Hay momentos en los que una democracia no se define por las elecciones que celebra, sino por la manera como quienes ejercen el poder reaccionan cuando ese poder es sometido al escrutinio y la crítica. Cuando se les exige a los gobernantes rendir cuentas o cuando se les cuestiona, con datos y argumentos, sobre el ejercicio de su poder le estamos haciendo un check-up a la salud de nuestra pluralidad.

En ese marco, las auditorías en Nuevo León al gasto público, a las obras y al manejo de los recursos no son un castigo. Son una garantía para la sociedad y una obligación republicana. En una democracia, el poder no debería sentirse agraviado por ser revisado. Al contrario: debería entender que la rendición de cuentas forma parte del mandato que recibió de los ciudadanos.

Por eso el pasado viernes 17 de julio decidí acudir personalmente a solicitar que se audite mi gestión y, al mismo tiempo, pedir que las instituciones revisen las principales obras y fondos públicos del Gobierno del Estado. Lo hice porque ninguna actuación honesta debería temer ser comprobada. El que nada debe, nada teme.

Mi preocupación, sin embargo, va mucho más allá de una auditoría. También va mucho más allá de los arrebatos del Gobernador Samuel García que pretende juzgar y condenar desde el tribunal de las redes sociales y el stand-up a quienes pensamos distinto o señalamos ineficiencias de su administración. Que un gobernador llame “malagradecido” a un alcalde por exigir cuentas revela una visión equivocada del poder. Lo que hace un Gobernador en obra pública y en su trabajo entero no son favores personales ni concesiones de un monarca que debemos “agradecer”. Son obligaciones constitucionales financiadas con el dinero de los ciudadanos y no de su monedero individual.

El ciudadano nunca puede ser ingrato con el poder, porque el ciudadano es el verdadero soberano. Quien sí puede ser ingrato es el gobernante que olvida que su autoridad es temporal y que sólo existe para servir.

Durante buena parte del sexenio, el gobierno de Samuel García ha convertido la política en espectáculo. La comunicación ha sustituido a la gestión y las redes sociales se han comido a las políticas públicas. Mientras tanto, las familias siguen atrapadas en el tráfico, esperando obras inconclusas, enfrentando la contaminación y viviendo con incertidumbre sobre el agua. Eso sí es una verdadera ingratitud con Nuevo León.

A esa etapa el propio gobernador se encargó de bautizarla como el “modo party”. Hoy el problema parece haber evolucionado al “modo amparo”.

No cuestiono, que quede claro, el derecho de cualquier persona a utilizar los instrumentos legales que la Constitución reconoce protegerse. Todos pueden ampararse. Lo que sí cuestiono es la consecuencia política de un gobierno cuyo centro de gravedad dejó de ser resolver los problemas de Nuevo León para concentrarse en administrar sus propios conflictos y buscar blindaje jurídico a cualquier precio.

Cuando un gobernador pierde el foco, el estado entero pierde rumbo. La prueba más clara es que Nuevo León acumula tres años sin presupuesto. Eso no es normal en una democracia. Es un síntoma de ingobernabilidad. El presupuesto es el principal instrumento para ordenar prioridades, controlar el gasto y exigir resultados. Cuando durante tres años se gobierna sin él, la discrecionalidad sustituye a las reglas.

Iniciar una obra sin contar con suficiencia presupuestaria para concluirla o sin un proyecto ejecutivo sólido no sólo compromete su viabilidad; también constituye una irregularidad en la administración del patrimonio público. Significa condenar a la sociedad a sobrecostos, modificaciones interminables, retrasos e incertidumbre. Cuando desaparecen las reglas presupuestarias y la planeación técnica deja de ser una prioridad, florecen la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción. Ahí nace la tranza y el terreno fértil de la extorsión institucional.

Karl Popper decía que la pregunta central de la democracia no es quién debe gobernar, sino cómo impedir que quien gobierna abuse del poder. Por eso me preocupa que en Nuevo León se quiera presentar la fiscalización como un ataque político. No lo es. Es una obligación republicana. Y ser claudista, como yo orgullosamente lo soy, significa entender exactamente eso: la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho de la honestidad, la austeridad y la rendición de cuentas una forma de gobernar, porque no puede haber instituciones confiables cuando el poder se resiste al escrutinio.

Nuevo León, nunca me cansaré de decirlo, tiene empresarios extraordinarios, universidades de excelencia y una sociedad trabajadora. Lo que hoy necesita es un gobierno de tiempo completo. Por eso, es momento de regresar al único modo que merece Nuevo León: el modo gobierno, el modo trabajo.

Y hay una regla democrática que ningún servidor público debería olvidar en el modo trabajo: quien le tenga miedo a una auditoría, nunca debió aceptar la responsabilidad de gobernar. Punto.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

Regresaron los bombardeos norteamericanos a Irán, después que se firmara un Memorándum de Entendimiento, el cual ya había generado un distanciamiento con Israel. La decisión de negociar fue motivada por la cercanía con las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre de este año, con encuestas que favorecen a los demócratas, por lo que se buscó una salida que estabilizara el mercado del petróleo, reabriendo el estrecho de Ormuz, acuerdo que fue casi inmediatamente violado por Teherán, donde para paralizar ese estrecho, más que una marina de guerra solo necesita del funcionamiento habitual de los seguros, ya que basta cualquier incidente o la simple amenaza, para que se paralice la cobertura, tal como ocurriera en años anteriores con los Hutíes en el mar Rojo.

En todo caso, la negociación y su posterior fracaso demostró el insuficiente conocimiento que tiene EE. UU. de la región a pesar de su ya larga presencia, toda vez que victoria y derrota no significan lo mismo que en occidente, y Washington simplemente se equivocó al suponer que la superioridad militar y económica se traduciría en una ventaja diplomática o negociadora, y por ello, fue superado en la mesa de negociación por un país mucho más débil, lo que se notó desde la forma como se impuso el estilo iraní, aun antes que empezaran las negociaciones en Ginebra. Sus términos fueron los de la cultura del bazar que es mucho más que una tradición comercial, representando toda una escuela de negociación, paciente, compleja, atenta a las señales psicológicas de la contraparte, incluyendo el lenguaje no verbal. EE. UU. ingresó con objetivos claros y un cronograma, demostrando que mucha información tiene, pero como otras veces, su fracaso se debe no a la falta de datos sino lo que significan, la falta de comprensión de esa cultura, que especial atención le prestó al calendario electoral.

Al final se debió reconocer el fracaso, que lo registrado en el papel nada significaba para Teherán, la razón que se ha repetido por 47 años, que no son interlocutores confiables. Este cambio en EE. UU. ha tenido consecuencias, ya que los distintos actores se adaptaron al nuevo escenario de distintas formas, por lo que ha habido modificaciones en su posición hacia Irán, tanto en los países árabes como en el propio EEUU. Es decir, como los vacíos de poder no se mantienen en la realidad geopolítica del mundo, ante el hecho que Irán se ha debilitado y ya no produce el temor que generaba en la región como tampoco dispone de la red de proxis que había creado en varios países, salvo Hezbolá y los Hutíes, es Turquía quien se ha fortalecido para llenar ese vacío en representación del islamismo, por lo que Israel ya ha comenzado a prepararse para un escenario de creciente probabilidad.

Pase lo que pase en Ormuz, el futuro conflicto entre Turquía e Israel es la nueva fractura y el eje creciente de enfrentamiento estratégico ante el debilitamiento de Irán, visible para todos menos para la Guardia Revolucionaria, que bien podría estallar en Siria, país donde está presente Israel en defensa de los drusos, pero donde también Turquía es la potencia dominante en el actual gobierno, tal como Irán lo fuera en apoyo de la dictadura anterior.

Es también un conflicto que presenta novedades varias, toda vez que Turquía es parte integrante de la OTAN por razones que solo se explican por el hecho que esa organización fue creada en la guerra fría para detener el expansionismo de la ex URSS. Hoy, sus problemas internos hablan por sí solos, que quizás debió haber desaparecido junto con su rival del Pacto de Varsovia, ya que difícilmente Occidente y Turquía tienen los mismos amigos y enemigos, desde el momento que Erdogan está desde hace tiempo intentando acabar con el laicismo con el que Ataturk creó la Turquía moderna después de la primera guerra mundial.

Erdogan es expresión de la ideología de la Hermandad Musulmana en politica interna junto a su programa de islamización del país, y le crea desafíos profundos a Israel por un lenguaje descalificatorio de su existencia y que habla de recuperar Jerusalén para el islam, tal como existía en el imperio otomano. Desde la década del 60, Turquía ocupa un 1/3 del territorio de un integrante de la UE como Chipre, que con Israel hoy tiene una relación de mutuo beneficio en la explotación conjunta de gas del mediterráneo, proyecto que busca trasladarlo por un gasoducto, quizás por Bulgaria a Europa, en el que también participan los Emiratos y Grecia, el rival histórico de Turquía, y quizás, en el futuro, El Líbano.

Todo se complica aún más por la relación espléndida que ha establecido Erdogan con Trump, quien llegó a Ankara a la cumbre de la OTAN, “exclusivamente” por que como dijera el presidente estadounidense “tenía lugar en la capital de Turquía”, aplaudiendo una y otra vez, que Turquía invertía en defensa el porcentaje del PNB que todavía algunos europeos no cumplen. Todo este lenguaje adquiere importancia por dos motivos, que Trump establece relaciones basadas en las impresiones personales por sobre los intereses nacionales, lo que podría influir, en el segundo y más importante motivo, que estaría considerando la entrega de aviones F-35 a Turquía, lo que acabaría con la actual superioridad aérea que Israel goza en el medio oriente.

Hay un tupido velo que dificulta entender todo lo que está pasando, toda vez que los aliados estadounidenses desearían que Washington pudiera contestar preguntas que hoy no está en condiciones de responder, por lo menos hasta que el resultado electoral despeje lo que puede y no puede hacer, y no es una, sino que son varias las interrogantes. La primera es si ahora EE. UU. estaría dispuesto a llegar hasta el final para acabar con el Estado Islámico, la segunda duda es si se convencieron de que solo el cambio de régimen puede lograr que Irán renuncie a la bomba atómica. La tercera interrogante es si para obtener aquello estaría dispuesto a apoyar una rebelión de los kurdos, y, por último, si Israel va a recibir el apoyo suficiente para seguir bombardeando e intentando terminar lo que se inició el 28 de febrero, en caso de que EE. UU. posteriormente decidiera no continuar.

Sin embargo, tal como fue anticipado por especialistas, desde el punto de vista de EE. UU. este regreso a los bombardeos continúa debilitando militarmente a Irán. pero políticamente no se ha regresado a la situación del día anterior a su suspensión, toda vez que algunas dudas solo van a poder recibir respuesta después de otras elecciones ya fijadas para el 27 de octubre, día que va a decidir la continuidad de Netanyahu en condiciones que la Corte Suprema todavía no sentencia si es absuelto o condenado. En todo caso, la mayor sorpresa puede ser que la posición israelí no cambie mucho debido a que las políticas de defensa son de Estado más que de partido, por lo que seguramente con o sin su persona el escenario bélico con Teherán no debiera cambiar, como tampoco la situación de Gaza o el de conflicto creciente con Turquía. Sin embargo, si pudiera ocurrir en el caso de la Autoridad Palestina y el deseo de Trump que Gaza regrese a su seno, como etapa hacia el Estado Palestino.

Con sus bombardeos, EE. UU. causa un indudable daño a un Irán que cada vez tiene más dificultades para una respuesta mínima, por lo cual se concentra en atacar la industria petrolera de las monarquías árabes del Golfo, y cada vez son más escasos y distanciados los misiles que llegan a territorio israelí, debido a la fuerza con la que este responde y la total superioridad aérea que ha adquirido.

El error de EE. UU. fue ingresar a negociaciones, toda vez que no se previó el hecho que las concesiones alimentaron la fantasía de un triunfo en Teherán, ya que, para ellos lo principal era la supervivencia de la República Islámica, con lo que una derrota militar se transformó en un triunfo político. Así pasó con el entierro demorado del Ayatolá Ali Jamenei, convertido en enormes actos de apoyo al régimen.

Durante años Irán dedicó esfuerzos y recursos para que su voz fuera muy escuchada en varias naciones de la región, como también una red de proxis dispuestos a intervenir con armas en la política interna de sus países en nombre de la República Islámica, como también atacar a Israel. Hoy, ese poder se ha deteriorado mucho, y no solo por la acción militar de Israel, sino que EE. UU. ha tenido éxito en atraer al gobierno libanés hacia una negociación no solo de reconocimiento de Israel sino también en un acuerdo para eliminar o reducir el poder militar y político de Hezbolá, es decir, de Irán en ese país.

Por vez primera se están reuniendo en forma directa representantes de El Líbano e Israel, y todo apunta a relaciones plenas, aunque no se retire todavía el ejército israelí del sur del país vecino de donde han salido los ataques al norte de Israel. Se ha iniciado un proceso, en que las zonas o áreas que se consideren libres de presencia de Hezbolá se entregarían al ejército libanés, un éxito de Washington que ratifica lo logrado anteriormente con un acuerdo de delimitación marítima entre ambos países, que técnicamente están todavía en guerra, pero ahora Líbano tiene la posibilidad de recuperar su soberanía, la que había sido secuestrado desde Teherán.

Otro éxito ha tenido EE. UU. en Irak, con el nuevo gobierno, cuyo primer ministro fue recibido recientemente en la Casa Blanca, con elogios calurosos de parte de Trump, quien tuvo una relación tirante con su predecesor. Que la relación actual es positiva, se manifestó en el arresto con acusaciones de corrupción de ministros y otros altos funcionarios cercanos a Irán, incluso, milicias a favor de Irán fueron disueltas por estar interviniendo en los asuntos internos, lo que se agrega a la buena relación de Washington con el gobierno islamista que en Siria reemplazó a la dictadura de Al Asad, vínculos que son lo suficientemente buenos para que el gobierno haya interceptado en la frontera armas que iban desde milicias iraquíes a Hez bolá.

Desde otro punto de vista, la reposición de sanciones que ha acompañado el regreso de los bombardeos a Irán, esta vez tiene más posibilidades de causar daño real porque la agresión a países que habían decidido mantenerse neutrales como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar esta vez ha paralizado el uso que Irán hizo por muchos años de sus sistemas bancarios para seguir operando con el resto del mundo. Esa válvula se ha cerrado para Teherán agregándose al regreso del bloqueo de todos sus puertos al tráfico marítimo, cerrando el ingreso de pagos por el combustible vendido.

La nueva realidad se expresa también en que las monarquías del Golfo no tienen una misma y única actitud hacia Irán, además que algunas de ellas piensan que EE. UU. no los defendió adecuadamente, ya que ese era el motivo por el cual tenían bases militares en su territorio. Hoy, sobresalen 3 líneas, la de Qatar que a pesar de los daños recibidos mantiene una actitud amistosa hacia el régimen iraní, fundamentalmente por la relación estrecha que tienen desde hace tiempo por yacimientos de gas, donde son importantísimos actores a nivel mundial.

Un segundo camino es el de Arabia Saudita, que se ha alejado del proceso de acercamiento que estaba siguiendo hasta el 7 de octubre de 2023, aunque posteriormente Israel recibió apoyo, incluyendo el uso de su territorio para el ataque de junio del año pasado a Irán. Sin embargo, a pesar de los daños infligidos a sus instalaciones petroleras, el gobierno saudita ha mantenido un diálogo permanente con sus agresores, y ha respaldado los esfuerzos de Turquía y de Pakistán para encontrar una salida pacífica a la difícil situación en la que se encuentra la República Islámica. Además, Pakistán ha estacionado tropas como compensación al apoyo económico que recibe de Raid, trío de países que ha hablado de la creación de una especie de Frente Sunita al que también se podría agregar diplomáticamente Egipto.

La tercera actitud es la de los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos soberanos, situados en la costa este de la península arábiga, entre Omán y Arabia Saudita. A diferencia de las otras dos líneas, la de los Emiratos se ha distinguido por la forma valiente en que ha enfrentado la agresión iraní, confrontándolos militarmente, por lo demás, es el territorio que ha recibido más misiles desde Irán, más incluso que Israel, actitud que llevó a que éste, por vez primera trasladara su celebrada defensa contra misiles y cohetes a Dubái.

Los Emiratos han tenido su bautizo de fuego y han salido bien parados, lo que contrasta con la propia Arabia Saudita que posee armamento muy avanzado, casi al nivel de Israel, pero que no ha sido empleado en defensa de su territorio, a pesar de ser a nivel mundial el octavo país en gasto de adquisición. Hoy, ha decidido no confrontar a Irán, pero sí a sus proxis, ya que después de mucho tiempo volvió a bombardear a los Hutíes en un ataque al aeropuerto de Saná en Yemen.

Países y sociedades reaccionan en forma distinta ante una experiencia límite como puede ser una guerra, y así como en el pasado Qatar adquirió una línea política independiente a la vez que distinta de la de Arabia Saudita, incluyendo alianzas, un proceso similar parece estar repitiéndose con los Emiratos. En todo caso, lo que se inició como una simple diferencia en el Yemen, subió un escalón cuando se integraron activamente a los Acuerdos de Abraham, estableciéndose una relación tan mutua que es lo más cercano a un aliado de Israel en el medio oriente. Arabia Saudita no sólo no se integró a esos Acuerdos, sino que ha recibido en forma distinta la agresión iraní, ya que mientras los Emiratos la han respondido,en el caso saudita se ha puesto la otra mejilla.

El medio oriente, es siempre la zona del mundo donde mejor se combinan el fanatismo y el milagro, siempre sorprendiendo, siempre en ebullición, pero siempre en forma continua y permanente cambiando e intercambiándose las alianzas, realidad que siempre desconocen los que mucho opinan sobre una realidad tan diferente, opiniones que se hacen desde la comodidad de la lejanía, y por ello, casi siempre se dicen cosas equivocadas o no verdaderas.

Y también pueden volver a cambiar, ya que Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Unidos, todos trabajan para fortalecer salidas del gas y del petróleo que sean alternativa a Ormuz. Por ello, llamativo fue el hecho que en los días que estuvo abierto el estrecho, ningún país en el mundo entero se apresuró a aceptar la oferta de Irán de trato privilegiado en precio, lo cual indica que probablemente la interrupción forzosa se va a volver en contra de sus intereses permanentes, ya que son precisamente los países que hoy están acudiendo a territorio estadounidense a abastecerse, por lo que no solo podría ser el principal productor sino también consolidarse como el mayor exportador.

Otra sorpresa podría materializarse si quizás el nuevo oleoducto o gasoducto, podría terminar atravesando Arabia Saudita y Jordania para terminar exportándose desde algún puerto israelí, sorpresas de las que también tiene que precaverse Arabia Saudita, toda vez que va a tener que preocuparse de la pesadilla que representan los Hutíes, que por órdenes iraníes vuelven a hablar de atacar navíos en el Mar Rojo o impedir el uso del estrecho de Bab el-Mandeb que separa a Yemen de Somalia, y por donde sale parte del petróleo que no puede hacerlo por Ormuz.

Sorpresas que también pueden alcanzar a los propios Hutíes, ya que ha pasado desapercibido el hecho que Israel se transformó hace poco tiempo en el primero que reconoció la independencia de Somalilandia, la única parte de Somalia, que como país independiente además funciona bien como Estado. Ahora, basta observar el mapa para apreciar que, si se sigue fortaleciendo esa relación, Israel podría actuar desde un territorio que queda prácticamente al frente de Yemen, tal como lo hiciera con pleno éxito el Mosad desde un país vecino a Irán como es el caso de Azerbaiyán donde predomina el islam, pero que demuestra que son realidades mucho más complejas de lo que se advierte en el buenismo occidental.

Así como otros deben preocuparse de él, también deberá hacerlo Israel con una realidad donde algunos de los países más críticos, salvo por Irán y su red de proxis, no se encuentran en el medio oriente, sino que hoy se ubican en Europa y países occidentales. Pero, la realidad a la que va a tener que adaptarse y trabajar activamente para modificarla, se podría encontrar hoy en EE. UU., donde se da un llamativo cambio en el partido Demócrata, ya que no debe sorprenderse si pronto asumiera la conducción del partido un sector que propone cortar el apoyo económico y de armamento, que por lo demás refleja cambios en la opinión pública estadounidense que podrían conducir no a un simple distanciamiento, sino a intereses contrapuestos y por lo tanto, al fin de la alianza de hecho que ha existido bajo Trump y que podría manifestarse también si un aislacionista como Vance llega a ser el candidato presidencial republicano el 2028.

Hechos a los que hay que prestar atención, toda vez que la historia es a veces la política que fue, mientras que la política es a veces la historia en construcción.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U de Essex), Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Por un segundo me corro del análisis internacional y quiero contarles cómo vivo esto del Mundial sin ser argentino, pero amando profundamente a la Argentina. Lo que se advierte en las redes sociales es cierto antiargentinismo o, más precisamente, cierto antiporteñismo que aprovecha la ocasión para cobrar facturas mezcladas. No son todos, por supuesto, pero hay bastante miseria humana circulando por varios rincones del continente. Con franqueza, es un asunto que enerva.

En América existe un vínculo dual con la Argentina. Todos saben que es creativa, agitadora, impetuosa y genial. Todos saben, también, que es una sociedad atravesada por intolerancias diversas y por una tensión narrativa extrema.

Los argentinos no siempre comprenden ese matiz porque forma parte de la vida cotidiana del país: viven dentro de un storytelling confrontacional permanente, en el que la clave parece ser el conflicto eterno. No hay día en que la Argentina no tenga un drama shakespeariano en escena. Puede ser el presidente, un robo de un alto funcionario, un asunto de dinero mezclado con hombres y mujeres de los medios. Lo que sea: todo explota allí adentro. Y todo es atómico y extroversión pura.

¿Les pasa esto a otras sociedades? Sí, por supuesto. Pero quizá algo menos, o con tonos diferentes. Incluso en Estados Unidos -desde donde escribo esta nota- se vive en una furia permanente y bajo un gobierno que por momentos parece el de Atila. Sin embargo, cada tanto sobreviven espacios y zonas de aproximación, porque el sistema está pensado en esa clave institucional. Aunque la situación también está espesa: ayer mismo, las cadenas televisivas liberales ni siquiera transmitieron el discurso nocturno del presidente estadounidense.

Vuelvo.

Percibo mala onda de personas de distintas nacionalidades frente a lo que sucede con la Argentina en redes sociales, y es algo que me llama la atención. Una cosa era antes, cuando el gran ídolo era Maradona: titánico y revolucionario, pero también derrapado, grotesco, sobrador y opíparo.

Hoy, en cambio, la selección argentina parece un colegio de niños educados. Su líder es el más bueno y sano de la clase, y su director técnico es Lassie: uno querría tenerlo como hermano mayor.

Y, aun con esa presentación, la Argentina actual sigue teniendo dificultades para enamorar a los latinos, hispanos y sudamericanos del continente en internet.

Sin embargo -y digo simplemente lo que veo-, los hispanos y los hablantes de español en Estados Unidos se pusieron la camiseta de Messi y lo idolatran. El que vino hasta aquí a romperse el alma para juntar unos dólares siente que Messi lo representa mejor que nadie. ¿Se entiende? El pueblo real de hispanos y latinos no complejiza una solidaridad que le sale a flor de piel.

¿Se comprende lo maravilloso de esa percepción?

No puedo decir cuántas camisetas se han vendido aquí, pero se ven por todas partes. Es cierto: muchas no son originales. Pero eso es lo de menos. El latino laburante, el que anda remando la vida todos los días, ama esa Argentina brava que pelea contra la adversidad.

Como los argentinos son cabalistas, a cualquiera que tire mala onda lo rajan. Hacen bien.

Es que la Argentina es una sociedad espiritual, creativa y dotada de una épica que la hace sentir que renace con el fútbol. Y renace de verdad.

Porque el fútbol es mucho más que un partido. Es nacionalismo, aunque lo nieguen. Es resiliencia, entrega y sentido de lo colectivo unido a lo individual. Es, también, un espacio de movilidad social para los bendecidos que consiguen llegar al coliseo de nuestros tiempos.

Los jugadores -y unos pocos cantantes- son los semidioses contemporáneos. Ahora que se estrena La Odisea, quizá se comprenda mejor el concepto. El destino siempre se desplaza hacia el drama y conserva un final incierto. Los griegos eran bastante amargos en ese sentido. El fútbol es igual.

Pero los destinos no están prefijados.

Nadie mejor que un uruguayo para analizar a un argentino. Los argentinos son extrovertidos, polémicos, ruidosos y talentosos. También son intensos y se desbordan con frecuencia.

Pero se las ingenian para ser extraordinarios en rugby, tenis, hockey femenino o lo que se propongan. Hasta monstruos del básquetbol han producido.

En literatura basta comenzar por Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar. En el humor, desde Luis Sandrini, pasando por Alberto Olmedo, hasta llegar a Tato Bores. En la televisión, desde Pipo Mancera hasta un Mario Pergolini remasterizado. Actores, ensayistas, productores y figuras como Adrián Suar o Guillermo Francella.

Y sí, también políticos como Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Javier Milei.

Esa mezcla es la Argentina. Y mucho más.

De música mejor ni hablamos, porque desde el Indio Solari hasta el mito viviente de Charly García lo tienen prácticamente todo.

Mi teoría es que los argentinos, por ser como son, producen envidia, rechazo primario y cierta desazón. A veces te pasan por arriba sin proponérselo. Pero al conocerlos, surge ese ser entrañable que se abre rápido, te trata de “boludo” y se hace amigo sin pretensiones y cálculos.

Son italianos desbocados, aunque con menos picardía. Son uruguayos acelerados. Son españoles todavía más frontales. Son todo eso y mucho más. Son “argentinos”.

¿Que no tienen afrodescendientes? ¡Pero si son un pueblo mestizo, como somos todos en América! ¿De verdad alguien puede decir seriamente semejante estupidez?

Yo amo a los argentinos.

Los amo porque tienen el tupé de creerse capaces y lo son. Y estoy convencido de que muchas de las cosas que nos suceden en la vida dependen de la convicción y de las ganas profundas de hacer que sucedan. Si lo logran en tantas cosas, algo mágico hay en esas gentes.

No sé si se entiende.

Estaría bueno que en los programas tertulianos hubiera más análisis verdadero sobre cómo se orienta la cabeza de un grupo humano desde el plano psicológico pero saliendo del lugar común que son buenos muchachos que comen asado y se tienen onda; cómo se lo cohesiona; cómo se le transmiten valores; cómo se le contagia un sentido épico y romántico de la batalla; y cómo se logra que todos sientan que luchan por una causa superior: la Argentina que se los demanda. Si fuera psicólogo ya estaría escribiendo ese libro. Nos haría bien a todos.

Créanme: son la envidia del continente.

Quizá a algunos, por necios, esa afirmación les parta el alma. Pero somos muchos, muchísimos más, los que el domingo estaremos con ustedes sintiendo que somos lo mismo.

Toda la vida hablando del Mercosur, de los pueblos hermanos y de todo lo que nos une con tanta gente diversa. Les juro que ya somos montones los que vamos a gozar si todo sale como debe salir.

Yo también soy cabalista.

En Nicaragua, rezar por la libertad nacional puede llevarte a la cárcel. También puede hacerlo el apoyar públicamente a un sacerdote encarcelado.

El caso más conocido es el del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa. Tras condenar públicamente las violaciones de derechos humanos del régimen, fue sentenciado a 26 años de prisión. Se negó a abandonar Nicaragua cuando se le ofreció el exilio por primera vez, convirtiéndose en un símbolo internacional de resistencia pacífica.

Negociaciones con el Vaticano lograron posteriormente su liberación al exilio.

Su historia no es una excepción. Es el patrón.

Las últimas víctimas de la campaña del régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia católica son el obispo emérito Juan Abelardo Mata y el reverendo Wilfredo Arauz. En junio, el obispo Mata, de 80 años, fue detenido y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario tras celebrar Misa y orar por la Iglesia perseguida, el obispo Rolando Álvarez y el reverendo Frutos Valle.

Días después, el padre Arauz, vicario parroquial de Estelí, fue arrestado por policías políticos encapuchados.

Sus casos forman parte de una campaña sistemática para silenciar a la Iglesia católica, una de las pocas instituciones en Nicaragua que aún conserva la autoridad moral para desafiar al régimen. Mientras las instituciones democráticas han sido desmanteladas y la disidencia criminalizada, la Iglesia ha permanecido como una rara voz independiente.

Los tiranos suelen temer a los líderes religiosos porque profesan lealtad a uno que está fuera del alcance del Estado. La Iglesia ofrece a las personas un espacio donde la conciencia puede resistir la coerción y donde aún se puede decir la verdad.

Siguiendo el manual de Marx-Lenin-Mao, Nicaragua ha encarcelado y exiliado a clérigos, expulsado a religiosas, confiscado escuelas y obras de caridad católicas, prohibido procesiones religiosas y sometido a los fieles a vigilancia e intimidación. En lugar de demostrar fuerza, estas acciones revelan un gobierno cada vez más temeroso de las voces independientes.

La represión se aceleró tras las protestas nacionales de 2018, cuando las manifestaciones fueron recibidas con informes generalizados de asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias. Mientras las iglesias acogían a los manifestantes y los obispos condenaban la violencia, el régimen acusó al clero de “terrorismo”, un código para denunciar violaciones de derechos humanos y luego criminalizar la disidencia.

Estas acciones han sido tan escandalosas que incluso el mundo secular se ha percatado, gracias al importante trabajo de activistas de derechos humanos como la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina. La Sra. Molina documentó meticulosamente cientos de ataques contra la Iglesia en su informe fundamental, “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”.

Su trabajo ha sido presentado ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional y citado por las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de EE.UU. y las principales organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, la persecución religiosa sigue siendo tratada con demasiada frecuencia como una preocupación secundaria.

Eso es un error.

Un gobierno que reclama autoridad sobre la conciencia rara vez se detiene ahí. La libertad de culto protege la libertad de expresión, de reunión, de educación, de servicio a los demás y de disentir sin temor a represalias políticas. Los Fundadores de América lo reconocieron al colocar la libertad religiosa en la cima de la Primera Enmienda, reconociendo que los derechos individuales no provienen del gobierno.

Defender la libertad religiosa no es solo una preocupación para los creyentes. También debería importar a cualquiera que valore la libertad. El régimen de Ortega-Murillo demuestra que cuando el gobierno niega la libertad de conciencia, todas las demás libertades están en riesgo, porque la persecución de la Iglesia no es simplemente un ataque a la religión. Es un asalto al principio de que existen límites al poder estatal, algo que los autoritarios nunca reconocerán.

* Helen Aguirre Ferré es administradora de gobierno y políticas públicas en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University.

La sociedad puede ser una desgracia, aunque haya justos y pecadores, porque no depende de la calidad de las personas, depende de la calidad de sociedad que construyen esas personas. Algunas ideas de construcción social están lejos de la realidad porque no son más que reacciones políticas/sociales/económicas que no terminan de comprender la dimensión de los problemas que se desarrollan en nuestras sociedades, la interacción de elementos, sus fricciones y conflictos, sus estratificaciones que constituyen condiciones de crisis que generan pobreza y desigualdad ignoradas. Las individualidades pueden ser brillantes pero su dinámica política colectiva puede permanentemente fracasar, en gran parte por una enorme falta de sentido de justicia colectiva. La construcción política no inteligente ha costado incontables crisis a nuestras sociedades. Más que la lógica de fracaso es la razón de no tener mecanismos para procesos exitosos, la gestión del fracaso en realidad se hace de manera bastante eficiente, manteniéndolo en un estado estructural de no-cambio.

Por todo ello, quienes han trabajado y compiten con mayor profundidad suelen ser quienes se atreven a abordar problemas complejos y encontrar soluciones que sean sostenibles. A veces se omite que la riqueza es una solución, pero solo es sostenible si se implementan prácticas políticas de inteligencia social y colectiva; si la riqueza es genuina y no capturada, así como si significa un estímulo a la inteligencia sistémica. Pero puede ocurrir que el dinero explorará teorías de la acción social desde una perspectiva sociométrica, esto hace que, si bien las teorías pueden ser inconsistentes, los números y las medidas sirven como excelente material de fundamentación. El dinero resumirá la idea básica para todos, la explicará en un lenguaje comprensible y mostrará cómo desenvolverse en el mundo con la mayor claridad, su inmediatez es irrefutable aun cuando su comportamiento sea errado.

Un problema sistémico esencial es el capitalismo de prebendas existente por sobre un capitalismo de mercado, lo cual genera disfuncionalidades sistémicas prácticamente irresolubles. Para combatir la desigualdad es necesario crear riqueza para impedir que el sistema se transforme en una redistribución de la miseria, pero el capitalismo de prebendas no crea riqueza, sino que tiene de rehén la riqueza existente o posible en el sistema. El mal funcionamiento del dinero lleva al mal funcionamiento del sistema. Pero el dinero siempre podrá justificarse a través de la consideración de ideas que trascienden la moralidad y la disfuncionalidad. A lo largo de los años, el dinero ha asumido el papel de la ciencia y de la educación en la sociedad, con posiciones sin revisar que han sostenido políticamente las disfuncionalidades y los malos resultados económicos.

Para el análisis de las desigualdades, las cuales en primer lugar aparecen bajo las disfuncionalidades de la lógica distributiva ya señaladas, ya que en esta dimensión es donde la asignación y reasignación de recursos va generando condiciones por las cuales se desarrollan vulnerabilidades y por las cuales se violan reglas fundamentales de integración social en beneficio de un experimento controlado por la distorsión que produce el capital cuando los beneficios que debería aportar a la sociedad son inexistentes. Ello se ha complementado con patrones de educación o ciencia social o política absurdos que proponen esquemas de erosión o desafectación a la creación de riquezas, con equivocadas lógicas de relativización por la acción pública.

El factor que conduce a la inferencia causal de la desigualdad es aquel que promueve la percepción social generalizada de inequidad, sea la inseguridad, sea la educación, sea la injusticia distributiva y que la acción social institucional no es del todo válida ni eficiente para resolver esos desajustes, sino que puede resultar incluso funcional a los mismos. Ello precisamente hace que las valiosas herramientas afirmativas sean desestimadas frente a resultados que surgen de diagramas causales/inducidos y dar preferencia a los resultados de los experimentos políticos naturales en que la igualdad se genera a través de la acumulación social de las reformas y la permeabilidad que genera en el sistema. Pero hay casas a las que nunca llegan esas reformas. Hay casas a las que nunca llega la estadística, e incluso la estadística tiene problemas de comprenderla por las condiciones psicológicas conscientes o inconscientes que llevan a las personas, o a las familias o a un grupo de personas a la lumpenización. Sin trabajar estas variables de dimensión psicológica de perder o perderse socialmente, la dimensión humana de la desigualdad nunca será resuelta.

Por ello debe decirse que el microgerenciamiento de las vulnerabilidades es imprescindible y permite extraer inferencias causales válidas a partir de las vidas observables sin necesidad de inducir experimentos sociales “matematizables”. El trabajo casa por casa en la política constituye una herramienta heurística, la cual permite ser usada inmediatamente antes de concluir que la desigualdad es causada por a, b y c a través de determinados procesos y, sin embargo, proveer soluciones concretas. La necesidad de trabajar y reformar otros factores que estén causando el aumento en las desigualdad y la pobreza puede ser utilizada en paralelo, pero es importante tener claro que hay gente que no es naturalmente recipiente de los resultados de reformas.

El controlar la desigualdad no se debe solamente a la observancia de la relación causal entre factores, sino también a que el sistema puede desencadenar una reacción negativa en las personas con determinadas vulnerabilidades (educativas, de locación, de origen económico, raza, sexo, exposición a la violencia y al crimen organizado), no necesariamente debido a algún factor moral oculto soslayado en el presente, aunque algo de eso puede haber en muchos casos. La ideología juega su papel negacionista desde la derecha y desde la izquierda. Es imprescindible no dejarse engañar por datos sesgados, ello generalmente es uno de los primeros problemas que se transforma en el principal; cuando la realidad deja de coincidir con el plan ideológico entonces se hace necesario distorsionar los datos de la realidad o ignorar dimensiones humanas de la realidad.

La lógica de la justicia científica en la acción social debe partir de la ‘teoría del perdedor social” y la argumentación de que la probabilidad no es solo una frecuencia, sino que mide con precisión la fuerza con la que las instituciones deberían tomar determinadas acciones dada la evidencia. La dimensión científica de la desigualdad puede ser vista desde la teoría de la probabilidades de James, recreando los supuestos más vinculados a las variables aleatorias y las secuencias de las mismas, y sobre los espacios de probabilidad estadística y variabilidad. Todo ello tiene un necesario impacto en el trabajo institucional.

El problema es que muchas veces se cae en categorizaciones institucionales que no reflejan las realidades conscientes del perdedor social. A medida que se descubren nuevas evidencias, las instituciones deberían actualizar sus políticas en función de una solidez real, pero el estado vegetativo en el que están hace eso imposible. Sin embargo, no debería ser imposible, en la región se podrían usar herramientas heurísticas permanentemente, pero siempre partiendo de una base o atacando un objetivo de vulnerabilidad concreto. Se deben evitar las trampas de la comunicación, que nos pueden hacer ver una solución como errada cuando es correcta y ver a una solución como correcta cuando es errada.

Por ejemplo, supongamos que una prueba para un determinado índice da positivo, y la prueba subyacente a eso es en realidad creada por la comunicación, y que si la comunicación falla ese índice no alterará la percepción existente. La precisión de la comunicación está casi con certeza relacionada con el apoyo social y político acumulativo que se cree. Pero si solo se trabaja reactivamente respecto a indicadores de vulnerabilidad la gente seguirá recibiendo alertas pues la verdadera percepción quedará relacionada únicamente con el nivel de pobreza. La medición de la evidencia de las desigualdades entonces resultantes nos envuelve en el uso del razonamiento de la información y los algoritmos de aprendizaje para medir la evidencia. Y, asimismo, debemos mencionar también que las capacidades tecnológicas y de uso de la tecnología ensanchan la brecha desigualdades de una manera multidimensional en el plano cultural, generacional, político, social y cultural, al alterar completamente las posibilidades de realizar denuncias, reclamos, participar políticamente, hacer trámites e integrarse socialmente, por ejemplo.

La justicia en la acción social se basa en una idea simple y es que el mensaje se transmite solo cuando se reduce a través del mismo la incertidumbre sobre el apoyo social. Si algo es completamente predecible, el aprendizaje carece de sentido y la verdad que hay detrás es absolutamente efímera. Pero aquí las políticas heurísticas que se adapten pueden ser muy muy útiles. Es decir, la retroalimentación solo confirma lo que ya se espera porque los datos en sí mismos no proporcionan información cuando todos están de acuerdo, cuando se esté aprendiendo o tomando decisiones deliberadamente, lo más importante son las señales inesperadas que dan las disfuncionalidades del sistema. A esos resultados que no coinciden con las expectativas de quienes predicen, que no descubren que ahí se esconden todos los mensajes importantes. Hoy en día, la desigualdad económica revela una trampa en la que incluso las políticas inteligentes caen y es parte integral de las intervenciones estatales, en la acción social, la búsqueda des-institucionalizada de justicia, sea en su estructura como en su funcionamiento, es al presente una forma de discriminación notoriamente cruel pues desajusta elementos interactivos del sistema que sostienen a muchas personas.

Uno de los problemas que tiene que ver con desadaptaciones se refiere a un fenómeno que se puede describir como el sobreajuste basado en una visión política, es decir, cuando la acción social se nutre de una idea política que afecta dinámicas de integración social. La idea es que, si se construye un modelo lo suficientemente complejo como para explicar completamente cada variación en los datos de apoyo social pasados, eventualmente se ajustará al ruido aleatorio a su visión y fallará cuando encuentre contradicciones que no puede asimilar. Las necesidades sociales nos demandan capacidad heurística esencial para atacar la desigualdad sobre la base de una percepción real y no sobre una incertidumbre de ideas (por mejor fundamentadas que estén), y una vez que se perciben condiciones de desigualdad se debe ser escéptico de cualquier diseño que pretenda explicar completamente los problemas multidimensionales de la desigualdad desde el punto de vista ideológico. La polarización tiene que ver con el abordaje de soluciones en temas que generan condiciones de desigualdad, la polarización actual ni siquiera lleva a ser menos malo que el otro, sino que lleva a ser aún peor que el otro. Ello ocurre por la permanente intencionalidad política de medrar electoralmente con el tema, lo cual lleva al liderazgo al populismo y a la demagogia, así como a contradicciones disfuncionales.

En otras palabras, la predicción verdadera de las acciones sociales depende esencialmente de la capacidad de generalizar desde una base real concreta y de conocimiento de campo, no conocimiento “matematizado” que es un instrumento de soporte pero que no constituye la esencia de la verdad material de las vulnerabilidades. Por lo tanto, la insignificancia de los detalles puede distorsionar las percepciones y con ello las políticas posibles pueden en realidad generar más problemas e inducir crisis. Ello ha sido recurrente en la región. Una vez que comenzamos a tener cuidado con el sobreajuste desde la estadística, la acción en el terreno sobre la desigualdad cambia la forma en que pensamos sobre el apoyo social. El supuesto más básico sobre la probabilidad de eventos es que, en un sistema social dado, la justicia está asegurada dentro de un marco dado de aprendizaje social. El aprendizaje social formaliza una propiedad peculiar pero liberadora en muchos sistemas reales, el siguiente estado de menos desigualdad depende no solo de las especificidades de los resultados sino de cómo se llega a él. El problema de las instituciones vegetativas es que se niegan a formar parte del proceso de aprendizaje social, al contrario, muchas veces intentan imponerlo. La disfuncionalidad de este proceso es máxima cuando se intenta imponer desde instituciones con recursos humanos fosilizados en estructuras burocráticas dependientes de su ineficiencia, de recursos materiales o inmateriales disfuncionales a las necesidades de acción y recursos financieros que son funcionales a los recursos humanos y materiales/inmateriales descritos. Estas instituciones de la región no es que tengan cometidos y acciones específicas para sostener determinada elite o determinados privilegios o posición, sino que simplemente existen en coma inducido y disfuncional.

Es imprescindible tener en cuenta a la desigualdad en la región para predecir el comportamiento futuro de las sociedades, pues antes de predecir el siguiente paso, debemos ser claros sobre algo tan relevante como es el comportamiento histórico sistémico y qué clase de conciencia ha generado esa historia y ese sistema. Cada persona tiene su propia historia, y sin sus recuerdos es imposible tratarla como un ser humano que necesita soluciones. La verdadera habilidad para brindar capacidades nuevas reside en poder distinguir el tipo de sistema que se está analizando, si se trata de un sistema de eventos independiente, un sistema de eventos interrelacionado o el sujeto de otras desigualdades dinámicas, no lineales, justicia caótica, mala comunicación, falta de comunicación y situación financiera crítica. En sistemas no lineales con alta intensidad y sin capacidades institucionales y procedimentales, las relaciones sociales son casi equivalentes al caos del proceso político y humano, y las linealidades que surgen de esos puntos de partida son un reflejo de ello y conducen a resultados muy coherentes con esa situación. Lo preocupante es que esto puede ocurrir incluso si el sistema sigue un proceso con cierto determinismo político (como ser el caos que surge de las dictaduras que incurren en procesos de desinstitucionalización importantes).

Las curvas de aprendizaje de una sociedad en su conjunto sobre sus propios problemas forman una pendiente suave, aunque no hay sistema que aprenda con la misma dinámica, ya que algunos adelantan (el mejor ejemplo el Uruguay batllista) y otros retroceden con saltos repentinos (sobran los ejemplos), otros se estancan en problemas frustrantes (también sobran los ejemplos). Las personas quedan estancadas en un sistema y a veces son incapaces de evitar el efecto del grupo, por ello es necesario considerar sus procesos ambientales endogámicos. Es importante resistir la tentación de aplicar una “matematización intensiva” a nivel de grupo sobre cómo impactar a la sociedad y revertir dinámicas de desigualdad, ello puede hacer perder como aprenden, piensan o se comportan las personas a individuos específicos o grupos con contexto social débil o prácticamente inexistente, puede ser que induzca al error. Artigas, seguramente sin un estadístico, pero indudablemente con mucho más conocimiento del terreno, definió en 1815 las vulnerabilidades de su sociedad con mucha precisión: las viudas con hijos, la población indígena, la población afrodescendiente. Como he dicho antes, 211 años después tenemos la misma estructura de pobreza, las madres solteras y la población afrodescendiente, la población indígena fue exterminada luego de la independencia y por lo tanto dejó de contar. Tomemos el ejemplo de la población afrodescendiente, la tasa de pobreza entre la población afro-uruguaya de Uruguay es del 28,7%, significativamente superior a la tasa nacional del 16,6%. Significativamente superior al 10,6% que representan en la sociedad. Además, la desigualdad es particularmente grave en la infancia, ya que aproximadamente el 46% de los niños afro-uruguayos uruguayos menores de seis años viven por debajo del umbral de pobreza. Todos los contextos sociales no son iguales, no todos los que viven en un barrio son iguales y tienen los mismos problemas. Debemos decir que Artigas hizo más por resolver este problema que todo lo que se hizo en los 211 años posteriores, salvo la notable excepción de José Batlle y Ordóñez. Y Uruguay es el país más igualitario en la región…

Los fracasos de la acción social se reconocen muchas veces en los «elementos de la libertad (mal entendida)», que cuentan con numerosos casos bien documentados en la ética o en la falta de ética, casos sistémicos de transformación por la positiva integración social del dinero, así como los problemas que se reflejan en involución por el mal uso del mismo. Existen, asimismo, casos de desajuste negativo y no porque la sociedad esté en contra, sino porque no se sabe qué significaba realmente la dimensión colectiva de retroalimentación del dinero en el sistema para generar acceso a Derechos. El mal funcionamiento del dinero en el sistema social describe mejor que nada el significado del mal uso de la palabra libertad, lo cual genera desigualdad en progresión geométrica y se constituye en sí mismo en la palanca de retroceso.

El dinero no es otra cosa que discriminación legalizada. Entonces se necesita tiempo para comprender la desigualdad y sus variantes, observar estos elementos vinculados al dinero que no están orientados a resolver el costo social de la falta de acceso a derechos, sino a sostener la definición de políticas asistencialistas que retroalimentan los procesos de estratificación y de concentración. No hay signo ideológico que no sea culpable de esto.

La libertad es el instrumento social más importante para resolver la desigualdad, no obstante, en la región se ha visto la libertad distorsionada hacia lógicas de libertad económica que no producen riqueza, sino que la tienen de rehén. En otras palabras, estos elementos distorsionados de la libertad económica se afirman sin más en cada vez más desigualdad, todo se argumenta basándose en los propios axiomas, diciendo cosas como «obvio», «evidente por sí mismo» o «por lo tanto, es», y luego sigue adelante. Pero la realidad de la gente ha demostrado la impracticabilidad de esto, pues durante 200 años de décadas perdidas se siguen teniendo las mismas estructuras de pobreza mientras cada laguna en los datos es rellenada con subsidios y asistencialismos sin definir correctamente los procesos clave para el apoyo social y explicar con precisión qué significan éxito, eficiencia, equidad e incluso buen manejo de los riesgos.

Y no es casualidad que el poder se convierta en uno de los pilares fundamentales del conflicto, pues el progreso social ha sido impulsado o limitado por la necesidad profesional política/privada para las cuales el principio de gestión es contingente. Por eso los patrones de desigualdad están tan profundamente arraigados en la interacción que lleva a comprender el juicio humano. Incluso los críticos ideológicos acérrimos, aquellos que han pasado de las posibilidades, de la incertidumbre y la vulnerabilidad, están tan preocupados por la desigualdad porque esta no se queda solo en el papel, sino que juzga activamente cómo se manifiesta la política en las redes morales de la sociedad y cómo se pondrán límites al sistema a través de la elección de populistas iconoclastas que prometen la destrucción del sistema actual. Algo cuyo resultado solo puede ser más retroceso.

La realidad es muy dura en su claridad de que, si no se sale del capitalismo de prebendas al capitalismo de mercado, si no se estructuran mercados financieros responsables, si no se saca a las instituciones de su estado vegetativo entonces las soluciones para resolver la desigualdad seguirán dando los mismos resultados que en 200 años de décadas perdidas. Mientras la Democracia se arrastra herida de muerte por este flagelo.

Una ley aprobada en Beijing ya no pretende regular únicamente la conducta de los ciudadanos chinos. También aspira a alcanzar a personas y organizaciones situadas fuera de las fronteras de la República Popular China.

El 1 de julio de 2026 entró en vigor en China la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional. Se trata, en apariencia, de una norma de política interna orientada a “forjar un sentido de comunidad” entre los 56 grupos étnicos reconocidos por Beijing. En los hechos, la ley ha despertado una ola de condenas internacionales debido a su artículo 63, que habilita a las autoridades chinas a ejercer una pretensión de jurisdicción extraterritorial sobre organizaciones e individuos cuyas acciones considere contrarias a la unidad nacional.

Esta interpretación no constituye únicamente una preocupación de organizaciones de derechos humanos. El propio Parlamento Europeo calificó el artículo 63 como un mecanismo de long-arm jurisdiction (jurisdicción de largo alcance), advirtiendo que podría permitir exigir responsabilidades legales por conductas realizadas fuera de China que son plenamente lícitas conforme a la legislación de otros Estados. La Unión Europea y Estados Unidos también expresaron públicamente su preocupación por el alcance internacional de la norma.

Un salto cualitativo hacia la jurisdicción extraterritorial

Con un solo artículo, Beijing reafirma una concepción expansiva de la jurisdicción penal. La pretensión de perseguir conductas realizadas fuera de su territorio no constituye, sin embargo, un fenómeno completamente nuevo.

El precedente inmediato fue la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, promulgada en 2020. El principio de ‘un país, dos sistemas’, concebido por Deng Xiaoping y consagrado en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 y en la Ley Básica de Hong Kong, prometía preservar durante cincuenta años un alto grado de autonomía para el territorio. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 alteró profundamente ese equilibrio

Desde entonces, ciudadanos extranjeros que manifestaran apoyo al movimiento democrático de Hong Kong —ya fuera en una universidad de Londres, en un foro en Washington o mediante publicaciones en redes sociales desde Madrid— pasaron a poder ser investigados o perseguidos conforme a la legislación china, aun cuando esas expresiones estuvieran plenamente protegidas por las leyes de sus propios países.

Lo que en 2020 parecía una herramienta excepcional para controlar la disidencia en Hong Kong se ha convertido, en 2026, en el modelo sobre el cual Beijing busca extender criterios similares respecto de Xinjiang, el Tíbet y Taiwán.

De la teoría a la práctica: cazarrecompensas en el extranjero

La represión transnacional impulsada por Beijing no quedó limitada al plano normativo.

Entre 2023 y 2024, el gobierno de Hong Kong, bajo la tutela directa de Beijing, ofreció recompensas de HK$1.000.000 (aproximadamente USD 128.000) por información que permitiera localizar y detener a activistas exiliados.

Figuras como Nathan Law, Ted Hui y Anna Kwok —todos residentes o beneficiarios de protección internacional en democracias occidentales como el Reino Unido y Estados Unidos— pasaron a integrar listas oficiales de personas buscadas.

Al poner precio a la captura de disidentes que residían bajo la protección soberana de otros Estados, las autoridades demostraron una voluntad política de proyectar el alcance de su legislación más allá de sus fronteras. Esa infraestructura de persecución jurídica, presión económica y hostigamiento personal es la que diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que podría ampliarse bajo el amparo del artículo 63 de la nueva Ley de Unidad y Progreso Étnicos.

La trampa del retorno y la presión sobre las familias

El sistema de control desarrollado por Beijing descansa sobre dos mecanismos particularmente eficaces: la vigilancia transnacional y la presión ejercida sobre los familiares de quienes residen en el exterior.

El caso de una estudiante hongkonesa de 23 años, procesada en 2023, ilustra claramente la denominada “trampa del retorno”. Mientras cursaba estudios en Japón, publicó mensajes favorables a la independencia de Hong Kong, una conducta amparada por la legislación japonesa. Sin embargo, cuando regresó temporalmente a Hong Kong para renovar su documento de identidad, fue detenida inmediatamente bajo acusaciones de sedición.

Para quienes permanecen fuera del alcance físico de las autoridades chinas, la presión suele trasladarse hacia sus familias. Durante las campañas dirigidas contra activistas hongkoneses en el exterior, la policía de seguridad nacional interrogó, detuvo y amenazó de forma sistemática a padres, hermanos y parejas que continuaban viviendo en Hong Kong.

Este mecanismo de castigo por asociación reproduce prácticas denunciadas desde hace años por las diásporas uigur y tibetana, y numerosos analistas consideran que la nueva legislación contribuye a institucionalizar ese modelo bajo el argumento de combatir conductas que supuestamente amenacen la armonía social.

La consolidación del modelo: el Artículo 23 y el fin de la zona gris

Si la Ley de Seguridad Nacional de 2020 representó un punto de inflexión, la aprobación, en marzo de 2024, de la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional (conocida como la legislación del Artículo 23) terminó de consolidar el nuevo modelo de seguridad impulsado por Beijing.

La norma endureció las sanciones por delitos como la traición, la sedición y el sabotaje, al tiempo que amplió significativamente las facultades del Ejecutivo para actuar contra personas radicadas en el extranjero, incluyendo medidas como la cancelación de pasaportes y otras restricciones que afectan su movilidad internacional.

Las similitudes con las denuncias formuladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la diáspora uigur resultan evidentes. El uso del aparato consular, la presión diplomática, la cancelación de documentos y las presiones económicas sobre determinados países receptores forman parte de un mismo repertorio de herramientas destinado a limitar la capacidad de acción de quienes critican al gobierno chino desde el exterior.

Un desafío para el derecho internacional

Las reacciones de gobiernos y organizaciones internacionales muestran que el debate trasciende ampliamente la situación interna de China.

Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y diversos países europeos han cuestionado reiteradamente la utilización extraterritorial de la legislación china y hongkonesa, sosteniendo que ningún Estado puede pretender criminalizar conductas desarrolladas bajo la jurisdicción de otros países cuando estas se encuentran protegidas por las libertades fundamentales.

La pretensión de ejercer jurisdicción más allá de las fronteras nacionales no es completamente inédita en el derecho internacional. Diversos Estados contemplan mecanismos limitados de jurisdicción extraterritorial para perseguir delitos como terrorismo, piratería, genocidio o crímenes de guerra. La diferencia radica en que la nueva legislación china extiende ese principio a conductas vinculadas con la expresión política, la identidad étnica y la organización de la sociedad civil, ámbitos que en la mayoría de las democracias están protegidos por derechos fundamentales.

En el caso de Taiwán, la amplitud de la norma genera interrogantes sobre sus eventuales implicancias para académicos, funcionarios, organizaciones civiles y ciudadanos extranjeros que mantengan vínculos institucionales con la isla o expresen públicamente su apoyo a su sistema democrático.

La discusión, por lo tanto, ya no gira únicamente en torno a Hong Kong, Xinjiang o el Tíbet. También involucra principios esenciales del derecho internacional, como la soberanía estatal, la territorialidad del derecho penal y la protección de los derechos humanos.

Un mismo manual de instrucciones

La nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos no constituye un hecho aislado. Representa la consolidación de un modelo político y jurídico cuya eficacia Beijing ya puso a prueba en Hong Kong.

La principal lección que las autoridades chinas parecen haber extraído del caso de Hong Kong es que la comunidad internacional suele reaccionar con cautela cuando las consideraciones económicas prevalecen sobre la defensa de principios jurídicos y democráticos.

La cuestión ya no consiste únicamente en cómo China gobierna su territorio, sino en hasta dónde pretende extender el alcance de sus leyes más allá de sus fronteras.

Si esa pretensión termina consolidándose sin una respuesta coordinada de la comunidad internacional, el precedente de Hong Kong podría convertirse en el primer caso exitoso de exportación de un modelo de represión jurídica transnacional.

Las leyes pueden cruzar fronteras; la legitimidad, en cambio, depende de que la comunidad internacional acepte ese alcance. Ese será uno de los grandes debates jurídicos y geopolíticos de esta década.

Cuando el historiador británico Martin Walker, a principios del año 2000, instauró el concepto del “dilema turco”, la disyuntiva se planteaba en términos interiores: Atatürk versus Erdogan, laicismo o islamismo, democracia o autocracia. Veintiséis años después, el concepto subsiste, pero no para definir la realidad dual turca, sino para expresar la encrucijada que representa Turquía para Occidente. En dos décadas, y especialmente después del intento de golpe de estado de 2016 y de la posterior represión de Erdogan, el dilema interior ha desaparecido: el laicismo ha sido sustituido por el islamismo como identidad nacional, y la democracia parlamentaria se ha transformado en una autocracia presidencial.

La biografía del propio Recep Tayyip Erdoğan es una fotografía precisa de esta transformación que ha cambiado radicalmente el paradigma turco. En 1997, siendo alcalde de Estambul fue acusado de extremismo y odio religioso, y fue sentenciado a dimitir de su cargo y pasar cuatro meses en la cárcel. Su partido, el islamista Refah Partisi fue ilegalizado por el Constitucional turco. El detonante, que sumaba a una larga carrera en defensa del integrismo, fue un poema del poeta Ziya Gökalp que Erdogan leyó en un mitin, modificando la letra para convertirla en una soflama fundamentalista. Este fue el texto que alertó a las autoridades turcas: “Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas son nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes, nuestros soldados”. En aquel momento, la defensa del laicismo era el eje central de la vida política y judicial de Turquía, en coherencia con el mítico legado de Mustafa Kemal Atatürk. Dos décadas después, ese legado es historia: el gobierno ha inyectado miles de millones en crear escuelas públicas religiosas (las Imam Hatip); han reducido las horas de ciencia y biología en primera y secundaria, sustituidas por el estudio de la moral religiosa; se ha incorporado la asignatura de historia de la Jihad; han convertido el Ministerio de Asuntos Religiosos en un gran poder económico que instruye a miles de mezquitas, convertidas en correas de transmisión; y, más allá de otras muchas decisiones de corte islamista, en 2020 Erdogan revocó el decreto de Ataturk que convertía la basílica de Santa Sofía en un museo, y la ha vuelto a transformar en mezquita.

Si en lo identitario, Turquía ha transitado hacia una severa islamización que sistemáticamente purga y discrimina la laicidad, en lo político el proceso hacia una autarquía represora ha sido tan veloz como implacable. Con la excusa del golpe de estado de 2016, Erdogan ha ido perpetrando una purga masiva que implica centenares de miles de personas destituidas de sus cargos o directamente encarceladas, desde militares, hasta periodistas, intelectuales, profesores políticos, abogados y cualquiera que se enfrente a su poder. La purga en el ejército ha significado la expulsión de miles de miembros y el cierre de centenares de academias, como lo ha sido la purga en los medios de comunicación (centenares clausurados), en las asociaciones cívicas, fundaciones y sindicatos. Solo a nivel educativo, cerca de 130.000 profesores (en todos los niveles, desde primaria hasta catedráticos) han sido destituidos. Uno a uno, todos los líderes opositores han acabado en procesos judiciales y muchos de ellos encarcelados. El caso más notorio es del alcalde de Estambul Ekrem Imamogly, el líder del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), que fue arrestado en marzo de 2025 junto a decenas de funcionarios municipales, acusado de todo tipo de cargos, desde corrupción y malversación, a terrorismo. La acusación llegó justo cuando su partido lo nombró candidato a la presidencia. Piden para él 2.430 años de cárcel. Además, vía justicia, Erdogan ha conseguido la disolución forzosa de la cúpula del partido, con lo cual ha conseguido anular a su principal opositor. Se calcula que el número de presos políticos en las cárceles turcas se acerca a los 40.000.

Hoy por hoy Erdogan gobierna con un poder absoluto que implica el dominio de los poderes del estado, desde el control integral de la justicia, (ahora es el jefe del estado quien nombra a los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales y a los magistrados del Constitucional), hasta el dominio de las universidades (los rectores también son nominados por él, o los medios de comunicación, que también queda en manos del ejecutivo). Con el cambio constitucional de 2017 en el que se sustituyó el sistema parlamentario por un sistema presidencialista con amplios poderes, la capacidad de los diputados para influir en las políticas públicas ha quedado en nada. Y así, entre el proceso de islamización masivo, y el proceso de desdemocratización, Erdogan se asienta en un poder imperial desde hace 23 años, que puede alargarse ad eternum.

El dilema turco interior ha quedado engullido por la voracidad de este islamista radical cuyo objetivo es la desaparición del legado de Ataturk. Pero si el interior está desdibujado, el dilema turco en el exterior está más vivo que nunca: por un lado, es un país militarmente poderoso y geopolíticamente imprescindible, de manera que tanto la OTAN como la UE necesitan tenerlo de socio; por el otro, preocupa su política exterior, agresiva, ambivalente y expansiva. Interviene en Libia, donde ha sentado bases permanentes, en el Sahel, a través de las dictaduras prorrusas, en el Cáucaso, en la isla de Chipre (con una política islamizadora muy agresiva), y por supuesto en todo Oriente Medio, donde quiere sustituir a Irán y a Arabia Saudita como poder central, mientras hostiga permanentemente a Israel. Si en lo identitario, Erdogan anhela restituir a la Turquía islámica, y en lo político, emula al sultanato, en la estrategia internacional quiere recuperar el viejo imperio otomano. Algo así como la Gran Rusia de Putin, pero en versión turca. De ahí que sea un auténtico dilema para Occidente porque Turquía es una solución, pero una solución envuelta en un problema. Un problema que, de la mano de Erdogan, puede convertirse en el más importante de la región en los próximos tiempos.

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Mientras gran parte de Occidente concentra su atención en sus propias divisiones políticas y económicas, Rusia continúa ejecutando una estrategia de largo plazo orientada a redefinir el equilibrio de poder en Europa y el Ártico. Más allá de los brutales ataques contra la infraestructura civil ucraniana, el Kremlin persigue objetivos geopolíticos que trascienden el campo de batalla y buscan alterar la arquitectura de seguridad occidental.

Uno de esos objetivos es consolidar a Rusia como la principal potencia militar del Ártico. La península de Kola constituye el núcleo de su capacidad estratégica: allí se concentra buena parte de su arsenal nuclear y de los sistemas que protegen a su flota de submarinos. Paralelamente, Moscú ha reabierto antiguas bases soviéticas y fortalecido su presencia militar en la región. Esta expansión responde tanto al propósito de disuadir la presencia de otras potencias como a compensar las nuevas realidades estratégicas derivadas del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, que han reducido la libertad de maniobra que Rusia disfrutó durante décadas en el norte europeo.

El segundo objetivo consiste en controlar la Ruta Marítima del Norte. El progresivo deshielo del Ártico convierte esta vía en una de las rutas comerciales más importantes del siglo XXI. Rusia ya exige autorizaciones previas para el tránsito de determinadas embarcaciones y aspira a ejercer sobre ese corredor una capacidad de influencia comparable, aunque no idéntica, a la que Irán proyecta sobre el estrecho de Ormuz.

El tercer pilar de la estrategia rusa es el económico. El Ártico concentra aproximadamente el 80% de las reservas rusas de gas natural y cerca del 60% de sus recursos petroleros, además de importantes depósitos de minerales críticos y enormes reservas de agua dulce. Proyectos como la planta de gas natural licuado en la península de Yamal son fundamentales para la sostenibilidad fiscal futura del país, aunque su desarrollo ha sido ralentizado por las sanciones occidentales.

La guerra contra Ucrania debe entenderse dentro de esa visión estratégica más amplia. Además de sus dimensiones territoriales y militares, el conflicto puso a prueba la cohesión política de Occidente. La violación del Memorándum de Budapest de 1994 —mediante el cual Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad ofrecidas por Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido— debilitó la credibilidad de los compromisos internacionales y abrió un intenso debate sobre la capacidad de las democracias occidentales para responder de manera unificada frente a la agresión.

A ello se suman otros instrumentos característicos de la llamada guerra híbrida: coerción energética, campañas de desinformación, ciberataques, operaciones encubiertas y el uso político de ciudadanos extranjeros detenidos como mecanismo de presión diplomática. En conjunto, estas herramientas buscan erosionar la cohesión interna de las democracias occidentales sin recurrir necesariamente a una confrontación militar directa.

Mientras tanto, Occidente continúa exhibiendo públicamente diferencias estratégicas, desacuerdos políticos y respuestas frecuentemente descoordinadas frente a los desafíos planteados por Moscú. La fortaleza de Rusia no radica únicamente en sus capacidades militares, sino también en la claridad y continuidad de sus objetivos estratégicos. El verdadero desafío para las democracias occidentales consiste en recuperar una visión común de largo plazo que les permita responder con la misma coherencia con la que Rusia ha venido ejecutando su estrategia.

Ser claudista en Nuevo León es y debe ser una forma de gobernar y de vivir el servicio público.

Así, cuando muchas personas me preguntan por qué me defino como claudista mi respuesta siempre es la misma: porque creo que Nuevo León necesita un gobierno capaz e inteligente que produzca prosperidad y, al mismo tiempo, tenga las políticas públicas para compartirla.

Nos urge un gobierno claudista, uno que impulse la inversión, fortalezca a las empresas, genere empleos bien pagados y convierta ese crecimiento en seguridad, educación, cultura, infraestructura y oportunidades para todos y, especialmente, para todas. Eso es ser claudista en Nuevo León.

Ser claudista es impulsar, con lealtad, trabajo bien hecho y con resultados medibles, el Proyecto de Nación que encabeza la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Ser claudista es hacer realidad el Plan México. No verlo como un documento del Gobierno Federal, sino como una manera de gobernar desde lo local. Y yo he demostrado, con contundencia, que la Segunda Etapa de la Cuarta Transformación en Nuevo León sí puede tener acento norteño: atraer inversión, generar empleo, fortalecer las finanzas públicas y convertir ese crecimiento en seguridad, educación, cultura, deporte y oportunidades.

Los resultados hablan por sí mismos. En la Capital de la Transformación logré atraer más de 5 mil millones de dólares en inversión, generar más de 20 mil empleos de calidad y tener una de las 5 policías más confiables de México con una certificación internacional básicamente única, al mismo tiempo que se echaron a andar profundos programas sociales, ambientales, de apoyo al adulto mayor, a la mujer y a las futuras generaciones.

Con la 4TNorteña mostramos que un gobierno honesto, cercano y capaz puede convertirse en el mejor aliado de quienes quieren invertir, producir y generar bienestar. Y lo hicimos siguiendo, AL PIE DE LA LETRA, las directrices de buen gobierno de la presidenta, desde el crecimiento equitativo hasta la reducción de trámites, la digitalización y una estrategia nacional de seguridad que exige coordinación real.

Ser claudista también es creer en el Capitalismo Social Norteño donde el Estado no sustituya a los empresarios, sino el Estado los convoque a construir prosperidad compartida.

Los buenos empresarios no son adversarios de la Transformación; son aliados para crear empleos, innovar y fortalecer la soberanía económica y política del país. Esa es una de las grandes lecciones que nos ha dado la Presidenta y que nadie puede disputar.

Cuando la inversión llega, llegan los empleos; cuando hay empleos, hay mejores ingresos; cuando hay mejores ingresos, las familias viven mejor y el gobierno local tiene más capacidad para invertir en seguridad, salud, educación e infraestructura y poner su parte para que la Presidenta continue con la digna y absoluta defensa de la Soberanía Nacional.

Por eso estoy convencido de que el mejor camino para enfrentar los grandes desafíos de Nuevo León es la adopción integral del proyecto que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Punto.

Ser claudista es, especialmente, construir una Mayoría Norteña, una articulada desde Morena. Una mayoría social que convoque a empresarios, trabajadores, universidades, jóvenes, mujeres y sociedad civil alrededor de un mismo objetivo: que nadie se quede atrás y que el crecimiento llegue a cada rincón de nuestro estado y para que la transformación eche raíces fuertes e irreversibles.

Hay otra razón por la que soy claudista. Porque creo que el desarrollo integral y humanista de un estado se mide, sobre todo, por las oportunidades que ofrece a sus mujeres. Ser claudista es construir un Nuevo León donde una madre trabajadora no tenga que escoger entre cuidar a sus hijos o salir adelante; donde una joven pueda estudiar, emprender y cumplir sus sueños; donde una abuela viva con tranquilidad y dignidad después de toda una vida de trabajo; y donde cada niña crezca sabiendo que no hay un solo espacio de la sociedad que le esté vedado por el hecho de ser mujer.

Ser claudista de verdad en Nuevo León es combatir la contaminación con innovación y una industria más limpia; enfrentar la inseguridad con inteligencia y oportunidades; resolver la escasez de agua con planeación e infraestructura; y garantizar igualdad de oportunidades, de empleo de prosperidad para mujeres y hombres. Ser claudista es entender que el crecimiento económico solo perdura cuando fortalece el tejido social y mejora la vida cotidiana de las familias, los jóvenes y los adultos mayores. Y esa es la esencia de la 4T Norteña.

Por eso insisto siempre: Nuevo León no necesita elegir entre crecimiento económico y justicia social. Necesita ambas cosas al mismo tiempo. Necesita producir más, innovar más y atraer más inversión, pero también compartir mejor esa prosperidad. Necesita, en una palabra: ser claudista. Yo lo soy.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

Sin pueblo, sin economía, sin narrativa y sin opciones la dictadura de Cuba sigue ejerciendo terrorismo de Estado, detentando el poder desde hace más de 67 años y 5 años después del levantamiento popular 11-J. En retirada luego de su expansión en las Américas como socialismo del siglo 21 que impuso su modelo criminal en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y gobiernos sirvientes o para dictatoriales, la tiranía castrista se sostiene por las dictaduras de Irán, China y Rusia, desafiando la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Corolario Trump.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en Noviembre 2025, punto 3 de “Las Regiones” dice: “Hemisferio Occidental: El Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Tras años de desatención, Estados Unidos reafirmará y hará valer la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, así como para proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Impediremos que competidores ajenos al hemisferio desplieguen fuerzas u otras capacidades amenazantes, o que posean o controlen activos de importancia estratégica en nuestro hemisferio. Este «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe representa una restauración potente y basada en el sentido común del poder y las prioridades de Estados Unidos, en consonancia con nuestros intereses de seguridad nacional”.

En este contexto de la seguridad nacional estadounidense los “competidores ajenos al hemisferio” son principalmente las dictaduras de Irán, China y Rusia a las que ya ha retirado del control y operaciones que por medio de la dictadura de Cuba tenían en Venezuela. Desde la captura de Nicolas Maduro el 3 de enero 2025, tanto Cuba como las dictaduras ajenas al hemisferio, han perdido el petróleo venezolano, han cesado su presencia física, de cobertura narcoterrorista, de influencia geopolítica, de fabricación y tráfico de armas, de espionaje, conspiración regional y más.

A pocos meses de su publicación, la Seguridad Nacional de Estados Unidos ha resultado la seguridad de las democracias de las Américas. Así lo prueban las operaciones anti narcoterroristas Lanza del Sur, la iniciativa del Escudo de las Américas y los reportes casi diarios de operaciones contra el crimen organizado trasnacional y el narcoterrorismo en todos los países de las Américas, con excepción de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. El apoyo político y económico, la participación de inteligencia, policial y militar estadounidense es creciente con resultados que se reflejan en la retirada paulatina de la presencia del crimen en la política, evidenciada en capturas, extradiciones y en resultados electorales como los de Chile y Colombia.

El socialismo del siglo 21 como mascarón político de la expansión de la dictadura de Cuba agoniza en crisis, pero no está derrotado ni ha dejado de ser. Opera vigorosamente atrincherándose en “oposiciones políticas” para proteger los sistemas jurídicos infames que ha impuesto y tener impunidad como sucede en Argentina contra Milei, en Ecuador contra Noboa, como se anuncia en Perú contra Fujimori, y más; hay situaciones más críticas como la de Bolivia donde Paz ha tomado el gobierno pero no el poder que sigue digitado por el narcoestado de la trasnacional del crimen que por ahora le da coexistencia.

Hay gobiernos democráticos que se han expresado vigorosamente contra la dictadura de Cuba, pero la mayoría de las democracias latinoamericanas mantienen silencio que resulta complicidad. Lo mismo acontece con la relaciones internacionales con Irán, China y Rusia que penetraron, se instalaron y crecieron exponencialmente en toda Latinoamérica con el patrocinio cubano a través del control que el socialismo del siglo 21 o castrochavismo ejerció en los últimos 20 años en la región. Relaciones internacionales y presencia intacta de las democracias latinoamericanas con Irán, salvando excepciones.

Desde la captura de Maduro la dictadura de Cuba derrotada y expulsada de Venezuela, sabe que es el objetivo y el ultimátum de los Estados Unidos fue claro. Pero mientras gana tiempo negociando con la administración Trump, el castrismo resiste con los gobiernos para dictatoriales de Brasil con Lula, México con Sheinbaum, derrotado en Ecuador, Chile y Colombia conspira y desestabiliza lo mismo que en Perú, Paraguay, Panamá y en la propia Venezuela, mientras retiene Bolivia, y con Nicaragua penetra Centro América y un largo etcétera en el juego de “ceder espacios tácticos para ganar tiempo estratégico”.

Con sus aliados extra hemisféricos Irán, China, Rusia, la dictadura castrista presiona para causar daños en la imagen del gobierno americano mientras no deja de operar la guerra híbrida contra Estados Unidos con mecanismos desde la desinformación hasta su especialidad en conspiraciones, intentos de magnicidios y ampliación de conflictos.

Se dice que la prolongación de la guerra en Irán protege a la dictadura de Cuba y dilata las decisiones estadounidenses, es posible, pero lo cierto es que con la dictadura de Cuba y en Cuba, las dictaduras de Irán, China, Rusia “mantienen fuerzas y otras capacidades amenazantes y poseen y controlan activos de importancia estratégica en nuestro hemisferio”, desafiando el Corolario Trump y manteniendo la agresión contra Estados Unidos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

La Inteligencia Artificial (IA) representa un cambio de tal profundidad que es de aquellos de historia larga, de los que van a remodelar a las sociedades como también las actitudes y comportamientos de los seres humanos. No se trata solo de nuevas máquinas, sino que marcará el funcionamiento mismo del entramado social, del económico como también de las personas, toda vez que trae consigo una nueva era de conocimientos científicos que ampliarán la frontera de lo posible, a modo de ejemplo, en áreas como la salud y las expectativas de vida; probablemente no hay sector que no será tocado o modificado.

Cuando apareció la revolución industrial muchos de los contemporáneos no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero ahora sabemos que este proceso está teniendo lugar ante nuestros ojos. No se trata de un distante futuro, sino que un nuevo mapa de poder global se está dibujando, con decisiones que ya se han tomado o se están tomando en el día de hoy. De partida, probablemente decidirá la contienda entre China y EE. UU. por quién será la superpotencia del siglo XXI.

A todos nos consta que esa carrera ya se vive, pero también se están decidiendo posiciones para el resto del mundo, toda vez que a nivel intermedio definirá la ubicación de los países, ya que estar más arriba o más abajo dependerá de su éxito en infraestructura o inversión oportuna. El resultado será un ranking nuevo en el mapa de poder, ya que tendrán mejor ubicación no solo quienes se integren a la cadena de producción de chips avanzados, sino también los que aporten infraestructura tan importante como energía o el territorio donde se ubiquen los centros de datos, a diferencia de la total dependencia de quienes sólo consumirán las nuevas tecnologías. En definitiva, también se podría estar avanzando o retrocediendo con decisiones que se estén tomando hoy, y aquellos gobernantes que no actúen en forma oportuna, podrían estar condenando a sus países a quedar rezagados.

Ante un cambio de tal magnitud, la pregunta es ¿cómo se regula la IA?

La respuesta es que se necesitan varias cosas, incluyendo buscar un ejemplo útil en la historia como también entender la profundidad de lo que está pasando, a lo que se deben agregar acuerdos a nivel nacional e internacional, lo que presupone un debate amplio, sin cancelaciones de ninguna especie, como tampoco superioridades morales al igual que el alejamiento del catastrofismo paralizante. Además, se debe hacer el esfuerzo de reducir el lobby de los inmensos intereses económicos que están detrás de las nuevas tecnologías como también los de aquellos sectores que están siendo desplazados. Por último, de la mayor importancia es que los dos países líderes, China y EE. UU. decidan que es un desafío para abordar en conjunto.

La regulación de la IA es tan relevante que no solo es tarea de científicos sino también hay un lugar para políticos, jueces y diplomáticos, en el sentido que aún en las democracias más sólidas se debe evitar que ante los cambios que se producirán, el temor de los votantes impulse el populismo de líderes que se transformen en el equivalente a los luditas de la revolución industrial, aquellos artesanos y trabajadores de la Inglaterra del siglo XIX (1811-1816) que destruían maquinaria textil como protesta contra las malas condiciones laborales y la pérdida de empleo.

También hay que precaverse de la aparición de ese peligro conocido como la República de los Jueces, es decir, magistrados de rango inicial o intermedio que, en vez de aplicar la ley, se sientan motivados a crearla e intenten detener a la IA con decisiones que muchas veces son fruto del temor y el desconocimiento, parte del llamado “populismo judicial”.

Se trata, por lo tanto, de un tema que abarca áreas diversas, para cuya resolución mucha influencia tendrá la lentitud o velocidad con la que se adapten tanto las personas como también las organizaciones, no solo las empresas comerciales, toda vez que la IA adquirirá relevancia también en los ejércitos y en las guerras, además de la educación, la cual no ha reaccionado todavía, a pesar de que va a modificar la manera como aprenden las personas.

Necesitamos un debate de una amplitud tal, que quizás no se ha dado nunca, para así poder tener dos productos de calidad, por una parte, tratados internacionales para conducir este proceso a nivel mundial, como también en la otra, reformas constitucionales que a nivel nacional protejan a las personas a través de la incorporación de los llamados neuroderechos, como una nueva etapa de los derechos humanos.

El mundo necesita no repetir los errores cometidos en el último proceso de transformación que se ha vivido, cual lo fue la aparición del internet y la computación, donde todavía se lamenta no haber hecho una mejor y más oportuna regulación, errores que no deben repetirse, sobre todo, en la protección de la niñez y adolescencia. Al mismo tiempo, debemos aprender de la historia, toda vez que, a diferencia de las revoluciones sociales y políticas los cambios tecnológicos son procesos casi siempre irreversibles, donde todo tiene lugar demasiado rápido para que pueda ser regulado en forma oportuna por el derecho.

El mundo es testigo de lo que ya tuvo lugar, donde con enorme rapidez aparecieron empresas como las llamadas 7 magníficas (Alphabet -Google-, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla) que con su poder tecnológico y económico hoy superan los indicadores de la mayoría de los países del mundo. Seguramente, varias de ellas se verán pronto desplazadas por las nuevas empresas dueñas de la IA, si es que no logran adaptarse a las nuevas condiciones. Para todos, esa adecuación es imprescindible, ya que no sabemos si el cambio será brutal o incremental. En todo caso, la velocidad es tal, que, seguramente lo que parece ser de ciencia ficción será muy pronto realidad cotidiana.

El mundo necesita avanzar hacia acuerdos nacionales e internacionales que establezcan líneas rojas a no ser traspasadas, quizás un equivalente a las leyes de la robótica que el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov estableció como medida de protección para los seres humanos, buscando contrarrestar el llamado “complejo de Frankenstein”, es decir, el temor que máquinas pudieran rebelarse contra sus creadores. La primera ley era que “un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño”. La segunda decía que “un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley”. La tercera señalaba que “un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley”.

Nada semejante tenemos en relación con la IA, nada, ni siquiera en la literatura o el cine, nada que sirva de orientación. Por ello, debemos avanzar en la regulación. Por el momento, es solo una idea, y ante la inactividad de los dirigentes políticos, han reaccionado líderes religiosos como León XIV, quien dedicó su primera encíclica al tema, abordando de pasado un tema de fondo, como evitar que el ser humano y su dignidad sean sacrificados en nombre del progreso.

Mi propuesta se basa en tres puntos. El primero es recurrir al ejemplo más cercano, donde hubo éxito en limitar los efectos negativos de la energía atómica durante la guerra fría, desde el momento que dos potencias a las que todo separaba como EE. UU. y la URSS, por rara vez en la historia, manejaron el inédito poder del armamento nuclear y lograron evitar un enfrentamiento directo. Hoy, China y EE. UU. compiten por el liderazgo mundial, por lo que debieran aprender de ese pasado, esforzándose para llegar a acuerdos sobre la IA, que inevitablemente serán seguidos por la inmensa mayoría de países, dado que ellos dos son los países que están más avanzados, a larga distancia del resto.

En segundo lugar, la protección de los aspectos negativos y del temor que existe en relación con la IA, debiera manifestarse en un Tratado como nivel superior de derecho internacional como también a horizonte nacional, la protección debe inscribirse a nivel constitucional, desarrollando los neuroderechos, que aparecieron para definir a la mente como aquello que no debe ser invadido ni colonizado, como el templo humano a no ser violentado, ni siquiera con el disfraz del lucro comercial.

En tercer lugar, hay que hacer lo que no se hizo oportunamente con la computación, en el sentido de regular mucho mejor, por lo que sin obstruir la innovación, tanto China como EE. UU. debieran regular mejor a las empresas, evitando la imposición de criterios políticos por parte de China como también la impunidad garantizada por ley de instrumentos legales como la Sección 230 en EE. UU. , que en la práctica todavía impide que se pueda responsabilizar en tribunales a las grandes empresas tecnológicas por lo que se emite en redes sociales, a diferencia de tecnologías más antiguas como radio y TV.

Como lo demuestra el caso de Irán, el peligro atómico todavía está presente, pero EE. UU. y la URSS evitaron el enfrentamiento directo que hubiera conducido a la guerra nuclear, además de haber logrado la aparición de un sistema nuevo que protegió al mundo al permitir que pudiera ser regulado el inédito poder destructivo inédito que había surgido al finalizar la segunda guerra mundial.

Con sus avances y retrocesos, y en plena readecuación geopolítica, hoy se vive todavía el proceso de globalización que apareció después de la guerra fría, etapa ya superada que ha sufrido una condena demasiado cerrada, sin que se hiciera justicia a logros tales como el mencionado de regulación del peligro atómico, toda vez que se creó de la nada un sistema que lo administró, y que esencialmente todavía dura. Clave fue el desarrollo de las líneas rojas, es decir, una breve lista de situaciones, por los cuales uno y otro estarían dispuestos a ir a la guerra, y, por lo tanto, debieran siempre evitarse en las decisiones que se tomarán.

Fue una etapa con muchos villanos, pero también con algunos héroes que todavía no reciben el homenaje debido. Uno de mis favoritos es Stanislav Yevgráfovich Petrov (1939-2017), quien, como teniente coronel de las Tropas de Defensa Aérea Soviética, probablemente evitó la tercera guerra mundial, por el rol clave que tuvo en el llamado incidente del equinoccio de otoño en 1983.

El 26 de septiembre de ese año, tres semanas después de que la URSS derribara el vuelo 007 de Korean Air, en un momento de extrema tensión ya que ese país esperaba una respuesta de occidente, el sistema de alerta temprana nuclear OKO informó equivocadamente que se había lanzado un misil desde los EE. UU. seguido por otros cuatro, todos en camino. En ese momento, Petrov era el oficial de guardia a cargo, y a pesar de tener órdenes estrictas de respuesta, Petrov decidió ante su conciencia que era una falsa alarma, por lo que no acató las instrucciones que tenía según el protocolo militar soviético. Sin duda, ayudó a evitar un intercambio de misiles que pudo haber desembocado en una guerra nuclear. Fue, por cierto, el fin de su carrera militar, a pesar de que la investigación demostró que la alerta satelital soviética había funcionado mal. A mi juicio, Petrov fue un héroe, que debió haber tenido un reconocimiento mayor, tanto en Rusia como en Occidente.

Creo que el mundo debe dejar de satanizar a la guerra fría y tener una aproximación más balanceada sobre sus virtudes y defectos. A China y EE. UU. les corresponde recuperar la noción probadamente útil de líneas rojas a no ser traspasadas, y creo, que, de partida, hacer un aprendizaje de lo que se hizo para el poder nuclear, regulándolo, aprovechando la energía para fines pacíficos, y protocolos muy rígidos para su poder destructivo, que en definitiva pudo ser impuesta al resto del mundo, a pesar de que Pakistán y Corea del Norte sorprendieron al también poseer misiles con la capacidad de transportar sus bombas atómicas.

EE. UU. y China podrían aprender de esta experiencia para establecer una ética del límite en relación con la IA, y para descubrir en la IA un elemento común de negociación, lo que a su vez podría ayudarlos a que su enfrentamiento se redujera al ámbito económico para colaborar con el resto del mundo en un tratado internacional de regulación. Lo que esos dos países pueden hacer, aprendiendo de la parte positiva de la guerra fría, es clave para la etapa que se vive, toda vez que vivimos una época donde el propio éxito científico-tecnológico ha aniquilado el antiguo paradigma del progreso indefinido, entendiendo que se puede tanto avanzar como retroceder, y que los símbolos de vida también pueden serlo de muerte, por lo que hay que aceptar que el desarrollo tecnológico puede ir acompañado de subdesarrollo espiritual y cultural.

Sin embargo, para una adecuada regulación no basta con el ejemplo de lo avanzado con la energía atómica, que por insuficiente que sea, en su oportunidad se hizo a partir de la nada, ya que nada servía de orientación para negociaciones que con posterioridad desembocaron en la détente. Más aún, China y EE. UU. pueden cumplir un rol más satisfactorio que la URSS y EE. UU., si logran encontrar una causa común en ponerle límites a la IA sin sacrificar su competencia económica por ser la potencia dominante en el siglo XXI, para ello se necesitan dos cosas en forma adicional, siendo la primera controlar y por lo tanto, regular mucho mejor a las empresas, en momentos que las 7 magníficas pueden ser desplazadas de su actual dominación económica por las nuevas empresas de IA, que van a ir saliendo a la bolsa, una a una.

La segunda necesidad es entender que toda regulación siempre va a ser incompleta si es que no se lograra incorporar a nivel internacional y nacional la respuesta bioética que se necesita en la forma de los neuroderechos, no como moda jurídica, sino como protección contra toda intervención para acceder, registrar, modificar y comercializar la interioridad humana, la mente, el último de los últimos santuarios a ser resguardados. Es a la vez identidad personal e integridad psíquica, derecho humano a ser protegido en una fase incluso anterior a que sea expresado, evitando toda captura tecnológica o comercial, sobre todo, actuando a tiempo para evitar lo que ha ocurrido con la internet y la falta de protección de niños y adolescentes, con la impunidad indebida que la sección 230 concede a las empresas que lo han permitido.

En definitiva, todo neurodato debe ser protegido de usos secundarios, aún aquellas situaciones que el propio sujeto desconoce, por lo que realmente no existe ni puede existir un consentimiento informado de esos estados internos. Es imprescindible avanzar hacia una ética del límite en la IA, ya que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable, por lo que la mente no puede ser modificada o explotada, necesitándose la ampliación de la noción de derechos humanos, a través de la incorporación como deber constitucional que la interioridad humana sea inviolable para el mercado y/o el Estado.

Para la IA no deben existir empresas cuyo tamaño o poder haga imposible su regulación, por lo que es necesario que se imponga la idea que la mente humana es una frontera que no puede ser violada, debiendo ser una línea roja infranqueable, ni siquiera como experimento con reclusos.

Como conclusión, siempre, toda revolución tecnológica ha traído consigo la capacidad para hacer el bien como también el instrumental para el mal, si cae en las manos equivocadas. En ese sentido, la IA no es diferente, por lo que como nunca necesitamos que el sistema educativo promueva el pensamiento crítico para que no se difunda aún más, esta situación de reciente aparición de no pensar por sí mismo, y consultar todo debate de amigos a la aplicación de IA que estemos usando.

Mi impresión personal es que por sí sola la IA no va a cambiar la esencia de lo que somos los seres humanos, ya que, por algo, evolucionamos más lentamente y hemos aprendido lo que Schopenhauer (1788-1860) enseñaba, que, si difícil es encontrar la felicidad dentro de uno mismo, es imposible encontrarla en otro lugar.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U de Essex), Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Cada 18 de julio, Argentina se enfrenta a uno de los capítulos más dolorosos de su historia. Esta semana se cumplen 32 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y que sigue siendo el atentado terrorista más letal de la historia de Argentina. Con el devenir del tiempo toda conmemoración corre un riesgo: convertirse en un ritual que pierde su capacidad de interpelarnos.

Ese día no puede reducirse a una fecha en el calendario. Lo que ocurrió aquella mañana de 1994 no golpeó únicamente a la comunidad judía: fue un ataque contra la democracia argentina, contra la convivencia y contra los valores de una sociedad plural. Fue, también, uno de los puntos más bajos de la historia del país. Por eso recordar es una responsabilidad de todos.

Hoy, esa responsabilidad adquiere un significado aún más relevante. El antisemitismo atraviesa un preocupante resurgimiento en todo el mundo. Tras los ataques terroristas de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, el odio contra los judíos volvió a manifestarse con fuerza, alimentado por la polarización, la desinformación y la velocidad con que las redes sociales amplifican los discursos extremistas.

Argentina ocupa en este escenario un lugar particular, casi paradójico. Dentro de los países con las comunidades judías más grandes en la diáspora (J7), sigue siendo uno de los países más seguros para la vida judía y, sin embargo, no está al margen de las corrientes globales actuales. La DAIA registró 713 incidentes antisemitas en 2025, lo que representa un aumento del 67% con respecto a 2022. Aunque entre 2021 y 2023 Argentina registró apenas cuatro incidentes violentos, en los dos años siguientes esa cifra ascendió a 19 –10 en 2024 y nueve en 2025–, una tendencia que evidencia un incremento drástico en el número de ataques violentos. Detrás de esas cifras hay una advertencia que excede a una comunidad: cuando el prejuicio se normaliza y el extremismo circula sin resistencia, toda la sociedad se vuelve más vulnerable.

La violencia nunca aparece espontáneamente. Antes llegan las palabras que deshumanizan, las teorías conspirativas que erosionan la confianza pública y los discursos que convierten al otro en una amenaza. Esa violencia encuentra terreno fértil cuando las lecciones de la historia, desde el Holocausto hasta la propia AMIA, dejan de transmitirse con la fuerza necesaria.

Y hay algo más que no debe olvidarse. La justicia argentina estableció que tanto el ataque a la AMIA, hace 32 años, como el bombardeo contra la Embajada de Israel, hace 34, fueron planificados por el régimen de Irán y ejecutados por su brazo armado, Hezbollah. Es el mismo patrón que se repite hoy: Irán, principal exportador de antisemitismo y terrorismo en el mundo, respaldó a Hamas en la masacre del 7 de octubre y sostiene a Hezbollah y a otros grupos terroristas que aún atacan al único Estado judío. Cuando el odio contra los judíos cuenta con el auspicio de un Estado, deja de ser un problema local y se vuelve una amenaza global.

En ese contexto, el liderazgo importa. Mientras numerosos gobiernos han respondido con ambigüedad frente al crecimiento del antisemitismo, el gobierno argentino ha rechazado de manera contundente el antisemitismo, tomando pasos concretos para proteger a la comunidad judía. Ese compromiso tiene un impacto real. Cuando quienes ejercen responsabilidades públicas condenan el odio, establecen un estándar que ayuda a toda la sociedad a distinguir con claridad entre el debate legítimo y la intolerancia. Pero ningún liderazgo institucional basta por sí solo.

La experiencia del resto de los países del J7 (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia) ofrece una lección que no debería ignorarse. Durante décadas, las comunidades judías en estos países podían expresar libremente su identidad y desarrollar plenamente su vida comunitaria sin temor. El aumento sostenido de los incidentes antisemitas en los últimos años y los recientes ataques terroristas contra judíos en Australia, EE.UU. y Reino Unido demostraron que, incluso las sociedades más abiertas, pueden verse sorprendidas cuando la intolerancia no se enfrenta a tiempo.

Combatir el antisemitismo exige mucho más que condenas posteriores a cada incidente. Requiere educación, instituciones sólidas, una justicia que actúe con firmeza y una sociedad civil dispuesta a rechazar cualquier forma de discriminación antes de que derive en violencia.

Y hay una deuda que no puede quedar fuera de esta reflexión: 32 años después, las víctimas de la AMIA y sus familias siguen esperando justicia plena. Ha habido avances importantes, pero la impunidad prolonga el dolor y transmite una señal peligrosa: que el terrorismo puede quedar sin consecuencias. Ninguna sociedad puede permitirse aceptar ese mensaje.

Con esa convicción vine a Argentina junto a una delegación de la Liga Antidifamación (ADL). Lo hago para acompañar a la comunidad judía en un nuevo aniversario de la AMIA, abrazar a las familias de las víctimas, fortalecer la cooperación con las autoridades y la sociedad civil, y reconocer el compromiso del gobierno argentino con la comunidad judía. Mi visita coincide, además, con un momento de especial relevancia: Argentina asumió la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una oportunidad para profundizar la cooperación internacional y promover herramientas eficaces para enfrentar el antisemitismo.

El aniversario de la AMIA no debería ser apenas un momento para mirar hacia atrás. Debe ser, sobre todo, una oportunidad para renovar un compromiso compartido: enfrentar el antisemitismo, combatir el terrorismo y defender la convivencia y nuestros valores democráticos.

Porque una democracia no se define únicamente por la fortaleza de sus instituciones. También se mide por su capacidad para proteger a sus minorías, defender la dignidad humana y actuar antes de que el odio vuelva a convertirse en violencia.

*Marina Rosenberg es la vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).

En este quinto aniversario de la rebelión nacional del 11 de julio de 2021 un balance entre las fuerzas represivas y las de la población no deja espacio a duda: un pueblo hambreado, desarmado, sin conexión a internet como en aquella jornada no puede enfrentar con éxito la brutal maquinaria represora del régimen castrista. Por esa razón esta vez las miradas desde Cuba se vuelven hacia Washington.

El tiempo se acaba

La pregunta de si en los próximos meses podría estallar una guerra entre Estados Unidos y Cuba parte de una premisa equivocada. Refleja una comprensión insuficiente de la estrategia y de los recursos que ambas partes llevan meses movilizando en preparación para una probable escalada del conflicto. La verdadera pregunta no es si Estados Unidos y Cuba entrarán en guerra en los próximos meses, sino cuándo se reconocerá que ese conflicto ya está en curso.

Desde hace tiempo ambos países movilizan instrumentos políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad, propios de una escalada estratégica que trasciende el concepto tradicional de guerra. La guerra, en realidad, ya ha comenzado.

El objetivo principal de Washington en esta primera etapa es tratar de alcanzar sus propósitos por medio de un conjunto de acciones –económicas, políticas, diplomáticas– sin necesidad de tener que llegar a recurrir a operaciones militares (aunque estas no se han descartado). Las más espectaculares fueron las de poner fin a los subsidios petroleros gratuitos que llegaban desde Venezuela y el inicio de nuevas sanciones financieras contra el conglomerado GAESA.

En paralelo, Washington lleva meses construyendo la arquitectura institucional y jurídica necesaria para sustentar y legitimar una eventual acción cinética. Se ha reformulado la doctrina de seguridad nacional de forma que incluya el caso cubano como amenaza inminente y creíble. Se ha iniciado un proceso judicial contra Raúl Castro (máxima autoridad real en Cuba). Se ha construido un sistema interamericano paralelo a la OEA (Escudo de las Américas) con su propio tratado de asistencia militar recíproca en la lucha contra el terrorismo y el crimen regional organizado. Ambas instituciones nacen libres del régimen de consenso para adoptar decisiones que ha paralizado a la OEA desde hace décadas. También se han adoptado medidas que exponen y criminalizan las acciones subversivas que algunos grupos emprenden bajo el beatífico disfraz de la “solidaridad con los pueblos” o la “lucha por la paz”.

Podría decirse que todas las piezas están en su lugar y solo falta la decisión final del presidente de Estados Unidos para ejecutar alguno de los diferentes juegos operativos y opciones que han sido diseñados para aplicarse según sea el alcance de los objetivos que se persigan con las acciones militares.

La estrategia cubana: ralentizar o cancelar la fase cinética estadounidense

Para el régimen cubano no existe posibilidad alguna de vencer militarmente a Estados Unidos. Su única probabilidad de salir airoso en una escalada del viejo conflicto entre ambos países proviene de la capacidad que demuestre tener para paralizar y/o ralentizar los mecanismos de toma de decisión estadounidense. Para ello se siembran dudas sobre la necesidad, legitimidad, oportunidad y costos que puede suponer iniciar acciones militares en la isla.

Si en un conflicto cinético cada bando mide su progreso por los blancos batidos con misiles, en esta guerra híbrida La Habana mide el éxito por el número de artículos o comentarios editoriales publicados en medios estadounidenses de gran alcance (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, CNN) que cuestionan la sabiduría de iniciar acciones cinéticas contra Cuba y recomiendan regresar a la fracasada política de contención diplomática de los últimos 67 años. Si la suma aritmética de esos artículos fuera indicadora de victoria –como lo fue en su momento la contabilidad de las bolsas de cadáveres enemigos en Viet Nam– La Habana tendría razones para pensar que está comenzando a ganar esta primera fase. Así, calculan, podrían evitar que Estados Unidos pase a la segunda (cinética) en la que no tiene posibilidad alguna de maniobrar o vencer.

El régimen cubano ha movilizado casi todos los recursos de su maquinaria híbrida. Por un lado, espías sembrados a niveles altos y medios de la burocracia estadounidense. Por otro lado, agentes de influencia que se movilizan en medios de prensa, instituciones religiosas, culturales y otras organizaciones de la sociedad civil, así como en partidos políticos y sus representantes en el Congreso.

Sabiendo que la decisión final de ejecutar una acción militar recae sobre el presidente –ya intentaron y fracasaron varias veces tratando de que fuese el Congreso quien la aprobase– y conociendo las diferentes corrientes de pensamiento e intereses que se mueven en su entorno, han desplegado una actividad frenética de cabildeo: desde congresistas demócratas y republicanos hasta influencers socialistas y ultraconservadores. La Habana es pragmática. No apuesta su seguridad a la gestión exclusiva de Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortes o Zohran Mamdani.

