La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha generado una ola de reacciones políticas en Colombia.

El exsenador Gustavo Bolívar expresó críticas al fallo a través de sus redes sociales, subrayando que pese a la decisión judicial, “ese fallo no borra muchas cosas”.

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El tribunal revocó la sentencia previa de primera instancia que implicaba una condena a Uribe por tres delitos, entre ellos soborno a testigos y fraude procesal.

La resolución no fue unánime, ya que una de las magistradas, Leonor Oviedo, dejó constancia de su voto aclaratorio donde respalda en su totalidad el fallo inicial, lo que para Bolívar reafirma la existencia de divisiones internas en la interpretación judicial del caso.

Durante un video publicado en su cuenta de Youtube, Gustavo Bolívar indicó: “Hoy el tribunal ha revocado la sentencia de primera instancia que había condenado a Álvaro Uribe por tres delitos, entre ellos fraude procesal, soborno a testigos. No fue una decisión unánime”.

El funcionario recalcó el desacuerdo dentro del tribunal: “Una de las magistradas ha dejado su aclaración de voto en el sentido de que ella se acoge en su integridad al fallo de primera instancia, es decir, que considera que Álvaro Uribe es culpable”.

El dirigente reconoció que distintos sectores del uribismo celebraron la decisión. “Está bien. Creen que Álvaro Uribe es inocente. Él sabe que no lo es”, sostuvo Bolívar.

Pese a esto, enfatizó la importancia de acatar la justicia y la institucionalidad: “Nosotros somos respetuosos de la justicia, respetuosos de los fallos y no podemos celebrar los fallos de la justicia cuando nos convienen y no reconocerlos cuando no nos convienen”.

El pronunciamiento de Bolívar incluyó el anuncio de que la defensa y las víctimas apelarán el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. El exsenador sostuvo: “Nos vamos a casación. Ya será la Corte Suprema de Justicia quien diga si la juez tiene la razón o la tiene el tribunal, si declara inocente o culpable a Álvaro Uribe”.

En su publicación, Bolívar enlistó múltiples cuestionamientos que, según él, no quedan zanjados con lo resuelto por el tribunal.

Afirmó que “ese fallo no borra muchas cosas”, haciendo referencia a hechos históricos y judiciales ligados a la gestión pública y vida política de Uribe desde la década de 1980, incluyendo procesos judiciales fallados en otras instancias y situaciones aún debatidas en la opinión pública.

“Uno puede escaparse de los fallos de la justicia, pero ahí el pasado no se borra”, destacó el funcionario de Bogotá.

“Ese fallo no borra la entrega de licencias a pistas y aviones del cartel de Medellín. No borra las masacres de Ituango ni El Aro”, continuó Bolívar, recordando una sucesión de eventos y denuncias históricas en la vida del expresidente.

Añadió que entre las situaciones pendientes están “la financiación de su campaña en 2022 con plata del narcoparamilitarismo”, el “regalo de medio billón de pesos de Agroingreso Seguro a los terratenientes” y la condena de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por investigaciones relacionadas con asesinatos y narcotráfico.

El exsenador remarcó la imposibilidad de “borrar las chuzadas del DAS a las cortes, a periodistas y opositores” ni “los 6402 falsos positivos”, haciendo alusión a los civiles que murieron en el mandato de Uribe de 2002 a 2010.

Mencionó también la “compra de su reelección, la Yidispolítica” y la “corrupción de Odebrecht, Refricar y el volteo de tierras en zonas francas”. “Ese fallo no borra su declaración de renta con cero pesos a pagar”, resumió el funcionario.

Hacia el cierre de su mensaje, Bolívar lanzó un señalamiento enfático sobre los alcances de la justicia: “La justicia de los hombres se puede comprar con dinero, se puede amedrentar con miedo, se puede comprar con poder, pero la justicia divina, eso no la soborna nadie, de esa no escapa nadie”.

Mientras el caso se encamina a una nueva etapa ante la Corte Suprema de Justicia, el desarrollo de la causa seguirá en el foco de la agenda pública colombiana.

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y trece establecimientos de hospedaje de la ciudad de Cali permanecen bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que adelanta una investigación en la que indaga si se vulneró el régimen de libre competencia mediante acuerdos para fijar tarifas de alojamiento durante la COP-16.

El posible intercambio de información comercial sensible entre hoteles de Cali durante la cumbre de biodiversidad celebrada entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 puso sobre el ojo del huracán a Cotelco: pues la SIC señala que existen indicios de un posible pacto entre los hoteles investigados para coordinar precios durante el evento internacional.

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Además, la Delegatura para la Protección de la Competencia examina si el capítulo Valle de Cotelco habría influido de manera indebida en la presunta ejecución de estas prácticas restrictivas.

De forma paralela, la Superintendencia abrió una investigación para determinar si Cotelco, en su ámbito nacional, facilitó el acceso y el intercambio de información comercial sensible entre sus afiliados a través del denominado ‘Sistema de Información Hotelero’ (SIH). Según el comunicado oficial, “se habría permitido a cualquiera de los hoteles afiliados ingresar al sistema con la posibilidad de visualizar libremente la información comercial sensible de sus competidores, hacer comparativos y seguimientos del comportamiento comercial de los hoteles”.

Los compromisos de Cotelco en medio del escándalo

Ante estos señalamientos, Cotelco asumió una serie de compromisos orientados a corregir las conductas bajo investigación. Entre las medidas adoptadas se encuentra la adecuación del SIH para restringir el acceso a datos sensibles que puedan facilitar la coordinación anticompetitiva entre hoteles, según citó El País de Cali.

Además, la asociación se comprometió a implementar un sistema de gobernanza en materia de libre competencia económica, lo que implica modificar sus estatutos y su código de ética, así como crear un programa de cumplimiento y establecer protocolos específicos en la materia.

Otra de las garantías asumidas por Cotelco consiste en obtener un certificado de buenas prácticas de protección de la libre competencia ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec). Asimismo, la entidad pondrá en marcha un programa de formación en libre competencia dirigido tanto a las personas vinculadas a la organización como a sus afiliados y al público en general.

