El exfiscal de Cibercrimen Esteban Aguilar confirmó que buscará convertirse en el próximo fiscal general de la República, una vez que la Corte Suprema de Justicia abra el concurso para designar a la persona que ocupará el cargo a partir del vencimiento del actual período de Carlo Díaz, previsto para el próximo 31 de octubre.

La aspiración fue confirmada por Aguilar en declaraciones brindadas al programa No Mientas El Show, donde aseguró que cuenta con la experiencia y los atestados necesarios para dirigir el Ministerio Público.

“Existe de mi parte un interés absoluto en poder manejar de manera transparente esta institución y de otorgar justicia pronta y cumplida a todos los costarricenses”, manifestó.

El abogado recordó que su interés por ocupar el puesto no es reciente, sino que lo anunció públicamente desde inicios de este año.

“Debo indicar que esto es correcto, tal y como lo hice de manera pública a inicios del presente año 2026”, señaló.

Aguilar explicó que el vencimiento del nombramiento de Carlo Díaz obligará a la Corte Plena a abrir un concurso público, salvo que los magistrados decidan reelegir al actual fiscal general para un nuevo período.

“Ello implicará que se abra necesariamente un concurso público, en caso de que él, como espero no ocurra, sea nuevamente nombrado por un período adicional por parte de los magistrados”, afirmó.

Asimismo, indicó que presentará formalmente su candidatura para que sea analizada por la Corte Suprema de Justicia.

“Es mi derecho, así como el de otras personas que tenemos los atestados para poder participar, remitirlos para que sean revisados por la Corte Plena y que finalmente sea este órgano quien tome la decisión de quién ocupará el futuro cargo de fiscal general de la República”, expresó.

Una candidatura en medio de una confrontación con Carlo Díaz

La intención de Aguilar de dirigir el Ministerio Público se da en un contexto de crecientes diferencias con el actual fiscal general.

La semana anterior, el exfiscal presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra Carlo Díaz y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por una presunta beligerancia política y posibles infracciones al reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial.

En la gestión, Aguilar solicitó investigar si diversas declaraciones públicas realizadas por ambos jerarcas judiciales comprometieron el deber de imparcialidad que exige la función jurisdiccional. Respecto de Carlo Díaz, cuestionó manifestaciones relacionadas con la situación política del país, referencias al expresidente Rodrigo Chaves, al partido oficialista y al futuro de la Asamblea Legislativa, al considerar que podrían interpretarse como opiniones incompatibles con la neutralidad que debe guardar el fiscal general.

La denuncia también hace referencia a expresiones de la magistrada Patricia Solano sobre el desempeño económico del país, las cuales, según Aguilar, igualmente ameritan una investigación para determinar si constituyen una posible infracción disciplinaria. Como parte de la prueba, solicitó preservar entrevistas, publicaciones periodísticas y registros audiovisuales donde constan las declaraciones de ambos funcionarios.

Esa no ha sido la única diferencia pública entre Aguilar y Díaz. Desde su salida del Ministerio Público, el exfiscal ha denunciado en reiteradas ocasiones haber sido víctima de persecución y acoso laboral durante la administración del actual fiscal general, señalamientos que han sido rechazados por Díaz.

La decisión estará en manos de Corte Plena

La elección del próximo fiscal general corresponde exclusivamente a la Corte Plena, integrada por los 22 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados deberán decidir, antes del vencimiento del actual período, si optan por reelegir a Carlo Díaz o si designan a un nuevo jerarca para dirigir el Ministerio Público durante los próximos años.

El proceso adquiere especial relevancia debido a que el fiscal general es la máxima autoridad del Ministerio Público y tiene a su cargo la dirección de la política de persecución penal, la coordinación de las fiscalías del país y la representación institucional en investigaciones de alto impacto.

Hasta el momento, Aguilar es una de las primeras figuras en confirmar públicamente su intención de competir por el cargo. No obstante, se espera que una vez abierto el concurso otros fiscales y abogados con los requisitos legales también presenten sus candidaturas.

La Corte Suprema deberá definir la designación a más tardar el 31 de octubre, fecha en que concluye el período constitucional de Carlo Díaz como fiscal general de la República.

Esteban Aguilar es hermano del actual ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

Los diputados que integran la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa acordaron abrir una ronda de comparecencias con las máximas autoridades del Poder Judicial para profundizar en los criterios que deben prevalecer en los procesos de elección de magistrados. La iniciativa busca recabar insumos técnicos y jurídicos que sirvan de referencia para futuras designaciones que corresponden al Congreso.

La primera audiencia se realizará este miércoles 15 de julio, a las 9:00 a. m., con la comparecencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. Posteriormente, el jueves 16 de julio, acudirán el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, y el presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez. Se espera que, en las próximas semanas, también sean convocados los presidentes de las demás Salas que conforman el Poder Judicial.

Según la moción aprobada por la comisión legislativa, el propósito de estas audiencias es conocer cuáles son los perfiles profesionales, académicos, éticos y personales que, desde la perspectiva de los propios jerarcas judiciales, resultan indispensables para ejercer una magistratura. Asimismo, los diputados buscan comprender cuáles son los parámetros utilizados dentro del Poder Judicial para valorar el desempeño de quienes ocupan esos cargos y cuáles competencias consideran prioritarias para fortalecer la administración de justicia.

La decisión de convocar a los magistrados se produce en un momento de especial sensibilidad política, debido a la controversia que ha acompañado los recientes procesos de elección de magistrados y magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa. En los últimos meses, el tema ha provocado una confrontación entre el oficialismo y las bancadas de oposición, que mantienen posiciones encontradas sobre la forma en que deben realizarse estos nombramientos.

El Partido Pueblo Soberano ha cuestionado las nóminas remitidas por la Comisión de Nombramientos, al considerar que el proceso debe revisarse para garantizar una mayor transparencia y un análisis más exhaustivo de los candidatos.

Los legisladores oficialistas han sostenido que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de revisar con detenimiento los perfiles antes de realizar cualquier designación y han defendido la posibilidad de solicitar nuevas nóminas cuando consideren que existen aspectos por mejorar en el procedimiento. A su criterio, fortalecer los mecanismos de evaluación contribuiría a incrementar la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos de nombramiento.

Sin embargo, esa posición ha sido rechazada por las fracciones de oposición, cuyos diputados sostienen que la Comisión de Nombramientos ya realiza un proceso amplio de revisión de atestados, entrevistas y análisis de antecedentes antes de remitir las listas al Plenario Legislativo. Además, han señalado que insistir en devolver las nóminas podría generar atrasos innecesarios e incluso interpretarse como un intento de influir en la integración del Poder Judicial.

Las diferencias políticas han impedido que el Congreso concrete la designación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que ha prolongado un proceso considerado clave para garantizar el funcionamiento de ese tribunal cuando alguno de sus magistrados propietarios debe ausentarse por vacaciones, incapacidades, inhibiciones o cualquier otra causa prevista por la ley.

El debate también ha reavivado la discusión sobre la independencia judicial y el delicado equilibrio entre las competencias de la Asamblea Legislativa para nombrar magistrados y la autonomía del Poder Judicial. Diversos sectores han insistido en la importancia de que los procesos de selección respondan a criterios técnicos, de mérito y experiencia profesional, evitando que las decisiones estén marcadas por intereses políticos.

En ese contexto, las comparecencias de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de las distintas Salas adquieren una relevancia particular, ya que permitirán a los diputados conocer la visión de quienes dirigen los principales órganos jurisdiccionales del país sobre las capacidades, la trayectoria y las condiciones que debe reunir una persona para ejercer una magistratura.

Los insumos que surjan de estas audiencias podrían convertirse en un referente para futuras discusiones legislativas sobre nombramientos de magistrados, especialmente en momentos en que la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial atraviesa uno de sus episodios de mayor escrutinio en los últimos años. Asimismo, permitirán a los diputados contrastar los criterios técnicos del Poder Judicial con las valoraciones políticas que, por mandato constitucional, corresponden al Congreso al momento de elegir a quienes integrarán las más altas instancias de la justicia costarricense.

Dormir bien se ha convertido en un reto para miles de costarricenses. Las cifras más recientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reflejan que el insomnio dejó de ser un problema aislado para convertirse en un fenómeno que impacta diariamente los servicios de salud del país.

Solo durante 2025, la institución registró un promedio de 157 consultas diarias por insomnio en los servicios de consulta externa, mientras que en los servicios de emergencias se atendieron 5,381 casos, equivalentes a unos 15 pacientes cada día. Los datos forman parte de un análisis presentado por la Universidad Hispanoamericana con base en estadísticas de la CCSS.

El estudio evidencia que, entre 2021 y 2025, la consulta externa acumuló 197,984 atenciones relacionadas con insomnio, un promedio anual que osciló entre 147 y 163 consultas diarias. Del total de casos, el 59 % correspondió a mujeres, mientras que el 41 % restante fue registrado en hombres.

Sin embargo, los especialistas aclaran que estas cifras representan el número de atenciones brindadas y no la cantidad de pacientes, ya que una misma persona pudo acudir varias veces durante el mismo año por este trastorno. Además, los registros incluyen diagnósticos asociados tanto al insomnio orgánico como al no orgánico, este último relacionado frecuentemente con ansiedad, estrés, depresión o malos hábitos de sueño.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 40 % de la población mundial duerme mal o presenta algún trastorno del sueño, mientras que diversos estudios indican que uno de cada tres adultos experimentará síntomas de insomnio en algún momento de su vida, lo que convierte este padecimiento en un problema de salud pública.

El doctor Luis Diego Ballestero Murillo, psicólogo clínico y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Hispanoamericana, explicó que el insomnio va mucho más allá de pasar una mala noche.

El especialista señaló que este trastorno se diagnostica cuando una persona presenta dificultad para conciliar el sueño, mantenerse dormida o volver a dormir después de despertarse durante la noche por un periodo de al menos tres meses, situación que termina afectando su desempeño físico, emocional, social o laboral. Entre los síntomas más frecuentes figuran tardar más de media hora en quedarse dormido, despertares constantes durante la madrugada, sueño poco reparador, cansancio durante el día, problemas de concentración, irritabilidad y cambios de humor.

Las consecuencias, advierte el experto, pueden ir mucho más allá del agotamiento.

El insomnio se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, trastornos metabólicos, debilitamiento del sistema inmunológico, ansiedad, depresión, estrés crónico e incluso problemas en el manejo de la ira.

Los datos también muestran diferencias según la edad. Mientras en consulta externa la mayor cantidad de atenciones corresponde a personas mayores de 45 años, en los servicios de emergencias el grupo más afectado fue el de adultos jóvenes entre 20 y 44 años, quienes concentraron cerca del 45 % de las consultas registradas durante 2025. Entre las posibles causas aparecen el exceso de videojuegos, el consumo de alcohol y drogas, así como altos niveles de estrés.

No obstante, el problema tampoco excluye a la población infantil.

Durante el periodo analizado, la CCSS contabilizó 6,414 atenciones en consulta externa y 449 en emergencias correspondientes a menores de 15 años. Según el especialista, en estos casos influyen factores como horarios irregulares para dormir, ansiedad por separación de los padres, violencia intrafamiliar, compartir la habitación con otros familiares y, especialmente, el uso excesivo de videojuegos y dispositivos electrónicos durante la noche.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue el incremento en las hospitalizaciones asociadas al insomnio. Entre 2023 y 2024, los egresos hospitalarios pasaron de 62 a 205, lo que representa un crecimiento del 231 %, siendo las mujeres quienes concentraron el 60 % de estos casos. Para el especialista, este aumento evidencia que el trastorno puede alcanzar niveles de gravedad que requieren atención hospitalaria cuando no es tratado oportunamente.

Frente a este panorama, los expertos insisten en fortalecer la llamada higiene del sueño, un conjunto de hábitos que favorecen un descanso adecuado. Entre las principales recomendaciones destacan mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, realizar actividad física durante el día, practicar técnicas de relajación, evitar el uso de teléfonos celulares, computadoras y videojuegos al menos una hora antes de dormir, consumir cenas ligeras y utilizar la cama únicamente para descansar, evitando trabajar, estudiar o ver televisión desde ella. Si los problemas persisten pese a estos cambios, aconsejan buscar atención médica especializada.

Para los especialistas, las casi 200,000 atenciones registradas en apenas cinco años representan una señal de alerta que obliga a reforzar la educación sobre la importancia del sueño como un componente esencial de la salud física y mental. Dormir bien, concluyen, no debe verse como un lujo, sino como una necesidad para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

El Ministerio de Hacienda informó que las finanzas públicas de Costa Rica mantienen una trayectoria de consolidación fiscal, al registrar un superávit primario de ₡293.641 millones (USD 647,1 millones) durante los primeros cinco meses de 2026. Según la institución, el resultado refleja que, por sexto año consecutivo, los ingresos del Gobierno Central superaron el gasto primario en el periodo comprendido entre enero y mayo.

De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos totales alcanzaron ₡3,056,747 millones (USD 6,737.4 millones), equivalentes al 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto primario sumó ₡2,763,105 millones (USD 6,089.9 millones), cifra equivalente al 5.2% del PIB. La diferencia entre ambos rubros permitió obtener un superávit primario de ₡293,641 millones (USD 647.1 millones), equivalente al 0.5% del PIB.

El informe también señala que la razón de deuda pública con respecto al PIB se ubicó preliminarmente en 60.5% al cierre de mayo. De ese total, el 47.2% corresponde a deuda interna y el 13.2% a deuda externa.

Hacienda destacó además una mejora en la percepción internacional sobre la economía costarricense. El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de Costa Rica se situó en 126 puntos básicos a mayo de 2026, una reducción acumulada de 271 puntos básicos respecto a mayo de 2022. Según la institución, este comportamiento refleja un fortalecimiento de la confianza de los inversionistas internacionales y una disminución del riesgo soberano del país.

Pese a los resultados positivos, el Ministerio reconoció que los ingresos acumulados de ₡3,056,747 millones (USD 6,737.4 millones) presentan una ligera disminución equivalente al 0,1% del PIB en comparación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, sostuvo que el comportamiento observado representa una mejora respecto a los primeros meses del año y confía en que las medidas de fortalecimiento de la recaudación comiencen a reflejarse durante el segundo semestre.

El viceministro de Egresos, Luis Molina, atribuyó los resultados a una política de disciplina fiscal y de contención del gasto corriente.

“Alcanzar seis años consecutivos con superávit primario durante los primeros cinco meses del año no es producto del azar, sino del resultado de una gestión fiscal responsable y disciplinada. Hemos contenido el crecimiento del gasto corriente mientras fortalecemos el gasto de capital, orientando los recursos hacia proyectos productivos y ejecutándolos con mayor eficiencia. Una Hacienda que administra con orden y prioriza la inversión es la herramienta más sólida para mejorar, de manera sostenible, la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Por su parte, el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, aseguró que la administración espera que las acciones de control implementadas durante este año comiencen a reflejarse en una mayor recaudación tributaria a partir de junio.

“Seguimos trabajando en fuertes acciones de control. Esperamos que a partir de junio podamos ver reflejados en la recaudación los primeros efectos de las medidas que estamos tomando. Mantendremos nuestra lucha frontal contra la evasión y el contrabando, porque cada colón adicional recaudado de manera eficiente, transparente y justa se traduce en más servicios, obra pública y bienestar para la ciudadanía”, indico.

Los datos divulgados por Hacienda muestran que Costa Rica ha mantenido superávits primarios desde 2021 durante el periodo enero-mayo. No obstante, el balance financiero continúa siendo deficitario debido al peso del pago de intereses de la deuda pública, que representan alrededor del 1,8% del PIB.

En materia de endeudamiento, las cifras reflejan que, tras alcanzar un mínimo de 58.9% del PIB en 2024, la deuda volvió a incrementarse hasta 60.4% en 2025 y 60.5% a mayo de este año. Aun así, el Gobierno destaca que la composición del endeudamiento ha mejorado al reducirse la participación de la deuda externa y fortalecerse las condiciones de financiamiento.

El reporte forma parte del seguimiento mensual que realiza el Ministerio de Hacienda sobre la evolución de las finanzas públicas y servirá como referencia para evaluar el comportamiento de la recaudación y del gasto durante la segunda mitad del año, en un contexto en el que el Ejecutivo mantiene como prioridad preservar la sostenibilidad fiscal y continuar reduciendo la percepción de riesgo del país en los mercados internacionales.

A dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, Laura Fernández continúa posicionándose entre los mandatarios con mejor imagen de América Latina. Así lo refleja el Ranking de Presidentes de Latinoamérica correspondiente a julio de 2026, elaborado por la firma especializada CB Global Data, que ubica a la costarricense en el tercer lugar de la región con un 55.5% de aprobación.

La medición coloca a Fernández únicamente por detrás del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lidera el listado con una imagen positiva del 67.4%, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que alcanza un respaldo del 65.1%. El cuarto puesto corresponde al presidente de Paraguay, Santiago Peña, mientras que el quinto lugar lo ocupa Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

De acuerdo con el estudio, la mandataria costarricense experimentó una disminución de 0,6 puntos porcentuales en su imagen positiva con respecto a la medición de junio. Sin embargo, la propia consultora señala que esta variación no es estadísticamente significativa, por lo que la valoración ciudadana se mantiene prácticamente estable respecto al mes anterior.

Los resultados también muestran que la percepción positiva de la presidenta está compuesta por dos segmentos. Un 31.6% de los costarricenses considera que su imagen es “muy buena”, mientras que un 23.9% la califica como “buena”, lo que en conjunto representa el 55,5% de aprobación obtenido en la encuesta.

En contraste, un 38.2% de los entrevistados manifestó una opinión negativa sobre la mandataria, mientras que un 6.3% respondió que no sabe o prefirió no emitir un criterio.

El informe evidencia que Costa Rica continúa figurando entre los países cuyos jefes de Estado mantienen mayores niveles de respaldo ciudadano en la región, en un contexto en el que varios gobiernos latinoamericanos enfrentan caídas en sus indicadores de popularidad debido a factores económicos, políticos y sociales.

En la parte alta del ranking, Bukele conserva el liderazgo regional con una amplia ventaja sobre el resto de mandatarios, mientras que Sheinbaum mantiene la segunda posición. Detrás de Fernández aparecen Santiago Peña, con una aprobación del 51.2%; Lula da Silva, con 50.6%; y Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con un 49.1%.

Más abajo en la clasificación se encuentran Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Gustavo Petro, de Colombia.

En el grupo de los presidentes con menor aprobación destacan Yamandú Orsi, de Uruguay; Javier Milei, de Argentina; José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala; José M. Balcázar, de Perú; y Delcy Rodríguez, de Venezuela, quien ocupa la última posición del ranking con una aprobación del 22.7%.

La encuesta fue realizada entre el 3 y el 8 de julio de 2026 mediante entrevistas a 4,854 personas, con un margen de error de ±1,4 puntos porcentuales. Según CB Global Data, la investigación busca medir periódicamente la percepción ciudadana sobre los mandatarios latinoamericanos mediante metodologías de opinión pública comparables entre países.

La consultora se especializa en estudios de clima social, comportamiento electoral y evaluación de gobiernos en América Latina, y sus mediciones son utilizadas con frecuencia como un referente para analizar la evolución de la imagen de los líderes políticos de la región. En el caso de Costa Rica, los resultados de julio reflejan que Laura Fernández conserva un sólido respaldo ciudadano durante las primeras semanas de su administración y se mantiene entre los tres mandatarios con mejor valoración de Latinoamérica.

La imagen de Costa Rica como líder mundial en energías limpias está estrechamente ligada a una matriz eléctrica en la que predominan las fuentes renovables. Sin embargo, el Gobierno considera que ese liderazgo necesita una nueva etapa: aprovechar el potencial del sol para fortalecer la seguridad energética del país.

Actualmente, cerca del 70% de la electricidad nacional proviene de centrales hidroeléctricas. Aunque esta característica ha permitido que el país genere casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, también representa un desafío en períodos de sequía asociados al fenómeno climático de El Niño, cuando disminuye la disponibilidad de agua en los embalses.

Ante ese escenario, la apuesta oficial es acelerar el desarrollo de proyectos solares tanto públicos como privados, incorporando nuevas plantas al Sistema Eléctrico Nacional y promoviendo que los costarricenses instalen paneles fotovoltaicos en sus viviendas y negocios.

Uno de los principales argumentos del Gobierno es el costo de esta tecnología. Según las autoridades, la electricidad producida mediante plantas solares representa menos de la mitad del costo de otras alternativas de generación, además de ofrecer una fuente abundante y disponible durante gran parte del año.

Pese al potencial, la participación de la energía solar en la producción eléctrica nacional continúa siendo reducida. Mientras países como Chile ya obtienen alrededor del 22.3% de su electricidad mediante esta fuente, en Costa Rica el aporte aún no alcanza el 1%.

Para revertir esa situación, uno de los principales laboratorios del país se encuentra en Cartago. El Centro de Investigación en Energía Solar del Tecnológico de Costa Rica desarrolla estudios sobre generación fotovoltaica y opera un parque solar diseñado para reducir entre un 25% y un 30% del consumo eléctrico de la institución.

Los investigadores destacan que la producción diaria del complejo equivale al consumo mensual de aproximadamente cinco viviendas. Además del ahorro económico, cada jornada de operación evita la emisión de más de 41 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero.

La estrategia también contempla proyectos de generación a gran escala en Guanacaste, una de las provincias con mayor radiación solar del país. En Cañas avanza la construcción de la planta solar Las Cañas, cuya capacidad instalada permitirá abastecer de electricidad a unas 10,000 familias, equivalentes a cerca de 40,000 personas.

Paralelamente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsa nuevos desarrollos fotovoltaicos. Entre ellos destaca un proyecto de 80 megavatios cuya inversión ronda los ₡45,000 millones (USD 99,4 millones) y que beneficiaría a unas 160,000 personas una vez entre en operación.

El Gobierno asegura que durante la actual administración se incorporarán cinco plantas solares adicionales, además de dos grandes proyectos desarrollados por el ICE, con el objetivo de diversificar la matriz eléctrica y disminuir la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

La apuesta oficial no se limita a las grandes inversiones. También busca incentivar el autoconsumo mediante la instalación de paneles solares en viviendas y pequeños negocios.

Ese es el caso de Ricardo Oreamuno, propietario de un salón de belleza en San Pedro de Montes de Oca, quien hace once años decidió instalar un sistema fotovoltaico. Según relata, la inversión redujo significativamente su factura eléctrica.

Para el Ejecutivo, experiencias como esta evidencian que la energía solar puede convertirse no solo en una herramienta para disminuir los costos de electricidad, sino también en un mecanismo para democratizar la generación energética y fortalecer la resiliencia del sistema nacional.

Las autoridades sostienen además que abrir el mercado a proyectos solares de gran escala podría movilizar inversiones cercanas a los ₡250,000 millones (USD 552,5 millones) de aquí a 2030, dinamizando la economía y generando nuevas oportunidades para el sector energético.

Con esa hoja de ruta, Costa Rica pretende consolidar una nueva etapa de su transición energética: complementar la fortaleza de sus recursos hídricos con el aprovechamiento del sol, una fuente abundante que, según el Gobierno, permitirá mantener el liderazgo del país en energías limpias mientras responde a los desafíos climáticos y a la creciente demanda eléctrica.

El deporte costarricense se vestirá de gala y se prepara para asumir uno de sus mayores desafíos internacionales en la era moderna. El Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (CON) ha confirmado la conformación oficial de la delegación patria que competirá en la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Tras exigentes procesos de clasificación con exigencias técnicas rigurosas, el contingente tico estará compuesto finalmente por 269 atletas de alto rendimiento, quienes buscarán poner en alto el pabellón nacional en suelo dominicano.

Este magno evento, programado del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, posee una carga histórica inigualable, ya que se celebra en el marco de la conmemoración del centenario de la fundación de los juegos deportivos regionales más antiguos del planeta.

Con más de 6,000 deportistas procedentes de 37 países diferentes, la cita en la República Dominicana exigirá el máximo potencial de cada competidor.

La representación patria en el desfile inaugural contará con dos figuras que encarnan los más altos valores de constancia y mérito deportivo del ciclo olímpico.

El CON anunció que la jugadora Cheryl Briden, pilar de la selección nacional de Rugby Sevens, y Jeison Rojas, referente indiscutible en la exigente disciplina de Aguas Abiertas, han sido designados como los abanderados oficiales para la ceremonia de apertura.

Ambos atletas no solo destacan por sus notables condiciones competitivas, sino por simbolizar el esfuerzo colectivo de un proceso técnico que priorizó la calidad y el rendimiento integral de cara a los retos de la región. Su designación sirve como motivación directa para un grupo de 269 deportistas que asumen el compromiso de competir con orgullo y excelencia en cada escenario.

Calendario y bloques: así competirán los 269 atletas en los 28 deportes

La logística de participación costarricense ha sido estructurada de manera inteligente por bloques competitivos debido a la gran cantidad de disciplinas y la dinámica organizativa de Santo Domingo 2026. A continuación, se detalla la hoja de ruta oficial y cómo se distribuirán los deportes a lo largo de las más de dos semanas de intensas emociones:

Esta segmentación permitirá una mejor administración de los recursos del Comité Olímpico, asegurando que las distintas selecciones lleguen con los tiempos adecuados de aclimatación de cara a sus respectivos calendarios competitivos.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, Henry Núñez, se muestra sumamente satisfecho con la conformación del grupo definitivo y recalcó el estricto criterio deportivo aplicado para esta cita.

A diferencia de ediciones anteriores, los procesos selectivos enfocaron sus esfuerzos en potenciar a aquellos que ostentan un nivel competitivo óptimo para ubicarse en las instancias finales y pelear directamente por los podios.

«Esta delegación representa el trabajo de muchos años de nuestros atletas, entrenadores, federaciones y de todas las instituciones que han respaldado el desarrollo del deporte costarricense. Cada atleta que vestirá nuestros colores llega con el mérito de haber superado exigentes procesos de clasificación y con el compromiso de representar al país con excelencia y orgullo», destacó Núñez.

Asimismo, el jerarca deportivo insistió en que Santo Domingo 2026 representa un escalón indispensable dentro de la planificación a mediano y largo plazo. Los 269 seleccionados ticos asumen estos Juegos de los 100 años como una fase crucial dentro del ciclo olímpico internacional con miras a la meta definitiva: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Más allá del balance global del medallero, la experiencia y el roce internacional ante potencias del Caribe serán la clave idónea para consolidar la madurez competitiva de los deportistas costarricenses.

Miles de empleados públicos en Costa Rica comenzaron a recibir este lunes el aumento salarial aprobado por el Gobierno; sin embargo, no todos verán reflejado el ajuste completo en sus cuentas bancarias. El Ministerio de Hacienda confirmó que un incidente en el Sistema Integra I impidió incorporar el pago de anualidades a un grupo de funcionarios, mientras que los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) deberán esperar varios meses más para recibir el incremento.

La cartera explicó que el depósito realizado este 13 de julio beneficia a las personas funcionarias registradas en el Sistema Integra I, plataforma que administra la planilla de la mayoría de ministerios, además de instituciones como la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

No obstante, Hacienda detalló que quienes experimentaron un ascenso, descenso o recalificación entre diciembre de 2018 y marzo de 2023 no recibirán en esta quincena el monto correspondiente a sus anualidades debido a un inconveniente técnico detectado en el sistema de pagos.

Según informó la institución, esos recursos serán depositados el próximo 28 de julio, fecha que coincide con el calendario oficial de pagos de la Tesorería Nacional.

El viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina Chacón, aseguró a Delfino.cr que el retraso no implicará una pérdida económica para los trabajadores afectados.

“Garantizamos a las y los funcionarios que no recibirán el monto de estas anualidades en esta quincena, que les serán depositadas el 28 de julio, según lo establece el calendario de pagos de la Tesorería Nacional. Ninguna persona perderá los montos que legítimamente le corresponden”, afirmó el jerarca.

¿Quiénes reciben el aumento?

El incremento salarial aprobado establece un ajuste general de ₡10,000 (USD 21.8) para las personas servidoras públicas que laboran bajo el esquema de salario compuesto.

Asimismo, los funcionarios con salarios base de entre ₡287,000 (USD 608) y ₡514.600 (USD 1,126) mensuales recibirán un aumento adicional de ₡10,000 (USD 21.8)

En tanto, quienes devengan salarios base de entre ₡514,601 (USD 1,126) y ₡534,050 (USD 1,168) obtendrán un incremento gradual, conforme a la escala definida en el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, emitido por el Gobierno para regular el ajuste salarial del sector público.

Hacienda recordó que, debido a que el pago corresponde a un ajuste retroactivo, los depósitos estarán sujetos a las deducciones legales por concepto de cargas sociales y, cuando aplique, al impuesto sobre la renta.

Educadores deberán esperar hasta el cuarto trimestre

El panorama será distinto para los trabajadores del Ministerio de Educación Pública.

Hacienda confirmó que el aumento salarial para los funcionarios del MEP no podrá aplicarse en julio debido a que esa institución opera mediante el Sistema Integra II, plataforma que aún requiere ajustes tecnológicos para incorporar correctamente los nuevos montos.

Las autoridades estiman que las modificaciones estarán listas durante el cuarto trimestre de 2026, momento en el que se realizará el pago correspondiente a los educadores.

Aunque el desembolso será posterior al del resto del sector público, el Ministerio aseguró que el incremento se reconocerá con carácter retroactivo, por lo que los funcionarios recibirán las diferencias salariales acumuladas una vez concluya el proceso técnico.

El anuncio pone fin a varios días de expectativa entre miles de empleados públicos que aguardaban la aplicación del ajuste salarial aprobado para este año, aunque deja pendientes a dos grupos importantes: quienes presentan movimientos laborales registrados entre 2018 y 2023 y los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, quienes deberán esperar algunos meses más para ver reflejado el incremento en sus salarios.

En mayo de 2026, la economía costarricense registró un crecimiento interanual del 3.5% según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), impulsada principalmente por el dinamismo de los servicios profesionales y administrativos, la construcción, la educación, la salud y los servicios financieros y de seguros. Los datos del Banco Central de Costa Rica revelan que, aunque el ritmo fue inferior al observado en meses anteriores, sectores clave mantuvieron una tendencia positiva.

La actividad económica en el régimen definitivo alcanzó una variación interanual de 2.9%, mientras que los regímenes especiales crecieron 3.8%. Este desempeño permitió que la producción nacional acumulara un crecimiento promedio de 4.1% en los primeros cinco meses del año.

Los servicios y la construcción, principales motores del crecimiento

En mayo, los servicios profesionales y administrativos aportaron el 17.3% al incremento total de la producción, seguidos por la construcción (16.1%) y los servicios de enseñanza y salud (12.6%). Así lo detalla el cuadro elaborado por el Banco Central, donde también destacan las actividades financieras y de seguros (9.5%), el comercio (7.8%) y la información y comunicación (6.2%).

El sector construcción, en particular, creció 7.7% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado tanto por proyectos residenciales —especialmente edificios de apartamentos y viviendas para familias de ingresos medios y altos— como por obras de infraestructura pública. El aumento en la ejecución de proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura y las inversiones en carreteras, caminos y puentes también fueron determinantes.

Desaceleración en regímenes especiales y manufactura

A pesar de los resultados positivos, el informe señala una desaceleración en el crecimiento de los regímenes especiales, relacionados con la menor producción de implementos médicos, componentes electrónicos y servicios profesionales y administrativos. La tasa de expansión de la manufactura en regímenes especiales se redujo a 1.3%, mientras que la fabricación de productos médicos descendió a 2.7%, frente al 37.4% registrado en mayo de 2025.

En el régimen definitivo, la manufactura cayó 0.9% interanual, con contracciones en la mayoría de los rubros, aunque la fabricación de productos alimenticios, especialmente panadería, arroz, frutas en conserva y aceites, mostró un crecimiento de 4.7%. El segmento de productos metálicos destacó con una expansión de 7.4% debido a la demanda internacional de conductores eléctricos de cobre.

Agro y comercio: desempeño moderado

La actividad agropecuaria creció 0.4% interanual, impulsada por la producción de raíces, tubérculos y banano para exportación, aunque el sector enfrentó una baja en la producción de café, caña de azúcar, sandía y naranja. Esta desaceleración se explica por el aumento sostenido en el precio de los insumos y la propagación de enfermedades vegetales.

El comercio registró una variación de 3.0%, con aceleración en la venta de alimentos, productos eléctricos, ferretería y farmacéuticos. El Banco Central subraya que la comercialización de estos productos contribuyó significativamente al crecimiento del sector, mientras que los materiales de construcción y los productos químicos y farmacéuticos también mantuvieron un ritmo estable.

Servicios: liderazgo en la recuperación económica

El sector servicios se consolidó como el principal motor del crecimiento en mayo, con un avance del 3.8% interanual. Dentro de este grupo, los servicios financieros y de seguros aumentaron 5.6%, impulsados por la captación de depósitos y la colocación de crédito, y los servicios de enseñanza y salud crecieron 3.7% debido al desempeño de la salud privada, especialmente en servicios hospitalarios y dentales.

El desarrollo de servicios digitales y de consultoría informática también favoreció el crecimiento de la información y comunicación (4.0%). Hoteles y restaurantes crecieron 4.2% gracias al aumento en la llegada de visitantes internacionales y la mayor demanda en restaurantes de comida rápida.

Por otra parte, los servicios inmobiliarios avanzaron 2.4%, mientras que “otros servicios” —incluidos servicios de peluquería, reparación de vehículos, actividades deportivas y de esparcimiento— aumentaron 3.1% respecto al año anterior.

Más de 22,000 estudiantes de todos los niveles educativos participan en la etapa institucional de las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación, un programa que convierte las aulas en espacios de investigación y creatividad, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas desarrollan proyectos para resolver problemas de sus comunidades mediante el método científico.

Durante esta primera fase, el estudiantado trabaja en investigaciones, experimentos y propuestas tecnológicas que nacen de la observación de su entorno, el planteamiento de preguntas y la búsqueda de soluciones innovadoras. Cada proyecto es acompañado por docentes y personas tutoras, quienes orientan el proceso investigativo desde la formulación de la idea hasta la presentación final.

Las ferias representan uno de los principales espacios de divulgación científica del sistema educativo costarricense. Además de exponer los resultados de sus investigaciones, los participantes deben defender sus proyectos ante un jurado calificador y compartir los conocimientos adquiridos con la comunidad educativa, fortaleciendo habilidades de comunicación, argumentación y trabajo en equipo.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), la iniciativa busca que el aprendizaje trascienda la teoría y permita al estudiantado aplicar el conocimiento para analizar situaciones reales de su entorno, formular hipótesis, recopilar información y proponer alternativas de solución sustentadas en evidencia.

Marjorie Valverde Rojas, asesora nacional de Ciencias del MEP, destacó que las ferias constituyen una herramienta para desarrollar competencias fundamentales que trascienden el ámbito académico.

“Este espacio potencia el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, mientras el estudiantado busca respuestas y soluciones innovadoras a situaciones de su entorno mediante la investigación”, señaló la funcionaria.

El programa también pretende despertar el interés por las disciplinas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— en edades tempranas, fomentando habilidades que posteriormente pueden traducirse en carreras científicas y tecnológicas, consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación se desarrollan mediante un proceso competitivo compuesto por cuatro etapas consecutivas: institucional, circuital, regional y nacional. En cada una de ellas los proyectos son evaluados según criterios relacionados con el rigor científico, la creatividad, la metodología empleada, la innovación y el impacto de las propuestas.

Los trabajos mejor calificados en la fase institucional obtendrán el pase a la etapa circuital, programada para agosto, donde competirán con iniciativas provenientes de otros centros educativos del mismo circuito escolar. Posteriormente, los proyectos seleccionados avanzarán a las etapas regional y nacional, donde se reconocerán las investigaciones más destacadas del país.

La organización del programa recae en una comisión interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y las cinco universidades públicas: la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). La coordinación general está a cargo del MICITT.

La participación conjunta de estas instituciones busca fortalecer la cultura científica nacional y acercar al estudiantado a los procesos de investigación que se desarrollan tanto en el sistema educativo como en las universidades públicas.

Año tras año, las ferias se convierten en un escaparate para proyectos relacionados con áreas como la salud, el ambiente, la robótica, la inteligencia artificial, la agricultura, la sostenibilidad, la ingeniería, las ciencias sociales y el desarrollo tecnológico. Muchas de estas investigaciones surgen de necesidades detectadas por los propios estudiantes en sus comunidades y plantean soluciones con potencial de aplicación práctica.

Para las autoridades educativas, este tipo de iniciativas no solo contribuye al desarrollo de conocimientos científicos, sino que también fortalece habilidades como el liderazgo, la creatividad, la autonomía, la comunicación efectiva y la capacidad para trabajar de manera colaborativa, competencias cada vez más demandadas en el ámbito académico y laboral.

Con más de 22,000 participantes en todo el territorio nacional, las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación vuelven a consolidarse como uno de los principales programas para promover la investigación escolar en Costa Rica y sembrar en las nuevas generaciones el interés por la ciencia como herramienta para comprender y transformar la realidad.

La justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de tres costarricenses y un ciudadano mexicano señalados de integrar una estructura criminal presuntamente ligada al Cartel de Sinaloa, dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante rutas aéreas clandestinas desde Costa Rica.

La solicitud fue emitida por el Tribunal del Distrito Este de Wisconsin, luego de una investigación desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Los cuatro sospechosos permanecen en prisión preventiva mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes ante el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

La investigación se originó a partir de un operativo ejecutado el 10 de diciembre de 2025 en las cercanías del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste. Ese día, las autoridades interceptaron a un ciudadano mexicano de apellido Takashima y a tres costarricenses de apellidos Carvajal, Rodríguez y Castillo, quienes viajaban en tres vehículos.

Durante la intervención, la Policía decomisó aproximadamente 400 kilogramos de cocaína que, de acuerdo con la investigación, serían trasladados mediante una aeronave que despegaría desde una pista clandestina con destino final a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a los cuatro detenidos aparentes delitos de conspiración y tráfico internacional de drogas. Además, dos de los sospechosos enfrentan cargos adicionales relacionados con presuntas infracciones vinculadas al uso y posesión de armas de fuego.

Una operación logística para vuelos clandestinos

Además de la droga, la Policía de Control de Drogas incautó una serie de implementos que evidenciarían la infraestructura utilizada por la organización para facilitar vuelos ilegales.

Entre los artículos decomisados figuran lámparas portátiles que, según las autoridades, serían utilizadas para iluminar pistas clandestinas durante operaciones nocturnas, radios de comunicación, llantas para avionetas, recipientes con combustible para aeronaves, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo tanto en colones como en dólares.

Para los investigadores, estos hallazgos fortalecen la hipótesis de que la organización contaba con una logística previamente planificada para movilizar cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense mediante aeronaves que operaban fuera de los controles oficiales.

Las pesquisas también permitieron vincular al grupo con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al narcotráfico en América y señalada por las autoridades estadounidenses de operar redes internacionales para el envío de cocaína, metanfetaminas y otras drogas.

Costa Rica como punto estratégico del narcotráfico

El caso vuelve a poner sobre la mesa el papel que desempeña Costa Rica como punto de tránsito para organizaciones criminales internacionales que buscan aprovechar su ubicación geográfica para enviar cargamentos de droga hacia Norteamérica.

En los últimos años, las autoridades nacionales han detectado un aumento en el uso de pistas clandestinas, embarcaciones y contenedores marítimos como mecanismos para sacar cocaína hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa.

La cooperación entre las autoridades costarricenses y agencias estadounidenses ha permitido fortalecer las investigaciones contra estructuras vinculadas con carteles mexicanos, cuyos integrantes suelen coordinar operaciones logísticas desde distintos países de Centroamérica.

Un caso conectado con otra investigación

Las autoridades indicaron que esta causa guarda relación con otra investigación desarrollada por la Policía de Control de Drogas en abril de 2025.

En aquella ocasión, oficiales interceptaron un yate cerca de la Marina de Quepos, en Puntarenas, donde fueron capturados tres ciudadanos mexicanos que transportaban aproximadamente 840 kilogramos de cocaína.

Al igual que ocurre con el caso de Liberia, los tres extranjeros también fueron requeridos posteriormente por la justicia estadounidense mediante solicitudes de extradición por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades consideran que ambos expedientes forman parte del esfuerzo conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos para desarticular las redes internacionales que utilizan el territorio costarricense como plataforma para el trasiego de cocaína hacia Norteamérica.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, los cuatro sospechosos permanecerán bajo prisión preventiva a la espera de que los tribunales costarricenses resuelvan la solicitud de extradición presentada por el Tribunal del Distrito Este de Wisconsin.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció un reforzamiento de las acciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con el despliegue permanente de agentes especializados de la Policía de Control de Drogas (PCD) y personal de inteligencia, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.

El anuncio fue realizado durante la reunión semanal de Fuerza Élite, que en esta ocasión se desarrolló en las instalaciones del principal aeropuerto del país. Según explicó la mandataria, la decisión de trasladar la sesión responde a la necesidad de dirigir los esfuerzos de seguridad hacia los puntos donde las autoridades consideran que existen mayores desafíos operativos.

“Hoy la reunión semanal de Fuerza Élite fue en el aeropuerto Juan Santamaría, porque la seguridad se lidera desde donde están los desafíos”, manifestó Fernández al iniciar su mensaje dirigido a la ciudadanía.

La presidenta sostuvo que el Gobierno mantiene una “cruzada nacional contra el crimen organizado” y que el comportamiento de las organizaciones dedicadas al narcotráfico ha cambiado significativamente en los últimos años, lo que obliga a adaptar las estrategias de vigilancia y control.

De acuerdo con la mandataria, la información de inteligencia recopilada por las autoridades indica que el aeropuerto requiere actualmente un fortalecimiento de la presencia de la Policía de Control de Drogas debido a la evolución de las estructuras criminales y de las sustancias ilícitas que circulan a nivel internacional.

Fernández explicó que el narcotráfico ya no opera bajo los mismos patrones observados hace cuatro años y advirtió que actualmente existe una mayor circulación de drogas sintéticas, así como de pastillas y precursores químicos utilizados para su fabricación.

Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno informó que habrá presencia permanente de 11 agentes especializados de la Policía de Control de Drogas en el aeropuerto Juan Santamaría. Entre ellos se incorporará, por primera vez, un analista antidrogas asignado de manera permanente a esa terminal aérea.

Según explicó la presidenta, esta figura permitirá fortalecer el análisis de información y mejorar la capacidad de anticipar movimientos relacionados con organizaciones criminales que utilizan el aeropuerto como punto de tránsito.

A este refuerzo se sumarán tres agentes adicionales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), quienes tendrán como objetivo ampliar las labores de investigación, inteligencia y seguimiento de estructuras vinculadas con el crimen organizado transnacional.

Fernández señaló que estas acciones buscan incrementar la capacidad operativa de las autoridades para detectar actividades ilícitas y responder con mayor rapidez ante nuevas modalidades empleadas por las redes criminales.

La estrategia, agregó, no se limitará al aeropuerto Juan Santamaría. La presidenta adelantó que el Gobierno proyecta implementar un esquema similar en otros puntos estratégicos del país.

Entre ellos mencionó el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia; el Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, así como distintos puestos fronterizos, donde también se prevé fortalecer la presencia policial y los mecanismos de inteligencia.

Aunque no precisó una fecha para la ejecución de esas medidas, indicó que forman parte de un plan gradual para ampliar la cobertura de seguridad en las principales puertas de ingreso y salida del territorio nacional.

La mandataria aprovechó el mensaje para reiterar que la administración mantendrá su política de combate frontal contra el crimen organizado y aseguró que no disminuirá la presión sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“A las familias de Costa Rica les decimos con claridad: no aflojamos. Seguimos trabajando y actuando con firmeza para devolverles la tranquilidad y la seguridad que se merecen”, concluyó.

El anuncio se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno a través de las reuniones semanales de Fuerza Élite, un espacio de coordinación en materia de seguridad en el que participan distintas instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada, fortalecer la inteligencia policial y definir estrategias para responder a los cambios en las dinámicas del narcotráfico internacional.

Una emergencia médica en altamar movilizó a oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y personal de la Cruz Roja Costarricense, quienes realizaron el traslado de un pescador que presentaba aparentes síntomas de un derrame cerebral mientras navegaba en aguas del Pacífico costarricense, frente a Cabo Blanco, en el Golfo de Nicoya.