En días recientes se han filtrado documentos cubanos que bajo el título general de Plan de Respuesta Rápida Internacional se detallan las acciones que deberán asumir los asociados a ese engranaje de organizaciones que se movilizan en su favor. No es arriesgado presumir que planes similares deben estar en marcha en algunos países latinoamericanos donde desestabilizar la gobernabilidad les resulte más viable, bien sea por los recursos humanos y materiales a su disposición (entre ellos los que aporta el crimen transnacional organizado regional), o por vivir un momento de transición institucional (Colombia, Perú) o de inestabilidad en su gobernabilidad interna (México).

En esos países y en otros más no solo cuentan con bases ciudadanas de simpatizantes, sino con células clandestinas entrenadas en infiltrarse en manifestaciones pacíficas legítimas, y así desatar confrontaciones violentas con las fuerzas del orden que generen muertes y atraigan titulares de la prensa internacional. Los fallecidos por su causa son entonces esgrimidos como mártires de la brutal represión capitalista. En 2019 lo hicieron en Chile, Colombia y Ecuador. No es descartable que en el futuro cercano veamos a la amorfa y descentralizada Antifa jugando ese papel violento dentro de Estados Unidos como contribución al Plan de Respuesta Rápida Internacional de La Habana.

Las consecuencias de no actuar

Una vez traspasado un cierto umbral de expectativas, el costo de la inacción es mucho más alto y potencialmente impagable que los riesgos de actuar. La parálisis política histórica ha permitido la consolidación en Cuba de un peligro permanente para la seguridad regional.

El abandono de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos en abril de 1961 generó una percepción de debilidad estadounidense a los ojos de la URSS que precipitó la Crisis de los Misiles del año siguiente. La inacción tiene a menudo considerables e imprevisibles costos.

De no actuar en Cuba antes de que expire la ventana actual de oportunidad, son de prever las siguientes consecuencias:

• Erosión de la credibilidad: Estados Unidos perdería su capacidad de ejercer amenazas creíbles en otros escenarios estratégicos si se muestra indeciso ante un enemigo pequeño en su mayor debilidad histórica. También la perdería a los ojos de los cubanos en la isla y de la comunidad establecida en Florida que representa un sólido bloque electoral del partido republicano.
• Supervivencia y radicalización del régimen: El régimen podría consolidar por varias décadas su nuevo estatus de oligarquía autoritaria, prefiriendo siempre alianzas con otros regímenes semejantes y adoptando conductas internacionales más agresivas e irresponsables al sentirse fortalecido por haber resistido ahora la presión externa.
• Impacto político doméstico: La abstención de actuar tras haber generado expectativas de cambio afectaría los resultados electorales, especialmente en Florida y mantendría latente el peligro de futuros éxodos migratorios desde la isla.

Conclusión

El tema cubano tendrá un impacto en Estados Unidos, bien sea si se cancela la acción para cambiar su régimen o si se llegara a ejecutar exitosamente.

En ocasiones, la historia concede una breve ventana para corregir errores acumulados durante generaciones. La historia rara vez ofrece segundas oportunidades. Estados Unidos se encuentra ante una de esas coyunturas excepcionales en las que la decisión de actuar —o de no hacerlo— redefinirá durante décadas el equilibrio estratégico del hemisferio y puede abrir o cerrar el espacio a una escalada internacional de desafíos basada en una renovada percepción de su debilidad. También puede decidir el equilibrio electoral futuro en La Florida y quizás más allá. Esta presidencia tendrá que escoger en 2026 cuál de los dos legados prefiere dejar a sus sucesores. Después de las expectativas creadas esa encrucijada es ahora ineludible.

El tiempo de los diagnósticos está llegando a su fin. Ha llegado la hora de las decisiones. El reloj ya comenzó la cuenta regresiva.

Ni los famosos invitados, ni sus rutilantes vestuarios, ni la peculiar gastronomía, ni tan solo la grandilocuencia del Madison Square Garden donde se ha oficiado la ceremonia. No, el gran ítem de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce que ha movido un gran ruido público ha sido el oficiante del acto, el actor Adam Sandler. A pesar de ser amigo de la pareja, con cuya compañía ha sido visto en muchas ocasiones, su condición de judío, mutada inmediatamente en “sionista”, se ha convertido en el motivo de ataque y señalamiento, tanto del actor, como de la cantante.

A partir de aquí, el asedio de los sospechosos habituales ha sido implacable. Los de Land Palestine (cuya cuenta fue suspendida en Instagram) han asegurado que Swift ha dejado clara su posición proisraelí, y la vocera pro palestina Kate Crawford ha postulado que “todos son sionistas, y no hay duda al respecto”. El debate, abierto en canal en las redes, ha sentenciado dos cosas preocupantes: una, que Swift tenía una posición geopolítica respecto al conflicto, a pesar de no haberse posicionado nunca; y dos, que Sandler era la prueba fehaciente de dicho posicionamiento, a pesar de haber mantenido un perfil bajo al respecto. Por el camino, las excavadoras han buscado otras “pruebas de cargo”, como el hecho que la pareja hubiera cenado en el popular Or’esh, el restaurante israelí del Soho, o que en 2023 Sandler había dicho que tenía “el corazón destrozado” después de la masacre del 7-O, y había firmado una carta a Joe Biden para que ayudara al retorno de los rehenes de Hamás. Solo existía esa acción de Sandler, alejado del activismo de otras personalidades de Hollywood, pero ya ha sido suficiente para grabarle la estrella en el brazo. Tampoco no ha servido de nada que Sandler no haya visitado nunca Israel, o que Gigi Hadid, cuya retórica antiisraelí es sobradamente conocida, estuviera entre los invitados.

En conclusión, nada importa, porque en este momento de masificación del discurso pro palestino, no existe ni el derecho al silencio, ni la ambigüedad racional, ni el gris argumental, ni la posibilidad de tener la posición contraria y defender abiertamente a Israel. Convertida en el gran Satán y despojada de su historia trágica y de todas sus razones, Israel es el apestado del debate público, y a partir de la demonización del estado hebreo, todo el mundo judío queda bajo sospecha. No sirve intentar estar al margen, ser un actor o una cantante que solo quieren actuar o cantar, vivir la creación más allá de la geopolítica, es igual porque los judíos y sus amigos están bajo asedio. Se ha abierto la veda de caza al judío así, en seco, sin la coartada del antisionismo, la plataforma que disfraza hábilmente el antisemitismo de siempre. Ese es el síntoma preocupante que emana de la polémica Swift-Sandler: la imposición, vía amenaza de estigmatización, del pensamiento único pro palestino. Único e integral, porque este pensamiento único normaliza y blanquea, dentro del “Free Palestine” todo lo detestable, desde el terrorismo palestino, hasta el papel de Irán o la masacre del 7-O. ¿Por qué Swift deber estar obligada a tener una posición clara sobre el conflicto más complejo del mundo, cuyas derivadas internacionales son múltiples? ¿Por qué no puede ser su oficiante de boda un amigo judío, sin que ello la convierta en enemiga del pueblo palestino? Y a partir de aquí, el resto de preguntas que levantan la red flag del momento que vivimos: el palestinismo se ha convertido en un dogma impuesto, sin debate, ni réplica, simplificado hasta el paroxismo y sin las múltiples aristas que deberían motivar el debate. Un palestinismo ideológico, alejado de la realidad (y las necesidades) del pueblo al que dice defender, no en vano blanquear al terrorismo solo sirve para hipotecar eternamente el futuro del pueblo palestino.

Si este fenómeno de imposición del dogma es especialmente vistoso en la polémica Swift-Sandler, dada la relevancia de sus protagonistas, es igualmente visible en los múltiples actos antisemitas que se están produciendo en el mundo. Solo en los últimos días en España, los ejemplos van en cadena: expulsión de dos mujeres de una sauna LGTB de Barcelona por llevar un colgante con una estrella de David; persecución en masa de un grupo de judíos jasídicos franceses que salían de una sinagoga de Barcelona con sus kipás después del oficio; suspensión de la presentación en la Feria del libro de Santander de un libro de Haikus japoneses del escritor judío-argentino Marcos Ricardo Barnatán, después del violento asedio de centenares de pro palestinos; y, finalmente, la vergonzosa pancarta “Destroy Israel” en el chupinazo de los Sanfermines en San Sebastián, emitido en directo por Televisión Española, sin ningún comentario crítico, ni reproche. ¿Qué une a todos estos actos de boicot, sino es la judefobia? Expulsar a unas mujeres por llevar un mero símbolo judío…, perseguir a un grupo de judíos jasídicos por sus vestimentas…, boicotear a un poeta que considera que la cultura une a los pueblos…, y al final, pedir la destrucción de todo un país, es decir, hacer apología del genocidio de nueve millones de personas, y todo ello, hacerlo en nombre de la solidaridad, la paz, los pueblos y etcétera…

¿Cuántas más alarmas necesitamos para entender que lo que está ocurriendo es muy grave? ¿Cuántas para entender que la caza al judío se está normalizando a pasos de gigante? ¿Cuántas para considerar que este fenómeno de imposición del pensamiento único destruye los fundamentos de la sociedad democrática? El síntoma Taylor Swift nos apela directamente, porque representa la degradación de los valores occidentales que han dado forma a la sociedad de la libertad. Sustituidas las ideas por los dogmas, y los debates por las pancartas, no queda nada: el pensamiento muere cuando vence el miedo.

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Hoy cualquier dispositivo electrónico establece una cadena de control intolerable. El monitoreo comprende prácticamente todos los aspectos de la vida, la ubicación, los traslados, los gustos, las compras, preferencias políticas, deportivas, etc. los algoritmos son implacables al respecto. Es imposible no sentir que la libertad está bajo vigilancia. Es imposible no sentirse vulnerable e inseguro, es imposible no sentirse observado. Pero es imposible desconocer que para muchas personas esta es la dinámica de interacción con el sistema que les resulta comprensible y por lo tanto esencial para su vida.

La libertad como fenómeno personal consciente suele asociarse con la acción, pero para los seres humanos la libertad constituye el fundamento radical de la política que subyace en toda expresión de ideas y conocimiento. En el proceso de comprensión de la realidad, los intentos conscientes por establecer la moralidad sobre nuevos principios deben estar basados ​​en la convicción de que la libertad no puede ser lograda sin un progreso real en el ámbito de la responsabilidad y los deberes. La moralidad sirve de fundamento para todas las formas de política, no sólo la política institucional o el derecho, sino también la historia, la academia y cualquier ámbito donde el sentido común político intente emprender acciones y comprender motivaciones humanas en estructuras y funcionamientos sistémicos.

Es precisamente esta visión de la moralidad como una dimensión política profunda de la conciencia humana en sus interacciones que hace necesario explorar este tema con mayor profundidad y a desarrollar el concepto de «proceso» de la libertad que surge como expresión de la acción y el pensamiento. Este es el fundamento a partir del cual se desarrollan los contenidos de la libertad. Vale la pena examinar brevemente la estructura de la ética, ya que el análisis revela que las operaciones sociopolíticas fundamentales —como la negación, la afirmación, etc.— funcionan de manera análoga a los actos de libertad física. Es necesario reconocer la necesidad de ir más allá del análisis moral y comprender las operaciones lógicas básicas que ocurren en la psicología de los sujetos políticos y sociales al ejercer la libertad. En consecuencia, el término “proceso” puede servir desde el punto de vista político para expresar el ejercicio de la libertad como marco sistémico en el que se incluyen acciones e interacciones de los diferentes actores del sistema. Estas influencias han transformado la comprensión de la libertad, incluyendo la dinámica de los asuntos políticos y los factores sociales subyacentes que pueden influir en ellos, indudablemente la falta de libertad ética en la esfera política oscurece claramente el desarrollo económico, social e histórico.

Las nociones humanas vinculadas a la teoría de los “juegos” desempeñan un papel clave en la comprensión de cómo las personas perciben el proceso dentro de la realidad, incluso si nuestra autoconciencia nos impulsa a evitar referencias directas y explícitas a la idea de comunidad. La libertad, realizada dentro de un entorno de ideas preexistentes y múltiples patrones de comportamiento, no puede ignorarse; por lo tanto, la transición a la acción debe considerarse un proceso estructural o un modo de acción específico. En realidad, la libertad es lo que originalmente se concibió: un enfoque para analizar fórmulas políticas y la experiencia social de comprender el propio lugar en el espacio. Esta comprensión explica por qué el reconocimiento de la libertad requiere la clarificación de los fundamentos conceptuales de la cognición y sus operaciones fundamentales dentro de un sistema.

Las condiciones sociales, políticas y económicas pueden tanto obstaculizar como facilitar la libertad. Todos estos factores pueden limitar la realización de los derechos; estas limitaciones están estrechamente interrelacionadas e impactan los derechos de diferentes maneras. Eliminar estas limitaciones es necesario para construir una sociedad más justa y perfectible, así como para moldear la autoconciencia personal, lo que facilita el desarrollo de individuos más libres e integrados. Desafortunadamente, a menudo observamos una realidad diferente: patrones persistentes de discriminación basados ​​en la raza, el género, el lugar de residencia (zonas rurales), el estatus social, la clase, desigualdades varias, la discapacidad, etc. Una dictadura intensifica enormemente estas restricciones, privando a la sociedad, a las comunidades y a los individuos de las herramientas necesarias para remediar las situaciones derivadas de tales patrones, ya sea la persecución política o el ostracismo social. Todas estas restricciones a la libertad generan disfunciones estructurales dentro del sistema. Al mismo tiempo, distorsionan fundamentalmente la percepción que el individuo tiene de sí mismo y de las capacidades a desarrollar por la mente humana en un entorno libre.

Por otra parte, la interrelación entre subjetividad y objetividad lleva a uno de los principales temas en la política que es la tendencia a describir la libertad únicamente en términos de las llamadas propiedades objetivas, según el cual las reglas se aplican independientemente de las condiciones subjetivas que llevan a la aplicación de principios por parte de cada persona. La cuestión de la libertad que aquí se presenta tiene una relación directa con la ética de la conciencia, la prueba de ello se afirma en cómo los procesos de ejercicio de libertad se fundamentan en la subjetividad. Si bien las reglas y las estructuras de poder regulan el funcionamiento de la ética, la esencia del proceso en sí reside en la acción y en la capacidad de acción. Por ejemplo, María Corina Machado no es libre de regresar a Venezuela. Su conciencia y su dimensión ética pueden tener claro lo que debe hacer, pero rivales y aliados impiden/limitan esta acción.

El humanismo afirma la libertad para que la acción (y su relación con la conciencia) desempeñe un papel fundamental en la experiencia y la comprensión por parte de cada actor político, el rol del humanismo para determinar las condiciones subjetivas que llevan a la acción es esencial. El método político de forma integral busca comprender la estructura de la ética de la conciencia en todas sus formas, ya sea individual, social, comunitaria o histórica. Ningún actor político puede prescindir en sus reflexiones y sus acciones de la conciencia y el inconsciente, especialmente en el contexto de la emotividad negativa de la política del siglo XXI. Sin embargo, al reconocer la existencia del inconsciente, el interés principal radica en cómo la conciencia participa en la acción y moldea el conocimiento de la libertad. Este sentido de libertad nos recuerda constantemente que es imposible ofrecer una descripción de la libertad sin que la subjetividad siempre esté presente en el proceso.

Por supuesto, el objeto del conocimiento —tal como suele presentarse en la política y la sociedad actuales— no está exento de la influencia de la cultura social. Y, sin embargo, estos parámetros de sesgo son parte integral del proceso mismo. Desde cualquier perspectiva, vemos que el sentido común o la actitud natural reduce la definición política a las interacciones de los elementos como si observáramos la secuencia de una fórmula ya probada. Esto presupone que la justicia y la equidad existen en sí mismas, sin cuestionamientos, dentro del marco de las definiciones aceptadas por los actores políticos. Sin embargo, si consideramos cómo se forma la experiencia —a través de la síntesis de datos, algoritmos y percepciones que crean recuerdos, mediante parámetros lingüísticos, así como a través de la ubicación espacial, temporal, la visión ideológica o el alcance de sentidos, nos damos cuenta de que esta experiencia no es en absoluto neutral. La postura natural tiende a la objetividad, pero este mismo proceso de percepción por el cual se filtra la libertad oculta algo más profundo. La dificultad reside en describir este proceso sin sucumbir a las distorsiones que inevitablemente surgen durante dicho filtrado. Aquí es donde surge la idea de «reducción»: una forma de interrumpir el curso habitual de la experiencia natural para avanzar hacia una posición política trascendental. La estructura conceptual de la libertad tiene varios niveles y no todos ellos son aplicables para cada persona que puede ser no esté interesada en determinados ejercicios de derechos, los tenga o no los tenga, los quiera tener disponibles o no.

El enfoque inicial para enfocar la libertad y centrarla en la acción, tiene que ser realista o descriptivo. Este proceso implica dejar de lado las hipótesis y las teorías especulativas para centrarse únicamente en describir la acción libre y volver a «las cosas mismas», es decir, a cómo se percibe y se vive la propia experiencia y los factores políticos/sociales/económicos que influyen en la misma. Esto implica, por ejemplo, analizar la conciencia de la libertad y comprender cómo se forman el significado y la dirección de la acción, así como la importancia que estas acciones tienen para las interacciones que se emprendan. Una explicación causal —por ejemplo, afirmar simplemente que una determinada acción libre está determinada por una causa específica— es absolutamente insuficiente, ya que este tipo de explicación es característica de un modelo que ignora la dimensión ética y moral de las ideas políticas. El peso específico de la acción moral libre no está sujeto a medida. Por eso una organización como la OEA con un presupuesto mínimo pudo deslegitimar un país petrolero con presupuestos millonarios. Ello ocurrió simplemente a partir de posicionamientos éticos basados en los hechos, lo que neutralizó hasta cierta medida su capacidad de comprar o presionar voluntades.

Esto quiere decir que siempre hay elementos que neutralizan la acción puramente libre, no todo el mundo puede seguir todo el tiempo un propósito ético, si bien una parte significativa de la experiencia puede describirse de esa manera, dicha descripción no logra captar la naturaleza misma de la acción, pues son muchos los elementos que aborda la dimensión ética que determina la actitud hacia los propios intereses, zonas de confort y adversidades de la vida. No es necesario esforzarse por comprender cómo el sentido común percibe esta experiencia en términos de su significado o importancia ética. Por lo tanto, al centrarnos en cómo las cosas tienen sentido para nosotros, con el fin de comprender este proceso de construcción de significado debemos dejar de lado diversas teorías de la percepción política e intentar identificar las características internas de la acción misma. En este sentido, no basta con ofrecer una descripción exhaustiva de las experiencias —tanto intelectuales como sensoriales— que caracterizan a la libertad, esta visión opera de manera diferente desarrollando primero una teoría de la libertad externa y luego, casi como complemento, una teoría de la libertad de la mente y la acción humana interna, pero en el individuo político la libertad se mueve muchas veces en la dirección opuesta, por ello es muy probable que siempre implementemos nuestra primera decisión más allá de las discusiones, argumentaciones y procesos que se lleven adelante, superar estas barreras siempre está plagado de dificultades independientemente de dónde comencemos.

Así, al analizar esta ética pública de la libertad, observamos permanentes cambios de rumbo, tantos como cambia la política de derecha a izquierda y viceversa. Porque parte de los hechos internos de la conciencia humana, también luego se construye libertad sistémica sobre fundamentos ideológicos. En consecuencia, esto implica un conjunto diferente de problemas y puntos de partida distintos. Cuando se tiene suerte este enfoque ideológico va acompañado de la búsqueda de conocimiento fiable, así como del reconocimiento de que la decisión y el “gran proyecto” ideológico pueden atravesar diversas etapas, desde el escepticismo radical hasta las convicciones simples, y todo esto puede ocurrir dentro de la misma conciencia sucesivamente. Por supuesto, es imposible desarrollar un conocimiento que sea simultáneamente libre de prejuicios y por lo tanto más fiable; en cierto sentido, las actividades sociales, económicas y políticas habituales de implementación de la “ética pública” sirven de base para la sostenibilidad de la libertad, al igual que gran parte del trabajo práctico, ya que la mayoría de estas dimensiones de la ideología son en gran medida programáticas y repetitivas, y abordan cuestiones que distorsionan, socavan o disminuyen la libertad. Muchas veces resulta asimismo evidente que la comprensión conceptual de la libertad en relación con las instituciones se centra más en cómo pueden las instituciones limitarla que en cómo puede expandirla. Y también ocurre que el concepto de libertad está más estrechamente vinculado al funcionamiento de una política de identidad particular que a cómo la conciencia aplica un método —un “proceso”— para discernir las esencias eternas inherentes a la libertad humana y como una vez discernidas estas esencias, la conciencia comienza a definir la libertad a través de ellas. El “sentido común” al que se apela en general en la política puede comprenderse con claridad, de modo que su fuerza se vuelve innegable, y sólo entonces éste sentido común conforma todos los demás elementos del conocimiento sobre la libertad.

Sería ideal tener una referencia humanista/humanitaria permanente para el ejercicio de la libertad. Así, la acción humanitaria describe la realidad y funciona como una práctica política rigurosa, incluso si la idea de fusionar libertad con acción humanitaria parece radical. Sin embargo, intentar lo contrario sería desprenderse de principios fundamentales. Los intentos, tanto de la derecha como de la izquierda, de separar la acción humanitaria de la libertad han sido persistentes. No obstante, debe sostenerse que dicha definición no es simplemente una cuestión de política estricta, sino una condición necesaria para comprender qué significa la libertad y qué puede o debe hacerse con ella. Las formas ideológicas de entender la libertad son muy particulares, en algunos casos se entiende la libertad del asistencialismo total o la libertad del consumidor. Es una tarea formidable ganar una batalla política que dote a la libertad de un significado que trascienda las opciones y decisiones y la dimensión humanitaria es capaz de preservar la visión de alcanzar un objetivo incluso cuando la política se desmorona a su alrededor, y no se puede negar la nobleza del mero intento de emprender tal proyecto. Es importante considerar que la libertad debe consistir en esta labor humanista/humanitaria para ser una especie de estándar o procedimiento para comprender la positividad de su esencia, esto es como un método para fortalecer la política en su acción social y de asegurar la eficiencia de su funcionamiento en el contexto de la sociedad en la que uno se encuentra.

Uno de los problemas es la sensación de desesperanza ante lo “incontrolable” que suelen tener los políticos. Imagino que ustedes —como personas que viven en la América Latina contemporánea y pertenecen a su folclore o tradición política— perciben la palabra “incontrolable” como algo caótico e incierto. Quizás la palabra «incontrolable» debería ir en cursiva, ya que esta categoría puede ser bastante fluida y parece ser muchas veces el elemento crucial de la libertad. También es importante considerar que, si bien esta afirmación puede no ser cierta para todas las formas de comportamiento, es posible imaginar un modelo «incontrolable» que sea incuestionable, y también modelos muy cuestionables. Las expresiones incontrolables de libertad se forman en una conciencia capaz no sólo de evitar conscientemente las trampas de los modelos de toma de decisiones impuestos por el sistema político, la sociedad o la economía, sino también de superar las limitaciones naturales generadas por las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos que surgen bajo la influencia de estos sistemas. Consideremos algunos de estos puntos problemáticos y cómo se relacionan con la tesis de que los hechos que contradicen a la ética en la predeterminación de resultado son en sí mismos irreductibles; en otras palabras, el razonamiento del sentido común sobre el amor, el odio, la esperanza, la culpa y el deseo a menudo se basa en la noción de que las decisiones de cualquier persona pueden reducirse a algunos de estos elementos. En contraste, el enfoque humanitario considera estos favores muchas veces una intrusión inaceptable en el ámbito de la conciencia.

Algo similar ocurre en el análisis de las estructuras, puesto que el enfoque humanitario presupone la existencia de sistemas éticos contradictorios que se transforman en realidades irreductibles. Es lo que señalábamos en una ocasión anterior respecto a las segundas vueltas electorales entre proyectos incompatibles entre sí en Latinoamérica. Dado que los principios semánticos de cada sistema son fundamentales, la acción se convierte en la encarnación de aspiraciones políticas, sociales, religiosas, culturales o económicas: una especie de proyecto para cumplir con el deber, tal como lo entiende el individuo, su ideología y sus circunstancias circundantes. Estos enfoques políticos, sociales y de otra índole sobre la libertad buscan primero formar el “yo ideológico” y luego, sobre esta base, construir la naturaleza del proyecto en sí; el proyecto ético humanista/humanitario, por el contrario, primero construye la naturaleza de la libertad y sólo después integra al “yo ideológico” al proyecto. Así, cuando el “yo ideológico” se vuelve primordial, planteando la cuestión de la relación entre las reglas (algunas veces incluso la constitución) y un objetivo incontrolado del ejercicio “ ideológicamente correcto” de la libertad. Es importante fundamentar la idea de actividad no controlada, una categoría que puede resultar más precisa de lo que aparenta inicialmente, ya que implica el estudio del juego político-económico y su historia, así como la búsqueda de una perspectiva óptima como una “delimitación” conceptual que aborde el problema mismo que la libertad pretende resolver.

La crisis permanente de la existencia latinoamericana demuestra que es más fácil definir aquello a lo que se opone que aquello que defiende. Los procesos latinoamericanos se enfrentan a fenómenos como el historicismo, el relativismo, el irracionalismo y la narratividad, los desafíos que buscan distanciarse de la libertad o, más precisamente, de las estructuras y mecanismos de desarrollo basados ​​en la libertad. Quizás esta sea la reacción de América Latina al auge de la “política natural” moderna, que ha desviado a la región, distorsionado su comprensión de la libertad y conducido al empobrecimiento debido a una mala interpretación de las reglas de este “juego”. En cierto sentido, la realidad sugiere que estos problemas son fundamentalmente de naturaleza cultural. Un proyecto con una orientación más ética podría permitir que los objetivos políticos salven a la región de la degradación y revitalicen el proceso de desarrollo. El desarrollo no puede avanzar sin libertad: la libertad que permite la formación de la inteligencia colectiva en lugar de su destrucción en aras del beneficio individual negativo que resta al proceso económico/social integral; una libertad capaz de construir la inteligencia colectiva de un sistema para la protección de los derechos humanos. Ninguno de estos modelos forma parte del comportamiento natural de los países de la región si bien la racionalidad de la libertad abarca todo el ámbito de la experiencia humana y la racionalidad humana permite comprender la libertad en cualquier contexto político, social y económico conocido.

El objetivo es explorar no sólo las capas pre-reflexivas, sino también los conceptos que crean las condiciones naturales para la libertad; por ejemplo, el significado, la verdad, el amor y el miedo (elementos considerados esenciales para todos los seres conscientes y cognoscentes). En cada caso, nos encontramos con un movimiento circular del pensamiento: el razonamiento inevitablemente regresa a sí mismo en un intento por comprender nuestras acciones y pensamientos libres, y por lo tanto, la transición al reino de la vida interior no nos lleva tanto al logro de un estado vivo de libertad... En busca de la esencia de la libertad, tomemos, por ejemplo, a las personas de un determinado sistema y apliquemos el proceso de reducción al “mundo de la vida inmediata”. Es necesario reflexionar sobre esto. Al interactuar con la sociedad, atribuimos diversas condiciones a la misma (el mundo en que vivimos, nuestro “aquí y ahora”), y luego las añadimos o descartamos mentalmente. Observamos cuáles de estas condiciones pueden descartarse sin perder la esencia misma de la libertad, y cuáles no; cuáles son esenciales para nuestra libertad, y cuáles no. Estas condiciones varían de una sociedad a otra y de una persona a otra. Precisamente por eso, algunas personas viven pacíficamente bajo una dictadura, mientras que otras no pueden tolerarla ni por un instante.

Un régimen totalitario cuestiona la libertad misma; sobre todo, busca suspenderla. Esto no se debe a que dude de su existencia ni a que sea escéptico respecto a las sillas o el sentido común; no niega su existencia. Simplemente afirma que la libertad externa es irrelevante y debe descartarse —en un sentido estrictamente económico, es decir, aislando el problema—, ya ​​que, como recordamos, un régimen totalitario se basa en el control; por lo tanto, todo lo “incontrolable” debe quedar fuera del alcance del control interno y de todo lo que este conlleva. Al hacerlo, una parte significativa de los derechos humanos y de la experiencia humana queda inevitablemente suprimida. Las dictaduras fuerzan el sistema hacia la ineficiencia, pues sus dinámicas de control funcionan mejor cuando las dinámicas económicas o sociales son de baja intensidad y calidad. Es imposible que una dictadura pueda ejercer un control total sobre un sistema económico o social en que cada actor de esos sistemas tenga capacidad máxima de acción social o producción económica. Por ejemplo, en un sistema de control, se excluyen las relaciones causales, puesto que la lógica del control no percibe causalidad en la libertad ni busca modificarla; es simplemente una secuencia de eventos, donde una cosa sigue a la otra; todas las narrativas y consideraciones externas también se descartan. Lo único que queda son los datos brutos y puros de la existencia humana: esa cualidad común inherente a todos nosotros, que el sistema totalitario busca controlar. Esto puede imaginarse como un proceso de selección en busca de algún elemento simple y definible, el poder intenta filtrar el contenido de la experiencia humana para preservar lo que podría llamarse su “esencia controlable”: el comportamiento inmutable y determinista que define toda experiencia. Combinando estos elementos de control, llegamos al concepto de “reducción humana”, que surge del rechazo de la dinámica de los derechos humanos (es precisamente en esta dinámica donde residen las definiciones de la esencia de la libertad). El deseo humano de alcanzar la libertad está inextricablemente ligado a la descripción de cada derecho humano registrado en la historia, desde el Cilindro de Ciro hasta nuestros días.

El 30 de junio, participé en una reunión de líderes de la oposición democrática nicaragüense organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, D.C.

Las luchas del pueblo nicaragüense son personales para mí. Fui expulsado de Nicaragua en 2016 por la dictadura Ortega-Murillo mientras realizaba un viaje de investigación en el país.

También he trabajado con la oposición democrática de Venezuela en su lucha contra el régimen chavista. Esa experiencia me deja escéptico sobre las perspectivas a corto plazo para restaurar la democracia en cualquiera de los dos países.

Un historial de represión y riesgo estratégico

El caso de la oposición es tanto moral como estratégicamente convincente. Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y grupos de derechos humanos han documentado las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo y su derecho democrático a la autodeterminación.

Estas incluyen el asesinato, encarcelamiento y tortura de cientos de personas tras las protestas de 2018, el secuestro de las elecciones de 2021, la criminalización de partidos de oposición y de más de 1,500 organizaciones no gubernamentales, la expulsión de disidentes, y el despojo de su ciudadanía y propiedades.

El régimen también ha dado refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha ofrecido asilo a funcionarios de izquierda acusados de corrupción, incluidos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Desde un punto de vista estratégico, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales anfitriones de adversarios de Estados Unidos en la región.

Ha recibido tropas rusas en repetidas ocasiones desde el regreso de Ortega al poder en 2007, junto con bombarderos rusos con capacidad nuclear y con instalaciones de comunicaciones espaciales y de entrenamiento policial. Empresas chinas han emprendido proyectos opacos de construcción y minería, incluidos en el puerto de Corinto y el aeropuerto de Punta Huete, sitios que podrían servir a las fuerzas armadas chinas en tiempos de guerra.

La ocupación por Nicaragua en 2010 de territorio en disputa a lo largo del río San Juan y su recepción de fuerzas rusas han sido señaladas repetidamente como amenazas por vecinos, incluida Costa Rica.

Estos riesgos coinciden estrechamente con las prioridades establecidas por la administración Trump en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, que sitúan a Nicaragua dentro del enfoque de la "Gran Norteamérica" promovido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado y su antecedente de albergar a líderes terroristas lo hacen relevante para el enfoque de la administración en el narcoterrorismo.

Lo mismo ocurre con su papel en facilitar el tránsito de más de 700,000 migrantes hacia Estados Unidos, incluidos los ingresos que recaudó de los vuelos de migrantes haitianos.

Por qué el momento no es propicio

A pesar de estos peligros, las condiciones en Nicaragua, como en Venezuela, aún no son adecuadas para una transición democrática.

Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia Católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada o forzada al exilio.

Las fuerzas de seguridad y el ejército, junto con las élites empresariales que sobreviven, están ellas mismas implicadas en la corrupción del régimen y en las violaciones a los derechos humanos.

Para muchos integrantes del régimen, una transición democrática que pudiera exponerlos a un enjuiciamiento parece más peligrosa que la continuación de la dictadura.

La próxima elección en Nicaragua está programada para 2027, pero la oposición aún no se ha unificado ni ha construido la base institucional necesaria para presentar una alternativa creíble.

Una abertura estrecha

La posibilidad más interesante de cambio es la transición generacional en curso, de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus hijos, especialmente Laureano Ortega, a medida que la salud de ambos líderes envejecidos se deteriora.

Algunos miembros de la oposición nicaragüense sostienen que sandinistas marginados por esta sucesión podrían provocar una división dentro del sandinismo, una que la oposición podría aprovechar si logra construir unidad y cultivar lazos con internos del régimen descontentos.

Para ello, argumentan, sería necesario ponerse de acuerdo en un programa limitado de transición democrática, entablar contactos discretos con sandinistas desilusionados y otras figuras del régimen, y ofrecer garantías de que los funcionarios que apoyen una transferencia pacífica de poder no enfrentarán el mismo trato que aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Por qué la presión externa podría no ser suficiente

Un apoyo externo decisivo sigue siendo improbable en el corto plazo. Europa ha ofrecido declaraciones y sanciones, pero no está en posición de actuar de manera decisiva si se produce una apertura política tras las elecciones de 2027.

En Washington, otras prioridades, incluido Venezuela, Medio Oriente y Cuba, podrían retrasar la atención sostenida a Nicaragua, aunque el país encaje perfectamente en las preocupaciones estratégicas declaradas por la administración.

Estados Unidos podría ampliar las sanciones existentes, potencialmente apuntando a Ortega personalmente, o tomar medidas para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central.

Un observador bien ubicado sugirió, en declaraciones extraoficiales, que Washington podría intentar cooptar a Laureano Ortega, tolerando su consolidación del poder y enriquecimiento a cambio de cooperación y acceso empresarial, una estrategia que sería similar a la adoptada con Delcy Rodríguez en Venezuela.

Como en Venezuela, un acuerdo pragmático de este tipo probablemente dejaría sin resolver la ilegitimidad y corrupción subyacentes del régimen, además de su acogida a actores extranjeros hostiles.

Una acción más decisiva de Estados Unidos es poco probable antes de que Washington resuelva desafíos más urgentes en Irán, Venezuela y Cuba. Las elecciones de medio término de noviembre añaden aún más incertidumbre: un Congreso más empático y el deseo de la administración de lograr una victoria en política hemisférica podrían aumentar la importancia de Nicaragua, mientras que la reticencia a abrir un nuevo frente antes de las elecciones podría igualmente relegarla en la agenda.

El sufrimiento del pueblo nicaragüense es inmediato. La amenaza que representa el régimen Ortega-Murillo para sus vecinos y los intereses estratégicos de Estados Unidos es real.

Pero por ahora, el mejor curso de acción de la oposición es construir unidad con los desertores sandinistas actuales y futuros, profundizar las coaliciones internacionales y la concienciación pública, y prepararse para el momento en que las condiciones internas e internacionales se alineen para una acción decisiva y unida que restore la democracia nicaragüense y ponga fin al papel del país como punto de apoyo para los rivales de Estados Unidos en el hemisferio.

R. Evan Ellis es investigador principal no residente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Su libro más reciente, China Engages Latin America: Distorting Development and Democracy, ha sido publicado por Palgrave Macmillan. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor.

A finales de junio de este año, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia y las misiones diplomáticas bajo su control en la región de América Latina y el Caribe, en particular la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, dieron a luz a otra campaña de desinformación a gran escala.

La Moscú oficial acusó cínicamente a Ucrania de que sus puertos del Mar Negro y sus estructuras de seguridad supuestamente se han convertido en un “centro de tránsito para el narcotráfico latinoamericano hacia Europa” y una “fuente de armas occidentales para los carteles”.

Este absurdo, disfrazado del envoltorio propagandístico habitual del Kremlin, no habría provocado más que ironía si no fuera por el momento (timing) claramente calculado y el contexto geopolítico de esta operación de información y guerra psicológica.

Moscú aplica la táctica clásica de la “acusación en espejo”: inundar el espacio informativo con ficciones con el fin de ocultar los vínculos criminales propios, legalmente documentados, de las estructuras estatales rusas con los sindicatos de la droga más peligrosos de la región. La verdadera razón de la histeria actual de los servicios secretos rusos es la inevitable filtración a gran escala de información a la prensa internacional, provocada por los recientes arrestos de altos funcionarios involucrados en los esquemas transcontinentales de armas del Kremlin.

A los diplomáticos rusos que intentan modelar “centros de narcóticos ucranianos” míticos, les convendría profundizarse más detenidamente en los sótanos de sus sedes diplomáticas y estudiar los archivos de sus propias misiones diplomáticas. La comunidad internacional sabe muy bien qué sedes diplomáticas funcionaron realmente como almacenes de tránsito de drogas duras. El mundo entero recuerda el ruidoso escándalo internacional con el hallazgo de unos 400 kilogramos de cocaína pura directamente en la escuela de la Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina.

Este cargamento, valorado en más de 60 millones de dólares, fue empacado por “representantes” rusos en valijas diplomáticas con el propósito de enviarlo a Moscú en aviones gubernamentales del Escuadrón de Vuelo Especial “Rusia”, que sirve a los altos funcionarios del Kremlin. También es indicativo el destino posterior del entonces embajador ruso en Buenos Aires, Víktor Koronelli. En lugar de un tribunal o un despido vergonzoso por el almacén de cocaína bajo sus propias narices, el Kremlin lo nombró sucesivamente como el jefe de misiones diplomáticas en puntos estratégicos para la región: primero como embajador en México y actualmente en Cuba. Parece que, en el sistema del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el ascenso diplomático se correlaciona directamente con el éxito en la logística criminal del Sur Global.

Mientras Moscú produce informes falsos, las agencias de aplicación de la ley de los EEUU, España y Bulgaria, con la participación de los investigadores del proyecto NarcoFiles, han expuesto por completo una red real y funcional de suministro de armamento militar pesado para uno de los carteles de la droga más violentos “Jalisco Nueva Generación” (CJNG).

Los materiales del Departamento de Justicia de los EEUU y del Tribunal Federal de Virginia demuestran que se intentó vender al cartel mexicano un colosal arsenal militar valorado en 58 millones de dólares, que incluía lanzagranadas antitanque, rifles de francotirador, minas y sistemas de defensa aérea portátiles. El arquitecto principal del esquema resultó ser el traficante de armas búlgaro Petar Mirchev, socio comercial de muchos años del conocido “mercader de la muerte” ruso Víktor Bout, a quien el Kremlin liberó tan ardientemente de una prisión estadounidense y posteriormente integró en su sistema político.

Durante los registros, las fuerzas del orden europeas descubrieron que las mismas empresas clandestinas que preparaban las armas para los militantes mexicanos eran utilizadas paralelamente por Rusia para la compra de componentes militares escasos, eludiendo las sanciones internacionales. Es decir, se trata de una red única de agentes criminales del Kremlin.

El principal detonante que obligó a la inteligencia rusa a actuar en modo de emergencia a finales de junio de 2026 fue el colapso final del brazo logístico africano de este esquema. Las armas para el cartel CJNG estaban marcadas bajo certificados falsos de usuario final para los Ministerios de Defensa de Tanzania y Uganda.

El 27 de junio del corriente, los servicios secretos detuvieron en Uganda a un actor clave de este eslabón: el ex oficial de las Fuerzas de Defensa locales, Michael Katungi Mpeirwe. Ya el 29 de junio, un tribunal de Kampala satisfizo por completo la solicitud de los EEUU para su extradición. La entrega de Katungi a la justicia estadounidense significa la revelación completa de las transferencias financieras y de agentes que conducen directamente a Moscú. Es por eso que Rusia activó urgentemente la operación “Matrioshka”, intentando llenar el espacio informativo con ficciones sobre Ucrania antes de que aparezcan las primeras actas de los testimonios de Katungi en los principales medios de comunicación.

Durante mucho tiempo, el argumento de que “las armas para Ucrania pueden caer en manos del crimen” fue apoyado artificialmente por los agentes rusos para justificar la neutralidad de ciertas capitales latinoamericanas. Hoy en día, los procesos judiciales internacionales en los EEUU y España disipan este humo ruso: los hechos reales demuestran que el único proveedor sistemático de tecnologías militares para el narcoterrorismo en América Latina fue y sigue siendo la Federación de Rusia.

Ucrania, por su parte, al defender su propia libertad, sigue siendo un socio confiable para todos los Estados que respetan el derecho internacional y la seguridad de sus ciudadanos.

En política existe una diferencia fundamental entre ganar una elección, cuando el momento llega, y construir una mayoría. Las elecciones duran un día. Las mayorías construyen épocas.

Con frecuencia se piensa que una mayoría consiste simplemente en obtener más votos que el adversario. La ciencia política demuestra algo distinto. Maurice Duverger observó que los partidos capaces de gobernar durante largos periodos no representan a un solo grupo social; logran articular intereses distintos alrededor de un proyecto común. Antonio Gramsci llegó a una conclusión semejante desde otra perspectiva: las grandes transformaciones solo son posibles cuando un proyecto político logra convertirse en una referencia compartida para amplios sectores de la sociedad.

Nuevo León vive exactamente ese momento. Nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha abierto una nueva etapa para la Transformación. Una etapa que ya no consiste únicamente en impulsar cambios, sino en consolidarlos y construir las mayorías políticas y sociales capaces de hacerlos permanentes. Y estoy convencido de que Nuevo León puede convertirse en uno de los grandes motores de esa nueva etapa.

Nuestro estado necesita construir una nueva mayoría. No una mayoría contra alguien, sino una mayoría para algo. Una mayoría capaz de darle dirección a una de las economías más importantes de América Latina. Porque durante demasiado tiempo hemos permitido que la política del espectáculo y el personalismo divida a un estado que, en realidad, comparte los mismos problemas y las mismas aspiraciones.

La madre de familia que pasa tres horas al día en el tráfico. El trabajador que quiere regresar más temprano con sus hijos. El empresario que necesita certeza para invertir. El joven que quiere oportunidades justas para su desarrollo. La comunidad rural que demanda apoyos y diversificación productiva. La universidad que quiere formar talento. Todos viven realidades distintas. Pero todos quieren un Nuevo León que funcione.

Ahí comienza una mayoría. No cuando todos piensan igual. Sino cuando descubren que pueden caminar hacia el mismo futuro. Ese debe ser el gran desafío de Morena al designar al Coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nuevo León.

No hablar únicamente para Morena. Hablarle a Nuevo León. Porque si Morena quiere gobernar este estado, antes debe entender como nadie al estado. Porque aquí existe una cultura profundamente arraigada alrededor del trabajo, la responsabilidad, la seriedad, la palabra cumplida y la capacidad para construir comunidad desde el esfuerzo cotidiano. Ese es el Nuevo León original, el que durante generaciones hizo posible que esta tierra se convirtiera en el motor económico de México.

Estoy convencido de que esa es también la visión que impulsa nuestra Primera Mandataria: una transformación que hable más allá de los justamente convencidos y sea capaz de convocar a todos los sectores que realmente quieren un México más fuerte, más justo y con más oportunidades.

La tarea política consiste, entonces, en convertir esos valores compartidos en una mayoría política. No se trata de pedir que todos piensen igual. Se trata de construir un proyecto donde todos encuentren un lugar. Una mayoría donde quepan quienes producen riqueza y quienes todos los días salen a trabajar para construirla. Donde convivan la industria y la comunidad. La universidad y la colonia. La Zona Metropolitana y el campo. Las nuevas generaciones y quienes durante décadas han levantado este estado con su esfuerzo.

Las grandes mayorías nunca nacen del miedo. Nacen de la esperanza compartida y de la libertad real. Por eso creo que la etapa que vive Nuevo León exige un Morena estatal que entienda los pilares reales que sostienen el Plan México como el siguiente paso del Plan de Nación de la Transformación. Ya tuvimos demasiados años de confrontación permanente. Ya vimos lo que ocurre cuando los gobiernos convierten la división en estrategia. Hoy hace falta exactamente lo contrario.

Hace falta construir una Mayoría Norteña. Una mayoría que recupere la confianza en el servicio público. Que vuelva a creer en la capacidad de las instituciones. Que se reconozca en un gobierno honesto, cercano y capaz de cumplir.

Ese es, en el fondo, el verdadero reto político de nuestro tiempo. No ganar una elección. Se trata de construir una mayoría tan amplia, tan sólida y generosa que sea capaz de inaugurar una nueva etapa para Nuevo León.

Porque cuando una mayoría se construye alrededor de un propósito compartido, deja de pertenecer a un partido y empieza a pertenecer a toda una sociedad. Esa es la Mayoría Norteña que necesitamos construir.

No solo para que Morena gane Nuevo León, sino para que, de la mano de la Presidenta de México, por fin, gane Nuevo León.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

La delincuencia organizada trasnacional que suplanta la política y detenta el poder con narcoterrorismo está siendo derrotada en las Américas. Presenciamos históricas acciones para terminar las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que candidatos para dictatoriales son derrotados en Ecuador, Honduras, Chile, Bolivia, Costa Rica, Perú, Colombia. El socialismo del siglo 21 entrega el gobierno pero no el poder, pues mantiene sus leyes, impunidad y permanece como actor político. Para recuperar la democracia se necesita buen gobierno que tome el poder.

En los últimos 25 años, todos los países de Latinoamérica fueron víctimas de la suplantación o deterioro de sus sistemas democráticos por la operación trasnacional llamada socialismo del siglo 21, que es simplemente la expansión de la dictadura de Cuba con los recursos de Venezuela, para facilitar la penetración de las dictaduras extra hemisféricas. En más de dos décadas cambiaron constituciones, leyes fundamentales, sistemas electorales, instituciones económicas y de control, institucionalidad de las fuerzas armadas y policía, sistemas de seguridad, política exterior, órganos del poder público como el poder judicial, mecanismos de designación de jueces y magistrados, sistemas de contratación, y más.

En países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, los sistemas institucionales y legales corresponden a la estructura del socialismo del siglo 21, con leyes infames que violan los derechos humanos, con mecanismos que hacen desparecer los elementos esenciales de la democracia, con sofismas, suplantaciones y métodos que simulan democracia cuando en verdad la suprimen.

En países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Honduras y más, el socialismo del siglo 21 ha instalado sus operadores en el sistema de justicia, las fuerzas armadas, policía y sistemas de seguridad, al punto que cuando se produce un cambio de gobierno la mayor oposición consiste en la imposibilidad real de ejercer el poder, quedando el gobernante forzado a acuerdos que garantizan la impunidad y la permanencia de la delincuencia organizada en la política.

En países como Colombia, Perú y Bolivia (los tres más importantes productores de cocaína en el mundo), controlan incluso parte del territorio nacional con organizaciones narcoterroristas presentadas como sindicatos o federaciones de productores de coca, con guerrillas como las FARC y el ELN, o con organizaciones que se presentan como sociales o campesinas, que en verdad quiebran la soberanía nacional creando feudos o republiquetas donde el gobierno simplemente no ejerce.

En todos los casos y países, los regímenes del socialismo del siglo 21 usan como estrategia impedir la gobernabilidad del nuevo gobierno, mantener su estructura de poder y sus operadores para deteriorar, derrotar, derrocar o sustituir al nuevo gobierno. Es la conspiración permanente usando el sistema que han montado y que el nuevo gobierno no tiene la decisión o la capacidad de desmontar terminando la presencia delictiva en la política y restituyendo los elementos esenciales de la democracia.

La gobernabilidad es “la capacidad de gobernar”, la “cualidad de gobernable”. Es la “capacidad de un gobierno para ejercer autoridad, implementar políticas y garantizar el orden, la estabilidad y el desarrollo dentro de un Estado”. La gobernabilidad “se evalúa en términos de estabilidad, eficacia y legitimidad”.

Reitero que para terminar los regímenes del socialismo del siglo 21 y restaurar la democracia en todos los países de Latinoamérica, se precisan por lo menos tres condiciones” la eliminación de la estructura jurídica dictatorial, no impunidad y la ilegalización del crimen organizado en la actividad y participación política. Bajo la estructura jurídica del socialismo del siglo 21 es imposible que un gobierno democráticamente elegido tenga gobernabilidad y si sobrevive será a costa de dar impunidad y tolerar la permanencia de las organizaciones criminosas en la política, como lo muestran ejemplos en gobiernos de Macri en Argentina, Laso en Ecuador, Kuczynski, Boluarte y otros en Perú, Añez en Bolivia.

Luego de más de dos décadas de gobernantes y gobiernos dictatoriales, para dictatoriales y tolerantes a la desinstitucionalización sacrificando los elementos esenciales de la democracia, los presidentes y gobiernos que reemplazan al socialismo del siglo 21 en Latinoamérica, deben ser buenos gobiernos.

Buen gobierno en la realidad actual es como mínimo el retorno a la vigencia de los elementos esenciales de la democracia y la institucionalidad republicana como sistema que permita el respeto a los derechos humanos, sin presos políticos, sin perseguidos ni exiliados, con seguridad jurídica, restituir el estado de derecho, desmontar los narcoestados, encarar las crisis económica, de seguridad, de confianza, salir de la corrupción y de su secuela la impunidad que es señal de complicidad.

La población tiene esperanza pero necesita sentir el cambio tanto en la super estructura política y social como en la vida diaria. Recuperar la confianza y creer que puede vivir mejor. Cada país tiene problemas específicos, pero la demanda ciudadana es la misma. Hay países que lo están logrando, otros no y algunos que tienen el desafío pendiente. No es fácil pero no hay alternativa.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Según la Enciclopedia Británica, Quo Vadis es una expresión que significa ¿Adónde vas?, cuyo origen se encuentra en la tradición bíblica cristiana, aunque también se usa para invitar a la reflexión. Y es eso lo adecuado para entender lo que hoy está pasando con la nominación del nuevo primer ministro, ya que, aunque experiencias semejantes se han vivido en las últimas décadas, la renuncia de Sir Keir Starmer y su seguro reemplazo por Andy Burnham tiene una connotación diferente a casos semejantes, a los cuales solo se parece en lo formal.

Con Burnham, hasta hace poco alcalde del Gran Manchester, nada menos que siete primeros ministros (PM) habrán ocupado ese cargo desde 2010, en un país que se sentía orgulloso de su estabilidad política, la que sin duda se ha perdido. Esa estadística se entiende mejor cuando se dice que desde el final de la segunda guerra mundial ha habido 18 PM, solo 12 en 65 años, y luego 7 en 16 años. Ahora, si agregamos los motivos, entre 1945 y 2010, seis de los doce simplemente perdieron elecciones, tres renunciaron por motivos de salud, y dos, por causa de escándalos.

El caso de Starmer se parece a dos emblemáticos para sus respectivos sectores, Lady Thatcher en el caso de los conservadores y Tony Blair, en el de los laboristas, ya que hubo razones predominantemente electorales, es decir, eminentemente político-partidistas en ambos, toda vez que al igual que en el caso de Starmer, hubo rebeliones previas entre los miembros del Parlamento, que desconfiaban de que ellos fueran capaces de ganar las elecciones siguientes, y todo integrante de un Congreso o Parlamento, por sobre todo, busca mantenerse en su puesto, para lo cual debe ganar la próxima elección. Esa rebelión condujo a la renuncia de la “dama de hierro”, no sin antes opinar que sonreían quienes la traicionaron. El caso de Blair difiere en el sentido que se le ofreció un período de meses, en los cuales permaneció en el cargo, mientras se hacía la transición, una forma más elegante, aunque no para Blair quien habló de una “conspiración de restaurant” en su contra. A Starmer se le ofreció algo parecido, pero lo rechazó.

Las rebeliones cumplieron su objetivo, toda vez que la elección siguiente fue ganada, por John Major en el caso de Thatcher y por Gordon Brown en el de Blair, aunque después se inauguraron periodos largos en que el poder estuvo en manos de sus respectivos adversarios.

En el caso de Starmer, su alejamiento pareció en verdad una destitución, al producirse menos de dos años después de una resonante victoria, toda vez que, en julio de 2024, los laboristas lograron 412 diputados en la Cámara de los Comunes contra 121 de los conservadores. Sin embargo, una serie de escándalos minaron su posición, incluyendo la designación de un embajador en Washington sin cumplir con todos los resguardos legales, además que estuvo vinculado al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, la adopción de medidas impopulares violando promesas hechas en la campaña, y sobre todo dos hechos de la mayor importancia electoral para miembros del parlamento preocupados por su mantención en el cargo, como lo son el desastroso resultado de las elecciones locales en mayo, donde los laboristas perdieron miles de concejales, y segundo, que el mayor triunfador en esas elecciones fue el partido Reform UK, con una propuesta similar a la de Trump, novedosa para el Reino Unido.

Esa derrota fue tan contundente que precipitó su caída. Se inició con las renuncias al gabinete de gente cercana que él mismo había nombrado como lo eran los ministros de Defensa y Salud, el primero denunciando la falta de fondos para su sector y el abandono en que se encontrarían las fuerzas armadas, y el de Salud, indicando su disposición a participar en una elección para nuevo primer ministro. Y por el otro, la búsqueda de un nuevo primer ministro, capaz de revitalizar las posibilidades electorales del partido laborista.

Esa persona fue encontrada en el Gran Manchester en su alcalde Andy Burnham, una figura popular en el partido, pero, además, capaz de ganar elecciones, tanto que se le llamaba “el rey del norte”. Burnham había sido miembro del parlamento y además había competido en el pasado por el cargo de primer ministro al interior del partido, pero ahora estaba dedicado a la política local, por lo que no cumplía con el requisito legal de ser miembro de la Cámara de los Comunes. Sin embargo, una oportuna vacancia en el distrito de Makerfield fue la solución, ya que hubo una convocatoria a elecciones que fueron ganadas por Burnham por una apreciable diferencia, lo que confirmaba su atractivo electoral y solucionaba la dificultad legal de no ser diputado.

A pesar de las objeciones éticas que puede despertar el camino utilizado para desprenderse de Starmer, se cumplió con toda la legalidad formal necesaria para nombrar al primer ministro, y aunque todavía queda un plazo por cumplir, todo indica que, al no haber otros postulantes será ungido, por lo que a Burnham solo le va a quedar la audiencia en Palacio con el rey Carlos III, es decir, no quedaría otra formalidad que esa reunión, inclinarse y estrechar la mano del monarca. A partir de ese momento, ya va a estar disponible para que su futura residencia sea el número 10 de Downing Street.

Lo que se está presenciado en el Reino Unido también trae consigo enseñanzas para los nuevos gobiernos que han sido elegidos en tierras alejadas como Latinoamérica, donde lo más importante, no es si son o no gobiernos de derecha o de izquierda, sino que los electorados tienen mucha menos paciencia ahora, ya que ni siquiera le conceden a los nuevos gobiernos los tradicionales cien primeros días, además que exigen que se haga de inmediato la diferencia entre la campaña para ser elegidos y actuar efectivamente como gobierno desde el inicio. Es decir, en campaña se aceptan promesas y guerras o guerrillas culturales, pero a los gobiernos se les exige, sobre todo, cumplir las promesas y apenas electos, dejar de culpar a sus predecesores, en otras palabras, se les exige ser buenos gobiernos, y se tiene poca paciencia con quienes no aciertan con sus decisiones o tratan de eludir su propia responsabilidad.

Eso le pasó a Starmer, quien fue la persona adecuada para ganar la elección del 2024, pero no se dio cuenta del cambio de escenario, y siguió actuando como si todavía estuviera en campaña, repitiendo eslóganes, pero, en definitiva, su gobierno fue percibido como un desastre similar al de los últimos gobiernos conservadores, también responsables del mal momento que se vive en el Reino Unido.

La situación descrita trae consigo problemas que superan con mucho a los temas que predominan en procesos electorales. Es así como las demandas que comienzan a adquirir prominencia son de gran entidad, y lo electoral, incluyendo la aparición y desaparición de fuerza políticas, los ascensos y caídas de laboristas y conservadores son sólo expresión de esos temas de fondo, partiendo por el hecho que un país que se enorgullecía de la estabilidad política, hoy cambia a su primer ministro cada pocos años, lo que dejó de ser algo excepcional para transformarse en la nueva normalidad.

Es por ello, que el Reino Unido no solo está afectado por una mala situación económica y no sabe realmente qué hacer con la inmigración ilegal, ya que han fracasado las decisiones tomadas por gobiernos sucesivos. Por mucho que se haya preparado un aterrizaje lo más suave posible para el entrante Andy Burnham, al anunciarse que se suspendería una legislación controvertida que anunciaba reformas a los tribunales y medidas para reforzar la seguridad energética mediante mayor acceso a la energía verde, hoy, los problemas son tales que al parecer ya no admiten soluciones de parche.

Para triunfar en la segunda guerra mundial, el Reino Unido debió hacer tales sacrificios que se vio obligado a desprenderse de buena parte de su imperio colonial, y su rol de potencia de segundo orden quedó definido cuando EE. UU. a través del presidente Eisenhower los obligó en 1956 a retirarse del Canal de Suez después de haber invadido a Egipto junto a Francia e Israel. Hoy, su situación sería tal que, según un respetado ex almirante, ni siquiera se estaría en condiciones de enviar la flota a las Malvinas, como se hizo en 1982.

Sin embargo, el país que se transformó en sinónimo de imperio hoy tiene a su interior una verdadera guerra cultural acerca de su identidad, dado el retroceso de los fundamentos cristianos en comparación a la creciente islamización de su población, con cambios no solo en la composición de su política, sino con efectos variados, desde la educación hasta la administración de justicia, con circunstancias tan violentas como aquel muchacho que falleció esposado ante policías que no quisieron ayudarlo, simplemente porque había sido acusado falsamente de utilizar expresiones “racistas”.

En lo personal, a mí me cuesta reconocer al país que admiré y del que estoy agradecido por lo que me enseñó, ya que allí hice mi máster y mi doctorado. Me cuesta reconocer a un país que ha retrocedido en su admirable libertad de expresión, a tal nivel que amplios sectores se cuidan de decir lo que realmente piensan, desde el momento que ha habido gente procesada y acusada en tribunales en números semejantes a China por expresiones dichas en redes sociales, tanto que han sido arrestadas en algunas oportunidades al regresar al país después de haber emitido esas opiniones en el exterior.

Es un país al que le cuesta hablar de futuro desde el momento que aparece, desaparece y vuelve a aparecer el tema de cuan posible es que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, así como hay una motivación detrás del crecimiento de Reform UK, la de quienes sienten que las tradiciones británicas no están siendo respetadas ni por el gobierno ni por la inmigración ilegal, que no estaría haciendo esfuerzos por integrarse, sino que es al país donde son recibidos al que le exigen hacer ese esfuerzo.

A nivel internacional, sin duda el Reino Unido ha descendido, pero aún más impactante es lo que ha ocurrido a su interior, con una sociedad que era admirablemente tolerante y liberal, donde al igual que otras sociedades europeas se ha alimentado una paradoja en las últimas décadas, ya que el discurso sigue siendo de garantizar las libertades públicas, mientras que se multiplican los dispositivos que restringen y regulan los comportamientos individuales, restricciones que siempre se presentan, tal como se manifestaron en la pandemia, en nombre de principios superiores, como pueden ser la salud pública o la lucha contra el odio, o en nombre de la justicia o del medio ambiente, donde no todas las víctimas son iguales, sino que hay una jerarquía entre ellas, como lo demostró la muerte de Henry Nowak, tan evitable como la de George Floyd en Minneapolis el 2020, pero donde hubo una reacción muy distinta de la sociedad y de los medios de comunicación tradicionales.

Se ve cansado al Reino Unido, no es una derrota de banderas arriadas, sino una lenta, burocrática, casi administrativa, que ni siquiera se ve preparada para abordar ese cambio de época que va a representar la Inteligencia Artificial. Lo más grave es que sus instituciones están enfrentadas a una crisis de legitimidad como no se ha dado no solo en las últimas décadas, sino en los últimos siglos. La monarquía sigue manteniendo el prestigio después del largo reinado de Isabel II, pero lo mismo no se puede decir ni de la política ni de los medios de comunicación, incluyendo a la famosa BBC, coletazos que hoy están alcanzando a instituciones de prestigio en el pasado, como la administración de justicia o la policía, con repercusiones hasta en Scotland Yard.

¿Será Andy Burnham el líder que el Reino Unido necesita hoy? No lo sabemos, dada la velocidad del vía crucis al que se vio (merecidamente) sometido Starmer y el dramatismo, con elementos de política pequeña, en la forma como fue bajado del cargo por una rebelión interna, de diputados muchos de los cuales eran primerizos, que solo llegaron a Westminster gracias a la avalancha electoral de los últimos comicios generales, los del 2024.

No sabemos, solo que por su trayectoria y opiniones contra la “élite” está a la izquierda de su predecesor, pero en un contexto donde ha habido una derechización del electorado, tal como lo demuestran las últimas elecciones locales y el ascenso de Reform UK y su líder Nigel Farage, todo un cambio en la tradicional política bipartidista de conservadores y laboristas, más una tercera fuerza más pequeña llamada lib-lab, más los partidos regionales escoceses, irlandeses y de Gales. Ahora, al parecer el Reino Unido se incorpora a la política de la polarización, con los peligros y desventajas que ello trae consigo.

El gran error de Keir Starmer fue no adaptarse a este cambio, no abordar los problemas de fondo del momento que se vive, y seguir actuando como si el escenario de su inmenso triunfo todavía se mantenía, sin entender que ahí operó un gran voto de castigo a malos gobiernos de los conservadores más que un apoyo al programa wokista del laborismo. Que todo político debe actuar como un maestro de la oportunidad es consejo de Maquiavelo al príncipe, y la caída de Starmer es evidencia del hecho que al no cambiar y al no adaptarse al cambio que tuvo lugar en el electorado, quien en definitiva fue cambiada fue su persona.

No sabemos si Burnham está disponible para modificar el programa con el que fueron electos los laboristas hace un par de años, o, por el contrario, va a buscar doblar la apuesta. Para el primer ministro que formalmente asume en los próximos días, fundamental es que intente salir del hoyo y la parálisis que hundió al gobierno, o sino la posibilidad de repetir el ascenso y caída del conservador Boris Johnson se puede repetir, toda vez que los errores que obligaron a la salida de Starmer no fueron ocasionados por su oposición sino por él mismo, ya que fueron errores autoprovocados como también errores no forzados.

Su breve gobierno recuerda lo que le ocurrió a Biden, sin por cierto incorporar el deterioro y los problemas de salud del estadounidense. Starmer fue el hombre adecuado para ganar la elección, pero después su propio partido lo desechó. Si nos guiamos por el pasado, el cambio de primer ministro ha permitido un repunte en las encuestas, pero son modificaciones de breve duración, por lo que considerando que el aguante de los electores ha disminuido, a Burnham le podría pasar lo mismo que a Keir Starmer si no ataca los problemas de fondo, algunos que además son los mismos que condujeron al brexit, como la sensación de algunos votantes que el país y a su cultura está siendo cambiada sin siquiera consultarles.

Para no repetir su suerte, el desplome conservador debiera ser estudiado por los laboristas, ya que un similar desenlace parece ser el camino por ellos elegido al dejar de hablarle a las mayorías y sus preocupaciones ciudadanas, para principalmente preocuparse de ser expresión sólo de la tribu propia y no del sentido común. Es lo que ocurre cuando se pierde el centro, aunque solo sea en el discurso.

Sobre todo, la enfermedad que ha afectado a distintos gobiernos de la isla británica es una que también tiene lugar en la Unión Europea, la pérdida del orgullo por una historia magnífica para avanzar por la pendiente que conduce a una creciente irrelevancia. Quizás, lo que ocurre en el otrora poderoso Reino Unido que alguna vez dirigiera al mundo, va a ayudar a los historiadores del futuro a explicar el desencanto y la crisis que se produjo con el sistema y la civilización liberal. Por otra parte, es una enseñanza que también debiera ser observada por el cambio político que está teniendo lugar en Latinoamérica, que la exigencia del votante no es tanto laborista o conservador, derecha o izquierda, sino ser un buen gobierno.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Me crié en la ciudad más linda de Uruguay, el mejor lugar del mundo. De veranos muy movidos e inviernos demasiado calmos. De temporadas glamorosas que salvaban el año. Un balneario por entonces de muchas casas y pocos edificios.

Me acostumbre a convivir con argentinos en su mayoría que llegaban de vacaciones para disfrutar del calor, las playas, la noche. Y de uruguayos que la miraban con cierto recelo.

Mi feliz adolescencia transcurrió en un lugar en donde nos conocíamos todos…

Hoy tengo 46 años y mi ciudad cambió. Punta del Este es ahora un movimiento constante y me encanta. Es que cautiva a propios y extraños.

Ya no hiberna, convive con las estaciones del año que en su hermosa geografía resaltan su particular encanto. Hoy tiene vida propia. Nadie espera con ansiedad el esplendor de una zafra, todos disfrutan de un sitio que se acostumbró a recibir nuevos habitantes todo el año.

Lejos en el tiempo quedaron los edificios apagados, los restaurantes cerrados, las calles vacías. El silencio de Gorlero o el desierto de La Barra en julio. La soledad como compañía. Se respiraban otros tiempos.

Punta del Este o la vieja Villa Ituzaingó, vive constantemente una transformación urbanística, también comercial y principalmente social. De pueblo a cosmopolita. Idiomas y culturas de diferentes partes del mundo armonizan en este maravilloso rincón del mundo. Argentinos, brasileños, europeos, norteamericanos lideran un cambio de época revelador.

Vivir con la compañía del mar es inigualable. El que te reta en la brava y te abraza en la mansa. El que energiza y calma.

También lo es contemplar un amanecer o disfrutar de un atardecer. Postales que nos regala a diario este oasis sofisticado de andar sencillo y respetuoso.

Hoy conviven varios puntos neurálgicos dentro de lo que es el territorio esteño. La península, Solanas, La Barra, Manantiales, José Ignacio tienen vida propia.

A no dormirse. Su crecimiento incesante necesita de gente capacitada que lidere su transformación. Planificación, estrategia y visión de futuro marcarán sus próximos años. Nada la detiene, pero a todos nos ocupa.

Punta del Este se reinventa continuamente sin perder su identidad. Son 119 años de una rica historia, de un presente maravilloso, de un futuro esperanzador.

¡Feliz aniversario!

El académico Carlos Ayala Corao en un ciclo de conferencias de la Academia de Ciencias políticas y Sociales, planteó que Venezuela debe aprovechar las ventajas que ofrece hoy en día la Inteligencia Artificial (IA), calificándola como un útil instrumento al servicio de la humanidad. Acotó, asimismo, que el Papa León XIV en “Magnifica Humanitas”, demanda que ha de conducírsele como un útil instrumento al servicio de la humanidad y no en una herramienta de dominación, control social y nueva esclavitud.

Nosotros, no tan doctos, morábamos en ser calificados como copio netos, cada vez que acudíamos a la IA, por lo que agradecemos al buen amigo Carlos Ayala la sugerencia que ha formulado, con respecto a los beneficios de la modernidad.

Es así como constatamos acudiendo a ella que la palabra “sismo” deriva del griego “seísmos” y designa una sacudida o agitación. Y que para una vieja versión del Diccionario de la Real Academia Española equivale a terremoto o sacudida de tierra producida por causas internas. Pero, asimismo, por vía de la complementariedad, se alude a “la sismología”, como parte que es de la geología, esto es, al análisis de los estremecimientos terráqueos. En aras de cierto orden en lo relativo al examen de la problemática, permítasenos hacer referencia, excusándonos por la repetición, asimismo, a:

1. Sismógrafo, instrumento que señala durante un sismo la dirección y amplitud de las oscilaciones y sacudimientos de la tierra,

2. Terremoto, concusión o sacudida del terreno, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior del globo,

3. Temblor, una sacudida terrestre causada por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la tierra.

Ahora bien, en aras de un analisis un poco más global, cabría adicionar, aquellos eventos causados por la voluntad humana, demandándonos acerca de la presunta legitimidad de la expresión “sismos políticos”, entre los cuales, acudiendo al libro “The Big Book of Answers”, de Kevin S. Hile, cabria mencionar unos cuantos: Nacionalismo, Liberación de la India (Mohandas Gandi), Solidaridad (Lech Walesa), Antiapartheid, Abolición de la Esclavitud, Reconocimiento de los Derechos Civiles (I have a dream, Martin Luther King Jr.), el Ku Klux Klan, The United Farm Workers (Cesar Chavez), Feminismo, Populismo, Progresismo (Derechos de los Trabajadores), The Hippies y the Ocupied Movement (con rango internacional en aras de una economía equitativa). Al elenco se le incluye en el género “Movimientos políticos y sociales”. Pero, unos cuantos más son identificables, entre ellos, los religiosos, filosóficos y artísticos.

En atención a lo antes expresado, cuesta poner de lado “la curiosidad”, definida, precisamente, por la IA como “el deseo o impulso natural por conocer, averiguar y aprender”, obviando preguntarse si, además, de la concusión o sacudida del terreno, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior del globo, Venezuela ha sido, igualmente, víctima y por largos años y unas cuantas veces de “sismos políticos, sin encontrar en unas cuantas ocasiones a un sismógrafo eficiente”.

Asimismo, en la textura de la lógica ha de puntualizarse que destacadas personalidades señalan que el sistema político es más eficiente en la medida en que se sustente en “la maximización de ciudadanía”, fuente del verdadero ciudadano, definiéndosele como “aquel de racional comportamiento y moderador de los impulsos y las pasiones humanas más intensas”. Para reconocidos especialistas albergamos impulsos primitivos, deseos reprimidos y traumas que influyen en nuestra conducta sin que nos demos cuenta, en principio, calificadas como las instancias psíquicas las cuales con frecuencia interactúan definiendo la dinámica de la personalidad, conduciendo a la satisfacción inmediata de los anhelos sin importar las consecuencias. Un super yo impregnado de demandas ante una realidad exterior que induce a una perturbación del equilibrio espiritual, cuando no conseguimos dominar nuestra propia complejidad, lo cual nos conmina a contrariar inclusive a la voluntad de Dios. Para la IA la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina, cuyas consecuencias parecieran más catastróficas que el desbocamiento de las normas creadas a través de los sistemas políticos. Poner de lado la actitud de mantener el equilibrio, controlar los impulsos y actuar con mesura ante las emociones o deseos, no hay dudas de que ejercen una determinante influencia, negativa, lógicamente, en el liderazgo político. Evidencias abundan en lo relacionado con los países de América Latina.

Una aseveración de lo antes expuesto, es que no deberíamos dudar de que “los sismos políticos” han existido, existen y que durante siglos hemos realizado millones de intentos para regularlos, en aras de una democracia eficiente, tema con respecto al cual el profesor Carlos Blanco, destacado político venezolano y quien ocupara posiciones importantes en la segunda Administración del Presidente Carlos Andrés Pérez, ha participado en procura de alternativas, como consta del interesante trabajo “La democracia frente al Estado eficiente” editado por la Cepal.

En un interesante libro de Juan Garrido Rovira, titulado “La revolución de 1810” (2009), el destacado jurista se refiere al Reglamento del 11 de junio de 1810, señalando entre sus propósitos y aspectos: 1. Apertura democrática y proporcionalidad, 2. Concentración del poder: causa de las miserias políticas, 3. Separación de poderes, 4. Participación de la comunidad, 5. Formación del censo general, 6 Conteo de votos, 6. Elección de diputados, 7. Instalación del Congreso y finalmente “Hacia el cambio definitivo de la condición y de régimen político”, con respecto a lo cual el abogado expresa “Instalado el Congreso, la Suprema Junta de Caracas había cumplido su misión histórica y se abría un camino para discutir y decidir acerca de la declaración de la independencia y el establecimiento del gobierno republicano representativo y fundamentado en la igualdad civil y política de los hombres libres”.

El lector, pensando con franqueza, es muy probable que cuente los 216 años desde entonces transcurridos y siendo franco comentaría “en unos cuantos sismos políticos hemos morado”, consecuencia de la mano del hombre, los alimentados por la naturaleza numéricamente bastante menos. Una justificada razón para preguntarse a cuál de las dos tipologías hemos de tenerle más miedo.

Al régimen estatuido por los Estados Unidos, a partir del 3 de enero del año en curso, se le ha calificado, por algunos como “corresponsabilidad gubernativa” y en criterio de otros “protectorado y tutela”. Aquellos cansados de tantos sismos, no dejan de ver con buenos ojos la providencia del Gigante del Norte, pero los de la frase “si se puede”, más optimistas, arguyen a favor de una democracia, como lo consagra el Preámbulo de la Constitución de 1999, oportuno transcribir:

“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático”.

No sabríamos si calificar o no a una pretendida “refundación de Venezuela”, uno de los sismos más imaginativos de nuestra historia, pues, todavía sacude a nuestra pretendida, pero no materializada república. Lamentablemente.

En el contexto no deja de ser interesante regresar al consejo del académico Carlos Ayala, acudiendo nuevamente a la IA, en la cual se define al optimismo exagerado como “la tendencia a sobreestimar los eventos positivos y subestimar los riesgos, pudiendo derivar en una positividad tóxica. A corto plazo calma, pero a la larga genera ansiedad al evitar la realidad y negar emociones necesarias como la tristeza o el enojo”. Non e facile, dicono gli italiani.

Hemos de hacer referencia a la contestación que el también académico, nuestro discípulo, Jose Rafael Badell, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, hiciera a la exposición de Ayala. El excelso alumno y amigo con sobrada competencia para traer a colación la histórica frase ¡Di cébanos eterna die!, traducida al español ¡Como decíamos ayer!, pareciera haber dejado en la audiencia la necesidad del optimismo para no decaer, pues, Fray Luis de León, iniciaba sus lecciones con la aludida mención, por ausencia a sus clases motivado a la estadía a menudo en las mazmorras de la época, sancionado por defender el necesario camino a la modernidad política.

No puede dejar de mencionarse, antes de terminar, a la exageración en la normativa, bajo la errónea convicción de que todo se resuelve con la calificable inflación normativa derivada de una infinita tipificación de los hechos y de presuntas penas. Razón para advertir que carecería de lógica tipificar a “los sismos” a través de las constituciones o de fuentes normativas inferiores. La IA, por lo menos, lo criticaría.

Una apreciación final en el presente ensayo pasaría por advertir la preocupante codependencia de las leyes, los sismos y las lágrimas. Y muy particularmente, si admitiéramos la hipótesis. El desastre sísmico del litoral venezolano no deja, por consiguiente, de recomendar el análisis a fin de precisar aquello que se escucha con respecto a una exagerada codelincuencia, lo cual no ha de extrañar, puesto que según el relato bíblico Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego y azufre enviada por Dios como castigo divino. Los textos sagrados señalan que la destrucción se debió a la extrema depravación, la inmoralidad sexual, la injusticia social, el maltrato a los extranjeros y la soberbia de sus habitantes.

Finalmente, volviendo al tema de las relaciones de hoy entre los Estados Unidos y Venezuela, pocas son las opciones, tal vez, dos: 1. Prosigue la corresponsabilidad, el protectorado o la tutela y 2. El Norte decide no proseguir en el empeño que se ha propuesto. Quizás hojear el interesante libro “Estados Unidos, La historia”, de Paul Johnson, 2001, pueda contribuir a disipar la conveniencia o no del actual régimen para con Venezuela. Limitándonos al índice los temas tratados son, Primera parte, “Una ciudad sobre una colina” / La Norteamérica colonial, 1580 – 1750, Segunda parte, “Que la constitución libre sea por siempre sagrada” / La Norteamérica revolucionaria, 1750-1815, Tercera parte, “Lo que prevalece es una feliz mediocridad general” / La Norteamérica Democrática, 1815-1850, Cuarta parte, “El pueblo casi elegido” / La guerra civil norteamericana, 1850-1870, Quinta parte, Masas apiñadas y cruces de oro, 1870-1912, Sexta parte, “La primera nación internacional”, 1012-1929, Séptima parte, “Nada que temer, excepto el temor”, Norteamérica superpotencia, 1929-1960 y finalmente Octava parte, “Pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga”, La Norteamérica que crea problemas, 1960-1977.

@LuisBGuerra

El 24 de junio se convirtió en una fecha imposible de borrar de la memoria venezolana. Mientras muchos seguían el Mundial de Fútbol, otros hablaban de profecías o veían extraterrestres. Pero desde las entrañas de la tierra emergió la única verdad que importaba: una tragedia real, brutal y devastadora.

Dos poderosos terremotos sacudieron a Venezuela y golpearon con especial ferocidad a La Guaira. En cuestión de segundos, edificios y viviendas colapsaron, dejando un paisaje de destrucción sin precedentes. Apellidos completos desaparecieron, familias enteras murieron bajo los escombros, comunidades quedaron borradas del mapa y miles de personas perdieron absolutamente todo.

Si el desastre natural era inevitable, la respuesta del gobierno fue la otra gran tragedia. Por su inacción, incapacidad y desorden, hicieron todo lo posible para agravar el sufrimiento y la agonía de la población.

A las 6:05 de la tarde ocurrió el primer movimiento telúrico. Segundos después llegó el segundo. Y luego, el silencio. El más ensordecedor y devastador: el silencio de Delcy Rodríguez y su gobierno.

La emergencia dejó al descubierto un aparato estatal no solo incapaz de reaccionar, sino profundamente indolente. Faltó liderazgo, autoridad, conocimiento, coordinación, planificación y capacidad operativa. El país observó cómo un gobierno acostumbrado a movilizar todos sus recursos para contener protestas o perseguir adversarios quedó completamente paralizado ante una tragedia que exigía rapidez, organización y humanidad.

La memoria inevitablemente nos llevó a la tragedia de Vargas de 1999. Como reportero, tuve la oportunidad de cubrir aquella emergencia. Más allá de las críticas por la reconstrucción y la negativa de aceptar ayuda internacional, hubo una diferencia fundamental: existió capacidad de respuesta.

Recuerdo al entonces director de Protección Civil, Ángel Rangel Sánchez, coordinando operaciones, informando al país, organizando equipos de rescate y manteniendo comunicación permanente con la población. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas, la Armada movilizó embarcaciones para atender a los damnificados y miles de funcionarios trabajaron sin descanso para salvar vidas.

Veintisiete años después, según lo que vi e investigué —y bajo el lente de la prensa mundial— esta vez nada de eso ocurrió. No hubo coordinación. No hubo Fuerzas Armadas. No hubo Estado. Mientras millones de venezolanos dentro y fuera del país se activaban en grandes voluntariados, los hombres de verde se convirtieron en soldaditos de plomo: inmóviles, ausentes, incapaces.

Durante las primeras horas, Delcy Rodríguez permaneció en Caracas. No hubo una imagen de conducción nacional, ni un comando unificado visible, ni una movilización inmediata que transmitiera confianza. En muchos sectores fueron los propios ciudadanos quienes asumieron las labores de rescate, removiendo escombros con sus manos y utilizando herramientas improvisadas para intentar salvar a familiares y vecinos.

Las historias que comenzaron a conocerse estremecieron al país: padres que sobrevivieron mientras perdían a sus hijos; familias enteras sepultadas; recién nacidos rescatados contra todo pronóstico; personas esperando durante horas y días una ayuda que nunca llegó a tiempo.

Frente a esa realidad, la asistencia internacional adquirió un papel determinante. Diversos países y organizaciones activaron equipos de búsqueda y rescate, conscientes de que en este tipo de tragedias cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa disposición solidaria merece un reconocimiento especial.

Superada esta etapa de luto y dolor profundo, llegará la fase de reconstrucción. Un proceso que exigirá transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas. Es indispensable asegurar que los recursos destinados a las víctimas lleguen a quienes realmente los necesitan y no se conviertan en otro episodio de corrupción.

Venezuela enfrenta una tragedia de dimensiones enormes. La prioridad debe ser salvar vidas, atender a los sobrevivientes y reconstruir las comunidades afectadas. Por ahora, el debate político está en pausa. Cuando la naturaleza golpea con tanta fuerza, los ciudadanos esperan algo elemental de quienes gobiernan: liderazgo, capacidad de respuesta y compromiso con la vida.

Nada de esto está presente en el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Por ello, Estados Unidos, como país protector, deberá velar para que ni Delcy ni su hermano manejen un solo centavo, y para que se convoque a los mejores y más capaces para la tarea de reconstrucción. Nombres sobran en Venezuela: personas con solvencia moral, conocimiento y reputación para asumir esta responsabilidad histórica.

El debate sobre el futuro democrático de Cuba ha entrado en una fase de visibilizar propuestas concretas por parte de la oposición y la sociedad civil independiente cubana, que se vienen pensando desde hace décadas y toman un protagonismo que superan la mera denuncia del régimen. Una prueba de esto se ha dado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá, con la presentación del informe de consulta a la sociedad civil ante un posible escenario de transición realizado por Cultura Democrática y Consorcio Justicia así como la presentación del Acuerdo de Liberación, una de las principales iniciativas y hoja de ruta para la democratización de Cuba.

Uno de los logros más significativos destacados del mencionado estudio es la capacidad de contrarrestar la propaganda oficialista que históricamente ha intentado proyectar la imagen de una oposición fragmentada e incapaz de gobernar. La sistematización de las propuestas demuestra que, a pesar de la distancia geográfica y los saltos generacionales (donde conviven activistas históricos de los años 90 con las nuevas generaciones surgidas tras el 11J), existen denominadores comunes innegociables: la necesidad de un nuevo pacto democrático basado en el pluralismo político, el establecimiento inmediato del Estado de derecho y garantías para la libertad de expresión, la urgencia de un marco de justicia transicional que combine memoria con reconciliación nacional.

El documento presentado en la OEA funciona como un disparador técnico que demuestra que los líderes cívicos no sólo resisten, sino que están listos para la gestión institucional. La consulta arrojó datos reveladores sobre cómo los activistas y analistas conciben el rol de la comunidad internacional, especialmente en un contexto marcado por el endurecimiento de presiones diplomáticas, militares, económicas y jurídicas desde Washington durante 2025 y principios de 2026. Al ser consultados sobre un potencial escenario que involucre el apoyo o intervención de Estados Unidos, las posturas de la sociedad civil reflejan un debate estratégico profundo: Un sector, que representa el 16%, defiende firmemente una línea reformista y soberana, argumentando que el cambio debe gestarse y ejecutarse exclusivamente por manos cubanas a través de la presión social y el fortalecimiento cívico. En el otro extremo, una porción con el 22% apoya de manera rotunda una intervención exterior de carácter humanitario o político bajo el postulado de que el aparato represivo del régimen es asimétrico e imposible de desmontar únicamente desde el civismo interno. Acompañado del 62% que apoya algún tipo de intervención y presión internacional que fuerce al régimen a negociar y dejar el poder pero con matices y condiciones al estilo de que no sea una intervención militar, o que no se prolongue un gobierno transicional más allá de 18 meses, de que la sociedad civil independiente cubana se encuentre en la mesa de negociación también, o que el castrismo no deje el poder con el motín de las últimas finanzas nacionales y con impunidad.

El informe concluye en tres pilares de acción directa: en primer lugar, articular entre los actores cubanos, es decir romper definitivamente los compartimentos estancos entre las organizaciones del exilio y la resistencia interna, más allá de las ideologías o diferencias metodológicas, para consolidar un frente de negociación unificado. En segundo lugar, comunicar mejor de cara al exterior y al interior a fin de superar los bloqueos informativos impuestos por la Seguridad del Estado dentro de la isla y, simultáneamente, educar a la opinión pública internacional sobre la inviabilidad del modelo actual. Y en tercer lugar pero no en menor en importancia, proteger a quienes se manifiestan dentro de la isla, dado el incremento de las protestas populares cotidianas por la crisis humanitaria y de servicios básicos, la protección legal, económica y mediática de los defensores de derechos humanos en Cuba es prioritaria para evitar el descabezamiento de los liderazgos locales.

Luego de la presentación del informe, el ex preso político y fundador de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y el Director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Yaxys Cires, ambos firmantes del Acuerdo de Liberación resumieron la hoja de ruta inmediata de la oposición. El Acuerdo de Liberación, impulsado por coaliciones como Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana, es una propuesta estratégica y programática diseñada para conducir a Cuba hacia una transición democrática irreversible a través de cuatro fases progresivas encaminadas a evitar el caos social y el vacío de poder. La primera es la Fase de Liberación, cuyo foco es el cese inmediato de la represión, la excarcelación incondicional de la totalidad de los presos políticos y el restablecimiento inmediato de las libertades fundamentales de expresión, prensa y asociación. Le sigue la Fase de Estabilización, orientada a contener la crisis humanitaria mediante la canalización de ayuda internacional (alimentos y medicinas) y a garantizar la seguridad ciudadana a través de la reforma de los cuerpos policiales y la desmilitarización de la vida pública. Posteriormente, la Fase de Reconstrucción asume el reto de sentar las bases jurídicas y financieras de la nueva República; esto incluye la derogación del monopolio constitucional del partido único, reformas para una economía de libre mercado y la inserción activa de la diáspora como motor clave de inversión y reconciliación nacional. Finalmente, el proceso culmina con la Fase de Democratización, donde un gobierno provisional estrictamente acotado convoca a las primeras elecciones generales, multipartidarias y competitivas en más de seis décadas, bajo la estricta observación de la comunidad internacional. Guiado por los pilares de la desmilitarización del Estado, la reunificación nacional y el florecimiento humano, este acuerdo sistematiza el consenso de la sociedad civil independiente para asegurar que el colapso del totalitarismo derive en una democracia estable, pluralista y con pleno apego al Estado de derecho.

El análisis concluyó con la participación de Carolina Barrera, activista cubana y fundadora de Ciudadanía y Libertad en diálogo con Ezequiel Podjarny, Policy Officer para América Latina de Human Rights Foundation, quien advirtió sobre la reconfiguración de las complicidades autoritarias en la región. Con el debilitamiento del subsidio y el control político desde Venezuela, la embajada de Cuba en México se ha consolidado estratégicamente como el mayor centro operativo de la inteligencia cubana en Latinoamérica. Los analistas del evento señalaron que, a pesar de los informes de expertos internacionales sobre violaciones flagrantes a los derechos humanos, gobiernos alineados ideológicamente como el de Claudia Sheinbaum continuarán priorizando la protección política de la cúpula militar en La Habana por encima de las urgencias humanitarias del pueblo cubano.

La llegada de estas propuestas a la OEA confirma que la transición en Cuba ya no se debate en términos de “si ocurrirá”, sino de “cómo se administrará” el colapso del modelo para evitar el caos y garantizar un tránsito irreversible hacia la democracia.

La autora es Presidente de Cultura Democrática y autora del libro “Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba”.

Guyana es un país de complejidad e ironía. Es uno de los socios más sólidos de Estados Unidos en el Caribe. Es miembro de la iniciativa “El Escudo de las Américas” y cuenta con una economía cuyo crecimiento transformador está estrechamente ligado a un consorcio de empresas petroleras liderado por ExxonMobil. Al mismo tiempo, su relación con la República Popular China (RPC) es una de las más largas y profundas de la región.

Guyana recibió relativamente poca atención por parte de los responsables políticos o las empresas estadounidenses hasta la confirmación de importantes reservas recuperables de petróleo en mayo de 2015, y, incluso después de ello, principalmente fue objeto de atención únicamente por parte de comunidades de interés en Washington centradas en el petróleo, Venezuela o asuntos del Caribe.

Como excolonia británica que sólo logró su total independencia en 1966, Guyana fue en su momento uno de los países más pobres de la región, una sociedad multiétnica cuya política y cooperación con la RPC se definieron mayoritariamente a través de la óptica del “Sur Global.” Esto incluyó una cooperación orientada al desarrollo en agricultura, manufactura a pequeña escala y otras áreas desde etapas tempranas.

El papel del consorcio liderado por Exxon en el desarrollo de los recursos petroleros de Guyana, sumado a una interacción relativamente positiva con el gobierno de Estados Unidos durante la crisis política que finalmente devolvió al poder al Partido Progresista del Pueblo - Cívico (PPP/C) en 2020, contribuyó, posiblemente, a la importancia que el actual gobierno del PPP de Irfaan Ali le ha dado a mantener buenas relaciones con Washington. Al mismo tiempo, los lazos construidos por China con el PPP/C, sumados al enorme flujo de dinero nuevo con el auge petrolero, han posicionado a la RPC y sus empresas para desempeñar un papel importante en la economía en rápida transformación de Guyana, desde el petróleo y la minería hasta proyectos de infraestructura y el sector minorista.

Este trabajo analiza ese compromiso creciente de la RPC, mientras el gobierno de Ali navega sus relaciones con Washington y con la RPC.

Relaciones políticas e históricas

Guyana cambió sus relaciones diplomáticas de la República de China (Taiwán) a la RPC en junio de 1972, apenas seis años después de la independencia del país del Reino Unido, siendo uno de los primeros países de la cuenca del Caribe en hacerlo. Como se señaló anteriormente, la relación en los primeros años se caracterizó por la cooperación en cuestiones de desarrollo como la agricultura y la manufactura a pequeña escala. Durante el dominio del Partido Progresista del Pueblo (PPP) desde 1992 hasta 2015, el gobierno trabajó estrechamente con la RPC y contrató a empresas chinas, incluidas numerosas obras de infraestructura y otros proyectos, muchos de los cuales fueron cuestionados tanto por su calidad como por sospechas de corrupción.

Cuando la coalición opositora Partido para la Unidad Nacional / Alianza para el Cambio (APNU/AFC) llegó al poder de 2015 a 2020, a pesar de las críticas previas de algunos miembros de la coalición hacia la relación de sus predecesores con la RPC, el gobierno APNU/AFC de David Granger modificó su postura, pero continuó cooperando con la RPC. En julio de 2018, su gobierno fue de los primeros en la cuenca del Caribe en unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de la RPC.

Como se mencionó antes, cuando el PPP/C regresó al poder en agosto de 2020, el nuevo gobierno del presidente Irfaan Ali, aun manteniendo una estrecha relación política y de seguridad con Washington —de especial importancia ante la activa amenaza militar para el control de Guyana sobre su región de Esequibo por parte de la vecina Venezuela— también continuó la estrecha relación comercial y política de Guyana con la RPC. El presidente Ali visitó la RPC en julio de 2023, reuniéndose con el presidente Xi Jinping en Chengdu y firmando una serie de acuerdos de cooperación comercial, tecnológica y de desarrollo. En 2025, el canciller guyanés Hugh Todd viajó a la RPC para participar en el IV Foro China-CELAC, incluyendo reuniones con su homólogo Wang Yi.

A pesar de la cálida relación política, y aunque empresas con sede en la RPC han ganado un número significativo de contratos y avanzado su posición en Guyana en el contexto de la considerable nueva riqueza petrolera del país, ambas naciones no han suscrito una asociación estratégica.

El actual embajador de la RPC en Guyana, Yang Yang, es relativamente nuevo, llegó en abril de 2025, pero es considerado un diplomático bastante hábil.

Comercio

El comercio bilateral de Guyana con la RPC ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, alcanzando los 2.900 millones de dólares en 2025, el doble que el año anterior. Sin embargo, ese comercio ha sido desigual a favor de China. En 2024, las importaciones de Guyana desde la RPC, de 926 millones de dólares, fueron aproximadamente el doble de las exportaciones hacia ese país. Además, Guyana exporta principalmente metales y minerales con bajo valor agregado y otras materias primas hacia China, mientras importa de allí una amplia variedad de bienes y servicios de mayor valor agregado.

En especial en la última década, una amplia gama de empresas con sede en la RPC ha establecido operaciones en Guyana. De allí ha surgido una comunidad de empresas chinas de todos los tamaños con actividad en el país. Algunas de las más importantes están representadas por la Asociación de Empresas Chinas en Guyana (ACEG), actualmente presidida por Jason Wong, quien llegó a Guyana hace más de dos décadas para trabajar en proyectos, y posteriormente fundó China Trading, la empresa de importación y exportación más relevante en el país vinculada a la RPC, así como otras compañías importantes. Fundada en 2013, ACEG cuenta con entre 14 y 20 miembros, incluyendo gigantes corporativos de la RPC como China National Construction and Agricultural Machinery Import and Export Corporation (CAMC), China State Construction Engineering Corporation (CSCE) y China Communications and Construction Corporation (CCCC). ACEG coordina regularmente con la embajada de la RPC en Guyana.

Sector petrolero

La presencia china en el sector petrolero de Guyana está liderada por China National Offshore Oil Company (CNOOC), que posee una participación del 25% en el consorcio encabezado por ExxonMobil que domina los proyectos petroleros en el país. El alcance del consorcio se ha incrementado notablemente con la incorporación de varias nuevas explotaciones petroleras productivas en los últimos años, incluyendo Liza, Payara, Yellowtail y Whiptail. En octubre de 2023, cuando el socio del consorcio Hess intentó vender su participación del 30%, CNOOC trató, sin éxito, de adquirir dicha participación, lo que, de haberse concretado, le habría dado el control mayoritario del 55% en la empresa conjunta.

Si bien un pequeño número de empresas de servicios petroleros afiliadas a China, como NABI/KCL, opera en Guyana, la presencia de compañías petroleras chinas fuera del consorcio ha sido limitada. No obstante, CNOOC se ha vuelto cada vez más sofisticada como actor local, como lo demuestra la donación de 4 millones de dólares realizada en marzo de 2023 a la escuela secundaria Christ Church, luego de que su edificio fuera destruido por un incendio, un acto astuto para generar buena voluntad con la comunidad local.

Posibilidades mineras

En el sector minero de Guyana, las empresas chinas han estado presentes tanto en la minería a gran escala como a pequeña escala. La empresa china Bosai opera una mina de bauxita cerca de Linden desde 2007 y, en 2023, se involucró en un proyecto de expansión por 115 millones de dólares.

En el sector aurífero, en agosto de 2020, la empresa china Zijin adquirió la mina de oro Aurora por 238 millones de dólares, y desde entonces ha ampliado sus operaciones.

Sin embargo, más allá de Aurora, las fuentes consultadas para este trabajo sugieren que varias empresas financiadas por la RPC, registradas a nombre de guyaneses, también explotan oro y otros minerales en el país.

Madera y agricultura

Las empresas con sede en la RPC no han tenido una presencia significativa en el sector agrícola de Guyana, aunque técnicos chinos han brindado capacitación y asistencia en asuntos agrícolas como parte de la cooperación para el desarrollo de la RPC en Guyana. Un ejemplo reciente fue la visita de una delegación china de dos personas en octubre de 2023.

En 2009, la Corporación Nacional China de Importación Técnica (CNTIC) fue contratada para construir la enorme planta procesadora de azúcar Skeldon, valorada en 200 millones de dólares, que estuvo plagada de problemas técnicos y nunca llegó a abrir.

En el área forestal, la empresa con sede en la RPC Bai Shan Lin se vio obligada a suspender sus operaciones en el país en 2016 debido a supuestas violaciones de las leyes guyanesas. Más allá de Bai Shan Lin, la exportación de troncos en bruto desde Guyana hacia China, con escasa supervisión y poco valor agregado del lado guyanés, se ha convertido en un tema de debate público.

Sector de la construcción

Las empresas con sede en la RPC han llegado a dominar el sector de la construcción en Guyana, tanto en proyectos de infraestructura pública como en propiedades comerciales.

China Harbour desempeñó un papel temprano, aunque problemático, en la ampliación del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan. Empresas chinas como China Road and Bridge Corporation (CRBC) han ganado múltiples contratos para obras de transporte a lo largo de la costa de Guyana y en otras zonas, en particular el estratégico Mejoramiento de la Autopista East Bank Demerara, una obra valorada en 192 millones de dólares. De igual modo, en enero de 2024, el proyecto del puente Mackenzie-Wismar, valorado en 35 millones de dólares, fue adjudicado a China Harbour (CHEC). El proyecto de infraestructura de transporte más significativo liderado por la RPC ha sido el puente sobre el río Demerara, valorado en 260 millones de dólares, adjudicado a CHEC a finales de 2022 e inaugurado a finales de 2025.

Más allá de la infraestructura de transporte, las empresas chinas han participado en el repetidamente cancelado y reestructurado proyecto hidroeléctrico Amaila Falls de 165 megavatios. Esto incluyó la participación de un consorcio liderado por China Water and Electric (CWE) en una versión del proyecto de 2023, así como el interés actual de empresas chinas en la más reciente licitación, iniciada en febrero de 2026.

En el sector inmobiliario comercial, las empresas chinas han avanzado mucho más allá del controvertido Marriott Georgetown, de 52 millones de dólares, terminado en 2015 por Shanghai Construction Group. Su competidor, Pegasus, contrató a China Harbour para una ampliación de 100 millones de dólares de su propiedad. Al parecer, ahora las empresas chinas están trabajando en una tercera torre en dicho complejo. En 2023, CHEC fue contratada para construir el Marriott Ogle en East Coast Demerara, por 50 millones de dólares, entre otros ejemplos.

Sector eléctrico

Como en la construcción, las empresas chinas han estado desde hace tiempo activas en la infraestructura de energía de Guyana, incluyendo un contrato por 51 millones de dólares en 2010 con China National Machinery Import Export Corporation para trabajos en el área metropolitana de Georgetown.

En 2025, Guyana Power and Light (GPL) adjudicó un contrato de 442 millones de dólares para líneas de transmisión eléctrica a China Power Corporation. En 2026, también otorgó a China Power un contrato de 27 millones de dólares para almacenamiento de baterías industriales para la red pública. La empresa participa además en la instalación de nueva generación de energía solar a través del Programa Fotovoltaico a Escala de Servicios Públicos de Guyana.

Sector médico

En los últimos años, la RPC ha ampliado su tradicional apoyo al desarrollo de Guyana hasta aumentar su presencia en el sector médico del país. Esto incluye la construcción de seis hospitales regionales. Además, en abril de 2023, la RPC donó 60 millones de dólares en equipos médicos al hospital público de Georgetown. En noviembre de 2023 hizo una donación similar de 10 millones de dólares al hospital en Linden, Guyana. Desde 1993, la RPC también ha enviado equipos médicos, alcanzando el vigésimo grupo en el país para 2025.

