Como clara señal de sus inclinaciones ideológicas, los líderes hutíes nombraron, en abril de 2017, a Beraas Shams al-Din Muhammad Sharaf al-Din como nuevo muftí para desempeñarse como la principal autoridad religiosa en Saná. Sharaf al-Din fue educado en Irán y se cree que es uno de los vínculos más importantes entre Irán y el movimiento hutí. Y aquí está el elemento más importante de la jerarquía hutí: Shams al-Din no es la máxima autoridad religiosa del sistema hutí.

Las raíces ideológicas de Abdul-Malik al-Houthi provienen de una mezcla de zaidismo jarudí, el legado del movimiento Juventud Creyente (Shabab al-Mumin), fundado por su hermano Hussein Badr al-Din, y el modelo revolucionario de la Wilayat al-Faqih de Irán.

Basándose en sus discursos, textos ideológicos y análisis regionales, Abdul-Malik al-Houthi, el actual líder del movimiento, se considera a sí mismo un guía espiritual y militar designado divinamente, encargado de liderar una guerra santa contra la tiranía occidental y sionista. Descendiente del Profeta (sayyid): basándose en su linaje hachemita, afirma descender directamente del profeta Mahoma. En su opinión, este linaje le otorga un derecho intrínseco y religioso al liderazgo espiritual y político absoluto sobre la comunidad musulmana. El Guía Supremo y Reformador, reflejando el estatus del Líder Supremo de Irán. Defensor de la causa palestina. Guerrero desafiante.

Sabiendo que es un objetivo prioritario para los servicios de inteligencia extranjeros, su estilo de vida recluido —operando enteramente desde casas seguras ocultas y comunicándose solo a través de pantallas— ha alimentado una autoimagen de comandante disciplinado y resiliente que resiste un “asedio” sagrado junto a su pueblo.

Curiosamente, durante los ataques contra Israel y las respuestas israelíes, el muftí Sharaf al-Din apareció en internet como un simple soldado entrenándose para la defensa del país, una señal de cómo su posición es diferente de la de Abdul-Malik.

Abdul-Malik veía a Hassan Nasrallah con inmensa reverencia, considerándolo su mayor mentor ideológico, un modelo supremo de resistencia regional y una figura de hermano mayor. Dentro del “Eje de Resistencia”, la relación entre los dos líderes era excepcionalmente estrecha, construida sobre décadas de orientación fundamental de Hezbolá al movimiento hutí.

Tras el asesinato de Nasrallah, la percepción de al-Houthi sobre su propio papel dentro del Eje de Resistencia cambió significativamente. Con Nasrallah desaparecido y Hezbolá temporalmente desequilibrado, al-Houthi buscó honrar el legado de su mentor ocupando el vacío, con el objetivo de posicionarse como el líder de vanguardia más agresivo, desafiante e independiente operativamente que quedaba en la alianza regional.

Los hutíes son, de hecho, un grupo subordinado a Teherán, pero no como Hezbolá. Lograron fortalecer sus relaciones estratégicas con las dos grandes potencias, por encima de los dirigentes en Irán.

La relación de al-Houthi con Rusia se ha transformado de una neutralidad diplomática en una profunda alianza de seguridad clandestina.

Las relaciones con Pekín son más complicadas, al equilibrar una amplia adquisición encubierta con fricciones diplomáticas públicas por la seguridad energética.

Abdul-Malik al-Houthi considera estas relaciones como prueba de su creciente estatus como importante actor global. Su círculo íntimo se jacta abiertamente de que “las grandes potencias ahora llaman a las puertas de Saná”, lo que permite al movimiento explotar los recursos rusos y chinos para desafiar sistemáticamente la influencia estadounidense en todo Oriente Medio.

Tras el asesinato de Hassan Nasrallah, los hutíes y su líder Abdel Maleq se han convertido en el activo más importante de Teherán, debido a su resiliencia y ahora al control de Bab el-Mandeb, quizá más importante que Ormuz. Pero no me sorprendería que, si el régimen islámico en Irán se derrumba en algún momento, Abdel Malik al Houthi, si sobrevive, surja como líder de un nuevo eje chiita.

Es interesante que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) haya amenazado a Israel con una respuesta militar a gran escala si destruye el complejo subterráneo bajo la cresta Ali al-Taher, en el sur del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) procedieron con la operación y anunciaron la destrucción completa de la infraestructura subterránea los días 10 y 11 de septiembre de 2026. No hubo respuesta iraní, pero sí hubo la importante operación hutí para tomar el control de los estrechos de Bab el-Mandeb. Coincidencia, o decisión de prioridad estratégica, y desinformación/manipulación de los actores regionales y globales.

*El autor es investigador sénior en el Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT, por sus siglas en inglés), Universidad Reichman

*El artículo es un extracto de la participación de Karmon en la conferencia del ICT

Cuando hay tanta gente que opina sin tener mayor conocimiento sobre una realidad tan diferente como es el Medio Oriente, y en particular, Israel y los árabes israelíes como son llamados aquellos que en 1948 decidieron quedarse, es llamativo lo que me ocurrió con la inteligencia artificial, ya que la situación es lo suficientemente compleja para que Gemini en un gesto de humildad, decidiera excusarse de opinar.

Así me pasó, ya que todavía soy parte de esa minoría que solo la consulta esporádicamente, pero, aunque sobre los árabes israelíes he escrito y hecho docencia, de todas maneras, decidí consultarles “sobre el papel que han jugado los partidos árabes en la Knesset”, el parlamento israelí, ya que me interesaba saberlo durante la guerra actual. La sorprendente respuesta decía “se recomienda consultar directamente los canales informativos autorizados”, consejo que también sería útil para tanto medio de comunicación que en vez de hacer lo señalado, difundieron la propaganda de Hamas.

El martes 27 de este mes, las elecciones definirán el futuro del primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo, pero no de la guerra, ya que eso lo deciden más bien los enemigos de Israel, y la respuesta de Israel corresponde más bien a políticas de Estado que a ideas personales. Sin embargo, el resultado puede definir el futuro político de Benjamín Netanyahu, ya que va a impactar en dos decisiones que se han dilatado por demasiado tiempo. La primera es que la Corte Suprema ha recibido demasiadas presiones y ha esquivado el bulto de fallar si es culpable o inocente de los cargos de corrupción electoral que han llevado a otros políticos, incluyendo algún exprimer ministro a la cárcel, siendo la segunda, la muy esperada comisión de investigación de las responsabilidades en la total falta de preparación para la mortífera invasión de Hamas, origen, a no olvidarlo, de la actual guerra.

Es una elección muy cerrada, tal como han sido los últimos tres comicios, dos ganados y uno perdido por Netanyahu y a no ser que todas las encuestas estén equivocadas como en Brasil, se va a repetir lo ocurrido en ellas, virtual empate, agravado por algo que es habitual en Israel, que quien gana o pierde no es decidido por la votación, sino que ello es fruto de una negociación posterior, donde hay un intercambio de favores con partidos menores, muchas veces de raíz religiosa, para decidir quién forma gobierno, cuya mayoría parlamentaria es de solo un par de votos y que, tal como ha ocurrido en estos años, les da una indebida voz de altos decibeles a sectores extremos, que, sin embargo, tienen el poder de chantaje sobre si continúa o no el primer ministro en ese cargo.

Esta situación produce resultados que no generan estabilidad, consecuencia de un sistema electoral que desde la primera elección poco después de la Declaración de Independencia, maximiza la representación, pero no la solidez del gobierno, ya que no importa quién obtiene más votos, sino cuántos diputados votan a su favor, el resultado de negociaciones posteriores que deciden cómo se conforma la coalición que conducirá la nave del Estado. Ha pasado con partidos religiosos en las coaliciones encabezadas por Netanyahu, pero en la época de predominio de la socialdemocracia, cuando el partido mayoritario era el Mapai (Partido de los Trabajadores) este recibía habitualmente el apoyo del partido Mapam, a su izquierda, y de raíz, a la vez socialista y sionista, ambos hoy sin relevancia. También, en apoyo de Avigdor Liberman, un político que ha desempeñado durante tres décadas distintos ministerios, se formó un partido que quiso representar a los israelíes de habla rusa.

Como en otros países, las elecciones en Israel traen novedades y algunas sorpresas. En el actual proceso eleccionario, todo parece indicar que serán los partidos árabes los que serán relevantes, no porque su participación sea una novedad, ya que habitualmente más del 80% de los israelíes de habla árabe lo hacen por ellos. Sin embargo, el número de electos depende de cuantos acuden a votar, y en esta oportunidad han decidido poner sobre la mesa sus principales preocupaciones, y por lo tanto, en vez de hacer una oposición testimonial de crítica al sionismo, esta vez la Lista Conjunta habla de ofrecerle una “red de apoyo” a quienes quieren derrotar a Netanyahu, como es el caso de Gadi Eizenkot, quien ocupara entre 2015 y 2019 la posición militar más importante, la de Jefe del Estado Mayor, en un sistema político donde es habitual que ex generales se dediquen a la política después de su retiro. Para el acuerdo se deben acoger demandas, donde en primer lugar figura el combate al crimen organizado en las comunidades árabes.

Las minorías en Israel representan aproximadamente el 25% de la población total del país, mientras que la población judía constituye cerca del 73% por lo que Israel es el único país en el mundo cuya mayoría tiene esa característica. Hoy, la representación política en igualdad de condiciones es un hecho, aunque en los inicios del Estado hubo Ley Marcial, consecuencia de una situación donde en vez de crearse el Estado Palestino, se produjo la invasión de 5 países árabes con el propósito de destruir al nuevo país, pero desde 1967 la igualdad ante la ley ha sido plena. Los ciudadanos árabes representan alrededor del 21% de la población con más de dos millones de personas, divididos entre musulmanes y cristianos. Por su parte, la comunidad drusa suma entre 150mil y 160 mil personas, con una identidad religiosa y cultural más bien derivada del islam ismailí, y al igual que los beduinos, sus varones hacen el servicio militar y participan en guerras. Estos últimos de tradición nómada habitan en su mayoría en el desierto del Néguev y en el norte del país. También hay otras minorías, pero por sus números de menor relevancia como lo son aquellos musulmanes conocidos como Circasianos, como también los samaritanos y los arameos, comunidades cristianas con identidad propia.

Lo realmente distintivo de esta elección no es la participación de partidos árabes israelíes ya que ese es un rasgo habitual, y en esta oportunidad hay cuatro partidos, incluyendo uno que se pronunció en forma parecida ya en la elección en la que la dupla Bennet-Lapid asumió brevemente el gobierno en reemplazo de Netanyahu. Entonces fue un partido conservador, religioso e islamista como es el caso de Raam (también conocido como Lista Árabe Unida) y su líder Mansour Abbas, quien públicamente lamentó el 7-X. La representación árabe israelí mayoritaria la ha asumido desde 2015 una alianza variable de tres o cuatro partidos eminentemente árabes como lo son Jadash, Balad y Ta´al, alianza que aparece o desaparece, dependiendo de la elección, ya que la diversidad va desde religiosos hasta excomunistas.

En el actual proceso, tras extensas negociaciones, Hadash, Ta al, Balad llegaron a un acuerdo el 19 de agosto de presentarse como Lista Conjunta, mientras que Raam optó por hacerlo en forma separada, es decir, el mismo tipo de división ideológica que se encuentra en coaliciones en muchos parlamentos del orbe, pero raro en países del medio oriente, región donde Israel es la única democracia consolidada.

La sorpresa se concretó cuando su líder Yousef Jabareen informó a través de un video que “para imponer sus términos sobre cualquier configuración política que resulte de la próxima elección”, la Lista Conjunta utilizará toda herramienta que la legalidad les permita, aludiendo a las posibilidades que ofrece el régimen parlamentario. Para partidos que en el pasado se han opuesto a acuerdos de paz con países árabes, que con frecuencia han expresado posiciones semejantes al nacionalismo de la OLP y rechazan al sionismo y al carácter judío del Estado de Israel, es ahora una novedad grande que las demandas sean elementos claramente de politica interna como lo es que se utilicen todos los recursos del Estado para combatir el crimen organizado y la criminalidad detrás del consumo de drogas, hoy, la principal demanda de la comunidad árabe como también lo es presionar a favor de un horizonte político para el Estado palestino, además de legalizar las edificaciones que se han hecho por parte de árabes en lugares no autorizados como también la situación de las aldeas beduinas, una realidad que se impuso en la época que mayoritariamente eran nómadas, y se quiso una sedentarización que no les acomodaba, similar a lo que en Europa hizo con sus gitanos.

Es decir, demandas legítimas que son habituales en los regímenes parlamentarios de cualquier democracia, y, sobre todo, en la demanda de derrotar a la criminalidad existe mucha conciencia a todo nivel, pero siempre había existido una reticencia: que, si Israel actuaba de esa forma, tendría que enviar mucho efectivo policial a las aldeas árabes, lo que podría originar una campaña distorsionadora por parte de los grupos y países que habitualmente odian la sola existencia del Estado de Israel.

Quizás por la guerra, pero el hecho es que Netanyahu no hizo lo que Raam esperaba en el combate a la criminalidad que afectaba a las aldeas árabes, y ahora existiría apoyo suficiente para avanzar en la legislación necesaria. Lo novedoso es que lo anterior es lo que ha estado detrás de la decisión de la Lista Conjunta de participar activamente en la politica interna de Israel, para mejorar la vida de la minoría árabe y no solo para combatir al carácter judío del país. Es necesario insistir que hay un importante cambio, muy en consonancia con la alianza que ha establecido Israel con países árabes sunitas en el marco de los Acuerdos de Abraham, sobre todo, en el aspecto militar con países como los Emiratos y Marruecos.

En este caso, un grupo de partidos que en Occidente representarían a la izquierda y la centro izquierda ofrecen una “red de seguridad”, que la mayoría de los analistas cree que es para Eizenkot, lo que representaría un gran cambio, no porque vayan a integrar el gobierno, toda vez que ni ellos ni los partidos beneficiados quieren, ya que es inimaginable después del 7-X. Lo que ha ocurrido es otra cosa, es una decisión que se une a la de Mansour Abbas y de Raam en una elección anterior, la de aprovechar al máximo en beneficio de sus votantes la posibilidad que ofrece un sistema donde NO es el voto quien decide quien es gobierno y quien es oposición, sino que todo se decide después de la elección, donde viene un esquema poco edificante de prácticamente comprar votos de electos, en negociaciones donde hasta se crean ministerios con nombre y apellido, una fase corrupta de elecciones limpias, arte en el cual Netanyahu ha usado y abusado del sistema, pero no es el único.

Dependiendo del resultado, que si es un empate como pronostican las encuestas, el voto de los partidos árabes podría cumplir un rol semejante al de los votos de los partidos vascos y catalanes con Pedro Sánchez en España, es decir, permitir la existencia de un gobierno minoritario, ya que en el ejemplo español, los socialistas sacaron menos votos que el partido Popular, mientras que en Israel los partidos árabes podrían concurrir a la formación de un nuevo gobierno sin ser parte de él, pero habrían negociado todas sus demandas a cambio de algo que los otros partidos desean más que ninguna otra cosa, que Netanyahu quede afuera para proceder con la comisión investigadora del 7-X y que por fin la Corte Suprema sentencie la situación del actual primer ministro.

Es decir, quizás por vez primera en la historia de Israel, los hechos indican hoy, que, si las encuestas tienen razón y hay un virtual empate, no va a ser posible formar un gobierno alternativo a Netanyahu sin la opinión de los partidos árabes, y con razón, Jabareen su líder ha dicho públicamente que “esta es nuestra oportunidad para fortalecer nuestra voz, aumentar nuestra representación y reafirmar nuestra presencia”. En otras palabras, una nueva normalidad con los partidos árabes integrándose definitivamente al sistema.

Para la Lista Conjunta, el éxito va a depender de cuán numerosa sea la concurrencia para votar de la minoría árabe que en las últimas elecciones ha estado en alrededor del 50%, mientras que la participación judía supera habitualmente el 70%, como también de cómo se distribuya el voto árabe entre la Lista Conjunta y Raam. En el caso de Netanyahu solo le sirve obtener mayoría, situación que según todas las encuestas no se daría en esta oportunidad como tampoco se pronostica una mayoría para Gadi Eizenkot.

En todo caso, esta realidad electoral que incluye a partidos árabes muy críticos de Israel, difiere de la realidad de la Autoridad Palestina (AP), donde a pesar de las seguridades dadas de democratización, a sus 90 años, Mahmud Abás se apresta a cancelar por 42ava vez la convocatoria de elecciones para un cargo como el suyo, elegido como Presidente en 2009, pero desde entonces sin alternancia, tanto que el grupo de siete países que incluye al Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, quienes dicen sentirse “decepcionados” de una situación por todos anticipada, que no hay elecciones por la sencilla razón que Hamas las ganaría. En otras encuestas palestinas quien aparece ganando la presidencia es Marwan Barghouti, un militante de Fatah pero que cumple sentencia en una cárcel israelí, condenado por autoría intelectual de cinco asesinatos, pero con apoyo popular entre los palestinos por haber dirigido un grupo armado en la Intifada, y quien claramente es visto como el rival a vencer por Hamas, ya que, en todas las negociaciones para liberar presos por los rehenes secuestrados, nunca se solicitó su liberación. En la AP no ha surgido tampoco una tercera alternativa, que reconozca el carácter judío de Israel, así como hay 54 países que se definen como islámicos, líder que sea un socio para la paz. Contrario a otros, yo creo que Barghouti puede jugar un rol importante como figura de consenso entre los palestinos, después de la desprestigiada presidencia de Mahmud Abás.

Esta ha sido una elección que nuevamente se transforma en un plebiscito sobre Netanyahu, entre otras razones por la desviación presidencialista que él ha impreso a un sistema que no lo es, sino que claramente es parlamentario, en el contexto de una guerra que no ha concluido y que no terminará mientras exista la República Islámica. Israel demostró clara superioridad sobre Irán, derrotó a Hamas y por primera vez el gobierno de El Líbano se le ha unido en buscar la desaparición de Hez bolá, pero han sido resultados incompletos, ya que las guerras se acaban cuando se termina la voluntad de lucha del adversario lo que sin duda no ha ocurrido, debido a que los tres mencionados se sienten victoriosos por haber sobrevivido, situación que impide que sea aún más visible la división entre judíos laicos y judíos religiosos, que seguramente se va a convertir en el conflicto mayor de Israel cuando exista la paz, que estoy convencido va a llegar en el sentido de una alianza real entre Israel y los países árabes sunitas, para reemplazar a Europa, Canadá, Australia que cada vez se alejan más de Israel, actuando tal como los países árabes lo hacían en el pasado, y ya no lo hacen, en medio de un antisemitismo tal, que al menos en Europa no se veía desde la segunda guerra mundial.

En todo caso, esta elección hace quedar mal a quienes como la reciente galardonada con el Premio Nobel Navi Pillay, quien tiene una trayectoria de vida donde ha utilizado toda tribuna a su disposición para deslegitimar la existencia de Israel, ratificando la diferencia de este premio otorgado por una comisión designada por el Parlamento Noruego, a diferencia de las distintas academias suecas que otorgan los otros Nobel.

La realidad israelí no puede ser explicada en términos simples de blanco y negro, de buenos y malos, ya que admite muchos colores y tiene muchos matices, donde han existido guerras, pero también muchos procesos negociadores, algunos exitosos. Demasiados políticos, sin embargo, actúan con evidente hostilidad y hasta antisemitismo contra Israel como lo expresan casos como Pedro Sánchez o la casi totalidad de los gobernantes irlandeses en Europa o Petro y Boric en Latinoamérica.

Estos comicios no alterarán la constante de producir parlamentos con mayorías de solo un par de votos que toman decisiones de enorme relevancia, por consiguiente, existe la necesidad de reformar el sistema electoral, lo que hoy es que es casi imposible dada la polarización existente, además de una conflictividad muy marcada a favor y en contra de Netanyahu, donde hay muy pocas posibilidades, tan pocas como en EEUU de llegar a acuerdos de largo plazo.

A diferencia de otros conflictos, Israel ha enfrentado esta guerra en varios frentes sin un gobierno de unidad nacional, con consecuencias tales como que una vez más se ha combatido sin que exista una propuesta politica para el día después de un cese del fuego, carencia que se expresa hoy en Gaza, además de la ausencia de una politica de consenso para enfrentar a la deslegitimación, al lawfare en la justicia internacional con acusaciones infundadas de genocidio, y el retorno del antisemitismo que quizás nunca desapareció y que probablemente empeorará antes de mejorar.

Se mantenga o no alguien como Netanyahu que no parece ser el líder adecuado para la etapa que viene, Israel enfrenta problemas que solo un consenso centrista puede generar acuerdos y propuestas que hoy no existen para reformar el sistema electoral o contar con una constitución escrita, idea que se esperaba aportaría la primera Knesset que no pudo funcionar como constituyente por las urgencias de ser invadidos apenas se formó el Estado, donde lo urgente postergó lo importante y donde se inauguró una constante que hasta hoy perdura, de guerras que Israel no inicia donde obtiene resultados favorables, que sin embargo no traen consigo la anhelada paz.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

En la región latinoamericana, el término “integración” ha sido prácticamente sinónimo de proyectos inviables, o incluso de verdaderos fracasos. Estos fracasos, a veces difíciles de explicar, tienen su origen en una razón fundamental: es imposible alcanzar un nivel de integración adecuado sin contar, previamente, con un nivel de desarrollo suficiente. La estructura sistémica que debería derivarse de la integración exige niveles de industrialización y de desarrollo científico y tecnológico que los países latinoamericanos aún no han logrado alcanzar. Las dificultades radican en problemas de diferenciación: para que la complementariedad necesaria en todo proceso de integración funcione correctamente, los países deben integrar capacidades en diversos ámbitos. A falta de capacidades diversificadas acompañadas de niveles tecnológicos elevados, las dinámicas de integración no pueden operar; del mismo modo, tampoco pueden funcionar en un contexto donde las realidades nacionales se limitan a niveles elementales. Este carácter elemental genera una precariedad que impide a los países alcanzar los grados de diferenciación requeridos para una integración sistémica, la cual exige, por definición, niveles de especialización distintos.

Por otra parte, la convergencia y la armonización de los intereses nacionales dependen del nivel de conocimientos compartidos. La insuficiencia de capacidades científicas y tecnológicas provoca una desintegración en ámbitos donde, en realidad, los niveles de conocimiento podrían reforzarse mutuamente. Lamentablemente, nuestra región adolece de graves carencias a este respecto: registra, a escala mundial, una de las cifras más bajas de patentes presentadas y uno de los índices más reducidos en materia de propiedad intelectual dentro del sector científico y tecnológico.

Un tercer aspecto fundamental reside en el hecho de que nuestras democracias no han logrado superar sus carencias ni su funcionamiento irregular. Se han visto constantemente afectadas por su propia ineficacia, por la corrupción y por excesos burocráticos que han golpeado duramente los procesos en curso, debilitando las instituciones hasta el punto de que su disfunción se ha convertido, en sí misma, en un problema mayor. En nuestra región, cuanto mejor funciona la democracia, mejores son las condiciones de acceso a los derechos y a la equidad, la seguridad y el desarrollo de los países. Existen, por supuesto, formas extremas de ausencia de democracia, como las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela; estas constituyen los ejemplos más profundos y graves de disfunciones sistémicas. Encarnan a la perfección el fracaso de la gobernanza, traduciéndose en las crisis humanitarias, migratorias y de derechos humanos más graves que ha conocido la región —tal como ocurrió, en el pasado, con los regímenes autoritarios del Cono Sur.

Por otra parte, existe un grave error conceptual, derivado de diversas ideologías, que reduce la libertad a un bien puramente individual. Sin embargo, la libertad es, por esencia, un bien colectivo que nos permite a todos actuar de manera concertada en el seno de la sociedad, e interactuar como individuos y grupos humanos. Constituye un bien colectivo indispensable para el buen funcionamiento sistémico, y no una herramienta sujeta a una lógica puramente individual y privativa, en la que las decisiones y acciones carecerían de cualquier objetivo común. La democracia es el sistema que mejor permite el ejercicio de las libertades fundamentales; a cambio, exige condiciones propicias para la plena realización de los derechos humanos.

En este sentido, nuestros países siguen presentando carencias en materia de derechos humanos. Las formas de discriminación —basadas en el género, la raza, la orientación sexual o la religión— persisten; las sociedades latinoamericanas parecen, de manera recurrente, propensas a la discriminación. En realidad, para que un sistema funcione, debe ser capaz de garantizar el ejercicio sistémico de los derechos humanos, favoreciendo así el desarrollo y los logros de los individuos y los grupos. El fracaso del sistema cubano es un ejemplo elocuente de ello: hoy en día, cerca del 98% de la población de Cuba vive en la pobreza extrema, careciendo de agua potable, energía y una alimentación suficiente; en resumen, privada del disfrute de los derechos humanos más elementales. La gente se pregunta por qué el sistema no funciona en el plano económico, por qué el país no es productivo; esto se debe, fundamentalmente, a que cuando los individuos no tienen la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere.

Cabe preguntarse por qué el sistema no funciona en el plano económico; el hecho de que el país no sea productivo tiene mucho que ver con ello. Cuando los individuos no pueden ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere. Del mismo modo, si la población no puede ejercer plenamente sus derechos sociales, el sistema social no puede ser eficaz ni generar resultados positivos. Cuba ha convertido lo que no es más que un “medio problema” —el embargo— en una realidad arraigada en esta lógica, y lo ha hecho mediante sus propias acciones: persecución política, menoscabo de la soberanía popular, violación de las libertades fundamentales, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Todos estos elementos constituyen, en sí mismos, los cimientos de su fracaso. Se habla de “medio problema” porque, dado que la economía estadounidense representa solo el 25% de la economía mundial, debería ser sencillo integrarse en el 75% restante; eso sí, siempre y cuando se produzcan bienes o servicios que resulten de interés para el mercado global.

En cuanto a los sistemas democráticos de la región —ya sean relativamente funcionales o, por el contrario, altamente disfuncionales—, todos tienen dificultades para articular políticas de derechos humanos adecuadas que sean transversales a todas las dinámicas sociales, económicas y políticas. Cuanto mejor sea la situación de los derechos humanos en un país, mejores serán las condiciones en los ámbitos de la educación, la salud, la producción económica, la seguridad y el funcionamiento del sistema político.

Por regla general, los países de la región cuentan con instituciones frágiles; intentar integrarlas con otras instituciones igualmente frágiles no hace más que perpetuar dichas debilidades. El día en que las instituciones de los países latinoamericanos sean capaces de resolver los problemas propios de su región, su integración mutua permitirá multiplicar los resultados concretos y las soluciones.

Las polarizaciones ideológicas, la transformación del adversario político en enemigo, así como las oscilaciones pendulares que caracterizan la vida política regional, constituyen también un obstáculo importante para la integración. Lamentablemente, en la actualidad no es posible una alternancia normal en el poder; por el contrario, asistimos a una sucesión permanente de procesos “fundacionales” acompañados de retrocesos institucionales duraderos. Las instituciones supranacionales han sufrido especialmente por ello.

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la integración reside en las desigualdades estructurales —y socialmente violentas— que afectan a nuestros países. La integración regional es imposible entre países que están, a su vez, desintegrados y caracterizados por modelos sistémicos fragmentados. No ha sido posible constituir una inteligencia colectiva, ya que las inteligencias individuales —que, sin duda, existen en la región— no logran integrarse lo suficiente como para permitir un funcionamiento sistémico adecuado. La culpa de los fracasos de la integración están más en los países que en los procesos en sí mismos, más que en el Mercosur o en el SICA o en la Comunidad Andina.

La región cuenta con diversos mecanismos subregionales que pueden servir como catalizadores técnicos para la gobernanza y fortalecer las capacidades de elaboración de estrategias. Compartimos un idioma (el español y el portugués son lo suficientemente cercanos como para funcionar, a escala regional, como un conjunto único), así como un profundo legado social e histórico común; sin embargo, nada de esto dará frutos si no resolvemos los problemas mencionados anteriormente.

Luis Almagro / Instituto CASLA

Pablo Escobar tenía a sus Extraditables, una organización que convirtió el rechazo a la extradición en una guerra contra el Estado colombiano. Décadas después, Venezuela podría estar ante una historia distinta, pero con una pregunta clave: ¿hasta dónde llegará la justicia estadounidense para desenredar las redes financieras construidas alrededor del poder de Nicolás Maduro?

El caso de Álex Saab acaba de subir la apuesta. El 15 de septiembre de 2026, el empresario se declaró culpable, en Estados Unidos, de conspiración para lavar dinero, en una trama vinculada con sobornos y contratos públicos del programa de alimentos CLAP. Aceptó entregar 195 millones de dólares y cooperar con las autoridades; no es poca cosa, pues cuando alguien que conoce las entrañas de un negocio comienza a hablar, el problema deja de ser solamente lo que se sabe y pasa a ser lo que todavía puede demostrarse.

La investigación periodística de medios como Armando.info, El Pitazo y Runrunes, junto con las denuncias de parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015, contribuyó a poner bajo escrutinio las irregularidades asociadas con contratos públicos y redes de intermediarios. Ahora, la cooperación judicial podría abrir nuevas líneas de investigación. Eso sí, cooperar no equivale a una condena automática para terceros.

El diputado y especialista en anticorrupción Carlos Paparoni, mencionó a Maikel Moreno, Samark López, Raúl Gorrín, Tareck El Aissami y Pedro Luis Martín entre las figuras que, a su juicio, podrían terminar ante la justicia estadounidense. “Ellos van a terminar en los Estados Unidos”.

¿Será así? “Por ahora”, como decía el difunto Hugo Chávez, no existe una lista oficial de extraditables con esos nombres; pero la posibilidad plantea una pregunta legítima: si las autoridades logran reconstruir las operaciones, identificar a sus participantes y seguir el dinero, ¿Quiénes tendrán que responder ante los tribunales?

Y mientras algunos nombres aparecen en las conversaciones sobre posibles procesos judiciales, este 14 de octubre Estados Unidos levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La decisión, supone su salida del régimen de sanciones de la OFAC.

La paradoja merece atención. Washington retira las restricciones financieras a uno de los principales operadores políticos del chavismo mientras mantiene abiertas investigaciones relacionadas con personas vinculadas al antiguo círculo de Maduro. ¿Pragmatismo diplomático, nueva etapa de negociación o cambio de prioridades? La decisión, por sí sola, no demuestra culpabilidad ni inocencia en ningún caso, pero sí evidencia que la política de sanciones y la persecución penal son instrumentos distintos.

Dicho de otro modo: salir de una lista de sanciones no equivale a recibir un certificado de buena conducta, del mismo modo que aparecer mencionado en una entrevista no convierte a nadie en culpable. Para eso están las pruebas y los tribunales, no los titulares ni las conveniencias políticas.

Por otro lado, Paparoni recordó la cifra de 316.000 millones de dólares que atribuyó a declaraciones del exministro Jorge Giordani sobre recursos desviados mediante mecanismos cambiarios. Ese monto requiere verificación independiente y no puede presentarse como dinero judicialmente probado ni como una cantidad íntegramente recuperable.

Pero la pregunta de fondo sigue en pie: ¿cuánto dinero perdió Venezuela en redes de corrupción y cuánto puede recuperarse? Porque no basta con que los responsables enfrenten procesos judiciales; hay que identificar los activos, demostrar su origen ilícito y garantizar que los recursos restituidos beneficien a los venezolanos.

La comparación con los ‘Extraditables’ de Escobar es una referencia histórica, no una equivalencia automática. El desenlace venezolano dependerá de las pruebas, la cooperación internacional y la independencia judicial.

Al final, la justicia no se medirá por la cantidad de nombres que aparezcan en una lista, sino por las responsabilidades que puedan demostrarse y los recursos que regresen al país, porque los venezolanos ya pagaron demasiado por una corrupción que no les pidió permiso para empobrecerlos.

Y si la reconstrucción institucional en Venezuela pretende ser algo más que un eslogan, habrá que empezar por una regla elemental: ni las conexiones políticas deben garantizar impunidad ni las negociaciones deben sustituir a la justicia.

Hace 23 años, el golpe de Estado del 17 de octubre de 2003 inició la destrucción de Bolivia, de la República, de la democracia, de la moral social, de la economía, la instalación del narcoestado y la confrontación entre bolivianos para liquidar la “Nación Boliviana”. Las acciones para destruir Bolivia fueron anunciadas públicamente en la “agenda de octubre” que estableció como objetivos centrales: “constituyente, nacionalización de hidrocarburos, libre cultivo de la coca y la persecución de los líderes y partidos políticos democráticos”.

Ejecutando la agenda de octubre con más delitos perpetraron la constituyente expresamente prohibida por los artículos 230 al 233 de la Constitución Política del Estado (1967/94), con falsificaciones en la ley 2410 de 8 de agosto de 2002, la ley 2631 de 24 de febrero de 2004 y la ley 3941 de 21 de octubre de 2008, a las que sumaron las masacres de La Calancha en Sucre, de Cochabamba, del Provenir en Pando y del Hotel las Américas en Santa Cruz, con asesinatos, persecución, presos y exiliados políticos.

Impusieron con violencia y sostienen con el miedo la “constitución del estado plurinacional” que es NULA por mandato del artículo 31 de la Constitución de la República: “Son nulos los actos de los usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”; y por el artículo 229 que manda: “Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento”.

Para tratar de justificar los crímenes con que derrocaron al Presidente Constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada, llamaron “guerra del gas” a la sedición y conspiración con intervención internacional, y ejecutaron la denominada “nacionalización de hidrocarburos” que solo consistió en liquidar la capacidad productiva, y resultó que “la guerra del gas fue para dejar a Bolivia sin gas”.

El libre cultivo de la coca ilegal base de la cocaína, pactado en la agenda de octubre se aplicó desconociendo acuerdos internacionales antinarcóticos, expulsando la DEA junto con las dictaduras de Venezuela y Ecuador, eliminando la Ley 1008 y con la constitución plurinacional hicieron de Bolivia un narcoestado. Narcoestado es “el país cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son además miembros de las redes ilegales de tráfico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotráfico….”.

Con asesinatos, persecución, acusaciones falsas, presos y exilio de líderes de la democracia, reemplazaron el estado de derecho por el terrorismo de Estado y con “leyes infames” basadas en la constitución plurinacional institucionalizaron la violación de derechos humanos y la “situación de indefensión” que sufrimos los bolivianos.

Falsificando la existencia de 36 naciones en Bolivia impusieron el plurinacional-aplicado en Venezuela por Chávez, Ecuador por Correa y rechazado en Chile- para destruir la “Nación Boliviana” que fue forjada como resultado histórico de la Guerra del Chaco. Bolivia no es plurinacional, es PLURICULTURAL. Los bolivianos somos una sola nación fundada en la unidad en la diversidad, que resiste la intervención trasnacional del socialismo del siglo 21 que convirtió a Bolivia en una dictadura satélite del castrochavismo.

La realidad objetiva prueba que el narcoestado plurinacional agrede todos los días a los bolivianos. No hay solución a la crisis económica con la constitución del narcoestado; no habrá seguridad ciudadana con el país ocupado por organizaciones criminales nacionales y trasnacionales; no tendremos seguridad jurídica con fiscales y jueces que deben sus posiciones al sistema del naroestado; no hay soberanía con la “republiqueta del narco” en el trópico de Cochabamba bajo mando del jefazo narco Evo Morales, donde el gobierno no existe; no es posible luchar contra la corrupción desde la corrupción.

El destino de Bolivia como narcoestado plurinacional es el que sufren los pueblos de Cuba y Venezuela, es la miseria y la desagregación familiar, social, política y territorial. La pobreza y miseria actuales de los bolivianos, que se agravan sin cesar, lo demuestran.

El mandato del pueblo boliviano en las elecciones 2025 es el cambio que es acabar el narcoestado plurinacional restituyendo la República y la democracia para afrontar y terminar la crisis. El mandatario actual tiene solo dos opciones: la de continuar siendo el jefe del narcoestado plurinacional con su constitución, leyes infames, sistema de impunidad y ausencia de todos los elementos de la democracia; o ser el Presidente de la República de Bolivia defendiendo la Nación Boliviana con República y democracia. Hasta ahora todo indica que ha optado por el continuismo del régimen que agrede a la Nación Boliviana.

El cambio geopolítico en las Américas señala el retiro de la delincuencia de la política. Quitar el poder dictatorial que oprime a los pueblos, con el que sostienen los narcoestados que han establecido y amenazan la seguridad de las democracias. Sin seguridad no hay libertades ni progreso. Este es el elemento internacional favorable, pero se necesita una estrategia nacional con acciones oportunas y decisivas, muy difíciles e insuficientes en las condiciones actuales en Bolivia donde el Ejecutivo solo tiene parte del gobierno, pero el poder sigue en manos del narcoestado plurinacional.

La estrategia que Bolivia necesita es la movilización de la Nación Boliviana y terminar el narcoestado. Vamos a generar un proceso de unidad y movilización nacional en torno al objetivo urgente de recuperar la Patria. La “alianza de clases” que fue la base para la formación de la Nación Boliviana es fundamental pero insuficiente porque los creadores y sostenedores del narcoestado han multiplicado los ejes de confrontación. Organizaremos una “Gran Alianza Boliviana”, de la Nación Boliviana, que además de clases sociales realice la unidad a las regiones, culturas, generaciones, colores, géneros, políticos, partidos, líderes, campesinos, empresarios, vecinos, organizaciones lícitas y toda expresión nacional frente al intervencionismo fascista que con falsos movimientos sociales, grupos de choque, seudo sindicalismo y crimen han dividido y someten a los bolivianos.

Unir y movilizar la Nación en una Gran Alianza Boliviana para terminar con el país fracturado que es hoy Bolivia. La confrontación entre bolivianos que es la base del narcoestado debe terminar. Los grupos oligárquicos, racistas y discriminatorios que son parte del narcoestado terminarán con él. Se trata de derrotar al crimen que detenta el poder político para vencer la pobreza y el subdesarrollo que son sus herramientas de dominación.

El objetivo es recuperar la Patria restituyendo la República, la democracia y la normalidad en la vida de los bolivianos, terminar el narcoestado plurinacional, y para eso hay por lo menos cuatro acciones imprescindibles:

1.- Recuperar principios y valores de la Nación Boliviana, de la civilización y la democracia, la moral social. La libertad, el estado de derecho, la libre asociación, la separación e independencia de poderes públicos, elecciones libres y limpias fundadas en el voto universal como expresión de la soberanía popular, la propiedad privada, la libre iniciativa, la educación, el derecho a expresar libremente las ideas...recuperar el futuro.

2.- Cesar las leyes del narcoestado. La constitución del narcoestado plurinacional es nula, pero además hay leyes infames que violan los derechos humanos, violan la soberanía nacional, serán acabadas con normas fundadas en la libertad y el interés nacional.

3.- No puede haber impunidad. Todos los bolivianos debemos recordar que es el esfuerzo, el estudio, el trabajo los que produce el éxito, no el crimen.

4.- Sacar al crimen organizado de la política. No más política para tener impunidad.

En una gran alianza boliviana, unidos y en movimiento como Nación Boliviana lo haremos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

La escena es, en ella misma, toda una metáfora. Son dos jóvenes que gritan “grève, blocage, manifestation!” a pleno pulmón en una de las manifestaciones masivas que recorren las calles de Francia. Ambos van vestidos de negro, con su rostro cubierto, pero los matices delatan las diferencias. El primero sigue la estética de los Black bloc, extrema izquierda, ninguna marca que los delate, excepto la bandera negra con la A en un círculo, clásica del anarquismo. El segundo, muy cerca de él, también viste completamente de negro, pero su estética es la del Estado Islámico: cabeza enfundada en una balaclava, y en la frente una banda de tela verde con la Shahada (“no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta”) inscrita en letras árabes blancas. Ambos se manifiestan juntos. Ambos gritan contra el capitalismo. Ambos odian La Republique.

¿Qué une a los grupos de extrema izquierda que han capitalizado las protestas en Francia, con los grupos vinculados al islamismo radical que se manifiestan a su lado? ¿Se ha producido la famosa fusión del islamo-izquierdismo asentado en la idea de la “convergencia de luchas”, que teorizó Pierre-André Taguieff en 2002 en su libro “La nueva judeofobia”? De hecho, a pesar de que Taguieff lo planteó en términos de denuncia (el riesgo de que bandos opuestos se unieran contra la democracia liberal), el concepto nació en positivo de los teóricos modernos del marxismo. El referente es Chris Harman, miembro del Socialist Workers Party, quien en 1994 ya planteó la necesidad de que la izquierda colaborara tácticamente con el islamismo porque movilizaba a las masas oprimidas por el imperialismo. La tesis quedó cuajada en su libro “El Profeta y el Proletariado”: “with the state never, with the Islamists sometimes”. Y ese, “con los islamistas a veces”, se ha convertido en la “interseccionalidad” que actualmente defienden prominentes sociólogos de izquierdas, para los que los movimientos islámicos son aliados naturales de los movimientos estudiantiles y obreros, en su lucha contra el estado burgués. De hecho, si vamos más lejos en el tiempo, la propia revolución jomeinista fue aplaudida por muchos intelectuales de izquierdas franceses que ya intuyeron la alianza que podían cuajar con esos enemigos acérrimos de Occidente.

En todo caso, se trata de una fusión izquierdoislamista que lleva décadas de fructífera y pública relación, aunque, sorprendentemente, no haya sido detectada por la gran mayoría social. El ejemplo más evidente y llamativo fueron los pactos del chavismo con Irán, el famoso eje Caracas-Teherán que, además de los acuerdos comerciales y militares, construyó un sólido nexo ideológico basado en dos preceptos: el odio a Estados Unidos e Israel y el desprecio al sistema democrático. Otro ejemplo de ese nexo delirante fue el del líder de Podemos Pablo Iglesias que dirigió dos famosos programas (Fort Apache, de debate político, y Spoilers, de cine y política) en Hispan TV, la televisión de Irán en castellano, donde incluso permitió que las mujeres debían cumplir estrictas normas de vestimenta. La “justificación” de Pablo Iglesias para explicar la contradicción que suponía la vinculación de un político de izquierdas con una teocracia islámica violenta, fue épica. En una conferencia en 2013 abordó el tema usando el símil del “pragmatismo” de Lenin cuando en la Primera Guerra Mundial aceptó regresar a Rusia con un tren blindado alemán. Lenin quería volver para liderar la revolución bolchevique, y a Alemania le interesaba que los comunistas desestabilizaran a Rusia. Y con ese símil en boca, Pablo Iglesias explicó su alianza con Irán: “A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Nos aprovecha a nosotros? Sí”.

Es el mismo “provecho” que explica la convergencia que se ha producido en los campus universitarios norteamericanos, en las manifestaciones de izquierdas en todo Latam, en los discursos de Pedro Sánchez y Gustavo Petro, o en las protestas europeas, a raíz de la guerra de Gaza: manifestantes de izquierdas, activistas de LGBT, neocomunistas, ecologistas, artistas y músicos progresistas, todos ellos al lado de banderas de organizaciones yihadistas como Hamas, y comprando los discursos que el islamismo ha viralizado contra Israel. La famosa consigna “desde el río hasta el mar” que forma parte de los estatutos de Hamas, y que explicita la voluntad de destruir completamente a Israel, ha sido aclamada públicamente por el gobierno español a través de su misma vicepresidenta, Yolanda Díaz, o de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. O, por rematar, las felicitaciones entusiastas del régimen iraní a Pedro Sánchez, por sus posiciones furibundamente antiamericanas y antiisraelíes.

Sin embargo, de todos los ejemplos posibles, el más paradigmático es el de Zohran Mamdani, el musulmán chií que juró su cargo sobre el Corán y que representa como nadie la confluencia de intereses entre el islamismo político y el socialismo radical. Una confluencia que ahora siguen otros candidatos demócratas. En ambos casos (socialismo e islamismo), el objetivo es poner en jaque a la democracia liberal, cuyo modelo social combaten, y cuyos valores judeocristianos aborrecen. Se trata, pues, de una alianza táctica que instrumentaliza el descontento de las periferias, usa la narrativa de la victimización (muy arraigada en barrios de mayoría musulmana), y busca la desestabilización del sistema a través del caos social. Todo ello ha conseguido mutar la radicalización juvenil, que ha incorporado, con naturalidad, la convergencia entre la izquierda y el islamismo. De ahí que podamos observar la imagen delirante de activistas gays manifestándose con banderas de Hamás. Con un añadido que no es menor: la financiación que, vía Irán, Qatar y múltiples organismos vinculados al islamismo radical, llega a los movimientos de izquierdas. ¿O alguien consideró (más allá de Greta Thunberg, que es un caso perdido) que las protestas en los campus universitarios, o las flotillas a Gaza nacían por generación espontánea?

Es tanta la evidencia, y son tan claras las justificaciones de los líderes de izquierdas, que sería una imperdonable ingenuidad no considerar este pacto táctico entre el islamismo radical y la extrema izquierda, como el reto más serio que debe acometer la democracia liberal. Dos grandes movimientos ideológicos han confluido y trabajan por un mismo objetivo: quebrar el sistema de libertades que cuajó en el siglo XX, y cuya solidez está en riesgo. Del ateísmo anarquizante a la teocracia islamista: la democracia como enemigo común.

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La IA ya está aquí y está teniendo un profundo impacto en la economía mundial

El flujo de inversión hacia la IA se produce a una escala que probablemente superará las enormes sumas destinadas a la construcción de las redes ferroviarias, la red eléctrica e Internet. A corto plazo, el auge de la IA supone un choque de demanda positivo que impulsa el crecimiento, especialmente en Estados Unidos y en los países asiáticos proveedores de hardware. Sin embargo, no todos los países se están sumando a esta ola y, sin una adopción más generalizada, muchos podrían quedarse atrás.

Si bien el choque de demanda está ocurriendo ahora, la verdadera promesa reside en el futuro: la perspectiva de un choque de oferta positivo que podría impulsar significativamente la productividad y aumentar el crecimiento global. Es difícil predecir la magnitud exacta, pero el impulso al crecimiento podría situarse en torno a medio punto porcentual anual durante la próxima década. Puede que los avances en productividad tarden en materializarse; las transformaciones tecnológicas rara vez ocurren de la noche a la mañana. Para aprovechar los beneficios de la IA, las empresas deben replantear, reinventar y rediseñar sus líneas de productos, procesos y flujos de trabajo. Tanto los empleados como los consumidores deben encontrar las mejores formas de utilizar los nuevos modelos. Los beneficios de Internet no surgieron simplemente por la posibilidad de crear una página web; los verdaderos avances llegaron con la aparición de nuevos modelos de negocio y las mejoras graduales que permitió la conectividad.

En esta ocasión, gran parte del auge está impulsado por una inversión masiva en infraestructura de IA, como los centros de datos, con los proveedores de servicios a gran escala hiper escaladores a la cabeza. Aunque estas grandes empresas cuentan con negocios principales rentables, recurren cada vez más a los mercados de deuda para financiarse. En los últimos dos años, su participación en la emisión de bonos con grado de inversión ha aumentado más de diez veces: pasando de menos del 1 por ciento al 10 por ciento, y sigue creciendo. Esto sucede en un sector altamente concentrado donde las operaciones suelen ser circulares: los hiperescaladores invierten en laboratorios que desarrollan modelos de vanguardia, los cuales, a su vez, adquieren capacidad de datos de esas mismas empresas.

El riesgo radica en que las expectativas podrían superar rápidamente a los avances reales en productividad, preparando el terreno para una decepción a corto plazo. Según la «ley de Amara», tendemos a sobreestimar el impacto de una nueva tecnología a corto plazo y a subestimarlo a largo plazo. A esto se suman las preocupaciones sobre la posibilidad de que modelos cada vez más potentes escapen al control humano o comprometan la ciberseguridad. En algún momento, estos riesgos podrían converger y poner en peligro la estabilidad macroeconómica y financiera.

¿Cómo podría manifestarse esto? Una decepción significativa en los ingresos o beneficios de los desarrolladores de IA podría socavar las expectativas de rentabilidad futura, afectando negativamente a los precios de las acciones. Incidentes inquietantes relacionados con modelos de IA de vanguardia o ciberataques podrían mermar la confianza y aumentar los riesgos para la estabilidad financiera. En un escenario grave, podríamos presenciar una corrección del mercado que se propague en cadena a través de un ecosistema de IA altamente apalancado e interconectado. Dada la magnitud de las inversiones transfronterizas en activos de IA, las pérdidas podrían extenderse por todo el mundo.

La disrupción en el mercado laboral también podría ser profunda. Según nuestras investigaciones, aproximadamente el 40 % de los empleos a nivel mundial están expuestos a la IA; en las economías avanzadas, esta cifra asciende a cerca del 60 %. Dentro de estos niveles de exposición, es probable que algunos puestos de trabajo se vean potenciados, mientras que otros podrían ser reemplazados por la tecnología. Aún es demasiado pronto para predecir el impacto final en el empleo: hasta ahora, no se observa un efecto evidente en el mercado laboral, pero la naturaleza del trabajo está cambiando, y es probable que este proceso se acelere.

Por otro lado, existen los riesgos de ciberseguridad. A medida que el sector financiero se vuelve más digital e interconectado, las ciber disrupciones surgen como una fuente creciente de riesgo sistémico. La IA añade un factor de urgencia al acelerar el descubrimiento de vulnerabilidades, su explotación y la ejecución de ataques, reduciendo el ciclo de ataque y defensa a la velocidad de las máquinas. Un ataque de gran envergadura que afecte a los sistemas de pago, a las operaciones bursátiles o al acceso a los depósitos podría provocar pérdidas inmediatas y socavar la confianza. Si una interrupción operativa afecta a un nodo crítico —incluso fuera del sector financiero, por ejemplo, en infraestructuras esenciales—, podría derivar rápidamente en una crisis de confianza de mayor alcance.

Debemos estar preparados para afrontar y mitigar estos riesgos. Asimismo, debemos evitar un escenario en el que los beneficios de la IA sean aprovechados únicamente por unos pocos privilegiados. Esto es aplicable tanto a individuos como a países. De hecho, el incremento del crecimiento en las economías avanzadas podría ser más del doble del registrado en los países de bajos ingresos, lo que refleja brechas en el acceso, la preparación y la adopción tecnológica.

Entonces, en la práctica, ¿qué pueden hacer los responsables de las políticas públicas?

Los países necesitan políticas que se basen en las características singulares de la inteligencia artificial (IA), pero que sean lo suficientemente ágiles para adaptarse a su trayectoria incierta y a su rápido ritmo de cambio. A continuación, se presentan tres principios fundamentales que pueden servir de guía.

En primer lugar: salvaguardar la estabilidad macroeconómica y financiera

Al igual que ante cualquier choque, la prioridad debe ser preservar la estabilidad.

La buena noticia es que los reguladores y supervisores no tienen que empezar de cero. Las herramientas existentes —incluidos los requisitos de capital y de concentración— pueden contener la acumulación de riesgos en el sistema financiero. En términos generales, el objetivo debería ser fomentar una mayor participación en la financiación del ecosistema de la IA. Los países deben reforzar sus defensas frente a los riesgos cibernéticos, por ejemplo, mediante pruebas de resiliencia en el sector bancario. Los reguladores han intensificado la coordinación internacional en estas cuestiones, una labor que debe continuar.

Los bancos centrales deben permanecer muy atentos, ya que el impacto de la IA en la inflación variará de un país a otro. Mantener la estabilidad de los precios es fundamental, especialmente en un momento en el que otros factores están ejerciendo presión inflacionaria.

En el ámbito fiscal, los gobiernos deberían revisar sus planes a mediano plazo teniendo en cuenta la transición hacia la IA. Si bien la IA puede impulsar el crecimiento, también podría reducir los ingresos laborales, aumentar la desigualdad y erosionar la base imponible. Los países necesitarán espacio fiscal para invertir en infraestructura y capacitación, así como para amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables. Asimismo, requerirán sistemas tributarios adaptados a la era de la IA. Dado que los niveles de deuda ya son elevados, los responsables de las políticas públicas tendrán que tomar decisiones difíciles.

Por último, los gobiernos y el sector privado deben reforzar rápidamente sus defensas cibernéticas. Abordar los riesgos de ciberseguridad exige un marco de resiliencia operativa que abarque todo el sistema y se centre en la continuidad de los servicios críticos. Las prioridades políticas deben ajustarse al nivel de madurez cibernética de cada economía.

En segundo lugar: facilitar la adopción y la innovación

Una infraestructura digital fiable y una mano de obra cualificada constituirán la base para que los países adopten la IA con éxito. En este ámbito, las brechas a escala mundial son considerables. Según nuestro Índice de Preparación para la IA, las economías avanzadas cuentan con una infraestructura digital tres veces superior a la de los países de bajos ingresos.

Muchas economías también necesitarán una mayor infraestructura energética para respaldar el despliegue de la IA, lo que provocará un aumento sustancial de la demanda de electricidad. La Agencia Internacional de la Energía prevé que, para 2030, los centros de datos representen el 3 % del consumo mundial de electricidad. Para poner esta cifra en perspectiva, la demanda de los centros de datos superará, para entonces, el consumo eléctrico actual de Japón. En la era de la IA, los países necesitarán una estrategia a medio plazo para incrementar el suministro energético de manera fiable.

No obstante, para aprovechar plenamente las ganancias de productividad que ofrece la IA, no basta con una mejor infraestructura y una mano de obra cualificada. Muchas economías requieren un mayor volumen de capital privado de riesgo para financiar empresas emergentes (startups) y fomentar la innovación. En aquellos países donde la gobernanza y la capacidad estatal son sólidas, el capital privado puede complementarse con inversiones del sector público en investigación y desarrollo de IA. En el África subsahariana, por ejemplo, movilizar financiación privada para la infraestructura de IA exige tanto mejorar el clima empresarial como ofrecer subvenciones y garantías gubernamentales específicas.

Una economía dinámica basada en la IA debe permitir la entrada y salida fluida de empresas. Las compañías han de ser capaces de reorganizarse y reasignar sus recursos para que la IA mejore su actividad de forma medible. Con demasiada frecuencia, se enfrentan a distorsiones fiscales estructurales que favorecen las inversiones tradicionales, así como a una burocracia excesiva que asfixia el crecimiento y reduce los beneficios. Los gobiernos pueden contribuir modernizando sus sistemas tributarios, reformando los regímenes de insolvencia y reforzando la seguridad jurídica.

En tercer lugar: apoyar a los trabajadores y crear oportunidades

La IA asumirá algunas de las tareas que actualmente realizan los trabajadores. Esto no implica necesariamente que dichas personas pierdan su empleo; podrían pasar a desempeñar nuevas funciones —con un conjunto distinto de responsabilidades— que se vean potenciadas por la IA. Incluso podrían acceder a un mejor puesto en otra empresa, a medida que los beneficios derivados de una mayor productividad se extiendan por toda la economía.

Un estudio del FMI sobre la región de Asia-Pacífico pone de relieve algunas de estas dinámicas: la demanda por parte de los empleadores en dicha región ha disminuido cerca de un 10 % en ocupaciones altamente expuestas a la IA. Al mismo tiempo, crece la demanda de trabajadores capaces de utilizar la IA para ampliar su capacidad de acción. Surgen nuevos roles, como la ingeniería de instrucciones (prompt engineering) o el desarrollo de agentes de IA, que hace unos años ni siquiera existían.

Los mercados laborales deben ser lo suficientemente flexibles para permitir que las empresas contraten el talento que necesitan. Por otra parte, los trabajadores desplazados por la tecnología pueden requerir apoyo. El desafío para los responsables de las políticas públicas consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre ambas necesidades. Debemos dotar a las personas —especialmente a los jóvenes— de competencias cognitivas, creativas y técnicas que les permitan aprovechar la IA. Los mecanismos tradicionales de protección social, como el seguro de desempleo, seguirán siendo fundamentales; no obstante, será necesario implementar cada vez más programas activos en el mercado laboral orientados a la mejora de las cualificaciones y la reconversión profesional. Asimismo, los gobiernos deberían ajustar sus sistemas tributarios para evitar que estos favorezcan o entorpezcan la automatización de manera excesiva.

Estos principios deberían servir de guía a los países para afrontar la era de la IA. Por supuesto, ningún país puede —ni debe— actuar por su cuenta. La coordinación entre gobiernos, empresas del sector de la IA y otras partes interesadas será crucial, dada la rápida evolución de las capacidades de los modelos de vanguardia y la interconexión entre las naciones. Desde el FMI, seguiremos ofreciendo asesoramiento en materia de políticas, fortalecimiento de capacidades y, cuando sea necesario, apoyo financiero, siempre dentro de nuestro mandato macroeconómico fundamental.

El mundo atraviesa una transición tecnológica que podría obligarnos a replantearnos aspectos como la protección de las infraestructuras críticas, la preservación de la estabilidad financiera e, incluso, conceptos básicos como la forma en que trabajamos. Es comprensible que esto genere inquietud; la gente quiere saber, con toda razón, cómo les afectará este cambio a ellos y a sus familias. Sin embargo, la IA también ofrece la promesa de un mundo más productivo, en el que los seres humanos —con la ayuda de la tecnología que hemos creado— logren alcanzar metas que antes considerábamos imposibles.

Afrontemos este desafío juntos y aprendamos sobre la marcha.

El 12 de octubre, el Gobierno de la República Popular China anunció sanciones en mi contra: no puedo ingresar a China, Hong Kong ni Macao, cualquier bien que tenga allí queda congelado y ninguna organización o persona en China puede hacer transacciones ni cooperar conmigo. Su vocera fue franca sobre el propósito. Dijo que son “medidas de advertencia y disuasión”.

No tengo bienes en China, así que el efecto práctico es limitado, y no lo tomo de forma personal. Pero el mensaje merece una lectura atenta, porque habla más de las decisiones que tomó mi país que de mí. Bajo la Ley contra Sanciones Extranjeras de China, a un funcionario de otro país se le pueden congelar o incautar bienes por las opiniones que sostiene en su propio país, mediante una decisión que la misma ley declara definitiva, sin tribunal y sin defensa. En una democracia, la propiedad privada y la libertad de opinión están protegidas justamente frente a ese tipo de poder. Esa es la diferencia de fondo entre nuestros sistemas de gobierno.

Beijing me acusa de difundir “desinformación” sobre ciberataques. Lo que hizo el Mitic (Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación) fue publicar, junto con el Gobierno de los Estados Unidos, una declaración conjunta sobre operaciones cibernéticas maliciosas vinculadas a la República Popular China y dirigidas contra instituciones del Estado paraguayo. Beijing también me acusa de haber visitado Taiwán y de recibir a sus autoridades. El Paraguay tiene relaciones diplomáticas ininterrumpidas con Taiwán hace 69 años, y cooperar con un país amigo no es una provocación, es política exterior soberana. Llamar “peones” a los ministros de dos naciones democráticas dice más de quien sanciona que de quienes son sancionados.

Detrás de esta presión hay decisiones técnicas, no políticas, que cualquier otro país consideraría parte de sus derechos soberanos. En la licitación 5G del Paraguay pedimos garantías de que ningún gobierno extranjero tuviera una influencia indebida sobre las empresas que construyen nuestras redes. Aplicamos el mismo criterio al data center nacional que financia el Banco Interamericano de Desarrollo, porque la seguridad de la cadena de suministro es seguridad nacional. Y ahora aplicamos ese enfoque al software, en especial a la inteligencia artificial. La IA es como un niño: aprende lo que uno le muestra, y un modelo entrenado bajo un sistema autoritario carga con esos sesgos.

Después vino Yguazú Digital, una iniciativa binacional de cómputo soberano de IA con Taiwán, anunciada con un acuerdo que firmaron en Taipéi, en mayo, ambos cancilleres, con los dos presidentes como testigos. En mi opinión, puede llegar a ser más grande de lo que fue Itaipú en su momento.

Elegimos trabajar con empresas con sede en países donde el poder del Estado y el gobierno corporativo son cosas distintas, y donde la ley obliga a los dos. Y queda una pregunta: si los proveedores que quedaron fuera por nuestros estándares técnicos, transparentes e imparciales, fueran de verdad actores privados independientes, ¿por qué un gobierno extranjero respondería sancionando a un funcionario paraguayo?

No estamos solos. Taiwán y Belice, cuyo canciller también fue sancionado, rechazaron la medida, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que se opone a la coerción de China contra los países de nuestro hemisferio por ejercer sus derechos soberanos.

En estos tres años aprendí que el servicio público exige decisiones cuyo impacto se mide en décadas. Esta sanción es, en el fondo, una certificación de que lo que venimos haciendo desde 2023 es el camino correcto. Por eso mi respuesta es seguir trabajando, y con más fuerza. Vamos a acelerar cada proyecto con Taiwán: Yguazú Digital, el Parque Tecnológico, la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y el sistema nacional de información en salud, que ya funciona en 1.000 establecimientos públicos.

Las naciones soberanas no necesitan coincidir en todo para tener relaciones constructivas, pero la reciprocidad y el respeto a la independencia no se negocian. O se respeta nuestro derecho a definir nuestra política exterior, o no se respeta. El año próximo, Paraguay y Taiwán cumplirán 70 años de relaciones ininterrumpidas, y esa relación nunca va a estar sobre la mesa de negociación.

La libertad no se negocia, ni se congela, ni se sanciona. El Paraguay es una democracia que decide por sí misma, y vamos a seguir construyendo nuestro futuro junto a quienes comparten esos valores.

* Ministro de de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Paraguay.

El 25 de octubre, el pueblo de Brasil emitirá su veredicto sobre quién deberá gobernar durante los próximos cuatro años. Flávio Bolsonaro parece beneficiarse del desgaste de Lula y del profundo cansancio que su figura provoca en una parte del electorado. El otrora líder de los obreros brasileños se ha convertido, para muchos, en una suerte de muñeco de prestidigitador: repite consignas sin traducirlas en iniciativas acordes con las aspiraciones de sus electores. Ha dedicado buena parte de su tercer mandato a cuestionar a Estados Unidos, promover la integración latinoamericana y prometer que Brasil se situará entre las cinco economías más exitosas del mundo. Sin embargo, aun tomando como referencia un crecimiento del 3%, ese desempeño resulta insuficiente frente a las tres estrellas del crecimiento regional citadas en este balance: Guyana, con el 12,2%; la República Dominicana, con el 4,6%; y Panamá, con el 4,1%.

Pero la evaluación del legado de Lula exige algo más que comparar tasas de crecimiento. También hay que medir la sintonía entre sus decisiones y los objetivos de quienes lo eligieron. Según los estudios de opinión considerados en este análisis, sus electores esperaban que el impulsor de Bolsa Familia, un instrumento eficaz para combatir la pobreza, creara también las condiciones para alcanzar el sueño de la vivienda propia. El 44% de los brasileños identifica ese anhelo como su principal objetivo. La seguridad constituye otra prioridad: el 60% se queja de la inseguridad en las calles, los parques y otros espacios públicos. A ello se suma el deseo de independencia económica: el 56% aspira a disponer de recursos para crear un negocio capaz de sostenerlo.

Al contrastar esas aspiraciones con los resultados percibidos de las políticas de Lula, aparece un cortocircuito. No se trata de afirmar que su gobierno carezca de programas de vivienda o de apoyo económico, sino de señalar que, para una parte de los brasileños, sus resultados no se han traducido en mejoras suficientes en la vida cotidiana. Si a esa distancia se añade el tono cada vez más cáustico de Lula, se comprende mejor por qué tantos electores consideran que ha llegado la hora de cambiar de timonel.

Se abre así para Flávio Bolsonaro una oportunidad política que el desencanto con Lula favorece, pero que no garantiza su victoria. Si llega a la Presidencia, la pregunta decisiva será si comprende las prioridades de sus electores y convierte su atención en el eje de su gobierno. Si, en cambio, dedica recursos y energías a tejer una red de agrupaciones políticas de derecha mientras desatiende los sueños de quienes lo eligieron, podría limitar su paso por el poder a un solo mandato. Cuando un líder hace caso omiso de las razones que sustentaron su elección, pierde legitimidad política y facilita el ascenso de alguien que parezca encarnar mejor las expectativas ciudadanas. La política se convierte entonces en un juego de sillas musicales: los electores le retiran la silla al gobernante y buscan un sustituto.

La alternancia forma parte de la democracia: los ciudadanos eligen a un depositario de la soberanía y pueden retirarle su confianza. El problema surge cuando la sucesión de desencantos impide sostener las políticas necesarias para resolver dificultades que requieren tiempo. Si la frustración se instala durante los primeros veinte meses de gobierno, recuperar la confianza exige resultados extraordinarios, difíciles de producir en plazos tan breves. El electorado se lanza entonces a la búsqueda de un sucesor, mientras se debilita la continuidad de políticas públicas indispensables, como las destinadas a mejorar la seguridad. No es la alternancia en sí misma la que amenaza a la democracia, sino la repetida incapacidad de los gobiernos para responder a las aspiraciones ciudadanas. Esa frustración acumulada puede alimentar la tentación autoritaria.

Esperemos que Flávio Bolsonaro, si resulta elegido, comprenda las razones de su respaldo popular y gobierne en función de ellas. Los brasileños que confían en él esperan una vivienda, seguridad y oportunidades para emprender. Una alianza de derechas latinoamericanas difícilmente sustituirá la obligación de responder a esas expectativas. La medida de su éxito será su capacidad para convertir el apoyo electoral en mejoras concretas para la vida de los brasileños.

Volví de Uruguay con la grata impresión de que allí la democracia todavía puede vivirse sin estridencias. No es un país libre de tensiones, pero sus dirigentes parecen entender que ninguna diferencia justifica destruir las reglas que les permiten convivir. Esa normalidad rara vez produce titulares y, quizá por eso mismo, merece nuestra atención.

Pocos días después de mi visita, leí en El País de Montevideo un editorial titulado «¿Quiénes son los nuestros?». Su pregunta me dejó pensando y terminó por impulsar estas líneas. El texto proponía reconocer a los demócratas por su conducta ante la derrota, incluso cuando esa conducta tiene un costo personal. Es una medida exigente. Resulta fácil invocar la libertad cuando se gana. Defenderla cuando obliga a ceder el poder revela la profundidad de nuestras convicciones.

Esa reflexión había comenzado durante el coloquio del Centro de Estudios para el Desarrollo sobre el nuevo escenario político de América Latina. Continuó en mis conversaciones con profesores y estudiantes de la Universidad ORT, en el reencuentro con Luis Lacalle Pou y durante mi visita a Julio María Sanguinetti. Fueron diálogos distintos, unidos por una convicción acerca del carácter temporal del poder, la legitimidad del adversario y el deber de preservar instituciones que pertenecen a todos.

En Uruguay, además, esa convicción tiene una expresión cotidiana. Sus líderes caminan por las calles y conversan con la gente sin la parafernalia que suele rodear al poder. Esa sencillez no les resta autoridad. Recuerda que gobernar es un servicio temporal y que la distancia entre un presidente y un ciudadano nunca debería volverse insalvable.

Sanguinetti lleva consigo la memoria de la recuperación democrática uruguaya. Lacalle Pou representa a una generación que ha impulsado cambios sin romper la continuidad republicana. Ambos recuerdan que la moderación exige carácter, pues supone defender las propias ideas y, al mismo tiempo, reconocer la dignidad de quien piensa distinto. En una democracia madura, una elección no tiene que convertirse en una refundación, ni la salida del gobierno en un acto de resentimiento.

Durante años explicamos la política latinoamericana como un péndulo entre izquierda y derecha. Las diferencias ideológicas siguen siendo legítimas y necesarias, pero esa imagen ya no alcanza para comprender lo que está en juego. La frontera más profunda separa hoy a quienes aceptan la democracia como un sistema de límites y alternancia de quienes utilizan el voto para concentrar poder, apropiarse de las instituciones y convertir al adversario en enemigo. El populismo puede hablar en nombre de la igualdad o de la libertad, prometer una revolución o invocar el orden. Lo delata su relación con los límites. Considera que los contrapesos estorban, trata a la prensa independiente como una amenaza y quisiera una justicia dócil. Cambian sus banderas, pero permanece la pretensión de reducir una sociedad plural a una sola voz.

Por eso quienes nos reconocemos como liberales y demócratas debemos examinar también a los dirigentes que sentimos cercanos. Un gobierno favorable al mercado no necesariamente respeta la libertad. Un político puede denunciar el populismo y, al llegar al poder, adoptar sus métodos. Como sugería la pregunta de El País, la afinidad ideológica no puede decidir por nosotros quiénes son «los nuestros». Los límites al poder tienen verdadero valor cuando se los exigimos también a quienes comparten nuestras ideas.

Defender la democracia exige, además, responder a la angustia cotidiana de los ciudadanos. Cuando las instituciones deliberan mucho y resuelven poco, el cansancio se transforma en desapego. Entonces aparece quien promete resolverlo todo si se le permite gobernar sin controles. Una democracia incapaz de ofrecer seguridad, oportunidades y confianza deja espacio a esa tentación.

José María Aznar aborda esta fatiga en su reciente obra Orden y libertad y plantea una distinción valiosa entre fragilidad y debilidad. Las democracias son frágiles porque dependen de reglas aceptadas, equilibrios delicados y juego limpio. Eso no las hace débiles. Han demostrado una extraordinaria capacidad para corregirse, ampliar derechos y permitir que millones de personas construyan su propio proyecto de vida.

El autoritarismo ofrece certezas rápidas a cambio de entregar poder. La democracia acepta que nadie es infalible y, por ello, nadie debe gobernar sin límites. Después de haber ejercido la Presidencia, respeto más la complejidad de gobernar y desconfío todavía más de las soluciones sencillas. También sé que la prueba más difícil para un demócrata llega cuando respetar las reglas tiene un costo personal.

Orden y libertad deben sostenerse mutuamente. Sin orden, las personas quedan expuestas a la violencia y al miedo. Sin libertad, el orden se convierte en imposición. Necesitamos Estados capaces de proteger a sus ciudadanos y lo bastante limitados para no someterlos. En un mundo donde la fuerza vuelve a desafiar las reglas, América Latina tiene una razón adicional para defenderlas. Para nuestros países, un orden internacional basado en normas es una garantía concreta de autonomía.

Uruguay me devolvió esperanza. Sus instituciones sobreviven a los gobiernos, sus dirigentes compiten sin negarse mutuamente y sus jóvenes pueden discutir sin asumir que toda diferencia es una enemistad. La tarea no consiste en borrar las distancias entre izquierda y derecha, sino en cuidar el espacio democrático donde ambas pueden expresarse. Allí se encuentra, quizá, la respuesta a la inquietud que me dejó aquel editorial. Los nuestros son quienes saben ganar sin apropiarse del Estado y perder sin dejar de reconocer a su país en manos de otros.

*Guillermo Lasso Mendoza, ex presidente de la República del Ecuador.

En la Cuarta Transformación, ese gran movimiento al que pertenece Morena entre otras fuerzas políticas, tenemos una convicción que forma parte de nuestra identidad: el Pueblo sabe tomar las mejores decisiones y su voluntad debe orientar la política entera.

Precisamente por respeto a ese principio, creo que debemos seguir perfeccionando los instrumentos con los que escuchamos a la ciudadanía. Porque respetar al pueblo no consiste solamente en preguntarle. Consiste también en asegurarnos de que entendimos bien su respuesta.

Las encuestas son una herramienta valiosa para la democracia, pero ninguna puede capturar por sí sola toda la complejidad de la opinión pública, especialmente cuando se utiliza para tomar decisiones tan importantes como seleccionar a quienes aspiran a representar a millones de ciudadanos. Por eso vale la pena reflexionar desde ahora sobre cómo fortalecer y blindar metodológicamente nuestros futuros procesos de evaluación. No para cambiar reglas según los resultados ni para favorecer a nadie, sino para construir mecanismos cada vez más precisos, transparentes y confiables.

Hay dos conceptos que pueden ayudarnos. El primero es el delta de crecimiento. Aunque su nombre suena técnico, es muy sencillo: mide cuánto cambia una variable entre dos momentos. Déjenme explicarlo.

Imaginemos dos aspirantes. Uno comienza con 70% de conocimiento ciudadano y seis meses después alcanza el 72%. Otro parte del 30% y llega al 50%. El primero creció dos puntos. El segundo, veinte. Aunque el primero sigue siendo más conocido, el segundo presenta una trayectoria de crecimiento diferente. Y esa información también importa. Y hay algo más: no todos los aspirantes parten del mismo lugar. Algunos acumulan años de exposición pública (buena o mala), campañas estatales (exitosas o fallidas) o presencia nacional (por cargos de coyuntura). Otros comienzan a construir su reconocimiento desde responsabilidades recientes, más locales o de alcance Metropolitano. Y tenemos que medirlos de forma equivalente y efectiva, para reflejar la voluntad del Pueblo.

Por eso el delta de crecimiento ayuda a complementar la fotografía de una encuesta con la película de su evolución. Y todavía debemos preguntarnos algo fundamental: ¿cuánto de ese nuevo conocimiento se traduce en opiniones positivas y cuánto en intención de voto? Porque ser conocido no es lo mismo que ser apreciado. Y ser apreciado tampoco significa necesariamente recibir un voto.

El segundo concepto urgente para mejorar son las submuestras. El nombre suena complicado, pero la idea es muy sencilla. Imaginemos que convocamos a una asamblea de mil ciudadanos para conocer su opinión sobre cuatro aspirantes. Hasta ahí, si la selección de asistentes a la asamblea fue adecuada, tenemos una muestra representativa de la población, pero si decidimos que solamente pueden opinar sobre las cualidades deseadas de los aspirantes quienes efectivamente los conocen, de aquella asamblea de mil personas quizá terminamos escuchando solamente a 500 o 400.

Es como organizar una gran asamblea ciudadana y, a la hora de tomar la decisión, escuchar únicamente a un pequeño grupo. Sus opiniones son valiosas, desde luego. Pero ese grupo no necesariamente representa al conjunto de ciudadanos y, además, sus respuestas tienen un margen de incertidumbre mucho mayor.

Así, una diferencia de uno o dos puntos entre aspirantes puede parecer importante en una tabla y estadísticamente no significar nada, porque los márgenes de error se disparan y las muestras ya no serán representativas de la población. Es decir, estamos escuchando una voz del Pueblo absolutamente distorsionada.

Y ahí está precisamente la oportunidad de mejorar: conocer el tamaño real de cada submuestra, publicar sus márgenes de incertidumbre, comparar indicadores equivalentes e incorporar la evolución del conocimiento, las opiniones y las preferencias. No se trata de inventar fórmulas complicadas. Se trata de aplicar mejor las herramientas que ya ofrece la estadística.

La Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho del rigor, la preparación y la honestidad elementos centrales de su manera de gobernar. Esa misma exigencia puede ayudarnos a seguir fortaleciendo la vida democrática de nuestro movimiento. Lo digo también como politólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León: cuanto más importante es una decisión, más rigurosa debe ser la información que la sustenta.

Una encuesta es una fotografía. Una serie de encuestas nos muestra la película. Y una buena decisión exige comprender la historia completa.

La Cuarta Transformación tiene una gran oportunidad para perfeccionar sus futuros mecanismos de evaluación y darles todavía mayor solidez técnica y credibilidad pública. Porque si un movimiento sostiene que la voluntad popular es la fuente de su legitimidad, debe procurar que sus instrumentos sean capaces de interpretarla con la mayor fidelidad posible.

*Andrés Mijes es presidente municipal de General Escobedo, Nuevo León, y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Aunque la inteligencia artificial ocupa cada día más titulares y más conversaciones, todavía tendemos a analizarla como una revolución tecnológica y no como lo que también es: una dimensión central de la disputa geopolítica de nuestro tiempo.

Será la tecnología decisiva del siglo XXI. Su influencia es transversal: va desde la productividad económica hasta la capacidad militar, pasando por los sistemas que organizan la información, la educación y la salud y, cada vez más, alcanza la forma en que gobiernos, empresas y ciudadanos toman decisiones. Por eso, mantenerse en una posición de liderazgo no es para Estados Unidos una simple aspiración económica, sino una obligación estratégica. Y tiene razones de peso para confiar en que puede cumplirla.

Su primera ventaja es un ecosistema difícil de reproducir. Universidades de primer nivel que generan conocimiento, mercados de capital capaces de financiar apuestas extraordinariamente riesgosas y una competencia feroz entre empresas como OpenAI, Google, Anthropic y Meta que atraen talento de todo el mundo. Esa dinámica produce innovación a una velocidad que un sistema dirigido desde el Estado difícilmente puede replicar.

En ello radica una de las grandes fortalezas estadounidenses. No existe una oficina central decidiendo qué empresa debe desarrollar el próximo gran modelo de inteligencia artificial; son miles de empresas, investigadores e inversionistas los que intentan adelantarse unos a otros. Algunas iniciativas no tendrán éxito y otras transformarán industrias enteras. Esa competencia es el motor de nuestro sistema.

A ellos se suma una posición privilegiada en la cadena de los semiconductores. Estados Unidos lidera el diseño de chips y software, además de su alianza estratégica con centros fundamentales de fabricación como Taiwán y Corea del Sur. En una industria en la que la capacidad de cómputo determina buena parte de la capacidad de innovación, esa red de empresas y aliados constituye una ventaja geopolítica de primer orden.

Importa quien gane porque la IA incidirá sobre asuntos tan fundamentales que quien lidere esta tecnología definirá también sus estándares técnicos, sus reglas y el alcance de sus aplicaciones, e inscribirá en ellos sus valores. Un mundo en el que China alcance una posición dominante en inteligencia artificial podría ser uno en el que los estándares tecnológicos reflejen las prioridades de un Estado autoritario, acostumbrado a utilizar la tecnología como instrumento de vigilancia, censura y control político.

El modelo estadounidense ofrece una alternativa, no porque esté libre de debates regulatorios, sino precisamente porque esos debates ocurren en la esfera pública. Ciudadanos, medios de comunicación, legisladores y tribunales independientes pueden cuestionar a empresas y gobiernos. En una tecnología tan poderosa, esa diferencia institucional es clave.

La administración del presidente Donald J. Trump ha convertido esa competencia en una prioridad explícita de política pública. Su orden ejecutiva del 23 de enero de 2025, Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence, fijó como política federal sostener el liderazgo del país en IA y ordenó un nuevo plan nacional. Ese plan, Winning the Race: America’s AI Action Plan, se presentó en julio de 2025 y reúne más de noventa acciones. Su lógica es simple: liberar la innovación de barreras regulatorias y concentrar al Estado en lo que el mercado no resuelve por sí solo.

Detrás de este diseño hay una convicción: en una carrera de esta magnitud, una regulación excesivamente anticipada puede acabar beneficiando a los competidores. De ahí que en diciembre de 2025 Trump firmara otra orden que instruye al Departamento de Justicia a crear un grupo de trabajo para impugnar las leyes estatales de IA contrarias a la política nacional. El objetivo es evitar un caos regulatorio que fragmente el mercado interno y frene la competitividad frente a China.

El movimiento más reciente confirma esa dirección. El 29 de septiembre de este año, el presidente Trump reunió en la Casa Blanca a los líderes de las principales empresas del sector y anunció un acuerdo de autorregulación en varios niveles que combina evaluaciones internas, auditorías externas, revisión de los consejos de administración y reuniones periódicas para fijar estándares. Pocos días después creó un comité dentro de la propia Casa Blanca, encabezado por el director de Inteligencia Nacional e integrado por altos cargos de seguridad, economía y regulación, con la responsabilidad adicional de consultar con grupos de interés público y organizaciones religiosas.

La propuesta combina, entonces, auto regulación con supervisión Estatal y escrutinio público. El caso de Hugging Face, en el que agentes de OpenAI vulneraron la plataforma, se conoció por divulgación interna y fue analizado en informes independientes. También hemos sido testigos de cómo voces críticas dentro de la industria, e incluso algunos de sus líderes, han planteado preocupaciones reales y han propuesto moderar el ritmo de avance de la tecnología. Una discusión así de abierta, sería imposible en el sistema chino.

Ganar la carrera exigirá investigadores, capital, energía, y capacidad de cómputo, pero también instituciones capaces de acompañar la experimentación y gestionar sus riesgos. Y sobre todo exigirá una brújula moral, porque el triunfo no resuelve por sí solo las preguntas más difíciles: la privacidad, la seguridad, la propiedad intelectual, la protección de menores y una larga lista de dilemas éticos.

Esa brújula tiene una referencia reciente en el papa estadounidense León XIV, quien en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a preservar la dignidad humana en tiempos de IA, advierte: “hay que evitar el equívoco de equiparar esta “inteligencia” a la humana. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, a menudo la superan en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Y, sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos: las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral: no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias".

Este es el enfoque que debe imprimirse a la carrera en marcha. Estados Unidos reúne todas las condiciones para liderarla, pero ese liderazgo se medirá no solo por el avance de la tecnología, sino también por su capacidad de mantener en el centro de la transformación a la persona, con su libertad, su dignidad y su responsabilidad.

* El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

El cambio geopolítico que se opera en las Américas con la desarticulación de organizaciones criminales que suplantaron la política, señala el pronto fin de las dictaduras de Cuba y Nicaragua, produce el desmontaje de dictadura en Venezuela, el cambio de gobierno en Bolivia y la derrota de los gobiernos para dictatoriales. La restauración de la democracia aún no se ha logrado, pero avanza en un momento histórico en el que es imprescindible no olvidar a los “opositores funcionales” que simulando contradecir a las dictaduras cooperaron con ellas.

Las dictaduras del socialismo del siglo 21 instaladas como expansión de la dictadura de Cuba, en Venezuela con Chavez y Maduro, en Bolivia con Morales y Arce, en Nicaragua con Ortega y Murillo y en Ecuador con Correa, pretendieron presentarse como democracias con respaldo popular, violando los derechos humanos, haciendo desaparecer la libertad, suplantando el estado de derecho por el terrorismo de Estado, anulando la libre organización social y política e instalando el fraude electoral como metodología de su sistema de “dictadura electoralista en el que el pueblo vota pero no elige”.

Eliminando todos los elementos esenciales de la democracia, los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo 21, con presos políticos, persecuciones judicializadas, millones de exiliados, tortura, destrucción del sistema de partidos y establecimiento de narcoestados en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, se presentaron como democracias. Llegaron incluso a sostener la narrativa de ser una nueva forma de democracia popular para mistificar la instalación y operación de su sistema delictivo, con el propósito de detentar indefinidamente el poder con impunidad.