El incidente se registró cuando las autoridades recibieron una alerta sobre la situación que enfrentaba la embarcación pesquera Capitán Anthony, matrícula P-10572, la cual se encontraba aproximadamente a cuatro millas náuticas de Cabo Blanco con rumbo hacia el puerto de Puntarenas. De acuerdo con el reporte inicial, uno de los tripulantes comenzó a experimentar una pérdida de movilidad en los brazos y hombros, una condición que hacía presumir un posible evento cerebrovascular y que requería atención médica inmediata.

Ante la gravedad del reporte, el Servicio Nacional de Guardacostas activó el protocolo de respuesta para emergencias marítimas y ordenó la salida de la embarcación GC 33-1, destacada en la estación de Caldera, en Esparza, con el objetivo de localizar el barco pesquero y evacuar al paciente en el menor tiempo posible.

De forma paralela, las autoridades coordinaron con la Cruz Roja Costarricense para que un paramédico se desplazara hasta el muelle turístico de Puntarenas. Una vez en el sitio, el socorrista abordó la lancha del Guardacostas antes de que esta zarpara hacia el punto donde se encontraba la embarcación pesquera, con el fin de brindar atención prehospitalaria durante el traslado del paciente.

Minutos después, los oficiales localizaron la embarcación Capitán Anthony y procedieron a movilizar al tripulante afectado, identificado por las autoridades con el apellido Reyes, hacia la embarcación oficial. La maniobra se realizó en alta mar y bajo las medidas de seguridad necesarias para garantizar tanto la estabilidad del paciente como la continuidad de la navegación.

Durante el trayecto hacia el muelle turístico de Puntarenas, el hombre permaneció bajo observación permanente del personal de la Cruz Roja Costarricense, que efectuó una valoración clínica inicial y aplicó las medidas de atención prehospitalaria correspondientes mientras se completaba la evacuación.

Una vez que la lancha arribó a tierra, el paciente fue entregado al personal de la Cruz Roja, que ya lo esperaba en el muelle para continuar con el protocolo de atención. Posteriormente fue trasladado a un centro médico, donde recibiría una evaluación especializada para determinar el origen de los síntomas y confirmar o descartar un posible derrame cerebral.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre las instituciones de primera respuesta cuando las emergencias ocurren en el mar, donde el acceso inmediato a servicios hospitalarios no es posible y cada minuto puede resultar determinante para preservar la vida de una persona.

El Servicio Nacional de Guardacostas mantiene operativos permanentes en ambas costas del país para atender situaciones relacionadas con rescates, evacuaciones médicas, búsqueda de embarcaciones, vigilancia marítima y atención de incidentes que involucren a pescadores, navegantes y turistas.

La colaboración con la Cruz Roja Costarricense permite que, cuando la naturaleza de la emergencia lo requiere, personal especializado en atención prehospitalaria pueda incorporarse a las operaciones de rescate antes incluso de que el paciente llegue a tierra, reduciendo los tiempos de respuesta y aumentando las posibilidades de una atención oportuna.

Las autoridades reiteraron que la rápida comunicación entre la tripulación de la embarcación y los cuerpos de emergencia fue clave para activar el operativo y brindar asistencia al pescador en el menor tiempo posible, permitiendo que recibiera atención médica durante el traslado y posteriormente fuera remitido a un centro hospitalario para continuar con su tratamiento.

En la última década, Costa Rica ha dejado atrás su tradicional imagen de país seguro dentro de Centroamérica para enfrentar un deterioro sostenido en su entorno de seguridad, evidenciado principalmente en el incremento de los homicidios.

Según datos del informe de Expediente Abierto: “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, el país alcanzó en 2023 la tasa de homicidios más alta de su historia reciente, con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Esta cifra marcó un quiebre estructural respecto a la estabilidad relativa que caracterizó a Costa Rica durante la primera mitad de la década anterior y posicionó a la nación como una de las que presenta un ritmo de crecimiento más pronunciado en los indicadores de violencia del istmo.

El aumento de los homicidios no ha sido un fenómeno episódico, sino progresivo, con una aceleración notable a partir de 2021. Aunque Costa Rica no alcanza las tasas de homicidio de los países del norte de Centroamérica, la tendencia reciente resulta especialmente preocupante por la velocidad y la magnitud del deterioro.

Diversos análisis atribuyen este repunte a la consolidación de Costa Rica como territorio estratégico dentro de las rutas del narcotráfico internacional.

Desde 2020, el país superó a México como principal punto de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y otras regiones, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, posición que mantuvo en 2023.

Esta situación se relaciona con la ubicación geográfica, la infraestructura portuaria en el Caribe, especialmente en Limón, y el alto volumen de comercio exterior, factores que convierten al país en un nodo atractivo para el tránsito y exportación de drogas hacia mercados internacionales.

Según información especializada, alrededor de siete de cada diez homicidios anuales en Costa Rica están vinculados a disputas entre actores del narcotráfico y de otras economías ilícitas. Un gran porcentaje del flujo de drogas ingresa al país por el Pacífico, principalmente bajo el control del Clan del Golfo colombiano, y es trasladado por tierra hasta el Caribe por agrupaciones locales asociadas con cárteles mexicanos.

Esta dinámica ha producido una concentración territorial de la violencia en zonas portuarias, corredores logísticos y áreas fronterizas, y ha dado lugar a una fragmentación de la criminalidad y a la proliferación de grupos vinculados a redes transnacionales.

Escalada del gasto y limitaciones estructurales

El impacto de este deterioro en seguridad se refleja en el presupuesto público. Entre 2020 y 2024, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica incrementó su gasto en un 30.01 %, pasando de USD 425.14 millones a USD 552.74 millones.

Para 2025, el presupuesto aprobado asciende a USD 645.69 y se proyecta un nuevo aumento para 2026, hasta alcanzar los USD 720.22 millones equivalente al 2.79 % del presupuesto nacional y al 0.66 % del PIB corriente, el punto más alto del periodo.

No obstante, la estructura del gasto permanece altamente concentrada en remuneraciones y operación cotidiana, con una proporción marginal destinada a inversiones de capital como infraestructura o tecnología. En 2024, solo el 2.85 % del presupuesto se destinó a gasto de capital, y para 2025 la asignación proyectada es aún menor, del 0.38 %. Más de tres cuartas partes del presupuesto se concentran en el Servicio de Seguridad Ciudadana (Fuerza Pública), reflejando la centralidad del componente policial uniformado en el modelo costarricense y la ausencia de fuerzas armadas.

Costa Rica enfrenta limitaciones estructurales por su baja proporción de personal policial —menos de 12,000 efectivos adscritos a la Fuerza Pública— y un déficit estimado de entre 5,000 y 7,000 agentes.

Además, la respuesta estatal se ve limitada por la fragmentación institucional y la falta de coordinación efectiva entre actores gubernamentales. Especialistas advierten que, sin respuestas institucionales adecuadas y sostenidas, el problema podría agravarse, y subrayan la necesidad de fortalecer la inversión en inteligencia, control portuario y capacidades de investigación criminal para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo y transnacional.

El Gobierno de Costa Rica expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno del Estado de Catar por el fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, conocido como el Emir Padre de Catar, cuya muerte fue confirmada por las autoridades cataríes a los 74 años de edad. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del deceso.

A través de un mensaje difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la administración costarricense lamentó la pérdida del ex gobernante y destacó el papel que desempeñó durante casi dos décadas al frente del país asiático.

“La República de Costa Rica expresa al pueblo y al Gobierno del Estado de Catar sus más profundos sentimientos de pesar por el fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Padre de Catar”, señala el pronunciamiento oficial.

Asimismo, la Cancillería transmitió la solidaridad del país con el pueblo catarí y recordó el liderazgo ejercido por Hamad bin Khalifa Al Thani durante 17 años como jefe de Estado.

El comunicado también resalta que su legado permanecerá como símbolo de la modernización y el progreso de Catar.

“Confiamos en que el legado del Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani perdure como testimonio de la modernización y el progreso de Catar. En este momento de duelo nacional, acompañamos con respeto y amistad al pueblo catarí, reiterando los vínculos de fraternidad que unen a nuestros países”, indicó la institución.

Durante su mandato, entre 1995 y 2013, Hamad bin Khalifa Al Thani impulsó una profunda transformación de Catar, convirtiendo a un pequeño Estado del Golfo Pérsico en una potencia energética, financiera y diplomática con creciente influencia internacional. Su administración aprovechó la enorme riqueza proveniente del gas natural para desarrollar infraestructura, fortalecer la economía y posicionar al país como un actor relevante en la política mundial.

Bajo su liderazgo nació la cadena internacional Al Jazeera, considerada una de las principales plataformas informativas del mundo árabe, mientras que el fondo soberano Qatar Investment Authority comenzó una agresiva estrategia de inversiones internacionales que llevó al país a adquirir activos emblemáticos en Europa y otras regiones.

Otro de los hitos asociados a su gobierno fue el impulso que permitió a Catar obtener la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, un evento que colocó al país bajo los reflectores internacionales y consolidó su estrategia de proyección global. Paralelamente, fortaleció el papel de Catar como mediador en distintos conflictos regionales y promovió una política exterior mucho más activa que la de otros Estados del Golfo.

Hamad bin Khalifa Al Thani también rompió con una tradición poco habitual entre las monarquías del Golfo al abdicar voluntariamente en junio de 2013 para entregar el poder a su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y dar paso a una nueva generación de liderazgo. Esa decisión fue considerada inédita dentro de la región y marcó un precedente político.

Tras anunciarse su fallecimiento, las autoridades cataríes decretaron varios días de duelo nacional y realizaron las ceremonias fúnebres en Doha, encabezadas por el actual emir y miembros de la familia real. Diversos gobiernos alrededor del mundo enviaron mensajes de condolencia y destacaron la influencia que el ex mandatario ejerció sobre el desarrollo económico y la política internacional de Catar durante las últimas décadas.

Con el mensaje emitido por la Cancillería, Costa Rica se sumó a esa ola de expresiones de solidaridad internacional, resaltando la relación de amistad entre ambas naciones y reconociendo el legado de quien es considerado uno de los principales arquitectos del Catar contemporáneo.

Los fuertes vientos que afectan la provincia de Limón durante las últimas horas provocaron una serie de incidentes en distintos puntos del Caribe costarricense, entre ellos la caída de árboles sobre viviendas, daños en infraestructura y un deslizamiento que interrumpió parcialmente el tránsito en una carretera de Talamanca.

De acuerdo con el reporte oficial de los Comités Municipales de Emergencia (CME), las afectaciones se concentran en los cantones de Talamanca, Limón, Siquirres, Matina y Pococí, donde las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y coordinan la atención de las comunidades impactadas.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en el cantón de Pococí, específicamente en la comunidad de Calle El Tablón de Guápiles, donde varios árboles cedieron debido a la fuerza del viento y cayeron sobre viviendas. Los equipos de emergencia se desplazaron al sitio para inspeccionar las estructuras afectadas, determinar el nivel de los daños y brindar acompañamiento a las familias.

Una situación similar se presentó en Barrio La Paz de Batán, en el cantón de Matina. En esa comunidad también se reportó la caída de árboles sobre varias casas, lo que obligó a la movilización de los cuerpos de respuesta para retirar los obstáculos y verificar que no existieran personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas o personas heridas como consecuencia de estos incidentes. Sin embargo, las evaluaciones continúan debido a que las condiciones meteorológicas podrían generar nuevas emergencias en las próximas horas.

En el cantón de Talamanca, otro de los eventos atendidos se registró en la localidad de Cocles de Cahuita, donde un deslizamiento de tierra cayó sobre una carretera, afectando el tránsito por el sector. Tras recibir el reporte, el Comité Municipal de Emergencias inició la coordinación con las instituciones responsables para movilizar maquinaria y personal que permita remover el material acumulado y restablecer el paso de manera segura.

Las autoridades indicaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los conductores y evitar que el deslizamiento represente un riesgo adicional para quienes transitan por la zona, especialmente si las lluvias o los fuertes vientos continúan durante las próximas horas.

Los Comités Municipales de Emergencia de Talamanca, Limón, Siquirres, Matina y Pococí permanecen activos y en comunicación constante con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las demás instituciones de primera respuesta para atender cualquier nuevo incidente que pueda presentarse.

Como parte del protocolo de atención, los equipos municipales realizan inspecciones en las comunidades afectadas para identificar viviendas con daños estructurales, valorar las necesidades de sus ocupantes y coordinar la entrega de asistencia en caso de que sea requerida.

Además de las inspecciones, las autoridades mantienen vigilancia sobre sectores donde existe riesgo de caída de árboles, desprendimientos de tierra o afectaciones a la red vial, debido a que los fuertes vientos pueden debilitar estructuras, ramas y postes del tendido eléctrico.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial y evitar transitar por zonas donde existan árboles inclinados, cables eléctricos caídos o carreteras con derrumbes, ya que estas condiciones representan un riesgo para la seguridad de las personas.

Entre las principales recomendaciones emitidas se encuentra asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar estacionar vehículos bajo árboles de gran tamaño y reportar de inmediato cualquier situación de emergencia a través de los canales oficiales.

Mientras continúan las valoraciones en los cinco cantones afectados, los cuerpos de emergencia reiteraron que mantendrán los operativos activos hasta completar la atención de las familias y verificar que no existan nuevos riesgos derivados de las condiciones meteorológicas que afectan al Caribe costarricense.

Las autoridades insistieron en que el monitoreo será permanente y que la coordinación entre los gobiernos locales, la Comisión Nacional de Emergencias y las instituciones de respuesta permitirá actuar de forma oportuna ante cualquier nuevo incidente que pueda registrarse en la provincia de Limón.

Entre 2019 y 2026, las bitácoras policiales fue sumando un nombre una y otra vez. El hombre, costarricense y de 51 años, se convirtió en una figura conocida para los agentes de la Fuerza Pública.

Cada intervención, cada aprehensión, quedaba registrada: 388 veces fue abordado por la policía en ese periodo, según los datos del Ministerio de Seguridad Pública y lo publicado por Diario Extra.

El motivo de cada encuentro iba cambiando. Un día era por portar un arma blanca; otro, por transportar o tener aparente droga. También hubo reportes por tentativa de hurto, robo, órdenes de captura, infracciones a la Ley de Licores o consumo de estupefacientes.

En 2026, solo en el distrito Merced, la policía elaboró veintidós informes sobre él: cinco por decomiso de arma blanca, dos por infringir la Ley de Licores y quince por tenencia de droga.

Los documentos oficiales detallan cada paso: el agente identifica al hombre, lo aborda, registra el hecho y el proceso termina casi siempre de la misma manera.

El individuo sale en libertad. Para los policías, la rutina se repite; para el sistema, la intervención se cuenta como una “pasada”.

Pero el número, por sí solo, no significa condena. El abogado Adrián Quesada lo aclara: una aprehensión o “pasada” policial es solo un registro de que la persona fue detenida, identificada o investigada. Quesada lo resume así: “No significa que sea culpable de un delito. En Costa Rica nadie puede permanecer detenido solo por tener un historial policial”. El proceso judicial, recuerda, exige algo más: pruebas, riesgos procesales y una resolución judicial para justificar la prisión preventiva.

A lo largo de los años, las autoridades han explicado que la mayoría de las “pasadas” no llegan a convertirse en causas penales. El Ministerio Público señala que estas intervenciones pueden deberse a situaciones menores, como el consumo de licor en la vía pública, alteración del orden o portar pequeñas cantidades de droga para consumo personal. Aunque cada caso se registra, la mayoría no termina ante la fiscalía ni genera antecedentes penales.

La frustración de policías y ciudadanos ante la reincidencia

La repetición tiene un impacto que va más allá de las estadísticas. El exviceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro, ha descrito la frustración de los policías que, después de detener a una persona, la ven regresar pronto a las calles.

“El policía detiene hoy a una persona y al día siguiente, o incluso horas después, la vuelve a ver en la calle o delinquiendo nuevamente”, comentó. Para Navarro, este ciclo afecta también la confianza ciudadana y la percepción de autoridad, según detalles de Diario Extra.

Navarro considera que la reincidencia exige una revisión profunda del Código Penal y del Código Procesal Penal, para que el sistema pueda dar una respuesta más efectiva. Aun así, el abogado Quesada insiste en que solo las pruebas, los riesgos procesales y una resolución judicial pueden justificar la privación de libertad. La historia de este hombre, registrada centenares de veces, es el reflejo de cómo la ley y la realidad cotidiana se encuentran en las calles de Costa Rica.

La tarde en que la vida cambió para “Javier” y su familia parecía no tener nada fuera de lo común en el distrito de Hatillo. Sin previo aviso, miembros de la banda conocida como “Los Lara” llegaron a su casa, una propiedad pagada tras años de esfuerzo y de la que les ordenaron desalojar porque ellos lo pedían.

Uno de los familiares se negó a entregar el hogar donde habían vivido siempre. A los pocos días, tras una discusión, uno de los hombres sacó un arma y disparó cinco veces contra el pariente de Javier. “Primero llegaron y dijeron: ‘Váyanse de aquí. Nosotros vamos a ocupar la casa y ya está’. Mi familiar les respondió: ‘No, ¿cómo que se van a adueñar de la casa?’. En ese momento no sabía realmente quiénes eran”, relató Javier, quien utiliza un nombre ficticio por motivos de seguridad, según informó CR Hoy. El ataque solo dejó heridas, pero la familia entendió que no podía permanecer más allí.

La huida fue inmediata. Nadie pudo sacar ninguna pertenencia; solo salieron con la ropa puesta. “No nos dejaron sacar absolutamente nada. Ahí quedó todo. Solo nos dijeron: ‘Con la ropa que llevan puesta, váyanse’. Así tuvimos que irnos todos. Perdimos la casa y absolutamente todas las pertenencias”, recordó Javier.

El miedo se instaló de forma permanente. La familia se dispersó por distintas zonas del país, algunos buscaron refugio en áreas rurales para evitar ser localizados. La distancia física también quebró los lazos familiares, haciendo imposible cualquier tipo de reunión desde entonces.

El control de “Los Lara” y la transformación de la vivienda

La vivienda fue ocupada por la banda y convertida en un búnker. Según vecinos, el lugar es ahora utilizado para almacenar y distribuir drogas, además de servir de refugio para sicarios. Javier se entera de estos movimientos por conocidos que aún viven en la zona y con quienes se cruza ocasionalmente en lugares públicos: “Los testigos describen un constante movimiento de personas que entran y salen con bolsas a cualquier hora del día. El control de la banda sobre el territorio es absoluto”, detalló CR Hoy.

El riesgo de regresar es alto. Una familiar fue perseguida a balazos solo por pasar cerca del lugar. El control y vigilancia de “Los Lara” impiden que las víctimas denuncien ante las autoridades por miedo a represalias mortales. “El miedo es tal que Javier y sus allegados ni siquiera pudieron asistir a los velorios ni a los funerales de sus dos abuelas, quienes residían en el mismo barrio y fallecieron por causas naturales”. La familia atribuye el deterioro en la salud de una de las abuelas al impacto emocional de haber presenciado el asesinato de un primo, hecho que adjudican a los mismos sicarios de la organización.

Mientras tanto, aunque los principales líderes de la banda están en prisión, siguen dirigiendo las operaciones desde la cárcel. El dominio sobre el barrio continúa, y la amenaza se mantiene latente para quienes alguna vez intenten volver. La banda vigila a las familias que despojó de sus casas y, según los relatos, ordena ataques inmediatos si detectan a algún antiguo residente cerca del barrio.

Javier ha tenido que rehacer su vida en el campo. “Nosotros teníamos la vida hecha. Toda la familia vivía cerca: los abuelos, las tías, todos. Mi vida se destruyó totalmente. Tuve que irme al campo y empezar de cero, buscando qué hacer y cómo salir adelante. Nos cambió la vida por completo”, expresó.

A pesar de los años transcurridos y de las dificultades, Javier observa con esperanza los recientes operativos policiales en Hatillo. Pide que las autoridades intervengan la vivienda, la sellen y mantengan vigilancia permanente. Tras años de pagar alquileres y buscar trabajo lejos de su hogar, la familia solo anhela recuperar, algún día, la paz que la violencia les arrebató.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso en marcha un plan piloto en el Hospital Calderón Guardia para contactar pacientes y depurar listas de espera durante un mes. La iniciativa usará inteligencia artificial para verificar si las personas aún requieren atención médica y para actualizar sus datos de contacto.

La herramienta, denominada CLEO, es un asistente virtual que se comunicará con los pacientes mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp y correo electrónico. Según explicó este viernes Enué Arrieta, de la Unidad Técnica de Listas de Espera a El Observador, el sistema permitirá confirmar si la persona todavía necesita la consulta, el procedimiento o la cirugía programados, así como actualizar los datos necesarios.

La información recabada por CLEO será enviada al personal del hospital, que continuará gestionando las listas de espera y tomará las decisiones finales. La CCSS enfatizó que la plataforma no asigna citas, no modifica listas de espera ni toma decisiones clínicas. “Esta herramienta no sustituye al personal de salud ni toma decisiones médicas. Su función es apoyar la actualización de la información para facilitar la gestión de las listas de espera”, puntualizó la institución.

¿Cómo será el contacto con los pacientes?

Como parte de la campaña informativa, la CCSS difundió ejemplos visuales para que los usuarios puedan identificar los mensajes oficiales. En la comunicación, los pacientes reciben un correo electrónico en el que se les indica que tienen una atención pendiente, por ejemplo, en medicina interna en el Hospital Calderón Guardia.

El mensaje contiene un enlace personal para actualizar su información, en un proceso que toma menos de tres minutos y es voluntario. El usuario debe tener a mano su número de asegurado y los últimos cuatro dígitos, necesarios para la verificación.

Canales oficiales y medidas de verificación

La CCSS aclaró que los contactos oficiales se realizarán únicamente desde fuentes institucionales: el correo electrónico gm_utle_glisespera@ccss.sa.cr, el WhatsApp 506 8850-3465 y la línea telefónica 506 4100-7668.

Además, advirtió que nunca se solicitarán contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios ni pagos de ningún tipo. La institución también exhortó a los usuarios a mantener actualizados sus datos de contacto y a verificar siempre el origen de las comunicaciones recibidas en el marco de este proceso.

Evaluación del plan piloto

El plan piloto será evaluado durante un mes antes de considerar su extensión a otros centros de la CCSS.

En otro tema, este jueves un informe de auditoría de la Caja advirtió que 885 pacientes del Hospital de Niños enfrentan riesgo de daños irreversibles por una lista de espera que supera 13 meses para acceder a tratamientos craneofaciales, incluidos casos de labio y paladar hendido.

Según el documento, la demora puede cerrar una “ventana biológica única” de crecimiento. El retraso se asocia con alteraciones irreversibles en el desarrollo óseo y facial, problemas de alimentación, dificultades en el habla y cambios respiratorios, además de una afectación en la autoestima y la integración social, con carga emocional para las familias.

La auditoría ubicó el principal origen del rezago en el laboratorio dental del hospital, que opera como un cuello de botella por falta de personal. El servicio depende de una sola plaza de mecánico dental, con una producción de nueve aparatos por semana, y el rendimiento cae cuando se registran incapacidades.

El informe indicó que desde 2015 se solicitó formalmente una plaza adicional, pero la institución rechazó las peticiones al priorizar infraestructura o la contención de plazas. Aunque el servicio implementó jornadas extraordinarias para reducir el atraso, el texto señaló que la solución definitiva pasa por crear ese puesto adicional para acortar los tiempos de espera.

Una misión comercial de empresas farmacéuticas peruanas prepara su desembarco en Centroamérica con el objetivo de expandir mercados en la región. Según informó la agencia de noticias EFE, representantes del sector visitarán Costa Rica y Honduras entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre próximos, bajo la organización del Comité de Productos Farmacéuticos de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).

Según EFE, Costa Rica importa cada año medicamentos e insumos para la salud valorados en USD 1,369 millones, mientras que Honduras supera los USD 750 millones en compras similares. Esta dinámica convierte a Centroamérica en un destino para las firmas peruanas, que buscan diversificarse y responder a la creciente demanda de productos a precios competitivos, sobre todo en el segmento de venta libre (OTC).

Durante la misión, las compañías presentarán un portafolio que abarca especialidades como neuropsiquiatría, anestesiología, salud respiratoria, oncología, dermatología, dermocosmética, reumatología, cardiología, genitourinaria, infectología, radiología, gastroenterología, hematología, inmunología y suplementos alimenticios. Según destacó ADEX, este abanico responde a la necesidad de los mercados centroamericanos por ampliar su acceso a tratamientos asequibles.

La agencia EFE informó que las exportaciones peruanas de medicamentos de uso humano alcanzaron en 2025 los USD 42 millones, lo que supuso un incremento del 2.4% respecto a 2024. Pese a esta tendencia, los envíos durante los primeros cuatro meses de 2026 sumaron solo 13 millones de dólares, con una contracción interanual del 7.4%. Esta variación ha generado inquietud en el sector, que busca nuevas oportunidades comerciales para revertir la caída.

Las exportaciones de Perú sumaron USD 45,128 millones entre enero y mayo de 2026 y crecieron 36,7% frente al mismo período del año anterior, impulsadas por la minería y por la recuperación de parte de la oferta no tradicional, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, CIEN-ADEX. El avance consolidó el dinamismo del comercio exterior peruano, aunque el propio gremio advirtió que todavía persisten retos estructurales para ampliar la base exportadora y sostener ese ritmo.

China fue el principal destino de los despachos con USD 17,390 millones y concentró el 38,5% del total. Detrás quedaron India con 10,6%, Estados Unidos con 9,5%, la Unión Europea con 8,8%, Canadá con 5,3%, Suiza con 3,4% y Japón con 3,2%.

Los reclamos regulatorios del sector farmacéutico

El Comité de Productos Farmacéuticos de ADEX subrayó que una de las prioridades actuales es dar seguimiento a la implementación de la Agencia Peruana de Medicamentos (Apemed), anunciada por el Gobierno en abril del año pasado. El gremio considera fundamental que esta entidad opere con autonomía, establezca reglas claras y garantice seguridad normativa, además de aplicar criterios proporcionales en la fiscalización y sanción de actividades.

EFE detalló que otro desafío en la agenda del sector farmacéutico peruano es la supervisión de los establecimientos autorizados. Según datos oficiales, el número de droguerías en Perú pasó de 2,847 en 2016 a 6,199 en 2024, lo que ha incrementado la demanda por un sistema de vigilancia más eficiente y basado en criterios de riesgo. El gremio sostiene que la homologación de las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con autoridades sanitarias internacionales reconocidas agilizaría el ingreso de productos peruanos a otros países latinoamericanos y elevaría la competitividad del sector.

El crecimiento de los hogares unipersonales en Costa Rica marca un cambio demográfico y social de alto impacto en las finanzas personales. La cantidad de personas que viven solas se quintuplicó en un cuarto de siglo y hoy representa el 16.2% del total de hogares, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta transformación implica retos específicos en la administración del dinero, el acceso a vivienda y la planificación para el futuro.

Quienes viven solos enfrentan una estructura de gastos diferente a la de los hogares familiares. Los principales desembolsos corresponden a alimentación y bebidas no alcohólicas, vivienda, servicios públicos y transporte. El rubro de recreación también aparece entre las prioridades, recomendándose destinar entre 5% y 10% del ingreso mensual a actividades sociales y de bienestar.

Para Laura Céspedes, gerente senior de Productos de Inversión y Depósito de DAVIbank Costa Rica, la clave está en “definir un presupuesto claro y realista, alineado con los ingresos y gastos de cada persona”.

Céspedes indica que llevar un registro detallado de los pagos, incluidos los llamados “gastos hormiga”, resulta esencial para evitar desequilibrios y poder establecer el ahorro como un costo fijo.

El análisis del INEC también detalla que los hogares unipersonales destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, lo que limita su capacidad de ahorro frente a los hogares familiares.

Los patrones de consumo muestran además una marcada preferencia por compras más pequeñas y el uso de medios digitales, especialmente entre adultos jóvenes. En contraste, las personas mayores tienden a mantener hábitos más tradicionales y conservadores.

La planificación financiera adquiere un peso aún mayor cuando se depende de un solo ingreso. La creación de un fondo de emergencia constituye un paso indispensable.

Este colchón financiero permite afrontar imprevistos como la pérdida de empleo, enfermedades o reparaciones urgentes sin comprometer la liquidez mensual. Herramientas como el ahorro automático facilitan este hábito y contribuyen a la estabilidad a largo plazo.

El seguimiento periódico del presupuesto es otra práctica recomendada. Ajustar los gastos según los ingresos, el estilo de vida y las nuevas metas financieras ayuda a mantener el control y a priorizar el bienestar personal sin poner en riesgo la estabilidad económica.

La protección del patrimonio también se ha vuelto un tema central. Para Isela Chaverri, directora de DAVIbank Corredora de Seguros, “los hogares unipersonales demandan una visión moderna y estratégica de la protección con seguros.

Tanto los seguros de vida, por su rol en la estabilidad financiera y el resguardo de dependientes o compromisos, como los seguros de bienes, por su capacidad de blindar el patrimonio, se convierten en pilares fundamentales de tranquilidad y resiliencia”.

Chaverri subraya que un seguro representa una inversión en independencia y paz mental para quienes no cuentan con una red primaria de apoyo.

Los seguros de vida pueden cubrir obligaciones financieras en caso de fallecimiento, evitando que créditos hipotecarios, de vehículo o personales recaigan sobre familiares.

Además, los productos que combinan seguro y ahorro permiten acumular capital para el retiro, emergencias médicas o proyectos personales. Por su parte, los seguros de vivienda protegen tanto la estructura como el contenido del hogar ante eventos como incendio, inundación, terremoto o robo.

Para quienes poseen automóvil, contar con un seguro resulta indispensable, ya que un accidente podría afectar completamente la continuidad laboral y desestabilizar las finanzas.

El fenómeno de los hogares unipersonales en Costa Rica desafía la manera en la que tradicionalmente se entiende la construcción de patrimonio y la protección financiera. La tendencia obliga a adoptar prácticas más rigurosas, apoyarse en herramientas tecnológicas y considerar productos financieros diseñados específicamente para este segmento de la población.

La Policía de Control Fiscal (PCF) realizó este fin de semana el mayor decomiso de cigarrillos de contrabando registrado en Costa Rica, al incautar 23.894.600 unidades en una operación ejecutada en San Rafael de Alajuela. Según informó la Presidencia de la República, el valor estimado de la mercancía asciende a unos ₡2.300 millones (alrededor de $4.400.000 dólares estadounidenses), una suma que los grupos delictivos habrían obtenido mediante la venta ilegal al menudeo.

El operativo, coordinado por la PCF del Ministerio de Hacienda, se desarrolló en un complejo de bodegas donde las autoridades ubicaron un centro de distribución que funcionaba como parte de la estructura logística del crimen organizado. Durante la intervención, los agentes decomisaron no solo la mercancía principal, sino también un camión, un contenedor y una buseta que transportaba aproximadamente 280.000 cigarrillos.

Katherine Tenorio, directora de la PCF, explicó que “se logra intervenir una buseta que sale cargada con gran cantidad de cigarrillos, aproximadamente doscientas ochenta mil unidades. Se interviene y se logra vincular que está saliendo de la bodega que en este momento está siendo intervenida”.

Las autoridades informaron que fuera de las instalaciones también se localizó el vehículo de uno de los presuntos responsables, en el cual se halló un arma de fuego y una suma considerable de dinero en efectivo. La PCF confirmó la detención de una persona, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Alajuela. Según la investigación, el propietario del vehículo figura como líder identificado de una de las estructuras criminales responsables del contrabando de cigarrillos.

De acuerdo con la Presidencia de la República, este decomiso se suma a una serie de acciones recientes emprendidas por el gobierno costarricense para enfrentar el contrabando y proteger los recursos fiscales del país. Las autoridades recalcaron que el impacto económico del tráfico ilegal de cigarrillos representa una pérdida directa para el Estado, ya que los delincuentes obtienen millonarios ingresos mientras el fisco deja de percibir impuestos fundamentales para el financiamiento de servicios públicos.

En declaraciones recogidas por la Presidencia de la República, la titular de la PCF afirmó: “En este momento hay una persona detenida que se encuentra a la orden de la Fiscalía de Alajuela. El dueño del vehículo es un líder de una de estas estructuras criminales que ya está debidamente identificado”. La funcionaria señaló que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros individuos y el alcance regional de la red.

La Presidencia de Costa Rica aseguró que la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otros productos constituye una prioridad de la actual administración. El comunicado oficial sostiene: “En este gobierno no vamos a tolerar barbaridades así. Seguimos trabajando para proteger los plata de todos los costarricenses”. Autoridades insistieron en que los operativos continuarán, anticipando nuevos golpes a estructuras vinculadas a la evasión y el crimen organizado.

El caso permanece bajo investigación judicial y se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre los detenidos y las conexiones detectadas entre las bodegas allanadas y otras redes de contrabando en la región.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantendrá el despliegue de su red 5G en Costa Rica después de que la Contraloría General de la República validara parte de la adjudicación y anulara otra. La resolución del 9 de julio dejó en pie los componentes tecnológicos centrales del proyecto y obligó a repetir una parte de la licitación cuestionada por fabricantes.

La resolución avaló las líneas vinculadas con la red de acceso de radio y el núcleo móvil 5G, pero anuló las partidas relacionadas con los elementos de conectividad. Según DPL News, la Contraloría validó las líneas 1, 2 y 3 y rechazó las tres restantes.

Esa decisión implica que la empresa estatal deberá volver a licitar una parte del cartel para el despliegue de la red. DPL News sostuvo que la medida modifica otra vez el cronograma original y retrasa la disponibilidad comercial de los servicios 5G.

El Instituto Costarricense de Electricidad sostuvo una lectura distinta. Citado por El Mundo CR, afirmó que la anulación parcial no afecta el calendario inicial de despliegue ni los planes de comercialización de la red de quinta generación.

¿Qué componentes quedaron adjudicados?

De acuerdo con la resolución, el ente contralor ratificó la adjudicación de los componentes que el ICE considera esenciales para construir la red. Se trata de la red de acceso de radio y del núcleo móvil 5G, sobre los que el Instituto prevé implementar una arquitectura Open RAN Stand Alone.

Según el ICE, esa tecnología dará mayor flexibilidad, favorecerá la interoperabilidad entre fabricantes y reforzará la capacidad de evolución de la infraestructura nacional. La empresa enmarcó el proyecto en un proceso de modernización del ecosistema de telecomunicaciones costarricense orientado a elevar la competitividad y acelerar la transformación digital.

El gerente de Telecomunicaciones del ICE, Oscar Romero, defendió el avance del proyecto: “Avanzamos... con el compromiso de ofrecer infraestructura segura y preparada para responder –como siempre lo hemos hecho– a las necesidades de comunicación de Costa Rica con la innovación y la tecnología más moderna que se ofrece a nivel mundial”.

¿Cómo impacta la decisión en el proceso?

La decisión no canceló el despliegue, pero tampoco lo dejó intacto. La base tecnológica principal sigue adjudicada y el Instituto asegura que avanzará, mientras una parte de la contratación deberá repetirse por orden de la Contraloría.

La resolución llegó pocos meses después de la adjudicación del contrato principal para el despliegue de la red 5G. Tras revisar los recursos presentados por distintos fabricantes, la Contraloría concluyó que una parte de la contratación debía rehacerse, con una nueva licitación para esos componentes específicos.

Ese nuevo capítulo prolonga un proceso atravesado por apelaciones, revisiones técnicas y controversias entre proveedores. Según DPL News, algunas empresas alegaron que el proceso podía afectar principios de competencia y transparencia.

El caso escaló fuera del plano administrativo

El caso también salió del plano administrativo. De acuerdo con el medio local La República, citado por el diario, algunos proveedores llevaron sus preocupaciones ante autoridades de Estados Unidos dentro de mecanismos de seguimiento comercial entre ambos países.

Aunque esa intervención no supone una acción directa sobre la contratación pública costarricense, sí incrementa el escrutinio internacional sobre el proceso. El reclamo aparece en un contexto en el que Estados Unidos impulsa políticas para fortalecer cadenas de suministro confiables y promover entornos competitivos en infraestructura digital y telecomunicaciones en la región.

Costa Rica arrastra desde hace años demoras en el desarrollo de su ecosistema 5G. La asignación de espectro y los procesos licitatorios han enfrentado objeciones de operadores, fabricantes y organismos reguladores, mientras otros mercados latinoamericanos avanzan con redes comerciales. En abril el ICE anunció la adjudicación a la compañía sueca Ericsson, en una operación que supera los 220 millones de dólares. La decisión marcó el cierre de un proceso licitatorio que enfrentó múltiples obstáculos desde 2022.

Las autoridades de San José han intensificado la ofensiva contra el narcotráfico, centrándose en la demolición de viviendas que funcionaban como búnkeres de droga en la capital costarricense. Esta táctica busca neutralizar no solo la venta de estupefacientes, sino también la violencia asociada a la presencia de bandas en barrios históricamente afectados.

En las últimas intervenciones, la Policía Municipal identificó al menos 13 casas que servían como centros de distribución y consumo, según datos revelados por CR Hoy. Estas edificaciones se ubican en sectores como 25 de Julio, Aguantafilo, Naciones Unidas, Lomas de Ocloro, Cañada Sur, El Pochote, Cuba, María Reina, López Mateos y Pavas Centro. La mayoría de los inmuebles se encontraba en estado de abandono, convertidos en refugio para personas con adicción y bajo dominio de grupos criminales.

La estrategia de las fuerzas de seguridad va más allá de los operativos policiales habituales. El objetivo central es demoler las estructuras para impedir que sean reutilizadas como puntos de venta y almacenamiento de drogas, armas y dinero. Este enfoque responde a la experiencia del año anterior, cuando se desmantelaron 15 búnkeres, principalmente en espacios públicos que habían caído bajo control de bandas.

Cómo operan las bandas y por qué hay tantas casas vacías

Las viviendas usadas como búnkeres suelen quedar vacías tras procesos judiciales por quiebra, disputas familiares por herencias o la muerte de propietarios sin herederos reconocidos. En muchos casos, las bandas expulsan violentamente a las familias residentes para tomar control de los inmuebles y expandir sus actividades ilícitas.

El supervisor Erick Villalobos explicó que estos lugares ofrecen ventajas logísticas a las organizaciones, ya que dificultan la labor policial y facilitan el flujo de consumidores habituales. Además, en los búnkeres se almacenan cargamentos de droga, armas y efectivo, consolidando el dominio territorial de las bandas, de acuerdo con información publicada por CR Hoy.

El despojo de inmuebles también puede originarse en deudas impagas, incluyendo préstamos conocidos como “gota a gota”. Para los grupos criminales, cada casa representa un enclave estratégico que actúa como barrera física frente a la policía y punto fijo de venta para consumidores cautivos.

La utilidad de estos puntos radica también en el movimiento económico que generan. Testimonios de consumidores recopilados por las autoridades indican que una persona puede llegar a gastar un mínimo de ₡10.000 (USD 19) al día en dosis. En una sola redada, se han retirado decenas de individuos de un mismo inmueble, lo que permite estimar ganancias diarias de varios millones de colones para estos grupos.

La Policía Municipal de San José, junto con la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Salud, prioriza la inhabitabilidad y posterior demolición de los búnkeres detectados. Antes de proceder, se debe documentar su deterioro estructural y el estado ruinoso de los inmuebles, que suelen encontrarse en condiciones incompatibles con la vida humana.

El impacto directo en la seguridad de los barrios

La demolición de los búnkeres apunta a frenar el ciclo de violencia que rodea a estos puntos críticos. Alrededor de estas estructuras se repiten balaceras, agresiones y homicidios por disputas entre bandas rivales, así como hurtos y robos cometidos por consumidores que buscan financiar su dosis, según destaca CR Hoy.

La intervención de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Salud complementa el trabajo de la policía municipal. Para proceder con las demoliciones, primero se documenta el deterioro estructural de las viviendas y su estado ruinoso, condición que, según Marcelo Solano, director policial, justifica el derribo inmediato.

Villalobos detalló que existe una política de intervención constante en las zonas más afectadas. La demolición de estos focos de criminalidad permite disminuir rápidamente la violencia armada y los robos, restaurando la sensación de seguridad para los vecinos. Las autoridades sostienen que esta medida mejora la calidad de vida en los barrios y devuelve el espacio público a la comunidad.

Las temperaturas elevadas provocadas por el fenómeno de El Niño en Costa Rica ya generan preocupación en el sector salud, pues el incremento térmico de hasta 2 °C en la zona del Pacífico Norte podría mantenerse durante los próximos meses y extenderse hasta la estación seca de 2027. Así lo informó El Observador, que además advirtió sobre el potencial impacto en la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Instituto Meteorológico Nacional detalló que el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y parte de la Zona Norte enfrentarán aumentos de entre 1 °C y 1,5 °C. En el Pacífico Norte, el ascenso llegará a 2 °C por encima del promedio habitual.

El doctor Marco Gómez, internista y docente de la Universidad Hispanoamericana, explicó que un aumento de temperatura, aunque parezca menor, puede incrementar el estrés térmico y favorecer problemas de salud si no se toman medidas preventivas. El golpe de calor, la complicación más grave, puede derivar en falla multiorgánica y muerte si no se enfría el cuerpo rápidamente.

La hidratación constante resulta esencial para prevenir complicaciones. Gómez subrayó que esperar a sentir sed no es recomendable, ya que es un indicio de que el organismo ya comenzó a perder agua. Por eso, recomendó ingerir líquidos de manera regular durante toda la jornada, en especial si se realizan actividades al aire libre, donde lo ideal es tomar un vaso de agua cada 15 o 20 minutos.

Riesgos particulares y recomendaciones para la población

La exposición directa al sol entre las 10:00 am y las 3:00 pm incrementa el riesgo de agotamiento y golpe de calor. Los especialistas sugieren evitar esas horas, buscar sombra, usar ropa ligera y aplicar protector solar. Se debe evitar dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos cerrados.

La nutricionista Yorleny Chacón, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Hispanoamericana, recomendó el consumo diario de dos litros de agua, distribuidos a lo largo del día. Para quienes no disfrutan del agua sola, sugirió agregar menta, hierbabuena o rodajas de limón sin azúcar. En personas con diabetes, desaconsejó bebidas azucaradas o sueros con azúcar porque pueden alterar el control de la glucosa.

Trabajadores al aire libre y deportistas forman otro sector de riesgo por la pérdida acelerada de agua y electrolitos bajo el calor. En pacientes con enfermedades renales, el aumento térmico puede deteriorar la función del riñón. En quienes padecen diabetes o hipertensión, la deshidratación puede agravarse por las características de esas patologías o los medicamentos.

Golpe de calor: síntomas y respuestas urgentes

No todos los cuadros asociados al calor presentan la misma gravedad. Gómez diferenció entre deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor, siendo este último el más severo. La aparición de síntomas como confusión, fiebre elevada, piel caliente y seca o pérdida de conciencia exige intervención médica inmediata y acciones de enfriamiento rápido: trasladar a la persona a un lugar fresco, retirar el exceso de ropa y aplicar compresas frías en cuello, axilas e ingles, según datos difundidos por El Observador.

Un error frecuente consiste en asumir que el riesgo disminuye por estar en el agua. El especialista advirtió que muchas personas pasan horas en piscinas o playas sin hidratarse adecuadamente, creyendo que la sensación de frescura basta para protegerse. No se recomienda recurrir a bebidas alcohólicas o energizantes para hidratarse, ni exponerse prolongadamente al sol con fines estéticos.

El fenómeno de El Niño exige reforzar la prevención y modificar hábitos para evitar complicaciones de salud graves en la población costarricense ante el escenario de temperaturas extremas.

Dos hechos violentos sacudieron la provincia de San José y la provincia de Limón durante las últimas horas, dejando como saldo tres personas muertas por arma de fuego en incidentes distintos reportados por autoridades y medios costarricenses.

El más reciente tuvo lugar este sábado en Purral de Goicoechea, donde dos personas fueron asesinadas a tiros en plena vía pública. Según detalló el medio Teletica, el suceso fue reportado cerca de la 1:24 p.m. (hora local) al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que motivó el desplazamiento inmediato de unidades de la Cruz Roja Costarricense (CRC).

Los paramédicos de la organización confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales a su llegada. Tras la constatación del fallecimiento, se notificó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que tomara control de la escena y diera inicio a las diligencias de la investigación. Además, La Nación detalló que las víctimas tenían entre 30 y 40 años.