Sector digital

Las empresas con sede en la RPC juegan un papel importante, aunque parcialmente limitado, en la industria de telecomunicaciones de Guyana. En 2021, China donó 1.000 “cajas de internet” para ampliar la cobertura digital en el país. Empresas chinas como Huawei también suministran teléfonos y otros equipos a los principales proveedores del país, Digicel Guyana y One Communications Guyana (anteriormente GTT), aunque esta última ha buscado minimizar el uso de proveedores chinos como Huawei en su infraestructura. De igual modo, el proveedor guyanés de telefonía móvil Enet, al parecer, ha construido su infraestructura con equipos de la empresa estadounidense Mavenir, en vez de componentes chinos.

Más allá de la telefonía pública y el servicio de internet, las empresas con sede en la RPC se han posicionado como proveedoras clave de tecnologías digitales para el gobierno de Guyana. Desde 2016, Huawei lidera la construcción de la red de digitalización eGovernment del país, incluida la construcción de la red troncal de fibra óptica hacia el interior y capacitación de personal. Durante la visita del presidente Ali a China en 2023, su gobierno anunció una posible iniciativa para trabajar con empresas chinas en la creación de una universidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en Guyana.

Sector minorista

Como en otras partes de la región, se ha producido una proliferación de comercios minoristas que son propiedad de chinos o se especializan en bienes importados desde China. Estos son especialmente habituales en la costa atlántica de Guyana y a lo largo de la margen este y oeste del río Demerara al sur de la capital, Georgetown. Uno de los ejemplos más destacados es la cadena de supermercados “Real Value” establecida por el empresario chino Jason Wong en 2014.

Esta expansión de comercios chinos ha generado tensiones con los dueños de tiendas tradicionales, muchos de los cuales se ven desplazados por la competencia. En junio de 2024, un grupo de propietarios de supermercados representados por la Asociación de Empresarios de Guyana solicitó y consiguió una reunión con el presidente Ali, señalando que los comercios chinos competían de manera desleal y no cumplían con las normativas tributarias y de licencias. En octubre de 2025, el intento de construir una nueva tienda china en Brickdam, el mercado Chongking, frente a una escuela y sin licencia, obligó a la embajada de la RPC a emitir un comunicado exhortando a los ciudadanos chinos a cumplir con las leyes locales.

Lazos entre pueblos

Como en otras zonas de la región, la RPC ha trabajado en múltiples áreas para ampliar los lazos “pueblo a pueblo” y su influencia asociada en Guyana. Estableció un Instituto Confucio en la UWI Georgetown en mayo de 2014, y ha otorgado entre seis y 12 becas al año para estudios académicos en China, sumando 222 becas entre 1984 y 2022.

Como complemento, el gobierno chino también ha traído regularmente a guyaneses a la RPC para actividades de corto plazo en diversas áreas. Entre 2018 y 2023, al menos 400 guyaneses viajaron a China sólo para cursos de formación.

Como en otras partes de la región, la RPC también invita periódicamente a parlamentarios guyaneses. En agosto de 2024, una delegación de cuatro personas encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Manzoor Nadir, visitó China por invitación de Zha Leiji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la RPC.

Muchos viajes financiados por la RPC han estado dirigidos a personal de medios de comunicación de Guyana. Desde la década de 2010, la RPC ha llevado cada año a un estimado de cinco a 10 periodistas guyaneses al país, incluyendo ocho en 2024. Por ejemplo, en junio de 2023, la RPC llevó al periodista guyanés Shaquawn Hamilton Gill, lo que derivó en un entusiasta testimonio en medios estatales chinos sobre cómo “China está ayudando a otros países a salir adelante”. En julio de 2024, estos viajes financiados por la RPC incluyeron a una delegación de ocho personas encabezada por la editora jefe del Guyana Times, Tusika Martin, e integrantes de Stabroek News, Kaieteur News, News Room y la emisora estatal guyanesa NCN.

Crimen

Reflejando tanto los crecientes vínculos comerciales como la presencia histórica, aunque modesta, de la comunidad china en Guyana, existe también evidencia de actividades del crimen organizado chino en el país. Ejemplo de ello es un caso de 2023 relacionado con el lavado de 4.000 millones de dólares guyaneses a través de negocios chinos locales. En 2022, Vice News generó un escándalo en Guyana al publicar una historia en la que el empresario chino Su Zhirong, en una trama criminal, aparentemente implicaba a altos funcionarios guyaneses.

Cooperación en seguridad

Guyana ha mantenido desde hace tiempo una modesta pero importante cooperación en seguridad con la RPC. Esto incluyó a la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) adquiriendo una aeronave de transporte militar Harbin Y-12 en 2002. En 2012, la GDF firmó un contrato por 100 millones de dólares para que instructores de la fabricante CATIC (China Aviation Technical Industry Corporation) de la RPC se desplazaran a Guyana para capacitar personal, la primera vez que China enviaba tales especialistas a América Latina.

En 2014, la RPC donó 11,9 millones de dólares en motocicletas, equipos de radio, cámaras corporales y cascos, entre otros, a la Policía de Guyana (GPS).

En abril de 2017, donó 31 equipos a la Fuerza de Defensa de Guyana, entre ellos patrulleras pequeñas, bulldozers, una excavadora, camiones cisterna de agua y combustible, camiones volteo, ambulancias y otros vehículos de apoyo.

En noviembre del mismo año, realizó otra donación a la Policía guyanesa, incluyendo 56 camionetas pickup, 44 motocicletas, 35 vehículos todoterreno y cinco autobuses.

Durante las últimas tres décadas y antes, un número importante de miembros de la GDF y la Policía, incluidos algunos con quienes el autor ha conversado personalmente, han viajado regularmente a la RPC para cursos de formación y otros eventos.

Tras el acercamiento con Estados Unidos con el regreso al poder del PPP/C en 2020, el gobierno de Guyana ha reducido el alcance y el perfil de las interacciones militares y policiales con la RPC. Además, el antiguo transporte Y-12 y gran parte del resto de los equipos adquiridos anteriormente a China ya no están en servicio.

Conclusiones

En contraste con otros países de la región, como Panamá, la relación considerable y en crecimiento de Guyana con la RPC no ha generado tensiones significativas con Washington, a pesar de que abarca sectores sensibles como las telecomunicaciones y la cooperación en materia de seguridad.

La ausencia de conflicto de Guyana con Washington por la RPC puede atribuirse a la habilidad del gobierno de Ali —en particular del experimentado vicepresidente guyanés Bharat Jagdeo— para gestionar la relación. También puede reflejar el mayor énfasis que Estados Unidos ha puesto en la valiosa cooperación de Guyana en otros ámbitos. No obstante, las actividades de la RPC en Guyana tocan dos áreas de preocupación señaladas en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos: la influencia de adversarios estadounidenses y el acceso a “terrenos clave.” La cuestión del involucramiento chino en Guyana probablemente seguirá siendo de interés para Washington, incluso mientras Estados Unidos y el actual gobierno del PPP/C continúan gestionando una relación fundamentalmente positiva.

Al invocar la paz debemos trascender hasta una dimensión humanista de justicia a través de la cual construyamos sociedades en que la libertad se asegure al oprimido y la felicidad sea dada aun a los más desposeídos y vulnerables. Una sociedad en que cada Derecho cuente. Tampoco se puede olvidar jamás la máxima de Desmond Tutu: “No debemos permitirnos llegar a ser como el sistema al que nos oponemos. No podemos permitirnos emplear métodos de los que nos avergoncemos al mirar atrás, al decir: «...no deberíamos haber hecho eso». Debemos recordar, amigos míos, que se nos ha confiado una causa maravillosa: ¡la causa de la libertad! Y ustedes y yo debemos ser quienes caminen con la frente en alto. Diremos: «Utilizamos métodos capaces de resistir el riguroso escrutinio de la historia»”.

El objetivo de lograr la paz comienza por evitar las crisis de confrontación, algunas de las cuales han sembrado en el pasado masiva destrucción, pero también alcanzar el ritmo de un mundo razonablemente realista que se logra conectando cada pueblo (en el sentido amplio) con las particularidades de la naturaleza de las relaciones internacionales en cada coyuntura política, evitando la generación de causalidades de gravedad y la generación espontánea de desavenencias políticas internacionales. Se ha consolidado de una manera muy tangible a nivel global la contraposición de intereses polarizados, algunos de ellos políticos y algunos económicos/comerciales. Durante algún tiempo, el sistema multilateral contribuyó a aliviar tensiones y este ideal vivió dentro del sistema.

Pero el ideal de reducción de conflictos está determinado muy claramente por la personalidad de los actores internacionales, los cuales determinan los contenidos de las relaciones internacionales, cómo se da la participación en la política internacional y sus reflejos condicionados. Cuando el mecanismo de paz vive dentro del sistema, la reducción de las dinámicas de confrontación puede ayudar o intentar ayudar a las personalidades extremas de los liderazgos a establecerse con estabilidad en su proyección internacional conforme al Derecho Internacional y aceptar los mecanismos preestablecidos por los cuales se evitan las conflagraciones entre países. Esto tiene también sus problemas, pues ocurre que en esos casos recurrentemente el sistema opera absorbiendo violaciones de Derechos Humanos, el enriquecimiento de uranio, crímenes de lesa humanidad, alteraciones del orden constitucional, rupturas de la democracia. Ello se hace sobre la base de creer que las muertes que ocurren dentro de un país no son responsabilidad de la comunidad internacional y que no hay nada que hacer respecto a violaciones de Derechos Humanos que ocurren establecidamente en un Estado por no existir condiciones de una ejecutoriedad obligatoria o forzadamente obligatoria del Derecho Internacional. La reducción del conflicto entre países lleva incluso a obviar estos temas en las relaciones entre Estados.

El ideal de paz solo puede percibir un nivel relativamente bajo de conocimiento “socavado” de principios que deben ser sacrificados en el altar de la soberanía de los países o en el tribunal de ignorar las violaciones de Derechos Humanos que empiezan y terminan en la gente o las violaciones del Derecho Internacional que empiezan y terminan en la letra del Derecho sin que trasciendan más que como la violación de obligaciones genéricas que no le hacen daño a nadie (aunque sí lo hagan). Esto se hace funcionar como si la paz poseyera algún tipo de habilidad mecánica, pero la misma solo puede sostenerse sobre determinadas condiciones de educación internacional que reflejan condiciones internas, aunque esto es probablemente un profundo error.

Toda solución basada en la armonía ficticia que prescinde de las realidades de la gente, o en las cuales esas realidades de la gente quedan prisioneras de la soberanía de los Estados, o cuando se trata de hacer parecer una unidad beneficiosa de la aplicación del principio, o algo así, es un ideal muy falso, y por eso los conflictos ocurren. Los defensores del statu quo a menudo se disfrazan de guardianes de la armonía, como dijo Mark Shepard. Son los casos en que falta la conexión basada en el nivel de civilidad internacional que la proyección de los asuntos exteriores de los países conforma. Muchas veces se mostró una auténtica arrogancia intelectual la cual estaba basada en supuestos que eran falsos, como decir que este ideal de la paz entre las naciones implica la paz de los pueblos. Esta teoría suele intentar hacer prevalecer que lo falso de este ideal es alcanzable y que, si se equivocan, si lo único que importa es la dimensión de ausencia de conflicto entre las naciones, entonces el mundo cae a los pies de este principio y todo funcionará perfectamente. Obviamente que los pueblos, como por ejemplo el iraní, el venezolano o el cubano se sienten monstruosamente traicionados por este ideal. El concepto tiene que ver con formas perimidas en que los reyes encarnaban la soberanía, esa forma se transformó en que hoy los tiranos o dictadores encarnan la soberanía. También que esos reyes arrastraban a los pueblos enteros a sus guerras y, por lo tanto, hacían pagar al pueblo entero por ello. Este sigue siendo el sueño de los tiranos, dictadores o déspotas de cualquier tipo. El ejemplo más exitoso ha sido el de los autócratas de Hamas, que prácticamente lograron que la totalidad del pueblo de Gaza pagara por su agresión a Israel.

Por otra parte, estas autocracias tienen la posibilidad de generar anticuerpos antidemocráticos en nuestras sociedades, es así que Hamas, Irán, o los dictadores venezolanos o cubanos tendrán sus mecanismos de conflicto social y protesta política activados ante la menor amenaza a la continuidad de sus crímenes. Se aferran a sus “intercambios de cooperación” entre países como a un ídolo (y es un ídolo), mostrando una peligrosa, idealista, incluso sexual reverencia por inducir estupidez suficiente como para reivindicar dictadores o y dictaduras responsables de ejecuciones, tortura y desapariciones, responsables de crisis humanitarias y migratorias. Es como conceptualizar que la paz debe ser edificada sobre las violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, por no mencionar la Democracia que generalmente es la primer víctima.

Es obvio que el ideal del mundo político es estructurar un funcionamiento de paz, el hecho de que las ventanas indelebles de la paz no fueran prácticamente nunca debidamente reconocidas… a veces no ha sido muy útil saber esto, porque estar equivocado es bueno y ayuda a vivir con menos problemas (o, por lo menos, dejarlos para después). Y, sin embargo, la proyección de las ideas a la práctica nos quiere decir si no se usa correctamente, te consumirá, como un sinsentido cualquiera, ¿verdad? Así que podría ser una oportunidad. Sin embargo, esta acción, aunque cualquier sistema amigo de la paz es susceptible de ser profundamente engañado (aunque no tan engañado como se creía, por desgracia) o por la aplicación errada de un principio fundamental o simplemente por no juzgar adecuadamente una situación (como el genocidio en Ruanda). Es así que la paz de Hamas es la paz para atacar nuevamente a Israel (como lo ha hecho en las xs violaciones de ceses del fuego), la paz de Irán es para enriquecer uranio como para tener un arma nuclear susceptible de ser utilizada por sus proxys terroristas como el anteriormente mencionado, Hezbollah, los hutíes, milicias chiíes, así como la paz de las dictaduras latinoamericanas les ha permitido acrecentar e incluso acelerar sus crímenes de lesa humanidad.

No tomar las medidas necesarias en la interacción entre países para reflejarla adecuadamente en un “mundo ideal” —lo que también habría destruido el conflicto interno de la personalidad de la paz— porque se comprende que, aun si se actúa a la perfección, no se podría lograr más de lo que permitía el rol aparentemente limitado asignado por un Estado de Derecho internacional que no existe, dado que si el Derecho no tiene la capacidad para hacer el enforcement de sus principios, entonces el Estado de Derecho no existe como tal, sea a nivel nacional o a nivel internacional. Mientras este rol del Derecho no sea parte de la vida de la gente —pues siempre debemos saber por lo que pasan las personas sin comida, sin salud, sin derechos, sin hogar en este momento— tenemos que encontrar un trabajo adecuado para la paz por encima de soluciones técnicas que matan más y que son perversamente contrarias a la dignidad de la gente y de los pueblos. Es importante darse cuenta de que esta actividad de la paz no debe separarse de las situaciones personales o comunitarias o sociales en general, ya que, si se abordan incorrectamente, podrían convertirse en acciones hostiles. Quizás así es precisamente como se mantiene la escala de percepción: la arrogancia puede llevar a considerar a los pueblos por debajo de la dignidad de la paz entre países, aunque, de hecho y conceptualmente, no existe nada tan degradante para la paz que un tirano o un autócrata que oprime y ejerce la violencia contra su pueblo.

Pero más importante aún, no es en absoluto obvio que el nivel de indiferencia inherente a la paz esté por debajo de cierto umbral de los Derechos Humanos. La gente lo entiende, porque incluso si imaginamos a un país como una figura histórica en la estructura de la comunidad internacional, queda claro que a menudo se trata de países con prácticas patéticas, desafortunadas, repugnantes y contrarias a los Derechos Humanos. Y se nota el conflicto interno, cometiendo errores, asegurándose de que cada ser humano en ese país tenga un día un poco peor del que podría tener, y todo esto sabiendo que con el tiempo le permite estas transgresiones y que incluso hablarán en su defensa, aunque se sabe que está haciendo lo incorrecto. La importancia de la acción policial profesional es permanentemente subestimada, aun cuando es la única forma de tener una dinámica de convivencia, porque si la convivencia dependiera de la veleidad de las personas seríamos permanentemente vulnerables respecto a aquellos que quisieran matarnos, de aquellos que quieren robarnos, de aquellos que quisieran secuestrar, ejercer violencia, violar, en fin, de conculcar cada uno de nuestros Derechos. Pues bien, eso es lo que ocurre en la comunidad internacional, no existe policía que actúe contra aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de Derechos Humanos o enriquezcan uranio con fines armamentistas, respecto a aquellos que realizan o financian acciones terroristas, por lo tanto, se involuciona graciosamente en la sociedad de países hacia la permisividad de esas prácticas de asesinato, robo o violaciones.

El subdesarrollo se asienta fundamentalmente en variables de falta de Derechos Humanos y/o de violaciones de Derechos Humanos. Y esas dinámicas dejan en el suelo esos principios y valores, en esa pegajosidad sucia de violaciones de Derechos Humanos y discriminación que se acumula con los años en las sociedades y que son la principal razón de retroceso. Un país con un ingreso per cápita altísimo es subdesarrollado simplemente por sus prácticas violatorias de Derechos Humanos, y un país con la mitad de esos ingresos puede ser desarrollado simplemente por tener políticas consistentes y transversales de Derechos Humanos. Los países latinoamericanos tenemos extendidas culturas de negación de Derechos Humanos y de discriminación, siendo este probablemente el lastre más pesado para nuestras políticas de desarrollo. Por otra parte, estas prácticas de “subdesarrollización” de los Derechos Humanos se pueden extender, ganar espacios y revertir procesos de conquista de Derechos.

Lo vemos en procesos cada vez más frecuentes de permisibilidad de la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. O del Derecho Internacional respecto a crímenes de lesa humanidad o del Derecho Internacional de no proliferación de armamento nuclear o del Derecho Internacional contra actividades terroristas. Y perdonen las reiteraciones, pero es importante tener claro que todo esto constituye violación al Derecho Internacional, pero son violaciones que son “normalizadas” en el discurso político del liderazgo de la región. Cuando falla este “enforcement” del Derecho, cuando falla o no hay un sistema de “policía internacional” funcional, entonces puede ocurrir que cada uno se defenderá cuando quiera, como quiera, donde quiera. Sobre la base de la ley del más fuerte.

Y muchos de nuestros países en la región enfrentan un retroceso democrático que no es otra cosa que un retroceso del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, estas políticas pasan a constituirse en procesos de “subdesarrollización” continuos con importantes regresiones en cuanto a tejido social, productividad e inteligencia social/colectiva. Los países desarrollados no son ajenos a esto, en un ejemplo menor (aunque muy conocido) en estas dinámicas regresivas está, por ejemplo, Hamtramck, Michigan, que es un enclave conocido por haber elegido al primer ayuntamiento y al primer alcalde totalmente musulmanes en la historia de Estados Unidos. En 2023, el ayuntamiento aprobó una resolución que prohibía exhibir banderas del orgullo LGBTQ+ en propiedades municipales.

La paz no puede estar contenta con el tipo de regresiones que se cometen desde detrás del mostrador de la gobernanza. Si seguimos bajando las escaleras de los Derechos Humanos, vamos a terminar en el baño, y más abajo en las cloacas, en las cuales las condiciones de los Derechos Humanos van a estar todavía peor. Si se continúa este proceso de “subdesarrollización” de los Derechos Humanos se terminará en peligrosas lógicas de normalización y/o de acercamiento -que ya están ocurriendo y son absolutamente visibles- a los procesos autocráticos como el iraní y venezolano/cubano. Todo esto conducirá a una sociedad internacional cada vez más atrasada y cada vez más violenta. Como cualquier sociedad sin policía.

El tiempo que corre, implacable, inhóspito, indiferente al dolor. Cada día, más lejos de la esperanza, agotadas las fuerzas, quebrados los cuerpos, silenciados los alientos. Y, sin embargo, la lucha por la vida no ceja. De golpe alguien acaba de pedir silencio, dejen actuar a los héroes del rescate, esos perros únicos e infatigables, y ellos se lanzan sobre montañas de hierro y piedras, marcan un lugar, las manos que sacan piedras, las palas que intentan levantar bloques de hormigón, personas de todas partes luchando por rescatar una vida, un milagro, una conquista, un mundo entero escapando de las fauces de la muerte. Y entonces, un cuerpecito de tres años asoma su cabeza llena de tierra, los ojos abiertos, sus piececitos saliendo de la manta que lo cubre, un corazón que late contra todo pronóstico. Y más allá, un bebé de apenas 18 días de vida con su mamá, lo imposible. Y el joven de 21 años, más de cien horas sepultado, y la perrita que escarba desesperadamente para encontrar a sus cachorros, y la anciana que a pesar de todo sobrevivió. Venezuela es un grito, un dolor inmenso, un quiebro desesperado, pero también es una inmensa lección de empatía, una humanidad desbordada, un pueblo que lucha por la vida a pesar del abandono y la tragedia.

Pero si el terremoto ha demostrado al mundo la extraordinaria capacidad del pueblo venezolano para superar los peores estragos, también ha dado el toque final a un régimen delirante que, además de instalar una tiranía represiva, ha sangrado los recursos de Venezuela, ha destruido sus instituciones y ha dejado el país en una precariedad extrema que se traduce en desesperación y muerte. El espectáculo de estos días trágicos, con el colapso de las infraestructuras, la falta de todo tipo de instrumentos, la inexistencia de planes de contingencia, la desidia del ejército, la paralización de la administración, la persecución de los centros de acopio, las dificultades a los rescatistas internacionales, y un sinfín de denuncias de sobornos y saqueos, todo sumado es el retrato preciso del régimen criminal que aún gobierna Venezuela. En este sentido, las palabras de Maduro desde su cárcel en Brooklyn, reclamando “la unión nacional, la serenidad y el amor”, es la mueca tétrica de un desalmado: él, el responsable de la pobreza, el exilio y la desesperación de su gente; él, el que hablaba del pueblo mientras lo saqueaba; él, el que convirtió a un gran país en un escenario yermo; él, el dictador, el represor, ¡cómo osa abrir la boca, si no es para pedir perdón! Reclama “unión” quien expulsó a millones de ciudadanos. Pide serenidad quien violentó la vida de su gente. Llama al amor quien instaló la represión, la cárcel y la muerte. Cinismo, oscuridad y desvergüenza.

Y no sirve que el dictador ya no esté en el cargo, porque a pesar de la detención de Maduro y de los tímidos procesos de transición que se han producido, el terremoto ha demostrado que el régimen continúa actuando con la ineficacia y la maldad propia de los tiranos. Ahí está el funesto Diosdado Cabello, responsable directo durante su mandato de haber desviado los fondos para la prevención de catástrofes, dejando a los Bomberos y a Protección Civil sin la maquinaria pesada, los drones y los equipos de coordinación que eran necesarios, mientras reforzaba a los cuerpos de seguridad para la represión política. Y ahí está Delcy, líder de un gabinete improvisado que ha demostrado una parálisis letal a la hora de ayudar a la población, pero que no ha tenido escrúpulos en permitir la censura y la persecución política en plena emergencia.

Esa es la primera consecuencia política del terremoto: el régimen ha caído a plomo ante su gente, y el plan en tres fases que planificó Marco Rubio -estabilización, recuperación y transición-, se atisba ahora obsoleto. En su momento pareció la mejor opción para no caer en el error de Iraq, cuando Estados Unidos desmontó completamente la administración de Saddam Hussein y se desató el caos y la violencia. Pero el terremoto ha hundido definitivamente al Estado, los ritmos se han acelerado, y Delcy ya no sirve como puente de transición porque se ha producido un divorcio rotundo entre una ciudadanía que se coordinaba para salvar vidas, y un gobierno inútil, incapaz de liderar la emergencia. Si al gobierno le quedaba algún atisbo de legitimidad, aunque fuera por su carácter transitorio, lo ha perdido definitivamente.

Este es el punto: el terremoto ha mutado la situación y ha acelerado los tiempos, lo cual debería implicar un cambio de estrategia por parte de la administración norteamericana. Especialmente por parte de Marco Rubio, que ha conseguido una gran credibilidad en el hemisferio occidental, pero que en Venezuela se juega su capacidad como estratega brillante. Los grandes desastres acostumbran a motivar grandes cambios políticos. En este caso, deberían provocar la caída definitiva de un régimen criminal.

X: @RaholaOficial

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Instagram: pilar_rahola/

Durante los últimos dos meses, el Gobierno boliviano centrista y proestadounidense de Rodrigo Paz Pereira ha estado sorteando un campo minado de descontento social, dilemas institucionales y fuerzas criminales y sus aliados que buscan desestabilizar su Gobierno. Es probable que sobreviva a la crisis actual, pero podría verse obligado a dimitir antes de que termine 2026 como consecuencia de la presión política y económica ejercida por quienes, de hecho, tienen sitiada la capital boliviana. En el futuro, al igual que en la crisis de mayo-junio de 2026 —que ahora se está disipando—, una espiral de violencia y otras dinámicas desestabilizadoras podrían empujar a Paz a la salida si intenta recurrir al ejército para responder a quienes se enfrentan a su Gobierno. Su dimisión podría tener graves implicaciones para la seguridad y la democracia entre los vecinos sudamericanos de Bolivia. Aunque el desenlace es fundamental para el éxito del enfoque de la Administración Trump en el hemisferio occidental, en general pasa desapercibido para la mayoría de los responsables de Washington.

Entre el 20 y el 30 de mayo de 2026, mientras se desarrollaba la crisis política y de seguridad, el autor se encontraba en Bolivia entrevistando a altos cargos políticos, empresariales y gubernamentales. Este informe recoge las reflexiones del autor sobre las condiciones, los dilemas y las dinámicas que se están desarrollando en el país, así como sobre lo que podrían deparar los próximos meses.

Antecedentes

Paz y su Gobierno son un entramado de complejidad y contradicciones. Paz nació en España de madre española. Tanto su padre, Jaime Paz Zamora, como su abuelo, Víctor Paz Estenssoro, fueron presidentes de Bolivia. Su trayectoria política se enmarca en la “izquierda del caviar”, que combina el legado de su padre como fundador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia con su propia y sólida formación académica y experiencia profesional en el sector financiero estadounidense. Esa orientación, junto con el grupo heterogéneo de personas que llevó al poder como ministros de su gabinete y círculo de asesores, desempeña un papel importante en la crisis actual y en las decisiones que está tomando.

Paz es un “presidente accidental” que llegó al poder como descendiente de una estirpe de presidentes. Sin embargo, también aportó una tradición contemplativa e intelectual que, en opinión de algunas de las personas consultadas para este estudio, le ha impedido tomar medidas decisivas a la hora de definir el rumbo de su nuevo Gobierno y gestionar la crisis actual.

Tras veinte años de gobierno del partido populista de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), una corrupción generalizada y una crisis económica que puso de manifiesto la profunda mala gestión del MAS, los votantes bolivianos estaban preparados para algo nuevo. Mientras tanto, las luchas internas entre el fundador del MAS y líder sindical de los cocaleros, Evo Morales; su sucesor, Luis Arce; y Andrónico Rodríguez, el joven líder cocalero que podría haber heredado el testigo del MAS, acabaron prácticamente con el partido en los meses previos a las elecciones de agosto de 2025.

Aunque el MAS se retiró de facto de la escena política tras casi veinte años al frente del país, muchos miembros de las comunidades indígenas del Altiplano —principalmente de habla quechua y aimara— miraban con desconfianza a políticos de larga trayectoria y de orientación de derechas, como Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Esa desconfianza se agravó durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, a quien los grupos indígenas y otros colectivos marginados del Altiplano consideraban que había ido demasiado lejos. Según esta opinión, Áñez intentó reorientar con demasiada rapidez las políticas de Bolivia y su alineación en materia de política exterior hacia una agenda de derechas tras la destitución en 2019 del presidente Morales, un cocalero populista de izquierdas.

En las elecciones presidenciales de agosto de 2025, Paz, acompañado por su compañero de candidatura de la derecha tradicional, Sebastián Careaga, apenas obtenía apoyo en las encuestas hasta que Careaga abandonó la candidatura, lo que obligó a Paz a sustituirlo por Edmand Lara, un policía destituido conocido por su discurso contundente. Aunque las acusaciones penales previas contra Lara estaban bien fundamentadas según las personas consultadas para este estudio, el estilo machista de Lara y su contundente retórica anticorrupción conectaron bien con los votantes que buscaban una alternativa tanto al desacreditado MAS como a las élites tradicionales de la derecha. El estilo de Lara contrastaba con la postura centrista e inclusiva de Paz, aunque, curiosamente, la complementaba. Paz realizó una famosa campaña por el altiplano andino en moto, visitando innumerables comunidades pequeñas, en su mayoría aimaras, y prometiendo identificarse con ellas y respetarlas. La credibilidad del compromiso de Paz se vio reforzada por las credenciales de su padre, miembro del MIR de izquierdas. Su mensaje se amplificó aún más gracias a una innovadora campaña en redes sociales, que aprovechó aplicaciones como TikTok, muy utilizadas entre la población de las tierras altas. La innovadora campaña en redes sociales que impulsó a Paz a la cima fue, además —y esto es importante—, impulsada por su hija Catalina y su antiguo profesor argentino, Fernando Cerimedo.

La cuestión de quién o qué fue responsable de la inesperada victoria de Paz en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas de octubre de 2025 adquirió posteriormente una importancia desmesurada, y el presidente Paz atribuyó públicamente el mérito a la campaña de su hija en las redes sociales. Según las personas consultadas para este análisis, ella podría haber contribuido a la gran confianza que él depositaba en Cerimedo y a la considerable influencia que se consideraba que Cerimedo ejercía en su administración.

Las demás influencias sobre el presidente Paz han sido, según se informa, una mezcla compleja y cambiante. Entre ellas se encuentra su hermano Jaime Paz Pereira, procedente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien, al parecer, ha ayudado al Gobierno a conseguir compromisos de líneas de crédito de la CAF y otras organizaciones. También se incluyen Mauricio Zamora, su pariente de Tarija; miembros de la vieja guardia del MIR vinculados a su padre, como el ministro del Interior, Marco “Tuco” Oviedo, y Óscar Eid Franco; el ex secretario presidencial Doria Medina; y el candidato a la vicepresidencia José Luis Lupo.

En lo que respecta al vicepresidente Lara, la relación se deterioró rápidamente, a raíz de las acusaciones de Lara de que el presidente no había proporcionado asientos adecuados para los miembros de su familia en la toma de posesión. Según muchas de las personas consultadas para este estudio, Lara, que consideraba decisivo su papel en la victoria, se fue amargando cada vez más con Paz por no recibir la influencia, el respeto y los cargos ministeriales que creía merecer tras el papel que había desempeñado en la victoria de Paz. Lara se convirtió cada vez más en un adversario político del presidente Paz, en lugar de formar parte del Gobierno.

El camino hacia la crisis actual

Podría decirse que Paz heredó de sus predecesores las condiciones que han provocado la crisis actual. No obstante, las personas consultadas para este análisis consideran, en general, que está actuando con lentitud a la hora de aplicar nuevas políticas económicas y de seguridad que aborden estos retos y comuniquen la orientación de su Gobierno. Veinte años de falta de inversión en el sector del gas natural —la principal fuente de divisas del país— y otras políticas que desincentivaron la inversión bajo los gobiernos de Morales y Arce alimentaron el progresivo descenso de la producción y de la generación de dólares asociada a ella. Esta situación provocó problemas a los importadores, escasez de productos importados, inflación y malestar social, lo que no hizo sino agravar el problema.

En los primeros meses del Gobierno de Paz, los problemas que habían contribuido a la destitución del MAS y a su desaparición como partido político dieron lugar a una escalada de reivindicaciones que, dada la situación financiera y fiscal de Bolivia, resultaban casi imposibles de abordar para la nueva administración. Entre ellas figuraban las reivindicaciones de los docentes y otros sectores para obtener aumentos salariales que cubrieran la inflación, así como las demandas de subsidios al combustible debido a los drásticos aumentos en los precios de la gasolina, el gasóleo, el gasóleo de calefacción y el gas de cocina, provocados por la guerra en Irán. En particular, esto afectó al 80 % de los bolivianos que trabajan en el sector informal.

Si bien el Gobierno de Paz tardó en poner en marcha nuevas políticas para abordar los problemas heredados de gobiernos anteriores, la crisis de unas exigencias imposibles de satisfacer se vio agravada por lo que se percibió como un alejamiento de la retórica electoral —que cortejaba a las comunidades marginadas— hacia una selección de ministros, políticas, acciones y un discurso que llevaron a las comunidades marginadas que le habían apoyado a sentirse excluidas e incluso traicionadas. Muchos de los que se sintieron desilusionados habían apoyado anteriormente al MAS, pero votaron por Paz y Lara al considerarlos la opción menos mala en comparación con los políticos más tradicionales de orientación derechista.

Para agravar esta creciente desilusión, Paz nombró un gabinete con una orientación relativamente tecnocrática, que incluía a políticos del Partido de la Unidad Nacional de Doria Medina. A diferencia de los gabinetes de Morales y Arce, el de Paz contaba con relativamente pocos rostros indígenas o representantes de sindicatos y movimientos sociales de izquierda. Simbólicamente, Paz se apartó de la práctica de Morales de consultar a los líderes sindicales indígenas, a los mineros y a otros miembros de la antigua coalición del MAS, y de invitarlos al palacio presidencial.

Para agravar aún más el problema, algunas de las primeras leyes de Paz —como la Ley 157, relativa a la reclasificación de terrenos—, aunque lógicas desde el punto de vista económico, no se comunicaron adecuadamente, sobre todo a las comunidades indígenas marginadas en sus lenguas principales, como el quechua y el aimara. Además, podría decirse que los opositores de Paz en la izquierda, como Morales, aprovecharon sus vínculos más estrechos con estos grupos para presentar las políticas de Paz de la forma más negativa y amenazante posible. A juicio de esos grupos, Paz dedicó demasiado tiempo a ganarse el favor de las élites económicas de la llanura de la Media Luna, en lugar de a los colectivos que sustentaban su poder.

A medida que Paz perdía terreno entre los grupos marginados a los que en su día había sabido ganarse, también empezó a tener dificultades con su rival de derechas, Quiroga, y su partido Libre. Antes del ascenso de Paz, Quiroga lideraba las encuestas y albergaba ciertas esperanzas de que Paz se pusiera en contacto con él para formar un gobierno de coalición. Cuando, en cambio, Paz formó una alianza con el candidato que quedó en tercer lugar, Doria Medina, e incorporó a algunos de los colaboradores de este a su gabinete —entre ellos, Lupo como ministro de la Presidencia—, Quiroga y Libre pasaron a ser, de hecho, la oposición, aunque con un interés particular en evitar el regreso de Morales.

El origen de la crisis actual

Un momento decisivo en la crisis actual se produjo cuando el Gobierno de Paz importó un lote de gasolina de mala calidad que dañó los motores de coches, camiones y motocicletas en todo el país. Aunque Paz tomó medidas, quienes sufrieron daños en sus vehículos consideraron que no fue lo suficientemente lejos ni en cuanto a la indemnización ni a la exigencia de responsabilidades a los culpables.

Esta respuesta también fue emblemática de un problema más amplio que se percibía en el Gobierno de Paz. El cuestionable contrato de gasolina lo había firmado el anterior Gobierno de izquierdas de Arce, pero el Gobierno de Paz no actuó con la suficiente rapidez para identificar y erradicar los contratos defectuosos de su predecesor socialista. Esa inacción se inscribía en una percepción más generalizada de que la Administración de Paz era lenta a la hora de actuar, tanto a la hora de impulsar y poner en práctica sus planes como de eliminar a las personas problemáticas vinculadas a Arce que pudieran estar entorpeciendo, saboteando o tergiversando su programa.

Más allá de las cuestiones de aplicación, al inicio de su mandato, Paz se mostró relativamente ineficaz a la hora de comunicar sus políticas, su razonamiento y su visión para el país ante el descontento. En abril de 2026, nombró portavoz presidencial a José Luis Gálvez Vera. Las declaraciones de Gálvez sobre la política gubernamental redujeron el énfasis en la responsabilidad exclusiva de Paz por las políticas que causaban descontento, pero no lograron superar de manera fundamental las percepciones negativas sobre Paz entre parte de la población.

Bloqueos de carreteras, desestabilización y el papel de Morales

A medida que esas decisiones políticas y de estilo agravaban el descontento por la crisis económica, una fuerza clave liderada por el expresidente populista de izquierdas Morales intentó derrocar al Gobierno de Paz. Como líder de la federación de cultivadores de coca del Chapare, su territorio natal, Morales ha sido durante mucho tiempo una figura dominante en el narcotráfico en Bolivia. La coca cultivada en el Chapare se transforma allí y en otros lugares en cocaína. A continuación, con la ayuda de grupos internacionales de narcotráfico como el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de Brasil, la cocaína se introduce de contrabando hacia el este a través de Brasil, Argentina y Paraguay, y hacia el oeste a través de Perú y Chile, con destino principalmente a los mercados de Europa y Oceanía.

Haciendo uso de importantes recursos, algunos presuntamente vinculados al narcotráfico, Morales ha estado buscando una vía para volver al poder. Esa búsqueda cobró una urgencia mucho mayor cuando el Gobierno de Paz invitó a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) a volver al país, abriendo cautelosamente las puertas a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, y comenzó a trabajar en la reforma de las instituciones de seguridad para controlar la producción ilícita de cocaína en Bolivia.

El intento de Morales de derrocar a Paz cobró especial urgencia cuando el presidente presentó cargos de pedofilia contra él por haber mantenido relaciones sexuales con una joven de 14 años, Gabriela Zapata, y haberla dejado embarazada. Morales no se presentó a la vista judicial para responder a los cargos y, desde entonces, permanece atrincherado en el Chapare, defendido por sus principales seguidores.

A medida que crecía el descontento en Bolivia, Morales ha desempeñado un papel protagonista clave a la hora de convertir las protestas por reivindicaciones legítimas en un proceso de desestabilización. La frustración por la mala calidad de la gasolina, los altos precios y una ley del Gobierno de Paz destinada a facilitar el crédito comercial para la adquisición de tierras llevó a los opositores a levantar bloqueos de carreteras, una forma de protesta tradicional, aunque económicamente perjudicial. Sin embargo, las personas consultadas en Bolivia para este análisis consideran que Morales desempeña un papel clave en la expansión, el mantenimiento y la radicalización de las protestas, motivado por el deseo de impedir que la policía lo detenga en el Chapare y, en última instancia, derrocar al Gobierno y recuperar el poder político. Como tal, Morales ha movilizado a miles de seguidores y ha financiado los bloqueos, ampliándolos y manteniéndolos en gran medida al alimentar y pagar a sus seguidores. A su vez, las organizaciones de control social vinculadas a la red de Morales habrían intimidado o multado a quienes, en los barrios, no apoyaban los bloqueos ni las protestas.

Podría decirse que el dinero de los cocaleros ha incrementado el número de personas que participan en los bloqueos y su acceso a instrumentos de violencia, como armas y dinamita, utilizados para hacer frente a la policía y crear la sensación de una insurrección armada. Esta dinámica ha reforzado la sensación de que cualquier intervención de las autoridades podría dar lugar a un derramamiento de sangre considerable, lo cual es, según numerosos líderes políticos y empresariales bolivianos de alto rango entrevistados por el autor de forma extraoficial para este proyecto, precisamente lo que los radicales buscan para facilitar la caída del Gobierno.

A finales de mayo de 2026, tras un mes de bloqueos, la policía informaba de más de 80 cortes puntuales en las vías de comunicación de seis de los nueve departamentos del país, la mayoría de ellos concentrados en La Paz, en el Altiplano. La geografía de la ciudad permitía que, con el cierre de un número relativamente reducido de carreteras, se cortara el suministro de alimentos, gasolina y otros productos básicos a la ciudad. En La Paz, los bloqueos provocaron graves problemas de hambre, la falta de oxígeno en los hospitales, la muerte de pacientes porque las ambulancias no podían llegar a los centros médicos y la escasez de combustible para el transporte, la cocina y la calefacción, entre otros problemas. En las tierras bajas del departamento de Santa Cruz, un número menor de bloqueos en zonas con concentraciones de seguidores de Morales, como en las carreteras cercanas a San Julián y Yapacani, amenazó con aislar la ciudad de las zonas productivas del este y de los mercados del oeste, aunque la carretera a Tarija, al sur, y la ruta hacia Brasil, al sureste, permanecieron sin obstáculos.

Los bloqueos, mientras estuvieron en vigor, plantearon un dilema extremadamente difícil para Paz, lo que aumentó el descontento con su liderazgo tanto en la derecha como en la izquierda. En lugar de buscar una confrontación temprana que pudiera agravar la violencia, ha optado por esperar a que los manifestantes se retiren y alcanzar acuerdos parciales con diferentes grupos. Por ejemplo, ha derogado la ley de reforma agraria, ha accedido a aumentar los salarios de los docentes y ha hecho ciertas concesiones a los mineros, aunque estos gestos solo han apaciguado a una parte de los grupos y, podría decirse, han envalentonado a otros. Los principales grupos de protesta radicalizados, como la Central de Trabajadores de Bolivia y la Federación Tupac Katari, se han mantenido en las calles, mostrando incluso ambigüedad en su intención de negociar con el Gobierno. Paz ha llegado incluso a solicitar la ayuda del presidente brasileño de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a sus supuestos vínculos con Morales.

Vulnerabilidades de las fuerzas de seguridad

Los modestos intentos iniciales de Paz de utilizar a la policía para despejar las barricadas a principios de junio han salido mal. En parte, esto se debe a que el Gobierno no se enfrenta únicamente a manifestaciones espontáneas de protesta, sino a personas armadas, tácticas militares y violencia. Por ejemplo, un intento de abrir un «corredor humanitario» para permitir la entrada en La Paz de oxígeno médico y otros suministros vitales, liderado personalmente por el ministro de Obras Públicas y estrecho colaborador de Paz, Mauricio Zamora, sufrió una emboscada y se vio obligado a retirarse. En medio de la confusión, el ministro quedó separado de la caravana y, durante un tiempo, tuvo que eludir a los opositores que intentaban capturarlo y, posiblemente, matarlo. De hecho, en un incidente ocurrido en la misma zona años atrás, otro ministro había sido emboscado y asesinado por manifestantes. Además, durante la crisis actual, una columna de la policía boliviana que intentaba abrir la carretera de Santa Cruz a Cochabamba fue emboscada por opositores que lanzaban dinamita desde posiciones elevadas cuidadosamente seleccionadas, lo que volvió a obligar a la policía a retirarse.

Con el apoyo de las fuerzas aliadas en el Congreso, Paz derogó una ley de la época del MAS que restringía los despliegues militares en «estado de sitio», pero se ha mostrado reacio a declarar dicho estado y a desplegar al ejército para retirar las barricadas. Sin embargo, su vacilación no carece de fundamento. Durante anteriores despliegues militares contra manifestantes en 2003 y 2019, murieron civiles, y los líderes militares y políticos implicados en la acción acabaron encarcelados u obligados a exiliarse en el extranjero. Ese legado se mencionó en prácticamente todas las conversaciones que el autor mantuvo sobre la intervención militar.

Más allá de la responsabilidad de los líderes militares y políticos por tales acciones, el presidente tiene motivos para temer que la situación se salga de control en un despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad. Tanto la policía nacional como el ejército carecen del equipamiento adecuado para despliegues que les pongan en contacto con los manifestantes, como balas de goma, gas lacrimógeno y equipo de protección. Además, una parte significativa del personal, tanto del ejército como de la policía, procede de las mismas comunidades marginadas contra las que las fuerzas de seguridad podrían tener que actuar.

Muchos de los oficiales, tanto de la policía como del ejército, deben su carrera al Plan de Igualdad de Oportunidades, una iniciativa especial puesta en marcha por el Gobierno de Morales en 2008 para permitir que personas sin educación formal pudieran convertirse en oficiales. Muchos de ellos procedían del Chapare, el centro de la actual resistencia contra Paz. Hoy en día, muchos oficiales que obtuvieron su nombramiento y ascendieron en el escalafón gracias a este programa son ahora comandantes, tenientes coroneles o coroneles y ocupan importantes puestos de mando. Además, muchos militares han asistido a programas de adoctrinamiento ideológico en Cuba durante anteriores gobiernos del MAS o han participado en la «escuela antiimperialista» que el Gobierno cubano ayudó a Morales a crear en Bolivia. Así pues, aunque el personal de seguridad boliviano está compuesto por profesionales responsables, existe el riesgo de que surjan conflictos de lealtad que podrían llevar a algunos a negarse a actuar, a unirse a los manifestantes o a emprender acciones que agraven deliberadamente la situación con fines de sabotaje.

Presión sobre el Gobierno de Paz

Ante el sufrimiento cada vez mayor y las consecuencias económicas adversas, en Bolivia se ha ido acumulando —y sigue acumulándose— una creciente frustración por la falta de medidas decisivas por parte del Gobierno de Paz. Durante la estancia del autor en Santa Cruz, el comité cívico y la Unión Juvenil Cruceña (UJC) de la ciudad, ambos muy bien organizados, se mostraron frustrados con el Gobierno por no desmantelar los bloqueos, que causaban perjuicios económicos al departamento, y estaban a punto de desplazarse a San Julián para desmantelar el bloqueo por su cuenta. Anticipándose a la llegada de los cruceños, los líderes antigubernamentales enviaron a miles de sus seguidores al lugar, muchos de ellos, según se informa, bien armados. Solo la intervención de los líderes de la Iglesia católica y una decisión de última hora del Comité Pro-Santa Cruz —la organización dominante en el departamento que agrupa a organizaciones sociales, empresariales y comunitarias— de suspender temporalmente la acción impidieron lo que probablemente habría sido un enfrentamiento sangriento.

Muchos de los consultados para este estudio consideraban que Morales y sus partidarios buscaban deliberadamente provocar la violencia para impulsar su agenda de forzar un cambio político. La Constitución boliviana no prevé la destitución democrática de un presidente, salvo mediante un referéndum revocatorio en la segunda mitad de su mandato, que en el caso de Paz acaba de comenzar. Es posible que Morales y sus partidarios estén calculando que fomentar un nivel suficiente de violencia, parálisis política y perjuicio económico obligará a Paz a dimitir. Morales ya ha convocado, de forma inconstitucional, nuevas elecciones en un plazo de 90 días como solución a la crisis.

Según la Constitución boliviana, si Paz dimitiera, tal y como hizo el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, el poder pasaría al vicepresidente. Aunque muchos de los entrevistados para este análisis creen que Lara acogería con agrado la oportunidad de ser presidente, aunque solo fuera por un breve periodo, sostienen que el objetivo de Morales no es aupar a Lara a la presidencia, sino más bien forzar una secuencia de acontecimientos similar a la dimisión en 2003 del vicepresidente y presidente del Senado, lo que convertiría al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, en presidente interino, pero le obligaría a convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Varias personas consultadas para este estudio argumentaron además que algunos líderes políticos de la derecha podrían estar abiertos a tal escenario porque, aunque desconfían de cualquier caos político que pudiera llevar a Morales al poder, unas nuevas elecciones anticipadas podrían brindarles la oportunidad de hacerse con la presidencia. Para que el Gobierno de Paz evite tales escenarios sin recurrir a una arriesgada represión militar, los entrevistados por el autor mencionaron dos grupos de opciones interrelacionadas: (1) cooptar a la oposición «no morista» y (2) llevar a Morales ante la justicia por narcoterrorismo, presumiblemente extraditándolo a Estados Unidos o a otro país con una solicitud de extradición válida.

Aunque podría decirse que Morales y sus aliados cocaleros del Chapare son los principales financiadores y protagonistas de los bloqueos y las protestas, otros grupos de la oposición de izquierdas y sindicatos, incluso los más radicales, tienen un interés a largo plazo en la salida de Morales. Esto se debe a que su dominio les niega el liderazgo y la influencia dentro de la izquierda boliviana. Al mismo tiempo, los supuestos vínculos de Morales con el narcotráfico manchan y ponen en peligro legalmente a sus organizaciones por asociación. Sin embargo, la cooptación probablemente requeriría que Paz ampliara su acercamiento a los grupos de la oposición para atender sus demandas económicas y políticas, e incluso para incorporarlos al Gobierno de Paz mediante cargos en el Consejo de Ministros. No obstante, tal estrategia podría resultar contraproducente, ya que requiere dinero y poder político de los que Paz quizá no disponga. Probablemente también aumentaría la reacción en contra de Paz entre sus aliados de la derecha, reduciría aún más la coherencia y la eficacia de su Gobierno, perjudicaría su ya desastroso equilibrio fiscal y desalentaría la inversión y la financiación extranjeras, que tanto se necesitan.

Opciones estratégicas y el papel de EEUU

Según algunos de los entrevistados, calificar jurídicamente a la dirección (no a los miembros) de la federación de cocaleros de Morales como organización narcoterrorista, capturar a Morales y extraditarlo a Estados Unidos podría allanar el camino para una colaboración más fructífera entre Paz y los grupos de la oposición en torno a sus reivindicaciones legítimas. Podría decirse que la Policía Nacional de Bolivia carece del equipamiento necesario y se encuentra demasiado comprometida como para participar en una operación de este tipo. Aunque el ejército boliviano cuenta con varias unidades capacitadas que podrían emplearse, entre ellas los Diablos Rojos, los Diablos Verdes y los Diablos Azules, probablemente sería necesario el apoyo de Estados Unidos en forma de una operación coordinada autorizada por Paz. Cualquier cooperación de este tipo haría imprescindible identificar y abordar los casos de corrupción u otros problemas en las unidades implicadas en la operación, así como en los niveles superiores.

Si Estados Unidos fuera a desempeñar un papel en la captura de Morales, formalizar los cargos penales contra él y otros líderes cocaleros por sus presuntas actividades de narcoterrorismo le proporcionaría más competencias y herramientas para hacerlo, así como una mayor cobertura política para que el Gobierno de Paz pueda actuar. Antes de emprender cualquier acción, Estados Unidos debería considerar la posibilidad de designar a la dirección del sindicato cocalero como organización terrorista, tal y como hizo recientemente con el Primer Comando Capital y el Comando Rojo, complementando así su designación previa de más de 18 entidades en México, Colombia, Venezuela, Centroamérica y otros lugares. De este modo, se reforzarían los fundamentos jurídicos y las opciones para cualquier apoyo estadounidense a las medidas contra Morales u otros líderes narcotraficantes en el marco de la pertenencia de Bolivia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles y al Escudo de las Américas.

Aunque algunos sugirieron que detener y extraditar a Morales y a otros líderes cocaleros acusados de narcoterrorismo podría resultar políticamente explosivo, la gran mayoría de los consultados para este análisis consideraba que, siempre que existiera una base jurídica sólida y unos cargos públicos claros, y que Morales no permaneciera en una cárcel boliviana, la situación en el país se calmaría. Sin embargo, tras una operación de este tipo, sería imprescindible que Paz entablara un diálogo significativo con la oposición indígena no cocalera y otros grupos que se sienten excluidos. Los entrevistados también señalaron que sería prudente que Estados Unidos complementara cualquier operación militar contra Morales con iniciativas que aportaran beneficios militares, económicos y sociales a Bolivia, en su calidad de socio comercial y de seguridad proestadounidense. Esto podría incluir inversiones facilitadas a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU. y el Banco de Exportación e Importación de EE. UU. en sectores como el litio, los materiales de tierras raras, el petróleo y las infraestructuras.

Como complemento al apoyo material, el papel constructivo de EE. UU. se vería reforzado por la presencia de un embajador en Bolivia confirmado por el Senado de EE. UU. Aunque Estados Unidos cuenta con un equipo diplomático altamente competente en el país, el simbolismo de un embajador confirmado con estrechos vínculos con el presidente Trump reforzaría, sin duda, la percepción de que la Casa Blanca está comprometida con el éxito y la supervivencia de un gobierno democrático y proestadounidense en Bolivia que tenga bajo control el narcoterrorismo y otras dinámicas delictivas.

Para Bolivia, Estados Unidos y la región, los riesgos de fracaso son considerables. La mayoría de los consultados para este estudio consideraban que Paz probablemente sobreviviría a la crisis actual, con o sin la ayuda de Estados Unidos, aunque podría quedar muy debilitado. La remisión de la crisis a finales de junio de 2026 pareció confirmar la veracidad de ese análisis. Sin embargo, los consultados se mostraron menos optimistas respecto a que Paz logre sobrevivir al año si no aborda el desafío fundamental que plantea Morales y las vulnerabilidades políticas en sus relaciones tanto con la derecha como con la izquierda, además de demostrar avances en cuestiones económicas clave y de otro tipo mediante un liderazgo decisivo y la comunicación adecuada.

El Gobierno proestadounidense de Paz forma parte de la iniciativa «Escudo de las Américas» del presidente Trump. Su caída y el regreso de Morales al poder supondrían, por tanto, un importante revés simbólico para la agenda del presidente Trump. El impacto de ese revés sería aún mayor, ya que Morales es un cocalero con vínculos bien establecidos con Cuba, Irán, China y Rusia. Su reinstauración supondría una derrota simbólica para los esfuerzos de la actual Administración estadounidense por contrarrestar la subversión regional de Cuba y su gobierno comunista, así como por reducir la influencia maligna de Irán, China, Rusia y otros países en la región.

La caída de Paz y el triunfo de Morales en Bolivia probablemente también tendrían repercusiones mucho más allá de las fronteras del país. Las redes criminales vinculadas a las exportaciones de cocaína boliviana ya se extienden por el oeste de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, entre otras cosas a través de vuelos de narcotraficantes y la presencia de representantes de la delincuencia de esos países. Un ejemplo evidente es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado recientemente, que vivía en Las Palmas, uno de los barrios más exclusivos de Santa Cruz. Una Bolivia que pase de ser un escenario conflictivo de actividades de narcotráfico a convertirse en un auténtico «narcoestado» y refugio de grupos criminales socavaría la gobernanza democrática, la prosperidad y la influencia de EEUU en la región, y abriría el país a una mayor influencia de China y otros actores malignos, como ya ha ocurrido en el pasado.

La buena noticia es que Bolivia cuenta con un presidente y unos dirigentes que conocen bien a Estados Unidos gracias a su experiencia profesional y diplomática previa, y que están dispuestos a colaborar con este país. El apoyo de Estados Unidos para ayudar al régimen de Paz a sobrevivir y prosperar proporcionaría un importante argumento que complementaría los aspectos positivos de lo que Estados Unidos ha logrado en Venezuela y de lo que ha comenzado a construir con su «Escudo de las Américas» y otras iniciativas. Para la Administración Trump, se trata de una oportunidad crucial para mostrar a otros países de la región y más allá la propuesta de valor que supone colaborar con Estados Unidos.

Una versión en inglés del artículo fue publicada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)

Describir la magnitud de la tragedia que hoy enfrenta Venezuela resulta casi imposible. Tras casi tres décadas de deterioro institucional, económico y social, el país se ha visto golpeado además por una devastadora dupla sísmica que ha destruido ciudades enteras y sepultado, junto con miles de viviendas, buena parte de las esperanzas de una población exhausta.

El desastre ocurre precisamente cuando comenzaban a surgir expectativas de una eventual transición política. En este escenario hipotético, la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses había abierto una etapa de incertidumbre, pero también de renovadas ilusiones democráticas. Aunque la autoridad encargada provisionalmente del gobierno provenía del mismo aparato político responsable del progresivo desmantelamiento de las instituciones venezolanas, una parte importante de la sociedad confiaba en que el país iniciaba, finalmente, el camino hacia la recuperación democrática.

Ese sentimiento, sin embargo, sufrió una transformación radical con la tragedia.

Mientras miles de ciudadanos acudían espontáneamente a remover escombros, rescatar sobrevivientes y asistir a los damnificados, la respuesta oficial fue lenta e insuficiente. La tardanza de las autoridades contrastó con la rapidez de la sociedad civil y con la llegada de brigadas internacionales de rescate procedentes de México, El Salvador, Colombia y, posteriormente, Alemania, España e Israel.

La percepción pública terminó siendo tan importante como los propios hechos. Para numerosos venezolanos, las imágenes de voluntarios y rescatistas extranjeros trabajando sin descanso, muchas veces sin apoyo logístico de las autoridades nacionales, se convirtieron en una poderosa metáfora del agotamiento del modelo político vigente.

Las grandes crisis suelen revelar con crudeza las fortalezas y debilidades de un Estado. En este caso, la emergencia dejó al descubierto la distancia entre una sociedad capaz de organizarse solidariamente y unas instituciones cuya capacidad de respuesta apareció severamente cuestionada. Porque al final solo funcionaron para controlar a los periodistas extranjeros; impedir el funcionamientos de las redes sociales, impedir el trabajo de los socorristas y desviar la ayuda internacional.

De allí que la tragedia pueda convertirse en algo más que una catástrofe humanitaria. También podría representar un punto de inflexión político.

Una vez concluyan las labores de rescate y comience la inmensa tarea de reconstruir hogares, comunidades y proyectos de vida, es probable que buena parte de la sociedad venezolana coloque nuevamente el cambio político en el centro de sus prioridades. Para muchos ciudadanos, la reconstrucción material difícilmente será sostenible sin una profunda reconstrucción institucional.

Es precisamente en este contexto donde adquiere relevancia el concepto de “cisne negro”, desarrollado por Nassim Nicholas Taleb para describir acontecimientos extraordinarios, altamente improbables e imposibles de anticipar, cuyo impacto altera profundamente las dinámicas existentes. En política, un cisne negro no solo modifica el equilibrio de poder; transforma la percepción colectiva sobre lo que parecía posible o inevitable.

La dupla sísmica que golpea a Venezuela reúne muchas de esas características. Más allá de la devastación humana y material, introduce un elemento inesperado que altera los cálculos de todos los actores políticos. Los gobiernos, las oposiciones, los aliados internacionales e incluso la propia ciudadanía se ven obligados a replantear estrategias concebidas para una realidad que ya no existe.

La historia demuestra que numerosos cambios políticos no nacen exclusivamente de procesos electorales ni de decisiones diplomáticas. Con frecuencia son acontecimientos extraordinarios —guerras, pandemias, crisis económicas o desastres naturales— los que aceleran transformaciones que parecían lejanas.

Si este terremoto termina convirtiéndose en ese “cisne negro”, no será únicamente por la magnitud del desastre, sino porque habrá modificado la relación entre los ciudadanos y el poder. Y cuando esa relación cambia de manera irreversible, también cambian las reglas del juego político.

Sábado 27 de junio – 17:30

El Comandante de UNPROFOR (Fuerzas de Protección de Naciones Unidas en la Ex Yugoslavia) nos convoca al pequeño staff de urgencia a su oficina/habitación en el edificio de 10 pisos donde trabajábamos y vivíamos, que era la sede de nuestro Cuartel General en Sarajevo, para transmitirnos una novedad difícil de asimilar: “Viene el Presidente Mitterrand”.

El general canadiense Lewis McKenzie, sobresaliente persona y militar de excepción, era un líder con mayúsculas. Sorprendidos, le preguntamos si era real lo que estábamos escuchando y nos respondió que, según fuentes muy confiables, llegaría esa tarde/noche al aeropuerto. Mi contestación fue: “Imposible general, por la seguridad del Mandatario no hay opción que el Presidente Mitterrand aterrice en Sarajevo”.

El aeropuerto, en un valle entre montañas, había sido tomado por las fuerzas del general serbobosnio Ratko Mladic, transformándose en una Base de Tanques la mayoría de ellos encargados de bombardear día y noche a la capital de Bosnia-Herzegovina.

Para la puesta del sol faltaban un par de horas: el aeródromo no tenía electricidad, la torre de vuelo estaba con los vidrios rotos, equipos de radio destruidos, sin operador. Además la pista, con vainas de munición esparcidas, carecía de balizamiento e iluminación, el sistema radioeléctrico de localización del aeropuerto y el de aproximación a la pista también estaban fuera de servicio. Peor escenario, imposible.

Sábado 28 de junio – 18:05

El general McKenzie logra finalmente comunicarse a través de un teléfono satelital con el Cuartel General de NACIONES UNIDAS en Nueva York. Ninguna noticia respecto al viaje del Presidente Mitterand. Sin embargo, las fuentes informales continúan informando del inminente arribo

Sábado 28 de junio – 18:30

Llamada urgente del Cuartel General U.N. (NY) confirmando el vuelo. La sorpresa inicial y luego las actividades frenéticas se sucedieron sin solución de continuidad. El general MacKenzie nos reunió nuevamente al contingente de “Cascos Azules” para ponernos al tanto de esta novedad y le manifestamos nuevamente que era imposible aterrizar en Sarajevo, máxime que la operación se realizaría en horario nocturno. Para colmo de males, en esa época no existía el GPS.

En un aparte me dijo que lamentablemente, hasta ese momento, la decisión era irrevocable pese a los enormes riesgos que trató infructuosamente de comunicar a New York. Le contesté que, en virtud de la inflexible determinación, la única posibilidad muy temeraria, era colocar dos camiones de Naciones Unidas en ambas cabeceras con los faros encendidos para al menos, marcar el inicio y el fin de la pista. Crónica de una catástrofe anunciada,

Inmediatamente tomó el teléfono y habló directamente con la más alta autoridad francesa que estaba organizando este viaje. El Presidente Mitterrand, ya se encontraba en Split, ciudad croata en el Adriático, a media hora de vuelo de Sarajevo. Cuando le explicó en detalle el riesgo inmenso que significaría esta operación, Presidencia suspendió el vuelo. Recibimos una bocanada de oxígeno balsámico que en realidad duró pocos minutos.

Una hora más tarde, llegó la información de que Mitterrand aterrizaría al día siguiente, antes del mediodía, en nuestro Cuartel. Se comenzó a pintar frenéticamente una “H” con un círculo en el parking de nuestro edificio. Por suerte, esta opción fue descartada por la propia Fuerza Aérea Francesa ya que el helicóptero tendría que atravesar media ciudad de Sarajevo, a tiro de los centenares de francotiradores.

Finalmente, se confirmó oficialmente que el arribo en helicóptero sería el domingo 28 de junio en horas de la mañana pero en el aeropuerto mencionado en párrafos anteriores.

El traslado del general Mackenzie y nuestro reducido staff fue complicado ya que el camino que une a la Capital con el aeródromo estaba minado en prácticamente toda su extensión. Finalmente, ya instalados en el destruido aeropuerto, aparecieron dos puntos en el horizonte que se fueron agrandando a medida que se acercaban. Venía el helicóptero presidencial y atrás, de custodia, otro similar pero mucho más pequeño.

En la aproximación final comenzó a salir de la cola del primer helicóptero una fina columna de humo negro que se fue incrementando en grado alarmante. Había recibido, al menos, un impacto de las fuerzas serbias. Después de un bamboleo significativo, comenzó un descenso rápido pero controlado.

El aterrizaje fue fuerte pero seguro, demostrando la pericia y profesionalismo de los aviadores de la Fuerza Aérea Francesa. Inmediatamente descendieron unos veinte soldados de “fuerzas de elite” y corrieron hacia la parte posterior, rodeando al segundo helicóptero.

La preocupación creció entre nosotros porque no bajaba el Presidente. Llegamos a pensar que posiblemente hubiese sido herido pero nuestra sorpresa fue verlo descender del pequeño helicóptero escolta y subido de inmediato a un blindado de Naciones Unidas. La medida de contrainteligencia fue adecuada al haber cambiado en forma secreta de helicóptero en Split antes del despegue. Comenzaba un día histórico.

La elección del día no fue casual, recordemos que el 28 de junio de 1914 fue asesinado en Sarajevo el Archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austro-Húngaro, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. Gran paradoja: en la capital de Bosnia-Herzegovina comenzó a principios del siglo XX la Gran Guerra y a fines del siglo pasado, el mundo observaba absorto la mayor conflagración europea después de 1945, también en Sarajevo. Histórica coincidencia.

No podemos olvidar que en esta época, signada por la caída del Muro de Berlín, se dio inicio al llamado Nuevo Orden Internacional caracterizado por la expansión generalizada de los regímenes liberales y la consolidación definitiva desde el punto de vista político, de las Democracias cuyos pilares fundamentales son las división de poderes, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y la plena vigencia de las garantías individuales.

Simultáneamente este nuevo paradigma surgido como vimos en 1989 se complementa y refuerza con su correlato, el concepto de “seguridad colectiva”, que condena e impide la utilización de la fuerza para la solución de conflictos entre Estados, cuyas importantísimas consecuencias sacudieron positivamente al mundo entero a fines del siglo XX y que hoy necesitamos restaurar.

El caso emblemático e inadmisible está sucediendo hoy en Ucrania. Rusia debe entender que es imprescindible el retiro de sus fuerzas invasoras de todo el territorio ilegítimamente ocupado en forma inmediata ya que el actual “status quo” no puede ser más tolerado por el mundo libre.

Ayudar sin concesiones a Kiev es reforzar el Multilateralismo, la Globalización y la Interdependencia, revigorizando en consecuencia los Organismos Internacionales surgidos después de la derrota del nazismo en 1945, tales como las NACIONES UNIDAS (U.N.), la ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) y la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (O.E.A), entre otras Instituciones Internacionales irremplazables.

Finalmente, después de seis horas de intensa actividad del Presidente Mitterand, regresó a las 17:00 al aeropuerto, donde lo esperaba un avión ejecutivo de la flota presidencial, recientemente aterrizado. Antes de abordarlo, el general Mackenzie le pidió que hablara unos minutos con el autoproclamado presidente de Serbia en Bosnia, el Dr. Radovan Karadzic, responsable en primera persona del posteriormente ejecutado genocidio en esa devastada República.

Al principio se negó pero la cintura política y la persuasión de Mackenzie lo convencieron. La mayor preocupación de UNPROFOR era tomar el control del aeropuerto. La reunión fue muy corta en el mismo aeropuerto y en pocas palabras, Mitterand le exigió a Karadzic que debía hacer la entrega del mismo de inmediato, de lo contrario debería enfrentar a la Comunidad Internacional con consecuencias catastróficas. Unos minutos después, bajo enormes medidas de seguridad, el Presidente despegó rumbo a París.

El “milagro” se había producido: Naciones Unidas asumió el control del aeropuerto de Sarajevo al día siguiente y salvó a toda la población de una hambruna inexorable. A partir de ese momento, comenzó el mayor Puente Aéreo de la Historia, por duración y cantidad de toneladas transportadas, inclusive al realizado en Berlín después de la II Guerra Mundial.

El logro histórico de Francia fue de una magnitud extraordinaria y el mundo entero le debe una cuota de agradecimiento a ese gran país por el inolvidable 28 de junio de 1992.

Hay gobiernos que fracasan por incompetencia. Y hay gobiernos que, además de fracasar, comienzan a poner en riesgo las instituciones que juraron respetar. La diferencia entre ambos es precisamente el juicio político.

Durante años, el gobernador quiso convencernos de que Nuevo León vivía en “Samuelandia”: un lugar donde bastaba un video, una transmisión en vivo o una campaña permanente en redes sociales para sustituir la realidad. Pero la realidad siempre termina alcanzando a la propaganda.

Ningún reel resolvió el tráfico. Ningún filtro fotográfico limpió el aire. Ninguna historia de Instagram terminó el Metro. Ningún video llevó agua a las familias. Ninguna estrategia de comunicación pudo ocultar el deterioro institucional que hoy vive nuestro estado.

Por eso el debate dejó de ser político y hoy está en el terreno constitucional. El juicio político no existe para castigar delitos ni para resolver diferencias entre partidos. Para eso existen los tribunales y las elecciones. Su propósito es mucho más profundo: proteger al Estado cuando quien ejerce el poder rebasa los límites que le impone la Constitución.

Nuestra Constitución y la Ley de Juicio Político del Estado establecen que este mecanismo procede cuando los actos u omisiones de un servidor público dañan gravemente los intereses públicos fundamentales. No exige una sentencia penal; exige valorar si el ejercicio del poder de una persona que se la pasa en “modo party” dejó de servir al interés público.

Quienes reducen este debate a una disputa entre partidos se equivocan. El verdadero problema no es una denuncia. El verdadero problema es el patrón de conducta de quien regala cerveza, pero destroza a la empresa que debe llevar agua y drenaje a las familias y la ciudad.

Durante casi todo el sexenio, Nuevo León ha vivido una crisis institucional permanente: conflictos entre poderes, confrontaciones con órganos constitucionales, judicialización de la política, incertidumbre presupuestal, proyectos estratégicos detenidos y la confrontación convertida en método de gobierno. Esa es la “normalidad” de Samuelandia.

La política dejó de resolver problemas para convertirse en un espectáculo. Y eso tiene consecuencias. La inversión requiere certeza. Las familias requieren seguridad. Los municipios requieren coordinación. Los empresarios necesitan reglas claras. Los ciudadanos necesitan gobiernos que gobiernen, y eso no lo tenemos. Cuando el poder se ejerce pensando primero en la imagen personal y de una pareja en el poder, y después en el interés público, el costo termina pagándolo toda la sociedad.

Desde hace tiempo sostengo que Nuevo León enfrenta cinco grandes enemigos: la inseguridad, el tráfico, la contaminación, la escasez de agua y la falta de oportunidades. Hoy agregaría uno más: el mal gobierno. Porque un mal gobierno termina alimentando todos los demás problemas. No es casualidad que tantas obras estratégicas permanezcan inconclusas ni que la conversación pública haya dejado de centrarse en resultados para concentrarse en litigios, escándalos y confrontaciones.

Hace tiempo que el gobernador se apartó de los deberes elementales de prudencia, legalidad y responsabilidad institucional que exige el cargo. Gobernar implica respetar los contrapesos, privilegiar el interés público y comprender que el poder es un mandato temporal, no un proyecto personal.

El constitucionalista Alexander Bickel sostenía que la fortaleza de una democracia no se mide por la amplitud del poder de sus gobernantes, sino por la eficacia de los límites que la Constitución es capaz de imponerles. Esa es, precisamente, la razón de ser del juicio político.

No se trata de destituir a un gobernador. Eso de verdad es lo de menos, es un objetivo secundario. Lo importante es restaurar un principio superior: que en Nuevo León el poder pertenece a la Constitución y al pueblo, nunca a quien ocupa temporalmente un cargo.

La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado, a través del Plan México, un modelo de gobierno sustentado en la responsabilidad institucional, la honestidad pública y el crecimiento con justicia. Esa también es la convicción de la 4T Norteña: demostrar que la Transformación no consiste en confrontar instituciones, sino en fortalecerlas para que sirvan mejor a la gente.

Por eso, tengo la convicción que cuando un gobierno deja de servir a las instituciones y pretende que las instituciones sirvan al gobernante, el juicio político deja de ser una opción y se convierte en un deber constitucional y cívico.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

Durante décadas, el régimen iraní fue el patrocinador estatal del terror más ambicioso del mundo, financiando milicias desde Beirut hasta Buenos Aires. Ese proyecto se derrumbó. Israel desmanteló a Hezbollah y a Hamas, quebró la capacidad de los hutíes de estrangular el Mar Rojo y, junto con Estados Unidos, infligió un daño enorme al ejército iraní, a su economía y, sobre todo, a su conducción política. Lo que queda en Teherán es un régimen decapitado que descubrió la forma más barata de terrorismo que le queda. Ya no puede proyectar poder a través de ejércitos por procuración carísimos, de modo que hace lo único que todavía le funciona con poco presupuesto: aterroriza a sus propios vecinos musulmanes y aterroriza las rutas marítimas. Las minas, las lanchas rápidas y las amenazas contra los buques cuestan una fracción de lo que cuesta una red de proxies regionales, y producen los mismos titulares y las mismas primas de seguro. Irán dejó de exportar revolución y empezó a exportar riesgo.

El mecanismo es simple. Mientras no haya cambio de régimen en Teherán, Irán va a seguir aterrorizando el tránsito por Ormuz. No necesita hundir cada tanque para lograr su efecto: le alcanza con que nadie pueda confiar en que el estrecho sea seguro. Esa amenaza permanente es la que reordena los flujos del petróleo y del gas. Quien puede, se compra la energía en otro lado y paga la prima de riesgo. Y eso cambia quién gana y quién pierde.

A Estados Unidos se lo presenta como la superpotencia que debe garantizar que Ormuz sea seguro y que el petróleo siga fluyendo: el policía indispensable de una vía de agua por la que normalmente pasan unos 20 millones de barriles diarios, alrededor de un quinto del petróleo mundial. Pero si uno deja de lado el reflejo de la responsabilidad global y mira solo la economía, la verdad incómoda es que un Ormuz inseguro sirve a los intereses estadounidenses. El país al que se le pide pagar el costo de pacificarlo es el que más se beneficia, en silencio, de que siga siendo una zona de riesgo.

La ventaja estadounidense no es coyuntural, es estructural. El petróleo estadounidense proviene en su mayoría del shale, y el shale es caro de extraer, mucho más caro por barril que el crudo convencional barato del Golfo. Cuando el petróleo del Golfo se vuelve poco confiable y el precio mundial sube, la producción estadounidense de alto costo se vuelve de pronto altamente rentable. Y como Estados Unidos es hoy exportador neto de petróleo y gas, con exportaciones netas récord de unos 2,8 millones de barriles diarios y una producción de crudo en máximos históricos, vende cada vez más caro justo cuando la inseguridad dispara el precio. El país apenas usa el estrecho: solo cerca del 2% de su consumo de petróleo y alrededor del 7% de sus importaciones de crudo pasaban por Ormuz incluso antes de la guerra, y casi todo su petróleo llega desde Canadá y desde su propio territorio. El shock que castiga a los importadores deja a Estados Unidos físicamente intacto y financieramente por delante.

Los datos lo confirman. La Administración de Información Energética de Estados Unidos, el organismo estadístico del propio Departamento de Energía, reporta que las exportaciones netas de crudo y derivados del país treparon en abril a un récord de 5,8 millones de barriles diarios, con una explicación sin eufemismos: con los flujos por Ormuz interrumpidos, muchos países están recurriendo a Estados Unidos en busca de suministro. Las exportaciones totales de crudo y productos tocaron los 12,7 millones de barriles diarios, el máximo de la historia. La Agencia Internacional de la Energía lo corrobora desde afuera: las exportaciones de crudo de la Cuenca del Atlántico, ahora redirigidas hacia los mercados asiáticos golpeados por el desabastecimiento, subieron 3,5 millones de barriles diarios desde febrero, con Estados Unidos a la cabeza de las ganancias. La lógica habitual de un shock petrolero se invierte cuando no podés embarcar con confianza lo que producís: todo exportador del Golfo que dependía de Ormuz, sea Irak, Kuwait, Qatar o Emiratos, vio caer sus envíos, mientras Estados Unidos, cuyas rutas salen del Golfo de México y del Atlántico, lejos de las minas iraníes, vendía cada vez más caro.

Ese excedente también le entrega a Washington una respuesta interna y limpia al único costo real que sienten los estadounidenses: el surtidor. Con la nafta cerca de los 4,50 dólares el galón, el impuesto federal a los combustibles de 18,4 centavos podría suspenderse de plano, y varios estados ya recortaron los suyos. No borraría la suba, y solo una parte del recorte llega al conductor y no al proveedor, pero de cara a las elecciones de medio término es una medida visible, barata y políticamente potente, disponible precisamente porque la economía de fondo no está sufriendo daño. Un gobierno cuyo sector energético está en auge puede darse el lujo de regalarle al consumidor una rebaja impositiva. Un gobierno cuya economía está siendo estrangulada no puede.

China es la imagen en el espejo, y aquí el estrecho deja de ser una historia de energía y se convierte en un capítulo de la rivalidad entre Estados Unidos y China. China es el mayor importador de petróleo del mundo, y alrededor de la mitad de su crudo, entre un 45% y un 50%, llega a través del Estrecho de Ormuz. Buena parte de su gas natural llega por la misma vía, como cargamentos licuados que salen de Qatar. Sus reservas estratégicas, por grandes que suenen, cubren apenas unos cuatro meses de importaciones netas. Y todo su modelo económico está construido sobre energía barata: la manufactura intensiva en energía, la petroquímica, la industria pesada, la producción de bajo costo que sostiene su máquina exportadora. El petróleo y el gas caros no son una molestia para ese modelo; son un ataque a su cimiento. Pekín cubrió parte del riesgo, con más crudo ruso por oleoducto y una base de proveedores diversificada, pero los volúmenes de Ormuz son demasiado grandes para reemplazar con rapidez, y cada barril que debe comprar en un mercado spot en pánico se come la ventaja de costos que es el sentido mismo de la economía china.

Para un argentino, además, esta historia no se lee solo en clave de barriles y dólares. La Argentina conoció en carne propia la fuerza brutal y asesina de Irán mucho antes de que el mundo discutiera la seguridad de Ormuz. El 17 de marzo de 1992, un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires y mató a 22 personas. El 18 de julio de 1994, otro coche bomba voló la sede de la AMIA y asesinó a 85, en el peor atentado terrorista de la historia argentina y el mayor ataque contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. No es una hipótesis ni una sospecha: en 2024 la Corte Federal de Casación Penal argentina dictaminó que ambos atentados fueron organizados, planificados, financiados y ejecutados bajo la dirección del Estado iraní, a través de Hezbollah, y calificó a Irán como Estado terrorista. El mismo régimen que hoy siembra minas en el Golfo y amenaza buques mercantes ya había sembrado muerte en pleno centro de Buenos Aires. Cuando hablamos del daño que el terror iraní inflige hoy a la economía mundial, los argentinos no necesitamos que nos lo expliquen en abstracto. Lo enterramos.

Pero esta vez la Argentina, que durante años fue espectadora pasiva de estos sismos, está del lado correcto del terremoto. Por la misma razón que Estados Unidos: Vaca Muerta. El shale neuquino transformó al país de importador crónico de energía en exportador neto, y eso cambia por completo cómo lo golpea un shock petrolero. Antes, una suba mundial del precio del crudo solo significaba presión sobre la balanza de pagos y sangría de reservas. Hoy significa un ingreso de divisas. El Instituto de Finanzas Internacionales lo cuantifica: cada suba de 10 dólares en el precio del petróleo le genera a la Argentina alrededor de 1.700 millones de dólares, cerca de 0,25% del PBI. La producción de crudo creció más de 15% interanual a comienzos de 2026, traccionada por Vaca Muerta, y el superávit energético, que en 2025 marcó un récord de casi 8 mil millones de dólares y explicó cerca del 70% del superávit comercial total del país, se encamina a superar esa marca. Lo que un puñado de años atrás habría sido una amenaza, hoy es viento de cola.

Hay un costo, claro. La misma suba de precios que mejora las cuentas externas encarece los combustibles puertas adentro y le complica a Milei la pelea contra la inflación. Pero es un problema de cómo administrar un excedente, no de cómo financiar un déficit. Es la clase de problema que la Argentina hubiera firmado durante las cuatro décadas en que la energía fue su talón de Aquiles. Discutir qué hacer con un superávit energético es una posición incomparablemente mejor que discutir cómo tapar un agujero.

El cuadro, entonces, es el inverso del que dicta la intuición. Un Ormuz crónicamente inseguro deja a Estados Unidos físicamente a salvo, financieramente enriquecido y políticamente equipado para amortiguar a sus votantes, mientras aprieta a su principal rival exactamente en el punto que más le duele: la energía barata de la que China no puede prescindir. Y deja a un puñado de exportadores emergentes de shale, con Estados Unidos a la cabeza y la Argentina detrás, cobrando el premio. La guerra que Irán imagina como palanca contra Occidente es, en términos económicos fríos, una guerra que lastima menos a Estados Unidos, que beneficia a la Argentina y que lastima más a China.

Por eso la paradoja más profunda es la que Washington nunca dirá en voz alta. El mundo espera que Estados Unidos corra a pacificar Ormuz. Sus intereses aconsejan paciencia. Que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán no termine de cerrarse, y que mientras siga el régimen iraní el estrecho nunca sea del todo confiable, no es, para varios, una tragedia: es una renta. La amenaza que Irán sostiene para herir a Occidente puede, al final, herir sobre todo al rival de Occidente, mientras que la superpotencia a la que se le pide neutralizarla tiene todas las razones para tomarse su tiempo.

La 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acaba de concluir en Panamá, ha probado la irrelevancia a la que ha llegado por incumplimiento de sus objetivos y principios, reducida a una burocracia incapaz de señalar como dictaduras a los regímenes de Nicaragua y Cuba y sirviendo de espacio de retirada al socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Una OEA desprestigiada, desfinanciada y sin liderazgo, tiene la opción de realizar reformas de fondo concentradas en la defensa de los derechos humanos y la democracia, o asumir su fin.

La Primera Cumbre de las Americas de 1994 inició un nuevo tiempo de fortalecimiento de la OEA al consensuar una agenda de libertad, democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible, libre comercio, lucha contra el narcotráfico y el crimen y más. Las Americas integradas por 35 países, en 1994 eran 34 democracias y la dictadura de Cuba que se agotaba en su denominado periodo especial como resultado de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS.

El capitalismo había derrotado al comunismo, la Guerra Fría había terminado y la idea de las Américas unidas en base a principios de libertad y democracia era la política exterior bipartidista de Estados Unidos promovida por el presidente republicano George H. Bush 41 y continuada por el demócrata Bill Clinton. En estas condiciones se preveía que “el siglo 21 sería el de la democracia plena para las Américas” con la recuperación de la libertad del pueblo cubano. Así nació la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima-Perú el 11 de septiembre de 2001, el mismo día que EEUU era objeto de ataques terroristas en su territorio (9-11).

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela produjo a partir de 1999 la activación y salvación de la dictadura de Cuba. Bajo liderazgo de Chávez como socio capitalista con el petróleo y la riqueza venezolanas, se asociaron Fidel Castro con su metodología de terrorismo de Estado para la permanencia indefinida en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo, produciendo el movimiento populista bolivariano que terminó en el socialismo del siglo 21 o castrochavismo, que expandió la dictadura de Cuba en Venezuela con Chávez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa.

El siglo 21 previsto como el de la democracia plena en las Americas terminó siendo hasta 2025 el de la expansión de la dictadura de Cuba, de dictaduras narcoestados actoras y promotoras de la delincuencia organizada trasnacional, con guerra híbrida contra las democracias de la región, con discurso antiimperialista, con violación institucionalizada de derechos humanos, aplicación sistemática de terrorismo de Estado como método de gobierno, migraciones forzadas de los pueblos oprimidos, tráfico de personas y más.

En este escenario, la OEA fue objetivo central de la expansión dictatorial que empezó con el derrocamiento del Secretario General Miguel Ángel Rodríguez, el ex presidente de Costa Rica falsamente acusado de corrupción y recientemente declarado inocente de las infamias, pero que fue obligado a renunciar. Lo siguiente fue la operación con el petróleo de Venezuela para comprar votos (Petrocaribe) hasta llegar a Insulza como Secretario General (2005-2015) que sirvió a Chávez y Castro incumpliendo los principios y objetivos de la OEA e ignorando la Carta Democrática Interamericana. La secretaría Insulza perpetró el copamiento de órganos e instituciones de la OEA incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Secretario Almagro (2015-2025) recuperó la naturaleza de la OEA con los “informes Almagro” que prueban la dictadura de Venezuela, con el señalamiento de Cuba como “una dictadura jinetera”, con el intento de activación del TIAR, y con la recuperación de liderazgo interamericano que permitió la esperanza fracasada en Venezuela con Guaidó y en Bolivia con Añez. Almagro señaló y actuó en torno a la realidad objetiva de las Americas dividida entre dictaduras del socialismo del siglo 21 y democracias acosadas por agresiones o controladas por gobiernos para dictatoriales.

En 2025 asumió la presidencia de EEUU Trump 47 y cambió la política exterior y la geopolítica regional y mundial reflejándola en la “Estrategia de Seguridad Nacional” que repone la “Doctrina Monroe” con el “Corolario Trump”. Operaciones como la Lanza de Sur, la captura del dictador Maduro, la eliminación del jefe del Tren de Aragua, la activación de la lucha contra el narcoterrorismo incluso en países con gobiernos para dictatoriales como México de Sheinbaum, Colombia de Petro y Brasil de Lula, el ultimátum en curso a la dictadura de Cuba y el retiro de visa a la Jefa de Gabinete de Albert Ramdin el actual Secretario General de la OEA por acusaciones de corrupción, son el cambio del paradigma pro dictatorial al de la libertad.

Con las conclusiones y acuerdos de su 56 Asamblea General, la OEA da la señal de no entender el cambio geopolítico ni el momento histórico y si no retorna enérgicamente a la defensa de la libertad y la democracia, al señalamiento claro de las dictaduras de delincuencia organizada trasnacional y toma acciones concretas para su terminación, corre el riego de perecer por incumplimiento de sus objetivos. La irrelevancia de una organización internacional no es el fin del multilateralismo.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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No es bueno el momento de España, ya que cuesta reconocerla en tanta noticia de corrupción asociada a la gestión de Pedro Sánchez como primer ministro y presidente del gobierno. Por cierto, no hay ni puede haber un solo culpable en una situación de fuerte polarización y división, pero es indudable que una de las aristas o vértices del problema actual está asociado a su nombre, así de dominante ha sido su accionar político, que hoy parece resumirse en ponerle fin a los acuerdos políticos y territoriales legados por la muy exitosa transición a la democracia que tuvo lugar en los 70 del siglo pasado.

Lo que hoy está transcurriendo es preocupante, ya que no es superficial, sino algo profundo que recorre el país a todo nivel, y que resucita los fantasmas de las dos Españas. En ningún caso es guerra civil, pero la división se siente y se respira en todas partes. La expresión “las dos Españas” se origina en una frase de un breve poema de 1912 del poeta Antonio Machado, versos convertidos en símbolo de la historia española, una metáfora que describe la división ideológica, cultural y social que originalmente habría atravesado la nación y la sociedad desde el siglo XIX, y que en cada generación posterior se reinterpreta con los temas que aparecen y/o reaparecen en forma de confrontación.

Hoy es algo más que una división política entre una España tradicional y una progresista. No es solo que el presidente de gobierno esté rodeado por temas de corrupción de gente tan cercana como su propia esposa Begoña Gómez, a quien el juez Peinado le avisó que sería llevada a juicio oral por cuatro delitos o el caso de un exministro de Transportes y exdirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien fuera condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y 3 meses por actos de corrupción y aprovechamiento del cargo que ocupaba para enriquecimiento ilícito y beneficio económico personal. En su entorno familiar más cercano, también se suma su hermano David, contra quien existen acciones judiciales que lo acusan de prevaricación administrativa y tráfico de influencia.

No son los únicos casos, ya que son numerosas las distintas causas judiciales con niveles diferentes de avance. Por cierto, hay apelaciones y algunas acusaciones pueden terminar en sentencias favorables a los imputados, pero ello parece improbable hoy, además que a lo anterior hay que sumarle lo del expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, un verdadero emblema de los sectores más progresistas del país y un mentor político de Pedro Sánchez, donde las acusaciones son de aún mayor entidad, figurando al menos cuatro presuntos delitos que están siendo investigados, y donde un allanamiento a sus oficinas particulares produjo la confiscación de joyas, si joyas, de elevada tasación.

Tan o más grave son las pruebas que la investigación judicial está revelando, una vinculación estrecha con operaciones de servicio al castrochavismo latinoamericano, presente en la relación que tuvo por años con la Venezuela de Maduro, en áreas tan distintas como la arista de la empresa Plus Ultra, oro y petróleo de comercialización ilegal y blanqueamiento de la imagen de la dictadura. Se le suman negocios poco presentables en Nicaragua y Bolivia, último país donde se le acusa de participar en el arreglo político de una sentencia favorable a una empresa cementera. Es decir, no solo acciones de lobby a favor de tiranías, sino también que se habrían cobrado millonarias comisiones en cada gestión, no solo él, sino también sus hijas.

Es llamativo el hecho que cuesta reconocer a la España europea en la política exterior de Sánchez, alejándose de los temas de la Unión para reconocer domicilio ideológico en cumbres donde se iguala con líderes latinoamericanos como Lula, Sheinbaum, Petro y Boric, precisamente cuando Latinoamérica da un giro pronunciado en sentido contrario, hacia posiciones de derecha y conservadoras.

Noticioso ha sido el hecho de su distanciamiento con Estados Unidos, no solo con Trump, sino que también existió con Biden quien simplemente no quiso recibirlo en Washington cuando Moncloa hizo la gestión. Del mismo modo, se produce un alejamiento de la OTAN al ser uno de los pocos jefes de gobierno que se negó a aumentar su contribución a la defensa europea en el porcentaje del PIB decidido por la organización.

Algunas de sus posiciones también lo alejan de lo que había sido habitual en la España democrática, al tomar una actitud militantemente antisraelí que en Europa sólo encontró eco en el gobierno de Irlanda. Por último, todo lo anterior ha debilitado la seguridad nacional del país ya que un fortalecido Marruecos ha avanzado diplomáticamente en su intento de hacerse de los territorios del antiguo Sahara español, donde ha logrado el retroceso de la posición del Frente Polisario cercano a su rival regional Algeria, por lo que no sería extraño que, así como a la muerte de Franco se hizo la marcha verde, en el futuro cercano se proponga reivindicar a su favor la posesión española de las ciudades de Ceuta y Melilla en África.

Sin embargo, sobre todo destaca la forma como Sánchez ha ejercido el poder, muy alejada de la búsqueda de acuerdos que habían distinguido a ambos partidos mayoritarios, socialistas y populares. A diferencia de ese pasado todavía cercano, Sánchez ha rechazado todas las peticiones para convocar a nuevas elecciones, no solo por los casos de corrupción, sino que además, efectivamente, no ganó las últimas elecciones, ya que fue superado en votos por el partido Popular, y al estar en minoría sólo pudo formar gobierno cerrando acuerdos de investidura con Sumar, ERC, Junts, EH, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, es decir, agrupaciones, algunas de extrema izquierda, y otras en representación de fuerzas independentistas de Cataluña y del País Vasco.

Lo anterior marca una diferencia distintiva de Sánchez con quienes lo precedieron en el poder, con consecuencias notorias en un aumento de la polarización en términos de las dos Españas, con el riesgo cierto de dar por terminada la España construida por la exitosa transición a la democracia, abriéndose así una nueva etapa. A modo de ejemplo, si predominara el independentismo, no sería el federalismo lo que aparecería, sino que la España de las Autonomías sería reemplazada por la de las naciones que convivirían a su interior.

La forma como Sánchez ha ejercido el poder ha incluido una fuerte campaña de deslegitimación de instituciones que no controla del todo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, además de transformar a la televisión pública en un órgano de propaganda gubernamental, todos elementos que contribuyen a la polarización, a lo que se ha agregado una fuerte caída en el aprecio ciudadano del Congreso.

La consecuencia es que el sistema político, en vez de buscar acuerdos se dedica a acentuar las diferencias, lo que contrasta fuertemente con el pasado reciente, ya que fue muy notable lo que logró pacíficamente España con su transición a la democracia, toda vez que con la muerte de Franco el 29 de noviembre de 1975 empezó otra etapa histórica, con la transición consolidándose definitivamente cuando en octubre de 1982, cuarenta y tres años después del fin de la Guerra Civil, y a siete años de la desaparición del caudillo, el partido Socialista ganaba las elecciones y formaba gobierno con Felipe González, con el agregado que esa transición se había hecho fundamentalmente con el apoyo de la recién restaurada monarquía y dirigida desde el poder por gente que venía del corazón mismo del movimiento franquista.

Gracias a la política de acuerdos, España dejaba atrás la confrontación centenaria, superaba los intentos nostálgicos de mantener lo que el Generalísimo creyó haber dejado “atado y bien atado”, como también la violencia política en las calles y la violencia terrorista de la ETA. La transición española fue un acto delicado de equilibrio y realismo, aislando al extremismo y logrando que España fuera integrada en plenitud a Europa.

Parte importante del éxito se debió a los acuerdos plasmados en la Constitución, llamada “del consenso” la que fue aprobada en octubre de 1978 y ratificada en un referéndum. Por vez primera existió un marco institucional que hizo desaparecer las dos Españas y por rara vez en su historia, la constitución no era la imposición de un sector de españoles sobre otros, sino el producto de la convergencia de voluntades.

A pesar que al principio las dificultades encontradas parecían mostrar que era más fácil establecer una dictadura que abandonarla, sin embargo, se superó el foso de las dos Españas, la de los vencedores y la de los vencidos, a través de la reconciliación y un verdadero acto de fe en la democracia, toda vez que esa vez España ingresaba al club de los países democráticos, toda una novedad, ya que por mucho que luego llegara la soberbia y España se dedicara a dar lecciones a otros países con otras realidades, la verdad es que con anterioridad nunca había echado raíces, en ningún momento anterior, resumido en la frase que no existió democracia bajo Franco, pero tampoco en los siglos anteriores.

Esos acuerdos permitieron la consolidación de la modernización económica que hizo ingresar a España al club de las sociedades desarrolladas. En lo político fue un proceso en el que existió continuidad y cambio, en forma acumulativa y cronológicamente sucesiva. La proposición de “ruptura democrática” se transformó en “democracia pactada” y la propia constitución fue sinónimo de transformación, ya que sentó las bases de un sistema de legitimidad total, desde el momento que el poder constituyente se desplazó en forma definitiva desde un dictador a un electorado sin proscripciones. El triunfo definitivo se consiguió con el fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, donde la imagen que todavía se recuerda fue la fallida toma del Congreso de los Diputados, con el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpiendo, pistola en mano, en el hemiciclo. Ese fracaso fue importante para la desaparición definitiva del miedo a una regresión, que a quienes estudiamos en esos años en Barcelona nos consta que existía, dado que en todo proceso de transición existe ese peligro.

Es contra esa España, la del consenso, la del reencuentro, que ha arremetido el proceso que encabeza el actual gobierno, que incluso ha reeditado la revisión histórica en términos de “buenos” y “malos” y con un Pedro Sánchez, cuya trayectoria política ha seguido el camino abierto por Rodríguez Zapatero, de desplazar del poder político a la élite que hizo la transición, y cuyas ideas habían estado presente en la conducción del Estado en las décadas que precedieron a Sánchez.

Hoy, esa democracia que parecía tan consolidada ha sufrido embates que demuestran que en verdad era más frágil de lo pensado, y que Sánchez y compañeros de ruta como Podemos y Sumar habían hecho más daño de lo esperado, en años caracterizados por una ofensiva constante contra el sistema político y social dejado como herencia por la transición a la democracia, años que coincidieron con aquellos en que el actual primer ministro ha sido figura dominante del poder político.

A sus 46 años, Pedro Sánchez Pérez-Castejon asumió la presidencia del gobierno a partir del 2 de junio de 2018, siendo reelegido dos veces, el 2020 tras un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el partido Socialista y Unidas Podemos, y el 2023 tras acuerdos con pequeños partidos rupturistas y fuerzas independentistas catalanas, vascas y canarias, agregándose al liderazgo partidario que ha desempeñado como secretario general del PSOE desde el 2017, cargo que había ejercido antes entre 2014 y 2016. A partir del 25 de noviembre de 2022 se había agregado un reconocimiento internacional, al haber sido elegido presidente de la Internacional Socialista.

Ese ha sido el itinerario que lo ha acompañado hasta el difícil momento actual que vive, ya que, al ser minoría en votos nacionales, para permanecer en el poder, Sánchez depende de movimientos y partidos que para apoyarlo, a cambio esperan que tome decisiones que los ayuden a debilitar al estado nacional. A lo anterior, se han agregado derrotas en elecciones regionales en los últimos meses, lo que se une con encuestas que dicen que, si se llevaran a cabo elecciones nacionales para el Congreso de Diputados, Sánchez sería derrotado.

Sin embargo, para ello falta tiempo, y si se adelantan las elecciones sería probablemente por alguna rebelión entre los diputados socialistas que están descontentos con el rumbo que ha tomado el gobierno, ya que si algo caracteriza a Sánchez es tanto su habilidad como la constancia para seguir, paso a paso, la tarea que ha echado sobre sus hombros, y por la cual aspira a ser recordado, tanto su persona como su legado, es decir, el desmantelamiento de los acuerdos políticos y constitucionales que llevaron a España a la democracia el siglo pasado, todavía representados a sus 84 años por Felipe González y su fundación Global Progress, con sede en Madrid desde 1996, después de dejar el cargo de primer ministro, mandato cuya duración de trece años y medio sigue siendo el más largo de un jefe de Gobierno democrático en España.

La constancia de Sánchez ha tenido éxito en el sentido de torcer la ruta seguida por España hasta su llegada, desde el momento que el camino que propone Sánchez busca reescribir la historia y reemplazar el acuerdo de la transición por la confrontación. El acuerdo anterior, era la búsqueda de una ruta común, todo un acierto en años que no deben ser olvidados, cuando a España la separaban divisiones mucho más profundas que en el día de hoy, cuando se salía de una larga dictadura y con fuertes escisiones desde el momento que un sector del país no quería la democracia y otro, rechazaba la primacía del mercado en economía.

Hoy la confrontación está presente en todas partes, por lo que la alternativa que España necesita es postular que la democracia es sinónimo de búsqueda de acuerdos, de pactos que beneficien a España y sus ciudadanos por sobre intereses particulares, es decir, una democracia de calidad que implemente las mejores políticas públicas, ya que hoy en el mundo existe abundante información y evidencia sobre lo que funciona bien como también sobre lo que nunca ha tenido éxito, toda vez que hay caminos que nos acercan al progreso y otros que nos alejan, en momentos históricos como los actuales, donde la diferencia puede ser marcada por quiebres tecnológicos de los cuales España poco se ha preocupado, como es el caso de la Inteligencia Artificial, toda vez que el humo espeso que emana de la confrontación impide verla.

Ello también supone que en el electorado predomine la razón por sobre la emoción, y los hechos por sobre la narrativa, escenario donde a los profesionales de la política se les pide también su cooperación, que actúen con seriedad y prudencia, De ahí, que si Sánchez es derrotado, el partido o la coalición que lo reemplace debe recuperar el espíritu que hizo posible la transición a la democracia, acuerdos básicos sobre el seguimiento de caminos de éxito probado en la generación de recursos que permitan financiar derechos colectivos, con la gradualidad que los haga sustentables a través del crecimiento económico. En tiempos de aparición de un impacto de la magnitud de la IA, grandes acuerdos son necesarios para poder prosperar, ya que la polarización ha malgastado tiempo valioso, toda vez que bajo Sánchez poco se ha percatado España (y tampoco la UE) de lo que está pasando ante nuestros ojos.

