del 80% del aumento. El informe indica además que el 99.5% de ese grupo tenía experiencia laboral previa. El 56% tenía entre 35 y 44 años, mientras que el 63% contaba con primaria completa como máximo nivel educativo.

Comercio, enseñanza y transporte concentraron los mayores aumentos

En cuanto a las actividades económicas, comercio y reparación encabezó los aumentos, con 47,942 empleos más respecto del mismo trimestre móvil del año anterior.

Le siguieron Enseñanza y salud, con 33,835 puestos adicionales, y Transporte y almacenamiento, con un incremento de 23,117 empleos.

En sentido contrario, la Industria manufacturera perdió 29,857 empleos. También hubo descensos en Comunicación y otros servicios, con 25,427 puestos menos; Servicios de intermediación financiera y seguros, con una baja de 18,650; y Servicio doméstico, que redujo su ocupación en 11,466 personas.

El documento vinculó el retroceso en manufactura con el comportamiento de la actividad del sector. Según el informe, el Índice Mensual de Actividad Económica de la industria manufacturera tuvo en julio una variación interanual de -0.56%, frente al crecimiento de 9.6% que había registrado en julio del año anterior.

Por su parte, entre las trabajadoras, las pérdidas más marcadas se ubicaron en Manufactura, Intermediación financiera y seguros y Servicio doméstico. Los aumentos, en cambio, se concentraron en Administración pública, Comercio y reparación y Enseñanza y salud.

Entre los hombres, las principales caídas corresponden a Comunicación y otros servicios, Manufactura e Intermediación financiera y seguros. Los mayores avances se registraron en Comercio y reparación, Enseñanza y salud y Transporte y almacenamiento.

El empleo creció en ocupaciones de calificación media y alta

El informe señaló una recomposición de la ocupación según el nivel de calificación. Durante el último año, el país perdió 48,937 empleos no calificados, mientras creó 41,722 puestos de calificación media y 39,914 de calificación alta.

Este cambio se observó tanto entre hombres como entre mujeres. A la vez, aumentó el empleo asalariado y la cantidad de empleadores, mientras disminuyó el trabajo por cuenta propia.

Por sector institucional, el estudio registró una pérdida neta de empleos en el sector privado y un aumento en el sector público. Ese comportamiento también se presentó entre ambos sexos.

El documento advierte que la expansión de las oportunidades laborales no alcanzó por igual a toda la población. La creación de puestos se concentró en ocupaciones que exigen niveles medios y altos de calificación, mientras retrocedieron los trabajos no calificados.

Creció la proporción de desocupados sin secundaria completa

La ECE mostró que el porcentaje de personas desempleadas que no terminó la educación secundaria pasó de 41.4% en el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2025 a 45.5% en el mismo período de 2026.

El informe plantea que estos datos refuerzan la necesidad de ampliar la inversión en educación, formación técnica y educación superior para que más personas desarrollen las competencias requeridas por el mercado laboral. También señala la necesidad de generar oportunidades para quienes enfrentan mayores dificultades de inserción por sus menores niveles educativos y de calificación.

El análisis concluyó que el desafío consiste en combinar la formación de la fuerza laboral con políticas que amplíen las posibilidades de empleo para grupos con trayectorias educativas y ocupacionales distintas.

El Observatorio de Derecho Humano a la Alimentación (ODA), capítulo Costa Rica, manifestó su preocupación por la posibilidad de elevar del 1% al 13% el impuesto al valor agregado aplicado a los productos de la Canasta Básica Tributaria (CBT) y posteriormente devolver parte de esos recursos a determinados hogares mediante un sistema de compensaciones.

La organización, integrada por representantes de las cinco universidades públicas de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación, advirtió que todavía no existe un proyecto de ley ni un documento técnico oficial que detalle aspectos fundamentales como quiénes recibirían las devoluciones, cuánto dinero se entregaría, con qué periodicidad y mediante qué mecanismo.

El esquema, conocido como “IVA personalizado”, ha sido analizado por el Ministerio de Hacienda como una posible alternativa fiscal. El planteamiento divulgado públicamente supone que todos los consumidores pagarían inicialmente la tarifa general del 13%, mientras que los hogares clasificados como beneficiarios recibirían posteriormente una devolución mediante transferencias o subsidios focalizados, utilizando registros como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

El Observatorio aclaró que la propuesta no significa necesariamente que el Gobierno pretenda cobrar definitivamente el 13% a los hogares de menores recursos sin ningún tipo de compensación. Su preocupación se concentra en la forma y el momento en que se aplicaría esa devolución.

Actualmente, los productos comprendidos en la Canasta Básica Tributaria pagan una tarifa reducida del 1% de IVA.

Según el ODA, sustituir ese mecanismo por una devolución posterior cambiaría sustancialmente la manera en que opera la protección tributaria: el beneficio dejaría de producirse inmediatamente al momento de realizar la compra y pasaría a depender de que el Estado identifique correctamente a los beneficiarios y efectúe las transferencias correspondientes.

Todos tendrían que pagar primero

Uno de los principales cuestionamientos de los académicos está relacionado con el flujo de dinero de las familias.

Con el sistema vigente, el consumidor paga directamente el precio de los bienes con una tarifa reducida. Bajo el eventual IVA personalizado, incluso los hogares de menores ingresos tendrían que desembolsar inicialmente el 13% y esperar posteriormente la devolución.

El Observatorio considera que este punto resulta particularmente relevante debido a que la alimentación constituye un gasto cotidiano.

En su pronunciamiento advierte que si una transferencia “se realiza al final del mes, se atrasa, se interrumpe o resulta inferior al impuesto efectivamente pagado”, las familias podrían verse obligadas a disminuir sus compras de alimentos, sustituir productos, utilizar crédito o reducir otros gastos esenciales.

El ODA sostiene que, antes de modificar el sistema actual, debería quedar definido cómo se actualizarían los registros de beneficiarios cuando una familia experimente cambios de ingresos, desempleo u otras situaciones económicas.

También plantea interrogantes sobre lo que ocurriría con aquellos hogares que no sean oficialmente clasificados como pobres, pero que cuenten con ingresos limitados y puedan tener dificultades para absorber el aumento inicial de los precios.

El pronunciamiento señala que una transferencia posterior podría generar problemas si existen errores de exclusión, atrasos en los depósitos, montos insuficientes o barreras administrativas para ingresar al sistema de compensación.

Impacto sería mayor en hogares de menores ingresos, según análisis citado

El documento también recoge resultados difundidos por la Universidad Nacional (UNA) a partir de un análisis del investigador Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible.

Según esos datos, elevar la tarifa del 1% al 13% produciría un incremento directo aproximado del 11.9% en el precio final de los bienes afectados.

La publicación citada por el Observatorio indica además que los hogares pertenecientes al primer quintil destinan aproximadamente el 44.1% de sus ingresos a bienes de la canasta básica y que la carga adicional podría equivaler a cerca del 6.7% de sus ingresos mensuales.

Para el segundo quintil, el impacto se estimó entre el 4% y el 5%.

Hacienda no presentará el proyecto este año

El debate se desarrolla pese a que el Ministerio de Hacienda confirmó en julio que no presentaría durante 2026 un proyecto para cambiar este tratamiento tributario.

El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, indicó entonces que la iniciativa no sería remitida este año a la Asamblea Legislativa, aunque el llamado IVA personalizado continúa siendo una de las alternativas fiscales que han sido analizadas por la cartera.

Por esta razón, el propio ODA califica su pronunciamiento como preventivo.

La organización considera que todavía faltan elementos para evaluar el funcionamiento real de una eventual compensación, como los mecanismos de actualización de beneficiarios, los controles, la periodicidad de los depósitos y la fuente presupuestaria utilizada para financiarlos.

Entre sus solicitudes, el Observatorio pidió al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda descartar la propuesta en su formulación conocida actualmente y mantener la tarifa reducida mientras no exista información suficiente para determinar sus efectos.

También solicitó realizar una evaluación integral que contemple impactos fiscales, distributivos, alimentarios, nutricionales y territoriales antes de impulsar una eventual reforma.

“La alimentación adecuada es un derecho humano. Su protección no debe depender de una devolución posterior, incierta, tardía o insuficiente”, concluye el pronunciamiento.

