La seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración estuvieron entre los principales asuntos abordados durante una reunión entre la presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Yara Jiménez Fallas, y el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

El encuentro se desarrolló en el marco de las actividades del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), un organismo de cooperación parlamentaria que busca promover iniciativas conjuntas entre los poderes legislativos de la región.

Jiménez ocupa la Presidencia de la Asamblea Legislativa costarricense para el período 2026-2027, luego de ser electa el 1 de mayo de 2026 con 31 votos.

Durante la reunión, la jerarca legislativa costarricense insistió en que los desafíos relacionados con la delincuencia organizada requieren una respuesta que vaya más allá de las acciones individuales de cada Estado.

“Es relevante para los países estar unidos. Estamos en unas épocas donde requerimos que todos los países aportemos nuestras ideas para poder juntos negociar y proteger a nuestros ciudadanos del crimen organizado, de los diferentes movimientos que han estado afectando a todos nuestros países”, afirmó Jiménez.

Según la presidenta del Congreso, estos espacios permiten que las autoridades legislativas intercambien experiencias y busquen puntos de encuentro para responder a fenómenos que afectan simultáneamente a distintas naciones.

“Estos eventos son relevantes porque logramos unirnos, logramos juntar ideas, logramos armonizar todas las normativas y todas las diferentes operaciones necesarias para temas, como les decía, como el crimen organizado, que en este momento es fundamental atenderlo”, agregó.

Piden leyes coordinadas y efectivas

Uno de los puntos destacados por Jiménez fue la necesidad de que las leyes aprobadas por los congresos tengan una aplicación práctica y puedan complementarse con las normas vigentes en otros países de la región.

La legisladora consideró fundamental que los presidentes de los poderes legislativos mantengan objetivos comunes para enfrentar amenazas relacionadas con la seguridad.

“En este momento es crucial que todos los presidentes legislativos vayamos hacia una misma línea, estemos orientados todos a proteger a nuestros ciudadanos con leyes que sean óptimas, con leyes que sean efectivas y que sean más que un simple texto”, sostuvo.

Jiménez agregó que el objetivo debe ser contar con “leyes armonizadas a nivel de todas las necesidades de nuestros países”, particularmente cuando se trata de combatir estructuras criminales que pueden operar simultáneamente en diferentes territorios.

La posición coincide con uno de los objetivos del FOPREL, que contempla la creación de mecanismos de consulta y coordinación entre los parlamentos de sus países integrantes. El organismo reúne poderes legislativos de países como Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México, entre otros participantes y observadores.

Migración, narcotráfico y seguridad en la agenda

Por su parte, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, quien actualmente ejerce la presidencia del FOPREL, destacó la intención de fortalecer la presencia y el peso de la organización dentro de las discusiones regionales.

“Estamos aquí como presidente de la Organización del Foro de Poderes Legislativos de Centroamérica y del Caribe para fortalecer no solamente la presencia de esta organización en Costa Rica, como en el resto de las naciones del Caribe, de República Dominicana y Puerto Rico”, explicó.

El dirigente puertorriqueño sostuvo que uno de los propósitos es lograr que el foro tenga un mayor reconocimiento y participación dentro de los procesos de toma de decisiones relacionados con problemas comunes.

“En aras de que sea reconocida a nivel mundial como una de las organizaciones que no solamente agrupa naciones, agrupa los poderes legislativos, a los presidentes de los poderes legislativos, para que de esa manera tenga mayor arraigo en los procesos decisionales”, añadió.

Méndez enumeró entre los desafíos compartidos por los países de la región “la inmigración, el narcotráfico y la seguridad nacional”.

Esos asuntos han adquirido una dimensión regional debido a que las redes criminales, los movimientos migratorios y las operaciones vinculadas con el narcotráfico no necesariamente se limitan a las fronteras de un solo país.

Alianzas que trasciendan las fronteras

Durante el encuentro también se resaltó la necesidad de establecer alianzas estratégicas en asuntos que requieren coordinación entre varios gobiernos y poderes legislativos.

Entre las áreas mencionadas estuvieron la seguridad, migración y economía, así como la posibilidad de reforzar iniciativas que Costa Rica desarrolla en materia de seguridad.

Uno de los mensajes planteados durante la actividad fue la intención de “articular alianzas estratégicas en temas que trascienden fronteras”, particularmente frente a fenómenos que exigen intercambio de información, legislación compatible y cooperación institucional.

También se reconoció “el importante trabajo que se está desarrollando por parte de Costa Rica en materia de seguridad” y se planteó que desde el FOPREL se busca fortalecer esos esfuerzos.

La organización pretende servir como un espacio mediante el cual los parlamentos puedan coordinar posiciones y crear mecanismos conjuntos frente a desafíos políticos, sociales, económicos y de seguridad que afectan a Centroamérica y el Caribe.

Para Jiménez, la prioridad debe centrarse en que esa cooperación se traduzca en acciones concretas y no únicamente en declaraciones.

El encuentro con Méndez Núñez se produce precisamente en un escenario en el que los gobiernos y congresos de la región enfrentan el reto de responder a estructuras criminales con capacidad de operar en varios países y adaptar constantemente sus métodos.

La apuesta planteada durante la reunión pasa por avanzar hacia una mayor coordinación legislativa para que seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y combate al crimen organizado sean abordados mediante estrategias que trasciendan las fronteras nacionales.

Costa Rica deportó este viernes a un ciudadano salvadoreño vinculado con la pandilla Barrio 18 Sureños, quien además era requerido en su país por una causa relacionada con el delito de homicidio agravado.

El hombre, identificado con los apellidos Hernández Fuentes, fue entregado por la Policía Profesional de Migración a las autoridades de la República de El Salvador, luego de comprobarse que permanecía de manera irregular en territorio costarricense.

Según informaron las autoridades, el extranjero mantenía además un perfil criminal asociado con la pandilla 18 Sureños, una de las principales facciones en las que se dividió la organización criminal conocida como Barrio 18.

En El Salvador, Hernández Fuentes cuenta con una orden por rebeldía por el delito de homicidio agravado, situación que aumentó el interés de las autoridades por concretar rápidamente su salida de Costa Rica.

El extranjero había sido localizado el pasado sábado 22 de agosto durante un despliegue policial realizado en la provincia de Cartago.

Su detección ocurrió durante un operativo de Fuerza Élite, estrategia que mantiene presencia de diferentes cuerpos policiales en esa provincia y que busca identificar y detener personas vinculadas con actividades delictivas, así como reforzar la seguridad en sectores considerados prioritarios.

Fue detenido durante un operativo en Cartago

De acuerdo con la información oficial, Hernández Fuentes fue detectado inicialmente por oficiales de la Fuerza Pública.

Posteriormente, agentes de la Gestión de Operaciones de la Policía Profesional de Migración asumieron el procedimiento migratorio y concretaron su aprehensión.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y Policía Municipal de Cartago.

La presencia conjunta de estas instituciones forma parte de las acciones reforzadas que las autoridades mantienen en la provincia para ubicar personas con antecedentes, requerimientos judiciales o condiciones migratorias irregulares.

Una vez verificado el perfil del salvadoreño, quedó detenido en el Centro de Aprehensión Regional Central, donde permaneció mientras Migración realizaba las diligencias administrativas necesarias para ejecutar su deportación.

Finalmente, este viernes se concretó la entrega del extranjero a las autoridades salvadoreñas.

“Nuestro compromiso es con la seguridad del país”

El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo, participó personalmente en la entrega del ciudadano salvadoreño y destacó la coordinación existente entre ambos países.

“La Policía Profesional de Migración y mi persona hicimos entrega formal al Gobierno salvadoreño del marero aprehendido la semana pasada en la zona de Cartago”, explicó Badilla.

El funcionario aseguró que la actuación forma parte de los esfuerzos de Costa Rica para evitar que personas con perfiles criminales permanezcan en territorio nacional.

“Nuestro compromiso es con la seguridad del país y, como muestra de la fraternidad que tenemos entre Costa Rica y El Salvador, vinimos personalmente a estrechar esos lazos y demostrarle al Gobierno de El Salvador que estamos trabajando en mejorar la seguridad, no solo de Costa Rica, sino de la región”, manifestó.

Badilla resaltó además que la captura y posterior deportación fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre distintas instituciones.

“Este trabajo fue el fruto de una articulación llevada a cabo entre los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Profesional de Migración”, agregó.

El director de Migración insistió en que las autoridades continuarán actuando contra extranjeros que se encuentren en el país y que presenten antecedentes o vínculos con organizaciones criminales.

“Desde nuestra posición, reafirmamos nuestro compromiso para garantizar la seguridad en Costa Rica, para que personas con perfiles criminales sean expulsadas de nuestro país”, sostuvo.

Vinculado con Barrio 18 Sureños

Las autoridades costarricenses identificaron a Hernández Fuentes como una persona vinculada con la estructura conocida como Barrio 18 Sureños.

Esta organización corresponde a una de las facciones de Barrio 18, pandilla con presencia histórica en distintos países de Centroamérica y considerada rival de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Las fuertes lluvias que han afectado a Costa Rica durante las últimas semanas continuaron este viernes y provocaron nuevas afectaciones en sectores de Pococí y Limón, mientras 46 personas permanecen todavía en dos albergues habilitados tras las emergencias registradas días atrás.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las precipitaciones de este viernes se presentaron en buena parte del territorio nacional y generaron problemas principalmente por la saturación de sistemas de alcantarillado, además del crecimiento en el nivel de algunos ríos.

Entre los cauces que mostraron un aumento se encuentra el río Bananito, en la provincia de Limón.

La situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades debido a que los terrenos de la Zona Norte y la vertiente del Caribe acumulan varias semanas recibiendo precipitaciones importantes, una condición que incrementa la posibilidad de inundaciones, deslizamientos y otros incidentes.

“Las fuertes lluvias no han dado tregua durante las últimas semanas en la Zona Norte y la vertiente del Caribe, por lo que actualmente los niveles de saturación de los suelos siguen siendo muy altos”, indicó la CNE.

La institución advirtió que esa acumulación de humedad puede provocar que nuevas precipitaciones generen problemas con mayor rapidez.

“Pueden generar inundaciones con mayor facilidad”, añadió.

Onda tropical 38 llegará este sábado

La CNE informó que para este sábado 29 de agosto se espera un refuerzo de las lluvias debido al paso de la onda tropical número 38.

El fenómeno podría generar nuevas precipitaciones sobre un territorio que ya presenta una elevada saturación de los suelos, especialmente en las regiones que han recibido mayores acumulados durante los últimos días.

“Para mañana, sábado, se espera un refuerzo en las lluvias debido al paso de la onda tropical número 38, por lo que no podemos bajar la guardia”, advirtió la Comisión.

La combinación de lluvias adicionales con terrenos saturados aumenta la posibilidad de que ríos y quebradas incrementen rápidamente su nivel, así como que se produzcan desbordamientos o inundaciones en sectores vulnerables.

Las autoridades también mantienen especial vigilancia sobre las comunidades donde los sistemas de alcantarillado han mostrado dificultades para evacuar el agua acumulada.

Este viernes, precisamente, parte de las afectaciones reportadas en Pococí y Limón estuvieron relacionadas con este tipo de problemas.

Alerta naranja continúa en varias zonas

Ante el panorama meteorológico, la CNE mantiene distintos niveles de alerta en el país.

La Zona Norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba permanecen bajo alerta naranja por lluvias.

Por otra parte, se mantiene una alerta amarilla para la Región Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Las alertas permiten reforzar la coordinación entre las instituciones de primera respuesta y los comités municipales de emergencia, especialmente ante la posibilidad de nuevos incidentes durante el fin de semana.

La Comisión indicó que estos organismos permanecerán activos durante todo el fin de semana para atender cualquier emergencia asociada con las condiciones del tiempo.

“Hacemos un llamado a la población a acatar las recomendaciones de las instituciones que integran los comités municipales de emergencia”, señaló la institución.

Llamado a extremar precauciones

La principal preocupación se concentra en las comunidades cercanas a ríos, quebradas, zonas propensas a inundaciones y terrenos con antecedentes de deslizamientos.

La elevada saturación significa que incluso precipitaciones de menor duración pueden desencadenar problemas con mayor rapidez que en condiciones normales.

Por ello, las autoridades insistieron en la necesidad de permanecer atentos a cambios en los niveles de los ríos, evitar atravesar zonas inundadas y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia.

También se recomienda especial precaución durante desplazamientos por carretera, debido a que las lluvias pueden reducir la visibilidad, provocar caída de material sobre las vías o generar acumulaciones de agua.

Con un nuevo episodio de lluvias previsto para este sábado, la CNE insistió en que “no podemos bajar la guardia”, especialmente en las zonas que se mantienen bajo alerta naranja.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció la declaración de alerta verde en el Parque Nacional Volcán Poás, tras registrar un aumento en la actividad sísmica, erupciones y emanación de gases.

Según informó la CNE, la medida busca reforzar los protocolos de seguridad para los visitantes, en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La decisión, formalizada este viernes 28 de agosto, incluye restricciones y nuevas disposiciones en los accesos al área protegida.

De acuerdo con la CNE, el Parque Nacional Volcán Poás continuará abierto al público, aunque bajo normas estrictas que buscan minimizar riesgos ante el reciente incremento de la actividad volcánica. La autoridad comunicó que se mantendrán habilitados únicamente el sendero principal hacia el mirador y el sendero conocido como Sombrilla de Pobre, ambos con uso obligatorio de casco de seguridad para todos los visitantes.

Además, la capacidad máxima del mirador del cráter se redujo a 56 personas por turno y la cantidad total de visitantes diarios quedó limitada a la mitad del aforo habitual. El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que las nuevas disposiciones forman parte del protocolo de alertas para áreas volcánicas activas.

La implementación de la alerta verde implica una labor conjunta entre la CNE y el SINAC, organismo encargado de la administración de los parques nacionales en Costa Rica. Ambas instituciones reforzaron la presencia de personal en el sitio y actualizaron los protocolos de evacuación para casos de emergencia.

Entre las principales recomendaciones, la CNE solicitó a la población y a los turistas que no ingresen de manera ilegal al parque y que respeten todas las indicaciones de los guardaparques. El acceso por rutas no autorizadas representa un riesgo elevado ante la posibilidad de eventos eruptivos súbitos o la exposición a gases tóxicos.

El Parque Nacional Volcán Poás es uno de los destinos turísticos más visitados del país, reconocido por su cráter principal, considerado uno de los más grandes del mundo, y por la frecuencia de su actividad volcánica.

Según datos de la CNE, el sitio recibe miles de visitantes cada mes, por lo que la reducción del aforo y la obligación de portar cascos impactan directamente en la experiencia turística.

Antecedentes recientes del volcán y monitoreo continuo

Durante la última década, el volcán Poás ha mostrado una variada actividad volcánica, marcada por diferentes fases. Entre 2006 y 2016, predominó una serie de erupciones freáticas, con episodios notables en 2012 y 2014 que elevaron fumarolas y liberaron dióxido de azufre, lo que generó preocupación en las comunidades cercanas.

El año 2017 representó un punto de inflexión, cuando el volcán presentó una fase magmática mayor. En abril de ese año, una explosión freatomagmática destruyó casi por completo el domo cratérico histórico, expulsó ceniza y material incandescente a varios kilómetros y causó la evaporación del lago ácido, lo que obligó al cierre prolongado del parque por más de un año.

Luego de un periodo de relativa calma, entre 2018 y 2023 se restableció temporalmente el lago, se instalaron sistemas avanzados de monitoreo y casetas de protección para reabrir el parque bajo normas estrictas.

Desde 2024, el volcán ha experimentado una reactivación, con frecuentes plumas de ceniza, fuerte desgasificación y la expulsión de bloques de roca, mientras el lago cratérico se ha ido secando. Esta situación ha provocado caída de ceniza y olor a azufre en comunidades cercanas como Alajuela y Poasito, así como en sectores del Valle Central.

El Gobierno de Costa Rica expresó este viernes sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Noruega tras confirmarse el fallecimiento del rey Harald V, quien murió a los 89 años luego de permanecer hospitalizado en Oslo.

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las autoridades costarricenses difundieron un mensaje de solidaridad en el que destacaron el legado del monarca después de 35 años en el trono noruego.

“El Gobierno de Costa Rica expresa sus más sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno del Reino de Noruega por el fallecimiento de Su Majestad Harald V, Rey de Noruega”, señaló la Cancillería costarricense.

El Ministerio agregó que transmite su “solidaridad al pueblo amigo de Noruega en estos momentos de duelo nacional” y manifestó su deseo de que el legado del monarca permanezca como un símbolo para esa nación europea.

“Hacemos votos para que el legado de Su Majestad, tras 35 años en el trono, sea recordado y permanezca como símbolo de unidad y fortaleza para su país”, indicó el pronunciamiento costarricense.

Harald V murió a los 89 años

La Casa Real de Noruega confirmó que Harald V falleció este viernes 28 de agosto a las 6:35 a. m., hora local, en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.

El Palacio señaló que el rey murió de manera pacífica.

El fallecimiento puso fin a un reinado iniciado en 1991, cuando Harald asumió la Corona después de la muerte de su padre, el rey Olav V.

Harald había enfrentado distintos problemas de salud durante los últimos años y recientemente permanecía internado debido a complicaciones médicas. Su condición se había deteriorado durante los días previos y las autoridades del país habían informado que se encontraba en un estado muy grave.

El monarca había sido hospitalizado y tratado por una infección bacteriana en la sangre, además de enfrentar otros padecimientos de salud.

Su muerte provocó manifestaciones de duelo dentro y fuera de Noruega, mientras las autoridades activaron el proceso constitucional de sucesión.

Su hijo asumió como nuevo rey

Tras el fallecimiento de Harald V, su hijo, el hasta ahora príncipe heredero Haakon, asumió automáticamente como nuevo monarca de Noruega.

El nuevo soberano tiene 53 años y adoptó el nombre de Haakon VIII, continuando una línea monárquica que ha desempeñado un papel central en la historia contemporánea del país escandinavo.

Su hija, la princesa Ingrid Alexandra, pasó a convertirse en la nueva heredera al trono.

Noruega inició además un periodo de duelo nacional y se prepara para los actos oficiales relacionados con la despedida del fallecido monarca.

Un reinado de más de tres décadas

Harald V nació en 1937 y llegó al trono en enero de 1991.

Durante su infancia vivió parte de la Segunda Guerra Mundial fuera de Noruega después de que la familia real abandonara el país a raíz de la ocupación nazi. Parte de ese periodo lo pasó en Estados Unidos.

Antes de convertirse en rey también tuvo una destacada relación con el deporte, particularmente con la navegación. Representó a Noruega en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y mantuvo durante décadas una estrecha vinculación con actividades deportivas.

Uno de los episodios más conocidos de su vida personal fue su relación con Sonja Haraldsen, una mujer que no pertenecía a la nobleza y con quien contrajo matrimonio en 1968 tras años de noviazgo.

La unión marcó una ruptura con algunas de las tradiciones de las casas reales europeas de la época y Sonja se convirtió posteriormente en reina de Noruega.

Durante sus décadas como jefe de Estado, Harald V fue considerado una figura de estabilidad dentro de la sociedad noruega y mantuvo altos niveles de popularidad.

También fue recordado por sus intervenciones públicas en momentos de crisis nacional, especialmente después de los atentados ocurridos en Oslo y la isla de Utøya en 2011, cuando el país enfrentó uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente.

Costa Rica se suma a las condolencias internacionales

La reacción costarricense se produjo pocas horas después de confirmarse oficialmente el fallecimiento del rey.

La Cancillería puso especial énfasis en el papel de Harald V como símbolo de unidad y fortaleza durante sus más de tres décadas al frente de la monarquía noruega.

Con el pronunciamiento, Costa Rica se sumó a las numerosas expresiones internacionales de pesar generadas tras la muerte del jefe de Estado noruego.

Noruega enfrenta ahora el inicio de una nueva etapa con Haakon VIII al frente de la monarquía, mientras el país prepara los actos para despedir a quien ocupó el trono durante 35 años.

La Fuerza Pública de Costa Rica capturó en Tejar de Cartago a Carolina Loría Solís, quien figuraba como la segunda persona detenida de la lista de los 14 más buscados en esa provincia.

La aprehensión se realizó como parte de la Operación Cacería, estrategia policial desplegada para ubicar y detener a personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la ubicación de Loría Solís fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Las labores permitieron determinar que la mujer se encontraba en un apartamento ubicado en Tejar, Cartago, por lo que oficiales se desplazaron hasta el sitio para verificar la información.

Al llegar al inmueble, los policías conversaron inicialmente con un hombre que manifestó encontrarse solo en el apartamento.

Posteriormente, el sujeto indicó que en el interior se encontraba una conocida, por lo que los oficiales ingresaron al lugar para comprobar la situación.

Fue entonces cuando lograron ubicar a Carolina Loría Solís y confirmar que se trataba de una de las personas incluidas entre los objetivos prioritarios buscados en la provincia.

Se mantenía prófuga después de allanamientos

Según indicó el Ministerio de Seguridad Pública, Loría Solís era requerida por las autoridades luego de mantenerse en fuga tras una serie de allanamientos realizados en el cantón de La Unión.

Después de su captura, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que continuarán con el proceso respectivo.

La detención representa el segundo resultado de relevancia anunciado dentro de la búsqueda de las 14 personas identificadas como las más buscadas de Cartago.

Las autoridades aseguran que los operativos continuarán hasta localizar al resto de los sospechosos incluidos en la lista.

Uno de los mensajes difundidos por los cuerpos policiales destacó la coordinación entre distintas unidades del Poder Ejecutivo para desarrollar estas acciones.

“Estamos unidos. Tenemos una integración de nuestras fuerzas policiales, unidades regulares y especiales, con el apoyo de nuestra Dirección de Inteligencia, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, vamos detrás de cada una de esas personas”, indicaron las autoridades durante el operativo.

La estrategia contempla la participación de unidades policiales regulares y especiales, además de organismos dedicados al análisis e inteligencia, con el objetivo de obtener información que permita ubicar a los sospechosos.

“Los estamos atrapando”

Desde el Poder Ejecutivo también resaltaron los resultados obtenidos desde el inicio de la Operación Cacería y aseguraron que la búsqueda de los objetivos prioritarios se mantiene activa.

“Las policías del Poder Ejecutivo están trabajando y dando resultados, así como se anunció. Estamos persiguiendo a los catorce delincuentes identificados como objetivos prioritarios y los estamos atrapando”, señalaron.

La operación fue puesta en marcha como una respuesta policial enfocada específicamente en personas consideradas de interés para las autoridades de Cartago.

El despliegue combina información de inteligencia, presencia policial en diferentes sectores de la provincia y seguimiento a posibles sitios donde puedan encontrarse quienes continúan prófugos.

La captura de Loría Solís se produce después de que las autoridades anunciaran la detención del primero de los integrantes de la lista, dentro de una estrategia que busca reducir la presencia de personas vinculadas con estructuras delictivas en diferentes comunidades cartaginesas.

Operación Cacería continúa

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la Operación Cacería continuará activa, con acciones orientadas a localizar al resto de las personas incluidas en la lista.

La participación de la DIAC y la DIS ha sido uno de los componentes centrales del operativo, debido a que la información recopilada por estas unidades permite establecer posibles movimientos, contactos y lugares donde podrían permanecer los buscados.

En el caso de Carolina Loría Solís, ese trabajo derivó en la identificación del apartamento de Tejar donde finalmente fue encontrada.

Las autoridades no detallaron cuánto tiempo llevaba la mujer en ese inmueble ni si el hombre que se encontraba en el lugar será investigado por alguna posible responsabilidad relacionada con su permanencia allí.

Tampoco se informó inicialmente sobre incidentes durante la detención, por lo que la aprehensión se habría realizado sin que se reportaran enfrentamientos.

Con esta captura, dos de las 14 personas incluidas en la lista de los más buscados de Cartago ya han sido localizadas, mientras las fuerzas policiales mantienen las acciones para dar con los restantes objetivos.

El operativo se desarrolla en distintos puntos de la provincia y forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades para actuar contra personas consideradas prioritarias dentro de las investigaciones policiales.

La consigna, según las autoridades, es mantener la presión operativa mediante la combinación de inteligencia, seguimiento y presencia policial.

La captura en Tejar constituye así un nuevo avance dentro de la Operación Cacería, mientras continúa la búsqueda de las otras personas que permanecen incluidas entre los objetivos prioritarios de Cartago.

La búsqueda de justicia para la familia de Carolina Mora González culminó con una sentencia de 50 años de prisión contra su expareja, Álvaro Padilla Palma.

La historia que antecede a este veredicto refleja un desgarrador acto de violencia machista y frialdad. Carolina fue vista por última vez con vida el 30 de diciembre de 2024, cuando salió de su casa con la ilusión de comprar un consolas de videojuegos Nintendo para su hijo de tan solo cuatro años.

Para realizar la adquisición, acudió acompañada de Padilla Palma, padre de la criatura, quien aparentemente la asesoraría para elegir el mejor equipo. Sin embargo, Carolina nunca regresó a su hogar.

La falta de contacto inmediato encendió la alarma de su madre, doña Flora González, y de sus seres queridos. La dolorosa sospecha se convirtió en tragedia esa misma noche, cuando el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en el Parque Ecológico La Fuente, situado en el cantón de Belén de Heredia.

Durante el debate oral y público, los jueces del Tribunal Penal de Heredia destacaron la desalmada conducta desplegada por Álvaro Padilla Palma tras haber le quitado la vida a la madre de su hijo. Actuando sin remordimiento alguno, el sujeto intentó encubrir el crimen y desviar la atención tanto de las autoridades como de los familiares.

Pocas horas después del asesinato, el imputado se apoderó del celular de Carolina, de su bolso, de la cédula de identidad, de 200,000 colones (aproximadamente a $440 – $445 dólares).

Con el dispositivo de la víctima, Padilla envió mensajes de texto breves a la familia como “ya casi llego”, simulando que ella continuaba con vida mientras su cuerpo yacía oculto en el parque. Además, se demostró que entre la 1:38 a. m. y la 1:50 a. m. del 31 de diciembre de 2024, realizó nueve compras de videojuegos por internet con la tarjeta de crédito de Carolina, utilizando directamente su propio teléfono celular para ejecutar las transacciones.

Los 14 indicios que sustentaron la condena de 50 años

El Tribunal Penal de Heredia basó su condena en la reconstrucción analítica de 14 indicios que, valorados en su conjunto, ratificaron de forma irrefutable la culpabilidad de Padilla Palma.

Entre las evidencias periciales recabadas en la escena del crimen, los jueces destacaron el hallazgo de una piedra de aproximadamente 10 centímetros de diámetro impregnada de sangre humana y una regla de madera de 2.5 centímetros de grosor. Ambos elementos resultaron plenamente compatibles con las armas empleadas para propinarle múltiples golpes a la mujer hasta matarla.

Por otra parte, el juez Pablo Cedeño enfatizó durante la lectura del fallo la alevosía con la que actuó el agresor. Explicó que el cuerpo de la víctima no se encontraba sobre los senderos habilitados por la municipalidad para el tránsito o recreación pública. Padilla trasladó a Carolina hacia una zona apartada, introduciéndola de manera agresiva a través de la vegetación y arrastrándola entre dos y tres metros dentro de la maleza para ocultarla de la vista de terceros antes de darse a la fuga.

Justicia y dolor para la familia de Carolina

Sujetados de la mano y embargados por el llanto, doña Flora González y su hijo Nelson Mora salieron del Tribunal Penal de Heredia tras escuchar la pena máxima de 50 años impuesta al femicida. Para la familia, el fallo representa la confirmación de la verdad y un cierre necesario dentro de un proceso devastador que los hizo revivir todo el sufrimiento.

El impacto de este femicidio ha recaído con especial gravedad sobre el hijo de Carolina, quien al momento del crimen tenía solo cuatro años. Tras la pérdida de su madre y el encarcelamiento de su padre, la custodia legal del menor fue asumida por su tío materno, Nelson Mora, con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Actualmente, el pequeño recibe acompañamiento psicoterapéutico constante para afrontar el proceso de duelo. Aunque la familia le ha explicado de forma delicada que su madre falleció, el niño aún no es consciente de las circunstancias violentas del hecho por su corta edad. Su tío y su abuela se mantienen enfocados en brindarle un entorno seguro y estable para proteger su desarrollo integral en medio del dolor.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate, el expediente 24,461, una reforma que actualiza el monto que las empresas de radio y televisión deberán pagar al Estado por utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico.

El proyecto, presentado originalmente en 2024 durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, modifica parcialmente la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones y propone sustituir el sistema de montos nominales vigente desde hace más de siete décadas por un esquema de tarifas progresivas calculadas sobre los ingresos brutos anuales relacionados con el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas.

La iniciativa recibió 48 votos a favor y tres en contra. Se opusieron Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Otras seis diputaciones estuvieron ausentes.

No es la primera vez que el proyecto supera el primer debate. El 27 de julio ya había recibido aval legislativo, pero posteriormente el Plenario dejó sin efecto aquella votación y retrotrajo el expediente para incorporar modificaciones mediante un texto sustitutivo.

La reforma quedó ahora pendiente de una segunda votación en el Plenario, prevista para el próximo martes. Si recibe el aval definitivo, todavía deberá pasar por la sanción del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta antes de convertirse en ley.

Así funcionaría el nuevo cobro

Uno de los principales cambios consiste en abandonar las tarifas establecidas en la legislación de 1954, que actualmente contemplan pagos que, dependiendo del tipo y potencia de la estación, pueden oscilar entre apenas ₡100 (aproximadamente USD 0,22) y ₡3,000 (aproximadamente USD 6,56) anuales.

El nuevo esquema se calcularía por tramos.

Los concesionarios cuyos ingresos brutos anuales asociados al uso de la frecuencia no superen los 130 salarios de referencia quedarían exentos.

El texto utiliza como referencia un monto de ₡470,401 (aproximadamente USD 1,029), por lo que ese primer límite equivaldría aproximadamente a ₡61.15 millones (USD 133,800) anuales.

Entre los 130 y 216 salarios de referencia, equivalentes a ingresos de entre aproximadamente ₡61.15 millones (USD 133,800) y ₡101.61 millones (USD 222,300), las radioemisoras pagarían un 1.51% sobre el tramo correspondiente, mientras las televisoras cancelarían un 4.39%.

Para ingresos comprendidos entre 216 y 1,298 salarios de referencia, hasta aproximadamente ₡610.58 millones (USD 1.34 millones), las tasas subirían a 2.52% para radio y 6.17% para televisión.

Sobre el monto que exceda los ₡610.58 millones (USD 1.34 millones) se aplicaría el nivel más alto: 3.13% para las radios y 7.73% para las televisoras.

El cobro es progresivo, lo que significa que la tasa máxima no se aplicaría sobre la totalidad de los ingresos de una empresa, sino únicamente sobre el segmento que corresponda a cada tramo.

Además, el proyecto establece que las empresas deberán mantener una contabilidad separada para distinguir los ingresos provenientes específicamente del uso de la frecuencia de aquellos generados por otras actividades comerciales.

Exoneraciones para radios culturales y universidades

La propuesta también incorpora varias excepciones.

Quedarían exentas determinadas organizaciones religiosas y entidades sin fines de lucro de carácter informativo, cultural o recreativo. Para estas organizaciones tampoco se contabilizarían como ingresos comerciales las donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.

También quedarían fuera del pago las estaciones culturales que no generen ingresos comerciales, las emisoras pertenecientes a universidades públicas y aquellas administradas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La iniciativa establece además un nuevo destino para los recursos recaudados.

El 50% iría al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud, mientras la otra mitad permanecería en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para actividades relacionadas con la administración del espectro y fiscalización de las concesiones.

Debate por libertad de prensa y sostenibilidad de los medios

La discusión estuvo marcada por cuestionamientos sobre el eventual impacto económico del nuevo canon y las garantías para preservar la independencia de los medios.

La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió que la iniciativa no regula los contenidos periodísticos.

“La libertad de prensa no está en discusión; los medios tienen todo el derecho de fiscalizar al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial”, manifestó.

Guadamuz argumentó que el objetivo es únicamente actualizar cuánto deben pagar los concesionarios por utilizar un bien público.

“Este proyecto no establece qué puede decir un medio; lo que sí establece es cuánto corresponde pagar por aprovechar y hacer uso de una frecuencia pública, que le pertenece a todos los costarricenses. Eso es más razonable que seguir aplicando, en 2026, reglas aprobadas en 1954”, sostuvo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, también defendió la actualización y señaló que debe existir una retribución adecuada por la utilización del espectro, pero acompañada de seguridad jurídica y garantías para los medios independientes.

“Consideramos que este proyecto le conviene al país y conviene actualizar los cánones y las tarifas para que pueda haber una retribución correcta del uso de un recurso importante que el Estado costarricense tiene y que esa actualización sea compatible con ese ejercicio de la libertad de prensa y de los medios independientes”, indicó.

Las críticas de Dobles y Gordienko

La diputada Claudia Dobles cambió su posición a última hora y terminó votando contra el proyecto.

Aunque respaldó la necesidad de modernizar el canon, cuestionó que los porcentajes no estuvieran sustentados, a su criterio, en estudios técnicos suficientes.

“El canon se debe actualizar, es lo justo y lo que necesita Costa Rica, pero esa actualización debe responder a ciencia y técnica y debe responder a estudios técnicos que justifiquen ese porcentaje”, afirmó.

Una posición más dura expresó Abril Gordienko, quien calificó el esquema como potencialmente “confiscatorio” y cuestionó que se aplique sobre ingresos brutos.

“Aquí no hay criterios técnicos, objetivos ni razonables y me parece un grave error fijar el canon sobre el ingreso bruto de los concesionarios”, sostuvo.

La legisladora agregó que, a su criterio, la reforma podría afectar no solo a grandes empresas, sino también a medios de menor tamaño y a ciudadanos que dependen de la radio y la televisión abierta como fuentes principales de información y entretenimiento.

La confrontación entre la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndez, escaló este jueves luego de que el jerarca municipal respondiera públicamente a los señalamientos de la mandataria y la desafiara a demostrar que su Gobierno no está obstaculizando proyectos impulsados por la Municipalidad capitalina.

Miranda difundió un extenso mensaje en el que rechazó la versión ofrecida un día antes por Fernández, quien aseguró que no se reuniría personalmente con él mientras tenga pendiente resolver la recusación de 17 regidores municipales dentro de un procedimiento disciplinario contra el alcalde.

La presidenta había señalado además que Miranda estaría tratando de construir una narrativa para cuestionar anticipadamente cualquier resolución que pudiera resultar contraria a sus intereses.

El alcalde respondió que sus solicitudes de reunión con la mandataria comenzaron desde el 3 de febrero y aseguró que no fue hasta junio cuando logró ser recibido por el vicepresidente de la República, tras plantear sus preocupaciones sobre las personas en situación de calle en San José.

“Yo he sido respetuoso en mi tono desde el principio. No quise ventilar las conversaciones tenidas con usted porque mi objetivo siempre ha sido mantener una buena relación por el bienestar de los habitantes de nuestra capital”, afirmó.

Miranda cuestionó que Fernández leyera durante su conferencia de prensa fragmentos de conversaciones privadas entre ambos y sostuvo que la exposición de esos mensajes dejó por fuera parte del contexto.

“Resuelva en tiempo y forma”

Uno de los principales puntos de la disputa gira alrededor del procedimiento disciplinario que enfrenta el alcalde y de la participación excepcional que corresponde a la Presidencia de la República.

Fernández había explicado que evita mantener una reunión directa con Miranda porque considera que podría quedar expuesta a una “presión indebida” mientras debe resolver un asunto relacionado con el proceso.

Miranda rechazó ese argumento.

“Si esa es su justificación para no aceptar reunirse con mi persona a hablar de los temas urgentes que tiene la capital, ni busque más excusas y mucho menos convierta esto en una amenaza”, sostuvo.

El alcalde pidió públicamente a Fernández resolver el asunto pendiente y manifestó estar tranquilo con las decisiones tomadas en su gestión.

“Públicamente, yo le solicito que resuelva en tiempo y forma la sanción que usted tiene en su escritorio”, expresó.

Sin embargo, la competencia que corresponde a la mandataria no consiste propiamente en imponer o rechazar una eventual sanción contra Miranda.

Según el artículo 234 de la Ley General de la Administración Pública, cuando una recusación contra integrantes de un órgano colegiado impide alcanzar el cuórum y no existe un superior jerárquico, corresponde a la Presidencia resolver si las personas cuestionadas deben apartarse.

La Procuraduría General de la República ha señalado que esa intervención es excepcional y no faculta a la Presidencia para pronunciarse sobre el fondo del procedimiento ni sobre la responsabilidad administrativa del alcalde.

Si Fernández rechaza la recusación, el Concejo Municipal de San José podría continuar con el procedimiento. Si la acepta, el órgano tendría que integrarse con suplentes o miembros ad hoc para conocer específicamente el caso.

Miranda ofrece que cualquier reunión sea grabada

El alcalde también cuestionó que Fernández considere que un encuentro entre ambos pueda ejercer presión sobre ella.

“Parece risible, señora presidente, que usted diga que un alcalde puede torcerle el brazo a una presidente, pero se la pongo fácil. Le autorizo a que cualquier reunión que hagamos la pueda grabar”, afirmó.

Miranda fue más allá y aseguró que estaría dispuesto a presentar supuestas pruebas de que integrantes del Gobierno habrían buscado conversar con él sobre el proceso disciplinario.

“¿Qué pensaría usted si algunos de sus ministros y autoridades más prominentes quisieron coordinar conmigo reuniones privadas para ver el tema de esta sanción que usted menciona?”, cuestionó.

El alcalde preguntó además si Fernández estaría dispuesta a “reprobar públicamente y sancionar” a esas autoridades en caso de que él entregara evidencia.

Miranda no identificó en su mensaje cuáles serían los ministros o funcionarios a los que hizo referencia ni presentó públicamente las pruebas que aseguró tener.

Proyectos por miles de millones de colones

Buena parte de la respuesta del alcalde se concentró en una serie de iniciativas municipales que, según él, requieren coordinación con instituciones del Gobierno central.

Miranda mencionó, entre otros asuntos, el uso y remodelación de la Plaza de las Garantías Sociales, donde aseguró que la Municipalidad pretende invertir más de ₡900 millones (USD 1.9 millones)

También destacó un proyecto en Avenida Segunda, para el cual dijo que el gobierno local dispone de más de ₡2,000 millones (USD 4.3 millones) destinados a intervenir esa importante vía de la capital.

A esto agregó solicitudes relacionadas con infraestructura de centros educativos, actividades en La Sabana, proyectos deportivos en Rincón Grande de Pavas y Cristo Rey, así como iniciativas vinculadas con el tratamiento de residuos sólidos y el abastecimiento de agua.

Miranda pidió a Fernández demostrar que esos proyectos no están siendo bloqueados desde instituciones del Ejecutivo.

“Demuestre que no están bloqueando las iniciativas de la Municipalidad de San José”, expresó.

También propuso establecer mesas de trabajo conjuntas para abordar asuntos como residuos, suministro de agua, actividades culturales y la atención de personas en situación de calle.

El origen del procedimiento contra Miranda

El conflicto entre Casa Presidencial y el alcalde ocurre mientras permanece pendiente un expediente originado en un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

Ese documento señaló a Miranda por presuntamente haber utilizado a dos abogados de la Municipalidad de San José para atender una defensa personal dentro de otra investigación.

Según el informe, los funcionarios participaron durante su jornada laboral en una audiencia virtual relacionada con un asunto en el que el alcalde debía comparecer a título personal.

La PEP también presentó una denuncia penal por un presunto peculado de servicios.

Posteriormente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó un sobreseimiento definitivo, al considerar que los hechos investigados no configuraban un delito. Sin embargo, esa solicitud no eliminó el procedimiento administrativo desarrollado en sede municipal.

Miranda recusó inicialmente a los cuatro integrantes del órgano encargado del proceso y posteriormente a 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes, argumentando que algunos habían expresado posiciones previas en su contra o carecían de imparcialidad.

La imposibilidad del Concejo de alcanzar el cuórum requerido provocó que la controversia sobre esas recusaciones terminara en manos del Poder Ejecutivo.

“Los estadistas conversan”

El mensaje del alcalde terminó con un llamado directo a Fernández a cambiar el tono de la relación entre ambos gobiernos.

Miranda incluso la invitó a realizar una visita conjunta por distintos sectores de San José para conocer personalmente los proyectos municipales y las condiciones de las personas que viven en las calles de la capital.

“El tono confrontativo no ayuda a establecer canales de diálogo en un país que necesita de la coordinación, la colaboración y el diálogo desinteresado”, manifestó.

Además, criticó las conferencias de prensa de la mandataria y afirmó que “dinamitar puentes no debe ser la práctica repetida todas las semanas”.

El cierre del mensaje fue todavía más directo.

“Estemos a la altura de las circunstancias. Los estadistas conversan y trabajan sobre las necesidades de la mayoría”, concluyó Miranda.

La disputa mantiene ahora dos discusiones paralelas: por un lado, la decisión jurídica que deberá tomar Fernández sobre la recusación de los regidores y, por otro, la creciente confrontación política entre Casa Presidencial y la Municipalidad de San José por la coordinación de proyectos en la capital.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves a siete hombres sospechosos del delito de tenencia y difusión de material de abuso y explotación sexual infantil, durante un operativo simultáneo desarrollado en distintas comunidades del territorio costarricense.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, quienes realizaron un total de 12 allanamientos.

Los operativos se desarrollaron en diferentes puntos del país, entre ellos Pérez Zeledón, Desamparados, Turrialba, Guápiles, La Unión, Upala, Mora, Sabanilla, Cachí, Cervantes de Cartago y Guácimo.

En Pérez Zeledón se efectuaron dos de las intervenciones, mientras que las restantes diligencias se distribuyeron entre las demás localidades señaladas por la Policía Judicial.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos siete hombres identificados por sus apellidos como Ilama, de 25 años; Chavarría, de 22; Alfaro, de 43; Alvarado, de 23; Álvarez, de 24; Vega, de 33; y Araya, de 25 años.

OIJ decomisó dispositivos electrónicos

Además de las detenciones, durante las intervenciones los investigadores decomisaron distintos elementos considerados relevantes para avanzar con las pesquisas.

Entre la evidencia recopilada se encuentran aparatos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y otros insumos de interés para la investigación.

Ese material deberá ser sometido a los respectivos análisis forenses con el propósito de determinar su contenido y establecer su eventual relación con los hechos investigados.

“Además de su detención se logró el decomiso de aparatos electrónicos, además de dispositivos de almacenamiento y otros insumos importantes para esta investigación”, explicó el OIJ.

Un operativo en varias provincias

La amplitud geográfica de las diligencias obligó a desplegar investigadores en varios puntos de Costa Rica durante la mañana de este jueves.

Las intervenciones abarcaron sectores de San José, Cartago, Alajuela y Limón, además de Pérez Zeledón, en la zona sur del país.

La operación estuvo enfocada específicamente en ubicar a los hombres requeridos por las autoridades y recopilar evidencia digital que permita profundizar las investigaciones.

Los delitos relacionados con material de abuso y explotación sexual infantil suelen depender en buena medida del análisis de dispositivos tecnológicos, debido a que teléfonos celulares, computadoras, discos duros, memorias y otros soportes pueden contener información relevante para determinar la existencia, almacenamiento o circulación del material investigado.

En este caso, el OIJ confirmó únicamente que fueron decomisados equipos electrónicos y unidades de almacenamiento, sin ofrecer por ahora mayores detalles sobre su contenido.

Una vez asegurada la evidencia, los especialistas deberán efectuar los respectivos peritajes con el objetivo de recuperar y analizar información que pueda ser utilizada dentro del proceso penal.

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público

Tras finalizar los allanamientos, los siete sospechosos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales.

Los hombres serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se definirá si corresponde solicitar medidas cautelares ante un juzgado penal.

El OIJ recalcó que las detenciones se realizaron como parte de investigaciones por el delito señalado y que será el avance del proceso judicial el que determine las responsabilidades individuales de los involucrados.

Por tratarse de personas investigadas y no de condenados mediante sentencia firme, los siete mantienen su condición de sospechosos mientras continúa el proceso.

La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes concentra investigaciones relacionadas con delitos que afectan particularmente a poblaciones vulnerables y que, en algunos casos, pueden involucrar el uso de plataformas digitales y tecnologías de comunicación.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implantó por primera vez en Costa Rica una prótesis craneal personalizada diseñada y fabricada por la propia institución mediante tecnología de impresión 3D, una innovación que abre nuevas posibilidades para atender a pacientes que necesitan dispositivos médicos de alta especialización.

El procedimiento consistió en una craneoplastia, cirugía destinada a reparar un defecto o una abertura en el cráneo que puede producirse como consecuencia de traumatismos, infecciones, tumores o intervenciones quirúrgicas previas.

A diferencia de una prótesis estándar, el dispositivo utilizado fue elaborado específicamente de acuerdo con las características anatómicas del paciente, utilizando imágenes médicas para reconstruir digitalmente la forma del cráneo y fabricar una pieza ajustada al defecto óseo.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, calificó el procedimiento como una aplicación concreta de las capacidades tecnológicas que la institución ha desarrollado en materia de investigación e innovación.

“Este avance tiene su mayor valor en lo que representa para el paciente. Estamos utilizando innovación y conocimiento institucional para desarrollar una solución personalizada, concebida específicamente para responder a una necesidad de salud”, afirmó Taylor.

La jerarca sostuvo que contar con capacidades propias permite ampliar las alternativas disponibles para la atención especializada y aprovechar directamente la tecnología en beneficio de los pacientes.

“Queremos que la investigación y la innovación tengan un propósito muy claro: mejorar la atención. Este primer caso demuestra que la institución puede desarrollar soluciones especializadas que colocan las necesidades particulares del paciente en el centro del proceso”, agregó.

De una tomografía a una prótesis hecha a la medida

El desarrollo de estos dispositivos está liderado por la Gerencia de Logística, a través del Laboratorio de Órtesis y Prótesis de la Dirección de Producción Industrial de la CCSS.

El gerente de Logística, Esteban Vega de la O, explicó que el procedimiento combina imágenes médicas, diseño digital, manufactura institucional y procesos de validación técnica.

Para producir la prótesis se utilizan estudios como tomografías o resonancias magnéticas, a partir de los cuales puede desarrollarse un modelo que reproduzca las características anatómicas particulares del paciente.

En el caso de la primera persona intervenida, se realizó una tomografía axial computarizada (TAC). Las imágenes fueron incorporadas a un programa informático encargado de realizar la segmentación del cráneo.

Posteriormente, esa información pasó a otro software especializado en elaboración de prótesis. Una vez identificado el defecto óseo, se utilizó como referencia la imagen especular de la parte sana del cráneo para diseñar la pieza y reproducir su forma y simetría.

Antes de producir la versión definitiva, la prótesis es revisada para comprobar que coincida con los bordes del defecto y no tenga superficies que puedan afectar al paciente. El diseño también es analizado por el cirujano para efectuar los ajustes necesarios.

Tras la impresión, la pieza pasa por etapas de lijado, pulido y limpieza, posteriormente se empaca, se traslada al hospital, es nuevamente revisada por el especialista y finalmente se esteriliza antes de su implantación.

PEEK: el material utilizado para fabricar la pieza

Una de las claves de esta innovación es el material empleado para producir la prótesis: PEEK, un polímero termoplástico de alto rendimiento que presenta resistencia mecánica, térmica y química.

Entre sus ventajas se encuentra que, a diferencia de las prótesis metálicas, es radiotransparente, por lo que no genera alteraciones en estudios de diagnóstico como tomografías o resonancias magnéticas. También se caracteriza por su bajo peso, rigidez, baja densidad y estabilidad dimensional.

El proceso para alcanzar este primer implante comenzó aproximadamente dos años atrás e incluyó capacitación del personal, construcción de un cuarto limpio, adquisición de equipamiento especializado y la realización de pruebas y trámites ante las autoridades sanitarias.

“Hemos venido impulsando las tecnologías aditivas para producir institucionalmente prótesis craneales mediante impresión 3D con materiales biocompatibles, con el objetivo de brindar dispositivos de alta especialización y calidad a los pacientes que los requieren”, señaló Vega.

Hasta 64% menos en costos y solo siete días de fabricación

El paquete tecnológico adquirido por la CCSS representó una inversión de ₡115,471,400 (USD 252 mil) e incluyó una impresora 3D de resina, otra impresora industrial de filamento, un horno de curado térmico y un área de posprocesamiento.

También se adquirieron una estación de lavado y curado, baño ultrasónico, licencias, materias primas para dos años, un escáner, una unidad de alimentación ininterrumpida y programas informáticos especializados.

Las estimaciones institucionales señalan que producir internamente una prótesis craneal talla S, como la implantada en este primer procedimiento, tiene un costo aproximado de ₡1.167.598 (USD 2,554)

Ese monto representa una reducción de hasta el 64% respecto de una contratación externa, mientras que el ahorro podría variar de acuerdo con el tamaño de la pieza requerida.

El tiempo es otro de los beneficios. La institución calcula que todo el proceso puede completarse en siete días, desde la toma de las imágenes hasta el diseño, validación por parte del especialista y fabricación de la prótesis definitiva.

Para el segundo semestre de 2026, la CCSS proyecta beneficiar a 52 pacientes de los hospitales San Juan de Dios, México y Monseñor Víctor Manuel Sanabria mediante este nuevo proceso.

Beneficios médicos para los pacientes

El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital San Juan de Dios, Jorge Badilla Corrales, explicó que las prótesis personalizadas pueden generar al menos tres beneficios importantes.

El primero es estético, debido a que reconstruir el contorno del cráneo puede ayudar al paciente a mejorar su estado de ánimo después de un episodio traumático.

También pueden contribuir a disminuir dolores de cabeza y mareos asociados con la reducción de presión en el cráneo y, principalmente, permiten proteger nuevamente el cerebro ante golpes externos en la zona donde ya no existe cobertura ósea.

Los posibles candidatos a este tipo de procedimiento son pacientes que presentan algún hundimiento o defecto craneal derivado de traumatismos o patologías tumorales.

La directora médica del Hospital San Juan de Dios, María Eugenia Villalta Bonilla, destacó además la coordinación entre los equipos médicos y las áreas encargadas de fabricar la pieza.

“En este caso particular, al tratarse de prótesis personalizadas, mejora el contorno óseo y, por lo tanto, también la calidad de vida del usuario”, afirmó.

La impresión 3D dentro de la CCSS no se limita a este procedimiento. La institución también ha desarrollado mediante esta tecnología guías de planificación quirúrgica, modelos anatómicos para educación de pacientes, pastilleros, extractores de tabletas, pinzas para cordón umbilical y repuestos para equipos industriales.

Costa Rica comenzó a afinar los detalles para celebrar sus 205 años de Independencia con un amplio operativo que involucrará a aproximadamente 3,000 oficiales de policía, 22,000 estudiantes, más de 100 cruzrojistas y decenas de funcionarios municipales, además de los cuerpos de primera respuesta encargados de acompañar las actividades patrias.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó el dispositivo interinstitucional que se implementará durante las celebraciones de septiembre bajo el lema “Costa Rica: 205 años libres, en paz y sembrando futuro”.

El operativo busca garantizar que los actos cívicos, recorridos de la Antorcha de la Independencia, desfiles de faroles y celebraciones del 15 de septiembre se desarrollen de manera segura y ordenada en distintas comunidades del territorio nacional.

“Agradecemos el compromiso permanente de las instituciones con la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general”, manifestó Leonardo Sánchez, ministro de educación.

378 kilómetros para llevar el fuego de la Independencia

Uno de los principales componentes de las celebraciones será nuevamente el traslado de la Antorcha de la Independencia, que recorrerá aproximadamente 378 kilómetros desde Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, hasta la provincia de Cartago.

El recorrido está programado para los días 13 y 14 de septiembre de 2026.

Cerca de 22,000 estudiantes participarán como portadores del fuego patrio a través de diferentes regiones del país.

La logística contempla ocho rutas primarias, además de otros recorridos secundarios que permitirán trasladar la Antorcha hacia numerosas comunidades.

El punto culminante será la llegada a las Ruinas de Cartago, prevista para el 14 de septiembre a las 8:00 p. m.

Ese momento constituye tradicionalmente uno de los actos centrales de las celebraciones patrias, previo a la conmemoración oficial de la Independencia.

Los ciudadanos también podrán seguir el avance de la Antorcha mediante una herramienta virtual habilitada por el MEP.

La denominada Antorcha virtual permitirá conocer mediante tecnología satelital la ubicación del recorrido en tiempo real desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras durante el 13 y 14 de septiembre.

Unos 3,000 policías reforzarán la seguridad

El Ministerio de Seguridad Pública informó que movilizará aproximadamente 3,000 oficiales para reforzar la seguridad ciudadana durante las diferentes actividades programadas.

El jefe de Operaciones Policiales, Fulvio Fernández Arias, confirmó que el personal será distribuido como parte del dispositivo nacional de protección.

La Policía de Tránsito también tendrá una participación destacada, particularmente durante el recorrido de los estudiantes que trasladarán la Antorcha desde Peñas Blancas hasta Cartago.

El jefe de Operaciones de Tránsito, Maurizio Piedra Aguilar, hizo un llamado especial a quienes participen en actividades nocturnas.

“Es importante un llamado a quienes participen en los desfiles de faroles a utilizar ropa reflectante y a garantizar que las personas menores de edad asistan siempre acompañadas de una persona adulta responsable”, indicó.