En definitiva, la política sana requiere acuerdos básicos o al menos que el método de resolución de conflictos esté legitimado, ya que de otra manera una imposición basada solo en lo que quiere un sector, en la práctica es solo una apuesta, que puede o no resultar. En democracia lo que mejor decide el éxito o fracaso es la naturaleza de los acuerdos, por lo que la negociación no es muestra de debilidad, sino requisito de perdurabilidad.

@israaelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Las segundas vueltas electorales entre proyectos incompatibles han continuado en la región, las dos últimas Perú y Colombia, las dos decididas nuevamente por ínfima cantidad de votos, pero la balanza se inclinó hacia la derecha, dando continuidad a una visión ideológica que se afirma en la región a partir de la ola Trump 2. Así como en su momento hubo una ola Trump 1. Pero el punto que afecta a los países en sus políticas de desarrollo o subdesarrollo es que van a hacer los países consigo mismos, quienes a veces parecen más proclives a sumar con sus afines ideológicos que han ganado en otros países y que son parte del momento histórico presente, más que iniciar un proceso que consolide una inteligencia colectiva funcional interna dentro del propio país. El mismo error cometió la izquierda también cuando fue su turno. Podemos “graficar” esto con dos fracasados procesos regionales como Unasur y el Grupo de Lima, cuyas visiones ideológicas excluyentes, uno para la izquierda y otro para la derecha los llevó en poco tiempo a ser disfuncionales. En este momento no puedo evitar recordar una frase de Mujica pronunciada en una reunión de Unasur en Mendoza, era una época de discursos fuertes y de mucha verdad ideológica, especialmente desde la izquierda en esos tiempos, entonces Mujica al ver la escalada que llevaba eso dijo “el más radical acá no es el que haga el discurso más fuerte, es el que sume más”. Y el que haga las cosas mejor en la región en esta coyuntura será también el que sume más.

Esto no quiere decir que todo deba ser resuelto por consenso, ya que el consenso como única forma de toma de decisiones ha sido fatal para varias organizaciones y en algunos casos simplemente ha conducido la neutralización de proyectos políticos. En los diez años en la OEA aprendí que cuando los adversarios políticos querían consenso es porque no querían que se adoptara ninguna resolución ni decisión sobre el tema en particular. Podríamos llamar a esta inquietante claridad de la neutralización de la acción el nacimiento de un sentido disfuncional de consenso en el que las soluciones procuran ser anuladas. Puede ocurrir en cualquier momento, a menudo cuando las organizaciones menos lo esperan. Pero definitivamente es necesario sumar esfuerzos y aunar las contradicciones, ya que radicalizar proyectos excluyentes no aporta a la inteligencia colectiva del país ni al proceso de desarrollo que eventualmente puede tener el mismo.

Debe de haber una ecuación positiva de sumar esfuerzos, ideas y capacidades. Las realidades de competencia en la política permiten aunar diferentes dinámicas y no todo necesita ser funcionalmente productivo y se puede ganar aun yendo a pérdida. Muchos resultados de la construcción política se logran en la adición de elementos disfuncionales cuya negatividad dispara nuevas realidades de inteligencia colectiva y a partir de las mismas se ingresa en ciclos virtuosos. Los empresarios exitosos que tienen éxito en la política es por su potenciar sus capacidades de absorción de costos políticos y no porque procura hacer valer sus métodos de hacer sus métodos empresariales de hacer funcionar el dinero, en tal caso lo más probable que le pase es que no encuentre la mejor forma de hacer funcionar el papel del dinero en la política, porque su sistema que funciona en el mercado no funciona en un sistema de interacciones políticas. La política no tiene dinámicas de en qué aplique la lógica o que la logística de las acciones y pensamientos políticos tengan una aplicación estricta de las reglas de la lógica. Alguien que parece especialmente preparado para un cargo de primer ministro quizás tenga que irse al poco tiempo porque no entiende que a veces se suma restando en la política. Cuando uno suma con gente que parece restar o con ideas que parecen restar a veces se está construyendo sustentabilidad y fortalezas con las que no se contaban. Suma una idea socialista en un contexto neoliberal o viceversa, a partir de esto se pueden crear dinámicas de mayor intensidad y tener impactos perceptibles que la opinión publica absorberá y proyectará.

El método político puede ser que no exija estrictamente el sacrificio personal o de reflexionar sobre el valor de los sacrificios hechos por los aliados en un mundo que desaparece permanentemente porque la agenda es absurdamente volátil y cambiante; un creyente podría preguntarse si sus oraciones realmente llegan a alguien y lo mismo le puede pasar a alguien que pide cosas a la política. Es aquí donde existe la necesidad de concentrarse y en los sacrificios que es necesario hacer para avanzar esas realidades necesitadas o queridas. También el método político describe realidades burocráticas, como ser a un oficinista que, sintiendo que el poder ha estado en sus manos durante años, repite la misma rutina día tras día, sintiendo una seguridad indefinible a la vez que una vulnerabilidad permanente pero que es incapaz de sumar al proceso de soluciones nuevas que se necesitan. Los autoritarios latinoamericanos han sido expertos en restar dentro de nuestras sociedades por su incapacidad de absorción de nuevas o diferentes ideas, nuevas o diferentes personas, por su incapacidad de sacrificio; no hay nada que reste más que ser pocos pero sectarios.

Esta perspectiva captura el momento en que las escenas familiares de la política se vuelven extrañas, y cuando quienes mejor conocen la situación —personas e instituciones— parecen desempeñar solo un papel que las arrastra inexorablemente a repetir errores, problemas, crisis, disfuncionalidades. Las instituciones dejan de tener sentido cuando el sistema evoluciona hacia estructuras a-sistémicas donde no existe un hilo conductor en experiencias positivas y el significado y el propósito que daban coherencia e importancia al juego institucional se derrumban repentinamente. Pero, aquello que es exactamente el consenso tiene una tremenda complejidad política, muchos malinterpretan este término, pensando que indica que el juego es fútil o carece de sentido, cuando en realidad se refiere a una cualidad del mundo de las ideas humanas; surge del conflicto entre las necesidades humanas y las necesidades de la política, esta contradicción debe ser resuelta a favor de las primeras.

Las instituciones son entidades que cumplen una función y tienen un significado último por el cual se busca comprender la razón de su existencia, su papel en las vidas del sistema y tiene un impacto duradero sobre nuestras acciones de contenido social y político. Sin embargo, hasta donde saben, el sistema internacional puede no responder si existe un diálogo donde solo resuena una voz. Esto puede precisamente ahondar la brecha entre las preguntas que planteamos y la incapacidad del mundo para responderlas.

A primera vista, la política regional se debate buscando una identidad y con ello un determinado sentido. Los hijos que criemos se enfrentarán a peores dificultades que nosotros, las construcciones sistémicas son olvidadas demasiado pronto en el mejor de los casos, aunque también se destruyen por acción humana o simplemente por dejar pasar el tiempo. Lo mismo ocurre con principios y valores. Lo mismo ocurre con propósitos éticos básicos. Sin embargo, día tras día, una y otra vez, se debe continuar el esfuerzo, seguir para alcanzar determinados objetivos cuya clave reside en reconocer que la igualdad en el destino humano no es el fin de la historia, sino el comienzo del real funcionamiento sistémico. Pero para ello se requiere especialmente aunar esfuerzos.

La mayoría de las personas, al darse cuenta de esta interconexión de la existencia, caen rápidamente en diversas formas de negación o escapismo, se refugian en generalidad y abstracciones, abrazan creencias políticas de la manera más dogmática posible o se hunden en el cinismo. Pero las instituciones necesitan otra vía, deben aceptar la interconexión causa-efecto y elegir acciones políticas que produzcan efectos positivos, esto tiene que ver esencialmente con aportar Derechos Humanos a la gente. La fórmula política latinoamericana de que 50%+1+100% es completamente disfuncional en la política, quizás sirve para concentrar poder, pero eso también es disfuncional a la construcción de políticas sustentables y desarrollo. Vemos claramente que las dinámicas políticas regionales carecen de un significado global, aun aquellos que han pretendido reiteradamente ser globales no han encontrado la forma de ser valiosos para la comunidad internacional, especialmente por su adicción a construir sociedades divididas y polarizadas, de rechazar todo lo que proponen adversarios políticos o ideologías diferentes, o aun rechazar lo que ha hecho el antecesor.

No es posible aceptar que las preguntas pendientes nunca tendrán respuesta y seguir las dinámicas político-institucionales con compromiso. En cambio, se debe asumir la plena responsabilidad de crear nuestro propio significado y valor. Cuando los políticos dejan de fingir que sus acciones tienen un significado que en realidad no existe, son capaces de descubrir el verdadero significado de las crisis y problemas estructurales que enfrentan y eventualmente acercarse a las soluciones de los mismos. Trabajar estas características sistémicas también revela un aspecto esencial de la existencia humana ser capaces de desapegarse de su situación y cuestionar sus errores.

Si una continuidad de acciones pudiera realmente dinamizar a la región, sería apoyar a la inclusión social, así como a la inversión y al comercio, pero recurrentemente hemos visto la aplicación prácticas de políticas anti-inversión o la aplicación práctica de políticas anti-comercio, esto quiere decir la aplicación práctica de políticas anti-desarrollo. Los países están bajo una presión inmensa dada la lentitud económica, incertidumbre financiera y una sensación generalizada de vulnerabilidad. La región está siendo atacada, no solo verbalmente, sino también mediante acciones que destruyen oportunidades de negocio. Sin embargo, hoy se pueden construir posibilidades tangibles directamente a través de la proyección de la región aun cuando como tal la misma existe, sino que cada país está buscando su puesto en el mundo. Estos paquetes económicos de inserción contienen artículos elaborados por empresas que están ancladas en sistemas políticos ineficientes y en democracias frágiles con institucionalidad débil. Quizás muchos de estos productos son exquisitos, inspirados en la naturaleza, no producidos en masa en grandes fábricas ni por corporaciones multinacionales, pero llevan consigo el estigma del subdesarrollo, de políticas públicas fracasadas y de incertidumbre económica. El cambio que se requiere entonces es sistémico.

Explicar por qué esto es tan importante ahora. la región enfrenta muchos problemas, no solo los que se mencionan en los medios, sino también debilidades estructurales económicas y sociales. La presión internacional dificulta aún más la supervivencia de nuestra gente. Las pequeñas empresas familiares son el alma de la región; proporcionan empleos, alimentos, fortaleza y una base sólida para comunidades enteras. Cuando muchas tiendas y países se niegan abrir los mercados, dejan a estas empresas sin poder seguir vendiendo sus productos, su futuro —y el futuro de sus familias— está en juego. El empresario latinoamericano sensato, necesita ahora más que nunca sistemas políticos que funcionen, cada empresa y emprendimiento refleja el pragmatismo sistémico que puede existir y respeto por las leyes de la economía y de la democracia que tenga el mismo.

Hemos visto a la izquierda y a la derecha auto celebrándose en reiteradas ocasiones en estas condiciones pendulares de un lado al otro que lleva la política latinoamericana, sin entender que la oportunidad en el poder es en realidad una oportunidad de construcción y ello funcionará mejor cuanto más gente haya poniendo ladrillos y cemento. Además, definitivamente no hay un concepto más relativo en este mundo que una “gran verdad” ideológica.

Se debe enfatizar la palabra “asociación” y recordar que la región es vital para todos, y deben tomarse el tiempo para preocuparse por todos y comprender que no existe una posibilidad de alcanzar el desarrollo en dinámicas de ratas luchando por su vida. Las dinámicas empresariales eclécticas pueden quizás inspirar esta vez un crecimiento cualitativo y cuantitativo determinante en la creación de la riqueza y ello realmente es susceptible de una transformación de los valores que genuinamente pueden hacer algo significativo por las sociedad y por la región. No se está comprando más que un simple regalo para un esfuerzo que debe enfatizar que el espíritu de solidaridad no es estático, aunque la mayor parte del tiempo, los países están ocupados con emergencias y asuntos institucionales de revisar facturas, cenar con amigos, lidiar con atascos de inseguridad o ayudarse mutuamente en la supervivencia política, sin que los proyectos país converjan o sumen, sino que al contrario son fruto de la resta permanente y de la deshonra política continua.

Estos momentos son incómodos precisamente porque son reales; desmantelan las narrativas convencionales que nos contamos sobre el progreso, el propósito y el significado último, y se presentan ante nosotros. Ahora que entendemos lo que implica sumar, podemos redescubrir el funcionamiento de la política bajo una nueva luz; el deber de proyectar una imagen que cambie la comprensión del poder y la derrota. El poder tiene que ver con un liderazgo real que tiene capacidad de hacer a partir de sumar esfuerzos y no con la ineficiencia de llegar con apoyos que impiden la acción y dejan al sistema inoperativo. A primera vista, lo más frecuente que ocurre con estos inútiles es que se puede transformar en un completo perdedor, traicionado por los dioses de la política, despojado del poder y condenado a realizar los trabajos más inservibles. Caer en eso es como negar cada día el propósito moral de la política que es servir a la gente, y por el contrario se ve cada día caer a los políticos en la repetición de éxitos no vividos y fracasos que se transforman en inevitables.

Nadie sabe cómo se propagaron estas dinámicas de subdesarrollo, ni cómo curarlas, y el grupo más afectado fue precisamente el que se podía imaginar, la cultura hedonista democrática experimental latinoamericana que surge de década después de violencia, guerrilla, disturbios, dictaduras de los 60 y 70s. Fue un mundo lleno de oportunidades, emoción y creatividad, un lugar para explorar nuevas formas de juego y comunidad, pero más pronto que tarde se convirtió en una zona muerta. Todo este proceso de la cuarta ola democrática iba acompañado de su característica intensidad emocional, analítica, pero a la vez profundamente comprometida por viejas prácticas, esos compromisos lamentablemente estaban puestos en el lugar equivocado para llevar adelante políticas equivocadas, ello ocurrió en tiempo real, con consecuencias devastadoras. La definición de subdesarrollo se redefinió en democracia, según nuevos criterios, pero inmediatamente atacada por los viejos vicios de la política latinoamericana, entre ellos la corrupción y la falta de capacidad para crear justicia sistémica, entre los afectados esta la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras. Las democracias dejaron de ser liberadoras, sino patológicas, el subdesarrollo y la pobreza pegaron sobre los vulnerables como una enfermedad contagiosa. Nuestras democracias retornaron a ser lo que siempre habían sido imperfectas, excluyentes, marginalizadoras, incapaces de construir tejido social y fortalezas humanistas. Pero eran democracias, su gran ventaja ventaja sistémica, y eso permitió y permite seguir buscando.

La expresión misma “defender la verdad” se ha incorporado al vocabulario de la defensa de los sistemas autoritarios, frente a opresores cuya legitimidad interna o externa está profundamente arraigada en la práctica permanente de la opresión, la gente es impotente para resistir a “la verdad”. Pero dado que transformarse para comprender la verdad implica ser transformado por ella, este proceso no se debe centrar en la información, sino en la transformación política del sistema en función de las visiones y necesidades diversas de la gente y de visiones contradictorias dentro de los pueblos.

Un público diverso y pluralista siempre va a estar en busca de la verdad. Ello evita que cada acción sea preparada meticulosamente por la ineficiencia. Liberarse de las limitaciones autoimpuestas por la ideología y por prácticas políticas perimidas, ese debe ser el plan desde el principio. No se trata de buscar un “dogma político verdadero” por descubrir, sino de criticarse a uno mismo, de perfeccionarse, de transformarse, de convertirse en alguien distinto de aquel moldeado por prejuicios, formulas fracasadas y hábitos políticos fosilizados. Pensar no consiste solo en recopilar opiniones correctas, sino también en practicar la capacidad de pensar. Y de actuar sobre esa base.

En cuanto a los riesgos hacia el futuro estos son muy ciertos, nuestros sistemas están plagados de incertidumbre. Este enfoque exige una crítica fundamental de las doctrinas que construyeron ideologías dominantes en la región, tanto el actual giro hacia la derecha que está basado en los fracasos de la izquierda, como el anterior giro a la izquierda que estaba basado en los fracasos de la derecha. No es posible centrarse únicamente en las declaraciones de líderes o grupos dominantes, sino que se deben explorar los discursos marginales, aquellos que cumplen una doble función: exponer la propia marginalidad política y social, así como revelar los supuestos subyacentes de la narrativa impuestas y como las mismas muchas veces son disfuncionales. Las reglas excluyentes deben verse como una forma de marginar a ciertos grupos. La civilización democrática es un “diálogo humano”, pero históricamente algunas personas han sido excluidas; ello se debe evitar. El otro principio —que es muy práctico— es evitar las rupturas sino construir institucionalmente encima de lo ya construido. Esto significa asumir continuidades, conclusiones lógicas de funcionamiento institucional, la aceptación de todas sus posibilidades, interrupciones y sucesos extraños. Esta cooperación implica que la verdad también depende de aunar todos los elementos y contradicciones políticas, sociales y económicas.

Las Sagradas Escrituras nos enseñan que “todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Luego de más de treinta años de vida pública, ha llegado la hora de que Keiko Fujimori asuma la presidencia del Perú. Durante años, Fujimori construyó una identidad política que pasó por derrotas, resistencias y un legado familiar complejo. Pero en cada campaña acumuló experiencias y aprendió a moverse en un escenario político particularmente fragmentado. Lo que parecía una debilidad, la persistencia tras tres derrotas, terminó moldeando un perfil de liderazgo que encajó con una demanda social muy específica: la necesidad de firmeza y capacidad de poner orden. La realidad por primera vez parece ajustarse como un traje hecho a medida.

Por varios meses he tenido la oportunidad de hablar ante diferentes medios de prensa sobre la candidatura de Keiko Fujimori. Siempre lo he hecho a título personal. Hoy, con gran satisfacción escribo estas líneas no sólo a título personal sino también para expresar la posición del Centro que dirijo y del que la Presidenta Electa forma parte en uno de sus más distinguidos programas.

Aunque está pendiente la proclamación oficial de su victoria por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el resultado de la pasada elección presidencial es evidente: Keiko Sofía Fujimori Higuchi ganó la elección y a partir del 28 de julio será la Presidenta de la República del Perú. Este triunfo, en una elección extremadamente reñida, es la culminación de una de las trayectorias políticas más perseverantes de América Latina y el comienzo de una responsabilidad histórica: gobernar a un país polarizado, que demanda seguridad, estabilidad institucional, crecimiento económico para todos y una urgente reconstrucción de la confianza pública.

Durante más de tres décadas, Keiko Fujimori ha ocupado un lugar central en la vida política peruana. Ha conocido de cerca las exigencias del liderazgo, el peso de la derrota, la satisfacción de la victoria, la intensidad de la polarización y los costos personales de la persecución política y judicial. Permaneció casi quinientos días en prisión preventiva por injustas acusaciones que posteriormente fueron anuladas. Pocas figuras públicas de nuestra región han debido atravesar una prueba semejante y regresar, una y otra vez, a la arena democrática sin renunciar a sus convicciones ni dejarse dominar por el resentimiento. Y siempre lo ha hecho con un gran sentido de responsabilidad y un amor profundo por su país y su gente.

Su victoria es también una victoria de la resiliencia; no solo entendida como la entereza para soportar la adversidad, sino como la disciplina de aprender de ella, reconstruirse y avanzar. Esa fortaleza, autenticidad y coherencia fue lo que logró transmitir a los ciudadanos del Perú para conseguir que su cuarta participación como candidata presidencial se convierta en su llegada al cargo político más alto de su país.

En el Adam Smith Center for Economic Freedom hemos tenido el privilegio de conocer esa dimensión de su liderazgo. Keiko Fujimori forma parte de nuestros Distinguished World Leadership Fellows, uno de los programas más importantes del Centro, reservado a hombres y mujeres cuyo liderazgo, temple y visión los distinguen entre sus pares. Su participación ha sido todo este tiempo la constatación de su carisma, disciplina de trabajo, amor por su país y compromiso con la libertad y la democracia en toda la región. Hemos sido testigos de la persona detrás del personaje, y ha sido un privilegio reconocer en los debates, ante las cámaras y en sus abrazos con la gente en sus recorridos, a la misma colega que se preocupa por los detalles, que prepara con dedicación sus clases y sus investigaciones, y que busca ¡y encuentra! siempre una solución a los inconvenientes.

Una de sus contribuciones más recientes al Centro es un ensayo sobre liderazgo y resiliencia que próximamente pondremos a disposición del público. El tema no podría ser más pertinente ni la autora más apropiada. Sus reflexiones se desprenden de una experiencia personal compleja, pero trascienden su propia historia. Hablan de una cualidad indispensable para todos los líderes democráticos de nuestro tiempo: la capacidad de mantener la serenidad frente a la adversidad, de convertir el sufrimiento en aprendizaje y de ejercer el poder sin reproducir las injusticias padecidas.

Ese aprendizaje será esencial para la etapa que ahora comienza para ella. El Perú tiene años de inestabilidad política, sucesiones presidenciales, enfrentamientos entre poderes del Estado y una creciente distancia entre las instituciones y los ciudadanos. La estrechez del resultado electoral revela la profundidad de las divisiones que la nueva presidenta deberá ayudar a superar.

Gobernar será, sin duda, la tarea más importante de su larga trayectoria pública y la presidenta Fujimori tendrá la oportunidad de demostrar en ese ejercicio todas estas cualidades. Como en muchos países de la región, uno de sus grandes desafíos será demostrar que la seguridad y la libertad no son objetivos incompatibles. El Perú necesita recuperar el orden y el control de sus calles y proteger a sus ciudadanos frente al crimen organizado, la extorsión y la violencia. Y, como lo hemos escuchado de ella durante la campaña, debe hacerlo dentro del Estado de derecho, fortaleciendo a las fuerzas del orden público, al sistema de justicia y a las instituciones encargadas de proteger la convivencia democrática.

También deberá devolver a la economía peruana la confianza y el dinamismo que durante años hicieron del país un ejemplo regional. La estabilidad macroeconómica, la apertura al emprendimiento y el respeto a la propiedad privada deben acompañarse de reformas que reduzcan la informalidad, eliminen barreras burocráticas y permitan que millones de ciudadanos participen plenamente en la prosperidad nacional. La libertad económica solo alcanza toda su fuerza cuando se traduce en oportunidades concretas para quienes trabajan, producen e innovan.

Pero tal vez su desafío más profundo sea gobernar para quienes no votaron por ella. El liderazgo democrático alcanza su forma más elevada cuando deja de hablar únicamente a los propios y comienza a construir un proyecto común, tal y como lo dijo Fujimori la noche de las elecciones. El Perú no necesita una presidenta de una facción, sino una jefa de Estado capaz de reconocer la pluralidad del país, escuchar sus distintas regiones y tender puentes sin renunciar a sus principios. De los años que tengo de conocerla, no hay persona más apropiada y preparada que ella para enfrentar estos desafíos.

Su triunfo cierra una larga etapa de perseverancia personal y abre una prueba mucho mayor. La historia no registrará únicamente la forma en que llegó a la Presidencia, sino lo que haga con la confianza que los ciudadanos han depositado en ella. El éxito de su gobierno será también el éxito del Perú y un paso adelante para la consolidación de la libertad y la prosperidad en nuestro hemisferio.

Sabemos que las disposiciones constitucionales de su país le impedirán ser parte activa de nuestro grupo de fellows durante los próximos cinco años, pero desde ya ¡esperamos con ansias su regreso a nuestras aulas en el 2031!

*El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

Prácticamente solo queda Lula. O, para ser más precisos, Lula y Sheinbaum, con la tímida compañía de Arévalo en Guatemala y de Orsi en Uruguay. Después estaría lo de Ortega en Nicaragua, el engendro Frankenstein de Delcy en Venezuela y el ínclito Díaz-Candel de Cuba, que no pueden considerarse gobiernos de la “marea rosa”, sino experimentos totalitarios en horas bajas.

Pero sea como sea, prácticamente solo queda Lula (aunque con dificultades) manteniendo la bandera de una vieja izquierda que llegó a América Latina para salvar al pueblo, y acabó hundiéndolo en la miseria. Con la victoria de Abelardo de la Espriella culmina un círculo virtuoso que empezó con Bolsonaro en 2018, continuó con Lacalle Pou, Bukele, y Noboa, y llegó al cénit con la victoria de Javier Milei en 2023. Después ganarían Mulino y Kast, y finalmente las dos recientes y grandes victorias de la marea azul: Fujimori y de la Espriella. Y así, en poco menos de ocho años, (y con la excepción de Brasil y Uruguay que retornaron momentáneamente al redil de la izquierda), El Salvador, Ecuador, Argentina, Panamá, Chile, Perú y Colombia viraron hacia las posiciones de derecha y certificaron el giro ideológico que está viviendo América Latina. Con la suma de Paraguay que, con Peña en 2023, consolidó su opción conservadora.

Un giro especialmente notable en países como Argentina, Chile o Colombia, que venían de gobiernos con los líderes más fuertes de la izquierda latinoamericana. De ahí lo relevante: Milei, Kast y De la Espriella no solo ganaron las elecciones para las opciones conservadoras, sino que barrieron electoralmente a Cristina Kirchner, y, vía persona interpuesta, a Boric y a Petro, auténticos gurús de las opciones progresistas. Es decir, los sudamericanos han enviado un doble mensaje: sí a la derecha, pero, sobre todo, no a la izquierda. Es el fracaso de una época y, con él, de una oleada ideológica que prometió cambios profundos en sus países, abanderados por el sueño de la justicia social, y acabaron dejándolos como un solar yermo. No es el éxito de los nuevos líderes, sinó fundamentalmente el fracaso de los viejos, arrollados por el poderoso voto a la contra. Es decir, el voto motivado por el hartazgo, la decepción o la rabia, más que por la fascinación, la sintonía o la convicción. Lo cual ha implicado un inevitable efecto péndulo de extremo a extremo, prácticamente desaparecido el espacio centrista o liberal.

¿Por qué? ¿Cuáles son las causas profundas que han motivado este cambio en las tendencias y en el voto de América Latina? La primera es de manual: la izquierda que había prometido luchar contra un sistema corrupto, desigual y opresor, acabó convirtiéndose ella misma en un sistema corrupto, desigual y opresor, con Venezuela a la cabeza, pero con Argentina y Colombia a la zaga. Sin duda, el apoyo de la izquierda latinoamericana al régimen opresor de Maduro erosionó profundamente el crédito que tenía como alternativa liberadora, pero no solo fue su alianza táctica con Venezuela lo que erosionó su credibilidad, sinó sobre todo sus malas políticas, sus escándalos de corrupción, su incapacidad para frenar el crimen organizado y su ineficacia para luchar contra los problemas endémicos de sus países. En Argentina se acumularon los escándalos vinculados al latrocinio del erario público, mientras se instalaba un régimen corrupto basado en el populismo, la persecución de la disidencia y el desprecio por las instituciones democráticas. En Chile se agravaba la inseguridad, en Ecuador y Perú arreciaba el poder criminal y en Colombia se disparaba la violencia, mientras se llegaba al récord de producción de cocaína de su historia. Decepcionados, estafados y abandonados a su suerte, la querencia de los ciudadanos mutó hacia la supervivencia económica, la integridad física y la fortaleza institucional. Es decir, querían llegar a fin de mes, no tener ladrones en el gobierno y sobrevivir a la delincuencia. Y nada de ello podía garantizarlo la izquierda que había fracasado en lo económico, había permitido el fortalecimiento del crimen organizado y había protagonizado sonoros escándalos de corrupción. De Maduro a Cristina y de Petro a Castillo, la utopía progresista se convertía en una mueca siniestra que, además de indecente, resultaba inútil. Con ese escenario desolador, los ciudadanos se han sentido atraídos por las bondades del libre mercado (superado el fracaso socialista), y por las políticas de mano dura que se muestran más capaces de controlar la violencia criminal. De ahí que Milei y Bukele sean las dos caras de esta nueva prioridad. ¿Miedo a una derecha autoritaria, como gritan desafinadas las izquierdas? Más bien pavor a sufrir a la izquierda autoritaria que los ciudadanos conocían sobradamente.

Latam está abrazando la marea azul y el giro viene para quedarse, pero solo si esta nueva derecha es capaz de forjar alianzas sólidas en la región, contraponerse al poder de los BRICS, frenar el avance de China y estabilizar la economía. Por supuesto, Trump tiene en ese nuevo panorama un papel sustancial, con Milei ungido como líder regional: una simbiosis que puede dar estabilidad y seguridad al continente. Pero los retos son importantes, primero porque las redes criminales han extendido su poder, segundo porque los problemas económicos son endémicos, y tercero porque se trata de una amalgama de líderes que se mueven en el mismo espectro ideológico, pero no se parecen en nada. Del disruptivo Milei, al ultracatólico Kast o al autoritario Bukele, las diferencias son ciertamente enormes. Pero el giro ideológico se ha producido y hoy se da una oportunidad para el continente, insólita hace pocos años. Saturada de promesas vacías por parte de una izquierda que ha sido catastrófica, la ciudadanía tiene hambre de proyectos nuevos. Ya no sueña con libertadores del pueblo. Solo aspira a vivir con trabajo, sin que le alcance una bala.

X: @RaholaOficial

Web: https://pilarrahola.com

Instagram: pilar_rahola/

En el contexto de la creciente crisis económica tras la guerra en Irán, aumentan las advertencias sobre la erosión gradual y continua de la clase media del país. Las evaluaciones preliminares publicadas en Irán indican daños relacionados con la guerra por un valor de al menos 270 mil millones de dólares. Si bien Irán obtendrá beneficios económicos del descongelamiento de los activos iraníes en el extranjero y del levantamiento de las sanciones en virtud de su acuerdo con Estados Unidos, no se espera necesariamente que estas medidas produzcan una mejora drástica en la situación económica del país, que tiene sus raíces, entre otros factores, en problemas estructurales como la mala gobernanza, la corrupción y el extenso control de la economía por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Un artículo publicado en el periódico reformista Shargh el 6 de junio de 2026, bajo el titular “La transformación de la clase media”, señalaba la continua erosión de la clase media y su movilidad descendente hacia deciles de ingresos más bajos que dependen de un apoyo social sostenido para sobrevivir. El artículo señalaba que, en los últimos años, se ha producido un profundo cambio estructural en el estilo de vida iraní, caracterizado por la transformación de la pobreza, de un fenómeno temporal a una condición persistente y duradera. Muchos hogares ya no aspiran al desarrollo económico, sino que se centran en cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Datos del Centro Nacional de Estadística indican que el número de ciudadanos —entre ellos mujeres y niños— que dependen de las instituciones de asistencia social del gobierno ha aumentado significativamente en los últimos años.

Como consecuencia del continuo aumento del costo de vida, muchas familias se ven obligadas a recortar gastos en educación y salud para cubrir sus necesidades básicas de consumo. Millones de trabajadores conservan sus empleos a tiempo completo, pero siguen viviendo en la pobreza, y las ayudas sociales sirven principalmente para garantizar la subsistencia básica, en lugar de mejorar el nivel de vida. Esta creciente brecha entre los ingresos reales y el costo de vida está provocando el colapso de la clase media.

Un doctor de la Universidad de Chamran en Ahvaz también ha alertado sobre el declive de la clase media iraní. En un artículo publicado en el diario económico Mundo de la Economía, describió la “erosión gradual y silenciosa de la clase media”. Argumentó que la clase media no se define únicamente por el nivel de ingresos, sino también por el acceso a una educación de calidad, el consumo cultural, una sensación de seguridad económica, esperanza en el futuro y la capacidad de ahorro. Según el artículo, se trata de una clase que planifica con cinco años de antelación en lugar de preocuparse por la comida del mañana, envía a sus hijos a clases de música, compra libros los fines de semana, ahorra para viajar y, en ocasiones, busca estudiar artes. Además, se la percibe como un motor clave del desarrollo social.

Si los pobres constituyen la base de la sociedad y los ricos su techo, argumenta el autor, la clase media es el pilar que sostiene toda la estructura. Por lo tanto, su debilitamiento no es solo un problema económico. A medida que esta clase disminuye, también lo hace la esperanza social. Los miembros de la clase media ya no planifican para el futuro, sino que dedican todas sus energías a la supervivencia diaria. Una sociedad cuyos recursos se dedican exclusivamente a la supervivencia no deja espacio para la creatividad, la innovación, la producción cultural ni la conducta moral. Este pilar fundamental de la sociedad se resquebraja bajo el peso de la inflación y la inestabilidad económica.

El investigador argumentó además que el gobierno parece estar “persiguiendo un tren en bicicleta”, mientras el tren acelera a cada hora: en una economía caracterizada por una inflación estructural y persistente que erosiona el valor de la moneda nacional, los vales y subsidios pierden rápidamente su valor, mientras que los precios de los bienes básicos suben incluso antes de que los ciudadanos reciban una notificación por mensaje de texto sobre sus beneficios. Las políticas gubernamentales, que han abandonado a los ciudadanos a los mecanismos del libre mercado, han provocado el rápido declive de la clase media por debajo del umbral de la pobreza, tras años en los que desempeñó un papel fundamental en la configuración de la cultura, el impulso de la actividad económica y el mantenimiento de la estabilidad social. El investigador también advirtió que el colapso de la clase media no se manifiesta únicamente en el deterioro del nivel de vida. Esta clase ha servido tradicionalmente como amortiguador de las tensiones sociales y ha impulsado sus demandas a través de canales cívicos y legales. A medida que se reduce, tanto el capital social como la confianza pública se erosionan en consecuencia.

Los sociólogos también han advertido que la clase media iraní se enfrenta a una crisis de inestabilidad económica y social, y que la incapacidad de sus miembros para participar en actividades educativas, deportivas, de ocio y culturales no solo socava su nivel de vida, sino que también amenaza su identidad de clase, sus aspiraciones sociales y su bienestar psicológico. Quienes aún se consideran parte de la clase media carecen de los medios necesarios para mantener el estilo de vida asociado a ella. Según Jorsheri, el proceso de proletarización de la clase media en Irán y su transformación en una clase obrera inestable erosionará su capacidad para funcionar como fuerza social estabilizadora, un papel que ha desempeñado en las últimas décadas como intermediaria entre el Estado y la sociedad. Es probable que también conduzca a una creciente insatisfacción, a la erosión de la confianza social y a un declive de la solidaridad social.

Estas valoraciones reflejan una opinión ampliamente compartida entre académicos y comentaristas iraníes: la erosión de la clase media ha evolucionado de un desafío económico a un fenómeno con amplias implicaciones sociales y políticas. Si bien los efectos de la crisis económica son evidentes en toda la población, la clase media ha sido la más perjudicada. Mientras que las clases altas, en general, han podido sobrellevar el impacto de la crisis, y las clases bajas han recibido una compensación parcial del gobierno en forma de subsidios y ayudas para bienes básicos, la clase media se ha visto obligada a asumir gran parte de la carga económica, lidiando además con la disminución de sus ingresos reales y la inestabilidad laboral.

La clase media iraní se ha ido reduciendo durante años bajo el peso de una inflación cercana al 60% anual, el aumento del costo de la vivienda y la disminución del poder adquisitivo. Las familias que antes impulsaban el consumo y la cultura están experimentando un declive económico y ya no pueden mantener su nivel de vida anterior. Algunas se han visto obligadas a trasladarse a zonas más asequibles o a vivir en viviendas más pequeñas, y a renunciar a viajes, actividades de ocio, consumo cultural e incluso a tener un vehículo propio para reducir gastos. En julio de 2024, los economistas Mohammad-Reza Farzanegan y Nader Habibi publicaron un estudio que analizaba el impacto de las sanciones económicas en el tamaño de la clase media iraní. Según sus conclusiones, la clase media se contrajo drásticamente entre 2012 y 2019 en un 88 por ciento (un promedio del 11 por ciento anual), como resultado de las sanciones occidentales que redujeron el crecimiento económico, llevaron al colapso de muchas empresas privadas e impulsaron un fuerte aumento de la inflación, lo que resultó en una disminución de aproximadamente el 28 por ciento en el ingreso anual real promedio en Irán.

La erosión de la clase media también tiene implicaciones más allá de la esfera económica. Junto con el declive económico, se refleja en la creciente emigración de jóvenes educados y profesionales que buscan hacer realidad sus aspiraciones fuera de Irán. Políticamente, el empeoramiento de las dificultades económicas puede provocar oleadas adicionales de protesta pública en la República Islámica. Históricamente, la clase media ha desempeñado un papel central en muchas oleadas de protestas en Irán, incluido el “Movimiento Verde” de 2009 y las protestas de Mahsa Amini de 2022-2023. Sin embargo, la crisis económica cada vez más profunda está obligando a los ciudadanos, incluidos los miembros de la clase media, tradicionalmente vista como un agente clave del cambio político y social, a centrarse en la supervivencia cotidiana a expensas de las luchas por las libertades civiles y políticas. Al mismo tiempo, la contracción de la clase media y la movilidad descendente de segmentos de ella hacia estratos socioeconómicos más bajos pueden aumentar la insatisfacción social, erosionar la confianza pública general y, en consecuencia, socavar la estabilidad social y política.

En resumen, el avance de los procesos de cambio político en Irán requiere la formación de una coalición social amplia, intersectorial y a nivel nacional. De hecho, la erosión de la clase media puede reforzar su insatisfacción y alentar las protestas. Además, está surgiendo un sentimiento creciente de destino compartido entre la clase media y la clase trabajadora, centrado en un sentimiento común de inseguridad.

Sin embargo, la desesperación cada vez más profunda respecto de las perspectivas de cambio en Irán –impulsada en parte por la capacidad demostrada del régimen, al menos por el momento, para preservar tanto su capacidad como su determinación de suprimir cualquier amenaza a su estabilidad– puede alejar a la clase media, cada vez más centrada en su propia supervivencia, de participar en movimientos de protesta. Esta dinámica puede socavar aún más las perspectivas de avanzar en el cambio político, que dependen en gran medida de la capacidad de la clase media para superar sus debilidades y alinearse con otras fuerzas sociales, incluida la clase trabajadora.

Nota publicada originalmente en INSS.org

La inauguración del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago marca algo más que la apertura de una nueva biblioteca presidencial. Representa, en muchos sentidos, el inicio de un esfuerzo por reconstruir el centro político estadounidense, una tarea cuya pertinencia resulta hoy indiscutible para la salud de la República fundada en 1776.

Lejos de limitarse a resguardar los documentos y recuerdos de una administración, el Centro Obama ha sido concebido como un espacio de aprendizaje sobre el proceso de toma de decisiones en democracia. A diferencia de muchas bibliotecas presidenciales tradicionales, centradas en la exhibición de archivos y objetos históricos, este proyecto se apoya en recursos digitales interactivos que permiten a los visitantes examinar las decisiones adoptadas por la administración Obama en el contexto específico en que fueron tomadas.

Los usuarios pueden contrastar documentos oficiales, cobertura mediática, opiniones de expertos y reacciones de la ciudadanía para comprender mejor las circunstancias que rodearon cada decisión. El propósito no es dictar una interpretación definitiva de los hechos, sino ofrecer las herramientas necesarias para que cada visitante forme su propio juicio acerca de la pertinencia, eficacia o limitaciones de las políticas adoptadas.

Entre los episodios abordados se encuentran algunos de los momentos más complejos de la historia reciente de Estados Unidos. El manejo de la crisis financiera heredada de la administración de George W. Bush fue valorado positivamente por amplios sectores económicos, aunque también generó frustración entre numerosos ciudadanos que consideraron insuficientes los beneficios de la recuperación.

La operación que culminó con la muerte de Osama bin Laden continúa siendo objeto de debate entre quienes destacan su importancia estratégica y quienes subrayan los riesgos asumidos por las fuerzas participantes. Del mismo modo, la respuesta estadounidense a las convulsiones políticas asociadas con la denominada Primavera Árabe sigue suscitando interpretaciones divergentes. Tampoco escapa al escrutinio la política de acercamiento hacia Cuba, una iniciativa cuyos resultados siguen siendo evaluados desde perspectivas muy distintas.

Sin embargo, quizás lo más notable del Centro Obama no sea la presentación de los logros y controversias de una presidencia, sino el retrato del carácter de quien ocupó la Casa Blanca. A través de los distintos contenidos emerge la figura de un líder profundamente comprometido con el servicio público, convencido de que gobernar exige equilibrar intereses contrapuestos y buscar soluciones dentro de los límites de las instituciones democráticas.

La exposición también sugiere una cierta distancia entre la visión política de Obama y las corrientes más ideológicas que han ganado espacio en años recientes dentro del debate público estadounidense. Para Obama, el gobierno aparece menos como un instrumento de confrontación que como un mecanismo para articular consensos, resolver conflictos y preservar el marco institucional que ha sostenido la experiencia democrática estadounidense durante casi dos siglos y medio.

Particularmente conmovedora resulta la sección dedicada a la vida familiar en la Casa Blanca. Allí se reflejan los desafíos de ejercer la paternidad en un entorno marcado por el privilegio, la atención permanente de los medios y las exigencias del poder. Los testimonios y reflexiones presentados transmiten una idea sencilla pero profunda: la necesidad de formar ciudadanos conscientes de que las circunstancias son transitorias y de que el verdadero patrimonio de una persona reside en su carácter, sus valores y su sentido de responsabilidad hacia la comunidad.

La presencia de una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago dentro del complejo constituye, además, una declaración de principios. Es un reconocimiento al papel que desempeñan el estudio, la lectura y la creación de conocimiento en la construcción de una sociedad abierta. Después de todo, ha sido precisamente la capacidad de generar, cuestionar y renovar ideas lo que ha permitido a Estados Unidos convertirse en uno de los principales centros de innovación del mundo y ejercer una influencia decisiva en muchas de las transformaciones que han marcado la historia moderna.

En última instancia, el Centro Obama parece concebido menos como un monumento al pasado que como una invitación a participar en la vida cívica. En una época caracterizada por la polarización, la fragmentación informativa y la erosión de la confianza pública, su apuesta por el análisis crítico, el diálogo y la responsabilidad ciudadana constituye un recordatorio oportuno de que la democracia no es simplemente un sistema de gobierno, sino también una práctica permanente de aprendizaje colectivo.

Durante años, la Organización de los Estados Americanos sobrevivió a crisis políticas, disputas ideológicas y profundas divisiones entre sus Estados miembros. Sin embargo, b

Por primera vez en décadas, el principal contribuyente financiero de la organización parece dispuesto a cuestionar no solo a su liderazgo, sino la conveniencia misma de seguir financiando una institución que muchos consideran cada vez más opaca, menos transparente y más vulnerable a influencias externas.

En el centro de esa confrontación se encuentra Albert Ramdin.

Y detrás de ella, una estructura política y burocrática que parece haber llegado a una conclusión peligrosa: proteger a sus propios operadores se ha vuelto más importante que preservar la credibilidad de la organización.

La llegada del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro “Lee” Rizzuto Jr., ha sido presentada por algunos sectores como una agresión contra la institución. Esa interpretación ignora la realidad.

Rizzuto no llegó a la OEA para administrarla.

Llegó para corregir un rumbo que Washington considera incompatible con los intereses estratégicos del hemisferio.

Con una línea directa con el presidente Donald Trump, Rizzuto llegó con una misión clara: exigir transparencia real, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, elevar los estándares de seguridad institucional y promover cambios en una estructura de liderazgo que, desde la perspectiva estadounidense, ha perdido la confianza necesaria para seguir conduciendo la organización.

El propio embajador ha sido claro. Washington no tiene interés alguno en continuar financiando el rumbo actual de la OEA ni seguir sosteniendo una organización que continúa fracasando en servir eficazmente a sus Estados miembros.

Ese mensaje no surge en el vacío.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025 reordenó las prioridades estratégicas estadounidenses alrededor del hemisferio occidental y estableció como objetivo reducir la influencia china sobre puertos, infraestructura crítica, sistemas tecnológicos y activos estratégicos de la región. La estrategia también advierte sobre la creciente penetración de Beijing en instituciones, mecanismos de decisión y estructuras de gobernanza hemisféricas.

Vista desde esa perspectiva, la preocupación estadounidense por la OEA deja de ser una disputa política.

Se convierte en un asunto de seguridad nacional.

Y es precisamente allí donde comienzan los problemas para Albert Ramdin.

La organización llega a esta Asamblea General bajo un secretario general cuya elección fue celebrada en Beijing y respaldada por gobiernos que durante años han profundizado sus vínculos económicos con China mediante préstamos, inversiones y proyectos de infraestructura.

Ese hecho no convierte a esos países en adversarios. Por el contrario, serán socios indispensables para cualquier esfuerzo serio destinado a fortalecer la soberanía regional y las instituciones democráticas del continente.

Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda: ¿ha sido la OEA suficientemente firme frente a la creciente influencia china dentro del hemisferio?

Cada vez más observadores consideran que la respuesta es no.

Durante más de dos décadas, Beijing ha expandido sistemáticamente su presencia política, económica y estratégica en América Latina y el Caribe. Mientras tanto, la OEA ha mostrado una notable reticencia a debatir las implicaciones de seguridad asociadas a la expansión de infraestructura crítica, redes de telecomunicaciones, puertos estratégicos y sistemas tecnológicos vinculados a China.

Sin embargo, las preocupaciones que hoy rodean a Ramdin van mucho más allá de China.

La controversia alrededor de Xaviera Jessurun, su jefa de gabinete, transformó inquietudes administrativas en una crisis institucional.

La revocatoria de una visa diplomática por parte de Estados Unidos contra una alta funcionaria de la OEA constituye una medida extraordinaria. Decisiones de esa naturaleza rara vez ocurren y normalmente activan mecanismos inmediatos de revisión interna, cooperación institucional y evaluación independiente.

Eso no ocurrió.

Por el contrario, Ramdin decidió proteger a su colaboradora más cercana y mantenerla dentro de la estructura de poder de la organización incluso después de que Washington retirara su visa diplomática.

La decisión fue interpretada por numerosos observadores como una ruptura con las prácticas de prudencia institucional y cooperación diplomática que normalmente acompañan situaciones de semejante gravedad.

El mensaje fue devastador.

Mientras el principal contribuyente financiero de la organización expresaba una preocupación suficientemente seria como para revocar una visa diplomática, la Secretaría General parecía más interesada en proteger a una funcionaria cercana que en proteger la credibilidad de la institución.

Ese episodio dejó de ser un problema de personal.

Se convirtió en un problema de liderazgo.

Porque la cuestión ya no es únicamente la conducta de Jessurun.

La cuestión es la decisión de Ramdin de respaldarla.

Y esa decisión se suma a una percepción cada vez más extendida de que el Secretario General ha respondido a cuestionamientos legítimos con confrontación política en lugar de transparencia institucional.

Más preocupante aún, la protección brindada a Jessurun ha proyectado la imagen de una organización donde la lealtad personal parece tener más peso que la rendición de cuentas. Para muchos observadores, la controversia ya no gira alrededor de una funcionaria específica, sino de la disposición del Secretario General a ignorar señales de alarma con tal de proteger a su círculo más cercano.

La situación se vuelve aún más llamativa al observar el silencio de muchos de los autoproclamados defensores de la transparencia y la lucha anticorrupción en América Latina.

Movimientos políticos, organizaciones y figuras públicas que habitualmente exigen rendición de cuentas cuando las acusaciones afectan a gobiernos o actores políticos adversarios han mostrado un interés sorprendentemente limitado cuando las preguntas apuntan hacia la propia OEA.

La transparencia no puede ser un principio selectivo.

La corrupción tampoco.

Y es precisamente esa percepción de doble estándar la que ha profundizado la crisis de confianza.

A estas alturas, la discusión ya no gira en torno a si existe un problema.

La discusión gira en torno a si Albert Ramdin puede seguir siendo parte de la solución.

Cada vez más actores dentro y fuera de la organización parecen haber llegado a una conclusión incómoda: no puede.

Con pleno conocimiento de las consecuencias que tendría una suspensión del financiamiento estadounidense, algunos operadores políticos parecen dispuestos a sacrificar la viabilidad misma de la OEA con tal de proteger a una persona y a una estructura cada vez más asociadas con acusaciones de corrupción, opacidad y abuso institucional.

Esa apuesta podría convertirse en el error más costoso en la historia reciente de la organización.

La realidad es simple.

Si la OEA pretende recuperar credibilidad ante sus Estados miembros y preservar el respaldo de su principal contribuyente, el debate ya no es sobre reformas administrativas.

El debate es sobre liderazgo.

Y la conclusión es cada vez más evidente.

Albert Ramdin y el círculo de funcionarios comprometidos que lo rodea se han convertido en obstáculos para las reformas necesarias para restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de la organización.

Deben apartarse.

Si no lo hacen, Washington podría suspender completamente su financiamiento hasta que una auditoría externa independiente y una revisión integral del liderazgo permitan determinar si la institución sigue siendo capaz de cumplir la misión para la cual fue creada.

La pregunta ya no es si existe una crisis.

La pregunta es si la OEA está dispuesta a resolverla antes de que sea demasiado tarde.

Mario Duarte es estratega estadounidense, ejecutivo de rescate, empresario y experto en seguridad e inteligencia internacional. En X: @marioduartegar.

Terpsehore “Tore” Maras es periodista investigativa independiente y autora de las series Digital Dominion, The Turkey Doctrine e Inside Job: A Color Revolution, Domesticated. En X: @idontexistTore.

Luego de más de 67 años de terrorismo de Estado, de agresiones e intervenciones a todos los países de las Américas, de expandirse y convertirse en el narcoestado jefe en el siglo 21, de someter al pueblo a la miseria, de perpetrar crímenes comunes y de lesa humanidad, la dictadura de Cuba agoniza sin ninguna condición de gobernabilidad ni posibilidad de sobrevivencia. Son los últimos días de un régimen de delincuencia organizada que no tiene pueblo, que ha perdido su narrativa de revolución, que ha liquidado la economía cubana y que no tiene opciones.

Fidel Castro tomó el poder el 1 de enero de 1959 por las armas, se aferró a él con fusilamientos, torturas, matanzas, desapariciones, presos, exiliados y todo tipo de crímenes bajo narrativa de revolución, con discurso de liberación del pueblo y con promesas de igualdad, prosperidad, independencia y una larga lista de adjetivos que hoy son probadas falacias. Institucionalizó el “terrorismo de Estado” como sistema para detentar impune e indefinidamente el poder, el “antiimperialismo” como mecanismo de sobrevivencia confrontando a Estados Unidos, la “liberación popular” para organizar grupos terroristas y guerrilleros, el “internacionalismo” como justificación de intervención, y la Guerra Fria convirtió a Cuba en la base comunista de la región.

Cuando cayó el Muro de Berlín se protegió creando el “Foro de Sao Paolo” operado y dirigido por Lula da Silva en Brasil, con recursos de los trabajadores que operó luego de desaparición de la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Cuba era un estado parásito que dependía del sostenimiento soviético, por lo que sin ese soporte la dictadura creó el “periodo especial” para sobrevivir. En última década del siglo pasado Cuba era la única dictadura de los 35 países que conforman las Américas y había reducido sus operaciones de agresión regional por falta de recursos. La previsión de los gobiernos democráticos era que el siglo 21 sería de la democracia plena con la terminación de la dictadura cubana.

El año 1999 Hugo Chavez llegó a la presidencia de Venezuela y de inmediato asistió y empezó el salvataje de la dictadura cubana. Hugo Chávez como socio capitalista malversando el petróleo y la riqueza de Venezuela, Fidel Castro aportando la narrativa revolucionaria y el método criminal de permanecer indefinidamente en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo encargado de “multiplicar los ejes de confrontación”, conformaron un movimiento populista bolivariano bajo mando de Chávez que terminó llamándose socialismo del siglo 21 o castrochavismo.

El siglo 21 en las Américas resultó siendo el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su modelo dictatorial en Venezuela con Chavez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa. Controló progresivamente casi todos los países de Latinoamérica, instalando gobiernos para dictatoriales, con derrocamientos, elecciones, fraude electoral, terrorismo, financiamiento de campañas y una larga cadena de crímenes. La muy conveniente muerte de Hugo Chávez pasó el mando del grupo criminal y el control de la riqueza venezolana a Castro y la dictadura de Cuba.

El momento más exitoso de la dictadura de Cuba fue la Cumbre de las Américas de Panamá 2015 donde el Presidente de Estados Unidos reconoció al dictador Raul Castro como el líder de hecho de Latinoamérica, procediendo meses después a reponer relaciones bilaterales. Pero la resistencia civil de los pueblos de la región, la visibilidad de las operaciones delictivas del socialismo del siglo 21 vinculadas a la violación de derechos humanos, la conversión de las dictaduras en narcoestados y plataformas de las dictaduras extra hemisféricas como China, Rusia, Irán, las crecientes acciones de “guerra híbrida” contra Estados Unidos y las democracias, identificaron la verdadera naturaleza y peligrosidad de Cuba y sus satélites.

La población de Cuba bajo el castrismo siempre trató de migrar, de escapar de la isla convertida en cárcel. Aunque el control de Venezuela y la expansión de operaciones de narcoterrorismo representaron importantes ingresos, lo fueron para los miembros del régimen.

Hoy las Américas y el mundo conocen en tiempo real la realidad de miseria, degradación, humillación y desesperación del pueblo cubano, y el afán del régimen de falsificar cambios y presentar sofismas de apoyos. La realidad es que el repudio popular contra la dictadura representada por Diaz Canel y Raúl Castro es total, no tienen pueblo; nadie -ni dentro ni fuera de Cuba- cree en la revolución cubana, probada como crimen organizado; el país no tiene economía ni forma de encarar la miseria en su sistema delictivo; y la dictadura no tiene ninguna posibilidad de apoyo, fuente de recursos o inversiones, no tiene opciones.

Con Trump 47, el año 2025 Estados Unidos estableció su “Estrategia de Seguridad Nacional” y empezó operaciones contra la delincuencia organizada trasnacional que detenta el poder político en varios países y territorios de las Américas. Todo conduce a la dictadura de Cuba.

La detención de Nicolas Maduro con el fiasco militar sufrido por fuerzas de la dictadura cubana encargada de la seguridad del capturado, la pérdida de ingresos y petróleo que el desmantelamiento de la narco dictadura de Venezuela representa, y el ultimátum de Estados Unidos al régimen castrista con múltiples señales económicas y políticas, muestran que la fuga de la cúpula dictatorial, su captura, su neutralización, su caída, su rendición o cualquier otra forma de terminación de la dictadura ha llegado.

Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Hay ideas que nacen para resolver problemas. Y hay ideas que nacen para distraernos de ellos. La ocurrencia del “Nuevo Nuevo León” de Samuel García pertenece claramente a la segunda categoría. Porque antes de preguntarnos si necesitamos un “Nuevo” Nuevo León, conviene responder una pregunta sencilla: ¿qué tenía de malo el original?

¿Acaso el Nuevo León que construyó algunas de las empresas más importantes de México estaba equivocado? ¿El que levantó universidades de clase mundial? ¿El que convirtió la palabra empeñada en un activo económico? ¿El que hizo del trabajo duro una forma de identidad colectiva? La respuesta es evidente: nada.

Por eso la idea misma de un “Nuevo Nuevo León” resulta tan extraña. No responde a una necesidad social real. Responde a una obsesión contemporánea por la novedad. El filósofo francés Gilles Lipovetsky describió cómo la novedad dejó de ser un medio para mejorar las cosas y se convirtió en un fin en sí mismo. Lo importante ya no es que algo funcione mejor; lo importante es que parezca nuevo: vanidad y frivolidad pura.

Y pocas cosas son más peligrosas para la política que confundir novedad con progreso. Las sociedades no avanzan cambiándose de nombre. Avanzan resolviendo problemas. Ninguna familia se preocupa porque su estado tenga una identidad insuficientemente moderna. La gente se preocupa por el tráfico, el agua, la seguridad, la contaminación y las oportunidades para sus hijos.

La antropología también tiene algo que decir. Clifford Geertz sostenía que las comunidades necesitan referencias compartidas para entender quiénes son y hacia dónde van. Las identidades fuertes no se reinventan cada seis años. Se construyen durante generaciones. Y Nuevo León es precisamente una de esas identidades fuertes.

No es una marca. No es un logotipo. No es un eslogan. Es una cultura. Es una manera de trabajar. Es una relación particular con el esfuerzo, la responsabilidad y la construcción de patrimonio. Por eso el problema de Nuevo León nunca ha sido su identidad. El problema aparece cuando dejamos de estar a la altura de ella para vivir en Samuelandia y la extorsión como forma de gobierno.

Durante décadas, el prestigio de Nuevo León se construyó sobre valores muy concretos. La palabra valía. Las obras se terminaban. El dinero se cuidaba. La capacidad importaba. La seriedad era una virtud pública. Nadie necesitaba inventar un Nuevo Nuevo León porque el verdadero funcionaba.

De hecho, la idea del “Nuevo Nuevo León” termina pareciéndose a esas versiones pirata que cualquiera reconoce de inmediato. Se parecen al original. Intentan copiar su apariencia. Dan el gatazo. Pero no están hechas de la misma tela. No duran igual. No resisten igual. No aguantan la friega. Y ahí es donde la discusión deja de ser semántica para convertirse en una discusión política de fondo.

Porque defender la Transformación en Nuevo León significa defender lo mejor del Nuevo León original: la cultura del trabajo, la palabra cumplida, la capacidad para gobernar, la honestidad como base de la confianza y la convicción de que la riqueza importa, pero también la forma en que se construye y llega a las familias.

La verdadera discusión que viene para nuestro estado no es entre pasado y futuro. Tampoco entre izquierda y derecha. Mucho menos entre novedad y tradición. La discusión real es entre frivolidad y seriedad. Entre apariencia y resultados. Entre quienes creen que gobernar consiste en administrar percepciones y quienes creemos que gobernar consiste en resolver problemas y materializar una verdadera Transformación.

La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado para el país una visión de Crecimiento con Justicia. Una visión donde la economía crece, pero donde ese crecimiento también se traduce en bienestar para las familias. Y esa idea dialoga mucho mejor con la tradición histórica de Nuevo León que cualquier intento artificial de reinventarlo.

Porque el Nuevo León que admiramos nunca estuvo peleado con el progreso, la innovación o la inversión. Lo que entendía era algo más profundo: que la prosperidad solo vale cuando se construye con trabajo, responsabilidad y comunidad. Por eso llega un momento en que hay que definirse. Sin medias tintas. Sin ambigüedades. Porque la pregunta ya no es si queremos un “Nuevo” Nuevo León hechizo y hueco.

La pregunta es si queremos recuperar lo mejor del verdadero Nuevo León y llevarlo al siguiente nivel. El de Mariano Escobedo. El de la cultura de la tenacidad. El de Eugenio Garza Sada y el Capitalismo Social. El de las familias que construyeron patrimonio trabajando. El de las universidades que formaron talento de clase mundial. El de las empresas que generaron comunidad además de utilidades. Ese es el proyecto que representa la 4T Norteña.

Y por eso defender la Transformación en Nuevo León es mucho más que una definición partidista. Es una definición sobre qué tipo de estado queremos ser. Porque si se trata de Nuevo León, con el original nos quedamos. Y ahora nos toca demostrar que sigue vivo y lleno de futuro: esa es la tarea.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

En las relaciones internacionales, más que promesa moral hay un cálculo continuo, que produce ajustes cuando los costos superan los beneficios o interfieren con los objetivos. En el caso de una potencia, se comete un error cuando se ignora la presencia del cálculo, error que también cometen quienes confunden lo que es solo una fase con algo permanente.

Es lo que está hoy pasando con las relaciones entre EE. UU. e Israel que aparece con problemas, por algo que hemos insistido en esta columna, la presión ejercida por una elección, la de medio término en noviembre, que hoy la Casa Blanca está perdiendo y que tendría consecuencias tales como un juicio político al presidente y el adelantamiento de la campaña presidencial del 2028.

No creo que haya habido traición, sino que operó una situación donde en periodo electoral Washington es notoriamente infiel, y a Israel y en particular, a Netanyahu le pasó algo similar a lo que tuvo lugar cuando Biden los detuvo en las puertas de la ciudad de Rafah en Gaza, motivado por una campaña presidencial que de todas maneras perdió, solo que ahora, con Trump, fue a una escala mayor, y sobre todo, inesperado, por la relación que se había establecido, un costo también ocasionado por la indebida personalización de una alianza entre Estados.

No hay duda de que el Memorándum de Entendimiento es entre malo y muy malo para Israel, cuyas demandas de seguridad no aparecen mencionadas, pero equivocadamente en Jerusalén se confundió una etapa con lo permanente. Sin embargo, creo que se va a encontrar como otras veces un acomodo, y, para que este mal momento quede atrás, hay que esperar el resultado de las elecciones que tendrán lugar en ambos países, octubre en Israel y noviembre en EE. UU.

La verdad es que la relación ha pasado siempre por etapas, solo que en los últimos dos años pareció ser la más sólida de la historia, e Israel siempre ha tenido muy clara la defensa de sus intereses estratégicos, los que todo análisis objetivo debe reconocer que difieren de los de EE. UU. como superpotencia. No es la primera vez que algo así pasa entre Israel y EE. UU. como tampoco será la última, solo que ahora hubo sorpresa por tratarse de un presidente autodefinido como proisraelí, pero también uno que cambia de opinión con frecuencia, por lo que, esta columna, más de una vez alertó que podría producirse un distanciamiento.

Israel más que ser querido, debe buscar solo ser respetado en Washington, lo que es difícil de lograr, en periodos electorales, y retiros de Vietnam, Irak o Afganistán son testigos de aquello, para perjuicio de quienes creyeron que había amistad eterna. Ello no solo se da en el caso de Trump, sino también y en forma muy notoria en J.D. Vance, quien, como probable candidato, solo piensa en seguir contando con el apoyo de Trump y en sus votantes, en una opinión pública que claramente en los demócratas ya se está alejando de Israel.

Por lo demás, nada garantiza que Irán vaya a cumplir con lo conversado y con lo que se negocie en estos 60 días, tal como no lo ha hecho con los acuerdos anteriores. De partida, la reunión que iba a tener lugar el viernes 19 fue suspendida, y al día siguiente se anunciaba que Irán se disponía “a cerrar” Ormuz, mientras que el ejército de EE. UU. declaraba que se mantenía en “alerta”. Veremos que pasa a partir de hoy en Suiza.

En el caso actual, se ha dado lo habitual en la mayoría de las guerras, donde escasea quien realmente gana y todos pierden, sea poco o mucho. De hecho, hay diversas formas de mirar lo que ha pasado, ya sea como una guerra “corta”, que se habría iniciado el 28 de febrero, o más bien sería la culminación de una confrontación ininterrumpida que se inició por parte de Irán en 1979 con la toma de la embajada de

EE. UU. o la posición que yo prefiero, explicada en un libro reciente (1) y que sitúa el inicio en el apoyo que le dio Irán a la invasión de Israel por Hamas el 7- X (2023) y que activó a todas sus milicias proxis, lo que obligó a Israel a luchar simultáneamente en 7 frentes. Es lo que ahora está culminando, aunque sea de forma inesperada.

Si de ganadores y perdedores hablamos, el gran ganador no está en quienes combatieron, sino que lo son el petróleo y el gas, que, sobre todo el primero demostró cuán central sigue siendo, no solo en la economía, sino también en el propio funcionamiento de las sociedades. Por lo mismo, un gran perdedor fue el alarmismo climático que los ha satanizado, al igual que los países que han desechado a la energía nuclear que vuelve a interesar por la necesidad existente de abundante electricidad para la IA. Es así como se ha presenciado un predominio del petróleo en las noticias y en las declaraciones de los políticos, al igual que un casi total olvido de las energías alternativas, y una pérdida de protagonismo de los activistas del medio ambiente. Es decir, tenemos presencia geopolítica y económica del petróleo para un tiempo mayor del que se suponía antes de la guerra. Ahora, tal como lo ha expresado Arabia Saudita, la prioridad la tiene la inversión en nuevos oleoductos que eviten Ormuz o en reparar los grandes daños causados por Irán.

En una región como el Medio Oriente donde triunfo y derrota no significan lo mismo que en Occidente, sin duda el sentimiento que se impone en Irán es de triunfo, toda vez que lo más importante para ellos fue que la revolución islámica sobrevivió la confrontación con la primera potencia del mundo, que ahora, a diferencia de la guerra de 12 días de 2025, buscaba el fin de esa revolución y la caída del gobierno.

En todo caso, la destrucción fue a todo nivel, ya que se quedó no solo sin marina de guerra o fuerza aérea, sino que la devastación económica fue muy grande, con gran desempleo y demolición de fábricas, actividades comerciales y un embargo de puertos que paralizó toda venta de combustible. La supervivencia del régimen fue también ayudada por aciertos propios como haber efectivamente cerrado el estrecho de Ormuz, y una descentralización de los misiles a través de todo el territorio que le dio crédito a una imagen de “resistencia”, a pesar de que cada vez dispuso de menos misiles para atacar, debido a que no pudo producir para reemplazar a los que se disparaban.

Entre los errores de EE. UU. los más llamativos fueron haber detenido su avance militar en momentos de total predominio y donde Irán mostraba la mayor debilidad desde 1979, y, sobre todo, no haber previsto la bomba económica que se estaba preparando en Ormuz con el petróleo, además que perdió disuasión ya que sus amenazas de usar la fuerza en el estrecho nunca se materializaron, lo que lo hacían aparecer como tigre de papel.

En Israel, el sentimiento es hoy de traición en la población y de enojo en militares y el gobierno, aunque es de responsabilidad propia que hasta el momento no haya conseguido el objetivo de derrota total de Hamas y Hezbolá, ambos muy degradados y a la defensiva, pero que deben sentirse envalentonados por el distanciamiento con EE. UU. y por las declaraciones que hoy están hoy saliendo de Washington, que no auguran un apoyo similar al que Trump entregó en el pasado, y un futuro que no se ve pro israelí en lo que ha dicho el vicepresidente Vance, en caso que él sea el candidato republicano, y mucho menos, en lo posibles candidatos demócratas.

Pero lo de Israel y EE. UU. es una realidad mezclada, donde es notorio el triunfalismo de la Casa Blanca por haber firmado el Memorándum, pero también el desencanto de no haber logrado objetivos principales de la actividad bélica. En todo caso, siempre hay que incorporar al análisis los logros positivos. Por ejemplo, en el caso de EE. UU. cuyo objetivo principal era el fin de la amenaza de la bomba atómica, a favor figura que los bombardeos han retrasado en muchos años a ese programa nuclear como también que, por las sanciones, Irán no dispone hoy de la posibilidad de comprar o fabricar los componentes.

En el caso de Israel, la guerra con Hamas, a pesar de haberlo degradado como amenaza, el hecho importante es que se mantiene firme en el gobierno de Gaza. Por su parte, Hezbolá no solo ha sufrido militarmente con la invasión israelí del sur de El Líbano, sino que por vez primera existen conversaciones directas entre Israel y el gobierno libanés, en que ambos concuerdan en que ese grupo terrorista debe desarmarse como también que Irán no siga interviniendo en los asuntos internos libaneses. Y aunque en la parte negativa para Israel, han sobrevivido aquellos que quieren su destrucción como Hamas, Hez bolá y la revolución islámica iraní, no hay duda de que esta última está lo suficientemente debilitada como para que no le sea posible movilizar a sus proxis, con la excepción de El Líbano. La verdad es que Irán, aunque ganó en la negociación diplomática, sufrió tal castigo militar, que hoy no da el miedo que producía antes como tampoco está en condiciones de enfrentar de igual a igual a Israel que tiene total superioridad aérea, lo que le permite entrar y salir de ese territorio sin ser interceptado.

Y aunque en el futuro no sobreviva, por ahora, a Irán su estrategia de guerra híbrida le dio resultado no solo contra EE. UU, sino también contra los países árabes, las monarquías del Golfo a las cuales bombardeó castigando fuertemente sus exportaciones de gas y petróleo, por lo que las consecuencias para esos países fue también mezclada, ya que por un lado, algunos fortalecieron la relación que tenían con Israel, notablemente en el caso de los Emiratos, pero fracasó su neutralidad, ya que de todas maneras fueron atacados por Irán.

Hoy se aprecia un nuevo mapa de alianzas en la región, por lo que, en el Golfo, aparecen tres actitudes: primero, la de Catar, que, aunque era aliado de Irán, de todas maneras, fue objetivo militar por ser un lugar donde hay bases estadounidenses, y a pesar de los ataques, junto a Pakistán y Turquía ha buscado mediar entre Washington y Teherán. Segundo, Arabia Saudita ha tenido una posición equidistante, alejándose de Israel y acercándose a Pakistán y Turquía en la búsqueda de una especie de frente sunita. Tercero, la mayor sorpresa han sido los Emiratos Árabes Unidos, no solo acercándose a Israel sino también confrontando a Irán, por lo que destaca su actitud desafiante hacia la agresión.

En todo caso, no hay duda de que primero, EE. UU. no defendió adecuadamente a sus aliados árabes del Golfo lo que también influyó en que hayan tenido diferencias en la forma de enfrentar a Teherán. En segundo lugar, seguramente el futuro cercano mostrará una fuerte preocupación de las monarquías petroleras en su defensa y sus FF. AA., ya que, a pesar de tener armamento avanzado y que sus adquisiciones de material estadounidense son muy similares a las de Israel, sin embargo, el desempeño no estuvo a la altura de ese armamento, lo que quizás refuerce el acercamiento de alguno(s) a Tel-Aviv. Por ahora, es indudable que se ha resentido la alianza tan estrecha que tenían con EE. UU., toda vez que la presencia de bases militares no sirvió para defenderlos.

Los perdedores de esta guerra también incluyen a la Autoridad Palestina, ya que su ambigüedad y su falta de condena real a la invasión de Hamas no les sirvió, toda vez que hoy el Estado Palestino no parece estar en el calendario de eventos próximos, a no ser que el distanciamiento actual de Israel y EE. UU. lleve a presionar por ese lado. Sin embargo, hoy no parece ser prioritario, salvo para Europa. En todo caso, hubo elecciones locales en Cisjordania el 25 de julio, y en solo una localidad de Gaza, Deir al Balah. La participación fue baja, ya que solo alcanzó el 53,4%, toda vez que hubo boicot de Hamas que no figuró en las listas electorales por su negativa a la solución de los dos Estados. En todo caso, eran más bien de legitimación de su presidente Abu Mazen, ya que las ultimas presidenciales se celebraron el 2005 y las últimas legislativas el 2006.

Los perdedores de la confrontación entre EE. UU. e Irán también incluyen a la ONU y a Europa que han mostrado una total irrelevancia, a pesar de la importancia de este conflicto para el mundo. Por su parte, para la lucha por quien será en definitiva la gran potencia de este siglo XXI, este conflicto ha mostrado las limitaciones de EE. UU. como superpotencia, al mismo tiempo de ilustrar sobre las insuficiencias de China, gran poder económico, pero que, en temas militares y geopolíticos, todavía se limita al Asia, fundamentalmente Taiwán, ya que todavía no desarrolla la capacidad de desplegar poder y fuerza en otras regiones del globo.

Al listado hay que agregar a las comunidades judías a través del mundo, ya que el antisemitismo-judeofobia no parece haber amainado, sobre todo, en el caso reciente de los judíos en el Reino Unido, donde Israel ha reemplazado hoy en el odio a lo que fue la religión o la “raza” en el pasado, por lo que todo indica, que seguramente los actos agresivos van a aumentar antes que disminuyan.

Entre los perdedores, hay que añadir a los ciudadanos y las mujeres de Irán, ya que no hay duda, que la supervivencia de la revolución islámica en el poder es una muy mala noticia, que perjudica toda movilización contra la tiranía, toda vez que el Memorándum que comentamos tiene un fuerte olor a impunidad a quienes asesinaron alrededor de 40.000 manifestantes en las calles. También, es una mala noticia y un retroceso para las minorías que buscaban un trato igualitario en Irán, tales como kurdos, árabes, azeríes y los habitantes del Beluchistán histórico.

Del mismo modo, la situación actual es una noticia desagradable para todos aquellos pueblos sin un Estado y que lo buscan hoy, no solo los palestinos, sino también un grupo más numeroso como son los kurdos y uno menos, pero que también busca su propio Estado o al menos autonomía en Siria, como es el caso de los drusos.

Esta guerra también ofrece lecciones para aquellas fuerzas armadas que no se han adaptado a las nuevas características, no solo la importancia de los drones, sino también que se puede sobrevivir a una ofensiva en su contra de un poder superior, tal como lo han demostrado Ucrania e Irán, a pesar de no contar hoy ninguno de los dos con aviación o marina.

Los perdedores, por ahora, también incluyen a Trump, quien ha perdido prestigio entre aquellos iraníes que creyeron en la petición que “salieran a las calles ya que ayuda iba en camino”, tal como ahora lo están expresando en las RRSS. Netanyahu también se ve perjudicado en plena campaña electoral, por el estatus que había adquirido Trump en la ciudadanía israelí, después de haber logrado la liberación de los rehenes vivos, demostrando que en el nuevo escenario podría no ser la persona adecuada para manejar esa relación clave por el distanciamiento mencionado.

Como conclusión, me parece que este Memorándum va a seguir el camino de la “Paz para Gaza”, donde aquellos hoy olvidados 20 puntos se parecen a los 14 puntos actuales, es decir, buenas intenciones que no se materializaron. En el caso de Gaza, ni Hamas se ha desarmado como tampoco se han cumplido los compromisos de inversión o tropas de pacificación que nunca van a aparecer mientras Gaza siga controlada por ese movimiento terrorista, razón adicional, por la cual un país como Israel, consciente de sus necesidades estratégicas, no va a salir del sur libanés, mientras desde allí se siga atacando a la población del norte israelí, y habría que preguntar cuál de los países que lo critican, aceptaría en sus fronteras una situación similar.

Lo que estamos viviendo confirma lo anticipado por quienes saben de guerras, que los ceses del fuego temporales tienden a transformarse en permanentes como en Corea, como también que regímenes como el de Irán no desaparecen por bombardeos desde el aire, por lo que, por último, lo malo de que EE. UU. haya terminado la guerra antes de tiempo, es que la supervivencia de la revolución islámica va a dificultar una verdadera transformación posible del medio oriente, en el sentido de una alternativa a Ormuz, donde la alianza incipiente entre árabes sunitas e Israel podría haber asegurado oleoductos y gasoductos que llevaran la producción desde las monarquías del Golfo hasta puertos israelíes, de donde podrían salir a Europa y a Asia, evitando así el chantaje iraní.

Al mantenerse la revolución islámica y ante la falta de una resolución militar, lo único seguro es que el conflicto podría reaparecer, por lo que son infundadas las ilusiones en un Memorándum que ni siquiera es expresión de un acuerdo de paz, situación que demuestra que EE. UU. sigue sin entender al medio oriente, ya que ahora ha ayudado a que Irán reedite la tradición de convertir derrotas militares en victorias políticas, tal como lo hiciera Nasser en Egipto en 1967, después de la Guerra de los 6 Días.

(1) Ricardo Israel, En Defensa de Israel, Interamerican Institute for Democracy, Amazon, 460pp, 2025

@israel zipper

Máster y PhD en Ciencia Politica (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Algunos lectores seguro han desestimado el legado de Trump (también están, obviamente, quienes lo consideran absolutamente negativo). Sin embargo, sus ideas hoy son políticamente más relevantes que otra ideas y continúan influyendo en la práctica política contemporánea más que otras. Definitivamente el movimiento Trump defiende y sigue su enfoque, pero además el mismo no tiene más remedio que ser considerado por todos los demás actores a nivel internacional y la lógica de política interna de Estados Unidos hoy sigue discutiendo principalmente una agenda que pone en el día a día el Presidente de los Estados Unidos. Ya hemos analizado en columnas anteriores las principales características del sistema político de Trump por lo tanto no repetiré conceptos, pero sí decir que las leyes, las instituciones, la corrección política, los patrones establecidos por el establishment y los mismos principios, todo eso forma parte de la dinámica política que se pone en discusión con las acciones y declaraciones de las políticas de esta administración.

El análisis de esta conceptualizacion nos lleva a su parte más clara y concreta: la política de uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza como la piedra angular metodológica para desarrollar las variables y objetivos de negociación. La acción de la administración ha afectado el mundo entero y definitivamente ha tenido un impacto fuerte en la región. Este es el primer aspecto que distingue las políticas de Trump de las concepciones anteriores del mundo y que deja una imagen absolutamente clara y ello es la necesidad de la acción, si es necesaria transformada en conflicto para resolver los problemas en algunos casos o para posicionar el interés de Estados Unidos en otros. En este contexto solo podemos comprender la actualidad desde una perspectiva respecto a la cual Trump cree que la historia debe tener un propósito específico principal que es reconocerlo. Eso no va a estar fácil, especialmente teniendo en cuenta la opinión pública prevalente y la situación de la “intelligentsia” actual, su retórica y la militancia que realiza de sus valores políticos. Las decisiones de la política Trump muestra que sus objetivos no necesariamente son un progreso inmediato hacia la libertad, la ciencia política no tendría que apelar a mayores profundidades analíticas y a distintas perspectivas en sus análisis para determinar que son lisa y llanamente intereses económicos los criterios que forman parte de su marco estructural de trabajo.

La generación permanente de “hechos Trump” establece la agenda política global. Los hechos demuestran persistentemente la militancia de una “intelligentsia” global que ha sido cerrilmente opositora pero cuya conexión con los “hechos Trump” en muchos casos ha sido distante y su capacidad de previsión ha sido relativamente nula. Es así que predijeron la inviabilidad del proyecto político de Trump en el 2015, pronosticaron su derrota en su primera participación electoral, decretaron su derrota en cada en cada debate presidencial, pronosticaron que cada denuncia significaba condena y prisión inminente, pronosticaron su derrota electoral nuevamente en la última elección, y obviamente han obviado sus resultados en las negociaciones con Panamá, Gaza, con Venezuela y la solución de las crisis humanitarias en el Darien y en la frontera sur, ahora en el caso del conflicto con Irán inmediatamente luego del anuncio del acuerdo aparecieron por lo menos tres versiones “fake” del acuerdo casi inmediatamente. Esto sin duda continuará. Se busca quizás hacer aparecer los acuerdos de la presidencia Obama como de alguna manera similares (o superiores) al acuerdo alcanzado ahora, pero por el punto no es ese, es la permisibilidad que se estructura o no bajo esos acuerdos o en paralelo a esos acuerdos, para que Irán enriqueciera su uranio. Creo que el cambio fundamental sería que esa permisibilidad no esté disponible y haya consecuencias si violan las restricciones para el enriquecimiento de uranio. El concepto por el cual los iraníes pueden firmar cualquier cosa e irrespetar cualquier cosa, de acordar primero y luego ver como no cumplen es que no se permitan esas violaciones, no debería seguir siendo tolerado, que no haya indulgencia con su mala fe. Cualquier acuerdo que se firme con Irán es susceptible de ser violado por Irán cuyos líderes no tienen que rendir cuentas terrenales por sus acciones criminales, violatorias y/o de mala fe. Por otra parte, en lo relativo al acuerdo preliminar con Irán, se deben de tener especialmente las fragilidades que tiene el mismo al no contemplar algunos intereses específicos de seguridad israelíes, que puede obligarlos a activar el uso de la fuerza para contrarrestar amenazas o agresiones.

Quizás resulta extraño para algunos que la libertad como concepto político y civil no haya formado parte de ningún objetivo o resultados de las acciones de la administración de EUA. La política exterior americana, que contiene las semillas de la libertad como marco conceptual, retórico y programático no ha formado parte de los resultados de sus acciones. La administración americana no ha aspirado a cambios de régimen que tantos fracasos costó a administraciones anteriores. Es así que sigue explorando nuevas fórmulas de asociación con los regímenes existentes. Las acciones de Trump marcan el retorno a la antigua democracia hemisférica americana, por la cual la determinación de la legitimidad pasa a estar legalmente reforzada por el apoyo y/o asociación con los Estados Unidos. Esto es muy probable que acarre disfuncionalidades varias en el futuro. La posición de la potencia como fuente de derecho, ser amigo de la misma implica estar legitimado. También la agenda temática global y regional ha cambiado con la apertura a la discusión de nuevos temas de forma recurrente, son temas que una agenda semi-woke internacional había eficientemente censurado. Por todo ello la evolución de la libertad individual es solamente parte sustancial del mundo de los negocios.

El idealismo que se introdujo para negociar el principio clave de la presión a través de la universalización de la justicia americana, la idea del conflicto como una unidad de fuerza y diplomacia. Además, el aspecto espiritual del individuo como en su máximo potencial. La lógica política estadounidense es un despliegue de todo, desde lo material, de lo tecnológico a la abstracción espiritual religiosa, no hay elemento que quede fuera del mensaje político ni de la justificación de las acciones. Los pasos están guiados por lo que podríamos llamar la educación de los asociados, reforzada por las relaciones diplomáticas que pasaron a contener consuetudinariamente por lo menos un viso de presión sobre ellos.

La diplomacia multilateral cuya agenda tiene notorios problemas para asumir la agenda política global o regional cayo en un período en el que se vive sin ofrecer al individuo el más alto nivel de garantías para su libertad, tanto social como espiritual o política y económica. Sin embargo, para alcanzar su funcionamiento pleno, la sociedad internacional se resintió en su propio dudoso sistema incapaz de soluciones y cuya autoridad moral había desaparecido.

En resumen, la diplomacia multilateral demostró una y otra vez la falta de tenacidad para asumir compromisos políticos ignorando las más básicas necesidades en la comunidad internacional. Por lo cual se terminó yendo por un proceso en el que la comunidad internacional terminó ignorando el multilateralismo. O apelando al multilateralismo para que los problemas no tuvieran solución, algo así como “si no querés resolver un problema nombra una comisión”. Es muy difícil justificar la idea de morir apegado a un sistema que no funciona y cuyo liderazgo hace lo imposible para que no funcione. A través de la lógica de estos procesos históricos, se dieron crimenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de Derechos Humanos y corrupción rampante bajo la mirada pasiva o declaraciones, pero sin ninguna capacidad de aplicabilidad del derecho o de ejecutoriedad de la norma. Eso ha cambiado. Hoy algunos tiranos por lo menos se preocupan de que se les pueda aplicar el método “Nicolas Maduro”, que es llevárselos para darles residencia en el sistema penal americano o el método “niño Guerrero” o “Khamenei” que es simplemente un bombardeo con objetivo personal.

Cuantos de estos procesos implicaran una transición a la democracia en el futuro es difícil saberlo, consideramos oportuno en este momento subrayar el argumento político de que la promoción de la libertad y la democracia son partes necesarias del proceso histórico regional.

Luis Almagro/Instituto CASLA

Todas las miradas se dirigían a Bürgenstock, el histórico complejo hotelero sobre el lago de Lucerna, donde Audrey Hepburn se casó y donde Sean Connery protagonizó su heroica lucha contra el malvado Goldfinger. En ese ressort exclusivo propiedad de Katara Hospitality, el fondo soberano de Qatar, se había celebrado en junio de 2024 la Cumbre por la Paz en Ucrania, un esforzado intento de 90 países (sin China, ni Rusia), que se quedó en un mero documento de apoyo. Y debía ser aquí, en ese hotel de lujo suspendido en un acantilado de 500 metros, donde estaba previsto celebrar la ceremonia oficial de firma física del MOU, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que dará por concluida la guerra iniciada hace 110 días con la Operación Fúria Épica. Sin embargo, por la premura de la situación, por la repentina influencia de Macrón o, más bien por el amor desatado de Trump por la majestuosidad y la grandilocuencia, al final el presidente norteamericano ha estampado su firma del MOU en el Palacio de Versailles, el mismo lugar donde, en 1783, Gran Bretaña, Francia y España pusieron fin a la Guerra de independencia de Estados Unidos, y donde se firmó en 1919 el tratado de paz de la primera guerra mundial. Rodeado, pues, de tanta carga històrica, y con Petain rondando en el escenario, Trump ha dado por acabada la guerra.

Silenciados los misiles, es el tiempo de analizar un acuerdo que se larbó con demesiada premura por parte de Trump, azuzado por sus errores estratégicos y sus intereses internos. Y el análisis provisional dispara muchas alarmas. La primera alarma arrastra al resto: ¿El acuerdo de Donald Trump con Irán será peor que el pésimo acuerdo nuclear (JCPOA) que firmó Barack Obama en 2015 en el Palais Coburg de Viena? Recordemos sus consecuencias. De entrada, el acuerdo no impidió la carrera nuclear iraní, solo la congeló supuestamente, pero con unas restricciones tan severas a las inspecciones de la OIEA, que sirvieron para que el régimen llegara a acumular 9.000 quilos de uranio enriquecido en diferentes niveles de pureza, 400 de ellos enriquecido al 60%, suficientes para fabricar 10 bombas nucleares. Además, Irán inyectó más de 100.000 millones en activos liberados que sirvieron para rearmar a sus proxys, desde Hezbollah, hasta Hamás y los houthis, y desestabilizar a Oriente Medio. Para rematar, el acuerdo permitió el desarrollo de miles de mísiles balísticos entre alto y corto alcance. Es decir, con Obama, el régimen se mantenia fuerte, no cejaba en su carrera nuclear, creaba un basto arsenal de misiles y armaba a sus proxys terroristas.

¿El acuerdo de Trump cambia esa situación? No solo no lo parece, sino que hay motivos para pensar que deja la situación peor. De entrada, el régimen de Irán estaba, antes de la guerra, en su situación más crítica, acababa de asesinar a miles de manifestantes, su economía entraba en pre colapso, había perdido a su aliado sirio, Hezbollah había sufrido la decapitación de su cúpula y Hamas estaba siendo severamente diezmada por Israel. En este sentido, el objetivo anunciado de la guerra de hacer caer al régimen (“la ayuda está en camino”, escribió Trump en su red Truth Social un mes antes), parecía pausible, pero partió de un gran error de cálculo: no considerar que el régimen llegaría hasta el límite para garantizar su superviviencia, y que poseía el arma más poderosa de la guerra, la capacidad de crear una crisis energética mundial con el dominio del estrecho de Ormuz. Si el régimen estaba débil antes de febrero, después de resistir a la guerra se ha reforzado, con el agravante que ahora lo dirigen los sectores más duros y más radicalizados de la Guardia Revolucionaria. Con ello han conseguido una doble posición de fuerza: han resistido al ejército más poderoso del mundo, y han demostrado que pueden dañar seriamente a la economía de todo Oriente Medio. Lo cual conlleva otra consecuencia desastrosa: Estados Unidos sale debilitado ante los ojos de los países de la región, porque ya no es el paragüas que impedía que fueran atacados. Por ello, es de prever que muchos de estos países inicien ahora una aproximación pragmática con el régimen de los ayatolás, como escudo defensivo para próximas ofensivas.

Además, si Obama liberó 100.000 millones, Trump ha comprometido 300.000 millones para reconstruir el país y la descongelación de los activos iraníes, de manera que el régimen recibirá una inyección ingente de dinero que lo reforzará ile tempore.

Con todo sumado, aún quedan los aspectos más delicados, dónde tampoco parece que Trump haya conseguido ningún éxito creïble: el tema nuclear queda relegado a 60 días de negociaciones, lo cual, en lenguaje iraní, significa que sigue abierto. El tema de los misiles ha desaparecido en la fase uno, y también se pospone a negociaciones posteriores, que partirán de cero. Y lo más punzante es el tema del Líbano, punto en el que Israel ha sido apartado de la decisiones. El acuerdo parece, de entrada, santo: alto el fuego total. Sin embargo, ¿qué significa ello en el Líbano? ¿como puede tomarse esa decisión, sin el acuerdo explícito de Israel, que és el país que sufre la agresión terrorista de Hezbollah? Y, ¿como puede plantearse sin ningún atisbo de seguridad -y menos de paz- sin el desarme completo del grupo terrorista? ¿Como se consigue un Líbano que pueda vivir con seguridad, si se permite la permanente ingerencia iraní y el secuestro de la política libanesa por parte de Hezbollah? El hecho es que con un Hezbollah que acumula miles de misiles y cuyo único objetivo es la destrucción de Israel, el acuerdo es un papel mojado, inútil para la paz e hiriente para el estado hebreo. Al final, la conclusión és clara: el MOU da por hecho que Irán tiene decisión sobre el futuro del Líbano, y ello es un permanente bomba de tiempo.

Finalmente, aunque no menor, la heroica oposición de la ciutadania persa, que esperaba la ayuda prometida, desaparece de todas las ecuaciones, completamente abandonada por quien aseguró que iría a su rescate. Trump ha usado, ha manipulado y ha abandonado a la lucha del pueblo persa.

Visto lo visto, ninguno de los objetivos que prometió Trump han sido conseguidos. No hay “victoria total y completa”, no existe ninguna “rendición incondicional”, no se ha desenterrado el uranio enriquecido, el Libano continúa secuestrado por Hezbollah, el régimen iraní no ha caído y se reforzará económicamente, no se ha conseguido que Irán deje de apoyar a sus proxys terroristas, los países de la región se han sentido vulnerables y Qatar refuerza su posición estratégica. ¿Qué ha conseguido, pues? ¿Abrir el estrecho de Ormuz? Ergo, ha vuelto al punto de partida sin alcanzar ninguno de los objetivos que había prometido. Estratégica, política y militarmente Trump ha sido humillado por una tiranía perversa a la que prometió derrotar. Para el régimen criminal iraní, es una victoria sin paliativos. Para Estados Unidos, una muestra de vulnerabilidad inimaginable. Y para Israel, una situación alarmante que lo deja solo ante los retos terroristas que lo amenazan. Trump abrazó a Israel durante mucho tiempo. Ahora cabe preguntarse si en realidad su abrazo fue el abrazo del oso.

Trump abrazó a Israel durante mucho tiempo. Ahora cabe preguntarse si en realidad su abrazo fue el abrazo del oso. En cualquier caso, no deja de sorprender la diferencia entre la inteligente y exitosa estrategia que la administración norteamericana está siguiendo en Latinoamérica, con los errores de la estrategia ante Irán. En el primer caso, Trump está cambiando la historia. En el segundo, solo la perpetúa.

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Si algo ha caracterizado esta primera ronda de competencias de la Copa Mundial ha sido el desafío planteado por equipos emergentes a las potencias tradicionales del fútbol. Este fenómeno revela la presencia de procesos globales que están transformando todas las dimensiones de la actividad humana.

La racha comenzó en Los Ángeles con el triunfo de Estados Unidos sobre Paraguay, uno de los equipos más sólidos de Sudamérica y participante habitual en las Copas Mundiales desde 1930. El relativamente joven equipo estadounidense, cuya participación regular en los mundiales apenas comenzó a consolidarse a partir de 1994, anotó cuatro goles frente a un Paraguay que solo logró marcar uno.

Le siguió el sorprendente empate de Marruecos frente a Brasil, selección ganadora de cinco Copas del Mundo, incapaz de imponer su tradicional superioridad. Entre los equipos europeos, solo Alemania mantuvo intacta su reputación de eficacia al derrotar a Curazao por un contundente marcador de 7-1. Holanda no logró imponerse a Japón; Ecuador cayó ante Costa de Marfil; y Suecia sucumbió frente a Túnez. Mientras tanto, Bélgica, España y Uruguay terminaron empatando con Egipto, Cabo Verde y Arabia Saudita, respectivamente.

Estos resultados parciales son indicadores de procesos más profundos que la humanidad ha impulsado exitosamente durante las últimas décadas y que, pese a las críticas y resistencias actuales, difícilmente podrán revertirse.

El primero de ellos es la globalización: un proceso mediante el cual la economía mundial, impulsada por la innovación, el comercio y la circulación del conocimiento, ha permitido que países antes periféricos desarrollen capacidades competitivas que les permiten desafiar a los actores tradicionales. Gracias a este fenómeno, regiones enteras han podido integrarse a las cadenas globales de valor, elevar sus niveles educativos y fortalecer sus instituciones deportivas, tecnológicas y económicas.

El segundo proceso es la inmigración. También objeto de cuestionamientos y demonizaciones en muchos países, la movilidad humana ha sido una de las grandes fuentes de dinamismo económico y renovación cultural. Estados Unidos, por ejemplo, ha logrado mantener una ventaja competitiva frente a otras economías avanzadas gracias, en buena medida, a los flujos migratorios que han ocupado puestos esenciales en la base de la pirámide productiva, permitiendo que sectores altamente calificados concentren sus esfuerzos en la innovación y el desarrollo tecnológico.

Pero las contribuciones de la globalización y la inmigración no se limitan al ámbito económico. Su impacto cultural ha sido igualmente profundo. Basta observar la evolución del arte cinético. Sus antecedentes pueden rastrearse hasta los impresionistas franceses, quienes intentaron capturar el movimiento de la naturaleza en sus lienzos. Sin embargo, alcanzó su máxima expresión en el siglo XX con figuras como Alexander Calder y encontró extraordinarios exponentes en América Latina, entre ellos Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Julio Le Parc, Gyula Kosice y Joaquín Torres-García. La creatividad, como el talento deportivo, florece cuando las ideas y las personas circulan libremente.

Todos estos procesos se reflejan claramente en la composición de las cuarenta y ocho selecciones que participan en la Copa Mundial de 2026. El equipo estadounidense cuenta con la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, ejemplo de cómo el conocimiento deportivo trasciende fronteras. Argentina es, de hecho, el país que más entrenadores ha exportado a esta Copa Mundial, con seis directores técnicos al frente de distintas selecciones. Le siguen Francia, con cinco, y España, con cuatro. En total, veintiséis de los cuarenta y ocho equipos participantes están dirigidos por entrenadores extranjeros.

La propia fisonomía de muchos jugadores refleja también las nuevas realidades del mestizaje global. Un ejemplo emblemático es el arquero japonés Zion Suzuki, cuya herencia multicultural simboliza la creciente diversidad de una sociedad que históricamente se ha caracterizado por su homogeneidad y por su cautela frente a la inmigración.

En síntesis, la Copa Mundial de 2026 ofrece una ventana privilegiada para observar las transformaciones de nuestro tiempo. Lo que vemos en los estadios es un reflejo de cambios mucho más amplios que están redefiniendo las economías, las culturas y las sociedades del planeta. La globalización, la inmigración y la circulación del conocimiento continúan remodelando el mundo, generando nuevas oportunidades y alterando jerarquías que durante décadas parecían inamovibles. Como ocurre en el fútbol, las viejas potencias ya no pueden dar por sentado su predominio, y los nuevos protagonistas han llegado para competir de igual a igual.

Hay causas que no admiten matices ni cálculos políticos. La desnutrición crónica infantil es una de ellas. No es solo una cifra ni un indicador técnico: es el rostro de un niño que no alcanzará su pleno desarrollo, el reflejo de una madre sin acceso a controles adecuados y la evidencia de un Estado que llegó tarde —o no llegó.

Cuando asumí la Presidencia del Ecuador, el país enfrentaba una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil en la región. Cerca del 23,6% de los niños menores de dos años padecían esta condición. Durante años, ese dato permaneció inmutable, como si fuera inevitable. Pero no lo es. Nunca lo fue.

Decidimos tratar este desafío como lo que realmente es: una prioridad nacional y una deuda moral. No como un programa más, sino como una política estructural que involucrara a todo el Estado. Bajo esa lógica, se implementó una estrategia centrada en los primeros mil días de vida —desde el embarazo hasta los dos años—, etapa en la que se define en gran medida el futuro de una persona.

No fue un proceso sencillo. Gobernábamos en medio de una pandemia, de restricciones fiscales, una economía golpeada y una institucionalidad que requería mayor coordinación. Sin embargo, había una convicción ineludible: si no éramos capaces de ponernos de acuerdo en proteger a nuestros niños, ¿en qué sí podíamos hacerlo?

La política pública se tradujo en acciones concretas: fortalecimiento de los controles prenatales, ampliación de la cobertura de salud, impulso a programas de agua segura y saneamiento, y transferencias condicionadas para las familias más vulnerables. Se creó, además, una institucionalidad con metas medibles y seguimiento permanente, donde cada cifra representaba una historia.

Los resultados comenzaron a evidenciarse. Ecuador logró una reducción histórica de la desnutrición crónica infantil, rompiendo una tendencia de décadas. No fue un milagro ni un discurso: fue gestión, coordinación y voluntad política. Se comprendió que un adecuado desarrollo infantil comienza antes del nacimiento. La tasa se redujo en 3,5 puntos, evitando que más de 20.000 niños menores de dos años vivieran en esta condición.

Más allá de los números, lo que permanece son las historias: madres que accedieron por primera vez a controles adecuados, comunidades donde el agua segura dejó de ser un privilegio y niños que hoy tienen una oportunidad distinta. Ese es el verdadero sentido de toda política pública.

América Latina continúa conviviendo con una realidad inaceptable. Somos una región que exporta alimentos al mundo, pero que aún no garantiza una nutrición adecuada para todos sus niños. Esa contradicción nos interpela como sociedad. Hoy, como expresidente, he decidido mantenerme vinculado a esta causa. He puesto al servicio del país una fundación orientada a compartir la experiencia del Ecuador con otros países de la región y a consolidarse como un referente de pensamiento estratégico que contribuya al diseño de políticas públicas efectivas. América Latina necesita más colaboración en red y menos improvisación; políticas basadas en evidencia, con continuidad y evaluación permanente. Sobre todo, necesita entender que la infancia no puede depender del ciclo político.

En junio pasado, tuve la oportunidad de reunirme en Santiago de Chile con el doctor Fernando Mönckeberg, una de las figuras más influyentes en la lucha contra la desnutrición infantil en América Latina. Fue una conversación profunda y enriquecedora. Su lucidez y su compromiso, sostenidos durante décadas, dejaron una enseñanza clara: el éxito de estas políticas depende de su estabilidad en el tiempo.

La lección es clara: es posible avanzar, incluso en contextos adversos, cuando hay decisión y coherencia. Pero estos logros son frágiles si no se consolidan como políticas de Estado y si no se cuenta con el compromiso de la sociedad en su conjunto. Los nuevos gobiernos latinoamericanos tienen ante sí una responsabilidad ineludible. No basta con reconocer el problema; es necesario sostener y profundizar las soluciones. La lucha contra la desnutrición crónica infantil debe trascender ideologías, administraciones y coyunturas.

Combatir la desnutrición infantil es también una forma de encarnar la libertad. Porque la libertad no comienza en el mercado ni en las urnas, sino en las condiciones básicas de vida. Un niño desnutrido es un ciudadano con menos oportunidades desde el inicio.