El ODA también plantea que cualquier mecanismo futuro debería someterse previamente a auditorías y evaluaciones independientes que permitan comprobar si puede reducir los riesgos de exclusión, atrasos e insuficiencia de las devoluciones.

Unos 120 voluntarios del Sistema Coca-Cola participaron en una jornada de limpieza en Playa Guacalillo, Puntarenas, como parte de una iniciativa realizada junto con las organizaciones MareBlu y Código R para contribuir a la recuperación de ecosistemas costeros y promover una mayor conciencia sobre el manejo de residuos.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Limpieza de Playa y Educación Ambiental de Playa Guacalillo, en el marco del Mes Mundial de la Limpieza de Playas, y reunió a colaboradores de Compañía Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA.

La jornada se concentró en una zona que recibe una cantidad importante de residuos arrastrados por el río Grande de Tárcoles, una cuenca que conecta sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM) con el Pacífico Central costarricense.

Además de la recolección de desechos, la actividad incluyó procesos de separación, empaque, transporte y posterior tratamiento de los residuos recuperados, según explicaron las organizaciones participantes.

De acuerdo con los responsables de la iniciativa, el objetivo no consistió únicamente en retirar materiales de la playa, sino también en asegurar que los residuos recolectados contaran con un proceso posterior de manejo y trazabilidad.

William Segura, director senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica y Caribe, señaló que este tipo de actividades busca articular el trabajo de empresas, organizaciones y voluntarios alrededor de la protección de los ecosistemas.

“Estas acciones reflejan cómo la colaboración entre voluntariado, aliados estratégicos y organizaciones especializadas puede traducirse en resultados concretos para el cuidado de los ecosistemas costeros y en una mayor corresponsabilidad ambiental”, afirmó.

La participación de los voluntarios se enfocó en recuperar residuos acumulados en diferentes sectores de Playa Guacalillo y trasladarlos posteriormente a los procesos establecidos para su clasificación.

Según los organizadores, durante la jornada se procura que el 100% de los residuos recolectados sea recuperado, separado, empacado, transportado y procesado, con el objetivo de evitar que los materiales retirados vuelvan a ingresar al ambiente.

Residuos con seguimiento después de la limpieza

La organización ambiental MareBlu y la plataforma especializada en residuos y sostenibilidad Código R estuvieron encargadas de definir el sitio de intervención y coordinar el manejo posterior de los materiales recolectados.

Gerónimo Ciuti Zabala, director y fundador de MareBlu, explicó que uno de los elementos centrales del proceso es conocer qué ocurre con los residuos después de ser retirados de la costa.

“A través de este voluntariado garantizamos la trazabilidad de los residuos recolectados, mediante procesos de separación, empaque y transformación desarrollados con apoyo de comunidades costeras previamente capacitadas y de alianzas estratégicas”, indicó.

Ese proceso busca que las jornadas de limpieza no concluyan únicamente con la acumulación temporal de bolsas o desechos, sino que exista una ruta definida para los materiales recuperados.

La iniciativa también incorpora participación de personas residentes de las comunidades cercanas, generando oportunidades laborales relacionadas con la recuperación, clasificación y procesamiento de residuos.

Por su parte, Omar Mérida, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, sostuvo que el trabajo conjunto permite conectar los objetivos ambientales con prácticas concretas de gestión de residuos.

“En Coca-Cola FEMSA impulsamos espacios que convierten el compromiso ambiental en acciones concretas, articulando esfuerzos con voluntarios, comunidades y aliados para asegurar una gestión responsable de los residuos recuperados”, aseguró.

Trabajo entre empresas y comunidades

Berny Vargas, director de Código R, afirmó que la coordinación entre organizaciones sociales, sector privado y comunidades permite ampliar el alcance de este tipo de actividades.

“Cuando organizaciones, empresa privada y comunidades trabajan de manera coordinada, no solo se fortalece la gestión integral de residuos, sino que también se generan oportunidades y un impacto positivo más amplio para el país y para las zonas costeras”, manifestó.

La jornada pretende también llamar la atención sobre el recorrido que realizan los residuos desde zonas urbanas hasta las costas.

En el caso de Playa Guacalillo, parte de los desechos que llegan hasta la zona son transportados por corrientes fluviales, particularmente desde la cuenca del río Grande de Tárcoles, lo que convierte la contaminación costera en un problema que trasciende las comunidades ubicadas directamente frente al mar.

Los organizadores sostienen que esta realidad evidencia la necesidad de combinar acciones de limpieza con medidas de prevención, educación ambiental y manejo responsable de los residuos desde los lugares donde se generan.

La actividad forma parte de iniciativas destinadas a promover una cultura de corresponsabilidad ambiental y fortalecer la protección de las áreas marinas y costeras de Costa Rica.

Además del beneficio ambiental inmediato generado por la extracción de residuos, el modelo aplicado durante la jornada busca producir un componente socioeconómico mediante la participación y empleabilidad de vecinos de comunidades costeras vinculados a diferentes etapas del proceso de recuperación de materiales.

De acuerdo con la información oficial, 16 de los deportados son colombianos y siete son ecuatorianos. Estos últimos fueron expulsados por encontrarse en condición migratoria irregular, mientras que dentro del contingente colombiano figuran personas con antecedentes o alertas vinculadas con distintos delitos.

El director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda, señaló en un video que se trata de la cuarta deportación realizada por vía chárter bajo este mecanismo. “El día de hoy estamos realizando la cuarta deportación vía chárter. En esta oportunidad vamos a los países de Colombia y Ecuador”, afirmó.

La aeronave cubrió una ruta desde San José hacia Colombia y Ecuador. La primera etapa estuvo destinada al traslado de las 16 personas colombianas, mientras que los siete ciudadanos ecuatorianos continuarían el viaje hacia su país de origen.

Diez colombianos fueron identificados con perfil criminal

Según detalló Migración, 10 de los 16 ciudadanos colombianos deportados tenían alto perfil criminal. Las autoridades mencionaron entre los antecedentes y alertas atribuidos a integrantes de este grupo delitos relacionados con posesión y tráfico de drogas, homicidio simple, tentativa de homicidio, violencia doméstica, uso de documento falso y presunta afiliación terrorista. También se reportaron alertas por tiroteos.

Miranda indicó que la condición migratoria irregular fue uno de los factores considerados en los procedimientos. A esa situación se sumaron, en algunos casos, referencias a antecedentes penales o investigaciones por delitos contra la vida y narcotráfico.

“Son personas que ya tienen, algunos de ellos, además de condición irregular, antecedentes penales por asociación al terrorismo, delitos contra la vida como homicidios. También tenemos vinculación a temas específicamente de narcotráfico y otros delitos”, declaró el funcionario.

A su vez, el director de la Policía Profesional de Migración sostuvo que los expulsados fueron trasladados desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría bajo custodia de las autoridades migratorias.

Migración informó que ya deportó a 101 personas

De igual manera, la Policía Profesional de Migración alcanzó 101 personas deportadas por medio de vuelos chárter, según explicó Miranda. El funcionario señaló que el mecanismo cuenta con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos en el país, a través de sus representantes.

“En total llevamos ciento un personas deportadas bajo este sistema que hace la Policía Profesional de Migración en cooperación con la Embajada de los Estados Unidos”, señaló Miranda.

La institución indicó que estas operaciones buscan reforzar la seguridad nacional. Además, señaló que las personas deportadas quedarán bajo custodia de las autoridades de sus países de origen.

La operación se realizó el sábado 3 de octubre y concentró en un mismo vuelo la deportación de personas con condición migratoria irregular y de ciudadanos que, según las autoridades, presentaban antecedentes penales, alertas policiales o vínculos con investigaciones por delitos graves.

El Ministerio de Salud de Costa Rica notifica un incremento acumulado del 38.6% en los casos de dengue en comparación con el mismo período del año anterior, según los datos publicados en el Boletín Epidemiológico N° 37.

Hasta la semana epidemiológica 37, el país contabiliza 5,302 contagios confirmados, una cifra superior a los 3,256 registros reportados a la misma fecha en 2025. El informe precisa que 104 pacientes presentaron dengue con signos de alarma y seis personas permanecían hospitalizadas en centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este comportamiento local coincide con un contexto regional complejo en América Latina, donde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene alertas activas debido a la alta transmisión viral.

La OPS reportó la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) en varios países de Centroamérica y el Caribe, una condición epidemiológica que incrementa las probabilidades de sufrir reinfecciones y desarrollar formas graves de la enfermedad en las poblaciones expuestas.