Por su parte, Cruz Roja Costarricense reiteró su protocolo de respuesta ante incidentes con armas de fuego y señaló que las víctimas de Purral de Goicoechea ya no presentaban signos vitales cuando las unidades arribaron al sitio.

Según la información aportada por medios locales, las autoridades judiciales mantienen un amplio despliegue en la localidad para obtener testimonios de posibles testigos y recabar información que permita identificar y localizar a los responsables de los homicidios

Otro incidente ocurrido

En otro hecho se registró la noche del viernes en San Rafael de Siquirres, en la provincia de Limón. Allí, un hombre identificado con el apellido de Naranjo, de 32 años, fue ultimado a balazos mientras circulaba en una bicimoto. Según la información preliminar divulgada por Teletica, la víctima fue interceptada por dos individuos que viajaban en motocicleta y, sin mediar palabra, recibió al menos siete impactos de arma de fuego.

Los agresores huyeron del lugar tras perpetuar el ataque. El OIJ de Siquirres realizó el levantamiento del cuerpo y lo remitió a la Morgue Judicial, mientras agentes judiciales recolectaron los indicios balísticos en la zona, los cuales fueron enviados a laboratorios forenses para su análisis, amplió Noticias Repretel.

Según informó Teletica, la persona falleció en el lugar de los hechos y su cuerpo fue trasladado a la Sección de Patología Forense en San Joaquín de Flores. Además, los agentes que inspeccionaron la escena recogieron evidencia balística, la cual será enviada a laboratorio para su análisis

La Morgue Judicial procederá con las autopsias correspondientes para aportar datos técnicos a la investigación, mientras el OIJ realiza análisis balísticos para determinar si existe relación entre ambos incidentes o si forman parte de hechos aislados. Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis y han solicitado la colaboración ciudadana para avanzar en las pesquisas.

Estos hechos violentos se suman a una serie de incidentes recientes que han puesto en el centro del debate la seguridad en diferentes cantones.

De igual manera, las autoridades reiteran la importancia de la denuncia anónima y mantienen canales abiertos para recibir información que pueda contribuir a esclarecer estos casos.

La presencia de condiciones atmosféricas inestables y húmedas afectarán a Costa Rica este domingo, según el más reciente aviso emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El fenómeno se vincula al tránsito de la onda tropical número 22, que actualmente ha intensificado las lluvias y la actividad eléctrica en varias regiones del país.

El IMN reportó que el aporte de humedad proveniente del sur de América Central y la inestabilidad atmosférica generaron lluvias con tormenta eléctrica la tarde del sábado en el Valle Central, Pacífico Norte, la vertiente del Caribe y de forma aislada en el Pacífico Sur. Los acumulados más significativos se registraron en Gavilán Canta-Bratsi (57 mm), Aeropuerto de Liberia (53 mm) y Horqueta de Sarapiquí (53 mm).

El pronóstico anticipaba lluvias dispersas en el Caribe y el Pacífico Norte, así como aguaceros aislados en la franja fronteriza y costera del Pacífico Sur.

Durante la madrugada y mañana del domingo, se espera el paso de la onda tropical #22 sobre el territorio nacional, lo que mantendría las lluvias en el Caribe y la Zona Norte, con acumulados estimados entre 20 y 40 mm y máximos de hasta 70 mm en seis horas. También se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en áreas marítimas del Pacífico Sur, Pacífico Central y el sur de la península de Nicoya, donde las precipitaciones pueden afectar ocasionalmente zonas costeras.

El informe meteorológico advierte que las cuencas de Sarapiquí, Caribe Norte, la península de Osa y las montañas del Pacífico Sur presentan saturación de humedad superior al 85%. Ante esta condición, el IMN recomienda extremar precauciones por el posible aumento de caudales en quebradas y ríos pequeños debido a las lluvias previstas en las próximas horas. Además, se solicitó atención especial en zonas urbanas por la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

Recomendaciones ante riesgo de lluvias intensas y tormentas eléctricas

Entre las recomendaciones emitidas por el IMN figuran:

• Mantener vigilancia en sectores propensos a inundaciones por acumulación de agua en quebradas o sistemas de alcantarillado.
• Adoptar medidas de prevención ante tormentas eléctricas, sugiriendo buscar refugio seguro en caso de ráfagas de viento cercanas a nubes de tormenta, ya que estas pueden causar caídas de ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h en algunos casos.
• A la navegación aérea y marítima, se le aconseja precaución por el aumento de la turbulencia y el mar picado, especialmente en el sur del Pacífico Norte, el Golfo de Nicoya y el Pacífico Central y Sur.
• Consultar los canales oficiales de comunicación del Instituto Meteorológico Nacional para obtener información actualizada

El comunicado oficial destaca que la saturación de humedad en suelos y sistemas de drenaje eleva el riesgo de inundaciones y desbordamientos en zonas vulnerables.

El IMN continuará monitoreando la evolución de la onda tropical #22 y actualizará sus recomendaciones conforme avancen las condiciones meteorológicas. Las autoridades instan a la población a no subestimar los avisos oficiales y a priorizar la seguridad ante la posibilidad de eventos extremos durante este periodo de tiempo inestable.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) remitió este viernes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) un cálculo preliminar que anticipa una reducción en el precio de varios combustibles a partir de agosto. La proyección, basada en la evolución del mercado internacional y el comportamiento del tipo de cambio, prevé ajustes que impactarán directamente en el bolsillo de los consumidores costarricenses.

De acuerdo con la información suministrada por RECOPE, la gasolina súper pasaría de ₡756 a ₡701 por litro (aproximadamente USD 1.32), lo que representa una rebaja de ₡55 (alrededor de USD 0.10). Por su parte, el diésel bajaría de ₡683 a ₡604 (USD 1,14), equivalente a una disminución de ₡79 (USD 0.15). En cuanto al gas GLP de 25 libras, el precio estimado se ubicaría en ₡6.996 (USD 13.20), una reducción de ₡444 (USD 0.84) respecto al valor actual. La gasolina regular se mantendría en ₡755 por litro (USD 1,43), sin cambios en este periodo.

Karla Montero Víquez, presidenta de RECOPE, calificó este anuncio como una noticia positiva para los hogares y sectores productivos del país. “Tenemos una excelente noticia para las familias costarricenses. De acuerdo con la información preliminar que RECOPE remitió a la ARESEP, la gasolina súper, el diésel y el gas presentarán una disminución en agosto. Esto se debe a que tuvimos mejores condiciones en los precios internacionales de los combustibles, además de un comportamiento favorable del tipo de cambio. Sabemos que cualquier reducción en los combustibles representa un alivio para la población”, expresó Montero Víquez.

Factores detrás de la posible rebaja

La funcionaria destacó el impacto de estos ajustes en sectores clave, señalando que “en el caso del gas, hablamos de un producto muy utilizado en hogares, comercios y pequeños negocios. Y en el caso del diésel es fundamental para el transporte público, el transporte de mercancías y muchas actividades productivas”.

El análisis de RECOPE atribuye la posible rebaja principalmente a una mayor oferta internacional de combustibles, la apertura del Estrecho de Ormuz y la apreciación del colón frente al dólar. Estos factores han permitido que el país pueda acceder a insumos energéticos a precios más competitivos, situación que se traduce en beneficios directos para los usuarios finales.

No obstante, Víquez también advirtió sobre la volatilidad del mercado internacional: “Aunque esta es una noticia muy positiva, también debemos ser responsables. El mercado internacional de los combustibles sigue siendo incierto. Los precios pueden cambiar muy rápidamente por factores como guerras, demanda internacional, disponibilidad del producto y decisiones de los países productores”.

En ese contexto, la presidenta de RECOPE hizo un llamado a la población a mantener prácticas de ahorro y uso eficiente de los combustibles. “Cuando usamos mejor la energía, cuidamos el bolsillo, reducimos gastos y contribuimos también a que el consumo sea más responsable. Desde RECOPE damos seguimiento permanente al mercado internacional, garantizando en todo momento el suministro de los combustibles que el país necesita”, puntualizó.

Los montos presentados son preliminares y están sujetos a la revisión técnica por parte de la ARESEP, que deberá definir los precios finales que se aplicarán a los consumidores.

La confirmación de dos casos de viruela símica en San José ha llevado a las autoridades de Costa Rica a activar protocolos de vigilancia y a insistir en que la enfermedad no implica un alto riesgo de transmisión para la población. El Ministerio de Salud, junto al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), confirmó que los pacientes son dos hombres de 25 y 55 años, residentes en la capital. La información, difundida por El Observador, indica que ambos casos se detectaron de forma temprana y que los afectados se encuentran bajo monitoreo médico y sin complicaciones graves.

Según el epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero, la viruela símica —también conocida como mpox— requiere un contacto físico muy cercano y prolongado para propagarse, lo que limita considerablemente su capacidad de transmisión.

“Esta es una enfermedad de muy difícil transmisión porque requiere del contacto muy cercano, estrecho y prolongado entre una persona enferma y las personas susceptibles”, explicó Romero en declaraciones recogidas por El Observador.

El especialista recomendó a quienes desarrollen los síntomas compatibles con la enfermedad buscar atención médica lo antes posible y notificar a las autoridades sanitarias para facilitar la investigación epidemiológica. “Hay que mantener la calma. Nuestro sistema de salud puede responder de forma ágil y eficiente con las personas enfermas”, enfatizó el epidemiólogo durante la entrevista.

El Ministerio de Salud informó que, tras la notificación - de los resultados positivos de las dos personas infectadas- por parte del INCIENSA, se activó un grupo técnico interinstitucional que integra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El objetivo es identificar contactos cercanos y aplicar medidas de prevención en la comunidad. Las autoridades insisten en la importancia de evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones compatibles y no compartir objetos personales como toallas o ropa de cama durante el periodo de sospecha.

La viruela símica se manifiesta inicialmente con fiebre, malestar general y síntomas similares al resfriado, antes de que aparezcan las lesiones cutáneas características, que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. Romero detalló que estas lesiones suelen progresar hasta formar vesículas, y que el diagnóstico debe considerar antecedentes de viaje a países donde circula el virus o contacto estrecho con personas infectadas. Además, advirtió que, aunque una parte significativa de los contagios a nivel mundial ocurre durante relaciones sexuales, la viruela símica no se clasifica como infección de transmisión sexual. “No es una enfermedad de transmisión sexual, sino que tiene que ver con un contacto estrecho”, aclaró el especialista.

El Observador cita que el principal foco de prevención es evitar el contacto físico con personas que presenten síntomas y no compartir objetos que hayan estado en contacto con fluidos de las lesiones. El Ministerio de Salud ha subrayado que la higiene de manos y la consulta médica temprana ante síntomas sospechosos son claves para cortar posibles cadenas de transmisión.

En Costa Rica, el seguimiento a la viruela símica inició en 2022, cuando el país registró su primer caso y se convirtió en el primero en Centroamérica en secuenciar el genoma completo del virus, según reportó el Ministerio de Salud. Desde entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica se ha fortalecido, con lineamientos específicos para la detección y el control de la enfermedad. Entre 2022 y 2025, se descartaron varios casos sospechosos mediante pruebas PCR, y solo se han confirmado casos esporádicos, con una vigilancia activa de las autoridades sanitarias.

La aparición de los dos casos recientes en San José coincide con un contexto regional de mayor vigilancia ante enfermedades infecciosas. El Ministerio de Salud mantiene activa una red interinstitucional que incluye al INCIENSA y la CCSS, dedicada al monitoreo, procesamiento de muestras y atención de personas afectadas. Las autoridades han reiterado que la letalidad de la viruela símica es baja, y que la mayoría de quienes contraen la enfermedad se recupera sin complicaciones graves.

El Observador recordó que la información oficial sobre la viruela símica y las acciones preventivas se encuentra disponible en los canales institucionales del Ministerio de Salud, e instó a la población a consultar únicamente fuentes confiables ante la detección de nuevos casos.

La emergencia, atendida poco después de las 2:00 a.m., dejó como saldo la evacuación total del inmueble y la realización de 10 rescates efectivos de adultos mayores que permanecían dentro del edificio. De acuerdo con la cobertura de prensa local, no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo.

El incidente se originó tras recibir una alerta por una quema en un lote contiguo a las instalaciones del asilo, que representaba una amenaza para la integridad del centro de atención. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos encontró que el fuego ya había alcanzado una sección de la estructura, consumiendo un área aproximada de 150 metros cuadrados.

Según relató el jefe de la estación, Óscar Arce, su equipo actuó de inmediato para controlar las llamas y coordinar la evacuación de los residentes. El jefe añadió que la labor del Cuerpo de Bomberos incluyó la evacuación del resto de los residentes con apoyo del personal de enfermería del centro.

La emergencia fue reportada a las 2:05 a.m. y movilizó recursos de respuesta rápida de la estación local, quienes al llegar observaron llamas activas en una extensión considerable del edificio. La prioridad, según el protocolo, fue garantizar la seguridad de los residentes, muchos de ellos con movilidad reducida o condiciones de salud que dificultaban su desplazamiento autónomo.

Durante las maniobras, el personal de Bomberos y los trabajadores del hogar coordinaron esfuerzos para localizar y trasladar a todos los residentes a zonas seguras fuera del alcance del incendio y el humo. La evacuación total incluyó a 61 adultos mayores, quienes fueron trasladados a un área protegida y recibieron valoración médica preventiva en el sitio.

El área afectada por el incendio fue estimada en 150 metros cuadrados, cifra confirmada por el propio Arce y el reporte preliminar de los servicios de emergencia. Las causas exactas que permitieron la propagación del fuego hacia la estructura aún se mantienen en investigación.

El incidente reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias en centros de atención a personas mayores. Diversos organismos han recordado la vulnerabilidad de esta población ante situaciones de incendio, así como la importancia de contar con rutas de evacuación accesibles y personal entrenado en primeros auxilios y rescate.

La Estación de Bomberos de Alajuela confirmó que, tras el control total del incendio, se realizaron inspecciones para descartar la existencia de focos activos y asegurar que el edificio no represente riesgo para los ocupantes ni el personal. El Hogar de Ancianos Santiago Crespo permanece bajo supervisión hasta que se determine la habitabilidad de todas sus áreas y se concluya la investigación sobre el origen del fuego.

Prevención de incendios estructurales: consejos fundamentales

La experiencia vivida en el Hogar de Ancianos Santiago Crespo pone en primer plano la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar emergencias de este tipo en residencias, hospitales y centros de atención. El Cuerpo de Bomberos recomienda implementar sistemas de alarma contra incendios, realizar simulacros periódicos, mantener libres de obstrucciones las rutas de evacuación y capacitar al personal en el uso de extintores y protocolos de emergencia.

Es esencial revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar la acumulación de materiales inflamables y garantizar la señalización clara de las salidas de emergencia. Además, se aconseja contar con planes de evacuación actualizados y personalizados, especialmente en lugares que albergan a personas con movilidad limitada.

La creciente digitalización de empresas, instituciones públicas y servicios ha convertido la ciberseguridad en una de las áreas de mayor demanda a nivel mundial. En ese contexto, Costa Rica realizará este mes el Cybersec Challenge 2026, una competencia que busca fortalecer el talento nacional y preparar a la próxima generación de especialistas capaces de enfrentar las amenazas que afectan a la infraestructura digital.

La actividad se llevará a cabo los próximos 17 y 18 de julio en la Universidad Fidélitas, institución que será sede de esta iniciativa organizada por Cybersec Cluster, organización que reúne a empresas, universidades, entidades públicas y actores del ecosistema tecnológico para impulsar el desarrollo de talento, promover la innovación y fortalecer las capacidades del país en materia de ciberseguridad.

El evento combinará entrenamiento intensivo, aprendizaje colaborativo y una competencia técnica basada en escenarios similares a los que enfrentan diariamente los profesionales encargados de proteger sistemas informáticos, redes y datos sensibles.

Durante dos jornadas presenciales, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas y analíticas, además de fortalecer competencias como el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones bajo presión.

La primera jornada tendrá formato de campamento, con talleres especializados, actividades de integración y espacios de networking donde los asistentes podrán intercambiar experiencias con expertos del sector tecnológico.

El segundo día estará dedicado a una competencia Capture The Flag (CTF), una modalidad ampliamente utilizada a nivel internacional para entrenar especialistas en seguridad informática mediante la resolución de retos inspirados en situaciones reales.

Durante la competencia, los equipos deberán superar desafíos relacionados con seguridad web, criptografía, análisis forense digital, ingeniería inversa (reversing) y otras disciplinas especializadas de la ciberseguridad.

Cada reto exigirá que los participantes analicen vulnerabilidades, identifiquen posibles ataques y desarrollen soluciones en un ambiente controlado que simula incidentes reales.

Para Wilberth Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Fidélitas, la ciberseguridad dejó de ser un conocimiento reservado para especialistas y hoy constituye una competencia indispensable para proteger la infraestructura tecnológica de organizaciones públicas, privadas y de la ciudadanía.

Según explicó, actividades como el Cybersec Challenge permiten que los participantes desarrollen experiencia práctica en escenarios muy similares a los que encontrarán en el ejercicio profesional, al tiempo que fortalecen habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo.

La creciente sofisticación de los ataques informáticos ha incrementado la demanda de profesionales especializados en prevención, detección y respuesta ante incidentes, una necesidad que también enfrenta Costa Rica en sectores como la banca, la salud, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y las instituciones públicas.

La organización informó que los equipos deberán estar conformados por cinco integrantes, aunque únicamente uno de ellos será responsable de completar el proceso de inscripción.

Cada participante deberá asistir con su computadora portátil y cada equipo deberá llevar una regleta eléctrica para facilitar el desarrollo de la competencia.

En el caso de los participantes menores de edad, será obligatorio presentar un consentimiento informado firmado por su padre, madre o tutor legal.

La participación en el Cybersec Challenge 2026 será completamente gratuita, aunque los interesados deberán registrarse previamente, ya que los cupos son limitados.

Más allá de premiar a los mejores equipos, la iniciativa busca fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad mediante la conexión entre estudiantes, universidades, empresas y especialistas del sector, promoviendo el aprendizaje basado en problemas reales y el desarrollo de talento altamente calificado.

En un contexto donde las amenazas digitales evolucionan constantemente y los ciberataques representan un riesgo creciente para organizaciones de todos los tamaños, este tipo de iniciativas se perfila como una herramienta clave para preparar a los profesionales que estarán encargados de proteger la infraestructura tecnológica del país en los próximos años.

La justicia costarricense ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Guevara, de 35 años, como sospechoso del delito de homicidio calificado en perjuicio de Carlos Andrés Tencio Romero, un joven de 24 años que falleció tras recibir varias heridas con arma blanca en plena vía pública en Tobosi de El Guarco, Cartago.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de Cartago, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Adjunta de Cartago, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen, ocurrido la tarde del martes 7 de julio.

Un ataque en plena vía pública

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio ocurrió alrededor de las 4:34 p. m. del martes en una calle ubicada a unos 200 metros al oeste del supermercado Palí de Tobosi.

Las primeras diligencias apuntan a que Carlos Andrés Tencio se desplazaba en bicicleta cuando, por razones que aún son investigadas, sostuvo una discusión con Guevara, quien presuntamente era su pareja sentimental.

Durante el altercado, el sospechoso habría sacado un cuchillo y atacado al joven en múltiples ocasiones, provocándole heridas en la espalda y el tórax que le ocasionaron la muerte en el sitio.

Cuando los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense llegaron al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras el ataque, el sospechoso caminó hasta una vivienda ubicada a pocos metros de la escena, donde fue localizado y detenido por oficiales de la Fuerza Pública. Posteriormente quedó a las órdenes de agentes judiciales y del Ministerio Público.

Allanamiento permitió ubicar el arma

Como parte de las diligencias de investigación, agentes del OIJ y representantes de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso durante la noche del mismo martes.

En el inmueble, las autoridades localizaron un cuchillo que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para cometer el homicidio.

El arma fue decomisada para ser sometida a los análisis forenses correspondientes como parte del expediente judicial 26-002947-0058-PE, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Familiares confirmaron que mantenían una relación

Aunque inicialmente las autoridades no brindaron detalles sobre el vínculo entre ambos hombres, el hermano de la víctima confirmó a distintos medios de comunicación que Carlos Andrés y el sospechoso mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año.

Posteriormente, el propio OIJ indicó que, de acuerdo con la información recopilada durante la investigación, Guevara era presuntamente la pareja sentimental del joven fallecido.

Familiares también describieron a Carlos Andrés como una persona trabajadora y dedicada a las labores agrícolas desde muy joven.

Según relató su hermano, desde la escuela mostraba interés por el trabajo en el campo y con frecuencia colaboraba en labores de ordeño de ganado junto a una familiar.

Testigos relataron los momentos posteriores al ataque

Vecinos de la zona indicaron a medios nacionales que, tras presuntamente herir a la víctima, el sospechoso salió corriendo por la comunidad gritando: “Lo maté, lo maté”, versión que forma parte de los testimonios recopilados durante la investigación.

Otros testigos afirmaron que el joven, aún herido, pidió ayuda y aseguró haber sido víctima de un asalto, aparentemente con la intención de ocultar que quien lo había atacado era su pareja.

Pese a los esfuerzos de personas que se encontraban cerca del lugar por auxiliarlo, Carlos Andrés falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Costa Rica supera los 400 homicidios en 2026

El caso ocurre en un contexto marcado por la persistencia de la violencia homicida en el país. Según datos judiciales, Costa Rica contabilizaba 404 homicidios durante la primera semana de julio de 2026, de los cuales 38 fueron cometidos con arma blanca.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar todos los elementos que rodearon el ataque ocurrido en Tobosi, mientras el sospechoso permanecerá en prisión preventiva durante seis meses por orden judicial.

Un hombre de apellidos Carranza Vega fue sentenciado a 36 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer dos delitos de violación y un delito de abuso sexual en perjuicio de dos personas menores de edad, informó la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

La condena fue dictada luego de que el Ministerio Público demostrara, durante el juicio, la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre los años 2006 y 2011 en la comunidad de San Joaquín de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Aprovechó la convivencia con las víctimas

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos, Carranza Vega convivía en la misma vivienda que la familia de las dos menores afectadas, una condición que le permitió tener acceso constante a ellas y aprovechar momentos en los que no había otros adultos presentes para cometer las agresiones sexuales.

Durante el debate, el Ministerio Público logró acreditar que el ahora sentenciado actuaba cuando no era visto por otras personas y que utilizó la cercanía con las víctimas para perpetrar los delitos. La investigación permitió establecer que las agresiones ocurrieron de forma reiterada durante un periodo comprendido entre 2006 y 2011.

Las pruebas presentadas durante el juicio fueron consideradas suficientes por el Tribunal para declarar la responsabilidad penal del acusado por dos delitos de violación y uno de abuso sexual.

El miedo retrasó la denuncia por más de una década

Uno de los elementos expuestos durante el proceso judicial fue que, después de cometer las agresiones, el imputado intimidó a las víctimas para impedir que revelaran lo sucedido.

Según estableció la Fiscalía, Carranza Vega amenazó a las menores para que mantuvieran silencio, situación que provocó que los hechos permanecieran ocultos durante varios años.

No fue sino hasta 2023 cuando ambas lograron poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales, permitiendo la apertura de la investigación penal que culminó con la sentencia condenatoria.

Este tipo de situaciones, han señalado en reiteradas ocasiones las autoridades y especialistas en atención a víctimas, son frecuentes en delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, donde el miedo, la manipulación y la relación de confianza o cercanía con el agresor suelen retrasar la denuncia durante años.

Permanecerá en prisión preventiva

Como resultado del juicio, el Tribunal impuso una pena total de 36 años de prisión contra Carranza Vega por los delitos que fueron acreditados durante el debate.

El Ministerio Público informó que, mientras la sentencia no adquiera firmeza y se resuelvan las etapas procesales correspondientes, el condenado deberá permanecer en prisión preventiva.

La medida busca garantizar el adecuado desarrollo del proceso judicial y la ejecución de la condena una vez que el fallo quede en firme.

Las autoridades recordaron que los delitos sexuales contra personas menores de edad constituyen una de las formas más graves de violencia y que el sistema judicial mantiene mecanismos para investigar este tipo de casos incluso cuando las denuncias se presentan varios años después de ocurridos los hechos.

La Fiscalía ha insistido en la importancia de denunciar cualquier situación de abuso sexual y de buscar apoyo en las instituciones encargadas de la protección de la niñez y adolescencia, ya que el acompañamiento oportuno resulta fundamental tanto para la atención de las víctimas como para el desarrollo de las investigaciones penales.

Con esta sentencia, el Ministerio Público destacó el trabajo realizado durante la investigación y el juicio oral, proceso que permitió obtener una condena de 36 años de cárcel contra el responsable de los delitos cometidos en perjuicio de las dos víctimas menores de edad.

El Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia alcanzó un nuevo hito en la historia de la medicina costarricense al realizar su trasplante renal número 900, una cifra que refleja más de 40 años de experiencia, trabajo interdisciplinario y compromiso con los pacientes que enfrentan enfermedad renal crónica.

El logro fue destacado por las autoridades del centro médico, quienes aseguraron que cada procedimiento representa mucho más que una cirugía: significa una nueva oportunidad para que una persona recupere su salud, retome sus proyectos de vida y comparta más tiempo con su familia.

Más de cuatro décadas devolviendo esperanza

El Programa de Trasplante Renal del Hospital Calderón Guardia inició labores en 1982, impulsado por un grupo de profesionales que apostó por desarrollar esta alternativa terapéutica en Costa Rica para ofrecer una mejor expectativa de vida a las personas con enfermedad renal crónica.

Desde entonces, el servicio ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales programas de trasplante del país, acumulando 900 procedimientos exitosos que han permitido que cientos de pacientes recuperen su independencia y mejoren significativamente su calidad de vida.

La doctora Marieta Dailey Araya, coordinadora hospitalaria de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, explicó que este logro es el resultado del esfuerzo conjunto de múltiples áreas del hospital.

“El esfuerzo conjunto de médicos especialistas, enfermería, personal de apoyo, laboratorio, farmacia, trabajo social, psicología, coordinación de donación y trasplantes, entre muchos otros servicios, ha permitido consolidar este programa, que ha beneficiado a tantos pacientes y sus familias”, señaló la especialista.

Dailey destacó que detrás de cada trasplante existe una historia de superación. Para quienes reciben un riñón, el procedimiento significa dejar atrás años de tratamientos complejos, reducir la dependencia de la diálisis y recuperar la posibilidad de trabajar, estudiar o compartir con sus seres queridos.

Un programa que ha evolucionado con la medicina

El jefe del Servicio de Nefrología, Mario Espinach Roel, recordó que el éxito alcanzado hoy es consecuencia del trabajo realizado por varias generaciones de profesionales de la salud que fortalecieron el programa desde sus primeros años.

El especialista destacó que los avances médicos y la coordinación entre los servicios de Nefrología, Urología y Cirugía Vascular Periférica han permitido mejorar continuamente los procedimientos y aumentar las probabilidades de éxito para los pacientes trasplantados.

Asimismo, hizo un reconocimiento a quienes impulsaron el programa desde sus inicios y manifestó la importancia de que nuevas generaciones de médicos, enfermeros y demás profesionales se involucren en este tipo de iniciativas para garantizar su crecimiento y sostenibilidad.

Según indicó, la evolución del programa ha tenido un impacto directo tanto en la sobrevida como en la calidad de vida de cientos de personas que han recibido un órgano gracias a la solidaridad de los donantes y sus familias.

La donación de órganos, un acto que transforma vidas

Para la directora general del hospital, Tania Jiménez Umaña, alcanzar los 900 trasplantes representa mucho más que una cifra estadística. A su juicio, es la evidencia del compromiso permanente de los equipos de trabajo y de la visión de quienes sentaron las bases del programa hace más de cuatro décadas.

La directora resaltó que cada trasplante solo es posible gracias a la decisión solidaria de familias que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, aceptan donar sus órganos para brindar esperanza a otras personas.

“Detrás de cada trasplante existe una historia de solidaridad, empatía y amor por la vida que trasciende generaciones”, expresó.

Ante este panorama, el Hospital Calderón Guardia hizo un llamado a la población costarricense para conversar con sus familiares sobre el deseo de convertirse en donantes de órganos y tejidos, de manera que esa voluntad sea conocida cuando deba tomarse una decisión.

Las autoridades recordaron que quienes deseen manifestar su intención de donar pueden hacerlo al renovar o solicitar la licencia de conducir, inscribiéndose como donantes ante el Ministerio de Salud o comunicando su decisión al médico tratante para que quede registrada en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Un mensaje para quienes esperan un trasplante

En Costa Rica, la enfermedad renal crónica representa uno de los principales retos para el sistema de salud y, para muchos pacientes, el trasplante constituye la mejor alternativa para recuperar su calidad de vida y disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad.

Por ello, las autoridades del Hospital Calderón Guardia insistieron en que la donación de órganos continúa siendo uno de los actos de mayor solidaridad que puede realizar una persona, ya que una sola decisión puede beneficiar a varios pacientes que permanecen en lista de espera.

Con 900 trasplantes renales realizados desde 1982, el centro médico reafirma su posición como uno de los pilares de la medicina de alta complejidad en Costa Rica y como un referente nacional en la atención de pacientes con enfermedad renal, demostrando que la combinación de experiencia médica, innovación y solidaridad puede traducirse en cientos de historias de vida que continúan escribiéndose gracias a la donación de órganos.

El Ministerio de Justicia y Paz puso fin al uso de consolas de videojuegos dentro del Centro Especializado para el Adulto Joven, en La Reforma, Alajuela. La Policía Penitenciaria decomisó seis PlayStation junto con sus controles y accesorios, equipos que posteriormente fueron destruidos como parte de las nuevas medidas de control implementadas por la actual administración.

La decisión marca un cambio en la política penitenciaria de Costa Rica y se suma a la estrategia denominada “Cero Ocio”, con la que el Gobierno pretende que las personas privadas de libertad dediquen su tiempo a actividades laborales y de mantenimiento, en lugar de permanecer en espacios recreativos.

Las autoridades confirmaron a Amelia Rueda que las consolas permanecían en el centro penitenciario desde hace varios años. Los registros institucionales indican que el primer ingreso autorizado de estos dispositivos ocurrió en enero de 2019, mientras que el último permiso localizado corresponde a octubre de 2021.

El Ministerio también reveló que, en enero de 2023, la población del centro solicitó regularizar el ingreso de nuevas consolas de videojuegos. Sin embargo, la petición fue rechazada por la administración penitenciaria, por considerar que esos artículos no respondían a los objetivos del régimen carcelario.

El decomiso se sustenta en la directriz DGAS-05-2026, emitida recientemente por la Dirección General de Adaptación Social, la cual actualiza el listado de objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios y faculta a las autoridades para retirar aquellos dispositivos que ya no cumplen con la normativa vigente.

Pero la medida no se limita al retiro de los videojuegos. A partir de ahora, los privados de libertad del Centro Especializado para el Adulto Joven deberán incorporarse al programa “Cero Ocio”, una iniciativa mediante la cual participan en cuadrillas de trabajo dedicadas al mantenimiento de carreteras, centros educativos y otras obras de interés público.

Actualmente, cerca de 50 personas privadas de libertad ya forman parte de estas labores fuera del centro penal bajo estricta supervisión, y el Ministerio de Justicia pretende ampliar esa cifra con la incorporación de los reclusos que hasta ahora permanecían en ese establecimiento.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, defendió la decisión y aseguró que el objetivo es eliminar el ocio dentro de las cárceles y fortalecer una cultura de disciplina y trabajo.

“Me enteré de que los privados de libertad del Centro del Adulto Joven tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Con la nueva directriz retiramos esos aparatos y van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena. Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina”, afirmó el jerarca en declaraciones recogidas por Amelia Rueda.

El beneficio conocido como “dos por uno” permite a las personas privadas de libertad descontar parte de su condena mediante la realización de actividades laborales, educativas o de capacitación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación penitenciaria.

La administración de Gabriel Aguilar ha insistido en que el propósito de estas medidas es transformar el funcionamiento de los centros penales y orientar el cumplimiento de las penas hacia actividades productivas. En ese contexto, el programa “Cero Ocio” se ha convertido en uno de los principales ejes de la política penitenciaria impulsada durante este año.

Con el decomiso y destrucción de las seis PlayStation, el Ministerio envía además un mensaje sobre el endurecimiento de los controles dentro de las cárceles. Las autoridades sostienen que el tiempo de permanencia en prisión debe enfocarse en el trabajo, la capacitación y la preparación para la reinserción social, dejando atrás actividades recreativas que consideran incompatibles con ese objetiv

Costa Rica volverá a tener representación en uno de los certámenes científicos más prestigiosos del mundo. Cuatro estudiantes de secundaria fueron seleccionados para participar en la 58.ª Olimpiada Internacional de Química (IChO), que se desarrollará del 10 al 19 de julio en Uzbekistán, luego de superar un proceso de clasificación que se extendió por más de un año y que puso a prueba sus conocimientos mediante evaluaciones de nivel universitario.

Los elegidos son Tamara Garrote Villalobos, Leonor Isaura Obando Umaña, Juan Pablo Valverde Cordero y José Edwin Chávez Rodríguez, quienes representarán a Costa Rica con el acompañamiento académico de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

La clasificación de los cuatro estudiantes es el resultado de un proceso que comenzó en febrero de 2025, cuando decidieron inscribirse en la Olimpiada Costarricense de Química, en la categoría intermedia. A partir de ese momento iniciaron una serie de competencias nacionales en las que fueron avanzando gracias a sus resultados académicos hasta alcanzar la final del certamen.

Obtener una medalla en esa etapa les permitió postularse para integrar la selección nacional que representaría al país en la Olimpiada Internacional de Química. Sin embargo, el camino aún estaba lejos de terminar.

De los 18 estudiantes que aspiraban a integrar la delegación costarricense, únicamente 12 lograron avanzar a una segunda fase de selección. Posteriormente, una superfinal definió a los cuatro representantes nacionales mediante una combinación de pruebas de alta complejidad, con una ponderación del 60 % para la evaluación teórica y del 40 % para las pruebas experimentales de laboratorio.

Durante el mes de junio, los seleccionados participaron en un programa intensivo de entrenamiento basado en los problemas preparatorios oficiales de la competencia internacional, enfrentándose a contenidos que habitualmente forman parte de carreras universitarias en Química.

Cada integrante de la delegación tiene una historia distinta, pero todos coinciden en que la curiosidad científica y el gusto por la química fueron determinantes para alcanzar este objetivo.

Tamara Garrote Villalobos, estudiante de undécimo año, explicó que su interés por las olimpiadas científicas nació desde muy pequeña y que, desde noveno año, comenzó a prepararse específicamente en química.

“Cuando me propuse llegar a una olimpiada internacional, tuve que organizar muy bien mi tiempo. Ha sido una experiencia muy bonita, pero también muy retadora”, comentó.

Para Leonor Isaura Obando Umaña, quien cursa décimo año, la motivación proviene tanto de la ciencia como del ambiente que se genera entre los participantes.

La estudiante aseguró que disfruta cada etapa de preparación porque estudiar química es una actividad que la apasiona y aprovechó para enviar un mensaje a otros jóvenes interesados en seguir un camino similar: creer en sus capacidades, esforzarse desde el inicio y mantener la disciplina.

Juan Pablo Valverde Cordero considera que representar al país es el resultado de un esfuerzo construido a lo largo de toda su formación académica. A su juicio, el aprendizaje solo puede sostenerse cuando existe un verdadero interés por la materia.

José Edwin Chávez Rodríguez, por su parte, atribuye parte de este logro al apoyo recibido por uno de sus profesores, quien despertó en él un mayor interés por la química y lo motivó a participar en las olimpiadas científicas. Su meta en Uzbekistán es aprovechar al máximo la experiencia y luchar por obtener una medalla para Costa Rica.

La delegación costarricense estará acompañada por Manuel Sandoval Barrantes, de la Universidad Nacional, quien fungirá como jefe de delegación; Cristian Campos Fernández, de la Universidad de Costa Rica, como profesor mentor; y José Pablo Sibaja Brenes, también de la UNA, en calidad de observador científico.

Los tres tendrán la responsabilidad de orientar académicamente a los estudiantes y representar oficialmente al país durante la competencia internacional.

Sandoval destacó que la clasificación de los cuatro jóvenes refleja un proceso de preparación sostenido y un elevado nivel académico.

“Cada uno de ellos representa el talento de la juventud costarricense y demuestra que la dedicación y la pasión por la ciencia pueden abrir las puertas a los escenarios académicos más prestigiosos del mundo”, señaló.

Asimismo, agradeció el respaldo brindado por la Rectoría de la Universidad Nacional, cuyo apoyo permitió hacer posible la participación de la delegación en este importante certamen.

La Olimpiada Internacional de Química reúne cada año a los mejores estudiantes de secundaria del mundo en pruebas que evalúan conocimientos avanzados de química teórica y experimental. Además de fomentar la excelencia académica, la competencia promueve el intercambio científico y cultural entre jóvenes de decenas de países.

Con su participación en Uzbekistán, los cuatro estudiantes costarricenses buscarán dejar en alto el nombre del país y demostrar que el talento, la disciplina y el respaldo de las instituciones educativas pueden abrir las puertas a los escenarios científicos más exigentes del planeta.

El Ministerio de Salud informó este jueves que las dos personas diagnosticadas con Viruela del Mono en Costa Rica permanecen en condición de salud estable, mientras continúan bajo aislamiento domiciliario y cumplen con las medidas sanitarias establecidas mediante orden sanitaria.

Las autoridades precisaron que se trata de dos hombres, con edades entre los 25 y 55 años, ambos residentes de la provincia de San José, la capital costarricense.

Como parte de la investigación epidemiológica, el Ministerio determinó que ninguno de los pacientes registra viajes al extranjero durante los últimos 30 días. Además, las pesquisas permitieron establecer que ambos casos son independientes y no tienen relación epidemiológica entre sí, por lo que continúa la búsqueda del origen de cada contagio.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias indicaron que no se han identificado nuevos casos confirmados asociados con estas investigaciones. No obstante, el seguimiento epidemiológico continúa para localizar a las personas que tuvieron contacto con los pacientes y aplicar las medidas de vigilancia y control necesarias para evitar nuevas transmisiones.

Costa Rica confirmó esta semana sus primeros casos de la enfermedad en el año, lo que llevó al Ministerio de Salud a reforzar los protocolos de vigilancia en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

Llamado a evitar la discriminación

El Ministerio hizo un llamado a la población para actuar con responsabilidad y evitar cualquier forma de estigmatización hacia las personas diagnosticadas, sus familiares o sus contactos cercanos.

Las autoridades enfatizaron que la enfermedad no debe convertirse en motivo de discriminación, rumores o divulgación de información personal, ya que proteger la confidencialidad facilita que las personas busquen atención médica de manera oportuna y colaboren con las investigaciones epidemiológicas.

Asimismo, recordaron que el respeto a la privacidad de los pacientes contribuye a interrumpir las cadenas de transmisión y fortalece la respuesta de salud pública.

¿Cómo se transmite la Viruela del Mono?

Según explicó el Ministerio de Salud, la mpox se transmite principalmente mediante el contacto físico estrecho con una persona infectada.

Las vías de transmisión incluyen:

• Contacto directo con lesiones en la piel.
• Contacto con fluidos corporales.
• Exposición prolongada a secreciones respiratorias durante un contacto cercano.
• Contacto con objetos contaminados de uso personal, como ropa de cama o toallas.

Por ello, las autoridades recomendaron evitar el contacto físico estrecho, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o tengan un diagnóstico confirmado.

También insistieron en no compartir artículos de uso personal y mantener una adecuada higiene de manos como medidas básicas de prevención.

Síntomas que requieren atención médica

El Ministerio recordó que las personas deben acudir al establecimiento de salud más cercano si presentan lesiones en la piel similares a granos o ampollas, especialmente si están acompañadas por síntomas como:

• Fiebre.
• Dolor de cabeza.
• Inflamación de ganglios linfáticos.
• Dolores musculares.
• Malestar general.

La valoración médica temprana permite confirmar o descartar la enfermedad, brindar el manejo adecuado y activar los protocolos de vigilancia epidemiológica cuando sea necesario.

Las autoridades reiteraron que mantienen activa la vigilancia epidemiológica en conjunto con la CCSS e INCIENSA y aseguraron que continuarán monitoreando la situación para detectar oportunamente cualquier nuevo caso y proteger la salud de la población.

Las exportaciones peruanas de medicamentos a Centroamérica crecieron en 2025, pero cayeron en los primeros meses de 2026. Ante ese escenario, la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX) anunció una misión comercial farmacéutica a Costa Rica y Honduras del 28 de septiembre al 2 de octubre para impulsar dos mercados que importan más de USD 2,100 millones anuales.

La misión se apoya en los acuerdos comerciales que Perú mantiene con ambos países. El Tratado de Libre Comercio con Costa Rica entró en vigor el 1 de junio de 2013, mientras que el firmado con Honduras lo hizo el 1 de enero de 2017, tras negociaciones iniciadas en 2010.

Ambos tratados incluyen capítulos sobre obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, y facilitación aduanera, un marco para la operación de las farmacéuticas peruanas.

Los mercados que busca la misión

Costa Rica absorbe alrededor de USD 1,369 millones en medicamentos e insumos para la salud cada año. Honduras supera los USD 750 millones.

El Comité de Productos Farmacéuticos de ADEX subraya que en ambos mercados existe una “demanda creciente de productos de calidad y precios competitivos”, especialmente en el segmento de venta libre (OTC).

Según datos de PROMPERÚ, las exportaciones no tradicionales peruanas hacia Centroamérica sumaron USD 586 millones en 2024, un 24.4% más que el año anterior. Honduras fue el mercado de mayor dinamismo: sus compras a Perú crecieron un 119.3%, hasta los USD 113 millones.

Las empresas que integren la delegación llevarán un portafolio de 16 especialidades médicas, entre ellas neuropsiquiatría, oncología, cardiología, infectología e inmunología, además de suplementos alimenticios y productos de dermocosmética.

La caída de 2026 y la dependencia de Ecuador

Las exportaciones peruanas de medicamentos de uso humano cerraron 2025 en USD 42 millones, con un alza del 2,4% frente a 2024. Pero en el primer cuatrimestre de 2026 los envíos sumaron solo USD 13 millones, una caída del 7,4% respecto del mismo período del año anterior.

Parte de esa presión responde a la necesidad de diversificar destinos. Ecuador concentra actualmente el 42,8% de las exportaciones farmacéuticas peruanas, según datos del primer semestre de 2025.

La dependencia de un solo mercado expone al sector a variaciones en la demanda o en las condiciones regulatorias del país vecino.

Apemed y las certificaciones BPM

Detrás de la misión comercial también aparece la implementación de la Agencia Peruana de Medicamentos (Apemed), anunciada por el Gobierno en abril de 2025. ADEX sostiene que la agencia debe ser autónoma, con reglas claras, seguridad jurídica y criterios proporcionales de fiscalización.

Según datos oficiales, el número de droguerías autorizadas pasó de 2.847 en 2016 a 6.199 en 2024. Para el gremio, ese crecimiento exige “un sistema de vigilancia más eficiente, proporcional y basado en criterios de riesgo”.

El otro eje es la homologación de las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con autoridades sanitarias internacionales. El Comité considera que ese paso es “clave” para agilizar el ingreso de los productos peruanos a otros mercados latinoamericanos, incluidos los centroamericanos que apunta la misión de septiembre.

Sin esa homologación, los TLC vigentes con Costa Rica y Honduras ofrecen un marco legal favorable que la industria no puede aprovechar por completo.

Mientras Costa Rica enfrenta una creciente necesidad de médicos especialistas para reducir las listas de espera y fortalecer la atención en hospitales y clínicas, solo 283 de los cerca de 900 médicos que participaron en el proceso de admisión al Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) lograrán obtener una plaza de residencia e iniciar su formación el próximo año.

La cifra refleja la alta competencia por ingresar a una especialidad médica y, al mismo tiempo, las limitaciones de la capacidad de formación del sistema de salud, ya que la cantidad de plazas depende de las necesidades definidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la infraestructura disponible para entrenar a los futuros especialistas.

La demanda supera ampliamente la oferta

El director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) de la UCR, Mario Quesada, explicó a medios nacionales que en esta convocatoria participan más de 40 especialidades médicas, pero únicamente se habilitaron 283 espacios para iniciar la residencia en 2027.