Porque, al final, la verdadera medida del progreso de una nación no está en sus cifras macroeconómicas, sino en las oportunidades que ofrece a sus niños. Y en ese ámbito, América Latina aún tiene una tarea urgente que cumplir.

*El autor es ex presidente de Ecuador

El proceso de juicio político contra Samuel García ha colocado a MORENA Nuevo León frente a una prueba que va mucho más allá de la figura del gobernador.

Lo que está en discusión no es solamente la actuación de un gobierno estatal. Lo que está en juego es la coherencia de nuestro movimiento, uno que llegó al poder prometiendo combatir la corrupción, exigir rendición de cuentas y someter el ejercicio del poder al escrutinio público.

La discusión tiene que ver con la naturaleza misma del Segundo Piso de la Transformación.

La exigencia moral que la primera defensora de la Transformación del Estado mexicano, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha fijado es inequívoca: que la honestidad sea una obligación permanente de gobierno, que la rendición de cuentas sea una regla aplicable a todos, y que ningún servidor público pueda colocarse por encima de los principios que dieron origen al movimiento.

No es casualidad que la Presidenta de México haya colocado a la honestidad como principio rector de la vida pública. Y tampoco es casualidad que Ariadna Montiel, la líder de nuestra organización, sea igualmente firme en hacer valer esos principios dentro de MORENA.

Porque las definiciones éticas solo tienen valor cuando se está dispuesto a defenderlas.

Por otra parte, todo partido político serio necesita disciplina doctrinaria. No disciplina ciega, sino coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace. Maurice Duverger sostenía que los partidos son los instrumentos mediante los cuales una visión de sociedad logra organizarse y disputar el poder. Giovanni Sartori advertía que cuando los partidos dejan de representar proyectos colectivos para convertirse en vehículos de ambiciones personales, comienzan a perder su función democrática esencial.

Por eso resulta tan revelador lo ocurrido durante la discusión y votación del inicio del juicio político al gobernador y la ausencia y titubeo de legisladores y actores políticos. Aquí no se estaba votando una diferencia táctica ni una reforma secundaria. Se estaba votando la posibilidad de exigir cuentas a un gobierno señalado precisamente por aquello que MORENA nació para combatir.

El caso de Nuevo León permite observar cómo la falta de rendición de cuentas termina deteriorando la calidad del gobierno. Durante años, un gobierno de dos influencers ha construido una narrativa donde comunicar parece más importante que tener verdaderos resultados. Eso es lo que muchos ciudadanos identifican ya como Samuelandia.

Las consecuencias de Samuelandia están a la vista: deuda creciente, obras inconclusas, problemas metropolitanos sin resolver y una sensación cada vez más extendida de distancia entre las prioridades de quien gobierna como monarca adolescente y las preocupaciones de la gente.

Por eso el juicio político trasciende a una persona. Lo que está en juego es un principio elemental de cualquier democracia: que quienes ejercen el poder están obligados a responder por sus decisiones. Y hay que decir algo más con absoluta contundencia. MORENA no es una franquicia electoral. Es un movimiento político con una doctrina, una historia y un proyecto de nación donde las referencias morales sí existen y donde la representación popular implica una obligación ineludible: actuar en congruencia con ellas.

La representación popular en MORENA no otorga el derecho de escoger qué principios defender y cuáles ignorar. Cuando un legislador decide postularse por MORENA, también decide asumir un compromiso con los valores que hicieron posible a MORENA.

Por eso la ausencia, la evasión o la ambigüedad frente a un tema tan elemental como la rendición de cuentas no son simples errores políticos. Son faltas de congruencia con los principios fundamentales del movimiento: no robar (ni dejar robar), no mentir (ni defender la mentira) y no traicionar (por acción o inacción). Y la incongruencia sostenida termina convirtiéndose en una forma de deslealtad hacia el propio proyecto que les abrió las puertas de la representación popular.

En lo personal, yo no tengo dudas de lo que debemos hacer. No pedí licencia como Presidente Municipal de Escobedo para postularme a defender la Transformación en Nuevo León con ambigüedades en mente. Lo hice porque tengo la convicción de que debemos defender la honestidad pública, la rendición de cuentas y el principio elemental de que ningún gobernante está por encima del escrutinio de la sociedad.

Ha llegado el momento de que todas y todos en MORENA Nuevo León asumamos una posición inconfundible para demostrar que suscribimos plenamente la línea moral trazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que entendemos la disciplina doctrinaria y la congruencia política que Ariadna Montiel está fortaleciendo dentro de MORENA.

Porque los principios no sirven para adornar discursos. Sirven para tomar decisiones. Y cuando llega la hora de las definiciones, cada representante popular termina mostrando quién es y qué está dispuesto a defender.

Y en Nuevo León, ha llegado la hora de definirse.

*El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México.

El Salvador ha experimentado una transformación impresionante, aunque distópica, bajo el presidente Nayib Bukele. Hace solo unos años, el distrito histórico era un laberinto plagado de pandillas, con estructuras en ruinas y sucios puestos de mercado. Ahora es una reluciente meca turística de calles peatonales seguras, elegantes tiendas y restaurantes, y edificios cívicos encalados. En su centro se encuentra una enorme biblioteca pública construida por China, una amplia estructura de vidrio iluminada por la noche como un árbol de Navidad, que eclipsa el adyacente Palacio Presidencial.

En junio de 2026, el autor estuvo en El Salvador como invitado de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Este artículo se basa en sus conversaciones allí con empresarios salvadoreños sobre la República Popular China (RPC) y en investigaciones de apoyo.

Una serie de estructuras construidas por la RPC, regaladas oficialmente a El Salvador en 2019 durante la visita del presidente Bukele a la RPC en diciembre de 2019, simbolizan el “nuevo” El Salvador que las eficaces pero controvertidas políticas de seguridad y otras iniciativas de Bukele han permitido. Estas incluyen la biblioteca de $54 millones, que según se informa recibe a 100 turistas y comensales en su restaurante ubicado en la parte superior por cada estudiante que busca libros. Los regalos chinos también comprenden un muelle turístico con restaurantes exclusivos frente a la playa en La Libertad, inaugurado en noviembre de 2024 como parte del proyecto turístico “Surf City” del presidente Bukele.

A pocas cuadras de la embajada de EE.UU. en San Salvador, China State Construction and Engineering (CSCE) está construyendo un gran estadio para 50.000 personas. También está realizando trabajos preliminares para un nuevo centro de convenciones cercano. El proyecto ha generado resistencia, ya que implica pavimentar una parte del parque boscoso “El Espinal”, uno de los pocos grandes espacios verdes de la ciudad. Las empresas chinas también están finalizando una importante planta de tratamiento de agua en el lago Ilopango, anunciada en 2019 pero sujeta a numerosos retrasos.

Aunque el simbolismo de estos obsequios es poderoso, la transformación de El Salvador, se podría argumentar, ha ocurrido a pesar de, y no gracias a, su profundización en la relación con la RPC. La orientación pro-empresarial del presidente Bukele, la coordinación público-privada y la drástica reducción del crimen y la inseguridad han reabierto el país al turismo, la inversión y otras actividades económicas, incluyendo 80 grandes proyectos de construcción, aunque las empresas de la RPC han invertido casi nada en este auge.

La relación comercial de China con El Salvador es cada vez más desigual. En 2024, el país exportó apenas $50 millones a la RPC, principalmente en azúcar, mientras importó $3.570 millones de ella.

En abril de 2024, el gobierno de Bukele lanzó públicamente negociaciones para un tratado de libre comercio, aunque personas cercanas al gobierno le dijeron al autor que se ha dejado de lado discretamente.

A nivel minorista, la penetración de productos chinos es notable. Tiendas enfocadas en mercancía china como China Depot, Banda e Hiper Asia son omnipresentes en la capital, incluso en ubicaciones icónicas como la calle Rubén Darío y el bulevar del Ejército.

La mayoría de productos chinos son importados por empresarios locales. Por ejemplo, el Grupo Unicomer, del salvadoreño Mario Simán, es un importante importador de electrónicos chinos. Energy Motors, de propiedad local, importa vehículos BYD y otras marcas chinas, aunque CFMoto, con sede en Zhejiang, es un gran importador de motocicletas chinas.

En telecomunicaciones, las empresas de la RPC han capturado un estimado del 60% del mercado de teléfonos inteligentes. Huawei, que ingresó al país en 2007, se retiró efectivamente de El Salvador en 2022. Sin embargo, prácticamente todas las demás marcas chinas están presentes, trabajando con los principales proveedores salvadoreños Claro, Tigo, Movistar y Digicel. Xiaomi de China inauguró una tienda insignia en San Salvador en noviembre de 2020, su mayor local minorista en Centroamérica, y actualmente cuenta con cuatro tiendas en el país. Honor opera en El Salvador desde octubre de 2022, incluyendo una colaboración en 2024 con Digicel para establecer un “Centro de Experiencia” en San Salvador. ZTE estableció de manera similar una alianza con Digicel para vender sus teléfonos en El Salvador en abril de 2026, mientras que Oppo firmó convenios con Digicel y Claro en 2025 para vender sus productos en el país.

Más allá del comercio minorista y los trabajos en proyectos de construcción donados, la presencia empresarial china en El Salvador ha sido limitada.

En el sector farmacéutico, tras donaciones de vacunas durante la pandemia de COVID-19, Sinopharm, con sede en la RPC, intentó sin éxito establecerse en el país.

En el sector eléctrico, la gigante china PowerChina está trabajando en un modesto proyecto de energía solar de 30 megavatios en Conchagua, en un área donde el gobierno de Bukele comenzó la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en febrero de 2025, como parte de sus planes de transformar la zona en un nuevo centro de desarrollo. Aunque existen sospechas de que una empresa de la RPC como CSCE podría ser seleccionada para construir el aeropuerto con un préstamo de $386 millones del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, la información sobre la selección se guarda bajo estricta reserva.

La zona es la misma en la que años atrás el empresario chino-salvadoreño Bo Yang adquirió subrepticiamente la isla Perico, cerca del puerto de La Unión, lo que generó preocupación de que toda el área se esté reservando para un megaproyecto chino.

El desequilibrio comercial también refleja, posiblemente, la falta de infraestructura y redes gubernamentales para apoyar la venta exitosa al mercado chino. El antiguo organismo de promoción comercial, PROESA, y su reemplazo, INVEST, supuestamente carecen de recursos y contactos en la RPC, mientras que el país aún lucha por establecer una identidad nacional de marca contundente que induzca a los chinos a pagar un precio premium por productos agrícolas perecederos salvadoreños enviados al otro lado del mundo.

A diferencia de muchos otros países de la región, no existe en El Salvador una Cámara de Comercio El Salvador-China. El propio organismo de promoción comercial de la RPC, CCPIT, ha estado activo en El Salvador desde 2010, pero facilita más las importaciones salvadoreñas de productos chinos que la compra de productos salvadoreños por parte de la RPC.

Las frustraciones comerciales de El Salvador con China no han impedido que los salvadoreños sigan soñando. El Instituto Confucio, para la enseñanza de idioma y cultura por profesores oficiales de la RPC, establecido en octubre de 2019 en la Universidad de El Salvador (UES), tiene un programa notablemente grande para un país pequeño. Según se informa, 4.500 estudiantes han pasado por el programa desde su fundación, con 300 matriculados solo en el año académico 2026. La RPC otorga aproximadamente 35 becas anualmente a salvadoreños para estudios académicos en China. Un exalumno de la UES señaló que, a pesar de la dificultad del idioma, hay más interés en aprender mandarín que inglés.

Otras universidades e institutos de El Salvador también están introduciendo programas de mandarín no afiliados a la RPC, incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA).

Más allá del idioma, aunque no existen programas de grado en El Salvador sobre estudios de China, el interés sigue en aumento. En noviembre de 2024, durante un viaje a China, el exdecano de la UES, Juan Rosa Quintanilla, mantuvo conversaciones con la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) sobre el desarrollo de materiales de cursos orientados a la RPC en la UES.

Al igual que en otros países de la región, la RPC también continúa relacionándose con El Salvador a nivel político. El embajador chino en la RPC, Zhang Yanghui, según se informa, es muy activo en el establecimiento de redes con asociaciones salvadoreñas y habla español con fluidez.

En abril de 2024, una delegación de congresistas del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, liderada por el vicepresidente Félix Ulloa, viajó a la RPC. El alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, Mario Durán, también ha viajado a la RPC, apoyado por un memorando de entendimiento de 2019 sobre intercambios amistosos y cooperativos entre Beijing y San Salvador. La RPC ha llevado a numerosos periodistas salvadoreños a China, especialmente del periódico progubernamental Diario de El Salvador. Entre los periodistas destacados que han viajado y cubierto China, se encuentra Boris Lozano, entre otros.

A pesar de dicha vinculación política, el presidente Bukele ha evitado notablemente una cooperación sustancial en materia de seguridad con la RPC, posiblemente reflejando un deseo de mantener buenas relaciones con Washington.

En resumen, en el contexto de la impresionante transformación de El Salvador, su relación con China sigue siendo limitada y contradictoria. El gobierno de Bukele y los empresarios salvadoreños continúan esforzándose por mejorar el comercio con la RPC, mientras se protegen de las consecuencias.

* El autor es Asociado sénior no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).-

El ataque a la democracia y en muchos casos su destrucción, la persecución judicializada y asesinato de la reputación de líderes democráticos, y la suplantación de la política por el crimen organizado, perpetrados por el socialismo del siglo 21 o castrochavismo en Latinoamérica, deja sociedades en crisis y gobiernos que señalados por la historia como de restauración de la democracia, resultan débiles, no toman el poder, no logran gobernabilidad y presentan el estigma del “miedo a gobernar cumpliendo y haciendo cumplir ley”.

El “acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho” es un elemento esencial de la democracia por el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana que es norma obligatoria para todos los países de las Americas. Estado de derecho representa que “toda decisión de los órganos de gobierno debe estar sujeta a la ley y guiada por el absoluto respeto a los derechos”. Este principio tiene por objeto “crear un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público”.

El castrochavismo es la expansión del modelo cubano de Fidel Castro con los recursos del petróleo venezolano malversados por Hugo Chávez, que sostuvo la dictadura de Cuba y convirtió en dictaduras a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Además logró el control casi total de Latinoamérica promoviendo y sosteniendo presidentes y gobiernos serviles o para dictatoriales de los que hoy restan el de Lula da Silva en Brasil, Sheinbaum en México y Petro en Colombia (tuvieron esa condición los Kirchner en Argentina, Bachelet y Boric en Chile, Toledo en Perú, Lugo en Paraguay, Castro en Honduras y más).

En los regímenes dictatoriales del castrochavismo en Latinoamérica, en Cuba con Castro y Diaz Canel, en Venezuela con Chávez, Maduro y Rodríguez, en Nicaragua con Ortega y Murillo, en Bolivia con Morales y Arce, se suplantó el “estado de derecho” por “el terrorismo de Estado”. Se reemplazo el respeto a la ley que protege al ser humano y el orden público por la comisión de delitos desde el gobierno para generar miedo en la población y de así lograr conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles.

El terrorismo de Estado se ejerció y se ejerce en las dictaduras castrochavistas con el control total del sistema de justicia, la judicialización de la persecución política, la operación de “fiscales sicarios” y “jueces verdugos”, la imposición de “leyes infames” que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos, la liquidación de la prensa libre y un largo etcétera que produjo presos políticos, asesinatos físicos y de reputaciones, exilio y sumisión.

El castrochavismo ha perdido el gobierno en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Republica Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y más, pero en muchos de esos países no han entregado el poder, porque lo retiene con las constituciones que suplantaron, las leyes infames que impusieron, los fiscales y jueces que aún operan, y las instituciones que controlan. La realidad en cada país tiene diferentes grados de avance o resistencia, pero el desmontaje de los narcoestados y la reinstitucionalización democrática es una dura tarea pendiente o en curso. El cambio geopolítico que se expresa con la captura del dictador Maduro, el ultimátum en curso a la dictadura de Cuba, la operación Lanza del Sur, el Escudo de las Americas, facilita la tarea.

Perdido el gobierno y para no perder el poder el castrochavismo administra la violencia. Para eso dispone de medios como sindicatos, federaciones, centrales, movimientos sociales, organizaciones populares, medios de comunicación y organizaciones que en realidad encubren operaciones delictivas contra los derechos humanos del pueblo y contra la estabilidad del gobierno.

Además, retienen representación parlamentaria con la que bloquean las necesidades de cambio, deterioran al gobierno, negocian impunidad y sostienen sus sistemas violatorio de derechos humanos y libertades fundamentales. Los “opositores funcionales”, que cuando el castrochavismo tenía el gobierno y el poder eran los cómplices para la simulación de una democracia inexistente, forman parte de la resistencia porque son parte de los crímenes que requieren impunidad.

En esta realidad objetiva hemos visto y vemos presidentes y gobiernos en Latinoamérica que tienen como estigma el “miedo a gobernar cumpliendo y haciendo cumplir la ley” porque no cambian el sistema dictatorial, porque asumen la estrategia del gradualismo que es su propia muerte lenta, porque no forman gobiernos fuertes de unidad nacional con el objetivo claro de reponer los elementos de la democracia y separar al crimen de la política para recuperar la economía de los pueblos, porque creen que todo se puede negociar incluyendo los derechos humanos de los ciudadanos -a los que están obligados a proteger- que son víctimas de delitos.

No hay recuperación de la democracia, terminación de las leyes infames, no impunidad, ni separación del crimen de la política con presidentes que prefieren mantenerse en el gobierno en lugar de tomar el poder restituyendo el “estado de derecho”. El miedo a ser acusados, perseguidos, asesinados en su reputación, presos o exiliados como sucedió con notables defensores de la libertad y la democracia, paraliza a algunos gobernantes de Latinoamérica. Es el estigma del sistema criminoso del socialismo del siglo 21 que urge superar.

*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

El canciller de Irán aseguró que “nunca habían estado tan cerca”, en forma similar el primer ministro de Pakistán hablo del “texto definitivo”, toda vez que el Memorándum de Islamabad contemplaba 14 puntos fijándose un plazo de 60 días para la negociación del programa nuclear iraní, lo que confirma que Trump decía la verdad cuando aludía a una negociación, a pesar de los desmentidos que salían de la Guardia Revolucionaria (GR).

Por su parte, un alto funcionario, con la debida autorización de Trump revelaba detalles a medios de comunicación escogidos que incluían a INFOBAE, donde se cifraba en un 85% la probabilidad de firmar un acuerdo “en los próximos días” y donde la Casa Blanca resaltaba cinco ejes: primero, la reapertura de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iranies, segundo, el desmantelamiento del programa nuclear, tercero, la destrucción y posterior retiro del uranio enriquecido por parte de Washington, cuarto, el compromiso que Irán cesaría el apoyo a milicias proxis, y quinto, un régimen de inspección que garantizara el cumplimiento.

Este desenlace confirma cuánta razón tenía el más destacado teórico de la guerra, Carl von Clausewitz (1780-1831) cuando definía a la guerra como “la continuación de la politica por otros medios”. De concretarse la firma. por ahora se va a poner fin a una rotativa de declaraciones confusas, donde Trump un día hablaba de tomar miliarmente la isla de Jark y al siguiente dejaba sin efecto la amenaza, situación que se repitió más de una vez, dándole la razón al bengalí Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore (1861-1941) cuando escribía que “cambiar constantemente de opinión no es decisión, sino que se transforma en indecisión”.

El problema es que lo acordado no es un tratado como tampoco un acuerdo definitivo, sino que solo es un Memorándum que fija los temas y criterios a ser discutidos durante 60 días, un paso aplaudible hacia la paz, pero por lo mismo podría conducir a error sobre la base de falsas esperanzas. La verdad es que se ingresó a un nuevo terreno, donde lo seguro, es que en todo escenario que no sea el bélico, sobrevive la República Islámica (RI).

Contrario a lo que se cree, antes de llegar a la Casa Blanca, Trump siempre se opuso a que los problemas políticos se solucionaran vía ocupación militar y así hizo su primera campaña sobre la base de extraer a EEUU de guerras interminables, prefiriendo ataques focalizados que no comprometieran tropas en el terreno. Sin embargo, se hace difícil de explicar que haya iniciado un bombardeo el 28 de febrero sin que ello se prolongara hasta derrotar a la República Islámica cuando el predominio estadounidense era total como lo era la debilidad de Irán, en su peor momento en 47 años. Entonces la duda es ¿por qué y paraqué EEUU bombardeó a partir del 28-II, si no estaba dispuesto a terminar lo que fue iniciado con el objetivo declarado de terminar con la RI?

Ese fue el principal error, haber detenido el avance militar, posiblemente por pensar que la RI era un actor racional, en el sentido occidental del término, con el que era posible negociar, cuando en realidad ni siquiera así se hizo con la Alemania nazi o el Japón militarista, sino que se buscó doblegarlos hasta rendirlos. Hubo una incomprensión de lo que decía hace dos milenios y medio en China Sun Tzu, que las guerras solo se acaban cuando se termina la voluntad de lucha del rival, parecido al error cometido por Israel con Hamas, que hoy busca compensarlo buscando la derrota final de Hezbollah en el Líbano. Tampoco se entendió que victoria y derrota tienen un sentido distinto en el Medio Oriente, y que para la RI su triunfo era sobrevivir en el poder, ya que para su versión fundamentalista de islamismo revolucionario, a lo único que no podía renunciar era al control total de Irán, como la base real que disponía.

Del mismo modo, también ha sido un error que Trump no disponga para la guerra de un portavoz, por lo que con frecuencia ha estado haciendo declaraciones cambiantes, ya que no controla -y quizás nadie lo hace- lo que transcurre en Irán, divididos como están entre un sector político disponible para negociar y el verdadero poder, la Guardia Revolucionaria (GR) dispuesta a combatir hasta el final, sobre la base de ideas de fin del mundo conocido.

Es hoy entendible que con encuestas desfavorables, se necesita abrir Ormuz para lo cual se necesita un acuerdo, toda vez que las amenazas no han surtido efecto, y que el control de Irán tiene una base que no es reflejo de un poder militar que hoy no posee, sino de algo automático que ha paralizado todo tránsito, cual lo es el funcionamiento de los seguros marítimos, donde basta cualquier ataque con un barco liviano o la simple amenaza, para que se paralice inmediatamente la entrega de seguros a barcos que allí transitan, lo que los obliga a detenerse de inmediato.

Aunque EEUU casi no adquiere petróleo desde allá y que la situación de Ormuz lo ha convertido hoy en no solo el principal productor sino también el principal exportador, la realidad interna de EEUU obliga a Trump a bajar el precio del petróleo y la inflación como requisito de victoria electoral. Sin embargo, aunque exista el Memorando ¿Cómo se confía en lo firmado cuando todos concuerdan en una cosa, que la RI nunca ha respetado nada de lo comprometido?, exactamente el lenguaje utilizado para renunciar al acuerdo nuclear firmado por Obama.

No hay claridad en cuanto ha influido el hecho que se le dijo al Congreso que habían terminado las grandes acciones bélicas como también que se había acabado el plazo donde se puede estar en guerra sin consultar al poder legislativo, aunque siempre hubo dudas sobre la constitucionalidad de esa ley que limita lo que puede hacer el poder ejecutivo y que tanto Clinton como Obama no la respetaron.

En la negociación, Irán siempre actuó con gran paciencia, ya que estaban convencidos que el tiempo operaba a su favor. En el fondo se enfrentaron dos estilos, la adquisición hostil que ha caracterizado al capitalismo estadounidense y al propio Trump en temas como Groenlandia, pero la verdad es que Trump había actuado con gran coraje, al ser el primero de ocho presidentes estadounidenses que decidió enfrentar el desafío que ha significado la República Islámica y su Yihad que desde 1979 canta “muerte a América” y que definió a EEUU como el “gran Satán” desde el primer día, ya que la destrucción de Israel era solo la del “pequeño Satán”.

Es llamativo lo que pasó, ya que Trump lo había hecho todo bien hasta que empezó a hacerlo mal, y llama doblemente la atención que con esta decisión haya perdido algo tan importante como lo es la disuasión, similar a lo que le ocurrió a Israel con la invasión del 7-X. Por otra parte, en lo personal menciono el hecho que por escasa oportunidad no se ve a Trump siguiendo las recomendaciones de su libro “El Arte de la Negociación”, ya que por rara vez perdió el control de la narrativa, y al empantanarse en la negociación, fue Irán el que controló el discurso y los tiempos, por el simple expediente de demorar las respuestas y no saber su interlocutor quien tomaba realmente las decisiones, aunque todo indicaba que ante la eliminación del ayatola Ali Jamenei y las heridas de su hijo y sucesor, fue la GR la que llenó ese vacío.

Un error que también es difícil de entender desde el momento que en lo bélico a Trump le había ido bien o mejor de lo esperable en su guerra con Irán, que no fue una guerra elegida por su persona, sino desarrollada desde Teherán desde 1979. Trump cometió un gran error al no explicarle adecuadamente a la opinión pública estadounidense porque estaba atacando a Irán, a diferencia de Israel donde la mayoría entendía la necesidad de hacerlo, con el resultado que fue desde el principio una guerra muy impopular, lo que no ha logrado revertir.

En todo caso, Trump parecía haber entendido la gran lección de Vietnam, que no se puede ir a la guerra si no se estaba dispuesto a ganarla con todo el poder del que se dispone, por lo que con paciencia construyó un poder bélico superior, efectividad que se demostró en los resultados. No solo con un bloqueo total de los puertos que no dejó entrar ni salir barcos con el objetivo único de provocar tal deterioro económico que obligara al régimen a negociar, sino también en lo estrictamente bélico, ya que, aunque no lo reconociera la muy numerosa prensa opositora a Trump y el partido demócrata, es sin duda la guerra más exitosa desarrollada por EE. UU. en los últimos tiempos, no solo en comparación a Afganistán, sino también las dos Guerras del Golfo en 1991 y 2003, no solo en relación con guerras similares, sino también usando el precio del petróleo como referencia, ya que aun en situaciones de crisis menores, en marzo del 2012 cuando Obama buscaba su reelección, el precio del crudo Brent subió a un equivalente a 175 dólares por barril de hoy.

No solo en duración de la guerra que en Afganistán fue de dos décadas, sino que en la oportunidad actual, las pérdidas de vidas humanas como también de aviones y otras armas han sido muy escasas en comparación por ejemplo a 1991, donde la Operación Tormenta del Desierto fue considerada casi en forma unánime un “brillante éxito militar” en palabras del New York Times, a pesar que la coalición liderada por EEUU “perdió 75 aeronaves, 42 de ellas en combate”, y donde la operación aérea y terrestre duró 6 semanas, a pesar de lo cual Google la sigue recordando como “guerra relámpago”. Sin ir más lejos, la invasión de Panamá, cuya fase de combate solo transcurrió durante pocos días en 1989, a pesar de lo cual EE. UU. perdió 23 efectivos, además de 325 soldados que resultaron heridos.

La primera Guerra del Golfo fue diferente, en el sentido que no hubo protestas en las calles o en el extranjero que si las hubo en la invasión del 2003. La de 1991 fue también diferente en el sentido, de tener mucho apoyo para su justificación, lo que consiguió muchos aliados en Europa y en el Medio Oriente.

Sigue perjudicando a EEUU no entender todavía que la yihad y el fundamentalismo huelen debilidad y confusión cuando comienza a dudar de sus propios objetivos, y es eso lo que se presenció en las negociaciones, a pesar de que en esta guerra Irán también perdió a sus proxis y hoy no tiene capacidad para ser una amenaza permanente para Israel y los países árabes del Golfo, como lo fue a partir de 1979. Además, asusta cada vez menos, toda vez que mucho ha disminuido la cantidad de drones y misiles que posee, toda vez que le es cada vez más difícil reemplazar a los destruidos. Hoy, la capacidad del régimen es solo para aterrorizar a su propio pueblo, y así seguir sumando a la cantidad que fueron asesinadas en las calles solo por protestar pacíficamente. En ese sentido, no hay duda de que la figura de Trump se deteriora en la región al aceptar la supervivencia de la RI, toda vez que algunos de sus partidarios más entusiastas (al igual que los de Netanyahu) se encontraban en las multitudes de iraníes que salieron con valentía a protestar, entre otras razones, motivados por declaraciones suyas que los invitaban a hacerlo, y que hoy se sienten nuevamente indefensos. Al respecto, hoy en las RR.SS. en los países donde han emigrado los exiliados, han empezado a manifestar su desilusión.

¿Qué le pasó a Trump? ¿En qué momento empezó a equivocarse? Yo creo que cuando sacó el pie del acelerador y puso en el congelador la acción militar, toda vez que necesitaba seguir presionando, tanto para la victoria final como para obtener concesiones, hoy inseguras, ya que el acuerdo solo anuncia una etapa negociadora, donde el régimen no se siente derrotado sino victorioso, a pesar de toda la evidencia en contra, y con cierta probabilidad tiene deseos de maniatar a su interlocutor en una negociación que va a apostar a la derrota electoral de Trump en noviembre.

¿Cuánto influyeron los errores personales y los de la Administración Trump en la supervivencia de la República Islámica (RI)? No sabemos todo lo que pasó para llegar a este resultado, pero en EE. UU. lo único seguro es que siempre, tarde o temprano, todo termina sabiéndose. Por ahora, en la supervivencia de la RI (República Islámica) si sabemos que fundamental fue el fracaso en anticipar que Irán cerraría Ormuz. Doblemente inexplicable, por su importancia en la comercialización del petróleo y del gas, también por su relevancia para Irán y los países árabes del Golfo, que al ser aliados de Washington sirven de sede para importantes bases militares.

EE. UU. fue sorprendido y no supo cómo reaccionar adecuadamente, ya que sus anuncios de toma del estrecho o de bombardeo de la isla de Jark nunca se concretaron, lo que disminuyó su disuasión. Por lo demás, lo que ocurrió con Ormuz, demuestra una disminución de la importancia politica del ecologismo radical, como también que el mundo ha aumentado su dependencia del petróleo y del gas.

Quizás puede haberse cometido otro error, ya que parte importante de esta decisión estadounidense es el impacto que va a tener en lo que parecía ser una relación especial con Israel, que seguramente ya debe estar empezando a pensar en la posibilidad de tener que seguir enfrentando solo a Irán, tal como en el pasado lo tuvo que hacer con la amenaza de los programas nucleares de Irak y Siria, éxitos militares por los cuales fue duramente criticado. Por ahora, solo ha figurado en forma prominente la crítica a Netanyahu, pero esté o no en el gobierno, los intereses estratégicos de Israel son los mismos, cualquiera sea el primer ministro, un error grande que se comete en el extranjero, al atribuirle solo a Netanyahu políticas que son de Estado, como, por ejemplo, lo es el fortalecimiento de su industria militar. ¿Habrá un distanciamiento entre Israel y EEUU debido a estos anuncios relacionados con Irán o se generará un nuevo acomodo en la alianza?

No lo sabemos todavía, ya que mucho dependerá de los resultados electorales en ambas democracias, materia probable de una futura columna. Por ahora, por urgencias del momento electoral, EEUU fue arrastrado por Irán a “su” negociación, es decir, la mentalidad de bazar capturó a la “adquisición hostil” buscada en algún momento, que también pretendía controlar el suministro del petróleo iraní.

En todo caso, el régimen no solo sobrevivió por insuficiencias de EEUU, ya que fundamentalmente lo hizo por decisiones propias, toda vez que también en ello influyó la carencia de una alternativa a la dictadura, ya que, por su pasado dictatorial, la monarquía no lo es. El régimen también tuvo éxito en posicionar la narrativa de resistencia, gracias a la descentralización de los misiles, hecha después de la guerra de los 12 días, derrota que condujo a Irán a plantear una guerra híbrida asimétrica frente a un poder de fuego muy superior. En todo caso, esa narrativa encontró eco en la gran prensa estadounidense, y como resultado en el resto del mundo, tal como le había pasado a Israel al abanderizarse esos mismos medios a favor de la versión de Hamás.

El éxito mayor iraní fue haber creado una crisis económica global, a pesar de que, considerando las circunstancias, el precio del petróleo ha sido más bajo que lo que se podía haber esperado, probablemente porque no ha faltado, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis del siglo pasado. A nivel interno, la supervivencia de la RI en el poder se debe principalmente a tres motivos, por un lado, la existencia del sistema secreto conocido como Bayt que controla todo lo que se hace en Irán, creado por el ayatola Ali Jamenei, y por cuyas manos pasa parte importante del PIB. Un segundo elemento donde ha tenido éxito fue en llevar la guerra a los países árabes del Golfo, que salvo los Emiratos parecen no haber estado preparados para ello como tampoco fueron defendidos adecuadamente por EEUU Tercero, la utilización de la milicia Basij para asesinar en las calles a quienes protestaban, masificándose así el miedo y el terror.

¿Qué escenario podría aparecer en los próximos 60 días de negociación?

Mi opinión es que lo que tenemos por delante es una repetición probable de lo vivido con el cese del fuego en Gaza y la creación de la Junta de Paz, que consiguió lo que nadie había logrado con el retorno de los rehenes israelíes que seguían vivos en los túneles, pero que hasta ahora no puede conseguir el desarme de Hamás, y por lo tanto, a pesar de los aplausos, todavía no logra iniciar la reconstrucción de la Franja de Gaza como tampoco los países comprometidos han enviado ni tropas ni dinero, por lo que probablemente los 14 puntos del bienintencionado Memorando de Entendimiento seguirán la suerte de los 20 puntos del hoy olvidado Acuerdo Marco para la Paz en Gaza, por lo que al final JD Vance podría haber profetizado que “el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra podría tardar una semana o varios meses”, quizás con la mirada puesta en las difíciles elecciones.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013).

En Venezuela ocurre algo curioso. Cada cierto tiempo cambian los nombres, los cargos, las oficinas y hasta los discursos oficiales; pero lo que rara vez cambia son los resultados.

La llegada de Larry Daniel DeVoe Márquez a la Fiscalía General de la República parecía una de esas ocasiones en las que el poder intenta vender renovación sin necesidad de renovar nada; una especie de remodelación institucional donde se cambia la pintura de la fachada mientras las grietas permanecen intactas.

Su nombramiento generó expectativas, aunque quizás la palabra correcta sea interrogantes porque cuando alguien llega a ocupar uno de los cargos más importantes del sistema de justicia venezolano, la pregunta no es quién es, sino qué está dispuesto a corregir.

Y precisamente allí aparece el problema. Venezuela no necesitaba un simple relevo administrativo, no hacía falta cambiar la firma al pie de los documentos ni sustituir una fotografía en la pared; lo que el país necesita desde hace años es una rectificación moral e institucional.

Se esperaba, por ejemplo, una revisión profunda de los casos denunciados como persecución política, una investigación seria sobre las denuncias de tortura documentadas por organismos internacionales, una evaluación de los procesos judiciales plagados de irregularidades, una señal clara de independencia frente a los organismos de inteligencia señalados reiteradamente por violaciones de derechos humanos.

Hasta ahora, la percepción dominante parece ser otra: continuidad.

Larry DeVoe no aterrizó en la Fiscalía desde un limbo institucional. Durante años fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, una instancia desde la cual defendió posiciones que terminaron convirtiéndose en parte del problema que hoy debería ayudar a resolver.

Entre ellas destacó el bloqueo al ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país; una decisión que, presentada como defensa de la soberanía, terminó transmitiendo un mensaje mucho más simple: quienes investigan violaciones de derechos humanos no son bienvenidos.

Como si esconder el termómetro pudiera curar la fiebre.

Tampoco desaparece de un plumazo otro dato relevante. En 2019, Canadá incorporó a DeVoe en una lista de funcionarios sancionados por considerar que habían sido responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos o de actos significativos de corrupción. Ese antecedente no condena automáticamente a nadie, pero sí obliga a observar con más atención, a exigir más explicaciones, a elevar el nivel de escrutinio.

Cuando alguien llega al máximo órgano acusador del país cargando semejante equipaje político, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación.

Y es precisamente allí donde comienza el verdadero examen: ¿Qué ha hecho la nueva gestión frente a los presos políticos?, ¿Qué ha hecho frente a las denuncias de torturas?, ¿Qué ha hecho frente a las desapariciones temporales, las detenciones arbitrarias, las audiencias suspendidas indefinidamente y los procesos que parecen diseñados para castigar antes de juzgar?

Las respuestas siguen siendo sorprendentemente escasas.

Mientras tanto, familiares de detenidos continúan protestando frente a la sede del Ministerio Público. No exigen privilegios, no piden favores, no reclaman inmunidades; piden algo mucho más elemental: piden justicia.

Cuando una institución llamada a defender derechos responde con silencio frente a denuncias tan graves, ese silencio deja de ser neutral y se convierte en un mensaje.

Por eso el balance preliminar de la gestión DeVoe puede resumirse en tres grandes ausencias: uno, la ausencia de acciones contundentes; dos, la ausencia de una ruptura institucional visible; y tres, la ausencia de empatía frente al sufrimiento humano que existe detrás de cada expediente.

Porque los expedientes no lloran, las madres sí; los documentos no esperan llamadas, los hijos sí; los archivos no pasan años preguntándose cuándo terminará una pesadilla; las familias sí.

Ser fiscal general no consiste en administrar papeles, tampoco en ofrecer ruedas de prensa cuidadosamente calculadas ni en repetir fórmulas jurídicas aprendidas de memoria. Ser fiscal general significa convertirse en la última barrera entre el ciudadano y el abuso del poder.

Y cuando esa barrera desaparece, lo que queda ya no es justicia, es indefensión.

El reloj corre, y cada día sin respuestas fortalece una conclusión que cada vez más venezolanos comienzan a considerar inevitable: que cambió el fiscal, pero no la Fiscalía.

Por eso la pregunta ya no es quién es Larry DeVoe. La pregunta es qué hará cuando la historia le presente la oportunidad de elegir entre proteger al poder o proteger a los ciudadanos.

Porque los cargos pasan, los discursos se olvidan, las propagandas caducan, pero las víctimas permanecen.

No hay un modelo único de salida de las dictaduras. Cada proceso es especial y propio, aunque existen “patrones” comunes que pueden ser tenidos en cuenta en tren de estudiar los casos.

No hay demasiada variación entre un modelo autoritario y uno totalitario cuando están en transición hacia la democracia porque, casi siempre, los primeros migran a los segundos y construyen un marco ideológico con el devenir del tiempo. (Revisar a Juan Linz en este punto es imprescindible).

Lo central es advertir que hay un momento de quiebre emocional y colectivo en el que la sociedad (bajo el yugo dictatorial) empieza a remontar la colina de la libertad (por ejemplo, el 28 de julio para los venezolanos). Los pueblos se deben convencer de que los dictadores habrán de caer, sin esa percepción nada es posible.

Los pueblos, además, son inteligentes, es falso ese preconcepto de que la masa no razona, justamente es quien más sentido de la oportunidad posee.

Cuando el pueblo se puede expresar críticamente ante el modelo autoritario lo hace siempre, incluso con sacrificios de vidas humanas. El periplo libertario de América tiene eso y no pocos entregan lo mayor que tienen por un bien colectivo mayor. La historia de América está sostenida por ese espíritu de héroes anónimos que sacrificaron su vida para un tiempo histórico para los suyos.

Las liberaciones democratizadoras son siempre procesos con avanzadas y retrocesos, por eso requieren una enorme convicción de aquellos que empujan hacia la salida y deben tener un necesario sentido cohesivo entre sus fuerzas. Los tiranos hasta el último minuto están conspirando con tal de dinamitar lo que viene, saben que sus artes no son la legitimidad del pueblo de las que carecen, por eso la redemocratización siempre enfrenta intersticios comprometedores y corrupción ofrecida hasta el último minuto. Y -no olvidarlo jamás- el tirano juega con reglas criminales que el demócrata o la demócrata no tienen en su mazo de naipes. Y los tiranos suelen criminalizar lo que sea con tal de alimentar un día más en el poder.

Es que en el fondo de este asunto hay un debate moral: el tirano no posee una moral respetable, y como rompió los códigos del respeto por la vida del otro, está dispuesto al máximo delirio con tal de dinamitar el advenimiento democrático y ganar un tiempo más en el poder.

La capacidad de pensar ante los tiranos debe ser quirúrgica. Por eso la garantía en las salidas democráticas en las dictaduras es la internacionalización de las acciones lo máximo posible a efectos que esa acción coopere -inclusive- como garante indirecto de todo lo que habrá de suceder.

Las transiciones, además, pagan costos que el pueblo nunca logra comprender in totum, y esto es porque las salidas requieren de mini pactos prácticos de vida civil de todo tipo: no se ingresa a la democracia de un día para el otro, es un viaje desmontar las estructuras totalitarias y pasar al estado de derecho.

La transición democrática tiene lo que suelo llamar “el derecho de la transición” que son normas jurídicas que rescatan la sensatez de lo jurídico necesario -de lo vivido, aunque resulte delirante- para no operar con sentido refundacional absoluto ante todo lo que adviene, porque esa visión suele conspirar contra el derecho adquirido del ciudadano, que además de haber sido dañado por una dictadura no debiera ser ignorado por una democracia. El nuevo paradigma jurídico es un híbrido por algún tiempo y hay que saber que tiene rostro de Frankenstein hasta que se depure.

Pensemos en los modelos de transición de Chile, Argentina y España. En todos hubo convicción ciudadana y hartazgo con las dictaduras, en todos, las calles tuvieron su rol, en todos los líderes emergentes no actuaron con venganza sino con algo más parecido a justicia reivindicativa, y en todos hay cierta parte de la historia que no se resuelve en la narrativa sino con el paso del tiempo.

En algunas de estas transiciones el poder dictatorial se fue difuminando en la democracia (entiendo que es difícil de soportar esta premisa, pero es la única opción posible sin tomar los cuarteles de invierno), en otras el asunto avanzaba gradualmente con el paso del tiempo a velocidades mayores y en otras la inteligencia para pactar y armar el pacto constitucional fue el epítome de un tiempo nuevo.

Tiendo a creer que un nuevo marco jurídico que refleje el nuevo contrato social que la sociedad se da a sí misma, permite ganar unas décadas de sentido común y gobernabilidad. Más aún en el presente donde podemos mirar el pasado y aprender de la lección de este.

Vamos a un asunto delicado: la memoria y la justicia, sí, hay que plantearla y será necesaria. La memoria imprescindible, la justicia también, pero nada es concedido, nada es automático y los tiempos de estos menesteres se tienen que recorrer con las pausas que el propio pueblo se vaya dando sin que ese camino ponga en riesgo la recuperación democrática. No estoy seguro de que se entienda el punto mirado desde afuera, o como si fuera una clase de ciencia política de la universidad, solo la realidad ambienta el recorrido y esa realidad tiene velocidades largas que cada país procesa en base a su idiosincrasia propia.

Y algo central, las elites del país que irrumpe (los noveles en el poder democrático cuando sean investidos) deben entender que están haciendo historia, y para hacerlo se requiere grandeza, sentido magnánimo y capacidad de resiliencia en las decisiones. Siempre la tensión será entre el principismo fácil y la deriva diplomática, habrá que recorrer un camino sincero, honesto, con parámetros que cada transición se da a sí misma, pero que se comparten por los que llegan y se aceptan por los que se van. Fácil de enunciar, un infierno para procesar.

Ese sutil momento es la clave de todo. Allí está la llave de paso, de lo contrario el juego se corrompe. Y claro, los que salieron de la mesa no se van a festejar, siempre estarán al acecho por un tiempo más, por eso los que llegan (todos ellos siempre de la mano) tienen la necesidad de tener un tiempo de sincronía permanente hasta que todo vuelva a funcionar. Parece sencillo, pero es cirugía de máximo nivel.

Hoy, las dictaduras del continente han tenido un bonus track con los Estados Unidos del presente, por un tiempo más esto será así. Es un momento único en la historia del continente lo que se vive, todo lo que se le puede criticar al gobierno americano, en este menester nadie ha hecho más por la liberación de Venezuela y Cuba que la administración de Donald Trump. Otros se han pasado la vida hablando y nada han hecho. Hoy, a la vista está lo que acontece. Por cierto, la hoja de ruta está allí, se requiere más aceleración probablemente. Falta -por plantearlo todo- aún empeño con Nicaragua que no debe quedar al albur de una pareja criminal en el poder que allí gobierna como en un virreinato loco aislado del mundo. No se lo merecen los nicaragüenses y no hay que abandonarlos por nada del mundo.

Por cierto, el derecho internacional ha fracasado, esta es la gran tragedia que ya no se puede esconder bajo la alfombra. El concepto de “soberanía” que argumentan los dictadores no existe cuando constatamos un secuestro del pueblo y una aniquilación de los derechos humanos. Allí, ya era hora, que actualicemos los manuales de derecho internacional público y no repitamos consignas muertas que solo les sirvieron a los dictadores para encriptarse y seguir matando a sus propios ciudadanos. El derecho internacional ha muerto, que nazca uno mejor, más realista, pues el que vivimos era cínico, absurdo, burocrático y lleno de inútiles que poblaron el mundo en beneficio propio. Dieron vergüenza.

La realidad nos obliga a pensar otro derecho internacional porque el que tuvimos fracasó a menos que creamos que los dictadores tienen inmunidad de jurisdicción. Otro asunto que debemos revisar seriamente en el plano académico, le duela a quien le duela y sin la cobardía de no enfrentar la verdad. Siempre el asunto es enfrentar la verdad. Ya lo deberíamos saber de sobra.

Perú confronta hoy el mismo dilema de hace cinco años: la incapacidad de la autoridad electoral para organizar el proceso electoral con efectividad y eficiencia en las zonas más remotas de la geografía nacional. Como consecuencia, muchas mesas de votación carecen del material adecuado o de las autoridades completas el día de la elección, lo que dificulta determinar con certeza si el proceso se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Cuando la diferencia entre los candidatos es amplia, estas fallas del sistema pueden parecer irrelevantes. Sin embargo, en una contienda electoral marcada por una fuerte polarización política y por márgenes extremadamente estrechos, tales deficiencias pueden poner en riesgo la legitimidad misma del sistema democrático. Ninguna de las partes aceptará resultados distintos a los que confirmen su propia victoria. Así comienza a erosionarse cualquier democracia cuyo pilar fundamental sea la soberanía popular expresada mediante la elección de sus líderes.

La aguda polarización que afecta a la democracia peruana tiene varias raíces. Una de ellas es la incapacidad de la economía para absorber la fuerza laboral que el país genera cada año. Como resultado, cerca del 72% de la población económicamente activa desarrolla sus actividades dentro del sector informal. No obstante, este sector representa aproximadamente el 43% de la actividad económica y ha desempeñado un papel crucial en la expansión de las exportaciones agrícolas.

La segunda causa es, sin duda, la crisis educativa. La educación en el Perú está marcada por graves problemas estructurales, profundas disparidades entre las zonas urbanas y rurales, y alarmantes brechas de aprendizaje. A ello se suman la baja calidad de los servicios públicos y las significativas deficiencias en infraestructura.

Todo ello permite concluir que la democracia peruana arrastra demasiados pasivos como para trascender fácilmente la polarización que enfrenta a los representantes del sector informal con los de la economía formal, organizada y dinámica. Ambos grupos representan aproximadamente la mitad del país y parecen concebir la competencia política como un juego de suma cero.

De allí que la tarea más urgente para cualquiera de los actores en contienda sea transformar ese juego de suma cero en uno de suma variable, en el que ambas partes perciban beneficios derivados de la interacción cívica. En lugar de confrontarse permanentemente, deberían encontrar incentivos para cooperar.

Sin embargo, para lograrlo es indispensable comenzar por estabilizar la política. El ingrediente fundamental del cambio son las inversiones sostenidas en infraestructura, salud y educación. En un país donde los mandatarios apenas logran permanecer alrededor de veinticuatro meses en el poder, resulta prácticamente imposible desarrollar la infraestructura necesaria para impulsar el crecimiento. Aeropuertos, carreteras, puentes y represas requieren años de planificación, construcción y financiamiento.

Además, durante todo ese proceso es necesario movilizar cuantiosos recursos de inversión. Si esta situación no cambia pronto, el Perú podría perder la condición de economía estable que ha disfrutado durante las últimas dos décadas. En otras palabras, habrá llegado el fin de la fiesta: el fin del desacoplamiento entre una economía relativamente sólida y una política crecientemente disfuncional.

El 2 de junio de 2026, el Ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, renunció tras más de un mes de protestas y bloqueos que dejaron a la capital sin alimentos, combustible ni suministros médicos, y perturbaron la vida económica y política en todo el país, amenazando con derrocar al gobierno de Rodrigo Paz. Las protestas abordaron diversas cuestiones, como la escasez de dólares y otros bienes, la mala calidad de la gasolina adquirida mediante un contrato estatal, que dañó numerosos vehículos, las demandas de aumentos salariales y la derogación de la nueva ley de propiedad, la Ley 147. Sin embargo, un aspecto singular de la situación boliviana fue que, en el centro de la financiación, la movilización y la duración de las protestas, se encontraban las acciones del expresidente Evo Morales y los productores de coca de la región del Chapare. Esta región y sus productores de coca constituyen, sin duda, el núcleo de la producción de cocaína en el país, que se exporta a Europa, Oceanía y otros mercados internacionales a través de una red de narcotraficantes, algunos de los cuales utilizan Bolivia como base de operaciones o refugio. Más allá del narcotráfico y otras actividades ilícitas, las protestas en Bolivia han alcanzado un nivel de insurgencia, aunque no se las reconozca comúnmente como tales, en la zona gris. Los actores involucrados cuentan con un buen financiamiento y coordinación, y se dedican a tomar o bloquear objetivos de relevancia militar, como tramos clave de carreteras, con el objetivo de aislar la capital y paralizar la economía. Utilizan armamento altamente letal, como dinamita y, en ocasiones, armas de fuego, llegando incluso a emboscar a la policía y otras fuerzas gubernamentales. Mientras tanto, el gobierno y las fuerzas de seguridad bolivianas tratan a estos actores como civiles, no como combatientes, temiendo una escalada del conflicto o ser encarcelados, como ya ha ocurrido, si sus líderes políticos, militares o policiales actúan con excesiva agresividad.

Bolivia, estratégicamente ubicada en el centro de Sudamérica, enfrenta una serie de desafíos de seguridad que se refuerzan mutuamente, centrados en la producción de cocaína y el narcotráfico, la minería ilegal y la inestabilidad interna provocada por grupos radicalizados. El gobierno de Rodrigo Paz, recientemente inaugurado, trabaja para abordar estos desafíos, en parte mediante una reorientación fundamental de su política exterior para reconstruir la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, también ha constatado que esta reorientación está acelerando la movilización de quienes buscan derrocar a su gobierno.

Del 21 al 31 de mayo de 2026, el autor visitó Bolivia durante la crisis política y de seguridad que atravesaba el país, entrevistando a más de 40 expertos bolivianos sobre los desafíos y la situación que se desarrollaba en el país. Este trabajo, uno de los tres derivados de esas interacciones y la investigación complementaria, analiza los desafíos de seguridad de la nación y la labor del gobierno de Paz para abordarlos.

Desafíos de seguridad en Bolivia

Narcotráfico. Bolivia es actualmente una zona de origen de la coca, productora de cocaína y país de tránsito de drogas, además de ser un centro de lavado de dinero y refugio para delincuentes internacionales vinculados al narcotráfico. El papel del país en el narcotráfico internacional se expandió significativamente bajo los gobiernos populistas de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y su sucesor y posterior oponente, Luis Arce. Este papel se amplió con la expulsión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por parte del gobierno de Morales en 2008, a raíz de las acusaciones de Morales de que la DEA había espiado a sus parejas sentimentales y tomado otras medidas para perjudicar a su gobierno. Según los consultados para este informe, la ausencia de la DEA y la eliminación de los programas estadounidenses asociados para combatir la corrupción dentro de la policía boliviana, incluyendo su fuerza antinarcóticos FELCN, provocaron un aumento de la corrupción y una disminución de la eficacia de dichos organismos. En Bolivia, el cultivo y uso de hojas de coca en cantidades limitadas para fines tradicionales es legal, y la superficie permitida para dicho cultivo fue ampliada por Evo Morales mediante la Ley 906 en marzo de 2017. No obstante, la superficie cultivada en Bolivia por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 34.000 hectáreas, supera significativamente las 24.000 hectáreas permitidas por dicha ley. La superficie cultivada en 2024 representó una expansión del 10% en tan solo un año con respecto a 2023. La producción de coca en Bolivia se concentra principalmente en dos regiones: Yungas y Chapare, dentro del departamento de Cochabamba. Según los expertos consultados para este estudio, la coca de los Yungas posee características más adecuadas para masticar y otros usos humanos, mientras que el contenido de alcaloides y otras cualidades de la coca del Chapare están más optimizadas para la producción de cocaína. En consecuencia, el Chapare se ha convertido en el epicentro de la producción de cocaína, así como de su transformación en cocaína en laboratorios clandestinos. Las seis federaciones de cultivadores de coca del Trópico de Chapare, presididas por Evo Morales, se han convertido, sin duda, en el centro neurálgico de la producción de cocaína en Bolivia y sus vínculos con redes criminales transnacionales.

La cocaína y los productos intermedios producidos en el Chapare se distribuyen a mercados principalmente en Europa y Oceanía a través de múltiples rutas, con la ayuda de importantes grupos del crimen organizado transnacional. Entre ellos se encuentran el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo paraguayo Insfrán, la mafia serbia y diversos grupos colombianos, entre otros, tienen presencia en Bolivia y participan en este narcotráfico.

Históricamente, las hojas de coca bolivianas se transformaban en base de coca, un producto intermedio, que luego se transportaba por vía aérea al norte de Argentina para su procesamiento final. Hoy en día, Bolivia produce cocaína mucho más refinada, que se exporta a través de múltiples rutas. Estas incluyen el transporte desde el Chapare hacia el este, a Brasil, o hacia el sureste, a Paraguay, o directamente a Argentina. Si bien parte de esta coca, en particular el “paco” de baja calidad, se consume en la región, la mayor parte se carga en buques mercantes transatlánticos en puertos importantes como Rosario o Buenos Aires, Argentina, o Montevideo, Uruguay. Parte de la cocaína proveniente de Perú también transita por Bolivia siguiendo estas rutas. Además, una porción de la cocaína que sale del Chapare se envía hacia el oeste, al norte de Chile o Perú, con destino final a los mercados de Oceanía o Europa a través de puertos como Iquique o Arica, Chile.

De los dos principales grupos del crimen organizado transnacional brasileño que operan en Bolivia, el PCC se concentra en el contrabando de cocaína en dirección sureste, mientras que la CV tiende a concentrarse en el norte, incluyendo el departamento de La Paz y Pando hacia Brasil.

En los últimos meses, se ha descubierto a importantes figuras del crimen organizado transnacional operando desde Bolivia. Entre ellas destacan Sebastián Marsett, jefe del Primer Comando de Uruguay (PCU), filial del PCC, y Gerson Palmero, del Primer Comando de la Capital. Ambos fueron detenidos en Santa Cruz. Marsett vivía cómodamente en el exclusivo barrio de Las Palmas, junto a la élite empresarial y política boliviana, y era propietario de un importante equipo de fútbol del departamento.

Minería ilegal. Más allá de la cocaína, Bolivia cuenta con una importante industria minera ilegal, un subsector del sector minero informal, mal regulado pero muy extendido en el país, que representa más del 80% de la economía boliviana. La importancia económica relativa de esta minería ha aumentado con el precio del oro, que ronda los 4.500 dólares la onza al momento de redactar este informe, lo que hace que la minería ilegal en Bolivia sea más lucrativa que el narcotráfico en muchos casos.

Como reflejo de la magnitud del sector minero informal, Bolivia es actualmente el mayor importador y exportador de mercurio del mundo. El uso de mercurio en la minería informal tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluyendo la contaminación letal del agua, la vegetación y la fauna.

La minería ilegal también se ha utilizado para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, especialmente porque el oro extraído informalmente se suele comprar en efectivo.

Al igual que con la cocaína, existe una sinergia entre la minería ilegal y Bolivia y Perú. Cuando Perú ha intensificado la represión contra la minería ilegal o ha aumentado los controles sobre el origen de su oro, parte de este oro se introduce de contrabando en Bolivia, donde se considera más fácil obtener documentos falsificados que demuestren que el oro proviene de minas bolivianas. Por el contrario, cuando el banco central boliviano ha comprado oro del sector informal para incrementar sus reservas a precios de mercado, los bolivianos lo han introducido de contrabando en Perú para venderlo a precios más altos en la economía ilícita.

Al igual que en Perú, elementos del crimen organizado chino también tienen presencia en el sector aurífero informal e ilegal de Bolivia como compradores del producto, así como proveedores de equipos de dragado y materiales como el mercurio, entre otras funciones.

Insurgencia disfrazada de protesta. Más allá del crimen organizado, Bolivia ejemplifica la difuminación extrema de los límites entre la protesta política y social legítima y la insurgencia. Las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Chapare, mencionadas anteriormente, han desempeñado un papel fundamental, junto con el Comité de Trabajadores Bolivianos (COB) y la federación de trabajadores Tupak Katari, en las protestas contra los gobiernos bolivianos de derecha, en defensa de gobiernos o políticas que afecten su producción de coca y su transformación de facto en cocaína. El papel de los cocaleros en las protestas bolivianas de mayo de 2026 se basa, en parte, en la orden de arresto emitida por el gobierno contra Evo Morales por no presentarse ante el tribunal para enfrentar cargos de trata sexual de menores, relacionados en parte con la hija que tuvo fuera del matrimonio con Gabriela Zapata, quien entonces tenía 14 años. Los enormes ingresos generados por la producción de cocaína en el Chapare proporcionan, sin duda, los recursos utilizados para transportar a los manifestantes a lugares específicos, pagar su comida, estipendios en efectivo y otros beneficios. Cabe destacar que el uso de dinamita en la economía minera ha hecho que los explosivos sean omnipresentes en las protestas en Bolivia, incluso a un nivel que representa un peligro cuando se lanzan contra vehículos blindados de la policía y el ejército.

Según las fuentes consultadas para este trabajo, a lo largo de los años, los aliados ideológicos de los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales han facilitado el reclutamiento de miembros de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y, según informes, también el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), Sendero Luminoso de Perú y grupos cubanos, entre otros, para brindarles entrenamiento militar y de otro tipo.

En las recientes protestas de mayo de 2026, al igual que en ocasiones anteriores, la combinación de recursos, capacidad letal y entrenamiento militar a disposición de los cocaleros y otros manifestantes ha llevado a que sus acciones se asemejen a una insurgencia de baja intensidad. Durante los esfuerzos de mayo de 2026 para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz, por ejemplo, los manifestantes bloquearon deliberadamente rutas estratégicas que controlaban el acceso de alimentos, gasolina, suministros médicos y otros materiales necesarios hacia y desde la capital, La Paz. Incluso bloquearon las escasas carreteras que conectan la ciudad con el Aeropuerto Internacional y otras zonas de El Alto, la ciudad ubicada en la cima de la meseta conectada a La Paz, e intentaron paralizar los teleféricos que sorteaban los bloqueos viales que conectaban ambas ciudades. Cuando las fuerzas gubernamentales intentaron avanzar en un convoy blindado para desbloquear una de las rutas y crear un corredor humanitario, manifestantes armados con dinamita y armas emboscaron el convoy, obligándolo a retroceder. En el proceso, el Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zambrano, se separó del convoy y, según los informes, su vida corrió peligro mientras era perseguido por los manifestantes que buscaban asesinarlo, tal como años antes habían emboscar un convoy y asesinado a un ministro del gobierno en la misma zona.

En otra parte del país, cuando la policía boliviana intentó bloquear con discos una carretera crucial que conecta Santa Cruz con Cochabamba, fue emboscada por manifestantes que lanzaron dinamita desde posiciones elevadas estratégicamente ubicadas.

En el departamento de Santa Cruz, los manifestantes bloquearon una carretera estratégica en San Julián y movilizaron a miles de refuerzos al enterarse de que miembros de la Liga Juvenil de Santa Cruz planeaban marchar hacia el lugar para levantar los bloqueos. Según los informes, los manifestantes de San Julián habían apostado francotiradores en la carretera anticipándose a la llegada de la UJC, una situación que habría desembocado en una masacre si el comité cívico de Santa Cruz no hubiera cancelado la marcha prevista.

En el análisis tradicional de contrainsurgencia, el intento de un grupo organizado y bien armado de desplegarse militarmente con el objetivo de aislar la capital y derrocar al gobierno se consideraría una insurrección, sujeta a una respuesta armada, aunque proporcional, por parte del gobierno, conforme a las leyes de la guerra en Bolivia. Sin embargo, la tradición de este tipo de protestas, incluyendo el uso de dinamita y algunas armas, sumada a la debilidad y, en ocasiones, la falta de fiabilidad de las fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a tratar repetidamente estas actividades como delictivas, no como un combate.

Respuesta del Gobierno de Bolivia

Dentro del gobierno boliviano, sus fuerzas armadas y policía, existen muchos profesionales competentes que buscan actuar con honor para cumplir con sus deberes, proteger la seguridad del país y combatir a las organizaciones criminales y otras amenazas. Sin embargo, gravemente perjudicado por dos décadas de gobierno del MAS, estrechamente vinculado a los productores de cocaína del Chapare y a intereses criminales en el sector minero informal, y con una financiación insuficiente persistente, el gobierno boliviano y sus fuerzas de seguridad se ven gravemente afectados por la corrupción y la degradación de sus capacidades.

La Policía y la FELCN. Dentro de la policía nacional boliviana, especialmente tras la expulsión de la DEA y la finalización de los programas estadounidenses de capacitación, transparencia y fortalecimiento institucional, los controles contra la corrupción han sido prácticamente inexistentes en un país inundado de actividad y dinero ilícitos. Según los encuestados para este trabajo, la corrupción dentro de la policía boliviana es generalizada. De hecho, a modo de ejemplo, en 2024, Maximiliano Dávila, el zar antidrogas de la era de Evo Morales en Bolivia, fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico, al igual que la anterior directora de la FELCN, Renée Sanabria, en 2011.

Como primer paso para afrontar la situación, el gobierno de Paz reintrodujo a la DEA en el país en 2026, aunque con un número limitado de miembros, operando como representante en una oficina en La Paz.

En la policía en general, además de la corrupción, existe una importante falta de equipamiento necesario tanto para combatir el crimen como para hacer frente a las protestas. Esto incluye una grave escasez de material básico para el control de multitudes, como el gas lacrimógeno, que en respuestas gubernamentales anteriores, el gobierno incluso ha importado de Argentina. La policía boliviana se ha visto obligada durante mucho tiempo a comprar sus propios uniformes y gran parte de su equipamiento. En medio de una grave crisis fiscal, aumentar los recursos policiales aún no ha sido una opción para el gobierno de Paz.

El Ejército boliviano. Las capacidades del ejército boliviano, al igual que las de la policía, se han visto mermadas por la corrupción y el abandono. Durante la era de Evo Morales, el gobierno buscó reestructurar fundamentalmente las fuerzas armadas y transformar su orientación. Entre sus esfuerzos se incluyó la incorporación de cubanos, principalmente al servicio de inteligencia militar boliviano G2, que no solo apoya al ejército, sino que, ante la ausencia de un servicio de inteligencia civil, también integra la inteligencia civil, policial y militar. El gobierno de Morales también utilizó a los cubanos para ayudar a lanzar su “Escuela Antiimperialista” para el adoctrinamiento militar, posteriormente desmantelada por el gobierno de Jeanine Áñez.

El gobierno de Morales impulsó aún más la igualdad entre la tropa y los oficiales, tanto en la policía como en las fuerzas armadas, y abrió el cuerpo de oficiales bolivianos a personal que anteriormente carecía del título universitario requerido, e incluso, en algunos casos, de alfabetización básica. Cabe destacar que un número significativo de estos nuevos reclutas, incorporados a través del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), provenían de Chapare, la principal región productora de cocal y bastión de Evo Morales. Hoy en día, muchos de ellos ocupan, según informes, puestos de liderazgo, con rangos que van desde mayor hasta coronel. Como resultado, el gobierno del presidente Paz se ha mostrado muy reacio a desplegar a las fuerzas armadas o a la policía para enfrentar a los manifestantes, no solo por la falta de equipo y entrenamiento adecuados, sino también por la disparidad de lealtades dentro de las fuerzas armadas y el riesgo de que estas decidieran unirse a los manifestantes, negarse a luchar o incluso participar en actos de sabotaje que incitaran deliberadamente a la violencia para desestabilizar la situación y acelerar la caída del gobierno. Del escaso equipo nuevo adquirido por las fuerzas armadas, prácticamente todo ha sido de baja calidad, comprado o donado por la República Popular China (RPC). Esto incluye 6 cazas interceptores K-8, 6 helicópteros Z-9, un número limitado de camiones militares Dong Feng, 31 vehículos blindados y un pequeño número de patrulleras.

De los seis K-8, dos se estrellaron y, según se informa, solo uno sigue operativo, debido a una combinación de mantenimiento deficiente o postergado y la dificultad para obtener repuestos. Por razones similares, de los seis helicópteros Z-9, solo uno sigue operativo, pero, según se informa, nadie quiere volarlo porque no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Aunque Bolivia intentó mantener una flota antigua de helicópteros UH-1H estadounidenses, el dinero que el Departamento de Estado de EEUU dejó para su mantenimiento fue, según se informa, desviado a otros fines, y ninguno sigue en servicio. La situación es similar con el pequeño número de helicópteros Super Puma de Bolivia. De los vehículos que posee el Ejército boliviano, la mayoría fueron adquiridos del vecino Brasil, incluyendo sus principales camiones de transporte de 2,5 toneladas, fabricados por la empresa INGESSA. Algunos vehículos terrestres de la flota boliviana tienen casi 70 años. De los vehículos anfibios URUTU, ya obsoletos y adquiridos de Brasil, solo seis siguen operativos. También cuentan con un número limitado de vehículos Cascavel, también obsoletos y procedentes de Brasil, de los cuales, según se informa, siete están en funcionamiento. Estos vehículos que aún funcionan lo hacen gracias a que han sido modernizados y mantenidos de forma deficiente.

Bolivia también ha adquirido algunos camiones Nissan “Condor” fabricados en Argentina, pero estos son de uso civil, no militar.

De la pequeña cantidad de vehículos terrestres adquiridos recientemente de China, como se mencionó anteriormente, el Ejército boliviano generalmente no los utiliza debido a sus altos costos operativos, incluyendo un rendimiento de combustible de aproximadamente un kilómetro por litro en un momento en que la gasolina es cada vez más cara y los recursos son limitados. Para detectar vuelos de narcotraficantes, en 2016 el gobierno de Morales adquirió nueve radares de la empresa francesa Thales. Sin embargo, durante su mandato, estos nunca se pusieron en funcionamiento. El gobierno actual, en cambio, ha logrado que aproximadamente la mitad funcione.

Ante estas dificultades, el gobierno de Paz ha retomado el diálogo con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad militar. Según informes, está considerando nuevamente enviar estudiantes bolivianos a instituciones militares estadounidenses como el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), aunque se desconoce el número de estudiantes que podrán recibir financiación en la actual situación fiscal.

Más allá de la cooperación con Estados Unidos, el camino que seguirá el gobierno de Paz con los narcotraficantes, mineros ilegales e insurgentes de facto que buscan derrocarlo es incierto. Según los entrevistados para este trabajo, el presidente ha reconocido en cierta medida la importancia de abordar el tema de Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia boliviana, y otros líderes cocaleros en Chapare, como factores clave para la persistencia, el nivel de violencia y la desestabilización de las protestas. Sin embargo, no está claro si el presidente se arriesgaría a una acción militar o policial que pudiera precipitar la caída de su gobierno, como ocurrió en 2003 con la pérdida de vidas que causó el enfrentamiento con las fuerzas armadas, como sucedió en 2019, o si elementos militares y policiales se unieran a las protestas. Por otro lado, si el presidente intenta negociar con los manifestantes, con la esperanza de dividirlos y sobornarlos, probablemente agravaría los problemas fiscales de Bolivia, lo que en última instancia dificultaría la provisión de los recursos necesarios para las Fuerzas Armadas y la Policía. Además, si el presidente Paz incorpora a algunos grupos radicales de izquierda a su gabinete como ministros, esto podría obstaculizar su acercamiento a Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico que de ello se derivaría.

Conclusión

Bolivia, nación de importancia estratégica, se encuentra en un momento crítico en el que el gobierno de Rodrigo Paz está dispuesto a reconstruir las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad y otros ámbitos, como lo demuestra su participación en la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) y en la Operación Escudo de las Américas en marzo de 2026.

Si bien la cocaína boliviana, el oro ilícito y los refugiados no se dirigen directamente a Estados Unidos, el papel previamente señalado de Bolivia como centro neurálgico para importantes organizaciones criminales internacionales, incluidas aquellas como el PCC y el CV, designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas, subraya la importancia para Estados Unidos del éxito de Bolivia en su lucha contra el narcotráfico, otros delitos transnacionales del crimen organizado y la insurgencia disfrazada de protesta social.

La crisis fiscal de Bolivia y la profunda corrupción que impregna sus instituciones hacen prácticamente imposible que el gobierno de Paz tenga éxito en esta lucha por sí solo. De hecho, incluso la capacidad básica para enfrentar a quienes participan en un “asedio” militar a La Paz se ve debilitada por la falta de confianza en los recursos y la lealtad de las fuerzas de seguridad bolivianas.

Recíprocamente, la caída de un gobierno boliviano pro estadounidense, largamente esperado, comprometido con la lucha contra el crimen organizado y los grupos terroristas, y que se resiste a cooperar con rivales estadounidenses extra hemisféricos, sería desastrosa no solo para Bolivia, sino también para sus vecinos, ya afectados por la economía criminal boliviana alimentada por la cocaína y el oro, y por grupos indígenas radicalizados.

Desde la perspectiva de Washington D.C., el papel de Cuba en el apoyo al gobierno anterior de Evo Morales, y el riesgo de que regresen al poder con él, contradiría directamente el progreso que la actual administración estadounidense ha logrado contra el gobierno narco de Nicolás Maduro en Venezuela, y que busca lograr contra el gobierno comunista en Cuba. Aunque Bolivia se encuentra geográficamente algo alejada de Estados Unidos, es fundamental para la dinámica de la región, a la que Estados Unidos ha dado prioridad en sus estrategias de Seguridad Nacional y Defensa Nacional, por considerarla crucial para la seguridad de su territorio. Lo que sucede en Bolivia tiene implicaciones para Estados Unidos.

Este artículo no va a repetir lo que hemos dicho muchas veces respecto al fracaso del régimen cubano, sino que es un análisis de cómo un sistema puede repetir lógicas de fracaso sin solución de continuidad para que la inexorabilidad de las causas produzca exactamente los mismos efectos, hundiendo cada vez más al país en un remolino de políticas nefastas y extremadamente perjudiciales. El régimen de Cuba no tiene respuesta a su crisis económica, política y social, a sus violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, a su sistema fallido, al cual se le acusa principalmente de silenciar a su pueblo y encerrarlo en su sufrimiento. La naturaleza autosancionatoria de su estructura, su fórmula y sus acciones políticas, así como la parasitación respecto a sus asociados internacionales, han estimulado el fracaso.

El fracaso autoinfligido que será siempre recurrente porque si se cierran todas las vías para resolver problemas, entonces todas las acciones emprendidas en este contexto serán completamente ineficaces y, en última instancia, repetirán sistemáticamente el fracaso. Además, tras reflexionar sobre este tema, la izquierda debería acercarse a la Democracia y retomar el posicionamiento estratégico de defensa de los DDHH, por más que Cuba se considera otra forma de comportamiento de izquierda, esa forma de comportamiento y de conceptualización ideológica es demasiado arcaica, es un símbolo de la guerra fría y de la incapacidad de hacer funcionar las cosas. Un fracaso sistémico difícil de admitir por la izquierda de la región, salvo Mujica que alguna vez calificó al régimen cubano como el sistema de redistribución de la miseria, los demás han obviado hasta las más obvias referencias democráticas que sería necesario hacer al analizar a Cuba.

Por otro lado, la falta de lógica del régimen cubano y la falta de un proyecto ético vuelve absolutamente válida la acusación que se le hace que resalta todos los aspectos repugnantes de la situación nacional. Algunos aspectos que serían verdaderamente revolucionarios y se podría demostrar el beneficio para el país de un “orden público” que tuviera como fundamentos, por ejemplo, una visión moral que restaurara ideas claves como la belleza que pertenece a la geografía de la nación y, fundamentalmente, también la individualidad humana cubana que es extraordinariamente poderosa y productiva. Pero las acciones políticas son completamente contrarias a esto y solo sirven para aislar el poder respecto a su propia gente. Y para que la geografía se transforme en prisión.

Los problemas que enfrenta el país llevan a repetir que esto se debe a que su teoría política se basa en acciones para la reproducción de la crisis pura, que a su vez se basa en la opresión; la “revolución” misma se ha transformado solamente en una forma de opresión, en la que el poder es ejercido sistemáticamente sin capacidad para diversificar, ni para incluir, ni para permitir acceder a Derechos. Todo sistema finalmente debería llegar a un punto en el que debe restaurar la unidad de la sociedad y de las comunidad, pero en Cuba ocurre todo lo contrario, cada vez son más aquellos que el régimen deja fuera del sistema. El “yo” de los cubanos no es admisible para el sistema implementado, es un “yo” que debe ser manipulado desde el control totalitario de la perspectiva institucional, y que si se escapa de la misma se acusa a esos “yoes” de ser la negación de una realidad que intenta ser inevitable.

La seriedad de la política estatal consiste en ignorar los medios técnicos de justicia y todos los valores considerados prácticos, dejando solo acciones de completo control social y político, en las que cada uno de los cubanos puede hacer lo que considere oportuno para micro resolver sus problemas dentro de la logica sistémica institucional general que no permite las soluciones sistémicas necesarias. Desde este punto de vista de resolver los problemas en el esquema de miseria del sistema, es imposible condenar los pensamientos o acciones de nadie, lo que cada uno debe hacer para sobrevivir. De ahí que la represión con espíritu socialista-humanitario que venden, el régimen no aborda diversas acusaciones planteadas respecto de violaciones de Derechos Humanos.

El sistema cubano sigue cerrilmente tratando de probar su fracaso, como si eso fuera algo todavía necesario, quizás si en la izquierda de la región no hubieran tantos obsecuentes respecto a la certificación del régimen cubano, quizás alguno podría haber tenido el coraje de avisarles que ya lograron con creces ese fracaso y que no es necesario seguir infligiendo semejante castigo y dinámicas de sufrimiento a su gente.

El sistema se resiste a asumir racionalidad dado que se encuentra inmerso en su propia lógica y esa es la única razón posible, la razón que hace operar a todos los elementos del sistema y principalmente las dinámicas de sostenerse en el poder y la represión, por lo tanto, la introducción de cualquier otra forma de racionalidad produciría graves problemas o crisis en un sistema que está diseñado para ser disfuncional y autocrático y sin capacidades operativas reales. La principal disfuncionalidad del sistema es que solamente se retroalimenta por los mismos procedimientos y respetando estrictamente sus mecanicismos ideológicos, estas son las condiciones por las cuales los elementos operan y asimilan los insumos que dan marco a esas operaciones, esto ha generado una permanente regresión institucional, especialmente por su desconexión con las relaciones sociales y económicas, así como la neutralización de toda actividad política que podría enriquecer el mismo.

Este principio también presupone que toda verdad y toda acción contienen las semillas de una crisis para la ecología política sistémica nacional, y la acusación más efectiva que se puede hacer contra el régimen es, sin duda, su excesivo énfasis en el lado oscuro de la vida nacional. La historia reciente nos narra la vida de una Cuba que da permanentes muestras de un nerviosismo poco decoroso, que permanentemente explica su comportamiento y luego inmediatamente se entiende que queda justificado, dado que nadie puede desafiar estas explicaciones internamente, las mismas adquieren prácticamente fuerza de fuente de derecho. La “moralidad” del sistema ideológico se transforma en la normativa del sistema social. Parece, pues, que el espanto político, social y económico se ha convertido en sinónimo de comunismo, y por eso la ideología de izquierda pasa por descriteriada muchas veces por defender estos sinsentidos; y si lo hacen y lo son, no resulta extraño que son tan escandalosos a la hora de defenderse. El escándalo a veces puede funcionar como antídoto de la razón, pero definitivamente la altisonancia no resuelve ni remotamente los problemas.

“Los ciudadanos solo podrán evitar confiar su destino colectivo a las fuerzas centrífugas de un sistema autorregulado que opere por encima de sus cabezas, mientras la idea democrática de una asociación de individuos libres e iguales que se han dado a sí mismos leyes conserve la chispa utópica, que puede surgir en cualquier momento de las cenizas de la rutina diaria y estallar en llamas para avivar una defensa enfática de los derechos violados”. Esta frase de Jürgen Habermas en Philosphical Introductions, page 131, polity press, 2018, sirve para pensar lo que ocurre en Cuba.

Las fuerzas centrifugas del sistema autorregulado cubano que opera sobre la gente ha eliminado hasta el último vestigio de utopía, asimismo ha reprimido la defensa enfática de los derechos violados pero no ha podido restablecer la rutina diaria porque el sistema está completamente colapsado por su propia ineficiencia y por sus designios auto-sancionatorios que lo llevan permanentemente a pensar con logica represiva y por lo tanto desestimular cualquier iniciativa que lo pueda hacer echar a andar de manera más o menos decente. Esos reflejos democráticos aparecieron y fueron avasallados por la represión, están allí, esperando su oportunidad, acallados por fuerzas centrifugas que han perdido completamente cualquier viso de acción política que otorgue al país un proyecto ético. Todo el sistema está diseñado para quebrar la resistencia no para que sea parte de la discusión y la elaboración del proyecto común.

Y asustarlos, porque hoy en día el temor ni vergüenza por lo que se llama régimen cubano es algo que salió de los procesos de introspección el 11 de julio de 2021 para ser devuelto a los procesos introspectivos a partir de una represión sistematizada, institucionalizada, pero absolutamente salvaje en su perpetración. El régimen está diseñado para que se comprenda fácilmente la política a través de su significado ideológico, el régimen consiste en la narración de su propia historia de una forma que fuerza la obediencia interna y que internacionalmente apela a la complicidad para parecer que está sobreviviendo, o que persiste, o que es resiliente, cuando lo que ocurre es exactamente todo lo contrario, el sistema ha perecido bochornosamente, sin soberanía, sin soberanía para el pueblo, sin derechos para la gente, sin comida para la gente, sin electricidad para la gente, sin agua para la gente, sin salud para la gente. Obviamente que nada podría ser más triste que la caridad que empieza por casa sea el leitmotiv de cada hogar cubano que padece las más extremas necesidades, mientras algunos intentan alentar internacionalmente a los dictadores lo hacen sabiendo que estos no están interesado en resolver los problemas acuciantes de su sociedad, continuando con la paradoja lamentable de transformar a los enemigos del régimen en enemigos del pueblo cubano, que es el mismo pueblo al que ellos castigan con lógicas de sufrimiento social imposibles de describir.

Pero como el sistema es refractario a cualquier racionalidad que proponga humildemente democracia y Derechos Humanos ha mecanizado su racionalidad ideológica única que exime de esgrimir argumentos, dado que los únicos admisibles son todos los que expresan esencialmente la misma idea: no se puede oponer a quienes ostentan el poder, no se puede oponer al poder dominante, no se puede intervenir en asuntos políticos porque pertenecen únicamente a la jurisdicción del partido comunista cubano, cualquier empresa sin respaldo empírico del poder está condenada al fracaso, y dado que la experiencia demuestra que las personas (disidentes) siempre tienden a hacer el mal, deben establecerse normas estrictas para controlarlas, o de lo contrario “nos hundiremos” en el caos.

Sin embargo, aquellos disidentes respecto al diseño de relaciones políticas, económicas y sociales repiten constantemente las reglas pesimistas de la vida, sin importar las amenazas o escarnios indeseables que escuchen, dirán cuán similar es esto a la naturaleza del Estado fallido del cual no va a venir ninguna solución. Estos disidentes exigen constantemente realismo y se quejan de que el enfoque acumulativo internacional es demasiado permisivo.

De hecho, deberíamos agregar que la reacción exagerada de la represión lleva a sospechar que lo que les molesta es tanto el pesimismo, como el optimismo, es cualquier estado de ánimo que puede transformarse en disfuncional y que pueda operar por encima de las reglas y controles establecidos. Lo verdaderamente preocupante de la teoría sistémica cubana es el conflicto entre el poder y la posibilidad de que la realidad se imponga por sobre el diseño sistémico de la “realidad” paralela impuesta a la sociedad. Es cuando el sistema, no está diseñado para resolver su fracaso sino para imponérselo a la gente o en el mejor de los casos ocultarlo, resulta muy claro que estas condiciones que se ejecutan sobre la población van produciendo un desajuste sistémico acumulativo.

Para comprender esto, examinemos todo el asunto desde un punto de vista estrictamente social respecto a que es exactamente esta acumulación negativa que sufre el pueblo de Cuba, sin Derechos, sin luz, sin agua, auto sancionados por el régimen como hemos señalado, esperando que sus mentiras den frutos en la tierra fértil de simpatizantes ideológicos para quienes el pueblo cubano no tiene derecho a la Democracia, ni que se respeten sus Derechos Humanos, pero sí se exige el más pleno acatamiento nacional e internacional a la soberanía de los tiranos, obviamente no la del pueblo cubano que para esos seguidores ideológicos del régimen tampoco tiene Derecho a ser soberano.

Esta acumulación social negativa es directamente el resultado de la deslegitimación del pueblo cubano por parte del régimen, que actúa sin ninguna responsabilidad frente al pueblo, que no siente la necesidad de resolver ninguno de los problemas que lo aquejan y cuyas instituciones no están diseñadas para gobernar sino para ejercer represión e inteligencia. Y luego también el hecho de no haber sido un socio confiable sino parasitario, verdaderamente no tuvieron problemas sociales por el embargo cuando estaban asociados con la URSS y con Venezuela, el problema es que parasitaron esas relaciones y con ello las transformaron en insostenibles política y económicamente.

El concepto de poder en la mente de la justicia es, por lo tanto, equivalente al concepto de principios constructivos de estructura y funcionamiento sistemica que se implementen y ejecuten de tal forma que la sociedad no sea injusta, en realidad para hacerla lo más justa posible. El poder crea a la justicia y la justicia crea poder según ciertos métodos y conceptos, del mismo modo que el ingeniero crea principios constructivos según definiciones y fórmulas. Todo poder, por consiguiente, presupone conceptos determinados de funcionamiento procurando en general que la base de legitimidad que se otorgue a la ciudadanía sea lo más extendida posible, siendo lo ideal que la legitimidad alcance a todos. El régimen cubano ha hecho exactamente lo contrario, la unica legitimidad está dada para estructuras de funcionamiento del régimen sobre la base de muy restringidos conceptos predeterminados (prácticamente de definición de poder ideológico) y todo lo demás es susceptible de condena y castigo, aun cuando sean frágiles opiniones. Una sociedad injusta es una sociedad fracasada como decía José Antonio Marina, Cuba es el paradigma de esto. Un sistema que funciona por pocos, con pocos y para pocos es completamente disfuncional, la sustentabilidad del mismo depende de su capacidad de integrar las más diversas corrientes políticas, económicas y sociales, de tal manera que las dinámicas de interacción creen condiciones cada vez más extendidas de legitimidad, derechos, producción, servicios, beneficios.

Las soluciones sistémicas para Cuba tienen que ver con la soberanía del Pueblo Cubano, con Democracia para el Pueblo Cubano, con plena vigencia de los Derechos Humanos para el Pueblo Cubano, con aceptar la legitimidad del Pueblo Cubano; es decir la reversión de una fórmula arcaica y fosilizada que ha perpetuado el sufrimiento. Las razones que lleven a Cuba a la Democracia siempre serán buenas razones.

Luis Almagro

Instituto CASLA

Razón y fe, ¿un choque inevitable, o una alianza necesaria entre conceptos que tienden a excluirse mutuamente? Ese fue el eje del extraordinario debate que protagonizaron Josep Ratzinger y Jürgen Habermas en 2004. El filósofo más influyente de nuestro tiempo, como garante de la razón secular, y al otro lado, la razón teológica que defendía el gran teórico de la teología, convertido poco después en Papa. Y así, en la sala noble de la Academia Católica de Baviera volvía a escenificarse el pulso que fluctuaba desde la Ilustración, responsable de la expulsión de la fe, sustituida por la razón como eje del pensamiento. Pero lejos de protagonizar un pulso frontal, ambos pensadores llegaron a una especie de contrato que Ratzinger resumió en una idea luminosa: la mutua purificación.

En síntesis, ante el Estado autosuficiente, basado en el derecho y la autorregulación democrática que defendía Habermas, Ratzinger le recordaba que cuando la razón se cierra en ella misma engendra monstruos como el totalitarismo. Si Ratzinger argumentaba que la religión puede aportar el grosor moral que la sociedad moderna está perdiendo, Habermas le recordaba que la religión también engendra monstruos, como el fanatismo. Reconocidos los monstruos de ambas razones, la secular y la teológica, la conclusión resultó grandiosa: razón y fe necesitaban escucharse y respetarse. Es decir, se necesitaban mutuamente porque la ciencia no puede dar respuesta a todas las necesidades morales del ser humano, ni la fe tiene respuesta para los enigmas científicos. De ahí surgió el concepto que Ratzinger planteó y Habermas asumió: la fe y la razón debían establecer un diálogo sanador porque pueden actuar como “purificadoras mutuas”: la razón evita el fanatismo y el fundamentalismo religioso, y la fe evita que la razón pierda la brújula moral y no se aleje de los valores humanos.

Ese contrato de entendimiento conllevaba deberes: los laicos debían dejar de percibir a la religión como una irracionalidad, y entender que la razón religiosa preserva verdades morales, que la ciencia no sabe precisar; y los creyentes, debían aceptar que era necesario adecuar sus creencias religiosas a los preceptos legales y que la fe no podía imponerse por “razón de Dios”. De este ‘contrato’ entre razón y fe saldría la sociedad postsecular, que aceptaba que la religión es una fuerza viva que la política no puede ignorar.

Veintidós años después, un nuevo Pontífice, León XIV, parece recoger el pulso que los dos grandes pensadores legaron a la sociedad. A diferencia del papa Francisco, cuyo perfil peronista lo llevó a menudo a la tentación política (es decir, al activismo político, más allá del mensaje evangélico), y a la práctica de un cierto populismo, Prevost da muestras de un perfil intelectual más profundo. Su encíclica Magnifica Humanitas es una reflexión de fondo que reclama el retorno al humanismo frente a lo que él llama la “deshumanización tecnológica”: la dignidad humana atacada no solo por la injusticia social, o los diversos males del mundo, sino también por el “tecnofascismo” que sitúa a los seres humanos bajo el control de algoritmos corporativos y ejerce un nuevo colonialismo, el digital. Desde esta perspectiva, alza la voz en favor de la educación como garante del pensamiento, y del arte como guardián de la empatía y la sensibilidad. Lo humano contra lo artificial.

¿Es la inteligencia artificial el nuevo “monstruo” que ha creado la razón?, como parece sugerir Prevost, ¿es la fe, la brújula moral que puede contenerlo?, ¿o es el refugio tramposo para huir del miedo? Lo cierto es que, dos décadas después del debate de Habermas y Ratzinger, los “monstruos” de ambas razones han crecido exponencialmente. Por un lado, el fundamentalismo religioso ha aumentado, inspirado por el miedo y por el vacío de una sociedad sumida en el relativismo moral. Por el otro lado, “la sequedad moral” (según el término que usó Habermas) de nuestra sociedad ha alimentado las posiciones ideológicas más extremas y ha sustituido los debates y las ideas por las pancartas y las consignas, hasta el punto de que ser un librepensador, en la época dorada de las falsedades virales, se ha convertido en un anatema. Son tiempos de pensamientos fast food y dogmas ideológicos (los monstruos de la razón), y de fanatismos religiosos (los monstruos de la fe), y ni unos ni otros dan sentido a la razón secular y a la teológica: al contrario, las niegan. En ese tiempo convulso, la defensa de la “purificación mutua” entre la razón y la fe resulta más urgente que nunca. Lo dijo Ratzinger en una bella frase: “La razón no se salvará sin la fe; pero la fe sin la razón no será humana”. Prevost parece ir en esa dirección.

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48 selecciones van por la Copa del Mundo este año, pero no todas parten del mismo lugar. Haití y Congo enfrentan crisis humanitarias agudas: violencia armada, desplazamiento interno y sistemas de salud al límite. Jordania atraviesa una realidad desafiante: es uno de los países que más refugiados acoge en el mundo. El evento deportivo es una oportunidad de visibilizar realidades que rara vez ocupan la agenda internacional. En estos contextos, equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) brindan atención médica de emergencia, atención materno-infantil, cuidados para sobrevivientes de violencia sexual, rehabilitación y respuesta a brotes epidémicos. Hoy, mientras el fútbol concentra la atención del mundo, también es una ocasión para mirar qué pasa afuera de la cancha.

Haití: conflicto armado, crisis institucional e incertidumbre

Haití atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de la región. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia armada y el colapso institucional se profundizaron: grupos armados controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones del país, miles de personas fueron desplazadas y gran parte de la población quedó atrapada entre enfrentamientos y situaciones de violencia.

El deterioro del sistema de salud es extremo. Más del 60% de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe están cerradas o fuera de servicio, y solo queda un hospital público con capacidad quirúrgica, completamente desbordado. Mientras tanto, aumentan las necesidades médicas vinculadas a heridas por violencia armada y violencia sexual, utilizada cada vez más como mecanismo de control territorial.

Los ataques reiterados contra ambulancias, hospitales y personal sanitario agravan todavía más la situación. En varias ocasiones, MSF se vio obligada a suspender actividades y cerrar centros de atención.

Aún en este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene su presencia en hospitales, clínicas móviles, servicios materno-infantiles y espacios de atención para sobrevivientes de violencia sexual. Solo en los primeros meses de 2026, se realizaron más de 7.500 consultas médicas y se atendieron más de 4.300 urgencias.

En medio de esta crisis, Haití volverá a jugar un Mundial después de 52 años.

República Democrática del Congo (RDC): violencia, desplazamientos y crisis sanitaria

En la República Democrática del Congo (RDC), el desplazamiento se volvió parte de la vida cotidiana. Los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas estatales obligaron a más de 7 millones de personas a abandonar sus hogares, en un contexto de violencia e inestabilidad que sigue deteriorando las condiciones de vida de la población.

A esta situación se suman crisis sanitarias recurrentes. La RDC es, de hecho, el país donde Médicos Sin Fronteras (MSF) desarrolla su mayor número de proyectos médico-humanitarios. Los equipos de la organización trabajan en consultas ambulatorias, campañas de vacunación, programas de hospitalización y tratamiento para la desnutrición infantil e intervenciones quirúrgicas. Además, responden a emergencias epidemiológicas y desastres naturales en diversas regiones del país.

En mayo, se declaró un nuevo brote de Ébola en el este del país, una región afectada desde hace años por la violencia y la inestabilidad. Frente a esta emergencia, MSF desplegó una respuesta a gran escala junto con el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y organizaciones locales. Cientos de trabajadores y trabajadoras de la organización llevan adelante actividades de atención médica, aislamiento y tratamiento de pacientes, vigilancia epidemiológica, rastreos de contactos y medidas de prevención y control de infecciones. MSF tiene una amplia experiencia en la respuesta a brotes de enfermedad por ébola y está movilizando equipos, recursos y materiales para apoyar y colaborar con las autoridades de la RDC.

En medio de este escenario crítico, el país volverá a participar de un Mundial después de 50 años.

Jordania: curar heridas en medio de crisis regionales

Jordania alberga a una de las mayores poblaciones refugiadas de Medio Oriente: decenas de miles de personas que huyeron de crisis y conflictos en Irak, Yemen, Sudán y Somalia, además de 2,4 millones de refugiados palestinos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA).

En Amán, capital del país, Médicos Sin Fronteras (MSF) gestiona un hospital de cirugía reconstructiva. Este centro especializado ofrece atención integral para pacientes que requieren cirugías reconstructivas por heridas de guerra, fracturas, quemaduras, en otras causas, provenientes de diversos conflictos en Medio Oriente.

A nivel general, el programa trabaja de forma continua para crear soluciones innovadoras y mejoras en la atención de todos sus pacientes, tales como prótesis impresas en 3D, mascarillas para quemaduras y un laboratorio especializado en microbiología y resistencia a los antibióticos.

Dentro de este contexto regional, la situación de la Franja de Gaza representa un desafío crítico. En los últimos casi tres años, la escalada de la guerra en Gaza ha causado pérdidas y devastación inimaginables; las personas han sido asesinadas, heridas, sitiadas y desplazadas de manera sistemática.

Frente a este escenario, los equipos de MSF en Amán brindan atención especializada a heridos de la guerra en Gaza, incluidos niños y niñas evacuados por motivos médicos.

Sin embargo, MSF denuncia que, desde el 1 de enero de 2026, las autoridades israelíes bloquean la mayoría de las evacuaciones médicas de pacientes que necesitan atención especializada fuera de Gaza. Esta medida agrava una situación que ya era crítica: las derivaciones por traslados médicos fuera de la Franja llevaban meses siendo extremadamente limitadas. Como consecuencia, más de 18.500 personas continúan en lista de evacuación médica, incluidos 4.000 niños, según datos de la OMS.

Este año será la primera participación de Jordania en un Mundial. Pero detrás del debut histórico también están las historias de millones de personas desplazadas por las guerras y conflictos de la región.

La carrera tecnológica en marcha entre los Estados Unidos y China para dominar primero la Inteligencia Artificial (IA) es probablemente la disputa existencial más importante de la historia. Como durante la “Segunda Guerra” con el desarrollo nuclear y como durante la “Guerra Fría” con la carrera espacial la disputa tecnológica es, nuevamente, entre democracia y dictadura. Estados Unidos necesitó de socios claves para imponerse al totalitarismo nazi y al totalitarismo sovietico. También necesitará de socios claves para imponerse al totalitarismo post-maoista.

Una parte central de la ventaja de las democracias sobre las dictaduras es la capacidad de construir cadenas de valor a lo largo del ecosistema de la IA basadas no solo en la eficiencia productiva sino en la eficiencia que genera la confianza horizontal entre pares. En cambio, el grupo de dictaduras que lidera China solo puede construir lazos de imposición verticales. Como sostiene el canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, el desafío existential por el predominio en la IA supone la imperiosa necesidad de consolidar una “cadena global de valores democráticos”. Este concepto es imprescindible: la vida en democracia no es solo un espacio comunitario entre iguales donde florece la libertad sino es una sofisticada interacción entre agentes económicos que prosperan a través de un intercambio de información que para ser eficiente necesita de la existencia de derechos de propiedad claramente delimitados. Delimitar derechos de propiedad en una cadena global tan compleja como la que involucra al ecosistema de la IA supone un desafío que ha devenido en oportunidad dado que las democracias liberales y capitalistas pueden prevalecer porque intercambian bienes, insumos e información de manera más transparente y horizontal.

La complejidad de la cadena global de suministros tecnológicos y la sofisticación de los nuevos productos no tiene antecedentes en la historia humana. En un proceso tan delicado, la democracia, el estado de derecho y la consecuente clara delimitación de los derechos de propiedad es una condición necesaria no suficiente para una producción eficiente, transparente y donde los “checks and balances” actúen adecuadamente para impedir que déspotas y perversos obtengan (al igual que durante la carrera nuclear) capacidades de destrucción que amenacen la supervivencia de los humanos en el planeta.

Este complejísimo ecosistema se compone de un conjunto acotado de países que albergan, a su vez, empresas extraordinarias: Estados Unidos (por ejemplo, Nvidia, Microsoft, Tesla, SpaceX, Amazon, Google, INTEL, ADM, Oracle), Taiwán (TSMC, Foxconn, Pegatron, Mediatek, Quanta Computer, Wistron, Wiwynn, Accton), Japón (Tokyo Electron, Fuji Automatic Numerical Control (FANUC), Nikon), Países Bajos (ASML), Alemania (Carl Zeiss, EDA) y Corea (Samsung, SK Hynix). Nuevamente, es un entramado complejísimo donde la confianza, la escala y la transparencia son imprescindibles.

Taiwán tiene una importancia estratégica clave en los sectores de los semiconductores y de la inteligencia artificial. Es una democracia liberal donde impera el estado de derecho y esto ha contribuido a consolidar un espacio geográfico donde la innovación y la productividad se encuentran entre las más altas del mundo. Así, el país ocupa una posición decisiva que puede inclinar la balanza en la competencia existencial por el dominio de la Inteligencia Artificial (IA). Ante este escenario, Lin Chia-lung remarca que “Taiwán ocupa el núcleo de la cadena global de suministro de IA y de tecnologías confiables. Controla las capacidades más avanzadas de manufactura y empaquetado, produce alrededor del 90 % de los servidores de IA del mundo, el 60 % de los semiconductores y más del 90 % de los chips más avanzados. En otras palabras, el liderazgo estadounidense en diseño de chips solo puede consolidarse a través de Taiwán”. Esto nos lleva al siguiente punto: occidente no sólo debe defender a Taiwán porque es justo y políticamente imprescindible sino que debe defender a Taiwán por un interés propio que tiene que ver con asegurar la permanencia de sociedades abiertas prósperas en el mediano-largo plazo. Abandonar a una pacífica democracia ejemplar de 23 millones de habitantes frente a una agresiva dictadura de 1300 millones no solo sería profundamente inmoral sino económicamente irracional.

El cambio de era que representa la disrupción de la IA puede ser ejemplificado en el rol reciente jugado por dos empresas americanas claves: Apple y Anthropic. Mientras Apple se enriqueció enorme e irresponsablemente con sus negocios e inversiones en China, Anthropic acaba de publicar un ensayo extraordinario sobre la imperiosa necesidad de que los modelos de frontera de la IA permanezcan bajo el control de las democracias liberales y las sociedades abiertas (“2028: Two scenarios for global AI leadership”). El libro de referencia sobre la irresponsable estrategia de Apple y su CEO, Tim Cook, fue escrito por Patrick Mcgee y es “Apple in China: the Capture of the World’s Greatest Company”).

