Se trataba de civiles voluntarios, campesinos, obreros y estudiantes organizados de manera irregular. Durante la Segunda Guerra Mundial, “los partisanos” ejecutaban sabotajes, emboscadas, ataques a la logística y comunicaciones nazis para debilitar al enemigo, reconocidos como miembros de movimientos de resistencia armados que empleaban tácticas de guerra de guerrillas contra un ejército de ocupación o un régimen opresor.

La situación es de tal gravedad que el primer ministro francés ordenó a un equipo de emergencia que responda a los ciberataques. “Existe una necesidad urgente de diseñar e implementar una respuesta operativa más reactiva y contundente ante los ciberataques que enfrenta actualmente el Estado francés”, afirmó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien ha ordenado la creación de un equipo de emergencia para responder a los ciberataques dirigidos contra Francia.

Mientras las hostilidades convencionales están pausadas en Medio Oriente, el método híbrido despunta e Irán es sindicado de estar implicado en la oleada de ciberataques contra objetivos en Occidente: entre otros, el conglomerado de agua de los Estados Unidos. Los complejos sistemas hídricos estadounidenses son objetivos relativamente fáciles debido a su estructura fragmentada y tecnología obsoleta, y se sospecha que Teherán está detrás de una oleada de ciberataques dirigidos contra ellos. Los ataques no han causado daños relevantes, pero constituyen una señal inequívoca de alerta, al igual que en Francia.

El mes pasado, el Estado de Minnesota informó un ciberataque coordinado contra más de 30 plantas y sistemas de agua en todo el Estado. El ataque afectó equipos utilizados por los gobiernos locales para gestionar de forma remota embalses de agua, desplegando un malware que interrumpió temporalmente las operaciones.

Los ciberataques orquestados por grupos de piratería informática patrocinados por Corea del Norte, China y Rusia continúan aumentando, un 8% en la primera mitad de este año, según algunos sondeos. Corea del Norte se constituye como el actor estatal más activo del mundo, atacando a Corea del Sur y Estados Unidos. Para ello, recurre a la inteligencia artificial generativa, a deepfakes y a esquemas fraudulentos de reclutamiento laboral, tácticas que procuran infiltrarse en los mercados de criptomonedas, proveedores de servicios de TI y los ecosistemas de desarrollo de software. Las ciberoperaciones respaldadas por Rusia aumentaron un 30%, sostienen agencias de inteligencia occidentales, expandiéndose más allá de Ucrania. Si bien este es el target primario, agentes vinculados al Kremlin se enfocaron en países de Europa del Este como Polonia y Rumania. Moscú combinó la recopilación de inteligencia tradicional con ataques destructivos que buscaban detener y paralizar las redes eléctricas, las redes gubernamentales y los sistemas militares.

En todos los escenarios, los vectores de intrusión más comunes incluyeron campañas de phishing, vulnerabilidades sin parchear en servidores públicos y el uso indebido de redes proxy y servicios en la nube.

En consecuencia, y como respuesta a un escenario tanto complejo como imprevisible, el presidente Donald Trump, por primera vez en la historia, habilita a las empresas privadas a realizar ciberataques ofensivos contra organizaciones criminales extranjeras. El importante cambio de política ordena a las agencias federales a que desaten el ingenio del sector privado, en un momento en que los expertos advierten sobre una escalada de ataques por parte de bandas de ciberdelincuentes vinculadas a Rusia.

Las empresas “autorizadas” recibirían permiso para destruir infraestructura y redes hostiles, para lo cual se les exigiría depositar una fianza de un millón de dólares que perderían si actuaban de forma ilícita.

Las acciones de la industria de ciberseguridad se han disparado a casi el doble en el S&P 500 desde febrero de este año. El memorándum de Trump podría suponer una ventaja comercial para la industria tech, al mismo tiempo que contribuiría con la capacidad de las agencias federales de neutralizar amenazas y contener los continuos ataques. Sin embargo, conlleva también riesgos significativos. Las operaciones de bandera blanca estarán a la orden del día, además de que no siempre existe una diferenciación clara entre bandas de ciberdelincuentes organizados y actores estatales.

El autor es CEO y fundador de la consultora de ciberseguridad BTR Consulting.

Dante Alighieri, en su Divina Comedia, nos advierte a los mortales que no podemos ascender al Paraíso desde nuestra condición humana sin antes atravesar los horrores y sufrimientos del infierno, para luego subir la montaña del Purgatorio y, finalmente, hacernos dignos del Paraíso. Solo después de ese recorrido seremos capaces de comprender cabalmente la naturaleza del pecado, el poder de la justicia y las propiedades transformadoras de la redención.

Europa recorrió el camino de Dante al desatar, en un mismo siglo, dos conflagraciones mundiales cuyas consecuencias fueron entre 80 y 115 millones de muertos y una destrucción de valor de dimensiones extraordinarias. Hoy Venezuela parece compartir esa desventura sin que haya mediado conflagración bélica alguna.

Entre los años 2000 y 2026 han muerto aproximadamente 3,6 millones de personas como consecuencia de enfermedades y epidemias que se creían controladas, cifra equivalente a cerca del diez por ciento de la población. Por otra parte, 7,9 millones de venezolanos han emigrado hacia distintos puntos del hemisferio, con Colombia, Ecuador y Perú soportando buena parte del peso de este éxodo. Desde 2003, las relaciones internacionales del país han estado sometidas a una creciente intervención cubana. Y entre 2000 y 2026, el PIB venezolano pasó de aproximadamente 118.000 millones de dólares a 97.000 millones.

En síntesis, el siglo XXI venezolano ha sido el Infierno de Dante.

Esta semana, el gobierno tutor instalado a partir del 4 de febrero de este año anunció el cierre de un acuerdo mediante el cual se transfieren derechos de propiedad sobre 65.000 millones de barriles de petróleo. Aparentemente, el acuerdo tendrá una duración de un siglo y contemplará, como contrapartida, una inyección de inversiones en Venezuela superior a los 100.000 millones de dólares.

Se abre así una interrogante inevitable: ¿estará Venezuela iniciando el camino del Purgatorio para alcanzar nuevamente el Paraíso?

La respuesta dependerá, desde luego, de un conjunto de variables que todavía no se han concretado en la tierra de Bolívar.

La primera es la existencia de un marco jurídico capaz de garantizar a cualquier inversionista que los recursos aportados estarán protegidos durante el período de maduración de sus inversiones y hasta el momento en que estas comiencen a generar dividendos. Esta condición solo existe allí donde funcionan instituciones sólidas, capaces de garantizar el cumplimiento de la ley y resolver los conflictos que inevitablemente surgen en toda actividad económica. Ello exige legitimidad de origen, independencia institucional y confianza de los ciudadanos.

La segunda condición es la recuperación de la infraestructura indispensable para garantizar la extracción, el almacenamiento y el transporte de los hidrocarburos. Sin ella, las reservas petroleras, por extraordinarias que sean, representan riqueza potencial, pero no necesariamente riqueza realizable.

Porque el petróleo puede financiar la reconstrucción de Venezuela, pero no puede sustituir las instituciones necesarias para hacerla posible. La experiencia venezolana demuestra, precisamente, que la abundancia de recursos naturales no garantiza por sí sola ni prosperidad, ni estabilidad, ni desarrollo.

La tercera condición es quizás la más importante: que los gobernados tengan la certeza de que existe igualdad ante la ley y que las oportunidades están abiertas a todos, y no reservadas exclusivamente a las élites.

Una cuarta condición será la recuperación del capital humano. Venezuela no solo perdió infraestructura y capacidad productiva; perdió también millones de ciudadanos, entre ellos buena parte del talento profesional, técnico y empresarial necesario para reconstruir el país. Convertir la diáspora en una fuerza de retorno, inversión, conocimiento y conexión con el mundo será tan importante como atraer capital extranjero.

Pero existe además una variable que ningún acuerdo puede acelerar por decreto: el tiempo. Entre la promesa de inversión, la rehabilitación de la industria, el aumento de la producción y la transformación de esa riqueza en bienestar transcurrirán años. El Purgatorio venezolano, si realmente ha comenzado, no será breve.

Estas condiciones están todavía lejos de concretarse. Y mientras no lo hagan, ni el gobierno tutor ni Venezuela podrán ascender la montaña del Purgatorio para llegar a las puertas de ese Paraíso que, en nuestro tiempo, tiene dos nombres inseparables: libertad y desarrollo.

Porque del Infierno se puede salir; lo que no existe es un atajo hacia el Paraíso.

Mientras el discurso del mainstream amplifica percepciones desproporcionadas —convirtiendo cualquier fenómeno marginal en un “hipopótamo” mediático cuando en verdad es apenas un “conejo”—, la realidad física demanda fronteras, soberanía y, a veces, fuerza. Israel encarna esa realidad incontestable, y por eso se ha convertido en el blanco predilecto de una cultura occidental sumida en una profunda neurosis.

La obsesión contra lo que hace, dicen o significa el Estado de Israel tiene nombre y apellido.

El antisemitismo no nace del vacío; es un instrumento extremadamente eficaz en la guerra que libran los guardianes de este Zeitgeist contra la verdad objetiva. Aunque el prejuicio antijudío posee un componente atávico propio, hoy funciona como el chivo expiatorio perfecto para sostener una cosmovisión que se desmorona frente a cinco dinámicas estructurales:

1. El trauma posguerra y el dogma pacifista: Occidente abrazó la ilusión de que la fuerza es arcaica y reemplazable por el diálogo pacífico. Este proceso comenzó tras la Primer Guerra Mundial. Israel, obligado a defender su existencia en un entorno implacable como lo es el del Medio Oriente, le recuerda diariamente al mundo occidental que la violencia legítima sigue siendo la última garantía de supervivencia.
2. La culpa del “hombre blanco” y la hegemonía woke: El modelo dogmático que divide al mundo entre opresores y oprimidos necesita encasillar al Estado judío como el “opresor colonial definitivo”, ignorando la historia, la demografía e hipersimplificando un conflicto complejo.
3. La decadencia de la institucionalidad internacional: Los organismos multilaterales han sustituido la resolución de conflictos por la burocracia moral. Israel expone la inutilidad práctica de estas estructuras al priorizar la seguridad de sus ciudadanos sobre los consensos vacíos de la diplomacia.
4. Las transformaciones socioeconómicas: La ansiedad colectiva generada por la volatilidad económica busca respuestas simples. Señalar al «capitalista judío» o al sionismo global sigue siendo el atajo populista más rentable para canalizar la frustración social o la ineficiencia del liderazgo.
5. La democratización de la ignorancia en redes sociales: La arquitectura digital iguala la opinión de cualquier analfabeto funcional con la de un experto. En este ecosistema, donde la complejidad se penaliza y la masa busca validación, las teorías conspirativas milenarias sobre los judíos se propagan sin filtro. En otras palabras, centra tu atención contra el judío entre las naciones te regala muchos “likes” y te hace parecer comprometido contra el mal supremo.

El problema central es que la realidad de Israel se opone frontalmente a los tres primeros puntos: no pide perdón por defenderse con la fuerza, rechaza el chantaje de la culpa impuesta y demuestra la irrelevancia práctica del cosmopolitismo institucional. Esta firmeza resulta insoportable para el dogma contemporáneo.

Un ejemplo perfecto de esta distorsión mediática se observa en la cobertura de la sociedad israelí: bastan tres estudiantes que deciden ponerse tefilín en el recreo de una escuela laica para que la prensa y los comités locales denuncien una “ola masiva de ola religiosa” o un “hipopótamo” cultural, cuando en realidad es un evento menor (“un conejo”) rodeado de cientos de alumnos indiferentes.

Esta patología dual opera como una tenaza ideológica donde dos neurosis opuestas convergen en un mismo objetivo: la deslegitimación de Israel y la instrumentalización del antisemitismo.

1. La neurosis occidental: Auto-odio y culpa neurótica En Occidente, la patología es moral y existencial. Tras décadas de bonanza, una elite intelectual y cultural abrazó el dogma del pacifismo bobo y la autodestrucción. Occidente proyecta sobre Israel su propia culpa colonial y racial, exigiéndole al Estado judío una pasividad suicida que jamás se exigiría a sí mismo. Israel, al negarse a ser el “judío víctima” deseable para las conciencias bienpensantes y asumir sin complejos su derecho a la defensa armada, expone la cobardía de una civilización que ha perdido la voluntad de sobrevivir.

2. La neurosis del Tercer Mundo: El resentimiento institucionalizado En el llamado Tercer Mundo (y sus eco-cámaras en las universidades occidentales), la patología es el resentimiento estructural. Ante el fracaso crónico de sus propios modelos políticos, sociales y económicos, la culpa jamás se busca en la corrupción local o el despotismo, sino en un enemigo externo. El sionismo se convierte así en el comodín argumental perfecto: la caricatura de un “imperialismo occidental” al que se le atribuyen todos los males. Esta narrativa permite a regímenes autoritarios y movimientos populistas canalizar la frustración de sus masas hacia el chivo expiatorio histórico, utilizando la bandera del “antimperialismo” como una fachada ética para justificar su propia inoperancia.

El antisemitismo moderno es la convergencia de estas dos cobardías: el deseo occidental de expiar culpas ajenas a expensas de la seguridad judía, y la necesidad tercermundista de inventar conspiraciones para no asumir su propia responsabilidad histórica.

Frente a esta tormenta de alucinaciones ideológicas, Israel comete el crimen imperdonable de ser pragmático. En un mundo que prefiere las ficciones morales cómodas, Israel recuerda que las fronteras se defienden, que la fuerza legítima es indispensable contra el fanatismo y que la supervivencia no se negocia en los salones de diplomacia abstracta.

La batalla del pueblo judío hoy trasciende su propia geografía: es la última trinchera de la realidad frente al imperio de la neurosis global.

Llevo décadas insistiendo con una idea: no habrá desarrollo equilibrado en América Latina y el Caribe mientras la educación rural siga tratándose como una versión achicada de la educación impartida en áreas urbanas.

En trabajos como Educación Rural en el Tercer Mundo y Educación de Adultos en los Procesos de Desarrollo Rural analicé experiencias que ya entonces mostraban algo simple: educación, producción, comunidad y desarrollo territorial no se pueden pensar por separado.

Mucho ha cambiado desde esos años –los trabajos mencionados tienen décadas-, pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿qué oportunidades creamos para quienes nacen y crecen en el campo?

Durante demasiado tiempo se toleró que una escuela rural tuviera menos docentes, materiales e instalaciones y prácticamente no ofreciera chances de seguir estudiando después. Ahora se suma otra desigualdad: la falta de conectividad y de acceso a las tecnologías que ya cambiaron la producción y la vida cotidiana en esos territorios.

No podemos seguir formando a los jóvenes rurales para un mundo que no existe. La agricultura de hoy usa sensores, satélites, drones, biotecnología, análisis de datos, inteligencia artificial: eso sirve para administrar el agua, vigilar la salud de cultivos y animales, anticipar riesgos climáticos y producir de manera más eficiente y sostenible. Si esas transformaciones llegan al campo pero no a la escuela estamos condenando a esos estudiantes a mirar desde afuera el futuro de su propio territorio.

Una buena escuela rural tiene que dar la misma base que cualquier buena escuela: lectura, escritura, matemática, ciencias, historia, arte, ciudadanía. Pero además necesita incorporar programación, electrónica, robótica, manejo de información y aplicación de tecnología a la producción local.

Esto no significa convertir cada escuela en una facultad de ingeniería ni cambiar la formación humanística por capacitación instrumental. Se trata de algo más modesto y a la vez más ambicioso: que un chico del campo entienda y use las tecnologías que ya modifican su entorno, sepa mirarlas con ojo crítico y tenga voz en las decisiones sobre cómo se usan.

Para eso, la conectividad rural tiene que pensarse como infraestructura educativa básica, no como un extra. Una escuela sin internet decente hoy está tan limitada como una escuela sin electricidad, sin libros o sin maestros: la conectividad abre bibliotecas, laboratorios virtuales, cursos, especialistas, y permite que docentes aislados trabajen en red y compartan materiales entre sí.

Repartir computadoras o instalar una antena no es, por sí solo, una política educativa. La tecnología rinde solamente cuando forma parte de un proyecto pedagógico serio, con equipos que se mantengan, conexión estable, contenidos con sentido, y docentes capaces de integrar todo eso a su enseñanza cotidiana.

Por eso la formación de los maestros es el corazón de cualquier cambio real. No podemos pedirles que enseñen programación, electrónica o inteligencia artificial si antes no les damos una preparación sólida y un acompañamiento que no se corte al mes siguiente. Universidades, institutos de formación docente y empresas tecnológicas tienen que trabajar juntos para armar programas pensados específicamente para maestros rurales, no adaptaciones apuradas de programas urbanos.

También hay que mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Muchos recorren distancias larguísimas y atienden aulas con chicos de edades muy distintas, con recursos que no alcanzan. Reconocerles el esfuerzo con discursos no sirve de mucho: necesitan salarios dignos, vivienda cuando corresponda, transporte, conectividad y una carrera que valore lo que significa enseñar en un territorio disperso.

La escuela rural, además, tendría que funcionar como centro real de la comunidad: abierta más allá del horario de clase, ofreciendo actividades educativas, culturales y de capacitación para las familias. Una escuela conectada puede formar productores, apoyar emprendimientos y acercar servicios públicos.

Esto exige dejar atrás la idea de que lo rural se reduce a lo agropecuario. También hay futuro en turismo, energías renovables, bioeconomía, servicios ambientales, comercio electrónico. Una educación a la altura tiene que permitir que los jóvenes vean esas oportunidades y, mejor todavía, que inventen otras nuevas.

El objetivo no es obligarlos a quedarse en el campo. Tienen derecho a estudiar, viajar, elegir dónde armar su vida. Lo inaceptable es que emigrar sea la única salida porque su comunidad no les da educación, conectividad ni ninguna posibilidad real de desarrollo.

Cuando un joven se va porque quiere vivir otra experiencia, ejerce una libertad. Cuando se va porque la escuela no le permitió seguir aprendiendo, lo que hay es un fracaso de política pública, no una elección libre.

La migración juvenil debilita a las comunidades, acelera el envejecimiento del campo y le quita a la agricultura las capacidades que necesita para renovarse. Invertir en educación rural no es un favor al campo: es una condición para el desarrollo equilibrado de un país.

América Latina y el Caribe necesita una política regional para sus juventudes rurales. Gobiernos, organismos internacionales, universidades y comunidades deberían acordar unos pocos objetivos concretos: conectividad universal en las escuelas rurales, formación tecnológica para los docentes, contenidos actualizados y una articulación real entre educación, producción y empleo.

Las juventudes rurales no son solamente destinatarias de programas diseñados por otros. Son protagonistas del presente y deben construir el futuro de sus territorios. Habría que escucharlas de verdad e incluirlas en las decisiones sobre la educación que reciben.

Va, otra vez, mi reclamo de siempre: que el lugar donde alguien nace no determine la calidad de la educación que recibe. Una escuela rural no puede ser una escuela de segunda; tiene que ser de las instituciones más modernas y vivas del territorio.

Si les damos a los jóvenes del campo educación de calidad, buenos docentes, tecnología y oportunidades productivas, muchos van a poder elegir quedarse. No por falta de alternativas, sino porque van a tener razones, capacidades y libertad real para hacerlo.

* Doctor en educación (Universidad de Stanford). Ex Representante de la UNESCO en EEUU y Brasil.

Más de un cuarto de siglo de toda forma de corrupción, narcoterrorismo, violación judicializada de derechos humanos, masacres, torturas, asesinatos, persecución de inocentes por los crímenes de sus acusadores, migraciones forzadas, tráfico de personas, abuso de menores, terrorismo de Estado, traición a la Patria y la comisión de todos los delitos posibles, son notas características del “grupo delictivo organizado” llamado socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Terminar la impunidad de los detentadores del poder en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y sus satélites es imprescindible para libertad y la seguridad de los pueblos de las Américas.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional o “Convención de Palermo” define en su artículo 2 inciso a que por “grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Esta definición comprende exactamente al grupo organizado por Hugo Chávez, Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, que desarrollaron y ampliaron públicamente a partir de 1999, hasta llegar a controlar prácticamente toda Latinoamérica. Instalaron dictaduras como expansión del modelo castrista de Cuba en Venezuela con Chavez y Maduro, Nicaragua con Ortega/Murillo, Bolivia con Morales/Arce y Ecuador con Correa. En el resto de la región con para dictatoriales como los Kirchner en Argentina, Toledo en Perú, Lugo en Paraguay, Boric en Chile, Lula y Rousseff en Brasil, López Obrador y Sheinbaum en México, Petro en Colombia y más.

Suplantaron la política por la delincuencia organizada trasnacional y le dieron rótulo de socialismo del siglo 21, lo que el Departamento de Estado ha denominado recientemente “comunismo del siglo 21”, que la prensa reconoce como izquierda latinoamericana.

En más de dos décadas, cambiaron constituciones políticas, leyes, códigos, procedimientos, instituciones e instalaron en la función pública, judicial e institucional a operadores o cómplices en la perpetración y encubrimiento de todo tipo de delitos. Lideraron un cambio cultural en las sociedades nacionales y latinoamericana, promoviendo la suplantación de la libertad por el sometimiento, de los méritos por el facilismo, del respeto a los principios y valores por la tolerancia al delito o la participación en él como sistema de sobrevivencia y/o de éxito económico.

Un apretado resumen de la prueba del grupo delictivo organizado detentando el poder en Latinoamérica se verifica en: la situación de narcoestados de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en desmontaje avanzado; la existencia de narcoestados como territorios, estados o provincias en México, Argentina, Colombia, Brasil y más; el sistema criminal que se llamó “Lava Jato” operado con fondos federales de Brasil con manejo del eje La Habana-Caracas-Brasilia, hasta ahora impune o “lavado” en la mayoría de los países afectados; la riqueza injustificable y públicamente expuesta de los detentadores del poder y los entornos de los socialistas del siglo 21; los presos y exiliados políticos víctimas de la violación judicial de derechos humanos; los asesinados como el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador, el Tte. Ronald Ojeda en Chile, y otros asesinatos selectivos, las centenas de muertos en masacres represivas, las decenas de muertos en prisiones en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; los expropiados, usurpados y privados de sus bienes, empresas y recursos legítimos….

Con el cambio geopolítico reciente hay avances muy importantes como la captura de Nicolas Maduro, el creciente ataque al narcoterrorismo, la presión para que gobiernos para dictatoriales extraditen criminales, la incremental coordinación para el desmontaje de los narcoestados y sus operadores de crimen común, el retorno de la cooperación internacional contra el crimen y la identificación pública del “grupo delictivo organizado”.

Sin embargo hay aflicción pública, una mezcla de esperanza y ansiedad porque está intacta la cabeza o jefatura de este “grupo delictivo organizado” que está en Cuba, que opera libremente en Nicaragua, que mantiene su estructura en Bolivia y resiste en Venezuela. Los jefes del grupo delictivo organizado llamado socialismo del siglo 21, castrochavismo, comunismo del siglo 21 o izquierda latinoamericana son impunes y son los jefes de las dictaduras de Cuba y Nicaragua y los miembros de su sistema en Bolivia y Venezuela.

Con impunidad no hay democracia. Mientras no termine la impunidad de los delincuentes que detentan el poder en Cuba y Nicaragua, que mantienen estructuras de poder en Bolivia y Venezuela, que se han habilitado como actores políticos en Brasil, Mexico, Colombia y más, no habrá ni libertad ni seguridad en ningún país de las Américas.

* Abogado y Politólogo. Director el Interamerican Institute for Demodracy

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Un Informe de Gobierno puede ser una ceremonia o una oportunidad para entender hacia dónde va un país. El próximo 1 de septiembre, la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Segundo Informe y los mensajes que ha compartido anticipan algo mucho más importante que una lista de logros, una forma y estrategia integral para gobernar bajo un principio claro: “Honestidad con resultados”.

Y los resultados de nuestra Presidenta tienen rostro. Salud Casa por Casa ha realizado más de 18 millones de consultas gratuitas. El Estado Mexicano dejó de esperar a que las personas mayores pudieran llegar a una clínica y decidió tocar a su puerta.

A esa atención cercana se suma una expansión de la infraestructura hospitalaria: 33 hospitales nuevos en 23 meses, 36 centros de salud y consultorios, y 11 unidades de medicina familiar. Porque reconocer la salud como un derecho no basta: hay que construir, equipar y acercar la atención.

Las Becas para el Bienestar llegan a estudiantes de todos los niveles. La Presidenta lo resume con claridad: “Cuando hay acceso a la educación, cambia todo”. También está la recuperación de los trenes de pasajeros, con una meta de tres mil kilómetros de vías modernas y seguras. Entre ellas, la conexión Monterrey-Nuevo Laredo, estratégica para integrar ciudades, industria y frontera.

Se suma Vivienda para el Bienestar, que combina nuevas casas, reestructuración de créditos y entrega de escrituras.

Vistos por separado, son programas y obras. Vistos en conjunto, expresan un plan integral: cuidar a las personas, ampliar derechos, conectar regiones y fortalecer las capacidades productivas de México. Ése es el contenido central del Informe y la lección que Nuevo León debe escuchar.

Nuestro estado tiene empresas, universidades, trabajadores y talento de clase mundial, pero hemos ya cinco años sin una estrategia capaz de integrar esas fortalezas.

La vivienda debe planearse junto al transporte y no lo hemos hecho. La inversión necesita agua, energía, seguridad y certeza jurídica, y ha sido una carencia crónica en Nuevo León. La infraestructura hospitalaria debe acompañar el crecimiento de las ciudades. Y la educación debe preparar a nuestros jóvenes para la nueva economía. Nuevo León no carece de potencial. Necesita un plan que convierta ese potencial en calidad de vida.

Por eso trabajar con la Presidenta de todas y todos los mexicanos no es un gesto o asunto exclusivamente partidista. Es una decisión estratégica para el desarrollo del estado que nos debe convocar a todos por encima de cualquier ideología.

México tiene rumbo, programas nacionales e infraestructura. Nuevo León tiene industria, universidades, capacidad empresarial y cultura de trabajo. La oportunidad consiste en unir ambas fortalezas mediante una Gran Alianza con México.

Ésa es la función de nuestra 4T Norteña en la defensa de la Transformación en nuestro estado: llevar el Plan México al territorio nuevoleonés. Si México impulsa becas, Nuevo León debe conectar a los jóvenes con los empleos de la nueva economía. Con la 4TNorteña como método de gestión gubernamental se impulsó a 12 mil Becarios de la Transformación para preparatoria.

Si México construye vivienda, la 4T Norteña creó los programas de simplificación administrativa y reducción de trámites locales para facilitar suelo, permisos, agua y servicios para acercar los hogares a los empleos. Si el Plan México amplía hospitales, debemos anticipar el crecimiento urbano y garantizar atención cercana como se hizo con la Estancia del Adulto Mayor, un Centro de Rehabilitación Integral, Escuelas de Artes y Oficios Tecnológicas y un Centro Libre para la Mujer.

Y si México recupera los trenes de pasajeros, Nuevo León debe aprovechar esa infraestructura para consolidarse como motor industrial, logístico y fronterizo, como lo hizo la 4TNorteña atrayendo empresas globales a la Zona Metropolitana.

El Segundo Informe mostrará lo que México está construyendo con una visión amplia y disciplinada. Para Nuevo León debe ser también una invitación para dejar atrás la improvisación y volver a avanzar con rumbo. Yo voy por la Gran Alianza con México.

Porque cuando una Presidenta como la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo pone el rumbo preciso y Nuevo León aporta trabajo, industria, talento y Norte, el desarrollo deja de ser una promesa y comienza a sentirse en cada hogar.

Esa es la importancia del Informe para nuestro estado: entender que, trabajando junto a México, podemos llegar mucho más lejos.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

Los titulares periodísticos destacaron que Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela. “EE. UU. se aseguró un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas” fueron sus palabras textuales. Por su parte, Delcy Rodríguez agradeció a Trump este acuerdo, proclamando “el renacimiento de nuestra nación”

Lo acordado abarca el desarrollo de 17 campos estratégicos con una inversión estimada en más de US$ 100.000 millones, exactamente la cantidad que se mencionó en la reunión que Trump sostuviera en la Casa Blanca con ejecutivos de empresas petroleras, poco después de la acción militar de enero de este año.

En publicación en la red Truth Social de su propiedad, Trump agregó que se haría “sin costo alguno para el contribuyente” y que el acuerdo “duplicará con creces las reservas” de EE. UU. Por su parte, la presidenta encargada habló de “un hito histórico en las relaciones bilaterales”. La información agregaba que ambos coincidieron en “que los aportes fiscales proyectados eran US$ 209.000 millones para las arcas venezolanas”.

Entendible que se haya dado este paso, pero sigue haciendo mucho ruido que nada semejante haya tenido lugar para la democracia, que sigue relegada, con ruido y escenografía teatral en la forma de un “diálogo”, pero todavía sin fecha de elecciones y sin itinerario para hacer o para culminar la transición a medias que se vive.

Entendible, ya que el tema del petróleo siempre estuvo presente y adquirió una importancia renovada con el empantanamiento de la guerra con Irán, toda vez que si algo ha enfatizado este conflicto es la importancia del petróleo para todo el mundo, no solo para los productores del Golfo Pérsico/Arábigo, sino también para las dos potencias de mayor relevancia como lo son el propio EE. UU. y China. Del mismo modo, si algo ha demostrado lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz, es cuán relevante es y será el petróleo venezolano, dado que hay una cantidad destacable que no está fluyendo, ni para compra ni para venta.

Sin embargo, sigue sin ser adecuadamente explicado qué impide que no avance paralelamente la democratización del país, sobre todo, si se considera que antes de la aparición del chavismo y su prolongación en Maduro, Venezuela tuvo una limpia continuidad democrática, muy destacable, cuando en el siglo pasado América del Sur tuvo una mayoría de países con dictadura militar.

Sin embargo, dadas las características de este acuerdo, que, al mismo nivel de la conveniencia para Venezuela tiene el pecado de origen de haberse firmado en las condiciones que se firmó, en un país virtualmente sin independencia y con un gobierno que no fue electo por nadie. Sirve en el corto plazo para el gobierno de EE. UU. y para el régimen venezolano dada su crisis de ingresos, pero es un mal negocio en el largo plazo, ya que va a ser en el futuro un verdadero grito de guerra para el antinorteamericanismo que sobrevive en la región, y hará revivir fantasmas sobre el uso y abuso de los recursos naturales. Incluso, cuando haya elecciones, la candidata Delcy Rodríguez podrá exhibir este acuerdo como un logro de ella.

En otras palabras, carece de una legitimidad que solo lo puede dar la democracia, ya que como lo dijo un CEO de una gran empresa después de la reunión mencionada en la Casa Blanca, que a ellos le preocupaba que un acuerdo con el régimen actual no sobreviviera en el tiempo, precisamente por sus características dictatoriales, y lo cierto, es que hoy gracias a la intervención efectuada, desde el 3 de enero Venezuela es un mejor país, pero el balance muestra que se fue el dictador, pero sobrevive la dictadura, a pesar de que se vive ya la transición.

Las preguntas para hacer son dos: ¿un acuerdo así podría haberse firmado sin cuestionamientos y/o protestas en democracia?; y la democracia ¿para cuándo?

Entendemos y aceptamos que siempre se ha hablado de tres etapas, que la primera empezaba por el petróleo y que al final aparecía la democracia, pero sigue siendo difícil de entender y aceptar que se haya avanzado tan poco y en forma tan débil, en la necesaria democratización, y, por lo tanto, en la transición, incluyendo, fechas y calendario.

Del mismo modo, suena muy difícil de entender, si se ha iniciado un diálogo, porque se buscó una legitimación recurriendo a quienes encabezaban la Asamblea Nacional el 2015, para que fueran contraparte del chavismo representado por los hermanos Rodríguez, toda vez que en una fecha mucho más cercana, el 28 de julio del 2024, Edmundo González fue electo con al menos el 70% de los votos, quien compitió en representación de una mayoría para quienes la lideresa era María Corina Machado (MCM), a quien con malas artes, la dictadura le impidió competir.

Por lo tanto, la otra pregunta es ¿por qué EE. UU. se ha comportado con María Corina Machado (MCM) en la forma como lo ha hecho? ¿Es su plan que la transición a la democracia se haga sin ella? ¿Es ese el plan o realmente no hay un plan más allá de los 3 aspectos/etapas identificadas como tales desde el 3 de enero? No lo sabemos, pero se sabrá, ya que una cosa segura de EE. UU., es que tarde o temprano alguien hablará y contará lo que ocurrió entre bambalinas.

Este es hoy por hoy el verdadero elefante en la cristalería, del cual los venezolanos hablan en voz baja más que a viva voz, pero es difícil que la democratización y, por ende, la transición a la democracia avance, sin antes despejar si existe alguna relación entre la actitud de la Casa Blanca hacia MCM y la falta de avance democratizador.

Durante muchos años he tenido la oportunidad de enseñar sobre Transiciones a la Democracia y las hay de distinto tipo y a distinta velocidad, al igual que no hay dos del todo iguales, en una variedad que incluye Latinoamérica, Europa del Este, Asia, África, España y Portugal, pero al menos todas las exitosas tienen importantes elementos en común, que siguen estando ausentes en Venezuela, y obviamente ello no se debe a que Marco Rubio y el Departamento de Estado ignoren cuáles son ellos. Al contrario.

En Venezuela todavía no se puede hablar de transición plena, ya que faltan fechas y un calendario. Tampoco es irreversible, ya que sigue sin recuperarse el Estado de Derecho. Falta también consensuar una visión común entre el chavismo y los demócratas sobre cómo y cuándo avanzar. De hecho, en todo lo que está pasando y en la misma prolongación indebida de Delcy Rodríguez en el cargo actual de presidente encargada, es notorio el hecho que no se está respetando la Constitución, y tampoco lo está haciendo EE. UU, ya que por el tiempo transcurrido correspondía la convocatoria a elecciones.

Sin embargo, al estar vigente, se debiera obedecer, para tener al menos un marco rector sobre el cual conducir la transición, hasta que nuevas autoridades legitimadas por el voto, acuerden, si así se desea, cambios a ese documento, y para ello falta todavía un sistema electoral y autoridades que respeten el marco legal común, pero nada, absolutamente nada impide que se tenga un itinerario para llegar a la elección correspondiente, ya que no hay una transición exitosa que haya carecido de lo expuesto en los párrafos anteriores.

Igualmente sigue haciendo mucho ruido lo que ha ocurrido con MCM, ya que no hay ninguna exitosa en que la transición no se haya legitimado con las principales figuras democráticas, y en la ausencia de MCM, es indudable que no ha sido suficientemente querida por Washington. He escuchado muchas opiniones acerca de porque ello ha ocurrido, pero ninguna me convence, ya que la propia ausencia de la lideresa en estos días donde cosas importantes se deciden, si fuera por entendibles razones de seguridad, de quererlo, nada impide que a gobernantes tan obedientes como los actuales, Washington los haga personalmente responsables de lo que le ocurra en su regreso a MCM.

Sea cual sea el motivo, corresponde que MCM hable, ya que me cuesta creer lo que un alto dirigente me mencionara, que su ausencia se debe a una petición de EE. UU. Creo que es necesario que también hable para dar su opinión sobre el acuerdo petrolero que se acaba de anunciar, ya que, si llega a ganar la elección presidencial, no va a poder introducir cambios relevantes, ya que la situación en que el país va a ser recibido es de extrema debilidad, por lo que el gobierno no va a poder introducir además inestabilidad económica.

Además, ahora que se ha iniciado el regreso a Venezuela de exiliados importantes como Omar González, se hace necesario que María Corina explique su situación personal, ya que, por motivo alguno, debe arriesgar la posición única en la que los venezolanos la han puesto, la que se construyó sobre la base de consecuencia, honestidad y transparencia, por lo que por motivo alguno debe ponerla en peligro. Más aún, si ello significa una diferencia con Washington, EE. UU. sigue siendo un país donde se puede discrepar, y aunque se critique, si ello se hace con respeto y sin que se perciba como una amenaza, ello se puede hacer. Y con tanta experiencia, MCM sabe cómo destacar lo bueno y criticar lo malo de la intervención estadounidense.

Por lo demás, MCM debe alivianar su equipaje de temas personales, para concentrarse en los temas de fondo, ya que si de algo sirve la experiencia común de las transiciones más exitosas, es que decisiones de justicia transicional para los responsables de violaciones de derechos humanos y acuerdos como el actual del petróleo necesitan altísimos niveles de consenso, ya que su legitimidad está siempre en discusión, y es posible que el propio EE. UU. se perjudique por la ausencia en el país de quien hoy aparece en todas las encuestas como ganadora de las elecciones presidenciales apenas se recupere la democracia. Es el caso de MCM hoy, pero no debe cometer el error de pensar que ello puede durar para siempre.

A pesar de que no hay dos transiciones exactamente iguales, los elementos comunes en aquellas exitosas permiten comparar, y siempre me ha llamado la atención en las fuerzas democráticas venezolanas, cuán escasa ha sido la autocrítica y lo poco que se discute o quizás, se conoce de transiciones, importantes no tanto por lo que hay que hacer como por lo que NO hay que hacer.

Por cierto, la transición venezolana va a ser hecha y definida por los venezolanos, ya que tiene peculiaridades propias, entre las cuales figura en forma muy destacada el estatus especial que logró María Corina, ya que el día en que se le otorgó el Premio Nobel, su estatura parecía igualar a Mandela, es decir, palabras mayores. Sin embargo, la política es dinámica, es siempre selección de alternativas, y no solo en el día en que se vota.

Es dinámica porque los escenarios son cambiantes. ¿Cuánto ha perjudicado a MCM que no se le haya permitido estar presente en días que se están tomando decisiones relevantes? ¿Está MCM perdiendo su ubicación preferencial? ¿Podrá recuperarla? La política transicional, mejor dicho, la política, toda ella, es siempre de momentos, y eso marca la diferencia entre triunfo y fracaso, quien aprovecha esos momentos y quien no puede hacerlo.

Que una transición sea conducida por quien no representa la democracia no es tan raro como parece, lo que habitualmente no se encuentra es a líderes de estas que hayan adquirido una estatura moral. Por no haber otra persona que pueda cumplirla, es clave para Venezuela, que MCM no lo pierda, ni siquiera lo extravíe. Además, si lo que está haciendo ahora no es suficientemente visible, es que por, sobre todo, la transición misma que se vive no lo es, desde el momento que hay más interrogantes que respuestas.

Explicar la transición y ponerle fechas y compromisos debiera ser su rol cuando pueda regresar a Venezuela, para que se recupere un entusiasmo que se ha perdido y para que haya una presencia masiva en una transición donde el entusiasmo parece estar hoy no en las grandes masas sino en quienes se dedican profesionalmente a la política. En todo caso, está en el espíritu mismo de las transiciones, que tal como ha ocurrido en algunas, si quien es percibido como líder o lideresa no puede actuar, inevitablemente alguien más aparece para hacerse cargo. Ni siquiera tiene que ser un actor central, ya que puede surgir de improviso desde los márgenes.

No sabemos cuando va a ser la elección, pero Delcy ya está en campaña, ya que es la candidata del régimen. No se sabe quién va a ser la o el candidato de Washington, pero puede salir de los actuales negociadores, algunos de ellos puestos por EE. UU., ya que voluntarios/as van a sobrar. Que MCM reclame su lugar depende de lo que haga ahora, y eso pasa por marcar presencia hoy. Sin embargo, en Venezuela ni siquiera EE. UU. es hoy garantía, y si lo es, la ventana de oportunidad se puede cerrar pronto, toda vez ¿qué pasa si Trump y los republicanos pierden las elecciones de noviembre? Lo que es seguro, es que tal como se espera, si los demócratas inician una acusación constitucional (impeachment), el problema para Venezuela no va a ser que Washington intervenga demasiado, sino lo contrario, cómo mantenerlo interesado en una transición a la democracia, cuando pueden estar en peligro tanto la propia permanencia de Trump en la Casa Blanca o la de Rubio en el Departamento de Estado. Es decir, se haga lo que se haga en Venezuela, puede darse un escenario por definición peor que la actual, que por decisión de sus electores EE. UU. no tenga interés en nada que no sea el petróleo.

Recordemos que en toda intervención de EE. UU. casi siempre ha habido elecciones, aun las que se dieron en Irak o Afganistán, por lo que probablemente tendrán lugar en algún domingo del próximo año. Sin embargo, lo que está ocurriendo con el petróleo y con la falta de presión opositora, ha determinado que no se haya notado ni en Washington (ni siquiera una marcha de venezolanos) ni en Venezuela, por lo que quien gane esta presidencial va a operar en una realidad que está siendo decidida hoy. De partida, ya sobrevivió el chavismo, por lo que hay que prepararse incluso para una privatización hecha desde el poder, que por tener esa característica va a ser aplaudida por Washington, pero puede parecerse a la piñata que los sandinistas hicieron en Nicaragua en 1990 al perder las elecciones con la Sra. Violeta de Chamorro, donde además se entreguen empresas públicas y medios de comunicación a amigos del régimen creando una situación de hecho, que al nuevo gobierno no le va a gustar modificar. Si la situación sigue siendo tan fluida como lo es hoy, los temas por los cuales se decida el voto mayoritario, en esa elección presidencial futura puede diferir de los que priman hoy o los que decidieron el voto en un ya lejano 2024 o en las primarias previas.

Sin duda, Marco Rubio se va a asegurar que la elección tenga lugar, pero el rol que EE. UU juegue va a ser definido por el resultado del 3 de noviembre. Hasta ahora, Washington ha tomado decisiones aplaudidas y otras que han provocado desilusión, pero ¿cuál predominará en noviembre? Cómo se están tomando hoy decisiones de gran importancia, el hecho distintivo es que son decisiones que tienen más que ver con lo que están pasando en EE. UU. que lo que tiene lugar en territorio venezolano.

Es una pena que casi no figure en el debate, ni en Washington ni en Caracas, aquello que ha tenido lugar en las transiciones exitosas, que no es otra cosa que fijar la fecha de las elecciones, y es una lástima, ya que podría servir de orientación, desde el momento que la cantidad de venezolanos que en Venezuela conocieron la democracia es baja, después de 28 años de chavismo. Al mismo tiempo, también va a ser una minoría la que desde el extranjero regrese voluntariamente a Venezuela, como por lo demás también ha ocurrido en los países que han culminado sus transiciones.

Si la transición es buena y sólida hay algo común para todas, ya que se ha demostrado que en pocos años se pueden hacer muchas cosas en Justicia, donde ha bastado una simple mayoría en la Corte Suprema después que el ejecutivo haya suscrito Tratados de DD. HH ratificados por el Congreso, para que sean condenados violadores de derechos humanos, con lo que se materializa la justicia transicional en reemplazo de lo que dice la ley o la amnistía local.

En resumen, las amistades y enojos no son eternos en política, por lo mismo, no sabemos si algún día se activarán las extradiciones contra los Hermanos Rodríguez o si estos ya han podido gozar de sus (mal habidas) fortunas y han desaparecido las órdenes de detención en su contra, como se desactivaron contra el magnate cercano al chavismo Alejandro Betancourt para facilitar el rol que cumplió en el actual acuerdo petrolero. Por su parte, los llamados opositores funcionales ya podrían estar buscando apoyo para candidaturas sin otro propósito que restarle votación a MCM en una presidencial que puede ser competitiva, si los temas que decidirán el resultado son diferentes a los que hoy predominan.

Por ello, oportuno es recordar las palabras de Winston Churchill, quien tuvo tanto momentos favorables como desfavorables, y quien decía que en política “El éxito no es definitivo ni es fatal el fracaso (toda vez) que lo que realmente cuenta es tener valor para continuar”.

@israelziiper

Máster y PhD en Ciencia Política (U de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El 24 de junio el suelo se movió en Venezuela. Lo que vino después también puede medirse. Durante las primeras horas, miedo. Después, incertidumbre. Más tarde, dolor. Recién a las setenta y dos horas empezó a crecer otra cosa: rabia. “Horas sin noticias de mi familia, el teléfono no funciona, esto es una agonía”, gritaba Juana, desde la zona afectada, sin saber todavía si los suyos estaban vivos.

La secuencia quedó registrada en millones de publicaciones, comentarios y mensajes. Durante dos días la emergencia desplazó casi por completo a la política. Después la política volvió. Un terremoto no tiene ideología, pero la forma en que un poder responde —o no responde— siempre la tiene. Un terremoto no explica un país. En este caso lo revelo.

Desde enero, Timpano, el software de escucha digital que desarrollamos en Methodo, viene procesando la conversación venezolana: solo en el último estudio, 415 millones de interacciones. Ese material fue contrastado con mediciones sistemáticas de opinión pública, hechas antes y después de los sismos, y con entrevistas en profundidad a venezolanos comunes, dentro y fuera del país.

No buscamos reunir todos los datos disponibles. Demasiados números suelen ser otra manera de no decir nada. Importan los que permiten descubrir algo: aquellos después de los cuales un problema ya no puede mirarse igual. Conviene decir también lo que no capturan. Una conversación digital no mide a quien está sin luz, sin señal o sin ganas de escribir, y en Venezuela esa gente es mucha. Para eso están las entrevistas. Lo que sigue es lo que sí puede afirmarse.

Ordenado así, el presente venezolano tiene cuatro dimensiones: el régimen que permanece, Estados Unidos y su rol, la representación opositora y la palabra alrededor de la cual la sociedad empezó a organizar su futuro.

Cambiar el orden de los factores no termina con el régimen

Maduro ya no está en Miraflores. El régimen sí. La Presidencia cambió de ocupante; los hermanos Rodríguez, Cabello, la Asamblea oficialista, las fuerzas de seguridad, los jueces, las cárceles y los mecanismos de control siguen exactamente dónde estaban.

Más del 85% de los consultados considera que el chavismo, el gobierno terminado de Maduro y la actual conducción son el mismo proyecto político. El 89% define al gobierno encabezado por Rodríguez como una dictadura. No como una democracia incompleta, ni como una transición imperfecta, ni como uno de esos híbridos conceptuales que permiten completar informes internacionales sin llamar a las cosas por su nombre. Una dictadura.

Los sismos convirtieron esa definición en experiencia cotidiana. Antes, el 67% calificaba la gestión como mala o muy mala. Después, el 87%. Veinte puntos en cuestión de semanas: pocas gestiones consiguen tanto en tan poco tiempo.

El rechazo ya estaba. La emergencia lo volvió imposible de disimular. Primero fueron la ausencia, la lentitud y la improvisación. Después, la opacidad, las restricciones para entrar a las zonas afectadas y la sospecha de que hasta la ayuda humanitaria podía administrarse como un mecanismo de control.

“Ahora sí aparecen, pero para cerrar vías y no dejar pasar la ayuda de la gente”, me contaba Miguel, un estudiante que vive en Petare. Dianett, una maestra con familia en La Guaira describía el reverso de la misma escena: “Llevamos dos días y no se ve ni un militar ni una autoridad. Sólo vecinos sacando escombros con las manos”.

Un Estado ausente para rescatar y presente para controlar. Del otro lado, otra cosa: vecinos turnándose para cavar, listas de desaparecidos anotadas a mano en cuadernos escolares porque no había ningún registro oficial donde anotarlas, colectas organizadas por WhatsApp desde Bogotá, Miami, Madrid o Santiago por gente que hace años no pisa el país y que igual sabía dónde mandar el dinero. Un país que se rescató a sí mismo mientras el poder decidía a quién dejaba pasar.

La continuidad también la miden los inversores. No alcanza con cambiar de interlocutor mientras siguen intactas las instituciones que ejecutaron las confiscaciones y expropiaciones que terminaron en arbitrajes internacionales. Es difícil construir previsibilidad sobre una estructura que conserva los mismos resortes de decisión.

La extracción de Maduro cambió la cabeza visible del poder. No su lógica. Un régimen no cambia cuando libera a algunos de sus prisioneros mientras encarcela a otros. Cambia cuando deja de necesitarlos.

De la aclamación a la impaciencia

A comienzos de enero, Estados Unidos no era solamente esperado en Venezuela. Era invocado.

Después de años de declaraciones, sanciones, negociaciones interrumpidas y promesas internacionales, aparecía por fin un actor con voluntad y capacidad de modificar una historia que parecía condenada a repetirse. La extracción de Maduro convirtió esa expectativa en gratitud, en alivio y, durante algunas semanas, en aclamación.

“Trump había iniciado un trabajo que en su primer mandato no llegó a terminar. Ahora va más rápido, no pierde tiempo y va muy en serio”, me decía Jellmer, un vecino de Carabobo unos días antes del 3 de enero. No era adhesión ideológica. Era esperanza depositada en el único poder que parecía capaz de hacer aquello que el resto del mundo llevaba años explicando por qué no podía hacerse.

La conversación digital lo mostró con una intensidad excepcional. En enero, Estados Unidos alcanzó una valoración positiva del 72% entre los venezolanos: la más alta que Timpano registró en toda la región, incluso por encima de Chile, el país donde históricamente obtenía sus mejores números.

En julio, esa valoración había caído al 54% y la negativa había subido del 28% al 46%. Dieciocho puntos menos de imagen favorable. La distancia entre conversación positiva y negativa pasó de 44 puntos a apenas ocho.

Venezuela dejó de ser el país de la región que mejor valoraba a Estados Unidos y volvió al promedio regional. Es menos un giro antiestadounidense que el final de una excepcionalidad.

Los terremotos aceleraron ese tránsito. En las primeras horas aparecieron la gratitud y el reconocimiento: “Gracias, Estados Unidos, por los rescatistas que están salvando vidas bajo los escombros. Llegaron cuando más los necesitábamos”, comentaba una ciudadana con su departamento destruido en su cuenta de Instagram. Días después, la pregunta que se repetía era: “Estados Unidos tiene el poder de condicionar al régimen y no lo hace. Dejan que Rodríguez y Cabello sigan bloqueando la ayuda”.

Es discutible si la expectativa era razonable. No es discutible que existió, ni que Washington ayudó a construirla. Los venezolanos no dejaron de valorar la intervención: dejaron de celebrarla sin condiciones.

Hay una vieja ironía diplomática según la cual siempre conviene confiar en que los Estados Unidos harán lo correcto, una vez agotadas todas las demás alternativas. En Venezuela esa ironía dejó de ser un chiste de embajada: se volvió una cuenta, y alguien la paga. Porque a esta altura el desenlace parece inevitable y lo único que está en discusión es cuánto se demora. La demora no es neutral. Al régimen no le cuesta nada, lleva años haciendo de la espera un programa de gobierno. Les cuesta a los venezolanos, que la miden en apagones y en entierros. Y les cuesta a quienes prometieron acompañarlos: cada semana sin fecha cambian un poco de prestigio por algo mas de tiempo.

La legitimidad no congela la representación

La Asamblea Nacional de 2015 nació de una victoria indiscutible: la oposición obtuvo 112 de las 167 bancas y recibió un mandato claro para enfrentar al régimen. Esa legitimidad de origen permanece. Lo que el paso del tiempo obliga a discutir es su alcance representativo en 2026.

El país que votó entonces era otro. TikTok no existía, ChatGPT no era siquiera una palabra y Donald Trump nunca había gobernado. Desde entonces, varios países de la región tuvieron entre tres y cuatro presidentes, Perú diez.

Pero la transformación decisiva ocurrió dentro de la propia sociedad venezolana. Los cerca de 695.000 refugiados y migrantes que vivían fuera del país a fines de 2015 son hoy más de ocho millones. Todo venezolano que tiene 27 años o menos era menor de edad cuando se eligió aquella Asamblea. Millones de adultos nunca pudieron votar a quienes todavía aseguran representarlos.

Los datos actuales muestran dónde se concentra la adhesión. Después de los terremotos, María Corina Machado alcanzó más del 75% de imagen positiva y cerca del 80% de intención de voto. Entre los dirigentes vinculados con ciclos opositores anteriores, la mayoría registra niveles de negatividad semejantes a los de figuras del régimen.

Estuve en Santiago de Chile, en el primer gran encuentro público de María Corina con la diáspora. Llegaban en familia y temprano, como quien va a una cancha o a una misa. Había padres con los hijos sobre los hombros, banderas, arepas, música. Había gente grabando con el teléfono en alto para mandarle el video a alguien que no podía estar. Y había gente llorando, que es algo que después no entra en ninguna planilla. Guadalupe una abuela que se exilió para estar cerca de sus nietos, me lo explicó en una sola línea: “La gente la espera. Ella es la esperanza”.

La escena no invalida la victoria de 2015. Muestra otra cosa. Aquella elección explica el origen de una representación; la adhesión de la sociedad actual permite estimar cuánto de esa representación sigue vigente. Confundir las dos dimensiones equivale a usar una fotografía de hace diez años para describir un país que cambió de población, de territorio, de conversación y también de liderazgo.

La palabra que ocupa el futuro

Durante años, los venezolanos enfrentaron armas con escudos de cartón. El cartón no detiene una bala, no impide una detención, no protege de un golpe. Su sentido era otro: expresaba la decisión de una sociedad de poner el cuerpo sin reproducir la violencia de quienes la reprimían.

María Corina Machado construyó su liderazgo desde ahí. No prometió devolverle al régimen sus métodos: propuso derrotarlo sin dejar que definiera la naturaleza de quienes lo enfrentaban.

Por eso, después de las persecuciones, el exilio, las cárceles, las torturas y las muertes, la palabra que crece no es venganza. Es elecciones.

Más del 76% de los consultados cree que la transición democrática será pacífica. En las entrevistas, esa expectativa tiene una urgencia concreta: “Las elecciones tienen que ser rápido, no podemos seguir tolerando la tragedia diaria en nuestro país”, me decía Darío, un médico oriundo de Zulia en medio de uno de esos apagones que ya nadie se molesta en anunciar.

El hallazgo más interesante, sin embargo, no surge de una respuesta inducida. Aparece solo, en la conversación pública. En enero, las menciones sobre elecciones representaban el 8% de todo lo que se hablaba de Venezuela. En mayo llegaban al 16%. En junio, los terremotos ocuparon casi toda la atención y el tema cayó al 2%. Cuando la emergencia dejó de monopolizar la conversación, la palabra volvió con más fuerza: 17% en julio, 18% en agosto.

Una conversación digital no fija la fecha de una elección, no reemplaza instituciones ni garantiza una transición. Sí permite ver cuándo una sociedad empieza a ordenar su futuro alrededor de una solución concreta. La tragedia silenció la palabra durante unas semanas; la expectativa siguió intacta.

Conviene no confundir esa paciencia con resignación, ni darla por infinita. Los escudos de cartón fueron una decisión moral, no una condena perpetua. Una sociedad puede elegir durante años no responder con violencia. Nadie demostró todavía cuántos años.

Las fechas suelen aparecer primero en el lenguaje y después en los calendarios. El régimen todavía administra estructuras. Estados Unidos administra tiempos. Parte de la dirigencia opositora administra legitimidades del pasado. Los venezolanos, mientras tanto, parecen haber resuelto las dos preguntas que importan: quién los representa y mediante qué mecanismo quieren recuperar la libertad.

Venezuela todavía no tiene una fecha. Tiene una decisión. El calendario sigue en manos del poder. El futuro, cada vez menos.

El autor es politólogo, fundador y CEO de Methodo.

Rusia parece estar perdiendo la guerra en Ucrania, tanto en el plano moral como en el militar. No fue una operación especial rápida; al contrario, ha sido una invasión larga y costosa en la que se ha visto obligada a buscar mercenarios en países extranjeros, incluida América Latina.

En México, Rusia reclutó soldados a través de plataformas de redes sociales como Facebook. Un reporte de La Crónica destaca que la oferta incluía un pago de 3.000 dólares, alojamiento, manutención y una bonificación de 28.000 dólares.

Pero no todo lo que brilla es oro. Las ofertas laborales dirigidas a captar posibles reclutas se centraban en los sectores de la construcción y la seguridad privada. Sin embargo, al llegar a Moscú, los planes cambiaban: les confiscaban pasaportes, les entregaban uniformes y les enviaban al frente de batalla. Los beneficios y salarios prometidos nunca se materializaron.

Desde 2024, se estima que unos 1.200 ciudadanos peruanos se han alistado en el ejército ruso. La gran mayoría recibió ofertas de trabajo en servicios de cocina, seguridad y transporte. El paquete incluía un salario mensual de 2.500 dólares, alojamiento y una bonificación de entre 20.000 y 50.000 dólares.

Colombia también fue objeto de los esfuerzos de reclutamiento rusos. La nación sudamericana —que ha sufrido durante años la guerra de guerrillas, el terrorismo y la violencia paramilitar— cuenta actualmente con una gran población de excombatientes empobrecidos y desempleados. Ellos constituían el blanco perfecto para las promesas rusas de una vida mejor.

Las ofertas que circulaban en redes sociales y mediante el boca a boca prometían un salario mensual de 3.500 dólares, una bonificación de 35.000 dólares y la ciudadanía rusa. Ninguna de estas promesas llegó a cumplirse. Como siempre, el gobierno ruso negó tener conocimiento de estas operaciones ilícitas, que se repetían una y otra vez.

También se han registrado casos en Centroamérica, concretamente en El Salvador, que involucran a personas que viajaron a Rusia en busca de trabajo, un buen salario y otros incentivos laborales lucrativos. No obtuvieron nada de eso; en su lugar, fueron enviados al frente de batalla.

En Bolivia, Rusia reclutó a personas de escasos recursos con ofertas similares y bonificaciones que oscilaban entre los 16.000 y los 20.000 dólares. Se han reportado al menos 20 casos en Santa Cruz. Los empleos estaban dirigidos a albañiles, plomeros, cocineros y guardias de seguridad. Les prometieron el oro y el moro, pero solo encontraron un infierno en tierra extranjera.

Rusia ha estado utilizando mercenarios cubanos desde 2023. Los soldados de la isla conocen el armamento, están entrenados y su contratación resulta económica, lo que reduce a cero el costo político para Putin. Nadie en Moscú se quejará por la muerte de soldados extranjeros.

En 2025, Cuba llevó la situación a otro nivel. El número de mercenarios enviados a pelear en favor de Rusia alcanzaría un estimado de 20.000 soldados. La tendencia indica que Cuba podría incluso superar la cantidad de tropas provenientes de Corea del Norte.

Los jóvenes cubanos que se alistaron en las filas rusas creyeron en las promesas de dinero y bienestar para sus familias en la isla, pero solo han encontrado muerte, engaño y deshonra. El régimen ruso se aprovecha de la necesidad y la desesperación que se viven en Cuba y en otros países.

Para los soldados de la isla el paquete incluye dos mil dólares mensuales, la ciudadanía rusa y 15 días de vacaciones cada seis meses. Es una promesa atractiva que Putin ha cumplido solo a medias, lo que ha generado deserciones y descontento.

Rusia no está ganando la guerra, por más iglesias, escuelas o edificios residenciales que bombardee. Perdió la batalla el día que invadió un país soberano y decidió sacar provecho de la pobreza ajena, reclutando soldados mediante mentiras y falsas promesas.

El autor es periodista exiliado, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional y del de liderazgo de Harvard.

El pueblo venezolano democrático tiene derecho a re-concebir y re-crear sus instituciones luego de un período de destrucción de las mismas en el cual fueron transformadas en absolutamente disfuncionales a las necesidades de la gente. Sin embargo, para muchas de ellas, la imagen dominante de la corrupción se sitúa como una condición que es imprescindible resolver porque esta infame práctica se ha comido por dentro el sistema y la propia economía del país, ha atacado incluso en los márgenes del poder, o incluso más allá en las dinámicas opositoras.

Es imposible no percibir la corrupción como una autoridad paralela que determina de la peor forma la vida política de Venezuela. Los hoy dictadores guardianes de la crisis venezolana han ejercido y ejercen una influencia considerable para que la corrupción misma sea parte de la ostentación del poder y determina la práctica de cómo se implementan las políticas. Esta dura realidad obstaculiza los esfuerzos para que la transición sea de hecho más flexible, abierta y democrática, manteniendo el mismo esquema cerrado de poder y priorizando el tráfico de influencias, favores, prebendas, apropiación y ventajas financieras como la función principal de la misma y dejando los problemas de la democracia como objetivos a resolver posteriormente (y estimo que si es posible nunca).

Todo comienza con una dimensión colectiva de deterioro, que abarca no solo la experiencia del orden cronológico de inicio del chavismo y la duración ilimitada del madurismo en un marco de irracionalidad política en que las otras opciones políticas fueron anuladas como posibilidad de alternancia, sino también en las creencias político-culturales compartidas en todo ese tiempo y una extraña concepción de una agenda política atrofiada por la falta de derechos.

Venezuela desarrolló este marco de trabajo político que limitó capacidades para el diálogo político y la posibilidad de una visión común de país, la cual no existe aún al presente. A partir de allí, las dinámicas de convivencia política que, en general, son posibles aún en contextos con fuertes contradicciones de ideas, en Venezuela las lógicas varias de cooptación e intimidación la hicieron completamente imposible.

Recuperar el Estado de Derecho es esencial para recuperar la justicia en un país en que el orden constitucional ha sido completamente subvertido. Para ello, reconocer la legitimidad de la juramentación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional legítima implica comprender la complejidad de la experiencia política de este proceso de recuperar la legalidad y la normalización del país, sin perder de vista la tarea de recuperar la decencia pública en el marco del más estricto apego a la Constitución.

Se deben buscar las formas más adecuadas de integrar esta complejidad en su amplio abanico de ideas, para que las mismas constituyan un factor unificador o un enfoque equilibrado en la determinación de los instrumentos institucionales, pues es algo absolutamente demostrado en todos los ámbitos que el Estado de Derecho y la Justicia son, además, en efecto, el motor económico y la orientación política fundamental ante los desafíos que enfrenta Venezuela, y que, en última instancia, estas cuestiones deberán ser resueltas para que se resuelva el país.

Como hemos dicho, la certeza jurídica es progenitora de la certeza política y la certeza económica. Para ilustrar el aspecto más significativo y fundamental del caso venezolano, supongamos que Venezuela tiene hoy una Constitución que sirve de marco rector para abordar los problemas actuales que vive el país y que la misma tiene la más plena vigencia, en tal caso, el país aplicaría entonces esta Constitución en función de las necesidades reales, tendría justicia para las violaciones de Derechos Humanos, no habría detenciones arbitrarias, no habría la asignación arbitraria de negocios y proyectos, tendría un Presidente surgido de los resultados electorales. Es obvio que todo esto no se ha aplicado porque el régimen tiene como principal mecanismo de preservación de su existencia la violación de la Constitución.

Es importante entonces que la oposición a este régimen no caiga en la trampa de buscar atajos que impliquen también la violación de la Constitución porque ello haría imposible acercarse a una solución y porque le permitiría al régimen entreverar suficientemente las cosas como para dividir la verdad, compartir responsabilidades en la desinstitucionalización del país y como para pretender que en definitiva son todos iguales.

Cualquier proceso de diálogo para la normalización democrática del país tiene que tener como objetivo la más plena vigencia de la Constitución y, por lo tanto, no puede comenzar, ni seguir, ni terminar con acciones o contubernios violatorios de la misma. La lucha por la Justicia vemos que será el punto crítico de esta semi-transición en proceso y ya hemos visto quienes han hecho los primeros movimientos sobre ella además del régimen. Es entonces muy importante reconstruir la institucionalidad con el más pleno respeto de la Constitución y sin desprolijidades al respecto, lo cual es difícil dada la natural tendencia a que eso pase en todas las dinámicas de conjunción del régimen con actores “opositores”.

El “bueno” de Jorge Rodríguez ofreció que los magistrados del próximo Tribunal Supremo de Justicia se voten en su propia Asamblea Nacional, es decir, simplemente profundizar cada vez más la ilegitimidad del proceso y, en realidad, no hay nadie como él para empeorar las instituciones y para violar la constitución en reiteración real. Es decir, asegurar la continuidad de la crisis de la que ha estado viviendo los últimos 12 años y mantener sus manitas agarrando el poder judicial.

En los procesos electorales del 2024 Venezuela categorizó y clasificó sus proyectos políticos, identificando los liderazgos y las posiciones fundamentales. No obstante, haber afirmado la centralidad de determinados posicionamientos políticos y haber descartado otros, vemos como estas creencias y liderazgos que fueron descartados vuelven (como siempre han vuelto) en diferentes formas y tamaños. Como resultado, la concepción de “poder” abarca tanto la experiencia práctica del chavismo/madurismo, así como las pequeñas parcelas compartidas por algunos opositores y semi-opositores.

Sin embargo, con respecto al futuro, la falta de popularidad de estas propuestas creó una perspectiva en la que no existe un concepto común y unificador para el país. Después de todo, la percepción popular (con sus elementos inherentes de interpretación y selectividad) no es intrínsecamente peligrosa, porque la intuición política que tiene el pueblo está muy basada en sus necesidades y, por lo tanto, en la realidad.

En efecto, la observación que realiza la gente la llevó a conclusiones políticas claras respecto a la sórdida ilegitimidad del régimen y sus representantes, la ilegitimidad de la Asamblea Nacional y del TSJ de la dictadura, todos ellos surgidos de fraudes electorales y de procesos viciados de nulidad. El pueblo venezolano nunca tuvo ninguna duda al respecto, algo muy distinto que algunos dirigentes políticos “opositores” que se sienten hermanados con el régimen en su falta de representatividad.

La normalización constitucional no puede significar sumar más violaciones a la Constitución, así como no puede estar tramitada por actores carentes de representatividad popular, tan carentes de representatividad los hace carentes de legitimidad.

Todas las cosas que se hacen de espaldas al pueblo quedan siempre bastante malparidas.

Luis Almagro/Instituto CASLA

“Lo que han presenciado esta noche es un gobierno que defiende lo que es correcto”. Con estas palabras, el rabino embajador Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, expresó el sentimiento de las más de 300 personas que el lunes 24 de agosto llenábamos el salón del hotel Embajador de Santo Domingo.

Reunidos en el sexto Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo de Combat Antisemitism Movement (CAM), acabábamos de escuchar al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunciando que su gobierno adoptaría la Definición sobre Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), convitiéndose en el séptimo país de Latinoamérica que se comprometía con la IHRA.

Con Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguay y ahora la República Dominicana, los países que han respaldado la definición suman 47, de los cuales 30 de ellos la han ratificado en sus legislaciones o estrategias. También se han adherido más de 1300 entidades y 340 instituciones culturales y educativas de todo el mundo. En el anuncio de la decisión, el presidente Abinader hizo una inequívoca declaración de principios: “El antisemitismo no es un problema que afecte únicamente al pueblo judío. Es una amenaza para la convivencia democrática y para los derechos y libertades de todos. Esta lucha debe guiarse por principios universales, no por circunstancias políticas pasajeras”.

Y así, con ese compromiso explícito, el presidente Abinader retomaba la honorable memoria de la República Dominicana, el único país del mundo que en 1938 aceptó acoger a miles de judíos que huían de la Alemania nazi. Convocados por Franklin D. Roosevelt en la pequeña ciudad balneario de Évian-les-Bains, a raíz de la grave crisis de refugiados judíos provocada por el Tercer Reich, 31 de los 32 países reunidos se negaron a ampliar sus cotas de inmmigración, y solo el país caribeño abrió sus puertas. 88 años después, el presidente Abinader ha hecho honor a su legado.

¿Qué es la definición de la IHRA y por qué es tan importante? Se trata de un texto breve que nació en 2016 para identificar las conductas de odio contra el pueblo judío, y desde entonces ha adquirido una gran relevancia a causa del aumento imparable del odio antisemita en todo el mundo. Su importancia radica en tres aspectos: construye un consenso global sobre las prácticas antisemitas; identifica las mutaciones modernas de dichas prácticas; y sirve de guía operativa para que las instituciones actúen en consecuencia.

Estos son los 11 ejemplos de antisemitismo del siglo XXI que la IHRA ha identificado. Primero, la justificación del odio a los judíos, pidiendo que se les mate o dañe en nombre de una ideología o una causa. Segundo, la defensa y propaganda de mitos conspirativos que sitúan a los judíos en los centros de poder y se les considera responsables de conflictos y tragedias. Tercero, practicar la culpa colectiva de los judíos por los errores de una persona o grupo. Cuarto, el negacionismo de la Shoá. Quinto, la acusación de doble fidelidad, es decir, considerar que los ciudadanos judíos son seres más leales a Israel que a sus países de origen. Sexto, afirmar que Israel es un proyecto racista y negar su derecho a la existencia. Séptimo, practicar el doble rasero y exigir a Israel un comportamiento que no se le exige a ninguna otra nación democrática. Octavo, usar símbolos vinculados al antisemitismo clásico para caracterizar a Israel. Noveno, comparar a Israel con la Alemania nazi. Décimo, considerar a todos los judíos del mundo responsables colectivos de las acciones del gobierno de Israel. Y onceavo, utilizar estereotipos y prejuicios tradicionales para juzgar a personas de origen judío.

Cabe añadir que la IRHA aclara explícitamente en su documento que las críticas hacia Israel, similares a las que se dirigen contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Pero hay una diferencia enorme entre practicar el pensamiento crítico contra un gobernante o su política, y criminalizar a todo un país y pedir su desaparición. Este es el punto más caliente y controvertido de la declaración y, sin embargo, es el más relevante porque sitúa al antisionismo en el espejo del antisemitismo.

A pesar de que la izquierda -responsable de acuñar el prejuicio antisionista- hace grandes esfuerzos para diferenciarse del antisemitismo clásico, lo cierto es que el antisionismo se ha convertido en el peor y más eficaz propagador de odio contra los judíos. Primero, porque niega a los judíos el derecho a tener un estado, es decir, la posibilidad a tener el escudo protector del derecho internacional. Y ello contra un pueblo que ha sufrido el peor genocidio de la historia. Y segundo, porque aplica un doble rasero letal: mientras no se discute la existencia de ningún estado del mundo, incluyendo aquellos que diseñó Churchill con un puro y un lápiz, se pide la desaparición de un país que es la tierra milenaria del pueblo judío.

Nada es casual: si el pueblo judío es el único demonizado del mundo, el estado hebreo es el único criminalizado del mundo. Puro antisemitismo, aunque se viste de progresismo, solidaridad y el resto de las letanías conocidas.

“Rechazar el antisemitismo no significa tomar posición respecto a un gobierno o conflicto en particular”, declaró el Presidente Abinader. “Significa afirmar inequívocamente que ningún desacuerdo político, ninguna causa, ni ninguna circunstancia pueden justificar el odio, la discriminación o la violencia contra un individuo o una comunidad”. Y sin embargo es justamente ese prejuicio el que hoy recorre universidades, medios de comunicación, conmemoraciones y todo tipo de declaraciones.

Israel es la excusa, pero su constante criminalización recae en todos los judíos del mundo. No caben dudas: El antisionismo es un nuevo vestido para un viejo odio.

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Casi todos los diarios del mundo registran a diario el drama de los migrantes que arriesgan sus vidas para escapar de la pobreza, la violencia, el autoritarismo y las difíciles condiciones de vida en África y otras regiones, buscando refugio y oportunidades en Europa. Pero existe otra migración, mucho menos visible, que rara vez ocupa los titulares y que amenaza con vaciar lentamente a Europa de su futuro: la emigración de sus jóvenes.

Confrontados con economías de bajo crecimiento, mercados laborales poco dinámicos, salarios estancados y un costo de la vivienda cada vez más elevado, numerosos jóvenes europeos buscan mejores oportunidades fuera de sus países de origen. Algunos se trasladan hacia las economías más dinámicas del propio continente, como Suiza, Holanda o Austria. Otros miran hacia Estados Unidos, Canadá, Australia o el Medio Oriente.

Se produce así una paradoja inquietante. Europa continúa siendo destino de quienes huyen de la pobreza, la persecución y la inestabilidad, pero al mismo tiempo se convierte en punto de partida de jóvenes profesionales que no encuentran en sus propios países las oportunidades necesarias para construir un futuro.

Esta migración silenciosa constituye un verdadero desangramiento de capital humano, particularmente grave en un continente que enfrenta simultáneamente el envejecimiento de su población y una baja tasa de natalidad.

El problema obliga a plantearse una pregunta fundamental: ¿qué debe hacer Europa para volver a ser atractiva para sus propios jóvenes?

La respuesta comienza por el crecimiento económico. Y para recuperar un crecimiento vigoroso, Europa debe completar una tarea que lleva décadas postergando: la verdadera integración de su mercado interno.

La Unión Europea ha eliminado buena parte de las barreras arancelarias entre sus miembros y ha construido instituciones políticas y monetarias comunes. Sin embargo, debajo de esa arquitectura subsisten importantes diferencias regulatorias, financieras y energéticas. En muchos aspectos, Europa continúa funcionando como una asociación de mercados nacionales antes que como un único gran mercado continental.

Mientras persista esa fragmentación, la dinámica del capitalismo europeo difícilmente podrá desplegar todo su potencial. Las respuestas parciales —el crecimiento del empleo público, los trabajos de medio tiempo para profesionales recién graduados o los programas temporales de intercambio y formación en otros países— pueden aliviar las consecuencias, pero no resuelven el problema fundamental: la insuficiente creación de oportunidades productivas.

La primera gran integración pendiente es la de los mercados de capitales. Su fragmentación limita particularmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento, expandirse, fusionarse o superar situaciones de insolvencia. Un verdadero mercado europeo de capitales permitiría movilizar el ahorro continental hacia las empresas con mayor capacidad de innovación y crecimiento, independientemente del país donde estén ubicadas.

La segunda integración indispensable es la energética.

Europa posee una extraordinaria diversidad de fuentes de energía que podrían complementarse: la hidroelectricidad de los países escandinavos, la energía nuclear francesa y la capacidad eólica desarrollada por Alemania y Dinamarca. Una integración más profunda de las redes y mercados energéticos permitiría aprovechar esas ventajas de manera conjunta y contribuiría a reducir los elevados costos que han afectado particularmente a la industria europea desde la pérdida de buena parte del suministro de gas ruso.

Para Alemania, la locomotora industrial del continente, menores costos energéticos ayudarían a preservar la competitividad de su industria y reducir los incentivos para trasladar operaciones hacia Estados Unidos o Asia. Para Francia, una mayor integración abriría la posibilidad de aprovechar plenamente su enorme capacidad nuclear, exportando electricidad hacia otros mercados europeos durante períodos de alta demanda.

Pero la integración debe ir más allá del capital y la energía. Europa necesita reducir las diferencias regulatorias que continúan actuando como verdaderos aranceles invisibles dentro de su propio mercado. Una empresa europea debería poder financiarse, producir, invertir, vender y expandirse a través del continente con una facilidad comparable a la que tiene una empresa estadounidense para operar entre los distintos estados de la Unión.

Ese es, en última instancia, el desafío europeo.

Europa no podrá detener la migración de sus jóvenes mediante subsidios, programas temporales o empleos de transición. Solo podrá hacerlo ofreciéndoles algo mucho más importante: la expectativa razonable de que pueden construir una vida próspera en sus propios países.

Mayor crecimiento significaría mejores empleos, salarios más competitivos, mayor capacidad para adquirir vivienda, formar familias, tener hijos y crear riqueza. Y significaría también recuperar algo que Europa parece estar perdiendo lentamente: la confianza de sus jóvenes en el futuro.

Quizás la respuesta se encuentre, paradójicamente, en una vieja lección que Alexis de Tocqueville identificó al observar a Estados Unidos: la posibilidad de combinar identidades locales fuertes con una estructura federal capaz de crear un enorme espacio económico común.

Europa no necesita renunciar a la identidad de Francia, Alemania, Italia, España o de cualquiera de sus naciones. Pero sí necesita avanzar hacia una integración económica mucho más profunda que armonice los mercados financieros, energéticos y regulatorios y permita explotar plenamente las ventajas de un mercado continental.

Porque la mayor amenaza para Europa quizás no sea solamente la inmigración que llega y que todos vemos. Puede ser también la migración que casi nadie ve: la de una generación de europeos que, al no encontrar oportunidades en casa, se lleva consigo el futuro del continente.

El crimen y la violencia le cuestan a nuestra región 3.4 puntos de su PIB, el equivalente al 78% de su presupuesto público de educación. Ningún país, por capaz que sea, puede sostener solo el horizonte que todo esto exige.

En varios países de la región se ha documentado el reclutamiento de niños para fines criminales, incluso menores de diez años. Esto ocurre más por incentivo que por coerción. Las organizaciones criminales construyen lazos afectivos, de pertenencia e identidad con los menores, y terminan ocupando espacios donde el Estado está presente, pero no siempre de la manera que las comunidades necesitan.

Una lógica similar ocurre donde el crimen se instala sobre economías legales y las convierte en ilícitas como la minería, la madera y la pesca. Se trata de plantar raíces en espacios débiles articulando inversiones que no buscan obtener ganancias inmediatas, sino generar ingresos difíciles de rastrear en el futuro. Para sostener estas operaciones, las organizaciones criminales necesitan protección. En algunos casos, la encuentran dentro de las cárceles que han dejado de ser el final de la cadena penal para volverse una primera línea de coordinación criminal. Desde allí se administran operaciones y se recluta. El crimen organizado planifica con una visión que trasciende gobiernos, presupuestos, ciclo político y fronteras.

Estos son algunos ejemplos que revelan una característica central del crimen organizado: su capacidad para actuar pensando en las próximas generaciones, diversificar operaciones más allá de las fronteras, y planificar a largo plazo.

Frente a las capacidades dinámicas, adaptativas y de planificación del crimen organizado, la región solía responder desde la urgencia, con planes domésticos que terminaban en la frontera. Cada crisis generaba una intervención y cada alza de violencia, nuevas medidas.

Eso fue lo que llevó a más de 270 participantes de casi 30 países y distintas instituciones a reunirse en Brasilia, en la tercera Cumbre Regional de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Creada hace dos años, la Alianza tiene al BID como secretaría técnica, financia, coordina y aporta la evidencia. Su trabajo responde a tres prioridades que los propios gobiernos han identificado: proteger a las comunidades más vulnerables frente al reclutamiento criminal, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y desarticular los flujos financieros del crimen. En esta edición, Brasil asumió la presidencia pro tempore, sucediendo a Argentina.

Estas y otras acciones muestran que el verdadero valor del BID para la región está en su capacidad técnica y de convocatoria, tanto como en los recursos que moviliza. Eso es lo que multiplica el valor de cada operación. En el 2024, el BID aprobó US$185 millones en operaciones de seguridad ciudadana. Para 2026, la cartera supera los US$1.400 millones, equivalente al 60% de la meta trienal fijada en la cumbre anterior. Por ello, en Brasilia decidimos elevar nuestro compromiso a US$4.000 millones hasta 2028.

Pero el financiamiento no es suficiente. También debemos mejorar la forma en que medimos el problema. En la región más violenta del mundo, los homicidios dominan el debate público, pero cuentan solo una parte, no registran la extorsión, el lavado de activos, los mercados ilegales, el control territorial ni el reclutamiento. Una región que solo mide muertes no ve la mayor parte de lo que el crimen organizado hace.

En la Cumbre hicimos un balance del trabajo realizado y definimos nuevas acciones conjuntas. Avanzamos en dos nuevos frentes: el nuevo sistema regional de intercambio de antecedentes penales, ya en fase piloto, y un Observatorio del Crimen Organizado Transnacional integrado por fiscalías nacionales, para fortalecer la persecución de estructuras que operan más allá de las fronteras. También reforzamos la capacidad de actuar, incorporando a INTERPOL como socio, que se une a nuestra Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida, una iniciativa que brinda asistencia técnica en cuestión de días, y que ya ha apoyado el diseño de planes nacionales de seguridad.

La apuesta del crimen organizado es seguir reclutando niños, lavando dinero con paciencia, operando desde las cárceles, disputando el territorio al Estado en las calles y en el ciberespacio. Apuesta también a la fragmentación, confiando en que cada país enfrente por separado problemas que desde hace tiempo dejaron de ser exclusivamente nacionales. Nuestra apuesta es distinta. Se basa en algo que el crimen no puede comprar: la confianza entre instituciones y entre países. Las redes criminales pueden adquirir tecnología, corromper funcionarios y esperar el paso de los gobiernos. La confianza, en cambio, se construye a través del tiempo con cooperación y acciones concretas. Por eso el tiempo deja de ser su ventaja y empieza a ser la nuestra.

Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida.

Eduardo Vergara es jefe de la División de Seguridad Ciudadana del BID y Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo.

La diplomacia y el derecho penal internacional atraviesan una de sus grietas más profundas debido a la tendencia sostenida de la República Popular China de dotar a sus leyes penales de una marcada extraterritorialidad. Esta pretensión de sancionar actos cometidos fuera de su territorio por ciudadanos extranjeros ha dejado de ser una disputa académica para convertirse en un problema operativo real para cancillerías, embajadas y tribunales de todo el mundo. En el centro del debate se encuentra la soberanía territorial, un principio básico del derecho internacional que se paraliza cuando una potencia pretende tipificar como delito la libre expresión, las decisiones legislativas o el apoyo a Taiwán realizados en suelo extranjero.

Para entender la desconfianza actual es necesario volver a 2019, cuando la intención del gobierno de Hong Kong de aprobar una ley de extradición hacia la China continental provocó protestas masivas en las calles ante el temor de una inminente pérdida de garantías judiciales. La respuesta de Beijing en junio de 2020 sentó un antecedente definitivo al promulgar de forma directa la Ley de Seguridad Nacional. Esta norma incluyó el polémico Artículo 38, el cual otorgaba jurisdicción penal a las autoridades chinas sobre supuestos delitos cometidos por personas no residentes y fuera del territorio hongkonés.

La reacción de las democracias fue inmediata y países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania suspendieron de manera sistemática sus acuerdos de extradición con Hong Kong. Aquel quiebre confirmó que la cooperación penal internacional no resiste cuando el sistema judicial de un país se percibe como un instrumento de presión ideológica transnacional.

La lección de Hong Kong cobra renovada vigencia frente a la arquitectura legal que impulsa Beijing contra la independencia de Taiwán. Disposiciones como el Artículo 63 de sus normativas sobre la reunificación extienden la persecución criminal no solo a diplomáticos, sino directamente a miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, investigadores, catedráticos y conferencistas internacionales que aborden críticamente las políticas del régimen o respalden la soberanía de la isla.

Esta pretensión punitiva supone un ataque frontal contra la libertad de expresión y la libertad de conciencia, buscando silenciar el debate intelectual, la labor informativa y la investigación académica más allá de las fronteras chinas bajo la amenaza de sanciones penales. Esta expansión genera la inaplicabilidad directa del principio de doble incriminación, ya que ningún tribunal democrático puede extraditar a una persona por actos que en su propio país constituyen el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Asimismo, mientras los diplomáticos acreditados cuentan con el escudo de la Convención de Viena, los miembros de la sociedad civil, la prensa, los académicos, los cónyuges de funcionarios, el personal técnico y los consultores externos quedan expuestos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de salida o represalias al cruzar fronteras con tratados vigentes con China, lo que ha obligado a diversas cancillerías a actualizar sus alertas de viaje.

La consecuencia última de esta ofensiva jurídica es un mapa de la justicia internacional dividido en dos bloques. Por un lado se posicionan los Estados que suspenden la cooperación penal y blindan a sus ciudadanos, mientras que por el otro quedan los países vulnerables o con estrecha dependencia económica con Pekín, expuestos a presiones diplomáticas para ejecutar entregas de personas al margen del debido proceso.

En eventos clave como el Foro Ketagalan y en los pronunciamientos de la Alianza Interparlamentaria sobre China, parlamentarios y analistas coinciden en que si los países no declaran colectivamente la ineficacia jurídica de estas leyes extraterritoriales dentro de sus fronteras, el derecho penal internacional dejará de ser una herramienta para combatir el crimen y pasará a convertirse en un arma de coacción política global.

* El autor es egresado del Fu Hsing Kang College y presidente del Foro Uruguay Democrático.

En febrero de 2026, el presidente uruguayo Yamandú Orsi realizó una visita de Estado a Beijing, donde firmó numerosos acuerdos de cooperación poco transparentes que impulsaban la colaboración con la República Popular China (RPC) en la exportación de carne y harina de pescado. Muchos otros acuerdos fueron confidenciales y abarcaban áreas sensibles como la colaboración científica y mediática.

En gran medida, Uruguay ha pasado desapercibido para Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los países del hemisferio occidental con mayor vinculación económica con la RPC en relación con su tamaño, además de colaborar con ella en los ámbitos político, militar y otros. La RPC también ha comenzado a utilizar su influencia económica y sus redes de presión dentro de Uruguay de forma cada vez más coercitiva. En marzo de 2026, el alcalde de Durazno, Felipe Algorta, canceló una visita prevista a Taiwán después de que el entonces embajador de la RPC, Huang Yazhong, se reuniera con él, diciéndole que sería incompatible con la política uruguaya de “Una sola China”.

El reciente acercamiento de China a Uruguay ilustra cómo la República Popular China utiliza su influencia económica, junto con otras herramientas, para promover intereses estratégicos incluso en países con instituciones sólidas y tradiciones democráticas. La ubicación de Uruguay en el hemisferio occidental, una región priorizada por la administración Trump en su Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025, advierte a Washington que las instituciones y los procedimientos sólidos por sí solos no son suficientes para que los países vecinos de la región garanticen un equilibrio adecuado entre los beneficios y los riesgos al ampliar su relación con China.

Relación política y comercial entre la República Popular China y Uruguay

Uruguay fue relativamente tarde entre las naciones sudamericanas en establecer relaciones con la República Popular China, haciéndolo en febrero de 1988. Como reflejo de una fuerte y creciente dependencia comercial del mercado chino, el país estableció una alianza estratégica con la República Popular China en 2016, se unió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China en agosto de 2018, pasó a formar parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, liderado por la República Popular China, en abril de 2020 y, en noviembre de 2023, elevó su relación con la República Popular China a una alianza estratégica integral. Además, el Grupo de Amistad China en el Parlamento uruguayo se relanzó en diciembre de 2025 y está encabezado por algunos de los parlamentarios más influyentes del país en materia de política exterior: Daniel Caggiani Gómez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, y el diputado Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados.

El comercio de Uruguay con la República Popular China (RPC) está relativamente equilibrado en términos de volumen en dólares, con 3.500 millones de dólares en exportaciones a China y 3.300 millones de dólares en importaciones procedentes de China. Sin embargo, si bien más del 90% de sus exportaciones son productos primarios y agrícolas como la soja, la pulpa de madera y la carne de vacuno, Uruguay importa una amplia gama de bienes y servicios manufacturados y tecnológicos de la RPC. El país también presenta una notable dependencia económica de la RPC, que es el destino del 26% de sus exportaciones. Esa dependencia podría acentuarse con la negociación de un tratado de libre comercio entre la República Popular China y el Mercosur, una prioridad para el actual gobierno del Frente Amplio, que ahora cuenta con mayor poder para impulsar ese objetivo con Orsi como presidente pro tempore del Mercosur desde junio de 2026.

Inversión y proyectos chinos en Uruguay

En comparación con otros países de la región, como Brasil, la inversión de empresas chinas en Uruguay es reducida: apenas 247 millones de dólares en 2020 y menos de mil millones en la actualidad. El pequeño mercado uruguayo, con 3,4 millones de habitantes, explica en parte esta limitada inversión, si bien las empresas chinas también han enfrentado diversas dificultades legales y financieras en el país. Otra razón mencionada por los consultados en Uruguay es la limitada capacidad de la oficina de promoción de inversiones del país, Uruguay XXI, con respecto a China. Dicha organización no tiene oficina en el país y se la consideró parcialmente responsable de lo que varios expertos percibieron como una mala planificación y coordinación en el viaje del presidente Orsi a China en febrero de 2026.

Casi la mitad de las inversiones de la República Popular China en Uruguay se concentran en el sector agrícola del país. Esto incluye a China Oilseeds and Foodstuffs Corporation, propietaria del 36% de la terminal de granos en el puerto de Nueva Pamira, además de tres plantas procesadoras de carne: Rondatel y Lirtix, propiedad al 100% de Sundiro, y Lorsinal, propiedad al 50% de Sundiro. Cada una de estas plantas ha enfrentado considerables dificultades financieras desde su adquisición por parte de la empresa china. De manera similar, una planta procesadora de carne en Florida, propiedad de la empresa china Clademar, tuvo problemas financieros y fue vendida en 2020. En enero de 2026, Maregroup, una empresa tabacalera china que operaba en la Zona Franca de Florida en Uruguay, cerró abruptamente sus puertas y se retiró del país. Las exportaciones uruguayas de carne a la República Popular China también han tenido problemas, ya que 34 toneladas de carne uruguaya en dos envíos fueron rechazadas por Beijing durante el último año por motivos técnicos.

También persisten algunas dificultades en el sector automotriz. Las empresas chinas Cherry y Lifan invirtieron en una planta de fabricación de automóviles en San José, pero se vio obligada a cerrar en 2021 tras problemas para acceder a los mercados de Argentina y Brasil, países vecinos del Mercosur. De manera similar, la empresa china Brilliance canceló en 2019 un proyecto de fábrica de automóviles en Uruguay. A pesar de estas dificultades, las marcas chinas de automóviles tienen una fuerte presencia en el mercado automotriz uruguayo. Las empresas chinas son particularmente fuertes en el sector de vehículos eléctricos de Uruguay. BYD ofrece taxis eléctricos al mercado uruguayo, en colaboración con la autoridad de transporte del país. Los autobuses eléctricos chinos, suministrados por BYD, Higer y Yutong, representan actualmente más del 11% de la flota. Además, al igual que en otros países de la región, la empresa china de transporte compartido Didi opera en Montevideo, incluyendo sus servicios de taxi y entrega de comida. En logística, en 2018, la empresa china Shandong Bao Ma propuso una instalación portuaria especializada de 200 millones de dólares en Punta Yeguas para procesar y almacenar pescado y abastecer a la flota pesquera china de aguas profundas. El proyecto fue criticado por falta de transparencia, la preocupación de que pudiera facilitar la pesca ilegal por parte de la flota china y las dificultades con la zonificación, lo que llevó a su traslado a Punta Sayago antes de su abandono definitivo en 2019. La autoridad portuaria uruguaya también contrató a Shanghai Dredging Company para realizar trabajos de dragado en el puerto de Montevideo, pero fue criticada por utilizar una empresa privada china en lugar de sus propias capacidades.

En el sector eléctrico, China Metallurgical Engineering Corporation (CMEC) obtuvo un contrato de 191 millones de dólares para construir infraestructura de transmisión eléctrica desde Tacuarembó hasta Salto, completando así el anillo norte de Uruguay. Según expertos consultados extraoficialmente durante el viaje del autor, el proyecto se vio obstaculizado por retrasos en la obtención de permisos y el traslado de equipos desde la República Popular China, así como por críticas que señalaban que 500 de los 700 trabajadores empleados por CMEC eran chinos o ecuatorianos, lo que contravenía una ley que exigía al menos un 80% de empleados uruguayos. El sindicato uruguayo SUNCA también presentó al menos siete denuncias sobre las condiciones laborales, y en 2026, tres directivos de CMEC fueron condenados por delitos relacionados con violaciones laborales.

CMEC, junto con Shanghai High Velocity Group, también buscó trabajo en la línea del Ferrocarril Central de Uruguay, pero ambas empresas fueron descartadas por no poder demostrar que contaban con la autorización legal de su empresa matriz para participar en el proceso de licitación. Actualmente, las empresas chinas CWE y Sinohydro compiten por la construcción de la represa Casupa, un proyecto de seguridad hídrica priorizado por el gobierno de Orsi. Anteriormente, en 2013, empresas chinas habían discutido diversos proyectos ferroviarios en el país, así como la construcción de un importante oleoducto para el transporte de lodos desde la mina Atatiri hasta un nuevo puerto de aguas profundas propuesto, aunque ninguno de los proyectos se concretó.

En telecomunicaciones, al igual que en otras partes de Latinoamérica, las empresas chinas tienen una fuerte presencia, incluyendo Xiaomi, Honor y Oppo. Los teléfonos inteligentes de las tres marcas se distribuyen a través de la empresa estatal Antel y el proveedor comercial Movistar. Huawei también está disponible en tiendas minoristas. ZTE construyó la nueva red 5G de Uruguay, recientemente desplegada por Antel. A finales de 2025, Antel adjudicó un importante contrato de telecomunicaciones a Huawei en lugar de a su competidor europeo Nokia, una decisión que algunos en Uruguay consideraron basada, en parte, en la presión china. Ambas decisiones de Antel generan preocupación en materia de seguridad de datos para Uruguay, sus residentes y las empresas que operan en el país, ya que las empresas chinas, como Huawei, están obligadas a entregar dichos datos al gobierno chino, si este lo solicita, en virtud de los artículos 7 y 14 de la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China de 2017, así como del artículo 28 de la Ley de Ciberseguridad de la República Popular China de 2017. En sistemas de videovigilancia corporativa y doméstica, la importante empresa china Hikvision tiene presencia en el país con una oficina en el World Trade Center de Montevideo. Dahua, con sede en Hangzhou, también está presente. En 2018, la República Popular China donó 1.000 cámaras para su instalación en la frontera de Uruguay con Brasil, pero el país no ha implementado, hasta la fecha, proyectos a gran escala de “ciudades inteligentes” como ECU-911 en Ecuador o BOL-110 en Bolivia.

Las empresas chinas también desempeñan un papel cada vez más importante en el sector minorista uruguayo, incluyendo establecimientos como China Store, China Market, Mumuso, Miniso y Todo Aca. Las investigaciones uruguayas sobre estas tiendas han sido más limitadas que en otros países latinoamericanos, aunque ha habido preocupaciones recurrentes con la mercancía de contrabando, incluida la incautación en 2025 de 17.000 pares de zapatos de diseñador de contrabando por parte de la autoridad aduanera de Uruguay.