En el esfuerzo de presentar a los regímenes castrochavistas como democracias, fabricaron oposiciones políticas domesticadas en cada país, porque una de las características de la democracia que buscaban aparentar era la del pluralismo y la existencia de opositores en libertad. Así las dictaduras tuvieron opositores que los acompañaron en el legislativo para simular su existencia y producir “leyes infames”, en el reconocimiento de un sistema judicial verdugo y violador de derechos humanos, en la simulación electoral y en más, buscando y logrando el reconocimiento internacional del régimen.

La “oposición funcional es la oposición de mentira, la farsa -altamente lucrativa- de aparentar contradecir al régimen cuando en verdad cooperan con él para encubrir la violación de derechos humanos, la ausencia de estado de Derecho, de separación e independencia de poderes y la inexistencia de democracia”. Así definí hace más de una década a esta institución dictatorial, agregando que “los opositores funcionales son elemento esencial de la dictaduras, forman parte de la corrupción, son coautores de los crímenes y del oprobio que sufren los pueblos”.

Ahora que estamos en un proceso que ha empezado a revertir el control del poder político por la delincuencia organizada, para restituir los elementos esenciales de la democracia, los opositores funcionales están intactos en Cuba y Nicaragua acompañando medidas y declaraciones antiimperialistas y de solidaridad con los criminales que son separados del poder y van siendo sometidos a la justicia. Es bueno reconocerlos y no olvidar.

Resulta importante identificar el rol de los opositores funcionales de Chávez y Maduro en el desmontaje de la dictadura/narcoestado de Venezuela que Estados Unidos lleva adelante por medio de los propios mafiosos del régimen, esto es por medio de importantes integrantes de la dictadura que como Delcy Rodríguez se han convertido en operadores de un proceso que debe llevar a la restitución de la democracia, pero en el que parecen ganar tiempo mientras ceden espacios con lentitud. ¿Los opositores funcionales están cambiando?

Los opositores funcionales de Evo Morales y Arce en Bolivia son a los que el régimen permitía ser candidatos, los que formaban parte de sus iniciativas y medidas como la pérdida del mar en La Haya, los que recibían amnistías (Carlos Mesa y Jorge Quiroga) mientras las cárceles se llenaban con presos políticos y el exilio crecía con perseguidos inocentes. Algunos de ellos hoy señalan a Morales como prófugo, otros lo protegen o buscan distancia, unos se dicen en la oposición y otros están en el gobierno que habiendo recibido el mandato del cambio transcurre como continuista a casi un año de su instalación.

No hay duda que la gente puede cambiar de posición política, pero lo imposible de aceptar es la impunidad y simulación de que quienes han coparticipado de la corrupción, que han formado parte de un sistema delictivo de toma y control del poder, que han consentido y callado frente a las violaciones de derechos humanos, que han encubierto los crímenes del régimen y que incluso han participado en sus puestas en escena con implicaciones históricas y responsabilidad penal.

La no impunidad de los dictadores y los miembros de su organización criminal es imprescindible para la restitución de la democracia y debe incluir a los opositores funcionales, porque fueron y son parte del sistema delictivo.

* Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

No me gustan los megamillonarios, creo que en países democráticos tienen aún más privilegios que los llamados “robber barons”, es decir gente como Rockefeller, Carnegie, Morgan y otros, quienes en el siglo XIX amasaron inmensas fortunas como consecuencia de ser dueños de monopolios, que en definitiva fueron limitados por ley. No me gustan sus equivalentes actuales, ya que los del siglo XIX se limitaban a defender sus intereses y a comprar influencia política, mientras que los del siglo XXI, además de lo anterior, quieren imponernos sus particulares visiones del mundo, que incluyen comer insectos en vez de carne de vaca para combatir el cambio climático.

La verdad es que no tuve interés en Elon Musk hasta hace un par de años, ya que me llamó la atención que tuviera tan mala prensa cuando estos personajes tienen en general una cobertura admirativa de quienes son. La curiosidad se unía al hecho que hasta que cambió de opinión política se le presentaba como una especie de paladín de un mundo mejor. Por último, , todo contrastaba fuertemente con una situación donde personas también ricas como BillGates seguían siendo idealizadas, dejándose incluso de mencionar el lado B, la zona oscura que todos tenemos.

Así empecé a informarme, a leer libros biográficos, y la verdad es que me llevé sorpresas, de partida su vida personal, cómo creó con diversas mujeres un entramado familiar de 14 hijos, donde la vida privada reflejaba un discurso público de considerar a la baja natalidad como una situación grave para los países donde ocurría esa situación. En algunos casos confirmé mis sospechas o los (pre) juicios que tenía, pero en otras aparecía distinto a la imagen que existía de quien es la persona más rica del mundo; además no solo opinaba, sino también actuaba en forma diferente a otros colegas suyos, también propietarios de empresas de la alta tecnología.

Varios de ellos dirigen empresas que se han convertido en monopolios naturales como las de internet, fundamentalmente por la existencia de la Sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones (1996) que protege la impunidad, ya que empresas de redes sociales no son considerados legalmente responsables de lo que allí se publica, con lo cual no han podido ser llevados a tribunales, lo cual felizmente parece empezar a cambiar en la justicia, positivo desde el momento que lo que ha existido es discriminatorio con tecnologías tradicionales como radio y TV.

A propósito de la Sección 230, incluso pensé que un Trump molesto por la censura de la que fue objeto por algunas redes sociales en la última elección, iba a buscar derogarla, ya que una buena cantidad de académicos han argumentado de su inconstitucionalidad. Sin embargo, no solo me equivoqué, sino que, al contrario, se han transformado en aliados, por la necesidad de confrontar a China, sobre todo en AI. De tal modo hoy existe amistad, que con frecuencia visitan la Casa Blanca y han sido invitados a cenas donde todos quieren estar, como la de Estado que recibió a Xi Jinping y esposa, como antes Trump los había llevado a Inglaterra, cuando Carlos III le ofreció un banquete de gala.

En el caso de Elon Musk, durante años, tuvo buena prensa y las cadenas de TV lo presentaba como cercano a los demócratas, sobre todo, así se pensaba de él en California, y hacia ese partido se dirigían sus aportes monetarios a la política y a los políticos. Todo ello cambió en la última presidencial, ya que Elon Musk fue de los más generosos donantes de Trump, además de participar personalmente en varios de sus actos de campaña.

Su entusiasmo fue tal, que una vez en la Casa Blanca Trump lo nombró a cargo de una importante promesa, la de reducir el gasto público cerrando el grifo del gasto ineficiente o los fraudes. Allí estuvo hasta algo que no sorprendió como que dos personalidades fuertes chocaran, así que renunció y se fue, pero como las disputas de este tipo no son eternas, China y, sobre todo, la IA trajeron de vuelta a Elon al círculo íntimo, de tal manera que el Pentágono le encargó participar no solo en el diseño del plan para las armas del futuro sino también del Proyecto Meridian cuya misión es identificar las tecnologías claves de los próximos conflictos.

No solo hace noticia en EEUU ya que lo que rodeó su adquisición de Twitter que pasó a ser X, hizo que su nombre fuera conocido en el mundo entero, como también hicieron noticia sus conflictos con la Unión Europea y en Brasil con el juez Alexandre de Moraes. Como la visibilidad de Musk es alta y las opiniones acerca de su persona son tan apasionadas, a favor y en contra, hace tiempo que quería escribir sobre este tema, pero no sabia donde encontrar un hilo que retratara bien lo que hace y lo que dice, hasta que no hace mucho tiempo, atiné que es su dimensión del futuro lo que permite entenderlo mejor, ya que estoy convencido que está incorporada en sus decisiones personales y en las de sus empresas.

En lo personal, me cuento entre quienes sienten curiosidad del futuro, no solo porque sentimos la necesidad de saber, sino también porque el futuro -previsible o imprevisible- es un viaje que solo se detiene con la muerte. Existe una disciplina que se preocupa de estudiar el futuro probable que se llama Prospectiva a la que dediqué años en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

Se me abrió todo un horizonte cuando escuché a un conocido académico estadounidense iniciar una Conferencia con una frase que de inmediato anoté “me preocupo del Futuro porque pasaré allí el resto de mi vida”, que, al encerrar una gran verdad, hace doblemente lamentable que esa dimensión figure poco entre quienes toman decisiones colectivas en muchos países, y quizás China se escapa a esa generalización.

Muchas veces se buscan razones complicadas para convencernos que el futuro debiera tener algún lugar en nuestro proceso de toma de decisiones, aunque en algún momento nos damos cuenta de que, aunque no parezca, donde si está instalada la dimensión del futuro es en nuestras actividades diarias, toda vez que salimos de nuestro hogar o del trabajo esperando que nada nos pase. Cruzamos la calle porque esperamos que no seremos atropellados. ¿Seguridad antes de hacerlo? Ninguna.

La verdad es que todos los días tomamos decisiones de futuro sobre nuestras vidas, carrera y familia, desde subirnos al ascensor esperando que no se va a caer, hasta otras extremadamente complejas. Lo verdaderamente asombroso es que la mayoría de nuestras decisiones cotidianas implican que hemos anticipado correctamente el futuro, ya que de otra manera la vida no podría fluir o funcionar.

Y eso es lo que noto en Elon Musk, que a las empresas que ha creado, a las causas que ha abrazado y hasta en sus decisiones familiares ha incorporado la dimensión del futuro. Creo que lo hace como parte de la cotidianeidad, a veces, sin estar absolutamente consciente de esa incorporación. Quizás, parte de su éxito, se debe a que así lo ha hecho.

Eso es lo que veo naturalmente incorporado en sus decisiones empresariales, desde sus primeras y a veces pioneras empresas en internet cuyas ventas le permitieron invertir en lo que pareció aventurero para después convertirse en Tesla, que no es solo vehículos eléctricos, sino también energía solar y almacenamiento de energía; o Starlink, esa constelación de satélites en órbita baja para proveer internet de alta velocidad a nivel global, qué tan importante ha resultado ser para la Patagonia como para superar bloqueo de comunicaciones a quienes protestaban en Irán como también para que en Ucrania pudieran utilizar drones para defenderse de la invasión rusa.

Esa dimensión de futuro está también en Space X, la industria aeroespacial y de transporte espacial, que le permite a EE. UU. estar presente en la carrera espacial, ya que la NASA estuvo sin apoyo demasiados años. De aquí surgen apuestas de futuro como son la colonización del espacio buscando desde allí presencia en la Luna y, sobre todo, soñar en grande con un proyecto de la importancia de que seres humanos lleguen a Marte y que allí se instale “una ciudad autosuficiente”. Tras el ensayo exitoso del cohete gigante de Space X se anunció un próximo vuelo de prueba, que culminaría con capturar el vehículo espacial en la torre de lanzamiento. Se haría mediante brazos mecánicos, con lo que ha regresado la atención periodística a los viajes espaciales, esta vez en manos de la competencia entre megamillonarios, no solo Musk, sino también Jeff Bezos (Amazon), y a un nivel menor Richard Branson (Virgin Group), donde la ventaja del nacido en Sudáfrica es el Starship, sobre todo, si se transforma definitivamente en un cohete reutilizable como también aprovechar esos viajes para abaratar la puesta de satélites en órbita.

La dimensión del futuro está incorporada en términos de acelerar su plan hacia la Luna y Marte, donde mucho depende del abastecimiento de combustible y donde la solución propuesta consiste en cargarlo cuando la nave ya está en órbita. De ahí, la apuesta por una base espacial de cien mil millones de dólares, donde no solo se sumarán 10 plataformas en la costa del Golfo de Luisiana para dar soporte a cientos de vuelos de Starship como también esta base conocida ya como Starbase permitiría concentrar fabricación del combustible y lanzamientos.

Esa dimensión también se ubica en Neurolink, esa empresa de neurotecnología que hace soñar con que personas paralíticas podrán volver a caminar o personas con ceguera podrán ver gracias a implantes cerebrales. Está también presente en The Boring Company, empresa dedicada a infraestructura y construcción de túneles ofreciendo la posibilidad de túneles para transporte de velocidad mediante vehículos eléctricos en ciudades de alta densidad urbana.

Esta dimensión también se ha incorporado en su muy publicitada adquisición de Twitter para transformarlo en X, donde estuvo dispuesto a poner su bolsillo al mismo nivel que su boca, ya que pagó un precio superior al del mercado para adquirirlo en apoyo de su visión de lo que significa la libertad de prensa y de opinión. Como usuario me doy cuenta que esa red y plataforma ha mejorado, aunque el proyecto de transformar la plataforma en una aplicación para todo, integrando otros contenidos, todavía está en marcha.

Y donde seguramente no solo se notará la dimensión del futuro, sino que será puesta a prueba, es lo que tiene que ver tiene que ver con Inteligencia Artificial Generativa. Es aquí donde se le da vida a Grok, no solo para usuarios y las redes sociales, sino como integración de lenguaje, análisis de datos e infraestructura para las empresas de su ecosistema, es decir, no solo para efectos de automatización, sino también búsqueda de la comprensión del universo. Dada la cantidad de contratos que Musk tiene al menos con NASA y con el Pentágono, creo que cometió un error del que puede arrepentirse en un futuro cercano, cuando anunció que Space XAI cambiaría su nombre a SpaceXSI para centrarse en el concepto de Superinteligencia, siguiendo la propuesta de Trump de rebautizar la IA.

Me llama la atención que sea la persona más rica del mundo, y respecto de lo cual, da la impresión de que su relación con el dinero es más saludable de lo que parece ya que no es Rico McPato, en el sentido que lo aprecia sólo como el medio que permite desarrollar todos sus proyectos. Creo que ello es sano, porque su riqueza viene del éxito que en el mercado han tenido sus apuestas, a veces solitarias en sus inicios y que se mide en el constante vaivén de las acciones, con titulares periodísticos como aquel que su patrimonio ganó US$ 61.000 millones como también en otras oportunidades se ha informado que esas mismas acciones, principalmente de Tesla y SpaceX han sufrido un desplome pasajero en la forma de una baja de 1,05 billones a “solo” 987.000 millones en tres jornadas de bolsa, lo cual no debería preocuparle mayormente cuando la diferencia con el segundo (Jeff Bezos) es medible en muchos miles de millones. No es dinero que tenga en los bolsillos, sino que está en el valor de las empresas por él creadas y la confianza que ese valor se incrementará, que a su vez explica que su apuesta por la electricidad y litio en las baterías, hacen que Tesla valga más que todas las otras automotoras, a pesar de la campaña en contra de la empresa, debido a las opciones politica por él tomadas de apoyar a Trump.

En todo caso, Musk no es considerado como el hombre más rico de la historia, sino que para los historiadores económicos sería Mansa Musa (1280-1337) Emperador de Malil, cuya fortuna personal en dólares actuales habría superado a la de Musk, quizás incalculable, ya que su imperio dominaba la producción y exportación del oro y la sal (de la sal proviene el nombre “salario”), opinión confirmada también por Gemini, el asistente de IA de Google.

Si los seres humanos somos curiosos sobre el futuro no creo que sea por razones abstractas, sino eminentemente prácticas, toda vez que corresponde a aquella parte de nuestras vidas que puede ser modificada por nuestras acciones y omisiones. Ni el pasado ni el presente pueden jactarse de lo mismo, ya que el pasado no puede ser cambiado y el presente es solo el instante que lo separa el pasado. En cambio, el futuro es aquel “algo” que todavía no ha ocurrido, que puede ser moldeado y cambiado, que en Musk es visible hasta en sus cambios de opinión, aquello que tanto desconcierta o molesta a ciertas personas.

La pregunta siguiente en relación con el futuro es si se puede conocer. En las culturas antiguas, aun en las más primitivas se anticipaba todo tipo de consecuencias (tanto negativas como positivas) a fenómenos de alguna regularidad como cometas o eclipses. Esa inquietud culminó en el siglo pasado en una disciplina que entrega grados académicos a nivel universitario, la prospectiva o investigación de futuros, así en plural ya que el futuro se entiende mejor con la construcción de escenarios, ya que no es solo uno lo que es posible o probable. Más aún, en los tiempos que vivimos un número considerable de personas trabaja anticipando aspectos parciales del futuro: crecimiento de la población, cambio de clima, resultado de las próximas elecciones, aceptación de un nuevo producto por parte del consumidor.

Sin embargo, advertir que alguien como Elon Musk lo ha incorporado en sus decisiones es quizás lo que ayuda a que existan tantos inversionistas interesados en sus impresas, aunque no habla bien de que esta faceta se le haya escapado a algunos de sus biógrafos como también a algunos de quienes hayan trabajado con o para él.

De tal modo no ha sido habitual esta incorporación de la variable del futuro a nuestras decisiones, que no figura en ninguna de las grandes mitologías, ni la griega, ni la romana, como tampoco en las orientales o las nórdicas. Lo que es cierto es que, en nuestra evolución cultural, como especie pasamos de ver al futuro como una sentencia escrita por los dioses a verlo como un abanico de escenarios, en todo caso, predominando algo que viene de la antigüedad, la idea que el futuro no puede ser moldeado a nuestro antojo como tampoco por el poder de un rey, y que sería el destino el que decide, aun por encima de los dioses, con lo que parece ser lo que no es, una fuerza inevitable.

De ahí viene la idea que deben predominar las necesidades inmediatas, por lo que hay dioses para el viento, el mar o la guerra, pero no los hay para el futuro, por lo que en la historia se ha recurrido a la profecía, en la forma de oráculos que nos dan pistas. Aun ahí predomina el futuro como algo cíclico, como un ciclo continuo de creación, destrucción, renacimiento, por lo que el futuro sería nada más que simplemente el regreso al pasado.

Esa idea es tan fuerte que lo que aporta Musk no es una elaboración, ya que lo suyo no es la intelectualización de una realidad, sino haberlo incorporado a su cotidianeidad, en la forma de las actividades y/o proyectos que lleva a cabo. Se ve en las empresas que ha creado, donde se nota que la variable o dimensión del futuro ha sido incorporada siempre, y quizás es eso lo que no han entendido aquellos que han apostado en su contra en la bolsa. Ahora, como figura pública el exceso de optimismo lleva a que Musk haga pronósticos que no tienen todavía base alguna, como que los robots y la IA podrían elevar fuertemente la producción de bienes y servicios, lo que permitiría “una renta universal alta” para todos los que la quieran, pero, presentar lo de “alta” como una especie de derecho garantizado es poco serio, lo que también muestra sus debilidades cuando ingresa al terreno de las ciencias sociales.

Bueno tenerlo presente, cuando el encuentro de la IA con el futuro obliga a todas las personas al cambio más difícil de todos, el de conceptos e ideas, a la modificación de imágenes que nos han sido familiares por siglos, cuando ahora enfrentamos la casi segura convivencia con máquinas que se llaman inteligentes como también a la colonización del espacio. Para ello necesitaremos la comprensión de un mundo que viene hacia nosotros. Nadie sabe si mejor o peor, tan solo diferente, y donde, a pesar de todo, la facultad de pensar sigue siendo exclusivamente humana, nuestra.

Un mundo, donde advierto pocos, de hecho, ningún líder político, que estén participando en su construcción, como sí lo está haciendo Elon Musk.

@israezipper

PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El adelanto de las elecciones generales convocado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre de 2026 ha activado todas las alarmas en los cuarteles generales de la política española.

Un informe estratégico interno dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, revela las complejas corrientes subterráneas que definirán el rumbo del país en las urnas.

A primera vista, los datos son claros: las principales tendencias coinciden en que el Partido Popular ganaría las elecciones y el bloque de centroderecha obtendría la mayoría absoluta.

Sin embargo, bajo este manto de aparente victoria se esconde una feroz batalla campal por el control del relato político y la movilización del electorado.

Pedro Sánchez no ha lanzado los dados al azar. A pesar de sufrir un evidente desgaste político, el líder socialista retiene una sólida base electoral (manteniendo al 71% de sus votantes de 2023) y sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno para el 32,2% de los ciudadanos, superando el 29,3% de Feijóo.

Moncloa busca reactivar el marco del «miedo a la ultraderecha» y presentarse como la única opción de estabilidad frente a un Congreso que bloqueaba sus leyes.

Sánchez, además, juega con ventaja en la arena moderna: su liderazgo en redes es absoluto, encabezando el ranking de Poder Digital de Vinces con 93,2 puntos de influencia.

El verdadero factor disruptivo de esta campaña, no obstante, viene por el flanco derecho.

Santiago Abascal y Vox experimentan un crecimiento explosivo en los sondeos, proyectando una horquilla de entre 63 y 74 escaños que prácticamente duplicaría su representación actual.

Vox cuenta con el electorado más fiel del país (92,8% de retención) y está absorbiendo un preocupante 15,6% de antiguos votantes del PP, mientras que el trasvase inverso apenas roza el 2%.

Alimentados por las tensiones fronterizas en Ceuta y una agresiva estrategia digital enfocada en el público joven, los de Abascal amenazan con condicionar de forma extrema el futuro Gobierno.

Para Feijóo, el reto no consiste en emular la estridencia de sus rivales, sino en presentarse como el único gestor fiable y centrado, valiéndose de que las encuestas de NC Report lo sitúan como el líder mejor valorado con un 4,4 sobre 10, notablemente por encima del 3,5 que comparten Sánchez y Abascal.

El 29 de noviembre no solo se decidirá un cambio de inquilino en la Moncloa, sino el modelo de convivencia y estabilidad que regirá a España en los próximos años.

Esto nos lleva a sacar las siguientes conclusiones:

• España irá hacia una victoria del bloque de centroderecha con fuerte dependencia de Vox. Las encuestas reflejan una mayoría absoluta clara para el cambio político en España. Sin embargo, el Partido Popular se verá obligado a negociar activamente con una formación de Vox fuertemente reforzada, que aspira a duplicar su peso en el Congreso con hasta 74 escaños.
• El PP sufriría una sangría interna hacia el voto de protesta. La principal amenaza para una victoria contundente de Feijóo no proviene del PSOE, sino de la fuga del 15,6% de sus votantes de 2023 hacia Santiago Abascal, cuyo discurso sobre inmigración y seguridad está captando masivamente al electorado joven y masculino.
• Sánchez resistirá concentrando el voto útil de la izquierda. A pesar del desgaste gubernamental, el presidente del Gobierno se mantiene competitivo gracias al desplome de Sumar (que caería a una horquilla de entre 4 y 11 escaños), y esto permitirá al PSOE absorber el voto útil de la izquierda y mantenerse firme como la opción preferida de presidencia para el 32,2% de los encuestados.
• La vivienda y el bolsillo decidirán la campaña. El debate político abandonará las abstracciones ideológicas para centrarse en el día a día del ciudadano. El PSOE utilizará la defensa de los inquilinos frente a los fondos como bandera, mientras que la oposición contraatacará con propuestas de alivio fiscal directo, como la rebaja del IVA en carnes y pescados o la deflactación del IRPF para rentas menores a 40.000 €.
• Guerra total en el ecosistema digital. Las elecciones se ganarán o perderán en las pantallas de los teléfonos móviles. Tanto Sánchez (93,2 puntos de influencia digital) como Abascal (86,2 puntos) dominan con comodidad la conversación en redes, forzando a un Feijóo más rezagado (77,7 puntos) a cambiar urgentemente su estrategia hacia formatos mucho más agresivos y dinámicos para no quedar invisible ante los votantes.

Maricarmen Abascal tenía 87 años, una discapacidad del 50% y siete décadas de vida en el mismo piso del barrio de Retiro, en Madrid. Setenta años en un hogar que no era solo un espacio físico, sino el soporte de su autonomía, su identidad y su continuidad vital. En septiembre de 2026, ese hogar dejó de ser suyo. Los nuevos propietarios le triplicaron el alquiler a un monto imposible de afrontar con su pensión. El 23 de septiembre fue desalojada. Quince días después murió en el hospital.

Su historia revela una vulnerabilidad que no nace sólo de la edad, sino de la interacción entre mercado inmobiliario, burocracias digitalizadas y políticas públicas que no alcanzan a quienes más las necesitan. Y muestra un fenómeno que excede a España: en la Argentina también se producen desalojos de personas mayores que quedan en la calle sin acompañamiento institucional, sin redes de apoyo y sin una evaluación real de su situación vital. No existen estadísticas oficiales que permitan dimensionar cuántas personas mayores pierden su vivienda cada año; esa ausencia de datos es, en sí misma, una forma de invisibilización institucional. Lo que sí se registra, a través de defensorías y organizaciones sociales, son casos reiterados de adultos mayores desalojados o en riesgo habitacional, lo que confirma que el fenómeno existe, pero no está medido. La falta de información pública impide diseñar políticas de prevención y construir estándares de tutela reforzada que respondan a las necesidades reales de quienes envejecen en contextos de precariedad.

La reacción política en España llegó tarde. Tras el cumplimiento de la medida judicial, el Gobierno emitió dos decretos-ley que buscaban frenar desalojos, limitar aumentos de alquiler y estabilizar contratos. Pero el Congreso los rechazó pocos días después. Quedaron derogados. Y el país entró en un clima de tensión que terminó en elecciones anticipadas.

Maricarmen quedó atrapada en ese vacío normativo: un espacio donde la protección depende de mayorías parlamentarias coyunturales y no de estándares estables. Su vida se volvió rehén de una disputa política. Y perdió.

Pero algo inesperado ocurrió entonces: los jóvenes ocuparon la Puerta del Sol. Lo hicieron para acompañarla, para denunciar su situación y, al mismo tiempo, para visibilizar las propias. Muchos viven en habitaciones compartidas, en alquileres temporarios, en contratos precarios que se renuevan por pocos meses. La plaza se transformó en un espacio de solidaridad intergeneracional donde la vejez y la juventud se encontraron en una misma demanda: el derecho a un hogar digno.

Ese gesto iluminó algo esencial: la vulnerabilidad habitacional no distingue edades. Y mostró que la protección constitucional no puede pensarse solo desde la lógica sectorial, sino desde un lazo siempre necesario entre generaciones. Cuando los jóvenes defienden a una mujer mayor desalojada, no solo la protegen a ella: protegen su propio futuro.

El caso de Maricarmen obliga a mirar de frente una tensión constitucional que suele quedar oculta detrás de tecnicismos: ¿cómo armonizar el derecho de propiedad con el derecho a una vivienda digna cuando la persona afectada es mayor y vulnerable?

La Constitución española protege la propiedad, pero la somete a su función social. Reconoce también el derecho a la vivienda y la suficiencia económica de la tercera edad. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace lo mismo: propiedad, vida digna e independiente de las personas mayores, ayuda a la vivienda. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige proporcionalidad entre propiedad y domicilio.

No se trata de sacrificar un derecho en nombre del otro. Se trata de evitar que la aplicación rígida del derecho de propiedad produzca daños irreparables en quienes ya enfrentan vulnerabilidades acumuladas. La vejez, en este sentido, no es un déficit: es una etapa del curso de vida donde las fragilidades pueden intensificarse según las condiciones materiales, las barreras del entorno y la calidad de las prácticas institucionales.

El hogar, para quienes envejecen, es mucho más que un techo. Es el lugar donde se sostiene la autonomía, donde se preserva la identidad, donde se anclan los vínculos y las rutinas que dan sentido a la vida cotidiana. Desarraigar a una persona mayor del espacio donde vivió toda su vida es un daño que excede lo económico: es un quiebre existencial. Por eso el derecho internacional habla de envejecer en el propio entorno. Y por esa razón la tutela constitucional debe ser reforzada cuando la persona enfrenta vulnerabilidades múltiples -por edad, género, discapacidad o pobreza- o precariedad habitacional.

Maricarmen quedó expuesta en el peor momento: sin vivienda, sin redes de apoyo, sin capacidad de gestionar trámites, sin un Estado que actuara a tiempo. Su vulnerabilidad se transformó en daño irreversible. Y ese daño, lejos de ser excepcional, se repite en distintos países, incluida la Argentina, donde la falta de políticas habitacionales sensibles al curso de vida deja a muchas personas mayores en situaciones límite.

Armonizar propiedad y vivienda no significa anular la propiedad. Significa ponderar caso por caso, con herramientas que ya existen: prórrogas obligatorias, realojo asistido, compensación justa al propietario, evaluación de vulnerabilidad por edad y discapacidad, acompañamiento institucional efectivo y accesibilidad digital real. La clave es incorporar una perspectiva de vejez y discapacidad en cada decisión judicial y administrativa. No es ideología: es constitucionalismo contemporáneo.

La propiedad es un derecho legítimo. Pero también tiene una función social. Cuando el sistema falla frente a quien es doblemente vulnerable -por edad y por discapacidad- el costo es irreparable. Maricarmen no debería ser un símbolo. Debería haber sido protegida.

Su muerte obliga a revisar cómo España, Europa y América Latina están respondiendo a los desalojos de personas mayores en contextos de mercados tensionados, digitalización acelerada y políticas habitacionales insuficientes. La pregunta es simple y urgente: ¿cuántas Maricarmen más vamos a permitir?

Antes de que concluyera el conteo de votos en Brasil, numerosos analistas ya celebraban lo que describían como una victoria de la derecha. Una lectura semejante acompañó los triunfos de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Santiago Peña en Paraguay, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile y, más recientemente, Abelardo de la Espriella en Colombia. El avance de Flávio Bolsonaro refuerza esa interpretación, aunque la presidencia brasileña todavía deberá decidirse en la segunda vuelta del 25 de octubre.

El retablo evoca un pasado no tan lejano, cuando buena parte de los gobiernos latinoamericanos estaban encabezados por figuras identificadas con la derecha. Durante la Guerra Fría, las doctrinas anticomunistas sirvieron de sustento a regímenes militares como los de Brasil (1964–1985), Chile bajo Augusto Pinochet (1973–1990), Argentina (1976–1983) y Uruguay (1973–1985), así como a la prolongada dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954–1989). Su final respondió a procesos diversos: movilizaciones populares, crisis económicas, derrotas militares, negociaciones políticas e incluso golpes internos. Las transiciones posteriores abrieron paso a gobiernos democráticos de distintas orientaciones. Sin embargo, la alternancia electoral no siempre se tradujo en instituciones más sólidas.

Vale la pena preguntarse, por tanto, si estamos ante el ascenso de una derecha democrática o ante un cambio de etiqueta que permite perpetuar las estructuras de poder que aquí llamamos feudales: privilegios heredados, dependencia personal y captura del Estado por intereses particulares.

La distinción es fundamental. La derecha democrática, en su vertiente liberal y constitucional, comparte con otras corrientes democráticas una herencia de la Ilustración: límites al poder, igualdad ante la ley y respeto por las instituciones. A ello suele añadir la defensa de la iniciativa privada, la competencia y la disciplina fiscal. América Latina recibió la influencia de las ideas ilustradas, pero su incorporación a la vida institucional fue desigual e incompleta. De allí la persistencia de una contradicción: vestimentas modernas sobre estructuras de privilegio que resisten el cambio.

Esos principios no siempre orientan a los movimientos que hoy reclaman la etiqueta de derecha. La libertad económica se invoca con facilidad, pero se vuelve incómoda cuando exige desmontar protecciones, subsidios o intervenciones estatales que garantizan rentas a sectores poderosos. Hay diferencias importantes entre sus programas —Milei, por ejemplo, ha hecho de la liberalización económica una bandera—, pero la prueba decisiva consiste en determinar si las reformas amplían la competencia y las oportunidades o simplemente redistribuyen privilegios.

En el terreno institucional, la contradicción es igualmente visible. Se recurre a reformas constitucionales para facilitar la reelección o alterar las reglas electorales, mientras otras decisiones se justifican por la urgencia de la seguridad o por la necesidad de transformar la economía. La política penitenciaria de El Salvador, las medidas de excepción en Ecuador y las restricciones impulsadas por Milei en materia de ciudadanía y acceso de extranjeros a determinados servicios públicos plantean preguntas sobre el debido proceso, la proporcionalidad y las garantías individuales. La eficacia de una política no basta para conferirle legitimidad democrática.

La independencia judicial constituye otra prueba esencial. Las presiones sobre jueces y tribunales atraviesan el mapa ideológico de la región. Aunque existen diferencias sustanciales entre países y grados diversos de resistencia institucional, ninguna fuerza política debería quedar exenta de escrutinio. Una democracia no se mide por la docilidad de sus jueces, sino por su capacidad de decidir sin someterse al gobernante de turno.

Visto el panorama desde esta perspectiva, las fuerzas que se autodefinen como derechas democráticas todavía tienen mucho que demostrar: respeto por la separación de poderes, igualdad ante la ley y compromiso con una libertad económica que no se reduzca a la protección de intereses establecidos. Mientras esos principios no se conviertan en prácticas de gobierno, seguiremos viendo estructuras de poder de raíz señorial que intentan administrar democracias modernas.

El movimiento encabezado por Flávio Bolsonaro debe examinarse con ese mismo criterio. Su avance electoral expresa el deseo de cambio de una parte considerable del electorado brasileño, pero no demuestra, por sí solo, una renovación democrática. Tampoco la trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva lo exime de responder a los retos del siglo XXI. A mi juicio, Fernando Henrique Cardoso sigue siendo una referencia destacada por su intento de articular modernización económica y consolidación institucional. El desafío pendiente consiste en convertir esos objetivos en una práctica sostenida, más allá de los liderazgos personales.

La insuficiente libertad económica limita la inversión, la productividad y la generación de oportunidades necesarias para reducir la pobreza. La debilidad de los contrapesos institucionales restringe la participación de la sociedad civil y facilita la captura del Estado. A su vez, el deterioro de los servicios públicos profundiza la distancia entre la igualdad proclamada por la ley y la desigualdad que experimentan los ciudadanos.

Frente a ese desgaste, la población busca corregir el rumbo mediante el relevo de sus dirigentes. Así llegan al poder líderes que se presentan como representantes de la derecha o de la izquierda, sin que sus prácticas correspondan necesariamente a los principios que invocan. Satisfacen la demanda inmediata de sustituir al gobernante, pero dejan pendiente la tarea más difícil: transformar el poder y fortalecer la democracia. El espejismo de los analistas consiste en confundir ese relevo con una transformación institucional.

Hace exactamente treinta días Alemania se despertó con un resultado que merecía algo más que reuniones de comité, declaraciones solemnes y caras largas.

AfD había obtenido 43,8% en Sajonia-Anhalt. La CDU, 17,2%. Ulrich Siegmund quedó apenas tres bancas por debajo de la mayoría absoluta.

Friedrich Merz dijo estar profundamente conmocionado. Markus Söder, jefe de la CSU bávara, habló de un “golpe en la boca del estómago”.

Tenía razón en lo del golpe. Lo que Berlín no parece haber entendido es que el estómago no era el órgano que debía reaccionar.

Era el cerebro.

Treinta días después, INSA coloca a AfD en 30,5% nacional y CDU/CSU en 17,5%. El 5 de septiembre estaban 28% y 20%. La brecha pasó de ocho a trece puntos.

Infratest dimap es menos extremo —27% contra 20%— pero cuenta la misma historia. Y hay algo peor para Merz: sólo 10% está satisfecho con su gestión y 88% insatisfecho, mínimo histórico del DeutschlandTrend.

No parece una pequeña indigestión electoral.

El humor cambió. Merz se amargó

Casi nueve de cada diez alemanes miran la situación del país con preocupación. Tres de cada cuatro dicen sentir sobre todo las cargas de las decisiones gubernamentales y no sus beneficios.

Ahí está la clave. Alemania no se volvió súbitamente ultraderechista el 6 de septiembre. Se está quebrando la confianza en que el sistema tradicional pueda producir resultados.

Y mientras tanto Alice sonríe. No necesita hacer demasiado: sus adversarios colaboran.

Dos semanas después llegó Mecklenburg-Vorpommern. AfD volvió a ganar: 38,2%. CDU obtuvo 4,9% y, por primera vez, quedó fuera de un Parlamento regional.

Merz volvió a lamentarse.

Y volvió a prometer reformas.

Quizás alguien en la Cancillería debería explicarle que repetir una respuesta esperando un resultado diferente no constituye exactamente una estrategia.

Söder parece haber olido mejor el problema: a un tortazo político por derecha se le responde con otro más fuerte, no con una comisión que entregue sus conclusiones el año próximo.

Y hoy apareció otra imagen incómoda. Tobias Rausch, de AfD, fue elegido presidente del Parlamento de Sajonia-Anhalt con 48 votos. AfD tiene 39 diputados y los cinco legisladores de BSW habían anunciado su apoyo.

Todavía sobran cuatro votos.

El sufragio fue secreto.

El Brandmauer sigue en pie, naturalmente.

Sólo que alguien acaba de descubrir cuatro ladrillos flojos.

Alice descubre las ventajas de la moderación

Weidel también entendió que para llegar al poder no basta con protestar: hay que parecer capaz de gobernar.

Un documento estratégico conocido esta semana propone dejar la salida del euro para después: primero renegociar Europa, recuperar competencias nacionales y obtener opt-outs. Si eso fracasa, recién entonces habrá un referéndum.

Después de años amenazando con abandonar el club, Alice parece haber descubierto algo elemental: quizá resulte más rentable quedarse con el edificio y cambiar el reglamento.

Con Rusia necesita menos sutilezas. Dirigentes de AfD preparan para 2027 una eventual reunión de Weidel y Tino Chrupalla con Kirill Dmitriev, enviado económico de Vladimir Putin, para discutir el retorno del gas ruso si antes existe un marco de paz con Ucrania.

La receta es seductora: energía barata, sanciones afuera y negocios adentro.

Por Nord Stream deberá volver a pasar gas. La historia, aparentemente, tendrá que buscarse otro caño.

Merz elige Kiev

Merz respondió este domingo desde el otro extremo.

Viajó a Kiev, anunció 1.000 millones de euros adicionales de ayuda militar y otros 350 millones para infraestructura energética. Empresarios alemanes que lo acompañaron firmaron 14 acuerdos por unos 6.600 millones de euros, incluyendo defensa aérea, radares y drones.

Puede existir una sólida justificación estratégica para hacerlo. Pero existe también una pregunta política que Merz no puede evitar: ¿cómo se explica esa prioridad a un país donde tres de cada cuatro ciudadanos sienten que soportan las cargas de las decisiones del gobierno?

Gobernar no consiste solamente en tener razón.

También consiste en conseguir que la sociedad comprenda hacia dónde se la conduce.

Y ahora, un ex jefe de espías

Como si a Alemania le faltaran ingredientes para este otoño, hoy fue detenido August Hanning, director del BND —la inteligencia exterior alemana— entre 1998 y 2005.

La Fiscalía sospecha que obtuvo mediante pagos material secreto y utilizó información clasificada para elaborar un análisis destinado a un servicio de inteligencia extranjero. Su antiguo colaborador Manfred D. habría suministrado alrededor de 2.000 documentos.

Conviene aclararlo: la investigación conocida hasta ahora no establece que el destinatario haya sido Rusia.

Pero la imagen es demoledora.

Mientras Alemania discute Rusia, Ucrania, Nord Stream, guerra híbrida y seguridad energética, uno de sus antiguos jefes de inteligencia termina detenido bajo sospecha de espionaje y tentativa de alta traición.

No es una conexión.

Es el clima.

El problema es bastante mayor que Alice

Aquí aparece el verdadero debate europeo.

Quizás es el momento en que surgen las preguntas políticamente incorrectas: ¿cómo pueden las actuales democracias parlamentarias enfrentar fenómenos políticos disruptivos y distópicos que avanzan mucho más rápido que su capacidad de reaccionar? ¿Y están preparadas para ejecutar las transformaciones económicas que Europa necesita aunque impliquen recortar gastos públicos faraónicos, desmontar burocracias y revisar privilegios construidos durante décadas?

No es la democracia lo que está agotado.

Es una determinada forma de administrarla.

Coaliciones de tres o cuatro partidos, vetos cruzados, ministerios repartidos para sostener mayorías, burocracias que crean nuevas burocracias para administrar las anteriores y Estados que descubren una agencia pública para resolver los problemas creados por otra.

Mientras Estados Unidos y China compiten en inteligencia artificial, semiconductores, energía, defensa, biotecnología y espacio, Europa produce reglamentos.

Y facturas.

Y acaso no será el momento que aparezca Peter Thiel, hoy cómodamente viviendo en Buenos Aires, con sus ideas y propuestas de gobiernos con tecno-estructuras meritocráticas, con estructuras chicas (o por lo menos más chicas que las actuales gastadoras compulsivas), y funcionarios con atributos meritocráticos..?? . El es alemán de nacimiento, amigo de Alice Weidel quien dijo hace un año que si llega al poder, lo encumbra como ministro.

Prueba del actual derrumbe y desorden son los criterios fiscales de Maastricht que siguen diciendo 3% de déficit y 60% de deuda sobre el PBI. Pero doce de los 27 miembros de la Unión terminaron 2025 por encima de aquel 60%. Francia: 115,6%. Italia: 137,1%. España: 100,7%. Hasta la disciplinada Alemania: 63,5%. La eurozona en conjunto: 87,8%.

Maastricht sobrevive espléndidamente.

Pero sobre el papel.

Europa necesita gastar más en defensa, energía, infraestructura y tecnología; no sostener más la entelequia de un “estados de bienestar” diseñados para otra demografía; reducir deuda y déficit; y competir con Estados Unidos y China.

No existe suficiente dinero para hacerlo todo.

Y tampoco suficiente tiempo.

La propia Comisión reconoce que la productividad europea por hora trabajada equivale apenas al 78,5% de la estadounidense, con un retraso particularmente serio en tecnología digital. Mario Draghi ya escribió el diagnóstico: inversión, energía competitiva, innovación, mercados de capitales integrados y menos fragmentación.

El problema europeo no es la falta de informes. Es su extraordinaria capacidad de encargarlos y su mucho menor capacidad de ejecutarlos.

Treinta días

Sajonia-Anhalt puede terminar siendo mucho más que una elección regional.

En treinta días AfD pasó del 43,8% en Sajonia-Anhalt al 30,5% en una encuesta nacional. Ganó otra elección regional. CDU siguió cayendo. Merz alcanzó mínimos históricos. El Brandmauer mostró fisuras. AfD empezó a discutir cómo gobernar, cómo reformular Europa y cómo volver a hacer negocios con Moscú.

Alice Weidel no creó esta crisis.

La está aprovechando.

Y quizá allí radique el error fundamental de Friedrich Merz: sigue tratando a AfD como el problema cuando probablemente sea también el síntoma.

Alemania —y posiblemente Europa— atraviesa un momento bisagra en el que crecimiento mediocre, pérdida de competitividad, presión fiscal, inmigración, energía cara, guerra y revolución tecnológica ocurren simultáneamente.

Frente a semejante transformación, administrar la política como siempre puede resultar tranquilizador.

También puede resultar fatal.

Porque los sistemas políticos suelen descubrir que el mundo cambió bastante después de que los votantes ya lo hicieron.

¿Qué debemos exigirle a un gobierno para que nuestra vida mejore? Es una pregunta que merece una conversación amplia, en las familias, las universidades, las empresas y las comunidades de Nuevo León. De la calidad de nuestras instituciones dependen asuntos tan cercanos como llegar a tiempo al trabajo, contar con agua o vivir con tranquilidad.

El recorrido amplio que realicé recientemente por el estado, sus colonias y comunidades confirmó una convicción: la complejidad de Nuevo León exige preparación y capacidad real para gobernar. Escuchar a personas de distintos ámbitos me permitió comprender mejor lo que esa exigencia significa en la vida cotidiana.

Una madre necesita transporte, pero también horarios compatibles con el cuidado de sus hijos. Un joven encuentra empleo, pero lejos de una vivienda que pueda pagar. Una empresa quiere crecer y necesita infraestructura, personal capacitado y certeza.

Atender esas necesidades exige entenderlas, planear y coordinar. La buena voluntad es un punto de partida; cumplir requiere capacidad administrativa.

Nuevo León es un estado particularmente complejo. Su economía industrial está conectada con el mundo. Su zona metropolitana rebasa los límites municipales. Sus comunidades rurales enfrentan distancias y condiciones distintas. Su geografía y su actividad logística requieren decisiones que consideren cómo se relacionan el agua, la movilidad, la seguridad y el desarrollo.

Una inversión genera empleos y aumenta la demanda de servicios. Una vialidad modifica traslados y afecta a las colonias por las que pasa. Una obra compromete recursos para construirla y mantenerla durante años. Gobernar implica anticipar esas consecuencias.

Por eso, como sociedad, debemos dar mayor valor a la preparación real. El carisma y el sentido común pueden ayudar, pero resultan insuficientes ante esta complejidad. Hace falta capacidad técnica para evaluar alternativas, sensibilidad social para comprender a quiénes afectan y oficio político para lograr acuerdos.

Max Weber, en La política como vocación, vinculó el ejercicio político con la pasión, la responsabilidad y el sentido de proporción. Su reflexión recuerda que el deseo de servir debe acompañarse de juicio y responsabilidad por las consecuencias de cada decisión.

Esa responsabilidad se demuestra en el trabajo diario: administrar bien el presupuesto, integrar equipos competentes, contratar con transparencia, supervisar obras y corregir lo que no funciona. También en la humildad para escuchar a especialistas y ciudadanos. La preparación se acredita en la práctica.

Quien gobierna necesita saber formular preguntas, reconocer riesgos y dar seguimiento. Debe poder explicar por qué se tomó una decisión, cuánto costará y qué resultados se esperan. De esas capacidades depende que los compromisos se cumplan y los recursos públicos se traduzcan en bienestar.

El crecimiento con justicia que plantea nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, requiere esa capacidad desde cada administración: convertir los objetivos públicos en servicios y oportunidades que lleguen a las familias.

Construir mejores gobiernos también nos corresponde como sociedad. Podemos empezar por hacer preguntas más precisas: ¿qué problema atiende una obra?, ¿cuánto costará terminarla y mantenerla?, ¿quién será responsable?, ¿cómo sabremos si un programa funciona?

Preguntar, participar y dar seguimiento ayuda a cuidar lo que es de todos. Las universidades pueden aportar conocimiento y formar servidores públicos; las empresas, compartir experiencia; las organizaciones y las comunidades, señalar necesidades y vigilar compromisos. Necesitamos abrir espacios donde esas aportaciones se encuentren y tengan continuidad.

Los ciudadanos también podemos reconocer el trabajo bien hecho y exigir explicaciones cuando algo falla. Así fortalecemos una cultura pública que valore la honestidad, la preparación y el cumplimiento. Conversemos sobre las capacidades que Nuevo León necesita, aportemos conocimiento y hagamos de la honestidad y la competencia una exigencia común y permanente. El esfuerzo diario de nuestra gente merece un gobierno a su altura y construido más allá de la inmediatez electoral.

* Alcalde de General Escobedo, Nuevo León.

Porque “las ideas siempre vencen al odio”, lo peor es la indiferencia y el desconocimiento, en una sociedad que, lamentablemente, parece entregarse cada día un poco más a la estupidización colectiva.

El odio y el “votar contra” como idea jamás condujeron a solucionar los problemas en ningún país ni en el mundo; por el contrario, los empeoraron y sus consecuencias ocupan las páginas más negras de la historia. Una sociedad democrática debería estar movilizada por querer el bienestar del o de la compatriota, por la inquietud intelectual que nace de la lectura, de la escucha atenta a quienes la vida nos permite cruzarnos y saber más que uno y, naturalmente, de los aprendizajes que nos impone nuestra propia vida.

Lo que sucede en el mundo no son episodios aislados ni fenómenos inconexos. Son manifestaciones de procesos más profundos, pensados por unos pocos que, con un enorme poderío económico y a través de las pantallas, logran manipular las sociedades del hoy con éxito. Y en Uruguay, aunque casi todo llegue con cierto rezago, tarde o temprano también llega.

Días atrás vimos con preocupación una encuesta según la cual el 45% de quienes habitan este suelo no tendría inconvenientes en vivir bajo una dictadura si esta les solucionara sus problemas. Si el dato es correcto, no es una anécdota: es una señal inequívoca de algo que debería interpelarnos.

Cuando una sociedad comienza a relativizar el concepto de libertad, a despreciar el conocimiento y a sustituir las ideas por el resentimiento, el problema trasciende ampliamente una elección determinada. Son señales de un mundo que deja bastante que desear. Y deberían ocuparnos, al menos, si todavía lo que conservamos son dos dedos de frente.

La hostilidad insaciable del ser moderno irrumpe en las diferentes dimensiones urbanas y cumple actualmente con la responsabilidad de violar premisas de convivencia establecidas desde su juramento de ser políticamente correcto. El poder se enfrenta a profundos desafíos cuando debe construir permanentemente nuevas narrativas, en las que la verdad parece quedar subordinada a una realidad reductora que se teje en el sistema político. Imágenes, frases y expresiones visuales o auditivas vacías de significado intelectual terminan reduciendo el pensamiento a impresiones de satisfacción o insatisfacción.

Hubo un tiempo en que sostener una idea implicaba también estar dispuesto a someterla a prueba, confrontarla con los hechos y aceptar la posibilidad de que fuera refutada. Hoy, en cambio, muchas posiciones políticas funcionan de otra manera: la persona no necesariamente defiende una idea porque haya comprobado su validez, sino porque esa idea se ha convertido en parte de su identidad y de sus emociones. La realidad deja entonces de ser aquello que permite revisar nuestras convicciones y pasa a ser aquello que intentamos acomodar para confirmarlas.

Ya hemos visto cómo la humanidad asimiló el fascismo; también vimos cómo el comunismo se fascistizó desde la URSS a Cuba en el pasado y cómo esas variables dictatoriales y sus malas prácticas destruyeron la democracia en Venezuela y Nicaragua, pero también generaron imperfecciones estructurales en otras democracias regionales. Las “morsas” del siglo XXI introdujeron a la izquierda en una profunda confusión conceptual, constituyéndose en las dictaduras referidas o en el apoyo a ellas, lo cual le ha ocasionado este presente de costosas derrotas electorales.

Con el apoyo de Estados Unidos, los “gorilas” de los 70 dieron una serie de golpes de Estado y perpetraron las más horrendas violaciones de Derechos Humanos. Esa especie, de una manera u otra, se ha seguido reproduciendo, a veces en mayor cantidad, a veces en menor cantidad. Hoy varios sectores de la derecha de la región corren el riesgo de empantanarse en la imitación de las prácticas autoritarias del bukelismo, lo cual significaría también un golpe duro para la Democracia regional.

Ni las “morsas” representan a la izquierda ni los “gorilas” a la derecha, y las confusiones que el liderazgo político induce al respecto siempre son nefastas para la Democracia y los Derechos Humanos.

Estas diversas formas reducen mentalmente los conceptos a fragmentos aislados de un campo des-semantizado, en el que palabras y categorías como “crimenes de lesa humanidad”, “tortura”, “persecusión política” o “presos políticos” pierden su significado sustantivo en favor de prejuicios establecidos de antemano. Cuando el ataque contra los significados logra imponerse, las formas de conocimiento que de ellos se derivan quedan deslegitimadas, y con ellas, la posibilidad misma de construir una comprensión crítica de la realidad.

Como veremos, no es seguro que este sea el concepto o la idea central que “los nuevos juegos de la política” utilizan para atacar lo que se denomina “conciencia crítica”. Para explicar esa conciencia, podemos comenzar por un breve proceso mental que consiste en conceptualizar las diferencias, en lugar de convertirlas a priori en enemistades. Es posible imaginar así una confrontación política basada en el conocimiento y la argumentación, frente a otra que se transforma en un ataque directo, como una piedra lanzada contra el otro, mediante una descalificación que hace innecesaria toda argumentación conceptual. O cualquier otra forma de racionalización de las cuestiones sistémicas de la política que termine reducida a una lógica de discusión de tiempos escolares, cuando se intentaba hacer entender algo a otro niño que simplemente se tapaba los oídos y repetía, gritando: “leru leru”. Es en este punto donde resulta esencial reflexionar sobre lo que esto significa para el deterioro del discurso político, pero también para la elaboración ideológica y la gobernanza democrática.

Para visualizar el poder de la libertad debemos preguntarnos en qué sentido hace al funcionamiento sistémico y si el sistema apela realmente a la libertad de las personas para que tomen sus decisiones políticas. Con las nuevas lógicas mecanicistas se ejerce principalmente cómo influir o manipular a las personas, mientras principios y valores se pre condicionan ideológicamente. El resultado puede ser una forma de “comprensión ciega”: una manera de interpretar la realidad en la que los acontecimientos ya no se analizan por lo que son, sino por la reacción que producen. Si algo satisface nuestras expectativas, tendemos a justificarlo; si las contradice, tendemos a rechazarlo. En ese mecanismo reside uno de los mayores peligros de la política convertida en identidad: una persona puede terminar justificando una violencia, una dictadura o incluso un crimen de lesa humanidad simplemente porque proviene del lado que considera propio. Si una morsa o un gorila ataca, las demás “morsas” o “gorilas” aplaudirán en automático.

La verdad suele ser difícil de describir y comprender porque la instalación de narrativas es, precisamente, una forma de ataque político. Tal ataque se asimila a patrones de sociedad ideológica de prevalencia emocional, con una oscuridad total en la que no se ve, no se siente, no se oye ni se admite ninguna otra cosa: el NO absoluto a las demás formas de entender la política en una sociedad democrática.

La progresión emocional irracional y el ataque narrativo generan entonces “barreras de fuerza” ante la posibilidad de una decisión razonada. Para que exista una verdadera confrontación política vinculada a la libertad es necesario un medioambiente sano de Derechos Humanos. La lección política natural de que el mejor argumento debe prevalecer implica que las razones puedan ser expuestas y confrontadas en libertad. Para que la política y la gobernanza produzcan y trabajen ideas es necesaria una libertad igualitaria, una libertad para todos.

Según los actuales experimentos mentales de la política se demuestra que la mayoría de las personas en esta era digital tienen problemas para dominar la “comprensión conceptual”, requiriendo emociones claras a partir de emociones (generalmente negativas) preestablecidas o el conocimiento no comprendido que es dictado artificialmente. En el sistema político es necesario entonces trabajar siempre las diferencias entre las personas y agentes políticos en un marco en que no se controlan ni censuran ni los pensamientos ni la comprensión de las ideas y de las cosas. La posibilidad de cuestionar, criticar y disentir racionalmente hace siempre mejor al sistema, e igual resultado es el que genera la alternancia en el poder.

A punto de entrar en un recinto que se usaba como comedor, me frenó en seco un olor intenso que, tres años después, aún está grabado en mis sentidos. “¿Qué es ese olor tan punzante y penetrante?”, le pregunté al amigo Rony Kaplan, que me acompañaba en ese desgarrador viaje que Combat Antisemitism Movement había organizado. Y así, un 9 de noviembre de 2023, a un mes de la masacre del 7 de octubre, conocí a qué huele la carne humana quemada.

En ese lugar preciso habían sido amontonados y quemados los cuerpos de algunas de las 47 personas del kibbutz Nir Oz que fueron asesinadas. “Cuidado, no pises eso, que...”, y montoncitos de cenizas humanas marcaban los pasos. Muy cerca de donde nos encontrábamos, Shiri Bibas había protagonizado la terrible imagen de su cuerpo aterrorizado cubriendo a su bebito Kfir, de apenas nueve meses. Ella y sus dos hijos fueron tres de las 76 personas que fueron secuestradas en Nir Oz. Tiempo después supimos que un terrorista había ahogado con sus propias manos al pequeño Kfir. Junto con Kfir, su mamá Shiri, su hermano Ariel y sus abuelos Yossi y Margit Silberman, fueron 1.200 las personas asesinadas en el progrom más cruento y brutal que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto. Después vendría la guerra, el viacrucis de los secuestrados, el drama de los habitantes de Gaza, la banalización del terrorismo, el tsunami antiisraelí, el odio antisemita, la violencia contra judíos... Pero antes de todo, lo primero fue la marabunta de miles de miembros de las Nukhba de Hamás, de la Yihad Islámica y de otros grupos terroristas entrando con todo tipo de armas en los kibbutz y en los pueblos cercanos. Y fue la muerte desbocada, quebrando huesos, violando a todo tipo de niñas, jóvenes, mujeres mayores, también niños, torturando de maneras indecibles, cazando a cualquier ser humano que respirara, desmembrando cadáveres, paseando cuerpos rotos por los vídeos virales de su júbilo macabro. Todo eso pasó antes de la guerra que se desató para frenar al terrorismo y rescatar a los secuestrados. Antes de todo, fue el imperio de la muerte.

A tres años del 7 de octubre, cabe recordar quienes idearon y protagonizaron la masacre, quienes motivaron una guerra y quienes son los responsables del sufrimiento de ambos pueblos, el israelí y el palestino. Y cabe recordarlo porque uno de los fenómenos más perversos que han sucedido después de una masacre reconocida (tanto, que fue filmada y viralizada por los propios asesinos), es la negación de las víctimas y el enaltecimiento desaforado de los verdugos. Y ello no solo pasó durante los meses posteriores de la guerra, sinó desde el minuto uno, cuando aún había moribundos en las cunetas y gente desesperada buscando a sus familiares en los rincones del miedo. El mismo 8 de octubre, en plena desesperación y horror en Israel, las redes ya se movilizaban en contra del estado hebreo, ignoraban la brutalidad del terrorismo y levantaban la bandera de Palestina, como si la muerte masiva de los grupos terroristas dignificara a su causa. Todo estuvo planificado, no solo la matanza, sino la propaganda coordinada posterior, con miles de boots en X que culpaban a Israel de la muerte de su propia gente cuando aún no se había movido ni un solo tanque, y con Irán y Rusia (campeones de las fábricas de boots), a la cabeza de la desinformación. Después ya fue fácil activar a los grupos de izquierdas (la mayoría ferozmente antiisraelíes), a los miles de grupúsculos y entidades propalestinas que hay en el mundo (muchos de ellos con financiación directa de Hamás), y a la ignorancia supina de la masa, que tiende a deglutir la propaganda antes de masticar la información confiable.

Por supuesto, la crítica a la guerra, al gobierno y al propio primer ministro israelí no solo era pertinente, sino que era necesaria, como lo es en todo conflicto. Pero no es la crítica democrática y racional, la que hemos vivido. Hemos vivido una descompensación aterradora entre el ataque sistemático y desaforado a Israel, cuya imagen se ha arrastrado a niveles indecibles, como si nunca hubiera sufrido una matanza planificada y masiva -ni sufriera un intento permanente de exterminio-, y a la vez, un aplauso global, desacomplejado y entusiástico del terrorismo palestino. Las imágenes de las manifestaciones con banderas de Hamás en países democráticos, o de los campus universitarios persiguiendo a estudiantes judíos, o los miles de artículos comparando a los israelíes con los nazis, o el silencio de las feministas ante las violaciones masivas de mujeres israelíes, o las declaraciones de políticos irresponsables usando la guerra como puro oportunismo demagógico, todo lo vivido ha sido un atroz aplauso al mal. Al mal puro, el que es capaz de ahogar con sus propias manos a un bebé de nueves meses, en nombre de una causa.

No habrá tiempo en nuestro tiempo presente para pedir perdón al pueblo israelí, y al pueblo judío en general, por la maldad con la que los hemos tratado en el peor momento de su historia después del Holocausto. La solidaridad con el pueblo palestino es noble, como todas las causas que merecen ser escuchadas. Pero no lo es el aplauso a una ideología del mal que ha secuestrado la voz de los palestinos y los ha condenado a un futuro incierto. Hoy, 7 de octubre, no olvidemos quién empezó todo y qué quería provocar, al empezarlo. La ideología de la muerte solo tiene un pálpito: la muerte.

@RaholaOficial

Web: https://pilarrahola.com

Instagram: pilar_rahola/

No fue una elección, fue una paliza. Luiz Inácio Lula da Silva perdió el congreso, el senado, alcaldías grandes y pequeñas. Todo o casi todo. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, entra a una segunda vuelta como el virtual ganador. Sin objeciones y sin competencia.

Lula creyó que encarcelando a Jair Bolsonaro acabaría con el movimiento. Se equivocó. Lo hizo más fuerte. Mientras el presidente de 80 años se desgastaba políticamente sin solucionar el crimen, la violencia o la economía, el deseo de cambio crecía de forma imparable.

Cuatro miembros de la familia Bolsonaro se alzaron con victorias extraordinarias. Su esposa Michelle, sus hijos Carlos y Jair Renan, así como su hermano Renato Bolsonaro. El pueblo estaba claro que eran perseguidos políticos y esto generó una empatía desbordante.

Las encuestas mintieron. Lula estaba embriagado de poder y convencido de ganar en primera vuelta y en el peor de los casos en un balotaje muy favorable. Los encargados de tomar el pulso social jamás contaron con el hartazgo del pueblo y su grito silencioso por un cambio radical.

Lula agotó todos sus trucos. El populismo de recortar la jornada laboral, apostar al aumento de la bolsa familiar, incrementar salarios, prometer respetar la amazonia, los derechos LGBTI, etcétera. Nada funcionó. Lula no leyó las escrituras en la pared y cuando lo hizo fue muy tarde.

El mayor error de Lula fue subestimar a los brasileños. El pueblo había visto en carne propia la migración venezolana y el daño que el populismo podría causar, incluso al país con las reservas petroleras más grandes del planeta.

Ni Bukele, ni designación de terroristas. Lula y su política de mano suave con el crimen organizado habían fracasado en grande. Su apuesta por dialogar o reinsertar a la sociedad a criminales consumados era vista como una traición a la patria. Proteger al agresor y burlarse de las víctimas.

Y sí, el fenómeno Bukele tuvo su impacto. “Bukele nos inspira porque ha logrado uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y seguridad pública” dijo Bolsonaro. Al igual que en las últimas 8 elecciones el pulgarcito de Centroamérica impactó otro proceso electoral.

El discurso de soberanía y enemistad con Estados Unidos fracasó. El presidente Lula apostó todo a la lucha de clases y el antimperialismo, el rechazo del dólar y el uso del yuan. Nada más alejado de la tradición brasileña e incluso de muchos de sus seguidores.

Lula era el último dinosaurio del socialismo castrista. El Partido de los Trabajadores nació un año después de la revolución sandinista y Lula siempre fue admirador de Daniel Ortega. La idea del Foro de Sao Paulo nace en Managua durante el primer encuentro de Lula con Fidel Castro.

La derrota de Lula no es casual. Es el resultado de la ola de cambios que vive América Latina. El socialismo no es fuente de esperanza sino de espanto, de catástrofe y no de cambio. La gente quiere seguridad, prosperidad y libertad. Tres cosas que el socialismo no ofrece y jamás podrá dar.

* Arturo McFields es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Flávio Bolsonaro ha ganado a Lula da Silva la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y de repetirse este resultado en el balotaje del 25 de octubre, la derrota de Lula marcará el fin del principal gobierno para dictatorial de las Américas, caracterizado por la servidumbre a la dictadura de Cuba y a su expansión antidemocrática y delictiva en la región.

Luis Ignacio Lula da Silva fundó en 1990 de Foro de São Paolo como operador de Fidel Castro con el propósito de proteger y sostener la dictadura castrista en Cuba. En noviembre de 1989 había caído del Muro de Berlín y la Unión Soviética se desmoronaba hasta que se disolvió en diciembre de 1991, con lo que terminó la “Guerra Fría”, marcando el triunfo del capitalismo sobre el comunismo.

La dictadura de Cuba, bajo la narrativa de “revolución” fue la principal plataforma de la Unión Soviética en las Américas y sobrevivió como dictadura parásita del sistema comunista. La disolución de la Unión Soviética impuso el inicio del denominado “periodo especial” de la dictadura cubana, pero el efecto más importante fue el desfinanciamiento de las actividades terroristas, conspirativas, desestabilizadoras, guerrilleras y más que operaba Fidel Castro y su sistema de delincuencia organizada, que siguió operando como el primer narcoestado de la región.

Bajo mando de Lula, el Foro de Sao Paolo integrado por grupos terroristas como las FARC y el ELN, partidos y grupos de izquierda latinoamericana, ante la derrota del comunismo por el capitalismo, estableció como objetivo “la unidad de acción en la lucha antiimperialista y popular” y como estrategia la “multiplicación de los ejes de confrontación”, esto es la exacerbación de conflictos sectoriales, funcionales, regionales, raciales, de género y de todo tipo para deteriorar el sistema democrático.

El grupo no tuvo mayor influencia hasta la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999, cuando con el aporte del dinero y petróleo venezolanos malveresados por Chávez, del saber hacer criminal de Castro y el Foro de Lula, se inició la expansión de la dictadura cubana que hizo de Venezuela con Chávez y Maduro, Bolivia con Morales y Arce, Nicaragua con Ortega y Murillo, y Ecuador con Correa, dictaduras satélites bajo la denominación de socialismo del siglo 21 o castrochavismo.

La metodología de conspiraciones, desestabilización, golpes de estado, terrorismo, guerrillas, narcoterrorismo y todo tipo de crímenes contra gobiernos democráticos fue complementada por el financiamiento de candidatos para ganar elecciones y atacar la democracia desde dentro y así nacieron los “gobiernos para dictatoriales”, que son los “elegidos en democracia pero que sirven a regímenes dictatoriales para contribuir a su sostenimiento y permanencia con acciones de legitimación y apoyo, incumpliendo obligaciones jurídicas internacionales y perjudicando sus propios intereses nacionales”.

El siglo 21 que debió ser el de la democracia plena -porque se preveía el fin de la dictadura de Cuba- fue el de la expansión de la dictadura de Cuba con su antiguo operador Lula da Silva que llegó tres veces a la presidencia de Brasil desde donde desestabilizó gobiernos democráticos participando en su derrocamiento, sostuvo a las dictaduras ignorando las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, promovió y financió el caso de corrupción trasnacional mas grande de la historia regional llamado “Lava Jato”, encubrió y sostuvo los narcoestados y narcoterrorismo, cumplió y ejecuta la “lucha antiimperialista” a costa de la economía de Brasil, participa en el sistema esclavista de médicos que Cuba realiza y perpetra delitos que cubre con la impunidad del poder político.

Lula da Silva es el único fundador vivo del grupo Chávez-Castro-Lula que inició la destrucción trasnacional de las democracias en Latinoamérica y la guerra híbrida contra Estados Unidos, y es sin duda uno de los ejemplos más evidentes de cómo en -la primera cuarta parte de este siglo- la delincuencia organizada ha suplantado la política en Latinoamérica bajo el rótulo de socialismo del siglo 21.

El socialismo del siglo 21 ha perdido sus gobiernos para dictatoriales en Argentina con los Kirchner, en Paraguay con Lugo, en Uruguay con Vasquez, en Perú con Toledo, Humala y Castillo, en Salvador con Funes y Sanchez, en Honduras con Castro, en Chile con Bachelet y Boric, en Colombia con Petro y más. Hoy solo le quedan dos, el de México con Sheinbaum y el de Brasil con Lula, pero la importancia de Lula es que se trata del jefe en ejercicio del grupo delictivo y que usa el poder y la economía de Brasil para continuar su agenda de violación impune de derechos humanos.

El principal gobierno para dictatorial de las Américas está en Brasil con Lula y su final modificará el perverso rumbo en que ha puesto al pueblo brasilero, acelerará el final de la dictadura de Cuba, cesará la intervención de democracias de la región y el entreguismo a dictaduras extra hemisféricas como China, Rusia, Irán y más.

* Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

¿Hasta cuándo? Esta semana fue ilustrativa del tema de esta columna. El miércoles 30 de septiembre, el vuelo FZ1073 de Flydubai viajaba de Dubái a Tel Aviv con sus tripulantes y 172 pasajeros, cuando el copiloto “inició la ejecución de un atentado atacando al capitán indio Smit Machchhar con un hacha de emergencia”, según estableció el fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos, hoy, el país árabe más cercano a Israel. La idea era estrellar el avión mediante acto suicida, idealmente en territorio israelí. Sin embargo, la acción heroica del capitán herido y de valerosos pasajeros produjo el verdadero milagro de que se lograra estabilizar la nave y aterrizarla en Tabuk, Arabia Saudita, sin víctimas que lamentar.

Final feliz, pero no para todos. Conocidos medios como CNN, la BBC y prensa tradicional, mucha de ella prestigiosa, sembraron todo tipo de dudas sobre lo ocurrido, reduciéndolo todo a un “altercado” entre el piloto y su copiloto, omitiendo el carácter terrorista, que además recordaba la tragedia del vuelo 93 que se estrelló el 11/9 en Shanksville, Pensilvania, y donde la acción de pasajeros héroes evitó lo que tenía como objetivo atentar contra la Casa Blanca. Para mí, esa sorpresa se unía a lo que en forma abrumadora se leía en las RRSS: teorías conspirativas de todo tipo, culpando a Netanyahu y repitiendo todo lo que se ha dicho de Israel desde el 7-X 2023.

La pregunta es hasta cuándo le va a seguir pasando a Israel, ya que le viene ocurriendo desde hace tiempo, y ha empeorado desde la invasión de Hamas, por lo que como país no ha reaccionado bien ante esta ofensiva en su contra, y a todo nivel.

Aunque yo prefiero usar el termino judeofobia, antisemitismo se ha usado por más tiempo para explicar y describir lo que ocurre. No es el gobierno de derecha de Netanyahu, ya que esta situación la ha vivido Israel desde su Declaración de Independencia el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente comenzó la invasión de los ejércitos de cinco países árabes y en paralelo la deslegitimación comunicacional, a pesar de que la orientación política de ese primer gobierno era de izquierda.

No era ese el problema como tampoco lo es ahora, que se vive un nuevo antisemitismo o judeofobia con ataques surtidos contra los judíos a través del mundo, especialmente en Europa. Dada la magnitud de la amenaza, todo parece empeorar antes de mejorar y no se aprecia una reacción al nivel de lo que ocurre, ni de Israel ni de comunidades judías como la estadounidense.

Situación que coincide con lo vivido en los últimos años, ya que después que Israel fuera invadido el 7-X vivió una guerra en 7 frentes bélicos que en definitiva fueron 8, ya que su desempeño fue bueno en lo militar, pero fracasó en el octavo, donde fue derrotado en la Guerra de Propaganda, con efectos de todo tipo. Además, se trata de un escenario que también está en evolución, donde es llamativo que después de EEUU, con quienes Israel parece hoy entenderse mejor es con los países árabes mientras que se deteriora su relación con Europa, Canadá y Australia, donde muchos gobiernos profundizan su distanciamiento a medida que avanza la cercanía con los países árabes, en ninguno de los cuales surgió después del 7-X lo que floreció en Occidente, ya que en las calles árabes no se dieron o se autorizaron las manifestaciones de odio que surgieron en las calles de Paris, Londres, Toronto o Sídney como tampoco en las universidades árabes se vio lo que ocurrió en instituciones de élite de EE. UU. donde se permitió movilizaciones que no se daban desde la Alemania de los 30, con ataques a estudiantes y profesores judíos en residencias y lugares de estudio como bibliotecas.

Es en ese sentido que lo que se ha observado y que parece seguir creciendo es un antisemitismo similar al viejo, solo que en vez de perseguir la religión o la “raza” se hace ahora con el Estado al que se culpa de lo que ocurre, incluyendo la ONU, y gobiernos como los de España e Irlanda, que lo descalifican en forma muy semejante a la Liga Árabe del siglo pasado o la UE que recuerdo en su actitud contra Israel a la extinta URSS.

En mi caso, siempre me pregunté cómo fue posible que ocurriera en Alemania lo que culminó en la Shoah, el Holocausto, y he encontrado una respuesta tentativa en lo que he visto aparecer en los países occidentales en los últimos años, ya que solo a judíos se ataca y no a personas de otros países, culturas o religiones, ciudadanos de países involucrados en los múltiples conflictos que existen, algunos con mayores cantidades de muertos. Estoy convencido que la serpiente de la judeofobia abandonó su nido, está desplegada en todo occidente y que Israel es el factor diferente, y el único motivo por el cual el Holocausto no se repetiría nuevamente.

¿Qué hacer? Creo que Israel debes reaccionar en forma distinta. De partida, su Hasbará no ha dado buen resultado, palabra que en hebreo utiliza el Estado para referirse a sus “estrategias de diplomacia publica, comunicación y defensa de su imagen a nivel internacional”. Eso ha fracasado como tampoco ha tenido un resultado favorable el esfuerzo hecho en redes sociales, ya que en general es reactivo, y por fundamentado que esté, aterriza en un terreno que ha sido abonado con las acusaciones de “apartheid”, “genocidio”, “asesinato de niños” y similares. Además, a veces no es el mensaje que el destinatario elegido desea escuchar, tal como ocurre en occidente, cuando se destaca que los niveles de tolerancia, bienestar y democracia son similares a EE. UU. y países europeos, cuando en la sociedad y en las universidades hay sectores, que precisamente rechazan esos valores y prefieren tomar otras banderas, a veces similares a las esgrimidas por Hamas o los ayatolas iraníes.

Sobre todo, ya dejó de ser problema de “imagen” o relaciones públicas, sino que es un problema de seguridad nacional, toda vez que ya ha afectado la conducción política y hasta decisiones bélicas cuando este clima ha perjudicado el avance militar.

Dada la actual división y polarización política interna, el momento no parece bueno, pero creo urgente que Israel aborde la situación existente a nivel de Estado y concediéndole prioridad, toda vez que un país que ha sido tan exitoso en otras áreas debe proponerse crear algo similar a un Sistema de Influencia Estratégica con funcionarios responsables, cuyo director nacional debiera nombrarse con intervención no solo del ejecutivo sino también de los otros poderes. La persona elegida debe tener no solo conocimiento, sino también la capacidad de movilizar los diferentes ámbitos que se necesitan. Por un lado, internamente las distintas instituciones y ministerios como también a nivel exterior al Estado, los distintos saberes, redes y comunidades.

Para no repetir experiencias fracasadas, debe tener acceso directo al primer ministro, y debe actuar con gran independencia, además de recibir el suficiente apoyo presupuestario. En otras palabras, para establecer líneas estratégicas a nivel internacional y nacional, en vinculación con las distintas agencias gubernamentales, debe asegurarse que, en tiempo de crisis, el mensaje sea uno solo y no sea cuestionado, por lo que, para todos los efectos, la situación actual es tan seria, que este organismo no debe ser menos que el Mossad o el ShinBet, en lo que a relevancia burocrática se refiere, aunque, por cierto, sus labores difieren de la lucha antiterrorista.

Incluso, en tiempos de crisis su estrategia debe relacionarse con los portavoces de las Fuerzas de Defensa, y asegurar algo que hasta el minuto no está funcionando, la coordinación del mensaje, ya que en un mundo interconectado y de información múltiple e instantánea, junto a lo militar, es notoria la necesidad de tener eficiencia en la campaña de diplomacia pública como también de enfrentar las teorías conspirativas, la globalización de la intifada, la instalación de la instrumentalización de la justicia internacional, con una acción preventiva y oportuna a nivel de organizaciones internacionales y organismos jurídicos en el extranjero.

Si Israel posee tanto éxito en inteligencia, es llamativo que no haya sido capaz de utilizar tan valiosa información para enfrentar a quienes son derrotados en el campo de batalla, pero dominan la ofensiva comunicacional contra Israel. El desafío es, por lo tanto, innovar, no insistir en la utilización de caminos que no conducen a ninguna parte, y utilizar los recursos humanos que se poseen, esta vez, en una estrategia que sea, a la vez, sistemática y eficaz, accesible en todas partes, con un formato que sepa como narrar el relato, que entregue a la vez emoción y razón, que sea entendible para distintas audiencias y pueda ser presentado en distintos lugares y niveles.

Fundamental será también que sea comunicado en todos los idiomas que sea necesario, donde el árabe debe ser tan importante como el inglés, siempre con la verdad de los hechos como sello distintivo, pensando que hoy el poder es variado y se construye en diferentes instancias, donde a veces lo gubernamental es secundario, sobre todo, en momentos en que se inicia la era de la inteligencia artificial, donde Israel lo tiene todo, incluyendo los recursos humanos para sobresalir.

Decir que el antisemitismo o la judeofobia siempre ha existido no es argumento suficiente como tampoco es aceptable que a Israel se le castigue o critique por todo lo que hace y por todo lo que deja de hacer. Del mismo modo que el odio a los judíos sea aquel donde la víctima sea siempre culpable, recreándose en cada generación y reproduciéndose los líbelos de sangre del medioevo, ahora presentados como “asesinatos” de niños que Israel cometería deliberadamente .

Lo anterior así transcurre, pero más útil para Israel es recordar que a propósito del avión de Flydubai, hace poco, el 4 de julio se cumplieron 50 años del rescate de Entebbe que fue recibido con aplausos por los mismos medios que hoy no dicen la verdad como también la victoria bélica en la Guerra de los Seis Días, fue bien recibida y hubo una corriente de simpatía en los mismos países occidentales que hoy no solo hay distanciamiento, sino negativa a aceptar que Israel también tiene derecho a defenderse y a ganar, ya que son guerras que no ha iniciado.

Nunca en la larga historia del pueblo judía ha existido una sociedad tan exitosa, consolidada y próspera como el Israel actual, que no solo destaca en lo militar, sino por una diversidad de áreas como lectura y cantidad de libros, innovaciones tecnológicas, descubrimientos científicos, además de orquestas sinfónicas, ballé y teatro, el único país donde los judíos son mayoría, pero donde existe plena integración de las minorías árabe, drusa y beduina, el único en el medio oriente donde el número de cristianos aumenta.

La historia judía está íntimamente vinculada a Israel como también es cierto que Israel renace como Estado moderno en 1948 con el mismo pueblo, el mismo idioma y con la misma religión mayoritaria en el lugar donde nunca dejaron de estar, toda una hazaña en la historia de la humanidad. Antes del Israel moderno estuvo el Mandato británico, después del Imperio otomano, del mismo modo que previamente existió el reino cristiano de Jerusalén, el imperio Omeya, el Bizantino, el romano, el imperio de Alejandro Magno, el imperio persa, solo por mencionar algunos, pero nunca, ninguno con el sentido de permanencia del antiguo y moderno Israel y toda su historia, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Israel es el primer y más antiguo estado nación en la historia, por lo tanto, una población auténticamente originaria. Hace pocos días, desde el anochecer del 11 al 13 de septiembre 2026 los judíos celebraron su Año Nuevo número 5787; su relato histórico es uno continuo, sin interrupciones de ninguna naturaleza por más de 3.500 años. Lo único comparable es su contraparte, aquellos que odian a los judíos, el antisemitismo, la judeofobia de aquellos que nunca cambian de opinión en este tema como Sánchez en España, Petro en Colombia o Boric en Chile. Ninguna novedad, ya que mucho antes del sionismo, mucho antes de los ayatolas, dos milenios y medio tiene el decreto donde Aman, visir del imperio persa había decidido su propia solución final al “problema” judío, ya que ordenaba matarlos a todos, según el relato bíblico del Libro de Ester.

Hoy, los antisemitas dicen ser “antisionistas” lo que es una mentira mayor que las de Geobbels y de Hitler, ya que el sionismo no es otra cosa que un movimiento de liberación nacional, la idea, que al igual que otros pueblos, los judíos debieran tener derecho a su propio Estado, situación que entre los 193 países que integran la ONU, es el único al que le es negada. El ataque a Israel no es por lo que ha hecho o ha dejado de hacer, ya que lo que se busca es su deslegitimación, desde el momento que ningún otro país recibe tantas condenas, en algunos años, más de la mitad de las que genera el sistema de la ONU en un año promedio.

Los ataques vienen de todos lados, incluyendo académicos, artistas y también activistas del wokismo y del progresismo, como antes venían desde la derecha, sobre todo, aquella de raíz religiosa, aunque no hay que olvidar que en el pasado recibió amplio apoyo de la hoy emproblemada socialdemocracia centrtista, como también tanto EE. UU. como la URSS concurrieron al apoyo a la creación de Israel en 1948.

Es una mentira que no existe un Estado palestino exclusivamente por maniobras de Israel, cuando en verdad fue por la negativa y rechazo, primero de los países que integraban la Liga Árabe, después por rechazo de la dirigencia palestina a las diversas propuestas de paz que han sido ofrecidas, incluyendo aquella donde Arafat rechazó una en Camp David según ha relatado el expresidente Clinton que estuvo presente. Estoy convencido que ahora que se trabaja en un acercamiento cada vez mayor entre los países árabes sunitas e Israel, la posibilidad del Estado Palestino será repuesta, solo que ojalá no vuelva a ser rechazada, ya que, en las varias negociaciones, siempre ha fallado el socio para que firme la paz con Israel como Estado judío.

Son otros los que ocupan el 99,6% del medio oriente ya que Israel es solo el O,4%, con una superficie no más grande que la de Nueva Jersey. En su lucha por la sobrevivencia, es llamativo que de los muchos pueblos que son mencionados en la Biblia, casi todos desaparecieron de la historia, incluyendo poderosos imperios del pasado, y a diferencia de otras culturas o religiones, los judíos no tienen proselitismo, a pesar de ser solo el 0,2% de la población mundial y que todavía no recuperan la población anterior al Holocausto. Lo que siempre se ha buscado es respeto a una forma diferente de ver al mundo, que desafortunadamente ha resultado difícil de encontrar.

Buena parte del Medio Oriente es hoy consecuencia de la expansión del islam, que los llevó junto con la arabización, desde La Meca a buena parte del mundo entonces conocido, afectando también a los cristianos, ya que en esa región vivían los primeros que aceptaron el mensaje de Jesús, que todavía se conserva en la región en un porcentaje minoritario de quienes se mantienen hoy como coptos en Egipto o en Siria. Tambien está el caso de los seguidores de una religión monoteísta tan antigua como el zoroastrismo persa, hoy reprimidos en Irán por la dictadura de los ayatolas chiitas.

En la historia de los judíos también ha existido tragedia cuando más seguro se sentían, no solo en Alemania que fue un caso extremo, un holocausto nunca igualado, sino también en España 1492 con la expulsión y el exilio de los sefaraditas. En ambos casos, el dolor se presentó también en mi familia.

El desafío que tiene por delante Israel no es menor, pero tampoco irremontable para un país que ha tenido éxito en otros retos similares y que figura en buen lugar en los rankings de desarrollo humano, bienestar, ingreso per cápita, innovación, patentes, ciencia y tecnología, salud y expectativa de vida, entre otros.

Sin embargo, esta tarea es también para las comunidades judías, principalmente la de EE. UU., que, por tradición y recursos se le puede exigir más, aunque lo que ocurrió en las universidades es un desmentido al falso “poder” que le atribuían, tal como lo argumenté en un libro reciente (1). Creo que el desborde de antisemitismo fue tan inesperado que les costó reaccionar, y ahora, tengo la impresión de que no están haciendo lo suficiente para un futuro cercano, que en la relación con Israel se ve complicado el año electoral 2028. Sigo creyendo que se debe imitar la forma como reaccionan los afroamericanos cuando existe un mensaje racista contra ellos, incluyendo la necesidad de confrontar el daño de aquellos de apellido judío que por razones religiosas o políticas aparecen apoyando manifestaciones en contra de Israel, enfatizando que se representan a sí mismos, pero no a la comunidad.