El desglose territorial en Costa Rica coloca a la provincia de Alajuela a la cabeza en volumen de contagios con 2,737 diagnósticos, seguida por:

• Puntarenas con 639
• Guanacaste con 610
• La Región Central Norte reúne el mayor número absoluto de personas enfermas con 1,971 casos
• La Región Pacífico Central con 328,4 casos por cada 100.000 habitantes.

Criterios de evaluación médica ante signos de severidad hemodinámica

Frente a la propagación geográfica del vector Aedes aegypti, los equipos médicos enfatizan la importancia de reconocer los síntomas tempranos de la enfermedad febril. Tras la picadura de un mosquito infectado, la infección suele manifestarse con:

1. Fiebre alta de inicio repentino
2. Dolores de cabeza intensos
3. Dolor retroocular detrás de los ojos
4. Dolores musculares y articulares
5. Náuseas
6. Vómitos y erupciones en la piel.

Estos malestares pueden prolongarse entre dos y siete días en los casos clínicos convencionales. Las autoridades de la CCSS advierten sobre la necesidad de monitorear la evolución del paciente durante la etapa en que la fiebre comienza a ceder, momento en el cual pueden aparecer los signos de severidad.

Las señales de alerta que requieren atención médica hospitalaria inmediata incluyen dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado de mucosas en encías o nariz, acumulación de líquidos, letargo, irritabilidad y dificultad respiratoria. La presencia de estas manifestaciones indica un posible choque por fuga de plasma o fallas orgánicas.

Medidas de prevención comunitaria y eliminación de criaderos del mosquito

Dado que no existe un tratamiento antiviral específico para combatir la infección, las acciones de contención sanitaria se enfocan en la interrupción del ciclo de reproducción del vector Aedes aegypti.

El mosquito deposita sus huevos en recipientes que acumulan agua limpia o estancada dentro y alrededor de las viviendas. El Ministerio de Salud insta a la población a realizar inspecciones semanales en sus hogares para vaciar, lavar, cepillar y tapar tanques, baldes, floreros, llantas en desuso y cualquier objeto recipiente.

Las recomendaciones preventivas incluyen además el uso de barreras de protección personal para reducir las probabilidades de picadura. Las brigadas epidemiológicas aconsejan aplicar repelentes de mosquitos con ingredientes activos como DEET o picaridina en la piel expuesta, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, vestir prendas de manga larga y pantalones claros, y utilizar espirales o difusores en espacios cerrados.

En zonas con alta densidad de vectores, las autoridades coordinan fumigaciones dirigidas a eliminar mosquitos adultos, aunque recalcan que la medida más efectiva sigue siendo la eliminación sistemática de criaderos larva por larva.

El Ministerio de Salud de Costa Rica identificó al enclave de extracción minera en Crucitas, ubicado en el distrito de Cutris del cantón de San Carlos, como el principal foco de transmisión activa de malaria en el país al concentrar el 88% de los contagios locales registrados en el informe epidemiológico oficial.

La persistencia de esta actividad no regulada en la Región Huetar Norte mantiene una circulación continua del parásito en campamentos informales, lo cual compromete la estrategia nacional para la erradicación de la enfermedad.

Según los datos consignados en el Boletín Epidemiológico N° 37 de 2026, la Región Huetar Norte acumula el 78% de la totalidad de casos de malaria notificados en territorio costarricense.

Dentro de esa demarcación geográfica, el foco localizado entre Crucitas y Llano Verde registró 34 infecciones de transmisión local en la semana epidemiológica 37, correspondientes a 19 casos autóctonos y 15 introducidos. Informes de las autoridades sanitarias confirman que este punto limítrofe acumula más de 1,800 contagios desde 2017, impulsados por la falta de saneamiento y las excavaciones a cielo abierto.

El riesgo de contraer malaria al trabajar o residir en un entorno minero informal radica en la alteración radical del ecosistema y las precarias condiciones de vida. Las excavaciones a cielo abierto, la tala de vegetación y las zanjas abandonadas acumulan agua estancada, lo cual genera criaderos óptimos para la reproducción del mosquito del género Anopheles, vector transmisor del parásito Plasmodium.

A este factor ambiental se suma la jornada laboral de los mineros, extendida habitualmente durante la noche y la madrugada, horario de mayor actividad de picadura del insecto. La falta de vivienda adecuada, el uso de campamentos improvisados sin mosquiteros ni mallas de protección y la ausencia de saneamiento básico multiplican la exposición directa de las personas.

La movilidad en la frontera norte sostiene el flujo de contagios entre ambos países

Esta vulnerabilidad física se entrelaza con una intensa dinámica poblacional transfronteriza que refuerza el ciclo infeccioso. El desplazamiento constante de trabajadores informales entre Costa Rica y Nicaragua dificulta el seguimiento médico y el diagnóstico oportuno en la zona. De los 49 casos importados detectados en el reporte oficial, el 98% de los pacientes presentó un antecedente directo de exposición en Nicaragua, con traslados frecuentes hacia los yacimientos de San Carlos.

El impacto de la explotación aurífera en la franja fronteriza trascendió el ámbito infeccioso para convertirse en una emergencia ambiental y de salud pública. Para el procesamiento del mineral, las redes de minería ilegal vierten sustancias químicas de alta toxicidad en los cursos hídricos de la zona.

En el marco de los operativos de contención en la localidad, las fuerzas de seguridad decomisaron y destruyeron 16 toneladas de cianuro utilizadas en estos planteles clandestinos.

Los análisis del Ministerio de Salud en las fuentes de agua potable revelaron niveles de mercurio que superan de manera crítica el límite máximo admisible de 0,001 miligramos por litro.

La contaminación del recurso hídrico llevó al Gobierno de Costa Rica a decretar el 15 de marzo de 2023, Emergencia Nacional en las comunidades de Crucitas, El Roble, Chamorro, Chorreras, Llano Verde y El Jocote.

Ante la imposibilidad de consumir agua de los acueductos locales, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantiene el suministro de agua segura mediante camiones cisterna para evitar cuadros de intoxicación química en los habitantes.

En paralelo, los equipos de la Dirección de Vigilancia de la Salud continúan con las intervenciones de diagnóstico rápido, distribución de medicamentos antimaláricos y control de vectores en la Región Huetar Norte.

Tras una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió de sus labores a una funcionaria del Poder Judicial, de apellido Esquivel, quien ocupaba de manera interina el puesto de Proveedora Judicial, como parte de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos.

La funcionaria es investigada por los posibles delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, según confirmó el Ministerio Público. El expediente se tramita bajo el número 25-000239-1218-PE.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), ambos pertenecientes al Poder Judicial, con el objetivo de recopilar documentación y evidencia que permita ampliar la investigación.

La Fiscalía también mantiene bajo investigación a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor que presuntamente habría resultado beneficiado con algunas de las contrataciones cuestionadas. Sin embargo, el hombre no fue detenido durante el operativo.

Según la información suministrada por la FAPTA, la causa analiza al menos dos modalidades mediante las cuales se habrían producido las presuntas irregularidades.

La primera está relacionada con la adquisición de bienes, obras y mantenimientos mobiliarios, en los que se investigan aparentes precios superiores a los correspondientes y eventuales inconsistencias en los procesos de contratación.

La segunda línea de investigación apunta a la eventual sustracción directa de fondos públicos por medio de anticipos ficticios de caja chica, mecanismo que habría permitido girar recursos para supuestos gastos que ahora son examinados por las autoridades.

Auditorías alertaron sobre las irregularidades

El fiscal adjunto Miguel Ramírez explicó que el caso surgió a partir de información reciente y del trabajo realizado por las auditorías institucionales, cuyos hallazgos permitieron avanzar en las pesquisas.

Ramírez aseguró que se trata de una investigación que se ha desarrollado con rapidez y señaló que las auditorías tuvieron un papel relevante en la detección de las posibles anomalías.

“Esa es una denuncia muy reciente, es una denuncia del año anterior y parte de este año, donde las auditorías han realizado un aporte importantísimo en la investigación”, manifestó.

Según el fiscal, los hallazgos provocaron una reacción inmediata por parte de la FAPTA con el propósito de evitar que los hechos investigados pudieran continuar.

