El impacto de las enfermedades crónicas y otras condiciones de alta prevalencia en Costa Rica va mucho más allá del ámbito sanitario. Un reciente análisis presentado en el país revela que siete enfermedades están generando una carga socioeconómica de al menos 2,800 millones de dólares anuales, una cifra que equivale aproximadamente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

El dato fue expuesto durante el encuentro “Costa Rica: Ecosistemas de Innovación para un Acceso Oportuno en Salud”, organizado por Fedefarma y la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), donde autoridades de salud, expertos nacionales e internacionales y representantes del sector farmacéutico analizaron los desafíos actuales del sistema sanitario costarricense.

El estudio, desarrollado en conjunto con el instituto alemán WifOR, evaluó la carga socioeconómica de siete enfermedades clave: cardiovasculares, neoplasias, cardiopatías isquémicas, infecciones respiratorias bajas, cáncer de mama, diabetes tipo 2 y migraña. Estas condiciones no solo afectan la salud de las personas, sino que tienen un impacto directo en la productividad, los ingresos familiares y la sostenibilidad del sistema económico.

De acuerdo con los resultados, aunque Costa Rica se encuentra entre los países con menores pérdidas económicas dentro de la muestra latinoamericana, junto con Ecuador, la tendencia va en aumento. Para 2025, el impacto económico de estas enfermedades ya asciende a unos 3,800 millones de dólares, reflejando tanto el crecimiento económico como el incremento en la prevalencia de estas condiciones.

Uno de los hallazgos más relevantes es el crecimiento sostenido de la carga asociada a la diabetes tipo 2, que ha superado incluso a otras enfermedades de gran peso como las cardiovasculares o el cáncer. Este comportamiento enciende las alertas sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y control de enfermedades crónicas en el país.

Durante el evento, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, destacó los retos que enfrenta el sistema de salud, entre ellos el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la presión sobre la sostenibilidad financiera. Según indicó, estos factores obligan a evolucionar y fortalecer la capacidad institucional para garantizar la atención de calidad.

El análisis también profundiza en los efectos indirectos de estas enfermedades sobre la economía. Entre ellos, se encuentra la presión sobre los sistemas de pensiones y salud debido a la mortalidad temprana o jubilaciones anticipadas, lo que afecta la sostenibilidad fiscal del país. Asimismo, la reducción de la fuerza laboral genera un aumento en los costos de producción para las empresas, impactando la competitividad y, eventualmente, los precios al consumidor.

Otro aspecto crítico es el aumento de la pobreza y la desigualdad. Las enfermedades no solo reducen la capacidad de generar ingresos, sino que también obligan a las familias a destinar mayores recursos a tratamientos médicos, limitando la inversión en educación y bienestar. Esto profundiza brechas sociales y económicas, incluyendo desigualdades de género.

A nivel regional, el panorama es igualmente preocupante. Entre 2018 y 2022, las economías de América Latina dejaron de producir aproximadamente 895,000 millones de dólares debido a pérdidas de productividad asociadas a estas enfermedades. Esto equivale a unos 2,145 dólares per cápita, lo que implicaría que cada persona mayor de 15 años tendría que trabajar más de 10 días adicionales para compensar estas pérdidas.

Ante este escenario, representantes del sector farmacéutico hicieron un llamado a priorizar la inversión en prevención, promoción de la salud y acceso a tratamientos innovadores. Según indicaron, fortalecer los sistemas sanitarios no solo mejora la calidad de vida de la población, sino que también contribuye al crecimiento económico sostenible.

“El impacto de una enfermedad no se limita a la salud. También afecta la capacidad de las personas para trabajar, sus ingresos y la productividad general del país. Por eso, invertir en prevención y en sistemas de salud eficaces es fundamental”, señaló Fernando Vizquerra, director ejecutivo de Fedefarma.

La iniciativa presentada en el foro busca precisamente fomentar el diálogo público-privado para impulsar políticas que promuevan la innovación en salud, el acceso oportuno a tratamientos y la sostenibilidad del sistema. En un contexto donde las enfermedades crónicas siguen en aumento, expertos coinciden en que el enfoque debe centrarse en anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en crisis económicas y sociales.

Los 25 migrantes deportados desde Estados Unidos hacia Costa Rica permanecen en buen estado de salud y bajo atención de la agencia de la ONU Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un hotel del país. Este primer grupo forma parte de un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos para el traslado semanal de personas extranjeras, con la finalidad de garantizar atención médica, protección de derechos y opción de retorno seguro, según informó este martes la Defensoría de los Habitantes a la agencia de noticias española EFE.

Entre las personas trasladadas —la mayoría hombres y ocho mujeres— figuran ciudadanos de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos. Según la Defensoría de los Habitantes a EFE, “se realizó un chequeo general de todas las personas, identificándose algunas situaciones leves desde el punto de vista médico y, tres casos que requirieron de un abordaje mayor, mas no complejo, en un centro hospitalario”. La Defensoría había exigido información precisa sobre la ubicación de los migrantes y no recibió respuesta oficial hasta el martes, lo que derivó en la posterior visita de verificación.

La inspección sanitaria evidenció que “no se identificaron personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad ni mujeres embarazadas”, confirmó la Defensoría de los Habitantes. Este protocolo responde al acuerdo suscrito el 23 de marzo por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien estableció con Estados Unidos el envío sistemático de hasta 25 personas por semana que no ostentan ciudadanía estadounidense, según documentó la agencia EFE.

La intervención de la agencia de la ONU Organización Internacional para las Migraciones cubre asistencia básica, traductores, apoyo psicosocial, alimentación, hospedaje y la facilitación de comunicaciones familiares. Los migrantes reciben información sobre la posibilidad de acogerse al programa oficial “Retorno Voluntario Asistido”, previsto para quienes decidan regresar a sus países de origen en condiciones supervisadas.

Costa Rica implementó acuerdos similares en 2025

El antecedente más cercano de este mecanismo bilateral involucra dos vuelos recibidos en 2025 por Costa Rica, con un total de 200 personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas 16 menores de edad, de acuerdo con datos recabados por la agencia EFE. En esa ocasión, la composición nacional de los retornados incluyó personas procedentes de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Nepal, Congo e India. Cerca de la mitad accedió al retorno voluntario, en tanto que otros solicitaron refugio, abandonaron el centro de acogida o permanecieron en él voluntariamente.

Organizaciones no gubernamentales indicaron que durante estos procesos Costa Rica “enfrentó denuncias por vulneración de derechos” de las personas migrantes. Según el Gobierno costarricense, el memorando vigente establece mecanismos para garantizar el respeto de los derechos humanos y la protección frente al retorno a países donde los individuos podrían enfrentar peligro o persecución, según detalló la agencia EFE.

Preocupación internacional por la exposición a riesgos y la falta de acceso al asilo

La organización internacional de derechos humanos Refugees International transmitió a la agencia EFE su posición sobre el acuerdo que regula la deportación y acogida en Costa Rica. Rachel Schmidtke, coordinadora de incidencia para América Latina, declaró: “Nos preocupa especialmente que estas personas puedan sufrir persecución o tortura si son devueltas a su país de origen, especialmente si se ven presionados a aceptar el llamado ‘Retorno Voluntario Asistido’ bajo coacción y sin una verdadera opción”.

El planteamiento de Refugees International subraya la situación de migrantes y solicitantes de asilo que no pudieron exponer sus causas ante las autoridades estadounidenses y que, una vez trasladados a Costa Rica, quedan en situación de posible vulnerabilidad sin acceso garantizado a protección internacional.

La Defensoría de los Habitantes continuará el monitoreo de la situación sanitaria y legal de los migrantes recién deportados, así como la vigilancia sobre la implementación del acuerdo entre ambos países.

La Universidad de Costa Rica (UCR) avanza en el diseño de nuevas ofertas académicas orientadas a responder a los retos tecnológicos y al desarrollo regional desde 2027. La institución planea introducir grados y licenciaturas cortas a fin de fortalecer el talento humano en áreas estratégicas, de acuerdo con información confirmada por la Vicerrectoría de Docencia.

En 2027, la universidad proyecta implementar licenciaturas cortas de especialización como parte de una estrategia de innovación educativa. Este formato permitirá que profesionales previamente graduados se actualicen y amplíen su campo de acción en plazos más breves, alineados con la tendencia global de aprendizaje continuo. El vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya, afirmó que “no estamos solo creando títulos, estamos diseñando rutas formativas que dialogan con la realidad del país”.

Entre las propuestas se encuentra la Licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura, impulsada por la Sede Regional del Caribe junto con el recinto de Grecia de la Sede Regional de Occidente. Este programa tiene como finalidad consolidar polos industriales en ambas regiones, descentralizar el conocimiento y promover el desarrollo regional, según datos de la universidad.

El sector tecnológico contará con el Diplomado y Bachillerato en Ciencia de Datos en la Sede Regional del Atlántico, ubicada en Turrialba. Esta disciplina es considerada esencial para la toma de decisiones fundamentadas en analítica avanzada, tanto en el sector público como privado. La universidad prevé que la distribución de capacidades técnicas fuera del Valle Central fortalecerá la competitividad nacional. Según la proyección institucional, la descentralización del conocimiento en ciencia de datos responderá a la creciente demanda laboral.

Por su parte, el Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores busca unir recursos de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en consonancia con la estrategia nacional de fortalecimiento de la industria de microchips. La Universidad de Costa Rica detalla que el desarrollo de esta carrera responde a la prioridad de ampliar la base de profesionales altamente capacitados en un sector fundamental para la economía tecnológica. El fortalecimiento de la industria nacional de microchips es prioridad para la economía costarricense, según información de la universidad.

Nuevas licenciaturas en sectores estratégicos

Como parte de la estrategia para 2027, se estudian licenciaturas cortas en áreas de rápida evolución vinculadas al impulso exportador. Una de las propuestas en análisis es la Licenciatura en Inteligencia de Proyectos Basada en Datos, enfocada en la gestión de organizaciones con base en pruebas objetivas. También se perfila la Licenciatura en Ciencia de Materiales, que articula química, física y biología para el desarrollo de nuevas sustancias y tecnologías, así como la Licenciatura en Dispositivos Médicos, orientada a la especialización en uno de los principales sectores exportadores del país.

Estos programas académicos avanzan conforme a los procedimientos internos de la universidad y las validaciones externas requeridas ante el CONARE. La Universidad de Costa Rica informó que el cumplimiento de cada etapa de aprobación es indispensable para la eventual implementación de estas propuestas. “Procesos de aprobaciones internas de las instancias universitarias, así como a las validaciones externas correspondientes ante el CONARE” son parte de los requisitos mencionados por la institución.

El vicerrector Núñez destacó que la prioridad institucional está en mantener el rigor académico y la pertinencia de las carreras, junto con la agilidad de la planificación. Señaló: “La educación es un puente entre el conocimiento y la acción, en el que todas las áreas son necesarias para la sociedad. En ese sentido, cada una de estas carreras se ha pensado bajo criterios de sostenibilidad, ética, excelencia académica, movilidad y justicia social. Aunque estos programas deben cumplir con todo el proceso de aprobación, la intención de la Administración Superior es conectar la oferta académica con los desafíos del futuro. Y estamos trabajando fuertemente para lograrlo”.

Costa Rica dio inicio al rodaje de la película internacional Hope (Esperanza), dirigida por Abby Fuller, ganadora del Emmy, en un hecho que marca un nuevo impulso para el sector audiovisual costarricense.

El proyecto arrancó el 13 de abril y se desarrollará durante cinco semanas en varias locaciones del país, como parte de la estrategia nacional para atraer inversiones fílmicas bajo la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, impulsada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la Comisión Fílmica de Costa Rica, en un trabajo coordinado con municipalidades, comunidades y film friendly zones.

La producción, que cuenta con la participación del productor estadounidense Mark Johnson, ganador del Óscar y del Golden Globe, y del costarricense Esteban Quesada Vizcaíno, generará más de 200 empleos directos para profesionales nacionales, tanto en el elenco como en el equipo técnico, según medios costarricenses como Cartago Medios y La República.

La historia de Hope se ambienta a inicios de los años 2000 y sigue a una adolescente estadounidense que participa en un programa de intercambio en Costa Rica, resaltando elementos de identidad, diversidad cultural y la calidez del país.

El rodaje contempla una compleja logística y requiere la coordinación con comunidades y municipalidades de zonas como Pacayas y Bagaces, regiones que se verán dinamizados en sectores como transporte, hospedaje, alimentación y servicios logísticos a nivel local.

Laura López, gerente general de PROCOMER, destacó que “el inicio del rodaje de Hope confirma que Costa Rica no solo tiene condiciones para atraer inversión en industrias creativas, sino también la capacidad para ejecutar estos proyectos con excelencia”. Además, subrayó que “este tipo de producciones generan empleo, encadenamientos productivos y fortalecen nuestro posicionamiento como un hub competitivo”.

El impulso de Costa Rica como destino de producciones internacionales no es un fenómeno aislado. En 2025, el país captó USD 11.17 millones con la gestión de 87 producciones audiovisuales internacionales. Esta tendencia confirma el atractivo que tiene el territorio costarricense, tanto por sus paisajes como por su capacidad técnica y la flexibilidad de sus incentivos fiscales para la industria cinematográfica global.

A lo largo de los últimos años, Costa Rica se ha posicionado como locación para una variedad de películas y producciones internacionales. Uno de los casos más emblemáticos fue el rodaje de escenas de la superproducción Jurassic Park (1993), que aunque se filmó principalmente en Hawái, utilizó locaciones costarricenses para establecer el ambiente selvático de la historia.

Más recientemente, la película After Words (2015), protagonizada por Marcia Gay Harden, se rodó en diferentes escenarios naturales de Costa Rica, promoviendo la biodiversidad y los paisajes locales en la pantalla grande.

Otra producción destacada fue The Blue Butterfly (2004), que eligió la selva costarricense para representar la exuberancia tropical requerida por el guion. También el documental The Endless Summer II (1994) incluyó tomas en playas del Pacífico costarricense, ayudando a posicionar el país como destino para el turismo de surf. Estas experiencias han servido para consolidar una infraestructura técnica y humana que facilita la llegada de nuevos proyectos.

El crecimiento sostenido del sector audiovisual se refleja en el aumento de servicios especializados, la profesionalización del talento nacional y la generación de empleos de calidad. La llegada de Hope y de otras producciones internacionales contribuye al desarrollo de encadenamientos productivos con empresas locales de logística, transporte y alimentación, así como con guías turísticos, técnicos y artistas.

La estrategia costarricense busca capitalizar la proyección internacional de su imagen como destino seguro, sostenible y diverso, integrando la industria audiovisual en su agenda de desarrollo económico. Con cada rodaje, Costa Rica refuerza su perfil como un escenario atractivo para grandes producciones, generando un impacto económico que trasciende el ámbito cultural y dinamiza diferentes sectores de la economía nacional.

Costa Rica confirmó el cuarto caso de chikungunya en lo que va de 2026, en un contexto de reaparición del virus tras casi una década sin circulación activa en el país. Así lo informó el Ministerio de Salud con base en los resultados del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

El caso más reciente corresponde a una mujer costarricense de 52 años, vecina de la provincia de Heredia, quien cuenta con antecedente de viaje reciente a Nicaragua. De acuerdo con la investigación epidemiológica, la paciente ingresó al país durante el período de incubación del virus, por lo que fue clasificada como un caso importado.

Las autoridades detallaron que la mujer no presenta complicaciones de salud y se mantiene bajo seguimiento médico. Este nuevo contagio se suma a otros tres confirmados previamente durante este año: dos detectados en el cantón de Esparza, en la provincia de Puntarenas, y uno más en Carrillo, Guanacaste.

El registro de estos casos marca un cambio en el panorama epidemiológico nacional. Según datos oficiales, Costa Rica no reportaba circulación del virus del chikungunya desde el año 2017, cuando se logró controlar la transmisión local tras varios brotes en años anteriores.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes, los mismos vectores responsables del dengue y el zika. En la región centroamericana, distintos países han reportado casos en los últimos meses, lo que ha incrementado la vigilancia sanitaria en Costa Rica ante el riesgo de nuevos contagios importados o eventuales transmisiones locales.

Entre los síntomas más frecuentes de la enfermedad destacan la fiebre alta, superior a los 39 grados Celsius, el dolor intenso e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general. En algunos casos, las molestias articulares pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, afectando la calidad de vida de los pacientes.

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional y coordina acciones para el control del mosquito transmisor. Estas medidas incluyen operativos de eliminación de criaderos, inspecciones en comunidades y campañas de información dirigidas a la población.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar la propagación del virus. En ese sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de protección personal, como el uso de repelente contra mosquitos, vestir ropa de manga larga, utilizar mosquiteros y eliminar recipientes que acumulen agua estancada en viviendas y alrededores.

Además, se instó a las personas a acudir de inmediato a los servicios de salud en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente si han viajado recientemente a zonas donde circula el virus.

El Ministerio de Salud subrayó que continuará informando de manera oportuna sobre la evolución de los casos y reiteró su compromiso con la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores. Asimismo, pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales para evitar la desinformación.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica han manifestado su plena comunión con el Papa León XIV tras las declaraciones emitidas recientemente por el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en contra del Pontífice.

Este respaldo eclesial se enmarca en el rechazo a los señalamientos contra el Papa y en una reafirmación del rol del liderazgo católico en favor de la paz, en un contexto mundial marcado por múltiples conflictos armados y crisis humanitarias, según consignó la misma Conferencia Episcopal en su pronunciamiento público.

El pasado sábado 11 de abril, durante la Vigilia por la Paz, León XIV recordó en su mensaje que “la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”.

Esta declaración, recuperada por los obispos costarricenses, refuerza la posición pacifista de la Santa Sede e introduce un llamado explícito a la conciliación global y a la renuncia de estrategias guiadas por la supremacía o el interés propio. El Papa subrayó: “Nada puede atarnos a un destino que ya está escrito. ¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”.

La defensa de la misión papal frente al señalamiento político

Los prelados han expuesto que, conforme a declaraciones de León XIV en su diálogo con periodistas durante su vuelo hacia Argelia, el Papado no responde a intereses políticos, sino que busca la promulgación del Evangelio y la resolución pacífica de los conflictos. Esta postura, plasmada en el pronunciamiento, enfatiza la separación entre el servicio religioso y cualquier agenda estatal o partidista.

En la respuesta de los obispos se recalca que el “Sucesor de Pedro, con toda la Iglesia, está llamado a servir a Dios, a la verdad y a la paz”. Su insistencia en buscar la paz responde, aclaran los prelados, a la justicia y el amor, sobre todo hacia los “miles de inocentes que siguen siendo las grandes víctimas en las guerras abiertas actualmente en el mundo”.

La declaración episcopal incorpora un recordatorio sobre la enseñanza constante del magisterio eclesial respecto a la guerra: toda guerra representa una derrota para la humanidad porque destruye “la fraternidad humana”.

Partiendo de esta premisa, el episcopado costarricense reitera su exhortación a la oración y a la reconciliación de la familia global, incluyendo el mensaje del Papa: “La guerra divide, la esperanza une. La prepotencia pisotea, el amor levanta. La idolatría ciega, el Dios vivo ilumina”.

Consecuencias eclesiales y llamado a la fraternidad internacional

El respaldo de la Conferencia Episcopal de Costa Rica constituye una postura institucional clara en medio de la tensión entre la jefatura máxima de la Iglesia católica y el liderazgo estadounidense. Los prelados buscan frenar la escalada verbal y sostener la independencia de la misión pastoral del Papa frente a presiones o descalificaciones políticas.

El mensaje divulgado enfatiza que la paz y la fraternidad deben prevalecer ante cualquier disputa. Los obispos insisten en “elevar a Dios nuestra plegaria por la reconciliación de la familia humana”. Este planteamiento representa no solo la reacción ante una coyuntura puntual, sino también la expresión de una doctrina persistente del magisterio pontificio en contra de los conflictos armados y a favor de soluciones humanitarias. Así lo señala el mensaje final: “La guerra, toda guerra, es siempre una derrota para la humanidad porque conlleva la destrucción de la fraternidad humana”, difundió la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

El nombre de Santiago Retana Rojas quedó inscrito en la historia de la Universidad de Harvard al recibir el reconocimiento de “Mejor Orador” en una de las conferencias académicas más exigentes del ámbito internacional.

Este joven, de apenas 16 años, fue el primer latinoamericano en obtener esa distinción dentro de la competencia organizada por The Research Institute (El Instituto de Investigación), en el marco de The International Research Journal Conference (TIRJC) (La Conferencia Internacional de la Revista de Investigación), desarrollada en el histórico Loeb House, en Cambridge, Massachusetts.

La participación de Santiago no pasó desapercibida entre los estudiantes e investigadores provenientes de países como Estados Unidos, China, Corea del Sur, España y Brasil.

Su intervención sobresalió no solo por la calidad de la oratoria, sino también por la solidez de una investigación que abordó una problemática de alto impacto en la región caribeña: la conexión entre la contaminación ambiental y la salud comunitaria en los alrededores de la represa de Hatillo, ubicada en República Dominicana.

Según información publicada por La Nación, la trayectoria académica de Santiago es motivo de orgullo para su familia y su comunidad educativa. Nacido en San José, Costa Rica, se trasladó junto a sus padres a República Dominicana, donde actualmente cursa sus estudios en el Saint Joseph School.

Allí, se ha destacado como presidente de la National Honor Society (Sociedad Nacional de Honor), además de participar activamente en el Club de Debate, lo que evidencia su interés constante por la argumentación, la investigación y el liderazgo estudiantil.

La madre de Santiago, Ileana Rojas, lo describe como un estudiante disciplinado, acostumbrado a obtener altas calificaciones y siempre motivado por la curiosidad intelectual.

“Desde pequeño ha sido un estudiante muy aplicado y con muy buenas calificaciones. Actualmente es el presidente de la National Honor Society (Sociedad Nacional de Honor) en su colegio y participa en el Club de Debate”, comenta, resaltando la dedicación que su hijo muestra en cada proyecto académico.

Tal como destacó La Nación, el trabajo que le valió el reconocimiento internacional surgió al observar la realidad que viven los habitantes cercanos a la represa de Hatillo. Santiago decidió investigar la presencia de metales pesados en el agua y los efectos de la actividad agrícola sobre la salud de las comunidades.

La inquietud nació de la preocupación por la contaminación ambiental generada por la explotación minera y la agricultura intensiva en la zona, así como la necesidad de analizar el impacto social y sanitario de esa problemática.

Para desarrollar el estudio, Santiago recurrió a información científica obtenida en laboratorios y universidades, complementando estos datos con trabajo de campo y entrevistas directas a los habitantes afectados. De esta manera, su investigación integró tanto el análisis ambiental como el social, permitiendo comprender la magnitud del problema desde una perspectiva interdisciplinaria.

Durante la conferencia, Santiago expuso cómo la contaminación de la represa no solo afecta el ecosistema, sino que también representa un riesgo para la salud de quienes viven en sus alrededores. La presencia de metales pesados y residuos provenientes de la agricultura puede tener consecuencias graves para los habitantes, quienes están expuestos de manera constante a estos agentes contaminantes.

La distinción de Harvard reconoce no solo la capacidad de oratoria de Santiago, sino la rigurosidad y el compromiso social de su labor investigativa. La madre del joven subraya que su hijo abordó el tema con una mirada amplia, interesándose tanto por los efectos ambientales como por los daños a la salud de la población local.

Este logro posiciona a Santiago como un referente entre los jóvenes latinoamericanos interesados en la ciencia y la investigación. Su ejemplo demuestra que la dedicación, la curiosidad y el trabajo en equipo pueden abrir puertas en escenarios internacionales, y que los problemas locales pueden tener repercusión global cuando se abordan con seriedad y método.

El reconocimiento obtenido en la prestigiosa universidad estadounidense refuerza el valor de la participación activa de los estudiantes en temas que afectan a sus comunidades. Santiago Retana Rojas, con apenas 16 años, ha marcado un precedente para futuras generaciones, mostrando que el talento joven de la región puede alcanzar los más altos estándares académicos y ser escuchado en foros internacionales de gran relevancia.

En Costa Rica, cada año miles de toneladas de alimentos aptos para el consumo terminan en la basura mientras que un sector importante de la población enfrenta condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Esta paradoja, visible en los hogares del país, fue señalada con énfasis por el Banco de Alimentos de Costa Rica con motivo de sus 14 años de fundación. El impacto del desperdicio no solo es social, representa también un desafío ambiental considerable, ya que los alimentos no consumidos contribuyen al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor del 33% de los alimentos producidos a nivel global se pierden o desperdician cada año, lo que equivale a unas 1,300 millones de toneladas anuales. Además, el Informe del índice de Desperdicio de Alimentos de las Naciones Unidas señala que más del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de alimentos descartados antes de ser consumidos. Estas cifras dimensionan el reto que enfrenta no solo Costa Rica, sino el planeta, en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.

La coexistencia de exceso y necesidad queda en evidencia en el país centroamericano, donde el Banco de Alimentos de Costa Rica ha consolidado una red para redistribuir productos que de otro modo serían desechados. Esta organización actúa como un puente, conectando los excedentes de comida con quienes más lo requieren. Durante el último año, la entidad indicó haber beneficiado a más de 44,400 personas a través de una red articulada por 345 organizaciones sociales en 69 cantones del territorio nacional.

El alcance del Banco de Alimentos no se limita a la distribución: la institución informó la implementación de iniciativas como el programa ResCataR, que se dedica a recuperar alimentos provenientes de hoteles y restaurantes, y Nutrihéroes, centrado en la educación y sensibilización sobre nutrición y hábitos responsables. De esta forma, la estrategia aborda el fenómeno en distintos frentes, desde la recolección hasta la concientización.

En la actualidad, la organización enfrenta nuevos desafíos. Según datos del propio Banco de Alimentos de Costa Rica, el 2026 se vislumbra complejo ante la disminución de donaciones por parte de empresas, un fenómeno que amenaza directamente la provisión de productos básicos como arroz, frijoles, leche, pastas y proteínas. Esta tendencia, si persiste, podría dificultar la atención a una población beneficiaria en constante aumento.

A propósito del aniversario, Francia Linares, directora ejecutiva de la entidad, enfatizó la importancia de la colaboración intersectorial: “El hambre y el desperdicio de alimentos son dos realidades que coexisten, pero que sí tienen solución cuando trabajamos en conjunto. Este aniversario es una oportunidad para invitar a toda la sociedad, especialmente al sector empresarial, a transformar excedentes en oportunidades y llevar alimento a quienes más lo necesitan”, señaló Linares en declaraciones recogidas por el Banco de Alimentos de Costa Rica.

El daño ambiental provocado por el desperdicio trasciende la pérdida directa de recursos. Cuando los alimentos son desechados, también se pierden la energía, el agua y el trabajo empleados en su producción. Su descomposición genera gases como el metano, que tienen un notable efecto en el calentamiento global y agravan las consecuencias del cambio climático.

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco, la lucha contra el desperdicio se apoya tanto en la recuperación de alimentos como en la sensibilización social. El público puede integrarse a esta causa mediante la donación directa de productos en buen estado, aportes económicos o participación en actividades de voluntariado como el programa “Manos Transformando Vidas”, dirigido a multiplicar el impacto positivo en las comunidades vulnerables.

A 14 años de su creación, el Banco de Alimentos de Costa Rica reitera la necesidad de sumar esfuerzos desde los distintos sectores de la sociedad para enfrentar esta problemática. La cooperación entre empresas, agrupaciones civiles y ciudadanía se plantea como condición esencial para reducir el desperdicio de alimentos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.

El atroz crimen de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven nicaragüense cuyo cuerpo fue hallado en una fosa en Santa Ana, Costa Rica, ha dado paso a una compleja pero prioritaria batalla legal y humanitaria: el futuro de sus dos hijas. En un esfuerzo por mitigar el impacto del trauma, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica ha confirmado que la prioridad absoluta del Estado será la unificación familiar bajo la tutela materna.

Según informó la oficina de prensa del PANI, la entidad ha activado de forma rigurosa su Protocolo de Atención en Casos de Femicidio. Este lineamiento establece que, ante la ausencia de la madre por un acto de violencia de género, se debe analizar con prioridad el recurso familiar materno. El objetivo es garantizar que los menores crezcan en un entorno que no solo sea seguro, sino que mantenga los lazos afectivos con la línea de parentesco de la víctima.

Esta medida surge en un momento crítico, dado que una hermana del principal sospechoso su expareja, un hombre de apellido Ramírez Calvo, y de 57 años, quien actualmente cumple prisión preventiva, también había solicitado la custodia de las gemelas de cuatro años.

No obstante, el enfoque del PANI busca proteger a las niñas de cualquier entorno vinculado al presunto agresor, priorizando el bienestar psicológico de las menores y su derecho a crecer lejos del círculo de quien les arrebató a su madre.

Coordinación binacional: PANI y Ministerio “Mi Familia”

Debido a que la red de apoyo de Junieysis reside principalmente en Nicaragua, el caso ha trascendido fronteras. El PANI confirmó que ya existe una comunicación formal y constante con su homólogo nicaragüense, el Ministerio de la Familia (Mi Familia).

“El objetivo es apoyar y priorizar la valoración de recursos familiares maternos en Nicaragua, asegurando que cualquier decisión se tome bajo el principio del interés superior del niño”, señalaron las autoridades ticas.

Esta articulación es fundamental, pues no solo involucra a las gemelas que se encuentran bajo custodia del Estado en Costa Rica, sino también a un tercer hijo de Junieysis, un niño de 10 años que ya reside en Nicaragua. La intención de las autoridades de ambos países es realizar una valoración integral que permita, idealmente, que los tres hermanos puedan permanecer juntos en un entorno familiar adecuado en su país de origen.

Para la familia Merlo Espinoza, esta noticia representa un alivio necesario tras semanas de angustia que comenzaron con la desaparición de la joven y terminaron con el hallazgo de sus restos en una vivienda en Santa Ana. Ariel Merlo, hermano de la víctima, calificó la disposición del PANI como “un rayo de esperanza” dentro del dolor que ha embargado a la familia y a la comunidad de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz.

Mientras la burocracia internacional avanza, la justicia costarricense también sigue su curso. Ramírez Calvo deberá cumplir un año de prisión preventiva. Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dirigidas por Michael Soto, apuntan a que el sospechoso utilizó maquinaria pesada bajo engaños para cavar la fosa de dos metros donde ocultó el cuerpo, intentando borrar el rastro del crimen.

El último adiós y el clamor de justicia

El pasado fin de semana, el pueblo de San Juan de Río Coco se volcó a las calles en una emotiva caravana para recibir las cenizas de Junieysis. Cientos de personas, que conocían a la joven, se unieron al clamor de justicia.

El caso de Merlo no solo deja una herida abierta en la sociedad civil nicaragüense y costarricense, sino que pone a prueba los mecanismos de protección transfronteriza.

Por ahora, el destino de tres niños que han perdido a su madre de la forma más violenta depende de la agilidad y sensibilidad con la que las instituciones de ambos países logren concretar su retorno al seno de su familia materna.

La decisión se produce en un contexto de urgencia política, ya que el actual período constitucional del Congreso culmina el 28 de abril, y la presidenta electa, Laura Fernández, ha solicitado respaldo para aprobar los principales proyectos de financiamiento internacional antes del cambio de legislatura, según informó el medio CR Hoy.

El expediente 25.291, próximo a ser debatido en Plenario tras su dictamen en comisión, autoriza al Estado a gestionar dos créditos: USD 550 millones provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) —incluyendo USD 178,7 millones del Fondo Verde del Clima— y USD 250 millones procederán del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes adicionará USD 26,5 millones y el Fondo Verde del Clima otorgará, además, una donación de USD 21,3 millones.

La presidenta del foro legislativo, Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), puntualizó que el propósito es asegurar al menos la aprobación en primer debate antes del final de sesiones. óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, afirmó el apoyo del partido a las prioridades de la presidenta electa, detalló CR Hoy.

En el listado de proyectos prioritarios solicitados por Fernández, destaca también un crédito por USD 770 millones con el BCIE para la autopista San José-San Ramón. Otros textos relevantes en trámite legislativo comprenden la reforma sobre expropiaciones, el empréstito para resiliencia climática y una iniciativa vinculada al yacimiento minero de Crucitas, iniciativas que en su mayoría se encuentran avanzando en Plenario, de acuerdo con CR Hoy.

Características principales del tren y alcance del proyecto

El futuro tren llevará el nombre Tibi, vocablo ngäbe que significa “ciempiés”, y cubrirá 51 kilómetros distribuidos en dos líneas, con un total de 30 estaciones que enlazarán Cartago, San José, Heredia y Alajuela, según EFE. Se prevé que la frecuencia será de cada 10 minutos y que la demanda diaria alcanzará los 100.000 pasajeros, lo que apunta a aliviar la saturación vehicular crónica en la zona metropolitana del país.

Actualmente, Costa Rica dispone de un tren suburbano impulsado con combustible, limitado por la falta de frecuencias y la baja capacidad de su única línea. El nuevo sistema ferroviario supondrá un salto tecnológico y ambiental: la electrificación de la red permitirá eliminar 6,5 millones de toneladas de dióxido de carbono durante su vida útil, en línea con el compromiso nacional de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Así lo señaló el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Sikela, quien expresó ante EFE en septiembre de 2025 que el país está “dando un paso valiente al invertir en un sistema de transporte verdaderamente visionario que responda a los retos económicos y ambientales”.

El presidente Rodrigo Chaves expresó, para entonces, a EFE que la propuesta representa “un proyecto serio, un verdadero concepto, un diseño racional con factibilidad y financiamiento completo”, diferenciándola de intentos previos a los que calificó de inviables.

Las playas, volcanes, selvas y la riqueza cultural de Costa Rica cruzan fronteras y llegan ahora a millones de hogares europeos gracias a su participación en el programa documental “Sky High”, una de las producciones televisivas más vistas de los domingos en Países Bajos.

La serie, transmitida por la cadena RTL4 y disponible en la plataforma Videoland, dedicó cuatro episodios completos al país como parte de una estrategia para atraer turistas internacionales.

El proyecto forma parte de una acción promocional impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que busca posicionar a Costa Rica como un destino ideal para los viajeros neerlandeses.

La producción audiovisual destaca algunos de los principales atractivos del país, desde su biodiversidad hasta su oferta de turismo sostenible y experiencias de lujo.

Durante casi dos semanas de grabación, la presentadora Suus de Brock y su equipo recorrieron distintos puntos del territorio nacional para capturar la esencia del país. Entre los destinos incluidos se encuentran Tortuguero, La Fortuna y el volcán Arenal; Río Celeste, Tenorio y Bijuagua; así como Monteverde, Isla Venado y varias playas de Guanacaste como Sámara, Carrillo y Tamarindo.

El programa no solo muestra paisajes, sino que también se enfoca en la experiencia integral del visitante: el contacto con la naturaleza, la aventura, el bienestar, la gastronomía y la cultura local. Esta narrativa busca conectar con un perfil de turista que valora la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad en sus viajes.

Costa Rica es el tercer destino que aparece en esta serie internacional, que previamente ha explorado lugares de alto interés turístico como Dubái y la isla caribeña de San Martín. La inclusión del país centroamericano responde a su creciente posicionamiento como un destino atractivo en el mercado europeo.

“Nos sentimos entusiasmados de la amplia presencia de Costa Rica en el prestigioso programa televisivo Sky High, de los Países Bajos. Se trata de un programa de alto nivel que permitirá mostrar los múltiples atractivos de nuestro país ante una audiencia internacional, desde una perspectiva auténtica y aspiracional”, señaló Angélica Herra, coordinadora de mercado Europa del ICT.

El impacto esperado de esta exposición mediática es significativo. Se estima que cada episodio alcanzará aproximadamente 750,000 espectadores, mientras que en la plataforma Videoland podría generar entre uno y tres millones de visualizaciones. A esto se suman cerca de dos millones de impresiones en publicidad exterior, así como difusión en redes sociales y acciones de relaciones públicas.

Además, el programa cuenta con una alianza estratégica con el tour operador neerlandés Riksja, que ofrecerá paquetes de viaje a Costa Rica dirigidos a quienes se interesen en visitar el país tras ver los episodios. Esta integración entre contenido audiovisual y oferta turística busca convertir la inspiración en decisiones concretas de viaje.

La iniciativa también se ve reforzada por la conectividad aérea directa entre Costa Rica y Países Bajos, operada por la aerolínea KLM, lo que facilita el flujo de turistas entre ambas naciones y fortalece la relación comercial en el sector turismo.

El mercado neerlandés representa una oportunidad clave para el país. Según datos del ICT, durante el primer trimestre de 2026 se proyecta la llegada de cerca de 10,000 turistas provenientes de Países Bajos por vía aérea, posicionándolo como el quinto mercado emisor de visitantes desde Europa. En total, el continente europeo suma más de 155,000 turistas en lo que va del año.

Con este tipo de estrategias, Costa Rica continúa apostando por su posicionamiento internacional como un destino que combina naturaleza, sostenibilidad y experiencias únicas. La presencia en “Sky High” no solo refuerza su imagen en Europa, sino que también consolida su competitividad en un mercado cada vez más exigente y enfocado en el turismo responsable.

El Gobierno de la República de Costa Rica concretó la contratación de Open English para ofrecer capacitación gratuita en inglés a través de la plataforma virtual Hello Brete, con el objetivo de beneficiar a hasta dos millones de personas en cuatro años e incrementar la empleabilidad nacional mediante el aprendizaje del idioma, según la conferencia de prensa emitida desde la Presidencia de la República.

La inversión total destinada a este programa alcanza los USD 74 millones para el periodo de cuatro años, monto que, según declaraciones del presidente Rodrigo Chaves durante la conferencia de prensa, representa “una fracción de lo que se gasta en otros gastos educativos, como el FED” y constituye “una política pública que tiene un costo-beneficio enorme”.

Chaves subrayó que Costa Rica es el primer país del mundo en implementar una estrategia de esta escala respaldada por una alianza público-privada: “el Gobierno de la República actual y el Gobierno de la continuidad actual está haciendo algo que a ningún país del mundo se le había ocurrido”.

El plan es impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Según el INA, hasta 500,000 licencias anuales estarán disponibles para personas mayores de 15 años, sin requerir experiencia previa en el idioma ni realizar ningún pago por la formación.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, indicó los desafíos que enfrenta el sector ante el mercado laboral, especialmente en zonas francas y turismo: “Con la llegada de las zonas francas, con el apogeo del turismo, cada vez más nos solicitan un inglés de mejor calidad. Esto no es culpa de los estudiantes ni de los docentes, lo cierto es que la demanda cada vez es más exigente y nuestra capacidad de respuesta se ha quedado corta”, declaró a Teletica.

Déficit entre demanda y oferta de formación en inglés

La demanda por formación en inglés ha superado la oferta pública en Costa Rica. Según datos del INA, en 2025 se ofertaron 19,800 cupos para cursos de inglés, mientras que al menos 71,000 personas manifestaron interés en acceder a estos programas, lo que evidencia la brecha existente y la urgencia de una respuesta nacional.

La plataforma Open English integrará lecciones en vivo, autoaprendizaje disponible las 24 horas, reconocimiento vocal, materiales multimedia y asistencia basada en inteligencia artificial.

El presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, afirmó a Teletica que el dominio del inglés puede aumentar los ingresos entre un 20% y un 38% en Costa Rica, con incrementos de hasta 34% en puestos técnicos, información que respalda el impacto de la iniciativa en las oportunidades laborales.

Funcionamiento de la alianza y requisitos para los participantes

El costo anual por cada licencia se estima en USD 80, lo que representa un ahorro del 83% respecto al precio comercial, según el análisis presentado por el INA. La contratación de Open English se realizó a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), tras un proceso que incluyó un análisis de mercado y la resolución de apelaciones rechazadas.

El modelo formativo contempla la actualización profesional de docentes de inglés tanto del Ministerio de Educación Pública como del INA, quienes participarán en un programa específico de refuerzo académico desarrollado en conjunto con Open English.

Para acceder al programa, las personas deben ingresar a www.hellobrete.com, realizar una prueba de ubicación y cumplir con los siguientes requisitos: tener al menos quince años, haber completado el sexto grado de primaria, contar con acceso a internet y dispositivo electrónico, y ser costarricense o extranjero con DIMEX vigente. Finalizado el proceso formativo, los participantes recibirán un certificado oficial avalado por el INA y Open English que acredita su nivel de inglés.

El CEO y fundador de Open English, Andrés Moreno, expresó que la empresa busca “contribuir al desarrollo del talento en Costa Rica mediante una metodología flexible e innovadora”, fortaleciendo la expectativa de que esta alianza público-privada eleve el nivel de empleabilidad para miles de costarricenses a través de la capacitación digital.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio un paso significativo en materia de salud pública al comenzar a registrar la voluntad de los costarricenses sobre la donación de órganos y tejidos directamente en sus trámites de identificación.

