El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la personería jurídica de Defensores de la Patria, el partido del presidente Abelardo de la Espriella, por lo que la colectividad conservará su reconocimiento mientras avanza el estudio de fondo de una demanda contra la decisión del Consejo Nacional Electoral.

“NEGAR la solicitud de suspensión provisional de la Resolución 3564 del 3 de agosto de 2020 por medio de la cual se reconoció personería jurídica al Partido Político Defensores de la Patria, proferida por el Consejo Nacional Electoral, conforme a lo expuesto”, dice el fallo emitido por el alto tribunal.

La acción fue presentada por un particular que buscaba frenar los efectos del acto administrativo con el que la autoridad electoral reconoció al movimiento. La negativa a esa medida cautelar no resuelve la legalidad de la personería, que seguirá bajo análisis judicial.

“El señor Cristian Javier Saray Buitrago, actuando en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con las siguientes”, se añade en el documento.

El cuestionamiento se concentra en el artículo 108 de la Constitución Política, que fija como regla general la obtención de al menos el 3% de los votos válidos en las elecciones al Senado o la Cámara de Representantes para acceder a la personería jurídica.

“Que se declare la nulidad de la Resolución No. 3654 del 3 de agosto de 2026, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido político denominado «Defensores de la Patria» (DLP), tras la revisión de su inscripción en el Registro Único de Partidos Políticos (Rupp) conforme a lo señalado en el artículo 10 del Cpaca y conforme al enunciado de normas en que debe fundarse el perjuicio, el artículo 138 de la Constitución Política y demás normación".

El debate por un partido sin participación legislativa

Defensores de la Patria no participó en la contienda por el Congreso de la República. Por esa razón, la demanda puso en duda el fundamento jurídico que utilizó el Consejo Nacional Electoral para reconocer al movimiento que llevó a De la Espriella a la Presidencia de la República.

Por su parte, la representante del Pacto Histórico, Natalia Moreno, cuestionó que se aplicara al caso el mismo criterio que permitió reconocer a Colombia Humana.

La congresista sostuvo: “Aquí hay una aplicación indebida de jurisprudencia, puesto que el fundamento del CNE no puede ser el mismo aplicado a Colombia Humana. Son casos absolutamente diferentes. Uno perdió la Presidencia y necesitaba garantías de oposición. El otro la ganó y hoy es Gobierno”.

El proceso ante el Consejo de Estado examinará las condiciones bajo las cuales un movimiento surgido de una candidatura presidencial puede obtener personería jurídica sin haber competido en elecciones legislativas. La decisión sobre la suspensión solo mantiene vigentes los efectos del reconocimiento otorgado por el CNE.

La fusión con Salvación Nacional hacia 2027

La discusión judicial coincide con movimientos políticos para las elecciones regionales de 2027. El senador Enrique Gómez confirmó que Salvación Nacional, su partido, iniciará un proceso de fusión con Defensores de la Patria.

Gómez explicó que la unión requerirá aprobación del Consejo Nacional Electoral: “Viene el proceso de fusión entre los dos movimientos. Así le pediremos al Consejo Nacional Electoral que lo considere y lo apruebe. Es un proceso que está reglado en la legislación electoral. Nuestro afán es tenerlo listo para poder enfrentar el desafío de las elecciones territoriales”.

La solicitud de fusión todavía no llegó formalmente al CNE. En Medellín, la colectividad de De La Espriella evalúa otorgar su aval al candidato de Federico Gutiérrez para la Alcaldía, dentro de una coalición con Creemos.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo reuniones por separado con los embajadores de Irán y Rusia tras expresiones y publicaciones que generaron incomodidad en sectores políticos y sociales del país sudamericano.

A través de estos encuentros, Aramayo reafirmó el principio de respeto mutuo y la necesidad de mantener la no injerencia en los asuntos internos, un tema que cobró especial relevancia luego de recientes intervenciones públicas de ambos diplomáticos.

El lunes, durante la asunción del nuevo gobernador de Cochabamba, el representante iraní Bahram Shahabeddin expresó su deseo de que esa ciudad sea la capital de Bolivia, mientras la delegación rusa encabezada por Dmitry Vérchenko publicó en redes sociales críticas a un columnista boliviano por sus opiniones sobre el presidente Vladímir Putin.

La presencia de los embajadores de Irán y Rusia en la ceremonia, motivaron la convocatoria de ambos por parte de la Cancillería para reiterar el apego a los canales de comunicación formales y a la normativa internacional.

“El respeto a la soberanía y no injerencia en la política interna convocan a actuar con sensibilidad al contexto sociopolítico y, por tanto, respetar ese principio al emitir criterio u opinión pública”, señaló el ministerio en un comunicado oficial.