El funcionario explicó además que los allanamientos realizados en la Proveeduría y en la DTI tienen como finalidad encontrar información adicional que complemente las diligencias efectuadas previamente y los elementos obtenidos a partir de las auditorías.

“Tratamos de buscar una serie de información que alimente de alguna manera ya el trabajo hecho en las investigaciones anteriores y la auditoría en general”, indicó Ramírez.

Fiscalía destaca controles internos

El fiscal adjunto sostuvo que la actuación forma parte de las investigaciones que el Ministerio Público desarrolla independientemente de la institución o del cargo ocupado por las personas señaladas.

“El Ministerio Público, bajo la objetividad que reviste, acarrea un seguimiento a cualquier figura que se trate de funcionarios públicos y funcionarios judiciales”, afirmó.

Ramírez mencionó que anteriormente han existido investigaciones relacionadas con jueces, fiscales y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y señaló que las pesquisas actuales alcanzan ahora el ámbito de la Proveeduría Judicial.

El representante del Ministerio Público destacó, además, la existencia de mecanismos internos dentro del Poder Judicial que permiten detectar situaciones sospechosas y trasladarlas a las autoridades competentes.

“Dentro del Poder Judicial encontramos alarmas institucionales, situaciones que nos determinan actos de corrupción e inmediatamente se ponen en conocimiento del Ministerio Público”, sostuvo.

El fiscal afirmó que esos controles permiten investigar posibles irregularidades incluso dentro de la propia estructura judicial.

“Hoy podemos decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen las alarmas necesarias para poder dar seguimiento a la corrupción interna”, agregó.

Tras su detención, Esquivel, fue cesada de su puesto de trabajo, deberá firmar una vez al mes, no podrá salir del país, ni comunicarse con testigos por un periodo mínimo de seis meses.

Costa Rica condenó este viernes 2 de octubre lo que calificó como una “deriva autoritaria” en Nicaragua y pidió crear condiciones para la celebración de elecciones libres, plurales y con observación internacional, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington.

La posición costarricense fue expuesta por la vicecanciller Adriana Bolaños, quien sostuvo que el país observa un deterioro de las condiciones democráticas y del pluralismo político en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político, el cierre del espacio cívico y concentración del poder. Costa Rica condena firmemente esta deriva autoritaria”, expresó Bolaños durante la sesión.

La reunión fue convocada por el Consejo Permanente de la OEA después de considerar que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituían “un problema de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos”.

Durante el encuentro, los países miembros aprobaron una resolución que solicita a las autoridades nicaragüenses restablecer libertades civiles, avanzar hacia condiciones que permitan elecciones libres y liberar a las personas detenidas por motivos políticos. La OEA también acordó establecer un mecanismo de seguimiento diplomático para evaluar avances y determinar posibles acciones posteriores.

Costa Rica pide pasar de la preocupación a las acciones

En su intervención, Bolaños afirmó que la organización regional no debería limitarse a expresar preocupación y planteó la necesidad de avanzar hacia medidas con objetivos y mecanismos de seguimiento definidos.

“Nuestras exigencias deben ser claras: liberar a las personas detenidas por razones políticas, restituir plenamente los derechos civiles y políticos, incluida la nacionalidad, cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y crear condiciones reales para unas elecciones libres, plurales y con observación internacional”, manifestó.

La resolución adoptada por la OEA también reclama información sobre el paradero de personas desaparecidas, la recuperación de la separación de poderes y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron privados de ella.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó al finalizar la sesión que el objetivo del mecanismo será contribuir a crear las condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos y definir su futuro político mediante “instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas”.

Organismos internacionales denuncian violaciones de derechos humanos

La reunión se produjo un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas solicitaran a los países de la OEA colocar los derechos humanos, el Estado de derecho y la rendición de cuentas en el centro de sus deliberaciones.

Ambos organismos señalaron que, desde el inicio de la crisis sociopolítica nicaragüense en abril de 2018, han documentado un patrón de violaciones que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia del Estado, confiscación de bienes y privación arbitraria de la nacionalidad.

También solicitaron la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas y el restablecimiento del espacio cívico.

Estas afirmaciones corresponden a los organismos internacionales que han documentado la situación; el gobierno nicaragüense ha rechazado históricamente cuestionamientos externos sobre su situación política y de derechos humanos.

Costa Rica recuerda impacto migratorio

La vicecanciller costarricense destacó además las consecuencias que la crisis nicaragüense ha tenido para Costa Rica como país vecino.

Bolaños recordó que el territorio costarricense ha recibido a decenas de miles de ciudadanos nicaragüenses que han buscado protección, empleo y otras oportunidades desde el inicio de la crisis política.

“Sabemos que cuando la democracia es quebrantada sistemáticamente mirar hacia otro lado no es prudencia, es inacción”, afirmó.

La funcionaria agregó que “el pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro”.

Costa Rica ha mantenido una posición crítica frente al gobierno de Ortega desde la crisis política de 2018, cuando las protestas contra el Ejecutivo derivaron en una fuerte confrontación interna y denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantienen desde entonces a nivel consular. Durante la administración del expresidente Carlos Alvarado, Costa Rica optó por no designar un nuevo embajador en Managua en medio de las denuncias por la represión de manifestantes y opositores.

OEA establece mecanismo de seguimiento

La discusión de este viernes se produjo después de declaraciones de Ortega sobre el futuro de los procesos electorales en Nicaragua y de nuevos cuestionamientos regionales sobre las garantías políticas en ese país.

Según la resolución, la OEA buscará mantener canales diplomáticos tanto con las autoridades nicaragüenses como con otros actores relacionados con la crisis, con el objetivo de evaluar las condiciones políticas y electorales.

El organismo interamericano mantiene capacidad para coordinar respuestas entre sus Estados miembros, aunque Nicaragua formalizó su salida de la organización en 2023.

Costa Rica ha planteado durante los últimos meses sus cuestionamientos sobre Nicaragua en espacios multilaterales como la OEA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente en relación con las restricciones a libertades fundamentales, las detenciones y el cierre del espacio cívico.

La posición planteada este viernes insiste en que cualquier salida a la crisis debe incluir condiciones que permitan nuevamente la competencia política y el ejercicio de derechos civiles.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría incorporó nuevos recursos informativos dirigidos a turistas estadounidenses con el objetivo de fortalecer la seguridad de quienes visitan Costa Rica, mediante una iniciativa desarrollada en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y otras instituciones vinculadas al sector turístico.

La principal novedad es la promoción del Smart Traveler Enrollment Program (STEP), un servicio gratuito del Departamento de Estado de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de ese país registrar sus viajes al extranjero y recibir información relevante durante su estadía.

Para facilitar el acceso al programa, AERIS, gestor del aeropuerto, instaló materiales informativos con códigos QR en puntos estratégicos del recorrido de llegadas internacionales.

La rotulación fue colocada en sectores como el sistema de filas del área de Migración y la zona de reclamo de equipaje, de manera que los pasajeros puedan conocer el servicio desde los primeros minutos después de ingresar a Costa Rica.

Al escanear el código desde un teléfono celular, los viajeros son dirigidos al sitio del programa STEP, donde pueden realizar su inscripción gratuitamente.

La herramienta permite recibir información sobre seguridad, salud, condiciones meteorológicas, desastres naturales, alertas de emergencia y actualizaciones de avisos de viaje, entre otros temas que puedan resultar relevantes durante una visita fuera de Estados Unidos.

Además, la inscripción permite que las autoridades consulares estadounidenses puedan contactar al viajero o a su contacto de emergencia en caso de que se presente alguna situación que requiera asistencia.

Información desde la llegada al país

La iniciativa pretende aprovechar el aeropuerto como uno de los primeros puntos de contacto de los visitantes internacionales con Costa Rica.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, explicó que la ubicación de la información dentro de la terminal busca que los pasajeros puedan acceder a herramientas preventivas sin necesidad de realizar trámites adicionales fuera del aeropuerto.

“Como principal puerta de entrada aérea a Costa Rica, tenemos la oportunidad de acercar información relevante a miles de pasajeros desde el primer momento de su visita”, señaló Hernández.

El ejecutivo destacó que la coordinación con la Embajada estadounidense permite integrar este tipo de recursos al recorrido habitual de los pasajeros.