La relación de los judíos con Israel es central para un futuro que no se ve promisorio, y la historia muestra que la judeofobia no es problema solo de los judíos, ya que ese odio siempre ha sido el presagio, cual canario en la mina, para grandes catástrofes, y solo ahí hay reacción del resto de la sociedad.

El Medio Oriente ha sido tierra de fanatismo, pero también de milagros. He ahí mi confianza en un futuro de cercanía y hasta alianza entre Israel y los países árabes sunitas, y de una reacción a la altura de su historia de la comunidad judía de EE. UU. para que vuelva a ser el estándar mundial en representación.

1. Ricardo Israel, En Defensa de Israel, Amazon, 2025

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho, (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

En Venezuela se está desarrollando un proceso de negociación singular, en el que ambos bandos parecen recibir órdenes de un único interlocutor externo. Esto plantea una pregunta: si ambas partes reciben instrucciones de la misma fuente externa, ¿por qué no logran llegar a un acuerdo con mayor rapidez? ¿Por qué no construir un proceso basado en principios éticos y resolver los problemas relacionados con el déficit democrático y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela?

Quizás el problema sea algo más complejo —dado que todas las cuestiones venezolanas están sumamente entrelazadas— y estos procesos adolecen invariablemente de los mismos defectos, las negociaciones se estancan en asuntos secundarios, aun cuando el tratamiento de estos puntos accesorios influye en las posibilidades de resolver los problemas prioritarios. En lo que respecta a estas cuestiones secundarias, los negociadores a menudo se dejan absorber tanto por la dinámica del régimen que terminan reproduciendo patrones de violación constitucional e infracción de las normas internacionales vigentes en materia de democracia y derechos humanos.

Ya estamos en octubre; no solo no se han celebrado elecciones, sino que ni siquiera se ha fijado una fecha; está claro que no se vislumbra ningún plazo electoral en el horizonte. Con la perspectiva que dan diez meses, resulta evidente que fijar la fecha de los comicios ahora —en octubre— difiere considerablemente de haberla fijado en enero o febrero. Si la fecha se hubiera establecido antes, el calendario electoral se habría convertido en la prioridad, en lugar de ser la supervivencia del régimen delciniano la prioridad. Esta situación ha hecho que los negociadores pierdan su legitimidad. Se trata de un punto muy grave, pues la situación es muy distinta cuando las partes implicadas llegan a esta etapa careciendo de legitimidad. Los representantes del régimen, por su parte, adolecen manifiestamente de todas las formas imaginables de ilegitimidad en cuanto a origen. Llevan años usurpando el poder. Ya en 2017 se constató una ruptura del orden constitucional en Venezuela; desde entonces, la reelección de Maduro —así como cualquier proceso electoral posterior, ya fuera nacional o subnacional— ha estado marcada por la ilegitimidad. Por otro lado, la otra delegación se enfrenta al siguiente problema: el mandato para el que sus miembros fueron elegidos inicialmente expiró hace mucho tiempo y, en los últimos ciclos electorales —ya se tratara de primarias o de elecciones nacionales—, no han desempeñado ningún papel significativo en la percepción pública, es decir no han marcado significativamente desde el punto de vista electoral.

Otro aspecto negativo tiene que ver con la cuestión de los presos políticos. Para cualquier negociador serio, exigir la liberación de todos los presos políticos debería ser algo evidente; sin embargo, siguen utilizándose como moneda de cambio. Hay más de 400 en Venezuela, incluidos, por supuesto, militares que optaron por defender la Constitución en lugar de obedecer al narco-dictador; en realidad, estos soldados siguen expuestos a las peores represalias y abusos. Todo ello por haber tomado una decisión mucho más valiente que la de muchos líderes políticos latinoamericanos que se escudaron tras el narco-dictador.

Esto genera, naturalmente, una incertidumbre constante entre los miembros de la oposición venezolana que buscan una solución para su país: una solución que conlleva necesariamente un cambio de régimen. A este respecto, desconozco cuándo arraigó la idea distorsionada de que los cambios de régimen son reprobables; sin embargo, no deberían considerarse tales cuando se transita de la dictadura a la democracia, sino únicamente en el caso inverso: es decir, el paso de la democracia a la dictadura. No obstante, debido a una peculiar lógica regional y a la falta de ética de gran parte de la clase política, este concepto ha derivado en una paranoia —lo opuesto a lo que debería ser— y contradice lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por supuesto, si esta negociación se hubiera basado en un mínimo de ética y guiado, aunque fuera brevemente, por principios morales, ambas partes —incluido su interlocutor distante— ya habrían facilitado el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Nada de esto ha sucedido; y aquellos de nosotros que hemos tenido que afrontar el “lodazal” de la política sin mancharnos las manos debemos comprender, tal vez, que otros carecen de tales escrúpulos y que, al participar en esta lucha, se ensucian tanto como pueden. En este sentido, asistimos a situaciones verdaderamente extraordinarias: ambas partes negociadoras, junto con su contraparte distante, parecen estar de acuerdo en violar la Constitución venezolana mediante el nombramiento de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Al hacerlo, desprecian los juramentos prestados —conforme a la Constitución— ante la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015; juramentos que garantizaban a estos magistrados un mandato de doce años a partir de 2017. Considero que los negociadores deberían preocuparse por no vulnerar la Constitución de su país, tal como aparentemente se cuida no violar la de Estados Unidos.

La Constitución venezolana ha soportado toda suerte de atropellos y violaciones a manos de dictadores, pero también —cuando la ocasión lo propició— a manos de aquellos que, en algún momento, sirvieron a sus intereses. Algunos actuaron por puro oportunismo, pues el mundo empresarial es cruel y despiadado, y los intereses económicos y financieros derivados de los recursos de Venezuela han generado, sin duda, fortunas para muchos. Otros cedieron bajo coacción: el miedo no es tonto y engendra ira; por ello, es comprensible que quienes fueron amenazados o presionados terminaran cediendo. En cuanto a aquellos que fueron tomados como rehenes por la dictadura, encarcelados por motivos políticos o torturados, resulta comprensible que —aun sabiendo que tales prácticas no deberían regir el juego político— optaran en algún momento por colaborar de una manera que hirió profundamente a quienes respetaban su integridad y su trayectoria política. Sin embargo, esto sigue ocurriendo, porque vivimos una época en la que los negocios en Venezuela tienen gran peso: así como la miel atrae a las moscas, la miel del dinero ha atraído siempre a las moscas de la política. Así como los bolichicos y especies semejantes que medraron siguen haciéndolo. Es cruel, pero es la realidad.

Hemos constatado que la falta de representatividad de los negociadores permanece inalterada; resulta, cuanto menos, sorprendente que se elija para negociar a personas que representan —quizás— aún menos votos que el propio régimen. No obstante, esto no supondría un problema si demostraran firmeza; si, a falta de un mandato emanado de las urnas, asumieran al menos el papel de defensores de los intereses éticos del pueblo venezolano.

Exijo un nivel mínimo de exigencia ética: sencillamente, la posibilidad de que los individuos antepongan su propia dignidad a las instrucciones que reciben o a los intereses económicos surgidos, sin legitimidad alguna, de una dictadura. Vemos a políticos revolcarse en el barro para entretener a quienes se han beneficiado de la manera más abyecta de lo que pertenecía al pueblo venezolano: no solo el petróleo o los minerales raros, sino también la libertad de cada venezolano y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Luis Almagro / Instituto CASLA

El arte de la guerra según Sun Tzu establece que el objetivo principal consiste en alterar la realidad ante los ojos del adversario, aparentar debilidad cuando se es fuerte, mostrar cercanía cuando se está lejos u ofrecer un cebo irresistible. Ahora, al parecer, los rusos hacen una libre adaptación y componen soldados que no lo son.

El arte del engaño a través de medios digitales no deja de sorprendernos. En la última década, la trata de personas ha experimentado una profunda transformación impulsada por crisis globales, la digitalización del delito y cambios en las modalidades de explotación. Los datos globales muestran un aumento del 25% en el número de víctimas en comparación con los niveles previos a la pandemia.

El “Cyber-trafficking” es el vehículo que motoriza, a través de las redes sociales, la captación digital. Falsas ofertas de empleo en plataformas web y videojuegos online han sustituido, en gran medida, al reclutamiento físico directo. Luego, la explotación remota, especialmente la sexual, y los fraudes económicos financieros se realizan ahora en entornos controlados por cámaras frente a plataformas de internet, multiplicando el alcance de los delincuentes sin fronteras físicas.

Organizaciones dedicadas al fraude digital articulan con redes internacionales de trata de personas, engañando a ciudadanos extranjeros con falsas ofertas de trabajo en Rusia. Este esquema de fraude afecta principalmente a personas de Cuba, India, Nepal y varios países de América Latina como Argentina, Perú o Colombia, captados principalmente por necesidades económicas.

Propuestas de trabajo supuestamente legítimas, beneficios irrenunciables, traslados, viáticos y permisos: las agencias de empleo se ocupan de absolutamente todo. Suele tratarse de posiciones en tareas de logística, seguridad privada, manejo de maquinaria o construcción. Promesas muy atractivas que incluyen salarios elevados, superiores a los USD 2.000 mensuales e incluso la obtención rápida de la ciudadanía rusa.

Lamentablemente, las víctimas terminan forzosamente reclutadas por el ejército ruso para combatir en la guerra contra Ucrania. La oferta y captación tiene como vehículo central a las redes sociales: Facebook e Instagram son el ámbito de reclutamiento en combinación con WhatsApp y Telegram.

En Rusia, las víctimas sufren la retención de sus pasaportes y documentos de identidad, y son obligados bajo engaño a firmar contratos redactados en ruso, asegurándoles que se trata de permisos de trabajo y formalidades relativas al acuerdo económico. Sin saber, están en realidad suscribiendo un contrato de alistamiento militar con el Ministerio de Defensa ruso. Tras un breve entrenamiento militar, los ciudadanos extranjeros son trasladados directamente a las zonas de combate en Ucrania.

Cuba es uno de los focos principales en América Latina. El propio gobierno cubano reconoció la desarticulación de una red que operaba desde la isla para reclutar jóvenes de forma ilegal. En Perú y Argentina, familiares de víctimas han realizado protestas frente a la Embajada de Rusia: más de 120 peruanos viajaron engañados por supuestos empleos y terminaron incomunicados en el frente de combate. En India y Nepal, los gobiernos han emitido alertas oficiales y exigido a Moscú la baja y repatriación de sus ciudadanos, tras confirmar que decenas de ellos fueron traficados bajo la promesa de ser “equipo de apoyo” en el ejército y terminaron en primera línea de combate.

El autor es CEO y fundador de la consultora de ciberseguridad BTR Consulting.

¿En qué momento de extraña inconsciencia aceptamos que los Bardem y las Sarandon de turno decidieran qué se puede pensar y qué se puede opinar? ¿Cuándo permitimos que los groupies de moda al estilo Swifties Against Genocide se convirtieran en la nueva inquisición del pensamiento? ¿Qué delirio nos llevó a creer que los Macklemore cualquiera eran cualificados expertos en geopolítica? ¿Qué brújula ética rota nos hizo suponer que todos estos fueran los guardianes de la moral ideológica?

Se está creando una nueva Stasi de las ideas que se ha autonombrado como censora universal de la libertad de expresión. Una Stasi que habita fuera de las reglas de juego que nos hemos impuesto como civilización, indiferente a las leyes que marcan los límites del juego democrático. Por supuesto, toda esa marabunta de dioses menores coincide en dos principios básicos. El primero: profesar la nueva religión del palestinismo, cuya fe obliga a practicar contra el estado hebreo un odio puro, sin matices ni ambages. Y el segundo: negar que sean los principales responsables del odio judeófobo que campa por el territorio viral sin ningún sentido, ni control. Por supuesto, todos repiten la vieja letanía del “amigo judío” que les impide ser antisemitas, porque lo suyo es el antisionismo y bla, bla, bla. Lo cual es una contradictio in terminis, porque ser antisionista es negar el derecho de Israel a su existencia, es decir, negar al pueblo judío, sometido a la persecución secular y al intento masivo de exterminio, la posibilidad de tener un escudo que los defienda. No nos vendan el pescado podrido: convertir a Israel en la madre de todas las maldades, focalizar todos los conflictos del mundo en uno solo, negar las razones de Israel para defenderse y banalizar las atrocidades del terrorismo solo tiene un viejo, conocido y letal nombre: antisemitismo. Como metáfora, el aberrante ejemplo del gobierno español, que se niega a coincidir con Israel en el festival musical de Eurovisión, pero se siente feliz con la compañía de Irán en el mundial de fútbol. Negar el antisemitismo de todas estas prácticas es una tomadura de pelo monumental que no aguanta ni un segundo de reflexión. Solo hace falta observar cómo han aumentado las agresiones contra los judíos en todo el mundo para entender de dónde surge la fuente que alimenta al odio.

Sin embargo, todo lo que está ocurriendo no se queda solo en el antisemitismo, porque la censura y el boicot contra determinadas personas públicas no solo es por su condición judía, lo cual es muy relevante, sino por las ideas que defienden, más allá de su identidad. De ahí que algunos que no somos judíos, suframos el mismo boicot. Es decir, no solamente son judíos, sino que se perciben como “judíos malos”, y es ahí donde el mundo se divide entre el director de Naza Yuval Abraham y la cantante Pink. Es decir, entre el judío bueno que hace una película contra el ejército de Israel y defiende de las tesis de los gurús anti israelíes, y la judía mala que recuerda el drama del 7 de octubre y afea el negacionismo del Free Palestine. El caso de la escritora argentina Ariana Harwicz es especialmente significativo. A pesar de que su condición judía, expresada sin complejos ni tapujos, pesa a la hora de tomar partido en estos tiempos maniqueos y desquiciados, lo cierto es que la persiguieron no por ser judía, sino “judía mala”. Si Harwicz hubiera comprado las tesis del “genocidio” y sus declaraciones hubieran pasado el filtro del “bardenismo” (Bardem crea escuela), habría sido presentada con loor de multitudes y los 25 minutos de aplausos para Naza en Venecia se habrían quedado cortos. Pero Harwicz tenía opinión propia, se había pronunciado en contra del boicot cultural a Israel y sus declaraciones fueron inmediatamente tipificadas como “justificación del genocidio”, una vez queda impuesto y fuera de todo debate, el concepto del genocidio. Este es el punto: Harwicz pensaba libremente sobre el conflicto, y está prohibido tener otra opinión que no sea la que imponen los gurús de la censura. Por cierto, en este punto, caiga para siempre la vergüenza sobre Camila Sosa Villada y el resto de compatriotas de Ariana Harwicz que han defendido el boicot.

La escuela de Bardem, es decir el “bardenismo”, no persigue a los judíos en general. Para eso ya están los miles de descerebrados cuya diarrea mental se esparce por las redes, las universidades, los campos de fútbol, los discursos políticos y por tantos otros rincones oscuros. Lo que persigue el bardenismo es la libertad de pensar, de interrogarse y de llegar a conclusiones que no cuadran con el pensamiento único impuesto. El proceso para derrotar el pensamiento libre es preciso y minucioso: primero se niega toda complejidad al conflicto. Simplificada y vulgarizada la situación, se impone una conclusión cerrada que no admite discusión: la guerra no es una guerra, es un genocidio. Y con las palabras mayores impuestas por doquier, sin pruebas, ni sentencias, ni nada que lo avala, se persigue a quien no acepte la conclusión como una fe inamovible. A Harwicz y a Pink y a muchos otros se les ha puesto la estrella de David en el brazo no solo por ser judíos -que ya es un plus-, sino por no convertirse en delatoras del estado que nació para defenderlas. Al judío público, a las Pink y las Harwicz se las obliga a pronunciarse en contra de Israel, como una penitencia para perdonar su judeidad. El judío domesticado es el único judío bueno. Pero si ese mismo judío habla del 7 de octubre, del terrorismo, del derecho a la defensa, del antisemitismo que sufre, y alza la voz propia contra el pensamiento impuesto, entonces es el judío malo: un señalado, un apestado, un proscrito.

Javier Bardem, Susan Sarandon, el sabio Macklemore, los ruidosos Swifties del Against Genocide, son la nueva policía del pensamiento, herederos de todos los inquisidores de todos los tiempos que intentaron matar el derecho a pensar, a disentir y a atreverse a expresarlo. Se venden como almas solidarias, pero son vulgares censores, tan cobardes, que necesitan imponer, perseguir y señalar, antes de admitir el debate. Son simplemente lo que parecen: una policía religiosa adscrita a la nueva fe del palestinismo.

@RaholaOficial

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Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Dr. Lin Chia-Lung, publicó un artículo en el cual llama la atención respecto del lugar que corresponde a Taiwán en el mundo libre y lo que ello verdaderamente significa para el concierto internacional de naciones. Esto no es solo un ejercicio de diplomacia pública, sino una advertencia estratégica dirigida a una comunidad internacional que corre el riesgo de naturalizar una de las distorsiones jurídicas más consecuentes de nuestro tiempo.

El ministro señala con precisión que la Resolución 2758, aprobada en 1971, que aborda únicamente la representación de China en la ONU y cuyo texto no menciona a Taiwán, no determina su estatus político ni aborda su participación en el sistema de la ONU. Sin embargo, Pekín tergiversa maliciosamente el significado de la Resolución y lo confunde con el llamado “principio de una sola China”, que hoy se invoca para excluir a Taiwán de organismos multilaterales, o que incluso implicó su discriminación durante la Pandemia de Covid-19, privando a la isla de recibir cooperación directa y formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su exclusión del organismo por presiones políticas de China.

Taiwán no es miembro de la OMS ni participa como observador en la Asamblea Mundial de la Salud, lo que generó que se ignoren sus advertencias que podrían haber evitado pérdida de vidas. En diciembre de 2019, Taiwán envió un correo electrónico a la OMS advirtiendo sobre la transmisión atípica del nuevo coronavirus entre humanos, pero el organismo no difundió esta alerta a otros países. La negación de contacto por altos funcionarios de la OMS, que evitaron reconocer abiertamente la colaboración o el intercambio de información con expertos taiwaneses, ante la presión de Pekín, implicó la evolución de la que ya todos conocemos sus consecuencias.

Esto no es un tecnicismo diplomático. Es un caso de manual de lo que en teoría del derecho internacional se conoce como reinterpretación por acumulación de práctica, cuando un Estado repite una lectura política de un texto jurídico hasta que esa lectura, por mera reiteración, adquiere apariencia de norma consuetudinaria pero no tiene siquiera el valor del ius cogens.

El canciller taiwanés en el propio artículo lo advierte, y de no ponerse freno, esta distorsión podría sentar un precedente peligroso y servir de pretexto para acciones futuras en el Estrecho por el que transita gran parte de la mercadería que consumimos cotidianamente.

Para América Latina, esto debería resonar más allá de lo abstracto. Nuestra región conoce bien las consecuencias de permitir que la fuerza de los hechos consumados sustituya al derecho -lo hemos visto en controversias territoriales y marítimas propias. Defender la letra estricta de la Resolución 2758 es defender el principio de que ningún texto de la ONU puede ser reescrito por vía de interpretación unilateral, sin importar quién sea el intérprete.

Taiwán y la ONU: inclusión, credibilidad y confianza en el orden internacional

Como bien dice el ministro Lin Chia-Lung, ninguna reforma de credibilidad institucional puede completarse mientras se mantenga excluido a un actor que cumple, en los hechos, con los estándares de responsabilidad internacional que la propia ONU dice promover. Indudablemente, Taiwán debe ser concebido como miembro -de mínima observador- de varios órganos y organizaciones.

La credibilidad institucional no se mide solo por los miembros que integran dicha organización. Sobre todo, se mide por la coherencia con que se aplican las normas a todos por igual. En ese sentido, invocar la Carta de la ONU para condenar el uso de la fuerza en un continente, mientras en otro se tolera su tergiversación para excluir a un miembro pacífico y de la organización, es administrar excepciones según conveniencias geopolíticas y tomar posición. Esa incoherencia es, en última instancia, lo que erosiona la confianza que el propio presidente electo de la próxima 81ª Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, dice querer restaurar.

Es lógico que quienes aspiran a ocupar la Secretaria General no se expresen en este sentido, por temor al veto en el Consejo de Seguridad, pero deben tener esta inquietud desde la prensa libre con defensa de valores, por el sólo principio de realidad

Por qué la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán también importan a América Latina

Otro planteamiento del ministro taiwanés es económico y logístico antes que político, puesto que el Estrecho de Taiwán es una arteria esencial para las cadenas de suministro globales, y su estabilidad ha sido reconocida explícitamente por el G7 y por foros ministeriales entre Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

América Latina rara vez se piensa a sí misma como parte interesada en esa ecuación. Es un error de percepción que debemos corregir. Una interrupción prolongada del tráfico marítimo por el Estrecho -o, en el escenario más severo, un bloqueo o conflicto- golpearía de inmediato los precios de semiconductores, electrónica, fertilizantes derivados de insumos asiáticos y bienes de capital de los que dependen tanto la industria automotriz brasileña como la agroindustria argentina.

En pleno siglo XXI, ninguna región es completamente inmune a las turbulencias que se producen en otros lugares del globo, por más lejanas que parezcan. Por eso, la estabilidad del Estrecho debería incorporarse como variable explícita en el análisis de riesgo país y en la planificación de política exterior de los Estados latinoamericanos con mayor exposición comercial al Indopacífico, empezando por quienes -como Argentina, Paraguay o Guatemala- mantienen vínculos diplomáticos o económicos directos con Taipéi. Como antecedente propio, desde la Región podemos afirmar que no pedimos el cumplimiento de algo que nos resulta ajeno, puesto que más de 100 años antes de la entrada en vigencia de la CONVEMAR, que propicia la libertad de navegación en los mares, en el Tratado de Límites entre Argentina y Chile se afirmó la libertad de navegación universal del Estrecho de Magallanes, lo que nos brinda autoridad para solicitar las mismas garantías en procura de los derechos fundamentales.

Argentina y América Latina como garantes de cadenas de suministro del mundo libre: el potencial del friend-shoring

El planteamiento más propositivo, y el que más directamente compete a nuestra región, es el que Lin Chia-lung desarrolla al describir a Taiwán como socio comprometido en la construcción de cadenas de suministro “seguras, resilientes y libres de la dependencia de regímenes autoritarios”, y en su Proyecto de Prosperidad de los Aliados Diplomáticos, con ejemplos concretos en Paraguay, el Reino de Esuatini y Palaos.

América Latina -y Argentina en particular- no debería limitarse a observar estas iniciativas de cooperación tecnológica dirigida a socios diplomáticos pequeños. Con capacidades en litio, energías renovables, agroindustria de precisión y una creciente base de talento en recursos humanos aplicados al software, la región tiene condiciones objetivas para insertarse como nodo del friend-shoring: el traslado de eslabones productivos críticos hacia países que comparten un marco de valores democráticos, vigencia del Estado de Derecho e instituciones republicanas, y no solamente hacia quienes ofrecen el menor costo.

En ese sentido, se podrían avanzar en distintas líneas de acción concretas. Entre otras, mapeo de complementariedades productivas entre la cadena de semiconductores y tecnología taiwanesa y los insumos críticos (litio, cobre, energías renovables) que Argentina y sus vecinos pueden ofrecer como proveedores confiables dentro de esa misma cadena de valores compartidos; diplomacia parlamentaria y académica activa en foros donde se discuta la participación de Taiwán en organismos técnicos de la ONU donde su exclusión no responde a criterio técnico alguno, sino a la distorsión jurídica de la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU; y la incorporación formal de la variable “Estrecho de Taiwán” en los ejercicios de prospectiva estratégica y análisis de riesgo que produce nuestra región, como corresponde a un actor consciente de su propia exposición a la cadena de suministro global.

El artículo del ministro Lin Chia-lung pide a la comunidad internacional un acto de coherencia para aplicar el derecho internacional tal como está escrito, no como conviene reinterpretarlo.

Para Argentina y América Latina, sumarse a ese reclamo no es simplemente una cuestión de alineamiento geopolítico abstracto. Se trata, ante todo, de defender los mismos valores y principios: resolución pacífica de controversias, no uso de la fuerza, trato equitativo entre miembros de la comunidad internacional, autodeterminación de los pueblos, que la región invoca sistemáticamente para la defensa de sus propios intereses.

El mundo libre, como bien señala el canciller, necesita a Taiwán. Y Occidente, si efectivamente aspira a ser tomado en serio como socio estratégico del Indo-Pacífico, necesita decir con claridad de qué lado de esa coherencia quiere estar.

* El autor es Director del Centro para la Geopolítica, Fundación FREE.

La declaración realizada en septiembre de 2026 por Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, en la que afirmaba que el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial debería ralentizarse para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos, puso de relieve el impacto que esta tecnología, en rápida evolución, tiene en el mundo. En mis propios escritos anteriores, he analizado sus efectos potencialmente revolucionarios sobre las estructuras y dinámicas económicas globales, los asuntos militares, los sistemas políticos y el equilibrio de poder entre Estados Unidos, la República Popular de China (RPC) y otros actores.

Hasta la fecha, gran parte del discurso actual sobre la revolución tecnológica que se está desarrollando ante nuestros ojos se centra en los dos principales impulsores estatales de las tecnologías habilitadoras: Estados Unidos y la RPC, y la competencia entre ambos. Esta orientación quedó especialmente de manifiesto con la inclusión de la inteligencia artificial como tema clave en la cumbre de septiembre de 2026 entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

Sin embargo, más allá de Washington y Pekín, el impacto potencial de la inteligencia artificial en el resto del mundo es menos conocido, pero igualmente significativo. Probablemente seguirá dinámicas relacionadas, aunque distintas, de las que afectan a EEUU y a la República Popular China.

A finales de septiembre de 2026, tuve la oportunidad de exponer mi punto de vista sobre el tema en un acto organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto para el Diálogo Estratégico y la Investigación y la Universidad Anáhuac de México. Allí mantuve un debate con otros académicos mexicanos sobre el impacto de la inteligencia artificial en las «potencias medias» y su papel en el sistema internacional en constante evolución. El presente trabajo recoge mi análisis sobre el tema, incorporando mis comentarios en el evento y las reflexiones surgidas de la interacción con mis colegas.

Conceptos de encuadre

La inteligencia artificial es ampliamente reconocida como el motor de una transformación global multidimensional, con implicaciones enormes —aunque desiguales y difíciles de predecir— para las dinámicas económicas, militares y estratégicas a nivel mundial. Sin embargo, su impacto pleno se producirá mediante la incorporación de la IA a la robótica y otras formas de automatización, en interacción con el big data, la conectividad global en constante expansión, la computación cuántica y otras tecnologías fundamentales. Estos avances podrían generar enormes aumentos de productividad en una amplia gama de sectores, tanto actuales como emergentes, pero también crearán, de forma casi inevitable, riesgos existenciales. Entre ellos se incluyen los daños derivados de cómo las nuevas tecnologías amplían enormemente el daño que los seres humanos pueden causarse entre sí, ya sea de forma accidental o deliberada, desde la creación de nuevos patógenos modificados genéticamente capaces de provocar pandemias y ciberataques devastadores, hasta el desencadenamiento de una guerra nuclear, pasando por los tan comentados escenarios en los que «la IA se vuelve contra sus creadores».

Aunque la adopción de la IA y su interacción con otras tecnologías genera enormes beneficios potenciales, también existe una alta probabilidad de que resulte disruptiva para las dinámicas económicas, militares, de seguridad y políticas a nivel mundial. En el proceso, podría aumentar la desigualdad, la delincuencia y el malestar social, debilitar las democracias frente a los sistemas autoritarios y desplazar el equilibrio de poder económico, militar y estratégico hacia China, tal y como he argumentado en otras ocasiones.

Los cambios desencadenados por estas tecnologías pueden asemejarse a la transformación provocada por la Revolución Industrial y el auge del nacionalismo popular, aunque es probable que sean más rápidos, más disruptivos y, potencialmente, más letales.

Como parte de esta transformación global, las potencias medias —desde Brasil y México hasta Irán, Turquía, Alemania, la India y otras— pueden enfrentarse a graves retos políticos y económicos, junto con una menor autonomía y un papel cambiante en un sistema internacional transformado.

La perspectiva pesimista para las potencias medias que se presenta en este trabajo refleja la probabilidad de que les resulte difícil desarrollar sus propios modelos de IA de vanguardia económicamente competitivos, así como la robótica complementaria y los sistemas autónomos de última generación. Por lo tanto, se verán en gran medida obligadas a elegir entre adoptar la tecnología de las empresas dominantes con sede en EEUU y la República Popular China, o ver cómo sus economías y bases de poder nacional se vuelven cada vez menos competitivas frente a las de quienes sí lo hacen.

Al igual que en anteriores revoluciones tecnológicas e industriales, en nombre del nacionalismo o la autonomía, es probable que algunos líderes políticos elijan esa última vía autodestructiva de la autonomía o el comportamiento antisistema, del mismo modo que algunos gobiernos de izquierda en América Latina y en otros lugares del mundo, durante el siglo XX, intentaron aplicar la industrialización por sustitución de importaciones y otras estrategias de desarrollo autónomo, lo que, en última instancia, supuso un gran coste para su posición económica relativa y su poder nacional.

Los ecosistemas tecnológicos entre los que tendrán que elegir las potencias medias probablemente se cristalizarán en torno a los de Estados Unidos y la República Popular China. Al igual que ocurre con otros aspectos de la competencia estratégica entre EEUU y la República Popular China, en aras de la seguridad y la protección de la propiedad intelectual, es probable que ambos gobiernos insistan en que, a cambio del acceso a sus tecnologías más sensibles, se renuncie a la integración en el ecosistema de su competidor.

No obstante, podrían surgir alternativas relevantes, aunque menos capaces, en torno a las tecnologías desarrolladas por la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, la India o alguna combinación de estos.

A pesar de estos matices y posibilidades, lo más probable es que, en la próxima revolución tecnológica, las potencias medias y otros actores dispongan de menos margen para el desarrollo autónomo que el que tuvieron durante la era del «movimiento de los no alineados» en la Guerra Fría. De hecho, estos dilemas pueden plantear cuestiones teóricas sobre qué significa ser una «potencia media» en el nuevo contexto.

Repercusiones a corto plazo en la situación de las potencias medias

A corto plazo, el cambio tecnológico impulsado por la IA tendrá efectos económicos significativos en las potencias medias y otros Estados, aunque es probable que su impacto en su posición estratégica sea limitado. Para ellos, la participación en la nueva economía tecnológica probablemente estará dominada por iniciativas de particulares y empresas líderes, más que por una adopción generalizada y efectiva de tecnologías transformadoras que podrían producir una transformación sistemática de la capacidad estatal o de la base económica nacional.

Esto no quiere decir que no se estén llevando a cabo importantes proyectos de computación en la nube, inteligencia artificial y otros relacionados entre las potencias medias. En América Latina, México y Brasil destacan como sede incipientes de la computación en la nube y de algunas aplicaciones de IA.

En México, los proyectos incluyen más de 82 000 millones de dólares en instalaciones de computación en la nube, ya en funcionamiento o previstas, centradas en un clúster emergente de computación en la nube e inteligencia artificial en Querétaro, aunque aún no está claro si habrá un suministro energético adecuado para que todos los proyectos salgan adelante. Empresas surcoreanas, taiwanesas y japonesas también se han comprometido a invertir 7 700 millones de dólares en instalaciones de fabricación de semiconductores en Guadalajara y Ciudad Juárez, principalmente para chips destinados a centros de datos estadounidenses.

En Brasil, los inversores se han comprometido a invertir más de 80 000 millones de dólares en proyectos de centros de datos, principalmente en el estado de Ceará, y aproximadamente la mitad de la financiación prometida procede de la empresa china ByteDance. Los inversores también han anunciado más de 1 600 millones de dólares en instalaciones de fabricación de semiconductores, principalmente en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul y Amazonas. Más de 1 000 millones de dólares de esa inversión, la gran mayoría, los ha prometido la empresa china Ziliatech.

Aunque la magnitud de esta inversión actual parece prometedora, desde la perspectiva de la posición de las potencias medias en el sector de la IA, el patrón observado hasta la fecha parece asemejarse a las relaciones de fabricación neocoloniales de épocas anteriores, en las que el capital extranjero financiaba la introducción de tecnologías e instalaciones de fabricación, cuyo funcionamiento y tecnología estaban controlados en gran medida por esos intereses extranjeros, en colaboración con las élites locales. De manera similar, México, Brasil y otras potencias medias están cortejando la inversión china, estadounidense y de otros países extranjeros en automatización para fábricas, explotaciones agrícolas o en la extracción de minerales estratégicos, sin que haya apenas indicios de iniciativas propias en este sentido. Esta trayectoria hará probable que los inversores extranjeros mantengan un control sustancial y se apropien de gran parte del valor añadido en estos ámbitos emergentes.

Además de las limitaciones en cuanto a la participación de las potencias medias en la nueva economía emergente basada en la inteligencia artificial, los datos y la automatización, en términos de inversión bruta, la inversión en inteligencia artificial y tecnología sigue concentrándose en las grandes potencias. En comparación con las inversiones de 80 000 millones de dólares en centros de datos mexicanos y brasileños mencionadas anteriormente, se estima que las empresas tecnológicas con sede en EEUU invirtieron 460 000 millones de dólares en infraestructura de IA en el país solo en 2025, y se prevé una inversión adicional de 600 000 millones de dólares en 2026.

Para los países más pequeños, una nueva opción emergente para aprovechar los recursos naturales y participar en la revolución tecnológica consiste en «vender potencia de cálculo» como si se tratara de un recurso natural. El proyecto Hive Digital Technologies en Yguazú (Paraguay) y la propuesta de un centro de datos soberano de 10 megavatios y 500 millones de dólares, ambos aprovechando la energía de bajo coste de la presa de Itaipú para el almacenamiento de datos y la capacidad de cálculo que puede satisfacer necesidades externas, son ejemplos clave actuales.

Aún más que la generación anterior de ventas de exportaciones de materias primas, es probable que estas iniciativas generen relativamente poco empleo y puedan reportar rendimientos proporcionalmente mayores al capital extranjero que las empresas mineras o petroleras tradicionales, como se analizará más adelante.

Más allá de la cuestión de la incorporación de la IA, los datos, la robótica y otras formas de automatización a nivel estatal, una dinámica importante para las potencias medias es cómo el sector privado y los particulares de estas y otras potencias están aprovechando los modelos y capacidades desarrollados dentro de los ecosistemas de las grandes potencias. Ya el 40 % del uso de ChatGPT tiene lugar en países de renta media. La adopción en los países de rentas más bajas sigue viéndose limitada por el acceso restringido a ordenadores, competencias técnicas, infraestructuras fiables y electricidad, así como por la corrupción y la inestabilidad.

Especialmente en las potencias medias, es probable que los avances en inteligencia artificial afecten de forma desigual a los distintos actores e instituciones del país. Un estudio del Banco Mundial reveló que las empresas privadas de las potencias medias han adoptado, en general, la inteligencia artificial más rápidamente que los gobiernos.

Para algunos Estados, la inteligencia artificial ofrecerá la posibilidad de reforzar la solidez de las instituciones democráticas y la confianza de la ciudadanía en ellas. Esto incluye herramientas que pueden permitir un mayor control de las irregularidades en las actividades gubernamentales, incluidos los ingresos inexplicables y las actividades irregulares de la policía, los administradores, los jueces y otros funcionarios, contribuyendo así a erradicar la corrupción. En un número cada vez mayor de casos, los gobiernos pueden utilizar la IA para recomendar o tomar decisiones administrativas o judiciales, en lugar de depender de agentes humanos falibles o corruptibles. Hacerlo puede ayudar a restaurar la fe de la ciudadanía en la imparcialidad del sistema. El aumento de la eficiencia administrativa asociado a ello puede reforzar la percepción de la utilidad de los gobiernos elegidos democráticamente.

Por otro lado, el uso de este tipo de sistemas también puede introducir errores que socaven la confianza en el sistema.

Si bien la inteligencia artificial refuerza la gobernanza democrática en algunos casos, en otros también puede facilitar el autoritarismo. Los gobiernos ya tienen acceso a enormes cantidades de datos procedentes de cámaras y otros sensores, comunicaciones digitales y registros financieros. La IA proporciona cada vez más a esos gobiernos la capacidad de identificar patrones preocupantes mediante el seguimiento y el cruce de esos datos de formas que no serían posibles solo con analistas humanos. Esto permite a los gobiernos identificar no solo posibles actividades delictivas, corrupción o terrorismo, sino también actividades, discursos y orientaciones sugeridas que puedan ser mal vistas por el régimen. La IA puede, por lo tanto, permitir a los gobiernos seguir y, potencialmente, actuar contra personas que muestren comportamientos indeseables —aunque no ilegales—, opiniones disidentes o incluso preferencias sexuales y actitudes sociales que no sean del agrado del régimen. A través de empresas con sede en la República Popular China y otros pioneros de estas tecnologías, las potencias medias y otros actores tendrán cada vez más acceso a estas capacidades. De hecho, la reciente polémica sobre las «cámaras de rebaño» en EEUU y su capacidad para vigilar a la población ilustra, sin embargo, que la capacidad de los sistemas de vigilancia potenciados por la IA para reforzar el poder del Estado no se limita únicamente a la tecnología china ni a los gobiernos no democráticos.

Más allá de las repercusiones en la gobernanza democrática, es probable que el probable dominio de las empresas estadounidenses y chinas en las nuevas tecnologías basadas en la IA, así como las decisiones relativas a su desarrollo, fomenten preocupaciones y quejas en otras partes del mundo en relación con la falta de control sobre ellas. De hecho, estas preocupaciones han salido a la luz recientemente a raíz de las decisiones de EEUU de restringir el acceso a Claude Mythos 5 y Fable 5 de Anthropic, lo que afecta a actores mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Estas preocupaciones sobre la IA desempeñarán un papel cada vez más importante en la competencia entre EEUU y la República Popular China, así como en la relación de ambos con el resto del mundo. Pekín ya está aprovechando las preocupaciones de los países en desarrollo sobre su exclusión de la toma de decisiones en materia de IA para reforzar la posición de sus propios modelos de IA y su gobernanza. La cumbre de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), celebrada en Shanghái en julio de 2026, simbolizó este esfuerzo, al reunir a ejecutivos y funcionarios internacionales del sector tecnológico en torno a propuestas de cooperación y gobernanza que podrían favorecer indirectamente la adopción de los modelos de peso abierto de la República Popular China y las arquitecturas y tecnologías asociadas en los países en desarrollo, en detrimento de las alternativas occidentales.

Transformación del entorno geopolítico

Aunque ya se están dejando sentir los efectos de la revolución de la inteligencia artificial y la automatización en las potencias medias a través de dinámicas internacionales e internas, a largo plazo, la posición de estas potencias se verá determinada de forma aún más profunda por los cambios en el entorno geopolítico que probablemente provocarán los efectos potenciadores de dichas tecnologías.

Delincuencia y tensiones migratorias. En primer lugar, a medio plazo, las potencias medias y otros Estados podrían verse afectados por el aumento del poder de las organizaciones criminales y terroristas que traen consigo las nuevas tecnologías.

Los grupos armados ilegales de México, Colombia y otros lugares ya utilizan drones para la vigilancia, el contrabando y los ataques letales. Las criptomonedas facilitan el blanqueo de capitales y el movimiento de fondos a nivel internacional, mientras que las nuevas herramientas digitales dotan a los actores pequeños y no estatales de una mayor capacidad para cometer robos, extorsiones y operaciones cibernéticas.

Los Estados medianos y pequeños suelen carecer de los recursos, los conocimientos técnicos, la flexibilidad institucional y la cooperación internacional necesarios para contrarrestar los drones, rastrear las criptomonedas o proteger las infraestructuras públicas y privadas frente a los ciberataques.

Para agravar aún más las presiones a las que se ven sometidos los Estados medianos debido a la delincuencia y el terrorismo, la inteligencia artificial también reforzará las capacidades de las grandes potencias, como Estados Unidos, la República Popular China y la Unión Europea, para controlar sus fronteras y sus poblaciones, lo que les permitirá bloquear con mayor eficacia el flujo de inmigrantes indocumentados a través de sus fronteras, así como localizar y expulsar a quienes residen en el país sin estatus legal. Además, como se analizará más adelante, las innovaciones en el uso de robots y otros sistemas de automatización en los países industrializados —en la agricultura estacional, la restauración, la limpieza de empresas y los servicios personales, sectores que tradicionalmente generan demanda de mano de obra inmigrante en los países de altos ingresos— podrían alimentar los sentimientos antiinmigrantes que ya están creciendo en esos países, lo que permitiría mantener económicamente restricciones a la inmigración aún mayores que las actuales.

Aunque la IA y otras tecnologías también podrían, en teoría, ampliar las capacidades de gestión de la población y de control fronterizo de las potencias medias, la asimetría entre estas y las grandes potencias implica que, en la práctica, probablemente serán las potencias medias y más pequeñas las que se vean obligadas de manera desproporcionada a acoger a las poblaciones desplazadas y a recibir a los deportados. Estas presiones pondrán a prueba los sistemas sociales y crearán nuevas oportunidades para organizaciones criminales como Tren de Aragua, Los Pulpos y Los Gallegos.

Desplazamiento económico con consecuencias políticas. Más allá de las cargas adicionales derivadas de la delincuencia potenciada por la IA y de los problemas migratorios, a medio plazo es probable que la inteligencia artificial genere un enorme desplazamiento económico con consecuencias sociales y políticas. La inteligencia artificial y las tecnologías complementarias, como la robótica, crearán nuevos puestos de trabajo y aumentarán la productividad, pero a corto y medio plazo es probable que eliminen puestos de trabajo más rápidamente de lo que los crean. El desplazamiento afectará a los trabajos de oficina en las profesiones jurídicas, la asistencia sanitaria, la programación informática, la administración de sistemas, el soporte técnico y la atención al cliente, así como a algunas formas de trabajo manual. El Foro Económico Mundial estima que solo la IA podría desplazar 92 millones de puestos de trabajo para 2030. Los nuevos puestos de trabajo no aparecerán necesariamente en los mismos lugares ni requerirán las mismas competencias, lo que generará una fricción significativa a medida que los trabajadores se reubiquen y se reciclen profesionalmente.

Más allá de la sustitución de puestos de trabajo, dado que la inteligencia artificial y las tecnologías complementarias suelen requerir más capital que mano de obra, es probable que aumenten la rentabilidad para quienes invierten el capital, al tiempo que ejercen una presión a la baja sobre los salarios en las categorías laborales que sustituyen, en particular los trabajos manuales y los puestos técnicos de menor nivel.

Es probable que el desempleo y la creciente desigualdad salarial en los países de renta media y de otro tipo vayan acompañados de actitudes negativas por parte de algunos hacia las élites políticas que aprueban los acuerdos que permiten a las empresas de alta intensidad tecnológica acceder al país, desde centros de datos y fabricación robotizada hasta proyectos a gran escala en agricultura y minería. Al igual que ocurrió con los movimientos contra el capital extranjero y las élites locales en épocas anteriores, estas percepciones, sumadas a la corrupción real y al mal desempeño de los gobiernos, pueden alimentar una reacción populista contra las tecnologías percibidas como las villanas, junto con las élites locales alineadas con ellas.

Como se ha señalado en las secciones anteriores, los gobiernos, preocupados por mantener el orden y por atraer y proteger la inversión extranjera en el contexto de tales presiones, se verán tentados a recurrir a herramientas de control social basadas en la IA, que funcionan gracias a esas mismas tecnologías y que tal vez incluso sean ofrecidas por algunos de esos mismos socios extranjeros.

Crecimiento acelerado de la ventaja estratégica de la República Popular China. Más allá de las presiones sobre sus propios gobiernos, a medio plazo, la posición de las potencias medias podría verse afectada por las crecientes ventajas de la República Popular China en el ámbito comercial de sus tecnologías digitales y automatizadas, así como por las ventajas militares que le reporta el dominio comercial de las mismas.

En el ámbito de la IA, los modelos de peso abierto de la República Popular China, como las familias DeepSeek, Qwen y Kimi, están diseñados para funcionar con chips de menor capacidad, son más económicos y pueden adaptarse más fácilmente que muchos de los modelos occidentales actualmente superiores. Estas características pueden ayudarles a ganarse una amplia aceptación en los mercados en desarrollo.

La República Popular China también está integrando deliberadamente la inteligencia artificial con la robótica e implantando esos sistemas en fábricas, con el objetivo de alcanzar el tipo de dominio del mercado mundial que logró en los vehículos eléctricos y otras industrias. En robótica, los productos estadounidenses de empresas como Tesla y Boston Dynamics pueden contar con productos y tecnologías superiores en áreas concretas; sin embargo, las empresas con sede en la República Popular China podrían imponerse en última instancia al producir a mayor escala, lo que les permite reducir más el coste por unidad y ganar así una cuota de mercado aún mayor.

El análisis anterior no implica que la producción de robots con IA y otros sistemas automatizados no vaya a tener lugar en países de renta media y más pequeños. Al igual que ocurre con los automóviles, las empresas con sede en la República Popular China pueden fabricar unidades en países socios, como ya está haciendo en Serbia, al tiempo que conservan el control legal del diseño y otros derechos de propiedad intelectual, y obtienen la mayor parte del rendimiento del capital invertido.

El dominio de la República Popular China (RPC) sobre la producción comercial mundial de robots y otros sistemas automáticos basados en la inteligencia artificial también le proporcionaría una ventaja militar, en el marco del concepto de «fusión civil-militar» de la RPC. Una gran «base industrial de automatización» de la RPC, capaz de producir decenas de millones de robots industriales avanzados, le daría a la RPC la capacidad de fabricar grandes cantidades de sistemas robóticos y no tripulados para la guerra, o incluso para proteger sus operaciones comerciales globales, cada vez más expansivas. De hecho, la República Popular China ya está explorando la utilidad de los robots comerciales de empresas como Unitree en funciones de seguridad pública.

A medida que el poder de China crezca gracias a estas dinámicas tecnológicas, comerciales y militares, podría actuar de forma más asertiva en regiones en las que anteriormente se había mostrado deferente. Esto podría incluir amenazas cada vez mayores a países que actúen en contra de sus empresas en América Latina y el Caribe, como ha hecho recientemente en Panamá, o, posiblemente, verse impulsada por su creciente poder relativo frente a Occidente a actuar de forma decisiva para poner fin a la autonomía de Taiwán.

Los dilemas de las potencias medias en la nueva dinámica de seguridad. Es probable que las potencias medias se enfrenten a dilemas cada vez mayores en este entorno geoestratégico transformado. Sus poblaciones, relativamente numerosas, experimentarán trastornos económicos que se manifestarán en forma de exigencias a los gobiernos, o incluso de disturbios. Aun así, es probable que esos gobiernos carezcan, por un lado, de la capacidad de las grandes potencias para explotar plenamente el potencial de las nuevas tecnologías y, por otro, de la capacidad para gestionar eficazmente las presiones sociales y políticas asociadas.

En este nuevo entorno, es probable que las decisiones estratégicas más trascendentales de las potencias medias se refieran a la alineación o, por el contrario, a la ruptura. Un gobierno puede evitar declarar formalmente su lealtad política a una potencia u otra, pero sus decisiones políticas de integrarse en la arquitectura tecnológica de una gran potencia probablemente le obligarán a renunciar al ecosistema tecnológico de la otra. Esta elección inherente influirá en cuál de las grandes potencias tendrá más influencia, con implicaciones más amplias en las alianzas económicas y la alineación política.

Dado que los entornos tecnológicos de EEUU y la República Popular China probablemente se basarán en marcos muy diferentes en lo que respecta a la protección del individuo y sus datos, frente al empoderamiento del Estado, las decisiones de las potencias medias entre los sistemas de las grandes potencias afectarán de forma inherente al papel del Estado en su sociedad y en la economía.

Como se ha señalado anteriormente, algunas potencias medias pueden intentar evitar tales «decisiones» siguiendo una vía de «no alineación», intentando desarrollar capacidades propias limitadas para lograr la autonomía. Ante las limitadas opciones de competitividad económica que ofrece esa vía, algunos Estados podrían optar por desempeñar un papel «disruptivo», buscando influencia internacional mediante la coacción, tal y como ha hecho Irán a través de su programa de drones y misiles.

Perspectivas a largo plazo para las potencias medias

A largo plazo, tal y como se ha comentado en secciones anteriores, es probable que las potencias medias tengan menos influencia estratégica y autonomía de las que tienen hoy en día. Como se ha señalado anteriormente, por lo general carecerán de un control total sobre los modelos de IA, la robótica y otros sistemas autónomos que utilicen. Su principal ventaja vendrá de negociar su entrada en ecosistemas rivales y cada vez más incompatibles liderados por la República Popular China y Occidente, o de optar por desempeñar un papel disruptivo.

Una cuestión interesante es el papel que podrían desempeñar las potencias medias a la hora de capear o sobrevivir a crisis graves en el nuevo orden. La inteligencia artificial y la inestabilidad de la transición global podrían provocar desastres con consecuencias a escala mundial, incluso existenciales. Entre ellos podrían figurar pandemias provocadas por la IA, ciberataques que paralicen la economía mundial y las infraestructuras vitales, o la escalada accidental o deliberada de un conflicto nuclear. En medio de tales crisis, las potencias medias podrían disponer de recursos, envergadura e independencia suficientes para mediar entre las grandes potencias, alterando así el curso de los acontecimientos. Por otra parte, podrían encontrarse en la mejor posición para salir airosas de un tal Armagedón.

Aun sin llegar a tales cataclismos, la naturaleza transformada del nuevo orden técnico y económico podría crear nuevos y singulares roles estratégicos para los Estados pequeños y medianos.

A largo plazo, una cuestión clave para la incorporación de las potencias medianas y pequeñas al nuevo sistema será su poder de negociación, tanto en la dinámica emergente anteriormente mencionada como lugares para la extracción de «potencia de cálculo» como recurso, como en la acogida de fábricas, minas o proyectos agrícolas impulsados por la IA, la robótica y otros sistemas automatizados.

A diferencia del desarrollo industrial anterior, que requiere una buena infraestructura de transporte y una mano de obra cualificada considerable, la generación de «capacidad de cálculo» depende principalmente de una abundante suministro eléctrico, de la conexión de la electricidad y los datos a las instalaciones de cálculo, y de la importación de cantidades significativas de equipos de alto valor. Un centro de datos puede ser construido por el Estado o directamente por inversores extranjeros y gestionado por un número relativamente reducido de técnicos. Aunque la IA pueda generar ingresos sustanciales por computación a la empresa que la explota, así como pagos de regalías al gobierno que la autoriza, es posible que estos enclaves tecnológicos no generen un empleo local significativo, beneficios para la cadena de suministro ni un desarrollo económico más amplio.

En el marco de la dinámica de la venta de la capacidad de cálculo como una forma de nuevo colonialismo de recursos, la competencia por los centros de datos y otras inversiones relacionadas con las nuevas tecnologías podría dar lugar a una carrera a la baja entre las potencias pequeñas y medianas. Al igual que ocurre en la actualidad, los gobiernos podrían ofrecer electricidad barata, garantías políticas, impuestos favorables y un tratamiento jurídico permisivo para atraer proyectos de miles de millones de dólares.

A la hora de negociar inversiones de alto contenido tecnológico, como centros de datos o fábricas que funcionan con robótica y automatización basadas en la inteligencia artificial, es probable que el equilibrio de poder se incline claramente a favor de los inversores extranjeros frente a los países. A diferencia de las inversiones en minas y fábricas —que son difíciles de desmantelar una vez construidas y cuyo valor puede materializarse tras una expropiación—, gran parte del valor de un centro de datos reside en equipos que pueden trasladarse, que quedan obsoletos rápidamente y que resultan difíciles de operar para un gobierno expropiador. Además, una empresa tecnológica podría inutilizar o destruir los equipos sensibles para proteger la propiedad intelectual antes de que un gobierno u otros sujetos pudieran expropiarlos y explotarlos de forma efectiva.

Aún más que en la actualidad, la negociación de inversiones tecnológicas extranjeras a gran escala puede generar un grave riesgo de «captura por parte de las élites». El acceso de las empresas tecnológicas al país es un permiso extremadamente valioso, que depende de las decisiones de un reducido número de responsables locales, pero que tiene un impacto limitado en la economía en general. En países con instituciones débiles y una tradición de corrupción, el incentivo será grande para que las empresas extranjeras se aseguren y protejan el acceso mediante el soborno y otros beneficios particularistas para las élites. Estos países serán especialmente vulnerables a las empresas tecnológicas de potencias extranjeras como la República Popular China, que tienen un historial deficiente en cuanto a la aplicación por parte del Gobierno de medidas contra el mal comportamiento de sus empresas en el extranjero. A su vez, esas empresas extranjeras y las élites a las que controlan pueden considerar más rentable invertir en mantener el control, en lugar de invertir en la comunidad en general, con el fin de mantener el apoyo social a su proyecto.

Aunque la venta de «capacidad de cálculo» puede ofrecer opciones lucrativas para las potencias medias y menores, estas también pueden utilizar sus recursos físicos y su geografía para generar valor a partir de la nueva tecnología de formas más tradicionales.

Como se ha mencionado anteriormente, a largo plazo, la automatización impulsada por la IA podría tener su mayor impacto en las potencias medias no solo a través de centros de datos y fábricas repletas de robots, sino también en la agricultura y las industrias extractivas. En este ámbito, máquinas avanzadas se encargarán de la siembra, la fumigación, el riego, el mantenimiento, la cosecha, la logística, la minería y el transporte. Estas aplicaciones podrían aumentar la producción, al tiempo que desplazarían a los trabajadores de sectores que tradicionalmente han sustentado a las poblaciones marginadas. También podría aumentar las presiones económicas sobre las potencias medias al reducir la demanda de trabajadores agrícolas temporeros en los países desarrollados.

Con el fin de atraer tecnologías, o debido a la «captura por parte de las élites», algunos Estados podrían adaptar sus sistemas políticos y jurídicos para convertirse en enclaves de empresas tecnológicas o incluso transformarse por completo en experimentos tecnológicos. El debate actual en Argentina sobre la posibilidad de considerar a las empresas gestionadas por IA como personas jurídicas presagia lo que podría llegar a suceder.

Más allá del papel cambiante de los Estados en el sistema global debido a las nuevas tecnologías, las potencias medianas y los Estados más pequeños constituyen otro importante grupo de cuestiones que se centran en cómo estas potencias medianas y estos Estados más pequeños incorporan las tecnologías en sus propias sociedades.

En los países de renta media y baja, en particular, los hogares acomodados pueden utilizar robots para servicios personales y de seguridad, lo que acentúa las divisiones de clase existentes. No obstante, los salarios relativamente bajos en esos países seguirán haciendo viable el trabajo doméstico humano en muchos entornos.

En algunos países medianos y pequeños, las preferencias sociales pueden reforzar dichos efectos, ralentizando la adopción de la robótica para los servicios personales. Al igual que ocurre actualmente con la preferencia por el servicio doméstico humano frente a aparatos mecánicos como los lavavajillas en muchas sociedades más tradicionales, el papel de los seres humanos en algunas tareas puede conservarse, incluso cuando las máquinas resulten más baratas, debido a la preferencia de la población por la interacción humana.

Conclusiones

La transformación de los sistemas económicos, militares y políticos mundiales a través de los avances en inteligencia artificial, robótica y su interacción, analizada en este trabajo, no ha hecho más que empezar. Las dinámicas planteadas aquí pretenden estimular la reflexión sobre lo que puede ocurrir y cómo los gobiernos pueden gestionar los retos resultantes.

Independientemente de la veracidad de los desarrollos específicos previstos en este trabajo, su argumento central es que las tecnologías emergentes afectarán a las potencias medias y menores de manera diferente, en algunos ámbitos, a como afectarán a las grandes potencias. Esas dinámicas diferenciales, a su vez, influirán en la forma en que las potencias medias y los Estados más pequeños se relacionen con EEUU y la República Popular China, y en cómo estos últimos interactúen entre sí.

El futuro nunca está predeterminado. No obstante, es fundamental que los líderes políticos de las potencias medias y menores reflexionen detenidamente sobre cómo las tecnologías emergentes afectarán a sus países, preparando a sus sociedades para aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos, garantizando que no sean meros receptores pasivos de un mundo transformado, sino participantes constructivos en su configuración en beneficio de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional en general.

El autor es investigador sénior no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente suyas.

La impactante aparición de la encargada de la presidencia de Venezuela Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU sorprendió al mundo entero ya que nadie esperaba que el estado tutor promoviera un proceso de legitimación sin que se haya iniciado la reconstitución institucional del país.

Todo indica que la transición venezolana seguirá un camino propio, como ocurrió en España y Chile al salir de sus dictaduras. Según el secretario de Estado Marco Rubio, el proceso consta de tres etapas: estabilización, recuperación y transición. La primera busca prevenir un estallido de violencia, administrar las sanciones y emplear entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para financiar al Estado sin que esos recursos terminen en manos corruptas. La recuperación supone abrir el mercado venezolano a empresas estadounidenses y de otros países, así como promover la reconciliación mediante una amnistía y la liberación de los presos políticos. La última etapa exige fortalecer la sociedad civil, establecer instituciones y garantías de seguridad eficaces y convocar elecciones libres, abiertas y multipartidistas.

A nueve meses de la histórica extracción de Nicolás Maduro, aparentemente solo la primera etapa está medianamente cubierta ya que el funcionamiento del Estado no parece estar asegurado en ninguna parte del territorio nacional. De hecho, en todos los niveles operativos existe una suerte de parálisis funcional que impide a los ciudadanos tener intercambios normales con el Estado. Los hospitales han visto empeorar la falta de medicinas e insumos; las escuelas siguen sin abrir el nuevo año escolar; los medios de transporte tanto aéreos como terrestres adolecen de regularidad y de calidad. Ni hablar de la libertad de los presos políticos cuando aún permanecen bajo brutal tratamiento aproximadamente 350 personas.

Esto nos lleva a pensar que quizás el país tutor de Venezuela debería hacer un alto en su marcha hacia la transición y tomar nota de dos de las transiciones más exitosas en la región: Brasil y Paraguay.

En el caso de Brasil, la transición fue encabezada por un militar profesional maestro del manejo de la información puesto que había dirigido el aparato de inteligencia militar por décadas. Se trataba además de alguien que no se benefició económicamente de su posición en el estamento militar que era el gobernante en Brasil. En efecto, Joao Figueiredo continuó la política de apertura de su antecesor pero comprometió sus energías en la construcción de las bases del marco institucional en que se gestó la democracia brasileña. Figueiredo era un insider pero también era un gestor excepcional y un hombre íntegro. Y en jefe militar respetado.

Otro caso de transición exitosa en América Latina es el Paraguay. En este caso el General Rodríguez encabezó un golpe de estado contra Alfredo Stroessner y se dedicó a crear el marco institucional en que se asentaría la democracia. Promovió la adopción de una constitución que impedía la reelección presidencial; una corte electoral independiente y organismos de fiscalización del ejecutivo. Apoyó la pronta elección de un parlamento y fomentó la formación de un sistema de justicia independiente. Rodríguez no formó parte de los órganos de represión y persecución política. El resultado ha sido una democracia imperfecta pero estable desde 1993.

Las experiencias de Paraguay y Brasil sugieren que la cuestión central no es simplemente si un insider puede iniciar una transición democrática. La historia muestra que los insiders a veces pueden. La cuestión más importante es si están preparados para construir, y en última instancia someterse a instituciones lo suficientemente fuertes para continuar la transición sin ellas. Y es quizás acá donde el país tutor necesite asesoría.

Entre el 20 y el 24 de septiembre pasado se llevó a cabo la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, una semana intensa de reuniones, discursos y manifiestos que, como cada año, convirtió a Nueva York en el epicentro de la diplomacia mundial. Es la llamada semana de la UNGA, y deja una pregunta que merece ser formulada: ¿subirse al podio hoy es suficiente?

¿Un discurso de quince minutos puede resolver, o siquiera transformar, los problemas de fondo de los países miembros? Escuchamos intervenciones interesantes, elaboradas y cuidadosamente estructuradas, pronunciadas en ocasiones ante un hemiciclo prácticamente vacío, mientras en distintas regiones del planeta continúan conflictos, guerras y crisis que siguen esperando soluciones concretas.

Entre los participantes estuvo Luiz Inácio Lula da Silva, quien sostuvo que Brasil “no cabe en el patio trasero de nadie”, una frase que resume su crítica a determinadas formas de la diplomacia tradicional y a la manera en que las grandes potencias han entendido históricamente sus relaciones con América Latina.

Luego llegó el turno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo discurso giró alrededor de la idea de que “América está de vuelta” y de la reafirmación del liderazgo estadounidense en la lucha contra el crimen organizado transnacional, a través del denominado “Shields of America” o Escudo de las Américas.

Sin embargo, me atrevería a decir que una de las reuniones de mayor impacto para nuestra región ocurrió precisamente en paralelo a la UNGA. No fue simplemente otro discurso bien elaborado frente al conocido podio de fondo verde. Fueron 14 países, junto con Estados Unidos como anfitrión, los que ampliaron el denominado Escudo de las Américas, incorporando nuevos actores con una visión alineada y un compromiso que da continuidad a lo discutido en marzo pasado.

Allí se pusieron sobre la mesa compromisos relacionados con seguridad económica, cooperación contra el crimen organizado y coordinación integral entre las naciones. Este tipo de alianzas bilaterales o multilaterales específicas —ese “one-to-one” que permite pasar rápidamente de las palabras a la acción— puede terminar teniendo mayor incidencia práctica que las tradicionales alocuciones en las que se expone un diagnóstico, se formulan buenas intenciones y se presentan resultados parciales, sin que necesariamente exista un mecanismo inmediato para convertirlos en resultados tangibles.

Javier Milei tampoco sorprendió demasiado. Mantuvo su conocido discurso crítico de la izquierda y defendió las correcciones y transformaciones implementadas durante su gobierno, presentándolas como parte de un nuevo enfoque para Argentina y para la región.

Por su parte, Keiko Fujimori, en su primera Asamblea en calidad de presidenta del Perú, aprovechó el escenario para proyectar a su país como un destino amigable para la inversión y transmitir un mensaje dirigido especialmente a quienes buscan oportunidades económicas en América Latina.

Capítulo aparte merece Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Su presencia permitió observar una transformación particularmente llamativa en el discurso político venezolano. Rodríguez ya había ocupado ese mismo escenario en 2019, desde una posición ideológica muy diferente. Siete años después, su intervención reflejó el nuevo escenario político venezolano y, además, tuvo un elemento adicional de alto simbolismo: su encuentro presencial con el presidente Trump, una imagen inédita que recorrió rápidamente los medios y las redes sociales, acompañada incluso por un gesto de victoria.

El caso de Xi Jinping, presidente de China, merece una lectura diferente. Su ausencia de Nueva York coincidió con una agenda diplomática desarrollada en Washington, evitando así el congestionado escenario neoyorquino y priorizando el contacto directo con su homólogo estadounidense.

Y así transcurrieron los cinco días de la 81.ª UNGA. Una edición que, en muchos aspectos, guardó sorprendentes similitudes con las ochenta anteriores, a pesar de que el mundo actual es sustancialmente diferente: más globalizado, más interdependiente y, al mismo tiempo, más fragmentado en términos geopolíticos.

Pero esta Asamblea tuvo un ingrediente adicional que se respiró especialmente en los pasillos: la próxima elección del secretario general de las Naciones Unidas. Algunos aspirantes han desistido ante la falta de apoyos; otros continúan buscando respaldos, mientras algunos posibles candidatos podrían intentar aparecer como outsiders en el último momento.

Para las Américas, quizá el verdadero desafío de esta edición no consistía en determinar quién lograba convocar más asistentes o quién pronunciaba el discurso más elaborado frente al famoso podio verde. La pregunta fundamental era otra: ¿quién se sentaría en la mesa del Escudo de las Américas y quién quedaría afuera?

Porque la diplomacia del siglo XXI parece exigir algo más que discursos. Exige acuerdos, coordinación, compromisos verificables y resultados.

Ahora habrá que esperar hasta la UNGA número 82 para comprobar cuánto de lo anunciado durante esta semana se convirtió en realidad. Será entonces cuando podamos determinar si las grandes declaraciones produjeron resultados tangibles, o si volveremos a escuchar los mismos diagnósticos, quizá con otras palabras y, probablemente, con otros protagonistas.

“Al final, la historia no suele recordar cuánto duró un discurso. Recuerda lo que ocurrió después de que terminó”.

* El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue presidente de BanEcuador.

Hace solo unos días regresé de Nueva York, después de representar al Perú ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vuelvo con la profunda convicción y optimismo sobre el futuro de nuestro país, somos capaces de generar confianza, y esto no solo depende del gobierno de turno, también depende de todas las instituciones que conforman al Estado.

Fuimos a las Naciones Unidas con dos mensajes muy claros. El primero: vamos a enfrentar y derrotar al crimen organizado, como el Perú fue capaz de derrotar al terrorismo. El segundo: el Perú es un país en el que vale la pena confiar, invertir y construir futuro.

No son dos objetivos separados. Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Y sin empleo y oportunidades tampoco podremos construir una sociedad verdaderamente segura.

Hoy el crimen organizado ya no es solamente un problema de delincuencia común. Las organizaciones criminales cruzan fronteras, manejan enormes cantidades de dinero y conectan el narcotráfico con la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el lavado de activos.

Por eso esta lucha no puede librarla ningún país en solitario...

Buscar aliados también es gobernar.

La cooperación internacional no es dependencia: es capacidad de gestión.

Tender puentes no es debilidad. Es política. Es gestión. Es Estado.

Y es que no nos hemos presentado ante el mundo con la mano extendida; nos hemos presentado con propuestas para trabajar juntos.

En Nueva York buscamos fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y la capacidad para golpear donde más les duele a estas organizaciones: sus estructuras y sus rutas de dinero.

Ese fue el sentido de nuestra reunión con Mónica Juma, directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y también de nuestra participación como miembros plenos del Escudo de las Américas. Asimismo, reafirmamos el respaldo del Perú al Compromiso Regional de Santiago.

El objetivo detrás de todas estas iniciativas es uno solo: que las fronteras que hoy aprovecha el crimen comiencen a ser utilizadas por los Estados para perseguirlo y derrotarlo.

El Perú ya conoce el precio del terror. También conoce el valor de enfrentarlo.

Lo hicimos antes y podemos volver a hacerlo, siempre dentro de la ley, con decisión política, cooperación internacional, inteligencia y unas fuerzas del orden profesionales y respaldadas por su Estado.

También con sentido de urgencia, por supuesto. Pero sabiendo que hacerlo así, no pasa por desconocer los procesos y los plazos, ni, mucho menos, por gobernar a trompicones ni con la improvisación con la que se ha venido actuando, sino hacerlo a paso firme y con el rumbo y el objetivo claro.

Pero proteger a los peruanos no significa únicamente combatir delincuentes.

También significa anticiparnos a las amenazas de la naturaleza.

Con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, conversamos sobre el Fenómeno El Niño y sobre el trabajo preventivo que nueve agencias de las Naciones Unidas desarrollan en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Durante demasiado tiempo, en el Perú nos acostumbramos a reconstruir después de las tragedias. Tenemos que cambiar esa lógica.

Este mega fenómeno El Niño, quizá el más fuerte en muchas décadas, se presenta para nuestro gobierno en una etapa posterior a la de la prevención, nos tocará la etapa de preparación y mitigación de daños. Sin embargo, lejos de deslindar responsabilidades, las estamos enfrentando con el mismo sentido de urgencia que esperamos ver también, en quienes tienen la responsabilidad de entregarnos las mejores herramientas para actuar, no en beneficio de un gobierno, sino para bien de todo el país.

Por eso estamos trabajando desde ahora para proteger vidas, viviendas, carreteras, puentes y producción. Cada sol invertido oportunamente puede significar una familia protegida y una comunidad que no tenga que empezar nuevamente desde cero después de una emergencia.

El otro gran mensaje de nuestro viaje fue económico.

El Perú necesita inversión. No como una cifra para exhibir en una estadística, sino porque detrás de cada inversión hay empresas, proveedores, trabajadores, familias y oportunidades.

En nuestras reuniones bilaterales, con empresarios e inversionistas, y representantes de la sociedad civil y de la academia como el Adam Smith Center for Economic Freedom, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, el Council of the Américas y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, presentamos una visión concreta: queremos convertir al Perú en una gran plataforma logística y productiva de América Latina.

Tenemos con qué hacerlo. Contamos con recursos naturales extraordinarios, una posición privilegiada frente al Pacífico, puertos con enorme potencial, talento humano y una economía que ha demostrado capacidad para resistir momentos muy difíciles.

En la Bolsa de Valores de Nueva York tuvimos la oportunidad de precisar algunos datos que hablan por sí solos: el Perú cuenta con más de cien mil millones de dólares en reservas internacionales, mantiene una de las inflaciones más bajas de la región y conserva instituciones económicas que debemos proteger.

En este viaje hubo un mensaje muy simbólico para nuestro país, que fue el Campanazo en el Wall Street que nos dio visibilidad y que demuestra que hay confianza en el Perú.

Nuestra posición es sencilla: el Estado debe establecer reglas claras, garantizar seguridad jurídica y facilitar la inversión, no convertirse en un obstáculo permanente para quien quiere producir y generar empleo.

Queremos inversión nacional y extranjera, empresas grandes, medianas y pequeñas, y que quien tenga una buena idea y esté dispuesto a trabajar encuentre oportunidades para crecer en el Perú.

La inclusión financiera también significa libertad y oportunidades.

Para nosotros, la política exterior tiene sentido cuando finalmente llega a la vida cotidiana de la gente.

Por eso nuestro siguiente desafío será: que los beneficios de estos acuerdos lleguen a la población.

Que la cooperación internacional nos ayude a capturar criminales y desarticular organizaciones. Que las conversaciones sobre El Niño permitan proteger comunidades cuando lleguen las lluvias. Que la cooperación educativa termine llegando a nuestras escuelas. Que una reunión con inversionistas termine convirtiéndose en una empresa que abre sus puertas y contrata trabajadores peruanos.

Por eso regreso al Perú no solamente con acuerdos, sino con tareas.

Tenemos que transformar conversaciones en decisiones; decisiones en inversiones; inversiones en empleo; y cooperación internacional en mayor seguridad y oportunidades.

Quiero un Perú que vuelva a creer en sus posibilidades. Un país donde una familia pueda salir a la calle sin miedo, donde un joven encuentre razones para construir aquí su futuro y donde quien quiera invertir y trabajar sepa que encontrará estabilidad y reglas claras.

No será sencillo. Los problemas que enfrentamos son grandes y algunos vienen acumulándose desde hace demasiados años. Pero el Perú también ha demostrado muchas veces que puede levantarse frente a desafíos enormes.

Ese fue nuestro mensaje al mundo y ese debe ser ahora nuestro compromiso dentro del país: seguridad para vivir, confianza para invertir y oportunidades para crecer. ¡Al Perú nadie lo PARA!

Porque el verdadero resultado de este viaje no se verá en Nueva York. Se tendrá que ver aquí, en el Perú.

Algunos de los temas principales en la agenda de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo la semana pasada en Nueva York, fueron la seguridad regional, minerales críticos, inversión, cadenas de suministro, Ucrania, Venezuela y la relación entre Estados Unidos y China. Mientras Naciones Unidas reunía a cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno, los anuncios, acuerdos y conversaciones con mayores consecuencias ocurrían en reuniones bilaterales, coaliciones regionales, hoteles y clubs privados.

Cada septiembre, Nueva York se llena de caravanas oficiales, discursos solemnes y lemas que pocos recuerdan tan solo días después. Este año, la Asamblea General eligió uno especialmente revelador: “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que generen resultados para todos”. La formulación admite el problema: no es un buen momento para el multilateralismo.

Y, sin embargo, la semana demostró que la diplomacia no ha perdido efectividad. Lo que ha cambiado son los espacios, los actores y las fórmulas utilizadas para producir resultados.

El día de la apertura de la Asamblea, el Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos y que reúne a otros 15 países de la región, anunció en Nueva York nuevas acciones contra las organizaciones narcoterroristas: congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas y persecución penal para quienes proporcionen apoyo material o logístico a esas organizaciones. También se planteó cooperación en inteligencia, tecnologías de seguridad, inversiones, minerales críticos e infraestructura digital.

Un día después, Estados Unidos y Argentina anunciaron el Corredor Andes-Atlántico, diseñado para conectar las zonas de minerales críticos del noroeste argentino con puertos del Atlántico y mercados occidentales. Es el primer corredor del Partnership for Global Infrastructure and Investment establecido en el hemisferio occidental. El Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM) y el gobierno argentino presentaron un marco de financiamiento que podría movilizar hasta USD 7.000 millones de aquí al próximo año para sectores prioritarios, entre ellos energía, minerales críticos, transporte y conectividad digital.

Durante años, una de las preguntas recurrentes en América Latina y el Caribe fue cuál sería la respuesta occidental a la expansión china. El corredor argentino apunta a una respuesta clara y competitiva. Washington lo presenta además como una manera de fortalecer cadenas de suministro confiables y abrir espacio a tecnología, equipos y empresas de Estados Unidos.

Perú ofreció otra imagen poderosa de la semana. La presidenta Keiko Fujimori tocó el jueves la campana de cierre de la Bolsa de Nueva York, el mercado de valores más grande del mundo, y utilizó la ocasión para invitar a inversionistas internacionales al país. Destacó la estabilidad cambiaria, los USD 100.000 millones en reservas internacionales y una meta de déficit fiscal del 1,8 % del PIB. También vinculó el mensaje económico con la reciente incorporación peruana al Escudo de las Américas.

Seguridad, estabilidad macroeconómica e inversión aparecen cada vez más conectadas en la agenda regional y, particularmente, entre los aliados de Estados Unidos en el hemisferio.

Sobre Ucrania, otro de los temas centrales de la agenda internacional, los presidentes Donald J. Trump y Volodímir Zelenski discutieron las posibilidades de avanzar hacia una salida negociada y la propuesta de una tregua sobre infraestructura energética. Unos días antes, el presidente Trump había aprobado una nueva ley que incluye sanciones adicionales contra Rusia e Irán. La combinación de presión económica, apoyo defensivo y negociación refleja la estrategia con la que Washington busca abrir espacio para una salida al conflicto.

Venezuela, por su parte, fue uno de los temas incómodos de la semana. Delcy Rodríguez, encargada interina del gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero, viajó a Nueva York en medio del acercamiento que Estados Unidos y su país han desarrollado recientemente. Las reuniones con el Presidente Trump y otros jefes de estado y organismos multilaterales reflejan una realidad antigua de la política exterior: establecer relaciones con un gobierno no equivale necesariamente a aprobarlo o legitimarlo. Esa ha sido también la línea de los interlocutores que insisten en la necesidad de elecciones y transición en Venezuela mientras Estados Unidos desarrolla el esquema anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Interesantemente, mientras que los jefes de Estado y de Gobierno se congregaban en Nueva York, otra relación decisiva para el orden internacional ocupaba la atención en Washington. El presidente chino Xi Jinping llegó a Estados Unidos para una Visita de Estado y nuevas conversaciones con el presidente Trump. Comercio, inteligencia artificial y cadenas de suministro estuvieron entre los temas de debate. Las conversaciones buscaron, entre otros objetivos, prolongar la tregua comercial y mantener abiertos los canales directos entre las dos mayores economías del mundo. El presidente Xi no viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General, a pesar de estar en Estados Unidos esa misma semana. Fue directamente a reunirse con el Presidente Trump en la Casa Blanca.

Fue, en definitiva, una semana importante para las relaciones internacionales. Y nos dejó una imagen bastante clara de las transformaciones en curso. La Asamblea General conserva todavía cierto valor como convocante, pero pierde espacio como ejecutor o resolutor. Las grandes potencias negocian bilateralmente. Los países con intereses comunes forman coaliciones. Los bancos de desarrollo y las agencias financieras estructuran proyectos. Los presidentes buscan inversionistas. Y los conflictos avanzan o retroceden en conversaciones que no necesariamente se replican en las intervenciones públicas.

* El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

El 81 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reflejado el cambio geopolítico mundial a partir de la política exterior de Estados Unidos fundada en su seguridad nacional. El presidente Trump expresando que no tiene “ningún interés en permitir que los peligros sigan creciendo”, ratificando con claridad el final de la dictadura de Cuba que determina el fin de sus satélites en Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

El presidente Trump afirmó que “no hay mejor ejemplo de un peligro que se permitió crecer a costa del mundo que el principal patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán”, y agregó que “Estados Unidos no permitirá que ninguna amenaza contra Estados Unidos se afiance en ningún lugar del hemisferio occidental; y, de ser necesario, utilizaremos nuestro incomparable poderío militar para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos… Estamos reafirmando el poder estadounidense, incluyendo el poderío militar cuando sea necesario, en nuestra región y en todo el mundo para crear un futuro más seguro para todos”.

En este contexto expresó que “el régimen cubano también ha pasado décadas coordinándose con radicales de izquierda y redes comunistas aquí en Estados Unidos. Como ha detallado nuestro Departamento de Estado, han cultivado vínculos con grupos subversivos y radicales como el Partido Comunista de Estados Unidos, Antifa y los Socialistas Demócratas de América. El comunismo jamás llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba….”

El detalle respecto a la dictadura de Cuba a que se refirió Trump en la ONU, es el informe del Departamento de Estado de 20 de julio 2026 titulado “Cuba la capital del comunismo del siglo XXI”, que inicia expresando que “Por casi siete décadas, el régimen cubado ha librado una campaña sostenida de subversión contra Estados Unidos…”.

Luego de 99 páginas de documentación, historia, casos y pruebas, el informe concluye señalando que: “Desde su ubicación frente a la costa de la Florida, la Cuba moderna desempeña un papel clave en el apoyo a las principales redes terroristas extranjeras. Al mismo tiempo el régimen sigue gestionando una extensa red de inteligencia de campo en los EEUU, con una penetración significativa en instituciones civiles y militares sensibles en territorio estadounidense. El peligro que supone esta penetración de los servicios de inteligencia se ve gravado por las nuevas alianzas de Cuba, ya que las isla acoge en su propio territorio un número cada vez mayor de instalaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras, lo que supone una amenaza sin precedentes para la seguridad nacional estadounidense…….Hoy sirve como tejido conectivo de una coalición antiestadounidense más amplia, un escenario donde las ambiciones de Moscú, Pekin y Teherán convergen con los movimientos radicales que operan al interior de nuestras propias fronteras”.

El informe “Cuba capital del comunismo del siglo 21” está precedido por la “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos” publicada en noviembre 2025 que repone la Doctrina Monroe con el Corolario Trump. En este contexto de documentos oficiales y públicos de Estados Unidos, la frase “pero la libertad llegará a Cuba...” expresada por Trump en la 81 Asamblea General de la ONU ratifica la necesidad y decisión estratégica estadounidense -aparentemente postergada- de terminar con la dictadura cubana.

Este siglo ha sido el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su sistema en Venezuela, con Chávez y Maduro, en Bolivia con Morales y Arce, en Nicaragua con Ortega y Murillo, y en Ecuador con Correa. Solo la captura del Nicolás Maduro el 3 de enero 2026 ha interrumpido este ciclo, porque es la primera derrota sufrida por la dictadura de Cuba que tuvo que retirar sus muertos, heridos y abandonar territorio venezolano. A los 8 días de la captura de Maduro, la dictadura recibió ultimátum mediante declaración de Trump 47 que dijo “el régimen enfrenta una decisión urgente: alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde”.

En estos casi 9 meses desde la captura de Maduro la presión de EEUU sobre la dictadura cubana se ha incrementado, son evidentes las negociaciones para la finalización de la dictadura castrista aunque el régimen lo niegue, es claro que el dictador Maduro tuvo la opción de dejar el poder y escapar con impunidad y la dictadura cubana lo impidió, las expectativas del pueblo cubano por su libertad son crecientes, las especulaciones son múltiples, pero la evidencia es que en la ONU el Presiente Trump 47 acaba de describir y ratificar que la seguridad nacional de Estados Unidos depende del fin de la dictadura cubana.

Todo indica que el régimen castrista aplica su consabida estrategia de “ceder espacio para ganar tiempo”, con la que ha resistido, engañado y/o manipulado a 13 presidentes de Estados Unidos incluido Trump 45; pero los hechos geopolíticos hacen previsible el muy cercano final de la dictadura de Cuba, que traerá consigo el fin de la dictadura de Nicaragua y la aceleración del desmontaje de las dictaduras de Venezuela (en curso bajo tutela estadounidense y resistencia castrochavista) y de Bolivia (intacta como narcoestado plurinacional).

* Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.

www.carlossanchezberzain.com

El reciente encuentro en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, volvió a concitar una gran atención internacional. Las negociaciones que ambas partes mantienen en materia económica, comercial, tecnológica y de seguridad —incluidas medidas como la extensión por dos meses de la tregua comercial— demuestran que, aun cuando Estados Unidos y China procuran alcanzar una “estabilidad estratégica constructiva”, persisten entre ambos una competencia estructural y profundas divergencias.

Tras la reunión entre Trump y Xi celebrada en mayo de este año, Xi Jinping propuso la “estabilidad estratégica constructiva” como un nuevo marco para las relaciones entre China y Estados Unidos, haciendo hincapié en la cooperación, una competencia moderada y la gestión de las diferencias. En el segundo encuentro Trump-Xi, celebrado en septiembre, ambas partes mantuvieron el diálogo y la cooperación de alto nivel; sin embargo, las declaraciones de ambos líderes dejaron en evidencia que siguen existiendo distintas interpretaciones acerca de cómo debería concretarse dicha “estabilidad”.

Desde otra perspectiva, las propias reuniones entre Trump y Xi constituyen una forma de gestión de riesgos. Estados Unidos y China necesitan mantener el diálogo para evitar que errores de cálculo provoquen una escalada; necesitan preservar los intercambios económicos y comerciales, pero también reducir las vulnerabilidades derivadas de la dependencia tecnológica y de las cadenas de suministro críticas; y necesitan abordar problemas comunes, al mismo tiempo que protegen sus respectivos intereses de seguridad. “Gestionar los riesgos mientras se mantiene la interacción” se ha convertido, por lo tanto, en uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la comunidad internacional ante el ascenso de China.