La Cancillería boliviana enfatizó la necesidad de que las declaraciones de representantes extranjeros respeten el contexto sociopolítico nacional y se canalicen por los mecanismos diplomáticos formales previstos en la Convención de Viena.

El gobierno también transmitió que cualquier diferencia debe canalizarse por vías diplomáticas, evitando el uso de plataformas públicas para expresar quejas o posturas.

En el caso del embajador ruso, Dmitry Vérchenko, la conversación giró en torno a la necesidad de mantener los canales y procedimientos institucionales en las relaciones bilaterales. La Cancillería boliviana enfatizó que la preservación del respeto mutuo es clave para garantizar la cooperación entre ambas naciones.

Se abordó la importancia de encauzar cualquier diferencia a través de los mecanismos protocolares establecidos.

En esas publicaciones, la delegación rusa acusó a un periodista de mantener una “enfermiza obsesión” con el presidente ruso Vladímir Putin y llegó a poner en duda la salud mental del comunicador. Estos mensajes públicos, emitidos fuera de los canales diplomáticos, llevaron a la Cancillería a reiterar la necesidad de ajustar la comunicación institucional a los protocolos internacionales.

La presencia de los embajadores de Irán y Rusia en la ceremonia de juramento de Leonardo Loza, quien mantiene afinidad política con el expresidente Evo Morales, se produjo en un contexto de redefinición de la política exterior boliviana.

El presidente Rodrigo Paz, en el cargo desde hace seis meses, modificó el enfoque de las relaciones diplomáticas del país, alejándose de los aliados tradicionales de Morales y de su sucesor, Luis Arce, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán. El gobierno actual fortaleció lazos con Estados Unidos e Israel, marcando un giro respecto a la gestión anterior.

(Con información de EFE)

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha generado una ola de reacciones políticas en Colombia.

El exsenador Gustavo Bolívar expresó críticas al fallo a través de sus redes sociales, subrayando que pese a la decisión judicial, “ese fallo no borra muchas cosas”.

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El tribunal revocó la sentencia previa de primera instancia que implicaba una condena a Uribe por tres delitos, entre ellos soborno a testigos y fraude procesal.

La resolución no fue unánime, ya que una de las magistradas, Leonor Oviedo, dejó constancia de su voto aclaratorio donde respalda en su totalidad el fallo inicial, lo que para Bolívar reafirma la existencia de divisiones internas en la interpretación judicial del caso.

Durante un video publicado en su cuenta de Youtube, Gustavo Bolívar indicó: “Hoy el tribunal ha revocado la sentencia de primera instancia que había condenado a Álvaro Uribe por tres delitos, entre ellos fraude procesal, soborno a testigos. No fue una decisión unánime”.

El funcionario recalcó el desacuerdo dentro del tribunal: “Una de las magistradas ha dejado su aclaración de voto en el sentido de que ella se acoge en su integridad al fallo de primera instancia, es decir, que considera que Álvaro Uribe es culpable”.

El dirigente reconoció que distintos sectores del uribismo celebraron la decisión. “Está bien. Creen que Álvaro Uribe es inocente. Él sabe que no lo es”, sostuvo Bolívar.

Pese a esto, enfatizó la importancia de acatar la justicia y la institucionalidad: “Nosotros somos respetuosos de la justicia, respetuosos de los fallos y no podemos celebrar los fallos de la justicia cuando nos convienen y no reconocerlos cuando no nos convienen”.

El pronunciamiento de Bolívar incluyó el anuncio de que la defensa y las víctimas apelarán el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. El exsenador sostuvo: “Nos vamos a casación. Ya será la Corte Suprema de Justicia quien diga si la juez tiene la razón o la tiene el tribunal, si declara inocente o culpable a Álvaro Uribe”.

En su publicación, Bolívar enlistó múltiples cuestionamientos que, según él, no quedan zanjados con lo resuelto por el tribunal.

Afirmó que “ese fallo no borra muchas cosas”, haciendo referencia a hechos históricos y judiciales ligados a la gestión pública y vida política de Uribe desde la década de 1980, incluyendo procesos judiciales fallados en otras instancias y situaciones aún debatidas en la opinión pública.

“Uno puede escaparse de los fallos de la justicia, pero ahí el pasado no se borra”, destacó el funcionario de Bogotá.

“Ese fallo no borra la entrega de licencias a pistas y aviones del cartel de Medellín. No borra las masacres de Ituango ni El Aro”, continuó Bolívar, recordando una sucesión de eventos y denuncias históricas en la vida del expresidente.

Añadió que entre las situaciones pendientes están “la financiación de su campaña en 2022 con plata del narcoparamilitarismo”, el “regalo de medio billón de pesos de Agroingreso Seguro a los terratenientes” y la condena de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por investigaciones relacionadas con asesinatos y narcotráfico.