La advertencia busca reducir riesgos durante actividades que tradicionalmente congregan a miles de niños, jóvenes y familias en calles y carreteras.

Bomberos piden sustituir las candelas por luces LED

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica también acompañará el recorrido de la Antorcha y las celebraciones de Independencia.

Su director, Héctor Chaves León, recomendó que durante los tradicionales desfiles de faroles las familias eviten utilizar velas encendidas.

La institución sugirió sustituir las candelas por luces LED, con el objetivo de disminuir el riesgo de quemaduras e incendios durante las actividades.

El uso de fuego dentro de faroles artesanales ha sido históricamente una de las tradiciones de estas celebraciones, pero las autoridades han promovido alternativas más seguras, especialmente cuando participan niños.

Cruz Roja movilizará a más de 100 socorristas

La Cruz Roja Costarricense desplegará un plan nacional de atención durante las Fiestas Patrias.

Según Jorge Rovira Guzmán, jefe de Atención Extrahospitalaria, Búsqueda y Rescate, se contará con el apoyo de más de 100 cruzrojistas durante el recorrido de la Antorcha y otras actividades.

Entre las recomendaciones de la institución se encuentran utilizar calzado adecuado y ropa reflectiva durante eventos nocturnos.

Para los estudiantes encargados de transportar la Antorcha, la Cruz Roja pidió además que quienes tengan el cabello largo lo mantengan recogido, debido a la cercanía con el fuego.

San José y Cartago preparan operativos especiales

Las municipalidades también tendrán un papel relevante durante las celebraciones.

La Municipalidad de San José desplegará a más de 80 oficiales de la Policía Municipal para acompañar distintos actos protocolarios realizados en la capital.

Entre ellos se encuentran las actividades relacionadas con la Fundación de la República, el recibimiento de la Antorcha y los desfiles del 15 de septiembre.

“Hemos preparado una agenda que busca reunir a las comunidades y fortalecer ese sentimiento de orgullo por ser costarricenses”, afirmó la vicealcaldesa Yariela Quirós Álvarez.

Por su parte, la Municipalidad de Cartago, en coordinación con el MEP, prepara el recibimiento oficial de la Antorcha, actividad en la que participarán más de 500 estudiantes.

Cartago también será escenario de una sesión del Consejo de Gobierno y del tradicional Desfile de Faroles.

Con títulos en mano y años de esfuerzo a cuestas, 1,619 personas adultas de distintas regiones de Costa Rica se graduaron este jueves del Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE), una iniciativa desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones (CIC) Ande, en Belén, y marcó el cierre académico de la VII Cohorte de este programa, creado para ofrecer una nueva oportunidad educativa a personas que, por distintas circunstancias, tuvieron que abandonar sus estudios de secundaria.

Con este nuevo grupo, el BEE alcanza un acumulado de más de 22,900 personas adultas graduadas en todo el territorio nacional.

El programa está dirigido especialmente a quienes dejaron las aulas entre 1988 y 2019 y que, años después, decidieron retomar una meta que para muchos había quedado pendiente durante buena parte de sus vidas.

Entre las historias que marcaron la jornada estuvo la de Yoseline García Montoya, quien viajó desde Guápiles acompañada por su familia para recibir el título de bachillerato.

En las gradas del recinto estaba su hijo, Ian Santiago, de 9 años, quien observó a su madre completar una etapa que había quedado inconclusa.

“Es un orgullo ver a mi mamá crecer”, expresó el niño al verla culminar sus estudios.

La familia incluso había preparado una sorpresa para celebrar el logro: una cena en conjunto luego de la ceremonia.

La experiencia de Yoseline refleja uno de los principales objetivos del programa: generar un impacto que vaya más allá de la obtención de un título y que también pueda influir en las oportunidades laborales, económicas y familiares de quienes participan.

Más que un título de secundaria

El Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento no se limita a permitir que sus estudiantes concluyan la educación secundaria.

El programa también acompaña a las personas graduadas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, con el propósito de ofrecer herramientas adicionales para mejorar sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo económico.

A lo largo de sus siete cohortes, miles de costarricenses han pasado por este proceso después de haber suspendido sus estudios años o incluso décadas atrás.

La iniciativa busca precisamente atender una de las barreras frecuentes que enfrenta la población adulta para acceder a determinados puestos de trabajo: no contar con el título de bachillerato de secundaria.

Por ese motivo, el BEE también forma parte de la estrategia gubernamental Brete, orientada a ampliar las posibilidades de empleo de la población costarricense.

En la ejecución del programa participan el MEP, la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE), el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) y OMiPYME+, estas últimas dependencias vinculadas a la UNED.

Laura Fernández: “Hoy esa oportunidad la estamos viendo materializada”

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández; y el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, además de otras autoridades gubernamentales y universitarias.

Fernández destacó que el programa nació como una apuesta por personas que no habían podido completar el bachillerato en el momento previsto.

“Cuando tomamos la decisión de hacer la apuesta por la educación de los costarricenses que por una u otra razón no alcanzaron el bachillerato, lo hicimos con los rostros de todos ustedes, que lo único que esperan del Gobierno de la República es que se les brinde una oportunidad, y hoy esa oportunidad la estamos viendo materializada”, manifestó la mandataria.

Por su parte, el ministro Leonardo Sánchez Hernández felicitó a los graduados y destacó las oportunidades que puede abrirles la obtención del título.

“Llegar hasta aquí es una gran oportunidad que ustedes decidieron aprovechar para cambiar su vida, BEE es una puerta que ustedes tuvieron el valor de cruzar poniendo alma, vida y corazón. Ya con este título tienen enormes posibilidades de encontrar trabajo”, expresó.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, también resaltó el componente social del proyecto y su capacidad para brindar nuevas posibilidades de crecimiento a personas adultas.

“Cada uno de estos títulos representa una historia de esfuerzo, perseverancia y deseo de superación, y también demuestra que nunca es tarde para retomar una meta”, señaló.

Arias agregó que, como universidad pública, la UNED considera fundamental ampliar el acceso a oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento.

“En la UNED creemos firmemente que la educación debe abrir puertas y generar oportunidades a lo largo de toda la vida”, afirmó.

Los empleados del sector público de Costa Rica quedarían fuera de la aplicación de las denominadas jornadas 4x3, que permitirían trabajar hasta 12 horas diarias durante cuatro días de la semana, a cambio de tres días consecutivos de descanso, si finalmente la reforma logra convertirse en ley.

Los diputados aprobaron una moción de fondo que incorpora de manera expresa la exclusión de los funcionarios públicos dentro de la iniciativa que reforma el Código de Trabajo, con lo que este tipo de jornada excepcional se concentraría en determinadas actividades del sector privado.

La decisión recibió respaldo de legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El cambio ocurre en medio de una prolongada discusión legislativa alrededor de un proyecto que busca flexibilizar los horarios laborales en empresas que mantienen ciclos productivos continuos durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

¿Cómo funcionarían las jornadas 4x3?

La propuesta busca habilitar jornadas excepcionales en las cuales un trabajador pueda laborar durante 12 horas al día durante cuatro días, para posteriormente contar con tres días de descanso.

El objetivo planteado por sus impulsores es que esta modalidad pueda ser utilizada por empresas privadas cuyos procesos productivos requieren mantenerse activos permanentemente.

Según el diputado oficialista Juan Manuel Quesada, la intención de la reforma es ofrecer mejores condiciones para sectores empresariales que operan bajo ciclos continuos, favorecer la atracción de inversión y generar nuevas oportunidades laborales.

“Mientras algunos siguen buscando excusas para frenar un proyecto que Costa Rica espera desde hace más de 20 años, nosotros seguimos avanzando, poniendo reglas claras y protegiendo a los trabajadores. Las 4x3 son para atraer inversión y generar empleo”, señaló.

La iniciativa ha generado durante su trámite una amplia confrontación entre quienes defienden una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo y sectores que cuestionan las consecuencias que jornadas de 12 horas podrían tener sobre las condiciones laborales.

La reciente modificación deja claro, al menos en el texto que continúa bajo discusión, que los funcionarios del Estado no estarían sujetos a esta modalidad.

Todavía quedan más de 2,000 solicitudes pendientes

Pese al avance conseguido con la moción, la iniciativa todavía enfrenta un extenso camino legislativo antes de llegar a una votación definitiva.

Previo a la decisión sobre el sector público, el plenario legislativo rechazó 131 solicitudes destinadas a reabrir la discusión de diferentes apartados del proyecto.

Sin embargo, todavía permanecen pendientes 2,071 solicitudes similares, que deberán ser conocidas antes de que el expediente pueda quedar listo para una eventual votación final.

La cantidad de recursos pendientes refleja la intensa discusión que ha acompañado el proyecto dentro de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa avanza bajo un procedimiento abreviado aprobado por el Congreso anterior, mecanismo que establece reglas especiales para el desarrollo del debate y busca limitar la extensión de la discusión parlamentaria.

Proyecto volvió a una de sus versiones anteriores

La discusión legislativa también ha provocado cambios recientes en el contenido de la propuesta.

Días antes, diputados de Pueblo Soberano y la legisladora Abril Gordienko, del PUSC, revirtieron dos modificaciones que habían sido incorporadas previamente por Liberación Nacional.

Una de las modificaciones eliminadas establecía la posibilidad de que los propios trabajadores decidieran mediante una votación secreta si la empresa en la que laboraban podía implementar las jornadas excepcionales de 12 horas.

Ese mecanismo ya no forma parte del texto después de la votación realizada por los legisladores.

Según lo señalado durante la discusión parlamentaria, la eliminación de esa consulta a los trabajadores había sido solicitada por representantes del sector empresarial.

La propuesta, por tanto, continúa evolucionando conforme los diputados analizan las múltiples mociones y solicitudes pendientes.

El debate sobre las jornadas 4x3 se ha prolongado durante años en Costa Rica y ha enfrentado posiciones contrapuestas entre organizaciones sindicales, sectores empresariales y agrupaciones políticas.

Sus defensores sostienen que la reforma permitiría al país adaptarse a sectores económicos que necesitan producción continua, mejorar su competitividad y atraer inversión extranjera.

Por otro lado, sus detractores han cuestionado especialmente la extensión de las jornadas hasta 12 horas diarias y sus posibles efectos sobre el descanso, la vida familiar y las condiciones de los trabajadores.

La magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), recibió el Premio Rodrigo Facio Brenes, la máxima distinción que concede la Universidad de Costa Rica (UCR) a personas cuya trayectoria ha representado aportes de trascendencia para el desarrollo y el bienestar del país.

El reconocimiento fue otorgado de manera unánime por la Comisión Dictaminadora, que resaltó la carrera de Zamora y su papel en la defensa de principios considerados esenciales para el sistema democrático costarricense.

La entrega se realizó durante una sesión solemne del Consejo Universitario, organizada con motivo del 86.º aniversario de la Universidad de Costa Rica, en la Sede del Caribe, ubicada en el cantón central de Limón.

Durante la ceremonia, Zamora agradeció el reconocimiento y repasó algunos episodios de su vida personal, académica y profesional que, según explicó, marcaron su visión sobre el servicio público, los derechos humanos y el papel de las instituciones.

“Hay homenajes que se reciben con alegría. Otros, con gratitud. Y hay algunos que, además, nos obligan a volver la mirada hacia atrás y preguntarnos por los caminos, las personas y las circunstancias que hicieron posible que llegáramos hasta aquí”, expresó la magistrada.

La jerarca electoral aseguró que el Premio Rodrigo Facio Brenes pertenece, para ella, a esa última categoría y aprovechó su discurso para dedicarlo a quienes han depositado su confianza en el sistema electoral costarricense.

“Lo recibo en nombre de los miles de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia costarricense que, a lo largo de los años, han depositado su confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones”, manifestó.

También hizo una dedicatoria particular a las mujeres que han abierto espacios históricamente dominados por hombres y a quienes actualmente continúan avanzando hacia posiciones de liderazgo.

“Quisiera recibirlo, de manera muy especial, en nombre de las mujeres de mi país: de aquellas que abrieron brecha en espacios que durante décadas fueron cotos vedados para nosotras”, afirmó.

Zamora es la primera mujer en ejercer la Presidencia del TSE en más de ocho décadas de existencia de la institución, cargo que ocupa desde diciembre de 2021.

Antes de llegar a la presidencia, había sido electa magistrada propietaria en setiembre de 2005 y, cuatro años después, asumió la Vicepresidencia.

A lo largo de su trayectoria dentro del organismo electoral, ha participado en la dirección y organización de 11 procesos electorales y un referéndum.

Un reconocimiento a la defensa institucional

La Comisión Dictaminadora justificó su decisión al considerar a Zamora “un ejemplo de compromiso con la democracia, la igualdad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones públicas costarricenses”.

El órgano también señaló que su trayectoria “transmite un mensaje institucional de defensa de la democracia, la institucionalidad pública, la igualdad y el Estado social de derecho”, principios que calificó como fundamentales dentro del actual contexto sociopolítico costarricense.

En su intervención, la presidenta del TSE recordó además su paso por la Universidad de Costa Rica, institución de la que es egresada, y sostuvo que su formación trascendió los conocimientos técnicos adquiridos en las aulas.

“Lo más importante que me dio esta Universidad no cabe en una lista de títulos ni de cursos. La Universidad me enseñó que el Derecho no existe como un fin en sí mismo. Existe para las personas”, dijo.

La magistrada añadió que esa visión terminó orientando buena parte de su carrera hacia asuntos relacionados con la dignidad humana y los derechos humanos.

El hecho de que la ceremonia se celebrara en Limón también ocupó un espacio destacado en su discurso. Zamora recordó la cercanía del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, y reivindicó el peso histórico y cultural del Caribe en la construcción de Costa Rica.

“El Caribe nos recuerda que Costa Rica ha sido construida desde muchas geografías, muchas memorias y muchas culturas; que nuestra identidad nacional es más rica cuanto más capaz es de reconocerse plural”, señaló.

Agregó que la democracia no debe limitarse al reconocimiento formal de la voz de todas las personas, sino que debe garantizar que esas voces sean efectivamente escuchadas y reconocidas como parte legítima de la comunidad.

Una carrera vinculada con derechos e institucionalidad

Eugenia Zamora Chavarría es abogada y notaria pública. Se graduó con honores de la Universidad de Costa Rica y posteriormente cursó una Maestría en Derecho en la Universidad de Harvard.

Antes de consolidar su carrera dentro del TSE, ocupó cargos en instituciones nacionales y organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, participó en la elaboración de normas de relevancia institucional como la Ley de la Defensoría de los Habitantes, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Su trayectoria también ha estado ligada a iniciativas destinadas a incrementar la participación política de las mujeres y a consolidar mecanismos que permitan una representación efectiva femenina en cargos de elección popular.

El Premio Rodrigo Facio Brenes reconoce precisamente trayectorias consideradas de particular importancia para la sociedad costarricense. Con la decisión adoptada en 2026, la UCR destacó en Zamora una carrera vinculada a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la igualdad y las instituciones públicas.

El XVIII Foro Nacional sobre el Riesgo 2026, realizado en Costa Rica y convocado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), concluyó con resultados positivos y una amplia participación de expertos nacionales e internacionales.

El evento, que reunió a más de 200 participantes de instituciones, universidades, organismos técnicos y científicos, se consolidó como un espacio clave para analizar los avances y desafíos en materia de gestión del riesgo en el país durante el último año.

Uno de los ejes principales del foro fue la reconstrucción de obras bajo un enfoque resiliente, buscando que los procesos posteriores a las emergencias reduzcan la vulnerabilidad y eviten la repetición de desastres.

Para lograrlo, se promovió el trabajo en mesas temáticas donde se abordaron aspectos como la reducción del riesgo, los preparativos y la respuesta ante emergencias, así como la reconstrucción resiliente.

La actividad permitió planificar la hoja de ruta para los próximos cuatro años, en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Este plan es el instrumento rector que orienta la política pública costarricense en materia de prevención, reducción y manejo de riesgos asociados a fenómenos naturales y antrópicos. Su objetivo es coordinar esfuerzos y recursos entre las diferentes instituciones del Estado, alineando las inversiones en infraestructura, adaptación y protección social para fortalecer la resiliencia del país ante eventos adversos.

Durante el foro, Alejandro Picado, presidente de la CNE, destacó la alta convocatoria y el valor de la coordinación interinstitucional para evaluar desafíos, fijar metas y establecer una ruta de mejora continua en la gestión del riesgo.

Picado subrayó que la articulación lograda en este espacio facilita la generación y el manejo de información crítica, así como el desarrollo de estrategias conjuntas en la respuesta y recuperación ante emergencias.

La Comisión Nacional de Emergencias, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tiene la responsabilidad de coordinar y articular las acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias y desastres. Su trabajo se fundamenta en promover la cultura de la prevención, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, y asegurar la integración de la gestión del riesgo en los procesos de desarrollo nacional. Entre sus funciones, la CNE lidera la elaboración y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, supervisa la implementación de políticas y protocolos, y canaliza recursos para atender situaciones de emergencia.

El Foro también propició la discusión sobre la importancia de la resiliencia en los procesos de reconstrucción, especialmente frente a los desafíos que impone el cambio climático. Se enfatizó la necesidad de que todas las inversiones públicas consideren criterios de reducción de vulnerabilidad y adaptación, asegurando que las obras y proyectos no solo repongan lo perdido, sino que incorporen mejoras que permitan enfrentar futuros eventos de manera más eficaz.

Entre las voces destacadas estuvo la de Diana Segura, de la Universidad Nacional, quien valoró la oportunidad de reunir a distintas instituciones para identificar necesidades conjuntas y buscar soluciones coordinadas a las brechas existentes en gestión del riesgo. Segura recalcó la importancia de estos espacios para la toma de decisiones oportunas y estratégicas.

El evento cerró con la identificación de acciones concretas para fortalecer la gestión del riesgo en Costa Rica, reafirmando el compromiso de las instituciones participantes en trabajar de forma articulada y proactiva. Así, el Foro Nacional sobre el Riesgo 2026 se consolidó como un mecanismo esencial para la actualización de estrategias y el impulso de una cultura de resiliencia, protección y adaptación ante los desafíos presentes y futuros que enfrenta el país.

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó este jueves 27 de agosto de 2026 al extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Ricardo Olivas Valle, por su responsabilidad en la sustracción de aproximadamente ₡3,293 millones (unos USD 7.2 millones) de las bóvedas de la entidad financiera estatal, en el caso conocido como “Gallo Tapado”.

El tribunal encontró al exfuncionario responsable de 33 delitos de peculado y le impuso inicialmente una pena acumulada de 330 años de prisión. Sin embargo, debido a la aplicación de las reglas del concurso material, la condena fue readecuada a 30 años de cárcel, según informó el Poder Judicial.

Además, los jueces ordenaron que Olivas permanezca bajo prisión preventiva durante ocho meses, mientras la sentencia adquiere firmeza.

La resolución llega semanas después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitara una condena todavía mayor: 396 años de prisión, al considerar acreditada la responsabilidad del extesorero en cada una de las extracciones de dinero que le fueron atribuidas.

33 extracciones entre 2021 y 2023

La acusación del Ministerio Público sostuvo que Olivas Valle realizó 33 extracciones de dinero entre 2021 y 2023, aprovechando su posición dentro del Banco Nacional y las condiciones de acceso que tenía a las bóvedas de la sede central de la institución, ubicada en San José.

Según la tesis fiscal, los retiros de efectivo se producían principalmente durante los últimos minutos de la jornada laboral, en momentos en los que disminuía la cantidad de personas dentro de las instalaciones.

La investigación determinó que varias de las extracciones ocurrieron entre las 4:16 p. m. y las 5:29 p. m., una franja horaria en la que, de acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario podía aprovechar una menor vigilancia para sacar importantes cantidades de efectivo.

Durante el juicio fueron analizados numerosos videos de seguridad. La Fiscalía sostuvo que esas grabaciones mostraban al entonces funcionario colocando fajos de billetes en sobres de manila amarillos antes de abandonar las instalaciones bancarias y superar los controles de seguridad.

La lotería y el origen del nombre “Gallo Tapado”

El expediente recibió el nombre de “Gallo Tapado” por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía debido al mecanismo que, según la acusación, habría utilizado Olivas para intentar dar apariencia legítima a parte del dinero sustraído.

La tesis del Ministerio Público señaló que el exfuncionario compraba grandes cantidades de fracciones y billetes de lotería de la Junta de Protección Social (JPS). Cuando alguno de esos números resultaba premiado, el dinero era posteriormente depositado en cuentas bancarias, lo que habría permitido presentar los recursos como ganancias provenientes de juegos de azar.

Durante los allanamientos realizados en la vivienda de Olivas, las autoridades localizaron alrededor de 3,000 fracciones de lotería, evidencia que posteriormente fue incorporada al proceso judicial.

El propio acusado reconoció durante el debate judicial que había tenido problemas relacionados con los juegos de azar.

“Tuve adicción a los juegos, en algún momento, a la lotería solamente”, declaró ante el tribunal, aunque sostuvo que ese comportamiento no estaba relacionado con la procedencia del dinero investigado.

Fallas en los controles internos

El proceso judicial también puso bajo la lupa los mecanismos de control existentes dentro del Banco Nacional durante los años en que se produjeron las sustracciones.

De acuerdo con la acusación, desde 2019 no se realizaban arqueos físicos exhaustivos en las bóvedas, circunstancia que habría facilitado que las extracciones continuaran durante un periodo prolongado sin ser advertidas.

Además de Olivas, otras personas fueron incluidas en investigaciones separadas por eventuales responsabilidades relacionadas con omisiones, incumplimientos de deberes o encubrimiento. Entre ellas se mencionaron supervisores, contadores, personal de seguridad y exfuncionarios vinculados con áreas jurídicas de la institución.

El proceso contó también con la participación de la Procuraduría General de la República y el propio Banco Nacional como partes acusadoras. La entidad bancaria busca recuperar los recursos sustraídos.

La condena conocida este jueves representa uno de los capítulos más importantes del caso desde que la desaparición del dinero salió a la luz en 2023.

Aunque la sumatoria de las penas individuales alcanzó los 330 años, la legislación costarricense impide el cumplimiento efectivo de una sanción de esa magnitud. En consecuencia, el Tribunal Penal aplicó las reglas correspondientes y estableció que Olivas deberá descontar 30 años de prisión.

Por ahora, el extesorero continuará privado de libertad durante ocho meses de prisión preventiva, mientras el fallo completa las etapas necesarias para adquirir firmeza.

Un fiscal general adjunto de Costa Rica puso en cifras lo que The Wall Street Journal, diario estadounidense, documentó en un reportaje publicado el 26 de agosto: los homicidios en el país subieron 50% desde 2020, y buena parte de esa violencia se explica por los pagos en cocaína que organizaciones de México, Colombia y Europa hacen a sus socios locales. Así lo declaró Mauricio Boraschi al diario, según retomó El Mundo CR a partir de esa publicación.

“Muchas de las víctimas están vinculadas con estos grupos criminales, pero el número de víctimas colaterales también ha crecido exponencialmente”, advirtió Boraschi.

El mecanismo es directo: las organizaciones transnacionales pagan sus servicios con droga, los grupos costarricenses la venden en el mercado interno y las disputas territoriales por ese negocio alimentan los asesinatos.

Costa Rica, principal corredor de cocaína desde 2020

El punto de inflexión fue 2019, cuando la terminal de contenedores de Moín, en la costa caribeña, comenzó a operar. Según el diario estadounidense, las organizaciones criminales identificaron de inmediato la oportunidad: la instalación procesó más de seis millones de toneladas de exportaciones el año pasado, un volumen que facilita mover cargamentos de droga a una escala sin precedentes en el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, citado por el diario, estableció que desde 2020 Costa Rica se convirtió en el principal punto de tránsito de cocaína sudamericana con destino a Estados Unidos y Europa.

Las autoridades costarricenses y europeas anunciaron el año pasado el desmantelamiento de una red que enviaba cocaína en contenedores de yuca congelada.

La provincia de Limón, donde está el puerto, concentra el impacto más grave: su tasa de homicidios supera en más del doble el promedio nacional. La ciudad, de unos 70,000 habitantes, era considerada relativamente segura hace pocos años.

Tres vehículos patrulla contra el crimen organizado

El jefe de la policía municipal de Limón, Jeison Arce, reconoció ante el diario la desproporción de la batalla: su fuerza dispone de apenas tres vehículos patrulla frente a organizaciones con recursos económicos mucho mayores. Algunos jóvenes se incorporan a las bandas ante la falta de alternativas laborales.

El asesinato del agente Gerson Rosales, de 28 años, abatido durante una patrulla por presuntos miembros de una banda local, se convirtió en uno de los casos más representativos de esta etapa. Tras su muerte, la presidenta Laura Fernández impulsó nuevas iniciativas legislativas para endurecer las penas.

La guerra entre el Ejecutivo y el Poder Judicial

La crisis de seguridad derivó en un choque institucional que el diario calificó como una “guerra civil política”. Fernández, quien asumió en mayo, acusó al Poder Judicial de estar infiltrado por el crimen organizado, presentó una denuncia penal contra magistrados de la Sala Constitucional en una disputa por nombramientos judiciales y recortó el presupuesto de esa institución.

En julio, el Ministerio de Hacienda anunció reducciones por decenas de millones de dólares que incluyen al Ministerio Público, los tribunales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“¿Por qué esto se ha convertido en un círculo vicioso, donde la policía arresta personas y el Poder Judicial las libera?”, preguntó Fernández poco después de tomar posesión.

El fiscal general Carlo Díaz respondió que los recortes “definitivamente benefician al crimen organizado” y advirtió que podrían facilitar decisiones gubernamentales orientadas a limitar derechos ciudadanos.

Funcionarios judiciales preparan una impugnación contra esas medidas, y el relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial las calificó como una “noticia preocupante”.

Miles de costarricenses se movilizaron este mes en defensa del Poder Judicial con carteles que rezaban “No toquen nuestro Poder Judicial independiente”.

El antecedente Chaves y el efecto Bukele

La confrontación tiene raíces en el mandato anterior. Rodrigo Chaves, quien gobernó entre 2022 y 2026, impulsó un discurso duro contra el crimen y las instituciones tradicionales, defendió medidas inspiradas en el modelo de El Salvador bajo Nayib Bukele y promovió la construcción de una prisión de máxima seguridad cuya apertura está prevista para este año.

Durante su administración se aprobó también la reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos costarricenses acusados de narcotráfico.

Este año, el país extraditó a Estados Unidos a un exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Seguridad acusado de delitos vinculados al tráfico de drogas.

En agosto, dos presuntos narcotraficantes, Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, y Gabriel Lozano, alias “Compadre”, fueron entregados a la justicia estadounidense para enfrentar cargos en una corte federal de Nueva York, según informó Reuters, agencia de noticias británica.

Los límites de la mano dura

El Gobierno de Fernández defiende sus resultados: la policía antidrogas incorporó 100 agentes en los últimos dos años, las incautaciones se recuperaron el año pasado y, según cifras del Ejecutivo, entre enero y agosto de 2026 se registraron 62 homicidios menos que en el mismo período de 2025.

No obstante, el diario señaló que los asesinatos alcanzaron máximos históricos en 2023 y apenas cedieron en los dos años siguientes, mientras los decomisos de cocaína cayeron a 21.4 toneladas métricas en 2023, el nivel más bajo desde 2015.

Los expertos citados por el diario advirtieron que el problema costarricense es particularmente complejo porque las organizaciones transnacionales ya están profundamente arraigadas. En ese contexto, aumentar penas o construir cárceles no bastaría para resolver la crisis.

Fuente: El Mundo CR, a partir del reportaje Runaway Drug Violence Sets Off a Political Earthquake in Costa Rica de The Wall Street Journal, publicado el 26 de agosto de 2026.

Un reciente reportaje audiovisual publicado por el diario internacional El País ha dejado al descubierto las imágenes de las obras del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), la nueva infraestructura penitenciaria de máxima seguridad que se erige en la provincia de Alajuela, unos 20 kilómetros al noroeste de la capital costarricense.

De acuerdo con el reporte del influyente medio de comunicación, la mega obra registra ya un 89% de avance en su construcción. El recorrido visual expuesto por El País pone en evidencia:

• Pasillos blindados
• Pabellones de alta resistencia
• Celdas comunitarias de contención extrema
• Complejos sistemas de vigilancia electrónica que se encuentran en su etapa final de acabado.

La nueva prisión albergará a más de 5,000 reclusos considerados de máxima peligrosidad, cifra que representa aproximadamente el 25% de la población penitenciaria total del país.

Esta concentración masiva pretende resolver no solo el hacinamiento crítico del sistema penitenciario, sino sobre todo el déficit de control que permitía la articulación de redes delictivas tras las rejas.

Las especificaciones técnicas del CACCO replican los pilares clave del modelo de alta contención:

• Aislamiento extremo: Celdas reforzadas sin puntos ciegos diseñadas para impedir cualquier contacto físico o visual no autorizado.
• Bloqueo tecnológico total: Inhabilitación absoluta de señales de telefonía e internet para neutralizar la coordinación criminal con el exterior.
• Sistemas de biometría y vigilancia: Control de acceso automatizado mediante reconocimiento facial y sensores de movimiento en todos los perímetros.
• Régimen disciplinario estricto: Reducción drástica de desplazamientos internos y anulación de beneficios que faciliten la movilidad del recluso dentro del recinto.

La influencia de Nayib Bukele y el giro penitenciario de Costa Rica

El CACCO no es una iniciativa aislada dentro de las políticas públicas de la región; está diseñado de forma directa bajo las pautas operativas y arquitectónicas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la célebre megaprisión impulsada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

La influencia de la doctrina salvadoreña en la seguridad costarricense viene tomando fuerza desde la administración del expresidente Rodrigo Chaves quien contó con la participación directa de Bukele al inicio del proyecto y se ha consolidado definitivamente bajo el mandato de la presidenta Fernández.

Desde la campaña electoral y tras asumir la presidencia, Fernández mantuvo una posición contundente: Costa Rica no debía continuar financiando “techo, comida y protección” a criminales que continúan dirigiendo operaciones de narcotráfico, extorsión y sicariato desde el interior de las prisiones.

Tras sostener conversaciones directas con el mandatario salvadoreño, el Gobierno costarricense recibió el respaldo y asesoramiento técnico de las autoridades de El Salvador para adaptar dicho esquema penitenciario a las necesidades locales. Con ello, se busca cortar de raíz la línea de mando que las bandas criminales ejercen hacia el exterior mediante el aislamiento total de sus cabecillas.

Por lo que, la decisión de la administración de Laura Fernández refleja el profundo viraje de las demandas ciudadanas hacia medidas de “mano dura” ante la creciente ola de homicidios e inseguridad ligada al narcotráfico internacional.

A medida que las obras en Alajuela entran en su fase definitiva de equipamiento y recepción de suministros, el Ejecutivo alista los protocolos de traslado para los primeros reclusos de alto riesgo. Con esta mega obra casi finalizada, Costa Rica formaliza su adscripción a la tendencia regional de infraestructuras penitenciarias de máxima seguridad, confiando en que el CACCO sea el golpe definitivo contra el crimen organizado que amenaza la tranquilidad nacional.

La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, presentó un proyecto de ley que busca reducir la cantidad de combustible asignada mensualmente a los integrantes de la Asamblea Legislativa y, al mismo tiempo, establecer nuevos mecanismos de fiscalización sobre el uso de ese recurso público.

La propuesta plantea disminuir de 500 a 300 litros mensuales la cuota de combustible que actualmente recibe cada diputación y delimitar expresamente su utilización a actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas.

El proyecto surge en medio de cuestionamientos sobre el monto de recursos públicos destinado a este beneficio. De acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, durante el periodo legislativo 2022-2026 las diputaciones gastaron en conjunto ₡425,912,186 (USD 945 mil) en combustible.

Con la reforma, Sáenz pretende modificar no solo el volumen del beneficio, sino también la manera en que se controla su utilización.

De 500 a 300 litros por mes

Actualmente, cada una de las diputaciones tiene disponible una cuota mensual de 500 litros de combustible.

El proyecto presentado por la legisladora frenteamplista propone reducir esa asignación en 200 litros mensuales, lo que representa una disminución del 40% respecto de la cantidad vigente.

La iniciativa también establece que el combustible deberá ser utilizado únicamente para actividades relacionadas con las funciones propias del cargo legislativo, con el objetivo de impedir que sea destinado a propósitos ajenos al trabajo parlamentario.

Otro de los cambios propuestos consiste en establecer que la cuota tenga carácter no acumulable.

Esto significa que, si un diputado o diputada no utiliza la totalidad de los 300 litros disponibles durante determinado mes, el saldo restante no podrá trasladarse al periodo siguiente.

El texto también busca dejar expresamente establecido que este beneficio tendrá una naturaleza no salarial, por lo que no podría ser considerado como parte de la remuneración ordinaria de los legisladores.

Diputados tendrían que rendir cuentas cada mes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo periódico de rendición de cuentas.

En caso de aprobarse la reforma, cada diputada y diputado deberá presentar mensualmente un informe sobre el uso del combustible ante el Departamento de Proveeduría Institucional de la Asamblea Legislativa.

El documento permitiría conocer cómo fue utilizado el recurso asignado durante cada periodo y ofrecería a la administración legislativa una herramienta adicional para detectar posibles anomalías.

La propuesta incluye además consecuencias económicas en caso de comprobarse un uso indebido.

Si las autoridades determinan que el combustible fue utilizado para fines distintos a los autorizados, el monto correspondiente deberá rebajarse de la remuneración mensual de la persona legisladora.

De esta manera, el proyecto busca incorporar un mecanismo directo para recuperar recursos públicos cuando se compruebe que el beneficio fue utilizado de forma irregular.

Directorio Legislativo deberá fiscalizar

La iniciativa presentada por Sáenz también asigna responsabilidades al Directorio de la Asamblea Legislativa.

Según el proyecto, ese órgano deberá establecer mecanismos de seguimiento, control y detección de posibles irregularidades relacionadas con el uso de las cuotas de combustible.

La intención es que la fiscalización no dependa únicamente de los reportes individuales presentados por los legisladores, sino que exista además un sistema institucional encargado de revisar el comportamiento del beneficio y detectar eventuales usos fuera de las condiciones establecidas.

El proyecto se inserta en una discusión más amplia sobre los recursos y beneficios que reciben los diputados durante el ejercicio de sus cargos, así como sobre los mecanismos disponibles para determinar cómo son utilizados.

De acuerdo con Sáenz, el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que exista un mayor equilibrio entre las necesidades de movilidad propias de la función legislativa y el manejo responsable de los recursos provenientes del presupuesto público.

La legisladora busca con la reforma garantizar un uso “más razonable, transparente y fiscalizado de los recursos públicos”, además de fortalecer la rendición de cuentas dentro de la propia Asamblea Legislativa.

La discusión del proyecto deberá ahora seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que una eventual reducción de la cuota pueda entrar en vigencia.

De avanzar la iniciativa, cada legislador pasaría de disponer de 6,000 litros de combustible al año, bajo la cuota actual de 500 litros mensuales, a un máximo de 3,600 litros anuales, bajo la propuesta de 300 litros por mes.

Esto significaría una reducción potencial de 2,400 litros por diputado cada año, además de la incorporación de controles mensuales y la posibilidad de aplicar rebajos salariales cuando se determine que existió un uso irregular del recurso.

La Cruz Roja Costarricense alcanzó el tercer lugar mundial en la categoría de Concientización Pública a través de campañas de publicidad durante la Copa Mundial de Primeros Auxilios 2026, realizada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde la institución tuvo la responsabilidad de representar a la región de las Américas.

El reconocimiento fue otorgado por la campaña “Minutos que impactan: Primeros Auxilios que Salvan Vidas”, una estrategia desarrollada a finales de 2025 que buscó acercar conocimientos básicos para responder ante diferentes tipos de emergencias a la población costarricense.

La iniciativa tuvo una particularidad: se realizó sin inversión publicitaria y utilizando recursos propios de la institución.

Pese a no contar con una pauta para su difusión, los contenidos consiguieron superar las 1.2 millones de visualizaciones en plataformas digitales, según informó la Cruz Roja.

La estrategia abordó situaciones cotidianas en las que una reacción rápida puede resultar determinante, entre ellas atragantamientos, quemaduras, cortaduras, convulsiones, reanimación cardiopulmonar (RCP), paros cardiorrespiratorios y primeros auxilios psicológicos.

El contenido fue distribuido de manera orgánica y también recibió difusión por parte de medios de comunicación nacionales, lo que permitió ampliar el alcance de las recomendaciones entre diferentes sectores de la población.

De Costa Rica a representar a toda América

El camino hacia la final internacional comenzó con la clasificatoria regional organizada por la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

La propuesta costarricense consiguió imponerse en esa etapa, resultado que le permitió asumir la representación de las Américas durante la competencia mundial realizada en Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente, el trabajo desarrollado en Costa Rica consiguió colocarse entre las mejores iniciativas internacionales y obtuvo el tercer puesto de la categoría de Concientización Pública.

Desde la institución calificaron el reconocimiento como un motivo de orgullo por la posibilidad de colocar el trabajo realizado en el país frente a representantes de organizaciones humanitarias de diferentes partes del mundo.

“Este premio nos llena de mucho orgullo, no solo por representar a América, sino, por supuesto, por representar a Costa Rica y también a la Cruz Roja Costarricense”, señaló la institución tras conocerse el resultado.

La Cruz Roja destacó además que la campaña nació como un esfuerzo para brindar conocimientos gratuitamente a la ciudadanía y demostrar que herramientas relativamente sencillas pueden permitir una respuesta inicial mientras llegan los equipos especializados de emergencia.

IFRC destaca el trabajo de Costa Rica

La participación costarricense recibió además el reconocimiento de Xavier Castellanos, subsecretario general de la IFRC, quien destacó el trabajo que históricamente ha desarrollado la institución en el país, particularmente en atención prehospitalaria y primeros auxilios.

“La Cruz Roja Costarricense siempre ha sido una inspiración”, aseguró Castellanos.

El representante de la Federación resaltó especialmente el modelo de atención y la capacidad de respuesta de la organización costarricense.

“En cuanto al servicio prehospitalario, el trabajo que hace en primeros auxilios, la visión de llegar a las personas en el menor tiempo posible, yo creo que para América y para el mundo es una inspiración”, manifestó.

Castellanos también se refirió directamente a la presentación realizada por los cruzrojistas durante la Copa Mundial.

“Lo que hizo la Cruz Roja Costarricense, para quienes no estuvieron aquí, quiero decir que fue algo extraordinario. Una presentación que realmente nos hace sentir muy orgullosos”, afirmó.

El subsecretario general agregó: “Quiero felicitarles de todo corazón a la Cruz Roja Costarricense y al equipo que estuvo aquí presente por un trabajo extraordinario”.

Una campaña sin inversión publicitaria

Otro de los elementos resaltados por la institución fue el costo de la estrategia que finalmente consiguió el reconocimiento internacional.

La campaña fue desarrollada en diciembre de 2025 sin ningún costo de inversión publicitaria, mientras que los equipos empleados para producir los contenidos pertenecían a la propia Cruz Roja.

La difusión se realizó de manera orgánica y parte de los materiales también fueron replicados por medios de comunicación para sus audiencias.

Esta estrategia permitió alcanzar más de 1.2 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los factores que impulsaron su posicionamiento en la competencia regional y posteriormente en la mundial.

La Cruz Roja aclaró, además, que su presencia en Emiratos Árabes Unidos no generó costos para la institución costarricense.

Según explicó, la participación de los cruzrojistas en la Copa Mundial de Primeros Auxilios fue financiada en su totalidad por la IFRC, incluyendo los gastos asociados con la presencia del equipo en el evento internacional.

En la competencia también participaron iniciativas de las sociedades nacionales de la Cruz Roja de Malí, Colombia, China, Bulgaria, Singapur, Ucrania, Reino Unido y Nigeria, así como representantes de las organizaciones de la Media Luna Roja de Arabia Saudita, Palestina y Sudán.

En una habitación de una vivienda humilde en el cantón de Coto Brus, en el sur de Costa Rica, Amado Vargas sostiene entre sus manos el dedo fosilizado de un perezoso gigante.

A su alrededor, casi 10,000 piezas paleontológicas cubren cada rincón disponible. EFE documentó la historia de los dos hermanos que las encontraron.Todo empezó en una quebrada.

De la finca ganadera a la arqueología sin título

Amado y Cristian Vargas crecieron trabajando en la agricultura del cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas. En las jornadas en que ayudaban a pastar el ganado de un vecino, los dos niños se desviaban hacia una quebrada cercana y recogían piedras que les parecían extrañas.

“Desde pequeños veíamos objetos diferentes que podían ser piedras pero eran extraños, entonces los empezamos a recolectar y con el tiempo nos dimos cuenta que eran restos de animales prehistóricos, fósiles ya”, relató Amado.

Mientras sus amigos de infancia elegían los turnos, los bailes y los centros deportivos, los hermanos Vargas elegían la quebrada. Se llevaban una sartén, una cuerda, pescaban, comían y buscaban piezas. “Fue como un hobby desde pequeños”, recordó Amado.

Las especies que nadie esperaba encontrar en Costa Rica

Tres décadas después de aquellas primeras excursiones, el catálogo que han construido los hermanos Vargas desafía cualquier expectativa.

Con el respaldo de expertos de la Universidad de Costa Rica y de paleontólogos de Alemania, Italia, Estados Unidos, Colombia y Panamá, han logrado identificar una lista que abarca desde mamíferos terrestres hasta fauna marina.

Entre las especies confirmadas figuran el Megatherium (perezoso gigante), el Pampatherium (armadillo gigante), camélidos, caballos, mastodontes, capibaras, felinos, cocodrilos, delfines de agua dulce, rayas, tiburones, tortugas y crustáceos.

El hallazgo más singular hasta la fecha es el de una enorme boa constrictor del mioceno superior, identificada a partir de vértebras fosilizadas. Es un registro único para toda Centroamérica.

“Todo esto nos puede dar pistas de qué fue lo que sucedió, cómo las bestias de más grande tamaño se extinguieron. También nos da una pista de qué podemos hacer para resguardar lo que tenemos ahora porque cada día se pierde una especie en el mundo”, declaró Amado.

El felino sin nombre que podría reescribir la historia

El último gran hallazgo de los hermanos aún está en proceso de confirmación científica. Cristian encontró un pedazo de mandíbula que los especialistas estudian como posible evidencia de un carnívoro, probablemente un felino, del que no existen registros previos en Costa Rica.

Si se confirma, será otro capítulo inédito en la paleontología del país.

Finca Mastodonte: cuando la ciencia se vuelve destino turístico

Los hermanos Vargas canalizaron su pasión en un emprendimiento turístico que bautizaron Finca Mastodonte. Allí reciben visitantes, les muestran las piezas, les explican su significado y los llevan a los sitios donde ellos mismos siguen buscando.

El turismo no es un fin en sí mismo: es el motor financiero de un sueño más grande. Amado y Cristian quieren construir un museo en la propiedad para que la población local y los turistas puedan acercarse a la paleontología de la región.

Una pasión para toda la vida

“¿Quién no nace soñando con los dinosaurios? Nosotros teníamos la oportunidad de ir a buscar fósiles, tal vez no como los dinosaurios, pero sí antiguos, y fue una pasión mutua que va a ser para toda la vida, hasta el día que nos muramos”, dijo Cristian Vargas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, anunció que no volverá a postular su nombre para continuar al frente del Poder Judicial, una vez que concluya, dentro de pocas semanas, el periodo para el cual fue designado.

En un mensaje dirigido a los costarricenses, el jerarca explicó que ejercerá plenamente sus funciones hasta el último día de su mandato y que posteriormente continuará vinculado a la administración de justicia como magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

“Hay decisiones que se toman mirando hacia el pasado. Esta la tomo mirando hacia el futuro”, expresó al comunicar públicamente su determinación.

El anuncio abre un nuevo proceso dentro de la Corte para definir quién asumirá la conducción de uno de los tres poderes de la República en un momento marcado por discusiones en torno a la independencia judicial, la separación de poderes y la relación entre las instituciones del Estado.

“Me correspondió presidir la Corte en un tiempo exigente en el que el Poder Judicial tuvo que aprender a explicarse ante la sociedad y a defender con claridad el lugar que la Constitución le asigna”, señaló.

Una defensa de la independencia judicial

Uno de los principales ejes de su mensaje estuvo dirigido a la defensa de la independencia de los jueces y del régimen democrático.

Según manifestó, ambos principios deben ser protegidos permanentemente y no pueden considerarse garantías aseguradas de manera indefinida.

“Estos años me enseñaron que la independencia judicial y el régimen democrático nunca pueden darse por sentados. Cada generación debe defenderlos frente a los desafíos de su tiempo”, afirmó.

El magistrado sostuvo que las instituciones también deben tener la capacidad de diferenciar entre aquellos aspectos que requieren transformación y los principios fundamentales que no pueden ser sacrificados.

En ese sentido, reconoció que el Poder Judicial necesita cambios para responder a una sociedad que demanda servicios más eficientes y accesibles.

Entre las transformaciones mencionó la necesidad de contar con una justicia “más célere, más cercana, más comprensible y más abierta”, además de utilizar responsablemente nuevas tecnologías y herramientas para mejorar los procesos judiciales.

El presidente de la Corte también hizo referencia a la posibilidad de incorporar elementos de la ciencia de procesos y buscar nuevas maneras de brindar servicios a una población cuyas necesidades evolucionan constantemente.

No obstante, insistió en que cualquier transformación deberá respetar elementos que considera esenciales para la legitimidad del sistema judicial.

Entre esos principios mencionó expresamente la independencia, la imparcialidad, el debido proceso y la capacidad de hacer valer la Constitución y la ley.

“Cambiar sin doblegarse”

El jerarca también recordó las recientes manifestaciones ciudadanas en defensa de la institucionalidad y aseguró haber observado a costarricenses movilizarse en respaldo de la separación de poderes y la independencia judicial.

“Vi ciudadanos defendiendo instituciones que saben que les pertenecen. La independencia judicial le pertenece a la gente, a quienes vivimos hoy y a quienes todavía no han nacido”, afirmó.

Su discurso adquirió además un tono de largo plazo al referirse a las futuras generaciones y a las condiciones que deberían encontrar quienes necesiten acudir a los tribunales en los próximos años.

El magistrado sostuvo que, independientemente de las tecnologías disponibles o de los conflictos que enfrente el país en el futuro, toda persona debería encontrar reglas aplicables por igual, jueces que puedan tomar decisiones sin miedo ni favoritismos y un sistema en el que incluso quienes ejercen poder estén sometidos a la ley.

“No sabemos cómo será la Costa Rica que ellos recibirán, qué conflictos llegarán a sus tribunales ni qué herramientas se utilizarán para administrar justicia. Pero sí sabemos qué debe encontrar quien acuda a los tribunales: reglas que valgan para todos, jueces capaces de decidir sin miedo ni favor, y un lugar donde también quien ejerce poder tenga que someterse a la ley”, indicó.

Según explicó, la institución debe modificar todo aquello que obstaculice una mejor atención a la ciudadanía, pero preservar con la misma firmeza los principios sin los cuales la justicia dejaría de ser verdaderamente independiente.

Continuará como magistrado

Pese a abandonar próximamente la presidencia de la Corte, el jerarca dejó claro que no se retirará del Poder Judicial.

Una vez que finalice su periodo, regresará plenamente a sus labores como magistrado de la Sala Segunda, órgano encargado principalmente de conocer asuntos relacionados con materias laboral y de familia, entre otras competencias establecidas por el ordenamiento jurídico.

También afirmó que la fortaleza de las instituciones democráticas radica precisamente en su capacidad para mantenerse más allá de las personas que temporalmente ocupan sus cargos de dirección.

“Esta institución existía antes de nosotros y continuará después. Esa es su fortaleza. Las instituciones democráticas no pueden depender de quienes temporalmente las dirigimos”, manifestó.

El presidente aprovechó el mensaje para agradecer a sus compañeros de la Corte, al personal judicial y a quienes, desde dentro y fuera de la institución, respaldaron durante su gestión la defensa de una justicia independiente.

Su despedida de la presidencia, sin embargo, fue acompañada de una reafirmación de continuidad en el Poder Judicial.

“Mi servicio a la justicia continúa. Servir a la justicia ha sido y seguirá siendo mi manera de servir a Costa Rica”, concluyó.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron en Pavón de Golfito, Puntarenas, a un hombre de 38 años, de apellidos Barboza Tenorio, quien figura como sospechoso en una investigación relacionada con tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil.

El caso adquirió una dimensión adicional debido a que, según la información conocida hasta el momento, el hombre también es sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos. Las autoridades investigan al menos tres aparentes delitos vinculados con el caso.

De acuerdo con la investigación del OIJ, el sospechoso presuntamente habría abusado sexualmente de la menor y registrado los hechos en al menos 12 videos, material que posteriormente habría sido compartido mediante plataformas digitales.

A estos archivos se sumarían otros 110 videos con material de abuso sexual infantil que, según la investigación preliminar, aparentemente fueron descargados de Internet y permanecían en poder del sospechoso.

Una investigación que comenzó en julio

El operativo fue ejecutado por agentes judiciales de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, quienes allanaron durante la mañana la vivienda relacionada con el sospechoso en la localidad de Pavón, Golfito.

Según la versión oficial, los hechos investigados se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, mientras que las diligencias policiales comenzaron formalmente el 9 de julio de 2026.

La investigación tomó impulso cuando, mediante herramientas avanzadas de investigación, los agentes lograron detectar la existencia de un usuario de Internet que presuntamente utilizaba servicios de almacenamiento en la nube y otras plataformas digitales para descargar y almacenar una gran cantidad de archivos relacionados con abuso sexual infantil.

A partir de esa información, los investigadores realizaron diferentes diligencias para establecer quién se encontraba detrás del usuario.

Las pesquisas permitieron finalmente identificar al sospechoso y localizar su residencia, por lo que, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se coordinó el allanamiento.

Durante la intervención policial, además de detener a Barboza Tenorio, los agentes decomisaron aparatos electrónicos y otras evidencias consideradas relevantes para la investigación.

Estos dispositivos serán sometidos a análisis especializados para determinar, entre otros aspectos, la cantidad y características del material almacenado, su procedencia y si existió algún tipo de distribución a otras personas mediante Internet.

Investigan si produjo parte del material

Uno de los elementos centrales de la investigación consiste precisamente en establecer el origen de algunos de los archivos encontrados.

El OIJ informó que se investigan varias imágenes y videos de material de abuso sexual infantil que presuntamente podrían haber sido producidos por el propio sospechoso.

En ese contexto se encuentran los archivos que estarían relacionados con la sobrina de 8 años del detenido.

Según la información preliminar del caso, el hombre habría grabado al menos 12 videos relacionados con los supuestos abusos contra la niña y posteriormente habría compartido ese contenido en plataformas digitales.

La investigación deberá establecer ahora las circunstancias en las que fueron producidos los archivos, determinar su eventual distribución e identificar si existen otras posibles víctimas o personas relacionadas con el intercambio del material.

Su condición de salud podría influir en las medidas cautelares

Tras su detención, el sospechoso será presentado ante el Ministerio Público, institución encargada de definir las medidas que solicitará ante un juez mientras continúa el proceso penal.

Sin embargo, según indicó Noticias Repretel, una condición de salud que presenta Barboza Tenorio podría impedir inicialmente que la Fiscalía solicite prisión preventiva, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.

El hombre deberá ser sometido a una valoración para determinar si su padecimiento puede ser atendido adecuadamente dentro de un centro penitenciario.

En caso de que no sea posible solicitar su encarcelamiento preventivo por esa circunstancia, la Fiscalía podría plantear otras medidas cautelares, entre ellas una prohibición de acercarse a la menor y a la vivienda donde residía, la obligación de abandonar determinada zona o incluso arresto domiciliario.

La eventual aplicación de una medida distinta a la prisión preventiva, sin embargo, no implica que el sospechoso quede exento de responsabilidad penal ni supone una resolución sobre su culpabilidad.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar aplicada durante determinadas etapas de un proceso judicial y es distinta de una eventual pena de cárcel.

Por esa razón, si durante el proceso penal las autoridades consiguen demostrar su participación en los delitos que se investigan y posteriormente existe una sentencia condenatoria, Barbosa Tenorio podría recibir una pena de prisión.

Por ahora, el hombre permanece como sospechoso y deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente bajo el principio de presunción de inocencia.

En las próximas horas, el Ministerio Público deberá determinar cuáles medidas cautelares solicitará contra el hombre, mientras los investigadores continúan con el análisis de los dispositivos electrónicos decomisados y del material digital relacionado con el caso.

Las autoridades costarricenses capturaron este miércoles a Jefferson Medrano Chavarría, de 21 años, identificado como el primero de los 14 sujetos más buscados de Cartago, apenas después de que el Gobierno anunciara un despliegue extraordinario para intentar contener la escalada de violencia que enfrenta la provincia.

La detención se produjo durante la tarde en las laderas del río Agua Caliente, en el sector de Dique La Cruz, donde oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública consiguieron localizar al sospechoso.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, Medrano Chavarría aparentemente intentaba huir por las laderas del río cuando fue interceptado por los oficiales.

El hombre se encontraba en fuga desde abril de 2026 y, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, estaría vinculado con la organización criminal conocida como Los Maruja, una de las estructuras mencionadas por el Gobierno dentro del escenario de violencia que afecta a Cartago.