Estas garantías tendrán una vigencia de tres años, periodo durante el cual la Dirección de Cumplimiento de la SIC realizará un seguimiento permanente a la entidad. En caso de que se incumplan los compromisos, la Superintendencia podría iniciar una nueva investigación administrativa e imponer multas equivalentes a cien mil salarios mínimos.

Mientras tanto, la Delegatura para la Protección de la Competencia continuará con la investigación sobre los trece hoteles de Cali para esclarecer los hechos. Hasta el momento, la SIC no ha divulgado la identidad de los establecimientos involucrados, ya que la indagación permanece en curso.

¿Cómo comenzó la investigación?

La SIC informó, a través de un comunicado emitido el 11 de octubre de 2024, que comenzó la investigación formal e impuso medidas cautelares tanto a Cotelco como a los hoteles implicados, que para entonces eran nueve. La decisión se fundamentó en los hallazgos obtenidos por la Delegatura de Protección de la Competencia, que realizó visitas administrativas a los establecimientos en junio pasado y recopiló información relevante para el caso.

De acuerdo con el comunicado, la Superintendencia identificó indicios de que los hoteles habrían establecido un mecanismo para compartir información sensible, específicamente en el contexto de la prestación de servicios durante la COP16.

La investigación detalla que, a través de reuniones y conversaciones en WhatsApp, los hoteles habrían intercambiado datos sobre tarifas por habitación y niveles de ocupación, con el objetivo de coordinar la atención a la demanda generada por la llegada de delegaciones y visitantes al evento internacional. Este comportamiento, según la SIC, podría constituir una infracción a las normas de libre competencia.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una condena contra una empresa financiera por otorgar un préstamo a nombre de una persona cuya identidad había sido usurpada a través de un documento de identidad apócrifo. El tribunal de Alzada ratificó que la entidad deberá indemnizar al damnificado con un pago de 1,15 millones de pesos por los daños derivados de ese episodio, sin embargo, revocó la aplicación de una multa por “daño punitivo”, tras considerar que la conducta de la firma fue negligente pero no deliberada.

El caso se inició a partir de la demanda presentada por Federico B., quien denunció que Compañía Financiera Argentina S.A. le había otorgado un crédito a un tercero desconocido que utilizó su DNI, extraviado y denunciado con anterioridad. Como consecuencia de ese préstamo, el demandante fue informado erróneamente como deudor al Banco Central y pasó a figurar en distintas bases de datos comerciales como la empresa Veraz.

En su presentación judicial, el hombre solicitó la nulidad del “préstamo que no contrajo”, una reparación por daños y perjuicios y la aplicación de sanciones bajo la ley de Defensa del Consumidor debido a “los contratiempos, problemas, tiempo, trámites y demás cuestiones” que atravesó “por la inoperancia de la demandada”.

La magistrada del Juzgado Nacional en lo Civil N°49, Viviana Torello, dio por cierto que el demandante no había solicitado el crédito en cuestión, algo que la financiera aseveraba. Para eso, la jueza tuvo en cuenta los resultados de la pericia caligráfica que determinó que las firmas, aclaración y número de documento atribuidos a Federico B. en el legajo original de contratación del préstamo no correspondían a su puño y letra.

“Este elemento resulta contundente a los efectos de tener por probado que el denunciante no suscribió la documentación respaldatoria de la asignación del préstamo por lo que no fue él quien lo solicitó”, expuso la magistrada.

También postuló que “la baja calidad de la fotocopia incorporada al legajo impide visualizar con claridad la fotografía incorporada al DNI tarjeta que habría sido presentado por el tomador del préstamo por lo que, si bien resulta factible la hipótesis de que la empresa haya incorporado al legajo las copias que el propio B. les proporcionó cuando inició su reclamo ante ellos, tampoco puede descartarse que se haya gestionado con un ejemplar falsificado con datos ciertos pero con una fotografía distinta a los efectos hacer incurrir en el error al otorgante del préstamo y obtener el dinero buscado".

Así, la jueza de primera instancia le impuso a la financiera la obligación de pagar $1.150.000 en concepto de daños material -150 mil pesos-, moral -500 mil- y punitivo -500 mil-. La empresa apeló esa decisión y negó que el préstamo hubiese sido otorgado a otra persona. A su vez alegó que el DNI presentado coincidía con el actual del actor y que no había prueba suficiente para sostener la hipótesis de una usurpación de identidad.

Con la impugnación el expediente se radicó en la Sala F de la Cámara Civil porteña, integrada por la jueza Gabriela M. Scolarici y Claudio Ramos Feijóo, quien se encargó de liderar el acuerdo y redactar el voto.

“Es obligación del apelante que cuestiona la apreciación de los hechos de autos por parte del sentenciador, criticar el razonamiento de este, demostrando el manifiesto error de sus conclusiones confrontándolo con las constancias objetivas de la causa (...), y nada de eso ocurre en la ‘expresión de agravios’ -del demandado-, pues no se rebaten los argumentos por los cuales la magistrada de grado admitió la acción”, consideró el camarista al exponer su postura.

Además, resaltó que la empresa no ofreció testigos ni presenció las audiencias testimoniales celebradas durante el proceso civil. “La recurrente tampoco intenta controvertir la valoración de la prueba testifical, cuyos testimonios demuestran la disvaliosa situación que ha vivido el actor y su familia a raíz de los hechos de autos”, indicó.

Respecto del daño moral, el líder del acuerdo -con la posterior adhesión de su colega- confirmó el monto de 500.000 pesos y ponderó que durante el proceso “se acreditó que tanto el actor como su familia recibieron mensajes de texto y llamados telefónicos de aviso de deuda por parte de la entidad financiera demandada. Asimismo, conforme surge de la contestación el B.C.R.A. se verificó que B. figura registrado en la empresa ‘Veraz’, en virtud de la deuda que Compañía Financiera S.A. le informara".

Según el fallo, esos hechos configuraron en el demandante “afectaciones al espíritu, sentimientos de dolor, angustia y padecimientos” susceptibles de ser reparados monetariamente.