El concepto de “reducción de riesgos” (de-risking), que en los últimos años ha ido cobrando consenso en la comunidad internacional, es una manifestación concreta de este enfoque. Desde la revisión de la dependencia económica respecto de China por parte de la Unión Europea hasta el énfasis sostenido del G7 en la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro, los países no buscan una desvinculación total de China, sino reducir la dependencia excesiva en sectores críticos, diversificar los riesgos y fortalecer su propia resiliencia. El informe sobre asociaciones en materia de seguridad y defensa aprobado por el Parlamento Europeo en febrero de este año también señala expresamente la necesidad de profundizar la cooperación con Taiwán en materia de seguridad y defensa, así como de reforzar la resiliencia económica de la Unión Europea mediante la reducción de riesgos.

Lo mismo ocurre en el ámbito de la seguridad. En vísperas de la reunión Trump-Xi, representantes de Australia, Francia, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Corea del Sur y el Reino Unido reafirmaron conjuntamente, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, su oposición a cualquier modificación unilateral del statu quo en el Estrecho de Taiwán, y destacaron que la seguridad, la paz y la prosperidad de Europa y del Indo-Pacífico están cada vez más estrechamente vinculadas.

Estos acontecimientos merecen ser analizados con serenidad por la sociedad taiwanesa. Cada vez que las interacciones de alto nivel entre Estados Unidos y China atraen la atención internacional, surgen en Taiwán voces que cuestionan la confiabilidad de Estados Unidos o plantean la posibilidad de que Washington abandone a Taiwán. Sin embargo, que la comunidad internacional gestione los riesgos derivados de China no significa que busque una confrontación total con ese país. Del mismo modo, que los Estados desarrollen sus políticas hacia China no implica que deban sacrificar sus relaciones con Taiwán. En la práctica, una política hacia China y una política hacia Taiwán pueden coexistir sin contradicción.

Para Taiwán, esto significa también que debemos participar de manera más activa en la gestión internacional de riesgos. Frente a la continua expansión de China y a los riesgos que esta genera en los ámbitos de la seguridad, la economía y las instituciones, Taiwán necesita —y ya está haciéndolo— mantener una estrecha cooperación diplomática con países que comparten nuestros valores, a fin de reducir conjuntamente los riesgos de errores de cálculo y conflictos, y fortalecer la paz y la resiliencia regionales.

Tomemos como ejemplo la reciente reunión Trump-Xi. Antes del encuentro, nuestro Gobierno mantuvo una comunicación fluida con la Administración Trump y con distintos sectores de Estados Unidos, intercambiando opiniones de manera continua sobre cuestiones importantes relacionadas con la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y con las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos. Los canales de comunicación se han mantenido estables y fluidos. Tras la reunión, el embajador estadounidense en China, David Perdue, señaló en una entrevista que “la política de Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado”. Esto demuestra una vez más que una comunicación continua y estable, así como la confianza mutua entre Taiwán y sus principales socios, constituyen elementos fundamentales para preservar la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.

Director ejecutivo de IPAC: la comunidad internacional debe considerar una “política de una sola Taiwán”

Este es también un aspecto que merece especial atención en los recientes debates sobre la “política de una sola China”. Las políticas que cada país mantiene hacia China responden a sus propias circunstancias históricas, diplomáticas y a sus intereses nacionales. Esto no significa que el “principio de una sola China” sostenido por Beijing sea equivalente a las políticas adoptadas por cada país, ni mucho menos que China pueda decidir unilateralmente cuál debe ser el espacio de Taiwán en la comunidad internacional.

Como ha señalado recientemente Luke de Pulford, director ejecutivo de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), la comunidad internacional puede mantener sus actuales “políticas de una sola China”, pero al mismo tiempo debería considerar una “política de una sola Taiwán” (One-Taiwan Policy) que responda de manera más clara a la realidad de los 23 millones de taiwaneses y a su derecho a participar en la comunidad internacional.

De hecho, desde mediados de la década de 1980, Taiwán llevó adelante una transformación de su sistema político mediante procesos internos de liberalización y democratización. A través de la renovación integral del Parlamento y de la elección directa del presidente, se consolidó una estructura estatal y una base de legitimidad política de la República de China (Taiwán), centradas en Taiwán. El Gobierno de la República de China, como único gobierno legítimo que ejerce un gobierno efectivo sobre Taiwán y lo representa en el exterior, ha dado lugar a un statu quo en el que la República de China (Taiwán) y la República Popular China existen en pie de igualdad y ninguna está subordinada a la otra.

Taiwán posee su propio sistema democrático, su propia economía y sociedad, y asume sus propias responsabilidades internacionales. Taiwán y China son dos entidades políticas distintas. Por lo tanto, los países pueden, naturalmente, desarrollar —además de sus actuales políticas hacia China o “políticas de una sola China”— una política hacia Taiwán, o “política de una sola Taiwán”, acorde con sus propios intereses.

Estados Unidos constituye un ejemplo concreto. Su política hacia China se enmarca en los tres comunicados conjuntos, mientras que su relación con Taiwán cuenta con una base institucional constituida por la Ley de Relaciones con Taiwán, las Seis Garantías y diversas leyes aprobadas a lo largo de los años por el Congreso estadounidense. Estos instrumentos tienen distintos fundamentos jurídicos y políticos y no son incompatibles entre sí. Asimismo, la política estadounidense hacia Taiwán ha mantenido una continuidad a lo largo de sucesivas presidencias y administraciones. Recientemente, legisladores de ambos partidos del Congreso estadounidense han vuelto a reafirmar la Ley de Relaciones con Taiwán y las Seis Garantías, apoyando el fortalecimiento de las capacidades de autodefensa de Taiwán y rechazando la narrativa de Beijing sobre su “principio de una sola China”.

En cuanto a las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos, en materia de seguridad, el Gobierno estadounidense continúa realizando ventas de armas a Taiwán, mientras que Taiwán se esfuerza por fortalecer sus capacidades de autodefensa y la resiliencia de toda la sociedad. Asimismo, ha elevado su presupuesto de defensa a más del 3 % del PIB, avanzando hacia una mayor “distribución de responsabilidades”.

En el ámbito económico, la relación bilateral ha evolucionado desde el comercio y las inversiones recíprocas hacia la cooperación en semiconductores, cadenas de suministro de inteligencia artificial y ecosistemas industriales. Mediante mecanismos como el Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica (EPPD) y la iniciativa “Pax Silica”, ambas partes buscan fortalecer la resiliencia económica y la seguridad de las cadenas de suministro. Taiwán y Estados Unidos están construyendo progresivamente una “asociación simbiótica” que abarca la seguridad, la economía, la tecnología y la industria.

La misma tendencia puede observarse en Europa y en el Indo-Pacífico. El informe de evaluación del entorno estratégico de la Unión Europea publicado en septiembre de este año señala que las acciones cada vez más asertivas de China en el Estrecho de Taiwán, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional tienen repercusiones cada vez más profundas para la seguridad de Europa y del Indo-Pacífico, y subraya que cualquier intento de alterar el statu quo en el Estrecho de Taiwán afectaría la seguridad mundial.

Asimismo, durante la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unión Europea volvió a señalar que el texto de la Resolución 2758 de la Asamblea General no menciona a Taiwán y que, siempre que se cumplan las normas o prácticas pertinentes de cada organización, debería permitirse la participación de Taiwán en el sistema internacional, “especialmente cuando los conocimientos técnicos y las capacidades de Taiwán puedan aportar un valor agregado”. La UE también reiteró la importancia estratégica de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán para la seguridad regional y mundial.

Taiwán, un socio para la paz y la resiliencia globales

Estos cambios también demuestran que Taiwán no tiene motivos para subestimar su propio papel. En la época en que China ingresó a la OMC y la globalización se expandía rápidamente, Taiwán enfrentó en numerosas ocasiones la reducción de su espacio internacional. Hoy, en cambio, la comunidad internacional tiene una mayor conciencia de los riesgos económicos, de seguridad e institucionales asociados a China y concede creciente importancia al papel de Taiwán en ámbitos como la democracia, la tecnología, las cadenas de suministro y la seguridad regional.

En particular, frente a los continuos intentos de China de distorsionar la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y vincularla con su “principio de una sola China”, la comunidad internacional presta cada vez mayor atención a la necesidad de distinguir entre el texto de la resolución y las interpretaciones políticas posteriores. La Resolución 2758 aborda la cuestión de la representación de China ante las Naciones Unidas; su texto no menciona a Taiwán ni autoriza a la República Popular China a representar a Taiwán dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Frente al ascenso de China y los diversos desafíos que este plantea, la comunidad internacional necesita una gestión pragmática de los riesgos. Taiwán es un defensor del statu quo en el Estrecho de Taiwán y un contribuyente a la paz regional. Mientras la comunidad internacional reflexiona conjuntamente sobre cómo gestionar los riesgos relacionados con China, Taiwán también debe cooperar activamente con países que comparten nuestros valores para reducir los riesgos, preservar la paz y fortalecer la resiliencia.

Taiwán no debe ser considerado un problema que haya que resolver, sino un socio con el cual trabajar para preservar conjuntamente la paz, la resiliencia y la prosperidad.

Desperdiciaron una oportunidad para ponerse de acuerdo en las líneas rojas, y en algo que interesa a EE. UU. y a China, que en la IA no debiera haber una detención forzosa del avance logrado, ya que el potencial es demasiado grande para el bien de la humanidad. No se debió haber dejado pasar el momento para establecer reglas del juego, tal como en la guerra fría, EE. UU. y la URSS lo hicieron para el inédito poder que apareció junto con la bomba atómica. Ojalá que en la IA ambos hicieran algo similar a lo que existió en la guerra fría, un G-2, un grupo de dos entre ambos, o al menos un sistema permanente de encuentros y consulta, porque en la cima no existe ni se visualiza hoy un tercero, por lo que, por definición, lo que hagan importa mas para la paz mundial que la ONU, el G-7 o el G-20.

En vez de contenido se repitió lo de la visita de Trump a Beijing del 13 al 15 de mayo, donde también hubo gran pompa y una extensión del plazo para continuar negociando el tema de los aranceles. En ambos casos hubo un esfuerzo para que la visita se sintiera cómoda, incluso en EE. UU. se dio la oportunidad para que destacaran las respectivas esposas, Melania y Peng Liyuan, quien ha sido la primera dama de la República Popular China desde la llegada de Xi a la cima el 14 de marzo de 2013. Peng es una muy conocida cantante de ópera tradicional y música folclórica, tanto que cuando su marido llegó por vez primera a posiciones encumbradas, fue conocido como “el marido de Peng”.

Trump y Xi conversaron de desarrollo y gobernanza de la IA como también de Irán, el petróleo y el dólar, no sabiéndose si dialogaron del Ártico o de la elección del próximo secretario/a general de la ONU. Además, hubo minutos para las relaciones económicas, confirmando la extensión hasta el 10 de enero de la tregua comercial que negociadores habían acordado hace algunos días. En lo que más interesa a Beijing que es Taiwán, lo que habría dicho Xi fue informado por la agencia Xinhua, sus deseos que EE. UU. trate el tema con “prudencia”, es decir, que no venda las armas avanzadas pedidas por la isla, además que en ningún caso Taipéi de pasos independentistas, reforzando lo que siempre ha dicho, que eso sería causal de invasión.

Fue una cumbre con gran pompa, pero casi sin anuncios, más en el estilo chino que en el estadounidense. Fue la primera visita oficial de Xi a Washington en más de una década, y Trump acudió personalmente a recibirlo a un lugar que no es habitual para estas visitas, como una base militar, en este caso la Base Conjunta Andrews. Allí se estableció lo que duraría hasta el final, una agenda cargada de trompetas, banderas y actos protocolares, siempre muy importantes para los mandarines comunistas que gobiernan China.

Ambos buscaron proyectar cercanía, tanto que el siempre reservado Xi habló de una “relación personal” con Trump, quien sin duda se siente cómodo con él, comodidad similar a la que tiene con Putin, tanto que este encuentro me recordó el que tuvo con Putin en Alaska, en el sentido de ningún anuncio importante y mucho esfuerzo en rendir honores al visitante. Al respecto, siempre he pensado que ello se debe a que en estos líderes autoritarios (también Erdogan) nota un respeto, real o protocolar, que no aprecia por ejemplo en los líderes europeos, con quienes generalmente ha tenido relaciones no muy buenas, con la excepción de Orban, Nawrocki de Polonia, y el secretario general de la OTAN. Quizás por eso siempre Trump destaca las recepciones de la corona británica, tanto de la madre como del hijo.

En todo caso, estos gestos nunca sobran, lo que quedó reflejado en los respectivos brindis. Trump dijo “representamos sistemas diferentes, pero los lazos entre nuestros pueblos perduran y nunca nos hemos llevado mejor”, posteriormente, en hipérbole típica agregó que la visita de Xi había sido “espectacular”. Por su parte, el jerarca chino dijo que buscaba “una relación constructiva entre países basada en la estabilidad estratégica”. El ideal sería algo que todavía no existe, un verdadero diálogo entre las principales potencias del mundo, pese a las diferencias existentes en comercio, tecnología y política internacional y, sobre todo, las diferencias de ambos sistemas en democracia, a pesar de lo cual, Trump dijo “Xi y yo entendemos que juntos podemos seguir construyendo una relación que promueva la prosperidad y la seguridad para las generaciones futuras”.

Para los medios de comunicación, lo más noticioso fue la Cena con 130 invitados más 20 de la delegación china, donde lo más destacable fue la presencia de los más importantes propietarios y ejecutivos de la industria tecnológica en general, y por vez primera en una Cumbre, de lo más relevante de la IA, ocupando un lugar que ya nunca más abandonarán. De hecho, es un ascenso geopolítico para las llamadas 7 magníficas, las empresas tecnológicas por todos conocidas y para las nuevas incorporaciones, las de la IA, que cuando salgan a la bolsa de Wall Street, seguramente superarán en valoración a algunas de las tecnológicas tradicionales. Antes, solo habían adquirido visibilidad cuando acompañaron a Trump a la visita de Estado al Rey Carlos III en Londres, donde estuvieron presente en la Cena ofrecida por el rey, En ese viaje Trump ofreció ayuda en IA al entonces primer ministro Keir Starmer, por lo que no debiera sorprender que, en la reunión con su sucesor Andy Burnham en la ONU, se firmara ahora un acuerdo de colaboración en IA, evidentemente un elemento crecientemente clave de política exterior para Washington.

En una Cena de Estado, en la Casa Blanca siempre hay invitados habituales, tales como grandes donantes, los amigos más cercanos entre los presentadores de la TV y representantes de poderes del Estado como congresistas y jueces de la Corte Suprema, noticioso fue que fueran sentados a la misma mesa de Xi a dos grandes empresarios taiwaneses, lo que no es tan sorpresivo como parece, cuando se agrega que en China existen importantes inversiones taiwanesas no siempre reconocidas como también en Taiwán hay inversiones chinas, tampoco muy divulgadas.

Esta Cumbre representó una oportunidad desaprovechada en el tema de la IA, el tema del momento, a pesar que ambos están en campaña política, ilustrativa de las obvias diferencias entre ambos sistemas, Trump para unas elecciones de medio término, donde una derrota en noviembre implicaría un nuevo impeachment, y en el caso de Xi, para el XXI Congreso del Partido Comunista, donde espera reforzar su dictadura, culminando la purga en curso a los militares y eligiendo un politburó, que por edad asegure la continuidad a través de aliados más jóvenes.

El problema de fondo es que ni EE. UU. ni China, ni Trump ni Xi, han avanzado en establecer sin complejos la G-2, toda vez que transformar en habituales los acuerdos entre China y EE. EE es imprescindible cuando no hay adecuada gobernanza ni previsibilidad en las decisiones, ya que la guerra fría es historia, que EE. UU. desaprovechó los años en que fue la única superpotencia, y hoy no existe nada en su reemplazo para la conducción del mundo, presenciándose la superioridad de la geopolítica como también el colapso de las reglas que se habían establecido después del fin de la segunda guerra mundial.

El grupo de dos, el G-2, es también necesario en un mundo donde, a pesar de lo que Xi dice, China y EE. UU. no son socios, sino claramente rivales para el cetro de la principal superpotencia del siglo XXI. Al respecto, no tengo dudas que establecer un sistema para manejar la actual rivalidad y competencia entre China y EE. UU. es la única y mejor forma de acercarnos a lo que Xi quiere: “Nuestra relación debe caracterizarse por la cooperación como eje principal, una competencia dentro de ciertos límites, diferencias manejables y perspectivas de paz”, se lee por escrito a Xi en declaraciones publicadas por la agencia estatal Xinhua antes de la reunión con Trump.

Para superar la Trampa de Tucídides, aquella expresión popularizada por Graham T. Allison al citar al historiador y militar de la Grecia clásica de ese nombre, el cual escribió lo que ocurrió cuando el ascenso de Atenas en conjunto con el temor que esto le ocasionó a Esparta hizo inevitable la Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.). Allison estudia 16 casos en la historia donde una potencia emergente desafía a la potencia consolidada y concluye que 12 de ellos acabaron en guerra.

Xi Jinping ha citado a esta Trampa en dos ocasiones seguidas, en la visita de Trump en mayo y en la suya ahora el 23 al 25 de septiembre, algo poco usual en una persona poco amigo de las declaraciones para el exterior. El jerarca chino ha escrito que se necesita “forjar un nuevo modelo de relaciones entre las grandes potencias”.

Al respecto, creo que el camino es lo que lograron soviéticos y estadounidenses en la guerra fría, encontrar intereses comunes. Para ellos fue representado por la limitación del armamento atómico y la Détente, tanto que es una de las pocas oportunidades en la historia en que dos potencias iguales en lo militar a las que todo separaba no terminaron en enfrentamiento directo, por mucho que hayan patrocinado guerras por terceros países.

Como no se advierte que aparezca un tercero en discordia, sino que al parecer no existe hoy alternativa para el G-2, para ordenar este mundo donde en general hace falta más previsibilidad en las decisiones y mayor estabilidad en las relaciones entre China y EE. UU., ambos necesitan antes encontrar intereses comunes, temas donde ambos ganan, como podría ser la IA.

Hay uno en marcha, donde China después de sancionar exitosamente a EE. UU. al exponer su carencia de tierras raras, ganó algo que en el tema aranceles no se le concedió a ningún otro país, una negociación de igual a igual. Aunque siempre puede descarrilar esta negociación, parece ir caminando, desde el momento que nada negativo ha surgido, ni siquiera en la forma de “trascendidos” como también desapareció la retórica agresiva, indicaciones que los equipos negociadores están trabajando bien, ya que además se ha repetido una fórmula que incluye intercambio de propuestas escritas específicas y reuniones políticas entre los secretarios de Estado Marcos Rubio y Serguéi Labrov y económicas entre el secretario del Tesoro Scott Bessent y el vice primer ministro chino He Lifeng, antes de las dos Cumbres.

Ese es el único camino para el G-2 que el mundo y ambos países necesitan, encontrar elementos comunes entre las superpotencias, una aceptada por todos como tal, y otra en camino a serlo, y con una fecha que resalta después del último Congreso XX del partido Comunista y que seguramente volverá a aparecer en el XXI del próximo año, el 1 de octubre de 2049, fecha en que se cumple el centenario de la creación por Mao Zedong de la República Popular China, fecha en que esperan haber superado a EE. UU.

Es por ello una lástima grande que se haya desaprovechado esta oportunidad para anunciar al mundo un marco común para la IA, que es también la tecnología que va a definir al ganador de esta carrera. Sobre todo, era el momento para hacerlo, ya que el debate público entre ejecutivos y propietarios de las más importantes empresas y laboratorios de IA en torno a si debiera haber un control externo a nivel nacional e internacional de la IA, había sacado el tema a la luz de la opinión pública en todo el mundo, y, por lo tanto, había quedado servida la mesa para un acuerdo entre China y EE. UU. cuyo común liderazgo es tal, que inmediatamente lo acordado hubiese sido imitado a nivel mundial.

Una pena y un desperdicio del momento adecuado. Incluso ambos líderes se habían referido al tema, ya que mientras Donald Trump dijo que iba a conversar sobre IA con Xi Jiping, pero que no iba “a promover ningún cambio” y “que el gobierno chino coincidía con su punto de vista sobre los avances de la IA” mientras que el jerarca chino pidió desarrollar la IA, pero mantenerla “bajo control humano”, es decir, acuerdo sobre una visión común, donde Trump es más renuente, ya que ha dicho muchas veces que existe predominio estadounidense, y que no quiere perder esa ventaja ante China.

Sin embargo, cualquiera sea el acuerdo que se alcance entre ambos países, es tal su distancia hoy del resto del mundo, que inmediatamente se va a convertir en las nuevas reglas del juego a ser seguidas por todo otro país, ya que en comercio mundial si lo logran en aranceles ambas naciones, pasaría a reemplazar inmediatamente al sistema multilateral de normas existente, pero en desuso. Aún más notorio e importante sería en IA, donde no hay nada que regule la carrera tecnológica o la competencia entre empresas.

La fijación de un marco para la IA es relevante, ya que existen temores de distintos tipos, incluso de tan poco fundamento como la extinción de la especie humana, donde un acuerdo entre China y EE. UU. es imprescindible para evitar el catastrofismo como el que parece haber surgido, tanto en votantes republicanos como demócratas en este proceso electoral, a propósito de los Centros de Datos, imprescindibles para dotar a la IA de la energía que necesita para funcionar.

Es un momento para la acción. Me recuerda aquel momento cuando la humanidad se enfrentó a un temor desconocido después que estallara la primera bomba atómica, sin embargo, la URSS y EE. UU. fueron capaces de desarrollar el programa de contención de la capacidad nuclear, cuando ambos países dispusieron de suficientes bombas para hacer desaparecer a los seres humanos sobre la tierra. Y, sin embargo, se construyó de la nada un sistema que ha funcionado hasta ahora, a pesar de rebeldías como la de Irán.

De ahí que EE. UU. y China pueden lograr lo que se necesita para que en relación con la IA se desarrolle una cultura de la limitación, de la autolimitación. El primer paso para asegurarnos que la IA es segura es partir por algo conocido y que ha dado buenos resultados, por lo que además de su acuerdo de mínimos y máximos, China y EE. UU. debieran impulsar para la IA un organismo de monitoreo global, similar al que existe para enriquecimiento de uranio.

De igual importancia es el hecho que el debate público ya se inició. Surgió del interior de las empresas líderes, y ya no puede ser ignorado, después que hablaran a favor y en contra ejecutivos y dueños, incluyendo nombres muy conocidos. No piden las mismas cosas, pero en pocos días todos se pronunciaron, con posiciones encontradas en torno a innovación y seguridad, de si la regulación se debiera hacer fuera de las empresas mediante nuevas normas, incluyendo a los gobiernos en la definición de los estándares necesarios, o entre las empresas, mediante un código de ética.

El debate se originó en un incidente, donde por primera vez la IA actuó con autonomía de los seres humanos, no fue Chernóbil, pero igualmente hay miedo y temor, aunque en Ucrania el peligro fue localizado en un lugar específico, mientras que, por definición, lo de la IA podría no tener fronteras. Lo que ahora se inicia no debiera desvirtuarse mediante posiciones ideológicas como tampoco debiera haber cancelaciones o superioridades morales, es decir, idealmente un debate como no ha existido, aquel donde todos sean escuchados, pero ordenado y en tiempo limitado, como solo China y EE. UU. están en condiciones de lograrlo.

No hay duda de que la desconfianza hacia las grandes empresas de la IA existe, contra propietarios y ejecutivos, como también existe el interés para escucharlos. Abunda el escepticismo de las motivaciones de quienes iniciaron este debate, como también otros han señalado que ninguna regulación, código de ética o tratado va a impedir dos situaciones: primero, ninguna norma jurídica o acuerdo de voluntades puede impedir el error o la imprudencia, y segundo, nada detendrá a alguien que no está de acuerdo con lo existente pueda crear de la nada algo nuevo, y de ello es testigo la historia de lo que ha sido la propia IA.

Sin embargo, cualquiera sea la motivación, debe ser valorado lo que ha tenido lugar, ya que, en un ambiente de alta competencia, no es habitual la discrepancia pública entre grandes empresas internacionales, cuyo valor en el mercado es mayor al presupuesto de la mayoría de los países.

El riesgo actual no representa el fin del mundo actual, pero el peligro no debe descartarse del todo, y como humanidad estamos mal preparados para lo que viene, ya que jamás habían existido las posibilidades que nos ofrece la IA, para lo negativo, cuando se habla de que no obedeció órdenes humanas, pero también para lo positivo, abriéndole al mundo un progreso nunca visto. EE. UU. y China dejaron pasar la oportunidad de concordar las líneas rojas que la IA no debe traspasar, tales como el respeto sagrado a la interioridad del cerebro humano, como también el rechazo al catastrofismo paralizante que a veces surge en contra de la IA.

Como el debate ya quedó instalado, es particularmente lamentable que ni Trump ni Xi hayan aprovechado la oportunidad para que China y EE. UU. aparecieran como potencias responsables, inaugurando una etapa de confianza en lo que la IA puede proporcionar, una donde continúe la innovación, pero al mismo tiempo se mantenga tapada la botella para que el genio no se escape.

Mientras tanto, en la construcción de confianzas, nada quizás sería mejor que si EE. UU. le asegurara a China la venta del petróleo que hoy no tiene y que tanto necesita. Nada tampoco lograría que Beijing siempre escuchara.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Hay personas a las que debemos admirar, porque el papel fundamental que desempeñan en la resolución de problemas puede marcar la diferencia para todos en todas partes. La salud es un Derecho Humano de orden público, las acciones que tomemos, la infraestructura que se construye, el conocimiento que se desarrolla hace a situaciones impostergables de la vida, transforma la esencia de la misma. Hay muchas historias que hacen a la medicina y a nuestras vidas. Tomar contacto con la vida y carrera del Dr. Baofa Yu es absolutamente gratificante. Muchas veces es la política la que lleva derechos a la gente, muchas, muchísimas veces es la ciencia. Las expresiones de la misma surgen de la gente más increíble que aparecen en los lugares más remotos para nosotros. Como agradecer que hayan superado los más increíbles desafíos y desafiado las posibilidades más inalcanzables para poner más accesible para mucha gente algo tan absolutamente vital. Las enfermedades no transmisibles han cercenado mucho derecho a la vida o han afectado las vidas de tal manera que el ejercicio de algunos derechos se vuelve imposible. Algo que definitivamente tiene una dimensión práctica ya que esta fue la estrategia que se siguió cuando me correspondió representar a Uruguay ante el CIADI en defensa de las políticas anti-tabaco de Uruguay.

El Dr. Baofa Yu nació en 1958 en Jinan, China. Su padre era Tonglin Yu y su madre era Yuzhen Wang. Su entorno familiar muestra mucho dolor personal que sin duda moldea cómo se investiga y se practica la medicina, cómo se piensa y se siente. Comprender los problemas y la necesidad de soluciones funciona de manera diferente.

Hubo momento especialmente dolorosos durante la Revolución Cultural, en el curso de la misma, el padre del Dr. Yu murió y la familia fue enviada a una zona rural después de que su padre fuera etiquetado como “antirrevolucionario” debido a su trabajo anterior para el Partido Nacionalista. La familia vivía en el condado de Dongping, donde los recursos médicos eran limitados.

En 1970, cuando el Dr. Yu tenía 12 años, a su madre le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Su enfermedad tuvo un impacto terrible y ayudó a moldear su vocación; convertirse en médico estaba inculcado en su mente. Posteriormente desarrolló cáncer de esófago y murió en 1984, cuando el Dr. Yu tenía 26 años. Su sufrimiento y su sensación de impotencia ante su enfermedad fortalecieron su determinación de dedicar su carrera al tratamiento del cáncer. El Dr. Yu describe su vocación como nacida de una pérdida. Su madre fue su primera maestra y una de las personas que más creyó en él. Verla tener cáncer fue, dice, la experiencia más devastadora de su vida. Del dolor surgió la fuerte idea de dedicar su vida a encontrar mejores formas de tratar el cáncer, para que menos familias tuvieran que soportar la misma experiencia. Esa promesa se convirtió en la base de su vida profesional. Nuestra acción en el mundo se determina por entender aquello que perdemos y como lo hemos perdido, no es posible entendernos sin nuestras emociones y como las mismas encienden nuestra realidad y nuestra conciencia, como la conciencia se transforma para tratar de entender aquella dimensión de la ciencia que nos es desconocida todavía, que nos hace saber que necesita de nuestras explicaciones. Nuestras emociones tienen la capacidad de avasallar los no-sistémicos, de dar razones al pensamiento y de crear condiciones para nuevos impulsos de la voluntad. El ser humano se enfrenta a realidades conscientes que son fáciles de comprender, aquellas que son difíciles de comprender, pero esencialmente el desarrollo humano requiere tratar con necesidades conscientes que se presentan como imposibles de resolver, abordar las mismas crea una conciencia trascendental de posibilidades nuevas y mueve nuestra cultura de interacciones hacia nuevas formas de entender y conocer.

El camino desde China hacia el mundo

Ese compromiso impulsó al Dr. Yu a estudiar medicina con gran dedicación. Se graduó de la facultad de medicina en China en 1982 e inició su carrera como médico. Pronto llegó a la conclusión de que las herramientas convencionales a su alcance —cirugía, radioterapia y quimioterapia sistémica— no resolvían todas las dudas que tenía sobre el cáncer. No solo quería comprender cómo tratar los tumores, sino también cómo administrar el tratamiento de manera más selectiva y cómo movilizar el sistema inmunitario contra el cáncer. Tal como señaló el premio Nobel Craig Mello: se trata de una idea ambiciosa que el Dr. Yu ha perseguido con una perseverancia extraordinaria. Su labor abarca desde conceptos básicos de administración de fármacos, inmunología tumoral, experimentación preclínica e investigación clínica hasta el desarrollo tecnológico.

En 1990, el Dr. Yu se trasladó a Estados Unidos para trabajar como investigador visitante y becario posdoctoral en la UCSD. También colaboró ​​con el Instituto Salk de Estudios Biológicos. Durante cerca de cinco años, llevó a cabo investigaciones sobre la administración de fármacos, la biología del cáncer y la inmunología.

En ese periodo, comenzó a cuestionar un aspecto fundamental de la quimioterapia convencional: ¿por qué exponer todo el organismo a un fármaco tóxico cuando el objetivo principal es un tumor localizado? Se interesó por la posibilidad de inyectar un fármaco directamente en el tumor, logrando que permaneciera allí durante un tiempo prolongado y sirviera no solo para eliminar las células tumorales localmente, sino también para estimular una respuesta inmunitaria más amplia.

La inyección intratumoral en sí no era una novedad, pero el Dr. Yu consideraba que una de sus limitaciones era la fuga de los fármacos líquidos fuera del tumor. Por otro lado, los materiales de administración de fármacos en estado sólido o de tipo gel resultaban difíciles de distribuir de manera uniforme por todo el tumor. La solución que propuso fue una formulación capaz de inyectarse en estado líquido y retenerse posteriormente en el interior del tumor, creando así un depósito de liberación sostenida.

El Dr. Yu también ha criticado duramente lo que considera una especialización excesiva en la investigación moderna sobre el cáncer. A su juicio, médicos clínicos, farmacólogos, biólogos especializados en cáncer, inmunólogos e ingenieros biomédicos suelen trabajar en «compartimentos estancos» profesionales, centrándose cada uno en una faceta muy concreta del problema. Él sostiene que un mejor tratamiento contra el cáncer podría requerir la integración de la administración de fármacos, la biología tumoral, la modulación inmunitaria y la práctica clínica, en lugar de abordar cada aspecto de forma independiente.

Asimismo, ha criticado tecnologías oncológicas de muy alto costo cuando, a su juicio, el beneficio clínico adicional no justifica la inversión. Señala en particular la rápida expansión de las instalaciones de terapia con protones en China, argumentando que el enorme costo de estas instalaciones suele ser desproporcionado en relación con sus ventajas clínicas frente a la radioterapia convencional.

Su regreso a China tenía como objetivo llevar sus ideas a la práctica; era el momento oportuno para aplicar años de investigación. Con esta visión, el Dr. Yu regresó a China en 1996. En lugar de establecerse en una de las grandes ciudades del país, volvió al condado de Dongping, en la provincia de Shandong, una zona rural y relativamente pobre que él consideraba desatendida en cuanto a la atención oncológica.

Su decisión surgió de una combinación de motivaciones personales y profesionales. Su madre había vivido y fallecido en esa comunidad, y muchas familias locales no podían costear los viajes a las grandes ciudades para recibir tratamiento. El Dr. Yu creía que los habitantes de las zonas rurales merecían acceso a una atención oncológica especializada cercana a sus necesidades y que dichas necesidades podían satisfacerse.

En 1998, utilizando fondos propios y dinero prestado, fundó el Hospital Oncológico Taimei Baofa. Él lo describe como el primer hospital especializado en cáncer en un condado rural de China. Para él, el hospital representaba una respuesta directa a la pregunta que le había acompañado desde la muerte de su madre: ¿qué podía hacer de distinto por otros pacientes y sus familias?

La idea central: UMIPIC y la “biblioteca de liberación lenta”

Una sola pregunta ha impulsado el trabajo del Dr. Yu: ¿Por qué no se puede tratar el cáncer de manera más inteligente?

Esa pregunta lo llevó a desarrollar lo que inicialmente llamó “terapia de biblioteca de liberación lenta”, conocida posteriormente como UMIPIC (quimioterapia e inmunoterapia interna personalizada del tumor, de carácter ultramínimamente invasivo). En términos generales, el enfoque busca combinar varias ideas, comenzando por lo que podría denominarse administración local: en lugar de depender únicamente de la quimioterapia sistémica, los fármacos se inyectan directamente en el tumor. Por otro lado, la retención sostenida implica que el tratamiento está diseñado para mantener los fármacos dentro del tumor durante un periodo prolongado, creando así un depósito local o “biblioteca de liberación lenta”.

En cuanto a la activación inmunitaria, esta consiste en utilizar un hapteno u otro componente inmunomodulador para hacer que los antígenos liberados por las células tumorales moribundas sean más reconocibles para el sistema inmunitario; de este modo, el tumor tratado se convierte en lo que el Dr. Yu describe como una vacuna personalizada *in vivo*. El Dr. Yu subraya que este concepto no surgió en un único momento de descubrimiento; describe años de experimentación, fracasos, revisiones y experiencia clínica antes de llegar a la forma actual del tratamiento.

El sentido de su vocación fue cobrando la forma de algo trascendental y firme como un martillo, capaz de transformar la realidad de la medicina. Tras décadas de trabajo, el Dr. Yu concibe su vocación como algo más que una simple carrera profesional; la describe como una llamada definida por tres compromisos, tan sólidos como la promesa de un hijo a su madre. No pudo salvar a su madre, pero ha dedicado su vida profesional a tratar a otras personas con cáncer. Todo ello se cimentó en su curiosidad científica. Las preguntas surgidas en el laboratorio se han convertido en la base de estrategias terapéuticas que su equipo ha aplicado en la práctica clínica. Además, trabajó arduamente en su propia mente y espíritu como parte de su deber médico, convencido de que cada paciente debe percibir el compromiso del doctor con su dignidad, haciendo de la compasión la mejor ciencia posible. Su historia trata sobre una vocación forjada en el dolor, definida por el estudio y desarrollada a lo largo de décadas de práctica clínica; un firme compromiso que lo llevó desde la China rural hasta instituciones de investigación en Estados Unidos y, posteriormente, de regreso a su ciudad natal.

Una carrera puede carecer de significado, los logros pueden resultar superfluos y la perspectiva profesional puede estar vacía de propósito ético.

El Dr. Yu describe su labor como un intento de crear una estrategia de tratamiento ecléctica y equilibrada que combine la destrucción local del tumor con la estimulación de la función inmunitaria sistémica. En ocasiones, compara este enfoque integrado con el concepto de la medicina tradicional china de «soberano, ministro, ayudante y mensajero», en el que a distintos componentes se les asignan funciones complementarias.

En la UMIPIC, se utiliza peróxido de hidrógeno (H₂O₂) en la formulación intratumoral para alterar el microambiente tumoral y ayudar a retener el tratamiento a nivel local. Los fármacos citotóxicos tienen como objetivo destruir las células tumorales y liberar antígenos asociados a tumores (TAA). A continuación, se emplea un hapteno como componente inmunomodulador para modificar la señal antigénica y aumentar el reconocimiento inmunitario del tumor. El Dr. Yu también establece paralelismos históricos con científicos como Henry Cavendish y Alexander Fleming. Su planteamiento general es que los descubrimientos realizados con un fin determinado pueden adquirir posteriormente aplicaciones médicas inesperadas. Él continúa investigando otros haptenos y perfeccionando la terapia contra el cáncer basada en haptenos.

Su principal contribución a la oncología

El Dr. Yu considera que los efectos inmunológicos asociados a UMIPIC son fundamentales para su trabajo. El “efecto abscopal” se asocia comúnmente a la radioterapia; en este fenómeno, el tratamiento de un tumor localizado va seguido de la regresión de otro tumor situado a distancia y no tratado. El Dr. Yu sostiene que puede producirse una respuesta sistémica comparable tras el tratamiento intratumoral con su combinación de peróxido de hidrógeno, fármacos citotóxicos y un hapteno.

Describe UMIPIC como un procedimiento que cumple dos funciones simultáneas: reducir directamente la carga tumoral local y, al mismo tiempo, provocar una reacción inmunitaria que ayuda a controlar la enfermedad microscópica, las metástasis o las recidivas. Según el mecanismo que propone, múltiples antígenos tumorales liberados durante el tratamiento se modifican o presentan de tal manera que estimulan tanto la respuesta de los linfocitos T como la producción de anticuerpos. Utiliza el término “neovacuna in vivo” para describir este concepto y considera que la amplitud de esta respuesta inmunitaria es una característica distintiva de UMIPIC.

El futuro de la oncología, el oncólogo y la inteligencia artificial

El Dr. Yu prevé una transición desde lo que denomina “eliminación física” hacia el “control inmunitario biológico”. A su juicio, el futuro de la oncología no se limitará a prolongar la secuencia tradicional de cirugía, radioterapia y quimioterapia sistémica; por el contrario, combinará cada vez más el tratamiento local, la inmunomodulación y la personalización basada en datos.

Hace más de dos décadas, el Dr. Yu comenzó a describir la “paradoja de la quimioterapia”: si bien esta es muy eficaz para combatir las células cancerosas, también puede dañar el tejido sano y suprimir la función inmunitaria. Sostiene que esta tensión apunta hacia una filosofía de tratamiento que depende menos de la exposición sistémica indiscriminada y más de la administración selectiva y la regulación inmunitaria. La labor y la investigación del Dr. Yu se sustentan en tres pilares profundamente interconectados: UMIPIC, inmunocirugía e inteligencia artificial.

Su visión de la atención oncológica futura se basa en UMIPIC, transformando los tumores en “fábricas de vacunas autólogas”. UMIPIC emplea la inyección intratumoral —guiada por imagen— de fármacos quimioterápicos, un agente oxidante y un hapteno. El tratamiento retiene los fármacos dentro del tumor, elimina las células tumorales a nivel local, libera antígenos tumorales y estimula una respuesta inmunitaria sistémica. En una serie de 2.836 pacientes, el Dr. Yu informa una tasa de beneficio terapéutico del 92,65 % y una tasa de inhibición de células tumorales circulantes superior al 80 %.

Luego está la “inmunocirugía”: transformar la cirugía en un evento inmunológico. El equipo del Dr. Yu trata el tumor antes de su extirpación quirúrgica para que la muerte de las células tumorales, la inflamación y la liberación de péptidos y antígenos ocurran mientras el tumor aún está en el cuerpo. El proceso resultante atrae células inmunitarias y genera una respuesta más específica contra la enfermedad residual. El Dr. Yu señala que este enfoque puede reducir la recurrencia en el cáncer de páncreas.

Por último, la personalización asistida por IA es un pilar fundamental en el que trabaja el equipo del Dr. Yu para la predicción tumoral, y consideran que esta área será clave para el futuro. Una revisión de 2024 publicada en “Cancer Letters” analiza el potencial de la IA para el análisis multiómico, la planificación de tratamientos individualizados y la monitorización en tiempo real. En este modelo, el oncólogo deja de ser un mero prescriptor para convertirse en un estratega que interpreta datos complejos y utiliza herramientas de IA para adaptar el tratamiento.

El Dr. Yu ha pasado de ser un agente disruptivo a un constructor de sistemas, de alguien que desafía el statu quo a arquitecto de una nueva estructura funcional.

El papel del Dr. Yu puede entenderse como el de un disruptor conceptual: ha cuestionado las limitaciones que percibe en la quimioterapia sistémica convencional y ha desarrollado el concepto de “depósito de liberación lenta”. Al mismo tiempo, es un pionero clínico; junto con sus colegas, ha llevado la técnica UMIPIC de la investigación de laboratorio a la práctica clínica. Y, sobre todo, actúa como constructor de sistemas: ha gestionado patentes, vías regulatorias y guías clínicas, además de promover una adopción más amplia del método.

La técnica UMIPIC se ha utilizado en más de 50.000 casos de tratamiento, ha obtenido patentes en China, Estados Unidos y Australia, ha logrado la autorización IND de la FDA estadounidense para ensayos clínicos y se ha incluido en múltiples ocasiones en las guías clínicas chinas para el tratamiento intervencionista del cáncer de páncreas avanzado.

Desafíos a enfrentar para vencer el cáncer

El Dr. Yu sostiene que la oncología ha aprendido una lección importante tras décadas de desarrollo de fármacos: es poco probable que un único medicamento o una estrategia de “talla única” resuelvan el problema del cáncer. Se muestra muy crítico con el coste y la eficiencia del desarrollo convencional de fármacos, argumentando que los enormes recursos destinados a nuevos medicamentos han generado, con demasiada frecuencia, avances clínicos apenas modestos.

Identifica varios desafíos que deben abordarse de manera conjunta:

Profundizar en el conocimiento biológico. El cáncer no es una sola enfermedad, sino un conjunto de enfermedades altamente heterogéneas. Se requiere investigación continua para comprender la heterogeneidad tumoral, el microambiente tumoral (TME) y los mecanismos de evasión inmunitaria; todos ellos aspectos fundamentales para lograr tratamientos más precisos.

Salvar la brecha traslacional. Contar con mejores modelos preclínicos —incluidos los organoides derivados de pacientes y los modelos animales humanizados— podría mejorar nuestra capacidad para predecir qué tratamientos serán eficaces en las personas. Asimismo, resulta esencial una colaboración más estrecha entre científicos de investigación básica y médicos clínicos.

Para el Dr. Yu, es fundamental aumentar la disponibilidad de atención para todas las personas y homogeneizar los servicios en toda la sociedad, ya que el desarrollo científico solo cobra sentido si aporta soluciones a los pacientes. El Dr. Yu aboga por un mejor control de costes, el establecimiento de infraestructuras sanitarias y la difusión generalizada de guías médicas basadas en la evidencia, garantizando así que los avances tecnológicos no queden reservados únicamente a pacientes adinerados o a grandes áreas metropolitanas.

En última instancia, vencer el cáncer es una prueba de resistencia que exige progresos simultáneos en biología, herramientas clínicas, sistemas de administración de tratamientos y acceso a la atención sanitaria.

El Dr. Yu también ha propuesto la “terapia de música suave” como una forma de afrontar el miedo, la depresión o la vergüenza, actuando como una modalidad de medicina social de apoyo. Su objetivo no es curar el tumor, sino reducir el miedo, la vergüenza, la ansiedad y la resistencia emocional asociados al tratamiento oncológico. En este sentido, la música favorece el bienestar psicológico del paciente mientras el tratamiento médico aborda la enfermedad en sí.

La visión más amplia del Dr. Yu es que el oncólogo no debe ocuparse únicamente de la biología del tumor, sino también de la experiencia emocional del paciente. Por ello, utiliza la metáfora del oncólogo como un “director de orquesta de la curación”, que coordina el tratamiento biológico con el apoyo psicológico y social.

Construcción de un hospital oncológico en la zona rural de Dongping

Dongping es la localidad natal del Dr. Yu. Creció allí cuando el condado era relativamente pobre, y la muerte de su madre a causa del cáncer marcó un antes y un después en su vida. Tras trabajar en el extranjero, regresó con la firme convicción de que las comunidades rurales necesitaban un mejor acceso a tratamientos contra el cáncer.

Dongping se encontraba en una situación económica precaria y registraba una elevada incidencia de cáncer. Cada año fallecían más de 1.200 personas a causa de esta enfermedad, con una tasa de incidencia de 2,8 casos por cada mil habitantes. Paralelamente, cinco condados vecinos —que sumaban una población cercana a los cinco millones de personas— carecían de un hospital especializado en oncología.

Nadie mejor que el Dr. Yu conocía de primera mano las dificultades y el elevado coste que suponía buscar tratamiento médico; el problema radicaba en que muchos pacientes de zonas rurales carecían de los recursos económicos, el tiempo o la capacidad física necesarios para desplazarse a las grandes ciudades. Por ello, establecer un hospital en Dongping representaba tanto un proyecto profesional como una forma de retribuir a su lugar de origen.

Él mismo ha descrito el hospital como una «inversión impulsada por la emoción» más que como un plan de negocios convencional. Según sus propias palabras, la pérdida de su madre se convirtió en una motivación vital para cuidar de otras familias que se enfrentaban a la misma enfermedad. Su objetivo era llevar conceptos y tecnologías médicas avanzadas a una comunidad que, de otro modo, habría tenido un acceso limitado a ellos.

El futuro de los medicamentos contra el cáncer

El Dr. Yu cree que la medicina está más cerca que nunca de hacer que muchos cánceres sean manejables a largo plazo, incluso si nunca existe una única “cura” universal. Los nuevos medicamentos son cada vez más el objetivo y la inteligencia artificial está acelerando el análisis de datos biológicos complejos y la selección de estrategias de tratamiento.

Al mismo tiempo, las barreras que subsisten no son puramente científicas. El costo, la infraestructura, el financiamiento y la política gubernamental determinarán si los nuevos tratamientos son ampliamente accesibles. En opinión del Dr. Yu, el desafío final es hacer que los avances en la atención del cáncer estén disponibles no sólo para los pacientes ricos o las regiones con buenos recursos, sino también para los pacientes dondequiera que vivan.

El Dr. Yu considera que el concepto podría cambiar el paradigma porque combina la retención local de fármacos con un efecto inmunológico sistémico previsto. Al matar las células cancerosas in situ, dentro de su propio microambiente, el tratamiento está diseñado para hacer que el tumor moribundo funcione como una “vacuna autóloga contra el cáncer”.

Se busca generar una respuesta sistémica pues el Hapten está destinado a mejorar el reconocimiento inmunológico de los antígenos tumorales liberados por las células cancerosas moribundas.

Respecto al efecto “abscopal” el Dr. Yu sostiene que este tratamiento local puede estimular una respuesta inmune de todo el cuerpo que afecta los sitios del tumor que no se inyectan directamente. Este efecto representa un cambio de la destrucción tumoral puramente local al tratamiento que utiliza la intervención local para generar control biológico sistémico.

El concepto también desafía la suposición de que la liberación sostenida requiere un implante o portador sintético separado. En cambio, el Dr. Yu propuso utilizar el propio tejido tumoral como reservorio. La diferencia clave: el tumor mismo se convierte en el “reservorio”

Muchas tecnologías de liberación sostenida se basan en vehículos sintéticos como polímeros biodegradables, hidrogeles o dispositivos implantables. El concepto del Dr. Yu, que data de 1995, era diferente. Después de que una formulación inyectable se administra directamente en el tumor, la propia estructura física del tumor sirve como entorno local de retención de fármacos o “biblioteca de liberación lenta”.

En principio, este enfoque ofrece dos funciones a la vez. En primer lugar, se pretende mantener una alta concentración de fármaco en el sitio del tumor. En segundo lugar, a medida que las células tumorales mueren y liberan antígenos, el componente inmunomodulador tiene como objetivo estimular el reconocimiento de esos antígenos.

De la visión a la realidad clínica

Este concepto ha pasado de la investigación de laboratorio al uso clínico y ha generado un cuerpo sustancial de experiencia clínica. El Dr. Yu también informa que el tratamiento cuesta aproximadamente la mitad que la atención convencional contra el cáncer en entornos comparables, lo que ayuda a abordar lo que a menudo se llama la “toxicidad financiera” del tratamiento del cáncer.

En 2020, el Dr. Yu comenzó a utilizar el término “inmunocirugía” para un enfoque que combina la cirugía con el tratamiento intratumoral mediante quimioterapia de liberación sostenida y un hapteno. En la versión aquí descrita, el tumor se trata antes o durante la cirugía para mejorar el control local y provocar una respuesta inmune sistémica antes de su extirpación.

El método tiene dos efectos principales: un control local más eficaz del tumor y la activación de la inmunidad antitumoral sistémica. La formulación de liberación sostenida mantiene la quimioterapia dentro del tumor durante un periodo prolongado. El Dr. Yu informa que más del 95 % del fármaco puede permanecer a nivel local, frente a menos del 5 % con la administración intravenosa convencional. Esta exposición local elevada y prolongada maximiza la destrucción de células cancerosas dentro del tumor, al tiempo que minimiza la toxicidad sistémica y los efectos secundarios. Generación de una vacuna personalizada: a medida que la quimioterapia destruye las células tumorales, el hapteno modifica o potencia la inmunogenicidad de los antígenos tumorales liberados. La respuesta resultante convierte eficazmente el tumor en proceso de destrucción en una “vacuna autóloga contra el cáncer” y genera autoanticuerpos inducidos asociados al tumor.

Todos estos trabajos siguieron aportando pruebas de un impacto clínico relevante.

Un estudio clínico en pacientes con cáncer de páncreas avanzado comparó el tratamiento intratumoral potenciado con haptenos frente al tratamiento citotóxico intratumoral sin haptenos. La tasa de supervivencia al año fue del 52,63 % en el grupo tratado con haptenos y del 11,11 % en el grupo de comparación. El estudio también reveló un aumento de las moléculas de señalización inmunitaria, incluidas el IFN-γ y la IL-4, así como de los anticuerpos frente a múltiples antígenos asociados al tumor.

El concepto de “inmunocirugía” en la práctica

Aunque el Dr. Yu introdujo el término “inmunocirugía” en 2020, las ideas subyacentes coinciden con el desarrollo previo de la terapia de liberación lenta (Slow-Release Library Therapy) y la técnica UMIPIC. El método en cuestión puede considerarse mínimamente invasivo, ya que normalmente se realiza mediante punción con aguja bajo guía ecográfica o por tomografía computarizada (TC).

El tratamiento se ha aplicado a más de 50.000 pacientes en diversos países y cuenta con patentes en Estados Unidos, China y Australia, además de la autorización IND de la FDA estadounidense para realizar ensayos clínicos. Este enfoque resulta especialmente relevante para pacientes que no pueden someterse a una cirugía mayor o que no toleran los efectos adversos de la quimioterapia sistémica.

El Dr. Yu siempre citaba un estudio publicado por él en 2020 en la revista “Journal of Cancer” como una de las pruebas clínicas más importantes e influyentes para validar su hipótesis. El estudio es significativo porque compara el tratamiento citotóxico intratumoral con y sin el componente de hapteno, y reporta tanto los resultados de supervivencia como los inmunológicos en pacientes con cáncer de páncreas avanzado.

La terapia descrita aquí se denomina inyección intratumoral de fármacos citotóxicos potenciada por hapteno (HECDI, por sus siglas en inglés). Combina varios componentes:

Fármacos citotóxicos (citarabina y doxorrubicina): utilizados para eliminar las células cancerosas dentro del tumor.

Peróxido de hidrógeno (H₂O₂): utilizado en la formulación local para ayudar a retener los fármacos dentro del tumor, creando un “reservorio de liberación lenta”. El Dr. Yu describe esto como un uso novedoso del peróxido de hidrógeno en el tratamiento del cáncer.

Penicilina como hapteno: descrita como un componente inmunomodulador destinado a unirse a las proteínas liberadas por las células tumorales en proceso de muerte —o a alterarlas—, facilitando así que el sistema inmunitario reconozca los antígenos resultantes.

El Dr. Yu habla con frecuencia de Louis Jacques Thénard y su preparación de peróxido de hidrógeno a principios del siglo XIX, así como de Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Estos ejemplos ilustran cómo los descubrimientos realizados en un contexto pueden adquirir aplicaciones médicas totalmente nuevas generaciones más tarde. La evidencia clínica sobre el papel del hapteno provino de un estudio en el que participaron 33 pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Un grupo recibió HECDI, que incluía el hapteno, mientras que el grupo de comparación recibió una inyección intratumoral de fármacos citotóxicos (CDI) sin el hapteno.

La tasa de supervivencia al año fue del 52,63 % en el grupo HECDI, frente al 11,11 % en el grupo CDI. El grupo HECDI también mostró niveles más elevados de IFN-γ e IL-4, junto con otras pruebas de activación inmunitaria. Un artículo de la revista “Scientific Reports” ofrece una importante explicación mecanística sobre cómo actúa el hapteno a nivel celular y molecular. En conjunto, ambos artículos respaldan la idea central del Dr. Yu: un tratamiento intratumoral localizado puede convertir el tumor tratado en una fuente de estimulación inmunitaria sistémica y dirigida. El aumento de moléculas inmunitarias y anticuerpos detectado en la sangre demuestra que la metodología de tratamiento local está desencadenando una respuesta inmunitaria sistémica capaz de atacar las células cancerosas más allá del tumor primario.

Tal como dijo el premio Nobel Craig Mello, lo que distingue al Dr. Yu no es sólo que inventó un método de tratamiento, sino que desarrolló una filosofía terapéutica coherente. Ha dedicado décadas al concepto de que los tumores pueden pasar de ser una carga de enfermedad pasiva a sustratos terapéuticos activos. Ya sea considerado como administración intratumoral de fármacos, inmunoterapia basada en hapteno, vacunación personalizada contra el cáncer u oncología intervencionista, su trabajo representa un cuerpo de contribuciones distintivo e inventivo.

El camino de la ciencia es difícil, de mucho trabajo con mucho compromiso que debe ser ejercitado día a día. A medida que las soluciones avanzan, los derechos avanzan, la vida de la gente tiene nuevos significados en el ser de las personas y su acción en el mundo. Las realidades sistémicas de derechos requieren el pleno avance de la ciencia, cada metro ganado por la ciencia a la zona de misterios de la vida, a la realidad desconocida todavía da a la humanidad nuevas capacidades y por lo tanto nuevos derechos.

*Luis Almagro/Instituto CASLA

Mientras líderes judíos participan esta semana en reuniones con jefes de Estado, de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores al margen de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos deberíamos tener un mensaje claro: el próximo secretario general de la ONU, que será elegido en los próximos meses, debe hacer frente al antisemitismo y el extremismo.

La próxima semana, la Liga Antidifamación (ADL) se unirá a los demás miembros del Grupo de Trabajo J7 contra el Antisemitismo para instar a los Estados miembros de la ONU a escoger a un nuevo secretario general que haga de la lucha contra el antisemitismo una prioridad fundamental. Dado los numerosos problemas que necesitan solución en el mundo actual, puede parecer a algunos una petición pequeña u obvia, pero nuestra experiencia más reciente con el cargo más alto de la ONU ha demostrado repetidamente que este no es el estándar.

Soy plenamente consciente de los muchos asuntos importantes que los líderes mundiales debaten durante la Semana de Alto Nivel de este año. También tengo claro que el desenfrenado flagelo del antisemitismo que hemos presenciado durante los últimos años en todo el mundo no puede ignorarse. No es una preocupación limitada ni secundaria, aunque con demasiada frecuencia se la trate como tal. A pesar de ser la ONU una de las instituciones principales encargadas de defender los derechos humanos, ha permitido, entre otras cosas, que esta epidemia de odio y prejuicio antijudío se normalice, tanto en el mundo como dentro de la propia organización. Y, como hemos podido comprobar una y otra vez, cuando se permite que el antisemitismo arraigue sin control, o cuando se fomenta, las personas resultan perjudicadas.

Según nuestro reciente Informe Anual del J7 sobre el Antisemitismo, el año pasado fue el más mortal para la diáspora judía en más de 30 años. Veinte personas fueron asesinadas en ataques antisemitas, el número de incidentes antisemitas denunciados en los países del J7, que representan a las siete comunidades judías más grandes de la diáspora, superó los 23.000, y el total de incidentes aumentó un 136 % en comparación con 2022, el año anterior al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Los datos ilustran la urgencia de nuestras palabras y nuestros llamados a la acción. Personas inocentes están siendo atacadas, acosadas y, en ocasiones, incluso asesinadas por ser quiénes son y por sus creencias. Tenemos entre manos una crisis mundial y es hora de que un nuevo liderazgo finalmente impulse a la ONU a actuar.

La elección del secretario general es una de las decisiones más trascendentales que tomará la ONU durante esta década y sus resultados revelarán si la promesa fundacional del organismo de garantizar la misma dignidad a todos se aplica realmente a todos, incluidos los judíos. Eso significa que cada candidato debe demostrar como requisito mínimo un compromiso claro con la lucha contra el antisemitismo, tanto a nivel mundial como dentro de la propia ONU, no como una consideración secundaria o un tema que se ignora por completo.

Por eso, nuestra comunidad debe estar unida en nuestras exigencias conjuntas.

Primero, el próximo secretario general debe adoptar e integrar la definición de trabajo del antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IRHA), ya adoptada por más de 40 gobiernos y grandes organismos internacionales, en la manera en que la ONU comprende y responde al antisemitismo en todas sus formas, incluidas sus manifestaciones contemporáneas relacionadas con Israel.

Segundo, el próximo secretario general debe garantizar que se rindan cuentas por las acciones y la retórica antisemitas dentro de la ONU misma. Eso significa impulsar reformas y procedimientos que obliguen al sistema rendir cuentas. Esto comienza con la evaluación de funcionarios y titulares de mandatos basada en su experiencia e imparcialidad, no en componendas políticas. Significa consecuencias reales cuando alguien infringe las normas de conducta, en lugar de infracciones que se ignoran discretamente. Y significa contar con un mecanismo más rápido para actuar ante la retórica antisemita o las conductas indebidas, uno que no requiera obtener el acuerdo de todos y cada uno de los Estados miembros para que ocurra algo. Es totalmente inadmisible la afirmación de que “no se puede hacer nada” cuando un funcionario vinculado a la ONU defiende posturas antisemitas porque es “independiente”.

Y, por último, los Estados miembros deben asegurarse de que ningún financiamiento, personal o autoridad institucional de la ONU se utilice jamás para difundir antisemitismo, extremismo o incitación, ya sea en materiales educativos o en cualquier otro lugar que lleve el nombre de la ONU.

El antisemitismo no permanece contenido en un solo debate, una sola resolución o el mandato de un líder. Lo que ocurre en la ONU influye en las actitudes mucho más allá de Ginebra o Nueva York. Un secretario general que considere que combatir el antisemitismo es fundamental para restaurar la integridad de la institución enviaría una señal que llegaría a las comunidades judías desde Buenos Aires hasta Sídney, de Toronto a Ciudad del Cabo y de Berlín a Londres.

Este año acudimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas como socios, no como críticos. Creemos en lo que se supone que deben ser las Naciones Unidas, y debemos exigir que los Estados miembros consideren esta selección de liderazgo como la oportunidad de reforma que realmente es: una oportunidad de elegir a un secretario general que convierta la lucha contra el antisemitismo en un rasgo definitorio de su mandato.

*Marina Rosenberg es la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).

China exige a la comunidad internacional el pleno respeto a su interpretación de la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para justificar su posición sobre Taiwán. Al mismo tiempo, aplica un criterio completamente distinto cuando se trata de otras demandas internacionales que le resultan incómodas.

Mientras Pekín insiste en que la Resolución 2758 —que no menciona a Taiwán ni determina su estatus— debe ser acatada sin matices, olvida sistemáticamente pedidos reiterados de la comunidad internacional en ámbitos donde sí tiene obligaciones claras.

Ejemplos del olvido selectivo:

• Pandemia y OMS: China retrasó la notificación del brote de COVID-19, limitó el acceso de expertos y se negó a entregar datos completos sobre el origen del virus. Años después, la OMS sigue solicitando mayor transparencia. Pekín responde que ya “cooperó plenamente”.

• Derechos humanos: El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (2022) señaló posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang. China rechazó el documento, negó los hechos y bloquea cualquier investigación independiente. En el Consejo de Derechos Humanos descarta de forma rutinaria las recomendaciones sobre Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, alegando “interferencia en asuntos internos”.

• Medio ambiente: Aunque cumple parcialmente con algunos acuerdos técnicos (como el Protocolo de Montreal), sus metas climáticas siguen siendo calificadas como “altamente insuficientes” por organismos independientes. Continúa expandiendo el uso del carbón mientras presenta sus compromisos del Acuerdo de París como un esfuerzo máximo.

El contraste es evidente. Cuando se trata de Taiwán, China exige que el mundo acepte sin reservas su lectura ampliada de una resolución de 1971. Cuando la comunidad internacional le pide transparencia, rendición de cuentas o el cumplimiento de normas que ella misma ha suscrito, la respuesta habitual es el rechazo, la dilación o la acusación de injerencia.

Este olvido selectivo no es un descuido. Es una estrategia deliberada: aplicar las reglas internacionales solo cuando refuerzan sus intereses y descartarlas cuando las limitan.

Detrás de esa estrategia hay un cálculo más profundo. El peor temor del Partido Comunista Chino no es la crítica externa ni las sanciones. Es que una parte significativa de su propia población deje de aceptar como natural e inevitable el gobierno de un solo partido.

Todo el aparato de control ideológico, policial y tecnológico está orientado a impedir exactamente eso.

Taiwán y la comunidad democrática internacional deben seguir poniendo de manifiesto esta doble vara de medir. El orden basado en normas no puede funcionar si un actor permanente del Consejo de Seguridad solo lo invoca cuando le conviene.

Dicen quienes entienden de los mecanismos del cerebro que nuestro órgano pensante tiende a buscar el menor gasto de energía posible y, por ello, le resulta más cómodo aceptar ideas preconcebidas, que validan de manera automática sus suposiciones, que establer mecanismos complejos de análisis, interrogación y crítica. Dicho en plata, nuestro cerebro prefiere creer antes que pensar, sencillamente porque pensar siempre es más pesado y costoso. Además, las creencias y los dogmas reducen la ansiedad, otorgan certidumbres allí donde había miedos, y generan una sensación de grupo que da seguridad. Los pensamientos, en cambio, exigen mucho trabajo, alimentan la duda y singularizan al individuo alejándolo de la masa. Desde cualquier perspectiva, no hay un lugar más solitario y amargo que un pensamiento propio. Y, a pesar de todo, es el único lugar posible para ser un individuo libre.

Quizás es exactamente esto lo que está ocurriendo: que cada vez da más miedo la libertad, tan acomodados en los dogmas de fe que hemos dejado de hacernos preguntas, porque ya tenemos todas las respuestas. Ese es el fenómeno que recorre estos tiempos de dogmas y consignas, donde interrogarse, disentir y pensar libremente se ha convertido en una herejía. Una herejía, que viralidad en mano, persigue, demoniza y cancela al hereje. Puedo hablar en primera persona porque las cicatrices ya son muchas, pero es el caso de la mayoría de aquellos que nos empecinamos en romper los relatos impuestos y exigimos complejidad donde impera el simplismo. Y en algunos temas, los costes personales pueden ser tan elevados, como necesaria la resiliencia. Cuestiones de género, Islam, humor..., son muchos los temas que están tan limitados por la imposición de la corrección política, que han dejado de ser materia dialéctica para pasar a ser dogmas de fe. Intentar debatir fuera de esos límites impuestos es zona de alto riesgo.

Pero de todos ellos, el tema anatema por excelencia es el de Israel, cuyo debate ha sido completamente expulsado del escenario público, y su necesaria complejidad se ha reducido al territorio yermo del pensamiento reptiliano, allí donde habita la nada. Millones de palabras huecas, dogmas repetidos hasta el vómito, libelos consagrados en el templo de la oscuridad, todo viralizado hasta el infinito, sacralizado. Sobre Israel no se debate, ni se argumenta, sinó que se dogmatiza, se decreta, se criminaliza, y aquellos que intentamos introducir ideas complejas, somos barridos por la marea. De golpe todo el mundo que no sabe nada de geopolítica, lo sabe todo de Israel, aunque no sepa ni dónde está en el mapa. Y como todos tienen su momento viral, se convierten en voceros de la mentira, la repiten, la multiplican, la convierten en verdad. Hace años vaticiné que las redes serían como Goebbels con Internet, pero nunca imaginé hasta qué punto acertaba el pronóstico.

El problema llega cuando ese fenómeno de pensamiento único que impide cualquier atisbo de disidencia, salta de la red a la vida, y entonces nos encontramos con los guardianes de la fe dogmática que persiguen a Rony Kaplan en Uruguay, o montan manifestaciones judeofobas en México, o prohiben la entrada de una escritora judía, Ariana Harwizc, en una universidad de Granada, o llevan a quien esto escribe a la fiscalía de delitos de odio de Barcelona, porque defender a Israel parece ser un crimen de lesa humanidad. Y todo ello, sin contar los actos violentos que desgraciadamente están arreciando.

Perdonen la autorreferencia, pero me paro un momento en la denuncia que me interpusieron, no porque sea importante mi caso, sinó porque es el síntoma de esta tendencia que intenta destruir, en todos los ámbitos, el derecho a pensar diferente. Un grupo de extrema izquierda, que me había tirado pintura en una conferencia, y al que tengo en los tribunales, llevó mis posicionamientos a la fiscalía bajo la acusación de “delitos de odio” y “apología del genocidio”. El objetivo era conseguir que mi defensa democrática de Israel, mi convicción de que no ha existido tal genocidio, y mi ataque frontal al terrorismo palestino (que no, nunca, a los palestinos), eran delitos penales. Informes policiales, vacíado de mis artículos y conferencias, y meses después, la fiscalía ha archivado definitivamente la causa, ha considerado que ejercía mi derecho a opinar libremente y ha invalidado la acusación. Es decir, no han conseguido su propósito, pero el intento de silenciarme públicamente y cancelarme socialmente era claro. Y aunque esta vez no lo han conseguido en mi país, no me atrevo a asegurar que no lo consigan en otro momento, o con otra persona o en otro país.

La tendencia es clara: se reduce la complejidad de los análisis, se simplifican hasta el delirio los conflictos, se impone un relato prefabricado e incontestable, y se masifica el pensamiento abeja, destruído todo atisbo de individualidad. Si ello es tendencia general, aún és más grotesco cuando se trata de hablar de Israel y la cuestión judía, atacada por masas ingentes de fanáticos iletrados que covierten el palestinismo en una nueva religión. Solo falta ver las imágenes de personas LGTB portando banderas de Hamás para entender hasta qué punto infinito puede llegar la estultícia.

Habrá que resistir. No solo en la defensa de Israel, aunque en su defensa nos jugamos los valores occidentales y el modelo de sociedad libre. Pero más allá, se trata de la defensa del debate, contra la imposición del dogma, y del derecho incontestable a disentir, criticar y pensar más allá de las mareas. Los que me querían encausar, no buscaban matar mi pensamiento, sinó matar mi derecho a pensar, el mío y el de cualquiera que ose opinar en libertad.

@RaholaOficial

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Instagram: pilar_rahola/

La observación electoral internacional es uno de los pilares fundamentales para garantizar la integridad, transparencia y legitimidad de las democracias contemporáneas. Al permitir que expertos externos evalúen de manera imparcial el desarrollo de los comicios, los Estados no solo rinden cuentas ante su ciudadanía, sino que fortalecen la confianza colectiva en las instituciones encargadas de velar por el voto popular. Sin embargo, la región latinoamericana presenta marcadas asimetrías en la materia: mientras algunos países han consolidado un modelo de puertas abiertas y vanguardia tecnológica, otros exhiben limitaciones regulatorias que derivan en exclusiones injustificadas. El contraste entre Colombia y Brasil, ambos protagonistas de procesos electorales decisivos en 2026, es un fiel reflejo de estas dos realidades contrapuestas.

Colombia: apertura institucional y cifras récord de observación

Colombia se ha consolidado como un referente regional de auditoría externa y puertas abiertas, gracias a la articulación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las elecciones presidenciales de 2026 marcaron el mayor despliegue de veeduría en la historia comicial del país: se acreditaron formalmente más de 1.300 observadores internacionales pertenecientes a más de 26 misiones y organismos especializados —entre ellos la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, la UNIORE y organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Electoral—, triplicando la presencia internacional registrada en el balotaje de 2022. A nivel doméstico, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) desplegó más de 2.500 veedores cubriendo el 77% del potencial electoral, mientras las fuerzas políticas acreditaron una cifra récord de 373.612 testigos electorales (105,3% más que en 2022). Los observadores tuvieron acceso directo a auditorías independientes de los sistemas informáticos y seguimiento en tiempo real de la digitalización de más de 360.000 actas de escrutinio.

Un actor clave en esta política de apertura ha sido el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, quien en medio de la campaña de desinformación sobre el software electoral promovida por el entonces presidente Gustavo Petro —uno de los temas más polémicos del proceso—, convocó al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para que auditara los sistemas informáticos electorales. Ahora le toca al Registrador Penagos asumir la jefatura de la Misión de Observación Electoral Internacional de la UNIORE para las elecciones generales de Brasil del 4 de octubre de 2026, una responsabilidad que confirma el peso que ha adquirido Colombia como referente de transparencia electoral en la región.

Este despliegue masivo ratifica que el Estado colombiano no concibe la fiscalización externa como una intromisión a su soberanía, sino como una garantía indispensable para robustecer la confianza ciudadana y disipar dudas en contextos de alta polarización.

Brasil: arbitrariedad, exclusión y vacío legal

La contraparte de este esquema la encarna Brasil, donde las autoridades electorales han adoptado un modelo más restrictivo. El punto de inflexión más crítico se produjo de cara a los comicios generales de 2026, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) denegó, de forma controvertida, la acreditación a la Misión de Observación Electoral Internacional de Transparencia Electoral. En respuesta al rechazo de la acreditación, la organización publicó un comunicado que calificó la decisión del tribunal de “arbitraria”, advirtiendo que rompía de manera tajante una trayectoria previa de cooperación técnica.

El carácter arbitrario resulta aún más evidente al contrastar con el propio historial de Transparencia Electoral en el país: aunque la organización no fue acreditada en 2026, sí lo fue en 2022, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones internacionales especializadas en observación electoral acreditadas en la historia de Brasil. El rechazo de 2026 deja así al descubierto la ausencia de criterios claros y consistentes del TSE para acreditar misiones internacionales, línea que se agudiza si se considera que, mientras se le cerraba la puerta a Transparencia Electoral, el tribunal sí acreditó a la Liga de los Estados Árabes —integrada por 18 regímenes de corte autoritario— para observar los comicios de 2026. Se trata de una Liga sin ningún tipo de expertise técnica.

La raíz de esta problemática reside en un profundo vacío de seguridad jurídica. El marco normativo brasileño carece de una ley formal, dictada por el Congreso Nacional, que incorpore la observación electoral internacional como una garantía institucional permanente. Toda la estructura de acreditaciones depende de normativas internas y transitorias, como la Resolución TSE n.º 23.678, lo que dota a la autoridad electoral de un amplio margen de interpretación. Esta falta de blindaje legal permite que la aceptación o el rechazo de misiones técnicas de observación quede sujeta al criterio cambiante —o político— de los magistrados de turno, transformando un derecho ciudadano global en una concesión discrecional del Estado.

Dos caminos para la integridad democrática

La comparación entre ambos países evidencia los riesgos de delegar la supervisión de las elecciones a reglamentaciones de carácter administrativo. Mientras Colombia ha sabido capitalizar la presencia de observadores internacionales para dotar de solidez institucional a sus comicios, las restricciones y la falta de criterio del TSE siembran innecesarias sombras de sospecha sobre la transparencia de sus resultados, en un contexto de altísima polarización política. Un tema no debería pasar inadvertido: mientras que el instrumento de votación de Colombia es la boleta única de papel que facilita el control partidario, en Brasil utilizan una urna electrónica que contiene el registro electoral por mesa, registra el voto del ciudadano y transmite estos resultados a partir de la carga de un pendrive con la información. Todo esto se hace sin que la urna electrónica emita un respaldo físico, es decir, un comprobante de papel. Se trata de un voto electrónico puro y duro que una autoridad electoral federal impulsó en la década de los 90, cuando detentaba prestigio y no estaba politizada. La actualidad es otra. Según la última encuesta de Latinobarómetro la credibilidad del Tribunal Superior Electoral, como así también del Supremo Tribunal Federal, se ha derrumbado, y la percepción de la manipulación de resultados crece entre los encuestados. La figura de Alexandre de Moraes, hoy comprometido con casos de corrupción, ha hecho mucho daño a estas instituciones. Todo indica que este déficit se hará notar cuando se anuncien los resultados de la primera y la segunda vuelta. Cuando no hay confianza en las instituciones encargadas de realizar elecciones, la tensión y la conflictividad política crece.

Para que la democracia sea plena, la observación electoral no puede quedar al arbitrio de la simpatía —o antipatía— de los tribunales de turno. Se trata de fortalecer los controles cruzados. El reclamo de una nueva ciudadanía, de organizaciones de la sociedad civil y de actores de la comunidad internacional democrática resuena con urgencia: resulta imperativo que naciones como Brasil avancen hacia reformas legislativas que transformen la veeduría internacional en una obligación estatal ineludible, y no en un filtro regido por la conveniencia institucional del momento.

¿Qué tienen en común una emergencia sanitaria, una catástrofe natural y el desarrollo de la inteligencia artificial? Que ninguno de estos desafíos puede resolverse de manera aislada. Todos requieren conocimientos compartidos, cooperación internacional y confianza.

Sin embargo, mientras el mundo busca respuestas colectivas, Taiwán, una sociedad democrática de más de 23 millones de habitantes, con una amplia experiencia en tecnología, salud pública y gestión de desastres, sigue sin poder participar plenamente en el sistema de las Naciones Unidas.

Esta realidad invita a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿cómo podemos construir un mundo más seguro, inclusivo y próspero si dejamos fuera de los espacios de cooperación a quienes tienen mucho para aportar?

La pregunta adquiere especial relevancia durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que respondan a las necesidades de todos”.

La cooperación comienza con las personas

Para países como Argentina, los grandes desafíos globales se traducen en necesidades muy concretas: cómo incorporar nuevas tecnologías a la producción, mejorar los servicios de salud, preparar a las comunidades frente a desastres naturales y ofrecer mejores oportunidades a las nuevas generaciones.

Son precisamente ámbitos en los que Taiwán ha desarrollado experiencias y capacidades que pueden compartirse.

Nuestra fortaleza en semiconductores y tecnologías avanzadas es ampliamente conocida. Pero Taiwán es mucho más que eso. Contamos con un sistema de salud de cobertura prácticamente universal, experiencia en prevención y respuesta ante desastres, y una sociedad que apuesta por la educación, la innovación y el desarrollo del talento humano.

Durante una reciente visita a la provincia de La Rioja, tuve la oportunidad de conversar con autoridades, empresarios, docentes y estudiantes sobre las posibilidades de ampliar nuestra cooperación en educación, tecnología y desarrollo local.

Más allá de las distancias geográficas, encontré aspiraciones que compartimos: brindar mejores oportunidades a los jóvenes, fortalecer las capacidades locales y transformar el conocimiento en bienestar para nuestras comunidades.

Este año, 47 estudiantes, docentes e investigadores de Argentina y Uruguay obtuvieron distintas becas de Taiwán para continuar sus estudios, realizar investigaciones o aprender chino mandarín.

Cada uno de ellos representa mucho más que un intercambio académico. Es una oportunidad para construir vínculos duraderos, compartir conocimientos y abrir nuevas puertas de cooperación entre nuestras sociedades.

Estas experiencias nos recuerdan que las relaciones internacionales no se construyen únicamente mediante grandes acuerdos. También crecen cuando un joven accede a una beca, un profesional adquiere nuevas capacidades o una comunidad encuentra soluciones para mejorar su calidad de vida.

Una cuestión de representación con consecuencias concretas

La exclusión de Taiwán del sistema de las Naciones Unidas está vinculada con la interpretación de la Resolución 2758 de la Asamblea General, aprobada en 1971.

Es importante recordar qué establece este documento: aborda la cuestión de la representación de China en la ONU. El texto no menciona a Taiwán en absoluto, no determina su estatus político ni aborda su participación en el sistema de ONU.

No obstante, China ha conspirado para vincular la resolución 2758 con su denominado “ principio de una sola China” y utilizar dicha resolución para bloquear la participación de Taiwán en la ONU y en otras organizaciones internacionales. Si no se le pone freno, esta distorsión podría sentar un peligroso precedente y servir de pretexto para futuras acciones militares en el estrecho de Taiwán.

La República Popular China nunca ha gobernado Taiwán, que cuenta con su propio gobierno democrático y sus propias instituciones. Este es un hecho indiscutible.

Sin embargo, la exclusión de Taiwán de los mecanismos internacionales no es solamente una cuestión diplomática o jurídica: tiene consecuencias concretas para la vida de las personas.

Cuando Taiwán enfrenta obstáculos para participar en mecanismos internacionales de salud, aviación civil o cooperación frente al cambio climático, también se limitan las oportunidades de intercambiar información, conocimientos y experiencias que podrían beneficiar a otras sociedades.

La participación significativa de Taiwán no busca restar espacio a nadie. Busca ampliar las posibilidades de cooperación para todos.

La paz en el estrecho de Taiwán también importa al mundo

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre, la paz y la estabilidad son condiciones esenciales para el desarrollo.

El estrecho de Taiwán es una vía fundamental para el comercio marítimo y las cadenas de suministro internacionales. Cualquier alteración de su estabilidad puede tener consecuencias que trascienden ampliamente las fronteras de Asia.

Argentina y Taiwán, aunque distantes geográficamente, forman parte de una economía mundial cada vez más interconectada. La producción agroindustrial, el comercio, la tecnología y la innovación dependen de un entorno internacional estable y previsible.

Taiwán mantiene su compromiso con la preservación del status quo y la resolución pacífica de las diferencias. Creemos que la paz debe sostenerse mediante el diálogo, la responsabilidad y el rechazo a la amenaza o al uso de la fuerza.

Al mismo tiempo, queremos seguir contribuyendo a la comunidad internacional mediante nuestras capacidades en tecnología, salud pública, educación y desarrollo sostenible.

Restaurar la confianza significa incluir

Las Naciones Unidas nacieron con la aspiración de promover la paz, la cooperación y la dignidad humana. Ocho décadas después, esos principios siguen siendo necesarios para enfrentar desafíos que ningún país puede resolver por sí solo.

La confianza en las instituciones internacionales no se construye solamente mediante declaraciones. Se fortalece cuando las personas comprueban que la cooperación produce resultados concretos y que nadie queda excluido de las oportunidades de contribuir.

La participación significativa de Taiwán en los mecanismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas permitiría aprovechar mejor la experiencia y las capacidades de una sociedad que ya mantiene múltiples vínculos con el mundo.

No se trata únicamente del lugar que Taiwán aspira a ocupar, sino también de las oportunidades de cooperación que pueden abrirse para otros.

Desde América Latina sabemos que el desarrollo requiere educación, innovación, intercambio de conocimientos y vínculos internacionales cada vez más amplios.

En un mundo que necesita más diálogo y soluciones compartidas, cada experiencia cuenta y cada oportunidad de cooperación merece ser considerada.

Si las Naciones Unidas aspiran a responder a las necesidades de todos, la experiencia y la contribución de los 23 millones de habitantes de Taiwán también deben tener un lugar.

* La autora es Directora General de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina

De las dictaduras del socialismo del siglo 21 las de Cuba y Nicaragua siguen detentando el poder absoluto, la de Venezuela en desmontaje bajo tutela de Estados Unidos y la de Bolivia con su sistema intacto cedió parte del gobierno pero no el poder. En todas siguen ausentes los elementos esenciales de la democracia y los pueblos serán libres solo cuando se pase del terrorismo de Estado al estado de derecho.

La supresión de la libertad de los pueblos por el sistema dictatorial del socialismo del siglo 21 o castrochavismo está fundada en el terrorismo de Estado que consiste en “la utilización de medios ilegítimos y la comisión de delitos desde el gobierno con el propósito de producir miedo en la población para someterla y así detentar indefinidamente el poder”. El terrorismo es la exacerbación del miedo, es la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, se trata de la “actuación criminal para crear alarma social”.

El “acceso al poder su ejercicio con sujeción al estado de derecho” es uno de los elementos esenciales de la democracia que el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana dispone como obligación de todos los Estados de las Américas. El “estado de derecho es un concepto jurídico y político que describe la existencia de un sistema legal justo y equitativo, en el cual todas las personas están sujetas a las mismas leyes, que la ley la misma para todos y que las decisiones de cualquier autoridad están sujetas a supervisión y revisión”.

El objetivo del estado de derecho es “limitar el poder del Estado con el derecho para evitar abusos de poder y violación de derechos”.

En Cuba, la opresión dictatorial por más de 67 años ha institucionalizado el terrorismo de Estado que se expresa en su constitución, leyes, procedimientos y reglamentos que violan los derechos humanos y derechos fundamentales en su totalidad. Desde el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, el trabajo, la propiedad privada, los derechos civiles y políticos, la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, las garantías judiciales. En Cuba no hay derecho, hay leyes infames que normalizan el crimen y la impunidad de los gobernantes.

Los primeros 25 años del siglo 21 han sido la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas con el petróleo y dinero malversado por Hugo Chávez desde 1999 y con Lula creador del Foro de Sao Paolo. Ha tenido como principal conquista a Venezuela cuyo control total logró con la muerte de Chávez en 2013; controló Bolivia desde el golpe de estado de 2003 llevando a Evo Morales a la presidencia en 2006 y suplantando la República con un estado plurinacional en 2009; reinstaló la dictadura sandinista con Daniel Ortega en 2007; controló Ecuador e instaló su sistema en plurinacional con Rafael Corea del 2007 a 2017.