La captura constituye el primer resultado anunciado públicamente de la denominada “Operación Cacería”, estrategia impulsada para localizar a las personas requeridas por las autoridades judiciales y que cuenta con el despliegue de 120 efectivos policiales adicionales.

Inteligencia permitió localizar al sospechoso

De acuerdo con Seguridad Pública, la ubicación de Medrano Chavarría fue posible mediante labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública.

La información obtenida fue compartida y coordinada con los diferentes cuerpos policiales hasta concretar la intervención en Dique La Cruz.

Finalmente, efectivos de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública consiguieron ubicarlo en las inmediaciones del río Agua Caliente.

Las autoridades no detallaron de inmediato cuánto tiempo llevaban siguiendo los movimientos del sospechoso ni si durante la captura se produjo algún tipo de enfrentamiento.

Sí señalaron que Medrano Chavarría “aparentemente intentaba huir por las laderas del río Agua Caliente” cuando fue localizado.

El operativo se desarrolla en momentos en que el Gobierno ha incrementado la presencia policial en Cartago ante el aumento de los homicidios y la actividad de estructuras vinculadas con el narcotráfico y otros delitos.

Tenía una captura activa desde 2025

Según la información facilitada por el Ministerio de Seguridad Pública, Medrano Chavarría registra antecedentes relacionados principalmente con drogas.

Entre ellos figuran partes por tenencia de drogas, además de un expediente criminal por ese mismo delito registrado en julio de 2026.

Las autoridades también indicaron que mantenía una captura activa por venta de drogas desde mayo de 2025.

A esto se suma que el hombre permanecía en condición de fuga desde abril de este año, hasta que los cuerpos policiales lograron ubicarlo este miércoles.

Primera captura de una lista de 14 personas

La detención de Medrano Chavarría se produjo después de que las autoridades anunciaran públicamente que habían recibido una lista con 14 personas requeridas por el Poder Judicial y que pondrían en marcha un operativo específico para capturarlas.

Para esta tarea, el Ministerio de Seguridad desplegó 120 policías en diferentes puntos de Cartago y aseguró que mantendría las acciones hasta ubicar a los objetivos identificados.

La estrategia fue denominada oficialmente Operación Cacería, nombre que las propias autoridades utilizaron al explicar el objetivo de la intervención.

Medrano Chavarría se convierte ahora en el primero de esos 14 objetivos en ser capturado, por lo que permanecen pendientes otras 13 personas de la lista anunciada por el Gobierno.

La operación combina presencia policial en zonas previamente identificadas con labores de inteligencia dirigidas a establecer los movimientos y posibles escondites de los sospechosos.

Las autoridades sostienen que la estrategia no terminará necesariamente cuando se complete la captura de las 14 personas, sino que forma parte de una respuesta más amplia frente a la actividad de grupos criminales en Cartago.

Seguridad mantendrá operativos

El Ministerio de Seguridad Pública informó que las acciones continuarán en los próximos días para localizar a las demás personas incluidas dentro de la lista.

“El Ministerio de Seguridad Pública mantiene las acciones operativas y de inteligencia para localizar y aprehender a los restantes sujetos incluidos en la lista de los más buscados”, señaló la institución.

El anuncio ocurre en medio de una ofensiva policial desplegada en Cartago y de una creciente discusión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la respuesta institucional frente a la violencia y las medidas cautelares impuestas a sospechosos de delitos graves.

El Gobierno había indicado que uno de sus objetivos sería llevar un seguimiento puntual de las personas detenidas durante estos operativos y conocer posteriormente cuáles reciben prisión preventiva y cuáles quedan en libertad tras ser presentadas ante las autoridades judiciales.

El Gobierno de la presidenta Laura Fernández declaró estado de emergencia nacional en nueve cantones de Costa Rica afectados por las fuertes lluvias registradas durante agosto y asociadas principalmente con el paso de las ondas tropicales 32 y 33.

La decisión quedó establecida mediante el decreto ejecutivo N.° 45910-MP, firmado por Fernández y por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles.

Los territorios incluidos en la declaratoria son Guatuso, en Alajuela; Turrialba, en Cartago; Sarapiquí, en Heredia; y Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, todos estos últimos pertenecientes a la provincia de Limón.

El decreto establece expresamente: “Se declara estado de emergencia nacional la situación provocada por el Temporal producido por el paso de las Ondas Tropicales No. 32 y 33”.

Lluvias de hasta 360 milímetros en 48 horas

El Poder Ejecutivo fundamentó la declaratoria en las condiciones meteorológicas adversas registradas entre el 13 y el 16 de agosto, aunque los informes incorporados al decreto señalan que el Caribe y la Zona Norte enfrentaban episodios reiterados de lluvias desde el 20 de julio.

Durante ese periodo, según la documentación oficial, por el país pasaron ocho ondas tropicales, específicamente las numeradas de la 24 a la 29, además de las 32 y 33.

A estos fenómenos se sumaron la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y la presencia de vientos alisios acelerados en la cuenca del Caribe, combinación que favoreció lluvias persistentes y una progresiva saturación de los terrenos.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) registró saturaciones del suelo que alcanzaron entre 80% y 100% en diferentes puntos del territorio durante el periodo evaluado por sus equipos técnicos.

El episodio de mayor intensidad ocurrió entre el 16 y el 17 de agosto, cuando se contabilizaron acumulados de hasta 360 milímetros de lluvia en 48 horas en sectores del Caribe Sur y Turrialba.

Días antes, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) había reportado, el 15 de agosto, acumulados de hasta 75 milímetros en seis horas en sectores montañosos del Caribe Sur, además de saturaciones del suelo que oscilaban entre 70% y 95%.

Comunidades indígenas quedaron incomunicadas

Uno de los escenarios más complejos ocurrió en la provincia de Limón, donde el aumento de los caudales de ríos y quebradas provocó que varias comunidades indígenas quedaran incomunicadas por vía terrestre.

Los informes incorporados a la declaratoria mencionan afectaciones en sectores como Alto Chirripó, Tayní, Isla Cohen, Bajo Cuén, Suruy, Bella Vista, Gavilán, Cerere, Makua, Kalvery, Jabuy, Moi y Cuchey.

Las lluvias provocaron también inundaciones por desbordamientos, daños en vías de comunicación y dificultades para movilizarse hacia algunas comunidades.

Ante este escenario, durante los días previos a la declaratoria, la CNE mantuvo en alerta naranja al Caribe, la Zona Norte y Turrialba, debido a la persistencia de condiciones atmosféricas inestables.

La presidenta Laura Fernández visitó zonas afectadas de Limón el 17 de agosto, cuando las autoridades todavía mantenían vigilancia activa sobre ríos, quebradas, carreteras y comunidades expuestas.

CNE tendrá a cargo respuesta, rehabilitación y reconstrucción

La declaratoria comprende las tres etapas previstas por la legislación costarricense para atender una emergencia: respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

La CNE asumirá el planeamiento, dirección, control y coordinación de las acciones necesarias y podrá designar a otras instituciones públicas como unidades ejecutoras de determinados proyectos.

El artículo 3 del decreto dispone que la emergencia comprende “todas las acciones y obras necesarias” para atender los problemas identificados y proteger la salud y la vida de los habitantes.

Las instituciones públicas tendrán un plazo de 30 días naturales para presentar ante la CNE los reportes oficiales de daños que requieran atención prioritaria. Además, podrán remitirse otros informes dentro de un segundo plazo adicional de 30 días.

Posteriormente, las unidades técnicas deberán comprobar que exista una relación directa entre el fenómeno meteorológico y los daños incluidos en cada solicitud antes de incorporar los proyectos al Plan General de la Emergencia.

La declaratoria también permite utilizar recursos del Fondo Nacional de Emergencias, recibir donaciones públicas y privadas y disponer de remanentes no comprometidos de otras emergencias, siempre que exista autorización de la Junta Directiva de la CNE.

Asimismo, las instituciones podrán simplificar o eliminar trámites ordinarios que no sean estrictamente necesarios para atender a las personas damnificadas o reparar infraestructura.

En materia de contratación pública, el decreto autoriza el uso de procedimientos de urgencia contemplados en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento.

El Gobierno de Laura Fernández anunció un nuevo mecanismo para facilitar el acceso a vivienda propia a más de 22,000 funcionarios policiales del Gobierno central, mediante la reserva de un 10% de los espacios disponibles en proyectos habitacionales para integrantes activos de los cuerpos de seguridad.

La iniciativa surge de un convenio relacionado con las instituciones responsables de vivienda y seguridad pública y busca dar prioridad a los policías dentro de proyectos financiados mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Los oficiales interesados no recibirán automáticamente una vivienda por su condición laboral. Las autoridades aclararon que deberán cumplir con los mismos requisitos socioeconómicos y financieros establecidos por la normativa vigente para acceder a los respectivos programas.

“Estaremos generando un 10% de los espacios en los proyectos que se desarrollan a través del Banco Hipotecario para la Vivienda para miembros de nuestra fuerza policial”, explicaron las autoridades.

El programa pretende responder a una situación que, según el Ejecutivo, afecta especialmente a los cuerpos policiales debido a la alta movilidad territorial que implica su trabajo.

Muchos oficiales deben trasladarse entre provincias, cambiar de delegación o asumir destinos alejados de sus familias, una condición que puede dificultar la posibilidad de establecerse permanentemente en una comunidad y adquirir una casa propia.

Fernández: “Es otra de mis promesas de campaña”

La presidenta Laura Fernández celebró la puesta en marcha del mecanismo y aseguró que formaba parte de los compromisos planteados durante su campaña electoral.

“Esta en particular a mí me alegra el corazón. Me alegra porque es otra de mis promesas de campaña. Esto está en mi plan de gobierno y en tiempo récord fuimos capaces de materializarlo”, afirmó.

Fernández sostuvo que uno de los propósitos de la medida es “reivindicar a nuestros cuerpos policiales” y mejorar las condiciones de quienes diariamente enfrentan estructuras criminales.

“Lo que yo como presidenta persigo con este tipo de iniciativas es reivindicar a nuestros cuerpos policiales y que nuestros policías no caigan en las redes de corrupción del crimen organizado y del narcotráfico”, aseguró.

Según Fernández, la limitación de recursos públicos y las condiciones fiscales dificultan implementar de manera inmediata incrementos salariales generalizados para los oficiales, por lo que su administración busca otras alternativas.

“Quizás yo no les pueda subir el salario ya por las condiciones económicas y fiscales de Costa Rica, pero sí hemos puesto cabeza a encontrar otras soluciones para apoyar a nuestros policías”, afirmó.

Un 10% reservado para policías

El principal componente del acuerdo consiste en reservar una de cada diez viviendas o espacios disponibles dentro de determinados proyectos habitacionales para funcionarios policiales que reúnan las condiciones establecidas en los programas.

Fernández enfatizó que el porcentaje estará destinado específicamente a esta población.

“Un 10% de todas las casas que entreguemos en proyectos de vivienda será reservado única y exclusivamente para que las ocupen policías de Costa Rica”, indicó.

La disposición podría beneficiar particularmente a agentes con familias numerosas o cuyos ingresos les permitan calificar dentro de las diferentes modalidades de apoyo habitacional.

Las autoridades insistieron, sin embargo, en que la prioridad no elimina los filtros existentes.

Los policías deberán acreditar que cumplen con las condiciones requeridas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, por lo que el convenio crea una prioridad dentro de los proyectos, pero no una adjudicación automática.

Gobierno quiere incluir a Tránsito y al OIJ

Durante la presentación del programa, Fernández ordenó además explorar una ampliación del beneficio.

La mandataria pidió a las autoridades responsables de vivienda que trabajen para incorporar a los oficiales de la Policía de Tránsito.

También manifestó su intención de conversar con las autoridades del Poder Judicial para analizar la posibilidad de incluir a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Creo que también los policías del Organismo de Investigación Judicial, que también arriesgan su vida al servicio de Costa Rica, deben ser beneficiarios de esta enorme oportunidad de hacerse de una casa propia”, señaló.

La eventual incorporación del OIJ requeriría coordinación con el Poder Judicial debido a que ese cuerpo policial no forma parte de la estructura del Gobierno central.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó reforzar el despliegue policial en Cartago ante la escalada de violencia que golpea a una provincia que contabiliza 51 homicidios, mientras volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra el Poder Judicial por casos en los que sospechosos o personas con antecedentes criminales recuperaron su libertad.

La mandataria llevó incluso el problema de inseguridad al ámbito personal y aseguró que las detonaciones se escuchan con frecuencia desde el lugar donde vive.

“A mí, por lo menos dos noches por semana, me despierta una balacera que se escucha desde el lugar donde yo vivo, en barrios aledaños de San Blas, Taras, El Carmen”, afirmó Fernández durante una intervención en la que pidió aumentar los esfuerzos para recuperar la tranquilidad en la provincia.

La presidenta sostuvo que habitantes de Cartago le han manifestado temor de realizar actividades que anteriormente formaban parte de su vida cotidiana.

“Doña Laura, ya no podemos mandar a los chiquillos a entrenar al polideportivo de Cartago (...) porque nos da pavor”, citó Fernández como uno de los mensajes que asegura haber recibido.

También mencionó testimonios de personas que habrían dejado de salir a tomar café durante las tardes por miedo a quedar expuestas a una balacera e incluso trabajadores que sienten temor de dirigirse a sus centros laborales.

“Cartago no se merece esto”, sentenció la mandataria.

51 homicidios y 39 víctimas con informes policiales

De acuerdo con los datos expuestos por el Ejecutivo, Cartago contabiliza 51 homicidios y buena parte de la escalada de violencia estaría relacionada con enfrentamientos derivados del crimen organizado.

Según la información presentada, 34 de las víctimas estaban vinculadas con organizaciones criminales, mientras que 39 de las 51 personas asesinadas tenían informes policiales.

Las autoridades detallaron incluso que entre esas personas existían casos con múltiples registros: una acumulaba 28 pasadas, otra 23, una tercera 22, mientras dos contabilizaban 20 cada una.

El Gobierno hizo referencia además a cuatro personas que, según su exposición, habían salido de prisión antes de las fechas inicialmente previstas y posteriormente fueron asesinadas.

Entre ellas mencionó a Joan Andrés Retana Moya, vinculado según el Ejecutivo con la organización criminal de Los Maruja, quien debía permanecer encarcelado hasta 2027 por venta de drogas, pero quedó libre en 2025.

La presentación también mencionó a Ana Ruth Retana Moya, igualmente vinculada con Los Marujas; Diner Alonso Vargas Ruiz, relacionado con Los Turcos; y Anderson David Guzmán Villalobos, señalado como integrante de Los Chacales.

El Ejecutivo afirmó que estas personas tenían antecedentes o registros relacionados con delitos como tenencia y venta de drogas, portación ilegal de armas, robo agravado, hurto, desobediencia, receptación, agresión psicológica y fuga penitenciaria, entre otros.

Gobierno despliega 120 policías y busca a 14 personas

Ante este escenario, las autoridades informaron que actualmente existe un contingente de 120 oficiales trabajando en Cartago, desplegados en zonas específicas y bajo funciones determinadas.

Además, el Gobierno inició una operación para detener a 14 personas requeridas por el Poder Judicial y relacionadas con la provincia.

Gerald Campos, ministro de seguridad, describió el operativo como una “cacería”.

“Ya iniciamos, y perdone la palabra, pero no la quiero llamar de otra forma, una cacería contra las catorce personas que nos indicaron por parte del Poder Judicial que eran requeridos por ellos relacionados con Cartago”, manifestó.

Según explicó, el operativo cuenta con apoyo de la DIS y continuará más allá de esas primeras 14 personas.

“Vamos a mantener este operativo no solamente para estos catorce, sino hasta que logremos detener a todas las personas que han hecho daño”, aseguró.

Fernández consideró, sin embargo, que los 120 oficiales de refuerzo no son suficientes como respuesta permanente.

“Ese refuerzo que usted está haciendo temporalmente en Cartago, yo tengo que darle una respuesta segura y certera a Cartago de que vamos a recuperar la seguridad”, señaló.

La mandataria advirtió que, una vez concluido el operativo especial, las organizaciones criminales podrían intentar recuperar territorios y retomar sus actividades.

Más de 2,000 detenidos durante 2026

El Gobierno también expuso cifras relacionadas con la actuación de los cuerpos policiales.

Según el jerarca de Seguridad, durante 2025 se realizaron alrededor de 445 detenciones vinculadas con las actuaciones mencionadas, mientras que en 2026 la cifra alcanza 2,010 personas detenidas.

Además, se indicó que la Policía de Control de Drogas (PCD) recibió una orden concreta para priorizar los casos relacionados con narcotráfico.

Durante 2025, se trabajaron 17 casos y se golpearon organizaciones como Los Maruja y Los Gery, con 47 personas detenidas.

Para este año, las autoridades reportan 16 operativos y aseguran que mantienen otras intervenciones pendientes en Cartago con objetivos previamente definidos.

El funcionario cuestionó además que existirían 100 casos relacionados con drogas que se habrían atrasado por la falta de allanamientos, situación que atribuyó a decisiones o argumentos de fiscales y jueces.

Fernández cuestiona liberaciones judiciales

Uno de los principales ejes de la intervención de la presidenta fue nuevamente la actuación del Poder Judicial.

Fernández manifestó preocupación por el esfuerzo económico y operativo que representa detener a personas vinculadas con estructuras criminales para que posteriormente algunas recuperen la libertad.

“¿Qué garantía tenemos de que esa gente no la vamos a estar agarrando en estos megaoperativos supercostosos para la población y que al día siguiente queden sueltos otra vez y vuelvan de nuevo a las andadas y veamos de nuevo el baño de sangre en la provincia de Cartago?”, cuestionó.

“Requerimos prisiones preventivas”

Las autoridades de Seguridad señalaron que el Ejecutivo puede detener a personas buscadas, pero que posteriormente necesita una respuesta efectiva del sistema judicial.

“Requerimos prisiones preventivas para esta gente que ha hecho tanto daño y requerimos juicios que sean prontos para que estas personas sean condenadas con las penas más altas”, indicó el jerarca.

Ejecutivo endurecerá criterio para liberaciones anticipadas

Fernández también pidió explicaciones sobre las posibilidades que tiene el Instituto Nacional de Criminología para limitar las liberaciones anticipadas de personas condenadas por delitos graves.

Desde el Gobierno señalaron que la institución ya recibió instrucciones para actuar de manera “estricta” en los casos en los que se analice recomendar el traslado de una persona al régimen de confianza o plantear ante un juez una liberación antes del cumplimiento completo de la condena.

“No vamos a permitir golondrinas, no vamos a permitir liberaciones masivas”, manifestó el funcionario encargado de responder a la presidenta.

El Ejecutivo aseguró que la cantidad de personas trasladadas del régimen cerrado al régimen de confianza ha disminuido y afirmó: “No continuamos liberando gente desde el Ministerio de Justicia y vamos a cerrar aún más ese tubo”.

Los consumidores de electricidad en Costa Rica no enfrentarán un aumento tarifario durante lo que resta de 2026, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) decidiera archivar el estudio extraordinario que analizaba una modificación en las tarifas para los últimos meses del año.

La decisión fue anunciada este miércoles durante la conferencia de prensa del Gobierno de la presidenta Laura Fernández, quien semanas atrás había solicitado al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, presentar oposición al eventual incremento.

El regulador general explicó que la determinación se tomó después de revisar los datos remitidos por el ICE dentro del expediente.

“Luego de analizar la información técnica y financiera suministrada por el ICE en este expediente, la Aresep decidió archivar el estudio tarifario, lo cual significa que no habrá aumento de tarifa en la electricidad el resto de este año 2026”, anunció.

La noticia fue celebrada inmediatamente por Fernández, quien respondió con aplausos y un “¡Bravo! ¡Cuánto me alegra!”.

Fernández había pedido al ICE oponerse

Durante una conferencia de prensa anterior, Fernández consultó directamente a Acuña sobre la posibilidad de que el Instituto se opusiera formalmente al estudio.

“Me parece a mí de lo más aberrante que la empresa que vende la energía eléctrica, que la produce, la comercializa y la vende, no pide aumento y que venga la Aresep a pedir un aumento porque está autorizada a hacerlo”, manifestó entonces la presidenta.

La mandataria preguntó al jerarca si el ICE podía presentar un criterio durante el proceso y argumentar que la institución no necesitaba el incremento.

Acuña respondió que estaban revisando el procedimiento y confirmó que podían actuar en esa dirección.

En aquel momento, el presidente ejecutivo señaló que el ICE acumulaba ganancias superiores a ₡50,000 millones (USD 111 millones) en los primeros meses del año y defendió que la condición financiera de la institución no justificaba trasladar un incremento a los consumidores.

“Financieramente no estamos sufriendo como para darle un garrotazo a la gente”, sostuvo Acuña.

Fernández solicitó entonces que el jerarca regresara a la siguiente conferencia de prensa con un reporte sobre las gestiones realizadas.

Incluso ofreció intervenir institucionalmente dentro de las posibilidades legales disponibles.

“Si yo puedo desde mi despacho hacer alguna coadyuvancia, también lo haría”, señaló la mandataria.

ICE reporta ₡120,000 millones (usa 266 millones)en utilidades

Durante el anuncio de este miércoles, Acuña actualizó las cifras financieras del Instituto y aseguró que, al cierre del primer semestre de 2026, las utilidades alcanzaron los ₡120,000 millones (USD 266 millones)

El jerarca utilizó esos resultados para insistir en que la institución cuenta con suficiente solvencia y que no requiere un incremento tarifario.

“Esta es una buena noticia, no para el ICE, es una buena noticia para la gente, para la señora, para el emprendedor, para el industrial”, expresó.

Según Acuña, los estados financieros muestran que el Instituto se encuentra en una posición que le permite trasladar los resultados de su gestión a los usuarios mediante la estabilidad tarifaria.

“Tenemos utilidades por ciento veinte mil millones de colones. Eso hace que el ICE sea una empresa absolutamente solvente”, indicó.

Y añadió: “Estamos generando plata, no ocupamos aumento tarifario”.

Acuña sostuvo que el objetivo es que la situación financiera de la empresa pública termine reflejándose en los bolsillos de los consumidores.

Aresep mantiene autonomía

Aunque Fernández vinculó políticamente el resultado con las gestiones realizadas por su Gobierno y el ICE, la propia mandataria hizo énfasis en que Aresep es una institución autónoma y que el regulador general no se encuentra subordinado a la Presidencia.

“Yo no puedo despedir al regulador”, afirmó Fernández.

La presidenta agregó que “la Aresep goza de una autonomía donde él no es un subordinado directo de mi persona”, al referirse a posibles interpretaciones sobre la decisión de archivar el expediente.

El anuncio del regulador establece, en concreto, que después de analizar la información técnica y financiera aportada por el ICE, se determinó archivar el estudio, por lo que el ajuste que se encontraba bajo análisis no será aplicado durante el resto de 2026.

Fernández vuelve a presionar por reforma del mercado eléctrico

La presidenta aprovechó el anuncio para retomar otro de los debates relacionados con el sector energético: la ley de armonización del mercado eléctrico nacional.

Fernández pidió a los diputados avanzar con la iniciativa y argumentó que, pese a los resultados financieros positivos del ICE, el país necesitará incrementar su capacidad de generación para responder al crecimiento de la demanda eléctrica.

Según la mandataria, la institución por sí sola no tendrá capacidad suficiente para generar toda la energía adicional que Costa Rica requerirá en el mediano plazo.

La presidenta mencionó particularmente las necesidades futuras de regiones como Limón, Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur.

“Aunque el ICE está volando con esos estados financieros que acabamos de ver, la necesidad que tiene el país de carga eléctrica para el presente y el mediano plazo no le va a permitir al ICE por sí solo generarla”, sostuvo.

Por ello, realizó un nuevo llamado a la Asamblea Legislativa.

“Hago un llamado respetuoso pero vehemente a los señores diputados de que no le nieguen al pueblo de Costa Rica la actualización normativa que necesitamos para que nuestro país continúe por una senda de desarrollo y de crecimiento económico”, concluyó.

Por ahora, la consecuencia inmediata de la decisión comunicada por la Aresep será que el estudio extraordinario queda archivado y no habrá un aumento derivado de ese expediente en las tarifas eléctricas durante los meses restantes de 2026.

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica deportó este miércoles 26 de agosto a un grupo de 20 extranjeros en condición migratoria irregular, algunos de los cuales habían cumplido condenas por diferentes delitos en territorio costarricense.

El traslado se realizó mediante el tercer vuelo chárter de deportación ejecutado durante 2026 y contó con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación existentes entre ambos países en materia migratoria.

El avión partió desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, con una ruta programada Costa Rica-Colombia-Ecuador.

Del total de personas trasladadas, 14 son de nacionalidad colombiana, específicamente 12 hombres y dos mujeres. Los restantes seis son ciudadanos ecuatorianos, todos hombres.

La primera escala del vuelo será en Colombia, donde serán entregados los ciudadanos de esa nacionalidad. Posteriormente, los seis ecuatorianos continuarán el trayecto hacia Ecuador.

Con este operativo, las autoridades costarricenses elevaron a 78 la cantidad de extranjeros deportados mediante vuelos chárter en lo que va de 2026.

Algunos habían cumplido condenas en Costa Rica

El director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda, confirmó que dentro del grupo se encuentran personas que ya habían cumplido sentencias judiciales por diferentes delitos.

“Aquí tenemos el traslado de 20 personas en condición irregular dentro del país. Algunos ya han cumplido sentencia por delitos varios, entre ellos robo y otros delitos”, explicó Miranda.

Según la información divulgada por la Policía de Migración, entre las conductas delictivas asociadas con algunas de las personas incluidas en el operativo se encuentran infracciones a la Ley de Psicotrópicos, robo, tráfico de drogas y tentativa de homicidio.

Una vez cumplidas las respectivas condenas o determinadas las condiciones migratorias correspondientes, las autoridades iniciaron los procedimientos para ejecutar su salida del territorio nacional.

La deportación es una medida administrativa migratoria y, en estos casos, se ejecuta una vez que las autoridades determinan que la persona extranjera se encuentra bajo los supuestos establecidos en la legislación costarricense para ordenar su salida del país.

Estados Unidos apoya los operativos

Las autoridades confirmaron además que la operación contó con cooperación estadounidense.

Miranda explicó que los recursos utilizados para facilitar el traslado forman parte del apoyo brindado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, en coordinación con las autoridades nacionales.

“Esto se está haciendo con los recursos del apoyo técnico de la Embajada de los Estados Unidos y en convenio con nuestras autoridades locales y la Policía Profesional de Migración”, afirmó.

Según el funcionario, estos vuelos forman parte de los esquemas de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos para ejecutar procesos migratorios y se prevé que la dinámica continúe durante los próximos meses.

La colaboración estadounidense se produce mientras Costa Rica mantiene diferentes operativos para detectar a extranjeros que permanecen en el territorio nacional de manera irregular y determinar, según las circunstancias de cada caso, las medidas administrativas correspondientes.

Migración mantendrá los controles

La Policía Profesional de Migración indicó que continuará desarrollando operativos para identificar personas extranjeras en condición migratoria irregular.

Estos procedimientos pueden derivar en distintas medidas según la situación individual de cada persona, incluido el inicio de procesos para ejecutar una eventual deportación cuando así corresponda conforme a la normativa.

En el caso de personas extranjeras vinculadas con procesos penales, las autoridades deben considerar además su situación ante los tribunales y el cumplimiento de las medidas o sentencias impuestas antes de materializar la salida del territorio nacional.

Seis homicidios ocurridos en un periodo de tres días en la provincia de Cartago han generado preocupación entre las autoridades y la comunidad local.

Este aumento en los hechos violentos coincide con la advertencia del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras de crimen organizado para actividades de sicariato.

La alerta de Campos surgió tras la detención de dos adolescentes, de 16 y 17 años, en la vivienda donde estaba atrincherado un hombre apellidado Quesada Ramírez. El operativo, que derivó en un enfrentamiento armado y dejó herido a un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), puso de nuevo en evidencia la preocupación oficial por la participación de menores en delitos graves. De acuerdo con el OIJ, el sospechoso está vinculado a crímenes recientes en la provincia.

Entre enero y agosto de este año, la Fiscalía Adjunta de Cartago registró 28 causas por amenazas personales, 14 por amenazas agravadas, seis por agresión con armas y dos por lesiones graves en el ámbito de Penal Juvenil. Según datos publicados por El Observador, estas cifras no prueban una asociación directa con organizaciones criminales, pero evidencian la presencia de personas menores de edad en expedientes de delitos violentos.

Disputa entre grupos criminales y contexto de violencia

El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que la violencia en Cartago está relacionada con una disputa entre cinco grupos criminales por el control del narcomenudeo. Soto mencionó que estas organizaciones han cambiado a través del tiempo y señaló a “Los Maruja” como el grupo que concentra la rivalidad, identificando también a “Los Piruchos”, “Los Chacales”, “Los del Gordo” y “Los Gery”. Según el organismo, algunos de los homicidios recientes estarían asociados a esta confrontación.

La utilización de menores para fines delictivos no es un fenómeno nuevo. En 2023, el entonces ministro de Seguridad Mario Zamora y el exdirector del OIJRandall Zúñiga ya habían advertido sobre la participación de adolescentes, incluso de 12 y 13 años, en actividades de sicariato. El Observador recogió que ambos funcionarios señalaron que esta tendencia se observa principalmente en zonas con alta vulnerabilidad social y que el fenómeno venía en aumento.

Respuestas institucionales y acciones preventivas

Como parte de las acciones de prevención, la Municipalidad de Cartago impulsa un plan piloto dirigido a niños, adolescentes y jóvenes de comunidades consideradas vulnerables. El alcalde Mario Redondo explicó que el proyecto se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Seguridad Pública.

La iniciativa busca ofrecer alternativas a través de actividades deportivas, culturales y recreativas, con el objetivo de ocupar el tiempo libre de los jóvenes y reducir el riesgo de que sean reclutados por redes delictivas. Redondo señaló que el plan piloto será presentado a la presidenta Laura Fernández y que se dará prioridad a los centros educativos y comunidades con mayor riesgo detectado.

El alcalde afirmó que el propósito es fortalecer el tejido social y la imagen positiva de la juventud en la provincia. Según Redondo, “Cartago tiene mucho talento, tiene muchos jóvenes talentosos, disciplinados, responsables, y creemos que también es importante levantar su imagen porque necesitamos construir héroes positivos ante toda la situación que hemos estado enfrentando”.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la situación, considerando que es necesario combinar medidas de seguridad con estrategias de prevención enfocadas en las poblaciones más expuestas a los riesgos del crimen organizado.

La unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños alcanzó el 100% de ocupación, lo que ha generado que menores en estado crítico permanezcan en espera de una cama. El hospital atraviesa un periodo de alta demanda por infecciones respiratorias, situación que también ha incrementado la presión sobre los servicios de Emergencias y hospitalización.

Actualmente, el área de hospitalización alberga a 86 pacientes respiratorios, superando su capacidad habitual de 67 camas, lo que representa un 104% de ocupación. En la UCI, se atienden 16 menores en estado crítico; la unidad dispone de 27 camas para casos graves de origen respiratorio, postoperatorios y otras enfermedades complejas.

Según información publicada por El Observador, este escenario ha obligado a que algunos niños en condición grave permanezcan en Emergencias a la espera de una cama. La falta de espacio disponible en cuidados intensivos deriva en una concentración de pacientes críticos en esa área, mientras se mantiene la tendencia al alza de los ingresos por virus respiratorios.

Marcela Hernández, subdirectora del hospital, explicó que Emergencias ha experimentado un aumento tanto de pacientes en observación por infecciones respiratorias como de menores críticos que no pueden ser trasladados de inmediato a la UCI por falta de espacio. Indicó que existen actualmente dos traslados diferidos por ausencia de cupo y que estos pacientes permanecen en el área de observación hasta que se libere una cama.

Presión en Emergencias y predominio del rinovirus

El área de Emergencias comenzó la jornada del martes con 26 pacientes y una ocupación del 90%. De ese total, 16 presentaban cuadros respiratorios y 10 necesitaban ventilación mecánica. La ocupación total y la cantidad de pacientes que requieren soporte avanzado han añadido presión sobre el personal y los recursos disponibles.

De acuerdo con lo consignado por El Observador, en lo que va de año, el Hospital Nacional de Niños ha reportado nueve fallecimientos asociados a infecciones respiratorias, según el último corte semanal. Los datos de vigilancia epidemiológica del centro muestran que el rinovirus lidera la lista de agentes detectados entre las muestras positivas de los pacientes hospitalizados, aunque también se han identificado otros virus.

Entre las semanas epidemiológicas uno y 30 de 2026, se registraron 1,234 muestras positivas para virus respiratorios. De ellas, 600 correspondieron a rinovirus (48.6%), 205 al virus respiratorio sincicial (16.6%) y 159 a parainfluenza (12,9%). Esta distribución refleja la tendencia predominante de circulación viral en la población pediátrica atendida.

Virus circulantes y complicaciones reportadas

El Ministerio de Salud confirmó que el rinovirus ocupa actualmente el primer lugar de circulación en Costa Rica. Le siguen el covid-19 y el virus respiratorio sincicial. Esta tendencia nacional se replica en los casos observados en el Hospital Nacional de Niños.

El texto citado por El Observador añade que, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el rinovirus es la causa más frecuente del resfriado común y un desencadenante viral recurrente de ataques de asma. El CDC advierte que el virus “puede causar enfermedad grave especialmente en personas con el sistema inmune debilitado, asma u otras enfermedades subyacentes”.

De acuerdo con ese organismo, aunque los cuadros más graves son menos frecuentes, pueden presentarse complicaciones como ataques de asma, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, infecciones del oído, sinusitis, bronquitis y neumonía en pacientes vulnerables.

Ivanka Trump volvió a elegir Costa Rica para una de sus escapadas familiares y, una vez más, el surf estuvo entre las principales actividades de su estadía. La empresaria y exasesora de la Casa Blanca fue fotografiada el domingo 23 de agosto de 2026 mientras practicaba este deporte en una playa costarricense, confirmando una relación con el país que se ha repetido durante los últimos años.

Las imágenes fueron difundidas inicialmente por el medio estadounidense TMZ, que describió el viaje como una “escapada familiar”. En las fotografías, Trump aparece con una camiseta blanca de manga larga y una prenda negra de baño mientras intenta dominar las olas sobre una tabla. En varias ocasiones consiguió mantenerse de pie e incluso hizo el tradicional gesto “shaka” asociado con la cultura del surf, aunque también terminó en el agua durante algunos intentos.

La revista internacional ¡HOLA! USA también reseñó la visita y señaló que Trump, de 44 años, utilizó una tabla larga durante la sesión. Según el medio, las fotografías muestran una evolución en sus habilidades: consiguió levantarse, mantener el equilibrio y continuar intentando surfear después de varias caídas.

No se trata, sin embargo, de una afición reciente ni de una visita aislada.

Costa Rica se ha convertido desde hace varios años en uno de los destinos recurrentes de Ivanka Trump y su familia, especialmente por las playas de la península de Nicoya y las posibilidades que ofrecen para el surf, la naturaleza y actividades al aire libre.

Una relación con Costa Rica que comenzó años atrás

Los registros migratorios documentan al menos ingresos de Trump en febrero de 2022, febrero de 2023, marzo-abril de 2024 y abril de 2025, antes de su nueva aparición en agosto de 2026.

En 2023 Ivanka Trump llegó junto con su esposo, Jared Kushner, el 16 de febrero y ambos abandonaron Costa Rica el 20 de febrero, según información de la Dirección General de Migración y Extranjería. Durante aquella estadía fueron vistos cenando en un restaurante de Santa Teresa, en Puntarenas.

Un año después regresó. Los registros migratorios indican que ingresó el 31 de marzo de 2024 y salió el 8 de abril. Durante aquel viaje hubo referencias a su presencia nuevamente en la península de Nicoya y, de acuerdo con información brindada posteriormente por el propietario de una escuela de surf a La Nación, también practicó surf en Nosara, Guanacaste.

En noviembre de ese mismo año, Trump recordó parte de aquella visita en Instagram al compartir una publicación relacionada con Horizonte Horse Experience, un negocio de experiencias con caballos ubicado en Santa Teresa.

El viaje de 2025 que confirmó su afición por el país

Una de sus estadías más documentadas ocurrió en abril de 2025, cuando ingresó a Costa Rica el día 11.

Durante esa visita tomó clases privadas de surf en Playa Hermosa de Cóbano, cerca de Santa Teresa, junto con familiares y amigos. Jesús Zabala, propietario de Take Off Surf School, explicó entonces que el grupo llevaba más de tres años tomando clases con la academia.

Zabala calificó a Trump como una surfista con buenas condiciones y destacó su actitud frente al deporte. Durante parte de aquella estadía, sin embargo, el fuerte oleaje le impidió entrar al mar, aunque otros integrantes del grupo sí participaron en las sesiones.

Costa Rica, nuevamente en el radar internacional

La nueva aparición en agosto de 2026 refuerza una tendencia que ya había llamado la atención del sector turístico costarricense.

En 2025, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) incluyó a Ivanka Trump entre más de 40 personalidades internacionales que habían visitado Costa Rica entre 2024 y los primeros meses de 2025. Entre los destinos favoritos de ese grupo figuraron Tamarindo, Nosara y Papagayo, en Guanacaste; Santa Teresa, en Puntarenas; La Fortuna, en Alajuela; y Puerto Viejo, en Limón.

La institución destacó entonces que las publicaciones de celebridades y su posterior reproducción en medios internacionales amplifican la exposición del país como un destino asociado con naturaleza, privacidad, bienestar y actividades al aire libre.

En el caso de Ivanka Trump, esa exposición ha sido especialmente recurrente.

Alejada de un cargo formal en la Casa Blanca después de haber sido asesora de su padre entre 2017 y 2021, la estadounidense ha mantenido durante los últimos años un perfil relativamente más reservado y centrado en su familia. Costa Rica, mientras tanto, aparece una y otra vez entre sus destinos de descanso.

Ahora, cuatro años después de que comenzaran a documentarse regularmente sus viajes al país, Ivanka Trump volvió al mismo escenario que ha protagonizado buena parte de sus vacaciones costarricenses: el océano, una tabla de surf y las playas del Pacífico.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) dio por finalizado el operativo aéreo desarrollado para llevar alimentos y suministros a comunidades indígenas afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días en Costa Rica, una intervención que permitió atender a 860 familias en sectores de difícil acceso.

Las acciones se concentraron principalmente en territorios indígenas de Limón, Turrialba y Talamanca, donde las condiciones de los caminos, inundaciones y crecidas de ríos habían dificultado el traslado terrestre de asistencia hacia algunas poblaciones.

A pesar de la reducción progresiva en la cantidad de damnificados, para el lunes 24 de agosto todavía permanecían 96 personas distribuidas en cuatro albergues temporales, según el último balance divulgado por las autoridades de emergencia.

La cifra representa una disminución considerable frente a los números registrados durante los momentos más críticos de la emergencia, cuando más de mil personas llegaron a permanecer en refugios temporales debido a inundaciones y otros incidentes asociados con las precipitaciones.

La atención mediante helicópteros se convirtió en uno de los principales componentes de la respuesta en comunidades donde las condiciones geográficas y meteorológicas dificultaban el ingreso de vehículos.

Además del suministro de alimentos, la estrategia permitió mantener comunicación y asistencia en zonas que habían quedado parcialmente aisladas debido al aumento del caudal de ríos y al deterioro de algunas rutas.

Las lluvias todavía representan una amenaza

Aunque el operativo aéreo concluyó, la emergencia meteorológica todavía no puede darse completamente por superada.

Durante el último fin de semana se registraron lluvias fuertes en Sarapiquí, el Caribe Norte y sectores de la Zona Norte, regiones que se encuentran entre las más afectadas por los episodios lluviosos de agosto.

La preocupación de las autoridades está relacionada principalmente con la saturación de los suelos, después de varios días consecutivos con precipitaciones.

Por esta razón, la CNE recomendó mantener especial vigilancia sobre ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos, debido a que nuevas lluvias podrían generar crecidas rápidas o movimientos de tierra incluso cuando las precipitaciones no alcancen intensidades extraordinarias.

El escenario meteorológico, además, continuará siendo inestable durante esta semana.

La onda tropical número 35 atravesó Costa Rica durante el lunes 24 de agosto. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó posteriormente que el fenómeno dejó aguaceros y tormentas localizadas en sectores del Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Sur.

Los acumulados reportados durante algunas horas se ubicaron entre 5 y 20 milímetros en sectores montañosos del Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Sur.

El fenómeno coincidió además con vientos alisios acelerados, con ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora en el Pacífico Norte y registros que alcanzaron hasta 88 kilómetros por hora en sectores montañosos y cordilleras del norte del país, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Onda tropical 36 ingresará este martes

El panorama para este martes 25 de agosto incorpora un nuevo elemento.

El IMN prevé que la onda tropical número 36 ingrese al territorio costarricense durante la noche de este martes, aumentando nuevamente la inestabilidad atmosférica y reforzando las precipitaciones.

Para este martes, el instituto señaló que las condiciones continuarán marcadas por el viento alisio acelerado, el elevado contenido de humedad sobre el sur de Centroamérica y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical.

En el Caribe y la Zona Norte se esperan condiciones predominantemente nubladas, con lluvias y aguaceros variables, principalmente durante las primeras horas del día y nuevamente durante la noche.

Parte de esas precipitaciones también podría extenderse hacia sectores del norte y este del Valle Central.

La tendencia mantiene así un escenario favorable para nuevos episodios lluviosos después de una semana en la que varias comunidades ya han enfrentado inundaciones, afectaciones en carreteras y problemas de acceso.

Alertas permanecen activas

Ante estas condiciones, la CNE mantiene la Alerta Naranja para la Zona Norte, Turrialba y toda la Vertiente del Caribe, las regiones que concentran algunas de las mayores afectaciones ocasionadas por las lluvias.

También continúa vigente la Alerta Amarilla para el Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur.

El principal llamado de las autoridades es a no confiarse ante una eventual disminución temporal de las precipitaciones, especialmente en comunidades cercanas a cauces de ríos o quebradas.

La saturación acumulada de los terrenos implica que cantidades menores de lluvia pueden generar nuevas emergencias, debido a la poca capacidad de absorción que mantienen los suelos en algunos sectores.

El IMN también recordó que durante esta semana los vientos alisios permanecerán acelerados sobre América Central, transportando humedad desde el mar hacia la región y favoreciendo condiciones para nuevas precipitaciones.

La discusión sobre las denominadas jornadas laborales 4x3 dio un nuevo giro en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que, con el voto de la fracción oficialista, fuera aprobada la moción 2,528 al expediente 24,290, conocido como proyecto de jornadas excepcionales.

La decisión implica dejar sin efecto modificaciones realizadas anteriormente a la iniciativa y regresar al texto original del proyecto, uno de los temas laborales que ha generado mayor confrontación política durante su trámite legislativo.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de una disposición que contemplaba una consulta mediante votación secreta a los trabajadores de empresas que ya aplican modalidades similares, con el objetivo de que fueran ellos quienes definieran si querían acogerse o no a la jornada excepcional.

Esa consulta había sido incorporada durante la legislatura anterior tras una solicitud de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) como parte de las negociaciones para respaldar el avance del proyecto.

El nuevo texto mantiene, sin embargo, el principio de que la incorporación a estas jornadas deberá ser voluntaria para los trabajadores y establece que las compañías necesitarán una autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de implementarlas.

Durante la discusión, desde el oficialismo se defendió que el proyecto incorpora garantías para quienes decidan probar el nuevo esquema.

“Es un texto que va a permitir que estas jornadas sean voluntarias y eso sí, teniendo claro que requieren una autorización por parte del Ministerio de Trabajo previo a que las empresas lo puedan implementar”, señaló el diputado oficialista Juan Manuel Quesada.

La propuesta también permitiría que los trabajadores cuenten con un periodo de hasta tres meses para determinar si la nueva modalidad se adapta a sus necesidades.

“Si luego de esos tres meses consideran que no les es beneficioso, puedan devolverse a la jornada anterior”, se explicó durante la discusión.

Además, según la defensa realizada desde el oficialismo, el texto busca evitar afectaciones salariales para aquellos empleados que actualmente laboran bajo modalidades semejantes.

Liberación y Frente Amplio cuestionan el cambio

La eliminación de la consulta provocó críticas desde Liberación Nacional y el Frente Amplio, bancadas que advirtieron sobre un eventual debilitamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores.

Desde el PLN señalaron que la discusión debe mantener un equilibrio entre la seguridad jurídica requerida por las empresas y la protección de los derechos laborales.

“Si no hay ese equilibrio entre seguridad jurídica y derechos laborales, nosotros no podemos estar de acuerdo. El tema de la consulta y la participación directa de los trabajadores en la decisión es parte de ese equilibrio”, afirmó Álvaro Ramírez de Liberación Nacional.

El partido también sostuvo que eliminar ese mecanismo sería contrario al principio de no retroceso en materia de derechos laborales.

Las críticas fueron aún más fuertes desde el Frente Amplio, que acusó al Gobierno de romper acuerdos alcanzados durante el periodo legislativo anterior.

“El Gobierno sigue rompiendo los acuerdos que ellos mismos hicieron en el periodo pasado”, cuestionó José Maria Villalta.

Desde esa bancada también se mantiene una oposición de fondo al modelo de jornadas de 12 horas, al considerar que podría traducirse en condiciones laborales más exigentes y en una afectación al reconocimiento de horas extraordinarias.

“Lo que quieren hacer es volver al texto original del proyecto de ley, que es todavía más perjudicial para los trabajadores de este país, porque pretende establecer jornadas extenuantes de 12 horas sin el pago de horas extras”, señalaron desde la oposición.

Cuatro días de trabajo y tres de descanso

El proyecto busca permitir jornadas laborales excepcionales en determinadas actividades económicas caracterizadas por requerir procesos continuos de producción.

La normativa facultaría su aplicación en sectores como manufactura tecnificada, producción de dispositivos e implementos médicos y servicios corporativos, entre otros contemplados en la iniciativa.

Para la modalidad diurna se establece un esquema de cuatro días trabajados por tres días de descanso, con jornadas de hasta 12 horas.

En el caso de la modalidad nocturna, el esquema sería de tres días trabajados por cuatro días de descanso.

La propuesta incorpora además compensaciones salariales específicas. Para las jornadas diurnas se contempla un pago equivalente a 17% adicional sobre el salario básico, mientras que para quienes laboren bajo la modalidad nocturna el incremento sería de 25%.

Dentro de la Asamblea también existen sectores que consideran que la iniciativa podría convertirse en una herramienta para favorecer la atracción de inversión extranjera, principalmente en un contexto de desaceleración de algunos sectores asociados con las zonas francas.

Durante el debate, una de las voces favorables al proyecto destacó que, ante una reducción en el ritmo de crecimiento del régimen de zonas francas, las jornadas excepcionales podrían representar “un incentivo interesante para la inversión extranjera”.

Sin embargo, otras posiciones legislativas sostienen que las modificaciones realizadas durante el trámite no solucionan los problemas estructurales del proyecto.

“Nosotros consideramos que este proyecto es un proyecto que está mal hecho”, se afirmó desde una de las bancadas críticas.

Según esa posición, ninguna de las mociones discutidas hasta ahora consigue construir un marco jurídico suficientemente sólido tanto para empleadores como para trabajadores ante los cambios que experimenta el mercado laboral.

El proyecto todavía tiene camino por recorrer

Los diputados concluyeron la votación por el fondo de las 2.564 mociones presentadas al proyecto.

El siguiente paso será revisar la totalidad de esas mociones antes de que la iniciativa pueda avanzar hacia su votación definitiva.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, confirmó además que las consultas correspondientes al proyecto se realizarán una vez finalizada la votación de todas las mociones de revisión.

Esto significa que, pese al avance registrado con la moción 2.528, el expediente 24,290 aún deberá superar varias etapas antes de convertirse en ley.

El debate continuará marcado por dos posiciones contrapuestas: quienes ven las jornadas excepcionales como una herramienta para modernizar el mercado laboral, mejorar la competitividad y atraer inversión, y quienes advierten que una jornada de hasta 12 horas podría representar un retroceso en las condiciones laborales si no existen garantías suficientes para proteger la voluntariedad, el salario y la capacidad de decisión de los trabajadores.

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica anunció una nueva ofensiva para reducir el poder que algunos privados de libertad ejercen dentro de los centros penitenciarios del país: aquellos identificados como “jachudos”, término utilizado en la jerga carcelaria para referirse a internos que asumen posiciones de liderazgo o control sobre otros reclusos, serán separados del resto de la población penitenciaria.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, aseguró que las autoridades ya tienen identificados a quienes presuntamente desempeñan ese papel en los diferentes centros penales y adelantó que serán ubicados juntos en un mismo ámbito, con el propósito de limitar su capacidad de intimidación e influencia sobre otros privados de libertad.

“En la jerga penitenciaria existen privados de libertad a los que llaman jachudos. ¿Quiénes son los jachudos? Los que se creen los líderes de un pabellón, de un ámbito o un dormitorio”, explicó Aguilar.

Según el jerarca, algunos de estos internos aprovechan su posición dentro de la dinámica carcelaria para dar órdenes, intimidar a otros reclusos, comercializar drogas y vender bienes como colchonetas o ropa, además de cometer otros abusos.

“Bueno, pues eso se acabó”, sentenció el ministro.

La decisión da continuidad a una serie de disposiciones impulsadas durante las últimas semanas por Justicia para endurecer los controles dentro del sistema penitenciario. En julio, Aguilar ya había ordenado la reubicación de los privados de libertad considerados líderes de los ámbitos penitenciarios, precisamente con el objetivo de reducir el dominio que pudieran ejercer sobre otros internos.

Los ligados al crimen organizado irán a máxima seguridad

La medida tendrá un tratamiento todavía más estricto cuando las autoridades determinen que alguno de los denominados “jachudos” mantiene vínculos con una estructura de crimen organizado.

En esos casos, Aguilar indicó que serán trasladados al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), instalación concebida para mantener bajo mayores controles a personas relacionadas con organizaciones criminales de alta peligrosidad.

“Quienes pertenezcan a estructuras de crimen organizado serán enviados al CACCO”, señaló.

El Ministerio también pretende evitar que el traslado de los actuales líderes genere simplemente un relevo dentro de los pabellones.

Por ello, Aguilar advirtió que cualquier privado de libertad que posteriormente intente asumir el mismo papel será sometido a una medida similar.

“Si mañana aparece otro privado de libertad queriendo convertirse en nuevo jachudo, recibirá exactamente la misma medida”, manifestó.

La estrategia apunta a modificar dinámicas de poder que históricamente han existido dentro de los centros penitenciarios y que pueden traducirse en amenazas, extorsiones, cobros irregulares o control sobre bienes y actividades ilícitas.

El término “jachudo” posee antecedentes de larga data en el lenguaje penitenciario costarricense. Registros históricos sobre la antigua Penitenciaría Central ya lo utilizaban para describir a internos con gran influencia, fortaleza y liderazgo dentro de la población reclusa, capaces de imponer determinadas dinámicas a otros presos.

“Se acabaron los privilegios”

El mensaje del ministro fue acompañado por una advertencia directa sobre quién debe mantener el control dentro de las cárceles.

“Que quede claro. En las cárceles no mandan los delincuentes que se creen que son poderosos. En las cárceles manda el Ministerio de Justicia y Paz, manda el Poder Ejecutivo y se acabaron los privilegios”, afirmó Aguilar.

El jerarca cerró su intervención con una frase que resume la línea adoptada por la institución: “Se acabaron los jachudos”.

La disposición forma parte de un conjunto más amplio de cambios anunciados por el Ministerio de Justicia para aumentar el control institucional dentro de los centros penitenciarios.

Entre las medidas divulgadas anteriormente se encuentran la prohibición de determinadas visitas íntimas, el retiro de televisores de las celdas, la rotación de directores penitenciarios y cambios entre oficiales destinados en áreas de máxima seguridad.

También se ordenó fortalecer las labores de inteligencia sobre funcionarios penitenciarios mediante la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

La intención, según lo anunciado previamente por Aguilar, es analizar posibles conductas sospechosas, enriquecimientos injustificados o eventuales colaboraciones entre funcionarios y organizaciones criminales. Los casos que presenten indicios de delito deberán ser trasladados a las autoridades judiciales.

Estas acciones se desarrollan en momentos en que el Gobierno costarricense busca reforzar la respuesta frente al crimen organizado y la influencia de estructuras delictivas dentro y fuera de las cárceles.

El Ministerio sostiene que separar a los internos que ejercen liderazgo informal permitirá reducir su capacidad para controlar a otros privados de libertad y dificultar actividades ilícitas dentro de los penales.

La nueva política deja además abierta la posibilidad de efectuar más traslados si las autoridades penitenciarias detectan que otros reclusos intentan ocupar los espacios de poder que queden disponibles.

Para Justicia, el objetivo es que el control de los pabellones y dormitorios vuelva a recaer exclusivamente en las autoridades penitenciarias, evitando que determinadas figuras internas establezcan jerarquías paralelas, sistemas de intimidación o privilegios.

El Ministerio de Hacienda recibió 3,757 denuncias por presunto contrabando y evasión fiscal entre enero y julio de este año, lo que representa un aumento del 45% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este incremento coincide con una mayor cantidad de decomisos, más investigaciones por facturas falsas y el impulso de una política oficial orientada a endurecer las sanciones contra el comercio ilícito.