Por otra parte, el tribunal de Alzada hizo lugar al planteo de la demandada contra la aplicación de una multa por daño punitivo. En la resolución anterior, la jueza había argumentado que correspondía aplicar esa figura “a modo ejemplificador dadas las disvaliosas circunstancias que rodearon los acontecimientos y el incumplimiento de las obligaciones que se encontraban a cargo de la demandada, en su posición dominante“ y con carácter “preventivo”.

Para la Sala F, si bien hubo una conducta negligente por parte de la entidad al no chequear correctamente la identidad del solicitante, no se verificó en el caso la gravedad necesaria para justificar una sanción excepcional.

“Así las cosas -redactó el juez Ramos Feijóo-, aun cuando se considere que la demandada no ha cumplido con sus obligaciones, no advierto gravedad en su conducta que justifique este tipo de sanción pecuniaria, pues si bien existió una conducta negligente en las diligencias que debió adoptar a fin de evitar el menoscabo que ha debido padecer el actor por el accionar de un tercero quien ha podido eludir los mecanismos de prevención, control y seguridad que toda empresa que otorga préstamos debe observar (...), entiendo que no alcanza para concluir que existió una deliberada intención de un ilícito culpable que merezca una sanción punitiva como la pretendida, con grave menosprecio por los derechos de los consumidores".

En esos términos, la Cámara modificó parcialmente el fallo apelado y dejó sin efecto la multa de 500 mil pesos. Las demás partidas indemnizatorias fueron ratificadas, así como la imposición de costas a la parte demandada.

La posibilidad de un enfrentamiento entre Ilia Topuria, e Islam Makhachev, uno de los luchadores más dominantes de la UFC, alimentó durante meses las expectativas de los fanáticos del MMA. Sin embargo, el combate nunca se concretó. Recientemente, Umar Nurmagomedov, primo de Khabib y compañero de Makhachev, reveló un factor determinante que impidió que ambos cruzaran sus caminos: la influencia estratégica que la UFC tuvo en el cambio de división de Makhachev. Según Umar, la organización busca posicionar a Topuria como su próximo gran campeón en el peso ligero, cuidando al mismo tiempo su inversión en ambas figuras.

El punto de inflexión ocurrió tras UFC 315, cuando Belal Muhammad cayó derrotado frente al australiano Jack Della Maddalena. Islam Makhachev, entonces campeón de peso ligero, decidió subir de categoría al peso wélter con la intención de buscar el doble campeonato y consolidarse como uno de los grandes nombres en la historia del MMA. Esto implicó que el daguestaní dejara vacante el cinturón de las 155 libras, un título ansiado por Topuria, marcando así un nuevo capítulo en esta división.

Las críticas hacia Makhachev no tardaron en llegar, con múltiples voces sugiriendo que su decisión de cambiar de división era un intento de evitar medirse con El Matador. Sin embargo, Umar Nurmagomedov aclaró en una entrevista reciente con Adam Zubayraev que esta decisión no fue personal, sino producto de la presión ejercida por la UFC.

“La UFC quiere convertir a Topuria en campeón del peso ligero”, explicó Umar. “Hunter Campbell, matchmaker de la UFC, vino a hablar con Islam a Daguestán. Querían que subiera de peso para no arriesgarse a que una de sus dos grandes estrellas quedara neutralizada. Creen que Ilia puede vender muchas peleas, por eso prefieren darle camino libre hacia el cinturón”. Estas declaraciones develan una estrategia cuidadosa de la promotora para no enfrentar a dos peleadores con potencial mediático y comercial en su momento de ascenso.

Mientras Makhachev se enfoca en su debut en el peso wélter, Topuria tiene frente a él un reto crucial. En el evento estelar de UFC 317, que se llevará a cabo en la madrugada del 28 al 29 de junio, El Matador se enfrentará a Charles Oliveira, histórico finalizador brasileño conocido como Do Bronx. El combate determinará al próximo campeón del peso ligero y representará la prueba definitiva para Topuria, quien llega como favorito, aunque consciente de las habilidades de su rival, particularmente en la lucha en el suelo.

Topuria, que nunca ha ocultado sus ambiciones de hacer historia en el deporte, ya vislumbra una serie de posibles enfrentamientos tras conquistar, si lo logra, el cinturón. Entre ellos, ha señalado a peleadores como Paddy Pimblett como posibles defensas iniciales. Incluso, el español no descarta subir eventualmente al peso wélter con la intención de convertirse en el primer triple campeón en la historia de la UFC. Este sueño refleja la proyección que la compañía parece tener para El Matador, consolidándolo como una de sus figuras más prometedoras.

El desafío de Makhachev en el peso wélter

Por su parte, Islam Makhachev enfrentará a Jack Della Maddalena a finales de año en un combate sin fecha oficial aún, pero que genera alta expectativa. Enfrentar a Maddalena, un experto en striking que viene de una contundente victoria contra Belal Muhammad, supondrá un reto significativo para el daguestaní. Aunque su especialidad ha sido tradicionalmente el grappling, Makhachev ha mejorado su desempeño en combates de pie, lo que será clave enfrentándose a un oponente que domina este ámbito con una alta capacidad de noqueo.

El objetivo de Makhachev no se limita al peso wélter. Según Umar Nurmagomedov, Islam no renuncia a volver al peso ligero en un futuro y buscar el doble campeonato. “Islam quería seguir peleando en las 155 libras. Puede ganar el título de peso wélter, regresar al peso ligero y conseguir ambos cinturones”, afirmó.

Un enfrentamiento inevitable en el horizonte

Aunque Topuria y Makhachev han tomado caminos distintos, existe una sensación de que su enfrentamiento será inevitable en algún momento. La UFC, con su potencial alcance global, no desperdiciaría la oportunidad de enfrentar a dos de sus figuras más relevantes en el escenario adecuado, siempre y cuando ambos manejen con éxito sus respectivas trayectorias.

Para que esto ocurra, tanto Topuria como Makhachev deberán imponerse en sus próximos compromisos, dejando el escenario preparado para una posible superpelea histórica. Por ahora, El Matador tendrá que sortear el desafío de Oliveira, mientras que Makhachev buscará adaptar su estilo al peso wélter frente al peligroso Maddalena. Los fanáticos del MMA permanecen atentos al desenlace, con la expectativa de que ambos puedan encontrarse cara a cara en el octágono en el futuro próximo.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la intervención como querellante de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual en una causa que investiga el sometimiento de al menos trece mujeres en un prostíbulo de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, entre 2015 y 2018. La Sala IV del más alto tribunal penal rechazó los recursos presentados por las defensas de dos imputadas y confirmó, así, la resolución del Tribunal Oral Federal fueguino que le había permitido participar del juicio, pese a que su pedido fue formulado fuera del plazo procesal previsto.