El exsenador remarcó la imposibilidad de “borrar las chuzadas del DAS a las cortes, a periodistas y opositores” ni “los 6402 falsos positivos”, haciendo alusión a los civiles que murieron en el mandato de Uribe de 2002 a 2010.

Mencionó también la “compra de su reelección, la Yidispolítica” y la “corrupción de Odebrecht, Refricar y el volteo de tierras en zonas francas”. “Ese fallo no borra su declaración de renta con cero pesos a pagar”, resumió el funcionario.

Hacia el cierre de su mensaje, Bolívar lanzó un señalamiento enfático sobre los alcances de la justicia: “La justicia de los hombres se puede comprar con dinero, se puede amedrentar con miedo, se puede comprar con poder, pero la justicia divina, eso no la soborna nadie, de esa no escapa nadie”.

Mientras el caso se encamina a una nueva etapa ante la Corte Suprema de Justicia, el desarrollo de la causa seguirá en el foco de la agenda pública colombiana.

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y trece establecimientos de hospedaje de la ciudad de Cali permanecen bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que adelanta una investigación en la que indaga si se vulneró el régimen de libre competencia mediante acuerdos para fijar tarifas de alojamiento durante la COP-16.

El posible intercambio de información comercial sensible entre hoteles de Cali durante la cumbre de biodiversidad celebrada entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 puso sobre el ojo del huracán a Cotelco: pues la SIC señala que existen indicios de un posible pacto entre los hoteles investigados para coordinar precios durante el evento internacional.

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Además, la Delegatura para la Protección de la Competencia examina si el capítulo Valle de Cotelco habría influido de manera indebida en la presunta ejecución de estas prácticas restrictivas.

De forma paralela, la Superintendencia abrió una investigación para determinar si Cotelco, en su ámbito nacional, facilitó el acceso y el intercambio de información comercial sensible entre sus afiliados a través del denominado ‘Sistema de Información Hotelero’ (SIH). Según el comunicado oficial, “se habría permitido a cualquiera de los hoteles afiliados ingresar al sistema con la posibilidad de visualizar libremente la información comercial sensible de sus competidores, hacer comparativos y seguimientos del comportamiento comercial de los hoteles”.

Los compromisos de Cotelco en medio del escándalo

Ante estos señalamientos, Cotelco asumió una serie de compromisos orientados a corregir las conductas bajo investigación. Entre las medidas adoptadas se encuentra la adecuación del SIH para restringir el acceso a datos sensibles que puedan facilitar la coordinación anticompetitiva entre hoteles, según citó El País de Cali.

Además, la asociación se comprometió a implementar un sistema de gobernanza en materia de libre competencia económica, lo que implica modificar sus estatutos y su código de ética, así como crear un programa de cumplimiento y establecer protocolos específicos en la materia.

Otra de las garantías asumidas por Cotelco consiste en obtener un certificado de buenas prácticas de protección de la libre competencia ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec). Asimismo, la entidad pondrá en marcha un programa de formación en libre competencia dirigido tanto a las personas vinculadas a la organización como a sus afiliados y al público en general.

Estas garantías tendrán una vigencia de tres años, periodo durante el cual la Dirección de Cumplimiento de la SIC realizará un seguimiento permanente a la entidad. En caso de que se incumplan los compromisos, la Superintendencia podría iniciar una nueva investigación administrativa e imponer multas equivalentes a cien mil salarios mínimos.

Mientras tanto, la Delegatura para la Protección de la Competencia continuará con la investigación sobre los trece hoteles de Cali para esclarecer los hechos. Hasta el momento, la SIC no ha divulgado la identidad de los establecimientos involucrados, ya que la indagación permanece en curso.

¿Cómo comenzó la investigación?

La SIC informó, a través de un comunicado emitido el 11 de octubre de 2024, que comenzó la investigación formal e impuso medidas cautelares tanto a Cotelco como a los hoteles implicados, que para entonces eran nueve. La decisión se fundamentó en los hallazgos obtenidos por la Delegatura de Protección de la Competencia, que realizó visitas administrativas a los establecimientos en junio pasado y recopiló información relevante para el caso.

De acuerdo con el comunicado, la Superintendencia identificó indicios de que los hoteles habrían establecido un mecanismo para compartir información sensible, específicamente en el contexto de la prestación de servicios durante la COP16.