Esto significa que aproximadamente siete de cada diez aspirantes no conseguirán una plaza en esta ocasión, pese a haber superado distintas etapas del proceso de admisión.

Las especialidades con mayor cantidad de cupos son:

• Medicina Familiar y Comunitaria: 26 plazas.
• Ginecología y Obstetricia: 21 plazas.
• Anestesiología y Recuperación: 18 plazas.
• Pediatría: 18 plazas.
• Geriatría y Gerontología: 12 plazas.

Además de la UCR, actualmente seis universidades privadas participan en la formación de especialistas en coordinación con la CCSS.

Entre tres y seis años de formación

Las especialidades más cortas requieren aproximadamente tres años de formación, mientras que otras se extienden durante cuatro o cinco años. En casos altamente especializados, como Neurocirugía, el proceso puede prolongarse hasta seis años.

Durante ese tiempo, los médicos residentes trabajan junto a especialistas ya graduados y participan activamente en la atención de pacientes, combinando práctica clínica con formación académica.

No todos los hospitales pueden formar especialistas

La formación depende de la disponibilidad de personal especializado, tecnología y equipos médicos.

Por esta razón, muchas residencias deben desarrollarse en hospitales nacionales o centros altamente especializados, ya que algunos hospitales regionales y periféricos no cuentan con las condiciones necesarias para impartir determinados programas.

Especialidades que requieren quirófanos altamente equipados, tecnología de diagnóstico avanzada o servicios complejos suelen concentrarse en hospitales centrales.

Esta limitación también condiciona la cantidad de plazas que pueden abrirse cada año.

Graduarse como especialista tampoco significa incorporarse inmediatamente al ejercicio profesional de manera independiente.

Una vez concluida la residencia, los médicos deben cumplir un año de servicio social y posteriormente realizar el periodo de retribución social, que actualmente corresponde a tres años.

En la práctica, esto significa que los médicos que ingresen a las residencias en 2027 podrían incorporarse plenamente como especialistas varios años después, dependiendo de la duración de su programa de formación.

Un reto para reducir las listas de espera

La formación de nuevos especialistas ocurre en un contexto de fuerte presión sobre la CCSS debido a las listas de espera para consultas, procedimientos y cirugías.

Aunque la apertura de nuevas plazas busca atender el déficit de profesionales en diversas áreas médicas, los efectos sobre la atención de los pacientes serán graduales, ya que la preparación de un especialista requiere varios años de entrenamiento clínico y académico.

Las autoridades sostienen que ampliar la cantidad de plazas constituye una inversión de largo plazo para fortalecer el sistema público de salud, mientras que los colegios profesionales insisten en que también será necesario seguir aumentando la capacidad de formación para responder a la creciente demanda de atención especializada en el país.

La propuesta de un nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos impulsada por la Municipalidad de San José abrió un intenso debate sobre el futuro de la vida nocturna en la capital costarricense.

El proyecto plantea nuevas reglas para bares, restaurantes, discotecas y otros establecimientos que ofrecen música en vivo, presentaciones de DJ, karaoke y actividades culturales, generando preocupación entre empresarios, artistas y productores de eventos, quienes consideran que podría afectar la oferta de entretenimiento y la actividad económica nocturna.

La controversia escaló al punto de que el alcalde de San José, Diego Miranda, anunció que solicitará al Concejo Municipal dejar sin efecto, de manera temporal, el acuerdo que permitió avanzar con el reglamento, con el objetivo de abrir un proceso de diálogo con los sectores involucrados.

La propuesta busca ordenar la realización de espectáculos públicos en el cantón mediante un marco regulatorio que establece qué actividades pueden desarrollarse según el tipo de patente comercial, cuáles serán los horarios autorizados, los límites máximos de ruido, los requisitos para obtener permisos y las sanciones por incumplimientos.

Uno de los puntos que ha generado mayor polémica es el tratamiento que recibirían los restaurantes. El texto autoriza que estos establecimientos ofrezcan música en vivo, DJ, karaoke y actividades culturales únicamente como complemento de su actividad principal, siempre que no incluyan baile, cobro de admisión, consumo mínimo, reservaciones obligatorias o características propias de una discoteca.

En el caso de los bares y cantinas, la actividad bailable únicamente podría realizarse cuando la patente comercial lo autorice expresamente, mientras que las discotecas y clubes nocturnos conservarían la posibilidad de desarrollar espectáculos con artistas nacionales e internacionales.

Otro de los aspectos que ha despertado inquietud son los horarios. La propuesta establece que muchos espectáculos públicos tendrían como límite las 10:00 p. m., mientras que las discotecas mantendrían el horario permitido por la legislación nacional, que les permite operar hasta las 2:30 a. m.

Asimismo, fija límites de ruido diferenciados según la zona donde opere el establecimiento y contempla multas, suspensión de licencias e incluso clausuras cautelares en caso de incumplimientos.

Representantes del sector del entretenimiento sostienen que las restricciones afectarían a músicos, DJs, productores, artistas y cientos de establecimientos que dependen de la programación nocturna para generar ingresos.

También cuestionan que el proyecto utilice conceptos como “interés público”, “conveniencia” o “moral” sin criterios claramente definidos, lo que, a su juicio, podría abrir espacio a decisiones discrecionales por parte de la administración.

La Municipalidad rechaza esas críticas y asegura que el reglamento no pretende limitar la actividad económica, sino ordenar el funcionamiento de los espectáculos públicos y garantizar la convivencia entre comercios y zonas residenciales.

Según la administración, también busca corregir situaciones en las que algunos establecimientos operan con una actividad distinta a la autorizada en su patente comercial.

Ante la reacción de los distintos sectores, Diego Miranda afirmó que la intención del gobierno local no es obstaculizar la cultura ni el entretenimiento.

“He venido leyendo muchas de las preocupaciones que tiene la gente respecto de los espectáculos públicos en San José. Sería un contrasentido que la municipalidad que ha promovido el arte y la recreación en los espacios públicos impulse una norma que vaya en contra de esos principios”, manifestó el alcalde.

Como parte del proceso, la Municipalidad habilitó un espacio para recibir observaciones de la ciudadanía y convocó reuniones con representantes del sector cultural, comercial y artístico antes de retomar la discusión del reglamento.

Mientras tanto, la iniciativa continúa dividiendo opiniones entre quienes consideran necesario ordenar la actividad nocturna para proteger el descanso de los vecinos y quienes advierten que las restricciones podrían reducir la oferta cultural y afectar la economía de cientos de negocios y trabajadores vinculados al entretenimiento en la capital.

La llegada de la onda tropical número 21 mantiene en alerta a Costa Rica por el riesgo de lluvias intensas que, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se esperan en gran parte del país este viernes 10 de julio.

Las autoridades advierten que el ambiente atmosférico permanece muy inestable, especialmente en regiones del Caribe, la Zona Norte y la vertiente del Pacífico, donde se han registrado precipitaciones desde la madrugada de ayer. El IMN informa que el aumento de humedad y nubosidad podría generar acumulados considerables, lo que eleva la preocupación en comunidades que aún no logran recuperarse de las inundaciones provocadas por la onda tropical número 19.

Según el reporte oficial del IMN, durante la mañana se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en el Caribe y la Zona Norte, con estimaciones de entre 20 y 40 mm de lluvia.

Parte de estas precipitaciones también abarcarán el sector norte y este del Valle Central, incluyendo la provincia de Cartago. Durante la tarde, las lluvias se intensificarán a lo largo de la costa del Pacífico y en el sector oeste del Valle Central, además de las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte, con montos estimados entre 30 y 60 mm, y picos de hasta 100 mm en seis horas.

Por la noche, el IMN pronostica la persistencia de lluvias, principalmente en las regiones del Caribe Sur y la costa del Pacífico Norte. La nubosidad se mantendrá en la mayor parte del territorio nacional, con acumulados mayores en las zonas ya mencionadas.

La saturación de humedad en cuencas como Sarapiquí, Aguas Zarcas y Upala mantiene el riesgo de desbordamientos y crecidas súbitas en ríos y quebradas. El IMN recomienda especial precaución en estas áreas, donde la saturación supera el 90 %.

La advertencia también se extiende a zonas urbanas, ante la posibilidad de que los sistemas de alcantarillado se vean sobrepasados por la intensidad de las lluvias. El IMN aconseja a la población adoptar medidas preventivas frente a ráfagas de viento y posibles daños en techos, cableado eléctrico, rótulos y árboles, especialmente en las zonas montañosas y en Guanacaste.

Consecuencias de la onda tropical 19 en comunidades vulnerables

La alerta por lluvias llega en un contexto de gran vulnerabilidad. Según reportes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la onda tropical número 19 provocó inundaciones severas y desplazó a más de 250 personas, que debieron ser trasladadas a nueve albergues temporales

Las lluvias extraordinarias causaron desbordamientos, anegamientos y cortes de rutas, como la Ruta 32, principal vía entre San José y el Caribe, que sufrió cierres por deslizamientos y caída de material.

La CNE confirmó que los mayores daños se concentraron en Sarapiquí y la provincia de Limón, donde la Cruz Roja Costarricense colaboró en evacuaciones de familias atrapadas por el agua. Además, se registró una víctima fatal en Tilarán, Guanacaste, donde un hombre fue arrastrado por la corriente de una quebrada.

El fenómeno también provocó interrupciones de servicios básicos, como el suministro de agua en Limón, y afectó centros de salud, transporte fluvial y accesos a distintas comunidades. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevas emergencias debido a la saturación de los suelos y el crecimiento de ríos como el Puerto Viejo, Sucio, Sarapiquí, San Juan, Pacuare y Chocolate.

Mientras el país sigue bajo vigilancia, la CNE y el IMN mantienen la alerta y piden a la población permanecer atentos a los comunicados oficiales, preparar planes familiares de evacuación y evitar desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo.

Las mipymes registradas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC pasaron de 18,301 a 36,098 empresas entre mayo de 2022 y mayo de 2026, un alza del 97% que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó en su balance sectorial, según informó La República de Costa Rica.

En Costa Rica, este tipo de negocios representan cerca del 98% del parque empresarial. La Cámara de Comercio de Costa Rica estima que las mipymes generan aproximadamente el 47% del empleo formal del país.

El registro emprendedor también aumentó en el mismo período: las personas inscritas pasaron de 6,982 a 12,050, un crecimiento del 72%.

Cómo avanzaron los registros y el acceso

Ambos registros son gratuitos. El trámite puede completarse en las oficinas del MEIC o en su sitio web, donde también están disponibles los requisitos.

El crecimiento de los registros estuvo acompañado por financiamiento. El Sistema de Banca para el Desarrollo canalizó ¢1.937.992 millones mediante 492.177 operaciones de crédito entre mayo de 2022 y mayo de 2026.

El monto promedio por operación fue de ¢3,94 millones (8,665.00 USD), con una tasa de interés promedio del 5,05%.

Según el Monitor Mipyme 2025 del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), el 65% de las mipymes costarricenses considera que el acceso al crédito es “poco o nada accesible”, y el 50% de quienes no solicitan financiamiento señala los requisitos excesivos como razón principal.

Cómo se distribuyó el crédito

El 39% del financiamiento del SBD benefició a personas fuera de la región central, más del 56% se colocó en distritos con menor índice de desarrollo social y cerca del 26% llegó a zonas rurales.

Del total, el 42% se destinó a sectores estratégicos y el 35% a actividades agrícolas.

Las mujeres representaron el 27% de las personas físicas beneficiarias en la línea de crédito general. En el programa de capital semilla y capital de riesgo, esa proporción subió al 45.5%.

Capital semilla y alcance sectorial

El programa de capital semilla y capital de riesgo operó en paralelo al crédito tradicional. Entre 2022 y 2026 se asignaron ¢10.288,9 millones ( unos 1,175.087 USD) mediante 1.409 operaciones, con un monto promedio de ¢7.3 millones ( 16,054.44 USD) por operación.

Esos recursos llegaron a 1,383 personas a través de 50 subprogramas y 17 agencias ejecutoras. Más del 83% se orientó a sectores prioritarios, entre ellos mujeres y personas adultas mayores, y el 17% benefició a personas vinculadas con actividades exportadoras.

El SBD anunció en junio de 2026 una nueva convocatoria de capital semilla por ¢3,850 millones, dirigida a emprendimientos en etapa inicial, startups de base tecnológica y mipymes en procesos de transformación productiva.

Capacitación y obstáculos del sector

El MEIC capacitó a 5.890 personas durante el último año: 5.345 participaron en actividades de 2025 y 545 en lo que va de 2026. Los temas fueron transformación digital, inteligencia artificial aplicada a negocios, acceso a mercados, gestión empresarial y formalización.

Pese a esa oferta, el estudio del CELIEM advierte que el 50% de las mipymes no recibió ningún servicio de desarrollo empresarial en el último año. Las áreas más débiles siguen siendo el mercadeo, las ventas en línea y la planificación estratégica.

“Estas acciones consolidan un modelo integral de desarrollo empresarial basado en articulación interinstitucional, innovación y enfoque territorial”, declaró María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio y presidenta del Consejo Rector del SBD.

La agenda oficial para 2026

La estrategia del MEIC para el resto del año apunta a ampliar el alcance territorial de sus programas, con énfasis en inclusión productiva y especialización por sectores.

La agenda incluye la realización de EXPOPYME Oficial y una oferta de formación en formalización, inteligencia artificial y sostenibilidad, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Rural, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, municipalidades y actores del sector tecnológico y financiero.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica anunció un conjunto de modificaciones en el sistema de consultas civiles disponible en su sitio web institucional.

La decisión surge en respuesta al aumento de incidentes relacionados con el cibercrimen, como estafas informáticas, suplantación de identidad y utilización fraudulenta de información sensible para fines ilícitos.

Las nuevas disposiciones, que deben entrar en vigor en un plazo máximo de 45 días naturales, buscan reforzar la protección de los datos personales de los ciudadanos costarricenses, adaptando los procesos a los riesgos actuales del entorno digital.

El TSE instruyó a la Dirección General de Estrategia Tecnológica y a la Dirección General del Registro Civil para que gestionen la implementación de estos ajustes en el menor tiempo posible.

La institución enfatizó que las consultas civiles abiertas en la web representan una herramienta valiosa para la transparencia y el acceso a la información pública, pero advirtió sobre la necesidad de equilibrar ese acceso con la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales, en cumplimiento con la legislación vigente y los principios constitucionales.

Uno de los principales cambios introducidos consiste en la obligación de registro previo y creación de usuario para quienes deseen acceder a la información civil a través del sitio web del TSE.

Este procedimiento, similar al implementado por el Registro Nacional, permitirá identificar a cada persona usuaria, así como la trazabilidad de cada consulta realizada en la plataforma. El organismo electoral sostiene que este control es fundamental para prevenir usos indebidos de la información y para dar respuesta ante eventuales incidentes de seguridad.

Además del registro obligatorio, el TSE dispuso la adopción de medidas técnicas para anonimizar los datos vinculados a matrimonios y divorcios. A partir de la entrada en vigor de los cambios, las consultas civiles mostrarán únicamente el historial correspondiente, omitiendo los detalles personales de terceras personas involucradas.

Esta política de anonimización se aplicará también a las certificaciones registrales digitales, mientras que las certificaciones físicas que se expidan en la sede central y en las 32 sedes regionales del Registro Civil continuarán ofreciendo la información completa, según la normativa previamente establecida.

Otro aspecto relevante de la reforma es la decisión de eliminar el dato relativo a los hijos e hijas de la información disponible en las consultas web. De este modo, el acceso a detalles familiares sensibles quedará restringido en el entorno digital, fortaleciendo la protección de la privacidad y reduciendo los riesgos asociados al uso indebido de estos datos en actividades delictivas.

El TSE subrayó que esta medida responde a la preocupación creciente de la ciudadanía por la exposición de datos personales en la red y a la obligación institucional de velar por el interés superior de las personas menores de edad.

Para garantizar un acceso equilibrado a la información, el TSE diseñó perfiles diferenciados para profesionales del derecho, notarios públicos y entidades u organismos que, por su función pública, requieran consultar información más amplia. Estos perfiles especiales estarán sujetos a controles más estrictos y requerirán autorización previa del Tribunal, así como la justificación de la necesidad y la proporcionalidad de cada consulta.

El organismo recalcó que este acceso restringido responde exclusivamente a finalidades legítimas establecidas por la ley y que se mantendrá un monitoreo constante sobre el uso que estos perfiles realicen de la información.

La entidad electoral reiteró su compromiso con el derecho a la información y la transparencia, asegurando que los ajustes introducidos no implicarán una restricción absoluta al acceso de datos públicos, sino una adecuación a los desafíos que plantea la era digital. El TSE destacó la importancia de preservar la confianza de la ciudadanía en los sistemas de información estatal y de fortalecer los mecanismos de protección frente a amenazas externas.

La puesta en marcha de estas medidas marca un nuevo estándar en la gestión de datos personales en Costa Rica, situando al TSE entre las instituciones públicas que adoptan políticas proactivas frente a los riesgos de la digitalización. Las autoridades informaron que darán seguimiento a la aplicación de los ajustes, evaluando su impacto y su eficacia en la protección de la información civil de la población costarricense.

El fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, lanzó una advertencia sobre el futuro democrático del país al denunciar presiones y ataques directos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público.

Díaz, quien se encuentra en los últimos meses de su gestión, aseguró que “si concentran el poder, la democracia se acaba”, en referencia a las iniciativas y señalamientos recientes desde la Presidencia y el oficialismo. La entrevista, transmitida por Radio UCR, expuso una escalada de tensiones inéditas en la relación entre los poderes del Estado.

Un fiscal bajo ataque: “He sido una piedra en el zapato”

Durante la conversación, Díaz relató cómo desde el allanamiento del caso Barranador en septiembre de 2024, las acusaciones y descalificaciones por parte del Ejecutivo se intensificaron.

“He sido quizás una piedra en el zapato”, afirmó, aludiendo a las investigaciones de corrupción que involucraron tanto al expresidente Rodrigo Chávez como a la actual presidenta Laura Fernández.

Según Díaz, el nivel de hostilidad superó lo experimentado por sus antecesores: “Nunca un cuestionamiento de un poder, en este caso el Ejecutivo, a la figura del fiscal general por sus actuaciones”.

El fiscal detalló que las acciones en su contra incluyeron marchas, ataques verbales y calificativos peyorativos, como “princeso” y “vergüenza nacional”.

“No tengo problema que la presidenta me diga vergüenza nacional. Eso yo lo tomo como vanidad”, expresó. Aseguró que el Ministerio Público continuará investigando los casos de corrupción sin ceder ante las presiones: “No vamos a taparle la corrupción a nadie”.

Independencia en riesgo y advertencia de autoritarismo

Para Carlos Díaz, el intento de modificar la forma de elección del fiscal general representa una amenaza directa a la independencia del Ministerio Público.

La propuesta legislativa para que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, asuma la designación del cargo, fue calificada por Díaz como una maniobra para “nombrar a la persona que nos sirva”.

En sus palabras: “No debe el Ministerio Público ser nombrado nunca por un órgano político, porque va a responder a esos intereses”.

Díaz vinculó estos movimientos con un proyecto político de concentración de poder: “El Ejecutivo quiso hacer las cosas como ellos querían, brincándose la ley. Y ahí es donde vienen los choques con la Contraloría y con la Fiscalía”.

El fiscal subrayó que los recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado y la violencia de género han sido recortados o retrasados, lo que, según indicó, forma parte de una estrategia para debilitar la capacidad del Ministerio Público.

Denuncias, juicios estancados y el futuro de la democracia

El fiscal general explicó que más de setenta causas contra el expresidente Rodrigo Chávez han sido desestimadas tras análisis objetivos, y solo dos casos llegaron a acusación formal. Sin embargo, los obstáculos institucionales han impedido que estos expedientes avancen a juicio: “No es por decisión de la fiscalía. La fiscalía ya hizo su trabajo y presentó las acusaciones. La corte no puede terminar su trabajo por la falta de suplentes”.

Al abordar la situación de la democracia en Costa Rica, Díaz manifestó su preocupación por el avance de las acciones del Ejecutivo: “Cuando usted ve que se descalifica a la fiscalía por investigar corrupción, eso es preocupante. Es concentrar el poder de manera absoluta. Si concentran estos tres poderes en Rodrigo Chávez, ya aquí no hay democracia, la democracia se acaba. Y lo que viene es autoritarismo, así de simple”.

La fe, los ataques y la decisión pendiente

En la entrevista, Carlos Díaz defendió su integridad profesional y moral, afirmando que todas las sanciones y denuncias en su contra han sido absueltas. También se refirió a su fe cristiana como un pilar personal durante su gestión, enfatizando que “yo respeto la autoridad de doña Laura, siempre respeté la de don Rodrigo”.

Respecto a su posible reelección como fiscal general, Díaz admitió que aún no ha tomado una decisión, debido a la presión constante y los ataques diarios: “Vivo el día a día y todos los días son persecuciones. No sé hasta cuándo uno podrá resistir. Lo que vale la pena es mantener nuestra democracia”.

El Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y el desafío institucional

Díaz reiteró que el Ministerio Público debe actuar objetivamente, sin someterse a presiones políticas ni de grupos de poder. Rechazó la utilización del polígrafo como herramienta determinante para medir la confiabilidad de funcionarios y denunció que “todo está relacionado” cuando se limitan recursos o se descalifica la labor de la fiscalía: “Ellos lo que no quieren es que nosotros atendamos el narcotráfico o a una población vulnerable”.

La entrevista concluyó con un llamado a preservar la democracia y la independencia de las instituciones, en un contexto marcado por la confrontación política y el riesgo de autoritarismo.

El abogado Esteban Aguilar presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por supuesta beligerancia política y eventuales infracciones al reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial. La solicitud plantea la necesidad de investigar si los funcionarios emitieron opiniones públicas que podrían interpretarse como incompatibles con el deber de imparcialidad.

La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas que ambos funcionarios realizaron sobre la coyuntura política y económica de Costa Rica. En el caso de Carlo Díaz, se cuestionan expresiones vinculadas con la situación política nacional, menciones al expresidente Rodrigo Chaves y al partido oficialista, así como opiniones sobre la democracia y el futuro de la Asamblea Legislativa. Una de las frases citadas en la denuncia fue pronunciada durante una entrevista en la que Díaz expresó: “No quiero que mi hija, mi nieto, tengan que salir huyendo y ser exiliados en otro país y es que estamos a un paso. Para mí la democracia hay que mantenerla”.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano fue señalada por manifestaciones críticas sobre el desempeño económico del país. En una de sus declaraciones, Solano afirmó que antes de las elecciones se hablaba de una “economía jaguar”, pero que después “no llega ni a gatito”, según consta en una publicación periodística de Diario Extra. La denuncia solicita que tanto esa publicación como cualquier registro audiovisual o documental de las declaraciones sean preservados como prueba.

De acuerdo con el documento presentado por Aguilar, la investigación debe determinar si las declaraciones constituyen opiniones que pueden interpretarse como rechazo hacia una corriente o agrupación política, o si resultan incompatibles con la imparcialidad exigida a los funcionarios judiciales. Para sustentar la solicitud, el denunciante pidió incorporar como pruebas entrevistas publicadas en plataformas como Spotify y YouTube, así como reportes periodísticos.

La fundamentación jurídica de la denuncia se apoya en la Circular N.º 72-2019 de la Corte Plena, que regula la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial. El artículo 33 de esa norma señala que ningún funcionario judicial puede participar en procesos o actividades político-electorales ni expresar opiniones que se interpreten como adhesión o rechazo a una filiación política, incluyendo manifestaciones en redes sociales o internet.

El denunciante solicitó que la Inspección Judicial asegure la preservación forense de toda evidencia digital relacionada con las entrevistas y publicaciones, obteniendo copias íntegras de los archivos y garantizando su autenticidad. Además, pide que, de ser necesario, se requiera directamente a los medios o plataformas digitales los archivos originales para mantener la cadena de custodia de la prueba.

En sus peticiones, Aguilar remarcó que la investigación deberá establecer si las expresiones de los funcionarios están amparadas por la libertad de expresión propia del cargo o si exceden los límites establecidos por el régimen disciplinario del Poder Judicial. Sólo la Inspección Judicial, mediante el debido proceso, podrá determinar la existencia o no de una infracción.

Entre los medios de prueba ofrecidos se encuentran la entrevista realizada por Interferencia, de la Universidad de Costa Rica, disponible en Spotify, y otra entrevista difundida en YouTube, además de la publicación de Diario Extra. El denunciante dejó abierta la posibilidad de incorporar cualquier otro registro audiovisual o documental que la Inspección Judicial estime pertinente.

El caso se convierte en un nuevo episodio de escrutinio sobre las expresiones públicas de funcionarios del sistema judicial costarricense, en un contexto de alta sensibilidad por la relación entre el ámbito judicial y la política nacional.

Una operación coordinada entre autoridades de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Panamá permitió la captura de dos lanchas en el Pacífico Sur y el decomiso de 5,4 toneladas de drogas, además de la detención de seis sospechosos, en menos de 24 horas. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que se trata del segundo golpe consecutivo al narcotráfico en la zona marítima, lo que refuerza el trabajo conjunto regional en la lucha contra el crimen organizado.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó que la acción más reciente se ejecutó cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida a 145 millas náuticas (270 kilómetros) al suroeste de Golfito. La embarcación, identificada como “ANGEL DEL PACíFICO”, no portaba matrícula ni bandera y estaba equipada con tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno.

Según el ministro Campos, la operación fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia con la Armada de Colombia y autoridades panameñas, así como el apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS). Las autoridades resaltaron la importancia de la cooperación internacional para rastrear y ubicar este tipo de embarcaciones en aguas internacionales.

A bordo de la lancha viajaban tres ciudadanos colombianos identificados por sus apellidos: Hidalgo (23 años, capitán), Gálvez (50) y Pertuz (31), quienes fueron aprehendidos cuando intentaban escapar. El traslado a Golfito se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y, una vez en tierra, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) contabilizaron el cargamento: 150 paquetes con aproximadamente un kilo de cocaína cada uno y cerca de 2,750 kilos de marihuana, lo que suma un total de 2,900 kilos (2,9 toneladas) de droga.

El decomiso refuerza el saldo logrado en la madrugada del mismo miércoles, cuando otra lancha fue interceptada en el Pacífico Sur. Tras el conteo final de la carga, la PCD determinó que 2,526 paquetes de cocaína, con un peso estimado de un kilo cada uno, componían un total de 2,5 toneladas.

Las dos operaciones elevaron el número de personas aprehendidas a seis, de las cuales cuatro son de nacionalidad colombiana y dos ecuatoriana. La rápida respuesta de los equipos de seguridad evitó la fuga de los sospechosos y permitió asegurar la totalidad de las sustancias ilícitas que pretendían ingresar por la ruta del Pacífico.

El propio Campos enfatizó que la cooperación regional y el uso de tecnología de punta han sido determinantes para frenar el avance de las organizaciones criminales en el corredor marítimo centroamericano, donde la ruta del Pacífico Sur se ha consolidado como una de las principales vías para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

La PCD aclaró que los paquetes de droga incautados serán sometidos a análisis y se mantendrán bajo resguardo judicial, como parte de los procedimientos legales correspondientes. Los seis detenidos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles nexos con redes transnacionales.

El decomiso conjunto representa el mayor golpe reciente al narcotráfico en aguas del Pacífico Sur costarricense, con un total de 5,426 kilos de estupefacientes incautados en apenas 24 horas, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Seguridad Pública.

Costa Rica se convierte en el epicentro de la discusión sobre el papel de la inteligencia artificial en la enseñanza del inglés, al reunir a expertos de varios países en la 41° Conferencia Nacional para Profesores de Inglés

La capital costarricense alberga desde el 8 de julio la 41° Conferencia Nacional para Profesores de Inglés (NCTE, por sus siglas en inglés), un evento que cuenta con la participación de especialistas de Costa Rica, Estados Unidos, México y Reino Unido. El encuentro tiene como objetivo analizar cómo la inteligencia artificial está transformando los métodos y competencias necesarias para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, tanto en el ámbito educativo como en el profesional.

Según información oficial, la NCTE se desarrolla en modalidad híbrida desde el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), ubicado en Los Yoses, San José. Esta edición fue declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación Pública (MEP), un reconocimiento que subraya su relevancia para el desarrollo profesional docente y la mejora de la enseñanza del inglés en el país.

El evento, ofrece más de 20 horas de capacitación certificada, con conferencias magistrales, talleres y seis webinars interactivos dirigidos tanto a docentes del sector público y privado como a coordinadores académicos y estudiantes universitarios. Según el Comité Organizador, la conferencia lleva por título “Empowering ELT: Digital Shifts, Human Connections, & Impactful AI Use”, una consigna que resume los ejes centrales de la agenda: innovación digital, conexiones humanas y uso efectivo de la inteligencia artificial.

Alfredo Ortega Cordero, representante del Ministerio de Educación Pública, exasesor nacional de Inglés y actual jefe del Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada Secundaria, subrayó la importancia de espacios como este para el crecimiento docente. Ortega Cordero manifestó que estos encuentros permiten compartir buenas prácticas, conocer nuevas tendencias y fortalecer la formación tanto de docentes en servicio como de futuros educadores. “La inteligencia artificial se convierte hoy en un aliado, en un complemento a los procesos de mediación pedagógica docente, a la toma de decisiones sin deshumanizar la enseñanza”, indicó Ortega.

El funcionario también destacó el papel del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y la Embajada de los Estados Unidos como aliados estratégicos en la mejora continua de la educación bilingüe. Según Ortega Cordero, “es a través de estas alianzas que podemos tender puentes de acompañamiento para la mejora de la educación bilingüe en este país”.

Por su parte, Mark Cormier, jefe de Desarrollo Académico del CCCN y líder del comité organizador, explicó que la inteligencia artificial ofrece una variedad de recursos para los docentes. “La inteligencia artificial nos ofrece una variedad de opciones para crear materiales, para evaluar a nuestros estudiantes, para mejorar el proceso de retroalimentación y hacer nuestra vida un poco más fácil”, afirmó Cormier, quien también señaló que los mayores desafíos para los educadores suelen presentarse en la planificación y la evaluación, áreas donde la IA puede aportar soluciones prácticas.

Cormier añadió que el dominio del inglés abre numerosas puertas y que la IA puede contribuir a reducir barreras como el tiempo y los costos, facilitando el acceso a opciones educativas de calidad. “La inteligencia artificial ayuda de cierta manera, si la usamos de la mejor manera, a bajar esas barreras”, sostuvo Cormier. El CCCN, a través de iniciativas como la Conferencia Nacional de Profesores de Inglés, busca mejorar la calidad educativa ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional continuo para docentes.

La organización puntualizó que la conferencia incluye espacios para el intercambio de experiencias, la presentación de herramientas tecnológicas y el debate sobre estrategias para integrar la inteligencia artificial en los procesos educativos. También se abordan temas como evaluación, educación inclusiva, ciudadanía global, pensamiento crítico, formación docente y enseñanza a niños.

El evento llega en un contexto en el que el dominio del inglés continúa siendo una de las habilidades más valoradas por sectores estratégicos de la economía costarricense, como los servicios empresariales, la tecnología, la manufactura avanzada y las empresas multinacionales. La rápida incorporación de herramientas de inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas aprenden, trabajan y se comunican.

“Durante más de cuatro décadas, la Conferencia Nacional para Profesores de Inglés se ha consolidado como un referente para la actualización y el desarrollo profesional de los docentes de inglés en Costa Rica. Creemos firmemente que invertir en la formación continua de quienes educan genera un impacto que trasciende las aulas, beneficiando a miles de estudiantes y fortaleciendo las competencias que el país necesita para afrontar los retos de un entorno cada vez más global e interconectado”, agregó Cormier.

El tráfico ilícito de tabaco, alcohol, agroquímicos y electrónicos se ha afianzado en Centroamérica por una serie de fallas estructurales y regulatorias que persisten en la región, según un informe reciente de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit).

La presentación de la “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito” tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, con la participación de representantes empresariales y expertos, según informó EFE. El estudio examina la situación de 158 economías en seis rubros distintos, entre ellos el entorno impositivo, la regulación, los controles gubernamentales, la corrupción y los sistemas para combatir el blanqueo de capitales.

El informe destaca que la falta de control aduanero en las zonas francas y la debilidad de los intermediarios en la cadena de suministros facilitan el flujo ilegal de una amplia gama de productos. Además, señala la existencia de una economía informal robusta, el uso indebido de zonas francas y una capacidad desigual de monitoreo estatal que favorecen la expansión del comercio ilícito en la región.

Países más expuestos y factores que alimentan el comercio ilícito

Según el índice de 2025, Costa Rica y Panamá encabezan la lista centroamericana con 51.2 y 49.6 puntos respectivamente. Les siguen El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, estos últimos con puntuaciones que reflejan una mayor vulnerabilidad.

Dentro de América Latina, Uruguay se distingue como el país mejor ubicado. El promedio global, de 49.9 puntos sobre 100, indica que la mayoría de los gobiernos en el mundo no está preparado para prevenir o mitigar el comercio ilícito.

El informe de Tracit sostiene que, aunque algunos países centroamericanos muestran avances, la región en su conjunto sigue enfrentando obstáculos significativos para controlar la circulación ilegal de productos, de acuerdo con lo reportado por EFE.

El documento menciona que la Zona Libre de Colón en Panamá y la de Corozal en Belice son focos críticos, ya que manejan altos volúmenes de reexportaciones con baja transparencia sobre los beneficiarios finales y un mínimo de inspección física de mercancías de alto riesgo, tales como cigarrillos y destilados.

La investigación advierte que estos factores, junto a la corrupción arraigada y la informalidad, permiten que el comercio ilícito de bienes como tabaco, bebidas alcohólicas, electrónicos, medicamentos y productos agrícolas falsificados o adulterados se mantenga activo y conectado a nivel regional.

Productos afectados, riesgos y respuestas gubernamentales

Entre los productos más afectados por el comercio ilegal se encuentran los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los electrónicos, principalmente de origen asiático.

A esto se suman medicamentos falsificados —antibióticos, analgésicos, tratamientos contra la gripe y productos dermatológicos— y la circulación de plaguicidas, fertilizantes y semillas adulterados o robados. Este flujo ilícito representa un riesgo para la salud y la seguridad alimentaria.

Las redes de comercio ilegal aprovechan las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro y la falta de inspecciones efectivas para mover mercancía a gran escala en toda la región.

El informe señala que los gobiernos centroamericanos reconocen cada vez más el comercio ilícito como un asunto prioritario y han comenzado a establecer medidas de control y salvaguardas. Tracit propone que las zonas francas sean declaradas formalmente bajo jurisdicción aduanera, con derechos plenos para inspeccionar y controlar almacenes y puntos de entrada o salida.

Según el documento, “los crecientes esfuerzos de Centroamérica por fortalecer la transparencia y la integridad de la cadena de suministro, junto con los avances continuos para abordar las limitaciones de capacidad institucional y alinear los marcos regulatorios con los tratados y normas internacionales, ofrecen una base sólida para aumentar la resiliencia frente al comercio ilícito en toda la región”.

Mientras la región avanza en la coordinación y actualización normativa, el informe de Tracit subraya la necesidad de profundizar en estos esfuerzos para enfrentar el comercio ilícito y proteger tanto la economía como la salud pública.

Tres hoteles de Costa Rica fueron reconocidos entre los mejores del mundo en la última edición de los World’s Best Awards de Travel + Leisure, consolidando al país como un referente de excelencia turística internacional. Además, nueve establecimientos costarricenses integraron la selecta lista de los mejores de Centroamérica, con presencia destacada en destinos como Arenal, Monteverde y Guanacaste.

La edición número 31 de los World’s Best Awards, que organiza la revista Travel + Leisure, recopiló más de 661,000 votos de lectores para evaluar hoteles, ciudades, islas, aerolíneas y destinos turísticos globales. La publicación subrayó la consistencia y calidad del servicio que ofrecen los hoteles galardonados en Costa Rica, país que ha mantenido una posición privilegiada en la industria del turismo de lujo.

El Nayara Tented Camp, ubicado en La Fortuna, logró el mejor resultado nacional al alcanzar el puesto 28 entre los mejores hoteles del mundo. Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Resorts, afirmó a La República que “Este reconocimiento demuestra la consistencia de nuestro servicio y representa un premio al trabajo que todo el equipo de Nayara Resorts realiza día a día”. El complejo sobresale por sus tiendas de estilo safari situadas sobre el bosque lluvioso, piscinas de inmersión alimentadas por aguas termales y una propuesta integral de experiencias en la naturaleza.

El Hotel Belmar, ubicado en Monteverde, también ingresó en el listado global, ocupando la posición 33. Este hotel ha construido su reputación en torno a la sostenibilidad, el diseño ecológico y la integración con el entorno natural del bosque nuboso, características valoradas por los lectores de Travel + Leisure.

Por su parte, el Nayara Gardens, situado en el Parque Nacional Volcán Arenal, se posicionó en el puesto 97 entre los mejores hoteles del mundo, consolidando la presencia de la marca Nayara como líder en hospitalidad de alto nivel en la región.

Además de estos reconocimientos globales, nueve hoteles costarricenses fueron seleccionados entre los mejores de Centroamérica. En la lista figuran el Nayara Springs (San Carlos), el Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique (Guanacaste), Hacienda AltaGracia, Auberge Collection (Pérez Zeledón), y Hideaway Rio Celeste. Destaca también Casa Chameleon Hotel Las Catalinas, ubicado sobre los acantilados de Las Catalinas, en Guanacaste.

La provincia de Guanacaste concentra varias de las propiedades distinguidas en el ranking regional, entre ellas The Westin Reserva Conchal y W Costa Rica – Reserva Conchal, ambas de Marriott International. Se suman el Four Seasons Resort Peninsula Papagayo Costa Rica y el Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica, by Hyatt.

Según la publicación de Travel + Leisure, los hoteles seleccionados comparten un elemento en común: un servicio que convierte a los viajeros en huéspedes recurrentes. Esta fidelidad de los visitantes se traduce en un reconocimiento sostenido y en la consolidación de Costa Rica como destino preferido para quienes buscan experiencias de hospitalidad de primer nivel.

Los resultados de los World’s Best Awards refuerzan la posición de Costa Rica como un destino destacado en la oferta turística internacional, con una propuesta que abarca lujo, sostenibilidad y conexión con la naturaleza. El país consolida su presencia entre los destinos más valorados por los viajeros de todo el mundo, según los criterios de calidad y atención que evalúan los lectores de Travel + Leisure.

El Ministerio de Salud de Costa Rica activó un protocolo de vigilancia epidemiológica tras la confirmación de dos casos de viruela símica en la provincia de San José, medida adoptada luego de que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) notificara los resultados positivos en dos hombres de entre 25 y 55 años. Las autoridades sanitarias pusieron en marcha la respuesta interinstitucional para contener la transmisión y garantizar el seguimiento de los contactos directos.

La información, confirmada por el Ministerio de Salud, indica que los dos afectados residen en la capital costarricense. La detección inmediata de los casos llevó a la conformación de un grupo técnico compuesto por representantes del Ministerio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el propio INCIENSA, quienes tienen la misión de coordinar la investigación epidemiológica y aplicar las medidas necesarias en la comunidad.

La viruela símica es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto físico estrecho con una persona infectada, ya sea por contacto piel a piel, exposición a lesiones, fluidos corporales, secreciones respiratorias en encuentros prolongados, o mediante objetos contaminados de uso personal.

Según información del Ministerio de Salud, las principales recomendaciones para la población incluyen evitar el contacto físico directo, especialmente con individuos que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que tengan un diagnóstico confirmado, no compartir objetos personales como toallas, ropa de cama o utensilios con personas enfermas y mantener una higiene de manos adecuada durante todo el día.

El síntoma más visible de la viruela símica es la aparición de lesiones cutáneas semejantes a granos o ampollas, que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, aunque suelen localizarse en la región genital, perianal, boca, rostro, manos y pies. Estas lesiones pueden ir acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos, dolores musculares y malestar general.

La autoridad sanitaria costarricense informó que la investigación epidemiológica sigue en marcha para rastrear posibles cadenas de transmisión y contactos cercanos de los pacientes. Se insistió en que cualquier actualización sobre la situación se comunicará de manera oficial a través de los canales institucionales.

La activación del protocolo de vigilancia responde a la necesidad de monitorear la propagación de la enfermedad y de reforzar las medidas de prevención en la comunidad. El Ministerio de Salud reiteró que la colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar una mayor diseminación de la viruela símica, especialmente en lo referente al cumplimiento de las indicaciones sobre contacto físico y uso de objetos personales.

Las autoridades también subrayaron que, hasta el momento, los casos confirmados permanecen bajo seguimiento y reciben la atención médica correspondiente, sin que se haya reportado una evolución grave de la enfermedad en ninguno de ellos.

La aparición de estos casos en San José coincide con un contexto regional de vigilancia ampliada en materia de enfermedades infecciosas, en el que los sistemas de salud pública han reforzado la notificación temprana y la respuesta coordinada ante eventuales brotes.

El Ministerio de Salud indicó que la población debe consultar ante la aparición de lesiones cutáneas inusuales o síntomas respiratorios, y que la atención médica temprana resulta clave para cortar posibles cadenas de transmisión. El INCIENSA continuará con el procesamiento de muestras y el monitoreo de casos sospechosos, mientras que la CCSS mantiene activa la red de atención para garantizar el acceso a diagnóstico y tratamiento.

Las autoridades recordaron que la información sobre la viruela símica, sus síntomas y las acciones recomendadas está disponible en los canales oficiales del Ministerio y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada solo a través de fuentes confiables.

La Contraloría General de la República aprobó la concesión para la remodelación de Puerto Caldera, principal terminal marítima del Pacífico costarricense, lo que permitirá realizar una inversión superior a 600 millones de dólares.

El proyecto, impulsado por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y ejecutado por el Consorcio Sunset, busca transformar la infraestructura portuaria nacional, fortalecer la competitividad, atraer inversión extranjera y generar empleo en la región.

De acuerdo con la presidenta Laura Fernández, “la modernización de Puerto Caldera permitirá fortalecer la competitividad de Costa Rica con una infraestructura portuaria moderna y eficiente, con una inversión de más de 600 millones de dólares, capaz de agilizar el comercio exterior, atraer inversión, generar empleo e impulsar el desarrollo económico de la región Pacífico y del país”.

Fernández aseguró que la obra estará finalizada antes de que termine su gobierno, lo que representa una oportunidad para el desarrollo local y nacional.

La aprobación definitiva de la Contraloría, alcanzada tras el rechazo de los recursos de apelación de la empresa filipina International Container Terminal Services, Inc. (Ictsi), fue recibida como una señal positiva por cámaras empresariales y sectores productivos. Ictsi había cuestionado su descalificación y la idoneidad técnica de la propuesta adjudicada al Consorcio Sunset, conformado por HGT Inversiones y APM Terminals. No obstante, la Contraloría respaldó la transparencia del proceso y autorizó seguir adelante.

El Incop estima que las obras comenzarán en octubre del próximo año, con un cronograma que prevé su conclusión entre finales de 2029 y principios de 2030.

El proyecto contempla la ampliación de la línea de atraque de 800 a más de 1,000 metros y la construcción de cinco nuevos puestos para recibir buques de mayor calado, permitiendo establecer rutas directas con mercados asiáticos como China, Japón e India y eliminando la necesidad de transbordos en Panamá o Norteamérica.

La modernización también incluye la incorporación de grúas especializadas para diferentes tipos de carga, sistemas de control para agilizar la descarga y la implementación de indicadores para fiscalizar la productividad, el uso de equipos y los tiempos de espera de camiones y buques.

De acuerdo con Wagner Quesada, presidente ejecutivo del Incop, el contrato de concesión se firmaría en diciembre de este año, dando paso a la transición administrativa y técnica para el inicio de las obras. El Consorcio deberá constituir una sociedad anónima en Costa Rica antes de asumir la operación.

El sector empresarial celebró la resolución. Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), indicó a La República que “esta decisión abre el camino para que, por fin, avance una de las obras de infraestructura más urgentes y estratégicas para el desarrollo de Costa Rica. Ahora corresponde aprovechar ese trabajo y avanzar sin más dilaciones hacia la modernización que el puerto y el país necesitan con urgencia”. Por su parte, Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), destacó que la saturación del puerto genera sobrecostos diarios y recordó que la advertencia sobre la necesidad de ampliar Caldera viene desde administraciones anteriores.