“Esta coordinación con la Embajada de los Estados Unidos nos permite poner a disposición de los viajeros herramientas preventivas de una manera sencilla y accesible, integrándolas dentro de su recorrido por la terminal y contribuyendo así a que puedan disfrutar de Costa Rica de una forma más informada y segura”, agregó.

El programa STEP no es obligatorio y la inscripción depende de la decisión de cada viajero.

También habrá recomendaciones para playas

El proyecto no se limita a la difusión del programa de registro de viajeros.

En el área de Migración de llegadas internacionales, los visitantes también podrán observar un video con recomendaciones relacionadas con seguridad acuática.

El contenido está dirigido especialmente a turistas que durante su estadía planeen visitar playas o realizar actividades vinculadas con el mar.

La idea es brindar información preventiva antes de que los pasajeros abandonen la terminal y se trasladen hacia destinos turísticos en diferentes regiones de Costa Rica.

De esta manera, las recomendaciones de seguridad forman parte del proceso inicial de ingreso al país y no dependen exclusivamente de la información que el visitante pueda recibir posteriormente en hoteles, operadores turísticos u otros establecimientos.

La incorporación de estos contenidos busca promover prácticas de viaje responsable, particularmente entre visitantes estadounidenses que utilizan el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como punto de entrada al territorio costarricense.

Trabajo conjunto entre aeropuerto, ICT y Embajada

La iniciativa se desarrolla como parte del trabajo conjunto entre AERIS, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

El objetivo común es ampliar el acceso de los turistas a información preventiva y facilitar herramientas que puedan ser utilizadas antes o durante una situación de emergencia.

La colocación de los códigos QR permite que la información pueda actualizarse desde las plataformas oficiales sin necesidad de modificar permanentemente la señalización física dentro del aeropuerto.

Además, al estar ubicados en áreas de alto tránsito como Migración y reclamo de equipaje, los materiales pueden ser vistos por los viajeros mientras completan los procedimientos habituales de ingreso al país.

La propuesta también busca reforzar el concepto de seguridad turística desde una perspectiva preventiva, brindando información antes de que ocurra una emergencia y facilitando canales de comunicación entre el visitante y las autoridades consulares.

El aeropuerto Juan Santamaría es uno de los principales puntos de ingreso de viajeros internacionales a Costa Rica, por lo que la terminal funciona como un espacio clave para la difusión de mensajes relacionados con movilidad, turismo y seguridad.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica determinó sanciones por ¢361.5 millones (unos USD 788 mil) contra 10 casinos luego de detectar una serie de incumplimientos tributarios durante un operativo realizado a finales de setiembre en establecimientos ubicados en cuatro provincias del país.

Las inspecciones se llevaron a cabo en casinos de San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas y estuvieron a cargo de la Dirección General de Tributación, en coordinación con la Dirección General de Aduanas y la Policía de Control Fiscal.

Uno de los principales hallazgos fue que todos los negocios inspeccionados incumplían con la entrega de comprobantes electrónicos por la compra de fichas de juego, según informó Hacienda. Además, algunos establecimientos no habían declarado ante la Administración Tributaria la totalidad de las mesas y juegos de azar que mantenían en funcionamiento.

Las autoridades también identificaron casinos que reportaron cero ganancias para efectos del impuesto sobre las utilidades o declararon cero impuesto al valor agregado (IVA).

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, señaló además que durante las fiscalizaciones se identificaron contribuyentes que, pese a declarar ventas en cero, aplicaban créditos fiscales que posteriormente podían utilizar para compensar otras obligaciones o solicitar su devolución.

“En esta lucha contra el contrabando y la evasión fiscal no hay sectores intocables”, afirmó Carvajal, al explicar las razones que llevaron a Hacienda a extender los controles hacia los establecimientos dedicados a los juegos de azar.

Casinos declaraban mesas incompletas e impuestos en cero

De acuerdo con Hacienda, las irregularidades no fueron iguales en todos los establecimientos.

Mientras la falta de comprobantes electrónicos por la compra de fichas fue detectada en los 10 casinos fiscalizados, en otros casos las autoridades encontraron diferencias entre la cantidad de mesas y juegos de azar que funcionaban en los establecimientos y las que habían sido reportadas oficialmente ante la Administración Tributaria.

Carvajal indicó que este tipo de omisión tiene consecuencias directas sobre los tributos que deben cancelar los negocios.

“Identificamos actividades como no emisión de factura electrónica, contribuyentes que declararon IVA en cero, casinos que no tenían declaradas todas las mesas de juego y por esa razón evadían impuestos”, señaló el viceministro.

El funcionario añadió que también se encontraron situaciones en las que contribuyentes declaraban “cero ventas”, pero al mismo tiempo registraban créditos fiscales.

“Algunos con el descaro de declarar cero ventas, pero aplicarse créditos fiscales para luego acreditárselos o pedirlos de regreso. Dinero que es de todos los costarricenses”, manifestó.

Las sanciones determinadas por Hacienda alcanzan en conjunto los ¢361.5 millones, aunque la institución no detalló cuánto corresponde individualmente a cada casino ni identificó públicamente los establecimientos inspeccionados.

Hacienda inició procedimientos de cobro

Según el Ministerio, después de detectar los incumplimientos comenzaron los procedimientos correspondientes para imponer las sanciones y recuperar los tributos que presuntamente dejaron de ser pagados.

“Ya estamos en el proceso de emisión de las sanciones y cobros de impuestos por más de trescientos sesenta millones de colones, que son dineros de todos los costarricenses y que servirán para continuar financiando el desarrollo del país”, afirmó Carvajal.

El Ministerio indicó que los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, dentro de la cual participan las áreas de Tributación, Aduanas y la Policía de Control Fiscal.

Las autoridades señalaron que estos controles han permitido realizar decomisos de mercancías, identificar impuestos dejados de pagar, imponer sanciones y promover la regularización de obligaciones tributarias.

Carvajal aseguró que las inspecciones continuarán en distintos sectores económicos.

“Nos comprometimos a enfrentar la evasión fiscal en todos los sectores y lo seguiremos haciendo”, afirmó el viceministro en declaraciones difundidas por Hacienda.

La institución sostuvo que el objetivo de estas fiscalizaciones es verificar que las empresas registren adecuadamente sus actividades económicas, emitan los comprobantes correspondientes y declaren correctamente los impuestos asociados con sus operaciones.

Los conductores en Costa Rica enfrentarán un nuevo aumento en el precio de los combustibles, con un impacto particularmente fuerte en el diésel, que subirá ¢97 por litro (USD 0,21) y quedará por encima del precio de las dos gasolinas de mayor consumo en el país.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó el ajuste extraordinario correspondiente a setiembre de 2026, debido principalmente al incremento observado en los precios internacionales de los productos que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Con el cambio, el litro de diésel pasará de ¢688 (USD 1,49) a ¢785 (USD 1,70), un incremento aproximado del 14,1%respecto al precio vigente.

La gasolina súper aumentará ¢38 por litro (USD 0,08), al pasar de ¢726 (USD 1,57) a ¢764 (USD 1,65), mientras que la gasolina regular tendrá un incremento de ¢12 (USD 0,03), desde ¢707 (USD 1,53) hasta ¢719 (USD 1,56).

Por su parte, el gas licuado de petróleo (LPG) pasará de ¢259 (USD 0,56) a ¢263 (USD 0,57) por litro, un aumento de ¢4 (USD 0,01).

En el caso del cilindro de gas de 25 libras, el precio subirá ¢101 (USD 0,22), desde ¢7.071 (USD 15,30) hasta ¢7.172 (USD 15,51).

La nueva estructura tarifaria hará que el diésel quede ¢21 por litro (USD 0,05) por encima de la gasolina súper y ¢66 (USD 0,14) más caro que la regular, una situación poco habitual debido a que históricamente este combustible ha mantenido un precio inferior al de las gasolinas.

Diésel registra el mayor aumento

Aresep explicó que el comportamiento responde a las condiciones de oferta y demanda en los mercados internacionales, donde el diésel ha mostrado incrementos superiores a los registrados por las gasolinas durante el período utilizado para calcular el ajuste.

Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados que consume, entre ellos gasolinas, diésel, asfaltos y otros derivados, por lo que los precios que pagan los consumidores están sujetos a las variaciones que se producen en los mercados internacionales.

Aunque el diésel ha contado históricamente con una carga impositiva menor que las gasolinas, esa diferencia no fue suficiente en esta ocasión para compensar el incremento que registró el producto en el exterior.