Según cifras publicadas por El Observador, durante los primeros siete meses de 2025 se habían reportado 2,587 denuncias.

Entre los motivos más frecuentes, se encuentran la entrega de facturas no autorizadas, la exigencia de pagos en efectivo y el cobro incorrecto del Impuesto al Valor Agregado.

También se recibieron reportes sobre personas cuyo crecimiento de ingresos resulta cuestionable, comercios que no cumplen con los requisitos del Régimen de Tributación Simplificada y contribuyentes que no declaran la totalidad de sus ingresos.

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, sostuvo que este aumento puede interpretarse como una señal de respaldo ciudadano a los controles tributarios implementados.

Carvajal señaló: “Nosotros estamos yendo a visitar estos locales que nos están dando esa información valiosa, y vamos a seguir trabajando. Los directores generales nos apoyan con alguna búsqueda y profundización de datos”.

Los decomisos y los operativos recientes

El incremento en la cantidad de denuncias se produjo en paralelo con un aumento en el número de decomisos. El Ministerio de Hacienda informó el 7 de agosto que, entre mayo y julio de este año, las incautaciones crecieron 58% respecto del mismo periodo de 2025.

Las estadísticas oficiales indican que la cantidad de unidades decomisadas pasó de 13 millones a 30 millones en ese mismo lapso.

El aumento se concentró principalmente en cigarrillos y habanos, seguidos de licor, cosméticos, calzado y productos de perfumería. En julio, las autoridades presentaron 15 denuncias ante el Ministerio Público por compra y uso de facturas falsas, con una evasión tributaria estimada en ¢809.5 millones (aproximadamente USD 1.5 millones, según el tipo de cambio promedio al momento de la redacción).

En diferentes operativos realizados en San José, Alajuela y Heredia, funcionarios de las direcciones generales de Tributación, Aduanas y de la Policía de Control Fiscal decomisaron más de 259,000 unidades de cigarros, cerca de 2,000 perfumes finos, así como calzado y bebidas carbonatadas. El jueves pasado, la Policía de Control Fiscal allanó un local en Avenida 3, cerca de la escuela Juan Rafael Mora Porras, donde se decomisó toda la mercadería por carecer de documentación que respaldara su procedencia.

Sobre este caso, Carvajal explicó: “En este caso hemos estado siguiendo algunas importaciones donde hemos logrado escanear contenedores y a la hora que llegamos al almacén fiscal, a la inspección, incluso ya han descargado los contenedores”.

Estrategia de operativos y desafíos internos

El viceministro Carvajal indicó que la estrategia continuará basada en operativos sorpresa, y que los destinos de estas intervenciones se mantienen en reserva hasta poco antes de ser ejecutados. Según lo citado por El Observador, en ocasiones solo él conoce la ubicación hasta momentos antes de la salida del personal.

Carvajal relató un operativo en Alajuela donde, al no aplicar el protocolo habitual, una persona en bicicleta alertó a los comercios para que cerraran antes de la llegada de los inspectores. Señaló que, aunque no puede afirmar que existan funcionarios que filtren información, reconoce que el riesgo es alto, por lo que la comunicación de los operativos al personal policial suele realizarse en el último momento.

El funcionario planteó que sería necesario endurecer las sanciones y adoptar medidas más estrictas para que las respuestas no se limiten solamente al decomiso de mercadería. Actualmente, las autoridades fiscales pueden incautar productos, pero no tienen facultad para ordenar el cierre de los establecimientos involucrados.

En cuanto a la mercadería decomisada, Hacienda informó que carecía de documentos de respaldo y que su valor asciende a varios millones de colones.

Los operativos continuarán cada semana en diferentes cantones y los artículos incautados se destruyen una vez que los jueces autorizan su desecho.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó este martes que 12 centros educativos mantienen la suspensión parcial de lecciones debido a las afectaciones provocadas por las lluvias que continúan presentándose en diferentes regiones de Costa Rica.

La actualización fue realizada a partir de los reportes suministrados por las Direcciones Regionales de Educación y las verificaciones efectuadas directamente en las zonas afectadas, en momentos en que varias comunidades todavía enfrentan condiciones de alta saturación de los suelos, aumento del caudal de ríos y problemas de acceso.

Según el último balance, los centros con suspensión se encuentran distribuidos entre cuatro Direcciones Regionales: uno en Turrialba, cuatro en Sarapiquí, dos en Guápiles y cinco en la Zona Norte-Norte, para un total de 12 instituciones educativas con afectaciones parciales.

La situación ha cambiado de manera considerable respecto de los días más críticos de la emergencia.

El pasado 17 de agosto, el MEP llegó a suspender las lecciones en 862 centros educativos ubicados en las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón, Sulá, Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte, debido a las consecuencias generadas por las fuertes precipitaciones y el paso de la onda tropical número 32.

En aquella ocasión, las autoridades educativas reportaron daños en vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material y otras situaciones que impedían garantizar un ingreso seguro a determinadas comunidades.

La reducción hasta los actuales 12 centros educativos evidencia una recuperación progresiva en gran parte de las regiones afectadas, aunque las condiciones meteorológicas siguen obligando a mantener vigilancia.

Nuevas lluvias provocaron afectaciones en Zona Norte-Norte

El MEP detalló que algunos centros educativos ubicados en Sarapiquí lograron mejorar sus condiciones, lo que permitió disminuir la cantidad de instituciones afectadas en esa región.

Sin embargo, las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este martes 25 de agosto generaron nuevas complicaciones en centros pertenecientes a la Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte.

Precisamente esta región concentra actualmente la mayor cantidad de instituciones afectadas, con cinco centros educativos bajo suspensión parcial..

El comportamiento evidencia que las condiciones pueden cambiar rápidamente dependiendo de la intensidad de las lluvias, el crecimiento de los cuerpos de agua y las posibilidades de acceso existentes en cada comunidad.

Por esa razón, el Ministerio aseguró que mantiene una valoración permanente de las condiciones climáticas y de las rutas que utilizan estudiantes, docentes y funcionarios administrativos para llegar a las instituciones.

Centros deberán aplicar educación híbrida

Mientras permanezca vigente la suspensión presencial, los centros educativos afectados deberán implementar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar los protocolos institucionales establecidos para garantizar que los estudiantes puedan continuar con su proceso de aprendizaje.

Esto implica utilizar las distintas alternativas disponibles en cada comunidad mientras no existan condiciones adecuadas para regresar físicamente a las aulas.

El MEP señaló que las lecciones presenciales serán retomadas únicamente cuando existan condiciones seguras para los estudiantes y el personal educativo.

La decisión sobre la reapertura dependerá de los informes procedentes de las Direcciones Regionales y de la evolución de las condiciones meteorológicas en cada uno de los sectores afectados.

La cartera educativa también pidió a las familias mantenerse pendientes de los canales oficiales del Ministerio, debido a que cualquier modificación en las suspensiones será comunicada conforme se actualicen los reportes.

De 862 centros cerrados a solo 12 con afectaciones

Las lluvias de agosto han tenido un impacto significativo sobre el sistema educativo costarricense.

La dimensión de la emergencia quedó reflejada el 16 de agosto, cuando el MEP anunció que para el día siguiente no habría clases en 862 instituciones.

En ese momento, las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón y Sulá tuvieron cierres generales, mientras que las suspensiones parciales alcanzaron a 80 centros de Guápiles, 12 de San Carlos y 21 de Zona Norte-Norte.

La medida había sido adoptada debido a las condiciones producidas por la onda tropical número 32 y buscaba proteger a estudiantes, docentes, directores y funcionarios administrativos ante los riesgos derivados de las inundaciones y problemas en las carreteras.

El MEP indicó que continuará coordinando con las autoridades responsables de la atención de emergencias y recordó que la suspensión de lecciones es competencia exclusiva del Ministerio, decisión que se toma a partir de información oficial sobre las condiciones existentes en cada comunidad.

La prioridad, señaló la institución, seguirá siendo garantizar que el retorno presencial ocurra únicamente cuando estudiantes y trabajadores puedan desplazarse y permanecer en los centros educativos sin exponerse a riesgos asociados con inundaciones, deslizamientos, crecidas de ríos o afectaciones en las vías.

Las autoridades de Costa Rica pusieron en marcha un amplio operativo policial en la provincia de Cartago para localizar y detener a 14 personas con órdenes de captura pendientes, a quienes vinculan presuntamente con estructuras criminales señaladas por participar en las disputas territoriales que han disparado la violencia en diferentes sectores de la provincia.

La estrategia involucra a más de 120 policías y forma parte del plan de intervención denominado “Fuerza Élite”, en el que participarán conjuntamente la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Policía Municipal de Cartago.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; el director interino del OIJ, Michael Soto; el director de la DIS, Pablo Martínez, y el alcalde de Cartago, Mario Redondo, en medio de la preocupación por el incremento de homicidios experimentado durante las últimas semanas.

Según las autoridades, el operativo concentrará recursos de patrullaje, investigación e inteligencia en puntos considerados estratégicos, entre ellos Cartago centro, Oreamuno, El Guarco, La Unión, Jiménez y Turrialba. El despliegue incluye, además de los oficiales, 34 vehículos, 16 motocicletas, dos unidades K9 y un helicóptero.

Campos aseguró que uno de los principales objetivos será detener a las 14 personas que ya cuentan con órdenes de captura y que, de acuerdo con las investigaciones policiales, estarían relacionadas con distintos grupos que operan en Cartago.

“Vamos a ir sobre 14 personas que hoy tienen orden de captura, que están en Cartago y que están vinculadas a estos grupos de crimen organizado”, expresó el jerarca durante el anuncio del operativo.

¿Quiénes son las 14 personas buscadas?

La lista divulgada por las autoridades identifica a los requeridos según las estructuras con las que presuntamente tendrían relación.

En el caso de Los Maruja, las autoridades buscan a Jefferson Medrano Chavarría, Jorge Esquivel Ramírez, Anthony Serrano Chaves, Daylan Monestel Bonilla, Jeremy Quirós Quesada y Joshua Quirós Rosales.

Por su parte, entre las personas relacionadas por la Policía con Los Gerys aparecen Carolina Loría Solís, Ariel Loría Solís, Joshua Solano Miranda, Franiel Pérez Cordero y Axel Zúñiga Durán.

También se busca a Ruddy Sánchez Solano, relacionado por las autoridades con ”Gordo Julio”; a Marvin Alvarado Quirós, ubicado dentro de los objetivos policiales relacionados con El Guarco; y a una persona identificada únicamente con el alias de “Jota”, a quien las autoridades vinculan con Los Chacales.

Las autoridades han insistido en que la prioridad es localizar a estas personas y ponerlas a disposición de los tribunales correspondientes, por lo que también solicitaron colaboración ciudadana.

Quienes tengan información sobre sus paraderos pueden comunicarla por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, el Centro de Información Confidencial del OIJ, al 800-8000645, o mediante WhatsApp al 8800-0645.

Una disputa por territorios detrás de la violencia

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que las investigaciones han permitido identificar cinco agrupaciones criminales que estarían operando en distintos puntos de Cartago y generando hechos violentos.

Una de las principales hipótesis de las autoridades apunta a una disputa por territorios y puntos para la venta de drogas, en medio de un reacomodo de estructuras delictivas en la provincia.

Cartago acumula más de 50 homicidios durante 2026, mientras que agosto experimentó un marcado aumento de los asesinatos respecto del mes anterior.

Cartago ofrece sus cámaras de vigilancia

La Municipalidad de Cartago se sumará a las acciones mediante su Policía Municipal y pondrá a disposición de los cuerpos de seguridad su sistema de videoprotección, según confirmó el alcalde Mario Redondo.

El gobierno local también busca reforzar la prevención. El Consejo de Seguridad Provincial ha mantenido acercamientos con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para analizar iniciativas dirigidas a impedir que jóvenes sean captados por estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

Redondo insistió en que el propósito de la intervención es “devolverle la paz” a la población cartaginesa y pidió evitar que figuras vinculadas con hechos criminales sean convertidas en referentes o símbolos para los jóvenes de la provincia.

Las operaciones no se limitarán a las 14 personas identificadas. Las instituciones prevén realizar búsquedas de otros integrantes de estas estructuras que mantengan órdenes de captura vigentes, mientras los equipos de inteligencia e investigación intentan determinar las conexiones entre los distintos grupos.

El despliegue representa una de las respuestas policiales más amplias implementadas recientemente en Cartago y llega en un momento en que las autoridades consideran que el narcomenudeo, las venganzas y los ajustes de cuentas constituyen algunos de los principales detonantes de la escalada de violencia.

La tecnología comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante frente a uno de los grandes desafíos del sistema educativo de Costa Rica: las dificultades en comprensión lectora y los rezagos de aprendizaje. En ese contexto aparece TOMi8, una plataforma diseñada para apoyar a los docentes mediante evaluaciones, monitoreo del desempeño y generación de reportes que permitan identificar de manera temprana a los estudiantes que requieren mayor acompañamiento.

Uno de los principales elementos de la propuesta es que puede utilizarse sin una conexión permanente a internet, una característica especialmente relevante para centros educativos donde todavía existen limitaciones de conectividad.

La plataforma integra evaluaciones, seguimiento del aprendizaje y analítica en tiempo real con la intención de ofrecer información útil para la toma de decisiones pedagógicas dentro del aula.

TOMi8 permite desarrollar actividades interactivas, realizar evaluaciones y conocer el avance de los estudiantes, lo que facilita que los docentes detecten dificultades antes de que estas se transformen en rezagos más profundos.

Tecnología para centros con conectividad limitada

La posibilidad de funcionar sin conexión permanente a internet es uno de los principales componentes de TOMi8, debido a las diferencias de infraestructura tecnológica que aún pueden existir entre los centros educativos.

A esto se suma que la plataforma no requiere que cada estudiante disponga de un dispositivo electrónico, una condición que busca facilitar su implementación en instituciones donde la disponibilidad de computadoras, tabletas u otros equipos es limitada.

Con este modelo, la herramienta pretende ampliar el acceso a recursos digitales para la enseñanza y permitir que más docentes incorporen tecnología a sus clases, independientemente de las condiciones particulares de infraestructura o conectividad del centro educativo.

Otro de sus objetivos es facilitar la detección temprana de estudiantes que presentan dificultades. La información generada durante las evaluaciones puede ayudar a determinar cuáles contenidos requieren refuerzo y qué alumnos necesitan un acompañamiento adicional.

Ese propósito adquiere especial relevancia frente a los resultados educativos reportados en Costa Rica.

De acuerdo con datos citados del Décimo Informe Estado de la Educación 2025, el 77% de los estudiantes costarricenses de 15 años se encuentra en niveles mínimos o inferiores de desempeño en lectura, según los resultados de PISA 2022.

La cifra refleja que una proporción importante del estudiantado enfrenta dificultades para comprender textos, identificar ideas principales o interpretar información, capacidades fundamentales no solo para las materias directamente relacionadas con lectura y escritura, sino para el aprendizaje en prácticamente todas las asignaturas.

El informe también advierte que el porcentaje de estudiantes con bajo desempeño en lectura aumentó siete puntos porcentuales durante la última década.

Detectar las dificultades antes de que se profundicen

Ante este panorama, disponer de herramientas que permitan evaluar y monitorear de manera continua el proceso de aprendizaje puede ofrecer a los docentes información para intervenir con mayor rapidez.

La propuesta de TOMi8 busca precisamente complementar la labor del educador con datos que permitan visualizar el desempeño de los estudiantes y utilizar esa información para orientar decisiones dentro de la clase.

El sistema automatiza parte del proceso de evaluación y genera resultados que pueden ser consultados por el docente, reduciendo el tiempo necesario para revisar manualmente el desempeño de cada estudiante.

Eduardo Mena, especialista de Grupo CMA, explicó que una de las finalidades de la plataforma es permitir que el personal docente pueda actuar antes de que una dificultad académica se convierta en un problema mayor.

“Cuando un docente puede detectar a tiempo qué estudiantes presentan dificultades, tiene más posibilidades de intervenir y mejorar los resultados. TOMi8 fue diseñado precisamente para facilitar esa toma de decisiones dentro del aula”, señaló Mena.

El especialista agregó que la automatización de ciertos procesos puede permitir que los profesores dediquen más tiempo al acompañamiento educativo.

“Automatiza la evaluación y entrega información inmediata para que el docente pueda concentrarse en acompañar el aprendizaje”, afirmó.

La incorporación de este tipo de soluciones también apunta a cambiar la manera en que se utiliza la tecnología dentro de los centros educativos. No se trata únicamente de sumar dispositivos, sino de aprovechar la información generada por las evaluaciones para orientar las decisiones pedagógicas.

De esta manera, un docente podría reconocer qué estudiantes presentan problemas con determinados contenidos, definir necesidades de reforzamiento y realizar un seguimiento más cercano de su evolución.

La propuesta resulta especialmente relevante en comunidades donde el acceso permanente a internet todavía puede representar una barrera para incorporar herramientas digitales.

Al disminuir esa dependencia de la conectividad y permitir dinámicas en las que no todos los estudiantes necesitan disponer de un equipo electrónico individual, TOMi8 busca ampliar el uso de recursos tecnológicos en las aulas y convertirlos en herramientas de apoyo efectivo para el aprendizaje.

El objetivo final es que la información obtenida a través de las evaluaciones permita intervenir de manera anticipada y contribuya a atender las brechas educativas antes de que las dificultades de los estudiantes se profundicen.

El Gobierno de Laura Fernández Delgado presentó oficialmente este martes el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, la hoja de ruta que orientará la gestión de la administración durante los próximos cuatro años y que contempla una inversión superior a los ₡2.5 billones (USD 5.5 mil millones) en proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria, hospitalaria, telecomunicaciones y transformación digital.

La presentación estuvo encabezada por la mandataria y por la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Karla Morales Rojas, quien detalló que el documento establece ocho metas nacionales, 49 metas de objetivos sectoriales, 169 intervenciones públicas y 246 metas de intervención pública. Además, incorpora alrededor de 53 proyectos de inversión pública.

El plan fue dedicado a Braulio Carrillo Colina, figura histórica que el Ejecutivo reivindicó por su papel en la construcción de la institucionalidad costarricense. Durante el acto, el Gobierno sostuvo que el país enfrenta un momento en el que debe fortalecer la seguridad, modernizar sus instituciones, reducir las desigualdades entre regiones y garantizar que el desarrollo no se concentre únicamente en el Gran Área Metropolitana.

“El futuro de una nación no se improvisa”, señaló el mensaje introductorio presentado durante la actividad, en el que se insistió en que detrás de cada política pública, inversión y decisión estatal deben estar las necesidades de las personas.

Crecimiento, empleo y reducción de la pobreza entre las metas

Entre las principales metas nacionales incluidas en el PNDIP se encuentran impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto, mejorar la competitividad, reducir la pobreza y el desempleo, disminuir la desigualdad, aumentar la permanencia de estudiantes en la educación diversificada, reducir la tasa de homicidios y disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

Fernández aseguró que su administración aspira a alcanzar para 2030 un crecimiento económico de entre 3.6% y 3.9% del PIB, pero advirtió que la expansión económica debe traducirse en empleo, mejores ingresos y oportunidades para la población.

Uno de los objetivos más ambiciosos anunciados por la mandataria es llevar la pobreza hasta un 14.4%, además de reducir el desempleo abierto hasta 6.2%.

En materia social, el plan plantea beneficiar a más de 45,000 hogares con el bono familiar de vivienda, crear 20,000 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo, alcanzar a 370,000 estudiantes mediante Avancemos y atender a más de 44,000 personas en condición de pobreza mediante subsidios acompañados por programas de empleabilidad y emprendimiento.

También se contempla incorporar a más de 30,000 familias en programas de mejoramiento integral de barrios y atender a más de 175,000 adultos mayores mediante distintas iniciativas sociales.

Fernández aprovechó su intervención para pedir a la Asamblea Legislativa avanzar con un proyecto que pretende destinar parte de los recursos patronales actualmente dirigidos al Banco Popular al financiamiento de nuevas pensiones no contributivas.

Carreteras, tren, hospitales y puertos

La infraestructura aparece como uno de los pilares principales de la estrategia.

Entre las obras mencionadas por el Ejecutivo están la carretera San José-San Ramón, la carretera a San Carlos, proyectos sobre la Ruta 1, construcción y sustitución de puentes, el tren rápido de pasajeros, el proyecto de agua para la Bajura, la modernización de Puerto Caldera y una marina y terminal de cruceros en Limón.

En salud, el Gobierno incluyó entre sus prioridades la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, la puesta en funcionamiento del servicio de hematooncología del Hospital Calderón Guardia y el inicio de las obras del Hospital Tony Facio de Limón.

La educación también ocupa un espacio importante dentro del documento. El Ejecutivo pretende atender infraestructura y conectividad de centros educativos, abrir 10 nuevos colegios científicos, beneficiar a más de 85,000 estudiantes mediante educación técnica y diplomados, graduar a más de 16,000 adultos mediante programas de bachillerato para la empleabilidad y duplicar la cantidad de centros educativos incorporados a la estrategia nacional de STEM.

Asimismo, la meta es que al menos 75% de los estudiantes que finalicen la educación diversificada alcancen un nivel B1 de inglés o superior, además de certificar a más de 33,000 personas en competencias digitales y graduar a más de 28,000 personas en programas de inglés del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Seguridad: bajar los homicidios y poner en marcha el CACO

En medio de la crisis de violencia que atraviesa Costa Rica, el Gobierno incorporó como meta reducir la tasa de homicidios en 1.5 puntos por cada 100,000 habitantes.

Entre los proyectos de seguridad citados están la implementación del programa Cero Ocio para personas privadas de libertad, la puesta en funcionamiento del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACO) y el Centro Nacional de Mando y Control Policial C5.

Fernández dedicó una parte extensa de su discurso a cuestionar el funcionamiento del sistema judicial y aseguró que la reducción de los homicidios no dependerá únicamente de las acciones del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia.

“No puede haber desarrollo donde el miedo decide a qué hora se sale a trabajar, a estudiar, a recrearnos o a emprender”, afirmó.

La presidenta sostuvo que resulta “imperativo” que el Poder Judicial participe en la revisión y modernización de normas y procesos relacionados con la criminalidad y cuestionó casos de personas vinculadas a estructuras criminales que, según dijo, han sido liberadas anticipadamente.

“Seguimiento feroz” a los ministros

Fernández destacó que el nuevo PNDIP fue terminado durante los primeros 100 días de su administración y antes de la formulación definitiva del presupuesto nacional de 2027, algo que, según explicó, permitirá vincular desde el inicio la planificación gubernamental con los recursos disponibles.

La mandataria fue enfática en advertir a sus ministros y presidentes ejecutivos que las metas no quedarán únicamente plasmadas en el documento.

“Les voy a dar seguimiento feroz a cada meta y a cada acción que hemos comprometido de llevar a cabo”, señaló Fernández durante su intervención.

Además, el Gobierno anunció que el avance del plan tendrá seguimientos semestrales, informes anuales remitidos a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, así como evaluaciones específicas de programas y políticas públicas.

La estrategia mantiene además el enfoque de regionalización impulsado desde la administración anterior, con el objetivo de evitar que la mayor parte de los proyectos públicos se concentren en la GAM.

“Mientras yo sea la presidente de la República, las metas de Costa Rica se van a cumplir con ojos de desarrollo regional”, afirmó Fernández, quien aseguró que las necesidades de las comunidades costeras, fronterizas, rurales e indígenas tendrán que formar parte de los criterios para distribuir la inversión estatal.

Con el documento oficialmente firmado, el Ejecutivo inicia ahora la etapa de ejecución de una hoja de ruta que pretende conectar la promesa política de la campaña de Fernández con metas concretas y medibles hasta 2030, bajo una consigna que la propia mandataria reiteró durante la actividad: convertir la planificación pública en resultados verificables para la población.

Una billetera de criptomonedas a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez registró movimientos por USD 1.4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, un hallazgo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) incorporó al expediente del caso Venus para reconstruir el manejo patrimonial atribuido a la estructura de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, investigada por legitimación de capitales, según publicó CRHoy.com.

El análisis forense determinó ingresos por USD 756,260 y retiros por USD 656,766, para un acumulado de USD 1,413,026 en ese período. Ese registro forma parte de la evidencia digital revisada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ para establecer qué papel habrían desempeñado los hijos de Álvarez Alfaro dentro de la organización.

Ese es el dato central de la nueva línea de pesquisa: los investigadores vinculan la wallet con el entorno familiar de alias Gato y la usan como uno de los indicios para seguir la ruta del dinero que, según el expediente, buscó ser movido u ocultado aun después de la detención del supuesto jefe de la estructura con fines de extradición.

El pasado jueves, los agentes allanaron propiedades relacionadas con Sebastián y sus hermanos Jonathan y Daniela Álvarez Jiménez como parte de una ampliación de la investigación. Sebastián y Jonathan no estaban en Costa Rica al momento de las diligencias, porque habían salido del país en los últimos dos meses.

En los allanamientos del 10 de marzo de 2026, los agentes decomisaron aparatos electrónicos a varios sospechosos del caso. También encontraron documentación vinculada con Jonathan Álvarez Alfaro y la empresa Mega Diesel, además de libretas con anotaciones sobre armas, cantidades de droga y dinero.

A esa evidencia se sumó la apertura forense de los dispositivos incautados en los allanamientos del 17 de junio de 2025. El expediente califica esos análisis, junto con un informe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, como parte medular del sustento probatorio de las nuevas pesquisas.

Un día después de aquella operación, el 18 de junio de 2025, los investigadores identificaron conversaciones entre Pamela Álvarez Jiménez y su tío Alexander Álvarez Alfaro.

Según el expediente citado por el medio, esos mensajes permitieron concluir que la organización mantenía bajo su control una billetera electrónica de criptoactivos en la que se registraron los movimientos por más de USD 1.4 millones.

Los análisis también detectaron conversaciones que, de acuerdo con la tesis policial, muestran maniobras de otros integrantes de la familia para mover u ocultar patrimonio. El 16 de julio de 2025, por ejemplo, los investigadores registraron un intercambio entre Pamela y Daniela Álvarez Jiménez sobre el retiro y traslado de efectivo desde cuentas de terceros para evitar su detección.

En el caso de Pamela, el expediente sostiene que habría ejecutado instrucciones relacionadas con el cambio de domicilio, el movimiento de efectivo y la custodia de criptomonedas. Los investigadores consideran relevante que parte de esas acciones ocurrieran cuando ya existían medidas para inmovilizar bienes dentro de la pesquisa por legitimación de capitales.

Según las conclusiones policiales, Jonathan Álvarez Alfaro habría continuado girando instrucciones desde prisión para ocultar patrimonio. El expediente incorpora los movimientos de la wallet entre los indicios con los que se busca reconstruir el manejo de los bienes atribuidos a la organización.

El expediente también vincula a la estructura con droga, dinero en efectivo y exportaciones contaminadas

Otro elemento surgió de un dispositivo decomisado en Corporación Mega Diesel. Según las comunicaciones entre Franklin Fernández y Jonathan Álvarez Alfaro citadas en el expediente, esa empresa pertenecería únicamente a Profe.

Los peritos extrajeron del dispositivo fotografías de aparente droga, troqueles usados para identificar lotes, imágenes de un supuesto método para ocultar sustancias dentro de tablas de madera y fotografías de grandes cantidades de efectivo empaquetado. Los investigadores compararon esos troqueles con evidencia hallada en otros dispositivos.

Según el expediente, coincidían con los encontrados en el teléfono de Roberto Ibarra Arboleda, señalado como encargado de custodiar droga en una casa de seguridad de Calle Barquero, y con los hallados en un dispositivo atribuido a Jhon Mora Esquivel. Para los investigadores, esa coincidencia permite establecer una conexión entre Profe y la droga almacenada en ese inmueble.

El análisis de los dispositivos también abrió nuevas líneas sobre el alcance internacional de la supuesta organización. Los investigadores encontraron imágenes que, según la publicación, muestran coordinaciones para enviar contenedores de madera contaminados con cocaína hacia Hong Kong, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e India.

La investigación relaciona esos envíos con sociedades de José Francisco Guzmán Corrales y señala la colaboración logística de Mauricio Solano Quirós. El OIJ detuvo el pasado jueves a Solano, de 58 años, a quien los investigadores vinculan con los cargamentos enviados hacia Hong Kong.

Según el expediente, la estructura habría utilizado alrededor de 42 sociedades como actividades comerciales de fachada para introducir en la economía nacional recursos de supuesto origen ilícito. Los hijos de Profe figuran en varias de esas personas jurídicas.

El sector exportador costarricense vivió un impulso notorio entre enero y julio de 2026, alcanzando un volumen de USD 13,821 millones en ventas de bienes al exterior. Esa dinámica supuso un avance del 5% respecto al año previo y se acompañó de una redistribución hacia nuevos mercados, junto con una expansión en todas las regiones del país.

El equipo de precisión y médico continuó como el principal motor de las exportaciones, aportando USD 6,399 millones en el lapso analizado. El sector agrícola se consolidó en el segundo puesto, mientras que la industria alimentaria mostró una expansión superior al promedio general. También se observaron crecimientos en los sectores eléctricos, metalmecánicos, químicos y en la producción de caucho, así como en el rubro pecuario y pesquero.

Asia y Europa impulsaron la diversificación de mercados

Uno de los datos más llamativos del semestre fue el salto de las ventas hacia Asia, donde el crecimiento del 31% permitió sumar USD 240 millones adicionales y cerrar en USD 1,008 millones. En paralelo, Europa incrementó sus compras en un 10%, con un volumen total de USD 3,048 millones.

América del Norte se mantuvo a la cabeza como principal destino, absorbiendo casi la mitad de lo exportado, por un monto de USD 6,560 millones. Hacia América Central, el desempeño fue igualmente positivo, con un alza del 9%. Los envíos a América del Sur y el Caribe también reflejaron subas, aunque más moderadas.

Durante el periodo mencionado, Costa Rica logró colocar productos emblemáticos en mercados no tradicionales, como la Unión Europea y Argelia, lo que contribuyó a la expansión y diversificación comercial, según datos de la Promotora del Comercio Exterior y reportes de El Observador.

¿Qué productos lideraron el crecimiento?

El dinamismo exportador se reflejó en la lista de bienes que más contribuyeron al incremento de las ventas. La piña sumó USD 69 millones respecto al año anterior, mientras el banano añadió USD 59 millones más. A estos productos se unieron el oro en bruto, dispositivos médicos y jugos de frutas, todos con incrementos relevantes.

Entre los sectores con mayor crecimiento porcentual destacaron los productos eléctricos y electrónicos, con un salto del 22%. El sector plástico, en cambio, fue el único que mostró una reducción, con un descenso del 5% en sus exportaciones.

Adaptación y resiliencia en el comercio internacional

La gerente general de Procomer, Laura López, definió la reorientación de productos como el banano hacia nuevos destinos como una muestra de la capacidad del sector exportador costarricense para adaptarse ante cambios globales. López señaló: “El caso del banano es un buen ejemplo: ante variaciones en algunos destinos, el sector ha logrado redireccionar parte de su oferta y encontrar oportunidades en otros mercados”.

La funcionaria también destacó la importancia de diversificar los mercados: “Esa capacidad de diversificación es fundamental para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de nuestro sector exportador”, afirmó.

Durante el primer semestre de 2026, Costa Rica experimentó un crecimiento en sus exportaciones impulsado por la apertura de nuevos mercados, la fortaleza de sectores clave como el médico y agrícola, y la capacidad para responder con agilidad a las fluctuaciones del entorno comercial internacional, de acuerdo con informes de El Observador.

Zonas francas, regiones y nuevos destinos

En cuanto a los regímenes de exportación, las zonas francas mantuvieron su protagonismo con ventas por USD 9,309 millones, mientras que el régimen definitivo aportó USD 4,375 millones, ambos con variaciones positivas respecto a 2025.

El crecimiento no se limitó a un área geográfica, sino que se distribuyó por todo el territorio nacional. El Pacífico Central lideró el aumento porcentual, mientras que regiones como Brunca, Chorotega y Huetar Norte también reportaron avances. Las regiones Central y Huetar Atlántica registraron incrementos más moderados en términos relativos, pero significativos en valores absolutos.

La diversificación de mercados se reflejó en el buen desempeño de las exportaciones hacia destinos como Países Bajos, China, Honduras, Ecuador y República Dominicana. Según el informe, los envíos a Europa estuvieron impulsados principalmente por el banano, dispositivos médicos y piña, mientras que en Asia predominaron los dispositivos médicos, maquinaria para semiconductores y aparatos de medición eléctrica, de acuerdo a datos retomados por El Observador.

La gastronomía costarricense se convirtió en protagonista de uno de los programas de entretenimiento más reconocidos de Colombia. Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia tuvieron que enfrentarse al reto de preparar diferentes platillos inspirados en la cocina de Costa Rica, como parte de una estrategia que busca posicionar al país como destino turístico entre las audiencias colombianas y latinoamericanas.

El episodio especial fue estrenado la noche del 20 de agosto por RCN Colombia y también será retransmitido para Latinoamérica a través de Discovery Home & Health.

Durante la competencia, las celebridades contaron con apenas 50 minutos para replicar un menú costarricense compuesto por preparaciones tradicionales y reinterpretaciones de ingredientes propios del país.

Entre los platos seleccionados aparecieron el chifrijo con chicharrón de cerdo, arroz guacho de pollo, vigorón de pulpo, caldosa de pescado y camarón y chips de pejibaye.

La propuesta también incluyó opciones dulces como las denominadas “esferas precolombinas de Osa”, preparadas a base de cacao, y una cajeta con toronja.

El encargado de introducir a los concursantes en los sabores costarricenses fue el chef Santiago Fernández, quien explicó los ingredientes y procedimientos necesarios para elaborar cada receta.

Además de las indicaciones culinarias, Fernández compartió diferentes datos sobre Costa Rica con el propósito de contextualizar los productos, sabores y tradiciones presentados durante el programa.

La “sopa negra” también llegó a MasterChef

La presencia costarricense en el espacio televisivo había comenzado antes del episodio dedicado completamente al país.

La marca Esencial Costa Rica participó en la sección denominada “Masterclass”, dirigida por el chef y jurado Nicolás de Zubiría, quien mostró ante las cámaras el procedimiento para preparar una tradicional sopa negra costarricense.

Durante su intervención, el chef destacó la biodiversidad del país y la disponibilidad de diferentes productos agrícolas a lo largo del año.

La aparición en MasterChef forma parte de una estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para utilizar la gastronomía como una herramienta de promoción del país.

La institución considera que los sabores locales pueden funcionar como una puerta de entrada para presentar otros elementos asociados con Costa Rica, entre ellos su cultura, biodiversidad, tradiciones y estilo de vida.

Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT, señaló que la entidad ha buscado desarrollar nuevas formas de promocionar el destino entre viajeros internacionales.

“En el ICT siempre estamos en búsqueda de acciones promocionales innovadoras y la reciente alianza con el programa MasterChef Celebrity Colombia es una prueba de ello, motivando a los turistas a visitarnos y disfrutar de nuestra amplia variedad de sabores”, manifestó Borges.

El jerarca destacó además el peso que tiene la gastronomía al momento de elegir un destino turístico.

Según explicó, esta constituye uno de los principales motivadores de viaje a nivel mundial, razón por la cual el ICT busca despertar el interés de potenciales visitantes a través de experiencias vinculadas con la cocina nacional.

“Queremos antojar a los potenciales viajeros de Colombia y Latinoamérica a realizar un viaje a nuestro país, capaz de despertar todos sus sentidos para vivir experiencias inolvidables”, agregó Borges.

Ocho años de MasterChef Celebrity Colombia

La versión colombiana de MasterChef Celebrity acumula ocho años al aire y se ha convertido en uno de los espacios televisivos con mayor reconocimiento dentro de la programación de entretenimiento de ese país.

La temporada actual comenzó con 24 celebridades, provenientes de diferentes ámbitos como actuación, música, periodismo, presentación de televisión, comedia, deporte y creación de contenido digital.

Para el ICT, participar en un espacio con ese nivel de exposición ofrece la posibilidad de introducir la imagen de Costa Rica en conversaciones relacionadas no solamente con turismo, sino también con entretenimiento y cultura.

Heilyn James, coordinadora de Mercados Latinoamericanos del ICT, indicó que la alianza permitió fortalecer la estrategia de posicionamiento del país dentro del mercado colombiano.

“Vincularnos por primera vez con MasterChef Celebrity permitió que los atractivos de nuestro país formaran parte de conversaciones de alta afinidad para el público colombiano con temáticas como gastronomía, entretenimiento, cultura y turismo, generando una recordación de la marca Esencial Costa Rica”, explicó James.

Costa Rica busca atraer más turistas sudamericanos

Como complemento de la aparición televisiva, el ICT organizó una premier del episodio bajo el concepto “El sabor de descubrir Costa Rica”.

La actividad reunió a representantes de medios de comunicación, creadores de contenido, influenciadores, empresarios vinculados con el sector turístico colombiano y otros actores considerados estratégicos para la promoción del destino.

También asistieron Milena López, Sebastián Vega, Marcela Carvajal y Julieta Piñeres, quienes participaron en la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Durante el encuentro, los invitados pudieron degustar una experiencia gastronómica inspirada en Costa Rica, reforzando el componente culinario utilizado durante la campaña.

La promoción se produce además en un momento de crecimiento del flujo de viajeros provenientes de América del Sur.

De acuerdo con las cifras más recientes divulgadas por el ICT, entre enero y julio de 2026 ingresaron a Costa Rica por vía aérea 90,204 turistas procedentes de América del Sur.

El dato representa un incremento del 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó nuevos ajustes salariales para médicos especialistas que reciben salario compuesto y cuya remuneración se mantiene por debajo del Salario Global Definitivo, en una medida que contempla aumentos de hasta ₡350,000 (US$766) para la categoría G-2 y de hasta ₡753,856 (US$1,650) para las categorías G-3 a G-9.

La decisión fue tomada por la Junta Directiva de la CCSS y forma parte de una estrategia institucional dirigida a fortalecer la retención de médicos especialistas, uno de los grupos considerados críticos para garantizar la oportunidad, calidad y continuidad de los servicios de salud.

Los primeros incrementos comenzarán a reflejarse en las planillas a partir de noviembre de 2026, aunque en el caso de los Médicos Asistentes Especialistas clasificados como G-2 la aplicación será gradual y continuará hasta julio de 2027.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, indicó que la medida responde a una estrategia más amplia para enfrentar las necesidades de recurso humano especializado dentro de la institución.

“Esto es parte de los esfuerzos y de las estrategias que nosotros hemos ido complementando para hacer un abordaje integral”, afirmó Taylor.

La jerarca explicó que la Caja mantiene un monitoreo permanente sobre las necesidades de personal con el objetivo de anticipar requerimientos y tomar decisiones tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

La propuesta aprobada surgió a partir de un análisis técnico realizado por distintas instancias de la institución, que evaluaron las condiciones salariales de los profesionales y la necesidad de reforzar los mecanismos para evitar la salida de especialistas.

Además, antes de recibir el aval de la Junta Directiva, la iniciativa fue sometida a estudios de viabilidad financiera y actuarial.

Hasta ₡350,000 (US$766) adicionales para especialistas G-2

En el caso de los Médicos Asistentes Especialistas (G-2), la CCSS aprobó revaloraciones que podrán alcanzar hasta ₡350,000 (US$766) adicionales en el salario base, dependiendo de la situación particular de cada profesional.

La institución aclaró que no todos los médicos recibirán el mismo incremento, debido a que el ajuste dependerá de la diferencia existente entre la remuneración actual de cada trabajador y el Salario Global Definitivo.

Los aumentos para este grupo serán aplicados en tres etapas.

El primer ajuste regirá desde la primera bisemana de noviembre de 2026, el segundo se efectuará en febrero de 2027 y el tercero está previsto para julio de 2027.

El gerente médico de la institución, Marvin Palma Lostalo, sostuvo que la medida busca mejorar las condiciones ofrecidas a los especialistas y favorecer su permanencia dentro de la seguridad social.

“Este ajuste salarial forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la retención de los médicos especialistas y demás perfiles médicos categorizados a partir de G-2 dentro de la seguridad social”, indicó.

Palma agregó que “los primeros aumentos se reflejarán en las planillas a partir de noviembre y el proceso continuará de manera gradual durante el primer semestre de 2027”.

Según la CCSS, este esquema escalonado permitirá cerrar progresivamente la brecha existente entre los salarios compuestos de determinados profesionales y el monto establecido bajo el esquema de salario global.

Aumentos de hasta ₡753,856 (US$1,650) para categorías G-3 a G-9

La Junta Directiva también aprobó una revaloración salarial para los profesionales incluidos en las categorías G-3 a G-9.

En estos casos, el incremento podrá alcanzar hasta ₡753,856 (US$1,650) en el salario base, nuevamente dependiendo de las condiciones salariales particulares de cada trabajador.

A diferencia del esquema definido para los G-2, este ajuste comenzará a regir desde la primera bisemana de noviembre de 2026.

La medida también está dirigida exclusivamente a profesionales que mantienen un salario compuesto inferior al Salario Global Definitivo.

Según explicó la institución, la revaloración pretende además restablecer la progresividad de la estructura salarial contemplada en la Ley N.° 6836, que regula aspectos relacionados con la remuneración de los profesionales en ciencias médicas.

El gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado Chacón, explicó que la magnitud del aumento dependerá de la distancia que exista entre el salario actual del profesional y el monto que le correspondería bajo el esquema global definitivo.

En el caso de los especialistas G-2, señaló que la distribución en tres tractos permitirá avanzar de manera gradual hasta cerrar esa diferencia salarial.

CCSS asegura que los aumentos son sostenibles

Uno de los aspectos evaluados antes de aprobar los incrementos fue su impacto sobre las finanzas institucionales.

La Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS analizaron la capacidad de la institución para financiar las nuevas revaloraciones y determinaron que los ajustes pueden ser cubiertos sin comprometer la operación de los servicios.

“Estos ajustes propuestos para G-2 y para las categorías que van de G-3 a G-9 resultan financieramente viables en el corto y en el mediano plazo”, afirmó Picado.

Los estudios financieros y actuariales concluyeron, según la Caja, que el costo de los ajustes se mantiene dentro de las posibilidades de financiamiento institucional.

La institución aseguró además que la aplicación de las nuevas remuneraciones no pone en riesgo los gastos de operación ni las inversiones programadas dentro del Portafolio de Proyectos Institucional.

La decisión da continuidad a una estrategia que la CCSS comenzó a implementar en marzo de 2025, orientada a mejorar las condiciones económicas ofrecidas a especialistas y otros perfiles médicos.

El objetivo, de acuerdo con la institución, es ofrecer salarios ordinarios altamente competitivos para profesionales cuya permanencia resulta determinante para mantener la capacidad de atención en hospitales y otros establecimientos de salud.

La salida de especialistas detrás de la medida

La CCSS reconoció que los nuevos ajustes forman parte de las acciones adoptadas ante la salida de médicos especialistas de la institución.

La disponibilidad de estos profesionales ha sido uno de los principales desafíos para la seguridad social, debido a que numerosas especialidades requieren personal altamente capacitado y cuya sustitución no puede realizarse de manera inmediata.

La salida de especialistas puede impactar directamente en áreas como consultas externas, cirugías, procedimientos diagnósticos y atención hospitalaria, así como en los tiempos de espera de los pacientes.

Por ello, la Caja busca reducir las diferencias salariales existentes entre profesionales sometidos a distintos esquemas de remuneración y crear condiciones que favorezcan su permanencia.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica desplegó durante este fin de semana un amplio operativo policial en el cantón central de Cartago, con presencia de agentes por tierra y patrullajes desde el aire, como parte de una estrategia dirigida a prevenir delitos contra la vida y la propiedad y combatir el narcomenudeo.

La intervención reunió a oficiales de la Fuerza Pública, Policía Turística, Policía de Fronteras y Policía Municipal de Cartago, quienes realizaron incursiones y recorridos en diferentes comunidades del cantón, principalmente en aquellas que las autoridades han identificado como zonas de mayor incidencia delictiva.

El dispositivo buscó aumentar la presencia policial en puntos considerados estratégicos y mantener una vigilancia coordinada entre diferentes cuerpos de seguridad.

Mientras los agentes efectuaban controles, recorridos e intervenciones desde tierra, personal del Servicio de Vigilancia Aérea realizó sobrevuelos a bordo de un helicóptero para ampliar la capacidad de vigilancia.

Desde el aire, los oficiales buscaron detectar actividades sospechosas y brindar apoyo a los equipos que permanecían desplegados en distintos sectores del cantón.

La participación del helicóptero permitió que el dispositivo tuviera una cobertura simultánea desde tierra y aire, una modalidad utilizada para observar sectores de difícil supervisión desde las carreteras y responder con mayor rapidez ante movimientos considerados sospechosos.

Según Seguridad Pública, “la operación permitió fortalecer la presencia policial en diferentes sectores del cantón y mantener una vigilancia integral mediante el trabajo coordinado de las unidades terrestres y aéreas”.

Varias policías participaron en el despliegue

Uno de los elementos destacados de la operación fue la participación conjunta de diferentes cuerpos policiales.

La Fuerza Pública mantuvo presencia en comunidades del cantón central, acompañada por personal especializado de la Policía Turística y la Policía de Fronteras, además de agentes de la Policía Municipal de Cartago.

El trabajo conjunto permitió distribuir los recursos entre distintos sectores y reforzar los patrullajes en zonas donde las autoridades han identificado una mayor concentración de hechos delictivos.

El operativo tuvo entre sus prioridades la prevención de los delitos contra la vida, una categoría que incluye hechos como homicidios y otras agresiones graves, así como los delitos contra la propiedad.

También se estableció como uno de los objetivos centrales el combate al narcomenudeo, es decir, la distribución y comercialización de pequeñas cantidades de drogas dentro de comunidades y espacios públicos.

Este fenómeno suele ser abordado mediante operativos de vigilancia, controles de personas y vehículos, identificación de puntos de venta y seguimiento de movimientos considerados sospechosos.

Vigilancia desde un helicóptero

La operación tuvo un componente adicional con la participación del Servicio de Vigilancia Aérea, cuyos agentes efectuaron patrullajes sobre diferentes puntos del cantón desde un helicóptero.

Desde la aeronave, los oficiales podían mantener comunicación con las unidades terrestres y advertir sobre posibles situaciones que requirieran una intervención.

La vigilancia aérea también permitió ampliar el rango de observación y apoyar las incursiones realizadas simultáneamente por los agentes en las comunidades.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que el propósito era establecer una “vigilancia integral”, combinando las capacidades de las distintas policías presentes en el terreno con el apoyo de la aeronave.

El despliegue se desarrolló durante el fin de semana y forma parte de las operaciones con las que las autoridades pretenden reforzar la presencia institucional en zonas donde se han detectado mayores niveles de actividad delictiva.

La institución concentró su balance en el aumento de la presencia policial y en la coordinación entre las unidades desplegadas por tierra y el personal encargado de los patrullajes desde el aire.

El operativo deja así una imagen poco habitual para los habitantes del cantón central de Cartago: policías recorriendo comunidades simultáneamente con un helicóptero vigilando desde el cielo, dentro de una estrategia dirigida a reducir los delitos contra las personas y sus bienes y ejercer presión sobre actividades relacionadas con el narcomenudeo.

El Ministerio de Salud de Costa Rica hizo un llamado a reforzar las medidas de higiene para prevenir la hepatitis A, una enfermedad infecciosa que afecta el hígado y cuya transmisión ocurre principalmente a través del consumo de alimentos o bebidas contaminados, así como por el contacto directo con una persona infectada.

La advertencia se produce mientras las autoridades sanitarias mantienen en investigación brotes activos en Desamparados, Hatillo y Hospital, donde se realizan acciones de seguimiento epidemiológico y búsqueda de personas que puedan presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

De acuerdo con Salud, el virus de la hepatitis A, conocido como VHA, puede transmitirse cuando partículas contaminadas llegan a las manos y posteriormente entran en contacto con la boca, lo que convierte las prácticas básicas de higiene en una de las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio.

El periodo de incubación de la enfermedad es, en promedio, de 14 a 28 días, lo que implica que una persona puede haber adquirido el virus varias semanas antes de comenzar a presentar síntomas.

Las autoridades explicaron que la presentación de la enfermedad puede variar según la edad.

En niños pequeños, la infección puede ocurrir sin síntomas o manifestarse de manera leve. En cambio, entre adolescentes y adultos es más frecuente que aparezca un cuadro clínico evidente.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, malestar general, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

También pueden aparecer señales más características de una afectación hepática, como orina de color oscuro, heces claras y coloración amarillenta de la piel y de los ojos, condición conocida como ictericia.

Tres brotes permanecen bajo investigación

El Ministerio de Salud confirmó que actualmente se mantienen investigaciones epidemiológicas relacionadas con brotes activos de hepatitis A en Desamparados, Hatillo y Hospital, todos ubicados en la provincia de San José.

Las autoridades sanitarias no detallaron la cantidad de casos asociados con cada uno de estos brotes ni el número total de personas afectadas.

Sin embargo, indicaron que en las zonas involucradas se mantiene una búsqueda activa de personas con síntomas, además de investigaciones epidemiológicas destinadas a identificar posibles vínculos entre los casos y establecer medidas para limitar la propagación del virus.

El seguimiento también permite determinar si existen agrupaciones de casos relacionadas entre sí, identificar posibles fuentes de transmisión y orientar las medidas de prevención dirigidas a las personas que podrían haber estado expuestas.

La institución indicó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica de la hepatitis A y el seguimiento de los casos notificados en el país.

Lavado de manos, una de las principales medidas

Ante el escenario actual, Salud insistió en que una de las medidas más importantes es el lavado adecuado de manos con agua y jabón, especialmente después de utilizar el servicio sanitario y antes de preparar, manipular o consumir alimentos.

La institución también recomendó mantener limpios y desinfectados los servicios sanitarios, lavamanos y superficies de uso frecuente, debido a que la contaminación de manos y objetos puede facilitar la transmisión del virus.

Otra recomendación consiste en lavar correctamente los alimentos antes de consumirlos o utilizarlos para preparar comidas, así como mantener buenas prácticas de higiene durante todo el proceso de manipulación.

Las personas que presenten síntomas compatibles con hepatitis A deben además evitar preparar o manipular alimentos para otras personas, con el objetivo de disminuir la posibilidad de transmitir el virus.

Salud también pidió no compartir utensilios de alimentación ni objetos de uso personal y reforzar las medidas de limpieza dentro de los hogares cuando exista una persona enferma.

Cuándo acudir a un centro de salud

Las autoridades recomendaron buscar atención médica ante la aparición de síntomas que puedan estar relacionados con la enfermedad.

El Ministerio indicó que las personas que presenten estas manifestaciones deben acudir al establecimiento de salud más cercano, donde podrán ser valoradas y, en caso de ser necesario, incorporadas al seguimiento epidemiológico.

La hepatitis A se diferencia de otros tipos de hepatitis viral porque su propagación se encuentra estrechamente relacionada con las condiciones sanitarias, la higiene de manos y la manipulación de alimentos y bebidas.

Por esa razón, las autoridades insisten en que las acciones individuales pueden contribuir directamente a cortar las cadenas de transmisión.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará dando seguimiento a los casos notificados y realizando investigaciones para “identificar oportunamente posibles agrupaciones de casos y fortalecer las acciones de prevención y control”.

Mientras continúan las investigaciones en Desamparados, Hatillo y Hospital, la institución pidió a la población mantener especial atención a las medidas de higiene y consultar oportunamente ante la presencia de síntomas.

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, recibió el Premio Jerusalén, una distinción otorgada por el Centro Israelita Sionista (CIS) en reconocimiento a su labor para fortalecer la amistad, la cooperación y el diálogo entre Costa Rica e Israel.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Israelita Sionista de Costa Rica, con la participación de representantes de la comunidad judía y de la diplomacia israelí, quienes destacaron el respaldo expresado por el ministro costarricense hacia Israel y la comunidad judía durante los últimos años.

El galardón fue representado simbólicamente mediante un shofar, instrumento tradicional de la cultura judía, y busca distinguir el liderazgo y los valores que contribuyen a acercar sociedades, culturas y oportunidades de cooperación entre ambos países.

Como parte del homenaje al titular de Relaciones Exteriores, la organización Keren Kayemet realizó además la plantación de 18 árboles en Tierra Santa.

Entre los asistentes a la actividad estuvieron el rabino Itzak Prober; Gilbert Meltzer, presidente del Centro Israelita Sionista; Amin Majchel, expresidente de la organización, y la embajadora de Israel en Costa Rica, Maya Karmely Sommer.

Durante el acto, los representantes de la comunidad destacaron el papel desempeñado por Tovar y sus manifestaciones de apoyo en momentos que calificaron como especialmente difíciles para el pueblo judío.

Presidente de Israel envió mensaje a Costa Rica

La ceremonia contó también con un mensaje del presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, quien hizo referencia a la relación bilateral y resaltó la existencia de oportunidades para profundizar la cooperación entre los dos países.

Herzog caracterizó a Costa Rica e Israel como dos democracias que han conseguido establecer vínculos estrechos pese a tratarse de naciones relativamente pequeñas en términos territoriales y demográficos.

“Como dos democracias dinámicas, Costa Rica e Israel han desarrollado vínculos sólidos, vitales y mutuamente beneficiosos. Son una magnífica muestra de lo que puede hacerse posible cuando dos pueblos pequeños, creativos y llenos de recursos unen sus manos con un propósito compartido”, expresó el mandatario israelí.