La investigación detalla que, a través de reuniones y conversaciones en WhatsApp, los hoteles habrían intercambiado datos sobre tarifas por habitación y niveles de ocupación, con el objetivo de coordinar la atención a la demanda generada por la llegada de delegaciones y visitantes al evento internacional. Este comportamiento, según la SIC, podría constituir una infracción a las normas de libre competencia.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una condena contra una empresa financiera por otorgar un préstamo a nombre de una persona cuya identidad había sido usurpada a través de un documento de identidad apócrifo. El tribunal de Alzada ratificó que la entidad deberá indemnizar al damnificado con un pago de 1,15 millones de pesos por los daños derivados de ese episodio, sin embargo, revocó la aplicación de una multa por “daño punitivo”, tras considerar que la conducta de la firma fue negligente pero no deliberada.

El caso se inició a partir de la demanda presentada por Federico B., quien denunció que Compañía Financiera Argentina S.A. le había otorgado un crédito a un tercero desconocido que utilizó su DNI, extraviado y denunciado con anterioridad. Como consecuencia de ese préstamo, el demandante fue informado erróneamente como deudor al Banco Central y pasó a figurar en distintas bases de datos comerciales como la empresa Veraz.

En su presentación judicial, el hombre solicitó la nulidad del “préstamo que no contrajo”, una reparación por daños y perjuicios y la aplicación de sanciones bajo la ley de Defensa del Consumidor debido a “los contratiempos, problemas, tiempo, trámites y demás cuestiones” que atravesó “por la inoperancia de la demandada”.

La magistrada del Juzgado Nacional en lo Civil N°49, Viviana Torello, dio por cierto que el demandante no había solicitado el crédito en cuestión, algo que la financiera aseveraba. Para eso, la jueza tuvo en cuenta los resultados de la pericia caligráfica que determinó que las firmas, aclaración y número de documento atribuidos a Federico B. en el legajo original de contratación del préstamo no correspondían a su puño y letra.

“Este elemento resulta contundente a los efectos de tener por probado que el denunciante no suscribió la documentación respaldatoria de la asignación del préstamo por lo que no fue él quien lo solicitó”, expuso la magistrada.

También postuló que “la baja calidad de la fotocopia incorporada al legajo impide visualizar con claridad la fotografía incorporada al DNI tarjeta que habría sido presentado por el tomador del préstamo por lo que, si bien resulta factible la hipótesis de que la empresa haya incorporado al legajo las copias que el propio B. les proporcionó cuando inició su reclamo ante ellos, tampoco puede descartarse que se haya gestionado con un ejemplar falsificado con datos ciertos pero con una fotografía distinta a los efectos hacer incurrir en el error al otorgante del préstamo y obtener el dinero buscado".

Así, la jueza de primera instancia le impuso a la financiera la obligación de pagar $1.150.000 en concepto de daños material -150 mil pesos-, moral -500 mil- y punitivo -500 mil-. La empresa apeló esa decisión y negó que el préstamo hubiese sido otorgado a otra persona. A su vez alegó que el DNI presentado coincidía con el actual del actor y que no había prueba suficiente para sostener la hipótesis de una usurpación de identidad.

Con la impugnación el expediente se radicó en la Sala F de la Cámara Civil porteña, integrada por la jueza Gabriela M. Scolarici y Claudio Ramos Feijóo, quien se encargó de liderar el acuerdo y redactar el voto.

“Es obligación del apelante que cuestiona la apreciación de los hechos de autos por parte del sentenciador, criticar el razonamiento de este, demostrando el manifiesto error de sus conclusiones confrontándolo con las constancias objetivas de la causa (...), y nada de eso ocurre en la ‘expresión de agravios’ -del demandado-, pues no se rebaten los argumentos por los cuales la magistrada de grado admitió la acción”, consideró el camarista al exponer su postura.

Además, resaltó que la empresa no ofreció testigos ni presenció las audiencias testimoniales celebradas durante el proceso civil. “La recurrente tampoco intenta controvertir la valoración de la prueba testifical, cuyos testimonios demuestran la disvaliosa situación que ha vivido el actor y su familia a raíz de los hechos de autos”, indicó.

Respecto del daño moral, el líder del acuerdo -con la posterior adhesión de su colega- confirmó el monto de 500.000 pesos y ponderó que durante el proceso “se acreditó que tanto el actor como su familia recibieron mensajes de texto y llamados telefónicos de aviso de deuda por parte de la entidad financiera demandada. Asimismo, conforme surge de la contestación el B.C.R.A. se verificó que B. figura registrado en la empresa ‘Veraz’, en virtud de la deuda que Compañía Financiera S.A. le informara".

Según el fallo, esos hechos configuraron en el demandante “afectaciones al espíritu, sentimientos de dolor, angustia y padecimientos” susceptibles de ser reparados monetariamente.