Se trata de una causa donde se encuentran acusados Iván Napoleón Israel González, Yanina Paola Aseff, María de los Ángeles Velázquez y Diana Magalí Jara por integrar una organización que habría operado en un domicilio de esa ciudad sureña “por lo menos desde el 03/07/2015 hasta el 13/10/2018, día en que tuvo lugar el allanamiento de dicha residencia”. La investigación se inició a partir de una denuncia recibida el 2 de julio de 2015 en el correo oficial de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, donde se informó que “un grupo de padres y madres de la ciudad de Córdoba, ante el temor por la creciente migración de mujeres jóvenes a (...) Río Grande, pusieron en conocimiento de la existencia de un lugar que funcionaría como prostíbulo, ubicado en la calle Rosales N° 632”.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los hechos afectaron a trece víctimas mujeres, identificadas en las actuaciones por sus iniciales: GEL, ANP, IC, IMM, JY, FVC, EPC, MLR, VES, RDJ, CRNP, JP y EPA. Siempre según el documento acusatorio, Aseff habría estado a cargo del traslado de varias de ellas, mientras que todos los demás participaron en su recibimiento o acogimiento en el inmueble donde se concretaba la explotación.

En la acusación también se imputó una “finalidad consumada de facilitar y comerciar el ejercicio de la prostitución ajena, agravado por haber mediado abuso de una situación de vulnerabilidad de las damnificadas, por la cantidad de ellas y por la cantidad de intervinientes”.

Entre las personas afectadas figura JY, quien el 22 de noviembre de 2017 denunció ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria que había sido llevada a Río Grande bajo engaño y que, una vez allí, fue conducida a una casa donde permaneció encerrada durante semanas: “Se encontraba privada de su libertad (...), era acompañada por una persona del lugar y le retenían el celular y su documento nacional de identidad”, constó en el expediente.

En enero de 2025, el Defensor Público de Víctimas solicitó que JY fuera admitida como querellante en el proceso penal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego hizo lugar a la petición, aún a pesar de que su pedido había sido planteado después de la clausura de la instrucción, es decir, fuera del plazo legal previsto.

Las defensas de Jara y Aseff cuestionaron esa decisión ante Casación, ya que consideraron que afectaba su derecho de defensa y vulneraba el principio de igualdad procesal.

Radicadas las actuaciones en la Sala IV, los jueces resolvieron desestimar por unanimidad los agravios invocados por las imputadas. En el voto que lideró el acuerdo, el camarista Mariano Borinsky sostuvo que el análisis del conflicto debía partir del “marco normativo constitucional”, y remarcó que el deber del Estado de garantizar la tutela judicial efectiva de las damnificadas es anterior a la sanción de la Ley 27.372, conocida como “Ley de Víctimas”. En ese sentido, aseveró que para ejercer el derecho a constituirse como querellante es “ineludible que esta conozca el derecho que le asiste”, y que en este caso no había constancias suficientes de que JY hubiera tenido ese conocimiento antes del cierre de la instrucción penal.

A lo largo de la sentencia, Borinsky retomó el criterio establecido en el precedente “Navarro”, donde la misma Sala IV sostuvo que “las omisiones estatales de brindar ese conocimiento efectivo en las instancias procesales previas a la remisión a juicio, no podían ser un obstáculo a sus posibilidades de impulsar el proceso penal por su cuenta”. En este caso, el juez entendió que “la incertidumbre sobre el ‘alcance y contenido’ de los derechos informados por las profesionales” del Programa Nacional de Rescate en 2019 justificaba la admisión de la damnificada como parte del proceso aún en forma extemporánea.

Además, la resolución aclaró que no existía un daño procesal concreto para las imputadas. “El perjuicio invocado por las impugnantes en autos resulta meramente conjetural”, dijo Borinsky, y recordó que el requerimiento fiscal delimitará lo que será objeto de debate en el juicio. Por tanto, si la querella propone incorporar prueba nueva, su admisión quedará sujeta a la decisión de las partes.

Tras la adhesión del juez Javier Carbajo, el magistrado Gustavo Hornos coincidió con el rechazo de los recursos de casación y agregó que correspondía “enfatizar la importancia del interés legítimo de la damnificada, su carácter de particular ofendida y, especialmente, la necesidad de que el Estado garantice que la persona afectada conozca sus derechos procesales".

“No puede exigirse el cumplimiento de un plazo procesal -afirmó el camarista- si el propio Estado no ha garantizado de modo efectivo –ni probado en el expediente– que la damnificada conocía su derecho a constituirse como querellante”.

Asimismo, remarcó que “la ausencia de una notificación adecuada en instancias previas no puede constituir un obstáculo para su participación como parte querellante” y subrayó que JY “se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad estructural que ha limitado su efectivo acceso a la justicia”. Bajo esos parámetros, sostuvo que debía considerarse “su condición de mujer, el componente de violencia de género presente en los hechos denunciados, y su situación como persona explotada en un contexto de trata de personas”.

“Estas circunstancias, sumadas a la gravedad de los hechos investigados, refuerzan la necesidad de adoptar una interpretación que promueva una tutela judicial efectiva y garantice el pleno ejercicio de los derechos procesales de la damnificada”, precisó Hornos.

Luego agregó: “Recordemos que en los delitos en los que se ve involucrada la explotación sexual de las mujeres, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las damnificadas frente a su agresor, amerita una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso”, y añadió que esa obligación surgía del compromiso internacional del Estado argentino en tanto “se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución.

“En este escenario -concluyó el juez-, no quedan dudas que los hechos que se discutirán en el juicio oral y público abarcan también aquellos denunciados por quien ha sido fundadamente tenida como parte querellante. Lo que permite inferir que JY cumple con los requisitos normativos para ser tenida como parte bajo ese carácter, de conformidad con la normativa procesal prevista sobre el punto”.