En su mensaje, Herzog también agradeció las posiciones adoptadas por Costa Rica en momentos de especial tensión para Israel.

“Costa Rica ha estado al lado de Israel en nuestra hora más oscura y ha continuado apoyándonos con valentía y orgullo en favor de los valores de la democracia y la libertad, en un momento en que el extremismo amenaza con socavar lo mejor de nuestras sociedades”, añadió.

Las palabras del mandatario formaron parte de un reconocimiento que el CIS presentó como una muestra de agradecimiento por el impulso brindado desde la Cancillería costarricense a los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.

Costa Rica e Israel mantienen relaciones diplomáticas y han desarrollado durante décadas distintos mecanismos de cooperación en ámbitos como tecnología, innovación, agricultura, comercio, educación y conocimiento.

Tovar destacó aportes de la comunidad judía

Al recibir el reconocimiento, el canciller Manuel Tovar destacó las contribuciones realizadas históricamente por la comunidad judía en distintas áreas del conocimiento y de la actividad humana.

El ministro mencionó particularmente los aportes en campos como la ciencia, medicina, pensamiento, artes y economía, al tiempo que resaltó la capacidad de Israel para impulsar avances tecnológicos y científicos.

Tovar hizo además referencia al proceso de desarrollo experimentado por el Estado israelí y a su capacidad para convertir situaciones adversas en oportunidades de innovación.

“En pocas décadas ha demostrado al mundo que un país pequeño en territorio puede ser inmenso en ideas; que la adversidad puede convertirse en innovación; y que el conocimiento, la tecnología y el talento humano pueden transformar una nación y aportar enormemente a la humanidad”, manifestó.

El reconocimiento otorgado al canciller se produce en un contexto en el que el Gobierno costarricense ha resaltado públicamente la relación diplomática con Israel y las posibilidades de ampliar los espacios de colaboración bilateral.

El Premio Jerusalén busca reconocer precisamente a personas cuya actuación haya contribuido al acercamiento con Israel y al fortalecimiento de los vínculos con las comunidades judías.

En el caso de Tovar, el Centro Israelita Sionista subrayó su participación en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre ambos países, así como su respaldo a iniciativas destinadas a mantener una relación cercana entre las dos naciones.

La plantación de los 18 árboles realizada como parte del homenaje agregó un componente simbólico a la distinción. Dentro de la tradición judía, el número 18 posee una asociación con la palabra hebrea jai, vinculada con el concepto de vida.

La actividad concluyó con llamados a continuar desarrollando oportunidades de colaboración entre Costa Rica e Israel y a profundizar los intercambios en áreas en las que ambos países puedan compartir conocimiento y experiencias.

Un hombre de nacionalidad lituana fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, luego de que autoridades costarricenses localizaran más de tres kilos de cocaína ocultos dentro de su equipaje.

La operación fue desarrollada de manera conjunta por la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) durante el pasado fin de semana.

El sospechoso, identificado con el apellido Jouzapas, tiene 64 años y había ingresado a Costa Rica en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia. De acuerdo con la información policial, su destino final era Europa.

Los agentes antidrogas detectaron el cargamento luego de realizar labores de análisis y perfilamiento de pasajeros dentro de la terminal aérea, trabajo que contó además con apoyo del equipo tecnológico utilizado por el Servicio de Vigilancia Aérea.

Tras revisar el equipaje del extranjero, los oficiales encontraron 3,265 gramos de cocaína, equivalentes a poco más de 3.2 kilogramos.

La droga había sido acondicionada de una manera particular para intentar evadir los controles aeroportuarios: estaba distribuida en rollos cubiertos con plástico transparente y papel aluminio que simulaban ser papel para fax.

Además del estupefaciente, las autoridades decomisaron al pasajero USD 289 en efectivo.

Droga escondida entre el equipaje

El director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, explicó que el decomiso fue resultado del trabajo coordinado entre ambas instituciones dentro del principal aeropuerto internacional del país.

“La Policía de Control de Drogas y el Servicio de Vigilancia Aérea logramos el decomiso de más de tres kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, indicó Madden.

Según el jerarca policial, el cargamento había sido colocado dentro de una maleta y acondicionado con materiales que pretendían darle apariencia de un producto distinto.

“La droga estaba ubicada en una maleta y venía oculta en rollos cubiertos con plástico transparente y aluminio que simulaban ser papel para fax”, detalló.

La modalidad utilizada evidencia uno de los métodos empleados por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas para intentar trasladar pequeñas y medianas cantidades de cocaína mediante pasajeros que utilizan vuelos comerciales.

En este tipo de operaciones, las autoridades realizan análisis de rutas, comportamiento de viajeros, origen y destino de los vuelos, así como otros criterios utilizados para definir perfiles considerados de riesgo.

En este caso, las labores permitieron detectar al pasajero durante su paso por Costa Rica antes de que pudiera continuar su viaje hacia territorio europeo.

Procedente de Colombia y con destino a Europa

Madden confirmó que el detenido había llegado al país desde Colombia.

“Los oficiales de la Policía de Control de Drogas logramos la detención de esta persona de nacionalidad lituana que ingresó al país procedente de Bogotá, Colombia”, afirmó.

Tras el hallazgo de la cocaína, el extranjero fue detenido y posteriormente remitido a las autoridades judiciales.

“Esa persona fue puesta a la orden de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal”, agregó el director de la PCD.

El hombre quedó específicamente a disposición de la Fiscalía de Alajuela, donde enfrentará una investigación por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

La legislación costarricense establece sanciones penales para quienes transporten, almacenen, distribuyan, comercialicen o introduzcan drogas de uso no autorizado al territorio nacional, especialmente cuando las conductas forman parte de operaciones internacionales.

El caso se suma a los decomisos realizados por las autoridades costarricenses en aeropuertos y otros puntos de ingreso y salida del país, donde los cuerpos policiales mantienen controles dirigidos a detectar personas utilizadas como correos humanos o equipajes modificados para movilizar estupefacientes.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría constituye uno de los principales puntos de vigilancia por su volumen de pasajeros y por la amplia cantidad de conexiones internacionales que enlazan Costa Rica con destinos en América y Europa.

La investigación continuará ahora bajo dirección del Ministerio Público, mientras las autoridades intentan determinar aspectos como el origen exacto de la droga, quién entregó el cargamento al detenido, el país europeo al que pretendía trasladarlo y si existen otras personas vinculadas con la operación.

Un sismo de magnitud 5.3 registrado durante la madrugada de este lunes 24 de agosto sacudió gran parte de la región central de Costa Rica y dio inicio a una secuencia que, hasta las 2:00 p. m., acumulaba al menos 23 réplicas de magnitud 2,2 o superior, según información de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR).

El movimiento principal ocurrió a la 1:37 a. m., tuvo una profundidad aproximada de 7 kilómetros y fue localizado 10 kilómetros al norte de Cascajal de Coronado, en San José.

Apenas dos minutos después, los instrumentos registraron una réplica considerable, de magnitud 4.8, también a una profundidad cercana a los siete kilómetros.

Tanto el evento principal como esta segunda sacudida fueron ampliamente percibidos por la población de la región central del país. De acuerdo con la información recopilada por la RSN, las intensidades máximas alcanzaron valores de V a VI, suficientes para que los movimientos fueran sentidos con claridad en viviendas y otras edificaciones.

La actividad no terminó con esos dos movimientos. Durante las horas siguientes continuaron registrándose eventos de menor magnitud en las cercanías del punto donde ocurrió el sismo principal.

¿Qué provocó el sismo?

Los primeros análisis realizados por especialistas apuntan hacia el sistema de fallas Río Sucio como el posible origen de la secuencia sísmica.

Según explicó la RSN-UCR, la ubicación tanto del movimiento principal como de las réplicas presenta una estrecha correspondencia espacial con este sistema de fallamiento, conocido y estudiado desde hace varias décadas.

Las fallas Río Sucio fueron identificadas desde los años noventa por investigadores de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, mediante trabajos que incluyeron estudios con sensores remotos, reconocimientos de campo y análisis de la actividad sísmica asociada.

Otro de los elementos considerados por los especialistas es el denominado mecanismo focal del terremoto, herramienta que permite analizar la manera en que ocurrió el desplazamiento de las rocas durante el evento.

De acuerdo con la Red Sismológica, ese mecanismo también presenta características compatibles con el movimiento que históricamente ha sido identificado en este sistema.

Por estas razones, los especialistas consideran que existen elementos suficientes para asociar preliminarmente la secuencia sísmica de este lunes con el sistema de fallas Río Sucio.

La precisión es importante: la vinculación se realiza con carácter preliminar mientras continúa el análisis de los datos obtenidos durante las primeras horas posteriores al movimiento.

Una falla conocida de unos 30 kilómetros

El sistema de fallas Río Sucio no es una estructura desconocida para los especialistas costarricenses.

Tiene una extensión reconocida de aproximadamente 30 kilómetros y está compuesto principalmente por fallas de desplazamiento de rumbo, con una orientación hacia el noroeste y un alto ángulo de inclinación.

Este tipo de fallamiento implica que dos bloques de la corteza terrestre se desplazan predominantemente de manera horizontal uno respecto del otro.

La zona también cuenta con antecedentes recientes de actividad sísmica.

En agosto de 2023, por ejemplo, se registró un movimiento de magnitud 4,4, acompañado de varios eventos menores. Esa actividad ocurrió inmediatamente al norte del área donde se concentra la secuencia registrada este lunes.

Pero los antecedentes asociados con el sistema Río Sucio se remontan varias décadas.

Uno de los eventos históricos vinculados con estas estructuras es el terremoto de Patillos del 30 de diciembre de 1952, que alcanzó una magnitud de 5.9.

Más recientemente, el 30 de noviembre de 2016, ocurrió el sismo de Capellades, de magnitud 5.5, que también ha sido relacionado por los investigadores con este sistema de fallamiento.

Estos antecedentes muestran que la zona donde ocurrió el movimiento de este lunes forma parte de un entorno geológico con capacidad para generar actividad sísmica perceptible en sectores densamente poblados del centro del país.

Réplicas podrían continuar durante varios días

La pregunta después de un sismo de esta magnitud es qué podría ocurrir durante las próximas horas.

La RSN-UCR indicó que el comportamiento registrado hasta ahora es compatible con una secuencia sísmica típica, caracterizada por un evento principal seguido de una serie de movimientos de menor magnitud.

Por esa razón, es esperable que continúen produciéndose réplicas durante las próximas horas e incluso días.

Sin embargo, en este tipo de secuencias lo habitual es que la frecuencia de los movimientos vaya disminuyendo progresivamente con el paso del tiempo.

Hasta las 2:00 p. m. de este lunes, los especialistas habían contabilizado 23 réplicas con magnitudes iguales o superiores a 2,2, aunque la vigilancia continúa permanentemente.

La Red Sismológica recordó además que Costa Rica es un país con alta actividad sísmica, debido tanto al proceso de subducción de las placas tectónicas frente a sus costas como a la existencia de numerosas fallas activas distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional.

Esta combinación provoca que los movimientos telúricos sean frecuentes y que el monitoreo instrumental constituya una herramienta fundamental para determinar su localización, magnitud, profundidad y posible origen.

La RSN-UCR mantiene vigilancia continua sobre la secuencia de Coronado y aseguró que actualizará la información conforme los especialistas dispongan de nuevos datos y análisis sobre el comportamiento de la actividad.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acordó este lunes 24 de agosto impulsar acciones administrativas y legales para intentar impedir una reducción de ₡23,722 millones (USD 52.48 millones) al presupuesto del Poder Judicial correspondiente a 2026, una medida que, según autoridades judiciales, podría afectar directamente la investigación criminal, la persecución penal y la prestación de otros servicios durante los últimos meses del año.

La decisión fue adoptada por Corte Plena, que autorizó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a realizar las gestiones que considere pertinentes frente al recorte que el Ministerio de Hacienda pretende incorporar mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido en la Asamblea Legislativa.

Los recursos involucrados ya forman parte del presupuesto aprobado para 2026 y corresponden a partidas relacionadas con la operación institucional durante lo que resta del año.

Entre las dependencias afectadas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción, con ₡9,536.3 millones (USD 21.10 millones), situación que generó preocupación entre integrantes de la Corte por las posibles consecuencias para las labores policiales y de investigación criminal.

La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, advirtió que, independientemente del resultado final de la discusión legislativa, la tramitación del recorte ya tendría repercusiones sobre la capacidad institucional para ejecutar los recursos previstos.

“Lamentablemente, a esta altura del año y bajo la dinámica de un presupuesto extraordinario, el daño está hecho”, afirmó Romero.

La funcionaria explicó que existen dos posibles escenarios. El primero es que la modificación presupuestaria continúe su trámite y finalmente se materialice la reducción, lo que, a su criterio, provocaría “una afectación a la operativa del Poder Judicial y finalmente a la ciudadanía”.

El segundo escenario sería que el Ministerio de Hacienda presente el ajuste ante el Congreso y que posteriormente las diputaciones determinen que la reducción no resulta viable.

Sin embargo, Romero señaló que incluso bajo esa posibilidad existiría un problema relacionado con el tiempo disponible para utilizar los fondos.

“Cuando eso se dé adelante, ya en este año presupuestario, pues va a ser muy difícil revertir el efecto, porque la plata hasta que eso se decida va a estar congelada y ya el periodo para ejecutar los recursos va a ser insuficiente”, sostuvo.

Según la directora ejecutiva, esta situación podría traducirse en una subejecución presupuestaria y dificultar la atención de necesidades que la institución tenía previstas para los últimos meses de 2026.

Advertencia por impacto en lucha contra el crimen organizado

Durante la discusión, el magistrado Gerardo Rubén centró sus cuestionamientos en las consecuencias que, según indicó, podría generar una disminución de recursos para las instituciones vinculadas con el sistema de justicia penal.

El magistrado sostuvo que 2026 ha sido un año particularmente relevante en el combate contra el crimen organizado y defendió el papel desempeñado por las distintas dependencias judiciales.

“Este año ha sido un año fundamental en la lucha contra el crimen organizado y esa lucha se ha dado de manera primordial desde el Poder Judicial”, manifestó.

Rubén mencionó específicamente las funciones desarrolladas por el OIJ, el Ministerio Público, los jueces y juezas y la Defensa Pública, todos componentes que podrían enfrentar limitaciones presupuestarias.

“Un recorte para el sistema de justicia penal, para la investigación desde el Organismo de Investigación Judicial, para la persecución desde la Fiscalía, para la jurisdicción desde los jueces y juezas, para la Defensa Pública, nos significa un impacto que tendría consecuencias casi desastrosas”, señaló.

El magistrado también relacionó la disponibilidad de recursos con la capacidad de las autoridades para mantener las operaciones contra grupos criminales durante el último cuatrimestre del año.

“Hoy hemos logrado que se disminuya el número de homicidios. Hoy hemos desarticulado bandas. Pero ¿qué va a pasar en este último cuatrimestre si no tenemos fondos para que nuestros policías, para que nuestros jueces, para que nuestros fiscales y para que nuestros defensores sigan en ese combate?”, cuestionó.

Magistrados constitucionales se abstuvieron

Las magistraturas integrantes de la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en la votación adoptada este lunes por Corte Plena.

La decisión respondió a que la controversia alrededor del presupuesto y las eventuales acciones legales emprendidas por el Poder Judicial podrían terminar siendo conocidas por la propia Sala Constitucional, por lo que sus integrantes optaron por mantenerse al margen de la decisión.

Con el acuerdo aprobado, la Presidencia de la Corte queda facultada para valorar y emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para impedir la reducción de ₡23,722 millones (USD 52.48 millones), mientras el eventual presupuesto extraordinario continúa el proceso correspondiente.

El choque presupuestario se produce, además, cuando las autoridades judiciales sostienen que requieren mantener recursos disponibles durante los meses restantes del año para garantizar la operación de las diferentes dependencias y, particularmente, las tareas relacionadas con la seguridad y la investigación del crimen organizado.

Costa Rica atravesó un violento fin de semana con al menos 10 personas asesinadas entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, de acuerdo con reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Cruz Roja Costarricense.

Nueve de las 10 víctimas murieron por heridas provocadas con armas de fuego, mientras que una mujer fue asesinada con un objeto cortante en el centro de San José.

La jornada más violenta fue la del domingo 23 de agosto, con seis homicidios, tres de ellos ocurridos solamente en la provincia de Cartago.

Cuatro asesinatos durante el sábado

Uno de los primeros hechos ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m. del sábado en Pacto del Jocote, Alajuela, donde un hombre de apellido Oviedo, de 47 años, fue atacado mientras se encontraba en vía pública.

Según el reporte preliminar del OIJ, sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon contra la víctima. En la escena, los investigadores localizaron cerca de 10 indicios balísticos.

Menos de una hora después, aproximadamente a las 2:18 a. m., otro hombre fue asesinado en Catedral, San José. La víctima, de apellido Quesada y 40 años, se encontraba fuera de un establecimiento comercial cuando dos personas que viajaban en motocicleta presuntamente le dispararon.

El hombre sufrió impactos en el tórax y la cabeza y falleció en el sitio.

Minutos después ocurrió otro homicidio en el centro capitalino. Una mujer murió tras ser atacada con un cúter durante una discusión en las cercanías del Banco Nacional, en el distrito de Merced.

La alerta fue recibida aproximadamente a las 2:32 a. m. y los paramédicos encontraron a la víctima con una profunda herida en el tórax. El OIJ indicó preliminarmente que la agresión se produjo después de una discusión en vía pública.

La violencia continuó durante la noche. A las 6:47 p. m., una balacera contra un grupo de personas en San Felipe de Alajuelita dejó a un hombre muerto y otras tres personas heridas.

La víctima fue posteriormente identificada como un hombre de apellido Astua, de 38 años. De acuerdo con las primeras informaciones, los atacantes habrían pasado en una motocicleta y disparado contra varias personas que permanecían en la vía pública.

El domingo dejó seis muertos

La madrugada del domingo comenzó con otros dos homicidios separados por apenas minutos.

A eso de las 2:30 a. m., una persona que transitaba por El Fierro, en San Rafael de La Unión, Cartago, encontró el cuerpo de un joven de aproximadamente 20 años tendido sobre la vía pública.

La víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza, según el informe preliminar del OIJ.

Prácticamente a la misma hora, en Puntarenas centro, fue asesinado un hombre de apellido West, de 31 años, dentro de un bar ubicado en el Paseo de los Turistas.

Un sujeto armado ingresó a la segunda planta del establecimiento y disparó directamente contra él. West recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió en el lugar. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad.

La violencia se trasladó nuevamente a Cartago durante la tarde.

Poco después de las 3:00 p. m., un ataque armado en La Laguna de Paraíso dejó muerto a Alvarado Pacheco, de 23 años, mientras que otro joven de apellidos Gómez Cornejo, de 20, quedó gravemente herido.

El agresor descendió de un vehículo y se aproximó a las víctimas antes de efectuar múltiples disparos, una secuencia que quedó registrada en cámaras de seguridad.

Apenas unas dos horas después se produjo un nuevo homicidio en Cocorí de Aguacaliente, Cartago. Un joven que se desplazaba en una bicimoto fue interceptado en las cercanías de una plaza de deportes y recibió múltiples disparos.

La Cruz Roja lo encontró sin signos vitales. Con ese caso, Cartago llegó a tres homicidios solamente durante el domingo: La Unión durante la madrugada, Paraíso durante la tarde y Cocorí pocas horas después.

Dos mujeres asesinadas cerraron una jornada violenta

Uno de los episodios más graves ocurrió aproximadamente a las 6:43 p. m. del domingo en Calle Lajas, San Rafael Arriba de Desamparados, donde dos mujeres fueron acribilladas.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, ambas víctimas se encontraban sin signos vitales y presentaban múltiples heridas provocadas por arma de fuego.

Información divulgada posteriormente indicó que una de las mujeres estaba embarazada y participaba en una actividad familiar relacionada con la revelación del sexo de su bebé cuando se produjo el ataque. La segunda fallecida aparentemente sería su hermana, aunque ese parentesco no había sido confirmado inicialmente por las autoridades.

Los primeros reportes indicaban que un único atacante habría ejecutado la agresión.

De esta manera, el recuento del fin de semana deja cuatro homicidios el sábado y seis el domingo, para un total preliminar de 10 víctimas.

La distribución también muestra una particular concentración de la violencia en Cartago, con cuatro fallecidos; San José, con cuatro —dos en el centro capitalino, uno en Alajuelita y dos mujeres en Desamparados, considerando que el episodio de Desamparados dejó dos víctimas y ajustando el total provincial—; Alajuela, con una víctima, y Puntarenas, con otra.

El nuevo episodio ocurre mientras las cifras nacionales muestran una reducción frente a 2025, pero con zonas donde la tendencia se ha comportado de manera diferente. Cartago acumula 50 homicidios al 24 de agosto, frente a 38 durante el mismo periodo del año anterior, según estadísticas del OIJ divulgadas antes de los crímenes de este fin de semana.

Las áreas de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura concentran el 56% de la preferencia vocacional de los jóvenes costarricenses que participaron en una encuesta realizada durante 2026, un resultado que evidencia el peso que tienen las carreras vinculadas con la salud, la ciencia, la tecnología y la innovación entre las nuevas generaciones.

El estudio fue aplicado a los 1,214 estudiantes de colegio inscritos en la V edición de la Competencia Nacional de PLASMA, iniciativa que busca acercar a los jóvenes a distintas áreas profesionales mediante experiencias de exploración vocacional.

De acuerdo con los resultados, el 29.65% de los participantes manifestó interés en estudiar una carrera relacionada con Ciencias de la Salud, mientras que el 26.36% se inclinó por Ingeniería y Arquitectura.

Ambas áreas se ubican muy por encima de otras opciones académicas. Ciencias Sociales registró un 4.94% de preferencia; Ciencias de la Educación, un 2.8%; Ciencias Exactas, un 2.22%, y Letras, apenas un 0,25%.

Para Llobelky Hasbun, encargada de las Competencias PLASMA, la concentración de las preferencias en estas dos áreas refleja una transformación en la manera en que los jóvenes visualizan su futuro profesional.

“Más del 50% de la población inscrita en Plasma tiene intereses concentrados en dos grandes áreas. Esto nos dice dos cosas: que la conversación pública sobre STEM y salud está permeando en las decisiones de las nuevas generaciones, pero también que otras áreas fundamentales para el desarrollo del país están quedando al margen de las preferencias vocacionales de los jóvenes”, afirmó Hasbun.

Las habilidades blandas también ganan terreno

El sondeo no se limitó a identificar las carreras que despiertan mayor interés. También preguntó a los estudiantes qué competencias les gustaría desarrollar durante este proceso de exploración vocacional.

Los resultados muestran que 39.7% de los consultados manifestó interés en fortalecer competencias no técnicas, incluso por encima de conocimientos académicos tradicionales.

Entre las habilidades más mencionadas aparecen el trabajo en equipo y el liderazgo, seguidos por pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y hablar en público, toma de decisiones y autoconocimiento, además de habilidades blandas generales y capacidad para trabajar bajo presión.

Hasbun considera que esta percepción de los estudiantes coincide con las transformaciones que experimenta actualmente el mercado laboral.

“Los datos coinciden con lo que se está viendo en el mercado laboral costarricense: los empleadores priorizan cada vez más las competencias transversales sobre los contenidos técnicos”, sostuvo.

Según la encargada de PLASMA, el hecho de que los propios estudiantes identifiquen estas habilidades como necesarias representa una oportunidad para fortalecerlas desde las etapas previas al ingreso universitario.

“La buena noticia es que los propios jóvenes lo están captando y justamente es parte fundamental de lo que buscamos fortalecer durante las competencias PLASMA”, agregó.

Educación queda rezagada entre las preferencias

Uno de los datos que más llama la atención en la encuesta corresponde al interés por las carreras relacionadas con Ciencias de la Educación.

Apenas 2.8% de los estudiantes señaló esta área entre sus preferencias, convirtiéndola en la penúltima opción del listado analizado, únicamente por encima de Letras, que obtuvo un 0,25%.

El resultado adquiere especial relevancia al compararlo con el panorama educativo nacional. El último Informe Estado de la Educación, elaborado por CONARE en 2025, documentó una profunda crisis en el sistema educativo costarricense y señaló, además, que Educación ha sido históricamente una de las áreas con mayor cantidad de titulaciones en universidades privadas.

Para Daniel Ortiz, orientador vocacional de PLASMA, los resultados deben interpretarse como una oportunidad para acompañar a los estudiantes antes de que tomen una decisión definitiva sobre su futuro.

“Estos datos son justamente la razón por la que existe PLASMA. Los jóvenes están mostrando con claridad hacia dónde quieren ir, y nuestro trabajo es acompañarlos a explorar esas áreas de interés vocacional antes de que tomen una decisión definitiva”, explicó.

Ortiz destacó que los intereses identificados por los estudiantes también muestran una inclinación hacia áreas vinculadas con las necesidades que plantea la transformación tecnológica y productiva.

“Es una señal positiva que los estudiantes tengan intereses tan claros en áreas de alto impacto para el país como salud, ingeniería y las habilidades del futuro lo cual calza con las demandas de la cuarta revolución industrial”, añadió.

Jóvenes están en el momento decisivo

Otro de los hallazgos del sondeo está relacionado con la edad de los participantes. El 85.6% tiene entre 16 y 18 años, precisamente una etapa en la que muchos estudiantes deben comenzar a definir qué carrera universitaria desean estudiar.

Además, el 43.5% cursa undécimo grado, último año de la educación secundaria y un periodo determinante para quienes se preparan para ingresar a la universidad.

Esto significa que una parte importante de los participantes pertenece a la generación que podría comenzar sus estudios superiores entre 2027 y 2028.

Para PLASMA, estos datos refuerzan la necesidad de que los procesos de orientación vocacional ocurran antes de que los jóvenes deban tomar decisiones académicas definitivas.

“Estamos llegando a los jóvenes en el momento exacto en que necesitan explorar antes de decidir”, afirmó Ortiz.

La competencia busca precisamente que los estudiantes tengan contacto con situaciones similares a las que podrían encontrar en una carrera o profesión. De acuerdo con el orientador, los participantes pueden vivir experiencias reales en cuatro áreas profesionales, resolver retos concretos y trabajar en equipo con expertos del sector antes de matricular una carrera universitaria.

“Ese contacto directo con la vocación es lo que marca la diferencia entre elegir a ciegas y elegir con criterio”, concluyó Ortiz.

Los resultados del sondeo ofrecen así una fotografía de las aspiraciones de una parte de los jóvenes que se encuentran a las puertas de la educación superior.

El ingreso de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, al ámbito del sicariato aparece documentado en 2015, cuando la Fiscalía sostiene que ambos formaron parte de una estructura criminal dedicada a ejecutar homicidios por encargo.

Los registros judiciales atribuyen a este grupo la planificación y realización de al menos dos asesinatos por motivos de venganza y a cambio de pagos específicos.

La investigación señala que el primer caso se originó tras un robo ocurrido en diciembre de 2014 en Palmitas de Cariari, donde varias personas sustrajeron ¢20 millones (aproximadamente USD 38,000) y, de acuerdo con la acusación, diez kilogramos de cocaína.

Las víctimas del robo habrían recurrido a la organización vinculada con “Diablo” y “Tan” para buscar represalias, lo que derivó en el ofrecimiento de ¢2 millones (aproximadamente USD 3,800) a los presuntos sicarios. El 16 de enero de 2015, el grupo habría recibido ¢1 millón (alrededor de USD 1,900) como adelanto.

De acuerdo con el expediente, el 21 de enero se reunieron para afinar detalles y, al día siguiente, contactaron a la víctima bajo el pretexto de un falso asalto. En la zona de Ticabán, la privaron de libertad y la trasladaron hasta El Encanto, donde fue retenida y, finalmente, asesinada con un arma tipo AK-47. El cuerpo fue quemado casi en su totalidad, según consta en el documento judicial, con el objetivo de eliminar pruebas.

El segundo homicidio y la mecánica del grupo

En marzo de 2015, la estructura criminal habría sido nuevamente contactada para ejecutar otro asesinato, esta vez en Matina, provincia de Limón. Según la reconstrucción citada por El Observador, la reunión para acordar el encargo se realizó en San José, frente a un restaurante cercano a las paradas de autobuses Guapileños. Allí, los implicados discutieron la identidad del objetivo y establecieron un pago de ¢6 millones (alrededor de USD 11,400), con un adelanto de ¢1.5 millones (aproximadamente USD 2,850).

La acusación indica que el grupo realizó seguimientos a la víctima, un comerciante de vidrios, durante varios días. El 30 de marzo, una mujer —aún no identificada— llamó al local de la víctima para solicitar un servicio en el sector Goly de Matina. Cuando el hombre se desplazó al lugar junto a un menor, dos sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo y uno de ellos disparó con un AK-47, impactando al conductor en la cabeza.

El documento judicial señala que los atacantes actuaron a pesar del riesgo para el menor, quien estaba en el asiento del acompañante, dejando constancia de la peligrosidad atribuida al grupo.

Prisión preventiva y contexto judicial

Tras los hechos, Arias Monge y Pérez Méndez fueron detenidos el 24 de julio durante un operativo en San Bernardino de Sarapiquí, en el que varios agentes judiciales resultaron heridos. Desde entonces, ambos permanecen bajo prisión preventiva en La Reforma, en un régimen de máxima seguridad.

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada aceptó la solicitud del Ministerio Público para tramitar el expediente en esa jurisdicción y amplió seis meses la medida cautelar para ambos imputados, quienes inicialmente enfrentaban periodos de tres y cinco meses de prisión preventiva, respectivamente.

La causa penal describe que la estructura a la que se vincula a los acusados tenía capacidad para operar en distintas regiones del país y utilizaba métodos violentos, armas de alto calibre y recursos logísticos para ejecutar los hechos. Además, se les relaciona con actividades como tráfico de drogas, venta ilegal de lotería y contrabando de licor y cigarrillos, según datos de El Observador.

La DEA de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 500,000 por la captura de Arias Monge. Este dato figura en la documentación citada en el expediente. Actualmente, el proceso judicial se desarrolla en la jurisdicción especializada, mientras las autoridades siguen recabando pruebas y los acusados permanecen bajo detención en un régimen de máxima seguridad.

El comportamiento del dólar y de las tasas de interés en Costa Rica apunta hacia un escenario de mayor estabilidad durante el segundo semestre de 2026, una situación que podría brindar a los consumidores un margen adicional para analizar sus decisiones financieras antes de ahorrar, solicitar un préstamo o modificar las condiciones de un producto bancario.

De acuerdo con un análisis elaborado por la Tesorería de DAVIbank, el escenario más probable contempla fluctuaciones moderadas y estabilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, la evolución del dólar continuará expuesta a distintos factores nacionales e internacionales, entre ellos las tasas de interés internacionales, la inversión extranjera directa, las exportaciones y las condiciones de la economía global.

En este contexto, la estabilidad cambiaria no significa que todas las personas deban optar por ahorrar o endeudarse en dólares. Por el contrario, especialistas recomiendan analizar primero la situación particular de cada hogar y, especialmente, la moneda en la que se generan los ingresos.

Rodolfo Herrera, presidente ejecutivo de DAVIbank, considera que el ahorro debe mantenerse alineado con la realidad financiera de cada persona.

“Siempre es un buen momento para empezar a ahorrar”, señaló Herrera, quien recomienda hacerlo, en términos generales, en la misma moneda en la que se perciben los ingresos, con el objetivo de reducir la exposición ante eventuales variaciones futuras del tipo de cambio.

¿Ahorrar en colones o en dólares?

La elección de la moneda para ahorrar dependerá, entre otros aspectos, del objetivo que tenga la persona, sus ingresos y los gastos que proyecte realizar.

Según DAVIbank, quienes buscan fortalecer sus ahorros durante los próximos seis meses pueden valorar diferentes características de cada alternativa. El ahorro en colones suele ofrecer tasas de interés más competitivas, mientras que mantener recursos en dólares puede representar una alternativa de mayor estabilidad para quienes reciben sus ingresos o tienen gastos previstos en esa moneda.

La recomendación, por tanto, no consiste simplemente en elegir la moneda que presente una determinada tasa de interés en un momento específico, sino en analizar el propósito del ahorro y el horizonte de tiempo.

La evolución del dólar seguirá dependiendo de variables que pueden cambiar durante los próximos meses. Por esa razón, una diferencia temporal en el tipo de cambio no necesariamente representa una razón suficiente para trasladar los ahorros de una moneda a otra.

La misma regla aplica para los créditos

La moneda también es una de las principales decisiones que debe tomar una persona antes de solicitar un financiamiento.

Herrera recomienda que la moneda del crédito coincida con aquella en la que se reciben los ingresos, de manera que el deudor reduzca el riesgo de que una variación cambiaria incremente el costo de sus cuotas.

Además, el análisis debe incluir otros dos elementos: la capacidad de pago y el plazo del préstamo.

“Al solicitar un crédito es fundamental priorizar decisiones basadas en la capacidad de pago a largo plazo y no únicamente en diferencias temporales del tipo de cambio o las tasas de interés”, explicó el presidente ejecutivo de DAVIbank.

La recomendación cobra relevancia especialmente para quienes comparan créditos en colones y dólares únicamente a partir de la cuota inicial. Una mensualidad más baja en determinado momento no necesariamente significa que el financiamiento sea menos costoso o represente un menor riesgo durante todo el plazo.

Por ello, antes de firmar un crédito es necesario considerar cómo se comportaría la cuota ante escenarios adversos y si los ingresos del hogar permitirían mantener el pago sin comprometer otras necesidades.

¿Cuánto de los ingresos debería destinarse a las cuotas?

Otro de los puntos señalados por DAVIbank está relacionado con el nivel de endeudamiento.

Herrera aconseja evitar que una proporción excesiva de los ingresos mensuales se destine al pago de préstamos y recomienda mantener un margen que permita enfrentar imprevistos.

“Lo ideal es que el total de sus cuotas de los créditos no supere entre un 30% y un 35% del ingreso neto mensual personal o familiar, para mantener el equilibrio en las finanzas”, agregó.

Este porcentaje puede funcionar como una referencia para evaluar si un nuevo crédito tendría espacio dentro del presupuesto familiar, aunque cada caso debe analizarse considerando ingresos, gastos fijos, otras deudas y capacidad de ahorro.

La recomendación también busca evitar que una variación inesperada en los ingresos o en las condiciones económicas genere dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

¿Conviene cambiar un ahorro o crédito de moneda?

Los movimientos en las tasas de interés, los cambios prolongados en el tipo de cambio o una modificación en los ingresos pueden llevar a algunas personas a considerar el traslado de sus productos financieros de una moneda a otra.

Sin embargo, DAVIbank recomienda no tomar esta decisión únicamente por movimientos temporales del dólar o diferencias puntuales en las tasas de interés.

Antes de realizar un cambio, el consumidor debería revisar las condiciones actuales del producto y compararlas con las nuevas obligaciones que asumiría.

Entre los aspectos que deben revisarse se encuentran los costos por conversión de moneda, las comisiones bancarias, las penalidades por cancelación anticipada y las condiciones asociadas al nuevo producto o eventual refinanciamiento.

También es necesario determinar si el ingreso mensual permitiría afrontar el nuevo escenario en caso de que el tipo de cambio se comporte de manera desfavorable.

En otras palabras, una decisión que parece beneficiosa en el corto plazo puede generar un mayor costo si las condiciones cambian posteriormente.

La estabilidad no elimina los riesgos

El escenario de mayor estabilidad previsto para el segundo semestre puede facilitar la planificación financiera, pero no elimina la necesidad de tomar precauciones.

La evolución del dólar continuará vinculada a factores internacionales y nacionales que pueden generar movimientos inesperados. Por ello, tanto para ahorrar como para solicitar un crédito, la recomendación central es analizar la moneda de los ingresos, la capacidad de pago, el plazo y los objetivos financieros antes de tomar una decisión.

Para quienes ya tienen un ahorro o un préstamo y consideran modificar su moneda, también resulta conveniente revisar todos los costos asociados al cambio y realizar una comparación de largo plazo.

Ante dudas sobre las condiciones de un producto financiero, DAVIbank recomienda buscar asesoría antes de modificar un ahorro o crédito, de manera que la decisión responda a las necesidades, posibilidades y objetivos de cada persona o familia.

En un escenario de dólar más estable, la oportunidad no está necesariamente en apostar por una moneda específica, sino en tomar decisiones financieras que puedan sostenerse incluso si las condiciones económicas vuelven a cambiar.

La bancada de Pueblo Soberano impulsa una modificación que restablecería la versión original del proyecto de jornadas 4×3. Esta decisión supondría dejar sin efecto dos reformas aprobadas en los últimos meses, y generaría una pausa en el trámite legislativo mientras el nuevo texto pasa a consulta institucional.

Entre las reformas que se busca revertir figura la posibilidad, introducida en diciembre de 2025, de que cada trabajador decida individualmente si acepta laborar bajo una jornada de 12 horas. Esta cláusula sería eliminada a partir de una solicitud presentada por cámaras empresariales.

De acuerdo con CR Hoy, otra de las modificaciones que el oficialismo pretende retirar corresponde a la reforma aprobada en febrero de 2026. Esta última había establecido que los excedentes que surgieran después de las liquidaciones anuales del seguro de riesgos del trabajo —administrado por el Instituto Nacional de Seguros— fueran destinados a una reserva de reparto para financiar programas y proyectos del Consejo de Salud Ocupacional.

El proyecto conservaría su estructura principal: cuatro días seguidos de trabajo por tres de descanso. Para la jornada nocturna, la proporción sería de tres días laborados y cuatro de reposo. El texto original prevé una jornada excepcional de hasta 12 horas diarias, pero solo para sectores concretos como la manufactura tecnificada, la industria de implementos médicos, los servicios de apoyo y los servicios corporativos con operaciones en diferentes zonas horarias.

Condiciones para aplicar la jornada excepcional

La propuesta mantiene beneficios económicos adicionales para quienes trabajen en la modalidad extendida. Se estipula un pago adicional del 17% en turnos diurnos o mixtos y del 25.5% en las jornadas nocturnas. Además, el texto contempla 90 minutos diarios para alimentación y descanso, que se computan como tiempo efectivo de trabajo.

El cambio de jornada tendría que ser voluntario y formalizarse por escrito. El empleador no podría imponer la modalidad ni tomar represalias contra quienes rechacen la modificación. El esquema no podrá aplicarse en actividades pesadas, peligrosas o insalubres, ni en el caso de menores de edad, mujeres embarazadas o personas que se encuentren en período de lactancia.

Según CR Hoy, la normativa también obliga a las empresas que implementen la jornada excepcional a adoptar medidas para prevenir la fatiga laboral y a realizar controles de salud ocupacional. Cuando el horario impida el uso del transporte público regular, el empleador deberá facilitar el traslado de los trabajadores.

Procedimiento y consultas institucionales

Las empresas que deseen implementar la jornada excepcional deberán presentar estudios técnicos ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. Solo podrán aplicar el modelo si obtienen la aprobación de la entidad, que verificará el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas por la normativa.

En caso de que el Plenario apruebe la moción de texto sustitutivo, el análisis del proyecto quedará suspendido de manera temporal. El nuevo texto deberá remitirse a consulta de instituciones públicas antes de volver al trámite legislativo.

El procedimiento de consulta puede extenderse hasta ocho días hábiles, con posibilidad de prórroga. Durante este tiempo, la vía rápida para el tratamiento legislativo quedaría pausada y los diputados continuarían con otros expedientes incluidos en la agenda del Plenario.

Al finalizar el período de consultas, el proyecto regresaría al Congreso para la reanudación del debate legislativo.

Dos fuertes movimientos sísmicos sacudieron Costa Rica durante la madrugada de este lunes 24 de agosto, con epicentro en las cercanías de Vázquez de Coronado, en San José, y dieron paso a una secuencia de al menos 30 réplicas durante las horas posteriores.

El primero y más fuerte ocurrió a la 1:37 a. m. La Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su reporte revisado, determinó que alcanzó una magnitud de 5,4 Mw, tuvo una profundidad de 7 kilómetros y se originó 11 kilómetros al norte de Cascajal, en Vázquez de Coronado.

Apenas dos minutos después, a la 1:39 a. m., otro fuerte movimiento volvió a sentirse en el centro del país. La RSN estableció para este segundo evento una magnitud de 4,8 Mw, una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro situado 10 kilómetros al norte de Cascajal, nuevamente en el cantón de Vázquez de Coronado.

La poca profundidad de los movimientos contribuyó a que fueran percibidos con intensidad por habitantes de diferentes puntos del territorio nacional. Reportes ciudadanos señalaron que el primer sismo fue sentido con fuerza en sectores como Pavas, San Sebastián, San Pedro, San Francisco de Dos Ríos, Santa Bárbara de Heredia, Cartago, Atenas, San Ramón y Turrialba, entre otras localidades.

Más de 30 réplicas durante la madrugada

La actividad sísmica no terminó con los dos movimientos principales. Marino Protti, especialista del Ovsicori, confirmó que para las 3:09 a. m. ya se contabilizaban unas 30 réplicas asociadas a la secuencia registrada en Coronado.

Entre los movimientos posteriores se registraron eventos de menor magnitud durante las primeras horas de la madrugada. La sucesión de temblores mantuvo en alerta a numerosos habitantes, especialmente en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde cámaras de seguridad captaron el movimiento de estructuras, vehículos y objetos dentro de viviendas y comercios.

Pese a la intensidad con la que fueron percibidos los sismos, hasta las primeras horas de este lunes no se reportaban personas fallecidas ni heridas relacionadas con los movimientos.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) sí confirmó algunos incidentes puntuales.

En Dulce Nombre de Jesús, Vázquez de Coronado, las autoridades recibieron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 un reporte por daños estructurales en la tapia de una vivienda. Hasta el momento no se informó de personas afectadas por este incidente.

En San Vicente de Moravia, por su parte, se registró la caída de un poste del tendido eléctrico, otro de los principales incidentes asociados a los movimientos telúricos.

Desprendimientos en la ruta 32

Los temblores también tuvieron consecuencias en la ruta nacional 32, una de las principales carreteras que comunica San José con la provincia de Limón.

La CNE informó sobre caída de material y desprendimientos a la altura del kilómetro 30, situación por la cual las autoridades recomendaron extremar las precauciones al desplazarse por el sector.

Los organismos de emergencia continuaron dando seguimiento a los reportes procedentes de las zonas donde los movimientos se sintieron con mayor intensidad, mientras los especialistas mantuvieron la vigilancia de la secuencia de réplicas en Vázquez de Coronado.

Costa Rica se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de distintas placas tectónicas, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes. Sin embargo, la combinación de la magnitud del primer evento, su poca profundidad y la cercanía del epicentro con zonas densamente pobladas del Valle Central hizo que el temblor de las 1:37 a. m. se percibiera particularmente fuerte y despertara a miles de personas durante la madrugada.

Hasta el último balance disponible, las autoridades mantenían los incidentes registrados como afectaciones puntuales, mientras continuaba el monitoreo ante la posibilidad de nuevas réplicas.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó una nueva herramienta dirigida a emprendedores, pequeñas y medianas empresas que buscan participar como proveedores en el mercado de compras públicas. Se trata de la guía básica “Formalización, registro PYME y participación en compras públicas”, elaborada por la Dirección de Contratación Pública (DCoP), cuyo objetivo es facilitar el acceso a los procesos estatales de contratación y fomentar el crecimiento de los negocios locales.

La guía ofrece una hoja de ruta práctica para formalizar negocios, obtener la condición PYME y participar en licitaciones públicas. El documento desglosa los pasos esenciales para formalizar una empresa, registrarse como PYME ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), obtener la firma digital y cumplir con los requisitos legales y técnicos para inscribirse como proveedor en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP/SDU), indica un comunicado oficial con fecha del 21 de agosto.

Un mercado de más de cuatro billones de colones

Durante el 2025, el SICOP gestionó compras públicas por aproximadamente ₡4,21 billones (alrededor de 7,8 millones de dólares estadounidenses), evidenciando la magnitud y relevancia de este sector para empresas de todos los tamaños. Para los pequeños y medianos emprendimientos, las ventas de bienes y servicios al Estado representan una oportunidad significativa de crecimiento y fortalecimiento empresarial.

Recursos y capacitación gratuitos

Además de los aspectos técnicos y legales, la guía proporciona información sobre recursos gratuitos de capacitación para quienes deseen incorporarse al mercado público. Entre los temas abordados figuran el registro PYME, la inscripción en SICOP/SDU y la utilización de la firma digital, herramientas fundamentales para agilizar y asegurar la participación en compras estatales.

Yesenia Ledezma Rodríguez, directora de la DCoP, subrayó que la guía busca acompañar a los emprendedores en el proceso de formalización, no solo como requisito para participar en SICOP, sino también como un impulso para el crecimiento y la competitividad de los pequeños negocios. “Además, ponen sus manos información clara y práctica para que puedan convertirse en proveedoras del Estado y participar en un mercado que ofrece oportunidades reales para el desarrollo de sus empresas y de la economía nacional”, afirmó.

Acceso libre al documento

La guía se encuentra disponible para descarga gratuita en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en la sección de Contratación Pública: https://www.hacienda.go.cr/docs/GuiabasicaparaconvertirseproveedordelEstado.pdf.

Con esta medida, el Ministerio de Hacienda busca reducir barreras de entrada y fomentar la participación de nuevos actores en el mercado de compras públicas, promoviendo así la dinamización económica y la inclusión de más empresas en la provisión de bienes y servicios al Estado.

Cantidad de microempresas llegó a 494 564 en 2025

Costa Rica registró 494.564 microempresas de los hogares en 2025, un alza de 13,5% frente a 2024, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares. El aumento confirma la expansión de este segmento productivo y se acompaña de un crecimiento en la cantidad de personas trabajadoras independientes en el país.

La encuesta también reportó 466.513 personas trabajadoras independientes, lo que equivale a un incremento de 15,6% respecto al año anterior. De ese total, el 64,2% son hombres y el 35,8% son mujeres.

La actividad con más peso es servicios, que agrupa el 43,9% de las 494.564 microempresas contabilizadas. Detrás aparecen industria con 22,4%, comercio con 21,4% y el sector agropecuario con 12,4%.

Dentro de Costa Rica, las actividades de servicios más frecuentes incluyen transporte de personas, tratamientos de belleza, jardinería y trabajos ocasionales o “chambas”. En industria predominan la construcción, la elaboración de productos textiles, la soldadura de metales y la producción de queso.

Según información del MSP la intervención se produjo luego de que se descubriera el cargamento de droga durante una inspección en la terminal portuaria. Los funcionarios policiales, ahora bajo investigación, son sospechosos de haber omitido la presencia de la droga para, presuntamente, facilitar su ingreso o tránsito ilegal. El conductor del vehículo también fue detenido y, junto a los oficiales, quedó a la orden de las autoridades judiciales.

Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, declaró por medio de los canales oficiales: “Seguimos limpiando la casa y atacando el crimen organizado en todos los frentes. Como parte de nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, este sábado aprendimos a dos policías presuntamente vinculados con un cargamento de ciento sesenta kilos de cocaína que decomisamos en la terminal de contenedores de Moín, en Limón”, según recogió el propio ministerio en un comunicado.

Sin tolerancia a policías que traicionen el uniforme

El decomiso resalta, una vez más, la preocupación de las autoridades por los intentos de infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad. El MSP confirmó que los policías involucrados en este caso habrían omitido advertir la presencia de la droga durante la inspección, una acción que, según las autoridades, configura una grave traición al uniforme e implica una colaboración directa con estructuras criminales.

El ministro Campos enfatizó: “No toleraremos la permanencia de ningún policía que traicione su uniforme y que se ponga al servicio del crimen organizado. Vamos de frente contra los criminales. Continuaremos fortaleciendo nuestras acciones en las terminales portuarias para impedir que sean utilizadas por estas organizaciones delictivas”. Esta declaración refuerza la línea de acción que ha adoptado el actual gobierno en materia de depuración institucional.

El titular del Ministerio de Seguridad Pública destacó también que en la institución “no hay espacio para la corrupción ni para funcionarios al servicio del crimen organizado”. La información oficial señala que los tres sospechosos permanecerán bajo custodia mientras avanza la investigación judicial, y que se mantienen abiertos otros procesos internos para detectar posibles redes de complicidad.

En el transcurso del año, la Fuerza Pública ha intensificado la vigilancia en puntos estratégicos como terminales portuarias, aeropuertos y pasos fronterizos. Los operativos buscan no solo impedir el tráfico de drogas, sino también identificar a funcionarios que intenten facilitar actividades ilícitas desde sus posiciones.

El Ministerio de Seguridad Pública reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad. “Seguiremos limpiando la casa y actuando con firmeza”, insistió Gerald Campos en el mensaje dirigido tanto a la ciudadanía como a los propios cuerpos policiales.

Las autoridades han recalcado que cualquier funcionario implicado en actos de corrupción enfrentará las consecuencias legales y administrativas correspondientes. Además, reiteraron que continuarán fortaleciendo los mecanismos de control y depuración dentro de la institución, con el objetivo de cerrar espacios a la infiltración criminal y garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) comunicó este domingo que, tras la última verificación en campo, la cantidad de centros educativos con suspensión de clases presenciales es de 11. De acuerdo con el MEP, esta decisión se basa en los reportes técnicos y la evaluación continua de la situación. Los centros afectados se ubican en dos regiones: Turrialba, con dos centros, y Sarapiquí, con nueve.

En el cantón de Turrialba, los centros con suspensión son:

• Bajo Pacuare
• Bukeri

Por su parte, en Sarapiquí, los centros afectados son:

• Remolinitos
• Tambor
• Chimurria
• San Antonio
• Delta
• Fátima
• La Esperanza del Río Colorado
• Pueblo Nuevo
• Liceo Rural La Aldea

El MEP indicó que durante el periodo de suspensión, estos centros deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí). Esto implica activar el protocolo institucional correspondiente, utilizando las alternativas disponibles para garantizar la continuidad del proceso educativo. Las autoridades educativas remarcaron que los centros pueden consultar con sus supervisores para la correcta activación del protocolo.

El Ministerio destacó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que cualquier cambio en las condiciones será comunicado oportunamente. Las lecciones presenciales se retomarán una vez que existan condiciones seguras tanto para estudiantes como para el personal docente y administrativo.

A su vez, el MEP reiteró la importancia de la continuidad educativa, aún en escenarios de emergencia climática. Para ello, la aplicación de la Política de Educación Híbrida y la activación del protocolo institucional son obligatorias durante la suspensión presencial. El objetivo es garantizar que el proceso de aprendizaje no se detenga y que los estudiantes continúen recibiendo atención pedagógica.

La cartera educativa invita a la comunidad educativa a mantenerse en contacto con los supervisores y canales oficiales para recibir información actualizada.

Influencia de la onda tropical #35

El escenario de suspensión de lecciones está directamente relacionado con las condiciones climáticas que enfrenta el país. Según el más reciente pronóstico oficial del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la onda tropical número 35 ingresará a Costa Rica durante la madrugada del lunes 24 de agosto de 2026. Este fenómeno, acompañado de un alto contenido de humedad y vientos alisios moderados, reforzará la inestabilidad atmosférica.

En las regiones del Caribe y Zona Norte, se prevén lluvias y aguaceros, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones podrían extenderse hacia el Valle Central, donde se esperan lloviznas y lluvias aisladas en el mismo periodo. Para las zonas del Pacífico, se pronostica un incremento de nubosidad con lluvias y aguaceros, acompañados de posibles tormentas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche.

El eje de la onda tropical #35 se desplazará hacia el océano Pacífico durante la tarde, lo que disminuirá su influencia directa sobre el país. No obstante, el sistema favorecerá la actividad convectiva asociada a la Zona de Convergencia Intertropical, manteniendo la probabilidad de lluvias para el resto del día.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada y tomar previsiones ante posibles afectaciones por lluvias intensas, especialmente en las regiones del Caribe, Zona Norte y el Pacífico.

El desafío de mantener los tiempos de respuesta pese al aumento del tráfico llevó al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a reforzar, hace cinco años, su estrategia de rutas. Para anticipar las presas en la Gran Área Metropolitana, la institución incorporó el análisis de calles, tiempos de recorrido y puntos de congestión a sus sistemas internos, buscando definir rutas alternas antes de cada emergencia.

Según información de CR Hoy, esta actualización respondió al crecimiento del congestionamiento, especialmente en zonas urbanas de la GAM. Los planes preincendio, que antes solo consideraban la revisión de hidrantes y el caudal de agua, ahora incluyen parámetros como el ancho y estado de las calles, la distancia entre estaciones y los tiempos de respuesta en distintos horarios. Cada uno de estos datos se incorpora a los sistemas institucionales, permitiendo preparar varias opciones de desplazamiento antes de que ocurra un incidente y evitando así depender de una sola ruta.

Bomberos planifica varias rutas para una misma emergencia

El director operativo de Bomberos, Luis Salas, explicó que el análisis de estos datos ayuda a determinar qué estaciones pueden responder a cada emergencia y por cuáles trayectos. La estrategia actual se basa en trabajo de campo, análisis territorial y planes preincendio. Salas mencionó el ejemplo de un incendio en Alajuelita: “En un incendio en Alajuelita, generalmente saldrá la estación de Pavas, que siempre responde, la estación Metropolitana Sur, que ingresa por otro sector, y además la de Escazú, que va por otras rutas y evita pasar por Circunvalación”.