La dictadura de Cuba es el narcoestado más antiguo de las Américas desde que en la década de los 80 Fidel Castro se asoció con los narcotraficantes Pablo Escobar y Roberto Suárez, y como parte de su expansión en el siglo 21 convirtió en narcoestados a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además de territorios, estados y provincias en países como México, Argentina y más. La instalación de los narcoestados además de certificar la desaparición del estado de derecho, determinó el incumplimiento de todas convenciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional.

De las cinco dictaduras del llamado socialismo del siglo 21, solo Ecuador por decisión y gobierno del presiente Lenin Moreno ha recuperado el estado de derecho y con el presidente Daniel Noboa lucha por preservarlo, terminar el narcoestado y recuperar economía.

Cuba con Fidel Castro muerto en abyecta impunidad, con Raúl Castro, Diaz Canel y su consorcio militar/criminal sigue liderando el narcoterrorismo y la guerra híbrida en el hemisferio, mientras agrava la opresión al pueblo por la miseria y se sostiene con terrorismo de Estado.

Nicaragua con Ortega y Murillo hace ostentación internacional del terrorismo de Estado quitando la nacionalidad a exiliados, instalando una infame tiranía hereditaria con reformas a su estatuto dictatorial que llama constitución, y señalada con la sospecha de asesinatos extra territoriales a opositores exiliados.

En Venezuela, desde la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero 2026, se desarrolla una tutela por los Estados Unidos que lleva adelante un delicado proceso de “desmontar la narco dictadura con sus propios mafiosos” que ofrecen avances a cambio de impunidad, que sin embargo juegan “cediendo espacios pero ganando tiempo”, como siempre ha hecho la dictadura cubana para sobrevivir. Hay esperanzas pero aún no estado de derecho.

En Bolivia se repite hasta ahora la penosa experiencia de 2019 cuando “salió el dictador pero no la dictadura”. El presidente Rodrigo Paz ha tomado parte del gobierno pero no el poder, mantiene la constitución plurinacional que es NULA y gobierna un narcoestado del que no tiene siquiera la totalidad del control territorial.

Para cambiar todo esto, urge el reemplazo -no transición- del terrorismo de Estado por el estado de derecho.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

¿Qué está pasando en América Latina? Yo diría que hay dos fuerzas actuando al mismo tiempo. Por un lado, los votantes están reaccionando a su propia experiencia: años de bajo crecimiento, corrupción, inseguridad y gobiernos que prometieron mayor igualdad, pero que terminaron ofreciendo estancamiento y pobreza. Pero también puede haber un factor externo en juego: el desfinanciamiento de ONG y organizaciones de incidencia que ayudaron a sostener y amplificar agendas progresistas en toda la región ha despejado, en cierta medida, el ambiente y abierto más espacio para una conversación política y económica diferente.

¿Hay una decisión de Estados Unidos que esté cambiando el clima político de América Latina? Creo que sí. Me refiero a la transformación de la asistencia exterior estadounidense. A partir de 2025, la administración Trump emprendió una profunda reestructuración de USAID. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que aproximadamente el 83 por ciento de los programas de USAID serían eliminados después de una revisión destinada a determinar si contribuían a los intereses nacionales de Estados Unidos.

Esta decisión, y las investigaciones que la siguieron, confirmaron algo que algunos de nosotros ya creíamos: que la política estadounidense de cooperación al desarrollo no era ideológicamente neutral. USAID y otros programas del gobierno de Estados Unidos financiaron explícitamente organizaciones de la sociedad civil e iniciativas asociadas con la agenda política progresista. Durante décadas, una parte de la sociedad civil latinoamericana se desarrolló alrededor de fondos internacionales, conferencias, consultorías, programas de investigación, organizaciones de incidencia y ONG. Esas instituciones ayudaron a determinar qué problemas recibían atención, qué lenguaje dominaba el debate público y qué políticas parecían respetables dentro de determinados círculos de élite.

Cuando ese financiamiento se reduce o casi desaparece, el equilibrio inevitablemente cambia. Esto no significa que USAID haya creado a la izquierda latinoamericana, ni que la eliminación de USAID haya producido el actual giro hacia la derecha. Esa explicación les restaría demasiada capacidad de decisión a los votantes latinoamericanos. Pero la desaparición de grandes cantidades de financiamiento externo puede haber debilitado una parte de la infraestructura intelectual que defendía los argumentos que marcaron buena parte de las últimas dos décadas: que la desigualdad era el principal problema de la región, que el Estado debía asumir un papel más importante para corregirla y que, de alguna manera, el crecimiento económico vendría después.

Déjenme explicarlo un poco más. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y alguna vez estuvo entre las sociedades más prósperas de América Latina. Después de años de nacionalizaciones, controles de precios, distorsiones cambiarias, destrucción institucional y corrupción, el país entró en uno de los colapsos económicos más severos experimentados por una nación fuera de un contexto de guerra. Cuba ofrece otra versión de la misma lección. El gobierno cubano informó en 2025 que la producción agrícola, ganadera y minera había caído más de un 53 por ciento en cinco años, mientras que la manufactura había disminuido un 23 por ciento. Su población vive con escasez de alimentos, combustible y medicinas, además de apagones que duran muchas horas cada día.

Perú es el ejemplo más reciente y quizá uno de los más claros. Keiko Fujimori asumió el poder el 28 de julio después de hacer campaña sobre seguridad ciudadana, inversión privada, estabilidad económica, derechos de propiedad, desregulación y una respuesta más firme frente al crimen. Pero Perú no es un caso aislado. En toda la región, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras y Colombia han avanzado hacia gobiernos de derecha en los últimos años. La elección de Abelardo De La Espriella en Colombia, en junio, reforzó una tendencia que ya era visible en otros lugares. El Financial Times calculó recientemente que candidatos de derecha y centroderecha habían ganado 12 de las 15 elecciones presidenciales anteriores en América Latina.

La lección que está llegando a los votantes de todo el hemisferio es clara: no se puede derrotar la pobreza cuando una economía ha dejado de producir. Esa realidad ha creado una enorme apertura política para líderes dispuestos a hablar sin complejos sobre crecimiento.

Javier Milei entendió esto en Argentina. No hizo campaña prometiendo administrar el estancamiento de una manera más justa. Sostuvo que el estancamiento mismo era el enemigo. José Antonio Kast, en Chile, también ha colocado la inversión, la disciplina fiscal y la expansión económica en el centro de su agenda de gobierno. Bolivia, después de casi dos décadas dominadas por una agenda indigenista de izquierda y antiestadounidense, está considerando ahora reformas orientadas al mercado, diseñadas para atraer capital privado y reducir el control estatal sobre sectores estratégicos.

Perú tiene ahora la oportunidad de sumar otro modelo: un gobierno que demuestre que la estabilidad política, la inversión privada, la infraestructura, el empleo formal y la productividad no son conceptos económicos abstractos. El nuevo gobierno de Colombia enfrenta el mismo desafío en un contexto más estable. Y la próxima prueba llegará con las elecciones de Guatemala y, sobre todo, Brasil, cuyo tamaño e influencia hacen que su rumbo político sea especialmente determinante para la región.

Ganar elecciones frente a gobiernos de izquierda que han fracasado no es el único desafío. Gobernar mejor es mucho más difícil. La tarea, por lo tanto, va más allá de derrotar al socialismo: consiste en demostrar que la libertad económica funciona. Si los gobiernos promercado simplemente reemplazan a una élite política por otra, toleran la corrupción, debilitan las instituciones democráticas o no logran traducir la inversión en empleos y mejores niveles de vida, el péndulo terminará moviéndose de nuevo.

América Latina no necesita otro ciclo ideológico. Necesita crecimiento. Los líderes capaces de conseguirlo y de ofrecer resultados medibles pueden definir la política latinoamericana de la próxima generación.

*El autor es empresario, inversor, filántropo, y miembro de la Junta Directiva de la Universidad Internacional de Florida (FIU)

En las últimas semanas me ha ocurrido algo curioso mientras recorro Nuevo León: llego a un lugar donde los vecinos llevan meses o años esperando una solución, escucho el problema, lo hacemos visible y, poco después, el gobierno estatal aparece.

No me quejo. Al contrario: ojalá siga sucediendo.

En el ejido Las Palomas, en Mier y Noriega, conocí familias que seguían batallando para tener agua potable. El caso tiene historia. En 2021, el Gobierno de Nuevo León anunció una inversión cercana a 11 millones de pesos para ampliar la red de agua y beneficiar a más de 800 habitantes. Cinco años después, el problema seguía ahí.

Fuimos, escuchamos y gestionamos con empresarios una planta potabilizadora. Y solo después, apareció el Gobierno estatal, tarde a la cita, pero por fin haciendo algo.

En la Zona Metropolitana ocurrió algo parecido. Visitamos una fuga en la colonia Tijerina que, según los vecinos, llevaba meses sin atenderse. La hicimos visible y poco después llegaron a trabajar las cuadrillas de Agua y Drenaje.

No pretendo adivinar las motivaciones de nadie. Me quedo con los hechos: un problema olvidado, ciudadanía que habla, visita territorial, atención pública y autoridad que reacciona forzada. Y eso, aunque parezca una anécdota política, tiene bastante ciencia detrás.

John Kingdon explicó que muchos problemas pueden existir durante años sin entrar verdaderamente en la agenda gubernamental. El cambio ocurre cuando alguien logra convertir una condición cotidiana en un problema público imposible de ignorar. Dicho en norteño: hay problemas que el gobierno decide “no ver” hasta que alguien se los pone enfrente.

Sara Hobolt y Robert Klemmensen encontraron algo complementario al estudiar distintas democracias: la competencia política puede aumentar la capacidad de respuesta de los gobiernos, especialmente de los malos gobiernos en turno. Cuando existe escrutinio, territorio y presión pública, las prioridades de quien tiene el poder pueden cambiar.

Eso es bueno para la democracia. Y, sobre todo, es bueno para la gente. Porque señalar un problema sirve de poco si todo termina en un video. Lo importante es que después llegue la solución.

No me interesa ganar la carrera para llegar primero a una fuga de agua o drenaje, de las que por cierto hay miles por el abandono administrativo. Me interesa que deje de salir agua sucia que arriesga la salud de los niños o que se deje de desperdiciar el agua potable que pronto puede escasear.

Ese es precisamente el sentido del “Antitur” que inicie hace unos días. Recorrer Nuevo León no para coleccionar problemas, sino para empujar soluciones. Escuchar, documentar, hacer visibles las problemáticas sociales y conseguir que las cosas se muevan.

Es una forma de empujar la Transformación desde el territorio y sacar a los gobernantes comodinos del escritorio o la red social; es algo que, además, coincide con una idea central de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: el gobierno cercano se construye escuchando directamente a la gente. Esa lógica aparece expresamente en el Plan Nacional de Desarrollo.

Así que, si después de cada visita de Andrés Mijes o del “Antitur” aparecen cuadrillas, funcionarios o maquinaria para tratar de minimizar el efecto en la opinión pública, bienvenidos. No importa que el gobierno de Samuel haga lo correcto por las razones incorrectas, mientras lo haga.

Al final, y lo digo con ironía, quizá el “Antitur” terminó descubriendo una nueva modalidad de coordinación institucional en Nuevo León: nosotros encontramos el problema y el Gobierno estatal viene detrás a tratar de cambiar la narrativa.

Que nos sigan. Todavía hay mucho Nuevo León por recorrer.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

La ultraderechista Alice Weidel ganó este domingo, pero no se adjudicó Alemania. Friedrich Merz, en cambio, perdió bastante más que dos elecciones regionales.

Las primeras proyecciones dibujaron una Alemania políticamente dividida. En Mecklenburg-Vorpommern (Mecklemburgo-Pomerania Occidental), AfD se apunta primera con alrededor del 38%, en una carrera muy ajustada con el SPD. En Berlín, el paisaje es otro: Die Linke (La Izquierda) gana ampliamente; la CDU queda segunda y AfD, aunque mejora respecto de 2023, tercera con entre el 14% y el 16%, según las proyecciones de hoy lunes de madrugada.

Para Weidel hay champagne. Su partido más que duplica el 16,7% conseguido en Mecklenburg-Vorpommern en 2021 y avanza también en la cosmopolita Berlín. Pero 14-16 no es 38. La jornada demuestra simultáneamente la potencia extraordinaria de AfD en el Este y los límites que todavía encuentra cuando intenta convertir esa ola oriental prosoviética en una mayoría política alemana.

El terremoto más interesante de la noche, sin embargo, ocurre en otro edificio.

La CDU descubre que debajo del piso también hay subsuelo

En Mecklenburg-Vorpommern, la CDU de Merz obtiene alrededor del 5%. Es el peor resultado de los democráticos en cualquier elección regional desde la fundación de la República Federal, en 1949, luego de finalizada la guerra.

Merz no intentó maquillarla: habló de un “desaster” (desastre) y admitió que el resultado no podía embellecerse. Pero inmediatamente anunció que seguirá adelante y acelerará las reformas.

Es comprensible: cuando el partido que gobernó Alemania durante buena parte de su historia aparece rozando el 5% en un Land (estado federado), la velocidad deja de ser una preferencia y comienza a parecer una necesidad.

La crisis tampoco nació esta noche. Tras el desastre previo de Sajonia-Anhalt, los ocho Ministerpräsidenten (gobernadores) de la CDU consideraron necesario publicar de antemano una declaración conjunta respaldando a Merz. El canciller incluso canceló su viaje a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas porque su presencia era requerida en Berlín.

Y existe ya disidencia explícita. Clara von Nathusius, tesorera de la Junge Union (Juventud Democristiana), dijo hace una semana que con este canciller “ya no se pueden ganar elecciones”.

¿Caerá Merz antes de Navidad? No hay elementos para afirmarlo. Pero la pregunta ha dejado de ser una fantasía periodística y entra en el terreno de lo plausible.

Markus Söder espera en Bavaria …..Y lo sabe hacer.

Aquí reaparece inevitablemente Markus Söder, Ministerpräsident de Baviera y presidente de la CSU.

Söder respalda públicamente a Merz. Hace apenas una semana aseguró que la CSU “de ninguna manera” participará en un derribo del canciller. Preguntado por una posible rebelión dentro de la propia CDU, respondió con exquisita precisión bávara: “De la CDU no soy responsable”.

Una frase para guardar. Porque Söder ha abierto simultáneamente otra discusión. Su diagnóstico sobre la estrategia utilizada contra AfD es brutalmente sencillo:

“Das Konzept Brandmauer ist gescheitert”: “El concepto del Brandmauer (cordón sanitario) ha fracasado”.

No propone gobernar con AfD. Propone combatirla políticamente. Utilizando una metáfora futbolística, reclamó entrar más en los Zweikämpfe (en la gambeta) y confrontar directamente sus propuestas: “Veamos si pueden hacerlo mejor”.

En el Bundestag (Parlamento) le atribuyen, sin verificación, aquella deliciosa frase de que “a la ultraderecha hay que darle un buen derechazo”. Una pena: era magnífica. Pero con su formulación auténtica dice prácticamente lo mismo con bastante más sobriedad alemana.

Y los números explican la inquietud. La última encuesta nacional de YouGov, realizada entre el 11 y el 14 de septiembre entre 1.787 entrevistados, colocó a AfD en 29% y CDU/CSU en 18%. Es una encuesta, no una elección, y YouGov situaba a la Union por debajo del promedio de otros institutos. Pero once puntos son difíciles de esconder debajo de una alfombra.

La nostalgia de la válvula rusa

Y aquí comienza la parte más fascinante del fenómeno Weidel.

Durante décadas, una porción importante de la maquinaria industrial alemana disfrutó de energía rusa abundante y relativamente barata. AfD propone ahora una receta seductoramente sencilla: levantar las sanciones energéticas, recuperar el gas ruso y normalizar la relación económica con Moscú.

Es la pulsión hacia lo mágico.

Se abre una válvula en Rusia y, como por encanto, vuelven la BASF competitiva, las acerías, los automóviles baratos y aquella Alemania que parecía fabricar superávits comerciales con la misma facilidad con que fabricaba Mercedes.

Sólo existe un pequeño inconveniente. Por la reapertura de un tubo no respira Alemania. Respira por un tubo.

La productividad, la demografía, la inmigración descontrolada, la inversión, la baja productividad, el atraso digital y tecnológico, la regulación insoportable y la competencia china tienen la desagradable costumbre de no circular por gasoductos.

Eso tampoco significa que el precio de la energía sea irrelevante. Todo lo contrario: Europa llega al invierno con reservas de gas excepcionalmente bajas y precios sometidos a fuertes tensiones. Alemania es particularmente vulnerable. Precisamente por eso la propuesta rusa resulta políticamente tan atractiva: ofrece una respuesta comprensible a un problema auténtico.

Kirill Dmitriev sonríe desde la Rublyovka

Uno puede imaginar a Kirill Dmitriev sonriendo en la oligárquica Rublyovka, en las afueras de Moscú.

La imagen no sale completamente de la literatura. Una investigación de la Fundación Anticorrupción fundada por Alexéi Navalny atribuyó al entorno familiar de Dmitriev una mansión de unos 1.500 metros cuadrados en Barvikha, valorada en aproximadamente 1.250 millones de rublos y formalmente registrada a nombre de su suegra. Es una alegación de esa investigación, no una constatación judicial.

Desde semejante escenario, el sueño geopolítico debe resultar tentador: Alemania regresando al gas ruso, AfD sentada a la mesa y Nord Stream 2 emergiendo otra vez del fondo del Báltico.

Y Dmitriev tiene motivos para sonreír. Es jefe del Russian Direct Investment Fund (RDIF) y representante especial de Putin para la cooperación económica internacional. Reuters informó que se prepara un posible encuentro en 2027 entre Dmitriev y dirigentes de AfD para discutir el regreso del gas ruso. Los organizadores incluso contemplan la eventual presencia del “duo dinámico todo terreno” Jared Kushner y Steve Witkoff si previamente existe un marco de paz para Ucrania. Eso último es una aspiración de los organizadores: no prueba que Kushner o Witkoff hayan aceptado participar.

No hacen falta samovares, cortinas de terciopelo rojo ni conspiraciones nocturnas.

La convergencia de intereses está a plena luz del día. Moscú quiere recuperar mercado e influencia económica. AfD sostiene que restablecer la energía rusa ayudaría a recuperar la competitividad. Una Alemania industrial angustiada por sus costos proporciona el público perfecto.

Nord Stream 2: el muerto que se niega a morir

Y en medio aparece nuevamente Nord Stream 2, probablemente el gasoducto más famoso de la historia por el gas que nunca llegó a transportar comercialmente.

La posibilidad de capital estadounidense tampoco pertenece a una novela de espionaje. El inversor estadounidense Stephen P. Lynch manifestó interés en adquirir el activo. El canciller ruso Lavrov afirmó después que Estados Unidos pretendía hacerse con el control de los gasoductos, aunque no presentó pruebas de semejante plan oficial.

No existe evidencia pública de que Donald Trump haya ordenado a Lynch —o a algún amigo— comprar Nord Stream 2. Mucho menos de que exista un testaferro operando por encargo presidencial.

Pero el escenario merece atención porque la paradoja sería formidable: gas ruso, una tubería ruso-alemana y una etiqueta estadounidense pegada encima.

Cambiar el propietario, sin embargo, no abre la válvula.

La Unión Europea aprobó eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para 2027; Nord Stream 2 AG ha demandado a la UE contra esa legislación. Además, quedan las sanciones, la certificación alemana, Gazprom, contratos y regulación europea. Solo una de las líneas de Nord Stream 2 permanece intacta.

AfD puede vender una llave inglesa. La realidad ofrece un laberinto jurídico.

El calendario corre ahora contra Merz

Merz tiene una ventaja: no habrá otra elección regional antes de Navidad.

La próxima gran cita institucional de la CDU será la Bundesversammlung (Asamblea Federal), que elegirá al presidente alemán el 30 de enero de 2027. Después comienza una primavera electoral despiadada: Saarland y Schleswig-Holstein, 18 de abril; Nordrhein-Westfalen, 25 de abril; Bremen, 30 de mayo; Niedersachsen, 26 de septiembre. Las próximas elecciones federales ordinarias corresponden a 2029.

El congreso federal ordinario de la CDU ya se celebró en Stuttgart los días 20 y 21 de febrero, cuando Merz fue reelegido presidente partidario con 91,2%. Su problema ahora no es ganar otro congreso: es conservar autoridad suficiente para llegar fortalecido al próximo ciclo electoral.

Tiene algunos meses sin urnas. No necesariamente algunos meses de paz.

Weidel también tiene su límite.

Puede celebrar Mecklenburg-Vorpommern. Puede celebrar el avance berlinés. Puede exhibir el 29% de YouGov. Pero 14-16% en Berlín sigue sin ser alrededor del 38% en Mecklenburg-Vorpommern, y AfD continúa encontrando enormes dificultades para transformar primeras posiciones electorales en gobiernos debido al rechazo de los demás partidos a coaligarse con ella.

Por eso el triunfo de Alice Weidel es parcial. El desastre de la CDU es bastante menos ambiguo.

Weidel celebra. Dmitriev sonríe. Söder espera. Merz promete acelerar.

Y debajo del Báltico vuelve a aparecer Nord Stream 2, convertido por algunos en una suerte de flauta mágica de acero capaz de devolver a Alemania la prosperidad perdida.

El problema es bastante más prosaico. Por un tubo puede volver a pasar gas. Por un tubo no vuelve a pasar la Historia.

Los demócratas están viviendo un proceso de definición interna similar al de los republicanos a partir de la irrupción de Donald Trump, el cual culminó en el triunfo interno de Trump y su control de la colectividad después de derrotar a rivales en primarias. Los demócratas aparecen tan divididos como lo estuvieron alguna vez los republicanos, sin un liderazgo claro, y, por lo tanto, con varios aspirantes a la candidatura presidencial, pero, por lo mismo, sin definiciones claras, más allá de la total oposición al gobierno republicano.

Dependiendo del resultado de las primarias que están teniendo lugar, algunas con mayor publicidad e impacto que otras, el resultado va a decidir si el partido regresa a ser una expresión tradicional entre el liberalismo y la social democracia, o a través de una fracción conocida como los Socialistas Democráticos de América (en inglés: Democratic Socialist of America, DSA) ese triunfo significaría una izquierdización del partido, y por primera vez en la historia, una de los dos agrupaciones políticas que han llegado a la Casa Blanca, adoptaría una definición y una plataforma socialista, sin complejos, quizás similar a partidos que con ese nombre hicieron política en Francia o Italia.

Aunque estamos lejos de ese escenario hay que pensar en esos términos dada la polarización que se vive, donde la figura de Trump ha sido tan dominante en partidarios y opositores, que todo estudio o encuesta coincide, en que el votante demócrata por sobre todo quiere una oposición total, la latinoamericanización que ha sufrido la política estadounidense, que explica la desaparición del consenso como también del centro político.

Es decir, si los demócratas socialistas transforman su éxito en primarias en triunfos en la elección general de este noviembre, podríamos estar presenciando un fenómeno que se ha dado en diversas oportunidades en otras partes del mundo, el copamiento de un partido por otra colectividad, ya sea, por fusión o adquisición hostil, de la cual el primer ejemplo que se conoce fue el triunfo interno de los bolcheviques sobre los mencheviques socialdemócratas de Kerensky en los albores de la Revolución Rusa en 1917.

Aunque varían dependiendo del país, y existiendo también en dictaduras, en general se entiende que, en democracia, un partido político es una organización de interés público cuyo objetivo es el poder político para aplicar un programa, y quienes integran la organización comparten objetivos, intereses, principios, valores y proyectos, a ser ejecutados total o parcialmente. En EE. UU. tienen la característica que solo militantes demócratas o republicanos han llegado a la Casa Blanca, instituciones que, a diferencia de otros países, más que partidos son movimientos, es decir, a su interior hay personas que tienen más libertad para pensar y actuar distinto, sin que por ello, se les sancione, y que también aceptan la existencia de facciones, que en el caso de los demócratas, además de la mencionada tienen a su interior grupos que se autodefinen como liberales o progresistas o moderados o laboristas o conservadores, además de apoyos que se reciben de otros partidos, como ocurre con el Comunista estadounidense, que desde 1984 los apoya en las presidenciales.

Sin embargo, como cambian personas y sociedades, que lo hagan partidos cada 30 o 50 años no es algo excepcional, sino que es más habitual de lo que se cree, y testigo de ello es la propia historia de los demócratas, partido que ha sufrido cambios a partir de elecciones como la de Franklin D Roosevelt en los 30 que redefinió las características del Estado moderno estadounidense hasta su reacción actual a los cambios que trae consigo la aparición de Trump.

Es uno de los partidos más antiguos del mundo ya que sitúa sus orígenes en el Partido Demócrata-Republicano de Thomas Jefferson y James Madison, dos padres fundadores de EE. UU. y en el gobierno desde 1801, partido del que se separa a partir de 1828, destacándose quienes serían posteriormente seguidores de otro presidente, Andrew Jackson. La derrota de Jackson en la elección presidencial de 1824 a pesar de haber sido el candidato más votado ocasionó una división que condujo a que sus partidarios crearan el partido “jacksoniano” para elegirlo en 1829, partido que a partir de 1834 comienza a llamarse “Demócrata”, nombre que pasa a ser definitivo en la Convención de 1844.

En sus inicios, la filosofía del partido fue el conservadurismo con otra ideología que tuvo importancia posterior, el populismo que muchas veces estuvo presente en las zonas rurales del sur. Sin embargo, el New Deal, el Nuevo Trato de Franklin D Roosevelt cambió tanto al país que las facciones conservadoras del partido se extinguieron fuera del sur, coalición que además los acercó mucho a los inmigrantes católicos, a los trabajadores sindicalizados y a las posturas socialdemócratas. Sin embargo, en el sur se mantuvo siempre cercano al viejo racismo, por lo que una característica marcada fue representar tanto a los líderes del KKK como al liberalismo del este.

En la década del 60 con Kennedy todo cambiaría y el partido se convierte en la expresión de la llamada coalición arcoíris por representar a los afroamericanos, a las mujeres y a los hispanos o latinos. Fue el periodo, en que los demócratas fueron una mezcla de posiciones a la vez socialdemócratas y liberales (que se entiende como izquierda en EE.UU), década en que la mantención del racismo se expresa a través de sectores partidarios que levantan la candidatura presidencial del gobernador Wallace en 1968, existiendo un último intento que no prosperó en la elección de 1972, hasta desaparecer la presencia del racismo cuando los demócratas hacen propio el discurso de M.L. King de tal manera que se convierten en la expresión de alianza con el voto afroamericano.

Considerando esta historia no debiera sorprender el cambio actual, ya que ahora las primarias y las encuestas muestran que hay un apoyo creciente a las ideas socialistas entre militantes y votantes, lo que ha ocurrido al mismo tiempo que un alejamiento de la idea tradicional del “sueño americano” como también al aumento a su interior de las críticas a insuficiencias del capitalismo estadounidense en temas como la salud y beneficios sociales, por lo que no es del todo sorpresivo lo que está ocurriendo, ya que no fue algo que ocurriera de la noche a la mañana. .

Ello ha ido acompañado por otro proceso, donde esa característica de ser expresión de los trabajadores sindicalizados chocó con la realidad de los otros factores que hicieron posible los triunfos electorales de Trump y los cambios que ha promovido, ya que la desindustrialización de EE. UU. se unió al ascenso chino y la irrupción de la sociedad digital. Es por ello que ha disminuido en el partido la relevancia sindical, tanto que hoy más que representar a los pobres y a los trabajadores industriales, los demócratas representan a elites universitarias de las grandes ciudades, en general, muy enojadas por las deudas universitarias que han contraído, en algunos casos impagables, sin encontrar trabajo en aquello que estudiaron, y respaldando soluciones socialistas, hoy, representadas por el alcalde Mamdani en Nueva York.

Los cambios no se detienen allí, sino en varias otras áreas. Una ha sido el cambio desde ser el partido de la minoría judía a posiciones extremadamente críticas de Israel, y una de las certidumbres del actual proceso interno, es que quienquiera sea el o la candidata/o, su plataforma va a ir en el sentido de acabar con o rebajar la actual alianza estrecha entre ambos países, que es coincidente con los cambios que en esta materia han tenido lugar en la sociedad y en las universidades estadounidenses.

Durante la administración Biden hay modificaciones programáticas, donde el partido toma posiciones que lo alejan de la socialdemocracia, para acercarlo a corrientes del wokismo y que hoy han mutado en acercamiento a la tradición socialista, que solo sorprenden por tratarse de un país donde no habían echado raíces como es EE. UU.

Por su parte, estos sectores socialistas en ascenso no son propiamente un partido tal como lo entendemos, sino que los DSA hacen hoy política al interior de los demócratas, siguiendo el ejemplo de su indiscutido líder, el veterano senador Sanders, que ha sido electo al Senado por el partido demócrata, se ha presentado varias veces a las primarias presidenciales, pero no es militante como tampoco lo es de DSA, que se define como “una organización política y activista democrática y laborista de EE. UU.” Es decir, más que competir en elecciones como un partido, lo están haciendo al interior y en representación del partido demócrata, con lo que tienen un impacto notablemente superior, al mismo tiempo de fortalecerse allá, doble ganancia gracias a la ceguera demócrata.

Lo que ha pasado, es que esas ideas que siempre han existido, solo que, en los márgenes, una vez que se hacen en nombre de los demócratas, adquieren un tono “mainstream”, es decir, de corriente principal, que explica lo que ha estado pasando con las ideas socialistas, que se movieron desde la exclusión a la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Es lo que también explica lo que ocurrió en las universidades y en los medios de comunicación, donde ideas que antes eran marginales como la judeofobia adquirieron una visibilidad especial al ser habladas desde el partido demócrata, recibiendo una legitimidad antes desconocida.

Los orígenes de DSA provienen del Partido Socialista de América y de Eugene V. Debs, quien fuera cinco veces candidato a la presidencia (1900-1920). En su versión moderna, en 1982 se fusionan partidos y movimientos para dar origen a la fundación de Socialistas Democráticos de América, quienes apoyaron al candidato Ralph Nader del Partido Verde el año 2000 para asentarse definitivamente en el Partido Demócrata, quien les dio la bienvenida por la idea movimientista de convertirse en frente del progresismo más que existir sólo como un partido, idea que también se encuentra en el partido republicano en relación a las ideas conservadoras, de representar al conjunto de ellas.

El cambio definitivo ocurre cuando para las elecciones de 2016, el DSA respalda a Bernie Sanders en las elecciones primarias demócratas contra Hillary Clinton. Los activistas llegan masivamente a apoyar un desempeño que superó expectativas en número de delegados. Al concluir las primarias, los activistas no se retiraron, sino que permanecieron en el partido, captando cada vez mayor poder e influencia en las propuestas partidarias. A partir de la elección de Trump el 2016 y, sobre todo, con su nueva victoria, la militancia en el DSA ha crecido enormemente al igual que la cantidad de miembros, que compitiendo como demócratas son electos para cargos locales y puestos públicos en una cantidad creciente de Estados, lo que a su vez incrementa las propuestas demócratas de carácter anticapitalista como también el número de militantes DSA que han ganado primarias para competir por vez primera este noviembre.

Este ascenso emparejado con el del Senador Sanders, quien adquiere nuevo protagonismo, ya que su desempeño como candidato en las primarias es tan bueno que causa temor en Hillary, que podría repetirse lo que ocurriera con el triunfo inesperado de Obama en la primaria del 2008, que en un golpe interno es bajado el senador Sanders de su candidatura después que una representación de donantes de mucho dinero, hacen ver que no seguirían apoyando al partido por un impuesto a los ingresos que postula Sanders, una idea que hoy es oficial entre demócratas electoralmente exitosos como Mamdani.

Sanders acepta bajarse, pero sus ideas pasan por vez primera a la plataforma oficial del partido, lo que se repetiría el 2020 con Biden, donde hay una renuncia de varios candidatos para posibilitar que éste triunfe en las primarias de Carolina del Norte, sellando así su alianza con los representantes afroamericanos, ya que el desempeño de Biden no había sido bueno hasta esa fecha. Sanders obtiene a cambio que toda la plataforma de Biden sea ahora oficialmente sus ideas de siempre, y que en el tema climático no solo sea la propuesta de campaña sino la del futuro gobierno mismo.

Paralelamente crece sin parar hasta hoy la importancia de los militantes DSA que también adquieren experiencia de gobierno y visibilidad en cargos de menor importancia en el gobierno de Biden, lo que les permite tanto hacer carrera como acceso a financiamiento de campaña, tal como se ha mostrado en estas primarias.

¿Qué puede pasar en el Partido Demócrata?

Primero, nada, que estos candidatos que han ganado primarias sean rechazados por los votantes independientes y todos sean derrotados, lo cual es poco probable, ya que difícilmente el partido volverá a ser lo que era antes, con un predominio del voto moderado entre los representantes y la militancia, posibilidad que hoy no existe, ya que ambos partidos están cambiados, adaptándose a lo que conjuntamente han creado, un EE. UU. dividido y polarizado, sin consensos comunes. Además, en lo que a financiamiento se refiere, a diferencia de épocas anteriores, hoy los demócratas tienen mejor caja electoral que los republicanos, debido a que sus principales donantes es gente muy rica que ha hecho su fortuna en empresas de las nuevas tecnologías, en criptomonedas, IA, Internet y similares, y en general, están conformes con las posiciones demócratas.

Segundo, que la elite partidaria cuando ha tenido que actuar enfrentada a desafíos como el actual, se decida a hacer lo que hizo la única vez que tuvo una experiencia semejante, cuando durante y después de Vietnam, el espíritu del movimiento contrario a la guerra se hizo carne en el partido, eligiendo en primarias candidatos ultraliberales y pacifistas para que fueran derrotados por Nixon y Reagan por mayorías muy amplias. Por lo tanto, decidieron crear los llamados superdelegados para evitar tener presidenciables que no fueran candidatos elegibles, que se sumaran a los delegados electos regularmente por cada Estado quienes están obligados a respetar los resultados, cuando estos superdelegados no tienen esa obligación. Al mismo tiempo, su número representa un total capaz de elegir a un nuevo candidato, si es notorio que el ganador interno no tiene posibilidad por tener posiciones extremas. En general, son autoridades partidarias o que han sido funcionarios o han tenido cargos como gobernadores, alcaldes, ministros o senadores, cuyo número ha superado el 15% de los delegados en cada Convención a partir de entonces.

Quienes han estado detrás de estos números son una élite, que cuando ha tenido que tomar decisiones lo ha hecho sin dudar un instante, por poco democrático que sea lo resuelto, tal como ocurrió cuando bajaron a Biden el 2025 por su notorio deterioro físico y mental para el cargo, a pesar de que había ganado las primarias, además que la vicepresidenta Harris fue designada sin elección o legitimación interna.

La duda es si se atreverían a dar un paso semejante para quedarse con el nombre del partido, si la situación sigue deteriorándose para ellos, paso que quizás deban dar, ya que, en un sistema tan bipartidista, no existe espacio como no lo ha existido nunca para una tercera fuerza.

Hoy EE. UU. está en la recta final de una elección de medio término donde las encuestas coinciden en un triunfo demócrata, y donde ese triunfo, al igual que en su gobierno anterior, impulsaría una acusación constitucional contra Trump y, por lo tanto, un escenario distinto al actual. Sin embargo, recién se entra en la recta final, y muchas cosas pueden cambiar, incluyendo la guerra de Irán. A favor tienen los republicanos, que pueden vincular esos comicios con la presidencial, y ya al parecer tienen el candidato, en la persona del vicepresidente J.D. Vance, en cuya compañía Trump está hoy recorriendo el país, mientras que los demócratas no tienen nada resuelto dada su división actual, como tampoco tienen programa ni candidato/a, o mirado desde otra perspectiva, en vez de no, tienen varios, sin que alguno/a sobresalga.

En contra del avance socialista no solo están los republicanos, sino también los demócratas centristas/moderados. Ambos grupos repiten, cada uno desde su perspectiva, lo que se ha hecho antes, es decir contra los nuevos lideres demócratas al igual que en el pasado contra este tipo de candidaturas se ha dirigido una clásica campaña anticomunista que con votantes jóvenes que ignoran lo que fue la URSS parece haber sido muy poco exitosa, al igual que las grandes cantidades que ambos han gastado en contra de los socialistas. El fracaso consiste en repetir argumentos anticomunistas del pasado en vez de hacerlo contra aquellas propuestas que ganaron las primarias, es decir, ideas que han fracasado en todas partes donde han sido intentadas, pero que tienen base creíble: dificultades para tener trabajos bien pagados, alza en los precios de vivienda, deuda estudiantil, y similares problemas reales.

Todo pronóstico está ensombrecido por la polarización, ya que el debate interno demócrata está contaminado con el rechazo total a Trump, y votantes que creen que todo es aceptable para derrotarlo, además que hay temor entre otros demócratas a confrontar a aquellos que tienen viento a favor, ya que entre los moderados, incluyendo dirigentes como Jeffries y Schumer hay temor que alguien en ascenso como Ocasio-Cortez los derrote en las próximas primarias, al igual que no se aprecian muchos judíos confrontando con la energía requerida al antisemitismo.

En todo caso, como hay elecciones ahora en noviembre, el primer deber de un candidato es elegirse y junto con ello, intentar después llegar o permanecer en el gobierno, ya que solo desde allí se puede llevar a cabo un programa, por lo que siempre predomina el poder, adquirirlo o conservarlo para el oficio que han elegido.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El Día Internacional de la Paz nació por iniciativa de las Naciones Unidas en 1981, como una fecha destinada a reafirmar y promover los principios de paz entre los pueblos y las naciones. Desde 2001, cada 21 de septiembre se convierte además en una jornada global de no violencia y alto el fuego. Sin embargo, mientras esta fecha vuelve a poner la paz en el centro de la agenda, la realidad mundial plantea una enorme contradicción: en 2025 se registraron más de 130 conflictos armados en distintas regiones del mundo que profundizan las crisis humanitarias, el desplazamiento forzado y la inestabilidad.

Una cifra extraordinaria refleja la magnitud inaceptable de la violencia actual:  hoy alrededor de 2.000 millones de personas –una cuarta parte de la población mundial- viven en zonas afectadas por conflictos. Esta escalada de violencia tiene consecuencias inadmisibles para la población civil. Según el último informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la protección de civiles en conflictos armados, en 2025 se registró aproximadamente una muerte civil cada 14 minutos.

Bien sabemos que allí donde hay conflicto, hay una crisis de desplazamiento. A nivel global, más de 117 millones de personas se encuentran desplazadas porque debieron escapar de sus hogares para salvar sus vidas. De ellas, casi el 40% son niños y niñas.

Emergencias como las de Sudán, Ucrania o Afganistán nos demuestran que cuando la paz se rompe, millones de personas se ven obligadas a huir y las crisis humanitarias se profundizan. En Sudán, más de 11,3 millones de personas fueron desplazadas desde el inicio del conflicto, en una crisis marcada por la violencia, el hambre, la desnutrición y el colapso de los servicios básicos. En Ucrania, 10,8 millones de personas requieren asistencia humanitaria, mientras los ataques siguen provocando víctimas civiles, nuevos desplazamientos y daños a servicios esenciales como el agua, la electricidad y la calefacción. En Afganistán, décadas de conflicto dejaron millones de personas refugiadas y desplazadas, en un contexto de pobreza, hambre, violaciones a los derechos humanos y retornos forzados.

Diariamente, en distintas partes del mundo, millones de personas deben abandonar su hogar, su escuela, su trabajo, sus vínculos y sus proyectos. No se van porque quieren: huyen para salvar sus vidas. Y en ese camino, muchas veces solo pueden llevar consigo la esperanza de reconstruir sus vidas y encontrar un lugar donde vivir en paz.

Frente a esta realidad, la labor de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, es indispensable. Hace 75 años trabaja para proteger a las personas forzadas a huir de la guerra, la violencia y la persecución. Esa misión nace de una promesa esencial: que quienes se ven obligados a escapar, no van a estar solos. Pero mientras persista la violencia y no haya paz, millones de personas seguirán viéndose obligadas a escapar en busca de seguridad.

Por eso, el Día Internacional de la Paz no debería ser solamente una efeméride en el calendario. Debería ser un llamado a reconocer que la paz es una condición indispensable para la vida. En un mundo atravesado por más de 130 conflictos armados, la ausencia de paz separa familias, interrumpe infancias, carreras, proyectos, vínculos y sueños. Obliga a empezar de nuevo a quienes nunca eligieron irse. Por eso, en tiempos como estos, es fundamental reafirmar la promesa de que quienes huyen de la guerra, la violencia y la persecución puedan encontrar protección y reconstruir sus vidas.

La paz requiere decisiones políticas, compromisos internacionales y acciones concretas. Pero también precisa una sociedad que no abandone a quien necesita ayuda. En este Día Internacional de la Paz, renovemos el compromiso que la humanidad asumió hace 75 años: que toda persona forzada a huir pueda encontrar protección, dignidad y un lugar seguro. Sumar nuestro nombre en ponchosazules.org es forma concreta de renovar la promesa de vivir en un mundo en el que todas las personas puedan estar a salvo.

*Paula Martínez Álvarez, Directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina

Los comicios parlamentarios de la Federación de Rusia, organizados a lo largo de tres jornadas consecutivas (18, 19 y 20 de septiembre), se desarrollan bajo condiciones que distan ampliamente de los estándares mínimos internacionales de integridad electoral. En lugar de un espacio competitivo libre y transparente, el entorno político ruso está caracterizado por el control absoluto del Kremlin sobre la administración electoral y la exclusión de cualquier alternativa de oposición real. La inhabilitación y expulsión de la carrera electoral de más de una treintena de candidatos —muchos de los cuales habían superado los exigentes filtros ideológicos iniciales para simular una fachada de pluralismo— demuestra la falta de disposición del régimen para permitir fisuras en su narrativa oficial. Organizaciones independientes de monitoreo ciudadano como Golos han calificado de manera reiterada estos procesos como meras imitaciones destinadas a refrendar las decisiones de la autocracia. Este escenario de supresión de derechos políticos se produce en un contexto de acentuado autoritarismo interno y de guerra en el exterior, donde la falta de contrapesos institucionales, tribunales independientes y prensa libre impide el ejercicio auténtico del sufragio.

Para evitar un escrutinio técnico e imparcial que documente las graves irregularidades del proceso, el gobierno ruso ha optado por desmantelar los vínculos con las instituciones internacionales de monitoreo más reconocidas. Rusia ha rechazado invitar a las misiones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/ODIHR), violando compromisos internacionales asumidos en el Documento de Estambul de 1999. Asimismo, la Comisión Electoral Central (CEC) ha calificado a los países democráticos occidentales como “estados no amigables”, restringiendo la presencia de sus representantes.

Lejos de aislarse por completo, Rusia ejecuta una estrategia de “mimicría liberal”, consistente en adoptar las formas externas, los términos y la estética de la observación internacional para inyectarle un contenido favorable a sus intereses autoritarios. Este mecanismo funciona como una herramienta de Sharp power, diseñada para penetrar los entornos informativos globales y neutralizar las críticas legítimas sobre la falta de democracia. La CEC rusa —organismo que carece de independencia de facto y opera coordinadamente con la Administración Presidencial y el Ministerio de Relaciones Exteriores— lidera el despliegue de esta estrategia. Esta política se ha institucionalizado mediante iniciativas como la Asociación Internacional de Expertos Políticos y Electorales (IAPEE/IAIEE), lanzada en Moscú en abril de 2026 con el respaldo explícito de altos funcionarios rusos, y el uso de redes alternativas como la Red Global de Verificación de Datos (GFCN) para crear un “escudo informativo”.

Los Festivales de la Juventud como mecanismo de whitewashing

Un pilar central en esta estrategia de fabricación de legitimidad es la instrumentalización de los eventos internacionales de juventud. Anualmente, y de manera estratégicamente coordinada en las fechas previas a los procesos electorales, el Kremlin organiza el Festival Mundial de la Juventud (World Youth Festival). A través de becas completas o parciales, miles de jóvenes de diversos continentes son trasladados a Rusia para participar en jornadas culturales, políticas y académicas.

Al concluir el festival, estos participantes son invitados a prolongar su estancia y ser acreditados como “observadores internacionales” o “expertos electorales” para la jornada de votación. Esta práctica constituye un ejercicio deliberado de whitewashing o blanqueamiento político, donde jóvenes sin formación metodológica ni independencia técnica son llevados a los centros de votación para emitir declaraciones entusiastas ante los medios estatales de comunicación. Los medios oficiales como RT y Sputnik utilizan estos testimonios para difundir narrativas preconcebidas que aseguran que las elecciones se desarrollan en un ambiente “festivo”, “transparente” y “ejemplar”. Esta instrumentalización busca proyectar ante la opinión pública rusa y mundial que el sistema comicial goza de amplio respaldo internacional. La dimensión estratégica de este programa queda de manifiesto en las evaluaciones internas: Sergey Kiriyenko, vicejefe de la Administración Presidencial y presidente del comité organizador del festival, ha resaltado con satisfacción que cerca del 70% de los jóvenes participantes expresan una actitud positiva hacia la experiencia y el sistema ruso.

Redes de reclutamiento en América Latina: Argentina y Brasil

La captación de jóvenes para estos festivales no ocurre de forma fortuita, sino a través de una red de influencia institucionalmente respaldada por el Estado ruso en el Sur Global. En América Latina, Transparencia Electoral han identificado la operación de Comités Nacionales Preparatorios creados para canalizar las convocatorias y seleccionar a los asistentes que posteriormente actuarán como validadores.

En Argentina, el Comité Nacional Preparatorio utiliza plataformas digitales como la cuenta de Instagram @comiteargentinarusia para lanzar convocatorias anuales de becas. También celebraron reuniones con universidades de todo el país y con instancias de gobierno, como la Dirección Provincial de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires. En el ciclo actual, más de 50 jóvenes argentinos fueron seleccionados para viajar al festival en Rusia y participar subsiguientemente en las actividades de “observación”. Un esquema idéntico opera en Brasil a través del Comitê Preparatório Nacional | World Youth Festival (@wyf_brasil), donde se promociona abiertamente la lista de decenas de seleccionados que viajan con el doble propósito de asistir al encuentro juvenil y desempeñarse como “veedores” en los comicios. De este modo, jóvenes latinoamericanos son transformados en agentes de propagación de la narrativa oficial del Kremlin al regresar a sus países de origen.

Esta práctica de movilizar militantes afines para simular apoyo internacional guarda una estrecha analogía con los métodos empleados por otros regímenes autoritarios de la región. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro ha recurrido de forma sistemática a cumbres previas —como la “II Alternativa Social Mundial” de la ALBA-TCP— para congregar a cientos de aliados políticos internacionales y acreditarlos como “acompañantes electorales”. Asimismo, utiliza a entidades dóciles como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), presidido por Nicanor Moscoso, para certificar procesos marcados por el fraude y la opacidad. De forma similar, en Cuba, el régimen utiliza la presencia de grupos afines como la Red Nacional sobre Cuba (National Network on Cuba) para publicar testimonios que califican las elecciones de partido único como “democracia real”.

El ataque a los estándares internacionales de integridad electoral a través de la promoción del relativismo cultural

El fenómeno de la falsa observación electoral representa una amenaza directa para el consenso democrático global. Definida por la Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) como una actividad política internacional orientada a favorecer a actores específicos mediante la imitación del monitoreo creíble, esta práctica busca devaluar las evaluaciones de organismos especializados como la Unión Europea, la OEA o el Centro Carter.

Mediante el despliegue de recursos estatales masivos, el Kremlin no solo busca proteger la legitimidad de comicios viciados, sino también imponer una contranarrativa basada en el relativismo cultural. Funcionarios rusos como el canciller Sergey Lavrov promueven abiertamente el rechazo a lo que denominan “neocolonialismo electoral occidental”, argumentando que los estándares de integridad no deben ser universales, sino adaptarse a las “características nacionales e históricas” de cada régimen. Esta postura es radicalmente incompatible con la universalidad de los derechos humanos y los derechos políticos consagrados en los tratados internacionales.

Frente a este escenario de desinformación transnacional, se vuelve imprescindible que los organismos electorales y las democracias de América Latina fortalezcan sus normativas de acreditación. Es necesario establecer filtros estrictos que impidan que diplomáticos, militantes partidarios y jóvenes cooptados en eventos gubernamentales reciban credenciales de observadores técnicos. Proteger la observación electoral independiente —tanto nacional como internacional— no es una simple discusión metodológica, sino una exigencia fundamental para garantizar que el voto ciudadano siga siendo la expresión soberana de la voluntad popular frente a la expansión de los autoritarismos globales.

El autor es Director de Programas de Transparencia Electoral

La dictadura de Somoza fue nefasta para Nicaragua. La transición posterior Sandinista dejó en el debe muchos aspectos sociales y políticos que eran necesarios para la libertad del país. Todo ello parecía quedar atrás con la victoria electoral de Violeta Chamorro en 1990. Varios factores contribuyeron a ello, incluido el poderoso movimiento democratizador en Nicaragua y otros países. La inestabilidad positiva que sacudió la región en la década de 1980 y que llevo al fin de las dictaduras regionales dio una dimensión internacional a la democracia, a la justicia y a los derechos humanos. En esa época se afirmaron fenómenos como la pérdida de poder dictatorial ya sea interna o internacionalmente, lo que llevo que a través de elecciones y un creciente interés entre las masas —especialmente los jóvenes— por el cambio político la democracia ganara terreno rápidamente. Así como la década de 1970 estuvo marcada por la represión y la violencia, la década siguiente mostro a Latinoamérica inmersa en una verdadera revolución democratizadora. De todas maneras Nicaragua nunca terminó de democratizarse completamente dado algunas instituciones jamás fueron asimiladas por la democracia, por ejemplo, el ejército siguió siendo el ejército de un partido y no una institución de la democracia.

Los revolucionarios democratizadores de esa época eligieron a liderazgos moderados de políticos con profundas convicciones democráticas y demostraron al mundo que defendiendo las ideas en un marco de pluralidad se era capaz de implementarlas sin tener que jugar al todo o nada. Si bien la revolución democratizadora triunfó por completo durante esa década, los conceptos de responsabilidad y derechos humanos -memoria, verdad, justicia- tuvieron que esperar en las esferas social y política de varios países. La excepción a esto fue el juzgamiento de la junta dictatorial en Argentina. El impacto de esta fuerza democratizadora (me niego a llamarla “ola”) fue absoluta, tambien Ortega entregó el poder en el final de la guerra fría tras perder una elección, la propia guerra fría fue víctima de la fuerza democratizadora cuando la misma llegó a la URSS y a Europa del Este.

Un movimiento revolucionario democratizador como el de los 80s no surge únicamente de las acciones de uno o más líderes; más bien, los liderazgos simplemente dan forma clara a las ideas y aspiraciones de la gente que prevalecen en un momento dado. La generación que luchó contra las dictaduras no necesitó un líder designado que la guiara, ello ocurrió porque presenció y sufrió directamente la persecución, las desigualdades, las injusticias y las destructivas condiciones de vida cotidianas impuestas por los regímenes. Quedó demostrado tambien que, si incluso la democracia era derrotada por una represión militar, el riesgo de su resurgimiento persistía y era cada vez más fuerte, y terminaría imponiéndose en prácticamente cualquier contexto. Salvo que la represión misma y la profundidad de la crisis/fracaso económica y social terminaran aplastando la positividad del contexto como sucedió en Cuba. Es la fórmula que luego aplicaron Ortega y Maduro.

Pero tiempo después empezó la des-transición. En abril 2018 los nicaragüenses salieron a la calle para protestar por una reforma fiscal, pero fundamentalmente a protestar contra el Gobierno, sentían que necesitaban un cambio. En aquel entonces, los acontecimientos en Nicaragua se percibían como el colapso de la transición democrática, una predicción que el gobierno nicaragüense había respaldado con actuaciones de contenido autoritario durante mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno no creía que esto conduciría al surgimiento de nuevas estructuras políticas o soluciones de compromiso, pero luego todo el proceso fue encaminándose hacia una lógica de todo o nada que como siempre ocurre terminó en mucha nada para todos. No hay forma de no sentirse decepcionado por el proceso y como el mismo fue patológicamente cayendo en el peor de los abismos, una dimensión tiránica de muy poco interés para la comunidad internacional a pesar de la ardua militancia opositora nicaragüense.

Si hay algo que es fácil es repartir culpas al respecto, porque hay culpabilidad de sobra, pero esto no lleva a ningún lado como quedó demostrado en el mismo 2018, 2019, 2020 hasta que el monologo de la dictadura oscureció completamente a Nicaragua. A mí me toco tambien, como era de izquierda y venia de un grupo político que había tenido mucha hermandad ideológica con el sandinismo, así fue como se creyó que en algún momento podía poner esa hermandad ideológica por encima de los principios de Democracia y Derechos Humanos, a pesar de que mi enfrentamiento con las otras dos dictaduras hemisféricas demostraba exactamente lo contrario. Los resultados que obtuvimos se fueron rápidamente por el drenaje: la instalación de dos mesas de diálogo y la liberación a comienzos de 2020 de 320 presos políticos (trabajo en el terreno de Luis Rosadilla) que no perdieron su nacionalidad, ni se tuvieron que ir del país. La represión y la confrontación se llevaron muy pronto todo eso. Y prácticamente allí terminó toda posibilidad institucional de trabajar por un proceso electoral libre, justo y transparente.

Se debe reconocer algo positivo, no hay nicaragüense opositor al régimen que haya abandonado la lucha. Todos siguieron luchando, aunque algunos más por el poder que por la democracia, quizás sintiendo que una cosa llevaba a la otra, pero esto nunca funciona así.

Aun así, un amplio sector de la clase política también quería pensar que el proceso tenía cierta continuidad electoral a pesar de que a esa altura no había ningún motivo para creer en esa posibilidad ya que los patrones autoritarios iban avanzando aceleradamente hacia la dictadura tiránica que terminó instalándose. Un grupo que compartía la visión de participación electoral viajo a Managua. Todos fueron presos. Y muchos más también.

Daniel Ortega, convencido de que estaba luchando por su vida, entendió que, para mantener su credibilidad interna, la de su base de poder, tenía que hacer purgas hacia adentro y hacia afuera y que estas ideas de represión necesitaban una ejecución exhaustiva. Se conoció entonces hasta donde estaba dispuesto a llegar Daniel como violador de Derechos Humanos en Nicaragua, prácticamente no había límites.

El Sandinismo no perduró, aunque el nombre se mantuvo prácticamente sin logica alguna en el Gobierno. Sus miembros habían o no abandonado la ideología antes o después del período de represión, pero lo que era seguro es que muchos habían abandonado a Ortega o al Gobierno o a ambos. La bandera Sandinista seguía como símbolo, pero, así como en los 70s y 80s era símbolo de lucha contra una dictadura se transformó en el símbolo de una dictadura.

Una dictadura encarnada por Daniel Ortega, un hombre tan versado en represión como en frialdad para ejercerla, y a Rosario Murillo, una líder más extravagante que Ortega, pero más firme aun a la hora de la represión interna y externa. En última instancia, han sido ellos quienes traicionaron de peor manera los ideales y sustituyeron los descensos en popularidad con una mayor violencia a la hora de las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esta influencia de la cadena de mando represiva creció lenta pero constantemente, alcanzando picos demenciales en que prácticamente todo lo que existía socialmente se transformó en una amenaza para el régimen.

En 2026 especialmente luego del 3 de enero cuando Estados Unidos se lleva a Maduro, los nicaragüenses pensaron que lo mismo iba a pasar con Ortega-Murillo en forma inmediata. Posiblemente si esto hubiera ocurrido se hubiera fortalecido el caso de EUA como defensor de la democracia en el hemisferio. No obstante, la flota instalada en el Caribe se marchó para Irán sin ulteriores presiones ni en Cuba ni en Nicaragua.

Pero, así como en los 80s había una fuerza democratizadora expansiva, en la actualidad la democracia sufre por las dictaduras no resueltas y por la erosión que padece en los paises que aún no son dictaduras. En un clima como el actual de declive cívico, así como de erosión de la ética y de los valores observado en diversas democracias, surge un marcado deterioro que está llevando a paises y gobiernos en la dirección contraria; la situación es de opresión destructiva de la democracia y de futilidad sistémica deplorable. Todo ello simplemente refleja la desaprobación pública de políticas ineficaces, y/o refleja cómo las instituciones se transforman en opresoras y manipulan sus propias dinámicas de ineficiencia.

Pero ¿qué significa esto realmente para la democracia en Nicaragua? Simplemente quiere decir que el contexto general no es favorable, ni desde las dinámicas políticas internas ni internacionales ni las sociales. Así como en los 80s había enorme presión regional y subregional para forzar la democracia (Ortega tenia los puertos minados, los aviones pasándole arriba del país, un contexto subregional hostil, un movimiento guerrillero interno-es decir el libro completo de prácticas de la guerra fría-) al presente prácticamente no existe nada de esto.

Nunca podemos admitir que es imposible la democratización del país, aun cuando los análisis políticos a menudo tienen dificultades para ofrecer una perspectiva positiva, debemos siempre tener presente el “síndrome Maduro” y es que, de una u otra manera, toda situación puede cambiar en un momento debido a errores inducidos por el círculo cercano, así como errores propios no forzados, o necesidades de coyuntura nacional o internacional. No ocurre en automático y hay que trabajar mucho cada solución posible, pero a partir de allí se pueden lograr resultados positivos al respecto. Siempre sostuvimos que la justicia era la solución para la Venezuela de Maduro y la justicia tendrá que definitivamente jugar un papel en la solución para la Nicaragua de Ortega.

Luis Almagro/Instituto CASLA

En Venezuela todos parecen tener un reloj, Washington tiene el suyo, Delcy Rodríguez tiene otro; María Corina Machado corre contra el tiempo, pero Dinorah Figuera también. Y mientras cada actor calcula sus movimientos, hay un reloj que no negocia, no se detiene y no sabe de geopolítica: el del venezolano común.

El reloj de Donald Trump tiene una fecha marcada: noviembre de 2026, mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y Venezuela, con su petróleo, ocupa un lugar estratégico en ese tablero. No es casual que Trump haya vinculado recientemente la evolución de los precios del petróleo con el calendario electoral estadounidense.

Washington necesita resultados; Caracas necesita inversiones; y La Industria petrolera necesita años para recuperarse, pero la política, esa señora impaciente, trabaja con fechas.

El reloj de Delcy Rodríguez tampoco da tregua. La apertura petrolera y económica debe traducirse en algo que el ciudadano pueda tocar: electricidad, empleo, agua, servicios, ingresos; porque anunciar miles de millones de dólares es relativamente sencillo, pero lograr que el venezolano vea un cambio en su vida es otra historia.

El acuerdo petrolero con Washington, que contempla 17 campos y más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, revela hasta qué punto el petróleo está en el centro de esta transición.

Y mientras el petróleo cuenta barriles, la política cuenta días.

Boris Muñoz ha planteado una pregunta incómoda: si Washington necesita controlar las condiciones políticas para administrar la riqueza petrolera venezolana, ¿estamos ante una transición democrática o ante una fórmula de estabilidad que permita garantizar objetivos estratégicos? Es una interpretación, no una respuesta definitiva, pero merece ser discutida.

Y ahí entra María Corina Machado. Su regreso dejó de ser solamente una decisión personal. Hoy forma parte del tablero político.

La propia Machado ha reconocido que la posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en la decisión sobre cuándo volver. Cada día adicional fuera del país modifica el escenario, para bien o para mal, porque en política el vacío también hace política.

El reloj de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, en cambio, tiene fechas más concretas: octubre para derechos políticos y civiles; noviembre para la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral.

Pero después del CNE viene la pregunta que nadie debería poder esquivar:

¿Cuándo votamos?

Porque renovar instituciones no es todavía devolverle al ciudadano su poder de elegir. Un CNE nuevo puede ser una condición necesaria; no es, por sí mismo, una elección.

Y aquí está la paradoja de esta transición: Washington tiene objetivos geopolíticos; Delcy necesita estabilidad y resultados; la oposición necesita preservar su capital político; los negociadores tienen cronogramas; los empresarios cuentan inversiones.

Mientras tanto, el venezolano cuenta apagones, cuenta días sin respuesta, cuenta presos políticos, cuenta salarios que no alcanzan; en fin, cuenta años esperando una elección libre.

Todos tienen un reloj, pero solo uno tiene 24 horas.

Y cuando caiga el último grano del reloj de arena, no bastará con explicar quién ganó tiempo, quién perdió influencia o quién consiguió el mejor acuerdo.

Alguien tendrá que responder la pregunta más sencilla de todas: ¿Cuándo podrá Venezuela volver a decidir por sí misma?

Porque una transición sin fecha electoral corre el riesgo de convertirse en otra espera.

Y Venezuela ya ha esperado demasiado.

Las elecciones presidenciales de Brasil, de dos vueltas, en octubre de 2026 serán un punto de inflexión para definir el rumbo del país que representa la mitad de la superficie terrestre, la mitad de la población y la mitad de la economía de Sudamérica.

Si el izquierdista Luis Ignacio “Lula” da Silva, de 80 años, es reelegido, iniciará lo que probablemente será su último mandato presidencial, con una probable urgencia por completar su agenda, liberado de la necesidad de cortejar a los moderados de su electorado mientras responde a las presiones de Estados Unidos y a otras consideraciones. Si Flavio Bolsonaro gana en una contienda que las encuestas anticipan que se decidirá en la segunda vuelta y que actualmente está en empate técnico, las implicaciones regionales serán igualmente profundas. Es probable que Brasil pase de ser el principal contrapunto político regional de la Administración Trump a posiblemente sumarse a la coalición “Escudo de las Américas”, liderada por Estados Unidos.

Gane quien gane, una de las decisiones de mayor impacto estratégico del próximo gobierno será cómo Brasil gestione su profunda y creciente relación económica, política y militar con la República Popular China (RPC).

Comercio

Brasil es, con diferencia, el socio comercial y de inversión más importante de la RPC en América Latina, lo que otorga a la RPC una influencia considerable en el país, así como enormes intereses en la continuidad de la estabilidad de la relación. Aproximadamente el 36% del comercio de China con Sudamérica y el 31% de sus inversiones en la región corresponden a Brasil. Las empresas con sede en la RPC invirtieron 6.100 millones de dólares en el país solo en 2025.

Los principales intereses comerciales de la RPC en Brasil incluyen el acceso a sus alimentos, minerales estratégicos, puertos e infraestructura de transporte. China también está interesada en Brasil como mercado para bienes y servicios avanzados, incluidos la manufactura, la electricidad, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica y el espacio.

El papel de Brasil como el mayor proveedor latinoamericano de China de soja, granos y otros productos agrícolas le ha permitido, bajo el gobierno izquierdista de Luis Ignacio “Lula” da Silva, servir como sustituto de las compras de la RPC de tales bienes a Estados Unidos cuando las tensiones comerciales se han intensificado entre Washington y Beijing. La capacidad de la RPC para jugar la “carta de Brasil”, a su vez, no solo ha beneficiado estratégicamente a China, sino que también ha creado un enorme interés para el sector agrícola brasileño en China. En 2025, se estima que la RPC adquirió el 80% de la soja brasileña.

En minerales estratégicos, la coalición CBMM, liderada por la RPC, suministra el 80% del niobio de China, entre otros elementos de tierras raras. Con la nueva inversión liderada por la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos en el proyecto Sierra Verde, y al menos otros cinco importantes proyectos brasileños de tierras raras en desarrollo, el país será un campo de batalla clave entre Estados Unidos y la RPC en materia de minerales estratégicos. En consecuencia, el próximo presidente de Brasil desempeñará un papel clave para determinar si Brasil será un contribuyente neto al monopolio global de China en el abastecimiento y refinamiento de tierras raras, o parte de la solución.

En infraestructura de transporte, entidades con sede en la RPC ya tienen participaciones en siete proyectos portuarios de la costa atlántica. Seis empresas chinas de construcción participan en concesiones para la operación y expansión de los puertos brasileños de Santos, Itajaí y Rio Grande durante el próximo año.

Más allá de los puertos, las empresas de la RPC están interesadas en al menos siete importantes proyectos ferroviarios brasileños: Ferrogrão, el Ferrocarril de Integración Oeste-Este (FIOL), el Ferrocarril de Integración Centro-Oeste (FICO), el Ferrocarril Norte-Sur, la Malla Paulista, la Transnordestina y el proyecto del Metro/CPTM de São Paulo. El futuro del contemplado “corredor bioceánico”, que conecta con el puerto de Chancay, Perú, en la costa del Pacífico y operado por la RPC, determinará no solo el acceso de la RPC a la agricultura, los minerales y los mercados del país, sino también el poder comercial relativo de COSCO de China, operador de Chancay, frente a competidores como MERSK y Mediterranean Shipping (MSC) en las rutas marítimas transpacíficas.

Como ilustra el interés de la RPC en los proyectos de transporte, el enorme mercado de Brasil y el acceso libre de aranceles a sus vecinos a través del MERCOSUR lo han convertido en un centro para fabricantes con sede en la RPC, particularmente en sectores tecnológicos estratégicos, como los vehículos eléctricos, donde empresas con sede en la RPC como BYD han capturado más del 80% de las ventas. En busca de tales mercados, el Consejo Empresarial China-Brasil (CBBC) identificó 52 iniciativas activas de inversión con sede en la RPC en el país en 2025, un aumento del 33% respecto del año anterior.

En el sector eléctrico, prácticamente todos los principales conglomerados de la RPC, incluidos State Grid, China Three Gorges y SPIC, tienen una participación significativa en Brasil y controlan colectivamente más del 12% de la transmisión de electricidad en el país. State Grid ha invertido 4.500 millones de dólares en líneas eléctricas de alto voltaje y larga distancia que conectan la instalación hidroeléctrica de Belo Monte con zonas urbanas brasileñas situadas a 2.500 kilómetros (1.553 millas) al sur. En lo que respecta a la generación eléctrica, en 2025 las empresas con sede en la RPC invirtieron 1.800 millones de dólares en energía solar, eólica y otras fuentes.

En telecomunicaciones y computación en la nube, Huawei, ZTE, Xiaomi, Oppo y otras empresas chinas son actores clave del sector. La infraestructura digital de Huawei por sí sola llega a 1,7 millones de brasileños en 800 ciudades y localidades. La empresa china ZTE estimó que, en 2026, controlaba el 30% del mercado brasileño de banda ancha fija.

En computación en la nube, las empresas con sede en la RPC han convertido a Brasil en el foco de sus inversiones en América Latina. Alibaba ingresó al mercado brasileño de computación y almacenamiento en la nube en 2026 y actualmente opera allí dos centros de datos. Los servicios en la nube de Huawei son uno de los mayores operadores de este tipo en Brasil. Tiene tres grandes centros de nube, en São Paulo, Campinas y Brasilia, que atienden a más de 600 clientes corporativos y gubernamentales. Estima que su presencia en Brasil ha crecido 15 veces desde que ingresó al mercado en 2019.

Como complemento de la computación en la nube, Brasil es el país latinoamericano en el que las empresas con sede en la RPC han invertido más significativamente en inteligencia artificial y robótica, que probablemente serán un foco clave de la competencia china por los mercados de tecnologías estratégicas en el futuro. Huawei suministra actualmente componentes para un centro de supercomputación habilitado para inteligencia artificial en Río de Janeiro para el Gobierno brasileño. En robótica, un robot Unitree G1, adquirido por la escuela de ingeniería militar de Brasil, fue exhibido en el desfile del Día de la Independencia del país, donde saludó al presidente Lula. Más allá de la robótica humanoide, la automatización china se utiliza en múltiples fábricas brasileñas, incluidas la instalación de producción de trenes de China Railway Road Corporation (CRRC) en São Paulo, la planta de vehículos eléctricos y baterías de BYD en Bahía, las operaciones de monitoreo de cultivos y logística de COFCO y otras empresas agroindustriales chinas, la planta de automóviles Renault en Curitiba y la fábrica de Great Wall Motors en São Paulo, entre otras.

En el espacio, la RPC ha colaborado con la agencia espacial de Brasil para desarrollar y lanzar satélites desde 1988, en el marco del programa Satélite de Recursos Terrestres China-Brasil (CBERS). China tiene previsto lanzar un satélite de radar de apertura sintética (SAR) para Brasil en el marco del programa en 2028, y lanzar el primer satélite del programa a una órbita geosincrónica en 2030. Además, la empresa con sede en la RPC Space Sail colabora actualmente con la agencia de telecomunicaciones de Brasil, Telebras, para lanzar una constelación de microsatélites desde el estratégico sitio ecuatorial de lanzamiento de Alcântara. Space Sail podría tener 10.000 satélites para 2030 y competirá con Starlink, de Elon Musk.

Cooperación política

Brasil es estratégicamente importante para la RPC como su socio más grande y con mayor proyección internacional en América Latina. La RPC reconoce a Brasil como un “Socio Estratégico Global” desde 2012, uno de los primeros Estados de la región en recibir esa designación. Ambos países mantienen una coordinación regular de alto nivel sobre asuntos bilaterales a través del mecanismo intergubernamental de coordinación COSBAN.

El papel tanto de Brasil como de China en la organización BRICS otorga un peso adicional a Brasil como país clave para la relación de la RPC con los principales países del mundo en desarrollo, incluidos adversarios de Estados Unidos como Rusia e Irán. En septiembre de 2026, el presidente de China, Xi Jinping, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Viera, asistieron a la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India.

Los BRICS han hecho que Brasil sea estratégicamente relevante para la RPC en una variedad de asuntos, desde cuestionar y resistir activamente las políticas de la Administración Trump hasta impulsar alternativas a las iniciativas estadounidenses en el golfo Pérsico y Ucrania, y colaborar en alternativas al dólar estadounidense y a los mecanismos de compensación basados en el dólar dentro del sistema monetario internacional.

Más allá de la diplomacia internacional de alto nivel, Brasil también coopera con la RPC en diversos foros “entre pueblos”. Políticos y líderes partidarios brasileños viajan regularmente a la RPC, incluidos seis miembros del concejo municipal de São Paulo en agosto de 2025.

En el ámbito educativo, Brasil alberga actualmente 14 Institutos Confucio para la enseñanza de lengua y cultura chinas por parte del Gobierno de la RPC, el mayor programa de este tipo en la región.

Cooperación militar

Brasil, cuyas Fuerzas Armadas son más grandes que las del resto de Sudamérica en conjunto, se ha convertido en el socio militar más importante de la RPC en la región. Esa colaboración incluye delegaciones regulares de alto nivel, como los 17 generales del Ejército Popular de Liberación (EPL) chino que visitaron Brasil en 2023, al inicio de la actual administración de Lula. También incluye la participación de 33 soldados del EPL en el ejercicio Formosa de Brasil en 2024, así como la asistencia de una delegación brasileña de alto nivel al 6.º Foro de Defensa China-América Latina, en septiembre de 2025. En enero de 2026, el Gobierno de Lula recibió al buque hospital militar chino Silk Road Arc en el puerto de Río de Janeiro, incluido un ejercicio marítimo conjunto con fuerzas brasileñas el 15 de enero.

Destacando la importancia que otorga a la cooperación militar con la RPC, el Gobierno de Lula designó a tres agregados de nivel de oficial general para su embajada en la RPC, un nivel de representación superior al de cualquier otro Estado de América Latina.

Conclusión

Gane quien gane las elecciones presidenciales de Brasil de octubre de 2026, es probable que el país continúe sus importantes relaciones comerciales y de otro tipo con la RPC, tal como lo hizo bajo el padre proestadounidense y anticomunista de Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro. No obstante, es probable que Flavio Bolsonaro tome decisiones muy diferentes a las de Lula, quien ya no estará políticamente limitado por las elecciones, sobre cómo gestionar las oportunidades y riesgos de la vinculación con China, en el contexto de las preocupaciones de Washington.

Un gobierno posterior de Lula podría profundizar la dependencia de Brasil de la RPC como mercado e inversionista, y utilizar esa relación ampliada como base para desafiar más profundamente la agenda de la Administración Trump en la región y a nivel global. Tal gobierno de Lula podría convertir a Brasil en un proveedor clave de minerales estratégicos para la RPC y en una alternativa a Estados Unidos para las necesidades agrícolas chinas. También podría utilizar el territorio brasileño para dar a la RPC un acceso militar y espacial aún mayor al hemisferio, así como convertir a Brasil en la principal plataforma de China para sus esfuerzos por dominar los mercados globales en tecnologías estratégicas clave, incluida la computación en la nube, la inteligencia artificial y la robótica.

Una administración de Flavio Bolsonaro, por el contrario, tendría más probabilidades de responder a las preocupaciones de Estados Unidos sobre la RPC de maneras que socavarían el acceso de esta última a los minerales estratégicos de la región o a la cooperación militar y espacial. Un Gobierno de Flavio Bolsonaro también tendría, posiblemente, más probabilidades de restringir las opciones de la RPC para recurrir a Brasil en busca de productos agrícolas si vuelve a reducir sus compras de tales bienes a Estados Unidos. En los foros internacionales, es probable que tal gobierno diera a la RPC menos opciones para instrumentalizar los BRICS, en términos políticos y financieros, contra Estados Unidos. También estaría más dispuesto que Lula a limitar las compras brasileñas de inteligencia artificial y robótica chinas o a cooperar con la RPC en esos ámbitos de maneras que perjudicarían a las empresas occidentales en la competencia global.

En resumen, lo que ocurra en las elecciones de Brasil en octubre tendrá profundas consecuencias no solo para el rumbo del país, sino también para Washington, China y la región.

Del 18 al 20 de septiembre, Rusia renueva la Duma Estatal, la cámara baja de su Parlamento, y esta vez las urnas no se quedarán dentro de sus fronteras reconocidas. Por primera vez, habrá colegios electorales también en las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson que el ejército ruso controla desde la invasión a gran escala en 2022. Moscú ya había hecho votar a la Crimea anexionada en las legislativas de 2016 y 2021, pero nunca había llevado la elección de su Parlamento nacional a tanto territorio ajeno a la vez. Llamar a esto “elecciones”, sin embargo, es adoptar de entrada el vocabulario de quien las organiza. En términos jurídicos, lo que ocurrirá allí no es un proceso electoral con defectos. Es un acto nulo desde el principio: una potencia ocupante llama a votar a su propio órgano legislativo en un territorio sobre el que no tiene soberanía.

Qué dice el derecho internacional humanitario

La primera razón figura en el derecho internacional humanitario desde hace más de siete décadas. El IV Convenio de Ginebra de 1949, sobre la protección de la población civil en tiempo de guerra, establece en su artículo 47 que las personas protegidas no pueden perder sus derechos por ningún cambio que el ocupante introduzca en las instituciones o en el gobierno del territorio, ni siquiera por una anexión. El artículo 49 prohíbe los traslados forzosos y las deportaciones, y también que la potencia ocupante instale a su propia población civil en la zona que controla. El artículo 54 protege el estatuto de los funcionarios locales frente a las autoridades de ocupación.

La supuesta “incorporación” de las cuatro regiones tampoco le sirve de apoyo a Moscú. El Kremlin presenta los seudorreferendos de septiembre de 2022 como base de la anexión, pero la Asamblea General de la ONU los declaró sin validez el 12 de octubre de ese año. La Resolución ES-11/4, titulada “Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, se aprobó con 143 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Desde entonces, ningún Estado democrático ha reconocido la anexión. Si la base es nula, también lo es todo lo que se construya sobre ella: ninguna votación rusa posterior en esos territorios puede tener validez jurídica, por mucho que la legislación interna rusa la ampare.

Un ejército de ocupación organiza la votación

La segunda razón son las condiciones en que se vota, y no hay que confundirlas con los defectos conocidos del sistema electoral ruso, que se tratan más adelante. El problema aquí es otro: la votación la organiza un ejército de ocupación, en plena guerra y en un territorio que no pertenece al Estado que convoca.

Freedom House, en su informe Freedom in the World 2025 sobre las zonas ucranianas bajo control ruso, constata que los partidos ucranianos están prohibidos y que solo pueden presentarse candidatos favorables a la ocupación. El mismo informe recoge que en los comicios de 2023 el llamado “voto a domicilio” se hizo acompañado de militares, que presionaban directamente a los vecinos para que votaran. No era nuevo. Durante los seudorreferendos de 2022, el entonces gobernador ucraniano de Lugansk, Serhiy Haidai, denunció que las comisiones recorrían las viviendas escoltadas por hombres armados y apuntaban los nombres de quienes se negaban a apoyar la anexión.

A la intimidación física se suma una presión burocrática que solo se explica por la ocupación. Según Freedom House, a los empleados públicos se les ha amenazado con el despido si no votan. En algunos casos, cobrar la pensión o recibir ayuda humanitaria ha dependido de aceptar el pasaporte ruso, la herramienta con la que Moscú convierte a los habitantes de un país vecino en “electores” propios. Hay además algo que ninguna urna puede corregir: buena parte de la población original de estas cuatro regiones ya no vive allí. Son desplazados internos en otras zonas de Ucrania o refugiados en el extranjero, y los expulsaron la guerra y la ocupación, no las particularidades del sistema político ruso. Por eso, en una declaración conjunta del 6 de agosto de 2026 en el marco de la OSCE, se condenaron estas condiciones y se advirtió de que los resultados de la votación en los territorios ocupados de Ucrania “no tendrán validez alguna conforme al derecho internacional”.

Observadores fraudulentos, entre ellos dos españoles

La tercera pieza del montaje son los “observadores” extranjeros. En el espacio postsoviético, la observación electoral con mandato internacional corresponde a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR), que lleva años fuera de los comicios rusos. No acudió a las legislativas de 2021 porque Moscú le impuso restricciones que la propia oficina consideró inviables, y no fue invitada a las presidenciales de 2024. En su lugar aparece un grupo reducido de extranjeros: políticos de segunda fila, dirigentes de partidos marginales, blogueros. No representan a sus gobiernos ni a ninguna organización internacional reconocida. Su función es propagandística: hacen una visita corta y guiada, elogian en público la “transparencia” del proceso, y después los medios estatales rusos presentan esas palabras como prueba de respaldo internacional.

El fenómeno está documentado. La Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) mantiene desde hace años la base de datos Fake Observers (fakeobservers.org). En las presidenciales rusas de marzo de 2024 identificó a 178 “observadores internacionales” fraudulentos entre unos 1.115 llegados de 129 países, mientras los observadores de la OSCE quedaban fuera. En ese registro aparecen dos españoles. Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, “observó” el referéndum de anexión de Zaporiyia en 2022 y las elecciones de 2023 en la parte ocupada de Donetsk. Según la cita que recoge la EPDE, calificó la elección presidencial de 2024 de “perfectamente organizada”, con “gente que vota tranquila” en un ambiente “de calma y transparencia”. Israel Arconada Gómez, conocido como Katu Arkonada, figura entre quienes “supervisaron” los comicios de septiembre de 2023 en los territorios ocupados. Según la agencia estatal rusa TASS, afirmó no haber visto presiones ni compra de votos en Lugansk y dijo que el proceso cumplía los “estándares aceptados” en materia de autodeterminación. Ese mismo mes, la EPDE publicó un comunicado específico sobre la observación fraudulenta de las votaciones rusas en territorio ucraniano ocupado. Esto no es observación independiente, sino un recurso de comunicación para fabricar una legitimidad que, por definición, no puede existir.

Un sistema con carencias democráticas de fondo

Todo esto ocurre dentro de un sistema que ya tiene carencias democráticas de fondo. En Rusia, los candidatos de la oposición real quedan excluidos de forma sistemática en la fase de inscripción. Los medios de comunicación están bajo control del Estado. Quienes intentan vigilar los comicios dentro del país sufren presiones administrativas y, a veces, procesos penales. En los territorios ocupados de Ucrania, esas deficiencias no desaparecen: se suman a una violación directa del derecho internacional humanitario que, por sí sola, impide que la población exprese libremente su voluntad.

Nada cambiará la naturaleza de lo que ocurrirá del 18 al 20 de septiembre en el este y el sur de Ucrania: ni la participación que se anuncie, ni los resultados oficiales, ni el número de visitantes extranjeros dispuestos a llamarlo democrático. Será una votación sin efectos jurídicos y sin legitimidad como proceso electoral. Informar de ella en tono neutro, sin las advertencias necesarias, contribuye de forma indirecta a normalizar la ocupación. Por eso, los medios profesionales y las instituciones internacionales deben describirla siempre, y de forma coherente, como lo que es: un procedimiento sin ninguna validez jurídica.

Oleksandr Slyvchuk es coordinador del Programa de Cooperación con España y América Latina, Transatlantic Dialogue Center (Kyiv)

En qué momento de su larga trayectoría, el mítico héroe de la izquierda internacional que lideró la guerrilla sandinista contra la brutal dictadura de Somoza, se convirtió él mismo en el déspota de Nicaragua? ¿Cuando transmutó Daniel Ortega en Anastasio Somoza?

Los síntomas fueron claros desde principios de los 2000, cuando no tuvo ningún complejo en aliarse con el corrupto presidente Arnoldo Alemán, para reformar la ley electoral que rebajaba el porcentaje en la primera vuelta, y asegurarse el retorno al poder, después de haber perdido las elecciones ante Violeta Chamorro. Y con el retorno a la presidencia en 2006, maniobró para eliminar de la Constitución la prohibición de poder reelegirse. Pero fue la matanza de 2018 la que rubricó con sangre su sello político. En aquellas revueltas populares contra la reforma de las pensiones que quería perpetrar el gobierno, Ortega dejó un reguero de 300 manifestantes asesinados por la policía y los paramilitares, y a partir de ese momento la violencia y la represión arreciaron hasta alcanzar la situación actual, convertiendo a Nicaragua en una de las dictaduras más impunes y atroces de Latinoamérica.

La rúbrica final la dio el pasado 19 de julio cuando en su discurso oficial en Managua para commemorar el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, directamente eliminó a la democracia: “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder.” (...) “Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás”. Y dicho y hecho, el 24 de agosto el Parlamento canceló las elecciones municipales y el 1 de septiembre hizo lo propio con las generales, además de ampliar ad eternum el mandato de Ortega, y declarar Nicaragua totalmente ajena a las resoluciones internacionales, entre ella las que emita la OEA.