La prueba organizada por el Jefe buscaba determinar al nuevo líder de la semana. Así que los participantes debían responder preguntas relacionadas con temas de cultura general, y el formato de la competencia se dividió en tres rondas eliminatorias, donde se iban descartando participantes.

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En una de estas etapas, Karina García logró superar a sus contrincantes, entre las que se encontraba Norma Nivia, Lady Tabares y la Toxi Costeña. Entre las preguntas que debieron resolver se incluyeron temas como el número de corazones que tiene un pulpo, el mamífero terrestre más grande del mundo y el país que posee la mayor parte de la región amazónica.

La respuesta de Karina García tras su victoria

Tras obtener la mayor cantidad de respuestas correctas, Karina García aseguró su lugar en la final de la prueba de liderazgo, en la que tuvo que competir contra Mateo y La Liendra. Sin embargo, su triunfo no estuvo exento de comentarios, pues a Norma Nivia no le pareció el triunfo de la creadora de contenido, e indicó que ocurrió por su rapidez al correr dejando entrever que piensa que su “contrincante” no es lo suficientemente inteligente, lo que generó una respuesta directa de la influenciadora: “Yo de bruta no tengo un pelo”, dejando claro que su desempeño fue resultado de su conocimiento y no solo de su velocidad.

Karina García expresó su alegría por el logro, aunque también expresó cierta preocupación al saber que en la gala final debía enfrentarse a Mateo Varela y La Liendra, teniendo en cuenta su notoria agilidad.

Antecedentes entre las participantes

El triunfo de Karina García no solo generó comentarios dentro de la casa, también en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron sobre el desempeño de las participantes y se fueron en contra de la actriz por sus duros comentarios en contra de su compañera, pues fue notoria su molestia.

Algunos usuarios recordaron declaraciones previas de Norma Nivia sobre Karina García, realizadas durante una conversación con Mateo Varela, pues afirman que le tienen “celos” por su cercanía con el participante también conocido como Peluche. Estas palabras fueron retomadas por algunos internautas para defender a la influenciadora, así como otras opiniones como: “La única impresión que teníamos de norma se lo quitó Karina, pensábamos que Norma era inteligente pero Karina sorprendió” y “Norma le tiene celos a Karina desde que comenzó el reality”.

“Ya es mucho el odio de Norma Tibia con Karina mamita, que la suelte pues”, indica otra de las opiniones, que fue apoyada con comentarios como “Podrá ser lo que sea, pero la vieja se esforzó en su prueba, Norma debe aprender aprender a no menospreciar”.

A pesar de las diferencias y los comentarios, tanto Karina García como Norma Nivia continúan dando de qué hablar en el reality show y no solo buscan destacar por sus habilidades en las pruebas, sino por sus personalidades y estrategias dentro del programa que sigue siendo un espacio donde las dinámicas entre los participantes captan la atención de los televidentes, que esperan con interés los próximos enfrentamientos y decisiones que marcarán el rumbo del concurso.

La capital del país sigue atravesando una ola de inseguridad que tiene en alerta a los ciudadanos, pues los criminales están atentos a cualquier oportunidad para amenazar a la habitantes y arrebatarles sus pertenencias de valor, sin importar la hora ni el lugar. Durante el 12 de marzo de 2025 se denunció un robo que ocurrió en inmediaciones del barrio Onassis, que se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy.

Uno de los testigos reveló al medio local Citytv que los criminales hicieron la parada a uno de los buses azules del Sistema Integrado de Transporte de la capital del país, conocido como Sitp. Apenas abrió la puerta, los sujetos abordaron el vehículo y desenfundaron sus armas para amenazar a los pasajeros y el conductor.

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Los criminales recorrieron los puestos y le exigieron a los ciudadanos entregar sus celulares y demás pertenencias, que guardaron de forma ágil para posteriormente bajarse del bus y huir corriendo con rumbo desconocido. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad del sector, los ciudadanos se percataron que no actuaron solos, pues un taxi los estaba esperando muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

Y es que los tres criminales llegaron al lugar en el vehículo que era conducido por un cuarto cómplice, que esperó a que ellos cometieran el delito y apenas terminaron, les abrió las puertas para que pudieran huir sin ser detectados. Incluso, llama la atención que el taxi tenía las placas ocultas, lo que demuestra que esta es una banda que se dedica a afectar a la ciudadanía en repetidas ocasiones.

Ante lo sucedido, los ciudadanos piden que se incrementen las acciones para evitar que la delincuencia continúe tomándose la ciudad y robándose los objetos por los que los ciudadanos trabajan, puesto que este no es un hecho aislado y la inseguridad en este y otros sectores parece no tener fin.

Incremento de robos: usuarios exigen mayor seguridad en Bogotá

Los paraderos de buses en Bogotá se han convertido en puntos críticos para la seguridad de los ciudadanos, especialmente en sectores como Puente Aranda, Fontibón y Ciudad Bolívar, donde los usuarios denuncian una creciente vulnerabilidad ante los robos. Y es que a mediados de febrero de 2025 se registraron 111 casos de hurto a pasajeros de estos sistemas de transporte, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte, las modalidades de robo más comunes son el atraco a mano armada y el cosquilleo, siendo los horarios nocturnos los más peligrosos debido a la menor afluencia de pasajeros en los buses. Ante estas cifras, la Policía anunció que ha intensificado sus esfuerzos en respuesta a esta problemática, y es que se logró la captura de 30 delincuentes en flagrancia y fueron recuperados más de 100 teléfonos móviles robados. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para frenar la percepción de inseguridad entre los usuarios.

Los paraderos con más casos de robo

Un reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá identificó varios paraderos como los más inseguros del sistema de transporte público. Entre ellos se encuentran la calle 13 con avenida 68 en Puente Aranda, la avenida 68 con calle 24 en Fontibón, el sector de Meissen y la entrada a Lucero en Ciudad Bolívar, así como la calle 19 con avenida Caracas en el centro de la ciudad.