A partir de este lunes 13 de abril de 2026, cada ciudadano que gestione su cédula de identidad o la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) será consultado sobre su decisión respecto a este tema, en una medida que busca fortalecer el sistema nacional de trasplantes.

La disposición responde al cumplimiento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (N.° 9222), normativa que regula en el país todos los procesos relacionados con la donación, extracción, transporte y trasplante de órganos y tejidos con fines terapéuticos.

Con esta implementación, el TSE se convierte en un actor clave en la consolidación de un registro nacional actualizado de donantes.

Según detallaron las autoridades, al momento de realizar el trámite del documento de identidad, las personas podrán elegir entre varias opciones: autorizar la donación de órganos, de tejidos, de ambos, rechazar la donación o incluso abstenerse de responder.

Esta información será almacenada de forma segura en las bases de datos del TSE y posteriormente remitida al Ministerio de Salud, institución encargada de administrar el registro oficial de donantes en el país.

Un aspecto relevante es que esta decisión no será visible de forma directa en la cédula de identidad. En su lugar, estará vinculada a un código QR ubicado en la parte posterior del documento.

Dicho código no mostrará la información de manera pública, sino que solo podrá ser accedido por autoridades de salud debidamente autorizadas, garantizando así la confidencialidad de los datos personales.

La medida también contempla a la población menor de edad. En el caso de quienes tramiten la Tarjeta de Identidad de Menores, la decisión sobre la donación deberá ser tomada por el padre, madre o responsable legal con patria potestad. Si el trámite no se realiza en presencia de estas figuras, no se podrá registrar ninguna voluntad relacionada con la donación.

Además, el sistema permitirá a los ciudadanos modificar su decisión en futuras renovaciones del documento. Cada vez que una persona solicite una nueva cédula o actualice su información, podrá cambiar su respuesta, la cual se actualizará de inmediato en el sistema institucional y será comunicada nuevamente al Ministerio de Salud.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa es resultado de una coordinación interinstitucional con la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud.

Este órgano es el encargado de regular y supervisar todos los procesos asociados a la donación en Costa Rica, desde la extracción hasta el seguimiento de los pacientes trasplantados.

La donación de órganos y tejidos representa una oportunidad vital para miles de personas que requieren trasplantes o tratamientos médicos. Órganos como riñones, hígado o corazón pueden salvar vidas, mientras que tejidos como córneas, piel y huesos tienen aplicaciones fundamentales en tratamientos de quemaduras, cirugías reconstructivas o recuperación de la visión.

Asimismo, se informó que los costarricenses residentes en el extranjero también podrán manifestar su voluntad mediante mecanismos habilitados por el Ministerio de Salud, ya sea a través de plataformas digitales o durante la gestión de su documento de identidad en consulados.

Con esta medida, Costa Rica busca modernizar y robustecer su sistema de donación, facilitando la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía y mejorando la disponibilidad de órganos y tejidos para quienes más lo necesitan.

Las autoridades costarricenses asestaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en la zona norte del país tras el hallazgo de una bodega subterránea cargada de equipos e insumos utilizados por organizaciones criminales que operan en el sector de Crucitas y el cerro Conchuditas.

El descubrimiento fue realizado por oficiales de la Fuerza Pública en el distrito de Cutris, en la frontera norte, como parte de los operativos que se mantienen en la zona para debilitar la estructura logística de los grupos dedicados a la extracción ilegal de oro.

Según informaron las autoridades, la bodega se encontraba enterrada en las cercanías del cerro Conchuditas y contenía una importante cantidad de materiales cuyo valor podría ascender a varios millones de colones.

El hallazgo evidencia la capacidad de adaptación de estas organizaciones, que recurren a métodos cada vez más sofisticados para ocultar los insumos necesarios para sus operaciones, así como el avance de las autoridades en la detección de estos puntos estratégicos.

En esta ocasión, los oficiales lograron ubicar el sitio gracias a la experiencia adquirida en campo, sin necesidad de utilizar equipo especializado como detectores de metales, lo que fue destacado como un avance en las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

Durante la intervención, los policías descubrieron que los oreros habían enterrado ocho plantas eléctricas, seis bombas sumergibles para agua y 13 recipientes utilizados para el almacenamiento de combustible.

Además, encontraron un rollo de manguera de aproximadamente 20 metros, 30 sacos de cal y cerca de 150 kilos de cianuro distribuidos en sacos y bolsas plásticas, un químico altamente peligroso que suele ser utilizado en procesos de extracción de oro.

El operativo también permitió ubicar 12 piletas empleadas para el procesamiento del material minero, lo que evidencia que el sitio funcionaba como un punto clave dentro de la cadena de producción ilegal.

Las autoridades subrayaron que este tipo de bodegas subterráneas forman parte de una red logística que permite a los grupos criminales mantener sus operaciones activas en zonas de difícil acceso, reduciendo el riesgo de ser detectados.

Por ello, la estrategia de la Fuerza Pública ha evolucionado hacia la identificación y desmantelamiento de estos puntos de almacenamiento, considerados uno de los eslabones más sensibles de la actividad ilegal.

“Esta búsqueda de bodegas subterráneas de suministros forma parte de las nuevas estrategias utilizadas contra la minería ilegal en la frontera norte”, indicaron las autoridades.

El objetivo es afectar directamente la capacidad operativa de estas organizaciones, limitando el acceso a los equipos, combustibles y químicos necesarios para la extracción de oro en zonas como Crucitas y el cerro Conchuditas.

La minería ilegal en esta región ha sido señalada por sus impactos ambientales, particularmente por el uso de sustancias como el cianuro, que pueden contaminar fuentes de agua y afectar la biodiversidad.

Asimismo, este tipo de actividad suele estar vinculada a redes criminales que operan en la frontera, lo que ha llevado a un refuerzo constante de la presencia policial en el área.

El nuevo hallazgo se suma a otros operativos recientes que evidencian la magnitud del problema y la necesidad de mantener acciones sostenidas para contenerlo.

Las autoridades reiteraron que continuarán intensificando los patrullajes y operativos en la zona norte con el objetivo de desarticular estas estructuras y proteger los recursos naturales del país.

La principal vía que comunica el Valle Central con el Caribe costarricense, la ruta 32, enfrentará cierres diarios durante al menos un mes debido al inicio de trabajos de demarcación horizontal a partir de este lunes 13 de abril.

Según informaron el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), las labores obligarán a aplicar un cierre total del tránsito vehicular en el tramo que va desde el túnel Zurquí hasta el sector de río Sucio, una de las zonas más transitadas de esta carretera estratégica.

Las restricciones se implementarán de lunes a domingo, en un horario comprendido entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., lo que supone una interrupción diaria de cinco horas en el flujo vehicular.

De acuerdo con las autoridades, estas obras forman parte de un proyecto de mejora en la señalización vial, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en una ruta que históricamente ha presentado condiciones complejas por factores como la neblina, las lluvias y el alto volumen de tránsito pesado.

Una vez que concluyan los trabajos en el tramo entre el túnel Zurquí y río Sucio, se modificará la dinámica de circulación en la zona. En ese punto, el cierre total dará paso a un sistema de paso regulado mientras continúan las labores.

Posteriormente, los trabajos se trasladarán al sector comprendido entre el túnel Zurquí y el peaje, donde se aplicará un cierre parcial para completar la demarcación en toda la vía.

El proyecto incluye no solo la pintura horizontal de la carretera, sino también la instalación de captaluces, dispositivos reflectivos que mejoran la visibilidad nocturna, y la colocación de postes abatibles, elementos que contribuyen a ordenar el tránsito y reducir el riesgo de accidentes.

El MOPT detalló que la inversión total destinada a estas obras asciende a ₡395 millones. Además, estimó que los trabajos podrían concluir en un plazo de 30 días, siempre y cuando las condiciones climáticas de la zona permitan avanzar sin interrupciones.

La ruta 32 es considerada un eje fundamental para la economía del país, ya que conecta San José con la provincia de Limón, principal puerta de entrada y salida de mercancías por vía marítima. Por ello, cualquier intervención en esta carretera tiene un impacto directo en la movilidad de personas, el transporte de carga y la logística nacional.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación y consideren rutas alternas durante los horarios de cierre, con el fin de evitar congestionamientos y atrasos en sus viajes.

Asimismo, pidieron a los usuarios de la vía respetar la señalización temporal y acatar las indicaciones del personal que estará regulando el tránsito en los distintos puntos de intervención.

Pese a las molestias que puedan generar estos cierres, el MOPT subrayó que las obras buscan mejorar las condiciones de seguridad vial y ofrecer una carretera más visible y ordenada para todos los usuarios en el mediano y largo plazo.

Más de 70 mil personas colmaron el parque metropolitano La Sabana en San José para disfrutar del concierto gratuito de Los Ángeles Azules, en el cierre del Transitarte 2026, en una jornada que combinó música, cultura y una masiva participación ciudadana.

Desde horas de la tarde, miles de asistentes comenzaron a llegar al centro de la capital para asegurar un espacio en medio de un ambiente festivo que se extendió hasta la noche. Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas partes del país se reunieron para cantar y bailar al ritmo de la agrupación mexicana, que ofreció un espectáculo cargado de éxitos.

La actividad también contó con la participación de artistas nacionales quienes se encargaron de amenizar el ambiente previo a los interpretes de éxitos como “17 años”, “Cómo te voy a olividar” y “El listón de tu pelo”.

La justicia costarricense ordenó un año de prisión preventiva contra la expareja de la tiktoker nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, mientras avanza la investigación por su asesinato, un caso que ha generado indignación dentro y fuera del país.

La medida fue solicitada por la Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas, en Pavas, y acogida por el juzgado penal correspondiente, que consideró necesario mantener al imputado privado de libertad ante riesgos procesales.

El principal sospechoso es Gustavo Adolfo Ramírez Calvo, quien fue pareja de la víctima durante ocho años y es el padre de sus hijas gemelas, de cuatro años.

De acuerdo con la autopsia realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la joven murió por asfixia, presumiblemente mediante estrangulación. Así lo confirmó el director del OIJ, Michael Soto, al detallar que este tipo de muerte ocurre por la compresión del cuello utilizando manos, antebrazo, lazo u objetos rígidos.

El caso ha conmocionado por la violencia del crimen y por la forma en que el cuerpo fue ocultado. Merlo fue hallada enterrada en una fosa dentro de un condominio en Santa Ana, en el sector de Salitral, tras varios días de búsqueda.

La joven había sido vista por última vez el 31 de marzo. Dos días después, su familia denunció su desaparición. La búsqueda se extendió hasta que las autoridades realizaron excavaciones en una vivienda del condominio Los Pericos, donde finalmente ubicaron el cuerpo.

Según la investigación preliminar, el sospechoso habría aprovechado la presencia de maquinaria para solicitar a un trabajador que abriera un hueco en el terreno, el cual posteriormente utilizó para ocultar el cadáver. El operario no tenía conocimiento del uso que se le daría al espacio.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se confirmó la causa de muerte, lo que también permitió explicar la ausencia de sangre en la escena.

Previo al crimen, la víctima había solicitado medidas de protección en marzo de 2025 contra su expareja. Estas fueron otorgadas por un año, pero vencieron el 10 de marzo de 2026, apenas semanas antes del asesinato.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso también expone el drama familiar que dejó la muerte de la joven.

En Nicaragua, su despedida se convirtió en una manifestación multitudinaria. Aproximadamente 2,000 personas participaron en su sepelio en la comunidad de Buena Vista, en San Juan del Río Coco, donde familiares, vecinos y allegados exigieron justicia.

“El pueblo se levantó, quieren que se haga justicia con ese cobarde que mató a mi hija”, expresó su padre, Maximiliano Merlo, visiblemente afectado.

Según relató, la indignación colectiva se convirtió en un clamor para que el responsable reciba la máxima pena posible. “Ese cobarde mató a mi hija por celos; el pueblo pide que le den cadena perpetua. Arruinó la juventud de mi hija”, lamentó.

En paralelo, la familia materna enfrenta otra batalla: la custodia de las dos hijas gemelas de la víctima.

Ariel Merlo, hermano de Junieysis, explicó que la familia desea hacerse cargo de las menores para mantenerlas dentro de su entorno materno y junto a su hermano mayor, de 10 años, quien reside en Nicaragua.

Sin embargo, el proceso también ha despertado el interés de una familiar del sospechoso, lo que ha generado preocupación.

“Tengo entendido que por parte de la familia paterna hay una persona que las ha solicitado y nosotros no queremos que eso pase. No involucro a la familia del sospechoso porque no tienen por qué pagar, pero no nos sentiríamos bien de que ellos tengan la custodia cuando nosotros somos la parte afectada”, manifestó.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó a la familia que el núcleo materno tiene prioridad en el proceso, lo que representa una esperanza en medio del dolor.

El caso continúa en investigación y se mantiene como uno de los más impactantes en lo que va del año, tanto por la brutalidad del crimen como por las consecuencias que deja en una familia que ahora busca justicia y reconstruirse tras la pérdida.

La Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica reportó que la población desempleada alcanzó las 154 mil personas en el trimestre de diciembre 2025, enero y febrero 2026. De acuerdo con los datos divulgados por el organismo, 87 mil corresponden a hombres y 67 mil a mujeres, cifra que para el grupo femenino representa una reducción estadísticamente significativa de 18 mil respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de desempleo nacional se ubicó en 6,7 %. El informe detalló que, desglosada por sexo, la tasa fue de 6,1 % en hombres y de 7,5 % en mujeres. Estos porcentajes no muestran una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con el reporte del INEC.

La tasa neta de participación laboral a nivel nacional fue de 54,0 %, distribuida en un 66,4 % para hombres y un 41,7 % para mujeres. El estudio señaló que este indicador descendió en 2,4 puntos porcentuales en el total nacional y en 3,2 puntos para las mujeres, comparado con el mismo periodo del año previo. El INEC atribuye este descenso a una disminución en la cantidad de mujeres activas en el mercado laboral, lo que se tradujo en una reducción estadísticamente significativa de 58 mil mujeres en la fuerza de trabajo respecto al año anterior.

Comportamiento del empleo ocupado e informal

En cuanto a la población ocupada, el INEC estimó que 2,16 millones de personas tenían empleo durante el periodo de referencia, de las cuales 1,34 millones eran hombres y 825 mil mujeres. El reporte aclara que este dato no presentó cambios estadísticamente significativos en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En relación con el empleo informal, la encuesta indicó que 826 mil personas se encontraban en esta situación laboral, de las que 548 mil eran hombres y 278 mil mujeres. Para el grupo femenino, el empleo informal presentó una disminución estadísticamente significativa de 37 mil mujeres respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de ocupados informales, 462 mil ejercieron actividades de forma independiente, mientras que 364 mil lo hicieron como asalariados o auxiliares familiares.

Participación sectorial y evolución reciente

El análisis sectorial elaborado por el INEC identificó que las actividades con mayor concentración de personas ocupadas fueron el comercio y reparación (16,2 %), la enseñanza y salud (11,8 %) y la industria manufacturera (10,4 %).

Según el informe de evolución y tendencias del organismo, la tasa neta de participación laboral exhibió en 2025 su punto más alto en el trimestre febrero-abril, con 52,5 %, para luego disminuir a 50,3 % en mayo-julio y cerrar el periodo diciembre 2025-febrero 2026 en 50,4 %. Durante el segundo semestre del año anterior, este indicador mostró leves repuntes, aunque mantuvo una tendencia descendente en el cierre del periodo evaluado.

La fuerza de trabajo nacional fue de 2,32 millones de personas, con 1,42 millones de hombres y 892 mil mujeres. El informe subrayó la reducción en la participación laboral femenina como uno de los movimientos más destacados del trimestre.

Durante los primeros meses de 2026, Costa Rica ha registrado un aumento sobresaliente en la cantidad de cocaína decomisada, en un contexto de refuerzo operativo y cooperación internacional que, según las autoridades, marca un quiebre en la capacidad de interceptación de drogas en el país. El Ministerio de Seguridad Pública informó que la cantidad de cocaína confiscada en el primer trimestre superó por más de cuatro veces la cifra alcanzada en el mismo período del año anterior, y que este avance representa tanto un récord histórico como una advertencia sobre la magnitud del desafío que enfrenta la región.

De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, la alianza entre las fuerzas nacionales y los cuerpos internacionales de seguridad ha sido determinante en el incremento de los decomisos. Zamora afirmó a través de un video difundido en redes sociales que “este 2026 lo iniciamos con el pie derecho, rompiendo récords de captura de drogas”. El funcionario precisó que el volumen de cocaína incautada ascendió de casi 3 toneladas en los primeros tres meses de 2025 a más de 12 toneladas en el mismo lapso de 2026.

El impacto de este fenómeno no se limita a la cocaína. Las autoridades incautaciones de crack también experimentaron un avance: de 16,380 dosis en el primer trimestre de 2025 a 20,900 dosis en el inicio de 2026. En paralelo, la cantidad de marihuana confiscada casi cuadruplicó el registro previo, pasando de una tonelada a cerca de cuatro toneladas, según información oficial ofrecida por el Ministerio de SeguridadPública.

Este crecimiento sin precedentes en el decomiso de drogas refleja, en palabras de Zamora, “el trabajo consistente de nuestra Fuerza Pública para enfrentar el flagelo del narcotráfico en Costa Rica”. Para la policía costarricense, el año 2026 representa un punto de inflexión en la intercepción de narcóticos, demostrando una mayor eficacia en el control de rutas y redes internas de distribución.

Operación conjunta permitió el decomiso de 4.4 toneladas de droga en el océano Pacífico

El esfuerzo nacional ha encontrado en la cooperación internacional un soporte estratégico. Un caso reciente evidencia la dimensión de estos operativos: a finales de noviembre de 2025, una acción conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos posibilitó la incautación de 4.4 toneladas de droga transportadas en el océano Pacífico por una embarcación tripulada por dos ciudadanos colombianos que actualmente están bajo arresto.

En dicha oportunidad el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, destacó la colaboración de Estados Unidos, a la que calificó de “gran bienvenida”. Chaves afirmó que “no solo las apoyo, las agradezco, las reconozco y digo que era hora de que nos tomáramos este tema de manera seria”, subrayando la importancia del convenio bilateral de patrullaje conjunto que persiste desde hace varios años.

Según las investigaciones policiales difundidas por medios locales la droga decomisada durante esta operación marítima pertenecía al Cartel del Golfo de Urabá, de Colombia, organización que cuenta con la participación de exmiembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

“Estados Unidos es una nación hermana, amiga y aliada de Costa Rica con la cual estamos dando esta batalla conjunta”, dijo el presidente Chaves. Las autoridades presentaron parte de la carga incautada y remarcaron el valor estratégico de mantener alianzas que refuercen la seguridad y control sobre los corredores marítimos.

El avance en cifras y la proyección para el resto de 2026

La cantidad de droga interceptada en los primeros tres meses de 2026 ya supera con amplitud cualquier registro previo para igual período. El paso de casi 3 toneladas decomisadas en 2025 a más de 12 toneladas de cocaína en 2026 evidencia el salto en la capacidad operativa de la Fuerza Pública, según expuso Mario Zamora. Parte del éxito responde a la intensificación de controles, acciones conjuntas y nuevas estrategias adoptadas frente a las rutas usadas por los traficantes, tanto por tierra como por mar.

La tendencia en el crecimiento de los decomisos de crack y marihuana refuerza la evaluación de un contexto donde la presión sobre las bandas criminales es cada vez mayor. Los registros oficiales detallados por el Ministerio de Seguridad Pública cifran en 20,900 las dosis de crack incautadas y en cerca de 4 toneladas la marihuana retiradas de circulación durante el inicio de 2026.

Costa Rica ya cuenta con una herramienta digital diseñada para mejorar la respuesta ante encuentros con serpientes venenosas. Se trata de “ICP App”, una aplicación móvil gratuita desarrollada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR), que permite a la población identificar especies peligrosas y conocer cómo actuar ante una mordedura.

La aplicación está disponible para sistemas Android y iOS, y ofrece información detallada sobre las 25 serpientes venenosas presentes en el país, así como sobre 12 especies no venenosas que suelen confundirse con las anteriores. Además, incluye recomendaciones claras sobre qué hacer y qué evitar en caso de un accidente ofídico.

El desarrollo de esta herramienta responde a una necesidad identificada por especialistas del Instituto, quienes reciben consultas frecuentes de ciudadanos que envían fotografías de serpientes para determinar si representan un riesgo.

Según los investigadores, esta situación evidencia la falta de información en la población sobre la identificación de estos animales.

El impacto de la aplicación se centra en el acceso inmediato a información validada científicamente. De acuerdo con el Instituto Clodomiro Picado, disponer de datos confiables desde un teléfono móvil puede facilitar la toma de decisiones en momentos críticos, especialmente en zonas rurales o alejadas donde el contacto con serpientes es más frecuente.

Otro de los elementos clave es la orientación en primeros auxilios. La aplicación detalla los pasos a seguir ante una mordedura, lo que puede contribuir a reducir errores comunes en la atención inicial. También especifica acciones que deben evitarse, lo que resulta relevante para disminuir complicaciones antes de recibir atención médica.

La herramienta no solo está dirigida al público general. Según la información oficial, también puede ser utilizada como apoyo para el personal de salud, al permitir una mejor aproximación sobre el tipo de serpiente involucrada en un accidente. Esto podría influir en la toma de decisiones clínicas y en el uso de antivenenos.

Además, la aplicación incluye información sobre la producción de sueros antiofídicos y los distribuidores internacionales con los que cuenta el Instituto, lo que amplía su alcance informativo más allá del contexto nacional.

Otro de los aportes señalados es la posibilidad de fortalecer los registros epidemiológicos en el país. La herramienta contempla la opción de identificar la zona geográfica donde ocurre un incidente, lo que podría facilitar la recopilación de datos sobre la distribución de especies y la incidencia de mordeduras. Esta información se encuentra en proceso de articulación con el Ministerio de Salud.

La aplicación fue diseñada con una interfaz de fácil navegación, con el objetivo de que cualquier persona, sin conocimientos previos, pueda utilizarla de manera rápida. Esto resulta relevante en situaciones donde el tiempo de reacción es determinante.

A la fecha de su lanzamiento, “ICP App” ya registra cerca de 2.500 descargas, lo que refleja el interés de la población en acceder a este tipo de herramientas de prevención.

El desarrollo tecnológico también contempla futuras actualizaciones. Entre ellas, la incorporación de inteligencia artificial para identificar serpientes a partir de fotografías y la generación de datos georreferenciados sobre avistamientos en distintas regiones del país.

En Costa Rica, los encuentros con serpientes forman parte de la realidad en distintas zonas, especialmente en áreas rurales y agrícolas. En este contexto, el acceso a información inmediata, clara y respaldada por instituciones científicas se posiciona como un recurso clave para la población.

La aplicación ICP App se suma así a los esfuerzos del Instituto Clodomiro Picado, reconocido por la producción de antivenenos, ampliando su aporte hacia la prevención, la educación y el acceso digital a información especializada.

Estados Unidos remitió este sábado a Costa Rica los primeros 25 migrantes extranjeros tras la entrada en vigor de un nuevo acuerdo migratorio firmado entre ambos países, según información de AFP. La medida habilita el envío semanal de migrantes de terceros países a territorio costarricense mientras se resuelve su situación migratoria.

El acuerdo encontró su origen a finales del mes de marzo, cuando el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem, enviada especial del entonces gobierno de Donald Trump para la alianza de seguridad “Escudo de las Américas”, rubricaron el pacto en San José.

Un año antes, en 2023, Costa Rica ya había recibido cerca de 200 migrantes de Asia y Europa del Este provenientes de Estados Unidos; esa acción generó críticas por parte de organismos de derechos humanos tras el confinamiento prolongado de los migrantes en un albergue remoto junto a la frontera con Panamá.

La Dirección General de Migración (DGM) de Costa Rica detalló que entre los deportados se encontraban nueve mujeres y dieciséis hombres procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.

Según el organismo, citado por AFP, los migrantes tendrán la opción de retornar voluntariamente a su país de origen, solicitar refugio o acogerse a un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

El nuevo convenio autoriza a Washington a enviar hasta 25 migrantes cada semana a Costa Rica, garantizándoles “una condición legal temporal” durante la revisión de su caso. De igual manera, AFP confirmó que la presidenta electa Laura Fernández, sucesora de Chaves a partir del viernes 8 de mayo de 2026, continuará con la implementación del mecanismo.

ONU y Estados Unidos financiarán alojamiento y asistencia temporal

Estados Unidos se comprometió a proporcionar asistencia económica, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU cubrirá los costos de alojamiento y alimentación de los migrantes durante su permanencia en territorio costarricense.

El acuerdo estipula un carácter voluntario y reconoce el derecho de Costa Rica a “rechazar a quien sea”, confirmó Chaves semanas atrás.

El acuerdo de marzo permitió a EE. UU. trasladar legalmente cada semana un grupo fijo y diverso de migrantes extranjeros a territorio costarricense, quienes reciben protección temporal mientras sus expedientes migratorios se resuelven; la iniciativa establece responsabilidad compartida regional y un marco normativo que autoriza al país centroamericano a aceptar o rechazar cada caso individualmente.

Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional relevada por Trump a comienzos del mes de marzo de este año, fue designada para coordinar la alianza regional sellada días después en una cumbre en Florida que reunió a los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Argentina, Panamá y Ecuador, entre otros.

El Escudo de Las América es una unidad conformada por oficiales provenientes de distintos países del continente americano, cuya labor principal se centra en el intercambio de conocimientos, tácticas y estrategias de defensa.

La alianza fue creada con el objetivo de fortalecer la cooperación regional y fomentar la capacitación conjunta en temas de seguridad y operaciones militares, permitiendo así una respuesta coordinada ante desafíos comunes en la región.

El fútbol costarricense está de luto tras la muerte de Wálter Navarro Álvarez, exjugador del Deportivo Saprissa y figura clave en la obtención del histórico hexacampeonato del club en la década de 1970. El club comunicó la noticia este sábado 11 de abril a través de sus canales oficiales, manifestando su pesar por la pérdida.

Previo al comunicado institucional, la hija del exjugador, Marianella Navarro, informó el fallecimiento el jueves 9 de abril mediante sus redes sociales: “Con profundo dolor comunicamos que el cuerpo de nuestro querido padre, Walter Navarro Álvarez, será velado a partir de las 12:00 del mediodía en la Funeraria del Magisterio Nacional, en San José, Paseo Colón. Agradecemos de corazón a quienes deseen acompañarnos en este momento tan difícil”.

La noticia de la muerte de Álvarez impactó a la afición y a distintas generaciones vinculadas al fútbol costarricense. Según lo informado por el Deportivo Saprissa en un comunicado, la entidad lamentó “el sensible fallecimiento del señor Wálter Navarro Álvarez, exjugador del Deportivo Saprissa en la década de los 70’s. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia y allegados en estos momentos tan difíciles”.

El fallecimiento del exfutbolista se suma a una serie de pérdidas recientes de futbolistas históricos que construyeron la base del fútbol moderno en Costa Rica. Las causas de su deceso permanecen en el ámbito familiar, sin que se hayan difundido detalles adicionales.

Tras la confirmación del deceso, medios nacionales y periodistas de la vieja guardia recordaron la figura de Navarro Álvarez como la de un caballero dentro y fuera del campo. Excompañeros y aficionados manifestaron sus condolencias en redes sociales, resaltando el profesionalismo y la calidad humana del exjugador.

También, el club indicó que la bandera del saprissismo ondeará a media asta y que se mantendrá el reconocimiento a su legado durante los próximos compromisos oficiales.

Protagonista de la época dorada morada

La figura de Álvarez está asociada de forma directa al período más exitoso de la historia del Deportivo Saprissa. Durante los años setenta, el club alcanzó el mítico hexacampeonato, imponiéndose de 1972 a 1977 en la liga local. Ese logro marca un hito no solo para la institución tibaseña, sino también para el fútbol centroamericano.

Navarro integró ese plantel que, bajo la dirección de figuras como Ricardo Saprissa y en compañía de jugadores emblemáticos como Asdrúbal “Yuba” Paniagua, Hernán Morales y Edgar Marín, consolidó la supremacía morada en el país.

El aporte de Navarro Álvarez no se limitó a los títulos obtenidos. Su estilo de juego, caracterizado por la disciplina y el compromiso, reflejaba los valores que el club buscaba transmitir. El equipo de la década del setenta no solo acumulaba trofeos, sino que exportaba una propuesta futbolística que elevó el estándar del balompié costarricense, según recogen medios especializados en la región.

Además, el exjugador compartió vestuario con referentes que dejaron huella en la memoria colectiva del deporte nacional. El fútbol de esa época se distinguía por la entrega física, el sentido de pertenencia y la conexión profunda con los aficionados. El profesionalismo convivía con una pasión innegociable por los colores del club.

La partida de Álvarez representa el cierre de un capítulo para el fútbol nacional, pero su nombre permanece en la memoria de los seguidores morados como uno de los artífices de la época más gloriosa del club. Su historia y su ejemplo siguen presentes en cada nueva generación que viste la camiseta del equipo más laureado de Costa Rica.

Las atenciones por enfermedad de Parkinson en Costa Rica registraron un incremento sostenido en los últimos años, con un aumento del 16.6% en los servicios de consulta externa entre 2021 y 2025, de acuerdo con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y un análisis de la Universidad Hispanoamericana.

La tasa de atención pasó de 213 a 243 casos por cada 100,000 habitantes en ese periodo, lo que representa un incremento absoluto de 30 atenciones por cada 100,000 personas.

Este crecimiento consolida al párkinson como la principal causa de consulta externa entre las enfermedades neurológicas analizadas, superando al Alzheimer y la demencia vascular.

Durante estos cinco años, se registraron 58,728 atenciones en consulta externa por esta enfermedad, reflejando una mayor demanda de servicios de salud en comparación con otras patologías del mismo grupo.

Además del aumento en consultas, los datos muestran una tendencia al alza en las hospitalizaciones. La tasa de internamientos pasó de 9.33 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 10.44 en 2025, lo que representa un crecimiento aproximado del 11.9%.

En los servicios de emergencia, el párkinson acumuló 2,906 atenciones entre 2021 y 2025, cifra considerablemente superior a las 598 atenciones registradas por Alzheimer en el mismo periodo.

El análisis de la relación entre consultas y hospitalizaciones indica que por cada internamiento se registraron 22 atenciones ambulatorias por Parkinson, lo que evidencia una alta demanda en el nivel de atención externa.

En cuanto a la distribución por sexo, el informe confirma una mayor incidencia en hombres. El 60.6% de las atenciones en consulta externa correspondió a pacientes masculinos, lo que equivale a una proporción de aproximadamente 1.5 hombres por cada mujer.

El médico investigador de la Universidad Hispanoamericana, Roberto Salvatierra, señaló que “se mantiene en Costa Rica lo mismo que vemos en otros lugares del mundo, donde el párkinson afecta principalmente a los hombres”.

Una tendencia similar se observa en los egresos hospitalarios, donde el 60.2% de los casos correspondió a hombres.

Por grupo etario, el 85% de las atenciones se concentró en personas mayores de 65 años. Sin embargo, los datos también reflejan la presencia de casos en población más joven. Entre los 0 y 44 años se registraron 677 atenciones, mientras que en el grupo de 45 a 64 años se contabilizaron 13.111 casos.

En términos de mortalidad, el párkinson presenta una menor carga relativa en comparación con otras enfermedades neurológicas. Entre 2021 y 2024 se registraron 781 fallecimientos asociados a esta patología, lo que representa el 24.5% del total de muertes entre las enfermedades analizadas.

En contraste, el Alzheimer reportó 1,218 defunciones y la demencia vascular 1,194 en el mismo periodo.

“A pesar de tener tantas personas enfermas de párkinson, tenemos una mortalidad menor que la del Alzheimer y la demencia vascular”, explicó el especialista.

El informe también señala que esta diferencia se relaciona con la evolución de la enfermedad, ya que las personas con párkinson suelen tener una mayor sobrevida, lo que se traduce en una mayor cantidad de atenciones acumuladas en el sistema de salud.

Los datos forman parte del Informe en Salud en Perspectiva N.º 47 de la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana y se divulgaron en el contexto del Día Mundial del Parkinson.

El documento también destaca que Costa Rica enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional, lo que se refleja en el aumento de enfermedades crónicas y neurológicas que requieren atención continua en los servicios de salud.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que el derrame de diésel registrado en un canal pluvial conectado al río Bartolo, en la provincia de Limón, se encuentra controlado y no representa riesgo para el agua potable. La entidad destacó que la emergencia fue atendida de forma inmediata por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), con apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que permitió contener el avance del combustible y evitar daños mayores.

Según el comunicado, parte del diésel ingresó al canal, pero las labores de limpieza y contención continúan en el sitio. Materiales especiales se utilizan para retirar los residuos y asegurar la recuperación de la zona afectada. El Ministerio de Salud aseguró que el incidente no ha generado afectación en el mar y que se mantiene un monitoreo constante del área.

En coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), las autoridades verificaron que no existe contaminación en las fuentes de agua para consumo humano, lo que garantiza la seguridad del agua potable en la región. “El agua es segura para consumo y no hay reportes de afectación en los sistemas de abastecimiento”, comunicó el Ministerio de Salud.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar el contacto con el agua en los alrededores del incidente y atender las instrucciones emitidas por las autoridades. Equipos técnicos de las entidades involucradas permanecen en el lugar evaluando la situación y avanzando en las tareas de limpieza. El Ministerio de Salud continuará supervisando el proceso y comunicará cualquier novedad relevante a la población.

Toma clandestina de combustible causa derrame de diésel

Un derrame de diésel originado por una toma ilegal en el poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contaminó varios cuerpos de agua en la provincia de Limón desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes 10 de abril. El incidente afectó el tramo fluvial que inicia en el río Bartolo, continuando hasta la desembocadura en el río Moín y llegando a la costa, en las cercanías del muelle de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), según reportes oficiales de Recope.

Las intensas lluvias registradas en la zona facilitaron que el diésel se desplazara rápidamente por los canales pluviales, multiplicando el área contaminada y permitiendo que el hidrocarburo llegara hasta el mar, de acuerdo con información de la entidad. La manipulación criminal destinada a la sustracción de hidrocarburos, en este caso mediante el desconectado deliberado de mangueras y equipos, fue identificada como la causa directa del derrame.

Las autoridades localizaron la fuente de la fuga y suspendieron de inmediato el bombeo, logrando controlar el trasiego, señaló Recope. Las acciones actuales se enfocan en la contención y limpieza de los ríos y zonas costeras impactadas, proceso que podría prolongarse varios días por la complejidad de las tareas de remediación ambiental.

El suceso más cercano a este derrame fue en Octubre del 2024, donde personas cortaron mangueras de una toma ilegal, para eliminar evidencias, causando una fuga de combustible en el río Bartolo, suspendiendo el bombeo.

Los ministros de Seguridad de Costa Rica y Panamá anunciaron el fortalecimiento de la cooperación policial y tecnológica en la frontera binacional para enfrentar el avance de grupos criminales y el narcotráfico.

El acuerdo contempla la transformación del centro conjunto binacional en un sistema de comando C5, con intercambio de imágenes de cámaras y drones, y la integración de tecnologías para la vigilancia fronteriza.

Según declaraciones recogidas por medios nacionales, Mario Zamora, ministro de Seguridad de Costa Rica, afirmó que el objetivo es “transformar este centro conjunto binacional a un C5, intercambiando imágenes de cámaras, drones, que la tecnología sea nuestro gran aliado binacional”.

Zamora subrayó la necesidad de que la frontera Panamá-Costa Rica se convierta en “el gran muro que evite la operación de grupos transnacionales de narcotráfico y criminalidad organizada”.

El ministro costarricense destacó que Costa Rica enfrenta un “severo problema de orden de justicia penal”, con una alta reincidencia de personas relacionadas con grupos criminales.

“Rompimos el récord de aprehensiones en el 2025, doscientos quince mil personas detenidas por la policía costarricense y lamentablemente veinticuatro horas, cuarenta y ocho horas después, esas mismas personas, en el noventa y cinco por ciento de los casos, vuelven a quedar libres”, explicó Zamora. Añadió que el reto principal es el “endurecimiento de la legislación penal” para impedir que los detenidos regresen a las calles.

Por parte de Panamá, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló que los homicidios en la franja fronteriza se dan principalmente “del lado costarricense”, y que la colaboración entre ambos países incluye la operación conjunta en el Centro de Fusión de Paso Canoas, donde policías de ambas naciones comparten información y análisis.

“Hoy igualmente estamos por iniciar una nueva operación sobre la frontera, precisamente para colaborar con las autoridades costarricenses en el combate al crimen organizado”, afirmó Ábrego.

El ministro panameño puntualizó que la frontera “es un límite que yo puedo llamar una carretera”, y que la colaboración tecnológica permitirá a la ciudad de Panamá recibir imágenes en tiempo real de las cámaras instaladas en la zona limítrofe.

“La colaboración con la hermana República de Costa Rica sobre los límites fronterizos en el intercambio de imágenes de las cámaras que ellos tienen, igual las cámaras nuestras y nosotros poder tomar un espejo de eso en la ciudad de Panamá”, precisó ábrego.

La situación de violencia afecta también a las principales ciudades de Panamá. De acuerdo con el funcionario, la Policía Nacional ha intensificado operativos en sectores como Colón, San Miguel y Ciudad de Panamá, y se han suspendido las vacaciones de los efectivos para reforzar la operatividad. “Esto es reforzar precisamente la operatividad para disminuir esto”, subrayó Ábrego.

El refuerzo de la cooperación incluye la identificación y búsqueda activa de sospechosos tras recientes homicidios, como el ocurrido en Curundú, donde ya hay dos personas identificadas y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se encuentra tras su localización.

Ambos ministros coincidieron en que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado requiere una acción conjunta y sostenida, con el apoyo de la tecnología y el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de Costa Rica y Panamá.

El Ministerio de Salud confirmó este viernes el tercer caso positivo de chikungunya en Costa Rica durante el 2026. El paciente es un hombre de 45 años, vecino de Guanacaste y de nacionalidad extranjera, quien no ha presentado complicaciones tras el contagio, según informó el medio Teletica.

El diagnóstico se sustentó en los resultados de los laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ahora, la muestra será remitida para análisis al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), como parte de los protocolos para la vigilancia y confirmación de enfermedades virales transmitidas por mosquitos.

Según informa el citado medio, Costa Rica no había registrado circulación activa del virus desde 2017; sin embargo, en lo que va del presente año, ya se han notificado tres casos.

La investigación epidemiológica determinó que el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación. Las autoridades sospecharon que se trata de un caso importado, pero han reforzado las acciones de control y prevención para evitar la expansión del virus, según la información suministrada por Teletica.

Cómo detectar y prevenir la fiebre chikunguya: síntomas y medidas de protección

La fiebre chikungunya es una enfermedad de origen viral transmitida por la picadura de mosquitos y provoca síntomas como fiebre alta, dolor articular y malestar general.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el chikunguya es una infección que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos portadores del virus Chikungunya. Las especies responsables de propagar esta enfermedad son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

El organismo señala que los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.

El dolor intenso en las articulaciones por lo general es incapacitante y dura unos pocos días, aunque puede persistir durante meses o incluso años.

La vigilancia activa y la movilización para la eliminación de criaderos, sumadas a las recomendaciones de protección individual, se convierten en las primeras respuestas a la detección del nuevo caso. De igual forma, autoridades recomiendan uso de repelentes y mosquiteros.

Medidas para prevenir el dengue, zika y chikungunya

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha difundido recomendaciones para prevenir la transmisión del mosquito que propaga dengue, zika y chikungunya.

Según la información oficial, se debe limpiar y vaciar de manera constante los recipientes que almacenan agua, revisar y limpiar canoas y cualquier plástico negro en los patios de las viviendas, además de colocar las llantas en desuso bajo techo o llevarlas a sitios de acopio.

En caso de presentar síntomas de dengue, como fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, las autoridades de salud recomiendan acudir a los servicios médicos y evitar la automedicación. La institución resalta la importancia de seguir estas indicaciones para proteger la salud y cortar las cadenas de transmisión del mosquito.

La licitación para la construcción del nuevo hospital de Limón fue declarada infructuosa después de no recibir ninguna oferta, pese a tratarse de una de las mayores inversiones que ha proyectado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con un presupuesto cercano a los USD 400 millones y una extensión prevista de 85,000 metros cuadrados de edificación.

Las restricciones en el ajuste de precios y los altos riesgos financieros asociados al modelo “llave en mano” motivaron que ninguna empresa precalificada presentara propuesta, según explicó Jorge Granados, gerente de infraestructura de la institución.