De un plumazo, pues, Ortega ha eliminado definitivamente los resquicios de apariencia democrática que ya eran, de facto, una absoluta falacia. Cabe recordar la persecución previa al proceso electoral, cuando ordenó detener a decenas de personas, desde políticos, hasta periodistas, empresarios y líderes cívicos. Entre ellos 7 precandidatos a la presidencia con opciones de éxito, como Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga. La mayoría fueron detenidos por “traición a la patria” y recluídos en situación de aislamiento en la temible cárcel El Chipote. Desde entonces, ha ilegalizado a todos los partidos y organizaciones opositores, ha clausurado a decenas de ONGs y medios de comunicación, ha expulsado del país y privado de nacionalidad a 452 nicaraguenses, a los que se les han confiscado los bienes, y ha dejado Nicaragua completamente vacía de oposición organizada. Al tiempo, arrecian las desapariciones forzosas y las muertes bajo custodia policial, además de estar documentados asesinatos contra opositores y militares críticos en otros países. El caso más impactante, el Roberto Samcam Ruíz, ex mayor del ejército de Nicaragua, asesinado con nuevo balazos a quemarropa en su residencia en San José, en Costa Rica, a manos de un sicario de Ortega.

En este contexto de régimen del terror, es especialmente significativa la persecución contra la Iglesia Católica, la única institución independiente con autoridad moral del país. Desde la matanza de 2018 han sido expulsados 309 religiosos, de los cuales 8 obispos, entre ellos el caso emblemático de Monseñor Rolando Alvarez, condenado sin juicio a 26 años de cárcel por “traición a la patria” y finalmente desterrado al Vaticano. También ha expulsado a decenas de congregaciones dedicadas a la ayuda social, como las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Todas las cuentas bancarias de las diócesis de Nicaragua han sido congeladas, y agentes de la polícia armados se presentan y graban los oficios religiosos. Para no dejar ningún resquicio, incluso han sido prohibidas las procesiones religosas.

El listado represivo es tan inconmensurable como ilimitada su impunidad, con un binomio de poder Ortega-Murillo que amenaza en convertirse en una dinastia dictatorial, como lo fue en su momento la de Somoza. En este contexto de destrucción sistemática de los derechos fundamentales en Nicaragua, resulta muy estridente la posición de Brasil y de México, los dos únicos salvavidas que le quedan al dictador Ortega. Como señaló Andrés Oppeheimer en un artículo reciente, ambos países han demostrado una hiriente hipocresía al abstenerse a la propuesta de la OEA, que exigía una reunión de cancilleres para tomar medidas respecto a la situación de Nicaragua. Brasil, excudándose en el “diálogo”, a pesar de que la OEA ha aprobado 20 resoluciones desde 2018 para exigir precisamente dialogo, y Nicaragua las ha ignorado todas. Y en el caso de México, justificandose para “no interferir en los asuntos internos de Nicaragua”, en línea con las excusas que ponía Sheinbaum respecto a las sanciones contra el régimen cubano. Lo cual, traducido, significa una evidente complicidad con la dictadura nicaragüense.

El régimen totalitario dinástico de Daniel Ortega y Rosario Murillo no es peor del que fundó la dinastía Somoza, que estuvo 42 años en el poder. Pero camina en la misma dirección y con la misma filosofía: mantener a la población bajo la bota de una tiranía corrupta, represiva y asesina. Es evidente que Ortega se ha convertido en su némesis, y ambos protagonizan la historia más oscura de Nicaragua. La cuestión es si los países del entorno están dispuestos a permitir la consolidación de otra Cuba y otra Venezuela en el continente. De momento, Sheinbaum y Lula se lo piensan, quizás porque sus planteamientos ideológicos cada vez están más solos en el continente, perdida Venezuela y Colombia, y con Cuba a las puertas. Tanto hablar de derechos humanos y acaban siendo cómplices de un decrépito totalitario con aspiraciones de reyezuelo dinástico. Es lo que tiene la superioridad moral de algunos, que a veces quedan al descubierto.

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Septiembre promete ser un mes de sorpresas. Al juego de acertijos en que se ha convertido la selección del próximo secretario o secretaria general de la ONU se han sumado los planes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales de organizarse para independizarse del Reino Unido. Y cuando aún no nos reponíamos de estas noticias, Dario Amodei, presidente de Anthropic, una de las firmas punteras en el desarrollo de la inteligencia artificial, publicó un artículo en el que pide a la industria reducir la velocidad con que avanza esta tecnología.

Según Amodei, como muchas tecnologías anteriores, la inteligencia artificial conlleva riesgos. Pero, precisamente por tratarse de una tecnología tan poderosa, esos riesgos son particularmente serios. Entre ellos menciona la posibilidad de perder el control de los sistemas de IA, su utilización para ciberataques y bioterrorismo y su capacidad para provocar una grave disrupción económica. Advierte, además, que una competencia desenfrenada por ofrecer cada vez más servicios de inteligencia artificial al menor precio podría agudizar esos peligros.

Curiosamente, ya en 2018 la revista The Atlantic había publicado un ensayo de Henry Kissinger titulado “El fin de la Ilustración”, en el que advertía sobre la capacidad potencialmente destructiva de la inteligencia artificial y llegaba a compararla, por sus implicaciones, con las armas nucleares.

Para Kissinger, la humanidad no estaba filosófica ni intelectualmente preparada para gestionar la inteligencia artificial. Su preocupación iba más allá de la tecnología misma: los complejos sistemas humanos de toma de decisiones no pueden reducirse simplemente a datos. La IA, advertía, se desarrolla impulsada por una lógica propia y puede producir conclusiones que los seres humanos no son capaces de explicar ni reconstruir plenamente, desafiando así formas tradicionales de cognición y hasta nuestros conceptos históricos de la realidad.

Las advertencias de Henry Kissinger, respaldadas también por Eric Schmidt, ex presidente de Google, no han sido objeto de un debate público proporcional a la magnitud del desafío, ni parecen haber recibido una consideración suficientemente seria por parte de los gobernantes del mundo.

La razón quizá sea sencilla: casi todos ellos están atrapados en una vorágine del presente que les impide desarrollar una visión prospectiva y de conjunto.

Los gobiernos lidian a diario con economías que han perdido dinamismo y que no generan suficientes empleos capaces de garantizar una vida estable a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. El crimen organizado transnacional ha penetrado numerosos sistemas de protección ciudadana, mientras los delitos cibernéticos proliferan a una velocidad que las autoridades difícilmente logran contener. La educación superior, que durante décadas fue el puente para escapar de la pobreza e ingresar a la clase media, está creando en Estados Unidos una generación de jóvenes profesionales hipotecados por deudas estudiantiles que los salarios de comienzos del siglo XXI difícilmente permiten saldar.

Todas estas presiones obligan a los gobernantes a concentrarse en el día a día. Mientras tanto, en los laboratorios tecnológicos, la creación continúa a toda marcha.

De allí que se haya pensado relativamente poco en construir los canales necesarios para encauzar la extraordinaria energía creativa de la inteligencia artificial hacia el enriquecimiento de las actividades que conforman la red de servicios de la sociedad moderna; en establecer nuevos paradigmas educativos capaces de preparar a las próximas generaciones para convivir y trabajar con ella; o, como planteaba Kissinger desde la perspectiva geopolítica, en desarrollar mecanismos de disuasión capaces de impedir que esta extraordinaria capacidad creadora se convierta también en una capacidad de destrucción.

Para complicar aún más el panorama, la inteligencia artificial se ha convertido en punta de lanza de la competencia económica y estratégica entre las dos grandes potencias que hoy se disputan el liderazgo mundial: China y Estados Unidos.

China ha avanzado en la incorporación de la inteligencia artificial a su aparato productivo, a sus sistemas de salud y, de manera todavía incipiente, a sus redes educativas. En Estados Unidos, en cambio, continúa abierto el debate sobre qué hacer con ella, cómo regularla y hasta dónde permitir que avance sin restricciones.

Y si en Washington prevalece la convicción de que cualquier regulación significativa podría traducirse en una pérdida de terreno frente a China, resulta difícil imaginar que, en medio de esta carrera, pueda surgir una reflexión pública suficientemente profunda sobre cómo encauzar una de las creaciones más extraordinarias de la humanidad hacia el aumento del bienestar, el fortalecimiento de las sociedades y el fomento del entendimiento internacional.

Ese es, precisamente, el peligro.

No sabemos todavía si el genio escapó definitivamente de la botella. Pero sí sabemos que hemos comenzado a correr detrás de él sin haber decidido primero hacia dónde queremos que nos lleve.

Y si alguna vez se produce un accidente provocado por una inteligencia artificial fuera de control, quizá descubramos demasiado tarde que su capacidad destructiva puede superar la de Chernóbil. La diferencia es que Chernóbil fue un accidente en una instalación concreta. La inteligencia artificial, en cambio, no conoce fronteras.

La semana pasada, Marco Rubio visitó Barranquilla, Quito y Lima. Esta es su cuarta gira por América Latina y el Caribe como Secretario de Estado de los Estados Unidos. Su mensaje fue poderoso y consecuente con las otras señales enviadas por el presidente Donald J. Trump: la región es una prioridad para Washington y la seguridad es el punto principal de la agenda.

En Barranquilla, el presidente De la Espriella presentó su plan de seguridad “Patriota Siglo XXI” y ambos gobiernos respaldaron la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, posición oficializada en agosto en reunión del Ministro de Defensa de Colombia y el Secretario de Guerra de los Estados Unidos. Los llamados “Acuerdos de Barranquilla” incluyeron además memorandos sobre minerales críticos, tierras raras y cooperación en energía nuclear civil: seguridad y recursos estratégicos, dos asuntos que dominan las prioridades hemisféricas.

En Quito, Rubio anunció la designación de la banda Los Tiguerones como organización terrorista extranjera, sumándose a Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers, ya designados desde 2025. Ofreció 45 millones de dólares en cooperación y la entrega de nuevas lanchas interceptoras. Anunció también sanciones contra siete altos exfuncionarios ecuatorianos señalados por recibir sobornos de estructuras criminales.

En Lima, la presidenta Keiko Fujimori confirmó que Perú también se incorpora al Escudo de las Américas, constituida en marzo de este año en Miami. Rubio recibió La Orden El Sol del Perú, la condecoración más antigua del continente, y anunció cooperación en inteligencia, ciberseguridad y logística, además de la llegada el próximo año del buque hospital USNS Comfort.

Algunos analistas, atrapados en sus prejuicios, han criticado la centralidad del tema seguridad y combate al crimen en la relación con estos países. Se equivocan. El asunto no es una imposición, ni responde a una mirada exclusivamente estadounidense, sino que es precisamente la principal oferta electoral que llevó a estos tres gobiernos al poder. Sus ciudadanos votaron a la espera de una respuesta contundente contra la creciente ola de crimen y violencia que azota a sus países.

Unas pocas cifras bastan para explicar por qué este mensaje encuentra eco en los gobiernos y en los pueblos de la región. En el 2023, Colombia reportó un alarmante incremento en producción de cocaína: un récord histórico de 2.664 toneladas (casi 1.000 más que el año anterior). Perú es, después de Colombia, el segundo productor mundial. Se estima que el 70% de la producción de cocaína de estos dos países transita por territorio ecuatoriano en su rumbo a Estados Unidos, Europa y Asia.

La violencia asociada a la operación de estas organizaciones criminales (que han diversificado su actividad mucho más allá de la cocaína) se ha convertido en la principal preocupación de los habitantes de la región. El Ecuador cerró el 2025 con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes; convirtiéndose en uno de los países más violentos del mundo. En Colombia y Perú las cifras están lejos de las ecuatorianas, pero crímenes como la extorsión se reproducen a gran velocidad afectando a todos los sectores de la población.

Ese es el escenario en que el Secretario Rubio anuncia el respaldo de Estados Unidos: recursos, inteligencia, cooperación institucional y, cuando sea necesario, capacidad operativa. La administración del presidente Trump ha entendido algo que durante demasiado tiempo Washington olvidó: la seguridad de sus vecinos no es un asunto periférico de política exterior. Es parte de la propia seguridad de Estados Unidos. Los cárteles no respetan fronteras, y tampoco lo hacen el tráfico de personas, el lavado de activos, las redes de corrupción o las organizaciones criminales que terminan cuestionando la existencia misma de los estados.

Pero esta gira representa algo más. Trump está reconstruyendo una alianza hemisférica con gobiernos con los que comparte una serie de valores. De la Espriella, Noboa y Fujimori encuentran en la Casa Blanca un poderoso socio dispuesto a respaldarlos, mientras que Estados Unidos encuentra gobiernos que entienden que soberanía y cooperación no son conceptos opuestos. Después de décadas en que la región ocupó un lugar secundario en la política exterior estadounidense, el mensaje de esta administración es distinto. Esta convergencia entre las preocupaciones estratégicas de Estados Unidos y las de buena parte de América Latina y el Caribe abre una oportunidad excepcional para una relación más estrecha, más pragmática y más efectiva. Si esa oportunidad se aprovecha, no estaremos simplemente ante un nuevo capítulo de la política hemisférica, sino ante la posibilidad de redefinirla.

* El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

La suplantación del estado de derecho por el terrorismo de Estado para institucionalizar las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ha sido hecha con una larga cadena de delitos como falsificaciones, masacres, violación de derechos humanos, extorsiones, usurpaciones, atribuirse los derechos el pueblo, traición y más, dando lugar a constituciones, leyes y un sistema resultado del crimen. En estas condiciones, en la restitución de la democracia es imprescindible recordar que los hechos criminales no producen Derecho, son nulos.

El principio fundamental del derecho “ex injuria ius non oritur” que significa “de lo ilegal no nace el derecho”, resume uno de los pilares básicos del estado de derecho por el que “ningún acto ilegal, delito o violación de la ley puede generar una situación jurídica valida o conferir derechos a quien cometió la infracción”. Es el fundamento para evitar legitimar la delincuencia, el delito y sus frutos.

Cualquier producto del delito es nulo y la “nulidad en Derecho es la situación de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma o acto deje de desplegar sus efectos jurídicos”. Lo nulo nace muerto, no puede ser confirmado y solo rige -en el caso de los sistemas jurídicos del socialismo del siglo 21- porque fueron impuestos por la fuerza y la violencia, por el delito.

El socialismo del siglo 21 ha expandido el modelo dictatorial de Cuba reemplazando los elementos esenciales de la democracia por el terrorismo de Estado, la concentración del poder, el centralismo, la impunidad, el sistema de dictadura electoralista en el que pueblo vota pero no elige y los narcoestados como modelo de control delictivo. Por eso hoy Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son países con estructuras jurídicas que violan la libertad y los derechos humanos, que no tienen estado de derecho, que simulan separación e independencia de poderes, que impiden la libre organización política y que han institucionalizado el fraude electoral.

La estructura jurídica impuesta por el socialismo del siglo 21 o castrochavismo es uniforme en las Américas. Se trata de la concentración total del poder con proclama de soberanía, de la usurpación de la soberanía nacional con declaración de populismo, de la violación de derechos humanos con rótulo de liberación, de la formulación de un sistema jurídico violando el derecho y sin justicia. Los sistemas constitucionales y jurídicos que hoy tienen Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no son derecho ni justicia porque simplemente no son legales, son el resultado de delitos y están destinados a proteger el crimen.

Los delitos para suplantar o reemplazar la estructura jurídica democrática por la dictatorial son falsificaciones, usurpación de poder, persecuciones y violaciones de derechos humanos, masacres sangrientas y en el caso de Cuba fusilamientos, acusaciones falsas, presos políticos, tortura, exilio, confiscaciones, destituciones, cesación arbitraria de mandatos, uso de la fuerza, violencia, extorsiones, atribuirse los derechos del pueblo y más. Cada país víctima tiene un compendio de los crímenes y la prueba está en sus actuales sistemas jurídicos y en cómo fueron impuestos.

El tiempo de esta ignominia de más de 67 años en Cuba, más de 26 en Venezuela, más de 20 en Bolivia y más de 19 Nicaragua ha llevado a los ciudadanos -sobre todo a los más jóvenes- al sometimiento, a la indefensión, a percibir la infamia como normalidad. Ha producido un cambio de conducta en las sociedades, desplazando los principios y valores democráticos y republicanos por posturas permisivas e incluso delictivas para simplemente sobrevivir o tener éxito. Por eso en tiempos de cambio para restituir la democracia es vital identificar con claridad el delito y quitarle el barniz de normalidad.

La restitución de la democracia consiste en reestablecer como mínimo el sistema jurídico con los elementos esenciales de la democracia y eliminar los elementos de la dictadura que los suplantan. Mientras existan constituciones y leyes castrochavistas vigentes en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no habrá democracia y quienes lleguen al gobierno serán meros operadores de un sistema delictivo.

Las constituciones y sistemas jurídicos impuestos con delitos, con fuerza y violencia son ahora defendidos usando el miedo. Quienes están interesados en sostenerlos asustan a la gente con la supuesta inseguridad jurídica que traería el retorno al sistema del estado de Derecho, argumentando que todo lo actuado en el tiempo del sistema delictivo impuesto sería nulo en el ámbito civil o comercial, lo que simplemente no es cierto. Usan este argumento proponiendo reformar el sistema impuesto delictivamente, lo que legalizaría el resultado del crimen al ser usado como base de tal reforma.

En cada uno de los países afectados -Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua- el iter criminis de la imposición por el socialismo del siglo 21 de constituciones, enmiendas, reformas y leyes que han construido su sistema jurídico, tiene delitos y tiempos específicos con una metodología y objetivo común. Son hechos criminales con los que han creado constituciones y leyes que para retornar a la democracia, no son ni pueden considerarse como Derecho.

* Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.

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Hay una idea curiosa que se ha instalado en algunos sectores de la “opinocracia” de Nuevo León: para demostrar independencia frente al Gobierno Federal de Morena hay que pelearse con él. Entre más distancia, más autonomía. Entre más conflicto, más carácter. Entre más gritos, más federalismo.

No estoy de acuerdo. Y creo que Daniel Cosío Villegas tampoco lo estaría. Cosío Villegas fue uno de los críticos más lúcidos del presidencialismo mexicano. Estudió un sistema donde el Presidente concentraba un poder enorme y gobernadores e instituciones frecuentemente orbitaban alrededor de una sola voluntad.

Conviene leerlo, pero conviene leerlo bien. Porque presidencialismo no significa que un gobernador y una Presidenta trabajen juntos. Tampoco que dos órdenes de gobierno compartan proyectos, coordinen políticas o persigan objetivos comunes. Eso tiene otro nombre bastante menos tenebroso y mucho más exigente: gobernar.

México cambió mucho desde el fin del presidencialismo que algunos quieren invocar como culto a la personalidad o como espectro argumentativo para justificar sus fobias. Nuestra democracia distribuyó poder, construyó contrapesos, fortaleció gobiernos locales y se volvió mucho más plural.

Por eso resulta anacrónico pensar que sentarse con la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a conseguir inversión, infraestructura, seguridad o vivienda para Nuevo León sea una capitulación frente al centro. Un gobernador, un gobierno, un estado no demuestra autonomía diciendo que no, ese fue el cuento que la actual administración vendió como mero artificio de marketing electoral. Eso no es federalismo adulto.

Nuevo León debería saberlo particularmente bien. Nuestra historia económica está llena de colaboraciones exitosas con México. Los ferrocarriles que ampliaron nuestros mercados, el financiamiento que acompañó nuestra industrialización y la infraestructura energética que permitió crecer a nuestras fábricas fueron esfuerzos donde coincidieron capacidad norteña y estrategia nacional. Nuestros empresarios no perdieron independencia: ganaron mercados, escala y capacidad productiva.

Y hoy existen razones concretas para volver a trabajar juntos y más con la Presidenta de la República que hoy dirige los destinos de México con resultados impactantes. En Nuevo León, la política nacional significa ya 1.5 millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar, 79 mil 800 viviendas proyectadas, más de 616 mil créditos de vivienda reestructurados, cinco nuevas preparatorias, 82 Centros de Educación y Cuidado Infantil, infraestructura hospitalaria y el regreso del ferrocarril de pasajeros hacia Monterrey y Nuevo Laredo.

No veo presidencialismo ahí. Veo ingreso para las familias, construcción, consumo, educación, infraestructura y mercado interno. Porque una pensión se gasta en la tienda, la farmacia o el mercado. Una vivienda necesita acero, cemento, vidrio, transporte y trabajadores. Una preparatoria forma talento. La política social también es política económica cuando está bien hecha. Y eso debería interesarle muchísimo al estado más industrial de México.

Lo mismo sucede con la seguridad. La estrategia de nuestra Presidenta parte de inteligencia, investigación y coordinación entre Federación, estados y municipios. La palabra importante vuelve a ser coordinación. Un delincuente no se detiene en el límite municipal para preguntar qué partido gobierna la siguiente colonia. ¿Por qué deberían hacerlo las instituciones que lo persiguen? Tenemos que abandonar esa extraña adolescencia política donde algunos creen que gobernar con carácter significa pelearse con todos.

Nuevo León no necesita pedir permiso para ser Nuevo León. Nuestra identidad es demasiado sólida para eso. Podemos defender nuestra industria y hacer equipo con México. Podemos exigir lo que nos corresponde y participar en una estrategia nacional. Podemos sentir enorme orgullo por nuestra tierra y enorme orgullo por nuestro país.

No hay contradicción. Nunca la hubo. Por eso, hablar de una nueva alianza con México no es mirar hacia atrás. Es madurar nuestro federalismo. Pasar del federalismo del reclamo al federalismo de los resultados. Del “a ver quién manda” al “a ver qué construimos”.

México tiene una Presidenta con un proyecto de vanguardia de industrialización, infraestructura y Crecimiento con Justicia. Nuevo León tiene empresarios, trabajadores, universidades y capacidad productiva para aprovecharlo. Sería absurdo desperdiciar esa coincidencia por miedo a un fantasma político del siglo pasado.

Coordinar no es subordinar. Es tener suficiente seguridad en lo que somos para trabajar juntos sin dejar de ser nosotros mismos. Eso también es muy norteño.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

En la campaña presidencial de 1992, James Carville asesor de Bill Clinton acertó al poner letreros en todas las oficinas partidarias con la leyenda “Es la economía”, (agregándole una palabra poco amable) y razón tuvo, ya que a esa focalización le debe el triunfo en una campaña que se veía muy difícil, contra un presidente en ejercicio que además venía de ganar una guerra contra Sadam Husein.

Ahora, que el gobierno de Kast cumplió seis meses, quizás se debiera hacer algo parecido en la casa de gobierno, pero escribiendo “Es la geopolítica” (sin agregar ningún calificativo) ya que define no sólo las relaciones con EE. UU. sino también con el resto de Latinoamérica, incluyendo a la Argentina de Milei, donde postulo que lo más conveniente sería avanzar a la firma de un nuevo Tratado con Chile para prevenir conflictos futuros

Como opositor a Boric, José Antonio Kast tuvo éxito en dar en el blanco hasta que empezó a equivocarse después de haber ganado. Se adelantó al resto de los chilenos en su definición de los temas centrales de su campaña electoral y después de una derrota con Boric el 2021, fue electo presidente el 2025 con la mayor cantidad de votos de la historia. Además, por vez primera desde el retorno a la democracia, llegó a La Moneda un candidato que respaldó al general Pinochet. También, por vez primera un nuevo paradigma electoral ganaba, no sobre la base del Si y el No del plebiscito que en 1988 abrió paso a la democracia, sino una nueva mayoría con votaciones cercanas al referéndum que rechazó la constitución que quiso cambiar la historia de Chile.

Sin embargo, la coalición que entendió el cambio de Chile no lo ha hecho bien en el gobierno, y dado que no hay elecciones próximas, creo que se le abre la posibilidad de buscar un nuevo gran acuerdo nacional, imitando lo que Chile logró en su transición a la democracia.

Las dificultades actuales se iniciaron antes de asumir la presidencia, con el acto más personal de un presidente electo, como lo es la designación de su gabinete, y una vez en el gobierno, los errores no se han debido a una oposición fragmentada y confundida, sino que han sido, utilizando una expresión del tenis, errores no forzados, con un origen propio y no externo. Es lo que ha sido recogido por esta columna con los títulos de “El error de Kast” (25 de febrero) y “José Antonio Kast y los errores no forzados” (24 de mayo), es decir, ha caído en una situación habitual en la región, donde difícil ha sido transitar desde la campaña electoral a las demandas, realidades y dificultades de gobernar.

En una predomina el relato, la emoción y las promesas, en el otro, la búsqueda de las soluciones. Tan antiguo es que lo tenían claro los griegos en su edad de oro, toda vez que la política era entendida como un proceso, es decir, una pugna seguida de acomodamiento a una nueva realidad. Existían dos fases, la agonal (de argon, lucha) y la arquitectónica (de Arquitekton, construcción), y a la máxima autoridad política se la equiparaba a un timonel, cuya obligación era siempre conducir la nave del Estado a buen puerto, fuera en mar calmo o en tempestad.

En ningún caso es una situación exclusiva de Chile, ya que la exigencia para Kast es la misma que tienen todos aquellos recientemente electos en la región, sea Perú, Colombia, Honduras, Bolivia, como también quienes llevan un poco más de tiempo en Argentina o Ecuador, donde no basta con ser de derecha para tener un sucesor de la misma orientación, sino que para evitar fracasos y los bruscos cambios a un adversario, se necesita lo que no ha abundado en Latinoamérica, ser un buen gobierno, problema que hoy enfrenta Lula, quien de creerle a las últimas encuestas, podría ser reemplazado en Brasil por Flavio Bolsonaro, hijo de su predecesor, hoy encarcelado.

Ese es el desafío mayor para todos quienes hoy encarnan este masivo cambio en la región, gobernar bien, cumplir promesas, mejorar a sus países. Al respecto, creo que solo quienes lo hagan bien podrán entregarle la banda presidencial a alguien que quiera continuar lo hecho y no derribarlo todo, como por lo demás también ha pasado en EE. UU. con Biden y Trump.

En Chile, además, la alternancia no es un problema de estos últimos años, sino que tiene raíces profundas, ya que viene del siglo anterior, por lo que en solo en dos ocasiones, partidos y coaliciones pudieron tener varios gobiernos seguidos, los radicales bajo la constitución del 25 y la Concertación, bajo la del 80, gracias a que lo hicieron bien. En efecto, fueron excepciones, ya que sobresale la insatisfacción. A modo de ejemplo, fue la situación de 1946 a 1973, y entre 2020 a 2024, donde se convoca tanto a referendos como a elecciones locales, del congreso y presidenciales, entregando resultados opuestos en cada elección en relación con la anterior. Cuando la ley no ha permitido la reelección inmediata, han debido esperar el paso de un mandato para volver a ser gobierno, como ocurrió tanto con Piñera como con Bachelet

Algo más, en los últimos años se ha agregado una situación donde los electores demuestran tener muy poca paciencia a través del mundo, ni siquiera esperan los 100 días que popularizó Franklin Delano Roosevelt en los 30, sino que, por el efecto de las RRSS, se pierde con velocidad el apoyo, sobre todo, cuando han sido votos prestados en segunda vuelta. Para ejemplo, uno reciente fuera de la región, el Reino Unido, donde a pesar de su mayoría en el Parlamento, el gobierno de centro izquierda de Keir Starmer simplemente se desmoronó y debió renunciar.

Chile no ha entendido, ni con el gobierno de Boric ni con el actual de Kast, que la característica de los tiempos que vivimos es el predominio de la geopolítica, no solo bajo Trump, y no solo en los aranceles, ya que también estuvo detrás de la invasión de Ucrania por Rusia como también ha sido política oficial de China, desde que el tema fue impuesto por Xi Jinping en el Congreso XX del Partido Comunista en 2021 como también lo está en el actual en curso fijado para el segundo semestre de 2027.

También la geopolítica está detrás de las relaciones que EE. UU. está construyendo para la región, de lo cual son expresión la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 y el Escudo de las Américas con su acento en la coordinación militar y policial, el control de las rutas del narcotráfico, la caracterización de los carteles como grupos terroristas, el intercambio de inteligencia. También lo es la forma veloz como se recuperó la relación privilegiada que Washington tuvo con Colombia hasta la elección de Petro, y, por cierto, la actual gira de Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú, donde el tema fue reforzar temas de seguridad y narcotráfico, y donde queda claro la opción estadounidense, ya que fue a estos tres y ningún otro.

A Chile no solo le ha costado entender, sino también reaccionar a un escenario que puede seguir cambiando. Xi Jiping viaja a visitar a Trump el 24 de este mes, y después de Ormuz, uno de los temas va a ser el control o libre paso de los mares, por lo que los estrechos recobran o adquieren una importancia fundamental, existiendo un interés renovado en otros, como el de Bab el-Mandeb controlando el paso del medio oriente al mar Índico, como el de Malaca en Asia que es la ruta marítima más transitada del mundo, el de Bering que separa el continente asiático del americano, y por cierto, algo que Argentina tiene mucha mayor claridad que lo demostrado por Chile en estos días, el de Magallanes, que no lo olvidemos es el principal paso natural que conecta el océano Pacífico con el Atlántico. Agreguemos que la importancia de los pasos marítimos naturales y artificiales lo había dejado claro EE. UU. en la forma como recuperó el control del canal de Panamá, algo donde Chile debiera opinar más de lo que lo hace, ya que es uno de sus principales usuarios, donde también pasa buena parte de su comercio exterior, comercio del cual vive Chile, como país abierto que es.

El problema reciente para Chile es que Argentina puso en duda algo que no debió haber hecho, ya que el Estrecho de Magallanes le pertenece por completo a Chile, en cuanto a su soberanía y jurisdicción, de acuerdo con los dos tratados internacionales sobre los que se sostiene la relación entre ambos países, como lo son el Tratado de Límites de 1891 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Por lo demás, los presidentes Menem y Aylwin resolvieron 23 de los 24 puntos de conflicto fronterizo pendientes en el Acuerdo de Límites de 1991, enviando a arbitraje internacional el de Laguna del Desierto, resuelto a favor de Argentina en 1994.

Ahora, declaraciones de altos oficiales de la Fuerza Aérea y de la Marina argentina había sembrado dudas sobre la soberanía chilena en la boca del estrecho de Magallanes, lo que fue desafortunado, pero una conversación en Santiago entre Kast y Milei reafirmó la soberanía chilena, aunque no resuelve del todo el problema, creado por un decreto firmado por Alberto Fernández. Chile tuvo una actitud débil bajo Boric quien solicitó el reemplazo o modificación de ese decreto, lo que hasta ahora no se ha cumplido.

¿Por qué ha actuado así Argentina?

Porque periódicamente reaparecen actitudes y declaraciones donde Argentina es caracterizada como país bioceánico, cuando al menos en la relación con Chile ello quedó definitivamente descartado en 1891, con el tratado que fijaba el límite en “las más altas cumbres que dividían la separación de aguas”, es decir, Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico.

Argentina ha entendido mejor que Chile el momento geopolítico que vive el mundo, y que le está abriendo la posibilidad de reponer el tema de la soberanía sobre las Malvinas, toda vez que al parecer EE. UU. estaría disponible para revisar su posición, en una reacción impulsiva de Trump, molesto por la actitud británica de falta de apoyo (al igual que otros países de la OTAN) en la guerra con Irán, además que tal como ha sido denunciado por altos oficiales en retiro en Londres, el Reino Unido no estaría en condiciones militares de enviar la flota al Atlántico sur, aunque así lo decidiera el gobierno.

Mi posición es que Chile y Argentina debieran negociar un Tratado para anticipar la resolución de conflictos futuros. A Argentina le conviene por el momento geopolítico que vive su política exterior, y a Chile también, ya que parece perdido, sin brújula y sin estrategia, salvo regresar a los 90 cuando predominaba el comercio, sin embargo, este le ha cedido protagonismo a otros elementos, como la geopolítica.

Chile y Argentina tienen una de las fronteras más extensas del mundo, y para crédito de ambos países, nunca han ido a la guerra, y han podido resolver pacíficamente sus diferencias. Más aún, a un ejército libertador que en 1817 cruzó en verdadera hazaña la Cordillera de los Andes desde Mendoza, Chile debe su independencia de España.

A los dos Tratados mencionados, el de 1891 y el de 1984, hay que sumar el acuerdo Menem-Aylwin para resolver los temas pendientes después del retorno de ambos a la democracia. Por ello, creo que si hay un nuevo Tratado este debiera anticiparse a conflictos potenciales, donde lejos el más importante es la futura renegociación mundial del Tratado Antártico que hace recobrar importancia geopolítica a los mares del sur del mundo.

Encontrar un marco que anticipe conflictos futuros es básico, porque hoy tanto Chile como Argentina plantean soberanía en ese continente, y ambos países, han hecho un gran esfuerzo invirtiendo al respecto, además que hacen figurar esos territorios en los mapas oficiales, a pesar de que ningún otro país les reconoce soberanía. De ahí la importancia de anticipar la resolución pacífica de conflictos, donde el tema antártico adquiere preferencia, ya que, si hoy se proyectan hacia allá, sus pretensiones se superponen unas ingresando al territorio pretendido por el otro.

Sin embargo, el desafío mayor lo tiene Kast a nivel interno, ya que quizás la incomprensión de los cambios que ha tenido el mundo es una expresión de un problema mayor, que es interno, consecuencia de un diseño político que fue muy útil para ganar la elección, pero hasta el momento, no lo ha sido para gobernar, lo que se refleja en las encuestas, que dan cuenta de la rapidez con la que esa inmensa votación que superaba la mitad se ha convertido en poco más del tercio, descenso que es atribuible a errores propios, incluyendo desorden en su sector político, al cual solo el presidente puede ponerle remedio, lo que hasta el momento ha preferido no hacerlo.

Se está dilapidando un momento extraordinariamente favorable por lo que se necesita un viraje, por un lado, una mejor comprensión del nuevo el escenario internacional y, sobre todo, en lo interno, Kast debe dejar de mirarse al espejo con dos imágenes que ya no son útiles como elemento de comparación, una es con Boric y su gobierno como dos extremos, y en el otro, con Piñera como alternativas dentro del sector de derecha.

Creo que lo que debe aspirar a compararse es con una experiencia exitosa, con el Chile de la transición que cambió positivamente y para mejor a Chile, transformándolo de ser uno del promedio a aquel que lideró a la región en indicadores de desarrollo social y de crecimiento económico.

A sus 40 años Boric va a ser nuevamente candidato presidencial, pero, los problemas que dejó pasaron a ser de Kast. En vez de una lectura reducida, Chile necesita un gran Acuerdo Nacional, que además ofrezca un horizonte de futuro para un gobierno que hoy no lo tiene, y que desafortunadamente demostró que no tenía un programa de soluciones, incluyendo aquel tema que le dio la mayor cantidad de votos como lo fue la seguridad y la lucha contra la delincuencia, donde además no hay soluciones fáciles o estas necesitan de varios gobiernos, por lo que se requiere de continuidad para avanzar en la solución.

La transición a la democracia tuvo éxito porque Chile fue capaz de consensuar temas que antes dividieron en dos al país. El escenario actual es bueno para otro gran Acuerdo Nacional, también con mayúscula, con solo dos objetivos que ni Chile ni ningún otro país latinoamericano ha conseguido simultáneamente, el primero es avanzar decididamente y sin complejos hacia ser un país desarrollado en lo económico, que en lo político lo que se pretende es una democracia de calidad, que siga las mejores políticas públicas, con instituciones que funcionen y al servicio de las personas.

En ese sentido, sólo la Democracia de los Acuerdos puede volver a cambiarle la fisonomía al país, tal como lo hizo el Chile de la transición, es decir retomar un camino que en líneas generales fue seguido hasta que la violencia que estalló en octubre del 2019, temporalmente descarrilara al país.

Kast puede hacer un viraje e incorporar a parte del centro político a una nueva propuesta, ya que tiene una experiencia donde fracasó, toda vez que, en el segundo intento de reforma constitucional, la victoria en constituyentes la obtuvo su partido, el Republicano. Sin embargo, la propuesta fue también rechazada por los votantes.

Ojalá no se repita esa experiencia. Chile necesita de un Acuerdo Nacional, no bastando para ello un solo sector. Para abordar un mundo cambiante, Chile necesita con urgencia una definición de la que carece sobre los intereses permanentes del país. La carencia chilena también es demostrada por la incapacidad del país para explicarle a EE. UU. que los intereses de Chile necesitan también de la relación económica que hoy tiene con China, su principal socio comercial y destino exportador.

Algunos de los problemas a solucionar llevan décadas, y le tocaron a este gobierno, de ahí la necesidad de no repetir el fracaso de la segunda propuesta constitucional. Por ello, el camino es insertarse de manera que el país salga ganador en el nuevo escenario internacional, dando un paso adelante para prevenir futuros conflictos con los vecinos, y a nivel nacional, avanzar decididamente en ofrecer a fuerzas políticas del centro un acuerdo para el futuro, que además coincide con uno de los cambios más profundos en la evolución de la especie humana, como es la IA.

Chile carece hoy de una visión de Estado de sus intereses, semejante a la que tuvo en los 90, donde la Democracia de los Acuerdos le permitió insertarse exitosamente en el mundo de aquel entonces. Lo mismo se debiera hacer ahora, ya que las banderas de la apertura comercial no entusiasman, cuando las reglas están siendo modificadas por la geopolítica y crecientemente, como todo, por la IA.

En cuanto a lo interno, no basta con recobrar la senda que conduce al desarrollo, ya que avanzar, al igual que en el tema de la delincuencia, se requiere más de un gobierno, además que no basta con pedir paciencia o más sacrificios, sino que se debe visualizar un horizonte de mayor trascendencia que sólo la “emergencia”.

Para un mundo de decisiones geopolíticas y de despliegue de la IA, se requiere ampliar la base, incorporar al centro, algo más que la guerra cultural o las disputas al interior de la siempre díscola derecha chilena, donde las victorias en las urnas necesitan de líderes que en la metáfora de Platón sean tejedores que entrelazan los diferentes hilos para un tejido común.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U de Essex), Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Según una investigación del periódico Haaretz, publicada el 8 de agosto —aproximadamente una semana y media antes del ataque del 7 de octubre de 2023—, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohammed bin Zayed, llamó al primer ministro Benjamin Netanyahu para advertirle que el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, planeaba una acción de gran envergadura contra Israel que podría incendiar toda la región. La conversación duró 45 minutos. Netanyahu escuchó la advertencia, pero no informó a los jefes de los organismos de seguridad.

Esto constituye una bomba política, dado que apenas unos días antes, la esposa del primer ministro, Sara, y el propio Netanyahu habían iniciado una campaña para las próximas elecciones acusando a los jefes militares y de seguridad de no haberlo “despertado” la noche del mortífero ataque de Hamás.

Según Sara Netanyahu, quien habló en una entrevista el 31 de agosto en el Canal 14 —a menudo denominado el “canal afín al gobierno”—, su marido no fue informado durante las horas previas al ataque; de ​​haber recibido la información a tiempo, la respuesta de los dirigentes políticos habría sido distinta: “Nada de esto habría sucedido, o al menos la mayor parte de lo ocurrido no habría pasado. Los acontecimientos se habrían desarrollado de otra manera”. Durante una aparición en el Canal 14, el primer ministro reiteró la misma afirmación, ofreciendo una explicación bochornosa sobre por qué no lo despertaron: los comandantes se abstuvieron de hacerlo porque temían que movilizara a las FDI, que dicha movilización condujera a un “error de cálculo” y que ese error de cálculo incitara a Hamás a atacar.

Netanyahu emitió una desmentida oficial respecto al informe de *Haaretz* sobre la advertencia del líder emiratí: “Si hubo alguna información relevante, esta se transmitió a través de los canales de inteligencia”.

Sin embargo, a pesar de la presión ejercida por Israel sobre Mohammed bin Zayed, no ha habido ninguna desmentida oficial por parte de los EAU. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí subrayó que “los EAU no hacen comentarios sobre noticias de prensa o especulaciones relativas a conversaciones entre líderes; no obstante, los organismos gubernamentales de los EAU e Israel han mantenido canales de comunicación abiertos y directos. Cuando ha sido necesario, toda la información de inteligencia pertinente se ha compartido —y sigue compartiéndose— entre las agencias correspondientes”. Se trata de una respuesta diplomática que, en mi opinión, confirma la existencia de dicha advertencia de alto nivel. El informe sobre la advertencia transmitida por Mohammed bin Zayed refuerza otro informe publicado inmediatamente después del ataque de Hamás: según una fuente de inteligencia egipcia, el ministro de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, se puso en contacto con la Oficina del Primer Ministro diez días antes de la ofensiva sorpresa de Hamás, alertando sobre una “operación aterradora: algo inusual proveniente de Gaza”. La fuente de inteligencia egipcia declaró a Ynet que Kamel quedó “estupefacto ante la indiferencia” mostrada por Israel. La Oficina del Primer Ministro desestimó el informe calificándolo de “noticia falsa”.

Hacer caso omiso de las evaluaciones de los altos mandos de defensa —e incluso excluirlos por completo de la toma de decisiones estratégicas importantes— ha sido una conducta recurrente a lo largo de la carrera de Netanyahu.

En una entrevista de marzo de 2019 con “News 12”, el Primer Ministro confirmó que había dado su visto bueno a la venta de submarinos alemanes a Egipto sin involucrar al estamento de defensa: “Es sabido que no puedo revelar uno de los secretos del Estado de Israel” —un secreto conocido tanto por el Fiscal General como por los asesores de seguridad nacional Amidaror y Nagel—. “El Ministro de Defensa no tiene por qué saber esto”. Sin embargo, salió a la luz que el entonces Fiscal General, Avichai Mandelblit, desconocía que se hubiera otorgado dicha aprobación en aquel momento.

En un documento publicado en marzo de 2024, la Comisión Estatal de Investigación sobre el caso de los submarinos —presidida por el expresidente del Tribunal Supremo, el juez retirado Asher Grunis— lanzó una bomba jurídica y política que, hasta la fecha, no ha afectado al desempeño de Netanyahu como Primer Ministro. “La gestión de la aprobación para que Alemania vendiera submarinos a terceros países fue llevada a cabo por el escalafón político y el Consejo de Seguridad Nacional de manera desordenada y caótica, a través de canales contradictorios y sin la supervisión o el control adecuados”. La Comisión señaló que “esta conducta, sumada a la ocultación de información a las partes pertinentes, generó un riesgo para la seguridad nacional y perjudicó las relaciones exteriores del Estado”. La labor de la Comisión aún no ha concluido, y resulta difícil imaginar cómo podría evitar emitir recomendaciones personales sobre la futura permanencia en cargos públicos de Netanyahu y de otras personas implicadas en el asunto.

Existe otro caso similar. El primer ministro Netanyahu no se opuso a la venta de aviones avanzados —concretamente F-35 y aviones de guerra electrónica EA-18G— a los Emiratos Árabes Unidos durante las conversaciones previas a la firma de los Acuerdos de Abraham para la normalización de relaciones entre Israel y dicho país. La oficina de Netanyahu respondió: “Repetir una acusación infundada contra el primer ministro no la convierte en verdad”. Tras su reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, Netanyahu dejó de afirmar que se había opuesto al acuerdo.

El entonces ministro de Defensa, Benny Gantz, señaló: «Es inapropiado que no se me informara sobre el acuerdo con antelación», mientras que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gabi Ashkenazi, declaró: «Desconocemos la existencia de garantías de seguridad; si tales garantías existen, no se acordaron consultándonos». Netanyahu explicó que temía que Gantz y Ashkenazi filtraran el secreto. «No dije que lo fueran a filtrar a Irán», afirmó. «Podrían hablar indiscretamente con colaboradores y la información podría trascender».

Según un informe de Reuters, el acuerdo se firmó una hora antes de la investidura de Biden como presidente de EE. UU. Finalmente, la administración Biden suspendió la venta de las aeronaves avanzadas a los Emiratos Árabes Unidos.

Altos cargos de Azul y Blanco —el partido liderado por el entonces ministro de Defensa, Gantz— interpretaron la conducta de Netanyahu como parte de su intento de instaurar una especie de régimen presidencialista bajo su propio mando: él es quien decide y quien lleva las riendas en solitario.

En una entrevista con Ben Caspit, la Dra. Ruth Bar —quien ejerció como asesora estratégica de Netanyahu durante tres años al inicio de su trayectoria como líder— destaca varios rasgos de su carácter. A mi juicio, la calidad de las decisiones estratégicas de Netanyahu a lo largo de su extensa carrera se ha visto condicionada por lo que la Dra. Bar describe como su profundo y extremo sentido de superioridad: la convicción de que está por encima de todos, incluidos los comandantes militares, los jefes del Estado Mayor e incluso los presidentes de Estados Unidos.

Hace poco alguien que no encontraba respuesta para sus desatinos invocó, sin mucho análisis, una carta que Mujica me escribió hace casi 11 años. El esfuerzo fue patético. Nadie va a discutir la dimensión política de José Mujica, lo que significa su pensamiento, y nunca he desconocido que ha sido mi maestro y referente principal en la política. Por supuesto, tuvimos diferencias y las mismas fueron públicas y notorias, están lo suficientemente documentadas como para que sean negadas por nadie.

Dado que el gobierno de Venezuela inició en agosto de 2015 la deportación masiva de ciudadanos colombianos, incluso niños -personas cuyas casas fueron marcadas en una demostración de puro fascismo- decidimos tomar acciones. Frente a esa crisis humanitaria generada por un régimen abyecto, iniciamos un proceso de asistencia humanitaria con el envío inmediato de fondos y, atendiendo a la invitación que me formuló el alcalde de Cúcuta, ciudad afectada por esta crisis, nos preparamos para viajar a dicha ciudad para ofrecer ayuda y sentar las bases de la posterior instalación de una escuela temporal con la que atender a los niños afectados por la situación. Cerca de 18.000 personas muy humildes resultaron afectadas por las deportaciones.

El tema había sido llevado a votación en el Consejo Permanente, en el que Colombia perdió y, por lo tanto, ulteriores actuaciones en ese ámbito quedaban prácticamente cerradas. El gobierno bolivariano se pagó y se dio el vuelto, al decir que esa imposibilidad de actuación de la OEA (que ellos habían bloqueado) demostraba la inutilidad de la organización.

El mismo día de la votación recibimos la invitación del alcalde de Cúcuta para conocer la situación de la ciudad y de la zona. Acepté inmediatamente. Eso desencadenó una serie de eventos, entre ellos, algunas personas del sector público colombiano que procuraron desacreditar al alcalde, en segundo lugar, la reacción en mi propio país.

Recibí esa noche la llamada de mi exjefe, mentor y maestro político, quien me dijo que una personalidad del régimen lo había llamado; obviamente, me dio su nombre, y que le había dicho que, si yo iba a Cúcuta, me iban a declarar persona non grata. Eso me obligó a responder con claridad, le dije a Mujica que quien se creía que era ese personaje, que se fuera a …(y dije una serie de malas palabras) y que lo único que me quedaba claro luego de esa amenaza era que iba a ir a Cúcuta.

A la hora me llamó un asesor para decirme que lo había llamado Mujica y que le había dicho que Maduro lo había llamado y le había pedido por favor que yo no fuera a Cúcuta y que él me pedía por favor que yo no fuera. Ese fue el momento más duro de mi gestión. Ese pedido “por favor” me sacó de los cimientos y esa noche fue la única en los 10 años en que no pude dormir. Al día siguiente le escribí para comunicarle mi decisión de ir por las mismas razones por las que él decía que hacía política, por defender a los más humildes en momentos de necesidad, por defender sus derechos humanos.

Luego de ese entredicho tuvimos un impasse de 0 comunicación, pero se ve que mi carta a Tibisay Lucena (en ese momento presidenta del CNE) el 10 de noviembre de 2015 en la cual le exigía elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, así como denunciaba la existencia de presos políticos, de torturados, ataques a la libertad de prensa y libertad de expresión, persecución política, proscripciones (entre ellas la de María Corina Machado) y de ejecuciones extrajudiciales; todo eso fue demasiado para el régimen y un nuevo contacto con Mujica, como los ya referidos, implicó su respuesta al respecto en una carta del 18 de noviembre cuyo contenido era lo que Hannah Arendt llamaba la “banalización del mal”, por supuesto no rebatía ninguno de los puntos contenidos en mi carta, sino que se refería a generalizaciones de la política y de la economía como ser que Venezuela era un país dependiente de la renta petrolera, dependiente de la importación de alimentos, con desequilibrios monetarios, que se necesitan albañiles y no jueces, se refería de manera genérica a las deportaciones masivas de Maduro y trataba de inferir una acusación completamente falsa de que yo no me había referido específicamente a otros países de Latinoamérica -lo cual cualquier persona informada un 1% sabía que ese intento de acusación de doble estándar era absolutamente falaz. Pero evitaba referirse a los temas puntuales que yo expresaba, la situación de la democracia en Venezuela, la situación de los derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos, todos ellos temas que, si hubieran sido abordados con firmeza y dignidad por su parte, quizás hubiéramos podido evitar el descalabro total venezolano que se hacía realidad día a día, lo que terminó constituyéndose en crisis humanitaria y la peor crisis migratoria de la historia del hemisferio. Y toda esa “banalización del mal” era para decirme adiós y que yo había tomado otro camino. Sí, había tomado otro camino y no era la primera vez que el tema Derechos Humanos nos separaba, ya había pasado cuando dijo “se me escapó el Canciller” cuando activé y renové los ataques contra la ley de impunidad para crimenes de lesa humanidad en Uruguay.

Mi respuesta fue pública y fue fuerte, tanto como la crisis venezolana lo ameritaba, al respecto una transcripción de prensa ““En cuanto al contenido de la carta, me reafirmo en cada uno de los párrafos de las 18 páginas que tiene la misma, me hago responsable de eso en términos absolutos”, dijo Almagro en una rueda de prensa en respuesta a una pregunta de Efe en el marco de la V Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Públicas de las Américas que se celebra en Lima.

“Reiteraría hoy, cada uno de los conceptos expresados en la misma, (y) si eso es motivo de diferencias, está bienvenida la diferencia”, afirmó en referencia al rechazo expresado por el expresidente uruguayo José Mujica a la misiva de su excanciller” como señalaba el medio “runrun”.

No son tantos quienes hemos condenado las violaciones de Derechos Humanos a izquierda y derecha, no somos tantos quienes hemos trabajado para que haya justicia por crimenes de lesa humanidad de la izquierda y la derecha. Haber actuado dignamente, enfrentando esos extremos cuando otros se escondían, es algo que hace a mi dignidad política, y no voy a permitir que personajillos menores de la política hagan como que no saben ni entienden de qué se trata.

No sé qué llevó a Mujica a escribir una carta que hacía mucha mella en su legado y que lo mostraba indulgente con los crímenes de lesa humanidad y la crisis de la democracia que vivía Venezuela cuando años más tarde él criticó a esta misma dictadura. Si se lo que llevó a personajes menores de la política de utilizarla nuevamente once años después, es cuando la mediocridad no permite encontrar respuestas propias. Se dijo que había tomado otro camino, era el mismo camino de defensa del Derecho y de los más vulnerables que yo había tomado el primer día que empecé a hacer política. Y me hago cargo de eso cada vez que sea necesario.

*Luis Almagro/Instituto CASLA

Cada año, el sonido del shofar, un instrumento litúrgico ancestral, marca el comienzo de Rosh Hashaná, el año nuevo judío. En las comunidades judías de todo el mundo hacemos una pausa para mirar hacia adentro. Es un tiempo de introspección y balance, de preguntarnos quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Pero este año esa introspección carga un peso distinto. Desde la Liga Antidifamación (ADL), donde trabajo para amplificar la voz de las comunidades judías alrededor del mundo, mi tarea es mirar hacia afuera, y lo que veo, con cifras en la mano, es que el mundo sigue sin garantizarnos algo tan básico como vivir sin miedo.

Lo digo desde América Latina, aunque escriba en nombre de una organización con sede en Nueva York, porque esta región conoce de primera mano el costo del antisemitismo cuando se vuelve violencia. El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó en Buenos Aires la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y mató a 85 personas. Por más de tres décadas, ese atentado fue, trágicamente, la referencia obligada para medir la letalidad del antisemitismo contra los judíos fuera de Israel. Ese triste récord ya no es solo argentino.

Según el informe más reciente del J7, una coalición que representa a las siete mayores comunidades judías fuera de Israel y de la que ADL es cofundadora, 2025 se convirtió en el año más mortífero para los judíos de la diáspora desde aquel atentado. Veinte personas fueron asesinadas en ataques antisemitas en Sídney, Mánchester, Washington D. C. y Boulder, Colorado: 15 de ellas durante una celebración de Janucá en Bondi Beach.

En los siete países del J7, donde vive más del 90% de los judíos que están fuera de Israel, se documentaron más de 23.000 incidentes antisemitas en 2025, un aumento del 136% respecto de 2022, el año previo a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Los incidentes violentos crecieron un 97% en ese mismo período.

En Estados Unidos, donde ADL lleva este registro desde 1979, 2025 fue el tercer año con más incidentes antisemitas desde que comenzó el conteo: 6.274 casos de agresión, acoso y vandalismo, un promedio de 17 por día. Aunque el total bajó un 33% respecto del año anterior, las agresiones con armas letales aumentaron un 39% y tres personas fueron asesinadas, algo que no ocurría en ese país con víctimas judías desde 2019.

Estos datos importan porque cada número esconde una historia: la de un niño al que llamaron “terrorista” en su salón de clases, la de un hombre que escuchó insultos al entrar a su sinagoga en Rosh Hashaná y la de comunidades enteras para las que vivir detrás de rejas de seguridad, con guardias armados en las puertas de colegios y lugares de culto, ya es lo normal, como si esa fuera la única forma posible de practicar su fe.

Como resumió Jonathan Greenblatt, director ejecutivo y director nacional de ADL, el antisemitismo “no solo se ha vuelto asesino; también se ha vuelto cotidiano”. Se ha normalizado hasta el punto de que lo que hace una década habría sido un escándalo hoy apenas genera un titular.

Escribo esto, sin embargo, sin ceder al fatalismo, porque Rosh Hashaná enseña que el año nuevo no es una fecha en el calendario: es una decisión renovada de actuar. Y hay claras señales de que la acción tiene impacto. En 2025, los incidentes en campus universitarios estadounidenses cayeron un 66%. Al mismo tiempo, muchas universidades respondieron con mayor firmeza, varias de ellas con medidas recomendadas por ADL, en un contexto de mayor presión gubernamental. Australia creó la Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social tras la masacre de Bondi. Cada una de esas medidas nació de comunidades que decidieron no resignarse. Es la misma decisión que renovamos en Rosh Hashaná.

Sabemos, porque lo aprendimos con sangre en Buenos Aires y lo volvimos a aprender en Sídney, Mánchester y Washington, que el antisemitismo no reconoce fronteras ni ideologías. Puede adoptar la forma de una teoría conspirativa, circular como una broma en redes sociales o presentarse como una supuesta crítica política que responsabiliza colectivamente a los judíos. Y termina, demasiadas veces, en violencia.

Si el odio no tiene fronteras, la respuesta tampoco puede tenerlas. Necesitamos gobiernos que adopten e implementen estrategias nacionales contra el antisemitismo y financien la seguridad de sinagogas, escuelas y centros comunitarios antes de la tragedia, no después. Necesitamos plataformas digitales que dejen de tratar el discurso de odio como contenido rentable. Y necesitamos que las sociedades dejen de tratar el antisemitismo como un problema de los judíos: cada vez que una democracia lo tolera, algo se rompe para todos.

Este Rosh Hashaná, mientras las familias judías de Buenos Aires, Ciudad de México, San Pablo, Miami o Bogotá se reúnan a compartir manzana con miel y desearse un año dulce, pensaré en los 15 nombres de Bondi Beach, en los dos de Mánchester, en los dos de Washington y en el de Boulder. Pensaré en las 85 víctimas de la AMIA, cuya memoria sigue exigiendo justicia.

Y pensaré en que cada Rosh Hashaná nos da otra oportunidad de elegir, como siempre lo hemos hecho, la memoria, la esperanza y la acción por encima del miedo.

Shaná Tová. Que sea un buen año.

Marina Rosenberg es la vicepresidenta Sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).

Este 11 de septiembre, cuando se cumplen 25 años de los atentados de 2001, volvemos inevitablemente a las imágenes de las Torres Gemelas, al impacto sobre la política internacional y a la transformación que aquel ataque produjo en la forma en que los Estados entendían la seguridad. Sin embargo, hay una lección de aquel día que adquiere una dimensión diferente cuando se la mira desde el mundo tecnológico actual.

Después de aquella trágica jornada de 2001, una de las conclusiones a las que arribó la Comisión que investigó los atentados, fue que buena parte de la información necesaria para advertir la amenaza ya existía, pero se encontraba dispersa entre organismos que no compartían adecuadamente sus datos ni contaban con una estructura capaz de convertir esas piezas fragmentadas en una visión común. El problema no fue pues, la ausencia de información, sino la incapacidad para conectarla y poder analizarla a tiempo.

Veinticinco años después, la situación parece casi inversa. Contamos con más información que nunca, sistemas capaces de procesarla en tiempo real y una inteligencia artificial que puede producir imágenes, voces, documentos y videos prácticamente indistinguibles de los reales. Ahora, sin embargo, debemos lidiar con una dificultad distinta: separar los datos útiles de los que fueron manipulados o fabricados para influir en nuestra interpretación de los hechos, y también, poder establecer cuáles merecen atención y cuáles fueron creados deliberadamente para alterar nuestra percepción de lo que está ocurriendo.

Es allí donde la ciberseguridad adquiere una dimensión mucho más amplia. Durante años fue entendida principalmente como la protección de sistemas, redes y datos frente a accesos no autorizados. Hoy también debe ocuparse de que la información utilizada para decidir sea confiable. Una organización puede tener sus servidores funcionando y, sin embargo, estar operativamente comprometida si sus responsables reciben datos falsos, si sus sistemas muestran información manipulada o si la población deja de confiar en las comunicaciones oficiales.

La discusión energética que está atravesando Estados Unidos ofrece una demostración concreta de este cambio. En agosto, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional vinculada con la seguridad del sistema eléctrico de alta tensión y puso el foco en los riesgos que pueden derivarse de determinados equipos importados, incluyendo componentes digitales, software, firmware y mecanismos de acceso remoto. La preocupación no es solamente que alguien pueda apagar una central eléctrica. También existe el riesgo de que una vulnerabilidad permita alterar mediciones, ocultar fallas, retrasar una respuesta o introducir información falsa en los sistemas que coordinan una infraestructura crítica.

El tema adquiere pues, aún mayor relevancia porque la inteligencia artificial está multiplicando la dependencia de la energía. Los centros de datos que sostienen la nueva economía digital necesitan cantidades extraordinarias de electricidad y, al mismo tiempo, concentran información, capacidad de cómputo y servicios esenciales. Así, Estados Unidos ya está tratando la relación entre IA, energía y seguridad como un asunto estratégico, y no simplemente como un problema de infraestructura.

Esto modifica también la naturaleza del poder ya que una infraestructura crítica puede ser atacada sin que un misil atraviese una frontera y una sociedad puede ser desestabilizada sin que sus ciudadanos sepan inicialmente que están siendo atacados. De igual manera, una interrupción eléctrica coordinada con un ataque informático sobre telecomunicaciones, una campaña de desinformación generada mediante inteligencia artificial, o la circulación de una falsa comunicación oficial podrían producir un efecto mucho mayor que cada una de esas acciones por separado.

En ese escenario, la disponibilidad de un servicio ya no alcanza como criterio de seguridad. También importa que los datos que lo describen sean auténticos, que las alertas no hayan sido manipuladas y que las instrucciones recibidas durante una crisis provengan de una fuente confiable. La resiliencia de una red eléctrica, de un hospital o de un sistema financiero depende tanto de su capacidad para seguir funcionando como de la posibilidad de saber qué está ocurriendo realmente dentro de ellos.

Por eso, quizás una de las principales enseñanzas de estos 25 años sea que el próximo gran ataque no necesariamente se parecerá al anterior. No basta con mantener en funcionamiento las infraestructuras, sino que debe preservarse la información que permite operarlas y tomar decisiones sobre ellas. Energía, datos, telecomunicaciones, inteligencia artificial y comunicación pública forman parte de una misma arquitectura de poder.

En 2001 el desafío no alcanzado fue conectar los puntos dispersos. En 2026, además, tendremos que aprender a distinguir cuáles son reales y cuáles no, y asegurarnos de que las decisiones más importantes se tomen sobre esa base.

Así, proteger tanto los sistemas que mantienen una sociedad en funcionamiento como la confianza en la información que le permite a ésta actuar se alzan hoy, como las nuevas fronteras de la ciberseguridad.

El autor es Director Instituto de Integración Regional y Gobernanza Global - UCES y Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital - BTR

El día 1 de septiembre inició el curso escolar en Cuba. Dos videos sobre hechos ocurridos en dos escuelas primarias a casi mil kilómetros de distancia una de otra, ponen de manifiesto la profunda crisis de valores en la Mayor de las Antillas.

En la Escuela Primaria Amistad Cuba-México, de la barriada “El Fanguito”, municipio Plaza de la Revolución, inauguraron el curso con una violenta demostración de combate de artes marciales, protagonizada por las mismas tropas especiales que envían a reprimir a las madres que salen con sus niños a protestar contra los apagones. Fueron a abonar el miedo.

En Santiago de Cuba, en la Escuela Primaria Santiago Callejas, una maestra da la bienvenida a los niños de 5 a 11 años con un discurso que parecía destinado a los miembros de un Núcleo del Partido Comunista.

Desde El Cobre, en la misma provincia oriental, la familia Reyes Isaac afirmó que en la primera semana de clases apenas enviaron a sus niños a la escuela porque no tenían cómo alimentarlos. Lo mismo me explican desde varios municipios de la provincia Granma. La crisis es material, moral y espiritual y afecta a toda la nación.

El 22 de enero de 1998, durante su histórica visita a Cuba, San Juan Pablo II, hablando en Santa Clara sobre la familia y la educación, afirmó que los padres “deben poder escoger para sus hijos el estilo pedagógico, los contenidos éticos y cívicos y la inspiración religiosa” en que desean formarlos.

El Pontífice fue todavía más lejos: recordó que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, que esa responsabilidad constituye un derecho insustituible e inalienable y que las atribuciones educativas del poder público no autorizan al Estado a sustituir a la familia.

Veintiocho años después, esas palabras conservan una extraordinaria actualidad ante la dramática situación en que comenzó en Cuba el curso escolar 2026-2027.

Cerca de 1,4 millones de estudiantes regresaron el 1 de septiembre a más de 10.000 escuelas en un país golpeado simultáneamente por apagones, escasez de combustible, problemas de abastecimiento de agua, deterioro del transporte, falta de alimentos y una profunda crisis económica.

La educación no existe aislada de la realidad en que vive el niño.

¿Cómo puede estudiar adecuadamente un menor que pasó buena parte de la noche sin electricidad, soportando calor, mosquitos y dificultades para dormir? ¿Cómo puede concentrarse quien llega al aula sin desayunar o insuficientemente alimentado? ¿Cómo puede mantener un rendimiento adecuado el estudiante cuya familia dedica casi todas sus energías a encontrar comida, agua, medicamentos o transporte?

Según fuentes oficiales, el curso comenzó con una cobertura docente de apenas del 73%. Se calcula un déficit de aproximadamente 21.000 maestros, y La Habana ha tenido que recibir unos 3.000 docentes procedentes de provincias orientales. También se está recurriendo a jubilados, estudiantes universitarios y profesionales de otros sectores para cubrir aulas.

A ello se suma la crisis del transporte. Hay lugares donde trasladarse a una escuela se ha convertido en una verdadera odisea. Associated Press documentó incluso familias utilizando carretas tiradas por caballos debido a la ausencia de transporte disponible. La falta de combustible y el deterioro del transporte público ya afectaron gravemente la asistencia durante el curso anterior.

Tampoco existen uniformes suficientes. Al comenzar el curso solo se había logrado cubrir alrededor del 12 % de la demanda de uniformes para la enseñanza primaria. Los apagones, la falta de combustible, las dificultades industriales y la carencia de materias primas han impedido producirlos en las cantidades necesarias. El propio Ministerio de Educación tuvo que flexibilizar su utilización.

Faltan asimismo materiales escolares, existen graves dificultades con la alimentación y las familias tienen que asumir gastos que sus ingresos muchas veces no permiten cubrir. La crisis ha llegado al extremo de que en determinados centros los estudiantes necesitan llevar lámparas recargables para hacer frente a los apagones.

Pero la tragedia de la educación cubana no es solamente material. También existe un problema de libertad, derechos, pluralismo y formación ética.

Cuba ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento reconoce a los menores derechos a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y asociación. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha reclamado al Estado cubano que garantice efectivamente la libertad de expresión de los menores y evite restricciones desproporcionadas.

En sus observaciones de 2022, ese mismo Comité formuló preocupaciones y recomendaciones respecto al ejercicio efectivo de derechos fundamentales de los niños cubanos.

Una verdadera educación no puede consistir únicamente en enseñar matemáticas, historia o gramática. Educar significa formar personas capaces de pensar por sí mismas, preguntar, discrepar, comparar ideas, buscar información y desarrollar libremente sus convicciones.

Una escuela que pretende imponer una única interpretación política del país, de la historia y de la sociedad deja de cumplir plenamente esa misión.

El niño cubano necesita educación, no adoctrinamiento. Necesita maestros bien preparados y dignamente remunerados; aulas con electricidad y agua; alimentación suficiente; transporte; libros, uniformes y otros materiales. Necesita llegar a clases descansado, bien alimentado y saludable.

Pero también necesita algo igualmente importante: libertad para pensar. Y sus padres necesitan recuperar el derecho a participar decisivamente en la formación moral, ética, religiosa y cívica de sus hijos.

San Juan Pablo II lo dijo en Santa Clara hace casi tres décadas: el Estado tiene responsabilidades en materia educativa, pero no puede sustituir a los padres.

Hoy la crisis educativa cubana reúne dos tragedias en una sola: la pobreza material de las escuelas y la falta de libertades que impone el régimen.

A un niño que tiene hambre, que no duerme por los apagones, sin adecuados maestros, sin alimentos, transporte, materiales o medicamentos, le resulta difícil aprender y vive en condiciones adversas para desarrollarse.

Pero también se perjudica al niño cuando se le enseña qué debe pensar en lugar de enseñarle a pensar.

Cuba necesita un sistema de educación capaz de desarrollar la inteligencia, fortalecer los valores, liberar el espíritu y sostener una sociedad libre y próspera. Una educación donde la familia, la escuela y la sociedad acompañen al niño, pero donde ninguna autoridad pretenda adueñarse de su conciencia.

María Cristina Guevara llevaba más de 40 años construyendo su casa en Quibdó. No solo 40 años habitándola, sino 40 años levantándola poco a poco, con lo que lograba ahorrar de su trabajo en el campo. Este año había comprado materiales para reforzarla, con una indemnización que recibió por el asesinato de un hermano (el segundo que le ha quitado el conflicto en Colombia). Pero entonces la tierra tembló. “Vi todo caer en segundos”, nos dijo.

Su historia no es una excepción. Durante las semanas posteriores al terremoto recorrimos una docena de municipios de Valle del Cauca, Chocó y Risaralda, y decidimos concentrar nuestra respuesta en Buenaventura, Quibdó, Alto y Medio Baudó. Lo que encontramos confirma una realidad incómoda: el terremoto no creó la vulnerabilidad del Pacífico colombiano. La expuso y la profundizó.

Hoy la mayor necesidad derivada del terremoto, expresada por nuestros pacientes, es el apoyo a la reconstrucción y al fortalecimiento de las viviendas. En los barrios que visitamos en Buenaventura y Quibdó, ciudades que triplican y cuadruplican el indicador de pobreza multidimensional del resto del país, vimos casas cuyas fachadas permanecen en pie, pero que por dentro quedaron gravemente afectadas. Grietas por donde entra el agua, techos sostenidos por estructuras improvisadas y familias que siguen habitando espacios inseguros porque no tienen otro lugar adónde ir.

“Aquí muchos duermen con la puerta abierta por el miedo de que vuelva a temblar y la casa se les venga encima”, nos dijo Teresa Hurtado, líder comunitaria del barrio La Carmelita, en Buenaventura.

La situación es aún más difícil en las zonas rurales a las que solo se puede acceder por río. En comunidades del Misará (Medio Baudó), hubo inundaciones apenas dos días después del terremoto. En la comunidad de La Unión, Aurelio Luviaza, indígena embera, nos contó que el sismo destruyó su vivienda y que las lluvias posteriores arrasaron también con su cultivo de plátano. En pocos días perdió el techo y una de sus principales fuentes de sustento.

Sin embargo, muchas de las afectaciones que atendemos son, en realidad, la agudización de situaciones previas ya críticas. En gran parte del Pacífico colombiano, el terremoto sacudió territorios que ya enfrentaban enormes desafíos: conflicto armado, pobreza, barreras de acceso a servicios básicos, incluida salud.

Hemos sido testigos de que para muchas personas acceder a servicios de salud continúa siendo una carrera de obstáculos. Además de las largas distancias entre comunidades rurales y los centros de salud, incluso en emergencias suelen ver condicionada la atención y entrega de medicamentos a su estado de afiliación, o deben esperar un aplazamiento tras otro cuando el personal de salud no recibe pago oportuno. En el caso de comunidades indígenas, estas barreras se suman con frecuencia a la ausencia de mediación intercultural que facilite la comunicación con el personal sanitario.

Esto hizo que, por ejemplo, encontráramos pacientes con diabetes e hipertensión que llevaban semanas sin darle continuidad a sus tratamientos.

La salud mental no está mucho mejor. En nuestras consultas vemos un alto grado de hipervigilancia, ansiedad y estrés postraumático e identificamos 21 personas que requirieron remisión psiquiátrica urgente. Muchos perdieron no solo sus viviendas, sino también la sensación de estabilidad, en medio de las dificultades, que les permitía afrontar la vida cotidiana. Sin acceso oportuno a atención especializada y a tratamientos continuos, estas afectaciones pueden prolongarse durante meses o años.

El personal sanitario y los brigadistas locales también necesitan apoyo. En estas regiones, el único contacto recurrente con la atención sanitaria son los Equipos Básicos de Salud, pero al inicio de la emergencia se encontraban sin pago y sin insumos para atender. Garantizar su continuidad y cuidado es una condición indispensable para que la atención llegue a quienes la necesitan.

En medio de este panorama, hay algo que merece ser reconocido. En las comunidades más afectadas predominó la solidaridad. Líderes comunitarios, vecinos, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos movilizaron alimentos, ollas comunitarias, ropa y ayudas básicas con una rapidez admirable. Principalmente en las zonas urbanas, muchas familias nos dijeron que no pasaron un solo día sin comer gracias al apoyo recibido de otras personas. Aunque en las zonas rurales no fue igual de efectiva.

María Cristina sigue sin recuperar la casa que construyó durante cuatro décadas. Como ella, miles de personas del Pacífico siguen esperando mucho más que ayuda de emergencia. Necesitan reconstruir sus hogares, acceder a servicios de salud sin barreras, contar con equipos de salud fortalecidos y vivir en condiciones dignas.

Siham Hajaj es la jefa de misión en Colombia de Médicos Sin Fronteras

Conocida la infinita maldad del régimen teocrático de Irán, es imposible que se trate de una casualidad. Al contrario, tiene el sello clásico de la mentalidad tiránica: represión, dominio y después venganza. No existe conmiseración, ni pacificación, ni concordia, solo la bota del poder aplastando a las víctimas vencidas.

No, no es una casualidad que a las puertas del quinto aniversario de la muerte de Mahsa Amini, (la joven kurda asesinada por la policía religiosa el 16 de septiembre de 2022 por no llevar “correctamente el hiyab), justo en su aniversario, el régimen iraní haya emitido un decreto para reforzar el uso obligatorio del hiyab, aumentando la vigilancia de la policía religiosa, reactivando los grupos civiles que hostigan verbalmente a las mujeres por sus vestimentas, y endureciendo las penas. En las universidades han incentivado el despliegue de grupos de mujeres ultra religiosas encargadas de espiar y denunciar a las estudiantes que no cumplan con las normas estrictas, y la pena puede ser desde procesos disciplinarios hasta la expulsión. Además, los comercios, cafés, restaurantes, tiendas y todo tipo de entidades que permitan una relajación del hiyab recibirán multas astronómicas o serán directamente clausurados. Es decir, a cinco años del asesinato de Mahsa, la situación no sólo no ha mejorado, sino que se reactiva hacia una posición aún más represiva.

Más represiva y brutal, como demuestra el ritmo acelerado de ejecuciones a opositores que está perpetrando. Los datos son escalofriantes.

Durante el 2025 se ejecutaron 1.639 personas oficialmente reconocidas (un incremento de un 68% respecto al año anterior), pero a partir de 2026, el número de ejecutados es incalculable. Las ejecuciones reconocidas, con sentencias dictadas por los tribunales islámicos, llegaron al millar, y solo en el mes de agosto se han ejecutado en las cárceles a 89 personas, lo que equivale a un 33% respecto al mes anterior. Pero las ONG que monitorean la represión hablan de auténticas masacres que se han saldado con miles de víctimas mortales y una aceleración de ejecuciones sumarias no registradas. Es imposible saber el volumen de la represión, pero los datos permiten afirmar que el régimen aprovecha la situación bélica para hacer una depuración masiva de opositores, al nivel del reinado del terror de 1988, cuando el régimen ejecutó a más de 30.000 presos políticos que ya cumplían condena, para acabar físicamente con cualquier oposición.

La primera conclusión evidente, datos en mano, es que la guerra contra Irán no sólo no ha servido para hacer caer la tiranía de los ayatollahs, (como aseguraba el grandilocuente eslogan de los primeros momentos), ni lo ha resquebrajado para facilitar una transformación, sino que ha provocado un trígono infernal de poder que ha mutado el régimen hacia posiciones mucho más intransigentes y peligrosas. Estos son los tres vértices del triángulo que hoy gobierna Irán: Mojtaba Khamenei, los Pasdaran de la Guardia Revolucionaria, y los Jebhe-ye Paydari, conocidos como los super revolucionarios.

En el caso del Khamenei hijo, la radicalidad viene de origen: siempre ha mantenido posiciones políticas más inflexibles y radicales que su padre; ha sido el jefe de facto, durante décadas, de la milicia paramilitar Basij, responsable de la represión y violencia en las manifestaciones opositoras; su alineamiento con la rama más dura de la Guardia Revolucionaria es absoluta; y, finalmente, es el patrón político y económico del Jebhe-ye Pāydārī-ye Enqelāb-e Eslāmī, el partido ultrareligioso que lidera el ayatolá Mahdi Mirbaqiri.

Son precisamente los jebhe, el segundo vértice del proceso de radicalidad del régimen, cuyo poder en el Parlamento, a pesar de no tener la mayoría, es absoluto. Mesiánicos y apocalípticos, esperan al retorno del imán Mahdi (el doceavo imán para el chiísmo), y creen que la guerra con Occidente es profética y acelera su llegada. Furibundamente anti occidentales, y convencidos de ser los únicos guardianes de la revolución de 1979 (de ahí el sobrenombre de “super revolucionarios”), son la némesis del presidente Masoud Pezeshkian, al cual dedican sus críticas más radicales, con el fin de impedir cualquier posibilidad de diálogo.

Finalmente, el tercer vértice, el que realmente gobierna Irán: los pasdaran, es decir, los guardianes revolucionarios, conocidos mundialmente como la Guardia Revolucionaria Islámica, el famoso CGRI. Si antes de la guerra eran temibles, la ascensión de la vieja guardia, después de la eliminación de la mayoría de la jerarquía existente, ha comportado una radicalización extrema. Cabe recordar que los dos líderes más relevantes de la Guardia Revolucionaria son el general Ahmad Vahidi, (comandante en jefe), y Mohsen Rezaee, (jefe de seguridad y asesor militar supremo), ambos con Circular Roja de Interpol por su vinculación directa con el atentado de la mutual AMIA en Buenos Aires en 1994. Vahidi está considerado el cerebro del atentado, y hoy es quien comanda las CGRI. Radicales e implacables, furibundamente antisemitas y anti estadounidenses, convencidos de la confrontación armada y contrarios a cualquier concesión, se han convertido en una auténtica junta militar, sin ningún contrapeso político, y con un absoluto dominio de las fuentes económicas del estado. Es justamente Mohsen Rezaee quien tiene la gestión directa del estrecho de Ormuz, y quien impide sistemáticamente cualquier acuerdo sostenible.

Esta es la terrible realidad para los millones de iraníes que lucharon, se manifestaron, murieron en las calles de Irán y creyeron en la esperanza de un cambio posible. “Help is on its way”, dijo Trump en un famoso mensaje en su red social Truth Social. Era el 13 de enero de 2026 y 15 días después Estados Unidos e Israel iniciaban una guerra que aspiraba a cambiar el mapa de Oriente Medio y provocar la caída del régimen. Mucho ha pasado desde entonces, y es evidente que la guerra ha debilitado económica y militarmente al régimen. Pero, enquistado en su búnker, el régimen se ha vuelto aún más violento y tiránico. Algo se está haciendo mal, muy mal, en esta guerra convertida en un atolladero. Todo es incierto y caótico, excepto una certeza: a cinco años del asesinato de Mahsa Amini, la desesperanza acompaña al silencio, en las calles de Irán.

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A medida que el presidente chino Xi se prepara para viajar a Washington D. C. el 24 de septiembre de 2026, su postura reflejará no solo los puntos específicos de su agenda, sino también transformaciones geopolíticas más amplias en curso que generan tanto enormes oportunidades para China como riesgos que tanto el país asiático como la comunidad internacional deberán gestionar.

Los avances en curso en materia de “big data”, inteligencia artificial, sistemas autónomos y robótica están transformando rápidamente las dinámicas económicas y militares, con implicaciones radicales para los sistemas políticos y el equilibrio de poder mundial. América Latina y el resto del mundo en desarrollo serán escenario de batalla, beneficiarios y víctimas de este cambio enorme y caótico. Aunque el futuro no puede predecirse con certeza, un desenlace razonable de la actual confluencia de tendencias es una América Latina —y un mundo— mucho más violento, menos democrático y más dominado por la República Popular China (RPC). Ese futuro podría materializarse con mayor rapidez de lo que prevé la mayoría de los analistas tradicionales. El presente artículo expone cómo podría producirse un cambio tan traumático y revolucionario, así como lo que esto podría significar para Estados Unidos, América Latina y el mundo.

En la próxima década, los avances derivados de la sinergia entre la inteligencia artificial y la robótica probablemente ofrecerán alternativas no humanas para una amplia variedad de empleos —tanto de cuello blanco como de cuello azul, cualificados y no cualificados—, transformando un espectro laboral mucho más vasto y a una velocidad muy superior a la de la revolución industrial del siglo pasado. En muchos casos, el coste amortizado de los robots industriales ya es inferior al de emplear a un ser humano para realizar la misma tarea. Ya es posible encargar robots chinos fabricados en serie —de empresas como Unitree y UBTech— por tan solo 5.000 dólares, y muchas unidades con capacidad industrial cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares. A ese precio, un robot capaz de sustituir a tres turnos de trabajadores de fábrica cuesta el equivalente a apenas unos meses de los salarios humanos que su uso permitiría ahorrar. Al igual que ocurrió con los ordenadores personales en la década de 1990, estos costes seguirán bajando y la sofisticación del “hardware”, el “firmware” y los mecanismos de control basados ​​en inteligencia artificial (IA) seguirá mejorando a medida que los sistemas robóticos se desplieguen a gran escala en una gama cada vez más amplia de tareas.

Lo que hace que la revolución actual sea aún más transformadora es que las herramientas de IA cada vez más capaces —ya sean virtuales o incorporadas en sistemas físicos— poseen también una capacidad creciente para reemplazar a los humanos no solo en el trabajo fabril, sino también en las labores domésticas y de servicios, así como en tareas de oficina y gestión. Esto es especialmente evidente en áreas técnicas como la programación informática, el trabajo jurídico, el ámbito de los técnicos médicos y el personal de apoyo administrativo, entre otros. Es muy probable que, tal como ha señalado Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, la naturaleza del trabajo evolucione: pasaremos de seres humanos que ejecutan tareas directamente a seres humanos que dirigen y supervisan sistemas de IA y robótica encargados de dichas labores. Sin embargo, es poco probable que el número de empleos de “supervisión” creados en la nueva economía de la IA y la robótica —sumado a los nuevos “tipos” de trabajo que apoyan o complementan dicha economía— logre compensar plenamente la pérdida de aquellos empleos humanos que han dejado de ser económicamente competitivos. El Foro Económico Mundial estima que los avances actuales podrían provocar la desaparición de 92 millones de empleos para el año 2030. Además, la rapidez con la que surge esta nueva economía tecnológica, sumada a la dificultad inherente que tienen los seres humanos para adaptarse a nuevas competencias y entornos laborales, ampliará de manera significativa y acelerada lo que el filósofo del siglo XIX Thomas Malthus denominó, de forma inquietante, una “población redundante”.

Al igual que ocurrió con la Revolución Industrial, es probable que la revolución de la IA y la robótica agrave la desigualdad socioeconómica entre quienes poseen, implementan y gestionan las estructuras de esta nueva economía y aquellos cuyos empleos son sustituidos —o cuyos salarios se ven reducidos— debido a la competencia de las nuevas alternativas basadas en la IA y la robótica. Estos efectos se dejarán sentir con especial intensidad entre sectores de la población que ya manifiestan un creciente descontento ante la incapacidad de los sistemas políticos democráticos para afrontar los desafíos actuales.

La respuesta de los distintos sistemas políticos —con sus respectivas tradiciones— ante tales presiones probablemente reflejará una combinación de dos impulsos: la compensación y la represión. Algunos gobiernos crearán o ampliarán “redes de seguridad” social para facilitar la reconversión profesional y la reubicación de los trabajadores desplazados, o al menos para mitigar el sufrimiento que padecen. Otros gobiernos —o, en ocasiones, los mismos— emplearán mecanismos de represión estatal contra quienes reaccionen a las tensiones derivadas de este desplazamiento económico cayendo en la delincuencia común o, alternativamente, recurriendo a la protesta violenta y al terrorismo. Irónicamente, las herramientas para monitorear y controlar los movimientos, las finanzas y otros aspectos del sustento de la población —enormemente potenciadas por los avances en inteligencia artificial, el acceso a macrodatos (“big data”) y otras tecnologías— respaldarán la eficacia de la gestión estatal de dichas respuestas.

A medida que la IA ejerce una presión significativa sobre los sistemas políticos democráticos y las economías de mercado, también desempeñará un papel cada vez más importante en la distribución y, en última instancia, en la asignación de recursos para las poblaciones. Esto ya incluye el papel creciente de la IA en la gestión operativa y la logística, tanto para empresas como para gobiernos. Aplicada por gobiernos autoritarios como el de la RPC, la IA podría incluso mitigar algunas de las distorsiones e ineficiencias históricamente asociadas a los sistemas económicos dirigidos por el Estado —argumento expuesto magistralmente por Friedrich Hayek en 1945—. Así, la IA podría beneficiar a China y a otros actores totalitarios frente a los sistemas democráticos de libre mercado, mejorando su desempeño y sus capacidades represivas, justo cuando la disrupción tecnológica intensifica drásticamente las tensiones sobre las democracias y los sistemas basados ​​en el mercado.