Por otra parte, el tribunal de Alzada hizo lugar al planteo de la demandada contra la aplicación de una multa por daño punitivo. En la resolución anterior, la jueza había argumentado que correspondía aplicar esa figura “a modo ejemplificador dadas las disvaliosas circunstancias que rodearon los acontecimientos y el incumplimiento de las obligaciones que se encontraban a cargo de la demandada, en su posición dominante“ y con carácter “preventivo”.

Para la Sala F, si bien hubo una conducta negligente por parte de la entidad al no chequear correctamente la identidad del solicitante, no se verificó en el caso la gravedad necesaria para justificar una sanción excepcional.

“Así las cosas -redactó el juez Ramos Feijóo-, aun cuando se considere que la demandada no ha cumplido con sus obligaciones, no advierto gravedad en su conducta que justifique este tipo de sanción pecuniaria, pues si bien existió una conducta negligente en las diligencias que debió adoptar a fin de evitar el menoscabo que ha debido padecer el actor por el accionar de un tercero quien ha podido eludir los mecanismos de prevención, control y seguridad que toda empresa que otorga préstamos debe observar (...), entiendo que no alcanza para concluir que existió una deliberada intención de un ilícito culpable que merezca una sanción punitiva como la pretendida, con grave menosprecio por los derechos de los consumidores".

En esos términos, la Cámara modificó parcialmente el fallo apelado y dejó sin efecto la multa de 500 mil pesos. Las demás partidas indemnizatorias fueron ratificadas, así como la imposición de costas a la parte demandada.

La posibilidad de un enfrentamiento entre Ilia Topuria, e Islam Makhachev, uno de los luchadores más dominantes de la UFC, alimentó durante meses las expectativas de los fanáticos del MMA. Sin embargo, el combate nunca se concretó. Recientemente, Umar Nurmagomedov, primo de Khabib y compañero de Makhachev, reveló un factor determinante que impidió que ambos cruzaran sus caminos: la influencia estratégica que la UFC tuvo en el cambio de división de Makhachev. Según Umar, la organización busca posicionar a Topuria como su próximo gran campeón en el peso ligero, cuidando al mismo tiempo su inversión en ambas figuras.

El punto de inflexión ocurrió tras UFC 315, cuando Belal Muhammad cayó derrotado frente al australiano Jack Della Maddalena. Islam Makhachev, entonces campeón de peso ligero, decidió subir de categoría al peso wélter con la intención de buscar el doble campeonato y consolidarse como uno de los grandes nombres en la historia del MMA. Esto implicó que el daguestaní dejara vacante el cinturón de las 155 libras, un título ansiado por Topuria, marcando así un nuevo capítulo en esta división.

Las críticas hacia Makhachev no tardaron en llegar, con múltiples voces sugiriendo que su decisión de cambiar de división era un intento de evitar medirse con El Matador. Sin embargo, Umar Nurmagomedov aclaró en una entrevista reciente con Adam Zubayraev que esta decisión no fue personal, sino producto de la presión ejercida por la UFC.

“La UFC quiere convertir a Topuria en campeón del peso ligero”, explicó Umar. “Hunter Campbell, matchmaker de la UFC, vino a hablar con Islam a Daguestán. Querían que subiera de peso para no arriesgarse a que una de sus dos grandes estrellas quedara neutralizada. Creen que Ilia puede vender muchas peleas, por eso prefieren darle camino libre hacia el cinturón”. Estas declaraciones develan una estrategia cuidadosa de la promotora para no enfrentar a dos peleadores con potencial mediático y comercial en su momento de ascenso.

Mientras Makhachev se enfoca en su debut en el peso wélter, Topuria tiene frente a él un reto crucial. En el evento estelar de UFC 317, que se llevará a cabo en la madrugada del 28 al 29 de junio, El Matador se enfrentará a Charles Oliveira, histórico finalizador brasileño conocido como Do Bronx. El combate determinará al próximo campeón del peso ligero y representará la prueba definitiva para Topuria, quien llega como favorito, aunque consciente de las habilidades de su rival, particularmente en la lucha en el suelo.

Topuria, que nunca ha ocultado sus ambiciones de hacer historia en el deporte, ya vislumbra una serie de posibles enfrentamientos tras conquistar, si lo logra, el cinturón. Entre ellos, ha señalado a peleadores como Paddy Pimblett como posibles defensas iniciales. Incluso, el español no descarta subir eventualmente al peso wélter con la intención de convertirse en el primer triple campeón en la historia de la UFC. Este sueño refleja la proyección que la compañía parece tener para El Matador, consolidándolo como una de sus figuras más prometedoras.