Paso seguido, en la carrera por un uso responsable de la IA es crucial que se profundice la relación y confianza construida desde la posguerra entre los Estados Unidos, Taiwán, Japón, Corea, Israel y la Unión Europea (principalmente los Países Bajos y Alemania). Es secundaria e incluso peligrosa la búsqueda de un “acuerdo marco” entre los Estados Unidos y China. No es cierto que ser responsable signifique reconocer y aceptar que las dos principales economías y fuerzas militares globales deban sentarse en una mesa como iguales para generar reglas previsibles. Eso sería como reconocerle a Berlín en la década del 40´ legitimidad para sentarse en una mesa de negociaciones para el control y uso responsable de la tecnología nuclear. Eso hubiese sido un oxímoron. Impulsar una mesa entre Washington y Beijing para controlar la IA es otro oxímoron. Anthropic y Taipéi lo entienden y eso es clave. Otros referentes importantes de las democracias liberales parecen a veces no entenderlo.

El trabajo publicado por Anthropic representa un punto de quiebre para una nueva geopolítica. Anthropic es un actor clave de una nueva sociedad civil que impulsa explícitamente una acción directa contra las tiranías por parte del gobierno americano en particular y de las democracias occidentales en general. Si prestamos atención al artículo, es un cambio cualitativo extraordinario, incluso un cambio de época: hasta hace pocos años la principal empresa americana, Apple, era un agresivo e irresponsable lobbista pro-Beijing; hoy la empresa americana más disruptiva, Anthropic, toma una posición radical contra el peligro existencial que representa para la humanidad la posibilidad que una dictadura totalitaria empoderada acceda primero a la vanguardia tecnológica de la IA.

Un artículo del “The New York Times” del 1 de junio pasado refleja bien esta cuestión. Su título es “China Aims AI at Predicting Who Could Pose a Political Risk” (“China apunta a la IA para predecir quién podría representar un riesgo político”). Allí se remarca que “...según investigadores de la Universidad de Vanderbilt, la firma Geedge Networks (ligada al estado chino) está trabajando en nuevos productos que utilizan inteligencia artificial para examinar los datos de ubicación y el uso de Internet para predecir quién podría hacer o decir algo crítico con el gobierno. Esta tecnología, si se perfecciona, daría a los gobiernos autoritarios una herramienta poderosa para usar contra enemigos percibidos. La idea de que un gobierno autoritario utilice inteligencia artificial para reprimir la disidencia es bastante preocupante. Pero el uso de AI para predecir el disenso mucho antes de que una persona se haya expresado, supone un escenario de pesadilla“.

Las democracias se complementan entre sí. Las dictaduras también. En medio de una competencia existencial, las democracias liberales no deben priorizar generar mecanismos de confianza con las dictaduras sino con las otras decisivas democracias liberales. En este sentido, el error conceptual del gobierno de los Estados Unidos que surge de la última cumbre en Beijing es importante. Así, la llegada disruptiva de la IA tiene una evidente similitud con lo sucedido en el crepúsculo de la segunda guerra mundial. Es decir, es una carrera decisiva entre democracias y dictaduras. Si bien la suma de las democracias que se encuentran en la vanguardia de esta disrupción tecnológica (como mencionamos, esencialmente los Estados Unidos, Japón, Taiwán, Países Bajos, Alemania, Corea e Israel) es cualitativa y cuantitativamente más poderosa que la coalición de regímenes represivos liderada por China (junto Rusia, Irán, Pakistán y, entre otros, Corea del Norte), nos acercamos a un punto de quiebre donde parece ser imprescindible comprender la dimensión de la alianza tácita en ciernes entre lo que representa Taipei y lo que simboliza Anthropic.

La carrera tecnológica en marcha para dominar la IA es, repetimos, la disputa existencial más importante de la historia junto a la carrera por acceder primero a la fabricación de armas nucleares. Como aquella carrera graficada en el “Manhattan Project”, la actual es una disputa existencial entre democracias y dictaduras. Estados Unidos puede liderar una constelación de democracias y China liderará un conjunto de dictaduras y regímenes represivos. Al igual que en la carrera nuclear, quien llegue primero definirá las reglas del orden global en las próximas décadas. Esto es una cuestión imposible de subestimar.

Pedro Isern es director ejecutivo de CESCOS, Uruguay

Mientras otras selecciones sueñan con clasificarse dentro de la cancha, Israel vuelve a convivir con un escenario donde la política, la guerra y las tensiones internacionales terminan condicionando incluso aquello que debería permanecer como territorio neutral: el fútbol.

Detrás de cada eliminación o de cada aislamiento no hay solamente una federación o un país. Hay chicos que entrenaron toda su vida soñando con vestir una camiseta en una Copa del Mundo. Hay carreras cortas, oportunidades irrepetibles y generaciones enteras que sienten que cargan con responsabilidades que exceden completamente al deporte.

El fútbol mundial suele hablar de inclusión, de unión entre pueblos y de la capacidad del deporte para tender puentes aun en los peores contextos. Sin embargo, muchas veces esos principios parecen aplicarse de manera selectiva. Y allí aparece una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto es justo que los futbolistas paguen consecuencias por decisiones políticas o conflictos que no controlan?

El fútbol israelí reparte jugadores a muchos equipos de Europa pero cuando los junta para jugar un torneo tiene que enfrentarse con potencias mundiales para intentar logros.

Israel ya conoce demasiado bien esta historia. A lo largo de décadas, distintas generaciones vieron cómo partidos eran suspendidos, sedes rechazadas, competencias condicionadas o contextos internacionales convertían a la selección en mucho más que un equipo de fútbol. El resultado es que miles de hinchas y jugadores crecieron sintiendo que nunca compiten únicamente dentro de una cancha.

En este mundial de 48 equipos hay decenas de equipos inferiores a la selección israelí, clasificaron legítimamente y nadie lo puede discutir. Pero lo lograron dentro de una cancha contra un rival de su continente. Israel no solo no jugó contra sus “vecinos” sino que tampoco pudo jugar de local. Una ventaja que es similar a decir en términos futboleros “les damos los puntos”

Nadie discute la gravedad de los conflictos internacionales ni el sufrimiento humano que producen. Pero precisamente por eso el deporte debería ser uno de los pocos espacios capaces de sostener el encuentro, la competencia y la convivencia aun entre diferencias profundas.

Cuando el fútbol deja de resolver las cosas con una pelota y empieza a hacerlo mediante vetos, presiones o exclusiones, pierde parte de su esencia.

Y otra generación de jugadores vuelve a quedarse sin Mundial.

*El autor es el director del medio Vis a Vis

El golpe de estado en curso que viola los derechos humanos del pueblo boliviano, que pide la renuncia del Presidente Rodrigo Paz y que ha puesto en alerta a las democracias de las Américas, es solo síntoma de la crisis, no es la crisis. Bolivia soporta desde el año 2003 la destrucción de la sociedad, la educación, la justicia, la legalidad, las instituciones, la economía, la unidad nacional y el intento de liquidar la Nación Boliviana, victimada por el socialismo del siglo 21 que con Evo Morales y su grupo delictivo convirtieron al país en una dictadura/narcoestado.

Con el golpe de estado consumado el 17 de octubre de 2003 contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó la destrucción de Bolivia como República independiente y soberana. Destruyeron las Fuerzas Armadas de la Nación acusando falsamente a los mandos militares de la democracia de los crímenes cometidos por los golpistas, planearon la ocupación de la Policía Nacional, del sistema de justicia, la liquidación del sistema regulatorio, la independencia del Banco Central, la terminación de la Participación Popular, la subordinación del Parlamento y más.

Los miembros del Alto Mando Militar 2003 fueron enjuiciados y perseguidos junto al presidente derrocado y los ministros. Los Generales de la República y oficiales no eran políticos, habían cumplido ordenes en el marco de la Constitución y las leyes, tenían mando por el mérito en el ascenso y los mecanismos legales e institucionales de la democracia, pero fueron encarcelados, condenados y humillados. Así se acabó en Bolivia -con efecto regional- la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan su rol constitucional de “Institución Fundamental se la Patria”. Era la “vacuna castrista”.

Con control total de la justicia -aplicando el método de Cuba y Venezuela, con cubanos y venezolanos operando- Morales persiguió y mandó sentenciar más mandos militares con falsas acusaciones como los “misiles chinos”, acusando falsamente a generales de la democracia de haber entregado material -obsoleto y de descarte- al imperialismo norteamericano.

Evo Morales renunció en 2019 por fraude electoral y huyó a México con ayuda de sus “opositores funcionales”, asumió la Presidenta Jeanine Añez, “salió el dictador pero no la dictadura”. Quedó intacto el sistema dictatorial de leyes, destrucción de instituciones, narcoestado pluri, multiplicación de la confrontación para destruir la nación, corrupción e impunidad, control de la justicia con “fiscales sicarios y jueces verdugos”, fraude electoral y más. El poder dictatorial reconoció a la presidenta Añez, luego la desconoció y más tarde la encarceló, y los mandos militares fueron perseguidos, encarcelados, condenados y humillados.

El mérito en los ascensos fue desconocido por Evo Morales y Luis Arce, haciendo de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional entes manipulados por el régimen e intervenidos por Cuba-Venezuela-Irán, destruyendo la “doctrina institucional”, cambiando ingreso y contenidos de estudio. Pusieron a las Fuerzas Armadas al servicio del crimen trasnacional creando la “Escuela Antiimperialista del Alba” con las dictaduras de Cuba e Irán. La Policía Nacional al servicio del narcoestado pluri expulsando a la DEA y corrompiendo.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional, Fiscalía General de la República, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional Electoral y más, con mandatos democráticos vigentes fueron barridos con la promulgación -luego de falsificaciones, masacres sangrientas y fraude- de la constitución del estado plurinacional que cambió los nombres de las instituciones para ocuparlas.

Organización del Poder Ejecutivo, Descentralización Administrativa, Participación Popular (poder a los municipios), Sistema de Regulación, Banco Central, Ley de Sustancias Controladas y Lucha contra el narcotráfico, Ley de Tierras (INRA), Sistema de garantías a la inversión, Sistema Educativo Nacional, Seguridad Social, Medicina, y más fueron destruidos y suplantados con “leyes infames” que son las que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos.

Cambiaron códigos y procedimientos, establecieron tribunales especiales, justicia paralela, encarcelaron y asesinaron a defensores de la libertad, asegurando la impunidad de los delincuentes y nuevos ricos del régimen.

Destruyeron el Poder Legislativo cambiando sistemas, restando competencias, anulando la inmunidad parlamentaria, operando mecanismos de subordinación y convirtiendo al llamado “primer poder del estado” en un apéndice del poder central.

La realidad objetiva, la crisis y extensa documentación prueban las “violaciones a los derechos humanos”, la inexistencia de “estado de derecho”, la falta de separación e independencia de los poderes públicos, la imposibilidad de “libre organización política” (presos y exiliados políticos), y el secretismo del registro electoral.

Hoy, no existe en Bolivia ninguno de los elementos esenciales de la democracia, y mientras esto ocurra la crisis persistirá, se agravará y llevará los bolivianos de la pobreza a la miseria. El Presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno pero no el poder.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Pronto viajará, si es que ya no va en camino. En cierto modo, nunca ha dejado de estar presente, ya que todo lo que ha hecho en el exterior ha tenido a Venezuela como objetivo, pero ahora se trata de su regreso físico, oportuno y necesario, además. Todo indica que ya era muy poco lo que podía obtener de su estadía en el extranjero, mientras que en su país la oposición necesita articular una presencia de masas de la cual hoy carece y que probablemente solo ella puede lograr, en un contexto donde Delcy Rodríguez ya habla y toma decisiones como candidata, toda vez que el tipo de transición que Venezuela vive tiene como hecho distintivo que el chavismo sobrevivió, y va a ser un factor (casi) permanente, sin duda durante la transición, por lo que sigue siendo el rival a vencer.

María Corina Machado (MCM) ya ha anunciado varias veces el regreso, y como es lógico ha dicho que lo va a coordinar con EE. UU., seguramente Marco Rubio, y el momento tiene que ver no solo con ese hecho, sino también con entendibles motivos de seguridad, toda vez que, en este protectorado de Washington, el dictador se fue, pero todavía permanece la dictadura.

Entonces, ¿a cuál Venezuela regresa MCM? ¿A qué regresa?

El objetivo fundamental es empujar lo que está faltando en la transición venezolana, un itinerario que incluya un calendario hacia la democracia, partiendo por la fijación de una fecha para las elecciones. Aunque se desconocen los detalles, sin duda debe existir un plan, debatido y consensuado al interior de la dirigencia, además de informado a la Casa Blanca, por lo que lo único que debiera hacer este columnista, es recordar aquello que ha estado presente en toda transición exitosa.

El análisis de la transición venezolana debe partir por constatar el hecho que MCM cumple un rol especial, un respaldo y confianza de su pueblo, que quizás nadie lo había tenido a ese nivel desde Mandela, un liderazgo a ser canal y no dique. Aunque hay rasgos comunes en las transiciones exitosas, en general, todas son diferentes una a otra, y Venezuela está resultando serlo. Muchos cambios se han dado en el país desde el 3 de enero, además que sin duda no es el mismo país del 2024, donde MCM se convirtió en la lideresa de la transición democrática al encabezar su triunfo personal en las primarias y el de Edmundo González en las urnas.

Su desafío inicial va a ser mantener esa relación especial, ya que es posible que los cambios que ha tenido Venezuela también hayan cambiado a los venezolanos, que hoy podrían estar prefiriendo la estabilidad sobre el cambio, tal como ha ocurrido en otras transiciones. Sin duda, la presencia de MCM va a ser un revulsivo para la actual situación de arrinconamiento en la cual la dictadura mantiene a las fuerzas democráticas, al conservar la iniciativa, por lo que lo primero que tiene que lograr MCM es aumentar la relevancia opositora, que hoy no es considerada ni tiene peso en las decisiones que se están tomando, ya sea por el régimen chavista o impuestas desde Washington, claramente en el petróleo.

Por lo tanto, primero, para lograr una modificación de lo anterior, clave va a resultar que MCM sea recibida por una multitud en Caracas, de las más grandes que el país ha conocido, antes de iniciar su recorrido nacional, debido a que en las experiencias más exitosas de transición, siempre la relevancia de la oposición democrática aumentó en forma notoria al igual que su presencia en las calles, como elemento de convencimiento general que el futuro es de la democracia y que el régimen está en vías de entregar poder, para lo cual no basta con decirlo, sino que debe ser sentido como tal, incluyendo en Washington.

En segundo lugar, después de ese baño de masas, MCM debe tener un elemento movilizador que no puede ser otro que el calendario democratizador, incluyendo fecha para las elecciones, que aunque tentativa, pueda actuar como freno a la arbitrariedad gubernamental, recordando además, la importancia que adquirió en las primarias y en las elecciones del 28-7, el hecho que existían fechas, en relación a las cuales existió una movilización popular entusiasta, que no se ha vuelto a repetir.

En tercer lugar, y ojalá ya se tenga el respaldo y compromiso de EE. UU. para ello, algo que va a marcar un antes y después, que MCM sea recibida por Delcy en Miraflores y por su hermano en el Parlamento, con todo el respeto que ella merece, para iniciar en condiciones igualitarias un diálogo sobre la transición. Esas imágenes van a ser decisivas para convencer a Venezuela que la democracia va en serio como también el fin de la dictadura, donde es fundamental que MCM no se desgaste en una conversación sin resultados, por lo que esos encuentros debieran tener frutos inmediatos como la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a los militares y policiales, como también la disolución de los organismos represivos y el fin de los colectivos armados.

En cuarto lugar, empezar a ser consultados en decisiones tan importantes como el petróleo y los cambios en el modelo económico y político del país, tanto por EE. UU. como por el gobierno chavista.

En quinto lugar, ganarse un lugar que hoy no se tiene, no solo con mayor movilización en las calles, sino que actuando como el gobierno legítimo que son, por lo que se debieran nombrar portavoces en cada área importante, una especie de gobierno en la sombra, tanto para difundir las propuestas democráticas como para reducir los abusos del gobierno. Ello también debe incluir un diálogo permanente con la embajada de EE. UU., incluyendo discrepar públicamente cuando corresponda, partiendo por temas tan trascendentes como el futuro del petróleo, un lujo que no tienen los siempre muy obedientes hermanos Rodríguez. Es en ese mismo sentido, que MCM debe abrir un canal de conversación y ser recibida con frecuencia por el poder judicial y las futuras autoridades electorales, acudir al Parlamento las veces que sea necesario, y como gobierno electo el 2024 a quien le robaron la elección, dialogar con China y Rusia, incluyendo el tema para ellos muy importante, de la deuda. También arroparse en la bandera nacional para denunciar la ocupación que el país sufrió con la dictadura cubana y agitar el tema del dinero que debe ser devuelto por La Habana. Por último, iniciar conversaciones con Guyana por el conflicto territorial que deja como herencia el chavismo.

Todo lo anterior no para perder protagonismo, sino todo lo contrario, para ganarlo, toda vez que en declaraciones de MCM se recoge lo mismo que surgió en el Manifiesto de Panamá de un sector opositor, en el sentido que regresa entre otros motivos, para negociar en Venezuela una transición “seria y responsable” con el gobierno y también con EE. UU.

No se entendería el regreso si otra persona encabeza la negociación con el régimen, y de ella se espera que postule condiciones de “libertad, transparencia y soberanía” como requisitos para tener por fin elecciones limpias. Este rol es insustituible al igual que su carácter público, toda vez que es necesario obtener además que EE. UU. se comprometa a ser garante de un itinerario, ya que el ámbito de posibilidades incluye también que las prioridades de Washington cambien, en definitiva, que EE. UU. efectivamente se comprometa a que el calendario, cualquiera este sea, va a ser respetado, por tratarse de un régimen que en el pasado no cumplió ningún compromiso, ninguno, ni siquiera aquel donde engañó en Barbados al gobierno de Biden el año 2023, sin que este reaccionara.

El discurso de MCM debe ser optimista a la vez que realista. Ponerle una fecha a la elección presidencial permite una meta, no solo recorrer el país, sino algo que es también lo suficientemente concreto para poder conectar con una ciudadanía leal, pero cansada de consignas vacías. Por cierto, todo acuerdo debe ser para la recuperación de las instituciones republicanas al ser el marco que posibilita una democracia de verdad.

Todo acuerdo puede contener las tres fases de estabilización, recuperación y transición propiamente tal de la propuesta Trump-Rubio, pero nunca, en ninguna transición exitosa fueron vistas como fases sucesivas, mecánicas, sino siempre se aceptó que a partir de algún momento pasaban a ser paralelas, por ejemplo, a partir de la fijación de un itinerario y de fechas de la elección en que el pueblo era consultado.

¿Qué más se necesita además de voluntad realista? No olvidar las esperanzas que han sido depositadas en MCM, como alguien que va a hacer que se respete el compromiso que toda ambición personal en la clase política, por legítima que sea, debe ser pospuesta en aras de Venezuela. Es decir, un compromiso ético, a lo cual la clase política debe aportar una autocrítica siempre necesaria, pero que no ha abundado en este doloroso Vía Crucis que ya dura demasiados años. También sería un aporte la incorporación de algo que también ha faltado, un mejor conocimiento de otras transiciones, al menos las más exitosas, no tanto para repetir lo allí hecho, sino para evitar errores dañinos.

Lo anterior es necesario, toda vez que una transición es un proceso donde se adquieren compromisos no siempre gratos y algunos renuncios, tal como lo saben en Chile negociando con Pinochet, o en España con quienes fueron parte del franquismo, como también pasó en Sudáfrica con quienes provenían del Apartheid.

El realismo es consustancial a todo proceso de transición, cuya característica es la mejor decisión dentro de lo posible, y donde son los principios los que sirven de brújula moral, toda vez que al ser pocos, pero grandes y visibles, orientan siempre hacia lo ético. Parte del realismo básico es que se reconozca el liderazgo de MCM como también que Delcy va a manipular el proceso político y económico a su favor, como la candidata que es.

De ahí la importancia que los principios orienten las propuestas, tal como lo han tenido que hacer otras transiciones en circunstancias parecidas, aunque no sean iguales. Es así como aunque en la mayoría de las transiciones exitosas hubo claridad que el sistema económico debía ser de mercado, siempre las fuerzas democráticas incorporaron preocupación distributiva a favor de los más débiles y un compromiso ético para reducir la pobreza, pero al mismo tiempo, el mercado debiera tener como propósito el crecimiento, ya que de otra manera en Venezuela se pondría trabas al regreso de tantos emigrados como también, si no crece la economía se dificulta una democracia sana, dadas las expectativas que se crean, y por lo tanto, una de las decisiones más difíciles para todo primer gobierno en el retorno de la democracia, es cómo reducir expectativas que no se pueden cumplir.

Acuerdos sobre principios básicos que sirvan de orientación en los múltiples niveles en los que se desarrolla una transición son necesarios no solo en lo económico sino también en lo político, toda vez que hay una merecida nostalgia hacia el pasado democrático de Venezuela, pero al mismo tiempo ha existido una insuficiente elaboración en cómo se avanza a una democracia mejor que la anterior, hacia una de calidad.

Cuando se compara con otros países, incluyendo a una España que solo ingresó por vez primera en su historia a la democracia recién en la década del 70, razón existe en sentir orgullo y nostalgia hacia la democracia del pasado, pero también deben existir más propuestas o al menos más acuerdos acerca de cómo se logra una democracia de calidad, al menos mejor que aquella que criticaba Uslar Petri atribuyéndole responsabilidad al Pacto de Punto Fijo (1958), ya que a pesar de los cambios de gobierno se dificultó “una verdadera alternativa de poder”, cayéndose en esa desviación de la democracia conocida como partidocracia. Hoy es posible y deseable aspirar a una, al menos mejor que aquella que eligió a Chávez, y que se proponga combatir la corrupción.

Se constata una justificada nostalgia celebratoria del pasado, tal como existe en sectores del exilio cubano, pero no ayuda a la transición, donde el recuerdo de lo logrado debe ir de la mano con que no se repita el hecho que una dictadura larga y cruel fue la consecuencia de la facilidad con la que Chávez engañó al país, incluyendo sectores empresariales e intelectuales.

Son demasiadas las cosas que han pasado en Venezuela desde el 3 de enero sin la participación de MCM. No son cosas que le han impactado o derribado, pero que sin embargo le han pasado por el lado. Y ese es el punto. MCM regresa no solo a ser parte de la transición, sino también a ganar las elecciones. En su regreso, todo puede hacer menos ser oposición testimonial, ya que es camino directo a la irrelevancia, un lujo que no debe permitirse, ya que se debe negociar y al mismo tiempo quitarle legitimidad a quien ocupa el poder sin haber sido electa.

MCM debe hacer lo anterior con Delcy, su rival, y presionar a Washington para que colabore, aunque ello pueda requerir saltárselos alguna vez y conversar directamente con las petroleras, las reglas que estas necesitan para poder invertir, y que en el futuro venezolano solo lo puede garantizar la legitimidad democrática, exactamente lo que a Trump esos ejecutivos CEO le dijeron en la Casa Blanca.

El realismo debe llevar a aceptar que es posible que Delcy se esté fortaleciendo y que el tiempo juegue a su favor, por lo que MCM debe pasar a la ofensiva. Sobre todo, debe desterrar algo que se ha dado en algunas transiciones, el exceso de confianza, dar por ganada una elección antes de tiempo. Pasa en democracia como también pasa en las transiciones. MCM regresa para cambiar la conversación en la que se desarrolla el proceso venezolano, aprovechar a su favor que Delcy se siente tan tranquila que empezó a viajar al extranjero, incluyendo el viaje a La Haya donde se arropó con la bandera nacionalista, otra evidencia que ya está en campaña electoral, por lo tanto, lo único razonable es no caer en el exceso de confianza y aceptar que las transiciones siempre dan nuevas sorpresas.

MCM tiene un rol especial, que nadie más podría hoy cumplir. De partida, vital va a ser conseguir que la nueva legislación electoral, sin trampa alguna, permita el voto de los millones que se vieron obligados a abandonar el país. Ese voto asegura hoy el triunfo, por ello sin duda el chavismo todavía en el poder va a hacer lo posible para que no tenga lugar. No sabemos mañana, por lo que las transiciones se pueden perder o ganar en el día a día, de ahí la necesidad que las fuerzas democráticas tengan el protagonismo del que hoy carecen, ya que además no se ve hoy en EE. UU. el mismo tipo de compromiso que por ejemplo también tuvo Europa, para la transición a la democracia de los países que eran comunistas, algunos sin la tradición que al respecto posee Venezuela.

De ahí la importancia de tener una idea clara de lo complejas que son las transiciones, ya que lo que ocurrió en la ex URSS y en Europa del Este ofrece muchas lecciones, de cómo a algunos países les fue mejor que otros en su proceso democratizador, y de cómo en algunos casos, como el de la propia Rusia, el Partido Comunista se mantuvo hasta hoy con representación electoral relevante, a pesar de su pasado.

Por otra parte, los deberes que esperan a MCM también incluyen estar preparados para ser gobierno, además, del problema de mantener a EE. UU. interesado en el país después de las elecciones presidenciales, en otros temas que no sean el petróleo.

La experiencia de otras transiciones muestra la dificultad del retorno de quienes se vieron obligados a emigrar, toda vez que es difícil el regreso masivo por el transcurso del tiempo, por hijos que han nacido en otros países, por el tema de la salud y la pensión, por el sacrificio de renunciar a posiciones legítimamente ganadas en el empleo, en la academia o por negocios instalados con éxito en el lugar de acogida. De lo anterior, desde ya surge la necesidad de preparar una legislación especial con los incentivos adecuados, considerando, además, que el exilio venezolano se ha establecido en buena parte del mundo, con notorias diferencias de desarrollo en los países donde fueron recibidos.

Es solo una muestra de los problemas que esperan al primer gobierno electo, además que pocos temas interesan tanto como este a las familias. MCM regresa para conducir a las fuerzas democráticas en Venezuela, liderazgo que debiera ser custodiado, porque no hay otro en el día de hoy. Con Maduro, EE. UU. dio un golpe de efecto contra la mafia. Ahora se necesita que la oposición democrática dé otro golpe de efecto sobre el proceso democratizador, que al fin convenza a militares, policías y jueces que continúan leales a la dictadura.

A todo ello regresa MCM, viaje que también tiene otra derivada. Por eso oportuno es recordar parte del conocido poema Ítaca del griego Constantino Kavafis (1863-1933), en el sentido de un viaje que también es emocional, al interior mismo, en este caso de ella:

“Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino”

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

“Nuestros desembarcos no lograron establecerse satisfactoriamente y he retirado las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, la aviación y la marina hicieron todo lo que el valor y el deber permitieron. Si hay alguna culpa o error en este intento, es solo mío”

Dwight Eisenhower escribió esa nota a mano la noche anterior, el 5 de junio de 1944, a pocas horas de iniciarse la “Operación OVERLORD”, el desembarco más grande del mundo que involucró más de 160.000 soldados estadounidenses, del Reino Unido y de Canadá. Estaba tan cansado y bajo tanta presión que, al final del texto, se equivocó y la fechó como “July 5” (5 de julio) en lugar de junio.

Fue extraordinario que un General con tamaña responsabilidad mundial, escribiera de su puño y letra una nota asumiendo el 100% de la responsabilidad. Demostró su inigualable profesionalismo y firmeza en sus convicciones, es decir un Líder con mayúsculas. Guardó el papel en su billetera y solo se lo descubrió semanas después, cuando su secretario lo encontró por casualidad.

Sin embargo y gracias al verdadero milagro militar que sucedió al coronarse con éxito el Desembarco Aliado en Normandía, este mensaje nunca fue emitido. En su lugar Eisenhower, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, ordenó se transmitiera a todos los soldados a bordo de los buques, solamente cuando los mismos habían abandonados los puertos del Reino Unido, las siguientes palabras, con profunda pasión y sentido realismo:

“Los ojos del mundo están sobre ustedes. La esperanza de la gente amante de la libertad en todas partes marchan con ustedes. Su tarea no será fácil. Su enemigo está bien entrenado, bien equipado y es un veterano de combate. Luchará con ferocidad. Tengan total confianza en el coraje, la devoción al deber y la habilidad en el combate de cada uno de ustedes. No aceptaremos menos que una victoria total. Buena suerte!”

Previo a este 6 de junio, los Aliados pusieron mucho empeño en hacer creer a los alemanes que la invasión iba a empezar en Calais, en lugar de en Normandía. Con ese objetivo, inventaron la presencia de tropas de infantería con base en el condado inglés de Kent, situado en el extremo de Reino Unido y justo enfrente de Calais. Se denominó “Operación Fortaleza”. Como parte de este engaño se construyó un equipo falso, que incluía tanques inflables y muñecos con paracaídas.

Además utilizaron agentes dobles y lanzaron filtraciones controladas de información errónea que llevaron a los alemanes a creer que los Aliados iban a invadir Europa a través de Calais y Noruega. Los alemanes creyeron tanto en esos informes, que incluso después del Día “D” mantuvieron a muchas de sus mejores tropas en el área de Calais esperando una segunda invasión.

El Estado Mayor Combinado Aliado que organizaron la “Operación OVERLORD” “ fueron muy meticulosos sobre el momento en el que se debía llevar a cabo el desembarco. Querían hacerlo una noche de luna llena con marea de primavera para poder desembarcar al amanecer, cuando la marea estaba casi a mitad de camino. Sin embargo, esto se traducía en la práctica en que solo había unos pocos días que cumplieran con todas esas condiciones. Eligieron el 5 de junio, pero terminaron demorándose 24 horas debido al mal tiempo.

De hecho, el pronóstico era tan negativo que el legendario General Erwin Rommel, Comandante Alemán destacado en Normandía, estaba tan seguro de que no habría una invasión que se volvió a su casa para regalarle a su esposa un par de zapatos por su 50° cumpleaños. Estaba en Alemania cuando llegaron las primeras noticias de la invasión y cuando las fuerzas del Día “D” aterrizaron en Francia, Adolf Hitler estaba dormido.

Ninguno de sus Generales se atrevió a ordenar el envío de tropas de refuerzo sin su permiso y nadie se atrevió a despertarlo. Los nazis perdieron así horas cruciales para defender sus posiciones en Normandía. Cuando Hitler finalmente se levantó alrededor de las 10 de la mañana, se enteró del Desembarco Aliado en Normandía pero con su manifiesta paranoia, estaba convencido que Alemania derrotaría fácilmente a los Aliados.

Once meses después del Día “D”, la II Guerra Mundial en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. El curso de la historia cambió radicalmente: cayó el régimen nacional- socialista, responsable no sólo del Holocausto, sino complementariamente de la muerte de millones de civiles y soldados, tanto Aliados como alemanes. El sueño de los 1.000 años del Tercer Reich se desplomaba día a día conforme avanzaban las “Tropas de la Libertad”. El primer hito trascendental fue la liberación de París el 28 de agosto de 1944, festejado con alegría desbordante en todo el mundo.

Sin embargo y pese al esfuerzo del General Dwight Eisenhower, los soviéticos llegaron antes a Berlín determinando la terrible división de esta República en dos Estados: uno, como el ave fénix, resurgió milagrosamente entre las cenizas gracias a la adopción del sistema liberal tanto en lo político (Democracia) como en lo económico (Economía de Mercado) en tiempo récord, con el respaldo del “Plan Marshall”.

La contraparte, fue el establecimiento de un régimen marxista en Alemania del Este, que empobreció al sufrido pueblo germano en las penurias más siniestras, entre ellas, la persecución permanente por parte de la demoníaca policía secreta (Stasi) del bien supremo e irremplazable del ser humano: la libertad.

En este nuevo rompecabezas de la reconfiguración europea, y aprendiendo de las cruentas enseñanzas recibidas durante la II Guerra Mundial de no contar con un mecanismo integrador supranacional de seguridad colectiva en el viejo continente, nació primero las Naciones Unidas (U.N.) el 24 de octubre de 1945 y el 5 de abril de 1949, se crea Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO) para cubrir la falencia defensiva demostrada durante los años de la oprobiosa expansión nacional -socialista.

Desde el punto militar, el Dia “D” representó:

• Apertura de un segundo frente: Hasta ese momento, el mayor peso de la guerra terrestre contra Hitler recaía en la Unión Soviética en el Frente Oriental. El desembarco obligó a la Alemania nazi a dividir sus fuerzas, aliviando la presión sobre los soviéticos y acelerando el colapso del Tercer Reich.
• Liberación de Europa occidental: La exitosa incursión permitió establecer una cabeza de playa inamovible en territorio europeo. Esto dió inicio a una campaña terrestre sostenida que permitió liberar a Francia y posteriormente al resto de los países ocupados por el régimen nazi.
• Capacidad logística sin precedentes: El operativo involucró a más de 5.000 barcos y 11.000 aviones de los Aliados (principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Canadá). Representó una hazaña de cooperación internacional y de ingeniería militar jamás vista.
• El principio del fin: Aunque la guerra continuó por casi un año, el 6 de junio de 1944  disipó cualquier duda sobre el resultado final del conflicto al demostrar que los Aliados podían derrotar a las fuerzas del Eje en Europa continental.

Desde el punto de vista de la reconfiguración geopolítica global, que nos dejó el 6 de junio de 1944

• Consolidación de Estados Unidos: superpotencia militar de Occidente.
• Bipolaridad mundial: Sentó las bases divisorias de la posterior Guerra Fría.
• Nacimiento de las Naciones Unidas y la OTAN: Inspiró la posterior unión militar defensiva occidental.
• Vínculo trasatlántico: Selló la alianza política permanente entre Estados Unidos y Europa Occidental.

La humanidad eternamente agradecida a esos héroes de junio de 1944 ya que sembraron la semilla de un mundo fortalecido gracias al nacimiento de las Organizaciones Supranacionales, del Multilateralismo y del Globalismo. Ahora es nuestra responsabilidad que el mundo siga avanzando con la misma contundencia que ellos nos demostraron, superando los naturales inconvenientes que se presentan siempre cuando se realizan cambios profundos y radicales.

Que el árbol no nos tape el bosque, analicemos siempre la coyuntura desde la óptica más imparcial y aséptica posible, sin caer en prejuicios perniciosos que sólo conducen a decisiones erradas. Sin vacilaciones, transitemos este puente de platino que nos ofrece la historia con el propósito de mantener en alto la antorcha de los ideales de los Aliados durante la II Guerra Mundial con coraje, valentía, buscando siempre consensos, acuerdos, tolerancia, sin agravios, abrazando con todas nuestras fuerzas la Democracia, la División de Poderes, el Estado de Derecho y una economía libre, sin ataduras.

Este es el legado del Día mas Largo del Siglo, nunca lo olvidemos…

Como decía el genial Sir Winston Churchill. “Si abrimos una disputa entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro”.

Entre los cubanos que pensamos en una transición democrática surge una duda legítima: ¿por qué restaurar la Constitución de 1940 y no la de 1901? La pregunta merece respeto, especialmente después de casi siete décadas de comunismo, durante las cuales términos como “derecho al trabajo”, “vivienda”, “salud” o “función social de la propiedad” fueron convertidos por el régimen en consignas de control, coartadas antiliberales y mecanismos de subordinación del ciudadano al Estado.

Esa preocupación la discutí recientemente, a propósito de mi artículo sobre la Constitución de 1940 publicado en este medio, con dos amigos: el escritor Vicente Echerri y Manuel Wong (@takechi9810), cubano libertario, activo en redes sociales y comprometido con la defensa de las ideas de la libertad. Ambos, desde experiencias y sensibilidades distintas, aunque coincidentes en lo esencial, expresaron reservas hacia la Constitución de 1940 por su contenido social.

El temor es comprensible. Los llamados “derechos positivos”, cuando no tienen límites claros, pueden servir para expandir el poder del Estado, erosionar la propiedad privada y subordinar las libertades individuales a supuestas metas colectivas. Después del desastre comunista, desconfiar del estatismo no solo es legítimo: es saludable. Pero una cosa es desconfiar del estatismo y otra confundir la Constitución de 1940 con el constitucionalismo socialista del castrismo.

La Constitución de 1901 fue liberal clásica: nació con la República, bajo fuerte influencia norteamericana, para fundar instituciones, separar poderes, proteger la propiedad privada, el habeas corpus, la libertad de prensa y de religión, la igualdad ante la ley y los límites al poder. Fue el acta institucional del nacimiento republicano. Debe ser honrada como tal. Pero no fue el último pacto constitucional legítimo de la Cuba libre.

Ese lugar corresponde a la Constitución de 1940.

La Constitución de 1940 no rompió con la tradición liberal de 1901: la actualizó. Conservó separación de poderes, Congreso bicameral, Poder Judicial independiente, libertades fundamentales y reconocimiento de la propiedad privada. Incorporó, sí, derechos sociales propios del siglo XX: protección laboral, familia, educación, seguridad social, sindicalización, jornada de ocho horas y salario mínimo. Eso puede discutirse desde el liberalismo clásico, pero no la convierte en una constitución socialista.

La diferencia entre constitucionalismo social y socialismo constitucional es decisiva. La Constitución de 1940 reconocía derechos dentro de una república plural. Las constituciones castristas de 1976 y 2019 subordinan la propiedad, la economía, la sociedad y el ciudadano al proyecto socialista y al Partido Comunista. La Constitución de 1940 buscaba limitar el poder. Las constituciones castristas buscan blindarlo. Ahí está el abismo entre una república imperfecta y una dictadura ideológica.

Por eso sería un grave error intentar “reformar” las constituciones de 1976 o 2019 como punto de partida para una Cuba libre. Esos textos no son constituciones republicanas defectuosas, sino instrumentos jurídicos de dominación totalitaria. Fueron concebidos para consagrar el monopolio político del Partido Comunista, no para proteger al ciudadano frente al poder. Pretender reciclarlos sería aceptar que la legalidad castrista tiene alguna continuidad legítima con la República cubana. No la tiene.

Tampoco parece prudente abrir, en medio de una transición frágil, una competencia constituyente desde cero, dominada por grupos de interés, figuras coyunturales o actores sin el conocimiento histórico, jurídico y republicano que exige una tarea de esa magnitud. Una constitución no debe ser el experimento de una facción ni el manifiesto de una generación ansiosa de fundar el país a su imagen. Mucho menos cuando Cuba ya posee una base legítima, plural, republicana y anterior al secuestro totalitario.

Ahí radica la superioridad política e histórica de la Constitución de 1940. No fue redactada en un laboratorio ideológico ni impuesta por una camarilla. Nació de un proceso constituyente real, plural y cubano. Reunió sensibilidades distintas y produjo un pacto nacional amplio, con legitimidad republicana. Fue quebrada por Batista en 1952, restituida formalmente, aunque de modo limitado, en 1955, y finalmente traicionada por Castro después de 1959. La legalidad que debía restaurarse plenamente al caer Batista no era la de 1901, sino la de 1940. Esa fue la promesa que el castrismo invocó y luego enterró.

Restaurar la Constitución de 1940 no significa aceptar sin reservas cada uno de sus artículos. Significa reconocer el punto exacto donde la historia constitucional cubana fue interrumpida. Una nación que sale de una dictadura no debe actuar como si naciera de la nada. Debe preguntarse dónde fue rota su legalidad y desde dónde puede reconstruirla. En el caso cubano, ese punto no es 1901, aunque 1901 sea un antecedente glorioso. Ese punto es 1940.

Esto no excluye reformas; al contrario, las exige. La Constitución de 1940 debe restaurarse como base simbólica, jurídica e institucional, pero revisarse con prudencia. Sus derechos sociales deben armonizarse con economía libre, propiedad robusta, descentralización, responsabilidad fiscal y límites estatales. Trabajo no puede significar empleo obligatorio; protección social no debe convertirse en dependencia política; función social de la propiedad no puede justificar confiscaciones; justicia social no puede servir de caballo de Troya contra la libertad individual.

La restauración de la Constitución de 1940 debe entenderse como punto de partida, no como punto de llegada. Primero, restablecer la continuidad republicana. Luego, mediante procedimientos legítimos, reformar, actualizar y blindar el texto contra los abusos que la experiencia comunista nos enseñó a temer. Leer la Constitución de 1940 después del castrismo significa introducir una vacuna constitucional contra el estatismo, el partido único, la confiscación, la planificación central y la manipulación de los derechos sociales.

La alternativa no es entre una Constitución de 1901 pura, una Constitución de 1940 intacta, las constituciones castristas reformadas o una nueva carta escrita en el vacío. La verdadera disyuntiva es entre restaurar una legalidad legítima, reformable y reconocible, o entregar el futuro constitucional de Cuba a la improvisación, la ansiedad política y los intereses del momento.

Después de casi siete décadas de comunismo, Cuba no necesita otro experimento fundacional. Necesita recuperar su República, corregir sus errores y levantar, sobre una base histórica, un orden de libertad. Por eso, pese a sus zonas discutibles, y precisamente por haber aprendido del desastre comunista, la Constitución de 1940 debe ser el punto de partida. No como dogma, fetiche ni nostalgia, sino como puente, como acto de prudencia republicana y como la última casa constitucional legítima de la Cuba libre.

Frank Zimmerman es Asesor Estratégico en el Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida International University. Consultor y comentarista político, es autor del libro 12 Mitos sobre Cuba y otros artículos analiza temas de libertad, democracia y autoritarismo en América Latina.

Esta columna intentará no nombrar a nadie, alguno quizás se ponga en privado o en público el sayo por sí, quizás alguno lo asigne desde la perspectiva del lector que simplemente pertenece a la sociedad, aun cuando actúe solamente de forma circunstancial con el sistema político. El problema es que en las sociedades desarrolladas existen muchos modelos de éxito económico o social para emular por jóvenes y adolescentes, pero en contextos de subdesarrollo y pobreza el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia se transforman en las alternativas a seguir, intentando de encontrar un significado a vidas miserables. Especialmente cuando estos problemas están tan enquistados en estructuras de poder.

La corrupción y el crimen organizado confluyen en las estructuras de poder político y económico y a partir de allí se establecen en parámetros nefastos de fracaso sistémico. Porque definitivamente ese no es el camino al desarrollo sino al subdesarrollo más tenaz. Nuestras sociedades signadas de la peor forma por la estratificación y el fracaso generan espontáneamente esta disfuncionalidad ética. Y el parámetro de que uno cuanto más pobre es más honrado debe ser se da de cabeza contra algunas urgencias. Ningún poder puede tolerar la impunidad basándose simplemente en factores culturales, pues ello implicaría ponerse del lado de los criminales en momentos cruciales, justo cuando los problemas exigen una atención urgente. Servir a grupos criminales moralmente corruptos resulta inaceptable en coyunturas tan críticas como las que vive la región, no obstante, esto no es la excepción en muchos países, sino que forma parte de la falta de criterio folclórico con que se hace política en estos sistemas. Ante la corrupción, la mera inacción equivale a la complicidad con estos actos delictivos, a una colusión con los criminales; y esto es así por mínima que sea la contribución —incluso si esta se limita a abrirles el “airbag” ante la opinión pública, evitarles una pena o a facilitar su huida.

El análisis del razonamiento moral y de las cuestiones de política deberían ofrecer conjuntamente una respuesta convincente a los juicios de valor inherentes a las políticas públicas, especialmente en lo que respecta a contestar la “eficacia” de estas para condonar la corrupción y la impunidad. En el ámbito de la delincuencia, el individuo corrupto no es más que un reflejo de la cultura en la que se desenvuelve, de la mezcla de sus logros políticos y de los logros de su estupro, esa interacción es el efecto dinamizador de su peligrosidad. La delincuencia se transforma sistemáticamente en una secuencia de reproducciones inevitables; sin ella, resultaría imposible garantizar el camino hacia la impunidad. En cuanto al concepto de justicia llega herido, este resulta siempre controvertido porque queda prisionero en dinámicas políticas e ideológicas que transforman cualquier desquicio en aceptable; a menudo se percibe como un elemento gravemente deficiente en los casos penales —lo cual supone un problema mayúsculo para enfrentar a las organizaciones criminales— y, de hecho, como un factor perjudicial para la seguridad pública.

La libertad de prensa es fundamental, representa un proceso de diálogo social continuo —considerado la única vía para legitimar ciertas cuestiones en el seno de un entorno mediático para crear espacios libres de delincuencia—, las investigaciones criminales terminan revelándose abrumadoras y perjudiciales para el crimen organizado, si como para la legítima prevención de la impunidad y la salvaguarda de los intereses ciudadanos. Por ello, y no por otra cosa, nuestra región pasó a ser la que asesina más periodistas por año.

Una de las barreras estructurales más habituales que obstaculizan las fuentes de información es la ausencia de políticas diseñadas para proteger y prevenir problemas reales de corrupción; por el contrario, estos problemas han acabado transformándose, en la práctica, en una suerte de “prohibición permitida”, prohibida por la ley y operativa en la práctica, casi en una dimensión costumbrista. La debilidad del sistema de justicia penal solo beneficia a aquellos a favor de la impunidad. Los fracasos resultantes ponen de manifiesto, de manera contundente, la tensión existente entre la respuesta ante las crisis y una política pragmática orientada a la obtención de resultados tangibles: una política profundamente arraigada en el siglo XX y en la fragilidad institucional, la cual privilegia, en particular, una narrativa neutral que refleja cuestiones de agenda, falta de rendición de cuentas y legitimidad dudosa. Así pues, la impunidad se concibe en esa práctica como un estado inofensivo; como la búsqueda de una paz política a la que debería otorgarse prioridad en la agenda, se pretende hacer creer que asegurar la impunidad es asegurar el funcionamiento del sistema y que “siempre se hizo así”. El “placer de no cometer errores” cuando se perpetran estos actos se erige, de este modo, como la ideología dominante. Simultáneamente, la “bondad de la personalidad” del crimen organizado y de los corruptos que resuelven problemas sociales o que se presentan con la ideología “correcta” se interpretan a sí mismos como una limitación lógica que permite el “buen gobierno” y que, por ende, hace andar la premisa de que la mera defensa subterránea de la impunidad basta para dotarla de legitimidad. “No me importa que roben, si me resuelven los problemas”, aunque se creen problemas aún peores.

Por otra parte, esto también demuestra que los políticos son sensibles a intereses que se cruzan con su control. En el núcleo de las fuerzas colectivas que enfrentan la impunidad se halla la relación entre la libertad de prensa y los problemas y acciones del activismo; esta cuestión central da lugar a una dinámica que ha atormentado de verdad durante mucho tiempo a los criminales. La capacidad del activismo para hacer frente a los políticos corruptos se presenta como el mecanismo que puede reconstituir independencia para la justicia y el Estado de Derecho. Con el fin de eludir el castigo —problemas que, en última instancia, podrían destruir o debilitar al crimen organizado— e incluso a iniciativas políticas corruptas el enfrentamiento con estas fuerzas políticas que imponen una agenda de “fin de la impunidad” se transforma en una cuestión de vida o muerte.

El crimen organizado no abordó este aspecto de manera particular durante el siglo XX, dado que la criminalidad en el ámbito burocrático siempre optó por la vía de menor resistencia. Este camino permitía que aquellos que vulneraban el principio de ética pública quedaran impunes. Por el contrario, si la irresponsabilidad social percibe a los individuos corruptos como seres benévolos entonces se recurre a la instalación de narrativas positivas para justificar y defender la impunidad. La soberanía es utilizada permanentemente a este respecto.

La lógica de la impunidad podemos decir que opera en el desarrollo de postulados y de narrativas que realizan la defensa teórica de las cuestiones problemáticas de la corrupción, aun cuando a partir de ellos se crea fragilidad de la política y de las democracias. La instalación de narrativas de crisis y culpas sociales, así como el ejercicio de la libertad de que disponen el crimen organizado y los individuos corruptos para ejercer represalias. Y a cometer las peores violaciones de Derechos Humanos en la región.

La idea de severos castigos propugnados por algunas tradiciones políticas, parte muchas veces de no reconocer las debilidades inherentes de los mecanismos de justicia de lucha contra la impunidad y hacen que el mensaje deambule en una perspectiva poco realista de la crisis sin servir al objetivo que se procura alcanzar. Es necesario reconocer el papel crucial que desempeña la comprensión de la complejidad y la incertidumbre de la política ejercida corruptamente, como la misma permea diferentes niveles de funcionamiento sistémico con su naturaleza criminal. Es necesario tener claro las diversas realidades sociales permeadas por la corrupción, en particular, el modo en que se configuran los medios de comunicación deshonestos en contextos de crisis y las inesperadas experiencias culturales de las élites empresariales y del crimen organizado al defender su codicia financiera. Ello da como resultado la creación permanente de mecánicas políticas y sociales para poner a la sociedad límites al conocimiento de la verdad, dividir la verdad, poner límites al trabajo político decente y a la gobernanza democrática eficiente, la premisa delictiva que impone los límites intrínsecos del conocimiento, la investigación y la justicia límites que desempeñan un papel de gran relevancia en el fracaso de nuestros proyectos de desarrollo.

En los informes de comisiones de lucha contra la corrupción y la impunidad, las más diversas fuentes dan testimonio de financieros codiciosos que gozan reiteradamente de impunidad; no porque los individuos corruptos tengan la capacidad de imponer dicha protección, sino debido a la colusión acumulativa que genera fuerzas ajenas más potentes que el control de la justicia. Otros problemas pueden surgir no de conflictos directos de intereses, sino de una lealtad inquebrantable hacia líderes autoritarios, la corrupción de las dictaduras es siempre la peor corrupción de todas, la que roba a la gente sus Derechos Humanos. Doblarse nacional o internacionalmente ante la corrupción de las dictaduras es un acto corrupto en sí, que termina irremediablemente generando malas prácticas internas, el favor que hace el corrupto dentro o fuera del país lleva siempre a la peor lógica de funcionamiento y a terminar admitiendo como válidas prácticas absolutamente infames. El movimiento regional de la impunidad termina defendiendo dictaduras y crimen organizado por igual, ya que sostiene que ciertas «formas de legitimidad soberana» a menudo susceptible a objetivos y factores incontrolables que impone un régimen autocrático o un sistema de democracia deficiente o defectuosa en que la justicia no tiene capacidad de investigar en forma autónoma.

En teoría, este escenario simboliza la frecuente criminalidad organizada que emerge entre intereses directos contrapuestos de la política en crisis en que se debaten los sistemas, intereses que quizás no pueden ser calificados de manera plenamente legítima como corrupción pero que terminan siéndolo por utilizar al crimen organizado y a la corrupción para dirimir el conflicto entre los mismos. A partir de allí se generan raíces de la impunidad, la cual, a menudo, pretende introducir nuevas distinciones entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo admisible y lo inadmisible, tomando como referencia que funciona y que no funciona, que tiene éxito y que no tiene éxito. Es más, a partir de muchos de estos casos, dicha impunidad empieza a ser justificada.

El uso de la fuerza para empoderar a aquellos que son afines a los delitos y a la corrupción es recurrente en la región, como también lo son las conspiraciones políticas con ese objetivo, llevándolos a abusar de los principios pertinentes para adoptar una postura agresiva de defensa de la corrupción y la impunidad, como dijimos anteriormente, generalmente en nombre de la soberanía, o incluso peor. Este desafío pone a prueba el riguroso marco teórico del Derecho respecto a las cualidades regresivas del delito de corrupción, que aparece protegido por la impunidad sistémica.

El problema de la toma del poder por la corrupción y, especialmente, de su ejercicio es, de hecho, una respuesta a esta vulnerabilidad percibida en los sistemas políticos engendra crimen organizado, y este crimen organizado se retroalimenta con determinados grupos de interés a los que alimenta financieramente. Se puede apreciar especialmente como el populismo regional enfatiza la supremacía del poder sobre los medios de comunicación imparciales y se centra no en los problemas en sí mismos, sino en la retórica vacía; por consiguiente, a través de su efecto corrosivo, a menudo genera sentimientos protectores en el marco social, enmascarando así la falta de acción y de rendición de cuentas. El poder sigue siendo un instrumento fundamental para inclinar la balanza de intereses en conflicto, pero especialmente para inclinar la balanza de la justicia. Por eso el populismo a pesar de una retórica fuertísima contra la corrupción nunca ha resuelto los problemas de la misma, sino que los ha exacerbado. Lo máximo que ha hecho es cambiar el signo político de la corrupción y a veces ni eso.

Desde esta perspectiva, una sociedad política con capacidad de auto retribución y poca sabiduría colectiva puede evolucionar hacia actividades corruptas, al tiempo que construye una narrativa autosostenible para proteger y promover la impunidad, una narrativa inalterada por la siempre cambiante y ajustable censura política. La capacidad de la impunidad para construir una narrativa social desde el poder depende de la creación de un entorno que reconozca tanto la interconexión social como la cultura particular de los problemas propios de alimentarse de una situación de crisis moral de una sociedad, a veces por estar inmersa en la bajeza que crean las múltiples crisis financieras, sociales y políticas.

Por ejemplo, los seguidores de líderes populistas democráticos a menudo tienen dificultades para pedir o trabajar para diseñar o implementar políticas eficaces en contra de la impunidad; esto se debe a que se les impide establecer vínculos estrechos con las instituciones basadas en el poder —conexiones cruciales para lograr soluciones preventivas— y se enfrentan constantemente a la tentación del poder que toma atajos que, en última instancia, socava la eficacia necesaria para proteger y fortalecer a las instituciones que pasan a ser periféricas. El populismo puede utilizar las instituciones de manera eficaz para promover su propio poder —optimizando así sus resultados—, o bien provocar su fracaso, o incluso prescindir de ellas por completo. Todo ello es funcional a la corrupción. Sin duda alguna, el populismo —caracterizado por su desprecio hacia las instituciones— no ha logrado ningún resultado positivo en la lucha contra la impunidad a pesar de ser absolutamente altisonante al respecto.

Los expertos en Derecho y en el fenómeno de la impunidad deberían argumentar siempre que, más allá del ámbito puramente jurídico, el ejercicio de la libertad de expresión y la búsqueda de controles administrativos y jurídicos concretos y orientadas a la resolución de problemas resultan cruciales para una acción política eficaz; aun cuando tales acciones causen dolor dentro del sistema, son absolutamente necesarias. Si la lucha contra la impunidad pudiera alcanzarse únicamente mediante el discurso el populismo sería la tentación, pero las tentaciones propias del populismo hacen que la práctica transforme la corrupción en una infección bacteriológica generalizada, mientras nos quiere hacer creer que su discurso está resolviendo la situación.

Las leyes y las normativas son elementos esenciales para una acción política eficaz, aun cuando puedan causar cierto malestar, resultan indispensables, pero nunca causan tanto malestar a los corruptos como un sistema judicial con instrumentos prácticos para investigar y controlar la acción de los políticos y funcionarios, especialmente de aquellos que tienen poder, especialmente de aquellos que están en contacto con trámites importantes, controles, auditorías. El balance e independencia de los poderes del Estado es fundamental. Es decir, la Democracia es fundamental.

Solo mediante la administración de antibióticos que ataquen directamente a las bacterias —erradicando verdaderamente la infección— podrá el sistema experimentar un cambio genuino. En lo que respecta al problema de la impunidad, la rendición de cuentas constituye siempre un elemento esencial de cualquier solución práctica en la lucha contra la corrupción. Si un líder que promueve la lucha contra la impunidad se limita a criticar políticamente el uso indebido de los fondos públicos en el marco democrático, es más probable que termine convirtiéndose en un aliado cultural que aquel que no asume la responsabilidad de sus propios actos; la denuncia, la investigación y la judicialización son los únicos instrumentos reales.

Es importante reconocer que un sistema político sólido es susceptible al populismo, especialmente en lo que atañe a la falta de rendición de cuentas, lo cual lleva a terminar por concebir la política como un medio directo para satisfacer los intereses propios. La religiosidad que genera la política respecto a los liderazgos depende, asimismo, de factores tales como la simpatía, el poder y la riqueza, elementos que hacen a la esencia de un sistema corrupto; o el comienzo de un camino aquejado por graves problemas o crisis que termina por ser incapaz de abordar eficazmente la impunidad, incluso si contara con una estructura social moralmente justa. Esto resulta crucial para el avance de la impunidad, dado que sus cimientos residen en las estructuras políticas, sociales y operativas dentro de las cuales esta se desenvuelve.

Este absurdo de la impunidad ha sido perpetuado por aquellos que detentan el poder y se está convirtiendo en un desafío para cualquier sistema que quiere ser libre de delitos y para los enfoques éticos específicos que sustentan su funcionamiento. La reproducción política de las iniciativas de impunidad implica la reconstrucción de objetivos, juicios situacionales y genera algo que es igualmente perjudicial: el distanciamiento emocional de la sociedad. Todo ello puede pasar dentro de un marco de apariencia de estricta adhesión a la Democracia. En este contexto, resulta particularmente evidente la necesidad de la tensión inherente creada por la sociedad de “culpas responsables” para el surgimiento de medidas preventivas y para la condena social de actividades corruptas. Este esfuerzo tiene por objeto establecer reglas claras, al tiempo debemos reconocer que la sociedad y las redes pueden tener el poder de la condena para los corruptos. Pero a veces le pueden errar. O extralimitarse mal. Pero qué seríamos los políticos democráticos si no pudiéramos lidiar con la libertad de expresión, la misma es nuestro alimento principal.

Existe una tensión agravada en el ámbito de la impunidad, que es la contradicción entre el ideal de justicia y su convivencia con las crisis políticas. Esta realidad nos exige reconocer características específicas, tales como el “comportamiento civilizado degenerado” de los individuos y la “naturaleza cultural esencial de las crisis”, es la tensión entre el mal comportamiento de individuos que ponen cara de buenos y representativos con aquellas lógicas de falta de inteligencia colectiva para resolver de buena manera los malos problemas. Uno de los fundamentos más perdurables de la impunidad es la reproducción de los límites a la acción social condenatoria por un lado y por el otro del “comportamiento civilizado degenerado” dentro un sistema político.

De hecho, los límites establecidos de conformidad con el Estado de derecho garantizan el pleno ejercicio de la libertad individual, cuando la justicia no impone límites al poder político, el Estado de Derecho colapsa y también lo hacen las libertades individuales. La naturaleza biológica de la impunidad sugiere que el desenlace de los problemas políticos suele estar determinado por factores que no suelen examinarse directamente, tales como nuestra sociedad de origen (incluyendo la estratificación de clases sociales y de las posibilidades de movilidad social), el contexto histórico (democrático o autoritario), el nivel educativo o la capacidad de generación de riqueza. Un sistema de lucha contra la impunidad no puede ignorar estas condiciones; por el contrario, debería convertirlas en la base para la creación y el desarrollo de problemas políticos para luchar contra la impunidad, integrando así una teoría del comportamiento integral ante las crisis éticas que puede estar experimentando una sociedad.

La racionalidad constituye el fundamento del sistema de realismo político, un sistema que afirme a partir de la racionalidad la cultura evolutiva innata de un sistema político libre de corrupción, basado en el desarrollo de los límites a la codicia financiera de los políticos y los funcionarios; así como al mismo tiempo, reconocer también que la desigualdad, la pobreza y el error político son componentes integrales de las experiencias de crisis que afectan nuestro desarrollo. La racionalidad no es ni compatible ni incompatible con la distorsión de las realidades y narrativas políticas, por consiguiente, otro aspecto importante consiste en sostener a la racionalidad como eje central de la cultura política para enfrentarse a la inmoralidad o falta de ética dentro de un sistema. El error moral fundamental de la constante construcción de narrativas “impecables” por el populismo o el autoritarismo radica en que una crisis ética que surge en un momento determinado se vuelve inevitablemente en un problema recurrente que hace a la sociedad inviable en el mediano y largo plazo, sin importar que se dice y cómo se dice por parte de esos actores.

Este es uno de los principales problemas que surge de medios de comunicación que ignoran la criminalidad o son funcionales a la misma es su tendencia a promover ciertas narrativas, ya sean de apoyo, de interés propio o de impunidad. De este modo, estos elementos periodísticos-criminales se convierten en un componente significativo del problema: la exacerbación de la impunidad, el abuso de los principios penales en casos extremos o para promover impunidad o para perseguir opositores políticos, son esenciales al sistema de conculcación de Derechos. Pero por más vueltas que se dé el perro la cola siempre le queda del lado de atrás.

En última instancia, la acumulación de poder político y la capacidad de influir en problemas de crisis es importante pero solamente si se hace lo correcto, si se hace lo incorrecto mediano y largo plazo solamente se refuerzan las crisis y los problemas de la corrupción. Esta perspectiva de hacer lo correcto es clave para evitar la reproducción de la corrupción y sus profundas conexiones políticas, empresariales y sociales con la codicia financiera; obviamente que implica tomar decisiones difíciles y aceptar los costos y los dolores asociados a la lucha contra la impunidad.

La lucha contra la corrupción nos insta a no hacer la vista gorda ante la vulnerabilidad social, sino más bien a construir una ética que reconozca nuestra interdependencia, respete la razón como base del discurso social y adopte una política sensata —en la que la rectitud y probidad republicana esté lo más garantizada posible, aun ante la adversidad— como valor fundamental. Por supuesto, esto debe llevarse a cabo con plena conciencia de las limitaciones culturales inherentes de nuestros sistemas y cómo ello eleva los costos políticos.

Nos encontramos en la recta final de una intensa campaña electoral que busca recuperar el brillo y la identidad de la capital de la República del Paraguay. Cuando hablamos de “rescatar” Asunción, hablamos del desafío de devolverle la dignidad, el orden y la esperanza a una ciudad histórica.

Dentro del Partido Colorado, dos figuras disputan la representación de la Lista 1 para las próximas elecciones municipales. Por un lado, se encuentra Camilo Pérez, candidato del oficialismo y representante del movimiento Honor Colorado. Empresario con trayectoria nacional e internacional, Pérez ha logrado posicionarse como una figura respetada por gran parte de la ciudadanía gracias a su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo.

Su liderazgo en esa institución demostró que, con visión y buena administración, es posible transformar espacios y generar resultados concretos. Bajo su conducción, se fortaleció el espíritu competitivo, el orgullo nacional y la capacidad organizativa del país. Junto al presidente Santiago Peña, Paraguay logró consolidarse como una de las mejores sedes del Rally Mundial, generando entusiasmo colectivo y proyectando una imagen positiva del país ante el mundo.

Su propuesta para Asunción gira en torno a tres ejes principales: baches, basura y seguridad. Temas que reflejan las necesidades más urgentes de una capital que hoy enfrenta múltiples desafíos en sus 68 barrios.

Por otro lado, se encuentra el senador Arnaldo Samaniego, ex intendente de Asunción durante el periodo, quien vuelve a presentarse como candidato desde la disidencia colorada. Samaniego sostiene que su candidatura nace con el objetivo de enfrentar al oficialismo y devolverle a la capital su identidad perdida.

Su gestión municipal tuvo luces y sombras, como ocurre en toda administración pública. Hoy propone líneas similares a las de su adversario político.

Las encuestas reflejan una tendencia clara. Diversos sondeos posicionan a Camilo Pérez con una ventaja superior a los diez puntos, marcando una evidente preferencia ciudadana hacia una renovación dentro del partido.

El electorado asunceno busca certezas. Busca una figura creíble, cercana, comprometida y capaz de liderar una ciudad golpeada por años de abandono. En ese sentido, Camilo Pérez ha construido una imagen de cercanía recorriendo todos los barrios de la capital junto a su pareja, Constanza y su familia, escuchando de primera mano la realidad de los vecinos.

Su experiencia administrativa y su capacidad de gestión le otorgan credibilidad en un momento donde Asunción necesita liderazgo firme y resultados concretos. Esta contienda no solo definirá quién ganará unas internas partidarias; definirá qué modelo de ciudad queremos construir.

Personalmente, creo que Asunción sí puede. Pero puede hacerlo con la participación activa de la ciudadanía. Hoy ya no alcanza con hacer obras para la gente; es necesario construir junto a la gente. La participación ciudadana será fundamental para garantizar soluciones sostenibles a corto, mediano y largo plazo.

Asunción no necesita solamente experiencia política. Necesita voluntad, credibilidad y capacidad de unir a los distintos sectores de la sociedad. En ese aspecto, Camilo Pérez representa una diferencia importante.

Paraguay ha logrado posicionarse ante el mundo como una marca país en crecimiento, y su capital debe estar a la altura de esa proyección. Las decisiones que se toman en Asunción impactan directamente en los 17 departamentos del país. Aquí llegan inversionistas, organismos internacionales y oportunidades de desarrollo que requieren una administración moderna, preparada y con visión estratégica.

La capital necesita un intendente nuevo con capacidad de diálogo, gestión y representación. Un líder capaz de generar confianza tanto en la ciudadanía como en quienes apuestan por invertir y desarrollar el país.

Estas internas marcarán el rumbo de nuestra querida Asunción. Quien represente a la ANR en la Lista 1 tendrá no solo la responsabilidad de defender al partido, sino también la oportunidad histórica de impulsar el verdadero cambio que los asuncenos esperan hace años: una capital moderna, ordenada y con futuro.

En mayo de 2026, mientras Bolivia se veía paralizada por las protestas que pretendían derrocar al Gobierno de Rodrigo Paz, la República Popular China y su embajador en Bolivia, Wang Liang, guardaron un llamativo silencio ante la crisis. En un escenario distópico, elementos antigubernamentales lanzaron dinamita contra la policía y mantuvieron bloqueos de carreteras que impedían la entrada de alimentos, gasolina e incluso suministros médicos a la capital, La Paz, mientras Wang Liang celebraba un foro económico en el departamento sureño de Tarija, irónicamente titulado “Bolivia, al mundo con China”.

Del 20 al 30 de mayo de 2026, el autor viajó a Bolivia, donde mantuvo contactos con personal empresarial, académico y gubernamental sobre la evolución de la relación del país con la República Popular China, entre otros temas. Este trabajo refleja las ideas extraídas de esos contactos y de la investigación complementaria.

Las actividades chinas en Bolivia se han deteriorado notablemente con respecto a su época dorada bajo los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales y Luis Arce, lo que se refleja en una miríada de proyectos manchados por la corrupción, los malos resultados y la resistencia de las comunidades afectadas. La creciente crisis económica, fiscal y política de Bolivia, así como los esfuerzos del Gobierno de Paz por restablecer relaciones positivas con Estados Unidos y otros países occidentales, también han limitado el avance de China.

Entre 2006 y 2019, el Gobierno de Morales abrió de par en par las puertas de Bolivia a la cooperación económica, militar, técnica y de otro tipo con la República Popular China. Durante ese periodo, la República Popular China vendió a Bolivia 6 aviones de combate K-8, 6 helicópteros militares Z-9, 31 vehículos blindados y un número indeterminado de camiones y lanchas patrulleras, así como el sistema nacional de vigilancia BOL-110, escáneres aduaneros y el satélite Tupac Katari, incluida la construcción y el equipamiento de instalaciones terrestres espaciales en Amachuma (La Paz) y en el distrito de La Guardia de Santa Cruz, además de enviar técnicos chinos para dar soporte a las instalaciones.

Según los empresarios bolivianos entrevistados para este trabajo, más de 60 empresas chinas operaban en el país durante ese periodo, vendiendo equipos de telefonía y construyendo infraestructura digital para la empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL, suministrando equipos y realizando trabajos para los sectores minero y petrolero, y participando en proyectos de infraestructura por un valor estimado de 6.000 millones de dólares, que abarcaban desde plantas de procesamiento de asfalto y zinc hasta centrales hidroeléctricas como Rositas, San José e Ivirzu, pasando por grandes proyectos de carreteras y ferrocarriles. Sin embargo, prácticamente todos ellos consistían en contratos con el Estado boliviano para la adquisición de bienes y servicios chinos, más que en inversiones reales. En la actualidad, menos de 20 empresas con sede en la República Popular China siguen operando en el país. El propio embajador de China, Wang Liang, ha achacado la falta de inversión china a la naturaleza incierta de Bolivia.

En el ámbito de las infraestructuras, prácticamente todos los proyectos de China se encuentran paralizados. Sus principales empresas constructoras en el país, Sinohydro, Vicstar y CAMCE, han cerrado o reducido considerablemente sus oficinas. El Gobierno se ha negado a aceptar una importante autopista entre Santa Cruz y Cochabamba construida por Sinohydro, en la que se han detectado numerosos defectos estructurales. La planta de procesamiento de acero de 460 millones de dólares construida por Sinosteel en El Mutún ha superado con creces la fecha de entrega inicial prometida, presenta cientos de defectos identificados y aún no ha producido ni un gramo de acero. Megaproyectos que en su día se contemplaron, como la línea ferroviaria central de la IIRSA que conectaría el Atlántico y el Pacífico a través de Bolivia, ya ni siquiera se debaten seriamente.

A nivel local, las empresas chinas se ven obstaculizadas por problemas en gran medida provocados por ellas mismas. Los ejecutivos del sector de la construcción boliviano entrevistados para este trabajo señalaron que pocas empresas locales quieren prestar servicios a las empresas chinas debido, en parte, a prácticas abusivas de pago muy bajo y, a menudo, atrasado, así como a problemas con su cumplimiento de las leyes laborales, medioambientales y de otro tipo locales.

En el sector petrolero, al parecer hubo problemas de calidad con los equipos de perforación y los servicios vendidos por empresas con sede en la República Popular China al anterior gobierno del MAS. Recientemente, ha habido poca actividad de empresas con sede en la República Popular China en el sector.

En el sector minero, según se informa, varias empresas chinas de menor tamaño venden equipos y compran oro y otros metales, principalmente en el sector minero informal, pero apenas ha habido inversiones formales por parte de las grandes empresas mineras chinas.

En el sector del litio, las empresas chinas CATL y CITIC Gouan tienen contratos que aún no han sido ratificados por el Congreso boliviano. En febrero de 2026, según se informa, esas empresas mineras llevaron a una delegación de congresistas bolivianos a la República Popular China para facilitar dicha ratificación, pero hasta ahora sin éxito.

En el sector agrícola, los expertos del sector entrevistados para este trabajo señalan que las empresas chinas de logística agrícola, como COFCO y su filial Nidera, no operan en el país. Señalaron además que pocos productores locales quieren asumir los costes y riesgos que supone enviar sus productos a la República Popular China, tratando con un cliente chino cuando tienen compradores de confianza para sus productos más cerca de casa.

En el sector de las telecomunicaciones, el gigante industrial Huawei ha tenido malos resultados en Bolivia y ha cerrado oficinas, aunque su rival chino ZTE sigue realizando trabajos de infraestructura telefónica para ENTEL. Aun así, las empresas con sede en la República Popular China han construido colectivamente más de la mitad de la infraestructura de telecomunicaciones del país. La marca de lujo china Xiaomi se comercializa a través de un socio boliviano, y la empresa china Honor, que compite principalmente por su bajo coste, se está expandiendo rápidamente en el país.

En el sector minorista, los automóviles y otros productos chinos han logrado una penetración considerable en el país, principalmente a través de empresas bolivianas locales, como el grupo Saavedra en el sector del automóvil. Sin embargo, cabe destacar que las empresas con sede en la República Popular China no han establecido centros comerciales para la venta de productos chinos, como sí han hecho en Nicaragua, Honduras y otros lugares de la región. Los pocos que quedan en Bolivia, como los ya veteranos Chinbol y ChinaCruz, están gestionados por empresarios locales que abastecen las tiendas a través de relaciones a pequeña escala con proveedores individuales de la República Popular China.

En la comunidad empresarial y académica en general, los vínculos con la República Popular China siguen siendo igualmente limitados. El embajador de Bolivia ante la República Popular China durante la era del MAS, Hugo Núñez del Prado, fue llamado a casa por el Gobierno de Arce y aún no ha sido sustituido. Existe una pequeña cámara de comercio y sociedad de amistad entre China y Bolivia dirigida por la sinóloga boliviana Ximena Barrientos, que creció en la República Popular China. Del mismo modo, el país solo cuenta con un Instituto Confucio, en la Universidad de San Simón de Cochabamba, sede del aliado político Evo Morales y su federación de cultivadores de coca. No hay ninguno ni en la capital ni en Santa Cruz, el centro económico del país. Ese centro estuvo en su día vinculado a profesores “voluntarios de la República Popular China que trabajaban en universidades estatales de otros departamentos, aunque, según se informa, ese personal chino ha sido sustituido por personal boliviano.

Aunque varias universidades bolivianas cuentan con pequeños programas de chino, a los entrevistados para este trabajo les costó mucho nombrar un programa de grado en una universidad boliviana dedicado al estudio de China desde una perspectiva empresarial, política o de seguridad. Del mismo modo, aunque algunos periodistas bolivianos han sido invitados a la República Popular China para participar en programas de formación, a los entrevistados les resultó difícil nombrar a alguno que destacara especialmente por su cobertura de temas relacionados con China.

En materia de seguridad, aunque, según se informa, el ejército boliviano sigue enviando personal a cursos en la República Popular China, según funcionarios de seguridad bolivianos que hablaron de forma confidencial, actualmente ningún miembro del ejército chino participa en cursos en Bolivia. De los seis cazas K-8 vendidos a Bolivia, dos se han estrellado y, según se informa, solo uno sigue operativo, lo que refleja las dificultades para mantener y encontrar piezas de repuesto para la aeronave. Del mismo modo, de los seis helicópteros chinos Z-9 adquiridos por los gobiernos del MAS, solo uno sigue operativo y, según funcionarios de seguridad consultados extraoficialmente, el ejército desconfía de volar en él debido a su estado de mantenimiento. La flota de camiones y vehículos blindados fabricados en la República Popular China se encuentra, según se informa, en un estado similar de deterioro parcial, sin planes actuales de adquirir más.

En el sector espacial, el contrato para el mantenimiento por parte de China de las instalaciones terrestres que controlan el satélite Tupac Katari finalizó hace algún tiempo y, según se informa, el personal chino que visitaba las instalaciones ha dejado de acudir. Actualmente no hay planes para sustituir el satélite cuando expire su vida útil en 2030.

Es importante reconocer que los actuales reveses de China en Bolivia se deben a la desastrosa actuación de las entidades con sede en la República Popular China que han tratado con los antiguos regímenes corruptos del MAS, así como a la incertidumbre derivada de la actual crisis económica y política. Esto solo se traducirá en una oportunidad para Estados Unidos si Washington actúa con decisión para ofrecer alternativas concretas al Gobierno de La Paz y a la comunidad empresarial boliviana.

(*) El autor R. Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales.

¿Tanto recorrido para dar un giro de 360 grados? Es la pregunta que Donald Trump debería hacerse si su desmesurado ego le permitiera la vaga idea de haber errado. Pero siendo impulsivo, errático, impaciente y tremendamente megalómano, es inimaginable que haga el pertinente análisis crítico. Por ello, también es impensable que advierta la magnitud del fracaso que está protagonizando.

Se trata de Irán, y con Irán, se trata del Líbano, de Gaza, y de lo que todo ello significa para la supervivencia de Israel. Es ahí donde los 360 grados se convierten en la metáfora de un viaje hacia ningún lugar. A estas alturas, a más de tres meses del inicio de la guerra contra el régimen de los ayatollahs, ninguno de los objetivos fijados se han alcanzado: la dictadura no ha caído; la Guardia Revolucionaria continúa dominando Ormuz y usándolo como arma de desestabilización energética; no se ha recuperado el uranio enriquecido; se ha dado pábulo a Qatar para reforzar su posición estratégica; y no solo no se ha frenado la capacidad mortífera de Hezbollah, sino que Israel ha quedado solo en su intento de contención. Hemos pasado de un régimen herido de muerte, a un Irán que domina las reglas de juego, mientras agota a sus enemigos con negociaciones delirantes. De hecho, es tal el agotamiento que Trump parece haber perdido el interés, en un paralelo a lo que pasó con las negociaciones que prometió entre Rusia y Ucrania, que quedaron en nada. Hombre de éxitos inmediatos, no digiere bien los procesos que quedan estancados, y es ahí donde parece estar ahora: sin cartas con las que jugar, y cada vez más aburrido. Irán, en cambio, es un maestro en el arte de engañar, manipular, distender y finalmente controlar las negociaciones. La impaciencia patológica de Trump contra la paciencia bíblica del régimen teocrático.

Que la guerra ha tenido éxitos considerables, es indiscutible: desde el severo daño que ha sufrido la industria armamentística iraní, o la destrucción de una parte substancial de sus sistemas de misiles, hasta el colapso de su economía y el global debilitamiento del régimen. Además, incluso manteniendo su vocación nuclear, es evidente que se ha retrasado por años. Pero la hipótesis inicial con la que Trump empezó la guerra, en el sentido de que decapitando a la cúpula, arrasando a la aviación y la marina y dañando la economía, la victoria era segura, topó con Ormuz. Nadie preveía que el régimen aguantaría hasta el límite si mantenía en su poder la llave energética, y el estrecho se convirtió en el Waterloo de Trump. Y ahora, sin cartas inmediatas por jugar, parece que el Presidente norteamericano se ha hartado.

La cuestión es cómo queda Israel en esta situación. Es un hecho que Trump ha sido muy importante para el estado hebreo, tanto por la cancelación del nefasto acuerdo nuclear de Obama y por los Acuerdos de Abraham que impulsó en su primer mandato, como por el plan de paz que condujo a la liberación de los rehenes del 7 de Octubre. Y, desde luego, el súmmum de convergencia entre ambos países ha sido la guerra contra Irán. Pero las amistades de Trump pueden durar lo que dura su humor, y ahora que sus planes respecto a Irán no han tenido el éxito que esperaba, el riesgo de que abandone a Israel a su suerte es alto. Algunos síntomas son en este sentido preocupantes. De entrada, su fluctuación en las negociaciones sobre el tema nuclear, lo cual es una auténtica red flag para Israel. También su abandono del plan de Gaza, que duerme el sueño de los justos, mientras Hamas aprovecha el alto el fuego, reconstruye su estructura y se rearma. Pero el síntoma más preocupante, que ha tenido su paroxismo en la terrible bronca telefónica de Trump a Netanyahu, es el tema del Líbano. Una bronca adecuadamente filtrada por la Casa Blanca a la prensa internacional.

El Líbano, o más concretamente Hezbollah, es la otra red flag de Israel, de ahí que la exigencia de Trump de parar los ataques de las FDI a las estructuras de Hezbollah es un golpe de enorme calado para la estrategia defensiva israelí. Primero, porque el alto el fuego siempre ha sido un espejismo, dados los centenares de misiles que sufren los ciudadanos del norte de Israel. Como decía el Jerusalem Post en su editorial, la tregua solo existe “en los cables diplomáticos de Washington y en la retórica esperanzadora de los observadores internacionales”. Pero sobre el terreno, la guerra es permanente. En este sentido, la decisión de atacar a los bastiones de Hezbollah del barrio de Dahiyeh en Beirut, era necesaria si realmente se quiere acabar con el poder destructivo del grupo terrorista, pero Trump ordenó parar la ofensiva, y ello conlleva tres consecuencias: una, convertir Dahiyeh en un santuario de Hezbollah; dos, socavar la soberanía defensiva de Israel, supeditada a la necesidades de Trump; y tres, criminalizar aún más a Israel en la esfera internacional.

Es evidente que conseguir un acuerdo de paz en el Líbano y, más allá, establecer relaciones estables con Israel, es el objetivo soñado. Y es loable el intento de la Casa Blanca en este sentido. Pero solo tiene sentido si las negociaciones con el Líbano tuvieran avances reales -no los tienen-, se neutralizara la capacidad mortífera de Hezbollah -no se neutraliza-, y los ciudadanos del norte israelí no sufrieran lluvias permanentes de misiles -los sufren-. Con un Hezbollah que mantiene miles de cohetes y misiles, que ha asegurado que boicoteará cualquier acuerdo, que tiene a Irán como guardián, y que aprovecha cualquier tregua para reforzarse, mientras continúa marcando la agenda libanesa, cortar las alas a Israel es un alto riesgo para la seguridad de sus ciudadanos. Especialmente cuando ello no se hace por estrategia militar, sino por urgencias políticas obsesionadas en tener éxitos inmediatos.

Khamenei, el talón de Aquiles de Trump, y Trump, el talón de Aquiles de Netanyahu, esa podría ser la sorprendente culminación de una guerra que empezó con buena planificación, mostró un poderío militar absoluto y finalmente se estancó en un pequeño estrecho lleno de oro negro. Trump será quien fracase, si al final no consigue una salida airosa. La cuestión es saber si será Israel quien pagará las consecuencias.

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Toda nación que sale de una larga noche autoritaria necesita algo más que entusiasmo, consignas o buenos deseos. Necesita un punto de partida legítimo. Una base reconocible. Un suelo común donde puedan encontrarse quienes discrepan, pero comparten una aspiración elemental: reconstruir la república.

Para Cuba, ese punto de partida no hay que inventarlo en una oficina improvisada, ni encargarlo a comisiones especiales, ni dejarlo en manos de expertos de última hora con ínfulas fundacionales. Ese punto existe. Se llama C40.

La C40 no fue una pieza decorativa, sino fruto de un proceso político, legal y nacional donde participaron las principales corrientes republicanas: conservadores, liberales, auténticos, comunistas, intelectuales, juristas, líderes obreros y parlamentarios. Con figuras como Márquez Sterling, Grau, Chibás, Prío, Mañach, Ferrara, Cortina y Núñez Portuondo, fue un verdadero pacto nacional, amplio, plural, legítimo y profundamente cubano.

Ese origen importa. Las constituciones no son solamente textos jurídicos. Son actos de legitimidad. Una constitución verdadera no se impone desde arriba, no se redacta para blindar a un partido, no convierte la ideología oficial en dogma de Estado. De ahí el célebre grito del senador José Manuel Cortina durante su redacción: “¡Los Partidos fuera! ¡La Patria dentro!”. La idea era clara: la nación debía estar por encima de las facciones.

Una constitución digna de ese nombre limita el poder, protege al ciudadano y establece reglas comunes para que el país no dependa del capricho de un caudillo. En ese sentido, la C40 representa el último gran consenso político de la Cuba libre.

Ayer, en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, asistí a un panel sobre la vigencia de la C40. Allí, Néstor Carbonell, amigo querido, abogado, ensayista e historiador, nieto del senador José Manuel Cortina, defendió brillantemente su valor histórico y político. Recordó que los pueblos liberados del comunismo no deben inventar nueva legitimidad: a veces solo tienen que recuperar la arrebatada.

Carbonell recordó el ejemplo de Estonia, Letonia y Lituania, que tras el comunismo apelaron a la continuidad jurídica de sus repúblicas precomunistas. Letonia reinstauró su Constitución de 1922; Estonia y Lituania reconstruyeron su legalidad democrática desde esa memoria estatal. La lección es clara: después del totalitarismo, una nación no parte del vacío, sino de la legalidad interrumpida por la fuerza.

Ese precedente ilumina el caso cubano: Batista rompió en 1952 el orden constitucional nacido en 1940, y la demanda legítima fue restaurarlo. Esa promesa estuvo en el centro del movimiento revolucionario; incluso Castro la invocó en "La historia me absolverá“. El drama comenzó cuando quienes prometieron devolver la legalidad republicana restituyendo la C40 terminaron traicionándola desde el poder y enterrándola bajo el nuevo régimen.

Esa fue la primera gran traición del castrismo. No comenzó solamente con las confiscaciones, los fusilamientos, la censura o el partido único. Comenzó cuando el nuevo poder decidió que la C40 no era una norma que debía respetarse, sino un obstáculo que debía manipularse, aplazarse y finalmente enterrarse. La revolución no restauró la república: la sustituyó por un régimen de mando personal, primero carismático, luego burocrático, siempre autoritario.

Las constituciones socialistas posteriores, la de 1976 y la de 2019, no pueden compararse con la C40 en legitimidad democrática. Podrán haber tenido referendos, actos públicos, campañas oficiales y rituales de aprobación masiva, pero nacieron dentro de un sistema donde no existe competencia política real, libertad de prensa, separación de poderes ni alternancia.

Una constitución que declara al Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad y del Estado no funda una república: consagra una subordinación. No protege al ciudadano frente al poder; protege al poder frente al ciudadano.

Por eso la C40 debe ser la piedra angular de una nueva Cuba. No porque sea perfecta. No porque deba restaurarse como fósil jurídico, intacto, inmóvil, encerrado en una urna patriótica.

Toda constitución necesita reformas, enmiendas y actualización. Cuba ha cambiado. El mundo ha cambiado. La propiedad, la tecnología, las comunicaciones, los derechos individuales, la economía global y la relación entre Estado y ciudadano exigen ajustes profundos. Pero una cosa es reformar una base legítima y otra muy distinta es empezar desde cero en medio del ruido, la improvisación y la ansiedad fundacional.

A quienes dicen que la C40 es demasiado antigua habría que recordarles que la Constitución de Estados Unidos fue redactada en el siglo XVIII y sigue siendo el marco institucional de la democracia más influyente del mundo. Su fuerza no está en haber permanecido congelada, sino en haber permitido reformas sin destruir su principio esencial: limitar el poder y preservar la libertad. La antigüedad, cuando está asociada a legitimidad, continuidad y capacidad de enmienda, no es defecto. Es autoridad histórica.

Algo similar puede decirse, en otro plano, de la Torá para el pueblo judío. Más allá de las diferencias religiosas, filosóficas o políticas entre judíos de todo el mundo, la Torá ha funcionado durante siglos como referencia común, memoria compartida y eje de continuidad. No todos la interpretan igual. No todos la viven igual. Pero todos reconocen su lugar central en la identidad colectiva. Cuba necesita algo parecido en el terreno cívico: un texto capaz de unir, orientar y recordar que la nación no empezó con la revolución ni debe recomenzar cada vez que aparece un grupo con pretensiones constituyentes.

Hoy surgen propuestas, plataformas y planes para una Cuba futura. Eso es natural y totalmente saludable. Pero sería un error grave permitir que la arquitectura inicial de la nueva república quede en manos de aficionados, iluminados, grupos de presión o redactores sin la estatura histórica, jurídica y política de quienes produjeron la C40. Una mala constitución puede hipotecar una transición desde el primer día. Puede crear instituciones débiles, ambigüedades peligrosas o nuevos espacios para el autoritarismo con lenguaje democrático.

La C40 ofrece algo invaluable: un punto de arranque legítimo, cubano, republicano y plural. Puede ser reformada, modernizada y adaptada. Pero debe ser reconocida como el puente entre la república interrumpida y la república por reconstruir. En una Cuba fragmentada por el exilio, la represión, la propaganda y la desmemoria, la C40 puede funcionar como casa común.

No resolverá por sí sola todos los problemas. Ninguna constitución lo hace. Pero puede impedir que la nueva Cuba nazca sin raíces, sin brújula y sin memoria. Y después de más de seis décadas de simulacro constitucional socialista, empezar desde una legitimidad auténtica no es nostalgia: es prudencia republicana.

Frank Zimmerman es Strategic Advisor y Senior Multimedia Producer en el Adam Smith Center for Economic Freedom at FIU. Consultor y comentarista político, es autor del libro “12 Mitos sobre Cuba” y otros artículos; analiza temas de libertad, democracia y autoritarismo en América Latina.

He solicitado licencia a la Presidencia Municipal de Escobedo para participar en el proceso de selección del Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

No se trata de un trámite político. Se trata de una convicción sobre cómo debe ejercerse el servicio público.

Gobernar una ciudad exige dedicación absoluta. Defender y organizar un proyecto que aterrice a cabalidad el Plan México de la Cuarta Transformación para todo un estado también. Ambas responsabilidades merecen el cien por ciento del tiempo, del esfuerzo y de la atención de quien las asume.

Por eso decidí pedir licencia.

También porque comparto una idea expresada por la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: los recursos públicos son para servir al pueblo. Si la tarea que quiero emprender es política, debe realizarse con trabajo político, no con recursos gubernamentales.

Pedir licencia significa dejar absoluta claridad de que no habrá un solo recurso público, ni un solo minuto de trabajo institucional, destinado a la tarea de defender la transformación en Nuevo León. Los recursos públicos son para atender las necesidades de la gente y para impulsar el desarrollo de Nuevo León.

Creo que la transformación merece ser defendida en Nuevo León porque, a diferencia de lo que a veces se afirma, no es una idea ajena a nuestra historia. Durante años, con mala fe, se ha querido presentar a Nuevo León como una tierra definida exclusivamente por la producción y los negocios. Pero nuestra historia cuenta algo más profundo.

Mariano Escobedo entendió que el progreso requería instituciones fuertes y compromiso con la República. Décadas después, Eugenio Garza Sada impulsó una visión empresarial donde el crecimiento económico caminaba de la mano con la responsabilidad social.

Las empresas, universidades y comunidades que construyeron la grandeza de Nuevo León entendieron una verdad sencilla: ninguna economía es verdaderamente fuerte si no fortalece también a su sociedad. En ese sentido, el premio Nobel de economía, Douglass North mostró que las sociedades prosperan cuando construyen instituciones capaces de generar confianza, cooperación y certidumbre de largo plazo.

Por eso me parece equivocado plantear una contradicción entre la identidad de Nuevo León y la transformación. La transformación forma parte de nuestra historia. Cada generación de nuevoleoneses ha transformado su realidad: construyendo instituciones, creando industria, formando talento, abriendo mercados y modernizando la economía. Lo que cambian son las circunstancias; lo que permanece es la voluntad de avanzar y de transformar.

Hoy esa tarea pasa por aprovechar una oportunidad histórica. La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado una ruta nacional basada en el Crecimiento Equitativo y en el Plan México. Nuevo León no debe quedar al margen de ese esfuerzo; debe convertirse en uno de sus principales motores.

Defender la transformación en Nuevo León significa defender más inversión, más empleos, más infraestructura, más seguridad y más oportunidades. Significa, entonces, fortalecer la coordinación entre Federación, estado, municipios, universidades, sociedad civil y sector privado para pasar de tener problemas comunes a construir soluciones comunes.

Y también significa entender algo fundamental. Durante demasiado tiempo se nos ha querido hacer creer que Nuevo León y México avanzan por caminos separados. Es un error. Nuevo León es más fuerte cuando México es más fuerte. Y México es más fuerte cuando Nuevo León aporta su talento, su innovación y su capacidad productiva al desarrollo nacional.

No existe contradicción entre defender a Nuevo León y contribuir al fortalecimiento de México. Al contrario, una cosa depende de la otra. Hay orgullo en construir un Nuevo León más fuerte. Pero también debería haber orgullo en que la fuerza de Nuevo León contribuya a hacer más fuerte a México.

Por eso he decidido dedicar de tiempo completo mis esfuerzos a defender esta visión. No porque la transformación sea ajena a Nuevo León. Sino precisamente porque la idea de Transformación forma parte de nuestro ADN, valores y la mejor tradición de un progreso compartido, al que yo me atrevo a denominar: Capitalismo Humanista.

* Andrés Mijes Llovera es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León

Los que usamos inteligencia artificial sabemos que suele ser complaciente. Todavía no he podido analizar en profundidad la nueva encíclica del papa León XIV. Estoy esperando la edición impresa que llegará el lunes. Me sigue gustando el papel, la posibilidad de subrayar los textos, volver sobre una frase y detenerme en aquello que merece una segunda lectura.

Hasta ahora, por los comentarios que he leído, me da la impresión de que el documento contiene varias advertencias sobre los riesgos de esta nueva tecnología. Antes de leerlo completo, sin embargo, quise hacer un ejercicio curioso: preguntarle a la propia inteligencia artificial qué pensaba de la encíclica.

Consulté distintos sistemas. Gemini consideró que Magnifica Humanitas presenta una reflexión lúcida y necesaria sobre el rol de la tecnología en nuestro tiempo. Destacó especialmente cuatro aspectos: el llamado a “desarmar la inteligencia artificial”, la preocupación por los sesgos y la exclusión social, el límite ético de las armas autónomas y la necesidad de una gobernanza tecnológica orientada al bien común.

ChatGPT, por su parte, señaló que la inteligencia artificial concentra poder en muy pocos actores. Recordó que entrenar estos modelos requiere capital, infraestructura, energía y datos que hoy están al alcance de unas pocas empresas y algunos Estados. También sostuvo que la discusión fundamental no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué debería hacer y bajo qué límites. Una observación que coincide bastante con la preocupación expresada por el Vaticano.

Notebook LM llegó a conclusiones similares. Consideró acertado el planteo del Papa y afirmó que la inteligencia artificial es, en definitiva, un reflejo de las decisiones humanas. Si una herramienta tecnológica excluye, discrimina o manipula, no es porque tenga voluntad propia, sino porque fue diseñada, financiada o utilizada de esa manera.

Lo que más me llamó la atención es que, más allá de las diferencias de lenguaje, las tres plataformas coincidieron en algo fundamental: reconocen que no poseen conciencia moral ni fines propios. Sus respuestas dependen de quienes las programan, de los datos con los que fueron entrenadas y de los objetivos definidos por seres humanos.

Y ahí aparece la verdadera pregunta. Millones de personas vuelcan cada día en estas plataformas información personal, preocupaciones familiares, problemas laborales, dudas existenciales, decisiones económicas y búsquedas de sentido. Lo hacen muchas veces con total naturalidad y confianza. Sin embargo, toda esa información tiene un valor enorme. El riesgo no es solamente tecnológico; es también humano, económico y político.

Diversos estudios universitarios vienen señalando otro fenómeno preocupante: cuanto más delegamos determinadas tareas cognitivas en la inteligencia artificial, menos ejercitamos nuestra propia capacidad para resolver problemas. La tecnología puede potenciar nuestras capacidades, pero también puede atrofiarlas si renunciamos a pensar por nosotros mismos.

No se trata de demonizar la inteligencia artificial. Como toda herramienta poderosa, puede utilizarse para el bien. Puede ayudar en la educación, la investigación científica, la medicina y el acceso al conocimiento. El problema aparece cuando olvidamos quién controla esas herramientas.

Nunca en la historia de la humanidad tan pocas personas tuvieron acceso a una cantidad tan grande de información sobre tantos seres humanos. Nunca antes un número tan reducido de empresas concentró semejante capacidad de influencia sobre lo que vemos, pensamos, consumimos y creemos.

Quizás por eso las advertencias del Papa merecen ser leídas con atención. No porque la tecnología sea mala, sino porque el poder siempre necesita límites. La pregunta de fondo no es qué hará la inteligencia artificial con nosotros. La pregunta es qué harán con ella quienes tienen la capacidad de programarla y controlarla.

Y esa, más que una cuestión tecnológica, sigue siendo una cuestión profundamente humana.

En las dos últimas décadas del siglo pasado la política latinoamericana fue penetrada con gobiernos narco vinculados financiados o influidos por el narcotráfico, pero luego el socialismo del siglo 21 implantó los narcoestados o el control del poder político por el narcotráfico con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y en estados o territorios de México, Argentina y Colombia. En esta realidad, los líderes y gobiernos de las Américas tienen el desafío de terminar con el crimen organizado en la política, una formidable misión que no es posible con medias tintas.

La expresión coloquial “medias tintas” se usa “para describir acciones o actitudes ambiguas, poco claras, indecisas o faltas de firmeza”. “Denota cobardía, precaución excesiva o falta de claridad al tomar una decisión, expresar una opinión o ejecutar una tarea”. La historia refiere que esta expresión nació “en tiempos de la escritura manual con pluma y tintero” y “equivalía a diluir la tinta para que el escrito fuera casi ilegible, permitiendo a quien escribía dejar constancia de algo sin comprometerse por completo o disimulando el mensaje”.

El deseo de todo gobierno es mantener altos niveles de popularidad, aceptación y respaldo ciudadano. Para lograr este propósito formulan propuestas con las que ganan elecciones, buscan responder a las expectativas y necesidades ciudadanas, y forman equipos de influencia en la opinión pública. Pero cuando llega el momento de gobernar hay desafíos que son imprescindibles y que no son populares en términos inmediatos.

Cuando un gobierno emprende cambios, los afectados reaccionan rápida y violentamente y los beneficiados son en general apáticos o tardan en expresar respaldo. Los cambios -imprescindibles- en sociedades en crisis, son en general traumáticos, no populares y no producen resultados rápidos. La supresión de las leyes infames, el sinceramiento de la economía, el retorno al estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la no impunidad con el procesamiento y detención de acusados, la reinstalación de la institucionalidad y la restauración de la libertad, tocan al crimen organizado que detentó el poder, a los que acumularon fortunas inexplicables y a quienes siguen explotando rubros delictivos.

Las condiciones de crisis económica, social, política e institucional en que los regímenes del socialismo del siglo 21 tienen y dejan países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, las medidas necesarias para retornar a la democracia y a la libertad económica pueden ser muy duras, pero son imprescindibles. Para cumplir este desafío existencial y realizar el cambio los presidentes y gobiernos tienen las opciones del gradualismo o el impacto (shock).

La política de gradualismo es “la posición que sostiene que el desarrollo de cambios incrementales y de pequeño calado, con el objetivo de preservar el orden y no crear tensiones innecesarias es el camino más adecuado para conseguir cambios profundos, estructurales o sistémicos en lo político, económico y social”, supone un tiempo generalmente prolongado. La política de impacto o de shock, consiste en “medidas radicales aplicadas de forma rápida con el objetivo de reestructurar la economía, la institucionalidad o la sociedad, superando resistencias mediante la implementación rápida y sorpresiva”.

La historia muestra que reformas económicas, políticas y sociales estructurales han aplicado ambos métodos, con recurrentes fracasos para el gradualismo y notables éxitos para los planes de impacto. Entre otros, gobiernos como el de Macri en Argentina, de Añez en Bolivia, de Laso en Ecuador muestran resultados del gradualismo, mientras los de Paz Estenssoro en Bolivia, Moreno en Ecuador, Bukele en El Salvador presentan la aplicación de políticas de impacto.

La gravedad de la situación del país es la que -como la de un enfermo- demanda o permite el gradualismo o el impacto para la recuperación que es básicamente la restitución democracia con sus cinco elementos esenciales: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el estado de derecho; elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

El crimen organizado trasnacional operado por el socialismo del siglo 21 ha suplantado en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador el constitucionalismo, las leyes, la institucionalidad, la economía, la justicia, la conducta social, el sistema educativo, la salud, la seguridad social, las Fuerzas Armadas, Policía y sistemas de seguridad, la identificación personal, la propiedad privada y todo el sistema democrático. La restitución gradual de esta barbarie es imposible, porque el crimen organizado mantiene operaciones como expresiones políticas, capacidad de financiamiento para conspirar y desinformar, control de la violencia ilícita, en realidad mantiene el poder.