Actualmente, la saturación de Puerto Caldera obliga a barcos portacontenedores a esperar hasta cinco días para atracar y a buques graneleros hasta tres semanas, lo que impacta los costos de las empresas y, finalmente, el precio para los consumidores. Según un estudio del Incop, el país pierde cerca de 100 millones de dólares al año por la falta de modernización en el puerto. “Las obras cuestan 700 millones de dólares; hace años ya se habrían recuperado”, sostuvo Salazar.

La presidenta Fernández afirmó que su administración apuesta por transformar la institucionalidad que regula las concesiones de obra pública en Costa Rica. “Estamos haciendo una apuesta grande en mi gobierno por transformar la institucionalidad que regula las concesiones de obras públicas”, señaló.

El avance de este proyecto se perfila como un hito para la infraestructura portuaria y la economía nacional. La infraestructura renovada permitirá que los beneficios se perciban antes de la conclusión total, ya que los nuevos muelles entrarán en funcionamiento de forma progresiva.

El nuevo contrato establecerá estándares de mantenimiento y modernización tecnológica durante toda la vigencia de la concesión, así como mecanismos de fiscalización para asegurar la eficiencia operativa.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ha iniciado la construcción del puente sobre la quebrada Tinaja en Canoas de Corredores, una obra clave para mejorar la conectividad y la seguridad de las comunidades de la zona sur de Costa Rica.

Según datos oficiales divulgados por la CNE en 2025, el proyecto forma parte de un paquete de 19 obras de reconstrucción y protección de infraestructura pública que se ejecutan de manera simultánea en los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Corredores y Pérez Zeledón.

La nueva estructura atenderá una demanda urgente de la población local, luego de que el puente anterior resultara afectado por las intensas lluvias y el aumento de caudal provocados por la tormenta tropical Julia en octubre de 2022. De acuerdo con información difundida por Colosal Radio y Televisión, más de 800 personas de las comunidades de San Isidro, Altos de San Antonio, El Triunfo y San Miguel, muchas de ellas pertenecientes a la población indígena Ngöbe Buglé, dependen del paso seguro sobre la quebrada Tinaja para acceder a servicios esenciales.

La obra, que cuenta con una inversión superior a los 374 millones de colones (USD 822,900.61), según el mismo medio. El diseño contempla la construcción de un puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado, pensado para fortalecer la seguridad ante futuros fenómenos climáticos y facilitar el traslado de cosechas como palma aceitera, rambután y otros cultivos. La actividad agrícola se mantiene como una de las principales fuentes de empleo y sustento para las familias de la región.

Según la información oficial de la CNE, la construcción del puente Tinaja se convierte en la segunda infraestructura desarrollada mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) en beneficio directo del Territorio Indígena Altos de San Antonio. En febrero de 2025, la entidad ya había entregado el puente sobre la quebrada Callejonuda en el mismo distrito de Canoas de Corredores, marcando un avance constante en el fortalecimiento de la red vial local.

La CNE destacó que el financiamiento de estos proyectos proviene del Fondo Nacional de Emergencias y del empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), canalizado a través del PROERI. El objetivo es reducir vulnerabilidades y garantizar la operatividad de infraestructura estratégica en zonas recurrentemente afectadas por fenómenos meteorológicos.

En total, el paquete anunciado en julio de 2025 comprende la reconstrucción de 10 puentes, cuatro proyectos en edificios públicos, cuatro obras de protección y una intervención en centros educativos. Entre las obras más relevantes se encuentra la construcción del nuevo colegio indígena Yimba Cajc en Rey Curré de Buenos Aires, diseñado para ofrecer un entorno seguro a estudiantes que antes sufrían interrupciones por inundaciones del río Grande de Térraba.

Otra intervención de alto impacto es el dique de 10.5 kilómetros en Palmar Sur, Osa, cuya inversión supera los 2,500 millones de colones (USD 5,500,672.50) y que busca proteger a más de 5,000 habitantes de inundaciones en comunidades y cultivos aledaños.

Entre los proyectos destacados también figura la construcción del puente sobre el río Limón en Limoncito, Coto Brus, que beneficiará a la comunidad indígena de Brusmalis. Esta obra responde a la necesidad histórica de facilitar el comercio local y la movilidad, especialmente luego de que un joven muriera en 2016 al intentar cruzar el río durante una crecida.

La inversión total para la ejecución de las 19 obras supera los 13 mil millones de colones (USD 28,603.50), orientada a fortalecer la resiliencia y mejorar la calidad de vida de cerca de medio millón de personas en la región Brunca. La prioridad de la CNE y el BCIE es garantizar infraestructura segura, funcional y adaptada a las necesidades de las poblaciones más vulnerables ante eventos climáticos extremos.

La expectativa en Canoas de Corredores se centra ahora en la culminación de la nueva estructura sobre la quebrada Tinaja, que permitirá restablecer el acceso seguro para estudiantes, adultos mayores, trabajadores y productores, además de reforzar la producción local y la movilidad en una de las regiones agrícolas más activas del sur costarricense.

Un hombre identificado como Garay Benítez, de 27 años, fue arrestado en Costa Rica tras permanecer cinco años oculto en el país, donde trabajó en el sector de la construcción, según informó Teletica. Las autoridades determinaron que Benítez era requerido por la justicia de El Salvador por su presunta vinculación con la pandilla Mara 18 (M-18), una de las organizaciones criminales más extendidas en Centroamérica.

El caso cobró relevancia luego de que la Oficina Central Nacional de Interpol en San José detuviera al sospechoso y lo entregara a las autoridades salvadoreñas para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

La detención de Garay Benítez fue consecuencia de información confidencial que alertó a las autoridades costarricenses sobre la presencia del sujeto y sus posibles vínculos con la estructura criminal, detalló Teletica. Tras la verificación de su identidad y la confirmación de una orden de captura internacional, se coordinó con la Policía Nacional Civil de El Salvador para su extradición. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica indicó que Benítez ocupaba funciones formales dentro de la organización, ejecutando órdenes de sus líderes y participando en operaciones propias de la pandilla.

La Mara 18, también conocida como Barrio 18, consolidó su presencia en El Salvador y extendió sus operaciones más allá de las fronteras de ese país, replicando modelos de expansión utilizados por cárteles mexicanos, señalaron expertos citados por Teletica. Esta organización delictiva se caracteriza por su estructura celular y el establecimiento de franquicias con cierto grado de autonomía, lo que facilita la diversificación de actividades ilegales y la penetración en nuevos territorios, incluso mediante alianzas con otros grupos criminales.

El OIJ añadió que a Benítez también se le atribuyen labores de vigilancia y control territorial, tareas que incluían alertar sobre la presencia de cuerpos policiales o personas ajenas al sector, así como brindar seguridad durante la ejecución de otros hechos delictivos. Estas funciones son consideradas claves dentro de la estructura de la Mara 18, ya que permiten mantener el dominio y la seguridad de las zonas bajo su influencia.

Teletica recogió declaraciones de Rogelio Ramírez, ex investigador del OIJ, quien explicó que la expansión de la Mara 18 responde a una lógica de franquicias delictivas. “Este grupo criminal, igual que lo han hecho los cárteles mexicanos, apostó a una especie de franquicias o células con algún grado de autonomía para expandir y diversificar sus operaciones a lo largo del continente, incluso más allá mediante alianzas estratégicas con otros grupos criminales”, aseguró.

Ramírez advirtió que las alianzas entre organizaciones delictivas incrementan los riesgos para los Estados, ya que crean frentes comunes que dificultan la labor de persecución y combate de estas redes.

Las autoridades salvadoreñas investigan a Garay Benítez por el presunto delito de asociación con grupos terroristas debido a su supuesta participación activa en la Mara 18. Según el reporte de Teletica, la estructura de esta pandilla se basa en una jerarquía definida y una estricta división de funciones, lo que facilita la ejecución de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos catalogados como de alto impacto social.

La influencia de la Mara 18 en El Salvador es considerable. Datos oficiales y reportes de medios internacionales han documentado que la pandilla mantiene una amplia red de células en barrios y municipios, ejerciendo control sobre actividades económicas informales, transporte y comunidades enteras. La expansión regional ha permitido a la organización establecer conexiones en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde, como en este caso, algunos de sus integrantes logran permanecer ocultos durante largos periodos, insertándose en actividades aparentemente legales.

El fenómeno de las maras, especialmente la Mara 18 y su rival MS-13, representa uno de los mayores desafíos de seguridad para América Central. Las autoridades de El Salvador han intensificado las operaciones de búsqueda y captura de miembros de estas organizaciones, recurriendo a la cooperación internacional y al intercambio de información policial, como sucedió con la detención y extradición de Garay Benítez.

Según Teletica, la detención del sospechoso y su traslado a El Salvador reafirman la cooperación entre países de la región frente al fenómeno de las pandillas transnacionales. El proceso judicial contra Benítez continuará en territorio salvadoreño, donde enfrentará cargos por su presunta participación en la estructura criminal y los delitos asociados.

Cuando el colombiano Parmenio Medina Pérez llegó a Costa Rica a finales de la década de 1960, encontró un país que presumía de estabilidad democrática, paz social y una profunda confianza en sus instituciones.

Aquella nación centroamericana, sin ejército desde 1949, parecía el lugar ideal para comenzar una nueva etapa. Lo que nadie imaginaba era que ese inmigrante terminaría protagonizando uno de los capítulos más dolorosos en la historia del periodismo costarricense.

Nacido en Santa Rosa de Osos, Antioquia, en 1939, Medina llegó al país atraído por las oportunidades en la radio. Muy pronto comprendió el enorme poder que tenía ese medio de comunicación en una Costa Rica donde la radio acompañaba la vida cotidiana de millones de personas. Con una voz inconfundible, un estilo irreverente y un humor mordaz, comenzó a construir una carrera que marcaría a varias generaciones.

Su obra más reconocida fue La Patada, un programa dominical transmitido durante casi 28 años por Radio Monumental. Lo que inicialmente combinaba sátira y entretenimiento evolucionó hasta convertirse en un espacio de periodismo de investigación donde Medina denunciaba actos de corrupción, abusos de funcionarios públicos y decisiones que afectaban el interés nacional. No era un periodista que buscara agradar. Su propósito era incomodar a quienes ejercían el poder.

A lo largo de su trayectoria investigó desde irregularidades en la Vuelta Ciclista a Costa Rica hasta cuestionados negocios relacionados con importaciones de calzado deportivo en la década de 1990. Sin embargo, ninguna investigación provocó tanto impacto como la que realizó contra Radio María Costa Rica, una emisora católica dirigida por el entonces sacerdote Minor Calvo.

En sus programas, Medina cuestionó el manejo de millonarias donaciones realizadas por fieles para sostener la emisora religiosa. Denunció presuntas irregularidades financieras, compra de propiedades y una administración poco transparente de los recursos. Sus señalamientos generaron fuertes reacciones, demandas judiciales y una intensa presión para sacarlo del aire. Incluso, durante varias semanas, Radio Monumental suspendió la transmisión de La Patada por temor a consecuencias legales. El periodista acudió a la Sala Constitucional, que finalmente ordenó restablecer el programa al considerar que se vulneraba la libertad de expresión.

El conflicto no terminó allí

La tarde del 7 de julio de 2001, después de grabar una nueva emisión de su programa y cuando regresaba a casa, Parmenio Medina fue interceptado por sicarios a pocos metros de su vivienda en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Recibió varios disparos y murió camino al hospital. Tenía 62 años. Costa Rica quedó paralizada. Para un país que rara vez había visto el asesinato de un periodista por motivos relacionados con su trabajo, el crimen representó una fractura profunda en su imagen como una de las democracias más seguras de América Latina.

Las investigaciones posteriores concluyeron que el asesinato estaba vinculado con las denuncias periodísticas sobre Radio María. En 2007, tras uno de los juicios más largos en la historia judicial costarricense, el empresario Omar Chaves fue condenado como autor intelectual del homicidio y el sicario Luis Alberto Aguirre como autor material. El exsacerdote Minor Calvo fue absuelto del delito de homicidio, aunque recibió una condena por fraude relacionado con el manejo de fondos de Radio María.

El asesinato de Medina trascendió las fronteras costarricenses. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el crimen como un grave atentado contra la libertad de prensa y siguió de cerca las investigaciones hasta que hubo condenas judiciales. Organismos internacionales advirtieron que el caso enviaba un preocupante mensaje para los periodistas que investigaban corrupción en una región donde la violencia contra la prensa comenzaba a incrementarse.

Sin embargo, el legado de Parmenio Medina no puede medirse únicamente por el expediente judicial que dejó su asesinato.

Su verdadera herencia permanece en la forma en que transformó el periodismo radiofónico costarricense. Demostró que la radio podía ir mucho más allá del entretenimiento y convertirse en una herramienta para fiscalizar al poder. Inspiró a generaciones de periodistas que comprendieron que investigar también implica asumir riesgos, pero que el silencio suele tener un costo aún mayor.

Veinticinco años después, su voz ya no resuena cada domingo por los parlantes de miles de hogares costarricenses. Aun así, permanece viva en las facultades de comunicación donde se estudia su trabajo, en las redacciones donde el periodismo sigue enfrentando presiones y en la memoria de un país que entendió, de la forma más dolorosa, que la libertad de expresión nunca está garantizada para siempre.

Parmenio Medina murió porque decidió hacer preguntas incómodas. Su asesinato buscó apagar una voz. Lo que consiguió fue convertirla en un símbolo permanente de la lucha por el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Ese, quizá, sea el legado más poderoso que un periodista puede dejar.

El fútbol de la Primera División de Costa Rica ha sufrido un terremoto administrativo e institucional que altera por completo el panorama deportivo del país. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó de manera oficial la pérdida de categoría de la Asociación Deportiva Municipal Liberia.

La drástica medida se tomó de forma definitiva luego de que el club decidiera no apelar la revocatoria de su licencia, un castigo impuesto originalmente debido a severas inconsistencias legales y a una profunda falta de transparencia financiera en la administración de la entidad deportiva.

La situación del conjunto de la provincia de Guanacaste empeoró drásticamente tras la captura de su presidente y principal financista, el empresario colombiano naturalizado costarricense Wilder Eusse Osorio.

Eusse Osorio fue detenido el pasado 17 de junio en San José, luego de que las autoridades judiciales de Costa Rica recibieran una solicitud formal de extradición por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. La justicia estadounidense lo acusa de dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con el objetivo de introducirla ilegalmente en territorio norteamericano.

El impacto deportivo de esta resolución es inmediato. La plaza vacante que deja el Municipal Liberia en la máxima categoría no quedará desierta de forma permanente, sino que se definirá mediante una serie de repesca.

La FCRF informó que este cupo lo disputarán el club Guadalupe, equipo que recientemente había descendido a la segunda división y Escorpiones, actual subcampeón de la liga de ascenso. De esta manera, el campeonato de la temporada 2026-2027 iniciará el próximo 26 de julio con un total de 10 equipos.

Este ajuste confirma una tendencia preocupante en el balompié costarricense. Durante el año 2025, la federación ya había retirado los derechos de participación y las licencias a los clubes Santos de Guápiles y de la Asociación Deportiva Guanacasteca debido a graves irregularidades de carácter administrativo y financiero.

El perfil de alias ‘El Soldado’ y la intervención de la DEA

Wilder Eusse Osorio, conocido bajo los alias de ‘El Soldado’ o ‘El Tío’, ejercía la presidencia del Municipal Liberia desde el año 2020. Bajo su gestión, el equipo logró el ansiado ascenso a la Primera División y se posicionó como un animador del torneo local.

Sin embargo, las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en estrecha colaboración con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), revelaron que el club era presuntamente utilizado dentro de un esquema de legitimación de capitales.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, a Eusse se le imputan operaciones de narcotráfico internacional que coordinaban el traslado de grandes cargamentos de cocaína procedentes de Ecuador y Colombia. Estas sustancias ilícitas eran movilizadas hacia Norteamérica utilizando rutas marítimas, terrestres y aéreas de manera sistemática.

Para camuflar sus ingresos y justificar sus flujos de efectivo en territorio costarricense, el sospechoso no solo invirtió en el equipo de fútbol pampero, sino que también adquirió múltiples estaciones de servicio para la venta de combustibles en el país.

El caso de Eusse estrena las recientes herramientas jurídicas costarricenses. En mayo de 2025, entró en vigencia una histórica reforma constitucional en el país tico que faculta la extradición de ciudadanos nacionales, una medida antes prohibida y que ahora se aplica exclusivamente para delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Bajo este marco legal modificado, Costa Rica ya ha entregado a la justicia internacional a tres presuntos capos de la droga:

• Exmagistrado Celso Gamboa
• Edwin López (alias ‘Pecho de Rata’) a los Estados Unidos
• José Johnny Angulo (alias ‘John Cadenas’).

Un caso similar: Narcotráfico y violencia golpean al Municipal Puntarenas en LINAFA

El escándalo del Municipal Liberia no es un hecho aislado dentro del ecosistema deportivo nacional. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vinculó directamente al propietario de la franquicia actual del Municipal Puntarenas que compite en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA) con operaciones de narcotráfico a gran escala y violentas disputas entre bandas rivales de la zona costera.

El 30 de marzo de 2026, las autoridades judiciales costarricenses confirmaron que el asesinato de Andrey Castro Bonilla, quien figuraba oficialmente como el dueño, principal inversor y dirigente del refundado Municipal Puntarenas en la liga de ascenso, estuvo directamente motivado por un violento ajuste de cuentas.

Las investigaciones policiales determinaron de forma contundente que el crimen fue el resultado directo de pugnas internas dentro del negocio del tráfico de drogas en el Pacífico central.

Este caso, sumado a la caída de la cúpula del Municipal Liberia, evidencia cómo el narcotráfico ha permeado las estructuras organizativas del deporte rey en Costa Rica, convirtiéndose en el principal desafío de seguridad pública y pureza deportiva para una nación que carece de fuerzas militares desde 1948 y que hoy se encuentra bajo el asedio de las rutas internacionales del contrabando de drogas.

Países como Costa Rica y Honduras participaron activamente en una operación internacional de gran alcance contra el fraude y el blanqueo de capitales, bajo la coordinación de Interpol. El despliegue, que reunió a fuerzas de seguridad de 97 países y territorios, se extendió entre el 15 de enero y el 30 de abril, y permitió la detención de 5,811 personas y el bloqueo de USD 293 millones en activos ilícitos.

La acción policial tuvo como eje principal la lucha contra las estafas de ingeniería social, según informó la agencia EFE. Esta modalidad criminal en expansión incluye fraudes por suplantación de identidad, falsas inversiones, romances en línea, extorsión sexual y fraudes empresariales mediante el correo electrónico. Estas formas de engaño se han multiplicado a nivel global, exigiendo estrategias coordinadas entre distintos países.

Durante la operación se identificó a más de 142,000 víctimas en todo el mundo. Además, se analizaron 152,808 casos, se resolvieron 23,715 investigaciones, se bloquearon 31,014 cuentas bancarias y se identificaron 15,606 sospechosos vinculados a actividades delictivas.

Avances contra redes internacionales de fraude

Entre los casos más notorios del operativo destaca lo sucedido en Esuatini (Brasil), donde la policía desmanteló una red dedicada al juego ilegal, al blanqueo de dinero y a estafas por suplantación de identidad. Los delincuentes empleaban una falsa comisaría de la Policía Federal, con uniformes y equipos simulados, para convencer a las víctimas de transferir fondos bajo el pretexto de proteger su dinero. El procedimiento terminó con un total de 82 detenidos en ese país.

En Tailandia, las autoridades lograron desarticular una organización criminal que blanqueaba grandes sumas de dinero obtenidas mediante estafas románticas, utilizando criptomonedas para dificultar el rastreo de los fondos. Uno de los principales sospechosos, de solo 20 años, gestionó más de USD 122.5 millones en diez meses, según la información difundida por Interpol y recogida por EFE.

Las fuerzas de seguridad de Singapur y Omán bloquearon una transferencia fraudulenta de USD 6.6 millones relacionada con una sofisticada estafa de suplantación de correo electrónico empresarial. En Palaos, 22 personas fueron deportadas por su vinculación con dos centros de estafas que operaban desde hoteles, lo que revela la diversidad de métodos utilizados por las redes criminales internacionales.

Cooperación internacional y advertencia de Interpol

La operación contó con la participación activa de países latinoamericanos como Costa Rica y Honduras, junto a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y España. Esta cooperación permitió golpear de manera simultánea múltiples focos de fraude y blanqueo en diferentes regiones, fortaleciendo el intercambio de información y la coordinación policial a escala global.

La operación internacional coordinada por Interpol permitió detener a miles de personas involucradas en fraudes y proteger activos por centenares de millones. Se identificó a decenas de miles de víctimas y se desarticularon redes criminales complejas que operaban a través de fronteras y múltiples jurisdicciones.

El director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, Tomonobu Kaya, alertó que “las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza significativa y ningún país puede hacerles frente por sí solo”. Kaya sostuvo la necesidad de una respuesta coordinada y global para enfrentar el desafío de las redes de delincuencia financiera.

Durante años, Costa Rica ha sido presentada como uno de los países con mayor estabilidad económica de América Latina. Sin embargo, detrás de las cifras de crecimiento, inversión extranjera y reducción de la inflación, emerge una realidad distinta para miles de familias: vivir en el país es cada vez más caro.

El fenómeno no es solo una percepción ciudadana. Diversos estudios internacionales ubican a Costa Rica entre las economías con el costo de vida más elevado de la región, especialmente cuando se analizan rubros esenciales como vivienda, alimentos, servicios públicos y productos farmacéuticos.

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que, pese al sólido crecimiento económico del país, persisten importantes desafíos relacionados con la desigualdad, la informalidad laboral y el acceso de los hogares a mejores condiciones de vida. El organismo advierte que una parte importante de la población no ha logrado beneficiarse plenamente del crecimiento económico registrado en los últimos años.

Uno de los principales golpes al bolsillo proviene de la vivienda

Mientras en ciudades de países como Colombia o México todavía es posible encontrar apartamentos de una habitación por el equivalente a entre 300 y 500 dólares mensuales en zonas urbanas intermedias, en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica los alquileres de características similares frecuentemente superan los 700 dólares y pueden acercarse a los 1.000 dólares en sectores de alta demanda.

El auge de proyectos inmobiliarios dirigidos a extranjeros, nómadas digitales y segmentos de alto poder adquisitivo ha incrementado la presión sobre los precios del mercado residencial, dificultando el acceso a opciones asequibles para la clase media costarricense.

La alimentación tampoco escapa al fenómeno

Productos básicos como leche, huevos, carnes, frutas y vegetales suelen presentar precios superiores a los observados en supermercados de países vecinos como Panamá, Guatemala o Colombia. Diversos análisis atribuyen esta diferencia a factores como la carga tributaria, costos logísticos, regulaciones, menor competencia en algunos mercados y elevados costos de producción nacional.

El caso de los medicamentos es otro ejemplo recurrente

Diversos estudios regionales han señalado que fármacos de uso común pueden costar considerablemente más en Costa Rica que en otros mercados latinoamericanos. Analgésicos, antihipertensivos, tratamientos para colesterol o medicamentos para enfermedades crónicas presentan diferencias importantes respecto a países como México o Colombia, donde existe una mayor competencia entre laboratorios y cadenas farmacéuticas.

Los gastos en salud privada también representan un desafío para quienes no logran obtener oportunamente una cita en el sistema público, obligando a miles de personas a destinar una parte creciente de sus ingresos a consultas médicas y compra de medicamentos.

Paradójicamente, Costa Rica también figura entre los países con salarios mínimos más altos de América Latina.

Sin embargo, especialistas advierten que analizar únicamente el ingreso puede resultar engañoso si no se considera el poder adquisitivo.

Un trabajador puede recibir un salario superior al promedio regional, pero si debe destinar una proporción mucho mayor de sus ingresos al alquiler, alimentación, transporte y servicios públicos, su capacidad real de consumo termina siendo similar —o incluso inferior— a la de otros países con salarios nominalmente más bajos.

El transporte constituye otro gasto significativo

Aunque el precio internacional del petróleo ha mostrado fluctuaciones, los combustibles en Costa Rica continúan ubicándose entre los más caros de Centroamérica debido a impuestos, costos de distribución y estructura del mercado energético.

A ello se suma el creciente costo de los servicios básicos. Electricidad, agua, internet y telefonía representan una proporción importante del presupuesto familiar, especialmente para hogares de ingresos medios y bajos.

Los datos macroeconómicos parecen contar una historia distinta.

Costa Rica mantiene uno de los mayores niveles de inversión extranjera de la región, un crecimiento económico superior al promedio latinoamericano y una inflación relativamente controlada. Sin embargo, economistas advierten que estos indicadores no siempre reflejan la experiencia cotidiana de las familias.

La brecha entre el desempeño económico del país y la percepción ciudadana se explica porque el crecimiento se concentra principalmente en sectores altamente productivos —como dispositivos médicos, servicios empresariales y zonas francas— cuyos beneficios no necesariamente llegan al resto de la economía.

Mientras tanto, trabajadores del comercio, construcción, servicios, pequeñas empresas y economía informal enfrentan un escenario donde cada aumento en el costo del alquiler, la alimentación o las medicinas reduce aún más su capacidad de ahorro.

El resultado es una paradoja cada vez más evidente: Costa Rica continúa consolidándose como una economía de ingreso alto y atractiva para la inversión internacional, pero al mismo tiempo se convierte en uno de los países más costosos para vivir en América Latina, donde el desafío ya no consiste únicamente en encontrar empleo, sino en que el salario alcance para cubrir las necesidades básicas de cada mes.

El actor australiano Chris Hemsworth, reconocido internacionalmente por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares en Costa Rica, una visita que ha despertado el entusiasmo de turistas y seguidores que han tenido la oportunidad de encontrarse con él.

La presencia del actor fue confirmada por la Dirección General de Migración y Extranjería, institución que informó que Hemsworth ingresó al territorio nacional el pasado 4 de julio, acompañado por su esposa, la actriz española Elsa Pataky.

Durante los últimos días, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir fotografías y videos del artista en diferentes puntos de la Península de Nicoya, especialmente en Santa Teresa, uno de los destinos turísticos más exclusivos de Costa Rica y conocido internacionalmente por sus playas, el surf y su ambiente relajado.

Posteriormente también trascendió que el actor fue visto en Playa Lajas, en Montezuma de Cabuya, donde disfrutó de una jornada de surf junto a su familia.

Las imágenes compartidas por turistas muestran al actor caminando por la playa con una tabla de surf bajo el brazo, disfrutando del paisaje costarricense y compartiendo momentos familiares lejos de los reflectores de Hollywood.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre la duración de su visita ni sobre el itinerario que seguirán durante sus vacaciones.

Hemsworth, de 42 años, es considerado una de las figuras más importantes del cine de acción de la última década. Alcanzó fama internacional al interpretar al dios del trueno en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, personaje que debutó en la cinta Thor (2011) y que posteriormente protagonizó varias secuelas, además de participar en las exitosas entregas de The Avengers.

Más allá de Marvel, el actor también ha consolidado una carrera con producciones como Rush, donde interpretó al piloto de Fórmula 1 James Hunt; Extraction y Extraction 2, dos de las películas de acción más exitosas de Netflix; Men in Black: International, y recientemente Furiosa: A Mad Max Saga, una de las cintas más comentadas de 2024.

Su esposa, Elsa Pataky, también es una reconocida actriz y modelo española. La pareja contrajo matrimonio en 2010 y tiene tres hijos. Ambos suelen compartir en redes sociales parte de su estilo de vida, caracterizado por el deporte, la vida al aire libre y la cercanía con la naturaleza.

No es casualidad que Costa Rica haya sido elegida como destino para estas vacaciones. El país es ampliamente reconocido por sus playas, parques nacionales y biodiversidad, además de ofrecer un ambiente de privacidad que atrae con frecuencia a celebridades internacionales.

En los últimos años, artistas, deportistas y empresarios de renombre han escogido destinos como Santa Teresa, Nosara, Papagayo, Manuel Antonio y la Península de Osa para descansar lejos del bullicio de las grandes ciudades.

Santa Teresa, donde inicialmente fue reportada la presencia de Hemsworth, se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos del Pacífico costarricense. Sus olas atraen a surfistas de todo el mundo, mientras que su oferta gastronómica, hoteles boutique y paisajes naturales la posicionan entre los principales destinos turísticos de Centroamérica.

La visita del actor también representa una importante vitrina internacional para Costa Rica, ya que las imágenes difundidas en redes sociales por turistas y fanáticos muestran algunos de los atractivos naturales que cada año atraen a millones de visitantes.

Aunque Chris Hemsworth continúa disfrutando de unas vacaciones en familia y ha procurado mantener un perfil discreto, su cercanía con quienes lo han reconocido ha sido uno de los aspectos más destacados de su paso por el país. Fotografías, saludos y sonrisas han bastado para convertir su visita en uno de los acontecimientos más comentados de la semana en Costa Rica, reforzando la imagen del país como un destino predilecto para figuras de talla mundial que buscan combinar naturaleza, aventura y tranquilidad.

Costa Rica volvió a figurar entre los destinos naturales más prestigiosos del planeta al ser incluida por la revista británica The Week en su selección de los ocho mejores lugares del mundo para el avistamiento de aves, un reconocimiento que reafirma el liderazgo del país en el turismo de naturaleza y la conservación de la biodiversidad.

La publicación ubicó a Costa Rica junto a destinos de enorme tradición ornitológica como Colombia, Perú, Sudáfrica, Australia, Japón, Escocia y el Parque Nacional Everglades, en Estados Unidos. La selección destaca aquellos lugares donde los visitantes tienen mayores posibilidades de observar una extraordinaria diversidad de especies en ecosistemas únicos.

En el caso costarricense, The Week resalta que el país reúne una impresionante variedad de hábitats naturales en un territorio relativamente pequeño, lo que permite observar aves tropicales en bosques lluviosos, bosques nubosos, manglares, humedales y costas tanto del océano Pacífico como del Caribe.

Entre los sitios recomendados aparecen el Parque Nacional Carara y el Parque Nacional Cahuita, dos de las áreas protegidas más reconocidas por su abundancia de especies y por ofrecer experiencias accesibles tanto para observadores experimentados como para turistas que se inician en esta actividad. En estos lugares es posible encontrar desde coloridos tucanes hasta las emblemáticas guacamayas rojas, además de numerosas especies endémicas y migratorias.

La inclusión de Costa Rica en este listado no resulta casual. Diversos registros especializados señalan que el país alberga más de 900 especies de aves, una cifra extraordinaria para una nación que representa apenas una fracción del territorio mundial. Esa diversidad convierte a Costa Rica en uno de los países con mayor concentración de aves por kilómetro cuadrado y en un destino obligado para aficionados y científicos provenientes de todos los continentes.

Entre las especies más buscadas destaca el quetzal resplandeciente, considerado por muchos como una de las aves más hermosas del planeta y símbolo de los bosques nubosos centroamericanos. A él se suman especies como el tucán pico iris, la guacamaya roja, diferentes variedades de colibríes, trogones, tangaras y decenas de aves rapaces que pueden observarse durante distintas épocas del año.

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La enorme riqueza biológica del país está estrechamente ligada a sus políticas de conservación. Más de una cuarta parte del territorio costarricense se encuentra protegido mediante parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre y otras categorías de conservación, lo que ha permitido preservar hábitats fundamentales para cientos de especies de aves residentes y migratorias.

Precisamente esa combinación entre conservación y turismo sostenible ha convertido al avistamiento de aves en una actividad económica cada vez más importante para numerosas comunidades rurales. Guías especializados, hoteles ecológicos, operadores turísticos y pequeños emprendimientos locales encuentran en este segmento una fuente de ingresos que promueve la protección de los ecosistemas.

Además de Carara y Cahuita, especialistas en turismo de naturaleza suelen recomendar otros destinos costarricenses como Monteverde, Corcovado, Tortuguero, La Selva, Caño Negro, Palo Verde, Arenal y el Golfo Dulce, donde es posible observar especies diferentes gracias a la diversidad climática y altitudinal del país. Cada región ofrece experiencias distintas según la época del año y las migraciones de determinadas aves.

El reconocimiento de The Week también fortalece la imagen internacional de Costa Rica como referente mundial del ecoturismo, una industria que durante décadas ha sido uno de los pilares de la economía nacional. El país ha construido una reputación basada en la protección de la naturaleza, la sostenibilidad y el desarrollo de actividades de bajo impacto ambiental, características altamente valoradas por viajeros que buscan experiencias auténticas en contacto con la biodiversidad.

Con esta nueva distinción internacional, Costa Rica reafirma su posición como uno de los principales destinos del planeta para quienes desean descubrir algunas de las aves más espectaculares del mundo, consolidando una oferta turística basada en la biodiversidad, la conservación y el disfrute responsable de la naturaleza.

La esperanza que durante casi 14 meses sostuvo en pie a la familia de Jessy Karina Álvarez Amador terminó de derrumbarse. Tras los allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en distintos puntos de San José, la capital costarricense, las autoridades informaron oficialmente a sus allegados que la investigación concluye que la estilista fue asesinada, aunque su cuerpo todavía no ha sido encontrado.

La noticia fue comunicada directamente por agentes judiciales a los familiares luego de las diligencias realizadas en Aserrí, Desamparados, Alajuelita y el Centro de Atención Institucional (CAI) San Sebastián, donde se buscaban nuevas evidencias relacionadas con la desaparición de la joven, ocurrida el 10 de mayo de 2025.

Sofía Rodríguez, hermana de Jessy Karina, relató a CR Hoy el momento en que recibieron la llamada del OIJ, una conversación que puso fin a más de un año de incertidumbre.

“El OIJ nos llamó para informarnos de que se hicieron los allanamientos para buscar el cuerpo de mi hermana y que hay tres personas detenidas. Uno ya estaba detenido y nos dijeron que ninguno ha querido dar detalles de dónde está el cuerpo de mi hermana”, manifestó.

Según explicó Rodríguez, las autoridades nunca habían confirmado oficialmente la muerte de Jessy porque no existían suficientes elementos probatorios que permitieran sostener esa conclusión dentro de la investigación.

“El OIJ no nos había dicho que ella estaba fallecida porque no tenían las pruebas. Hoy ya nos confirmaron que sí está fallecida; lo único que no saben es dónde la tiraron o dónde la enterraron”, expresó.

Para la familia, el anuncio significó el golpe más doloroso desde la desaparición de la joven madre de 25 años, quien dejó un hijo pequeño.

“Es un trago muy amargo, muy duro, porque uno como familia esperaba que ella estuviera con vida y regresara a la casa para estar con su niño. Hay días en los que uno tiene que seguir con su vida, pero hay momentos en los que la recuerda y empieza a pedirle a Dios que regrese. Nosotros todavía no entendemos por qué pasó esto. Mi hermana no era una persona mala, no andaba en malos pasos”, dijo entre lágrimas al medio digital.

La hermana de la víctima también reveló que una de las personas más afectadas por la desaparición ha sido su madre, de 74 años, quien durante todo este tiempo mantuvo la esperanza de volver a abrazar a su hija.

A ese dolor se suma la delicada condición de salud del padre de Jessy, quien permanece hospitalizado y aún desconoce la noticia.

“Él está muy enfermo y ahorita no se le puede dar la noticia porque está en un proceso de recuperación. Esperamos que se recupere para poder contárselo. Yo creo que todo este tema de mi hermana, durante este año, provocó que se enfermara, porque dejó de comer”, relató Rodríguez.

Mientras la familia enfrenta el duelo, el OIJ intensificó la investigación para tratar de ubicar los restos de la joven y fortalecer el caso judicial contra los presuntos responsables.

Durante los seis allanamientos, los agentes inspeccionaron varias propiedades vinculadas con el principal sospechoso, un hombre de apellido Villarreal Duarte, conocido con el alias de “Camba”, quien actualmente cumple prisión por otro homicidio ocurrido meses después de la desaparición de Jessy.

Uno de los operativos se desarrolló en la vivienda de la madre del sospechoso, ubicada en Desamparados. Allí, especialistas de Ciencias Forenses rompieron parte del piso de la casa y realizaron pruebas con luminol para detectar posibles rastros biológicos. De acuerdo con el OIJ, algunas de esas pruebas resultaron positivas y las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Ciencias Forenses para determinar si guardan relación con el caso.

Además de Villarreal Duarte, fueron detenidas dos mujeres de apellidos Padilla y Matamoros. Según la investigación, ambas habrían colaborado con el principal sospechoso. Una de ellas, presuntamente, pagó el servicio de transporte por aplicación que utilizó Jessy Karina la noche de su desaparición, mientras que ambas mantenían vínculos sentimentales con el ahora imputado.

La investigación también analiza diferentes móviles detrás del crimen. Entre las hipótesis figuran un posible conflicto relacionado con una deuda por drogas y otra vinculada a motivos sentimentales. Sin embargo, las autoridades han insistido en que la prioridad continúa siendo localizar el cuerpo de la estilista para completar la investigación y robustecer el expediente judicial.

Jessy Karina desapareció la noche del 10 de mayo de 2025, después de salir de su vivienda en Pavas. De acuerdo con el relato de sus familiares, había regresado de trabajar y ya se disponía a descansar cuando recibió una llamada telefónica en la que una persona insistió para que saliera de la casa. Aunque inicialmente se negó, finalmente aceptó. Le dijo a su madre que volvería pronto, abordó un vehículo de plataforma y nunca regresó.

Durante más de un año, familiares, amigos y autoridades realizaron múltiples diligencias para intentar encontrarla. Incluso en diciembre de 2025 se inspeccionó una propiedad en Aserrí tras recibirse información sobre supuestos restos óseos, pero esa búsqueda fue descartada.

Ahora, con la investigación enfocada formalmente en un presunto homicidio, la familia asegura que solo espera conocer dónde se encuentra Jessy para poder despedirse de ella y darle sepultura.

“Pedimos que se haga justicia. Que la ley haga lo que tenga que hacer y que no los dejen salir. Las personas que le hicieron daño a mi hermana deben atenerse a las consecuencias. Que recuerden que en esta tierra nadie se va sin pagar”, concluyó Sofía Rodríguez.

Costa Rica volvió a propinar un importante golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas luego de que el Servicio Nacional de Guardacostas interceptara una lancha rápida que transportaba aproximadamente dos toneladas de aparente cocaína en aguas del Pacífico Sur.

El operativo se desarrolló frente a Bahía Ballena de Osa, en la Zona Sur del país, como resultado de una acción coordinada entre el Ministerio de Seguridad Pública, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, alianza que permitió ubicar y dar seguimiento a la embarcación sospechosa.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la intervención ocurrió, cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas localizaron una lancha tipo nauta de 38 pies de eslora equipada con tres motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la embarcación intentaron huir, iniciándose una persecución marítima que concluyó con la captura de la nave y la detención de sus tres tripulantes.

Los detenidos fueron identificados como dos ciudadanos ecuatorianos de apellidos Chila, de 28 años, quien presuntamente fungía como capitán de la embarcación, y González, de 34 años. Junto a ellos también fue arrestado un ciudadano colombiano de apellido Quiñones, de 38 años.

Tras asegurar la embarcación, los oficiales realizaron una inspección preliminar que permitió localizar un cuantioso cargamento distribuido en 84 sacos. Según las primeras estimaciones de las autoridades, cada uno contenía aproximadamente 30 paquetes con aparente cocaína, por lo que el cargamento rondaría las dos toneladas de droga.

No obstante, el Ministerio de Seguridad Pública aclaró que tanto el peso exacto como la naturaleza de la sustancia serán determinados mediante los análisis y procedimientos técnicos que realizará la Policía de Control de Drogas (PCD), dependencia a la que fue entregado el caso.

La lancha, los sospechosos y toda la evidencia fueron trasladados hasta Golfito, donde la PCD asumió la investigación correspondiente y efectuará el conteo oficial de los paquetes, así como las pruebas químicas para confirmar el tipo de estupefaciente decomisado.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, destacó que el resultado del operativo fue posible gracias al intercambio oportuno de información de inteligencia con las autoridades colombianas y al respaldo aéreo brindado por Estados Unidos.

“Con información proveniente de inteligencia de la Armada Nacional de Colombia y apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, el Servicio Nacional de Guardacostas logró interceptar una embarcación en el sector de Ballena de Osa”, explicó el jerarca.

El comisionado también resaltó que este tipo de resultados reflejan el trabajo coordinado que mantiene Costa Rica con sus aliados internacionales para combatir el narcotráfico y reducir el uso de las rutas marítimas del Pacífico como corredor para el transporte de drogas hacia Norteamérica.

La costa pacífica costarricense continúa siendo una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para movilizar cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica. Por esa razón, el Ministerio de Seguridad Pública ha fortalecido los patrullajes marítimos y las operaciones de inteligencia mediante la cooperación con países aliados, especialmente Colombia y Estados Unidos.

En los últimos años, las autoridades costarricenses han incrementado la cantidad de incautaciones de droga en alta mar gracias al intercambio permanente de información, el uso de tecnología de vigilancia y la coordinación entre cuerpos policiales nacionales e internacionales. Estas acciones buscan afectar la logística y las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico que utilizan las aguas costarricenses como punto de tránsito hacia otros mercados.

Los viajes por carretera continúan ganando protagonismo entre los costarricenses.

Durante el último año, más de 228,000 nacionales salieron del país por vía terrestre con destino principalmente a Nicaragua y Panamá, una cifra que refleja la importancia que mantienen los pasos fronterizos para el turismo, las visitas familiares y las actividades comerciales en la región.

El movimiento constante de viajeros ha llevado a las empresas de transporte internacional a insistir en la necesidad de planificar cada desplazamiento con suficiente anticipación, especialmente ante los cambios que pueden experimentar las disposiciones migratorias y sanitarias de los países centroamericanos.

En ese contexto, Tica Bus emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tienen previsto cruzar alguna frontera terrestre durante las próximas semanas, con el objetivo de evitar inconvenientes que puedan retrasar el ingreso o incluso impedir el viaje.

La empresa señala que el primer aspecto que debe verificar cualquier pasajero es que su pasaporte se encuentre vigente y en buen estado, además de confirmar si el país de destino exige visa o algún permiso especial de ingreso, requisito que puede variar dependiendo de la nacionalidad del viajero.

Otro punto fundamental corresponde a los requisitos sanitarios. Algunos países pueden solicitar certificados específicos de vacunación, como el de fiebre amarilla para personas que provengan o hayan transitado por zonas consideradas de riesgo. Estas disposiciones no son permanentes y pueden modificarse conforme evolucionen las condiciones epidemiológicas de cada nación.

Asimismo, la compañía recomienda revisar con anticipación las políticas migratorias relacionadas con el tiempo máximo de permanencia autorizado, la demostración de solvencia económica o la presentación de boletos de salida cuando estas condiciones sean exigidas por las autoridades migratorias.

Otro aspecto que suele generar inconvenientes en los puestos fronterizos está relacionado con el equipaje. Antes de iniciar el recorrido es importante conocer cuáles son las dimensiones y el peso permitido, así como los artículos restringidos o prohibidos para el transporte internacional, con el fin de evitar inspecciones adicionales o demoras innecesarias.

Tica Bus también aconseja mantener toda la documentación organizada antes de llegar al puesto migratorio. Tener a mano el pasaporte y demás documentos facilita el proceso de revisión por parte de las autoridades y contribuye a reducir los tiempos de espera durante el cruce de la frontera.

La empresa recuerda además que los requisitos pueden cambiar dependiendo del país al que se viaje. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, existen diferentes categorías y procedimientos de ingreso que pueden implicar exigencias particulares para determinados viajeros, razón por la cual recomienda consultar siempre la información oficial vigente antes de salir del país.

En ese sentido, la recomendación es verificar directamente con las embajadas, consulados o autoridades migratorias correspondientes cuáles son los documentos y trámites necesarios para cada caso específico, debido a que las disposiciones pueden modificarse sin previo aviso.

"Una buena planificación permite que el viajero disfrute de una experiencia mucho más tranquila. Revisar los requisitos antes de salir evita contratiempos en frontera y ayuda a que el recorrido sea más seguro y eficiente“, señaló Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de Mobility ADO, empresa propietaria de la marca Tica Bus.

El crecimiento de los desplazamientos terrestres refleja que esta modalidad continúa siendo una alternativa competitiva frente al transporte aéreo para miles de personas que se movilizan dentro de Centroamérica.