Este escenario amenaza con retrasar indefinidamente la construcción y pone en evidencia problemas estructurales en los procedimientos de adjudicación de obra pública a gran escala en Costa Rica.

Las condiciones de la licitación y el peso de la imposibilidad de ajustar precios

Al cerrar el concurso, la CCSS realizó consultas a las empresas interesadas para identificar las razones de su ausencia. Los datos recabados y lo expuesto por Granados revelaron que la causa principal fue la prohibición de reajustar precios durante la ejecución, obligación establecida por el reglamento para contratos “llave en mano”. Esta imposición transfiere la totalidad de los riesgos de fluctuación de costos a los contratistas, incluso cuando el plazo de ejecución puede abarcar varios años por etapas previas de diseño y trámites.

Factores de seguridad, logística y riesgo cambiario complican la convocatoria

A la inviabilidad del modelo contractual se suman temas operativos y financieros relevantes. La seguridad en la zona y los frecuentes cierres de la Ruta 32, principal vía entre San José y Limón, por condiciones climáticas en el Parque Nacional Braulio Carrillo, fueron destacados por las empresas como factores que agravan el riesgo de operación.

El tipo de cambio es otro elemento que preocupa a los potenciales oferentes, ya que la volatilidad entre el dólar y el colón, junto a la exigencia de pagos en ambas monedas y la necesidad de importar insumos, incrementa el impacto de pequeñas variaciones cambiarias sobre el costo total. Granados puntualizó que, para una obra de USD 400 millones, “cualquier fluctuación económica puede implicar pérdidas sustanciales para los contratistas” y, por lo tanto, desincentivar la participación bajo los actuales términos.

La ausencia de propuestas en Limón coincide con la tendencia de disminución en el número de oferentes en licitaciones públicas de gran escala en Costa Rica. Como referencia vinculante, el gerente de infraestructura mencionó la reciente convocatoria para el hospital de Alajuela, que recibió únicamente dos ofertas, reduciendo la competencia y con el riesgo de que, de no modificarse el modelo, los costos de futuros proyectos aumenten.

Alternativas en análisis para reactivar el proyecto

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, señaló en que la modalidad de precalificación implementada no consiguió atraer oferentes, pese a buscar agilizar el proceso y garantizar la capacidad técnica y financiera de los participantes.

La CCSS analiza actualmente distintas opciones para evitar que un nuevo llamado quede desierto. Entre las alternativas figuran abrir la licitación a nivel internacional, coordinar con el Ministerio de Hacienda posibles modificaciones reglamentarias que admitan mecanismos parciales de ajuste de precios y dividir el proyecto en dos contratos: uno para el diseño y otro para la construcción, permitiendo que esta última incluya cláusulas de actualización de costos.

Granados aseguró que la estrategia para relanzar el proyecto debe definirse en los próximos meses. La necesidad de infraestructura hospitalaria en la provincia de Limón mantiene el tema como eje prioritario en la agenda institucional y constituye una prueba para la dinámica administrativa de la CCSS.

Un cargamento de 22,320 unidades de cremas dentales, presuntamente introducidas de forma ilegal desde Nicaragua, fue decomisado por oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica en la zona norte del país, como parte de los operativos contra delitos transfronterizos.

El decomiso se realizó en la localidad de Acapulco, distrito de Cutris de San Carlos, sobre la Ruta Nacional #35, vía que conduce hacia el cantón de Los Chiles, en la frontera con Nicaragua. La acción se dio en el marco de un control de carreteras ejecutado por cuerpos policiales en ese sector.

De acuerdo con la información oficial, los oficiales detuvieron un vehículo tipo carga liviana para una inspección de rutina. Durante la revisión, detectaron irregularidades en la mercancía transportada, lo que llevó a una inspección más detallada del contenido.

Fue en ese momento cuando los policías encontraron un cargamento de cremas dentales oculto bajo sacos de abono orgánico, lo que levantó sospechas sobre la legalidad del producto transportado.

El conductor del vehículo, un costarricense de apellido Rojas, fue consultado por los oficiales acerca del origen de la mercancía. Sin embargo, indicó no contar con documentación que acreditara su ingreso legal al país, como facturas de pago de impuestos o registros sanitarios.

Ante esta situación, las autoridades coordinaron con la Policía de Control Fiscal de Costa Rica, que ordenó la incautación inmediata de la totalidad de la carga.

Según estimaciones oficiales, el valor del cargamento en el mercado nacional podría superar los ₡20 millones, lo que lo convierte en una de las incautaciones relevantes en materia de contrabando registradas en la zona en lo que va del año.

Las autoridades indicaron que este tipo de decomisos busca no solo combatir el comercio ilegal, sino también proteger a los comercios formales que cumplen con las obligaciones tributarias y sanitarias establecidas por la legislación costarricense.

Además, advirtieron sobre los riesgos asociados al consumo de productos introducidos ilegalmente al país, ya que estos no cuentan con permisos sanitarios que garanticen su calidad, condiciones de producción ni transporte adecuado.

En el operativo también se destacó que los controles en carretera forman parte de una estrategia sostenida por el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la frontera norte, donde se ha identificado tránsito frecuente de mercancías irregulares.

El jefe distrital de la Fuerza Pública de Santa Rosa de Pocosol, Elmer Avilés, explicó que estas acciones forman parte de una serie de operativos realizados durante los primeros meses del año enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

Según detalló, en otras intervenciones recientes también se ha logrado la detención de personas requeridas por delitos graves, así como la detección de transporte irregular de distintos tipos de mercancías.

En el caso específico del decomiso de las cremas dentales, Avilés indicó que el hallazgo se dio tras una revisión minuciosa del vehículo, en el que inicialmente se transportaban materiales varios, entre ellos productos orgánicos, utilizados como fachada para ocultar la carga.

Tras confirmar la naturaleza del producto, los oficiales procedieron a realizar las coordinaciones correspondientes con la Policía de Control Fiscal, entidad encargada de ejecutar el decomiso formal de la mercancía.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia en las zonas fronterizas y de continuar con operativos dirigidos a prevenir y combatir el contrabando en sus distintas modalidades.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia de cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el ingreso ilegal de mercancías al país, especialmente en regiones cercanas a la frontera.

El aeropuerto de Guanacaste anunció la incorporación de una nueva ruta aérea directa desde Vancouver, Canadá, operada por la aerolínea Air Canada, como parte del fortalecimiento de la conectividad internacional hacia el Pacífico norte de Costa Rica.

La nueva operación conectará el aeropuerto internacional de Vancouver (YVR) con Guanacaste (LIR) y estará disponible entre el 13 de diciembre de 2026 y el 12 de abril de 2027, según el itinerario oficial divulgado por la aerolínea.

Los vuelos se realizarán dos veces por semana, específicamente los lunes y jueves, con llegada programada a Guanacaste a las 07:35 a. m. La operación se llevará a cabo en aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad total para 177 pasajeros, distribuidos en 12 asientos en clase ejecutiva y 165 en clase económica.

El anuncio fue realizado de manera conjunta por Instituto Costarricense de Turismo y Guanacaste Aeropuerto, que forma parte de la red global de VINCI Airports, como parte de las acciones para ampliar la oferta de vuelos internacionales hacia el país.

De acuerdo con la aerolínea, la apertura de esta ruta responde a la creciente demanda del destino Costa Rica entre los viajeros provenientes de la costa oeste de Canadá. Además, la conexión desde Vancouver permitirá enlaces con múltiples vuelos dentro de la red aérea de la compañía en ese hub internacional.

El vicepresidente de Planificación de Redes y Ventas Globales de Air Canada, Alexandre Lefevre, indicó que el país centroamericano se ha consolidado como un destino de alta demanda dentro del segmento de ocio para los clientes canadienses. La nueva ruta ha sido programada estratégicamente para facilitar conexiones desde Vancouver hacia otros destinos.

Por su parte, el ministro de Turismo, William Rodríguez, señaló que esta apertura forma parte de un trabajo sostenido entre autoridades, aerolíneas y actores del sector para fortalecer la conectividad aérea de Costa Rica. Según explicó, Canadá representa un mercado prioritario no solo por el volumen de visitantes, sino también por las características de la demanda turística.

El jerarca agregó que la incorporación de esta ruta desde la costa oeste canadiense contribuye a diversificar el origen geográfico de los turistas que visitan el país, así como a consolidar la posición de Guanacaste como un destino turístico recurrente.

Actualmente, Guanacaste Aeropuerto se posiciona como la terminal aérea costarricense con mayor cantidad de rutas directas hacia Canadá. Entre las conexiones existentes se encuentran vuelos hacia ciudades como Toronto (YYZ), Calgary (YYC), Montreal (YUL), Ottawa (YOW) y Winnipeg (YWG), además de la incorporación de Vancouver (YVR) con esta nueva operación.

Datos del aeropuerto indican que el 26% de los turistas internacionales que visitan Guanacaste provienen de Canadá, lo que representa un incremento de tres puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025.

El gerente general de Guanacaste Aeropuerto, César Jaramillo, destacó que esta nueva ruta responde a la creciente demanda del mercado canadiense y refuerza la red de conexiones internacionales hacia la región. Asimismo, señaló que la ampliación de operaciones impulsa la movilidad y contribuye al desarrollo turístico y económico del Pacífico norte costarricense.

La incorporación de este nuevo vuelo forma parte de la estrategia para fortalecer la conectividad aérea del país y ampliar las opciones de acceso para turistas internacionales, especialmente en mercados consolidados como el canadiense.

Más de 20 municipalidades de Costa Rica participaron en un encuentro nacional orientado a fortalecer la gestión del agua y acelerar proyectos de inversión en saneamiento, en un contexto donde se identifican importantes desafíos estructurales en el sector hídrico.

La actividad realizada en el campus Walter Kissling Gam de INCAE Business School, en La Garita de Alajuela, y reunió a alcaldes, alcaldesas y equipos técnicos de gobiernos locales que operan sistemas de acueductos en distintos cantones del país.

Entre los municipios participantes se encuentran La Unión, Aserrí, Dota, Barva, Flores, Santo Domingo, Belén, Santa Bárbara, Grecia, Naranjo, Poás, Sarchí, Zarcero, Cervantes, Oreamuno, Alvarado, Paraíso, Turrialba, Jiménez, Montes de Oro, Nandayure y Abangares.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para estructurar inversiones en el sector hídrico y avanzar en la construcción de un mapeo nacional de proyectos relacionados con agua y saneamiento.

Durante la jornada se presentó un diagnóstico nacional elaborado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE, en conjunto con la Fundación Avina y la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (CONAFLU), con financiamiento de la Agencia Francesa para el Desarrollo.

El estudio identificó un total de 1,872 proyectos de inversión en acueductos comunales y municipales, con un valor aproximado de ₡41,000 millones. No obstante, se destacó que más del 90% de estas iniciativas se encuentra aún en etapa de planificación, lo que limita su ejecución.

Según los organizadores, uno de los principales retos radica en la estructuración de los proyectos, ya que muchas iniciativas no logran avanzar hacia fases de financiamiento debido a la falta de desarrollo técnico y financiero.

En el encuentro también se expusieron datos sobre la situación actual del recurso hídrico en el país. De acuerdo con cifras presentadas por representantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el 36.7% de los pozos en Costa Rica está expuesto a contaminación y variaciones climáticas.

Además, se indicó que hasta un 50% del agua se pierde en los sistemas de abastecimiento debido a factores como deficiencias en infraestructura, problemas en plantas de tratamiento y fallas en la gestión del recurso.

En materia de saneamiento, el diagnóstico señala que únicamente el 30% de las zonas urbanas cuenta con condiciones de saneamiento seguro, lo que evidencia brechas en la cobertura de servicios básicos.

El análisis también incluyó referencias a la situación global del acceso al agua. Según datos citados durante el evento, una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a este recurso, lo que posiciona al agua como uno de los principales desafíos a nivel internacional.

En el caso de América Latina, pese a ser una región con abundancia de recursos hídricos, persisten dificultades relacionadas con la protección, gestión y aprovechamiento sostenible del agua.

Durante la actividad, los participantes destacaron la importancia de fortalecer la inversión como eje central para mejorar la gestión del agua en el país. Asimismo, se subrayó el rol de los gobiernos locales y de los acueductos comunales como actores clave en la administración del recurso en los territorios.

El encuentro contó con el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la CONAFLU, la Fundación CRUSA, la Fundación Avina, la Fundación Aliarse y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La iniciativa busca impulsar una agenda nacional orientada a acelerar la inversión en agua y saneamiento, fortalecer la seguridad hídrica y mejorar la calidad de vida de las comunidades, mediante la articulación entre actores públicos, privados y organizaciones sociales.

Como parte de este proceso, se hizo un llamado a municipalidades y acueductos comunales para integrarse a plataformas de información que permitan identificar riesgos, oportunidades de financiamiento y mecanismos de protección del recurso hídrico.

El comercio exterior de América Latina y el Caribe alcanzó en 2025 una cifra histórica cercana a los $1,2 billones en exportaciones, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, este crecimiento convive con riesgos estructurales relacionados con la dependencia de pocos socios estratégicos y la fragilidad institucional en la región.

Así lo señala un análisis del Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), presentado en un conversatorio académico que reunió a especialistas de distintas universidades internacionales. El estudio expone que, aunque los indicadores económicos muestran dinamismo, persisten condiciones que limitan la autonomía y estabilidad del desarrollo regional.

Según el informe, Estados Unidos y China concentran una proporción significativa del comercio latinoamericano. El primero absorbe el 27% de las exportaciones de la región, mientras que el segundo representa el 22%. La Unión Europea, por su parte, capta un 15%, lo que evidencia una alta concentración en pocos mercados internacionales.

Este patrón se mantiene también en los flujos de inversión extranjera directa (IED). En 2025, América Latina recibió aproximadamente $193,000 millones en IED, consolidando el crecimiento en este indicador. No obstante, la distribución de estos recursos refleja desigualdades y concentraciones sectoriales que continúan siendo un reto para las economías de la región.

En el caso de Costa Rica, los datos muestran un desempeño destacado en materia de atracción de inversión. El país registró un récord de $5,121 millones en inversión extranjera directa durante 2025, según cifras de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). De este total, el 66% se destinó al régimen de zonas francas, consolidando este modelo como uno de los principales motores de captación de capital.

El análisis académico también señala que, pese al crecimiento en comercio e inversión, América Latina continúa enfrentando desafíos estructurales asociados a la concentración en materias primas y a la volatilidad de los mercados internacionales. Estas condiciones exponen a las economías a fluctuaciones externas que pueden impactar la estabilidad económica.

Además, el estudio advierte que la dependencia de pocos socios comerciales limita la capacidad de negociación de los países y reduce la diversificación de sus relaciones internacionales. Este escenario se desarrolla en un contexto geopolítico marcado por tensiones globales, lo que añade complejidad al entorno económico regional.

Durante el conversatorio, especialistas de la UNED, la Universidad de Renmin (China) y la Universidad de Campinas (Brasil) coincidieron en que el panorama actual combina crecimiento económico con vulnerabilidad institucional y política.

En esa línea, la catedrática Velia Govaere Vicarioli indicó que la región enfrenta dinámicas que recuerdan periodos históricos caracterizados por la influencia de potencias externas en la toma de decisiones económicas y políticas.

El informe también detalla la composición de los ingresos en los países de la región y subraya la importancia de fortalecer las instituciones para sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

Entre los principales retos identificados se encuentra la alta dependencia de mercados específicos, lo que limita la autonomía económica de los países. Asimismo, se menciona la vulnerabilidad frente a tensiones geopolíticas y la concentración productiva en sectores primarios.

No obstante, el análisis también identifica oportunidades asociadas a la diversificación de relaciones comerciales, el fortalecimiento institucional y la integración regional. Estos elementos son considerados claves para mejorar la resiliencia económica y ampliar las capacidades de negociación en el escenario internacional.

El documento concluye que, aunque América Latina ha logrado avances significativos en términos de comercio e inversión, persisten desafíos estructurales que deben ser abordados para consolidar un crecimiento sostenible.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica iniciaron el análisis manual de celulares y computadoras pertenecientes al expresidente Carlos Alvarado Quesada en el proceso por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un órgano cuya existencia fue declarada inconstitucional ya que expuso a funcionarios de alto nivel a cargos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

El fin de este procedimiento, autorizado judicialmente desde el 11 de marzo de 2026, es examinar archivos no reconocibles por el software forense, como videos, imágenes y audios, para esclarecer si se accedió de forma ilícita a información confidencial de los costarricenses.

En la fase actual, el examen minucioso de estos dispositivos se extenderá al menos dos meses, tal como confirmó el fallo judicial firmado por el juez Johnny Cerdas y ejecutado en los Tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

Dicha diligencia sigue criterios y parámetros fijados por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública en resoluciones fechadas el 7 de octubre de 2024 (voto 356-2024) y el 6 de mayo de 2025 (voto 180-2024), según revela la documentación obtenida por Teletica.com. El rango temporal del análisis está delimitado entre el 1.º de mayo de 2018 y el 28 de febrero de 2020, este último día marcado por los allanamientos en la Casa Presidencial.

El allanamiento y cantidad de dispositivos incautados

El 28 de febrero de 2020, la Casa Presidencial fue allanada como parte de esta investigación, un hecho sin precedentes en la política costarricense.

En ese operativo, la Fiscalía decomisó 14 celulares, 15 computadoras portátiles, tres CPU, dos tabletas, dos relojes inteligentes, una cámara de video, dos discos duros externos, dos discos compactos y 35 dispositivos USB. La cadena de custodia fue verificada exhaustivamente y la apertura de cada aparato se realizó bajo estricta supervisión judicial.

Al referirse a este procedimiento, Ewald Acuña, defensor del exministro de la Presidencia y exdiputado Víctor Morales, precisó ante Teletica.com: “El proceso de apertura de evidencia informática es un procedimiento en el que primero se verifica la cadena de custodia [...] Una vez abierto cada uno de estos dispositivos, se procede a realizar una copia de respaldo, sobre la cual se corren los programas informáticos para ubicar la información que se estima de interés”.

Criterios judiciales y alcance del análisis forense

El análisis forense y manual responde a una serie de decisiones judiciales tomadas desde el inicio de la investigación. Durante las primeras etapas, bajo la fiscalía de Emilia Navas, los dispositivos solo fueron respaldados mediante imágenes forenses sin acceso de las partes a la información, a la espera de definiciones judiciales sobre el alcance del examen.

Las diferencias legales entre la defensa y el Ministerio Público acerca de si la revisión debía ser total o parcial retrasaron el proceso hasta la resolución judicial de marzo de 2026, que habilitó el escrutinio técnico y manual, incluyendo archivos que superan las capacidades del software.

Se encuentran dentro del grupo de investigados, además del exmandatario, Víctor Morales, la exjefa de despacho de apellido Salas, el exasesor legal Salazar, el exdirector de la Unidad de Análisis de Datos Fernández y los subalternos Villalobos y Madrigal.

Declaratoria de inconstitucionalidad y estimaciones de la Procuraduría

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el decreto que dio origen a la UPAD, firmado por Carlos Alvarado el 14 de octubre de 2019, por considerar que vulneraba el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal sobre derechos fundamentales.

Según la Sala, el segundo párrafo del artículo 7 del decreto autorizó de manera indebida el acceso a información confidencial sin causas plenamente justificadas.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada en febrero de 2020 por el abogado Arnoldo Segura Santisteban y apoyada por varios exdiputados del Partido Unidad Social Cristiana y la independiente Shirley Díaz. El fallo de la Sala tuvo efectos retroactivos, anulando la norma desde su origen, salvo lo correspondiente a derechos adquiridos de buena fe. Solo el magistrado Paul Rueda Leal no coincidió con el criterio mayoritario.

La Procuraduría General de la República intervino en febrero y estimó en 20 millones de colones el daño social ocasionado por la UPAD, además de acusar a Alvarado de prevaricato. No obstante, no se logró el levantamiento de su inmunidad antes del 8 de mayo, cuando expiró su mandato.

La estrategia de la defensa y la expectativa por la revisión judicial

Los abogados de Carlos Alvarado aseguran que el exmandatario está dispuesto a cooperar “dentro del marco del debido proceso y la legalidad” y destacan que las diligencias judiciales están fundamentadas en “una serie de decisiones judiciales adoptadas a lo largo del tiempo, en el marco de distintos recursos y gestiones”.

Ante La Nación y Teletica.com, han reiterado que, a su parecer, no se ha cometido delito alguno y esperan demostrarlo en la etapa de defensa.

El anhelo de “una vida mejor” es a menudo un camino sin retorno, pero para Junieysis Adely Merlo Espinoza, el regreso a su tierra natal, San Juan de Río Coco, se ha convertido en una travesía marcada por la tragedia y las restricciones burocráticas.

Tras días de angustia e incertidumbre, la familia de la joven nicaragüense ha recibido una noticia que añade una capa de dolor a su luto: el cuerpo de Junieysis no podrá ser repatriado de forma íntegra.

Tras concluir los exámenes forenses necesarios para la investigación judicial en Costa Rica, los restos de la joven fueron entregados a sus parientes. Sin embargo, el Ministerio de Salud denegó el permiso para el traslado del cuerpo hacia Nicaragua debido a disposiciones sanitarias estrictas.

El avanzado estado de descomposición en el que fue hallada la víctima tras ser ocultada en una fosa impide, según las normativas internacionales de bioseguridad, que el féretro cruce la frontera.

Ante esta imposibilidad técnica y legal, la familia Merlo Espinoza se vio obligada a tomar la decisión más difícil: la cremación en territorio costarricense. Lo que inicialmente se planeó como un funeral de cuerpo presente en la comunidad de Buena Vista, se transformará ahora en una ceremonia de recibimiento de cenizas.

“Teníamos la esperanza de verla por última vez, pero es duro pensar que ahora llegaremos a casa solo con sus cenizas”, expresó con resignación Wilder Espinoza, hermano de la joven. La familia informó que se encuentran a la espera de la autorización oficial para proceder con la cremación, una vez que culminen los trámites legales y administrativos correspondientes en Costa Rica.

El perfil de un feminicidio anunciado

La historia de Junieysis es el reflejo de miles de mujeres migrantes. Salió de Madriz a los 20 años buscando oportunidades. En Costa Rica, el destino la cruzó con Gustavo Calvo Ramírez, de 57 años, quien primero fue su empleador en una panadería y luego su pareja. De esa unión nacieron dos gemelas que hoy tienen cuatro años.

Sin embargo, el sueño se tornó en una pesadilla de control y violencia. Según los relatos de su hermano y amigos cercanos, el sospechoso desarrolló un comportamiento celoso y posesivo. A pesar de que Junieysis tuvo la valentía de separarse y de que el sujeto contaba con medidas cautelares, el acoso nunca cesó.

Actualmente, Calvo Ramírez permanece bajo custodia en la provincia de Cartago, enfrentando un proceso judicial por feminicidio que la familia espera termine en la pena máxima.

La batalla por las gemelas: El futuro después del horror

Mientras las cenizas de Junieysis se preparan para cruzar la frontera hacia San Juan de Río Coco, otra batalla igual de crucial se libra en las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Costa Rica. Las dos hijas gemelas de la víctima, de apenas cuatro años, se encuentran bajo la protección estatal de forma temporal.

Para los abuelos maternos, el duelo no se vive en silencio, sino en medio de gestiones legales. La familia ha confirmado que pelearán la custodia de las menores para que estas puedan ser criadas en Nicaragua, bajo el amparo y el amor de su familia biológica.

Para los padres de Junieysis, el consuelo es parcial. El retorno de sus cenizas permitirá cerrar un ciclo de búsqueda física, pero abre uno de justicia permanente. San Juan de Río Coco espera los restos de su hija con el corazón encogido, mientras el eco de este feminicidio resuena como un recordatorio de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y la urgencia de sistemas de protección que no lleguen cuando ya es demasiado tarde.

La Aduana Santamaría retuvo más de siete toneladas (7,000 kilogramos) de mercancías importadas bajo la modalidad llamada “Courier” durante el mes de marzo, al detectar irregularidades en la declaración de estos productos al ingresar al país. Según datos suministrados por el Ministerio de Hacienda este jueves, la operación forma parte de las acciones para combatir evasión fiscal y fortalecer el control aduanero.

La intervención permitió identificar una amplia variedad de artículos, entre los que destacan ropa, calzado, cosméticos, repuestos, maquillaje, artículos electrónicos, juguetes, relojes y bolsos. La totalidad de estos productos provenía de Estados Unidos y presentaba inconsistencias en sus declaraciones aduaneras, al no ser reportados o al declararse de forma incorrecta.

El decomiso realizado por la Aduana Santamaría responde a la necesidad de calcular los impuestos dejados de percibir por el Estado costarricense. Aquellas mercancías cuyo valor supera los USD 5,000 serán remitidas a las autoridades judiciales bajo la presunción de delito de contrabando, de acuerdo con la normativa vigente. El procedimiento contempla la revisión minuciosa de cada envío para determinar el monto exacto de los tributos omitidos durante el proceso de importación.

Lindsay Redondo, subdirectora general de Aduanas, declaró por medio de un comunicado de prensa: “La Aduana Santamaría continuará realizando estudios para detectar operaciones con patrones de riesgo similares, con el objetivo de supervisar su correcta declaración, incrementar la percepción de riesgo y fomentar el cumplimiento voluntario mediante mejoras sustantivas en las declaraciones aduaneras emitidas por las empresas bajo la modalidad Courier”.

La funcionaria remarcó la importancia de mantener la vigilancia sobre este tipo de operaciones y recalcó la voluntad institucional para fortalecer los mecanismos de control.

El Ministerio de Hacienda señala que la modalidad “Courier” ha sido utilizada de manera recurrente para internar mercancías que no siempre cumplen con los requisitos de declaración y tributación exigidos por la ley.

¿Qué es la modalidad “Courier” y por qué requiere controles especiales?

El servicio de “Courier” consiste en la importación de paquetes mediante empresas de entrega rápida, que suelen ser elegidas por su agilidad y bajo costo, pero que, en algunos casos, han servido para evadir el pago de impuestos o eludir controles aduaneros.

La Dirección General de Aduanas recomendó a los usuarios de estos servicios utilizar exclusivamente empresas de entrega rápida autorizadas como auxiliares de la función pública, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta declaración de las mercancías y el pago adecuado de los tributos correspondientes.

La institución reiteró que el uso de empresas no registradas puede acarrear sanciones y la retención de los productos.

El Servicio Nacional de Aduanas aconseja a quienes utilizan estos servicios que recurran únicamente a empresas de entrega rápida que cuenten con la autorización de la Dirección General de Aduanas (DGA) como auxiliares de la función pública.

De esta manera, se asegura que las mercancías sean declaradas de forma correcta, se cumpla con la normativa vigente y se realice el pago correspondiente de los impuestos.

El Servicio Nacional de Aduanas actualiza de forma continua el listado de empresas de entrega rápida autorizadas, el cual puede consultarse en su portal web.

La oscuridad de esta madrugada 9 de abril, en Santa Ana, Costa Rica, no solo trajo consigo el frío propio de la zona, sino también el final de una angustia que mantuvo en vilo a una familia nicaragüense durante días.

Bajo el rigor de los peritos judiciales y la mirada atónita de los investigadores, el cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven de sonrisa amplia y sueños truncados, fue localizado en una fosa clandestina.

El hallazgo no solo confirmó su muerte, sino que puso al descubierto la brutalidad de un sistema de control y violencia que ella, en vida, intentó desesperadamente detener.

Hoy, mientras el sol de la mañana ilumina una escena del crimen que estremece al país, el principal sospechoso, su ex pareja, Gustavo Calvo Ramírez, un hombre de 57 años de edad, ya se encuentra tras las rejas de una celda, bajo una orden de prisión preventiva mientras avanza la investigación por femicidio.

La tragedia de Espinoza es la crónica de una muerte que ella misma intentó evitar acudiendo a las leyes. Wilder reveló que su hermana ya contaba con medidas cautelares contra el hombre de 57 años. Hubo una orden de alejamiento por un año, la cual el sujeto apeló, pero que inicialmente le obligaba a guardar distancia.

En un acto de valentía, la joven se había mudado a San Ramón de Alajuela, alquilando una casa propia para poner kilómetros de por medio entre ella y su agresor. No obstante, el sospechoso utilizó la vulnerabilidad económica de la joven como un grillete. Al ser ella la cuidadora de tiempo completo de sus gemelas, no podía trabajar, dependiendo de la pensión alimenticia que Calvo Ramírez debía pagar.

«Él la seguía a diario. Iba a San Ramón tres veces por semana. Empezó a amenazarla con que, si no regresaba al condominio donde él vivía, dejaría de pagar la pensión y el alquiler», denunció Wilder. La joven, acorralada por la necesidad de dar un techo y comida a sus hijas, terminó cediendo a la presión de regresar al entorno de su verdugo, el lugar donde finalmente encontraría la muerte.

La batalla por el futuro: Las niñas y la custodia

Con el hallazgo del cuerpo en la madrugada y el sospechoso ya en prisión, la familia Merlo ha iniciado una nueva lucha, quizás la más importante de todas: el futuro de las dos niñas de cuatro años. Actualmente, las menores se encuentran bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El hermano de la víctima ha sido enfático ante las autoridades y los medios: no permitirán que las niñas queden bajo el margen de influencia de la familia del agresor. Su cuestionamiento hacia el entorno de Calvo Ramírez es desgarrador:

«¿Tendrían corazón las tías o hermanas de este señor para decirle a esas niñas en el futuro: ‘Hija, tu mamá no está porque fue asesinada por tu padre’? No se puede. Ellas no pueden quedar ahí».

El clamor de una comunidad

El caso ha tenido un impacto profundo no solo en Nicaragua, tierra natal de los Merlo, sino también en Costa Rica, donde la joven era conocida por su presencia en redes sociales. La comunidad exige una condena ejemplar para Ramírez, señalando que su edad y su posición económica no deben ser atenuantes ante la sevicia de enterrar a una madre en una fosa para ocultar su crimen.

Hoy, la familia Merlo llora en la morgue judicial, pero también se mantiene firme. Han pasado de la búsqueda desesperada a la exigencia de una justicia que, aunque no les devolverá a Junieysis, debe asegurar que el responsable pase el resto de sus días tras las rejas y que las niñas crezcan lejos de la sombra de quien les arrebató a su madre.

El caso continúa bajo investigación, mientras Santa Ana intenta asimilar que, bajo su suelo, se ocultaba uno de los capítulos más oscuros de la violencia de género en el país.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió la conformación del Directorio Legislativo que dirigirá la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el periodo 2026-2027, así como la distribución de sus diputados en las principales comisiones legislativas, tanto ordinarias como especiales permanentes.

La información fue divulgada mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que la diputada electa por Cartago, Yara Jiménez, será la candidata de la bancada oficialista para asumir la presidencia del Congreso a partir del 1.º de mayo.

El resto de los cargos del Directorio Legislativo también fueron definidos por el PPSO. La vicepresidencia recaerá en Esmeralda Britton, expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS). La Primera Secretaría será ocupada por Gerald Bogantes, mientras que la Segunda Secretaría estará a cargo de Reynaldo Arias.

En las prosecretarías, el partido designó a Kattia Mora como Primera Prosecretaria y a Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura destituida durante la actual administración, como Segunda Prosecretaria.

El oficialismo podrá elegir la totalidad del Directorio Legislativo sin necesidad de negociar con otras fracciones, debido a que cuenta con 31 votos en el plenario, superando la mayoría simple de 29 diputados requerida para estos nombramientos.

Además, el exministro de Hacienda Nogui Acosta fue designado como jefe de fracción del PPSO, mientras que Juan Manuel Quesada asumirá como subjefe de la bancada.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya entregó las credenciales a los 57 diputados que asumirán funciones el próximo 1.º de mayo. Asimismo, el órgano electoral designó un directorio provisional encabezado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el cual será el encargado de iniciar la sesión solemne de ese día, previo a la elección del nuevo Directorio Legislativo.

En paralelo a la definición de la papeleta del Directorio, la fracción oficialista también acordó de forma unánime la distribución de sus diputados en las comisiones legislativas, consideradas espacios clave para el análisis, dictamen de proyectos de ley y control político.

Entre las comisiones ordinarias permanentes, el PPSO ubicó a varios de sus principales representantes en órganos estratégicos. En la Comisión de Asuntos Hacendarios participarán Nogui Acosta, Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Gretel Ávila.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos estarán José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Calvo. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Económicos contará con la participación de Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias.

Otras comisiones ordinarias como Asuntos Sociales, Gobierno y Administración y Agropecuarios también fueron integradas con diputados del oficialismo, incluyendo figuras como Esmeralda Britton, Juan Manuel Quesada, Kattia Mora y Gonzalo Ramírez.

En cuanto a las comisiones especiales permanentes, el PPSO también definió sus representantes en áreas como Mujer, Educación, Seguridad y Narcotráfico, Ambiente, Turismo y Derechos Humanos, entre otras.

Por ejemplo, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público participarán Antonio Barzuna, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Stephan Brunner y Nogui Acosta. En la Comisión de Nombramientos estarán Marta Esquivel, Gerald Bogantes, Antonio Barzuna y Yara Jiménez.

Asimismo, la Comisión de Relaciones Internacionales será integrada por José Miguel Villalobos, Cindy Murillo, Mayuli Ortega y Juan Manuel Quesada, mientras que en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico participarán Gonzalo Ramírez, Marta Esquivel, Daniel Siezer y Kattia Calvo.

La definición de estas integraciones se da en un contexto donde el Directorio Legislativo tiene la potestad de formalizar la conformación de las comisiones y distribuir los espacios según la proporción de cada bancada, lo que otorga al oficialismo un margen amplio en la organización del trabajo parlamentario.

Con esta estructura, el Partido Pueblo Soberano concentrará tanto la dirección del Congreso como una presencia relevante en las principales comisiones, de cara al inicio del periodo legislativo 2026-2030.

El mercado laboral costarricense cerró el IV trimestre de 2025 con señales mixtas que marcan las expectativas para el corto y mediano plazo. Según el más reciente informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), se registró una disminución tanto en la tasa de ocupación como en la de desempleo, pero con un aumento significativo en la inactividad, lo que obliga a analizar con cautela los resultados.

De acuerdo con el reporte, entre el IV trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la tasa de ocupación cayó en 1.7 puntos porcentuales. Paralelamente, la tasa de desempleo se redujo en 0.6 puntos porcentuales, lo que representa una disminución relativa del 8.7%. Este descenso, sin embargo, no necesariamente responde a una mejora estructural del empleo, sino que coincide con un incremento de 2.2 puntos porcentuales en la tasa de inactividad, equivalente a un crecimiento interanual del 5,1%.

Este comportamiento evidencia una salida de personas de la fuerza laboral, es decir, individuos que dejaron de buscar empleo o no están disponibles para trabajar. El informe señala que este fenómeno podría estar relacionado con factores como jubilaciones, aumento en ingresos familiares o decisiones de dedicarse a actividades de cuido o estudio, aunque no profundiza en causas específicas.

En este contexto, el mercado laboral presenta un debilitamiento en la participación, lo que impacta directamente en las perspectivas de crecimiento del empleo. La reducción del desempleo, aunque positiva en apariencia, se ve matizada por esta menor participación, lo que sugiere que no necesariamente hay más personas empleadas, sino menos buscando trabajo activamente.

Uno de los aspectos más destacados del informe es la reducción histórica de las brechas de género. Al cierre de 2025, estas alcanzaron sus niveles más bajos en los últimos cuatro años.

En particular, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres dejó de ser estadísticamente significativa, lo que indica que ambos grupos enfrentan condiciones similares una vez que participan en el mercado laboral.

Este avance contrasta con años anteriores, cuando las mujeres presentaban una desventaja sostenida en este indicador. Además, la reducción en la brecha de inactividad también muestra una tendencia positiva, aunque las mujeres continúan registrando mayores niveles de inactividad que los hombres.

El informe subraya que esta mejora no se explica por diferencias en factores como educación, edad o ubicación geográfica, sino por avances efectivos en el acceso al empleo, lo que representa un cambio relevante en la dinámica del mercado laboral costarricense.

No obstante, persisten desafíos importantes. Entre ellos, las brechas salariales continúan siendo un punto crítico, especialmente cuando se comparan hombres y mujeres con características similares. Esta situación evidencia que, aunque se han logrado avances en acceso al empleo, las condiciones económicas dentro del mercado laboral aún presentan desigualdades.

En cuanto a las fuentes de ingreso de los hogares, el estudio revela diferencias marcadas según la condición socioeconómica. En los hogares en pobreza extrema, cerca del 62% del ingreso proviene de subsidios y transferencias, lo que refleja una alta dependencia del sistema de protección social. En contraste, en los hogares de clase media y alta, el salario representa entre el 61% y el 69% del ingreso total, consolidándose como la principal fuente de estabilidad económica.

Estos datos refuerzan la importancia de fortalecer el empleo formal como eje central del desarrollo económico, así como de mantener políticas de apoyo para los sectores más vulnerables.

En términos generales, las expectativas del mercado laboral en Costa Rica se mantienen condicionadas por estos factores. La combinación de menor desempleo con mayor inactividad plantea retos en la interpretación de las cifras y en la formulación de políticas públicas orientadas a reactivar la participación laboral y mejorar la calidad del empleo.

El 9 de abril en Costa Rica ya no solo huele a los preparativos de la gesta heroica de Juan Santamaría. Desde hace exactamente tres años, el aire de los cafetales y cañaverales de Juan Viñas, en Cartago, arrastra un susurro de indignación que no se apaga.

Es el eco de Keibril Amira, la bebé de nueve meses que un domingo de Resurrección fue arrebatada de los brazos de su madre, una niña que también había sido despojada de su infancia por la violencia sistemática.

Aquel domingo de 2023, mientras las familias buscaban descanso, en Santiago de Cervantes se gestaba una tragedia que despojaría al país de su etiqueta de “el más feliz del mundo” para enfrentarlo a su espejo más oscuro.

Una madre adolescente de 13 años caminaba con su hija en brazos cuando fue interceptada por su padrastro, Hugo Casasola Salas, un hombre que terminó siendo su verdugo y el captor de la bebé para ocultar el rastro de su propio crimen.

Para entender por qué el nombre de Keibril sigue pesando en la memoria colectiva, es necesario repasar la cronología de una búsqueda que movilizó a todo un país, pero que llegó tarde para la víctima:

• El Rapto y la verdad oculta (9 de abril, 2023):

Casasola Salas sustrajo a la pequeña Keibril con un móvil macabro: evitar una prueba de ADN inminente que confirmaría que él era el padre biológico de la bebé, fruto de las violaciones contra la menor de 13 años. El rapto fue su último intento por comprar impunidad con la vida de una inocente.

• Una búsqueda nacional sin cuerpo:

Durante semanas, el terreno quebrado de Cartago se llenó de uniformes, perros rastreadores y drones con cámaras térmicas. El hallazgo de prendas con sangre que coincidía con el ADN de la bebé en un cañaveral cambió el rumbo del caso. Aunque el cuerpo de la menor nunca fue recuperado, la evidencia científica permitió al OIJ y a la Fiscalía sostener la tesis del homicidio.

El colapso del sistema

El caso Keibril fue el “examen fallido” de la institucionalidad costarricense. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) conocía el riesgo en el que vivía la madre adolescente. Sabían del embarazo infantil y del agresor en el hogar, pero la burocracia fue más lenta que la maldad.

Este fallo provocó la renuncia de la jerarca de la institución y forzó una reforma estructural en los protocolos de protección de menores en riesgo social.

En un juicio que paralizó al país, Hugo Casasola Salas fue condenado a 79 años de prisión por tres delitos de violación contra la madre adolescente y el homicidio calificado de la bebé Keibril. Por las leyes vigentes, la pena se reajustó al máximo permitido de 50 años de cárcel, sentencia que hoy sigue cumpliendo.

El significado de un aniversario gris

Tres años después, este día 9 de abril, Keibril Amira García Amador no tiene una tumba donde llevarle flores, pero tiene una memoria que incomoda. Mientras el sol cae sobre las montañas de Cartago, la “bebé de los cañaverales” sigue vigente. No como un cuento de terror para asustar a los niños, sino como una advertencia para los adultos: el silencio es el cómplice más letal.

Hoy, en el aniversario de la desaparición de Keibril Amira García Amador, la población costarricense mantiene la exigencia de que las instituciones cumplan con su función de resguardar a los menores.

Costa Rica alcanzó en 2026 la cifra más alta de incendios forestales registrada en los primeros meses del año, de acuerdo con datos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Al 6 de abril, se contabilizan 146 incendios forestales atendidos en todo el territorio nacional, superando ampliamente los registros de años anteriores para el mismo periodo.