Paralelamente a esta transformación económica y política, los avances tecnológicos mencionados están acelerando una revolución en el ámbito militar. Los sistemas autónomos impulsados ​​por IA reemplazarán cada vez más a los tripulados, ya sea en el aire, en tierra o bajo ella, y en la superficie o profundidad del agua. Estos sistemas serán coordinados progresivamente por plataformas de gestión logística y de combate basadas en IA; su capacidad para identificar patrones y evaluar rápidamente los resultados de múltiples escenarios de respuesta les otorgará ventajas significativas frente a los sistemas que requieren intervención humana directa (“human-in-the-loop”). Al mismo tiempo, estas nuevas tecnologías permitirán a potencias medias, estados pequeños e incluso grupos criminales o terroristas no estatales —siempre que dispongan de recursos— desafiar y extorsionar a actores mucho mayores; un ejemplo de ello es la actuación de Irán frente a Estados Unidos en el Golfo Pérsico mediante el uso de sistemas de drones y misiles.

En este contexto de transformación, la estrategia actual de la RPC resulta especialmente alarmante y potencialmente decisiva. Por un lado, al igual que ha ocurrido con tecnologías como los vehículos eléctricos, el país ha destinado cuantiosos recursos a liderar los avances en IA y robótica. Siguiendo el patrón de otras áreas, la RPC ha invertido considerablemente en investigación básica y aplicada, ha protegido y subvencionado sectores tecnológicos clave y ha aprovechado su enorme mercado interno cautivo para desarrollar productos comerciales capaces de dominar el escenario global.

En el caso concreto de la IA, la RPC está llevando a cabo esta estrategia mediante el desarrollo de modelos eficientes de pesos abiertos (“open-weight”), como Kimi K3, Deep Seek V4 y Qwen 3.8, incluso cuando sus empresas carecen de acceso a los chips de mayor rendimiento, como los modelos Vera Rubin y Blackwell de Nvidia. Si bien todavía son ligeramente inferiores a los modelos occidentales de vanguardia —como Claude Fable 5.1, Mythos 5.1, ChatGPT 6 Astra y el modelo insignia Grok—, a largo plazo, la naturaleza de código abierto de los modelos chinos y su capacidad para funcionar con chips de menor rendimiento los posicionan para dominar mercados globales como los de América Latina, África y Asia en desarrollo, incluso si quedan excluidos de Estados Unidos y Europa.

Siguiendo una estrategia similar a la empleada para dominar otros sectores de la economía mundial, la RPC está aprovechando su control del mercado interno para introducir capacidades de vanguardia mediante robots equipados con IA, adelantándose a la demanda efectiva del mercado. Por ejemplo, está integrando deliberadamente la robótica con IA en fábricas y otras aplicaciones domésticas, lo que le otorga una ventaja sobre competidores occidentales como los robots humanoides Optimus de Tesla; estos últimos pueden ser ligeramente más sofisticados, pero se encuentran todavía, en gran medida, en fase de prototipo.

Tal como sucedió anteriormente con los vehículos eléctricos, las telecomunicaciones, los paneles solares y otros sectores estratégicos, la RPC parece encaminada a utilizar los productos de bajo coste y capacidades crecientes —que desarrolla para su mercado interno y empieza a exportar— para superar a sus competidores estadounidenses en terceros mercados, como América Latina.

Aunque los mercados de EEUU y Europa permanezcan protegidos frente a la entrada de modelos de IA, robots con IA y otros sistemas de origen chino, la RPC va camino de convertirse en el proveedor dominante de estas tecnologías en los mercados globales en el plazo de una década. Por extensión, podría llegar a ser el principal productor de dichos sistemas a escala industrial. Al igual que ocurrió en el sector de las telecomunicaciones con empresas como Huawei, esta situación dejaría a EEUU limitado a expresar su preocupación por los peligros reales que conlleva el uso de sistemas chinos de IA y robótica, así como a advertir y amenazar a sus socios, sin contar con opciones viables para ofrecer alternativas comercialmente competitivas.

Una posición tan dominante de la RPC en los ámbitos de la IA y la robótica multiplicaría exponencialmente su ya enorme influencia sobre la economía mundial y la dinámica política, reforzando su papel como gran comprador de materias primas y operador de infraestructuras. La RPC ya utiliza cada vez más este poder para coaccionar a gobiernos que actúan en contra de sus empresas e intereses estratégicos. Entre los ejemplos recientes más destacados figuran las inspecciones excesivas dirigidas deliberadamente contra buques con bandera panameña, tras el fallo de la Corte Suprema de Panamá en contra de la empresa Hutchinson (con sede en la RPC). Asimismo, la RPC amenazó con no renovar el acuerdo de canje de divisas con Argentina después de que su presidente declarara que no haría negocios con “comunistas chinos”. Como complemento a la enorme influencia económica y política que la RPC ha logrado acumular, si los robots, los vehículos autónomos y los sistemas de gestión militar basados ​​en IA resultan clave para el éxito en futuras operaciones militares, el dominio de la RPC sobre estas industrias —sumado a su capacidad industrial para fabricar millones de robots industriales— aceleraría drásticamente su posición de supremacía militar y su capacidad para mantener y reconstituir dicha fuerza. La importancia estratégica de contar con una gran base industrial ha quedado patente en el papel que la producción ucraniana de millones de drones ha desempeñado en la resistencia frente a la invasión rusa. También se ha evidenciado en la necesidad de Estados Unidos de reponer la enorme cantidad de municiones de precisión consumidas durante la Guerra del Golfo Pérsico, así como en la capacidad de los astilleros chinos para producir, literalmente, 200 veces más buques de guerra que los estadounidenses.

Un escenario futuro en el que la RPC supere ampliamente a Estados Unidos como arsenal de robótica militar y sistemas autónomos no solo le otorgaría una ventaja decisiva para librar y sostener una guerra convencional contra el país norteamericano, sino también para desplegar dichos sistemas en defensa de sus diversos intereses comerciales y de otra índole en el extranjero. En resumen, el dominio de China sobre las vertientes comercial y militar de la revolución de la IA y la robótica podría convertirse en el pilar fundamental de su transición de competidor geopolítico cauteloso a “imperio” con características chinas.

El creciente poder e influencia de China repercutirá, casi sin lugar a dudas, en la forma en que la RPC se comporte frente a Estados Unidos y en otras regiones. Históricamente, cuando la RPC se ha percibido a sí misma como débil —por ejemplo, en zonas geográficamente cercanas a Estados Unidos, como América Latina—, ha actuado con deferencia. En cambio, cuando se ha sentido fuerte —como en el mar de China Meridional—, ha adoptado una postura más agresiva. Entre los ejemplos de ello figuran la militarización de arrecifes y bajos, así como la imposición de sus reivindicaciones territoriales basadas en la “línea de los diez trazos” en dicha zona.

La actual transición del poder mundial, con sus dimensiones tecnológicas, comerciales y militares que se refuerzan mutuamente, implica también que la RPC se sienta envalentonada para actuar con mayor agresividad en América Latina, o incluso para tomar medidas que pongan fin de manera decisiva a la autonomía de Taiwán. Tales acciones y el conflicto consiguiente afectarían profundamente a los países del hemisferio occidental, no solo por las graves perturbaciones comerciales y financieras que acarrearía una guerra a gran escala, sino también por la probable extensión de las hostilidades a territorios clave del hemisferio.

Las fuerzas desatadas por las revoluciones interdependientes y complementarias de la inteligencia artificial y la robótica trascienden con creces la próxima cumbre entre el presidente Xi y el presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, dicha cumbre se perfila como un momento simbólico y crucial en el que los avances tecnológicos y comerciales, así como las decisiones estratégicas de ambas naciones, podrían precipitar cambios rápidos en el equilibrio de poder relativo entre ellas y reconfigurar el panorama geopolítico para las próximas décadas.

El pasado 18 de agosto, el Reino de Tonga formalizó ante las Naciones Unidas la candidatura de la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General. Con ella son ya ocho las personas aspirantes a ocupar uno de los cargos más importantes del sistema internacional. La ONU registra, además, un dato que no debería pasar inadvertido al ser cinco de los ocho candidatos mujeres y dos de ellas ecuatorianas.

Más allá de las personas y de las legítimas aspiraciones de cada candidatura, esta elección debería servir para responder qué Naciones Unidas necesita hoy el mundo. La respuesta exige una Organización capaz de convertir la cooperación internacional en resultados concretos.

Lo sostuve desde el estrado de la Asamblea General durante mi Gobierno, al afirmar que los problemas globales requieren respuestas globales. Cuando la diplomacia funciona y los países son capaces de sentarse a conversar, incluso desde posiciones distintas, el multilateralismo deja de ser una expresión solemne y se convierte en una inapreciable herramienta para mejorar la vida de las personas.

Ecuador tuvo la oportunidad de comprobarlo durante la pandemia. En septiembre de 2021, cuando intervine ante la Asamblea General, expliqué que nuestro programa de vacunación no podía entenderse únicamente como un logro nacional. En pocos meses habíamos pasado de una situación dramática a convertirnos en uno de los países de la región con mayor avance en inmunización. Una parte decisiva de ese resultado fue posible gracias a la cooperación internacional. China proporcionó el 62 % de las vacunas que recibió el Ecuador durante ese período y Estados Unidos donó dos millones de dosis. Aquello fue diplomacia de resultados. No importaba que esos gobiernos amigos tuvieran sistemas políticos, visiones económicas o posiciones internacionales diferentes. En una emergencia que amenazaba a toda la humanidad, decidimos hablar con todos, con respeto. La salud no tenía ideología y lo importante era salvar vidas.

Esa experiencia contiene una lección que Naciones Unidas debe recuperar. El multilateralismo no puede medirse por el número de declaraciones aprobadas, por la cantidad de cumbres celebradas ni por la extensión de los comunicados finales. Debe medirse por aquello que consigue cambiar en la realidad. La diplomacia de las vacunas demostró que, cuando existe un propósito humano claro, es posible conversar con países distintos y transformar ese diálogo en resultados concretos y pragmáticos.

Las Naciones Unidas nacieron en 1945 porque la humanidad comprendió, después de una guerra devastadora, que determinados problemas no podían ser resueltos individualmente por los Estados. Ochenta años después, esa premisa sigue siendo válida, ya que lo que ha cambiado es la naturaleza de los desafíos. Hoy enfrentamos guerras, desplazamientos masivos, terrorismo, cambio climático, inseguridad alimentaria, pandemias, amenazas digitales y transformaciones tecnológicas que ningún país puede enfrentar por sí solo; pero también enfrentamos una crisis de confianza.

Una institución puede conservar intacta su legitimidad jurídica y, sin embargo, perder peso ante los ciudadanos si estos dejan de percibir su utilidad. Naciones Unidas no es ajena a ese riesgo, y quien asuma la Secretaría General, en enero de 2027, tendrá una tarea que va mucho más allá de administrar una enorme organización internacional. Tendrá que reconstruir confianza y reputación, y demostrar que la diplomacia puede prevenir conflictos antes de que se conviertan en guerras, que la cooperación puede producir bienes públicos globales y que las instituciones multilaterales todavía son capaces de resolver problemas que los Estados, actuando solos, no lo pueden hacer.

El mecanismo de selección ha incorporado elementos importantes de transparencia y participación a través de la resolución 79/327. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad han buscado hacerlo más abierto, incluyendo diálogos interactivos públicos con los candidatos. Es un avance que debe ser valorado, pero la transparencia del proceso no será suficiente. También tendremos que preguntarnos qué clase de liderazgo necesita la Organización.

Gobernar un país enseña que la legitimidad de origen es indispensable, pero no alcanza. Un gobierno puede llegar al poder democráticamente y perder el respaldo ciudadano si no consigue seguridad, empleo, libertad de expresión, oportunidades e instituciones que funcionen. Algo parecido ocurre con Naciones Unidas, cuya legitimidad de origen es extraordinaria. La Carta de San Francisco representa uno de los mayores esfuerzos de la humanidad por establecer reglas comunes para preservar la paz y la dignidad humana, pero esa legitimidad debe renovarse todos los días mediante resultados.

Karl Popper defendía la sociedad abierta porque permitía resolver los conflictos mediante instituciones, discusión y libertad, en lugar de recurrir a la fuerza o al dogma. Esa idea conserva una enorme vigencia cuando la trasladamos al escenario internacional. El mundo necesita una organización que vuelva a hacer de la diplomacia una herramienta de paz y no solamente un lenguaje de declaraciones; necesita una ONU capaz de sentar a adversarios en una misma mesa, construir acuerdos complejos y convertir esos acuerdos en acciones y pragmatismo.

América Latina tiene hoy una oportunidad única ante la presencia de varias candidaturas de nuestra región, y especialmente de mujeres con amplia trayectoria internacional, que demuestra que tenemos experiencia, talento y una visión propia que ofrecer al sistema multilateral. No se trata de convertir esta elección en una disputa regional ni tampoco de reducirla a una cuestión de género o de nacionalidad. Se trata de escoger a quien tenga la capacidad, la independencia y la autoridad moral para conducir una organización que necesita recuperar eficacia y confianza.

El próximo Secretario General o la próxima Secretaria General tendrá que responder a la pregunta de ¿cómo hacer que Naciones Unidas vuelva a ser indispensable para la gente común? Mi experiencia me lleva a la conclusión de que cuando la diplomacia consigue vacunas para salvar vidas, cuando los países protegen juntos un océano que pertenece a todos, cuando un instrumento financiero permite reducir deuda y conservar biodiversidad, el multilateralismo funciona. Cuando la cooperación internacional produce resultados, la gente vuelve a creer en ella.

Hoy, más que nunca, también necesitamos liderazgos que crean en el Estado de derecho, en la cooperación y en la dignidad humana como pilares de la coexistencia, y que comprendan que el orden internacional no es un obstáculo para el progreso, sino su fundamento y su mejor opción estratégica. Si el mundo renuncia a las reglas, no gana la libertad, gana la fuerza. Y cuando gana la fuerza, siempre pierde la humanidad. Ochenta años después de su fundación, Naciones Unidas necesita, con urgencia que el mundo vuelva a sentirla suya. Ese es el verdadero mandato que debería acompañar a quien reciba, el próximo mes de enero, las llaves del piso 38.

* Ex presidente de la República del Ecuador

Para cualquiera que pretenda entender a cabalidad la tragedia cubana, uno de los mayores desafíos consiste en identificar quiénes integran el elenco principal, cuál es la contribución de cada uno al espectáculo y, sobre todo, cuál debe ser la conducta de los espectadores mientras continúa la función.

En efecto, al igual que en el aclamado Rocky Horror Show de los años setenta, los últimos acontecimientos en Cuba producen horror, desconcierto y frustración.

Horror ante la gravísima crisis humanitaria que mantiene postrada a buena parte de la población. Desconcierto ante las noticias sobre la posible conclusión de un acuerdo entre el régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos que pretendería replicar la fórmula aplicada al régimen de Venezuela. Y frustración ante el evidente estancamiento de una situación que desangra al pueblo cubano sin acercarlo a su verdadero destino: vivir en libertad.

Cuba pareciera estar atrapada en un laberinto cuyas salidas conducen, una tras otra, al debilitamiento de la sociedad civil y, por consiguiente, a la postergación del desarrollo democrático. Mientras eso continúe, la isla seguirá prisionera de caudillos y aventureros más interesados en preservar su poder y su fortuna que en procurar el bienestar de los cubanos.

Al igual que en The Rocky Horror Show, en la tragedia cubana encontramos tres protagonistas.

El primero es el pueblo cubano, neutralizado durante décadas mediante sofisticados mecanismos de represión y mediante la válvula de escape de la emigración —principalmente hacia Miami y, en menor medida, hacia otros destinos—, que ha servido para reducir periódicamente las tensiones internas. En nuestra analogía, los desprevenidos Brad y Janet representan al pueblo cubano.

El segundo protagonista es Estados Unidos, que desempeña un papel semejante al del Dr. Frank-N-Furter: el extravagante científico empeñado en realizar experimentos cuyos resultados difícilmente puede controlar. Su creación es Rocky, un humanoide de musculatura perfecta que pronto adquiere voluntad propia.

En nuestra tragedia, Rocky es el régimen cubano.

El drama se desarrolla a partir de la interacción de estos tres personajes. Brad y Janet padecen los desvaríos, extravagancias y asedios de un universo poblado por seres inquietantes. Frank-N-Furter se regocija con sus experimentos, convencido de poder controlar aquello que ha contribuido a crear. Y Rocky descubre rápidamente que también puede manipular a quienes lo rodean.

Algo semejante ha ocurrido durante décadas con Cuba. Estados Unidos ha ensayado sucesivamente aislamiento, sanciones, negociación, apertura y presión, siempre buscando una fórmula capaz de conducir a una transición democrática. Pero esa transición resulta extraordinariamente difícil en una nación cuya sociedad civil ha sido sistemáticamente debilitada durante casi setenta años.

Mientras tanto, sus gobernantes han perfeccionado un talento particular: extraer rentas primero dentro de sus propias fronteras y después fuera de ellas, justificándolo todo mediante la narrativa de estar construyendo un orden nuevo, supuestamente libre de explotadores y explotados. Con esa promesa sometieron al pueblo cubano durante casi siete décadas.

Pero todo espectáculo llega alguna vez a su acto final.

Así como Brad y Janet consiguen finalmente escapar del universo delirante de Frank-N-Furter, el pueblo cubano comienza a comprender que ninguna potencia extranjera podrá sustituirlo en la tarea fundamental: recuperar su libertad.

Estados Unidos podrá facilitar, presionar, negociar o equivocarse. El régimen podrá intentar prolongar indefinidamente la función. Pero el desenlace dependerá, en última instancia, de los propios cubanos.

Porque para que termine el Rocky Horror Show cubano no basta con cambiar el guión. Hay que conseguir que Rocky abandone definitivamente el escenario.

Un grupo delictivo organizado detenta el poder desde 1959 en Cuba, desde 1999 en Venezuela, desde 2003 en Bolivia y desde 2007 en su segundo tiempo en Nicaragua. Empezó llamándose castrismo y se internacionalizó como Socialismo del Siglo XXI, castrochavismo o izquierda latinoamericana. No habrá terminación de estas dictaduras sin cesar sus normas que violan derechos humanos, impiden la libertad y el desarrollo de los pueblos, “leyes infames” impuestas para la opresión, el terrorismo de Estado y la impunidad.

Ley infame es la “norma que elaborada y establecida, siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Una ley infame es en verdad una no ley, porque el concepto básico de ley es el de un “precepto dictado por autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”.

Toda la fundamentación filosófica, ética, moral y jurídica de la ley, cuestiona la naturaleza misma de la norma cuando esta no busca la justicia y el bien común. Las leyes infames o del sistema del socialismo del siglo 21 impuestas en Cuba con los Castro y Diaz Canel, Venezuela con Chavez y Maduro, Bolivia con Morales y Arce, Nicaragua con Ortega y Murillo, Ecuador con Correa, son instrumentos que violentan la posibilidad de justicia y que solo favorecen la opresión y el régimen de terror, institucionalizando la concentración de poder y la desigualdad.

Las denominadas constituciones políticas impuestas, suplantadas, reformadas o de cualquier forma establecidas por el socialismo del siglo 21 son estatutos dictatoriales que hacen desaparecer los elementos esenciales de la democracia: violan la libertad y los derechos humanos; desnaturalizan el estado de derecho, extinguen la separación e in dependencia de los órganos del poder público, impiden la libre organización social y política; y en lugar de lecciones libres crean un sistema de dictadura electoralista con fraude institucionalizado en el que el pueblo vota pero no elige.

Los derechos humanos en las Américas son derechos fundamentales porque la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José es un instrumento obligatorio que en su contenido establece derechos abiertamente violados por las normativas fundamentales del socialismo del siglo 21, como el caso de la irretroactividad de la ley, desconocida luego de ser proclamada con el agregado de excepciones con las que aprueban leyes especiales para aplicar la retroactividad.

Los derechos humanos relativos a la libertad y seguridad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la libertad de pensamiento y de expresión están meticulosamente violados. La propiedad privada es un derecho humano y su vulneración en el sistema dictatorial es generalizada con normas que permiten confiscaciones, sanciones, expropiaciones injustificadas y todo tipo de usurpaciones.

El sufragio universal o voto universal -que es un elemento esencial de la democracia- fundado en la igualdad de todos los ciudadanos bajo la premisa de un ciudadano un voto, está liquidado por la mayoría de las constituciones castrochavistas que siguiendo modelos fascistas dan representación sectorial, funcional o preferencial con diversos pretextos.

En el ámbito de las inversiones nacionales o extranjeras los textos constitucionales del castrochavismo son mecanismos abiertos a la manipulación, a la concentración del poder, a la corrupción y a la inseguridad jurídica. Los códigos y leyes principales siguen principios de autoritarismo, inversión de principios jurídicos universales, ruptura de la igualdad jurídica y del debido proceso con la consecuencia generalizada de la “situación de indefensión”.

Tipos delictivos atroces, con penas gravísimas configuran el uso del sistema penal y administrativo plagado de leyes infames para asegurar el “terrorismo de Estado judicializado”. Un ejemplo es el tipo delictivo de “peligrosidad pre delictiva”, la “regulación” en Cuba y el uso discrecional de “medidas cautelares” con fiscales sicarios y jueces infames en todos los países sometidos.

Manipulando conceptos como soberanía, justicia social e incluso antimperialismo, han perpetrado instrumentos delictivos bajo el título de leyes, decretos y reglamentos que han hecho desparecer cualquier forma de seguridad jurídica para la persona, la familia, la propiedad o cualquier tipo de iniciativa, haciendo del ciudadano un vasallo y hasta un esclavo como el caso del tráfico laboral de médicos y otros que realiza Cuba internacionalmente.

Especial análisis merecen las leyes antinarcóticos y antiterroristas, pues como en el caso de Bolivia reemplazaron normas -que eran base de una exitosa política de Estado- por disposiciones permisivas que dan impunidad y sostienen el narcoestado.

Sin cesar las leyes infames las dictaduras no terminan y los delincuentes podrán perder el gobierno pero seguirán teniendo el poder con impunidad.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

La mejor carta de Morena para ganar Nuevo León es el liderazgo y los resultados de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra primera mandataria federal.

La Presidenta no estará en la boleta estatal, por supuesto, pero su liderazgo, su estilo de gobierno y la confianza que ha construido entre los nuevoleoneses serán el principal punto de referencia cuando lleguen los tiempos electorales de 2027.

Los estudios de opinión recientes coinciden: la Presidenta es la figura política con mayor respaldo en Nuevo León. Su popularidad está por encima de cualquier actor de Nuevo León, incluida la del gobernador Samuel García y de quienes legítimamente buscan encabezar la defensa de la transformación en el estado.

Ese dato contiene una oportunidad y una advertencia. La oportunidad es evidente: existe una mayoría que reconoce en la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo capacidad, honestidad, serenidad y resultados. La advertencia es que esa confianza no se transfiere automáticamente a cualquier liderazgo por el simple hecho de pertenecer a Morena.

La ciencia política ha estudiado el llamado “efecto de arrastre”: la capacidad de un liderazgo nacional exitoso para fortalecer a su partido y a sus representantes locales. Sin embargo, ese efecto sólo funciona cuando la ciudadanía percibe congruencia entre el liderazgo nacional y la opción local.

Existe además la “marca partidista”. Los electores no evalúan solamente personas o siglas; también buscan señales que les permitan anticipar cómo gobernará una fuerza política. Cuando existe coherencia entre liderazgo, equipo, discurso y resultados, la marca se fortalece. Cuando cada actor transmite algo distinto, pierde credibilidad. Ahí está el verdadero reto de Morena en Nuevo León.

En la selección de quien coordinará la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Morena debe construir una fórmula y un equipo claudistas: desde la coordinación estatal hasta la estructura territorial, desde la propuesta económica hasta el trabajo en colonias y comunidades.

Todo debe transmitir una misma certeza: que el estilo de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo puede aplicarse en Nuevo León. Así, quien resulte responsable de la coordinación debe tener credibilidad por su trayectoria: mostrar resultados, conocer la complejidad económica, social y metropolitana del estado, y ser capaz de convertir las grandes líneas nacionales en soluciones locales.

El contraste con Movimiento Ciudadano no debe centrarse en la descalificación sin propuesta o solución. Sería un error ignorar que el gobierno estatal ha sido extraordinariamente eficaz para comunicar y posicionar sus símbolos y temas. El gobierno del partido naranja ha comprendido la lógica de las redes sociales y ha sido despiadadamente efectivo para dominar la conversación, nos guste o no.

La ventaja de Morena está en otra parte: en ofrecer un proyecto más profundo, respaldado por el gobierno nacional mejor evaluado y por una visión de largo plazo.

Esa visión tiene nombre: Plan México. Por tanto, Morena necesita una estructura que no funcione únicamente como instrumento electoral, sino como expresión viva del proyecto de la Presidenta. Una organización cercana, preparada y disciplinada. Que escuche, explique el Plan México en un lenguaje accesible y conecte las decisiones nacionales con la vida cotidiana de cada familia.

Es decir, una estructura que desde ahora debe sentirse claudista. Claudista en su tono, sin estridencias innecesarias. En su organización, con método y objetivos. En sus ideas, con proyectos viables. En su comportamiento, con honestidad, austeridad y cercanía. Y en su vocación de sumar, porque transformar Nuevo León exigirá una gran alianza con México.

Todavía no son tiempos de candidaturas ni de campañas. Pero sí de construir los cimientos políticos, programáticos y territoriales de lo que Morena ofrecerá cuando lo permitan la ley y el calendario electoral.

Por eso será tan importante la selección de la coordinación estatal. Serán necesarias capacidad para encabezar un proyecto común y garantías para construir un equipo coherente con la forma de gobernar de la Presidenta.

Morena no necesita una colección de aspiraciones individuales. Necesita un proyecto preparado para convertirse, en los tiempos legales, en una alternativa de gobierno cuya mejor carta se llama y llamará Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mandataria de la República.

Quien pueda llevar de verdad su bandera, encabezar un equipo genuinamente claudista, aplicar el Plan México con eficacia y hacer realidad el crecimiento con justicia será la respuesta para Nuevo León y para Morena.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

Si y no, pero invasión y ocupación, no creo ni lo parece.

China es sin duda un gran poder, y cuando está en pleno desarrollo defensa, la cuarta y última de las modernizaciones de Deng Xiaoping, transcurre en forma acelerada, pero no ha terminado todavía, y es la única pendiente, habiendo sido exitosa en las otras tres, industria, agricultura, ciencia y tecnología. Por cierto, dentro de los escenarios está la guerra, por lo que se prepara, no solo desde ahora, sino desde el triunfo en 1949 en la guerra civil, para que Taiwán cuya independencia nunca ha reconocido, vuelva a ser parte de China, “por las buenas o las malas” según en Beijing se ha dicho. Sin embargo, nada indica que una invasión esté en camino o que sea deseable. Es lo que intentaremos explicar en esta columna.

Más allá que sus fuerzas armadas todavía no pueden asegurar el éxito en una misión de esta naturaleza, hay que buscar y explicar lo que está pasando en términos de la política interna de China, fundamentalmente que Xi Jinping y el partido comunista están preparando el próximo congreso que va a tener lugar en la segunda mitad del próximo año, existiendo además otras alternativas de menor costo que una invasión de Taiwán. Por lo demás, salvo en lo que tiene que ver con la economía, en China lo que fuera de sus fronteras se opine sigue siendo de menor importancia, ya que, aunque se imite en otras áreas, en lo que tiene que ver con la política del país, todavía influye poco lo que se diga en el extranjero, por mucho que en Washington y Moscú se atribuyan una influencia que no es tal.

Por delante, Xi Jinping tiene un proceso donde en preparación del XXI Congreso del partido único, se reorganizarán los altos mandos del partido, pero también se nombrarán alcaldes, gobernadores y ministros. No existe participación ciudadana tal como se la entiende en democracia, sino que las decisiones se toman en secreto para ser ratificadas en comités partidarios y legislaturas controladas. A fines de este año y principios del próximo se reasignarán los cargos provinciales. Por su parte, quienes ocupen puestos de alto nivel serán candidatos a puestos en el Politburó, hoy compuesto de 23 miembros, en cuya compañía Xi gobierna China.

A este Congreso y a su sistema clientelista, el jerarca le debe estar dedicando buena parte de su tiempo, para que sus leales ocupen los puestos más relevantes. Hace cinco años, recibió ayuda de una manera inesperada, cuando en los meses en que estaba todavía en preparación el XX Congreso del Partido Comunista que tuvo lugar entre del 16 al 22 de octubre 2022, en agosto, desde EEUU se comete un gran error, ya que, a pesar de la opinión contraria de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, Nancy Pelosi, entonces portavoz de la Cámara de Representantes, y como tal, la tercera figura en importancia constitucional para el poder político, sólo tras el presidente y el vicepresidente, decidió viajar en visita solemne a Taiwán, transformándose en la visita de mayor rango en muchos años.

La respuesta china sorprende por lo desproporcionado e inesperado, ya que los militares fueron movilizados para bloquear la isla. La razón por la que Xi actuó así se debió a que había transformado ese Congreso en una vitrina para tanto fortalecer su poder personal como también utilizar un discurso de marcado nacionalismo para tal tarea, con lo que el error de Pilosi fue efectivamente un favor para su estrategia.

En ese Congreso, Xi se deshizo de varios rivales políticos y consolidó el cambio de una dictadura colectiva a una personal, quedando en el recuerdo como a una seña suya nada menos que un expresidente de China fue retirado a la fuerza, todo transmitido en directo por TV. No solo eso, sino que el jerarca poseía cuotas de poder personal que nadie había acaparado desde Mao, ya que en el caso de Deng Xiaping, el máximo cargo que ostentó hasta su muerte fue el de presidente de la Comisión Militar Central de la República. posición que también tiene Xi junto a la presidencia del país y otros menores.

El viaje de Pelosi, el bloqueo de Taiwán y la total impotencia demostrada por la Casa Blanca ayudaron a dos cosas, primero, a que Xi aboliera de hecho los límites de mandato vigentes desde los 90 que impedían que nadie ejerciera cargos en la cúpula más allá de dos periodos, con lo que salió de ese Congreso con un tercer mandato consecutivo, y ahora, va camino a un cuarto, ya que no ha surgido ningún desafío a su poder.

Lo segundo que modificó el viaje de Pelosi, fue que en relación con Taiwán se produjo el fin de un acuerdo que se había logrado en 1972 entre Nixon y Mao, que China se abría al mundo alejándose aún más de la URSS, que China pasaría a ocupar el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que Taiwán era rebajado a un nivel menor, donde no tendría embajador en Washington, aunque su relación económica se mantenía igual con EE. UU., quien garantizaba la seguridad y defensa de la isla, a cambio de una promesa que desafortunadamente no quedó escrita, de que China le iba a dar un trato parecido al que le dio a Hong Kong, e iba a esperar el momento de una reunificación pacífica.

Sin embargo, Beijing aprovechó el error de Pelosi para comunicarle al mundo que ese acuerdo ya no era respetado, por lo que, desde ese bloqueo, China ha actuado en forma cada vez más agresiva, instalándose la idea que podría invadir Taiwán, escenario que adquiere cada día mayor relevancia en los medios de comunicación.

Sin embargo, existió otra modificación relevante que se hizo notoria poco después del viaje de Pelosi, toda vez que Xi salió de ese Congreso fortalecido, no solo como dictador permanente cuyo “pensamiento” había sido incorporado al nivel de Mao a la Constitución, sino que por primera vez desde Deng, la agenda política del partido fue redefinida al cambiarse el acento desde el desarrollo económico a la seguridad del régimen y del Estado, es decir, la geopolítica como elemento definitorio, coincidente con lo que ha ocurrido en EEUU bajo Trump.

Pero, si de escenarios se trata, quiero introducir uno nuevo, ya que se podría orientar la maquinaria bélica en otro sentido, de menor costo para Beijing, ya que la isla de Taiwán es también parte de un archipiélago del mismo nombre, que incluye a más de 20 islas menores y archipiélagos circundantes. Otras islas incluyen Xiaoliuqiu, Lanyu (Orquídea), la isla Verde y las islas Matsu. En cuanto a archipiélagos, cercano está el de Penghu, conocido también como las islas Pescadores, un grupo insular relevante en el estrecho de Taiwán, a unos 40 kms al oeste de la isla principal.

El punto que rara vez se destaca es que, por lo tanto, China tiene a mano la posibilidad de enfatizar su reivindicación geopolítica a un costo mucho menor, si decide atacar en vez de Taiwán a islas o más bien islotes que deshabitados permanecen casi pegados al continente, es decir, mucho más cerca de Beijing que de Taipéi.

En todo caso, fácil no va a ser la ocupación militar de Taiwán, además que esa isla tiene una importancia clave en las cadenas de suministro y en el funcionamiento del mundo interconectado que en lo económico se vive. Fresco está para todos lo que consiguió Irán contra EEUU por su manejo del Estrecho de Ormuz, y en el caso de China intentando ocupar la isla, no hablamos de petróleo, sino de una situación donde Taiwán es un elemento central del funcionamiento económico global, no sólo para EEUU sino también para China, ya que tiene importantes inversiones en la isla, debido a que Taiwán es uno de los principales productores de chips avanzados, con lo que cualquier interrupción podría significar serios problemas para el mundo entero, que algunos comparan a lo que ocurrió con el comercio internacional en la pandemia, toda vez que muchas de las industrias más avanzadas compran chips a Taiwán, por ejemplo, para el desarrollo de la IA.

Por todo ello, a mí me hace mucho más sentido que si quieren usar las FFAA, primero invadan alguna de las islas cercanas, donde no existe población o es escasa, y, por lo tanto, no hay ningún entramado defensivo de significación. Militarmente, China no tiene experiencia en invasiones anfibias y las FFAA no han sido utilizadas para ello, toda vez que con el Tibet hubo una continuidad territorial que no existe en este caso, además de la virtual inexistencia allí de un ejército. Por lo demás, tampoco China ha reaccionado militarmente en los casos donde su abastecimiento de petróleo ha quedado comprometido, como ha ocurrido recientemente por parte de EEUU en Venezuela y Siria.

Por lo tanto, simplemente no creo que vayan a invadir la isla, ya que esa posibilidad no es prioritaria, a menos que los actuales gobernantes taiwaneses declaren su independencia, cosa que estimo no van a hacer, no por falta de ganas sino porque saben que eso sería considerado un motivo para invadir. Sin embargo, existe una segunda posibilidad que podría ser aprovechada por Beijing para rebajar las tensiones, y esa alternativa sería que sus viejos enemigos, los derrotados de la guerra civil fueran los triunfadores de las próximas elecciones presidenciales de Taiwán que tendrán lugar en enero 2028, por tratarse de quienes todavía reconocen a China como un solo territorio.

Es decir, coinciden hoy en lo que es fundamental para Beijing, que solo existe una China, y en ese sentido, las próximas elecciones locales de Taiwán que tendrán lugar en pocos meses más, en noviembre de 2026, van a dar una idea acerca de sus posibilidades en la presidencial de dos años más, donde un triunfo del Kuomingtang (KMT) no sería una ilusión, desde el momento que estuvieron en el poder desde su derrota en la guerra civil e instalación en la isla. Sin ir más lejos, la última elección presidencial fue estrecha, por lo que la diferencia parece remontable, toda vez que disponen de importante presencia en el Congreso y en gobiernos municipales. El 13 de enero 2024 triunfó el actual presidente William Lai en nombre del Partido Democrático Progresista (PDP) con poco más del 40% de los sufragios. Por su parte, el candidato del Kuomintang, el preferido por Beijing obtuvo el 33,5% de los votos, existiendo un tercer candidato con el 26,5 de los votos. Sin embargo, en el Legislativo, el PDP no obtuvo mayoría siendo incluso superado por sus rivales del KMT.

Y que China interviene no hay duda alguna. De hecho, en la Conferencia Anual de Trabajo sobre Taiwán del Partido Comunista celebrada en febrero de este año, se discutió acerca de cómo mejorar el desempeño del grupo cuya misión es interferir en las elecciones locales de noviembre.

El antecedente al Taiwán de hoy es que en China hubo una guerra civil después del término de la segunda guerra mundial, más bien una que existía desde 1927, interrumpida por la invasión japonesa. Los combatientes eran las fuerzas del Partido Nacionalista o Kuomintang liderado por el Mariscal Chiang Kai-Shek y el Partido Comunista liderado por Mao Zedong. El triunfo comunista permitió la creación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949 y el traslado en diciembre de alrededor dos millones de derrotados a Taiwán, con lo que se produce un menoscabo de la población aborigen en esa isla, tema pendiente de DDHH, y que reflota cada cierto número de años, ya que lo que hubo fue una imposición cultural china sobe la población nativa, en cierto modo similar a lo que ocurrió en Tibet, esa vez por parte de los comunistas.

El problema de China con Taiwán hoy tiene dos facetas. Por un lado, el país que sin duda fue por años una dictadura bajo el Mariscal Chiang Kai-shek, hoy es una democracia conducida por nuevas generaciones expresadas por el Partido Democrático Progresista, que, por otro lado, al haber nacido en Taiwán, si pudieran ya habrían declarado su independencia.

Sin embargo, como hemos revisado, lo de Taiwán no necesariamente va a culminar en una invasión, ya que existen salidas como la ocupación de una isla menor sin derramamiento de sangre o una victoria electoral del Kuomintang en una próxima elección, toda vez que no cuestionan la existencia de una sola China de la cual Taiwán forma parte, solo que tienen la fantasía que será la China grande la que se va a incorporar a la isla.

Sin embargo, el motivo principal para explicar las actitudes chinas no tiene que ver con el extranjero sino con su política interna y el próximo Congreso, donde Xi espera consolidar aún más su poder, eligiendo esta vez personas seleccionadas por su lealtad, que además sean lo suficientemente jóvenes como para asegurar no los próximos años, sino las próximas décadas.

Ello es así, porque al interior del PCCh hay facciones, y, por lo tanto, en China al igual que la antigua URSS o cualquier otra dictadura no hay democracia, pero si hay política, es decir, lucha por el poder, obtenerlo o retenerlo. También con Xi hay política populista en la forma de nacionalismo, siendo Taiwán el mayor símbolo al respecto de lo que está pendiente, y muy pendiente, solo que ahora la elite partidaria busca legitimarse no sólo en la economía, sino también en el despliegue geopolítico.

Los años de Xi también han coincidido con el crecimiento de su poder personal, para lo cual ha utilizado un problema real, la corrupción en altas esfera, para deshacerse de sus rivales políticos en el partido. En el XXI Congreso del PCCh, el jerarca encontrará la audiencia que más le interesa, la cúpula partidaria, la llamada a encarnar el contrato social que legitima al partido, cumpliendo esa élite un rol similar a lo que fueron los mandarines en la tradición china del poder. Además, la legalidad china permite que sea el partido quien defina la carta de navegación del país, estableciendo las políticas que son después ejecutadas por el Estado y transformadas en leyes obligatorias para todos.

En ese esquema, al Congreso partidario le corresponde la reorganización de la elite, donde Xi ha estado construyendo su propia mayoría, incluyendo purgas continuas para superar el llamado dilema del dictador, lo que ha conseguido equilibrando represión y propaganda. Fue así como de los 376 integrantes y suplentes del Comité Central de octubre de 2022, oficialmente se ha confirmado que al menos 30 habían sido purgados para octubre de 2025, lo que representa el 8% del total de miembros, casi el doble del 4,8 % en los primeros 3 años de poder absoluto de Xi.

El elemento que mejor muestra la efectividad del uso de la corrupción, real o disfrazada, para eliminar a facciones rivales, es que los afectados, en forma creciente han sido militares. Fue así como entre las víctimas de la última purga, 14 personas (o el 46,7%) eran generales del Ejército Popular de Liberación, como siempre, la principal base de poder en cualquier nación comunista. Se espera que, en la preparación de este Congreso, el número aumente, ya que el antecedente es que, en el último pleno del Comité Central, celebrado en octubre del año pasado, 30 miembros no participaron, pero lo más interesante, es que, de este número, el 70% eran generales del Ejército.

La motivación de Xi para las purgas es que del Comité Central surgen los cuadros para el acceso a la instancia última de poder, es decir, el Politburó y su Comité Permanente, aquellos que junto a Xi tomarán todas las decisiones importantes. Ahora, está decidido a no encontrar disidencias, para lo cual, la mayoría le es hoy insuficiente para quien se siente al nivel de Mao, y a quien quiere superar consiguiendo el sitial de la única superpotencia del siglo XXI, haciéndole a EEUU lo mismo que este le hiciera a la Gran Bretaña imperial.

Por ahora, China ha resuelto bien un problema, el rejuvenecimiento y la renovación de los cuadros superiores, algo que muchas democracias no han logrado, incluyendo EEUU por el problema de la dificultad de cambiar a representantes y senadores envejecidos (también en la Corte Suprema), a nivel federal y de los estados. En China, a partir del 2002 existe la norma de “siete ascensos, ocho descensos” para jubilar a los 67 años a altos dirigentes nacionales, razón por la cual Xi quiere ahora asegurar que sus leales ocuparán todos los cargos, para también influir a nivel provincial, según la regla equivalente de “dos ascensos, tres descensos”.

¿Qué puede cambiar este cuadro que conduce a una inevitable confrontación con EEUU?

Una sola cosa, llegar a acuerdos, que en las conversaciones que tienen lugar por los aranceles, encuentren coincidencias donde ambos pueden ganar. Un acuerdo en temas económicos, donde además la concesión de EEUU consistiría en garantizarle a China el petróleo que necesita a cambio de dar seguridades que Taiwán no será invadido, como por lo demás, Washington le garantizó a la URSS que Cuba no lo sería, después que fueran retirados los misiles que habían sido instalados en 1962. Por cierto, ello pasa por rebajar el conflicto geopolítico al nivel de una competencia económica, incluyendo acuerdos en IA, quizás la única forma de evitar la Trampa de Tucídides, siempre presente en la historia, el choque entre la potencia dominante y aquella que la quiere reemplazar.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Essex), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

Esas lágrimas de Leo Messi cuando no consiguió el último reto, el último sueño, ¡qué metáfora de un tiempo que se cerró para siempre! Más allá de las emociones personales de ese malabarista sublime del fútbol, su sentimiento concentraba una emoción colectiva que había nacido 34 años antes en un club de barrio llamado Abanderado Grandoli. Allí, con apenas cinco años, un pequeño rosarino ya soñaba con representar a su país. Pero en aquel momento no nacía solamente un jugador argentino, sino un futbolista universal, un genio que nos marcaría para siempre y por el que amaríamos el fútbol como nunca. Le Figaro dijo en su despedida de la selección que se “se cerró un capítulo en el fútbol internacional para siempre”, y la prensa consideró la noticia como “una bomba mundial”. Detrás quedaban 207 partidos jugados con la Absoluta y sus 6 copas ganadas, que sumadas a los títulos conseguidos a lo largo de su carrera, lo convierten en el futbolista más extraordinario de la historia. De ahí que las lágrimas de Messi lo definieran a él, tanto como nos apelaba a millones de personas conscientes del final de una época gloriosa.

Sobra recordar su palmarés imbatible, sus 1.171 partidos jugados, sus 927 goles marcados, sus 35 títulos con el Barcelona, sus 48 títulos globales, sus 8 balones de oro, sus 6 botas de oro, sus 3 premios The Best..., único, grandioso. Una grandeza que no solo se ha definido por los triunfos conseguidos, sino también y sobre todo por esa capacidad mágica de controlar los tiempos y los espacios, arquitecto de jugadas imposibles que han quedado para siempre en la retina colectiva. El juego bonito, pero más allá, el juego inteligente, arriesgado, audaz... Los que tuvimos la enorme suerte de disfrutarlo desde las gradas del Barça nunca podremos olvidar las tardes de alegrías desatadas que nos regaló, elevando nuestro club a la cima más alta. Fue un culé desde el primer minuto de La Masía, y aprendimos a amarlo a través del amor que nos dio, catalán de adopción y, a la vez, siempre argentino, amando sin concesiones a su país, incluso en los tiempos en que Argentina le dio la espalda.

No sirve este espacio para valorar su tipo de juego, sus extraordinarias habilidades deportivas, su excepcionalidad en el juego. Otros saben más y lo han escrito, y el resto solo podemos agradecer la felicidad que tantas veces nos ha dado. Este artículo, por tanto, no va del Messi futbolista (no podría, no sabría), sino del hombre que late detrás del jugador, cuyos valores han trascendido más allá de sus triunfos. Es decir, no va de fútbol, sino de superación, de resiliencia, de civilidad, de humanidad. No va de fútbol, sino de la vida. Y ha sido en ese campo tan abrupto y difícil, donde Messi ha ganado la Copa de copas, y se ha convertido en el paradigma de los valores que pueden proyectarse pateando una pelota. Son demasiadas las veces en las que grandes jugadores se han convertido en muñecos rotos, incapaces de conciliar la belleza de su juego con la decencia de su vida, embarrancados en la fama, el dinero y los abusos. Los hemos visto crecer, convertirse en estrellas y arrastrarse por el lodo, completamente disociados el jugador y el ser humano. Messi, en cambio, fue capaz de caminar por la cuerda floja del éxito y la riqueza sin la arrogancia de los simples, ni el desenfreno de los ambiciosos, cauto en sus maneras públicas y sólido en su vida privada. Y capaz de conservar una humildad de origen que lo ha acompañado en todo su viaje, y que ha tenido en la carta de su retiro, su momento más elevado. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, y así, con esa sencillez sublime dijo adiós a su selección, cerrando un capítulo de su vida que es una época entera del fútbol.

Como apunte final, el valor de la superación como motor de su crecimiento deportivo. Messi no lo tenía fácil y, a pesar de la genialidad que escondía su personalidad deportiva, podría haber quedado como un intento de jugador, uno más de los muchos que pudieron ser y no fueron. Pero ni su padre ni él aceptaron la adversidad como destino, y el resto es conocido: su llegada a Barcelona, su instinto de lucha, su trabajo constante, su permanente superación. Padre e hijo y la Masía: el triángulo que acabó forjando a un genio. Y después, la resiliencia que lo ha llevado a participar en su último mundial con 39 años, jugando todos los partidos, liderando la mayoría, dejando la piel en cada jugada, con la determinación de los héroes griegos. Superación, resiliencia y ética de vida, la clave que ha convertido a Messi en el grande entre los grandes. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”. No cabe duda. Nunca dejó de ser ese niño de La Masía que luchó por crecer y acabó engrandeciendo al Barça.

Como seguidora fiel del Fútbol Club Barcelona, gracias por tanto que nos diste, mucho más de lo que hubiéramos soñado. Y como amiga del alma de mi pueblo argentino, gracias por estar ahí con los tuyos, sin olvidarnos nunca al resto. Te amamos como jugador y te admiramos como ser humano: Lionel Messi, un alma bonita.

X: @RaholaOficial

Web: https://pilarrahola.com

Instagram: pilar_rahola/

Venezuela a la hora de empezar una “transición” que comprenda temas institucionales no puede prescindir de la última institucionalidad con mandato constitucional democrático vigente, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia juramentados en el 2017 por la Asamblea Nacional democrática, los desesperados intentos por eliminar su vigencia institucional son absolutamente patéticos y extremadamente peligrosos para la institucionalidad del país. Venezuela enfrenta una oportunidad institucional limitada para iniciar un proceso ordenado de estabilización democrática y restauración del Estado de derecho, un proceso que será naturalmente difícil y permanente torpedeado por aquellos que hicieron del ejercicio del poder la violación de la Constitución y por aquellos que lo ven como una oportunidad de sacar ventajas políticas.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, mantienen mandatos constitucionales válidos de doce años y constituyen la única estructura judicial derivada de un proceso de nombramiento democráticamente legítimo y constitucionalmente válido por lo cual resulta absurdo que actores políticos ilegítimos como los que representan a la dictadura y actores políticos cuyos mandatos constitucionales caducaron hace 5 años, quienes solamente pueden esgrimir que al impedido no le corre termino, pero que no representan una expresión reciente de la ciudadanía se atribuyan el poder de caducar estos mandatos constitucionales. No tienen ese poder. No se los otorga la constitución ni las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

En un mundo de imperativos categóricos para el sistema político venezolano la restitución progresiva del Tribunal Supremo de Justicia proporciona un mecanismo institucional inmediato para fortalecer la seguridad jurídica, restaurar la independencia judicial, supervisar la reorganización electoral y contribuir a reconstruir la confianza nacional e internacional necesaria para la recuperación y reconstrucción económica de Venezuela.

El marco que propone una transición gradual, constitucional y supervisada legalmente, orientada a restaurar la gobernanza democrática, la separación de poderes y las condiciones necesarias para futuras elecciones libres, competitivas y verificables internacionalmente, debe empezar por el más pleno respeto constitucional y no por violaciones burdas de negociadores cuya unica legitimidad futura es lograr recuerdos que se basen estrictamente en principios y valores de la democracia y la constitución.

Ese primer paso lleva a retomar la continuidad constitucional y a la reinstitucionalización del Poder Judicial, cualquier idea de transición tiene que ser respetuosa de ello. Sería una ilegalidad grave que debe tener consecuencias civiles y políticas para aquellos que tengan la falta de criterio o la capacidad de dolo como para hacer eso.

La transición democrática de Venezuela debe fundamentarse en el principio de continuidad constitucional, entendido como la preservación y restauración de las instituciones legalmente constituidas bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, constituyen la única autoridad judicial derivada de un proceso de designación acorde con los principios constitucionales y democráticos de Venezuela.

Su progresiva reincorporación representa una condición indispensable para:

• Restablecer la independencia judicial;
• Garantizar la supremacía constitucional;
• Restablecer la seguridad jurídica;
• Fortalecer la protección de los derechos fundamentales; y
• Brindar confianza institucional a la ciudadanía, los inversionistas nacionales y los agentes económicos internacionales.

Los nombramientos constitucionales realizados en julio de 2017, cuyos mandatos se extienden hasta 2029, crean una oportunidad institucional limitada para restaurar la legitimidad judicial, fortalecer la independencia del poder judicial y evitar nuevas controversias respecto a la composición del máximo tribunal del país. El restablecimiento de un poder judicial independiente es igualmente esencial para la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recuperación económica de Venezuela.

No puede haber un marco para la estabilización democrática que sea contrario a la constitución.

La estabilización democrática requiere una secuencia de medidas institucionales destinadas a restablecer el funcionamiento normal del Estado y durante esta fase se debe tener especialmente en cuenta que cualquier autoridad ejecutiva transitoria solamente podrá ejercer las facultades expresamente previstas en la Constitución para una autoridad ejecutiva transitoria, cualquier otra cosa constituye una grave ilegalidad.

Asimismo, se debe prever que el Tribunal Supremo de Justicia reanude progresivamente sus funciones constitucionales, respetando los juramentos constitucionales a los magistrados respecto a quienes ya hemos hecho referencia.

En otras dinamicas de normalización constitucional se deberán designar autoridades electorales independientes y técnicamente cualificadas y se debe acelerar el proceso para la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones genuinamente democráticas; y los procesos electorales estarán sujetos a supervisión judicial y observación internacional.

El restablecimiento de una Asamblea Nacional legítimamente elegida permitirá posteriormente el nombramiento definitivo de autoridades constitucionales permanentes y la normalización de los mecanismos ordinarios de gobernanza democrática.

La reconstitución provisional de las instituciones públicas será estrictamente temporal y se regirá por los principios de legalidad, responsabilidad institucional, proporcionalidad y rendición de cuentas.

El restablecimiento del Estado de derecho requiere una reforma institucional del sistema de justicia limitada y conforme a la constitución, es decir respetando estructuras y funciones constitucionales, así como de los mandatos constitucionales expresados ut supra.

Durante el período de transición es necesario que se implementen mecanismos de revisión institucional para examinar la responsabilidad individual en relación con violaciones graves de los derechos humanos, la des-instrumentalización política del sistema de justicia.

La normalización democrática requiere de trabajos de cooperación judicial internacional para enfrentar las estructuras del crimen organizado.

Para apoyar este proceso, se propone la creación de mecanismos temporales y consultivos que realice una evaluación judicial respecto al funcionamiento de todos los niveles de la judicatura.

Tambien asumir la responsabilidad de elaborar recomendaciones sobre evaluación institucional, independencia judicial y fortalecimiento del sistema de judicial, lo cual requiere una profunda auditoría interna de la judicatura y que sea funcional a la reinstitucionalización Judicial y la reafirmación y recreación del Estado de Derecho.

Todos estos trabajos resultarán fundamentales para promover la modernización judicial, la recuperación de la capacidad institucional y la consolidación del Estado de Derecho.

La supervisión de la transparencia electoral y la confianza es esencial para una responsabilidad democrática insoslayable que consiste en supervisar técnicamente la reorganización del sistema electoral y fortalecer la confianza, tanto nacional como internacional, en futuros procesos electorales libres, transparentes y verificables.

Todos estos trabajos deberán ser transversales, por la tanto la responsabilidad constitucional de los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual serán fundamentales las consultas con representantes del ámbito académico, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes de reconocido prestigio. Paralelamente, Venezuela implementará mecanismos de justicia transicional compatibles con la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, orientados a la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición.

Los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela han reafirmado su voluntad de contribuir, dentro del ámbito de su autoridad constitucional, a la restauración democrática, la independencia judicial, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica necesarias para la recuperación económica del país.

Las autoridades constitucionales que respaldan este marco expresan asimismo su voluntad de cooperar con la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos de América, en iniciativas técnicas, institucionales y humanitarias que contribuyan a una transición democrática ordenada y sostenible. Es decir, para alcanzar una transición que signifique el retorno a la constitucionalidad del país y no un transición que transite por la marginalidad externa de la misma.

Esto quiere decir que los resultados de las negociaciones tripartitas deben ser una propuesta constitucional e institucional destinada a facilitar la estabilización democrática, restaurar el Estado de derecho y apoyar la reconstrucción institucional de Venezuela.

Antonio Marval, Presidente del TSJ

Luis Almagro, Director Observatorio Democracia de CASLA

Se trataba de civiles voluntarios, campesinos, obreros y estudiantes organizados de manera irregular. Durante la Segunda Guerra Mundial, “los partisanos” ejecutaban sabotajes, emboscadas, ataques a la logística y comunicaciones nazis para debilitar al enemigo, reconocidos como miembros de movimientos de resistencia armados que empleaban tácticas de guerra de guerrillas contra un ejército de ocupación o un régimen opresor.

La situación es de tal gravedad que el primer ministro francés ordenó a un equipo de emergencia que responda a los ciberataques. “Existe una necesidad urgente de diseñar e implementar una respuesta operativa más reactiva y contundente ante los ciberataques que enfrenta actualmente el Estado francés”, afirmó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien ha ordenado la creación de un equipo de emergencia para responder a los ciberataques dirigidos contra Francia.

Mientras las hostilidades convencionales están pausadas en Medio Oriente, el método híbrido despunta e Irán es sindicado de estar implicado en la oleada de ciberataques contra objetivos en Occidente: entre otros, el conglomerado de agua de los Estados Unidos. Los complejos sistemas hídricos estadounidenses son objetivos relativamente fáciles debido a su estructura fragmentada y tecnología obsoleta, y se sospecha que Teherán está detrás de una oleada de ciberataques dirigidos contra ellos. Los ataques no han causado daños relevantes, pero constituyen una señal inequívoca de alerta, al igual que en Francia.

El mes pasado, el Estado de Minnesota informó un ciberataque coordinado contra más de 30 plantas y sistemas de agua en todo el Estado. El ataque afectó equipos utilizados por los gobiernos locales para gestionar de forma remota embalses de agua, desplegando un malware que interrumpió temporalmente las operaciones.

Los ciberataques orquestados por grupos de piratería informática patrocinados por Corea del Norte, China y Rusia continúan aumentando, un 8% en la primera mitad de este año, según algunos sondeos. Corea del Norte se constituye como el actor estatal más activo del mundo, atacando a Corea del Sur y Estados Unidos. Para ello, recurre a la inteligencia artificial generativa, a deepfakes y a esquemas fraudulentos de reclutamiento laboral, tácticas que procuran infiltrarse en los mercados de criptomonedas, proveedores de servicios de TI y los ecosistemas de desarrollo de software. Las ciberoperaciones respaldadas por Rusia aumentaron un 30%, sostienen agencias de inteligencia occidentales, expandiéndose más allá de Ucrania. Si bien este es el target primario, agentes vinculados al Kremlin se enfocaron en países de Europa del Este como Polonia y Rumania. Moscú combinó la recopilación de inteligencia tradicional con ataques destructivos que buscaban detener y paralizar las redes eléctricas, las redes gubernamentales y los sistemas militares.

En todos los escenarios, los vectores de intrusión más comunes incluyeron campañas de phishing, vulnerabilidades sin parchear en servidores públicos y el uso indebido de redes proxy y servicios en la nube.

En consecuencia, y como respuesta a un escenario tanto complejo como imprevisible, el presidente Donald Trump, por primera vez en la historia, habilita a las empresas privadas a realizar ciberataques ofensivos contra organizaciones criminales extranjeras. El importante cambio de política ordena a las agencias federales a que desaten el ingenio del sector privado, en un momento en que los expertos advierten sobre una escalada de ataques por parte de bandas de ciberdelincuentes vinculadas a Rusia.

Las empresas “autorizadas” recibirían permiso para destruir infraestructura y redes hostiles, para lo cual se les exigiría depositar una fianza de un millón de dólares que perderían si actuaban de forma ilícita.

Las acciones de la industria de ciberseguridad se han disparado a casi el doble en el S&P 500 desde febrero de este año. El memorándum de Trump podría suponer una ventaja comercial para la industria tech, al mismo tiempo que contribuiría con la capacidad de las agencias federales de neutralizar amenazas y contener los continuos ataques. Sin embargo, conlleva también riesgos significativos. Las operaciones de bandera blanca estarán a la orden del día, además de que no siempre existe una diferenciación clara entre bandas de ciberdelincuentes organizados y actores estatales.

El autor es CEO y fundador de la consultora de ciberseguridad BTR Consulting.

Dante Alighieri, en su Divina Comedia, nos advierte a los mortales que no podemos ascender al Paraíso desde nuestra condición humana sin antes atravesar los horrores y sufrimientos del infierno, para luego subir la montaña del Purgatorio y, finalmente, hacernos dignos del Paraíso. Solo después de ese recorrido seremos capaces de comprender cabalmente la naturaleza del pecado, el poder de la justicia y las propiedades transformadoras de la redención.

Europa recorrió el camino de Dante al desatar, en un mismo siglo, dos conflagraciones mundiales cuyas consecuencias fueron entre 80 y 115 millones de muertos y una destrucción de valor de dimensiones extraordinarias. Hoy Venezuela parece compartir esa desventura sin que haya mediado conflagración bélica alguna.

Entre los años 2000 y 2026 han muerto aproximadamente 3,6 millones de personas como consecuencia de enfermedades y epidemias que se creían controladas, cifra equivalente a cerca del diez por ciento de la población. Por otra parte, 7,9 millones de venezolanos han emigrado hacia distintos puntos del hemisferio, con Colombia, Ecuador y Perú soportando buena parte del peso de este éxodo. Desde 2003, las relaciones internacionales del país han estado sometidas a una creciente intervención cubana. Y entre 2000 y 2026, el PIB venezolano pasó de aproximadamente 118.000 millones de dólares a 97.000 millones.

En síntesis, el siglo XXI venezolano ha sido el Infierno de Dante.

Esta semana, el gobierno tutor instalado a partir del 4 de febrero de este año anunció el cierre de un acuerdo mediante el cual se transfieren derechos de propiedad sobre 65.000 millones de barriles de petróleo. Aparentemente, el acuerdo tendrá una duración de un siglo y contemplará, como contrapartida, una inyección de inversiones en Venezuela superior a los 100.000 millones de dólares.

Se abre así una interrogante inevitable: ¿estará Venezuela iniciando el camino del Purgatorio para alcanzar nuevamente el Paraíso?

La respuesta dependerá, desde luego, de un conjunto de variables que todavía no se han concretado en la tierra de Bolívar.

La primera es la existencia de un marco jurídico capaz de garantizar a cualquier inversionista que los recursos aportados estarán protegidos durante el período de maduración de sus inversiones y hasta el momento en que estas comiencen a generar dividendos. Esta condición solo existe allí donde funcionan instituciones sólidas, capaces de garantizar el cumplimiento de la ley y resolver los conflictos que inevitablemente surgen en toda actividad económica. Ello exige legitimidad de origen, independencia institucional y confianza de los ciudadanos.

La segunda condición es la recuperación de la infraestructura indispensable para garantizar la extracción, el almacenamiento y el transporte de los hidrocarburos. Sin ella, las reservas petroleras, por extraordinarias que sean, representan riqueza potencial, pero no necesariamente riqueza realizable.

Porque el petróleo puede financiar la reconstrucción de Venezuela, pero no puede sustituir las instituciones necesarias para hacerla posible. La experiencia venezolana demuestra, precisamente, que la abundancia de recursos naturales no garantiza por sí sola ni prosperidad, ni estabilidad, ni desarrollo.

La tercera condición es quizás la más importante: que los gobernados tengan la certeza de que existe igualdad ante la ley y que las oportunidades están abiertas a todos, y no reservadas exclusivamente a las élites.

Una cuarta condición será la recuperación del capital humano. Venezuela no solo perdió infraestructura y capacidad productiva; perdió también millones de ciudadanos, entre ellos buena parte del talento profesional, técnico y empresarial necesario para reconstruir el país. Convertir la diáspora en una fuerza de retorno, inversión, conocimiento y conexión con el mundo será tan importante como atraer capital extranjero.

Pero existe además una variable que ningún acuerdo puede acelerar por decreto: el tiempo. Entre la promesa de inversión, la rehabilitación de la industria, el aumento de la producción y la transformación de esa riqueza en bienestar transcurrirán años. El Purgatorio venezolano, si realmente ha comenzado, no será breve.

Estas condiciones están todavía lejos de concretarse. Y mientras no lo hagan, ni el gobierno tutor ni Venezuela podrán ascender la montaña del Purgatorio para llegar a las puertas de ese Paraíso que, en nuestro tiempo, tiene dos nombres inseparables: libertad y desarrollo.

Porque del Infierno se puede salir; lo que no existe es un atajo hacia el Paraíso.

Mientras el discurso del mainstream amplifica percepciones desproporcionadas —convirtiendo cualquier fenómeno marginal en un “hipopótamo” mediático cuando en verdad es apenas un “conejo”—, la realidad física demanda fronteras, soberanía y, a veces, fuerza. Israel encarna esa realidad incontestable, y por eso se ha convertido en el blanco predilecto de una cultura occidental sumida en una profunda neurosis.

La obsesión contra lo que hace, dicen o significa el Estado de Israel tiene nombre y apellido.

El antisemitismo no nace del vacío; es un instrumento extremadamente eficaz en la guerra que libran los guardianes de este Zeitgeist contra la verdad objetiva. Aunque el prejuicio antijudío posee un componente atávico propio, hoy funciona como el chivo expiatorio perfecto para sostener una cosmovisión que se desmorona frente a cinco dinámicas estructurales:

1. El trauma posguerra y el dogma pacifista: Occidente abrazó la ilusión de que la fuerza es arcaica y reemplazable por el diálogo pacífico. Este proceso comenzó tras la Primer Guerra Mundial. Israel, obligado a defender su existencia en un entorno implacable como lo es el del Medio Oriente, le recuerda diariamente al mundo occidental que la violencia legítima sigue siendo la última garantía de supervivencia.
2. La culpa del “hombre blanco” y la hegemonía woke: El modelo dogmático que divide al mundo entre opresores y oprimidos necesita encasillar al Estado judío como el “opresor colonial definitivo”, ignorando la historia, la demografía e hipersimplificando un conflicto complejo.
3. La decadencia de la institucionalidad internacional: Los organismos multilaterales han sustituido la resolución de conflictos por la burocracia moral. Israel expone la inutilidad práctica de estas estructuras al priorizar la seguridad de sus ciudadanos sobre los consensos vacíos de la diplomacia.
4. Las transformaciones socioeconómicas: La ansiedad colectiva generada por la volatilidad económica busca respuestas simples. Señalar al «capitalista judío» o al sionismo global sigue siendo el atajo populista más rentable para canalizar la frustración social o la ineficiencia del liderazgo.
5. La democratización de la ignorancia en redes sociales: La arquitectura digital iguala la opinión de cualquier analfabeto funcional con la de un experto. En este ecosistema, donde la complejidad se penaliza y la masa busca validación, las teorías conspirativas milenarias sobre los judíos se propagan sin filtro. En otras palabras, centra tu atención contra el judío entre las naciones te regala muchos “likes” y te hace parecer comprometido contra el mal supremo.

El problema central es que la realidad de Israel se opone frontalmente a los tres primeros puntos: no pide perdón por defenderse con la fuerza, rechaza el chantaje de la culpa impuesta y demuestra la irrelevancia práctica del cosmopolitismo institucional. Esta firmeza resulta insoportable para el dogma contemporáneo.

Un ejemplo perfecto de esta distorsión mediática se observa en la cobertura de la sociedad israelí: bastan tres estudiantes que deciden ponerse tefilín en el recreo de una escuela laica para que la prensa y los comités locales denuncien una “ola masiva de ola religiosa” o un “hipopótamo” cultural, cuando en realidad es un evento menor (“un conejo”) rodeado de cientos de alumnos indiferentes.

Esta patología dual opera como una tenaza ideológica donde dos neurosis opuestas convergen en un mismo objetivo: la deslegitimación de Israel y la instrumentalización del antisemitismo.

1. La neurosis occidental: Auto-odio y culpa neurótica En Occidente, la patología es moral y existencial. Tras décadas de bonanza, una elite intelectual y cultural abrazó el dogma del pacifismo bobo y la autodestrucción. Occidente proyecta sobre Israel su propia culpa colonial y racial, exigiéndole al Estado judío una pasividad suicida que jamás se exigiría a sí mismo. Israel, al negarse a ser el “judío víctima” deseable para las conciencias bienpensantes y asumir sin complejos su derecho a la defensa armada, expone la cobardía de una civilización que ha perdido la voluntad de sobrevivir.

2. La neurosis del Tercer Mundo: El resentimiento institucionalizado En el llamado Tercer Mundo (y sus eco-cámaras en las universidades occidentales), la patología es el resentimiento estructural. Ante el fracaso crónico de sus propios modelos políticos, sociales y económicos, la culpa jamás se busca en la corrupción local o el despotismo, sino en un enemigo externo. El sionismo se convierte así en el comodín argumental perfecto: la caricatura de un “imperialismo occidental” al que se le atribuyen todos los males. Esta narrativa permite a regímenes autoritarios y movimientos populistas canalizar la frustración de sus masas hacia el chivo expiatorio histórico, utilizando la bandera del “antimperialismo” como una fachada ética para justificar su propia inoperancia.

El antisemitismo moderno es la convergencia de estas dos cobardías: el deseo occidental de expiar culpas ajenas a expensas de la seguridad judía, y la necesidad tercermundista de inventar conspiraciones para no asumir su propia responsabilidad histórica.

Frente a esta tormenta de alucinaciones ideológicas, Israel comete el crimen imperdonable de ser pragmático. En un mundo que prefiere las ficciones morales cómodas, Israel recuerda que las fronteras se defienden, que la fuerza legítima es indispensable contra el fanatismo y que la supervivencia no se negocia en los salones de diplomacia abstracta.

La batalla del pueblo judío hoy trasciende su propia geografía: es la última trinchera de la realidad frente al imperio de la neurosis global.

Llevo décadas insistiendo con una idea: no habrá desarrollo equilibrado en América Latina y el Caribe mientras la educación rural siga tratándose como una versión achicada de la educación impartida en áreas urbanas.

En trabajos como Educación Rural en el Tercer Mundo y Educación de Adultos en los Procesos de Desarrollo Rural analicé experiencias que ya entonces mostraban algo simple: educación, producción, comunidad y desarrollo territorial no se pueden pensar por separado.

Mucho ha cambiado desde esos años –los trabajos mencionados tienen décadas-, pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿qué oportunidades creamos para quienes nacen y crecen en el campo?

Durante demasiado tiempo se toleró que una escuela rural tuviera menos docentes, materiales e instalaciones y prácticamente no ofreciera chances de seguir estudiando después. Ahora se suma otra desigualdad: la falta de conectividad y de acceso a las tecnologías que ya cambiaron la producción y la vida cotidiana en esos territorios.

No podemos seguir formando a los jóvenes rurales para un mundo que no existe. La agricultura de hoy usa sensores, satélites, drones, biotecnología, análisis de datos, inteligencia artificial: eso sirve para administrar el agua, vigilar la salud de cultivos y animales, anticipar riesgos climáticos y producir de manera más eficiente y sostenible. Si esas transformaciones llegan al campo pero no a la escuela estamos condenando a esos estudiantes a mirar desde afuera el futuro de su propio territorio.

Una buena escuela rural tiene que dar la misma base que cualquier buena escuela: lectura, escritura, matemática, ciencias, historia, arte, ciudadanía. Pero además necesita incorporar programación, electrónica, robótica, manejo de información y aplicación de tecnología a la producción local.

Esto no significa convertir cada escuela en una facultad de ingeniería ni cambiar la formación humanística por capacitación instrumental. Se trata de algo más modesto y a la vez más ambicioso: que un chico del campo entienda y use las tecnologías que ya modifican su entorno, sepa mirarlas con ojo crítico y tenga voz en las decisiones sobre cómo se usan.

Para eso, la conectividad rural tiene que pensarse como infraestructura educativa básica, no como un extra. Una escuela sin internet decente hoy está tan limitada como una escuela sin electricidad, sin libros o sin maestros: la conectividad abre bibliotecas, laboratorios virtuales, cursos, especialistas, y permite que docentes aislados trabajen en red y compartan materiales entre sí.

Repartir computadoras o instalar una antena no es, por sí solo, una política educativa. La tecnología rinde solamente cuando forma parte de un proyecto pedagógico serio, con equipos que se mantengan, conexión estable, contenidos con sentido, y docentes capaces de integrar todo eso a su enseñanza cotidiana.

Por eso la formación de los maestros es el corazón de cualquier cambio real. No podemos pedirles que enseñen programación, electrónica o inteligencia artificial si antes no les damos una preparación sólida y un acompañamiento que no se corte al mes siguiente. Universidades, institutos de formación docente y empresas tecnológicas tienen que trabajar juntos para armar programas pensados específicamente para maestros rurales, no adaptaciones apuradas de programas urbanos.

También hay que mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Muchos recorren distancias larguísimas y atienden aulas con chicos de edades muy distintas, con recursos que no alcanzan. Reconocerles el esfuerzo con discursos no sirve de mucho: necesitan salarios dignos, vivienda cuando corresponda, transporte, conectividad y una carrera que valore lo que significa enseñar en un territorio disperso.

La escuela rural, además, tendría que funcionar como centro real de la comunidad: abierta más allá del horario de clase, ofreciendo actividades educativas, culturales y de capacitación para las familias. Una escuela conectada puede formar productores, apoyar emprendimientos y acercar servicios públicos.

Esto exige dejar atrás la idea de que lo rural se reduce a lo agropecuario. También hay futuro en turismo, energías renovables, bioeconomía, servicios ambientales, comercio electrónico. Una educación a la altura tiene que permitir que los jóvenes vean esas oportunidades y, mejor todavía, que inventen otras nuevas.

El objetivo no es obligarlos a quedarse en el campo. Tienen derecho a estudiar, viajar, elegir dónde armar su vida. Lo inaceptable es que emigrar sea la única salida porque su comunidad no les da educación, conectividad ni ninguna posibilidad real de desarrollo.

Cuando un joven se va porque quiere vivir otra experiencia, ejerce una libertad. Cuando se va porque la escuela no le permitió seguir aprendiendo, lo que hay es un fracaso de política pública, no una elección libre.

La migración juvenil debilita a las comunidades, acelera el envejecimiento del campo y le quita a la agricultura las capacidades que necesita para renovarse. Invertir en educación rural no es un favor al campo: es una condición para el desarrollo equilibrado de un país.

América Latina y el Caribe necesita una política regional para sus juventudes rurales. Gobiernos, organismos internacionales, universidades y comunidades deberían acordar unos pocos objetivos concretos: conectividad universal en las escuelas rurales, formación tecnológica para los docentes, contenidos actualizados y una articulación real entre educación, producción y empleo.

Las juventudes rurales no son solamente destinatarias de programas diseñados por otros. Son protagonistas del presente y deben construir el futuro de sus territorios. Habría que escucharlas de verdad e incluirlas en las decisiones sobre la educación que reciben.

Va, otra vez, mi reclamo de siempre: que el lugar donde alguien nace no determine la calidad de la educación que recibe. Una escuela rural no puede ser una escuela de segunda; tiene que ser de las instituciones más modernas y vivas del territorio.

Si les damos a los jóvenes del campo educación de calidad, buenos docentes, tecnología y oportunidades productivas, muchos van a poder elegir quedarse. No por falta de alternativas, sino porque van a tener razones, capacidades y libertad real para hacerlo.

* Doctor en educación (Universidad de Stanford). Ex Representante de la UNESCO en EEUU y Brasil.

Más de un cuarto de siglo de toda forma de corrupción, narcoterrorismo, violación judicializada de derechos humanos, masacres, torturas, asesinatos, persecución de inocentes por los crímenes de sus acusadores, migraciones forzadas, tráfico de personas, abuso de menores, terrorismo de Estado, traición a la Patria y la comisión de todos los delitos posibles, son notas características del “grupo delictivo organizado” llamado socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Terminar la impunidad de los detentadores del poder en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y sus satélites es imprescindible para libertad y la seguridad de los pueblos de las Américas.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional o “Convención de Palermo” define en su artículo 2 inciso a que por “grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Esta definición comprende exactamente al grupo organizado por Hugo Chávez, Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, que desarrollaron y ampliaron públicamente a partir de 1999, hasta llegar a controlar prácticamente toda Latinoamérica. Instalaron dictaduras como expansión del modelo castrista de Cuba en Venezuela con Chavez y Maduro, Nicaragua con Ortega/Murillo, Bolivia con Morales/Arce y Ecuador con Correa. En el resto de la región con para dictatoriales como los Kirchner en Argentina, Toledo en Perú, Lugo en Paraguay, Boric en Chile, Lula y Rousseff en Brasil, López Obrador y Sheinbaum en México, Petro en Colombia y más.

Suplantaron la política por la delincuencia organizada trasnacional y le dieron rótulo de socialismo del siglo 21, lo que el Departamento de Estado ha denominado recientemente “comunismo del siglo 21”, que la prensa reconoce como izquierda latinoamericana.

En más de dos décadas, cambiaron constituciones políticas, leyes, códigos, procedimientos, instituciones e instalaron en la función pública, judicial e institucional a operadores o cómplices en la perpetración y encubrimiento de todo tipo de delitos. Lideraron un cambio cultural en las sociedades nacionales y latinoamericana, promoviendo la suplantación de la libertad por el sometimiento, de los méritos por el facilismo, del respeto a los principios y valores por la tolerancia al delito o la participación en él como sistema de sobrevivencia y/o de éxito económico.

Un apretado resumen de la prueba del grupo delictivo organizado detentando el poder en Latinoamérica se verifica en: la situación de narcoestados de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en desmontaje avanzado; la existencia de narcoestados como territorios, estados o provincias en México, Argentina, Colombia, Brasil y más; el sistema criminal que se llamó “Lava Jato” operado con fondos federales de Brasil con manejo del eje La Habana-Caracas-Brasilia, hasta ahora impune o “lavado” en la mayoría de los países afectados; la riqueza injustificable y públicamente expuesta de los detentadores del poder y los entornos de los socialistas del siglo 21; los presos y exiliados políticos víctimas de la violación judicial de derechos humanos; los asesinados como el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador, el Tte. Ronald Ojeda en Chile, y otros asesinatos selectivos, las centenas de muertos en masacres represivas, las decenas de muertos en prisiones en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; los expropiados, usurpados y privados de sus bienes, empresas y recursos legítimos….

Con el cambio geopolítico reciente hay avances muy importantes como la captura de Nicolas Maduro, el creciente ataque al narcoterrorismo, la presión para que gobiernos para dictatoriales extraditen criminales, la incremental coordinación para el desmontaje de los narcoestados y sus operadores de crimen común, el retorno de la cooperación internacional contra el crimen y la identificación pública del “grupo delictivo organizado”.

Sin embargo hay aflicción pública, una mezcla de esperanza y ansiedad porque está intacta la cabeza o jefatura de este “grupo delictivo organizado” que está en Cuba, que opera libremente en Nicaragua, que mantiene su estructura en Bolivia y resiste en Venezuela. Los jefes del grupo delictivo organizado llamado socialismo del siglo 21, castrochavismo, comunismo del siglo 21 o izquierda latinoamericana son impunes y son los jefes de las dictaduras de Cuba y Nicaragua y los miembros de su sistema en Bolivia y Venezuela.

Con impunidad no hay democracia. Mientras no termine la impunidad de los delincuentes que detentan el poder en Cuba y Nicaragua, que mantienen estructuras de poder en Bolivia y Venezuela, que se han habilitado como actores políticos en Brasil, Mexico, Colombia y más, no habrá ni libertad ni seguridad en ningún país de las Américas.

* Abogado y Politólogo. Director el Interamerican Institute for Demodracy

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Un Informe de Gobierno puede ser una ceremonia o una oportunidad para entender hacia dónde va un país. El próximo 1 de septiembre, la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Segundo Informe y los mensajes que ha compartido anticipan algo mucho más importante que una lista de logros, una forma y estrategia integral para gobernar bajo un principio claro: “Honestidad con resultados”.

Y los resultados de nuestra Presidenta tienen rostro. Salud Casa por Casa ha realizado más de 18 millones de consultas gratuitas. El Estado Mexicano dejó de esperar a que las personas mayores pudieran llegar a una clínica y decidió tocar a su puerta.

A esa atención cercana se suma una expansión de la infraestructura hospitalaria: 33 hospitales nuevos en 23 meses, 36 centros de salud y consultorios, y 11 unidades de medicina familiar. Porque reconocer la salud como un derecho no basta: hay que construir, equipar y acercar la atención.

Las Becas para el Bienestar llegan a estudiantes de todos los niveles. La Presidenta lo resume con claridad: “Cuando hay acceso a la educación, cambia todo”. También está la recuperación de los trenes de pasajeros, con una meta de tres mil kilómetros de vías modernas y seguras. Entre ellas, la conexión Monterrey-Nuevo Laredo, estratégica para integrar ciudades, industria y frontera.

Se suma Vivienda para el Bienestar, que combina nuevas casas, reestructuración de créditos y entrega de escrituras.

Vistos por separado, son programas y obras. Vistos en conjunto, expresan un plan integral: cuidar a las personas, ampliar derechos, conectar regiones y fortalecer las capacidades productivas de México. Ése es el contenido central del Informe y la lección que Nuevo León debe escuchar.

Nuestro estado tiene empresas, universidades, trabajadores y talento de clase mundial, pero hemos ya cinco años sin una estrategia capaz de integrar esas fortalezas.

La vivienda debe planearse junto al transporte y no lo hemos hecho. La inversión necesita agua, energía, seguridad y certeza jurídica, y ha sido una carencia crónica en Nuevo León. La infraestructura hospitalaria debe acompañar el crecimiento de las ciudades. Y la educación debe preparar a nuestros jóvenes para la nueva economía. Nuevo León no carece de potencial. Necesita un plan que convierta ese potencial en calidad de vida.

Por eso trabajar con la Presidenta de todas y todos los mexicanos no es un gesto o asunto exclusivamente partidista. Es una decisión estratégica para el desarrollo del estado que nos debe convocar a todos por encima de cualquier ideología.

México tiene rumbo, programas nacionales e infraestructura. Nuevo León tiene industria, universidades, capacidad empresarial y cultura de trabajo. La oportunidad consiste en unir ambas fortalezas mediante una Gran Alianza con México.

Ésa es la función de nuestra 4T Norteña en la defensa de la Transformación en nuestro estado: llevar el Plan México al territorio nuevoleonés. Si México impulsa becas, Nuevo León debe conectar a los jóvenes con los empleos de la nueva economía. Con la 4TNorteña como método de gestión gubernamental se impulsó a 12 mil Becarios de la Transformación para preparatoria.

Si México construye vivienda, la 4T Norteña creó los programas de simplificación administrativa y reducción de trámites locales para facilitar suelo, permisos, agua y servicios para acercar los hogares a los empleos. Si el Plan México amplía hospitales, debemos anticipar el crecimiento urbano y garantizar atención cercana como se hizo con la Estancia del Adulto Mayor, un Centro de Rehabilitación Integral, Escuelas de Artes y Oficios Tecnológicas y un Centro Libre para la Mujer.

Y si México recupera los trenes de pasajeros, Nuevo León debe aprovechar esa infraestructura para consolidarse como motor industrial, logístico y fronterizo, como lo hizo la 4TNorteña atrayendo empresas globales a la Zona Metropolitana.

El Segundo Informe mostrará lo que México está construyendo con una visión amplia y disciplinada. Para Nuevo León debe ser también una invitación para dejar atrás la improvisación y volver a avanzar con rumbo. Yo voy por la Gran Alianza con México.

Porque cuando una Presidenta como la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo pone el rumbo preciso y Nuevo León aporta trabajo, industria, talento y Norte, el desarrollo deja de ser una promesa y comienza a sentirse en cada hogar.

Esa es la importancia del Informe para nuestro estado: entender que, trabajando junto a México, podemos llegar mucho más lejos.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

Los titulares periodísticos destacaron que Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela. “EE. UU. se aseguró un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas” fueron sus palabras textuales. Por su parte, Delcy Rodríguez agradeció a Trump este acuerdo, proclamando “el renacimiento de nuestra nación”

Lo acordado abarca el desarrollo de 17 campos estratégicos con una inversión estimada en más de US$ 100.000 millones, exactamente la cantidad que se mencionó en la reunión que Trump sostuviera en la Casa Blanca con ejecutivos de empresas petroleras, poco después de la acción militar de enero de este año.