La posibilidad de conectar ciudades de Costa Rica con destinos en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá e incluso el sur de México mantiene vigente este tipo de servicio para viajeros de distintos perfiles.

Con más de seis décadas de operación en la región, Tica Bus sostiene que una adecuada preparación sigue siendo el principal aliado para quienes deciden recorrer Centroamérica por carretera. La empresa enfatiza que verificar con tiempo la documentación, los requisitos migratorios y las condiciones sanitarias no solo agiliza el paso por las fronteras, sino que también permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad y seguridad.

El exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, fue detenido este miércoles por oficiales de la Policía Penitenciaria luego de que, presuntamente, intentara ingresar al Centro de Atención Institucional (CAI) San José, conocido como cárcel de San Sebastián, portando un reloj inteligente que no habría sido reportado durante el control de ingreso.

La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz, que detalló que la intervención ocurrió como parte de los protocolos de seguridad que se aplican a todas las personas que ingresan al centro penitenciario.

De acuerdo con el reporte oficial, Malespín se presentó al centro penal, pero durante la revisión de rutina los oficiales detectaron que llevaba un reloj inteligente, dispositivo que, en apariencia, no había sido declarado durante el procedimiento de ingreso.

Ante esa situación, la Policía Penitenciaria procedió a detenerlo de inmediato y a decomisar el aparato electrónico mientras se coordinaban las acciones legales correspondientes.

Posteriormente, el Ministerio de Justicia informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José, autoridad que asumirá la investigación para determinar si los hechos constituyen algún tipo de delito o infracción a la normativa vigente.

De momento, las autoridades no han informado cuál era el motivo por el que Irving Malespín acudía al Centro de Atención Institucional San José ni si el reloj inteligente se encontraba encendido o tenía alguna función activa al momento del hallazgo.

El Ministerio de Justicia únicamente confirmó que el dispositivo fue decomisado y que el exfuncionario quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Los centros penitenciarios del país mantienen estrictos controles sobre el ingreso de dispositivos electrónicos debido a que estos pueden representar un riesgo para la seguridad de las cárceles. Los relojes inteligentes forman parte de los equipos tecnológicos que, dependiendo de sus características, pueden almacenar información, conectarse a redes inalámbricas o funcionar como medio de comunicación, por lo que su ingreso está sujeto a controles específicos.

La Policía Penitenciaria realiza revisiones obligatorias a todas las personas que ingresan a los centros penales, incluyendo funcionarios, abogados, visitantes y proveedores de servicios. Durante estos controles se inspeccionan pertenencias personales y se verifica que cualquier dispositivo autorizado haya sido previamente reportado conforme a los procedimientos establecidos.

Irving Malespín es abogado y ocupó la dirección de la Policía de Control Fiscal, cuerpo policial adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de combatir el contrabando, la defraudación fiscal y otros delitos relacionados con el comercio ilícito.

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la defensa de Malespín han brindado detalles adicionales sobre el avance de la investigación o sobre una eventual audiencia para definir las medidas que podrían aplicarse en su contra.

Mientras tanto, el reloj inteligente permanece decomisado como parte de la evidencia y el expediente quedó en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si el ingreso del dispositivo incumplió la legislación vigente y si existen méritos para continuar con un proceso judicial. El Ministerio de Justicia reiteró que la Policía Penitenciaria continuará aplicando los protocolos de seguridad sin distinción de la condición o profesión de las personas que ingresen a los establecimientos penitenciarios del país.

Costa Rica se prepara para vivir una de las mayores celebraciones deportivas del año fuera de las canchas. El próximo 19 de julio, el Parque Metropolitano La Sabana se transformará en un enorme punto de encuentro para que miles de aficionados disfruten de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en una actividad gratuita que combinará fútbol, música en vivo y entretenimiento para toda la familia.

La iniciativa, denominada Coca-Cola Fan Fest, es organizada por el Sistema Coca-Cola —integrado por The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA Costa Rica— y tiene como objetivo convertir la definición del campeonato mundial en una experiencia colectiva para los costarricenses, reuniendo en un mismo lugar a personas de distintas edades para compartir la emoción del partido más importante del fútbol internacional.

El evento comenzará a las 11:00 de la mañana y se extenderá durante toda la tarde con una programación artística que incluirá música, presentaciones de talento nacional, zonas de comidas y actividades recreativas, antes de dar paso a la transmisión en vivo de la gran final desde el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

Uno de los principales atractivos será la instalación de pantallas gigantes que permitirán a los asistentes seguir cada detalle del encuentro decisivo del Mundial, en un ambiente pensado para que familias, grupos de amigos y aficionados vivan juntos la emoción del torneo.

Sin embargo, la celebración no terminará cuando el árbitro pite el final del partido. La jornada culminará con un concierto gratuito de la agrupación colombiana Piso 21, que subirá al escenario alrededor de las 6:00 de la tarde para cerrar el Fan Fest con un espectáculo musical que promete reunir a miles de seguidores. La programación también contempla la participación de un DJ nacional y presentaciones de artistas costarricenses, entre ellos Tapón.

Los organizadores proyectan una asistencia de hasta 60,000 personas, por lo que el ingreso será completamente gratuito, aunque estará sujeto a la capacidad máxima del recinto. El acceso se realizará por orden de llegada y estará condicionado al cumplimiento de los protocolos de seguridad, así como de la normativa vigente para eventos masivos.

William Segura, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Centroamérica y el Caribe, explicó que la iniciativa busca trasladar la emoción de una celebración mundial al ámbito nacional.

Según indicó, el propósito es convertir un acontecimiento deportivo de alcance global en una experiencia compartida por los costarricenses, fortaleciendo la conexión entre generaciones y culturas mediante un espacio de convivencia alrededor del fútbol y la música.

Por su parte, Jerri Liu, directora de Operaciones de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, destacó que el evento representa una oportunidad para que miles de familias disfruten gratuitamente de la final del Mundial en un ambiente seguro y diseñado para permanecer durante todo el día.

Además del componente deportivo y artístico, la organización pretende fomentar el uso responsable de los espacios públicos. Para ello, hizo un llamado a los asistentes a colaborar con el adecuado manejo de residuos y a mantener buenas prácticas de convivencia durante toda la actividad, con el fin de contribuir al cuidado del Parque Metropolitano La Sabana.

El formato del Coca-Cola Fan Fest replica una tradición que ha acompañado varias ediciones de la Copa Mundial de la FIFA en distintas ciudades del mundo, donde miles de aficionados se congregan para seguir los partidos en pantallas gigantes incluso sin contar con entradas para los estadios.

En esta ocasión, Costa Rica se sumará a esa experiencia internacional con una celebración que busca ir más allá del fútbol. La propuesta combina entretenimiento, gastronomía y espectáculos musicales en un mismo espacio, convirtiendo la final del Mundial en una actividad de carácter familiar y abierta a todo público.

La expectativa es que La Sabana se convierta ese domingo en el corazón de la fiesta mundialista del país, con miles de personas vistiendo los colores de sus selecciones favoritas y compartiendo una jornada que unirá deporte, música y convivencia en uno de los parques más emblemáticos de Costa Rica. Según los organizadores, el objetivo es que el recuerdo de la final trascienda el resultado deportivo y se convierta en una experiencia colectiva para quienes decidan vivir el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde territorio costarricense.

La situación judicial de Jeremy Mauricio Buzano Paisano, condenado a 79 años de prisión por el femicidio de la costarricense Nadia Peraza, sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela resolviera una gestión presentada por su defensa relacionada con su estado de salud.

El abogado José Francisco Herrera Umaña solicitó que su cliente fuera trasladado de manera urgente al Hospital Nacional Psiquiátrico y que, además, fuera remitido al Departamento de Psiquiatría de Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), argumentando que presentaba un deterioro importante en su condición física y mental.

Según expuso el defensor en un escrito remitido al Tribunal, el pasado 7 de julio visitó a Buzano en el Centro de Atención Institucional (CAI) La Reforma y lo encontró “en muy malas condiciones de salud”.

De acuerdo con Herrera, el propio privado de libertad le manifestó que se sentía muy mal y que necesitaba atención especializada, motivo por el cual solicitó una intervención inmediata de las autoridades judiciales.

No obstante, el Tribunal rechazó la petición de ordenar directamente su traslado al Hospital Nacional Psiquiátrico y también descartó enviarlo al Departamento de Psiquiatría de Medicatura Forense del OIJ al considerar que no existía una justificación suficiente para acceder a esa solicitud.

Pese a ello, los magistrados sí dispusieron una medida para garantizar la atención médica del condenado. En la resolución ordenaron que Buzano sea sometido a una evaluación psiquiátrica de inmediato y otorgaron un plazo de 24 horas a la dirección del CAI La Reforma para informar si el centro penitenciario cuenta con las condiciones necesarias para brindarle el tratamiento requerido.

En caso de que las autoridades penitenciarias determinen que no es posible ofrecer esa atención dentro del centro de reclusión, el Tribunal ordenó que el privado de libertad sea trasladado “a la mayor brevedad posible” al Hospital Nacional Psiquiátrico. De concretarse ese escenario, el traslado sería coordinado con el Organismo de Investigación Judicial.

La resolución fue interpretada de manera distinta por las partes involucradas.

El abogado de la familia de Nadia Peraza, Joseph Rivera, sostuvo que el Tribunal rechazó la gestión principal de la defensa y destacó que la resolución señala la ausencia de documentación médica idónea que acreditara el supuesto deterioro de salud mental de Buzano.

Rivera afirmó que desde el inicio consideró que la gestión presentada por la defensa constituía una estrategia dilatoria dentro del proceso judicial y recordó que en el expediente existen tres peritajes que concluyen que el ahora condenado comprendía plenamente el carácter ilícito de sus actos al momento de cometer los hechos por los que fue juzgado.

Asimismo, aseguró que las diferentes solicitudes planteadas por la defensa durante la etapa de apelación han sido rechazadas por las autoridades judiciales.

Por su parte, Herrera manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal. A su criterio, los jueces debieron ordenar el traslado inmediato de su cliente al Hospital Nacional Psiquiátrico, aunque señaló que considera haber cumplido con su deber profesional al advertir sobre el estado de salud del privado de libertad.

El abogado insistió en que ahora corresponde a Adaptación Social atender la situación médica de Buzano y advirtió que cualquier eventual consecuencia derivada de una falta de atención recaería sobre las autoridades competentes.

Mientras se resuelve esta controversia, Jeremy Buzano permanecerá recluido en el CAI La Reforma cumpliendo la condena de 79 años de prisión que le fue impuesta el pasado 20 de marzo por el Tribunal Penal de Heredia, después de ser declarado culpable por acabar con la vida de su expareja, desmembrarla y colocar partes de su cuerpo en recipientes plásticos en una refrigeradora. Considerándolo uno de los hechos más violentos y macabros de la historia de Costa Rica.

La inflación interanual en Costa Rica se ubicó en -0.32% en junio de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y el dato mantuvo al indicador fuera del rango meta del Banco Central de Costa Rica, fijado entre 2% y 4%, en un escenario en el que la autoridad monetaria prevé un retorno a cifras positivas durante el segundo semestre.

El registro de junio extendió a cuatro años consecutivos la racha en la que la inflación interanual del primer semestre se mantiene en valores negativos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la última vez que la inflación estuvo en terreno positivo fue en abril de 2025. La inflación acumulada entre enero y junio fue de 0.08%, la variación positiva más baja de los últimos cinco años.

El Índice de Precios al Consumidor, utilizado para estimar la inflación, también mostró entre mayo y junio alzas en poco más de la mitad de los productos que componen la canasta básica.

De acuerdo con medios como El Observador, los aumentos más notorios del mes se concentraron en Transporte y en Recreación, Deporte y Cultura.

Entre los productos con mayor variación figuraron la gasolina, con un incremento de 4.80%, y el pasaje de bus, que subió 4.76%. El encarecimiento de los pasajes de bus y taxi respondió a los ajustes aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a finales de mayo y vigentes desde junio.

El aumento fue de 5.43% para los autobuses y de entre 1.39% y 2.82% para los taxis. El ajuste en autobuses no fue uniforme. En 1,130 rutas, la tarifa subió entre ¢15 (USD 0.03) y ¢20 (USD 0.04), mientras que en otras 1,119 el alza fue de entre ¢20 (USD 0.04)y ¢40 (USD 0.09). En 399 rutas, el aumento fue mayor y osciló entre ¢105 (USD 0.03) y ¢300 (USD 0.66). Esa presión sobre el transporte público incidió en el comportamiento mensual del índice.

El precio de la gasolina subió tras el encarecimiento internacional del petróleo

La gasolina también empujó los precios al alza en junio. La publicación del mismo medio señaló que el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos elevó el precio internacional del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz, una situación que terminó por aumentar en ¢20 el litro de gasolina súper en Costa Rica. Ese ajuste fue aprobado el 29 de mayo. La medida también elevó en ¢8 (USD 0.02) por litro el precio de la gasolina regular, mientras el diésel fue el único combustible que redujo su valor.

Pese a esos incrementos mensuales, la inflación interanual negativa en el país ya supera un año. El mes anterior, esa variación había sido de -0.97%, cifra con la que se completó oficialmente un año de esa tendencia.

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal, dijo en la última conferencia de prensa sobre la Tasa de Política Monetaria que la inflación comenzará a mostrar valores positivos y a acercarse al rango de tolerancia a partir del segundo semestre de 2026.

Madrigal atribuyó esa previsión a la situación geopolítica externa y a la influencia del fenómeno de El Niño.

La construcción privada volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la actividad económica costarricense durante el segundo trimestre del 2026. Así lo revelan los resultados más recientes de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos de Construcción Privada (ETAPCP), divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los cuales muestran que el sector registró un crecimiento interanual promedio del 7.7% entre abril y junio de este año.

El desempeño confirma una aceleración progresiva de la actividad durante el trimestre. De acuerdo con los datos oficiales, la construcción privada aumentó un 5.3% en abril, un 7.6% en mayo y alcanzó un 10.3% en junio, reflejando un comportamiento ascendente que evidencia una mayor ejecución de proyectos conforme avanzó el periodo.

El principal impulso provino del segmento residencial, que experimentó un crecimiento interanual del 36.3%, impulsado por una mayor ejecución de edificaciones destinadas a vivienda para familias de ingresos medios y altos. Este comportamiento permitió compensar el menor dinamismo observado en otros segmentos del mercado constructivo.

Sin embargo, el informe también evidencia importantes diferencias dentro del propio sector residencial. Mientras los desarrollos inmobiliarios privados orientados a segmentos de mayor capacidad adquisitiva continúan expandiéndose, la construcción de viviendas de interés social presentó una contracción cercana al 22%, una cifra que refleja los desafíos que enfrenta este tipo de proyectos en el contexto económico actual.

En contraste con el fuerte crecimiento residencial, la construcción no residencial mostró un desempeño negativo. Según el Banco Central, este segmento registró una disminución interanual del 11.6%, principalmente como consecuencia de una menor ejecución de edificios de oficinas y naves industriales.

Pese a esa caída, el comportamiento no fue homogéneo. La autoridad monetaria indicó que durante el segundo trimestre sí se observó un mayor dinamismo en obras relacionadas con infraestructura comercial, construcción de bodegas y estacionamientos, lo que evidencia que algunos nichos del mercado continúan expandiéndose mientras otros mantienen un ritmo más moderado.

Las llamadas obras complementarias, como tapias, piscinas y otras construcciones accesorias, también registraron un descenso importante durante el periodo analizado. En este caso, la reducción fue cercana al 20%, convirtiéndose en uno de los segmentos con peor desempeño dentro de la actividad constructiva privada.

Para el Banco Central, esta información constituye un insumo estratégico para medir la evolución de uno de los sectores que más influencia tiene sobre la inversión y el crecimiento económico del país. La construcción mantiene una estrecha relación con múltiples actividades productivas, desde la industria de materiales hasta el comercio, los servicios profesionales y el empleo.

La Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos de Construcción Privada se realiza desde el año 2012 como resultado de una alianza estratégica entre el Banco Central y el CFIA, aunque la cooperación entre ambas instituciones inició en 2010 con el objetivo de fortalecer las estadísticas nacionales relacionadas con el sector construcción.

Gracias a ese trabajo conjunto, el país dispone de prototipos constructivos e índices de precios para los principales insumos utilizados en la actividad edificadora. Además, desde octubre del 2015, los resultados de esta encuesta fueron incorporados al cálculo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), lo que permitió mejorar la precisión con que se mide el comportamiento de la economía costarricense.

La metodología desarrollada por el Banco Central combina tres fuentes principales de información: los registros de responsabilidad profesional administrados por el CFIA, los resultados de la encuesta trimestral y funciones de costos representativas de los distintos tipos de construcción.

La agricultura sigue siendo uno de los motores económicos de Costa Rica, pero también una de las actividades con mayor exposición a riesgos laborales.

Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Seguros (INS) revelan una realidad preocupante: durante el primer trimestre de 2026 se registraron 4,857 accidentes laborales en el sector agropecuario, lo que significa que, en promedio, un trabajador sufrió un accidente cada 27 minutos.

La cifra refleja la persistencia de condiciones de trabajo que continúan representando un desafío para la seguridad ocupacional en las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, sectores que conforman la clasificación agrícola utilizada por el INS.

Además del impacto humano, los accidentes generan importantes consecuencias económicas tanto para los trabajadores como para el sistema de aseguramiento.

Solo entre enero y marzo de este año, los casos reportados ocasionaron 58,684 días de incapacidad, afectando la continuidad de las labores productivas y el ingreso de cientos de familias que dependen directamente de estas actividades.

La atención brindada mediante el Seguro de Riesgos del Trabajo representó una inversión superior a ₡1,125 millones (USD 2.47 millones), monto destinado al pago de incapacidades temporales y permanentes, así como a la cobertura de servicios médicos para los trabajadores lesionados.

Las cifras mantienen la tendencia observada durante el año anterior. En todo 2025, el INS contabilizó 18,774 accidentes y enfermedades laborales relacionadas con el sector agrícola. La atención de esos casos implicó un desembolso cercano a los ₡9,459 millones (USD 20.8 millones), lo que evidencia el elevado costo económico que representa la accidentabilidad laboral para el país.

De acuerdo con la información de la aseguradora estatal, las lesiones más comunes corresponden a heridas y golpes traumáticos en manos, muñecas, tobillos y pies, principalmente por el uso de herramientas manuales, implementos agrícolas, objetos punzocortantes, maquinaria, así como por la exposición a materiales y sustancias utilizadas durante las labores del campo.

Estas lesiones suelen ocurrir en actividades que implican esfuerzo físico constante, manipulación de herramientas de corte, levantamiento de cargas, desplazamientos sobre terrenos irregulares y contacto con productos químicos utilizados en la producción agrícola.

Frente a este panorama, el INS hizo un llamado a los patronos para fortalecer las medidas de prevención dentro de las empresas agropecuarias. Entre las principales recomendaciones destaca la necesidad de comunicar y concientizar permanentemente a los trabajadores sobre los riesgos presentes en cada puesto de trabajo y las medidas de seguridad necesarias para reducir la probabilidad de accidentes.

La institución también recomienda garantizar que cada colaborador utilice las herramientas adecuadas para la labor asignada, verificar que los equipos de trabajo se adapten a las características físicas de cada trabajador y realizar inspecciones visuales periódicas para detectar daños o desperfectos en herramientas manuales antes de su utilización.

Otra de las acciones sugeridas consiste en efectuar recorridos de observación en campo para identificar conductas inseguras y corregirlas oportunamente, fortaleciendo así una cultura preventiva dentro de las empresas agrícolas.

Asimismo, el INS considera fundamental implementar programas de pausas activas durante la jornada laboral para disminuir la fatiga física y prevenir lesiones derivadas del esfuerzo repetitivo, una condición frecuente entre quienes realizan labores agrícolas.

En el caso específico de quienes manipulan agroquímicos, la institución recuerda que la legislación exige capacitaciones obligatorias y la realización de exámenes médicos que certifiquen que el trabajador se encuentra apto para desempeñar esas funciones.

El INS también recordó cuál es el procedimiento que debe seguirse cuando ocurre un accidente laboral. El patrono está obligado a investigar si el incidente ocurrió con ocasión o como consecuencia del trabajo y, de ser así, presentar el formulario correspondiente mediante el sistema RT Virtual o de forma física en cualquiera de los centros médicos de la Red de Servicios de Salud del INS.

Una vez realizado ese trámite, el trabajador accidentado debe acudir al centro médico de la red más cercano a su lugar de residencia o de trabajo, llevando la identificación vigente y el comprobante del reporte para recibir la atención médica y las prestaciones económicas contempladas en el Seguro de Riesgos del Trabajo.

Aunque las cifras reflejan la importancia del seguro para atender a quienes sufren un accidente, también ponen en evidencia que la prevención continúa siendo el principal reto. Reducir una estadística que hoy equivale a un trabajador lesionado cada 27 minutos requerirá fortalecer la capacitación, mejorar las condiciones de trabajo y consolidar una cultura de seguridad que permita proteger a miles de personas que sostienen una de las actividades productivas más importantes del país.

Las autoridades costarricenses solicitaron a Estados Unidos que reconsidere la imposición de un arancel del 12.5 % a sus exportaciones, medida contemplada por la administración de Donald Trump en el contexto de una investigación sobre trabajo forzado.

El Gobierno de Costa Rica también defendió la participación nacional en las cadenas productivas de la región.

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica notificó que presentó comentarios ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La gestión busca que los productos costarricenses sean excluidos de la medida arancelaria impulsada por el gobierno estadounidense. El principal objetivo es salvaguardar las condiciones de acceso establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

Según un comunicado oficial, la ministra Indiana Trejos manifestó que “Costa Rica no busca reemplazar la producción estadounidense, sino reforzarla mediante cadenas de suministros regionales más seguras, diversificadas y competitivas”.

De acuerdo con la funcionaria, los bienes costarricenses “forman parte de cadenas integradas que contribuyen a fortalecer la seguridad, la diversificación y la competitividad”.

La propuesta de la USTR se presentó el 3 de junio y prevé aranceles del 10 % o del 12.5 % dependiendo de la categoría asignada a cada economía. El argumento central es que varios países no han aplicado acciones suficientes para evitar el ingreso de productos fabricados con trabajo forzoso en terceros países.

Para Costa Rica, el arancel contemplado alcanzaría el 12.5 %, lo que, según el Gobierno, afectaría su acceso al mercado estadounidense, principal destino de sus exportaciones. La investigación de la USTR incluye a sesenta economías. Entre ellas se encuentran México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, además de Costa Rica. Todos estos países fueron señalados por la supuesta falta de controles suficientes para impedir la importación de bienes producidos bajo condiciones laborales irregulares.

Antes de que la medida entre en vigor, la propuesta estadounidense será sometida a un proceso de consulta pública y una serie de audiencias. En ese contexto, los países referidos podrán presentar sus argumentos y solicitar ser excluidos de la medida arancelaria. Costa Rica, por su parte, ha reiterado la relevancia del acceso preferencial garantizado por el CAFTA-DR y la importancia de su integración en las cadenas regionales.

La ministra Indiana Trejos subrayó que la economía costarricense aporta a la seguridad y la competitividad de la región, complementando los sectores productivos de Estados Unidos. El Gobierno insiste en que la colaboración regional es esencial para mantener cadenas de suministro sólidas y diversificadas.

El proceso de consulta será clave para que Costa Rica exponga su postura ante las autoridades estadounidenses y busque evitar la imposición del nuevo arancel. El resultado determinará si los bienes costarricenses mantendrán el acceso preferencial al mercado estadounidense, en el marco de las condiciones comerciales vigentes.

La inclusión de Costa Rica en la lista de países observados por la USTR responde a una tendencia de endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos.

Las autoridades costarricenses continúan defendiendo los intereses del sector exportador nacional, convencidas de que la integración económica y la cooperación regional resultan fundamentales para el desarrollo de ambas partes.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de Costa Rica anunció la suspensión temporal de todos los trámites relacionados con placas vehiculares durante cuatro días, como parte de un proceso de migración de sus bases de datos. Esta medida afecta a usuarios y agencias de vehículos en todo el país.

La suspensión, anunciada a través de las redes oficiales del Cosevi, iniciará este miércoles 8 de julio a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta las 8:00 de la mañana del lunes 13 de julio.

Durante este periodo, los sistemas del Cosevi permanecerán fuera de línea, por lo que el Registro Nacional no podrá gestionar trámites vinculados a la inscripción, cambio o reposición de placas. Las autoridades explicaron que el único servicio que continuará disponible será el depósito de placas.

La migración tecnológica impide realizar consultas obligatorias sobre la cancelación de infracciones y multas asociadas a los vehículos, tanto a nivel de propietarios como de automotores. Tampoco será posible verificar placas retenidas, un procedimiento que exige la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

Esta situación afecta directamente los siguientes trámites: retiro de placas por inscripción de vehículos, cambio de matrícula, reposición de placas por pérdida o deterioro, incluida la emisión de la tercera placa, trámites de placas por medio del Portal Web del Registro Nacional y recepción de listados de placas enviados por agencias de vehículos.

El Registro Nacional y el Cosevi recomendaron a los usuarios posponer cualquier trámite relacionado con placas hasta que los sistemas vuelvan a estar en funcionamiento. Para consultas adicionales, la institución puso a disposición los teléfonos 2202-0777 y 2202-0888, así como el servicio de chat en línea.

Costa Rica cuenta con un parque vehicular en constante crecimiento, compuesto por automóviles particulares, motocicletas, vehículos de transporte público y unidades de carga. El registro vehicular supera el millón de unidades, lo que demanda una gestión eficiente en la emisión y control de placas.

El proceso de emisión de placas en el país inicia con la inscripción del vehículo en el Registro Nacional, donde se verifica la documentación y el pago de los impuestos correspondientes. Tras la validación, el propietario recibe una orden para retirar las placas en las oficinas asignadas o en las agencias autorizadas. En caso de pérdida o deterioro, la reposición se gestiona mediante una solicitud formal, acompañada de la documentación que acredite la propiedad y el motivo de la reposición. Para vehículos que requieren una tercera placa, como aquellos con portabicicletas o remolques, el trámite incluye la justificación del uso y la presentación de los documentos requeridos.

Durante el periodo de suspensión, estos pasos no podrán completarse ni de forma presencial ni digital. Las autoridades reiteraron la importancia de la actualización tecnológica para mejorar la seguridad y eficiencia de los procesos relacionados con la circulación vehicular.

La medida adoptada por el Cosevi busca garantizar la integridad de los datos y la adecuada migración de la información, en cumplimiento con las normativas vigentes. Usuarios y agencias deberán esperar hasta el restablecimiento de los servicios para realizar cualquier gestión vinculada a placas vehiculares.

La madrugada del sábado 4 de julio de 2026, el cantón de La Cruz, en Guanacaste, Costa Rica, se convirtió en el escenario de un violento crimen que ha conmocionado a la opinión pública y encendido las alarmas sobre la seguridad en la región.

Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, una conocida creadora de contenido e influencer costarricense de 28 años, fue asesinada a balazos junto a su pareja sentimental, Jorge Isaac Agüero Corea, de 30 años.

El ataque se produjo mientras ambos dormían en una vivienda ubicada en el barrio Irving, un sector que ya arrastraba un historial de incidentes delictivos de gravedad. Según los informes preliminares, el suceso ocurrió con un alarmante nivel de planificación y violencia.

Varios sujetos fuertemente armados irrumpieron por la fuerza en la propiedad y se dirigieron directamente a la habitación de la pareja.

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada y con saña, propinándoles múltiples impactos de bala que les causaron la muerte de forma inmediata en el lugar. Tras el tiroteo, los sicarios escaparon rápidamente, aprovechando la oscuridad de la madrugada.

Hipótesis del OIJ y el rastro del dinero en redes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió de inmediato la escena para recopilar evidencias e iniciar las pesquisas correspondientes.

Debido a la extrema violencia del ataque y la forma en que se ejecutó, la principal hipótesis que manejan las autoridades judiciales de Costa Rica es la de una venganza o un ajuste de cuentas.

No obstante, los investigadores no descartan otras líneas de acción, entre ellas, la posibilidad de que Sanarrusia fuera silenciada deliberadamente por haber sido testigo clave en otros hechos de sangre ocurridos en la zona. Hasta los reportes más recientes, la policía judicial no ha logrado ejecutar ninguna detención vinculada con este doble homicidio.

Paralelamente, los agentes judiciales han puesto la lupa sobre la actividad digital de la creadora de contenido, quien acumulaba más de 100,000 seguidores en redes sociales y cuya última publicación se registró apenas un día antes del asalto fatal.

La investigación busca profundizar en el estilo de vida que Sanarrusia exhibía de manera habitual en sus plataformas. El OIJ analiza minuciosamente el origen de estos recursos financieros con el fin de determinar si existía algún tipo de nexo o financiamiento proveniente de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico que operan en la provincia de Guanacaste.

Un historial de atentados y pérdidas previas

Para las autoridades, el trágico desenlace de Gabriela no representa un hecho aislado, sino la culminación de un entorno sumamente violento en el que la joven se había visto envuelta durante los últimos años.

De acuerdo con los registros policiales, la influencer ya había sobrevivido de forma milagrosa a varios atentados y compartido vínculos con personas asesinadas en circunstancias similares.

El primer gran golpe en su entorno ocurrió el 30 de abril de 2024, cuando su expareja y padre de su hija, un hombre llamado Juan Carlos Cruz, fue acribillado en un triple homicidio perpetrado precisamente en el mismo vecindario (barrio Irving) donde ella perdería la vida dos años después.

Posteriormente, el 28 de julio de 2025, Sanarrusia sobrevivió a una balacera en la vía pública en la localidad de Liberia. En esa ocasión, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el grupo en el que se encontraba, provocando la muerte de otra mujer que la acompañaba, mientras ella resultó ilesa.

El peligro se intensificó aún más el 12 de mayo de 2026, pocas semanas antes de su muerte. Sanarrusia viajaba a bordo de un vehículo que fue interceptado y atacado a tiros en al menos 30 ocasiones.

Aunque un hombre que la acompañaba falleció en el asiento del automotor a causa de las ráfagas, la influencer volvió a salir completamente ilesa de la escena, un suceso que incrementó las sospechas policiales de que era un objetivo prioritario para grupos criminales de la zona.

Más allá de las ramificaciones policiales y judiciales, el crimen deja una honda huella de dolor familiar y social. Gabriela era madre de una niña de tan solo 9 años de edad.

Tras confirmarse el deceso de la pareja, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino de forma inmediata para garantizar la integridad de la menor. La institución pública informó que, tras los análisis de riesgo y entorno correspondientes, la niña quedó formalmente bajo el cuidado y resguardo de los familiares de la línea materna.

Los restos de la creadora de contenido fueron velados y sepultados el pasado día de ayer, 7 de julio de 2026 en la comunidad de Santa Cecilia de La Cruz, en medio de muestras de pesar de allegados y vecinos.

Para comprender por qué Costa Rica habla de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón como uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente, primero hay que entender la realidad de la provincia donde se pretende construir.

Ubicada sobre el mar Caribe, Limón concentra la mayor actividad portuaria del país. Desde sus muelles sale buena parte de las exportaciones costarricenses de banano, piña, café y otros productos agrícolas hacia Norteamérica y Europa.

Sin embargo, esa importancia económica nunca se tradujo en prosperidad para gran parte de su población.

Durante años, distintos estudios del Estado de la Nación, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de organismos empresariales han señalado que Limón registra algunos de los índices más altos de desempleo, pobreza y homicidios del país.

En los últimos años, además, la provincia se convirtió en uno de los principales escenarios de la expansión del crimen organizado y del narcotráfico, favorecido por su ubicación estratégica para las rutas internacionales de la droga.

Sobre esa realidad se construye la promesa del nuevo megaproyecto

La iniciativa permitirá que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), institución creada hace más de medio siglo para impulsar el desarrollo del Caribe costarricense, pueda asociarse con inversionistas privados para desarrollar una moderna marina turística y una terminal internacional de cruceros.

A diferencia de un puerto comercial, destinado al movimiento de mercancías, una marina turística está diseñada para recibir y brindar servicios a yates, embarcaciones de recreo y turismo náutico de alto poder adquisitivo.

El proyecto contempla además una terminal capaz de atender cruceros internacionales, junto con hoteles, comercios, restaurantes, espacios recreativos y otros desarrollos inmobiliarios que convertirían a Puerto Limón en un complejo turístico de escala internacional.

La inversión preliminar ronda entre 847 y 900 millones de dólares, financiados mediante una alianza público-privada. JAPDEVA aportaría alrededor de 27 hectáreas de terreno, convirtiéndose en accionista del proyecto, mientras que el financiamiento y la construcción recaerían principalmente sobre inversionistas privados.

Para el Gobierno, la iniciativa representa mucho más que una obra de infraestructura

La presidenta Laura Fernández la presentó como el inicio de un modelo integral para transformar la economía del Caribe costarricense. Durante la firma de la ley aseguró que la marina no será un proyecto aislado, sino el eje de un conjunto de inversiones que incluirían un aeropuerto internacional para Limón, nuevas obras viales, fortalecimiento del turismo y mejores condiciones para atraer capital extranjero.

La administración sostiene que la marina podría generar aproximadamente 23,000 puestos de trabajo entre la fase constructiva y la operación del complejo. Inicialmente se requerirían miles de trabajadores de la construcción, soldadores, electricistas, carpinteros e ingenieros, mientras que posteriormente surgirían empleos permanentes en hotelería, gastronomía, comercio, transporte, mantenimiento, actividades recreativas y servicios turísticos.

El Gobierno también argumenta que un mayor dinamismo económico ayudaría a combatir uno de los principales problemas sociales de la provincia: el avance del crimen organizado.

Su planteamiento parte de que una economía con mayores oportunidades laborales reduce la vulnerabilidad de los jóvenes frente al reclutamiento por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

No obstante, ese optimismo no estuvo exento de polémica.

La aprobación del proyecto enfrentó resistencia dentro de la Asamblea Legislativa, aunque no por la conveniencia de construir la marina, sino por la forma en que se pretendía ejecutar.

Diversos diputados manifestaron preocupación porque versiones anteriores del proyecto dejaban dudas sobre los mecanismos de contratación y la posibilidad de otorgar concesiones mediante procedimientos con escasos controles. Parte de esas preocupaciones surgieron porque algunos elementos del plan habían estado vinculados con iniciativas impulsadas durante el debate de la llamada Ley Jaguar, declarada inconstitucional por la Sala Constitucional.

Tras varias semanas de negociación, las fracciones legislativas acordaron un texto sustitutivo que reforzó los principios de transparencia, aclaró el marco jurídico para las alianzas público-privadas y dejó expresamente establecido que los procesos deberán respetar las normas de contratación pública y los mecanismos de fiscalización correspondientes.

Esos cambios terminaron allanando el camino para la aprobación definitiva de la reforma.

Mientras el debate político avanzaba en San José, el sector empresarial limonense comenzó a mirar más allá de la construcción de la marina.

Rubén Acón, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, considera que el proyecto puede convertirse en el detonante del desarrollo turístico del Caribe, pero advierte que por sí solo no resolverá las necesidades históricas de la provincia.

A su juicio, será indispensable desarrollar un aeropuerto internacional, modernizar la Ruta 32, ampliar la oferta hotelera, construir un nuevo acueducto, fortalecer la conectividad digital y dotar a la provincia de un plan regulador que permita ordenar el crecimiento urbano.

En la misma línea se pronunció Randy Gordon, presidente de la Federación de Cámaras del Caribe, quien subrayó que la principal inversión debe realizarse sobre las personas.

El dirigente sostiene que los futuros empleos deberán ser ocupados prioritariamente por limonenses, pero para ello será necesario fortalecer la enseñanza del inglés, la capacitación técnica y la formación en servicios turísticos, de manera que la población local pueda integrarse a las nuevas oportunidades económicas que generaría el proyecto.

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, calificó la iniciativa como el proyecto más importante para la provincia en la última década y afirmó que podría colocar nuevamente al Caribe costarricense en el mapa internacional del turismo y la inversión.

Sin embargo, incluso entre quienes respaldan la iniciativa existe consenso en que la marina no debe convertirse en una promesa aislada.

Su éxito dependerá de que el Estado logre ejecutar las obras complementarias anunciadas y de que el desarrollo económico alcance efectivamente a las comunidades que durante décadas han permanecido al margen del crecimiento nacional.

Si ese objetivo se cumple, la Marina y Terminal de Cruceros de Limón podría convertirse en el proyecto que transforme la historia reciente del Caribe costarricense.

Si no ocurre, pasará a engrosar la larga lista de grandes promesas que alguna vez despertaron esperanza en una provincia que, pese a ser una de las principales puertas de entrada de Costa Rica al mundo, todavía espera que esa riqueza también llegue a quienes viven frente al mar.

Durante la última década, el paisaje urbano de Costa Rica ha cambiado de forma acelerada. Donde antes predominaban cafetales o grandes lotes vacíos, hoy abundan torres de apartamentos, residenciales cerrados y condominios horizontales que ofrecen piscinas, gimnasios, coworking, parques para mascotas y seguridad privada.

Sin embargo, detrás de ese auge inmobiliario se esconde una paradoja: mientras la construcción privada mantiene un fuerte dinamismo, adquirir una vivienda resulta cada vez más difícil para buena parte de los costarricenses.

Esa es una de las principales conclusiones de estudios elaborados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Gestionando Hábitat. El estudio advierte que el mercado está produciendo viviendas para un segmento muy reducido de la población, mientras la mayor parte de los hogares queda fuera de las posibilidades de compra.

El dato más revelador es que casi el 90 % de la oferta habitacional privada está diseñada para satisfacer únicamente al 30 % de los hogares con mayores ingresos. En otras palabras, siete de cada diez familias prácticamente no encuentran opciones que puedan pagar dentro de la oferta formal del mercado.

El crecimiento de la construcción privada

Mientras en 2020 se construyeron alrededor de 8.000 viviendas financiadas completamente por desarrolladores privados, para 2023 esa cifra alcanzó aproximadamente 16,000 unidades, reflejando un mercado inmobiliario mucho más activo, especialmente mediante desarrollos en condominio.

Las nuevas construcciones muestran además una transformación importante en su diseño.

Las viviendas pequeñas, de menos de 70 metros cuadrados, han perdido participación dentro del mercado, mientras aumenta la construcción de casas y apartamentos de mayor tamaño, principalmente dentro de proyectos condominales ubicados en zonas urbanas y periurbanas de la Gran Área Metropolitana.

Esta tendencia responde a un cambio en el modelo de negocio de los desarrolladores, que encuentran mayores márgenes de rentabilidad en proyectos con amenidades, seguridad y alta densidad habitacional.

El precio marca la diferencia

En promedio, más de la mitad de los proyectos —un 54 %— ofrecen viviendas cuyo precio oscila entre 100,000 y 200,000 dólares.

En contraste, apenas 3 % de la oferta corresponde a viviendas con precios inferiores a 75,000 dólares, un rango que suele considerarse más cercano a la vivienda accesible para hogares de ingresos medios.

En el mercado actual, una casa nueva en condominio dentro de cantones como Escazú, Santa Ana, Curridabat, Belén o La Guácima supera con facilidad los 150,000 o incluso 250,000 dólares, dependiendo de las amenidades y la ubicación.

En cambio, una vivienda independiente de características similares ubicada fuera de los desarrollos privados puede encontrarse por montos menores, aunque generalmente implica sacrificar aspectos como seguridad privada, infraestructura común o cercanía con los principales centros urbanos.

El déficit sigue creciendo

Mientras aumenta la construcción privada, el déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país.

Las instituciones calculaban un faltante cercano a 148,500 viviendas para el 2023, cifra que considera las casas que deben reemplazarse por encontrarse en malas condiciones y aquellas necesarias para atender el crecimiento natural de los hogares costarricenses.

Paralelamente, el acceso a programas estatales también se ha reducido.

En 2021 se otorgaron 11,428 bonos de vivienda; un año después la cifra cayó a 8,369, y en 2023 apenas alcanzó 8,222 bonos, una reducción cercana al 36 % respecto a 2021. Según los investigadores, esto significa que más de siete mil familias dejaron de recibir apoyo para acceder a una vivienda adecuada.

Un mercado pensado para pocos

Los especialistas sostienen que el problema no radica únicamente en la cantidad de viviendas que se construyen, sino en el tipo de vivienda que llega al mercado.

La mayor parte de los nuevos desarrollos responde a segmentos de ingresos medios altos y altos, donde existe mayor capacidad de financiamiento y mejores márgenes para las empresas constructoras.

Mientras tanto, las familias de ingresos medios enfrentan un escenario complejo: salarios que no crecen al ritmo del precio de las viviendas, terrenos cada vez más caros, mayores costos de construcción y una reducción en los programas públicos de apoyo.

El resultado es una brecha creciente entre la oferta y la demanda.

Costa Rica construye más viviendas privadas que hace apenas unos años, pero esas viviendas no necesariamente responden a las necesidades de la mayoría de la población.

El desafío

Los investigadores del CFIA y la UCR coinciden en que el país necesita replantear su política habitacional.

Entre las recomendaciones destacan fortalecer los programas de vivienda social, ampliar las alternativas para la clase media, incentivar proyectos de menor costo y promover una planificación territorial que permita aumentar la oferta sin expulsar a las familias hacia zonas cada vez más alejadas de los centros urbanos.

La imagen de decenas de nuevos condominios que aparecen cada año en la Gran Área Metropolitana refleja un mercado inmobiliario dinámico. Sin embargo, detrás de ese crecimiento persiste una realidad incómoda: para una parte importante de los costarricenses, el sueño de tener casa propia continúa alejándose, aun cuando nunca antes se habían construido tantos proyectos privados.

El presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, transmitió un saludo oficial a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con motivo de su cumpleaños, resaltando la importancia de los lazos diplomáticos y la visión compartida entre ambas naciones centroamericanas. El gesto, formalizado a través de una carta fechada el 4 de julio de 2026 en San Salvador y dada a conocer por el gobierno costarricense este 7 de julio, refuerza la línea de cordialidad y respeto que ha caracterizado la relación bilateral durante los últimos años.

En el mensaje, Bukele expresó: “En nombre del pueblo y Gobierno de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato expresarle mis sinceras felicitaciones con ocasión de su natalicio”. El mandatario salvadoreño aprovechó la ocasión para recalcar la responsabilidad que implica conducir el destino de una nación, y mostró confianza en que el liderazgo de Laura Fernández al frente de Costa Rica “seguirá contribuyendo a fortalecer los históricos vínculos de amistad, respeto y cooperación que unen a nuestros países”.

Según la misiva oficial, a la que tuvo acceso Infobae, el presidente de El Salvador subrayó que “esta fecha brinda una valiosa oportunidad para reconocer el compromiso y la responsabilidad que entraña conducir el destino de una nación”. Además, manifestó su convencimiento de que el liderazgo costarricense mantendrá “la visión compartida de paz, libertad, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”.

El Salvador y Costa Rica han consolidado una agenda bilateral centrada en la cooperación regional, el intercambio comercial y la promoción de políticas de desarrollo sostenible. Diversos analistas han señalado que ambos gobiernos han dado continuidad a una relación histórica marcada por el respeto institucional y el diálogo fluido en foros regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

En ese contexto, el saludo enviado por Bukele no solo reviste carácter protocolar, sino que refuerza el tono de entendimiento que ambas administraciones han mantenido desde el inicio del mandato de Laura Fernández en Costa Rica. La presidenta costarricense, quien asumió funciones en medio de un escenario regional desafiante, ha priorizado el fortalecimiento de alianzas con sus pares centroamericanos, lo que se ha traducido en una interlocución directa y frecuente con el Gobierno de El Salvador.

A lo largo de sus gestiones, los mandatarios han coincidido en la defensa de valores democráticos y el impulso de agendas conjuntas en materia de seguridad, migración y reactivación económica.

La carta enviada por Bukele a Fernández Delgado concluye con un mensaje personal: “Reciba, Señora Presidenta, mi aprecio personal y mis mejores deseos en esta ocasión especial, así como en el éxito de su gestión, junto con las seguridades de mi más alta y distinguida consideración”.

En los últimos años, la relación entre El Salvador y Costa Rica ha mostrado señales de estabilidad y proyección a futuro, con acuerdos en materia ambiental, educativa y de desarrollo tecnológico. La comunicación constante entre ambos mandatarios ha permitido sortear diferencias coyunturales y avanzar en iniciativas regionales.