Las cifras representan un incremento significativo en comparación con años recientes. Entre el 1 de enero y el 6 de abril de 2025 se registraron 43 incendios forestales, lo que implica un aumento de 103 casos adicionales en 2026, equivalente a un crecimiento aproximado del 239.5%.

En relación con 2024, cuando se reportaron 92 incendios en ese mismo periodo, el aumento es de 54 eventos, lo que representa un incremento cercano al 58.7%. La tendencia también se mantiene al comparar con otros años: en 2023 se contabilizaron 32 incendios, en 2022 fueron 55 y en 2021 apenas 17.

De esta forma, el 2026 no solo supera los registros inmediatos, sino que se posiciona como el año con mayor cantidad de incendios forestales en la historia reciente del país para los primeros meses del calendario.

Según la información brindada por el Cuerpo de Bomberos, la provincia de Guanacaste concentra la mayor cantidad de incidentes, con 102 incendios forestales, lo que equivale a más del 69% del total registrado a nivel nacional en este periodo.

El reporte detalla que las condiciones climáticas han influido en el aumento de estos eventos. Entre los factores señalados se encuentran las fuertes ráfagas de viento, las altas temperaturas y la acumulación de material vegetal seco, lo que facilita la propagación del fuego en distintas zonas del país.

A estos elementos se suman factores asociados a la actividad humana. Las autoridades mencionaron prácticas como la quema de basura y de vegetación, así como acciones intencionales relacionadas con incendiarismo, como parte de las causas que han contribuido al incremento de los incendios forestales.

El aumento interanual entre 2025 y 2026 es el más pronunciado dentro de la serie analizada. El salto de 43 a 146 incendios representa más del triple de los casos atendidos en el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades indicaron que este comportamiento configura un escenario complejo para las próximas semanas, debido a que las condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego podrían mantenerse.

Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a la población para evitar cualquier tipo de quema, especialmente durante la temporada seca. Asimismo, instó a reportar al sistema de emergencias 9-1-1 cualquier situación que pueda derivar en un incendio forestal o a personas que estén provocando fuego de manera intencional.

El registro de incendios forestales es uno de los indicadores que permite monitorear el impacto de las condiciones climáticas y las actividades humanas en los ecosistemas del país, especialmente en zonas vulnerables durante los primeros meses del año.

Los datos divulgados corresponden a los incidentes atendidos por el Cuerpo de Bomberos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 6 de abril de cada año, lo que permite establecer comparaciones directas sobre la evolución de estos eventos en el tiempo.

El diputado del Frente Amplio Antonio Ortega presentó un proyecto de ley que busca declarar de interés público la enseñanza del idioma portugués en el sistema educativo costarricense, con el objetivo de incorporarlo de forma gradual en los programas académicos del país.

La iniciativa fue anunciada durante una conferencia de prensa en la que también participó la consejera de la Embajada de Brasil en Costa Rica, María Aparecida Weiss, junto a otras diputaciones firmantes del proyecto.

Según explicó Ortega, el proyecto pretende reconocer el valor del portugués como una herramienta para la comunicación global, el intercambio cultural y el desarrollo económico. El legislador destacó que este idioma cuenta con más de 260 millones de hablantes distribuidos en América, Europa, África y Asia, lo que lo posiciona como una lengua de relevancia internacional.

La propuesta establece que, de aprobarse la ley, se declararía de interés público la enseñanza del portugués en todos los niveles del sistema educativo costarricense. Además, se instruiría al Consejo Superior de Educación para que defina los planes de estudio y los lineamientos necesarios para garantizar la inclusión progresiva del idioma dentro del currículo nacional.

El proyecto también contempla que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pueda suscribir convenios de cooperación con la República Federativa de Brasil, la República Portuguesa y otras instituciones u organizaciones internacionales, con el fin de fortalecer la implementación de esta enseñanza.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es el llamado a las universidades públicas para que incorporen el portugués en sus respectivas carreras, así como el establecimiento de mecanismos de evaluación relacionados con el rendimiento académico, el dominio del idioma, la satisfacción estudiantil y la capacitación docente.

El plan propuesto prevé además la ejecución de un plan piloto que se implementaría en el segundo ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la ley, con el objetivo de evaluar la aplicación inicial del idioma en el sistema educativo.

Durante la presentación, Ortega indicó que el proyecto cuenta con el respaldo de diez diputaciones. Además de su firma, la iniciativa fue suscrita por Ariel Robles, Jonathan Acuña, Priscila Vindas, Rocío Alfaro, Kattia Cambronero, Manuel Morales, Danny Vargas, Sofía Guillén y Alejandra Larios.

En cuanto al alcance de la propuesta, el legislador señaló que la intención es que el portugués se convierta en una opción adicional dentro del aprendizaje de idiomas para los estudiantes, sin sustituir otras lenguas ya presentes en el sistema educativo.

El proyecto también plantea la capacitación docente como un componente clave para su implementación. En ese sentido, se contempla que el MEP desarrolle programas de formación en el idioma y aproveche la cooperación internacional para fortalecer las capacidades del personal educativo.

Durante la conferencia, representantes diplomáticos destacaron que en Costa Rica existen antecedentes en la enseñanza del portugués desde la década de 1970, con iniciativas impulsadas por instituciones vinculadas a la cooperación cultural entre ambos países.

Asimismo, se mencionó que actualmente existen programas de becas ofrecidos por Brasil para estudiantes extranjeros, tanto a nivel de grado como de posgrado, los cuales incluyen opciones de formación en el idioma previo al inicio de las carreras universitarias.

En relación con el impacto en el ámbito laboral, Ortega indicó que el dominio del portugués puede representar un valor agregado para los trabajadores en distintos sectores, incluyendo servicios, comercio internacional y cooperación técnica. No obstante, aclaró que el objetivo principal del proyecto es ampliar las oportunidades de formación académica y lingüística en el país.

La propuesta también hace referencia a la relación bilateral entre Costa Rica y Brasil, señalando que el fortalecimiento del idioma podría facilitar el intercambio en áreas como comercio, turismo, innovación y desarrollo tecnológico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó que Costa Rica enfrenta una alta probabilidad de que el fenómeno El Niño se consolide durante el segundo semestre de 2026, lo que anticipa una reducción significativa de hasta 30% en las lluvias y un aumento sostenido de las temperaturas en todo el país, con Guanacaste como la provincia que registraría los picos térmicos más elevados.

Según el director del IMN, Werner Stolz, este escenario tendrá repercusiones duraderas sobre las condiciones climáticas nacionales y obligará a una vigilancia constante para gestionar sus posibles consecuencias.

El informe presentado advierte que las anomalías térmicas previstas oscilarán entre 0,5 y 1 grado Celsius por encima del promedio histórico en el país. La proyección oficial del IMN para el resto de 2026 muestra déficits de lluvia que fluctuarán entre -15% y -30% según el trimestre: entre abril y junio se esperan reducciones de hasta 20%, entre julio y agosto el déficit rondará el 20% y para el periodo de septiembre a noviembre podría alcanzar el 30%.

El experto indicó que “la temperatura media sería más alta de lo normal en todo el país”, reforzando el panorama de condiciones considerablemente más cálidas que las habituales, de acuerdo con los datos recopilados por la red de 200 estaciones meteorológicas en el territorio, reportó el IMN.

El IMN recordó que el fenómeno El Niño tiende a debilitar la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, aunque Stolz subrayó que para el 2026 se pronostican entre nueve y 12 sistemas ciclónicos en la cuenca atlántica, una cifra inferior al promedio histórico. Además, indicó que “en nuestro país podríamos esperar al menos uno que nos afecte de manera indirecta entre el 1.º de junio y el 30 de noviembre”

El Niño en perspectiva: antecedentes y vigilancia nacional

Según el IMN, la Comisión Técnica Consultiva sobre el Fenómeno ENOS (COENOS) mantiene reuniones mensuales para monitorear el desarrollo de El Niño y coordinar las respuestas institucionales necesarias, dada la rapidez con la que pueden evolucionar los indicadores oceánico-atmosféricos. Entre los antecedentes históricos relevantes, el país ha experimentado fenómenos fuertes de El Niño en 1982, 1997, 2015 y 2023. En cada uno de estos episodios se registraron sequías, alzas notables de temperatura y alteraciones en la distribución de las lluvias tanto en Costa Rica como en otras regiones del mundo, reportó El Observador.

Stolz informó que “el 2025 cerró con niveles de precipitación dentro de los rangos normales e incluso superiores en gran parte del territorio nacional”. No obstante, destacó que “la vertiente del Caribe presenta actualmente condiciones de sequía meteorológica debido a un déficit de lluvias acumulado en los primeros meses del 2026”, una situación que podría agravarse si El Niño se consolida con la intensidad prevista.

Los pronósticos de largo plazo se hallan bajo escrutinio continuo, pues la intensidad de El Niño puede variar según la evolución de la interacción océano-atmósfera. Por tal motivo, tanto las autoridades nacionales como los organismos internacionales mantienen una vigilancia estricta sobre su desarrollo y las posibles implicaciones para la seguridad alimentaria, el suministro de agua y los ecosistemas del país.

El cine costarricense ha dejado de ser una promesa para consolidarse como una realidad ineludible en el escenario internacional. Este jueves 9 de abril, la organización del Festival de Cannes reveló la selección oficial de su 79.ª edición y el nombre de la cineasta costarricense Valentina Maurel destacó en París.

Su segundo largometraje, titulado Soy tu animal materno (I Am Always Your Maternal Animal), formará parte de la sección Un Certain Regard (Una Cierta Mirada), marcando la primera vez que Costa Rica accede a la selección oficial del certamen francés.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, resaltó la importancia de esta selección. “Son sorpresas que vienen de geografías que no siempre asociamos con las grandes potencias cinematográficas como Brasil o Argentina”, declaró Frémaux, subrayando el valor de descubrir nuevas estéticas y narrativas.

Para la organización, la película de Maurel ejemplifica el espíritu de Cannes: la búsqueda de propuestas frescas y audaces capaces de desafiar las convenciones del cine global.

Valentina Maurel, nacida en San José en 1988 y formada cinematográficamente en Bélgica, ya había tenido una relación temprana con Cannes. En 2017, su cortometraje de graduación, Paul est là, obtuvo el primer premio de la Cinéfondation.

En 2019, volvió a Cannes con Lucía en el limbo en la Semana de la Crítica. Sin embargo, fue su ópera prima, Tengo sueños eléctricos (2022), la que la posicionó en la escena internacional, tras conseguir tres galardones en el Festival de Locarno, incluyendo Mejor Dirección.

El significado de competir en “Un Certain Regard”

Para dimensionar el logro de Maurel, es necesario entender la estructura de Cannes. Fundado en 1946, el Festival de Cannes es considerado el evento cinematográfico más prestigioso del mundo. Cada año, la ciudad balnearia de la Riviera Francesa se transforma en el epicentro del cine de autor y del mercado internacional.

La Selección Oficial se divide principalmente en dos grandes bloques:

• Competición oficial: donde directores consagrados disputan la Palma de Oro.
• Un Certain Regard (Una Cierta Mirada): sección creada en 1978 para destacar propuestas originales en su enfoque estético y narrativo. Es el espacio donde Cannes apuesta por los cineastas que marcarán el rumbo del cine en los próximos años. Obtener un premio aquí facilita la distribución global de la obra.

“Soy tu animal materno”: el fenómeno costarricense

Los detalles argumentales de Soy tu animal materno se han mantenido en reserva, aunque se sabe que la película retoma los temas centrales del cine de Maurel: las tensiones familiares, las identidades de género y la crudeza de las relaciones humanas. Temas que ya había abordado en sus trabajos previos y que han sido reconocidos por su intensidad y sensibilidad.

La expectativa internacional es alta, pues la crítica espera que la película conserve esa atmósfera visceral y eléctrica que caracteriza la obra de la cineasta, donde la belleza visual se combina con la incomodidad emocional.

Este reconocimiento no es un caso aislado Maurel lidera una generación de cineastas centroamericanos que están logrando superar barreras y acceder a circuitos de distribución internacional.

Fechas clave en Cannes 2026

La 79.ª edición del Festival de Cannes tendrá lugar del 12 al 23 de mayo de 2026. Durante estos doce días, Cannes se convertirá en el centro de atención del cine mundial.

• Inauguración: 12 de mayo.
• Proyecciones de Un Certain Regard: distribuidas durante la primera semana del festival.
• Ceremonia de clausura y premios: 23 de mayo, cuando se conocerán los ganadores y si la cineasta suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria.

Este momento histórico confirma que el cine de Costa Rica ha dejado de ser una promesa y ya es una realidad en los escenarios más exigentes del mundo.

Una joven nicaragüense de 29 años identificada como Junieysis Adely Merlo Espinoza fue hallada muerta en una fosa de dos metros en una propiedad de Santa Ana, San José, tras nueve días de desaparición en Costa Rica; el principal sospechoso es su expareja, actualmente detenido, mientras sus dos hijas menores están bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron el hallazgo la madrugada del jueves y mantienen activa la investigación para esclarecer las circunstancias y causas del crimen, que generó repercusión tanto en Costa Rica como en Nicaragua, donde residen sus familiares, quienes impulsaron la denuncia a través de redes sociales.

El operativo de búsqueda finalizó con la localización del cuerpo a las 2:00 de la mañana, aunque la recuperación de los restos ocurrió a las 4:30, según detalló Michael Soto, director interino del OIJ.

El cadáver se encontraba en una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad, dentro de la propiedad que la víctima había compartido con su expareja y sus hijas gemelas de cuatro años. Soto agregó, que el principal sospechoso, un hombre de 57 años de apellido Ramírez, “ya fue detenido en Cartago”, mientras las niñas permanecen bajo vigilancia oficial.

El hallazgo de Junieysis Adely Merlo Espinoza se produjo tras una denuncia interpuesta el 31 de marzo, fecha de su desaparición. El último contacto familiar se registró el 30 de marzo en horario nocturno, durante una transmisión en vivo que la joven realizó en redes sociales, según indicó su hermana Maryuris Merlo a Diario Extra. “Ese hombre la mató, la tenía enterrada dentro de la casa”, lamentó la familiar.

La versión del sospechoso, según indicó CR Hoy, fue que la dejó cerca de un supermercado y que no volvió a saber de ella, aunque los parientes señalaron incoherencias en su relato. La familia informó que la relación de pareja terminó semanas antes de la desaparición y que el sospechoso abandonó el residencial Los Pericos bajo amenazas y tensiones previas.

El desarrollo de la investigación y hallazgo del cuerpo

El procedimiento judicial se concentró en la vivienda de la víctima desde el 7 de abril, cuando agentes del OIJ iniciaron la custodia permanente del inmueble en Santa Ana. Sobre una de las hipótesis, Michael Soto indicó: “El sospechoso aprovechó la presencia de la maquinaria para pedirle al maquinista que hiciera el hueco, el maquinista, que no tiene nada que ver, lo hace y él aprovecha”. El movimiento de tierra registrado en la propiedad fue fundamental para localizar la fosa donde yacía el cuerpo.

Ariel Merlo, hermano de la víctima, contó a medios costarricenses que la última conversación con la joven fue el 30 de marzo por la tarde. Ante la falta de avances y testimonios contradictorios, la familia incrementó la búsqueda y solicitó la intervención de las autoridades de Costa Rica. La difusión de la información en Nicaragua permitió sostener la presión social y ampliar los esfuerzos para el esclarecimiento. El cuerpo no presentaba rastros visibles de sangre, de acuerdo con el director del OIJ, y fue enviado a la Morgue Judicial para la autopsia que establecerá la causa concreta del fallecimiento.

El sospechoso y quien es padre de las menores, reconoció en declaraciones a CR Hoy que era objeto de investigación: “Me están investigando al cien por ciento. Soy el principal sospechoso porque fui el último que la dejó donde ella me dijo que la dejara”.

Además, el OIJ decomisó varios dispositivos electrónicos de la víctima, incluidos teléfonos móviles y una computadora, los cuales serán analizados técnicamente durante el proceso judicial.

La Sala Constitucional de Costa Rica condenó al Estado por no transferir a las universidades públicas ¢11,521 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025.

La sentencia, hecha pública mientras ya se negocia la asignación presupuestaria del FEES para 2027, determina que la omisión del Ministerio de Hacienda violó el derecho a la educación y debilitó la capacidad operativa de las instituciones, según informó el medio Diario Extra.

El fallo de la Sala Constitucional, divulgado también por La República, señala que la deuda corresponde a un aumento del 2% aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios en 2024, luego de que la Comisión de Enlace —integrada por el Poder Ejecutivo, los rectores universitarios y representantes estudiantiles— no lograra acordar el incremento.

Aunque los fondos fueron incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2025, no se transfirieron debido a la decisión del entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien calificó la medida legislativa como “irresponsable para las finanzas públicas” y advirtió que los recursos solo serían liberados “si sobraba la plata”, según publicó La República.

Según la resolución de la Sala IV, “la Constitución obliga al Estado a garantizar el financiamiento de la educación superior pública y a respetar la autonomía de las universidades estatales, tanto en su funcionamiento como en su gestión financiera”. La omisión del Ministerio de Hacienda —indicada en la resolución 2026-012063— vulneró derechos fundamentales y tuvo impacto directo en la operatividad universitaria.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y una representante estudiantil presentaron el recurso de amparo al considerar que la retención del monto comprometía “la capacidad para atender las necesidades de la población estudiantil y del personal funcionariado”, de acuerdo a lo consignado en ambos medios.

Motivos de la retención y reacciones del Gobierno

Los magistrados sostienen que “Hacienda omitió girar ¢11.521.740.110, correspondientes al aumento del 2% aprobado para el FEES”, pese a que ese dinero ya estaba aprobado en la ley de presupuesto. La partida provenía de fondos originalmente destinados al pago de intereses de la deuda pública, decisión que el actual ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, calificó como una “irresponsabilidad”.

Lücke explicó en Diario Extra que el Gobierno mantuvo los recursos congelados desde el inicio de su mandato, alegando que tal reasignación genera incertidumbre fiscal, dado que la disponibilidad depende de operaciones financieras como canjes o subastas inversas.

El tribunal ordenó el giro inmediato de los fondos pendientes y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. No obstante, la Sala IV aclaró que el dinero ya no debe ser depositado porque el presupuesto del 2025 ya fue ejecutado. Invocando el principio de anualidad presupuestaria, los magistrados advirtieron a las autoridades que eviten en el futuro omitir transferencias de recursos para la educación superior.

Futuras transferencias y escenario para el FEES

El presidente Rodrigo Chaves comunicó que en 2027 no habrá aumentos en el FEES ni en los recursos asignados a las universidades públicas. Chaves declaró: “El 0% es el 0%. Aquí delante del pueblo de Costa Rica instruyo a los miembros de la Comisión del FEES que de aquí al 8 de mayo se acabó, más bien agradezcan que no les podemos quitar o que no vamos a tratar de quitarles los 17 mil millones de colones, que significaría el ajuste debido a la inflación negativa”, según citó La República.

Esta decisión marca un cambio respecto a la práctica de incrementar los fondos, y detiene cualquier discusión sobre aumentos, incluso ante el debate sobre si la Constitución exige mantener el financiamiento en valores nominales o reales.

El reciente fallo de la Sala Constitucional y la postura presidencial sobre la congelación de los montos definen el rumbo inmediato de la financiación de la educación superior pública en Costa Rica. Para las universidades estatales, el resultado de la controversia establece un precedente en la protección judicial de los recursos otorgados por ley y en las futuras negociaciones presupuestarias en un contexto de restricción fiscal.

El Gobierno de Costa Rica declaró oficialmente este miércoles a Hezbollah, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y Ansar Allah –también conocida como la milicia Houti– como organizaciones terroristas. La decisión fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional de Costa Rica en una sesión celebrada el 6 de abril, pero comunicada públicamente este 8 de abril de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a un “análisis de los antecedentes disponibles” y se alinea con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en la lucha contra el terrorismo y el financiamiento de este tipo de actividades. El texto, citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, subraya que la declaratoria permitirá a las autoridades de inteligencia y a los órganos judiciales “fortalecer sus capacidades de prevención, investigación y persecución penal”.

El comunicado difundido por el Gobierno de Costa Rica precisa que la nueva clasificación busca prevenir cualquier forma de accionar o influencia de los grupos señalados en el territorio nacional. Añade que la decisión habilita a los cuerpos de seguridad para actuar “con mayor contundencia contra eventuales redes de apoyo logístico y financiero que pudieran estar operando en el territorio nacional para el sostenimiento de estas organizaciones”.

El Ministerio remarca que la medida tiene como objetivo “resguardar la seguridad de la población y la integridad de las instituciones democráticas”. Según el documento, la acción permitirá a Costa Rica reforzar su marco de cooperación internacional en materia de inteligencia y judicialización de delitos vinculados al terrorismo.

La declaratoria, según el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se suma a las acciones emprendidas por otros países y bloques internacionales que han incluido a Hezbollah, Hamás, el CGRI y Ansar Allah en sus listas de organizaciones terroristas, en un contexto global de endurecimiento de medidas para cortar el financiamiento y las redes de apoyo a estos grupos.

El Gobierno de Costa Rica no detalló si existen investigaciones en curso o indicios concretos de operaciones de estas organizaciones en su territorio, pero enfatizó la necesidad de actuar de forma preventiva ante cualquier posible amenaza. La decisión, según el comunicado, se enmarca en la política estatal de mantener la seguridad nacional y cumplir con los estándares internacionales en materia de combate al terrorismo.

Otras designaciones de terroristas

Entre los grupos designados figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), dos bandas ecuatorianas, Los Lobos y Los Choneros, así como las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). A estos se suman los cárteles mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de los Soles de Venezuela y un bloque denominado Cárteles Unidos.

La legislación otorga a las autoridades de Costa Rica herramientas legales ampliadas para investigar, procesar y sancionar a miembros y colaboradores de los grupos señalados. Además, abre la puerta a la aplicación de sanciones administrativas y a la congelación de activos vinculados a actividades terroristas.

El ajuste impactaría principalmente el precio del diésel y la gasolina regular, mientras que la gasolina súper mostraría una variación menos significativa.

Recope señaló que la escalada de tensiones internacionales ha incrementado la presión sobre los mercados energéticos globales, no solo en el petróleo crudo, sino también en bienes y servicios que dependen del transporte y sus derivados. Esta situación podría tener efectos en diversos sectores de la economía costarricense.

A pesar del contexto internacional desafiante, la empresa aseguró que el abastecimiento nacional está garantizado y no existe riesgo de desabastecimiento. En su nota, destacó que, tras más de seis décadas de experiencia en la gestión del suministro energético, la operación está respaldada por planificación técnica, previsión y toma de decisiones oportunas.

Pese a ello, como parte de sus medidas preventivas, Recope fortaleció los inventarios de diésel y jet fuel para aumentar la capacidad de respuesta ante posibles disrupciones externas. Además, mantiene niveles suficientes de gasolina súper y regular, apoyados por arribos semanales de buques y contratos vigentes de suministro.

Proyecciones de precios

El tipo de cambio actual, que ronda los ₡468 por dólar, ha permitido moderar parte del impacto en los precios internos, en contraste con situaciones anteriores en que el tipo de cambio superó los ₡700 y el precio del combustible excedió los ₡1,000 (USD 2.14) por litro.

Actualmente, los precios por litro son de ₡633 (USD 1.35) para gasolina súper, ₡607 (USD 1.30) para regular y ₡530 (USD 1.13) para diésel. Para abril, los precios en trámite de consulta pública son de ₡632 (USD 1.35) para súper, ₡628 (USD 1.34) para regular y ₡565 (USD 1.21) para diésel.

Sin embargo, para el próximo mayo se proyectan incrementos que llevarían la súper a ₡717 (USD 1.53), la regular a ₡694 (USD 1.48) y el diésel a ₡699 (USD 1.49), lo que representa aumentos de ₡85 (USD 0.18), ₡66 (USD 0.14) y ₡134 (USD 0.29), respectivamente.

Medidas adoptadas por las autoridades

Recope también informó que, pese al aumento de los costos internacionales del transporte marítimo, los contratos de flete firmados previamente han evitado que ese encarecimiento se traslade a los precios locales.

Además, en los próximos seis meses se devolverá a los usuarios cerca de ₡12.000 millones (USD 25.83 millones), debido a ahorros acumulados en 2025 que no se reflejaron de inmediato en las tarifas, conforme a la metodología tarifaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La empresa estatal mantiene como prioridad asegurar el abastecimiento oportuno del país, con decisiones responsables y un monitoreo constante de la coyuntura global. No existen restricciones para la importación de combustibles y los contratos de suministro se cumplen con normalidad.

Finalmente, Recope recomendó a la ciudadanía hacer un uso eficiente de los combustibles, compartir vehículos, preferir el transporte público y aplicar medidas de ahorro, ante el actual contexto de incertidumbre internacional.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reconoció públicamente arrepentimiento por decisiones clave de su gestión, incluyendo el nombramiento de Luis Amador como minist y la búsqueda de acuerdos con líderes políticos. En declaraciones recientes, el mandatario cuestionó su intento de mantener diálogo con figuras como Rodrigo Arias, Gloria Navas y Patricia Solano, a quienes acusó de incumplir compromisos y bloquear iniciativas contra el crimen organizado.

Según relató Chaves, su mayor insatisfacción proviene de no haber informado desde el inicio de su mandato sobre las condiciones en que recibió la Casa Presidencial. El presidente detalló que las instalaciones presentaban deficiencias estructurales, problemas de higiene y desorden administrativo. “Nos entregaron la casa presidencial como un chinchorro, vaya vea las alfombras. Había gotera, ¿ah? Pulgas, tuvimos que fumigar”, afirmó durante su intervención.

El mandatario lamentó no haber tomado decisiones más enérgicas desde el primer día, señalando que guardó silencio por respeto a la cultura política costarricense. “Me arrepiento de no haber tomado la decisión de socollonear el bote antes”, agregó. Chaves también expresó frustración por haber dedicado casi un año a negociar con legisladores, en vez de impulsar acciones directas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En abril de 2023, el presidente instruyó a su gabinete a retirar iniciativas relativas al combate contra el crimen, responsabilizando a la Asamblea Legislativa de los avances pendientes. “Me retira todo lo que presentamos nosotros contra el crimen organizado y el narcotráfico y que apechuguen ellos como hombres y mujeres la parte que les toca”, indicó Chaves.

Las declaraciones del presidente reflejan un giro en su postura hacia la oposición y una autocrítica por la estrategia política adoptada durante los primeros meses de su administración. El mandatario insistió en que el tiempo perdido en diálogos y negociaciones limitó la capacidad de su gobierno para responder con mayor fuerza ante los desafíos de seguridad interna. estas declaraciones sonhehas en las últimas apariciones de chaves, puesto que el 8 de mayo asume el cargo Laura Fernandez. La nueva mandataria llega al poder en un contexto de expectativas sobre cambios en políticas sociales y económicas, así como sobre la gestión de la relación con sectores tradicionalmente marginados del proceso político.

Posesión Presidencial

La agenda de la sesión solemne incluirá la entrega de la banda presidencial, el juramento de la presidenta y la presentación de su primer mensaje oficial. Durante el evento, se esperan palabras de bienvenida de representantes del Poder Legislativo y la interpretación del himno nacional por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El dispositivo de seguridad para la jornada involucrará a la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y organismos de protección civil, con el fin de garantizar el desarrollo ordenado del acto. Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación y mantener identificaciones oficiales a mano para agilizar los controles de acceso.

La toma de posesión presidencial de Laura Fernández Delgado marcará el inicio de un nuevo ciclo político en Costa Rica, caracterizado por la apertura institucional y la participación ciudadana en actos oficiales de relevancia nacional.

San José se prepara para uno de los eventos culturales más masivos del año: el concierto gratuito de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, que marcará el cierre del festival Transitarte 2026 el próximo domingo 12 de abril en el Parque Metropolitano La Sabana.

La actividad, organizada por la Municipalidad de San José, no solo representa un espectáculo musical de alto nivel, sino una apuesta directa por acercar la cultura a toda la población, sin barreras económicas, en un contexto donde el acceso al entretenimiento suele estar limitado por costos.

El concierto está programado para las 7:20 p.m., pero desde horas tempranas el parque se transformará en un espacio de encuentro ciudadano con una agenda que incluye música en vivo, feria de emprendimientos, food trucks y actividades para niños. Esto convierte la jornada en una experiencia integral que impacta directamente a familias, jóvenes y pequeños negocios.

Para muchos asistentes, la posibilidad de disfrutar de un grupo internacional sin costo representa una oportunidad poco frecuente. En un entorno donde los conciertos suelen tener precios elevados, este tipo de eventos democratiza el acceso al entretenimiento y fortalece el sentido de comunidad.

Además del espectáculo principal, el festival contará con la participación de artistas nacionales como Tapón, Un Rojo Reggae Band y el grupo Editus, quienes ofrecerán presentaciones durante el día. Esta mezcla de talento internacional y local no solo diversifica la oferta cultural, sino que también impulsa la visibilidad de artistas costarricenses.

Uno de los elementos más relevantes del evento es su impacto en la economía local. La feria de emprendimientos permitirá a pequeños negocios exhibir y vender sus productos, generando ingresos en un espacio de alta afluencia. Asimismo, la presencia de food trucks dinamiza el comercio informal y brinda opciones accesibles para los asistentes.

El festival también incorpora un componente educativo y ambiental. Durante la actividad se impulsará la campaña “Reciclaje Consciente”, promovida por Editus en conjunto con la Municipalidad, que busca enseñar a la población a separar correctamente los residuos plásticos. Esta iniciativa tendrá como primer punto de acción el propio Transitarte, incentivando prácticas responsables en un evento de gran escala.

Desde el gobierno local, el alcalde Diego Miranda destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia para recuperar los espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro seguros y accesibles. Para la ciudadanía, esto se traduce en más opciones de recreación sin costo y en entornos que fomentan la convivencia.

El impacto social también es significativo. Eventos como este permiten que personas de distintos contextos económicos compartan un mismo espacio cultural, fortaleciendo el tejido social y generando experiencias colectivas que trascienden el entretenimiento.

Por su parte, el apoyo de aliados como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Kölbi ha sido clave para hacer posible la participación de una agrupación internacional de este nivel, lo que evidencia el papel del sector público-privado en la promoción cultural.

La elección de La Sabana como sede también tiene un impacto directo en la accesibilidad del evento. Al tratarse de uno de los parques más céntricos y amplios del país, facilita la llegada de miles de personas desde distintos puntos del Gran Área Metropolitana.

El evento representa una oportunidad para reactivar la vida urbana, fortalecer la economía local y promover valores como la inclusión, la sostenibilidad y el uso responsable del espacio público.

El amor de un padre no conoce fronteras. Para Máximo Merlo, ese sentimiento se ha convertido en un motor impulsado por el miedo y la esperanza. Las horas transcurren en una espera cargada de angustia, mientras este hombre nicaragüense prepara su viaje hacia Costa Rica con una única certeza: su hija, Junieysis Adely Merlo Espinoza, no desapareció por voluntad propia durante la Semana Santa.

Ocho días después de que se perdiera el rastro de la joven de 29 años en Salitral de Santa Ana, las versiones oficiales y familiares se enfrentan. En el centro de la escena queda un padre que busca respuestas y dos pequeñas gemelas de cuatro años, hoy bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que esperan el regreso de una madre que jamás las dejaba solas.

Para dimensionar la preocupación de la familia Merlo, es necesario volver al lunes Santo. Junieysis, muy activa en redes sociales y dedicada a sus hijas, mantenía contacto diario y constante con su familia en Nicaragua y España.

Aquella noche, alrededor de las 6:30 p.m., realizó una transmisión en vivo por TikTok, su principal canal de interacción. Poco después, llamó a su madre para pedirle la receta de los buñuelos, una tradición familiar para los días santos.

“Esa fue la última vez que escuchamos su voz con normalidad”, cuentan sus hermanas. Al día siguiente, un mensaje enviado por la mañana quedó sin respuesta en el teléfono de Maryuris, quien vive en España. La diferencia horaria ocultó inicialmente la gravedad del asunto. Sin embargo, cuando el novio de Junieysis, residente en Estados Unidos, comenzó a llamar con insistencia porque ella no respondía, la alarma se encendió.

Las hermanas lo afirman con claridad: Junieysis no era una mujer que desapareciera sin avisar. “Ella es muy reservada, no hace amistades fácilmente. La idea de que se fuera a la playa con desconocidos no tiene sentido”, señala Maryuris, rechazando la primera versión que recibieron del entorno más cercano a la joven.

La sombra de la duda y un celular prohibido

El viaje de Máximo Merlo a Costa Rica no es solo una muestra de apoyo familiar. Es una búsqueda de justicia. Sus sospechas se dirigen hacia la expareja de su hija, un hombre identificado como Gustavo. Aunque estaban separados desde hacía un año, ambos seguían viviendo bajo el mismo techo, aunque en cuartos diferentes, en un complejo de apartamentos propiedad de él.

La versión que Gustavo ofreció a la familia ha estado marcada por contradicciones. Primero, sostuvo que Junieysis se había ido con “amigos de TikTok” a grabar contenido a la playa. Más tarde, cambió su relato y dijo que ella salió con un bolso y que él la dejó frente a un supermercado en Santa Ana.

Pero el detalle que más inquieta a Máximo es el teléfono celular. Gustavo asegura que el aparato quedó en la casa porque le aconsejó a Junieysis no llevarlo, ya que era “muy caro y peligroso”. “¿Con qué iba a hacer esos videos si él dice que le quitó el teléfono?”, se pregunta el padre, con una lucidez marcada por el dolor. “Él mismo me dijo: ‘Yo le quité el teléfono para que no se lo llevara’. Eso no tiene lógica para alguien que supuestamente iba a trabajar en redes sociales”, expresó el padre a los medios costarricense.

Antecedentes de violencia

El padre también ha revelado antecedentes de violencia que aumentan su preocupación. Recordó que hace unos años existió una denuncia formal porque Gustavo presuntamente la amenazó con un arma de fuego. Esta historia de control y violencia previa es lo que impulsa a Máximo a cruzar la frontera. Teme que el ciclo de abuso haya tenido un desenlace fatal.

La desaparición de Junieysis no es solo una estadística más para las autoridades judiciales. Es la historia de una joven de 29 años, de una madre dedicada y de un padre dispuesto a remover cielo y tierra para encontrarla. Máximo Merlo llega a Costa Rica para acompañar a sus nietas y para exigir que la búsqueda de Junieysis no se detenga hasta conocer la verdad.

La entrega de credenciales a las 57 diputaciones electas para el periodo 2026-2030 por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no solo oficializa los resultados de las elecciones nacionales, sino que activa el inicio de un nuevo ciclo político con efectos directos en la vida de la población.

El acto, realizado en el auditorio del TSE, dejó formalmente habilitados a los nuevos legisladores que integrarán la Asamblea Legislativa de Costa Rica a partir del próximo 1 de mayo. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes, es la conformación del directorio legislativo provisional, encargado de conducir los primeros pasos del Congreso.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento legislativo, este directorio está integrado por las seis diputaciones de mayor edad que encabezaron sus respectivas papeletas. Su función será clave durante la sesión inaugural, ya que tendrán la responsabilidad de verificar el quórum, juramentar a los legisladores y dirigir el proceso para elegir el directorio definitivo.

Para este periodo, el directorio provisional quedó conformado de la siguiente manera:

• Presidencia: Ronald Alberto Campos Villegas (PLN)
• Vicepresidencia: Janice Patricia Sandí Morales (PLN)
• Primera secretaría: José Miguel Villalobos Umaña (PPSO)
• Segunda secretaría: María Eugenia Román Mora (FA)
• Primera prosecretaría: Eugenia Esquivel Rodríguez (PPSO)
• Segunda prosecretaría: Nogui Acosta Jaén (PPSO)

Aunque su permanencia es temporal, el papel de este grupo es determinante para garantizar una transición ordenada y transparente en el inicio del nuevo periodo legislativo. Para la ciudadanía, esto se traduce en estabilidad institucional, un elemento clave en un país donde las decisiones políticas impactan directamente el acceso a servicios, la economía y la confianza en las instituciones.

El correcto desarrollo de esta primera sesión tiene implicaciones concretas. Un proceso fluido permite que el Congreso arranque sin atrasos, lo que facilita la continuidad del funcionamiento del Estado. Por el contrario, eventuales conflictos o falta de acuerdos podrían retrasar decisiones administrativas y políticas que afectan la vida cotidiana de los costarricenses.

Otro elemento destacado de esta renovación legislativa es su composición: por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, el Congreso estará integrado mayoritariamente por mujeres, con 30 diputadas frente a 27 diputados. Este cambio representa un avance significativo en términos de representación y podría incidir en la agenda y prioridades del Poder Legislativo.

Paralelamente, durante la misma ceremonia, el TSE realizó la devolución del mando de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo, una potestad que había asumido desde octubre de 2025 como parte del proceso electoral. Este acto reafirma la normalidad institucional tras las elecciones y el respeto al orden democrático.

La entrega de credenciales y la conformación del directorio provisional no son simples formalidades: son el punto de partida de un engranaje institucional que impactará de manera directa en la vida diaria de los costarricenses durante los próximos cuatro años.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, iniciará su mandato el próximo 8 de mayo con dos decretos clave que buscan ordenar la estructura del Gobierno y acelerar la aprobación de proyectos legislativos considerados prioritarios.

Según adelantó la también ministra de la Presidencia en una entrevista televisiva, las primeras decisiones de su administración estarán enfocadas en reorganizar el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo y en definir la agenda del Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, en el que el Gobierno tiene control sobre los proyectos que se discuten.

El anuncio no es menor: estas medidas tendrán un impacto directo en la forma en que se toman decisiones en el país, la velocidad de aprobación de leyes y, en última instancia, en áreas sensibles para la población como empleo, infraestructura y desarrollo económico.

Reordenar el Gobierno desde el primer día

El primer decreto que firmará Fernández estará centrado en la organización del Poder Ejecutivo. Este documento definirá las funciones de los vicepresidentes, la estructura de los ministerios y, especialmente, el rol de los llamados “ministros rectores”.

Estos jerarcas tendrán la responsabilidad de coordinar sectores estratégicos como Ambiente, Educación y Seguridad, lo que implica una jerarquía distinta dentro del gabinete.

“A veces a la gente se le olvida y piensa que todos los ministros son iguales, y no. Hay ministros rectores que están por encima de otros ministros”, explicó la mandataria electa.

En términos prácticos, esta decisión podría traducirse en una mayor coordinación entre instituciones públicas, reducción de duplicidades y una ejecución más ágil de políticas públicas. Para la ciudadanía, esto podría reflejarse en trámites más rápidos, mejor implementación de programas sociales y una respuesta más eficiente del Estado ante problemas urgentes.

Sin embargo, también abre el debate sobre la concentración de poder dentro del Ejecutivo y la forma en que se distribuirán las decisiones estratégicas.

Control de la agenda legislativa

El segundo decreto estará enfocado en la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, un período de tres meses en el que el Gobierno define qué proyectos se discuten tanto en comisiones como en el Plenario.

Este punto es clave, ya que permitirá a la nueva administración impulsar iniciativas que no lograron avanzar en el actual Congreso.

Entre los proyectos que Fernández adelantó que incluirá se encuentran temas de alto impacto económico y social, como el desarrollo del proyecto minero Crucitas, las jornadas laborales excepcionales 4×3 y la construcción de la Marina de Limón.

También se contemplan iniciativas relacionadas con expropiaciones, modernización del mercado eléctrico y otros proyectos orientados a dinamizar la economía.

Para la población, esto podría traducirse en oportunidades de empleo, especialmente en zonas rurales, así como en cambios en las condiciones laborales y en el desarrollo de infraestructura.

Siete proyectos prioritarios en la mira

La presidenta electa también manifestó su expectativa de que varios de los siete proyectos prioritarios impulsados por el Gobierno actual sean aprobados antes de su llegada al poder.

Entre ellos destacan créditos para infraestructura vial, resiliencia climática y apoyo presupuestario, así como iniciativas que ya avanzan en el Congreso, como la ley de expropiaciones.

Otros proyectos, como el tren eléctrico, continúan en discusión en comisión, mientras que propuestas como la regulación de la inopia de médicos especialistas siguen su trámite legislativo.

Fernández fue clara en que aquellos proyectos que no logren aprobarse serán retomados por su administración.

“Algunos podrán convertirse en ley, pero los que no lo consigan yo los convocaré sin duda”, afirmó.

Un arranque con mensaje político

Más allá de su contenido técnico, los decretos representan un mensaje político claro: el nuevo Gobierno busca marcar diferencia desde el primer día y asumir un rol activo en la conducción del país.

El traspaso de poderes se realizará en el INS Estadio, en San José, donde también se llevará a cabo el primer Consejo de Gobierno de manera pública, un gesto que apunta a mostrar transparencia y cercanía con la ciudadanía.