Redes de Intercambio Cultural Chino

La República Popular China ha establecido importantes redes de intercambio cultural en Uruguay, incluyendo el Grupo de Amistad en el Parlamento uruguayo, mencionado anteriormente. Una delegación encabezada por el líder del Frente Amplio, Fernando Pereira, visitó la República Popular China en mayo de 2025, y anteriormente, en julio de 2024, otra delegación, liderada por el coordinador de la coalición, Jorge Gotta, visitó Beijing.

Al igual que en otros países de la región, la República Popular China también cultiva vínculos con los medios de comunicación uruguayos. Entre ellos se incluye un acuerdo de intercambio de contenidos firmado en 2023 entre Xinhua y el servicio audiovisual estatal uruguayo. La cooperación en materia de medios se amplió mediante un acuerdo posterior durante la visita de Estado del presidente Orsi a la República Popular China en febrero de 2026. El gobierno chino también ha llevado periodistas uruguayos a la República Popular China, entre ellos Leonardo Pérez Peña del Diario La R. Para el establecimiento de redes de negocios, la Cámara de Comercio Uruguay-República Popular China opera en el país desde 1986. En el ámbito educativo, un Instituto Confucio funciona en la Universidad de la República de Uruguay desde noviembre de 2017. Además de los vínculos que involucran a representantes oficiales de la República Popular China, varias universidades uruguayas ofrecen programas para el estudio de China, su idioma y su cultura. Estos incluyen clases de chino en la Universidad de la República, así como en la Universidad ORT, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo, entre otras.

Las actividades de intercambio cultural de la República Popular China en otras partes de América Latina, destacadas en el Libro Blanco de Política 2025 de China hacia la región, tienen una influencia particular en el discurso regional sobre China y en la coordinación para defender sus intereses nacionales y evitar los riesgos derivados de tales interacciones. En el mejor de los casos, quienes han recibido beneficios de viaje o esperan recibirlos en el futuro, como invitaciones, dinero para realizar presentaciones, consultorías o impartir clases en entidades chinas, u otros acuerdos comerciales, podrían dudar en criticar públicamente a la República Popular China, sus empresas y actividades, o en defender públicamente los intereses de la empresa o del país si estos atentan contra los intereses chinos. En casos extremos, estas relaciones pasadas o futuras podrían llevar a quienes las reciben a filtrar información confidencial a China o a utilizar sus cargos para promover los objetivos de la República Popular China en el país. Si bien existe muy poca información pública sobre el espionaje chino en América Latina, los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses detectan este tipo de actividad con regularidad en Estados Unidos. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) documentó 224 casos de espionaje chino que involucraron solo a Estados Unidos desde 2001.

Cooperación militar entre la República Popular China y Uruguay

Las fuerzas armadas uruguayas, tradicionalmente con escasos recursos, han recibido durante mucho tiempo donaciones de vehículos y equipos de la República Popular China, así como viajes de capacitación y formación profesional para sus oficiales a China. Esta relación se aceleró con un acuerdo de cooperación militar de 2016 que derivó en una donación de 5 millones de dólares en ambulancias tácticas, minivans y tractores en marzo de 2018. En agosto de 2024, Uruguay firmó un protocolo de defensa adicional con la República Popular China, lo que llevó a la donación por parte de esta última de 15 cocinas móviles, 15 generadores móviles, cuatro tanques de agua de 10.000 litros, un camión cisterna de combustible y 136 radios digitales.

Además de las donaciones, empresas militares con sede en la República Popular China han intentado vender equipo militar a Uruguay. Entre las principales iniciativas se incluyen un intento de venta por parte de China de ocho cazas L-15 y, por separado, una oferta de 200 millones de dólares para la venta de patrulleras de alta mar uruguayas. En este último caso, la empresa china ganó la licitación, pero la adquisición se suspendió en medio de acusaciones de irregularidades y preocupaciones por parte de Estados Unidos.

En enero de 2026, el buque hospital chino Silk Road Arc realizó una escala de cuatro días en Montevideo, la primera vez que un buque de guerra chino lo hacía. Si bien se describió como una “escala técnica” en lugar de una “misión médica”, el buque y su tripulación fueron recibidos personalmente por la ministra de Defensa uruguaya, Sandra Lazo, y ambos países mantuvieron múltiples interacciones militares durante la estancia del buque en puerto.

Según expertos consultados extraoficialmente en Uruguay, este país también envía al menos un oficial al año al curso de seis meses de Comando y Estado Mayor en China; como resultado, varios oficiales superiores o retirados que han recibido una amplia formación militar profesional en China ocupan actualmente altos cargos en las fuerzas armadas uruguayas. Si bien estos vínculos no indican necesariamente que China esté ampliando sus contactos militares en Uruguay, sin duda los mantiene. Al igual que con la diplomacia entre pueblos de China, analizada en la sección anterior, esto sugiere que en Uruguay, como en otras partes de América Latina, el Ejército Popular de Liberación (EPL) posee conocimientos y relaciones con funcionarios uruguayos que puede aprovechar para operar dentro o cerca del país en tiempos de guerra.

La dimensión estadounidense

Mientras la República Popular China intenta aprovechar sus compras de productos uruguayos para forjar relaciones comerciales y redes de influencia en Uruguay, Estados Unidos trabaja para fortalecer sus propias relaciones en el país, partiendo de una base sólida, pero con recursos limitados. Como se mencionó en la introducción, si bien Uruguay puede no parecer estratégicamente importante por su tamaño o recursos naturales, su ubicación geográfica es estratégica, ya que se encuentra entre Argentina y Brasil, en un corredor fluvial clave para las importaciones y exportaciones de cinco naciones sudamericanas. Además, sus sólidas tradiciones democráticas lo convierten en un campo de pruebas para determinar si tales atributos son suficientes para resistir la influencia de la República Popular China en el contexto de una considerable dependencia comercial con el país.

El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, ha sabido aprovechar sus lazos familiares con Uruguay y su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump para construir una sólida conexión entre ambos países. Empresas estadounidenses de vanguardia, como Google y Microsoft, han realizado importantes inversiones en tecnologías digitales e investigación y desarrollo en el país. El presidente uruguayo de centroizquierda, Orsi, a pesar de acciones aparentemente problemáticas como su caótico viaje a la República Popular China en febrero de 2026, ha mostrado mayor disposición a atender las preocupaciones de Estados Unidos sobre China que algunos de sus vecinos más afines a Trump, incluido el argentino Javier Milei, quien recientemente renovó un acuerdo de intercambio de divisas por 19.000 millones de dólares con la República Popular China tras aceptar un respaldo financiero estadounidense de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, debido a que Uruguay está clasificado como un país de “altos ingresos”, Estados Unidos tiene limitaciones significativas para proporcionar subvenciones, ayuda militar o incluso fondos de la Corporación Financiera de Desarrollo que podrían ofrecer al país alternativas democráticas sólidas a la dependencia de China.

Conclusión

China se ha convertido en un socio comercial importante e influyente para Uruguay y ha construido importantes redes políticas, militares y de intercambio cultural con el país, a pesar del reducido tamaño de su mercado.

Mientras tanto, Estados Unidos cuenta con el equipo y los recursos necesarios para ayudar a Uruguay, con sus sólidas instituciones y tradición democrática, a elegir un mejor camino a seguir, en el contexto de los tropiezos de China. Un modesto aumento de recursos y políticas favorables por parte de Washington, desde alianzas de inversión hasta cooperación policial y de seguridad, pasando por la ampliación de becas para programas como Fulbright, podrían ser de gran ayuda.

Aunque Uruguay parezca un país relativamente pequeño y alejado de Estados Unidos, el rumbo de su relación con la República Popular China tiene implicaciones estratégicas tanto para Estados Unidos como para la región. Si, a pesar de las instituciones relativamente sólidas y las tradiciones democráticas de Uruguay, la República Popular China logra utilizar sus importantes compras de productos uruguayos y su presencia empresarial selectiva para ejercer presión sobre intelectuales, empresarios, militares y políticos uruguayos, incluso a nivel local, enviará una clara señal tanto al país como a la región de que las instituciones y la democracia no son suficientes para garantizar los beneficios de la colaboración con la República Popular China, a la vez que se protege contra influencias indebidas y consecuencias adversas. Por el contrario, si, en el contexto de numerosos proyectos chinos problemáticos y la coerción demostrada, Estados Unidos puede ofrecer a Uruguay alternativas efectivas y ayudarlo a construir una relación más sana con China, será un éxito que puede ayudar a Estados Unidos en su compromiso con China en el resto de América Latina y más allá.

Evan Ellis es investigador asociado sénior (no residente) en el Programa para las Américas del CSIS en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.

Las palabras del Presidente Volodimir Zelensky retumbaron hace unos instantes en Santa Sofía en un día espectacular desde el punto de vista climático, muy distinto desde el punto de bélico, a lo ocurrido hacen escasas 24 horas tras sufrir dos ataques, uno a las 01:30 y el otro 03:30 con misiles balísticos que destruyeron dos depósitos enormes de alimentos: sonaron las sirenas y en cuestión de segundos se escucharon dos violentas explosiones muy cercanas. De todas maneras, aunque nos pareza extraño, es la vida rutinaria macabra en esta martirizada capital desde hace cuatro largos años.

Hace minutos, la llegada de Zelenski a la Catedral de Santa Sofía para celebrar el trigésimo quinto aniversario de la Independencia fue impactante por las extraordinarias y necesarias medidas de seguridad que rodean a este gran Presidente europeo. Lo acompañaban los líderes de Dinamarca, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia que aprovecharan esta ocasión para reunirse y abordar una estrategia conjunta de defensa aérea frente a los misiles y drones rusos.

Pero el acontecimiento mundial fue hoy la inesperada e histórica presencia del Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Andy Burnham en la Ceremonia, quien fue recibido con una estruendosa ovación por todos los presentes, dando un claro mensaje de solidaridad y apoyo incondicional a Ucrania.

Por estrictas razones de seguridad, sólo algunos miembros del Gobierno supieron con pocas horas de antelación el arribo del Premier Burnham. Su presencia fue un claro mensaje a toda la Comunidad Internacional.

Recordemos que cuando Angela Merkel dio un paso al costado, un vacío difícil de explicar se instaló en Europa y en el mundo. Hoy quedan como las cabezas más emblemáticas del viejo continente, el Presidente Macron, el Primer Ministro Andy Burnham (Reino Unido) y el Canciller Friedrich Merz (Alemania) y significativamente integra este trío de políticos de fuste, Volodomir Zelenski, Doctor en derecho, ex actor, director y político, que ha emergido como un nuevo líder excepcional en estas oscuras y dramáticas horas que vive su castigado país.

Su ejemplo es un hito fundamental para todos y teniendo en cuenta la extremadamente compleja situación internacional que enfrenta el gobierno de los Estados Unidos, insistimos que es mandatorio que hoy más que nunca, Occidente siga apoyando sin concesiones a Kiev para lograr la recuperación definitiva de sus territorios ocupados.

La invasión a Ucrania no es solo un ataque a esa República sino a todas las Democracias del planeta. Nos encontramos ante un desafío que reconoce pocos antecedentes porque desde el fin de la II Guerra Mundial, el sistema institucional de la libertad nunca se había sentido tan amenazado, excluyendo la “guerra fría”.

El problema formidable es que Rusia con su sangriento accionar militar ha quebrado la “regla de oro” instaurada paciente, silenciosamente, desde la creación de las Naciones Unidas hace ya ochenta años: el concepto de Seguridad Colectiva que por un lado condena y por otro lado, explícitamente y muy importante, impide la utilización de la fuerza para la solución de conflictos entre Estados. Putin ha violado el Derecho Internacional y si el mundo lo acepta, estaremos ante futuros desafíos negativos de incalculables consecuencias.

Por ello es imprescindible una actitud de firmeza incondicional ya que el líder moscovita sólo entiende el lenguaje de la fuerza y esa cohesión ejemplar es la que con gran coraje están demostrando la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, entre otros países.

La tecnología alcanzada por Ucrania está causando asombro en todo el mundo. Es casi imposible de explicar los avances que han colocado a esta República entre los primeros lugares del mundo en construcción de drones. Fuentes habitualmente bien informadas calculan que la producción diaria, es de más de 20.000 de estos medios aéreos. O sea que este año producirán 8.500.000 y el año próximo, podemos estimar una producción total de 15.000.000.

Evidentemente esta criminal invasión rusa ha cambiado el paradigma militar, especialmente lo referente a los medios aéreos. Deberán actualizarse en forma inmediata la planificación, tácticas y estrategias a nivel mundial ya que la mayoría de ellas se han vuelto obsoletas y particularmente Ucrania sufre una debilidad manifiesta de su defensa aérea que debe ser subsanada en forma urgente. El arma ideal en estas circunstancias son los famosos y efectivos misiles “Patriot” de origen estadounidense capaces de interceptar y destruir misiles balísticos de última generación, con una eficacia superior al 85%.

Es importante mencionar que están actuando hoy especialmente en la denominada “tierra de nadie”, es decir en el punto de contacto entre las Fuerzas Armadas de ambos países, drones “madres” que llevan hasta ocho mini-drones que se comunican entre ellos a través de IA en forma autónoma y cuyo objetivo son los soldados. Es tan sensible el instrumental abordo, que pueden detectar el movimiento de una mano y en consecuencia, se activa el mecanismo represivo con el disparo final que es letal: imposible evadirse una vez detectado el blanco.

Página aparte la evolución misilística rusa, especialmente el misil balístico “Zircon” que posee una carga útil de 850 kg, una velocidad de 10 Mach, o sea más de 10.000 km/h.

El grave problema para el Alto Mando Militar Ucraniano, es que con este tipo de armamento ruso, las autoridades solamente pueden avisar a la población a través de WhatsApp, con pocos minutos de antelación antes del impacto, dada su extraordinaria velocidad.

Por otro lado y desde el punto doctrinario es menester reforzar sin titubeos al Multilateralismo, la Interdependencia y su resultado inescindible, la Globalizacion que representan la exteriorización de los principios del Liberalismo que se edificaron a lo largo de los últimos 300 años. Este andamiaje ideológico se fundamenta en el apoyo irrestricto a la Constitución por convencimiento, no por imposición, a la defensa sin concesiones del sistema Democrático, a la División de Poderes, al Estado de Derecho y a la Economía de Mercado.

Estas ideas revolucionarias recordemos que comenzaron a partir de la Revolución Gloriosa, del Constitucionalismo inglés y de la Revolución Americana, entre otras fuentes importantes, como respuesta a las brutales guerras religiosas en Europa durante los siglos XVI y XVII y a la falta del reconocimiento de la dignidad y de los derechos de las personas, haciendo énfasis en la elaboración de argumentos contrarios a la monarquía absoluta y su pretensión de monopolio sobre la verdad desde el punto de vista político, económico, filosófico y religioso.

Los fundamentos intelectuales fueron establecidos por John Locke que apuntó a un decisivo impulso de la Ilustración cuyas ideas constituyen el andamiaje rector del Sistema Institucional de la Libertad que comenzó a cuestionar las viejas tradiciones de las sociedades medievales y sus gobiernos despóticos y totalitarios.

Finalmente, con las reuniones protocolares que tuve con el Vice Jefe de la Oficina del Presidente, Dr. Ihor Zhovka y con el Vice Ministro de Defensa, Sr. Serhii Boyev termina este tercer viaje realizado en los últimos tres años. Pero mi emoción superó todos los límites cuando ayer, durante el tradicional “Desayuno de la Oración” tuve el inmenso honor de estrechar la mano del Presidente Zelenski y transmitirle brevemente el masivo apoyo y solidaridad absoluta de los ciudadanos argentinos al noble y valeroso pueblo ucraniano.

Mención especial, la destacada e irremplazable tarea que lleva a cabo silenciosamente pero impresionantemente efectiva, nuestra Embajador Elena Mikusinski en Ucrania, ejemplo del Servicio Exterior de Argentina ante todo el mundo.

Repitiendo mis conceptos expresados con anterioridad y que se fortalecen con el correr de los meses, hoy más que nunca, la Comunidad Internacional debe trabajar urgentemente, sólo para el Plan “A” en Ucrania ya que no existe la más mínima posibilidad de un Plan “B”.

El mundo libre reclama y exige en forma perentoria la inmediata devolución de los territorios ocupados por Rusia con racional, equilibrada pero profunda determinación. Sólo de esta manera será posible arribar a una paz digna y en libertad.

A los norteños nos gusta decir que Nuevo León se hizo solo. La frase expresa algo verdadero: aquí generaciones enteras se partieron el lomo trabajando, empresarios arriesgaron su patrimonio, obreros levantaron fábricas y nuestras universidades formaron talento de clase mundial.

Y esa aseveración es correcta en ánimo e intención, pero la historia completa es todavía más interesante: los grandes saltos de Nuevo León ocurrieron cuando esa capacidad norteña encontró una estrategia nacional que la respaldó y multiplicó.

En 1882 llegó el ferrocarril de Nuevo Laredo a Monterrey y para 1888 nuestra ciudad estaba conectada por tren con la Ciudad de México. Eso significó algo muy sencillo: podían entrar maquinaria y materias primas y nuestros productos podían salir hacia mercados mucho mayores.

En 1900, empresarios regiomontanos fundaron la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey con 10 millones de pesos de capital inicial. Nuevo León puso capital, trabajadores y acero. El país puso vías para moverlo.

La fórmula se repitió en los años cuarenta. México tomó entonces una decisión estratégica: industrializarse y fabricar dentro del país más de lo que comprábamos fuera. El famoso Modelo de Sustitución de Importaciones que inició con el Gral. Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. En 1940, Nacional Financiera fue transformada para impulsar infraestructura e industrias estratégicas.

Y ese respaldo llegó directamente a Nuevo León. En 1942, NAFINSA respaldó el financiamiento para un nuevo alto horno de Fundidora. Después vinieron créditos internacionales por 4.5 millones de dólares en 1951 para laminación y 26 millones en 1956 para Aceros Planos. Hylsa, fundada en Monterrey en 1943, también utilizó financiamiento internacional garantizado por Nacional Financiera para incorporar nueva tecnología.

El empresario norteño invertía y arriesgaba. El Estado ayudaba a abrir financiamiento para crecer. Y crecimos tanto que apareció otro problema: faltaba electricidad.

En 1943, doce grandes empresas regiomontanas tuvieron que asociarse para construir una planta de alrededor de 15 mil kilowatts. La industria avanzaba más rápido que la energía disponible.

Entonces entró CFE. Entre 1947 y 1952 construyó la termoeléctrica de San Jerónimo, que alcanzó unos 30 mil kilowatts. En 1952 se añadió la generación de Falcón: tres unidades de 10,500 kilowatts conectadas con Monterrey mediante una línea de 138 mil voltios. Y en 1977 comenzó otro enorme esfuerzo nacional: llevar gas desde Cactus, Chiapas, hasta Monterrey y el norte industrial.

Vías. Financiamiento. Electricidad y Gas en una gran asociación con nuestro estado como eje esencial. Nuevo León puso capacidad productiva. México ayudó a construir las condiciones para multiplicarla en tres grandes alianzas económicas, sociales y geográficas.

Esas alianzas por el desarrollo nacional y nuevoleonés dejaron, además, una filosofía social y productiva que sigue vigente. Eugenio Garza Sada postuló que empresas fuertes necesitaban trabajadores, familias y comunidades fuertes. Esa es la esencia del Capitalismo Social norteño: producir, generar riqueza y asumir una responsabilidad con la comunidad. ¿Por qué recordar todo esto hoy?

Porque yo estoy absolutamente seguro de que estamos frente a una nueva oportunidad histórica. La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado con el Plan México una estrategia nacional que vuelve a poner en el centro la industrialización, la inversión, la infraestructura, el contenido nacional, la formación técnica y la relocalización de empresas.

Y si hay un estado hecho para aprovechar ese momento, ese estado es Nuevo León. Estamos, pues, listos para la CUARTA ALIANZA con México. Por eso me parece absurdo seguir imaginando que Nuevo León tiene que escoger entre su vocación empresarial y la Transformación. La nueva etapa de la Transformación puede ser una extraordinaria aliada de nuestra industria.

Por eso creo, también, que Nuevo León no necesita inventarse nuevamente. Necesita ponerse a la altura de su propia historia con administraciones públicas de probada honestidad para cuidar el dinero, cercanía para escuchar y atender los retos sociales, capacidad para ejecutar los grandes proyectos y experiencia para cumplir como se debe.

Sin sometimientos y sin pleitos inútiles en la geografía republicana. Porque nuestra historia ya demostró la fórmula: cuando México tiene rumbo y Nuevo León le pone Norte, todos prosperamos en la gran alianza de motor económico y social nacional.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

Las Naciones Unidas nacieron de una promesa que parecía imposible de discutir: después del horror de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el mundo debía construir instituciones capaces de impedir que semejante barbarie volviera a repetirse.

La consigna era clara: Nunca Más.

Pero ocho décadas después, la pregunta incómoda ya no es qué hace la ONU para cumplir ese mandato, sino cuánto se ha alejado de él.

Mi planteo es deliberadamente incómodo: la ONU dejó de comportarse como un árbitro neutral y terminó funcionando como una plataforma de legitimación política de quienes buscan destruir a Israel y debilitar a las democracias occidentales.

No se trata simplemente de una diferencia diplomática, de una votación desfavorable o de una crítica puntual al Estado de Israel. El problema es estructural. Es la existencia de mecanismos institucionales que permiten que Israel sea tratado bajo una vara completamente diferente a la aplicada al resto del planeta.

Una obsesión que ya no puede disimularse

Durante décadas, la ONU construyó un sistema en el que la condena a Israel dejó de ser una reacción excepcional para transformarse en una rutina.

El símbolo más evidente fue la Resolución 3379 de 1975, aquella que definió al sionismo como una forma de racismo. Aunque fue revocada en 1991, dejó instalada una idea peligrosa: que el movimiento nacional del pueblo judío podía ser presentado como moralmente ilegítimo.

Esa lógica sobrevivió a la derogación de la resolución.

Mientras regímenes autoritarios, dictaduras y países con gravísimas violaciones de derechos humanos ocupan espacios centrales dentro de organismos internacionales, Israel aparece una y otra vez como el gran acusado.

Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de todo el sistema: los gobiernos que restringen libertades, persiguen opositores, encarcelan periodistas o reprimen minorías terminan participando de estructuras desde las cuales se pretende dar lecciones de derechos humanos a la única democracia del Medio Oriente.

Eso no es justicia internacional.

Es una inversión moral.

El Punto 7: cuando la condena está escrita antes del juicio

Hay algo todavía más grave: el denominado Punto 7 del Consejo de Derechos Humanos, dedicado permanentemente a Israel y a los territorios palestinos.

La existencia de una categoría de agenda permanente específica para un solo Estado revela, como mínimo, una selectividad extraordinaria.

El problema no es discutir las acciones de Israel. Ninguna democracia debe estar por encima del escrutinio.

El problema aparece cuando el escrutinio deja de ser universal y se convierte en obsesión.

Porque una cosa es investigar abusos.

Otra completamente distinta es construir una arquitectura institucional en la que la condena de Israel parezca formar parte del procedimiento antes incluso de analizar los hechos.

Y esa diferencia importa.

Porque cuando la institución encargada de investigar termina anticipando el culpable, deja de actuar como árbitro y empieza a actuar como actor político.

UNRWA: cuando el humanitarismo pierde su neutralidad

Pero la cuestión se vuelve todavía más delicada cuando analizamos a la UNRWA.

La agencia fue creada como una estructura específica para los refugiados palestinos y, a diferencia del esquema general de ACNUR, desarrolló un sistema particular en el que la condición de refugiado se transmite de generación en generación.

El resultado es una anomalía que ha contribuido a perpetuar el problema en lugar de resolverlo.

Durante décadas, enormes recursos internacionales fueron destinados a sostener una estructura que terminó convirtiéndose en un actor central de la vida palestina.

Y después del 7 de octubre, las preguntas dejaron de ser teóricas.

Las investigaciones sobre empleados vinculados con Hamás, las acusaciones sobre utilización de instalaciones de la UNRWA por parte de organizaciones terroristas y los señalamientos relacionados con materiales educativos y adoctrinamiento obligaron a Occidente a mirar algo que durante demasiado tiempo prefirió ignorar.

La pregunta ya no podía ser solamente cuánto dinero necesitaba la UNRWA.

La pregunta era mucho más incómoda:

¿Qué estaba financiando realmente Occidente?

Porque la ayuda humanitaria es indispensable.

Pero precisamente por eso debe existir una frontera absoluta entre asistencia a civiles y colaboración con estructuras terroristas.

Cuando esa frontera desaparece, el humanitarismo deja de proteger a las víctimas y puede terminar protegiendo a quienes las utilizan como escudos.

Cuando los datos se convierten en un arma

Hay otro aspecto que no podemos pasar por alto: la batalla por los datos.

En una guerra cognitiva, controlar la interpretación de la realidad puede ser tan importante como controlar el territorio.

Por eso, las cifras sobre hambre, víctimas civiles o crisis humanitarias adquieren una dimensión política extraordinaria.

Determinados mecanismos de evaluación vinculados con Gaza modificaron criterios o utilizaron proyecciones discutibles para sostener diagnósticos que luego eran convertidos en argumentos políticos contra Israel.

La cuestión de fondo no es negar el sufrimiento de los civiles palestinos.

Ese sufrimiento existe.

La cuestión es otra: ¿qué sucede cuando una institución internacional presenta datos cuya metodología, fuentes o criterios son cuestionables, pero esos números adquieren inmediatamente categoría de verdad incuestionable en medios de comunicación, universidades y gobiernos?

Eso es guerra cognitiva.

Porque una cifra repetida mil veces deja de parecer una cifra.

Se convierte en un relato.

El fracaso de la ONU frente a Hezbollah

El mismo patrón aparece en el Líbano.

La misión de UNIFIL fue concebida para contribuir a mantener la seguridad en la frontera y evitar que grupos armados operaran libremente en esa zona. Sin embargo, la presencia y expansión de Hezbollah demuestra hasta qué punto el mecanismo fracasó en cumplir ese objetivo.

Entonces aparece otra pregunta elemental:

¿Qué valor tiene una resolución internacional si nadie está dispuesto a hacerla cumplir?

La ONU produce documentos, declaraciones, informes y condenas.

Pero cuando las organizaciones terroristas acumulan armas y consolidan infraestructuras militares, la maquinaria internacional demuestra una enorme dificultad para convertir sus propias palabras en hechos.

Y ahí nace una de las mayores tragedias del sistema:

Israel es condenado por defenderse de una amenaza que la propia comunidad internacional no consiguió, o no quiso, eliminar.

El silencio que también condena

La ONU no solo falla por lo que hace.

También falla por lo que omite.

Uno de los ejemplos más dolorosos fue la respuesta inicial frente a los crímenes sexuales cometidos durante el ataque del 7 de octubre.

Cuando una organización internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres calla frente a denuncias de violaciones, torturas y asesinatos de mujeres israelíes, el problema deja de ser solamente comunicacional.

Se transforma en una cuestión moral.

Porque los derechos humanos no pueden depender de quién sea la víctima.

No pueden aplicarse a unas mujeres y relativizarse frente a otras.

No pueden ser universales en el discurso y selectivos en la práctica.

El problema de fondo

Llegados a este punto, alguien podría preguntarme:

¿Estoy diciendo que toda la ONU es ilegítima?

No.

Estoy diciendo algo más preciso y, por eso mismo, más preocupante:

que determinadas estructuras de la ONU han sido capturadas por una lógica política que ha convertido a Israel en un objeto permanente de demonización y ha debilitado la credibilidad del sistema entero.

Una organización internacional puede equivocarse.

Puede ser ineficiente.

Puede ser burocrática.

Pero cuando la selectividad se vuelve sistémica, cuando el terrorismo puede infiltrarse en estructuras humanitarias, cuando las resoluciones se convierten en herramientas de propaganda y cuando la autodefensa de una democracia es sometida a un escrutinio incomparablemente superior al que enfrentan sus agresores, ya no estamos hablando solamente de ineficiencia.

Estamos hablando de captura institucional.

El “Nunca Más” en peligro

La mayor ironía histórica es que la organización creada después del Holocausto para impedir que el horror volviera a repetirse termina participando de un sistema narrativo en el que la violencia contra los judíos vuelve a ser presentada bajo disfraces políticos.

Ese es el verdadero desafío.

Porque el terrorismo no necesita únicamente armas.

Necesita relatos.

Necesita legitimidad.

Necesita que sus crímenes sean relativizados, que sus cifras sean amplificadas sin suficiente escrutinio, que Israel sea presentado permanentemente como el agresor y que la responsabilidad moral se desplace desde quienes iniciaron la violencia hacia quienes intentan detenerla.

Eso es exactamente lo que llamo guerra cognitiva.

La batalla no se libra únicamente en Gaza, en el Líbano o en Israel.

Se libra también en las universidades, en los medios, en las redes sociales, en los tribunales internacionales y en los organismos multilaterales.

Y allí, la ONU ocupa un lugar central.

Por eso, Occidente debe dejar de considerar intocable a una institución por el solo hecho de haber nacido de una buena idea.

Las instituciones no se juzgan por sus intenciones originales.

Se juzgan por lo que hacen.

Y si la ONU quiere recuperar alguna vez la autoridad moral que perdió, deberá demostrar algo que hoy parece cada vez más difícil:

que los derechos humanos son realmente universales, que el terrorismo nunca puede ser legitimado y que el antisemitismo no vuelve a entrar por la puerta de atrás disfrazado de diplomacia, activismo o supuesto humanitarismo.

Porque después del Holocausto, el mundo prometió “Nunca Más”.

La pregunta que debemos hacernos hoy es mucho más incómoda:

¿Cuántas veces más tendremos que repetir la historia antes de admitir que el problema no está solamente en los terroristas, sino también en quienes les construyen el escenario para justificarse?

Se cumplen 2 meses del doble terremoto que dejó un saldo de más de 6.000 víctimas, 50.000 desaparecidos y cerca de 60.000 edificios dañados o destruidos en Venezuela. Esta catástrofe no solo ha fracturado el paisaje físico, sino que ha expuesto la fragilidad institucional acumulada tras 27 años de ineficiencia. En este momento crítico, la interrogante fundamental que debe guiar la agenda nacional es cómo abordar la reconstrucción de manera efectiva y transformadora.

Este proceso no representa únicamente un desafío financiero de gran escala; es, ante todo, un reto para las políticas públicas y una prueba de nuestra capacidad para asimilar lecciones globales. La experiencia internacional, desde Chile en 2010 y Japón en 2011 hasta Turquía en 2023, demuestra que los grandes desastres obligan a replantear las prioridades. La nación enfrenta una encrucijada determinante para su porvenir: consolidar una transformación estructural de su economía o sucumbir, bajo la sombra de la debilidad institucional, a ciclos de gestión ineficiente y proyectos carentes de rigor técnico.

La magnitud del daño

El Banco Mundial estima daños directos por US$19.600 millones, concentrados en un 50% en el sector vivienda. Sin embargo, a esta cifra alarmante deben sumarse las pérdidas indirectas que comprometen el futuro: la interrupción prolongada de la actividad económica, la caída drástica del comercio y la desarticulación de las cadenas logísticas, lo que impacta severamente en el empleo, tanto formal como informal.

El caso de La Guaira es particularmente elocuente. Al albergar el principal puerto del país y el aeropuerto internacional, este corredor logístico hacia Caracas es vital. Antes del sismo, operaban allí unos 7.000 establecimientos comerciales; dos meses después, apenas 1.752 permanecen abiertos. El hecho de que más de tres cuartas partes del tejido empresarial hayan desaparecido o se encuentren paralizadas genera un efecto en cadena devastador sobre proveedores, el empleo y la recaudación fiscal.

Una oportunidad de modernización

Los costos estimados de reconstrucción ascienden a US$37 MM. Limitarse a reconstruir sobre las mismas bases sería una oportunidad perdida. El corredor Puerto de La Guaira–Aeropuerto Simón Bolívar–Caracas posee una ventaja competitiva excepcional en América Latina: infraestructura marítima de aguas profundas y aérea internacional a menos de 40 kilómetros del centro financiero del país. Actualizar las normas antisísmicas, las redes eléctricas, la infraestructura digital y los estándares de resiliencia climática puede transformar esta zona en una plataforma logística regional de vanguardia.

Este proceso debe movilizar no solo a la industria de la construcción, sino también a todo el ecosistema económico: al sistema financiero, mediante el crédito hipotecario y la emisión de deuda; al sector asegurador, con nuevos productos para riesgos catastróficos; y a las industrias tecnológicas, energéticas y de salud. Un volumen de proyectos de tal magnitud representa una coyuntura de reactivación sin precedentes.

El verdadero cuello de botella: las instituciones

Contrario a lo que se cree, la disponibilidad de capital internacional no es el principal impedimento. Los bancos multilaterales y los fondos de infraestructura globales muestran un claro interés en proyectos de esta envergadura. El verdadero obstáculo radica en la calidad institucional: ningún inversionista compromete capitales masivos si las reglas de juego son volátiles, y ninguna organización multilateral financia programas sin transparencia verificable y mecanismos sólidos de resolución de controversias.

Dos décadas de inseguridad jurídica y deterioro del sistema judicial han elevado el riesgo país a niveles prohibitivos para la inversión intensiva. La reconstrucción física no revertirá esta percepción por sí sola; solo lo hará la creación de un marco institucional robusto que garantice licitaciones competitivas, supervisión técnica rigurosa y la protección efectiva de la propiedad y los contratos.

La experiencia comparada dicta que los procesos de reconstrucción exitosos logran combinar una visión estratégica de largo plazo con una capacidad de ejecución institucional y la participación activa del sector privado. Esquemas de asociación público-privada en transporte, energía y saneamiento serán indispensables, pues ningún Estado ha logrado reconstruir infraestructura a gran escala utilizando exclusivamente fondos públicos.

Del terremoto a una economía distinta

El terremoto ha forzado una discusión que Venezuela no podía postergar: la urgente necesidad de diversificar una economía históricamente dependiente de la renta petrolera. La Guaira tiene el potencial de consolidarse como un nodo logístico regional y un destino turístico de alto valor. En el resto del país, este impulso debe traducirse en un sistema eléctrico eficiente, un parque habitacional modernizado y redes viales que optimicen los costos logísticos a nivel nacional.

En última instancia, el éxito de este esfuerzo no debe medirse únicamente en metros cuadrados construidos o kilómetros rehabilitados, sino en la capacidad de crear un entorno donde el sector privado invierta con horizontes de largo plazo. Existe una distinción vital entre el crecimiento efímero, impulsado por ciclos de gasto excepcionales, y el desarrollo sostenible, que requiere instituciones sólidas capaces de mantener el dinamismo cuando el impulso inicial se agota.

Las ciudades pueden reedificarse en pocos años, pero la confianza institucional es un activo que requiere tiempo y constancia para madurar. Sin ella, ninguna obra física logrará transformar verdaderamente el destino económico de Venezuela.

Cometer delitos para tomar y detentar indefinidamente el poder con impunidad y atribuirlos a las víctimas violando judicialmente sus derechos humanos, es metodología de la dictadura de Cuba expandida como terrorismo de Estado en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y en sus gobiernos para dictatoriales. El uso de fiscales y jueces como arma del socialismo del siglo 21, judicializando la violación de derechos humanos está vigente, ha producido muertes, miles de presos, millones de exiliados políticos y debe terminar sin impunidad.

Para institucionalizar su sistema dictatorial del socialismo del siglo 21 o castrochavismo reemplaza todos los elementos esenciales de la democracia por mecanismos de “terrorismo de Estado”: cambia leyes que protegen la libertad y los derechos fundamentales por “leyes infames” que violan los derechos humanos, creando un sistema de normas que falsifica la estructura del estado de derecho; controla todos los órganos del Estado copando el judicial, extinguiendo la separación e independencia de poderes; así, judicializa la represión política anulando oposición real y libre asociación política, con lo que construye su “oposición funcional” para operar la “dictadura electoralista” en la que el pueblo vota pero no elige.

La normativa impuesta por la llamada izquierda o castrochavismo con constituyentes, cambio de leyes, de códigos, de tipos delictivos, de procedimientos, de sistemas, violación de principios universales de derecho, liquidación de la rendición de cuentas y de transparencia, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador con Correa, Argentina con los Kirchner, Brasil con Lula, México con López Obrador y más, ha producido la barbarie que se resume en la “violación judicializada de derechos humanos”.

Este iter criminis de destrucción de la libertad y la democracia ha generado “fiscales sicarios” o acusadores contra inocentes, falsificadores de pruebas, violadores derechos humanos y matones con competencia para disponer de la vida y la hacienda de la gente; y ha producido “jueces infames” que carecen de honra porque aplican leyes que violan los derechos humanos desconociendo principios, valores y la normativa jurídica y moral universal, dictando sentencias y fallos soporte del terrorismo de Estado, que dan impunidad a los detentadores del poder. No son justicia, son parte del grupo criminal narcoterrorista.

Es el régimen de “indefensión”, definido como “la situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho”, se trata de la “alteración injustificada de la igualdad”. Los ciudadanos bajo regímenes dictatoriales viven en situación de indefensión y por eso empobrecen, migran o se someten a la miseria.

Este escenario de la normalización del crimen organizado detentando el poder político está hoy vigente plenamente en Cuba y Nicaragua cuyas dictaduras permanecen intactas; y presenta indicios de desmontaje en Venezuela y en Bolivia. Para terminar las dictaduras hay que quitar el poder -no solo el gobierno- a la delincuencia organizada que es dueña del sistema normativo dictatorial que han creado.

El cambio de la geopolítica en las Américas iniciado el año 2025 con su mayor señal la captura de Nicolas Maduro el 3 de enero 2026 produce la expectativa de terminación de las dictaduras de Cuba y Nicaragua, muestra crecientes avances en Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos y abre espacios para iniciativas de libertad en Bolivia cuyo gobierno se mantiene hasta ahora como continuista en el sistema del narcoestado plurinacional.

En este marco, jueces y tribunales constitucionales en Bolivia, atendiendo “acciones de libertad” que es el sustituto plurinacional del “habeas corpus”, han empezado a restituir parcialmente la vigencia de derechos humanos como “el derecho a la libertad personal”, “las garantías judiciales”, “el principio de legalidad y de irretroactividad”, “la presunción de inocencia”, “la igualdad jurídica”, “el debido proceso”, “el juez imparcial”, y más, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y obligatorios por los artículos 7, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.

Es el caso de los procesos planteados por ex ministros del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que han merecido dos fallos en tribunales de Santra Cruz y uno en Cochabamba que ANULAN el juicio y la persecución judicializada desatada por los autores de los hechos delictivos disfrazados de acusadores, testigos o víctimas. La justicia constitucional “reconoció violaciones al debido proceso, la igualdad ante la ley, la verdad material e investigación integral al haberse perseguido solo a las ex autoridades sin investigar a los actores beneficiados por la amnistía dictada por Carlos Mesa”.

Se abre en Bolivia la verdadera investigación del inicio de la crisis de Bolivia con el golpe de estado que los conspiradores y beneficiarios llaman “la guerra del gas”. Que produjo la dictadura castrochavista de Evo Morales y Arce, la suplantación de la República de Bolivia por el narcoestado plurinacional, más 20 masacres sangrientas, más de 300 presos políticos, más de 27.000 exiliados, la desaparición de la riqueza del gas, la inexistencia de gasolina, diésel, dólares y reservas de oro, más del 60% de pobreza nacional, entreguismo, traición a la Patria, confrontación, impunidad y más.

Es una brisa de libertad, que puede ser suprimida por el Tribunal Constitucional Plurinacional -órgano del sistema dictatorial- en la revisión de los fallos, pero sigue la instancia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lucha por la libertad sigue.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Si tuviera conciencia transformaría por completo no solo la ciencia, sino también la filosofía y el propio concepto de sociedad. Significaría intención y voluntad propia. Plantearía la posibilidad de adquirir un estatus moral al poder sentir o sufrir, y, por lo tanto, adquiriría derechos legales. En laboratorios se busca, pero todavía no se encuentra, por lo que sigue siendo ciencia ficción. Por ello limitaremos nuestra indagatoria a la inteligencia y si corresponde que figure en el nombre mismo de la IA.

Los seres humanos somos hijos de la época histórica que nos ha tocado vivir, y todo indica que hemos ingresado a la de la Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, ¿qué se quiere decir cuando se utiliza la palabra inteligencia? Visto de otra forma, si una máquina nos dijera que está pensando por sí sola, ¿le creeríamos o no? Con el advenimiento y despliegue a todo nivel de la IA, hay una pregunta clave que no puede ser eludida: ¿existe -o puede existir-una máquina inteligente?

¿Puede realmente pensar una máquina o debemos esforzarnos para buscar una nueva palabra o un nuevo concepto que describa adecuadamente lo que la IA hace?

Para responder esa pregunta, es necesario reflexionar antes acerca de lo que constituye la “inteligencia” y cómo se la mide. Las definiciones que se encuentran aún en los mejores diccionarios son circulares, y a veces se contradicen unas con otras. Por su parte, su medición ha sido objeto de grandes controversias desde el año 1904, cuando el Ministerio de Instrucción Pública de Francia designó una comisión para que estudiara métodos que permitieran la separación de niños que entonces se consideraban deficientes, para su ubicación en escuelas especiales. Alfred Binet enfrentó el problema afirmando que el intelecto se componía de “juicio, sentido común, iniciativa y capacidad de adaptarse”, y buscando predecir el rendimiento escolar, sentó en definitiva las bases para el desarrollo de lo que sería conocido como test o pruebas de inteligencia. Desde entonces, la medición de la inteligencia ha evolucionado desde aquellas centradas en características que podían ser incluso físicas hasta evaluaciones contemporáneas que utilizan diversas tareas cognitivas.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, todavía no contamos con una definición unánimemente aceptada de la inteligencia, ya que muchas han estado rodeadas de polémica. Se la ha definido de varias maneras, además que se enfatizan aspectos distintos tales como comprensión, aprendizaje, lógica, pensamiento crítico, razonamiento, creatividad, resolución de problemas, otras. También se habla de inteligencia animal, inteligencia emocional e inteligencias múltiples.

En definitiva, el coeficiente intelectual es una medida estandarizada, que se utiliza para evaluar la inteligencia humana en diversos ámbitos que incluyen la memoria, la habilidad espacial y el pensamiento abstracto, además de lo ya mencionado.

La falta de unanimidad y los problemas que plantea la medición, se agregan al hecho de la existencia de disputas académicas, donde algunos sostienen que la respuesta a que constituye la inteligencia debe buscarse en la estructura misma del cerebro, en su fisiología, en su química, además de factores hereditarios. Otros construyen sus respuestas a partir de las mediciones que se llevan a cabo. Sin embargo, para otros autores, las pruebas o test de inteligencia solo medirían habilidades que son producto de las posibilidades de aprendizaje y de los estímulos del medio ambiente, incluyendo el entorno familiar. Es decir, solo medirían las oportunidades que hemos tenido en la vida según nuestra ubicación social, por lo que no entregarían luces sobre las verdaderas potencialidades de cada sujeto. Por último, al interpretar estas pruebas, a veces quienes lo hacen incluyen sus propios prejuicios culturales, raciales e ideológicos, sin saber a ciencia cierta lo que estamos intentando interpretar.

A medida que avanzaba la ciencia y la tecnología, surgió la necesidad de entender los nuevos productos que los seres humanos iban creando. Fue así como en la segunda mitad del siglo XX, en su libro The Mighty Micro (Londres, 1979) Cristopher Evans enumeró varios factores que constituirían “la inteligencia” en “el animal, hombre o máquina”. ¿Qué podrían tener en común? Evans nos dice que una entidad es inteligente en la medida que pueda extraer información del universo que lo/la rodea, como que también logre almacenar la información que ha obtenido, además de mejorar su habilidad para ajustarse al medio, es decir, el proceso de aprendizaje. A lo anterior se debe agregar la capacidad de la entidad o persona, para ajustarse a hechos novedosos, que ocurran en su entorno. Y mientras más eficiente sea ese “software” o ese cerebro, mayor sería su inteligencia. Evans diseñó también una escala para medir la inteligencia, sea en humanos o en aparatos.

El objetivo de Evans era mostrar la inmensa brecha que en esa época todavía separaba a la inteligencia humana de la de los computadores, aquellos inmensos que ocupaban mucho espacio en lugares especialmente acondicionados hasta que apareció el computador personal para transformarlo en objeto cotidiano. Evans concluyó que tenían alguna medida de inteligencia, pero no podían pensar.

Eso no varió sustancialmente hasta ahora, con la aparición de la IA, que nos pone ante la posibilidad de la máquina pensante, aunque todavía es solo una posibilidad. Alguna medida de inteligencia puede tener un ingenio artificial, pero pensar, por ahora, sigue siendo una actividad que solo pueden realizar los seres humanos, debate que nos vuelve al punto de partida: ¿qué constituye la inteligencia y como se la mide?

La verdad es que no se tiene una respuesta precisa para la pregunta de ¿qué es la inteligencia?, ya que mejor sabemos medirla y lo máximo que se ha avanzado en unificar criterios, radica en la afirmación que existen distintos tipos de inteligencia, y que algunas pueden estar relacionada con la cultura. A veces pienso que se parece a lo que ocurre con el tiempo, ya que sabemos cómo medirlo, pero carecemos de una definición precisa que satisfaga a todos, tanto a filósofos como a físicos.

En los hechos se repite el debate acerca de que es la información, ya que no tenemos una respuesta por todos aceptada, por lo que incluso podemos manipularla, en tiempos como los actuales, donde con cierta probabilidad le vamos a pedir a la IA que nos ayude a procesarla, toda vez que no sabemos con precisión qué diferencia al conocimiento de la información y a esta del simple dato.

El hecho que tengamos más preguntas que respuestas no es malo, ya que comparto la afirmación de Einstein que la inteligencia se alimenta más con preguntas que con respuestas. Con la llegada, mejor dicho, con la irrupción de la IA, es deseable que no cometamos los mismos errores que cometimos con la masificación de la computación, donde muchas inquietudes no recibieron respuesta oportuna ante la velocidad con la que todo cambió, ya que casi nadie pudo resistirse a su uso. Algo parecido ocurrió cuando Steve Jobs nos mostró el teléfono Apple al que un exitoso marketing presentó como “inteligente”, y cuyo uso ha modificado en muchos lugares el funcionamiento de la sala de clases.

Cuando hablamos de no repetir situaciones del pasado donde todo cambió con rapidez, quizás ello se debió a que no fuimos capaces de hacernos las preguntas adecuadas en el momento en que era necesario, por lo que tampoco obtuvimos las respuestas oportunas. En la era de la IA debiéramos aprender de los errores cometidos con la computación, cuando se dijo equivocadamente que bastaría con disponer de más aparatos y equipos para mejorar el aprendizaje, lo que resultó ser una aproximación errónea, ya que nada de eso produjo una mejoría educativa.

Por lo tanto, quizás no debiéramos repetir el error que se cometió al presentar al computador como una especie de “cerebro”, que no lo era. Quizás, lo que debiéramos hacer es buscar una nueva palabra o concepto para aplicárselo a la IA, reservando la palabra “inteligencia” para lo que los humanos hacen. Para el futuro del homo sapiens sapiens, es decir, de ese producto evolutivo que somos los seres humanos, clave es defender lo que nos singulariza, representado por la capacidad de pensar, facultad tan humana que podría debilitarse como también el pensamiento crítico, ante la irrupción de la IA.

Es así como nos hemos convertido en testigos de una preocupante faceta que está teniendo lugar, ya que en forma creciente y hasta acelerada, cuando se produce una divergencia en un grupo, en vez de intercambiar argumentos, para cerrar el debate se le pide a la IA que resuelva instantáneamente cuál es “la verdad”, lo que también está teniendo lugar en las RRSS, lo cual es un evidente retroceso de la facultad humana de pensar, que siempre se dijo que nos separaba de otros animales. Hoy se retrocede, ya que se renuncia a su uso en favor de un ente artificial.

Ojalá no se repita lo que pasó con la disminución de la lectura de libros, o en la sala de clases, cuando en el siglo pasado apareció la calculadora de bolsillo, que produjo la virtual desaparición de la memorización de las cuatro operaciones, lo que ocurrió antes que los educadores se pusieran de acuerdo si ello era bueno o malo. Algo similar se repitió en el caso de las tablets o el computador personal. Quizás, todo pasó porque en el momento que correspondía las preguntas adecuadas no fueron hechas, razón por la cual tampoco tuvimos respuestas oportunas.

Mi primer libro (“Un mundo cercano: el Impacto Político y Económico de las Nuevas Tecnologías”, Santiago, 1984) se escribió por la aparición de la computación, su historia y los cambios globales que se anticipaban para el mundo. Releerlo después de 42 años, por un lado, parece prehistoria lejana en comparación a las promesas que hoy anuncia la IA, aunque por el otro lado, las páginas dedicadas al rol de la ciencia y la tecnología en nuestra cultura y sociedad podrían ser escritas hoy.

Sobre todo, la comparación entrega lecciones de errores que no se debieran volver a cometer, tales como no entender la velocidad con la que todo puede cambiar. Es decir, ya tenemos esas experiencias y, por lo tanto, es necesario prepararse para un proceso que va a ser mucho más profundo y rápido. Nada menos que Elon Musk una de las personas mejor informadas, en entrevista con The Economist nos alerta que “la IA puede superar a la inteligencia humana en 5 años”. Puede ser exageración o exceso de entusiasmo, pero no hay duda de que se trabaja, se invierte y se hace investigación en temas de frontera como que la IA adquiera inteligencia autónoma o también conciencia. Al respecto, útil es recordar que con la computación hubo exceso de optimismo en algunas predicciones como la oficina sin papeles, pero también anuncios que parecían de ciencia ficción se materializaron en breve lapso.

Corresponde entonces reforzar lo que parece propio del ser humano, como la capacidad de pensar o tener conciencia. También, que nada debilite al lenguaje, ya que gracias a él evolucionamos hasta ser la especie dominante, a pesar de nuestra debilidad física, ya que su aparición fortaleció la cooperación entre los cazadores como también permitió una mejor adaptación a la evolución, que otras especies, desde neandertales a dinosaurios no pudieron lograr. A defender entonces el pensamiento, a pesar de que es obvio que algunas habilidades van a ir desapareciendo, tal como disminuyó enormemente en el último siglo, tanto la necesidad como el uso de la memorización, gracias a la cual llegaron hasta nosotros obras clásicas de la antigüedad como La Odisea, por siglos transmitida oralmente antes de la escritura, hoy presentada a nuevas audiencias a través del cine.

La IA también debiera obligarnos a reforzar la ética, ya que en forma creciente vamos a entender que hay un uso ético de ella, pero también un uso que no lo es, por ejemplo, donde se ubicaría la utilización de la IA para vínculos afectivos con seres queridos. ¿Sería correcto o un engaño?

En un aspecto más general, estoy convencido que la IA va a obligar a los sistemas políticos a reforzar constitucionalmente la protección de nuestro cerebro para evitar controles externos, transformándolo en línea roja, en la última barrera que la IA no debiera penetrar, castigando todo intento de manipulación, y ojalá se actúe rápidamente en regular ese aspecto, para no repetir la experiencia de lo que no se hizo en la computación y RRSS, ya que hoy sabemos que se permitió que los algoritmos polarizaran el funcionamiento de la democracia y se posibilitó que las redes sociales crearan adicción en niños y adolescentes totalmente desprotegidos.

Hablamos de neuroderechos que se agregan en este siglo XXI a los derechos humanos del siglo XX, como característica de esta era histórica que nos ha tocado vivir, la de convivir con la IA, a la que insisto debiéramos cambiarle la I de inteligencia por una nueva palabra o concepto, que describa más adecuadamente lo que van a hacer, y que respete el elemento clave de nuestra evolución, aquel que le permitió a Darwin enseñar que sobrevivían mejor no los más fuertes, sino aquellos que tenían mayor capacidad de adaptación. Ahora, se nos pide una nueva adaptación de signo distinto, pero integrando una evolución que nos permite ver en la IA no una confrontación sino una convivencia, toda vez que hasta ahora es otra creación del homo sapiens, un producto de creación tan humana como puede serlo una novela, una película o el invento hasta ahora más formidable del ser humano, cual lo es la rueda.

En todo caso seguimos sin poder definir lo que constituye la esencia de la inteligencia, solo sus indicadores, entre los cuales sobresale la capacidad de extraer información del entorno que nos rodea. Sin embargo, tampoco sabemos cómo jerarquizar automáticamente la calidad de la información que nos llega, con un agregado, la información es un recurso que a diferencia de otros crece al compartirse, es decir, al multiplicarse. No ocurre con otros recursos que, como los minerales o agrícolas al consumirlos, disminuyen o desaparecen. Por eso, el rol tan especial de la información que la hermana con el amor, que también crece al ser compartido.

Si aceptamos que se apliquen las mismas tablas a seres humanos, animales y entes o máquinas, todavía el ser humano inteligente puede diferenciarse de toda otra competencia o convivencia, por algo que va a conservar hasta el día que la IA nos diga que está pensando. Ese “algo” diferenciador es producto de su capacidad única para pensar, y consiste en la posibilidad de jerarquizar la abundancia informativa que estamos recibiendo, y a veces, sufriendo. Por lo tanto, no se debiera abandonar, y, por el contrario, se debiera buscar el perfeccionamiento de la capacidad de jerarquizar, porque no toda información es útil o necesaria.

El Premio Nobel Herbert Simon observó en 1971 que la abundancia de información podría generar escasez o déficit de atención. Todo indica que lo anterior va a aumentar con la IA. En este escenario, la acción de jerarquizar la enorme cantidad de información existente sirve para separar la paja del trigo, y puede jugar un rol clave, para evitar que aumente la actual sensación de sentirse abrumado por el volumen que recibimos a todo instante, jerarquización que los seres humanos van a tener que aprender a hacerla en forma casi automática, aprovechando que las máquinas todavía no piensan.

Para muchas personas, la IA resuelve el problema de tener información confiable en forma inmediata y con un costo insignificante, aunque no soluciona el problema central, ya que nada asegura que una buena información produzca una buena decisión. Por lo tanto, mientras la IA no piense, se mantiene una ventaja para el ser humano, ya que, aunque abunde el análisis, la verdadera ventaja la sigue dando la capacidad de jerarquizar, y esa puede seguir siendo la gran ventaja, siempre y cuando el humano haga el esfuerzo de mantener lo que lo ha conducido a su actual sitial. Ese sitial incluye la creación y aparición de la IA, para la cual, el ser humano, el mono desnudo del que hablaba el zoólogo Desmond Morris, desarrolló la capacidad de pensar, y ahora se le exige luchar para conservarla.

Exigencia vital mientras la IA no piense en forma autónoma, lo que puede ocurrir antes de 5 años según Elon Musk o idealmente, nunca, pienso yo.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

En menos de un año y bajo el efecto de la nueva doctrina Monroe, Latinoamérica se convierte en el nuevo bastión diplomático de Tel Aviv. La lista abarca desde aliados de larga data, como Argentina, hasta adversarios acérrimos, como Venezuela.

La semana pasada, Venezuela e Israel acordaron restablecer relaciones consulares, tras pausas y pleitos de más de 17 años de duración. Venezuela había sido anteriormente el principal aliado de Irán y Hezbolá en América del Sur. Eso se acabó.

Tras la remoción de Nicolás Maduro las cosas cambiaron. Se eliminó el uranio enriquecido, se capturó a un terrorista de Hezbolá, se enfriaron las relaciones con Irán y las Fuerzas de Defensa de Israel llegaron a Venezuela para atender el terremoto.

En Bolivia, tras el fin de 20 años de socialismo, se restablecieron relaciones diplomáticas con Israel, se canceló un acuerdo militar con Irán y Bolivia se retiró de la demanda por genocidio contra Israel.

Tras la derrota de la izquierda en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el restablecimiento de relaciones con Israel, el traslado de su embajada a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

Honduras era un firme defensor de Palestina; había llamado a consultas a su embajador y se había sumado a la demanda por genocidio contra Israel. Hoy, la situación se ha revertido por completo y Honduras firmó un acuerdo de seguridad con Israel.

Costa Rica anunció un tratado de libre comercio con Israel y el traslado de su embajada a Jerusalén. El país centroamericano cerró la puerta al régimen teocrático de Irán, designando a Hezbolá, Hamás y la Guardia Islámica como organizaciones terroristas.

En mayo, la República Dominicana designó a Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas. La nación caribeña también relanzó su Cámara de Comercio con Israel e inició nuevos acercamientos en materia de seguridad.

Perú también ha profundizado considerablemente sus vínculos con Israel, especialmente en el ámbito de la seguridad. El Ejército peruano confirmó la adquisición de lanzacohetes PULS fabricados por empresas israelíes.

Chile pasó tres años sin embajador en Israel; hoy esa situación ha cambiado. Ambos países han avanzado hacia relaciones más cálidas tras la llegada del presidente José Antonio Kast, incluyendo áreas como seguridad, ciencia y tecnología aeroespacial.

Argentina expulsó del país a Mohsen Soltani, el máximo representante diplomático de Irán. El gobierno de Javier Milei declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista y firmó los Acuerdos Isaac.

Ecuador también ha designado a Hamás, Hezbolá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas. Se informó también sobre la captura de un presunto miembro de Hezbolá y la deportación de un ciudadano iraní.

La nueva Doctrina Monroe ha creado una oportunidad histórica para Israel y Latinoamérica. El desafío radica en ir más allá de este breve periodo para forjar relaciones más profundas, diversas y duraderas.

Israel posee recursos y capacidades excepcionales en ciencia, tecnología, gestión del agua, agricultura, educación y seguridad, y América Latina es el lugar idóneo para trabajar en estas áreas. Lo mejor está por venir.

El autor es periodista exiliado, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional y del de liderazgo de Harvard.

En Venezuela, durante años nos acostumbramos a una justicia que llegaba tarde, si es que algún día llegaba. Una justicia con los ojos vendados, sí, pero no precisamente para ser imparcial, sino para no mirar hacia el poder.

Por eso el acuerdo alcanzado entre la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no es un asunto menor; es, posiblemente, una de las pruebas más importantes de todo el proceso de negociación que inició formalmente el 1 de agosto de este año.

El acuerdo contempla reformar la Ley Orgánica del TSJ, renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales, abrir nuevamente el proceso para designar a todos los magistrados y crear un mecanismo de revisión de credenciales.

Y aquí es importante detenerse. El problema no son los 32 cargos; el verdadero problema son los 32 nombres.

La reforma aprobada en mayo elevó nuevamente de 20 a 32 el número de magistrados del TSJ, después de que en 2022 ese número hubiera sido reducido de 32 a 20; o sea, hasta el número de magistrados ha sido una variable que el régimen ha movido a su antojo y conveniencia.

Cambiar escritorios, togas y oficinas no sirve de absolutamente nada si quienes ocupan esos escritorios responden a los mismos intereses de siempre. Sería estrenar un TSJ con la misma justicia vieja.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que Venezuela no cuenta con un Poder Judicial independiente y señala entre los problemas la designación irregular de las autoridades judiciales, la elevada presencia de jueces temporales, la falta de estabilidad y la opacidad en la administración de justicia.

Por su parte, Human Rights Watch, ubica el quiebre de la independencia judicial en 2004, cuando una reforma, en la era del hoy fallecido Hugo Chávez, permitió copar el máximo tribunal con aliados de su gobierno. Desde entonces, dice la organización, el TSJ ha respaldado al Ejecutivo.

Basta recordar algunos episodios para entender la dimensión del problema.

Maikel Moreno llegó a presidir el TSJ después de haber sido magistrado de la Sala Penal. Caryslia Rodríguez, quien llegó a la presidencia del máximo tribunal en 2024, había sido concejal y alcaldesa encargada del municipio Libertador antes de convertirse en magistrada. Su Sala Electoral fue además la que en 2024 convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Y así podríamos seguir nombrando, pero ya está bueno porque el problema no es hacer una lista de funcionarios. El asunto es entender cómo se construyó el sistema que permitió que la justicia terminara orbitando alrededor del poder político. Ese es el verdadero monstruo que hay que desmontar.

Por eso esta renovación puede ser histórica o puede ser simplemente cosmética. Todo dependerá de cómo se elijan a los 32 magistrados.

Para ello, no puede haber cuotas partidistas, no puede haber compadres, tampoco puede haber amigos del poder, mucho menos puede haber operadores políticos disfrazados de jueces.

Porque un magistrado que llega al cargo debiéndole el puesto a un político difícilmente tendrá la independencia necesaria para juzgar a ese mismo político cuando llegue el momento.

Hay que decirlo por la calle del medio y sin titubeo: despolitizar la justicia no significa cambiar a los militantes de un partido por los militantes de otro. Eso sería apenas cambiarle el uniforme al problema.

La independencia judicial significa que un juez pueda fallar contra el gobierno sin miedo, que pueda fallar contra la oposición sin recibir una llamada; que una sentencia no dependa de quién ocupa Miraflores.

La verdadera prueba de esta negociación no será la fotografía, ni el comunicado, ni será el apretón de manos; será la lista de nombres.

Porque si después de todo este proceso aparecen 32 magistrados seleccionados por cuotas, compromisos y lealtades políticas, habremos cambiado el decorado, pero no la obra.

Y si eso ocurre, Venezuela habrá perdido otra oportunidad.

La República no se reconstruye solamente desde Miraflores; también se reconstruye desde los tribunales.

Cuba atraviesa la peor crisis de su historia contemporánea. No se trata de una simple suma de dificultades económicas ni de una coyuntura pasajera provocada exclusivamente por factores externos. Es una crisis sistémica: el agotamiento de un modelo político y económico que, durante más de seis décadas, ha demostrado su incapacidad para generar prosperidad, proteger las libertades fundamentales y ofrecer un futuro digno a la mayoría de los cubanos. Solo este régimen puede llevar esta situación a empeorar, cuando se alcanza una crisis de derechos humanos por la cual además de que cada derecho civil y político ha sido conculcado, se han perdido derechos tan básicos como derecho al agua potable, derecho a la alimentación y derecho a la salud, si se puede ir más abajo es solamente porque una casta corrupta que es absolutamente indolente por el sufrimiento de la gente y que ha hecho de la represión y de los crimenes de lesa humanidad la estrategia única de gobierno. Mujica bien dijo que el sistema cubano era un sistema de redistribución de la miseria.

A la represión política, la ausencia de elecciones libres, la existencia de presos políticos y la negación del pluralismo se suma un desastre material de enormes proporciones: apagones de veinte horas o más, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, inflación, salarios y pensiones pulverizados, deterioro de la salud pública, crisis del transporte, falta de agua y una emigración que está vaciando al país. El vaciamiento no es casual, forma parte de la estrategia dictatorial de exportar permanentemente su crisis social (y en la medida de sus posibilidades que les entren recursos por tráfico de personas), el vaciamiento de derechos también es funcional al proyecto dictatorial de reducir a su pueblo al asistencialismo.

El régimen castrocomunista de partido único insiste en presentar las sanciones estadounidenses como la explicación casi absoluta de la tragedia. Es cierto que esas sanciones afectan el financiamiento, el comercio, las operaciones bancarias, la inversión y, en 2026, el abastecimiento energético. Negarlo es poco serio. Pero también es muy poco serio afirmar que, sin sanciones, desaparecerían los problemas esenciales de Cuba, porque estos tienen que ver con la concentración de la economía en las manos más incapaces de todas, fundamentalmente las del ejército cubano. Las sanciones tienen impacto, pero no son ni la causa original ni la causa fundamental de los diferentes niveles de crisis que enfrenta el país, que obedecen a la aplicación de una fórmula que no funcionó en Europa del Este, ni en la URSS ni en Asia Central, por ser absolutamente contraria a los derechos de la gente.

Los apagones, la caída de la producción, la crisis agrícola, la inflación, la emigración récord y el deterioro de los servicios venían agravándose desde mucho antes. La causa principal está en el modelo impuesto por Fidel Castro, continuado por Raúl Castro y hoy administrado por Miguel Díaz-Canel: centralización extrema, propiedad estatal dominante, falta de libertades económicas, ausencia de instituciones independientes y subordinación de la sociedad al Partido Comunista.

La electricidad es quizá la expresión más visible del fracaso. Un país entero vive pendiente de cuándo llegará la corriente. Cuando no hay electricidad, las bombas de agua no funcionan, se pierden alimentos, se paralizan talleres y comercios, disminuye el transporte y se afectan hospitales, escuelas y telecomunicaciones. Cuba necesita enormes inversiones en generación, redes, almacenamiento y fuentes renovables. Pero ninguna infraestructura sobrevivirá si continúa sometida a la improvisación, a la falta de transparencia y a una administración ineficiente.

La crisis alimentaria resulta aún más absurda. Cuba posee tierra cultivable, clima favorable, tradición agrícola y campesinos con experiencia. Sin embargo, importa alrededor del 80 % de los alimentos que consume. Durante décadas, el Estado castigó al productor con controles de precios, monopolios de acopio, restricciones al comercio, burocracia y limitaciones a la importación de insumos y maquinaria. El resultado es un círculo vicioso: se produce poco, se exporta poco, faltan divisas, se importa menos y se vuelve a producir todavía menos.

La inflación termina de destruir lo que queda del salario. En junio de 2026, la inflación oficial interanual superaba el 18 %, mientras que los alimentos aumentaban aún más. El peso ha perdido gran parte de su valor y la brecha entre quienes reciben divisas y quienes dependen de un salario o de una pensión es cada vez mayor. Para un jubilado o una familia sin ayuda del exterior, la crisis implica decidir qué alimento comprar, qué medicamento dejar de adquirir o cómo cocinar cuando no hay electricidad ni gas.

A esto se suma una emergencia demográfica. Cuba terminó 2024 con menos de diez millones de habitantes y ha perdido cientos de miles de personas en pocos años. Emigran, sobre todo, jóvenes y personas en edad productiva: médicos, ingenieros, maestros, técnicos, agricultores y emprendedores. El país pierde brazos, conocimientos, natalidad y futuro. La emigración se ha convertido en una gigantesca válvula de escape de la frustración social.

El régimen ha autorizado MIPYMES y, en 2026, aprobó nuevas medidas para ampliar los espacios privados y facilitar determinadas inversiones. Son pasos económicamente necesarios, pero insuficientes. No existe verdadera libertad empresarial cuando el Partido Comunista sigue situado por encima de la vida política del país. No existe seguridad económica cuando un funcionario puede decidir qué negocio prospera, cuál es perseguido y qué actividad legal hoy puede ser restringida mañana.

Una economía moderna necesita propiedad protegida, contratos respetados, tribunales imparciales, reglas estables y ciudadanos con derechos. Sin Estado de derecho, el mercado puede convertirse simplemente en capitalismo de privilegios para militares, dirigentes, familiares del poder y empresarios conectados con ellos.

Cuba se encontraba, antes de 1959, entre las economías relativamente más avanzadas de la región, aunque padecía desigualdades y problemas sociales importantes. Países como República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Chile y Uruguay desarrollaron economías más diversificadas, infraestructuras modernas y niveles de ingreso muy superiores. Cuba, en cambio, nacionalizó casi toda su estructura productiva, eliminó durante décadas buena parte de la iniciativa privada y pasó de una dependencia a otra, ya sea de la Unión Soviética o de otros “aliados” externos, respecto de los cualesla dictadura fue absolutamente parasitaria.

La ayuda internacional puede aliviar el hambre y salvar vidas, y hoy es necesaria. Pero ninguna nación puede vivir permanentemente de donaciones, remesas y aliados extranjeros. Cuba debe producir. Debe liberar las fuerzas creadoras de su pueblo. Debe permitir que el campesino produzca y venda, que el emprendedor invierta, que el profesional prospere y que la diáspora participe en la reconstrucción. Cuba, hasta ahora, es el ejemplo más espantoso y dramático de restringir o eliminar la creación de riqueza en un sistema político-económico, algo que los cubanos han demostrado ser capaces de hacer en el exterior.

Pero la solución verdadera no es solo económica.

Cuba necesita una transformación política profunda. Necesita liberar a todos los presos políticos, garantizar la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de manifestación, legalizar partidos y organizaciones independientes, establecer la separación de poderes, crear tribunales verdaderamente autónomos y celebrar elecciones libres, competitivas y plurales. La política malentendida por una dictadura llevó a todo un país y a su pueblo a la miseria.

La transición a la democracia no es un complemento de la reforma económica: es la condición que puede hacerla estable, confiable y duradera. Sin instituciones libres, cualquier apertura económica dependerá siempre de la voluntad del mismo poder que durante décadas prohibió, confiscó y destruyó.

La salida debe incluir una emergencia energética, libertad productiva en el campo, estabilización monetaria y fiscal, protección temporal a los sectores más vulnerables, plena seguridad jurídica, apertura a la inversión nacional y extranjera y reintegración de la diáspora. También debe conducir a una normalización de las relaciones internacionales, incluido un proceso que permita superar las sanciones estadounidenses en el marco de una transición democrática real.

Cuba no es pobre porque carezca de recursos, inteligencia o capacidad humana. Tiene tierras, costas, minerales, cultura, ubicación estratégica, potencial turístico y una diáspora enorme. Lo que la mantiene hundida es un modelo agotado, autoritario y profundamente ineficiente, sostenido por una maquinaria represiva que pretende conservar el monopolio del poder mientras administra la ruina.

Cuba es pobre por la pobreza impuesta por un sistema corrupto y por la desigualdad estructurada en beneficio de los privilegios de una nomenclatura absolutamente incapaz.

Los apagones, el hambre, la emigración, la escasez de medicamentos, el abandono de los ancianos y el colapso productivo son manifestaciones distintas de una misma enfermedad. Por eso no habrá solución definitiva con nuevos lineamientos, más controles, concesiones parciales o reformas destinadas únicamente a salvar al régimen.

Cuba necesita electricidad, alimentos, inversión y crecimiento. Pero para alcanzar eso necesita, antes que nada, libertad, necesita que cada derecho humano sea devuelto a cada ciudadano cubano.

La esperanza comienza cuando el ciudadano deja de ser súbdito y se convierte en protagonista de su destino; cuando ninguna organización está por encima de la ley; cuando gobernar vuelve a ser un servicio y no un privilegio; cuando los cubanos pueden elegir, emprender, expresarse y construir sin miedo.

Del abismo se sale con profundas transformaciones económicas. Y hacia la esperanza solo se avanza con democracia, Estado de derecho y libertad. El precio que se pague por la libertad y los derechos humanos nunca será más alto que el que se pague por un año más de dictadura.

Que el principal exportador de petróleo del mundo, el único país musulmán con armas nucleares y el segundo ejército más grande de la OTAN se hayan unido en una alianza militar que replica la cláusula 5 de la Alianza Atlántica –“cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos”- es, en principio, una bomba geopolítica. Arabia Saudita, Pakistán y Turquía han firmado el llamado “Pacto de la Meca”, y su sola formulación dinamita los equilibrios de poder en la región. Es cierto que, al no haberse publicado aún el texto completo del acuerdo, y teniendo en cuenta la disparidad de intereses de los tres países, no podemos saber si se trata de una bomba cargada o está hueca. Pero es evidente que algo está moviéndose en el gran tablero de Oriente Medio, y no se mueve en la dirección prevista hasta ahora, Acuerdos de Abraham mediante.

La primera cuestión es precisamente esa: ¿el Pacto de la Meca dinamita los Acuerdos de Abraham? Es decir, ¿congela el ambicioso proyecto de Estados Unidos de diseñar un Oriente Medio sellado por el gran acuerdo de Israel con Arabia Saudita, como culminación de los primeros acuerdos que impulsó Trump en su primer mandato? Sin duda, lo vacia de contenido, porque anula la premisa fundamental de Abraham: el papel de Israel en la garantía de seguridad de la región. Además, es un pacto con Turquía, que mantiene una posición beligerante permanente contra Israel, y con Pakistán, país que no reconoce la existencia del estado hebreo. De esta manera, sumándose al arsenal nuclear de Pakistán y al poderío militar turco, el país de los Saud ha encontrado una vía alternativa para garantizar su seguridad, impulsar su economía y consolidar su liderazgo regional, reforzando su independencia estratégica.

Se trata, pues, de una nueva arquitectura militar y geopolítica que cambia drásticamente las reglas de juego, con dos bloques en competencia directa: el de los Acuerdos de Abraham de Estados Unidos e Israel con Emiratos, Bahrein y Marruecos; y el de la alianza sunita e islámica del Pacto de la Meca que evita el eje USA-Israel como garante de la seguridad. El Pacto de la Meca también rompe el esquema del bypass a Israel, el corredor comercial IMEC (Índia-Oriente Medio-Europa) que planteaba el transporte comercial en tren desde Riad a Haifa, para conectar con Europa. Al contrario, el nuevo pacto prevee que las mercancías conecten directamente con Europa por tierra, a través de Jordania, Siria y Turquía.

El mensaje, pues, es contundente: Israel no está en la ecuación, ni en lo militar, ni en lo comercial. Tampoco Estados Unidos en la medida en que lo estaba, porque pierde influencia real y deja de ser el paragüas impenetrable que garantizaba la seguridad en la región. Los fracasos en la guerra contra Irán y los bombardeos sufridos en Arabia Saudita por parte de los huties han sido claves en este cambio de rumbo. En este sentido, es evidente que la reacción pragmática del Presidente Trump asegurando que celebra que sus aliados históricos asuma la carga de sus seguridad, no esconde la preocupación de Washignton por un pacto que desmiente a Estados Unidos, refuerza a Turquía, sitúa el arsenal nuclear pakistaní en el escenario de Oriente Medio, y aisla sensiblemente a Israel.

Malas noticias para el liderazgo norteamericano, y malas noticias para la estabilidad y la seguridad israelí, que ve frenado su impulso geopolítico y observa como el bloque sunnita se refuerza con dos de sus enemigos más poderosos. “La peor pesadilla para Israel” ha publicado la prensa hebrea, consciente de que dicho bloque podría derivar en un frente beligerante en favor de Hamás. También son malas noticias para la Índia, aliado natural de Israel, que ve como Pakistán refuerza su poder estratégico, y para Emiratos, que teme que Turquía (aliado de Qatar) aumente su poder en la región. Y, sin duda, son malas noticias para los paises de la OTAN que ven como Turquía podría verse arrastrada a una guerra por el pacto de la Meca.

En el reverso, el Pacto de la Meca es una gran noticia para China y para Rusia, sobretodo porque es la gran oportunidad para neutralizar a los Estados Unidos en el dominio geopolítico. Además, China podría convertirse en el constructor de los reactores nucleares que quiere Arabia Saudita, y Rusia considera el pacto como una gran oportunidad para su industria armamentística, además de garantizar su flanco sur.

Finalmente, la pregunta clave: ¿es un pacto contra Irán? Así podría percibirse por parte de Arabia Saudita, pero no para Turquía, ni Pakistán, ambos aliados comerciales con el régimen teocrático, con el que comparten frontera. De hecho el propio régimen de los ayatolas no ha mostrado demasiada preocupación. Y es ese hecho, la poca efectividad para acabar con la amenaza iraní, lo que pone en duda la solidez del Pacto de la Meca. Sobre el papel parece una operación de gran ambición, pero en la realidad es poco creíble que la cláusula de la defensa mutua se llevara a la práctica: los intereses geoestratégicos de los tres países chocan en muchos de los escenarios y los enemigos son distintos en cada caso. Además, queda por saber como acaba la guerra contra Irán, cuya evolución es un auténtico enigma, y cuyo resultado final marcará definitivamente los equilibrios de la región.

En definitiva, es pronto para evaluar la dimensión del Pacto de la Meca que ha firmado Arabia Saudita, Pakistán y Turquía. Puede que sea un tigre de papel o el inicio de un cambio copernicano en los equilibrios del mundo. Pero llegue poco o muy lejos, ya ha asentado tres golpes de gran envergadura: ha evidenciado la debilidad de Estados Unidos, ha paralizado los acuerdos de Abraham y ha neutralizado la influencia pujante de Israel en la región. Para el mundo occidental, es el peor de los escenarios.

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El 28 de julio de este año, Keiko Fujimori asumió la presidencia de la República del Perú. Casi tres semanas después, el presidente Luis Abinader designó a Víctor “Ito” Bisonó como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Son acontecimientos separados por miles de kilómetros de distancia y protagonizados por dos líderes con trayectorias políticas muy diferentes. Sin embargo, para quienes formamos parte del Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University tienen una conexión muy especial: Tanto Keiko Fujimori como Ito Bisonó han sido fellows de nuestro Centro y durante años hemos tenido el privilegio de conocerlos, trabajar con ellos y tenerlos frente a nuestros estudiantes compartiendo las lecciones acumuladas durante décadas de liderazgo público.

Ver a una de nuestras fellows asumir la presidencia de su país y, tres semanas después, a otro asumir la conducción de la política exterior del suyo es una extraordinaria satisfacción y un verdadero honor. Pero también confirma la apuesta del Centro: el liderazgo importa. Importa quién toma las decisiones, y con qué preparación, con qué experiencia y con qué capacidad para convertir ideas en resultados. Por eso trabajamos para reunir a quienes han ejercido el poder con distinción, aprender de ellos y poner esa experiencia al alcance de quienes asumirán responsabilidades en el futuro.

El poder político sigue siendo una de las fuerzas con mayor capacidad para transformar la realidad. Una decisión tomada desde una oficina presidencial puede modificar las reglas bajo las cuales operan millones de personas, abrir mercados a miles de millones de dólares de inversión, recuperar el control de una frontera, enfrentar una organización criminal o cambiar la posición internacional de una nación. Por eso no basta con estudiar los arreglos institucionales o las normas bajo las cuales opera un país; hay que entender también a quienes toman esas decisiones, cómo piensan y cómo actúan bajo presión.

Ito Bisonó representa de manera excepcional la combinación de ideas, experiencia y capacidad de ejecución. Durante más de tres décadas ha ocupado posiciones relevantes en la vida pública dominicana. Fue legislador durante cuatro períodos consecutivos y, desde el 2020 hasta principios de este año, estuvo al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, una posición desde la cual participó directamente en la estrategia de competitividad, industrialización y atracción de inversiones de su país. Más recientemente, asumió la conducción del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, antes de ser designado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hay que destacar algunos datos de la República Dominicana para comprender la importancia de esta designación. Durante décadas, el país ha sido identificado principalmente con turismo, agricultura y remesas. Hoy mantiene esas fortalezas, pero ha construido alrededor de ellas una economía considerablemente más sofisticada, con zonas francas competitivas, manufactura de dispositivos médicos, equipos electrónicos, productos farmacéuticos, tabaco manufacturado y servicios cada vez más integrados a las cadenas productivas internacionales. El PIB nominal de la República Dominicana pasó de cerca de US $74,000 millones en 2016 a más de US $140,000 millones a mediados de 2026, reflejando un fuerte dinamismo y una transformación ejemplar, posicionándose entre las ocho economías más grandes de la América Latina y el Caribe.

La inversión extranjera directa superó los US $5,000 millones el año pasado y el stock acumulado de inversión extranjera en el país supera los US $60,000 millones. Estados Unidos ha sido decisivo en ese proceso: en 2025, el comercio bilateral de bienes alcanzó cerca de US $20,000 millones, con un superávit estadounidense de aproximadamente US $5,000 millones. La administración Trump (desde su primer período) ha sido clara sobre la necesidad de reducir vulnerabilidades estratégicas, revisar dependencias internacionales y privilegiar relaciones económicas que produzcan beneficios concretos para los Estados Unidos.

Es así como el hemisferio occidental se ha convertido en una enorme oportunidad económica y estratégica. Los países que ofrezcan estabilidad macroeconómica y política, seguridad jurídica y ciudadana, apertura a la inversión, infraestructura moderna, mano de obra capacitada y voluntad de trabajar con los Estados Unidos podrán desempeñar un papel mucho mayor en las cadenas de suministro estadounidense (y por lo tanto en su estrategia de seguridad regional). La proximidad geográfica y la afinidad de objetivos tienen valor económico y estratégico. Pocos países han sabido entender y capitalizar esta realidad (y el potencial del nearshoring o friendshoring) como la República Dominicana. El papel del ministro Bisonó en este proceso ha sido determinante.

La política exterior contemporánea tiene cada vez más que ver con inversión, energía, minerales críticos, tecnología, cadenas de suministro, mercados y seguridad económica; y en el caso de nuestro hemisferio todo esto tiene además una dimensión geopolítica. Ito Bisonó entiende esa realidad y entiende a los Estados Unidos, y esa comprensión y experiencia, sumados a su extraordinaria red de relaciones institucionales y personales a nivel mundial y su compromiso absoluto con su país, le auguran todo tipo de éxitos. La designación del ministro Bisonó para liderar la política exterior de la República Dominicana es una extraordinaria noticia no solo para el país caribeño, sino también para toda la región.

* El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

Ian Bremmer, presidente del Grupo Eurasia, empresa líder mundial en gestión de riesgos, acuñó el término Cero G para definir una condición geopolítica mundial en la que predomina el caos. La condición Cero G describe un mundo en el cual ningún país ni grupo de países está dispuesto a asumir el liderazgo de la sociedad internacional o de un tema específico. Cero G se caracteriza, por tanto, por una aguda y generalizada inestabilidad geopolítica, la impunidad internacional y la adopción, por parte de las naciones, de políticas de corte transaccional, completamente distanciadas de las reglas internacionales, en las que el triunfo de una nación se produce a expensas de otra.

Se producen así vacíos de poder en el ámbito internacional, ya que ninguna superpotencia asume la responsabilidad de gestionar los bienes públicos globales, resolver crisis transnacionales o hacer cumplir los acuerdos internacionales. Acto seguido se impone el reino de la impunidad, porque tanto las grandes potencias como los actores corruptos ven desaparecer los controles sobre su conducta. Esto conduce a una creciente ausencia de control sobre los conflictos, como hemos presenciado con la invasión rusa de Ucrania. También se amplía, casi sin límites, la capacidad de las grandes potencias para influir en la conducta de actores internacionales medianos o pequeños, sentando las bases para la consolidación de Estados vasallos.

La diplomacia deja de ser un ejercicio de armonización de intereses entre las naciones para convertirse en un mecanismo de extracción de ventajas puntuales. Se relegan los compromisos internacionales de largo plazo, se menosprecia la dimensión multilateral y se impone un bilateralismo de corto alcance, restringido a intereses casi coyunturales.

En este mundo será difícil crear políticas universales para el despliegue tecnológico que permitan la incorporación temprana de las naciones de menores ingresos a las plataformas que rigen las telecomunicaciones. Un ejemplo de este tipo de políticas fue el trabajo realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en materia de comunicaciones satelitales. Gracias a la creación de un marco universal para estas tecnologías, las naciones del mundo pudieron ampliar su acceso a comunicaciones más eficientes, efectivas y de menor costo. Tampoco será fácil crear un espacio dentro del sistema monetario internacional para las criptomonedas o para la tokenización de activos en general.

En cierto modo, la condición Cero G nos recuerda a la Edad Media, cuando, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, desapareció la autoridad central y las tribus germánicas invadieron y ocuparon antiguos territorios romanos. Siguió un colapso económico al romperse las grandes redes comerciales. El trueque ganó terreno frente a la moneda como medio de intercambio. Las ciudades perdieron población, que se trasladó al campo huyendo de epidemias, ataques e inseguridad.

Los conocimientos acumulados y preservados en universidades y monasterios contribuyeron, siglos después, a erosionar los pilares del orden medieval al sistematizarse durante el Renacimiento y difundirse ampliamente con la Ilustración. En síntesis, una profunda revolución del conocimiento y la tecnología terminó por transformar las bases fundacionales de la Edad Media. Quizás la ingente revolución de la inteligencia artificial contribuya también a poner fin a la condición Cero G.

Durante su historia, América Latina encontró en la socialdemocracia una fórmula capaz de conciliar tres aspiraciones que parecen inseparables: democracia, crecimiento económico y justicia social. Al día de hoy, esa síntesis parece encontrarse en retroceso.

No se trata solamente de que hayan perdido fuerza los partidos de centroizquierda; lo que está desapareciendo es una determinada manera de entender la política: aquella que reconoce al mercado como una herramienta de generación de riqueza, pero también al Estado como garante de oportunidades, derechos y cohesión social; la que entiende que gobernar no significa imponer una verdad, sino construir acuerdos dentro de instituciones democráticas.

En las últimas décadas, Ricardo Lagos en Chile y Fernando Henrique Cardoso en Brasil representaron a una de las últimas generaciones de líderes que buscaron demostrar que la izquierda podía gobernar sin renunciar a la economía de mercado, pero tampoco a la responsabilidad social del Estado.

Uruguay no fue ajeno a esta fórmula. Más atrás en el tiempo, encontramos un caso particularmente significativo: José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez en Uruguay. Sus gobiernos han sido señalados como los ejemplos más consistentes de la socialdemocracia latinoamericana (sino la primera), combinando reformas sociales, laborales con políticas activas de empleo, inversión pública, una conducción económica pragmática y derechos de avanzada para el Siglo XX. Ha sido objeto de estudio de diversos historiadores y politólogos a nivel internacional. ¿Defender al niño? ¿Al anciano? ¿A la mujer? Una mente sin dudas adelantada a su tiempo.

La última generación de líderes y en particular la figura de Don Pepe (José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez) nos demuestran que la democracia no se agota en votar. Una democracia que no logra ofrecer seguridad, educación, salud, empleo, movilidad social y oportunidades reales termina generando frustración en su sociedad. Y cuando esa frustración crece, aparecen quienes, caracterizados por un liderazgo tendencioso y populista, prometen soluciones simplistas y acaban con absolutamente todo.

El problema contemporáneo es que este espacio moderado ha quedado atrapado entre dos extremos. Por un lado, una izquierda que, en algunos países, ha abandonado su vocación reformista para abrazar discursos y proyectos marcados por el revanchismo. Por otro, una derecha que, en ocasiones, reduce la política a la defensa irrestricta del mercado y una confrontación cultural sin sentido. En medio de esa polarización queda una ciudadanía que reclama algo mucho más sencillo y, a la vez, más profundo: vivir mejor, con libertad, justicia social y oportunidades para todos.

El diagnóstico actual es preocupante. América Latina enfrenta presiones crecientes derivadas de la desigualdad, la polarización, la desinformación, el crimen organizado y la pérdida de confianza tanto en los partidos políticos como en las instituciones.

Es precisamente allí donde la recuperación de una centro izquierda democrática, moderna y latinoamericana podría adquirir nuevamente sentido. Y en esa discusión aparece una figura uruguaya que ha mantenido una preocupación central por la defensa de las instituciones, la democracia, los derechos humanos (de todos sin distinciones) y la justicia social: El Dr. Luis Leonardo ALMAGRO LEMES.

Durante su década al frente de la Organización de los Estados Americanos, Almagro colocó la defensa de la democracia y los derechos humanos en el centro de su actuación, bajo la consigna “más derechos para más gente”.

Hoy, desde su actividad intelectual, su compromiso con la democracia latinoamericana continúa siendo explícito: sigue insistiendo en que la promoción de la libertad y las instituciones democráticas constituyen una parte necesaria del futuro político de la región, entendiendo que defender la democracia no puede significar únicamente hacerlo cada cuatro o cinco años en elecciones; se debe llegar a una sociedad donde el ciudadano tenga derechos efectivos, el Estado funcione, asegurando movilidad social y libertad individual, donde todos tengan sus derechos humanos garantizados y no vulnerados, DÓNDE LOS MÁS INFELICES SEAN LOS MÁS PRIVILEGIADOS.

América Latina no necesita elegir entre libertad económica y justicia social, ni entre autoridad y derechos humanos. Necesita reconstruir una opción capaz de entender que estas dimensiones no son necesariamente contradictorias.

La socialdemocracia, tal como fue concebida durante buena parte del siglo XX, probablemente no pueda regresar exactamente como fue. Pero sus mejores principios siguen teniendo vigencia.

La cuestión, entonces, no es si la socialdemocracia está muerta. El desafío es ser capaces de convertir esas ideas en una propuesta política para el siglo XXI, adaptada a los problemas de nuestro tiempo sin perder de vista las premisas que le dieron sentido. Porque recuperar una centroizquierda reformista, democrática y comprometida con la libertad y la justicia social es, sin duda, un ejercicio que vale la pena.

Últimamente el Dr. Luis Leonardo ALMAGRO LEMES ha sido titular en las noticias, por su expulsión violatoria de todo debido proceso de la coalición de partidos Frente Amplio, por osar levantar su voz en contra del opresor régimen de Venezuela. Se debe elevar la mirada y rescatar la ocupación y preocupación por la democracia libre, los derechos humanos y su efectivo cumplimiento, por sobre todo sesgo ideológico que fanatiza subjetivamente.

Quien defiende los postulados de la socialdemocracia Batllista, es un Batllista con todas las letras. Y son esas prácticas, las que deben volver a abrevar en el Uruguay de hoy día, buscando ser la colectividad que sea “escudo de los más débiles” y sus expositores defensores de los indefensos.

Por más actores políticos como el Dr. Luis Leonardo ALMARGO LEMES, por más y mejor socialdemocracia, por más y mejor Batllismo.

En la historia de las naciones existen momentos en los que el electorado, más allá de las diferencias ideológicas, decide privilegiar la eficacia sobre la retórica. América Latina parece encontrarse precisamente en una de esas coyunturas. Los recientes procesos electorales celebrados en diversos países sugieren el surgimiento de una tendencia política que coloca en el centro del debate la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional, el crecimiento económico y la recuperación de la confianza en el Estado.

Más allá de las particularidades de cada país, Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú reflejan un denominador común: una ciudadanía cada vez más exigente frente a los resultados de quienes gobiernan. Después de años marcados por la incertidumbre económica, el aumento de la inseguridad y una profunda polarización política, amplios sectores sociales parecen inclinarse por liderazgos que prometen orden, disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y condiciones favorables para la inversión y la generación de empleo.

Esta tendencia no debe interpretarse únicamente como un giro hacia la derecha del espectro político. Sería una simplificación que impediría comprender la verdadera dimensión del fenómeno. Lo que parece emerger es una demanda creciente por gobiernos capaces de administrar con responsabilidad, ofrecer seguridad jurídica, combatir la corrupción y garantizar oportunidades reales para el desarrollo. En otras palabras, los ciudadanos parecen valorar cada vez más el pragmatismo por encima de las consignas ideológicas.

En este contexto, también adquiere renovada importancia la relación estratégica con Estados Unidos. Más que una discusión basada en antiguos antagonismos, la realidad económica demuestra que el principal socio comercial de buena parte de la región continúa siendo un aliado indispensable en comercio, inversión, innovación tecnológica, infraestructura y cooperación en materia de seguridad. Entender esta relación desde una perspectiva de intereses compartidos, respeto mutuo y beneficios recíprocos constituye una visión mucho más acorde con las exigencias del siglo XXI que los discursos ideológicos heredados de otras épocas.

Naturalmente, las victorias electorales representan apenas el primer paso. Gobernar exige mucho más que ganar elecciones. La verdadera prueba consistirá en traducir las expectativas ciudadanas en políticas públicas eficaces, fortalecer la independencia de las instituciones, reducir la corrupción, estimular la inversión privada y generar crecimiento económico sostenible con inclusión social. Sin resultados concretos, cualquier capital político termina por agotarse rápidamente.

Brasil, que afrontará un nuevo proceso presidencial en 2026, podría convertirse en un punto de inflexión para confirmar si esta tendencia logra consolidarse como un nuevo ciclo político latinoamericano o si, por el contrario, responde únicamente a circunstancias nacionales particulares. Su peso económico y geopolítico tendrá una influencia determinante sobre el rumbo de toda la región.

Latinoamérica dispone hoy de una oportunidad poco frecuente para recuperar la confianza de sus ciudadanos y proyectarse con mayor fortaleza hacia el mundo. No se trata de regresar al pasado ni de abrazar nuevas ortodoxias, sino de construir una cultura política donde prevalezcan la responsabilidad, la institucionalidad, el crecimiento económico y la cooperación internacional inteligente. Si los nuevos liderazgos consiguen responder a las expectativas que despertaron en las urnas, la región podría iniciar una etapa de estabilidad y prosperidad que durante décadas ha permanecido como una aspiración pendiente. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad.

* El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue presidente de BanEcuador.

Existe una gramática tácita que rige la relación bilateral entre Brasil y Argentina desde principios del siglo XX: la convicción, cultivada por sucesivas generaciones de diplomáticos, de que la seguridad y la prosperidad son inseparables de las del otro. No se trata de un simple sentimentalismo regional, sino de un cálculo estratégico perfeccionado a lo largo de más de cien años. Las últimas acciones del Gobierno de Javier Milei han ignorado, en la práctica, ese legado.

La gramática se tradujo en una estrategia diplomática poco común: concebida no para eliminar la competitividad, sino para gestionarla sin que se convierta en una ruptura —lo que la hace, precisamente por eso, más sofisticada que cualquier discurso de amistad automática entre naciones.

La doctrina nació en un clima de tensión, no de ingenua armonía. Entre 1907 y 1910, el Barón de Río Branco y el canciller argentino Estanislao Zeballos protagonizaron una carrera naval que situó a los acorazados Minas Gerais y Rivadavia en una disputa simbólica por el poder. Rio Branco, artífice de la política exterior de Brasil, comprendió que la rivalidad armamentística, si no se contenía mediante un diálogo permanente, socavaría décadas de fronteras pacificadas. De ahí surgió el principio fundamental que Itamaraty nunca ha abandonado: la seguridad argentina forma parte, de manera indisociable, de la propia seguridad nacional brasileña. Este entendimiento ha atravesado uniformes, gabinetes económicos y ministerios de Asuntos Exteriores sin romperse jamás.