El desafío de Makhachev en el peso wélter

Por su parte, Islam Makhachev enfrentará a Jack Della Maddalena a finales de año en un combate sin fecha oficial aún, pero que genera alta expectativa. Enfrentar a Maddalena, un experto en striking que viene de una contundente victoria contra Belal Muhammad, supondrá un reto significativo para el daguestaní. Aunque su especialidad ha sido tradicionalmente el grappling, Makhachev ha mejorado su desempeño en combates de pie, lo que será clave enfrentándose a un oponente que domina este ámbito con una alta capacidad de noqueo.

El objetivo de Makhachev no se limita al peso wélter. Según Umar Nurmagomedov, Islam no renuncia a volver al peso ligero en un futuro y buscar el doble campeonato. “Islam quería seguir peleando en las 155 libras. Puede ganar el título de peso wélter, regresar al peso ligero y conseguir ambos cinturones”, afirmó.

Un enfrentamiento inevitable en el horizonte

Aunque Topuria y Makhachev han tomado caminos distintos, existe una sensación de que su enfrentamiento será inevitable en algún momento. La UFC, con su potencial alcance global, no desperdiciaría la oportunidad de enfrentar a dos de sus figuras más relevantes en el escenario adecuado, siempre y cuando ambos manejen con éxito sus respectivas trayectorias.

Para que esto ocurra, tanto Topuria como Makhachev deberán imponerse en sus próximos compromisos, dejando el escenario preparado para una posible superpelea histórica. Por ahora, El Matador tendrá que sortear el desafío de Oliveira, mientras que Makhachev buscará adaptar su estilo al peso wélter frente al peligroso Maddalena. Los fanáticos del MMA permanecen atentos al desenlace, con la expectativa de que ambos puedan encontrarse cara a cara en el octágono en el futuro próximo.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la intervención como querellante de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual en una causa que investiga el sometimiento de al menos trece mujeres en un prostíbulo de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, entre 2015 y 2018. La Sala IV del más alto tribunal penal rechazó los recursos presentados por las defensas de dos imputadas y confirmó, así, la resolución del Tribunal Oral Federal fueguino que le había permitido participar del juicio, pese a que su pedido fue formulado fuera del plazo procesal previsto.

Se trata de una causa donde se encuentran acusados Iván Napoleón Israel González, Yanina Paola Aseff, María de los Ángeles Velázquez y Diana Magalí Jara por integrar una organización que habría operado en un domicilio de esa ciudad sureña “por lo menos desde el 03/07/2015 hasta el 13/10/2018, día en que tuvo lugar el allanamiento de dicha residencia”. La investigación se inició a partir de una denuncia recibida el 2 de julio de 2015 en el correo oficial de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, donde se informó que “un grupo de padres y madres de la ciudad de Córdoba, ante el temor por la creciente migración de mujeres jóvenes a (...) Río Grande, pusieron en conocimiento de la existencia de un lugar que funcionaría como prostíbulo, ubicado en la calle Rosales N° 632”.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los hechos afectaron a trece víctimas mujeres, identificadas en las actuaciones por sus iniciales: GEL, ANP, IC, IMM, JY, FVC, EPC, MLR, VES, RDJ, CRNP, JP y EPA. Siempre según el documento acusatorio, Aseff habría estado a cargo del traslado de varias de ellas, mientras que todos los demás participaron en su recibimiento o acogimiento en el inmueble donde se concretaba la explotación.

En la acusación también se imputó una “finalidad consumada de facilitar y comerciar el ejercicio de la prostitución ajena, agravado por haber mediado abuso de una situación de vulnerabilidad de las damnificadas, por la cantidad de ellas y por la cantidad de intervinientes”.

Entre las personas afectadas figura JY, quien el 22 de noviembre de 2017 denunció ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria que había sido llevada a Río Grande bajo engaño y que, una vez allí, fue conducida a una casa donde permaneció encerrada durante semanas: “Se encontraba privada de su libertad (...), era acompañada por una persona del lugar y le retenían el celular y su documento nacional de identidad”, constó en el expediente.

En enero de 2025, el Defensor Público de Víctimas solicitó que JY fuera admitida como querellante en el proceso penal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego hizo lugar a la petición, aún a pesar de que su pedido había sido planteado después de la clausura de la instrucción, es decir, fuera del plazo legal previsto.

Las defensas de Jara y Aseff cuestionaron esa decisión ante Casación, ya que consideraron que afectaba su derecho de defensa y vulneraba el principio de igualdad procesal.

Radicadas las actuaciones en la Sala IV, los jueces resolvieron desestimar por unanimidad los agravios invocados por las imputadas. En el voto que lideró el acuerdo, el camarista Mariano Borinsky sostuvo que el análisis del conflicto debía partir del “marco normativo constitucional”, y remarcó que el deber del Estado de garantizar la tutela judicial efectiva de las damnificadas es anterior a la sanción de la Ley 27.372, conocida como “Ley de Víctimas”. En ese sentido, aseveró que para ejercer el derecho a constituirse como querellante es “ineludible que esta conozca el derecho que le asiste”, y que en este caso no había constancias suficientes de que JY hubiera tenido ese conocimiento antes del cierre de la instrucción penal.