Estos puntos son señalados por los usuarios como lugares donde los robos son más frecuentes, lo que generó un llamado para reforzar la presencia policial y mejorar la iluminación en estas áreas, así como implementar medidas de seguridad para evitar estas situaciones.

No son pocas las críticas a nivel nacional relacionadas con el uso que le da el presidente Gustavo Petro a su cuenta de X.

Hay quienes señalan que el primer mandatario no siempre se asesora sobre la veracidad y el origen del contenido que publica, afectando su propia credibilidad.

Así fue en las últimas horas a propósito de un video en que celebra que, supuestamente, en Montes de María hay más producción de aguacates. Al final, el clip terminó siendo de Brasil.

El periodista Félix de Bedout, tan pronto como vio la mencionada polémica, lanzó un cuestionamiento a quienes asesoran al primer mandatario en todo lo que respecta a su trabajo comunicativo.

“De verdad, al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño le parece normal que el presidente de la república suba con esa ligereza vídeos que no tienen nada que ver con lo que escribe ¿todo bien por allá?”, escribió de Bedout en X.

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El trino de la polémica

“En los montes de María ahora sale aguacate, antes sacaban era cadáveres”, indicó el primer mandatario en un mensaje que puso en la red social X, y en la que se veía a cuatro hombres descargando la fruta en un camión, la cual habría sido recolectada en esta región del país. La misma en la que se siembran otros cultivos de pancoger, como plátano, yuca, ñame y arroz, entre otros, para la subsistencia de los moradores que salen a ganarse, día a día, su sustento.

No obstante, tras conocerse el contenido de este mensaje, no tardaron en aparecer evidencias de cuál sería el origen de estas imágenes, que de acuerdo con los internautas serían de Indonesia; aunque otros posteriormente aclararon que se trata de Brasil, pues se escuchan diálogos en portugués entre quienes descargan el alimento y resaltaron que el video fue compartido originalmente por el creador de contenido João Souza; todo un yerro para una fuente de información primaria.

En efecto, el video surgió de TikTok, y muestra la recolección de este producto que suele ser usado como ingrediente de ensaladas y salsas, o crudo, en el país asiático, que es uno de los más importantes productores en esa región del mundo. Pero Petro, citando a la cuenta en X Ave Fénix, lo asoció con los procesos que ha querido sacar adelante en Colombia, como parte de sus promesas de campaña, en la que –incluso–∫ se atrevió a decir que daría más réditos que la extracción de petróleo.

No faltaron los comentarios que le recordaron al jefe de Estado que, para que un árbol de aguacate dé este tipo de fruto, pasan entre 5 y 10 años; cuando su gobierno empezó hace solo dos, por lo que sería matemáticamente imposible que fuera gracias a su gestión que se registraran masivas cosechas, como las que intentó promocionar a través de sus redes sociales, con este video que, aun después de las observaciones de los usuarios, continuaba en el perfil del presidente.

No es la primera vez, como se sabe, que descubren una publicación engañosa a Petro, que para su desgracia adquirió esa fama desde que estaba en campaña. Es más, el mandatario venía de confundir Palmira con Medellín, durante las protestas del 19 de septiembre, en la que sus simpatizantes salieron a defender la reforma pensional, que en caso de no ser declarada inexequible por la Corte Constitucional entrará en vigencia el 1 de julio de 2025.

Otra de las que se pronunció en sus redes y no dejó pasar la oportunidad fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que en su cuenta de X catalogó a Petro como el ‘Rey de las fake news’. Y así, poco a poco, fueron surgiendo más comentarios de la manera en que desde el perfil del jefe de Estado, que por lo general tendría que gozar de amplia credibilidad, cada mensaje puesto genera dudas sobre las intenciones y, sobre todo, la veracidad del mismo.

En medio del debate sobre la reforma constitucional que busca modificar las funciones y la estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE), este organismo procedió a renovar su mesa directiva.

El exrepresentante a la Cámara por Atlántico y miembro del partido Cambio Radical, César Lorduy Maldonado, fue designado como nuevo presidente del CNE, en reemplazo de la magistrada Maritza Martínez, del Partido de la U.

Lorduy ha mantenido una postura distante del gobierno de Petro, lo que añade una capa de tensión política. Cambio Radical, junto con el Centro Democrático, se ha declarado en oposición al gobierno, postura que han evidenciado en la tramitación de diversos proyectos de ley en el Congreso.

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Cristian Ricardo Quiroz Romero fue nombrado como vicepresidente y acompañará a Lorduy en la mesa directiva durante un periodo de un año.

El nuevo presidente del CNE, quien asumirá su cargo oficialmente el sábado, aseguró que su prioridad será aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral, haciendo énfasis en la vigilancia rigurosa del cumplimiento de las normas y la protección de los procesos democráticos.

Según Lorduy, el CNE debe mantenerse cercano a la ciudadanía, destacando la importancia de un diálogo constante con las regiones: “La democracia es descentralizada y se construye en las regiones”, afirmó.

Entre sus objetivos, Lorduy también destacó el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Se comprometió a impulsar el proyecto de paridad de género que actualmente avanza en el Congreso, además de promover medidas dentro del CNE para hacer realidad la equidad de género en la política colombiana.

En cuanto a la modernización del organismo, Lorduy anunció que el CNE continuará aplicando la normativa electoral y garantizará los derechos políticos apoyándose en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para hacer más eficientes los procesos electorales.

El CNE ha sido foco de atención recientemente, ya que está en espera de votar una ponencia que pide abrir una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de los topes electorales en 2022, con un excedente superior a cinco millones de pesos en ambas vueltas.

Esta situación ha generado malestar en el gobierno, y el presidente Petro ha sugerido que se estaría gestando un golpe de Estado en su contra, no desde los militares, sino desde entidades como el CNE, argumentando que se estarían desconociendo los mandatos de la Constitución en cuanto a las competencias para investigar al jefe de Estado.

La nueva dirección del CNE, con Lorduy al frente, promete ser clave en el desarrollo de estos acontecimientos y en el futuro del panorama político colombiano.

Polémicas de Lorduy en panorama político colombiano

El 26 de agosto del año en curso, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y el entonces magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy, protagonizaron un acalorado debate durante un panel sobre el voto de la mujer en Colombia.