En 1982, durante la Guerra de las Malvinas, el Gobierno de Figueiredo se decantó claramente por el bando argentino, aunque bajo el manto formal de la neutralidad. En el ámbito diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores Saraiva Guerreiro defendió la causa argentina en los foros internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, en consonancia con el reconocimiento histórico de la soberanía argentina sobre el archipiélago —una postura que Itamaraty mantiene desde 1833—. Pero el dato más contundente es de carácter operativo: Brasil cedió el aeropuerto de Recife como escala para los vuelos que transportaban, desde la Libia de Gadafi hasta Buenos Aires, misiles y minas de fabricación soviética destinados al esfuerzo bélico argentino.

La estructura de las relaciones bilaterales entre ambos países adquirió un carácter institucional en la segunda mitad de la década de 1980. Sarney y Alfonsín inauguraron, con el Acta de Iguazú y el Programa de Integración, el proceso que desembocaría en el Tratado de Asunción de 1991 y en la fundación del Mercosur —un bloque que, guste o no la retórica liberal contemporánea, sustenta de manera desproporcionada la industria argentina y gran parte de su economía. Brasil, que por sí solo representa alrededor del 70 % del PIB nominal del Mercosur, ha administrado con moderación las normas de cumplimiento que Buenos Aires tantas veces no logra respetar. Por su parte, desde Buenos Aires también se canalizó diplomáticamente malestares como la tempestiva devaluación del Real en 1999.

Otro hito relevante en la relación bilateral es el acuerdo que dio origen a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Suscripto hace ya 35 años —cumplidos en julio de 2026—, este acuerdo entre ambos países ha convertido a la ABACC en un referente mundial en materia de cooperación en salvaguardias nucleares.

La gran mayoría de los presidentes de ambos países, independientemente de su ideología, comprendieron las reglas de esa estabilidad, incluso cuando la relación generó fricciones comerciales reales, como en los episodios de proteccionismo sectorial entre los gobiernos de Menem/Cardoso y entre Cristina Kirchner/Dilma Rousseff. Lo que distinguía estas divergencias de la actual es que se producían dentro de la gramática, como ajustes de rumbo, y no como una negación del propio principio de que ambos países avanzan unidos.

Hay que reconocer la lógica que mueve a Milei, aunque sea para refutarla. Su apuesta es que el antipetismo es una mercancía exportable, que la alineación ideológica con Bolsonaro y con Trump, y la cruzada retórica contra la “casta”, reportan más capital político nacional e internacional que el mantenimiento de una equidistancia diplomática que él interpreta como un vestigio de un establishment que pretende barrer. Es un cálculo coherente con el proyecto libertario-populista que lo llevó al poder. El problema es que ese cálculo confunde el público interno con el ámbito bilateral: lo que suscita aplausos en Buenos Aires le cuesta capital estratégico ante un socio comercial clave para dar salida a su producción y sostener su economía real. Además, existe una percepción errónea en la Casa Rosada: la idea de que es posible separar las esferas política e institucional, una idea según la cual las interacciones burocráticas —y las agendas— pueden mantenerse a pesar de una ruptura total del diálogo político a nivel de cúpula. Esto, en las relaciones internacionales, carece de fundamento empírico.

Milei rompe con esa larga gramática, esa liturgia. Su ofensiva verbal contra Lula —al que ha tildado de corrupto, comunista y dinosaurio— ya sería en sí misma un gesto de amateurismo diplomático. Pero su viaje a São Paulo para presentar públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, al declarar que la “ola azul” llegaba a Brasil de la mano del Senador y al ofender al Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, es de una enorme gravedad institucional. Cabe recordar que el STF fue una institución fundamental para contener el golpe de Estado, preservar y defender el orden democrático y proteger a la sociedad de una ruptura institucional planeada por militares y bolsonaristas.

Milei ha convertido un desacuerdo personal en una injerencia institucional. No se trata de una mera falta de cortesía protocolar: es una intromisión directa y personal en la contienda electoral brasileña, en el proceso democrático y republicano del país y en el principio de no injerencia que sustenta, desde hace un siglo, la relación bilateral. Un jefe de Estado argentino que abandona dos décadas de prudencia diplomática para actuar como agitador electoral de uno de los bandos de la contienda brasileña rompe no solo con la práctica histórica de la Casa Rosada, sino con la propia tradición argentina de diálogo respetuoso con Brasil.

El costo de esta ruptura no es solo simbólico. Es Argentina, y no Brasil, quien más necesita un Mercosur que funcione: el comercio bilateral alcanzó en 2025 su máximo en trece años, superando los 31.000 millones de dólares, y es Brasil —y no al revés— quien sustenta este flujo en su calidad de principal comprador. También es Argentina la que más tiene que perder si el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se ve empañado por la hostilidad personal entre los jefes de Estado. Son Argentina y Vaca Muerta quienes más tienen que perder si Brasil frena la incipiente y prometedora gasificación de la relación, optando por proveedores de fuera de la región a través del GNL. Milei apuesta su capital diplomático regional a un rendimiento electoral interno incierto, en una relación en la que la asimetría de dependencia —y el largo plazo— no están de su lado.

La asimetría, conviene recordar, no favorece a Milei: Argentina destina alrededor del 13 % de sus exportaciones a Brasil —que es su mayor comprador individual—, mientras que Brasil dirige a Argentina solo el 5,5 % de las suyas, para quien Argentina es el tercer socio comercial. La interdependencia viene mermando en los últimos años, pero la dependencia real discurre, por tanto, en un solo sentido. Aun así, el gobierno de Lula no va a dar la espalda a una nación hermana por la destrato del actual gobierno. Según la interpretación del Planalto, la conducta de Milei no menoscaba ni a Brasil ni a Argentina, sino que solo revela, con una claridad casi didáctica, el legado del actual Gobierno argentino ante la historia bilateral: la de quien, al atacar a su vecino, no escapa al precio que esa elección le exige a sí mismo.

* Hussein Kalout fue Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Republica de Brasil. Consejero del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI). Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo (USP).

* Esteban Actis es Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor e Investigador de la UNR. Asociado a la Consultora Insigth-Lac.

En el análisis de los mercados financieros y agropecuarios del Cono Sur, la recurrencia de ciertos modelos operativos plantea un debate central: ¿hasta qué punto los esquemas de captación no regulada reinventan la rueda o simplemente adaptan estrategias que demostraron ser efectivas en el pasado? La historia de las inversiones ganaderas con retorno fijo en la región tiene su antecedente más voluminoso en Brasil con el caso de Fazendas Reunidas Boi Gordo, liderado por Paulo Roberto de Andrade. Al trazar una línea de tiempo entre la trayectoria de la firma paulista y la irrupción posterior de empresas en Uruguay, como el Grupo Larrarte, surgen similitudes operativas que invitan a preguntarse si existió una imitación de la estrategia comercial y por qué la plaza financiera y el Estado uruguayo no actuaron preventivamente.

El encadenamiento temporal permite analizar esta hipótesis. A finales de la década de 1980, en 1988, se fundó Fazendas Reunidas Boi Gordo en Brasil. Durante los años noventa, la firma masificó los contratos de engorde de ganado prometiendo intereses fijos totalmente imposibles de sostener con la producción ganadera real. Para sostener esa dinámica, la empresa desplegó en 1998 una campaña publicitaria sin precedentes en televisión abierta, apoyada por celebridades de primera línea, reconocidos actores de telenovelas y figuras del deporte, sumado a la organización de visitas guiadas para inversores a los campos. El modelo concluyó su ciclo operativo en octubre de 2001 al solicitar el concurso preventivo, derivando en un proceso judicial que culminó con la quiebra decretada por la Justicia de San Pablo entre 2006 y 2008.

La caída de Boi Gordo dejó al descubierto una megaestafa que superó los 1.200 millones de dólares y afectó a más de 30.000 personas. En la historia no existe ni ha existido un fraude agrofinanciero de semejante volumen, escala monetaria y penetración social basado en la ilusión de activos biológicos; una cifra que duplicó incluso a los mayores casos registrados en Estados Unidos en el sector ganadero, como el esquema de Mark Ray o las maniobras de ganado fantasma de Easterday Ranches.

Dos décadas después, el mercado uruguayo observó la aparición de estructuras con características afines. Entre 2019 y 2020, el Grupo Larrarte comenzó a posicionar activamente contratos de participación ganadera ofreciendo rendimientos netos fijos en dólares, tasas que nuevamente resultaban imposibles de generar dentro de los márgenes biológicos de la producción rural. En los años siguientes, entre 2021 y 2022, la firma adaptó la estrategia de visibilidad masiva a la era digital mediante pauta publicitaria omnipresente y recorridas por campos para inversores. Hacia 2023, la operativa comenzó a mostrar dificultades en el cumplimiento de los pagos, desencadenando entre 2024 y 2026 reclamos judiciales y la apertura de procesos concursales.

Frente a este paralelismo, surge una interrogante ineludible: ¿por qué un escándalo de la magnitud de Boi Gordo —un récord global en volumen dentro del rubro ganadero, ocurrido a pocos kilómetros de la frontera— tuvo tan poca difusión y análisis en la plaza financiera y en los medios uruguayos durante todos estos años? Resulta cuando menos llamativo o sospechoso que un evento de enorme resonancia, que sacudió al sistema financiero del país vecino y estafó a decenas de miles de ahorristas, haya pasado prácticamente desapercibido en el debate público local.

Habiendo existido esa advertencia explícita en la región sobre los riesgos inherentes a los contratos agropecuarios de interés fijo garantizado, la plaza financiera y el Estado uruguayo deberían haber actuado en consecuencia. La falta de escrutinio sobre el antecedente brasileño dejó un vacío informativo que permitió que, años más tarde, se ofrecieran en Uruguay modelos de negocios basados en promesas inviables sin activar alertas tempranas ni marcos de fiscalización preventiva.

Al contrastar ambas líneas de tiempo, el análisis no se limita a evaluar si la propuesta uruguaya imitó la estrategia comercial de la firma brasileña, sino a cuestionar la pasividad institucional. La historia demostró en Brasil las dimensiones del impacto que este modelo puede generar; el silencio previo y la posterior inacción en el mercado nacional plantean la duda de por qué no se tomaron resguardos oportunos para proteger a la plaza financiera de pérdidas anunciadas.

La expansión de la dictadura de Cuba con los recursos de Venezuela como socialismo del siglo 21 o castrochavismo produjo el control por la delincuencia organizada trasnacional de gobiernos y países, suplantando la política con el crimen, creando dictaduras narcoestados y gobiernos para dictatoriales. La Seguridad Nacional de Estados Unidos cambió la geopolítica y hoy el eje de confrontación en las Américas es la democracia contra el crimen.

Un narcoestado es el país en el que las “instituciones políticas se encuentran influenciadas por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son miembros de las redes ilegales del tráfico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotráfico”. La dictadura castrista estableció en Cuba el primer narcoestado de las Américas con las actividades delictivas de Fidel Castro con los narcotraficantes Pablo Escobar de Colombia y Roberto Suarez de Bolivia, que el fusilamiento de los subordinados de Castro no logró tapar.

La expansión de la dictadura de Cuba en el siglo 21 hizo de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador con Correa, dictaduras/narcoestados, bases del narcoterrorismo. La proclama del “narcotráfico como arma de lucha antiimperialista” en la narrativa castrista de 1960 y castrochavista del siglo 21, fue confesión pública para que el socialismo del siglo 21 pase de recibir financiamiento del narcotráfico (narco-vínculos) a dirigir el crimen con el control de gobiernos, países y territorios.

La agresión del socialismo del siglo 21 contra las democracias de todas las Américas tomó forma de “guerra híbrida”, agregando al narcoterrorismo la migración forzada, la trata de personas, la manipulación de grupos de delincuencia común, el financiamiento de candidatos y campañas electorales, asesinatos y atentados transnacionalizados, extorsiones, y una larga lista de delitos cometidos desde el poder de los gobiernos que controlan.

El cambio de la realidad en las Americas comenzó con el gobierno del presidente Trump 47, que luego de varias acciones emitió la “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de America” 2025, que respecto al Hemisferio Occidental indica: “El corolario Trump de la doctrina Monroe. Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Ley Monroe Doctrina para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Nosotros negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio”.

El cambio geopolítico se expresa en la misma Estrategia: “Nuestros objetivos para el hemisferio occidental se resumen en Atraer socios (reclutar) y expandir nuestra presencia. Atraeremos socios ya establecidos en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevas alianzas, al tiempo que reforzamos la posición de nuestra nación como socio económico y de seguridad preferido del hemisferio”.

En la relación con gobiernos del Hemisferio, la posición es: “…reclutar líderes regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de sus fronteras. Estas naciones nos ayudarían a detener la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar los cárteles, impulsar la producción en países cercanos y desarrollar economías privadas locales, entre otras cosas. Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que estén alineados con nuestros principios y estrategia”.

Así tenemos la “Lanza del Sur”, la captura del dictador Nicolas Maduro hoy reo, la eliminación del jefe del tren e Aragua, el “Escudo de las Américas”, múltiples extradiciones, y más. El desmontaje del crimen está en ejecución con la participación cada vez más activa de gobiernos de la región. El nuevo paradigma indica que si un gobierno no puede o no quiere luchar contra el crimen, Estados Unidos tiene la decisión, las capacidades militares y tecnológicas para hacerlo.

No se trata de derechas o izquierdas, ni de progresistas o conservadores, la disputa por los gobiernos y el poder en los países de las Américas tiene hoy como centro la confrontación entre la delincuencia organizada (que tomó, que tiene el poder y gobiernos en muchos países de Latinoamérica) y la recuperación de la normalidad democrática (con la reposición del estado de derecho, la seguridad ciudadana y jurídica, el derecho de propiedad y la vigencia de los derechos humanos).

La llamada izquierda del siglo 21 en las Américas es el crimen, probado, reincidente e impune: narcoterrorismo, terrorismo de Estado, violación de derechos humanos, corrupción, entreguismo a dictaduras extra hemisféricas de China, Irán y Rusia, migración forzada, tráfico de personas y más. El cambio geopolítico en curso indica terminar con la presencia de los criminales en la política y en los gobiernos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Hay cifras que describen un gobierno y otras que terminan definiéndolo. En Nuevo León debemos empezar a discutir una que define desde ahora lo que será el triste legado de Samuel y su Fosfo Team: $100 mil millones de pesos.

No hablo de $100 mil millones de deuda nueva. Hablo de algo más preocupante y mucho más grave: la exposición financiera adicional que esta administración dejará entre nueva deuda registrada, pasivos a proveedores y la factura de las obras que alguien tendrá que corregir, replantear y terminar de alguna forma dado de que fueron mal y caprichosamente concebidas (por no decir que fueron diseñadas para “el moche”, antes que para el beneficio social).

Samuel García recibió un estado con alrededor de $73 mil millones de pesos de deuda. Para 2026 se estima que el saldo llegue a un mínimo de $112 mil millones: 39 mil millones adicionales. A ese ritmo Samuel García será el gobernador que más haya endeudado a Nuevo León, un primer lugar real (por fin) que nadie la va a disputar.

Pero ahí no termina la cuenta. Falta terminar el Metro, es decir $20 mil millones más. Falta la carretera Interserrana y $30 mil millones de pesos ineludibles. Hay proveedores con pagos atrasados por miles de millones, organismos estatales que están creando mecanismos opacos para ocultar deuda y asegurar la obtención desesperada de recursos, obras pendientes e inconclusas por todos lados (solo en el Parque del Agua hay $500 millones en la balanza) y compromisos que seguirán consumiendo recursos después de que termine esta administración.

Samuel se va. La factura se queda. Y aquí está la discusión verdaderamente importante. Endeudarse para construir infraestructura productiva que acelere el crecimiento, mejore la calidad de vida de las familias y la armonía social puede ser una buena decisión. Endeudarse, gastar por ocurrencia y dejar obras inconclusas y sin sentido es otra cosa.

La OCDE ha advertido, una y otra vez, que la calidad de la inversión pública importa tanto como su volumen: existen enormes diferencias entre gobiernos respecto de cuánta infraestructura y crecimiento consiguen por cada peso invertido. Y todo corporativo de clase mundial en Nuevo León apoyará la tesis. Por eso la pregunta que debemos hacer es brutalmente sencilla:

¿Qué recibió Nuevo León a cambio de la fiesta de la deuda de Samuel, su MODO DEUDA? Porque siguen y están peor que nunca el tráfico, la contaminación, los problemas de agua y las fugas de drenaje y las obras sin terminar.

Y el riesgo hacia adelante es todavía mayor. Una estimación moderada de exposición financiera del estado ronda actualmente los 170 mil millones de pesos y, con sobrecostos, nuevos pasivos y recursos adicionales para concluir proyectos, puede acercarse a 200 mil millones en menos tiempo del que pensamos.

Eso tendría consecuencias muy concretas: menos margen para recursos urgentes en infraestructura, seguridad, agua y movilidad; menor capacidad para acompañar nuevas inversiones privadas; y mayor presión sobre las finanzas del siguiente gobierno.

La advertencia crediticia ya apareció: Standard & Poor’s bajó la calificación de Nuevo León de mxA+ a mxA con una perspectiva negativa, por lo que en 12 meses volverán a ajustar y seguramente con un panorama más sombrío. Eso es una herencia de Samuel que es inaceptable.

Inaceptable porque Nuevo León compite todos los días por inversión y crecimiento. El capital no está escriturado a nuestro nombre. Las empresas globales comparan infraestructura, seguridad, agua, energía, talento y también certeza financiera, y Samuel y su herencia deudora los están preocupando.

En contraste total, la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, propone con el Plan México, otra lógica: crecimiento, inversión e infraestructura que produzcan bienestar y fortalezcan la capacidad productiva del país. Eso también significa gobernar con una regla profundamente norteña: cuidar el dinero y cumplir. Por eso necesitamos conocer hasta el último compromiso que el Samuelato deja, revisar proyecto por proyecto y, sobre todo, terminar lo que haya que terminar.

La discusión ya no es solamente cuánto debe Nuevo León. Es cuánto del futuro ya comprometieron y qué nos dejaron a cambio. Porque si estamos acercándonos aceleradamente a un escenario donde los compromisos son más grandes que el presupuesto total del gobierno estatal en un año entero, entonces esto es más grande que una discusión contable. Estamos viendo como la incompetencia se gasta el Nuevo León del mañana sin saber qué recibió a cambio el Nuevo León de hoy.

De verdad, ya hay 100 mil millones de razones para que Nuevo León escoja otro camino, uno de Transformación. Urge.

**El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

El 7 de marzo de 2026, en el complejo Doral de Donald Trump tuvo lugar la cumbre “Escudo de las Américas” con el objetivo de “establecer un marco de cooperación para combatir a los carteles del narcotráfico, controlar la migración irregular y coordinar inteligencia compartida”, a la cual llegaron una docena de líderes latinoamericanos, convocados por su afinidad política. El 12 de agosto fue el secretario de Guerra Pete Hegseth quien se reunió con representantes de 19 gobiernos en Panamá, ya que, en esos mismos días, del 3 al 13, con el respaldo del Comando Sur del Pentágono se llevaban a cabo los ejercicios de protección del Canal, llamados PANAMAX 2026.

Como continuación del anterior, en esta última oportunidad, el comunicado habló de “un foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles con el objetivo de unificar estrategias contra organizaciones criminales transnacionales”. Ambos encuentros tuvieron un marcado enfoque geopolítico, reafirmando temas de interés para la administración Trump, enfatizando el deseo de contrarrestar la presencia de potencias extracontinentales, fundamentalmente China. Fue notoria la ausencia de dos pesos pesados regionales como son México y Brasil, consecuencia de su orientación ideológica izquierdista, tanto por haberse autoexcluido como que se les hizo saber que no eran bienvenidos. Sobre todo, las dos reuniones son una expresión del importantísimo documento que en noviembre había definido la estrategia internacional de EE. UU.

Una primera lectura diría que por rara vez en este siglo XXI, la Casa Blanca ha estado tan alineada con un número sustancial de gobiernos latinoamericanos, que parecen estar gozando de un momento excepcional para la derecha, tendencia que ha encadenado un triunfo detrás de otro, con el abierto respaldo de la Casa Blanca y después de un periodo de predominio izquierdista, consecuencia de un notorio vuelco electoral y del fracaso de recetas progresistas, que podría fortalecerse aún más, si Lula es derrotado en octubre en Brasil.

Los comunicados posteriores a las dos reuniones se han caracterizado por su optimismo y un lenguaje que parece proclamar una “nueva etapa” en las relaciones de la región con EE. UU. Pareciera que somos testigos de la existencia en América Latina (AL) de una derecha diferente, que adscribe a postulados geopolíticos que han llevado a EE. UU. a redefinir totalmente los acuerdos internacionales que habían predominado después de la segunda guerra mundial.

Como jefe del Pentágono, el discurso de Hegseth fue duro, ya que les habló que EE. UU. esperaba que participaran en operativos conjuntos contra el narcotráfico, de la necesidad de un incremento sustancial de sus presupuestos de Defensa, de renunciar a la muy desprestigiada Corte Penal Internacional, de operaciones terrestres contra los cárteles, que no esconden que podrían tener un enorme parecidos con tácticas militares que se usaron contra ISIS y Al-Qaeda.

En este nuevo escenario, aunque nadie lo haya dicho oficialmente, diferentes analistas han coincidido en que tarde o temprano podrían verse tropas actuando en México, aunque no se cuente con la participación o el visto bueno de ese gobierno.

Sin embargo, a pesar del optimismo de las declaraciones conjuntas y de las reuniones bilaterales, ¿estarían disponibles muchos de los gobiernos presentes para apoyar a EEUU en todo lo que ha pedido? Ahí es donde yo hago presente mis dudas, porque todo indica que es un camino lleno de dificultades para los gobiernos latinoamericanos, incluso en aquellos casos donde hay total concordancia ideológica. Y las dificultades hoy no solo provienen de la previsible oposición en países donde todavía se hace presente un marcado sesgo contra EEUU, sino que se presentan objeciones presupuestarias y legales. No creo que ello se ignore, pero considero que es una expresión de un problema que ha conducido al fracaso en el pasado, donde al existir recursos, no se dice nunca no a la potencia, pero tampoco hay voluntad para apoyarla en aquellas decisiones que podrían afectar elecciones, es decir, EEUU sigue sin entender del todo a Latinoamérica, pero la región aún menos entiende cómo se toman las decisiones en EEUU.

Los obstáculos son de todo tipo para consolidar la participación de AL. No solo se debe a dificultad financiera, ya que aquellos que vencieron a la izquierda, lo hicieron en condiciones en que el mal manejo económico fue un denominador común de los gobiernos progresistas que fueron derrotados, por lo que los triunfadores se han comprometido a gastar lo menos posible. En común, existen además restricciones legales al uso de las FF.AA. para operaciones policiales, toda vez que, en algunos casos, la participación con otros ejércitos tiene restricciones constitucionales y necesita, en casi todos, aprobación del Congreso, a veces, dominado por la oposición. Cultural y políticamente existe también una actitud de desconfianza de raíces históricas hacia EEUU, que ha sido acompañada estos últimos años por una alta impopularidad de Trump.

Sin embargo, quizás un problema de igual o superior entidad es la polarización que se vive, y la dificultad para llegar a acuerdos no solo al sur del Río Grande, sino también en el propio EEUU, lo que yo llamo la “latinoamericanización” de la política estadounidense, importando desde hace años, no lo mejor, sino lo peor de la región, polarización que podría aparecer si los demócratas ganan las elecciones de medio término, donde una mayoría podría conducir a una acusación constitucional contra Trump, y si no fuera así, una derrota el 2028 haría que tal como ocurrió con el presidente Biden, por la vía de órdenes ejecutivas, se modificara todo lo hecho, ya que los grandes cambios que han tenido lugar en política nacional e internacional, no son fruto de ninguna ley como tampoco de acuerdos bipartidistas, por lo que podría desaparecer en un gobierno de signo distinto.

En lo que a drogas se refiere, con la excepción de países como Ecuador y Colombia, la mayoría de los países tienen inscrita en la constitución, como también es doctrina de sus instituciones armadas, una concepción de orden público, donde existe separación entre las funciones policiales y las propiamente militares, donde el tema de las drogas está reservado exclusivamente para las áreas de salud y policial.

A cambio de ello, EEUU es parte de una minoría de países donde desde la Administración Nixon, es decir, fines de los 60 y principios de los 70, las FF.AA., quizás presionados por la forma como el consumo de drogas penetró en las tropas desplegadas en Vietnam, fueron incorporadas al combate en su contra, tanto que es de los pocos que por años ha considerado que esta confrontación es una guerra, además que Washington relaciona hoy a las drogas y a los Cárteles con la inmigración ilegal, lo que representa un claro elemento de diferenciación con algunos de los países que han sido invitados a incorporarse, que siguen sin vincular el tráfico de drogas con un objetivo militar, incluso negándose a utilizar fuerzas especiales en territorios distintos al propio.

La verdad es que la administración Trump hizo muy bien en advertir del peligro de los Cárteles y en reconocer la existencia de una delincuencia transnacional, que en países como Venezuela era el gobierno mismo, pero lo anterior no significa que se den las condiciones para que instituciones militares educadas en otro tipo de conflicto y que no consideraban al tráfico de drogas como elemento militar se vayan a incorporar inmediatamente, por mucho que algunos de los gobernantes recién electos concuerden en todo con la Casa Blanca.

Por lo demás, las drogas son un tema lleno de complejidades, por ejemplo, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní encontraron en el Cartel de los Soles venezolano un alma amiga con la cual establecieron relaciones de alianza, ya que en el medio oriente el tráfico de drogas es un conocido mecanismo de financiación de organizaciones terroristas. Además, desde el punto de vista militar, a diferencia de lo policial, que a veces no es un tema en blanco y negro lo demuestra la presencia de EEUU en Afganistán que se prolongó por dos décadas, donde en varios de esos años la cosecha de amapolas se incrementó, ya que su cultivo fue la forma que se encontró para asegurar el apoyo de los señores de la guerra, toda vez que ellos enviaban vía países vecinos la droga a Europa.

Por lo demás, nada va a cambiar en las calles de EEUU si es que no hay un cambio en el consumo de drogas, ya que cuando se creía estar avanzando en el control de la cocaína, los últimos años han dejado de manifiesto el rol del fentanilo, otra droga, aún más mortal, en lo que también influyó la capacidad de los carteles para adaptarse con enorme velocidad a los cambios de escenario, toda vez que el actual predominio de los carteles mexicanos en la frontera de EEUU se debió a varios factores. Primero, que el éxito del Plan Colombia condujera a que el debilitamiento de los Cárteles colombianos cediera protagonismo a los mexicanos. Segundo, que, como consecuencia de decisiones políticas en Colombia, tal como una negociación muy favorable a las guerrillas bajo Santos permitió que aquellas que no renunciaron a las armas se transformaran ellas mismas en narcoguerrillas. Tercero, la política de fronteras abiertas del gobierno de Biden permitió un fortalecimiento de los carteles mexicanos en la frontera sur, como también un veloz aprovechamiento de las facilidades que otorgaba la frontera canadiense para el mismo objetivo.

Desde el momento que hay varios países de AL y del Caribe, donde el consumo de drogas es un mal igual o superior a lo que ocurre en EEUU, la propuesta estadounidense tiene mucho sentido. Es además verdad que todo el continente está penetrado por el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, sin embargo, pasar de los acuerdos generales a operaciones militares conjuntas plantea muchas dificultades, sobre todo, en países donde regiones enteras están en manos delincuenciales como ocurre en México, Colombia y Venezuela. De partida, muchos países no tienen la misma voluntad política, estabilidad ni recursos económicos. Tampoco tienen sistemas judiciales sólidos y a todo nivel predomina la corrupción, lo que va a dificultar incluso poder compartir información o que esta pudiera ser de dudosa utilidad.

Por cierto, el crimen organizado es responsable de buena parte de la violencia, partiendo por el caso del Comando Conjunto brasileño, que desde el interior de las cárceles llegó a controlar las calles, lo que obliga a preguntar cuánto se puede avanzar sin incorporar a dos actores claves como son Brasil, y, sobre todo, México. Incluso, con estos países participando, lo que es dudoso mientras Sheinbaum y Lula estén en el poder, además de otras situaciones como la de Bolivia, donde ya no están en el gobierno, pero en ese país quienes perdieron las elecciones siguen conservando tal poder, que ha resultado imposible ejecutar el arresto de Evo Morales ordenado por la justicia, es decir, cambió el gobernante, pero todavía no se modifica la estructura del narcoestado que protege a Morales. A lo dicho, hay que agregar la situación de Venezuela, donde desde el 3 de enero, el dictador está preso en Nueva York, pero todavía no hay transición y la dictadura se mantiene con varios miembros del Cártel de los Soles en posiciones de poder.

Por lo demás, en varios países de la región existe incapacidad para producir inteligencia de calidad, bases de datos incompletas, dificultad para rastrear las finanzas y las cadenas logísticas de los cárteles. Por otra parte, el sistema financiero estadounidense sigue siendo ampliamente utilizado para lavar activos que después posibilitan su producción en AL; además que, para algunos, el poder del narcotráfico también en EEUU sería tal, que ni siquiera se conoce el nombre del equivalente estadounidense al Chapo Guzmán.

Por lo tanto, aun existiendo las mejores intenciones, la dificultad para que la región pueda actuar en forma conjunta fuera del territorio de cada país es tal, que no se puede esperar que la propuesta de la Casa Blanca opere como solución mágica, por lo que se debe aceptar, que aun en el mejor escenario, se va a lograr menos de lo que se espera. Quizás es mejor esperar que funcione en algunos países como Ecuador, El Salvador o Colombia más que en la región entera, además que es razonable no tener grandes expectativas, es decir, por qué esperar que soluciones que no han tenido éxito en EEUU lo tengan en otros países que ni siquiera tienen el mismo armado institucional, además que tampoco funcionaron en los años que EEUU ocupó Afganistán o Irak.

En lo militar, hay toda una trayectoria donde Colombia aparece como un país particularmente bien equipado y con el apoyo institucional y político para ser parte de una iniciativa de este tipo, pero no es la realidad del conjunto del continente. Lo común para la región son circunstancias donde EEUU ha pasado por distintas etapas y en cada una ha buscado influir en cada país y en sus FF.AA. Por cierto, primero existió aquella etapa de despliegue para transformarse en superpotencia, incluyendo intervención militar en algunos países, sobre todo el siglo XIX en Centroamérica y el Caribe, además de las guerras con México, que perdió parte importante de su territorio, hoy varios Estados de EEUU.

En el siglo XX, por cierto, la segunda mitad fue copada por la Guerra Fría que tuvo un coletazo en las acciones desarrolladas por Washington durante el gobierno de Allende en Chile como también del apoyo dado a los países que fueron agredidos desde Cuba a través de las guerrillas. Herencia de esa época fue la Doctrina de Seguridad Nacional que estuvo detrás de las dictaduras militares que en sus inicios recibieron respaldo de Washington.

Este siglo XXI ha sido testigo de los procesos paralelos de aumento de las dictaduras como también de democratización, que coincidieron con un desinterés de EE. UU., iniciado en Obama hasta ahora, con el “corolario Trump”, donde la utilización de la “Doctrina Monroe” explica muchas cosas, ya que es un nombre no bien recibido, debido a los abusos que trajo consigo en el pasado. En este siglo, varios países democráticos de la región han vivido una verdadera lotería electoral entre izquierda y derecha, sucediéndose los gobiernos cual olas, quizás porque no era tanto un problema ideológico como entender que los electores siguen buscando aquello que no han encontrado, ya que solo excepcionalmente ha habido buenos gobiernos, lo que explica los cambios, ya que muchos electores no siempre votan siempre por los mismos de la vez anterior, existiendo, por lo tanto, el voto castigo a los que mal lo hicieron.

La región tiene experiencias que ayudan a proponer la cautela como herramienta para observar lo que está pasando, toda vez que, a pesar de la total irrelevancia y descrédito de la OEA, cada vez que se ha querido aprovechar las olas izquierdistas o derechistas para que los gobiernos busquen alianzas, estas prontamente fracasan, siendo ejemplos de ello no solo la izquierda financiada por Chávez, sino también el llamado Grupo de Lima de los gobiernos de derecha.

Chile es un buen ejemplo de los problemas que existen para hacer lo que EEUU ahora desea. De partida, el país no cuenta con una legislación que permita que sus FF AA lleven a cabo operaciones en el extranjero como la actual iniciativa de Washington de una Fuerza Operativa Conjunta del hemisferio occidental. En Chile se necesitarían reformas de ley y constitucionales para que puedan participar sus militares, y para lo cual no existen ni deseos ni los quórums para ser aprobadas, además de necesitarse un incremento presupuestario.

Algunos países comparten otras similitudes, como que no todos tienen mayoría en el Congreso, como que también varios han sido electos en segunda vuelta, lo que indica que fueron votos prestados, que no necesariamente van a estar disponibles para estas iniciativas. Coinciden también en otro hecho, que las mayorías se pierden rápidamente, ya que tal como lo demuestra lo que ocurrió con el gobierno laborista del Reino Unido, en ese caso un gobierno de izquierda, debido a las RRSS. hoy existe escasa paciencia con los nuevos gobiernos, que con rapidez pierden apoyo como ocurriera con el gobierno de Kast en Chile, que fue electo con la mayor cantidad de sufragios, para que rápidamente, por errores propios, su apoyo disminuyera a un tercio, por lo que el desafío sigue siendo ser buenos gobiernos.

Por último, en el tema de China va a ser difícil cortar lazos, ya que es importantísimo inversionista y socio comercial, y como ejemplo, Beijing construyó un puerto muy moderno para Perú. Al respecto, ni siquiera la trampa china de control vía préstamos sirve de argumento, ya que la deuda también ha tenido consecuencias negativas en lo político, cuando ha terminado en manos de Wall Street.

En resumen, todo invita a la cautela, ya que como lo demuestra el caso de Chile, un aliado estrecho de EEUU, pero donde el actual gobierno ha fracasado en explicarle a Washington la importancia que reviste mantener buenas relaciones con Beijing, quizás porque no entiende que hoy para EEUU de igual o mayor importancia que lo económico es la geopolítica, por lo que más que socios busca aliados, y, quizás por vez primera, hoy la participación latinoamericana exige que estos países pongan además dinero de sus presupuestos, o si no, pregúntenles a los europeos de la OTAN.

Por ahora, no hay nada semejante a la oferta bipartidista de los gobiernos de Bush y Clinton que se hiciera en Miami, en la primera Cumbre de las Américas de 1994, de ofrecer conjuntamente democracia y un mercado común con lo que hoy no va a ser fácil convencer a los que todavía no lo están.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), candidato presidencial (Chile, 2013)

Hay una realidad que acompaña a todas las transiciones democráticas y que rara vez aparece en los libros de historia: una transición no comienza realmente cuando cae un dictador, sino cuando una sociedad empieza a preguntarse cómo quiere volver a convivir. El final de un régimen puede tener una fecha, una fotografía y hasta una hora precisa; la reconstrucción de una democracia, en cambio, es un proceso mucho más largo, contradictorio y lleno de decisiones difíciles.

No se trata solamente de sustituir a quienes ejercen el poder, sino de reconstruir las reglas, las instituciones y, sobre todo, la confianza que permite que una sociedad vuelva a reconocerse como una comunidad.

Venezuela parece haber entrado ahora en ese terreno incierto. El proceso de negociación entre el régimen interino de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional elegida en 2015, la última institución nacional legítimamente electa que mantiene el reconocimiento de Estados Unidos, ha generado reacciones encontradas. Para algunos representa un paso audaz hacia una salida democrática; para otros, un riesgo de concesiones que podría terminar legitimando estructuras del pasado.

Ambas posiciones son comprensibles porque las transiciones producen casi siempre sentimientos contradictorios: esperanza y desconfianza, ilusión y temor. Quienes han vivido durante años bajo un régimen autoritario quieren que termine cuanto antes, pero también temen que, en nombre de la estabilidad, se termine sacrificando aquello por lo que tantos lucharon.

La historia demuestra que ninguna transición importante ha sido un camino recto. España tuvo que desmontar el franquismo sin destruir el Estado; Chile debió recuperar la democracia mientras convivía con instituciones y actores heredados de la dictadura; Polonia tuvo que transformar la fuerza moral de Solidaridad en instituciones capaces de gobernar; Sudáfrica encontró en la Comisión de la Verdad una fórmula imperfecta para intentar reconciliar a una sociedad profundamente herida; y los países de Europa del Este descubrieron que derribar los viejos sistemas comunistas era mucho más sencillo que construir las nuevas democracias.

Venezuela tendrá que encontrar su propio equilibrio. No podremos copiar ninguna transición anterior porque cada país tiene su historia, sus heridas y sus circunstancias, pero sí podemos aprender de quienes ya recorrieron ese camino. Ninguno de esos procesos fue perfecto. Todos fueron profundamente humanos y llenos de contradicciones, de concesiones difíciles y de principios irrenunciables.

En el caso venezolano existe, además, una circunstancia que sería ingenuo ignorar. Estados Unidos tiene hoy una influencia extraordinaria sobre el proceso político, económico y militar que se desarrolla en Venezuela. Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la administración del presidente Donald Trump y, particularmente, el secretario de Estado Marco Rubio, han diseñado una hoja de ruta cuyo objetivo declarado es conducir al país hacia una etapa de estabilización, transición y posteriormente elecciones democráticas. Nos puede gustar más o menos esa realidad, podemos discutir sus condiciones y cuestionar sus alcances, pero no podemos construir una estrategia nacional a partir de una ficción. La influencia de Washington es una realidad y debe ser reconocida precisamente para que Venezuela pueda recuperar progresivamente su capacidad de decidir por sí misma.

La mesa venezolana tiene, por eso, una configuración particular. En ella están el poder provisional encabezado por Delcy Rodríguez y la representación de la oposición democrática vinculada a la Asamblea Nacional de 2015, pero existe también una tercera presencia que tiene un peso extraordinario: Estados Unidos.

Incluso podría decirse que es una mesa con dos cabeceras y que Washington tiene una silla en ambas. Reconocerlo no significa renunciar a la soberanía venezolana. Significa comprender el punto de partida. El objetivo de la transición, precisamente, debería ser que Venezuela pueda volver a gobernarse a sí misma, de manera democrática y soberana, y que ninguna potencia extranjera termine ocupando el espacio que durante años ocuparon las estructuras autoritarias internas.

Por eso la transición no puede convertirse simplemente en una negociación sobre quién ocupa Miraflores. El desafío es mucho más profundo. Venezuela necesita reconstruir su Estado y recuperar instituciones que durante años fueron utilizadas como extensiones del poder político. Necesitamos una democracia gobernante y no una democracia gobernada; un sistema donde el voto vuelva a decidir quién gobierna, donde exista un árbitro electoral confiable, un Tribunal Supremo verdaderamente independiente y donde las libertades civiles y políticas dejen de depender de la voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder.

También tendremos que recuperar la libertad de expresión en un país donde medios de comunicación fueron cerrados o confiscados, periodistas perseguidos, plataformas digitales restringidas y el miedo convertido en una forma de política pública. Una democracia no puede funcionar si sus ciudadanos tienen miedo de hablar, de organizarse, de protestar o incluso de compartir información. La libertad no consiste solamente en poder votar cada cierto número de años; consiste en poder vivir cotidianamente sin que el Estado determine qué se puede pensar, decir, publicar o discutir.

La reconstrucción económica será igualmente decisiva. Venezuela necesita abandonar definitivamente un modelo estatista que destruyó productividad, inversión, propiedad y oportunidades, y construir una economía basada en la iniciativa privada, la seguridad jurídica y la confianza. Pero tampoco deberíamos caer en la ilusión de que el crecimiento económico resolverá automáticamente las heridas sociales de estos años.

Millones de venezolanos fueron condenados a la pobreza, muchos tuvieron que abandonar el país y otros aprendieron a sobrevivir en medio de una economía devastada. La nueva Venezuela tendrá que producir riqueza, pero también oportunidades; tendrá que recuperar la inversión, pero también reconstruir la movilidad social. Una democracia que no consiga mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos terminará generando nuevamente frustración y desconfianza.

Habrá, además, una cuestión especialmente delicada: cómo enfrentar los crímenes y abusos cometidos durante estos años. La reconciliación no puede significar amnesia, pero la justicia tampoco puede convertirse en una prolongación de la guerra política por otros medios.

Venezuela tendrá que construir una justicia transicional capaz de investigar, reconocer responsabilidades, reparar a las víctimas y establecer garantías para que los abusos no vuelvan a repetirse. No será sencillo. Habrá quienes pidan castigos ejemplares y quienes pidan pasar la página. Probablemente ambas posiciones tendrán que ceder en algo. La reconciliación auténtica no consiste en olvidar lo ocurrido, sino en lograr que el pasado deje de determinar inevitablemente el futuro.

Lo mismo ocurrirá con las Fuerzas Armadas. Venezuela necesitará reconstruir una institución militar profesional, moderna y respetada, subordinada a la Constitución y no a un partido, una ideología o un proyecto personal. La Fuerza Armada debe volver a pertenecer a la República. Su misión no puede ser garantizar la permanencia de un gobierno, sino defender la soberanía nacional y el orden constitucional. Esa reconstrucción será fundamental porque ninguna democracia puede consolidarse mientras exista una institución armada que se considere por encima de las reglas que deben cumplir los demás ciudadanos.

El petróleo también tendrá que recuperar su verdadero significado. Durante demasiado tiempo dejó de ser una riqueza nacional para convertirse en un instrumento de dominación política. El petróleo no debería servir para comprar lealtades ni para financiar estructuras de poder; debería ser utilizado para financiar educación, infraestructura, salud, seguridad, tecnología y desarrollo. La riqueza petrolera pertenece a los venezolanos y debe ser administrada bajo reglas de transparencia y control ciudadano. El petróleo puede volver a ser una oportunidad, pero solamente si deja de ser el dueño de la política venezolana.

Todo esto ocurre, además, en un país profundamente herido. El terremoto reciente volvió a demostrar la fragilidad de nuestras instituciones y nos recordó que reconstruir Venezuela no significará únicamente levantar carreteras, hospitales, escuelas o viviendas. También habrá que reconstruir confianza. La confianza del ciudadano en el Estado, del empresario en la justicia, del trabajador en el futuro y del venezolano que emigró en la posibilidad de regresar. Un país no se reconstruye solamente con cemento. Se reconstruye cuando sus ciudadanos vuelven a creer que vale la pena invertir su vida en él.

Por supuesto, nada de esto será fácil. Existen enormes diferencias dentro de las fuerzas democráticas y la decisión de María Corina Machado de no participar directamente en este proceso revela precisamente la profundidad de esas tensiones. Pero una transición será más fuerte mientras mayor sea la capacidad de incorporar a los distintos sectores que forman parte de la Venezuela democrática. Nadie debería pretender convertirse en propietario de la transición. Ni el gobierno provisional, ni una organización política, ni una persona, ni siquiera quienes han sufrido más directamente la persecución. La transición debe pertenecer a todos los venezolanos porque, si algo debería quedar claro después de tantos años, es que la democracia no puede ser el premio de un grupo sobre otro.

Las nuevas generaciones tendrán una responsabilidad todavía mayor. Tendrán que hacer algo que otras generaciones hicieron antes en España, Chile, Polonia, Sudáfrica y Europa del Este: cambiar de piel sin perder el alma. Tendrán que construir instituciones que no conocieron, recuperar una cultura política que fue destruida y aprender a convivir con quienes piensan diferente. Eso será quizás más difícil que derrotar electoralmente al viejo sistema, porque la democracia no solamente exige cambiar a los gobernantes; exige cambiar la forma en que una sociedad entiende el poder.

Por eso este proceso que hoy comienza debe ser visto apenas como el primer tramo de una carrera larga. Habrá tropiezos, concesiones, contradicciones y seguramente momentos de enorme frustración. Pero el destino debe permanecer claro: una Venezuela donde la democracia vuelva a pertenecer a los ciudadanos, donde la ley esté por encima del poder, donde el voto tenga consecuencias, donde disentir no sea un delito, donde las Fuerzas Armadas respondan a la Constitución y donde la riqueza nacional vuelva a servir al desarrollo.

Una Venezuela donde quien se fue pueda regresar, donde quien decidió quedarse pueda volver a soñar y donde ningún joven tenga que elegir entre abandonar su país o abandonar sus aspiraciones.

Porque quizás esa sea la verdadera definición de una transición democrática: no el momento en que cambia un gobierno, sino el momento en que una sociedad decide que ya no quiere volver a vivir como antes.

La transición venezolana no tendrá éxito simplemente porque caiga un régimen. Tendrá éxito cuando podamos volver a convivir.

Y ese será, probablemente, el verdadero comienzo de la democracia.

Durante 67 años Cuba ha enviado mercenarios a países de América Latina y el mundo. Fidel Castro tuvo como objetivo principal exportar su modelo revolucionario, desestabilizando gobiernos democráticamente electos e instalando regímenes autoritarios. Una vez que estos gobiernos se consolidan, Castro cobraba muy caro estos favores.

Los primeros mercenarios. En abril de 1959 tras los primeros meses de la revolución, Cuba debutó enviando guerrilleros a desestabilizar Panamá y protestar contra Estados Unidos en la zona del Canal.

Cerca de 97 mercenarios cubanos viajaron en la embarcación Mayarí en abril de 1959, con algunas armas, chalecos y equipos de radio. Querían sorprender a las autoridades panameñas, pero fueron ellos los sorprendidos. Fueron capturados, humillados y deportados a la Habana.

En junio de 1959, Fidel Castro volvió a enviar mercenarios a otro país soberano. Cuba intentó desestabilizar la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Fue otra experiencia fallida, provocando la muerte de más de 200 militares comunistas.

En mayo de 1959 Fidel Castro, inspirado por el internacionalismo sanguinario del Che Guevara, intentó derrocar a Somoza en Nicaragua. Aunque fracasaron, Cuba seguiría entrenando guerrilleros con planes a futuro.

La derrota en Haití. Cuando en agosto de 1959 Fidel Castro envió a sus matones a Haití, sufrió nuevamente otra derrota, pero esta vez fue más sangrienta, muriendo casi todos sus soldados.

Fidel Castro era un hombre enfermo de poder. Miraba las muertes como un mal necesario. Cada invasión fallida era una lección aprendida. Solo en el primer año de la llamada revolución envió a morir centenares de jóvenes a 4 países soberanos.

Colombia. A inicios de 1960, Cuba inspiró, protegió y entrenó a movimientos insurgentes en Colombia. Estos grupos criminales incluyeron a las FARC, el ELN y en 1974 el Movimiento M-19, del que formó parte el presidente Gustavo Petro.

Cuba se profesionalizó en el envío de matones a sueldo. En 1963, harto de fracasar en América Latina, Castro y el Che Guevara empiezan operaciones injerencistas en Argelia y una docena de países en África.

El Che Guevara fue una figura clave. Una especie de enviado especial para “encender la llama revolucionaria” en África. Cuba aprendió a enviar asesores militares, pero también a entrenar terroristas en la isla.

En 1963, Cuba estableció de forma irregular el servicio militar obligatorio. Mediante esto, enviaron a miles de esos jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio a matar gente inocente en África.

Angola fue el primer proyecto victorioso del modelo de mercenarios y asesores cubanos. En 1975, este país logra su independencia de Portugal en la célebre Operación Carlota. Castro había vendido su modelo a toda África. Miles de Cubanos perdieron la vida para construir el ego y la leyenda de Fidel.

Cuba y su modelo injerencista de mercenarios, agitadores profesionales y asesores represivos tuvieron su mayor fracaso en 1966 con la muerte del Che Guevara en Bolivia. Otro pequeño sacrificio que no detendría el ego de Fidel.

El primer gran fracaso de Cuba en Venezuela. En mayo de 1967 la dictadura puso sus ojos en el petróleo de Venezuela. Intentaron apoyar grupos guerrilleros con la operación Machurucuto pero fueron aplastados.

Finalmente, en el año 2,000 Cuba logra consumar su victoria en Venezuela, suscribiendo una alianza en temas de seguridad con el dictador Hugo Chávez. Se estima que unos 23 mil mercenarios, asesores de inteligencia y presuntos médicos operan de forma rotativa en Venezuela.

En teoría, la legislación cubana prohíbe el uso de mercenarios. Según el artículo 135 del nuevo Código Penal, toda persona que participe en actividades militares en territorio extranjero para beneficio personal será castigada con penas de 20 a 30 años, cadena perpetua e incluso pena de muerte.

Organizaciones como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son versiones light del modelo injerencista cubano. Son organizaciones que incluyen sindicalistas, huelguistas y guerrilleros de toda América Latina. Su objetivo no es construir democracia, sino desestabilizarla e incluso destruirla.

Fidel Castro fue un asesino serial. Durante toda su vida promovió la muerte, la tortura, el robo y el terrorismo organizado dentro y fuera de Cuba.

Hoy Latinoamérica ha dicho basta. La izquierda esta agonizando y el legado de Fidel Castro es solamente un mal recuerdo que solo algunos tiranos y criminales insisten en querer recordar.

*El autor es periodista exiliado, ex embajador ante la OEA y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es ex alumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

La extrema violencia asociada al crimen organizado ha llevado a los sistemas políticos a proponer diversas soluciones al problema de las bandas y los cárteles. No todos los problemas en los países de la región tienen la misma magnitud. Una perspectiva, que tiene que ver con la existencia de los “corredores de la droga” enfatiza el control territorial por parte de las células regionales de narcotráfico, en otros opera sobre la base de círculos de influencia, en otros todavía está en la periferia de la política. La capacidad de respuesta de las instituciones es fundamental para revertir procesos o aun para mantener las condiciones sistémicas. La asociación con el crimen organizado ha sido asimismo un parámetro de acción de las dictaduras de la región, ya sea el narco o el tráfico de personas han visto estas actividades cooptadas por la logística del Estado o apoyadas por la misma.

Ante esta situación, el poder policial suele ver limitada su capacidad para neutralizar la violencia sistémica y la naturaleza de las operaciones de las redes criminales, y, lamentablemente, se ha extendido la idea de no hacerlo dentro del marco del Estado de derecho. Asimismo, se observa que la intervención judicial solo es efectiva cuando la situación adquiere una dinámica de cooperación o de apoyo internacional contra los corredores de la droga. Los efectos de intimidación y corrupción son devastadores para la institucionalidad regional que no tiene en general estructuras fuertes, ni funcionamiento eficiente, ni la profesionalidad requerida para hacer frente a un poder muy bien financiado y excelentemente armado como el del crimen organizado. No todos los narcos se conforman con la idea de un «corredor de cocaína», ni con las violaciones de derechos humanos que acompañan la violencia sistémica que señalan existir. La experiencia del estado de derecho se convierte entonces en una ilusión y prevalecen los golpes que le da el crimen organizado a la estabilidad de la vida política, económica y social de los países.

El concepto de control territorial es fundamental para analizar en detalle la crisis de la democracia en algunos países, debido a los procedimientos que se siguen como respuesta al narcotráfico. Por otro lado, también se da una conjunción de factores en relación con la intimidación política, las actividades partidistas y los factores económicos y financieros que se generan. Esto incide decisivamente en las capacidades de actuación política y en los resultados de las contiendas electorales. Desde esta perspectiva, se debe decir que el Estado de derecho no se define por acciones aisladas, sino por las relaciones entre los actores dentro de un marco institucional y por cómo son capaces de repeler las capacidades del crimen organizado, por un lado, y, por el otro, de juzgar las responsabilidades de las personas sin afectar sus derechos. Así es que, al abordar la respuesta del Estado a las redes criminales, no se puede asumir la existencia de una mentalidad uniforme, las prioridades, la aplicación y ejecutoriedad del Derecho, los derechos humanos dividen a quienes ejercen gobierno e institucionalidad.

Aún aquellos con contacto indirecto con estas redes o aún quienes tal vez no hayan experimentado directamente la violencia sistémica y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que comete el crimen organizado, pero sí hayan visto la dimensión política del crimen organizado o escuchado relatos al respecto— perciben la lucha contra el crimen y la respuesta del Estado a través de una perspectiva de la absoluta gravedad que tiene este problema y el marco de crisis en que hay que enfrentarse al mismo.

Esto se puede ilustrar con analogías concretas, consideremos la diferencia entre los recursos financieros de un narco y las necesidades operativas diarias insatisfechas de una estación policial, consideremos asimismo las diferentes capacidades de fuego de la policía y el narco, consideremos las posibilidades del narco de actuar permanentemente fuera de la ley y todo esto nos ayuda a comprender las condiciones permanentes de una guerra asimétrica directa. También consideremos otra perspectiva, como la de un individuo inmerso en la corrupción, para la cual, históricamente, han servido los recursos financieros del crimen organizado. Ese individuo corrompible es la razón por la cual la justicia se aplaza muchas veces, la razón por la cual un partido tiene un candidato y no otro, la razón por la cual se promueve a un policía y no a otro, la razón por la cual un fiscal es asesinado y otro no.

Toda la experiencia sensorial de la lucha contra el crimen organizado está marcada por la fragmentación territorial y la inestabilidad del sistema penitenciario. En estos territorios, para las personas que están en los mismos términos como “seguridad pública”, “guerra de pandillas” o “incompetencia pública” tienen un significado habitual que hace a la vida o a la muerte. Es así como parafraseando a Timothy Snyder podemos ver todas las lecciones de tiranía y como se aplican al crimen organizado, la obediencia por adelantado, la falta de respeto a las instituciones, el poder político ilimitado, las decisiones sin opción que la gente debe tomar, el olvidarse de la ética profesional, el narco-paramilitarismo, el uso irracional de las armas, el seguidismo fácil al poder narco, y un largo etcétera.

En la realidad de determinados sistemas políticos de la región, marcados por la fragmentación territorial y la indisimulada asimilación o compra del sistema penitenciario, la expresión “guerra asimétrica directa” se refiere simplemente a un patrón específico dentro de esa situación. Y también se refiere a la inestabilidad e ineficiencia institucionales que dan origen a estos patrones. La lucha contra la corrupción nunca se ha enfrentado al evento político que genera el crimen especializado en condiciones de igualdad. De manera similar, muchas veces el término recursos financieros se asocia naturalmente a la incompetencia de las fuerzas del orden, al mal funcionamiento judicial y a la financiación electoral por parte del crimen organizado, lo cual constituye una entidad física muy real para la erosión democrática. La corrupción tiene acceso a recursos financieros cuantiosos, y las vacunas del sistema político son ineficaces contra ella.

Las maras o las pandillas simplemente se originaron por la inestabilidad carcelaria, considerándose naturales dada la realidad de su entorno y el contexto en el que esas palabras adquirieron su pleno significado. Derrotarlas se convirtió en una necesidad para varios sistemas políticos regionales. Si bien algunos esquemas de lucha contra el narcotráfico basados en la cooperación internacional y respetando dinámicas institucionales fueron exitosos (como el Plan Colombia), la tentación recurrente ha sido comerse a los caníbales, abandonar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia o simplemente extender de manera generalizada la captura tan allá de la prueba semiplena como fuera posible. Este método salvadoreño golpea duro a la institucionalidad y establece puntos de difícil retorno para el funcionamiento democrático.

Cuando se realiza la referencia a sistemas financieros, se habla en general de elementos de la realidad financiera en la cual la palabra inestabilidad suele ser un problema regional recurrente. La anatomía de los sistemas financieros globales se alimenta año a año de dinero del crimen organizado por miles y miles de millones, perder eso puede generarles la misma incertidumbre que cualquier crisis financiera o económica. También debe decirse que, muchas veces, estos recursos financieros (y su derrame) representan varios puntos del PBI que algunas economías no están en condiciones de perder.

Las democracias se tienen que fortalecer a través de la cooperación internacional (especialmente con EUA) que resuelva los problemas de asimetrías de recursos que tienen los presupuestos de seguridad de los países de la región con el narcotráfico y el crimen organizado en general, en nuevas eficiencias institucionales a partir de resolver la corrupción, lograr mayor profesionalización de las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, la utilización de la extradición como el elemento temible que es, así como capturar la mayor parte de los recursos financieros del crimen organizado que se puedan. Si prevalece la teoría de la soberanía del narco, si hay leyes financieras permisivas y si hay corrupción endémica, las soluciones necesarias demorarán en llegar o no llegarán nunca.

Luis Almagro

Instituto CASLA

¿Qué une al actor Javier Bardem con el ex presentador de Fox News Tucker Carlson en sus charlas con el revisionista del holocausto Darryl Cooper? ¿Qué une al dirigente de Podemos Pablo Fernández con la podcaster de extrema derecha Candace Owens? ¿Y, qué une a Gustavo Petro con el teórico de la conspiración Alex Jones? O, sumado todo, ¿qué une al pensamiento de la extrema derecha con el pensamiento de la extrema izquierda? La respuesta seca es rotunda: les une el odio a Israel. O, dicho en los términos definidos por la IRHA, les une directamente el antisemitismo.

Por supuesto, el análisis requiere aplicar matices a la afirmación, pero los hechos son contundentes, a tenor de los últimos acontecimientos. Desde la guerra contra Hamas en Gaza, hasta la guerra contra Irán, pasando por la invasión de Ceuta, todo lo que ha ido ocurriendo, con implicación real o fictícia de Israel, ha permitido observar una convergencia inequívoca entre los postulados antiisraelíes de las derechas más extremas, lo que ya se denomina “la derecha woke”, y los postulados antiisraelíes del wokismo de izquierdas. Del supremacismo blanco al comunismo revisionado, los dos polos ideológicos se han encontrado cómodos en los mismos bulos, en las mismas teorías conspiranoides, y en el mismo discurso demonizador hacia el estado hebreo. Se trata de una convergencia ideológica perceptible desde hace años, siempre negada por ambos extremos, y sin embargo plenamente confirmada a tenor de los miles de ejemplos que la sustentan. El último capítulo, el de la irrupción de más de 100.000 migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta, ha sido, en este sentido, especialmente ilustrativo.

Los ejemplos más reveladores unen inequívocamente a esos polos ideológicos, que se apuntaron desde el primer minuto de la invasión a la teoría de la conspiración israelí, con el Mosad como artífice de la crisis de Ceuta, a pesar de que ninguna evidencia lo sustentara mínimamente. Así lo confirmaron el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) o el Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, que negaron tajantemente cualquier vinculación, pero ello no impidió que las teorías que aseguraban que Israel era el responsable se difundieran masivamente. Por ejemplo, la politicóloga egipcia Nadia Helmy difundió en X que se trataba de una “guerra híbrida” para castigar a Pedro Sánchez, y su teoría alcanzó a millones de usuarios, según el Centro de Investigación del Antisemitismo (ARC). La tesis fue rápidamente “comprada” por dirigentes y opinadores de extrema izquierda, como la activista radical Ana Kasparian (que define habitualmente a Israel como un “estado maligno”), o el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, y fue sutilmente avalada por el propio ministro socialista Óscar Puente. Pero no solo. Por ejemplo, el inefable Javier Bardem puso en su X de 1.5 millones de seguidores la siguiente frase: “Sabemos quién se beneficia de una España debilitada y desestabilizada: Israel”, y el portavoz de Podemos Pablo Fernández escribió: “el eje Marruecos-EUA-Israel és el que ha organizado la operación”, mientras acusaba al Partido Popular de ser “colaboracionistas de los sionistas y de sus aliados marroquíes y estadounidenses”. Igualmente explícita, la líder de Podemos Irene Montero aseguró que “si pagas a una dictadura como Marruecos para que haga el Trabajo sucio, cuando Marruecos quiere más, o cuando Estados Unidos e Israel le ordenan, deja de hacerlo para hacerte chantaje”. En la misma línea, el ex presidente de Colombia Gustavo Petro llegó a asegurar que “Netanyahu paga para que los pobres arriesguen su vida para llegar a España” y añadió que Marruecos “se ha entregado al designio de un genocida prófugo”. Como remate, también se sumó el famoso streamer de izquierdas Hasan Piker, que aseguró en su cuenta de tres millones de seguidores que “Israel y Estados Unidos lograron que el gobierno marroquí enviara como 40.000 personas al territorio administrado por España”.

Si la difusión de la “conspiración israelí” respecto a Ceuta ha sido la canción del verano de la extrema izquierda, la extrema derecha lo ha convertido en un hit, reduciendo la distancia entre ambos polos a la nada. Los ejemplos son igualmente reveladores, con la podcaster de extrema derecha Candace Owens y el ex presentador de Fox News Tucker como grandes propagadores de la conspiración. Owens, en línea con sus posiciones antisemitas clásicas, difundió una publicación vinculando los “centros de estudios financiados por Israel” con la invasión de Ceuta, y su publicación llegó a los 1.6 millones de visitas. Tucker, acompañado del revisionista del Holocausto Darryl Cooper, alimentó en su podcast la versión antisemita de la teoría del Gran Reemplazo que asegura que Israel promueve la migración masiva de musulmanes hacia países occidentales para perjudicar a la población blanca. La descripción del episodio del podcast en YouTube afirmaba que “El Gran Reemplazo ya no es una teoría” y supero los 2.5 millones de visualizaciones. Por su lado, el fundador de InfoWars, Alex Jones, se sumó a la teoría asegurando que “Israel ha lanzado una invasión islámica contra España”. Su publicación en X llegó a más de 500.000 cuentas.

En total, y según el informe de Combat Antisemitism Movement, “en las 72 horas que siguieron a los primeros incidentes de invasión en Ceuta, el número de lectores de los ‘post’ subidos a la plataforma X llegó a los 103 millones”, viralizando la mentira de la conspiración y alimentando el odio a Israel. Y a pesar de que los bulos tenían matices diversos, en función de las obsesiones de cada lado ideológico, todos coincidían en la “conspiración israelí”, una versión moderna de la vieja “conspiración judía” del antisemitismo clásico. Nuevos tiempos y nuevos lenguajes, pero el viejo prejuicio judeófobo de siempre, alimentado a ambos lados de la acera ideológica. Si antes eran los banqueros judíos del centro de Europa que conspiraban para dominar la economía mundial -desde los Protocolos inventados por la Ojrana rusa, hasta los mitos nazis-, hoy serían los judíos de Israel y Wall Street quienes intentan dominarlo. Si antes los judíos bebían la sangre de los niños cristianos, ahora serían los soldados judíos los que disfrutan asesinando niños. Si antes los judíos tenían un plan para dominar el mundo, ahora sería Israel quien desestabiliza estados, crea invasiones y quiere acabar con la Europa blanca... Son los mitos y las falsedades históricas reinventadas, modernizadas, y planetariamente viralizadas, en un preocupante y magno ejercicio de estupidez colectiva. Y nada es casual. Como escribió Matthew Witkin, investigador de la Liga Antidifamación (ADL), esta convergencia entre polos ideológicos no es una coincidencia, sino que “refleja una característica duradera del antisemitismo moderno: Israel sirve como una explicación universal para crisis que no tienen relación entre sí, absorbiendo la culpa de la migración, la inestabilidad económica y la disfunción política, independientemente del punto de partida ideológico”

Javier Bardem y Candance Owens, a derecha y a izquierda, del comunismo al supremacismo: la misma mentira conspiranoide, el mismo odio a Israel, la misma supina estupidez.

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Instagram: pilar_rahola/

Los latinoamericanos tenemos una larga tradición de copiar modelos. Copiamos modas, tendencias y, desde luego, modelos de políticas públicas, negocios, trabajo y educación. La lógica parece sencilla: si un determinado modelo produjo resultados positivos en otra parte —Singapur, Australia, Suiza o incluso el Himalaya—, ¿por qué no habría de producirlos también en nuestras latitudes?

El problema es que esta forma de razonar suele ignorar lo esencial: ningún modelo funciona en el vacío. La geografía, la cultura, las instituciones y la dotación de recursos naturales condicionan profundamente sus resultados. Lo que funciona en un país puede fracasar estrepitosamente en otro.

América Latina conoce bien las consecuencias de esta fascinación por las recetas importadas.

La primera gran ola de copia institucional ocurrió después de los procesos de independencia de España, cuando se asumió que el modelo de democracia federativa adoptado por Estados Unidos podía funcionar igualmente bien al sur del Río Bravo. Se produjo entonces una catarata de constituciones que consagraban el federalismo en las nuevas naciones surgidas del Imperio español.

Pero las constituciones, por sí solas, no crearon democracias. Tampoco lograron impedir las guerras civiles que marcaron buena parte de la etapa posterior a la independencia.

Hoy podemos estar frente a una nueva versión del mismo fenómeno.

En el siglo XXI, Estados Unidos ha decidido desempolvar la doctrina Monroe, incorporándole el llamado corolario Trump. Desde una perspectiva geopolítica, Washington ha escogido al hemisferio occidental como su zona de inclusión estratégica y ha colocado al crimen organizado en el centro de su agenda regional. La premisa parece ser que aquellos países que perturben la paz política o el progreso económico podrán convertirse en objeto de una acción estadounidense más directa.

Esta nueva orientación tomó por sorpresa a buena parte de los líderes latinoamericanos. Hasta ahora, la política exterior de Estados Unidos hacia la región se había concentrado, en buena medida, en apoyar a los países latinoamericanos en la solución de problemas educativos, de infraestructura y de salud.

Los nuevos gobiernos que llegaron al poder como expresión del rechazo a las políticas de izquierda se encontraron, por tanto, ante una nueva prioridad: combatir el crimen organizado. Y, al buscar un modelo que mostrara resultados, encontraron uno que parecía difícil de ignorar: el de Nayib Bukele en El Salvador.

Desde Colombia hasta Chile, pasando por Perú, comienza así a extenderse la idea de que el modelo salvadoreño podría ser la respuesta latinoamericana al avance del crimen organizado.

Pero aquí es donde conviene detenerse.

La carrera por importar el modelo Bukele podría terminar creando problemas aún mayores que aquellos que pretende resolver. Porque el modelo no consiste simplemente en aplicar políticas más eficaces contra el crimen. Su funcionamiento depende de determinadas condiciones políticas e institucionales.

Entre ellas destacan tres: un Ejecutivo mucho más fuerte que los demás poderes; el debilitamiento o silenciamiento de los medios de comunicación y de las instancias encargadas de supervisar los derechos humanos; y acuerdos con la dirección del crimen organizado.

El problema es que cada una de estas condiciones erosiona, poco a poco, la fibra democrática y, con ella, las libertades que la democracia pretende proteger.

En una región caracterizada históricamente por instituciones débiles, la adopción prolongada de un modelo de esta naturaleza podría terminar produciendo un resultado paradójico: utilizar la lucha contra el crimen para debilitar precisamente las instituciones que deberían garantizar la libertad y el Estado de derecho.

Y en una región que, después de quinientos años, todavía no ha conseguido consolidar instituciones democráticas firmes, ese desenlace sería particularmente triste.

La historia, además, nos ofrece un antecedente inquietantemente parecido.

A mediados del siglo pasado, América Latina volvió a apostar por una receta que parecía ofrecer una vía rápida hacia el desarrollo: la industrialización por sustitución de importaciones. La tesis, asociada a la obra de Raúl Prebisch, entonces director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU, partía de una premisa comprensible: proteger la producción nacional frente a la competencia externa permitiría crear industrias locales y acelerar el desarrollo.

La receta consistía en levantar una verdadera empalizada arancelaria para restringir las importaciones y estimular la producción nacional.

Funcionó, en cierta medida, en economías grandes como Australia, Nueva Zelandia, México y Brasil. Pero en muchas de las economías más pequeñas de la región produjo un efecto perverso: creó sectores empresariales dependientes de la protección arancelaria, incapaces de competir internacionalmente y con fuertes incentivos para preservar el sistema que los protegía.

El modelo también encareció los presupuestos de la clase media, redujo su capacidad de crecimiento y contribuyó a la formación de grupos de interés suficientemente poderosos como para capturar los aparatos estatales en defensa de sus propios intereses.

El resultado fue una combinación conocida: mayor marginalidad, incapacidad para conquistar mercados externos y escasa innovación y desarrollo tecnológico endógeno.

La lección debería ser evidente.

América Latina no necesita importar modelos completos. Necesita aprender a distinguir entre aquello que puede ser adaptado y aquello que, al trasladarse mecánicamente de un país a otro, puede terminar destruyendo las mismas condiciones que se pretende mejorar.

El desafío frente al crimen organizado es real y urgente. La respuesta, sin embargo, no puede consistir en escoger entre seguridad y democracia. El verdadero desafío consiste en construir instituciones capaces de garantizar ambas.

Porque si para salvar la democracia terminamos sacrificando la libertad, habremos ganado una batalla contra el crimen para perder la guerra por la democracia.

En la dinámica geopolítica contemporánea, la integridad de los procesos electorales atraviesa una crisis inducida. A los factores domésticos que tradicionalmente han amenazado el reconocimiento de los resultados y la confianza en la organización de las elecciones, se le suman injerencias extranjeras sofisticadas para atacar la credibilidad de las instituciones e instaurar un halo de desconfianza que amenaza a todo el sistema político. Este retroceso es impulsado en parte por líderes con poco compromiso democrático que están dispuestos a desacreditar el sistema injustificadamente si los resultados le son adversos, así como por regímenes autoritarios que, mediante la creación de sus propias reglas de validación, buscan eludir el escrutinio internacional genuino. En el epicentro de este fenómeno se encuentra la Federación de Rusia, que ha sofisticado sus tácticas de injerencia para construir un ecosistema global de falsa observación electoral. Esta práctica no solo busca blindar fraudes domésticos, sino exportar un modelo de “soberanía electoral” que desacredita a los organismos técnicos profesionales (OEA, UE, Centro Carter) y coopta a actores del Sur Global bajo la bandera de un mundo multipolar.

La Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) define la falsa observación electoral como una actividad política realizada por actores internacionales con el fin de promover intereses partidarios, imitando la estética y metodología de un monitoreo electoral creíble. Su objetivo es multifacético: encubrir fraudes ante audiencias nacionales, legitimar procesos viciados, subvertir los resultados de misiones técnicas y construir redes de influencia transnacional.

A diferencia de la observación técnica profesional, que es sistemática, imparcial y evalúa todo el ciclo electoral, la observación “fake” suele limitarse a una presencia simbólica el día de la votación. Sus delegaciones carecen de independencia, ya que están integradas por aliados políticos que emiten declaraciones benevolentes incluso ante irregularidades documentadas.

El ecosistema ruso: institucionalización y mimicría

El Kremlin ha pasado de misiones ad-hoc o “turismo político” en las que funcionarios del Gobierno o específicamente de la Comisión Electoral se acreditaban como observadores electorales, a la creación de una infraestructura institucionalizada a escala global. Quizá la piedra fundacional de este esfuerzo fue el lanzamiento en Moscú, en abril de 2026, de la Asociación Internacional de Expertos Políticos y Electorales (IAPEE/IAIEE). Esta entidad, respaldada por la Administración Presidencial y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, se presenta como una “alternativa multipolar” al monitoreo occidental. Cuenta con un board integrado por ocho personas, dos de ellas de América Latina: el congresista colombiano David Alejandro Toro Ramírez, y el Director del Observatorio Electoral de la Universidad de La Plata (Argentina), Sebastián López Calendino.

La estrategia rusa emplea la mimicría institucional: utilizan terminología y estilos visuales similares a los de organismos legítimos para confundir a la opinión pública. Este ecosistema integra tres pilares fundamentales:

1. Formación de “expertos”: A través de iniciativas como la I y II Escuela Internacional de Expertos Electorales, reclutan a jóvenes y especialistas extranjeros para “masterizar” herramientas de observación bajo la óptica rusa.

2. Escudo informativo: La Red Global de Verificación de Datos (GFCN) opera en sinergia con la IAPEE para etiquetar preventivamente las críticas técnicas internacionales como “fakes occidentales”.

3. Captación diplomática: Rusia utiliza foros como BRICS para reclutar altos funcionarios, parlamentarios y defensores del pueblo, utilizándolos como un “escudo diplomático” que otorga una pátina de autoridad estatal a la validación de fraudes.

La relativización de estándares y el relato del “Neocolonialismo”

Para justificar este modelo, el canciller Sergey Lavrov ha impulsado una narrativa que califica a la observación electoral técnica como “neocolonialismo electoral occidental”. Bajo esta premisa, el Kremlin sostiene que los estándares internacionales ignoran las “características nacionales, históricas o culturales” de cada país. Al relativizar la universalidad de los derechos políticos, proponen una observación electoral “a la medida” de los intereses del régimen de turno, donde la soberanía estatal se antepone a la voluntad popular expresada en las urnas.

Estudios de caso: de la validación del fraude a la infiltración democrática

El laboratorio de este ecosistema han sido los territorios ocupados de Ucrania, donde figuras internacionales fueron utilizadas para validar referéndums ilegales. No obstante, el modelo se ha exportado con éxito a América Latina:

Para las elecciones de Venezuela del 28 de julio de 2024, el régimen de Nicolás Maduro invitó a centenares de militantes de partidos afines bajo la figura de “acompañantes internacionales”. Muchos participaron previamente en la cumbre “II Alternativa Social Mundial” de la ALBA-TCP, actuando más como agentes de propaganda que como observadores. Mientras el Centro Carter denunciaba un fraude masivo, estos falsos observadores saturaron las redes sociales asegurando que el sistema era “infalible” y “transparente”. Organizaciones como el CEELA y su presidente, Nicanor Moscoso, han sido piezas recurrentes en esta estrategia de legitimación.

Esta práctica también la ha aplicado Rusia en sus elecciones. El Kremlin utilizó a participantes del “Festival Mundial de la Juventud” como observadores, creando una ilusión de escrutinio global masivo. Integrantes del CICRAL (Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina) también participaron en este proceso para avalar su transparencia.

Incluso en países democráticos se detectan vulnerabilidades. En las recientes elecciones de Colombia, fue acreditada la organización COHESIA (Centro de Cooperación e Intercambio Internacional), que emitió un informe apoyando la narrativa de fraude promovida por el ex presidente Gustavo Petro, aunque las misiones de la UE o la OEA no detectaron ninguna irregularidad en este sentido.

Los sistemas electorales latinoamericanos son vulnerables debido a que muchos aún mantienen marcos legales que otorgan una discrecionalidad excesiva a las autoridades para acreditar misiones de observación. No solo se trata de organizaciones que abiertamente quieren erosionar los estándares de integridad electoral, sino también de otras integradas por partidos políticos, que quizá no buscan relativizar los estándares internacionales pero que no cumplen con los principios de profesionalidad e imparcialidad que requiere cualquier misión de observación electoral.

Esta vulnerabilidad se agrava en un contexto donde presidentes en ejercicio están propagando la narrativa del fraude de manera indiscriminada para erosionar la confianza institucional. El caso del presidente Gustavo Petro en Colombia es paradigmático: al adoptar discursos que cuestionan preventivamente la integridad del sistema ante resultados adversos, se crea un caldo de cultivo ideal para que la “falsa observación” intervenga, ofreciendo “validaciones alternativas” que solo responden a intereses ideológicos y no a la verdad técnica.

La falsa observación electoral no es un ejercicio inofensivo de diplomacia pública; es un arma estratégica diseñada para desmantelar la democracia desde adentro.

Es imperativo que los Estados democráticos de América Latina eleven sus estándares de acreditación y restrinjan la participación de organizaciones que no suscriban los estándares internacionales. La observación electoral debe ser defendida como un ejercicio de derechos humanos. Si la región continúa abriendo sus puertas a delegaciones políticas que disfrazan la propaganda de peritaje técnico, se corre el riesgo de que la voluntad popular sea definitivamente reemplazada por un teatro de legitimidad gestionado desde Moscú.

José “Pepe” Mujica decía algo que siempre me ha parecido profundamente cierto: cuando compramos algo, en realidad no lo pagamos con dinero, sino con el tiempo de nuestra vida que tuvimos que dedicar para ganar ese dinero. La reflexión tiene una consecuencia política que pocas veces discutimos: un mal gobierno también se paga con tiempo de vida.

Lo paga la madre que gasta tres horas diarias entre camiones y tráfico. Lo paga el trabajador que sale de madrugada porque no sabe cuánto tardará en llegar. Lo paga el pequeño empresario esperando un trámite que podría resolverse en días. Lo paga una familia cuando una obra mal planeada permanece abierta durante meses. Y ese tiempo no se recupera. Ningún gobierno puede devolvértelo.

Por eso he empezado a hablar en Nuevo León del “Modo SÍ” como una forma de defender el proyecto de la Cuarta Transformación en el Norte de México. No como un eslogan optimista, sino como una forma de gobernar.

Porque durante demasiado tiempo nos hemos acostumbrado con Samuel García al Modo NO: no se pudo, no alcanzó, no se terminó en tiempo ni en forma, no tengo presupuesto, no me obedecen, no estoy con ganas de jalar, no visito las comunidades, no cumplo mi palabra y un “no fue eso lo que dije o prometí”.

Cada uno de esos NO termina convirtiéndose en tiempo perdido para alguien. El Modo SÍ parte de la lógica contraria: la obligación del gobierno es encontrar cómo hacer que las cosas funcionen. Pero para decir SÍ hay que saber cómo.

Se necesita experiencia para planear, conocimiento para administrar, madurez para coordinar e innovación para encontrar, obvio, soluciones nuevas. Por eso el Modo SÍ está íntimamente relacionado con una palabra que deberíamos recuperar en la política nuevoleonesa y que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, como Presidenta, ha puesto en el corazón de la nueva etapa de la Transformación nacional: Capacidad.

La buena administración, una administración capaz, es política social y económica unificadas. Una avenida que funciona devuelve tiempo a las familias. Un transporte eficiente devuelve horas de vida. Un trámite digital permite que un emprendedor produzca en lugar de hacer fila. Una obra terminada evita meses de tráfico y pérdidas económicas.

Y la eficiencia, que es la mejor expresión de la capacidad, también puede ser profundamente humanista. Y ahí encuentro uno de los puntos esenciales del Claudismo. Ser claudista, para mí, significa llevar a la práctica el proyecto que encabeza la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: crecimiento económico, innovación, inversión y productividad y siempre traducidos en bienestar.

Es entender que una sociedad no debe escoger entre producir más y vivir mejor. Debe conseguir ambas cosas. Esa es precisamente la lógica del Crecimiento con Justicia y Equidad del Claudismo: una economía potente que permita que el esfuerzo de la gente vuelva a rendir frutos en una sociedad armoniosa, no solo segura.

Nuevo León conoce muy bien esa ecuación. Nuestra mejor tradición industrial entendió que empresa y comunidad no eran adversarios. Eugenio Garza Sada sabía que una economía fuerte necesitaba también trabajadores preparados, familias estables, educación y comunidad.

El Modo SÍ es llevar esa filosofía a la vida cotidiana en enunciados operables y prácticos. SÍ a la inversión y NO a la extorsión. SÍ a la tecnología para eliminar burocracia. SÍ a terminar las obras con planeación de clase mundial. SÍ a la seguridad con profesionalización. SÍ al agua. SÍ a una movilidad que les regrese tiempo a las familias. SÍ a una economía donde trabajar vuelva a significar progresar.

Porque quizá una de las formas más concretas de medir el desarrollo de una sociedad no sea solamente cuánto dinero produce, sino cuánto tiempo de vida les devuelve a sus ciudadanos. Tiempo para estar con los hijos, para estudiar, emprender, vivir y ser feliz. Ese es el sentido profundo del Modo SÍ. No prometer que todo es posible, pero sí tener la capacidad de hacer posible lo que una sociedad necesita para vivir mejor.

Nuevo León es una sociedad que trabaja muchísimo. Ya es hora de que su gobierno deje de hacerle perder el tiempo. Eso también es Crecimiento con Justicia. Eso será gobernar en Modo SÍ.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

El socialismo del siglo 21, castrochavismo o comunismo del siglo 21, bajo la denominación de izquierda, pierde gobiernos en países de las Américas pero retiene el poder con las leyes que impuso, la estructura y funcionarios que estableció, el cambio cultural que realizó, las burguesías que formó, los medios de comunicación que controló, los sistemas de justicia que instaló, las fuerzas armadas y de seguridad que deformó. Esta realidad impone recordar la diferencia entre llegar al gobierno y tener el poder.

Poder es “tener facilidad tiempo o lugar de hacer algo”, representa “tener más fuerza que alguien”. Poder político, en sentido amplio, es “la capacidad de influir, controlar o tomar decisiones en una sociedad o en un sistema político. Es la capacidad de una entidad o individuo para afectar la forma en que se toman decisiones y se ejercen acciones que afectan a la sociedad en su conjunto”.

Gobierno es “la acción y efecto de gobernar, de mandar con autoridad, regir, guiar”. En sentido político restringido se refiere al “órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presiente y los ministros o consejeros”. En sentido amplio se trata de las formas de gobierno que en general pueden ser de dos grandes tipos “democracias y autocracias”, esto es “sistemas de consenso o sistemas de coerción”.

La Carta Democrática Interamericana establece como obligación que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. Pero este siglo está marcado por la expansión de la dictadura de Cuba que a partir de 1999 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela puso en marcha lo que resultó ser el socialismo del siglo 21 controlando en su modelo dictatorial Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador con Correa y estableciendo gobiernos para dictatoriales en la mayoría de los países latinoamericanos.

El socialismo del siglo 21 suplantó la democracia por “dictaduras electoralistas”, con terrorismo de Estado como forma de detentar el poder, con perseguidos, presos, exiliados y asesinados, la delincuencia reemplazó la política creando los narcoestados y el narco terrorismo desde el control del poder en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y en territorios, estados o provincias de México, Argentina, Colombia y más.

La necesidad de simplificar presenta el proceso de derrota y necesidad de terminación del sistema de dictaduras/narcoestados como pérdida de la izquierda frente la derecha en Latinoamérica, pero la realidad objetiva revela el verdadero eje de confrontación regional y mundial, el de dictaduras contra democracias, de autocracias de delincuencia organizada trasnacional contra la libertad y los derechos humanos.

En esta realidad, los ganadores de elecciones toman el gobierno pero en muchos casos no el poder que permanece bajo control del régimen desplazado. Esto es ingobernabilidad, gobiernos débiles que sumados a las expectativas de sociedades en crisis económicas y sociales generadas por el régimen saliente, a la conspiración y operación con mecanismos delictivos, producen fracaso de los procesos de cambio y regímenes dictatoriales blindados.

Cuando se llega al gobierno luego de un régimen dictatorial o para dictatorial del socialismo del siglo 21 es imprescindible entender que el mandato popular es el cambio de la autocracia a la democracia, del terrorismo de Estado al Estado de Derecho, del miedo a la libertad, del narcoestado a la seguridad ciudadana, del centralismo económico a la libre empresa y propiedad privada, del oprobio a la vigencia de los derechos humanos. Estos principios generales se expresan en hechos concretos en cada país de Latinoamérica.

Para tomar el poder teniendo el gobierno después de un régimen del socialismo del siglo 21, insisto en que -por lo menos- es imprescindible:

1. La eliminación de la estructura jurídica de las leyes infames (que violan derechos humanos)
2. La no impunidad
3. La ilegalización en la política de los instrumentos, partidos y organizaciones del crimen organizado.

La eliminación de la estructura jurídica del terrorismo de Estado debe incluir en casos como Cuba, Bolivia, Nicaragua la restitución constitucional, y en general el cambio de leyes que establecieron órganos judiciales verdugos y sicarios, órganos legislativos títeres y fuerzas armadas y de seguridad sin doctrina democrática; la reposición de leyes y procedimientos de lucha contra el narcotráfico y ajuste fundado en el respeto a los derechos humanos de todo el sistema legal, con especial atención en la educación manipulada por décadas.

La no impunidad es justicia. Se trata de que los violadores de derechos humanos, autores de crímenes de lesa humanidad, traidores a la Patria, narcoterroristas, torturadores y en general perpetradores de todos los delitos previstos por el ordenamiento penal democrático respondan por sus actos bajo la regla del debido proceso legal que ellos nuca reconocieron.

La ilegalización en la actividad política de criminales, organizaciones, partidos del crimen organizado es protección a la igualdad que es base de la libertad.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Ya ha pasado más de una semana de la crisis que tuvo lugar en Ceuta, principalmente el jueves 30 de julio, cuando decenas de miles de personas, fundamentalmente hombres jóvenes cruzaron la frontera desde Marruecos, que no hizo lo suficiente para impedirlo. Fue Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta quien calificó lo ocurrido como una “invasión”. Lo ratificó ante el Parlamento Europeo, donde señaló que no era una crisis migratoria, y pidió una mayor implicación de la Unión Europea debido a que Ceuta y Melilla son la única frontera entre Europa y los países africanos. El alcalde también le dijo al Rey que la población se sentía “triste, impotente y preocupada”. Hoy, sigue denunciando ante el gobierno una situación “insostenible”, ya que “entre 8.000 y 11.000 personas” permanecen aún en Ceuta.

Sin embargo, todavía no hay un número exacto para quienes ingresaron, solo de quienes regresaron, por lo que los estimados varían entre 60.000 y 80.000. Tampoco existe una cantidad exacta de víctimas mortales, por lo que las cifras varían de 50 a 100, motivo por el cual hay madres que buscan a hijos que ingresaron, pero no se ha sabido nada después.

A pesar de lo anterior, las consecuencias están claras en el sentido que sobresalen las críticas al gobierno de Sánchez, hay posiciones encontradas entre España y Marruecos como también se ha abierto un foso al interior de la Unión Europea, sobre todo con Italia. Tampoco hay unanimidad en torno a que fue lo que ocurrió, pero el tiempo transcurrido ha permitido descartar bulos que circularon como que fue una especie de conspiración sionista de Israel o una maquinación de Trump, ya que por ridículas que parecen fueron expresadas por personas ligadas al actual gobierno español. Del mismo modo, ya existe claridad que no fue un fenómeno viral como otros happenings masivos que han tenido lugar en internet vía redes sociales, como ocurrió con los miles que acudieron al desierto de Nevada para ingresar al Área 51 o varias citaciones para hacer fiestas en las calles, teniendo como elemento común que no hubo un organizador central. Y de haber ocurrido, ello no explica la inacción de autoridades españolas o marroquíes, con fronteras totalmente abiertas.

Es decir, tampoco fue una simple avalancha migratoria lo que llevó a tanta gente a nadar en el mar, y no ha surgido ninguna indicación de si los servicios de inteligencia españoles tienen evidencia o idea acerca de quienes organizaron este asalto a Ceuta.

Por descarte, es una lectura geopolítica la que ofrece las mejores posibilidades para entender las consecuencias y quienes resultaron ganadores y perdedores. La geopolítica es la disciplina que estudia cómo el espacio geográfico, los recursos naturales y la población influyen en las relaciones de poder entre los países, explicando además porque se toman decisiones o se forman alianzas según el lugar del mapa. En otras palabras, es un método para primero comprender y después explicar el comportamiento internacional a través de variables geográficas.

Según esta lectura, no fueron tanto las decisiones tomadas como las que se dejaron de tomar, ya que existe una rara unanimidad en torno a la responsabilidad del Palacio de la Moncloa como también de la persona de Pedro Sánchez, ya que hubo falta de previsión y lentitud en la respuesta, y por mucho que hubiera también otros responsables, con un gobierno más activo nunca hubiese adquirido las dimensiones, tanto de personas que ingresaron como de víctimas.

Es una situación donde España no utiliza como disuasión sus propias fuerzas armadas, y por su actitud, España ha sufrido un retroceso, uno más, ante el empuje de un país mucho más débil y pobre, pero que hoy es un poder creciente en el mediterráneo occidental como Marruecos, que sin duda estimuló, facilitó y no frenó a tiempo esta invasión, ya que tiene intereses distintos, no solo ahora, sino que desde hace tiempo.

En segundo lugar, sin duda alguna, importantes países europeos, más allá de las declaraciones usuales de unidad, están convencidos que Sánchez, por razones ideológicas y de supervivencia política que mucho tiene que ver los votos de partidos independentistas que lo mantiene en el poder, estimula la inmigración ilegal, lo que surge claramente de su actual diferendo con Italia, que va mucho más allá de las declaraciones de Giorgia Meloni, sino que la libre circulación que enorgullecía a los europeos, casi inmediatamente dejó de operar por un mes entre ellos, y tras la negativa de Roma a anular las restricciones a los viajeros procedentes de España, a Madrid no le quedó alternativa que también establecer los mismos controles. A propósito de esta situación, una vez más, Europa se divide por motivaciones descuidadas por Sánchez como ser la proximidad de elecciones. Por ejemplo, el próximo año hay elecciones generales en Italia, y el tema migratorio es uno de los más importantes.

Esta situación viene precedida de una decisión de Sánchez, que contribuyó al aislamiento geopolítico de España, tanto con EEUU, país con el cual Marruecos tiene hoy una alianza importante, como de Europa, ya que, en la cumbre reciente de la OTAN en Turquía, volvió a ratificar que no va a cumplir con el acuerdo del 5% del PNB, alejándose no solo de Washington sino también de Europa, que está haciendo lo posible para satisfacer a EEUU en este punto.

Con Marruecos las discrepancias en torno a la presencia española en África tienen toda una historia. Así, el 6 de noviembre de 1975 tuvo lugar la “marcha verde”, ya que mientras agonizaba Francisco Franco, Hasán II padre del actual rey Mohamed VI, organizó el ingreso de 350.000 personas, quienes, con el apoyo logístico del ejército, caminaron al Sahara español con el Corán en las manos y banderas de Marruecos. Esto no es algo menor, ya que los reyes de Marruecos tienen el título de “defensores de la fe” además de tener una ascendencia que llegaría al propio Mahoma. Esta situación en el antiguo Sahara español es diferente de la de las ciudades de Ceuta y Melilla, pero sin duda era una invasión de un territorio entonces en manos españolas, pero que ha sido siempre pretendido por Marruecos, por lo que se hizo para presionar y para lograr que España les diera la razón, de inmediato o después.

No deja de sorprender lo mal que ha actuado el gobierno español toda vez que los títulos históricos son impecables, en el caso de ciudades que todavía conserva de su pasado imperial. Es cierto que Ceuta y Melilla están en África, pero sin duda son españolas desde hace siglos, cuando en el caso de Marruecos la dinastía es antigua, pero como Estado moderno, sólo obtuvo su independencia en 1956.

Durante siglos, Ceuta pasó por el control de diferentes poderes. En el año 1415 fue conquistada por Portugal, pero desde 1640, por decisión de las autoridades y parte importante de los habitantes, ha estado sin duda alguna vinculada a la monarquía española, lo que quedó definitivamente formalizado por el Tratado de Lisboa de 1668, donde Portugal reconoció la pertenencia de Ceuta a la Corona española, por lo que, desde ese momento, Ceuta ha permanecido bajo soberanía española.

El caso de Melilla difiere, ya que con el respaldo de los Reyes Católicos una expedición tomó la ciudad, y desde entonces fue incorporada a la Corona de Castilla, trasladándose a España sin interrupciones. Más aún, aunque Francia y España establecieron sus respectivos protectorados (hasta 1956), Ceuta y Melilla jamás fueron incorporadas a esos instrumentos, toda vez que la soberanía española era anterior al reparto colonial del norte de África.

Aunque según el Derecho Internacional es una situación de total claridad, para su total comprensión se hace necesario incorporar un elemento geopolítico, ya que solo la debilidad de algunos gobiernos es lo que ha permitido que se ponga en duda la soberanía española, sobre todo, por su incapacidad para reaccionar y la absoluta falta de previsión, ya que aunque no se ha planteado una contienda jurídica, nada altera la convicción de las autoridades y de la mayoría de la población de Marruecos, convencidos como están que debieran ser suyas, y que lo lograrán, tarde o temprano.

No es necesario recurrir a la historia y hablar de los siete conflictos bélicos, es decir, guerras que tuvieron lugar entre 1859 y 1927 como tampoco de los sultanes que sitiaron Melilla (1774-1775) o Ceuta (1790-1791). Del mismo modo, no es necesaria la mención del mucho más reciente Incidente de la Isla de Perejil (2002) con Marruecos fracasando en su toma, ya que sus efectivos fueron capturados.

Sin embargo, sí corresponde agregar otra situación similar a la de la semana pasada, cuando entre el 17 y 18 de mayo 2021, casi doce mil personas llegaron a Ceuta en forma irregular, sorprendiendo a las autoridades españolas. En esa oportunidad, a diferencia de la actual crisis, se supo que fue Marruecos el responsable, ya que decidió expresar su molestia por la acogida que le dio España al líder del Frente Polisario Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico.

Y ese es el segundo frente abierto con Marruecos y el que ocasionó la mencionada marcha verde de 1975, ya que esa crisis fue en el territorio del Sahara español, reivindicado por Marruecos en contra del Frente Polisario, que, con el respaldo de Argelia el rival árabe de Marruecos, quiere establecer un nuevo país en esa parte del mundo. Es un escenario distinto a Ceuta y Melilla, ya que, aunque Rabat las considera resabios del colonialismo, no ha planteado una disputa jurídica con España, ni en la ONU ni ante tribunales internacionales. Así de sólidos son los títulos españoles, que además reciben un estatuto especial en la Constitución y en distintas leyes.