El modelo permite que varias unidades avancen desde sectores distintos, lo que reduce la dependencia de una única vía, especialmente en zonas donde una presa podría bloquear el paso. Como detalló CR Hoy, entre los puntos más complejos identificados por la institución está el anillo de Circunvalación y sus intersecciones, dado que conecta con áreas densamente pobladas como Desamparados, Tibás y los barrios del sur de San José. Según el medio citado, esta planificación ha permitido al cuerpo de Bomberos mantener sus tiempos de respuesta en los últimos cinco años, a pesar del aumento del congestionamiento.

Las visitas de campo y la preparación de conductores actualizan la respuesta

Las visitas de campo cumplen un papel clave para detectar cambios que puedan interferir con el desplazamiento de las unidades, como nuevas construcciones, edificios de uso mixto o alteraciones en la red vial. Por ello, los datos se actualizan con frecuencia y los planes de respuesta se ajustan cuando el entorno se transforma.

La formación de los conductores es otro aspecto relevante. Pablo Sánchez, chofer de la estación Metropolitana Norte, con cinco años de experiencia, explicó que utiliza los períodos sin emergencias para planificar rutas y calcular distancias. Para este trabajo, recurre a herramientas como Google Maps y Waze. “En el tiempo que no estamos atendiendo emergencias planificamos rutas para actualizarnos, estudiar la distancia que hay de un punto a otro para responder de la mejor manera”, relató.

Durante una emergencia, los conductores aplican la planificación previa, respetan la Ley de Tránsito y siguen las indicaciones del capitán. Para certificarse como conductor de Bomberos, Sánchez debió superar 10 pruebas, entre ellas maniobras en zigzag, marcha en reversa y conducción a diferentes velocidades, además de capacitarse en el uso y mantenimiento de las bombas de agua.

Según CR Hoy, la respuesta también depende de la actitud de los demás conductores. Sánchez hizo una recomendación especial a los motociclistas para que eviten circular detrás de los vehículos de emergencia, ya que esa práctica puede causar accidentes.

La actualización constante de datos, la planificación de rutas y la capacitación del personal forman parte de la estrategia con la que los Bomberos de Costa Rica buscan mantener su capacidad de respuesta frente a las condiciones cambiantes del tráfico urbano.

En medio de un clima de tensión por la escalada de la violencia en las calles costarricenses, dos personas perdieron la vida durante la noche del sábado en incidentes distintos que estremecieron a la población y movilizaron a las fuerzas de seguridad. Las autoridades investigan los hechos ocurridos en Puntarenas y San Felipe de Alajuelita, donde los ataques armados dejaron también heridos.

El primer caso se registró cerca de las 2:00 de la madrugada del domingo, cuando un hombre de apellido West, de 31 años, fue asesinado dentro de un bar ubicado en el Paseo de los Turistas, una zona concurrida de Puntarenas. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba en la segunda planta del establecimiento cuando un sujeto armado ingresó al local, disparó en su contra y abandonó el sitio sin intercambiar palabra alguna. West recibió dos impactos de bala en la cabeza y falleció de inmediato, según confirmaron los agentes judiciales.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que los peritos recolectaron evidencia balística en el lugar y la enviaron a los laboratorios forenses. El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con el paradero del responsable del ataque, que generó alarma entre los asistentes y trabajadores del establecimiento.

Solo unas horas antes, la violencia se manifestó en San Felipe de Alajuelita, donde una balacera cobró la vida de un hombre identificado como Astúa, de 38 años, y dejó heridos a otras tres personas. De acuerdo con el OIJ, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 de la noche del sábado, cuando cuatro hombres conversaban en la vía pública. En ese momento, una motocicleta con dos sujetos a bordo se aproximó al lugar y según la versión preliminar, el acompañante disparó en reiteradas ocasiones contra el grupo. Astúa recibió impactos de bala en el tórax, brazo derecho y abdomen, falleciendo en el sitio, mientras que los otros tres hombres resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico en San José.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se presentaron en la escena, levantaron el cuerpo de la víctima y recolectaron evidencia balística que será analizada en los laboratorios forenses. El caso sigue bajo investigación.

La Fuerza Pública y el OIJ continúan desplegando operativos en busca de pistas que permitan esclarecer ambos crímenes.

Mientras tanto, las autoridades costarricenses continúan desarrollando acciones para contener la ola de violencia y fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden. Los recientes hechos en Puntarenas y San Felipe de Alajuelita suman nuevas víctimas a una estadística que preocupa a sectores sociales y gubernamentales, en momentos en que la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales demandas de la población.

Las investigaciones sobre ambos homicidios avanzan con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon los ataques. La presión por resultados efectivos crece a medida que se intensifica la percepción de inseguridad y la sociedad exige medidas concretas frente al crimen organizado y la violencia armada que golpea distintas zonas del país.

El Estadio Nacional de Costa Rica consolidó en 2026 su papel como sede de grandes conciertos y relegó el uso deportivo en el recinto de La Sabana, una tendencia que le aporta ingresos al inmueble pero que también ocurre mientras el Icoder proyecta trabajos de mantenimiento por el desgaste de áreas como la pista, la iluminación, el sonido, los baños y las explanadas.

En lo que va del año, la “Joya” de La Sabana albergó al menos 13 conciertos de gran magnitud. Desde agosto y hasta fin de año sumará ocho presentaciones más, en una agenda que incluye a Romeo Santos, Prince Royce, Carlos Rivera, Eros Ramazzotti e Iron Maiden, además de Ricardo Arjona y Karol G con dos noches cada uno.

Por el estadio ya pasaron este año artistas como Ed Sheeran, Chayanne, Laura Pausini y Grupo Firme. Las producciones, la instalación de tarimas y la cobertura del césped se volvieron parte habitual del paisaje del principal escenario multipropósito del país.

Citado por Diario Extra, Donald Rojas, director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, explicó que la institución reconoce el peso económico de estas actividades para el funcionamiento del inmueble. Al mismo tiempo, advirtió sobre necesidades concretas de intervención en la infraestructura.

La pista instalada hace 15 años es una de las áreas con mayor deterioro

Rojas detalló que una de las preocupaciones centrales es la pista de atletismo, colocada hace 15 años y con un deterioro acumulado desde hace tiempo. También mencionó la necesidad de atender la iluminación, el sonido, los baños y las explanadas.

El funcionario resumió ese diagnóstico con una advertencia sobre los plazos de intervención: “Hay temas importantes a seguir, por ejemplo, el tema de la pista, la iluminación, el sonido, los baños, las explanadas. O sea, el estadio, como cualquier otra infraestructura, al fin y al cabo, requiere de mantenimientos correctivos”.

En otra declaración, añadió que el tamaño y el valor del inmueble obligan a actuar con rapidez para evitar daños mayores. “Por ser un inmueble tan grande y de muy alto valor, estas necesidades requieren atenderse pronto en los próximos años porque si no después va a ser complicado y ya no sería un mantenimiento correctivo, sino que ya van a ser reparaciones más grandes y no queremos llegar a eso”.

El recinto también recibió este año al Extreme American Rodeo. Ese evento tuvo como particularidad que se desarrolló en la zona de la pista de atletismo, una de las superficies que hoy concentra la atención por su estado.

El INS Estadio tendrá administración temporal del Icoder desde febrero de 2027

La institución prevé ejecutar labores para conservar el estadio en buenas condiciones. Esa gestión, de acuerdo con la información disponible, estará bajo su cargo de forma temporal desde febrero de 2027, mientras se encuentra a un tercero para la administración.

El inmueble, conocido históricamente como Estadio Nacional de Costa Rica y denominado oficialmente INS Estadio desde 2026 por un acuerdo de derechos de nombre con el Instituto Nacional de Seguros, está ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, en San José. Tiene capacidad para cerca de 35,000 espectadores y funciona como casa oficial de la selección de fútbol de Costa Rica.

Inaugurado el 26 de marzo de 2011, el estadio combina usos para fútbol, atletismo y otras disciplinas como tenis de mesa, esgrima y ajedrez. A esa oferta se suma su papel como sede habitual de conciertos internacionales, eventos masivos y actividades culturales, un perfil que en 2026 ganó más espacio en su calendario que la actividad deportiva.

Luis Diego Quesada Ramírez, de 30 años alias “Panochita” se entregó en Cartago tras pasar varias horas atrincherado en una vivienda de la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, en Agua Caliente, después de un operativo del Organismo de Investigación Judicial que buscaba detenerlo por su presunta relación con homicidios recientes y que terminó con un agente herido, cuatro detenidos y el decomiso de armas y vehículos.

El caso se produjo en una provincia bajo presión por la violencia: de acuerdo con cifras del OIJ al 21 de agosto, 48 víctimas por homicidio fueron registradas en Cartago en 2026, por encima de las 38 del mismo periodo del año anterior. A escala nacional, el organismo contabilizaba 508 víctimas, frente a 566 en el mismo corte de 2025.

Según El Observador, una fuente judicial que conoce el caso afirmó bajo reserva de anonimato que el OIJ tiene elementos para relacionar al sospechoso con dos ataques recientes. El director interino del OIJ, Michael Soto, confirmó al medio que el operativo del viernes tenía como objetivo ubicar a un hombre al que la Policía Judicial vincula con cinco homicidios recientes en ese mismo sector.

Los hechos ocurrieron entre la tarde y la noche del viernes 21 de agosto en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez. En la primera versión sobre el caso, el sospechoso era señalado además como presunto sicario, supuesto líder de venta de drogas y hombre vinculado con al menos seis homicidios.

El operativo dejó un agente herido y obligó a cercar la zona

Soto explicó que los agentes localizaron la vivienda y se disponían a iniciar las gestiones para allanar y detener al sospechoso cuando recibieron múltiples disparos. Durante el enfrentamiento, el hombre habría utilizado un fusil AK-47 contra los oficiales.

Uno de los agentes judiciales recibió un disparo en un tobillo o en el pie, según las distintas referencias del caso, y fue atendido por personal de emergencia. El jefe policial indicó que el funcionario se mantenía en buena condición de salud.

Tras la balacera, las autoridades acordonaron buena parte del sector para impedir la fuga de los sospechosos y restringieron el paso en la comunidad. Al menos 150 agentes participaron en el despliegue, cuya prioridad era controlar la situación, evitar nuevos disparos y proteger tanto a los vecinos como al personal policial.

La tensión se prolongó durante varias horas porque, en un primer momento, el OIJ presumía que dentro de la casa podía haber personas retenidas. Por eso se abrió una negociación con especialistas en manejo de rehenes hasta lograr que quienes estaban en el inmueble salieran sin armas.

“Luego de varias horas los sujetos deciden salir dejando las armas adentro y es así como se procede a la detención”, dijo Soto, citado por El Observador. El allanamiento se realizó entre las 20:00 y las 20:30, de acuerdo con el OIJ.

El OIJ decomisó armas, munición y vehículos robados

La intervención terminó con la detención de dos personas adultas a las que el OIJ vincula con los últimos homicidios ocurridos en ese sector. También fueron detenidos dos menores de 16 y 17 años.

Las autoridades analizan si los menores guardan relación con los hechos investigados o si se encontraban en condición de rehenes. Soto indicó que los sospechosos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

En la vivienda, los agentes decomisaron dos motocicletas con denuncia de robo, un vehículo con orden de captura por robo, dos armas largas, una AR y otra AK-47, tres pistolas de 9 milímetros, una gran cantidad de munición y cargadores de caracol. La escena fue procesada por la Policía Judicial y la investigación sigue abierta.

La operación ocurrió después de reportes de balaceras recientes en Cartago y en medio de una serie de homicidios en la provincia. Según informó El Observador esta semana, cuatro asesinatos en dos días encendieron las alertas de las autoridades.

Soto ya había señalado que esos crímenes estaban ligados a disputas de territorio para la venta de droga. En el corte del OIJ al 21 de agosto, el móvil con más víctimas en 2026 seguía siendo ajuste de cuentas o venganza, con 324 casos.

En Costa Rica, en promedio, se diagnostica una persona cada seis horas con gonorrea y se reportan al menos cuatro casos al día, según la Plataforma Civil de Incidencia Comunitaria a la Respuesta del VIH (PLACIC). Esta realidad motiva a llamados a fortalecer la educación sexual, el acceso a servicios de salud y la reducción del estigma.

Dicho grupo de organizaciones realiza un llamado a promover una salud sexual informada, libre de estigma y discriminación, garantizando el acceso universal a información y servicios de salud de calidad. El mensaje refuerza la importancia de informarse, acceder a pruebas para la detección temprana y utilizar métodos de protección para prevenir la transmisión.

El objetivo es consolidar una respuesta comunitaria inclusiva, informada y sin estigmas, donde el conocimiento y la prevención sean pilares para el cuidado personal y colectivo.

Aumentan los casos de gonorrea

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico número 31 del 2026, publicado el 21 de agosto por del Ministerio de Salud, se reportan 967 casos de gonorrea en todo el país, lo que representa un incremento del 8.0% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 895 casos. Este aumento absoluto de 72 casos ilustra una tendencia sostenida en el tiempo, aunque de menor magnitud que la observada en otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis.

La cartera estatal detalla que el incremento puede asociarse tanto a una mayor transmisión en poblaciones sexualmente activas como a una mejora en la detección y notificación, producto del esfuerzo de los servicios de salud.

La provincia de San José concentra el mayor número de notificaciones, con 413 casos (42.7% del total nacional), seguida por Limón (125 casos) y Puntarenas (116 casos). Al analizar las tasas de incidencia, Limón destaca con 27.3 casos por cada 100,000 habitantes, superando la media nacional de 18.5, y San José y Puntarenas también presentan tasas elevadas.

La distribución por grupos de edad muestra una concentración marcada en jóvenes sexualmente activos. El grupo de 20 a 24 años reporta la mayor carga de enfermedad, con 252 casos (tasa de 66.6 por 100,000 habitantes), seguido por el grupo de 25 a 29 años (201 casos, tasa de 48.7) y el de 15 a 19 años (127 casos, tasa de 33.2). Estos tres segmentos agrupan más de la mitad de los casos notificados en el territorio nacional. A partir de los 30 años, tanto el número absoluto de casos como las tasas de incidencia descienden de forma progresiva, y en menores de 15 años y mayores de 65 años la notificación es baja.

Otro aspecto relevante es la diferencia de afectación por sexo. Hasta la semana epidemiológica 31, el 87.6% de los casos correspondieron a hombres (847 casos), mientras que las mujeres representaron el 12.4% (120 casos). La tasa en el grupo masculino (32.5 por 100.000 habitantes) es siete veces superior a la del femenino (4.6 por 100.000 habitantes), reflejando un impacto desproporcionado de la gonorrea en los hombres.

El comportamiento epidemiológico descrito en el boletín confirma que la gonorrea afecta principalmente a la población en edades reproductivas y de mayor actividad sexual, lo que refuerza la urgencia de fortalecer estrategias de prevención y diagnóstico temprano, sobre todo en los grupos de 15 a 29 años.

Un empleado de mantenimiento al que Caroline Heaviland había contratado para trabajar en su propiedad de Cabo Velas es el principal sospechoso de su asesinato, según confirmó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial a medios locales.

La acupunturista estadounidense de 75 años fue hallada muerta el lunes 3 de agosto dentro de su vivienda en Santa Cruz, Guanacaste, con golpes contusos en la cabeza.

Lo que puso al sospechoso ante las autoridades no fue una denuncia ni una pista: fue un retén policial en Liberia, según destaca una nota del periódico La Teja.CR.

El hombre conducía el vehículo de la víctima cuando agentes de Tránsito lo detuvieron por conducción temeraria.

Un juzgado le impuso 15 días de prisión preventiva por ese delito. Solo después, durante el avance de las diligencias por el homicidio, los investigadores hallaron en su poder tarjetas bancarias pertenecientes a Heaviland.

Quién era Caroline Heaviland y qué revelan sus allegados

Heaviland vivía en Costa Rica desde 2002. Durante más de dos décadas atendió pacientes como acupunturista certificada con más de 40 años de trayectoria y llegó a operar una clínica propia en la zona de Tamarindo hasta 2023.

El día de su muerte tenía previsto viajar a California. Había contratado un servicio de transporte para que la recogiera de madrugada y la llevara al aeropuerto. Fue ese conductor quien la encontró sin vida frente a su casa y alertó a las autoridades.

Una amiga identificada como Susan Curtis publicó en redes sociales: “Es con el más pesado de los corazones que comparto la noticia de que nuestra dulce, asombrosa y talentosa sanadora Caroline Heaviland falleció anoche. Ella fue víctima de un crimen violento”, cita La Teja.

Allegados a la víctima revelaron a las autoridades un dato que ahora se convierte en una línea de investigación: semanas antes del crimen, Heaviland les había comentado sobre diferencias con un hombre que realizaba labores de jardinería en su propiedad. El OIJ analiza si ese conflicto previo guarda relación con el homicidio, aunque sin conclusiones hasta el momento.

Un patrón que se repite en Guanacaste y otras zonas turísticas

El crimen de Heaviland no es un caso aislado en la región. En junio de 2026, Andrea Richter, una alemana de 63 años radicada en Costa Rica desde hacía cinco años, fue hallada muerta en una finca en 27 de Abril de Santa Cruz, la misma zona geográfica donde ocurrió el asesinato de la acupunturista. El Organismo de Inteligencia Judicial OIJ mantiene ese caso abierto sin un detenido.

En febrero de 2026, el surfista estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años y radicado desde hace años en Costa Rica, fue encontrado sin vida en un apartamento de Cahuita, en la provincia de Limón, según detalló Infobae.

Las autoridades locales confirmaron que Van Dyke fue encontrado estrangulado y con múltiples heridas de arma blanca, tras un aparente asalto violento en su domicilio.

En septiembre de 2025, el doble homicidio de la pareja austriaco-alemana Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus en Quepos sacudió al país. Los sospechosos se acercaron a las víctimas fingiendo interés en comprar su finca, valorada en aproximadamente USD 1 millón. Tres personas fueron detenidas.

Costa Rica cerró 2025 con alrededor de 900 asaltos contra turistas extranjeros, según datos del OIJ. La mayoría se concentró en San José, aunque el Pacífico Central acumuló unos 319 expedientes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene al país en nivel 2 de alerta: “Ejercer mayor precaución”, desde abril de 2026, sin cambios desde entonces.

Las tarjetas bancarias y el alcance de la investigación

El OIJ investiga si las tarjetas de Heaviland halladas en poder del sospechoso fueron utilizadas en algún establecimiento comercial después del crimen. Soto indicó que esas pesquisas continúan para determinar el alcance total de los presuntos delitos.

“La investigación continúa; en apariencia, el responsable de este homicidio es una persona cercana a la víctima que trabajaba para ella”, declaró Soto, según se destaca en La Teja.

Este día 22 de agosto, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha emitido un nuevo informe en el que advierte que las condiciones lluviosas continuarán en Costa Rica durante todo el fin de semana, con especial énfasis en el Caribe, la Zona Norte y la vertiente del Pacífico.

Según el reporte oficial, la combinación de inestabilidad atmosférica, humedad elevada y vientos alisios mantiene un ambiente propicio para precipitaciones intensas en amplias regiones del país.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, la península de Nicoya, el Pacífico Central y el Pacífico Sur también presentan una elevada probabilidad de lluvias intensas acompañadas de tormenta eléctrica. Se pronostican acumulados que podrían alcanzar hasta 70 milímetros, especialmente en zonas costeras y montañosas. Las condiciones son particularmente riesgosas para comunidades próximas a cauces de ríos, quebradas y áreas urbanas con sistemas de alcantarillado limitados.

El IMN resalta que la situación podría agravarse por ráfagas de viento que alcanzarían hasta 80 kilómetros por hora, con la posibilidad de caídas de ramas, tendido eléctrico y otros objetos. De acuerdo con el meteorólogo Paulo J. Solano S., “la inestabilidad en el ambiente mantendrá la posibilidad de lluvias y aguaceros durante este fin de semana”, y advierte que la llegada de la onda tropical #35 prevista para la madrugada del lunes podría reforzar la actividad lluviosa.

Las recientes lluvias que han afectado a diversas regiones del país han provocado el desplazamiento de numerosas familias, especialmente en el Caribe y la Zona Norte, donde el nivel de saturación del suelo y la crecida de ríos han generado inundaciones en comunidades vulnerables.

Según reportes de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), se mantiene un operativo de asistencia humanitaria que incluye la habilitación de albergues temporales, distribución de alimentos, agua potable y atención médica básica para las personas que han debido abandonar sus hogares.

Recomendaciones y la importancia de la mochila de emergencia

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones en sectores vulnerables ante la posibilidad de inundaciones súbitas y tormentas eléctricas. Entre las recomendaciones prioritarias figura la preparación de una mochila de emergencia, un recurso fundamental para enfrentar eventuales desalojos o situaciones de aislamiento.

Esta mochila debe contener artículos esenciales para la supervivencia durante al menos 72 horas, tales como agua potable, alimentos no perecederos, documentos de identificación, linterna, radio con baterías, medicamentos básicos, ropa, artículos de higiene personal y mascarillas.

También se recomienda incluir copias de llaves, cargadores de dispositivos móviles y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Las autoridades recalcan que todos los miembros del hogar deben conocer la ubicación de la mochila y revisar periódicamente el estado de sus contenidos.

Además, exhortan a la población a:

• Permanecer atenta a la saturación de quebradas y sistemas de alcantarillado urbano, donde se pueden producir acumulaciones peligrosas de agua.
• Buscar refugio seguro ante la presencia de rayos o ráfagas de viento fuertes, evitando permanecer bajo árboles o cerca de tendido eléctrico.
• Seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales y no difundir información sin verificar.
• Colaborar con las autoridades locales en caso de evacuaciones o asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

El IMN recuerda que la probabilidad de lluvias se mantendrá alta durante el fin de semana y que la llegada de nuevas ondas tropicales podría incrementar el riesgo en los próximos días.

Randall Delgado Mora, alias Míster Músculo, señalado por las autoridades como posible heredero de la estructura narco de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, optó por ocultarse ante información de inteligencia que apunta a amenazas contra su vida tras la caída del cabecilla y la disputa interna por el control de la organización, según CRHoy.com.

El reacomodo del grupo ocurre mientras Delgado no figura como prófugo ni tiene una orden de captura activa, aunque afronta una acusación en el caso Colorado y las autoridades siguen atentas a su paradero. De acuerdo con la publicación, en comunicaciones interceptadas aparece la coordinación de un abono de ₡20,000.000 (USD 44,329.2) para amortizar una deuda de ₡80,000.000 (USD 171,855.68), de la que quedó pendiente un saldo de ₡60,000.000 (USD 128,891.76).

Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial, confirmó que existe información en esa línea y que el cuerpo policial trabaja en verificarla. “Hemos recibido información en el sentido de que haya recibido algún tipo de amenazas dentro de los mismos grupos de la zona y que él esté tratando de no exponerse porque hay un riesgo para su vida. Como suele ocurrir cuando cae un cabecilla, se empiezan a generar los movimientos de los territorios”, dijo Soto al medio.

Tras la captura de Diablo, Delgado quedó perfilado por las autoridades como el “heredero natural” de la agrupación porque ocupaba el rango más alto entre los cómplices de Arias Monge. Giraba instrucciones a otros cabecillas y coordinaba pagos y entregas de droga con proveedores como Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Según CRHoy.com, Delgado era el principal operador logístico y coordinador entre células criminales de la organización. Se le atribuyen tareas de adquisición, negociación, almacenamiento, preparación y transporte de cargamentos de cocaína y marihuana para su distribución a escalas inferiores de la banda.

También gestionaba y custodiaba el capital del grupo. Llevaba el control y seguimiento de sumas millonarias en efectivo, en colones y dólares, recolectaba dinero en puntos de venta, resguardaba divisas y hacía pagos a proveedores y a integrantes encargados del transporte y la seguridad.

El diario añadió que ejercía control coercitivo dentro de la estructura. En comunicaciones analizadas afirmó que “quedar debiendo significa MUERTE” y llegó a ofrecer una recompensa de ₡5,000.000 (USD 10,740.98) para asesinar a un hombre identificado como “Leo Daniel”.

La investigación también lo ubica en episodios de intercambio de droga desde 2020, reuniones en bares clandestinos con otros integrantes y presencia en negocios usados como mampara para lavar ganancias del narcotráfico. En uno de esos movimientos, tuvo control de montos superiores a ₡30.000.000 (USD 64,445.88) en efectivo.

Su pasado en el OIJ y el uso de tecnología para evadir controles

Delgado fue funcionario del OIJ años atrás, pero fue despedido por su relación constante con hechos delictivos. Esa experiencia, según la información publicada, le sirvió para asesorar a la organización sobre operativos policiales, hacer contravigilancias y coordinar “rutas limpias” para esquivar a los oficiales.

Las autoridades lo ubican entre Pococí, Guápiles, San Pedro de Montes de Oca y Coronado. Además, saben que llega a usar hasta 14 chips de telefonía nacionales e internacionales y distintas plataformas de mensajería, entre ellas WhatsApp, WhatsApp Business, Signal y Telegram, bajo seudónimos como “Aurelio” o “Rótulos Artavia”.

En la investigación del caso Riverside contra el cartel de López, aparecen comunicaciones con López Vega, sus hijos y otros cabecillas como Herald Ruiz, alias Guato, señalado como gerente de Diablo en Valle La Estrella. Delgado también mantenía informado a Pecho de Rata sobre decomisos de droga hechos por la policía en Panamá, Quepos y otros lugares, y sobre noticias de prensa vinculadas con la salida de prisión de López en diciembre de 2023.

Se movilizaba en una pick-up Chevrolet Colorado, una Toyota Land Cruiser Prado TX y una motocicleta KTM. Según la publicación, adquirió 43 cabezas de ganado bovino en una finca de Santa Rosa de Pococí para mezclar dinero ilícito con actividades agropecuarias.

En operativos de 2022 le decomisaron joyas, entre ellas una pulsera de oro con la palabra “Mister” grabada, valorada en ₡525.000 (USD 1,1278), además de un reloj Fossil y una réplica de reloj Rolex Submariner. También le encontraron drones, cámaras GoPro, pistolas alteradas y documentos de logística portuaria.

Costa Rica estrenó una nueva herramienta para recorrer el país a través de su patrimonio, sus tradiciones y sus espacios históricos. El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) lanzó el Pasaporte Cultural Costa Rica, una iniciativa que plantea visitar 35 destinos distribuidos en las siete provincias y completar un sello en cada uno de ellos.

El proyecto busca convertir la visita a museos, monumentos, iglesias, comunidades y espacios culturales en una experiencia de recorrido nacional. En su primera edición se organizaron siete rutas culturales, una por provincia, con cinco destinos en cada una, para alcanzar un total de 35 sitios de interés histórico, patrimonial y comunitario.

La propuesta se desarrolla bajo la premisa “La cultura que vivimos” y pretende que quienes participen no se limiten a observar los sitios incluidos en el recorrido, sino que conozcan las historias, expresiones y formas de vida asociadas a cada territorio.

Una de las particularidades del nuevo pasaporte es que combina el formato tradicional con herramientas digitales. El documento incorpora tecnología Folio Mobile Chip (FMC), mediante la cual las personas podrán acercar su teléfono celular al chip para acceder a información de cada destino.

Entre los datos disponibles estarán la ubicación, información de contacto y una breve historia del lugar, con lo que el pasaporte funcionará también como una guía interactiva para acompañar el recorrido.

De museos y ruinas a comunidades indígenas

La ruta de San José incluye el Museo Nacional de Costa Rica, Cine Variedades/Centro de Cine, Teatro Nacional, Museo de Arte Costarricense y Centro Nacional de la Cultura (CENAC).

En Alajuela, los destinos seleccionados son el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Iglesia Católica de Venecia de San Carlos, Centro Histórico y Cultural José Figueres Ferrer, Comunidad Maleku de la zona Upala-Los Chiles y el Parque e Iglesia de Zarcero.

Para Cartago, el recorrido incluye el Centro de la Cultura Cartaginesa, Valle y Templo de Orosi, Monumento Nacional Guayabo, Ruinas de Ujarrás y Sanatorio Durán.

En Heredia figuran la Casa de la Cultura de Sarapiquí, Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional (UNA), Antiguo Edificio Municipal de Belén, Correos y Telégrafos de Heredia y la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

La ruta de Guanacaste comprende el Museo de Guanacaste, Ermita Nuestro Señor de la Agonía, Cofradía de Nuestra Señorita Virgen de Guadalupe, Parque Nacional Santa Rosa y Monumento Nacional Farallón.

En Puntarenas, los participantes podrán visitar el Sitio Museo Finca 6, Parque Nacional Isla San Lucas, Casa de la Cultura de Puntarenas, Museo Boruca y la Antigua Casa Club de Golfito de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Finalmente, la selección de Limón está integrada por la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, G&E Chocolate Adventure Company, Edificio de Correos de Limón, Cultura Indígena Jala de Piedra y Casa de la Cultura de Pococí.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, explicó que la intención es generar una relación más directa entre la población y el patrimonio nacional.

“Con este Pasaporte Cultural queremos que cada costarricense y visitante deje de ser un simple espectador para convertirse en protagonista de nuestra riqueza patrimonial”, manifestó el jerarca.

Rodríguez agregó que “cada sello representa un encuentro directo con la historia, las tradiciones y la diversidad de nuestras comunidades” y destacó que la iniciativa también permitirá vincular la experiencia territorial con información obtenida a partir de la Encuesta Nacional de Cultura 2026 (ENC2026).

Por su parte, Adriana Acosta, directora de esencial COSTA RICA, señaló que el proyecto pretende impulsar una forma diferente de redescubrir los lugares que forman parte de la identidad del país.

“El Pasaporte Cultural CR nos invita a redescubrir los lugares que cuentan quiénes somos, conectando destinos patrimoniales de las siete provincias en una experiencia cercana, innovadora y accesible”, expresó.

Acosta añadió que la iniciativa aprovecha la tecnología para acercar el patrimonio a más personas y proyectar dentro y fuera del país los elementos que distinguen a Costa Rica.

Un premio para los primeros en completar los 35 sellos

El proyecto tiene además un incentivo para quienes logren terminar el recorrido antes que los demás.

Las primeras 20 personas que completen los 35 sellos recibirán como premio entradas gratuitas para ellas y un acompañante a espectáculos producidos por el Ministerio de Cultura y Juventud en el Teatro Popular Melico Salazar y el Teatro Nacional durante un año.

El Pasaporte Cultural virtual podrá descargarse desde la página oficial del Ministerio de Cultura y Juventud. Quienes prefieran obtener la versión física deberán completar un formulario disponible en el mismo sitio; posteriormente, el Ministerio se pondrá en contacto con cada solicitante para coordinar el lugar y día de entrega.

Una vez obtenido, cada persona podrá recorrer los lugares sugeridos y solicitar un sello en cada destino hasta completar los 35 sitios de las siete provincias.

La transmisión de enfermedades como el dengue y la malaria concentra la atención de las autoridades sanitarias en Costa Rica tras la publicación del último boletín epidemiológico correspondiente a la semana 31 de 2026. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, el país registra 3,052 casos acumulados de dengue y 74 de malaria en lo que va del año, cifras que reflejan una dinámica cambiante en la circulación de estos padecimientos.

El boletín oficial destaca que la incidencia nacional de dengue alcanza 58.5 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que los casos con signos de alarma suman 58. La distribución geográfica muestra focos especialmente activos en la región Central Norte, con 925 casos y una tasa de 88.3, y en el Pacífico Central, que reporta 665 casos y una elevada tasa de 206.6. Los cantones más afectados son:

• Alajuela (398 casos)
• Orotina (360)
• Grecia (292)
• Puntarenas (142)
• San José (127).

Al 17 de agosto de 2026, según datos de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se reportan tres personas hospitalizadas por diagnóstico de dengue.

De estos pacientes, dos se encuentran internados en el Hospital San Rafael de Alajuela y uno en el Hospital Víctor Manuel Sanabria. Estos casos corresponden a personas que presentan cuadros clínicos compatibles con dengue con signos de alarma, es decir, complicaciones que requieren atención médica especializada y vigilancia estrecha en el entorno hospitalario.

Ante esta tendencia el país tico sigue la advertencia emitida recientemente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que alertó sobre un incremento en los casos de dengue en El Salvador, Honduras y Costa Rica. Según el organismo internacional, la región vive una coyuntura que exige reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de control vectorial, debido a las condiciones climáticas y ambientales que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Brote de malaria: distribución y características

En el mismo periodo, el Ministerio de Salud informa 74 casos de malaria, una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

El boletín epidemiológico detalla que 20 casos corresponden a transmisión local, de los cuales nueve son autóctonos y 11 introducidos, mientras que 37 se consideran importados, la mayoría vinculados a personas procedentes de Nicaragua. Otros 17 casos permanecen bajo investigación para determinar su origen.

El principal foco de malaria se localiza en la zona de Crucitas–Llano Verde, donde se concentran 54 de los casos reportados, equivalentes al 73% del total nacional. Esta área fronteriza se mantiene bajo un monitoreo especial por parte de las autoridades sanitarias.

En cuanto a la tendencia anual, el informe señala una reducción de la transmisión local respecto a los años 2023 (94.7%) y 2024 (87.8%), pero advierte sobre un incremento del 100% en comparación con 2025. El país ha realizado 119,758 pruebas diagnósticas para malaria en lo que va del año.

La malaria, a diferencia del dengue, puede tener consecuencias graves si no se diagnostica y trata de manera oportuna. Entre los síntomas se encuentran:

• Fiebre alta
• Escalofríos
• Dolor de cabeza y, en casos severos, complicaciones que pueden poner en riesgo la vida.

El Ministerio de Salud destaca la detección precoz como una medida prioritaria, en particular en las zonas rurales y en comunidades próximas a la frontera norte. Según el boletín epidemiológico, el comportamiento de las enfermedades transmitidas por vectores exige una respuesta ágil y coordinada por parte del sistema de salud, orientada a contener el aumento de casos y minimizar el riesgo de complicaciones graves.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) firmaron un acuerdo por USD 5 millones, equivalentes a aproximadamente ₡2,267 millones, para desarrollar un programa regional enfocado en innovación, investigación aplicada y creación de empresas de base tecnológica.

El convenio da inicio formal al proyecto denominado Nexo de Innovación de Corea para la Colaboración en I+D en 4 Universidades de Centroamérica (K-INNO4U), que colocará a la UCR como institución líder de una red académica integrada además por universidades públicas de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Del financiamiento total, USD 2.5 millones, equivalentes a cerca de ₡1,118 millones, serán destinados directamente a proyectos específicos de la Universidad de Costa Rica durante el período comprendido entre 2026 y 2031.

La iniciativa busca reducir la distancia entre la investigación que se genera dentro de las universidades y las necesidades del sector productivo, con la intención de que conocimientos, desarrollos tecnológicos y resultados obtenidos en laboratorios puedan transformarse en soluciones concretas, productos y nuevas empresas.

El acuerdo fue firmado por Jong Hyun Moon, director de país de KOICA, y por Carlos Araya Leandro, rector de la UCR. Como testigo de honor participó Keunseok Jeon, embajador de la República de Corea en Costa Rica.

También estuvo presente Juan Manuel Quirós Acuña, delegado ejecutivo de la Fundación UCR, entidad que tendrá a su cargo la administración de los recursos, así como Sergio Vinocour Fornieri, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, además de otros representantes institucionales.

Con la firma, la administración de Carlos Araya Leandro concreta un proceso de negociación desarrollado durante el último año y posiciona a la UCR como cabeza de un esquema de cooperación regional que incorpora a la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Investigación aplicada y nuevas empresas

Uno de los principales componentes de K-INNO4U será el financiamiento de proyectos conjuntos entre empresas y grupos de investigación de la UCR.

El programa también respaldará investigaciones internacionales desarrolladas de manera coordinada con las universidades centroamericanas participantes, con el objetivo de que los conocimientos generados tengan una aplicación más directa fuera del entorno académico.

Otro de los ejes será la formación de capacidades. El proyecto contempla programas de capacitación en Corea del Sur dirigidos a funcionarios públicos y personal costarricense relacionado con innovación.

Además, se desarrollarán capacitaciones en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala para el personal de centros de innovación de las universidades participantes. El ciclo concluirá con una conferencia internacional destinada a divulgar los resultados obtenidos y compartir experiencias entre las instituciones involucradas.

Una parte relevante del proyecto estará orientada al desarrollo de los denominados spin-off, empresas que surgen a partir de investigaciones o desarrollos tecnológicos generados dentro de las universidades y que posteriormente se constituyen como compañías independientes para llevar esas soluciones al mercado.

A través de K-INNO4U, la Universidad de Costa Rica tendrá recursos para acompañar e incubar emprendimientos nacidos directamente de sus laboratorios, ampliando las posibilidades de que la investigación académica se transforme en actividad empresarial.

Seis desembolsos hasta 2031

Los recursos aportados por KOICA serán transferidos a la Fundación UCR mediante seis desembolsos entre 2026 y 2031.

La entrega de los fondos estará condicionada a la presentación de informes anuales de avance, y el dinero será utilizado principalmente en investigación aplicada, desarrollo de spin-off, investigación internacional y fortalecimiento de capacidades en los países participantes.

El proyecto también pretende convertir la experiencia desarrollada por Costa Rica en una plataforma para compartir conocimiento con otras universidades públicas de Centroamérica, principalmente en el llamado Triángulo Norte.

Una cooperación que comenzó en 2019

La alianza entre la UCR y Corea del Sur en materia de innovación no comienza con K-INNO4U.

El nuevo programa toma como base la experiencia de Hélice-UCR, una iniciativa puesta en marcha por la Universidad y KOICA en enero de 2019, con una inversión inicial de USD 4,5 millones.

Ese proyecto buscó crear un centro de innovación orientado a fortalecer la relación entre la academia y el sector empresarial costarricense mediante el modelo conocido como “Quíntuple Hélice”, que integra a gobierno, empresa, universidad, sociedad y ambiente.

Hélice-UCR impulsó además unidades como AUGE-UCR y Proinnova-UCR, que forman parte del ecosistema institucional de emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica.

Con el nuevo acuerdo, esa relación bilateral pasa a una etapa regional. El modelo desarrollado en la Universidad de Costa Rica será utilizado como una herramienta de cooperación triangular, en la que Costa Rica y Corea del Sur compartirán experiencia y conocimiento con El Salvador, Honduras y Guatemala.

La empresa Zollner Electronics Costa Rica anunció la ampliación de su planta de manufactura en la Zona Franca La Lima, en Cartago, como parte de una estrategia con la que pretende aumentar su capacidad productiva, reforzar su presencia en el mercado norteamericano y crear aproximadamente 500 nuevos puestos de trabajo para 2030.

La expansión incorpora 10,000 metros cuadrados adicionales de infraestructura y forma parte del plan Zollner Americas 2030, con el que la compañía busca profundizar su participación en sectores como aeroespacial, salud y ciencias de la vida, electrónica industrial y tecnología automotriz, entre otras áreas de manufactura avanzada.

Actualmente, Zollner mantiene cerca de 500 colaboradores en Costa Rica, por lo que, de concretarse la contratación prevista, su fuerza laboral local podría prácticamente duplicarse hacia el final de la década. La compañía señaló además que el 90% de sus trabajadores actuales pertenece a la provincia de Cartago.

Uno de los principales objetivos del proyecto será ampliar la operación costarricense para convertirla en un Centro Global de Servicios Compartidos y Hub de Ingeniería, con capacidad para brindar apoyo a la red internacional del grupo, incluidas sus instalaciones ubicadas tanto en la costa este como en la costa oeste de Estados Unidos.

La empresa también proyecta triplicar sus ventas al 2030 y continuar aumentando su participación dentro de la categoría de manufactura avanzada en Costa Rica. Una proporción significativa de las exportaciones de la operación cartaginesa tiene como destino el mercado norteamericano, por lo que la ampliación busca reforzar el papel de la planta costarricense dentro de la estrategia regional de Zollner.

Octavio Matus, gerente general y director de sitio de Zollner en Costa Rica, sostuvo que la inversión representa una señal de confianza tanto en el país como en el talento disponible en Cartago.

“Esta ampliación refleja la confianza de Zollner en Costa Rica y, especialmente, en el talento de Cartago. Con esta expansión avanzamos de una etapa de planificación a una operación que generará nuevas oportunidades de empleo, fortalecerá nuestra capacidad tecnológica y nos permitirá responder con mayor agilidad a las necesidades de nuestros clientes en las Américas”, señaló.

Matus agregó que el propósito de la compañía es “seguir creciendo de manera sostenible junto con nuestros colaboradores, proveedores, instituciones académicas y comunidades”.

Más empleo especializado y proveedores locales

Como parte de la ampliación, Zollner prevé contratar durante los próximos años a profesionales calificados, especialmente en áreas técnicas, para acompañar el crecimiento de sus operaciones.

La compañía ha desarrollado además vínculos con instituciones de formación técnica y universitaria de Cartago, con el objetivo de fortalecer las capacidades del talento humano requerido por la industria de manufactura avanzada.

La expansión también contempla un mayor relacionamiento con proveedores nacionales. Según la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) , Zollner mantiene encadenamientos con más de 80 proveedores locales, incluyendo empresas relacionadas con procesamiento de metales, fundición, moldeo por inyección de plástico, tratamiento de superficies, ensamblaje de cables, empaques, suministros operativos y servicios vinculados con tecnología y producción.

Laura López, gerente general de PROCOMER, destacó que la reinversión de empresas ya establecidas en el país representa una señal favorable sobre las condiciones que encuentran para continuar creciendo.

“La reinversión es una señal de confianza de las empresas que ya operan en Costa Rica, porque se traduce en nueva infraestructura, más empleo especializado y mayores oportunidades para los proveedores nacionales”, afirmó.

López agregó que la expansión de Zollner, con cerca de 500 nuevos puestos de trabajo proyectados y encadenamientos con más de 80 proveedores locales, fortalece la capacidad del país en manufactura avanzada y consolida a Cartago como un polo estratégico para atraer inversión.

Cartago gana peso dentro de la estrategia de Zollner

Para Markus Aschenbrenner, miembro de la Junta Directiva de Zollner, la ubicación de Cartago ofrece ventajas para el crecimiento de la compañía en América.

“Cartago desempeña un papel fundamental en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo para América. Su proximidad a clientes en Norteamérica y Sudamérica, junto con la experiencia de nuestro equipo local y la solidez de nuestra red de fabricación global, crea una ventaja competitiva única”, indicó.

El directivo explicó que la operación costarricense ya no se limita exclusivamente a la producción y que la planta se está transformando en un centro con funciones adicionales dentro del grupo.

“La planta se está convirtiendo en un importante centro de servicios compartidos dentro del Grupo Zollner, proporcionando funciones de soporte esenciales que van mucho más allá de la manufactura”, sostuvo Aschenbrenner.

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, señaló que la decisión de una empresa ya instalada en Costa Rica de ampliar sus operaciones constituye un indicador sobre la capacidad del país para mantener inversiones de mayor complejidad.

“Cuando una empresa que ya opera en Costa Rica decide crecer y ampliar sus operaciones, envía un mensaje poderoso al mundo: confirma que nuestro país tiene el talento, las capacidades y las condiciones necesarias para acompañar proyectos cada vez más sofisticados”, aseguró.

Trejos añadió que el objetivo es que las compañías internacionales “no solo lleguen a Costa Rica, sino que encuentren aquí las condiciones para quedarse”, con el propósito de fortalecer los encadenamientos productivos, el conocimiento y la participación del país en cadenas globales de valor.

Costa Rica se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del karate juvenil del continente americano. Por primera vez, la provincia de Cartago será sede del XXXV Campeonato Panamericano Juvenil de Karate 2026, una competencia que reunirá a representantes de 25 países y que tendrá como escenario principal el Polideportivo de la localidad.

De acuerdo con la Municipalidad de Cartago, el evento deportivo se desarrollará del 24 al 30 de agosto de 2026 y congregará a jóvenes atletas, entrenadores, árbitros internacionales y familiares provenientes de distintos puntos del continente. La organización calcula que durante la semana podrían movilizarse entre 1,000 y 1,500 personas, mientras que las jornadas de mayor actividad competitiva están previstas para los días 27, 28 y 29 de agosto, cuando se disputarán las principales pruebas y finales.

La llegada del campeonato representa además una oportunidad para que Cartago amplíe su presencia dentro del calendario de eventos deportivos internacionales. Según el gobierno local, la escogencia de la ciudad responde, entre otros factores, a la calidad de las instalaciones deportivas municipales, la capacidad organizativa de la provincia y el respaldo de las instituciones locales al desarrollo del deporte.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, destacó que el Panamericano permitirá que cerca de 1,000 atletas permanezcan en el cantón central, mientras que la cifra total de visitantes relacionados con el campeonato podría alcanzar las 1,500 personas.

“Eso demuestra el enorme interés que Cartago empieza a generar a nivel internacional y también su compromiso con el deporte, con el bienestar de nuestros niños y jóvenes a través de actividades como esta que promueven el esparcimiento sano”, señaló Redondo.

La competencia es organizada de manera conjunta por la Federación Costarricense de Karate Do, la Municipalidad de Cartago, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). Las autoridades extendieron además una invitación al público para asistir al Polideportivo durante la última semana de agosto y observar las competencias.

Más allá del componente estrictamente deportivo, el gobierno municipal proyecta que la llegada de las delegaciones internacionales provoque un movimiento adicional en sectores como restaurantes, comercios, turismo y servicios.

Redondo sostuvo que las personas que llegarán a la ciudad durante esos días no solamente participarán en la actividad deportiva, sino que también tendrán la posibilidad de visitar sitios de interés y consumir bienes y servicios locales.

“Este evento reactiva la economía porque vienen miles de personas que van a estar durante una semana para ir a comprar a restaurantes, hacer visitas al museo, a lugares de interés de Cartago”, afirmó el alcalde. Según explicó, la intención es que este tipo de actividades genere oportunidades para los habitantes de la provincia no solo en materia deportiva, sino también en áreas como empleo y reactivación económica.

La Municipalidad de Cartago indicó que, desde que se confirmó la designación de la ciudad como sede, puso a disposición las instalaciones deportivas y participó en el proceso de organización del campeonato con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para recibir a delegaciones de diferentes países.

El municipio considera que el apoyo a este tipo de competencias puede funcionar como una herramienta para fortalecer la integración social, la promoción cultural y la dinamización de la economía local, además de proyectar a Cartago como destino para eventos deportivos de alcance internacional.

Por su parte, la Federación Costarricense de Karate Do agradeció el respaldo de la Municipalidad y del Comité Cantonal de Deportes, instituciones que, según la organización deportiva, han participado desde las primeras etapas de planificación y preparación del campeonato.

El presidente de la Federación Costarricense de Karate, Mario Thomas, llamó a los aficionados a acompañar tanto a la delegación nacional como a los representantes extranjeros.

“Sean bienvenidos todos los que nos quieran venir a apoyar, desde luego, a Costa Rica y a todos los países que nos visitan. Recuerden venir a apoyarnos”, expresó Thomas.

Con la llegada de atletas, entrenadores, árbitros y acompañantes de 25 países, Cartago afrontará así una semana en la que el deporte de alto nivel juvenil se combinará con una apuesta por atraer visitantes y generar actividad económica alrededor de uno de los torneos continentales más importantes de esta disciplina.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la creación de 491 plazas ordinarias con el objetivo de ampliar su capacidad de atención y reforzar diferentes servicios de salud en el país, una medida que requerirá una inversión de ₡3,957.5 millones (aproximadamente USD 8.66 millones) durante 2026.

La decisión fue adoptada por la Junta Directiva de la CCSS y contempla recurso humano para áreas vinculadas con nueva infraestructura, servicios especializados, atención geriátrica, genética, diagnóstico molecular y el primer nivel de atención, además de otros procesos institucionales.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, explicó que la institución busca coordinar de manera simultánea la construcción y puesta en funcionamiento de infraestructura con la contratación del personal y el equipamiento que requieren los nuevos servicios.

“Estamos trabajando de forma paralela los avances de las obras, las necesidades de equipamiento y los requerimientos de personal, para que los nuevos servicios puedan entrar en operación con la capacidad necesaria”, señaló Taylor Hernández.

Del total de plazas aprobadas para el Seguro de Salud, 464 corresponden a la Gerencia Médica.

Dentro de ese grupo, 186 puestos estarán destinados a apoyar la puesta en marcha y el fortalecimiento de servicios en las áreas de salud de Acosta, Orotina-San Mateo, Alajuela Oeste y Talamanca.

La distribución incluye además 108 plazas vinculadas con contratos de retribución social, otros 58 puestos para genética y diagnóstico molecular, 31 para equipos de atención geriátrica y 28 destinados a fortalecer la atención en zonas con alta presencia de población adulta mayor.

La medida también incorpora personal para reforzar el primer nivel de atención, así como las contralorías de servicios, procesos financieros, gestión de personal y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Uno de los énfasis de la nueva asignación estará dirigido precisamente a la población adulta mayor.

El gerente médico de la CCSS, Marvin Palma Lostalo, afirmó que la incorporación de recurso humano pretende aumentar la capacidad de respuesta en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en comunidades donde existe una elevada concentración de personas de edades avanzadas.

“La dotación del recurso humano que la Junta Directiva aprobó esta semana es un ejemplo claro del compromiso que tiene la seguridad social con la atención a lo largo y ancho de todo el territorio costarricense”, aseguró Palma.

Atención domiciliaria para mayores de 85 años

Según explicó el gerente médico, en las zonas caracterizadas por una alta longevidad, la Caja prevé crear equipos con capacidad para realizar visitas domiciliares a personas adultas mayores de 85 años y brindar acompañamiento también a sus cuidadores.

La estrategia incluye paralelamente el fortalecimiento de la atención geriátrica dentro de los hospitales.

“A nivel hospitalario estamos fortaleciendo los servicios de geriatría, de tal manera que tengamos profesionales afines a la rehabilitación de los adultos mayores y así poder integrarlos lo antes posible, posterior a una cirugía o a un procedimiento quirúrgico complejo, a su comunidad o a su casa con sus cuidadores”, indicó Palma.

El funcionario explicó además que parte del recurso humano será asignado a establecimientos vinculados con infraestructura de reciente creación, de manera que los servicios puedan operar tanto en primeros como en segundos turnos.

La intención, según la institución, es que la apertura o ampliación de instalaciones no se limite a la existencia física de los edificios, sino que cuente con suficiente personal para aumentar efectivamente la cantidad y oportunidad de los servicios brindados a los usuarios.

Casi ₡4,000 millones para financiar las plazas

La creación de los 491 puestos se financiará por medio de la Modificación Presupuestaria 03-2026, por un total de ₡3,957.5 millones (aproximadamente USD 8.66 millones).

De esa cifra, ₡3,898 millones (aproximadamente USD 8.53 millones) se destinarán al Seguro de Salud, mientras que los restantes ₡59.5 millones (aproximadamente USD 130,200) corresponderán al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

El gerente financiero de la institución, Gustavo Picado Chacón, aclaró que la modificación presupuestaria no representa un incremento del presupuesto total de la CCSS, sino una redistribución de recursos que ya estaban contemplados.

“Emitimos un criterio en el que damos factibilidad y financiamiento a estas 491 plazas. Eso significa no solo pagar este año, sino mantener el gasto en los años siguientes”, afirmó Picado.

Según el gerente financiero, la autorización no contempla únicamente los recursos necesarios para cubrir los salarios durante lo que resta de 2026. El análisis institucional también tomó en cuenta la posibilidad de sostener esos gastos en ejercicios presupuestarios posteriores.

La CCSS aseguró que la creación de las plazas está respaldada por estudios técnicos y criterios de sostenibilidad financiera, con el propósito de evitar que la ampliación de los servicios genere compromisos que la institución no pueda asumir a mediano y largo plazo.

El Poder Judicial advirtió que una rebaja de ₡23,722 millones (aproximadamente USD 52.65 millones) planteada por el Ministerio de Hacienda para el presupuesto de 2026 podría impactar directamente la persecución penal, las investigaciones contra el crimen organizado, el funcionamiento de juzgados y tribunales, así como servicios dirigidos a víctimas y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Según la información divulgada por la institución, Hacienda comunicó que aplicaría el recorte mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido posteriormente por la Asamblea Legislativa.

La medida se plantea apenas una semana después de que el Ministerio de Hacienda informara al Poder Judicial que liberaría ₡3,053 millones (aproximadamente USD 6.78 millones) correspondientes a las cuotas del tercer y cuarto trimestre de 2026, recursos que inicialmente pretendía retener.

Esa liberación ocurrió después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentara un recurso de revocatoria contra la retención de esos fondos.

El Poder Judicial aclaró que los ₡23,722 millones (aproximadamente USD 52.65 millones) que ahora Hacienda pretende rebajar son adicionales a los ₡3,053 millones (aproximadamente USD 6.78 millones) cuya liberación fue anunciada recientemente.

El OIJ sería la dependencia más afectada

El mayor impacto recaería sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que enfrentaría una reducción de ₡9,536.3 millones (aproximadamente USD 21.16 millones).

La institución destacó que el recorte se plantea en un momento en que el OIJ mantiene investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada, además de acciones que han derivado en la detención de líderes criminales.

La segunda afectación más importante correspondería al área de Administración y Operación, con una rebaja de ₡8,728.8 millones (aproximadamente USD 19.37 millones).