La congresista del partido Dignidad criticó abiertamente la participación de Lorduy como moderador del evento. “Desde que empezó este panel he estado muy incómoda por el hecho de que un tema tan importante para la lucha de las mujeres, como lo ha sido el voto femenino, esté siendo moderado por usted, magistrado Lorduy, que fue denunciado presuntamente por haber cometido un feminicidio”, comentó la congresista en el evento que fue transmitido en redes.

En esta oportunidad, la legisladora comentó a quienes se encontraban en el panel citado por el CNE que “para mí estar en política como mujer feminista ha implicado momentos como este, que no son fáciles para mí”, y lamentó profundamente que la magistrada Alba Lucía Velázquez no pudiera asistir al foro, dejando la moderación en manos del magistrado Lorduy. “Lamento muchísimo que haya terminado siendo moderado por usted, porque yo no me siento para nada cómoda”, reiteró Pedraza.

Incluso, la representante criticó que el evento fuera moderado por Lorduy, pues las acusaciones que pesan en su contra, aunque ya prescribieron ante la justicia, sentarían un mal presedente para la lucha de los derechos de las mujeres.

“Tengo que decir que cuando usted se subió a la tarima me pasó un escalofrío porque me parece una hipocresía absoluta que un panel sobre los derechos de las mujeres esté siendo moderado por un magistrado que fue denunciado presuntamente por feminicidio. Y es un caso frente al que hay muchas dudas, muchas críticas, presuntamente por esta participación”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó un nuevo informe que actualiza las proyecciones de crecimiento económico para Colombia en 2024 y 2025, destacando algunos desafíos y riesgos clave que el país debe considerar en los próximos meses.

De acuerdo con el informe, la economía colombiana cerrará 2024 con un crecimiento del 1,8 %, una mejora frente al 1,2 % que había anticipado el organismo en su reporte de mayo. Sin embargo, para 2025, la OCDE revisó a la baja su proyección, pasando de un 3,3 % a un 2,8 %. Aunque las perspectivas a corto plazo muestran signos de recuperación, el país enfrenta retos para consolidar un crecimiento sostenido.

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Factores de crecimiento: consumo sólido y política monetaria flexible

El consumo privado será uno de los motores clave para el crecimiento, respaldado por la disminución gradual de la inflación y una política monetaria más laxa, con el Banco de la República proyectando nuevas reducciones en las tasas de interés.

Las remesas que llegan del exterior seguirán jugando un papel importante en el impulso del consumo interno, según señala la OCDE.

Inversión y exportaciones, recuperación moderada

En cuanto a la inversión, el informe pronostica una recuperación moderada a medida que las condiciones financieras mejoren paulatinamente. No obstante, la inversión seguirá siendo limitada en comparación con niveles previos a la pandemia. Las exportaciones, por su parte, crecerán a un ritmo lento, lo que refleja el impacto de un entorno económico global más restringido y las tensiones geopolíticas que afectan a los mercados internacionales.

Factores como el paro de camioneros podrían afectar la cifra de balance anual, especialmente si se tiene en cuenta que gremios como Analdex dieron a conocer, con preocupación, las millonarias pérdidas que cada día de paro traía consigo.

Inflación en descenso gradual

El informe también resalta que la inflación en Colombia, que ha sido un problema persistente, se acercará al objetivo del 3 % fijado por el Banco de la República para finales de 2025. Aunque se espera que la desinflación continúe en los próximos meses, los riesgos a la baja persisten. Entre ellos, la OCDE menciona posibles anomalías climáticas, una inflación prolongada, la incertidumbre política y económica tanto a nivel local como global, así como condiciones financieras más restrictivas a nivel internacional.

El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (6 de septiembre) reveló que la inflación en Colombia para agosto de 2024 presentó una variación anual de 6,12% y una variación mensual del 0%, lo que representa una notable disminución de 5,31 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se encontraba en 11,43%.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, señaló que cinco categorías de gasto superaron el promedio de inflación anual de agosto, que se situó en 6,12%. Entre estas, el sector de la educación destacó como el principal impulsor de la inflación, con una variación del 10,60%, impulsada por el costo de las matrículas en colegios y universidades, lo que sigue afectando el acumulado anual.

Riesgos a la vista: incertidumbre global y factores locales

Pese a las señales positivas en algunos indicadores, la OCDE advierte que Colombia debe estar atenta a varios riesgos que podrían afectar sus proyecciones de crecimiento. Entre estos destacan la volatilidad global, las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático, que podrían afectar sectores clave como la agricultura y la exportación de materias primas. Además, el contexto de incertidumbre política en el país, sumado a posibles restricciones financieras a nivel global, plantea desafíos adicionales para el desarrollo económico sostenido.

En resumen, aunque Colombia muestra indicios de recuperación en su economía, el panorama sigue siendo complejo y vulnerable a factores externos e internos. La OCDE subraya la necesidad de seguir monitoreando estos riesgos para poder adaptar las políticas económicas que promuevan un crecimiento más estable en los próximos años.

Wendy Sánchez, conocida también como ‘Wendy la India’, estuvo presente con varios de los hinchas de la Selección Colombia que, en la previa del partido, departían en las inmediaciones del Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Algunos de ellos, gratamente sorprendidos, se tomaron fotografías con la mujer que llamó la atención por su atuendo desde la Copa América.

El entusiasmo y el furor que provocó Wendy Sánchez fue tal que alrededor de ella tenía a varias personas -la mayoría hombres- esperando su turno para, abrazándola, quedarse con un registro fotográfico.

En la caja de comentarios de la publicación en el perfil de Colombia Oscura algunos de los usuarios de X criticaron la conducta de los allí presentes, señalando que estaban cegados por sus impulsos.

“Me perdonan la expresión, pero parecen unos simios en serio y no, no me tomaría una foto con una vieja X solo por tener atributos físicos atractivos, que daño cognitivo he de tener para hacer eso. Por esto y más cosas somos un meme andante”, escribió uno de los cibernautas.

A risky lift to the French opponent Paulin Riva with the Argentine defeat in the already unchanged final in Madrid seriously jeopardized the Olympic participation of Rodrigo Isgró, the best player of the year 2023 according to World Rugby.