Según la información de la Autoridad Reguladora, los embarques considerados para esta fijación corresponden a los productos gestionados por Recope entre el 14 de agosto y el 10 de setiembre de 2026.

La variación de ¢97 (USD 0,21) convierte al diésel en el combustible con el mayor incremento absoluto y porcentual entre los principales productos incluidos en el ajuste.

El comportamiento tiene además una incidencia que va más allá de los vehículos particulares, debido a que este combustible es utilizado intensivamente en sectores como el transporte público, el transporte de mercancías y la generación eléctrica mediante plantas térmicas.

Por esa razón, un incremento de esta magnitud puede elevar los costos operativos de actividades que dependen directamente del diésel, aunque cualquier eventual traslado a otras tarifas o precios dependerá de los mecanismos aplicables en cada sector.

¿Por qué aumentan los combustibles?

Aresep señaló que en esta fijación también corresponde aplicar el diferencial generado entre el precio al que Recope adquiere los combustibles en el mercado internacional y el momento en que esos costos son recuperados posteriormente mediante la venta de los productos en Costa Rica.

La Autoridad Reguladora recalcó que los precios no se fijan de forma discrecional.

La metodología vigente contempla variables como los precios internacionales de los combustibles, el tipo de cambio, los impuestos y otros componentes tarifarios establecidos en la normativa.

En consecuencia, cuando se registran variaciones relevantes en alguno de esos factores, los cambios terminan reflejándose posteriormente en el precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

El efecto será especialmente visible para quienes utilizan vehículos diésel.

Llenar un tanque de 50 litros con este combustible costará ¢39.250 (USD 84,90) con la nueva tarifa, frente a los ¢34.400 (USD 74,41) que cuesta actualmente. Eso representa un gasto adicional de ¢4.850 (USD 10,49) por cada tanque de esa capacidad.

Para un vehículo con un tanque de 50 litros que utilice gasolina súper, llenar completamente el depósito implicará ¢1.900 adicionales (USD 4,11) con respecto al precio vigente.

En el caso de la gasolina regular, el incremento para un tanque de igual capacidad será de ¢600 (USD 1,30).

¿Cuándo entran a regir los nuevos precios?

Los precios aprobados todavía no entran a regir de manera inmediata.

Aresep deberá remitir la resolución correspondiente para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir de la medianoche del día en que la resolución sea publicada, por lo que hasta entonces permanecerán vigentes los precios actuales.

Costa Rica se mantiene entre los países latinoamericanos con mayor respaldo ciudadano a la democracia y es el que concede mayor importancia a las elecciones como elemento indispensable del sistema político, según los resultados del Informe Latinobarómetro 2026.

Al mismo tiempo, el estudio revela que 89% de los costarricenses coincide con la idea de que “un poco de mano dura del gobierno no viene mal”, el porcentaje más elevado reportado entre los países analizados.

El estudio de Corporación Latinobarómetro, titulado ¿La crisis de la democracia liberal?, recogió 19,207 entrevistas presenciales en 17 países de América Latina entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026. Para los países de Centroamérica y República Dominicana se realizaron 1,000 entrevistas por nación, representativas de la población de 18 años o más, con un margen de error de aproximadamente 3% por país.

Uno de los principales resultados para Costa Rica aparece en la medición sobre el respaldo a la democracia como forma de gobierno.

El 63% de los costarricenses respondió que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, lo que coloca al país entre los niveles más altos de América Latina. Solo Argentina, con 73%, y Uruguay, con 64%, registraron porcentajes superiores. Chile también alcanzó 63%.

El promedio latinoamericano se situó en 52%, nivel que se mantiene respecto de la recuperación observada en 2024 después de varios años de deterioro en el apoyo regional a la democracia.

Costa Rica encabeza respaldo a las elecciones

El resultado más destacado para el país aparece cuando la encuesta pregunta si puede existir democracia sin elecciones.

Costa Rica ocupa el primer lugar de América Latina: 89% de los entrevistados considera que sin elecciones no puede haber democracia.

El promedio regional fue de 74%, mientras que Guatemala, con 61%, registró el porcentaje más bajo en este indicador.

El dato muestra una diferencia de 15 puntos porcentuales entre Costa Rica y el promedio latinoamericano.

Para Latinobarómetro, las elecciones constituyen actualmente el componente de la democracia con mayor legitimidad entre los ciudadanos de la región, por encima de otros elementos institucionales como los partidos políticos, los congresos y la oposición.

El resultado costarricense adquiere particular relevancia al compararlo con otro de los hallazgos del informe relacionado con las denominadas actitudes de “mano dura”.

89% respalda la idea de “mano dura”

Latinobarómetro consultó a los entrevistados cuál de dos afirmaciones estaba más cerca de su manera de pensar: que “un poco de mano dura del gobierno no viene mal” o que no se necesita mano dura gubernamental.

En América Latina, 63% se inclinó por la primera opción, frente al 59% registrado cuando la pregunta comenzó a aplicarse en 1995.

En Costa Rica el porcentaje alcanza 89%, mientras que en el otro extremo Argentina registra 33%.

“La mano dura es una característica de la cultura latinoamericana que resiste el paso del tiempo”, señala el informe al analizar estos resultados. Latinobarómetro relaciona esta actitud particularmente con el temor a la violencia y la preocupación por el crimen organizado, aunque el dato mide una opinión ciudadana y no implica respaldo a una política pública específica.

Esta combinación coloca a Costa Rica en una posición particular dentro del estudio: por un lado, presenta uno de los mayores respaldos explícitos a la democracia y el porcentaje más elevado de reconocimiento de las elecciones como indispensables; por otro, registra una elevada aceptación de la expresión “mano dura”.

57% cree que Costa Rica va en la dirección correcta

La percepción sobre la situación nacional también diferencia al país del promedio regional.

Cuando Latinobarómetro preguntó si cada nación “va en la dirección correcta”, solo 35% de los latinoamericanos respondió afirmativamente.

En Costa Rica, en cambio, el porcentaje alcanzó 57%, el segundo más alto de la región. Únicamente El Salvador, con 79%, registró una valoración superior.

En el extremo contrario aparece Perú, donde apenas 21% considera que el país avanza en la dirección correcta.

Otro indicador coloca a Costa Rica en el primer puesto regional: 90% de los costarricenses aseguró estar satisfecho con su vida, frente a un promedio latinoamericano del 78%.

El informe señala que Costa Rica es “el país cuyos habitantes están más satisfechos con su vida”, mientras Bolivia, con 61%, presentó el resultado más bajo.

Fuerte valoración de la relación con Estados Unidos

Los resultados también reflejan una percepción favorable de los vínculos de Costa Rica con Estados Unidos.

El 89% de los costarricenses considera que las relaciones entre ambos países son “muy buenas” o “buenas”, el porcentaje más alto registrado en América Latina en la medición de 2026. El promedio regional fue de 71%.

Además, 74% de los entrevistados en Costa Rica considera positiva la influencia de Estados Unidos, uno de los porcentajes más elevados de la región.

Latinobarómetro destaca que Costa Rica y República Dominicana son los únicos dos países incluidos en el estudio donde la percepción de influencia positiva de Estados Unidos supera a la de China.

El 71% de los costarricenses, además, manifestó una opinión favorable sobre Estados Unidos, colocando al país entre los centroamericanos con mayor valoración positiva de esa nación.

Crimen organizado: baja percepción de presencia respecto a 2020

El capítulo dedicado a seguridad muestra otro comportamiento particular.

Latinobarómetro señala que entre 2020 y 2026 disminuyó en Costa Rica la proporción de personas que afirma percibir la presencia de crimen organizado, grupos armados, narcotraficantes o pandillas en el lugar donde vive.

Costa Rica aparece dentro del grupo en el que esta percepción disminuyó, junto con Colombia, Chile, Argentina y El Salvador.

Esto no significa necesariamente que haya disminuido objetivamente la actividad del crimen organizado en el país, ya que el indicador mide percepción ciudadana, no estadísticas policiales o judiciales.

En conjunto, los resultados de Latinobarómetro 2026 dibujan para Costa Rica una combinación de elevado respaldo a mecanismos electorales, apoyo a la democracia superior al promedio regional, una valoración relativamente positiva sobre la dirección del país y, paralelamente, una fuerte adhesión a la idea de “mano dura” frente a los problemas de seguridad.