En el caso de juzgados y tribunales, el recorte ascendería a ₡3,287.9 millones (aproximadamente USD 7.30 millones), mientras que la Defensa Pública perdería ₡1,087 millones (aproximadamente USD 2.41 millones).

También se contemplan reducciones por ₡558.1 millones (aproximadamente USD 1.24 millones) para el Ministerio Público, ₡335.7 millones (aproximadamente USD 745,000) para Atención y Protección de Víctimas y Testigos y ₡187.8 millones (aproximadamente USD 417,000) para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

La Defensa Pública brinda asistencia a personas de bajos recursos en diferentes materias, entre ellas asuntos relacionados con pensiones alimentarias y discriminación laboral, por lo que el Poder Judicial sostiene que el impacto no se limitaría únicamente al ámbito de la investigación criminal.

Poder Judicial cuestiona la metodología del recorte

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la institución está relacionado con la forma en que Hacienda determinó cuáles recursos podrían ser rebajados.

Según el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda fundamentó su propuesta en una estimación estadística con información disponible al 30 de junio de 2026, elaborada a partir de patrones históricos de ejecución presupuestaria.

La institución judicial sostiene que este tipo de metodología puede proyectar cuánto podría ejecutarse al cierre del año, pero no necesariamente permite establecer cuánto dinero se encuentra realmente disponible para ser retirado del presupuesto.

Desde el 30 de junio, agrega el Poder Judicial, han continuado procesos de contratación, adjudicaciones, compra de bienes y servicios, así como otros compromisos y pagos correspondientes al segundo semestre.

Un estudio técnico elaborado por la institución determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda presentan un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.

Es decir, según la evaluación interna, en más de la mitad de las partidas analizadas los recursos que Hacienda considera susceptibles de recorte no estarían realmente disponibles en la magnitud proyectada.

Ante esa situación, el Poder Judicial indicó que evaluará las acciones legales que correspondan. El tema será conocido de forma prioritaria por la Corte Plena el lunes 24 de agosto.

La Corte ya había cedido ₡13,242 millones (USD 29.39 millones)

La institución también hizo una serie de aclaraciones para diferenciar el nuevo recorte de otras decisiones presupuestarias tomadas durante 2026.

El 29 de junio, la Corte Plena acordó ceder ₡13,242.08 millones (aproximadamente USD 29.39 millones) del presupuesto en ejecución de 2026, luego de una solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda y como parte de las medidas dirigidas a contribuir con la sostenibilidad fiscal del país.

El Poder Judicial enfatizó que esos ₡13,242.08 millones (aproximadamente USD 29.39 millones) son distintos de los ₡23,722 millones (aproximadamente USD 52.65 millones) que Hacienda pretende rebajar ahora.

Por lo tanto, de concretarse la nueva reducción, se trataría de una afectación adicional a los recursos que ya habían sido cedidos voluntariamente por la institución.

El fideicomiso de infraestructura es de USD 82 millones

El Poder Judicial también aclaró información relacionada con el fideicomiso destinado a infraestructura judicial.

Según la institución, este fondo es de USD 82 millones y no de USD 700 millones ni USD 600 millones, como asegura que se ha señalado en algunas discusiones.

Los recursos del fideicomiso no forman parte del presupuesto ordinario del Poder Judicial y están destinados exclusivamente a proyectos de infraestructura, con el objetivo de reducir el déficit de edificios y espacios adecuados para la prestación de servicios.

La institución sostiene además que estos proyectos buscan disminuir progresivamente el gasto en alquileres y generar ahorros para el Estado.

Depósitos judiciales tampoco pueden utilizarse

Otra de las aclaraciones está relacionada con los llamados depósitos judiciales.

El Poder Judicial recalcó que esos recursos no pertenecen a la institución y, por tanto, no pueden utilizarse para financiar su funcionamiento.

Se trata de dinero perteneciente a personas usuarias y vinculado con procesos judiciales en los que una autoridad ha ordenado un embargo, una retención u otra medida.

También forman parte de esos depósitos los recursos correspondientes a pensiones alimentarias, que son depositados por la persona obligada y posteriormente transferidos a la persona beneficiaria.

La discusión sobre el 6% constitucional

Finalmente, el Poder Judicial se refirió al porcentaje mínimo de financiamiento establecido en la Constitución Política.

La Carta Magna dispone que a la institución debe asignársele una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios del Estado.

Sin embargo, el Poder Judicial recordó que esa disposición fue establecida cuando aún no existían dentro de su estructura instituciones como el OIJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública, cuyos servicios actualmente se financian con ese mismo presupuesto.

Según la institución, la función jurisdiccional, es decir, los recursos destinados directamente a juzgados y tribunales para resolver los casos, recibe actualmente el equivalente al 3.61% de los ingresos ordinarios del Estado, por debajo del 6% contemplado constitucionalmente.

El debate presupuestario se trasladará ahora a la Corte Plena, que deberá analizar el impacto de la medida y las posibles acciones institucionales, mientras el eventual presupuesto extraordinario deberá pasar también por la Asamblea Legislativa.

Las alertas ambientales se han encendido en Costa Rica. Diversos defensores del medio ambiente y organizaciones civiles advierten sobre un preocupante incremento de los delitos ambientales dentro y alrededor del Parque Nacional Corcovado, ubicado en la icónica Península de Osa.

La falta de personal, los recortes presupuestarios y el avance de actividades ilícitas cada vez más estructuradas ponen en jaque el futuro de esta reserva ecológica vital.

La escala del desafío operativo en Corcovado es colosal. Las cifras oficiales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) registraban 48 guardaparques asignados al parque a mediados de junio. Sin embargo, la realidad en el terreno es sustancialmente más compleja.

Según estimaciones del guardaparque Enrique Obando, únicamente unos 15 funcionarios están destinados de manera prioritaria a las labores de control, vigilancia y protección del territorio. El resto del personal debe atender la logística del flujo turístico, el mantenimiento y la operación general de las estaciones.

Bajo estas condiciones, cada guardaparque de protección debe supervisar, en promedio, una superficie aproximada de 3,000 hectáreas de selva densa, de geografía accidentada y muy difícil acceso.

Ante este panorama, Bernardo Aguilar, presidente del Parlamento Cívico Ambiental, ha manifestado públicamente su preocupación por el deterioro del control territorial en la zona.

En declaraciones brindadas a diversos medios de comunicación costarricenses, entre ellos Monumental Noticias Costa Rica, Aguilar enfatizó la urgencia de reestructurar y reforzar la presencia institucional en la Península de Osa. El experto en recursos naturales señaló que el paso prioritario e impostergable para frenar la ola de crímenes ambientales consiste en incrementar sustancialmente el número de guardaparques dedicados de manera exclusiva a las tareas de vigilancia, patrullaje y mantenimiento en Corcovado.

Delitos ambientales: minería de oro, caza y pesca ilegal

Los delitos ambientales dentro de las fronteras de Corcovado no solo persisten, sino que han evolucionado hacia esquemas más organizados y peligrosos. Entre las principales amenazas documentadas se encuentran:

• Minería ilegal de oro: Operaciones cada vez mejor financiadas que emplean bombas de agua, generadores, detectores de metales y teléfonos satelitales. En enero, cuatro personas fueron detenidas cerca del río Sirena en una presunta extracción ilegal, operativo en el que los funcionarios sufrieron amenazas. En marzo, ocho guardaparques debieron patrullar 10 kilómetros desde la estación Los Patos para desmantelar un campamento minero ilícito.
• Caza furtiva y tala: Incursiones armadas para la extracción ilícita de madera y la cacería de especies silvestres amenazadas.
• Usurpación e invasión de tierras: Ocupación no autorizada de terrenos estatales protegidos dentro del área silvestre.
• Amenazas marinas y pesca ilegal: Extracción no permitida de recursos marinos en la franja costera protegida, sumando miles de hectáreas marinas al ya saturado esquema de patrullaje.

Durante estas incursiones en zonas remotas, los guardaparques a menudo se ven obligados a operar con sistemas de comunicación limitados e incluso a depender del apoyo de ONG y grupos conservacionistas externos para obtener insumos básicos, alimentos y respaldo logístico.

¿Por qué es crucial el Parque Nacional Corcovado para Costa Rica?

La relevancia de Corcovado trasciende las fronteras costarricenses, siendo considerado un pilar ecológico y económico fundamental para el país.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación recuerda que dentro de Corcovado rige una prohibición absoluta para extraer plantas, piedras o cualquier recurso natural, así como la obligación de no abandonar los senderos autorizados. Proteger este bastión biológico no es solo un compromiso ambiental, sino una inversión directa en la estabilidad económica y el prestigio internacional de Costa Rica.

La costarricense Rebeca Grynspan perdió el primer lugar en la carrera por convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de que el Consejo de Seguridad realizara este viernes su segunda votación informal para medir el nivel de respaldo que mantienen las candidaturas.

Grynspan obtuvo siete votos para “alentar” su candidatura, cuatro para “desalentarla” y cuatro papeletas sin opinión, según resultados extraoficiales divulgados por el medio especializado PassBlue y citados también en reportes internacionales.

El resultado marca un retroceso respecto de la primera consulta, celebrada el 30 de julio, cuando la exvicepresidenta costarricense encabezó la contienda con 10 votos favorables, uno en contra y cuatro sin opinión.

En apenas 22 días, Grynspan perdió tres respaldos favorables y recibió tres votos adicionales de rechazo, una variación que permitió que otra de las aspirantes latinoamericanas tomara el primer puesto.

Carolyn Rodrigues-Birkett pasa al frente

La nueva líder de la consulta es la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, quien consiguió ocho votos para alentar su candidatura, tres para desalentarla y cuatro sin opinión.

Aunque la guyanesa también perdió respaldo en comparación con la primera ronda —cuando había conseguido nueve votos favorables—, la caída más pronunciada de Grynspan fue suficiente para que Rodrigues-Birkett asumiera la primera posición.

El argentino Rafael Mariano Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quedó empatado con la costarricense en cantidad de votos favorables, con siete apoyos.

Sin embargo, su nivel de rechazo fue mayor: Grossi recibió seis votos para desalentar su candidatura y dos papeletas sin opinión, frente a los cuatro votos negativos obtenidos por Grynspan.

La segunda votación deja así una competencia todavía abierta, sin que ninguno de los aspirantes haya logrado construir por ahora una mayoría suficientemente sólida para anticipar quién podría recibir finalmente la recomendación del Consejo de Seguridad.

El peso de los cinco países con derecho de veto

Las primeras consultas para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas se desarrollan mediante votaciones indicativas entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

Cada miembro puede señalar si desea “alentar”, “desalentar” o no expresar una opinión sobre cada candidatura.

Los resultados individuales son confidenciales, por lo que no permiten conocer qué país respaldó o rechazó a cada aspirante. Esa característica adquiere especial relevancia debido al papel de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Cada uno de esos países dispone de derecho de veto.

Para que una candidatura pueda ser recomendada formalmente a la Asamblea General necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes.

Por esa razón, el número total de respaldos no es el único elemento decisivo. Una candidatura podría contar con una mayoría amplia y aun así quedar bloqueada si uno de los cinco miembros permanentes decide vetarla.

También se espera que algunos de esos países reserven sus preferencias hasta etapas posteriores del proceso, cuando la lista de candidatos comience a reducirse y las negociaciones diplomáticas adquieran mayor peso.

Cinco mujeres y tres hombres buscan suceder a Guterres

Hasta ahora, ocho personas —cinco mujeres y tres hombres— aspiran a suceder al portugués António Guterres, de 77 años, cuyo segundo mandato de cinco años concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Además de Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi, figuran entre los contendores Macky Sall, de Senegal; Olara Otunnu, de Uganda; María Fernanda Espinosa, de Ecuador; Michelle Bachelet, de Chile; e Ivonne A-Baki, también de Ecuador.

La fuerte presencia latinoamericana tiene como telón de fondo una tradición de alternancia geográfica entre regiones, aunque esta no constituye una norma obligatoria y no siempre se ha cumplido.

Diversos sectores también impulsan que Naciones Unidas elija por primera vez en su historia a una mujer como secretaria general.

En ese escenario, Grynspan reúne ambas características: es latinoamericana y, de obtener el cargo, se convertiría tanto en la primera costarricense como en la primera mujer en dirigir la ONU.

La apuesta de Costa Rica

Grynspan, de 70 años, fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y actualmente ocupa la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Costa Rica presentó oficialmente su candidatura el 3 de marzo.

Su desempeño en la primera votación había generado expectativas al colocarse en el primer lugar con 10 respaldos, pero la segunda consulta modifica el escenario al reducir su apoyo hasta siete votos.

Aun así, la costarricense continúa entre las candidaturas con mayor respaldo y mantiene margen para recuperar posiciones en futuras rondas.

La elección se desarrolla además en un período particularmente complejo para Naciones Unidas, marcado por divisiones persistentes dentro del Consejo de Seguridad, dificultades financieras, cuestionamientos al multilateralismo y conflictos internacionales en los que el organismo enfrenta limitaciones para intervenir.

Las presiones presupuestarias y los cuestionamientos de gobiernos como el de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, también forman parte del contexto en el que deberá desenvolverse quien suceda a Guterres.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene este viernes un amplio operativo de asistencia humanitaria para atender a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en Costa Rica, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el previsto ingreso de la Onda Tropical N.° 35 durante el fin de semana.

Las labores se desarrollan en coordinación con las instituciones que integran los Comités Municipales de Emergencia y han permitido distribuir alimentos, suministros y otros insumos básicos a más de 5,500 familias, mediante operaciones realizadas por tierra, mar y aire.

La atención humanitaria continúa siendo una de las principales prioridades en las zonas donde las lluvias provocaron inundaciones, afectaciones a viviendas, interrupciones de servicios y dificultades de acceso durante los últimos días.

Conforme el nivel del agua ha comenzado a descender en algunos sectores, las autoridades también avanzan en una segunda etapa de atención: la evaluación de daños.

Estas inspecciones permiten determinar el impacto de las inundaciones sobre infraestructura pública, viviendas y servicios básicos, información necesaria para establecer las necesidades de recuperación y definir las intervenciones que deberán ejecutarse posteriormente en los territorios afectados.

Aunque las condiciones meteorológicas han mostrado una mejoría parcial en algunas regiones del país, la emergencia todavía no se considera superada.

Uno de los factores que mantiene la atención de las autoridades es la saturación de los suelos, producto de las precipitaciones acumuladas durante los últimos días. Esta condición puede aumentar la vulnerabilidad ante nuevas lluvias, debido a que terrenos ya cargados de humedad tienen una menor capacidad para absorber agua adicional.

A esta situación se suma el ingreso previsto de la Onda Tropical N.° 35, fenómeno que podría provocar nuevas precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional durante este fin de semana.

Por esa razón, las autoridades decidieron mantener activas las Alertas Naranja y Amarilla, así como la operación de los Comités Municipales de Emergencia durante sábado y domingo.

Puente aéreo podría continuar el sábado

La asistencia a las comunidades con mayores dificultades de acceso tampoco se detendrá.

El operativo humanitario continuará durante el fin de semana y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el sábado se mantendrá activo el puente aéreo para llevar ayuda a otras comunidades indígenas.

Este tipo de operación ha permitido alcanzar territorios donde las condiciones geográficas o los daños provocados por las lluvias dificultan el traslado terrestre de alimentos, suministros y otros recursos esenciales.

La movilización combinada por tierra, mar y aire ha sido una de las estrategias utilizadas por el sistema de emergencias para ampliar la cobertura de la asistencia y llegar a poblaciones que permanecieron aisladas o con accesos limitados durante los momentos más críticos de las inundaciones.

462 personas todavía permanecen en albergues

Pese a la disminución en el número de personas desplazadas, 462 personas continúan alojadas en ocho albergues temporales.

Los centros de atención se encuentran distribuidos en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina y Sarapiquí, algunos de los territorios que han registrado afectaciones durante el episodio de lluvias.

Los albergues continúan funcionando mientras las familias desplazadas esperan que las condiciones permitan regresar de manera segura a sus viviendas o que las autoridades determinen el nivel de afectación de sus propiedades.

La permanencia de cientos de personas en estos espacios evidencia que, aun con la reducción de las lluvias en determinadas zonas, las consecuencias de la emergencia continúan presentes.

Las inspecciones buscan identificar daños en caminos, infraestructura, viviendas y servicios esenciales, además de establecer cuáles comunidades necesitan una respuesta prioritaria durante la fase de recuperación.

El panorama meteorológico del fin de semana obliga, sin embargo, a mantener el dispositivo de emergencia activo.

La previsión de nuevas lluvias asociadas a la Onda Tropical N.° 35, sumada a los suelos saturados, significa que las zonas recientemente afectadas podrían enfrentar nuevas complicaciones si se registran precipitaciones intensas.

El territorio de Costa Rica enfrenta este viernes 21 de agosto, condiciones atmosféricas dominadas por vientos alisios intensificados y lluvias dispersas, según el último reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El paso reciente de la onda tropical número 34 ha desplazado la Zona de Convergencia Intertropical hacia el mar Caribe, reduciendo su influencia directa sobre el país y alejando los sistemas más activos que generaban precipitaciones intensas en días previos.

Por lo que, la probabilidad de lluvias se concentra especialmente en la región de Limón un fenómeno atribuido al arrastre de humedad por los vientos alisios que predominan en el mar Caribe.

Por la tarde, se espera que las lluvias se trasladen a sectores cercanos a la costa de la provincia de Puntarenas, aunque con menor intensidad respecto a los episodios registrados durante el paso de las ondas tropicales anteriores.

En el resto del país, las condiciones se mantienen estables y la posibilidad de lluvias resulta reducida, de acuerdo con los pronósticos de los expertos del IMN. De igual manera, el reporte meteorológico destaca que la onda tropical número 34 ya no tiene incidencia sobre Costa Rica, lo que ha permitido que la Zona de Convergencia Intertropical se aleje mar adentro.

Este desplazamiento disminuye la presencia de sistemas inestables y reduce el potencial de lluvias generalizadas en el territorio nacional, aunque persisten afectaciones locales en zonas costeras.

Impacto en la educación: suspensión de clases en 145 centros

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que 145 centros educativos permanecen con lecciones suspendidas debido a los efectos acumulados de las lluvias recientes y a la evaluación permanente de las condiciones de infraestructura y accesibilidad.

Según información proporcionada por el MEP, los sectores más afectados corresponden a Guápiles, Turrialba y la Zona Norte-Norte, áreas que han experimentado un deterioro de caminos y edificaciones escolares a raíz de la saturación de suelos y las crecidas de ríos.

Las Direcciones Regionales de Educación (DRE) mantienen operativos de verificación en todos los centros educativos bajo su jurisdicción. Personal técnico revisa diariamente el estado de las instalaciones, las vías de acceso y los alrededores para determinar la viabilidad del retorno a clases.

El MEP hizo un llamado a las familias y comunidades educativas para consultar únicamente los canales oficiales del Ministerio, del IMN y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), y evitar trasladarse a centros educativos que permanecen cerrados. La medida busca prevenir desplazamientos innecesarios y reducir la exposición a riesgos derivados de las lluvias y posibles deslizamientos.

Lluvias históricas y respuesta ante emergencias

El impacto de la temporada lluviosa en Costa Rica se intensificó tras el paso de la onda tropical número 33 y la Zona de Convergencia Intertropical. Según cifras oficiales, estos eventos provocaron acumulados de hasta 359.8 milímetros en 48 horas y forzaron la evacuación y alojamiento temporal de más de 1,059 personas entre el Caribe y la Zona Norte.

Las autoridades reportaron que cerca de 1,000 centros educativos sufrieron interrupciones en sus labores o daños en infraestructura a causa de inundaciones y la crecida de ríos.

De momento, las autoridades recomiendan consultar los avisos oficiales y limitar los desplazamientos en zonas donde continúan las restricciones. Las instituciones mantienen medidas para proteger a estudiantes, personal docente y familias en las áreas bajo alerta.

En el allanamiento a la vivienda donde residían dos jóvenes asesinados en El Recreo de Turrialba esta semana, el Organismo de Investigación Judicial encontró armas de fuego y aparente droga lista para su comercialización, según detalla Diario Extra este viernes.

El hallazgo reorientó la investigación del doble crimen: la hipótesis que cobra más fuerza es que las víctimas llegaron desde Escazú para establecer un punto de venta de estupefacientes y chocaron con grupos que ya controlaban ese territorio.

Lo que comenzó como la búsqueda de dos personas baleadas terminó con un segundo cuerpo hallado días después por un trabajador de una finca cercana al lugar del ataque. Tenía heridas de bala y señales de llevar varios días fallecido.

Armas y droga en la vivienda cambian el rumbo del caso

El allanamiento se ejecutó cuando los investigadores todavía buscaban al segundo joven. En ese momento, las autoridades solo habían localizado a uno de los fallecidos y no descartaban que el otro pudiera estar con vida o haber huido.

Al ingresar al inmueble donde ambos se habían instalado, los agentes encontraron las armas y la droga aparentemente preparadas para su venta. Ese hallazgo trasladó el caso desde un homicidio sin móvil claro hacia una investigación sobre crimen organizado a nivel local.

Después del allanamiento, un trabajador de una finca encontró el segundo cuerpo en la misma zona del ataque. El estado del cadáver confirmó que no se trataba de un nuevo crimen, sino de la segunda víctima del ataque del fin de semana.

La hipótesis del territorio disputado

El narcomenudeo en Costa Rica opera mediante zonas que distintos grupos consideran propias. La llegada de vendedores externos puede desencadenar una respuesta violenta de quienes ya controlan el mercado en ese sector.

Bajo esa lógica, los investigadores estudian si los dos jóvenes, provenientes de Escazú, intentaron instalar un punto de venta en El Recreo y entraron en conflicto con una estructura que ya operaba allí, detalla la nota de Diario Extra.

La hipótesis es que un grupo rival habría ordenado o ejecutado el ataque para impedir que las víctimas tomaran el control de esa zona.

Por ahora, el Organismo de Investigación Judicial mantiene esta como una línea de investigación abierta. Las armas y la droga incautadas en la vivienda son las piezas materiales sobre las que se construye ese razonamiento, pero el móvil definitivo y los responsables aún no fueron determinados.

El contexto nacional: Cartago en alerta

El caso de Turrialba no ocurre de forma aislada. Según datos del Organismo de Investigación Judicial con corte al 7 de agosto de 2026, la provincia de Cartago acumula 38 homicidios en lo que va del año, y las autoridades han identificado disputas activas entre grupos como Los Maruja, Los Gery, la banda de Gordo Julio y Los Chacales como factores detrás de esa violencia.

El director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, explicó a medios locales que la dinámica se repite con frecuencia: cuando una estructura criminal se debilita, ya sea por detenciones o enfrentamientos, otros grupos intentan ocupar los espacios donde antes se vendía droga.

Ese vacío es, según las autoridades, uno de los principales detonantes de los ajustes de cuentas.

A nivel nacional, entre el 78% y el 80% de los homicidios del país responde a disputas por el tráfico local de estupefacientes, no al narcotráfico internacional.

Las víctimas de entre 18 y 29 años concentran el mayor número de muertes, con 167 casos registrados hasta principios de agosto.

El Organismo de Investigación Judicial proyecta cerrar 2026 con menos de 800 homicidios, una reducción frente a los 873 del año anterior, aunque la provincia de Cartago figura entre las excepciones donde los números no han bajado.

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó no reelegir a Julia Zoraida Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en una cerrada votación que deberá ser resuelta finalmente por el Plenario Legislativo.

El resultado fue de cuatro votos a favor de la no reelección y tres votos a favor de mantenerla en el cargo, evidenciando posiciones divididas entre los legisladores sobre la continuidad de la magistrada y, de manera más amplia, sobre la necesidad de renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados que se inclinaron por la salida de Varela argumentaron que el Poder Judicial necesita “nuevos aires” y caras nuevas, mientras que quienes respaldaron su permanencia destacaron principalmente su experiencia y participación en importantes reformas del sistema judicial costarricense.

Entre los argumentos favorables a la magistrada estuvo su trayectoria en la implementación de la reforma procesal laboral y los procesos de modernización relacionados con la jurisdicción de familia.

Otro criterio favorable resaltado es que la magistrada “ha contribuido al fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia”mediante procesos de modernización vinculados tanto con la reforma procesal de familia como con la reforma procesal laboral.

Los argumentos para no reelegirla

Entre quienes rechazaron la continuidad de Varela apareció también un cuestionamiento sobre las funciones administrativas asumidas por los magistrados y los incentivos salariales relacionados con esas responsabilidades.

Durante la discusión, uno de los diputados recordó una respuesta brindada por la magistrada durante su entrevista ante la comisión.

Según relató el legislador, Varela consideró que los magistrados no deberían dedicar tiempo a labores administrativas, pero se mostró favorable a mantener el complemento salarial asociado con esas funciones.

“Mi disgusto es que cuando yo le digo que estoy de acuerdo en que los magistrados no deberían estar en eso, entonces quitémosles el plus salarial que se les paga por hacer gestiones administrativas, ahí dice que no, que el plus continúe”, expresó.

El diputado vinculó esa posición con su criterio de que la Corte requiere una renovación.

Proponen limitar a 24 años la permanencia en la Corte

La discusión sobre la continuidad de Varela coincide con una propuesta de mayor alcance que busca modificar las reglas mediante las cuales se eligen y reeligen los magistrados en Costa Rica.

La diputada Abril Gordienko presentó una propuesta de reforma constitucional que contempla cambios en los artículos 158 y 159 de la Constitución Política.

Uno de los principales cambios consiste en establecer un límite máximo de 24 años para ejercer una magistratura, distribuidos en un primer periodo de ocho años y hasta dos reelecciones adicionales.

Actualmente, la legislación no establece un número máximo de veces que un magistrado puede ser reelegido.

El proyecto también propone elevar de 35 a 50 años la edad mínima necesaria para ocupar una magistratura y aumentar de 10 a 15 años la experiencia requerida en el ejercicio profesional.

Gordienko defendió los cambios bajo el argumento de que la Corte necesita personas con una mayor trayectoria profesional antes de asumir estos puestos.

“Considero que para que tengamos magistraturas experimentadas e independientes debemos elevar la edad mínima para acceder a esa posición, ponerla en 50 años; actualmente es de 35”, explicó.

La legisladora también plantea incorporar requisitos relacionados con la probidad, trayectoria profesional, publicaciones académicas e idoneidad de quienes aspiren a integrar la Corte.

Oficialismo cuestiona límite de 24 años

La posibilidad de elevar la edad mínima genera coincidencias entre distintas fuerzas políticas, aunque existen diferencias sobre cuánto tiempo debería permanecer una persona como magistrada.

Desde el oficialismo consideran razonable discutir una edad mínima de 50 años, pero señalan que permitir una permanencia máxima de 24 años sería excesivo.

Una de las posiciones expresadas plantea como alternativa establecer un máximo de 16 años, correspondiente a dos periodos de ocho años.

Desde Liberación Nacional también se manifestó respaldo a poner límites a las reelecciones, aunque la agrupación planteó que el número definitivo debería establecerse con base en criterios técnicos y comparaciones internacionales.

Dos años sin litigar ante la misma Sala

La propuesta de Gordienko incluye además restricciones para los magistrados después de abandonar sus cargos.

El texto establece que quienes hayan ocupado una magistratura no podrán durante los dos años siguientes aceptar determinados cargos políticos de elección popular, puestos ministeriales o cargos de confianza política, ni podrán litigar ante la misma Sala en la que ejercieron.

El objetivo es reducir potenciales conflictos de intereses y evitar lo que algunos legisladores describieron como “puertas giratorias” entre altos cargos judiciales, la política y el ejercicio privado de la profesión.

La reforma también plantea que las personas candidatas sean de conocida probidad y que el procedimiento de selección garantice criterios de paridad de género, idoneidad, excelencia, profesionalidad, producción académica, igualdad y no discriminación.

Por tratarse de una modificación a la Constitución, el trámite es más complejo que el de una ley ordinaria. La iniciativa debe contar inicialmente con el respaldo de al menos 10 diputados y posteriormente someterse a tres lecturas en el Plenario, con intervalos de seis días, antes de decidir si se admite para discusión.

Si avanza, deberá pasar a una comisión especial que contará con un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir un dictamen. Posteriormente necesitará el respaldo de al menos 38 diputados.

El embajador Boris Marchegiani Carrero presentó formalmente sus cartas credenciales ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con lo que quedó acreditado como representante de Costa Rica ante el organismo internacional.

El acto marcó el inicio formal de una nueva etapa de representación diplomática del país ante Naciones Unidas y permitió al embajador exponer ante Guterres algunos de los principales principios que orientarán la presencia costarricense dentro de la organización.

Durante el encuentro, Marchegiani reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y el multilateralismo, pilares que históricamente han ocupado un lugar relevante dentro de la política exterior costarricense.

La presentación de las cartas credenciales constituye el procedimiento diplomático mediante el cual un representante queda formalmente reconocido para ejercer sus funciones ante un Estado u organización internacional. En este caso, el acto permitió a Marchegiani Carrero oficializar su posición ante uno de los principales foros multilaterales del mundo.

Además de completar el trámite protocolario, el diplomático aprovechó la reunión con Guterres para exponer las áreas en las que Costa Rica buscará mantener una participación activa durante su gestión.

Entre esas prioridades aparecen la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Costa Rica reafirma su agenda multilateral

La llegada formal de Marchegiani a la representación ante Naciones Unidas ocurre en un momento en el que Costa Rica busca mantener presencia en discusiones internacionales relacionadas con seguridad, democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible.

El mensaje trasladado durante la presentación de credenciales apuntó precisamente a mantener esa continuidad.

Costa Rica ha desarrollado históricamente una política exterior con énfasis en la defensa del Derecho Internacional y en el fortalecimiento de los organismos multilaterales como espacios para atender conflictos y desafíos compartidos entre países.

En su conversación con el secretario general, el embajador señaló que el país continuará promoviendo esas prioridades dentro de Naciones Unidas.

El encuentro sirvió además para que António Guterres resaltara el papel desempeñado por Costa Rica dentro del organismo.

El secretario general destacó el liderazgo del país en Naciones Unidas y el reconocimiento alcanzado por su voz en el ámbito internacional.

También resaltó el papel costarricense como ejemplo de un Estado que, “pese a su tamaño, contribuye significativamente a los principios de la ONU”.

La valoración de Guterres se produjo en el marco de la acreditación del nuevo embajador y después de que este expusiera la visión con la que Costa Rica pretende continuar trabajando dentro del sistema de Naciones Unidas.

Grynspan también estuvo en la agenda

Aunque la presentación de las cartas credenciales fue el eje principal del encuentro, Marchegiani aprovechó la reunión para reiterar otra de las apuestas diplomáticas del Gobierno costarricense: la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la ONU.

El embajador transmitió nuevamente el respaldo oficial del país y destacó el liderazgo y la experiencia internacional de Grynspan.

La postulación se suma así a los asuntos que deberá acompañar la representación diplomática costarricense durante los próximos meses, junto con la participación del país en debates y negociaciones multilaterales.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, comunicó a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, que no participará en la reunión de los presidentes de los Supremos Poderes convocada para este viernes 21 de agosto, al cuestionar las condiciones bajo las cuales fue planteado el encuentro.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a Fernández, en respuesta al oficio PR-P-OF-093-2026, del 14 de agosto, en el que la mandataria informó sobre los temas propuestos para la sesión y abrió la posibilidad de incorporar asuntos adicionales.

Aguirre recordó que el Poder Judicial había recibido favorablemente el anuncio de reactivar este tipo de reuniones, pero aseguró que desde el inicio había establecido una serie de condiciones que, a su criterio, debían garantizarse para que el diálogo entre los poderes de la República pudiera desarrollarse adecuadamente.

Entre ellas mencionó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el financiamiento de la justicia, la buena fe, el respeto, la disposición a escuchar, reglas claras y el reconocimiento de las competencias constitucionales de cada Poder.

Tras analizar la propuesta del Ejecutivo, el jerarca judicial informó que no acudirá a la cita.

“Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella”, señaló Aguirre en la comunicación enviada a Casa Presidencial.

Corte cuestiona mecanismo de seguimiento

El presidente de la Corte afirmó que los espacios de coordinación entre los Supremos Poderes pueden servir para identificar problemas comunes, intercambiar información y coordinar determinadas acciones.

Sin embargo, cuestionó la posibilidad de que una instancia de carácter político pueda establecer metas, plazos o mecanismos de evaluación sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

“Un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”, indicó.

Según Aguirre, cualquier acuerdo debe respetar los procedimientos y competencias que establece la Constitución Política para cada uno de los poderes del Estado.

En el caso de la administración judicial, recordó que el gobierno interno corresponde a Corte Plena, órgano encargado legalmente de definir las políticas generales de la institución.

“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial”, sostuvo.

Agregó que el objetivo es preservar la independencia necesaria para que los tribunales y demás órganos judiciales puedan “actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley”.

Coordinación en seguridad continuará

A pesar de la decisión de no acudir al encuentro, Aguirre aclaró que la coordinación operativa entre las instituciones de seguridad y justicia no se verá afectada.

La cooperación entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, así como entre el Ministerio Público y otras autoridades, continuará en investigaciones, operativos y acciones contra organizaciones criminales.

Para respaldar el trabajo realizado por el Poder Judicial en materia de seguridad, Aguirre incluyó una serie de cifras correspondientes a 2026.

De acuerdo con la carta, el OIJ ha desarticulado 21 organizaciones criminales durante este año.

Entre enero y junio de 2026, el organismo ejecutó 1,861 allanamientos, mientras que hasta el 31 de julio había decomisado más de 10,600 kilogramos de droga.

De ese total, aproximadamente 9,080 kilogramos corresponden a cocaína, una cantidad que, según el presidente de la Corte, supera ampliamente lo incautado de esa sustancia durante todo 2025.

Aguirre destacó que estos resultados forman parte del trabajo realizado diariamente por investigadores, fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales.

Reforma penal apunta a 2027

La carta también abordó la necesidad de realizar cambios en la legislación para responder al avance de la criminalidad.

Según el presidente de la Corte, el Poder Judicial trabaja actualmente en una reforma integral del proceso penal, cuya propuesta estaría lista para ser puesta a disposición de la Asamblea Legislativa en 2027.

Mientras se desarrolla ese proyecto, Aguirre recordó que desde 2025 se encuentra en el Congreso el expediente N.° 24.913, una reforma puntual que, según la institución, podría generar resultados inmediatos.

La eventual aprobación del proyecto permitiría, de acuerdo con las estimaciones del Poder Judicial, incrementar en un 31% la capacidad operativa de los Tribunales Penales.

Además, podría representar un ahorro estimado de ₡122.3 millones (USD 271 mil) mediante un aprovechamiento más eficiente de los recursos judiciales.

“El Poder Judicial mantiene íntegra su disposición al diálogo entre los Supremos Poderes, sobre la base de la buena fe, el respeto recíproco, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias, obligaciones financieras e independencia judicial que garantiza la Constitución”, afirmó.

El presidente de la Corte concluyó señalando que analizará eventuales nuevas convocatorias dependiendo de las condiciones concretas en que sean formuladas.

Fernández ya había cuestionado ausencias del Poder Judicial

La decisión de Orlando Aguirre se produce un mes después de otro desencuentro entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales. El 21 de julio, la presidenta Laura Fernández criticó públicamente la ausencia de representantes del Poder Judicial en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad, donde quedaron vacías las sillas destinadas al presidente de la Corte, la presidenta de la Sala de Casación Penal, el fiscal general y el director interino del OIJ. En aquella oportunidad, Fernández sostuvo que esas ausencias reflejaban “el no interés por resolver desde la raíz los problemas de seguridad que tiene Costa Rica” y afirmó que el desplante no era contra ella, sino contra la población.

La mandataria también atribuyó la decisión a un “berrinche por el tema del recorte del presupuesto del Poder Judicial” y llegó a plantear la posibilidad de analizar un eventual incumplimiento de deberes. El Poder Judicial, por su parte, había justificado su ausencia alegando que algunos asuntos de la agenda podían comprometer la independencia de criterio de jueces y magistrados, un argumento similar al que Aguirre vuelve a exponer ahora para rechazar la reunión de los Supremos Poderes prevista para este viernes.

Un jefe de la Fuerza Pública de Costa Rica fue condenado a 12 años de prisión por disparar en dos ocasiones contra un hombre que se encontraba esposado y trataba de escapar durante una detención, en un hecho ocurrido en Costa de Pájaros, Puntarenas, en octubre de 2019.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas informó que logró que un Tribunal declarara culpable a un oficial de apellidos Miranda Morales por el delito de tentativa de homicidio calificado, luego de determinar que el uso de su arma de reglamento no estaba justificado bajo las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Para la fecha del incidente, Miranda se desempeñaba como jefe de la Delegación de Fuerza Pública de Chomes y acumulaba más de 20 años de servicio en la institución policial.

Los hechos se remontan al 19 de octubre de 2019, aproximadamente a las 11:00 a. m., cuando el oficial y otros funcionarios policiales llegaron hasta la vivienda de la víctima con el objetivo de detenerla.

El hombre estaba vinculado con una investigación por homicidio, motivo por el cual fue aprehendido por los agentes.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, el sospechoso no opuso resistencia al momento de la detencióny los policías procedieron a colocarle las esposas con las manos hacia atrás.

Posteriormente, los funcionarios y el detenido permanecieron en la vía pública, mientras esperaban la llegada de personal judicial encargado de realizar un allanamiento en la vivienda.

Fue durante esa espera cuando la situación cambió.

Según la prueba presentada por el Ministerio Público, el hombre comenzó a correr para alejarse del lugar, a pesar de permanecer esposado.

Ante el intento de fuga, Miranda sacó su arma de reglamento y realizó dos disparos hacia la espalda del detenido.

Uno de los proyectiles alcanzó al hombre en el tórax y le provocó lesiones que comprometieron órganos de su sistema digestivo.

Tribunal determinó que no existía una amenaza

Uno de los principales puntos analizados durante el juicio fue determinar si las condiciones existentes en el momento del intento de fuga justificaban que el oficial utilizara un arma de fuego. La Fiscalía sostuvo que no.

Durante el debate judicial se logró acreditar que la víctima estaba esposada con las manos detrás de la espalda, se encontraba de espaldas a los policías y corría para huir del lugar.

Según la acusación acogida por el Tribunal, en esas circunstancias el hombre no representaba un riesgo para la integridad física de los agentes ni de otras personas presentes en la zona.

Ese elemento resultó determinante para establecer la responsabilidad penal del jefe policial.

El Ministerio Público logró demostrar que el uso del arma de fuego no estaba justificado, pese a que la persona intentaba escapar de la custodia policial.

El caso pone nuevamente bajo discusión los límites del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, particularmente cuando se trata de personas que ya se encuentran sometidas a una medida de aprehensión.

Medidas cautelares mientras queda firme la sentencia

La condena todavía debe adquirir firmeza antes de que se ejecute definitivamente la pena de prisión.

Mientras concluyen las etapas procesales correspondientes, Miranda deberá cumplir con la obligación de firmar periódicamente ante las autoridades.

Además, el Tribunal le impuso una prohibición de salida del país, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía.

El expediente judicial relacionado con estos hechos corresponde al número 19-001686-431-PE.

El Ministerio Público añadió un elemento adicional sobre la persona que resultó herida durante el procedimiento policial.

Según confirmó la Fiscalía de Puntarenas, el hombre que recibió el disparo también fue procesado en otro expediente penal por el homicidio que motivó originalmente su detención aquel 19 de octubre de 2019.

En ese proceso independiente, la víctima de los disparos también fue sentenciada por su participación en el homicidio investigado.

Ambos procedimientos, sin embargo, corresponden a responsabilidades penales distintas: por un lado, la participación del detenido en el homicidio por el cual era buscado y, por otro, la actuación del jefe policial durante su intento de fuga.

El Gobierno de Laura Fernández Delgado anunció la firma de un acuerdo de colaboración con Google con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial (IA) en áreas como educación, salud y seguridad, como parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la nueva administración.

La alianza fue presentada durante la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno, en una actividad en la que participaron Ana Recalde, directora de Iniciativas Estratégicas de Google; Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; la presidenta Laura Fernández Delgado, como testigo de honor, y el segundo vicepresidente de la República, Douglas Soto, también en calidad de testigo.

El Ejecutivo presentó el convenio como una de sus principales alianzas con el sector tecnológico y aseguró que busca colocar la tecnología al servicio de la población mediante el fortalecimiento de la colaboración entre el Estado costarricense y una de las principales compañías tecnológicas del mundo.

“Vamos a poner la tecnología y la inteligencia artificial al servicio del pueblo de Costa Rica”, se anunció durante la presentación del acuerdo.

La iniciativa, según lo explicado durante el acto, pretende facilitar el uso de soluciones tecnológicas en diferentes sectores del aparato público.

Google apunta a educación y salud

Durante su intervención, Ana Recalde, directora de Iniciativas Estratégicas de Google, destacó el enfoque del Gobierno en la transformación digital y aseguró que la empresa colaborará en diferentes áreas.

“La gran visión que tiene doña Laura en relación a toda la transformación digital del país. A través de la tecnología y con Google vamos a poder proveer todos estos servicios en las diferentes áreas que ya mencionó doña Laura, como educación, salud”, manifestó Recalde.

La representante de la compañía aseguró además que la participación de Google estará dirigida a respaldar procesos que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

“Es un placer y cuenten con nosotros en toda esta innovación y en este proceso de transformación”, añadió.

El acuerdo se produce en momentos en los que distintas administraciones públicas alrededor del mundo han comenzado a incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial en procesos administrativos y servicios dirigidos a los ciudadanos.

En el caso de Costa Rica, Fernández aseguró que su administración pretende acelerar esa transformación y sostuvo que se trata de un compromiso incluido desde la campaña electoral.

Fernández: “La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente”

La presidenta dedicó una intervención posterior a explicar el significado que su Gobierno otorga a la alianza.

Fernández afirmó que desde el inicio de su administración se trabaja en una estrategia para intensificar el uso de herramientas digitales dentro del Estado.

“Desde el día número uno, en cumplimiento de mi promesa, de lo que está en mi plan de gobierno, de hacer una apuesta decidida por la transformación digital y el uso intensivo de la inteligencia artificial en la mejora de la calidad de los servicios públicos que reciben los costarricenses”, sostuvo.

Según la mandataria, las conversaciones con Google han sido coordinadas bajo el liderazgo del segundo vicepresidente, Douglas Soto, y de la ministra del Micitt, Paula Bogantes.

Ese trabajo, afirmó Fernández, desembocó en la alianza presentada oficialmente durante el acto de los primeros cien días.

La presidenta indicó que la intención es ampliar las posibilidades de utilización de inteligencia artificial en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.

“Hemos logrado firmar lo que ustedes acaban de ver, que consiste en una alianza para que nuestro país pueda utilizar la inteligencia artificial en mejor medida en la educación, en la salud, en la seguridad y en otras ramas del desarrollo nacional”, manifestó Fernández.

Transformación digital como apuesta de Gobierno

La administración Fernández ha colocado la digitalización del Estado entre los asuntos que pretende impulsar durante su gestión, y el acuerdo con Google fue presentado como uno de los primeros pasos de esa estrategia.

Sin embargo, durante el anuncio no se precisó cuáles tecnologías de Google serán utilizadas, qué plataformas podrían incorporarse a las instituciones públicas, cuántos funcionarios recibirán capacitación o si el acuerdo contempla algún desembolso económico por parte del Estado.

Tampoco se especificó un cronograma para el inicio de los proyectos derivados del convenio.

El mensaje político del Ejecutivo se concentró, en cambio, en la necesidad de acelerar la incorporación de nuevas tecnologías ante la velocidad con la que está evolucionando la inteligencia artificial.

Fernández sostuvo que Costa Rica no debería considerar estas herramientas como una posibilidad distante, sino como tecnologías que ya están transformando actividades económicas, productivas y gubernamentales.

“La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, y Costa Rica no se puede quedar atrás”, afirmó.

La mandataria cerró su intervención defendiendo la decisión de establecer una alianza con una compañía que describió como referente mundial del sector.

“Lo estamos haciendo con los mejores, con una de las empresas líderes mundiales en esta materia, con Google”, concluyó.

El acuerdo se incorpora así a las alianzas anunciadas por el Ejecutivo durante la presentación de sus primeros 100 días, con la expectativa de utilizar la tecnología y la inteligencia artificial como herramientas para modernizar servicios públicos y respaldar áreas consideradas prioritarias para el país.

Una expresión que hasta hace poco pertenecía principalmente al lenguaje de videojuegos, memes y redes sociales saltó esta semana a los espacios públicos de Costa Rica. Las llamadas batallas de “farmeo de aura” comenzaron a viralizarse luego de que estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizaran una competencia frente al edificio de Estudios Generales, en la sede Rodrigo Facio.

La dinámica puede resultar desconcertante para quienes no están familiarizados con el lenguaje de las generaciones más jóvenes: dos personas se enfrentan utilizando poses, bailes, gestos, movimientos o referencias virales para convencer al público de que poseen más “aura” que su contrincante.

No hay necesariamente una habilidad específica que deba demostrarse ni una serie rígida de reglas. El propósito es generar una reacción entre los espectadores mediante seguridad, creatividad, humor y presencia escénica.

El ganador puede definirse por los aplausos y gritos de quienes observan o por la decisión de un jurado, dependiendo de la organización de cada encuentro.

Las imágenes de la actividad realizada en el Pretil de la UCR comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y rápidamente provocaron comentarios, críticas y nuevas convocatorias para repetir este tipo de competencias.

¿Qué significa “farmear aura”?

Para comprender el fenómeno es necesario separar los dos conceptos que forman la expresión.

“Farmear” es una adaptación al español del término inglés to farm o farming. Aunque su significado literal está relacionado con cultivar, dentro del mundo de los videojuegos comenzó a utilizarse para describir la acción de repetir determinadas tareas para conseguir recursos, experiencia, objetos o puntos que permitan avanzar.

Es común encontrar el término entre jugadores de títulos como Minecraft o Fortnite, donde una persona puede “farmear” materiales o experiencia.

El concepto de “aura”, por su parte, adquirió un nuevo significado dentro del lenguaje utilizado por comunidades jóvenes en internet.

En este contexto no se refiere a una energía espiritual. Describe la presencia, seguridad, carisma o impacto que una persona transmite frente a otras.

Bailes de Fortnite, “dab” y memes convertidos en armas

Los duelos tampoco dependen de grandes hazañas. Buena parte de su atractivo está precisamente en el carácter absurdo de las actuaciones.

Los participantes pueden utilizar desde emotes de Fortnite hasta movimientos que se hicieron virales años atrás.

Uno de los ejemplos es el “dab”, una pose que alcanzó gran popularidad alrededor de 2016, especialmente entre deportistas y usuarios de redes sociales.

También aparecen referencias más recientes, como el llamado “six-seven”, otro gesto difundido ampliamente en plataformas digitales.

Quienes reconocen estas referencias entienden un segundo nivel de la competencia: observar cómo movimientos que normalmente existen detrás de una pantalla son reproducidos de manera deliberadamente exagerada frente a decenas de personas.

La audiencia se transforma así en parte esencial del espectáculo. Aplausos, gritos, risas y reacciones funcionan como una especie de marcador para determinar quién consiguió más “aura”.

Más que vencer al contrincante, las competencias parecen tener como principal objetivo divertirse colectivamente y convertir referencias propias de internet en una actividad presencial.

El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. Videos de dinámicas similares han circulado desde países como Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Perú, donde grupos de jóvenes también han organizado encuentros para disputar simbólicamente quién tiene mayor presencia frente al público.

UCR sale en defensa de las actividades espontáneas

La viralización del encuentro realizado en la Universidad de Costa Rica también generó críticas y cuestionamientos en redes sociales, lo que llevó a la institución a pronunciarse.

La UCR reafirmó que sus campus deben funcionar como espacios de “expresión, convivencia y respeto” y señaló que las actividades espontáneas realizadas por estudiantes forman parte de las posibilidades de encuentro y socialización dentro de la comunidad universitaria.

La institución defendió la posibilidad de que estas manifestaciones se desarrollen en sus instalaciones, pero hizo especial énfasis en proteger a quienes participan ante los señalamientos surgidos posteriormente en plataformas digitales.

La Universidad pidió evitar que los estudiantes se conviertan en blanco de hostigamiento o estigmatización, aunque reconoció que la crítica, las opiniones y el humor también forman parte de la dinámica universitaria.

El respaldo, sin embargo, tiene límites administrativos.

La UCR aclaró que aquellas convocatorias que incorporen premios en efectivo, patrocinios, presencia de marcas comerciales o mecanismos de lucro deberán gestionarse previamente ante la institución para cumplir con las disposiciones relacionadas con seguridad y responsabilidad de los organizadores.

La posición surge mientras el fenómeno continúa ganando exposición en Costa Rica y aparecen nuevas convocatorias después de la actividad realizada esta semana en la sede Rodrigo Facio.

Detrás de la aparente competencia por conseguir cientos o miles de puntos imaginarios, el “farmeo de aura” refleja además una característica del lenguaje digital actual: conceptos que nacen en videojuegos y redes sociales pueden abandonar rápidamente la pantalla para convertirse en formas de interacción, humor y entretenimiento en espacios físicos.

Costa Rica reforzó esta semana su cooperación con Estados Unidos para combatir las estructuras internacionales dedicadas al narcotráfico, en medio de reuniones de alto nivel desarrolladas en Buenos Aires, Argentina, en las que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reconoció el trabajo efectuado tanto por el Ministerio Público como por la Policía de Control de Drogas (PCD).

Los encuentros se produjeron durante la 40.ª reunión de la IDEC XL, una conferencia internacional para el control de drogas que congrega a representantes de organismos policiales, autoridades gubernamentales y especialistas en fiscalización de estupefacientes de más de 130 países.

Uno de los principales protagonistas de la agenda fue el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien mantuvo dos reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses para definir nuevas líneas de colaboración en áreas como narcotráfico, investigación criminal y posibles actos de corrupción relacionados con funcionarios públicos.

Previo al inicio de las actividades, Díaz sostuvo un encuentro con el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, acompañado por funcionarios de la agencia estadounidense destacados en Costa Rica y Centroamérica.

Durante la reunión, ambas delegaciones analizaron las principales amenazas asociadas con el tráfico internacional de drogas y acordaron establecer nuevas líneas de cooperación y apoyo para fortalecer las investigaciones y la capacidad de respuesta de ambos países.

Cole también entregó al fiscal general una distinción por la labor desarrollada por las autoridades costarricenses.

“En reconocimiento a nuestros socios costarricenses por su inquebrantable colaboración con la DEA en la lucha contra el narcotráfico. Su firme compromiso con la seguridad fortalece la profunda amistad entre nuestras naciones”, señala el reconocimiento otorgado a Díaz y firmado por el administrador de la agencia antidrogas estadounidense.

Casos de detenidos en altamar forman parte de la agenda

Díaz también sostuvo una segunda reunión con Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, con quien conversó sobre mecanismos de coordinación internacional y las necesidades de Costa Rica para incrementar sus capacidades de investigación contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Uno de los puntos abordados fue el tratamiento judicial de personas detenidas en altamar por autoridades estadounidenses.

El fiscal general aseguró que, cuando las condiciones del caso y el ordenamiento jurídico costarricense lo permiten, estos expedientes son tramitados mediante el procedimiento expedito de flagrancia, con la intención de acelerar la respuesta judicial.

“La lucha contra el narcotráfico no puede entender de fronteras. Costa Rica necesita fortalecer permanentemente sus capacidades investigativas, pero también requiere aliados estratégicos que permitan enfrentar a estas organizaciones donde quiera que operen”, afirmó Díaz.

El jerarca agregó que “nuestra responsabilidad es que esa cooperación internacional se traduzca en investigaciones sólidas y en respuestas judiciales oportunas”.

Según la información divulgada por el Ministerio Público, Randall reconoció el modelo costarricense de respuesta y señaló que la experiencia del país está siendo utilizada como referencia para otras naciones, especialmente en lo relativo a la articulación de mecanismos de cooperación internacional y la respuesta judicial frente a investigaciones vinculadas con narcotráfico.

Fiscalía apunta ahora a corrupción vinculada con organizaciones criminales

El Ministerio Público aseguró que durante los encuentros también se revisaron los compromisos establecidos por Costa Rica desde 2024 y los avances alcanzados durante los últimos dos años.

Según Díaz, varios de aquellos objetivos ya fueron cumplidos, por lo que actualmente se trabaja en una segunda etapa orientada a profundizar el intercambio de información, fortalecer las capacidades investigativas y atacar posibles redes de corrupción que faciliten las operaciones de organizaciones criminales.

“Los resultados que hoy presentamos son producto de un trabajo sostenido y de una cooperación internacional que ha permitido convertir objetivos planteados en el 2024 en resultados concretos”, señaló el fiscal.

Díaz agregó que “el desafío ahora es ir más allá: fortalecer nuestras capacidades, profundizar el intercambio de información y seguir golpeando las estructuras criminales y la corrupción que pueda facilitar sus operaciones”.

Durante su participación en Argentina, el fiscal general también sostuvo reuniones de cooperación con sus homólogos de Panamá, Honduras y Guatemala.

DEA también reconoce a la Policía de Control de Drogas

El reconocimiento estadounidense no se limitó al Ministerio Público. La DEA también distinguió a la Policía de Control de Drogas de Costa Rica por su colaboración en investigaciones relacionadas con narcotráfico y por operaciones que permitieron decomisos de cocaína y capturas de personas vinculadas con organizaciones criminales.