The passing game specialist and key player in the attack of the leading team of the regular season of the last circuit was sanctioned for five games (initially 10) and, barring a successful appeal from the Argentine Rugby Union within 48 hours leading to a reduction of the penalty, he could only play a potential final or the bronze match in Paris 2024.

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In a statement following the misconduct, the Argentine had stated that “it was not an action in which I wanted to hurt him” and admitted that “I bowed my head and was sick, I overdid it”. After knowing the sanction, he made public a reflection on his Instagram account in which he said: “If I made a mistake I apologize and I will comply with what is determined. Hopefully they can understand what an Olympic Game means for any athlete.”

The rugby 7′s Olympic competition format (it will start on Wednesday, July 24, two days before the opening day), with a group stage and single-elimination crosses starting from the quarterfinals, requires that the maximum number of games played by a national team be six.

Luego de varios días de manifestaciones por parte de ciudadanos que se oponen al cobro de peajes en poblaciones aledañas a Cartagena, especialmente en la caseta de Turbaco, las autoridades anunciaron la suspensión temporal del cobro.

A través de sus redes sociales el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó la decisión de las autoridades con la que se busca dar un alivio a las tensas jornadas de manifestación que se registraron durante la última semana.

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Durante el viernes 24 de mayo de 2024 se llevó a cabo una extensa jornada de diálogos, en lo que algunos ciudadanos adelantaban bloqueos en el peaje de Turbaco. Al cierre del encuentro entre las autoridades y la comunidad, se estableció la suspensión del cobro de manera temporal.

“Termina la reunión con el Ministerio de Transporte, la ANI, la alcaldesa de Turbaco Claudia Espinosa, transportadores y comunidad. Conclusión sigue mesa de trabajo permanente por un mes con comité todos los viernes. Se suspende cobro para categorías 1 y 2″, escribió el mandatario departamental en sus redes sociales.

Aún no se establece una solución definitiva

Aunque este no es un tema nuevo y la comunidad se ha manifestado en varias ocasiones, las autoridades siguen sin establecer una solución definitiva.

En rueda de prensa el gobernador aseguró que las mesas de diálogo continuarán pues la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco no es definitiva.

“Nos hemos dado un tiempo de un mes para realizar varias mesas de trabajo en la que se plantea la solución definitiva. Un mes donde van a estar las talanqueras arriba, como lo hemos pedido en esa mesa de concertación con el Ministerio de Transporte y con la ANI y con el concesionario”, dijo el mandatario departamental.

Así mismo, aseguró que esas instancias emitirán la resolución respectiva el lunes; ellos sacan la resolución el lunes 27 de mayo de 2024. Con ese documento se garantizará que las talanqueras se mantengan arriba durante un tiempo determinado, mientras se establece qué pasará con esa caseta.

De acuerdo con el gobernador Arana, las autoridades y comunidad se reunirán de manera regular para estudiar los avances en el tema. “Nos vamos a reunir periódicamente todos los viernes”, aseguró Yamil Arana.

En esa misma línea, explicó que las autoridades correspondientes adelantarán estudios para establecer el número y tipo de vehículos que se movilizan por ese corredor, así como la frecuencia en que lo hacen. Con esto se busca caracterizar a la población y de esa manera buscar una solución que los beneficie a todos.

Así mismo, aprovechó para lanzar pullas y resaltar que la concesión, que es motivo de las protestas, fue firmada a espaldas de la población.

“Ellos van a hacer una caracterización, van a identificar qué tipo de vehículos se mueven y cuántos vehículos se mueven, para poder plantear una reformulación a esa concesión que fue firmada en el 2021, como ya sabemos a espaldas de la ciudadanía. Se suspende el cobro nuevamente, buenas noticias para el departamento”.

Por qué protestan los ciudadanos en el peaje de Turbaco

Los peajes en corredores viales aledaños a Cartagena han sido motivo de protesta debido al aumento en el costo de vida que significan para la mayoría de los pobladores.

El motivo es que un número importante de habitantes de los municipios que rodean la capital de Bolívar, tienen que viajar todos los días a esa ciudad para trabajar o estudiar, por lo que el cobro de un peaje hace sus trayectos insostenibles.

Las protestas que se han adelantado en los últimos días han provocado alteraciones de orden público importantes, con daños en la estructura de la caseta, así como bloqueos que afectan la movilidad en el sector. De acuerdo con la Concesión Autopistas del Caribe, los daños superan los 25 millones de pesos.

Punto final de la carrera de una de las mejores tenistas y deportistas españolas de la historia. Algo que ya se veía en el horizonte, Muguruza había disputado su último partido oficial en enero del 2023, terminó en la confirmación de retiro.

La nacida en Caracas, Venezuela, pero nacionalizada española comunicó su retiro después de haber conseguido grandes logros, entre ellos ser número uno del mundo, ganar dos títulos de Grand Slam y ser campeona de la WTA Finals. La noticia se dio a conocer en una conferencia de prensa en el marco de los Premios Laureus a realizarse en el día de hoy.

Garbiñe Muguruza se convirtió en profesional en 2012 y ganó su primer título importante en 2016, Roland Garros, al vencer a Serena Williams, entonces número uno del mundo, en París por 7-5 y 6-4. A ese le siguió el título de Wimbledon en 2017 donde en esta oportunidad superó a Venus Williams por 7-5 y 6-0 haciendo historia en suelo inglés tras ser la primera española después de 23 años en lograr tal título.

A lo largo de su carrera también logró alzarse con diez títulos WTA, ser subcampeona de Grand Slam en Wimbledon 2015 y US Open 2020, fue campeona del WTA Finals 2021 y se coronó en tres Masters 1000. El hito máximo fue quizás lograr el primer puesto del ranking mundial en 2017 con 24 años.

Ese mismo año recibió el premio a Jugadora del año tanto para la WTA como para la ITF. En 2018 estuvo nominada al Premio Laureus, del cual será embajadora de acá en adelante, dentro de la terna de Deportista del Año.

La española de 30 años también representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, perdió en tercera ronda y Tokio 2020, donde alcanzó los cuartos de final. Además sumó nueve victorias y tres derrotas en la Copa Billie Jean King.