Decíamos que hay desde hace tiempo un problema en la forma como responde España al cambio de escenario, ya que sin que reaccionara adecuadamente el Estado español, el hecho básico que incrementó el poder de Marruecos tuvo lugar en la primera administración de Trump, cuando a cambio del ingreso de Marruecos a los Pactos de Abraham y del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel, EEUU dio el paso definitivo de reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa del Sahara español, estableciendo a partir de entonces una alianza con Rabat que ha dotado a Marruecos de armamento avanzado, cooperación en inteligencia, respaldo diplomático y entrenamiento militar. Ante la nula capacidad de reacción española, Marruecos se transformó en pilar de la estrategia estadounidense para esa parte del mediterráneo y del norte de África, con perjuicio para Argelia, el Frente Polisario, y también, España. Fue el 10 de diciembre de 2020 que EE. UU. reconoció oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara occidental o español y además accedió a una venta antes vetada, la de aviones F-35 de quinta generación.

Por cierto, Sánchez no es el único culpable, pero el hecho probado que prefiriera sus convicciones ideológicas sobre sus obligaciones ha perjudicado a España en varios frentes. Primero, al interior, donde ha seguido la senda abierta por Rodríguez Zapatero de cuestionar los logros de la transición, incluyendo el arreglo territorial, ya que por, sobre todo, ha buscado su mantención en el poder, y al no ganar elecciones, para lograrlo ha hecho alianza con varios grupos minoritarios que buscan independizarse de España, en Cataluña, País Vasco y Canarias.

En segundo lugar, el debilitamiento de la seguridad nacional también se aprecia en lo internacional, toda vez que esa situación de fortalecimiento de Marruecos se le ha escapado a Sánchez, toda vez que tampoco ha buscado acercarse a EEUU ya que, al contrario, ha mostrado manifiesta hostilidad, demostrada también en su negativa a la utilización plena de las bases militares estadounidenses en España a propósito de la guerra con Irán. No solo con Trump, ya que con un gobierno que en principio debió haber tenido mejores relaciones como el de Biden, en los hechos fueron malas, ya que ese presidente que pudo haber simpatizado en lo político, más de una vez tampoco quiso recibirlo en Washington.

Por el contrario, Marruecos no pierde ninguna oportunidad para sacar brillo a su actual relación con Washington. Y es así como recientemente, en los mismos días que había disputas personales entre Sánchez y Trump, Marruecos difundió una carta histórica donde se respalda la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Ello fue a propósito de la celebración reciente de los 250 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Por su parte, en la celebración de los 250 años de la independencia norteamericana (4 de julio 1776), a pesar de la importancia que le dio Trump, Sánchez y su gobierno no hicieron un esfuerzo coherente para hacer resaltar cuán importante fue España y no solo Francia en la derrota británica, algo permanentemente olvidado no solo por EEUU, sino, sobre todo, por España.

El daño causado por el gobierno de Sánchez a los intereses permanentes de España también se demuestra en el caso de Israel, donde a pesar de ser España un país donde hay escasa población judía, la judeofobia se ha impuesto sobre lo que es conveniente para España. La verdad es que Israel no tuvo nada que ver con el ingreso a Ceuta, ya que todo lo que hace solo tiene relación con el medio oriente, y por el contrario, la permanente hostilidad del gobierno de Sánchez sólo refuerza la relación estrecha que Israel ha desarrollado con Marruecos, sobre todo, en el aspecto militar, ya que la guerra de Gaza y el enfrentamiento con Irán la ha fortalecido, por el común enemigo que tienen en el yihadismo.

Se repite una situación donde un conjunto de decisiones tomadas por el gobierno que encabeza Pedro Sánchez perjudica geopolíticamente a España. El descuido de la seguridad nacional ha conducido a que de nada le ha aprovechado ser miembro de la OTAN, y quizás podría recibir lecciones de cómo Erdogan utiliza esa pertenencia para mejorar sus relaciones con EEUU, a pesar de que Turquía hoy expresa la ideología de la Hermandad Musulmana, por lo que difícilmente iría a la misma guerra con Washington. Y en el caso específico de cómo se defiende la posesión de ciudades en África, Sánchez debiera fijarse en la manera como el Reino Unido defiende a Gibraltar, donde permanece desde que fuera cedido a Inglaterra por el Tratado de Utrecht (1713) a cambio de poner fin a su intervención en la Guerra de Sucesión española. Desde poco después España ha intentado recuperar ese peñón, pero sin éxito.

No se ve ningún hilo conductor en beneficio de España de su relación actual con Marruecos, toda vez que en nada le sirve ser el principal socio comercial europeo del reino, como tampoco se ha buscado obtener provecho de una situación donde el año pasado las ventas de armas españolas a Marruecos aumentaron en un 40%.

Dado el serio problema que España tiene con la natalidad necesita la inmigración, debido a que los nacimientos de españoles siguen cayendo. Sin embargo, lo que no necesita es la inmigración ilegal. España se acerca a los 50 millones de habitantes gracias a la inmigración, donde colombianos, venezolanos y también marroquíes encabezan las listas. Razones para inmigrar desde Marruecos abundan en temas como la pobreza, la reunificación familiar, el asilo o la violencia de género, pero el gran error del progresismo es satanizar la protección de fronteras como deber del Estado frente a la inmigración ilegal, olvidando además el hecho probado que algunos países usan la inmigración como elemento de guerra hibrida, cuando algo quieren conseguir del país invadido, algo importante para ellos.

Más aún, el progresismo estilo Sánchez tampoco hace diferencia entre tipos de inmigración, como si diera lo mismo que ingresen inmigrantes que mucho comparten con España como aquellos que provienen de la América hispana en comparación con aquellas multitudes que simplemente no quieren integrarse y que buscan más bien vivir del Estado de Bienestar y que poco respetan la cultura del país al que llegan.

Sin embargo, no hay duda que para la invasión fue relevante la inoportuna sentencia del Tribunal Supremo, que pocos días antes interpretaba la ley española en términos de prohibir devoluciones inmediatas de personas, aplicable a casos de extranjeros que llegan a nado a las ciudades autónomas, lo que ayudó a las mafias y a las redes, pero no hubiese adquirido esa masividad, si el gobierno hubiese actuado a tiempo, además que al igual que lo que ocurrió en la frontera sur de EE. UU. con Biden, había una sensación generalizada en quienes entraron que al menos no habría expulsión, ya que las muchas ocasiones donde Sánchez les daba la bienvenida eran siempre traducidas de inmediato al árabe para su masiva difusión.

En conclusión, la inmigración ilegal no solo es un problema español o europeo, sino mundial. A diferencia de otros países, el Estado español posee recursos para enfrentarla (ejército, guardia nacional, policía), pero al ser el de Sánchez un gobierno más cercano al wokismo que a la socialdemocracia, todo lo que tiene que ver con geopolítica de fronteras no solo no le gusta, sino que también descalifica a quienes sí les importa.

En la competencia con Marruecos, ese país se ha fortalecido ante la inacción española, por lo que no me sorprendería que el partido final de la Copa del Mundo 2030 se juegue en el nuevo estadio que para la ocasión y para 115.000 espectadores se construye en Marruecos, el “Gran Estadio Hasán II”, ya que como todos sabemos, en la FIFA esas decisiones se toman por el poder político y económico de quienes compiten, es decir, razones que también son determinadas por la geopolítica en el mundo de hoy.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política, (U. de Essex, Inglaterra), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

En cuestiones de moralidad interactiva cómo son los procesos de diálogo en Venezuela, en los que la mayoría de las predicciones desiderativas siempre han sido erróneas y siempre van a ser erróneas; la justicia y la democracia han sido bienes ilusorios de estos procesos y ningún resultado se ha aproximado remotamente a estas dos necesidades venezolanas. En una lectura más amena y pragmática de la historia fallida que surge de los diálogos, nos lleva a una muestra permanente de oportunidades perdidas en el mejor de los casos, pero, fundamentalmente, constituyen maniobras disuasorias, estrategias de ganar tiempo y búsquedas furtivas de legitimación. La interacción política y social en un sistema democrático concibe la justicia como un bien de gran valor. Quizás en Venezuela la conducta frente a la verdad y a la justicia en lo que va de este siglo se reduce al conocimiento de los casos y de una verdad que se expresa en el conocimiento popular pero siempre lejos de las instancias jurisdiccionales. Incluso si la aceptamos como parte de nuestra propia historia porque hicimos los mayores esfuerzos para abrir la investigación en la Corte Penal Internacional y para el procesamiento de Maduro, presentando informes y evidencia probatoria contundente, la justicia sigue operando sobre la base de la lentitud y la impunidad. Algunos sesgos de esta tendencia se encuentran hoy en perspectivas opuestas, de hecho, hubo posicionamientos sobre los procesos de la justicia internacional en los que han sido coincidentes las perspectivas de EUA y de las autoridades del régimen. En el antidemocrático siglo XXI venezolano, la persecución política, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales han sido las constantes, la conculcación de libertades y garantías fundamentales era la norma. Ahora, en perspectiva, podemos decir con mucho fundamento que el papel de la fiscalía de la CPI de ir rápido en algunos casos y muy lento en el caso venezolano deja muchas dudas en cuanto a la corrección ética de las acciones llevadas a cabo o no llevadas a cabo. No podemos dejar de lado muchas cosas, porque primero debemos preguntarnos cómo se ha descuidado tanto la justicia. No hay que ser un racionalista-analítico jurídico para sentir lo que sienten las víctimas y los familiares de las víctimas. No ha habido justicia. En la simple observación de la evolución de este proceso de “transición” vemos algo que hemos visto antes: hay uno (dos) que paga(n) (Nicolás Maduro-Cilia), pero otros integrantes tempranos en estas listas de las personas que conformaban la cadena de mando de la dictadura, especialmente en lo que respecta a la justicia de los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad, que parece que se les estuviera permitiendo una posibilidad de impunidad. Como que eso parecería ser el precio para alcanzar una semidemocracia o una democracia tutelada. Indudablemente, Maduro tiene mucho que responder ante la justicia y las víctimas, pero también muchos tienen muchas cosas que aclarar respecto a tantas cosas.

El análisis de una posible “democracia” sin justicia acompaña la “transición” y tiene como objetivo informar respecto a este proceso de comunicación de contenido e información relacionados con estimular las expectativas de millones de venezolanos. Un proyecto ético para la democracia en Venezuela debería basarse en la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición. El propósito de ello es orientar al sistema judicial respecto a un proceso específico o justificar un enfoque integral de acuerdo con el espíritu de la Constitución, las convenciones de derechos humanos y la ley. Por lo tanto, el nivel básico se considera clave para establecer una taxonomía de la racionalidad de los tipos de responsabilidad criminal que deben guiar la referida racionalidad de la justicia de los Derechos Humanos. Desde la perspectiva de los mismos, sería erróneo suponer que el líder original de la dictadura sea condenado por un tribunal o un jurado, pero que coautores, cómplices, encubridores, ejecutores e ideólogos evadan su responsabilidad, dada su funcionalidad en un proceso de transición. Esto no solo es ilegal, sino también inmoral. Este tema afecta la integridad de la democracia, le da un contenido vil y hace que sus bases sean absolutamente vulnerables. La necesidad de justicia implica examinar las acciones más relevantes, esperadas y dirigidas del sistema e iniciar acciones legales tras una interacción constructiva entre los exponentes de ideas opuestas, todos los actores del desarrollo democrático y aun las partes con desacuerdos morales. Es esencial recopilar una lista de estos posicionamientos y proteger los sistemas de justicia y el modo en que esta se desarrolla. Pero es absolutamente claro que no puede haber democracia sin justicia y no puede haber justicia si hay impunidad.

La justicia implica, en última instancia, comprender el orden de las interacciones con respecto a las acciones y el comportamiento de otros sistemas activos en la democracia, así como las acciones a escala global. Elegir la democracia con justicia exige liberarse de las limitaciones en el funcionamiento que pudiera tener el sistema, especialmente en lo que respecta al Estado de Derecho como valor fundamental y principio rector de la más plena vigencia del orden constitucional. Un país sin certeza jurídica es un país sin certeza económica ni política. Solo la justicia construye las mejores condiciones para la participación sistémica y representa, sin duda, una síntesis de razón y estructura suficientes. Pero si el contexto político considera dar prioridad a variables políticas que desajustan estos principios, el impacto histórico de esas ideas será extremadamente negativo y discrecional. Los diálogos se deben centrar en las acciones beneficiosas que resalten las perspectivas morales dentro de las interacciones. Ojalá en este diálogo inducido pronto se entreguen elementos que otorguen plena fe a la opinión pública para una pronta elección libre, justa y transparente. Ojalá la interacción en el diálogo sea fructífera y transparente. Ojalá se respeten los derechos políticos de todos los liderazgos políticos de Venezuela. Ojalá no haya ninguna forma de impunidad. Todo esto está inextricablemente ligado a la justicia que Venezuela no ha tenido hasta ahora.

Luis Almagro

Instituto CASLA

En el año en que Estados Unidos conmemora dos siglos y medio de vida republicana, el horizonte económico aparece cargado de incertidumbres. El creciente déficit fiscal, las persistentes presiones inflacionarias y los desequilibrios comerciales coinciden con un grado de polarización política pocas veces visto desde la Guerra de Secesión. La pregunta resulta inevitable: ¿podrá la democracia estadounidense superar una nueva etapa de profundas tensiones económicas y sociales como lo ha hecho en el pasado?

La historia ofrece razones tanto para la preocupación como para el optimismo. Historiadores y politólogos coinciden en que el período previo y durante la Guerra Civil (1861–1865) constituyó el momento de mayor fractura política en la historia del país. Más de seiscientas mil personas perdieron la vida en un conflicto que puso en riesgo la continuidad misma de la Unión.

Aquella crisis fue precedida por el choque entre dos modelos económicos incompatibles. Mientras el Norte avanzaba aceleradamente hacia la industrialización, el Sur permanecía anclado en una economía agrícola sustentada en la esclavitud. La confrontación política fue, en gran medida, la expresión de una transformación económica de enorme profundidad.

Hoy Estados Unidos atraviesa otra transición histórica, distinta en sus características, pero comparable en su alcance. La economía industrial que dominó los siglos XIX y XX está dando paso a una nueva estructura productiva impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y el procesamiento masivo de datos. Como toda revolución tecnológica, esta transformación no solo modifica la forma de producir riqueza; también altera los sistemas educativos, el mercado laboral, la organización de las ciudades y las oportunidades de movilidad social.

Las grandes revoluciones económicas siempre producen ganadores y perdedores. La Revolución Industrial generó una fuerte resistencia entre quienes vieron desaparecer sus oficios tradicionales. Los luditas ingleses destruyeron maquinaria convencidos de que las nuevas tecnologías acabarían con sus empleos. Desde entonces, prácticamente todas las innovaciones disruptivas han despertado temores semejantes.

La actual transición tecnológica llega, además, después de dos crisis financieras que golpearon profundamente el patrimonio de millones de familias estadounidenses. El estallido de la burbuja tecnológica entre 2000 y 2002 destruyó billones de dólares en valor bursátil y redujo significativamente los ahorros de numerosos hogares. Apenas unos años después, la crisis hipotecaria de 2008 provocó una pérdida aún mayor de riqueza familiar, afectando viviendas, fondos de jubilación y activos financieros.

Como consecuencia, amplios sectores de la población perciben que la promesa de movilidad social que caracterizó durante décadas al llamado “sueño americano” se ha debilitado. Diversos estudios muestran un prolongado proceso de reducción relativa de la clase media y un incremento de la inseguridad económica de muchos trabajadores.

Ese malestar económico ha tenido inevitables consecuencias políticas. Una parte importante del electorado encontró en Donald Trump una respuesta a su sensación de abandono económico y cultural. Si bien el movimiento MAGA es socialmente diverso y no puede reducirse únicamente a la clase media empobrecida, resulta evidente que buena parte de su fuerza proviene de ciudadanos que consideran que el sistema político ha sido incapaz de proteger sus oportunidades de progreso.

La verdadera incógnita es si la revolución de la inteligencia artificial acelerará estas tensiones. Si la automatización elimina empleos más rápidamente de lo que la economía logra crear nuevas oportunidades, el sentimiento de frustración podría intensificarse y alimentar formas más agudas de confrontación política.

No sería la primera vez que la democracia estadounidense enfrenta un desafío de semejante magnitud. Su historia demuestra una extraordinaria capacidad para adaptarse a profundas transformaciones económicas y sociales. Sin embargo, esa resiliencia nunca ha sido automática. Ha dependido de instituciones sólidas, de un liderazgo capaz de construir consensos y de políticas públicas que distribuyan razonablemente los beneficios del crecimiento.

El verdadero desafío de la era de la inteligencia artificial no será exclusivamente tecnológico. Será, sobre todo, político. La fortaleza de la democracia estadounidense dependerá de su capacidad para garantizar que la próxima revolución económica amplíe las oportunidades de la mayoría y no profundice las fracturas que hoy amenazan la cohesión nacional.

Durante las últimas semanas he recorrido Nuevo León de punta a punta. He estado en ciudades industriales, comunidades rurales, ejidos y cabeceras municipales. He escuchado a trabajadores, madres de familia, empresarios, productores, comerciantes y jóvenes. Y en todos esos kilómetros encontré una misma realidad: en nuestro estado, la distancia no siempre se mide en kilómetros. A veces se mide en abandono.

Hay lugares a los que el gobierno llega con discursos, pero no con médicos. Comunidades a las que les prometieron agua en las redes sociales y todavía dependen de un pozo. Municipios donde los jóvenes tienen que irse porque el empleo, la educación y las oportunidades se concentran lejos de su casa. Familias que ven cómo se anuncian grandes obras mientras los servicios más elementales siguen sin funcionar.

En El Salitre, Zaragoza, encontramos un dispensario sin lo necesario para atender a la gente. En Las Palomas, Mier y Noriega, las familias siguen esperando la red de agua potable que les prometieron. En Presa de Maltos, Doctor Arroyo, escuchamos a una comunidad que rara vez recibe la visita de las autoridades estatales. En Mina, Marín, Cerralvo, Anáhuac y tantos otros municipios se repite la misma pregunta: ¿cuándo nos va a tocar a nosotros?

Esa pregunta debería incomodarnos a todos. Nuevo León no puede presumir crecimiento si ese crecimiento no llega a la vida diaria de las familias. No puede hablar de prosperidad mientras una madre busca medicamentos que no encuentra, un estudiante abandona su comunidad para continuar sus estudios o un trabajador pierde horas enteras atorado en el tráfico o esperando un camión para llegar a su empleo.

Lo que hemos encontrado no es solamente una lista de carencias. Es el resultado de gobernar sin una visión completa del estado. Durante demasiado tiempo se pensó que atender Nuevo León era atender sólo una parte de la Zona Metropolitana. Y aun dentro de ella, el tráfico, la contaminación, la falta de agua y las obras inconclusas demuestran que tampoco basta con inaugurar proyectos o acumular anuncios.

Gobernar es planear, coordinar, terminar y cumplir. Y yo sé lo difícil que es gobernar porque ya lo he hecho en condiciones complejas, con limitaciones reales y problemas que no desaparecen con una publicación en redes sociales. También sé que, con capacidad, honestidad y trabajo constante, sí se pueden obtener resultados concretos en las cosas que importan a las familias.

Cuando enfrentamos la inseguridad, profesionalizamos a la policía. Cuando faltaban oportunidades, facilitamos la inversión sin extorsionar a quien quería producir y generar empleo. Cuando la burocracia frenaba el crecimiento, digitalizamos los trámites, porque las computadoras no piden moche. Cuando el crecimiento acelerado debilitó la convivencia, llevamos educación, cultura, deporte y trabajo comunitario a las colonias para reconstruir el tejido social.

No son recetas que puedan copiarse mecánicamente de un municipio a todo el estado. Sin embargo, sí son pruebas de algo más importante: los problemas difíciles se enfrentan con método, coordinación y capacidad. Y los resultados aparecen cuando el gobierno deja de improvisar y se concentra en cumplir.

Ésa es la esencia de la 4T Norteña: capacidad realista.

Y la Presidenta ha marcado un rumbo al que ese realismo debe aplicarse sin titubeos fortalecer la industria nacional, atraer inversiones, generar empleos y hacer que la prosperidad alcance a quienes durante años fueron dejados atrás.

Eso exige dejar de administrar al estado como si fuera una colección de municipios aislados. Necesitamos coordinación metropolitana, planeación regional y una verdadera alianza entre gobierno, empresas, universidades, trabajadores, campo y sociedad civil. También exige cambiar la manera de recorrer y escuchar. No basta llegar, tomarse una fotografía y seguir adelante. Cada visita debe dejar un problema entendido, una solución viable y un compromiso que pueda medirse.

La cercanía no consiste en estar un día junto a la gente. Consiste en regresar con resultados. Por eso, después de recorrer el estado, mi convicción es más firme: no hay dos Nuevo León, uno moderno y otro condenado al olvido; existe un solo Nuevo León y debe avanzar unido. El progreso de la zona industrial tiene que abrir oportunidades en el campo; la inversión metropolitana debe fortalecer las regiones; y cada peso público debe convertirse en agua, seguridad, movilidad, salud, educación y futuro.

Lo que encontramos en el camino duele, pero también obliga. Frente al abandono, presencia. Frente a la improvisación, capacidad. Frente a la promesa, cumplimiento. Y frente a un crecimiento que deja gente atrás, la Transformación.

Nuevo León no necesita que le cuenten otra historia. Necesita un gobierno con los pies en la tierra, que conozca sus problemas, que sepa enfrentarlos y que convierta el rumbo de la Presidenta en resultados para cada familia, desde la Zona Metropolitana hasta la comunidad más apartada.

Porque nadie vive demasiado lejos en el ejido más remoto, se esfuerza en la colonia más compleja o emprende en la empresa recién instalada, cuando el gobierno entiende que su primera obligación es llegar con resultados.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

Al instalar las dictaduras del socialismo del Siglo 21 como expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, reemplazaron los elementos de la democracia por el terrorismo de Estado, falsificación de institucionalidad, suplantación de constituciones, leyes, órganos, funcionarios, sistemas de justicia y educativos e incluso conducta social. Ante su final, las dictaduras “han convertido el concepto de transición en una narrativa de manipulación para ganar tiempo reteniendo el poder”, por lo que urge reemplazar la agenda de transición por la de “restitución de la democracia”.

En sentido estricto transición política es “un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política, desde el autoritarismo o dictadura hacia la democracia”. En sentido general es “un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones”.

Los elementos esenciales de la democracia, obligatorios desde 2001 por la Carta Democrática Interamericana son: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Hay cinco países en las Américas donde se perpetró la desaparición y suplantación de todos los elementos esenciales de la democracia: Cuba la dictadura jefe del sistema de delincuencia organizada trasnacional que tiene más de 67 años detentado el poder; Venezuela que bajo mando de Hugo Chávez rescató en 1999 a la dictadura cubana y puso los medios para la expansión dictatorial, quedando Venezuela como dictadura satélite central; Bolivia que sobre el golpe de estado de 2003 tomó el gobierno Evo Morales el 2006 y suplantó la República en 2008 creando el estado plurinacional; Nicaragua con Daniel Ortega que retomó el gobierno en 2007 reinstalando la dictadura; y Ecuador que con Rafael Correa a partir de 2007 y por más de 10 años instaló un estado plurinacional dictatorial.

Se reemplazó la democracia por terrorismo de Estado, persecuciones, presos y exiliados políticos, crímenes, corrupción, usurpación constitucional e institucional, narcoestado, opositores funcionales y dictadura electoralista: en Cuba la dictadura sobrevivió y se expandió hasta llegar a ser jefe de Latinoamérica en su expresión más bochornosa en la Cumbre de las Américas de Panamá 2015; en Venezuela que hizo de dictadura líder hasta la muerte de Chávez en 2013 y que luego instaló a Nicolas Maduro; en Bolivia que fue sometida por Evo Morales y luego por Luis Arce; en Nicaragua que se convirtió en régimen de propiedad de Ortega/Murillo; y en Ecuador sometido por Correa hasta que Lenin Moreno cambió.

El primer quiebre de las dictaduras —que el más reciente informe del Departamento de Estado llama comunismo del siglo 21— se produjo en Ecuador cuando el presidente Lenin Moreno optó por la democracia. Desde 2017 en que Moreno inició la restitución de los elementos esenciales de la democracia, Ecuador afronta un proceso de transición para el que la presidencia de Moreno no alcanzó, que llevó al acortamiento de mandato del presidente Guillermo Laso, al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y a la dura tarea de desmontar el narcoestado del presidente Daniel Noboa. Con el golpe de estado de 2019 contra Moreno y gravísimas crisis que se reflejan hoy la resistencia del narcoterrorismo, el correísmo que es la expresión de la dictadura que permanece, sigue siendo un factor de poder político. Casi 10 años de una transición que no termina, que mantiene impunidad e inestabilidad institucional.

Bolivia 2019 con la renuncia de Evo Morales por fraude y crímenes infraganti produjo el gobierno de Jeanine Añez, una esperanza fracasada por el continuismo con mensaje de transición. El resultado fue Luis Arce, el operador de Morales que disputándole corrupción llevó a la dictadura a desmoronarse en 2025 dando lugar a Rodrigo Paz, al que entregaron el gobierno pero no el poder y quien ahora corre el riesgo de cargar las culpas de más de 20 años de dictadura por continuar siendo el jefe del narcoestado plurinacional. No hay transición y cambio menos.

Venezuela en proceso de liberación desde la captura del dictador Nicolas Maduro el 3 de enero 2026 por Estados Unidos, afronta un inédito proceso de desmontaje del narco terrorismo y de la delincuencia organizada en el poder por medio de sus propios mafiosos, bajo tutela estadounidense. El término transición está en el centro de la discusión para acabar la dictadura, hay importantes avances, pero los miembros del régimen dictatorial siguen detentando el gobierno y manipulado el poder.

Con transición comenzada hace casi 10 años en Ecuador, con el fracaso en Bolivia, con Venezuela en curso, con Cuba bajo ultimátum de Estados Unidos y Nicaragua en dictadura plena, la realidad objetiva muestra que la transición como proceso, permite sobrevivir al sistema dictatorial, con una retirada ordenada, ganando tiempo e incluso contraatacando. Las dictaduras no se han desmontado, no han terminado, en el mejor de los casos entregan el gobierno y retienen el poder, y cuando merma el poder retornan al narco terrorismo de sus orígenes.

La teoría enseña que hay “dos grandes modalidades genéricas de transición: la reforma y la ruptura”, y la realidad prueba que la modalidad de reforma -en aplicación- mantiene el sistema, las leyes de la dictadura, la impunidad y la participación de la delincuencia en la política.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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Hay acontecimientos cuya verdadera dimensión solo se comprende cuando dejan de ser observados como episodios aislados. La crisis desatada en Ceuta -con el ingreso masivo de decenas de miles de personas en apenas unas horas- pertenece a esa categoría. Reducirla a un problema migratorio sería tan limitado como analizar la caída del Muro de Berlín únicamente como un cambio urbanístico en una ciudad alemana. En ambos casos, el hecho visible remite a una transformación mucho más profunda.

Durante buena parte de las últimas tres décadas, Europa construyó su política exterior sobre una premisa que parecía indiscutible: la globalización reduciría progresivamente el peso de la geografía, la interdependencia económica desalentaría los conflictos y las fronteras perderían centralidad como factor de poder. La ampliación de la Unión, la libre circulación de personas y mercancías y la consolidación del mercado único reforzaron esa percepción. Sin embargo, la realidad internacional siguió un camino muy diferente.

La invasión rusa de Ucrania, la competencia por el Ártico, la militarización creciente del Indo-Pacífico, la disputa por los minerales estratégicos y la crisis de Ceuta parecieran acontecimientos inconexos, aunque no lo sean. Todos forman parte de un mismo proceso, que no es otro que el regreso de la geografía como elemento central de la política internacional.

No porque el territorio haya recuperado la importancia que tenía en los conflictos clásicos, sino porque el concepto mismo de frontera ha cambiado.

Durante siglos, una frontera se concebía como una línea destinada a impedir el avance de un ejército. Hoy continúa cumpliendo esa función, aunque cada vez resulta más evidente que también debe responder a formas de presión mucho más sofisticadas. Los Estados ya no proyectan influencia únicamente mediante capacidades militares, sino que lo hacen, además, utilizando la energía, la tecnología, las cadenas logísticas, los minerales críticos, los datos, la información y -en determinadas circunstancias- incluso los movimientos migratorios.

No resulta casual que muchos de los principales episodios de tensión internacional de los últimos años compartan esa lógica. Bielorrusia facilitó el desplazamiento de miles de migrantes hacia las fronteras de Polonia y Lituania para ejercer presión sobre la Unión Europea. Turquía convirtió en más de una oportunidad la gestión de los refugiados sirios en un elemento de negociación con Bruselas. Rusia comprendió que el suministro energético podía condicionar decisiones políticas con una eficacia comparable a la de un despliegue militar. China hizo algo similar mediante el control de minerales estratégicos indispensables para la transición tecnológica. Así, la naturaleza del poder no ha cambiado, sino que han cambiado los instrumentos mediante los cuales ese poder es ejercido.

Es en el marco de tal contexto donde debe interpretarse lo ocurrido en Ceuta. Sería un error transformar este episodio en un juicio simplista sobre Marruecos. Rabat constituye uno de los socios estratégicos más relevantes de la Unión Europea en el Mediterráneo. La cooperación en materia migratoria, comercial, antiterrorista y de estabilidad regional convierte esa relación en una necesidad compartida y no en una opción política circunstancial. Precisamente por ello, cualquier alteración significativa del equilibrio fronterizo adquiere inevitablemente una dimensión estratégica. Entre actores profundamente interdependientes, los gestos suelen tener un impacto mayor que las declaraciones diplomáticas.

La cuestión, por lo tanto, trasciende la discusión sobre responsabilidades inmediatas. Lo verdaderamente relevante es advertir que una frontera exterior de la Unión Europea puede transformarse, en muy poco tiempo, en un espacio donde confluyen intereses políticos, vulnerabilidades institucionales y mensajes dirigidos tanto al vecino como al conjunto de la comunidad internacional.

Aquí aparece, quizá, la principal enseñanza para Europa. Durante años, la Unión consolidó una enorme capacidad para proyectar normas, estándares regulatorios y principios jurídicos más allá de sus fronteras. Esa condición de “potencia normativa” le permitió ejercer una influencia considerable sin necesidad de recurrir a instrumentos tradicionales de poder. Sin embargo, el escenario internacional actual exige complementar esa fortaleza con una capacidad igualmente sólida para proteger sus intereses estratégicos. El respeto al Derecho Internacional, la defensa de la integridad territorial y la estabilidad regional solo conservan credibilidad cuando van acompañados de la capacidad efectiva de preservar las propias fronteras exteriores.

No se trata pues, de militarizar la política migratoria ni de renunciar a los valores que caracterizan al proyecto comunitario, sino de comprender que la defensa de una frontera ya no depende exclusivamente de patrullas, vallas o sistemas de vigilancia. Depende también de la calidad de las alianzas, de la confianza política entre los Estados y de la capacidad para reducir aquellas vulnerabilidades que otros actores pueden convertir en mecanismos de influencia.

Existe, además, un aspecto que suele pasar inadvertido. Durante siglos, el objetivo de las potencias consistió en conquistar territorio. Hoy, en muchas ocasiones, resulta suficiente con proyectar la imagen de que otro actor ha perdido la capacidad de ejercer un control efectivo sobre el suyo. La disputa deja entonces de medirse en kilómetros cuadrados y comienza a medirse en percepción, credibilidad y capacidad de disuasión. Es una forma distinta de ejercer poder, aunque no por ello menos eficaz.

Tal vez esa sea la razón por la cual la crisis de Ceuta merece ser observada con una perspectiva más amplia. No anticipa únicamente los desafíos migratorios que Europa deberá afrontar en los próximos años, sino que muestra un escenario internacional en donde las fronteras volverán a ocupar un lugar central, aunque ya no como simples límites territoriales, sino como espacios en los que converjan seguridad, cibertecnología, economía, diplomacia e influencia política.

Así, paradójicamente, la globalización no eliminó la importancia de las fronteras, sino que las hizo mucho más complejas. Y comprender esa paradoja será una de las condiciones indispensables para que la Unión Europea pueda desenvolverse con eficacia en un orden internacional que, lejos de estabilizarse, parece dirigirse hacia una competencia cada vez más intensa por el control de las nuevas formas del poder.

El autor es Director de la Cátedra Unión Europea-UCES y Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital

La comunidad judía ha sido muy exitosa en EE. UU., lo que le permitió obtener en el pasado a la vez presencia y respeto, convirtiéndose también en el estándar mundial para los judíos fuera de Israel. Pero todo cambió a partir de la invasión sufrida por Israel el 7 de octubre del 2023. Fue el inicio de una guerra en Gaza y otra global contra los judíos señaló hace algún tiempo un editorial del Wall Street Journal. Por tratarse de EE. UU., por lo inesperado, existió un shock de tal magnitud en su comunidad judía, que le costó mucho entenderlo y adaptarse a la nueva normalidad, a las agresiones en la calle y a lo que ocurrió en las universidades. La manifestación de odio fue tan gigantesca a nivel internacional que es comprensible que nadie estaba preparado, ni ella ni nadie. Tampoco yo, que sentí la necesidad de autoafirmación por lo que tomé la decisión de usar por primera vez una kipá en toda actividad y a toda hora, con reconfortantes resultados en la actitud de simpatía de desconocidos, demostrando que, a pesar de todo, EE. UU. seguía siendo un lugar especial para los judíos, por lo menos, Florida.

Para Israel lo que se inició en Gaza se transformó en una guerra de 7 frentes cuando Irán movilizó a todos sus proxis en el Medio Oriente. Tuvo éxito en lo militar, pero también sufrió una evidente derrota en la guerra de propaganda, demostrado en la forma como la narrativa de Hamas predominó en la información periodística a través del mundo, a lo que se sumaban manifestaciones masivas contra Israel en algunas de las principales ciudades occidentales, ignorándose decenas de otros conflictos bélicos que también tenían lugar en paralelo como también que el origen había sido una invasión terrorista.

INFOBAE me ha dado tribuna para varias columnas sobre el tema y en un libro de reciente aparición (1) he argumentado que la humanidad no aprendió lo suficiente con el Holocausto como también mi impresión que a la comunidad judía le ha costado tanto recuperarse del nivel de judeofobia que también apareció en EE. UU. que quizás no hizo todo lo que pudo haber hecho por tradición, organización y recursos. Y también por tratarse de EE. UU.

Si vuelvo a escribir sobre el tema es por mi temor que todo puede empeorar antes de mejorar, causado por lo que está ocurriendo a nivel político, sobre todo en el partido Demócrata, donde su proceso interno muestra que cualquiera sea en definitiva su candidato/a presidencial va a ser alguien extremadamente crítico de Israel como también de la comunidad judía estadounidense, sobre todo del uso que hace del lobby que permite la ley. Es, sin duda, una muy poco favorable situación que se puede unir a lo que ocurriría si el candidato republicano es el actual vicepresidente JD Vance, ya que su posición aislacionista argumenta que EE. UU. no debe comprometerse fuera de su territorio, lo que se agrega a la actitud ofensiva adoptada recientemente hacia sus interlocutores israelíes. Las malas noticias no terminan allí, sino que es parte de una tendencia preocupante, toda vez que lo que está pasando a nivel político responde también a lo que muestran las encuestas, un cambio en la opinión pública tal, que está haciendo desaparecer el antiguo apoyo bipartidista a Israel.

En todo caso, lo más grave es lo que está ocurriendo al interior del partido Demócrata, que históricamente tuvo muchos dirigentes y militantes judíos. Sin embargo, en las primarias posteriores al triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York, se han multiplicado futuros candidatos a alcaldes, representantes y gobernadores que critican abiertamente no solo a Israel, sino que al igual que el alcalde de Nueva York hacen gala de una abierta judeofobia, antes inimaginable, ahora, también preocupante por su abierta hostilidad.

Y al igual que lo que ocurrió con agresiones en las calles a quienes eran o se vestían como judíos y el fuerte aumento de los ataques constitutivos de delitos de odio a sinagogas e instituciones, la comunidad judía y sus dirigentes no han podido crear o encontrar una coalición amplia de apoyo ante el volumen de la ofensiva en su contra. Lo más grave del proceso que tiene lugar hoy entre los demócratas, es que está transformando opiniones y actitudes que eran marginales en corriente principal, algo que también se nota en algunos de los principales medios de comunicación, aquellos que crean opinión pública y son reproducidos en todo el mundo.

Para los judíos no va a ser fácil volver a influir en el partido demócrata. Que partidos cambien cada 30 o 50 años es normal. Así, los demócratas fueron alguna vez el partido del KKK en el sur del país, antes de abrazar los derechos civiles y transformarse en el partido de representación de minorías como la afroamericana. Hoy, está dejando de ser un movimiento entre liberal y socialdemócrata en el contexto estadounidense, ya que ha perdido contacto con los trabajadores y los problemas cotidianos de los votantes a cambio de postulados wokistas. Hoy, su plataforma más bien representa al graduado universitario de las grandes ciudades y todo indica que va a ser difícil que vuelva a conectarse con la problemática judía.

Grupos antisemitas han existido siempre, pero ahora hay que sumar lo que ha pasado en lugares tan inesperados como el partido político más votado por los judíos, en la prensa, en el aumento explosivo de los ataques de odio según lo informado por el FBI, institución que agrega que, aunque representan solo el 2,4% de la población, los judíos concentran más del 60% de aquellos ataques que se hacen con motivación religiosa. A lo anterior se debe sumar lo que ocurre a nivel mundial, donde el principal caldo de cultivo tiene lugar en Occidente. No sorprende que ello tenga lugar en Europa, pero sí que también ocurra en Canadá o Australia, pero por, sobre todo, que pase en EE. UU.

Es un fenómeno occidental, ya que lo que ocurre en las calles de Nueva York, Toronto, Sídney, Londres o París no se ha repetido en ningún país árabe sunita; más aún, en ninguno de ellos se dio lo que ocurrió en las universidades de élite de EE. UU., toda vez que las agresiones a docentes y estudiantes solo por ser o parecer judíos, no habían ocurrido en ningún país desde Alemania en los 30. Incluso, creo que a algunos de esos jóvenes se le dio el consejo equivocado, ya que recuerdo haber visto en TV a un portavoz de una institución judía estadounidense recomendándole a quienes sufrían en esas universidades que se retiraran de ellas en busca de un mejor ambiente, cuando lo que realmente debió haber comprometido era el apoyo de la comunidad y la preparación al más alto nivel, para que en las clases respectivas se sintieron lo suficientemente sólidos en sus conocimientos como para contradecir a esos docentes que más que enseñar, buscaban adoctrinar con su activismo en contra de Israel y los judíos.

En ningún caso son situaciones comparables, pero bueno sería indicar que, en la larga historia judía, hay al menos dos casos trágicos que ocurrieron cuando los judíos se sentían seguros: España en 1492 y, por cierto, Alemania antes del Holocausto, en ambos, con sufrimiento en antepasados familiares.

Lo de EE. UU. no ha sido un proceso repentino de un día para otro, sino que el cuento de la rana hervida sirve para explicarlo, ya que cuando ingresa a una olla llena de agua, si la temperatura es fría o tibia, la rana no reaccional al fuego, sino que se va acostumbrando y muere, a diferencia de si hubiese entrado con el agua hirviendo se habría salvado, toda vez que, en este último caso, por el calor hubiese saltado afuera.

Entonces, ¿Qué hacer?

Lo primero es reaccionar aprovechando algo de lo mejor que tiene EE. UU. en la existencia de su sistema de libertades, por lo que sí o sí hay que judicializar, acudiendo siempre a los tribunales como comunidad judía a través de sus dirigentes, judicialización que no solo debe ser individual de los afectados por actitudes antisemitas, sino también se debe hablar a nombre de la comunidad, para ayudar a buscar toda la verdad e individualizar no solo a los perpetradores, sino también a quienes lo posibilitaron o permitieron.

En segundo lugar, la comunidad debe revisarse a sí misma, como ha actuado, y si el perfil de los dirigentes nacionales actual es el adecuado para el nuevo escenario, como también si las instituciones de relaciones extracomunitaria tales como el American Jewish Committee o la Jewish Defense League deben continuar como están o debieran modificar su accionar para enfrentar el cambio de escenario y esta nueva normalidad. Aquí Israel no es ejemplo, ya que, en este tipo de actividad, partiendo por lo que se conoce como Hasbará o esclarecimiento, la verdad es que acumula muchos más fracasos que éxitos.

Tercero, o quizás en primer lugar, creo que la comunidad judía no debe inventar nada, solo imitar a quienes superando muchos obstáculos son un ejemplo para seguir, los afroamericanos, ya que a ellos no les hubiese pasado lo que les ha estado ocurriendo a los judíos. Y esto no lo digo yo, ya que ellos son los únicos a los que los he escuchado decirlo, en la opinión de comunicadores y políticos afroamericanos.

Imitándolos a ellos se estaría dando una vuelta de mano a lo que Martin Luther King decía en los 60, que aspiraba a lograr el mismo estatus que los judíos, a quienes siempre agradeció su apoyo en la lucha por los derechos civiles, además de siempre tener palabras amables para Israel y el sionismo. De ellos me gusta que, ante cualquier ofensa racista, su reacción es automática y colectiva, y en buena hora, ya que habitualmente tienen éxito, por lo que todos saben que van a haber consecuencias en el empleo y en la profesión de quien ha usado expresiones repudiables.

Cuanto me gustaría que algo parecido ocurriera con la judeofobia, que muchas veces no tiene castigo en esta frecuencia en la que ha caído lo que es la nueva normalidad para los judíos, y que se demostró en el hecho que a veces no hubo consecuencias para algunos de quienes organizaron las “acampadas” universitarias como tampoco para las autoridades universitarias, que permitieron esa hostilidad no solo a Israel sino también contra quienes identificaban como judíos.

En cuarto lugar, interesante sería revisar lo que ocurrió en el Reino Unido, donde se dio hace algunos años un proceso similar al que hoy vive el partido Demócrata, con el partido Laborista que cumple un rol semejante en la izquierda o centroizquierda del espectro político. La diferencia con lo que se vive en EE. UU. es que hubo una reacción exitosa en la comunidad judía, una respuesta adecuada que influyó en sucesivas derrotas electorales del Laborismo, ya que fue condenado por conductas antisemitas en instancias judiciales y administrativas, de tal modo, que quien había introducido el antisemitismo, Jeremy Corbyn perdió su cargo y su militancia.

La deriva hacia la judeofobia fue enfrentada por la militancia judía del laborismo como también por aquellos judíos que habían sido electos como Miembros del Parlamento. Esta es una experiencia parecida y útil que debe ser estudiada, ya que nada en fuerza semejante se nota que exista con la fortaleza debida, en representantes o senadores judíos demócratas en el Congreso. No tengo dudas que deben estar actuando y adoloridos con lo que está pasando en su partido y que están luchando contra quienes han traído consigo un discurso de odio, pero no se nota que ello ocurra a nivel público, ya que quien ha encabezado la defensa de Israel y ha arremetido contra la judeofobia es el senador Fetterman de Pennsylvania, quien hoy aparece cumpliendo ese rol.

No es que nada se haga ya que mucho se hace, pero no se nota que se haga en forma pública y lo que ocurre merece que todo sea ruidoso y no en silencio. Del mismo modo, los dirigentes comunitarios debieran exigir claridad moral a los políticos, al menos a las personas en cuyo financiamiento de campaña electoral se participa, no importando si es mucho o poco.

Por todo ello, estoy convencido que debe hacerse una revisión muy estricta de cómo participa públicamente la comunidad y probablemente el perfil que se requiere es hoy diferente al anterior al 7-X y que tanto hicieron y con tanto éxito en otro escenario, uno que hoy ha desaparecido.

Lo anterior conduce a interesarse de mejor manera en algo que no se ha hecho y solo ha ocurrido en forma marginal, por lo que, en quinto lugar, quienes tienen una responsabilidad a nivel nacional deben abordar lo que ocurre al interior de la comunidad, donde de partida al igual que en el resto del país, hay un problema serio con los más jóvenes, que crecientemente se están restando de actos y actividades comunitarias y en sinagoga de apoyo a Israel, mostrando una actitud crítica hacia ese país.

Es una situación que debe ser enfrentada en forma abierta y prioritaria, toda vez que se puede perder la centralidad que desde su fundación había tenido Israel en la vida judía, y hoy, puede transformarse en factor de división en vez de unidad, si es que no es abordado a tiempo, toda vez que no puede ni debiera ser un tema más, sino que es tan notoria la forma y la velocidad que ha adquirido la judeofobia, que Israel es la seguridad real que impediría la repetición del holocausto, que alguna vez pensé que era una situación que jamás podría repetirse de nuevo, pero hoy, no estoy tan seguro. Solo por eso Israel es hoy la mejor posibilidad de supervivencia de los judíos como judíos.

En sexto lugar, la actual situación exige algo que antes quizás no fue necesario, pero ahora es imprescindible que lo haga la comunidad como tal a través de sus dirigentes, confrontando el fuego amigo-enemigo de aquellos que vestidos de religiosos han asistido a actos pro-Irán con su argumentación que el Estado de Israel no debiera existir, sino que hay que esperar al Mesías. Lo anterior debiera hacerse para dejar en claro que esas personas solo hablan por sí mismas y no representan a la comunidad judía. Del mismo modo, debiera actuarse con fundaciones y grupos que hablan contra Israel desde una perspectiva política, principalmente desde el llamado progresismo. Tambien, igual actitud debiera tomarse, en tribunales si es necesario, con aquellos que por sus apellidos judíos se exhiben como compañeros de ruta de quienes odian a los judíos, dejando claro que no representan a la comunidad, ya que muchas veces, por decisión propia están fuera de ella.

Todo lo anterior es necesario por la confusión que crean al permitir que los organizadores digan que no son “antisemitas” sino “antisionistas”.

¿Tiene hoy la comunidad y sus líderes nacionales, estaduales o locales esa actitud? No tengo una respuesta, pero sí creo, que todo lo que existe es muy valioso, ya que toda la estructura de instituciones que relacionan a la comunidad con la sociedad que la rodea ha prestado inmensos servicios, pero la realidad que le servía de sustento ha sido cambiada hasta hacerse irreconocible, de ahí la urgencia de revisar incluso lo que se hizo después del 7-X, ya que el contexto ha seguido deteriorándose, llegando hasta una situación donde el próximo ocupante de la Casa Blanca puede ser alguien muy crítico no solo de Israel, sino también del funcionamiento de la comunidad judía, por lo que es absolutamente imprescindible preguntarse qué pasó que tantos judíos, quizás un tercio de los que votaron en Nueva York, lo hicieron por Mamdani, el símbolo actual de la judeofobia en EE. UU., que en si no debiera extrañar tanto, ya que en Alemania existió brevemente un movimiento pequeño de apoyo a Hitler en su primera y última elección en 1933, pero dada la naturaleza de lo que está ocurriendo en la politica estadunidense, se hace necesario encargar los estudios que permitan entender por qué se dio ese resultado en la más judía de las ciudades del país, ya que los primeros inmigrantes llegaron cuando todavía era Nueva Ámsterdam, aun antes que fuera parte de EE.UU.

Hoy, el tiempo no corre a favor, sino en contra. Hoy se tiene el respaldo del gobierno federal y de la Casa Blanca, pero no estoy seguro si el próximo a la próxima será igual que todos los presidentes de las últimas décadas en relación con Israel y los judíos estadounidenses. El problema es que la comunidad no controla la situación y la judeofobia está escalando, por lo que los judíos han vuelto a ser el canario en la mina, donde lo que a ellos le ocurre anticipa o advierte de posibles desgracias en camino para todos.

Es hasta injusto pedirle a la comunidad que se comprometa a una lucha que la retrotrae al siglo pasado, a etapas que al menos en EE. UU. se consideraban superadas, toda vez que es para exigir el requisito mínimo de una república democrática, cual lo es la igualdad esencial entre todos los ciudadanos, ya que le han ocurrido y le están ocurriendo situaciones que son impensadas para otras comunidades.

Es un odio demasiado grande para un pueblo demasiado pequeño. Lo único que no corresponde es agachar la cabeza o poner la otra mejilla, ya que la serpiente salió de su nido, está entre nosotros, y no regresará por sí sola al nido.

1. Ricardo Israel, En Defensa de Israel, Interamerican Institute for Democracy, Amazon, 2025, 460pp

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política, (U de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

¿Y si lo que acabamos de vivir en Ceuta es, sobre todo, un fenómeno de redes sociales?

Conviene empezar por explicar qué es Ceuta, porque buena parte de la confusión de estos días nace de imaginarla como un puesto fronterizo cualquiera. Ceuta es una ciudad española situada en la costa norte de África, frente a Gibraltar, separada de la Península por los catorce kilómetros del Estrecho. Es española desde 1580, más de dos siglos antes de que existieran los Estados Unidos. Tiene 18,5 kilómetros cuadrados, unos 84.000 habitantes y estatuto de ciudad autónoma. Junto con Melilla constituye la única frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano, y esa condición la convierte en el punto exacto donde la presión migratoria de todo un continente se concentra en unos pocos kilómetros de valla y una playa, la del Tarajal, con su espigón que se adentra en el mar marcando la línea entre Marruecos y España.

Esa frontera tiene historia trágica. En febrero de 2014 murieron ahogadas 14 personas a pocos metros de la playa del Tarajal, en parte por el pánico de la multitud en el agua. En mayo de 2021, en plena crisis diplomática con Rabat por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Marruecos relajó los controles y más de 8.000 personas entraron en Ceuta en dos días, obligando a desplegar al Ejército. En junio de 2022, el asalto a la valla de Melilla dejó al menos 23 muertos. La frontera sur funciona desde hace décadas como válvula de presión, y cada episodio ha alimentado la sospecha de manos que mueven los hilos.

Lo de esta semana supera todo lo anterior en un orden de magnitud. Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio entraron en Ceuta entre 50.000 y 60.000 personas en menos de 24 horas, el equivalente al 70% de la población de la ciudad. Trasladado a escala peninsular, sería como si 34 millones de personas entraran en España en un día. El balance es de al menos 57 muertos, con las tareas de búsqueda todavía en curso. La mayoría se ahogó intentando bordear a nado el espigón del Tarajal, de noche, vestidos, atrapados entre las olas y las rocas de la escollera mientras miles de personas entraban al agua a la vez. Otros murieron aplastados en los intentos masivos de cruzar las vallas. El Gobierno desplegó al Ejército, Pedro Sánchez viajó a Ceuta, calificó lo ocurrido de ataque a la integridad territorial de España y anunció un sistema de boyas junto al espigón para impedir nuevos cruces a nado.

La pregunta obligada es qué fuerza consigue que decenas de miles de personas asuman ese riesgo a la vez. Y aquí es donde la explicación más sólida resulta ser la menos conspirativa.

El 8 de julio el Tribunal Supremo dictaminó que las devoluciones en caliente no se aplican a quienes llegan por mar, que deben pasar por un procedimiento formal de devolución. En redes, ese matiz jurídico se transformó en otra cosa: España ha abierto la frontera y si entras a nado no te pueden devolver. El bulo corrió por WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram. Circularon mapas con la ruta a nado desde Castillejos, en Facebook llegaron a venderse trajes de neopreno para el cruce y los primeros vídeos de jóvenes celebrando en la playa hicieron el resto. Adolescentes de 16 y 17 años contaron después que se habían enterado por las redes y que habían pasado cinco horas nadando.

El patrón es conocido. En 2019, más de dos millones de personas se apuntaron en Facebook a asaltar el Área 51 y varios miles se presentaron de verdad en el desierto de Nevada. En 2012, una invitación de cumpleaños mal configurada en Facebook arrastró a miles de jóvenes al pueblo holandés de Haren, que acabó arrasado. En 2021, un foro de Reddit coordinó a millones de pequeños inversores para disparar la acción de GameStop y poner contra las cuerdas a varios fondos de Wall Street. Ese mismo año, 25.000 jóvenes se juntaron en un macrobotellón en Madrid convocados por redes. Ninguno de estos episodios tuvo un organizador central. Todos siguieron la misma secuencia: un mensaje simple, una promesa creíble, vídeos de los primeros que lo consiguen y una avalancha. La diferencia es que en Ceuta la promesa exigía meterse al mar.

La noche del jueves lo vi en directo. En Horizonte, el programa de Iker Jiménez en el que colaboro, las cámaras mostraban cómo centenares de personas llegaban a Ceuta y al poco rato emprendían el camino de vuelta. Entraban, comprobaban que la promesa era falsa, que allí les esperaba frío, hambre y un ejército desplegado en lugar de un pasaje a la Península, y regresaban. La ola completa, subida y bajada, se veía en tiempo real. Una operación orquestada para desestabilizar habría intentado que la gente se quedara. El regreso lo aceleraron el despliegue militar y el acuerdo con Marruecos para las repatriaciones, y queda pendiente el problema serio de los menores no acompañados que sí permanecen. Pero el motor del retorno fue el mismo que el de la ida: los canales que crearon el efecto llamada empezaron a difundir el efecto regreso, con mensajes de quienes ya volvían advirtiendo a los suyos de que ni lo intentaran.

Hay además un detalle que desmonta la tesis de una marcha nacionalista para reclamar Ceuta: en las imágenes faltan banderas marroquíes y camisetas de la selección. Se ven jóvenes saltando la valla con la camiseta de Messi. Quien va a reconquistar un territorio lleva su bandera. Quien busca un futuro lleva la camiseta de su ídolo.

Esta explicación tiene una virtud: se sostiene sola. El socialismo español sobra como organizador, sobra el rey de Marruecos, sobran Estados Unidos e Israel. La pólvora es real. Es el paro juvenil y la falta de horizontes en Marruecos, y es también lo que cada joven marroquí ve a diario en su teléfono: los marroquíes son la mayor comunidad extranjera de España, con cerca de 900.000 residentes legales, y muchos de sus compatriotas cobran el Ingreso Mínimo Vital y el paro viviendo mejor que ellos, o trabajan y ganan en un mes lo que en casa cuesta meses ganar. Esto fue una búsqueda personal de un futuro mejor. El socialismo español sobra como conspirador y aparece como imán: el efecto llamada del Estado del bienestar, viralizado. La chispa fue una sentencia mal entendida, millones de teléfonos y la promesa de una vida mejor a cinco horas nadando.

Marruecos merece escrutinio de todas formas. Un país que intercepta a cinco nadadores con neopreno un día cualquiera y deja pasar a 60.000 otro día ejerce política también por omisión. En 2021 relajó los controles en plena crisis diplomática y esta vez su gendarmería tardó en reaccionar. España respalda además con cerca de 340 millones de euros públicos la desaladora de Casablanca y mantiene otras líneas de cooperación, de modo que condicionar ese apoyo financiero a resultados verificables en frontera sigue siendo razonable aunque el fenómeno haya sido viral. Pero hay una diferencia entre tolerar y organizar, y a día de hoy no existen pruebas públicas de organización estatal.

La conclusión es incómoda porque un fenómeno viral es en cierto sentido más grave que una maniobra de Estado. Con un Estado se negocia, se firman acuerdos, se condicionan fondos. Contra un rumor capaz de meter a 60.000 personas al mar en una noche solo funcionan dos cosas: capacidad real de respuesta en la frontera y desmentidos oficiales tan virales como los bulos. Un bulo llenó el agua de gente y el agua devolvió 57 cuerpos. La próxima avalancha no la decidirá Rabat. La decidirá un vídeo de TikTok.

La región se enfrenta a dilemas morales que los líderes latinoamericanos han postergado reiteradamente en lugar de resolverlos y cuestionarlos a fondo. Las dificultades derivadas de este aplazamiento de soluciones siguen obstaculizando el desarrollo de los sistemas políticos. Estos dilemas, sumados a malas prácticas, dejan sin debate ni resolución los problemas reales de la región. Nuestra región alberga variables «asistémicas», factores que, si bien no son nuevos, resultan llamativos dada la tendencia de América Latina a repetir malas prácticas, aplicar fórmulas erróneas y tropezar con los mismos obstáculos, una constante casi permanente en su panorama político. En algunos casos prevalece el dogmatismo; en otros, la incompetencia; y en otros más, se imponen ciertos intereses, a veces mezquinos y otras veces mediocres.

Existen evidentes dificultades conceptuales para comprender la naturaleza de los sistemas democráticos de la región, lo que hace que las malas prácticas se conviertan en la norma y no en la excepción. A falta de herramientas para la construcción política fundamentadas en una visión ética, se repiten condiciones defectuosas (y los procesos que las perpetúan), haciendo imposible alcanzar resultados exitosos.

Actualmente somos testigos de casos que deberían captar la atención pública y suscitar una respuesta adecuada, mediante ajustes y adaptaciones, para remediar la situación. Nos enfrentamos a un problema en democracias que han sido vaciadas de su esencia democrática. Ciertos casos resultan especialmente preocupantes porque estas democracias —que habían logrado reconstruir instituciones, garantizar la libertad de expresión y celebrar elecciones sin temor a que se cuestionaran los resultados— se han transformado en procesos de cooptación de naturaleza autoritaria del poder. Esto incluye la cooptación de la Sala Constitucional y de la autoridad electoral, las restricciones a la libertad de expresión, el uso de las fuerzas de seguridad como instrumento de represión, la criminalización de la oposición y la persecución judicial de quienes se atreven a disentir.

Estas democracias —despojadas de su sustancia democrática y que conservan únicamente un elemento formal: la legitimidad original derivada de la elección presidencial por sufragio universal— plantean un grave problema: aquellos que antes recurrían al voto popular para expresar su descontento, rechazo o incluso oposición a determinadas agendas políticas, ven ahora cómo se desvanece esa capacidad de oposición, junto con la libertad de expresión. En resumen, dicha oposición se vuelve imposible y la perspectiva de justicia se reduce a una mera formalidad dentro del ejercicio continuo del poder por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, este es un problema grave, debido principalmente a un cambio regional en los mecanismos de defensa de la democracia y al hecho de que la democracia misma ha dejado de ser un valor sistémico, reduciéndose a una mera categorización de las relaciones bilaterales entre países que erosionan su democracia y la potencia líder de la región. En efecto, se trata a la democracia como algo que se basa en la amistad en lugar de en la separación de poderes, la libertad de expresión, las elecciones libres y justas, el respeto absoluto a los derechos humanos y la independencia judicial: elementos esenciales de nuestras sociedades. Es imperativo remediar esta situación.

Otro dilema moral no resuelto en la región concierne a las relaciones que los países mantienen con las dictaduras del continente. Analizaremos el caso de Venezuela por separado, ya que deseamos entenderlo como un proceso de transición. Las otras dos dictaduras de la región son Cuba y Nicaragua. La característica definitoria de la estupidez es la convicción de que uno es mucho más inteligente que los demás y no necesita actuar éticamente. Un régimen dictatorial garantiza que los errores no sean cuestionados ni expuestos, lo que lleva al dictador a creerse infalible —sin duda gracias a su intelecto supuestamente superior—. En resumen, el sistema construido sobre la falta de ética política —que alimenta la acumulación cada vez mayor de poder— conduce finalmente al dictador a destruir o arruinar por completo a su propia sociedad. Tales excesos políticos equivalen a intentos de fraude generalizado contra toda la población, demostrando que nada ni nadie importa salvo el poder. Las sociedades crean sistemas donde los mecanismos de pensamiento y expresión social moldean el pensamiento mismo; esto es imposible en una dictadura, donde los individuos son reprimidos por pensar de manera diferente o hacer preguntas, y procesados ​​o encarcelados por expresar libremente sus opiniones. Estas dictaduras —que han generado crisis humanitarias y migratorias, así como violaciones flagrantes de los derechos humanos— persisten únicamente porque muchos líderes latinoamericanos han actuado de una de estas dos formas: reconociendo la necesidad imperativa de desafiar ideológicamente a las dictaduras, o absteniéndose de cuestionarlas fundamentalmente por razones ideológicas. Ninguno de los dos enfoques aborda la cuestión central: la inmoralidad inherente de una dictadura. Esta inmoralidad reside en la indulgencia mostrada por aquellos que condenan los crímenes de lesa humanidad, la persecución política, la represión y la negación del derecho de las personas a elegir su propio futuro, aun ante las crisis más graves.

Esta inmoralidad recurrente se manifiesta de tal manera que, incluso en las situaciones más críticas, la dictadura no es condenada, sino defendida por quienes, en otras circunstancias, la denuncian. Esto supone una radicalización de la inmoralidad, claramente más grave que la igualmente condenable hipocresía de quienes condenan las dictaduras simplemente por oposición ideológica. Es necesario reevaluar moralmente el problema político que plantea una dictadura y las implicaciones éticas de las violaciones de los derechos humanos, de modo que apoyar o defender tales regímenes conlleve un coste moral. Se puede estar equivocado políticamente, pero estar equivocado moralmente es demasiada corrupción.

La situación en Venezuela ha representado también uno de los principales dilemas morales de la región durante más de veinte años. Sin embargo, hoy en día presenta características singulares. Somos testigos de un gobierno ilegítimo que ha sido legitimado por las circunstancias de su relación privilegiada con Estados Unidos. Venezuela ha vuelto a la órbita estadounidense y, de este modo, la cuestión se ha resuelto mediante una responsabilidad individual —o más bien, compartida—. Los desafíos políticos que enfrentan los venezolanos derivan de una innegable falta de democracia y de cómo su interés específico por restaurarla se desarrolla en un contexto de evidente apaciguamiento hacia un sistema donde los intereses económicos y comerciales están en auge, especialmente tras la tragedia del terremoto y la consiguiente necesidad de reconstrucción. El dilema moral se centra claramente en qué intereses prevalecerán al final de este proceso. Los venezolanos son conscientes, por supuesto, de que su única oportunidad de recuperar la democracia reside en Estados Unidos y, más concretamente, en la actual administración. El dilema moral persiste y esperamos un desenlace justo y positivo: uno en el que los aliados de Estados Unidos no se sitúen por encima de la democracia y los derechos humanos, como ocurrió durante la Guerra Fría.

Existen, por supuesto, otros dilemas morales en el hemisferio: problemas recurrentes como la pobreza y la desigualdad en sociedades estratificadas, la persistente oposición a la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad y la discriminación contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, la comunidad LGBTQ+ y muchos otros grupos. Debemos empezar a abordar todos estos dilemas morales —en los que las implicaciones éticas son fácilmente discernibles—, ya ​​que nuestra posición en el escenario internacional no mejorará a menos que adoptemos una postura moralmente más consistente. Y no cae en cuan horribles son quienes nos juzgan éticamente sino en resolver nuestras necesidades al respecto porque lo que ellos se perdonan al respecto jamás nos lo perdonarán a nosotros.

Luis Almagro

Instituto CASLA

La historia demuestra que el talento extraordinario para transformar la tecnología no siempre va acompañado de la misma capacidad para comprender la complejidad de la política y de las instituciones democráticas. Los grandes innovadores suelen desenvolverse con brillantez en el mundo de la ingeniería y de la ciencia, donde los problemas admiten soluciones precisas y verificables. La vida pública, en cambio, está gobernada por factores mucho más complejos: intereses contrapuestos, equilibrios institucionales y comportamientos humanos difíciles de predecir.

Uno de los ejemplos más notables de esta dualidad es Elon Musk. Sus empresas contribuyeron decisivamente a acelerar la adopción del vehículo eléctrico, demostraron la viabilidad de reutilizar cohetes espaciales y desarrollaron una red global de comunicaciones satelitales que hoy conecta regiones antes aisladas. Son logros extraordinarios que justifican la enorme influencia que ejerce sobre el debate público.

Naturalmente, ese historial lleva a muchos a conceder especial credibilidad a sus pronunciamientos sobre el futuro. Sin embargo, no todas sus predicciones pertenecen al mismo terreno. El calendario inicialmente previsto para la conducción completamente autónoma y para la colonización de Marte ha resultado considerablemente más optimista de lo que hoy parece razonable esperar. Y su reciente afirmación de que la inteligencia artificial hará innecesario el dinero continúa siendo, por ahora, una hipótesis altamente especulativa. Incluso en una economía profundamente automatizada seguirán existiendo bienes inevitablemente escasos —la tierra, la energía, determinados recursos naturales, el espacio urbano y, sobre todo, el tiempo humano— cuya asignación continuará requiriendo mecanismos de mercado.

Más preocupantes aún son sus recientes declaraciones sobre los sistemas electorales. Musk ha sostenido que la preservación de la democracia exige abandonar la automatización del conteo de votos y regresar al escrutinio manual, al considerar que cualquier sistema informático puede ser vulnerado. El argumento merece ser analizado con seriedad, no por la novedad de la preocupación —la seguridad electoral ha sido objeto de debate durante décadas— sino por la enorme influencia de quien la formula.

Cuando una figura que concentra un peso excepcional en la innovación tecnológica, la actividad empresarial, la comunicación digital y el debate político cuestiona la confiabilidad de los procesos electorales, sus palabras trascienden la discusión técnica. Contribuyen inevitablemente a moldear la percepción pública sobre la legitimidad de las instituciones democráticas.

Precisamente por ello, un debate de esta naturaleza exige un nivel particularmente alto de evidencia. Diversos especialistas en administración electoral sostienen que los sistemas utilizados en la mayoría de los estados de Estados Unidos incorporan múltiples mecanismos de seguridad y auditoría, entre ellos comprobantes físicos del voto, verificaciones posteriores a las elecciones y procedimientos independientes destinados a confirmar la exactitud de los resultados. Ningún sistema es absolutamente infalible, pero tampoco existen pruebas concluyentes que justifiquen abandonar el modelo vigente en favor de un retorno generalizado al conteo exclusivamente manual.

La fortaleza de una democracia no depende únicamente de la tecnología que emplea para contar los votos. Descansa, sobre todo, en la confianza ciudadana en instituciones transparentes, auditables y aceptadas por todos los actores políticos. Esa confianza es un patrimonio construido durante décadas y puede erosionarse con sorprendente rapidez cuando las sospechas sustituyen a la evidencia.

Estados Unidos enfrenta hoy un clima de intensa polarización política. En ese contexto, preservar la credibilidad de los procesos electorales constituye una responsabilidad compartida por autoridades, partidos, medios de comunicación y líderes de opinión. Los ciudadanos también tienen un papel fundamental: informarse, participar como observadores cuando sea posible y comprender los mecanismos mediante los cuales se verifican los resultados.

Las democracias sobreviven porque sus ciudadanos aceptan reglas comunes incluso cuando producen resultados adversos para sus propias preferencias. Debilitar esa confianza sin pruebas sólidas puede resultar mucho más costoso para la República que cualquier imperfección tecnológica que se pretenda corregir. La prudencia institucional, después de todo, sigue siendo una de las formas más elevadas de innovación política.

No sé qué clase de alcalde de Nueva York será Zohran Mamdani, pero ya ha demostrado ser una verdadera decepción como estadista. Nueva York es la única ciudad del mundo donde al menos 750.000 judíos y 750.000 musulmanes conviven. En lugar de ser un constructor de puentes constructivos entre ellos, Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, ha optado por destruirlos, utilizando el conflicto israelí-palestino como arma. Es un desperdicio de un talento político verdaderamente carismático.

Consideremos la reciente maniobra de Mamdani: amenazar con arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando visite Nueva York para la cumbre de las Naciones Unidas en septiembre. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu en 2024, alegando que cometió crímenes de lesa humanidad en Gaza. Aunque Mamdani finalmente reconoció que la ciudad no tenía tal autoridad legal —y en su lugar pidió al gobierno federal que ejecutara la orden judicial días antes de la visita del líder israelí a Washington—, este era precisamente el tipo de argumento que Netanyahu utilizará en su campaña para ser reelegido el 27 de octubre. Podría escribir yo mismo el anuncio de campaña de Bibi: «El único lugar seguro para los judíos es Israel. Basta con ver lo que está pasando en Nueva York. El único líder que puede proteger a los israelíes soy yo: Bibi».

En mi opinión, las posturas extremas de Mamdani y Netanyahu son dos caras de la misma moneda: Bibi no reconoce el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en su patria nacional y cree que solo Israel debería gobernar el territorio que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Pero los palestinos son un pueblo —más de siete millones de ellos viven en ese territorio— y no van a desaparecer ni a renunciar a su derecho a la autodeterminación, por más que Bibi y sus seguidores propaguen ideas contrarias. Lo que Bibi realmente está proponiendo es una guerra eterna entre israelíes y palestinos. Hoy permite que los colonos en Cisjordania arrasen las aldeas palestinas, y cuando estos se resisten, su gobierno lo tacha de terrorismo.

Mamdani tampoco aboga por una solución de dos Estados. Argumenta que los judíos no tienen derecho a la autodeterminación en un Estado propio: un Estado judío en su patria bíblica, en esa misma región que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Pero más de siete millones de judíos también viven en ese territorio, y ellos tampoco se irán ni renunciarán a su derecho a un Estado judío, digan lo que digan Mamdani y otros socialistas democráticos. Por lo tanto, también están promoviendo, en la práctica, una guerra eterna.

¿Y si Mamdani realmente quisiera ser un puente entre israelíes y palestinos, un papel para el que posee la capacidad y el talento únicos? Si lo hiciera, declararía su intención de que, el día que Bibi llegara a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, convocaría un seminario en su oficina e invitaría a expertos israelíes, palestinos, árabes, musulmanes y judíos a debatir la única solución justa y estable: cómo forjar dos estados separados para los dos pueblos que habitan la zona entre el río y el mar.

Invitaría a representantes saudíes a hablar sobre la Iniciativa de Paz Árabe, lanzada en esta columna en 2002 por el príncipe heredero saudí, Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. Invitaría a Bill Clinton, Barack Obama y George W. Bush a exponer sus respectivos planes para dos estados para dos pueblos. Invitaría a líderes palestinos como Salam Fayyad, ex primer ministro de la Autoridad Palestina, quien tanto contribuyó durante su mandato a la creación de instituciones palestinas para un estado palestino junto a Israel, a debatir cómo reactivar ese esfuerzo en la actualidad.

Y lo más importante, invitaría a representantes de organizaciones judeoárabes que buscan forjar dos estados para dos pueblos, como las Iniciativas Abraham. No debe confundirse con los Acuerdos de Abraham; se trata de una organización israelí que trabaja por la reconciliación entre ciudadanos palestinos y judíos de Israel. (He donado dinero a este grupo). Invitaría a representantes de EcoPeace Middle East, una organización israelí-palestina-jordana dedicada a impulsar la reconciliación mediante proyectos ambientales conjuntos. (También he donado dinero a esta organización). Asimismo, invitaría al nuevo partido israelí Un Lugar para Todos, fundado antes de las próximas elecciones con una lista conjunta de palestinos y judíos israelíes, liderado por Rula Daoud y Alon-Lee Green.

En un ensayo publicado en Haaretz, Green explicó que el nuevo partido «no es un partido judío (con una representación árabe simbólica) ni un partido árabe (con una representación judía simbólica), sino un partido árabe-judío conjunto». Su objetivo es construir «una paz que ponga fin a la ocupación y establezca un Estado palestino independiente, junto al Estado de Israel».

Por último, para darle un toque de glamour, podría invitar a la actriz Natalie Portman. Me impresionó mucho el discurso que pronunció en una reciente recaudación de fondos en línea para A Place for Us All. Según un reportaje de Haaretz, Portman “enfatizó su identidad como mujer judía y ciudadana israelí, señalando que su padre nació y se crio en Israel y que siente un profundo amor, como muchos de ustedes, por la gente de esta región —toda la gente de esta región—, por la tierra y por el futuro”.

Como Portman les dijo a los simpatizantes del partido: “Lucharon por el regreso de los rehenes. Se opusieron a la guerra de aniquilación y defendieron a los niños de Gaza. Exigieron calles más seguras, salarios más justos… El sistema quiere hacernos creer que esto es imposible, que una verdadera colaboración es imposible. Quieren minimizar lo que estos increíbles líderes están haciendo ahora mismo y les aterra lo que representa este movimiento”.

Así suena un liderazgo constructivo. El movimiento «Un Lugar para Todos» aún se encuentra muy por debajo del umbral necesario para obtener un escaño en la Knéset. Pero apenas está comenzando. Si prefiere una versión más pragmática de este mensaje, visite el sitio web de Comandantes por la Seguridad de Israel, que reúne a casi 600 coroneles y generales retirados del ejército israelí, así como a veteranos del Mossad, el Shin Bet (Seguridad Interna), la policía y el cuerpo diplomático, todos comprometidos con la oposición a la anexión israelí de Cisjordania y con la búsqueda de una solución de dos Estados.

Imagínese si Mamdani, en lugar de realizar una maniobra inútil como considerar públicamente el arresto de Netanyahu, convocara a todos estos defensores israelíes, palestinos, árabes y estadounidenses de dos Estados para dos pueblos y luego invitara a Netanyahu a dirigirse a ellos. Que sea Bibi quien diga: «No, no quiero tener nada que ver con los defensores israelíes, palestinos, árabes y estadounidenses de dos Estados para dos pueblos».

Al menos, transmitiría a los votantes israelíes de centro-derecha, centro e izquierda el mensaje de que el mundo no los odia, que el alcalde de Nueva York no los persigue y que lo único que la comunidad internacional desea es que israelíes y palestinos sean socios constructivos, dispuestos a explorar la única alternativa realista a una guerra interminable.

No tengo ni idea de si serviría de algo. Pero sé con certeza que lo que Mamdani está haciendo es simplemente ganar votantes para Netanyahu entre los israelíes que creen que Bibi es su único protector, que su postura intransigente es su única salvación.

Si eso es lo que Mamdani pretende ahora con su plataforma —echar más leña al fuego que ya arde con fuerza—, es un desperdicio de su talento, de su cargo, de su energía y de nuestro tiempo.

© The New York Times 2026.

Con el título de "Cuba la capital del comunismo del siglo 21" el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido este 20 de julio el informe que describe la guerra de Cuba contra Estados Unidos y las Américas. La guerra permanente de Cuba en documento oficial que demuestra el ataque constante contra la seguridad nacional de Estados Unidos y de todos los países del Hemisferio Occidental. La dictadura de Cuba ataca desde hace más de 67 años, pero ahora la mayoría de los gobiernos latinoamericanos quedan en evidencia por su inacción.

El concepto tradicional de guerra es la “desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias”, la “lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación”. La guerra contemporánea “ya no se limita a métodos tradicionales, sino que abarca dimensiones políticas, económicas, culturales, sociales y cognitivas con el terrorismo como centro de gravedad para afectar la seguridad”. Como guerra de séptima generación está la "guerra híbrida, un enfoque que combina tácticas convencionales y no convencionales, abarcando desde acciones militares encubiertas hasta el respaldo a fuerzas irregulares, manipulación política, social y desinformación".

En "La Guerra Híbrida en las Américas" (2025) la describo como “una evolución del tradicional conflicto armado entre naciones o grupos, que ahora incorpora elementos diversos para debilitar al adversario sin una declaración abierta de hostilidades. Incluye métodos como la migración forzada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de personas, uso de pandillas, agitación política, financiamiento de candidatos, asesinato de reputaciones y físico, difusión de noticias falsas, penetración cultural, terrorismo….mecanismos que permiten la «negación plausible» por parte del agresor….”

El informe “Cuba la capital del comunismo del siglo 21” muestra la guerra de Cuba contra las Américas y se presenta con una de sus conclusiones: “El ataque de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía o incluso la propiedad de un territorio en particular. Fue una revolución contra la civilización occidental misma, librada, en parte, mediante el método novedoso e insidioso de persuadir a los hijos de Occidente para que se rebelaran contra su propia herencia".

El texto del informe comienza señalando que: “Durante casi siete décadas, el régimen cubano ha librado una campaña sostenida de subversión contra Estados Unidos. Esta campaña ha infiltrado las más altas esferas del gobierno estadounidense, ha reclutado y formado a generaciones de activistas estadounidenses, ha respaldado una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en suelo estadounidense y ha llevado a cabo una de las infiltraciones de inteligencia extranjera más duraderas y perjudiciales de la historia de Estados Unidos. La campaña cubana contra Estados Unidos es única, Es irregular y encubierta….."

Cita un memorándum de inteligencia de septiembre de 1971 que expresa: “Casi todas las repúblicas latinoamericanas han sentido la injerencia [de Cuba] al menos una vez… Tan pronto como Castro asumió el poder en Cuba en enero 1959, La Habana se convirtió en el centro de operaciones subversivas contra otros países latinoamericanos“.

Presenta información que los gobiernos latinoamericanos conocen: “A mediados de la década de 1980, Latinoamérica era escenario de más actos de terrorismo internacional contra objetivos estadounidenses que cualquier otra región del mundo, impulsados ​​principalmente por al menos dos docenas de grupos marxistas respaldados por Cuba. Estimaciones de finales de la década de 1980 indicaban que Cuba había trabajado…a unos 27 grupos guerrilleros de izquierda en toda la región, sumando un total de aproximadamente 25.000 miembros armados y entrenados. En 1986, Latinoamérica representaba cerca del 55% de todos los incidentes terroristas contra objetivos estadounidenses. Para 1989, esta cifra ascendía a un estimado del 64%..... En las tres primeras décadas del régimen de Castro, al menos 20.000 guerrilleros de prácticamente todas las naciones latinoamericanas asistieron a campos de entrenamiento terrorista en Cuba". Los datos actuales pueden ser mucho más complejos.

El documento abarca el espionaje, el turismo revolucionario, la revolución racial, los grupos fachada y simpatizantes que incluye la llamada izquierda democrática latinoamericana, la internacional antiamericana, y todos estos aspectos tocan Latinoamérica. Define la dictadura afirmando que “desde 1959, Cuba ha sido y -sin fundamentos y radicales reformas- siempre será: menos un Estado-nación que una inteligencia y un sistema de inteligencia que lo abarquen todo como operación de subversión.."

Los líderes latinoamericanos no pueden ignorar el mensaje que está en el párrafo final: “Confundir la pobreza de Cuba con inocuidad es malinterpretar por completo la amenaza. Su debilidad material nunca fue la medida de su peligro…Hoy sirve como nexo de unión de una coalición antiestadounidense más amplia, un escenario donde las ambiciones de Moscú, Pekín y Teherán convergen con los movimientos radicales que operan dentro de nuestras fronteras".

El autor es Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Si hay un pueblo profundamente nacionalista en América Latina, ese es el brasileño. No se trata de un nacionalismo declamativo sino práctico. Brasil protege su industria, incentiva el consumo interno, privilegia la producción nacional y hace de la exportación una política de Estado, gobierne quien gobierne.

Con más de 214 millones de habitantes, Brasil representa cerca de dos tercios del Producto Bruto de América Latina y es, por amplio margen, la mayor economía de la región. Su Producto Bruto Interno supera los USD 2,3 billones, ubicándose entre las diez economías más importantes del mundo.

A diferencia de la Argentina, donde durante décadas gran parte de la población pensó en dólares, el brasileño piensa en reales. El dólar existe para el comercio exterior o las inversiones, pero no forma parte de la vida cotidiana. En muchos ámbitos incluso resulta extraño ofrecer pagar en dólares porque el real es la moneda que organiza la economía y la confianza de la población.

La inflación, si bien tuvo altibajos, se mantiene alrededor del 4% anual y el desempleo ronda el 7%, cifras que, comparadas con la realidad argentina de los últimos años, reflejan una economía mucho más estable. El Banco Central brasileño incluso comenzó un proceso gradual de baja de tasas luego de haber controlado la inflación.

Una economía diversificada

Brasil no depende de un solo sector.

Es uno de los mayores productores mundiales de soja, carne vacuna, pollo, café, mineral de hierro, petróleo, azúcar y celulosa. Al mismo tiempo posee una industria automotriz, aeronáutica, petroquímica, farmacéutica y tecnológica de enorme dimensión.

Empresas como Embraer, Petrobras, Vale o WEG muestran la capacidad industrial de un país que hace décadas decidió desarrollar cadenas de valor propias en lugar de depender exclusivamente de la exportación de materias primas.

El socio comercial que Argentina no puede reemplazar

Más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos, existe un dato imposible de ignorar: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina junto con China.

El intercambio bilateral supera los USD 30.000 millones anuales y miles de empresas de ambos países producen de manera integrada.

El mejor ejemplo es la industria automotriz.

Gran parte de los vehículos fabricados en Argentina tienen componentes brasileños y, al mismo tiempo, Brasil compra una porción muy importante de los automóviles argentinos. Lo mismo ocurre con autopartes, maquinaria agrícola, productos químicos, plásticos, trigo, energía y bienes industriales.

Más de una quinta parte de las exportaciones industriales argentinas tienen como destino Brasil. Millones de puestos de trabajo, directa o indirectamente, dependen de que esa relación funcione correctamente.

No existe hoy ningún otro mercado que pueda reemplazar rápidamente ese nivel de integración productiva.

¿Por qué hoy Lula aparece como favorito?

Las elecciones presidenciales brasileñas serán el próximo 4 de octubre.

Las encuestas más recientes muestran a Luiz Inácio Lula da Silva liderando la intención de voto y también imponiéndose en un eventual balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Si bien la diferencia no es definitiva y aún falta campaña, Lula mantiene una ventaja consistente.

Las razones son varias.

En primer lugar, la economía brasileña continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado, con inflación bajo control y desempleo relativamente bajo. Para la enorme mayoría de los votantes brasileños, como ocurre en casi todas las democracias, la economía pesa mucho más que las discusiones ideológicas.

En segundo lugar, Jair Bolsonaro continúa impedido de competir, lo que obligó al espacio conservador a impulsar la candidatura de su hijo Flávio Bolsonaro. Sin embargo, Flávio todavía no logró construir el mismo liderazgo nacional que su padre y carga además con cuestionamientos propios que limitan su capacidad de atraer votantes independientes.

El efecto inesperado de la presión externa

En las últimas semanas la administración de Donald Trump endureció su política comercial hacia Brasil mediante nuevos aranceles y un fuerte enfrentamiento político con el gobierno de Lula.

Paradójicamente, esa estrategia podría terminar fortaleciendo al propio Lula.

Brasil posee una fuerte tradición de defensa de su soberanía. Es un país donde conviven profundas diferencias políticas internas, pero donde las críticas o presiones provenientes del exterior suelen generar un fenómeno conocido como rally around the flag: frente a una amenaza externa, buena parte de la sociedad deja de lado las disputas internas y se une detrás de la defensa del país.

No significa que todos apoyen a Lula. Significa que muchos brasileños rechazan que otro país intente influir en sus decisiones electorales o económicas.

La historia brasileña muestra numerosos ejemplos de ese comportamiento. La defensa de Petrobras, de la Amazonia, de la industria nacional o de la soberanía económica suele convertirse rápidamente en una causa compartida más allá de las diferencias partidarias.

Argentina necesita una relación madura con Brasil

Si Lula resulta reelecto —como hoy sugieren la mayoría de las encuestas— Argentina deberá convivir con ese gobierno durante al menos cuatro años más.

Y aun si ganara otro candidato, Brasil seguirá siendo Brasil: la mayor economía de Sudamérica, nuestro principal mercado industrial y uno de los países más influyentes del hemisferio.

Por eso, en política exterior suele ser más útil el pragmatismo que la confrontación permanente.

Los gobiernos cambian; los intereses nacionales permanecen.

Las diferencias ideológicas pueden existir y son legítimas. Pero cuando dos países mantienen un comercio de decenas de miles de millones de dólares al año, miles de empresas integradas y millones de empleos vinculados a esa relación, la diplomacia deja de ser una cuestión de simpatías personales para convertirse en una herramienta de desarrollo.

En definitiva, un país no elige a sus vecinos.

Los administra.

Y la historia demuestra que las naciones que logran separar las diferencias políticas de los intereses económicos suelen obtener mejores resultados para su población que aquellas que convierten cada desacuerdo ideológico en un conflicto diplomático permanente.

Podríamos proponer que la corrupción es únicamente el soborno, el desvío de recursos o el enriquecimiento ilícito. Lo es, claro que sí; pero esa definición no alcanza para explicar el enorme daño que puede causar un mal gobierno sin brújula moral en Nuevo León. Existe otra forma de corrupción, menos evidente pero igual de costosa: gobernar sin capacidad y sin fraternidad con la comunidad.

Precisamente por eso, el Plan México de la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, pone tanto énfasis en la planeación, la infraestructura estratégica y la certidumbre y el diálogo para guiar para la inversión: gobernar con honestidad y fraternidad social significa gobernar con método.

Prometer obras sin planeación. Arrancar proyectos sin estudios suficientes. Comprometer miles de millones de pesos sin tener certeza de cómo se financiarán hasta el final. Anunciar calendarios imposibles. Ignorar a especialistas, universidades, empresarios y comunidades. Despreciar la participación ciudadana. Confundir ocurrencias con políticas públicas. Todo eso también corrompe.

Porque la corrupción claro que se puede definir como el desperdiciar y dilapidar el patrimonio colectivo por negligencia, improvisación o vanidad. La gran economista social Elinor Ostrom demostró que los bienes y el esfuerzo públicos solo funcionan cuando existen reglas claras, confianza y participación de quienes serán afectados por las decisiones. Cuando el poder actúa unilateralmente, destruye precisamente ese capital institucional que hace posible el desarrollo y lo corrompe todo. Un gobierno que en Nuevo León cambia de rumbo, o de modo, cada semana o anuncia proyectos sin bases técnicas termina debilitando las instituciones que debería fortalecer.

No es casualidad que los países con mejores gobiernos sean también aquellos donde la palabra del Estado tiene valor. En el norte de México esa idea, la idea de la palabra del gobernante, tiene todavía un significado más profundo, casi sagrado.

Aquí la palabra siempre ha sido patrimonio moral. Sí moral. Antes de cualquier contrato estaba el apretón de manos. Antes de cualquier discurso estaba el compromiso entregado frente a frente. La confianza mutua nacida de la seriedad permitió construir empresas, industrias, comunidades agrícolas y cadenas productivas que hicieron de Nuevo León una referencia nacional.

Por eso, en nuestra cultura, no cumplir la palabra, no cumplir, constituye una forma de corrupción, la más grave de todas, la que traiciona nuestra identidad.

Cuando un gobierno promete agua y deja comunidades esperando durante años. Cuando anuncia carreteras sin recursos para concluirlas. Cuando inicia líneas de Metro sin tener resueltos sus aspectos financieros, técnicos o urbanos. Cuando las prioridades reales, tales como hospitales, movilidad, agua, seguridad o mantenimiento básico del drenaje, quedan subordinadas al impacto mediático del gasto en redes sociales, se corrompe el tejido de la comunidad.

En Nuevo León no estamos únicamente frente a graves errores administrativos y una opacidad rampante, más grave aún, estamos frente a una ruptura del pacto de confianza entre gobernantes y ciudadanos. Presenciamos la erosión del Pacto Social.

Como advirtió Max Weber, la ética de la responsabilidad exige que quien gobierna responda no solamente por sus intenciones, sino por las consecuencias previsibles de sus decisiones. Gobernar no consiste en anunciar; consiste en hacerse responsable de aquello que se promete.

Por eso Nuevo León necesita recuperar algo más profundo que la eficiencia administrativa. Necesita que su gobierno estatal recupere el carácter original de nuestros valores. Necesita volver a ser un estado donde la palabra empeñada pese, donde las obras empiecen porque pueden terminarse, donde cada peso público responda a prioridades sociales claramente definidas y donde las decisiones importantes nazcan del diálogo con la sociedad y no de la improvisación.

Ese es, precisamente, el Modo Transformación que urge. La transformación como una nueva cultura de gobierno: planear antes de anunciar; escuchar antes de decidir; construir acuerdos antes que espectáculos; terminar las obras; gobernar con humildad y con capacidad.

Frente al Modo Samuel, que convirtió la política en distracción permanente, improvisación y culto a la imagen, el Modo Transformación propone regresar a los principios que hicieron grande a Nuevo León, y no me cansaré de señalarlos: trabajo serio, instituciones fuertes, respeto por la inteligencia de la sociedad y, sobre todo, una convicción sencilla, pero irrenunciable, en el Norte, la palabra vale. Y cuando un gobierno pierde el valor de su palabra, comienza también a perder todo rastro de honestidad y legitimidad.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

El primer ministro Benjamín Netanyahu se encuentra preparando su viaje a Washington, donde sobresale la reunión que va a sostener con el presidente Donald Trump el martes. No hay otro país que sea más importante que EE. UU. para Israel, aunque no siempre fue así.

Es una relación de amor maduro y no una atracción entre adolescentes, aunque hoy se asemeja más bien a la de amigos con beneficios. La cercanía alcanzó su mejor momento en el periodo que fue entre junio del año pasado (la guerra de los 12 días contra Irán) y la decisión de buscar el derrumbe de la República Islámica (los bombardeos iniciados el 28 de febrero), pero ante la mantención en el poder del régimen, EE. UU. decidió negociar. Así, el Memorando de Entendimiento trajo un distanciamiento, lo que se ha acrecentado con decisiones tomadas por Washington relacionadas con Arabia Saudita y Turquía que seguramente serán conversadas. Hay un claro distanciamiento, pero en ningún caso, constituyen un divorcio.

Quizás más que un contratiempo, lo que apareció fue una encrucijada donde no coincidieron ambos países, ya que los intereses no serían los mismos, y por lo declarado, no tenían la misma óptica en relación a la actual debilidad de Teherán, ya que a través de la negociación, la Casa Blanca aceptaba la supervivencia de la República Islámica a cambio del fin del proyecto de una bomba atómica, mientras que Israel sigue deseando el reemplazo de un régimen que desde 1979 llama a la eliminación de la “entidad sionista”, ya que ni siquiera nombra a Israel.

Sin embargo, no es el momento de una revisión, ya que todo intento serio va a tener que esperar el resultado de dos elecciones separadas por solo algunos días, toda vez que el 27 de octubre hay elecciones generales en Israel y el 3 de noviembre hay comicios de medio término en EE. UU. En ambos casos, va a ser un referendo sobre los respectivos jefes de gobierno, es decir, personalizadas en Netanyahu y Trump.

¿En qué momento sorprende este viaje a la relación entre ambos países?

En el caso de Israel, muchos opinan que la situación va a variar mucho sin Netanyahu, sin embargo, creo que lo que tiene que ver con guerras y seguridad nacional acarrea el suficiente consenso para que varíen menos los comportamientos y decisiones de lo que se cree fuera del país, por lo que quienquiera sea el líder, cualquiera sea el costo, no variará significativamente el curso de la nave que es Israel en lo que tiene que ver con la seguridad del país y sus habitantes.

En efecto, a pesar de ser dependiente en muchos aspectos y no tener otro aliado tan estrecho, buena parte de la elite política y de seguridad israelí no se engaña en el sentido que tal como aconsejaba Henry Kissinger, tan malo como confrontar a EE. UU. es que su defensa dependa solo de ellos, como también surge de la experiencia de gobiernos aliados de Washington que lo fueron hasta el día que EE. UU. anunció que cambiaba de opinión, tal como ocurriera con Vietnam del Sur y Afganistán, cambios que muchas veces coinciden con periodos electorales, y de ahí la expresión que en elecciones Washington es por definición infiel. Y hoy, en EE. UU. lo que realmente debiera preocupar a Israel, tanto o más que lo que ocurre en el Medio Oriente, es lo que está pasando con el cambio profundo que está teniendo lugar en la opinión pública como también en el Congreso y en la política, con EE. UU. abandonando el apoyo automático y bipartidista a Israel, que antes se daba por descontado.

Israel y EE. UU. no siempre fueron aliados, situación que claramente apareció cuando la ONU votó a favor de la partición de la palestina británica e Israel declaró su independencia. En esos días EE. UU. estaba recién iniciándose como superpotencia y los consejos del Departamento de Estado que llegaron al escritorio del presidente, recomendaban que se demorara el reconocimiento, ya que los intereses de Washington tal como lo prueba la historia posterior, apuntaban a construir una alianza estrecha con los países árabes productores de petróleo. En todo caso, Truman no les hizo caso y reconoció al nuevo Estado, aunque sin abastecerlo de armas. La desclasificación posterior de documentos de la época muestra la existencia de informes del Pentágono que ni siquiera confiaban en la supervivencia del Estado, toda vez que inmediatamente fueron invadidos por los ejércitos de los vecinos, entonces, mucho más poderosos.

Que en aquel entonces sus intereses no apuntaban en el mismo sentido, se manifestó en 1956, cuando debido a constantes ataques terroristas de quienes se llamaban a sí mismos fedayines, los israelíes ingresaron a Egipto, ocupando el desierto del Sinaí, lo que fue un error ya que paralelamente Francia y el Reino Unido habían atacado el Canal de Suez, recientemente expropiado por el gobierno de Gamal Abdel Nasser. De tal modo fue un error, que EE. UU., a través del presidente Eisenhower los humilló a los tres, obligándolos a retirarse.

Que sus intereses no eran todavía los mismos es demostrado en la guerra de los 6 días, cuando inmediatamente después de su inicio, en 1967 se produce el incidente del USS Liberty, que correspondió a un ataque de Israel contra un barco espía estadounidense que era presentado como “buque de investigación técnica”, pero que en efecto estaba en una misión de recolección de información. Las explicaciones de Israel fueron aceptadas que se confundió con un navío enemigo y se pagó una indemnización a los heridos y a los familiares de los muertos.

Hasta esa guerra, EE. UU. no proporcionaba armas, sino que Israel se las compraba a Francia, lo que da una idea de cuánto puede variar la amistad entre naciones. Con su victoria militar, Israel adquirió un nuevo estatus, naciendo una nueva relación, que se consolida con la Guerra de Yom Kippur y la firma del Tratado de Paz con Egipto, todo en los 70.