A lo largo de la sentencia, Borinsky retomó el criterio establecido en el precedente “Navarro”, donde la misma Sala IV sostuvo que “las omisiones estatales de brindar ese conocimiento efectivo en las instancias procesales previas a la remisión a juicio, no podían ser un obstáculo a sus posibilidades de impulsar el proceso penal por su cuenta”. En este caso, el juez entendió que “la incertidumbre sobre el ‘alcance y contenido’ de los derechos informados por las profesionales” del Programa Nacional de Rescate en 2019 justificaba la admisión de la damnificada como parte del proceso aún en forma extemporánea.

Además, la resolución aclaró que no existía un daño procesal concreto para las imputadas. “El perjuicio invocado por las impugnantes en autos resulta meramente conjetural”, dijo Borinsky, y recordó que el requerimiento fiscal delimitará lo que será objeto de debate en el juicio. Por tanto, si la querella propone incorporar prueba nueva, su admisión quedará sujeta a la decisión de las partes.

Tras la adhesión del juez Javier Carbajo, el magistrado Gustavo Hornos coincidió con el rechazo de los recursos de casación y agregó que correspondía “enfatizar la importancia del interés legítimo de la damnificada, su carácter de particular ofendida y, especialmente, la necesidad de que el Estado garantice que la persona afectada conozca sus derechos procesales".

“No puede exigirse el cumplimiento de un plazo procesal -afirmó el camarista- si el propio Estado no ha garantizado de modo efectivo –ni probado en el expediente– que la damnificada conocía su derecho a constituirse como querellante”.

Asimismo, remarcó que “la ausencia de una notificación adecuada en instancias previas no puede constituir un obstáculo para su participación como parte querellante” y subrayó que JY “se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad estructural que ha limitado su efectivo acceso a la justicia”. Bajo esos parámetros, sostuvo que debía considerarse “su condición de mujer, el componente de violencia de género presente en los hechos denunciados, y su situación como persona explotada en un contexto de trata de personas”.

“Estas circunstancias, sumadas a la gravedad de los hechos investigados, refuerzan la necesidad de adoptar una interpretación que promueva una tutela judicial efectiva y garantice el pleno ejercicio de los derechos procesales de la damnificada”, precisó Hornos.

Luego agregó: “Recordemos que en los delitos en los que se ve involucrada la explotación sexual de las mujeres, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las damnificadas frente a su agresor, amerita una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso”, y añadió que esa obligación surgía del compromiso internacional del Estado argentino en tanto “se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución.

“En este escenario -concluyó el juez-, no quedan dudas que los hechos que se discutirán en el juicio oral y público abarcan también aquellos denunciados por quien ha sido fundadamente tenida como parte querellante. Lo que permite inferir que JY cumple con los requisitos normativos para ser tenida como parte bajo ese carácter, de conformidad con la normativa procesal prevista sobre el punto”.

La prueba organizada por el Jefe buscaba determinar al nuevo líder de la semana. Así que los participantes debían responder preguntas relacionadas con temas de cultura general, y el formato de la competencia se dividió en tres rondas eliminatorias, donde se iban descartando participantes.

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En una de estas etapas, Karina García logró superar a sus contrincantes, entre las que se encontraba Norma Nivia, Lady Tabares y la Toxi Costeña. Entre las preguntas que debieron resolver se incluyeron temas como el número de corazones que tiene un pulpo, el mamífero terrestre más grande del mundo y el país que posee la mayor parte de la región amazónica.

La respuesta de Karina García tras su victoria

Tras obtener la mayor cantidad de respuestas correctas, Karina García aseguró su lugar en la final de la prueba de liderazgo, en la que tuvo que competir contra Mateo y La Liendra. Sin embargo, su triunfo no estuvo exento de comentarios, pues a Norma Nivia no le pareció el triunfo de la creadora de contenido, e indicó que ocurrió por su rapidez al correr dejando entrever que piensa que su “contrincante” no es lo suficientemente inteligente, lo que generó una respuesta directa de la influenciadora: “Yo de bruta no tengo un pelo”, dejando claro que su desempeño fue resultado de su conocimiento y no solo de su velocidad.

Karina García expresó su alegría por el logro, aunque también expresó cierta preocupación al saber que en la gala final debía enfrentarse a Mateo Varela y La Liendra, teniendo en cuenta su notoria agilidad.