Con estas primeras decisiones, la administración de Laura Fernández Delgado inicia con una hoja de ruta definida, aunque su éxito dependerá de la capacidad de ejecución y del respaldo político que logre construir en la Asamblea Legislativa.

El sistema financiero costarricense mantiene condiciones adecuadas de solvencia y liquidez, pero detrás de esa estabilidad se esconden señales que podrían impactar directamente el bolsillo de la población, especialmente en un contexto de mayor endeudamiento y riesgos emergentes.

Así lo revela el Informe Anual de Estabilidad Financiera 2025 publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que analiza el comportamiento del sistema bancario y sus principales vulnerabilidades.

Aunque el documento destaca la capacidad del sistema para resistir escenarios adversos, también advierte sobre tendencias que podrían afectar a los hogares en el corto y mediano plazo.

En términos generales, el Sistema Financiero Nacional ha logrado mantenerse sólido pese a los efectos acumulados de la pandemia, el aumento de las tasas de interés en 2022, la resolución de entidades como Coopeservidores y Desyfin en 2024, así como la incertidumbre internacional derivada de conflictos geopolíticos y tensiones comerciales.

Sin embargo, uno de los elementos más relevantes para la población es el comportamiento del crédito. Durante 2025 se registró una desaceleración en el crecimiento del crédito al sector privado, pero con un cambio importante en su composición: aumentaron los préstamos de consumo y tarjetas de crédito, lo que refleja una mayor dependencia de los hogares del financiamiento para cubrir gastos.

Este fenómeno tiene implicaciones directas. Por un lado, más personas acceden a crédito, pero por otro, crece el riesgo de sobreendeudamiento. El informe señala que el deterioro en algunos indicadores de morosidad, particularmente en colones, podría estar relacionado precisamente con dificultades de pago en estos segmentos.

En concreto, el indicador de mora amplia del sistema se ha mantenido alrededor del 11%, mientras que los créditos con atrasos mayores a 90 días rondan el 2% del total. Aunque estas cifras son consideradas estables desde una perspectiva técnica, reflejan que una parte de la población ya enfrenta problemas para cumplir con sus obligaciones financieras.

Este escenario se vuelve más relevante si se considera que, en los últimos años, las condiciones macroeconómicas han sido relativamente favorables: inflación baja, reducción de tasas de interés, mejora en el empleo y aumento de ingresos reales. A pesar de ello, los problemas de pago persisten en algunos sectores, lo que refuerza la hipótesis de un sobreendeudamiento creciente en los hogares.

Otro aspecto que impacta directamente a la población es el cambio en las condiciones de los créditos. El informe señala que los préstamos de consumo han extendido sus plazos, lo que implica cuotas más bajas en el corto plazo, pero también deudas más largas y, en muchos casos, un mayor costo financiero total.

Además, el crédito en moneda extranjera, aunque sigue siendo relevante, ha desacelerado su crecimiento, en parte porque el financiamiento en colones se ha vuelto relativamente más atractivo. Este cambio puede reducir algunos riesgos asociados al tipo de cambio, pero también refleja ajustes en el comportamiento de los deudores y del sistema financiero.

A pesar de estas señales, el Banco Central asegura que el sistema mantiene una “capacidad aceptable” para enfrentar choques adversos, según las pruebas de estrés realizadas. Esto significa que, ante escenarios como crisis económicas, aumentos en tasas de interés o caídas en el empleo, las entidades financieras tendrían margen para resistir.

No obstante, el informe también advierte sobre riesgos emergentes que podrían tener efectos en la población. Entre ellos destacan los ciberataques, que podrían afectar servicios financieros, y los eventos climáticos extremos, que pueden impactar sectores productivos y la capacidad de pago de las personas.

Asimismo, se identifican debilidades en la estructura del financiamiento, como el aumento de captaciones de muy corto plazo y ciertos desbalances entre los recursos disponibles y los requeridos por el sistema. Estos elementos, aunque técnicos, pueden traducirse en restricciones de crédito o cambios en las condiciones de financiamiento para los usuarios.

Ante este panorama, las autoridades han impulsado reformas y ajustes regulatorios para fortalecer la estabilidad del sistema, incluyendo mejoras en los mecanismos de garantía de depósitos y en la supervisión financiera.

Para la población costarricense, el mensaje es doble: por un lado, el sistema financiero sigue siendo estable y capaz de enfrentar crisis; pero por otro, las condiciones actuales reflejan una mayor presión sobre los hogares.

En un contexto de incertidumbre global y cambios en el comportamiento financiero, la evolución de estos indicadores será clave para determinar si la estabilidad del sistema se traduce también en bienestar sostenible para las familias.

Costa Rica dio un paso decisivo hacia la modernización de una de sus rutas más transitadas, pero el beneficio para miles de usuarios aún enfrenta un obstáculo clave: la falta de financiamiento para las expropiaciones necesarias.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, con el voto unánime de 42 diputados, el expediente 25,183 que autoriza un crédito por $770 millones para la ampliación y mejoramiento del corredor vial entre San José y San Ramón, sobre la Ruta 1.

Se trata de una de las obras de infraestructura más esperadas en el país, no solo por su impacto en la movilidad, sino por su potencial para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de miles de personas que utilizan esta vía a diario.

El financiamiento se divide en $600 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, lo que convierte este proyecto, de aproximadamente 56 kilómetros, en el más costoso y complejo en la historia reciente del país.

Sin embargo, más allá del avance legislativo, el impacto directo en la población dependerá de un factor crítico: la ejecución de más de 500 expropiaciones necesarias para ampliar la carretera, un proceso que aún no cuenta con recursos dentro del crédito aprobado.

Un alivio esperado para miles de usuarios

Para quienes transitan diariamente entre San José y el occidente del país, la ampliación de esta ruta representa una mejora tangible en su vida cotidiana.

La actual carretera es conocida por sus altos niveles de congestión, lo que se traduce en largas horas en presa, mayores costos de transporte, desgaste vehicular y menor tiempo disponible para actividades personales o familiares.

Con la ampliación, se espera reducir significativamente los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de bienes y servicios, lo que podría impactar positivamente en sectores como el comercio, el turismo y la producción.

Además, la obra tiene un efecto indirecto en la economía de los hogares, ya que una movilidad más eficiente puede traducirse en menores gastos en combustible y mayor productividad.

El riesgo que podría retrasar los beneficios

A pesar de estos potenciales beneficios, el proyecto enfrenta un desafío estructural: las expropiaciones.

Según datos presentados durante la discusión legislativa, se requieren al menos 503 expropiaciones, con un costo estimado superior a los $113 millones. Este monto no está contemplado dentro del crédito aprobado, lo que obliga al Gobierno a financiarlo con recursos del presupuesto nacional.

Este punto generó preocupación entre los diputados, especialmente de oposición, quienes advirtieron que sin estos recursos la obra podría retrasarse o incluso estancarse.

El plan del Ejecutivo contempla realizar entre 100 y 120 expropiaciones por año hasta 2031, lo que implicaría una inversión promedio de $28 millones anuales. Esto significa que los beneficios completos del proyecto no se verían de inmediato, sino de forma progresiva.

Para la población, esto se traduce en incertidumbre: aunque el proyecto ya cuenta con financiamiento para su construcción, su ejecución efectiva dependerá de la capacidad del Estado para adquirir los terrenos necesarios.

Mayor control y transparencia

El texto aprobado incorpora mecanismos que buscan garantizar una mejor ejecución del proyecto, lo que también tiene impacto directo en la ciudadanía.

Entre los cambios introducidos por los diputados destaca la obligación de utilizar tecnologías modernas para la planificación, construcción y supervisión de la obra, con el objetivo de asegurar eficiencia, sostenibilidad y transparencia.

Asimismo, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) deberá presentar informes semestrales ante la Comisión de Hacendarios, lo que permitirá un seguimiento constante del avance del proyecto.

Estos mecanismos responden a experiencias pasadas en el país, donde grandes obras de infraestructura han enfrentado retrasos, sobrecostos o cuestionamientos en su ejecución.

Decisiones técnicas que influirán en el resultado

Otro de los elementos clave del proyecto es que la entidad encargada podrá definir el material de construcción —asfalto o cemento— en función de criterios económicos, sociales y ambientales.

Esta decisión tendrá un impacto directo en la durabilidad de la obra, los costos de mantenimiento y la calidad del servicio que recibirán los usuarios en el largo plazo.

Un proyecto estratégico, pero con retos

La ampliación de la carretera San José-San Ramón forma parte de los proyectos prioritarios impulsados por el Gobierno y respaldados por el Congreso en las últimas semanas.

Su aprobación representa un avance significativo en materia de infraestructura, pero también deja en evidencia las limitaciones estructurales del país para ejecutar obras de gran escala.

Para los costarricenses, el impacto será claro: menos presas, mayor seguridad y mejor conectividad. Pero estos beneficios dependerán de que el Estado logre superar los retos pendientes, especialmente en materia de expropiaciones y ejecución presupuestaria.

Por ahora, el proyecto queda a la espera de la firma del presidente de la República para su entrada en vigencia. A partir de ahí, comenzará una nueva etapa donde la promesa de una mejor carretera deberá traducirse en resultados concretos para la población.

El Poder Ejecutivo de Costa Rica propuso mantener sin crecimiento el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2027, a pesar de los avances significativos presentados por las universidades públicas en indicadores clave de desempeño, inclusión y cobertura.

La propuesta fue planteada durante la segunda reunión de la Comisión de Enlace, celebrada en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el marco de la negociación anual de este fondo, que financia a las universidades estatales de Costa Rica.

El FEES es el principal instrumento de financiamiento de la educación superior pública en el país. A través de este fondo, el Estado garantiza el funcionamiento de universidades como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Estos recursos permiten sostener becas estudiantiles, investigación científica, programas de acción social, formación profesional e innovación.

Su existencia está respaldada por el artículo 85 de la Constitución Política, que obliga al Estado a asegurar el financiamiento de la educación superior pública mediante un fondo especial. Sin embargo, aunque la Constitución establece que el país debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en general, no fija un porcentaje específico para el FEES, cuyo monto se negocia cada año entre el Gobierno y las universidades.

En los últimos años, el crecimiento de este fondo ha sido limitado. Para 2025, el FEES rondó los ₡587 mil millones, mientras que para 2026 se acordó un monto cercano a los ₡593 mil millones, con un incremento de apenas alrededor del 1%. Este comportamiento ha generado preocupación en el sector académico, que advierte sobre una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento de costos operativos.

En este contexto, la propuesta gubernamental para 2027 plantea un crecimiento nominal del 0%, es decir, mantener el mismo monto asignado en 2026. En términos reales, esto implicaría una reducción del financiamiento disponible para las universidades públicas.

Durante la reunión, las autoridades universitarias expusieron los resultados del Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025, el cual refleja un desempeño superior a lo proyectado. Según los datos presentados, 17 de los 20 indicadores evaluados alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento, mientras que 11 incluso sobrepasaron el 100%, lo que evidencia un nivel de ejecución que excede los compromisos previamente establecidos.

Las cifras muestran avances en áreas estratégicas. En inclusión, las universidades públicas lograron atender el 100% de las solicitudes de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, beneficiando a un total de 2.644 personas. Además, más de 53,800 estudiantes recibieron becas socioeconómicas, lo que refuerza el papel de estas instituciones en la movilidad social.

En cuanto al acceso, se registró un incremento histórico en la matrícula de estudiantes provenientes de territorios indígenas, con un 90% de los graduados de secundaria de estas comunidades integrándose al sistema universitario. Asimismo, la expansión de sedes fuera de la Gran Área Metropolitana permitió alcanzar cifras récord en regionalización, consolidando la presencia de la educación superior pública en distintas zonas del país.

El informe también resalta mejoras en la calidad académica, reflejadas en el aumento de carreras acreditadas y en la actualización de planes de estudio en áreas con mayores desafíos de empleabilidad. A esto se suma el desarrollo de más de 3,000 proyectos de investigación y acción social, enfocados en fortalecer el vínculo entre las universidades, las comunidades y los sectores productivos.

Otro de los puntos destacados fue la transformación digital del sistema universitario, con un 43% de los cursos impartidos con apoyo de tecnologías digitales, lo que evidencia una adaptación progresiva a nuevos modelos educativos.

Pese a estos resultados, la propuesta del Ejecutivo no contempla aumentos. Desde CONARE, los rectores manifestaron su rechazo al planteamiento, al considerar que un congelamiento presupuestario compromete la sostenibilidad de programas clave, incluyendo becas, iniciativas de regionalización y proyectos de innovación.

Además, advirtieron que mantener el mismo monto asignado en 2026 para el año siguiente no responde al crecimiento de la demanda educativa ni a las necesidades del país en formación de talento humano, investigación y reducción de brechas sociales.

El señalamiento de los rectores apunta a que existe una desconexión entre los resultados obtenidos por las universidades públicas y la propuesta de financiamiento presentada por el Gobierno. A su criterio, el desempeño demostrado debería traducirse en un fortalecimiento del presupuesto y no en su congelamiento.

La discusión sobre el FEES es uno de los procesos más relevantes en la agenda educativa y fiscal del país, ya que define el alcance de la educación superior pública y su capacidad de respuesta ante los desafíos nacionales.

También refleja la tensión entre la contención del gasto público impulsada por el Gobierno y la necesidad de inversión en educación como motor de desarrollo.

Por ahora, la negociación continuará en las próximas sesiones de la Comisión de Enlace, donde se espera que ambas partes logren acercar posiciones. El objetivo, según indicaron las autoridades universitarias, es alcanzar un acuerdo que reconozca los avances logrados y garantice la sostenibilidad del sistema universitario público.

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) cumple en 2026 75 años como referente en la investigación, innovación y fiscalización técnica que ha soportado el desarrollo de la infraestructura vial y civil del país, promoviendo un crecimiento más moderno y seguro que impacta directamente la economía nacional y el bienestar social, celebró este lunes la academia.

Este laboratorio, que desde 2001 ostenta la función de fiscalizador de la Red Vial Nacional por disposición de la Ley 8 114, celebra además un cuarto de siglo ejerciendo este rol clave para la eficiencia del gasto público en obra civil, según informó la Universidad de Costa Rica en su sitio oficial.

En los últimos treinta años, el LanammeUCR consolidó capacidades únicas en Centroamérica, destaca la universidad. En 1990, construyó su laboratorio de estructuras con muro y piso de reacción, específico para ensayos sísmicos en modelos a escala real, que cumplirá 30 años en 2026.

Desde 2011, el Laboratorio Costarricense de Metrología lo designó como Laboratorio Nacional de Referencia en Metrología de Fuerza, función que celebra su 15º aniversario en este año. Estas infraestructuras especializadas han impulsado la especialización costarricense en ingeniería estructural y sismorresistente, así como en diseño y evaluación de materiales, puentes y pavimentos.

La red vial costarricense, epicentro de la transformación

Costa Rica cuenta actualmente con cerca de 7.000 kilómetros de carreteras primarias y más de 32.000 kilómetros de caminos secundarios, una densidad que la distingue en la región y que facilita la movilidad, el turismo y el comercio. El LanammeUCR, en palabras del director Rolando Castillo Barahona al portal de la Universidad de Costa Rica, ha garantizado la calidad técnica y la gestión eficiente de esta red al actuar como garante del interés público y de la correcta utilización de recursos estatales en beneficio de la seguridad vial.

Durante estos 25 años de fiscalización, el LanammeUCR supervisó aproximadamente USD 3.500 millones en inversión pública, elaboró más de 310 informes técnicos e identificó 2.700 hallazgos relevantes para la administración de la infraestructura nacional. Además, ha asesorado en más de 186 ocasiones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y evaluado más de 1.294 puentes distribuidos en 72 municipalidades.

Innovación, transferencia de conocimiento y protagonismo multisectorial

A lo largo de su historia, el LanammeUCR ha tenido un papel clave en la modernización de la obra pública y la ingeniería nacional. Participó en el diseño y control de calidad de infraestructuras fundamentales como la carretera Interamericana y el antiguo Aeropuerto El Coco —actual Aeropuerto Internacional Juan Santamaría—, y contribuyó en el desarrollo del Código Sísmico de Costa Rica.

Entre sus labores, el LanammeUCR realizó más de 13 evaluaciones de la red vial nacional pavimentada, generó 60 informes de obras nuevas, diseñó siete herramientas tecnológicas para análisis estructural y ejecutó más de 692 actividades de capacitación dirigidas a instituciones públicas, empresas y gobiernos locales.

En la actualidad, el laboratorio encabeza una iniciativa multisectorial para la modernización integral del transporte público, que contempla la creación de una autoridad única, un plan nacional para el sector, la reactivación ferroviaria, la transición energética, digitalización, accesibilidad universal y fortalecimiento institucional. El plan establece una hoja de ruta para el periodo 2026-2030, proyectando una visión estratégica hasta 2040 que prioriza la coordinación interinstitucional y el diálogo social.

La trayectoria del LanammeUCR se manifiesta en su compromiso constante con la calidad de la infraestructura nacional. Como subraya Castillo Barahona a la Universidad de Costa Rica: “El LanammeUCR no solo vela por la calidad técnica de las obras, sino también actúa como un garante del interés público, la seguridad vial y el uso responsable de los recursos públicos”.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó en 2025 un 98,92% de abastecimiento de medicamentos en todo el país, superando en casi un punto porcentual el parámetro institucional y asegurando la disponibilidad de tratamientos en la red nacional de servicios de salud, de acuerdo con un comunicado de prensa.

El Dr. Esteban Vega de la O, gerente de Logística, atribuyó el resultado al uso estratégico de analítica de datos, la aplicación de esquemas multiadjudicación y la consolidación de compras, estrategias que han funcionado como barreras contra el desabastecimiento en un contexto de creciente demanda.

De acuerdo con la institución, en el año 2025, la entidad destinó ₡224.047 millones (unos USD 439.31 millones) a la compra de medicamentos y proyectó un incremento del presupuesto a ₡318.952 millones (aproximadamente $625.39) para este 2026, cifras que marcan un incremento significativo en el respaldo estatal al sistema de salud.

El antecedente inmediato lo constituyó la implementación, en los últimos años, de planes de continuidad que responsabilizan a los proveedores adjudicados de mantener inventarios disponibles en sus propios almacenes.

Estas medidas pactadas con la industria farmacéutica facilitaron una respuesta inmediata ante necesidades emergentes y consolidaron modelos diferenciados de adquisición para insumos de alto riesgo terapéutico o gran demanda.

Según la Dra. Rebeca Arias Durán, coordinadora nacional de Servicios Farmacéuticos a.i., el área de mayor despacho durante el año pasado abarcó las regiones de Coronado, Pérez Zeledón, Alajuela Norte y Alajuela Oeste, así como el hospital San Juan de Dios.

El CSS explica que la red nacional de salud adquirió 706 medicamentos bajo el esquema de compra centralizada, incluyendo la integración de nuevos fármacos para cubrir emergencias epidemiológicas y otras demandas de salud prioritarias.

Esa infraestructura soportó el despacho de 113,688,854 recetas en un solo año, volumen revelador del alcance y presión sobre el sistema logístico sanitario.

La CCSS implementó esquemas de multiadjudicación para medicamentos críticos, lo que garantizó la presencia de varios proveedores activos y una administración resiliente contra crisis imprevistas.

Simultáneamente, el monitoreo calendarizado de consumos reales, junto con la sistematización de convenios marco y negociaciones directas con fabricantes únicos, redujo notablemente el riesgo de vacíos en la provisión farmacéutica.

Las farmacias de la CCSS s orientan sus esfuerzos a que los pacientes sigan adecuadamente sus tratamientos, ofreciendo apoyo y seguimiento para reforzar la adherencia a las indicaciones médicas

Educación, adherencia terapéutica y Día Mundial de la Salud

Más allá de la disponibilidad física, la red de farmacias de la CCSS destaca que orientó esfuerzos a la educación y el acompañamiento de pacientes para garantizar la adherencia terapéutica.

La Dra. Lucía Tames Sánchez. perteneciente al hospital Maximiliano Peralta, detalló la ejecución de estrategias como programas de educación a usuarios, recordatorios personalizados y la provisión de materiales de apoyo para evitar la automedicación, prioridad vigente ante la conmemoración el 7 de abril del Día Mundial de la Salud bajo el lema “Acción mundial para la cobertura sanitaria universal”.

La CCSS informó que mantiene canales de comunicación permanente con sus principales socios logísticos para anticipar cualquier eventualidad en el suministro de insumos.

La presencia internacional en el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo comienza a tomar forma con las primeras confirmaciones oficiales.

El rey de España, Felipe VI, será uno de los principales invitados a la ceremonia en la que el presidente Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a la mandataria electa Laura Fernández Delgado.

A la lista de asistentes confirmados también se suman los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Panamá, José Raúl Mulino, quienes formarán parte de las delegaciones internacionales que acompañarán el acto oficial.

El canciller Arnoldo André confirmó al programa radial Nuestra Voz que estas fueron las primeras respuestas positivas a las invitaciones enviadas por el Gobierno, en el marco de una organización que contempla la participación de más de 90 delegaciones internacionales.

Una ceremonia con amplia proyección internacional

El traspaso de poderes se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica, un escenario que permitirá la asistencia de entre 38 mil y 40 mil personas, en lo que el Gobierno ha descrito como una “gran fiesta nacional e internacional”.

“Es una gran boda cada cuatro años”, afirmó André, al referirse a la magnitud del evento, que no solo involucra actos protocolarios, sino también una compleja logística para recibir a líderes mundiales, delegaciones diplomáticas y miles de ciudadanos.

Costa Rica espera contar con entre seis y doce jefes de Estado presentes, además de cancilleres, enviados especiales y embajadores acreditados.

Invitados pendientes de confirmación

Mientras avanzan las confirmaciones, también hay figuras de peso internacional que aún no han definido su asistencia. Entre ellas destacan el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el mandatario de Argentina, Javier Milei; y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Todos invitados, pero de estos tres ninguno ha confirmado”, señaló el canciller en Nuestra Voz al subrayar que las gestiones diplomáticas continúan abiertas de cara al evento.

La eventual presencia de estos líderes podría elevar aún más el perfil internacional de la ceremonia, que ya de por sí figura como uno de los eventos políticos más relevantes del año en la región.

Un despliegue logístico sin precedentes recientes

La organización del traspaso de poderes implica una coordinación interinstitucional de gran escala. Desde la llegada de aeronaves oficiales en la Base 2 del aeropuerto, hasta el traslado, hospedaje y seguridad de las delegaciones, cada detalle forma parte de un engranaje cuidadosamente planificado.

A esto se suma la movilización de asistentes desde distintas regiones del país, así como la inclusión de representaciones de sectores sociales como juventudes, mujeres y comunidades regionales, con el objetivo de reflejar la diversidad del país en una celebración cívica.

Actos oficiales y continuidad política

El evento incluirá la sesión solemne de la Asamblea Legislativa, que se trasladará al Estadio Nacional para la juramentación de Laura Fernández Delgado, quien ofrecerá su primer discurso como mandataria.

Posteriormente, se realizará el primer Consejo de Gobierno de la nueva administración, el cual será público y tendrá lugar en el mismo recinto, una decisión poco habitual en este tipo de ceremonias.

La jornada concluirá con una recepción oficial para las delegaciones internacionales, encabezada por la nueva presidenta, quien asumirá funciones de inmediato junto a su gabinete.

La banda estadounidense Maroon 5 canceló nuevamente un concierto en Costa Rica, esta vez el espectáculo que estaba programado para el próximo 28 de abril de 2026 en el Parque Viva, lo que generó frustración entre sus seguidores y reavivó el recuerdo de una suspensión previa en el país.

La confirmación fue realizada por la tiquetera Eticket.cr, que informó a los usuarios sobre la cancelación del evento y detalló que los reembolsos se realizarán de manera automática al método de pago utilizado en la compra.

La noticia tomó fuerza luego de que decenas de fanáticos comenzaran a expresar su molestia en redes sociales, tras recibir un correo electrónico en el que se les notificaba que, “debido a conflictos de agenda”, el concierto no podría llevarse a cabo.

En paralelo, en la plataforma digital de Eticket desaparecieron tanto el evento como la opción de compra de entradas, lo que confirmó de forma definitiva la suspensión del espectáculo.

Segunda cancelación en el país

Esta no es la primera vez que Maroon 5 deja sin concierto a sus seguidores costarricenses. En 2022, la agrupación suspendió parte de su gira internacional, incluyendo una presentación que tenía prevista para el 13 de abril de ese año en el país.

Con este nuevo anuncio, la banda suma dos cancelaciones en Costa Rica, frente a dos presentaciones que sí logró concretar anteriormente: su participación en el Festival Imperial en 2012 y un concierto propio en 2016, ambos con alta convocatoria y buena recepción del público.

La recurrencia de estas cancelaciones ha generado cuestionamientos entre los seguidores, quienes esperaban el regreso del grupo tras varios años sin presentarse en territorio nacional.

Expectativa frustrada tras anuncio en marzo

El concierto había sido anunciado en marzo de 2026, generando gran expectativa entre los fans. Incluso, se habían definido fechas para la venta de entradas y se promovió activamente el evento como parte de la agenda de espectáculos internacionales en el país.

Sin embargo, la cancelación llegó semanas antes de la fecha prevista, cuando muchos asistentes ya habían adquirido sus boletos.

El evento era organizado por la productora SD Concerts, que aclaró que el proceso de devolución del dinero está completamente a cargo de la tiquetera.

“Eso lo maneja más Eticket que nosotros como productora, porque ellos son los que reciben el dinero directamente”, indicaron representantes de la empresa a teletica.com

Reembolsos automáticos para los asistentes

En cuanto a la devolución del dinero, Eticket.cr explicó que el proceso será automático, por lo que los usuarios no deberán realizar ningún trámite adicional.

Según detalló la empresa, quienes realizaron la compra con tarjeta de crédito verán reflejada la eliminación del cargo en su estado de cuenta o, en caso de que ya se haya procesado, recibirán el reintegro correspondiente.

Por su parte, quienes pagaron con tarjeta de débito obtendrán el reembolso completo del monto rebajado directamente en su cuenta bancaria.

La tiquetera también indicó que mantiene habilitados sus canales de atención al cliente para resolver cualquier duda o consulta específica relacionada con el proceso.

Reacciones y contexto

Aunque la banda no ha emitido un comunicado ampliando las razones de la cancelación más allá de los “conflictos de agenda”, la noticia ha generado descontento entre los seguidores, especialmente por tratarse de la segunda ocasión en que se suspende un concierto en el país.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría avanza en la implementación de un modelo de gestión hídrica enfocado en la sostenibilidad, que ya permite reutilizar diariamente cerca de 90 metros cúbicos de agua tratada, un volumen equivalente al consumo de aproximadamente 450 personas.

El proyecto es impulsado por AERIS, empresa encargada de la administración de la terminal aérea, que ha reforzado sus estrategias ambientales para responder al crecimiento de las operaciones aeroportuarias sin comprometer los recursos naturales.

De acuerdo con datos oficiales, este aprovechamiento de agua forma parte de una serie de acciones orientadas a optimizar el uso del recurso hídrico, reducir el consumo de agua potable y garantizar la protección de los ecosistemas cercanos al aeropuerto.

Monitoreo ambiental sin rastros de contaminación

Uno de los aspectos más destacados del modelo implementado es el control sobre el agua pluvial. Durante el 2025, el 100% de las muestras analizadas en los sistemas de drenaje del aeropuerto cumplieron con los parámetros establecidos por la normativa nacional, lo que confirma la ausencia de contaminación por hidrocarburos.

Este resultado es clave para la operación de una terminal aérea, donde existe un riesgo constante de derrames de combustibles u otras sustancias. Según el reporte, los controles aplicados han permitido evitar que este tipo de contaminantes lleguen a acuíferos o cuerpos de agua cercanos.

El desempeño se respalda con protocolos estrictos en el manejo de sustancias químicas, control de derrames y tratamiento de aguas residuales, lo que forma parte de un enfoque preventivo que busca minimizar cualquier impacto ambiental derivado de la operación aeroportuaria.

Uso responsable del agua y reducción de presión sobre fuentes potables

Además del reúso de agua tratada, AERIS ha impulsado medidas para fomentar un consumo responsable dentro de todas las áreas del aeropuerto. Estas incluyen la detección y reparación oportuna de fugas, así como programas de sensibilización dirigidos al personal.

Otro de los puntos clave es la utilización de agua no potable en actividades operativas, como el control de polvo en proyectos de construcción, lo que permite reducir la presión sobre las fuentes de agua potable.

Este tipo de prácticas cobra relevancia en un contexto donde el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria demanda mayores recursos, pero también exige soluciones sostenibles que mitiguen el impacto ambiental.

Inversión en infraestructura para acompañar el crecimiento

Como parte de su estrategia, durante el 2025 se realizaron mejoras en la planta de tratamiento del aeropuerto, lo que permitió aumentar su capacidad operativa y prepararse para el crecimiento proyectado de la terminal.

Estas inversiones buscan asegurar que el aeropuerto continúe cumpliendo con los estándares ambientales, incluso ante un aumento en el flujo de pasajeros y operaciones aéreas.

Adicionalmente, estudios hidrológicos realizados en los canales pluviales ubicados al oeste del aeropuerto confirmaron que la infraestructura actual tiene la capacidad suficiente para conducir adecuadamente el agua hacia los cuerpos receptores, sin generar afectaciones a comunidades cercanas.

Sostenibilidad como eje estratégico

“La gestión del recurso hídrico es un eje fundamental para la operación sostenible del aeropuerto. Nuestro enfoque combina monitoreo constante, inversión en infraestructura y prácticas responsables que nos permiten proteger el entorno y operar con altos estándares ambientales”, señaló Adriana Bejarano, gerente de SMS y Gestión Ambiental de AERIS.

La gestión del agua se integra así a otros ejes estratégicos como la eficiencia energética, la gestión de residuos y la acción climática, consolidando al aeropuerto como una plataforma que busca equilibrar el desarrollo operativo con la sostenibilidad ambiental.

Iniciativas como esta posicionan al Aeropuerto Juan Santamaría como un referente regional en la implementación de prácticas responsables dentro de la industria aeroportuaria.

El Gobierno de Costa Rica resolvió retirar la representación del país del foro especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para temas de derechos de la población LGBTIQ+, una decisión que marca un giro en la política exterior costarricense en materia de derechos humanos y diversidad.

La medida fue confirmada por el canciller Arnoldo André durante una entrevista en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental. Según explicó el jerarca, la decisión responde a la necesidad de priorizar los recursos diplomáticos en asuntos que el Ejecutivo considera más urgentes, en un contexto de limitaciones institucionales y redefinición de prioridades a nivel internacional.

La determinación se produce, además, a menos de un mes de que concluya la actual administración, lo que añade un componente político al anuncio, al anticipar un posible cambio en la agenda internacional del país.

Con esta decisión, Costa Rica deja de participar en el denominado Core Group LGBTIQ-OEA, un espacio de articulación regional que durante años ha servido para el intercambio de experiencias, la discusión de políticas públicas y la promoción de derechos para personas de la diversidad sexual en el continente.

La retirada fue comunicada formalmente por la embajadora costarricense ante la OEA, Alejandra Solano, cerrando así un ciclo de aproximadamente una década en la que el país tuvo un rol activo dentro de este foro.

Durante ese periodo, Costa Rica fue considerado uno de los Estados con mayor compromiso en la promoción de derechos humanos en la región, especialmente en temas vinculados a la población LGBTIQ+.

El canciller André justificó la decisión señalando que, desde la perspectiva del Gobierno, el país ha alcanzado un nivel suficiente de protección normativa para las minorías.

“Consideramos que los esfuerzos de nuestros diplomáticos deberían dirigirse más hacia los temas de actualidad y de urgencia y, por lo tanto, decidimos no participar activamente más en ese grupo”, indicó el canciller durante la entrevista.

Contexto regional y señales políticas

El retiro de Costa Rica no ocurre en un vacío regional. De acuerdo con el Semanario Universidad, la decisión se enmarca en una serie de movimientos similares impulsados por gobiernos de corte conservador en América Latina, que han replanteado su participación en espacios multilaterales relacionados con derechos de la diversidad sexual.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Chile, cuyo nuevo gobierno, encabezado por José Antonio Kast, optó por no suscribir una declaración de la OEA en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+, rompiendo así con una línea de respaldo sostenida durante casi una década.

Este tipo de decisiones ha sido interpretado por analistas como una señal de reconfiguración de alianzas políticas y prioridades ideológicas en la región. En el caso costarricense, también se ha señalado la cercanía política evidenciada en la asistencia del presidente Rodrigo Chaves y de la presidenta electa Laura Fernández a la investidura de Kast, lo que algunos sectores interpretan como un indicio de afinidad en determinadas agendas.

Implicaciones de la salida

Durante su participación en el Core Group LGBTIQ-OEA, Costa Rica formó parte de un mecanismo clave para el intercambio de buenas prácticas, el seguimiento de avances en derechos humanos y la coordinación de iniciativas entre Estados miembros.

La salida del país implica, en términos prácticos, el abandono de uno de los principales espacios regionales de diálogo sobre diversidad sexual, lo que podría limitar su incidencia en la construcción de políticas internacionales en esta materia.

Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una decisión estratégica orientada a optimizar recursos y concentrar esfuerzos en otros temas prioritarios, críticos advierten que podría interpretarse como un retroceso en el posicionamiento histórico del país como referente regional en derechos humanos.

Un motociclista de 23 años falleció la madrugada de este martes tras protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en el sector de La Uruca en la capital costarricense, luego de que, aparentemente, viajara sin casco y en contravía antes de impactar de frente contra un vehículo.

El hecho se registró pasadas la 1:00 a.m. en las cercanías del puente Juan Pablo II, en el sentido de Alajuela hacia San José, una de las principales vías de ingreso a la capital.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido fue identificado como un hombre de apellido Sequeira, de 23 años, quien se desplazaba en motocicleta. Según las autoridades, el joven circulaba en sentido contrario al flujo vehicular, es decir, viajaba de San José hacia Alajuela, pero utilizando el carril que corresponde a los conductores que se dirigen hacia la capital.

En esas circunstancias, se produjo una colisión frontal con un vehículo liviano en el que viajaba únicamente el conductor, lo que provocó un impacto de gran magnitud.

Producto del choque, el motociclista falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer algo por salvarle la vida.

Las versiones preliminares también apuntan a que el joven no portaba casco de seguridad al momento del accidente, un elemento clave que, según expertos en seguridad vial, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en este tipo de incidentes.

El conductor del automóvil involucrado fue sometido a la prueba de alcoholemia en el lugar, la cual resultó negativa, descartando, en principio, la ingesta de alcohol como un factor en el accidente.

El caso quedó en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes mantienen abierta la investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el choque, así como determinar eventuales responsabilidades.

Como parte del protocolo, el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

Motociclistas, los más vulnerables en carretera

Este nuevo accidente se suma a una preocupante tendencia que se mantiene en Costa Rica: los motociclistas encabezan las cifras de mortalidad en carretera.

Datos oficiales revelan que durante el primer bimestre del 2026 murieron 113 personas en accidentes de tránsito, de las cuales 63 viajaban en motocicleta, lo que representa un 56% del total de fallecidos.

La tendencia se mantiene constante mes a mes. Solo en enero, 32 de las 59 víctimas mortales eran motociclistas, es decir, un 54% de los decesos.

Además, reportes de la Cruz Roja Costarricense indican que en lo que va del año han fallecido al menos 124 personas en carretera, y en 79 de esos casos estuvo involucrada una motocicleta.

Incluso, para finales de febrero ya se contabilizaban 100 fallecidos por accidentes de tránsito, de los cuales 65 estaban relacionados con motocicletas, lo que equivale a cerca del 65% del total.

Una problemática que va en aumento

Las cifras no solo reflejan una alta incidencia, sino también una tendencia creciente. En 2025, Costa Rica cerró con al menos 572 muertes en sitio por accidentes de tránsito, en un contexto donde las motocicletas siguen siendo el vehículo más involucrado en fatalidades.

El problema se ha venido agravando en los últimos años. Entre 2024 y 2025, las muertes de motociclistas aumentaron cerca de un 30% y llegaron a representar más de la mitad de todos los fallecimientos en carretera.

Factores como el exceso de velocidad, la imprudencia, la conducción en contravía y la falta de equipo de protección, como el casco, figuran entre las principales causas de estos accidentes, según autoridades de tránsito.

Riesgo constante en carretera

El caso ocurrido en La Uruca evidencia precisamente varios de los comportamientos de alto riesgo que las autoridades han venido señalando: circular en sentido contrario y sin casco, dos factores que incrementan significativamente la probabilidad de muerte en un accidente.

Mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en este hecho, el país enfrenta un panorama complejo en materia de seguridad vial, donde los motociclistas siguen siendo los actores más expuestos.

La recurrencia de estos accidentes mantiene en alerta a las autoridades y organismos de emergencia, que insisten en reforzar la prevención y el respeto a las normas de tránsito como medidas clave para reducir la mortalidad en carretera.

La Semana Santa en Costa Rica dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial: más de 7,300 conductores fueron sancionados por la Policía de Tránsito durante el operativo especial desplegado en todo el país.

En total, las autoridades confeccionaron 7,371 boletas, lo que equivale a una multa cada 90 segundos en promedio, reflejando el alto nivel de incumplimiento de las normas de tránsito durante uno de los periodos de mayor movilidad en el territorio nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, durante esos días también se atendieron 1,523 accidentes de tránsito, lo que representa un incidente cada 7,5 minutos, evidenciando la presión que enfrentan los cuerpos de emergencia y las autoridades viales en estas fechas.

Alcohol y velocidad: las principales faltas

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la cantidad de conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

En total, 69 personas dieron positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas en carretera. De ese grupo, 40 casos fueron remitidos a la Fiscalía, al tratarse de niveles que constituyen un delito penal, lo que podría acarrear sanciones más severas, incluyendo penas de cárcel.

El exceso de velocidad también destacó como una de las infracciones más recurrentes. Según el reporte, 474 conductores fueron sancionados por irrespetar los límites establecidos, una conducta que incrementa significativamente el riesgo de accidentes graves o fatales.

Las autoridades han insistido en que tanto el consumo de alcohol al volante como la conducción a alta velocidad son factores determinantes en la mayoría de los siniestros de tránsito, especialmente en temporadas donde aumenta el flujo vehicular hacia destinos turísticos.

Alta movilidad, mayor riesgo

Semana Santa es tradicionalmente uno de los periodos del año con mayor desplazamiento de personas hacia playas, montañas y zonas rurales. Este incremento en la circulación vehicular suele ir acompañado de un aumento en las infracciones y los accidentes.

El promedio registrado este año, una multa cada minuto y medio y un accidente cada pocos minutos, evidencia no solo la intensidad del tránsito, sino también la persistencia de conductas imprudentes por parte de los conductores.

A pesar de los operativos preventivos, controles en carretera y campañas de concientización, las cifras reflejan que aún existe una resistencia significativa a respetar las normas básicas de seguridad vial.

Presión sobre autoridades y servicios de emergencia

El volumen de accidentes atendidos también pone en evidencia la carga operativa que enfrentan instituciones como la Policía de Tránsito, la Cruz Roja y otros cuerpos de respuesta.

Cada incidente implica movilización de recursos, atención médica, regulación del tránsito y, en muchos casos, procesos judiciales posteriores. Esto no solo genera un impacto en las instituciones, sino también en la calidad del servicio para otros eventos de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a la responsabilidad al volante, subrayando que la mayoría de los accidentes son prevenibles si se respetan las normas básicas como no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la carretera.

De cara a futuros periodos vacacionales, las autoridades insisten en reforzar tanto la fiscalización como la educación vial, con el objetivo de disminuir la cantidad de sanciones, pero sobre todo, de evitar accidentes y salvar vidas.

La Cruz Roja Costarricense elevó el tono de su llamado a la ciudadanía, empresas e instituciones públicas y privadas para colaborar en la recaudación de fondos que le permitan mantener sus operaciones, en medio de un escenario financiero que amenaza con impactar directamente su capacidad de respuesta ante emergencias.

La organización humanitaria enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente. Para el 2026, necesita más de ₡30,000 millones anuales, unos USD 64 millones, para garantizar la continuidad de sus servicios en todo el país, una cifra que evidencia la magnitud de su operación y los crecientes costos asociados.

“Los estados financieros más recientes confirman una realidad que la institución ha venido señalando. La Cruz Roja Costarricense enfrenta un desafío financiero que requiere atención urgente”, afirmó la tesorera general, Evelyn Vargas.

El problema, según detalló la institución, responde a un desbalance estructural: durante años, el crecimiento del gasto operativo, que incluye mantenimiento de ambulancias, combustible, insumos médicos, planillas y capacitación, ha superado los ingresos disponibles, obligando a realizar ajustes en la operación y a buscar nuevas fuentes de financiamiento.