El vínculo con EE. UU. se fue estrechando hasta llegar a la situación actual, siempre con avances y retrocesos, pero Israel no ha encontrado ni tiene otro apoyo a ese nivel, por lo que todo distanciamiento, por pasajero que sea siempre genera problemas para Israel, dadas sus necesidades, su vecindad y el carácter casi único de su amistad con EE. UU., pero también los genera para la superpotencia, ya que no queda claro que pueda convenirle alejarse de un aliado tan estrecho y fiel, que por lo demás, a diferencia de Europa, nunca ha pedido ni necesitado tropas estadounidenses para pelear sus guerras. Es, por lo tanto, una calle de dos vías, debido a que difícilmente encuentra otros aliados que reúnan una doble cualidad, gran fidelidad a lo que el país es y representa como también éxito en el campo de batalla que es lo que Israel aporta, y como lo demuestran los avances logrados en distintos sistemas de intercepción de misiles y cohetes, EE. UU. los ha aprovechado para incorporarlos a su propia defensa. Israel también aporta avances relevantes en innovaciones tecnológicas y descubrimientos científicos.

En todo caso, como superpotencia que es, EE. UU. parece tener todo un proyecto para el Medio Oriente que no coincide siempre con Israel, al cual se ha agregado un acuerdo nuclear con Arabia Saudita, cuya materialización - según lo que ha trascendido- dependerá que ese país reconozca a Israel y que se sume a los Acuerdos de Abraham, es decir, el gobierno de Trump sigue trabajando a distintos niveles y con diferente grado de involucramiento en concretar su visión del medio oriente, no solo en Gaza, sino también en Siria e Irak, dos países con los que ha mejorado notoriamente las relaciones a partir de cambios de gobierno. Sin embargo, el proyecto de Gaza parece detenido debido a la negativa de Hamas a cumplir lo estipulado en relación con abandonar sus armas, sin lo cual, a excepción de Qatar y Turquía, no existen países dispuestos a invertir en la reconstrucción o interesados en enviar soldados para garantizar el cese del fuego.

El caso de Arabia Saudita presenta problemas, considerando que por mucho que sea para un programa civil, lo cierto es que los gobiernos pueden cambiar, pero lo que se ha incorporado como desarrollo científico-tecnológico permanece, existiendo al respecto la experiencia del Sha de Irán, quien introdujo el tema en su país con un proyecto semejante, todo lo cual sirvió para que a partir de 1979 los ayatolas buscaran su propia bomba atómica.

Evidentemente este acuerdo de cooperación nuclear, por civil que sea, al menos parece poco oportuno, cuando ni siquiera consultaría la firma de protocolos adicionales que los Emiratos Árabes Unidos se vieron obligados a firmar recientemente. Un elemento diferenciador también se ha dado en Siria, donde Trump ha establecido una buena relación con el actual gobierno islamista que derrocó a la dictadura de Al-Asad, el que es mirado con desconfianza en Tel-Aviv, debido a la persecución que siguen sufriendo las minorías, incluyendo a sus aliados drusos, además que Turquía, el país que ha reemplazado a Irán como el principal apoyo exterior es un creciente adversario, toda vez que Erdogan ha hablado de recuperar nada menos que Jerusalén para el islam.

El proyecto nuclear de Arabia Saudita, sin los resguardos exigidos, por ejemplo, por el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, es un tema para conversar al igual que los aviones F-35 para Turquía, ya que esa venta pondría fin a la superioridad aérea de la que goza Israel en el medio oriente. Del mismo modo, todo indica que el martes se va a agregar la distinta apreciación acerca del estancamiento que se vive en Gaza, aunque en ese caso, por carecer Israel de un proyecto político nuevo, el único que está sobre la mesa es el de Trump, y por muchas críticas que reciba no hay otro en este momento, por lo que de seguir adelante, se producirá otro distanciamiento, esta vez mayor, ya que EEUU volvería a poner sobre la mesa la creación del Estado Palestino, con la Autoridad Palestina de Ramala como interlocutor.

En todo caso, el mayor problema sigue siendo Irán, ya que, a pesar de la firma del Memorándum, ante el notorio e inmediato incumplimiento de la República Islámica, la Casa Blanca volvió a bombardear diariamente, pero al ser solo una respuesta, no ha logrado el objetivo buscado, y el régimen sigue sobreviviendo. Sin embargo, por frecuente que sea el castigo, la evidencia empírica muestra que sin cambio de régimen no va a haber compromiso en el tema nuclear. La verdad es que, por la naturaleza totalitaria de un régimen de estas características, solo con la presencia de tropas se puede obtener el resultado querido, pero efectivos en terreno es exactamente el escenario que nadie quiere en la potencia, además, que, a diferencia de Israel, esta guerra con Irán es altamente impopular en EE. UU.

Hace falta algo mucho más decisivo, ya que los bombardeos tradicionales no han conseguido su propósito en Irán, tal como lo hace ver todos los días la oposición demócrata a Trump, como también en Israel, la oposición a Netanyahu agita que tampoco se ha logrado el fin de Hamas y Hezbolá, lo cual es cierto, pero esta alianza ha logrado otros objetivos, ya que estos dos movimientos están en la peor condición para invadir hoy Israel, mientras que Irán dejó de ser temible y está reducido solo a la resistencia, aunque tanto la República Islámica como Hamas y Hezbolá tienen algo en común, los tres están sobreviviendo y eso es para ellos el triunfo, toda vez que ha sido una lucha existencial.

Seguramente Netanyahu le va a decir a Trump que Israel sigue contando con el apoyo de su población para hacer un esfuerzo mayor, pero ¿puede EE. UU. hacer otra cosa, cuando la opinión pública está en contra y tiene pronto elecciones, las que cual espada de Damocles coartan muchas decisiones, aunque él lo niegue?

En todo caso, Netanyahu y Trump pueden revisar un caso donde todo está funcionando aún mejor de lo esperado, y que muestra que EE. UU. sigue siendo la potencia indispensable para lograr acuerdos en aquello, para lo cual fue creada la ONU y que hace mucho tiempo dejó de hacer, la búsqueda de la paz. Es el caso de El Líbano, un país limítrofe con el que técnicamente sigue en guerra, y con el que nunca-hasta ahora- se habían reunido cara a cara.

La situación de guerra se inició cuando en 1948, inmediatamente creado Israel, El Líbano fue uno de los cinco países que lo invadieron. Al año siguiente hubo un cese del fuego, y relativa tranquilidad hasta que el territorio libanés empezó a ser utilizado por los efectivos guerrilleros de la Organización de Liberación Palestina para atacar a Israel, toda vez que encabezados por Yasser Arafat se habían establecido allí después del Septiembre Negro, donde el rey Hussein había utilizado a la Legión Jordana para expulsarlos después que intentaran un golpe de estado, enfrentamientos que tuvieron lugar entre el 6 de septiembre de 1970 y el 17 de julio de 1971 con miles de víctimas.

La presencia palestina alimentó el conflicto existente entre cristianos y musulmanes, lo que culminó en la guerra civil que transcurrió entre 1975 y 1990, transformando a la antigua “Suiza del Medio Oriente” en una especie de protectorado sirio, y como consecuencia, un retroceso para los cristianos del país.

En 1982 tuvo lugar la invasión israelí al Líbano con el objetivo declarado de expulsar a la OLP de dicho país. En definitiva, los combatientes y Arafat fueron acorralados en Beirut, y la presión de EE. UU. permitió una salida política que fue la evacuación hacia otros países, trasladándose Arafat al lejano Túnez donde viviría hasta que los Acuerdos de Oslo permitirían su llegada a Ramala para encabezar la Autoridad Palestina.

Como otras veces esa invasión fue una fácil victoria militar pero un fracaso estratégico, ya que el vacío de poder dejado por la guerra civil y la pérdida de importancia del ejército libanes, fue llenado por la aparición de Hezbolá como el principal poder militar y como milicia de ocupación, a las órdenes de Irán. También fracasó el intento de alianza entre ambos países, después que un atentado organizado por Siria asesinó el 14 de septiembre de 1982 al presidente electo Bachir Gemayel y otras 23 personas de su círculo cercano, la mayoría cristianos maronitas.

Israel permaneció en el sur del Líbano hasta el año 2000, cuando se retiró unilateralmente, pero en vez del ejército fue Hezbolá quien ocupó ese territorio, provocándose una segunda guerra el año 2006 con cese del fuego posterior, el cual permaneció hasta el 7-X-2023 cuando Hamas invade a Israel, lo que origina la actual situación del medio oriente, ya que en su apoyo Irán activó a todos sus proxis, terminando en un conflicto en 7 frentes para Israel, incorporándose directamente Teherán el año 2014 con su ataque de misiles a Israel.

En apoyo a Hamas, desde territorio libanés Hezbolá inicia un ataque prácticamente diario de misiles y cohetes a Israel, lo que obliga a evacuar a decenas de miles de residentes, que por alrededor de un año no pueden volver a sus hogares. Lo diferente esta vez fue la petición del gobierno a Hezbolá que no arrastrara al Líbano a la guerra, lo que no es escuchado. Después del bombardeo estadounidense a Irán, el gobierno libanés vuelve a exigirle a Hezbolá que no se involucre, lo que no es obedecido, convirtiéndose junto a los hutíes en los únicos proxys que acompañaron a la República Islámica en esta guerra.

Este breve resumen da una idea de cuán excepcional es esta negociación entre ambos países, técnicamente aún en guerra, pero por vez primera negociando y reuniéndose cara a cara. Sin duda alguna, la actitud de la dirigencia libanesa es patriótica y valiente, pero los desafíos son monumentales, siendo el principal la capacidad militar que todavía posee Hezbolá, superior a la del ejército, además que representa a un país extranjero y no árabe como es Irán. El otro desafío es demostrar que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de controlar todo el territorio, en condiciones que Hezbolá es también un movimiento político que ha sido parte del gobierno del país en representación de la minoría chiita.

Nada de esto podría haberse logrado sin la mediación de EE. UU., quien demostró que en el medio oriente sigue siendo la potencia indispensable para negociaciones de paz, no solo para Israel y los países árabes, sino también sus propuestas de paz son las únicas que existen hoy para Ucrania como también para guerras en Asia, África y otros lugares.

Todo esto va a estar presente en la conversación entre Netanyahu y Trump, la de amigos con beneficio, aunque la verdadera revisión de la relación tendrá lugar después de ambas elecciones. Netanyahu acostumbra a decir que en su larga vida pública no ha conocido a otro presidente mas cercano a Israel que Trump, pero el verdadero elefante en la cristalería es que puede ser el último en algún tiempo, ya que el aumento del antisemitismo, el cambio en los medios de comunicación y en la opinión pública estadounidense encuentran correlato en el partido Demócrata, donde todo indica que va a tener el 2028 una candidatura presidencial y una plataforma crítica y alejada de Israel, como también puede darse en los republicanos si el candidato es Vance, quien es lo mas cercano a un aislacionista que ha expresado últimamente opiniones muy distantes de lo que es una amistad.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

A algunos países se regresa. A otros se vuelve como quien vuelve a casa. Para mí, Argentina siempre será de los segundos.

Nací en este país. Aquí aprendí a caminar, a hablar y a discutir de fútbol en la mesa familiar como si fuera un asunto de Estado. Después vino una vida entre valijas. La diplomacia me llevó a vivir en siete países de tres continentes. Hoy sigo recorriendo el mundo desde la Liga Antidifamación (ADL), con otra misión: combatir el odio y el antisemitismo y acompañar a las comunidades judías. Mi función cambió, el mapa también, pero nunca dejé mi esencia de porteña.

La semana pasada volví a Buenos Aires en uno de esos momentos profundamente argentinos en los que la alegría y el dolor conviven en la misma vereda. La ciudad vibraba con el Mundial: el fútbol llenaba las calles, los cafés y cada conversación. Al mismo tiempo, se cumplían 32 años del atentado a la AMIA, una de las dos heridas que el terrorismo dejó abiertas en el país hace más de tres décadas, junto con el ataque a la Embajada de Israel.

No hay contradicción en eso. Hay, si acaso, una lección: Argentina puede festejar y llorar en la misma semana porque ha aprendido, a fuerza de historia, a llevar ambas cosas a la vez.

Hay una pregunta que me hacen constantemente en cada foro internacional donde presento nuestros estudios globales sobre el antisemitismo: ¿por qué Argentina, con su historia y sus heridas, tiene uno de los niveles de incidentes antisemitas más bajos entre los países con importantes comunidades judías de la diáspora? Durante esta misión volví a encontrar algunas respuestas, pero también una advertencia que nunca deberíamos dejar de escuchar.

La primera tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Nos reunimos con ministros, jueces, fiscales, legisladores y funcionarios de distintas áreas del gobierno. Y encontré una convicción compartida: el antisemitismo no es un problema del pasado ni afecta únicamente a los judíos. Es una señal de peligro para toda la sociedad y combatirlo es una responsabilidad pública.

Cuando un funcionario rechaza públicamente el antisemitismo, sin matices ni cálculos, ese mensaje llega a la sociedad entera.

La segunda respuesta es más dolorosa y, de alguna manera, la más argentina de todas: la propia historia. Los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel no son solo fechas en un calendario. Son un recuerdo trágico del precio que se paga cuando se permite que el extremismo avance sin respuesta. También fueron una demostración temprana y sangrienta del peligro que representa el régimen iraní mucho antes de que buena parte del mundo lograra comprenderlo.

Caminé hasta Pasteur 633 junto con nuestra delegación de ADL y volví a encontrarme con nombres que conozco desde hace tiempo: los de las víctimas, los sobrevivientes y las familias que, después de más de tres décadas, siguen pidiendo justicia. También estuvimos en el lugar donde funcionaba la embajada. Junto con dos sobrevivientes, encendimos velas y recitamos el rezo del Kadish. En ese instante, el pasado no fue historia. Fue presente.

Ese dolor, lejos de paralizar a nuestra comunidad, se transformó en compromiso.

La tercera respuesta es que, en comparación con otros países con importantes comunidades judías, existe una menor presencia de grupos organizados vinculados al islamismo radical, una amenaza central en otras partes del mundo.

La cuarta es el diálogo interreligioso. En Argentina existe una colaboración genuina y sostenida entre referentes de distintas comunidades de fe. No se reúnen solamente para tomarse una fotografía. Hablarse, escucharse y trabajar juntos forman parte de una práctica cotidiana.

La quinta respuesta es más difícil de medir, pero igualmente real: un sentido de pertenencia que trasciende las diferencias. Pese a todo lo que separa a los argentinos, hay algo que también nos une: la certeza de ser, antes que nada, argentinos.

Los judíos argentinos no viven su identidad como algo separado del país, sino como parte integral de él. Lo sentí al sentarme a una mesa de Shabat con amigos de la comunidad y experimentar esa tranquilidad, tan poco garantizada en otros lugares, de poder vivir el judaísmo abiertamente. Ese sentido de pertenencia ayuda a contener la fragmentación de la que se alimenta el odio.

Pero sería un grave error creer que estas fortalezas hacen invulnerable al país.

El antisemitismo más cotidiano, el de los chistes de mal humor, los comentarios y el acoso, sigue presente. En los encuentros con jóvenes y con facilitadores de nuestros programas educativos escuché historias de adolescentes y adultos jóvenes que sufren hostigamiento en las redes, además de bromas y comentarios que pueden parecer menores, pero que dañan algo que nunca deberíamos dar por sentado.

Pensando en Argentina, no puedo dejar de pensar en Australia. Hasta hace poco, la comunidad judía australiana vivía una tranquilidad muy parecida a la que hoy describo en Argentina. Los niveles de antisemitismo eran muy bajos, la comunidad se sentía segura e integrada y se hablaba del país como un verdadero refugio.

Sin embargo, desde 2024 se produjo una fuerte escalada de ataques contra instituciones judías que culminó en el atentado terrorista de Bondi, donde fueron asesinadas quince personas, entre ellas Matilda, una niña de diez años, y Alex Kleytman, un sobreviviente del Holocausto de 87 años.

No menciono esta historia para asustar, sino como una advertencia: ninguna comunidad, por integrada y segura que parezca, está a salvo de un cambio repentino. La tranquilidad de hoy no garantiza la de mañana.

Por eso la prevención no es un lujo ni un exceso burocrático. Requiere educación, seguridad por parte de las autoridades y leyes adecuadas. Las políticas públicas que se adoptan en tiempos de calma pueden determinar si un país logra conservarla o si termina aprendiendo la lección de la peor manera.

Argentina reúne hoy dos condiciones poco habituales en la región: cuenta con una Enviada Especial para la lucha contra el antisemitismo y preside la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esa combinación no es un gesto protocolar, sino una oportunidad para impulsar en América Latina medidas más firmes frente al radicalismo y el extremismo, en un momento en que la amenaza iraní sigue presente.

Entre la efervescencia de un Mundial y el silencio de las velas encendidas en memoria de las víctimas, volví de esta misión con una doble certeza. Argentina tiene mucho para enseñarle al mundo sobre cómo enfrentar el odio: con memoria, compromiso institucional y una sociedad que elige la integración por encima de la fragmentación.

Pero ninguna lección aprendida es definitiva. La historia de Bondi, tan lejana en el mapa, es en realidad una advertencia muy cercana.

La pregunta no es si Argentina hizo las cosas bien hasta ahora. La pregunta es si vamos a seguir haciéndolas bien, todos los días y en cada nivel, para que la tranquilidad de hoy no se convierta, de un día para otro, en la tragedia de mañana.

Marina Rosenberg es la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).

Un mes después del doble terremoto, ya no hay espacio para los discursos ni para las excusas. El informe de Transparencia Venezuela pone sobre la mesa una verdad incómoda: el desastre no comenzó cuando la tierra tembló; comenzó mucho antes, cuando el Estado dejó de prepararse para proteger a los venezolanos.

El pasado 24 de junio la naturaleza golpeó con fuerza a La Guaira, Caracas, una parte de Falcón Carabobo, y encontró un país donde los hospitales ya estaban colapsados, los sistemas de monitoreo sísmico prácticamente desmantelados y las instituciones funcionando con más propaganda que capacidad de respuesta.

Los números son demoledores. Durante las primeras 24 horas, el interinato de Delcy Rodríguez apenas desplegó el 12,6 % de la capacidad de rescate. En 48 horas apenas llegó al 34,6 %. En países acostumbrados a convivir con terremotos, como Chile, ese despliegue supera el 70 % en el mismo período. La diferencia no es geográfica, sino entre invertir en protección ciudadana o invertir en mantenerse en el poder.

Mientras el ‘Rodrigato’ organizaba ruedas de prensa y acomodaba cifras que cambiaban de un día para otro, quienes realmente rescataron vidas entre los escombros del centenar de edificios colapsados fueron los vecinos. Con palas, picos y las manos desnudas, más del 80 % de los sobrevivientes fueron auxiliados por ciudadanos antes de que llegara una respuesta oficial efectiva. Una vez más, Venezuela comprobó que la solidaridad funciona mejor que el Estado.

Y no fue por falta de recursos, porque vaya que los ha habido; fue por años de abandono y corrupción. Un país con enormes riquezas terminó enfrentando una de las peores tragedias de su historia con hospitales sin insumos, sistemas de alerta reducidos a su mínima expresión y organismos incapaces de responder cuando cada minuto significaba la diferencia entre la vida y la muerte.

Ahora comienza otra etapa igual de peligrosa: la reconstrucción. Miles de millones de dólares deberán destinarse para levantar ciudades enteras. Sin transparencia ni controles independientes, el riesgo es evidente: que la corrupción de la “revolución del siglo XXI’ ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, vuelva a hacer negocios con el dolor de las víctimas.

El doblete sísmico derrumbó edificios. El informe de Transparencia Venezuela derrumbó un relato porque dejó claro que la verdadera tragedia no fue únicamente un fenómeno natural; sino que fue comprobar que, cuando más se necesitaba un Estado, lo que apareció fue un inmenso vacío.

La tierra dejó de temblar hace semanas. El abandono, en cambio, sigue causando réplicas.

Es simple: al líder se le exige conducción, compromiso y acción. Cuando cayó Nicolás Maduro, muchos de nosotros apostamos por ese desenlace, aun sabiendo que, en el camino, algunos principios serían puestos bajo tensión. La soberanía venezolana, en realidad, había sido secuestrada por una tiranía narcoterrorista. Por eso, cuando se invocaba su defensa o se denunciaba una supuesta violación del principio de no intervención, se omitía lo esencial: en Venezuela todo estaba ya desmadrado y el más débil era (y es) el pueblo al que nadie ofrecía un camino luego de birlada la elección del 28 de julio. Se vivía (y se vive) bajo un Estado criminal, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una élite delincuencial instalada en el poder. Ahora una élite con sintonía norteamericana por algún tiempo más.

¿Qué creíamos quienes apostábamos por el retorno democrático de Venezuela? Que ese sería el recorrido. Que, en nombre de la necesaria reinstitucionalización democrática, quizá habría que dejar algún “principio” transitoriamente por el camino. Una vez alcanzado el objetivo, llegaría el momento de saldar las deudas jurídicas, políticas e institucionales. Todo tiene su tiempo.

No existe una salida impecable de una dictadura. Tampoco hay un manual de aterrizaje. Cada situación es distinta. Quien sostenga lo contrario desconoce estos asuntos. Todas las transiciones democráticas posteriores a una tiranía han tenido puentes complejos, saltos al vacío, concesiones discutibles y recriminaciones interminables. Hasta hoy seguimos debatiendo las consecuencias de la Guerra Civil española. Y el modelo chileno, argentino, uruguayo y español de los setenta y ochenta son todos diferentes. Cada uno se adaptó (como pudo) a la idiosincrasia de cada pueblo y a las dimensiones culturales de naturaleza epocal. Pero son historias inconclusas…nunca el olvido de un proceso autoritario o totalitario es dogmático. Pero se recuperó la democracia, eso es lo esencial.

Volvamos al presente.

Poco importa lo que usted o yo pensemos del presidente de Estados Unidos. Estados Unidos continúa siendo la principal potencia del mundo: conserva la mayor capacidad militar en términos fácticos (portaaviones más que nadie y todo el resto), emite la moneda más fuerte del planeta (que mueve aún el 60% del mercado mundial) y posee uno de los mercados consumidores más ávidos de bienes y servicios. China se acerca con Tucídides como imagen, por supuesto, todos lo sabemos, pero todo indica que el liderazgo estadounidense todavía se mantendrá durante algún tiempo más. No sé cuánto. En el corto plazo, el escenario seguirá siendo este; en el mediano plazo, quizá sea otra historia y veremos, la vida es siempre una incertidumbre.

A los americanos de todo el continente nos gustaría contar con un verdadero líder continental: uno que apostara por nosotros, que impulsara un mercado común de todos, que fuera solidario con una capacidad seria de defensa conjunta -como alguna vez soñó el TIAR- y que actuara con el sentido de hermandad demostrado, en distintos momentos, hacia la Argentina contemporánea de Javier Milei o al Uruguay de Jorge Batlle de hace varias décadas. Dos ejemplos de cómo Estados Unidos cuando quiere, puede.

Ser líder tiene un costo, también ofrece enormes ventajas.

Quien encabeza el continente debe impulsar para los demás la misma democracia que reclama para sí. ¿O somos realmente el patio trasero de Estados Unidos? No lo creo. Juntos podríamos ser el patio delantero del mundo siempre que tuviéramos la inteligencia y la voluntad de reconocernos como un solo continente. Tenemos pocos idiomas y todos sencillos de comprenderse entre sí, entre el spanglish y el portuñol, ya estamos en una etapa de praxis relacional. Las lenguas no son obstáculo y las mezclas de los nuestros son maravillosas. No nos pasa lo de otros continentes que las etnias y las religiones los enloquecen.

México y Brasil deberían comprender que, por más izquierdas que proliferen en sus gobiernos, y Estados Unidos debería entender que por más republicanos que ocupen el corazón de su administración: solo una unidad operativa americana nos permitiría relacionarnos con el resto del mundo desde una posición extraordinaria, de mayor relevancia y de influencia avasallante. No me cabe en la cabeza que no entendamos en serio este instrumento. Sin embargo nunca lo hemos asumido en serio a semejante desafío. Nunca. Solo intentos fallidos y momentos coyunturales en clubes de amigos que duran lo que un lirio.

Seamos francos: estamos presenciando el infarto de Europa. Un continente que casi no se reproduce, cuya población primigenia vive cada vez más años, con sistemas previsionales quebrados y con una inmigración que buena parte de sus sociedades rechaza. Ese cóctel ya es explosivo. Y ni siquiera hemos incorporado plenamente la cuestión del islamismo, que incomoda tanto mencionar, pero que no constituye un asunto menor en la realidad europea. Europa ya no es futuro, es pasado, le duela a quien le duela. Europa ha entregado parte de su alma. Como en el Fausto de Goethe, el desenlace comienza a resultar previsible.

Asia, por su parte, es y será crecientemente influida por la China actual. A quienes creen con ingenuidad que el libro blanco chino representa una hoja de ruta inocente, habría que consultar a los japoneses, a los tibetanos y a los taiwaneses. Esas tres miradas -entre muchas otras- confirman lo que todos sabemos: China lleva mucho tiempo calentando motores. Lo hace a su propia velocidad, esperando siempre el momento oportuno. A los chinos, además, les sobra el tiempo. Su pensamiento estratégico tiene una raíz confuciana y una concepción histórica distinta de la occidental. No piensan con nuestra misma cabeza ni miden los procesos con nuestro mismo reloj. Ya lo sabemos todos hace tiempo.

Vuelvo a América.

Aún hoy, el presidente Donald Trump tiene una oportunidad dorada para quedar en la historia como el hombre que protagonizó decisivamente la democratización de Venezuela, Cuba y Nicaragua. No es poco para tres países que llevan décadas en el infierno y miles de muertos ante los dictadores criminales. ¡Viles criminales que hay que seguir soportando como si fueran gente normal! ¡Pues no! Es de las peores ofensa en vida que se nos profiere a los demócratas tener que seguir teniendo paciencia a esta gente. Y duele cuando Estados Unidos no capta que no todo es negocios. ¡Por Dios! ¡Es la democracia de lo que estamos gritando hace tanto tiempo! Esa democracia ejemplar que los padres fundadores norteamericanos diseñaron para ese gran país pero que se debe exportar urgentemente a los tres infiernos. ¿O por alguna razón a estos países les toca una maldición propia? No es así, es solo que los hemos dejado solos y con el derecho internacional de antes, los tiranos se abusaban y se aislaban. Ese derecho internacional pasa a revisión. Pues eso no va más, no hay inmunidad de jurisdicción para los tiranos y pueden ir de una oreja a brindar declaraciones ante un juez norteamericano, que por cierto, debieron ir ante un juez de la Corte Penal Internacional si no fuera por la lentitud de semejante actor (que al actuar así derrumba a los que apostamos y votamos el tratado de Roma en su oportunidad).

En los tres casos, además, se sabe a quiénes rechazan y odian esos pueblos. En los tres se sabe que se debe colaborar con una transición democrática por la vía electoral. No hay otra forma. Y en los tres existe suficiente experiencia internacional como para cooperar civilmente, reconstruir instituciones y acompañar esos procesos. No es Afganistán, no es Irak, es Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde el deseo por sacarse de encima a esos sátrapas es el sueño cotidiano de esos países. Pueden informar por favor las agencias de inteligencia esta obviedad, no es algo que haya que infiltrarse y conseguir a lo James Bond un documento que avale semejante obviedad. Los odian, los quisieran ver en la peor de las situaciones y hace años que no tienen legitimidad alguna, si es que alguna vez la tuvieron algún segundo.

Hacerlo rápido, hacerlo bien y luego permitir que cada pueblo conduzca libremente su destino sería una tarea histórica y necesaria. Pero esa tarea debe asumirse con seriedad. Porque, si todo termina reducido a negocios petroleros, intereses inmobiliarios o acuerdos de ocasión, ya no se entiende de qué se trataba todo esto. Es que todo esto no era eso y para que no huela a eso es vital asumir lo prioritario en serio. Lo prioritario es la democracia, todo lo demás es lo de menos.

Los demócratas del continente sabemos qué debe ocurrir en los países esclavizados por tiranos. Pero necesitamos de Estados Unidos compromiso y acción: menos palabras, más hojas de ruta y mayor colaboración internacional con quienes tienen la capacidad para participar en esas transiciones.

Si Estados Unidos no comprende que María Corina Machado representa la voz de la Venezuela que viene, entonces sus agencias de inteligencia están haciendo mal su trabajo. Eso es lo que expresan millones de venezolanos y no se requiere demasiada sabiduría para advertirlo.

Si tampoco se entiende que Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega representan lo peor que les ha ocurrido a Cuba y Nicaragua, entonces no se entiende lo elemental. Conozco los intereses estadounidenses en esos países, pero esos intereses no pueden convertirse en el obstáculo que impida la democratización.

El presidente Donald Trump debería recordar las conversaciones mantenidas durante la presidencia de Barack Obama con el régimen cubano. ¿Qué quedó de todo aquello? Muy poco. Conversaciones, expectativas, fantasías diplomáticas. Al final, casi todo continuó como estaba. Y nadie se olvida de nada, todos recordamos lo que nos duele en la vida, sobre todo lo que nos duele mucho.

Si Donald Trump quiere marcar un gol para la historia, debe contribuir a derribar esas dictaduras. No mediante las armas. Son regímenes mucho más frágiles de lo que aparentan. Ante una presión política, económica y diplomática sería, coordinada y persistente, sus dirigentes pueden descubrir que su poder no era tan sólido como suponían.

Hay que hablarle al presidente Donald Trump de frente, porque a él le gusta que le hablen de ese modo: nosotros, los americanos, queremos para nuestros países lo mismo que usted quiere para el suyo. Queremos democracia, separación de poderes, respeto por los derechos humanos y elecciones libres en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Lo queremos pronto. Queremos que el próximo año sea el año de esas transiciones. Y queremos que Estados Unidos ayude, acompañado por todos aquellos países y organismos capaces de sumarse a la tarea. Se habla de esto, pues que se concreten cronogramas de fechas y que se haga. Tanto conversatorio ya es demasiado.

La democratización del continente generaría un clima de entendimiento, convergencias positivas y reconciliación como nunca hemos conocido.

Si somos el continente de la democracia, si contamos con la democracia más poderosa del mundo a la cabeza y si, durante 250 años, Estados Unidos ha irradiado la idea de libertad hacia el resto de América, entonces una transformación semejante cambiaría tanto a Estados Unidos como a todos nosotros.

Que los amargados y resentidos queden por el camino. Que crean, si quieren, que todo esto se reduce al capitalismo. No es así. Se trata de libertad, igualdad y fraternidad: aquel ideal que nació como fuerza política en Francia, pero que todavía debe consolidarse plenamente en nuestro continente. La libertad, al menos como aspiración, está asumida. La igualdad debe ser, antes que nada, igualdad ante la ley, y todavía tenemos mucho que mejorar pero hemos avanzado. Pero la fraternidad es lo que más nos falta. Aún carecemos de aquella hospitalidad de los antiguos griegos: el reconocimiento del otro como parte de una comunidad compartida. Fraternos al reconocernos pares. Este es el punto.

Por eso, estas líneas, más que un reproche son un petitorio. Quienes conocemos la cabeza pensante de Estados Unidos sabemos que esta posibilidad existe ahora o quizá no exista nunca. Hoy podría concretarse por razones geopolíticas que exceden estas páginas. Pero es ahora. De lo contrario, quién sabe cuándo será real.

Por eso nos jugamos tanto. Y por eso resulta imprescindible que aflore el mejor coraje norteamericano: que Estados Unidos asuma el acompañamiento de estas transiciones y comprenda que este, y no otro, es el momento.

Para quienes hemos vivido en países de Latinoamérica no es ninguna novedad el haber visto cómo desde inicios del siglo 21, incluso 10 años antes, existía una maquinaria ideológica, incluso criminal, que atrasó naciones por décadas completas en su desarrollo.

Con el surgimiento de socialismo del siglo XXI que llevó a dictaduras en países como Venezuela, con Chávez y Maduro; Bolivia, con Evo Morales; Nicaragua, con Daniel Ortega; Ecuador con Correa, fue extremadamente clara la relación de estos regímenes con la dictadura de Cuba. Sin embargo, aunque todo esto era un secreto a voces, pocos políticos o periodistas parecían entender la gravedad de lo que implicaba que el modelo autoritario-criminal cubano estaba siendo exportado a distintos países de la región.

No es sino hasta julio de 2026 y con el reciente reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, titulado “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, que se reconoce finalmente lo que durante décadas, gobiernos y periodistas, ya sea por afinidades ideológicas absurdas, por intereses o por ese miedo crónico a la verdad, se negaron a ver.

El reporte resalta cómo, por durante siete décadas, el régimen de La Habana ha dirigido campañas de subversión e infiltración contra y en los Estados Unidos. Llama la atención sobre todo el reconocimiento de que esta infiltración ha ocurrido en niveles altos del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional e incluso el Pentágono, con individuos altamente adoctrinados como Ana Belén Montes, Victor Manuel Rocha y Kendall Myers.

El reporte pone en claro la estrategia usada por la dictadura de Cuba dirigiendo una guerra híbrida y asimétrica, que frente a la imposibilidad de vencer militarmente a Estados Unidos en un conflicto convencional, perfeccionó la estrategia de desgaste basada en el espionaje, la subversión, la infiltración institucional y el apoyo a redes terroristas proxy.

Dentro de esa guerra asimétrica, el proyecto cubano desplazó el eje hacia un conflicto cultural, civilizacional y racial, identificando como el motor de la revolución a los “pueblos colonizados” y de lo que ellos llaman el ”Sur Global” y a sus aliados en las metrópolis occidentales, el mismo patrón que se observa en otros países de Las Américas.

Pero la dictadura de La Habana no solo buscó causar daño cultural para lograr sus fines, el reporte señala cómo la Conferencia Tricontinental (1966) fue el hito fundacional que reunió a delegados de 82 países y consolidó una red internacional de entrenamiento guerrillero en América Latina, África y Oriente Medio.

La afectación a Estados Unidos, Latinoamérica e incluso España y sus democracias por esta guerra asimétrica no fue menor, porque casi no hay país latinoamericano en el que no se hable de los viajes que han realizado miles de activistas, periodistas, académicos y políticos occidentales a la isla, integrando gradualmente la narrativa “antisistema” en la academia, los grandes bufetes, los medios y las estructuras políticas convencionales.

Es claro que estas redes que se describe en el reporte han atacado a Estados Unidos, pero también han causado o apoyado siempre inestabilidad y criminalidad en la región, atacando a las democracias, han usado el sistema judicial y sus medios para atacar, perseguir y encarcelar opositores. Tomemos por ejemplo los gobiernos de Lenín Moreno o Guillermo Lasso en Ecuador que enfrentaron paros y movilizaciones criminales cuyo único fin era derrocarlos para colocar en la presidencia a gobernantes afines al socialismo del siglo XXI. Misma situación que vivió Bolivia hace poco con un paro que duró más de 52 días.

El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, debe tomarse como ejemplo para los países del Hemisferio, porque si sus gobiernos quieren estabilidad, deben empezar a reconocer y aislar las infiltraciones, funcionarios y rezagos que pueden quedar del socialismo del siglo XXI.

*Francisco Endara Daza es ingeniero, estudió derecho internacional. Fue candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador. Asesor en tecnología. Analista político.

Los sistemas políticos constituyen dinámicas de funcionamiento del poder, en ese marco se desarrollan procesos en los cuales actúan los diferentes actores políticos y existe una causalidad de sus acciones; entonces, se puede aprovechar la interacción sistémica de estos elementos que tienen que enfrentar al presente los desafíos de un mundo inalámbrico, en que el ejercicio del liderazgo y de la participación política cambian en forma sostenida. El poder, el proceso y la causalidad política determinan las diferentes capacidades de adaptación cultural humana en el contexto de la transformación de la realidad procedimental del poder. La realidad del liderazgo político, en constante puja, crea situaciones procedimentales cambiantes, que a su vez moldean la realidad humana, y se retroalimentan sucesivamente. La diversidad social y económica se transmite constantemente dentro del sistema determinando niveles de inteligencia colectiva y a partir de ello de desarrollo (o subdesarrollo económico). Cuando el sistema está en paz, con pleno ejercicio de libertades y de Derechos Humanos, es natural que funcione mejor, pero esa paz sistémica pocas veces está basada en condiciones sustentables y la propia adaptación/ajuste del sistema (sea interno o externo) produce disfuncionalidades y conflictos. La dulce debilidad de la paz es algo a preservar. Por ello es necesario sostenerla en sus vulnerabilidades y fortalecer su estructura así como cada uno de sus procesos de funcionamiento y de responsabilidades.

Curiosamente, sin embargo, la disrupción procedimental se propaga a través del vacío político en un sistema autoritario, en ese caso no se requiere de sistema de transmisión política para desplegar la energía necesaria, sino que la misma es impuesta por la lógica jerárquica del sistema, que determina cuales son los principios y valores del sistema, así como la intensidad que puede tener la acción política. El vacío político está determinado por la ausencia de Derechos. El dinero implica poder, es herramienta de poder y expresa ejercicio del poder. El dinero saca y asigna Derechos en una sociedad, coloca a unos en una posición y a otros en otra. El poder y el dinero dan al ser humano la posibilidad de hacer el mal con menos limitaciones.

El ejercicio del poder de forma pura en un sistema autoritario no implica sumar voluntades sino controlarlas. La forma más disfuncional de ejercicio del poder de forma autoritaria en cuanto a la gestión de los Derechos Humanos es esencialmente cuando un régimen dictatorial en sus prácticas represivas comete crímenes de lesa humanidad, cuando la tortura, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales son esenciales al ejercicio del poder. Ello implica crear un vacío político en el sistema, ya que un sistema sin Derechos Humanos está vaciado completamente de contenido y de acción política, pues los mismos constituyen la sustancia de la gestión eficiente, llevar a la gente Derechos económicos, sociales, políticos y culturales, hacer realidad el Derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación y a la seguridad. El sistema de Derechos da poder aun al más vulnerable.

Cuando el poder está en disputa, por el contrario, se acelera la carga de la energía política dentro de un sistema, la confrontación política por el poder define cambios en la realidad humana por la propia confrontación de ideas de cómo asegurar el mejor goce y disfrute de los Derechos Humanos por la gente y por las opciones a las que eventualmente accede la gente para lograrlo. Una forma inteligente de acelerar la eficiencia política es alternar regularmente el poder, el sube y baja en la política crea condiciones de interacción y de intensidad. La alternancia significa alternativas y significa que no existen verdades ideológicas absolutas, por otra parte, esto permite la búsqueda de constantes institucionales, como ser un estable y sostenido funcionamiento de la justicia. Si la justicia no se afirma en instituciones estables/fuertes y fluctúa constantemente en relación con los cambios de poder, pierde su capacidad debido a la debilidad inherente que se genera a cada cambio de poder. La justicia por sí misma puede crear una dinámica de poder relacionada con el deber de brindar justicia dentro del sistema, siempre y cuando sea independiente y no sea corrupta o influenciable por amenazas. Así, los cambios políticos crean nuevas capacidades dentro del proceso de poder y eliminan las antiguas, estos procesos mismos demandan especial energía política. Por ejemplo, también interactúa energía del poder mismo para materializar la causalidad de los procesos y las acciones políticas, económicas y sociales.

En consecuencia, cuando el poder se basa en instituciones fundamentales y sostenibles, como puede ser la justicia misma, las fluctuaciones de poder en todo el sistema son controladas y logran un balance en el control cruzado. Dado que el poder es como una energía política sistémica, si estas fluctuaciones son condicionadas por posiciones jerárquicas específicas, las mismas crean nuevas relaciones causales dentro del proceso político, o incluso un fenómeno político que podríamos denominar “anti-causalidad” que ocurre cuando el resultado es impuesto al sistema y esto es algo que puede ocurrir incluso cuando los procesos no están regulados. De manera similar, cuando la justicia centra su atención en acumular poder dentro del sistema ello se percibe en el impacto de la incertidumbre social que genera, que a su vez crea relaciones causales dentro del proceso de poder. La búsqueda de certezas es crucial para el desarrollo de la justicia como valor dentro del sistema.

Esto se aplica imperfectamente si prevalecen compromisos y corrupción, y el mismo fenómeno de imperfección ocurre dentro de un proceso que se intensifica cuando los problemas políticos escalan hasta generar energía social y económica negativa. La respuesta sistémica a esto conduce a la regeneración de diversas relaciones causales dentro de la ética de la justicia, lo que a su vez puede conducir a respuestas idealistas. Por supuesto, para que esto sea posible, debe existir la presencia del idealismo en el sistema, si el sistema se halla completamente lumpenizado esta clase de respuestas no son posibles. Cuando los principios y valores están ausentes del sistema, o se han neutralizado, los problemas persisten como parte estructural del mismo.

La diferencia entre estas condiciones de funcionalidad o disfuncionalidad de principios fundamentales radica en los distintos tipos de relaciones causales dentro del proceso de tensión política del sistema. Para comprender estas diferencias, necesitamos entender algunas características claves de la causalidad en el proceso político y asumir que la estructura de poder impone restricciones tanto a la naturaleza humana como a la realidad del sistema. Es posible presentar simultáneamente las fallas inherentes a las restricciones de la realidad humana (esencialmente la conculcación de sus Derechos Humanos) y la estructura disfuncional y sin reglas que den garantías al funcionamiento. La dulce debilidad de la paz que el poder autoritario transforma en represión sistémica.

Claro que en un sistema democrático existen estructuras con restricciones muy bajas y otras con restricciones mucho mayores. Cabe destacar que, cuando se produce un fallo en una institución determinada, la responsabilidad recae en el liderazgo, la responsabilidad es del ser humano pero la visible falla humana puede simplemente esconder problemas de tejido e interacción colectiva. Hay instituciones que en determinado momento dejan de funcionar inteligentemente, que pierden capacidades y en las cuales la interacción procesal entre los recursos humanos, materiales, tecnológicos de la institución es inoperante y defectuoso. La propia institucionalidad funcional hoy está haciendo en algunos casos procesos de adaptación a liderazgos más emocionales en algunos casos y en otros está saliendo de la tiranía de los expertos como fuera definida por William Easterly a la tiranía de la inteligencia artificial cada vez más asumiendo ese papel asesor y semi-decisor. Las dinámicas de poder ejercidas externamente se apoyan cuando la estructura institucional es funcional en dinámicas de poder interno o compite cuando no es precisamente tan funcional.

Por otro lado, las restricciones asociadas a los Derechos Humanos constituyen la “fuerza mayor” o la realidad inherente al proceso de gestión de la humanidad por el poder. Otro elemento estructural importante se encuentra en las “etapas” que son parte del proceso, si esas etapas se rompen es fácil comprender que ello corresponde a las restricciones que se imponen a las personas dentro del sistema. Se deben comparar, pues, las responsabilidades asociadas a estos desarrollos jerárquicos que a medida que estos movimientos se desplazan ideológicamente observamos que el marco comienza a desestabilizarse y se mueve hacia la defensa de intereses político-partidarios o esquemas de poder de auto-satisfacción. En consecuencia, la justicia puede amparar los derechos humanos, pero los mismos deben ser parte integrada del sistema político en su expresión de principio; pero si estos derechos están inmersos en ciclos de incertidumbre social y cultural, y no se corresponden entre sí y no se retroalimentan con el sistema su vigencia estará especialmente limitada. Los patrones culturales de incertidumbre son los problemas más difíciles de resolver porque son parte inherente del sistema y de las personas que se sienten amenazadas; cuando se produce la incertidumbre o incluso se sugiere un cambio en las garantías del sistema estos patrones impiden la evolución del sistema hacia el desarrollo, dado que el mismo como hemos señalado antes depende de la más plena vigencia o evolución hacia la más plena vigencia de los Derechos Humanos. Pero lamentablemente estas restricciones son producidas en virtud de la generación de oportunidades para el ejercicio autoritario del poder.

En tal caso se debe sacudir la estructura y crear condiciones institucionales para su más plena vigencia. No hay incertidumbre cuando la justicia funciona correctamente, y el control que produce la alternancia —cuando uno asciende, el otro desciende del poder— proporciona un control sobre la arbitrariedad dentro del sistema. Por lo tanto, si la cultura política no pierde su equilibrio, la certidumbre pasa a formar parte integral del sistema. De hecho, se puede perfectamente argumentar que la incertidumbre surge de la institucionalidad desfasada con respecto a la finalidad justa del sistema político y social. Es una característica importante de la estructura que ejerce el poder la necesidad o la falta de necesidad de justicia. Podemos concebir los derechos humanos como una estructura secuencial de procesos evolutivos y sucesivos. Por ejemplo, si se asume una estructura secuencial de evolución de los Derechos Humanos, esta necesidad se transforma en una necesidad de justicia que es una “necesidad estructural”, que puede representarse mediante una finalidad ética del sistema. Así, si la justicia se relaciona con la estructura del sistema, pasa a representar tanto la necesidad estructural a corto como a largo plazo en el ejercicio del poder.

La disfuncionalidad autoritaria de vínculos políticos genera procesos “anticausales” que atraviesan relaciones entre el poder y los elementos del sistema y determina el nivel de (in)justicia, que a su vez determina el nivel de incertidumbre social. En particular por la arbitrariedad contra el pleno goce de los derechos humanos pero la falta de certezas políticas, económicas y sociales también pueden medirse a través de las relaciones causales de la institucionalidad a la persona y la satisfacción de sus necesidades estructurales, ya que la justicia de la incertidumbre se mide con respecto a la forma en que se respetan los derechos humanos y se satisfacen los servicios sociales que son funcionales a los mismos. La incertidumbre es, por lo tanto, generada por relaciones causales que son contrarias al respeto y el cumplimiento, estas incertidumbres son producidas en oleadas de poder y presión que operan en el sistema. Puede ser desde crimenes de lesa humanidad hasta asesinato de periodistas o activistas sociales, pasando por inhabilitar partidos o candidatos para elecciones subnacionales, o nacionales, o reprimir o cooptar jueces o tribunales.

Por ejemplo, si la incertidumbre se debe a una ola de ciertos comportamientos humanos negativos, significa que las relaciones causales creadas por estos comportamientos humanos también se transmiten en términos de necesidades estructuralmente altas y una injusticia/insatisfacción elevada. Si un poder justo define la necesidad estructural y la certeza, entonces también puede indicar la eficiencia de la estructura. Pero si el poder desprovisto de justicia limita las necesidades estructurales genera la incertidumbre propia de necesidades humanas y desigualdades dentro del sistema. La causalidad incierta sistémica funciona en toda la estructura de la humanidad, de arriba abajo, culminando en la estructura del juego político de poder. La incertidumbre nos aleja de una vida plena, como la falta de derechos definitivamente nos aleja de una vida feliz y plena. La mejor vida que podamos llevar tiene que ver con ejercer nuestros derechos sin sufrir ni amenazas ni presiones ni violencia al respecto. Tiene que ver también con ejercer esos Derechos sin que nadie sufra por ello. El odio es una limitante al ejercicio de los Derechos Humanos, y el odio desde el poder del sistema es un impedimento al ejercicio de esos Derechos. Sentir el odio de los demás es un recurso del alma para sentirse valioso. Sentir el odio del poder es un sentimiento aún más fuerte y que define de mejor manera a la persona, la cual lo absorbe, lo necesita. El odio crea un centro y hace que las cosas graviten a su alrededor, cuando el poder destila odio contra un periodista, contra un activista, contra un opositor demuestra el valor especial que tiene esa persona. Esa sensación de odio sobre uno debe experimentarse —bien y profundamente; no se debe permitir que abandone tu cuerpo una vez que ha entrado en ti. Algo que sucede tanto si se expresa hacia ti o si lo estás incubando. Lo ideal sería que ninguna persona exprese su odio hacia nadie, hacia ningún grupo, o persona o comunidad o raza o religión. La gente no te odia porque seas malo con ellos, sino porque los has herido de alguna manera, generalmente debido a algún tipo de éxito que puedes alcanzar o porque constituyen algún tipo de amenaza. El odio del poder surge por lo mismo y, por ello, es grandioso sentir el valor especial que nos otorga el odio del poder.

La estructura de poder básica y la estructura de poder que energiza el sistema pueden funcionar en paralelo o sobreponiéndose. Todo puede suceder en un solo contexto que determina niveles de jerarquía y que produce cambios con eficiencia. Así que la jerarquía que determina la eficiencia en función de los requisitos y funcionamiento de la estructura está determinada por los niveles de justicia que puede alcanzar y los Derechos Humanos se promueven y protegen, que se representan en la eficiencia de la estructura y las relaciones entre las estructuras de poder.

La flexibilidad dentro del sistema de poder ofrece la oportunidad de explorar diferentes resultados y dado que la necesidad estructural de la gente es la medida de la interacción, mientras que por su parte la energía moral genera causalidad, la jerarquía general del poder que aquí se presenta es, por cierto, una dinámica ajustable y evolutiva. Por lo tanto, la eficiencia operativa de la estructura determina el umbral de la eficiencia y de lo que es realizable, en esta ecuación, debemos tener especial cuidado que la eficiencia estructural del sistema esté por encima de la satisfacción de las propias necesidades de la estructura, de lo contrario se terminan consolidando una burocracia que se retroalimenta o un poder auto satisfactorio. Las presiones que surgen son complejas, sean internas o externas, ya que dependen de la estructura específica en cuestión y de las necesidades específicas existentes en un momento determinado. El concepto del magnetismo del poder es absolutamente esencial, ya que resulta que para los procesos causales de la energía política que surge del poder la eficiencia sigue siendo una necesidad constante, mientras que el carisma y el magnetismo dependen de la reducción o satisfacción de las necesidades de los componentes del sistema.

Director Observatorio Democracia

Instituto CASLA

Cuando los primeros en felicitar al ganador de un mundial de fútbol son el Presidente de Irán Masoud Pezeshkian, el Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, los hutíes del Yemen y la organización terrorista Hamas, entonces esto no va de fútbol. Si además, las felicitaciones son especialmente eufóricas, no por quien ha ganado, sino por quien ha perdido, entonces esto no va de fútbol. Si, además, el jefe del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, país que destruye todos los derechos fundamentales de su pueblo, tiene la desvergüenza de asegurar que el éxito de España “ha traído la felicidad a todas las naciones libres del mundo que se oponen a los Estados Unidos e Israel”, decididamente esto no va de fútbol. Y desde luego, no tiene nada que ver con el fútbol ni el odio desatado a la selección argentina, ni los bulos y maldades contra Messi, ni las aberrantes acusaciones de racismo, ni la argentinidad convertida en el saco de boxeo del wokismo más obtuso. Detrás de esta campaña nauseabunda e infecta contra Argentina el fútbol no existe, solo es la excusa para vehicular pensamientos muy oscuros. Lo cual no saca razón al éxito de la selección española, que ganó con méritos el título, pero como queda claro, esto no va de fútbol.

¿Una conjura? ¿Un complot? ¿O sencillamente la suma de prejuicios, dogmas ideológicos, fobias políticas y popurri geopolítico? O dicho de otra manera, lo que une a Zohran Mamdani con Irene Montero, Javier Bardem y Samuel L. Jackson, o directamente las autoridades de Hamas. No todos se mueven por las mismas obsesiones o los mismos intereses, pero todos convergen en el mismo objetivo: convertir Argentina en el villano perfecto, el chivo expiatorio de los males que quieren erradicar. No les une lo que defienden, sino lo que detestan, y todo lo que detestan lo representa la Argentina actual: desde el fortalecimiento de la democracia liberal, hasta la defensa de los valores judeocristianos. Es contra esos valores, contra los que se revuelve la izquierda woke internacional, que no perdona a la Argentina de Milei el liderar el proceso regenerador de América Latina, enfrentarse a la locura bolivariana, acercarse a Estados Unidos y tener excelentes relaciones con Israel. Esta Argentina desacomplejada y exitosa rompe los esquemas ideológicos del wokismo, una derivada del postcomunismo que, en su desprecio profundo por las democracias liberales, se encuentra con el orientalismo antioccidental: de Yanis Varoufakis a Mamdani, de Irán a Turquía, de Bardem a Jackson.

En este sentido, es reveladora la frase de Varoufakis, fundador de la Internacional Progresista, que aseguró que el domingo había triunfado “el multiculturalismo saludable, que logró sobrevivir a la feroz comercialización y los trucos empresariales”. Difícil sostener mayor empanada ideológica, y más cuando lo pronuncia un señor que cuando fue ministro de finanzas de Grecia dejó el país en los huesos. Como si la sociedad argentina no fuera un extraordinario y saludable crisol de identidades, culturas y orígenes. De hecho, la mayoría de los ataques contra la selección son de tal desvergüenza que no aguantan ni un minuto de reflexión. La acusación de “racismo” del actor Samuel L. Jackson contra un país que abolió la esclavitud en 1853, él que vive en un país con una grave situación de racismo, es de traca. O los ataques de la prensa egipcia en la misma dirección, a pesar de que la minoría cristiana (un 15% de la población) sufre una discriminación secular. O la locura antiargentina en México, que prefería defender a España, el país que acusa de colonizador, que a Argentina, que se libró de los colonizadores. Si añadimos el ataque de histeria que una bandera de Israel en la grada argentina le produjo a Irene Montero, o la verborrea clásica de Bardem, tenemos el espectáculo completo. Un espectáculo que siempre funciona de igual manera: utilizar los peores estigmas, el racismo, el supremacismo, la discriminación, los privilegios como arma arrojadiza contra aquello que considera políticamente condenable. Y la selección argentina se ha convertido en el símbolo que concentra todas sus fobias: Milei, Israel, Estados Unidos, democracia liberal, sociedad judeo cristiana... Lo peor para el wokismo.

Y lo peor, también, para los países y grupos violentos que detestan la democracia y que trabajan coordinados con las izquierdas woke en sus ataques mediáticos a Israel. Y, por supuesto, una victoria de Argentina era, para todos estos, una victoria israelí. De ahí las campañas furibundamente antiargentinas en redes, los bulos sobre Messi, todo ello responde a ese fenómeno global que empieza en Teherán, pasa por Estambul y puede acabar en una pintada en el metro de Madrid con la frase “Messi sionista”. Por supuesto, en el caso de España ayuda, y mucho, la actitud anti israelí del propio Pedro Sánchez, convertido en un gran vivero de antisemitismo.

Sea como sea, era fútbol, pero no ha sido fútbol, sino política e ideología. Sucia, deleznable, injusta, pero muy eficaz en los tiempos de la viralización. Lo peor es que han intentado convertir a la selección argentina, una selección que ama al fútbol como ninguna, nutrida de gentes de todos los barrios y condiciones, con un aporte extraordinario a la historia del fútbol mundial, la han intentado convertir en el símbolo de todo lo que odian. Es el wokismo, es la izquierda caviar, es la geopolítica que mueve sus tentáculos, es el poder viral de los enemigos de la democracia.

No puedo acabar este artículo sin hacer un sentido homenaje a Lionel Messi, cuya grandeza humana trasciende su grandeza deportiva. Diga lo que diga el ruido, éste ha sido su Mundial, grabado para siempre con esfuerzo, sudor y lágrimas en la historia del fútbol. Gracias Messi por todo. Gracias por tanto.

X: @RaholaOficial

Web: https://pilarrahola.com

Instagram: pilar_rahola/

Las democracias no suelen deteriorarse de un día para otro. Comienzan a erosionarse cuando quienes ejercen el poder dejan de entender que la ética no es un obstáculo para gobernar, sino la condición indispensable para hacerlo bien. La política puede ser el arte de lo posible, pero sólo produce resultados duraderos cuando se sostiene sobre principios. Por eso la máxima de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo —“Lo moral es lo eficaz”— encierra una verdad que la historia confirma una y otra vez.

Los acontecimientos recientes en España y Venezuela ofrecen una ilustración elocuente.

En España, la Audiencia Nacional ha considerado que existen elementos suficientes para abrir una investigación penal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades. Pero, cualquiera que sea el desenlace judicial, el episodio obliga a revisar el papel desempeñado por quien, tras abandonar La Moncloa, se convirtió en uno de los principales interlocutores europeos del régimen venezolano.

Aquella gestión fue presentada durante años como un esfuerzo de mediación y entendimiento. Sin embargo, terminó vinculando el prestigio internacional de España con un gobierno ampliamente cuestionado por la comunidad democrática. Si las acusaciones prosperan, el daño trascenderá la figura del expresidente: alcanzará también la credibilidad de una política exterior que, desde la transición democrática, convirtió a España en un interlocutor privilegiado entre Europa e Iberoamérica. Una reputación construida por el rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez y Felipe González puede perderse mucho más rápido de lo que tomó edificarla.

Venezuela ofrece una lección todavía más dolorosa. La tragedia provocada por la doble sacudida sísmica del pasado 24 de junio puso a prueba no solo la capacidad logística del Estado, sino también su compromiso con la vida de sus ciudadanos.

Mientras gobiernos y organizaciones internacionales ofrecían asistencia humanitaria inmediata, la respuesta oficial estuvo marcada por la desorganización, la opacidad y decisiones difíciles de comprender. Hospitales de campaña fueron instalados lejos de las zonas más afectadas; ayuda alimentaria y médica permaneció retenida durante días; equipos internacionales de rescate denunciaron obstáculos para realizar su labor. En una emergencia de esa magnitud, cada hora perdida se traduce en vidas humanas.

Más allá de las responsabilidades administrativas, la tragedia reveló un problema más profundo: cuando un gobierno deja de considerar al ciudadano como el centro de su acción, la ineficacia deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia inevitable.

España y Venezuela viven realidades muy distintas. Sin embargo, ambos episodios recuerdan una misma verdad. La transgresión de los principios éticos nunca produce ventajas permanentes. Puede ofrecer beneficios inmediatos, pero termina debilitando las instituciones, erosionando la confianza pública y reduciendo la capacidad misma del Estado para cumplir sus funciones.

España corre el riesgo de perder parte de la autoridad moral que durante décadas le permitió desempeñar un papel singular en Iberoamérica. Venezuela enfrenta un desafío mucho más dramático: reconstruir un país cuya población no solo ha sufrido una catástrofe natural, sino también la desconfianza hacia unas instituciones que no estuvieron a la altura del momento más crítico.

La historia demuestra que las naciones no prosperan únicamente por la calidad de sus leyes o por la abundancia de sus recursos. Prosperan cuando quienes las gobiernan comprenden que el poder sólo conserva legitimidad mientras permanezca sometido a principios.

Porque, al final, la política más eficaz sigue siendo la más moral.

A iniciativa del Secretario de Estado de Estados de Estados Unidos se ha realizado este 16 de julio en Washington DC la “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, con la participación de más de 60 países del mundo. Su importancia estratégica está dada por el reconocimiento de la amenaza trasnacional y el inicio de la reconstrucción la arquitectura antiterrorista de las democracias para afrontar unidos la amenaza.

El terrorismo es “la dominación por el terror”; el terror es “el miedo muy intenso, la exacerbación del miedo”; “la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. El terrorismo político es “un tipo de violencia premeditada con la actuación de bandas organizadas que reiteradamente pretende crear alarma social con fines políticos”.

El terrorismo es “delito contra la seguridad pública consistente en la comisión de actos de violencia calificados por el medio empleado, con el propósito de turbar el orden, atemorizar a la sociedad o a ciertos grupos o realizar venganzas o represalias, para desintegrar el régimen político y social”.

La violencia para infundir terror y la pretensión de desintegrar el sistema político y social son delitos contra la libertad y la democracia en el marco del sistema internacional fundado en el respeto a los derechos humanos y en el sistema interamericano que reconoce la democracia como “el derecho de los pueblos que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender”. Los terroristas son criminales y en muchos casos de lesa humanidad.

El Secretario Marco Rubio afirmó que: “Cada uno de nuestros amigos aquí de las naciones del hemisferio occidental recuerda las décadas de secuestros, bombardeos, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los Tupamaros, de los Montoneros, de las FARC, del ELN…el salvajismo inhumano de Sendero Luminoso de Perú, los fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas de Perú, asesinando a machetazos a mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. ¿Recuerdan las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro?... Eso es el izquierdismo radical. Puede adoptar diversas consignas e ideologías según el lugar y el momento; pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma”.

Reconociendo la transnacionalización del crimen citó casos de terrorismo en todo el mundo y agregó que: “Nos enfrentamos a una amenaza internacional... a una amenaza transnacional. No se trata de células aisladas e independientes, sino de redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras; de hecho, ni siquiera creen en el concepto de Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, se entrenan y actúan conjuntamente, compartiendo la misma infraestructura, los mismos enemigos y la misma misión”.

Por medio de Rubio, Estados Unidos ha señalado directamente a las dictaduras de Irán y Cuba expresando que los terroristas “colaboran con Estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes iraníes interpuestas -vinculadas cada vez más estrechamente a grupos militantes de izquierda en todo el mundo-. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país (EEUU) y en nuestro hemisferio (las Américas), y sigue estando indisolublemente ligada a grupos y movimientos de extrema izquierda en Occidente y más allá de sus fronteras”.

La estrategia planteada por Estados Unidos mediante el Secretario Rubio fue fundamentada por Stephen Miller Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional, por el Secretario del Tesoro Scott Besset, con el director del FBI Kash Patel, la Secretaria de Educación Linda McMahon. Miller afirmó que: “uno de los rasgos distintivos de la violencia y el terrorismo de izquierda es su invocación -totalmente artificiosa y deshonesta- de las libertades civiles con el fin de escudar su propia violencia.

Es la táctica que la izquierda emplea siempre para intentar protegerse de las sanciones penales. Resulta esencial que tengamos la sabiduría y la firmeza necesarias para comprender que tales alegatos deben caer en saco roto”.

Destacando la urgencia la unión de las democracias para reconstruir la arquitectura antiterrorista Rubio destalló la alarmante realidad de que “Los terroristas de extrema izquierda actuales pueden recaudar fondos en un país, alojar sus comunicaciones en un segundo, recibir entrenamiento en un tercero, reclutar militantes en un cuarto y, finalmente, atacar juntos un objetivo en un quinto país”.

Con esta reunión, Estados Unidos y más de 60 democracias de la región y del mundo han señalado como terroristas a las dictaduras de Irán y Cuba, esta última con su estructura del socialismo del siglo 21 o castrochavismo que es el mascaron político de izquierda. No deja de llamar la atención la inasistencia de los gobiernos para dictatoriales de Brasil (fundador y operador del Foro de Sao Paolo con Lula) y de México, ambos defensores de la dictadura de Cuba y parte del socialismo del siglo 21.

Vivimos el cambio geopolítico global que reconoce la realidad objetiva, llama los crímenes por su nombre, plantea y lidera estrategias concretas para la defensa de la libertad y la democracia de los pueblos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.-

www.carlossanchezberzain.com

Hay momentos en los que una democracia no se define por las elecciones que celebra, sino por la manera como quienes ejercen el poder reaccionan cuando ese poder es sometido al escrutinio y la crítica. Cuando se les exige a los gobernantes rendir cuentas o cuando se les cuestiona, con datos y argumentos, sobre el ejercicio de su poder le estamos haciendo un check-up a la salud de nuestra pluralidad.

En ese marco, las auditorías en Nuevo León al gasto público, a las obras y al manejo de los recursos no son un castigo. Son una garantía para la sociedad y una obligación republicana. En una democracia, el poder no debería sentirse agraviado por ser revisado. Al contrario: debería entender que la rendición de cuentas forma parte del mandato que recibió de los ciudadanos.

Por eso el pasado viernes 17 de julio decidí acudir personalmente a solicitar que se audite mi gestión y, al mismo tiempo, pedir que las instituciones revisen las principales obras y fondos públicos del Gobierno del Estado. Lo hice porque ninguna actuación honesta debería temer ser comprobada. El que nada debe, nada teme.

Mi preocupación, sin embargo, va mucho más allá de una auditoría. También va mucho más allá de los arrebatos del Gobernador Samuel García que pretende juzgar y condenar desde el tribunal de las redes sociales y el stand-up a quienes pensamos distinto o señalamos ineficiencias de su administración. Que un gobernador llame “malagradecido” a un alcalde por exigir cuentas revela una visión equivocada del poder. Lo que hace un Gobernador en obra pública y en su trabajo entero no son favores personales ni concesiones de un monarca que debemos “agradecer”. Son obligaciones constitucionales financiadas con el dinero de los ciudadanos y no de su monedero individual.

El ciudadano nunca puede ser ingrato con el poder, porque el ciudadano es el verdadero soberano. Quien sí puede ser ingrato es el gobernante que olvida que su autoridad es temporal y que sólo existe para servir.

Durante buena parte del sexenio, el gobierno de Samuel García ha convertido la política en espectáculo. La comunicación ha sustituido a la gestión y las redes sociales se han comido a las políticas públicas. Mientras tanto, las familias siguen atrapadas en el tráfico, esperando obras inconclusas, enfrentando la contaminación y viviendo con incertidumbre sobre el agua. Eso sí es una verdadera ingratitud con Nuevo León.

A esa etapa el propio gobernador se encargó de bautizarla como el “modo party”. Hoy el problema parece haber evolucionado al “modo amparo”.

No cuestiono, que quede claro, el derecho de cualquier persona a utilizar los instrumentos legales que la Constitución reconoce protegerse. Todos pueden ampararse. Lo que sí cuestiono es la consecuencia política de un gobierno cuyo centro de gravedad dejó de ser resolver los problemas de Nuevo León para concentrarse en administrar sus propios conflictos y buscar blindaje jurídico a cualquier precio.

Cuando un gobernador pierde el foco, el estado entero pierde rumbo. La prueba más clara es que Nuevo León acumula tres años sin presupuesto. Eso no es normal en una democracia. Es un síntoma de ingobernabilidad. El presupuesto es el principal instrumento para ordenar prioridades, controlar el gasto y exigir resultados. Cuando durante tres años se gobierna sin él, la discrecionalidad sustituye a las reglas.

Iniciar una obra sin contar con suficiencia presupuestaria para concluirla o sin un proyecto ejecutivo sólido no sólo compromete su viabilidad; también constituye una irregularidad en la administración del patrimonio público. Significa condenar a la sociedad a sobrecostos, modificaciones interminables, retrasos e incertidumbre. Cuando desaparecen las reglas presupuestarias y la planeación técnica deja de ser una prioridad, florecen la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción. Ahí nace la tranza y el terreno fértil de la extorsión institucional.

Karl Popper decía que la pregunta central de la democracia no es quién debe gobernar, sino cómo impedir que quien gobierna abuse del poder. Por eso me preocupa que en Nuevo León se quiera presentar la fiscalización como un ataque político. No lo es. Es una obligación republicana. Y ser claudista, como yo orgullosamente lo soy, significa entender exactamente eso: la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho de la honestidad, la austeridad y la rendición de cuentas una forma de gobernar, porque no puede haber instituciones confiables cuando el poder se resiste al escrutinio.

Nuevo León, nunca me cansaré de decirlo, tiene empresarios extraordinarios, universidades de excelencia y una sociedad trabajadora. Lo que hoy necesita es un gobierno de tiempo completo. Por eso, es momento de regresar al único modo que merece Nuevo León: el modo gobierno, el modo trabajo.

Y hay una regla democrática que ningún servidor público debería olvidar en el modo trabajo: quien le tenga miedo a una auditoría, nunca debió aceptar la responsabilidad de gobernar. Punto.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

Regresaron los bombardeos norteamericanos a Irán, después que se firmara un Memorándum de Entendimiento, el cual ya había generado un distanciamiento con Israel. La decisión de negociar fue motivada por la cercanía con las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre de este año, con encuestas que favorecen a los demócratas, por lo que se buscó una salida que estabilizara el mercado del petróleo, reabriendo el estrecho de Ormuz, acuerdo que fue casi inmediatamente violado por Teherán, donde para paralizar ese estrecho, más que una marina de guerra solo necesita del funcionamiento habitual de los seguros, ya que basta cualquier incidente o la simple amenaza, para que se paralice la cobertura, tal como ocurriera en años anteriores con los Hutíes en el mar Rojo.

En todo caso, la negociación y su posterior fracaso demostró el insuficiente conocimiento que tiene EE. UU. de la región a pesar de su ya larga presencia, toda vez que victoria y derrota no significan lo mismo que en occidente, y Washington simplemente se equivocó al suponer que la superioridad militar y económica se traduciría en una ventaja diplomática o negociadora, y por ello, fue superado en la mesa de negociación por un país mucho más débil, lo que se notó desde la forma como se impuso el estilo iraní, aun antes que empezaran las negociaciones en Ginebra. Sus términos fueron los de la cultura del bazar que es mucho más que una tradición comercial, representando toda una escuela de negociación, paciente, compleja, atenta a las señales psicológicas de la contraparte, incluyendo el lenguaje no verbal. EE. UU. ingresó con objetivos claros y un cronograma, demostrando que mucha información tiene, pero como otras veces, su fracaso se debe no a la falta de datos sino lo que significan, la falta de comprensión de esa cultura, que especial atención le prestó al calendario electoral.

Al final se debió reconocer el fracaso, que lo registrado en el papel nada significaba para Teherán, la razón que se ha repetido por 47 años, que no son interlocutores confiables. Este cambio en EE. UU. ha tenido consecuencias, ya que los distintos actores se adaptaron al nuevo escenario de distintas formas, por lo que ha habido modificaciones en su posición hacia Irán, tanto en los países árabes como en el propio EEUU. Es decir, como los vacíos de poder no se mantienen en la realidad geopolítica del mundo, ante el hecho que Irán se ha debilitado y ya no produce el temor que generaba en la región como tampoco dispone de la red de proxis que había creado en varios países, salvo Hezbolá y los Hutíes, es Turquía quien se ha fortalecido para llenar ese vacío en representación del islamismo, por lo que Israel ya ha comenzado a prepararse para un escenario de creciente probabilidad.

Pase lo que pase en Ormuz, el futuro conflicto entre Turquía e Israel es la nueva fractura y el eje creciente de enfrentamiento estratégico ante el debilitamiento de Irán, visible para todos menos para la Guardia Revolucionaria, que bien podría estallar en Siria, país donde está presente Israel en defensa de los drusos, pero donde también Turquía es la potencia dominante en el actual gobierno, tal como Irán lo fuera en apoyo de la dictadura anterior.

Es también un conflicto que presenta novedades varias, toda vez que Turquía es parte integrante de la OTAN por razones que solo se explican por el hecho que esa organización fue creada en la guerra fría para detener el expansionismo de la ex URSS. Hoy, sus problemas internos hablan por sí solos, que quizás debió haber desaparecido junto con su rival del Pacto de Varsovia, ya que difícilmente Occidente y Turquía tienen los mismos amigos y enemigos, desde el momento que Erdogan está desde hace tiempo intentando acabar con el laicismo con el que Ataturk creó la Turquía moderna después de la primera guerra mundial.

Erdogan es expresión de la ideología de la Hermandad Musulmana en politica interna junto a su programa de islamización del país, y le crea desafíos profundos a Israel por un lenguaje descalificatorio de su existencia y que habla de recuperar Jerusalén para el islam, tal como existía en el imperio otomano. Desde la década del 60, Turquía ocupa un 1/3 del territorio de un integrante de la UE como Chipre, que con Israel hoy tiene una relación de mutuo beneficio en la explotación conjunta de gas del mediterráneo, proyecto que busca trasladarlo por un gasoducto, quizás por Bulgaria a Europa, en el que también participan los Emiratos y Grecia, el rival histórico de Turquía, y quizás, en el futuro, El Líbano.

Todo se complica aún más por la relación espléndida que ha establecido Erdogan con Trump, quien llegó a Ankara a la cumbre de la OTAN, “exclusivamente” por que como dijera el presidente estadounidense “tenía lugar en la capital de Turquía”, aplaudiendo una y otra vez, que Turquía invertía en defensa el porcentaje del PNB que todavía algunos europeos no cumplen. Todo este lenguaje adquiere importancia por dos motivos, que Trump establece relaciones basadas en las impresiones personales por sobre los intereses nacionales, lo que podría influir, en el segundo y más importante motivo, que estaría considerando la entrega de aviones F-35 a Turquía, lo que acabaría con la actual superioridad aérea que Israel goza en el medio oriente.

Hay un tupido velo que dificulta entender todo lo que está pasando, toda vez que los aliados estadounidenses desearían que Washington pudiera contestar preguntas que hoy no está en condiciones de responder, por lo menos hasta que el resultado electoral despeje lo que puede y no puede hacer, y no es una, sino que son varias las interrogantes. La primera es si ahora EE. UU. estaría dispuesto a llegar hasta el final para acabar con el Estado Islámico, la segunda duda es si se convencieron de que solo el cambio de régimen puede lograr que Irán renuncie a la bomba atómica. La tercera interrogante es si para obtener aquello estaría dispuesto a apoyar una rebelión de los kurdos, y, por último, si Israel va a recibir el apoyo suficiente para seguir bombardeando e intentando terminar lo que se inició el 28 de febrero, en caso de que EE. UU. posteriormente decidiera no continuar.

Sin embargo, tal como fue anticipado por especialistas, desde el punto de vista de EE. UU. este regreso a los bombardeos continúa debilitando militarmente a Irán. pero políticamente no se ha regresado a la situación del día anterior a su suspensión, toda vez que algunas dudas solo van a poder recibir respuesta después de otras elecciones ya fijadas para el 27 de octubre, día que va a decidir la continuidad de Netanyahu en condiciones que la Corte Suprema todavía no sentencia si es absuelto o condenado. En todo caso, la mayor sorpresa puede ser que la posición israelí no cambie mucho debido a que las políticas de defensa son de Estado más que de partido, por lo que seguramente con o sin su persona el escenario bélico con Teherán no debiera cambiar, como tampoco la situación de Gaza o el de conflicto creciente con Turquía. Sin embargo, si pudiera ocurrir en el caso de la Autoridad Palestina y el deseo de Trump que Gaza regrese a su seno, como etapa hacia el Estado Palestino.

Con sus bombardeos, EE. UU. causa un indudable daño a un Irán que cada vez tiene más dificultades para una respuesta mínima, por lo cual se concentra en atacar la industria petrolera de las monarquías árabes del Golfo, y cada vez son más escasos y distanciados los misiles que llegan a territorio israelí, debido a la fuerza con la que este responde y la total superioridad aérea que ha adquirido.

El error de EE. UU. fue ingresar a negociaciones, toda vez que no se previó el hecho que las concesiones alimentaron la fantasía de un triunfo en Teherán, ya que, para ellos lo principal era la supervivencia de la República Islámica, con lo que una derrota militar se transformó en un triunfo político. Así pasó con el entierro demorado del Ayatolá Ali Jamenei, convertido en enormes actos de apoyo al régimen.

Durante años Irán dedicó esfuerzos y recursos para que su voz fuera muy escuchada en varias naciones de la región, como también una red de proxis dispuestos a intervenir con armas en la política interna de sus países en nombre de la República Islámica, como también atacar a Israel. Hoy, ese poder se ha deteriorado mucho, y no solo por la acción militar de Israel, sino que EE. UU. ha tenido éxito en atraer al gobierno libanés hacia una negociación no solo de reconocimiento de Israel sino también en un acuerdo para eliminar o reducir el poder militar y político de Hezbolá, es decir, de Irán en ese país.

Por vez primera se están reuniendo en forma directa representantes de El Líbano e Israel, y todo apunta a relaciones plenas, aunque no se retire todavía el ejército israelí del sur del país vecino de donde han salido los ataques al norte de Israel. Se ha iniciado un proceso, en que las zonas o áreas que se consideren libres de presencia de Hezbolá se entregarían al ejército libanés, un éxito de Washington que ratifica lo logrado anteriormente con un acuerdo de delimitación marítima entre ambos países, que técnicamente están todavía en guerra, pero ahora Líbano tiene la posibilidad de recuperar su soberanía, la que había sido secuestrado desde Teherán.

Otro éxito ha tenido EE. UU. en Irak, con el nuevo gobierno, cuyo primer ministro fue recibido recientemente en la Casa Blanca, con elogios calurosos de parte de Trump, quien tuvo una relación tirante con su predecesor. Que la relación actual es positiva, se manifestó en el arresto con acusaciones de corrupción de ministros y otros altos funcionarios cercanos a Irán, incluso, milicias a favor de Irán fueron disueltas por estar interviniendo en los asuntos internos, lo que se agrega a la buena relación de Washington con el gobierno islamista que en Siria reemplazó a la dictadura de Al Asad, vínculos que son lo suficientemente buenos para que el gobierno haya interceptado en la frontera armas que iban desde milicias iraquíes a Hez bolá.

Desde otro punto de vista, la reposición de sanciones que ha acompañado el regreso de los bombardeos a Irán, esta vez tiene más posibilidades de causar daño real porque la agresión a países que habían decidido mantenerse neutrales como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar esta vez ha paralizado el uso que Irán hizo por muchos años de sus sistemas bancarios para seguir operando con el resto del mundo. Esa válvula se ha cerrado para Teherán agregándose al regreso del bloqueo de todos sus puertos al tráfico marítimo, cerrando el ingreso de pagos por el combustible vendido.

La nueva realidad se expresa también en que las monarquías del Golfo no tienen una misma y única actitud hacia Irán, además que algunas de ellas piensan que EE. UU. no los defendió adecuadamente, ya que ese era el motivo por el cual tenían bases militares en su territorio. Hoy, sobresalen 3 líneas, la de Qatar que a pesar de los daños recibidos mantiene una actitud amistosa hacia el régimen iraní, fundamentalmente por la relación estrecha que tienen desde hace tiempo por yacimientos de gas, donde son importantísimos actores a nivel mundial.

Un segundo camino es el de Arabia Saudita, que se ha alejado del proceso de acercamiento que estaba siguiendo hasta el 7 de octubre de 2023, aunque posteriormente Israel recibió apoyo, incluyendo el uso de su territorio para el ataque de junio del año pasado a Irán. Sin embargo, a pesar de los daños infligidos a sus instalaciones petroleras, el gobierno saudita ha mantenido un diálogo permanente con sus agresores, y ha respaldado los esfuerzos de Turquía y de Pakistán para encontrar una salida pacífica a la difícil situación en la que se encuentra la República Islámica. Además, Pakistán ha estacionado tropas como compensación al apoyo económico que recibe de Raid, trío de países que ha hablado de la creación de una especie de Frente Sunita al que también se podría agregar diplomáticamente Egipto.

La tercera actitud es la de los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos soberanos, situados en la costa este de la península arábiga, entre Omán y Arabia Saudita. A diferencia de las otras dos líneas, la de los Emiratos se ha distinguido por la forma valiente en que ha enfrentado la agresión iraní, confrontándolos militarmente, por lo demás, es el territorio que ha recibido más misiles desde Irán, más incluso que Israel, actitud que llevó a que éste, por vez primera trasladara su celebrada defensa contra misiles y cohetes a Dubái.

Los Emiratos han tenido su bautizo de fuego y han salido bien parados, lo que contrasta con la propia Arabia Saudita que posee armamento muy avanzado, casi al nivel de Israel, pero que no ha sido empleado en defensa de su territorio, a pesar de ser a nivel mundial el octavo país en gasto de adquisición. Hoy, ha decidido no confrontar a Irán, pero sí a sus proxis, ya que después de mucho tiempo volvió a bombardear a los Hutíes en un ataque al aeropuerto de Saná en Yemen.

Países y sociedades reaccionan en forma distinta ante una experiencia límite como puede ser una guerra, y así como en el pasado Qatar adquirió una línea política independiente a la vez que distinta de la de Arabia Saudita, incluyendo alianzas, un proceso similar parece estar repitiéndose con los Emiratos. En todo caso, lo que se inició como una simple diferencia en el Yemen, subió un escalón cuando se integraron activamente a los Acuerdos de Abraham, estableciéndose una relación tan mutua que es lo más cercano a un aliado de Israel en el medio oriente. Arabia Saudita no sólo no se integró a esos Acuerdos, sino que ha recibido en forma distinta la agresión iraní, ya que mientras los Emiratos la han respondido,en el caso saudita se ha puesto la otra mejilla.

El medio oriente, es siempre la zona del mundo donde mejor se combinan el fanatismo y el milagro, siempre sorprendiendo, siempre en ebullición, pero siempre en forma continua y permanente cambiando e intercambiándose las alianzas, realidad que siempre desconocen los que mucho opinan sobre una realidad tan diferente, opiniones que se hacen desde la comodidad de la lejanía, y por ello, casi siempre se dicen cosas equivocadas o no verdaderas.

Y también pueden volver a cambiar, ya que Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Unidos, todos trabajan para fortalecer salidas del gas y del petróleo que sean alternativa a Ormuz. Por ello, llamativo fue el hecho que en los días que estuvo abierto el estrecho, ningún país en el mundo entero se apresuró a aceptar la oferta de Irán de trato privilegiado en precio, lo cual indica que probablemente la interrupción forzosa se va a volver en contra de sus intereses permanentes, ya que son precisamente los países que hoy están acudiendo a territorio estadounidense a abastecerse, por lo que no solo podría ser el principal productor sino también consolidarse como el mayor exportador.

Otra sorpresa podría materializarse si quizás el nuevo oleoducto o gasoducto, podría terminar atravesando Arabia Saudita y Jordania para terminar exportándose desde algún puerto israelí, sorpresas de las que también tiene que precaverse Arabia Saudita, toda vez que va a tener que preocuparse de la pesadilla que representan los Hutíes, que por órdenes iraníes vuelven a hablar de atacar navíos en el Mar Rojo o impedir el uso del estrecho de Bab el-Mandeb que separa a Yemen de Somalia, y por donde sale parte del petróleo que no puede hacerlo por Ormuz.

Sorpresas que también pueden alcanzar a los propios Hutíes, ya que ha pasado desapercibido el hecho que Israel se transformó hace poco tiempo en el primero que reconoció la independencia de Somalilandia, la única parte de Somalia, que como país independiente además funciona bien como Estado. Ahora, basta observar el mapa para apreciar que, si se sigue fortaleciendo esa relación, Israel podría actuar desde un territorio que queda prácticamente al frente de Yemen, tal como lo hiciera con pleno éxito el Mosad desde un país vecino a Irán como es el caso de Azerbaiyán donde predomina el islam, pero que demuestra que son realidades mucho más complejas de lo que se advierte en el buenismo occidental.

Así como otros deben preocuparse de él, también deberá hacerlo Israel con una realidad donde algunos de los países más críticos, salvo por Irán y su red de proxis, no se encuentran en el medio oriente, sino que hoy se ubican en Europa y países occidentales. Pero, la realidad a la que va a tener que adaptarse y trabajar activamente para modificarla, se podría encontrar hoy en EE. UU., donde se da un llamativo cambio en el partido Demócrata, ya que no debe sorprenderse si pronto asumiera la conducción del partido un sector que propone cortar el apoyo económico y de armamento, que por lo demás refleja cambios en la opinión pública estadounidense que podrían conducir no a un simple distanciamiento, sino a intereses contrapuestos y por lo tanto, al fin de la alianza de hecho que ha existido bajo Trump y que podría manifestarse también si un aislacionista como Vance llega a ser el candidato presidencial republicano el 2028.

Hechos a los que hay que prestar atención, toda vez que la historia es a veces la política que fue, mientras que la política es a veces la historia en construcción.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U de Essex), Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Por un segundo me corro del análisis internacional y quiero contarles cómo vivo esto del Mundial sin ser argentino, pero amando profundamente a la Argentina. Lo que se advierte en las redes sociales es cierto antiargentinismo o, más precisamente, cierto antiporteñismo que aprovecha la ocasión para cobrar facturas mezcladas. No son todos, por supuesto, pero hay bastante miseria humana circulando por varios rincones del continente. Con franqueza, es un asunto que enerva.

En América existe un vínculo dual con la Argentina. Todos saben que es creativa, agitadora, impetuosa y genial. Todos saben, también, que es una sociedad atravesada por intolerancias diversas y por una tensión narrativa extrema.

Los argentinos no siempre comprenden ese matiz porque forma parte de la vida cotidiana del país: viven dentro de un storytelling confrontacional permanente, en el que la clave parece ser el conflicto eterno. No hay día en que la Argentina no tenga un drama shakespeariano en escena. Puede ser el presidente, un robo de un alto funcionario, un asunto de dinero mezclado con hombres y mujeres de los medios. Lo que sea: todo explota allí adentro. Y todo es atómico y extroversión pura.

¿Les pasa esto a otras sociedades? Sí, por supuesto. Pero quizá algo menos, o con tonos diferentes. Incluso en Estados Unidos -desde donde escribo esta nota- se vive en una furia permanente y bajo un gobierno que por momentos parece el de Atila. Sin embargo, cada tanto sobreviven espacios y zonas de aproximación, porque el sistema está pensado en esa clave institucional. Aunque la situación también está espesa: ayer mismo, las cadenas televisivas liberales ni siquiera transmitieron el discurso nocturno del presidente estadounidense.

Vuelvo.

Percibo mala onda de personas de distintas nacionalidades frente a lo que sucede con la Argentina en redes sociales, y es algo que me llama la atención. Una cosa era antes, cuando el gran ídolo era Maradona: titánico y revolucionario, pero también derrapado, grotesco, sobrador y opíparo.

Hoy, en cambio, la selección argentina parece un colegio de niños educados. Su líder es el más bueno y sano de la clase, y su director técnico es Lassie: uno querría tenerlo como hermano mayor.

Y, aun con esa presentación, la Argentina actual sigue teniendo dificultades para enamorar a los latinos, hispanos y sudamericanos del continente en internet.

Sin embargo -y digo simplemente lo que veo-, los hispanos y los hablantes de español en Estados Unidos se pusieron la camiseta de Messi y lo idolatran. El que vino hasta aquí a romperse el alma para juntar unos dólares siente que Messi lo representa mejor que nadie. ¿Se entiende? El pueblo real de hispanos y latinos no complejiza una solidaridad que le sale a flor de piel.

¿Se comprende lo maravilloso de esa percepción?

No puedo decir cuántas camisetas se han vendido aquí, pero se ven por todas partes. Es cierto: muchas no son originales. Pero eso es lo de menos. El latino laburante, el que anda remando la vida todos los días, ama esa Argentina brava que pelea contra la adversidad.

Como los argentinos son cabalistas, a cualquiera que tire mala onda lo rajan. Hacen bien.

Es que la Argentina es una sociedad espiritual, creativa y dotada de una épica que la hace sentir que renace con el fútbol. Y renace de verdad.

Porque el fútbol es mucho más que un partido. Es nacionalismo, aunque lo nieguen. Es resiliencia, entrega y sentido de lo colectivo unido a lo individual. Es, también, un espacio de movilidad social para los bendecidos que consiguen llegar al coliseo de nuestros tiempos.

Los jugadores -y unos pocos cantantes- son los semidioses contemporáneos. Ahora que se estrena La Odisea, quizá se comprenda mejor el concepto. El destino siempre se desplaza hacia el drama y conserva un final incierto. Los griegos eran bastante amargos en ese sentido. El fútbol es igual.

Pero los destinos no están prefijados.

Nadie mejor que un uruguayo para analizar a un argentino. Los argentinos son extrovertidos, polémicos, ruidosos y talentosos. También son intensos y se desbordan con frecuencia.

Pero se las ingenian para ser extraordinarios en rugby, tenis, hockey femenino o lo que se propongan. Hasta monstruos del básquetbol han producido.

En literatura basta comenzar por Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar. En el humor, desde Luis Sandrini, pasando por Alberto Olmedo, hasta llegar a Tato Bores. En la televisión, desde Pipo Mancera hasta un Mario Pergolini remasterizado. Actores, ensayistas, productores y figuras como Adrián Suar o Guillermo Francella.

Y sí, también políticos como Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Javier Milei.

Esa mezcla es la Argentina. Y mucho más.

De música mejor ni hablamos, porque desde el Indio Solari hasta el mito viviente de Charly García lo tienen prácticamente todo.

Mi teoría es que los argentinos, por ser como son, producen envidia, rechazo primario y cierta desazón. A veces te pasan por arriba sin proponérselo. Pero al conocerlos, surge ese ser entrañable que se abre rápido, te trata de “boludo” y se hace amigo sin pretensiones y cálculos.

Son italianos desbocados, aunque con menos picardía. Son uruguayos acelerados. Son españoles todavía más frontales. Son todo eso y mucho más. Son “argentinos”.

¿Que no tienen afrodescendientes? ¡Pero si son un pueblo mestizo, como somos todos en América! ¿De verdad alguien puede decir seriamente semejante estupidez?

Yo amo a los argentinos.

Los amo porque tienen el tupé de creerse capaces y lo son. Y estoy convencido de que muchas de las cosas que nos suceden en la vida dependen de la convicción y de las ganas profundas de hacer que sucedan. Si lo logran en tantas cosas, algo mágico hay en esas gentes.

No sé si se entiende.

Estaría bueno que en los programas tertulianos hubiera más análisis verdadero sobre cómo se orienta la cabeza de un grupo humano desde el plano psicológico pero saliendo del lugar común que son buenos muchachos que comen asado y se tienen onda; cómo se lo cohesiona; cómo se le transmiten valores; cómo se le contagia un sentido épico y romántico de la batalla; y cómo se logra que todos sientan que luchan por una causa superior: la Argentina que se los demanda. Si fuera psicólogo ya estaría escribiendo ese libro. Nos haría bien a todos.

Créanme: son la envidia del continente.

Quizá a algunos, por necios, esa afirmación les parta el alma. Pero somos muchos, muchísimos más, los que el domingo estaremos con ustedes sintiendo que somos lo mismo.

Toda la vida hablando del Mercosur, de los pueblos hermanos y de todo lo que nos une con tanta gente diversa. Les juro que ya somos montones los que vamos a gozar si todo sale como debe salir.

Yo también soy cabalista.

En Nicaragua, rezar por la libertad nacional puede llevarte a la cárcel. También puede hacerlo el apoyar públicamente a un sacerdote encarcelado.

El caso más conocido es el del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa. Tras condenar públicamente las violaciones de derechos humanos del régimen, fue sentenciado a 26 años de prisión. Se negó a abandonar Nicaragua cuando se le ofreció el exilio por primera vez, convirtiéndose en un símbolo internacional de resistencia pacífica.

Negociaciones con el Vaticano lograron posteriormente su liberación al exilio.

Su historia no es una excepción. Es el patrón.

Las últimas víctimas de la campaña del régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia católica son el obispo emérito Juan Abelardo Mata y el reverendo Wilfredo Arauz. En junio, el obispo Mata, de 80 años, fue detenido y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario tras celebrar Misa y orar por la Iglesia perseguida, el obispo Rolando Álvarez y el reverendo Frutos Valle.

Días después, el padre Arauz, vicario parroquial de Estelí, fue arrestado por policías políticos encapuchados.

Sus casos forman parte de una campaña sistemática para silenciar a la Iglesia católica, una de las pocas instituciones en Nicaragua que aún conserva la autoridad moral para desafiar al régimen. Mientras las instituciones democráticas han sido desmanteladas y la disidencia criminalizada, la Iglesia ha permanecido como una rara voz independiente.

Los tiranos suelen temer a los líderes religiosos porque profesan lealtad a uno que está fuera del alcance del Estado. La Iglesia ofrece a las personas un espacio donde la conciencia puede resistir la coerción y donde aún se puede decir la verdad.

Siguiendo el manual de Marx-Lenin-Mao, Nicaragua ha encarcelado y exiliado a clérigos, expulsado a religiosas, confiscado escuelas y obras de caridad católicas, prohibido procesiones religiosas y sometido a los fieles a vigilancia e intimidación. En lugar de demostrar fuerza, estas acciones revelan un gobierno cada vez más temeroso de las voces independientes.

La represión se aceleró tras las protestas nacionales de 2018, cuando las manifestaciones fueron recibidas con informes generalizados de asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias. Mientras las iglesias acogían a los manifestantes y los obispos condenaban la violencia, el régimen acusó al clero de “terrorismo”, un código para denunciar violaciones de derechos humanos y luego criminalizar la disidencia.

Estas acciones han sido tan escandalosas que incluso el mundo secular se ha percatado, gracias al importante trabajo de activistas de derechos humanos como la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina. La Sra. Molina documentó meticulosamente cientos de ataques contra la Iglesia en su informe fundamental, “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”.

Su trabajo ha sido presentado ante la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional y citado por las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de EE.UU. y las principales organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, la persecución religiosa sigue siendo tratada con demasiada frecuencia como una preocupación secundaria.

Eso es un error.

Un gobierno que reclama autoridad sobre la conciencia rara vez se detiene ahí. La libertad de culto protege la libertad de expresión, de reunión, de educación, de servicio a los demás y de disentir sin temor a represalias políticas. Los Fundadores de América lo reconocieron al colocar la libertad religiosa en la cima de la Primera Enmienda, reconociendo que los derechos individuales no provienen del gobierno.

Defender la libertad religiosa no es solo una preocupación para los creyentes. También debería importar a cualquiera que valore la libertad. El régimen de Ortega-Murillo demuestra que cuando el gobierno niega la libertad de conciencia, todas las demás libertades están en riesgo, porque la persecución de la Iglesia no es simplemente un ataque a la religión. Es un asalto al principio de que existen límites al poder estatal, algo que los autoritarios nunca reconocerán.

* Helen Aguirre Ferré es administradora de gobierno y políticas públicas en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University.

La sociedad puede ser una desgracia, aunque haya justos y pecadores, porque no depende de la calidad de las personas, depende de la calidad de sociedad que construyen esas personas. Algunas ideas de construcción social están lejos de la realidad porque no son más que reacciones políticas/sociales/económicas que no terminan de comprender la dimensión de los problemas que se desarrollan en nuestras sociedades, la interacción de elementos, sus fricciones y conflictos, sus estratificaciones que constituyen condiciones de crisis que generan pobreza y desigualdad ignoradas. Las individualidades pueden ser brillantes pero su dinámica política colectiva puede permanentemente fracasar, en gran parte por una enorme falta de sentido de justicia colectiva. La construcción política no inteligente ha costado incontables crisis a nuestras sociedades. Más que la lógica de fracaso es la razón de no tener mecanismos para procesos exitosos, la gestión del fracaso en realidad se hace de manera bastante eficiente, manteniéndolo en un estado estructural de no-cambio.