Antecedentes entre las participantes

El triunfo de Karina García no solo generó comentarios dentro de la casa, también en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre el desempeño de las participantes y se fueron en contra de la actriz por sus duros comentarios en contra de su compañera, pues fue notoria su molestia.

Algunos usuarios recordaron declaraciones previas de Norma Nivia sobre Karina García, realizadas durante una conversación con Mateo Varela, pues afirman que le tienen “celos” por su cercanía con el participante también conocido como Peluche. Estas palabras fueron retomadas por algunos internautas para defender a la influenciadora, así como otras opiniones como: “La única impresión que teníamos de norma se lo quitó Karina, pensábamos que Norma era inteligente pero Karina sorprendió” y “Norma le tiene celos a Karina desde que comenzó el reality”.

“Ya es mucho el odio de Norma Tibia con Karina mamita, que la suelte pues”, indica otra de las opiniones, que fue apoyada con comentarios como “Podrá ser lo que sea, pero la vieja se esforzó en su prueba, Norma debe aprender aprender a no menospreciar”.

A pesar de las diferencias y los comentarios, tanto Karina García como Norma Nivia continúan dando de qué hablar en el reality show y no solo buscan destacar por sus habilidades en las pruebas, sino por sus personalidades y estrategias dentro del programa que sigue siendo un espacio donde las dinámicas entre los participantes captan la atención de los televidentes, que esperan con interés los próximos enfrentamientos y decisiones que marcarán el rumbo del concurso.

La capital del país sigue atravesando una ola de inseguridad que tiene en alerta a los ciudadanos, pues los criminales están atentos a cualquier oportunidad para amenazar a la habitantes y arrebatarles sus pertenencias de valor, sin importar la hora ni el lugar. Durante el 12 de marzo de 2025 se denunció un robo que ocurrió en inmediaciones del barrio Onassis, que se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy.

Uno de los testigos reveló al medio local Citytv que los criminales hicieron la parada a uno de los buses azules del Sistema Integrado de Transporte de la capital del país, conocido como Sitp. Apenas abrió la puerta, los sujetos abordaron el vehículo y desenfundaron sus armas para amenazar a los pasajeros y el conductor.

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Los criminales recorrieron los puestos y le exigieron a los ciudadanos entregar sus celulares y demás pertenencias, que guardaron de forma ágil para posteriormente bajarse del bus y huir corriendo con rumbo desconocido. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad del sector, los ciudadanos se percataron que no actuaron solos, pues un taxi los estaba esperando muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

Y es que los tres criminales llegaron al lugar en el vehículo que era conducido por un cuarto cómplice, que esperó a que ellos cometieran el delito y apenas terminaron, les abrió las puertas para que pudieran huir sin ser detectados. Incluso, llama la atención que el taxi tenía las placas ocultas, lo que demuestra que esta es una banda que se dedica a afectar a la ciudadanía en repetidas ocasiones.

Ante lo sucedido, los ciudadanos piden que se incrementen las acciones para evitar que la delincuencia continúe tomándose la ciudad y robándose los objetos por los que los ciudadanos trabajan, puesto que este no es un hecho aislado y la inseguridad en este y otros sectores parece no tener fin.

Incremento de robos: usuarios exigen mayor seguridad en Bogotá

Los paraderos de buses en Bogotá se han convertido en puntos críticos para la seguridad de los ciudadanos, especialmente en sectores como Puente Aranda, Fontibón y Ciudad Bolívar, donde los usuarios denuncian una creciente vulnerabilidad ante los robos. Y es que a mediados de febrero de 2025 se registraron 111 casos de hurto a pasajeros de estos sistemas de transporte, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte, las modalidades de robo más comunes son el atraco a mano armada y el cosquilleo, siendo los horarios nocturnos los más peligrosos debido a la menor afluencia de pasajeros en los buses. Ante estas cifras, la Policía anunció que ha intensificado sus esfuerzos en respuesta a esta problemática, y es que se logró la captura de 30 delincuentes en flagrancia y fueron recuperados más de 100 teléfonos móviles robados. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para frenar la percepción de inseguridad entre los usuarios.

Los paraderos con más casos de robo

Un reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá identificó varios paraderos como los más inseguros del sistema de transporte público. Entre ellos se encuentran la calle 13 con avenida 68 en Puente Aranda, la avenida 68 con calle 24 en Fontibón, el sector de Meissen y la entrada a Lucero en Ciudad Bolívar, así como la calle 19 con avenida Caracas en el centro de la ciudad.

Estos puntos son señalados por los usuarios como lugares donde los robos son más frecuentes, lo que generó un llamado para reforzar la presencia policial y mejorar la iluminación en estas áreas, así como implementar medidas de seguridad para evitar estas situaciones.