A este panorama se suma una advertencia clave contenida en la auditoría externa de 2025, la cual señala la existencia de pérdidas recurrentes y una “incertidumbre material” sobre la estabilidad financiera en el mediano y largo plazo.

“Esto refuerza la necesidad de tomar decisiones responsables y oportunas”, subrayó Vargas, quien además destacó que la institución ya implementa medidas de contención del gasto y ajustes operativos para enfrentar la situación.

Uno de los principales riesgos identificados es la posible pérdida de ingresos provenientes del convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el traslado programado de pacientes. Actualmente, este acuerdo representa cerca del 45% de los ingresos propios de la Cruz Roja, por lo que cualquier cambio en su continuidad podría tener un impacto significativo.

A esto se suma un entorno cada vez más limitado para la generación de recursos mediante la venta de servicios y productos, lo que complica aún más la sostenibilidad financiera de la institución.

En este contexto, la Cruz Roja Costarricense insiste en que el apoyo ciudadano es fundamental para garantizar la continuidad de sus servicios. La organización hizo un llamado amplio a comunidades, gobiernos locales, sector privado y actores internacionales para sumarse mediante distintas vías de colaboración.

Entre ellas destacan las donaciones económicas, el aporte de equipo, el voluntariado, la participación en actividades solidarias organizadas por los comités auxiliares, así como la adquisición de productos y servicios institucionales. También se promueven mecanismos como las donaciones deducibles del impuesto sobre la renta.

El gerente general, Walter Fallas, había advertido previamente que “cada vez que una ambulancia sale a una emergencia, hay toda una operación detrás que hoy está en riesgo”, lo que refleja el impacto directo que la situación financiera podría tener en la atención de emergencias en las comunidades.

Si bien existen iniciativas como el proyecto de ley que propone destinar un porcentaje de las primas de seguros a la Cruz Roja, lo que podría representar más de ₡5,000 millones anuales, la institución advierte que este monto sería insuficiente para cubrir la totalidad de sus necesidades, ya que apenas alcanzaría para unos meses de planilla.

El funcionamiento de la Cruz Roja implica una inversión constante en infraestructura, flotilla vehicular, tecnología, mantenimiento y formación de personal, tanto remunerado como voluntario. Cada uno de estos elementos resulta esencial para garantizar una respuesta oportuna ante emergencias, desastres y situaciones de riesgo en todo el país.

“Garantizar la sostenibilidad financiera de la Cruz Roja Costarricense es una forma de asegurar la continuidad de servicios humanitarios que salvan vidas en todo el país”, enfatizó Vargas.

Más allá de las cifras, la institución recalca que su operación tiene un impacto directo en la vida de miles de personas, por lo que insiste en la necesidad de una respuesta conjunta que permita sostener uno de los servicios de primera respuesta más importantes de Costa Rica.

La inversión extranjera directa en Costa Rica cerró 2025 con 5.121,8 millones de dólares, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) publicados este 6 de abril, lo que señala un aumento sostenido pese al contexto internacional adverso y consolida dos años consecutivos por encima del umbral de 5.000 millones de dólares, una tendencia que refuerza la estrategia de diversificación del país y anticipa una mayor expansión hacia territorios fuera del Gran área Metropolitana.

El flujo total registrado representa un crecimiento del 0,1 % respecto a 2024, cuando la cifra llegó a 5.113,5 millones de dólares, de acuerdo con el informe elaborado por Procomer a partir de datos del Banco Central y reproducido por la agencia EFE.

Este ritmo, aunque moderado, ha permitido que Costa Rica mantenga, por primer año desde el inicio de la serie histórica, una proporción récord de reinversiones: 4.328 millones de dólares en 2025, el monto más elevado jamás alcanzado en el país.

Crecen reinversiones y se diversifican los orígenes de capital

El desglose de los flujos refleja dos dinámicas centrales: las reinversiones—capital que las empresas consolidadas deciden volver a destinar a sus operaciones en el país—duplican ampliamente el ingreso de nuevo capital, mientras que las nuevas inversiones disminuyeron un 18 % para ubicarse en 895 millones de dólares, en línea con la baja global de proyectos Greenfield, según la gerente general de Procomer, Laura López, citada por EFE.

Entre los principales países inversionistas figuran Estados Unidos, origen del 54,8 % de los fondos, seguido por Suiza (19,7 %), México (4,7 %) y Colombia (3,7 %).

López detalló a EFE que la estrategia de intensificar la presencia en Europa, México y Colombia durante los últimos tres años ha fortalecido la diversificación del capital, y además se abren nuevas oportunidades en Asia.

Un análisis sectorial coloca a la manufactura como la mayor receptora, con 3.897,3 millones de dólares y un crecimiento del 7,1 %, asociado principalmente a reinversiones en empresas de dispositivos médicos. También se detectaron avances sobresalientes en agricultura (107,3 %), sistema financiero (34,7 %) e inmobiliario (20,2 %). Los sectores de comercio, turismo, servicios y agroindustria registraron leves retrocesos.

Del total recibido, el 66,4 % se concentró bajo el Régimen de Zona Franca, mientras que el 15,2 % correspondió a empresas fuera de este régimen, el 7,5 % al turismo, el 6,9 % al sector inmobiliario, el 3,1 % al sistema financiero y el 1 % al régimen de perfeccionamiento activo, según informó Procomer a EFE.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, resaltó a EFE el cambio de paradigma de la inversión extranjera directa a nivel global. “La inversión extranjera directa a nivel global está en plena reconfiguración, en un entorno internacional cada vez más complejo, y Costa Rica no es ajena a esos cambios.

Sin embargo, lo relevante es que el país no solo sostiene niveles históricamente altos de IED, sino que continúa creciendo y atrayendo nuevos proyectos, cada vez más diversos y con mayor presencia fuera del Gran área Metropolitana”, afirmó.

Es la primera vez que el país sostiene flujos superiores a los 5.000 millones de dólares durante dos años consecutivos, en un contexto global que dificulta la proliferación de nuevas inversiones Greenfield y exige mayor competitividad regional.

Costa Rica ha iniciado una investigación conjunta con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) para esclarecer las circunstancias detrás del decomiso de 1,312 kilos de cocaína en Nicaragua, anunciado días atrás por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El caso se produce en un contexto de escepticismo oficial costarricense y fue calificado por el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora como “fuera de los parámetros normales” de la operativa antidroga en la región, indica una publicación en el portal regional de noticias Centroamérica360.

Según detalló Zamora, la pesquisa busca determinar cómo un cargamento de semejante magnitud logró cruzar el puesto fronterizo de Peñas Blancas sin ser detectado por los controles costarricenses. El funcionario explicó que la situación resulta “inusual y fuera de lo habitual”. La investigación, apoyada por la DEA, se centra en reconstruir la ruta de la droga y en establecer si existieron irregularidades en los protocolos fronterizos puestos en práctica por las autoridades de Costa Rica y Nicaragua.

La complejidad del hecho aumenta porque, según los reportes locales, el decomiso supuso la detención de un ciudadano guatemalteco que, presuntamente, ofreció declaraciones con inusual serenidad tras su arresto. Ello ha generado sospechas en San José, máxime ante la aparente inexistencia de una investigación previa por parte de las autoridades nicaragüenses, un factor que no corresponde a los patrones históricos de operaciones de tráfico de estupefacientes en la región centroamericana.

Costa Rica desconfía de la versión oficial de Nicaragua y refuerza la investigación

Autoridades costarricenses han evitado emitir conclusiones preliminares, subrayando que solo se pronunciarán al finalizar todas las diligencias en curso, indica la publicación de Centroamérica360. Zamora enfatizó que la prioridad del gobierno es verificar la veracidad de la información proporcionada por las autoridades nicaragüenses; por ello, acudió personalmente a la frontera para examinar los procedimientos y recopilar información sobre el tránsito del contenedor involucrado.

El decomiso fue anunciado en un sector considerado “corredor clave para el tráfico de drogas hacia Norteamérica”, lo que destaca la importancia de la cooperación internacional y la coordinación entre los países implicados. En ese marco, la investigación conjunta con la DEA no solo busca identificar posibles fallos en los controles, sino también esclarecer si el caso obedece a circunstancias aún desconocidas o a motivaciones políticas desde el régimen de Ortega y Murillo.

La gravedad de lo sucedido reside en el volumen incautado —más de 1,000 kilos de cocaína— y en la facilidad aparente con la que ocurrió el tránsito ilegal, motivo principal de la inquietud expresada por el gobierno costarricense ante la falta de correspondencia con los patrones habituales de decomisos de droga en Centroamérica.

El decomiso y la versión de Nicaragua

El pasado 30 de marzo, las autoridades de Nicaragua informaron de la confiscación de 1,312 kilogramos de cocaína el domingo 29 de marzo a las 18:00 (hora local), en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, limítrofe con Costa Rica, durante una operación en la que detuvieron al ciudadano guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, informó la Policía Nacional en una comparecencia citada por EFE.

La incautación, de acuerdo con la versión policial, se produjo cuando la droga fue hallada en 1,057 paquetes ocultos en bobinas de papel kraft dentro de un camión de carga pesada que ingresó a Nicaragua desde Costa Rica y tenía como destino final Guatemala. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de cocaína, según la misma fuente.

El detenido relató a las autoridades que había sido contratado por Henry Sáenz García para llevar herramientas desde México a Costa Rica, recibiendo USD1,800 por la operación. Indicó también que, tras realizar la entrega en San José, Costa Rica, el 26 de marzo recogió 20 bobinas de papel kraft en una bodega de Calle Blancos con destino a Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala, consignadas a un bodega de una persona identificada solo como “Luis”, según información recogida por EFE.

Según las declaraciones recogidas por la Policía Nacional, parte de la ruta incluyó un escaneo fronterizo en Costa Rica el 28 de marzo, sin que se detectaran irregularidades en el cargamento. Tanto el camión como el sospechoso y la droga fueron puestos a disposición judicial en Nicaragua, asegura la entidad.

La Policía Nacional anunció que mantiene activa la investigación para determinar la posible implicación de otros involucrados en el caso de narcotráfico internacional.

El país aplica su estrategia denominada Muro de Contención, que busca frenar el tránsito de estupefacientes y dinero ilícito, con cooperación de Estados Unidos, México, Rusia y países vecinos de la región, según informó la Policía a EFE. Nicaragua se localiza dentro de uno de los principales corredores de tráfico de droga producido en Suramérica y dirigido a Norteamérica.

La inminente toma de posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica ha generado atención sobre la composición de su gabinete, en medio de un proceso de revisión y ajustes que, según confirmó la propia mandataria electa, definirá quienes continuarán y quienes dejarán el equipo de gobierno. Fernández, quien asumirá la jefatura del Ejecutivo el 8 de mayo, señaló que analiza perfiles y prepara cambios en áreas clave del próximo gabinete.

El proceso de selección, que concluirá a finales de abril, contempla tanto la evaluación del desempeño de funcionarios actuales como la consideración de nuevos nombres. Según precisó Fernández: “Este mes es transcendental para la conformación del próximo gabinete, yo continúo valorando al gabinete actual, tanto a los ministros como a los presidentes ejecutivos, también el trabajo de los viceministros y adicionalmente estoy considerando y entrevistando nuevos perfiles para nuevos puestos donde haré cambios, para rodearme de las mejores personas en beneficio de nuestro país”.

La presidenta electa subrayó que la idoneidad profesional y la vocación de servicio serán los criterios esenciales para decidir la continuidad o el relevo de los integrantes del equipo de gobierno.

Cambios en el gabinete: continuidades y salidas

De acuerdo con medios locales y el sitio regional Centroamérica360, entre los posibles continuadores se encuentran Gerald Campos, quien actualmente dirige el Ministerio de Justicia y Paz y podría pasar al ministerio de Seguridad Pública; Yorleni León en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); Manuel Tovar en el ministerio de Comercio Exterior y Leonardo Sánchez en el ministerio de Educación Pública (MEP). La permanencia de estos funcionarios dependerá de la valoración final de la presidenta electa.

El recambio en el gabinete también incluye salidas confirmadas, como la de Mary Munive, ministra de Salud, quien decidió no continuar en la nueva administración por motivos de desgaste personal, según explicó Fernández a medios locales.

El ministerio de la Presidencia, que actualmente ocupa Fernández, sigue sin titular confirmado. Versiones periodísticas indicaron que ese puesto fue ofrecido al presidente saliente, Rodrigo Chaves, aunque aún no hay una definición oficial.

Renuncias y nuevos requisitos legales

Mientras se afinan los nombramientos, Fernández ha dado pasos para cumplir con los requisitos legales que demanda el cargo. En entrevista con el canal costarricense Ticavisión, la presidenta electa relató que presentó su renuncia a la militancia activa en el partido Pueblo Soberano para ajustarse al código electoral, el cual establece que los presidentes no pueden mantener afiliación partidaria durante el ejercicio de sus funciones.

“Para evitar que nunca falta aquí quien busca, como dice don Rodrigo, el micropelo en la sopa y que me pongan una denuncia de que estoy incumpliendo con alguna cosa de alguna ley”, explicó la presidenta electa días atrás.

Fernández aseguró que, pese a la exigencia legal de distanciamiento, mantendrá afinidad con los valores y principios de su agrupación política original, aunque su gobierno se orientará a todo el espectro social costarricense “sin distingo partidario”, según lo recabado por Centroamérica360.

El entorno de atención se mantiene a medida que se acerca la fecha de la toma de posesión y los nombres definitivos del gabinete se definen en el cierre de este mes.

Un incremento cercano al 35% en las crisis emocionales dentro de la Universidad Nacional (UNA) encendió las alertas institucionales y motivó la implementación de una estrategia integral para atender la salud mental de su comunidad estudiantil.

Desde el 2021, la universidad ha capacitado a más de 350 funcionarios en primeros auxilios psicológicos, tanto en el campus Omar Dengo como en sus sedes regionales. La iniciativa busca brindar herramientas básicas para atender situaciones de ansiedad, estrés, violencia, ideación suicida y conductas agresivas, que cada vez son más frecuentes y complejas.

El aumento no solo se refleja en la cantidad de casos, sino también en su nivel de riesgo. Según el Departamento de Orientación y Psicología (DOP), las situaciones que enfrentan los estudiantes muestran una mayor vulnerabilidad y requieren respuestas más amplias que las tradicionales.

“A partir de la pandemia se ha visto un aumento cercano al 35% en las crisis emocionales. Cada vez son casos más complejos, más difíciles de atender y con mayor riesgo para personas en condición de vulnerabilidad”, explicó el psicólogo Elías Córdoba Chaves.

Ante este panorama, la UNA optó por ampliar su red de apoyo más allá de los servicios especializados. El programa de capacitación está dirigido principalmente a personal administrativo y académico que mantiene contacto directo con estudiantes, con el objetivo de que puedan actuar como primer punto de respuesta ante una crisis.

Desde su implementación, más de 300 personas han participado en los procesos formativos y 104 cuentan con certificación. El modelo vigente desde 2024 contempla 12 horas de formación, distribuidas en sesiones virtuales y trabajo individual, con contenidos enfocados en intervención emocional básica.

“El personal tiene herramientas para acompañar y canalizar al estudiante de forma adecuada, lo que permite que la persona reciba atención oportuna y con un enfoque claro”, agregó Córdoba.

Uno de los pilares del programa es un protocolo de intervención estructurado en siete etapas. Este incluye desde el autocuidado del funcionario que atiende la situación hasta el seguimiento del caso, pasando por la evaluación, la contención emocional y la definición de un plan de acción.

El especialista también destacó la importancia de diferenciar entre una reacción emocional y una crisis. “Una persona puede llorar sin estar en crisis; esta ocurre cuando no logra afrontar la situación y su funcionamiento se ve afectado”, señaló.

El sistema de atención psicológica de la universidad se activa cuando el estudiante solicita el servicio. A partir de una entrevista inicial, el DOP evalúa cada caso y define si se brinda acompañamiento interno o si es necesario referirlo a servicios externos especializados.

Entre las causas del aumento en las crisis emocionales, los expertos identifican factores sociales y económicos, el aislamiento, la falta de recursos emocionales y una creciente sensación de desesperanza entre la población joven.

Como parte de la estrategia institucional, la UNA impulsa la creación de brigadas de primeros auxilios psicológicos en facultades, centros y sedes regionales. Estos equipos funcionarán como redes de apoyo inmediato dentro del entorno universitario.

“El objetivo es que existan equipos que atiendan de forma oportuna y canalicen a las personas hacia la atención profesional. No sustituyen a especialistas, pero sí cumplen una función similar a las brigadas de primeros auxilios médicos”, indicó Córdoba.

Estas brigadas forman parte de una iniciativa más amplia que aborda la salud mental desde la promoción, la prevención y la intervención. Actualmente, el DOP coordina el proceso de selección y capacitación de los futuros integrantes, quienes recibirán acompañamiento continuo.

El enfoque del programa pone especial atención en la ideación suicida, uno de los temas que más preocupa a las autoridades universitarias debido a su incremento en la población estudiantil.

El impacto de la estrategia ya comienza a reflejarse en la cercanía de los apoyos. Ahora, los estudiantes pueden encontrar orientación inicial en su entorno inmediato, antes de recurrir a servicios especializados.

“Ahora los estudiantes cuentan con un recurso inmediato dentro de su entorno. El personal tiene mayor claridad sobre cómo actuar y hacia dónde dirigir la atención”, concluyó el psicólogo.

La capacitación se realiza cuatro veces al año. El próximo proceso está programado para los días 9, 16 y 23 de abril de 2026 en modalidad virtual, con un cupo máximo de 30 participantes. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 8 de abril mediante la plataforma institucional.

Más allá de los días de recogimiento y pausa, la Semana Santa en Costa Rica terminó con un saldo de más de 1,100 placas decomisadas a vehículos por parte de la Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT). De acuerdo con el director Martín Sánchez, este periodo también dejó 205 motocicletas y 23 automóviles detenidos debido a diversas infracciones.

Las autoridades atribuyen el grueso de los decomisos a la imprudencia de numerosos conductores que aprovecharon el feriado para circular sin respetar las normas viales. La infracción más frecuente fue el exceso de velocidad, lo que derivó en 470 multas aplicadas a choferes sorprendidos por encima de los límites permitidos.

Durante la Semana Santa, la DGPT mantuvo operativos especiales en distintos puntos del país con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los desplazamientos. Estos controles permitieron detectar y sancionar tanto a vehículos particulares como a motociclistas que incumplieron la ley.

Resultados de los operativos y objetivos de las sanciones

El decomiso de placas y la retención de motocicletas y automóviles tiene como fin desalentar comportamientos temerarios y recordar la importancia de conducir con responsabilidad, especialmente en fechas de alta movilidad.

Según datos oficiales, las cifras reflejan una tendencia persistente de faltas graves en carretera, lo que obliga a reforzar la fiscalización durante los días de asueto.

La Semana Santa en Costa Rica concluyó con una intensa labor de los cuerpos de tránsito: se reportó el decomiso de más de un millar de placas y la detención de numerosos vehículos. El principal motivo fue el exceso de velocidad.

21 muertes por accidentes de tránsito durante ese periodo

Durante la Semana Santa de 2026, Costa Rica registró 46 fallecimientos en distintos incidentes, de acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense. Los accidentes de tránsito representaron la causa principal, provocando 21 muertes en ese periodo.

La Cruz Roja reportó que ejecutó más de 10.000 acciones preventivas y brindó atención a 695 personas, de las cuales 490 necesitaron ser trasladadas a centros médicos, según datos recogidos por infobae.com.

En el año 2025 se documentó un incremento del 15% en los accidentes de tránsito respecto a 2024, con un total de 46.949 incidentes y más de 52,000 personas lesionadas. De acuerdo con estadísticas citadas por infobae.com, los motociclistas representaron el 64 % de los afectados, consolidándose como el segmento más expuesto.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) advirtió sobre el deterioro en la Policía de Tránsito, señalando la escasez de personal y recursos como factores que podrían impactar negativamente la seguridad vial en el país.

La red vial deficiente y la imprudencia marcan la crisis

Uno de los factores identificados como determinantes en el aumento de los accidentes es la infraestructura vial deficiente. Según la Universidad San Judas, la falta de inversión en la red de carreteras eleva el riesgo de siniestralidad y compromete la seguridad de conductores y peatones (usanjudas.ac.cr).

A esto se suma el predominio de conductas imprudentes al volante. El abuso de la velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y el incumplimiento de las normas de tránsito aparecen como patrones que explican buena parte de los incidentes, subraya infobae.com.

La combinación de infraestructura inadecuada y hábitos de riesgo no solo eleva la ocurrencia de accidentes. Incrementa la gravedad de los mismos y la demanda sobre los servicios de atención sanitaria y asistencia social, repercutiendo en el bienestar general de la población y la economía nacional.

San José se prepara para transformarse en un gran escenario urbano con la llegada del Festival de Verano Transitarte 2026, que en su edición XIX apuesta por una expansión sin precedentes, nuevas experiencias culturales y una oferta más diversa para todos los públicos. Durante los días 10, 11 y 12 de abril, la capital costarricense concentrará a más de 300,000 personas en una celebración que combina arte, música, gastronomía y convivencia ciudadana.

El evento, que se ha consolidado como uno de los principales encuentros culturales del país, contará este año con la participación de más de 200 artistas y agrupaciones, además de un crecimiento territorial que suma más de 1,300 metros adicionales de programación. Esta ampliación permitirá integrar nuevos espacios como la Plaza de la Democracia, el Boulevard República de Argentina y el nuevo bulevar de la Avenida Central, fortaleciendo la descentralización de las actividades.

El alcalde de San José, Diego Miranda, destacó que este crecimiento responde a la necesidad de acercar la cultura a más sectores de la ciudad. “Esta ampliación permitirá a las personas disfrutar de una oferta más diversa, accesible e integrada a distintos espacios urbanos”, señaló.

Entre las principales innovaciones de esta edición destaca la incorporación de un escenario móvil, una propuesta que llevará espectáculos de artes escénicas a distintos puntos del casco urbano, ampliando el alcance del festival y acercando el talento a nuevas audiencias.

La música será uno de los ejes centrales de Transitarte 2026, con cerca de 35 propuestas en vivo que abarcan géneros como el pop, la música alternativa, el urbano, la electrónica, el calipso y la fusión. Entre las agrupaciones confirmadas figuran Los Ajenos, Mal País, República Fortuna, Los Garbanzos, Sonámbulo Psicotropical y la Banda Chiqui Chiqui, quienes se presentarán en diferentes tarimas distribuidas en parques y bulevares.

A esto se suman nuevas tarimas temáticas, como la de swing y bolero, que ofrecerá talleres, concursos y noches bailables para rescatar ritmos tradicionales; la tarima urbana, enfocada en el rap, freestyle y cultura emergente; y una zona electrónica dirigida a públicos jóvenes.

Más allá de la música, el festival ofrecerá más de 50 espectáculos de artes escénicas que incluyen teatro, danza, circo, narración oral y folclor, así como intervenciones urbanas que buscan transformar los espacios públicos en experiencias artísticas participativas.

La gastronomía también tendrá un papel protagónico con un “mercadito” que contará con más de 240 espacios entre food trucks, terrazas y propuestas culinarias que van desde la comida tradicional hasta tendencias contemporáneas. Asimismo, más de 80 emprendedores creativos participarán en el mercado de emprendimientos, fortaleciendo la economía local.

Transitarte 2026 refuerza además su enfoque educativo y comunitario con talleres para todas las edades, incluyendo escultura, pintura, danza y robótica, un corredor literario con actividades culturales y venta de libros, así como un mercado del trueque que promueve el consumo responsable.

La programación también incluye cine al aire libre con una segunda pantalla, espacios dedicados a la niñez, zonas de bienestar animal con actividades de concientización, y áreas para la recreación y el deporte, como exhibiciones de boxeo y lucha libre.

Las actividades se desarrollarán entre las 11:00 a.m. y las 9:00 p.m. en puntos clave como el Parque Nacional, Parque España, Parque Morazán, Paseo de las Damas y la Plaza de la Democracia, entre otros. Como cierre, el festival se extenderá hasta el Parque Metropolitano La Sabana, donde se realizará un concierto internacional acompañado de actividades culturales y gastronómicas.

Para garantizar la seguridad, se contará con un operativo que incluye más de 140 oficiales de la Policía Municipal, puestos de atención prehospitalaria, puntos de hidratación, servicios sanitarios y centros de información distribuidos estratégicamente.

Además, se implementarán cierres regulados en el casco central de la ciudad desde el viernes a medianoche hasta el domingo a medianoche, con el fin de resguardar los espacios destinados a las actividades.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, centró su discurso de este lunes en una serie de anuncios clave para el sector agropecuario durante una actividad en Peralta de Turrialba, en Cartago, donde detalló inversiones en infraestructura, sistemas de riego, innovación tecnológica y apoyo directo a productores.

En lo que calificó como parte de su cierre de gestión en la provincia, el mandatario presentó un paquete de proyectos que, según datos oficiales, supera los ₡800 millones y busca impactar a miles de personas vinculadas al campo costarricense.

Uno de los principales anuncios fue la creación del Distrito de Riego de Zona Norte y Este (DRISNECE), una iniciativa orientada a mejorar el acceso al agua para los productores agrícolas. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, este proyecto permitirá ampliar las hectáreas irrigadas de 507 a más de 1,350, lo que se traduce en mayor producción y competitividad para el sector.

“El agua, que es de todos, terminaba siendo un privilegio de unos pocos. Hoy más productores acceden de forma justa y productiva”, se destacó durante la presentación oficial del proyecto.

El acceso al recurso hídrico fue uno de los ejes centrales del evento, donde también se detallaron avances en sistemas de riego en comunidades como Oreamuno y Paraíso. En el asentamiento El Tigre, por ejemplo, se implementó un sistema que permite captación y distribución eficiente del agua, beneficiando a más de 100 personas con una inversión superior a ₡269 millones.

A esto se suma el proyecto Don Rogelio, que incorpora riego por goteo en más de cinco kilómetros de infraestructura, con una inversión que supera los ₡266 millones. Ambas iniciativas buscan garantizar la producción incluso en épocas secas, un factor clave ante los efectos del cambio climático.

En materia de producción y valor agregado, el Gobierno resaltó el fortalecimiento de la planta de lácteos La Peraltica, en Turrialba, donde se invirtieron más de ₡56 millones en equipamiento. Esta planta procesa cerca de 27.000 litros de leche por semana y beneficia a unas 140 personas, principalmente pequeños productores.

El propio presidente subrayó que este tipo de iniciativas permiten que los agricultores “produzcan más y mejor”, sin depender de intermediarios, en línea con su discurso de impulsar oportunidades en lugar de subsidios.

Otro de los anuncios relevantes fue el desarrollo del Centro de Innovación Agropecuaria Edith Chaverri Chaverri, ubicado en Llano Grande de Cartago. Según detalló el mandatario, este proyecto representa una inversión cercana a ₡500 millones y busca acercar la tecnología y la investigación al productor.

El centro estará enfocado en sistemas hortícolas tecnificados, cultivos de altura y transferencia de conocimiento, con el objetivo de mejorar los rendimientos en productos como papa, cebolla y hortalizas.

“Se trata de llevar la ciencia al campo, no de dejarla guardada en laboratorios”, afirmó el presidente, quien insistió en la necesidad de modernizar la agricultura costarricense.

Como complemento, también se anunció la entrega de tecnología agrícola a productores, incluyendo sistemas de riego por goteo, sensores de humedad, tensiómetros y estaciones meteorológicas. Estas herramientas permitirán una agricultura más precisa, con mejor uso de recursos como agua y fertilizantes.

Además de los proyectos directamente vinculados al agro, el Gobierno incluyó dentro de los anuncios la mejora de infraestructura vial en zonas productivas. Destaca el asfaltado del centro de San Miguel de Tucurrique, con una inversión superior a ₡315 millones, que beneficiará a unas 5,000 personas al facilitar el traslado de productos como café, caña y ganado.

Durante su intervención, el mandatario también defendió el papel de instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural(INDER) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), señalando que durante su administración se orientaron hacia un enfoque más directo de apoyo al productor.

En esa línea, afirmó que su gobierno impulsó la aprobación de nuevas moléculas agroquímicas —once en total— tras más de dos décadas sin avances en este ámbito, lo que, según indicó, rompe monopolios y reduce costos para el sector.

Más allá de los anuncios, el discurso del presidente tuvo un fuerte tono político, en el que defendió su gestión y llamó a dar continuidad a las políticas impulsadas en el agro. Sin embargo, el eje central de la actividad se mantuvo en la inversión en infraestructura, acceso a recursos y modernización del campo.

El evento reunió a productores, autoridades locales y representantes de instituciones del sector, quienes coincidieron en señalar la importancia de fortalecer el apoyo al agro como base del desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.

Una joven nicaragüense de 29 años, identificada como creadora de contenido en TikTok, fue reportada como desaparecida ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que sus familiares perdieran contacto con ella desde finales de marzo.

Se trata de Junieysis Adely Merlo Espinoza, quien fue vista por última vez el martes 31 de marzo en el sector de Salitral, en Santa Ana, específicamente en el condominio Los Pericos, según confirmaron las autoridades judiciales.

La denuncia formal por su desaparición fue presentada el 2 de abril, dos días después de su última aparición, cuando sus allegados comenzaron a preocuparse al no tener noticias de su paradero.

De acuerdo con información divulgada por el OIJ, el caso se mantiene en investigación y se ha activado el protocolo correspondiente para la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicar a la joven.

Una vida entre redes sociales y familia

Merlo Espinoza es originaria de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz, Nicaragua, pero tenía varios años de residir en Costa Rica. En redes sociales, especialmente en TikTok, se había dado a conocer como creadora de contenido, donde acumulaba más de 8.000 seguidores.

Sus publicaciones se centraban en videos de comedia, situaciones cotidianas y momentos familiares, en particular junto a sus hijas gemelas de cuatro años, quienes formaban parte frecuente de su contenido digital.

Para sus seguidores y conocidos, su repentina desaparición ha generado alarma, ya que mantenía una actividad constante en redes sociales, lo que hace aún más inusual la falta de comunicación.

Último contacto y versiones contradictorias

El padre de la joven, Máximo Merlo, de 61 años, relató que la última vez que tuvo contacto con su hija fue el lunes 30 de marzo, un día antes de su desaparición.

Según explicó, al intentar comunicarse nuevamente el martes 31, recibió información de la expareja de la joven, quien le indicó a Merlo Espinoza se había desplazado hacia la playa en compañía de un grupo de tiktokers.

“El martes llamé de nuevo y me dijeron que no nos preocupáramos, que mi hija regresaría el Miércoles Santo”, señaló el padre, quien también manifestó que no conocía a las personas con las que supuestamente su hija habría viajado.

Sin embargo, el paso de los días sin noticias encendió las alarmas en la familia, que finalmente decidió interponer la denuncia ante las autoridades costarricenses.

Señalamientos en redes sociales

En medio de la incertidumbre, personas cercanas a la joven han utilizado redes sociales para solicitar ayuda y compartir información sobre el caso. Algunos conocidos han señalado públicamente a un hombre costarricense, identificado por las iniciales G. C. R., como una persona que podría tener información relevante sobre el paradero de Merlo Espinoza.

“Entregála o brindá toda la información a la policía por favor, que toda su familia está muy preocupada. Tiene dos hijas. Da la versión correcta”, escribió una allegada en Facebook, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre usuarios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la participación de ninguna persona en los hechos, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Llamado a la ciudadanía

El Organismo de Investigación Judicial reiteró el llamado a la población para colaborar con cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de la joven.

Para ello, se habilitaron las líneas confidenciales 800-800-0645 y el WhatsApp 8800-0645, donde se pueden brindar datos de manera anónima.

Mientras tanto, la familia de la joven continúa a la espera de respuestas, apelando a la solidaridad de la población y a las autoridades para lograr encontrarla con vida.

El gallo pinto, considerado el platillo más representativo de la gastronomía costarricense, fue incluido en el listado de los 50 mejores platillos elaborados con frijoles a nivel mundial, según el más reciente ranking publicado en abril de 2026 por TasteAtlas.

De acuerdo con la clasificación, el tradicional plato tico se posiciona en el puesto 22, con una calificación de 4.0 estrellas, ubicándose por encima de otras preparaciones internacionales y consolidando su lugar como uno de los referentes culinarios de Centroamérica.

El ranking, que reúne recetas de distintos países, incluye platos emblemáticos como la feijoada brasileña, los frijoles charros mexicanos o el cassoulet francés. En ese contexto, la presencia del gallo pinto resalta por tratarse de una receta sencilla, pero profundamente ligada a la identidad cultural de Costa Rica.

Un plato sencillo con gran identidad

El gallo pinto está elaborado principalmente a base de arroz y frijoles negros, que se cocinan y mezclan con ingredientes como cebolla, chile dulce y culantro. Uno de los elementos que define su sabor es la tradicional salsa inglesa, un condimento típico del país que aporta un toque característico entre ácido y especiado.

Su nombre hace referencia a su apariencia: la mezcla del arroz blanco con los frijoles oscuros crea un efecto “manchado”, similar al plumaje de un gallo pinto.

Aunque su preparación puede variar ligeramente según la región, la esencia del platillo se mantiene intacta y forma parte de la rutina diaria de miles de costarricenses.

El desayuno por excelencia

En Costa Rica, el gallo pinto es sinónimo de desayuno. Se sirve tradicionalmente en las mañanas acompañado de huevo, natilla, queso fresco y plátano maduro, aunque también puede incluir carne o tortillas.

Su versatilidad le permite estar presente en otros momentos del día, pero es en el desayuno donde adquiere mayor protagonismo, siendo considerado un elemento básico en hogares, sodas y hoteles a lo largo del país.

Además, su origen está vinculado al aprovechamiento de alimentos, ya que históricamente se preparaba con arroz y frijoles sobrantes del día anterior, lo que lo convierte en una receta práctica y accesible.

Un favorito entre turistas

Para los visitantes extranjeros, el gallo pinto es una parada obligatoria. Muchos turistas lo prueban desde su primera mañana en el país y lo identifican como una de las experiencias gastronómicas más auténticas de Costa Rica.

En reseñas de viajeros, es común encontrar comentarios que destacan su sabor casero, su equilibrio de ingredientes y su capacidad de representar la cultura local en un solo plato. Para algunos, incluso se convierte en un “comfort food”, es decir, una comida reconfortante que evoca tradición y sencillez.

Su presencia constante en menús turísticos ha contribuido a posicionarlo como un embajador culinario del país.

Más que comida: un símbolo nacional

Más allá de su inclusión en rankings internacionales, el gallo pinto es un símbolo de identidad nacional. Su consumo cotidiano y su arraigo cultural lo convierten en uno de los elementos más representativos de la vida costarricense.

Incluso existe un debate histórico con Nicaragua sobre el origen del platillo, lo que evidencia su relevancia en la región.

El reconocimiento de TasteAtlas no solo valida su popularidad a nivel global, sino que también refuerza el valor de la cocina tradicional costarricense en el escenario internacional.

Con ingredientes simples, pero con una fuerte carga cultural, el gallo pinto continúa conquistando paladares dentro y fuera del país, consolidándose como un emblema gastronómico que trasciende fronteras.

La fuga internacional de Kaitlin Armstrong tras el asesinato de la ciclista Anna Moriah Wilson en Texas en mayo de 2022 posicionó a Costa Rica en el centro del escrutinio global. La detención de la ciudadana estadounidense en la localidad de Santa Teresa de Cóbano y su posterior extradición a Estados Unidos son contadas desde una perspectiva profunda.

El caso volvió a la conversación tras el estreno del documental La verdad y la tragedia de Moriah Wilson en la plataforma Netflix.

Según datos publicados por People, la producción dirigida por Marina Zenovich, rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma , evidenciando el interés por conocer más sobre un caso que acaparó las portadas de los periódicos a nivel mundial.

El ascenso en el ciclismo y un crimen que conmocionó al mundo

“Mo“ Wilson se destacaba en el ciclismo estadounidense por sus logros en competencias de gravel y montaña. Fue reconocida por ganar varias pruebas nacionales y obtener podios en eventos de alto nivel. Su desempeño la posicionó como una de las atletas más prometedoras y respetadas en su rama.

Pero en mayo de 2022, Anna Wilson fue hallada muerta por varios disparos en una vivienda de Austin, Texas. Investigaciones detectaron que Armstrong actuó por celos al descubrir la relación entre la víctima y el ciclista profesional Colin Strickland.

La investigación, informó la revista, determinó que la responsable empleó herramientas digitales para rastrear a Wilson con el fin de planificar el ataque.

Armstrong huyó hacia tierras centroamericanas

La fuga de Armstrong, de acuerdo con diversos medios internacionales, incluyó el uso de un pasaporte ajeno para llegar a tierras costarricenses. Locaciones como Santa Teresa de Cóbano, reconocida por su atractivo turístico y comunidad internacional, permitieron que permaneciera 43 días prófuga.

Según People, durante ese periodo la implicada alteró su apariencia en una clínica local para dificultar su identificación, sumando complejidad a la pesquisa internacional. Un médico identificado como Jorge Badilla realizó procedimientos estéticos a Armstrong mientras ella se encontraba oculta.

Hasta el 29 de junio de 2022, la Fuerza Pública costarricense la detuvo luego del rastreo de movimientos financieros y migratorios que permitieron vincularla a actividades en la región.

El arresto de Armstrong y su posterior deportación a EE.UU. desencadenaron en una condena penal de 90 años de prisión.

Mirada íntima al caso

La búsqueda de la responsable y el posterior juicio acapararon la atención internacional. Sin limitarse a los titulares, el filme explora el impacto de la tragedia en el círculo cercano de Wilson, incluyendo familiares, amigos y colegas, quienes relatan el vacío que dejó su ausencia.

A través de sus testimonios, la obra retrata el proceso de duelo, la fuerza para enfrentar la adversidad y la capacidad de resiliencia que surge incluso en los momentos más oscuros.

El documental, recién estrenado, ofreció material inédito y entrevistas con allegados y autoridades, lo que permitió abordar no solo los hechos sino también la dinámica de la búsqueda y captura a nivel internacional.

Además, la producción ofrece un acercamiento íntimo a la vida de Moriah Wilson, destacada ciclista estadounidense formada en el entorno de una familia unida y de carácter fuerte. La producción describe cómo la determinación de Wilson la llevó a alcanzar el éxito deportivo y, lamentablemente, a una vida truncada por un crimen que conmocionó al país.

Luego del lanzamiento del documental, el caso Armstrong retomó relevancia y generó múltiples reacciones y debates en redes sociales.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aseguró que Costa Rica comienza a registrar señales de mejora en materia de seguridad, con una reducción en los homicidios y delitos contra la propiedad, en medio de un fortalecimiento de las estrategias policiales a nivel nacional.

De acuerdo con el jerarca, la Fuerza Pública se encuentra operando “al tope de sus capacidades”, lo que ha implicado un incremento significativo en la presencia policial en todo el territorio. “Hemos triplicado el patrullaje policial en aire, mar y tierra”, afirmó Zamora, destacando que este despliegue forma parte de una estrategia integral para contener la violencia y el crimen organizado.

Uno de los datos más relevantes, según el ministro, es que durante 2025 se alcanzó un récord histórico en la cantidad de aprehensiones realizadas por la Fuerza Pública, con cerca de 215,000 detenciones. Este aumento en la actividad policial se complementa con el trabajo de la Policía de Control de Drogas (PCD), que ha intensificado sus operaciones conjuntas con agencias internacionales como la DEA y el FBI.

En ese sentido, Zamora indicó que las acciones coordinadas han crecido en un 300%, lo que ha permitido golpear estructuras del narcotráfico y reducir su impacto en el país. “Todo este gran trabajo de policía (…) se traduce en una reducción significativa de los homicidios en nuestro país”, sostuvo.

Reducción en homicidios, pero aún lejos de la meta

Pese a los avances señalados, el ministro reconoció que los resultados todavía no son suficientes. Actualmente, Costa Rica registra una tasa de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que, aunque menor que en periodos anteriores, sigue por encima del objetivo planteado por las autoridades.

“Llevamos números muy importantes, pero no satisfactorios aún”, admitió Zamora, quien subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad para lograr una reducción más sostenida.

La meta del Gobierno es llevar la tasa de homicidios a menos de 10 por cada 100.000 habitantes, un estándar que se considera más cercano a niveles de seguridad aceptables en la región.

No obstante, el jerarca destacó que en los primeros meses del año ya se registra una disminución de más de 50 homicidios en comparación con el mismo periodo anterior, lo que, a su juicio, evidencia que las acciones implementadas “van por el camino correcto”.