Por todo ello, quienes han trabajado y compiten con mayor profundidad suelen ser quienes se atreven a abordar problemas complejos y encontrar soluciones que sean sostenibles. A veces se omite que la riqueza es una solución, pero solo es sostenible si se implementan prácticas políticas de inteligencia social y colectiva; si la riqueza es genuina y no capturada, así como si significa un estímulo a la inteligencia sistémica. Pero puede ocurrir que el dinero explorará teorías de la acción social desde una perspectiva sociométrica, esto hace que, si bien las teorías pueden ser inconsistentes, los números y las medidas sirven como excelente material de fundamentación. El dinero resumirá la idea básica para todos, la explicará en un lenguaje comprensible y mostrará cómo desenvolverse en el mundo con la mayor claridad, su inmediatez es irrefutable aun cuando su comportamiento sea errado.

Un problema sistémico esencial es el capitalismo de prebendas existente por sobre un capitalismo de mercado, lo cual genera disfuncionalidades sistémicas prácticamente irresolubles. Para combatir la desigualdad es necesario crear riqueza para impedir que el sistema se transforme en una redistribución de la miseria, pero el capitalismo de prebendas no crea riqueza, sino que tiene de rehén la riqueza existente o posible en el sistema. El mal funcionamiento del dinero lleva al mal funcionamiento del sistema. Pero el dinero siempre podrá justificarse a través de la consideración de ideas que trascienden la moralidad y la disfuncionalidad. A lo largo de los años, el dinero ha asumido el papel de la ciencia y de la educación en la sociedad, con posiciones sin revisar que han sostenido políticamente las disfuncionalidades y los malos resultados económicos.

Para el análisis de las desigualdades, las cuales en primer lugar aparecen bajo las disfuncionalidades de la lógica distributiva ya señaladas, ya que en esta dimensión es donde la asignación y reasignación de recursos va generando condiciones por las cuales se desarrollan vulnerabilidades y por las cuales se violan reglas fundamentales de integración social en beneficio de un experimento controlado por la distorsión que produce el capital cuando los beneficios que debería aportar a la sociedad son inexistentes. Ello se ha complementado con patrones de educación o ciencia social o política absurdos que proponen esquemas de erosión o desafectación a la creación de riquezas, con equivocadas lógicas de relativización por la acción pública.

El factor que conduce a la inferencia causal de la desigualdad es aquel que promueve la percepción social generalizada de inequidad, sea la inseguridad, sea la educación, sea la injusticia distributiva y que la acción social institucional no es del todo válida ni eficiente para resolver esos desajustes, sino que puede resultar incluso funcional a los mismos. Ello precisamente hace que las valiosas herramientas afirmativas sean desestimadas frente a resultados que surgen de diagramas causales/inducidos y dar preferencia a los resultados de los experimentos políticos naturales en que la igualdad se genera a través de la acumulación social de las reformas y la permeabilidad que genera en el sistema. Pero hay casas a las que nunca llegan esas reformas. Hay casas a las que nunca llega la estadística, e incluso la estadística tiene problemas de comprenderla por las condiciones psicológicas conscientes o inconscientes que llevan a las personas, o a las familias o a un grupo de personas a la lumpenización. Sin trabajar estas variables de dimensión psicológica de perder o perderse socialmente, la dimensión humana de la desigualdad nunca será resuelta.

Por ello debe decirse que el microgerenciamiento de las vulnerabilidades es imprescindible y permite extraer inferencias causales válidas a partir de las vidas observables sin necesidad de inducir experimentos sociales “matematizables”. El trabajo casa por casa en la política constituye una herramienta heurística, la cual permite ser usada inmediatamente antes de concluir que la desigualdad es causada por a, b y c a través de determinados procesos y, sin embargo, proveer soluciones concretas. La necesidad de trabajar y reformar otros factores que estén causando el aumento en las desigualdad y la pobreza puede ser utilizada en paralelo, pero es importante tener claro que hay gente que no es naturalmente recipiente de los resultados de reformas.

El controlar la desigualdad no se debe solamente a la observancia de la relación causal entre factores, sino también a que el sistema puede desencadenar una reacción negativa en las personas con determinadas vulnerabilidades (educativas, de locación, de origen económico, raza, sexo, exposición a la violencia y al crimen organizado), no necesariamente debido a algún factor moral oculto soslayado en el presente, aunque algo de eso puede haber en muchos casos. La ideología juega su papel negacionista desde la derecha y desde la izquierda. Es imprescindible no dejarse engañar por datos sesgados, ello generalmente es uno de los primeros problemas que se transforma en el principal; cuando la realidad deja de coincidir con el plan ideológico entonces se hace necesario distorsionar los datos de la realidad o ignorar dimensiones humanas de la realidad.

La lógica de la justicia científica en la acción social debe partir de la ‘teoría del perdedor social” y la argumentación de que la probabilidad no es solo una frecuencia, sino que mide con precisión la fuerza con la que las instituciones deberían tomar determinadas acciones dada la evidencia. La dimensión científica de la desigualdad puede ser vista desde la teoría de la probabilidades de James, recreando los supuestos más vinculados a las variables aleatorias y las secuencias de las mismas, y sobre los espacios de probabilidad estadística y variabilidad. Todo ello tiene un necesario impacto en el trabajo institucional.

El problema es que muchas veces se cae en categorizaciones institucionales que no reflejan las realidades conscientes del perdedor social. A medida que se descubren nuevas evidencias, las instituciones deberían actualizar sus políticas en función de una solidez real, pero el estado vegetativo en el que están hace eso imposible. Sin embargo, no debería ser imposible, en la región se podrían usar herramientas heurísticas permanentemente, pero siempre partiendo de una base o atacando un objetivo de vulnerabilidad concreto. Se deben evitar las trampas de la comunicación, que nos pueden hacer ver una solución como errada cuando es correcta y ver a una solución como correcta cuando es errada.

Por ejemplo, supongamos que una prueba para un determinado índice da positivo, y la prueba subyacente a eso es en realidad creada por la comunicación, y que si la comunicación falla ese índice no alterará la percepción existente. La precisión de la comunicación está casi con certeza relacionada con el apoyo social y político acumulativo que se cree. Pero si solo se trabaja reactivamente respecto a indicadores de vulnerabilidad la gente seguirá recibiendo alertas pues la verdadera percepción quedará relacionada únicamente con el nivel de pobreza. La medición de la evidencia de las desigualdades entonces resultantes nos envuelve en el uso del razonamiento de la información y los algoritmos de aprendizaje para medir la evidencia. Y, asimismo, debemos mencionar también que las capacidades tecnológicas y de uso de la tecnología ensanchan la brecha desigualdades de una manera multidimensional en el plano cultural, generacional, político, social y cultural, al alterar completamente las posibilidades de realizar denuncias, reclamos, participar políticamente, hacer trámites e integrarse socialmente, por ejemplo.

La justicia en la acción social se basa en una idea simple y es que el mensaje se transmite solo cuando se reduce a través del mismo la incertidumbre sobre el apoyo social. Si algo es completamente predecible, el aprendizaje carece de sentido y la verdad que hay detrás es absolutamente efímera. Pero aquí las políticas heurísticas que se adapten pueden ser muy muy útiles. Es decir, la retroalimentación solo confirma lo que ya se espera porque los datos en sí mismos no proporcionan información cuando todos están de acuerdo, cuando se esté aprendiendo o tomando decisiones deliberadamente, lo más importante son las señales inesperadas que dan las disfuncionalidades del sistema. A esos resultados que no coinciden con las expectativas de quienes predicen, que no descubren que ahí se esconden todos los mensajes importantes. Hoy en día, la desigualdad económica revela una trampa en la que incluso las políticas inteligentes caen y es parte integral de las intervenciones estatales, en la acción social, la búsqueda des-institucionalizada de justicia, sea en su estructura como en su funcionamiento, es al presente una forma de discriminación notoriamente cruel pues desajusta elementos interactivos del sistema que sostienen a muchas personas.

Uno de los problemas que tiene que ver con desadaptaciones se refiere a un fenómeno que se puede describir como el sobreajuste basado en una visión política, es decir, cuando la acción social se nutre de una idea política que afecta dinámicas de integración social. La idea es que, si se construye un modelo lo suficientemente complejo como para explicar completamente cada variación en los datos de apoyo social pasados, eventualmente se ajustará al ruido aleatorio a su visión y fallará cuando encuentre contradicciones que no puede asimilar. Las necesidades sociales nos demandan capacidad heurística esencial para atacar la desigualdad sobre la base de una percepción real y no sobre una incertidumbre de ideas (por mejor fundamentadas que estén), y una vez que se perciben condiciones de desigualdad se debe ser escéptico de cualquier diseño que pretenda explicar completamente los problemas multidimensionales de la desigualdad desde el punto de vista ideológico. La polarización tiene que ver con el abordaje de soluciones en temas que generan condiciones de desigualdad, la polarización actual ni siquiera lleva a ser menos malo que el otro, sino que lleva a ser aún peor que el otro. Ello ocurre por la permanente intencionalidad política de medrar electoralmente con el tema, lo cual lleva al liderazgo al populismo y a la demagogia, así como a contradicciones disfuncionales.

En otras palabras, la predicción verdadera de las acciones sociales depende esencialmente de la capacidad de generalizar desde una base real concreta y de conocimiento de campo, no conocimiento “matematizado” que es un instrumento de soporte pero que no constituye la esencia de la verdad material de las vulnerabilidades. Por lo tanto, la insignificancia de los detalles puede distorsionar las percepciones y con ello las políticas posibles pueden en realidad generar más problemas e inducir crisis. Ello ha sido recurrente en la región. Una vez que comenzamos a tener cuidado con el sobreajuste desde la estadística, la acción en el terreno sobre la desigualdad cambia la forma en que pensamos sobre el apoyo social. El supuesto más básico sobre la probabilidad de eventos es que, en un sistema social dado, la justicia está asegurada dentro de un marco dado de aprendizaje social. El aprendizaje social formaliza una propiedad peculiar pero liberadora en muchos sistemas reales, el siguiente estado de menos desigualdad depende no solo de las especificidades de los resultados sino de cómo se llega a él. El problema de las instituciones vegetativas es que se niegan a formar parte del proceso de aprendizaje social, al contrario, muchas veces intentan imponerlo. La disfuncionalidad de este proceso es máxima cuando se intenta imponer desde instituciones con recursos humanos fosilizados en estructuras burocráticas dependientes de su ineficiencia, de recursos materiales o inmateriales disfuncionales a las necesidades de acción y recursos financieros que son funcionales a los recursos humanos y materiales/inmateriales descritos. Estas instituciones de la región no es que tengan cometidos y acciones específicas para sostener determinada elite o determinados privilegios o posición, sino que simplemente existen en coma inducido y disfuncional.

Es imprescindible tener en cuenta a la desigualdad en la región para predecir el comportamiento futuro de las sociedades, pues antes de predecir el siguiente paso, debemos ser claros sobre algo tan relevante como es el comportamiento histórico sistémico y qué clase de conciencia ha generado esa historia y ese sistema. Cada persona tiene su propia historia, y sin sus recuerdos es imposible tratarla como un ser humano que necesita soluciones. La verdadera habilidad para brindar capacidades nuevas reside en poder distinguir el tipo de sistema que se está analizando, si se trata de un sistema de eventos independiente, un sistema de eventos interrelacionado o el sujeto de otras desigualdades dinámicas, no lineales, justicia caótica, mala comunicación, falta de comunicación y situación financiera crítica. En sistemas no lineales con alta intensidad y sin capacidades institucionales y procedimentales, las relaciones sociales son casi equivalentes al caos del proceso político y humano, y las linealidades que surgen de esos puntos de partida son un reflejo de ello y conducen a resultados muy coherentes con esa situación. Lo preocupante es que esto puede ocurrir incluso si el sistema sigue un proceso con cierto determinismo político (como ser el caos que surge de las dictaduras que incurren en procesos de desinstitucionalización importantes).

Las curvas de aprendizaje de una sociedad en su conjunto sobre sus propios problemas forman una pendiente suave, aunque no hay sistema que aprenda con la misma dinámica, ya que algunos adelantan (el mejor ejemplo el Uruguay batllista) y otros retroceden con saltos repentinos (sobran los ejemplos), otros se estancan en problemas frustrantes (también sobran los ejemplos). Las personas quedan estancadas en un sistema y a veces son incapaces de evitar el efecto del grupo, por ello es necesario considerar sus procesos ambientales endogámicos. Es importante resistir la tentación de aplicar una “matematización intensiva” a nivel de grupo sobre cómo impactar a la sociedad y revertir dinámicas de desigualdad, ello puede hacer perder como aprenden, piensan o se comportan las personas a individuos específicos o grupos con contexto social débil o prácticamente inexistente, puede ser que induzca al error. Artigas, seguramente sin un estadístico, pero indudablemente con mucho más conocimiento del terreno, definió en 1815 las vulnerabilidades de su sociedad con mucha precisión: las viudas con hijos, la población indígena, la población afrodescendiente. Como he dicho antes, 211 años después tenemos la misma estructura de pobreza, las madres solteras y la población afrodescendiente, la población indígena fue exterminada luego de la independencia y por lo tanto dejó de contar. Tomemos el ejemplo de la población afrodescendiente, la tasa de pobreza entre la población afro-uruguaya de Uruguay es del 28,7%, significativamente superior a la tasa nacional del 16,6%. Significativamente superior al 10,6% que representan en la sociedad. Además, la desigualdad es particularmente grave en la infancia, ya que aproximadamente el 46% de los niños afro-uruguayos uruguayos menores de seis años viven por debajo del umbral de pobreza. Todos los contextos sociales no son iguales, no todos los que viven en un barrio son iguales y tienen los mismos problemas. Debemos decir que Artigas hizo más por resolver este problema que todo lo que se hizo en los 211 años posteriores, salvo la notable excepción de José Batlle y Ordóñez. Y Uruguay es el país más igualitario en la región…

Los fracasos de la acción social se reconocen muchas veces en los «elementos de la libertad (mal entendida)», que cuentan con numerosos casos bien documentados en la ética o en la falta de ética, casos sistémicos de transformación por la positiva integración social del dinero, así como los problemas que se reflejan en involución por el mal uso del mismo. Existen, asimismo, casos de desajuste negativo y no porque la sociedad esté en contra, sino porque no se sabe qué significaba realmente la dimensión colectiva de retroalimentación del dinero en el sistema para generar acceso a Derechos. El mal funcionamiento del dinero en el sistema social describe mejor que nada el significado del mal uso de la palabra libertad, lo cual genera desigualdad en progresión geométrica y se constituye en sí mismo en la palanca de retroceso.

El dinero no es otra cosa que discriminación legalizada. Entonces se necesita tiempo para comprender la desigualdad y sus variantes, observar estos elementos vinculados al dinero que no están orientados a resolver el costo social de la falta de acceso a derechos, sino a sostener la definición de políticas asistencialistas que retroalimentan los procesos de estratificación y de concentración. No hay signo ideológico que no sea culpable de esto.

La libertad es el instrumento social más importante para resolver la desigualdad, no obstante, en la región se ha visto la libertad distorsionada hacia lógicas de libertad económica que no producen riqueza, sino que la tienen de rehén. En otras palabras, estos elementos distorsionados de la libertad económica se afirman sin más en cada vez más desigualdad, todo se argumenta basándose en los propios axiomas, diciendo cosas como «obvio», «evidente por sí mismo» o «por lo tanto, es», y luego sigue adelante. Pero la realidad de la gente ha demostrado la impracticabilidad de esto, pues durante 200 años de décadas perdidas se siguen teniendo las mismas estructuras de pobreza mientras cada laguna en los datos es rellenada con subsidios y asistencialismos sin definir correctamente los procesos clave para el apoyo social y explicar con precisión qué significan éxito, eficiencia, equidad e incluso buen manejo de los riesgos.

Y no es casualidad que el poder se convierta en uno de los pilares fundamentales del conflicto, pues el progreso social ha sido impulsado o limitado por la necesidad profesional política/privada para las cuales el principio de gestión es contingente. Por eso los patrones de desigualdad están tan profundamente arraigados en la interacción que lleva a comprender el juicio humano. Incluso los críticos ideológicos acérrimos, aquellos que han pasado de las posibilidades, de la incertidumbre y la vulnerabilidad, están tan preocupados por la desigualdad porque esta no se queda solo en el papel, sino que juzga activamente cómo se manifiesta la política en las redes morales de la sociedad y cómo se pondrán límites al sistema a través de la elección de populistas iconoclastas que prometen la destrucción del sistema actual. Algo cuyo resultado solo puede ser más retroceso.

La realidad es muy dura en su claridad de que, si no se sale del capitalismo de prebendas al capitalismo de mercado, si no se estructuran mercados financieros responsables, si no se saca a las instituciones de su estado vegetativo entonces las soluciones para resolver la desigualdad seguirán dando los mismos resultados que en 200 años de décadas perdidas. Mientras la Democracia se arrastra herida de muerte por este flagelo.

Una ley aprobada en Beijing ya no pretende regular únicamente la conducta de los ciudadanos chinos. También aspira a alcanzar a personas y organizaciones situadas fuera de las fronteras de la República Popular China.

El 1 de julio de 2026 entró en vigor en China la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional. Se trata, en apariencia, de una norma de política interna orientada a “forjar un sentido de comunidad” entre los 56 grupos étnicos reconocidos por Beijing. En los hechos, la ley ha despertado una ola de condenas internacionales debido a su artículo 63, que habilita a las autoridades chinas a ejercer una pretensión de jurisdicción extraterritorial sobre organizaciones e individuos cuyas acciones considere contrarias a la unidad nacional.

Esta interpretación no constituye únicamente una preocupación de organizaciones de derechos humanos. El propio Parlamento Europeo calificó el artículo 63 como un mecanismo de long-arm jurisdiction (jurisdicción de largo alcance), advirtiendo que podría permitir exigir responsabilidades legales por conductas realizadas fuera de China que son plenamente lícitas conforme a la legislación de otros Estados. La Unión Europea y Estados Unidos también expresaron públicamente su preocupación por el alcance internacional de la norma.

Un salto cualitativo hacia la jurisdicción extraterritorial

Con un solo artículo, Beijing reafirma una concepción expansiva de la jurisdicción penal. La pretensión de perseguir conductas realizadas fuera de su territorio no constituye, sin embargo, un fenómeno completamente nuevo.

El precedente inmediato fue la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, promulgada en 2020. El principio de ‘un país, dos sistemas’, concebido por Deng Xiaoping y consagrado en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 y en la Ley Básica de Hong Kong, prometía preservar durante cincuenta años un alto grado de autonomía para el territorio. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 alteró profundamente ese equilibrio

Desde entonces, ciudadanos extranjeros que manifestaran apoyo al movimiento democrático de Hong Kong —ya fuera en una universidad de Londres, en un foro en Washington o mediante publicaciones en redes sociales desde Madrid— pasaron a poder ser investigados o perseguidos conforme a la legislación china, aun cuando esas expresiones estuvieran plenamente protegidas por las leyes de sus propios países.

Lo que en 2020 parecía una herramienta excepcional para controlar la disidencia en Hong Kong se ha convertido, en 2026, en el modelo sobre el cual Beijing busca extender criterios similares respecto de Xinjiang, el Tíbet y Taiwán.

De la teoría a la práctica: cazarrecompensas en el extranjero

La represión transnacional impulsada por Beijing no quedó limitada al plano normativo.

Entre 2023 y 2024, el gobierno de Hong Kong, bajo la tutela directa de Beijing, ofreció recompensas de HK$1.000.000 (aproximadamente USD 128.000) por información que permitiera localizar y detener a activistas exiliados.

Figuras como Nathan Law, Ted Hui y Anna Kwok —todos residentes o beneficiarios de protección internacional en democracias occidentales como el Reino Unido y Estados Unidos— pasaron a integrar listas oficiales de personas buscadas.

Al poner precio a la captura de disidentes que residían bajo la protección soberana de otros Estados, las autoridades demostraron una voluntad política de proyectar el alcance de su legislación más allá de sus fronteras. Esa infraestructura de persecución jurídica, presión económica y hostigamiento personal es la que diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que podría ampliarse bajo el amparo del artículo 63 de la nueva Ley de Unidad y Progreso Étnicos.

La trampa del retorno y la presión sobre las familias

El sistema de control desarrollado por Beijing descansa sobre dos mecanismos particularmente eficaces: la vigilancia transnacional y la presión ejercida sobre los familiares de quienes residen en el exterior.

El caso de una estudiante hongkonesa de 23 años, procesada en 2023, ilustra claramente la denominada “trampa del retorno”. Mientras cursaba estudios en Japón, publicó mensajes favorables a la independencia de Hong Kong, una conducta amparada por la legislación japonesa. Sin embargo, cuando regresó temporalmente a Hong Kong para renovar su documento de identidad, fue detenida inmediatamente bajo acusaciones de sedición.

Para quienes permanecen fuera del alcance físico de las autoridades chinas, la presión suele trasladarse hacia sus familias. Durante las campañas dirigidas contra activistas hongkoneses en el exterior, la policía de seguridad nacional interrogó, detuvo y amenazó de forma sistemática a padres, hermanos y parejas que continuaban viviendo en Hong Kong.

Este mecanismo de castigo por asociación reproduce prácticas denunciadas desde hace años por las diásporas uigur y tibetana, y numerosos analistas consideran que la nueva legislación contribuye a institucionalizar ese modelo bajo el argumento de combatir conductas que supuestamente amenacen la armonía social.

La consolidación del modelo: el Artículo 23 y el fin de la zona gris

Si la Ley de Seguridad Nacional de 2020 representó un punto de inflexión, la aprobación, en marzo de 2024, de la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional (conocida como la legislación del Artículo 23) terminó de consolidar el nuevo modelo de seguridad impulsado por Beijing.

La norma endureció las sanciones por delitos como la traición, la sedición y el sabotaje, al tiempo que amplió significativamente las facultades del Ejecutivo para actuar contra personas radicadas en el extranjero, incluyendo medidas como la cancelación de pasaportes y otras restricciones que afectan su movilidad internacional.

Las similitudes con las denuncias formuladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la diáspora uigur resultan evidentes. El uso del aparato consular, la presión diplomática, la cancelación de documentos y las presiones económicas sobre determinados países receptores forman parte de un mismo repertorio de herramientas destinado a limitar la capacidad de acción de quienes critican al gobierno chino desde el exterior.

Un desafío para el derecho internacional

Las reacciones de gobiernos y organizaciones internacionales muestran que el debate trasciende ampliamente la situación interna de China.

Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y diversos países europeos han cuestionado reiteradamente la utilización extraterritorial de la legislación china y hongkonesa, sosteniendo que ningún Estado puede pretender criminalizar conductas desarrolladas bajo la jurisdicción de otros países cuando estas se encuentran protegidas por las libertades fundamentales.

La pretensión de ejercer jurisdicción más allá de las fronteras nacionales no es completamente inédita en el derecho internacional. Diversos Estados contemplan mecanismos limitados de jurisdicción extraterritorial para perseguir delitos como terrorismo, piratería, genocidio o crímenes de guerra. La diferencia radica en que la nueva legislación china extiende ese principio a conductas vinculadas con la expresión política, la identidad étnica y la organización de la sociedad civil, ámbitos que en la mayoría de las democracias están protegidos por derechos fundamentales.

En el caso de Taiwán, la amplitud de la norma genera interrogantes sobre sus eventuales implicancias para académicos, funcionarios, organizaciones civiles y ciudadanos extranjeros que mantengan vínculos institucionales con la isla o expresen públicamente su apoyo a su sistema democrático.

La discusión, por lo tanto, ya no gira únicamente en torno a Hong Kong, Xinjiang o el Tíbet. También involucra principios esenciales del derecho internacional, como la soberanía estatal, la territorialidad del derecho penal y la protección de los derechos humanos.

Un mismo manual de instrucciones

La nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos no constituye un hecho aislado. Representa la consolidación de un modelo político y jurídico cuya eficacia Beijing ya puso a prueba en Hong Kong.

La principal lección que las autoridades chinas parecen haber extraído del caso de Hong Kong es que la comunidad internacional suele reaccionar con cautela cuando las consideraciones económicas prevalecen sobre la defensa de principios jurídicos y democráticos.

La cuestión ya no consiste únicamente en cómo China gobierna su territorio, sino en hasta dónde pretende extender el alcance de sus leyes más allá de sus fronteras.

Si esa pretensión termina consolidándose sin una respuesta coordinada de la comunidad internacional, el precedente de Hong Kong podría convertirse en el primer caso exitoso de exportación de un modelo de represión jurídica transnacional.

Las leyes pueden cruzar fronteras; la legitimidad, en cambio, depende de que la comunidad internacional acepte ese alcance. Ese será uno de los grandes debates jurídicos y geopolíticos de esta década.

Cuando el historiador británico Martin Walker, a principios del año 2000, instauró el concepto del “dilema turco”, la disyuntiva se planteaba en términos interiores: Atatürk versus Erdogan, laicismo o islamismo, democracia o autocracia. Veintiséis años después, el concepto subsiste, pero no para definir la realidad dual turca, sino para expresar la encrucijada que representa Turquía para Occidente. En dos décadas, y especialmente después del intento de golpe de estado de 2016 y de la posterior represión de Erdogan, el dilema interior ha desaparecido: el laicismo ha sido sustituido por el islamismo como identidad nacional, y la democracia parlamentaria se ha transformado en una autocracia presidencial.

La biografía del propio Recep Tayyip Erdoğan es una fotografía precisa de esta transformación que ha cambiado radicalmente el paradigma turco. En 1997, siendo alcalde de Estambul fue acusado de extremismo y odio religioso, y fue sentenciado a dimitir de su cargo y pasar cuatro meses en la cárcel. Su partido, el islamista Refah Partisi fue ilegalizado por el Constitucional turco. El detonante, que sumaba a una larga carrera en defensa del integrismo, fue un poema del poeta Ziya Gökalp que Erdogan leyó en un mitin, modificando la letra para convertirla en una soflama fundamentalista. Este fue el texto que alertó a las autoridades turcas: “Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas son nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes, nuestros soldados”. En aquel momento, la defensa del laicismo era el eje central de la vida política y judicial de Turquía, en coherencia con el mítico legado de Mustafa Kemal Atatürk. Dos décadas después, ese legado es historia: el gobierno ha inyectado miles de millones en crear escuelas públicas religiosas (las Imam Hatip); han reducido las horas de ciencia y biología en primera y secundaria, sustituidas por el estudio de la moral religiosa; se ha incorporado la asignatura de historia de la Jihad; han convertido el Ministerio de Asuntos Religiosos en un gran poder económico que instruye a miles de mezquitas, convertidas en correas de transmisión; y, más allá de otras muchas decisiones de corte islamista, en 2020 Erdogan revocó el decreto de Ataturk que convertía la basílica de Santa Sofía en un museo, y la ha vuelto a transformar en mezquita.

Si en lo identitario, Turquía ha transitado hacia una severa islamización que sistemáticamente purga y discrimina la laicidad, en lo político el proceso hacia una autarquía represora ha sido tan veloz como implacable. Con la excusa del golpe de estado de 2016, Erdogan ha ido perpetrando una purga masiva que implica centenares de miles de personas destituidas de sus cargos o directamente encarceladas, desde militares, hasta periodistas, intelectuales, profesores políticos, abogados y cualquiera que se enfrente a su poder. La purga en el ejército ha significado la expulsión de miles de miembros y el cierre de centenares de academias, como lo ha sido la purga en los medios de comunicación (centenares clausurados), en las asociaciones cívicas, fundaciones y sindicatos. Solo a nivel educativo, cerca de 130.000 profesores (en todos los niveles, desde primaria hasta catedráticos) han sido destituidos. Uno a uno, todos los líderes opositores han acabado en procesos judiciales y muchos de ellos encarcelados. El caso más notorio es del alcalde de Estambul Ekrem Imamogly, el líder del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), que fue arrestado en marzo de 2025 junto a decenas de funcionarios municipales, acusado de todo tipo de cargos, desde corrupción y malversación, a terrorismo. La acusación llegó justo cuando su partido lo nombró candidato a la presidencia. Piden para él 2.430 años de cárcel. Además, vía justicia, Erdogan ha conseguido la disolución forzosa de la cúpula del partido, con lo cual ha conseguido anular a su principal opositor. Se calcula que el número de presos políticos en las cárceles turcas se acerca a los 40.000.

Hoy por hoy Erdogan gobierna con un poder absoluto que implica el dominio de los poderes del estado, desde el control integral de la justicia, (ahora es el jefe del estado quien nombra a los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales y a los magistrados del Constitucional), hasta el dominio de las universidades (los rectores también son nominados por él, o los medios de comunicación, que también queda en manos del ejecutivo). Con el cambio constitucional de 2017 en el que se sustituyó el sistema parlamentario por un sistema presidencialista con amplios poderes, la capacidad de los diputados para influir en las políticas públicas ha quedado en nada. Y así, entre el proceso de islamización masivo, y el proceso de desdemocratización, Erdogan se asienta en un poder imperial desde hace 23 años, que puede alargarse ad eternum.

El dilema turco interior ha quedado engullido por la voracidad de este islamista radical cuyo objetivo es la desaparición del legado de Ataturk. Pero si el interior está desdibujado, el dilema turco en el exterior está más vivo que nunca: por un lado, es un país militarmente poderoso y geopolíticamente imprescindible, de manera que tanto la OTAN como la UE necesitan tenerlo de socio; por el otro, preocupa su política exterior, agresiva, ambivalente y expansiva. Interviene en Libia, donde ha sentado bases permanentes, en el Sahel, a través de las dictaduras prorrusas, en el Cáucaso, en la isla de Chipre (con una política islamizadora muy agresiva), y por supuesto en todo Oriente Medio, donde quiere sustituir a Irán y a Arabia Saudita como poder central, mientras hostiga permanentemente a Israel. Si en lo identitario, Erdogan anhela restituir a la Turquía islámica, y en lo político, emula al sultanato, en la estrategia internacional quiere recuperar el viejo imperio otomano. Algo así como la Gran Rusia de Putin, pero en versión turca. De ahí que sea un auténtico dilema para Occidente porque Turquía es una solución, pero una solución envuelta en un problema. Un problema que, de la mano de Erdogan, puede convertirse en el más importante de la región en los próximos tiempos.

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Mientras gran parte de Occidente concentra su atención en sus propias divisiones políticas y económicas, Rusia continúa ejecutando una estrategia de largo plazo orientada a redefinir el equilibrio de poder en Europa y el Ártico. Más allá de los brutales ataques contra la infraestructura civil ucraniana, el Kremlin persigue objetivos geopolíticos que trascienden el campo de batalla y buscan alterar la arquitectura de seguridad occidental.

Uno de esos objetivos es consolidar a Rusia como la principal potencia militar del Ártico. La península de Kola constituye el núcleo de su capacidad estratégica: allí se concentra buena parte de su arsenal nuclear y de los sistemas que protegen a su flota de submarinos. Paralelamente, Moscú ha reabierto antiguas bases soviéticas y fortalecido su presencia militar en la región. Esta expansión responde tanto al propósito de disuadir la presencia de otras potencias como a compensar las nuevas realidades estratégicas derivadas del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, que han reducido la libertad de maniobra que Rusia disfrutó durante décadas en el norte europeo.

El segundo objetivo consiste en controlar la Ruta Marítima del Norte. El progresivo deshielo del Ártico convierte esta vía en una de las rutas comerciales más importantes del siglo XXI. Rusia ya exige autorizaciones previas para el tránsito de determinadas embarcaciones y aspira a ejercer sobre ese corredor una capacidad de influencia comparable, aunque no idéntica, a la que Irán proyecta sobre el estrecho de Ormuz.

El tercer pilar de la estrategia rusa es el económico. El Ártico concentra aproximadamente el 80% de las reservas rusas de gas natural y cerca del 60% de sus recursos petroleros, además de importantes depósitos de minerales críticos y enormes reservas de agua dulce. Proyectos como la planta de gas natural licuado en la península de Yamal son fundamentales para la sostenibilidad fiscal futura del país, aunque su desarrollo ha sido ralentizado por las sanciones occidentales.

La guerra contra Ucrania debe entenderse dentro de esa visión estratégica más amplia. Además de sus dimensiones territoriales y militares, el conflicto puso a prueba la cohesión política de Occidente. La violación del Memorándum de Budapest de 1994 —mediante el cual Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad ofrecidas por Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido— debilitó la credibilidad de los compromisos internacionales y abrió un intenso debate sobre la capacidad de las democracias occidentales para responder de manera unificada frente a la agresión.

A ello se suman otros instrumentos característicos de la llamada guerra híbrida: coerción energética, campañas de desinformación, ciberataques, operaciones encubiertas y el uso político de ciudadanos extranjeros detenidos como mecanismo de presión diplomática. En conjunto, estas herramientas buscan erosionar la cohesión interna de las democracias occidentales sin recurrir necesariamente a una confrontación militar directa.

Mientras tanto, Occidente continúa exhibiendo públicamente diferencias estratégicas, desacuerdos políticos y respuestas frecuentemente descoordinadas frente a los desafíos planteados por Moscú. La fortaleza de Rusia no radica únicamente en sus capacidades militares, sino también en la claridad y continuidad de sus objetivos estratégicos. El verdadero desafío para las democracias occidentales consiste en recuperar una visión común de largo plazo que les permita responder con la misma coherencia con la que Rusia ha venido ejecutando su estrategia.

Ser claudista en Nuevo León es y debe ser una forma de gobernar y de vivir el servicio público.

Así, cuando muchas personas me preguntan por qué me defino como claudista mi respuesta siempre es la misma: porque creo que Nuevo León necesita un gobierno capaz e inteligente que produzca prosperidad y, al mismo tiempo, tenga las políticas públicas para compartirla.

Nos urge un gobierno claudista, uno que impulse la inversión, fortalezca a las empresas, genere empleos bien pagados y convierta ese crecimiento en seguridad, educación, cultura, infraestructura y oportunidades para todos y, especialmente, para todas. Eso es ser claudista en Nuevo León.

Ser claudista es impulsar, con lealtad, trabajo bien hecho y con resultados medibles, el Proyecto de Nación que encabeza la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Ser claudista es hacer realidad el Plan México. No verlo como un documento del Gobierno Federal, sino como una manera de gobernar desde lo local. Y yo he demostrado, con contundencia, que la Segunda Etapa de la Cuarta Transformación en Nuevo León sí puede tener acento norteño: atraer inversión, generar empleo, fortalecer las finanzas públicas y convertir ese crecimiento en seguridad, educación, cultura, deporte y oportunidades.

Los resultados hablan por sí mismos. En la Capital de la Transformación logré atraer más de 5 mil millones de dólares en inversión, generar más de 20 mil empleos de calidad y tener una de las 5 policías más confiables de México con una certificación internacional básicamente única, al mismo tiempo que se echaron a andar profundos programas sociales, ambientales, de apoyo al adulto mayor, a la mujer y a las futuras generaciones.

Con la 4TNorteña mostramos que un gobierno honesto, cercano y capaz puede convertirse en el mejor aliado de quienes quieren invertir, producir y generar bienestar. Y lo hicimos siguiendo, AL PIE DE LA LETRA, las directrices de buen gobierno de la presidenta, desde el crecimiento equitativo hasta la reducción de trámites, la digitalización y una estrategia nacional de seguridad que exige coordinación real.

Ser claudista también es creer en el Capitalismo Social Norteño donde el Estado no sustituya a los empresarios, sino el Estado los convoque a construir prosperidad compartida.

Los buenos empresarios no son adversarios de la Transformación; son aliados para crear empleos, innovar y fortalecer la soberanía económica y política del país. Esa es una de las grandes lecciones que nos ha dado la Presidenta y que nadie puede disputar.

Cuando la inversión llega, llegan los empleos; cuando hay empleos, hay mejores ingresos; cuando hay mejores ingresos, las familias viven mejor y el gobierno local tiene más capacidad para invertir en seguridad, salud, educación e infraestructura y poner su parte para que la Presidenta continue con la digna y absoluta defensa de la Soberanía Nacional.

Por eso estoy convencido de que el mejor camino para enfrentar los grandes desafíos de Nuevo León es la adopción integral del proyecto que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Punto.

Ser claudista es, especialmente, construir una Mayoría Norteña, una articulada desde Morena. Una mayoría social que convoque a empresarios, trabajadores, universidades, jóvenes, mujeres y sociedad civil alrededor de un mismo objetivo: que nadie se quede atrás y que el crecimiento llegue a cada rincón de nuestro estado y para que la transformación eche raíces fuertes e irreversibles.

Hay otra razón por la que soy claudista. Porque creo que el desarrollo integral y humanista de un estado se mide, sobre todo, por las oportunidades que ofrece a sus mujeres. Ser claudista es construir un Nuevo León donde una madre trabajadora no tenga que escoger entre cuidar a sus hijos o salir adelante; donde una joven pueda estudiar, emprender y cumplir sus sueños; donde una abuela viva con tranquilidad y dignidad después de toda una vida de trabajo; y donde cada niña crezca sabiendo que no hay un solo espacio de la sociedad que le esté vedado por el hecho de ser mujer.

Ser claudista de verdad en Nuevo León es combatir la contaminación con innovación y una industria más limpia; enfrentar la inseguridad con inteligencia y oportunidades; resolver la escasez de agua con planeación e infraestructura; y garantizar igualdad de oportunidades, de empleo de prosperidad para mujeres y hombres. Ser claudista es entender que el crecimiento económico solo perdura cuando fortalece el tejido social y mejora la vida cotidiana de las familias, los jóvenes y los adultos mayores. Y esa es la esencia de la 4T Norteña.

Por eso insisto siempre: Nuevo León no necesita elegir entre crecimiento económico y justicia social. Necesita ambas cosas al mismo tiempo. Necesita producir más, innovar más y atraer más inversión, pero también compartir mejor esa prosperidad. Necesita, en una palabra: ser claudista. Yo lo soy.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

Sin pueblo, sin economía, sin narrativa y sin opciones la dictadura de Cuba sigue ejerciendo terrorismo de Estado, detentando el poder desde hace más de 67 años y 5 años después del levantamiento popular 11-J. En retirada luego de su expansión en las Américas como socialismo del siglo 21 que impuso su modelo criminal en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y gobiernos sirvientes o para dictatoriales, la tiranía castrista se sostiene por las dictaduras de Irán, China y Rusia, desafiando la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Corolario Trump.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en Noviembre 2025, punto 3 de “Las Regiones” dice: “Hemisferio Occidental: El Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Tras años de desatención, Estados Unidos reafirmará y hará valer la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, así como para proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Impediremos que competidores ajenos al hemisferio desplieguen fuerzas u otras capacidades amenazantes, o que posean o controlen activos de importancia estratégica en nuestro hemisferio. Este «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe representa una restauración potente y basada en el sentido común del poder y las prioridades de Estados Unidos, en consonancia con nuestros intereses de seguridad nacional”.

En este contexto de la seguridad nacional estadounidense los “competidores ajenos al hemisferio” son principalmente las dictaduras de Irán, China y Rusia a las que ya ha retirado del control y operaciones que por medio de la dictadura de Cuba tenían en Venezuela. Desde la captura de Nicolas Maduro el 3 de enero 2025, tanto Cuba como las dictaduras ajenas al hemisferio, han perdido el petróleo venezolano, han cesado su presencia física, de cobertura narcoterrorista, de influencia geopolítica, de fabricación y tráfico de armas, de espionaje, conspiración regional y más.

A pocos meses de su publicación, la Seguridad Nacional de Estados Unidos ha resultado la seguridad de las democracias de las Américas. Así lo prueban las operaciones anti narcoterroristas Lanza del Sur, la iniciativa del Escudo de las Américas y los reportes casi diarios de operaciones contra el crimen organizado trasnacional y el narcoterrorismo en todos los países de las Américas, con excepción de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. El apoyo político y económico, la participación de inteligencia, policial y militar estadounidense es creciente con resultados que se reflejan en la retirada paulatina de la presencia del crimen en la política, evidenciada en capturas, extradiciones y en resultados electorales como los de Chile y Colombia.

El socialismo del siglo 21 como mascarón político de la expansión de la dictadura de Cuba agoniza en crisis, pero no está derrotado ni ha dejado de ser. Opera vigorosamente atrincherándose en “oposiciones políticas” para proteger los sistemas jurídicos infames que ha impuesto y tener impunidad como sucede en Argentina contra Milei, en Ecuador contra Noboa, como se anuncia en Perú contra Fujimori, y más; hay situaciones más críticas como la de Bolivia donde Paz ha tomado el gobierno pero no el poder que sigue digitado por el narcoestado de la trasnacional del crimen que por ahora le da coexistencia.

Hay gobiernos democráticos que se han expresado vigorosamente contra la dictadura de Cuba, pero la mayoría de las democracias latinoamericanas mantienen silencio que resulta complicidad. Lo mismo acontece con la relaciones internacionales con Irán, China y Rusia que penetraron, se instalaron y crecieron exponencialmente en toda Latinoamérica con el patrocinio cubano a través del control que el socialismo del siglo 21 o castrochavismo ejerció en los últimos 20 años en la región. Relaciones internacionales y presencia intacta de las democracias latinoamericanas con Irán, salvando excepciones.

Desde la captura de Maduro la dictadura de Cuba derrotada y expulsada de Venezuela, sabe que es el objetivo y el ultimátum de los Estados Unidos fue claro. Pero mientras gana tiempo negociando con la administración Trump, el castrismo resiste con los gobiernos para dictatoriales de Brasil con Lula, México con Sheinbaum, derrotado en Ecuador, Chile y Colombia conspira y desestabiliza lo mismo que en Perú, Paraguay, Panamá y en la propia Venezuela, mientras retiene Bolivia, y con Nicaragua penetra Centro América y un largo etcétera en el juego de “ceder espacios tácticos para ganar tiempo estratégico”.

Con sus aliados extra hemisféricos Irán, China, Rusia, la dictadura castrista presiona para causar daños en la imagen del gobierno americano mientras no deja de operar la guerra híbrida contra Estados Unidos con mecanismos desde la desinformación hasta su especialidad en conspiraciones, intentos de magnicidios y ampliación de conflictos.

Se dice que la prolongación de la guerra en Irán protege a la dictadura de Cuba y dilata las decisiones estadounidenses, es posible, pero lo cierto es que con la dictadura de Cuba y en Cuba, las dictaduras de Irán, China, Rusia “mantienen fuerzas y otras capacidades amenazantes y poseen y controlan activos de importancia estratégica en nuestro hemisferio”, desafiando el Corolario Trump y manteniendo la agresión contra Estados Unidos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

La Inteligencia Artificial (IA) representa un cambio de tal profundidad que es de aquellos de historia larga, de los que van a remodelar a las sociedades como también las actitudes y comportamientos de los seres humanos. No se trata solo de nuevas máquinas, sino que marcará el funcionamiento mismo del entramado social, del económico como también de las personas, toda vez que trae consigo una nueva era de conocimientos científicos que ampliarán la frontera de lo posible, a modo de ejemplo, en áreas como la salud y las expectativas de vida; probablemente no hay sector que no será tocado o modificado.

Cuando apareció la revolución industrial muchos de los contemporáneos no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero ahora sabemos que este proceso está teniendo lugar ante nuestros ojos. No se trata de un distante futuro, sino que un nuevo mapa de poder global se está dibujando, con decisiones que ya se han tomado o se están tomando en el día de hoy. De partida, probablemente decidirá la contienda entre China y EE. UU. por quién será la superpotencia del siglo XXI.

A todos nos consta que esa carrera ya se vive, pero también se están decidiendo posiciones para el resto del mundo, toda vez que a nivel intermedio definirá la ubicación de los países, ya que estar más arriba o más abajo dependerá de su éxito en infraestructura o inversión oportuna. El resultado será un ranking nuevo en el mapa de poder, ya que tendrán mejor ubicación no solo quienes se integren a la cadena de producción de chips avanzados, sino también los que aporten infraestructura tan importante como energía o el territorio donde se ubiquen los centros de datos, a diferencia de la total dependencia de quienes sólo consumirán las nuevas tecnologías. En definitiva, también se podría estar avanzando o retrocediendo con decisiones que se estén tomando hoy, y aquellos gobernantes que no actúen en forma oportuna, podrían estar condenando a sus países a quedar rezagados.

Ante un cambio de tal magnitud, la pregunta es ¿cómo se regula la IA?

La respuesta es que se necesitan varias cosas, incluyendo buscar un ejemplo útil en la historia como también entender la profundidad de lo que está pasando, a lo que se deben agregar acuerdos a nivel nacional e internacional, lo que presupone un debate amplio, sin cancelaciones de ninguna especie, como tampoco superioridades morales al igual que el alejamiento del catastrofismo paralizante. Además, se debe hacer el esfuerzo de reducir el lobby de los inmensos intereses económicos que están detrás de las nuevas tecnologías como también los de aquellos sectores que están siendo desplazados. Por último, de la mayor importancia es que los dos países líderes, China y EE. UU. decidan que es un desafío para abordar en conjunto.

La regulación de la IA es tan relevante que no solo es tarea de científicos sino también hay un lugar para políticos, jueces y diplomáticos, en el sentido que aún en las democracias más sólidas se debe evitar que ante los cambios que se producirán, el temor de los votantes impulse el populismo de líderes que se transformen en el equivalente a los luditas de la revolución industrial, aquellos artesanos y trabajadores de la Inglaterra del siglo XIX (1811-1816) que destruían maquinaria textil como protesta contra las malas condiciones laborales y la pérdida de empleo.

También hay que precaverse de la aparición de ese peligro conocido como la República de los Jueces, es decir, magistrados de rango inicial o intermedio que, en vez de aplicar la ley, se sientan motivados a crearla e intenten detener a la IA con decisiones que muchas veces son fruto del temor y el desconocimiento, parte del llamado “populismo judicial”.

Se trata, por lo tanto, de un tema que abarca áreas diversas, para cuya resolución mucha influencia tendrá la lentitud o velocidad con la que se adapten tanto las personas como también las organizaciones, no solo las empresas comerciales, toda vez que la IA adquirirá relevancia también en los ejércitos y en las guerras, además de la educación, la cual no ha reaccionado todavía, a pesar de que va a modificar la manera como aprenden las personas.

Necesitamos un debate de una amplitud tal, que quizás no se ha dado nunca, para así poder tener dos productos de calidad, por una parte, tratados internacionales para conducir este proceso a nivel mundial, como también en la otra, reformas constitucionales que a nivel nacional protejan a las personas a través de la incorporación de los llamados neuroderechos, como una nueva etapa de los derechos humanos.

El mundo necesita no repetir los errores cometidos en el último proceso de transformación que se ha vivido, cual lo fue la aparición del internet y la computación, donde todavía se lamenta no haber hecho una mejor y más oportuna regulación, errores que no deben repetirse, sobre todo, en la protección de la niñez y adolescencia. Al mismo tiempo, debemos aprender de la historia, toda vez que, a diferencia de las revoluciones sociales y políticas los cambios tecnológicos son procesos casi siempre irreversibles, donde todo tiene lugar demasiado rápido para que pueda ser regulado en forma oportuna por el derecho.

El mundo es testigo de lo que ya tuvo lugar, donde con enorme rapidez aparecieron empresas como las llamadas 7 magníficas (Alphabet -Google-, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla) que con su poder tecnológico y económico hoy superan los indicadores de la mayoría de los países del mundo. Seguramente, varias de ellas se verán pronto desplazadas por las nuevas empresas dueñas de la IA, si es que no logran adaptarse a las nuevas condiciones. Para todos, esa adecuación es imprescindible, ya que no sabemos si el cambio será brutal o incremental. En todo caso, la velocidad es tal, que, seguramente lo que parece ser de ciencia ficción será muy pronto realidad cotidiana.

El mundo necesita avanzar hacia acuerdos nacionales e internacionales que establezcan líneas rojas a no ser traspasadas, quizás un equivalente a las leyes de la robótica que el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov estableció como medida de protección para los seres humanos, buscando contrarrestar el llamado “complejo de Frankenstein”, es decir, el temor que máquinas pudieran rebelarse contra sus creadores. La primera ley era que “un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño”. La segunda decía que “un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley”. La tercera señalaba que “un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley”.

Nada semejante tenemos en relación con la IA, nada, ni siquiera en la literatura o el cine, nada que sirva de orientación. Por ello, debemos avanzar en la regulación. Por el momento, es solo una idea, y ante la inactividad de los dirigentes políticos, han reaccionado líderes religiosos como León XIV, quien dedicó su primera encíclica al tema, abordando de pasado un tema de fondo, como evitar que el ser humano y su dignidad sean sacrificados en nombre del progreso.

Mi propuesta se basa en tres puntos. El primero es recurrir al ejemplo más cercano, donde hubo éxito en limitar los efectos negativos de la energía atómica durante la guerra fría, desde el momento que dos potencias a las que todo separaba como EE. UU. y la URSS, por rara vez en la historia, manejaron el inédito poder del armamento nuclear y lograron evitar un enfrentamiento directo. Hoy, China y EE. UU. compiten por el liderazgo mundial, por lo que debieran aprender de ese pasado, esforzándose para llegar a acuerdos sobre la IA, que inevitablemente serán seguidos por la inmensa mayoría de países, dado que ellos dos son los países que están más avanzados, a larga distancia del resto.

En segundo lugar, la protección de los aspectos negativos y del temor que existe en relación con la IA, debiera manifestarse en un Tratado como nivel superior de derecho internacional como también a horizonte nacional, la protección debe inscribirse a nivel constitucional, desarrollando los neuroderechos, que aparecieron para definir a la mente como aquello que no debe ser invadido ni colonizado, como el templo humano a no ser violentado, ni siquiera con el disfraz del lucro comercial.

En tercer lugar, hay que hacer lo que no se hizo oportunamente con la computación, en el sentido de regular mucho mejor, por lo que sin obstruir la innovación, tanto China como EE. UU. debieran regular mejor a las empresas, evitando la imposición de criterios políticos por parte de China como también la impunidad garantizada por ley de instrumentos legales como la Sección 230 en EE. UU. , que en la práctica todavía impide que se pueda responsabilizar en tribunales a las grandes empresas tecnológicas por lo que se emite en redes sociales, a diferencia de tecnologías más antiguas como radio y TV.

Como lo demuestra el caso de Irán, el peligro atómico todavía está presente, pero EE. UU. y la URSS evitaron el enfrentamiento directo que hubiera conducido a la guerra nuclear, además de haber logrado la aparición de un sistema nuevo que protegió al mundo al permitir que pudiera ser regulado el inédito poder destructivo inédito que había surgido al finalizar la segunda guerra mundial.

Con sus avances y retrocesos, y en plena readecuación geopolítica, hoy se vive todavía el proceso de globalización que apareció después de la guerra fría, etapa ya superada que ha sufrido una condena demasiado cerrada, sin que se hiciera justicia a logros tales como el mencionado de regulación del peligro atómico, toda vez que se creó de la nada un sistema que lo administró, y que esencialmente todavía dura. Clave fue el desarrollo de las líneas rojas, es decir, una breve lista de situaciones, por los cuales uno y otro estarían dispuestos a ir a la guerra, y, por lo tanto, debieran siempre evitarse en las decisiones que se tomarán.

Fue una etapa con muchos villanos, pero también con algunos héroes que todavía no reciben el homenaje debido. Uno de mis favoritos es Stanislav Yevgráfovich Petrov (1939-2017), quien, como teniente coronel de las Tropas de Defensa Aérea Soviética, probablemente evitó la tercera guerra mundial, por el rol clave que tuvo en el llamado incidente del equinoccio de otoño en 1983.

El 26 de septiembre de ese año, tres semanas después de que la URSS derribara el vuelo 007 de Korean Air, en un momento de extrema tensión ya que ese país esperaba una respuesta de occidente, el sistema de alerta temprana nuclear OKO informó equivocadamente que se había lanzado un misil desde los EE. UU. seguido por otros cuatro, todos en camino. En ese momento, Petrov era el oficial de guardia a cargo, y a pesar de tener órdenes estrictas de respuesta, Petrov decidió ante su conciencia que era una falsa alarma, por lo que no acató las instrucciones que tenía según el protocolo militar soviético. Sin duda, ayudó a evitar un intercambio de misiles que pudo haber desembocado en una guerra nuclear. Fue, por cierto, el fin de su carrera militar, a pesar de que la investigación demostró que la alerta satelital soviética había funcionado mal. A mi juicio, Petrov fue un héroe, que debió haber tenido un reconocimiento mayor, tanto en Rusia como en Occidente.

Creo que el mundo debe dejar de satanizar a la guerra fría y tener una aproximación más balanceada sobre sus virtudes y defectos. A China y EE. UU. les corresponde recuperar la noción probadamente útil de líneas rojas a no ser traspasadas, y creo, que, de partida, hacer un aprendizaje de lo que se hizo para el poder nuclear, regulándolo, aprovechando la energía para fines pacíficos, y protocolos muy rígidos para su poder destructivo, que en definitiva pudo ser impuesta al resto del mundo, a pesar de que Pakistán y Corea del Norte sorprendieron al también poseer misiles con la capacidad de transportar sus bombas atómicas.

EE. UU. y China podrían aprender de esta experiencia para establecer una ética del límite en relación con la IA, y para descubrir en la IA un elemento común de negociación, lo que a su vez podría ayudarlos a que su enfrentamiento se redujera al ámbito económico para colaborar con el resto del mundo en un tratado internacional de regulación. Lo que esos dos países pueden hacer, aprendiendo de la parte positiva de la guerra fría, es clave para la etapa que se vive, toda vez que vivimos una época donde el propio éxito científico-tecnológico ha aniquilado el antiguo paradigma del progreso indefinido, entendiendo que se puede tanto avanzar como retroceder, y que los símbolos de vida también pueden serlo de muerte, por lo que hay que aceptar que el desarrollo tecnológico puede ir acompañado de subdesarrollo espiritual y cultural.

Sin embargo, para una adecuada regulación no basta con el ejemplo de lo avanzado con la energía atómica, que por insuficiente que sea, en su oportunidad se hizo a partir de la nada, ya que nada servía de orientación para negociaciones que con posterioridad desembocaron en la détente. Más aún, China y EE. UU. pueden cumplir un rol más satisfactorio que la URSS y EE. UU., si logran encontrar una causa común en ponerle límites a la IA sin sacrificar su competencia económica por ser la potencia dominante en el siglo XXI, para ello se necesitan dos cosas en forma adicional, siendo la primera controlar y por lo tanto, regular mucho mejor a las empresas, en momentos que las 7 magníficas pueden ser desplazadas de su actual dominación económica por las nuevas empresas de IA, que van a ir saliendo a la bolsa, una a una.

La segunda necesidad es entender que toda regulación siempre va a ser incompleta si es que no se lograra incorporar a nivel internacional y nacional la respuesta bioética que se necesita en la forma de los neuroderechos, no como moda jurídica, sino como protección contra toda intervención para acceder, registrar, modificar y comercializar la interioridad humana, la mente, el último de los últimos santuarios a ser resguardados. Es a la vez identidad personal e integridad psíquica, derecho humano a ser protegido en una fase incluso anterior a que sea expresado, evitando toda captura tecnológica o comercial, sobre todo, actuando a tiempo para evitar lo que ha ocurrido con la internet y la falta de protección de niños y adolescentes, con la impunidad indebida que la sección 230 concede a las empresas que lo han permitido.

En definitiva, todo neurodato debe ser protegido de usos secundarios, aún aquellas situaciones que el propio sujeto desconoce, por lo que realmente no existe ni puede existir un consentimiento informado de esos estados internos. Es imprescindible avanzar hacia una ética del límite en la IA, ya que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable, por lo que la mente no puede ser modificada o explotada, necesitándose la ampliación de la noción de derechos humanos, a través de la incorporación como deber constitucional que la interioridad humana sea inviolable para el mercado y/o el Estado.

Para la IA no deben existir empresas cuyo tamaño o poder haga imposible su regulación, por lo que es necesario que se imponga la idea que la mente humana es una frontera que no puede ser violada, debiendo ser una línea roja infranqueable, ni siquiera como experimento con reclusos.

Como conclusión, siempre, toda revolución tecnológica ha traído consigo la capacidad para hacer el bien como también el instrumental para el mal, si cae en las manos equivocadas. En ese sentido, la IA no es diferente, por lo que como nunca necesitamos que el sistema educativo promueva el pensamiento crítico para que no se difunda aún más, esta situación de reciente aparición de no pensar por sí mismo, y consultar todo debate de amigos a la aplicación de IA que estemos usando.

Mi impresión personal es que por sí sola la IA no va a cambiar la esencia de lo que somos los seres humanos, ya que, por algo, evolucionamos más lentamente y hemos aprendido lo que Schopenhauer (1788-1860) enseñaba, que, si difícil es encontrar la felicidad dentro de uno mismo, es imposible encontrarla en otro lugar.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U de Essex), Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Cada 18 de julio, Argentina se enfrenta a uno de los capítulos más dolorosos de su historia. Esta semana se cumplen 32 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y que sigue siendo el atentado terrorista más letal de la historia de Argentina. Con el devenir del tiempo toda conmemoración corre un riesgo: convertirse en un ritual que pierde su capacidad de interpelarnos.

Ese día no puede reducirse a una fecha en el calendario. Lo que ocurrió aquella mañana de 1994 no golpeó únicamente a la comunidad judía: fue un ataque contra la democracia argentina, contra la convivencia y contra los valores de una sociedad plural. Fue, también, uno de los puntos más bajos de la historia del país. Por eso recordar es una responsabilidad de todos.

Hoy, esa responsabilidad adquiere un significado aún más relevante. El antisemitismo atraviesa un preocupante resurgimiento en todo el mundo. Tras los ataques terroristas de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, el odio contra los judíos volvió a manifestarse con fuerza, alimentado por la polarización, la desinformación y la velocidad con que las redes sociales amplifican los discursos extremistas.

Argentina ocupa en este escenario un lugar particular, casi paradójico. Dentro de los países con las comunidades judías más grandes en la diáspora (J7), sigue siendo uno de los países más seguros para la vida judía y, sin embargo, no está al margen de las corrientes globales actuales. La DAIA registró 713 incidentes antisemitas en 2025, lo que representa un aumento del 67% con respecto a 2022. Aunque entre 2021 y 2023 Argentina registró apenas cuatro incidentes violentos, en los dos años siguientes esa cifra ascendió a 19 –10 en 2024 y nueve en 2025–, una tendencia que evidencia un incremento drástico en el número de ataques violentos. Detrás de esas cifras hay una advertencia que excede a una comunidad: cuando el prejuicio se normaliza y el extremismo circula sin resistencia, toda la sociedad se vuelve más vulnerable.

La violencia nunca aparece espontáneamente. Antes llegan las palabras que deshumanizan, las teorías conspirativas que erosionan la confianza pública y los discursos que convierten al otro en una amenaza. Esa violencia encuentra terreno fértil cuando las lecciones de la historia, desde el Holocausto hasta la propia AMIA, dejan de transmitirse con la fuerza necesaria.

Y hay algo más que no debe olvidarse. La justicia argentina estableció que tanto el ataque a la AMIA, hace 32 años, como el bombardeo contra la Embajada de Israel, hace 34, fueron planificados por el régimen de Irán y ejecutados por su brazo armado, Hezbollah. Es el mismo patrón que se repite hoy: Irán, principal exportador de antisemitismo y terrorismo en el mundo, respaldó a Hamas en la masacre del 7 de octubre y sostiene a Hezbollah y a otros grupos terroristas que aún atacan al único Estado judío. Cuando el odio contra los judíos cuenta con el auspicio de un Estado, deja de ser un problema local y se vuelve una amenaza global.

En ese contexto, el liderazgo importa. Mientras numerosos gobiernos han respondido con ambigüedad frente al crecimiento del antisemitismo, el gobierno argentino ha rechazado de manera contundente el antisemitismo, tomando pasos concretos para proteger a la comunidad judía. Ese compromiso tiene un impacto real. Cuando quienes ejercen responsabilidades públicas condenan el odio, establecen un estándar que ayuda a toda la sociedad a distinguir con claridad entre el debate legítimo y la intolerancia. Pero ningún liderazgo institucional basta por sí solo.

La experiencia del resto de los países del J7 (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia) ofrece una lección que no debería ignorarse. Durante décadas, las comunidades judías en estos países podían expresar libremente su identidad y desarrollar plenamente su vida comunitaria sin temor. El aumento sostenido de los incidentes antisemitas en los últimos años y los recientes ataques terroristas contra judíos en Australia, EE.UU. y Reino Unido demostraron que, incluso las sociedades más abiertas, pueden verse sorprendidas cuando la intolerancia no se enfrenta a tiempo.

Combatir el antisemitismo exige mucho más que condenas posteriores a cada incidente. Requiere educación, instituciones sólidas, una justicia que actúe con firmeza y una sociedad civil dispuesta a rechazar cualquier forma de discriminación antes de que derive en violencia.

Y hay una deuda que no puede quedar fuera de esta reflexión: 32 años después, las víctimas de la AMIA y sus familias siguen esperando justicia plena. Ha habido avances importantes, pero la impunidad prolonga el dolor y transmite una señal peligrosa: que el terrorismo puede quedar sin consecuencias. Ninguna sociedad puede permitirse aceptar ese mensaje.

Con esa convicción vine a Argentina junto a una delegación de la Liga Antidifamación (ADL). Lo hago para acompañar a la comunidad judía en un nuevo aniversario de la AMIA, abrazar a las familias de las víctimas, fortalecer la cooperación con las autoridades y la sociedad civil, y reconocer el compromiso del gobierno argentino con la comunidad judía. Mi visita coincide, además, con un momento de especial relevancia: Argentina asumió la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una oportunidad para profundizar la cooperación internacional y promover herramientas eficaces para enfrentar el antisemitismo.

El aniversario de la AMIA no debería ser apenas un momento para mirar hacia atrás. Debe ser, sobre todo, una oportunidad para renovar un compromiso compartido: enfrentar el antisemitismo, combatir el terrorismo y defender la convivencia y nuestros valores democráticos.

Porque una democracia no se define únicamente por la fortaleza de sus instituciones. También se mide por su capacidad para proteger a sus minorías, defender la dignidad humana y actuar antes de que el odio vuelva a convertirse en violencia.

*Marina Rosenberg es la vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).

En este quinto aniversario de la rebelión nacional del 11 de julio de 2021 un balance entre las fuerzas represivas y las de la población no deja espacio a duda: un pueblo hambreado, desarmado, sin conexión a internet como en aquella jornada no puede enfrentar con éxito la brutal maquinaria represora del régimen castrista. Por esa razón esta vez las miradas desde Cuba se vuelven hacia Washington.

El tiempo se acaba

La pregunta de si en los próximos meses podría estallar una guerra entre Estados Unidos y Cuba parte de una premisa equivocada. Refleja una comprensión insuficiente de la estrategia y de los recursos que ambas partes llevan meses movilizando en preparación para una probable escalada del conflicto. La verdadera pregunta no es si Estados Unidos y Cuba entrarán en guerra en los próximos meses, sino cuándo se reconocerá que ese conflicto ya está en curso.

Desde hace tiempo ambos países movilizan instrumentos políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad, propios de una escalada estratégica que trasciende el concepto tradicional de guerra. La guerra, en realidad, ya ha comenzado.

El objetivo principal de Washington en esta primera etapa es tratar de alcanzar sus propósitos por medio de un conjunto de acciones –económicas, políticas, diplomáticas– sin necesidad de tener que llegar a recurrir a operaciones militares (aunque estas no se han descartado). Las más espectaculares fueron las de poner fin a los subsidios petroleros gratuitos que llegaban desde Venezuela y el inicio de nuevas sanciones financieras contra el conglomerado GAESA.

En paralelo, Washington lleva meses construyendo la arquitectura institucional y jurídica necesaria para sustentar y legitimar una eventual acción cinética. Se ha reformulado la doctrina de seguridad nacional de forma que incluya el caso cubano como amenaza inminente y creíble. Se ha iniciado un proceso judicial contra Raúl Castro (máxima autoridad real en Cuba). Se ha construido un sistema interamericano paralelo a la OEA (Escudo de las Américas) con su propio tratado de asistencia militar recíproca en la lucha contra el terrorismo y el crimen regional organizado. Ambas instituciones nacen libres del régimen de consenso para adoptar decisiones que ha paralizado a la OEA desde hace décadas. También se han adoptado medidas que exponen y criminalizan las acciones subversivas que algunos grupos emprenden bajo el beatífico disfraz de la “solidaridad con los pueblos” o la “lucha por la paz”.

Podría decirse que todas las piezas están en su lugar y solo falta la decisión final del presidente de Estados Unidos para ejecutar alguno de los diferentes juegos operativos y opciones que han sido diseñados para aplicarse según sea el alcance de los objetivos que se persigan con las acciones militares.

La estrategia cubana: ralentizar o cancelar la fase cinética estadounidense

Para el régimen cubano no existe posibilidad alguna de vencer militarmente a Estados Unidos. Su única probabilidad de salir airoso en una escalada del viejo conflicto entre ambos países proviene de la capacidad que demuestre tener para paralizar y/o ralentizar los mecanismos de toma de decisión estadounidense. Para ello se siembran dudas sobre la necesidad, legitimidad, oportunidad y costos que puede suponer iniciar acciones militares en la isla.

Si en un conflicto cinético cada bando mide su progreso por los blancos batidos con misiles, en esta guerra híbrida La Habana mide el éxito por el número de artículos o comentarios editoriales publicados en medios estadounidenses de gran alcance (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, CNN) que cuestionan la sabiduría de iniciar acciones cinéticas contra Cuba y recomiendan regresar a la fracasada política de contención diplomática de los últimos 67 años. Si la suma aritmética de esos artículos fuera indicadora de victoria –como lo fue en su momento la contabilidad de las bolsas de cadáveres enemigos en Viet Nam– La Habana tendría razones para pensar que está comenzando a ganar esta primera fase. Así, calculan, podrían evitar que Estados Unidos pase a la segunda (cinética) en la que no tiene posibilidad alguna de maniobrar o vencer.

El régimen cubano ha movilizado casi todos los recursos de su maquinaria híbrida. Por un lado, espías sembrados a niveles altos y medios de la burocracia estadounidense. Por otro lado, agentes de influencia que se movilizan en medios de prensa, instituciones religiosas, culturales y otras organizaciones de la sociedad civil, así como en partidos políticos y sus representantes en el Congreso.

Sabiendo que la decisión final de ejecutar una acción militar recae sobre el presidente –ya intentaron y fracasaron varias veces tratando de que fuese el Congreso quien la aprobase– y conociendo las diferentes corrientes de pensamiento e intereses que se mueven en su entorno, han desplegado una actividad frenética de cabildeo: desde congresistas demócratas y republicanos hasta influencers socialistas y ultraconservadores. La Habana es pragmática. No apuesta su seguridad a la gestión exclusiva de Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortes o Zohran Mamdani.

En días recientes se han filtrado documentos cubanos que bajo el título general de Plan de Respuesta Rápida Internacional se detallan las acciones que deberán asumir los asociados a ese engranaje de organizaciones que se movilizan en su favor. No es arriesgado presumir que planes similares deben estar en marcha en algunos países latinoamericanos donde desestabilizar la gobernabilidad les resulte más viable, bien sea por los recursos humanos y materiales a su disposición (entre ellos los que aporta el crimen transnacional organizado regional), o por vivir un momento de transición institucional (Colombia, Perú) o de inestabilidad en su gobernabilidad interna (México).

En esos países y en otros más no solo cuentan con bases ciudadanas de simpatizantes, sino con células clandestinas entrenadas en infiltrarse en manifestaciones pacíficas legítimas, y así desatar confrontaciones violentas con las fuerzas del orden que generen muertes y atraigan titulares de la prensa internacional. Los fallecidos por su causa son entonces esgrimidos como mártires de la brutal represión capitalista. En 2019 lo hicieron en Chile, Colombia y Ecuador. No es descartable que en el futuro cercano veamos a la amorfa y descentralizada Antifa jugando ese papel violento dentro de Estados Unidos como contribución al Plan de Respuesta Rápida Internacional de La Habana.

Las consecuencias de no actuar

Una vez traspasado un cierto umbral de expectativas, el costo de la inacción es mucho más alto y potencialmente impagable que los riesgos de actuar. La parálisis política histórica ha permitido la consolidación en Cuba de un peligro permanente para la seguridad regional.

El abandono de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos en abril de 1961 generó una percepción de debilidad estadounidense a los ojos de la URSS que precipitó la Crisis de los Misiles del año siguiente. La inacción tiene a menudo considerables e imprevisibles costos.

De no actuar en Cuba antes de que expire la ventana actual de oportunidad, son de prever las siguientes consecuencias:

• Erosión de la credibilidad: Estados Unidos perdería su capacidad de ejercer amenazas creíbles en otros escenarios estratégicos si se muestra indeciso ante un enemigo pequeño en su mayor debilidad histórica. También la perdería a los ojos de los cubanos en la isla y de la comunidad establecida en Florida que representa un sólido bloque electoral del partido republicano.
• Supervivencia y radicalización del régimen: El régimen podría consolidar por varias décadas su nuevo estatus de oligarquía autoritaria, prefiriendo siempre alianzas con otros regímenes semejantes y adoptando conductas internacionales más agresivas e irresponsables al sentirse fortalecido por haber resistido ahora la presión externa.
• Impacto político doméstico: La abstención de actuar tras haber generado expectativas de cambio afectaría los resultados electorales, especialmente en Florida y mantendría latente el peligro de futuros éxodos migratorios desde la isla.

Conclusión

El tema cubano tendrá un impacto en Estados Unidos, bien sea si se cancela la acción para cambiar su régimen o si se llegara a ejecutar exitosamente.

En ocasiones, la historia concede una breve ventana para corregir errores acumulados durante generaciones. La historia rara vez ofrece segundas oportunidades. Estados Unidos se encuentra ante una de esas coyunturas excepcionales en las que la decisión de actuar —o de no hacerlo— redefinirá durante décadas el equilibrio estratégico del hemisferio y puede abrir o cerrar el espacio a una escalada internacional de desafíos basada en una renovada percepción de su debilidad. También puede decidir el equilibrio electoral futuro en La Florida y quizás más allá. Esta presidencia tendrá que escoger en 2026 cuál de los dos legados prefiere dejar a sus sucesores. Después de las expectativas creadas esa encrucijada es ahora ineludible.

El tiempo de los diagnósticos está llegando a su fin. Ha llegado la hora de las decisiones. El reloj ya comenzó la cuenta regresiva.

Ni los famosos invitados, ni sus rutilantes vestuarios, ni la peculiar gastronomía, ni tan solo la grandilocuencia del Madison Square Garden donde se ha oficiado la ceremonia. No, el gran ítem de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce que ha movido un gran ruido público ha sido el oficiante del acto, el actor Adam Sandler. A pesar de ser amigo de la pareja, con cuya compañía ha sido visto en muchas ocasiones, su condición de judío, mutada inmediatamente en “sionista”, se ha convertido en el motivo de ataque y señalamiento, tanto del actor, como de la cantante.

A partir de aquí, el asedio de los sospechosos habituales ha sido implacable. Los de Land Palestine (cuya cuenta fue suspendida en Instagram) han asegurado que Swift ha dejado clara su posición proisraelí, y la vocera pro palestina Kate Crawford ha postulado que “todos son sionistas, y no hay duda al respecto”. El debate, abierto en canal en las redes, ha sentenciado dos cosas preocupantes: una, que Swift tenía una posición geopolítica respecto al conflicto, a pesar de no haberse posicionado nunca; y dos, que Sandler era la prueba fehaciente de dicho posicionamiento, a pesar de haber mantenido un perfil bajo al respecto. Por el camino, las excavadoras han buscado otras “pruebas de cargo”, como el hecho que la pareja hubiera cenado en el popular Or’esh, el restaurante israelí del Soho, o que en 2023 Sandler había dicho que tenía “el corazón destrozado” después de la masacre del 7-O, y había firmado una carta a Joe Biden para que ayudara al retorno de los rehenes de Hamás. Solo existía esa acción de Sandler, alejado del activismo de otras personalidades de Hollywood, pero ya ha sido suficiente para grabarle la estrella en el brazo. Tampoco no ha servido de nada que Sandler no haya visitado nunca Israel, o que Gigi Hadid, cuya retórica antiisraelí es sobradamente conocida, estuviera entre los invitados.

En conclusión, nada importa, porque en este momento de masificación del discurso pro palestino, no existe ni el derecho al silencio, ni la ambigüedad racional, ni el gris argumental, ni la posibilidad de tener la posición contraria y defender abiertamente a Israel. Convertida en el gran Satán y despojada de su historia trágica y de todas sus razones, Israel es el apestado del debate público, y a partir de la demonización del estado hebreo, todo el mundo judío queda bajo sospecha. No sirve intentar estar al margen, ser un actor o una cantante que solo quieren actuar o cantar, vivir la creación más allá de la geopolítica, es igual porque los judíos y sus amigos están bajo asedio. Se ha abierto la veda de caza al judío así, en seco, sin la coartada del antisionismo, la plataforma que disfraza hábilmente el antisemitismo de siempre. Ese es el síntoma preocupante que emana de la polémica Swift-Sandler: la imposición, vía amenaza de estigmatización, del pensamiento único pro palestino. Único e integral, porque este pensamiento único normaliza y blanquea, dentro del “Free Palestine” todo lo detestable, desde el terrorismo palestino, hasta el papel de Irán o la masacre del 7-O. ¿Por qué Swift deber estar obligada a tener una posición clara sobre el conflicto más complejo del mundo, cuyas derivadas internacionales son múltiples? ¿Por qué no puede ser su oficiante de boda un amigo judío, sin que ello la convierta en enemiga del pueblo palestino? Y a partir de aquí, el resto de preguntas que levantan la red flag del momento que vivimos: el palestinismo se ha convertido en un dogma impuesto, sin debate, ni réplica, simplificado hasta el paroxismo y sin las múltiples aristas que deberían motivar el debate. Un palestinismo ideológico, alejado de la realidad (y las necesidades) del pueblo al que dice defender, no en vano blanquear al terrorismo solo sirve para hipotecar eternamente el futuro del pueblo palestino.

Si este fenómeno de imposición del dogma es especialmente vistoso en la polémica Swift-Sandler, dada la relevancia de sus protagonistas, es igualmente visible en los múltiples actos antisemitas que se están produciendo en el mundo. Solo en los últimos días en España, los ejemplos van en cadena: expulsión de dos mujeres de una sauna LGTB de Barcelona por llevar un colgante con una estrella de David; persecución en masa de un grupo de judíos jasídicos franceses que salían de una sinagoga de Barcelona con sus kipás después del oficio; suspensión de la presentación en la Feria del libro de Santander de un libro de Haikus japoneses del escritor judío-argentino Marcos Ricardo Barnatán, después del violento asedio de centenares de pro palestinos; y, finalmente, la vergonzosa pancarta “Destroy Israel” en el chupinazo de los Sanfermines en San Sebastián, emitido en directo por Televisión Española, sin ningún comentario crítico, ni reproche. ¿Qué une a todos estos actos de boicot, sino es la judefobia? Expulsar a unas mujeres por llevar un mero símbolo judío…, perseguir a un grupo de judíos jasídicos por sus vestimentas…, boicotear a un poeta que considera que la cultura une a los pueblos…, y al final, pedir la destrucción de todo un país, es decir, hacer apología del genocidio de nueve millones de personas, y todo ello, hacerlo en nombre de la solidaridad, la paz, los pueblos y etcétera…

¿Cuántas más alarmas necesitamos para entender que lo que está ocurriendo es muy grave? ¿Cuántas para entender que la caza al judío se está normalizando a pasos de gigante? ¿Cuántas para considerar que este fenómeno de imposición del pensamiento único destruye los fundamentos de la sociedad democrática? El síntoma Taylor Swift nos apela directamente, porque representa la degradación de los valores occidentales que han dado forma a la sociedad de la libertad. Sustituidas las ideas por los dogmas, y los debates por las pancartas, no queda nada: el pensamiento muere cuando vence el miedo.

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Hoy cualquier dispositivo electrónico establece una cadena de control intolerable. El monitoreo comprende prácticamente todos los aspectos de la vida, la ubicación, los traslados, los gustos, las compras, preferencias políticas, deportivas, etc. los algoritmos son implacables al respecto. Es imposible no sentir que la libertad está bajo vigilancia. Es imposible no sentirse vulnerable e inseguro, es imposible no sentirse observado. Pero es imposible desconocer que para muchas personas esta es la dinámica de interacción con el sistema que les resulta comprensible y por lo tanto esencial para su vida.

La libertad como fenómeno personal consciente suele asociarse con la acción, pero para los seres humanos la libertad constituye el fundamento radical de la política que subyace en toda expresión de ideas y conocimiento. En el proceso de comprensión de la realidad, los intentos conscientes por establecer la moralidad sobre nuevos principios deben estar basados ​​en la convicción de que la libertad no puede ser lograda sin un progreso real en el ámbito de la responsabilidad y los deberes. La moralidad sirve de fundamento para todas las formas de política, no sólo la política institucional o el derecho, sino también la historia, la academia y cualquier ámbito donde el sentido común político intente emprender acciones y comprender motivaciones humanas en estructuras y funcionamientos sistémicos.

Es precisamente esta visión de la moralidad como una dimensión política profunda de la conciencia humana en sus interacciones que hace necesario explorar este tema con mayor profundidad y a desarrollar el concepto de «proceso» de la libertad que surge como expresión de la acción y el pensamiento. Este es el fundamento a partir del cual se desarrollan los contenidos de la libertad. Vale la pena examinar brevemente la estructura de la ética, ya que el análisis revela que las operaciones sociopolíticas fundamentales —como la negación, la afirmación, etc.— funcionan de manera análoga a los actos de libertad física. Es necesario reconocer la necesidad de ir más allá del análisis moral y comprender las operaciones lógicas básicas que ocurren en la psicología de los sujetos políticos y sociales al ejercer la libertad. En consecuencia, el término “proceso” puede servir desde el punto de vista político para expresar el ejercicio de la libertad como marco sistémico en el que se incluyen acciones e interacciones de los diferentes actores del sistema. Estas influencias han transformado la comprensión de la libertad, incluyendo la dinámica de los asuntos políticos y los factores sociales subyacentes que pueden influir en ellos, indudablemente la falta de libertad ética en la esfera política oscurece claramente el desarrollo económico, social e histórico.

Las nociones humanas vinculadas a la teoría de los “juegos” desempeñan un papel clave en la comprensión de cómo las personas perciben el proceso dentro de la realidad, incluso si nuestra autoconciencia nos impulsa a evitar referencias directas y explícitas a la idea de comunidad. La libertad, realizada dentro de un entorno de ideas preexistentes y múltiples patrones de comportamiento, no puede ignorarse; por lo tanto, la transición a la acción debe considerarse un proceso estructural o un modo de acción específico. En realidad, la libertad es lo que originalmente se concibió: un enfoque para analizar fórmulas políticas y la experiencia social de comprender el propio lugar en el espacio. Esta comprensión explica por qué el reconocimiento de la libertad requiere la clarificación de los fundamentos conceptuales de la cognición y sus operaciones fundamentales dentro de un sistema.

Las condiciones sociales, políticas y económicas pueden tanto obstaculizar como facilitar la libertad. Todos estos factores pueden limitar la realización de los derechos; estas limitaciones están estrechamente interrelacionadas e impactan los derechos de diferentes maneras. Eliminar estas limitaciones es necesario para construir una sociedad más justa y perfectible, así como para moldear la autoconciencia personal, lo que facilita el desarrollo de individuos más libres e integrados. Desafortunadamente, a menudo observamos una realidad diferente: patrones persistentes de discriminación basados ​​en la raza, el género, el lugar de residencia (zonas rurales), el estatus social, la clase, desigualdades varias, la discapacidad, etc. Una dictadura intensifica enormemente estas restricciones, privando a la sociedad, a las comunidades y a los individuos de las herramientas necesarias para remediar las situaciones derivadas de tales patrones, ya sea la persecución política o el ostracismo social. Todas estas restricciones a la libertad generan disfunciones estructurales dentro del sistema. Al mismo tiempo, distorsionan fundamentalmente la percepción que el individuo tiene de sí mismo y de las capacidades a desarrollar por la mente humana en un entorno libre.

Por otra parte, la interrelación entre subjetividad y objetividad lleva a uno de los principales temas en la política que es la tendencia a describir la libertad únicamente en términos de las llamadas propiedades objetivas, según el cual las reglas se aplican independientemente de las condiciones subjetivas que llevan a la aplicación de principios por parte de cada persona. La cuestión de la libertad que aquí se presenta tiene una relación directa con la ética de la conciencia, la prueba de ello se afirma en cómo los procesos de ejercicio de libertad se fundamentan en la subjetividad. Si bien las reglas y las estructuras de poder regulan el funcionamiento de la ética, la esencia del proceso en sí reside en la acción y en la capacidad de acción. Por ejemplo, María Corina Machado no es libre de regresar a Venezuela. Su conciencia y su dimensión ética pueden tener claro lo que debe hacer, pero rivales y aliados impiden/limitan esta acción.

El humanismo afirma la libertad para que la acción (y su relación con la conciencia) desempeñe un papel fundamental en la experiencia y la comprensión por parte de cada actor político, el rol del humanismo para determinar las condiciones subjetivas que llevan a la acción es esencial. El método político de forma integral busca comprender la estructura de la ética de la conciencia en todas sus formas, ya sea individual, social, comunitaria o histórica. Ningún actor político puede prescindir en sus reflexiones y sus acciones de la conciencia y el inconsciente, especialmente en el contexto de la emotividad negativa de la política del siglo XXI. Sin embargo, al reconocer la existencia del inconsciente, el interés principal radica en cómo la conciencia participa en la acción y moldea el conocimiento de la libertad. Este sentido de libertad nos recuerda constantemente que es imposible ofrecer una descripción de la libertad sin que la subjetividad siempre esté presente en el proceso.

Por supuesto, el objeto del conocimiento —tal como suele presentarse en la política y la sociedad actuales— no está exento de la influencia de la cultura social. Y, sin embargo, estos parámetros de sesgo son parte integral del proceso mismo. Desde cualquier perspectiva, vemos que el sentido común o la actitud natural reduce la definición política a las interacciones de los elementos como si observáramos la secuencia de una fórmula ya probada. Esto presupone que la justicia y la equidad existen en sí mismas, sin cuestionamientos, dentro del marco de las definiciones aceptadas por los actores políticos. Sin embargo, si consideramos cómo se forma la experiencia —a través de la síntesis de datos, algoritmos y percepciones que crean recuerdos, mediante parámetros lingüísticos, así como a través de la ubicación espacial, temporal, la visión ideológica o el alcance de sentidos, nos damos cuenta de que esta experiencia no es en absoluto neutral. La postura natural tiende a la objetividad, pero este mismo proceso de percepción por el cual se filtra la libertad oculta algo más profundo. La dificultad reside en describir este proceso sin sucumbir a las distorsiones que inevitablemente surgen durante dicho filtrado. Aquí es donde surge la idea de «reducción»: una forma de interrumpir el curso habitual de la experiencia natural para avanzar hacia una posición política trascendental. La estructura conceptual de la libertad tiene varios niveles y no todos ellos son aplicables para cada persona que puede ser no esté interesada en determinados ejercicios de derechos, los tenga o no los tenga, los quiera tener disponibles o no.

El enfoque inicial para enfocar la libertad y centrarla en la acción, tiene que ser realista o descriptivo. Este proceso implica dejar de lado las hipótesis y las teorías especulativas para centrarse únicamente en describir la acción libre y volver a «las cosas mismas», es decir, a cómo se percibe y se vive la propia experiencia y los factores políticos/sociales/económicos que influyen en la misma. Esto implica, por ejemplo, analizar la conciencia de la libertad y comprender cómo se forman el significado y la dirección de la acción, así como la importancia que estas acciones tienen para las interacciones que se emprendan. Una explicación causal —por ejemplo, afirmar simplemente que una determinada acción libre está determinada por una causa específica— es absolutamente insuficiente, ya que este tipo de explicación es característica de un modelo que ignora la dimensión ética y moral de las ideas políticas. El peso específico de la acción moral libre no está sujeto a medida. Por eso una organización como la OEA con un presupuesto mínimo pudo deslegitimar un país petrolero con presupuestos millonarios. Ello ocurrió simplemente a partir de posicionamientos éticos basados en los hechos, lo que neutralizó hasta cierta medida su capacidad de comprar o presionar voluntades.

Esto quiere decir que siempre hay elementos que neutralizan la acción puramente libre, no todo el mundo puede seguir todo el tiempo un propósito ético, si bien una parte significativa de la experiencia puede describirse de esa manera, dicha descripción no logra captar la naturaleza misma de la acción, pues son muchos los elementos que aborda la dimensión ética que determina la actitud hacia los propios intereses, zonas de confort y adversidades de la vida. No es necesario esforzarse por comprender cómo el sentido común percibe esta experiencia en términos de su significado o importancia ética. Por lo tanto, al centrarnos en cómo las cosas tienen sentido para nosotros, con el fin de comprender este proceso de construcción de significado debemos dejar de lado diversas teorías de la percepción política e intentar identificar las características internas de la acción misma. En este sentido, no basta con ofrecer una descripción exhaustiva de las experiencias —tanto intelectuales como sensoriales— que caracterizan a la libertad, esta visión opera de manera diferente desarrollando primero una teoría de la libertad externa y luego, casi como complemento, una teoría de la libertad de la mente y la acción humana interna, pero en el individuo político la libertad se mueve muchas veces en la dirección opuesta, por ello es muy probable que siempre implementemos nuestra primera decisión más allá de las discusiones, argumentaciones y procesos que se lleven adelante, superar estas barreras siempre está plagado de dificultades independientemente de dónde comencemos.

Así, al analizar esta ética pública de la libertad, observamos permanentes cambios de rumbo, tantos como cambia la política de derecha a izquierda y viceversa. Porque parte de los hechos internos de la conciencia humana, también luego se construye libertad sistémica sobre fundamentos ideológicos. En consecuencia, esto implica un conjunto diferente de problemas y puntos de partida distintos. Cuando se tiene suerte este enfoque ideológico va acompañado de la búsqueda de conocimiento fiable, así como del reconocimiento de que la decisión y el “gran proyecto” ideológico pueden atravesar diversas etapas, desde el escepticismo radical hasta las convicciones simples, y todo esto puede ocurrir dentro de la misma conciencia sucesivamente. Por supuesto, es imposible desarrollar un conocimiento que sea simultáneamente libre de prejuicios y por lo tanto más fiable; en cierto sentido, las actividades sociales, económicas y políticas habituales de implementación de la “ética pública” sirven de base para la sostenibilidad de la libertad, al igual que gran parte del trabajo práctico, ya que la mayoría de estas dimensiones de la ideología son en gran medida programáticas y repetitivas, y abordan cuestiones que distorsionan, socavan o disminuyen la libertad. Muchas veces resulta asimismo evidente que la comprensión conceptual de la libertad en relación con las instituciones se centra más en cómo pueden las instituciones limitarla que en cómo puede expandirla. Y también ocurre que el concepto de libertad está más estrechamente vinculado al funcionamiento de una política de identidad particular que a cómo la conciencia aplica un método —un “proceso”— para discernir las esencias eternas inherentes a la libertad humana y como una vez discernidas estas esencias, la conciencia comienza a definir la libertad a través de ellas. El “sentido común” al que se apela en general en la política puede comprenderse con claridad, de modo que su fuerza se vuelve innegable, y sólo entonces éste sentido común conforma todos los demás elementos del conocimiento sobre la libertad.

Sería ideal tener una referencia humanista/humanitaria permanente para el ejercicio de la libertad. Así, la acción humanitaria describe la realidad y funciona como una práctica política rigurosa, incluso si la idea de fusionar libertad con acción humanitaria parece radical. Sin embargo, intentar lo contrario sería desprenderse de principios fundamentales. Los intentos, tanto de la derecha como de la izquierda, de separar la acción humanitaria de la libertad han sido persistentes. No obstante, debe sostenerse que dicha definición no es simplemente una cuestión de política estricta, sino una condición necesaria para comprender qué significa la libertad y qué puede o debe hacerse con ella. Las formas ideológicas de entender la libertad son muy particulares, en algunos casos se entiende la libertad del asistencialismo total o la libertad del consumidor. Es una tarea formidable ganar una batalla política que dote a la libertad de un significado que trascienda las opciones y decisiones y la dimensión humanitaria es capaz de preservar la visión de alcanzar un objetivo incluso cuando la política se desmorona a su alrededor, y no se puede negar la nobleza del mero intento de emprender tal proyecto. Es importante considerar que la libertad debe consistir en esta labor humanista/humanitaria para ser una especie de estándar o procedimiento para comprender la positividad de su esencia, esto es como un método para fortalecer la política en su acción social y de asegurar la eficiencia de su funcionamiento en el contexto de la sociedad en la que uno se encuentra.

Uno de los problemas es la sensación de desesperanza ante lo “incontrolable” que suelen tener los políticos. Imagino que ustedes —como personas que viven en la América Latina contemporánea y pertenecen a su folclore o tradición política— perciben la palabra “incontrolable” como algo caótico e incierto. Quizás la palabra «incontrolable» debería ir en cursiva, ya que esta categoría puede ser bastante fluida y parece ser muchas veces el elemento crucial de la libertad. También es importante considerar que, si bien esta afirmación puede no ser cierta para todas las formas de comportamiento, es posible imaginar un modelo «incontrolable» que sea incuestionable, y también modelos muy cuestionables. Las expresiones incontrolables de libertad se forman en una conciencia capaz no sólo de evitar conscientemente las trampas de los modelos de toma de decisiones impuestos por el sistema político, la sociedad o la economía, sino también de superar las limitaciones naturales generadas por las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos que surgen bajo la influencia de estos sistemas. Consideremos algunos de estos puntos problemáticos y cómo se relacionan con la tesis de que los hechos que contradicen a la ética en la predeterminación de resultado son en sí mismos irreductibles; en otras palabras, el razonamiento del sentido común sobre el amor, el odio, la esperanza, la culpa y el deseo a menudo se basa en la noción de que las decisiones de cualquier persona pueden reducirse a algunos de estos elementos. En contraste, el enfoque humanitario considera estos favores muchas veces una intrusión inaceptable en el ámbito de la conciencia.

Algo similar ocurre en el análisis de las estructuras, puesto que el enfoque humanitario presupone la existencia de sistemas éticos contradictorios que se transforman en realidades irreductibles. Es lo que señalábamos en una ocasión anterior respecto a las segundas vueltas electorales entre proyectos incompatibles entre sí en Latinoamérica. Dado que los principios semánticos de cada sistema son fundamentales, la acción se convierte en la encarnación de aspiraciones políticas, sociales, religiosas, culturales o económicas: una especie de proyecto para cumplir con el deber, tal como lo entiende el individuo, su ideología y sus circunstancias circundantes. Estos enfoques políticos, sociales y de otra índole sobre la libertad buscan primero formar el “yo ideológico” y luego, sobre esta base, construir la naturaleza del proyecto en sí; el proyecto ético humanista/humanitario, por el contrario, primero construye la naturaleza de la libertad y sólo después integra al “yo ideológico” al proyecto. Así, cuando el “yo ideológico” se vuelve primordial, planteando la cuestión de la relación entre las reglas (algunas veces incluso la constitución) y un objetivo incontrolado del ejercicio “ ideológicamente correcto” de la libertad. Es importante fundamentar la idea de actividad no controlada, una categoría que puede resultar más precisa de lo que aparenta inicialmente, ya que implica el estudio del juego político-económico y su historia, así como la búsqueda de una perspectiva óptima como una “delimitación” conceptual que aborde el problema mismo que la libertad pretende resolver.

La crisis permanente de la existencia latinoamericana demuestra que es más fácil definir aquello a lo que se opone que aquello que defiende. Los procesos latinoamericanos se enfrentan a fenómenos como el historicismo, el relativismo, el irracionalismo y la narratividad, los desafíos que buscan distanciarse de la libertad o, más precisamente, de las estructuras y mecanismos de desarrollo basados ​​en la libertad. Quizás esta sea la reacción de América Latina al auge de la “política natural” moderna, que ha desviado a la región, distorsionado su comprensión de la libertad y conducido al empobrecimiento debido a una mala interpretación de las reglas de este “juego”. En cierto sentido, la realidad sugiere que estos problemas son fundamentalmente de naturaleza cultural. Un proyecto con una orientación más ética podría permitir que los objetivos políticos salven a la región de la degradación y revitalicen el proceso de desarrollo. El desarrollo no puede avanzar sin libertad: la libertad que permite la formación de la inteligencia colectiva en lugar de su destrucción en aras del beneficio individual negativo que resta al proceso económico/social integral; una libertad capaz de construir la inteligencia colectiva de un sistema para la protección de los derechos humanos. Ninguno de estos modelos forma parte del comportamiento natural de los países de la región si bien la racionalidad de la libertad abarca todo el ámbito de la experiencia humana y la racionalidad humana permite comprender la libertad en cualquier contexto político, social y económico conocido.