Un hombre de origen chino y naturalizado costarricense, de apellidos Zhang Guobin, fue detenido en San José, tras ser requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

De acuerdo con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a las autoridades costarricenses, el detenido estaría relacionado con distintas organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo.

La captura fue coordinada por el Ministerio Público y contó con participación de la DEA, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Agentes de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública también intervinieron en el operativo que permitió detener al requerido en el centro de la capital costarricense.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la investigación contra Tam Zhang comenzó a finales de 2025 y permitió identificarlo como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la legitimación de capitales. Las autoridades sostienen que cumplía una doble función dentro de la estructura: coordinaba el suministro de cocaína con distintos proveedores, principalmente para envíos hacia Estados Unidos, y posteriormente gestionaba los pagos relacionados con esos cargamentos.

Las pesquisas también determinaron, de acuerdo con la versión oficial, que el detenido recibía grandes cantidades de dinero en efectivo en colones y dólares, que luego convertía en criptoactivos para movilizar fondos y realizar pagos ligados a transacciones ilícitas. Durante la operación conjunta entre la Policía de Control de Drogas (PCD), la DEA y el IRS-CI se logró decomisar aproximadamente USD 500,000 en criptoactivos, mientras que las coordinaciones de la investigación se extendieron a Países Bajos, España y Estados Unidos, lo que evidenció el alcance transnacional atribuido a la presunta estructura criminal.

Tres organizaciones señaladas por Estados Unidos

Entre las estructuras mencionadas en la información oficial figura el Cártel de Sinaloa, una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas identificadas por las autoridades estadounidenses.

La propia DEA sostiene que esta estructura cuenta con redes descentralizadas que operan en múltiples países y está involucrada en el tráfico de sustancias como fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

También se menciona al Cártel del Golfo, organización criminal surgida en México y relacionada históricamente con actividades de narcotráfico.

El tercer grupo señalado es el Clan del Golfo, una estructura de origen colombiano que las autoridades estadounidenses vinculan con el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense ha descrito al Clan del Golfo como una de las mayores organizaciones distribuidoras de cocaína y ha señalado que controla territorios utilizados para la producción y movilización de droga en Colombia.

En diciembre de 2025, Estados Unidos designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera, según información del Departamento de Justicia de ese país.

La presunta relación de Zhang Guobin con estas estructuras forma parte de las acusaciones que deberán ser examinadas dentro del proceso judicial estadounidense. La detención y el pedido de extradición no constituyen una condena y el requerido mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

Nueva captura en medio de procesos de extradición

La detención ocurre apenas un día después de que Costa Rica entregara a Estados Unidos a cinco hombres requeridos por causas relacionadas con narcotráfico internacional.

El jueves 1.° de octubre, los detenidos fueron trasladados desde el Centro Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, hasta Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se efectuaron los procedimientos judiciales y migratorios antes de su entrega a oficiales estadounidenses.

Entre los extraditados figuraban personas de nacionalidad costarricense y colombiana, algunas de ellas naturalizadas costarricenses. Las autoridades estadounidenses las requieren por investigaciones relacionadas con el supuesto traslado de cocaína y drogas sintéticas hacia ese país.

Costa Rica ha intensificado durante 2026 la ejecución de solicitudes de extradición relacionadas con narcotráfico después de los cambios legales que permiten entregar a ciudadanos costarricenses requeridos por otros países bajo determinadas condiciones.

En agosto, por ejemplo, las autoridades extraditaron hacia Estados Unidos a Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, para enfrentar cargos por una presunta conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense. El Departamento de Justicia informó entonces que el costarricense fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York y quedó detenido mientras enfrenta el proceso.

Ahora, el caso de Zhang Guobin deberá avanzar ante los tribunales costarricenses antes de que pueda concretarse cualquier eventual entrega a Estados Unidos.

El Ministerio Público aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades nacionales e internacionales en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y estructuras criminales con operaciones dentro y fuera de Costa Rica.

Costa Rica atraviesa una acelerada transformación demográfica. La población de 65 años y más pasó de representar apenas el 6.2% de los habitantes en 2006 a alcanzar el 12.2% en 2026, según datos divulgados este 1.º de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con motivo del Día de la Persona Adulta Mayor.

En términos absolutos, el cambio es todavía más evidente. Hace dos décadas el país contabilizaba 263,431 personas de 65 años o más, mientras que para 2026 la cifra ascendió a 638,378, es decir, unas 374,947 personas adicionales dentro de este grupo etario.

Los datos forman parte de las estimaciones y proyecciones nacionales de población elaboradas por el INEC, que muestran cómo el envejecimiento demográfico está modificando progresivamente la estructura de la sociedad costarricense.

La composición por sexo también mantiene una mayoría femenina. En 2006, las mujeres representaban el 52.7% de la población adulta mayor y los hombres el 47.3%. Para 2026, la proporción femenina aumentó ligeramente hasta el 53.1%, mientras los hombres representan el 46.9%.

De acuerdo con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.º 7935, se considera persona adulta mayor a toda aquella que tiene 65 años o más.

Montes de Oca encabeza el envejecimiento

El fenómeno no avanza de manera uniforme en todo el territorio nacional. Los datos cantonales muestran importantes diferencias y colocan a Montes de Oca como el cantón con el índice de envejecimiento más elevado tanto en el presente como en las proyecciones futuras.

Este indicador mide la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas menores de 15 años.

En 2006, Montes de Oca tenía un índice de 40.2, seguido por San Mateo, con 37.9, y San José, con 35.7.

Veinte años después, la situación cambió de forma considerable. Para 2026, Montes de Oca alcanza un índice de 131.0, lo que significa que registra aproximadamente 131 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años.

Le siguen San José, con 108.6, y San Mateo, con 104.8. Los tres cantones superan ya la barrera de los 100 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

Las proyecciones del INEC muestran una profundización de esta tendencia en las próximas décadas. Para 2046, Montes de Oca podría alcanzar un índice de 340.2, San José llegaría a 302.8 y Belén a 294.6.

Las cifras reflejan una transformación que podría tener implicaciones en áreas como salud, pensiones, vivienda, cuidados, transporte y servicios sociales, ante una población que progresivamente tendrá una mayor proporción de adultos mayores.

Más adultos mayores son jefes de hogar

El cambio demográfico también se observa dentro de los hogares costarricenses.

En 2015, las personas adultas mayores representaban el 18.6% de las jefaturas de hogar del país. Para 2020, esa proporción había aumentado a 24.4%, mientras que en 2025 llegó al 28.7%.

Esto significa que prácticamente tres de cada diez jefaturas de hogar corresponden actualmente a una persona adulta mayor.

Sin embargo, el crecimiento de esta población también está acompañado de desafíos económicos.

En 2015, el 14.1% de las personas de 65 años y más se encontraba en condición de pobreza. La proporción aumentó hasta 21.0% en 2020, mientras que para 2025 disminuyó a 18.5%.

Aunque el porcentaje se redujo frente al registrado durante 2020, permanece por encima del nivel observado una década antes.

Más de 1,100 denuncias por abandono y maltrato

Datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) indican que entre enero y julio de 2025 se registraron 1,154 denuncias por abandono y maltrato contra personas adultas mayores.

Además, 152 personas se encontraban a la espera de una reubicación debido a situaciones de abandono o agresión, según información correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025.

Las cifras se conocen en momentos en que Costa Rica continúa avanzando hacia una estructura demográfica con mayor peso de las personas adultas mayores y una reducción relativa de las generaciones más jóvenes.

Las proyecciones del INEC apuntan a que este proceso continuará durante las próximas décadas, lo que plantea el desafío de adaptar las políticas públicas y servicios a una población que vivirá más años y tendrá una presencia cada vez mayor dentro de la sociedad costarricense.

La Selección Masculina de Fútbol de Costa Rica vivió una jornada crucial y revitalizante el día de ayer, 1 de octubre de 2026. En el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, la “Sele” se impuso de manera contundente con un marcador de 3-0 frente a su similar de Nicaragua, en el marco de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Este resultado significó un respiro clave en el arranque del ciclo de Bryan Ruiz como director técnico interino, además de representar el fin de una pesada sequía deportiva que arrastraba el combinado patrio.