El gesto diplomático de Nayib Bukele se suma a una serie de mensajes cruzados entre jefes de Estado en Centroamérica, en un momento en que la estabilidad política y el desarrollo sostenible ocupan un lugar central en la agenda regional. La misiva refleja la voluntad de ambos gobiernos de “preservar la amistad y la cooperación como pilares del crecimiento y la prosperidad compartida”.

Las restricciones que Costa Rica aprobó para endurecer el control sobre los vapeadores y cigarrillos electrónicos deberán esperar un año más para convertirse en una realidad.

El Ministerio de Salud anunció que la entrada en vigencia del Reglamento Técnico RTCR 519-2025, que regula la fabricación, importación, comercialización y publicidad de estos productos, fue aplazada hasta el 6 de agosto de 2027, pese a que originalmente debía comenzar a aplicarse el próximo 6 de agosto de 2026.

La decisión quedó oficializada mediante un decreto ejecutivo y, según las autoridades sanitarias, responde exclusivamente a la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales que permitirán supervisar el cumplimiento de la normativa.

La cartera de Salud insistió en que el retraso no modifica ninguna de las disposiciones aprobadas cuando el reglamento fue publicado, en febrero de este año. Es decir, todas las restricciones previstas se mantienen intactas; únicamente cambia la fecha en que comenzarán a exigirse.

Entre las medidas que entrarán en vigor el próximo año destaca la prohibición de fabricar, importar, distribuir o vender líquidos para vapeadores que contengan saborizantes distintos de los permitidos por una lista técnica elaborada por el Ministerio de Salud.

Asimismo, desaparecerán del mercado los dispositivos, cartuchos y cápsulas que desprendan aromas asociados con frutas, postres, dulces, especias u otros olores considerados especialmente atractivos para los consumidores, una estrategia que, según organismos internacionales de salud, puede incentivar el consumo entre adolescentes.

La regulación también busca limitar el atractivo visual de estos productos.

Los empaques ya no podrán incluir ilustraciones o diseños relacionados con alimentos, frutas, postres o juguetes, ni utilizar imágenes de deportistas, artistas, influencers, personajes infantiles o figuras de ficción que puedan incentivar su compra, especialmente entre menores de edad.

Además, el reglamento establece que los líquidos con nicotina no podrán superar una concentración de 20 miligramos por mililitro (mg/mL). También fija límites para el tamaño de los envases: los líquidos con nicotina no podrán comercializarse en recipientes recargables mayores a 10 mililitros, mientras que los productos sin nicotina tendrán un máximo de 20 mililitros.

Otra de las novedades es que los envases deberán incorporar sistemas de seguridad para impedir que sean abiertos por niños, mecanismos que permitan recargar los dispositivos sin fugas y manuales de uso en idioma español.

La normativa también prohíbe utilizar mensajes comerciales que puedan inducir a pensar que los vapeadores representan una alternativa segura al cigarrillo tradicional. Expresiones como “light”, “suave”, “ultra”, “bajo riesgo”, “alternativa para dejar de fumar” o cualquier otra frase similar dejarán de estar permitidas.

Todos los productos deberán incluir advertencias visibles como “Venta prohibida a personas menores de edad”, “Manténgase fuera del alcance de los niños” y “Para venta exclusiva en Costa Rica”.

De igual forma, quedará prohibida cualquier forma de publicidad, patrocinio o promoción de vapeadores, cigarrillos electrónicos, líquidos para vapeo y dispositivos de tabaco calentado.

¿Por qué aplazar una regulación que ya estaba aprobada?

El Ministerio de Salud explicó que durante el próximo año fortalecerá su infraestructura científica para garantizar que las inspecciones puedan sustentarse con evidencia técnica.

Como parte de ese proceso, la institución trabaja en la adquisición de un espectrómetro de plasma acoplado inductivamente, un equipo de alta tecnología capaz de identificar con precisión los componentes presentes en los líquidos para vapeo, detectar sustancias potencialmente peligrosas y verificar que los productos cumplan con las especificaciones establecidas por el reglamento.

Para el viceministro de Salud, Juan Carlos Esquivel, el cambio de fecha no representa una flexibilización de la política pública.

“La protección de la salud de la población sigue siendo nuestra prioridad. Esta prórroga no representa un retroceso en la regulación; por el contrario, nos permitirá implementar el reglamento con mejores capacidades técnicas, científicas y operativas para garantizar una fiscalización más efectiva y proteger especialmente a nuestra niñez y adolescencia”, afirmó el jerarca.

Durante este período adicional, Salud también reforzará campañas de información, educación y prevención dirigidas a estudiantes, familias y comunidades educativas con el objetivo de reducir el inicio del consumo de vapeadores entre niños y adolescentes.

El Ministerio de Salud sostiene que las restricciones entrarán en vigor sin modificaciones el 6 de agosto de 2027, una vez que el país cuente con la capacidad técnica, científica y operativa necesaria para garantizar que la normativa pueda aplicarse de manera efectiva y uniforme en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica emitió una circular de cumplimiento obligatorio que introduce una serie de lineamientos sobre neutralidad político-electoral para el personal docente y administrativo en escuelas y colegios estatales. El documento, firmado por el ministro José Leonardo Sánchez Hernández y las viceministras María Alexandra Ulate Espinoza y Sofía Ramírez González, establece nuevas prohibiciones sobre el abordaje de temas políticos durante la labor educativa.

Según la circular difundida por el propio MEP, se prohíbe utilizar aulas, evaluaciones, actos cívicos y recursos institucionales para realizar propaganda política, proselitismo o adoctrinamiento. La directriz enfatiza que, si bien los funcionarios conservan sus libertades individuales, estas no autorizan el uso del cargo, la jornada laboral ni la relación pedagógica para influir en las preferencias políticas del estudiantado o favorecer partidos políticos, candidaturas o posiciones ideológicas.

La circular también señala: “El personal docente no podrá usar su autoridad o influencia para inducir, presionar o dirigir políticamente a los estudiantes”, según consta en el documento oficial.

Prohibiciones estrictas durante la jornada laboral

Entre las conductas expresamente prohibidas por el MEP figuran:

• Realizar propaganda político-electoral, partidaria o ideológica dirigida a estudiantes, funcionarios o miembros de la comunidad educativa.
• Usar clases, tareas, exámenes, proyectos, actos cívicos, murales, carteles, plataformas digitales u otros medios institucionales para favorecer o desacreditar partidos políticos, candidaturas, figuras públicas o movimientos políticos.
• Invitar, solicitar o presionar a estudiantes para participar en marchas, campañas, reuniones, recolección de firmas, encuestas, colectas u otras actividades de carácter político.
• Incorporar en las clases o evaluaciones contenidos, preguntas o ejemplos orientados a conducir al estudiantado hacia una conclusión política predeterminada, cuando ello exceda o distorsione el currículo oficial.
• Colocar o distribuir propaganda electoral dentro de los centros educativos o mediante canales oficiales, salvo las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
• Permitir el ingreso o permanencia de personas externas cuyo propósito sea realizar propaganda, proselitismo o adoctrinamiento ideológico.

“Cuando se tenga conocimiento de hechos que eventualmente contravengan estas disposiciones, deberá levantarse la documentación respectiva y remitirse a la instancia competente, entre estas el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Educación Pública y su Departamento de Asuntos Disciplinarios”, se lee en la circular.

Neutralidad y análisis político guiado por el currículo

La directriz aclara que los docentes sí podrán abordar temas políticos, sociales, económicos e institucionales cuando estos formen parte de los programas oficiales de estudio. El MEP permite el desarrollo de contenidos sobre procesos electorales, instituciones públicas, derechos humanos, ideologías, movimientos sociales y acontecimientos históricos, siempre que el abordaje responda a fines académicos y no busque favorecer una posición política.

Para garantizar la objetividad, el personal docente deberá presentar diferentes perspectivas, utilizar fuentes diversas y fomentar el pensamiento crítico del estudiantado. Asimismo, se exige abstenerse de imponer opiniones personales como criterio de evaluación o como posición institucional.

La Nación informó que varias personas docentes, bajo condición de anonimato, manifestaron preocupación por la redacción de la circular, ya que el lenguaje empleado podría permitir interpretaciones laxas que den lugar a sanciones o represalias contra quienes disientan con el gobierno actual.

Contexto y antecedentes

El documento DM-CIR-0047-2026 surge tras antecedentes recientes en los que se permitió la realización de actividades partidarias en escuelas y colegios, durante la administración anterior del mismo grupo que ahora firma la circular. Incluso se contrató al actual diputado oficialista Robert Junior para impartir charlas en centros educativos.

En marzo de 2025, la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones ordenó una investigación preliminar sobre presuntos hechos de beligerancia política protagonizados por el presidente Rodrigo Chaves durante la inauguración del curso lectivo en un colegio de San José. Meses después, se denunció el ingreso de un miembro del partido Pueblo Soberano (PPSO) a un colegio para desplegar una bandera partidaria bajo el pretexto de una charla institucional.

Supervisión y aplicación

La circular asigna a las Direcciones Regionales de Educación, supervisiones y directores de centros educativos la responsabilidad de divulgar estos lineamientos, velar por su cumplimiento y remitir los casos de posible incumplimiento a las instancias correspondientes. Las autoridades subrayan que las medidas adoptadas no restringen la libertad de pensamiento ni de expresión fuera del ejercicio profesional, y que la directriz tiene vigencia inmediata tras su comunicación.

Un nuevo cargamento compuesto por fórmula infantil y pañales, donados por el pueblo de Costa Rica, partió con destino a Venezuela. Esta acción humanitaria tiene como objetivo asistir a dos de los sectores más vulnerables, los niños y los adultos mayores, tras el impacto del terremoto que afectó varias regiones venezolanas.

Según informó la Comisión Nacional de de Emergencias (CNE), la iniciativa surgió del llamado realizado por el Gobierno de la República junto al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que invitó a la ciudadanía a colaborar con insumos de primera necesidad.

La respuesta social fue inmediata. Personas, empresas e instituciones de diversas partes del país hicieron llegar donaciones, lo que permitió reunir suficientes recursos para beneficiar a cientos de familias venezolanas.

El traslado internacional de este cargamento fue posible gracias al respaldo de DHL, empresa que, según la CNE, se sumó por segunda vez de manera solidaria a una misión humanitaria de estas características, facilitando la logística del transporte hasta territorio venezolano.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, destacó: “Costa Rica demuestra una vez más que la solidaridad no conoce fronteras. Este lunes por la noche enviamos un segundo cargamento de ayuda humanitaria hacia Venezuela, con fórmula infantil y pañales destinados a dos poblaciones que se vieron muy afectados: los niños y los adultos mayores”. Picado agradeció además el apoyo de los costarricenses que respondieron al llamado del Gobierno, así como la colaboración de DHL, que permitió concretar el traslado internacional en condiciones óptimas.

Luis Salas, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, relató que a las once de la noche del lunes 6 de julio comenzó el proceso de carga del avión de DHL con las donaciones recogidas en setenta y cinco estaciones de bomberos del país.

“Agradecemos mucho al pueblo de Costa Rica por este gran apoyo, a la coordinación que ha sido liderada por la Comisión Nacional de Emergencias, siguiendo instrucciones de la señora presidente para poder apoyar al pueblo hermano de Venezuela. Muchas gracias, Costa Rica”, expresó Salas durante el operativo, aludiendo al esfuerzo conjunto entre ciudadanía, instituciones y sector privado para concretar la ayuda humanitaria.

El nuevo envío representa la continuación de la asistencia brindada por equipos costarricenses en territorio venezolano luego del desastre natural.

Según la información proporcionada por la CNE, el primer despliegue incluyó la presencia de grupos especializados en búsqueda y rescate, quienes colaboraron directamente en las labores de emergencia.

El segundo envío reitera la intención de las autoridades costarricenses de mantener su apoyo más allá de la fase inicial del desastre, acompañando a la población afectada con acciones concretas de cooperación internacional.

Este operativo se inscribe en el marco de campañas humanitarias recientes, donde la articulación entre sectores públicos y privados ha permitido canalizar recursos de manera eficiente. La CNE subrayó la importancia de la participación ciudadana y empresarial para alcanzar los objetivos propuestos y brindar respuesta a las necesidades urgentes de la población venezolana.

La intervención de DHL resultó clave para garantizar el traslado seguro y rápido de los insumos. Según declaraciones recogidas por la CNE, la empresa facilitó el envío bajo un esquema de cooperación solidaria, sin costo para el Estado costarricense ni para los beneficiarios finales.

En la noche del lunes, el cargamento partió hacia Venezuela, marcando un nuevo capítulo de colaboración internacional y reflejando el compromiso sostenido de Costa Rica con la asistencia humanitaria. Las autoridades recalcaron la voluntad de mantener abiertas las vías de cooperación y apoyo mientras persista la situación de emergencia en las zonas afectadas.

Las imágenes del operativo muestran al personal de la CNE y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica durante la preparación y el embarque de los suministros, evidenciando el esfuerzo organizado que permitió que la ayuda llegara a su destino. El testimonio de Picado concluyó que el país seguirá tendiendo la mano a quienes atraviesan situaciones difíciles, reafirmando el valor de la solidaridad en contextos de crisis.

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este martes 7 de julio de 2026 frente a la entrada del golfo de Nicoya, en la región del Pacífico noroeste de Costa Rica, según confirmó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA). El evento, que ocurrió a las 12:11 del mediodía, tuvo una profundidad de 22 kilómetros y fue percibido en varias provincias del país.

El Ovsicori-UNA informó que el epicentro se localizó 28 kilómetros al suroeste de Jacó, en una zona donde la placa del Coco interactúa con la placa del Caribe, fenómeno asociado al proceso de subducción en el Pacífico costarricense. De acuerdo con el director del Observatorio, Esteban Chaves, la actividad sísmica es consistente con la dinámica tectónica habitual de la región.

“A las 12:11 del mediodía de hoy, 7 de julio de 2026, un temblor con magnitud de 5,2 ocurrió en la región del Pacífico noroeste costarricense, principalmente frente a la entrada del golfo de Nicoya”, detalló Chaves. El especialista explicó que el sismo se originó por el roce entre las placas tectónicas y que, hasta la 1:40 de la tarde, se habían contabilizado veintiún réplicas de baja magnitud, todas por debajo de 2,5. “Estas réplicas son absolutamente normales por el proceso de liberación de energía y rompimiento de asperezas pequeñas que no rompieron durante el temblor principal”, agregó.

La actividad sísmica fue percibida por habitantes de distintas regiones del país, quienes reportaron sensaciones que variaron entre leve y fuerte, así como diferencias en la duración del movimiento. En redes sociales, la ciudadanía compartió su experiencia y destacó la utilidad de las aplicaciones móviles de alerta temprana, que brindaron notificaciones antes del evento en algunos casos.

La ocurrencia de movimientos telúricos de esta naturaleza es común en Costa Rica, un país ubicado en una de las zonas sísmicas más activas de Centroamérica. La interacción entre la placa del Coco y la placa del Caribe, junto con la actividad volcánica, genera terremotos frecuentes de diversas magnitudes a lo largo del año. El Ovsicori-UNA y la Red Sismológica Nacional han reportado históricamente miles de sismos anuales, muchos de ellos imperceptibles para la población, aunque algunos alcanzan intensidades que generan alarma o daños.

De acuerdo con especialistas del Ovsicori-UNA, la región del Pacífico costarricense se encuentra en una franja de intensa actividad tectónica debido a la subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe. Este fenómeno provoca la acumulación y liberación constante de energía en forma de sismos de diferentes magnitudes. La zona del golfo de Nicoya, epicentro del sismo de este martes, ha sido históricamente un punto sensible donde suelen concentrarse los movimientos telúricos más notorios.

Los eventos sísmicos en Costa Rica forman parte de la cotidianidad nacional. Según datos oficiales, el país experimenta en promedio más de 3,000 temblores al año, aunque la gran mayoría no es percibida por la población. Solo una pequeña fracción presenta magnitudes superiores a 4,0 y se sienten en distintas áreas del territorio. La infraestructura y la educación pública en materia de prevención han evolucionado para responder a la constante amenaza sísmica, promoviendo medidas de seguridad y protocolos de evacuación en centros educativos, hospitales y edificios públicos.

Durante el sismo de este 7 de julio, las autoridades no reportaron daños materiales ni víctimas. Sin embargo, la experiencia colectiva mostró que la población mantiene altos niveles de alerta y utiliza herramientas tecnológicas de aviso temprano. Las aplicaciones móviles de alerta sísmica, que se han popularizado en los últimos años, emitieron notificaciones segundos antes del movimiento principal, permitiendo a algunas personas ubicarse en lugares seguros.

El Ovsicori-UNA subrayó que continuará con el monitoreo de la actividad sismotectónica tanto en la zona afectada como en el resto del país. “Vamos a seguir monitoreando la actividad sismotectónica en esta parte del país, así como en el resto de Costa Rica, y les vamos a mantener informadas e informados”, aseguró Esteban Chaves.

El evento de este martes se considera parte de la actividad sísmica regular que caracteriza a la región del Pacífico costarricense, donde la interacción entre placas genera movimientos frecuentes de diversa magnitud. El Ovsicori-UNA reiteró la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales ante este tipo de fenómenos naturales. Las autoridades insisten en que la preparación ciudadana y la información oportuna son clave para reducir riesgos y responder adecuadamente frente a futuros sismos.

El Hospital Nacional de Niños informó una ocupación de hasta 116% en las camas asignadas a pacientes con infecciones respiratorias agudas graves. Este nivel de saturación se alcanzó tras varias semanas de incremento sostenido en la atención de estos casos, según el último informe del hospital y el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud, en su reporte más reciente, destacó el aumento de las enfermedades respiratorias agudas graves en el país durante la última semana de junio. Este fenómeno ha puesto especial presión sobre la capacidad del área respiratoria del centro pediátrico.

Ante este escenario, la institución habilitó camas adicionales para responder a la demanda, aunque la saturación se concentra en el área respiratoria. La ocupación general ronda el 76%, lo que permite que se mantenga la atención de otras patologías como accidentes, intoxicaciones y cirugías. Carlos Jiménez, director del hospital, puntualizó: “Seguimos atendiendo pacientes quirúrgicos, de accidentes de tránsito, intoxicados, fracturados y otras patologías”.

El aumento de hospitalizaciones llevó a los especialistas a vigilar si el país se encuentra ante un adelantamiento del pico anual de circulación de virus respiratorios. Jiménez señaló a El Observador que todavía no se puede confirmar el inicio de esa etapa: “Llevamos dos o tres semanas con una elevación de casos que apareció un poquito más temprano de lo usual”. El antecedente de años influenciados por el fenómeno de El Niño refuerza el monitoreo del equipo médico.

Infecciones respiratorias: cómo se identifica el pico y qué virus lideran los contagios

Para determinar si Costa Rica ya alcanzó el pico respiratorio anual, el hospital analiza tanto la cantidad de ingresos como el virus predominante. Según Jiménez, ese periodo se reconoce cuando el virus respiratorio sincitial lidera la circulación, condición que aún no se presenta.

Por ahora, el rinovirus humano ocupa el primer lugar, seguido por el parainfluenza, la influenza y el virus respiratorio sincitial. Los datos nacionales del Ministerio de Salud respaldan esta secuencia, con el covid-19 también presente entre los virus más detectados.

La evolución de los agentes virales es clave para la planificación hospitalaria. El director explicó que solo cuando el virus sincitial pase al primer puesto podrá afirmarse que el país transita por la etapa más intensa del año para estas infecciones.

La presión en el hospital ha obligado a reorganizar recursos, aunque la saturación se concentra en las camas respiratorias. El área de Emergencias también ha visto incrementada la demanda, con algunos niños esperando un lugar en cuidados intensivos, según informó El Observador.

Emergencias pediátricas y fallecimientos: recomendaciones ante el aumento de casos

El servicio de Emergencias del hospital atiende un flujo constante de menores con cuadros graves, muchos de los cuales requieren ventilación mecánica. Algunos pacientes permanecen en esta área hasta que se libera un cupo en cuidados intensivos.

Hasta finales de junio, el hospital reportó seis fallecimientos vinculados a virus respiratorios. Aunque no todos los casos corresponden al mismo agente, la influenza fue responsable de la mayoría de esas muertes. Jiménez afirmó: “Virus influenza, hasta el momento es el virus que más muerte nos ha provocado”, y reiteró la importancia de la vacunación.

Las familias deben buscar atención médica ante los primeros signos de dificultad respiratoria, como hundimiento de costillas, aleteo nasal, cambio de coloración o decaimiento. Jessica Gómez, del servicio de emergencias pediátricas del Hospital Metropolitano, señaló que estos síntomas requieren valoración inmediata.

Entre las medidas de prevención recomendadas figuran el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, la mascarilla en espacios concurridos y evitar que los menores asistan a clases si presentan síntomas respiratorios.

El proceso de transición presidencial en Colombia atraviesa una profunda crisis institucional tras la negativa del mandatario saliente, Gustavo Petro, a reconocer la victoria del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en las elecciones del 21 de junio.

Esta postura ha provocado la suspensión de las mesas conjuntas de traspaso de poder y ha generado reacciones a nivel internacional. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del Gobierno de Costa Rica, que expresó su preocupación y repudió cualquier intento de obstaculizar la transición democrática en Colombia.

La tensión política se intensificó cuando De la Espriella denunció en redes sociales que tanto Petro como el excandidato de izquierdas, Iván Cepeda, estarían impulsando un “plan B” para permanecer en el poder, acusándolos de alentar un golpe de Estado. En respuesta, Petro endureció su rechazo al resultado electoral, declarando públicamente que no reconoce la legitimidad del nuevo gobierno y señalando la existencia de un supuesto fraude electoral mediante manipulación de algoritmos, aunque no presentó pruebas.

Ante este escenario, De la Espriella ordenó la suspensión inmediata del proceso de transición, instruyendo a su vicepresidente electo y jefe del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, a interrumpir toda interlocución con la administración saliente. Petro, por su parte, justificó la suspensión de las mesas de transición argumentando que ya no existen condiciones mínimas de respeto institucional para continuar el proceso.

La situación ha profundizado la incertidumbre en torno a la transmisión del mando prevista para el 7 de agosto, ya que el traspaso de información y responsabilidades entre equipos ha quedado interrumpido y la legitimidad de los resultados electorales ha sido puesta en entredicho por el presidente saliente.

Pronunciamiento de Costa Rica y respaldo a la institucionalidad

En este contexto, el Gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidenta Laura Fernández, emitió un comunicado oficial a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El texto, publicado en redes sociales y cuyo contenido figura en el documento adjunto, expresa “profunda preocupación por los llamados a obstaculizar la transición hacia el gobierno democráticamente electo del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia”.

El país tico repudia cualquier intento de desconocer los resultados electorales legítimos y rechaza las acusaciones infundadas contra terceros países, utilizadas para vulnerar la voluntad expresada en las urnas por el pueblo colombiano.

El comunicado subraya el compromiso costarricense con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto pleno a la Constitución y las leyes. Costa Rica aboga por una transmisión pacífica del mando presidencial y exhorta a todas las partes a respetar los cauces institucionales y la decisión de la mayoría.

El apoyo de Costa Rica a la institucionalidad colombiana refleja una preocupación regional por la estabilidad democrática y la vigencia de los procesos electorales. El rechazo de Petro a reconocer la victoria de De la Espriella y las acusaciones de fraude sin pruebas han encendido alertas dentro y fuera de Colombia, generando llamados internacionales para garantizar la transición y evitar escenarios de ruptura institucional.

Las declaraciones del país costarricense se suman a otras voces que reclaman respeto al resultado electoral y rechazan cualquier maniobra que pueda poner en peligro la transmisión pacífica del poder. En este contexto, la crisis en Colombia se perfila como una prueba para la solidez de sus instituciones y para la capacidad de la región de responder ante eventuales desafíos a la democracia.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció las nuevas tasas de interés anuales máximas para créditos y microcréditos en colones, dólares estadounidenses y otras monedas. Las tasas, que regirán durante el segundo semestre de 2026, marcan un ajuste respecto a los parámetros anteriores y buscan regular el costo del financiamiento para consumidores y pequeñas empresas en el país.

De acuerdo con información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la tasa máxima para créditos en colones se fijó en 36.48 % anual, mientras que para créditos en dólares estadounidenses el límite se estableció en 30.11 % anual. En el caso de los microcréditos, los topes ascienden a 51.51 % para operaciones en colones y 42.65 % para microcréditos en dólares. Para créditos pactados en otras monedas, la tasa máxima anual será de 7.27 %.

El ajuste de las tasas responde a un mandato legal contenido en el artículo 36 bis de la Ley N° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, modificado por la Ley N° 9859 en 2020. Según esta normativa, el BCCR debe calcular y publicar las tasas máximas en la primera semana de enero y julio de cada año, tanto en el diario oficial La Gaceta como en su sitio web institucional.

La metodología de cálculo establece que, para créditos generales, la tasa máxima anual resulta de la suma del promedio simple de los promedios ponderados de las tasas activas de los últimos doce meses, más 12.8 puntos porcentuales.

Este resultado se multiplica por 1.5. Para los microcréditos, la suma se realiza con un adicional de 13.18 puntos porcentuales y se multiplica por 2.085. El promedio utilizado corresponde a las tasas de interés activas negociadas del grupo Otras Sociedades de Depósito, calculadas por el propio Banco Central de Costa Rica.

El periodo de referencia para la actualización de las tasas abarca de julio de 2025 a junio de 2026. Según el BCCR, “la tasa de interés de cada mes se obtiene del promedio ponderado de todas las operaciones nuevas de crédito realizadas durante ese periodo, ponderándose por el monto de cada transacción”.

La publicación de estos parámetros tiene un impacto directo en la banca comercial, las cooperativas, las financieras y demás entidades reguladas, así como en los consumidores y empresas que recurren al crédito local. El objetivo principal, según el Banco Central de Costa Rica, es “brindar transparencia y proteger a los usuarios del sistema financiero frente a tasas excesivas”.

La normativa también contempla que, para contratos en monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense, se debe utilizar el promedio simple del promedio ponderado de las tasas activas negociadas en dólares durante los últimos doce meses. De este modo, se procura mantener criterios uniformes y comparables en la aplicación de los topes máximos.

Las tasas publicadas serán de aplicación obligatoria para todos los contratos, negocios y transacciones de crédito que se acuerden en el semestre siguiente a su publicación. Esto incluye préstamos personales, de consumo, hipotecarios, comerciales y microcréditos, entre otros productos financieros.

Las entidades financieras deben ajustar sus ofertas y contratos a estos nuevos límites y proporcionar información clara a los usuarios sobre los costos asociados a los créditos. Ante posibles dudas o controversias, los consumidores pueden consultar las tasas oficiales a través del portal del Banco Central de Costa Rica, en la sección de indicadores económicos.

La próxima actualización de las tasas máximas se realizará en enero de 2027, conforme al calendario legal establecido. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) supervisa el cumplimiento de esta normativa en el sistema bancario y financiero nacional.

El debate histórico en la CONCACAF se ha reactivado con fuerza. Tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica el día de ayer, 6 de julio, las comparaciones sobre el verdadero techo de la región en la era moderna de los Mundiales vuelven a estar sobre la mesa.

Si bien la tabla histórica le otorga a los norteamericanos un meritorio cuarto de final en Corea-Japón 2002, e incluso un tercer lugar en la lejana era antigua de Uruguay 1930, un análisis cualitativo y estadístico demuestra que lo hecho por Costa Rica en Brasil 2014 se mantiene como la gesta más pura, eficiente y espectacular en la historia del fútbol de la región.

El sueño estadounidense volvió a chocar contra la realidad europea en este certamen. Y es precisamente en la víspera de estos desenlaces donde la epopeya de la escuadra costarricense adquiere un valor gigantesco. No se trata solo de la ronda alcanzada, sino del “cómo”, del contexto y de una resistencia que parece sacada de un guion cinematográfico, liderada por nombres que ya son leyendas eternas del balompié de Centroamérica.

Para entender la superioridad de la hazaña costarricense, la primera gran diferencia radica en la consistencia dentro de la cancha. En Corea-Japón 2002, Estados Unidos firmó un torneo histórico, pero sumamente irregular. Los norteamericanos disputaron cinco encuentros en los que encajaron dos derrotas contundentes: un doloroso 3-1 ante Polonia en la fase de grupos y el definitivo 1-0 ante Alemania en los cuartos de final.

En contraste, la Costa Rica dirigida por Jorge Luis Pinto se despidió de Brasil 2014 con la frente en alto y con una etiqueta que muy pocos pueden presumir en la historia de los Mundiales: completamente invicta. En sus cinco compromisos, los ticos jamás se marcharon derrotados en el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

Cosecharon dos victorias magistrales y tres empates, resolviendo su destino en dos tandas de penales (una a favor ante Grecia y otra en contra ante los Países Bajos). Terminar un Mundial entre los ocho mejores del planeta sin perder un solo partido es un privilegio reservado para la élite absoluta, sostenido por la columna vertebral de un equipo inolvidable.

Héroes de negro y oro en el verdadero “Grupo de la Muerte”

El contexto de los rivales dignifica el resultado. El camino de Estados Unidos en 2002 fue sumamente respetable, compartiendo un sector accesible junto al anfitrión Corea del Sur, una Portugal herida y Polonia. Avanzaron como segundos de grupo raspando la clasificación.

Lo de Costa Rica en 2014, en cambio, fue una misión suicida de la cual salieron victoriosos. El sorteo los ubicó en el grupo más difícil de la historia contemporánea del fútbol, compartiendo zona con tres gigantes que sumaban siete títulos mundiales en sus vitrinas: Uruguay, Italia e Inglaterra. El mundo entero daba a los ticos por eliminados antes de patear el primer balón.

¿La respuesta de la Sele? Clasificar como líderes invictos de grupo, venciendo con autoridad a los uruguayos (3-1) con goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña. Posteriormente, asfixiaron a la tetracampeona Italia (1-0) con un legendario cabezazo del capitán Bryan Ruiz, y amarraron el liderato con un empate estratégico ante Inglaterra (0-0). Una auténtica proeza que empequeñece cualquier otro antecedente en la región.

Un muro infranqueable y el récord de resistencia física

La campaña de Costa Rica también se construyó desde la solidez defensiva y la genialidad bajo los tres palos. Aquel equipo ostenta con orgullo el récord de la CONCACAF como la defensa más sólida en un mundial moderno, permitiendo únicamente dos goles en 510 minutos de juego (un promedio microscópico de 0.4 goles por partido).

Detrás de ese muro comandado por Giancarlo “Pipo” González, emergió la figura gigante de Keylor Navas, cuyas monumentales atajadas ante atacantes de la talla de Edinson Cavani, Mario Balotelli y de la delantera griega en octavos de final, lo catapultaron a la cúspide del fútbol mundial. A modo de comparación, la zaga de EE.UU., en 2002 fue castigada con 7 goles en la misma cantidad de juegos.

Finalmente, el desgaste físico eleva a los ticos a un altar de resistencia. Debido a los agónicos tiempos extra jugados en octavos y cuartos de final, Costa Rica posee el récord absoluto de la confederación con más minutos disputados en una sola edición mundialista (510 minutos).

Mientras EEUU, asimila una nueva eliminación en el panorama actual, el espejo de Brasil 2014 sigue brillando con fuerza. No cabe duda: la calidad, la épica, los nombres propios y la perfección estadística coronan a Costa Rica como el verdadero gigante de las hazañas mundialistas en la CONCACAF.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica anunció un operativo especial de vigilancia y prevención durante las vacaciones de medio año, con el despliegue de 3,000 oficiales de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo es garantizar la protección de las familias y visitantes que se movilizan en este periodo, así como mantener el orden en zonas de alta concurrencia.

Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, detalló que el dispositivo cubrirá especialmente sitios turísticos, playas, carreteras y espacios donde se prevé una mayor afluencia de personas. “Esta operación estará integrada por aproximadamente tres mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, pero asimismo tendremos la colaboración de unidades especializadas tales como guardacostas, vigilancia aérea y algunos otros que estaremos involucrados”, explicó Rivera.

El operativo nacional contempla la presencia de unidades del Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras y otros cuerpos policiales, que trabajarán de manera coordinada para reforzar la seguridad por tierra, mar y aire. Estos equipos especializados estarán enfocados en la prevención de delitos, el auxilio en emergencias y el acompañamiento a la ciudadanía en diferentes puntos del país.

Según informó el Ministerio, la estrategia incluye la realización de patrullajes, controles vehiculares, inspecciones y operativos conjuntos en las principales rutas y destinos turísticos. La Policía de Tránsito y la Policía Profesional de Migración participarán de manera activa, especialmente en regiones costeras, fronterizas y en aquellos lugares donde se anticipa la llegada masiva de turistas, tanto nacionales como extranjeros.

El director Rivera subrayó que las acciones no se limitarán únicamente a la vigilancia, sino que se busca brindar una atención integral a la ciudadanía. “Realizaremos operaciones conjuntas con otras policías, como la Policía de Tránsito también, la Policía de Migración, en determinados lugares, sobre todo lugares turísticos y lugares de grandes aglomeraciones de personas en vacaciones. Le pedimos a la ciudadanía también que tome sus medidas de seguridad, pero que estén seguros de que la policía estará acompañándolos en estos días de vacaciones”, afirmó.

El plan de seguridad responde a la necesidad de prevenir delitos como hurtos, asaltos, robos a viviendas vacías, estafas y otros hechos que suelen incrementarse durante los periodos de receso escolar y mayor movilidad interna. Además, busca anticipar incidentes en carreteras y colaborar en la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito o situaciones vinculadas al flujo migratorio en zonas fronterizas.

Las patrullas policiales estarán distribuidas de manera estratégica en función de las estadísticas delictivas y los reportes de años anteriores, priorizando puntos críticos y reforzando la presencia en horarios de mayor movimiento. Los cuerpos policiales contarán con el apoyo de tecnología, equipos de comunicación y vehículos adaptados para patrullaje en diferentes terrenos.

El Ministerio de Seguridad Pública hizo un llamado a la población para que disfrute de las vacaciones con responsabilidad, acatando las recomendaciones de las autoridades y colaborando con los controles preventivos que se implementarán en todo el país. Se exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier situación sospechosa y a utilizar los canales oficiales de comunicación en caso de requerir ayuda o denunciar un hecho.

Las autoridades recordaron la importancia de adoptar medidas de autoprotección, como evitar dejar pertenencias visibles en vehículos, verificar el cierre de puertas y ventanas en viviendas, mantener la supervisión de menores y acatar las indicaciones de los cuerpos de rescate y policía en playas y áreas naturales.

El operativo de la Fuerza Pública se mantendrá activo durante todo el receso escolar, que comprende entre el 06 de julio y el 17 de julio, y evaluará periódicamente los resultados para ajustar las acciones según las necesidades de cada región. El Ministerio reiteró su compromiso de velar por la seguridad de las personas y ofrecer acompañamiento a quienes se desplacen por el país en este periodo vacacional.

“Gianni Infantino debe irse.” Con esa frase contundente, el exmandatario costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, pidió la salida inmediata del presidente de la FIFA. La declaración surgió tras confirmarse que el máximo responsable del fútbol mundial accedió a la presión ejercida por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dejar sin efecto la sanción impuesta a un jugador estadounidense durante el Mundial 2026.

Arias manifestó que la decisión de Infantino “violenta las normas más elementales del juego que regula, restándole autoridad moral, credibilidad y autonomía a la institución”. El Nobel sostuvo que es inconcebible que quien dirige la FIFA haya revertido una sanción disciplinaria aplicada por un árbitro, solo después de una petición formal del gobierno de Estados Unidos.

El caso se originó durante el encuentro entre las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, cuando el delantero Folarin Balogun recibió una tarjeta roja directa por una falta grave. Según el reglamento, la sanción excluía al jugador del siguiente partido, correspondiente a los octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, la situación cambió radicalmente tras la intervención del presidente estadounidense.

Medios internacionales reportaron que Trump realizó hasta tres llamadas directas a Gianni Infantino, solicitando la revisión de la expulsión. “No pensé que fuera falta”, declaró Trump, calificando la decisión del árbitro como “horrible” e “injusta”. El propio mandatario agradeció públicamente a la FIFA tras la decisión de habilitar a Balogun para el siguiente partido.

La FIFA anunció que, aunque mantenía la sanción, suspendía su aplicación por un año, permitiendo así la participación del futbolista en el siguiente encuentro. Según medios internacionales, esta medida excepcional no se usaba en un Mundial desde hacía 64 años. El hecho generó preocupación y reacciones adversas en el mundo del deporte, mientras la Federación Belga de Fútbol intentó apelar la medida, sin éxito, ya que la FIFA consideró inadmisible el recurso.

Óscar Arias extendió su crítica al comportamiento del gobierno estadounidense, al que acusó de estar “acostumbrado a irrespetar el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, los derechos humanos e innumerables tratados internacionales”. Para Arias, este episodio revela que el irrespeto también alcanza “las normas que rigen el fútbol internacional”.

El Nobel costarricense recalcó que una autoridad, ya sea en una pequeña asociación o en un organismo mundial, debe tener la capacidad de resistir presiones externas. Arias sostuvo que si la solicitud de revertir la sanción hubiese provenido de líderes de otros países, la respuesta habría sido distinta: “Estoy seguro que si esta petición hubiese venido de los jefes de Estado de Panamá, Jordania o Cabo Verde habría sido denegada”.

La relación entre Trump e Infantino, marcada por reuniones previas en la Casa Blanca y reconocimientos otorgados por la FIFA al expresidente, volvió al centro de atención internacional. El caso alimentó el debate sobre la influencia política en el fútbol y la necesidad de organismos independientes capaces de sostener decisiones técnicas y reglamentarias sin interferencias externas.

Hasta el momento, ni Gianni Infantino ni la FIFA han emitido comentarios adicionales sobre el reclamo de Arias. El episodio continúa generando repercusiones en la agenda deportiva y política, mientras sectores del deporte y la sociedad civil exigen mayor transparencia y autonomía para el fútbol mundial.

En plena ola de calor en la capital española, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) desplegó una innovadora campaña en Madrid que incluyó un simulador de olas y actividades de bienestar, buscando captar la atención de cientos de potenciales viajeros españoles. El objetivo principal de la iniciativa es inspirar a los turistas a experimentar de primera mano el concepto de “Surfeando el Pura Vida” y vincularlo con la experiencia real en las playas costarricenses.

El simulador, ubicado en el corazón de Madrid y desarrollado en colaboración con la empresa Honna Surf, recreó un oleaje programado que permite a los participantes aprender a surfear en un entorno que evoca los paisajes de Costa Rica. Según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la ambientación incluyó imágenes de gran formato y descripciones de playas emblemáticas como Hermosa, Cocles y Playa Grande, todas reconocidas como destinos ideales para quienes practican surf.

La acción forma parte de una estrategia más amplia del ICT para conectar con viajeros jóvenes y aventureros. Angélica Herra, coordinadora del mercado europeo, explicó: “Queremos que los potenciales turistas españoles vivan la experiencia del Pura Vida antes de viajar. Nuestro propósito es antojarnos a venir a Costa Rica y vivir vivencias transformadoras. Estas novedosas y frescas acciones son importantes porque nos permiten conectar con los jóvenes viajeros europeos, quienes buscan cercanía con la naturaleza, el bienestar, el deporte, la sostenibilidad y vacaciones auténticas”.

La campaña no se limitó al simulador de surf. En espacios aledaños se ofrecieron clases de yoga y presentaciones sobre los principales atractivos turísticos de Costa Rica a clientes de la agencia Huakai, orientada a jóvenes interesados en el turismo activo y los viajes en grupo. El enfoque integral buscó posicionar al país centroamericano como un destino donde el bienestar y la sostenibilidad ocupan un lugar central.

Como parte de las alianzas promocionales, el ICT coordinó una jornada de limpieza y reciclaje de playas en Cataluña junto con 15 centros educativos de la comunidad de Tarragona. Más de 500 participantes se sumaron a la iniciativa, que incluyó actividades educativas sobre océanos y especies marinas. Esta acción reforzó el mensaje de sostenibilidad que caracteriza al modelo turístico costarricense.

Durante junio y los primeros días de julio, el ICT también consolidó su presencia en el espacio de bienestar Always Open, un café social y centro deportivo en Madrid impulsado por la creadora de contenido Sara Baceiredo. La colaboración incluyó clases de pilates, atletismo, talleres de alimentación saludable, preparación de bebidas y degustación de café costarricense. De acuerdo con datos compartidos por el Instituto, el contenido generado en redes sociales por esta alianza alcanzó 1,6 millones de impresiones, lo que subraya el impacto digital de la campaña.

España se posiciona actualmente como el cuarto mercado europeo emisor de turistas hacia Costa Rica. Según las proyecciones del ICT, más de 23 000 viajeros españoles y aproximadamente 220,000 turistas europeos visitaron el país centroamericano durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la importancia de fortalecer la presencia en el mercado ibérico.

El turismo de bienestar, la sostenibilidad y la oferta de experiencias auténticas forman parte del mensaje que Costa Rica busca transmitir a los españoles. La combinación de actividades recreativas, ambientales y de promoción digital apunta a consolidar el atractivo del país como un destino preferido para quienes buscan naturaleza, deporte y descanso.

La presencia de Costa Rica en Madrid, a través de iniciativas como el simulador de olas y las jornadas de bienestar, representa una apuesta estratégica para mantener la atención del viajero europeo en un contexto de alta competencia internacional. Las acciones del ICT en colaboración con empresas locales y generadores de contenido buscan mantener a Costa Rica en el radar de quienes planifican sus próximas vacaciones, con una propuesta centrada en el contacto con la naturaleza, el deporte y la autenticidad.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, evalúa convocar una consulta popular para destrabar proyectos que su gobierno considera prioritarios y que no avanzan en la Asamblea Legislativa, una salida que implicaría llevar a las urnas decisiones sobre temas como el mercado eléctrico, las jornadas 4 x 3, la seguridad o Crucitas.

La legislación costarricense prevé tres vías para activar ese mecanismo: una iniciativa ciudadana con el respaldo del 5% del padrón electoral, una iniciativa legislativa con al menos 38 diputados y una fórmula mancomunada del Poder Ejecutivo con apoyo mínimo de 29 legisladores. Según Centroamérica 360, el Tribunal Supremo de Elecciones tramita actualmente cinco solicitudes de referéndum.

Fernández confirmó que estudia esa posibilidad, aunque todavía no definió qué proyecto sometería a consulta popular. Citada por el medio, sostuvo: “El referéndum es una herramienta que he estudiado y que conozco y que tengo que decir, es compleja. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el tema más importante de Costa Rica? ¿Cuál llevamos al referéndum? Puede ser armonización del mercado eléctrico, jornadas 4 x 3, reformas en materia de seguridad o Crucitas. Son una inmensa cantidad de temas los que podríamos llevar al referéndum, pero la ley no es lo suficientemente flexible como para presentar un paquete de varias leyes a la vez y pedirle a los costarricenses que aprueben cinco o diez cosas que urgen”.

La mandataria vincula esa alternativa con las dificultades del Ejecutivo para aprobar sus iniciativas en el Congreso. De acuerdo con la publicación, Fernández atribuyó ese freno a las bancadas del Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio.

En la información difundida por News in America, la presidenta añadió que espera que la oposición permita votar esos expedientes en el plenario. Según ese medio, afirmó que el oficialismo cuenta con 31 legisladores, una cifra que, a su juicio, alcanzaría para aprobar los proyectos si se habilitara su discusión.

La mandataria también planteó que la Asamblea no debería desentenderse de su función legislativa. “La Asamblea no puede seguir pateando la pelota para adelante, así que el referéndum es una herramienta válida, yo la estoy considerando para los temas. Hay una gran cantidad de temas que podrían calificar para el referéndum, lo estoy considerando con nuestro equipo técnico, pero por lo pronto, reitero, la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa. Sería el colmo que la Asamblea renuncie a legislar y que sea el pueblo de Costa Rica el que acometa esas responsabilidades”.

Ese mecanismo de democracia directa permite aprobar, modificar o derogar leyes mediante voto popular. El antecedente más conocido en el país se remonta a 2007, cuando el electorado aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Fernández volvió sobre el tema al referirse al proyecto de Crucitas, que, según la versión publicada por News in America, sigue bloqueado por mociones del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional. El gobierno propone subastar el oro de esa zona para evitar el robo del metal y el daño ambiental.