El objetivo es explorar no sólo las capas pre-reflexivas, sino también los conceptos que crean las condiciones naturales para la libertad; por ejemplo, el significado, la verdad, el amor y el miedo (elementos considerados esenciales para todos los seres conscientes y cognoscentes). En cada caso, nos encontramos con un movimiento circular del pensamiento: el razonamiento inevitablemente regresa a sí mismo en un intento por comprender nuestras acciones y pensamientos libres, y por lo tanto, la transición al reino de la vida interior no nos lleva tanto al logro de un estado vivo de libertad... En busca de la esencia de la libertad, tomemos, por ejemplo, a las personas de un determinado sistema y apliquemos el proceso de reducción al “mundo de la vida inmediata”. Es necesario reflexionar sobre esto. Al interactuar con la sociedad, atribuimos diversas condiciones a la misma (el mundo en que vivimos, nuestro “aquí y ahora”), y luego las añadimos o descartamos mentalmente. Observamos cuáles de estas condiciones pueden descartarse sin perder la esencia misma de la libertad, y cuáles no; cuáles son esenciales para nuestra libertad, y cuáles no. Estas condiciones varían de una sociedad a otra y de una persona a otra. Precisamente por eso, algunas personas viven pacíficamente bajo una dictadura, mientras que otras no pueden tolerarla ni por un instante.

Un régimen totalitario cuestiona la libertad misma; sobre todo, busca suspenderla. Esto no se debe a que dude de su existencia ni a que sea escéptico respecto a las sillas o el sentido común; no niega su existencia. Simplemente afirma que la libertad externa es irrelevante y debe descartarse —en un sentido estrictamente económico, es decir, aislando el problema—, ya ​​que, como recordamos, un régimen totalitario se basa en el control; por lo tanto, todo lo “incontrolable” debe quedar fuera del alcance del control interno y de todo lo que este conlleva. Al hacerlo, una parte significativa de los derechos humanos y de la experiencia humana queda inevitablemente suprimida. Las dictaduras fuerzan el sistema hacia la ineficiencia, pues sus dinámicas de control funcionan mejor cuando las dinámicas económicas o sociales son de baja intensidad y calidad. Es imposible que una dictadura pueda ejercer un control total sobre un sistema económico o social en que cada actor de esos sistemas tenga capacidad máxima de acción social o producción económica. Por ejemplo, en un sistema de control, se excluyen las relaciones causales, puesto que la lógica del control no percibe causalidad en la libertad ni busca modificarla; es simplemente una secuencia de eventos, donde una cosa sigue a la otra; todas las narrativas y consideraciones externas también se descartan. Lo único que queda son los datos brutos y puros de la existencia humana: esa cualidad común inherente a todos nosotros, que el sistema totalitario busca controlar. Esto puede imaginarse como un proceso de selección en busca de algún elemento simple y definible, el poder intenta filtrar el contenido de la experiencia humana para preservar lo que podría llamarse su “esencia controlable”: el comportamiento inmutable y determinista que define toda experiencia. Combinando estos elementos de control, llegamos al concepto de “reducción humana”, que surge del rechazo de la dinámica de los derechos humanos (es precisamente en esta dinámica donde residen las definiciones de la esencia de la libertad). El deseo humano de alcanzar la libertad está inextricablemente ligado a la descripción de cada derecho humano registrado en la historia, desde el Cilindro de Ciro hasta nuestros días.

El 30 de junio, participé en una reunión de líderes de la oposición democrática nicaragüense organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, D.C.

Las luchas del pueblo nicaragüense son personales para mí. Fui expulsado de Nicaragua en 2016 por la dictadura Ortega-Murillo mientras realizaba un viaje de investigación en el país.

También he trabajado con la oposición democrática de Venezuela en su lucha contra el régimen chavista. Esa experiencia me deja escéptico sobre las perspectivas a corto plazo para restaurar la democracia en cualquiera de los dos países.

Un historial de represión y riesgo estratégico

El caso de la oposición es tanto moral como estratégicamente convincente. Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y grupos de derechos humanos han documentado las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo y su derecho democrático a la autodeterminación.

Estas incluyen el asesinato, encarcelamiento y tortura de cientos de personas tras las protestas de 2018, el secuestro de las elecciones de 2021, la criminalización de partidos de oposición y de más de 1,500 organizaciones no gubernamentales, la expulsión de disidentes, y el despojo de su ciudadanía y propiedades.

El régimen también ha dado refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha ofrecido asilo a funcionarios de izquierda acusados de corrupción, incluidos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Desde un punto de vista estratégico, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales anfitriones de adversarios de Estados Unidos en la región.

Ha recibido tropas rusas en repetidas ocasiones desde el regreso de Ortega al poder en 2007, junto con bombarderos rusos con capacidad nuclear y con instalaciones de comunicaciones espaciales y de entrenamiento policial. Empresas chinas han emprendido proyectos opacos de construcción y minería, incluidos en el puerto de Corinto y el aeropuerto de Punta Huete, sitios que podrían servir a las fuerzas armadas chinas en tiempos de guerra.

La ocupación por Nicaragua en 2010 de territorio en disputa a lo largo del río San Juan y su recepción de fuerzas rusas han sido señaladas repetidamente como amenazas por vecinos, incluida Costa Rica.

Estos riesgos coinciden estrechamente con las prioridades establecidas por la administración Trump en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, que sitúan a Nicaragua dentro del enfoque de la "Gran Norteamérica" promovido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado y su antecedente de albergar a líderes terroristas lo hacen relevante para el enfoque de la administración en el narcoterrorismo.

Lo mismo ocurre con su papel en facilitar el tránsito de más de 700,000 migrantes hacia Estados Unidos, incluidos los ingresos que recaudó de los vuelos de migrantes haitianos.

Por qué el momento no es propicio

A pesar de estos peligros, las condiciones en Nicaragua, como en Venezuela, aún no son adecuadas para una transición democrática.

Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia Católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada o forzada al exilio.

Las fuerzas de seguridad y el ejército, junto con las élites empresariales que sobreviven, están ellas mismas implicadas en la corrupción del régimen y en las violaciones a los derechos humanos.

Para muchos integrantes del régimen, una transición democrática que pudiera exponerlos a un enjuiciamiento parece más peligrosa que la continuación de la dictadura.

La próxima elección en Nicaragua está programada para 2027, pero la oposición aún no se ha unificado ni ha construido la base institucional necesaria para presentar una alternativa creíble.

Una abertura estrecha

La posibilidad más interesante de cambio es la transición generacional en curso, de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus hijos, especialmente Laureano Ortega, a medida que la salud de ambos líderes envejecidos se deteriora.

Algunos miembros de la oposición nicaragüense sostienen que sandinistas marginados por esta sucesión podrían provocar una división dentro del sandinismo, una que la oposición podría aprovechar si logra construir unidad y cultivar lazos con internos del régimen descontentos.

Para ello, argumentan, sería necesario ponerse de acuerdo en un programa limitado de transición democrática, entablar contactos discretos con sandinistas desilusionados y otras figuras del régimen, y ofrecer garantías de que los funcionarios que apoyen una transferencia pacífica de poder no enfrentarán el mismo trato que aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Por qué la presión externa podría no ser suficiente

Un apoyo externo decisivo sigue siendo improbable en el corto plazo. Europa ha ofrecido declaraciones y sanciones, pero no está en posición de actuar de manera decisiva si se produce una apertura política tras las elecciones de 2027.

En Washington, otras prioridades, incluido Venezuela, Medio Oriente y Cuba, podrían retrasar la atención sostenida a Nicaragua, aunque el país encaje perfectamente en las preocupaciones estratégicas declaradas por la administración.

Estados Unidos podría ampliar las sanciones existentes, potencialmente apuntando a Ortega personalmente, o tomar medidas para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central.

Un observador bien ubicado sugirió, en declaraciones extraoficiales, que Washington podría intentar cooptar a Laureano Ortega, tolerando su consolidación del poder y enriquecimiento a cambio de cooperación y acceso empresarial, una estrategia que sería similar a la adoptada con Delcy Rodríguez en Venezuela.

Como en Venezuela, un acuerdo pragmático de este tipo probablemente dejaría sin resolver la ilegitimidad y corrupción subyacentes del régimen, además de su acogida a actores extranjeros hostiles.

Una acción más decisiva de Estados Unidos es poco probable antes de que Washington resuelva desafíos más urgentes en Irán, Venezuela y Cuba. Las elecciones de medio término de noviembre añaden aún más incertidumbre: un Congreso más empático y el deseo de la administración de lograr una victoria en política hemisférica podrían aumentar la importancia de Nicaragua, mientras que la reticencia a abrir un nuevo frente antes de las elecciones podría igualmente relegarla en la agenda.

El sufrimiento del pueblo nicaragüense es inmediato. La amenaza que representa el régimen Ortega-Murillo para sus vecinos y los intereses estratégicos de Estados Unidos es real.

Pero por ahora, el mejor curso de acción de la oposición es construir unidad con los desertores sandinistas actuales y futuros, profundizar las coaliciones internacionales y la concienciación pública, y prepararse para el momento en que las condiciones internas e internacionales se alineen para una acción decisiva y unida que restore la democracia nicaragüense y ponga fin al papel del país como punto de apoyo para los rivales de Estados Unidos en el hemisferio.

R. Evan Ellis es investigador principal no residente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Su libro más reciente, China Engages Latin America: Distorting Development and Democracy, ha sido publicado por Palgrave Macmillan. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor.

A finales de junio de este año, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia y las misiones diplomáticas bajo su control en la región de América Latina y el Caribe, en particular la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, dieron a luz a otra campaña de desinformación a gran escala.

La Moscú oficial acusó cínicamente a Ucrania de que sus puertos del Mar Negro y sus estructuras de seguridad supuestamente se han convertido en un “centro de tránsito para el narcotráfico latinoamericano hacia Europa” y una “fuente de armas occidentales para los carteles”.

Este absurdo, disfrazado del envoltorio propagandístico habitual del Kremlin, no habría provocado más que ironía si no fuera por el momento (timing) claramente calculado y el contexto geopolítico de esta operación de información y guerra psicológica.

Moscú aplica la táctica clásica de la “acusación en espejo”: inundar el espacio informativo con ficciones con el fin de ocultar los vínculos criminales propios, legalmente documentados, de las estructuras estatales rusas con los sindicatos de la droga más peligrosos de la región. La verdadera razón de la histeria actual de los servicios secretos rusos es la inevitable filtración a gran escala de información a la prensa internacional, provocada por los recientes arrestos de altos funcionarios involucrados en los esquemas transcontinentales de armas del Kremlin.

A los diplomáticos rusos que intentan modelar “centros de narcóticos ucranianos” míticos, les convendría profundizarse más detenidamente en los sótanos de sus sedes diplomáticas y estudiar los archivos de sus propias misiones diplomáticas. La comunidad internacional sabe muy bien qué sedes diplomáticas funcionaron realmente como almacenes de tránsito de drogas duras. El mundo entero recuerda el ruidoso escándalo internacional con el hallazgo de unos 400 kilogramos de cocaína pura directamente en la escuela de la Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina.

Este cargamento, valorado en más de 60 millones de dólares, fue empacado por “representantes” rusos en valijas diplomáticas con el propósito de enviarlo a Moscú en aviones gubernamentales del Escuadrón de Vuelo Especial “Rusia”, que sirve a los altos funcionarios del Kremlin. También es indicativo el destino posterior del entonces embajador ruso en Buenos Aires, Víktor Koronelli. En lugar de un tribunal o un despido vergonzoso por el almacén de cocaína bajo sus propias narices, el Kremlin lo nombró sucesivamente como el jefe de misiones diplomáticas en puntos estratégicos para la región: primero como embajador en México y actualmente en Cuba. Parece que, en el sistema del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el ascenso diplomático se correlaciona directamente con el éxito en la logística criminal del Sur Global.

Mientras Moscú produce informes falsos, las agencias de aplicación de la ley de los EEUU, España y Bulgaria, con la participación de los investigadores del proyecto NarcoFiles, han expuesto por completo una red real y funcional de suministro de armamento militar pesado para uno de los carteles de la droga más violentos “Jalisco Nueva Generación” (CJNG).

Los materiales del Departamento de Justicia de los EEUU y del Tribunal Federal de Virginia demuestran que se intentó vender al cartel mexicano un colosal arsenal militar valorado en 58 millones de dólares, que incluía lanzagranadas antitanque, rifles de francotirador, minas y sistemas de defensa aérea portátiles. El arquitecto principal del esquema resultó ser el traficante de armas búlgaro Petar Mirchev, socio comercial de muchos años del conocido “mercader de la muerte” ruso Víktor Bout, a quien el Kremlin liberó tan ardientemente de una prisión estadounidense y posteriormente integró en su sistema político.

Durante los registros, las fuerzas del orden europeas descubrieron que las mismas empresas clandestinas que preparaban las armas para los militantes mexicanos eran utilizadas paralelamente por Rusia para la compra de componentes militares escasos, eludiendo las sanciones internacionales. Es decir, se trata de una red única de agentes criminales del Kremlin.

El principal detonante que obligó a la inteligencia rusa a actuar en modo de emergencia a finales de junio de 2026 fue el colapso final del brazo logístico africano de este esquema. Las armas para el cartel CJNG estaban marcadas bajo certificados falsos de usuario final para los Ministerios de Defensa de Tanzania y Uganda.

El 27 de junio del corriente, los servicios secretos detuvieron en Uganda a un actor clave de este eslabón: el ex oficial de las Fuerzas de Defensa locales, Michael Katungi Mpeirwe. Ya el 29 de junio, un tribunal de Kampala satisfizo por completo la solicitud de los EEUU para su extradición. La entrega de Katungi a la justicia estadounidense significa la revelación completa de las transferencias financieras y de agentes que conducen directamente a Moscú. Es por eso que Rusia activó urgentemente la operación “Matrioshka”, intentando llenar el espacio informativo con ficciones sobre Ucrania antes de que aparezcan las primeras actas de los testimonios de Katungi en los principales medios de comunicación.

Durante mucho tiempo, el argumento de que “las armas para Ucrania pueden caer en manos del crimen” fue apoyado artificialmente por los agentes rusos para justificar la neutralidad de ciertas capitales latinoamericanas. Hoy en día, los procesos judiciales internacionales en los EEUU y España disipan este humo ruso: los hechos reales demuestran que el único proveedor sistemático de tecnologías militares para el narcoterrorismo en América Latina fue y sigue siendo la Federación de Rusia.

Ucrania, por su parte, al defender su propia libertad, sigue siendo un socio confiable para todos los Estados que respetan el derecho internacional y la seguridad de sus ciudadanos.

En política existe una diferencia fundamental entre ganar una elección, cuando el momento llega, y construir una mayoría. Las elecciones duran un día. Las mayorías construyen épocas.

Con frecuencia se piensa que una mayoría consiste simplemente en obtener más votos que el adversario. La ciencia política demuestra algo distinto. Maurice Duverger observó que los partidos capaces de gobernar durante largos periodos no representan a un solo grupo social; logran articular intereses distintos alrededor de un proyecto común. Antonio Gramsci llegó a una conclusión semejante desde otra perspectiva: las grandes transformaciones solo son posibles cuando un proyecto político logra convertirse en una referencia compartida para amplios sectores de la sociedad.

Nuevo León vive exactamente ese momento. Nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha abierto una nueva etapa para la Transformación. Una etapa que ya no consiste únicamente en impulsar cambios, sino en consolidarlos y construir las mayorías políticas y sociales capaces de hacerlos permanentes. Y estoy convencido de que Nuevo León puede convertirse en uno de los grandes motores de esa nueva etapa.

Nuestro estado necesita construir una nueva mayoría. No una mayoría contra alguien, sino una mayoría para algo. Una mayoría capaz de darle dirección a una de las economías más importantes de América Latina. Porque durante demasiado tiempo hemos permitido que la política del espectáculo y el personalismo divida a un estado que, en realidad, comparte los mismos problemas y las mismas aspiraciones.

La madre de familia que pasa tres horas al día en el tráfico. El trabajador que quiere regresar más temprano con sus hijos. El empresario que necesita certeza para invertir. El joven que quiere oportunidades justas para su desarrollo. La comunidad rural que demanda apoyos y diversificación productiva. La universidad que quiere formar talento. Todos viven realidades distintas. Pero todos quieren un Nuevo León que funcione.

Ahí comienza una mayoría. No cuando todos piensan igual. Sino cuando descubren que pueden caminar hacia el mismo futuro. Ese debe ser el gran desafío de Morena al designar al Coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nuevo León.

No hablar únicamente para Morena. Hablarle a Nuevo León. Porque si Morena quiere gobernar este estado, antes debe entender como nadie al estado. Porque aquí existe una cultura profundamente arraigada alrededor del trabajo, la responsabilidad, la seriedad, la palabra cumplida y la capacidad para construir comunidad desde el esfuerzo cotidiano. Ese es el Nuevo León original, el que durante generaciones hizo posible que esta tierra se convirtiera en el motor económico de México.

Estoy convencido de que esa es también la visión que impulsa nuestra Primera Mandataria: una transformación que hable más allá de los justamente convencidos y sea capaz de convocar a todos los sectores que realmente quieren un México más fuerte, más justo y con más oportunidades.

La tarea política consiste, entonces, en convertir esos valores compartidos en una mayoría política. No se trata de pedir que todos piensen igual. Se trata de construir un proyecto donde todos encuentren un lugar. Una mayoría donde quepan quienes producen riqueza y quienes todos los días salen a trabajar para construirla. Donde convivan la industria y la comunidad. La universidad y la colonia. La Zona Metropolitana y el campo. Las nuevas generaciones y quienes durante décadas han levantado este estado con su esfuerzo.

Las grandes mayorías nunca nacen del miedo. Nacen de la esperanza compartida y de la libertad real. Por eso creo que la etapa que vive Nuevo León exige un Morena estatal que entienda los pilares reales que sostienen el Plan México como el siguiente paso del Plan de Nación de la Transformación. Ya tuvimos demasiados años de confrontación permanente. Ya vimos lo que ocurre cuando los gobiernos convierten la división en estrategia. Hoy hace falta exactamente lo contrario.

Hace falta construir una Mayoría Norteña. Una mayoría que recupere la confianza en el servicio público. Que vuelva a creer en la capacidad de las instituciones. Que se reconozca en un gobierno honesto, cercano y capaz de cumplir.

Ese es, en el fondo, el verdadero reto político de nuestro tiempo. No ganar una elección. Se trata de construir una mayoría tan amplia, tan sólida y generosa que sea capaz de inaugurar una nueva etapa para Nuevo León.

Porque cuando una mayoría se construye alrededor de un propósito compartido, deja de pertenecer a un partido y empieza a pertenecer a toda una sociedad. Esa es la Mayoría Norteña que necesitamos construir.

No solo para que Morena gane Nuevo León, sino para que, de la mano de la Presidenta de México, por fin, gane Nuevo León.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

La delincuencia organizada trasnacional que suplanta la política y detenta el poder con narcoterrorismo está siendo derrotada en las Américas. Presenciamos históricas acciones para terminar las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que candidatos para dictatoriales son derrotados en Ecuador, Honduras, Chile, Bolivia, Costa Rica, Perú, Colombia. El socialismo del siglo 21 entrega el gobierno pero no el poder, pues mantiene sus leyes, impunidad y permanece como actor político. Para recuperar la democracia se necesita buen gobierno que tome el poder.

En los últimos 25 años, todos los países de Latinoamérica fueron víctimas de la suplantación o deterioro de sus sistemas democráticos por la operación trasnacional llamada socialismo del siglo 21, que es simplemente la expansión de la dictadura de Cuba con los recursos de Venezuela, para facilitar la penetración de las dictaduras extra hemisféricas. En más de dos décadas cambiaron constituciones, leyes fundamentales, sistemas electorales, instituciones económicas y de control, institucionalidad de las fuerzas armadas y policía, sistemas de seguridad, política exterior, órganos del poder público como el poder judicial, mecanismos de designación de jueces y magistrados, sistemas de contratación, y más.

En países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, los sistemas institucionales y legales corresponden a la estructura del socialismo del siglo 21, con leyes infames que violan los derechos humanos, con mecanismos que hacen desparecer los elementos esenciales de la democracia, con sofismas, suplantaciones y métodos que simulan democracia cuando en verdad la suprimen.

En países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Honduras y más, el socialismo del siglo 21 ha instalado sus operadores en el sistema de justicia, las fuerzas armadas, policía y sistemas de seguridad, al punto que cuando se produce un cambio de gobierno la mayor oposición consiste en la imposibilidad real de ejercer el poder, quedando el gobernante forzado a acuerdos que garantizan la impunidad y la permanencia de la delincuencia organizada en la política.

En países como Colombia, Perú y Bolivia (los tres más importantes productores de cocaína en el mundo), controlan incluso parte del territorio nacional con organizaciones narcoterroristas presentadas como sindicatos o federaciones de productores de coca, con guerrillas como las FARC y el ELN, o con organizaciones que se presentan como sociales o campesinas, que en verdad quiebran la soberanía nacional creando feudos o republiquetas donde el gobierno simplemente no ejerce.

En todos los casos y países, los regímenes del socialismo del siglo 21 usan como estrategia impedir la gobernabilidad del nuevo gobierno, mantener su estructura de poder y sus operadores para deteriorar, derrotar, derrocar o sustituir al nuevo gobierno. Es la conspiración permanente usando el sistema que han montado y que el nuevo gobierno no tiene la decisión o la capacidad de desmontar terminando la presencia delictiva en la política y restituyendo los elementos esenciales de la democracia.

La gobernabilidad es “la capacidad de gobernar”, la “cualidad de gobernable”. Es la “capacidad de un gobierno para ejercer autoridad, implementar políticas y garantizar el orden, la estabilidad y el desarrollo dentro de un Estado”. La gobernabilidad “se evalúa en términos de estabilidad, eficacia y legitimidad”.

Reitero que para terminar los regímenes del socialismo del siglo 21 y restaurar la democracia en todos los países de Latinoamérica, se precisan por lo menos tres condiciones” la eliminación de la estructura jurídica dictatorial, no impunidad y la ilegalización del crimen organizado en la actividad y participación política. Bajo la estructura jurídica del socialismo del siglo 21 es imposible que un gobierno democráticamente elegido tenga gobernabilidad y si sobrevive será a costa de dar impunidad y tolerar la permanencia de las organizaciones criminosas en la política, como lo muestran ejemplos en gobiernos de Macri en Argentina, Laso en Ecuador, Kuczynski, Boluarte y otros en Perú, Añez en Bolivia.

Luego de más de dos décadas de gobernantes y gobiernos dictatoriales, para dictatoriales y tolerantes a la desinstitucionalización sacrificando los elementos esenciales de la democracia, los presidentes y gobiernos que reemplazan al socialismo del siglo 21 en Latinoamérica, deben ser buenos gobiernos.

Buen gobierno en la realidad actual es como mínimo el retorno a la vigencia de los elementos esenciales de la democracia y la institucionalidad republicana como sistema que permita el respeto a los derechos humanos, sin presos políticos, sin perseguidos ni exiliados, con seguridad jurídica, restituir el estado de derecho, desmontar los narcoestados, encarar las crisis económica, de seguridad, de confianza, salir de la corrupción y de su secuela la impunidad que es señal de complicidad.

La población tiene esperanza pero necesita sentir el cambio tanto en la super estructura política y social como en la vida diaria. Recuperar la confianza y creer que puede vivir mejor. Cada país tiene problemas específicos, pero la demanda ciudadana es la misma. Hay países que lo están logrando, otros no y algunos que tienen el desafío pendiente. No es fácil pero no hay alternativa.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Según la Enciclopedia Británica, Quo Vadis es una expresión que significa ¿Adónde vas?, cuyo origen se encuentra en la tradición bíblica cristiana, aunque también se usa para invitar a la reflexión. Y es eso lo adecuado para entender lo que hoy está pasando con la nominación del nuevo primer ministro, ya que, aunque experiencias semejantes se han vivido en las últimas décadas, la renuncia de Sir Keir Starmer y su seguro reemplazo por Andy Burnham tiene una connotación diferente a casos semejantes, a los cuales solo se parece en lo formal.

Con Burnham, hasta hace poco alcalde del Gran Manchester, nada menos que siete primeros ministros (PM) habrán ocupado ese cargo desde 2010, en un país que se sentía orgulloso de su estabilidad política, la que sin duda se ha perdido. Esa estadística se entiende mejor cuando se dice que desde el final de la segunda guerra mundial ha habido 18 PM, solo 12 en 65 años, y luego 7 en 16 años. Ahora, si agregamos los motivos, entre 1945 y 2010, seis de los doce simplemente perdieron elecciones, tres renunciaron por motivos de salud, y dos, por causa de escándalos.

El caso de Starmer se parece a dos emblemáticos para sus respectivos sectores, Lady Thatcher en el caso de los conservadores y Tony Blair, en el de los laboristas, ya que hubo razones predominantemente electorales, es decir, eminentemente político-partidistas en ambos, toda vez que al igual que en el caso de Starmer, hubo rebeliones previas entre los miembros del Parlamento, que desconfiaban de que ellos fueran capaces de ganar las elecciones siguientes, y todo integrante de un Congreso o Parlamento, por sobre todo, busca mantenerse en su puesto, para lo cual debe ganar la próxima elección. Esa rebelión condujo a la renuncia de la “dama de hierro”, no sin antes opinar que sonreían quienes la traicionaron. El caso de Blair difiere en el sentido que se le ofreció un período de meses, en los cuales permaneció en el cargo, mientras se hacía la transición, una forma más elegante, aunque no para Blair quien habló de una “conspiración de restaurant” en su contra. A Starmer se le ofreció algo parecido, pero lo rechazó.

Las rebeliones cumplieron su objetivo, toda vez que la elección siguiente fue ganada, por John Major en el caso de Thatcher y por Gordon Brown en el de Blair, aunque después se inauguraron periodos largos en que el poder estuvo en manos de sus respectivos adversarios.

En el caso de Starmer, su alejamiento pareció en verdad una destitución, al producirse menos de dos años después de una resonante victoria, toda vez que, en julio de 2024, los laboristas lograron 412 diputados en la Cámara de los Comunes contra 121 de los conservadores. Sin embargo, una serie de escándalos minaron su posición, incluyendo la designación de un embajador en Washington sin cumplir con todos los resguardos legales, además que estuvo vinculado al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, la adopción de medidas impopulares violando promesas hechas en la campaña, y sobre todo dos hechos de la mayor importancia electoral para miembros del parlamento preocupados por su mantención en el cargo, como lo son el desastroso resultado de las elecciones locales en mayo, donde los laboristas perdieron miles de concejales, y segundo, que el mayor triunfador en esas elecciones fue el partido Reform UK, con una propuesta similar a la de Trump, novedosa para el Reino Unido.

Esa derrota fue tan contundente que precipitó su caída. Se inició con las renuncias al gabinete de gente cercana que él mismo había nombrado como lo eran los ministros de Defensa y Salud, el primero denunciando la falta de fondos para su sector y el abandono en que se encontrarían las fuerzas armadas, y el de Salud, indicando su disposición a participar en una elección para nuevo primer ministro. Y por el otro, la búsqueda de un nuevo primer ministro, capaz de revitalizar las posibilidades electorales del partido laborista.

Esa persona fue encontrada en el Gran Manchester en su alcalde Andy Burnham, una figura popular en el partido, pero, además, capaz de ganar elecciones, tanto que se le llamaba “el rey del norte”. Burnham había sido miembro del parlamento y además había competido en el pasado por el cargo de primer ministro al interior del partido, pero ahora estaba dedicado a la política local, por lo que no cumplía con el requisito legal de ser miembro de la Cámara de los Comunes. Sin embargo, una oportuna vacancia en el distrito de Makerfield fue la solución, ya que hubo una convocatoria a elecciones que fueron ganadas por Burnham por una apreciable diferencia, lo que confirmaba su atractivo electoral y solucionaba la dificultad legal de no ser diputado.

A pesar de las objeciones éticas que puede despertar el camino utilizado para desprenderse de Starmer, se cumplió con toda la legalidad formal necesaria para nombrar al primer ministro, y aunque todavía queda un plazo por cumplir, todo indica que, al no haber otros postulantes será ungido, por lo que a Burnham solo le va a quedar la audiencia en Palacio con el rey Carlos III, es decir, no quedaría otra formalidad que esa reunión, inclinarse y estrechar la mano del monarca. A partir de ese momento, ya va a estar disponible para que su futura residencia sea el número 10 de Downing Street.

Lo que se está presenciado en el Reino Unido también trae consigo enseñanzas para los nuevos gobiernos que han sido elegidos en tierras alejadas como Latinoamérica, donde lo más importante, no es si son o no gobiernos de derecha o de izquierda, sino que los electorados tienen mucha menos paciencia ahora, ya que ni siquiera le conceden a los nuevos gobiernos los tradicionales cien primeros días, además que exigen que se haga de inmediato la diferencia entre la campaña para ser elegidos y actuar efectivamente como gobierno desde el inicio. Es decir, en campaña se aceptan promesas y guerras o guerrillas culturales, pero a los gobiernos se les exige, sobre todo, cumplir las promesas y apenas electos, dejar de culpar a sus predecesores, en otras palabras, se les exige ser buenos gobiernos, y se tiene poca paciencia con quienes no aciertan con sus decisiones o tratan de eludir su propia responsabilidad.

Eso le pasó a Starmer, quien fue la persona adecuada para ganar la elección del 2024, pero no se dio cuenta del cambio de escenario, y siguió actuando como si todavía estuviera en campaña, repitiendo eslóganes, pero, en definitiva, su gobierno fue percibido como un desastre similar al de los últimos gobiernos conservadores, también responsables del mal momento que se vive en el Reino Unido.

La situación descrita trae consigo problemas que superan con mucho a los temas que predominan en procesos electorales. Es así como las demandas que comienzan a adquirir prominencia son de gran entidad, y lo electoral, incluyendo la aparición y desaparición de fuerza políticas, los ascensos y caídas de laboristas y conservadores son sólo expresión de esos temas de fondo, partiendo por el hecho que un país que se enorgullecía de la estabilidad política, hoy cambia a su primer ministro cada pocos años, lo que dejó de ser algo excepcional para transformarse en la nueva normalidad.

Es por ello, que el Reino Unido no solo está afectado por una mala situación económica y no sabe realmente qué hacer con la inmigración ilegal, ya que han fracasado las decisiones tomadas por gobiernos sucesivos. Por mucho que se haya preparado un aterrizaje lo más suave posible para el entrante Andy Burnham, al anunciarse que se suspendería una legislación controvertida que anunciaba reformas a los tribunales y medidas para reforzar la seguridad energética mediante mayor acceso a la energía verde, hoy, los problemas son tales que al parecer ya no admiten soluciones de parche.

Para triunfar en la segunda guerra mundial, el Reino Unido debió hacer tales sacrificios que se vio obligado a desprenderse de buena parte de su imperio colonial, y su rol de potencia de segundo orden quedó definido cuando EE. UU. a través del presidente Eisenhower los obligó en 1956 a retirarse del Canal de Suez después de haber invadido a Egipto junto a Francia e Israel. Hoy, su situación sería tal que, según un respetado ex almirante, ni siquiera se estaría en condiciones de enviar la flota a las Malvinas, como se hizo en 1982.

Sin embargo, el país que se transformó en sinónimo de imperio hoy tiene a su interior una verdadera guerra cultural acerca de su identidad, dado el retroceso de los fundamentos cristianos en comparación a la creciente islamización de su población, con cambios no solo en la composición de su política, sino con efectos variados, desde la educación hasta la administración de justicia, con circunstancias tan violentas como aquel muchacho que falleció esposado ante policías que no quisieron ayudarlo, simplemente porque había sido acusado falsamente de utilizar expresiones “racistas”.

En lo personal, a mí me cuesta reconocer al país que admiré y del que estoy agradecido por lo que me enseñó, ya que allí hice mi máster y mi doctorado. Me cuesta reconocer a un país que ha retrocedido en su admirable libertad de expresión, a tal nivel que amplios sectores se cuidan de decir lo que realmente piensan, desde el momento que ha habido gente procesada y acusada en tribunales en números semejantes a China por expresiones dichas en redes sociales, tanto que han sido arrestadas en algunas oportunidades al regresar al país después de haber emitido esas opiniones en el exterior.

Es un país al que le cuesta hablar de futuro desde el momento que aparece, desaparece y vuelve a aparecer el tema de cuan posible es que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, así como hay una motivación detrás del crecimiento de Reform UK, la de quienes sienten que las tradiciones británicas no están siendo respetadas ni por el gobierno ni por la inmigración ilegal, que no estaría haciendo esfuerzos por integrarse, sino que es al país donde son recibidos al que le exigen hacer ese esfuerzo.

A nivel internacional, sin duda el Reino Unido ha descendido, pero aún más impactante es lo que ha ocurrido a su interior, con una sociedad que era admirablemente tolerante y liberal, donde al igual que otras sociedades europeas se ha alimentado una paradoja en las últimas décadas, ya que el discurso sigue siendo de garantizar las libertades públicas, mientras que se multiplican los dispositivos que restringen y regulan los comportamientos individuales, restricciones que siempre se presentan, tal como se manifestaron en la pandemia, en nombre de principios superiores, como pueden ser la salud pública o la lucha contra el odio, o en nombre de la justicia o del medio ambiente, donde no todas las víctimas son iguales, sino que hay una jerarquía entre ellas, como lo demostró la muerte de Henry Nowak, tan evitable como la de George Floyd en Minneapolis el 2020, pero donde hubo una reacción muy distinta de la sociedad y de los medios de comunicación tradicionales.

Se ve cansado al Reino Unido, no es una derrota de banderas arriadas, sino una lenta, burocrática, casi administrativa, que ni siquiera se ve preparada para abordar ese cambio de época que va a representar la Inteligencia Artificial. Lo más grave es que sus instituciones están enfrentadas a una crisis de legitimidad como no se ha dado no solo en las últimas décadas, sino en los últimos siglos. La monarquía sigue manteniendo el prestigio después del largo reinado de Isabel II, pero lo mismo no se puede decir ni de la política ni de los medios de comunicación, incluyendo a la famosa BBC, coletazos que hoy están alcanzando a instituciones de prestigio en el pasado, como la administración de justicia o la policía, con repercusiones hasta en Scotland Yard.

¿Será Andy Burnham el líder que el Reino Unido necesita hoy? No lo sabemos, dada la velocidad del vía crucis al que se vio (merecidamente) sometido Starmer y el dramatismo, con elementos de política pequeña, en la forma como fue bajado del cargo por una rebelión interna, de diputados muchos de los cuales eran primerizos, que solo llegaron a Westminster gracias a la avalancha electoral de los últimos comicios generales, los del 2024.

No sabemos, solo que por su trayectoria y opiniones contra la “élite” está a la izquierda de su predecesor, pero en un contexto donde ha habido una derechización del electorado, tal como lo demuestran las últimas elecciones locales y el ascenso de Reform UK y su líder Nigel Farage, todo un cambio en la tradicional política bipartidista de conservadores y laboristas, más una tercera fuerza más pequeña llamada lib-lab, más los partidos regionales escoceses, irlandeses y de Gales. Ahora, al parecer el Reino Unido se incorpora a la política de la polarización, con los peligros y desventajas que ello trae consigo.

El gran error de Keir Starmer fue no adaptarse a este cambio, no abordar los problemas de fondo del momento que se vive, y seguir actuando como si el escenario de su inmenso triunfo todavía se mantenía, sin entender que ahí operó un gran voto de castigo a malos gobiernos de los conservadores más que un apoyo al programa wokista del laborismo. Que todo político debe actuar como un maestro de la oportunidad es consejo de Maquiavelo al príncipe, y la caída de Starmer es evidencia del hecho que al no cambiar y al no adaptarse al cambio que tuvo lugar en el electorado, quien en definitiva fue cambiada fue su persona.

No sabemos si Burnham está disponible para modificar el programa con el que fueron electos los laboristas hace un par de años, o, por el contrario, va a buscar doblar la apuesta. Para el primer ministro que formalmente asume en los próximos días, fundamental es que intente salir del hoyo y la parálisis que hundió al gobierno, o sino la posibilidad de repetir el ascenso y caída del conservador Boris Johnson se puede repetir, toda vez que los errores que obligaron a la salida de Starmer no fueron ocasionados por su oposición sino por él mismo, ya que fueron errores autoprovocados como también errores no forzados.

Su breve gobierno recuerda lo que le ocurrió a Biden, sin por cierto incorporar el deterioro y los problemas de salud del estadounidense. Starmer fue el hombre adecuado para ganar la elección, pero después su propio partido lo desechó. Si nos guiamos por el pasado, el cambio de primer ministro ha permitido un repunte en las encuestas, pero son modificaciones de breve duración, por lo que considerando que el aguante de los electores ha disminuido, a Burnham le podría pasar lo mismo que a Keir Starmer si no ataca los problemas de fondo, algunos que además son los mismos que condujeron al brexit, como la sensación de algunos votantes que el país y a su cultura está siendo cambiada sin siquiera consultarles.

Para no repetir su suerte, el desplome conservador debiera ser estudiado por los laboristas, ya que un similar desenlace parece ser el camino por ellos elegido al dejar de hablarle a las mayorías y sus preocupaciones ciudadanas, para principalmente preocuparse de ser expresión sólo de la tribu propia y no del sentido común. Es lo que ocurre cuando se pierde el centro, aunque solo sea en el discurso.

Sobre todo, la enfermedad que ha afectado a distintos gobiernos de la isla británica es una que también tiene lugar en la Unión Europea, la pérdida del orgullo por una historia magnífica para avanzar por la pendiente que conduce a una creciente irrelevancia. Quizás, lo que ocurre en el otrora poderoso Reino Unido que alguna vez dirigiera al mundo, va a ayudar a los historiadores del futuro a explicar el desencanto y la crisis que se produjo con el sistema y la civilización liberal. Por otra parte, es una enseñanza que también debiera ser observada por el cambio político que está teniendo lugar en Latinoamérica, que la exigencia del votante no es tanto laborista o conservador, derecha o izquierda, sino ser un buen gobierno.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Me crié en la ciudad más linda de Uruguay, el mejor lugar del mundo. De veranos muy movidos e inviernos demasiado calmos. De temporadas glamorosas que salvaban el año. Un balneario por entonces de muchas casas y pocos edificios.

Me acostumbre a convivir con argentinos en su mayoría que llegaban de vacaciones para disfrutar del calor, las playas, la noche. Y de uruguayos que la miraban con cierto recelo.

Mi feliz adolescencia transcurrió en un lugar en donde nos conocíamos todos…

Hoy tengo 46 años y mi ciudad cambió. Punta del Este es ahora un movimiento constante y me encanta. Es que cautiva a propios y extraños.

Ya no hiberna, convive con las estaciones del año que en su hermosa geografía resaltan su particular encanto. Hoy tiene vida propia. Nadie espera con ansiedad el esplendor de una zafra, todos disfrutan de un sitio que se acostumbró a recibir nuevos habitantes todo el año.

Lejos en el tiempo quedaron los edificios apagados, los restaurantes cerrados, las calles vacías. El silencio de Gorlero o el desierto de La Barra en julio. La soledad como compañía. Se respiraban otros tiempos.

Punta del Este o la vieja Villa Ituzaingó, vive constantemente una transformación urbanística, también comercial y principalmente social. De pueblo a cosmopolita. Idiomas y culturas de diferentes partes del mundo armonizan en este maravilloso rincón del mundo. Argentinos, brasileños, europeos, norteamericanos lideran un cambio de época revelador.

Vivir con la compañía del mar es inigualable. El que te reta en la brava y te abraza en la mansa. El que energiza y calma.

También lo es contemplar un amanecer o disfrutar de un atardecer. Postales que nos regala a diario este oasis sofisticado de andar sencillo y respetuoso.

Hoy conviven varios puntos neurálgicos dentro de lo que es el territorio esteño. La península, Solanas, La Barra, Manantiales, José Ignacio tienen vida propia.

A no dormirse. Su crecimiento incesante necesita de gente capacitada que lidere su transformación. Planificación, estrategia y visión de futuro marcarán sus próximos años. Nada la detiene, pero a todos nos ocupa.

Punta del Este se reinventa continuamente sin perder su identidad. Son 119 años de una rica historia, de un presente maravilloso, de un futuro esperanzador.

¡Feliz aniversario!

El académico Carlos Ayala Corao en un ciclo de conferencias de la Academia de Ciencias políticas y Sociales, planteó que Venezuela debe aprovechar las ventajas que ofrece hoy en día la Inteligencia Artificial (IA), calificándola como un útil instrumento al servicio de la humanidad. Acotó, asimismo, que el Papa León XIV en “Magnifica Humanitas”, demanda que ha de conducírsele como un útil instrumento al servicio de la humanidad y no en una herramienta de dominación, control social y nueva esclavitud.

Nosotros, no tan doctos, morábamos en ser calificados como copio netos, cada vez que acudíamos a la IA, por lo que agradecemos al buen amigo Carlos Ayala la sugerencia que ha formulado, con respecto a los beneficios de la modernidad.

Es así como constatamos acudiendo a ella que la palabra “sismo” deriva del griego “seísmos” y designa una sacudida o agitación. Y que para una vieja versión del Diccionario de la Real Academia Española equivale a terremoto o sacudida de tierra producida por causas internas. Pero, asimismo, por vía de la complementariedad, se alude a “la sismología”, como parte que es de la geología, esto es, al análisis de los estremecimientos terráqueos. En aras de cierto orden en lo relativo al examen de la problemática, permítasenos hacer referencia, excusándonos por la repetición, asimismo, a:

1. Sismógrafo, instrumento que señala durante un sismo la dirección y amplitud de las oscilaciones y sacudimientos de la tierra,

2. Terremoto, concusión o sacudida del terreno, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior del globo,

3. Temblor, una sacudida terrestre causada por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la tierra.

Ahora bien, en aras de un analisis un poco más global, cabría adicionar, aquellos eventos causados por la voluntad humana, demandándonos acerca de la presunta legitimidad de la expresión “sismos políticos”, entre los cuales, acudiendo al libro “The Big Book of Answers”, de Kevin S. Hile, cabria mencionar unos cuantos: Nacionalismo, Liberación de la India (Mohandas Gandi), Solidaridad (Lech Walesa), Antiapartheid, Abolición de la Esclavitud, Reconocimiento de los Derechos Civiles (I have a dream, Martin Luther King Jr.), el Ku Klux Klan, The United Farm Workers (Cesar Chavez), Feminismo, Populismo, Progresismo (Derechos de los Trabajadores), The Hippies y the Ocupied Movement (con rango internacional en aras de una economía equitativa). Al elenco se le incluye en el género “Movimientos políticos y sociales”. Pero, unos cuantos más son identificables, entre ellos, los religiosos, filosóficos y artísticos.

En atención a lo antes expresado, cuesta poner de lado “la curiosidad”, definida, precisamente, por la IA como “el deseo o impulso natural por conocer, averiguar y aprender”, obviando preguntarse si, además, de la concusión o sacudida del terreno, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior del globo, Venezuela ha sido, igualmente, víctima y por largos años y unas cuantas veces de “sismos políticos, sin encontrar en unas cuantas ocasiones a un sismógrafo eficiente”.

Asimismo, en la textura de la lógica ha de puntualizarse que destacadas personalidades señalan que el sistema político es más eficiente en la medida en que se sustente en “la maximización de ciudadanía”, fuente del verdadero ciudadano, definiéndosele como “aquel de racional comportamiento y moderador de los impulsos y las pasiones humanas más intensas”. Para reconocidos especialistas albergamos impulsos primitivos, deseos reprimidos y traumas que influyen en nuestra conducta sin que nos demos cuenta, en principio, calificadas como las instancias psíquicas las cuales con frecuencia interactúan definiendo la dinámica de la personalidad, conduciendo a la satisfacción inmediata de los anhelos sin importar las consecuencias. Un super yo impregnado de demandas ante una realidad exterior que induce a una perturbación del equilibrio espiritual, cuando no conseguimos dominar nuestra propia complejidad, lo cual nos conmina a contrariar inclusive a la voluntad de Dios. Para la IA la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina, cuyas consecuencias parecieran más catastróficas que el desbocamiento de las normas creadas a través de los sistemas políticos. Poner de lado la actitud de mantener el equilibrio, controlar los impulsos y actuar con mesura ante las emociones o deseos, no hay dudas de que ejercen una determinante influencia, negativa, lógicamente, en el liderazgo político. Evidencias abundan en lo relacionado con los países de América Latina.

Una aseveración de lo antes expuesto, es que no deberíamos dudar de que “los sismos políticos” han existido, existen y que durante siglos hemos realizado millones de intentos para regularlos, en aras de una democracia eficiente, tema con respecto al cual el profesor Carlos Blanco, destacado político venezolano y quien ocupara posiciones importantes en la segunda Administración del Presidente Carlos Andrés Pérez, ha participado en procura de alternativas, como consta del interesante trabajo “La democracia frente al Estado eficiente” editado por la Cepal.

En un interesante libro de Juan Garrido Rovira, titulado “La revolución de 1810” (2009), el destacado jurista se refiere al Reglamento del 11 de junio de 1810, señalando entre sus propósitos y aspectos: 1. Apertura democrática y proporcionalidad, 2. Concentración del poder: causa de las miserias políticas, 3. Separación de poderes, 4. Participación de la comunidad, 5. Formación del censo general, 6 Conteo de votos, 6. Elección de diputados, 7. Instalación del Congreso y finalmente “Hacia el cambio definitivo de la condición y de régimen político”, con respecto a lo cual el abogado expresa “Instalado el Congreso, la Suprema Junta de Caracas había cumplido su misión histórica y se abría un camino para discutir y decidir acerca de la declaración de la independencia y el establecimiento del gobierno republicano representativo y fundamentado en la igualdad civil y política de los hombres libres”.

El lector, pensando con franqueza, es muy probable que cuente los 216 años desde entonces transcurridos y siendo franco comentaría “en unos cuantos sismos políticos hemos morado”, consecuencia de la mano del hombre, los alimentados por la naturaleza numéricamente bastante menos. Una justificada razón para preguntarse a cuál de las dos tipologías hemos de tenerle más miedo.

Al régimen estatuido por los Estados Unidos, a partir del 3 de enero del año en curso, se le ha calificado, por algunos como “corresponsabilidad gubernativa” y en criterio de otros “protectorado y tutela”. Aquellos cansados de tantos sismos, no dejan de ver con buenos ojos la providencia del Gigante del Norte, pero los de la frase “si se puede”, más optimistas, arguyen a favor de una democracia, como lo consagra el Preámbulo de la Constitución de 1999, oportuno transcribir:

“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático”.

No sabríamos si calificar o no a una pretendida “refundación de Venezuela”, uno de los sismos más imaginativos de nuestra historia, pues, todavía sacude a nuestra pretendida, pero no materializada república. Lamentablemente.

En el contexto no deja de ser interesante regresar al consejo del académico Carlos Ayala, acudiendo nuevamente a la IA, en la cual se define al optimismo exagerado como “la tendencia a sobreestimar los eventos positivos y subestimar los riesgos, pudiendo derivar en una positividad tóxica. A corto plazo calma, pero a la larga genera ansiedad al evitar la realidad y negar emociones necesarias como la tristeza o el enojo”. Non e facile, dicono gli italiani.

Hemos de hacer referencia a la contestación que el también académico, nuestro discípulo, Jose Rafael Badell, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, hiciera a la exposición de Ayala. El excelso alumno y amigo con sobrada competencia para traer a colación la histórica frase ¡Di cébanos eterna die!, traducida al español ¡Como decíamos ayer!, pareciera haber dejado en la audiencia la necesidad del optimismo para no decaer, pues, Fray Luis de León, iniciaba sus lecciones con la aludida mención, por ausencia a sus clases motivado a la estadía a menudo en las mazmorras de la época, sancionado por defender el necesario camino a la modernidad política.

No puede dejar de mencionarse, antes de terminar, a la exageración en la normativa, bajo la errónea convicción de que todo se resuelve con la calificable inflación normativa derivada de una infinita tipificación de los hechos y de presuntas penas. Razón para advertir que carecería de lógica tipificar a “los sismos” a través de las constituciones o de fuentes normativas inferiores. La IA, por lo menos, lo criticaría.

Una apreciación final en el presente ensayo pasaría por advertir la preocupante codependencia de las leyes, los sismos y las lágrimas. Y muy particularmente, si admitiéramos la hipótesis. El desastre sísmico del litoral venezolano no deja, por consiguiente, de recomendar el análisis a fin de precisar aquello que se escucha con respecto a una exagerada codelincuencia, lo cual no ha de extrañar, puesto que según el relato bíblico Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego y azufre enviada por Dios como castigo divino. Los textos sagrados señalan que la destrucción se debió a la extrema depravación, la inmoralidad sexual, la injusticia social, el maltrato a los extranjeros y la soberbia de sus habitantes.

Finalmente, volviendo al tema de las relaciones de hoy entre los Estados Unidos y Venezuela, pocas son las opciones, tal vez, dos: 1. Prosigue la corresponsabilidad, el protectorado o la tutela y 2. El Norte decide no proseguir en el empeño que se ha propuesto. Quizás hojear el interesante libro “Estados Unidos, La historia”, de Paul Johnson, 2001, pueda contribuir a disipar la conveniencia o no del actual régimen para con Venezuela. Limitándonos al índice los temas tratados son, Primera parte, “Una ciudad sobre una colina” / La Norteamérica colonial, 1580 – 1750, Segunda parte, “Que la constitución libre sea por siempre sagrada” / La Norteamérica revolucionaria, 1750-1815, Tercera parte, “Lo que prevalece es una feliz mediocridad general” / La Norteamérica Democrática, 1815-1850, Cuarta parte, “El pueblo casi elegido” / La guerra civil norteamericana, 1850-1870, Quinta parte, Masas apiñadas y cruces de oro, 1870-1912, Sexta parte, “La primera nación internacional”, 1012-1929, Séptima parte, “Nada que temer, excepto el temor”, Norteamérica superpotencia, 1929-1960 y finalmente Octava parte, “Pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga”, La Norteamérica que crea problemas, 1960-1977.

@LuisBGuerra

El 24 de junio se convirtió en una fecha imposible de borrar de la memoria venezolana. Mientras muchos seguían el Mundial de Fútbol, otros hablaban de profecías o veían extraterrestres. Pero desde las entrañas de la tierra emergió la única verdad que importaba: una tragedia real, brutal y devastadora.

Dos poderosos terremotos sacudieron a Venezuela y golpearon con especial ferocidad a La Guaira. En cuestión de segundos, edificios y viviendas colapsaron, dejando un paisaje de destrucción sin precedentes. Apellidos completos desaparecieron, familias enteras murieron bajo los escombros, comunidades quedaron borradas del mapa y miles de personas perdieron absolutamente todo.

Si el desastre natural era inevitable, la respuesta del gobierno fue la otra gran tragedia. Por su inacción, incapacidad y desorden, hicieron todo lo posible para agravar el sufrimiento y la agonía de la población.

A las 6:05 de la tarde ocurrió el primer movimiento telúrico. Segundos después llegó el segundo. Y luego, el silencio. El más ensordecedor y devastador: el silencio de Delcy Rodríguez y su gobierno.

La emergencia dejó al descubierto un aparato estatal no solo incapaz de reaccionar, sino profundamente indolente. Faltó liderazgo, autoridad, conocimiento, coordinación, planificación y capacidad operativa. El país observó cómo un gobierno acostumbrado a movilizar todos sus recursos para contener protestas o perseguir adversarios quedó completamente paralizado ante una tragedia que exigía rapidez, organización y humanidad.

La memoria inevitablemente nos llevó a la tragedia de Vargas de 1999. Como reportero, tuve la oportunidad de cubrir aquella emergencia. Más allá de las críticas por la reconstrucción y la negativa de aceptar ayuda internacional, hubo una diferencia fundamental: existió capacidad de respuesta.

Recuerdo al entonces director de Protección Civil, Ángel Rangel Sánchez, coordinando operaciones, informando al país, organizando equipos de rescate y manteniendo comunicación permanente con la población. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas, la Armada movilizó embarcaciones para atender a los damnificados y miles de funcionarios trabajaron sin descanso para salvar vidas.

Veintisiete años después, según lo que vi e investigué —y bajo el lente de la prensa mundial— esta vez nada de eso ocurrió. No hubo coordinación. No hubo Fuerzas Armadas. No hubo Estado. Mientras millones de venezolanos dentro y fuera del país se activaban en grandes voluntariados, los hombres de verde se convirtieron en soldaditos de plomo: inmóviles, ausentes, incapaces.

Durante las primeras horas, Delcy Rodríguez permaneció en Caracas. No hubo una imagen de conducción nacional, ni un comando unificado visible, ni una movilización inmediata que transmitiera confianza. En muchos sectores fueron los propios ciudadanos quienes asumieron las labores de rescate, removiendo escombros con sus manos y utilizando herramientas improvisadas para intentar salvar a familiares y vecinos.

Las historias que comenzaron a conocerse estremecieron al país: padres que sobrevivieron mientras perdían a sus hijos; familias enteras sepultadas; recién nacidos rescatados contra todo pronóstico; personas esperando durante horas y días una ayuda que nunca llegó a tiempo.

Frente a esa realidad, la asistencia internacional adquirió un papel determinante. Diversos países y organizaciones activaron equipos de búsqueda y rescate, conscientes de que en este tipo de tragedias cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa disposición solidaria merece un reconocimiento especial.

Superada esta etapa de luto y dolor profundo, llegará la fase de reconstrucción. Un proceso que exigirá transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas. Es indispensable asegurar que los recursos destinados a las víctimas lleguen a quienes realmente los necesitan y no se conviertan en otro episodio de corrupción.

Venezuela enfrenta una tragedia de dimensiones enormes. La prioridad debe ser salvar vidas, atender a los sobrevivientes y reconstruir las comunidades afectadas. Por ahora, el debate político está en pausa. Cuando la naturaleza golpea con tanta fuerza, los ciudadanos esperan algo elemental de quienes gobiernan: liderazgo, capacidad de respuesta y compromiso con la vida.

Nada de esto está presente en el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Por ello, Estados Unidos, como país protector, deberá velar para que ni Delcy ni su hermano manejen un solo centavo, y para que se convoque a los mejores y más capaces para la tarea de reconstrucción. Nombres sobran en Venezuela: personas con solvencia moral, conocimiento y reputación para asumir esta responsabilidad histórica.

El debate sobre el futuro democrático de Cuba ha entrado en una fase de visibilizar propuestas concretas por parte de la oposición y la sociedad civil independiente cubana, que se vienen pensando desde hace décadas y toman un protagonismo que superan la mera denuncia del régimen. Una prueba de esto se ha dado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá, con la presentación del informe de consulta a la sociedad civil ante un posible escenario de transición realizado por Cultura Democrática y Consorcio Justicia así como la presentación del Acuerdo de Liberación, una de las principales iniciativas y hoja de ruta para la democratización de Cuba.

Uno de los logros más significativos destacados del mencionado estudio es la capacidad de contrarrestar la propaganda oficialista que históricamente ha intentado proyectar la imagen de una oposición fragmentada e incapaz de gobernar. La sistematización de las propuestas demuestra que, a pesar de la distancia geográfica y los saltos generacionales (donde conviven activistas históricos de los años 90 con las nuevas generaciones surgidas tras el 11J), existen denominadores comunes innegociables: la necesidad de un nuevo pacto democrático basado en el pluralismo político, el establecimiento inmediato del Estado de derecho y garantías para la libertad de expresión, la urgencia de un marco de justicia transicional que combine memoria con reconciliación nacional.

El documento presentado en la OEA funciona como un disparador técnico que demuestra que los líderes cívicos no sólo resisten, sino que están listos para la gestión institucional. La consulta arrojó datos reveladores sobre cómo los activistas y analistas conciben el rol de la comunidad internacional, especialmente en un contexto marcado por el endurecimiento de presiones diplomáticas, militares, económicas y jurídicas desde Washington durante 2025 y principios de 2026. Al ser consultados sobre un potencial escenario que involucre el apoyo o intervención de Estados Unidos, las posturas de la sociedad civil reflejan un debate estratégico profundo: Un sector, que representa el 16%, defiende firmemente una línea reformista y soberana, argumentando que el cambio debe gestarse y ejecutarse exclusivamente por manos cubanas a través de la presión social y el fortalecimiento cívico. En el otro extremo, una porción con el 22% apoya de manera rotunda una intervención exterior de carácter humanitario o político bajo el postulado de que el aparato represivo del régimen es asimétrico e imposible de desmontar únicamente desde el civismo interno. Acompañado del 62% que apoya algún tipo de intervención y presión internacional que fuerce al régimen a negociar y dejar el poder pero con matices y condiciones al estilo de que no sea una intervención militar, o que no se prolongue un gobierno transicional más allá de 18 meses, de que la sociedad civil independiente cubana se encuentre en la mesa de negociación también, o que el castrismo no deje el poder con el motín de las últimas finanzas nacionales y con impunidad.

El informe concluye en tres pilares de acción directa: en primer lugar, articular entre los actores cubanos, es decir romper definitivamente los compartimentos estancos entre las organizaciones del exilio y la resistencia interna, más allá de las ideologías o diferencias metodológicas, para consolidar un frente de negociación unificado. En segundo lugar, comunicar mejor de cara al exterior y al interior a fin de superar los bloqueos informativos impuestos por la Seguridad del Estado dentro de la isla y, simultáneamente, educar a la opinión pública internacional sobre la inviabilidad del modelo actual. Y en tercer lugar pero no en menor en importancia, proteger a quienes se manifiestan dentro de la isla, dado el incremento de las protestas populares cotidianas por la crisis humanitaria y de servicios básicos, la protección legal, económica y mediática de los defensores de derechos humanos en Cuba es prioritaria para evitar el descabezamiento de los liderazgos locales.

Luego de la presentación del informe, el ex preso político y fundador de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y el Director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Yaxys Cires, ambos firmantes del Acuerdo de Liberación resumieron la hoja de ruta inmediata de la oposición. El Acuerdo de Liberación, impulsado por coaliciones como Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana, es una propuesta estratégica y programática diseñada para conducir a Cuba hacia una transición democrática irreversible a través de cuatro fases progresivas encaminadas a evitar el caos social y el vacío de poder. La primera es la Fase de Liberación, cuyo foco es el cese inmediato de la represión, la excarcelación incondicional de la totalidad de los presos políticos y el restablecimiento inmediato de las libertades fundamentales de expresión, prensa y asociación. Le sigue la Fase de Estabilización, orientada a contener la crisis humanitaria mediante la canalización de ayuda internacional (alimentos y medicinas) y a garantizar la seguridad ciudadana a través de la reforma de los cuerpos policiales y la desmilitarización de la vida pública. Posteriormente, la Fase de Reconstrucción asume el reto de sentar las bases jurídicas y financieras de la nueva República; esto incluye la derogación del monopolio constitucional del partido único, reformas para una economía de libre mercado y la inserción activa de la diáspora como motor clave de inversión y reconciliación nacional. Finalmente, el proceso culmina con la Fase de Democratización, donde un gobierno provisional estrictamente acotado convoca a las primeras elecciones generales, multipartidarias y competitivas en más de seis décadas, bajo la estricta observación de la comunidad internacional. Guiado por los pilares de la desmilitarización del Estado, la reunificación nacional y el florecimiento humano, este acuerdo sistematiza el consenso de la sociedad civil independiente para asegurar que el colapso del totalitarismo derive en una democracia estable, pluralista y con pleno apego al Estado de derecho.

El análisis concluyó con la participación de Carolina Barrera, activista cubana y fundadora de Ciudadanía y Libertad en diálogo con Ezequiel Podjarny, Policy Officer para América Latina de Human Rights Foundation, quien advirtió sobre la reconfiguración de las complicidades autoritarias en la región. Con el debilitamiento del subsidio y el control político desde Venezuela, la embajada de Cuba en México se ha consolidado estratégicamente como el mayor centro operativo de la inteligencia cubana en Latinoamérica. Los analistas del evento señalaron que, a pesar de los informes de expertos internacionales sobre violaciones flagrantes a los derechos humanos, gobiernos alineados ideológicamente como el de Claudia Sheinbaum continuarán priorizando la protección política de la cúpula militar en La Habana por encima de las urgencias humanitarias del pueblo cubano.

La llegada de estas propuestas a la OEA confirma que la transición en Cuba ya no se debate en términos de “si ocurrirá”, sino de “cómo se administrará” el colapso del modelo para evitar el caos y garantizar un tránsito irreversible hacia la democracia.

La autora es Presidente de Cultura Democrática y autora del libro “Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba”.

Guyana es un país de complejidad e ironía. Es uno de los socios más sólidos de Estados Unidos en el Caribe. Es miembro de la iniciativa “El Escudo de las Américas” y cuenta con una economía cuyo crecimiento transformador está estrechamente ligado a un consorcio de empresas petroleras liderado por ExxonMobil. Al mismo tiempo, su relación con la República Popular China (RPC) es una de las más largas y profundas de la región.

Guyana recibió relativamente poca atención por parte de los responsables políticos o las empresas estadounidenses hasta la confirmación de importantes reservas recuperables de petróleo en mayo de 2015, y, incluso después de ello, principalmente fue objeto de atención únicamente por parte de comunidades de interés en Washington centradas en el petróleo, Venezuela o asuntos del Caribe.

Como excolonia británica que sólo logró su total independencia en 1966, Guyana fue en su momento uno de los países más pobres de la región, una sociedad multiétnica cuya política y cooperación con la RPC se definieron mayoritariamente a través de la óptica del “Sur Global.” Esto incluyó una cooperación orientada al desarrollo en agricultura, manufactura a pequeña escala y otras áreas desde etapas tempranas.

El papel del consorcio liderado por Exxon en el desarrollo de los recursos petroleros de Guyana, sumado a una interacción relativamente positiva con el gobierno de Estados Unidos durante la crisis política que finalmente devolvió al poder al Partido Progresista del Pueblo - Cívico (PPP/C) en 2020, contribuyó, posiblemente, a la importancia que el actual gobierno del PPP de Irfaan Ali le ha dado a mantener buenas relaciones con Washington. Al mismo tiempo, los lazos construidos por China con el PPP/C, sumados al enorme flujo de dinero nuevo con el auge petrolero, han posicionado a la RPC y sus empresas para desempeñar un papel importante en la economía en rápida transformación de Guyana, desde el petróleo y la minería hasta proyectos de infraestructura y el sector minorista.

Este trabajo analiza ese compromiso creciente de la RPC, mientras el gobierno de Ali navega sus relaciones con Washington y con la RPC.

Relaciones políticas e históricas

Guyana cambió sus relaciones diplomáticas de la República de China (Taiwán) a la RPC en junio de 1972, apenas seis años después de la independencia del país del Reino Unido, siendo uno de los primeros países de la cuenca del Caribe en hacerlo. Como se señaló anteriormente, la relación en los primeros años se caracterizó por la cooperación en cuestiones de desarrollo como la agricultura y la manufactura a pequeña escala. Durante el dominio del Partido Progresista del Pueblo (PPP) desde 1992 hasta 2015, el gobierno trabajó estrechamente con la RPC y contrató a empresas chinas, incluidas numerosas obras de infraestructura y otros proyectos, muchos de los cuales fueron cuestionados tanto por su calidad como por sospechas de corrupción.

Cuando la coalición opositora Partido para la Unidad Nacional / Alianza para el Cambio (APNU/AFC) llegó al poder de 2015 a 2020, a pesar de las críticas previas de algunos miembros de la coalición hacia la relación de sus predecesores con la RPC, el gobierno APNU/AFC de David Granger modificó su postura, pero continuó cooperando con la RPC. En julio de 2018, su gobierno fue de los primeros en la cuenca del Caribe en unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de la RPC.

Como se mencionó antes, cuando el PPP/C regresó al poder en agosto de 2020, el nuevo gobierno del presidente Irfaan Ali, aun manteniendo una estrecha relación política y de seguridad con Washington —de especial importancia ante la activa amenaza militar para el control de Guyana sobre su región de Esequibo por parte de la vecina Venezuela— también continuó la estrecha relación comercial y política de Guyana con la RPC. El presidente Ali visitó la RPC en julio de 2023, reuniéndose con el presidente Xi Jinping en Chengdu y firmando una serie de acuerdos de cooperación comercial, tecnológica y de desarrollo. En 2025, el canciller guyanés Hugh Todd viajó a la RPC para participar en el IV Foro China-CELAC, incluyendo reuniones con su homólogo Wang Yi.

A pesar de la cálida relación política, y aunque empresas con sede en la RPC han ganado un número significativo de contratos y avanzado su posición en Guyana en el contexto de la considerable nueva riqueza petrolera del país, ambas naciones no han suscrito una asociación estratégica.

El actual embajador de la RPC en Guyana, Yang Yang, es relativamente nuevo, llegó en abril de 2025, pero es considerado un diplomático bastante hábil.

Comercio

El comercio bilateral de Guyana con la RPC ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, alcanzando los 2.900 millones de dólares en 2025, el doble que el año anterior. Sin embargo, ese comercio ha sido desigual a favor de China. En 2024, las importaciones de Guyana desde la RPC, de 926 millones de dólares, fueron aproximadamente el doble de las exportaciones hacia ese país. Además, Guyana exporta principalmente metales y minerales con bajo valor agregado y otras materias primas hacia China, mientras importa de allí una amplia variedad de bienes y servicios de mayor valor agregado.

En especial en la última década, una amplia gama de empresas con sede en la RPC ha establecido operaciones en Guyana. De allí ha surgido una comunidad de empresas chinas de todos los tamaños con actividad en el país. Algunas de las más importantes están representadas por la Asociación de Empresas Chinas en Guyana (ACEG), actualmente presidida por Jason Wong, quien llegó a Guyana hace más de dos décadas para trabajar en proyectos, y posteriormente fundó China Trading, la empresa de importación y exportación más relevante en el país vinculada a la RPC, así como otras compañías importantes. Fundada en 2013, ACEG cuenta con entre 14 y 20 miembros, incluyendo gigantes corporativos de la RPC como China National Construction and Agricultural Machinery Import and Export Corporation (CAMC), China State Construction Engineering Corporation (CSCE) y China Communications and Construction Corporation (CCCC). ACEG coordina regularmente con la embajada de la RPC en Guyana.

Sector petrolero

La presencia china en el sector petrolero de Guyana está liderada por China National Offshore Oil Company (CNOOC), que posee una participación del 25% en el consorcio encabezado por ExxonMobil que domina los proyectos petroleros en el país. El alcance del consorcio se ha incrementado notablemente con la incorporación de varias nuevas explotaciones petroleras productivas en los últimos años, incluyendo Liza, Payara, Yellowtail y Whiptail. En octubre de 2023, cuando el socio del consorcio Hess intentó vender su participación del 30%, CNOOC trató, sin éxito, de adquirir dicha participación, lo que, de haberse concretado, le habría dado el control mayoritario del 55% en la empresa conjunta.

Si bien un pequeño número de empresas de servicios petroleros afiliadas a China, como NABI/KCL, opera en Guyana, la presencia de compañías petroleras chinas fuera del consorcio ha sido limitada. No obstante, CNOOC se ha vuelto cada vez más sofisticada como actor local, como lo demuestra la donación de 4 millones de dólares realizada en marzo de 2023 a la escuela secundaria Christ Church, luego de que su edificio fuera destruido por un incendio, un acto astuto para generar buena voluntad con la comunidad local.

Posibilidades mineras

En el sector minero de Guyana, las empresas chinas han estado presentes tanto en la minería a gran escala como a pequeña escala. La empresa china Bosai opera una mina de bauxita cerca de Linden desde 2007 y, en 2023, se involucró en un proyecto de expansión por 115 millones de dólares.

En el sector aurífero, en agosto de 2020, la empresa china Zijin adquirió la mina de oro Aurora por 238 millones de dólares, y desde entonces ha ampliado sus operaciones.

Sin embargo, más allá de Aurora, las fuentes consultadas para este trabajo sugieren que varias empresas financiadas por la RPC, registradas a nombre de guyaneses, también explotan oro y otros minerales en el país.

Madera y agricultura

Las empresas con sede en la RPC no han tenido una presencia significativa en el sector agrícola de Guyana, aunque técnicos chinos han brindado capacitación y asistencia en asuntos agrícolas como parte de la cooperación para el desarrollo de la RPC en Guyana. Un ejemplo reciente fue la visita de una delegación china de dos personas en octubre de 2023.

En 2009, la Corporación Nacional China de Importación Técnica (CNTIC) fue contratada para construir la enorme planta procesadora de azúcar Skeldon, valorada en 200 millones de dólares, que estuvo plagada de problemas técnicos y nunca llegó a abrir.

En el área forestal, la empresa con sede en la RPC Bai Shan Lin se vio obligada a suspender sus operaciones en el país en 2016 debido a supuestas violaciones de las leyes guyanesas. Más allá de Bai Shan Lin, la exportación de troncos en bruto desde Guyana hacia China, con escasa supervisión y poco valor agregado del lado guyanés, se ha convertido en un tema de debate público.

Sector de la construcción

Las empresas con sede en la RPC han llegado a dominar el sector de la construcción en Guyana, tanto en proyectos de infraestructura pública como en propiedades comerciales.

China Harbour desempeñó un papel temprano, aunque problemático, en la ampliación del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan. Empresas chinas como China Road and Bridge Corporation (CRBC) han ganado múltiples contratos para obras de transporte a lo largo de la costa de Guyana y en otras zonas, en particular el estratégico Mejoramiento de la Autopista East Bank Demerara, una obra valorada en 192 millones de dólares. De igual modo, en enero de 2024, el proyecto del puente Mackenzie-Wismar, valorado en 35 millones de dólares, fue adjudicado a China Harbour (CHEC). El proyecto de infraestructura de transporte más significativo liderado por la RPC ha sido el puente sobre el río Demerara, valorado en 260 millones de dólares, adjudicado a CHEC a finales de 2022 e inaugurado a finales de 2025.

Más allá de la infraestructura de transporte, las empresas chinas han participado en el repetidamente cancelado y reestructurado proyecto hidroeléctrico Amaila Falls de 165 megavatios. Esto incluyó la participación de un consorcio liderado por China Water and Electric (CWE) en una versión del proyecto de 2023, así como el interés actual de empresas chinas en la más reciente licitación, iniciada en febrero de 2026.

En el sector inmobiliario comercial, las empresas chinas han avanzado mucho más allá del controvertido Marriott Georgetown, de 52 millones de dólares, terminado en 2015 por Shanghai Construction Group. Su competidor, Pegasus, contrató a China Harbour para una ampliación de 100 millones de dólares de su propiedad. Al parecer, ahora las empresas chinas están trabajando en una tercera torre en dicho complejo. En 2023, CHEC fue contratada para construir el Marriott Ogle en East Coast Demerara, por 50 millones de dólares, entre otros ejemplos.

Sector eléctrico

Como en la construcción, las empresas chinas han estado desde hace tiempo activas en la infraestructura de energía de Guyana, incluyendo un contrato por 51 millones de dólares en 2010 con China National Machinery Import Export Corporation para trabajos en el área metropolitana de Georgetown.

En 2025, Guyana Power and Light (GPL) adjudicó un contrato de 442 millones de dólares para líneas de transmisión eléctrica a China Power Corporation. En 2026, también otorgó a China Power un contrato de 27 millones de dólares para almacenamiento de baterías industriales para la red pública. La empresa participa además en la instalación de nueva generación de energía solar a través del Programa Fotovoltaico a Escala de Servicios Públicos de Guyana.

Sector médico

En los últimos años, la RPC ha ampliado su tradicional apoyo al desarrollo de Guyana hasta aumentar su presencia en el sector médico del país. Esto incluye la construcción de seis hospitales regionales. Además, en abril de 2023, la RPC donó 60 millones de dólares en equipos médicos al hospital público de Georgetown. En noviembre de 2023 hizo una donación similar de 10 millones de dólares al hospital en Linden, Guyana. Desde 1993, la RPC también ha enviado equipos médicos, alcanzando el vigésimo grupo en el país para 2025.

Sector digital

Las empresas con sede en la RPC juegan un papel importante, aunque parcialmente limitado, en la industria de telecomunicaciones de Guyana. En 2021, China donó 1.000 “cajas de internet” para ampliar la cobertura digital en el país. Empresas chinas como Huawei también suministran teléfonos y otros equipos a los principales proveedores del país, Digicel Guyana y One Communications Guyana (anteriormente GTT), aunque esta última ha buscado minimizar el uso de proveedores chinos como Huawei en su infraestructura. De igual modo, el proveedor guyanés de telefonía móvil Enet, al parecer, ha construido su infraestructura con equipos de la empresa estadounidense Mavenir, en vez de componentes chinos.

Más allá de la telefonía pública y el servicio de internet, las empresas con sede en la RPC se han posicionado como proveedoras clave de tecnologías digitales para el gobierno de Guyana. Desde 2016, Huawei lidera la construcción de la red de digitalización eGovernment del país, incluida la construcción de la red troncal de fibra óptica hacia el interior y capacitación de personal. Durante la visita del presidente Ali a China en 2023, su gobierno anunció una posible iniciativa para trabajar con empresas chinas en la creación de una universidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en Guyana.

Sector minorista

Como en otras partes de la región, se ha producido una proliferación de comercios minoristas que son propiedad de chinos o se especializan en bienes importados desde China. Estos son especialmente habituales en la costa atlántica de Guyana y a lo largo de la margen este y oeste del río Demerara al sur de la capital, Georgetown. Uno de los ejemplos más destacados es la cadena de supermercados “Real Value” establecida por el empresario chino Jason Wong en 2014.

Esta expansión de comercios chinos ha generado tensiones con los dueños de tiendas tradicionales, muchos de los cuales se ven desplazados por la competencia. En junio de 2024, un grupo de propietarios de supermercados representados por la Asociación de Empresarios de Guyana solicitó y consiguió una reunión con el presidente Ali, señalando que los comercios chinos competían de manera desleal y no cumplían con las normativas tributarias y de licencias. En octubre de 2025, el intento de construir una nueva tienda china en Brickdam, el mercado Chongking, frente a una escuela y sin licencia, obligó a la embajada de la RPC a emitir un comunicado exhortando a los ciudadanos chinos a cumplir con las leyes locales.

Lazos entre pueblos

Como en otras zonas de la región, la RPC ha trabajado en múltiples áreas para ampliar los lazos “pueblo a pueblo” y su influencia asociada en Guyana. Estableció un Instituto Confucio en la UWI Georgetown en mayo de 2014, y ha otorgado entre seis y 12 becas al año para estudios académicos en China, sumando 222 becas entre 1984 y 2022.

Como complemento, el gobierno chino también ha traído regularmente a guyaneses a la RPC para actividades de corto plazo en diversas áreas. Entre 2018 y 2023, al menos 400 guyaneses viajaron a China sólo para cursos de formación.

Como en otras partes de la región, la RPC también invita periódicamente a parlamentarios guyaneses. En agosto de 2024, una delegación de cuatro personas encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Manzoor Nadir, visitó China por invitación de Zha Leiji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la RPC.

Muchos viajes financiados por la RPC han estado dirigidos a personal de medios de comunicación de Guyana. Desde la década de 2010, la RPC ha llevado cada año a un estimado de cinco a 10 periodistas guyaneses al país, incluyendo ocho en 2024. Por ejemplo, en junio de 2023, la RPC llevó al periodista guyanés Shaquawn Hamilton Gill, lo que derivó en un entusiasta testimonio en medios estatales chinos sobre cómo “China está ayudando a otros países a salir adelante”. En julio de 2024, estos viajes financiados por la RPC incluyeron a una delegación de ocho personas encabezada por la editora jefe del Guyana Times, Tusika Martin, e integrantes de Stabroek News, Kaieteur News, News Room y la emisora estatal guyanesa NCN.

Crimen

Reflejando tanto los crecientes vínculos comerciales como la presencia histórica, aunque modesta, de la comunidad china en Guyana, existe también evidencia de actividades del crimen organizado chino en el país. Ejemplo de ello es un caso de 2023 relacionado con el lavado de 4.000 millones de dólares guyaneses a través de negocios chinos locales. En 2022, Vice News generó un escándalo en Guyana al publicar una historia en la que el empresario chino Su Zhirong, en una trama criminal, aparentemente implicaba a altos funcionarios guyaneses.

Cooperación en seguridad

Guyana ha mantenido desde hace tiempo una modesta pero importante cooperación en seguridad con la RPC. Esto incluyó a la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) adquiriendo una aeronave de transporte militar Harbin Y-12 en 2002. En 2012, la GDF firmó un contrato por 100 millones de dólares para que instructores de la fabricante CATIC (China Aviation Technical Industry Corporation) de la RPC se desplazaran a Guyana para capacitar personal, la primera vez que China enviaba tales especialistas a América Latina.

En 2014, la RPC donó 11,9 millones de dólares en motocicletas, equipos de radio, cámaras corporales y cascos, entre otros, a la Policía de Guyana (GPS).

En abril de 2017, donó 31 equipos a la Fuerza de Defensa de Guyana, entre ellos patrulleras pequeñas, bulldozers, una excavadora, camiones cisterna de agua y combustible, camiones volteo, ambulancias y otros vehículos de apoyo.

En noviembre del mismo año, realizó otra donación a la Policía guyanesa, incluyendo 56 camionetas pickup, 44 motocicletas, 35 vehículos todoterreno y cinco autobuses.

Durante las últimas tres décadas y antes, un número importante de miembros de la GDF y la Policía, incluidos algunos con quienes el autor ha conversado personalmente, han viajado regularmente a la RPC para cursos de formación y otros eventos.

Tras el acercamiento con Estados Unidos con el regreso al poder del PPP/C en 2020, el gobierno de Guyana ha reducido el alcance y el perfil de las interacciones militares y policiales con la RPC. Además, el antiguo transporte Y-12 y gran parte del resto de los equipos adquiridos anteriormente a China ya no están en servicio.

Conclusiones

En contraste con otros países de la región, como Panamá, la relación considerable y en crecimiento de Guyana con la RPC no ha generado tensiones significativas con Washington, a pesar de que abarca sectores sensibles como las telecomunicaciones y la cooperación en materia de seguridad.

La ausencia de conflicto de Guyana con Washington por la RPC puede atribuirse a la habilidad del gobierno de Ali —en particular del experimentado vicepresidente guyanés Bharat Jagdeo— para gestionar la relación. También puede reflejar el mayor énfasis que Estados Unidos ha puesto en la valiosa cooperación de Guyana en otros ámbitos. No obstante, las actividades de la RPC en Guyana tocan dos áreas de preocupación señaladas en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos: la influencia de adversarios estadounidenses y el acceso a “terrenos clave.” La cuestión del involucramiento chino en Guyana probablemente seguirá siendo de interés para Washington, incluso mientras Estados Unidos y el actual gobierno del PPP/C continúan gestionando una relación fundamentalmente positiva.

Al invocar la paz debemos trascender hasta una dimensión humanista de justicia a través de la cual construyamos sociedades en que la libertad se asegure al oprimido y la felicidad sea dada aun a los más desposeídos y vulnerables. Una sociedad en que cada Derecho cuente. Tampoco se puede olvidar jamás la máxima de Desmond Tutu: “No debemos permitirnos llegar a ser como el sistema al que nos oponemos. No podemos permitirnos emplear métodos de los que nos avergoncemos al mirar atrás, al decir: «...no deberíamos haber hecho eso». Debemos recordar, amigos míos, que se nos ha confiado una causa maravillosa: ¡la causa de la libertad! Y ustedes y yo debemos ser quienes caminen con la frente en alto. Diremos: «Utilizamos métodos capaces de resistir el riguroso escrutinio de la historia»”.

El objetivo de lograr la paz comienza por evitar las crisis de confrontación, algunas de las cuales han sembrado en el pasado masiva destrucción, pero también alcanzar el ritmo de un mundo razonablemente realista que se logra conectando cada pueblo (en el sentido amplio) con las particularidades de la naturaleza de las relaciones internacionales en cada coyuntura política, evitando la generación de causalidades de gravedad y la generación espontánea de desavenencias políticas internacionales. Se ha consolidado de una manera muy tangible a nivel global la contraposición de intereses polarizados, algunos de ellos políticos y algunos económicos/comerciales. Durante algún tiempo, el sistema multilateral contribuyó a aliviar tensiones y este ideal vivió dentro del sistema.

Pero el ideal de reducción de conflictos está determinado muy claramente por la personalidad de los actores internacionales, los cuales determinan los contenidos de las relaciones internacionales, cómo se da la participación en la política internacional y sus reflejos condicionados. Cuando el mecanismo de paz vive dentro del sistema, la reducción de las dinámicas de confrontación puede ayudar o intentar ayudar a las personalidades extremas de los liderazgos a establecerse con estabilidad en su proyección internacional conforme al Derecho Internacional y aceptar los mecanismos preestablecidos por los cuales se evitan las conflagraciones entre países. Esto tiene también sus problemas, pues ocurre que en esos casos recurrentemente el sistema opera absorbiendo violaciones de Derechos Humanos, el enriquecimiento de uranio, crímenes de lesa humanidad, alteraciones del orden constitucional, rupturas de la democracia. Ello se hace sobre la base de creer que las muertes que ocurren dentro de un país no son responsabilidad de la comunidad internacional y que no hay nada que hacer respecto a violaciones de Derechos Humanos que ocurren establecidamente en un Estado por no existir condiciones de una ejecutoriedad obligatoria o forzadamente obligatoria del Derecho Internacional. La reducción del conflicto entre países lleva incluso a obviar estos temas en las relaciones entre Estados.

El ideal de paz solo puede percibir un nivel relativamente bajo de conocimiento “socavado” de principios que deben ser sacrificados en el altar de la soberanía de los países o en el tribunal de ignorar las violaciones de Derechos Humanos que empiezan y terminan en la gente o las violaciones del Derecho Internacional que empiezan y terminan en la letra del Derecho sin que trasciendan más que como la violación de obligaciones genéricas que no le hacen daño a nadie (aunque sí lo hagan). Esto se hace funcionar como si la paz poseyera algún tipo de habilidad mecánica, pero la misma solo puede sostenerse sobre determinadas condiciones de educación internacional que reflejan condiciones internas, aunque esto es probablemente un profundo error.

Toda solución basada en la armonía ficticia que prescinde de las realidades de la gente, o en las cuales esas realidades de la gente quedan prisioneras de la soberanía de los Estados, o cuando se trata de hacer parecer una unidad beneficiosa de la aplicación del principio, o algo así, es un ideal muy falso, y por eso los conflictos ocurren. Los defensores del statu quo a menudo se disfrazan de guardianes de la armonía, como dijo Mark Shepard. Son los casos en que falta la conexión basada en el nivel de civilidad internacional que la proyección de los asuntos exteriores de los países conforma. Muchas veces se mostró una auténtica arrogancia intelectual la cual estaba basada en supuestos que eran falsos, como decir que este ideal de la paz entre las naciones implica la paz de los pueblos. Esta teoría suele intentar hacer prevalecer que lo falso de este ideal es alcanzable y que, si se equivocan, si lo único que importa es la dimensión de ausencia de conflicto entre las naciones, entonces el mundo cae a los pies de este principio y todo funcionará perfectamente. Obviamente que los pueblos, como por ejemplo el iraní, el venezolano o el cubano se sienten monstruosamente traicionados por este ideal. El concepto tiene que ver con formas perimidas en que los reyes encarnaban la soberanía, esa forma se transformó en que hoy los tiranos o dictadores encarnan la soberanía. También que esos reyes arrastraban a los pueblos enteros a sus guerras y, por lo tanto, hacían pagar al pueblo entero por ello. Este sigue siendo el sueño de los tiranos, dictadores o déspotas de cualquier tipo. El ejemplo más exitoso ha sido el de los autócratas de Hamas, que prácticamente lograron que la totalidad del pueblo de Gaza pagara por su agresión a Israel.

Por otra parte, estas autocracias tienen la posibilidad de generar anticuerpos antidemocráticos en nuestras sociedades, es así que Hamas, Irán, o los dictadores venezolanos o cubanos tendrán sus mecanismos de conflicto social y protesta política activados ante la menor amenaza a la continuidad de sus crímenes. Se aferran a sus “intercambios de cooperación” entre países como a un ídolo (y es un ídolo), mostrando una peligrosa, idealista, incluso sexual reverencia por inducir estupidez suficiente como para reivindicar dictadores o y dictaduras responsables de ejecuciones, tortura y desapariciones, responsables de crisis humanitarias y migratorias. Es como conceptualizar que la paz debe ser edificada sobre las violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, por no mencionar la Democracia que generalmente es la primer víctima.

Es obvio que el ideal del mundo político es estructurar un funcionamiento de paz, el hecho de que las ventanas indelebles de la paz no fueran prácticamente nunca debidamente reconocidas… a veces no ha sido muy útil saber esto, porque estar equivocado es bueno y ayuda a vivir con menos problemas (o, por lo menos, dejarlos para después). Y, sin embargo, la proyección de las ideas a la práctica nos quiere decir si no se usa correctamente, te consumirá, como un sinsentido cualquiera, ¿verdad? Así que podría ser una oportunidad. Sin embargo, esta acción, aunque cualquier sistema amigo de la paz es susceptible de ser profundamente engañado (aunque no tan engañado como se creía, por desgracia) o por la aplicación errada de un principio fundamental o simplemente por no juzgar adecuadamente una situación (como el genocidio en Ruanda). Es así que la paz de Hamas es la paz para atacar nuevamente a Israel (como lo ha hecho en las xs violaciones de ceses del fuego), la paz de Irán es para enriquecer uranio como para tener un arma nuclear susceptible de ser utilizada por sus proxys terroristas como el anteriormente mencionado, Hezbollah, los hutíes, milicias chiíes, así como la paz de las dictaduras latinoamericanas les ha permitido acrecentar e incluso acelerar sus crímenes de lesa humanidad.

No tomar las medidas necesarias en la interacción entre países para reflejarla adecuadamente en un “mundo ideal” —lo que también habría destruido el conflicto interno de la personalidad de la paz— porque se comprende que, aun si se actúa a la perfección, no se podría lograr más de lo que permitía el rol aparentemente limitado asignado por un Estado de Derecho internacional que no existe, dado que si el Derecho no tiene la capacidad para hacer el enforcement de sus principios, entonces el Estado de Derecho no existe como tal, sea a nivel nacional o a nivel internacional. Mientras este rol del Derecho no sea parte de la vida de la gente —pues siempre debemos saber por lo que pasan las personas sin comida, sin salud, sin derechos, sin hogar en este momento— tenemos que encontrar un trabajo adecuado para la paz por encima de soluciones técnicas que matan más y que son perversamente contrarias a la dignidad de la gente y de los pueblos. Es importante darse cuenta de que esta actividad de la paz no debe separarse de las situaciones personales o comunitarias o sociales en general, ya que, si se abordan incorrectamente, podrían convertirse en acciones hostiles. Quizás así es precisamente como se mantiene la escala de percepción: la arrogancia puede llevar a considerar a los pueblos por debajo de la dignidad de la paz entre países, aunque, de hecho y conceptualmente, no existe nada tan degradante para la paz que un tirano o un autócrata que oprime y ejerce la violencia contra su pueblo.

Pero más importante aún, no es en absoluto obvio que el nivel de indiferencia inherente a la paz esté por debajo de cierto umbral de los Derechos Humanos. La gente lo entiende, porque incluso si imaginamos a un país como una figura histórica en la estructura de la comunidad internacional, queda claro que a menudo se trata de países con prácticas patéticas, desafortunadas, repugnantes y contrarias a los Derechos Humanos. Y se nota el conflicto interno, cometiendo errores, asegurándose de que cada ser humano en ese país tenga un día un poco peor del que podría tener, y todo esto sabiendo que con el tiempo le permite estas transgresiones y que incluso hablarán en su defensa, aunque se sabe que está haciendo lo incorrecto. La importancia de la acción policial profesional es permanentemente subestimada, aun cuando es la única forma de tener una dinámica de convivencia, porque si la convivencia dependiera de la veleidad de las personas seríamos permanentemente vulnerables respecto a aquellos que quisieran matarnos, de aquellos que quieren robarnos, de aquellos que quisieran secuestrar, ejercer violencia, violar, en fin, de conculcar cada uno de nuestros Derechos. Pues bien, eso es lo que ocurre en la comunidad internacional, no existe policía que actúe contra aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de Derechos Humanos o enriquezcan uranio con fines armamentistas, respecto a aquellos que realizan o financian acciones terroristas, por lo tanto, se involuciona graciosamente en la sociedad de países hacia la permisividad de esas prácticas de asesinato, robo o violaciones.

El subdesarrollo se asienta fundamentalmente en variables de falta de Derechos Humanos y/o de violaciones de Derechos Humanos. Y esas dinámicas dejan en el suelo esos principios y valores, en esa pegajosidad sucia de violaciones de Derechos Humanos y discriminación que se acumula con los años en las sociedades y que son la principal razón de retroceso. Un país con un ingreso per cápita altísimo es subdesarrollado simplemente por sus prácticas violatorias de Derechos Humanos, y un país con la mitad de esos ingresos puede ser desarrollado simplemente por tener políticas consistentes y transversales de Derechos Humanos. Los países latinoamericanos tenemos extendidas culturas de negación de Derechos Humanos y de discriminación, siendo este probablemente el lastre más pesado para nuestras políticas de desarrollo. Por otra parte, estas prácticas de “subdesarrollización” de los Derechos Humanos se pueden extender, ganar espacios y revertir procesos de conquista de Derechos.

Lo vemos en procesos cada vez más frecuentes de permisibilidad de la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. O del Derecho Internacional respecto a crímenes de lesa humanidad o del Derecho Internacional de no proliferación de armamento nuclear o del Derecho Internacional contra actividades terroristas. Y perdonen las reiteraciones, pero es importante tener claro que todo esto constituye violación al Derecho Internacional, pero son violaciones que son “normalizadas” en el discurso político del liderazgo de la región. Cuando falla este “enforcement” del Derecho, cuando falla o no hay un sistema de “policía internacional” funcional, entonces puede ocurrir que cada uno se defenderá cuando quiera, como quiera, donde quiera. Sobre la base de la ley del más fuerte.

Y muchos de nuestros países en la región enfrentan un retroceso democrático que no es otra cosa que un retroceso del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, estas políticas pasan a constituirse en procesos de “subdesarrollización” continuos con importantes regresiones en cuanto a tejido social, productividad e inteligencia social/colectiva. Los países desarrollados no son ajenos a esto, en un ejemplo menor (aunque muy conocido) en estas dinámicas regresivas está, por ejemplo, Hamtramck, Michigan, que es un enclave conocido por haber elegido al primer ayuntamiento y al primer alcalde totalmente musulmanes en la historia de Estados Unidos. En 2023, el ayuntamiento aprobó una resolución que prohibía exhibir banderas del orgullo LGBTQ+ en propiedades municipales.

La paz no puede estar contenta con el tipo de regresiones que se cometen desde detrás del mostrador de la gobernanza. Si seguimos bajando las escaleras de los Derechos Humanos, vamos a terminar en el baño, y más abajo en las cloacas, en las cuales las condiciones de los Derechos Humanos van a estar todavía peor. Si se continúa este proceso de “subdesarrollización” de los Derechos Humanos se terminará en peligrosas lógicas de normalización y/o de acercamiento -que ya están ocurriendo y son absolutamente visibles- a los procesos autocráticos como el iraní y venezolano/cubano. Todo esto conducirá a una sociedad internacional cada vez más atrasada y cada vez más violenta. Como cualquier sociedad sin policía.

El tiempo que corre, implacable, inhóspito, indiferente al dolor. Cada día, más lejos de la esperanza, agotadas las fuerzas, quebrados los cuerpos, silenciados los alientos. Y, sin embargo, la lucha por la vida no ceja. De golpe alguien acaba de pedir silencio, dejen actuar a los héroes del rescate, esos perros únicos e infatigables, y ellos se lanzan sobre montañas de hierro y piedras, marcan un lugar, las manos que sacan piedras, las palas que intentan levantar bloques de hormigón, personas de todas partes luchando por rescatar una vida, un milagro, una conquista, un mundo entero escapando de las fauces de la muerte. Y entonces, un cuerpecito de tres años asoma su cabeza llena de tierra, los ojos abiertos, sus piececitos saliendo de la manta que lo cubre, un corazón que late contra todo pronóstico. Y más allá, un bebé de apenas 18 días de vida con su mamá, lo imposible. Y el joven de 21 años, más de cien horas sepultado, y la perrita que escarba desesperadamente para encontrar a sus cachorros, y la anciana que a pesar de todo sobrevivió. Venezuela es un grito, un dolor inmenso, un quiebro desesperado, pero también es una inmensa lección de empatía, una humanidad desbordada, un pueblo que lucha por la vida a pesar del abandono y la tragedia.

Pero si el terremoto ha demostrado al mundo la extraordinaria capacidad del pueblo venezolano para superar los peores estragos, también ha dado el toque final a un régimen delirante que, además de instalar una tiranía represiva, ha sangrado los recursos de Venezuela, ha destruido sus instituciones y ha dejado el país en una precariedad extrema que se traduce en desesperación y muerte. El espectáculo de estos días trágicos, con el colapso de las infraestructuras, la falta de todo tipo de instrumentos, la inexistencia de planes de contingencia, la desidia del ejército, la paralización de la administración, la persecución de los centros de acopio, las dificultades a los rescatistas internacionales, y un sinfín de denuncias de sobornos y saqueos, todo sumado es el retrato preciso del régimen criminal que aún gobierna Venezuela. En este sentido, las palabras de Maduro desde su cárcel en Brooklyn, reclamando “la unión nacional, la serenidad y el amor”, es la mueca tétrica de un desalmado: él, el responsable de la pobreza, el exilio y la desesperación de su gente; él, el que hablaba del pueblo mientras lo saqueaba; él, el que convirtió a un gran país en un escenario yermo; él, el dictador, el represor, ¡cómo osa abrir la boca, si no es para pedir perdón! Reclama “unión” quien expulsó a millones de ciudadanos. Pide serenidad quien violentó la vida de su gente. Llama al amor quien instaló la represión, la cárcel y la muerte. Cinismo, oscuridad y desvergüenza.