Impacto en otros delitos

Además de la reducción en homicidios, las autoridades también reportan avances en la disminución de delitos contra la propiedad, como robos y hurtos. Según Zamora, este tipo de delitos ha mostrado una caída del 15%, consolidando una tendencia a la baja que se ha mantenido durante los últimos tres años.

El ministro atribuyó estos resultados al fortalecimiento del trabajo policial en las calles, así como a la mayor presencia de oficiales en puntos estratégicos del país.

“El trabajo policial en calle está dando efectos”, enfatizó, al señalar que la combinación de patrullaje intensivo, inteligencia policial y cooperación internacional ha sido clave para obtener estos resultados.

Estrategia contra la violencia

Las declaraciones del ministro se dan en un contexto en el que Costa Rica ha enfrentado un aumento sostenido en los índices de violencia en los últimos años, impulsado principalmente por disputas entre grupos ligados al narcotráfico.

Ante este panorama, las autoridades han apostado por una estrategia que combina la represión del delito con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el uso intensivo de recursos operativos.

Zamora reiteró que el país aún enfrenta una “pandemia de homicidios”, una expresión con la que describió la gravedad de la situación, pero insistió en que los indicadores recientes permiten ver señales de mejora.

Retos pendientes

Pese a los avances, el ministro reconoció que el desafío sigue siendo grande y que será necesario mantener e incluso reforzar las acciones actuales para lograr una reducción sostenida de la criminalidad.

El objetivo, insistió, no es solo disminuir los homicidios, sino también recuperar la percepción de seguridad entre la población y consolidar a Costa Rica como un país seguro.

En esa línea, Zamora hizo un llamado a continuar trabajando de manera articulada entre las distintas fuerzas de seguridad y con aliados internacionales, con el fin de enfrentar de manera más efectiva las estructuras criminales que operan en el país.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, anunció la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que pretende habilitar a las municipalidades del país para otorgar becas deportivas y artísticas, una medida que, según sus impulsores, permitiría ampliar las oportunidades de desarrollo para miles de jóvenes en condición de vulnerabilidad.

Actualmente, los gobiernos locales en Costa Rica únicamente están facultados para conceder becas académicas, lo que, a criterio del jerarca, deja un vacío legal que limita el acceso de niños, adolescentes y jóvenes a espacios de formación en disciplinas culturales y deportivas. La propuesta busca precisamente llenar ese vacío y brindar nuevas herramientas a las municipalidades para fomentar el desarrollo integral de la población joven.

El proyecto, que será remitido a los diputados de la provincia de Cartago para su eventual respaldo, plantea que los gobiernos locales puedan otorgar ayudas económicas dirigidas a personas de escasos recursos, con el fin de facilitar su acceso a academias, programas de formación y espacios de práctica en áreas como el deporte, la música, la pintura y otras expresiones artísticas.

Según explicó Redondo, la iniciativa responde también a una problemática social más amplia: la creciente exposición de jóvenes en comunidades vulnerables a estructuras criminales. El alcalde advirtió que, en algunos sectores del país, menores de edad están siendo utilizados por grupos delictivos en roles como vigilantes o incluso sicarios, lo que convierte la prevención en una prioridad urgente.

“Este país tiene una urgente necesidad de generar oportunidades de esparcimiento sano para niños, adolescentes y jóvenes que hoy están siendo captados por grupos criminales”, afirmó el alcalde, al destacar que el acceso a actividades deportivas y culturales puede convertirse en una herramienta clave para alejar a esta población de entornos de riesgo.

En esa línea, el jerarca insistió en que la prevención debe ser un eje central en la estrategia de seguridad nacional, junto con el fortalecimiento de la policía y la modernización de las leyes. Desde su perspectiva, brindar opciones de desarrollo personal a la juventud puede contribuir significativamente a reducir la criminalidad a mediano y largo plazo.

El proyecto también establece que, al igual que ocurre con las becas académicas, cada municipalidad deberá definir mediante reglamentos los requisitos y criterios para acceder a estas ayudas, garantizando que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

Redondo subrayó que el objetivo es que los jóvenes puedan ocupar su tiempo libre en actividades constructivas que potencien sus habilidades y les permitan desarrollar una pasión por el deporte, el arte o la cultura. “Si un muchacho se apasiona con el fútbol, la música o la pintura, vamos a tener mejores ciudadanos y evitaremos que pasen a engrosar las filas de los grupos criminales”, sostuvo.

La propuesta se enmarca en un contexto nacional donde la seguridad ciudadana y el aumento de la violencia han generado preocupación en distintos sectores, lo que ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la prevención social del delito.

Además, el alcalde recordó la importancia de invertir en la niñez y la juventud como una estrategia de largo plazo para el desarrollo del país. Citando al pensador Frederick Douglass, destacó que “es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos”, una frase que, según indicó, resume el espíritu del proyecto.

De aprobarse, la iniciativa permitiría a las municipalidades diversificar su apoyo a la población joven, integrando no solo el componente educativo formal, sino también el desarrollo artístico y deportivo como parte fundamental del crecimiento integral.

El proyecto ahora deberá iniciar su trámite legislativo, donde se analizará su viabilidad y se discutirá su eventual aprobación. Mientras tanto, la propuesta ya genera expectativa en sectores que ven en este tipo de medidas una oportunidad para fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas reales a las nuevas generaciones.

Ante el retorno masivo de vacacionistas hacia la Gran Área Metropolitana (GAM), las autoridades de tránsito implementarán este domingo 5 de abril un carril reversible en la ruta 27, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular en una de las jornadas más críticas del año en materia de movilidad.

La medida se aplicará en el último día del receso de Semana Santa y en la víspera del regreso a clases y actividades laborales, cuando miles de conductores emprenden su retorno desde destinos turísticos del Pacífico hacia San José y otras zonas del Valle Central.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la reversibilidad será efectiva entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., periodo en el cual los carriles funcionarán exclusivamente en sentido hacia la capital. El tramo intervenido abarcará aproximadamente 47 kilómetros, entre Pozón de Orotina y el peaje del cruce a Ciudad Colón.

Como parte del operativo, el tránsito hacia el Pacífico será cerrado desde la 1:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m. en ese mismo tramo, con el fin de garantizar la seguridad de los conductores y permitir la correcta implementación del carril reversible.

La Policía de Tránsito desplegará personal en distintos puntos estratégicos para regular la circulación, mientras que se establecerán controles de velocidad y señalización especial para orientar a los usuarios de la vía durante el operativo.

El anuncio se da en un contexto donde las presas ya comenzaron a sentirse desde la tarde y noche del sábado, anticipando un domingo de alta congestión vehicular. Conductores reportaron largas filas en distintos puntos de la ruta 27, especialmente en sectores cercanos a peajes y accesos a playas, lo que evidencia el alto volumen de retorno previo al cierre de la Semana Mayor.

La ruta 27 es considerada la principal arteria que conecta el Valle Central con el Pacífico costarricense, facilitando el acceso a destinos turísticos clave como Puntarenas, Jacó, Herradura y Guanacaste. Su importancia se acentúa durante periodos vacacionales, cuando se convierte en el corredor más utilizado por turistas nacionales.

Sin embargo, esta misma relevancia la convierte en un punto crítico de saturación. En fechas como Semana Santa, los tiempos de traslado pueden duplicarse o incluso triplicarse debido al volumen de vehículos, generando largas filas y retrasos considerables.

Ante este panorama, la implementación del carril reversible se ha consolidado como una de las principales estrategias para mitigar el impacto del tránsito. Esta medida permite utilizar todos los carriles en una sola dirección, aumentando la capacidad de la vía y reduciendo los tiempos de viaje hacia la capital.

Las autoridades también han recomendado a los conductores planificar sus desplazamientos, salir con anticipación o, en la medida de lo posible, evitar las horas pico. Asimismo, hicieron un llamado a respetar la señalización, mantener la distancia entre vehículos y acatar las indicaciones de la Policía de Tránsito.

Para quienes necesiten desplazarse hacia el Pacífico durante el cierre, se sugieren rutas alternas como la carretera por Cambronero, la vía por Atenas o el paso por Puriscal, aunque estas también podrían presentar saturación debido al incremento en la demanda.

El operativo en la ruta 27 no solo responde a la necesidad de mejorar la movilidad, sino también a reducir el riesgo de accidentes en una jornada donde el cansancio, la prisa y el alto flujo vehicular suelen ser factores determinantes.

La experiencia de años anteriores ha demostrado que este domingo representa uno de los momentos más complejos en carretera, lo que obliga a las autoridades a reforzar la logística y la presencia operativa en puntos estratégicos.

Con la reversibilidad programada, el MOPT busca facilitar un retorno más ordenado y seguro para miles de familias que disfrutaron del receso de Semana Santa, en una carretera clave para la conectividad, el turismo y la dinámica económica del país.

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica busca modificar el marco laboral y tributario para ampliar la protección a padres y madres con hijos menores de dos años, además de ofrecer incentivos fiscales y prioridad en financiamiento para familias jóvenes. El texto, firmado por la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén y la diputada Joselyn Sáenz Núñez para el periodo 2026-2030, responde al descenso sostenido de la natalidad y a la percepción de altos costos económicos como una barrera central para decidir tener hijos, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El cambio demográfico es notable: el promedio de hijos por mujer cayó de 1.78 en 2014 a 1.12 en 2024. El texto también indica que una proporción significativa de la población atribuye la baja en nacimientos a la falta de estabilidad económica, lo que motivó a las legisladoras a enfocar el proyecto en medidas concretas para apoyar a quienes trabajan y cuidan niños pequeños.

La protección contra despidos se ampliaría hasta los dos años de los hijos

La propuesta establece una reforma al Código de Trabajo que extiende la prohibición de despido tanto para madres como para padres mientras sus hijos tengan menos de dos años. Hasta ahora, la normativa vigente garantizaba protección principalmente durante el embarazo y la licencia de maternidad.

El nuevo régimen contempla que las madres estén protegidas desde el embarazo, durante la lactancia y hasta que el menor alcance los dos años. Los padres accederían a una cobertura equivalente en el mismo periodo, independientemente de si existe lactancia o no. Además, el empleador deberá tramitar cualquier petición de despido ante la Inspección de Trabajo, sin posibilidad de ejecución directa.

Incentivos fiscales y exoneraciones para reducir los costos de la crianza

La propuesta incorpora mecanismos para reducir los costos asociados a la maternidad y la paternidad, entre los que destaca que productos de lactancia, recuperación posparto y ciertos servicios médicos estén exentos del IVA. También prevé beneficios fiscales para personas trabajadoras independientes con hijos, permitiendo ampliar los créditos en el Impuesto de Renta.

El proyecto otorga incentivos a empresas que contraten personas con hijos menores de dos años, a través de reducciones en el Impuesto de Renta. Estas medidas buscan aliviar la carga financiera de las familias jóvenes y favorecer la inserción laboral de quienes cuidan a niños pequeños, según exponen las diputadas.

Guillén destaca en la exposición de motivos la importancia de “proteger el empleo de los cuidadores” y de crear “un entorno seguro, sano y estable en donde esas familias puedan desarrollarse”.

Prioridad en el acceso a crédito y campañas de corresponsabilidad

El texto incorpora a madres y padres con hijos pequeños como grupo prioritario dentro de la banca para el desarrollo, especialmente al solicitar crédito para emprendimientos y pequeñas empresas. Esta diferenciación busca facilitar el acceso a recursos que permitan a las familias jóvenes iniciar o ampliar proyectos productivos.

Además, el proyecto contempla campañas informativas para fomentar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, con el objetivo de promover la participación activa de familiares y sociedad en la crianza y acompañamiento durante el embarazo, la lactancia y la primera infancia.

En suma, la propuesta de ley establece mayor protección laboral para padres y madres de niños menores de dos años, exoneraciones fiscales en productos clave y beneficios para empresas y autónomos con hijos pequeños, sumado a la prioridad en el acceso a crédito y a la promoción del involucramiento familiar en el cuidado infantil. La iniciativa responde al descenso de la natalidad y al reconocimiento del costo económico como una de las principales barreras para la crianza y la decisión de formar una familia.

La causa del incidente fue el debilitamiento repentino de un terraplén mientras el joven transitaba por un sendero rural.

Un terraplén, estructura de tierra que refuerza caminos y terrenos, suele presentar inestabilidad en condiciones adversas. El colapso del borde natural arrojó al adolescente por una pendiente abrupta de difícil acceso, lo que determinó la magnitud técnica del operativo.

El terreno y la logística marcaron el desafío del rescate

El rescate requirió superar obstáculos propios de la geografía montañosa y húmeda. Los especialistas avanzaron utilizando técnicas de cuerdas y camillas especiales, asegurando cada metro ante la inestabilidad del terreno.

Durante el proceso, el adolescente recibió monitoreo médico constante de personal paramédico del Cuerpo de Bomberos y la colaboración de los vecinos locales, que brindaron rutas alternativas y apoyo logístico.

El incidente generó la coordinación de la logística, la rotación de personal y la provisión de recursos médicos y materiales, asegurando que la operación se mantuviera estable pese a la exposición prolongada y las condiciones climáticas cambiantes.

Durante la maniobra de rescate, varios integrantes de los equipos especializados descendieron hasta el punto donde se encontraba el adolescente, coordinando el ascenso en conjunto. El terreno, caracterizado por su composición rocosa y laderas irregulares, obligó a los rescatistas a instalar múltiples anclajes y cuerdas para asegurar cada paso.

El ascenso se realizó de forma lenta y controlada, con el joven asegurado en una camilla especial, mientras el personal mantenía comunicación constante para coordinar los movimientos y evitar desprendimientos. Las condiciones del entorno, con piedras sueltas y vegetación densa, exigieron atención permanente, trabajo en equipo y relevos entre los socorristas para completar la extracción sin poner en riesgo la integridad de los involucrados.

“Personal paramédico del Cuerpo de Bomberos le brindó los cuidados durante la extracción. Uno de los desafíos más complejos de superar fue la topografía de la zona montañosa. Las maniobras de rescate se extendieron por al menos 14 horas”, expresó bomberos en redes sociales.

Alta demanda para los equipos de rescate durante la Semana Santa

Para las 17:00 del Sábado de Gloria, la Cruz Roja Costarricense contabilizó un total de 49 fallecimientos en el marco de la Semana Santa.

Según el informe presentado por Samir Arce, jefe de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano, se han atendido 806 personas, de las cuales se trasladaron hacia un centro asistencial 528. Además, 253 llegaron al hospital en estado crítico.

Arce explicó que la mayoría de los casos corresponden a accidentes acuáticos y caídas durante el feriado, situando este rescate dentro de una jornada de emergencia nacional.

“La Cruz Roja se mantiene trabajando para atender este operativo con más de 100 puestos de atención y 500 cruzrojistas”, apuntó Arce.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inició una nueva etapa institucional con la designación de la costarricense Gabriela Pacheco Arias como secretaria del Tribunal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del organismo regional.

El nombramiento, que se hizo efectivo a partir del 1 de abril de 2026, representa un hito no solo para la Corte IDH, sino también para la participación femenina en puestos de alto nivel dentro de los sistemas internacionales de justicia. La elección se concretó durante el 184° Período Ordinario de Sesiones del Tribunal, conforme a lo establecido en los artículos 14.2 de su Estatuto y 7 de su Reglamento.

Pacheco asume esta responsabilidad tras una extensa carrera de 22 años dentro de la propia Corte, donde ha desempeñado múltiples funciones clave en el ámbito jurídico y administrativo. Su designación responde, según el propio Tribunal, a su trayectoria, compromiso institucional y liderazgo demostrado a lo largo de más de dos décadas de servicio.

El cargo de secretaria es considerado fundamental dentro de la estructura de la Corte Interamericana, ya que implica la coordinación integral de las labores jurídicas y administrativas del organismo. Además, conlleva la supervisión de procesos internos, la gestión de casos y el apoyo directo a los jueces en el desarrollo de sus funciones. El nombramiento tiene una duración de cinco años, con posibilidad de renovación.

Antes de asumir este nuevo rol, Pacheco se desempeñaba como secretaria adjunta desde junio de 2024. Previamente, ocupó cargos como abogada senior, coordinadora de Cooperación Internacional y directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, instancia que lideró desde su creación en 2015 hasta mayo de 2024. En cada uno de estos puestos, acumuló experiencia en el seguimiento de resoluciones judiciales y en la articulación de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las decisiones del Tribunal.

La nueva secretaria es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Asimismo, posee un diplomado en “Derechos Humanos y las Mujeres, Teoría y Práctica”, otorgado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Su nombramiento también ha sido bien recibido en el ámbito nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destacó el hecho como un avance significativo en la representación femenina en instancias internacionales y expresó su respaldo a la nueva jerarca. En un comunicado oficial, la Cancillería señaló que la designación de Pacheco contribuirá al fortalecimiento del Tribunal y a la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

“La elección de Gabriela Pacheco Arias es un reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso institucional, así como una señal del avance hacia una mayor equidad de género en espacios de toma de decisión”, indicaron las autoridades.

El relevo en la Secretaría del Tribunal se produce tras la finalización del mandato del chileno Pablo Saavedra Alessandri, quien ocupó el cargo hasta el 31 de marzo de 2026. La transición marca el inicio de una nueva etapa en la que se espera continuidad en la labor técnica del organismo, así como el fortalecimiento de su rol en el sistema interamericano.

Durante más de dos décadas, la Corte IDH ha sido un actor clave en la defensa de los derechos humanos en América Latina, emitiendo sentencias que han impactado en legislaciones nacionales y en la protección de poblaciones vulnerables. En ese contexto, el rol de la Secretaría resulta esencial para garantizar la eficacia y seguimiento de las decisiones adoptadas por los jueces.

Con este nombramiento, Costa Rica vuelve a posicionarse en un lugar relevante dentro del sistema interamericano de derechos humanos, no solo como sede del Tribunal, sino también como país de origen de una de sus principales figuras administrativas.

La Semana Santa 2026 ya registra 46 personas fallecidas en distintos incidentes atendidos por la Cruz Roja Costarricense, según el balance oficial del operativo especial desplegado entre el 28 de marzo y el 3 de abril. Las cifras reflejan una vez más que los accidentes de tránsito continúan siendo el principal factor de riesgo durante este periodo, marcado por la alta movilidad de personas hacia playas, montañas y destinos turísticos.

De acuerdo con el informe, 21 de las muertes registradas corresponden a accidentes de tránsito, consolidando esta categoría como la más letal durante la Semana Mayor. A esta cifra se suman nueve fallecimientos relacionados con armas de fuego o armas blancas, cuatro por emergencias acuáticas, tres por incidentes traumáticos y nueve más clasificados dentro de otras causas. Este panorama evidencia la diversidad de riesgos que enfrentan tanto residentes como turistas durante estos días de alta actividad.

El despliegue institucional para atender la demanda fue amplio. Más de 500 cruzrojistas participaron activamente en el operativo, respaldados por más de 150 vehículos de emergencia y la instalación de más de 100 puestos estratégicos en todo el territorio nacional. Estas acciones permitieron ejecutar un total de 10,375 intervenciones preventivas, orientadas a reducir incidentes y brindar asistencia inmediata en puntos de alta concentración de personas.

En cuanto a la atención directa, la Cruz Roja reportó 695 personas atendidas por diferentes tipos de emergencias. De ese total, 490 requirieron traslado a centros médicos, lo que da cuenta de la gravedad de muchos de los incidentes ocurridos. Además, 216 pacientes fueron catalogados en condición crítica, un dato que subraya la intensidad de las emergencias registradas durante la Semana Mayor en Costa Rica.

El desglose de incidentes atendidos muestra que los accidentes de tránsito también lideraron las emergencias con 294 casos, muy por encima de otras categorías. Las emergencias acuáticas alcanzaron 47 atenciones, mientras que los incidentes en montaña fueron mínimos, con apenas cuatro casos reportados. Por su parte, otras emergencias sumaron 350 intervenciones.

A nivel regional, las provincias costeras y turísticas concentraron la mayor cantidad de atenciones en puestos de la Cruz Roja. Limón lideró con 117 pacientes atendidos, seguido de Puntarenas con 92 y Guanacaste con 50. Estas cifras coinciden con el incremento de visitantes que se desplazan hacia estas zonas durante la Semana Santa. En contraste, San José no reportó atenciones en puestos, mientras que provincias como Alajuela, Cartago y Heredia registraron cifras más bajas.

El informe también detalla que se brindaron 7,808 atenciones regulares, lo que evidencia la alta demanda de servicios de emergencia más allá de los incidentes críticos. Este volumen de trabajo pone en perspectiva la presión operativa que enfrentan los cuerpos de socorro durante una de las temporadas más exigentes del año.

Pese a los esfuerzos institucionales y al despliegue preventivo, las autoridades insisten en que el comportamiento individual sigue siendo un factor determinante en la ocurrencia de emergencias. El exceso de velocidad, la imprudencia en carretera, el consumo de alcohol y la falta de precaución en actividades acuáticas continúan siendo elementos recurrentes en los incidentes reportados.

La Cruz Roja Costarricense reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, especialmente durante los días de mayor tránsito y en zonas de alto riesgo. Asimismo, destacó la importancia de acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia y respetar las normas de seguridad para evitar tragedias.

El consumo de atún en Costa Rica mantiene un peso clave dentro de la alimentación de los hogares, con un gasto que supera los ¢5.800 millones mensuales, una cifra que se intensifica durante la Semana Santa debido a las tradiciones culinarias del país.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, revelan que las familias costarricenses destinan en conjunto alrededor de ¢5.845 millones cada mes a la compra de atún en conserva en sus distintas presentaciones.

Este comportamiento responde a factores como la versatilidad del producto, su accesibilidad económica y su valor nutricional, lo que lo convierte en una de las principales fuentes de proteína dentro de la dieta nacional. De hecho, distintos análisis de mercado ubican a Costa Rica como el mayor consumidor de atún en Centroamérica, consolidando su relevancia en los hábitos alimenticios del país.

Un consumo que crece en Semana Santa

El impacto del atún en la mesa de los costarricenses se vuelve aún más evidente durante la Semana Santa, una época marcada por la tradición de sustituir carnes rojas por pescado y productos derivados del mar.

Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama, explicó que este periodo representa uno de los momentos de mayor demanda para el sector.

“La Semana Mayor nos recuerda el valor de nuestras tradiciones culinarias. El atún es parte de esa herencia gastronómica que se mantiene viva en la mesa de los costarricenses, y en esta época vemos un incremento significativo en su consumo”, afirmó.

Aunque la encuesta del INEC no desagrega el consumo por fechas específicas, su diseño anual, que abarca de febrero de 2024 a enero de 2025, permite identificar patrones estacionales como el aumento en la demanda durante estas fechas.

Estudios del sector comercial coinciden en que, en Semana Santa, el consumo de atún se incrementa de forma considerable, en línea con las prácticas culturales y religiosas que influyen en la dieta de miles de familias.

Preferencias de consumo en los hogares

Dentro de las distintas presentaciones disponibles en el mercado, el atún en aceite lidera ampliamente las preferencias de los consumidores.

Según los datos de la ENIGH, este producto está presente en aproximadamente 403,660 hogares, generando un gasto mensual cercano a ¢4,030 millones. Le sigue el atún con vegetales, consumido en unos 168,407 hogares, con un gasto de ¢1,278 millones mensuales.

Por su parte, el atún en agua o light alcanza alrededor de 44.612 hogares, con un gasto estimado de ¢537 millones al mes.

Estas cifras reflejan no solo el alto nivel de penetración del producto en los hogares costarricenses, sino también la diversidad de opciones disponibles para distintos gustos y necesidades alimentarias.

Compras anticipadas y comportamiento del consumidor

A diferencia de otros productos frescos, el atún, al ser un alimento no perecedero, presenta un patrón de compra particular durante la Semana Santa.

Los hogares suelen anticipar sus compras en las semanas previas, previendo una mayor demanda y posibles variaciones en los precios. Este comportamiento responde tanto a la planificación de las comidas como a la intención de evitar incrementos en el costo del producto.

Desde el sector comercial se reconoce que, como ocurre en otras temporadas de alta demanda, pueden presentarse variaciones de precios en algunos puntos de venta.

Una canasta tradicional que también crece

El aumento en el consumo durante Semana Santa no se limita únicamente al atún. Otros productos tradicionales de la cocina costarricense también registran incrementos importantes en esta época.

Entre ellos destacan el palmito, el arroz y el azúcar, ingredientes fundamentales en preparaciones típicas como el arroz con atún, el arroz con palmito y postres como el arroz con leche.

En el caso del palmito, por ejemplo, el sector comercial reporta que su consumo puede llegar a duplicarse durante la temporada, impulsado por su uso en recetas características de la época.

Recomendaciones al consumidor

Ante el aumento estacional en la demanda, las autoridades y el sector privado hacen un llamado a los consumidores a tomar decisiones informadas al momento de realizar sus compras.

En ese sentido, se recomienda seguir las orientaciones del Ministerio de Economía Industria y Comercio, que incluyen comparar precios, revisar la calidad de los productos y planificar las compras con anticipación.

Estas prácticas no solo permiten optimizar el gasto familiar, sino también enfrentar de mejor manera las variaciones de precios que pueden surgir en temporadas de alta demanda.

Más de 60,000 estudiantes de centros educativos públicos en Costa Rica tendrán acceso a nuevas plataformas tecnológicas diseñadas para fortalecer sus habilidades en áreas clave como inglés, matemáticas y lectoescritura, en el marco de una estrategia nacional que busca reducir brechas educativas y mejorar el rendimiento académico.

La iniciativa forma parte del programa Aceleradores del Aprendizaje, impulsado por el Ministerio de Educación Pública(MEP), que ampliará su cobertura en más de 900 centros educativos a nivel nacional mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales.

El proyecto, que ya incluía plataformas como ABCmouse, Aprende Inglés y My Math Academy, sumará ahora dos nuevas aplicaciones: My Reading Academy (en inglés) y My Reading Academy Español, con el objetivo de reforzar las habilidades de comprensión lectora y escritura desde edades tempranas.

Esta expansión es posible gracias a una alianza entre el MEP, la Asociación Creciendo Juntos, Mohari Hospitality y Age of Learning Inc., que trabajan de forma conjunta en la implementación, seguimiento y evaluación del impacto de estas herramientas en el sistema educativo costarricense.

Tecnología al servicio del aprendizaje

El objetivo central del programa es acelerar el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de tecnología educativa basada en evidencia, que permita desarrollar habilidades fundamentales de forma interactiva y personalizada.

En este contexto, la plataforma My Reading Academy en inglés está dirigida a estudiantes de segundo ciclo, con énfasis en el desarrollo de la comprensión lectora, la fonética y la fluidez en ese idioma. Su metodología se basa en la llamada “Ciencia de la Lectura”, un enfoque pedagógico que integra investigación científica sobre cómo aprenden a leer los niños.

Por su parte, My Reading Academy Español está diseñada para estudiantes de preescolar y primer ciclo, con el objetivo de fortalecer las habilidades iniciales de lectoescritura en español. Esta herramienta tendrá un enfoque especial en escuelas ubicadas en zonas prioritarias y distritos rurales unidocentes, donde históricamente se han identificado mayores desafíos educativos.

El uso de estas plataformas permitirá a los estudiantes aprender a su propio ritmo, mediante actividades dinámicas que combinan contenido educativo con elementos interactivos, lo que favorece la motivación y el compromiso con el aprendizaje.

Acompañamiento docente y monitoreo constante

Uno de los pilares del programa es el acompañamiento a los docentes, quienes recibirán capacitación especializada para integrar estas herramientas en el proceso educativo.

Además, se implementará un sistema de asistencia técnica regional y monitoreo continuo de los resultados, con la participación de las 27 Direcciones Regionales de Educación del país.

Este enfoque permitirá no solo medir el progreso de los estudiantes, sino también generar reportes detallados para el MEP, con el fin de evaluar el impacto real de las plataformas y ajustar la estrategia según los resultados obtenidos.

La recopilación de datos y el análisis de desempeño serán clave para identificar áreas de mejora y garantizar que la tecnología se utilice de manera efectiva dentro del aula.

Reducción de brechas educativas

La ampliación del programa Aceleradores del Aprendizaje se da en un contexto en el que el sistema educativo enfrenta retos importantes, especialmente tras los efectos de la pandemia en los procesos de enseñanza.

En este escenario, el uso de herramientas tecnológicas se presenta como una alternativa para reforzar contenidos, recuperar aprendizajes rezagados y brindar mayores oportunidades a estudiantes en condición de vulnerabilidad.

El énfasis en zonas rurales y centros educativos prioritarios responde precisamente a la necesidad de reducir brechas y garantizar un acceso más equitativo a recursos educativos de calidad.

Alianzas para transformar la educación

La participación de actores del sector privado y organizaciones sin fines de lucro ha sido clave para la ejecución del proyecto, al aportar recursos, conocimiento técnico y plataformas de alto nivel.

Este modelo de colaboración público-privada permite ampliar el alcance de las iniciativas educativas y acelerar su implementación, en beneficio de miles de estudiantes en todo el país.

La Hermandad de Jesús Nazareno tuvo un papel central en las actividades, encabezando las representaciones y recorriendo las principales vías del distrito con una puesta en escena cargada de simbolismo. Las dramatizaciones bíblicas y la devoción de los asistentes reflejaron el arraigo de esta tradición, que año tras año reúne a familias enteras en un acto de recuerdo, fe y cultura.

Costa Rica dio un paso clave en la modernización de los servicios de salud en la región al poner en marcha la primera Central de Servicios Tercerizados de Esterilización en Centroamérica, un modelo innovador que busca optimizar los procesos médicos y elevar los estándares de calidad en la atención.

La iniciativa, impulsada por la empresa Meditek, introduce un sistema especializado que centraliza el lavado, desinfección, esterilización y trazabilidad de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico, bajo parámetros internacionales de seguridad.

Este nuevo esquema representa un cambio significativo para hospitales, clínicas y centros quirúrgicos, que ahora podrán tercerizar estos procesos críticos sin necesidad de realizar inversiones en infraestructura, equipamiento o personal especializado.

“El proyecto nace de una convicción clara: la seguridad del paciente no admite concesiones. Con esta central ponemos a disposición del sector salud un modelo que garantiza procesos estandarizados, trazabilidad completa y altos estándares de calidad”, explicó Katherine Manzur, gerente comercial y de mercadeo de la compañía.

Un modelo que transforma la gestión hospitalaria

La central opera bajo un sistema integral que permite a los centros médicos delegar completamente la esterilización de su instrumental. Esto incluye desde la recolección del material en los hospitales hasta su procesamiento y posterior devolución en condiciones óptimas para su uso clínico.

El servicio contempla todas las etapas: lavado, desinfección, esterilización y control de calidad, además de un sistema de trazabilidad que permite monitorear cada instrumento durante todo el proceso.

Este enfoque no solo mejora la eficiencia operativa de los centros de salud, sino que también reduce riesgos asociados a errores humanos o fallas en procesos internos, un aspecto crítico en la seguridad del paciente.

Entre las principales características del modelo destacan el uso de tecnología de última generación, procesos estandarizados bajo normativas internacionales, personal altamente capacitado y sistemas digitales que garantizan el seguimiento detallado de cada dispositivo médico.

Además, la central tiene la capacidad de atender instrumental de diversas especialidades médicas, lo que amplía su alcance dentro del sistema de salud.

Acceso a tecnología sin grandes inversiones

Uno de los principales beneficios de este modelo es que democratiza el acceso a servicios de esterilización de alto nivel. Tradicionalmente, desarrollar una central de esterilización interna implica inversiones elevadas en infraestructura, equipos especializados y cumplimiento de estrictas regulaciones sanitarias.

Con esta propuesta, los centros médicos pueden acceder a estándares internacionales sin asumir esos costos, lo que resulta especialmente relevante para clínicas privadas, centros ambulatorios y hospitales con recursos limitados.

El modelo también permite optimizar recursos, ya que centraliza procesos que antes se realizaban de forma individual en cada institución, generando economías de escala y mayor eficiencia.

Impacto en la seguridad del paciente

La implementación de esta central responde a una tendencia global en la que los servicios de soporte hospitalario se especializan y externalizan para garantizar mayor calidad y control.

En este caso, la esterilización de instrumental médico es un proceso crítico, ya que cualquier falla puede derivar en infecciones o complicaciones para los pacientes.

Por ello, el uso de tecnología avanzada, protocolos estrictos y sistemas de trazabilidad se convierte en un factor clave para reducir riesgos y mejorar los resultados clínicos.

“Más que un servicio, esta central representa una forma de apoyar al ecosistema de salud con procesos confiables, eficientes y alineados con los más altos estándares internacionales”, agregó Manzur.

Un hito para Centroamérica

La puesta en marcha de esta central posiciona a Costa Rica como pionero en la región en la adopción de modelos innovadores para el sector salud.

Además, refuerza el papel del país como un hub de servicios médicos y tecnológicos en Centroamérica, con capacidad para implementar soluciones que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Con más de 26 años de trayectoria, Meditek ha consolidado su presencia en el mercado mediante la distribución de equipos médicos y el desarrollo de soluciones especializadas, enfocadas en mejorar la eficiencia hospitalaria y la seguridad del paciente.

La creación de esta central se suma a esa estrategia, al integrar tecnología, conocimiento técnico y servicios en un solo modelo que responde a las necesidades actuales del sistema de salud.

En medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, aumento en los costos logísticos y dificultades en el acceso a insumos agrícolas, el precio de los granos básicos en Costa Rica se mantendría estable durante los próximos meses. La empresa La Maquila Lama, atribuye esta estabilidad a una combinación de inventarios suficientes y contratos internacionales previamente negociados.

De acuerdo con la compañía, el país cuenta actualmente con condiciones que permiten sostener los precios al menos hasta julio de 2026, lo que representa un alivio temporal para los consumidores en un entorno global cada vez más incierto.

“El país cuenta con inventarios suficientes y contratos que nos permiten asegurar condiciones de precio actuales. Esto nos da estabilidad en el corto plazo”, explicó Juan Carlos Sandoval, gerente general de la empresa.

Esta previsión cobra relevancia en un momento en el que los mercados internacionales enfrentan presiones crecientes, particularmente en el costo de transporte marítimo y en la disponibilidad de insumos clave para la producción agrícola. Uno de los factores que comienza a impactar la cadena de suministro es el incremento en los fletes internacionales, impulsado en parte por la volatilidad en los precios del petróleo.

Según detalló la empresa, se espera que estos costos logísticos continúen al alza en los próximos meses, especialmente a partir de mayo, lo que podría empezar a generar presión sobre los precios de importación. No obstante, el efecto no se trasladaría de inmediato al consumidor, gracias a las condiciones ya pactadas en contratos vigentes.

El mayor foco de preocupación, sin embargo, se encuentra en el mercado de fertilizantes, en particular la urea, un insumo esencial para la producción de granos como maíz y soya. En este caso, los precios han experimentado incrementos superiores al 40%, mientras que su disponibilidad se ha visto limitada a nivel global.

Esta situación está vinculada, entre otros factores, a tensiones en rutas estratégicas de comercio internacional, como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del suministro mundial de fertilizantes. Las restricciones en esta zona han comenzado a afectar la oferta y encarecer los costos para los productores.

El impacto de este fenómeno podría sentirse con mayor fuerza en el segundo semestre del año. Agricultores tanto en Costa Rica como en otros países de la región han manifestado preocupación por el acceso a fertilizantes de cara a las próximas siembras, que inician entre abril y mayo.

Estos cultivos, principalmente de maíz y soya, entrarían al mercado entre agosto y septiembre, por lo que cualquier afectación en su rendimiento podría traducirse en presiones sobre los precios de los alimentos hacia finales de 2026.

Sandoval advirtió que, aunque el panorama actual permite mantener la estabilidad, existen riesgos que deben ser monitoreados de cerca. “Estamos viendo aumentos en los fletes y una situación compleja en fertilizantes. Nuestro enfoque es seguir negociando, monitorear el mercado y trabajar para que el impacto en el consumidor sea el menor posible”, señaló.

El comportamiento de los precios de los granos básicos es un tema clave para la economía costarricense, dado su impacto directo en la canasta básica y en el costo de vida de los hogares. Por ello, la estabilidad en el corto plazo representa una señal positiva, aunque condicionada por factores externos que escapan al control del mercado local.

En este contexto, la estrategia de las empresas importadoras se vuelve fundamental para mitigar los efectos de la volatilidad internacional. La anticipación en la negociación de contratos, el manejo de inventarios y la diversificación de proveedores son algunas de las herramientas que permiten amortiguar los impactos en los precios.

Desde el sector privado también se insiste en la importancia de mantener un monitoreo constante del entorno global, así como de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles disrupciones en la cadena de suministro.

Aunque Costa Rica no es un productor masivo de granos básicos, su dependencia de las importaciones hace que el país sea especialmente vulnerable a los cambios en los mercados internacionales. Por ello, factores como el precio del petróleo, las rutas comerciales y la disponibilidad de insumos agrícolas tienen un efecto directo en la estabilidad interna.

La empresa Kimberly-Clark dio a conocer que durante el 2025 logró reciclar más de 2,100 toneladas métricas de residuos generados en su operación en Costa Rica, un resultado que refuerza su estrategia ambiental basada en la economía circular y la reducción del impacto industrial.

La cifra equivale a cerca de 140 camiones de basura completamente llenos y proviene, principalmente, de su planta de producción ubicada en Coris en la provincia de Cartago, una instalación que se ha convertido en referente regional en la gestión responsable de desechos.

Este desempeño no es aislado. La compañía mantiene desde hace siete años un sistema sostenido de aprovechamiento de residuos que le ha permitido alcanzar un hito poco común en la industria: reutilizar, reciclar o co-procesar el 100% de los desechos generados en sus operaciones en el país.

“La totalidad de los residuos que producimos en Costa Rica recibe algún tipo de tratamiento responsable. Esto nos permite avanzar hacia nuestras metas ambientales y reducir significativamente el impacto de nuestras operaciones”, explicó Jessica Astudillo, gerente de la planta en Coris.

La operación costarricense tiene un valor estratégico dentro de la compañía. De hecho, en 2019 se convirtió en la primera planta de la firma en América Latina en alcanzar el objetivo de “cero residuos”, una certificación que reconoce la eliminación del envío de desechos a rellenos sanitarios.

Inversión y gestión integral de residuos

Para sostener este modelo, la empresa destina anualmente alrededor de 160 millones de colones en la gestión interna de residuos, una inversión que incluye procesos de clasificación, tratamiento, reciclaje y alianzas con gestores especializados.

En la práctica, esto implica que materiales como papel, cartón, plástico y metal son reciclados, mientras que otros insumos, como la madera utilizada en tarimas, se reutilizan para la fabricación de nuevas estructuras. A su vez, residuos electrónicos, acrílicos y metales ingresan nuevamente a cadenas productivas en otras industrias.

Uno de los aspectos más relevantes del modelo es el tratamiento de residuos peligrosos, como aerosoles o sustancias químicas. Estos son sometidos a un proceso de co-procesamiento, que consiste en su destrucción a altas temperaturas en hornos cementeros, una técnica que permite su eliminación sin generar impactos negativos en el ambiente.

Este procedimiento se realiza en alianza con Geocycle, filial de Holcim, lo que garantiza un manejo seguro y conforme a estándares internacionales.

Además, la compañía trabaja con otras empresas especializadas para asegurar una gestión integral. Entre ellas se encuentran HC Recycle para materiales reciclables, Energías Biodegradables para aceites industriales y MPD para el tratamiento de residuos biológicos.

Cultura interna y compromiso ambiental

Más allá de la infraestructura y la inversión, el modelo de cero residuos también se apoya en la capacitación de los colaboradores. Según la empresa, el personal ha sido entrenado para realizar una correcta separación de desechos, reducir materiales no reciclables y aplicar prácticas como el compostaje interno.

Este enfoque ha permitido mejorar de forma sostenida los indicadores ambientales de la planta, al tiempo que optimiza el uso de recursos y reduce la huella ecológica del proceso productivo.

La estrategia se enmarca dentro de los objetivos globales de la compañía hacia 2030, que incluyen la reducción de emisiones, el uso eficiente de recursos y la promoción de modelos de producción más sostenibles.

Educación y alcance social

El impacto de la iniciativa no se limita al ámbito industrial. A través de su programa AmbientaDOS, la empresa ha impulsado durante 17 años la educación ambiental en Costa Rica, promoviendo prácticas de reciclaje entre la población.

Uno de los principales esfuerzos en esta línea es el Premio AmbientaDOS, un concurso dirigido a centros educativos que busca fomentar la conciencia ambiental desde edades tempranas. En su edición 2025, la iniciativa contó con la participación de 106 instituciones, tanto públicas como privadas, e involucró a más de 38,000 estudiantes.