La distinción fue recibida por el director de la PCD, Stephen Madden, también de manos de Terrance Cole, durante la conferencia desarrollada en Argentina.

La DEA calificó a la Policía de Control de Drogas como un “socio estratégico en la región” para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La participación de Madden en el encuentro internacional también permitió establecer contactos con representantes de organismos policiales y autoridades antidrogas de otras naciones.

La conferencia tiene precisamente entre sus objetivos que los países participantes analicen los principales desafíos del narcotráfico internacional y logren priorizar, seleccionar y acordar objetivos comunes para investigaciones y operaciones.

Para las autoridades costarricenses, la participación en este tipo de espacios busca además fortalecer las capacidades operativas de la PCD, consolidar los mecanismos de cooperación existentes y aumentar el intercambio de información estratégica con agencias extranjeras.

Las reuniones y reconocimientos se producen en momentos en que las autoridades costarricenses buscan aumentar la coordinación internacional frente a organizaciones que operan simultáneamente en distintos países y utilizan rutas marítimas y terrestres para el traslado de drogas.

Tanto el Ministerio Público como la PCD sostienen que la cooperación con agencias extranjeras será una de las herramientas centrales para investigar esas estructuras, identificar a sus integrantes y llevar los casos ante los tribunales costarricenses.

Las fuertes lluvias que han golpeado durante las últimas semanas a la Zona Norte y la Vertiente del Caribe de Costa Rica llevaron a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a recomendar al Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia nacional en nueve cantones, ante las inundaciones, daños en infraestructura y comunidades que permanecen incomunicadas.

La recomendación contempla a los cantones de Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, donde las autoridades han reportado crecidas de ríos y quebradas, inundaciones, daños en carreteras y accesos terrestres, además de afectaciones directas a viviendas y familias.

Según explicó la CNE, una eventual declaratoria permitiría establecer un marco excepcional para atender de manera prioritaria los daños ocasionados por las precipitaciones, agilizar la coordinación entre instituciones y desarrollar las obras requeridas para recuperar infraestructura y servicios públicos.

La medida también facilitaría la movilización de recursos públicos y la coordinación entre distintas entidades del Estado para intervenir carreteras, puentes, sistemas comunales y otras obras dañadas por las lluvias.

La CNE informó que, en caso de concretarse la declaratoria, trabajará en la elaboración del Plan General de la Emergencia, documento que establecerá las principales obras y proyectos que deberán desarrollarse durante la etapa de recuperación y reconstrucción.

“Lo más importante es que nos permite actuar de manera coordinada y oportuna frente a las necesidades de las personas y de las comunidades afectadas”, señaló la institución.

Más de 700 personas siguen en albergues

Las precipitaciones se han mantenido de manera constante desde la semana pasada en diferentes puntos de la Zona Norte y el Caribe, una situación que ha dejado a miles de personas afectadas directa o indirectamente, de acuerdo con el balance de las autoridades.

Para responder a las emergencias, la CNE mantiene un trabajo conjunto con los comités municipales de emergencia, encargados de coordinar la asistencia en cada uno de los territorios afectados.

Durante este jueves 20 de agosto, un total de 418 personas lograron regresar a sus viviendas después de permanecer en refugios temporales.

Sin embargo, otras 773 personas continúan alojadas en 10 albergues, principalmente en zonas donde las precipitaciones siguen siendo intensas o donde persisten condiciones de riesgo para el retorno de las familias.

Las autoridades mantienen además operativos de entrega de alimentos, artículos de higiene y otros insumos básicos en comunidades afectadas.

Operativo aéreo llegó a 12 comunidades indígenas

Uno de los principales retos de la emergencia ha sido llevar asistencia a poblaciones que quedaron incomunicadas por vía terrestre debido a las condiciones de caminos, puentes y cauces.

Desde el martes, la CNE inició un operativo aéreo para ingresar a 12 comunidades indígenas ubicadas en los cantones de Limón, Talamanca y Turrialba.

Hasta el momento, 650 familias indígenas han recibido alimentos como parte de estas acciones.

Sin embargo, durante este jueves las condiciones meteorológicas impidieron continuar con los vuelos.

“Este jueves, las condiciones del tiempo no han permitido continuar con el operativo aéreo, pero la atención de las comunidades no se va a detener. En cuanto se presente una ventana favorable, se reanudarán las operaciones”, explicó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Las labores de asistencia sí continúan por carretera en aquellos sectores donde existen condiciones para el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Como parte de ese operativo terrestre, las autoridades movilizan este jueves unas 1,300 raciones de alimentos y kits de higiene destinadas a familias residentes en Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Talamanca.

Ríos crecidos y suelos saturados

El monitoreo realizado por las autoridades durante la mañana de este jueves mantiene especial atención sobre Sarapiquí, la Zona Norte y gran parte del Caribe, donde las lluvias continúan.

A la persistencia de las precipitaciones se suma el aumento en los niveles de diferentes ríos y la alta saturación de los suelos, factores que elevan el riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos y afectaciones en caminos.

La CNE pidió a las personas que viven en zonas vulnerables mantenerse pendientes de las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.

La situación se mantiene bajo vigilancia mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo comunidades, distribuyendo suministros y evaluando los daños generados por las precipitaciones.

La posible declaratoria de emergencia nacional en los nueve cantones permitiría pasar de la fase inmediata de atención a una etapa más amplia de reconstrucción y recuperación, especialmente en los territorios donde las lluvias han dejado daños en infraestructura vial, viviendas, servicios básicos y accesos comunales.

El Gobierno de Laura Fernández Delgado anunció una serie de inversiones en infraestructura aeroportuaria con las que pretende descongestionar terminales aéreas, incrementar la capacidad para recibir vuelos internacionales, facilitar las exportaciones y generar nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones de Costa Rica.

La estrategia comprende tres regiones y tres proyectos considerados estratégicos: la modernización del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, nuevas obras en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós y una ampliación integral del Aeropuerto Internacional de Limón.

El planteamiento fue presentado por el Ejecutivo bajo la premisa de que el desarrollo de infraestructura debe acompañarse de capacidad productiva, atracción de inversiones, exportaciones y generación de empleo.

“Desarrollar un país no es solamente construir edificios, es construir capacidad para producir, para exportar, para traer inversión y para generar empleo”, señaló el Gobierno.

USD 30 millones para revivir el Tobías Bolaños

Uno de los principales anuncios corresponde al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, ubicado en Pavas, San José, para el cual la administración proyecta una inversión cercana a los USD 30 millones.

Las obras contemplan remodelar la terminal, ampliar la pista, aumentar la plataforma destinada a aeronaves privadas y mejorar los sistemas de iluminación.

El objetivo del Ejecutivo es que esta terminal vuelva a ocupar un papel central dentro de la estrategia aeroportuaria del país y pueda asumir parte de las operaciones que actualmente se concentran en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La administración pretende trasladar a Pavas la terminal de vuelos domésticos que actualmente opera desde el Juan Santamaría. Según el planteamiento gubernamental, esa modificación permitiría liberar capacidad en Alajuela para incrementar hasta en un 40% los vuelos internacionales.

El Gobierno señaló que el Tobías Bolaños dejó de funcionar como aeropuerto de vuelos domésticos desde 2014 y planteó su recuperación como una herramienta para ordenar el sistema aeroportuario.

Liberia tendrá una terminal de carga

En Guanacaste, el Gobierno también anunció inversiones en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

La administración informó que destinará ₡3,000 millones (USD 6.6 millones) a la ampliación de la plataforma para el estacionamiento de aeronaves privadas, una obra dirigida a responder al crecimiento de la actividad turística en la provincia.

Sin embargo, el proyecto de mayor alcance se proyecta para 2030.

El Ejecutivo pretende incorporar una terminal de carga dentro del nuevo plan maestro y del próximo proceso de concesión del aeropuerto.

La intención es que la terminal de Liberia deje de funcionar únicamente como una puerta de entrada para turistas internacionales y adquiera también capacidad para facilitar las exportaciones desde Guanacaste.

“Guanacaste tiene que estar preparado para producir, exportar y competir”, sostuvo el Gobierno.

La nueva infraestructura podría beneficiar especialmente el envío de carne, productos lácteos, alimentos frescos y otros productos guanacastecos hacia mercados internacionales.

“En el nuevo plan maestro incluiremos en la nueva concesión una terminal de carga para ese aeropuerto”, se indicó durante el anuncio.

USD 40 millones para transformar el aeropuerto de Limón

La mayor intervención individual corresponde al Aeropuerto Internacional de Limón, donde el Gobierno proyecta invertir USD 40 millones.

El plan contempla una modernización integral y no únicamente trabajos de mantenimiento.

Entre las obras previstas se encuentra la ampliación de la pista en aproximadamente 600 metros, la construcción de una nueva terminal de pasajeros, instalaciones para seguridad y protección contra incendios, infraestructura para abastecimiento de combustible, nuevos accesos y parqueos, así como obras de protección marítima.

“No hablamos de un simple maquillaje, se trata de una modernización completa”, señaló el Ejecutivo.

La meta gubernamental es utilizar la renovación de la terminal para atraer más vuelos internacionales hacia el Caribe costarricense, generar actividad comercial y favorecer nuevas inversiones en la provincia.

En conjunto, la administración presentó las iniciativas como una estrategia en la que los aeropuertos no funcionen únicamente para transportar pasajeros, sino también como infraestructura vinculada directamente con la producción, el comercio exterior y la generación de empleo.

“Costa Rica está despegando. Esta es infraestructura que produce, descongestiona, agrega valor, atrae inversión y crea empleo”, concluyó la mandataria.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad de Santander firmaron este miércoles un convenio que permitirá otorgar 30,000 becas a docentes costarricenses, con el objetivo de fortalecer sus competencias profesionales y generar un impacto directo en la formación de miles de estudiantes del país.

El acuerdo fue suscrito por Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, y Enrique Javier Navarro Flórez, rector de la Universidad de Santander, durante una actividad en la que participaron como testigos de honor la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el diputado Gerald Bogantes, señalado durante la ceremonia como uno de los impulsores de la iniciativa.

La Presidencia presentó el convenio como una de las acciones dirigidas a fortalecer la preparación del personal docente del sistema educativo costarricense.

“Treinta mil docentes, escuchen bien, treinta mil docentes reciban una beca que va a mejorar sus competencias en beneficio de miles de estudiantes”, se anunció durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como eje la capacitación de quienes mantienen contacto directo con los estudiantes en las aulas y busca que el fortalecimiento profesional de los educadores termine reflejándose en los procesos de aprendizaje.

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Santander, Enrique Javier Navarro Flórez, destacó precisamente el papel que desempeñan los docentes dentro del sistema educativo y la importancia de invertir en su formación.

“El llegar directamente a la atención del docente, del profesor, quien está ahí con nuestros hijos día a día, quien está presente, y estar capacitado, estar preparado, eso hace este recurso humano mucho más interesante”, manifestó Navarro.

El académico aseguró que el alcance de la iniciativa puede ir más allá de las 30,000 personas que recibirán las becas, debido a que cada uno de esos educadores trabaja directamente con grupos de estudiantes.

En ese sentido, defendió que una mejora en las capacidades profesionales de los docentes puede multiplicar los efectos del programa dentro de las aulas.

“Está tocando corazones, miles de corazones”, expresó el rector durante su discurso.

Una capacitación con alcance internacional

Navarro señaló que los docentes beneficiados tendrán acceso a una formación que calificó como de alcance internacional y destacó la importancia de las alianzas entre instituciones costarricenses y organizaciones del exterior.

“Es importantísimo, presidenta, que todo esto que vamos a hacer impacte. ¿Por qué? Porque esos treinta mil docentes van a tener una capacitación mundial”, sostuvo.

El representante de la Universidad de Santander atribuyó también parte de las gestiones para concretar el convenio a los “buenos oficios” del diputado Gerald Bogantes y de Mileni Santillán, además de hacer referencia a la articulación con una red de gobiernos.

Durante el acto, el rector felicitó a Laura Fernández por impulsar alianzas fuera de Costa Rica y aseguró que este tipo de iniciativas permiten ampliar las oportunidades de preparación para los profesionales de la educación.

“Estas alianzas que está usted haciendo, no solamente aquí en Costa Rica, sino en el exterior, como somos todos nosotros, que estamos llevándonos de la mano”, indicó Navarro.

El convenio se produce en momentos en que la administración Fernández ha colocado la educación entre los asuntos incluidos en su balance de gestión y plantea la capacitación docente como una herramienta para generar cambios que posteriormente lleguen a los estudiantes.

El Gobierno no detalló durante el anuncio presentado las áreas específicas en las que serán capacitados los docentes, la duración de los programas, los requisitos que deberán cumplir los interesados ni el mecanismo mediante el cual serán distribuidas las 30,000 becas.

Tampoco se especificaron en la intervención los montos individuales de las becas o si estas cubrirán la totalidad de los programas académicos.

Docentes como punto central

Para las autoridades participantes, uno de los elementos principales del convenio es que la inversión en capacitación se dirige directamente hacia quienes permanecen diariamente en las aulas.

Navarro utilizó su intervención para destacar esa función y llegó a referirse a Fernández como la “primera docente del país”, en referencia al respaldo gubernamental a la iniciativa.

“La felicito porque ahora también usted se convierte no solamente en la primera ciudadana de Costa Rica, sino en la primera docente del país. Felicidades”, expresó el rector.

La firma quedó formalizada entre el MEP y la Universidad de Santander, con Fernández y Bogantes como testigos de honor.

El trabajo coordinado de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de la Fuerza Pública permitió la detección y desarticulación de un laboratorio de marihuana hidropónica en El Cacao, Alajuela, el 19 de agosto.

En la operación, las autoridades lograron el decomiso de 321 plantas de marihuana, 3,080 gramos de la droga ya procesada y diversos implementos para el cultivo hidropónico. Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo representa un golpe contra las estructuras dedicadas a la producción y distribución de marihuana.

De acuerdo con la información compartida por la Fuerza Pública, la intervención se originó a partir de una denuncia sobre actividades sospechosas en una propiedad ubicada en Tuetal Norte, Alajuela.

Tras labores de verificación, los cuerpos policiales confirmaron la existencia de una plantación de marihuana y coordinaron el allanamiento con la PCD.

El decomiso también incluyó 321 matas de marihuana en distintos estados de crecimiento y cerca de 3 kilos de marihuana lista para su comercialización, así como equipos especializados para el cultivo bajo condiciones controladas. Los agentes participantes en el operativo detallaron que, además de la droga, se incautaron sistemas automatizados de riego y dispositivos para regular la temperatura y humedad del ambiente.

Según las autoridades, en la vivienda se localizó un laboratorio completamente equipado con sistemas de iluminación, ventilación, fertilizantes y otros elementos utilizados para la producción de marihuana hidropónica. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y establecer las conexiones con posibles redes de distribución.

¿Qué es el cultivo hidropónico de marihuana?

El cultivo hidropónico de marihuana consiste en el desarrollo de plantas utilizando soluciones acuosas ricas en nutrientes, sin la necesidad de emplear suelo agrícola. Este método permite un mayor control sobre los factores ambientales, como la iluminación, la humedad y la temperatura, potenciando el crecimiento acelerado y la calidad de la cosecha. Los sistemas hidropónicos pueden incluir medios inertes como perlita, fibra de coco o lana de roca, donde las raíces de las plantas absorben directamente los nutrientes disueltos en el agua.

La marihuana hidropónica se ha popularizado en los últimos años debido a los altos rendimientos y la calidad que ofrece en comparación con el cultivo tradicional. Las autoridades de Costa Rica han señalado que este tipo de producción representa un desafío adicional, ya que puede desarrollarse en espacios cerrados y pasar desapercibida en zonas residenciales.

De acuerdo con especialistas de la DIAC, el cultivo hidropónico facilita la producción continua durante todo el año y reduce los riesgos asociados a plagas y enfermedades propias del suelo, incrementando así el atractivo para quienes buscan dedicarse a esta actividad ilícita.

Legislación costarricense sobre el cultivo de marihuana

La legislación costarricense prohíbe el cultivo, producción y tráfico de marihuana, sea cual sea el método utilizado. Según la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas (Ley N° 8204), el artículo 58 establece sanciones para quienes “siembren, cultiven o cosechen plantas de las que se pueda extraer alguna droga”. Las penas pueden oscilar entre los 8 y 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad y las circunstancias agravantes.

Las autoridades insisten en que el cultivo de marihuana, incluso bajo sistemas hidropónicos, constituye un delito grave contemplado por la ley costarricense.

Un total de 24 costarricenses enfrentan procesos de extradición hacia Estados Unidos, Panamá y Francia, por causas vinculadas al tráfico internacional de drogas. Este escenario fue habilitado tras la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 15 de mayo de 2025, que permitió por primera vez la entrega de nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo bajo ciertas condiciones y garantías procesales.

De acuerdo con la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, 20 de las solicitudes provienen de Estados Unidos, mientras que Panamá y Francia han reclamado a dos personas cada uno. En la lista presentada a El Observador, los involucrados fueron identificados solo por su primer apellido.

La redacción constitucional vigente dispone que ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el país, salvo en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo, siempre y cuando la extradición sea concedida por los Tribunales de Justicia y se respeten los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales.

Este cambio legal abrió la vía para que la justicia costarricense tramite solicitudes de extradición exclusivamente por estos dos delitos. Al mismo tiempo, el gobierno presentó una propuesta para ampliar las causales de extradición más allá del tráfico internacional de drogas y el terrorismo, aunque esa discusión aún está en curso.

Francia y Panamá solicitaron extradiciones por narcotráfico

En el caso de Francia, las autoridades solicitaron la extradición de dos hombres, Restrepo y Pablot, ambos ciudadanos colombianos nacionalizados costarricenses, vinculados a tráfico internacional de drogas. Según la información reportada, Restrepo escapó de un hospital penitenciario en Panamá en 2014.

En 2016, el Organismo de Investigación Judicial realizó allanamientos en dos lavacars que, de acuerdo con la publicación y lo consignado por El Observador, presuntamente eran utilizados para legitimar fondos provenientes del envío de droga a Europa.

Por parte de Panamá, una de las solicitudes involucra a Villalobos, alias “Boligoma”, quien fue detenido en ese país por tráfico de drogas y regresó a Costa Rica tras ser liberado en 2016. La segunda persona requerida es Martínez, también por tráfico de drogas, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades panameñas y fue capturado en junio pasado.

Estados Unidos concentra la mayoría de los pedidos

Estados Unidos concentra la mayor parte de las solicitudes de extradición. Entre los primeros costarricenses extraditados a ese país figuran el exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quienes fueron entregados el 20 de marzo pasado. Más adelante, el 9 de julio de 2025, un gran jurado federal del Distrito Este de Texas presentó una acusación formal contra Gamboa.

Los extraditados más recientes son Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, un colombiano nacionalizado costarricense. Ambos fueron trasladados a Nueva York el 13 de agosto y quedaron bajo custodia del Tribunal del Distrito Sur de esa ciudad.

Las autoridades estadounidenses consideran a Bell Fernández uno de los principales traficantes de cocaína de Costa Rica. La fiscal federal Jamie McDonal y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, presentaron la acusación formal por conspiración para traficar droga a ese país. Según la fiscal, Bell Fernández habría obtenido durante años cargamentos de cocaína procedente de Colombia y los transportó a través de Costa Rica para su distribución en Estados Unidos. Lozano Bonilla, por su parte, es señalado como líder de un grupo que exportaba drogas hacia Europa y Asia.

La extradición de costarricenses a otros países responde al nuevo marco legal, que requiere la aprobación de los tribunales nacionales y el cumplimiento de garantías procesales y derechos fundamentales reconocidos por la legislación costarricense e internacional. Según las autoridades, la discusión para ampliar las causas de extradición continúa mientras las solicitudes actuales se mantienen limitadas a los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha emitido una nueva advertencia ante la inminente llegada de la onda tropical #34, prevista para la noche de este jueves, 20 de agosto. Este nuevo disturbio atmosférico, que actualmente se localiza en Panamá, presenta poco desarrollo y escasa nubosidad asociada, principalmente debido a un ambiente seco en la región.

Sin embargo, las autoridades mantienen una vigilancia constante debido a los recientes antecedentes provocados por la onda tropical #33, que dejó a su paso severas afectaciones e inundaciones en distintas zonas del país.

El paso de esta nueva onda tropical el IMN ha informado que se esperan vientos alisios moderados por la mañana, con ráfagas ocasionales de 40 a 65 km/h y posibles lluvias en el Caribe y Zona Norte. Por la tarde y noche, se prevé una reducción de la humedad que limitaría la intensidad de las precipitaciones, aunque podrían presentarse aguaceros aislados en el Pacífico, especialmente en el sector central y sur.

El organismo recalca que aunque el disturbio se encuentre en una atmósfera de baja humedad, la vigilancia se mantiene debido a la vulnerabilidad del terreno saturado y los riesgos asociados.

Ante este panorama, las autoridades recomienda tomar precauciones en sectores propensos a inundaciones, prestar atención a la posible saturación de quebradas y alcantarillas, evitar exponerse a tormentas eléctricas y estar atentos a las condiciones del mar, ya que se prevé incremento en la marea y oleaje principalmente en el Pacífico Central y Sur.

MEP mantiene cierre en 105 centros educativos por riesgos persistentes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que, gracias a la mejoría en las condiciones climáticas y a las valoraciones realizadas en campo, la cantidad de centros educativos con suspensión de lecciones se redujo de 473 a solo 105. Las Direcciones Regionales de Educación han inspeccionado la infraestructura, accesos y entorno de las escuelas, permitiendo reanudar las clases en aquellos lugares donde existen condiciones seguras para los estudiantes y el personal.

Los centros que mantienen la suspensión parcial de actividades se distribuyen de la siguiente manera:

• Guápiles: 50
• Sarapiquí: 38
• Limón: 12
• Turrialba: 2
• Zona Norte-Norte: 2
• Sulá: 1.

De igual manera, el MEP mantiene el monitoreo permanente de la situación y continuará ajustando las medidas conforme evolucionen las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad de la comunidad educativa. La decisión de mantener la suspensión en estos 105 centros responde a la persistencia de riesgos o afectaciones en el entorno inmediato, como daños en infraestructura, caminos intransitables o presencia de agua acumulada.

Prevenciones ante lluvias torrenciales: qué es una onda tropical y riesgos asociados

Una onda tropical es un sistema atmosférico formado por un área alargada de baja presión que se desplaza de este a oeste, transportando humedad desde el Atlántico hacia el continente. Su paso suele estar asociado a lluvias intensas, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, especialmente sobre zonas vulnerables como costas y regiones montañosas.

La reciente onda tropical #33 generó severas inundaciones y afectaciones en infraestructuras, obligando a la suspensión de lecciones en cientos de centros educativos y provocando el desbordamiento de ríos y quebradas.

Las autoridades mantienen una especial atención en las cuencas del Pacífico Sur, donde se registran saturaciones del suelo superiores al 80% y hasta 90%, sobre todo en sectores fronterizos que permanecen bajo monitoreo debido al riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Las fechas del juicio ya están marcadas para Alejandro Arias Monge —conocido como “Diablo”— y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, quienes deberán enfrentar cargos por homicidio ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) en San José. La etapa oral y pública se desarrollará entre el 1 de abril y el 18 de junio de 2027, según lo confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

La resolución judicial, identificada como N.° 045-2026, se emitió tras una audiencia celebrada este miércoles. Los jueces acogieron la petición del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien solicitó que el proceso por homicidio simple pase a tramitarse como un caso de crimen organizado. Esta decisión implica que el expediente 23-000010-0601-PE será conocido bajo jurisdicción especializada.

En respuesta a la gravedad de la acusación, el Ministerio Público solicitó la ampliación de las medidas cautelares para ambos imputados. La notificación formal sobre esas disposiciones se realizará próximamente y por escrito a las partes involucradas. Actualmente, Arias permanece bajo prisión preventiva durante tres meses, mientras que Pérez cumple un plazo de cinco meses, ambos dictados previamente por el Tribunal Penal de Pococí cuando el caso aún se encontraba en la vía ordinaria. Según El Observador, este cambio de jurisdicción permitirá que el proceso penal avance bajo los parámetros de la legislación especial sobre crimen organizado.

El traslado del expediente a la justicia especializada significa que la causa será juzgada bajo el marco normativo de la criminalidad organizada. Esto afecta principalmente la duración máxima de la prisión preventiva, que en Costa Rica asciende a 18 meses para estos delitos —una ampliación frente al límite ordinario de 12 meses—. La nueva etapa procesal también ajusta las condiciones de las medidas cautelares, que serán revisadas conforme a la legislación especial.

Otro proceso penal: el caso “Colorado” y la audiencia con 33 acusados

Paralelamente al proceso de homicidio, Alejandro Arias Monge enfrenta otro expediente judicial de alto perfil conocido como el caso “Colorado”. La audiencia preliminar de este proceso está prevista para el 1 de septiembre ante el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada. Se trata de una investigación mucho más amplia, donde figuran 33 personas acusadas, incluyendo a la pareja, el padre y la hermana de Arias Monge, quienes deberán comparecer durante un mes de diligencias.

En este expediente también aparece Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, detenido junto a Arias en Sarapiquí. Según la Fiscalía, la organización presuntamente liderada por “Diablo” operaba en Limón y Pococí, donde gestionaba la distribución y venta de cocaína y marihuana, y mantenía vínculos con otras bandas para negociar cargamentos. La acusación describe una estructura jerárquica, en la que Arias Monge impartía órdenes directas y los ingresos generados eran legitimados en el sistema financiero nacional.

El caso “Colorado” ejemplifica el alcance de las investigaciones contra Arias Monge, quien además de enfrentar cargos por homicidio, es señalado como supuesto líder de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. La defensa de varios familiares, encabezada por el abogado Gregorio Briglia Peralta, ha adelantado que buscará demostrar el origen lícito de los bienes de sus representados y rechaza que la consanguinidad implique responsabilidad penal.

Durante el próximo mes, el tribunal analizará el grado de responsabilidad de cada acusado y determinará el alcance real de la estructura señalada por la Fiscalía. La resolución de este proceso será clave para el futuro judicial tanto de Arias Monge como del resto de los implicados, en un contexto donde las autoridades buscan responder con mayor rigor a los delitos atribuidos al crimen organizado.

En Costa Rica, la relación entre empleo y pobreza sigue siendo objeto de análisis entre especialistas y centros de investigación. Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), basado en la Encuesta Nacional de Hogares de 2023, estima que acceder a un empleo de calidad podría reducir hasta en 55% la probabilidad de caer en pobreza, aunque esa mejora depende de una combinación de educación secundaria completa, conocimiento de un segundo idioma y manejo de tecnologías de información.

De acuerdo con datos del INEC, en el país existen 286 mil familias en condición de pobreza y 71 mil en pobreza extrema. El informe señala que, para quienes ya viven bajo esa condición, la probabilidad de permanecer en pobreza es de 65.6%.

Según la investigación, si ese grupo lograra completar la secundaria, manejar inglés a nivel instrumental y contar con habilidades digitales intermedias, la probabilidad de caer en pobreza se reduciría a 9.01%.

El estudio, difundido por la publicación institucional UNA Comunica, concluye que el empleo de calidad y la educación resultan factores determinantes para la movilidad social y la efectividad de las políticas públicas orientadas a la reactivación laboral y la inclusión.

El mercado laboral costarricense: crecimiento y desafíos

El análisis del Cinpe revela que el mercado laboral ha mostrado dos tendencias simultáneas en los últimos años. El primer informe macroeconómico de 2026, que abarca el periodo 2022-2026, señala que la población ocupada se mantuvo relativamente estable, pasando de 2,154,064 a 2,168,918 personas. Durante el mismo lapso, la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 314,801, alcanzando un total de 1,955,647.

En paralelo, más de 800 mil personas continúan en la informalidad laboral, lo que puede implicar mayor exposición a salarios bajos, falta de cobertura en salud y pensiones. El informe del centro académico destaca que una parte importante del empleo en países en desarrollo sigue fuera del sector formal, lo que dificulta el acceso a beneficios sociales y estabilidad laboral, y puede limitar la capacidad de superar la pobreza.

El diagnóstico se extiende a la actividad económica. Según una evaluación del Banco Central de Costa Rica, ciertos sectores como comercio, alojamiento, servicios de comida y agropecuario han registrado crecimiento económico, pero a la vez han reducido la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Esta dinámica también se observa en actividades profesionales, financieras y de manufactura.

Educación y formación técnica: factores clave según el estudio

Para investigadores como Marco Otoya, director del Cinpe, el acceso a empleos de calidad resulta poco probable sin una formación académica y técnica adecuada. Otoya advierte que una reducción en los presupuestos educativos podría derivar en efectos negativos sobre el mercado laboral, la calidad de la formación y, en consecuencia, sobre los niveles de pobreza. Según el director académico, una menor calidad educativa puede traducirse en menos posibilidades de inserción laboral y en una mayor presión sobre el Estado para otorgar subsidios o transferencias económicas.

El Programa Estado de la Educación indica que la inversión pública en educación ronda el 5% del PIB, por debajo del 8% fijado por la Constitución Política. Según el estudio, esta diferencia puede limitar la preparación de los estudiantes para el mercado formal.

El informe recomienda fortalecer políticas públicas que impulsen el aprendizaje de un segundo idioma y habilidades informáticas al concluir la secundaria, así como reducir la deserción escolar en primaria y secundaria. Además, incorpora una visión territorial, señalando que las regiones Huetar Caribe y Brunca presentan índices de pobreza superiores a los de la región central, y que los programas de asistencia social han mostrado efectos positivos, aunque requieren evaluación constante.

Entre otras propuestas, el Cinpe sugiere políticas para reactivar el mercado laboral formal —que representa el 84% del PIB—, promover sectores estratégicos vinculados a la tecnología y la transición energética, y alinear la educación técnica con las demandas del mercado.

La evidencia reunida apunta a que la articulación entre educación, empleo de calidad y políticas públicas puede ser relevante para enfrentar los retos de pobreza en Costa Rica. El estudio sostiene que la evaluación y el ajuste permanente de estas estrategias podrían contribuir a la movilidad social y a la inclusión laboral en el futuro cercano.

Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron una moción que pretendía habilitar una vía rápida para el proyecto de ley 25.003, iniciativa relacionada con la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

La votación terminó con 29 diputados en contra y 22 a favor, una diferencia que permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de acelerar el trámite de la propuesta y provocó fuertes cuestionamientos desde las bancadas de oposición.

El debate estuvo marcado principalmente por los señalamientos sobre la posición que mantuvo durante la campaña electoral la presidenta de la República, Laura Fernández, y la decisión que tomó ahora la bancada oficialista frente a una iniciativa para permitir la entrega de los recursos acumulados en el ROP.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, abrió su intervención precisamente con ese argumento. El legislador sostuvo que la mandataria había expresado durante la campaña su respaldo a la devolución de estos recursos y reclamó al oficialismo cumplir con esa posición.

“Llegó la hora de cumplir, la presidenta Fernández en campaña electoral dijo ‘estoy absolutamente de acuerdo con la devolución del ROP’”, afirmó Ramírez.

El diputado agregó que, desde su perspectiva, “si nosotros ofrecimos una cosa en campaña tenemos la obligación de cumplirla en gobierno”, al considerar que se trata de una promesa que la presidenta habría planteado a los electores.

Oposición acusa contradicciones al oficialismo

La discusión parlamentaria estuvo acompañada por la presencia de personas en las barras del Congreso que se manifestaban a favor de la devolución del ROP. Diputados del PLN y del Frente Amplio (FA) utilizaron esa presencia para reforzar sus argumentos a favor de acelerar la discusión del proyecto.

La diputada frenteamplista Vianey Mora pidió a los legisladores oficialistas “tocarse el corazón” y puso como ejemplo la situación de una adulta mayor que, según relató, podría perder su vivienda por una deuda de ¢3 millones (USD 6,600)

La legisladora también sostuvo que la devolución de estos recursos no pondría en peligro las finanzas, uno de los puntos de discusión entre quienes defienden y quienes cuestionan la posibilidad de entregar anticipadamente los fondos.

Ramírez, por su parte, calificó la devolución del ROP como un derecho que debía cumplirse y la presentó como una “causa de justicia social”.

El jefe de fracción liberacionista afirmó además que existen más de 90,000 personas esperando una respuesta de la Asamblea Legislativa.

Según su argumento, los recursos podrían ser utilizados para atender necesidades concretas de las personas, como financiar operaciones médicas, remodelar una vivienda o resolver otras necesidades económicas. Ramírez también recordó que el propósito original del ROP está relacionado con garantizar una mejor calidad de vida durante la vejez.

Nogui Acosta defiende rechazo y califica propuesta de populista

La defensa de la posición oficialista estuvo a cargo del jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, quien rechazó los argumentos de la oposición y cuestionó la propuesta de devolución.

Acosta sostuvo una posición centrada en la naturaleza previsional de los recursos y rechazó la idea de que el ROP pueda ser entendido simplemente como un ahorro disponible para ser retirado.

“El hecho de que tengan una cuenta individual no representa que sea un ahorro. Nunca nació como un ahorro, nació como una pensión”, afirmó el diputado.

El legislador también consideró que algunos de los argumentos planteados durante el debate favorecían una visión que, a su criterio, debilitaría el objetivo del régimen.

Acosta llegó incluso a calificar de “populista” la propuesta defendida por sectores de la oposición.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Parte de la discusión se trasladó directamente a las declaraciones atribuidas a Laura Fernández durante la campaña electoral.

El jefe de fracción oficialista aseguró que la presidenta no prometió entregar el ROP y acusó a los legisladores opositores de poner palabras en boca de la mandataria.

La diputada del PLN Joselyn Sáenz y el legislador del Frente Amplio Antonio Trejos respondieron a Acosta y defendieron que Fernández sí había expresado durante la campaña una posición favorable a la entrega de los recursos.

De esta manera, el debate sobre el ROP terminó convertido también en una disputa política sobre qué fue lo que realmente ofreció la actual presidenta durante la campaña electoral.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó este miércoles ocho nuevos proyectos de ley como parte del balance de sus primeros 100 días de gobierno, un paquete que incluye cambios relacionados con infraestructura urgente, Ciudad Gobierno, controles de la Contraloría General de la República, acceso al crédito, seguros agropecuarios, modernización del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el uso de recursos destinados a cerrar la brecha digital.

Fernández aseguró que las nuevas iniciativas se suman a los 12 proyectos de ley en materia de seguridad, lucha contra la impunidad y recuperación de la justicia que su administración ya había enviado al Congreso, así como a una propuesta para eliminar las pensiones de expresidentes.

Durante la presentación, la mandataria vinculó una de las reformas con los daños provocados por las recientes lluvias en Limón y defendió la creación de un mecanismo más expedito para atender infraestructura que represente un peligro inminente.

La presidenta puso como ejemplo instalaciones educativas afectadas por las inundaciones y cuestionó que una obra en riesgo deba enfrentar los mismos procedimientos de contratación que otro proyecto sin una amenaza inmediata.

“Necesitamos, queridos costarricenses, un procedimiento regulado para aquellas obras de infraestructura que representan un riesgo inminente a la seguridad, a la salud, a la vida, que es lo más sagrado que tenemos”, manifestó.

Fernández sostuvo que actualmente existen procedimientos para actuar cuando ya existe una emergencia, pero planteó la necesidad de intervenir antes de que se produzcan daños mayores.

“Yo no quiero esperar a que ese puente se caiga para poder aplicarle un procedimiento, un fast track, y que pueda la gente de Costa Rica vivir mejor”, afirmó.

Ciudad Gobierno vuelve al centro de la discusión

Otro de los proyectos anunciados está dirigido específicamente a permitir el desarrollo de Ciudad Gobierno, una iniciativa que busca concentrar instituciones públicas y reducir el gasto estatal en alquileres.

Fernández aseguró que continuará respaldando una reforma integral a los artículos 66 y 67 de la Ley General de Contratación Pública, pero adelantó que su administración impulsará paralelamente una legislación especial para destrabar Ciudad Gobierno.

“No vamos a esperar más”, aseguró la presidenta.

Según las cifras expuestas por Fernández, el proyecto permitiría generar ahorros conservadores cercanos a los USD 26 millones anuales, dinero que, sostuvo, podría utilizarse en escuelas, puentes, infraestructura sanitaria y otras inversiones públicas.

El proyecto había enfrentado obstáculos luego de intervenciones de la Contraloría General de la República, institución sobre la cual Fernández volvió a plantear cuestionamientos durante su intervención.

Precisamente otra de las iniciativas anunciadas contempla reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y a la Ley General de Control Interno.

La mandataria aseguró que la intención no es eliminar la fiscalización de los recursos públicos.

“No vamos a debilitar los controles, pero sí vamos a modernizar y actualizar la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de Control Interno”, afirmó.

Fernández argumentó que las normas actuales no responden adecuadamente a los nuevos modelos financieros y mecanismos utilizados para desarrollar infraestructura.

También cuestionó lo que considera una intervención anticipada de la Contraloría en decisiones del Ejecutivo.

“El control está bien, pero el control tiene que ser con un propósito de fiscalización hacendaria. No puede ser que el control, con el paso de los años, haya evolucionado a una cosa que se convirtió en una especie de coadministración previa al ejercicio de los poderes del Estado”, señaló.

Reforma contra el “gota a gota”

Fernández dedicó una parte importante de su exposición a un proyecto que describió como una reforma a la denominada “ley de usura”, al asegurar que las restricciones existentes han dejado a algunas familias fuera del sistema financiero formal.

Para explicar su motivación, recordó un encuentro durante la campaña electoral con un niño en Orotina, quien, según relató, le habló sobre los problemas que generaban en su hogar los préstamos conocidos como “gota a gota”.

Fernández responsabilizó directamente al marco vigente por haber limitado el acceso de parte de la población al crédito formal y vinculó el crecimiento de los préstamos informales con actividades ilícitas.

“Ese horror que ocasionó que centenares de familias buenas no puedan tener acceso al crédito formal (...) se convirtió en el gota a gota y en una amenaza a la seguridad, a la vida. Ahí está filtrado el lavado de dinero, el crimen organizado”, afirmó.

Seguros para agricultores y un INA más virtual

El paquete también incluye un proyecto de seguros agropecuarios, con el que el Ejecutivo pretende ofrecer herramientas a productores afectados por fenómenos climáticos como inundaciones y sequías.

Fernández puso como ejemplo los daños que observó durante su reciente recorrido por Limón, donde señaló pérdidas en actividades ganaderas debido a las lluvias.

También mencionó afectaciones para los pescadores de la costa del Pacífico por variaciones climáticas y condiciones que obligan a buscar especies en aguas más profundas.

Otro proyecto pretende modificar el estatuto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para ampliar las posibilidades de educación virtual y adaptar la institución a las necesidades de personas que trabajan durante el día.

La presidenta utilizó su propia dinámica familiar para explicar la propuesta y defendió que una persona pueda capacitarse desde su casa durante la noche.

“No puede ser que yo no pueda a las diez de la noche, ya en pijamas y pantuflas, abrir mi computadora y conectarme a un aula virtual del INA”, afirmó.

Fernández añadió que “el INA no puede seguir trabajando con horario de oficina del sector público de ocho a tres de la tarde” y sostuvo que la virtualidad debe convertirse en una opción permanente para quienes no pueden asistir presencialmente.

Cambios en el manejo de FONATEL

La mandataria también anunció cambios relacionados con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

Fernández explicó que el fondo se nutre de recursos aportados por operadores de telecomunicaciones y tiene como objetivo financiar proyectos para reducir la brecha digital, llevar Internet a comunidades, centros educativos y zonas con menor conectividad.

Sin embargo, cuestionó que su administración permanezca vinculada a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) cuando, según el planteamiento del Ejecutivo, la ejecución de proyectos de inversión no constituye su función principal.

“Con esto vamos a corregir esa distorsión y vamos a inyectarle eficiencia al uso de los recursos del FONATEL”, manifestó.

Al terminar la presentación, Fernández aseguró que los ocho proyectos estaban firmados y pidió que fueran presentados ese mismo día a la corriente legislativa.

El Bloque Democrático, integrado por las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la bancada de Coalición, presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, impulsado durante la administración de la presidenta Laura Fernández.

La agrupación opositora sostiene que la normativa establece un alcance excesivo del concepto de “secreto de Estado” al incluir información relacionada con organismos y estructuras vinculadas con la seguridad nacional, entre ellas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.

El reclamo presentado ante la Sala IV busca frenar lo que el bloque considera un “cerco de opacidad” sobre información relacionada con presupuestos, compras públicas y contrataciones vinculadas con estas estructuras.

El Bloque Democrático sostiene que la protección de la seguridad nacional es una función esencial del Estado, pero considera que esta no puede utilizarse como argumento para impedir de manera generalizada el acceso a información sobre el uso de recursos públicos.

“Con la seguridad, los derechos y la plata de la ciudadanía no se juega”, señala el comunicado difundido este 19 de agosto de 2026, en el que las agrupaciones políticas justificaron la presentación del recurso.

Los diputados argumentan que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y que las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto estatal deben contar con información suficiente para ejercer sus funciones.

Según la posición expresada por el bloque, ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones bajo una interpretación amplia de la seguridad nacional podría impedir controles sobre las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.

La agrupación también advierte que una falta de fiscalización podría facilitar “negocios poco transparentes con el Estado” y generar riesgos asociados al uso discrecional del aparato de seguridad pública.

Mandataria defiende la iniciativa para luchar contra la criminalidad en Costa Rica

Tras varias consultas de la prensa, días atrás, Fernández explicó las razones por las cuales tanto ella como su equipo de trabajo decidieron declarar “Secreto de Estado” cualquier información relacionada con el combate de la criminalidad en Costa Rica.

“La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre. Ahora bien, lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. ¿Como cuál? Como, por ejemplo, ¿Qué tipo de armas tienen nuestros policías? ¿Cuáles son los horarios de los patrullajes? ¿Dónde van a ser los próximos decomisos de drogas? ¿Cómo están los operativos policiales?“, indicó la gobernante.

Fernández aseguró que publicar información de más, podría poner en peligro el combate que se está haciendo a la seguridad. También indicó que será el Consejo Nacional de Seguridad quien determine que deberá de ser declarado confidencial.

“¿O usted quiere que los mismos narcos sepan qué día voy a hacer yo los operativos?”, concluyó la mandataria ante las consultas de la prensa.

Cuestionan el alcance del secreto de Estado

Pero uno de los principales argumentos de la acción de inconstitucionalidad de las bancadas está relacionado con los límites que, según los legisladores, deben existir para declarar información como secreto de Estado.

El Bloque Democrático reconoce que existen asuntos relacionados con la seguridad que deben mantenerse bajo reserva. Sin embargo, sostiene que esas excepciones deben cumplir condiciones de excepcionalidad, proporcionalidad y justificación, además de respetar la reserva de ley.

La acción presentada ante la Sala IV plantea que el decreto podría afectar directamente garantías establecidas en la Constitución Política de Costa Rica.

Uno de los artículos señalados es el 27, relacionado con el derecho de petición. La norma establece: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

A criterio del bloque, el decreto limita la capacidad de ciudadanos y representantes legislativos para solicitar información y exigir explicaciones sobre el destino de los fondos públicos.

El segundo eje de la acción está relacionado con el artículo 30 de la Constitución Política, que establece el derecho de acceso a los departamentos administrativos para obtener información sobre asuntos de interés público, con la excepción de los secretos de Estado.

La oposición sostiene que precisamente esa excepción no puede convertirse en una regla general para mantener información administrativa fuera del alcance de la ciudadanía y de los órganos fiscalizadores.

En el documento presentado ante la Sala Constitucional se cuestiona que una declaratoria general de secreto pueda aplicarse a información de esta naturaleza.

Contrataciones y uso de fondos públicos en el centro del reclamo

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para el Bloque Democrático es la posibilidad de que el alcance del decreto termine protegiendo información relacionada con contrataciones, licitaciones y decisiones administrativas bajo el argumento de que están vinculadas con la seguridad nacional.

Para los legisladores, una interpretación amplia de esta excepción podría dificultar la fiscalización de los recursos públicos y limitar la capacidad de la ciudadanía para conocer cómo se toman determinadas decisiones dentro de las instituciones encargadas de la seguridad.

El planteamiento no cuestiona, según el comunicado, la necesidad de mantener bajo reserva información cuya divulgación pueda comprometer operaciones o capacidades sensibles del Estado. La crítica se dirige al alcance que tendría una clasificación general que pueda abarcar información administrativa y financiera.

El bloque considera que la seguridad nacional y la transparencia no deben ser conceptos incompatibles y que las medidas de protección deben estar delimitadas para evitar que la reserva se extienda a información que no requiere ese nivel de confidencialidad.

La agrupación política también advierte sobre lo que considera un posible riesgo para el control democrático de las instituciones de seguridad, al señalar que la ausencia de controles podría facilitar un uso discrecional de recursos y estructuras estatales.

Piden suspender el decreto mientras se resuelve la acción

Además de solicitar que la Sala Constitucional analice el fondo del decreto, el Bloque Democrático pidió la suspensión inmediata de los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP mientras se determina si la normativa es compatible con la Constitución.

La solicitud se fundamenta, según el comunicado, en la gravedad de las consecuencias que podría tener la aplicación de la normativa sobre la transparencia, las finanzas públicas y el control democrático.

Ahora corresponderá a la Sala Constitucional tramitar la acción y determinar si existen fundamentos para estudiar los cuestionamientos planteados por las bancadas opositoras.

El caso coloca nuevamente en el centro del debate político la tensión entre la necesidad de proteger información sensible relacionada con la seguridad nacional y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos.

Para el Bloque Democrático, el límite debe estar marcado por la Constitución y por la obligación de rendir cuentas.

“La seguridad nacional no se defiende ocultando facturas ni debilitando el Estado de Derecho; se defiende con rendición de cuentas, legalidad y absoluto respeto a la Constitución”, concluyó el bloque en el comunicado con el que anunció la presentación de la acción.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) insistió en la necesidad de contar con recursos para abrir tres delegaciones en Puerto Jiménez, Cabo Velas y La Cruz, en Guanacaste. La entidad considera que esas zonas son estratégicas para reforzar la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.

La Asamblea Legislativa anterior aprobó un presupuesto para la apertura de esas oficinas, al reconocer la complejidad de áreas como La Cruz, donde convergen la violencia, el contrabando y la trata de personas por su cercanía con la frontera con Nicaragua.

La delegación más cercana del OIJ está en Liberia, a unos 100 kilómetros, lo que refuerza la necesidad de acercar a los investigadores a la península de Santa Elena, tal como constata el medio local CR Hoy.

En Guanacaste también se planteó la necesidad de una sede cerca de Tamarindo, una zona que, por su crecimiento urbano y su consolidación como polo turístico, enfrenta problemas vinculados con el tráfico local de drogas y otros delitos.

La expansión prevista

En Puerto Jiménez, la instalación de una sede judicial permitiría fortalecer las investigaciones en el Triángulo de Osa, Bahía Drake, el río Sierpe y Golfo Dulce, señalados como puntos de acceso de cargamentos de cocaína y marihuana, por donde transitan hasta mil toneladas al año.

La dirección del OIJ ha insistido en la urgencia de contar con personal especializado en esas zonas para responder a las dinámicas delictivas.

El financiamiento para estas nuevas instalaciones estaba previsto dentro del presupuesto aprobado, que incluía la creación de 176 plazas policiales, así como recursos para alquiler de locales y adquisición de vehículos. Sin embargo, el traslado de fondos aún está pendiente, por lo que el OIJ mantiene su pedido de infraestructura y personal para esas regiones.

Operativos en el Pacífico Sur

Desde diciembre de 2024, el OIJ propuso la creación de delegaciones en áreas sensibles, en especial en la península de Osa, donde el uso de dispositivos de rastreo en lanchas decomisadas permitió confirmar el uso del sector como ruta para el tráfico de grandes cargamentos de droga.

La conformación de equipos de oficiales capacitados permitiría interceptar y capturar embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas, como el transporte de estupefacientes, armas y otros productos ilegales.

Además, el OIJ resaltó la importancia de la presencia conjunta de investigadores y guardacostas en la región, en especial tras la reciente decisión de retomar operaciones navales en Bahía Drake, una medida anunciada por el Ministerio de Seguridad.

La vigilancia en el Pacífico Sur, considerada la principal puerta de entrada del tráfico internacional de drogas a Costa Rica, requiere esfuerzos coordinados tanto en el mar como en tierra.

Rutas detectadas

El análisis de trazas y radares internacionales confirma la actividad de embarcaciones en puntos del sur del país, como Drake, Sirena y Golfito, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las operaciones antinarcóticos en la zona.

Desde 2022, los trayectos de embarcaciones provenientes de Colombia y otros países suramericanos aumentaron, al usar rutas marítimas que conectan directamente con la costa costarricense, en especial en las inmediaciones de la península de Osa.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó una serie de posibles incumplimientos en el etiquetado de carnes frescas preempacadas y productos no lácteos comercializados en Costa Rica, luego de realizar una fiscalización que incluyó productos disponibles en establecimientos de San José, Cartago, Alajuela y Heredia.

La revisión contempló 78 productos, de los cuales 43 correspondían a alternativas no lácteas y 35 a carnes frescas preempacadas. El objetivo fue determinar si la información presentada en los empaques cumplía con la normativa y, principalmente, si era clara, veraz y no inducía a error a las personas consumidoras.

Para realizar el análisis, el MEIC tomó como referencia el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 67.04.65:12, Uso de Términos Lecheros, así como el Reglamento Técnico Costarricense (RTCR) 400:2006, Etiquetado de carne cruda.

Uno de los principales hallazgos fue que al menos uno de los productos encontrados en el mercado no contaba con registro sanitario, situación que fue trasladada al Ministerio de Salud para que determine las acciones correspondientes.

Además, el estudio encontró productos que presentaban posibles incumplimientos relacionados con el Sistema Internacional de Unidades (SI), mientras que en el caso de las carnes se identificaron problemas particularmente vinculados con la identificación del tipo de corte y de la especie.

Los productos no lácteos concentran la mayoría de las observaciones

Entre los 43 productos no lácteos analizados, las mayores deficiencias estuvieron relacionadas con la manera en que se identificaba el alimento.

El MEIC encontró posibles incumplimientos en el nombre del alimento en 40 productos, equivalente al 93% de los productos de esta categoría. Le siguió el uso de términos lecheros, observado en 36 productos, un 83.7%, y problemas relacionados con la fecha de vencimiento, presentes en 30 productos, un 69.8%.

El informe también registró observaciones en la leyenda sobre hipersensibilidad en 21 productos (48.8%), mientras que 8 productos (18.6%) presentaron observaciones en la etiqueta complementaria.

En menor proporción, se encontraron problemas relacionados con la información del distribuidor en 2 productos (4.7%) y con el registro sanitario en 1 producto (2.3%).

El MEIC advirtió que un mismo producto podía presentar más de un posible incumplimiento, por lo que los porcentajes no representan necesariamente productos diferentes en cada categoría.

Entre las situaciones señaladas por la institución destaca el uso indebido de términos asociados tradicionalmente con productos lácteos para identificar alimentos elaborados con ingredientes distintos de la leche. El estudio menciona expresamente nombres como “queso vegetal para pizza” y “leche de leguminosas”, además de otras denominaciones e imágenes que podrían generar confusión entre los consumidores.

Carnes también presentan problemas de etiquetado

La fiscalización encontró posibles incumplimientos entre los 35 productos cárnicos preempacados evaluados.

El principal hallazgo estuvo relacionado con la indicación del Sistema Internacional de Unidades, observado en 21 productos, equivalentes al 60% de la muestra.

A esto se sumaron problemas en la indicación del nombre de la especie, presente en 9 productos (25.7%), mientras que 5 productos (14.3%) presentaron observaciones relacionadas con la etiqueta complementaria.

Al igual que ocurrió con los productos no lácteos, el MEIC aclaró que un mismo producto pudo presentar más de un posible incumplimiento.

Empresas recibieron plazo para corregir las irregularidades

La fiscalización se realizó en 25 comercios ubicados en las cuatro provincias mencionadas. Después de identificar los posibles incumplimientos, el MEIC envió prevenciones a fabricantes, importadores y distribuidores para que corrigieran las situaciones detectadas.

Las empresas recibieron un plazo de 22 días hábiles para realizar las correcciones.

Hasta la fecha señalada por el Ministerio, se habían notificado 23 prevenciones: 13 correspondientes a productos no lácteos y 10 relacionadas con carnes preempacadas.

Las empresas involucradas tienen además la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo o presentar un plan de acciones correctivas para que sea valorado y posteriormente objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Sin embargo, si después de finalizar el periodo de prevención el interesado no presenta evidencia de que corrigió los hallazgos ni un plan de acciones correctivas, el MEIC puede trasladar la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).

En ese escenario, podrían aplicarse sanciones económicas de entre ¢462,200 (USD 1,027) y ¢18,488,000 (USD 41 mil)

El Ministerio hizo finalmente un llamado a fabricantes, importadores y distribuidores para que revisen el etiquetado de sus productos y adopten las medidas necesarias para ajustarse a la normativa vigente.

La institución recordó que “la información clara, veraz y suficiente no es solo una obligación legal”, sino también un elemento fundamental para proteger los derechos de las personas consumidoras y evitar prácticas que puedan inducir a error.