Y no sirve que el dictador ya no esté en el cargo, porque a pesar de la detención de Maduro y de los tímidos procesos de transición que se han producido, el terremoto ha demostrado que el régimen continúa actuando con la ineficacia y la maldad propia de los tiranos. Ahí está el funesto Diosdado Cabello, responsable directo durante su mandato de haber desviado los fondos para la prevención de catástrofes, dejando a los Bomberos y a Protección Civil sin la maquinaria pesada, los drones y los equipos de coordinación que eran necesarios, mientras reforzaba a los cuerpos de seguridad para la represión política. Y ahí está Delcy, líder de un gabinete improvisado que ha demostrado una parálisis letal a la hora de ayudar a la población, pero que no ha tenido escrúpulos en permitir la censura y la persecución política en plena emergencia.

Esa es la primera consecuencia política del terremoto: el régimen ha caído a plomo ante su gente, y el plan en tres fases que planificó Marco Rubio -estabilización, recuperación y transición-, se atisba ahora obsoleto. En su momento pareció la mejor opción para no caer en el error de Iraq, cuando Estados Unidos desmontó completamente la administración de Saddam Hussein y se desató el caos y la violencia. Pero el terremoto ha hundido definitivamente al Estado, los ritmos se han acelerado, y Delcy ya no sirve como puente de transición porque se ha producido un divorcio rotundo entre una ciudadanía que se coordinaba para salvar vidas, y un gobierno inútil, incapaz de liderar la emergencia. Si al gobierno le quedaba algún atisbo de legitimidad, aunque fuera por su carácter transitorio, lo ha perdido definitivamente.

Este es el punto: el terremoto ha mutado la situación y ha acelerado los tiempos, lo cual debería implicar un cambio de estrategia por parte de la administración norteamericana. Especialmente por parte de Marco Rubio, que ha conseguido una gran credibilidad en el hemisferio occidental, pero que en Venezuela se juega su capacidad como estratega brillante. Los grandes desastres acostumbran a motivar grandes cambios políticos. En este caso, deberían provocar la caída definitiva de un régimen criminal.

X: @RaholaOficial

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Instagram: pilar_rahola/

Durante los últimos dos meses, el Gobierno boliviano centrista y proestadounidense de Rodrigo Paz Pereira ha estado sorteando un campo minado de descontento social, dilemas institucionales y fuerzas criminales y sus aliados que buscan desestabilizar su Gobierno. Es probable que sobreviva a la crisis actual, pero podría verse obligado a dimitir antes de que termine 2026 como consecuencia de la presión política y económica ejercida por quienes, de hecho, tienen sitiada la capital boliviana. En el futuro, al igual que en la crisis de mayo-junio de 2026 —que ahora se está disipando—, una espiral de violencia y otras dinámicas desestabilizadoras podrían empujar a Paz a la salida si intenta recurrir al ejército para responder a quienes se enfrentan a su Gobierno. Su dimisión podría tener graves implicaciones para la seguridad y la democracia entre los vecinos sudamericanos de Bolivia. Aunque el desenlace es fundamental para el éxito del enfoque de la Administración Trump en el hemisferio occidental, en general pasa desapercibido para la mayoría de los responsables de Washington.

Entre el 20 y el 30 de mayo de 2026, mientras se desarrollaba la crisis política y de seguridad, el autor se encontraba en Bolivia entrevistando a altos cargos políticos, empresariales y gubernamentales. Este informe recoge las reflexiones del autor sobre las condiciones, los dilemas y las dinámicas que se están desarrollando en el país, así como sobre lo que podrían deparar los próximos meses.

Antecedentes

Paz y su Gobierno son un entramado de complejidad y contradicciones. Paz nació en España de madre española. Tanto su padre, Jaime Paz Zamora, como su abuelo, Víctor Paz Estenssoro, fueron presidentes de Bolivia. Su trayectoria política se enmarca en la “izquierda del caviar”, que combina el legado de su padre como fundador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia con su propia y sólida formación académica y experiencia profesional en el sector financiero estadounidense. Esa orientación, junto con el grupo heterogéneo de personas que llevó al poder como ministros de su gabinete y círculo de asesores, desempeña un papel importante en la crisis actual y en las decisiones que está tomando.

Paz es un “presidente accidental” que llegó al poder como descendiente de una estirpe de presidentes. Sin embargo, también aportó una tradición contemplativa e intelectual que, en opinión de algunas de las personas consultadas para este estudio, le ha impedido tomar medidas decisivas a la hora de definir el rumbo de su nuevo Gobierno y gestionar la crisis actual.

Tras veinte años de gobierno del partido populista de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), una corrupción generalizada y una crisis económica que puso de manifiesto la profunda mala gestión del MAS, los votantes bolivianos estaban preparados para algo nuevo. Mientras tanto, las luchas internas entre el fundador del MAS y líder sindical de los cocaleros, Evo Morales; su sucesor, Luis Arce; y Andrónico Rodríguez, el joven líder cocalero que podría haber heredado el testigo del MAS, acabaron prácticamente con el partido en los meses previos a las elecciones de agosto de 2025.

Aunque el MAS se retiró de facto de la escena política tras casi veinte años al frente del país, muchos miembros de las comunidades indígenas del Altiplano —principalmente de habla quechua y aimara— miraban con desconfianza a políticos de larga trayectoria y de orientación de derechas, como Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Esa desconfianza se agravó durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, a quien los grupos indígenas y otros colectivos marginados del Altiplano consideraban que había ido demasiado lejos. Según esta opinión, Áñez intentó reorientar con demasiada rapidez las políticas de Bolivia y su alineación en materia de política exterior hacia una agenda de derechas tras la destitución en 2019 del presidente Morales, un cocalero populista de izquierdas.

En las elecciones presidenciales de agosto de 2025, Paz, acompañado por su compañero de candidatura de la derecha tradicional, Sebastián Careaga, apenas obtenía apoyo en las encuestas hasta que Careaga abandonó la candidatura, lo que obligó a Paz a sustituirlo por Edmand Lara, un policía destituido conocido por su discurso contundente. Aunque las acusaciones penales previas contra Lara estaban bien fundamentadas según las personas consultadas para este estudio, el estilo machista de Lara y su contundente retórica anticorrupción conectaron bien con los votantes que buscaban una alternativa tanto al desacreditado MAS como a las élites tradicionales de la derecha. El estilo de Lara contrastaba con la postura centrista e inclusiva de Paz, aunque, curiosamente, la complementaba. Paz realizó una famosa campaña por el altiplano andino en moto, visitando innumerables comunidades pequeñas, en su mayoría aimaras, y prometiendo identificarse con ellas y respetarlas. La credibilidad del compromiso de Paz se vio reforzada por las credenciales de su padre, miembro del MIR de izquierdas. Su mensaje se amplificó aún más gracias a una innovadora campaña en redes sociales, que aprovechó aplicaciones como TikTok, muy utilizadas entre la población de las tierras altas. La innovadora campaña en redes sociales que impulsó a Paz a la cima fue, además —y esto es importante—, impulsada por su hija Catalina y su antiguo profesor argentino, Fernando Cerimedo.

La cuestión de quién o qué fue responsable de la inesperada victoria de Paz en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas de octubre de 2025 adquirió posteriormente una importancia desmesurada, y el presidente Paz atribuyó públicamente el mérito a la campaña de su hija en las redes sociales. Según las personas consultadas para este análisis, ella podría haber contribuido a la gran confianza que él depositaba en Cerimedo y a la considerable influencia que se consideraba que Cerimedo ejercía en su administración.

Las demás influencias sobre el presidente Paz han sido, según se informa, una mezcla compleja y cambiante. Entre ellas se encuentra su hermano Jaime Paz Pereira, procedente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien, al parecer, ha ayudado al Gobierno a conseguir compromisos de líneas de crédito de la CAF y otras organizaciones. También se incluyen Mauricio Zamora, su pariente de Tarija; miembros de la vieja guardia del MIR vinculados a su padre, como el ministro del Interior, Marco “Tuco” Oviedo, y Óscar Eid Franco; el ex secretario presidencial Doria Medina; y el candidato a la vicepresidencia José Luis Lupo.

En lo que respecta al vicepresidente Lara, la relación se deterioró rápidamente, a raíz de las acusaciones de Lara de que el presidente no había proporcionado asientos adecuados para los miembros de su familia en la toma de posesión. Según muchas de las personas consultadas para este estudio, Lara, que consideraba decisivo su papel en la victoria, se fue amargando cada vez más con Paz por no recibir la influencia, el respeto y los cargos ministeriales que creía merecer tras el papel que había desempeñado en la victoria de Paz. Lara se convirtió cada vez más en un adversario político del presidente Paz, en lugar de formar parte del Gobierno.

El camino hacia la crisis actual

Podría decirse que Paz heredó de sus predecesores las condiciones que han provocado la crisis actual. No obstante, las personas consultadas para este análisis consideran, en general, que está actuando con lentitud a la hora de aplicar nuevas políticas económicas y de seguridad que aborden estos retos y comuniquen la orientación de su Gobierno. Veinte años de falta de inversión en el sector del gas natural —la principal fuente de divisas del país— y otras políticas que desincentivaron la inversión bajo los gobiernos de Morales y Arce alimentaron el progresivo descenso de la producción y de la generación de dólares asociada a ella. Esta situación provocó problemas a los importadores, escasez de productos importados, inflación y malestar social, lo que no hizo sino agravar el problema.

En los primeros meses del Gobierno de Paz, los problemas que habían contribuido a la destitución del MAS y a su desaparición como partido político dieron lugar a una escalada de reivindicaciones que, dada la situación financiera y fiscal de Bolivia, resultaban casi imposibles de abordar para la nueva administración. Entre ellas figuraban las reivindicaciones de los docentes y otros sectores para obtener aumentos salariales que cubrieran la inflación, así como las demandas de subsidios al combustible debido a los drásticos aumentos en los precios de la gasolina, el gasóleo, el gasóleo de calefacción y el gas de cocina, provocados por la guerra en Irán. En particular, esto afectó al 80 % de los bolivianos que trabajan en el sector informal.

Si bien el Gobierno de Paz tardó en poner en marcha nuevas políticas para abordar los problemas heredados de gobiernos anteriores, la crisis de unas exigencias imposibles de satisfacer se vio agravada por lo que se percibió como un alejamiento de la retórica electoral —que cortejaba a las comunidades marginadas— hacia una selección de ministros, políticas, acciones y un discurso que llevaron a las comunidades marginadas que le habían apoyado a sentirse excluidas e incluso traicionadas. Muchos de los que se sintieron desilusionados habían apoyado anteriormente al MAS, pero votaron por Paz y Lara al considerarlos la opción menos mala en comparación con los políticos más tradicionales de orientación derechista.

Para agravar esta creciente desilusión, Paz nombró un gabinete con una orientación relativamente tecnocrática, que incluía a políticos del Partido de la Unidad Nacional de Doria Medina. A diferencia de los gabinetes de Morales y Arce, el de Paz contaba con relativamente pocos rostros indígenas o representantes de sindicatos y movimientos sociales de izquierda. Simbólicamente, Paz se apartó de la práctica de Morales de consultar a los líderes sindicales indígenas, a los mineros y a otros miembros de la antigua coalición del MAS, y de invitarlos al palacio presidencial.

Para agravar aún más el problema, algunas de las primeras leyes de Paz —como la Ley 157, relativa a la reclasificación de terrenos—, aunque lógicas desde el punto de vista económico, no se comunicaron adecuadamente, sobre todo a las comunidades indígenas marginadas en sus lenguas principales, como el quechua y el aimara. Además, podría decirse que los opositores de Paz en la izquierda, como Morales, aprovecharon sus vínculos más estrechos con estos grupos para presentar las políticas de Paz de la forma más negativa y amenazante posible. A juicio de esos grupos, Paz dedicó demasiado tiempo a ganarse el favor de las élites económicas de la llanura de la Media Luna, en lugar de a los colectivos que sustentaban su poder.

A medida que Paz perdía terreno entre los grupos marginados a los que en su día había sabido ganarse, también empezó a tener dificultades con su rival de derechas, Quiroga, y su partido Libre. Antes del ascenso de Paz, Quiroga lideraba las encuestas y albergaba ciertas esperanzas de que Paz se pusiera en contacto con él para formar un gobierno de coalición. Cuando, en cambio, Paz formó una alianza con el candidato que quedó en tercer lugar, Doria Medina, e incorporó a algunos de los colaboradores de este a su gabinete —entre ellos, Lupo como ministro de la Presidencia—, Quiroga y Libre pasaron a ser, de hecho, la oposición, aunque con un interés particular en evitar el regreso de Morales.

El origen de la crisis actual

Un momento decisivo en la crisis actual se produjo cuando el Gobierno de Paz importó un lote de gasolina de mala calidad que dañó los motores de coches, camiones y motocicletas en todo el país. Aunque Paz tomó medidas, quienes sufrieron daños en sus vehículos consideraron que no fue lo suficientemente lejos ni en cuanto a la indemnización ni a la exigencia de responsabilidades a los culpables.

Esta respuesta también fue emblemática de un problema más amplio que se percibía en el Gobierno de Paz. El cuestionable contrato de gasolina lo había firmado el anterior Gobierno de izquierdas de Arce, pero el Gobierno de Paz no actuó con la suficiente rapidez para identificar y erradicar los contratos defectuosos de su predecesor socialista. Esa inacción se inscribía en una percepción más generalizada de que la Administración de Paz era lenta a la hora de actuar, tanto a la hora de impulsar y poner en práctica sus planes como de eliminar a las personas problemáticas vinculadas a Arce que pudieran estar entorpeciendo, saboteando o tergiversando su programa.

Más allá de las cuestiones de aplicación, al inicio de su mandato, Paz se mostró relativamente ineficaz a la hora de comunicar sus políticas, su razonamiento y su visión para el país ante el descontento. En abril de 2026, nombró portavoz presidencial a José Luis Gálvez Vera. Las declaraciones de Gálvez sobre la política gubernamental redujeron el énfasis en la responsabilidad exclusiva de Paz por las políticas que causaban descontento, pero no lograron superar de manera fundamental las percepciones negativas sobre Paz entre parte de la población.

Bloqueos de carreteras, desestabilización y el papel de Morales

A medida que esas decisiones políticas y de estilo agravaban el descontento por la crisis económica, una fuerza clave liderada por el expresidente populista de izquierdas Morales intentó derrocar al Gobierno de Paz. Como líder de la federación de cultivadores de coca del Chapare, su territorio natal, Morales ha sido durante mucho tiempo una figura dominante en el narcotráfico en Bolivia. La coca cultivada en el Chapare se transforma allí y en otros lugares en cocaína. A continuación, con la ayuda de grupos internacionales de narcotráfico como el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de Brasil, la cocaína se introduce de contrabando hacia el este a través de Brasil, Argentina y Paraguay, y hacia el oeste a través de Perú y Chile, con destino principalmente a los mercados de Europa y Oceanía.

Haciendo uso de importantes recursos, algunos presuntamente vinculados al narcotráfico, Morales ha estado buscando una vía para volver al poder. Esa búsqueda cobró una urgencia mucho mayor cuando el Gobierno de Paz invitó a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) a volver al país, abriendo cautelosamente las puertas a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, y comenzó a trabajar en la reforma de las instituciones de seguridad para controlar la producción ilícita de cocaína en Bolivia.

El intento de Morales de derrocar a Paz cobró especial urgencia cuando el presidente presentó cargos de pedofilia contra él por haber mantenido relaciones sexuales con una joven de 14 años, Gabriela Zapata, y haberla dejado embarazada. Morales no se presentó a la vista judicial para responder a los cargos y, desde entonces, permanece atrincherado en el Chapare, defendido por sus principales seguidores.

A medida que crecía el descontento en Bolivia, Morales ha desempeñado un papel protagonista clave a la hora de convertir las protestas por reivindicaciones legítimas en un proceso de desestabilización. La frustración por la mala calidad de la gasolina, los altos precios y una ley del Gobierno de Paz destinada a facilitar el crédito comercial para la adquisición de tierras llevó a los opositores a levantar bloqueos de carreteras, una forma de protesta tradicional, aunque económicamente perjudicial. Sin embargo, las personas consultadas en Bolivia para este análisis consideran que Morales desempeña un papel clave en la expansión, el mantenimiento y la radicalización de las protestas, motivado por el deseo de impedir que la policía lo detenga en el Chapare y, en última instancia, derrocar al Gobierno y recuperar el poder político. Como tal, Morales ha movilizado a miles de seguidores y ha financiado los bloqueos, ampliándolos y manteniéndolos en gran medida al alimentar y pagar a sus seguidores. A su vez, las organizaciones de control social vinculadas a la red de Morales habrían intimidado o multado a quienes, en los barrios, no apoyaban los bloqueos ni las protestas.

Podría decirse que el dinero de los cocaleros ha incrementado el número de personas que participan en los bloqueos y su acceso a instrumentos de violencia, como armas y dinamita, utilizados para hacer frente a la policía y crear la sensación de una insurrección armada. Esta dinámica ha reforzado la sensación de que cualquier intervención de las autoridades podría dar lugar a un derramamiento de sangre considerable, lo cual es, según numerosos líderes políticos y empresariales bolivianos de alto rango entrevistados por el autor de forma extraoficial para este proyecto, precisamente lo que los radicales buscan para facilitar la caída del Gobierno.

A finales de mayo de 2026, tras un mes de bloqueos, la policía informaba de más de 80 cortes puntuales en las vías de comunicación de seis de los nueve departamentos del país, la mayoría de ellos concentrados en La Paz, en el Altiplano. La geografía de la ciudad permitía que, con el cierre de un número relativamente reducido de carreteras, se cortara el suministro de alimentos, gasolina y otros productos básicos a la ciudad. En La Paz, los bloqueos provocaron graves problemas de hambre, la falta de oxígeno en los hospitales, la muerte de pacientes porque las ambulancias no podían llegar a los centros médicos y la escasez de combustible para el transporte, la cocina y la calefacción, entre otros problemas. En las tierras bajas del departamento de Santa Cruz, un número menor de bloqueos en zonas con concentraciones de seguidores de Morales, como en las carreteras cercanas a San Julián y Yapacani, amenazó con aislar la ciudad de las zonas productivas del este y de los mercados del oeste, aunque la carretera a Tarija, al sur, y la ruta hacia Brasil, al sureste, permanecieron sin obstáculos.

Los bloqueos, mientras estuvieron en vigor, plantearon un dilema extremadamente difícil para Paz, lo que aumentó el descontento con su liderazgo tanto en la derecha como en la izquierda. En lugar de buscar una confrontación temprana que pudiera agravar la violencia, ha optado por esperar a que los manifestantes se retiren y alcanzar acuerdos parciales con diferentes grupos. Por ejemplo, ha derogado la ley de reforma agraria, ha accedido a aumentar los salarios de los docentes y ha hecho ciertas concesiones a los mineros, aunque estos gestos solo han apaciguado a una parte de los grupos y, podría decirse, han envalentonado a otros. Los principales grupos de protesta radicalizados, como la Central de Trabajadores de Bolivia y la Federación Tupac Katari, se han mantenido en las calles, mostrando incluso ambigüedad en su intención de negociar con el Gobierno. Paz ha llegado incluso a solicitar la ayuda del presidente brasileño de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a sus supuestos vínculos con Morales.

Vulnerabilidades de las fuerzas de seguridad

Los modestos intentos iniciales de Paz de utilizar a la policía para despejar las barricadas a principios de junio han salido mal. En parte, esto se debe a que el Gobierno no se enfrenta únicamente a manifestaciones espontáneas de protesta, sino a personas armadas, tácticas militares y violencia. Por ejemplo, un intento de abrir un «corredor humanitario» para permitir la entrada en La Paz de oxígeno médico y otros suministros vitales, liderado personalmente por el ministro de Obras Públicas y estrecho colaborador de Paz, Mauricio Zamora, sufrió una emboscada y se vio obligado a retirarse. En medio de la confusión, el ministro quedó separado de la caravana y, durante un tiempo, tuvo que eludir a los opositores que intentaban capturarlo y, posiblemente, matarlo. De hecho, en un incidente ocurrido en la misma zona años atrás, otro ministro había sido emboscado y asesinado por manifestantes. Además, durante la crisis actual, una columna de la policía boliviana que intentaba abrir la carretera de Santa Cruz a Cochabamba fue emboscada por opositores que lanzaban dinamita desde posiciones elevadas cuidadosamente seleccionadas, lo que volvió a obligar a la policía a retirarse.

Con el apoyo de las fuerzas aliadas en el Congreso, Paz derogó una ley de la época del MAS que restringía los despliegues militares en «estado de sitio», pero se ha mostrado reacio a declarar dicho estado y a desplegar al ejército para retirar las barricadas. Sin embargo, su vacilación no carece de fundamento. Durante anteriores despliegues militares contra manifestantes en 2003 y 2019, murieron civiles, y los líderes militares y políticos implicados en la acción acabaron encarcelados u obligados a exiliarse en el extranjero. Ese legado se mencionó en prácticamente todas las conversaciones que el autor mantuvo sobre la intervención militar.

Más allá de la responsabilidad de los líderes militares y políticos por tales acciones, el presidente tiene motivos para temer que la situación se salga de control en un despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad. Tanto la policía nacional como el ejército carecen del equipamiento adecuado para despliegues que les pongan en contacto con los manifestantes, como balas de goma, gas lacrimógeno y equipo de protección. Además, una parte significativa del personal, tanto del ejército como de la policía, procede de las mismas comunidades marginadas contra las que las fuerzas de seguridad podrían tener que actuar.

Muchos de los oficiales, tanto de la policía como del ejército, deben su carrera al Plan de Igualdad de Oportunidades, una iniciativa especial puesta en marcha por el Gobierno de Morales en 2008 para permitir que personas sin educación formal pudieran convertirse en oficiales. Muchos de ellos procedían del Chapare, el centro de la actual resistencia contra Paz. Hoy en día, muchos oficiales que obtuvieron su nombramiento y ascendieron en el escalafón gracias a este programa son ahora comandantes, tenientes coroneles o coroneles y ocupan importantes puestos de mando. Además, muchos militares han asistido a programas de adoctrinamiento ideológico en Cuba durante anteriores gobiernos del MAS o han participado en la «escuela antiimperialista» que el Gobierno cubano ayudó a Morales a crear en Bolivia. Así pues, aunque el personal de seguridad boliviano está compuesto por profesionales responsables, existe el riesgo de que surjan conflictos de lealtad que podrían llevar a algunos a negarse a actuar, a unirse a los manifestantes o a emprender acciones que agraven deliberadamente la situación con fines de sabotaje.

Presión sobre el Gobierno de Paz

Ante el sufrimiento cada vez mayor y las consecuencias económicas adversas, en Bolivia se ha ido acumulando —y sigue acumulándose— una creciente frustración por la falta de medidas decisivas por parte del Gobierno de Paz. Durante la estancia del autor en Santa Cruz, el comité cívico y la Unión Juvenil Cruceña (UJC) de la ciudad, ambos muy bien organizados, se mostraron frustrados con el Gobierno por no desmantelar los bloqueos, que causaban perjuicios económicos al departamento, y estaban a punto de desplazarse a San Julián para desmantelar el bloqueo por su cuenta. Anticipándose a la llegada de los cruceños, los líderes antigubernamentales enviaron a miles de sus seguidores al lugar, muchos de ellos, según se informa, bien armados. Solo la intervención de los líderes de la Iglesia católica y una decisión de última hora del Comité Pro-Santa Cruz —la organización dominante en el departamento que agrupa a organizaciones sociales, empresariales y comunitarias— de suspender temporalmente la acción impidieron lo que probablemente habría sido un enfrentamiento sangriento.

Muchos de los consultados para este estudio consideraban que Morales y sus partidarios buscaban deliberadamente provocar la violencia para impulsar su agenda de forzar un cambio político. La Constitución boliviana no prevé la destitución democrática de un presidente, salvo mediante un referéndum revocatorio en la segunda mitad de su mandato, que en el caso de Paz acaba de comenzar. Es posible que Morales y sus partidarios estén calculando que fomentar un nivel suficiente de violencia, parálisis política y perjuicio económico obligará a Paz a dimitir. Morales ya ha convocado, de forma inconstitucional, nuevas elecciones en un plazo de 90 días como solución a la crisis.

Según la Constitución boliviana, si Paz dimitiera, tal y como hizo el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, el poder pasaría al vicepresidente. Aunque muchos de los entrevistados para este análisis creen que Lara acogería con agrado la oportunidad de ser presidente, aunque solo fuera por un breve periodo, sostienen que el objetivo de Morales no es aupar a Lara a la presidencia, sino más bien forzar una secuencia de acontecimientos similar a la dimisión en 2003 del vicepresidente y presidente del Senado, lo que convertiría al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, en presidente interino, pero le obligaría a convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Varias personas consultadas para este estudio argumentaron además que algunos líderes políticos de la derecha podrían estar abiertos a tal escenario porque, aunque desconfían de cualquier caos político que pudiera llevar a Morales al poder, unas nuevas elecciones anticipadas podrían brindarles la oportunidad de hacerse con la presidencia. Para que el Gobierno de Paz evite tales escenarios sin recurrir a una arriesgada represión militar, los entrevistados por el autor mencionaron dos grupos de opciones interrelacionadas: (1) cooptar a la oposición «no morista» y (2) llevar a Morales ante la justicia por narcoterrorismo, presumiblemente extraditándolo a Estados Unidos o a otro país con una solicitud de extradición válida.

Aunque podría decirse que Morales y sus aliados cocaleros del Chapare son los principales financiadores y protagonistas de los bloqueos y las protestas, otros grupos de la oposición de izquierdas y sindicatos, incluso los más radicales, tienen un interés a largo plazo en la salida de Morales. Esto se debe a que su dominio les niega el liderazgo y la influencia dentro de la izquierda boliviana. Al mismo tiempo, los supuestos vínculos de Morales con el narcotráfico manchan y ponen en peligro legalmente a sus organizaciones por asociación. Sin embargo, la cooptación probablemente requeriría que Paz ampliara su acercamiento a los grupos de la oposición para atender sus demandas económicas y políticas, e incluso para incorporarlos al Gobierno de Paz mediante cargos en el Consejo de Ministros. No obstante, tal estrategia podría resultar contraproducente, ya que requiere dinero y poder político de los que Paz quizá no disponga. Probablemente también aumentaría la reacción en contra de Paz entre sus aliados de la derecha, reduciría aún más la coherencia y la eficacia de su Gobierno, perjudicaría su ya desastroso equilibrio fiscal y desalentaría la inversión y la financiación extranjeras, que tanto se necesitan.

Opciones estratégicas y el papel de EEUU

Según algunos de los entrevistados, calificar jurídicamente a la dirección (no a los miembros) de la federación de cocaleros de Morales como organización narcoterrorista, capturar a Morales y extraditarlo a Estados Unidos podría allanar el camino para una colaboración más fructífera entre Paz y los grupos de la oposición en torno a sus reivindicaciones legítimas. Podría decirse que la Policía Nacional de Bolivia carece del equipamiento necesario y se encuentra demasiado comprometida como para participar en una operación de este tipo. Aunque el ejército boliviano cuenta con varias unidades capacitadas que podrían emplearse, entre ellas los Diablos Rojos, los Diablos Verdes y los Diablos Azules, probablemente sería necesario el apoyo de Estados Unidos en forma de una operación coordinada autorizada por Paz. Cualquier cooperación de este tipo haría imprescindible identificar y abordar los casos de corrupción u otros problemas en las unidades implicadas en la operación, así como en los niveles superiores.

Si Estados Unidos fuera a desempeñar un papel en la captura de Morales, formalizar los cargos penales contra él y otros líderes cocaleros por sus presuntas actividades de narcoterrorismo le proporcionaría más competencias y herramientas para hacerlo, así como una mayor cobertura política para que el Gobierno de Paz pueda actuar. Antes de emprender cualquier acción, Estados Unidos debería considerar la posibilidad de designar a la dirección del sindicato cocalero como organización terrorista, tal y como hizo recientemente con el Primer Comando Capital y el Comando Rojo, complementando así su designación previa de más de 18 entidades en México, Colombia, Venezuela, Centroamérica y otros lugares. De este modo, se reforzarían los fundamentos jurídicos y las opciones para cualquier apoyo estadounidense a las medidas contra Morales u otros líderes narcotraficantes en el marco de la pertenencia de Bolivia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles y al Escudo de las Américas.

Aunque algunos sugirieron que detener y extraditar a Morales y a otros líderes cocaleros acusados de narcoterrorismo podría resultar políticamente explosivo, la gran mayoría de los consultados para este análisis consideraba que, siempre que existiera una base jurídica sólida y unos cargos públicos claros, y que Morales no permaneciera en una cárcel boliviana, la situación en el país se calmaría. Sin embargo, tras una operación de este tipo, sería imprescindible que Paz entablara un diálogo significativo con la oposición indígena no cocalera y otros grupos que se sienten excluidos. Los entrevistados también señalaron que sería prudente que Estados Unidos complementara cualquier operación militar contra Morales con iniciativas que aportaran beneficios militares, económicos y sociales a Bolivia, en su calidad de socio comercial y de seguridad proestadounidense. Esto podría incluir inversiones facilitadas a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU. y el Banco de Exportación e Importación de EE. UU. en sectores como el litio, los materiales de tierras raras, el petróleo y las infraestructuras.

Como complemento al apoyo material, el papel constructivo de EE. UU. se vería reforzado por la presencia de un embajador en Bolivia confirmado por el Senado de EE. UU. Aunque Estados Unidos cuenta con un equipo diplomático altamente competente en el país, el simbolismo de un embajador confirmado con estrechos vínculos con el presidente Trump reforzaría, sin duda, la percepción de que la Casa Blanca está comprometida con el éxito y la supervivencia de un gobierno democrático y proestadounidense en Bolivia que tenga bajo control el narcoterrorismo y otras dinámicas delictivas.

Para Bolivia, Estados Unidos y la región, los riesgos de fracaso son considerables. La mayoría de los consultados para este estudio consideraban que Paz probablemente sobreviviría a la crisis actual, con o sin la ayuda de Estados Unidos, aunque podría quedar muy debilitado. La remisión de la crisis a finales de junio de 2026 pareció confirmar la veracidad de ese análisis. Sin embargo, los consultados se mostraron menos optimistas respecto a que Paz logre sobrevivir al año si no aborda el desafío fundamental que plantea Morales y las vulnerabilidades políticas en sus relaciones tanto con la derecha como con la izquierda, además de demostrar avances en cuestiones económicas clave y de otro tipo mediante un liderazgo decisivo y la comunicación adecuada.

El Gobierno proestadounidense de Paz forma parte de la iniciativa «Escudo de las Américas» del presidente Trump. Su caída y el regreso de Morales al poder supondrían, por tanto, un importante revés simbólico para la agenda del presidente Trump. El impacto de ese revés sería aún mayor, ya que Morales es un cocalero con vínculos bien establecidos con Cuba, Irán, China y Rusia. Su reinstauración supondría una derrota simbólica para los esfuerzos de la actual Administración estadounidense por contrarrestar la subversión regional de Cuba y su gobierno comunista, así como por reducir la influencia maligna de Irán, China, Rusia y otros países en la región.

La caída de Paz y el triunfo de Morales en Bolivia probablemente también tendrían repercusiones mucho más allá de las fronteras del país. Las redes criminales vinculadas a las exportaciones de cocaína boliviana ya se extienden por el oeste de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, entre otras cosas a través de vuelos de narcotraficantes y la presencia de representantes de la delincuencia de esos países. Un ejemplo evidente es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado recientemente, que vivía en Las Palmas, uno de los barrios más exclusivos de Santa Cruz. Una Bolivia que pase de ser un escenario conflictivo de actividades de narcotráfico a convertirse en un auténtico «narcoestado» y refugio de grupos criminales socavaría la gobernanza democrática, la prosperidad y la influencia de EEUU en la región, y abriría el país a una mayor influencia de China y otros actores malignos, como ya ha ocurrido en el pasado.

La buena noticia es que Bolivia cuenta con un presidente y unos dirigentes que conocen bien a Estados Unidos gracias a su experiencia profesional y diplomática previa, y que están dispuestos a colaborar con este país. El apoyo de Estados Unidos para ayudar al régimen de Paz a sobrevivir y prosperar proporcionaría un importante argumento que complementaría los aspectos positivos de lo que Estados Unidos ha logrado en Venezuela y de lo que ha comenzado a construir con su «Escudo de las Américas» y otras iniciativas. Para la Administración Trump, se trata de una oportunidad crucial para mostrar a otros países de la región y más allá la propuesta de valor que supone colaborar con Estados Unidos.

Una versión en inglés del artículo fue publicada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)

Describir la magnitud de la tragedia que hoy enfrenta Venezuela resulta casi imposible. Tras casi tres décadas de deterioro institucional, económico y social, el país se ha visto golpeado además por una devastadora dupla sísmica que ha destruido ciudades enteras y sepultado, junto con miles de viviendas, buena parte de las esperanzas de una población exhausta.

El desastre ocurre precisamente cuando comenzaban a surgir expectativas de una eventual transición política. En este escenario hipotético, la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses había abierto una etapa de incertidumbre, pero también de renovadas ilusiones democráticas. Aunque la autoridad encargada provisionalmente del gobierno provenía del mismo aparato político responsable del progresivo desmantelamiento de las instituciones venezolanas, una parte importante de la sociedad confiaba en que el país iniciaba, finalmente, el camino hacia la recuperación democrática.

Ese sentimiento, sin embargo, sufrió una transformación radical con la tragedia.

Mientras miles de ciudadanos acudían espontáneamente a remover escombros, rescatar sobrevivientes y asistir a los damnificados, la respuesta oficial fue lenta e insuficiente. La tardanza de las autoridades contrastó con la rapidez de la sociedad civil y con la llegada de brigadas internacionales de rescate procedentes de México, El Salvador, Colombia y, posteriormente, Alemania, España e Israel.

La percepción pública terminó siendo tan importante como los propios hechos. Para numerosos venezolanos, las imágenes de voluntarios y rescatistas extranjeros trabajando sin descanso, muchas veces sin apoyo logístico de las autoridades nacionales, se convirtieron en una poderosa metáfora del agotamiento del modelo político vigente.

Las grandes crisis suelen revelar con crudeza las fortalezas y debilidades de un Estado. En este caso, la emergencia dejó al descubierto la distancia entre una sociedad capaz de organizarse solidariamente y unas instituciones cuya capacidad de respuesta apareció severamente cuestionada. Porque al final solo funcionaron para controlar a los periodistas extranjeros; impedir el funcionamientos de las redes sociales, impedir el trabajo de los socorristas y desviar la ayuda internacional.

De allí que la tragedia pueda convertirse en algo más que una catástrofe humanitaria. También podría representar un punto de inflexión político.

Una vez concluyan las labores de rescate y comience la inmensa tarea de reconstruir hogares, comunidades y proyectos de vida, es probable que buena parte de la sociedad venezolana coloque nuevamente el cambio político en el centro de sus prioridades. Para muchos ciudadanos, la reconstrucción material difícilmente será sostenible sin una profunda reconstrucción institucional.

Es precisamente en este contexto donde adquiere relevancia el concepto de “cisne negro”, desarrollado por Nassim Nicholas Taleb para describir acontecimientos extraordinarios, altamente improbables e imposibles de anticipar, cuyo impacto altera profundamente las dinámicas existentes. En política, un cisne negro no solo modifica el equilibrio de poder; transforma la percepción colectiva sobre lo que parecía posible o inevitable.

La dupla sísmica que golpea a Venezuela reúne muchas de esas características. Más allá de la devastación humana y material, introduce un elemento inesperado que altera los cálculos de todos los actores políticos. Los gobiernos, las oposiciones, los aliados internacionales e incluso la propia ciudadanía se ven obligados a replantear estrategias concebidas para una realidad que ya no existe.

La historia demuestra que numerosos cambios políticos no nacen exclusivamente de procesos electorales ni de decisiones diplomáticas. Con frecuencia son acontecimientos extraordinarios —guerras, pandemias, crisis económicas o desastres naturales— los que aceleran transformaciones que parecían lejanas.

Si este terremoto termina convirtiéndose en ese “cisne negro”, no será únicamente por la magnitud del desastre, sino porque habrá modificado la relación entre los ciudadanos y el poder. Y cuando esa relación cambia de manera irreversible, también cambian las reglas del juego político.

Sábado 27 de junio – 17:30

El Comandante de UNPROFOR (Fuerzas de Protección de Naciones Unidas en la Ex Yugoslavia) nos convoca al pequeño staff de urgencia a su oficina/habitación en el edificio de 10 pisos donde trabajábamos y vivíamos, que era la sede de nuestro Cuartel General en Sarajevo, para transmitirnos una novedad difícil de asimilar: “Viene el Presidente Mitterrand”.

El general canadiense Lewis McKenzie, sobresaliente persona y militar de excepción, era un líder con mayúsculas. Sorprendidos, le preguntamos si era real lo que estábamos escuchando y nos respondió que, según fuentes muy confiables, llegaría esa tarde/noche al aeropuerto. Mi contestación fue: “Imposible general, por la seguridad del Mandatario no hay opción que el Presidente Mitterrand aterrice en Sarajevo”.

El aeropuerto, en un valle entre montañas, había sido tomado por las fuerzas del general serbobosnio Ratko Mladic, transformándose en una Base de Tanques la mayoría de ellos encargados de bombardear día y noche a la capital de Bosnia-Herzegovina.

Para la puesta del sol faltaban un par de horas: el aeródromo no tenía electricidad, la torre de vuelo estaba con los vidrios rotos, equipos de radio destruidos, sin operador. Además la pista, con vainas de munición esparcidas, carecía de balizamiento e iluminación, el sistema radioeléctrico de localización del aeropuerto y el de aproximación a la pista también estaban fuera de servicio. Peor escenario, imposible.

Sábado 28 de junio – 18:05

El general McKenzie logra finalmente comunicarse a través de un teléfono satelital con el Cuartel General de NACIONES UNIDAS en Nueva York. Ninguna noticia respecto al viaje del Presidente Mitterand. Sin embargo, las fuentes informales continúan informando del inminente arribo

Sábado 28 de junio – 18:30

Llamada urgente del Cuartel General U.N. (NY) confirmando el vuelo. La sorpresa inicial y luego las actividades frenéticas se sucedieron sin solución de continuidad. El general MacKenzie nos reunió nuevamente al contingente de “Cascos Azules” para ponernos al tanto de esta novedad y le manifestamos nuevamente que era imposible aterrizar en Sarajevo, máxime que la operación se realizaría en horario nocturno. Para colmo de males, en esa época no existía el GPS.

En un aparte me dijo que lamentablemente, hasta ese momento, la decisión era irrevocable pese a los enormes riesgos que trató infructuosamente de comunicar a New York. Le contesté que, en virtud de la inflexible determinación, la única posibilidad muy temeraria, era colocar dos camiones de Naciones Unidas en ambas cabeceras con los faros encendidos para al menos, marcar el inicio y el fin de la pista. Crónica de una catástrofe anunciada,

Inmediatamente tomó el teléfono y habló directamente con la más alta autoridad francesa que estaba organizando este viaje. El Presidente Mitterrand, ya se encontraba en Split, ciudad croata en el Adriático, a media hora de vuelo de Sarajevo. Cuando le explicó en detalle el riesgo inmenso que significaría esta operación, Presidencia suspendió el vuelo. Recibimos una bocanada de oxígeno balsámico que en realidad duró pocos minutos.

Una hora más tarde, llegó la información de que Mitterrand aterrizaría al día siguiente, antes del mediodía, en nuestro Cuartel. Se comenzó a pintar frenéticamente una “H” con un círculo en el parking de nuestro edificio. Por suerte, esta opción fue descartada por la propia Fuerza Aérea Francesa ya que el helicóptero tendría que atravesar media ciudad de Sarajevo, a tiro de los centenares de francotiradores.

Finalmente, se confirmó oficialmente que el arribo en helicóptero sería el domingo 28 de junio en horas de la mañana pero en el aeropuerto mencionado en párrafos anteriores.

El traslado del general Mackenzie y nuestro reducido staff fue complicado ya que el camino que une a la Capital con el aeródromo estaba minado en prácticamente toda su extensión. Finalmente, ya instalados en el destruido aeropuerto, aparecieron dos puntos en el horizonte que se fueron agrandando a medida que se acercaban. Venía el helicóptero presidencial y atrás, de custodia, otro similar pero mucho más pequeño.

En la aproximación final comenzó a salir de la cola del primer helicóptero una fina columna de humo negro que se fue incrementando en grado alarmante. Había recibido, al menos, un impacto de las fuerzas serbias. Después de un bamboleo significativo, comenzó un descenso rápido pero controlado.

El aterrizaje fue fuerte pero seguro, demostrando la pericia y profesionalismo de los aviadores de la Fuerza Aérea Francesa. Inmediatamente descendieron unos veinte soldados de “fuerzas de elite” y corrieron hacia la parte posterior, rodeando al segundo helicóptero.

La preocupación creció entre nosotros porque no bajaba el Presidente. Llegamos a pensar que posiblemente hubiese sido herido pero nuestra sorpresa fue verlo descender del pequeño helicóptero escolta y subido de inmediato a un blindado de Naciones Unidas. La medida de contrainteligencia fue adecuada al haber cambiado en forma secreta de helicóptero en Split antes del despegue. Comenzaba un día histórico.

La elección del día no fue casual, recordemos que el 28 de junio de 1914 fue asesinado en Sarajevo el Archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austro-Húngaro, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. Gran paradoja: en la capital de Bosnia-Herzegovina comenzó a principios del siglo XX la Gran Guerra y a fines del siglo pasado, el mundo observaba absorto la mayor conflagración europea después de 1945, también en Sarajevo. Histórica coincidencia.

No podemos olvidar que en esta época, signada por la caída del Muro de Berlín, se dio inicio al llamado Nuevo Orden Internacional caracterizado por la expansión generalizada de los regímenes liberales y la consolidación definitiva desde el punto de vista político, de las Democracias cuyos pilares fundamentales son las división de poderes, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y la plena vigencia de las garantías individuales.

Simultáneamente este nuevo paradigma surgido como vimos en 1989 se complementa y refuerza con su correlato, el concepto de “seguridad colectiva”, que condena e impide la utilización de la fuerza para la solución de conflictos entre Estados, cuyas importantísimas consecuencias sacudieron positivamente al mundo entero a fines del siglo XX y que hoy necesitamos restaurar.

El caso emblemático e inadmisible está sucediendo hoy en Ucrania. Rusia debe entender que es imprescindible el retiro de sus fuerzas invasoras de todo el territorio ilegítimamente ocupado en forma inmediata ya que el actual “status quo” no puede ser más tolerado por el mundo libre.

Ayudar sin concesiones a Kiev es reforzar el Multilateralismo, la Globalización y la Interdependencia, revigorizando en consecuencia los Organismos Internacionales surgidos después de la derrota del nazismo en 1945, tales como las NACIONES UNIDAS (U.N.), la ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) y la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (O.E.A), entre otras Instituciones Internacionales irremplazables.

Finalmente, después de seis horas de intensa actividad del Presidente Mitterand, regresó a las 17:00 al aeropuerto, donde lo esperaba un avión ejecutivo de la flota presidencial, recientemente aterrizado. Antes de abordarlo, el general Mackenzie le pidió que hablara unos minutos con el autoproclamado presidente de Serbia en Bosnia, el Dr. Radovan Karadzic, responsable en primera persona del posteriormente ejecutado genocidio en esa devastada República.

Al principio se negó pero la cintura política y la persuasión de Mackenzie lo convencieron. La mayor preocupación de UNPROFOR era tomar el control del aeropuerto. La reunión fue muy corta en el mismo aeropuerto y en pocas palabras, Mitterand le exigió a Karadzic que debía hacer la entrega del mismo de inmediato, de lo contrario debería enfrentar a la Comunidad Internacional con consecuencias catastróficas. Unos minutos después, bajo enormes medidas de seguridad, el Presidente despegó rumbo a París.

El “milagro” se había producido: Naciones Unidas asumió el control del aeropuerto de Sarajevo al día siguiente y salvó a toda la población de una hambruna inexorable. A partir de ese momento, comenzó el mayor Puente Aéreo de la Historia, por duración y cantidad de toneladas transportadas, inclusive al realizado en Berlín después de la II Guerra Mundial.

El logro histórico de Francia fue de una magnitud extraordinaria y el mundo entero le debe una cuota de agradecimiento a ese gran país por el inolvidable 28 de junio de 1992.

Hay gobiernos que fracasan por incompetencia. Y hay gobiernos que, además de fracasar, comienzan a poner en riesgo las instituciones que juraron respetar. La diferencia entre ambos es precisamente el juicio político.

Durante años, el gobernador quiso convencernos de que Nuevo León vivía en “Samuelandia”: un lugar donde bastaba un video, una transmisión en vivo o una campaña permanente en redes sociales para sustituir la realidad. Pero la realidad siempre termina alcanzando a la propaganda.

Ningún reel resolvió el tráfico. Ningún filtro fotográfico limpió el aire. Ninguna historia de Instagram terminó el Metro. Ningún video llevó agua a las familias. Ninguna estrategia de comunicación pudo ocultar el deterioro institucional que hoy vive nuestro estado.

Por eso el debate dejó de ser político y hoy está en el terreno constitucional. El juicio político no existe para castigar delitos ni para resolver diferencias entre partidos. Para eso existen los tribunales y las elecciones. Su propósito es mucho más profundo: proteger al Estado cuando quien ejerce el poder rebasa los límites que le impone la Constitución.

Nuestra Constitución y la Ley de Juicio Político del Estado establecen que este mecanismo procede cuando los actos u omisiones de un servidor público dañan gravemente los intereses públicos fundamentales. No exige una sentencia penal; exige valorar si el ejercicio del poder de una persona que se la pasa en “modo party” dejó de servir al interés público.

Quienes reducen este debate a una disputa entre partidos se equivocan. El verdadero problema no es una denuncia. El verdadero problema es el patrón de conducta de quien regala cerveza, pero destroza a la empresa que debe llevar agua y drenaje a las familias y la ciudad.

Durante casi todo el sexenio, Nuevo León ha vivido una crisis institucional permanente: conflictos entre poderes, confrontaciones con órganos constitucionales, judicialización de la política, incertidumbre presupuestal, proyectos estratégicos detenidos y la confrontación convertida en método de gobierno. Esa es la “normalidad” de Samuelandia.

La política dejó de resolver problemas para convertirse en un espectáculo. Y eso tiene consecuencias. La inversión requiere certeza. Las familias requieren seguridad. Los municipios requieren coordinación. Los empresarios necesitan reglas claras. Los ciudadanos necesitan gobiernos que gobiernen, y eso no lo tenemos. Cuando el poder se ejerce pensando primero en la imagen personal y de una pareja en el poder, y después en el interés público, el costo termina pagándolo toda la sociedad.

Desde hace tiempo sostengo que Nuevo León enfrenta cinco grandes enemigos: la inseguridad, el tráfico, la contaminación, la escasez de agua y la falta de oportunidades. Hoy agregaría uno más: el mal gobierno. Porque un mal gobierno termina alimentando todos los demás problemas. No es casualidad que tantas obras estratégicas permanezcan inconclusas ni que la conversación pública haya dejado de centrarse en resultados para concentrarse en litigios, escándalos y confrontaciones.

Hace tiempo que el gobernador se apartó de los deberes elementales de prudencia, legalidad y responsabilidad institucional que exige el cargo. Gobernar implica respetar los contrapesos, privilegiar el interés público y comprender que el poder es un mandato temporal, no un proyecto personal.

El constitucionalista Alexander Bickel sostenía que la fortaleza de una democracia no se mide por la amplitud del poder de sus gobernantes, sino por la eficacia de los límites que la Constitución es capaz de imponerles. Esa es, precisamente, la razón de ser del juicio político.

No se trata de destituir a un gobernador. Eso de verdad es lo de menos, es un objetivo secundario. Lo importante es restaurar un principio superior: que en Nuevo León el poder pertenece a la Constitución y al pueblo, nunca a quien ocupa temporalmente un cargo.

La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado, a través del Plan México, un modelo de gobierno sustentado en la responsabilidad institucional, la honestidad pública y el crecimiento con justicia. Esa también es la convicción de la 4T Norteña: demostrar que la Transformación no consiste en confrontar instituciones, sino en fortalecerlas para que sirvan mejor a la gente.

Por eso, tengo la convicción que cuando un gobierno deja de servir a las instituciones y pretende que las instituciones sirvan al gobernante, el juicio político deja de ser una opción y se convierte en un deber constitucional y cívico.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.

Durante décadas, el régimen iraní fue el patrocinador estatal del terror más ambicioso del mundo, financiando milicias desde Beirut hasta Buenos Aires. Ese proyecto se derrumbó. Israel desmanteló a Hezbollah y a Hamas, quebró la capacidad de los hutíes de estrangular el Mar Rojo y, junto con Estados Unidos, infligió un daño enorme al ejército iraní, a su economía y, sobre todo, a su conducción política. Lo que queda en Teherán es un régimen decapitado que descubrió la forma más barata de terrorismo que le queda. Ya no puede proyectar poder a través de ejércitos por procuración carísimos, de modo que hace lo único que todavía le funciona con poco presupuesto: aterroriza a sus propios vecinos musulmanes y aterroriza las rutas marítimas. Las minas, las lanchas rápidas y las amenazas contra los buques cuestan una fracción de lo que cuesta una red de proxies regionales, y producen los mismos titulares y las mismas primas de seguro. Irán dejó de exportar revolución y empezó a exportar riesgo.

El mecanismo es simple. Mientras no haya cambio de régimen en Teherán, Irán va a seguir aterrorizando el tránsito por Ormuz. No necesita hundir cada tanque para lograr su efecto: le alcanza con que nadie pueda confiar en que el estrecho sea seguro. Esa amenaza permanente es la que reordena los flujos del petróleo y del gas. Quien puede, se compra la energía en otro lado y paga la prima de riesgo. Y eso cambia quién gana y quién pierde.

A Estados Unidos se lo presenta como la superpotencia que debe garantizar que Ormuz sea seguro y que el petróleo siga fluyendo: el policía indispensable de una vía de agua por la que normalmente pasan unos 20 millones de barriles diarios, alrededor de un quinto del petróleo mundial. Pero si uno deja de lado el reflejo de la responsabilidad global y mira solo la economía, la verdad incómoda es que un Ormuz inseguro sirve a los intereses estadounidenses. El país al que se le pide pagar el costo de pacificarlo es el que más se beneficia, en silencio, de que siga siendo una zona de riesgo.

La ventaja estadounidense no es coyuntural, es estructural. El petróleo estadounidense proviene en su mayoría del shale, y el shale es caro de extraer, mucho más caro por barril que el crudo convencional barato del Golfo. Cuando el petróleo del Golfo se vuelve poco confiable y el precio mundial sube, la producción estadounidense de alto costo se vuelve de pronto altamente rentable. Y como Estados Unidos es hoy exportador neto de petróleo y gas, con exportaciones netas récord de unos 2,8 millones de barriles diarios y una producción de crudo en máximos históricos, vende cada vez más caro justo cuando la inseguridad dispara el precio. El país apenas usa el estrecho: solo cerca del 2% de su consumo de petróleo y alrededor del 7% de sus importaciones de crudo pasaban por Ormuz incluso antes de la guerra, y casi todo su petróleo llega desde Canadá y desde su propio territorio. El shock que castiga a los importadores deja a Estados Unidos físicamente intacto y financieramente por delante.

Los datos lo confirman. La Administración de Información Energética de Estados Unidos, el organismo estadístico del propio Departamento de Energía, reporta que las exportaciones netas de crudo y derivados del país treparon en abril a un récord de 5,8 millones de barriles diarios, con una explicación sin eufemismos: con los flujos por Ormuz interrumpidos, muchos países están recurriendo a Estados Unidos en busca de suministro. Las exportaciones totales de crudo y productos tocaron los 12,7 millones de barriles diarios, el máximo de la historia. La Agencia Internacional de la Energía lo corrobora desde afuera: las exportaciones de crudo de la Cuenca del Atlántico, ahora redirigidas hacia los mercados asiáticos golpeados por el desabastecimiento, subieron 3,5 millones de barriles diarios desde febrero, con Estados Unidos a la cabeza de las ganancias. La lógica habitual de un shock petrolero se invierte cuando no podés embarcar con confianza lo que producís: todo exportador del Golfo que dependía de Ormuz, sea Irak, Kuwait, Qatar o Emiratos, vio caer sus envíos, mientras Estados Unidos, cuyas rutas salen del Golfo de México y del Atlántico, lejos de las minas iraníes, vendía cada vez más caro.

Ese excedente también le entrega a Washington una respuesta interna y limpia al único costo real que sienten los estadounidenses: el surtidor. Con la nafta cerca de los 4,50 dólares el galón, el impuesto federal a los combustibles de 18,4 centavos podría suspenderse de plano, y varios estados ya recortaron los suyos. No borraría la suba, y solo una parte del recorte llega al conductor y no al proveedor, pero de cara a las elecciones de medio término es una medida visible, barata y políticamente potente, disponible precisamente porque la economía de fondo no está sufriendo daño. Un gobierno cuyo sector energético está en auge puede darse el lujo de regalarle al consumidor una rebaja impositiva. Un gobierno cuya economía está siendo estrangulada no puede.

China es la imagen en el espejo, y aquí el estrecho deja de ser una historia de energía y se convierte en un capítulo de la rivalidad entre Estados Unidos y China. China es el mayor importador de petróleo del mundo, y alrededor de la mitad de su crudo, entre un 45% y un 50%, llega a través del Estrecho de Ormuz. Buena parte de su gas natural llega por la misma vía, como cargamentos licuados que salen de Qatar. Sus reservas estratégicas, por grandes que suenen, cubren apenas unos cuatro meses de importaciones netas. Y todo su modelo económico está construido sobre energía barata: la manufactura intensiva en energía, la petroquímica, la industria pesada, la producción de bajo costo que sostiene su máquina exportadora. El petróleo y el gas caros no son una molestia para ese modelo; son un ataque a su cimiento. Pekín cubrió parte del riesgo, con más crudo ruso por oleoducto y una base de proveedores diversificada, pero los volúmenes de Ormuz son demasiado grandes para reemplazar con rapidez, y cada barril que debe comprar en un mercado spot en pánico se come la ventaja de costos que es el sentido mismo de la economía china.

Para un argentino, además, esta historia no se lee solo en clave de barriles y dólares. La Argentina conoció en carne propia la fuerza brutal y asesina de Irán mucho antes de que el mundo discutiera la seguridad de Ormuz. El 17 de marzo de 1992, un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires y mató a 22 personas. El 18 de julio de 1994, otro coche bomba voló la sede de la AMIA y asesinó a 85, en el peor atentado terrorista de la historia argentina y el mayor ataque contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. No es una hipótesis ni una sospecha: en 2024 la Corte Federal de Casación Penal argentina dictaminó que ambos atentados fueron organizados, planificados, financiados y ejecutados bajo la dirección del Estado iraní, a través de Hezbollah, y calificó a Irán como Estado terrorista. El mismo régimen que hoy siembra minas en el Golfo y amenaza buques mercantes ya había sembrado muerte en pleno centro de Buenos Aires. Cuando hablamos del daño que el terror iraní inflige hoy a la economía mundial, los argentinos no necesitamos que nos lo expliquen en abstracto. Lo enterramos.

Pero esta vez la Argentina, que durante años fue espectadora pasiva de estos sismos, está del lado correcto del terremoto. Por la misma razón que Estados Unidos: Vaca Muerta. El shale neuquino transformó al país de importador crónico de energía en exportador neto, y eso cambia por completo cómo lo golpea un shock petrolero. Antes, una suba mundial del precio del crudo solo significaba presión sobre la balanza de pagos y sangría de reservas. Hoy significa un ingreso de divisas. El Instituto de Finanzas Internacionales lo cuantifica: cada suba de 10 dólares en el precio del petróleo le genera a la Argentina alrededor de 1.700 millones de dólares, cerca de 0,25% del PBI. La producción de crudo creció más de 15% interanual a comienzos de 2026, traccionada por Vaca Muerta, y el superávit energético, que en 2025 marcó un récord de casi 8 mil millones de dólares y explicó cerca del 70% del superávit comercial total del país, se encamina a superar esa marca. Lo que un puñado de años atrás habría sido una amenaza, hoy es viento de cola.

Hay un costo, claro. La misma suba de precios que mejora las cuentas externas encarece los combustibles puertas adentro y le complica a Milei la pelea contra la inflación. Pero es un problema de cómo administrar un excedente, no de cómo financiar un déficit. Es la clase de problema que la Argentina hubiera firmado durante las cuatro décadas en que la energía fue su talón de Aquiles. Discutir qué hacer con un superávit energético es una posición incomparablemente mejor que discutir cómo tapar un agujero.

El cuadro, entonces, es el inverso del que dicta la intuición. Un Ormuz crónicamente inseguro deja a Estados Unidos físicamente a salvo, financieramente enriquecido y políticamente equipado para amortiguar a sus votantes, mientras aprieta a su principal rival exactamente en el punto que más le duele: la energía barata de la que China no puede prescindir. Y deja a un puñado de exportadores emergentes de shale, con Estados Unidos a la cabeza y la Argentina detrás, cobrando el premio. La guerra que Irán imagina como palanca contra Occidente es, en términos económicos fríos, una guerra que lastima menos a Estados Unidos, que beneficia a la Argentina y que lastima más a China.

Por eso la paradoja más profunda es la que Washington nunca dirá en voz alta. El mundo espera que Estados Unidos corra a pacificar Ormuz. Sus intereses aconsejan paciencia. Que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán no termine de cerrarse, y que mientras siga el régimen iraní el estrecho nunca sea del todo confiable, no es, para varios, una tragedia: es una renta. La amenaza que Irán sostiene para herir a Occidente puede, al final, herir sobre todo al rival de Occidente, mientras que la superpotencia a la que se le pide neutralizarla tiene todas las razones para tomarse su tiempo.

La 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acaba de concluir en Panamá, ha probado la irrelevancia a la que ha llegado por incumplimiento de sus objetivos y principios, reducida a una burocracia incapaz de señalar como dictaduras a los regímenes de Nicaragua y Cuba y sirviendo de espacio de retirada al socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Una OEA desprestigiada, desfinanciada y sin liderazgo, tiene la opción de realizar reformas de fondo concentradas en la defensa de los derechos humanos y la democracia, o asumir su fin.

La Primera Cumbre de las Americas de 1994 inició un nuevo tiempo de fortalecimiento de la OEA al consensuar una agenda de libertad, democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible, libre comercio, lucha contra el narcotráfico y el crimen y más. Las Americas integradas por 35 países, en 1994 eran 34 democracias y la dictadura de Cuba que se agotaba en su denominado periodo especial como resultado de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS.

El capitalismo había derrotado al comunismo, la Guerra Fría había terminado y la idea de las Américas unidas en base a principios de libertad y democracia era la política exterior bipartidista de Estados Unidos promovida por el presidente republicano George H. Bush 41 y continuada por el demócrata Bill Clinton. En estas condiciones se preveía que “el siglo 21 sería el de la democracia plena para las Américas” con la recuperación de la libertad del pueblo cubano. Así nació la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima-Perú el 11 de septiembre de 2001, el mismo día que EEUU era objeto de ataques terroristas en su territorio (9-11).

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela produjo a partir de 1999 la activación y salvación de la dictadura de Cuba. Bajo liderazgo de Chávez como socio capitalista con el petróleo y la riqueza venezolanas, se asociaron Fidel Castro con su metodología de terrorismo de Estado para la permanencia indefinida en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo, produciendo el movimiento populista bolivariano que terminó en el socialismo del siglo 21 o castrochavismo, que expandió la dictadura de Cuba en Venezuela con Chávez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa.

El siglo 21 previsto como el de la democracia plena en las Americas terminó siendo hasta 2025 el de la expansión de la dictadura de Cuba, de dictaduras narcoestados actoras y promotoras de la delincuencia organizada trasnacional, con guerra híbrida contra las democracias de la región, con discurso antiimperialista, con violación institucionalizada de derechos humanos, aplicación sistemática de terrorismo de Estado como método de gobierno, migraciones forzadas de los pueblos oprimidos, tráfico de personas y más.

En este escenario, la OEA fue objetivo central de la expansión dictatorial que empezó con el derrocamiento del Secretario General Miguel Ángel Rodríguez, el ex presidente de Costa Rica falsamente acusado de corrupción y recientemente declarado inocente de las infamias, pero que fue obligado a renunciar. Lo siguiente fue la operación con el petróleo de Venezuela para comprar votos (Petrocaribe) hasta llegar a Insulza como Secretario General (2005-2015) que sirvió a Chávez y Castro incumpliendo los principios y objetivos de la OEA e ignorando la Carta Democrática Interamericana. La secretaría Insulza perpetró el copamiento de órganos e instituciones de la OEA incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Secretario Almagro (2015-2025) recuperó la naturaleza de la OEA con los “informes Almagro” que prueban la dictadura de Venezuela, con el señalamiento de Cuba como “una dictadura jinetera”, con el intento de activación del TIAR, y con la recuperación de liderazgo interamericano que permitió la esperanza fracasada en Venezuela con Guaidó y en Bolivia con Añez. Almagro señaló y actuó en torno a la realidad objetiva de las Americas dividida entre dictaduras del socialismo del siglo 21 y democracias acosadas por agresiones o controladas por gobiernos para dictatoriales.

En 2025 asumió la presidencia de EEUU Trump 47 y cambió la política exterior y la geopolítica regional y mundial reflejándola en la “Estrategia de Seguridad Nacional” que repone la “Doctrina Monroe” con el “Corolario Trump”. Operaciones como la Lanza de Sur, la captura del dictador Maduro, la eliminación del jefe del Tren de Aragua, la activación de la lucha contra el narcoterrorismo incluso en países con gobiernos para dictatoriales como México de Sheinbaum, Colombia de Petro y Brasil de Lula, el ultimátum en curso a la dictadura de Cuba y el retiro de visa a la Jefa de Gabinete de Albert Ramdin el actual Secretario General de la OEA por acusaciones de corrupción, son el cambio del paradigma pro dictatorial al de la libertad.

Con las conclusiones y acuerdos de su 56 Asamblea General, la OEA da la señal de no entender el cambio geopolítico ni el momento histórico y si no retorna enérgicamente a la defensa de la libertad y la democracia, al señalamiento claro de las dictaduras de delincuencia organizada trasnacional y toma acciones concretas para su terminación, corre el riego de perecer por incumplimiento de sus objetivos. La irrelevancia de una organización internacional no es el fin del multilateralismo.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

No es bueno el momento de España, ya que cuesta reconocerla en tanta noticia de corrupción asociada a la gestión de Pedro Sánchez como primer ministro y presidente del gobierno. Por cierto, no hay ni puede haber un solo culpable en una situación de fuerte polarización y división, pero es indudable que una de las aristas o vértices del problema actual está asociado a su nombre, así de dominante ha sido su accionar político, que hoy parece resumirse en ponerle fin a los acuerdos políticos y territoriales legados por la muy exitosa transición a la democracia que tuvo lugar en los 70 del siglo pasado.

Lo que hoy está transcurriendo es preocupante, ya que no es superficial, sino algo profundo que recorre el país a todo nivel, y que resucita los fantasmas de las dos Españas. En ningún caso es guerra civil, pero la división se siente y se respira en todas partes. La expresión “las dos Españas” se origina en una frase de un breve poema de 1912 del poeta Antonio Machado, versos convertidos en símbolo de la historia española, una metáfora que describe la división ideológica, cultural y social que originalmente habría atravesado la nación y la sociedad desde el siglo XIX, y que en cada generación posterior se reinterpreta con los temas que aparecen y/o reaparecen en forma de confrontación.

Hoy es algo más que una división política entre una España tradicional y una progresista. No es solo que el presidente de gobierno esté rodeado por temas de corrupción de gente tan cercana como su propia esposa Begoña Gómez, a quien el juez Peinado le avisó que sería llevada a juicio oral por cuatro delitos o el caso de un exministro de Transportes y exdirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien fuera condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y 3 meses por actos de corrupción y aprovechamiento del cargo que ocupaba para enriquecimiento ilícito y beneficio económico personal. En su entorno familiar más cercano, también se suma su hermano David, contra quien existen acciones judiciales que lo acusan de prevaricación administrativa y tráfico de influencia.

No son los únicos casos, ya que son numerosas las distintas causas judiciales con niveles diferentes de avance. Por cierto, hay apelaciones y algunas acusaciones pueden terminar en sentencias favorables a los imputados, pero ello parece improbable hoy, además que a lo anterior hay que sumarle lo del expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, un verdadero emblema de los sectores más progresistas del país y un mentor político de Pedro Sánchez, donde las acusaciones son de aún mayor entidad, figurando al menos cuatro presuntos delitos que están siendo investigados, y donde un allanamiento a sus oficinas particulares produjo la confiscación de joyas, si joyas, de elevada tasación.

Tan o más grave son las pruebas que la investigación judicial está revelando, una vinculación estrecha con operaciones de servicio al castrochavismo latinoamericano, presente en la relación que tuvo por años con la Venezuela de Maduro, en áreas tan distintas como la arista de la empresa Plus Ultra, oro y petróleo de comercialización ilegal y blanqueamiento de la imagen de la dictadura. Se le suman negocios poco presentables en Nicaragua y Bolivia, último país donde se le acusa de participar en el arreglo político de una sentencia favorable a una empresa cementera. Es decir, no solo acciones de lobby a favor de tiranías, sino también que se habrían cobrado millonarias comisiones en cada gestión, no solo él, sino también sus hijas.

Es llamativo el hecho que cuesta reconocer a la España europea en la política exterior de Sánchez, alejándose de los temas de la Unión para reconocer domicilio ideológico en cumbres donde se iguala con líderes latinoamericanos como Lula, Sheinbaum, Petro y Boric, precisamente cuando Latinoamérica da un giro pronunciado en sentido contrario, hacia posiciones de derecha y conservadoras.

Noticioso ha sido el hecho de su distanciamiento con Estados Unidos, no solo con Trump, sino que también existió con Biden quien simplemente no quiso recibirlo en Washington cuando Moncloa hizo la gestión. Del mismo modo, se produce un alejamiento de la OTAN al ser uno de los pocos jefes de gobierno que se negó a aumentar su contribución a la defensa europea en el porcentaje del PIB decidido por la organización.

Algunas de sus posiciones también lo alejan de lo que había sido habitual en la España democrática, al tomar una actitud militantemente antisraelí que en Europa sólo encontró eco en el gobierno de Irlanda. Por último, todo lo anterior ha debilitado la seguridad nacional del país ya que un fortalecido Marruecos ha avanzado diplomáticamente en su intento de hacerse de los territorios del antiguo Sahara español, donde ha logrado el retroceso de la posición del Frente Polisario cercano a su rival regional Algeria, por lo que no sería extraño que, así como a la muerte de Franco se hizo la marcha verde, en el futuro cercano se proponga reivindicar a su favor la posesión española de las ciudades de Ceuta y Melilla en África.

Sin embargo, sobre todo destaca la forma como Sánchez ha ejercido el poder, muy alejada de la búsqueda de acuerdos que habían distinguido a ambos partidos mayoritarios, socialistas y populares. A diferencia de ese pasado todavía cercano, Sánchez ha rechazado todas las peticiones para convocar a nuevas elecciones, no solo por los casos de corrupción, sino que además, efectivamente, no ganó las últimas elecciones, ya que fue superado en votos por el partido Popular, y al estar en minoría sólo pudo formar gobierno cerrando acuerdos de investidura con Sumar, ERC, Junts, EH, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, es decir, agrupaciones, algunas de extrema izquierda, y otras en representación de fuerzas independentistas de Cataluña y del País Vasco.

Lo anterior marca una diferencia distintiva de Sánchez con quienes lo precedieron en el poder, con consecuencias notorias en un aumento de la polarización en términos de las dos Españas, con el riesgo cierto de dar por terminada la España construida por la exitosa transición a la democracia, abriéndose así una nueva etapa. A modo de ejemplo, si predominara el independentismo, no sería el federalismo lo que aparecería, sino que la España de las Autonomías sería reemplazada por la de las naciones que convivirían a su interior.

La forma como Sánchez ha ejercido el poder ha incluido una fuerte campaña de deslegitimación de instituciones que no controla del todo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, además de transformar a la televisión pública en un órgano de propaganda gubernamental, todos elementos que contribuyen a la polarización, a lo que se ha agregado una fuerte caída en el aprecio ciudadano del Congreso.

La consecuencia es que el sistema político, en vez de buscar acuerdos se dedica a acentuar las diferencias, lo que contrasta fuertemente con el pasado reciente, ya que fue muy notable lo que logró pacíficamente España con su transición a la democracia, toda vez que con la muerte de Franco el 29 de noviembre de 1975 empezó otra etapa histórica, con la transición consolidándose definitivamente cuando en octubre de 1982, cuarenta y tres años después del fin de la Guerra Civil, y a siete años de la desaparición del caudillo, el partido Socialista ganaba las elecciones y formaba gobierno con Felipe González, con el agregado que esa transición se había hecho fundamentalmente con el apoyo de la recién restaurada monarquía y dirigida desde el poder por gente que venía del corazón mismo del movimiento franquista.

Gracias a la política de acuerdos, España dejaba atrás la confrontación centenaria, superaba los intentos nostálgicos de mantener lo que el Generalísimo creyó haber dejado “atado y bien atado”, como también la violencia política en las calles y la violencia terrorista de la ETA. La transición española fue un acto delicado de equilibrio y realismo, aislando al extremismo y logrando que España fuera integrada en plenitud a Europa.

Parte importante del éxito se debió a los acuerdos plasmados en la Constitución, llamada “del consenso” la que fue aprobada en octubre de 1978 y ratificada en un referéndum. Por vez primera existió un marco institucional que hizo desaparecer las dos Españas y por rara vez en su historia, la constitución no era la imposición de un sector de españoles sobre otros, sino el producto de la convergencia de voluntades.

A pesar que al principio las dificultades encontradas parecían mostrar que era más fácil establecer una dictadura que abandonarla, sin embargo, se superó el foso de las dos Españas, la de los vencedores y la de los vencidos, a través de la reconciliación y un verdadero acto de fe en la democracia, toda vez que esa vez España ingresaba al club de los países democráticos, toda una novedad, ya que por mucho que luego llegara la soberbia y España se dedicara a dar lecciones a otros países con otras realidades, la verdad es que con anterioridad nunca había echado raíces, en ningún momento anterior, resumido en la frase que no existió democracia bajo Franco, pero tampoco en los siglos anteriores.

Esos acuerdos permitieron la consolidación de la modernización económica que hizo ingresar a España al club de las sociedades desarrolladas. En lo político fue un proceso en el que existió continuidad y cambio, en forma acumulativa y cronológicamente sucesiva. La proposición de “ruptura democrática” se transformó en “democracia pactada” y la propia constitución fue sinónimo de transformación, ya que sentó las bases de un sistema de legitimidad total, desde el momento que el poder constituyente se desplazó en forma definitiva desde un dictador a un electorado sin proscripciones. El triunfo definitivo se consiguió con el fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, donde la imagen que todavía se recuerda fue la fallida toma del Congreso de los Diputados, con el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpiendo, pistola en mano, en el hemiciclo. Ese fracaso fue importante para la desaparición definitiva del miedo a una regresión, que a quienes estudiamos en esos años en Barcelona nos consta que existía, dado que en todo proceso de transición existe ese peligro.

Es contra esa España, la del consenso, la del reencuentro, que ha arremetido el proceso que encabeza el actual gobierno, que incluso ha reeditado la revisión histórica en términos de “buenos” y “malos” y con un Pedro Sánchez, cuya trayectoria política ha seguido el camino abierto por Rodríguez Zapatero, de desplazar del poder político a la élite que hizo la transición, y cuyas ideas habían estado presente en la conducción del Estado en las décadas que precedieron a Sánchez.

Hoy, esa democracia que parecía tan consolidada ha sufrido embates que demuestran que en verdad era más frágil de lo pensado, y que Sánchez y compañeros de ruta como Podemos y Sumar habían hecho más daño de lo esperado, en años caracterizados por una ofensiva constante contra el sistema político y social dejado como herencia por la transición a la democracia, años que coincidieron con aquellos en que el actual primer ministro ha sido figura dominante del poder político.

A sus 46 años, Pedro Sánchez Pérez-Castejon asumió la presidencia del gobierno a partir del 2 de junio de 2018, siendo reelegido dos veces, el 2020 tras un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el partido Socialista y Unidas Podemos, y el 2023 tras acuerdos con pequeños partidos rupturistas y fuerzas independentistas catalanas, vascas y canarias, agregándose al liderazgo partidario que ha desempeñado como secretario general del PSOE desde el 2017, cargo que había ejercido antes entre 2014 y 2016. A partir del 25 de noviembre de 2022 se había agregado un reconocimiento internacional, al haber sido elegido presidente de la Internacional Socialista.

Ese ha sido el itinerario que lo ha acompañado hasta el difícil momento actual que vive, ya que, al ser minoría en votos nacionales, para permanecer en el poder, Sánchez depende de movimientos y partidos que para apoyarlo, a cambio esperan que tome decisiones que los ayuden a debilitar al estado nacional. A lo anterior, se han agregado derrotas en elecciones regionales en los últimos meses, lo que se une con encuestas que dicen que, si se llevaran a cabo elecciones nacionales para el Congreso de Diputados, Sánchez sería derrotado.

Sin embargo, para ello falta tiempo, y si se adelantan las elecciones sería probablemente por alguna rebelión entre los diputados socialistas que están descontentos con el rumbo que ha tomado el gobierno, ya que si algo caracteriza a Sánchez es tanto su habilidad como la constancia para seguir, paso a paso, la tarea que ha echado sobre sus hombros, y por la cual aspira a ser recordado, tanto su persona como su legado, es decir, el desmantelamiento de los acuerdos políticos y constitucionales que llevaron a España a la democracia el siglo pasado, todavía representados a sus 84 años por Felipe González y su fundación Global Progress, con sede en Madrid desde 1996, después de dejar el cargo de primer ministro, mandato cuya duración de trece años y medio sigue siendo el más largo de un jefe de Gobierno democrático en España.

La constancia de Sánchez ha tenido éxito en el sentido de torcer la ruta seguida por España hasta su llegada, desde el momento que el camino que propone Sánchez busca reescribir la historia y reemplazar el acuerdo de la transición por la confrontación. El acuerdo anterior, era la búsqueda de una ruta común, todo un acierto en años que no deben ser olvidados, cuando a España la separaban divisiones mucho más profundas que en el día de hoy, cuando se salía de una larga dictadura y con fuertes escisiones desde el momento que un sector del país no quería la democracia y otro, rechazaba la primacía del mercado en economía.

Hoy la confrontación está presente en todas partes, por lo que la alternativa que España necesita es postular que la democracia es sinónimo de búsqueda de acuerdos, de pactos que beneficien a España y sus ciudadanos por sobre intereses particulares, es decir, una democracia de calidad que implemente las mejores políticas públicas, ya que hoy en el mundo existe abundante información y evidencia sobre lo que funciona bien como también sobre lo que nunca ha tenido éxito, toda vez que hay caminos que nos acercan al progreso y otros que nos alejan, en momentos históricos como los actuales, donde la diferencia puede ser marcada por quiebres tecnológicos de los cuales España poco se ha preocupado, como es el caso de la Inteligencia Artificial, toda vez que el humo espeso que emana de la confrontación impide verla.

Ello también supone que en el electorado predomine la razón por sobre la emoción, y los hechos por sobre la narrativa, escenario donde a los profesionales de la política se les pide también su cooperación, que actúen con seriedad y prudencia, De ahí, que si Sánchez es derrotado, el partido o la coalición que lo reemplace debe recuperar el espíritu que hizo posible la transición a la democracia, acuerdos básicos sobre el seguimiento de caminos de éxito probado en la generación de recursos que permitan financiar derechos colectivos, con la gradualidad que los haga sustentables a través del crecimiento económico. En tiempos de aparición de un impacto de la magnitud de la IA, grandes acuerdos son necesarios para poder prosperar, ya que la polarización ha malgastado tiempo valioso, toda vez que bajo Sánchez poco se ha percatado España (y tampoco la UE) de lo que está pasando ante nuestros ojos.

En definitiva, la política sana requiere acuerdos básicos o al menos que el método de resolución de conflictos esté legitimado, ya que de otra manera una imposición basada solo en lo que quiere un sector, en la práctica es solo una apuesta, que puede o no resultar. En democracia lo que mejor decide el éxito o fracaso es la naturaleza de los acuerdos, por lo que la negociación no es muestra de debilidad, sino requisito de perdurabilidad.

@israaelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Las segundas vueltas electorales entre proyectos incompatibles han continuado en la región, las dos últimas Perú y Colombia, las dos decididas nuevamente por ínfima cantidad de votos, pero la balanza se inclinó hacia la derecha, dando continuidad a una visión ideológica que se afirma en la región a partir de la ola Trump 2. Así como en su momento hubo una ola Trump 1. Pero el punto que afecta a los países en sus políticas de desarrollo o subdesarrollo es que van a hacer los países consigo mismos, quienes a veces parecen más proclives a sumar con sus afines ideológicos que han ganado en otros países y que son parte del momento histórico presente, más que iniciar un proceso que consolide una inteligencia colectiva funcional interna dentro del propio país. El mismo error cometió la izquierda también cuando fue su turno. Podemos “graficar” esto con dos fracasados procesos regionales como Unasur y el Grupo de Lima, cuyas visiones ideológicas excluyentes, uno para la izquierda y otro para la derecha los llevó en poco tiempo a ser disfuncionales. En este momento no puedo evitar recordar una frase de Mujica pronunciada en una reunión de Unasur en Mendoza, era una época de discursos fuertes y de mucha verdad ideológica, especialmente desde la izquierda en esos tiempos, entonces Mujica al ver la escalada que llevaba eso dijo “el más radical acá no es el que haga el discurso más fuerte, es el que sume más”. Y el que haga las cosas mejor en la región en esta coyuntura será también el que sume más.

Esto no quiere decir que todo deba ser resuelto por consenso, ya que el consenso como única forma de toma de decisiones ha sido fatal para varias organizaciones y en algunos casos simplemente ha conducido la neutralización de proyectos políticos. En los diez años en la OEA aprendí que cuando los adversarios políticos querían consenso es porque no querían que se adoptara ninguna resolución ni decisión sobre el tema en particular. Podríamos llamar a esta inquietante claridad de la neutralización de la acción el nacimiento de un sentido disfuncional de consenso en el que las soluciones procuran ser anuladas. Puede ocurrir en cualquier momento, a menudo cuando las organizaciones menos lo esperan. Pero definitivamente es necesario sumar esfuerzos y aunar las contradicciones, ya que radicalizar proyectos excluyentes no aporta a la inteligencia colectiva del país ni al proceso de desarrollo que eventualmente puede tener el mismo.

Debe de haber una ecuación positiva de sumar esfuerzos, ideas y capacidades. Las realidades de competencia en la política permiten aunar diferentes dinámicas y no todo necesita ser funcionalmente productivo y se puede ganar aun yendo a pérdida. Muchos resultados de la construcción política se logran en la adición de elementos disfuncionales cuya negatividad dispara nuevas realidades de inteligencia colectiva y a partir de las mismas se ingresa en ciclos virtuosos. Los empresarios exitosos que tienen éxito en la política es por su potenciar sus capacidades de absorción de costos políticos y no porque procura hacer valer sus métodos de hacer sus métodos empresariales de hacer funcionar el dinero, en tal caso lo más probable que le pase es que no encuentre la mejor forma de hacer funcionar el papel del dinero en la política, porque su sistema que funciona en el mercado no funciona en un sistema de interacciones políticas. La política no tiene dinámicas de en qué aplique la lógica o que la logística de las acciones y pensamientos políticos tengan una aplicación estricta de las reglas de la lógica. Alguien que parece especialmente preparado para un cargo de primer ministro quizás tenga que irse al poco tiempo porque no entiende que a veces se suma restando en la política. Cuando uno suma con gente que parece restar o con ideas que parecen restar a veces se está construyendo sustentabilidad y fortalezas con las que no se contaban. Suma una idea socialista en un contexto neoliberal o viceversa, a partir de esto se pueden crear dinámicas de mayor intensidad y tener impactos perceptibles que la opinión publica absorberá y proyectará.

El método político puede ser que no exija estrictamente el sacrificio personal o de reflexionar sobre el valor de los sacrificios hechos por los aliados en un mundo que desaparece permanentemente porque la agenda es absurdamente volátil y cambiante; un creyente podría preguntarse si sus oraciones realmente llegan a alguien y lo mismo le puede pasar a alguien que pide cosas a la política. Es aquí donde existe la necesidad de concentrarse y en los sacrificios que es necesario hacer para avanzar esas realidades necesitadas o queridas. También el método político describe realidades burocráticas, como ser a un oficinista que, sintiendo que el poder ha estado en sus manos durante años, repite la misma rutina día tras día, sintiendo una seguridad indefinible a la vez que una vulnerabilidad permanente pero que es incapaz de sumar al proceso de soluciones nuevas que se necesitan. Los autoritarios latinoamericanos han sido expertos en restar dentro de nuestras sociedades por su incapacidad de absorción de nuevas o diferentes ideas, nuevas o diferentes personas, por su incapacidad de sacrificio; no hay nada que reste más que ser pocos pero sectarios.

Esta perspectiva captura el momento en que las escenas familiares de la política se vuelven extrañas, y cuando quienes mejor conocen la situación —personas e instituciones— parecen desempeñar solo un papel que las arrastra inexorablemente a repetir errores, problemas, crisis, disfuncionalidades. Las instituciones dejan de tener sentido cuando el sistema evoluciona hacia estructuras a-sistémicas donde no existe un hilo conductor en experiencias positivas y el significado y el propósito que daban coherencia e importancia al juego institucional se derrumban repentinamente. Pero, aquello que es exactamente el consenso tiene una tremenda complejidad política, muchos malinterpretan este término, pensando que indica que el juego es fútil o carece de sentido, cuando en realidad se refiere a una cualidad del mundo de las ideas humanas; surge del conflicto entre las necesidades humanas y las necesidades de la política, esta contradicción debe ser resuelta a favor de las primeras.

Las instituciones son entidades que cumplen una función y tienen un significado último por el cual se busca comprender la razón de su existencia, su papel en las vidas del sistema y tiene un impacto duradero sobre nuestras acciones de contenido social y político. Sin embargo, hasta donde saben, el sistema internacional puede no responder si existe un diálogo donde solo resuena una voz. Esto puede precisamente ahondar la brecha entre las preguntas que planteamos y la incapacidad del mundo para responderlas.

A primera vista, la política regional se debate buscando una identidad y con ello un determinado sentido. Los hijos que criemos se enfrentarán a peores dificultades que nosotros, las construcciones sistémicas son olvidadas demasiado pronto en el mejor de los casos, aunque también se destruyen por acción humana o simplemente por dejar pasar el tiempo. Lo mismo ocurre con principios y valores. Lo mismo ocurre con propósitos éticos básicos. Sin embargo, día tras día, una y otra vez, se debe continuar el esfuerzo, seguir para alcanzar determinados objetivos cuya clave reside en reconocer que la igualdad en el destino humano no es el fin de la historia, sino el comienzo del real funcionamiento sistémico. Pero para ello se requiere especialmente aunar esfuerzos.

La mayoría de las personas, al darse cuenta de esta interconexión de la existencia, caen rápidamente en diversas formas de negación o escapismo, se refugian en generalidad y abstracciones, abrazan creencias políticas de la manera más dogmática posible o se hunden en el cinismo. Pero las instituciones necesitan otra vía, deben aceptar la interconexión causa-efecto y elegir acciones políticas que produzcan efectos positivos, esto tiene que ver esencialmente con aportar Derechos Humanos a la gente. La fórmula política latinoamericana de que 50%+1+100% es completamente disfuncional en la política, quizás sirve para concentrar poder, pero eso también es disfuncional a la construcción de políticas sustentables y desarrollo. Vemos claramente que las dinámicas políticas regionales carecen de un significado global, aun aquellos que han pretendido reiteradamente ser globales no han encontrado la forma de ser valiosos para la comunidad internacional, especialmente por su adicción a construir sociedades divididas y polarizadas, de rechazar todo lo que proponen adversarios políticos o ideologías diferentes, o aun rechazar lo que ha hecho el antecesor.

No es posible aceptar que las preguntas pendientes nunca tendrán respuesta y seguir las dinámicas político-institucionales con compromiso. En cambio, se debe asumir la plena responsabilidad de crear nuestro propio significado y valor. Cuando los políticos dejan de fingir que sus acciones tienen un significado que en realidad no existe, son capaces de descubrir el verdadero significado de las crisis y problemas estructurales que enfrentan y eventualmente acercarse a las soluciones de los mismos. Trabajar estas características sistémicas también revela un aspecto esencial de la existencia humana ser capaces de desapegarse de su situación y cuestionar sus errores.

Si una continuidad de acciones pudiera realmente dinamizar a la región, sería apoyar a la inclusión social, así como a la inversión y al comercio, pero recurrentemente hemos visto la aplicación prácticas de políticas anti-inversión o la aplicación práctica de políticas anti-comercio, esto quiere decir la aplicación práctica de políticas anti-desarrollo. Los países están bajo una presión inmensa dada la lentitud económica, incertidumbre financiera y una sensación generalizada de vulnerabilidad. La región está siendo atacada, no solo verbalmente, sino también mediante acciones que destruyen oportunidades de negocio. Sin embargo, hoy se pueden construir posibilidades tangibles directamente a través de la proyección de la región aun cuando como tal la misma existe, sino que cada país está buscando su puesto en el mundo. Estos paquetes económicos de inserción contienen artículos elaborados por empresas que están ancladas en sistemas políticos ineficientes y en democracias frágiles con institucionalidad débil. Quizás muchos de estos productos son exquisitos, inspirados en la naturaleza, no producidos en masa en grandes fábricas ni por corporaciones multinacionales, pero llevan consigo el estigma del subdesarrollo, de políticas públicas fracasadas y de incertidumbre económica. El cambio que se requiere entonces es sistémico.

Explicar por qué esto es tan importante ahora. la región enfrenta muchos problemas, no solo los que se mencionan en los medios, sino también debilidades estructurales económicas y sociales. La presión internacional dificulta aún más la supervivencia de nuestra gente. Las pequeñas empresas familiares son el alma de la región; proporcionan empleos, alimentos, fortaleza y una base sólida para comunidades enteras. Cuando muchas tiendas y países se niegan abrir los mercados, dejan a estas empresas sin poder seguir vendiendo sus productos, su futuro —y el futuro de sus familias— está en juego. El empresario latinoamericano sensato, necesita ahora más que nunca sistemas políticos que funcionen, cada empresa y emprendimiento refleja el pragmatismo sistémico que puede existir y respeto por las leyes de la economía y de la democracia que tenga el mismo.

Hemos visto a la izquierda y a la derecha auto celebrándose en reiteradas ocasiones en estas condiciones pendulares de un lado al otro que lleva la política latinoamericana, sin entender que la oportunidad en el poder es en realidad una oportunidad de construcción y ello funcionará mejor cuanto más gente haya poniendo ladrillos y cemento. Además, definitivamente no hay un concepto más relativo en este mundo que una “gran verdad” ideológica.

Se debe enfatizar la palabra “asociación” y recordar que la región es vital para todos, y deben tomarse el tiempo para preocuparse por todos y comprender que no existe una posibilidad de alcanzar el desarrollo en dinámicas de ratas luchando por su vida. Las dinámicas empresariales eclécticas pueden quizás inspirar esta vez un crecimiento cualitativo y cuantitativo determinante en la creación de la riqueza y ello realmente es susceptible de una transformación de los valores que genuinamente pueden hacer algo significativo por las sociedad y por la región. No se está comprando más que un simple regalo para un esfuerzo que debe enfatizar que el espíritu de solidaridad no es estático, aunque la mayor parte del tiempo, los países están ocupados con emergencias y asuntos institucionales de revisar facturas, cenar con amigos, lidiar con atascos de inseguridad o ayudarse mutuamente en la supervivencia política, sin que los proyectos país converjan o sumen, sino que al contrario son fruto de la resta permanente y de la deshonra política continua.

Estos momentos son incómodos precisamente porque son reales; desmantelan las narrativas convencionales que nos contamos sobre el progreso, el propósito y el significado último, y se presentan ante nosotros. Ahora que entendemos lo que implica sumar, podemos redescubrir el funcionamiento de la política bajo una nueva luz; el deber de proyectar una imagen que cambie la comprensión del poder y la derrota. El poder tiene que ver con un liderazgo real que tiene capacidad de hacer a partir de sumar esfuerzos y no con la ineficiencia de llegar con apoyos que impiden la acción y dejan al sistema inoperativo. A primera vista, lo más frecuente que ocurre con estos inútiles es que se puede transformar en un completo perdedor, traicionado por los dioses de la política, despojado del poder y condenado a realizar los trabajos más inservibles. Caer en eso es como negar cada día el propósito moral de la política que es servir a la gente, y por el contrario se ve cada día caer a los políticos en la repetición de éxitos no vividos y fracasos que se transforman en inevitables.

Nadie sabe cómo se propagaron estas dinámicas de subdesarrollo, ni cómo curarlas, y el grupo más afectado fue precisamente el que se podía imaginar, la cultura hedonista democrática experimental latinoamericana que surge de década después de violencia, guerrilla, disturbios, dictaduras de los 60 y 70s. Fue un mundo lleno de oportunidades, emoción y creatividad, un lugar para explorar nuevas formas de juego y comunidad, pero más pronto que tarde se convirtió en una zona muerta. Todo este proceso de la cuarta ola democrática iba acompañado de su característica intensidad emocional, analítica, pero a la vez profundamente comprometida por viejas prácticas, esos compromisos lamentablemente estaban puestos en el lugar equivocado para llevar adelante políticas equivocadas, ello ocurrió en tiempo real, con consecuencias devastadoras. La definición de subdesarrollo se redefinió en democracia, según nuevos criterios, pero inmediatamente atacada por los viejos vicios de la política latinoamericana, entre ellos la corrupción y la falta de capacidad para crear justicia sistémica, entre los afectados esta la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras. Las democracias dejaron de ser liberadoras, sino patológicas, el subdesarrollo y la pobreza pegaron sobre los vulnerables como una enfermedad contagiosa. Nuestras democracias retornaron a ser lo que siempre habían sido imperfectas, excluyentes, marginalizadoras, incapaces de construir tejido social y fortalezas humanistas. Pero eran democracias, su gran ventaja ventaja sistémica, y eso permitió y permite seguir buscando.

La expresión misma “defender la verdad” se ha incorporado al vocabulario de la defensa de los sistemas autoritarios, frente a opresores cuya legitimidad interna o externa está profundamente arraigada en la práctica permanente de la opresión, la gente es impotente para resistir a “la verdad”. Pero dado que transformarse para comprender la verdad implica ser transformado por ella, este proceso no se debe centrar en la información, sino en la transformación política del sistema en función de las visiones y necesidades diversas de la gente y de visiones contradictorias dentro de los pueblos.

Un público diverso y pluralista siempre va a estar en busca de la verdad. Ello evita que cada acción sea preparada meticulosamente por la ineficiencia. Liberarse de las limitaciones autoimpuestas por la ideología y por prácticas políticas perimidas, ese debe ser el plan desde el principio. No se trata de buscar un “dogma político verdadero” por descubrir, sino de criticarse a uno mismo, de perfeccionarse, de transformarse, de convertirse en alguien distinto de aquel moldeado por prejuicios, formulas fracasadas y hábitos políticos fosilizados. Pensar no consiste solo en recopilar opiniones correctas, sino también en practicar la capacidad de pensar. Y de actuar sobre esa base.

En cuanto a los riesgos hacia el futuro estos son muy ciertos, nuestros sistemas están plagados de incertidumbre. Este enfoque exige una crítica fundamental de las doctrinas que construyeron ideologías dominantes en la región, tanto el actual giro hacia la derecha que está basado en los fracasos de la izquierda, como el anterior giro a la izquierda que estaba basado en los fracasos de la derecha. No es posible centrarse únicamente en las declaraciones de líderes o grupos dominantes, sino que se deben explorar los discursos marginales, aquellos que cumplen una doble función: exponer la propia marginalidad política y social, así como revelar los supuestos subyacentes de la narrativa impuestas y como las mismas muchas veces son disfuncionales. Las reglas excluyentes deben verse como una forma de marginar a ciertos grupos. La civilización democrática es un “diálogo humano”, pero históricamente algunas personas han sido excluidas; ello se debe evitar. El otro principio —que es muy práctico— es evitar las rupturas sino construir institucionalmente encima de lo ya construido. Esto significa asumir continuidades, conclusiones lógicas de funcionamiento institucional, la aceptación de todas sus posibilidades, interrupciones y sucesos extraños. Esta cooperación implica que la verdad también depende de aunar todos los elementos y contradicciones políticas, sociales y económicas.