Tomar el gobierno pero no el poder (que queda en manos del crimen) no devolverá la libertad y la economía a los pueblos que sufren el oprobio del socialismo del siglo 21.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Hace una semana nadie sabía quién era Tim Payne. Hoy aparece en más conversaciones que muchos líderes políticos, celebridades e influencers que llevan años intentando llamar nuestra atención.

Tim Payne no cambió.

Lo que cambió fue la capacidad de miles de personas de convertir una broma compartida en un fenómeno global.

Un creador de contenido argentino lanzó una propuesta tan simple como brillante: además de apoyar a una selección, elegir al jugador más improbable y convertirlo en el favorito de toda una comunidad. Así nació una especie de misión colectiva: hacer famoso a Tim Payne.

Y funcionó.

Pero la historia es mucho más importante que la anécdota.

Durante años creímos que el crecimiento dependía de llegar a más personas: más medios, más audiencia, más impresiones. El caso Tim Payne demuestra algo diferente. La verdadera diferencia no está en cuánta gente te ve, sino en cuánta decide involucrarse.

La historia tenía todos los ingredientes necesarios: un protagonista inesperado, un objetivo claro y una acción extremadamente simple. Miles de personas comenzaron a seguirlo, compartir contenido, crear memes, videos, canciones y comparaciones absurdas que multiplicaron el alcance del fenómeno en cuestión de horas.

Lo más poderoso era que cualquiera podía participar. Un simple follow se transformó en una contribución a una causa colectiva.

El caso demuestra algo que solemos olvidar: los grandes fenómenos que terminan pareciendo globales casi siempre nacen siendo locales. Empiezan en una comunidad pequeña, alrededor de una emoción compartida, de un código común o incluso de una broma interna. Solo después escalan. Lo global suele ser la última etapa de un fenómeno que comenzó siendo local.

En Somos Otros, el libro que publiqué este año, sostengo que después de la pandemia no solo cambió la velocidad con la que vivimos. También cambió nuestra necesidad de participar. Ya no alcanza con observar. Queremos intervenir, influir y sentir que somos parte de lo que sucede.

Hace apenas algunos años un fenómeno como este habría tardado semanas o meses en expandirse. Hoy puede hacerlo en horas. No solamente porque la tecnología lo permite, sino porque nosotros cambiamos. Somos más rápidos, más impacientes y más proclives a sumarnos a conversaciones colectivas que nos hagan sentir parte de algo.

Por eso el caso de Tim Payne es mucho más que una curiosidad de internet. Es una demostración de cómo funciona hoy la conexión humana. Las personas quieren involucrarse, influir y comprobar que una acción individual, por pequeña que sea, puede contribuir a un resultado colectivo.

Y esto no ocurre solo en las redes sociales. También sucede con las marcas, la política, las empresas y los movimientos sociales.

Por eso muchas organizaciones siguen confundiendo visibilidad con conexión. Pueden comprar atención durante algunos segundos, pero no participación genuina. Y la participación no se compra. Se construye.

La lección es simple: ya no alcanza con contar historias. Hay que crear espacios para que otros puedan formar parte de ellas.

Tim Payne probablemente vuelva pronto a ser un jugador más. Pero eso es lo menos importante.

Lo verdaderamente relevante es que miles de personas demostraron, una vez más, que el activo más escaso de esta época no es la atención. Es la participación.

Esa es una lección que deberían observar marcas, empresas, medios y líderes políticos. Durante años compitieron por ser escuchados. Hoy el desafío es otro: lograr que las personas quieran involucrarse.

Porque cuando una historia consigue que otros la hagan propia, deja de ser contenido.

Se convierte en movimiento.

El cofundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, comparó en una ocasión la estructura del ecosistema de la inteligencia artificial con un “pastel de cinco capas”. En la base se encuentra la energía; sobre ella se ubican, sucesivamente, los chips, la infraestructura, los modelos y las aplicaciones. A través de esta superposición escalonada se construye todo el ecosistema de la IA. Esta metáfora pone de relieve que la inteligencia artificial no se limita a chatbots o competencias entre modelos, sino que involucra un sistema industrial integral que abarca desde la electricidad, los semiconductores, los centros de datos y los servidores hasta los escenarios de aplicación, donde cada capa influye directamente en el desarrollo del conjunto.

Si observamos la actual competencia entre Estados Unidos y China en inteligencia artificial desde esta perspectiva, queda claro que Taiwán ocupa una posición decisiva para inclinar la balanza.

“Taiwán es el centro de la revolución de la IA; los chips, el empaquetado avanzado, el ensamblaje de sistemas y las supercomputadoras de IA se completan en Taiwán”. Las recientes declaraciones públicas de Jensen Huang señalaron de manera directa el papel crucial de Taiwán dentro de la cadena global de suministro de IA. Asimismo, NVIDIA anunció el establecimiento de su nueva sede en Taiwán en Beitou-Shilin Technology Park, la cual no solo se convertirá en un importante centro de investigación y desarrollo de IA para la región Asia-Pacífico, sino que también profundizará aún más su cooperación con la cadena de suministro taiwanesa.

Jensen Huang ha puesto de manifiesto la posición central de Taiwán dentro de la infraestructura global y del ecosistema industrial de la IA. Por ello, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Taiwán robó la industria estadounidense de chips”, tal declaración no solo resulta injusta, sino que además ignora la relación de simbiosis tecnológica que ya existe entre Taiwán y Estados Unidos.

La posición estratégica que la industria taiwanesa de semiconductores ocupa en la cadena global de suministro es el resultado de décadas de acumulación sostenida: desde la base institucional y el entorno creado por el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial y el Parque Científico de Hsinchu, hasta la proyección global de empresas como TSMC, UMC, ASE Technology, MediaTek, Pegatron y ASUS, junto con la participación de innumerables pequeñas y medianas empresas proveedoras.

Detrás de ello se encuentran la formación de talento en ingeniería, la inversión educativa, el espíritu emprendedor, la disciplina industrial, la cooperación internacional y una capacidad constante de innovación. Todo esto ha permitido a Taiwán construir un ecosistema industrial altamente especializado, estrechamente coordinado y difícil de replicar. Precisamente por ello, Taiwán es un socio estratégico indispensable para Estados Unidos y otras democracias afines en la construcción de una cadena de suministro resiliente y libre de dependencia de China, capaz de garantizar el desarrollo de tecnologías emergentes y la seguridad nacional del futuro.

De hecho, Estados Unidos ya ha elevado la competencia en IA al nivel de estrategia nacional. En julio de 2025, el gobierno estadounidense publicó el America’s AI Action Plan, donde se declara de manera explícita que Estados Unidos debe establecer el estándar de oro mundial de la IA, desde los semiconductores avanzados hasta los modelos y aplicaciones, garantizando además que infraestructuras esenciales como la energía, las fábricas de chips y los centros de datos no dependan de tecnologías hostiles que puedan debilitar el liderazgo estadounidense.

El presidente Trump enfatizó que “Estados Unidos no será derrotado por ningún otro país en la carrera por la IA”. En mayo de 2026, la inteligencia artificial también se convirtió en uno de los temas abordados durante su visita a China y en las conversaciones entre ambos mandatarios.

Desde los documentos oficiales y el lenguaje político hasta la agenda de las cumbres bilaterales, es evidente que Estados Unidos y China consideran la IA como el campo central de competencia estratégica. Sin embargo, si Estados Unidos desea mantener su liderazgo, no puede depender únicamente de los modelos o de controles a la exportación; debe dominar una cadena física de suministro de IA que sea sostenible, escalable y confiable. Y ese es precisamente el mayor valor estratégico de Taiwán.

En primer lugar, en el nivel de los chips, Estados Unidos posee la mayor capacidad mundial en diseño de semiconductores. No obstante, para que un diseño se convierta en verdadera capacidad de IA, debe pasar por procesos de fabricación, empaquetado, pruebas y producción masiva de altísimo rendimiento.

Taiwán ocupa el núcleo de la cadena global de suministro de IA y de tecnologías confiables. Controla las capacidades más avanzadas de manufactura y empaquetado, produce alrededor del 90 % de los servidores de IA del mundo, el 60 % de los semiconductores y más del 90 % de los chips más avanzados. En otras palabras, el liderazgo estadounidense en diseño de chips solo puede consolidarse a través de Taiwán.

En segundo lugar, en el nivel de infraestructura, Estados Unidos cuenta con plataformas de nube hiperescalables como Microsoft, Amazon, Google, Meta y Oracle. Por su parte, Taiwán dispone de una cadena integral de suministro de servidores de IA e infraestructura TIC, representada por empresas como Foxconn, Quanta Computer, Wistron, Wiwynn, Inventec, Delta Electronics y Accton.

La combinación entre las plataformas y mercados estadounidenses y la sólida capacidad manufacturera taiwanesa constituye el sistema de infraestructura de IA más completo del mundo, dando forma a una relación altamente complementaria de “simbiosis en IA”.

Ese es también el profundo significado de la firma de la Declaración de la Era del Silicio y la Declaración Conjunta sobre Cooperación en Seguridad Económica entre Taiwán y Estados Unidos, suscritas durante el sexto Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica (EPPD). La cooperación bilateral abarca la seguridad de la cadena de suministro de IA, la infraestructura digital, minerales críticos, cadenas de suministro de drones, formación de talento tecnológico, cooperación conjunta en terceros países como Paraguay y Philippines, así como la cooperación económica bilateral.

Esto demuestra que Taiwán y Estados Unidos se están convirtiendo en socios fundamentales para la seguridad económica mutua.

En cuanto al nivel de los modelos, aunque Estados Unidos mantiene una posición de liderazgo, si se consideran factores como capacidad, costo, acceso abierto y barreras globales de adopción, dicho liderazgo no es aplastante. China, gracias a modelos abiertos de bajo costo e incluso gratuitos, está expandiéndose rápidamente en el Sur Global, entre comunidades de desarrolladores y en ámbitos educativos.

La competencia futura en IA será también una competencia entre lenguajes, sistemas de conocimiento y valores. Si las democracias no logran construir una IA soberana y bases de datos confiables, el orden global de la inteligencia artificial podría terminar dominado por narrativas autoritarias y modelos de gobernanza de la información.

Desde esta perspectiva, la cooperación entre Taiwán y Estados Unidos en materia de “IA soberana” y de un “corpus confiable en chino tradicional”, incluida dentro del EPPD, adquiere una importancia extraordinaria.

Para las infraestructuras críticas gubernamentales, la IA involucra seguridad de datos y soberanía nacional. Solo fortaleciendo su IA soberana y su resiliencia cibernética podrá Taiwán convertirse en una base sólida para el ecosistema democrático de IA y proyectarlo hacia Asia y el Sur Global.

Sin embargo, lo que realmente determinará la próxima etapa será la quinta capa: la “IA física”, es decir, la integración de la inteligencia artificial en robots, drones, manufactura inteligente, salud inteligente, transporte inteligente y aplicaciones de defensa.

En este ámbito, Taiwán posee grandes oportunidades, pero también enfrenta competencia internacional. Por ello, Taiwán no puede conformarse con el modelo de manufactura por encargo. Debe tomar la iniciativa para desplegar aplicaciones de IA e impulsar la transformación industrial.

Debe integrar los chips y servidores de Taiwán, los modelos y la nube de Estados Unidos, la robótica y maquinaria de precisión de Japón, así como las aplicaciones industriales de Europa, para construir una alianza democrática de inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, las máquinas herramienta, los dispositivos médicos, la logística, el cuidado de larga duración, la agricultura, el transporte y los drones de Taiwán deben convertirse en escenarios clave para la implementación de la IA física.

La política de diplomacia integral promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el programa Proyecto de Prosperidad con Aliados Diplomáticos y la estrategia de las tres cadenas, también incorpora el ámbito de la IA: la “cadena global de valores democráticos” incluye la IA soberana y bases de datos confiables; la “primera cadena insular del Indo-Pacífico” abarca drones, resiliencia en comunicaciones y seguridad de defensa; mientras que la “cadena de suministro no roja” comprende semiconductores, servidores de IA, salud inteligente, transporte inteligente y el despliegue global de la IA física.

A través de la visión de la “Era del Silicio” y del marco del EPPD, Taiwán puede convertirse en la clave para definir el resultado de la competencia en IA entre Estados Unidos y China. No solo contribuirá a que Estados Unidos despliegue plenamente sus ventajas de capital y mercado en la industria de la IA, sino que aprovechará las fortalezas taiwanesas en cadena de suministro e integración de sistemas, permitiendo al mismo tiempo que Taiwán tome la delantera en la próxima revolución de la IA física.

En una era en la que la inteligencia artificial está redefiniendo el poder nacional y el orden internacional, Taiwán está llamado a convertirse en un socio simbiótico indispensable dentro del ecosistema democrático global de IA.

El autor es canciller de Taiwán. Este texto fue publicado originalmente en el diario taiwanés Liberty Times (自由時報)

Se ha transformado en un lugar común destacar el enorme cambio que la inteligencia artificial (IA) producirá a todo nivel, desde el empleo a la vida cotidiana, uno de los más grandes que el mundo ha conocido, además que tendrá lugar con enorme velocidad. Las revoluciones que tienen su origen en la ciencia y la tecnología son diferentes a las sociales, en el sentido de transformarse rápidamente en universales e irreversibles, y a partir de los cambios producidos por la Revolución Industrial, el mundo ha aprendido que todo puede modificarse antes que los contemporáneos se den cuenta de la profundidad del cambio que está teniendo lugar.

Algunos lo ven con esperanza, otros con temor; algunos con satisfacción, otros con pesar, compartiendo sin embargo estas posiciones extremas algo en común: el optimismo y el pesimismo se unen en aquel punto donde el desarrollo tecnológico encierra la posibilidad de significar uno de los cambios más destacados en la evolución de la especie humana.

Algunas revoluciones tecnológicas son bruscas y dan origen a verdaderos quiebres epistemológicos, otras muestran una enorme continuidad, en el sentido que, aunque exista tiempo de diferencia entre una y otra, las reacciones comparadas de los afectados pueden ser muy parecidas, demostrando que a veces el cambio de los seres humanos es lento, lo que dificulta la adaptación inmediata. Sin embargo, la IA es distinta en lo cualitativo, en el sentido que la mayoría de las revoluciones precedentes fueron una reducción liberadora del esfuerzo físico, mientras que la IA tiene que ver con el poder del cerebro, además que el cambio va a ser inmediato, en todos los sectores y a todo nivel.

También está trayendo sorpresas, situaciones inesperadas, ya que, por sus características, el desarrollo de estas tecnologías y la base científica que la sustenta está proporcionando algo novedoso, empezar a apreciar en su justa medida las cualidades ordinarias y naturales del ser humano. Es inesperado, porque por siglos en forma continua y consistente, hemos enfatizado las habilidades extraordinarias en matemáticas y ciencia. Sin embargo, considerando que muchas de estas situaciones pueden ser transformadas por la IA en habituales, es probable que con el paso del tiempo, afirmaciones acerca del “genio” de deportistas y bailarines, consideradas hipérboles sensacionalistas serán mejor apreciadas, por ser correctas si se las analiza con detención, toda vez que desde hace ya un tiempo, desde el siglo XX, un aparato puede calcular increíblemente más rápido que un Premio Nobel o los robots puede realizar tareas que superan en fuerza al ser humano, pero todavía no pueden hacer bien esas otras actividades.

Hasta el momento, a la IA le ha resultado más fácil el desarrollo de fórmulas matemáticas que reproducir modelos de habilidades corrientes del ser humano. Es decir, si entendemos a la tecnología como lenguaje hacia la acción y la ciencia como lenguaje hacia la verdad, para realmente comprender a la IA, es necesario también analizar los procesos sociales en cuyo marco tienen lugar. De partida, no intentar entenderla a través de procesos mentales obsoletos, dada la magnitud de lo que hoy está teniendo lugar.

Así como la sociedad medieval estuvo marcada por los factores teológico-religiosos, la contemporánea lo está por la ciencia y tecnología, y como consecuencia, el éxito de las llamadas ciencias duras empobreció el rol que acostumbraban a jugar las Humanidades y las Ciencias Sociales en la sociedad y en el sistema universitario donde estaban hospedadas. Me cuento entre quienes piensan que vamos a ser testigos de su renacimiento, doblemente necesario ya que mi temor es que el primer impacto de la IA ya esté afectando la capacidad de pensar de las sociedades actuales que ya venía deteriorándose. Ahora se le está agregando el inicio de una tendencia que crece día a día en las RR.SS. y en plataformas como X, donde se le pregunta todo de todo, para después compartirlo masivamente como si fuera una verdad revelada, lo que repetiría lo que ocurrió cuando copias de la Biblia llegaron a los hogares después de la Reforma y la aparición de la imprenta.

Lo anterior es tan solo un aspecto, ya que mi impresión es que somos testigos de un proceso de gigantescas proporciones, el cambio de una era a otra, que coincide o está encabezada por el advenimiento de la IA y su presencia en todo lugar. Si aceptamos que el cambio que viene puede ser tan rápido y en tantos sectores, porque entonces no debiera afectar a esa actividad conocida como ciencia y al método que la caracteriza.

Si aceptamos que no existe una verdad absoluta en la ciencia sino competitivas entre sí, si la IA va a resolver con facilidad problemas que antes obligaban a recurrir a especialistas, hoy, estamos obligados a superar la hiperespecialización que impide abarcar la visión global. Es decir, estas nuevas tecnologías nos obligan a entender que no necesariamente el todo se explica por el estudio aislado de las partes.

Y esa es la sorpresa que está trayendo la IA, la necesidad de rescatar a las humanidades que eran y son el conjunto de disciplinas que ayudan a entender y comprender al ser humano, la cultura y el pensamiento, y cuyo enfoque, en general, no aspira a formular leyes universales sino a interpretar y producir consideraciones críticas o creativas respecto a la forma de ser y actuar de nosotros, los Homo Sapiens. Las disciplinas que conforman las humanidades son aquellas que buscan un conocimiento general, ofreciendo a través de los siglos, una visión de todas y cada una de las manifestaciones artísticas e intelectuales del ser humano, lo que permite entenderlo en forma integral, como también comprender la causa y efecto de los múltiples y variados acontecimientos que tienen relación con la historia, la filosofía, el arte, la literatura, la antropología, la filología, la sicología, el derecho, solo por mencionar algunas áreas.

Las humanidades como también las ciencias sociales se interesan en el ser humano, la sociedad y la cultura, siendo la diferencia fundamental, que las humanidades se centran en la comprensión e interpretación de la experiencia humana, la cultura, la argumentación filosófica y las representaciones de lo anterior, mientras que las ciencias sociales aspiran al estudio de la sociedad, empleando para ello herramientas conceptuales cualitativas y cuantitativas, como ocurre por ejemplo en la sociología. Usando como ejemplo una disciplina que he cultivado como la ciencia política, no es la única que se preocupa del poder, pero sí lo es en el sentido de transformarlo en su objeto fundamental de estudio.

Humanidades y Ciencias Sociales tienen en común que, por milenios, todas y cada una de ellas se han empeñado en descifrar tanto los significados como los significantes que subyacen la creación y la experiencia humana. También tienen en común, que en las últimas décadas han experimentado una situación de arrinconamiento, empobrecimiento y supresión en su lugar habitual que han sido las universidades. No es primera vez que ocurre en su larga historia, pero sus características si han sido novedosas, ya que ha habido un concertado esfuerzo para disminuir su importancia con el argumento que el “mercado” no las necesitaba y que sus productos y cultores no eran “útiles” para la sociedad o el crecimiento económico.

El impacto de la IA ha sido inmediato en el lugar de trabajo, incluyendo aquellas empresas que lideran este proceso. Es así como nada menos que Mark Zuckerberg anunciaba el despido del 10% de los trabajadores de Meta con otros 8.000 siendo reubicados por la introducción de la IA, agregando que el “éxito no está garantizado” para nadie. En educación, impactos semejantes se verán en las profesiones, incluyendo las más cotizadas. La forma como se enseñan las disciplinas desde la primaria a la universitaria también deberá modificarse, ya que por ejemplo la historia todavía es presentada a los estudiantes como fechas a memorizar y recordar.

Por lo tanto, cuando la IA puede modificar con rapidez el campo laboral y quizás por rara vez cuestionar el funcionamiento de una institución que como la universidad ha tenido pocos cambios en su milenaria historia, las virtudes de los saberes humanísticos van a ser cada vez mejor apreciadas, a medida que la IA comience a impactar disciplinas y profesiones, las que sin duda se verán masivamente afectadas, toda vez que por ejemplo tiene poco sentido la actual duración de carreras universitarias que además enseñan contenidos que por definición van a quedar obsoletos el día del egreso, lo que estaría detrás de la nueva moda en los campuses universitarios, donde en EE. UU. los importantes invitados a dar el discurso de graduación a los primeros egresados que han sido acompañados por la IA en sus estudios, están siendo abucheados por estos cada vez que la mencionan en su alocución.

Es importante destacar dos cosas presentes en esta columna, por un lado, la necesidad de abandonar mentalidad e ideas preconcebidas en relación a la IA para realmente entender el cambio que tendrá lugar, como también, por el otro, el hecho que sin darnos cuenta, sin querer queriendo como decía el recordado Chavo, después de años de menoscabo y hasta desprecio de los estudios de humanidades y ciencias sociales, donde las artes liberales sufrieron mala publicidad, rebaja de presupuesto, constante retroceso en salarios y prestigio, llegó la profecía autocumplida de matrícula decreciente como también el cierre de programa doctorales y posgrado, recursos que fueron redireccionado a las tecnologías, las ciencias duras, las ingenierías, y similares.

Todo indica que en este siglo se va a generar una situación nueva, donde la naturaleza humana será el complemento indispensable para que la revolución de la IA sea mejor entendida en el lugar de trabajo, donde los empleos y posiciones relacionadas con la computación van a disminuir al ser menos necesarios porque la IA hará programación en vez de ellos, lo que también va a impactar a oficios y profesiones como el periodismo y los abogados, la parte profesional, pero no necesariamente afectará al estudio de la información o el rol del derecho.

¿Qué se va a necesitar entonces? Comprender, analizar, interpretar, entender, en otras palabras, habilidades y conocimientos hoy desvalorizados, pero que proporcionan empatía, emociones, y, sobre todo, pensamiento crítico. Hablamos de aquello que nos hace humanos, saberes que las humanidades han cultivado mejor que nadie, toda vez que nacieron para ello, y lo han hecho durante siglos.

En otras palabras, tanto en educación como en el empleo, se requerirán personas cultas más que especialistas, y serán saberes humanistas los que permitirán la mejor adaptación al hecho que la IA resuelve mejor los problemas racionales que los emocionales. Los días en que disciplinas STEM (iniciales en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) eran las únicas que predominaban en los campus serán complementados por la necesaria convivencia en forma más igualitaria, a modo de ejemplo, con aquellas que intentan comprender los procesos históricos y sociales.

Lo que nos hace humanos cobrará mayor importancia en vez de perderla, no lo digo yo, sino que es el anuncio de algunas de las más relevantes mentes empresariales detrás de esta revolución, como Elon Musk. En mi vida, una de las personas de quien más aprendí, tanto que lo considero uno de mis maestros, fue el biólogo chileno profesor Héctor Croxatto, quien siempre insistía que lo que nos hacía humanos era la curiosidad de buscar conocimiento, y esa es una habilidad que la IA hará muy visible. Es también aquello que es recalcado en las enseñanzas del psicólogo rumano-israelí Reuven Feuerstein, quien nos dijo que “nada es más estable en el ser humano que su capacidad de cambiar”, y si el ser humano es modificado y se auto modifica constante y regularmente ¿por qué entonces no debiera hacerlo ahora con la IA?

El sistema educacional va a ser profundamente afectado, y la pregunta es si va a colaborar o a dificultar ese proceso, por lo que el nuevo paradigma debiera ser enseñar a cambiar, sobre todo, a través de lo que se ha ido perdiendo, la actitud crítica. Creo que en la nueva era a la que estamos ingresando, la educación debe proponerse ir más allá de la mera instrucción para formar buenos ciudadanos, y sin duda esa tarea se cumple mejor replanteándonos que es lo básico, lo fundamental en el proceso educativo en tiempos de IA, ¿lo es intentar seguir enseñando un poco de todo o solo lo más importante, y si esto último puede en realidad cumplirse a través de los valores? Otro desafío para la educación sigue siendo, ahora con mayor urgencia, como enseñar a procesar y manejar la información, no a acumularla.

El pensamiento crítico nos debiera ayudar en la tarea de evitar que la IA sea utilizada para profundizar la distorsión en la que han caído muchos sistemas educativos, aquellos que han buscado el adoctrinamiento más que la enseñanza. Además, para no repetirlos, se debiera aprender de los muchos errores cometidos con la internet, donde en los 90, en general y hasta con ingenuidad, solo se destacaron las virtudes, pero en forma oportuna no se combatió contra defectos como la desprotección de adolescentes y niños, la creación de monopolios y la capacidad de los algoritmos para polarizar y difundir información falsa.

Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿cómo regulamos la IA? La idea está en todas partes, y mucha repercusión ha tenido la primera encíclica de León XIV “Magnifica Humanitas”, dedicada al tema de la IA, y donde hay una serie de argumentos para evitar que la persona y su dignidad sean sacrificados en nombre del progreso.

Mi sugerencia se basa en tres puntos. El primero es recurrir al ejemplo más cercano, donde hubo éxito en limitar los efectos negativos de la energía atómica durante la guerra fría, donde dos potencias a las que todo separaba como EE. UU. y la URSS manejaron el inédito poder del armamento nuclear y lograron evitar un enfrentamiento directo. Hoy, China y EE. UU. dentro de su competencia por el liderazgo mundial, debieran esforzarse por llegar a acuerdos básicos sobre la IA, además de ser los países que están más avanzados, a larga distancia del resto.

En segundo lugar, la protección de los aspectos negativos y del temor que existe en relación con la IA debe manifestarse en un Tratado a nivel de derecho internacional, y a nivel nacional, la protección debe quedar registrada a nivel constitucional, desarrollando los neuroderechos, que surgen para definir a la mente como aquello que no debe ser invadido ni colonizado, como el templo humano a no ser violentado.

En tercer lugar, hay que hacer lo que no se hizo oportunamente con la computación, en el sentido de regular mucho mejor, siempre en relación con el rol que pueden y debieran cumplir tanto China como EE. UU. de controlar mejor a las empresas, sin obstruir la innovación, pero evitando situaciones como la impunidad garantizada por ley que han motivado instrumentos legales como la Sección 230 en EE. UU. , que en la práctica impide que se pueda responsabilizar en tribunales a las grandes empresas tecnológicas por lo que emiten en redes, a diferencia de tecnologías más antiguas como radio o TV.

El concepto de neuroderechos es clave, toda vez que el riesgo es real que la IA pueda acceder y modificar la propia interioridad humana. La explotación comercial de neurodatos o la manipulación emocional debe estar terminantemente prohibida, ya que como siempre, en toda revolución tecnológica existe tanto la posibilidad de hacer el bien como el mal, de ahí la necesidad que la integridad mental sea agregada a la lista de derechos humanos.

Es fundamental establecer una ética del límite para la IA, toda vez que vivimos una época donde el propio éxito científico-tecnológico ha aniquilado el antiguo paradigma del progreso indefinido, entendiendo que se puede tanto avanzar como retroceder, y que los símbolos de vida también pueden serlo de muerte, por lo que el desarrollo tecnológico puede ir acompañado de subdesarrollo espiritual.

Con los resguardos del caso, podemos mirar al futuro con optimismo. No nos dejemos avasallar por la sensación de crisis inmanejable. A pesar del catastrofismo, los avances son tales que el mundo vive hoy mejor y más protegido de las incertidumbres del hambre y la enfermedad que ninguna otra época pasada. La historia no se ha terminado y una nueva estructura de poder se está articulando, con defectos obvios que no deben atribuirse a las máquinas, sino que existe la necesidad de ver en estas una creación tan humana como lo puede ser una obra de arte.

Al iniciarse una nueva transformación de la magnitud de la IA, frente a esta lo que no cambia en los seres humanos es la necesidad de tener total claridad que el problema y la solución sigue residiendo en nosotros y tiene cinco letras: ética.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El Perú es un país maravilloso, tanto por su riqueza cultural e histórica, como por su vibrante economía y exquisita gastronomía. El espíritu emprendedor de ese pueblo ha permitido posicionarlo entre aquellos que avanzan hacia un destino visible de desarrollo, muy a pesar de los obstáculos que la inestabilidad política ha impuesto en su camino.

Esa capacidad de resiliencia ciudadana es excepcional y motiva constantes debates entre los estudiosos de América Latina, quienes tratan de explicar cómo es que una sociedad sometida a tantos cambios abruptos ha logrado mantener semejante dinamismo económico. Mucho se ha escrito y se puede seguir escribiendo sobre eso, pero creo que la respuesta más elocuente, aún en su sencillez, reside en la fortaleza de su gente, en su cultura del esfuerzo.

Sin embargo, por encomiables que sean los logros macroeconómicos, el caos político inevitablemente erosiona la capacidad de conducir hacia un proyecto nacional estable. Aunque la creatividad peruana tenga al cielo como límite, el desorden administrativo pone un techo de cristal sobre las oportunidades de la población, esa misma que cada vez se muestra más agotada por la sucesión aparentemente infinita de gobiernos débiles.

El liderazgo importa, las personas a cargo pueden hacer la diferencia, los equipos definen el rumbo de las naciones y las decisiones tomadas desde el poder impactan de forma directa en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. En un país que enfrenta cansancio institucional y desconfianza colectiva, los indicadores no bastan, se requiere a estadistas con carácter para la implementación de una visión capaz de reconciliar el crecimiento con gobernabilidad.

Los torneos electorales siempre son la cita precisa para en democracia escoger el futuro al cual se aspira, pero la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio adquiere un significado mayor para los peruanos. Es el momento en que a través de las urnas podrán decidir si revierten la tendencia de desestabilización que ha regido durante la última década. Por eso, aunque pareciera ser una competencia entre dos personas o partidos, es en realidad una dicotomía entre dos visiones de Estado, una disyuntiva entre dos improntas muy distintas.

Es en este contexto que quiero compartir el testimonio de la Keiko Fujimori que conozco y por qué hago público mi endoso a su candidatura presidencial, que considero clave para la estabilidad regional. Se trata de una líder que con firmeza y corazón ha formado parte intrínseca de la historia moderna del Perú, con una presencia que se remonta a su adolescencia, que fue testigo a la vez que actriz protagónica en momentos determinantes.

Su temple ha sido puesto a prueba reiteradas veces y más de uno quiso escribir su panegírico político, pero como verdadera capitana de tropas bien organizadas, salió adelante en cada una de estas coyunturas. Pero esa tenacidad nunca ha dado pie a la soberbia, todo lo contrario, Keiko se muestra siempre humilde, condición esencial para ese talento de aprendizaje que la ha convertido hoy en la presidenta que necesitan los peruanos.

La candidata de Fuerza Popular cuenta con el mejor asesor que podemos tener quienes hacemos vida política: un inigualable recorrido punta a punta por toda su patria que conoce a profundidad. Cada campaña, toda asamblea, han hecho de su partido la única estructura sostenible en el país y a la líder la han posicionado como la más fiel intérprete de los anhelos ciudadanos que ha escuchado sin intermediarios.

Quienes compartimos con ella en redes internacionales siempre quedamos asombrados por su aptitud técnica, al mismo tiempo que deslumbrados por su calidad humana. La misma mujer extraordinaria que te puede citar con precisión las estadísticas de seguimiento a indicadores fundamentales para el desarrollo, es la que en una caminata popular reconoce de lejos a la abuelita simpatizante, haciendo un aparte para escuchar sobre cómo le van a sus nietos, a la vez que se preocupa por la gente más humilde de su pueblo.

La Keiko que conozco y cuya amistad me honra, tiene la madera necesaria para reunificar al país, precisamente porque ha aprendido de su propia experiencia. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sin duda, ha llegado la hora de optar por un camino de orden, que es el único que garantizará la prosperidad, seguridad y libertad que haga al Perú grande entre las naciones.

Soy esencialmente multilateralista, por formación y por vocación, porque he trabajado en sistemas multilaterales durante mucho tiempo. Por eso este presente y rápido deterioro me resulta especialmente afrentoso. No debería ser tan difícil reconstruirlo, pero tampoco es algo que ocurrirá en automático o aplicando las mismas fórmulas desgastadas. Las negociaciones importantes hace no tanto se hacían dentro del sistema multilateral, las dinámicas de posicionamiento internacional tenían que ver con cómo se actuaba dentro del sistema colectivo internacional. Hoy nada de eso es así. Para ilustrarlo, podemos apreciar la inestable situación internacional y la falta de ética del sistema multilateral para sostener posiciones que puedan ser observadas por y en los Estados. Se puede describir fácilmente la falta de expectativas en el sistema y vemos cómo todo esto ocurre ante la irrelevancia de las instituciones internacionales que deberían ser referentes al respecto.

Tanto las Naciones Unidas, como la Organización Mundial del Comercio se enfrentan a graves crisis de legitimidad y diplomacia. Las organizaciones están perdidas en el mundo de la falta de comunicación moral, caracterizado por un vacío de liderazgo multilateral. Aunque las negociaciones multilaterales siempre han sido lentas en su evolución temporal, se debe asumir que el producto de las negociaciones en ese marco muestra ahora reiterados fracasos y las negociaciones de identidad multilateral permanecen anquilosadas en posición irrelevante. Entonces, podemos extender estas identidades como productos de las negociaciones de evolución temporal adyacentes y obtenemos como resultado que cada Estado procura sus propios mecanismos para resolver sus propios intereses, es decir, la negociación de identidad bilateral, con uso indiscriminado de la presión para asegurar resultados.

En términos del producto temporal, las negociaciones multilaterales expandidas y diluidas en los tiempos de la falta de resultados del sistema de la ONU parecen productos fosilizados por el cual no es relevante invertir capital, credibilidad o tiempo, y finalmente los Estados, que identifican sus problemas en el desarrollo de políticas de alto nivel, ejercen la negociación como un mecanismo en el posicionamiento político global. Esto significa que la ética de la expectativa en el desarrollo se proyecta en la falta de la ética en las expectativas cerradas a los resultados multilaterales, que deambulan en generalidad y frases vacías y aburridas. Las transformaciones profundas que necesita el sistema multilateral requieren de modo imperativo que la ética de la expectativa de unirse a negociaciones multilaterales debe cambiar desde los anodinos posicionamientos actuales a lógicas de compromiso con principios y valores fundamentales que hacen a los Derechos de los pueblos. Es la misma necesidad de un proyecto ético para los pueblos, para las poblaciones vulnerables, para los que han visto arrebatada su democracia, lo que resalta que podemos usar la política en el curso de un proceso con compromiso con las soluciones necesarias.

En cuanto a la financiación o la implementación de proyectos para el desarrollo, el sistema multilateral también perdió completamente toda credibilidad y la inutilidad de sus proyectos, financiaciones y políticas depende generalmente del pesado aparato burocrático de las organizaciones hecho a retroalimentarse de papeles a cambio de mucho dinero. Las negociaciones políticas de desarrollo no dependen del sistema multilateral, las financiaciones son simplemente la demostración de la ineficiencia para generar capacidades nacionales como parecía ser el objetivo cuando fueron creadas.

El sistema multilateral se ha enredado en su lentitud y en pesadas dinámicas de consultorías que resultan contraproducentes, en informes que no reflejan realidades, en incubadoras para la reproducción de las incapacidades nacionales y en la falta de compromiso político para decir la verdad respecto a realidades, necesidades y soluciones. Pasemos primero a la dinámica del sistema en lo que refiere a políticas de desarrollo, ya sean económicas o sociales, recordando que esta evolución del tiempo de desarrollo está determinada por la economía y viene dada por la mayor eficiencia de los Estados en el manejo de las decisiones políticas. Las economías de desarrollo son hoy independientes del sistema multilateral cuya contribución ha sido en el mejor caso nula, aun cuando en muchas ocasiones ha sido directamente contraproducente contribuyendo de manera sustantiva a reproducir problemas y crisis.

Definimos la acción del tiempo como una situación en la que los Estados priorizan cada vez más los intereses nacionales locales sobre los acuerdos colectivos y multilaterales. Esta parálisis institucional multilateral ha limitado gravemente la capacidad de la comunidad internacional para abordar eficazmente los desafíos globales, ya sea el crimen organizado o la migración transnacional. Las soluciones han venido de negociaciones bilaterales y de apoyos bilaterales que resolvieron cosas que la acumulación de papeles solo había visto agravarse.

El sistema multilateral comercial ha sido completamente inoperante para enfrentar la fractura geoeconómica y el creciente proteccionismo. La era del libre comercio global ha dado paso rápidamente a una era de intenso nacionalismo económico. Los enfoques tradicionales de la globalización se han limitado a una inoperante confrontación repetitiva durante décadas en su operativa sin escala en el sistema multilateral. La esencia de los estudios comerciales actuales muestra cómo se han transformado las relaciones entre países en lógica de confrontación comercial que reemplaza la dejadez a nivel burocrático multilateral que solamente atina a mirar con asombro mientras los acuerdos bilaterales se suceden buscando soluciones para problemas pendientes durante décadas. La simplificación de la persuasión es la implementación de dinámicas de presión bilateral hacia temas comerciales puntuales. Los mecanismos más eficientes de la persuasión comercial a través de la renegociación permanente de contratos anteriores reemplazan de forma crítica y controvertida el concepto de rondas comerciales. El sistema multilateral yace tapado por sus propios estudios.

Dado el uso constante de la fuerza económica y sus implicaciones para los conflictos comerciales en el ámbito diplomático, ha llevado la proporcionalidad de esa fuerza a ser usada para soluciones políticas de las negociaciones comerciales que habían sido postergadas en el marco de un proceso autodestructivo. La persuasión basada en la presión se propaga por todas las regiones que cambian rápidamente adaptándose a una nueva realidad internacional. Pero esta lógica de “persuasión” de la guerra comercial multiplica soluciones forzando las respuestas necesarias. Las respuestas imaginarias que daba el sistema multilateral desde la ronda Uruguay no desempeñaron por demasiado tiempo un papel central en la economía comercial y del desarrollo, lo que hizo del sistema multilateral algo inútil con paquetes discretos y un sistema sin energía comercial.

Ante la pasividad del sistema multilateral la tendencia básica en la política internacional actual son los conflictos armados basados en la incapacidad para gestionar las crisis regionales por el sistema multilateral que se ha visto sustituido por la guerra activa y la violencia localizada. Sin embargo, he argumentado anteriormente que lo incómodo y francamente problemático reside en el uso de respuestas complejas que incluyen el uso de la fuerza, que son inherentes a la diplomacia real, y que ello ocurre cuando el multilateralismo falla, no por un par de años sino por periodos muy prolongados. La diplomacia consecuencialista debe ser capaz de dar respuestas complejas, soluciones que tienen impacto y que pueden conectar los más diversos problemas y fortalezas, que operan para la construcción de un balance general que se edifica día a día, teniendo en cuenta los paradigmas destructivos que pueden operar dentro del sistema, así como potenciando las acciones que son funcionales a su fortalecimiento.

Es muy visible cómo se aplica la lógica bélica en la totalidad del sistema, con el sistema multilateral sin guía ética al respecto, manejando conceptos atrasados y negociaciones reiterativas de su inutilidad. La energía potencial que es la paz tal como fue presentada por el sistema multilateral sirvió para cobijar agresiones y atentados, violaciones de Derechos Humanos sin ser capaz de ecuanimidad ni de eficiencia. La multiplicación de las acciones temporales que operan desde la persuasión bélica, son resultado claro del comportamiento de países impacientes con la falta de soluciones y que han decidido explotar las debilidades del sistema para alcanzarlas.

La falta de combinación de conceptos multilaterales negociadores asociados con los principios éticos y políticos que impulsaron su creación llevó al sistema de ONU a asumir una configuración de irrelevancia y su actuación se transformó en algo muy simple y declarativo, sin las consecuencias que la diplomacia debía crear. La ética de las organizaciones multilaterales está absorbida por estrategias de comunicación que se enroscan permanentemente en su zona confort de la autocomplacencia y de las culpas de los demás. La autocrítica es la principal herramienta para mejorar; y cuando un sistema no es capaz de ejercerla, ahí es donde termina: justo donde se encuentra ahora el sistema multilateral global.

El principal efecto de esto es la presente inutilidad del sistema para enfrentar siquiera las dificultades más sencillas, los países y la humanidad necesitan específicamente soluciones que los “rescaten del infierno” muchas veces, pero la pasividad del sistema, su desapego de los principios hace que el mismo sea disfuncional respecto a las soluciones que se necesitan. Las consecuencias de aplicar los principios son soluciones y restauraciones de la relación precisa en las frecuencias reales del poder político; esta relación es crucial en la implementación de los trabajos. Por lo tanto, las consecuencias de las acciones multilaterales tienen que tener varios niveles que en una representación gráfica se pueden asemejar a espirales que atraviesan una serie de planos complejos sobre los cuales van impactando y generando efectos/soluciones. La persuasión del sistema multilateral está moldeada en el comportamiento de estas espirales negociadoras que giran en torno a principios y valores fundacionales en el espacio y el tiempo de los problemas globales y regionales.

Hoy, ante la pasividad del sistema multilateral se están poniendo a prueba los marcos de seguridad internacional a niveles no vistos desde la Guerra Fría. El enfoque bélico se reproduce críticamente en Oriente Medio, la guerra ruso-ucraniana, el enriquecimiento de uranio iraní, convulsiones civiles y fragmentación a partir de conflictos internos en diversas zonas del África subsahariana. La moralidad del sistema multilateral es tan cuestionable que ha perdido capacidad para enfrentarse a lo más obvio, es así que Irán pudo enriquecer su uranio por encima del uso energético (5 %) hasta 60 % sin ninguna acción internacional ni punitiva ni de detención. El sistema multilateral encargado de la seguridad no pudo proteger a un país pequeño como Haití, ¿qué se puede esperar para el resto? Organizaciones que deberían ocuparse de la defensa de la Democracia han borrado el tema de su agenda. La importancia de los liderazgos de las organizaciones en la defensa de los DD. HH. es crucial políticamente; las capacidades jurisdiccionales o técnicas de las instituciones internacionales especializadas cumplen un papel fundamental, pero la delegación por comodidad a ellas que hace el liderazgo político priva al sistema multilateral de un instrumento clave para resolver situaciones de gravedad. Hace unos años, conjuntamente con el Vaticano y la Cruz Roja liberamos 320 presos políticos en Nicaragua, no puede ser que el sistema multilateral ni siquiera se plantee hacer cosas así al presente.

Otra característica importante del uso permanente de la persuasión bélica es que la diplomacia multilateral (y sus derivados) no se afirman en ningún poder real y con ello caen en la intrascendencia. Esto hace que las fuerzas de las potencias sean lineales y dirigidas directamente al problema, lo que significa que, si desarrollamos hoy dos tipos de recursos diplomáticos multilaterales, llamémoslos organizaciones internacionales en el terreno o enviados especiales, cuando los sumamos, no son capaces de alcanzar las soluciones válidas para enfrentar o neutralizar las crisis como parece tener actualmente la persuasión ruda que significa el uso de la fuerza. Si no se hubiese perdido la autoridad moral del sistema multilateral, las soluciones operarían completamente a la inversa de lo que acabamos de exponer. Esto significa que la lógica sistémica que surge del uso de la fuerza funcionará para cualquier combinación de principios políticos, religiosos, sociales, económicos. La capacidad de hacer es crucial para el ejercicio de la diplomacia en situaciones donde está en juego implementar soluciones respecto a Estados que violan el Derecho Internacional, ya sea a través de crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de DD. HH. o enriquecimiento de uranio.

El sistema multilateral ha sido asimismo incapaz para encontrar puntos de normalización en las relaciones económicas internacionales. La confrontación geoeconómica se considera hoy también como una de las principales amenazas capaz de desencadenar crisis sistémicas, la acción en Venezuela o en Irán son también demostraciones de esto. Las diferentes áreas económicas y comerciales vestidas de alta fricción moral incluyen las crecientes tensiones comerciales entre potencias por el exceso de sus capacidades industriales o la necesidad de recursos (minerales raros), lo cual ha llevado a lógica de ataques y de diplomacia colateral que lleva a la acción progresiva permanente en el proceso de posicionamiento económico global.

La inteligencia colectiva del sistema multilateral ha fallado como ha fallado su moralidad, multiplicada por el esfuerzo diplomático que exactamente no satisface frente al diferencial crítico de la acción unilateral. Cuando se reconocen los extremos de los posicionamientos se puede medir la ética por la longitud de la cuerda y como se espera que la misma no se rompa en el permanente tironeo, visualmente solo valores muy específicos funcionarán para el procedimiento constante de tirar de la cuerda. Esto solo significa que podemos encajar consecuencias de acción política entre los extremos fijos de la cuerda de las relaciones internacionales que se encuentra en permanente tensión. Este comportamiento da un tono diplomático muy intenso; las frecuencias operativas son simples resultados de este comportamiento crítico del uso de la fuerza dura o blanda o intermedia.

Sin embargo, para quienes restringen el Derecho Internacional, estas frecuencias de ejercicio del Derecho no son tan simples, las soluciones de las nuevas implicaciones de la acción internacional directa y unilateral para la cual las instituciones internacionales no tienen respuesta, como tampoco la tenían para violaciones de Derechos Humanos o enriquecimiento de uranio como hemos señalado. Las acciones tienen que ver directamente con el ejercicio del Poder. Por lo tanto, las consecuencias diplomáticas ahora se alinean perfectamente con la falta de moralidad en la protección de principios por parte del sistema multilateral y con la falta de ética operativa de las organizaciones.

El sistema multilateral tampoco tiene la menor idea de qué hacer con el más que demandante asunto de la inteligencia artificial que ha evolucionado de un interés tecnológico comercial a un escenario primordial de competencia geopolítica. No hay peor situación para un sistema multilateral cuando el mismo se autosatisface con sus propios papeles, cuando las organizaciones internacionales empiezan a parecerse a consultorías gigantes. Hoy es la situación imperante.

Las soluciones para el sistema multilateral no son difíciles, tienen que ver con asumir sus propias competencias, hacer suyos los principios y valores fundacionales, tener un proyecto ético que les dé capacidad de acción y de negociación. La solución es salirse de la trampa expresada por el principio cartesiano de que “de la nada, nada sale”.

¡Quien iba a imaginar que el grito que recorría los campus de la Sorbona francesa a finales de 1800, se repetiría con la misma carga de odio en los campus universitarios del siglo XXI! El famoso “abajo los judíos” y su colofón “muerte a los judíos”, coreado por masas de estudiantes barbarizados que insultaban a Emile Zola y pedían la “ejecución inmediata” del capitán Alfred Dreyfus, se convirtió en un augurio amenazador de la tragedia que teñiría de sangre la piel de Europa. Como bien intuyó Theodor Herzl, a los judíos europeos se les acababa el tiempo, no en vano crecía el antisemitismo en todo el continente: en Viena acababa de ganar las elecciones Karl Lueger gracias al discurso antijudío; en el Imperio Ruso se producían progromos letales desde Moldavia a Rusia, pasando por Ucrania; y en Bohemia se condenaba a muerte a través de los libelos de sangre. Herlz intuyó que solo se podía garantizar la supervivencia del pueblo judío si conseguía un estado reconocido, es decir, conquistaba el derecho internacional. Ahí nació el sionismo, como escudo y protección para un pueblo paria secularmente perseguido y diezmado. Después vendría lo ya conocido, y Europa acabaría asesinando a tres cuartas partes de su población judía: quemando su alma judía, se quemaba a sí misma.

De la 1898 a 2026, y de la Sorbona a los campus norteamericanos, van 128 años en los que todo pasó y pareció que nada entendimos. La nueva oleada antisemita que inflama a los jóvenes manifestantes, se alimenta de la oscuridad de las redes y se multiplica con el libelo y la mentira, pero no es nueva, sino un calco preciso de las oleadas antisemitas que recorrieron la piel de la historia. Cambian los instrumentos y las formas, pero se mantienen intactos los prejuicios y los males que provocan. Sabemos desde siempre que el antisemitismo es la fiebre que detecta la enfermedad, la medida que nos indica cuando una sociedad se endurece, se degrada y se vuelve intolerante. Cada vez en la historia que los judíos han sufrido por su condición judía, el mundo ha vivido situaciones muy trágicas. Es el estigma más letal de la historia y ninguna sociedad sale indemne cuando esparce su veneno. Luchar contra la judeofobia es responsabilidad de todos, pero sobre todo es la responsabilidad de los que no somos judíos.

¿Qué cabe hacer con la oleada antisemita que recorre el mundo? Muchas son las instituciones democráticas -judías y no judías- que trabajan para frenar este fenómeno de odio, pero más allá de los análisis, los debates y la lucha contra los libelos virales que navegan por todas las formas de comunicación, es necesario que las instituciones planteen medidas legales, contundentes y pedagógicas para combatir el discurso de odio. Y es en este punto donde se enmarca la cuestión de los campus universitarios norteamericanos, cuya derivada antisemita desde el 7 de Octubre de 2023, ha sido el foco más brutal y efectivo de propagación del odio. En este sentido, es una buena noticia la decisión del departamento de justicia de demandar a la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) por antisemitismo, acusada de permitir un “ambiente educativo hostil” y de actuar con “indiferencia deliberada” ante las agresiones y escraches contra estudiantes judíos en los últimos tiempos. Las 53 páginas del expediente judicial se centran sobre todo en las acciones de los campamentos palestinos vinculados al Students for Justice in Palestine (SJP) (la organización que cofundó Zohran Mamdani en la universidad Bowdoin), con agresiones de todo tipo. Según la denuncia, manifestantes encapuchados “golpearon, patearon y atacaron con gas pimienta” a estudiantes judíos en reiteradas ocasiones, sin que las autoridades universitarias actuaran con la celeridad necesaria. Las consecuencias de la denuncia pueden tener un fuerte impacto financiero para UCLA, tanto con la suspensión de nuevos contratos públicos, como la obligación de retornar los fondos federales que han recibido.

Y con UCLA, son más de 60 los expedientes a las universidades bajo sospecha del departamento de Educación norteamericano, con Harvard, Columbia, Stanford, Princeton o Berkeley a la cabeza. El caso de Harvard es especialmente notorio, sobre todo después del papel que hizo su ex presidenta Claudine Gay cuando, a la pregunta de si “pedir el genocidio de los judíos violaba las normas de Harvard sobre intimidación y asedio”, respondió que “depende del contexto”. Otras universidades como Northwestern, Cornell o Brown han cerrado acuerdos de resolución con el gobierno pagando multas que van de los 50 a los 75 millones de dólares, y todas ellas se han comprometido a crear protocolos estrictos contra el antisemitismo. Muchas de ellas han prohibido oficialmente la presencia del SJP y otros grupos afines, aunque ninguna lo ha hecho por antisemitismo, sino por “violar las normas cívicas del campus”.

Sea vía denuncia o vía resolución acordada, lo cierto es que la acción del gobierno contra las universidades demuestra cierta eficacia en el control de los campus universitarios, cuya orgía de odio a los judíos llegó a la cifra de 1.600 actos violentos contra estudiantes judíos durante el tiempo de la guerra en Gaza. Pero sería ingenuo pensar que con ello quedará neutralizado el discurso antisemita, especialmente en su versión antisionista, la versión más cool del viejo antisemitismo. Lo cierto es que la judeofobia ha impactado en los discursos de izquierdas de manera muy activa, como lo ha hecho también en la derecha populista. El odio al judío vuelve a ser el comodín de muchas causas y la coartada de la violencia dialéctica. En este sentido, ha sido mayúscula la irresponsabilidad de las grandes universidades norteamericanas que confundieron el derecho al libre pensamiento, con el derecho a la hostigación y el odio. ¿Tendrán algo que ver los millones de dólares que ha aportado Qatar a dichas universidades?

Sea Qatar mediante, o por la inoperancia de los dirigentes universitarios, o por la demagogia de las izquierdas más violentes, o por todo sumado, el problema más grave es que el huevo de la serpiente se ha inoculado en los campus donde se forman las nuevas generaciones y sus nuevos líderes. Es entre los jóvenes donde más ha crecido la judeofobia, con especial aumento entre los jóvenes universitarios. Ello no es grave solo para los judíos, sino para todos los ciudadanos, porque ninguna sociedad sale indemne del antisemitismo. El odio destruye, embrutece, contamina y ennegrece la sociedad, y nunca crea nada. El odio solo genera odio.

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En mayo, The New York Times informó que el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad habría sido considerado por Estados Unidos e Israel como una posible figura para asumir el poder en caso de que el régimen iraní fuera derrocado.

Ahmadinejad ha mantenido durante años una relación conflictiva con el establishment iraní. Acusó públicamente de corrupción a figuras influyentes del régimen, posteriormente se le prohibió postularse nuevamente a la presidencia, varios de sus colaboradores fueron arrestados y, finalmente, él mismo fue puesto bajo arresto domiciliario.

Su creciente resentimiento hacia el régimen alimentó la posibilidad de que una figura como él —surgida desde dentro del sistema, pero posteriormente marginada por este— pudiera ser utilizada para encabezar un gobierno de transición. Lo que la administración Trump, y posiblemente también Israel, parecían imaginar era una variante del modelo venezolano: colocar a un miembro o exmiembro del régimen en el centro de un intento de transición política como primer paso hacia un cambio de régimen.

Según el periodista israelí Ronen Bergman, Ahmadinejad estaba plenamente al tanto del plan para colocarlo en el poder tras un eventual colapso del régimen iraní.

Fuerzas israelíes habrían bombardeado la residencia de Ahmadinejad, causando la muerte de los guardias encargados de vigilarlo, en un aparente intento de liberarlo del arresto domiciliario. Según esas versiones, Ahmadinejad resultó herido y no ha reaparecido públicamente desde entonces.

Aparentemente, Ahmadinejad terminó apartándose del plan.

Algunos analistas, entre ellos Behnam Ben Taleblu, de la Foundation for Defense of Democracies, han expresado escepticismo respecto al informe, argumentando que Ahmadinejad fue uno de los presidentes más radicales de Irán. Efectivamente, Ahmadinejad era un ferviente antisemita que llamaba abiertamente a la destrucción del Estado de Israel, apoyaba el terrorismo, negaba el Holocausto y promovía activamente el programa nuclear iraní.

Sin embargo, ni Estados Unidos ni Israel desmintieron el informe del New York Times, lo que sugiere que podría haber al menos algún grado de veracidad en él. La pregunta inmediata, entonces, es por qué Ahmadinejad terminó retirándose del supuesto plan.

No existe una respuesta clara, pero es razonable asumir que alguien como Ahmadinejad —un hombre que construyó toda su carrera política dentro de la República Islámica, que representó el ala más radical del régimen con más agresividad que cualquier otro presidente iraní de las últimas tres décadas y que incluso aspiró a alcanzar posiciones aún más altas dentro del sistema— difícilmente podría colaborar plenamente con las mismas potencias a las que dedicó gran parte de su vida política a combatir.

De hecho, Ahmadinejad surgió políticamente del entorno revolucionario que moldeó la República Islámica tras 1979. Estuvo vinculado al movimiento estudiantil involucrado en la toma de la embajada estadounidense en Teherán durante la crisis de los rehenes. Incluso si son correctos los informes que sostienen que él personalmente se opuso a la ocupación de la embajada, la organización estudiantil con la que estaba asociado terminó convirtiéndose en uno de los pilares ideológicos fundamentales del régimen iraní.

Para alguien tan profundamente moldeado por la ideología y la mitología de la Revolución Islámica, colaborar abiertamente con Estados Unidos e Israel en un proyecto de cambio de régimen pudo haber sido, en última instancia, política, psicológica e ideológicamente imposible.

Cualquiera que sea la explicación de por qué Ahmadinejad supuestamente decidió apartarse del plan para contribuir al derrocamiento del régimen iraní, esta no sería la primera vez que Estados Unidos enfrenta dificultades al intentar apoyarse en figuras provenientes del propio aparato estatal durante una estrategia de transición política.

Un caso comparable puede encontrarse en el intento del 30 de abril de 2019 de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, conocido como “Operación Libertad”. La iniciativa involucró al líder opositor Juan Guaidó y se sustentaba, según diversos informes, en la expectativa de deserciones o cooperación por parte de figuras de alto rango dentro del aparato estatal venezolano.

Entre los nombres mencionados con mayor frecuencia en reportajes y filtraciones figuraban Maikel Moreno, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); y Manuel Cristopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

A pesar de las expectativas de que sectores internos del Estado venezolano cambiarían de lealtad, la mayoría de las fuerzas armadas y de las instituciones clave permanecieron finalmente alineadas con Nicolás Maduro, y el intento no logró generar una fractura decisiva dentro del régimen.

Según el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, figuras clave como Vladimir Padrino López, Maikel Moreno e Iván Hernández Dala optaron, en el momento decisivo, por mantenerse leales a Maduro.

El 30 de abril de 2019, Juan Guaidó —reconocido entonces por Estados Unidos y varios otros gobiernos como presidente interino de Venezuela— apareció cerca de la base aérea La Carlota, en Caracas, acompañado por un pequeño grupo de militares sublevados que habían cambiado de bando bajo las órdenes de Cristopher Figuera.

Desde ese lugar, Juan Guaidó lanzó un llamado público a un levantamiento militar, presentándolo como la “fase final” de la “Operación Libertad”. En un breve mensaje en video, instó a los miembros de las fuerzas armadas a actuar en defensa de la Constitución venezolana y a sumarse a lo que describió como una transición democrática.

Sin embargo, pese a las expectativas de que otras unidades militares se unieran al esfuerzo, no se produjeron deserciones masivas. Al no materializarse los apoyos anticipados, el impulso de la operación se desvaneció rápidamente y Cristopher Figuera terminó apartándose de la escena política y militar.

¿Qué podemos aprender del fallido intento de abril de 2019 de destituir a Nicolás Maduro en Venezuela? Cuando actores externos —como Estados Unidos o, según algunas interpretaciones, Israel y otras potencias aliadas— intentan facilitar un cambio de régimen cultivando aliados dentro de un sistema autoritario, se enfrentan a dos riesgos fundamentales.

El primero es que esos aliados internos terminen engañando deliberadamente a sus interlocutores externos, actuando como agentes dobles que aprovechan el interés extranjero para obtener concesiones, recopilar información sensible o fortalecer su posición dentro del propio régimen.

El segundo riesgo es que, incluso sin existir un engaño deliberado, los potenciales desertores terminen paralizados por el miedo: miedo a que la conspiración fracase, miedo a ser descubiertos y miedo a sufrir represalias severas. En esas circunstancias, individuos que inicialmente parecen dispuestos a romper con el régimen pueden vacilar en el momento decisivo y retirarse, comprometiendo así toda la operación.

Los acontecimientos del 30 de abril de 2019 en Venezuela ilustran claramente esta dinámica. Las expectativas de una rápida cascada de deserciones dentro de la élite gobernante nunca se materializaron, y los principales actores institucionales terminaron manteniendo su lealtad al gobierno de Nicolás Maduro. Como consecuencia, la operación colapsó.

En mi opinión, parte del problema radica en la tensión entre el cinismo y el optimismo que suele caracterizar este tipo de estrategias externas. Por un lado, existe la premisa de que ciertos actores internos pueden traicionar al régimen si reciben suficientes incentivos, garantías o promesas de protección. Pero, por otro, esa misma premisa puede derivar en un optimismo excesivo cuando se aplica a individuos profundamente integrados en estructuras autoritarias, especialmente en regímenes implacables que dependen de la coerción, el clientelismo y la lealtad ideológica para sostenerse.

En estos contextos, suele ser poco realista asumir que personas que ascendieron dentro del sistema, se beneficiaron de él y fueron moldeadas política e ideológicamente por sus estructuras puedan desprenderse de él con facilidad, sobre todo cuando las consecuencias del fracaso pueden ser existenciales.

Para ser claros, el caso asociado con Delcy Rodríguez en Venezuela no debe interpretarse como una historia simple de transición democrática ni como un ejemplo exitoso de reforma política profunda. Si bien se han reportado ciertas medidas limitadas de liberalización económica —especialmente en los sectores petrolero y energético— estos cambios no han alterado de manera fundamental la estructura política del país.

Las instituciones centrales del régimen permanecen intactas, y los patrones de gobernanza autoritaria asociados con las eras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro continúan moldeando la vida política venezolana. Aunque se han anunciado algunas reformas y reestructuraciones administrativas dentro de la élite gobernante, no existe evidencia clara de una transformación sistémica del Estado ni de una ruptura decisiva con las redes de poder tradicionales.

Del mismo modo, aunque se han producido informes sobre liberaciones o intercambios periódicos de detenidos en el contexto de negociaciones políticas y ajustes tácticos del gobierno, persisten preocupaciones significativas sobre la continuidad de la prisión política y las restricciones más amplias a los derechos civiles y políticos.

En términos generales, pese a ciertos ajustes pragmáticos en la política económica y en los mecanismos de gobernanza, la estructura subyacente de control autoritario y continuidad institucional parece haberse mantenido, en gran medida, intacta.

Es difícil imaginar que una figura como Mahmoud Ahmadinejad abandone por completo el marco ideológico dentro del cual construyó su carrera política y se convierta en un agente genuino de transición fuera de la República Islámica. Esta expectativa refleja una combinación de cinismo e ingenuidad.

Un escepticismo similar puede aplicarse a miembros actuales o antiguos del régimen, como Mohammad Bagher Ghalibaf, excomandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y figura de larga trayectoria dentro del establishment. La suposición de que actores de este tipo puedan ser persuadidos para negociar de manera pragmática con Estados Unidos y aceptar concesiones significativas —como el desmantelamiento del programa nuclear iraní— tiende a subestimar la profundidad del compromiso institucional y la socialización ideológica que caracteriza al régimen.

Desde esta perspectiva es necesario adoptar una evaluación más realista de las posibilidades de transformación de los regímenes autoritarios altamente cohesionados, especialmente aquellos con estructuras de poder consolidadas y mecanismos efectivos de control interno.

Quizás la opción militar necesite ser reconsiderada. Si tal posibilidad resulta ser una carga demasiado grande para los EEUU, a Israel se le debería dar luz verde para hacerlo solo.

La reciente publicación de la encíclica Magnifica Humanitas por parte del papa León XIV reabre uno de los grandes dilemas históricos de la civilización: cómo preservar la dignidad humana en medio de una revolución tecnológica que transforma radicalmente la vida económica y social.

Su contenido nos remite inevitablemente a la crisis que enfrentó la humanidad a finales del siglo XVIII, cuando comenzó la mecanización de la producción textil y el motor de vapor inauguró la Revolución Industrial. A partir de entonces, numerosas tareas realizadas por seres humanos pasaron progresivamente al dominio de las máquinas. Surgieron las primeras fábricas, se transformaron los métodos de producción y aparecieron innovaciones decisivas: la manufactura mecanizada, los nuevos procesos metalúrgicos y químicos, el uso extensivo de la energía hidráulica y del vapor, y el desarrollo de las máquinas-herramienta.

La productividad aumentó de manera extraordinaria y el crecimiento económico adquirió una velocidad desconocida hasta entonces. Sin embargo, aquellos avances descansaban sobre una explotación brutal de la fuerza laboral. Ningún escritor retrató mejor esa realidad que Charles Dickens, quien describió un universo social donde la pobreza, el hambre, el trabajo forzado y la indiferencia institucional reducían a millones de personas a simples engranajes del sistema industrial.

Fue precisamente para responder a esa realidad que el Papa Leo XIII publicó en 1891 la histórica encíclica Rerum Novarum. En ella defendió explícitamente el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, sostuvo que el salario debía ser suficiente para garantizar la subsistencia digna de las familias y rechazó tanto el socialismo revolucionario como el capitalismo laissez-faire.

Leo XIII consideraba que la eliminación de la propiedad privada atentaba contra la libertad individual y la estabilidad familiar, pero también afirmaba que el Estado tenía la obligación moral de proteger a los trabajadores y garantizar condiciones laborales justas. Para la Iglesia, además, existía una responsabilidad superior: ofrecer los principios éticos necesarios para preservar la cohesión social en tiempos de transformación económica acelerada.

Hoy la humanidad enfrenta un desafío comparable, aunque posiblemente aún más profundo: la irrupción de la inteligencia artificial. Este fenómeno representa la fase superior de la revolución tecnológica iniciada con la digitalización en los años noventa y ha comenzado a alterar estructuralmente el mercado laboral, especialmente en las economías desarrolladas.

Durante gran parte del siglo XX, las sociedades industriales crearon millones de empleos rutinarios de ingreso medio —oficinistas, contables, técnicos administrativos y obreros especializados— que permitían sostener una familia sin necesidad de educación universitaria. La automatización digital, la computación avanzada y la inteligencia artificial han ido sustituyendo muchas de esas funciones. Como consecuencia, el crecimiento del empleo se concentra cada vez más en los extremos del espectro salarial: ocupaciones altamente calificadas y trabajos precarios de bajos ingresos, mientras se reduce progresivamente el espacio económico de las clases medias.

En ese contexto, Magnifica Humanitas adquiere una relevancia extraordinaria. Según diversas interpretaciones, la encíclica surge de extensas conversaciones con científicos, ingenieros, educadores, líderes políticos y familias preocupadas por el futuro de las próximas generaciones. El documento plantea interrogantes éticos fundamentales sobre el lugar del ser humano en una civilización crecientemente gobernada por algoritmos.

Entre las preocupaciones más urgentes figura el desarrollo de sistemas de armas autónomas y de algoritmos capaces de determinar acceso al empleo, al crédito, a la salud o a la seguridad pública basándose en datos defectuosos, sesgos ideológicos o criterios opacos imposibles de auditar por los ciudadanos.

Curiosamente, estas mismas inquietudes marcaron los últimos años intelectuales de Henry Kissinger, quien se convirtió en una de las voces más influyentes en advertir sobre los riesgos geopolíticos y filosóficos de la inteligencia artificial. Junto con Eric Schmidt y Craig Mundie, Kissinger publicó el libro The Age of AI: And Our Human Future, donde sostuvo que la velocidad del desarrollo de la IA podría resultar tan trascendental y potencialmente desestabilizadora como la aparición de las armas nucleares.

Kissinger advertía que una inteligencia artificial suficientemente avanzada podría erosionar no solo estructuras económicas y políticas, sino también la propia conciencia humana, debilitando la capacidad de las instituciones democráticas para ejercer control sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los marcos regulatorios y éticos tradicionales.

Vista desde la perspectiva de Magnifica Humanitas y de las reflexiones de Kissinger, la inteligencia artificial representa quizá el mayor desafío civilizacional desde los orígenes de la modernidad. La cuestión central ya no es únicamente tecnológica o económica, sino profundamente moral y filosófica: si la humanidad será capaz de mantener el control sobre una fuerza creada por su propia inteligencia antes de que esa fuerza termine reconfigurando la esencia misma de lo humano.

En última instancia, el desafío consiste en lograr que el genio que escapó de la botella de la creatividad humana vuelva a ingresar en los cauces del control ético, político y civilizacional.

La educación es, sin duda, el factor más determinante para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Sin embargo, en América Latina seguimos cometiendo el mismo error histórico: tratarla como una variable dependiente de los ciclos políticos, sujeta a los vaivenes de cada gobierno, de cada ministro, de cada administración que llega con nuevas ideas y deshace lo que su antecesor construyó. Este patrón, repetido durante décadas, es uno de los principales obstáculos para que la región pueda transformar su realidad educativa de manera profunda y duradera.

He reiterado esta convicción en numerosos trabajos y publicaciones a lo largo de mi trayectoria profesional: la educación debe ser una política de Estado. No una política de gobierno. No un programa de cuatro o seis años atado a una gestión. Una política de Estado implica algo cualitativamente distinto: una hoja de ruta consensuada entre los diferentes partidos políticos, entre los actores sociales, entre el sector privado y la sociedad civil, que fije prioridades, metas y compromisos a lo largo de veinte o treinta años, con pequeños ajustes según los contextos, pero con una dirección clara y sostenida que ningún cambio de autoridad pueda desmantelar. Esto no es una utopía. Países que hoy lideran los rankings educativos mundiales lo lograron precisamente porque en algún momento de su historia tomaron esa decisión. Finlandia, Corea del Sur, Singapur entre otros: todos construyeron sus sistemas educativos sobre la base de acuerdos de largo plazo que trascendieron gobiernos y colores políticos.

América Latina tiene ejemplos parciales, avances que se interrumpieron, consensos que no resistieron la alternancia en el poder. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta cuándo conviviremos y aceptaremos esa realidad?

La urgencia es real. Millones de niños y jóvenes en zonas urbanas y rurales de la región tienen acceso limitado o directamente nulo a una educación de calidad. La brecha entre la educación pública y la privada se ha profundizado. La pandemia dejó heridas que aún no se han cerrado: aprendizajes perdidos, deserción escolar, docentes agotados y sistemas que no terminaron de adaptarse a los desafíos de la educación en el siglo XXI. Frente a este panorama, responder con planes o políticas de corto plazo es, en el mejor de los casos, insuficiente.

Una política de Estado para la educación requiere, en primer lugar, voluntad política genuina. Requiere que los líderes de distintas fuerzas estén dispuestos a sentarse a construir un acuerdo que los exceda, que supere sus propios mandatos, que ponga el bien común por encima de los intereses electorales. Esto exige grandeza. Y exige también humildad: reconocer que ningún partido tiene todas las respuestas, que el diálogo y el consenso son el único camino viable para construir algo duradero. En segundo lugar, requiere financiamiento estable y predecible. No se puede planificar a veinte años si el presupuesto educativo fluctúa según la coyuntura económica o las prioridades de turno. Los países que han logrado transformaciones educativas reales han garantizado niveles mínimos de inversión que no están sujetos a negociación política año a año. En tercer lugar, requiere que los docentes sean el centro de cualquier política educativa seria. Son ellos quienes están en el aula, quienes conocen la realidad de sus estudiantes, quienes pueden hacer o deshacer cualquier reforma curricular o pedagógica. Invertir en su formación, en sus condiciones de trabajo, en su valoración social y económica, es una condición no negociable para cualquier transformación real.

Finalmente, una política de Estado para la educación requiere mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que sean independientes de los gobiernos de turno, que permitan medir el avance hacia las metas definidas y que generen información pública, transparente y accesible para toda la sociedad. América Latina tiene el talento, tiene la energía, tiene generaciones de jóvenes con enorme potencial. Lo que falta es la decisión de protegerlos con una educación que esté a la altura de sus sueños y de los desafíos del mundo que les toca vivir. Esa decisión no puede esperar a los próximos gobiernos. Debe tomarse ahora, con visión de futuro, con coraje político y con la convicción de que educar bien es, siempre, la mejor inversión que una sociedad puede hacer.

El pasado sábado 23 de mayo, el Comando Sur ejecutó un ejercicio militar sin precedentes en Venezuela y no un simple “simulacro de evacuación”, como el gobierno interino de Delcy Rodríguez pretendió hacer creer. Lo que presenció Caracas fue una demostración explícita de poder. El operativo incluyó sobrevuelos, aterrizaje de aeronaves en Caracas y la participación de dos buques de guerra de la Armada estadounidense a menos de seis millas náuticas de la costa venezolana. El general Alvin Holsey Donovan, jefe del Comando Sur, supervisó directamente el ejercicio.

Para entender lo que significó esta operación hay que analizar tres dimensiones: la geopolítica, la política interna estadounidense y el componente operacional.

Empecemos con el geopolítico: en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2025, los Estados Unidos explícitamente dice: ¨Queremos asegurarnos de que el hemisferio occidental permanezca lo suficiente y razonablemente estable y bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva a los Estados Unidos; … cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los carteles y otras organizaciones criminales transnacionales; … que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que respalde las cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un ‘Corolario de Trump’ a la Doctrina Monroe”.

Esa frase es clave para entender el contexto de la operación militar. La importancia de esa formulación no es semántica. En la historia de la política exterior estadounidense, los “corolarios” han servido para justificar transformaciones operacionales de gran escala. El precedente más evidente es el Corolario Roosevelt de 1904, que convirtió la Doctrina Monroe en una herramienta activa de intervención hemisférica. La diferencia actual es que el nuevo enfoque estadounidense surge en un contexto completamente distinto: un hemisferio profundamente penetrado por capital chino, redes logísticas rusas y organizaciones criminales transnacionales con capacidad financiera comparable a pequeños Estados.

Este cálculo geopolítico cobra todavía más sentido cuando se considera que Donald Trump acaba de reunirse con Xi Jinping manteniendo una actitud relativamente cautelosa respecto a Taiwán. La lectura estratégica es clara: Washington parece estar construyendo una zona de influencia compartida con Beijing, donde China limita su penetración en el hemisferio occidental mientras Estados Unidos acepta ciertas realidades de poder en Asia-Pacífico. Venezuela deja entonces de ser únicamente un problema de gobernabilidad, narcotráfico o crisis humanitaria. Se convierte en un marcador territorial del nuevo “Corolario Trump”.

En los últimos veinte años, además, Venezuela dejó de ser solamente un exportador petrolero para convertirse en un espacio de disputa logística, energética y financiera. China desplazó progresivamente a Estados Unidos como receptor indirecto del crudo venezolano, mientras Rusia amplió capacidades de cooperación militar, tecnológica y de inteligencia en el Caribe. Para Washington, el problema venezolano dejó hace tiempo de ser ideológico. El punto central es impedir que potencias rivales controlen activos energéticos, rutas marítimas o infraestructura crítica en una zona considerada estratégica para la seguridad continental estadounidense.

La segunda dimensión es la política interna de Estados Unidos. Basado en todo lo anterior, Washington está demostrando que puede ejecutar operaciones sin resistencia real en el hemisferio, particularmente en Venezuela, debido a la importancia del país dentro de la cadena de suministros estratégicos. El acceso al petróleo y a otros recursos resulta vital para que Estados Unidos mantenga una oferta energética estable y pueda amortiguar impactos sobre la demanda interna.

El conflicto con Irán ha afectado parcialmente la percepción del electorado estadounidense justamente donde más le duele: el precio de la gasolina y el costo de la energía. Trump necesita demostrar que puede estabilizar los precios del petróleo sin entrar en guerras largas y costosas. Venezuela aparece entonces como una solución política ideal: estabilización bajo supervisión, acceso garantizado a recursos y reducción de incertidumbre energética sin necesidad de una invasión convencional.

Pero aquí “estabilización” no significa necesariamente democratización inmediata. Desde la lógica estratégica estadounidense, estabilizar implica previsibilidad operativa: reducción de riesgos migratorios, continuidad energética, disminución de actividades criminales transnacionales y construcción de un entorno suficientemente controlado para permitir negocios, extracción de recursos y circulación marítima segura en el Caribe.

El mensaje tampoco está dirigido únicamente a Caracas. El ejercicio militar funciona como una demostración hemisférica de capacidad. La administración Trump está dejando claro que considera legítimo actuar unilateralmente cuando interpreta que existen amenazas vinculadas al narcotráfico, migración masiva, cadenas de suministro críticas o penetración de actores extra hemisféricos. En ese sentido, Venezuela opera como laboratorio estratégico de una doctrina que eventualmente podría extenderse a otros escenarios regionales.

La tercera dimensión es la operacional. De acuerdo con fuentes abiertas, en esta operación participaron dos aeronaves MV-22B Osprey, un convertiplano capaz de despegar y aterrizar verticalmente y con capacidad para transportar hasta 32 soldados; un helicóptero MH-60S Knighthawk utilizado como apoyo aerotransportado; el USS Iwo Jima, con capacidad para desplegar hasta 30 aeronaves y transportar aproximadamente 1.200 efectivos; y un crucero lanzamisiles clase Ticonderoga, el USS Lake Erie (CG-70), equipado con 122 sistemas de lanzamiento vertical capaces de operar misiles Tomahawk, SM-2, SM-3, ASROC antisubmarino y Harpoon antibuque.

En términos operacionales, se trata de una plataforma de guerra integrada con capacidad de proyectar fuego terrestre, aéreo y naval a pocos kilómetros de Caracas. El mensaje implícito es inequívoco.

Pero lo verdaderamente notable no es solamente lo que se desplegó, sino la ausencia total de resistencia institucional venezolana. No hubo interdicción aérea, no hubo advertencias formales y ni siquiera se sostuvo un comunicado de protesta coherente. El silencio del aparato estatal venezolano resultó mucho más elocuente que cualquier discurso oficial.

Lo verdaderamente relevante del episodio es que la discusión ya no gira en torno a si Estados Unidos puede operar en el Caribe venezolano, sino hasta dónde está dispuesto a hacerlo. La ausencia de capacidad disuasiva real por parte del Estado venezolano revela un deterioro profundo de la soberanía operativa del país. El monopolio formal de la fuerza sigue existiendo en el discurso, pero no necesariamente en el terreno estratégico.

Este tipo de operaciones no son nuevas en la historia de Estados Unidos. Han sido utilizadas previamente como demostraciones de presencia operativa, capacidad de disuasión y construcción de control regional. Lo diferente en este caso es que el ejercicio ocurrió sobre un territorio cuya élite gobernante había construido durante años un discurso antiestadounidense basado precisamente en la idea de soberanía militar absoluta.

Cuando se analizan conjuntamente las variables geopolíticas, energéticas, operacionales y doctrinales, resulta evidente que lo ocurrido el 23 de mayo fue mucho más que un “simulacro”. Fue una demostración explícita de que Estados Unidos posee capacidad de despliegue inmediato en Venezuela cuando quiera y como quiera. Pero también fue un mensaje político mucho más amplio: Washington está dispuesto a garantizar que el proceso de estabilización venezolano continúe alineado con su arquitectura estratégica para el Caribe.

Venezuela ya no aparece como una incógnita geopolítica en disputa. Se ha convertido, de facto, en el principal hub operativo desde el cual Estados Unidos busca controlar el flujo de recursos, energía y poder en el Caribe ampliado.

Bolivia no vive una crisis social y política. Las calles bloqueadas, los caminos cortados, la escasez inducida, la presión sobre los hospitales, la amenaza de desabastecimiento y el intento de convertir la protesta en un instrumento de veto político no son hechos aislados. Son parte de una tecnología de poder que Evo Morales conoce mejor que nadie: asfixiar a las autoridades para obligarlas a rendirse.

El error de muchas democracias latinoamericanas es leer estos episodios con la ingenuidad de quien todavía cree que toda movilización callejera es expresión pura de descontento popular. Las sociedades pueden tener reclamos legítimos, y Bolivia ciertamente sufre una crisis económica real. Pero una cosa es el malestar social; otra, muy distinta, es un poder paralelo utilizado para implosionar la gobernabilidad. En el caso boliviano, esto viene con un temperamento especial: la movilización no es social o política. Por detrás de los disturbios está el crimen organizado que se rehúsa a perder el control del país.

Evo Morales construyó su carrera en esa frontera entre la política institucional y el crimen. Nunca fue solamente un líder indígena, un dirigente sindical o un presidente de izquierda. Fue, desde el inicio, el operador político de una forma de poder territorial asentada en el Chapare, en la economía de la coca, en la disciplina de los sindicatos cocaleros y en la capacidad de transformar bloqueos, marchas y violencia en una herramienta de negociación permanente. Su biografía política no puede separarse de esa arquitectura. El mismo hombre que fue presidente de Bolivia por casi 14 años nunca dejó ser el presidente de las organizaciones productoras de hojas de coca, las mismas organizaciones que producen y fabrican la materia prima para la producción de cocaína.

¿Y cómo llegó Morales al poder? Por los mismos medios con los que ahora intenta socavar la administración de Rodrigo Paz. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada cayó después de semanas de protestas y represión sangrienta. En 2005, Carlos Mesa también terminó arrinconado por bloqueos y movilizaciones. Evo no inventó la crisis boliviana, pero entendió como pocos que en un Estado débil la calle podía sustituir a las instituciones. Aprendió que un presidente podía caer antes de terminar su mandato si el país era paralizado con suficiente intensidad. Y luego convirtió esa lección en doctrina.

Cuando llegó al poder, hizo lo que hicieron los revolucionarios con vocación autoritaria: transformó la presión callejera en arquitectura institucional. Cambió la Constitución, alteró símbolos nacionales, creó una nueva bandera y cambió el propio nombre del país. También capturó tribunales, debilitó contrapesos y convirtió al Estado en un instrumento de permanencia. La revolución dejó de ser promesa y pasó a ser parte del sistema. El Movimiento al Socialismo no gobernó Bolivia como un partido normal, gobernó como una maquinaria de ocupación política, territorial y simbólica.

Pero el componente más incómodo de esa historia no está en la ideología. Está en el crimen.

Durante años, América Latina trató al narcotráfico como un problema policial. Después, como una economía ilícita. Ambas categorías ya son insuficientes. En ciertos países, el crimen organizado dejó de ser una actividad clandestina que corrompe al Estado desde afuera. Pasó a ser parte del propio Estado y de sus políticas. Muy diferente del concepto del narcoestado, donde los criminales ejercen influencia exógena sobre el sistema, en Bolivia las instituciones de Estado pasaron a ejercer las funciones del capo criminal.

Eso es lo que he llamado “Estado Narco”. No se trata simplemente de un gobierno infiltrado por narcotraficantes. Eso sería grave, pero todavía clásico. El Estado Narco es algo más sofisticado y peligroso: es la conversión de capacidades estatales, diplomáticas, militares, policiales, territoriales y logísticas en herramientas funcionales a una economía criminal con objetivos políticos.

En “Hugo Chávez, el Espectro”, (un libro que escribí en 2017) sostuve que el chavismo no debía ser entendido apenas como un proyecto venezolano. Era una matriz regional. Una forma de poder que combinaba ideología, petróleo, inteligencia cubana, narcotráfico, redes diplomáticas, propaganda y desestabilización. En esa matriz, Bolivia no apareció como periferia. Aparecía como engranaje. Venezuela era la plataforma política. Cuba, la arquitectura estratégica. Bolivia, uno de los territorios donde la coca, los sindicatos, la frontera, la aviación y el poder revolucionario pudieron encontrarse.

Describí como vuelos militares eran utilizados para el transporte de cocaína entre Bolivia, Venezuela y Cuba. Droga que tenía como destino final los Estados Unidos. Los mismos testimonios que fueron los casos que yo he relatado también llegaron a las manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Evo Morales está siendo buscado por la justicia de su país por violación de menores de edad. Pero el líder cocalero sabe que pesa sobre él una extradición inevitable a los Estados Unidos, donde tendrá un futuro muy parecido al de Nicolás Maduro. Para salvar la propia piel y la estructura criminal que hace parte de sus gobiernos y que pasó a ser el eje del Estado boliviano, Morales necesita generar inestabilidad extrema para presionar al gobierno o hasta reemplazarlo.

Lo que ocurre ahora con Rodrigo Paz debe ser leído a partir de ese trasfondo. Paz llegó al poder después de una elección que terminó con casi 20 años de hegemonía del MAS. Su gobierno heredó un país quebrado, sin combustible suficiente, con inflación, escasez de dólares y una estructura estatal deformada por años de clientelismo. Pero tocó un punto todavía más sensible: restableció la cooperación con la DEA, reabrió canales de inteligencia internacional y empezó a mover a Bolivia fuera de la zona de impunidad que el evismo había protegido durante años.

La crisis boliviana actual no es solamente una disputa por precios, subsidios o austeridad. Es una lucha por el sistema operativo del Estado. De un lado, un gobierno débil, inexperto y obligado a administrar una emergencia económica. Del otro, una constelación de sindicatos, cocaleros, mineros, operadores políticos y redes de presión que saben cómo paralizar un país. Entre ambos, una economía criminal que necesita que Bolivia siga siendo territorio opaco, frontera porosa y santuario logístico.

Evo Morales ya no tiene el control absoluto que tuvo. Está judicialmente debilitado, políticamente aislado por parte de su propio campo y fuera de la carrera presidencial. Pero conserva algo decisivo: el conocimiento del método. Sabe cómo convertir una causa social en bloqueo. Un bloqueo en crisis. Una crisis en chantaje. Un chantaje en negociación. Y una negociación en supervivencia política.

Bolivia es hoy el laboratorio de una pregunta mayor para América Latina: ¿puede una estructura narcopolítica perder el poder por la vía electoral sin incendiar el país? En el caso boliviano, la respuesta todavía está en disputa. El esfuerzo de estabilización mirando una transición en Venezuela debe ser considerado un benchmarking en que un régimen absolutamente criminal no fue expuesto a una ruptura, sino a un proceso de contención. La región debe observar con atención, porque lo que ocurre en La Paz no es solamente boliviano. Es parte de una guerra más amplia entre Estados débiles y redes híbridas; entre democracias frágiles y economías criminales; entre instituciones imperfectas y proyectos revolucionarios que descubrieron que el caos también puede gobernar.

La frágil institucionalidad boliviana no se enfrenta solo a una protesta. Está enfrentando a una vieja maquinaria de desestabilización que aprendió a esconder el crimen detrás de la revolución. Y si América Latina vuelve a mirar tarde, como tantas veces hizo, descubrirá que el problema no era apenas Evo Morales, sino un sistema que se adapta a cada uno de nuestros países y que resiste morir.

*Leonardo Coutinho es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, en Washington, D.C.

El cáncer metastásico que sufre Bolivia solo se cura localizando, encarcelando y extraditando a Evo Morales. La paz, la seguridad y prosperidad de la nación sudamericana solo se logran liberando al pueblo de la principal amenaza a la seguridad nacional.

Bolivia y Estados Unidos tienen un tratado de extradición vigente. Lo más apremiante es la captura de Evo Morales por los delitos de trata de personas y abrir una nueva carpeta por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. No será nada difícil.

El nuevo gobierno de Bolivia es una amenaza contra Evo Morales y el narcotráfico cocalero. Tras casi 18 años de ausencia retomaron trabajos con la DEA y en marzo capturaron y extraditaron al capo uruguayo Sebastián Marset. Sin vacilaciones.

Pero Evo no es el único que intenta escapar de la justicia escondido bajo protestas violentas. Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana, tiene cuentas pendientes con la justicia por presunto fraude a las pensiones de miles de ciudadanos.

Ni Evo Morales ni el sindicalista Mario Argollo luchan por el pueblo. Ambos luchan por evadir la justicia y no rendir cuentas por graves delitos. No quieren diálogo con el gobierno, quieren inmunidad para sus crímenes.

Rodrigo Paz tiene que ser firme. La izquierda radical de Bolivia no entiende de diálogos, solo entiende con la mano dura, la ley y el orden. Enviar un mensaje de debilidad no disminuirá las protestas, sino que les dará fuerza, vigor y deseos de tomar el poder.

La cuarta semana de bloqueos en Bolivia deja claro que la izquierda no quiere mejores salarios, más empleos, mayor seguridad o prosperidad. No. El Movimiento al Socialismo en Bolivia solo quiere tomar el poder por la fuerza y destruir la democracia.

Bolivia no está sola. La alianza de países democráticos Escudo de las Americas dio su respaldo total al presidente Paz. “No podemos permitir el derrocamiento de lideres democráticamente electos en nuestro hemisferio”, cuando estas acciones son promovidas por criminales y narcotraficantes.

La democracia en Bolivia vive una prueba de fuego. Mientras el presidente Paz trabaja por reparar la economía devastada por la corrupción y 20 años de socialismo, los grupos violentos bloquean las calles y dinamitan la esperanza de una nueva Bolivia.

“Hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar la democracia y generar desorden regional,” dijo el presidente Paz. Lo cierto es que se necesitan acciones firmes para cambiar el estatus quo y las redes del socialismo pobre-cista.

Mientras Bolivia lucha contra grupos violentos liderados por Evo Morales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirma y aplaude al cocalero como “el mejor presidente de la historia de Bolivia”. Eso es injerencia y apología del delito.

Irán, Rusia, México y Colombia tuvieron abierta injerencia en temas internos de Bolivia. En el caso de Colombia se rompieron relaciones, pero todavía se mantienen las bilaterales con el régimen de los ayatolás. Muy grave.

Es fundamental eliminar las amenazas internas y externas. Mientras el gobierno de Bolivia pone mano dura a los violentos, los miembros del crimen organizado y los narco-sindicatos, se necesita hacer cumplir la justicia contra Morales y Mario Argollo.

Evo Morales no puede dar un ultimátum de 90 días a un gobierno legítimo. La Policía y el Ejército deben llevar al cocalero ante la justicia sin retrasos y sin vacilaciones. La impunidad de Morales es un golpe a la justicia y la democracia.

El futuro y el presente de Bolivia está en juego. El narcotráfico, el crimen organizado y el socialismo de Evo Morales llevan cuatro semanas destruyendo a esta hermosa nación. No más comunicados. Es hora de actuar.

El autor es periodista exiliado, ex embajador ante la OEA y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es ex alumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

En mayo de 1891, cuando Europa atravesaba las profundas transformaciones provocadas por la Revolución Industrial, el papa León XIII publicó una encíclica que marcaría un punto de inflexión en la historia de la Iglesia y del pensamiento social contemporáneo. Rerum Novarum -“De las cosas nuevas”- no fue simplemente un documento religioso, sino una intervención intelectual y moral frente al gran desafío de su tiempo: cómo preservar la dignidad humana en una sociedad transformada por la máquina, la industrialización y las nuevas relaciones económicas derivadas del capitalismo moderno.

Ciento treinta y cinco años después, otro Papa -que eligió llamarse también León- parece haber querido establecer un diálogo deliberado con aquel antecedente histórico. Su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a “la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, se inscribe explícitamente en la tradición inaugurada por León XIII y busca ofrecer una respuesta a las transformaciones tecnológicas que caracterizan al siglo XXI. La coincidencia difícilmente sea casual. El documento fue firmado el 15 de mayo de 2026, exactamente en el 135° aniversario de Rerum Novarum. Más aún, desde sus primeras páginas, León XIV reconoce que, si el gran desafío de finales del siglo XIX fue interpretar las consecuencias sociales de la industrialización, la tarea actual consiste en discernir las implicancias humanas, políticas y éticas de la inteligencia artificial, la digitalización y la robótica. Ambas encíclicas nacen así de una preocupación semejante, ya que mientras León XIII se preguntaba cómo evitar que la máquina redujera al trabajador a una pieza más del engranaje productivo, León XIV se interroga sobre cómo impedir que el algoritmo reduzca a la persona a un conjunto de datos, patrones de comportamiento o variables estadísticas.

Sin embargo, el desafío contemporáneo posee una dimensión distinta. Mientras la revolución industrial transformó la manera de producir, la revolución digital está comenzando a transformar la manera de pensar, decidir, comunicarse y relacionarse. Las máquinas del siglo XIX multiplicaron la fuerza física del ser humano; las tecnologías actuales buscan reproducir capacidades intelectuales que durante siglos fueron consideradas exclusivamente humanas. Así, la discusión ya no se limita a quién controla los medios de producción, sino que involucra a quién controla los datos, los sistemas de información y los algoritmos sobre los que se organiza una parte creciente de la vida social.

Quizás allí resida la principal originalidad de Magnifica Humanitas. León XIV no centra su reflexión en la tecnología en sí misma, sino en la persona humana. La cuestión fundamental no es qué pueden hacer las máquinas, sino qué significa seguir siendo plenamente humanos en una época dominada por tecnologías cada vez más sofisticadas. Incluso el propio título refleja ese cambio de perspectiva. Mientras Rerum Novarum ponía el acento en las transformaciones materiales que alteraban la sociedad industrial, Magnifica Humanitas coloca en el centro a la humanidad misma. La innovación tecnológica aparece como escenario; la dignidad de la persona, como preocupación principal.

Esta elección resulta particularmente significativa en una época fascinada por la velocidad de la innovación. Gran parte del debate público sobre inteligencia artificial gira en torno a sus capacidades y beneficios potenciales. León XIV propone invertir la mirada. Antes de preguntarnos qué puede hacer la tecnología, nos invita a reflexionar sobre qué sociedad queremos construir y qué valores estamos dispuestos a preservar. Por eso rechaza implícitamente la idea de que el avance tecnológico constituye un destino inevitable frente al cual sólo cabe adaptarse. La tecnología nunca es neutral. Detrás de cada innovación existen decisiones humanas, intereses económicos, prioridades políticas y determinadas concepciones acerca del desarrollo y del bien común.

La observación adquiere especial relevancia cuando advierte que el poder tecnológico contemporáneo ya no se encuentra principalmente en manos de los Estados, sino de grandes corporaciones privadas con capacidad de influencia global. Y aquí aparece uno de los aportes más interesantes del documento: si la cuestión social del siglo XIX giraba alrededor de la concentración del capital industrial, la del siglo XXI gira, en buena medida, alrededor de la concentración del poder tecnológico. Un reducido número de empresas administra plataformas utilizadas diariamente por miles de millones de personas, controla volúmenes inéditos de información y dispone de recursos económicos superiores a los de numerosos Estados. Nunca antes en la historia de la humanidad había existido semejante capacidad para recopilar, procesar y utilizar datos sobre comportamientos individuales y colectivos.

Por eso la inteligencia artificial deja de ser únicamente una cuestión tecnológica para convertirse también en una cuestión política. ¿Quién diseña los algoritmos? ¿Qué valores incorporan? ¿Qué intereses representan? ¿Quién controla los datos con los cuales son entrenados? ¿Qué mecanismos democráticos existen para supervisar sistemas capaces de influir sobre el acceso a la información, al empleo o incluso a la formación de opiniones? En esencia, son preguntas similares a las que León XIII formulaba respecto del poder económico en plena industrialización. En ambos casos se trata de examinar las consecuencias humanas de nuevas formas de organización del poder.

La analogía histórica se refuerza cuando la encíclica aborda el mundo del trabajo. Rerum Novarum colocó la dignidad del trabajador en el centro de la reflexión social católica y León XIV retoma esa tradición para proyectarla sobre los desafíos de la automatización y la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías prometen aumentar la productividad y reducir costos, pero también plantean interrogantes sobre el futuro del empleo y la sustitución de determinadas tareas humanas por sistemas automatizados. Frente a estas transformaciones, el Papa recuerda que la persona no existe para servir a los sistemas productivos, sino que son éstos los que deben estar al servicio de la persona y de su desarrollo integral. Se trata de una afirmación sencilla, aunque de enorme importancia en una época donde la lógica de la eficiencia amenaza con convertirse en criterio excluyente de organización social.

Entre los pasajes más sugerentes de la encíclica se encuentra la comparación entre la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén impulsada por Nehemías. Babel simboliza la tentación de absolutizar el poder humano y creer que todo puede ser alcanzado mediante la propia capacidad técnica. Jerusalén representa una comunidad construida sobre la cooperación, la responsabilidad compartida y el reconocimiento de límites.

La metáfora resulta especialmente apropiada para describir los dilemas de la era digital. La inteligencia artificial puede contribuir a mejorar diagnósticos médicos, optimizar servicios públicos o acelerar descubrimientos científicos, pero también puede utilizarse para vigilar poblaciones, manipular opiniones o profundizar desigualdades. La diferencia no está en la tecnología, sino en el proyecto humano que la orienta. Por eso León XIV sostiene que la verdadera elección de nuestro tiempo no consiste en aceptar o rechazar la tecnología, sino en determinar si la utilizaremos para construir una nueva Babel o una nueva Jerusalén. La fuerza de esta imagen radica en que evita tanto el optimismo tecnológico ingenuo como el pesimismo apocalíptico. Reconoce las oportunidades que ofrecen estas herramientas, pero recuerda que su legitimidad dependerá siempre de su contribución efectiva al bien común.

En ese sentido, Magnifica Humanitas se integra naturalmente en la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, aunque incorpora un elemento novedoso: plantea una cuestión profundamente antropológica. El riesgo principal no es solamente económico o político, sino cultural. Es la posibilidad de que terminemos aceptando una visión reducida del ser humano, donde el valor de las personas dependa exclusivamente de su utilidad, su rendimiento o su capacidad de adaptación a sistemas cada vez más automatizados. Por eso insiste en la idea central que la dignidad humana no necesita ser conquistada ni demostrada. No depende del éxito ni de la productividad, sino que es inherente a cada persona por el simple hecho de ser humana. Frente a una cultura obsesionada por medirlo todo, la encíclica recuerda que existen dimensiones esenciales de la experiencia humana -la conciencia, la libertad, la creatividad, el amor o la compasión- que no pueden reducirse a datos. Tal vez allí se encuentre la contribución más profunda de León XIV. Mientras gran parte del mundo discute cómo desarrollar inteligencias artificiales cada vez más poderosas, el Papa plantea una pregunta diferente: cómo preservar una humanidad cada vez más humana.

Hace ciento treinta y cinco años, Rerum Novarum ayudó a la Iglesia a dialogar con la modernidad industrial sin renunciar a sus principios fundamentales. Hoy, Magnifica Humanitas parece asumir una tarea semejante frente a la revolución digital. Entre la máquina de vapor y el algoritmo median más de cien años de historia. Sin embargo, la pregunta esencial permanece inalterada: cómo garantizar que el progreso tecnológico esté al servicio de la persona humana y no la persona humana al servicio del progreso tecnológico.

Aquí reside pues, la continuidad entre los dos papas llamados León y, probablemente, la clave interpretativa más fecunda de esta nueva encíclica. Las “cosas nuevas” cambian con cada época, pero lo que permanece inalterable es la necesidad de defender la dignidad humana frente a las nuevas formas de poder que cada revolución tecnológica trae consigo.

Patricio Degiorgis es director de la Cátedra Unión Europea-UCES y Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital-BTR

No ha habido un presidente tan combatido y resistido como Donald Trump en la época contemporánea. No ha habido nadie a quien hayan querido asesinar tantas veces en su condición presidencial. A nadie más que a él le han aplicado tanta violencia. Si ese talante criminal hubiera sido hacia un gobernante del partido demócrata y no un republicano (sui generis) hoy tendríamos ríos de tinta analítica interpretando semejante locura. Intentar matar a Donald Trump se empieza a configurar como algo que pasa de tanto en tanto.

El individuo es una tromba humana, una especie de agitador constante y un catalizador de diatribas y facturas del pasado. Los necios dirán: algo habrá hecho. Es una justificación lindante con la complicidad delictiva. El autor intelectual de un crimen es el numen inspirador del mismo. La ley lo debería ubicar siempre.