Como resultado, se logró recolectar un récord de 76 toneladas de residuos valorizables, lo que evidencia el alcance y la efectividad del programa en la formación de hábitos sostenibles.

Este trabajo ha sido reconocido a nivel nacional. En 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) destacó la trayectoria del programa por su contribución a la educación ambiental y su impacto en la mitigación del cambio climático.

Un modelo replicable

El caso de Costa Rica se posiciona como un ejemplo dentro de las operaciones de la compañía a nivel global. La combinación de inversión, alianzas estratégicas, innovación en procesos y educación ambiental ha permitido construir un modelo que podría replicarse en otros países de la región.

En un contexto global donde la gestión de residuos se ha convertido en un desafío urgente, iniciativas como esta cobran relevancia no solo por su impacto ambiental, sino también por su capacidad de generar cambios culturales en torno al consumo y la producción.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la emisión de su primer bono social de oferta pública por ₡20,000 millones, con el objetivo de financiar proyectos de electrificación en zonas rurales que aún carecen de acceso al servicio eléctrico.

La colocación se realizó a través de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), consolidando el papel del mercado de capitales como una herramienta clave para canalizar recursos hacia iniciativas que buscan reducir brechas sociales y mejorar la calidad de vida de la población.

Según informó la institución, el pasado 25 de marzo se colocaron ₡12,000 millones como parte de esta emisión, correspondiente a la serie H3 de su Programa de Bonos Estandarizados. La operación se ejecutó mediante el mecanismo de subasta, en el que la demanda superó ampliamente la oferta inicial, reflejando el creciente interés de los inversionistas por instrumentos con impacto social.

En total, la emisión registró intenciones de compra superiores a los ₡17.000 millones, lo que evidencia la confianza del mercado en este tipo de iniciativas. La participación de inversionistas se canalizó a través de distintos puestos de bolsa, lo que permitió ampliar el alcance de la operación y fortalecer el vínculo entre el sector financiero y los proyectos de desarrollo.

Los recursos obtenidos estarán destinados a impulsar el Proyecto de Electrificación Rural (PER), una iniciativa relanzada en 2024 que busca integrar a comunidades aún desconectadas a la red nacional de distribución eléctrica. Este programa es considerado una de las apuestas más relevantes del ICE en materia de inclusión y desarrollo territorial.

De acuerdo con las proyecciones, con la totalidad del financiamiento se construirán cerca de 400 kilómetros de red eléctrica, lo que permitirá beneficiar a 2.347 hogares en 43 cantones y 123 distritos priorizados, principalmente en zonas de alta vulnerabilidad social.

El presidente del Grupo ICE, Marco Acuña, destacó el enfoque social de esta iniciativa y el compromiso institucional con el acceso universal a la electricidad. “Si bien mantenemos un 99,4% de cobertura eléctrica en nuestra población, una de las más altas de América, nuestro modelo eléctrico nos impulsa a que las familias que hoy no pueden encender un bombillo en su casa o refrigerar sus alimentos no se queden atrás”, afirmó.

La emisión del bono social representa además un avance en la incorporación de financiamiento temático en el mercado costarricense, alineado con estándares internacionales. El instrumento cumple con los Principios de Bonos Sociales establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que garantiza transparencia en el uso de los recursos y seguimiento de su impacto.

Desde el sector financiero, también se destacó el papel que juegan estos instrumentos en el desarrollo económico y social del país. El director general corporativo del Grupo Financiero de la BNV, Mario Vásquez, subrayó que el mercado de capitales permite movilizar recursos hacia proyectos que generan beneficios tangibles para la población.

“El mercado de capitales cumple un rol fundamental en el desarrollo del país, al movilizar recursos hacia proyectos que generan un impacto tangible en la sociedad. Este tipo de instrumentos amplía las oportunidades para impulsar iniciativas que contribuyen a cerrar brechas”, señaló.

La electrificación rural ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo en Costa Rica, permitiendo mejorar condiciones de vida, acceso a servicios básicos y oportunidades económicas en comunidades alejadas. Sin embargo, aún persisten zonas donde el acceso a la electricidad es limitado o inexistente, lo que convierte este tipo de proyectos en una prioridad.

En este contexto, la emisión del bono social no solo representa una alternativa de financiamiento, sino también una señal de transformación en la forma en que se desarrollan proyectos de infraestructura en el país. La combinación de sostenibilidad, impacto social y participación del mercado financiero marca una nueva etapa en la gestión de recursos públicos.

Ante la falta de consenso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para prorrogar la moratoria global sobre aranceles a las transmisiones digitales, Guatemala, Costa Rica y Panamá han reiterado su compromiso de no aplicar impuestos a este tipo de operaciones, sumándose a un grupo de 23 países que, de forma voluntaria, buscan preservar el libre flujo de contenidos digitales.

Esta decisión, confirmada por la agencia EFE y recogida por Bloomberg Línea, ocurre en un contexto de alta incertidumbre para el sector de servicios digitales y comercio electrónico, que representa más de la mitad de las exportaciones mundiales en la actualidad.

El plazo para renovar el acuerdo venció el 31 de marzo de 2026, tras el fracaso de los 166 países miembros para alcanzar una extensión durante la conferencia ministerial celebrada en Yaundé, Camerún. El principal punto de desacuerdo se centró en la duración de la prórroga: Estados Unidos solicitó una extensión superior a dos años, mientras que Brasil y otros países sólo aceptaban repetir el ciclo bianual. A esto se sumaron demandas de última hora, como las de Turquía, que resultaron inaceptables para Washington y otros socios clave.

En este escenario de estancamiento, un segundo grupo de 66 países, incluida la Unión Europea, aceptó de manera provisional un acuerdo sobre comercio electrónico aplicable únicamente a los participantes, en el que la moratoria permanece vigente, aunque no de forma permanente y sólo entre ellos. Guatemala, Costa Rica y Panamá, junto a Argentina, Ecuador, México, Uruguay, Perú y Estados Unidos, figuran entre los países latinoamericanos que han optado por mantener la prohibición de aranceles a transmisiones digitales de bienes “desmaterializados”, como parte de esta solución transitoria.

El ministro camerunés de Comercio, Luc-Magloire Mbarga Atangana, quien presidió la conferencia, reconoció que se “había acabado el tiempo” para alcanzar acuerdos en cuestiones como los derechos de aduana sobre transmisiones electrónicas. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, advirtió que los asuntos pendientes podrían seguir debatiéndose en la sede de la organización en Ginebra, aunque la falta de resolución incrementa la presión sobre el sistema multilateral de comercio.

El Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, calificó la extensión de la moratoria como “la más baja de las frutas que cuelgan bajas”, sugiriendo que era una oportunidad sencilla que no se logró concretar por falta de consenso. Por su parte, John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, alertó que la ausencia de un acuerdo “corre el riesgo de generar aún más incertidumbre política exactamente en el momento equivocado desde el punto de vista de la economía real”. Denton instó a reanudar las conversaciones en Ginebra sin demora y subrayó que exponer el sector digital a barreras arancelarias carece de sentido en el contexto económico actual, marcado por la fragilidad y la necesidad de impulsar motores de crecimiento.

La decisión de Guatemala, Costa Rica y Panamá de mantener la prohibición voluntaria de aranceles a las transmisiones digitales responde a la preocupación regional por el impacto que podrían tener nuevos impuestos en la economía digital y en los servicios transfronterizos. Tanto gobiernos como actores del sector privado señalan que la certidumbre regulatoria es fundamental para atraer inversiones y promover la innovación en América Latina y el Caribe.

Costa Rica dio un paso significativo hacia la modernización de su sistema educativo con el lanzamiento de un ambicioso programa de formación en inteligencia artificial (IA) dirigido a docentes. El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la entrega de 90.000 becas para capacitar a educadores de todo el país en el uso de esta tecnología aplicada a la enseñanza.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.), busca preparar al personal educativo para los desafíos del siglo XXI, en un contexto donde la transformación digital avanza a gran velocidad y redefine los procesos de aprendizaje.

Según detalló el MEP, el programa está dirigido no solo a docentes, sino también a directores y líderes educativos, con el objetivo de generar un impacto integral en el sistema. La apuesta es clara: dotar a los educadores de herramientas que les permitan integrar la inteligencia artificial en sus metodologías y mejorar los resultados académicos.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, subrayó la relevancia de esta iniciativa al destacar el papel que tendrá la IA en la evolución de la enseñanza. “La inteligencia artificial no va a reemplazar a los docentes; los va a potenciar. Y un docente que la use bien va a transformar la educación. Por eso hoy no estamos hablando del futuro: estamos formando a quienes lo van a construir”, afirmó.

El programa se desarrollará en modalidad 100% virtual y asincrónica, lo que permitirá a los participantes avanzar a su propio ritmo desde cualquier parte del país. Tendrá una duración de 32 horas y contará con más de 225 recursos educativos diseñados para facilitar el aprendizaje.

La estructura académica está organizada en cuatro módulos que abarcan aspectos clave: fundamentos de la inteligencia artificial, herramientas tecnológicas, ética en el uso de la IA e innovación educativa. Este enfoque busca no solo enseñar el funcionamiento de estas tecnologías, sino también promover un uso responsable y estratégico en el aula.

Además, los participantes tendrán acceso a un ecosistema de herramientas digitales utilizadas a nivel global, lo que les permitirá fortalecer habilidades en áreas como la investigación, la creatividad y la personalización del aprendizaje. Estas competencias son consideradas esenciales para adaptar la educación a las necesidades de los estudiantes actuales.

La plataforma de capacitación estará disponible del 27 de abril al 31 de diciembre de 2026, brindando un amplio margen de tiempo para que los educadores puedan completar el programa según su disponibilidad. Para aprobar, deberán completar evaluaciones por módulo con una nota mínima de 8 sobre 10.

Desde CENECOOP destacaron que esta alianza representa una oportunidad para acercar herramientas innovadoras al sector educativo y fortalecer la formación continua del talento humano en el país. “Esta alianza con el MEP nos permite acercar herramientas innovadoras como la inteligencia artificial a los docentes, fortaleciendo sus capacidades y contribuyendo a una educación más pertinente y actualizada”.

Uno de los incentivos adicionales del programa es la certificación que recibirán quienes completen satisfactoriamente la capacitación. El certificado contará con aval digital de entidades como FUNDEPOS, CENECOOP R.L. y NextGen Professionals, lo que respalda la calidad y validez de la formación.

El lanzamiento de este programa se da en un contexto en el que diversos países están incorporando la inteligencia artificial en sus sistemas educativos, reconociendo su potencial para transformar la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, Costa Rica busca posicionarse a la vanguardia en la región mediante la capacitación masiva de su cuerpo docente.

Más allá de la incorporación de tecnología, el enfoque del programa apunta a generar un cambio en la forma en que se concibe la educación. La personalización del aprendizaje, el uso de datos para mejorar la toma de decisiones pedagógicas y la innovación en el aula son algunos de los ejes que marcarán esta transformación.

Los familiares son invitados a participar de la actividad quienes llevan arreglos florales hasta las tumbas y con cánticos y oraciones recuerdan a quienes partieron al cielo y dejaron un legado en sus familias y en la hermandad.

Hoy, ya son 46 exmiembros a quienes se les recuerda cada Semana Santa.

La profesionalización de los cuerpos policiales en Costa Rica da un paso adelante con la incorporación de nuevas herramientas de capacitación. La Academia Nacional de Policía (ANP) anunció el lanzamiento de seis cursos de especialización enfocados en unidades caninas, en un esfuerzo por fortalecer las capacidades operativas y responder de manera más eficiente a los desafíos en materia de seguridad.

La iniciativa fue presentada en el marco del Primer Encuentro Integral de Buenas Prácticas Caninas, realizado en Pococí, Limón, un espacio que reunió a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y avances en esta área clave para el trabajo policial.

Este tipo de encuentros refleja una tendencia creciente hacia la especialización dentro de las fuerzas de seguridad, donde la formación continua se vuelve indispensable.

Durante la actividad, la ANP detalló que los nuevos cursos están diseñados para actualizar y ampliar las competencias de los equipos caninos en áreas estratégicas como la búsqueda de drogas, la detección de explosivos, el rastreo y la localización de personas. Estas áreas son consideradas prioritarias dentro de las labores de seguridad, especialmente en un contexto donde las amenazas evolucionan constantemente.

La directora de la Academia Nacional de Policía, Ericka Madriz, subrayó la importancia de estos espacios para el fortalecimiento institucional. Según explicó, la especialización no solo mejora el desempeño operativo, sino que también contribuye a elevar los estándares profesionales dentro de los cuerpos policiales.

El encuentro también permitió consolidar un espacio de intercambio académico y técnico, en el que participaron representantes de todas las unidades caninas del país. Este tipo de articulación resulta clave para unificar criterios, compartir buenas prácticas y potenciar el trabajo conjunto entre distintas instituciones.

Uno de los elementos más relevantes de la jornada fue la participación de expertos provenientes de Estados Unidos, quienes aportaron conocimientos técnicos que enriquecen la formación local. Esta cooperación internacional es vista como un factor determinante para modernizar los procesos de capacitación y adoptar estándares globales en materia de seguridad.

El respaldo de la Embajada de Estados Unidos en este tipo de iniciativas refuerza además los vínculos de cooperación bilateral, especialmente en temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de capacidades policiales.

La apuesta por la especialización canina responde a la necesidad de contar con unidades cada vez más preparadas y versátiles. Los perros entrenados cumplen un rol fundamental en operativos de seguridad, ya que su capacidad de detección supera ampliamente las herramientas tecnológicas en ciertos escenarios, convirtiéndose en aliados estratégicos para las autoridades.

En Costa Rica, estas unidades han sido clave en decomisos de drogas, operativos de seguridad en aeropuertos y fronteras, así como en labores de búsqueda y rescate. Por ello, la actualización constante de sus técnicas de entrenamiento es considerada una prioridad.

Además, la ampliación de la oferta académica dentro de la ANP evidencia un enfoque más integral en la formación policial, donde no solo se busca incrementar la cantidad de oficiales, sino mejorar su nivel de especialización. Este cambio de enfoque apunta a construir cuerpos policiales más eficientes, preparados y adaptados a las nuevas dinámicas delictivas.

Con estas acciones, Costa Rica apuesta por elevar el nivel de preparación de sus fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar una respuesta más eficaz ante las amenazas actuales y futuras. La especialización se consolida como un pilar fundamental para la modernización policial y la protección de la ciudadanía.

El crecimiento del comercio ilícito en Costa Rica dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una actividad estructurada, vinculada directamente con redes del crimen organizado. Ricardo Carvajal, director del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, señala que este delito no solo se ha diversificado, sino que además representa un negocio altamente lucrativo y de bajo riesgo para quienes lo operan.

Las declaraciones surgen en un contexto reciente marcado por decomisos millonarios en distintas zonas del país, incluyendo cargamentos de licor, cigarrillos y productos de perfumería. Según explicó Carvajal, estos casos son apenas una muestra de una problemática mucho mayor.

“En los últimos años hemos visto un crecimiento de la operación del crimen organizado en Costa Rica, no solo en narcotráfico, sino también en contrabando y otras actividades ilícitas”, indicó. De acuerdo con estimaciones del Observatorio, el valor del comercio ilícito alcanzó en 2022 cerca de un billón de colones anuales, lo que equivale al 2,6 % del producto interno bruto.

El experto subrayó que el contrabando dejó de ser una práctica informal de pequeños comerciantes para convertirse en una actividad controlada por estructuras criminales organizadas, capaces de distribuir mercancías a gran escala en todo el territorio nacional. “Cuando vemos decomisos de hasta un millón de dólares en productos, entendemos la magnitud del negocio”, afirmó.

Entre los artículos que más ingresan ilegalmente al país destacan cigarrillos, licores, medicamentos, textiles, calzado falsificado e incluso insumos agrícolas como agroquímicos y semillas. Esta diversificación responde, según Carvajal, a dos factores clave: la alta rentabilidad y el bajo nivel de riesgo penal.

“Es un negocio muy lucrativo y además poco riesgoso. No recibe la misma atención que el narcotráfico y prácticamente no hay personas cumpliendo penas de cárcel por contrabando, a pesar de que la ley contempla sanciones de hasta 15 años”, explicó.

A diferencia del narcotráfico, que en muchos casos utiliza Costa Rica como país de tránsito, el contrabando tiene como destino final el mercado local. Es decir, los productos ilegales se comercializan y consumen dentro del país.

Esta dinámica está estrechamente ligada a factores económicos. Los altos impuestos sobre ciertos bienes, como el licor y los cigarrillos, han generado incentivos para que los contrabandistas introduzcan mercancías sin pagar tributos, ofreciendo precios más bajos al consumidor.

“Se crean condiciones donde el consumidor encuentra productos más baratos, y eso los hace atractivos. A esto se suma que el riesgo para quienes los comercializan es bajo, lo que termina impulsando el crecimiento del negocio”, detalló Carvajal.

El fenómeno también involucra a los consumidores. Aunque en algunos casos las personas desconocen el origen ilícito de los productos, especialmente cuando se trata de falsificaciones, en otros existe plena conciencia de que se trata de mercancía de contrabando.

El experto advirtió que, además del impacto económico, estos productos pueden representar riesgos para la salud y la seguridad. Recordó, por ejemplo, casos de bebidas alcohólicas adulteradas que provocaron intoxicaciones e incluso muertes en el país hace algunos años, lo que obligó al Ministerio de Salud a intervenir.

En cuanto al destino de los productos decomisados, Carvajal explicó que deben pasar por un proceso administrativo que incluye almacenamiento mientras se garantiza el debido proceso. Posteriormente, la mayoría es destruida, ya que no cumple con regulaciones sanitarias ni legales.

Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. “Muchas veces la destrucción es lenta y eso genera peligros, como robos en los almacenes fiscales por parte de las mismas estructuras criminales”, señaló.

Ante este panorama, el Observatorio hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la lucha contra el contrabando mediante un enfoque integral. Carvajal insistió en la necesidad de una articulación interinstitucional que involucre a entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y cuerpos policiales como la Policía de Control Fiscal y el Organismo de Investigación Judicial.

También destacó la importancia de dotar de mayores recursos a las autoridades y capacitar a jueces y fiscales en materia aduanera, con el fin de lograr condenas efectivas.

“El objetivo es que estas redes empiecen a sentir el riesgo. No se trata solo de decomisar, sino de lograr sentencias y reducir una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, concluyó.

El experto aseguró que, si bien erradicar completamente el contrabando es poco probable, sí es posible disminuir su impacto mediante acciones coordinadas del Estado y una mayor conciencia ciudadana sobre las implicaciones de consumir productos ilícitos.

De acuerdo con Diario Extra, Costa Rica defendió la necesidad de una OMC fuerte y adaptada a los desafíos actuales del comercio global. Tovar afirmó que, para un país pequeño, “contar con una OMC fuerte y moderna es esencial para garantizar que nuestra producción de bienes y servicios pueda integrarse a los mercados internacionales de manera segura y predecible”. Las negociaciones, en las que participaron también los ministros de Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Reino Unido, se centraron en fortalecer el sistema de solución de diferencias y permitir acuerdos plurilaterales flexibles entre los miembros que así lo deseen.

Discusiones sobre comercio digital y moratoria arancelaria

Uno de los puntos más disputados fue la adopción de una moratoria permanente sobre la imposición de aranceles al comercio electrónico, medida señalada como fundamental para el crecimiento del comercio digital. Según El Observador, Brasil impidió el consenso final al rechazar esta moratoria, lo que frustró el acuerdo total dentro de la conferencia. A pesar de la falta de unanimidad, 66 miembros de la OMC, incluida Costa Rica, suscribieron un Acuerdo sobre Comercio Electrónico que establece normas para facilitar el comercio digital y fortalecer la confianza de consumidores y empresas. Este documento busca ampliar oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel internacional.

Reuniones bilaterales y nuevas oportunidades

Durante la conferencia, la delegación costarricense sostuvo reuniones bilaterales con socios estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Japón, Unión Europea, Reino Unido, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Noruega, Chile y Perú. El Ministerio de Comercio Exterior indicó que estos encuentros tuvieron como objetivo generar nuevas oportunidades comerciales y avanzar en iniciativas, como el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico (CPTPP).

El proceso de reforma de la OMC se percibe como urgente debido a la dificultad de alcanzar acuerdos multilaterales en los últimos años, según Diario Extra. Las discusiones continuarán en la sede del organismo en Ginebra, tomando como base el texto trabajado en Camerún y con la expectativa de que se logre superar los obstáculos observados en la cumbre.

“Concluye la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Camerún, con enormes retos y desafíos por delante. Su reforma es imperativa para mantener su relevancia. Durante la cita se aprovechó para sostener encuentros con socios estratégicos de Costa Rica", declaró Tovar en sus redes sociales este 30 de marzo.

Países firmantes de Acuerdo sobre Comercio y Cambio Climático

En el marco de la 14.ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún, los ministros responsables de comercio de Costa Rica, Islandia, Nueva Zelanda y Suiza reafirmaron su respaldo a la cooperación internacional para abordar los desafíos ambientales. A través de una declaración conjunta emitida el 29 de marzo de 2026, los países reiteraron su compromiso con el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (ACCTS) y subrayaron la urgencia de armonizar la política comercial con los objetivos de descarbonización y sostenibilidad.

Durante el encuentro, la delegación destacó que el ACCTS ya fue ratificado por Nueva Zelanda e Islandia, lo que representa un avance concreto hacia la entrada en vigor de un pacto que pretende equilibrar las reglas del comercio internacional con la protección ambiental. El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica informó que el acuerdo puede adaptarse a las necesidades de los miembros en desarrollo y toma en cuenta la realidad de comunidades de bajos ingresos y regiones remotas, invitando a todos los miembros de la OMC a sumarse a la iniciativa.

La Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense capturó en video a Shirley Yesenia Gómez Parra, conocida como “La Güera”, mientras pactaba el envío de 100 kilogramos de cocaína hacia Arizona. Se trata de la primera ciudadana costarricense solicitada en extradición por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

El 25 de julio de 2024, Gómez Parra sostuvo una reunión en San José, grabada legalmente por una fuente confidencial bajo supervisión de la DEA, donde discutió la compra y envío de 100 kilogramos de cocaína a Phoenix, Arizona. Durante ese encuentro, la investigada también acordó la adquisición de una muestra de cinco kilogramos para comprobar la pureza del producto. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, agentes encubiertos concretaron la compra de esa muestra en la capital costarricense un mes después.

La investigación determinó la participación de Gómez Parra en una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones entre Colombia, Panamá, Costa Rica y México desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2025. Según la documentación judicial a la que accedió un medio local, las autoridades identificaron a La Güera como una de las principales líderes de la estructura en territorio costarricense, encargada de dirigir y supervisar actividades logísticas, financieras y de transporte de drogas.

La red criminal utilizaba una infraestructura sofisticada, especialmente embarcaciones rápidas tipo “go-fast” y vehículos terrestres, para movilizar grandes cantidades de cocaína desde laboratorios clandestinos en Colombia hasta su destino final en Estados Unidos. Las pruebas contra la acusada incluyen grabaciones en audio y video, documentación y evidencia física.

El tribunal estadounidense emitió una orden de captura contra Gómez Parra el 2 de octubre de 2025, después de recibir información confidencial sobre su intención de abandonar Costa Rica ante el aumento de detenciones por narcotráfico. La petición formal de detención provisional llegó a la Fiscalía costarricense el 9 de marzo de 2026 y fue ejecutada al día siguiente en Paso Canoas, frontera sur del país, cuando la sospechosa fue interceptada en un vehículo.

En la misma solicitud de extradición, las autoridades estadounidenses incluyeron a Franklin Viveros Viveros, alias “Papillo”, un ciudadano colombiano naturalizado costarricense y pareja de Gómez Parra. La detención de Viveros ocurrió en Escazú, donde se le decomisó una pistola Sig Sauer calibre 9 mm con 15 municiones.

Según la Fiscalía General de la República, tanto La Güera como Viveros mantienen presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Ministerio Público destacó que el resultado fue posible por la cooperación internacional y el trabajo coordinado entre autoridades de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Extraditados en marzo

El 20 de marzo de 2026, dos ciudadanos costarricenses fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico. Las autoridades de Costa Rica entregaron a Celso Manuel Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Sala III y exministro de Seguridad, y a Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto Juan Santamaría. Gamboa es el exfuncionario de más alto rango en la historia del país sometido a la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico. Ambos extraditados fueron trasladados bajo custodia a Texas, donde serán procesados por los tribunales federales.

Edwin López Vega está señalado como socio de Gamboa y figura en investigaciones como pieza clave en redes de transporte de drogas hacia Norteamérica, con apoyo logístico de funcionarios y operadores privados. La solicitud de extradición incluyó pruebas documentales, testimonios y reportes de inteligencia compartidos por agencias estadounidenses. Las acusaciones contra Gamboa apuntan a la presunta protección de cargamentos y a la facilitación de operaciones ilícitas mientras ejercía funciones públicas. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica indicó que la extradición de un exmagistrado marca un precedente en el país. La DEA anunció que ambos comparecerán ante una corte federal en Texas en los próximos días, donde se determinarán las medidas cautelares y el inicio del juicio.

El relevo en la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA marca una nueva etapa para el organismo, tras la designación de la Embajadora Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Solano ejercerá el cargo hasta el 30 de junio, liderando el principal foro diplomático del organismo durante el próximo trimestre.

Durante el acto protocolario realizado en la sede de la institución en Washington D. C., la diplomática costarricense señaló el compromiso de su gestión con los principios fundacionales del organismo.

Expresó que tanto ella como su equipo asumen la responsabilidad “con mucha humildad, pero también con plena convicción de que la tarea puede salir adelante si trabajamos juntos”, e indicó la intención de “facilitar el diálogo, promover el consenso y generar resultados concretos para nuestros países”.

La presidencia del Consejo Permanente implica liderar las sesiones y coordinar la agenda política de la Organización de los Estados Americanos, donde se abordan temas de interés hemisférico.

Este órgano, formado por los embajadores de los Estados miembros, es el espacio central para la discusión y toma de decisiones sobre democracia, derechos humanos y cooperación regional.

Alejandra de los Ángeles Solano Cabalceta es una destacada diplomática y abogada costarricense, representante permanente de Costa Rica ante la OEA desde enero 2021.

Con más de 25 años en la Cancillería, ha liderado la política exterior enfocada en democracia, derechos humanos y cooperación multilateral, destacando por su perfil negociador y experiencia en derecho internacional, detalló el sitio oficial de Cancillería de Costa Rica.

La transición de mando y los retos recientes

El embajador Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia y presidente saliente, hizo balance de su gestión al señalar que su país debió “acompañar momentos muy complejos y muy difíciles” en la agenda hemisférica.

Subrayó su respaldo a la nueva presidenta y expresó que “puede contar con toda nuestra disposición; estaremos siempre dispuestos a apoyarla para que se alcancen los mejores resultados”.

La rotación de la presidencia y vicepresidencia del Consejo Permanente ocurre cada tres meses. El sistema sigue un orden alfabético para la presidencia y un orden alfabético inverso para la vicepresidencia, lo cual garantiza la participación equitativa de los Estados miembros en la conducción del órgano.

La dirección canadiense en la vicepresidencia

En este periodo, la vicepresidencia del Consejo será asumida por el embajador Stuart Savage, representante permanente de Canadá.

Stuart Savage es un diplomático canadiense de carrera, nombrado representante permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2023. Con amplia experiencia en América Latina y asuntos multilaterales, ha desempeñado roles clave en la OEA, incluyendo la presidencia del Consejo Permanente

Su designación responde al mecanismo rotatorio establecido por la organización, que fomenta la alternancia y diversidad de perspectivas en la dirección de los debates y la gestión de temas clave para el continente.

El inicio de los nuevos mandatos ocurre en un momento de desafíos regionales que hacen necesario, según las autoridades, fortalecer el diálogo y buscar consensos.

El Consejo Permanente, bajo la presidencia de Costa Rica, continuará abordando asuntos prioritarios para la región en consonancia con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las normas que regulan el funcionamiento institucional.

En el mundo existen regiones donde los habitantes superan los 100 años de edad en proporciones inusuales, manteniendo una salud física y mental notable. Estos lugares reciben el nombre de Zonas Azules, un término que ha adquirido relevancia internacional tras décadas de investigación científica y cobertura de medios como National Geographic.

La Península de Nicoya, en Costa Rica, forma parte de este grupo selecto y su caso ofrece respuestas clave para quienes buscan entender cómo ciertos estilos de vida permiten una longevidad excepcional.

La Zona Azul de Nicoya se ubica en la provincia de Guanacaste y comprende los cantones de Nicoya, Hojancha, Nandayure, Santa Cruz y Carrillo. Investigaciones del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica han documentado que la región cuenta con una de las concentraciones más altas de centenarios a nivel global, con aproximadamente 23 centenarios por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera ampliamente los promedios mundiales.

Además, la esperanza de vida en Nicoya ronda los 85 años, muy por encima del promedio nacional y de países desarrollados como Estados Unidos. Por lo que, uno de los factores determinantes en este fenómeno es la dieta tradicional nicoyana.

Esta alimentación privilegia los frijoles, el maíz y la calabaza, son conocidos como “las tres hermanas”, junto con arroz, frutas y vegetales locales, pequeñas cantidades de huevos, lácteos y carne, y tortillas de maíz hechas en casa.

El agua rica en calcio y magnesio de la región también ha sido objeto de estudio, al asociarse con huesos fuertes y buena salud cardiovascular, según datos citados por The New York Times.

El origen y los rasgos clave de las Zonas Azules

El concepto de Zona Azul surgió a partir del trabajo de los demógrafos Michel Poulain y Gianni Pes, quienes identificaron comunidades con tasas elevadas de centenarios. El término se consolidó en 2004 y se popularizó con las investigaciones de Dan Buettner, quien, junto con la National Geographic Society, clasificó cinco regiones bajo esta denominación.

Las cinco Zonas Azules reconocidas a nivel internacional son:

1. Barbagia en Cerdeña, Italia
2. Okinawa en Japón
3. Península de Nicoya en Costa Rica
4. Icaria en Grecia
5. Loma Linda en California, Estados Unidos.

Cada una de estas regiones presenta características propias, pero todas comparten ciertos patrones: una dieta basada en alimentos frescos y sin procesar, actividad física constante integrada en la vida diaria, lazos familiares y comunitarios sólidos, y una fuerte espiritualidad o sentido de propósito.

El movimiento físico constante, más que la práctica de ejercicio formal, caracteriza la vida diaria en Nicoya. Las labores agrícolas, las caminatas y las tareas domésticas mantienen a la población en actividad desde edades tempranas hasta la vejez.

Este patrón ha sido subrayado en investigaciones de la Escuela de Medicina de Stanford, donde se indica que los hombres nicoyanos de 60 años tienen hasta un 29% menos probabilidad de morir que sus pares en otras regiones de Costa Rica.

Por lo que, el fenómeno de la Zona Azul en Nicoya ha despertado el interés del turismo internacional y de la comunidad científica. A pesar de los beneficios económicos que esto puede traer, investigadores advierten sobre los riesgos asociados a la pérdida de hábitos tradicionales debido a la occidentalización y la globalización.

De la magnitud de este esfuerzo dependerá que Costa Rica mantenga su lugar en el pequeño grupo de regiones donde la vida se prolonga, no solo en años, sino en calidad.

La noche del 1 de abril de 1857, los habitantes del Valle Central en Costa Rica observaron un fenómeno poco común: un meteorito de tipo condrítico impactó la ciudad de Heredia, evento que transformó a la localidad en punto de interés para la ciencia internacional.

De acuerdo con reportes históricos y de la Revista Geológica de América Central, detallan que el episodio fue registrado por numerosos testigos y dejó fragmentos que hoy están repartidos en museos y laboratorios de al menos nueve países.

La caída del meteorito de Heredia se documentó por primera vez en la prensa costarricense y en relatos recogidos años después por el historiador Cleto González.

El fenómeno, según describieron los testigos, incluyó una bola de fuego de gran luminosidad que cruzó el cielo entre las provincias de San José y Heredia, seguida de detonaciones que se escucharon en toda la región.

La recuperación de fragmentos fue rápida y permitió su análisis en Europa y América del Norte. De acuerdo con El País, el espécimen fue formalmente catalogado en 1863 bajo el nombre de la ciudad donde cayó.

Los estudios científicos determinaron que el meteorito de Heredia pertenece a la clase condrita H5 brechiada, una variedad de meteoritos rocosos caracterizada por su alto contenido de hierro y la presencia de olivino, broncita y minerales metálicos.

Investigaciones posteriores, citadas por The Guardian, establecieron que el material probablemente se originó en el asteroide 6 Hebe, ubicado entre Marte y Júpiter.

El análisis mineralógico detallado, realizado primero en el siglo XIX y luego en laboratorios modernos, permitió afinar la clasificación y reconstruir la historia cósmica del fragmento.

La dispersión internacional de los fragmentos del meteorito de Heredia y su rareza en América Central

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la amplia dispersión de los restos del meteorito. El fragmento más grande, de 410 gramos, se conserva en el Instituto de Mineralogía de la Universidad de Gotinga en Alemania.

Otros ejemplares se encuentran en la Escuela de Minas de París, el Museo de Historia Natural de Londres y el Museo Real de Ontario en Canadá, además de instituciones en Suiza, Austria, Estados Unidos y Francia.

Sin embargo, en Costa Rica, un pequeño fragmento de 2.9 gramos se exhibe en la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, donado por el geólogo Gerardo J. Soto tras adquirirlo en el mercado internacional de meteoritos.

De acuerdo con los registros del catálogo internacional de meteoritos, solo tres eventos similares fueron documentados en América Central durante el siglo XIX:

• “Heredia” en 1857
• “Rosario” en Honduras en 1896
• “Chinautla” en Guatemala en 1902.

Esta escasez se explica porque la mayoría de los meteoritos caen en zonas despobladas o en el mar, lo que dificulta su recuperación y estudio. Un análisis publicado por la Revista Geológica de América Central calculó que Costa Rica podría esperar la recuperación de un meteorito aproximadamente cada mil doscientos años.

La pieza conecta la historia natural de Costa Rica con los procesos de formación del sistema solar, ya que los meteoritos condritos conservan información sobre la evolución de los asteroides y la composición primordial de los planetas rocosos.

El meteorito de Heredia mantiene su relevancia por ser uno de los pocos casos verificados en América Central y por su valor como objeto de estudio internacional. Su historia ilustra cómo un episodio presenciado en el siglo XIX sigue generando preguntas y permitiendo investigaciones sobre el origen y la dinámica del sistema solar.

La Universidad de Costa Rica reforzará este año su programa de atención gratuita prenatal, de posparto y lactancia materna, con el objetivo de garantizar un acceso sin restricciones a servicios de salud especializados. Este esfuerzo estará disponible entre abril y junio de 2026 e incluirá controles médicos, seguimiento personalizado y acompañamiento emocional a todas las mujeres que lo requieran, sin distinción de nacionalidad, condición socioeconómica o afiliación a la seguridad social, según informó la Escuela de Enfermería de la UCR.

Las consultas tendrán lugar en las instalaciones del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), en la Sede Rodrigo Facio de San Pedro de Montes de Oca, en horario de 8:00 a 12:00, los lunes, martes, jueves y viernes. El acceso a esta atención requiere la inscripción a través de un formulario disponible en línea. Como novedad, en los casos en que las usuarias no puedan trasladarse por motivos de salud o distancia, el equipo evaluará la posibilidad de brindar apoyo virtual.

Este año, el programa contará con 64 estudiantes avanzados de Enfermería, seis más respecto a 2025, quienes realizarán las atenciones como parte de su formación, bajo la supervisión de tres docentes especialistas en neonatología, obstetricia y lactancia materna. Sidey María Zúñiga Madriz, enfermera pediátrica con énfasis en Neonatología y docente de la UCR, destacó en el portal universitario que todas las consultas serán realizadas por estudiantes de cuarto año con acompañamiento de profesionales de cada especialidad.

En palabras de Zúñiga, el enfoque integral del programa permite valorar el bienestar del bebé —incluido el monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal, según la semana de gestación— y orientar a la madre en recomendaciones específicas.

En respuesta directa a la pregunta sobre el proceso de atención, la Universidad de Costa Rica establece que, tras la inscripción en línea, el personal se comunica con la interesada para programar la cita. La primera consulta implica una valoración integral que incluye peso, talla, índice de masa corporal y control de la presión arterial, con el fin de identificar y anticipar riesgos tanto maternos como fetales. Cada paciente recibe un acompañamiento personalizado.

Modelo con impacto social

A lo largo de los últimos cuatro años, la UCR ha atendido alrededor de 100 personas usuarias anuales en estas consultas, de acuerdo con Zúñiga. Este dato refleja el alcance sostenido de la iniciativa y su efecto positivo en la promoción de la salud materna y neonatal, así como en la formación de profesionales con perspectiva humanista.

El servicio no se limita al control prenatal. La consulta posnatal profundiza en la recuperación de la madre, seguimiento del desarrollo del bebé y brinda asesoría sobre anticoncepción familiar, ajustada al contexto de cada mujer. En la etapa de lactancia, el equipo de la UCR apoya la resolución de problemas frecuentes como dificultades en la producción de leche, identificación de complicaciones y orientación sobre mitos existentes, junto con el fortalecimiento de la salud mental de la madre.

Cada proceso queda consignado en un carnet prenatal, documento que la Caja Costarricense de Seguro Social y otros servicios de salud pueden utilizar para la continuidad en el seguimiento clínico. Si la madre acude con el bebé, la información también se añade al carnet de salud infantil.

Más de 800 unidades de cerveza quedaron bajo custodia policial tras una intervención en la zona sur del país. La Policía de Fronteras realizó un decomiso luego de observar actividad sospechosa cerca del río Sixaola, donde detectaron varios bultos y a un hombre huyendo del lugar al notar la presencia de las autoridades.

El operativo formaba parte de los patrullajes regulares que se realizan a lo largo del cordón fronterizo sur. Durante la revisión, los agentes confirmaron que los paquetes contenían cajas de licor, específicamente cerveza, sumando en total 888 unidades. Según la información proporcionada por los efectivos fronterizos, la mercancía pretendía ingresar al país sin cumplir con el pago de impuestos.

El incidente sucedió en horas de la tarde, cuando los oficiales patrullaban sobre la margen del río. El individuo visible abandonó los bultos y huyó al ver a los policías, dejando la carga atrás. La reacción de los uniformados permitió asegurar la mercadería antes de que fuera trasladada a otro punto.

Coordinación interinstitucional tras el hallazgo

La Policía de Fronteras indicó que, tras el descubrimiento, se coordinó con la Policía Fiscal para ejecutar el decomiso del licor. Luego, los agentes elaboraron el informe correspondiente para dar inicio al trámite legal. No hubo personas detenidas en el lugar, ya que el sospechoso escapó antes de ser identificado.

La mercancía incautada quedó a disposición de las autoridades competentes. El decomiso busca frenar el ingreso irregular de productos gravados y proteger los ingresos fiscales nacionales. Esta acción se integra a un bloque de controles destinados a reducir el contrabando en las zonas limítrofes.

Controles y antecedentes de contrabando en la frontera sur

Los patrullajes y operativos de la Policía de Fronteras, según datos oficiales, permiten detectar con frecuencia intentos de evasión fiscal a través del ingreso clandestino de bebidas alcohólicas y otros productos. En este caso, la intervención impidió que una cantidad considerable de cerveza entrara al mercado nacional sin control tributario.

En marzo de 2026, Costa Rica reforzó la seguridad en sus pasos fronterizos terrestres con la instalación de escáneres móviles de rayos X de baja energía en Paso Canoas y Peñas Blancas.

Estos equipos, que tuvieron un costo superior a 2,5 millones de dólares y fueron donados por Estados Unidos, permiten efectuar inspecciones no invasivas para detectar narcóticos, armas, explosivos y dinero ilícito en los principales corredores logísticos del país, según informó staytv.cr.

La cooperación entre Costa Rica y Panamá permitió el 23 de marzo de 2026 el decomiso de un cargamento de cigarrillos y perfumes valorado en más de 500 millones de colones (aproximadamente 1,1 millones de dólares) en la zona de Corredores. En el operativo, realizado en un furgón abandonado, las autoridades localizaron 9,5 millones de unidades de cigarrillos y 706 unidades de perfumería fina, de acuerdo con infobae.com.

El control fronterizo también ha tenido impacto en el tráfico de dinero no declarado. El 8 de enero de 2026, durante una inspección vehicular en San Jorge de Paso Canoas, la Fuerza Pública incautó 58.217 dólares y 7.400 colones que portaban un ciudadano panameño y un costarricense en un vehículo con placas de Panamá, informó telediario.cr.

Las medidas adoptadas durante 2026 revelan la prioridad de las autoridades costarricenses en combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la frontera sur del país.