El triunfo se cimentó gracias a una destacada ráfaga de efectividad en la segunda mitad, tras superar un primer tiempo sumamente disputado y rocoso donde el guardameta local se erigió como la principal figura del cotejo.

Con esta victoria, la tricolor no solo suma sus primeros tres puntos en el torneo regional, sino que reaviva la esperanza de rearmar la cohesión del grupo con miras a sus próximos compromisos inmediatos, empezando por el vital choque contra Haití programado para el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

Durante los primeros 45 minutos, el trámite del partido reflejó una marcada superioridad territorial de Costa Rica, registrando un control de la posesión del balón cercano al 64%. El libreto táctico inicial se centró en hacer daño mediante el juego aéreo y aproximaciones por las bandas.

Los reajustes tácticos implementados desde el banquillo por Bryan Ruiz surtieron un efecto inmediato. El cerrojo nicaragüense comenzó a ceder ante la presión visitante y los errores puntuales en la zaga de Managua no tardaron en ser penalizados:

• Orlando Sinclair: Rompió la igualdad al culminar de forma certera una de las primeras combinaciones colectivas elaboradas en el inicio del segundo tiempo.
• Carlos Mora: Amplió la ventaja en el marcador al sacar provecho de los descuidos defensivos generados por el desespero y el adelanto de líneas de la escuadra local.
• Kenyel Michel (90+7′): Decretó el 3-0 definitivo en la última jugada del compromiso, culminando con frialdad un veloz contraataque en pleno tiempo de reposición.

Un factor determinante en el aspecto anímico y futbolístico fue el retorno del experimentado guardameta Keylor Navas a la disciplina tricolor. Tras haber permanecido al margen por discrepancias con el cuerpo técnico anterior, el actual arquero de los Pumas de la UNAM respondió al llamado de emergencia de Ruiz. Su presencia brindó solidez bajo los tres tubos, liderazgo en el vestuario y un impacto positivo reflejado directamente en el resultado en cancha.

Más allá del marcador, el valor emocional de este triunfo radica en la pesada losa que se quitó de encima el conjunto costarricense. Costa Rica acumulaba exactamente 353 días sin conocer la victoria en un partido oficial. La última alegría registrada se remontaba al 13 de octubre de 2025, fecha en la que derrotó al propio equipo de Nicaragua por 4-1 dentro del marco de las eliminatorias mundialistas.

Posterior a aquel enfrentamiento, la escuadra tica cayó en un profundo bache futbolístico encadenando ocho partidos consecutivos sin ganar, balanceados en seis derrotas y dos empates. Esta racha negativa precipitó cambios en el banquillo y sembró serias dudas sobre el recambio generacional. Romper esta racha adversa en el debut de Bryan Ruiz otorga un margen de tranquilidad sumamente necesario para afrontar lo que resta del calendario competitivo.

La batalla por no descender: ¿Qué significa caer a la Liga B de la Concacaf?

A pesar de la satisfacción tras el triunfo en Managua, la “Sele” continúa inmersa en una dura batalla por evitar el descenso a la Liga B dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf. Para una selección que históricamente ha sido referente en el área centroamericana, perder la categoría en la competición regional supondría una verdadera catástrofe con implicaciones deportivas, institucionales y económicas a gran escala:

Por todas estas razones, los tres puntos cosechados ante Nicaragua representan un tanque de oxígeno vital para el proyecto de Bryan Ruiz, permitiendo salir momentáneamente de los puestos de peligro directo y conservando en manos propias el destino tricolor de cara al duelo del domingo contra Haití.

Costa Rica será sede del I Congreso Regional de Calidad Educativa e Inteligencia Artificial, un encuentro que reunirá a docentes, estudiantes y especialistas de la región para analizar cómo las nuevas tecnologías están modificando la manera en que se enseña, se aprende y se evalúa.

La actividad se desarrollará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 en el campus de Universidad Fidélitas, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, y contará también con una modalidad virtual para quienes no puedan asistir presencialmente.

El congreso es organizado por Grupo KOB en alianza con las carreras de Educación de Universidad Fidélitas y busca abrir un espacio de discusión sobre uno de los cambios más acelerados que atraviesa actualmente el sistema educativo: la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en aulas, procesos de aprendizaje y mecanismos de evaluación.

La expansión de estas tecnologías ha planteado nuevas oportunidades, pero también interrogantes sobre la calidad de los procesos educativos, el papel de los docentes, la actualización curricular y la posibilidad de que las brechas digitales existentes se profundicen.

Uno de los ejes centrales del encuentro será precisamente el análisis de la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, con énfasis en las herramientas que ya están siendo utilizadas por estudiantes y profesores y en la manera en que pueden incorporarse a los procesos educativos sin perder de vista los objetivos pedagógicos.

El programa contempla además discusiones relacionadas con emprendimiento en educación y marca personal docente, un tema que busca analizar cómo cambia la proyección profesional del educador en un entorno cada vez más digital.

Otro de los componentes será el vínculo entre currículo, evaluación y propósito, ante un escenario en el que las herramientas de IA pueden producir textos, resolver problemas, resumir contenidos y generar materiales en pocos segundos.

Esta realidad obliga a replantear algunas formas tradicionales de evaluación y a discutir cuáles competencias deberían desarrollar los estudiantes en un contexto en el que el acceso a información y generación automática de contenidos es cada vez mayor.

El docente ante un escenario educativo diferente

Uno de los principales debates del congreso estará relacionado con el papel del profesorado.

La disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial para estudiantes y docentes ha acelerado una conversación sobre las competencias que deberán fortalecer los educadores y sobre la manera en que pueden integrar estas tecnologías sin convertirlas simplemente en sustitutos de los procesos de aprendizaje.

Emilia Gazel, rectora de Universidad Fidélitas, señaló que la discusión no puede limitarse únicamente a aprender a utilizar nuevas plataformas o aplicaciones.

“La incorporación de inteligencia artificial en las aulas plantea desafíos que van más allá de aprender a utilizar nuevas herramientas. Aspectos como la evaluación, el diseño curricular, las competencias docentes, la inclusión y la calidad de los procesos de aprendizaje forman parte de una conversación que ya está transformando la educación”, afirmó Gazel.

El congreso también dedicará espacio a la inclusión y el acceso digital, ante el riesgo de que la transformación tecnológica no avance al mismo ritmo para todos los estudiantes.

El acceso desigual a computadoras, conectividad, plataformas digitales y formación tecnológica continúa siendo uno de los desafíos que acompañan la modernización de los sistemas educativos.

Por esa razón, el encuentro analizará cómo incorporar innovación sin ampliar las diferencias entre centros educativos, comunidades y estudiantes con distintos niveles de acceso a tecnología.

Otro de los ejes será la calidad educativa sostenible, enfocada en determinar de qué manera las innovaciones pueden traducirse en mejoras de largo plazo y no únicamente en la adopción temporal de herramientas tecnológicas.

La discusión pretende abordar cómo medir los resultados de estas transformaciones y cuáles criterios deben utilizarse para determinar si una tecnología realmente está mejorando el aprendizaje.

Tres días de actividades presenciales y virtuales

El I Congreso Regional de Calidad Educativa e Inteligencia Artificial tendrá una duración de tres días y contará con actividades presenciales y virtuales.

La inversión para participar en el congreso presencial completo será de ₡65,100 (USD 142), con el impuesto al valor agregado incluido.

Para estudiantes nacionales o extranjeros, el costo será de ₡18,600 (USD 40), mientras que los estudiantes pertenecientes a universidades patrocinadoras podrán participar por ₡12,500 (USD 28)

En el caso de quienes opten por la modalidad virtual durante los tres días, la inversión será de ₡30,225 (USD 66)

El encuentro se desarrolla en momentos en que instituciones educativas de distintos niveles enfrentan el desafío de establecer reglas, metodologías y criterios sobre el uso de inteligencia artificial.

Mientras algunas herramientas permiten personalizar procesos de aprendizaje, agilizar tareas administrativas y generar nuevos recursos educativos, también existen debates sobre dependencia tecnológica, integridad académica, evaluación y acceso equitativo.

El congreso buscará precisamente colocar esos temas bajo análisis regional y promover el intercambio de experiencias entre profesionales vinculados con la educación.

La actividad se realizará en el campus de Universidad Fidélitas en San Pedro de Montes de Oca, y las inscripciones ya se encuentran habilitadas para las diferentes modalidades disponibles.