Sobre ese expediente, la presidenta dijo: “Yo no pienso asumir responsabilidades que no son mías, porque, para eso, construimos este proyecto de ley a conciencia y lo presentamos hace prácticamente dos años. El proyecto está en la Asamblea Legislativa y tenemos los votos para aprobar ese proyecto, así que yo espero que Liberación Nacional, el PAC y el Frente Amplio tomen conciencia y dejen que la mayoría decida, porque la democracia consiste en respetar la decisión de la mayoría, a partir de la deliberación de ideas”.

La mandataria cerró ese planteo con otra crítica al tiempo de discusión parlamentaria. “Ya hemos tenido suficiente deliberación de ideas en la Asamblea Legislativa. Así que yo espero que le cumplan a los costarricenses”.

Entre las cinco solicitudes de referéndum que hoy tramita el Tribunal Supremo de Elecciones figuran propuestas para autorizar la exploración y explotación de petróleo y gas natural, eliminar el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo, modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad, reformar el Código de Trabajo y asignar al instituto proyectos de infraestructura vial.

Algunas de esas iniciativas ya recibieron autorización para iniciar la recolección de firmas, mientras otras siguen en distintas etapas del trámite. En el caso de la reforma al Código de Trabajo, el proyecto permanece bajo análisis de la Sala Constitucional, que debe pronunciarse sobre su viabilidad antes de que el proceso continúe.

La Policía de Control de Drogas (PCD) desplegó este martes un operativo en el sector conocido como Cuatro Vientos, en Tejar del Guarco, en la provincia de Cartago, dirigido a desarticular una célula vinculada a la estructura criminal de “Los Maruja”. El dispositivo incluyó dos allanamientos y permitió la captura de tres hombres identificados por las autoridades como presuntos responsables de la venta y distribución de drogas en este sector de la provincia, donde la escalada de violencia asociada al narcomenudeo había generado alarma entre los habitantes.

Durante el operativo, los agentes intervinieron un búnker que, según la PCD, funcionaba como centro de operaciones para la venta de estupefacientes. El sitio presentaba un portón reforzado y una pequeña abertura diseñada específicamente para facilitar el intercambio de droga y dinero, limitando la identificación de los vendedores y dificultando la acción policial. Según la versión oficial, uno de los sospechosos intentó escapar atravesando la maleza y un río cercano, pero fue interceptado rápidamente. Los otros dos sujetos permanecieron en el interior del inmueble, donde fueron finalmente arrestados por los agentes antidrogas.

Los detenidos, identificados como Zúñiga, Sánchez y Granados, presentan distintos antecedentes judiciales. Granados registra expedientes por hurto, robo simple, delitos contra la propiedad y varias detenciones previas por tenencia y consumo de drogas. En cambio, Zúñiga y Sánchez no contaban con antecedentes penales al momento de su aprehensión. Todos fueron remitidos a la Fiscalía de Cartago para la apertura del proceso judicial.

El resultado del allanamiento incluyó el decomiso de 146 dosis de crack, 23 dosis de marihuana, 70, 000 colones (USD 150) en efectivo, un arma de fuego y diferentes implementos utilizados para la preparación y dosificación de drogas. Este saldo se suma a los logros obtenidos por la PCD en el último año y medio, durante el cual se ha logrado la detención de 40 integrantes de esta estructura del narcomenudeo en diversos operativos realizados en la región.

La intervención policial responde a una investigación desarrollada durante varios meses, motivada por la creciente inseguridad en la zona. Según informes de la PCD, el sector de Cuatro Vientos se había convertido en un punto álgido para la venta de drogas, lo que había derivado en robos, balaceras y tentativas de homicidio. El pasado 23 de junio, una persona fue asesinada a escasos metros del lugar intervenido, hecho que las autoridades relacionan con disputas por el control territorial entre grupos criminales.

De acuerdo con testimonios recogidos por la policía, la organización de “Los Maruja” operaba las 24 horas del día y contaba con sistemas de vigilancia para alertar ante la presencia de fuerzas de seguridad. Los agentes destacaron la necesidad de un trabajo coordinado con otras instancias estatales, como el Departamento de Inteligencia Policial y las municipalidades, para abordar la problemática de manera integral. “Estos sectores, por su problemática y por su estructura, no se pueden trabajar en forma aislada, sino en forma conjunta”, afirmó un directivo de la PCD.

En semanas recientes, otros dos sujetos identificados como Carrasco, alias “Epy”, y Pérez, conocido como “Diablo”, considerados figuras clave dentro de la agrupación, habían sido capturados en acciones conjuntas de la PCD y la Fuerza Pública. Las autoridades atribuyen a esta estructura la responsabilidad de una parte significativa de los hechos violentos registrados en la zona.

La PCD confirmó que los esfuerzos por combatir el narcomenudeo en Cartago continuarán, con nuevas acciones previstas en coordinación con otras instituciones públicas. El objetivo, según las autoridades, es desmantelar por completo la estructura de “Los Maruja” y limitar la incidencia de delitos asociados al tráfico de drogas en el sector. El caso de Cuatro Vientos evidencia el desafío persistente que enfrentan las fuerzas de seguridad ante el avance del crimen organizado y su capacidad de adaptación en entornos urbanos y semiurbanos.

Un vecino de la provincia de Heredia en Costa Rica, mayor de 65 años, se convirtió en el mayor ganador del sorteo del Gordito de Medio Año 2026 al recibir 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones), cifra que representa el premio más alto entregado por la Junta de Protección Social (JPS) en esta edición. Según datos oficiales, el boleto fue adquirido bajo la modalidad conocida como “gallo tapado”, en la que el comprador no escoge el número, sino que lo recibe al azar.

El sorteo se realizó este domingo 6 de julio y, de acuerdo con la información suministrada por la JPS, la historia del principal ganador resalta entre los más de 16,900 beneficiarios que obtuvieron premios, sumando un desembolso total cercano a los 422 millones de colones solo en la modalidad en línea. De ese monto, la entidad ya había depositado 282 millones de colones a más de 11,000 ganadores en las primeras horas posteriores al anuncio, conforme explicó Saray Barboza Porras, gerente de producción, comercialización y operaciones de la Junta de Protección Social (JPS)

“Tenemos dieciséis mil novecientas personas aproximadamente, que son los ganadores de JPS en línea del Gordito de Medio Año. Eso representa más o menos cuatrocientos veintidós millones que estamos hoy en proceso de pago”, detalló Barboza.

Entre las historias destacadas figura también la de un hombre de entre 61 y 65 años, residente de Heredia, quien ganó 250 millones de colones (USD 550 mil) tras comprar cinco fracciones del premio mayor en el cantón central de San José. El boleto también fue adquirido a “gallo tapado” y el ganador afirmó que destinará el dinero a fines personales. Otra beneficiaria, una mujer de entre 36 y 40 años, vecina de San José, obtuvo 100 millones de colones (USD 220 mil) con dos fracciones. En su caso, la elección del número estuvo motivada por una fecha significativa, el año de su nacimiento. Según relató, su intención es comprar una casa y compartir el premio con su familia.

El segundo premio fue para un hombre de Puriscal, de entre 61 y 65 años, quien cobró 80 millones de colones (USD 176 mil) con diez fracciones adquiridas en el centro de esa localidad. El ganador planea saldar deudas e invertir en un negocio propio. Otro caso relevante fue el de un vecino de Barva de Heredia, mayor de 65 años, quien obtuvo 32 millones de colones (USD 70 mil) con cuatro fracciones. Según su testimonio, buscaba otro número, pero al no encontrarlo, optó por el que resultó ganador.

La Junta de Protección Social recordó que los premios mayores se distribuyeron principalmente en San José, Heredia, Puriscal y Escazú. Las estadísticas oficiales muestran que del premio mayor quedaban solo tres fracciones pendientes de cobro al cierre del reporte. Para el segundo premio, restaban quince fracciones por reclamar, y del tercer premio, treinta fracciones aún no habían sido tramitadas.

Los ganadores disponen de sesenta días hábiles para presentar sus boletos en buen estado y debidamente firmados ante la JPS, requisito indispensable para hacer efectivo el cobro. La gerente Barboza recomendó a quienes hayan comprado lotería en las zonas mencionadas que revisen cuidadosamente sus boletos, ya que aún existen premios importantes sin reclamar.

El destino social de los fondos generados por la lotería también fue subrayado por la organización. “Son más de quinientas organizaciones sociales las que la junta está ayudando con todos los sorteos anuales”, puntualizó Barboza. La recomendación es adquirir productos oficiales y a precio regulado, para garantizar que los recursos lleguen a las entidades beneficiadas.

Allan Marín Roldán, gerente general de la Junta de Protección Social, enfatizó la confianza de los participantes en el sistema y el impacto positivo de estos sorteos en la vida de miles de familias costarricenses. El testimonio del hombre que ganó los 1,000 millones de colones, quien expresó su intención de pagar deudas, fue uno de los puntos más comentados tras el evento.

Actualmente, la JPS continúa el proceso de pago de premios, recordando a los beneficiarios que deben presentarse con los requisitos indicados para recibir sus montos correspondientes.

Un devastador bombardeo ruso contra Kiev dejó al menos 14 muertos y más de 100 personas heridas, mientras Costa Rica denunció el ataque y pidió respeto al Derecho Internacional Humanitario. La escalada bélica ha generado una oleada de reacciones diplomáticas en medio de la inminente cumbre de la OTAN.

Las primeras horas del lunes estuvieron marcadas por explosiones en distintos barrios de Kiev, capital de Ucrania, debido a la ofensiva con misiles balísticos y drones lanzada por Rusia. De acuerdo con CNN, el ataque causó la muerte de al menos 13 personas en la ciudad y seis en las regiones cercanas, además de múltiples heridos y daños severos en edificios residenciales. El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, confirmó que varias personas quedaron atrapadas en departamentos de gran altura, donde los equipos de rescate trabajaron durante horas para evacuar a los afectados.

Autoridades ucranianas informaron que la ofensiva dejó a numerosos habitantes refugiados en estaciones del metro y obligó a trasladar a decenas de niños a hospitales. El distrito de Podilsky resultó uno de los más golpeados, mientras el sudeste de Darnytskyi volvió a ser objetivo tras el ataque de la semana pasada. Según Reuters, la cifra de víctimas podría aumentar conforme continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

La escalada armada de Rusia coincidió con la víspera de una cumbre clave de la OTAN en Turquía, donde se esperaba la presencia del presidente estadounidense Donald Trump. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski instó a los aliados a tomar “decisiones fuertes” para reforzar los sistemas de defensa aérea de Ucrania, señalando la “insuficiente provisión de misiles interceptores” como una de las causas por las que no fue posible neutralizar los proyectiles rusos, informó The Guardian.

Costa Rica se sumó a la condena internacional mediante un comunicado en el que expresó su rechazo “enérgico” al ataque perpetrado por Rusia contra la capital ucraniana. El gobierno costarricense advirtió que la intensificación de los ataques rusos “debilita los esfuerzos de la comunidad internacional dirigidos a alcanzar un alto al fuego y una solución pacífica y duradera al conflicto”. Además, reiteró el llamado al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y al respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que los ataques se dirigieron a instalaciones militares e infraestructuras energéticas, presentando la ofensiva como una represalia por ataques ucranianos previos en territorio ruso. No obstante, reportes de NBC News y CNN confirmaron que numerosos edificios residenciales resultaron dañados y que al menos una familia completa fue hallada sin vida entre los escombros.

La misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU en Ucrania reportó que las víctimas civiles en 2026 ya superan las cifras del año anterior. Las autoridades ucranianas detallaron que 29 misiles balísticos y 18 drones impactaron en 34 puntos del país, con Kiev como principal objetivo. Más de 350 drones y 66 misiles fueron lanzados en esta última oleada.

El ataque produjo cortes masivos de luz en Kyiv, Sumy, Kharkiv y Dnipropetrovsk, según el operador de electricidad ucraniano. Mientras tanto, Ucrania respondió atacando la mayor refinería de petróleo de Rusia a una distancia de más de 2.500 kilómetros de la frontera, en un intento por frenar la capacidad logística del adversario.

En las redes sociales, líderes políticos y representantes de organismos internacionales reclamaron la protección de la población civil y la intensificación del apoyo a Ucrania. “La comunidad internacional debe actuar con urgencia para evitar más pérdidas humanas”, escribió una funcionaria europea citada por The Guardian.

El contexto diplomático se torna aún más tenso a horas del inicio de la cumbre de la OTAN, donde la situación en Ucrania ocupará un lugar prioritario en la agenda. La reiteración del llamado al respeto de la soberanía ucraniana, como hizo Costa Rica, refleja la presión global para frenar los ataques y buscar una salida negociada al conflicto.

La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, y el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, rechazaron de forma contundente las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien acusó al Poder Judicial de estar infiltrado por el crimen organizado.

El pronunciamiento, respaldado por la Corte Plena, califica las afirmaciones como “acusaciones genéricas” y “irresponsables”, e insta a la mandataria a presentar pruebas concretas.

Las declaraciones de la presidenta Fernández, emitidas durante una conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, incluyeron señalamientos sobre corrupción, morosidad en la tramitación de casos y la supuesta penetración del crimen organizado en el sistema judicial. Fernández hizo alusión al caso del exmagistrado Celso Gamboa, recientemente detenido y extraditado a Estados Unidos, como parte de sus críticas. Según la mandataria, la corrupción y la delincuencia se encuentran “hasta los tuétanos” del Poder Judicial.

La reacción de la Corte Plena no se hizo esperar. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los magistrados rechazaron unánimemente las manifestaciones de Fernández y enfatizaron la necesidad de sustentar cualquier denuncia con pruebas formales. La Corte recordó que la institución está integrada por más de 13,800 funcionarios que trabajan bajo los principios de compromiso, responsabilidad y apego a la legalidad.

Patricia Solano afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y constituyen un agravio para quienes ejercen su labor en el Poder Judicial. La magistrada subrayó la importancia de actuar con responsabilidad al emitir declaraciones públicas y resaltó que los procesos de reclutamiento y contratación del Poder Judicial son más exigentes que en otras entidades públicas. “Cuando dicen estas cosas, presenten las denuncias. Porque el Poder Judicial, en todos los casos en que existen sospechas de actos irregulares o de corrupción, las investiga y las sanciona”, declaró Solano a medios nacionales.

Por su parte, Jorge Araya reprochó la falta de sustento en las afirmaciones de la presidenta Fernández y advirtió que ese tipo de manifestaciones afectan la imagen y la integridad de miles de funcionarios honestos. “No se vale jugar con 13,000 familias judiciales que hacen su trabajo con responsabilidad, con mística y con honradez”, expresó el magistrado, quien consideró inaceptable que se generalicen hechos aislados para dañar la reputación de toda la institución.

La Corte Plena también hizo referencia a la existencia de mecanismos internos para la investigación y sanción de irregularidades. “En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado. El Poder Judicial está conformado por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país”, remarcó el órgano judicial.

Además, la Corte recordó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) posee acreditaciones internacionales por la calidad de sus filtros de personal y que la institución mantiene una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción. “Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución”, sostuvieron.

La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se produce en un contexto de creciente tensión institucional. Los altos jueces advirtieron sobre el riesgo de que discursos sin respaldo comprometan el respeto por los derechos ciudadanos y deslegitimen el trabajo de los operadores judiciales.

La Corte Plena concluyó su pronunciamiento instando a la presidenta Fernández a canalizar cualquier denuncia a través de los mecanismos legales correspondientes, garantizando así la transparencia y el debido proceso.

La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica anunciaron recortes en sus presupuestos para 2026 y 2027, en cumplimiento de la orden de reducción del 5% emitida por el Ministerio de Hacienda.

Las medidas buscan contener el gasto público, aunque las instituciones advierten sobre los retos que enfrentarán para garantizar la continuidad de sus servicios.

El Directorio de la Asamblea Legislativa acordó un recorte de ₡2,500 millones (USD 5,49 millones) en su presupuesto para 2026, decisión que fue comunicada públicamente por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el primer secretario, Gerald Bogantes.

Jiménez explicó que este ajuste responde al llamado del Ministerio de Hacienda y que el objetivo es mantener la continuidad del servicio parlamentario a la ciudadanía.

“Hoy el directorio legislativo, en atención al llamado a la contención del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, hemos aprobado el rebajo al presupuesto institucional de la Asamblea Legislativa 2026 por un monto de más de ₡2,500 millones, siempre garantizando de forma responsable la continuidad del servicio de este primer poder de la República en función de todos los ciudadanos”, afirmó la presidenta.

Por su parte, Bogantes subrayó que el ajuste refleja la responsabilidad del Congreso en la administración de los recursos públicos y la importancia de fortalecer la confianza en el Primer Poder de la República. Hasta el momento, el Directorio no ha detallado qué partidas serán objeto del recorte ni los montos exactos por unidad administrativa.

Además de la Asamblea Legislativa, la directriz de Hacienda fue acatada por el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quienes también aprobaron ajustes a sus presupuestos. La Defensoría, encabezada por su jerarca, comunicó que aplicará un ajuste de ₡120 millones (USD 264 mil) a su presupuesto vigente, cifra que representa menos de la mitad de lo solicitado por Hacienda.

El ente defensor señaló que este monto es el máximo posible sin afectar la prestación de servicios esenciales, y advirtió que la capacidad institucional para generar nuevas economías “está prácticamente agotada”.

La Defensoría también alertó sobre un déficit de ₡342,64 millones (USD 753 mil) para completar el nombramiento de plazas vacantes tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo que limita la atención de denuncias, el desarrollo de investigaciones y la formulación de recomendaciones, especialmente en casos relacionados con personas en condición de mayor vulnerabilidad.

Respecto al presupuesto para 2027, la Defensoría indicó que fue elaborado bajo el límite de gasto comunicado por Hacienda, priorizando el financiamiento de gastos ineludibles para garantizar la continuidad de operaciones, incluyendo remuneraciones, servicios públicos y contratos vigentes.

No obstante, advirtió que el monto nominal asignado no implica que la institución pueda atender todas sus obligaciones debido al aumento de costos asociados al funcionamiento institucional, por lo que se requerirá una mayor contención del gasto y la postergación de necesidades indispensables para fortalecer la prestación de servicios públicos.

La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Marta Acosta Zúñiga, informó que la reducción solicitada por Hacienda para su anteproyecto presupuestario de 2027 equivale a ₡1,055 millones (USD 2,32 millones), pero la entidad solo identificó ₡100,3 millones (USD 221 mil) que podrían recortarse sin afectar su operación.

Acosta advirtió que un recorte del 5% implicaría un “cierre técnico” de la institución y pondría en riesgo su independencia y capacidad para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

La Contraloría destacó que su presupuesto se ha mantenido prácticamente estancado en la última década, con un crecimiento del 1%, mientras que el Presupuesto Nacional aumentó un 57% en el mismo periodo. Además, la Contralora propuso a Hacienda revisar la reserva de liquidez del Gobierno y acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, dos medidas que, según señaló, podrían generar ahorros sin comprometer el funcionamiento de la Contraloría.

El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió devolver al Ministerio de Hacienda ₡6,825.2 millones (USD 15,03 millones) correspondientes a recursos no utilizados en el presente año. Esta devolución incluye fondos previstos para eventuales segundas rondas electorales, referendos, alquiler de equipo de cómputo y otros rubros del presupuesto.

El TSE subrayó que este ajuste supera la solicitud de recorte del 5% de Hacienda y permitirá evitar una disminución del plan de gasto para 2027, lo que podría afectar la organización del proceso electoral municipal de 2028.

El organismo electoral advirtió que una reducción anticipada de recursos para el próximo año podría comprometer la planificación de actividades logísticas y la prestación de servicios electorales y registrales, funciones que la Constitución y la Ley Orgánica del TSE le encomiendan.

Las autoridades de estas instituciones recalcaron que sus decisiones responden a la directriz de contención del gasto público, aunque insistieron en la necesidad de proteger los servicios esenciales y la operatividad institucional. Todas advirtieron que ajustes adicionales podrían impactar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, especialmente en áreas sensibles como la fiscalización, la protección de derechos ciudadanos y la organización de procesos electorales.

Más de 2,000 taxis dejaron de circular en Costa Rica a partir del 5 de julio, tras vencer el plazo para renovar concesiones sin que el Gobierno otorgara una nueva prórroga.

Según cifras del Consejo de Transporte Público citadas por Diario Extra, la flota nacional quedó en 6,521 unidades, frente a las 8,581 que estaban habilitadas antes del cierre del período de renovación.

El proceso dejó fuera a 2,060 concesionarios que no realizaron el trámite dentro del plazo establecido. Esta disminución en la cantidad de taxis disponibles modifica la composición actual del servicio y está vinculada a la ausencia de renovación de permisos en el sector.

Acciones oficiales y perspectivas para el sector

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que trabaja en medidas para apoyar a los concesionarios y prevenir una reducción mayor de la flota. La viceministra Sofía Fallas indicó en Extra Radio 92.3 FM que buscan flexibilizar algunos requisitos para facilitar la modernización de las unidades y ofrecer alternativas para que los operadores puedan ajustarse financieramente.

Fallas detalló que la intención es brindar un periodo de adaptación para quienes necesiten renovar o cambiar de unidad, resaltando la importancia de modernizar el servicio. Además, mencionó la tramitación de la nueva ley de plataformas, bajo el expediente 23,736, que permitiría a los taxistas operar también mediante aplicaciones y acceder a un modelo de servicio dual.

El proyecto de ley ya recibió dictamen de mayoría favorable en la Comisión de Gobierno y Administración y está pendiente de debate en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, la Unión de Taxistas Costarricenses solicitó una prórroga de seis meses para los permisos vencidos, con el objetivo de que más operadores puedan regularizar su situación y evitar una disminución mayor en la flota activa.

Evolución de la flota y antecedentes recientes

El número de taxis que prestan servicio en Costa Rica ha registrado variaciones a lo largo de los años. Gilbert Ureña, exrepresentante del sector ante el Consejo de Transporte Público, recordó que la Ley 7,969 permitió la creación de 13,500 concesiones.

Ureña asocia el inicio de la reducción de permisos al año 2015, cuando comenzaron a operar plataformas digitales como Uber. También señaló que la pandemia y factores económicos han dificultado la permanencia de muchos operadores en la actividad.

Según sus palabras, este año existían 9,120 concesiones activas, aunque varias ya estaban en proceso de dejar de operar por incumplimientos con la Caja Costarricense de Seguro Social o devoluciones voluntarias debido a dificultades económicas.

El exdirigente indicó que la disminución observada no se limita al vencimiento reciente, sino que forma parte de un proceso acumulado en la última década.

“De los 9,000 restantes solo 7,000 hemos renovado la concesión y faltan 2,060 que se les venció el plazo. Motivos suficientes tuvieron los taxistas para no poder renovar”, explicó Ureña, añadiendo que la situación económica ha dificultado cumplir con los requisitos para mantener la concesión.

El panorama del sector de taxis en Costa Rica dependerá de la evolución de las medidas oficiales, la tramitación del marco legal y la capacidad de los concesionarios para adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos. El desarrollo de estos factores será determinante para el futuro del servicio en el país.

El mercado turístico de Costa Rica cerrará 2026 con un valor de USD 393.44 millones y llegará a USD 562.03 millones en 2031, según un análisis de Mordor Intelligence. La proyección implica un crecimiento anual de 7.4% en un período en que el país apunta menos al volumen de visitantes y más al gasto por llegada.

Dentro de esa proyección, el segmento de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE) crecerá a un 13.2% anual, por encima de la tasa general del mercado, al igual que los viajes nacionales, con 9.75%. El ocio seguirá como principal motor, con el 78.3% del total.

La oferta de alta gama en Guanacaste

La apertura de Papagayo Park en diciembre de 2025 resume la dirección que toma la oferta de alta gama en la costa del Pacífico.

El complejo, de 566 hectáreas integradas en la Península Papagayo, conecta los hoteles Four Seasons, Andaz y Ritz-Carlton Reserve en un centro social y de bienestar con canchas de tenis, pádel y pickleball, piscina de competición, espacios de arte y zonas de gastronomía.

El Four Seasons Peninsula Papagayo, único resort con cinco estrellas Forbes en América Central por décimo año consecutivo, amplió su programa de bienestar para 2026 con practicantes visitantes especializados en longevidad y biorretroalimentación.

La colaboración de Nayara Resorts con One Ocean Planet, formalizada en enero de 2026, suma un componente de restauración marina que vincula la conservación con la experiencia del huésped y refuerza la disposición a pagar tarifas más altas.

Operadores de Osa y Nicoya convierten esa combinación de infraestructura de lujo y conservación en una ventaja competitiva frente a destinos del Caribe y del Pacífico latinoamericano.

Las restricciones para el crecimiento

Mordor Intelligence identifica cuatro restricciones que recortan entre 0.3 y 0.9 puntos porcentuales la tasa de crecimiento proyectada. La más costosa en el corto plazo es la inflación de la tarifa media diaria en Guanacaste, que supera a la de sus pares regionales durante la temporada alta y resta competitividad a la oferta de gama media: el impacto estimado es de -0.9% sobre el CAGR.

La escasez de franjas horarias en los aeropuertos Juan Santamaría (SJO) y Guanacaste (LIR) representa una pérdida adicional de -0.8%, con efectos sensibles para la aviación privada y los grupos de incentivos.

Las propuestas de impuestos ecológicos sobre áreas protegidas, aún en debate, podrían restar otro -0.5% si su diseño no equilibra la recaudación para conservación con la accesibilidad de los viajeros que priorizan la relación calidad-precio.

La limitación de calado en los puertos de cruceros de Limón y Puntarenas es la restricción de menor impacto inmediato, -0.3%, pero la de horizonte más largo: las inversiones para profundizar muelles y mejorar la logística de lanchas auxiliares se ubican en un plazo igual o superior a cuatro años.

El peso del turismo doméstico

Con solo el 18.9% del mercado en 2025, el turismo nacional parece marginal. La proyección de crecimiento de 9.75% anual hasta 2031, por encima del promedio general, lo convierte en el segmento de mayor dinamismo relativo.

Los viajes de fin de semana a parques nacionales y bosques nubosos cubren los huecos entre semana que antes dependían de visitantes internacionales de larga distancia. El modelo de nómadas digitales, regulado bajo la Ley 10008, prolonga las estadías y distribuye el gasto en comunidades locales que históricamente recibían poco beneficio del turismo de resort.

Lugares como Monteverde y los Llanos del Norte atraen a un perfil de viajero, nacional e internacional, que valora el acceso a la biodiversidad por encima de la vida nocturna y se hospeda más días entre semana. Para los negocios locales, esa combinación resulta más rentable que un fin de semana de alta ocupación seguido de cinco días vacíos.

La estrategia de promoción y la brecha territorial

La estrategia de promoción del Instituto Costarricense de Turismo en Norteamérica apunta a precalificar viajeros que priorizan naturaleza, bienestar y experiencias auténticas. El objetivo declarado es aumentar el gasto por llegada en lugar de depender del crecimiento en volumen, lo que reduce la presión sobre infraestructura básica y permite sostener tarifas premium.

La coordinación con socios regionales para circuitos multinacionales es otro mecanismo para mitigar la estacionalidad: los viajeros que realizan recorridos de varias semanas distribuyen el gasto entre destinos y reducen la concentración en los picos de diciembre y marzo.

El riesgo del modelo es la concentración geográfica. A medida que Guanacaste y el Pacífico Central consolidan la oferta de alta gama, las costas del Caribe y del Pacífico Sur quedan rezagadas por limitaciones de infraestructura portuaria. La planificación coordinada entre autoridades de conservación y socios privados determinará si esas regiones logran integrarse al crecimiento o si el mercado turístico costarricense avanza hacia 2031 con una brecha territorial más marcada.

El Gobierno de Costa Rica evalúa la posibilidad de revisar la canasta básica tributaria para ajustar la lista de productos que actualmente cuentan con una tarifa reducida del 1% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El propósito de este análisis es determinar si el beneficio fiscal está realmente dirigido a proteger a los sectores de menores ingresos o si, por el contrario, abarca artículos que suelen consumir familias con mayores recursos económicos.

La lista vigente incluye más de 250 bienes agrupados en 20 categorías y fue diseñada para reflejar el consumo efectivo del 30% de la población con menores ingresos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La composición de la canasta ha sido objeto de debate, ya que varios sectores consideran que podría no estar focalizando el alivio tributario en quienes más lo requieren.

Según Diario Extra, el Ejecutivo estudia posibles ajustes con el objetivo de asegurar que el beneficio fiscal se concentre en los productos esenciales para los hogares de menores ingresos y no se extienda a bienes asociados al consumo de sectores más acomodados.

La discusión incluye consumo, salud y progresividad fiscal

En el ámbito económico, la revisión de la canasta básica tributaria es vista como una decisión que debe superar el mero objetivo de recaudación. El economista Luis Vargas, del Colegio de Ciencias Económicas, subrayó que el sistema tributario también influye en los hábitos de consumo y puede contribuir a la promoción de estilos de vida más saludables y a una mayor progresividad fiscal.

Vargas señaló que existen ejemplos internacionales donde la estructura de las canastas tributarias se ha alineado con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, logrando así mejores resultados en recaudación y equidad.

El especialista indicó que cualquier cambio debe basarse en un análisis técnico amplio y contar con la intervención tanto del Ejecutivo como de la academia, aunque la aprobación recae en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con Diario Extra, este proceso de evaluación responde a la necesidad de determinar si la tarifa reducida cumple su función de aliviar la carga tributaria a la población más vulnerable o si sería necesario restringir el beneficio a un grupo más específico de productos básicos.

La canasta alimentaria y la tributaria cumplen funciones distintas

Actualmente, el precio de la canasta básica alimentaria por persona es de 55,999 colones (aproximadamente USD 108) según el INEC, cifra que marca el costo mínimo mensual para cubrir las necesidades nutricionales de una persona.

El debate sobre la canasta básica tributaria pone de manifiesto la diferencia entre esta y la canasta alimentaria. Mientras la primera define los bienes que reciben un trato fiscal preferencial, la segunda calcula el costo mínimo para cubrir las necesidades nutricionales de una persona durante un mes.

La exdiputada oficialista Pilar Cisneros, asesora ad honorem del Gobierno, defendió que la exoneración del IVA debe enfocarse en los artículos que verdaderamente consumen los sectores más necesitados. Cisneros afirmó que no es razonable que la lista incluya hasta 140 productos que no corresponden al consumo habitual de las familias más vulnerables y sugirió analizar detalladamente el contenido de la canasta.

Vargas manifestó que cualquier ajuste debe formar parte de una reforma tributaria integral, enfocada en mantener la calidad de vida y lograr una mayor equidad en la distribución de los recursos fiscales. El análisis sobre la canasta básica tributaria continúa como parte de los esfuerzos para fortalecer la protección social y la equidad en Costa Rica.

Durante la operación, la delegación costarricense completó veintiún misiones de búsqueda y rescate, además de realizar evaluaciones en ciento sesenta y tres estructuras afectadas. Según informó la CNE, estos esfuerzos se sumaron al despliegue de tecnología especializada y conocimientos técnicos, que se pusieron a disposición de la población local. La institución reportó que los bomberos costarricenses destacaron la actitud positiva de los venezolanos, incluso en medio de las adversidades.

Arturo Cordero, integrante del Cuerpo de Bomberos, enfatizó: “El pueblo venezolano, el apoyo que nos brindaron durante todas las operaciones y la capacidad que tienen ellos de, a pesar de la situación que están viviendo, mantener siempre una actitud positiva”. Por su parte, Roberto Barrantes, también bombero, describió cómo la colaboración entre los propios venezolanos fue fundamental: “Lo que vivimos allá es algo que nos llena de, de ver cómo el pueblo venezolano también colaboraba entre sí y no perdían el ánimo”.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, aseguró que el operativo no solo incluyó el trabajo en campo, sino también el envío de ayuda humanitaria. “Quiero destacar que la solidaridad de Costa Rica no termina hoy. Mañana saldrá un segundo cargamento de ayuda humanitaria. Esto gracias a la generosidad de miles de costarricenses que se sumaron a esta noble causa”, afirmó Picado, según recogió La Nación. Esta asistencia se sumó a la labor realizada por los rescatistas, quienes permanecieron varios días en Venezuela, según la información difundida por la CNE.

La comunidad venezolana en Costa Rica expresó públicamente su agradecimiento. Caren Hernández, venezolana radicada en el país centroamericano, declaró: “Nosotros nunca nos cansaremos de agradecerles por todas las cosas que nos han aportado y que también nos abrieron las puertas. Este país es muy maravilloso, nos han abierto las puertas a tantos venezolanos que para retribuirle esto queda chiquitito”.

Durante el acto de bienvenida, Alejandro Picado resaltó el compromiso y la entrega de los rescatistas. “Hoy celebramos el regreso de nuestros rescatistas y sobre todo el enorme corazón de solidaridad que ha caracterizado siempre a Costa Rica”, puntualizó el funcionario, según reportó Teletica.

La misión costarricense en Venezuela se desarrolló bajo condiciones complejas, donde la cooperación internacional y la confianza en las capacidades locales resultaron esenciales para avanzar en la atención de la emergencia. La organización y la respuesta conjunta entre los equipos de rescate y la población local permitió consolidar acciones efectivas en medio de un panorama adverso.

La CNE confirmó que el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria continuará fortaleciendo la asistencia a los afectados en Venezuela, mientras la comunidad internacional mantiene la atención sobre la situación en ese país.

La Justicia de Costa Rica abrirá este lunes un juicio por el atentado contra el disidente nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto. El proceso comenzará en San José, durará cinco días y buscará establecer la responsabilidad penal de un acusado costarricense por un ataque que dejó a Maldonado con 13 disparos en dos atentados.

El proceso comenzará en el Segundo Circuito Judicial de San José y podría extenderse, según informó el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a las víctimas. Maldonado, de 38 años, sobrevivió a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024.

Según la información difundida por la agencia EFE, las víctimas señalan como responsables al Gobierno de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la “inteligencia política” del Ejército de Nicaragua. La causa, sin embargo, se abrirá contra Jeremy Jacob Rivas Núñez, de nacionalidad costarricense.

El juicio y el reclamo de las víctimas

Maldonado declarará de manera virtual el martes desde Estados Unidos, donde reside bajo un programa de reasentamiento de refugiados coordinado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su esposa lo hará al día siguiente mientras continúa su recuperación en una silla de ruedas.

El punto central del juicio será determinar la responsabilidad penal del acusado, pero las víctimas también exigen que la investigación avance sobre toda la estructura que habría participado en el atentado. Según el Colectivo, reclaman una condena para Rivas Núñez y que la Justicia establezca quiénes intervinieron en la planificación, coordinación y ejecución del ataque.

Maldonado sostiene que hubo otras personas vinculadas con el hecho que quedaron fuera de este proceso judicial. En una declaración escrita, afirmó: “Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”.

La organización que acompaña a la pareja exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones hasta identificar y procesar a todos los posibles autores materiales e intelectuales, y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses perseguidos fuera de su país.

También pidió a organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil que mantengan vigilancia pública sobre el caso y acompañen el proceso para exigir justicia integral para las víctimas.

Los dos atentados contra Maldonado

El primer atentado contra Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José. Ese día, dos hombres le dispararon desde una motocicleta y lo hirieron con cinco balazos.

El segundo ataque fue el 10 de enero de 2024, cuando el opositor viajaba con Robleto en un automóvil por un sector de San José. Ambos fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta, que abrieron fuego en múltiples ocasiones. La pareja se define como los “retratos vivos de la persecución transnacional” que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos.

¿Quiénes son Maldonado y Robleto?

Maldonado perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es ingeniero y se naturalizó español. Es hijo del mayor fallecido en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 tras participar en protestas antigubernamentales.

Robleto, abogada y activista de 40 años, sigue afectada por las secuelas del disparo que recibió. Es madre de tres hijos y también es disidente sandinista.

El Ministerio de Salud de Costa Rica advirtió este domingo a quienes viven, trabajan o visitan Playa Langosta, en Santa Cruz, por un brote de chikungunya en la zona. Según informó la institución, hay cuatro casos confirmados y 17 probables asociados, mientras continúa un operativo de vigilancia epidemiológica y control vectorial.

La institución recomendó, a través de su publicación oficial, usar algún repelente contra los mosquitos, aplicar primero el bloqueador solar y luego el repelente, utilizar mosquiteros y eliminar recipientes u objetos que acumulen agua, ya que pueden convertirse en criaderos de mosquito.

Ante síntomas como fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas o malestar general, las autoridades exhortaron a acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Operativo en la Playa Langosta

El Ministerio de Salud informó que mantiene un operativo de vigilancia epidemiológica y control vectorial en Playa Langosta. Hasta la fecha, se fumigaron cerca de 5.000 viviendas y se realizaron intervenciones en 638 viviendas adicionales.

Según la captura de pantalla proporcionada, la investigación epidemiológica registra cuatro casos confirmados y 17 casos probables asociados al brote en la zona.

Antecedentes de chikungunya en 2026

El 4 de abril de 2026, el país registró el cuarto caso de chikungunya en el año. Se trató de una mujer costarricense de 52 años, vecina de Heredia, con antecedente de viaje reciente a Nicaragua.

El caso fue clasificado como importado y la paciente no presentó complicaciones de salud. En Costa Rica no se registraba circulación del virus desde 2017, y los tres casos previos en 2026 corresponden a los cantones de Esparza, en Puntarenas, y Carrillo, en Guanacaste.

Síntomas y prevención

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y continúa coordinando acciones para el control del mosquito. Las autoridades insistieron en informarse únicamente por los canales oficiales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que el chikunguña es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus Chikungunya, en especial Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Según el organismo, los síntomas suelen comenzar entre 4 y 8 días después de la picadura, aunque pueden aparecer entre el día 2 y el 12. El cuadro se caracteriza por fiebre de inicio repentino y dolor en las articulaciones; también puede incluir dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.

La OPS advirtió que el dolor articular puede ser incapacitante y durar pocos días, aunque en algunos casos persiste durante meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero el chikunguña puede contribuir a la causa de muerte en personas con comorbilidades, adultos mayores y niños menores de un año.

De acuerdo con la organización, no existe una vacuna ni tratamiento con medicamentos antivirales contra el chikunguña. La atención se basa en aliviar los síntomas.

La cifra de víctimas colaterales en homicidios durante el primer semestre de 2026 en Costa Rica cayó a 20, lo que representa un descenso del 57% frente al mismo periodo del año anterior. Este retroceso, que las autoridades aún consideran preliminar, se atribuye a ataques más selectivos y a una baja general de homicidios, aunque el número podría modificarse conforme avancen las investigaciones.

Las proyecciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anticipan que el país cerrará el año con menos de 800 homicidios. Este descenso ha reducido la exposición de personas ajenas a disputas criminales, según especialistas citados en El Observador.

La reducción de víctimas colaterales responde a una tendencia en la que los agresores buscan atacar cuando el objetivo se encuentra solo, minimizando así el riesgo para terceros. Sin embargo, las autoridades advierten que los errores en la ejecución de los homicidios siguen presentes y que la categoría de víctima colateral puede cambiar tras nuevas pruebas o testimonios.

La categoría de víctima colateral, explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, suele definirse en la escena del crimen, pero es común que se modifique durante la investigación. Soto enfatizó que la cifra es provisional y podría aumentar con el avance de las pesquisas: “Ese dato probablemente sea más alto”, declaró al medio.

La profesionalización de los sicarios no explica la baja

El descenso en los homicidios y en las víctimas colaterales no implica una mayor profesionalización de los sicarios en Costa Rica. Según el jefe policial, persisten fallas graves en la ejecución de los ataques, como disparar al acompañante del objetivo o cometer errores durante la huida.

Los especialistas consultados coinciden en que el fenómeno responde más a cambios en la dinámica de los ataques que a un salto cualitativo en la formación de los ejecutores. El criminólogo Erick Villalba explicó que la clasificación de una víctima depende de la información inicial, pero puede variar con el avance de la investigación y la aparición de nuevos datos, como vínculos criminales o análisis de celulares.

Villalba sostuvo que, en ocasiones, la investigación puede revelar que una persona considerada inicialmente como objetivo principal era en realidad una víctima colateral, y viceversa. “La clasificación responde a la información disponible en ese momento”, indicó el criminólogo a El Observador.

El criminólogo Esteban Ruiz valoró positivamente la baja observada, al señalar que significa “menos personas ajenas a estas disputas narcos están perdiendo la vida en Costa Rica”. No obstante, afirmó que no se puede hablar aún de una profesionalización generalizada de los sicarios, aunque algunos ataques muestran mayor precisión y planificación.

Ruiz advirtió que la ejecución de homicidios en espacios públicos sigue representando un alto riesgo para terceros, y que la presencia de adolescentes y jóvenes como ejecutores revela la falta de experiencia en muchos casos.

Villalba reconoció que ciertos grupos criminales han perfeccionado su accionar, eligiendo mejor los lugares y momentos del ataque, así como vigilando previamente a la víctima. A pesar de estos cambios, aclaró que esto no equivale necesariamente a profesionalismo, sino a una evolución en la estrategia de algunos grupos.

Las autoridades y especialistas insisten en que la baja no implica un salto cualitativo en la profesionalización de los sicarios, sino ajustes puntuales en la dinámica delictiva.

Las bandas criminales han comenzado a utilizar las escuelas y colegios como lugares para captar a menores de edad en redes de explotación sexual comercial, según lo revela el Informe Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) publicado este año. El documento, elaborado por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA), describe cómo los entornos educativos en Puntarenas, Corredores y Garabito han sido utilizados para el reclutamiento de víctimas.

La investigación, que fue citada por CR Hoy en su cobertura, identifica que la problemática se agrava por la exclusión social, la pobreza, la desmotivación estudiantil, la falta de oportunidades y la presencia del narcotráfico. Todos estos factores han creado un ambiente donde los menores de edad resultan vulnerables ante las redes de explotación sexual.

Según el informe, los centros educativos cumplen una doble función. Por un lado, se presentan como espacios de protección institucional para los estudiantes. Por otro, pueden convertirse en escenarios donde operan redes de explotación sexual comercial. Dentro de las escuelas y colegios, algunos menores de edad, que ya se encuentran vinculados a grupos criminales, buscan reclutar a sus propios compañeros para integrarlos en estas redes.

Entre las formas de captación identificadas, destaca que el primer contacto con las víctimas puede producirse dentro de los mismos centros educativos. Los grupos criminales utilizan a estudiantes para acercarse a otros alumnos y convencerlos de integrarse a la red con promesas de protección y beneficios económicos. Además, el informe advierte que las redes sociales juegan un papel importante, ya que son empleadas para captar víctimas y para promover la cosificación y sexualización del cuerpo femenino.

El estudio también señala la falta de una estadística específica en Costa Rica sobre procesos judiciales relacionados con la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Aunque existen delitos vinculados, la carencia de datos dificulta dimensionar la magnitud del problema. Como referencia, el Ministerio Público reportó durante 2025 un total de 3,203 casos por el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad.

En cuanto a la respuesta institucional, la investigación indica que las fiscalías especializadas han dirigido sus esfuerzos en el endurecimiento de las penas, sin avanzar en igual medida en la prevención. El informe resalta la necesidad de fortalecer las acciones preventivas a través de una mayor inversión social y la creación de un programa nacional de prevención de la explotación sexual.

Ante la consulta sobre las acciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la institución reconoció que enfrenta importantes desafíos para garantizar los derechos de las personas menores de edad, especialmente de las víctimas. El PANI destacó que la complejidad del fenómeno y de los delitos asociados exige la articulación de procesos integrales, interinstitucionales e intersectoriales.

El análisis desarrollado por Pridena y Ineina se basó en información aportada por diferentes instituciones públicas, entre ellas el PANI, y en relatos de familias afectadas. El informe incluye el caso de una madre que detalló cómo su hija fue contactada indirectamente por un grupo criminal a través de otra estudiante del colegio. Esta situación evidencia el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos los menores de edad en los entornos educativos.

La investigación concluye que la presencia del narcotráfico, la violencia y las brechas sociales han facilitado la operación de redes de explotación sexual comercial que utilizan estrategias de captación cada vez más sofisticadas. El fenómeno afecta tanto a las víctimas como a las instituciones encargadas de su protección, que reconocen la necesidad de respuestas más amplias y coordinadas para hacer frente a esta problemática.