No existen los lobos solitarios. Esa es solo una expresión que se asume desde la ignorancia y el facilismo. Los supuestos lobos solitarios beben de las redes sociales el espanto y la maldad, avanzan hacia la condición de militantes criminales y asumen que pueden terminar el problema matando al perro, y así la rabia -supuestamente- se esfuma. Es creer en la magia. Muchos humanos creen en la magia.

El supuesto lobo solitario se adoctrina en la universidad de la moral superior de la causa a la que adscribe. Sin embargo, no entiende lo básico: alimenta el espiral de violencia de forma demencial en un círculo perpetuo que lo termina alcanzando. Su locura deriva en un estado superior de violencia. Nunca finaliza ese juego maldito. Hasta que -eventualmente- terminamos en Hiroshima como epítome de la locura absoluta. O pasamos a la “racionalidad del mal”, dirían algunos jugando a dar un paso más que Hannah Arendt en su “banalidad del mal”. ¿Acaso necesario? No lo creo, me inclino a creer que esta teoría nos puede aniquilar a todos.

Personajes como Donald Trump son hijos no deseados del wokismo asfixiante que cansó con sus poses, imposturas y necedades, un día sí, y otro también, produciendo una respuesta al tono por culpa de sus excesos dogmáticos. El que siembra vientos cosecha tempestades. Y así el hombre anda con la biblia en una mano y un huracán de sopapos del otro.

Obvio, a Trump lo tienen que “matar” -así como suena porque no lo soportan vivo y hablando- los que sienten habilitado usar esa prerrogativa, sin límite moral y sin umbral racional alguno. Están dispuestos a cercenarle la vida y por eso alimentan la locura. Saben bien lo que hacen aquellos que aumentan el calor en la olla a presión. Un delirio infernal.

Es tal la vocinglería ominosa, la capacidad de odiar y la ira que todo recurso narrativo anti-Trump se alimenta desde allí con supuesta razón justiciera como forma de combate ante el exceso retórico del presidente que tanto los irrita. Repito: no hay lobos solitarios, son lobos alimentados desde la trinchera del rencor, de la insania mental y del desprecio político militante. Esa es la única verdad. Y eso es tan delirante que hasta Donald Trump se equivoca al analizar a los que lo han querido exterminar. Resulta curioso que hasta el mismo compre la versión de las agencias de seguridad que hablan de “lobos solitarios”. Es raro que no hayan existido lobos solitarios operativos contra Joe Biden o Barack Obama. De tan grosero el asunto, no se lo advierte. La obsesión viene de un lado solo. Siempre del mismo lado enfurecido en pose de razón iracunda.

Seamos francos: ¿Cuántos gozarían la muerte de Donald Trump? Causa espanto oír conversaciones de café entre bastidores donde los progres woke se frotan las manos ante la barbarie en caso de que eso se produjera. ¡Y no me digan que esto es un invento! Lean las redes sociales, allí los autores intelectuales del odio se denuncian solos y la maledicencia no tiene protocolos. Hoy el striptease asesino está a la luz pública, nunca vivimos una época con tanta obscenidad intelectual a flor de piel. En el presente, cuando se odia, se trabaja para ello y se masifica en pocas horas las bravuconadas y los incendios con trolls y X entre meme y meme.

Hay algo tremendo en Donald Trump: representa el “tipo ideal” de cómo se imagina al “norteamericano” en la mente infantil del pensamiento de izquierda planetaria. Para ellos: es capitalista, le gusta ganar siempre, ama la fama, pulsea permanentemente, asume al mercado como una realidad, si puede lo tuerce a su favor y usa al gobierno como una plataforma de poder para acumular más poder y afianzar su causa nacionalista. No reproche el lector esa visión moral, es la que poseen quienes así razonan. Y la mentalidad de los chinos no deja de estar emparentada -para otros- con una visión contrapuesta pero simétrica: solo la ignorancia del gigante asiático hace idealizar su análisis. ¿Alguien imagina que una dictadura de un partido único es mejor que un régimen poliárquico y competitivo con base democrática? ¿De veras no se advierte el imperialismo asiático?

Lo que sucede con estos personajes contradictorios de la historia contemporánea -como Donald Trump- es que aciertan una, erran otra, la tercera es dudosa y así el ciclo se repite. Sí, quizás Hegel tenía razón en la descripción de su dialéctica. Pudo ser discutible los aranceles trumpianos en el territorio del comercio pero era un severo llamado de atención a China; lo de Venezuela con Maduro “extraído” en la operación del 3 de enero se parecía a una serie de Netflix con final aspiracional y esperanzas de refundación democrática; y la guerra contra Irán sonó a improvisación en su proceder, inevitable en su curso medio y entreverada en su etapa de cierre (y soy de los que creen que Irán es el peligro en la tierra, pero hubiera preferido más efectividad en ese asunto para cerrar el riesgo de manera más profesional y definitiva).

Seamos francos: es fácil estar contra Trump y su verborragia para aquellos que lo deseen. Es casi parte de la liturgia del idiota latinoamericano y del lugar común del que no hace esfuerzo por comprender el presente en su complejidad real. Trump es bocón, eleva la voz, razona por fragmentos temáticos, todo lo que se le pasa por la mente lo espeta, vive en una burbuja etnocéntrica y su familia no siempre está para morigerarlo. ¿Hay alguien en el planeta que lo ubique? ¿Existe alguien que le diga: te fuiste al demonio con tal tema Donald? Me temo que nadie en la tierra lo detiene y -creo- que casi nadie lo contradice. Y quien así actúe, es considerado un traidor en la corte. Es un lío porque ahora enfrenta su hora más delicada hacia la zona del pato rengo. Debería tener andariveles claros para evitar derrapar en zona de alta complejidad planetaria.

Donald Trump está solo. Y su soledad es un drama para todos. Puede ser que él no lo sepa. Ni el poder chino, ni el poder ruso están así. Todos tienen cortesanos y poderes intermedios orbitando a sus alrededores (factores de poder). Trump parece haberse erigido él en su lobo solitario, perdón, en un cocodrilo solitario y más bien en un cocodrilo rengo para ser más claro.

Los cocodrilos hacen daño hasta cuando mueren atacados por otras fieras, si es que mueren. Ya deberían saberlo todos y tener más cuidado.

En un artículo previo, “¿Por qué Raúl Castro?”, partí de una premisa incómoda: en Cuba, el poder rara vez está donde el régimen quiere que miremos. Díaz-Canel administra el sistema; Raúl lo construyó. Uno ocupa la oficina; el otro diseñó la maquinaria: Fuerzas Armadas, inteligencia, economía militar, represión y sucesión.

La pregunta siguiente es más incómoda: ¿Quién es realmente Raúl Castro?

El encausamiento en Estados Unidos de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate lo devolvió al debate. Pero buena parte de la prensa tradicional insiste en tratarlo con indulgencia: anciano retirado, reliquia de la Guerra Fría, hermano menor de Fidel, no arquitecto del poder.

El derribo no fue accidente ni improvisación: fue decisión de Estado. Raúl era ministro de Defensa; la acusación federal lo ubica en la cadena de mando, y un audio revelado por el Nuevo Herald lo coloca admitiendo instrucciones de derribo. Fidel, con Dan Rather, también asumió responsabilidad política del crimen.

Por eso el encausamiento de Raúl no debe interpretarse como una respuesta aislada al crimen de 1996, sino como el punto judicial más visible de una trayectoria mucho más larga. Hermanos al Rescate no es una excepción en su biografía. Es una consecuencia.

Raúl no llegó tarde al comunismo. Antes del asalto al cuartel Moncada, en julio de 1953, ya se movía en sus redes: viajó a Europa del Este para actividades juveniles del bloque soviético y, de regreso, conoció a Nikolái Leonov, futuro alto oficial del KGB y pieza clave soviética en América Latina.

Poco después vino el Moncada. La propaganda lo convertiría en epopeya; en realidad fue una operación armada, mal concebida, sangrienta y derrotada. El ataque dejó 18 muertos y 28 heridos entre soldados y policías militares; Bayamo sumó un muerto y dos heridos, además de nueve civiles muertos en Santiago también.

Antes de convertirse en mito, el Moncada fue una acción armada con muertos reales y víctimas concretas. Raúl no comandó nada: integró un pequeño grupo enviado al Palacio de Justicia, bajo Léster Rodríguez. La misión fracasó; escapó, se quitó el uniforme y fue detenido al día siguiente, sin gloria alguna.

Luego vinieron la cárcel y la amnistía. Pese a los muertos del Moncada, Batista amnistió a los Castro en mayo de 1955, menos de dos años después. Fidel había recibido quince años; Raúl también fue condenado. Ninguno cumplió un lustro. El supuesto tirano indultó a sus atacantes armados.

Después vinieron México, el Granma y la Sierra Maestra. Durante aquellas escaramuzas armadas contra Batista, infladas luego por la propaganda hasta convertirlas en epopeya guerrillera, Raúl recibió el mando del Segundo Frente Oriental “Frank País”, en Mayarí Arriba. Allí mostró su verdadero perfil: organizador de territorio, jefe de disciplina, administrador de coerción y obediencia.

Ese patrón de violencia no se limitó al combate terrestre. El 1 de noviembre de 1958, militantes del Movimiento 26 de Julio secuestraron el vuelo 495 de Cubana, en la ruta Miami-Varadero-La Habana, para llevar recursos a Oriente. La operación fue coordinada desde el Segundo Frente bajo el mando de Raúl Castro y terminó con la mayoría de sus ocupantes muertos. Antes de 1959, el castrismo ya había incorporado el secuestro, la coerción y el desprecio por la vida civil como métodos de lucha.

La llegada del castrismo al poder reveló la naturaleza de esa maquinaria. En Santiago de Cuba, Raúl quedó como jefe militar de Oriente, responsable de los fusilamientos de enero, especialmente los de la Loma de San Juan. Aquella “justicia revolucionaria” no restauró el derecho; inauguró la pedagogía del miedo.

El juicio de los aviadores en Santiago de Cuba, cuyo primer proceso concluyó con absoluciones el 2 de marzo de 1959, confirmó esa lógica. Cuando aquel tribunal absolvió a pilotos, artilleros y mecánicos de la Fuerza Aérea de Batista, Raúl Castro, entonces jefe militar de Oriente, ordenó un segundo proceso. La sentencia debía ajustarse no a la prueba, sino a la voluntad revolucionaria.

El 16 de octubre de 1959, Raúl fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde el MINFAR convirtió a Cuba en plataforma internacional de subversión y guerra expedicionaria. En América Latina, desde 1959, el régimen entrenó guerrilleros, apoyó movimientos armados y distribuyó inteligencia, financiamiento y logística. No por gusto Cuba fue incluida en 1982 en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

En África, la escala fue mayor. Angola y Etiopía fueron los casos visibles, pero Cuba también envió tropas, asesores o apoyo militar a Argelia, Congo, Guinea-Bissau, Mozambique y otros frentes. Más de 380,000 militares participaron. La cifra oficial que Cuba reconoce es de 2,289 muertos, aunque otras estimaciones elevan las bajas a varios miles, incluso hasta 10,000, según el general Rafael Del Pino.

Para Raúl, África consolidó al MINFAR como ejército expedicionario, aparato de inteligencia y columna vertebral del castrismo. El caso Ochoa en 1989 cerró esa arquitectura: bajo apariencia de juicio por corrupción y narcotráfico, ejecutó a un general prestigioso, debilitó al MININT fidelista y fortaleció definitivamente el poder militar raulista.

La misma lógica se repitió en la masacre del remolcador 13 de Marzo, en 1994. Los cubanos intentaban escapar; el Estado respondió con violencia. No se trata de afirmar que Raúl diera cada orden operativa, sino de entender que esos crímenes ocurrieron dentro de un Estado militarizado, jerárquico e impune, sostenido por el aparato que él creó, dirigió y protegió.

Allí se desnuda el verdadero raulismo: socialismo para el pueblo y crony-socialismo militar para la élite; una economía donde la propiedad colectiva sirve de máscara al control de una casta armada.

Hermanos al Rescate puede ser el expediente judicial más viable. Pero Raúl Castro no empieza allí: desemboca allí. Antes están el Moncada, el Segundo Frente, el vuelo 495, los fusilamientos de Santiago, el MINFAR, las guerras mercenarias, el caso Ochoa, el remolcador 13 de Marzo y GAESA.

No es un episodio aislado; es la última curva visible de una larga carretera de mando, crimen e impunidad.

Raúl Castro no es un jubilado histórico ni apenas el hermano menor del mito. Es el arquitecto del castrismo duro. Fidel fue la leyenda; Raúl, la maquinaria. Y cuando la maquinaria mata, también debe responder ante la justicia.

Frank Zimmerman es Strategic Advisor y Senior Multimedia Producer en el Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida Iinternational University.

Consultor y comentarista político, es autor del libro 12 Mitos sobre Cuba y otros artículos analiza temas de libertad, democracia y autoritarismo en América Latina.

El socialismo del siglo 21 que expandió la dictadura de Cuba en Venezuela con Chávez y Maduro, Nicaragua con Ortega y Murillo, Bolivia con Morales y Arce, y Ecuador con Correa, y que controla gobiernos para dictatoriales de Brasil con Lula da Silva, México con López Obrador y Sheinbaum, y Colombia con Petro, ha destrozado la libertad en toda Latinoamérica cambiando constituciones, leyes, economías y la conducta social, con terrorismo, narcoestados, impunidad, manipulación del crimen, guerra híbrida y más. El desmontaje de las dictaduras está en curso, pero los criminales intentan dejar el gobierno pero no el poder, y para evitarlo es imprescindible recordar que su impunidad no es una opción.

El denominado socialismo del siglo 21 no es una entidad política, es un “grupo delictivo organizado” definido por el artículo 2.a. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o “Convención de Palermo” como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Desde su inicio con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999 y la inmediata asociación pública con el dictador Fidel Castro y con el fundador del Foro de Sao Paolo Luis Ignacio Lula da Silva, el socialismo del siglo 21 -que empezó como populismo, movimiento bolivariano, proyecto alba y que también es el castrochavismo- se instaló y expandió fundado en el sistema criminal de la dictadura castrista de Cuba. El dinero del petróleo venezolano y la metodología criminal castrista construyeron el mayor y sostenido ataque contra la libertad y los derechos humanos en las Américas.

El “grupo delictivo organizado” comenzó con Chávez, Castro, Lula y sus entornos, cumpliendo exactamente la definición de la Convención de Palermo porque “actuaron concertadamente para cometer todos los delitos necesarios, directa e indirectamente con miras a obtener beneficios económicos, a perpetuarse indefinidamente en el poder y a tomar el poder en todos los países de las Américas (otro beneficio de orden material)”.

El grupo se fue expandiendo con las dictaduras de Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador y con gobiernos para dictatoriales como el de Kirchner en Argentina, Lugo en Praguay, Toledo en Perú, López Obrador en Mexico, Boric en Chile, Castro en Honduras que imponían con todo tipo de delitos, desde el fraude electoral hasta falsificaciones y asesinatos.

La historia del siglo 21 en las Américas hasta el año 2025, es la crónica de la expansión de la dictadura de Cuba bajo liderazgo de Hugo Chávez hasta 2013 en que se produjo su muy conveniente muerte para la dictadura de Cuba que desde entonces tomó el mando, convirtiendo Venezuela en su satélite principal. En este primer cuarto de siglo, con narrativa de revolución, liberación de los pueblos, lucha contra la pobreza y la desigualdad y antiimperialismo, se cometieron en las Américas los más atroces crímenes contra los derechos humanos, la libertad, crímenes de lesa humanidad, delitos económicos, de narcotráfico y más, como lo prueban los presos políticos, torturados, asesinados y masacrados, exiliados, expropiados, perseguidos y sometidos a terrorismo de Estado en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

El mapa poblacional de las Americas cambió por efecto de los crímenes del “grupo delictivo organizado” del socialismo del siglo 21, con los cerca de 9 millones de exiliados venezolanos, más de un millón de cubanos, cientos de miles de Nicaragua, Ecuador y Bolivia. El modelo económico de los países de Latinoamérica dejó la institucionalidad y la búsqueda de transparencia y fue reemplazado por la corrupción transnacionalizada del “Lava Jato”, los nuevos ricos, los contratos con deudas externas indeterminadas con China, Rusia, Irán y más.

La conducta social también cambió, porque la gente que no pudo migrar para sobrevivir se sometió a la inseguridad de los narcoestados, a recibir prebendas en forma de bonos y asistencias, a tener cada vez más necesidades y menos libertad mientras observaban como los grupos vinculados al régimen se instalaban como “la nueva burguesía”.

La agresión por medio de mecanismos de guerra híbrida que el socialismo del siglo 21 perpetró durante décadas contra todos los países de Latinoamérica, hizo crisis en la seguridad de Estados Unidos y desde el proceso electoral de 2024 el hoy presiente Trump 47 planteó lo que ha emitido como “Estrategia de Seguridad Nacional”, cambiando la geopolítica en el hemisferio occidental y procediendo al desmontaje de las dictaduras del socialismo del siglo 21 que ha convertido a Nicolas Maduro y algunos miembros del grupo delictivo en reos y que tiene a la dictadura de Cuba bajo ultimátum.

El desmontaje del grupo delictivo del socialismo del siglo 21 es la terminación de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. La seguridad nacional de Estados Unidos puede convertirse en la seguridad de todos los pueblos de las Américas y para lograrlo la impunidad no es una opción.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Conocí a Keiko Fujimori hace 27 años. Su padre, Alberto, entonces era presidente del Perú y yo presidente del Ecuador. Los Fujimori, mi hija Paola y yo iniciamos la “diplomacia presidencial” que culminó con la firma del tratado definitivo de paz entre nuestros países en Brasilia, el 26 de octubre de 1998. Keiko y Paola tenían algo más de 20 años de edad. Los dos mandatarios fuimos nominados al Premio Nobel de La Paz en 1999 por haber “resuelto el conflicto armado internacional más antiguo del hemisferio occidental”, como lo destacó el presidente Clinton.

Desde entonces, cambió nuestra historia binacional: luego de centurias de competir por ganarnos las guerras militares, entramos al nuevo milenio como socios en la guerra para consolidar la paz. En la ceremonia de Brasilia me dirigí al presidente Fujimori: el día de hoy firmamos la paz — le dije —, a partir de mañana le invito a ejercerla. “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, había escrito Pablo VI en Populorum Progressio y a eso nos dedicamos: proyectos binacionales de energía renovable, irrigación agrícola, complementación vial, educación, salud y turismo. Si bien el conflicto armado duró tanto en resolverse, el intercambio comercial creció tanto y tan rápido que el Perú llegó a convertirse en uno de los socios comerciales más importantes del Ecuador. Los espectaculares resultados de la nueva integración fueron una sólida evidencia de que las conversaciones pueden sustituir a las confrontaciones y de que la pacificación interna conduce a la cooperación, motor de la paz social y del desarrollo.

La paz con el Ecuador solamente fue posible luego de un proceso de pacificación interna conducido por Alberto Fujimori. La pacificación de la economía redujo la inflación galopante de varios miles por ciento anual a menos de dos dígitos. También consiguió la pacificación de la sociedad cuando logró desarticular a Sendero Luminoso, el movimiento guerrillero más cruel y sanguinario del mundo después del de Cambodia, y apresar a su jefe máximo, Abimael Guzmán. El triunfo sobre el terrorismo en los años noventa en Perú quedó marcado en la mente de los ciudadanos como uno de los grandes logros del presidente Fujimori y como un ejemplo de lo que puede hacer un gobernante decidido a usar su autoridad para sacar a su país del caos.

Cuando conocí a Keiko, ella me impactó por varios motivos: su ilimitado amor por el Perú y por su pueblo; su extraordinaria inteligencia racional y emocional; su serenidad permanente que ayudaba a la distensión en momentos muy difíciles; su madurez, muy superior a la que correspondería a una persona de su edad; su metódica seriedad en el manejo de los temas del Estado; su bondad expresada con exquisita cortesía. A partir de ahí surgió una relación que se transformaría en amistad familiar y que dura hasta hoy.

He seguido su trayectoria con la frecuencia que el vivir en diferentes partes del mundo nos ha permitido. Recuerdo la visita que le hice en su modesto departamento de estudiante en la Universidad de Columbia, donde obtuvo la maestría en administración de negocios, con ocasión del nacimiento de su primera hija, Kyara; los eventos académicos internacionales en los que participamos conjuntamente para darles a los estudiantes elementos de análisis de una negociación internacional exitosa desde las diferentes perspectivas de los actores; las numerosas conferencias por Zoom para “ponernos al día”, y sus ocasionales visitas a Boston, Massachusetts, donde obtuvo su bachillerato en administración de empresas en la Universidad de Boston, durante la primera parte de la presidencia de su padre.

Cada vez que interactuaba con ella, advertía la velocidad y la profundidad de su crecimiento personal y profesional. Me parecía admirable el manejo simultáneo de dos responsabilidades que demandan amor, dedicación, habilidades especiales y sacrificio: su rol de madre de familia, aumentado por el nacimiento de su segunda hija, Kaori, y su rol de líder política, fundadora y cabeza de Fuerza Popular, un partido al que convirtió en la principal y más estructurada organización política del Perú.

Todas las enseñanzas que adquirió tras sus larguísimas horas de quemar pestañas en el estudio, los debates y las reflexiones las volcó en la formulación de la ideología, la concreción de la estructura organizativa más eficiente y la formación de equipos de trabajo que elaboraran propuestas de necesarias políticas públicas. Además “quemó suela” en las innumerables calles y plazas urbanas y en los senderos que conducen a alejados asentamientos humanos en la enorme geografía peruana.

Las dolorosas circunstancias por las que atravesó en su vida templaron aún más su carácter: la prisión de su padre y el lento y progresivo deterioro de su salud; su propia defensa judicial, frontal y valiente, ante las acusaciones características de la política latinoamericana que la condujeron a 490 días de prisión preventiva; tres derrotas consecutivas en su carrera a la presidencia del Perú, dos de ellas por escasísimo margen; la pérdida de sus dos progenitores en menos de tres años. Durante todo este tiempo, Keiko exhibió entereza; respetó las reglas del juego democrático, y demostró que aún vivían en ella las virtudes que me impresionaron cuando la conocí.

El 12 de abril pasado Keiko triunfó con claridad en la primera vuelta electoral y el próximo 7 de junio, una vez más, someterá su candidatura a consideración del pueblo peruano en la segunda vuelta. Ganó porque sintonizó con la más grande urgencia nacional que, más de tres décadas después, vuelve a ser la necesidad de paz y de reconciliación interna en medio de la más grave crisis de legitimidad política que se recuerde.

Suele decirse que los ciudadanos votan unas veces por candidatos que les gustan, y otras, por candidatos a los que necesitan. En tiempos de tranquilidad y de bonanza, propicios para darle alas a la esperanza, prefieren a los primeros. En circunstancias en las que la viabilidad democrática y la subsistencia del entramado social están en juego, optan por los segundos. El Perú vive ahora en el segundo escenario y necesita la conducción de una persona como Keiko.

Hablando delante de una pared que reproduce varias veces la frase La fuerza del orden, su propuesta central para el Perú actual, Keiko definió la esencia de la decisión electoral que se avecina:

“Esta elección no se trata de mí”, dijo. No se trata de una disputa entre ideologías, ni entre Lima y las regiones, ni entre el fujimorismo y el anti fujimorismo. Se trata de elegir entre seguir en el caos y recuperar el orden; de usar el principio de autoridad para combatir a la delincuencia; de construir un Estado que garantice oportunidades para el empleo, multiplique el bienestar y los servicios básicos. Convocó a los peruanos a transformar “el miedo y la decepción en acción y en esperanza”.

Su expresión facial, su lenguaje corporal, el tono y la cadencia de sus palabras comunicaron la consistencia y la coherencia de sus virtudes de siempre: su ilimitado amor por el Perú y por su pueblo; su extraordinaria inteligencia racional y emocional; su serenidad permanente que ayuda a la distensión en momentos muy difíciles; su madurez, muy superior a la que correspondería a una persona de su edad; su metódica seriedad en el manejo de los temas del Estado; su bondad expresada con exquisita cortesía.

El triunfo electoral de un equipo de gobierno que recupere el orden y orqueste la salida del Perú del caos requiere de tres condiciones: 1. Candidatos que posean una clara visión sobre los problemas del país y un plan de acción para solucionarlos. 2. Instituciones que cuiden la democracia protegiendo el voto popular y no permitan acciones fraudulentas alimentadas por chanchullos, componendas, maniobras y trampas. 3. Electores que ejerzan su obligación cívica y concurran masivamente a votar en lugar de permanecer cómodamente en sus casas.

A lo largo de su vida política y en especial durante esta última campaña, Keiko ha completado su obligación de candidata: reúne ideas, voluntad y equipo. Obtuvo la mayor cantidad de votos, dirige la maquinaria política más eficiente y su mensaje declara una batalla frontal contra el crimen organizado incrementando la fuerza policial y reformando el sistema penitenciario. Su propuesta goza de credibilidad porque la encarna la persona con mejores credenciales para esa tarea: liderazgo firme, acumulada experiencia y participante directa en la exitosa campaña de su padre que resolvió problemas parecidos hace más de 30 años: problemas que por la mala conducción posterior han regresado.

El 7 de junio, todos estaremos pendientes de que se cumplan los otros dos requisitos: el comportamiento moral y jurídico de las instituciones y el comportamiento cívico de los electores.

A fuerza de quemar suelas y pestañas Keiko conjuga el análisis teórico con la vivencia práctica. Por eso está lista y desea liderar al Perú. El 7 de junio las urnas nos dirán si el Perú está listo y desea el estilo de liderazgo de Keiko.

* Jorge Jamil Mahuad Witt ​es abogado, académico y ex presidente de Ecuador (1998-2000)

Hay que admitirlo, en Bolivia hay un narcoterrorista que enfrenta a un gobierno débil, al que dejó una economía quebrada, con los mercenarios de la industria más poderosa que tuvo el país en toda su historia, es Evo Morales.

La guerra franca comenzó al día siguiente de la visita del mayor general Philip J. Ryan, comandante del Comando Sur del ejército de Estados Unidos para coordinar con el gobierno de Rodrigo Paz la participación de esa unidad en la lucha contra el narcotráfico boliviano.

Ese día, el 1 de mayo, Evo Morales, jefe de los cocaleros que producen la materia prima para la cocaína, rompió la alianza secreta –un secreto a voces– que tenía con el gobierno desde que le ayudó a ganar las elecciones en 2025.

La guerra cumple ahora 23 días y ha paralizado al país con medio centenar de cortes de carretera y el asedio a la ciudad de La Paz, donde los bloqueadores no permiten el ingreso ni siquiera de oxígeno para los hospitales, y llegaron a impedir el paso de una ambulancia que llevaba a un niño minero de doce años, hasta que murió.

El ejército no puede hacer nada y esta semana, cuando el ministro de obras públicas, Mauricio Zamora, fue emboscado por los combatientes de Morales, el comandante militar denunció que los bloqueadores tienen armas de alto calibre, de origen ruso.

En La Paz, de dos millones de habitantes, faltan alimentos y el gobierno propone un “corredor humanitario” para dejar pasar lo elemental, pero Morales no cede, ni siquiera porque Argentina y Chile han enviado aviones para ayudar.

Bolivia, con una policía penetrada por los narcos y sin los pertrechos necesarios, no puede ni siquiera ingresar al Chapare, donde se dice los terroristas de Hezbollah dejaron drones para la guerra con el Estado boliviano, según el experto español Herman Tertsch en entrevista desde Francia.

La fiscalía nacional informó ahora que la policía no puede capturar a Morales, contra quien pesan tres mandamientos de aprehensión referidos a delitos de secuestro de tres niñas de 14 años a las que violó.

Pero los principales cargos que hay contra el cocalero mayor se refieren a la droga, como lo probó el periodista brasileño Leonardo Coutinho en su libro “Hugo Chávez, o espectro”.

Allí se relata cómo la cocaína boliviana era llevada en aviones militares bolivianos al aeropuerto de Caracas, de paso a Estados Unidos en una operación de Morales y Hugo Chávez.

Evo Morales es parte del sistema narcoterrorista y socio de Nicolás Maduro ahora procesado en EEUU. En su régimen protegió a narcos Mexicanos como el hijo del Chapo Guzmán que se accidentó en Santa Cruz mientras pasada cursos de aviación. El narco Esteban Marset ha vivido y operado en y desde Bolivia en el régimen de Morales y Arce y su captura por la DEA ha desatado la conspiración.

Dos de los jefes antinarcóticos de Morales han sido condenados por narcotráfico en EEUU y au zar antidrogas Felipe Cáceres está procesado por tener una fábrica de cocaína en su propiedad.

En persona Evo Morales liquidó la ley 1008 de lucha contra el narcotráfico, amplió los cultivos de coca ilegal que eran de 3.000 hectáreas en 2003 cuando derrocó al presidente Sánchez de Lozada y ahora pueden estar llegando a 100.000 hectáreas. Expulsó a la DEA y desconoció los convenios internacionales antinarcóticos, pidió en la ONU la legalización de la cocaína, obedeció la consigna castrista de que “el narcotráfico es un instrumento de lucha antiimperialista” y convirtió a Bolivia en narcoestado parte del sistema liderado por Cuba y Venezuela.

En la Bolivia de la economía legal de necesita estado de derecho y tiene en frente a los mercenarios de la economía ilegal, pagados por el Cártel del Chapare cuyo jefe es Morales y las mafias colombianas, brasileñas y paraguayas que operan en los parques nacionales con su coca y cocaìna.

El Comando Sur actuó en Ecuador en febrero pasado y en dos semanas capturó a 90% de los narcos de ese país, casi todos colombianos.

El presidente Daniel Noboa había dicho el año pasado que su país no tenía la fuerza para defenderse de la transnacional del narcotráfico, y pidió que alguien vaya a socorrerlo.

Ese deseo se cumplió y ahora Ecuador tiene que terminar el trabajo para desterrar al poder de los narcos que quedaron.

Bolivia, con una policía penetrada por los narcos y sin los pertrechos necesarios, no puede ni siquiera ingresar al Chapare, y tampoco se atreve el ejército.

La OEA expresó su preocupación, pero sobre todo los países vecinos, con excepción de Brasil

La guerra de los narco-terroristas contra Bolivia está muy clara a pesar de que algunos no la quieren ver.

Es un tema de narcotráfico en el que el “jefazo Evo Morales” es un extraditable impune que desafía desde Bolivia al Escudo de las Américas para seguir exportando droga.

Desconozco si el presidente juega tenis, no sé siquiera si le gusta, pero en ese deporte se usa con frecuencia la expresión del error no forzado, consistente en un fallo cometido por un jugador cuando ejecuta un golpe en una situación cómoda, sin estar arrinconado por su rival, enviando innecesariamente la pelota a la red o fuera de los límites de la cancha.

Y es eso lo que le ha pasado a un gobierno, que, con gran rapidez, en el transcurso de poco más de dos meses ha pasado de ser el presidente con más votos de la historia moderna con el 57% de apoyo a solo un 37% de respaldo en las encuestas, es decir, poco más del tercio que ha sido la votación tradicional de la derecha, y todo por errores propios, igual que el tenis, errores no forzados, innecesarios.

Lo que ha ocurrido es llamativo, ya que Kast lo tenía todo a su favor, toda vez que los temas que permitieron su elección eran aquellos que lo favorecían además de haber sido por él impuestos, tales como el crecimiento económico y la inseguridad ciudadana. Las expectativas sobre su administración eran muy altas, después de un gobierno tan fracasado como el de Boric. Sobre todo, no solo había sido el primer gobernante electo que reconoció que había sido partidario de Pinochet, sino que cambió el paradigma sobre el cual giraban los resultados electorales, ya que desde el retorno a la democracia había predominado la repetición del resultado del plebiscito que le dijo NO al general, mientras que la elección de Kast mostraba que la nueva mayoría era la del referéndum que rechazó la propuesta constitucional que hacía irreconocible al Chile histórico.

Lo más sorprendente es la velocidad, lo que demuestra dos cosas, primero, que los votos de la segunda vuelta son votos prestados, cuyo apoyo con rapidez puede desaparecer como también le pasó a Boric, y segundo, que, en la época de las redes sociales, existe muy poca paciencia en las democracias, siendo su situación similar a lo que le ocurrió recientemente al laborismo británico y a su primer ministro Keir Starmer, no siendo relevante a este respecto que uno sea de derecha y el otro de izquierda en sus respectivos países.

En el caso de Chile, la cadena de errores se hizo visible a partir de la respuesta a algo que prácticamente afectó a todo gobierno en el orbe, como fue la inesperada alza del precio del petróleo como consecuencia de los sucesos del medio oriente, toda vez que Chile casi no lo posee dentro de su territorio, aunque los errores habían empezado a notarse en la selección de sus ministros, toda vez que allí había una incomprensión de los cambios que habían tenido lugar en el mundo, ya que se daba la impresión que en su diseño político predominaba la búsqueda de lo económico en las relaciones internacionales, cuando hoy predomina, sobre todo, en EE. UU. la geopolítica, toda vez que la administración Trump más que socios, busca aliados en Latinoamérica.

Ahora, en esta ocasión los últimos errores no forzados tuvieron lugar en algo de mucho mayor impacto como fue en la política local, y si a esto se suma lo internacional, el problema de fondo del nuevo gobierno es que no hizo, y todavía no hace la transición desde estar en campaña a la de ser gobierno, es decir, de ser candidato a ser responsable del país. Además, todavía no se hacen los esfuerzos suficientes para bajar expectativas, por lo que se permitió que predominara la idea que había respuestas simples y fáciles para temas tan complejos como la delincuencia, por lo que el tiempo de instalación con el que antes los gobiernos podían contar hoy se ha reducido a un mínimo, ya que ni siquiera se pueden permitir los 100 días tradicionales. Y no solo en Chile, donde además Kast no tiene una clara mayoría, sino que para sacar adelante las leyes que necesita, deber necesariamente negociar los apoyos en el Congreso.

Si a lo anterior se le agrega que en algunos casos la selección de posiciones tan importantes como ministros no fueron afortunadas al nombrarse gente sin la experiencia o trayectoria necesaria, lo que dio la impresión de una coalición que seguía en campaña, olvidando que el primer deber de un gobierno es gobernar, sobre todo, que eso era esperado al ser mayoritariamente visto como uno de los atributos, dado la muy pobre gestión administrativa del gobierno de Boric, calificado popularmente como de estudiantes en práctica, por lo que una de las expectativas era que con Kast iría a haber gente con conocimiento de las materias a su cargo, improvisación que obligó al primer cambio de gabinete cuando recién habían transcurrido 69 días, no solo pidiendo renuncias sino transformando a otros secretarios de Estado en biministros, demostrando además que la lealtad seguía predominando.

En el caso de Kast, parte importante del éxito electoral se vinculó al eslogan que Chile estaba en una emergencia, en una encrucijada, por lo que se esperaba que se actuara en consonancia con ese diagnóstico. Lo que ha ocurrido muestra problemas serios de diseño, por lo que además de no haber hecho la transición de candidato a gobierno, se ha agregado una de las verdades más antiguas de la politica en democracia, cual lo es que no necesariamente quienes te han acompañado en la campaña y que han colaborado en el triunfo electoral son quienes una vez en el gobierno, deban seguir ocupando posiciones de poder y autoridad.

No es un caso único, sino que antes, también otros gobiernos han tenido dificultades semejantes con sus diseños originales, pero han reaccionado pudiendo superar el contratiempo, tal como por ejemplo le ocurrió al expresidente Frei. En el caso de Kast no se aprovechó la oportunidad de hacer cirugía mayor, con lo que sigue rondando la incógnita acerca del tipo de gobierno que será, como podrá responder a las inmensas expectativas que acompañaron su victoria en las urnas, y como logrará adaptarse a un entorno cambiante, incluyendo los cambios favorables que han tenido lugar en la región, con varios gobiernos electos representando domicilios similares en lo ideológico.

En cuanto a adaptación, a la política se le aplica también el principio evolutivo que estableció Darwin en El Origen de las Especies, que mejor sobreviven no los más fuertes, sino quienes se adaptan a los cambios. Fue así que durante la campaña el diagnostico de Kast fue muy acertado y se adelantó a la mayoría de los chilenos, cualidades que no se han demostrado en el gobierno. El resultado ha sido dañino para el presidente recién electo, ya que su administración se ha entrampado en un debate pequeño con una oposición que no le reconoce nada, por lo que en este terreno Kast tiene mucho que perder y poco que ganar.

Kast ha tenido claridad en que más que encerrarse en La Moneda debe recorrer el país para seguir en contacto con la gente, y por ello ha pasado alrededor de un tercio de su tiempo en giras en terreno, quizás buscando reproducir lo que hiciera con mucho éxito en las urnas Alvaro Uribe en Colombia. Sin embargo, nada cambia el hecho que necesita la aprobación de su paquete legislativo, donde el producto estrella es una propuesta de ajuste del gasto público y de reactivación económica, y tan solo para que sea discutido y aceptado en tramitación legislativa necesita algunos votos que no posee, pero, aunque los obtenga como parece haberlo logrado con un partido populista pequeño, necesita de todas maneras un golpe de timón, un cambio en las características del debate que está teniendo lugar. La oportunidad se le ofrece el 1 de junio para corregir rumbos, ya que ese día es su cuenta pública anual, la primera desde que fue juramentado.

Pero ¿qué pasa si no logra el golpe de efecto que necesita? Ahí reside la gran pregunta política del momento, y mi opinión es que existe la necesidad de un viraje, entender que el gobierno debe entregar respuestas y soluciones, no una guerra cultural, sobre todo, después de que Boric le legara un país en franco retroceso, prácticamente en crisis, según todo indicador relevante.

En ese sentido, ceo que en su cuenta pública Kast debe mostrar un horizonte, convencer a quienes no son de derecha que una nueva mayoría es posible durante su gobierno. La pregunta es ¿para qué? La respuesta, mi respuesta, es que se necesita un cambio en el clima político, en la conversación del país. Es en ese sentido que Kast tiene a mano el ejemplo más exitoso de la historia moderna del país, el Chile de la transición, que tanto en su versión de centro izquierda como de centro derecha acumularon tres décadas continuas que cambiaron para bien al país, y lo transformaron de ser uno del promedio a aquel que lideró a la región en muchos indicadores de crecimiento económico y de desarrollo social.

El gobierno carece hoy de un relato, Boric es historia y los problemas que dejó pasaron a ser de Kast, y son de tal envergadura que en vez de la polarización, Chile necesita un gran Acuerdo Nacional, con mayúsculas, con dos objetivos tales como avanzar a ser un país desarrollado que también tenga una mejor democracia, una de calidad, para lo cual el mejor ejemplo, comprensible para todos y al cual se puede acudir con rapidez, es aquel que mejor resultado ha dado, siendo además reciente, la llamada Democracia de los Acuerdos de la transición, que cambió la fisonomía del país. Por lo demás, era la estrategia que se seguía hasta que fuera descarrilada por la violencia que estalló en octubre del 2019.

La elección de Kast pareció haber cerrado esa etapa octubrista ya que su victoria se labró remando en contra de la violencia callejera y el extremismo constitucional. En este proceso lo que había sido la corriente principal de la política chilena perdió representatividad, ya que la centro derecha y la centro izquierda prácticamente desaparecieron junto con expresiones políticas como la democracia cristiana. Por lo tanto, en Chile existen grupos importantes que no se sienten representados como tampoco han sido convocados a un nuevo proyecto político, sector cuyos requisitos son que sea moderado y más bien de centro.

Hoy Kast preside Chile, pero en condiciones de un nuevo contexto nacional e internacional, donde las decisiones tomadas a partir de impactos tan grandes como el alza del precio del petróleo no han dado el resultado esperado, agravado por una oposición obstruccionista que busca empantanar los proyectos con una infinidad de indicaciones en el Congreso.

El gobierno necesita salir del debate pequeño y convocar a un gran acuerdo nacional con fuerzas más allá de la derecha que hoy no se sienten representadas, para abordar una situación nacional e internacional que ha dejado de entender. En definitiva, aprovechar y no desperdiciar la posibilidad que se ha abierto para convocar a un gran acuerdo, donde las promesas de campaña deben ser parte de un horizonte que trascienda a la derecha y a mayorías transitorias, para que pueda ser continuado en otros gobiernos, exactamente lo que ocurrió después de la transición a la democracia que encabezara Aylwin.

Es la oportunidad que se le abre a Kast, para que pueda superar el complicado momento que vive, siendo requisitos ineludibles dejar de compararse con el gobierno de Boric y pasar a proponer un horizonte centrado en el desarrollo en lo económico y en una mejor calidad de la democracia en lo político, dos grandes objetivos, y nada más que esos dos, considerando que es un gobierno de solo cuatro años sin reelección inmediata. La forma de salir de los problemas actuales es mostrar un horizonte, una meta donde se inserte la verdad que los recursos son escasos, por lo que toda política pública debe justificar su razón de ser.

El problema no es comunicacional y no se soluciona diciendo mejor lo que se dice, tampoco es solo chileno, sino que se da en muchas partes del mundo, lo que no debe servir de excusa, sino de aliciente para cambiar la conversación, para poder insertar necesidades de Estado y no solo partidarias. A modo de ejemplo, que para Chile es clave poder tener al mismo tiempo buenas relaciones con EE. UU. pero también con su principal socio comercial como lo es China, tal como en su oportunidad el presidente Lagos logró explicar dentro y fuera del país, que quería firmar el Tratado de Libre Comercio con Washington pero que votaría en el Consejo de Seguridad en contra de la invasión de Irak el 2003.

El voto de segunda vuelta fue mayoritariamente un rechazo a la continuidad de quienes gobernaban con Boric, una selección entre alternativas, reducidas a dos. Ahora, en el día de hoy, lo que está ocurriendo demuestra la necesidad que esa mayoría transitoria se convierta en adhesión a una propuesta que logre incorporarlos y que vea en Kast algo mejor que el mal menor.

Se debe aceptar el hecho que la fórmula seleccionada para la primera etapa del gobierno simplemente no dio el resultado esperado, por lo que se debe buscar otro camino, aprovechando que tiene por delante un lujo del que no dispusieron otros gobernantes, al no tener elecciones durante un par de años, lo que tiene la ventaja adicional de posibilitar el cambio, toda vez que si hubo una característica en las muchas elecciones de todo tipo que tuvieron lugar a partir de la violencia del 2019, es que el electorado modificó su opinión en cada elección en relación a la anterior, eligiendo a veces a la alternativa más opuesta, lo que no es confusión, sino búsqueda de algo mejor en democracia.

Para Kast esta crisis autoprovocada es la oportunidad para proponer un proyecto, una idea que no solo supere el momento, sino que se prolongue en el tiempo, algo que pueda ser seguido por otros gobiernos como tarea-Estado, tarea-país. Hoy, mirándose incluso al espejo, en el caso del presidente, debe ser difícil para una persona que lo había hecho bien hasta que empezó a hacerlo mal, salir de esta trampa, dónde el “elefante en la habitación” son los errores propios.

Kast debe encontrar y dar la confianza a quien sea capaz de llevar adelante una nueva estrategia, a quien ordene a la coalición, ya que incluso ha ocurrido lo que nunca pasó en campaña como tampoco durante su travesía del desierto, la de sufrir fuego amigo y la disputa y hasta descalificación entre partidarios del gobierno. Si no al principio, Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet pudieron encontrar a esa persona. Tambien le ocurrió a Piñera cuando incorporó a alguien tan experimentado como su primo Chadwick y hasta Boric lo hizo al empoderar a Elizalde.

El momento para Kast ha llegado, siendo razonable recurrir a lo tradicional en Chile, cual lo es respaldar al ministro del Interior para que cumpla esa tarea con el poder que tradicionalmente ha sido asociado con ser el jefe de gabinete, es decir, la persona que ordena políticamente al gobierno, para que el presidente pueda cumplir la función de ser jefe de Estado. En otras palabras, no basta con declararlo, sino que todos deben percibir que hay poder real en quien cumple esa función. Guardando las proporciones, el ejemplo clásico es lo que fue Kissinger para Nixon en relaciones internacionales, solo que esta vez es a nivel local, y, por cierto, en forma mucho más modesta.

Continuando con ejemplos conocidos por todos, si para Clinton la necesidad radicaba en que él y todos entendieran que la economía era el problema, hoy con Kast el problema radica en el diseño, con un “segundo piso” de asesores que han terminado perjudicando al gobierno al otorgárseles funciones de control y dirección política que simplemente no tienen respaldo ni legal ni constitucional, y que en vez de ordenar al gobierno lo han desordenado al provocar fracturas internas.

La resolución de la crisis creada por errores no forzados exclusivamente radica en el despacho presidencial, ya que Chile es un país no solo centralizado sino hiperpresidencializado, lo que en general ha servido para que las instituciones funcionen mejor que en otras partes,

Como conclusión, es hora de no solo reconocer que se debe modificar un diseño que no está funcionando bien, sino hacer algo al respecto, modificando la conversación. Por lo demás, todas las tradiciones culturales poseen historias de que algo puede salir mal cuando se quiere hacer el bien, pero tal como enseña un tradicional proverbio chino, cuando soplan los vientos de cambio, es mejor construir molinos de vientos que muros.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Politica (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Definitivamente las máquinas desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones en los más diversos ámbitos. Las ideas detrás de la inteligencia artificial tienen su origen en los trabajos del científico informático John McCarthy quien puso el nombre “Inteligencia Artificial”. Los trabajos continuaron en las manos de pioneros como Marvin Minsky y Claude Shannon, quienes llevaron la IA a constituirse en un campo especializado de la investigación matemática y computacional. Posteriormente, la historia continua con la búsqueda de optimización de resultados concretos, estos investigadores que fueron desarrollando la idea de replicar la inteligencia y mediante la creación de “sistemas expertos”, programando explícitamente reglas, lógica y símbolos en algoritmos para que las máquinas pudieran deducir respuestas siguiendo los patrones de funcionamiento de las mentes humanas. La capacidad de procesamiento de esa época fue el puntapié inicial que llevó a una permanente superación de las máquinas. Las máquinas que utilizan el procesamiento del lenguaje natural comenzaron a analizar la automatización de procesos cada vez más complejos y ayudarnos cada vez más en nuestros trabajos, así como a desplazar a aquellos que solo podían hacer ese trabajo.

Las crisis psicológicas-sociales que crean las máquinas apenas comienzan a pesar de que como vemos ya llevamos algunas décadas en esto. Y, como es común en cualquier época, el lugar donde se desarrolla este “procesamiento artificial de información” genera nuevas patologías, algunas tienen que ver con la falta de empatía del sistema, ya que “kindness in thinking creates profoundness... kindness in saying creates an everlasting love” como dijo mi actor favorito, pero en definitiva quien no ha sentido impotencia igualmente hacia un funcionario poco empático o directamente negativo quien procura que nos vaya lo peor posible en nuestro tramite aunque su responsabilidad debería ser exactamente la opuesta. Realmente no habría mucho problema en que las maquinas sustituyeran a esos personajes, peor nunca va a ser. Pero que difícil situación tendría la máquina para sustituir a las personas/funcionarios que buscan siempre la mejor forma de resolver las cosas, de lograr soluciones solamente por espíritu solidario no importa cuán horribles sean las condiciones objetivas.

La capacidad de aprendizaje de la inteligencia artificial, que se desarrolla permanentemente, a lo largo de su vida útil no habría sido posible sin un sistema legal/social en el que tiene esta capacidad de crecer esta dinámica multiplicadora de lucro de la tecnologías más avanzadas. El lucro como fuerza generadora de inteligencia/creación es incontenible. Nuestros sistemas político-económicos necesitan la permanente creación de riqueza, por lo tanto, la lógica que logra estimular permanentemente este patrón es absolutamente bienvenida siempre. En el desarrollo histórico reciente de la inteligencia artificial vemos como la mayoría de a quienes les cuesta encontrar trabajo solo tienen un año de graduarse y experiencia profesional nula. Lo ideal sería que este sistema compuesto por profesionales con formación internacional en el caso de la diplomacia pueda significar que nadie dentro del sistema haya recibido una formación profesional extensa pero que asimismo estén igualmente interesados tanto en modelos morales como en este procesamiento artificial de información

“La tiranía del placer” humana deja paso a este “frío” procesamiento artificial de información que fue enriqueciendo nuestras sociedades con conocimiento preciso gracias a su “información altamente significativa” y sus “redes neuronales artificiales adultas”. Esta capacidad de aprendizaje se instaló en las condiciones permanentes de trabajo y de nuestras vidas, desde donde ya se habían desarrollado los coches autónomos hasta el asesoramiento o las recomendaciones al más alto nivel o al más bajo nivel de estructuras institucionales. En algún momento debemos saber quién se puede equivocar más, si la inteligencia artificial o el ser humano, así como en qué sentido puede equivocarse la inteligencia artificial y en qué sentido puede equivocarse el humano. La afluencia de múltiples «capas» —que marcan la existencia de este posesivo instrumento que es la inteligencia artificial— exigirá en su momento la implementación de una discusión política y legal internacional destinada a mejorar las condiciones específicas en las que opera la misma. La inteligencia artificial tendrá la posibilidad de encarnar modelos morales sin empatía y sin odio (probablemente), y estos modelos solo pueden tomar forma plenamente cuando sustentan decisiones en todas las dimensiones históricas, todas las visiones políticas y aceptan firmemente que la lógica misma requiere de entender esos procesos complejos y automatizados, que deben dar lugar a más opciones y quizás a mayor flexibilidad. Las decisiones que toma una persona para resolver un conflicto pueden ser las equivocadas, incluso pueden ser contrarias a su propio interés. Esa dimensión de hacer lo que está bien éticamente aun en perjuicio propio es un punto de inflexión de perenne naturaleza humana. La búsqueda del jaque mate, aplicado el concepto en su dimensión política, social y económica es lo que parece buscar permanentemente la inteligencia artificial a partir de la optimización de resultados. Esta dinámica de los procesos automatizados y como ocupan espacios dentro de nuestra sociedad es particularmente crucial para nuestras poblaciones laborales más vulnerables, para nuestras poblaciones políticamente vulnerables y económicamente vulnerables.

Es posible para la AI aprender los conceptos morales, pero aun falla en algunas dinámicas básicas, la de ver a una persona en el ojo y darse cuenta de que una persona es un corrupto o una mala persona, la de jugarse por otra persona o por un grupo de personas arriesgándolo todo, sentir que la vida humana es mucho más que una prioridad de un proceso automatizado. Obviamente que existen diferentes clases de personas que pueden engañar a jueces o al sistema humano social, personas que carecen de todo lo detallado anteriormente también. Por ahora con la implementación los sistemas automatizados de valores, las condiciones internacionales aumentaron explícitamente la brecha que existe respecto a las personas con menor nivel educativo, menos ambiciosas y menos informadas que permanecerían dentro de los sistemas gubernamentales más subdesarrollados. La inteligencia artificial no se va a ocupar de los países ni de ellas, continuara su camino caiga quien caiga, por lo tanto, sería conveniente. Como asimismo siempre han existido humanos con esa naturaleza.

Los profesores de IA crecieron en todos los países, y estos sistemas han demostrado ser eficientes en la democratización del análisis y la información durante el último cuarto de siglo, de todas maneras, el juicio categórico que nos permite juzgar a las personas desde la dimensión humana hace que generaciones de redes neuronales artificiales internalicen modelos morales en los cuales las dificultades consisten en entender cabalmente el concepto de análisis y juzgamiento moral humano. El camino para fortalecer instituciones consiste en mejorar los accesos a sistemas gubernamentales libres y legalmente obligatorios, abiertos a todos y que les permitan funcionar de forma eficiente pero que deben ser sobre todo justos en la más profunda dimensión humana. No es que el ser humano nunca se equivoque, pero por ahora solamente podemos dar al ser humano esa capacidad para equivocarse, porque todavía sigue siendo el único con capacidad para asumir responsabilidades por sus acciones. ¿O estamos dispuestos a dar esa capacidad a las máquinas?

Todos afirman que las naciones —como grandes procesadores lingüísticos— se comunican e interactúan a través de protocolos medianamente establecidos. No sería conveniente que este papel sea otorgado a cuerpos mecánicos, por peor que le pueda a caer a la gente los funcionarios del servicio exterior. Pero como hemos visto todavía hay dimensiones humanos insustituibles. El tema es, como hemos visto recientemente, que las relaciones internacionales y sus diferentes dimensiones de conflicto tienen una capacidad multiplicadora de destrucción, esa capacidad multiplicadora llega al punto de poder alcanzar la destrucción de la humanidad a través de un conflicto nuclear.

Pero todo lo que hacen las naciones estará cada vez más inextricablemente ligado a estos cuerpos digitales/mecánicos, especialmente en temas de seguridad y defensa. La autonomía de las maquinas pasa a ser algo absolutamente complicado al respecto, ¿le importará a una maquina cometer crímenes de atrocidad o de lesa humanidad comparado con optimizar resultados geoestratégicos? La lógica de una máquina de que se le aplique la pena máxima quizás es diferente, quizás es más fría, quizás sus miedos algorítmicos son irrelevantes. Los humanos pueden pasar años tratando de rastrear la verdad hasta su origen, interrogando a cada a una de las organizaciones causales, lo que eventualmente puede revelar historias bastante asombrosas oculta tras sus propias narrativas. Ocurre que además la inteligencia artificial tiene problemas en tener conocimiento de las reuniones secretas, reservadas, confidenciales, la IA no tiene corredor, ni boliche, ni lo que es ser hincha de algo, aunque se sepa todos los cantos. La inteligencia artificial solamente puede ser en materia de política exterior nuestro experto perfectito, se sabe todo, no levanta la voz, no se calienta. Pero si a mí me hubiera tocado hacer política exterior apoyándome en gente así probablemente no hubiera sido ni Embajador en China, ni Ministro de Relaciones Exteriores, ni Secretario General de la OEA y CASLA no tendría el menor interés siquiera en considerarme con posibilidades de defender la democracia en la región. Ni hablar que si esa hubiera sido mi función exclusivamente mi capacidad profesional diplomática hubiera sido extraordinariamente limitada porque el funcionario “perfectito” es en realidad un funcionario muy mediocre, pero además el funcionario perfectito tiene la característica de ser poco empático.

Las naciones han aludido brevemente a la posibilidad de comenzar a elaborar legislación internacional respecto a la inteligencia artificial, ello fue incluso antes de que comenzara la lógica de la explotación al máximo de la inteligencia artificial en su uso político y de defensa. Hubo un tiempo en que el Estado actuaba como pensador internacional, una noción que puede parecer superficial para algunos observadores, y sin embargo es cierta y en absoluto inusual, el pensamiento desarrollado por cada Estado en función de su psicología colectiva, de su cultura, de su conformación social, de su sistema político daba una impronta particular a la dinámica de relaciones internacionales. El desafío de que TODAS esas pautas culturales, religiosas, folclóricas subsistan en los procesos de las redes neuronales artificiales.

Es cierto que ahora la mayoría de los grandes y multifacéticos pensadores políticos de nuestro tiempo deben apoyarse en la infalibilidad que estamos forzados a creer de la IA. Los Estados comparten ciertas características comunes, como su participación en el mega capitalismo y las relaciones internacionales, y sin embargo, todos han encontrado, de una forma u otra, su lugar en la agenda internacional, la inteligencia artificial puede llevar a reasignar esos lugares. Hubo un tiempo en que los Estados se inclinaban decididamente hacia determinada posición política; consideremos, entonces, qué ocupa sus mentes, qué los atrajo a esas definiciones. Por lo tanto, como que, en algún momento, mientras eso sea controlable, se deberían determinar qué tipo de decisiones pueden quedar en mano de la IA y especialmente que tipo de decisiones no pueden quedar en manos de la IA. En verdad, no hubo una discusión abierta de alternativas, ningún diálogo sobre justicia; el proceso se asemeja a una conversación con una máquina o, más precisamente, a la simple imposición de acciones. Prácticamente es como si ya hubiésemos cedido espacios.

Los Estados albergaba la esperanza de que la IA definiera, con el tiempo, los enfoques diferentes de la agenda internacional para una nueva generación de jóvenes, una generación que sigue las tendencias de internet, que se mantiene informada por videos de 30 segundos, difundiendo inicialmente información sobre las instituciones de forma clandestina, para luego someterlas al permanente escrutinio y al interés público ejercido de manera condenatoria.

Con el tiempo, este sistema evolucionó hacia acciones concretas como ser el análisis de las instituciones, así es que las instituciones en sus estructuras y funcionamiento actuales dependen de patrones que entrega la IA. Pero a pesar de todos estos avances tecnológicos y capacidades que exceden todo lo previamente conocido, de repente, no tenemos más remedio que preguntarnos porque el funcionamiento y estructuras burocráticas son tan deficientes, no solo desde el punto de vista de la cantidad y calidad de los resultados que las mismas son capaces de obtener, sino en que tiempo pueden otorgar resultados. Las estructuras burocráticas hacen a la esencia de la diplomacia por eso es inevitable el análisis. Reitero, nos tenemos que preguntar “¿Por qué todo va tan mal? ¿Y por qué las condiciones actuales —o, de hecho, la mayor parte del trabajo— no parecen ofrecer respuesta a esta pregunta?”. Hay algo que genera la complacencia del uso de la IA, ello altera los niveles de exigencia, los ha disminuido dramáticamente, por lo tanto, la IA artificial transformada en empleada de un esquema burocrático responde coherentemente a eso y cada vez se esfuerza menos también. Cuanto menos sea el nivel de exigencia de menor calidad serán los productos obtenidos de la IA.

Las instituciones para que sean buenas dependen de tener buenos funcionarios, con determinados parámetros de eficiencia y determinadas aptitudes/actitudes ético/morales justos que sean capaces de crear estructuras y funcionamientos que posibiliten resultados en ese contexto.

Teniendo en cuenta que la IA tiene la capacidad de potenciar los niveles de mediocridad de cualquier administración pública, se adaptara muy fácilmente a personas cansadas, aburridas y desmotivadas. El liderazgo del conocimiento humano que podía cambiar algo así hoy queda en manos de una maquina y un programa a los cuales no les interesa especialmente motivar a nadie. A las personas no les interesa seguir el liderazgo de conocimiento de la maquina porque eso es claramente poco motivador.

Es señalable que ni siquiera les consta muchas veces la propia involución de capacidades políticas de las personas/maquinas/instituciones, aquello que marcó crucialmente la diplomacia siempre. Entonces, aquello que constituye exactamente el “no-despertar” de funcionarios de la estructura, eso los lleva a no considerar inaceptable esta forma particular de pensar, de interpretar los hechos, de obviar ese preciso momento de comprensión, la repentina constatación de una verdad. En realidad, es el hecho de convivir con el “enemigo” inteligencia artificial, el que ha causado todo esto. No por culpa de ella, sino por culpa humana.

La diplomacia es timing y feeling. En principio esto parece esencialmente una actividad específicamente humana. Pero su lógica misma varia de persona a persona, pues finalmente se debe a como interpretamos los tiempos y los sentimientos de la política y la diplomacia, esa es nuestra forma de hacerla eficiente. Esto involucra las acciones de un grupo, pero, en última instancia, todo se reduce a lo que más le importa al individuo: cómo perciben la causa y el efecto, cómo “desean” ver el mundo o cómo creen que el mundo “debería” ser. La Diplomacia puede afirmarse en hechos, pero también puede afirmarse en percepciones de hechos o de políticas o de sentimientos, eso es precisamente lo que acciona en dinámicas circundantes de los hechos, y el mundo “es” simplemente como es en esas conceptualizaciones. Ahora, al aplicar esta lógica fundamental, las naciones pueden esforzarse por determinar la mejor manera de integrar estos principios de causa y efecto en la automatización de procesos complejos en ese marco y para mejor ejercicio de sus acciones institucionales para la adopción de la decisiones. De hecho, la inteligencia artificial es desde su origen parte de fundamental de cualquier estrategia de conflicto y de teoría de los juegos. El apoyo de la IA a acciones de conflicto o de uso de la fuerza, cae dentro de patrones que han hecho a la responsabilidad humana; pero a partir de allí debemos saber cuál es la relativa responsabilidad de una máquina. Esto ha introducido una moderna relatividad de la responsabilidad, mientras no existan normativas que determinen que decisiones son delegables en máquinas y cuales no, la responsabilidad de las maquinas será una constante que servirá a las personas para evitar sus propias responsabilidades.

A la hora de atender dinámicas de conflicto la inteligencia artificial tiene mecanismos para llevar adelante eficientemente el conflicto, aun cuando la comprensión de la percepción histórica que las opiniones públicas pueden tener del mismo quizás sea difícil ajustar, como puede ser difícil de ajustar en el contexto de contener el entusiasmo emotivo del liderazgo político. También probablemente tengan capacidades para la predicción de un vencedor. Indudablemente que un proceso de inteligencia artificial que abarca desde la automatización de procesos complejos y la optimización de resultados específicos hasta la provisión de explicaciones y recomendaciones es capaz de lograr resultados.

Se debe tener claro el concepto que las inteligencias artificiales comprenden las lógicas elementales de los conflictos, pero no tienen capacidades de predicción suficiente para entender todos los efectos colaterales, los efectos sobre la economía y los efectos emocionales y de percepción sobre la sociedad. No terminan de entender el fanatismo ni cómo funciona la mente en una negociación en el Bazaar. Hay un punto del conflicto en el funcionamiento de la IA en que todo se vuelve relativamente simple, pero la dimensión humana tiene que cometer tantos errores para alcanzar un buen resultado, errores que no les está permitido estructuralmente cometer a las máquinas. Por mejor uso que se haga de la inteligencia artificial las cosas no son tan fáciles a la hora de lidiar con el coraje humano o con el fanatismo por mencionar dos conflictos armados recientes. Lo podemos llamar el síndrome “Tom Brady” pues a la hora de explicar porque todos los clubes habían dejado pasar a Brady durante cinco rondas del Draft y 198 posiciones se dijo que habían medido su atleticismo, el poder de su brazo, etc., pero lo que tendrían que haber hecho es abrirlo y ver su corazón, es decir descubrir la pasión, el alma, la emoción, la realidad humana que era capaz de ponerle a las cosas. Es decir, estaban tratando de ver la máquina que había en Tom Brady y no su inextricablemente compleja dimensión humana y era esa compleja dimensión humana la que había sido la razón de sus triunfos anteriores y la que fue la razón para sus triunfos posteriores.

Además, esta lógica de cálculo de inteligencia artificial (que como acabamos de ver los humanos también pueden padecer) puede pretender aplicarse rigurosamente para comprender diversas relaciones de causa y efecto en todo el mundo lo cual hace la situación aún más difícil porque esas condiciones de interacción dependerán de tantas pautas culturales, folclóricas, flukes propios de los países y mucho más. Las predicciones sobre lo que sucederá nunca sabremos si se cumplirán, porque las naciones no pueden demostrarlo, algunas condiciones logísticas pueden prevalecer en el largo plazo, como ser tecnología militar, riqueza, entrenamiento se cumplirán sus predicciones de prevalecer como se posee la evidencia histórica, sin embargo, eso ocurrirá siempre y cuando se esté dispuesto a pagar un alto precio y a corregir errores en la dimensión humana pues si se cae en cualquiera de las dos trampas anteriores será imposible que esos resultados sean buenos.

Tarek William Saab, el ex fiscal general de Venezuela, removido recientemente, hablaba de derechos humanos con tono solemne, casi litúrgico. Citaba principios universales, denunciaba desapariciones forzadas y advertía, con indignación o quizá auténtica en aquel entonces, que esos crímenes “no prescriben”.

Hoy, tres décadas después, el antiguo “poeta de la revolución” terminó consagrándose como el rostro burocrático de la impunidad venezolana: un funcionario que pasó de denunciar verdugos a convertirse en uno de ellos y peor aún, a administrar silencios.

El caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas no fue un accidente administrativo ni un simple “error de procedimiento”. Fue algo mucho más perverso: la confirmación de que en Venezuela la desaparición forzada dejó de ser una excepción clandestina para convertirse en un mecanismo institucionalizado.

Un ciudadano desaparece, el Estado calla, los expedientes mienten y la familia queda atrapada en un laberinto de cinismo oficial. Mientras la Sra. Carmen Navas, madre de Víctor Hugo preguntaba dónde estaba su hijo, el aparato estatal sostenía la ficción de que seguía vivo. Lo habían enterrado, pero burocráticamente continuaba respirando.

En cualquier país serio eso provocaría renuncias inmediatas y procesos judiciales. En Venezuela apenas produjo los habituales comunicados fríos y el sinnúmero de vasivas.

Y allí aparece el otrora fiscal general de la República, Tarek William Saab; no como espectador, mucho menos como víctima de un sistema que lo supera, sino como uno de sus principales operadores políticos y judiciales.

En 1996 declaró que la desaparición forzada era un crimen de lesa humanidad que no podía justificarse “ni por obediencia debida”. El problema no es que haya cambiado de opinión; el problema es que terminó administrando exactamente aquello que decía combatir.

La metamorfosis no fue ideológica: fue moral. La tragedia de Quero Navas también desmontó otro mito del régimen: la idea de que todavía existe alguna frontera entre justicia y propaganda. Porque cuando una institución es capaz de ocultar una muerte durante diez meses (según lo confirmado por ellos mismos), falsificar narrativas y revictimizar familias, ya no estamos hablando de negligencia; estamos hablando de un modelo de poder que necesita la mentira para sobrevivir.

El pronunciamiento reciente de 31 exjefes de Estado del Grupo IDEA dejó claro que el tema dejó de ser un asunto doméstico. Los exmandatarios denunciaron que las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia en Venezuela “rompen con las leyes universales de humanidad” y exigieron el cese en el poder de los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Las cifras también destruyen el discurso oficial.

Según la ONG Provea, las desapariciones forzadas aumentaron un 196% durante 2025. Y detrás de cada número hay una historia enterrada entre expedientes manipulados, cárceles opacas y familias condenadas a mendigar información.

La lista de presos políticos muertos bajo custodia del Estado no necesita adjetivos porque ya funciona como acta de acusación: Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo, Raúl Isaías Baduel, Salvador Franco, Víctor Hugo Quero Navas, entre muchos otros.

Cada muerte desmonta un discurso oficial, cada desaparición deja al descubierto una estructura, cada expediente alterado lleva la huella de quienes convirtieron la Fiscalía en un departamento de encubrimiento político.

Quizás lo más grotesco de todo sea el contraste histórico. Saab todavía carga el apodo de “el poeta de la revolución”. Una ironía feroz para alguien cuyo legado político ya no se escribe con versos sino con expedientes cerrados, silencios oficiales y familias destrozadas.

Porque al final, Venezuela terminó descubriendo que detrás del poeta nunca hubo sensibilidad revolucionaria, solo había un burócrata dispuesto a sacrificar la verdad para proteger al poder y eso lo convirtió en algo mucho peor que un fiscal complaciente: lo convirtió en el carnicero sin alma de un sistema que aprendió a desaparecer personas mientras redacta comunicados sobre derechos humanos.

Cuba obtuvo su independencia formal de España un 20 de mayo de 1902, tras décadas de lucha independentista y la posterior ocupación militar estadounidense. Un hito histórico que simbolizó el fin de la dominación colonial. Exactamente 124 años después, el 20 de mayo de 2026, en la Torre de la Libertad de Miami —símbolo del exilio cubano—, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció otro hito: la acusación formal federal contra Raúl Castro Ruz, de 94 años, y cinco coacusados del régimen cubano.

Los cargos son graves: conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro imputaciones de asesinato. Se refieren al derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales en el Estrecho de Florida.

¿Qué ocurrió aquel 24 de febrero de 1996? Hermanos al Rescate, fundada en 1991, realizaba misiones humanitarias para localizar y rescatar a balseros que huían de la dictadura. Ese día, tres Cessna despegaron de Opa-locka. Dos fueron derribados sin advertencia previa por misiles de MiG-29 cubanos. Murieron cuatro personas. Tres eran ciudadanos estadounidenses; uno, residente legal. La tercera avioneta, con José Basulto a bordo, el fundador de Hermanos al Rescate logró escapar.

El ataque, ordenado desde la cadena de mando militar que encabezaba Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas, fue calificado internacionalmente como un acto de barbarie. Grabaciones y testimonios vinculan directamente al entonces líder con la orden: “Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan”.

Este encauzamiento no fue casual. Es el fruto de 30 años de perseverancia de varios actores clave, comenzando por las familias de las víctimas que nunca dejaron de exigir justicia sin descanso, convirtiendo su dolor en un motor incansable de presión; no podemos dejar de mencionar al fundador sobreviviente del ataque quien mantuvo el caso vivo con su testimonio; tampoco puede pasar inadvertido el trabajo constante de Congresistas cubanoamericanos de Florida, y otros actores políticos que impulsaron fuertemente el caso ante la administración del presidente Trump; y una mención especial y de pie, a la comunidad cubanoamericana en el exilio y medios de comunicación que mantuvieron la presión pública y política, recordando que la impunidad no puede ser eterna.

¿Por qué importa este caso? No se trata solo de cuatro vidas segadas. Es un mensaje claro: los crímenes de lesa humanidad cometidos por dictadores no prescriben. Aunque Raúl Castro, a sus 94 años, probablemente nunca pise una cárcel estadounidense, este encauzamiento rompe el muro de impunidad que protegió al régimen durante décadas. Sirve de precedente para otras víctimas del castrismo y reafirma que, en un Estado de Derecho, la justicia puede llegar aunque sea tarde.

Treinta años después, las familias y el exilio respiran un alivio simbólico. “Justicia demorada es justicia negada”, se dice. Hoy, al menos, se ha empezado a corregir esa negación.

La historia, tarde o temprano, pasa factura. Que este paso inspire a seguir exigiendo rendición de cuentas por todos los crímenes del régimen cubano y de cualquier régimen que abuse de su poder en el mundo. La memoria de las víctimas y el anhelo de libertad siguen vivos.

* El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue presidente de BanEcuador.

“Al señor Zapatero le aconsejo que no sea imbécil”. Esa contundente frase que Luis Almagro le espetó a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista concedida a la cadena de televisión colombiana NTN24 mereció la protesta formal ante la OEA del gobierno español, presidido por Pedro Sánchez.

Era septiembre de 2018; la crisis humanitaria en Venezuela había llegado a una situación crítica, con un éxodo masivo de migrantes y arreciaban las críticas a Nicolás Maduro. Lejos de sumarse a la denuncia contra el dictador, Zapatero hizo unas declaraciones en Sao Paulo donde aseguró que el problema humanitario no era culpa del régimen, sino de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Fue ahí donde Almagro señaló al ex presidente español con una denuncia explícita: “Defender una dictadura es ser un político perimido, arcaico y anacrónico. Viene haciéndole mandados al régimen desde 2016”.

Además de Almagro, han sido muchos los líderes latinoamericanos que, a lo largo de los años, han señalado a Zapatero como un blanqueador de la dictadura.

María Corina Machado aseguró que la historia lo juzgará. El ex presidente de Colombia Iván Duque lo tildó de “mayordomo diplomático de la dictadura”, mientras Antonio Ledezma, el ex alcalde de Caracas, llegó a decir: “Es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”.

Todos ellos confluyen en la frase que el ex presidente colombiano Andrés Pastrana le dedicó hace unos meses: “El hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es José Luis Rodríguez Zapatero.”

Meses antes, en 2024, Pastrana presentó un informe en La Haya, suscrito por una treintena de ex presidentes (entre ellos Felipe González), donde se denunciaba la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Zapatero se había negado a firmarlo.

¿Cuándo, cómo, y por qué empezó Zapatero a implicarse en los asuntos venezolanos?

Estas preguntas, que siempre acompañaron a los andares del ex presidente español por el continente, adquieren ahora una tremenda notoriedad a raíz de la decisión del juez José Luis Calama, de imputar a Zapatero por ser el presunto “líder” de una trama internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El núcleo central de la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional se centra en el presunto uso irregular y desvío de 53 millones de euros de dinero público usados para rescatar en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Pero las 85 páginas del auto abren otras investigaciones de gran calado que irían desde la venta de petróleo -con presunto “peaje obligatorio” a Zapatero-, hasta el negocio del oro o el blanqueo transnacional de divisas: de Caracas, a Dubái, pasando por la República Dominica (base logística y financiera de los negocios vinculados a Venezuela)-, llegando a Bejing y aterrizando en Madrid.

A estas graves imputaciones del juez Calama, cabe sumar las dos líneas de investigación abiertas en Estados Unidos que implican a Zapatero: una, en la fiscalia federal del Distrito Sur de Nueva York, que investiga a 63 colaboradores internacionales del régimen chavista; la otra, la investigación de la DEA que sigue la ruta del petróleo y del oro venezolano, y el rastreo de los flujos de dinero que presuntamente podrían llegar a cuentas asociadas al ex presidente.

Hasta aquí no cabe añadir nada más en el terreno policial y judicial, excepto recordar la doble condición de investigado e imputado de Zapatero, que lo convierte en el escándalo político más importante de la democracia española. Tiempo habrá para saber si los indicios contra Zapatero se convierten en pruebas, y éstas en sentencias, o si, al contrario, se deshinchan las acusaciones.

Pero si lo judicial está por discernir, lo político parece fuera de duda: Zapatero ha tenido un rol de implicación, colaboración y blanqueamiento de la dictadura chavista. Es decir, más allá de saber si sus intenciones tenían un objetivo estrictamente ideológico, o también había intereses espúreos (eso es lo que dilucidará la justicia), parece indiscutible que José Luís Rodríguez Zapatero ha sido un aliado de la dictadura. Lo que empezó en 2015 como un trabajo de mediación y acción humanitaria para con los presos políticos, acabó siendo un ejercicio de lobby diplomático para normalizar y lavar la imagen del régimen.

La escalada fue gradual. En 2015 llegó a Caracas a petición de la oposición venezolana y tuvo un papel fundamental en la liberación selectiva de presos políticos, entre ellos la liberación de Leopoldo López en 2017. Después lideró la mesa de negociación en Santo Domingo entre el régimen y la oposición, que intentaba encontrar una salida negociada a la crisis política y económica de Venezuela, después de las masivas protestas sociales de 2017, violentamente reprimidas por el régimen. Pero ya entonces su papel de mediador había transitado hacia posiciones cercanas al chavismo, y se le considera el responsable directo del fracaso del diálogo de Santo Domingo en 2018.

Zapatero presionó a la oposición para que firmara el acuerdo electoral que imponía Maduro, y que no tenía las condiciones democráticas mínimas, y su actitud lo marcó para siempre ante la oposición venezolana.

A partir de entonces, su posición fue inequívoca: se convirtió en observador electoral internacional, con gastos pagados por el régimen; avaló y legitimó las leyes y los procesos electorales chavistas, a pesar de las denuncias internacionales; calló en el tremendo pucherazo de las presidenciales en 2024, avalando con su silencio la estafa del “triunfo” de Maduro; se negó a calificar a Maduro como un dictador y lo alabó por su “capacidad de diálogo” (sic); siempre desvió las culpas del chavismo hacia las sanciones norteamericanas y, en definitiva, se convirtió en el limpiador internacional del régimen.

En una ocasión llegó a espetar a la oposición venezolana que “la alternativa a Maduro no existe”, y en múltiples declaraciones criticó a dirigentes opositores. En definitiva, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el embajador áulico de un régimen despótico que ha sangrado, arruinado y tiranizado a Venezuela durante décadas. Sobre él la frase más dura la dijo Andrés Pastrana: “Zapatero lleva los muertos de Venezuela a sus espaldas”.

No podemos saber si los jueces acabarán sentenciándolo por sus actividades económicas, pero sin duda es culpable por sus actividades políticas.

Desde América Latina, las imágenes de las flotillas hacia Gaza suelen presentarse como una historia simple: activistas civiles llevando ayuda humanitaria y un Estado reaccionando con fuerza. Pero dentro de Israel, el debate es mucho más complejo, especialmente después del 7 de octubre.

Fuera de Medio Oriente, estas misiones suelen percibirse únicamente como iniciativas solidarias destinadas a asistir a la población de Gaza. Sin embargo, detrás de esa narrativa existe una dimensión política, financiera y propagandística mucho más difícil de explicar. La pregunta no pasa solamente por la ayuda humanitaria en sí, sino también por quién financia estas operaciones y quién posee la capacidad logística y económica para movilizar embarcaciones desde distintos puertos del Mediterráneo bajo una estructura de coordinación internacional.

En los últimos días trascendió que una de las personas vinculadas a estas flotillas, Saif Abukeshek, mantiene relaciones con estructuras asociadas a Hamas.

Presentado públicamente como “activista”, Abukeshek es identificado como integrante del Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), una organización señalada por Israel y distintos actores occidentales por sus vínculos con Hamas. El PCPA opera principalmente fuera de los territorios palestinos y funciona como una plataforma internacional de articulación política y mediática en torno a la causa palestina.

El problema, para la mayoría de los israelíes, no es la ayuda humanitaria. El problema es quién controla Gaza y qué ocurre con todo lo que entra allí. Desde 2007, Gaza está gobernada por Hamas, una organización terrorista respaldada por Irán y considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Después del 7 de octubre, los israelíes ya no ven las cuestiones de seguridad como hipótesis teóricas. Las armas, explosivos y materiales de doble uso que ingresan a Gaza terminan, tarde o temprano, apuntando contra civiles israelíes.

La existencia de estas flotillas resulta especialmente cuestionable cuando se contrasta con la realidad logística en el terreno: existen canales terrestres y protocolos de inspección plenamente establecidos que permiten el ingreso diario y seguro de toneladas de asistencia humanitaria coordinada. Por eso existe tanta desconfianza hacia estas iniciativas marítimas. En interceptaciones anteriores, las autoridades israelíes reportaron el hallazgo de materiales y artículos cuya presencia generó serios cuestionamientos sobre el verdadero objetivo de los cargamentos, incluyendo drogas y otros elementos no considerados esenciales dentro de la ayuda de emergencia. Para la sociedad israelí, estas flotillas no operan como misiones humanitarias genuinas, sino como provocaciones mediáticas fríamente diseñadas para forzar una confrontación diplomática y aumentar la presión internacional sobre el país.

Existe además un elemento emocional y político difícil de entender desde fuera de Medio Oriente: muchos de los activistas extranjeros volverán pronto a sus países y continuarán sus vidas lejos del conflicto. Israelíes y palestinos, en cambio, seguirán compartiendo la misma tierra y viviendo las consecuencias reales de esta guerra. Y precisamente por eso, muchos israelíes sienten que estas flotillas no ayudan verdaderamente ni a los civiles palestinos ni a construir estabilidad regional. Lo que sí logran, desde esa perspectiva, es generar nuevas crisis mediáticas internacionales mientras el mundo vuelve a olvidar que del otro lado sigue existiendo una organización terrorista que también reprime y explota a la propia población palestina.

Ese es el verdadero dilema israelí actual: cómo enfrentar a Hamas sin perder legitimidad moral frente al mundo y sin olvidar que, después del 7 de octubre, el miedo israelí dejó de ser abstracto para convertirse en una experiencia traumática y concreta.

Hay una idea profundamente equivocada que se instaló en parte de la política mexicana: creer que gobernar es proyectarse. Que un mandatario es exitoso mientras más fotos acumula en aeropuertos, foros internacionales o cenas diplomáticas. Como si la promoción sustituyera a la ejecución.

Pero la evidencia seria sobre desarrollo económico apunta exactamente en sentido contrario. La inversión no llega por likes, algoritmos o selfies en París. Llega a los territorios que ofrecen condiciones reales para producir y crecer: infraestructura funcional, seguridad, energía, agua, movilidad, capital humano y gobiernos capaces de cumplir su palabra.

Douglass North, premio Nobel de Economía, explicó que el desarrollo depende de instituciones capaces de reducir incertidumbre. Cuando un gobierno transmite improvisación, desorden o desconexión territorial, aumentan los costos de transacción y cae la confianza. Y ahí aparece el problema del gobernador ausente que padecemos en Nuevo León.

Porque una cosa es realizar una gira estratégica vinculada a proyectos concretos, y otra convertir el viaje permanente en estilo de gobierno. Cuando la gira intenta suplir la falta de resultados locales, se vuelve contraproducente. La literatura sobre promoción de inversión es clara: la promoción solo funciona cuando amplifica fortalezas reales; cuando intenta reemplazarlas, genera desgaste reputacional.

Dicho de forma sencilla: ningún inversionista serio instala miles de millones de dólares porque un gobernador fue de visita y mostró un traje caro en Europa. Lo hace porque detecta gobernabilidad, infraestructura y reglas claras. Y eso obliga a decir algo incómodo pero evidente: el principal problema de Nuevo León hoy no es de promoción internacional. Es de gobernabilidad.

La propia S&P Global advirtió recientemente un deterioro en la capacidad de gestión financiera y presupuestaria del estado, señalando tensiones políticas, dependencia creciente de deuda de corto plazo e incertidumbre institucional. Eso sí manda señales negativas que ninguna gira tapa. Porque el capital global puede tolerar muchas cosas, menos incertidumbre operativa.

Los polos exitosos del mundo —Singapur, Texas, Baviera o Shenzhen— no crecieron por giras políticas permanentes. Crecieron porque construyeron ecosistemas sólidos: logística, universidades, seguridad jurídica, infraestructura y coordinación público-privada. Primero existió capacidad estatal, la promoción vino después y no siempre fue necesaria.

Por eso organismos como la OCDE y el Banco Mundial insisten siempre en lo mismo: simplificación administrativa, digitalización, infraestructura, gobernanza metropolitana y capacidad institucional. No casualmente, el propio Plan Nacional de Desarrollo de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, pone el énfasis en coordinación, innovación pública, infraestructura y gobiernos cercanos al territorio. Porque gobernar no es aparecer. Gobernar es coordinar. Particularmente en Nuevo León, donde la economía depende de cadenas industriales extremadamente sensibles al tráfico, la logística, la movilidad y la certidumbre regulatoria.

En Nuevo León la ciudadanía observa obras tiradas, conflictos políticos permanentes, crisis ambientales, drenajes colapsados y una creciente sensación de desconexión. Y mientras todo eso ocurre, el gobernador vuelve a andar en Europa o en sabrá Dios que lugar que le parece interesante o trendy visitar.

Nathan Jensen y otros especialistas en inversión extranjera han demostrado que los inversionistas valoran mucho más la estabilidad institucional y la capacidad administrativa que las campañas de promoción. La confianza no se produce en una gira.

En Nuevo León siempre se admiró más al empresario que estaba en la planta que al que solo salía en revistas. Don Eugenio Garza Sada entendía eso perfectamente: el prestigio no se construía desde la apariencia, sino desde la seriedad y el cumplimiento. Y ahí está la discusión de fondo. Cuando la gira acompaña resultados, tal vez ayude. Cuando intenta sustituirlos, estorba.

Porque el inversionista serio no apuesta por el gobernador más fotografiado. Apuesta por el territorio que funciona. Y hoy el verdadero riesgo para Nuevo León no es quedarse sin promoción internacional. Es seguir teniendo un gobierno que viaja más, mucho más, de lo que gobierna.

*El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.

En tiempos de polarización, cuando el debate público se reduce a consignas y la desconfianza parece imponerse como norma, las sociedades enfrentan una prueba determinante: la capacidad de elegir con templanza, con sentido de país y con visión de futuro. Perú atraviesa uno de esos momentos.

El próximo 7 de junio no será simplemente una jornada electoral. Será una oportunidad histórica para reafirmar un camino de institucionalidad, libertad y progreso, en medio de un entorno regional que exhibe con crudeza lo que le ocurre a las democracias cuando la demagogia se impone sobre la razón, el estatismo sobre la iniciativa privada y la confrontación permanente sobre la gobernabilidad.

Hoy más que nunca, Perú necesita un liderazgo que no alimente las fracturas, sino que las supere, que no gobierne desde la revancha sino desde la responsabilidad; que no prometa lo imposible, sino que garantice lo esencial, estabilidad, respeto irrestricto por la democracia y la voluntad genuina de unir a una nación en torno a un propósito mayor compartido. Ese liderazgo tiene nombre propio: Keiko Fujimori.

Su candidatura es un punto de referencia para quienes comprenden que el Perú no puede dilapidar lo que ha venido construyendo con esfuerzo. Una economía abierta, un sector productivo competitivo y un pueblo que, pese a las turbulencias institucionales de los últimos años, ha demostrado una resiliencia admirable. Defender la economía de mercado no es dogmatismo ideológico, es reconocer con honestidad intelectual que el crecimiento, el empleo y la inversión se producen cuando existen reglas claras, seguridad jurídica y confianza en las instituciones. No hay política social sostenible sin una economía sólida, no hay reducción real de pobreza sin productividad y no hay futuro posible cuando el país vive encadenado a la incertidumbre permanente.

Perú ha sufrido ese desgaste con gobiernos frágiles, confrontaciones entre poderes del Estado y un clima de tensión institucional que ha debilitado la confianza interna. En ese contexto, Keiko Fujimori ha demostrado algo que los momentos de crisis vuelven escaso e imprescindible, la capacidad de construir acuerdos, ejercer autoridad democrática sin convertirla en arma de persecución y entender que gobernar es unir antes que dividir, convencer antes que imponer.

Keiko llegó a la política con el apellido más poderoso y controvertido de la historia peruana reciente, pero sería un error reducirla a esto. Con el paso de los años y de las contiendas, ha labrado un liderazgo propio, forjado no en el privilegio sino en la adversidad; cuatro campañas, tres derrotas en segunda vuelta y persecuciones judiciales que habrían doblegado a cualquier político sin verdadera convicción. Pero, por el contrario, Keiko aprendió las lecciones más duras que la política puede impartir y construyó una voz propia que ya no depende del fujimorismo sino de sus propias convicciones. Hoy carga con una responsabilidad histórica: demostrar que una mujer forjada en las batallas más exigentes de la democracia peruana es capaz de unir lo que otros han fracturado.

En este momento, más que nunca, el Perú necesita unidad. En un escenario de polarización aguda y fragmentación profunda, Keiko es la figura con mayor capacidad real de articular acuerdos, de tender puentes entre sensibilidades distintas y de construir la gobernabilidad que el país reclama con desesperación. Los países no avanzan en permanente confrontación, avanzan cuando logran construir consensos mínimos alrededor de la democracia, la estabilidad y la confianza en las instituciones. Y en esa tarea, hay un elemento que no puede subestimarse, la defensa de las libertades.

La libertad no es un concepto abstracto reservado para la constitución, es la posibilidad de emprender, de trabajar, de defender sus ideas sin intimidación, de progresar con esfuerzo propio y de vivir sin que el Estado se erija como juez arbitrario de la vida económica y social de los ciudadanos. Es la garantía de una prensa libre, del equilibrio de los poderes públicos con pesos y contrapesos reales, y de que la democracia se preserva como patrimonio intransferible. Porque cuando se debilitan las libertades, se debilita la dignidad humana, y cuando se deterioran las instituciones, se deteriora también el futuro de una generación entera.

La historia latinoamericana ha demostrado con dolorosa reiteración que los países no se transforman destruyendo sus fundamentos, sino fortaleciéndolos. Que las reformas necesarias y urgentes se hacen con responsabilidad, con diálogo y con visión de largo plazo.

Perú merece pasar la página de la incertidumbre. Merece una agenda de unidad, crecimiento y empleo, asentada sobre el fortalecimiento democrático y el respeto a las libertades que son la base de cualquier progreso sostenible. Votar por Keiko Fujimori el 7 de junio es votar por ese camino. La política en su mejor versión no es el arte de dividir: es el arte de unir. Y en este momento decisivo, Perú merece ese arte ejercido con grandeza.

*Iván Duque, ex presidente de Colombia.

La reciente cumbre chino-estadounidense probablemente hará historia. Por primera vez desde el gobierno de George H. W. Bush, el tema central volvió a ser la estabilidad mundial.

Así como Richard Nixon comprendió en los años setenta que una alianza estratégica entre la Unión Soviética y China representaría un enorme peligro para la estabilidad de las democracias liberales occidentales, hoy Xi Jinping entiende que, sin una distensión con Estados Unidos, el sueño chino de coronarse como la principal potencia económica del mundo podría convertirse en una quimera.

Por su parte, Donald Trump también parece haber comprendido que China no es Europa, ni Venezuela, ni Cuba, ni Irán, sino el único país capaz de ayudar a reequilibrar la economía estadounidense, hoy presionada por la inflación, el endeudamiento y la pérdida de competitividad industrial.

Los entendimientos entre ambos líderes parten de motivaciones distintas, pero convergen en una aspiración común: consolidar exitosamente esta nueva etapa de especialización de la economía mundial. Y, en ese terreno, pocas veces en la historia han existido dos potencias tan complementarias.

Estados Unidos sigue siendo el gran centro de la invención y la innovación tecnológica. China, en cambio, se ha convertido en el eje de la racionalización y masificación de esas innovaciones dentro del aparato productivo global. China posee hoy más capacidad manufacturera que Estados Unidos, Alemania y Japón combinados, representando cerca del 30% de la producción manufacturera mundial. Ese poder industrial le permite producir bienes de consumo a bajos costos, impactando positivamente los presupuestos de las clases medias alrededor del planeta.

China, además, domina prácticamente toda la cadena de suministro de minerales raros, indispensables para la fabricación de tecnologías avanzadas. Sin esos minerales, la industria militar moderna sufriría un severo retroceso, pues permiten reducir el peso de metales estratégicos, haciendo las aeronaves más ligeras, veloces y eficientes. También son esenciales para las baterías de innumerables dispositivos, desde controles remotos hasta vehículos eléctricos. En otras palabras, sin ellos no sería posible la expansión masiva de la revolución tecnológica contemporánea.

Estados Unidos, sin embargo, continúa siendo la principal fuente de descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos que el aparato de investigación chino todavía no logra igualar plenamente. Por ello, muchas empresas chinas vinculadas a la expansión de la inteligencia artificial aún dependen de microprocesadores diseñados con tecnología estadounidense.

A ello se suma una profunda interdependencia financiera y agrícola. Los agricultores estadounidenses tienen en China uno de sus principales mercados para exportaciones de cereales y soya, necesarias para abastecer a una población inmensa y en transición hacia mayores niveles de consumo. China, a su vez, sigue siendo uno de los mayores tenedores extranjeros de deuda pública estadounidense. Esto crea intereses mutuos: Estados Unidos depende de compradores globales para financiar sus déficits, mientras China depende de la estabilidad y liquidez del dólar para preservar el valor de sus reservas internacionales.

En síntesis, las economías china y estadounidense han desarrollado niveles de complementariedad cuya ruptura provocaría daños profundos y posiblemente irreparables para ambas naciones.

Eso es precisamente lo que tanto Xi como Trump parecen haber internalizado, avanzando hacia una suerte de distensión estratégica. Curiosamente, Estados Unidos recurrió al détente durante la Guerra Fría cuando llegó a la conclusión de que una confrontación nuclear no tendría ganadores, sino únicamente múltiples perdedores.

¿Significa esto que los acuerdos —aún no publicados ni formalizados— alcanzados en la cumbre Xi-Trump pondrán fin a las rivalidades entre ambas potencias? Evidentemente no.

China continuará expandiendo su presencia en los mercados emergentes, particularmente en África, para garantizar el suministro de materias primas destinadas a su gigantesco aparato manufacturero. Estados Unidos, por su parte, difícilmente tolerará una presencia china significativa en zonas consideradas estratégicas para su seguridad nacional, como el Canal de Panamá.

Sin embargo, ambas potencias podrían coincidir en contener amenazas mayores a la estabilidad global, como las guerras en Ucrania y Medio Oriente.

Porque lo ocurrido en China durante la segunda semana de mayo fue mucho más que una simple cumbre diplomática. Fue, posiblemente, el momento en que el siglo XXI dejó definitivamente atrás el espejismo unipolar y comenzó a organizarse alrededor de dos centros de poder.

En los últimos años, el régimen cubano ha intentado concentrar la mirada pública en Miguel Díaz-Canel: su rostro, sus discursos, sus torpezas y su obediencia casi ceremonial. Pero mirar a Díaz-Canel como centro del poder cubano es confundir al administrador de turno con el dueño del edificio. Díaz-Canel ocupa la oficina, firma los papeles y repite las consignas. Raúl Castro, aunque finja haberse retirado de la fachada pública, conserva las llaves, los planos y la caja fuerte del régimen.

Para entender la naturaleza real del castrismo actual no basta con estudiar a Fidel como caudillo fundador ni a Díaz-Canel como burócrata de la “continuidad”. Hay que conocer a Raúl: menos teatral, menos citado, menos carismático, pero el personaje más decisivo en la conversión de la revolución en una estructura militar, económica, represiva y familiar de larga duración.

Raúl no fue simplemente “el hermano menor de Fidel”. Esa es una reducción cómoda, casi una coartada narrativa. Fidel fue la voz, la plaza, el gesto, la épica, el personaje que convirtió la política en liturgia tropical. Raúl fue otra cosa: el método, la disciplina, el archivo, el ejército, la sombra que no necesitaba aplausos para mandar. Si Fidel construyó el mito, Raúl construyó el mecanismo. Fidel produjo la épica; Raúl organizó el aparato.

Su importancia no aparece al final de la vida política de Fidel, sino desde los orígenes. Estuvo en el Moncada, en la Sierra Maestra y en la estructura fundacional del poder revolucionario. Pero su trayectoria ideológica tuvo una marca propia: desde temprano fue más orgánicamente cercano al comunismo que el propio Fidel. Gravitó hacia el Partido Socialista Popular, la Juventud Socialista y las redes juveniles vinculadas al mundo comunista internacional antes del asalto al cuartel Moncada en 1953, aquel putsch tropical que la propaganda convertiría después en epopeya fundacional.

Raúl no fue un pasajero ideológico del castrismo: fue uno de sus primeros conductores hacia el comunismo. Su cercanía con Alfredo Guevara, militante comunista, amigo íntimo y mentor político, ayuda a entender esa temprana orientación. Años después, Guevara trasladaría esa misma matriz al campo cultural desde el ICAIC, convertido en instrumento privilegiado del monopolio cinematográfico y propagandístico del régimen.

Raúl entendió muy pronto que la revolución no sobreviviría solo con discursos, consignas y multitudes movilizadas. Necesitaba mando armado, disciplina vertical y control institucional de la fuerza. Por eso su verdadera base de poder no fue la plaza pública, sino el aparato militar. La creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 16 de octubre de 1959, y su nombramiento al frente del MINFAR marcaron el punto de inflexión. Desde allí consolidó una plataforma menos carismática que la de Fidel, pero mucho más estructural.

Desde el MINFAR, Raúl convirtió al ejército en algo más que una institución militar. Lo transformó en escuela de cuadros, aparato económico, red de lealtades y mecanismo de sucesión. En Cuba, el poder no se mide solo por los cargos visibles, sino por la capacidad de controlar armas, información, empresas, fronteras, ascensos, castigos y silencios. Raúl dominó ese idioma.

Esa relación con la violencia aparece desde el comienzo. En enero de 1959, la llamada justicia revolucionaria no nació como ejercicio sereno de legalidad, sino como pedagogía del terror. Uno de los episodios más reveladores fue el ya casi olvidado juicio a los pilotos de la fuerza aérea batistiana. Pilotos, artilleros y mecánicos acusados de crímenes de guerra fueron inicialmente absueltos; pero cuando el veredicto no produjo el resultado político esperado, la decisión fue revertida desde la cúspide revolucionaria. Allí ya operaba Raúl no como figura secundaria, sino como ejecutor de una nueva lógica: cuando la justicia no obedecía a la revolución, se corregía la justicia.

Ese principio atravesó toda su carrera. La ley dejó de ser límite para convertirse en herramienta. El ciudadano no enfrentaba instituciones neutrales, sino una maquinaria que decidía cuándo tolerarlo, cuándo intimidarlo y cuándo destruirlo. Bajo Raúl, esa maquinaria no se desmontó. Se administró con menos épica y más expediente.

Por eso conviene desmontar el mito del “Raúl reformista”. Permitió pequeños espacios de actividad privada, corrigió ciertos absurdos administrativos y abrió válvulas en una olla oxidada. Pero nunca tocó el corazón del sistema: partido único, monopolio político, represión de la disidencia, economía subordinada al Estado y poder militar sobre los sectores estratégicos. Raúl no abrió Cuba. Le dio oxígeno al régimen para que no explotara.

Su obra más duradera quizá sea la militarización de la economía. GAESA representa la cristalización del modelo raulista: el ejército no sólo custodia el poder, también administra negocios, turismo, comercio, finanzas e infraestructura. Raúl comprendió que una dictadura moderna no vive solo de ideología. Vive de divisas, hoteles, monopolios, empresas opacas, control aduanero y redes familiares. La propiedad colectiva fue la máscara; el control militar, la realidad.

Tampoco puede quedar impune su responsabilidad política en episodios como el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Raúl era ministro de Defensa. Detrás del burócrata gris había un jefe de fuerza. Detrás del supuesto pragmático había un comandante de una maquinaria capaz de matar civiles desarmados y envolver el crimen en retórica soberanista.

Díaz-Canel, en este esquema, no representa una ruptura, sino una función. Es el rostro administrativo de una arquitectura que no creó. Habla, obedece y administra la superficie. El raulismo estructura el subsuelo: Partido, Fuerzas Armadas, inteligencia, economía estratégica, represión selectiva y sucesión familiar.

El mensaje que llega desde La Habana revela la esencia del poder cubano. John Ratcliffe, director de la CIA, no se reunió con Díaz-Canel ni con la escenografía civil del régimen, sino con el núcleo duro del aparato raulista: Lázaro Álvarez Casas, Ramón Romero Curbelo y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl. La escena habla por sí sola: en Cuba, el poder no está en el podio donde se recitan consignas, sino en los sótanos donde se administran la seguridad, la inteligencia, la obediencia militar y la sucesión familiar del castrismo.

Por eso Raúl importa. Porque en él se ve el castrismo sin fuegos artificiales: menos barba épica y más expediente; menos Sierra Maestra y más holding militar; menos utopía y más vigilancia; menos pueblo y más familia; menos revolución y más corporación armada. Su legado es la versión más fría y funcional del modelo: un “crony-socialismo”, como lo define la economista Sary Levy, donde la retórica colectiva sirve de máscara al control militar, familiar y empresarial del poder.

Fidel convirtió la revolución en leyenda; Raúl convirtió la leyenda en cautiverio administrado.