En publicación en la red Truth Social de su propiedad, Trump agregó que se haría “sin costo alguno para el contribuyente” y que el acuerdo “duplicará con creces las reservas” de EE. UU. Por su parte, la presidenta encargada habló de “un hito histórico en las relaciones bilaterales”. La información agregaba que ambos coincidieron en “que los aportes fiscales proyectados eran US$ 209.000 millones para las arcas venezolanas”.

Entendible que se haya dado este paso, pero sigue haciendo mucho ruido que nada semejante haya tenido lugar para la democracia, que sigue relegada, con ruido y escenografía teatral en la forma de un “diálogo”, pero todavía sin fecha de elecciones y sin itinerario para hacer o para culminar la transición a medias que se vive.

Entendible, ya que el tema del petróleo siempre estuvo presente y adquirió una importancia renovada con el empantanamiento de la guerra con Irán, toda vez que si algo ha enfatizado este conflicto es la importancia del petróleo para todo el mundo, no solo para los productores del Golfo Pérsico/Arábigo, sino también para las dos potencias de mayor relevancia como lo son el propio EE. UU. y China. Del mismo modo, si algo ha demostrado lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz, es cuán relevante es y será el petróleo venezolano, dado que hay una cantidad destacable que no está fluyendo, ni para compra ni para venta.

Sin embargo, sigue sin ser adecuadamente explicado qué impide que no avance paralelamente la democratización del país, sobre todo, si se considera que antes de la aparición del chavismo y su prolongación en Maduro, Venezuela tuvo una limpia continuidad democrática, muy destacable, cuando en el siglo pasado América del Sur tuvo una mayoría de países con dictadura militar.

Sin embargo, dadas las características de este acuerdo, que, al mismo nivel de la conveniencia para Venezuela tiene el pecado de origen de haberse firmado en las condiciones que se firmó, en un país virtualmente sin independencia y con un gobierno que no fue electo por nadie. Sirve en el corto plazo para el gobierno de EE. UU. y para el régimen venezolano dada su crisis de ingresos, pero es un mal negocio en el largo plazo, ya que va a ser en el futuro un verdadero grito de guerra para el antinorteamericanismo que sobrevive en la región, y hará revivir fantasmas sobre el uso y abuso de los recursos naturales. Incluso, cuando haya elecciones, la candidata Delcy Rodríguez podrá exhibir este acuerdo como un logro de ella.

En otras palabras, carece de una legitimidad que solo lo puede dar la democracia, ya que como lo dijo un CEO de una gran empresa después de la reunión mencionada en la Casa Blanca, que a ellos le preocupaba que un acuerdo con el régimen actual no sobreviviera en el tiempo, precisamente por sus características dictatoriales, y lo cierto, es que hoy gracias a la intervención efectuada, desde el 3 de enero Venezuela es un mejor país, pero el balance muestra que se fue el dictador, pero sobrevive la dictadura, a pesar de que se vive ya la transición.

Las preguntas para hacer son dos: ¿un acuerdo así podría haberse firmado sin cuestionamientos y/o protestas en democracia?; y la democracia ¿para cuándo?

Entendemos y aceptamos que siempre se ha hablado de tres etapas, que la primera empezaba por el petróleo y que al final aparecía la democracia, pero sigue siendo difícil de entender y aceptar que se haya avanzado tan poco y en forma tan débil, en la necesaria democratización, y, por lo tanto, en la transición, incluyendo, fechas y calendario.

Del mismo modo, suena muy difícil de entender, si se ha iniciado un diálogo, porque se buscó una legitimación recurriendo a quienes encabezaban la Asamblea Nacional el 2015, para que fueran contraparte del chavismo representado por los hermanos Rodríguez, toda vez que en una fecha mucho más cercana, el 28 de julio del 2024, Edmundo González fue electo con al menos el 70% de los votos, quien compitió en representación de una mayoría para quienes la lideresa era María Corina Machado (MCM), a quien con malas artes, la dictadura le impidió competir.

Por lo tanto, la otra pregunta es ¿por qué EE. UU. se ha comportado con María Corina Machado (MCM) en la forma como lo ha hecho? ¿Es su plan que la transición a la democracia se haga sin ella? ¿Es ese el plan o realmente no hay un plan más allá de los 3 aspectos/etapas identificadas como tales desde el 3 de enero? No lo sabemos, pero se sabrá, ya que una cosa segura de EE. UU., es que tarde o temprano alguien hablará y contará lo que ocurrió entre bambalinas.

Este es hoy por hoy el verdadero elefante en la cristalería, del cual los venezolanos hablan en voz baja más que a viva voz, pero es difícil que la democratización y, por ende, la transición a la democracia avance, sin antes despejar si existe alguna relación entre la actitud de la Casa Blanca hacia MCM y la falta de avance democratizador.

Durante muchos años he tenido la oportunidad de enseñar sobre Transiciones a la Democracia y las hay de distinto tipo y a distinta velocidad, al igual que no hay dos del todo iguales, en una variedad que incluye Latinoamérica, Europa del Este, Asia, África, España y Portugal, pero al menos todas las exitosas tienen importantes elementos en común, que siguen estando ausentes en Venezuela, y obviamente ello no se debe a que Marco Rubio y el Departamento de Estado ignoren cuáles son ellos. Al contrario.

En Venezuela todavía no se puede hablar de transición plena, ya que faltan fechas y un calendario. Tampoco es irreversible, ya que sigue sin recuperarse el Estado de Derecho. Falta también consensuar una visión común entre el chavismo y los demócratas sobre cómo y cuándo avanzar. De hecho, en todo lo que está pasando y en la misma prolongación indebida de Delcy Rodríguez en el cargo actual de presidente encargada, es notorio el hecho que no se está respetando la Constitución, y tampoco lo está haciendo EE. UU, ya que por el tiempo transcurrido correspondía la convocatoria a elecciones.

Sin embargo, al estar vigente, se debiera obedecer, para tener al menos un marco rector sobre el cual conducir la transición, hasta que nuevas autoridades legitimadas por el voto, acuerden, si así se desea, cambios a ese documento, y para ello falta todavía un sistema electoral y autoridades que respeten el marco legal común, pero nada, absolutamente nada impide que se tenga un itinerario para llegar a la elección correspondiente, ya que no hay una transición exitosa que haya carecido de lo expuesto en los párrafos anteriores.

Igualmente sigue haciendo mucho ruido lo que ha ocurrido con MCM, ya que no hay ninguna exitosa en que la transición no se haya legitimado con las principales figuras democráticas, y en la ausencia de MCM, es indudable que no ha sido suficientemente querida por Washington. He escuchado muchas opiniones acerca de porque ello ha ocurrido, pero ninguna me convence, ya que la propia ausencia de la lideresa en estos días donde cosas importantes se deciden, si fuera por entendibles razones de seguridad, de quererlo, nada impide que a gobernantes tan obedientes como los actuales, Washington los haga personalmente responsables de lo que le ocurra en su regreso a MCM.

Sea cual sea el motivo, corresponde que MCM hable, ya que me cuesta creer lo que un alto dirigente me mencionara, que su ausencia se debe a una petición de EE. UU. Creo que es necesario que también hable para dar su opinión sobre el acuerdo petrolero que se acaba de anunciar, ya que, si llega a ganar la elección presidencial, no va a poder introducir cambios relevantes, ya que la situación en que el país va a ser recibido es de extrema debilidad, por lo que el gobierno no va a poder introducir además inestabilidad económica.

Además, ahora que se ha iniciado el regreso a Venezuela de exiliados importantes como Omar González, se hace necesario que María Corina explique su situación personal, ya que, por motivo alguno, debe arriesgar la posición única en la que los venezolanos la han puesto, la que se construyó sobre la base de consecuencia, honestidad y transparencia, por lo que por motivo alguno debe ponerla en peligro. Más aún, si ello significa una diferencia con Washington, EE. UU. sigue siendo un país donde se puede discrepar, y aunque se critique, si ello se hace con respeto y sin que se perciba como una amenaza, ello se puede hacer. Y con tanta experiencia, MCM sabe cómo destacar lo bueno y criticar lo malo de la intervención estadounidense.

Por lo demás, MCM debe alivianar su equipaje de temas personales, para concentrarse en los temas de fondo, ya que si de algo sirve la experiencia común de las transiciones más exitosas, es que decisiones de justicia transicional para los responsables de violaciones de derechos humanos y acuerdos como el actual del petróleo necesitan altísimos niveles de consenso, ya que su legitimidad está siempre en discusión, y es posible que el propio EE. UU. se perjudique por la ausencia en el país de quien hoy aparece en todas las encuestas como ganadora de las elecciones presidenciales apenas se recupere la democracia. Es el caso de MCM hoy, pero no debe cometer el error de pensar que ello puede durar para siempre.

A pesar de que no hay dos transiciones exactamente iguales, los elementos comunes en aquellas exitosas permiten comparar, y siempre me ha llamado la atención en las fuerzas democráticas venezolanas, cuán escasa ha sido la autocrítica y lo poco que se discute o quizás, se conoce de transiciones, importantes no tanto por lo que hay que hacer como por lo que NO hay que hacer.

Por cierto, la transición venezolana va a ser hecha y definida por los venezolanos, ya que tiene peculiaridades propias, entre las cuales figura en forma muy destacada el estatus especial que logró María Corina, ya que el día en que se le otorgó el Premio Nobel, su estatura parecía igualar a Mandela, es decir, palabras mayores. Sin embargo, la política es dinámica, es siempre selección de alternativas, y no solo en el día en que se vota.

Es dinámica porque los escenarios son cambiantes. ¿Cuánto ha perjudicado a MCM que no se le haya permitido estar presente en días que se están tomando decisiones relevantes? ¿Está MCM perdiendo su ubicación preferencial? ¿Podrá recuperarla? La política transicional, mejor dicho, la política, toda ella, es siempre de momentos, y eso marca la diferencia entre triunfo y fracaso, quien aprovecha esos momentos y quien no puede hacerlo.

Que una transición sea conducida por quien no representa la democracia no es tan raro como parece, lo que habitualmente no se encuentra es a líderes de estas que hayan adquirido una estatura moral. Por no haber otra persona que pueda cumplirla, es clave para Venezuela, que MCM no lo pierda, ni siquiera lo extravíe. Además, si lo que está haciendo ahora no es suficientemente visible, es que por, sobre todo, la transición misma que se vive no lo es, desde el momento que hay más interrogantes que respuestas.

Explicar la transición y ponerle fechas y compromisos debiera ser su rol cuando pueda regresar a Venezuela, para que se recupere un entusiasmo que se ha perdido y para que haya una presencia masiva en una transición donde el entusiasmo parece estar hoy no en las grandes masas sino en quienes se dedican profesionalmente a la política. En todo caso, está en el espíritu mismo de las transiciones, que tal como ha ocurrido en algunas, si quien es percibido como líder o lideresa no puede actuar, inevitablemente alguien más aparece para hacerse cargo. Ni siquiera tiene que ser un actor central, ya que puede surgir de improviso desde los márgenes.

No sabemos cuando va a ser la elección, pero Delcy ya está en campaña, ya que es la candidata del régimen. No se sabe quién va a ser la o el candidato de Washington, pero puede salir de los actuales negociadores, algunos de ellos puestos por EE. UU., ya que voluntarios/as van a sobrar. Que MCM reclame su lugar depende de lo que haga ahora, y eso pasa por marcar presencia hoy. Sin embargo, en Venezuela ni siquiera EE. UU. es hoy garantía, y si lo es, la ventana de oportunidad se puede cerrar pronto, toda vez ¿qué pasa si Trump y los republicanos pierden las elecciones de noviembre? Lo que es seguro, es que tal como se espera, si los demócratas inician una acusación constitucional (impeachment), el problema para Venezuela no va a ser que Washington intervenga demasiado, sino lo contrario, cómo mantenerlo interesado en una transición a la democracia, cuando pueden estar en peligro tanto la propia permanencia de Trump en la Casa Blanca o la de Rubio en el Departamento de Estado. Es decir, se haga lo que se haga en Venezuela, puede darse un escenario por definición peor que la actual, que por decisión de sus electores EE. UU. no tenga interés en nada que no sea el petróleo.

Recordemos que en toda intervención de EE. UU. casi siempre ha habido elecciones, aun las que se dieron en Irak o Afganistán, por lo que probablemente tendrán lugar en algún domingo del próximo año. Sin embargo, lo que está ocurriendo con el petróleo y con la falta de presión opositora, ha determinado que no se haya notado ni en Washington (ni siquiera una marcha de venezolanos) ni en Venezuela, por lo que quien gane esta presidencial va a operar en una realidad que está siendo decidida hoy. De partida, ya sobrevivió el chavismo, por lo que hay que prepararse incluso para una privatización hecha desde el poder, que por tener esa característica va a ser aplaudida por Washington, pero puede parecerse a la piñata que los sandinistas hicieron en Nicaragua en 1990 al perder las elecciones con la Sra. Violeta de Chamorro, donde además se entreguen empresas públicas y medios de comunicación a amigos del régimen creando una situación de hecho, que al nuevo gobierno no le va a gustar modificar. Si la situación sigue siendo tan fluida como lo es hoy, los temas por los cuales se decida el voto mayoritario, en esa elección presidencial futura puede diferir de los que priman hoy o los que decidieron el voto en un ya lejano 2024 o en las primarias previas.

Sin duda, Marco Rubio se va a asegurar que la elección tenga lugar, pero el rol que EE. UU juegue va a ser definido por el resultado del 3 de noviembre. Hasta ahora, Washington ha tomado decisiones aplaudidas y otras que han provocado desilusión, pero ¿cuál predominará en noviembre? Cómo se están tomando hoy decisiones de gran importancia, el hecho distintivo es que son decisiones que tienen más que ver con lo que están pasando en EE. UU. que lo que tiene lugar en territorio venezolano.

Es una pena que casi no figure en el debate, ni en Washington ni en Caracas, aquello que ha tenido lugar en las transiciones exitosas, que no es otra cosa que fijar la fecha de las elecciones, y es una lástima, ya que podría servir de orientación, desde el momento que la cantidad de venezolanos que en Venezuela conocieron la democracia es baja, después de 28 años de chavismo. Al mismo tiempo, también va a ser una minoría la que desde el extranjero regrese voluntariamente a Venezuela, como por lo demás también ha ocurrido en los países que han culminado sus transiciones.

Si la transición es buena y sólida hay algo común para todas, ya que se ha demostrado que en pocos años se pueden hacer muchas cosas en Justicia, donde ha bastado una simple mayoría en la Corte Suprema después que el ejecutivo haya suscrito Tratados de DD. HH ratificados por el Congreso, para que sean condenados violadores de derechos humanos, con lo que se materializa la justicia transicional en reemplazo de lo que dice la ley o la amnistía local.

En resumen, las amistades y enojos no son eternos en política, por lo mismo, no sabemos si algún día se activarán las extradiciones contra los Hermanos Rodríguez o si estos ya han podido gozar de sus (mal habidas) fortunas y han desaparecido las órdenes de detención en su contra, como se desactivaron contra el magnate cercano al chavismo Alejandro Betancourt para facilitar el rol que cumplió en el actual acuerdo petrolero. Por su parte, los llamados opositores funcionales ya podrían estar buscando apoyo para candidaturas sin otro propósito que restarle votación a MCM en una presidencial que puede ser competitiva, si los temas que decidirán el resultado son diferentes a los que hoy predominan.

Por ello, oportuno es recordar las palabras de Winston Churchill, quien tuvo tanto momentos favorables como desfavorables, y quien decía que en política “El éxito no es definitivo ni es fatal el fracaso (toda vez) que lo que realmente cuenta es tener valor para continuar”.

@israelziiper

Máster y PhD en Ciencia Política (U de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El 24 de junio el suelo se movió en Venezuela. Lo que vino después también puede medirse. Durante las primeras horas, miedo. Después, incertidumbre. Más tarde, dolor. Recién a las setenta y dos horas empezó a crecer otra cosa: rabia. “Horas sin noticias de mi familia, el teléfono no funciona, esto es una agonía”, gritaba Juana, desde la zona afectada, sin saber todavía si los suyos estaban vivos.

La secuencia quedó registrada en millones de publicaciones, comentarios y mensajes. Durante dos días la emergencia desplazó casi por completo a la política. Después la política volvió. Un terremoto no tiene ideología, pero la forma en que un poder responde —o no responde— siempre la tiene. Un terremoto no explica un país. En este caso lo revelo.

Desde enero, Timpano, el software de escucha digital que desarrollamos en Methodo, viene procesando la conversación venezolana: solo en el último estudio, 415 millones de interacciones. Ese material fue contrastado con mediciones sistemáticas de opinión pública, hechas antes y después de los sismos, y con entrevistas en profundidad a venezolanos comunes, dentro y fuera del país.

No buscamos reunir todos los datos disponibles. Demasiados números suelen ser otra manera de no decir nada. Importan los que permiten descubrir algo: aquellos después de los cuales un problema ya no puede mirarse igual. Conviene decir también lo que no capturan. Una conversación digital no mide a quien está sin luz, sin señal o sin ganas de escribir, y en Venezuela esa gente es mucha. Para eso están las entrevistas. Lo que sigue es lo que sí puede afirmarse.

Ordenado así, el presente venezolano tiene cuatro dimensiones: el régimen que permanece, Estados Unidos y su rol, la representación opositora y la palabra alrededor de la cual la sociedad empezó a organizar su futuro.

Cambiar el orden de los factores no termina con el régimen

Maduro ya no está en Miraflores. El régimen sí. La Presidencia cambió de ocupante; los hermanos Rodríguez, Cabello, la Asamblea oficialista, las fuerzas de seguridad, los jueces, las cárceles y los mecanismos de control siguen exactamente dónde estaban.

Más del 85% de los consultados considera que el chavismo, el gobierno terminado de Maduro y la actual conducción son el mismo proyecto político. El 89% define al gobierno encabezado por Rodríguez como una dictadura. No como una democracia incompleta, ni como una transición imperfecta, ni como uno de esos híbridos conceptuales que permiten completar informes internacionales sin llamar a las cosas por su nombre. Una dictadura.

Los sismos convirtieron esa definición en experiencia cotidiana. Antes, el 67% calificaba la gestión como mala o muy mala. Después, el 87%. Veinte puntos en cuestión de semanas: pocas gestiones consiguen tanto en tan poco tiempo.

El rechazo ya estaba. La emergencia lo volvió imposible de disimular. Primero fueron la ausencia, la lentitud y la improvisación. Después, la opacidad, las restricciones para entrar a las zonas afectadas y la sospecha de que hasta la ayuda humanitaria podía administrarse como un mecanismo de control.

“Ahora sí aparecen, pero para cerrar vías y no dejar pasar la ayuda de la gente”, me contaba Miguel, un estudiante que vive en Petare. Dianett, una maestra con familia en La Guaira describía el reverso de la misma escena: “Llevamos dos días y no se ve ni un militar ni una autoridad. Sólo vecinos sacando escombros con las manos”.

Un Estado ausente para rescatar y presente para controlar. Del otro lado, otra cosa: vecinos turnándose para cavar, listas de desaparecidos anotadas a mano en cuadernos escolares porque no había ningún registro oficial donde anotarlas, colectas organizadas por WhatsApp desde Bogotá, Miami, Madrid o Santiago por gente que hace años no pisa el país y que igual sabía dónde mandar el dinero. Un país que se rescató a sí mismo mientras el poder decidía a quién dejaba pasar.

La continuidad también la miden los inversores. No alcanza con cambiar de interlocutor mientras siguen intactas las instituciones que ejecutaron las confiscaciones y expropiaciones que terminaron en arbitrajes internacionales. Es difícil construir previsibilidad sobre una estructura que conserva los mismos resortes de decisión.

La extracción de Maduro cambió la cabeza visible del poder. No su lógica. Un régimen no cambia cuando libera a algunos de sus prisioneros mientras encarcela a otros. Cambia cuando deja de necesitarlos.

De la aclamación a la impaciencia

A comienzos de enero, Estados Unidos no era solamente esperado en Venezuela. Era invocado.

Después de años de declaraciones, sanciones, negociaciones interrumpidas y promesas internacionales, aparecía por fin un actor con voluntad y capacidad de modificar una historia que parecía condenada a repetirse. La extracción de Maduro convirtió esa expectativa en gratitud, en alivio y, durante algunas semanas, en aclamación.

“Trump había iniciado un trabajo que en su primer mandato no llegó a terminar. Ahora va más rápido, no pierde tiempo y va muy en serio”, me decía Jellmer, un vecino de Carabobo unos días antes del 3 de enero. No era adhesión ideológica. Era esperanza depositada en el único poder que parecía capaz de hacer aquello que el resto del mundo llevaba años explicando por qué no podía hacerse.

La conversación digital lo mostró con una intensidad excepcional. En enero, Estados Unidos alcanzó una valoración positiva del 72% entre los venezolanos: la más alta que Timpano registró en toda la región, incluso por encima de Chile, el país donde históricamente obtenía sus mejores números.

En julio, esa valoración había caído al 54% y la negativa había subido del 28% al 46%. Dieciocho puntos menos de imagen favorable. La distancia entre conversación positiva y negativa pasó de 44 puntos a apenas ocho.

Venezuela dejó de ser el país de la región que mejor valoraba a Estados Unidos y volvió al promedio regional. Es menos un giro antiestadounidense que el final de una excepcionalidad.

Los terremotos aceleraron ese tránsito. En las primeras horas aparecieron la gratitud y el reconocimiento: “Gracias, Estados Unidos, por los rescatistas que están salvando vidas bajo los escombros. Llegaron cuando más los necesitábamos”, comentaba una ciudadana con su departamento destruido en su cuenta de Instagram. Días después, la pregunta que se repetía era: “Estados Unidos tiene el poder de condicionar al régimen y no lo hace. Dejan que Rodríguez y Cabello sigan bloqueando la ayuda”.

Es discutible si la expectativa era razonable. No es discutible que existió, ni que Washington ayudó a construirla. Los venezolanos no dejaron de valorar la intervención: dejaron de celebrarla sin condiciones.

Hay una vieja ironía diplomática según la cual siempre conviene confiar en que los Estados Unidos harán lo correcto, una vez agotadas todas las demás alternativas. En Venezuela esa ironía dejó de ser un chiste de embajada: se volvió una cuenta, y alguien la paga. Porque a esta altura el desenlace parece inevitable y lo único que está en discusión es cuánto se demora. La demora no es neutral. Al régimen no le cuesta nada, lleva años haciendo de la espera un programa de gobierno. Les cuesta a los venezolanos, que la miden en apagones y en entierros. Y les cuesta a quienes prometieron acompañarlos: cada semana sin fecha cambian un poco de prestigio por algo mas de tiempo.

La legitimidad no congela la representación

La Asamblea Nacional de 2015 nació de una victoria indiscutible: la oposición obtuvo 112 de las 167 bancas y recibió un mandato claro para enfrentar al régimen. Esa legitimidad de origen permanece. Lo que el paso del tiempo obliga a discutir es su alcance representativo en 2026.

El país que votó entonces era otro. TikTok no existía, ChatGPT no era siquiera una palabra y Donald Trump nunca había gobernado. Desde entonces, varios países de la región tuvieron entre tres y cuatro presidentes, Perú diez.

Pero la transformación decisiva ocurrió dentro de la propia sociedad venezolana. Los cerca de 695.000 refugiados y migrantes que vivían fuera del país a fines de 2015 son hoy más de ocho millones. Todo venezolano que tiene 27 años o menos era menor de edad cuando se eligió aquella Asamblea. Millones de adultos nunca pudieron votar a quienes todavía aseguran representarlos.

Los datos actuales muestran dónde se concentra la adhesión. Después de los terremotos, María Corina Machado alcanzó más del 75% de imagen positiva y cerca del 80% de intención de voto. Entre los dirigentes vinculados con ciclos opositores anteriores, la mayoría registra niveles de negatividad semejantes a los de figuras del régimen.

Estuve en Santiago de Chile, en el primer gran encuentro público de María Corina con la diáspora. Llegaban en familia y temprano, como quien va a una cancha o a una misa. Había padres con los hijos sobre los hombros, banderas, arepas, música. Había gente grabando con el teléfono en alto para mandarle el video a alguien que no podía estar. Y había gente llorando, que es algo que después no entra en ninguna planilla. Guadalupe una abuela que se exilió para estar cerca de sus nietos, me lo explicó en una sola línea: “La gente la espera. Ella es la esperanza”.

La escena no invalida la victoria de 2015. Muestra otra cosa. Aquella elección explica el origen de una representación; la adhesión de la sociedad actual permite estimar cuánto de esa representación sigue vigente. Confundir las dos dimensiones equivale a usar una fotografía de hace diez años para describir un país que cambió de población, de territorio, de conversación y también de liderazgo.

La palabra que ocupa el futuro

Durante años, los venezolanos enfrentaron armas con escudos de cartón. El cartón no detiene una bala, no impide una detención, no protege de un golpe. Su sentido era otro: expresaba la decisión de una sociedad de poner el cuerpo sin reproducir la violencia de quienes la reprimían.

María Corina Machado construyó su liderazgo desde ahí. No prometió devolverle al régimen sus métodos: propuso derrotarlo sin dejar que definiera la naturaleza de quienes lo enfrentaban.

Por eso, después de las persecuciones, el exilio, las cárceles, las torturas y las muertes, la palabra que crece no es venganza. Es elecciones.

Más del 76% de los consultados cree que la transición democrática será pacífica. En las entrevistas, esa expectativa tiene una urgencia concreta: “Las elecciones tienen que ser rápido, no podemos seguir tolerando la tragedia diaria en nuestro país”, me decía Darío, un médico oriundo de Zulia en medio de uno de esos apagones que ya nadie se molesta en anunciar.

El hallazgo más interesante, sin embargo, no surge de una respuesta inducida. Aparece solo, en la conversación pública. En enero, las menciones sobre elecciones representaban el 8% de todo lo que se hablaba de Venezuela. En mayo llegaban al 16%. En junio, los terremotos ocuparon casi toda la atención y el tema cayó al 2%. Cuando la emergencia dejó de monopolizar la conversación, la palabra volvió con más fuerza: 17% en julio, 18% en agosto.

Una conversación digital no fija la fecha de una elección, no reemplaza instituciones ni garantiza una transición. Sí permite ver cuándo una sociedad empieza a ordenar su futuro alrededor de una solución concreta. La tragedia silenció la palabra durante unas semanas; la expectativa siguió intacta.

Conviene no confundir esa paciencia con resignación, ni darla por infinita. Los escudos de cartón fueron una decisión moral, no una condena perpetua. Una sociedad puede elegir durante años no responder con violencia. Nadie demostró todavía cuántos años.

Las fechas suelen aparecer primero en el lenguaje y después en los calendarios. El régimen todavía administra estructuras. Estados Unidos administra tiempos. Parte de la dirigencia opositora administra legitimidades del pasado. Los venezolanos, mientras tanto, parecen haber resuelto las dos preguntas que importan: quién los representa y mediante qué mecanismo quieren recuperar la libertad.

Venezuela todavía no tiene una fecha. Tiene una decisión. El calendario sigue en manos del poder. El futuro, cada vez menos.

El autor es politólogo, fundador y CEO de Methodo.

Rusia parece estar perdiendo la guerra en Ucrania, tanto en el plano moral como en el militar. No fue una operación especial rápida; al contrario, ha sido una invasión larga y costosa en la que se ha visto obligada a buscar mercenarios en países extranjeros, incluida América Latina.

En México, Rusia reclutó soldados a través de plataformas de redes sociales como Facebook. Un reporte de La Crónica destaca que la oferta incluía un pago de 3.000 dólares, alojamiento, manutención y una bonificación de 28.000 dólares.

Pero no todo lo que brilla es oro. Las ofertas laborales dirigidas a captar posibles reclutas se centraban en los sectores de la construcción y la seguridad privada. Sin embargo, al llegar a Moscú, los planes cambiaban: les confiscaban pasaportes, les entregaban uniformes y les enviaban al frente de batalla. Los beneficios y salarios prometidos nunca se materializaron.

Desde 2024, se estima que unos 1.200 ciudadanos peruanos se han alistado en el ejército ruso. La gran mayoría recibió ofertas de trabajo en servicios de cocina, seguridad y transporte. El paquete incluía un salario mensual de 2.500 dólares, alojamiento y una bonificación de entre 20.000 y 50.000 dólares.

Colombia también fue objeto de los esfuerzos de reclutamiento rusos. La nación sudamericana —que ha sufrido durante años la guerra de guerrillas, el terrorismo y la violencia paramilitar— cuenta actualmente con una gran población de excombatientes empobrecidos y desempleados. Ellos constituían el blanco perfecto para las promesas rusas de una vida mejor.

Las ofertas que circulaban en redes sociales y mediante el boca a boca prometían un salario mensual de 3.500 dólares, una bonificación de 35.000 dólares y la ciudadanía rusa. Ninguna de estas promesas llegó a cumplirse. Como siempre, el gobierno ruso negó tener conocimiento de estas operaciones ilícitas, que se repetían una y otra vez.

También se han registrado casos en Centroamérica, concretamente en El Salvador, que involucran a personas que viajaron a Rusia en busca de trabajo, un buen salario y otros incentivos laborales lucrativos. No obtuvieron nada de eso; en su lugar, fueron enviados al frente de batalla.

En Bolivia, Rusia reclutó a personas de escasos recursos con ofertas similares y bonificaciones que oscilaban entre los 16.000 y los 20.000 dólares. Se han reportado al menos 20 casos en Santa Cruz. Los empleos estaban dirigidos a albañiles, plomeros, cocineros y guardias de seguridad. Les prometieron el oro y el moro, pero solo encontraron un infierno en tierra extranjera.

Rusia ha estado utilizando mercenarios cubanos desde 2023. Los soldados de la isla conocen el armamento, están entrenados y su contratación resulta económica, lo que reduce a cero el costo político para Putin. Nadie en Moscú se quejará por la muerte de soldados extranjeros.

En 2025, Cuba llevó la situación a otro nivel. El número de mercenarios enviados a pelear en favor de Rusia alcanzaría un estimado de 20.000 soldados. La tendencia indica que Cuba podría incluso superar la cantidad de tropas provenientes de Corea del Norte.

Los jóvenes cubanos que se alistaron en las filas rusas creyeron en las promesas de dinero y bienestar para sus familias en la isla, pero solo han encontrado muerte, engaño y deshonra. El régimen ruso se aprovecha de la necesidad y la desesperación que se viven en Cuba y en otros países.

Para los soldados de la isla el paquete incluye dos mil dólares mensuales, la ciudadanía rusa y 15 días de vacaciones cada seis meses. Es una promesa atractiva que Putin ha cumplido solo a medias, lo que ha generado deserciones y descontento.

Rusia no está ganando la guerra, por más iglesias, escuelas o edificios residenciales que bombardee. Perdió la batalla el día que invadió un país soberano y decidió sacar provecho de la pobreza ajena, reclutando soldados mediante mentiras y falsas promesas.

El autor es periodista exiliado, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional y del de liderazgo de Harvard.

El pueblo venezolano democrático tiene derecho a re-concebir y re-crear sus instituciones luego de un período de destrucción de las mismas en el cual fueron transformadas en absolutamente disfuncionales a las necesidades de la gente. Sin embargo, para muchas de ellas, la imagen dominante de la corrupción se sitúa como una condición que es imprescindible resolver porque esta infame práctica se ha comido por dentro el sistema y la propia economía del país, ha atacado incluso en los márgenes del poder, o incluso más allá en las dinámicas opositoras.

Es imposible no percibir la corrupción como una autoridad paralela que determina de la peor forma la vida política de Venezuela. Los hoy dictadores guardianes de la crisis venezolana han ejercido y ejercen una influencia considerable para que la corrupción misma sea parte de la ostentación del poder y determina la práctica de cómo se implementan las políticas. Esta dura realidad obstaculiza los esfuerzos para que la transición sea de hecho más flexible, abierta y democrática, manteniendo el mismo esquema cerrado de poder y priorizando el tráfico de influencias, favores, prebendas, apropiación y ventajas financieras como la función principal de la misma y dejando los problemas de la democracia como objetivos a resolver posteriormente (y estimo que si es posible nunca).

Todo comienza con una dimensión colectiva de deterioro, que abarca no solo la experiencia del orden cronológico de inicio del chavismo y la duración ilimitada del madurismo en un marco de irracionalidad política en que las otras opciones políticas fueron anuladas como posibilidad de alternancia, sino también en las creencias político-culturales compartidas en todo ese tiempo y una extraña concepción de una agenda política atrofiada por la falta de derechos.

Venezuela desarrolló este marco de trabajo político que limitó capacidades para el diálogo político y la posibilidad de una visión común de país, la cual no existe aún al presente. A partir de allí, las dinámicas de convivencia política que, en general, son posibles aún en contextos con fuertes contradicciones de ideas, en Venezuela las lógicas varias de cooptación e intimidación la hicieron completamente imposible.

Recuperar el Estado de Derecho es esencial para recuperar la justicia en un país en que el orden constitucional ha sido completamente subvertido. Para ello, reconocer la legitimidad de la juramentación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional legítima implica comprender la complejidad de la experiencia política de este proceso de recuperar la legalidad y la normalización del país, sin perder de vista la tarea de recuperar la decencia pública en el marco del más estricto apego a la Constitución.

Se deben buscar las formas más adecuadas de integrar esta complejidad en su amplio abanico de ideas, para que las mismas constituyan un factor unificador o un enfoque equilibrado en la determinación de los instrumentos institucionales, pues es algo absolutamente demostrado en todos los ámbitos que el Estado de Derecho y la Justicia son, además, en efecto, el motor económico y la orientación política fundamental ante los desafíos que enfrenta Venezuela, y que, en última instancia, estas cuestiones deberán ser resueltas para que se resuelva el país.

Como hemos dicho, la certeza jurídica es progenitora de la certeza política y la certeza económica. Para ilustrar el aspecto más significativo y fundamental del caso venezolano, supongamos que Venezuela tiene hoy una Constitución que sirve de marco rector para abordar los problemas actuales que vive el país y que la misma tiene la más plena vigencia, en tal caso, el país aplicaría entonces esta Constitución en función de las necesidades reales, tendría justicia para las violaciones de Derechos Humanos, no habría detenciones arbitrarias, no habría la asignación arbitraria de negocios y proyectos, tendría un Presidente surgido de los resultados electorales. Es obvio que todo esto no se ha aplicado porque el régimen tiene como principal mecanismo de preservación de su existencia la violación de la Constitución.

Es importante entonces que la oposición a este régimen no caiga en la trampa de buscar atajos que impliquen también la violación de la Constitución porque ello haría imposible acercarse a una solución y porque le permitiría al régimen entreverar suficientemente las cosas como para dividir la verdad, compartir responsabilidades en la desinstitucionalización del país y como para pretender que en definitiva son todos iguales.

Cualquier proceso de diálogo para la normalización democrática del país tiene que tener como objetivo la más plena vigencia de la Constitución y, por lo tanto, no puede comenzar, ni seguir, ni terminar con acciones o contubernios violatorios de la misma. La lucha por la Justicia vemos que será el punto crítico de esta semi-transición en proceso y ya hemos visto quienes han hecho los primeros movimientos sobre ella además del régimen. Es entonces muy importante reconstruir la institucionalidad con el más pleno respeto de la Constitución y sin desprolijidades al respecto, lo cual es difícil dada la natural tendencia a que eso pase en todas las dinámicas de conjunción del régimen con actores “opositores”.

El “bueno” de Jorge Rodríguez ofreció que los magistrados del próximo Tribunal Supremo de Justicia se voten en su propia Asamblea Nacional, es decir, simplemente profundizar cada vez más la ilegitimidad del proceso y, en realidad, no hay nadie como él para empeorar las instituciones y para violar la constitución en reiteración real. Es decir, asegurar la continuidad de la crisis de la que ha estado viviendo los últimos 12 años y mantener sus manitas agarrando el poder judicial.

En los procesos electorales del 2024 Venezuela categorizó y clasificó sus proyectos políticos, identificando los liderazgos y las posiciones fundamentales. No obstante, haber afirmado la centralidad de determinados posicionamientos políticos y haber descartado otros, vemos como estas creencias y liderazgos que fueron descartados vuelven (como siempre han vuelto) en diferentes formas y tamaños. Como resultado, la concepción de “poder” abarca tanto la experiencia práctica del chavismo/madurismo, así como las pequeñas parcelas compartidas por algunos opositores y semi-opositores.

Sin embargo, con respecto al futuro, la falta de popularidad de estas propuestas creó una perspectiva en la que no existe un concepto común y unificador para el país. Después de todo, la percepción popular (con sus elementos inherentes de interpretación y selectividad) no es intrínsecamente peligrosa, porque la intuición política que tiene el pueblo está muy basada en sus necesidades y, por lo tanto, en la realidad.

En efecto, la observación que realiza la gente la llevó a conclusiones políticas claras respecto a la sórdida ilegitimidad del régimen y sus representantes, la ilegitimidad de la Asamblea Nacional y del TSJ de la dictadura, todos ellos surgidos de fraudes electorales y de procesos viciados de nulidad. El pueblo venezolano nunca tuvo ninguna duda al respecto, algo muy distinto que algunos dirigentes políticos “opositores” que se sienten hermanados con el régimen en su falta de representatividad.

La normalización constitucional no puede significar sumar más violaciones a la Constitución, así como no puede estar tramitada por actores carentes de representatividad popular, tan carentes de representatividad los hace carentes de legitimidad.

Todas las cosas que se hacen de espaldas al pueblo quedan siempre bastante malparidas.

Luis Almagro/Instituto CASLA

“Lo que han presenciado esta noche es un gobierno que defiende lo que es correcto”. Con estas palabras, el rabino embajador Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, expresó el sentimiento de las más de 300 personas que el lunes 24 de agosto llenábamos el salón del hotel Embajador de Santo Domingo.

Reunidos en el sexto Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo de Combat Antisemitism Movement (CAM), acabábamos de escuchar al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunciando que su gobierno adoptaría la Definición sobre Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), convitiéndose en el séptimo país de Latinoamérica que se comprometía con la IHRA.

Con Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguay y ahora la República Dominicana, los países que han respaldado la definición suman 47, de los cuales 30 de ellos la han ratificado en sus legislaciones o estrategias. También se han adherido más de 1300 entidades y 340 instituciones culturales y educativas de todo el mundo. En el anuncio de la decisión, el presidente Abinader hizo una inequívoca declaración de principios: “El antisemitismo no es un problema que afecte únicamente al pueblo judío. Es una amenaza para la convivencia democrática y para los derechos y libertades de todos. Esta lucha debe guiarse por principios universales, no por circunstancias políticas pasajeras”.

Y así, con ese compromiso explícito, el presidente Abinader retomaba la honorable memoria de la República Dominicana, el único país del mundo que en 1938 aceptó acoger a miles de judíos que huían de la Alemania nazi. Convocados por Franklin D. Roosevelt en la pequeña ciudad balneario de Évian-les-Bains, a raíz de la grave crisis de refugiados judíos provocada por el Tercer Reich, 31 de los 32 países reunidos se negaron a ampliar sus cotas de inmmigración, y solo el país caribeño abrió sus puertas. 88 años después, el presidente Abinader ha hecho honor a su legado.

¿Qué es la definición de la IHRA y por qué es tan importante? Se trata de un texto breve que nació en 2016 para identificar las conductas de odio contra el pueblo judío, y desde entonces ha adquirido una gran relevancia a causa del aumento imparable del odio antisemita en todo el mundo. Su importancia radica en tres aspectos: construye un consenso global sobre las prácticas antisemitas; identifica las mutaciones modernas de dichas prácticas; y sirve de guía operativa para que las instituciones actúen en consecuencia.

Estos son los 11 ejemplos de antisemitismo del siglo XXI que la IHRA ha identificado. Primero, la justificación del odio a los judíos, pidiendo que se les mate o dañe en nombre de una ideología o una causa. Segundo, la defensa y propaganda de mitos conspirativos que sitúan a los judíos en los centros de poder y se les considera responsables de conflictos y tragedias. Tercero, practicar la culpa colectiva de los judíos por los errores de una persona o grupo. Cuarto, el negacionismo de la Shoá. Quinto, la acusación de doble fidelidad, es decir, considerar que los ciudadanos judíos son seres más leales a Israel que a sus países de origen. Sexto, afirmar que Israel es un proyecto racista y negar su derecho a la existencia. Séptimo, practicar el doble rasero y exigir a Israel un comportamiento que no se le exige a ninguna otra nación democrática. Octavo, usar símbolos vinculados al antisemitismo clásico para caracterizar a Israel. Noveno, comparar a Israel con la Alemania nazi. Décimo, considerar a todos los judíos del mundo responsables colectivos de las acciones del gobierno de Israel. Y onceavo, utilizar estereotipos y prejuicios tradicionales para juzgar a personas de origen judío.

Cabe añadir que la IRHA aclara explícitamente en su documento que las críticas hacia Israel, similares a las que se dirigen contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Pero hay una diferencia enorme entre practicar el pensamiento crítico contra un gobernante o su política, y criminalizar a todo un país y pedir su desaparición. Este es el punto más caliente y controvertido de la declaración y, sin embargo, es el más relevante porque sitúa al antisionismo en el espejo del antisemitismo.

A pesar de que la izquierda -responsable de acuñar el prejuicio antisionista- hace grandes esfuerzos para diferenciarse del antisemitismo clásico, lo cierto es que el antisionismo se ha convertido en el peor y más eficaz propagador de odio contra los judíos. Primero, porque niega a los judíos el derecho a tener un estado, es decir, la posibilidad a tener el escudo protector del derecho internacional. Y ello contra un pueblo que ha sufrido el peor genocidio de la historia. Y segundo, porque aplica un doble rasero letal: mientras no se discute la existencia de ningún estado del mundo, incluyendo aquellos que diseñó Churchill con un puro y un lápiz, se pide la desaparición de un país que es la tierra milenaria del pueblo judío.

Nada es casual: si el pueblo judío es el único demonizado del mundo, el estado hebreo es el único criminalizado del mundo. Puro antisemitismo, aunque se viste de progresismo, solidaridad y el resto de las letanías conocidas.

“Rechazar el antisemitismo no significa tomar posición respecto a un gobierno o conflicto en particular”, declaró el Presidente Abinader. “Significa afirmar inequívocamente que ningún desacuerdo político, ninguna causa, ni ninguna circunstancia pueden justificar el odio, la discriminación o la violencia contra un individuo o una comunidad”. Y sin embargo es justamente ese prejuicio el que hoy recorre universidades, medios de comunicación, conmemoraciones y todo tipo de declaraciones.

Israel es la excusa, pero su constante criminalización recae en todos los judíos del mundo. No caben dudas: El antisionismo es un nuevo vestido para un viejo odio.

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Casi todos los diarios del mundo registran a diario el drama de los migrantes que arriesgan sus vidas para escapar de la pobreza, la violencia, el autoritarismo y las difíciles condiciones de vida en África y otras regiones, buscando refugio y oportunidades en Europa. Pero existe otra migración, mucho menos visible, que rara vez ocupa los titulares y que amenaza con vaciar lentamente a Europa de su futuro: la emigración de sus jóvenes.

Confrontados con economías de bajo crecimiento, mercados laborales poco dinámicos, salarios estancados y un costo de la vivienda cada vez más elevado, numerosos jóvenes europeos buscan mejores oportunidades fuera de sus países de origen. Algunos se trasladan hacia las economías más dinámicas del propio continente, como Suiza, Holanda o Austria. Otros miran hacia Estados Unidos, Canadá, Australia o el Medio Oriente.

Se produce así una paradoja inquietante. Europa continúa siendo destino de quienes huyen de la pobreza, la persecución y la inestabilidad, pero al mismo tiempo se convierte en punto de partida de jóvenes profesionales que no encuentran en sus propios países las oportunidades necesarias para construir un futuro.

Esta migración silenciosa constituye un verdadero desangramiento de capital humano, particularmente grave en un continente que enfrenta simultáneamente el envejecimiento de su población y una baja tasa de natalidad.

El problema obliga a plantearse una pregunta fundamental: ¿qué debe hacer Europa para volver a ser atractiva para sus propios jóvenes?

La respuesta comienza por el crecimiento económico. Y para recuperar un crecimiento vigoroso, Europa debe completar una tarea que lleva décadas postergando: la verdadera integración de su mercado interno.

La Unión Europea ha eliminado buena parte de las barreras arancelarias entre sus miembros y ha construido instituciones políticas y monetarias comunes. Sin embargo, debajo de esa arquitectura subsisten importantes diferencias regulatorias, financieras y energéticas. En muchos aspectos, Europa continúa funcionando como una asociación de mercados nacionales antes que como un único gran mercado continental.

Mientras persista esa fragmentación, la dinámica del capitalismo europeo difícilmente podrá desplegar todo su potencial. Las respuestas parciales —el crecimiento del empleo público, los trabajos de medio tiempo para profesionales recién graduados o los programas temporales de intercambio y formación en otros países— pueden aliviar las consecuencias, pero no resuelven el problema fundamental: la insuficiente creación de oportunidades productivas.

La primera gran integración pendiente es la de los mercados de capitales. Su fragmentación limita particularmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento, expandirse, fusionarse o superar situaciones de insolvencia. Un verdadero mercado europeo de capitales permitiría movilizar el ahorro continental hacia las empresas con mayor capacidad de innovación y crecimiento, independientemente del país donde estén ubicadas.

La segunda integración indispensable es la energética.

Europa posee una extraordinaria diversidad de fuentes de energía que podrían complementarse: la hidroelectricidad de los países escandinavos, la energía nuclear francesa y la capacidad eólica desarrollada por Alemania y Dinamarca. Una integración más profunda de las redes y mercados energéticos permitiría aprovechar esas ventajas de manera conjunta y contribuiría a reducir los elevados costos que han afectado particularmente a la industria europea desde la pérdida de buena parte del suministro de gas ruso.

Para Alemania, la locomotora industrial del continente, menores costos energéticos ayudarían a preservar la competitividad de su industria y reducir los incentivos para trasladar operaciones hacia Estados Unidos o Asia. Para Francia, una mayor integración abriría la posibilidad de aprovechar plenamente su enorme capacidad nuclear, exportando electricidad hacia otros mercados europeos durante períodos de alta demanda.

Pero la integración debe ir más allá del capital y la energía. Europa necesita reducir las diferencias regulatorias que continúan actuando como verdaderos aranceles invisibles dentro de su propio mercado. Una empresa europea debería poder financiarse, producir, invertir, vender y expandirse a través del continente con una facilidad comparable a la que tiene una empresa estadounidense para operar entre los distintos estados de la Unión.

Ese es, en última instancia, el desafío europeo.

Europa no podrá detener la migración de sus jóvenes mediante subsidios, programas temporales o empleos de transición. Solo podrá hacerlo ofreciéndoles algo mucho más importante: la expectativa razonable de que pueden construir una vida próspera en sus propios países.

Mayor crecimiento significaría mejores empleos, salarios más competitivos, mayor capacidad para adquirir vivienda, formar familias, tener hijos y crear riqueza. Y significaría también recuperar algo que Europa parece estar perdiendo lentamente: la confianza de sus jóvenes en el futuro.

Quizás la respuesta se encuentre, paradójicamente, en una vieja lección que Alexis de Tocqueville identificó al observar a Estados Unidos: la posibilidad de combinar identidades locales fuertes con una estructura federal capaz de crear un enorme espacio económico común.

Europa no necesita renunciar a la identidad de Francia, Alemania, Italia, España o de cualquiera de sus naciones. Pero sí necesita avanzar hacia una integración económica mucho más profunda que armonice los mercados financieros, energéticos y regulatorios y permita explotar plenamente las ventajas de un mercado continental.

Porque la mayor amenaza para Europa quizás no sea solamente la inmigración que llega y que todos vemos. Puede ser también la migración que casi nadie ve: la de una generación de europeos que, al no encontrar oportunidades en casa, se lleva consigo el futuro del continente.

El crimen y la violencia le cuestan a nuestra región 3.4 puntos de su PIB, el equivalente al 78% de su presupuesto público de educación. Ningún país, por capaz que sea, puede sostener solo el horizonte que todo esto exige.

En varios países de la región se ha documentado el reclutamiento de niños para fines criminales, incluso menores de diez años. Esto ocurre más por incentivo que por coerción. Las organizaciones criminales construyen lazos afectivos, de pertenencia e identidad con los menores, y terminan ocupando espacios donde el Estado está presente, pero no siempre de la manera que las comunidades necesitan.

Una lógica similar ocurre donde el crimen se instala sobre economías legales y las convierte en ilícitas como la minería, la madera y la pesca. Se trata de plantar raíces en espacios débiles articulando inversiones que no buscan obtener ganancias inmediatas, sino generar ingresos difíciles de rastrear en el futuro. Para sostener estas operaciones, las organizaciones criminales necesitan protección. En algunos casos, la encuentran dentro de las cárceles que han dejado de ser el final de la cadena penal para volverse una primera línea de coordinación criminal. Desde allí se administran operaciones y se recluta. El crimen organizado planifica con una visión que trasciende gobiernos, presupuestos, ciclo político y fronteras.

Estos son algunos ejemplos que revelan una característica central del crimen organizado: su capacidad para actuar pensando en las próximas generaciones, diversificar operaciones más allá de las fronteras, y planificar a largo plazo.

Frente a las capacidades dinámicas, adaptativas y de planificación del crimen organizado, la región solía responder desde la urgencia, con planes domésticos que terminaban en la frontera. Cada crisis generaba una intervención y cada alza de violencia, nuevas medidas.

Eso fue lo que llevó a más de 270 participantes de casi 30 países y distintas instituciones a reunirse en Brasilia, en la tercera Cumbre Regional de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Creada hace dos años, la Alianza tiene al BID como secretaría técnica, financia, coordina y aporta la evidencia. Su trabajo responde a tres prioridades que los propios gobiernos han identificado: proteger a las comunidades más vulnerables frente al reclutamiento criminal, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y desarticular los flujos financieros del crimen. En esta edición, Brasil asumió la presidencia pro tempore, sucediendo a Argentina.

Estas y otras acciones muestran que el verdadero valor del BID para la región está en su capacidad técnica y de convocatoria, tanto como en los recursos que moviliza. Eso es lo que multiplica el valor de cada operación. En el 2024, el BID aprobó US$185 millones en operaciones de seguridad ciudadana. Para 2026, la cartera supera los US$1.400 millones, equivalente al 60% de la meta trienal fijada en la cumbre anterior. Por ello, en Brasilia decidimos elevar nuestro compromiso a US$4.000 millones hasta 2028.

Pero el financiamiento no es suficiente. También debemos mejorar la forma en que medimos el problema. En la región más violenta del mundo, los homicidios dominan el debate público, pero cuentan solo una parte, no registran la extorsión, el lavado de activos, los mercados ilegales, el control territorial ni el reclutamiento. Una región que solo mide muertes no ve la mayor parte de lo que el crimen organizado hace.

En la Cumbre hicimos un balance del trabajo realizado y definimos nuevas acciones conjuntas. Avanzamos en dos nuevos frentes: el nuevo sistema regional de intercambio de antecedentes penales, ya en fase piloto, y un Observatorio del Crimen Organizado Transnacional integrado por fiscalías nacionales, para fortalecer la persecución de estructuras que operan más allá de las fronteras. También reforzamos la capacidad de actuar, incorporando a INTERPOL como socio, que se une a nuestra Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida, una iniciativa que brinda asistencia técnica en cuestión de días, y que ya ha apoyado el diseño de planes nacionales de seguridad.

La apuesta del crimen organizado es seguir reclutando niños, lavando dinero con paciencia, operando desde las cárceles, disputando el territorio al Estado en las calles y en el ciberespacio. Apuesta también a la fragmentación, confiando en que cada país enfrente por separado problemas que desde hace tiempo dejaron de ser exclusivamente nacionales. Nuestra apuesta es distinta. Se basa en algo que el crimen no puede comprar: la confianza entre instituciones y entre países. Las redes criminales pueden adquirir tecnología, corromper funcionarios y esperar el paso de los gobiernos. La confianza, en cambio, se construye a través del tiempo con cooperación y acciones concretas. Por eso el tiempo deja de ser su ventaja y empieza a ser la nuestra.

Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida.

Eduardo Vergara es jefe de la División de Seguridad Ciudadana del BID y Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo.

La diplomacia y el derecho penal internacional atraviesan una de sus grietas más profundas debido a la tendencia sostenida de la República Popular China de dotar a sus leyes penales de una marcada extraterritorialidad. Esta pretensión de sancionar actos cometidos fuera de su territorio por ciudadanos extranjeros ha dejado de ser una disputa académica para convertirse en un problema operativo real para cancillerías, embajadas y tribunales de todo el mundo. En el centro del debate se encuentra la soberanía territorial, un principio básico del derecho internacional que se paraliza cuando una potencia pretende tipificar como delito la libre expresión, las decisiones legislativas o el apoyo a Taiwán realizados en suelo extranjero.

Para entender la desconfianza actual es necesario volver a 2019, cuando la intención del gobierno de Hong Kong de aprobar una ley de extradición hacia la China continental provocó protestas masivas en las calles ante el temor de una inminente pérdida de garantías judiciales. La respuesta de Beijing en junio de 2020 sentó un antecedente definitivo al promulgar de forma directa la Ley de Seguridad Nacional. Esta norma incluyó el polémico Artículo 38, el cual otorgaba jurisdicción penal a las autoridades chinas sobre supuestos delitos cometidos por personas no residentes y fuera del territorio hongkonés.

La reacción de las democracias fue inmediata y países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania suspendieron de manera sistemática sus acuerdos de extradición con Hong Kong. Aquel quiebre confirmó que la cooperación penal internacional no resiste cuando el sistema judicial de un país se percibe como un instrumento de presión ideológica transnacional.

La lección de Hong Kong cobra renovada vigencia frente a la arquitectura legal que impulsa Beijing contra la independencia de Taiwán. Disposiciones como el Artículo 63 de sus normativas sobre la reunificación extienden la persecución criminal no solo a diplomáticos, sino directamente a miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, investigadores, catedráticos y conferencistas internacionales que aborden críticamente las políticas del régimen o respalden la soberanía de la isla.

Esta pretensión punitiva supone un ataque frontal contra la libertad de expresión y la libertad de conciencia, buscando silenciar el debate intelectual, la labor informativa y la investigación académica más allá de las fronteras chinas bajo la amenaza de sanciones penales. Esta expansión genera la inaplicabilidad directa del principio de doble incriminación, ya que ningún tribunal democrático puede extraditar a una persona por actos que en su propio país constituyen el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Asimismo, mientras los diplomáticos acreditados cuentan con el escudo de la Convención de Viena, los miembros de la sociedad civil, la prensa, los académicos, los cónyuges de funcionarios, el personal técnico y los consultores externos quedan expuestos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de salida o represalias al cruzar fronteras con tratados vigentes con China, lo que ha obligado a diversas cancillerías a actualizar sus alertas de viaje.

La consecuencia última de esta ofensiva jurídica es un mapa de la justicia internacional dividido en dos bloques. Por un lado se posicionan los Estados que suspenden la cooperación penal y blindan a sus ciudadanos, mientras que por el otro quedan los países vulnerables o con estrecha dependencia económica con Pekín, expuestos a presiones diplomáticas para ejecutar entregas de personas al margen del debido proceso.

En eventos clave como el Foro Ketagalan y en los pronunciamientos de la Alianza Interparlamentaria sobre China, parlamentarios y analistas coinciden en que si los países no declaran colectivamente la ineficacia jurídica de estas leyes extraterritoriales dentro de sus fronteras, el derecho penal internacional dejará de ser una herramienta para combatir el crimen y pasará a convertirse en un arma de coacción política global.

* El autor es egresado del Fu Hsing Kang College y presidente del Foro Uruguay Democrático.

En febrero de 2026, el presidente uruguayo Yamandú Orsi realizó una visita de Estado a Beijing, donde firmó numerosos acuerdos de cooperación poco transparentes que impulsaban la colaboración con la República Popular China (RPC) en la exportación de carne y harina de pescado. Muchos otros acuerdos fueron confidenciales y abarcaban áreas sensibles como la colaboración científica y mediática.

En gran medida, Uruguay ha pasado desapercibido para Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los países del hemisferio occidental con mayor vinculación económica con la RPC en relación con su tamaño, además de colaborar con ella en los ámbitos político, militar y otros. La RPC también ha comenzado a utilizar su influencia económica y sus redes de presión dentro de Uruguay de forma cada vez más coercitiva. En marzo de 2026, el alcalde de Durazno, Felipe Algorta, canceló una visita prevista a Taiwán después de que el entonces embajador de la RPC, Huang Yazhong, se reuniera con él, diciéndole que sería incompatible con la política uruguaya de “Una sola China”.

El reciente acercamiento de China a Uruguay ilustra cómo la República Popular China utiliza su influencia económica, junto con otras herramientas, para promover intereses estratégicos incluso en países con instituciones sólidas y tradiciones democráticas. La ubicación de Uruguay en el hemisferio occidental, una región priorizada por la administración Trump en su Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025, advierte a Washington que las instituciones y los procedimientos sólidos por sí solos no son suficientes para que los países vecinos de la región garanticen un equilibrio adecuado entre los beneficios y los riesgos al ampliar su relación con China.

Relación política y comercial entre la República Popular China y Uruguay

Uruguay fue relativamente tarde entre las naciones sudamericanas en establecer relaciones con la República Popular China, haciéndolo en febrero de 1988. Como reflejo de una fuerte y creciente dependencia comercial del mercado chino, el país estableció una alianza estratégica con la República Popular China en 2016, se unió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China en agosto de 2018, pasó a formar parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, liderado por la República Popular China, en abril de 2020 y, en noviembre de 2023, elevó su relación con la República Popular China a una alianza estratégica integral. Además, el Grupo de Amistad China en el Parlamento uruguayo se relanzó en diciembre de 2025 y está encabezado por algunos de los parlamentarios más influyentes del país en materia de política exterior: Daniel Caggiani Gómez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, y el diputado Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados.

El comercio de Uruguay con la República Popular China (RPC) está relativamente equilibrado en términos de volumen en dólares, con 3.500 millones de dólares en exportaciones a China y 3.300 millones de dólares en importaciones procedentes de China. Sin embargo, si bien más del 90% de sus exportaciones son productos primarios y agrícolas como la soja, la pulpa de madera y la carne de vacuno, Uruguay importa una amplia gama de bienes y servicios manufacturados y tecnológicos de la RPC. El país también presenta una notable dependencia económica de la RPC, que es el destino del 26% de sus exportaciones. Esa dependencia podría acentuarse con la negociación de un tratado de libre comercio entre la República Popular China y el Mercosur, una prioridad para el actual gobierno del Frente Amplio, que ahora cuenta con mayor poder para impulsar ese objetivo con Orsi como presidente pro tempore del Mercosur desde junio de 2026.

Inversión y proyectos chinos en Uruguay

En comparación con otros países de la región, como Brasil, la inversión de empresas chinas en Uruguay es reducida: apenas 247 millones de dólares en 2020 y menos de mil millones en la actualidad. El pequeño mercado uruguayo, con 3,4 millones de habitantes, explica en parte esta limitada inversión, si bien las empresas chinas también han enfrentado diversas dificultades legales y financieras en el país. Otra razón mencionada por los consultados en Uruguay es la limitada capacidad de la oficina de promoción de inversiones del país, Uruguay XXI, con respecto a China. Dicha organización no tiene oficina en el país y se la consideró parcialmente responsable de lo que varios expertos percibieron como una mala planificación y coordinación en el viaje del presidente Orsi a China en febrero de 2026.

Casi la mitad de las inversiones de la República Popular China en Uruguay se concentran en el sector agrícola del país. Esto incluye a China Oilseeds and Foodstuffs Corporation, propietaria del 36% de la terminal de granos en el puerto de Nueva Pamira, además de tres plantas procesadoras de carne: Rondatel y Lirtix, propiedad al 100% de Sundiro, y Lorsinal, propiedad al 50% de Sundiro. Cada una de estas plantas ha enfrentado considerables dificultades financieras desde su adquisición por parte de la empresa china. De manera similar, una planta procesadora de carne en Florida, propiedad de la empresa china Clademar, tuvo problemas financieros y fue vendida en 2020. En enero de 2026, Maregroup, una empresa tabacalera china que operaba en la Zona Franca de Florida en Uruguay, cerró abruptamente sus puertas y se retiró del país. Las exportaciones uruguayas de carne a la República Popular China también han tenido problemas, ya que 34 toneladas de carne uruguaya en dos envíos fueron rechazadas por Beijing durante el último año por motivos técnicos.

También persisten algunas dificultades en el sector automotriz. Las empresas chinas Cherry y Lifan invirtieron en una planta de fabricación de automóviles en San José, pero se vio obligada a cerrar en 2021 tras problemas para acceder a los mercados de Argentina y Brasil, países vecinos del Mercosur. De manera similar, la empresa china Brilliance canceló en 2019 un proyecto de fábrica de automóviles en Uruguay. A pesar de estas dificultades, las marcas chinas de automóviles tienen una fuerte presencia en el mercado automotriz uruguayo. Las empresas chinas son particularmente fuertes en el sector de vehículos eléctricos de Uruguay. BYD ofrece taxis eléctricos al mercado uruguayo, en colaboración con la autoridad de transporte del país. Los autobuses eléctricos chinos, suministrados por BYD, Higer y Yutong, representan actualmente más del 11% de la flota. Además, al igual que en otros países de la región, la empresa china de transporte compartido Didi opera en Montevideo, incluyendo sus servicios de taxi y entrega de comida. En logística, en 2018, la empresa china Shandong Bao Ma propuso una instalación portuaria especializada de 200 millones de dólares en Punta Yeguas para procesar y almacenar pescado y abastecer a la flota pesquera china de aguas profundas. El proyecto fue criticado por falta de transparencia, la preocupación de que pudiera facilitar la pesca ilegal por parte de la flota china y las dificultades con la zonificación, lo que llevó a su traslado a Punta Sayago antes de su abandono definitivo en 2019. La autoridad portuaria uruguaya también contrató a Shanghai Dredging Company para realizar trabajos de dragado en el puerto de Montevideo, pero fue criticada por utilizar una empresa privada china en lugar de sus propias capacidades.

En el sector eléctrico, China Metallurgical Engineering Corporation (CMEC) obtuvo un contrato de 191 millones de dólares para construir infraestructura de transmisión eléctrica desde Tacuarembó hasta Salto, completando así el anillo norte de Uruguay. Según expertos consultados extraoficialmente durante el viaje del autor, el proyecto se vio obstaculizado por retrasos en la obtención de permisos y el traslado de equipos desde la República Popular China, así como por críticas que señalaban que 500 de los 700 trabajadores empleados por CMEC eran chinos o ecuatorianos, lo que contravenía una ley que exigía al menos un 80% de empleados uruguayos. El sindicato uruguayo SUNCA también presentó al menos siete denuncias sobre las condiciones laborales, y en 2026, tres directivos de CMEC fueron condenados por delitos relacionados con violaciones laborales.

CMEC, junto con Shanghai High Velocity Group, también buscó trabajo en la línea del Ferrocarril Central de Uruguay, pero ambas empresas fueron descartadas por no poder demostrar que contaban con la autorización legal de su empresa matriz para participar en el proceso de licitación. Actualmente, las empresas chinas CWE y Sinohydro compiten por la construcción de la represa Casupa, un proyecto de seguridad hídrica priorizado por el gobierno de Orsi. Anteriormente, en 2013, empresas chinas habían discutido diversos proyectos ferroviarios en el país, así como la construcción de un importante oleoducto para el transporte de lodos desde la mina Atatiri hasta un nuevo puerto de aguas profundas propuesto, aunque ninguno de los proyectos se concretó.

En telecomunicaciones, al igual que en otras partes de Latinoamérica, las empresas chinas tienen una fuerte presencia, incluyendo Xiaomi, Honor y Oppo. Los teléfonos inteligentes de las tres marcas se distribuyen a través de la empresa estatal Antel y el proveedor comercial Movistar. Huawei también está disponible en tiendas minoristas. ZTE construyó la nueva red 5G de Uruguay, recientemente desplegada por Antel. A finales de 2025, Antel adjudicó un importante contrato de telecomunicaciones a Huawei en lugar de a su competidor europeo Nokia, una decisión que algunos en Uruguay consideraron basada, en parte, en la presión china. Ambas decisiones de Antel generan preocupación en materia de seguridad de datos para Uruguay, sus residentes y las empresas que operan en el país, ya que las empresas chinas, como Huawei, están obligadas a entregar dichos datos al gobierno chino, si este lo solicita, en virtud de los artículos 7 y 14 de la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China de 2017, así como del artículo 28 de la Ley de Ciberseguridad de la República Popular China de 2017. En sistemas de videovigilancia corporativa y doméstica, la importante empresa china Hikvision tiene presencia en el país con una oficina en el World Trade Center de Montevideo. Dahua, con sede en Hangzhou, también está presente. En 2018, la República Popular China donó 1.000 cámaras para su instalación en la frontera de Uruguay con Brasil, pero el país no ha implementado, hasta la fecha, proyectos a gran escala de “ciudades inteligentes” como ECU-911 en Ecuador o BOL-110 en Bolivia.

Las empresas chinas también desempeñan un papel cada vez más importante en el sector minorista uruguayo, incluyendo establecimientos como China Store, China Market, Mumuso, Miniso y Todo Aca. Las investigaciones uruguayas sobre estas tiendas han sido más limitadas que en otros países latinoamericanos, aunque ha habido preocupaciones recurrentes con la mercancía de contrabando, incluida la incautación en 2025 de 17.000 pares de zapatos de diseñador de contrabando por parte de la autoridad aduanera de Uruguay.

Redes de Intercambio Cultural Chino

La República Popular China ha establecido importantes redes de intercambio cultural en Uruguay, incluyendo el Grupo de Amistad en el Parlamento uruguayo, mencionado anteriormente. Una delegación encabezada por el líder del Frente Amplio, Fernando Pereira, visitó la República Popular China en mayo de 2025, y anteriormente, en julio de 2024, otra delegación, liderada por el coordinador de la coalición, Jorge Gotta, visitó Beijing.

Al igual que en otros países de la región, la República Popular China también cultiva vínculos con los medios de comunicación uruguayos. Entre ellos se incluye un acuerdo de intercambio de contenidos firmado en 2023 entre Xinhua y el servicio audiovisual estatal uruguayo. La cooperación en materia de medios se amplió mediante un acuerdo posterior durante la visita de Estado del presidente Orsi a la República Popular China en febrero de 2026. El gobierno chino también ha llevado periodistas uruguayos a la República Popular China, entre ellos Leonardo Pérez Peña del Diario La R. Para el establecimiento de redes de negocios, la Cámara de Comercio Uruguay-República Popular China opera en el país desde 1986. En el ámbito educativo, un Instituto Confucio funciona en la Universidad de la República de Uruguay desde noviembre de 2017. Además de los vínculos que involucran a representantes oficiales de la República Popular China, varias universidades uruguayas ofrecen programas para el estudio de China, su idioma y su cultura. Estos incluyen clases de chino en la Universidad de la República, así como en la Universidad ORT, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo, entre otras.

Las actividades de intercambio cultural de la República Popular China en otras partes de América Latina, destacadas en el Libro Blanco de Política 2025 de China hacia la región, tienen una influencia particular en el discurso regional sobre China y en la coordinación para defender sus intereses nacionales y evitar los riesgos derivados de tales interacciones. En el mejor de los casos, quienes han recibido beneficios de viaje o esperan recibirlos en el futuro, como invitaciones, dinero para realizar presentaciones, consultorías o impartir clases en entidades chinas, u otros acuerdos comerciales, podrían dudar en criticar públicamente a la República Popular China, sus empresas y actividades, o en defender públicamente los intereses de la empresa o del país si estos atentan contra los intereses chinos. En casos extremos, estas relaciones pasadas o futuras podrían llevar a quienes las reciben a filtrar información confidencial a China o a utilizar sus cargos para promover los objetivos de la República Popular China en el país. Si bien existe muy poca información pública sobre el espionaje chino en América Latina, los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses detectan este tipo de actividad con regularidad en Estados Unidos. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) documentó 224 casos de espionaje chino que involucraron solo a Estados Unidos desde 2001.

Cooperación militar entre la República Popular China y Uruguay

Las fuerzas armadas uruguayas, tradicionalmente con escasos recursos, han recibido durante mucho tiempo donaciones de vehículos y equipos de la República Popular China, así como viajes de capacitación y formación profesional para sus oficiales a China. Esta relación se aceleró con un acuerdo de cooperación militar de 2016 que derivó en una donación de 5 millones de dólares en ambulancias tácticas, minivans y tractores en marzo de 2018. En agosto de 2024, Uruguay firmó un protocolo de defensa adicional con la República Popular China, lo que llevó a la donación por parte de esta última de 15 cocinas móviles, 15 generadores móviles, cuatro tanques de agua de 10.000 litros, un camión cisterna de combustible y 136 radios digitales.

Además de las donaciones, empresas militares con sede en la República Popular China han intentado vender equipo militar a Uruguay. Entre las principales iniciativas se incluyen un intento de venta por parte de China de ocho cazas L-15 y, por separado, una oferta de 200 millones de dólares para la venta de patrulleras de alta mar uruguayas. En este último caso, la empresa china ganó la licitación, pero la adquisición se suspendió en medio de acusaciones de irregularidades y preocupaciones por parte de Estados Unidos.

En enero de 2026, el buque hospital chino Silk Road Arc realizó una escala de cuatro días en Montevideo, la primera vez que un buque de guerra chino lo hacía. Si bien se describió como una “escala técnica” en lugar de una “misión médica”, el buque y su tripulación fueron recibidos personalmente por la ministra de Defensa uruguaya, Sandra Lazo, y ambos países mantuvieron múltiples interacciones militares durante la estancia del buque en puerto.

Según expertos consultados extraoficialmente en Uruguay, este país también envía al menos un oficial al año al curso de seis meses de Comando y Estado Mayor en China; como resultado, varios oficiales superiores o retirados que han recibido una amplia formación militar profesional en China ocupan actualmente altos cargos en las fuerzas armadas uruguayas. Si bien estos vínculos no indican necesariamente que China esté ampliando sus contactos militares en Uruguay, sin duda los mantiene. Al igual que con la diplomacia entre pueblos de China, analizada en la sección anterior, esto sugiere que en Uruguay, como en otras partes de América Latina, el Ejército Popular de Liberación (EPL) posee conocimientos y relaciones con funcionarios uruguayos que puede aprovechar para operar dentro o cerca del país en tiempos de guerra.

La dimensión estadounidense

Mientras la República Popular China intenta aprovechar sus compras de productos uruguayos para forjar relaciones comerciales y redes de influencia en Uruguay, Estados Unidos trabaja para fortalecer sus propias relaciones en el país, partiendo de una base sólida, pero con recursos limitados. Como se mencionó en la introducción, si bien Uruguay puede no parecer estratégicamente importante por su tamaño o recursos naturales, su ubicación geográfica es estratégica, ya que se encuentra entre Argentina y Brasil, en un corredor fluvial clave para las importaciones y exportaciones de cinco naciones sudamericanas. Además, sus sólidas tradiciones democráticas lo convierten en un campo de pruebas para determinar si tales atributos son suficientes para resistir la influencia de la República Popular China en el contexto de una considerable dependencia comercial con el país.

El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, ha sabido aprovechar sus lazos familiares con Uruguay y su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump para construir una sólida conexión entre ambos países. Empresas estadounidenses de vanguardia, como Google y Microsoft, han realizado importantes inversiones en tecnologías digitales e investigación y desarrollo en el país. El presidente uruguayo de centroizquierda, Orsi, a pesar de acciones aparentemente problemáticas como su caótico viaje a la República Popular China en febrero de 2026, ha mostrado mayor disposición a atender las preocupaciones de Estados Unidos sobre China que algunos de sus vecinos más afines a Trump, incluido el argentino Javier Milei, quien recientemente renovó un acuerdo de intercambio de divisas por 19.000 millones de dólares con la República Popular China tras aceptar un respaldo financiero estadounidense de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, debido a que Uruguay está clasificado como un país de “altos ingresos”, Estados Unidos tiene limitaciones significativas para proporcionar subvenciones, ayuda militar o incluso fondos de la Corporación Financiera de Desarrollo que podrían ofrecer al país alternativas democráticas sólidas a la dependencia de China.

Conclusión

China se ha convertido en un socio comercial importante e influyente para Uruguay y ha construido importantes redes políticas, militares y de intercambio cultural con el país, a pesar del reducido tamaño de su mercado.

Mientras tanto, Estados Unidos cuenta con el equipo y los recursos necesarios para ayudar a Uruguay, con sus sólidas instituciones y tradición democrática, a elegir un mejor camino a seguir, en el contexto de los tropiezos de China. Un modesto aumento de recursos y políticas favorables por parte de Washington, desde alianzas de inversión hasta cooperación policial y de seguridad, pasando por la ampliación de becas para programas como Fulbright, podrían ser de gran ayuda.

Aunque Uruguay parezca un país relativamente pequeño y alejado de Estados Unidos, el rumbo de su relación con la República Popular China tiene implicaciones estratégicas tanto para Estados Unidos como para la región. Si, a pesar de las instituciones relativamente sólidas y las tradiciones democráticas de Uruguay, la República Popular China logra utilizar sus importantes compras de productos uruguayos y su presencia empresarial selectiva para ejercer presión sobre intelectuales, empresarios, militares y políticos uruguayos, incluso a nivel local, enviará una clara señal tanto al país como a la región de que las instituciones y la democracia no son suficientes para garantizar los beneficios de la colaboración con la República Popular China, a la vez que se protege contra influencias indebidas y consecuencias adversas. Por el contrario, si, en el contexto de numerosos proyectos chinos problemáticos y la coerción demostrada, Estados Unidos puede ofrecer a Uruguay alternativas efectivas y ayudarlo a construir una relación más sana con China, será un éxito que puede ayudar a Estados Unidos en su compromiso con China en el resto de América Latina y más allá.

Evan Ellis es investigador asociado sénior (no residente) en el Programa para las Américas del CSIS en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.

Las palabras del Presidente Volodimir Zelensky retumbaron hace unos instantes en Santa Sofía en un día espectacular desde el punto de vista climático, muy distinto desde el punto de bélico, a lo ocurrido hacen escasas 24 horas tras sufrir dos ataques, uno a las 01:30 y el otro 03:30 con misiles balísticos que destruyeron dos depósitos enormes de alimentos: sonaron las sirenas y en cuestión de segundos se escucharon dos violentas explosiones muy cercanas. De todas maneras, aunque nos pareza extraño, es la vida rutinaria macabra en esta martirizada capital desde hace cuatro largos años.

Hace minutos, la llegada de Zelenski a la Catedral de Santa Sofía para celebrar el trigésimo quinto aniversario de la Independencia fue impactante por las extraordinarias y necesarias medidas de seguridad que rodean a este gran Presidente europeo. Lo acompañaban los líderes de Dinamarca, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia que aprovecharan esta ocasión para reunirse y abordar una estrategia conjunta de defensa aérea frente a los misiles y drones rusos.

Pero el acontecimiento mundial fue hoy la inesperada e histórica presencia del Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Andy Burnham en la Ceremonia, quien fue recibido con una estruendosa ovación por todos los presentes, dando un claro mensaje de solidaridad y apoyo incondicional a Ucrania.

Por estrictas razones de seguridad, sólo algunos miembros del Gobierno supieron con pocas horas de antelación el arribo del Premier Burnham. Su presencia fue un claro mensaje a toda la Comunidad Internacional.

Recordemos que cuando Angela Merkel dio un paso al costado, un vacío difícil de explicar se instaló en Europa y en el mundo. Hoy quedan como las cabezas más emblemáticas del viejo continente, el Presidente Macron, el Primer Ministro Andy Burnham (Reino Unido) y el Canciller Friedrich Merz (Alemania) y significativamente integra este trío de políticos de fuste, Volodomir Zelenski, Doctor en derecho, ex actor, director y político, que ha emergido como un nuevo líder excepcional en estas oscuras y dramáticas horas que vive su castigado país.

Su ejemplo es un hito fundamental para todos y teniendo en cuenta la extremadamente compleja situación internacional que enfrenta el gobierno de los Estados Unidos, insistimos que es mandatorio que hoy más que nunca, Occidente siga apoyando sin concesiones a Kiev para lograr la recuperación definitiva de sus territorios ocupados.

La invasión a Ucrania no es solo un ataque a esa República sino a todas las Democracias del planeta. Nos encontramos ante un desafío que reconoce pocos antecedentes porque desde el fin de la II Guerra Mundial, el sistema institucional de la libertad nunca se había sentido tan amenazado, excluyendo la “guerra fría”.

El problema formidable es que Rusia con su sangriento accionar militar ha quebrado la “regla de oro” instaurada paciente, silenciosamente, desde la creación de las Naciones Unidas hace ya ochenta años: el concepto de Seguridad Colectiva que por un lado condena y por otro lado, explícitamente y muy importante, impide la utilización de la fuerza para la solución de conflictos entre Estados. Putin ha violado el Derecho Internacional y si el mundo lo acepta, estaremos ante futuros desafíos negativos de incalculables consecuencias.

Por ello es imprescindible una actitud de firmeza incondicional ya que el líder moscovita sólo entiende el lenguaje de la fuerza y esa cohesión ejemplar es la que con gran coraje están demostrando la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, entre otros países.

La tecnología alcanzada por Ucrania está causando asombro en todo el mundo. Es casi imposible de explicar los avances que han colocado a esta República entre los primeros lugares del mundo en construcción de drones. Fuentes habitualmente bien informadas calculan que la producción diaria, es de más de 20.000 de estos medios aéreos. O sea que este año producirán 8.500.000 y el año próximo, podemos estimar una producción total de 15.000.000.

Evidentemente esta criminal invasión rusa ha cambiado el paradigma militar, especialmente lo referente a los medios aéreos. Deberán actualizarse en forma inmediata la planificación, tácticas y estrategias a nivel mundial ya que la mayoría de ellas se han vuelto obsoletas y particularmente Ucrania sufre una debilidad manifiesta de su defensa aérea que debe ser subsanada en forma urgente. El arma ideal en estas circunstancias son los famosos y efectivos misiles “Patriot” de origen estadounidense capaces de interceptar y destruir misiles balísticos de última generación, con una eficacia superior al 85%.

Es importante mencionar que están actuando hoy especialmente en la denominada “tierra de nadie”, es decir en el punto de contacto entre las Fuerzas Armadas de ambos países, drones “madres” que llevan hasta ocho mini-drones que se comunican entre ellos a través de IA en forma autónoma y cuyo objetivo son los soldados. Es tan sensible el instrumental abordo, que pueden detectar el movimiento de una mano y en consecuencia, se activa el mecanismo represivo con el disparo final que es letal: imposible evadirse una vez detectado el blanco.

Página aparte la evolución misilística rusa, especialmente el misil balístico “Zircon” que posee una carga útil de 850 kg, una velocidad de 10 Mach, o sea más de 10.000 km/h.

El grave problema para el Alto Mando Militar Ucraniano, es que con este tipo de armamento ruso, las autoridades solamente pueden avisar a la población a través de WhatsApp, con pocos minutos de antelación antes del impacto, dada su extraordinaria velocidad.

Por otro lado y desde el punto doctrinario es menester reforzar sin titubeos al Multilateralismo, la Interdependencia y su resultado inescindible, la Globalizacion que representan la exteriorización de los principios del Liberalismo que se edificaron a lo largo de los últimos 300 años. Este andamiaje ideológico se fundamenta en el apoyo irrestricto a la Constitución por convencimiento, no por imposición, a la defensa sin concesiones del sistema Democrático, a la División de Poderes, al Estado de Derecho y a la Economía de Mercado.

Estas ideas revolucionarias recordemos que comenzaron a partir de la Revolución Gloriosa, del Constitucionalismo inglés y de la Revolución Americana, entre otras fuentes importantes, como respuesta a las brutales guerras religiosas en Europa durante los siglos XVI y XVII y a la falta del reconocimiento de la dignidad y de los derechos de las personas, haciendo énfasis en la elaboración de argumentos contrarios a la monarquía absoluta y su pretensión de monopolio sobre la verdad desde el punto de vista político, económico, filosófico y religioso.

Los fundamentos intelectuales fueron establecidos por John Locke que apuntó a un decisivo impulso de la Ilustración cuyas ideas constituyen el andamiaje rector del Sistema Institucional de la Libertad que comenzó a cuestionar las viejas tradiciones de las sociedades medievales y sus gobiernos despóticos y totalitarios.

Finalmente, con las reuniones protocolares que tuve con el Vice Jefe de la Oficina del Presidente, Dr. Ihor Zhovka y con el Vice Ministro de Defensa, Sr. Serhii Boyev termina este tercer viaje realizado en los últimos tres años. Pero mi emoción superó todos los límites cuando ayer, durante el tradicional “Desayuno de la Oración” tuve el inmenso honor de estrechar la mano del Presidente Zelenski y transmitirle brevemente el masivo apoyo y solidaridad absoluta de los ciudadanos argentinos al noble y valeroso pueblo ucraniano.

Mención especial, la destacada e irremplazable tarea que lleva a cabo silenciosamente pero impresionantemente efectiva, nuestra Embajador Elena Mikusinski en Ucrania, ejemplo del Servicio Exterior de Argentina ante todo el mundo.

Repitiendo mis conceptos expresados con anterioridad y que se fortalecen con el correr de los meses, hoy más que nunca, la Comunidad Internacional debe trabajar urgentemente, sólo para el Plan “A” en Ucrania ya que no existe la más mínima posibilidad de un Plan “B”.

El mundo libre reclama y exige en forma perentoria la inmediata devolución de los territorios ocupados por Rusia con racional, equilibrada pero profunda determinación. Sólo de esta manera será posible arribar a una paz digna y en libertad.

A los norteños nos gusta decir que Nuevo León se hizo solo. La frase expresa algo verdadero: aquí generaciones enteras se partieron el lomo trabajando, empresarios arriesgaron su patrimonio, obreros levantaron fábricas y nuestras universidades formaron talento de clase mundial.

Y esa aseveración es correcta en ánimo e intención, pero la historia completa es todavía más interesante: los grandes saltos de Nuevo León ocurrieron cuando esa capacidad norteña encontró una estrategia nacional que la respaldó y multiplicó.

En 1882 llegó el ferrocarril de Nuevo Laredo a Monterrey y para 1888 nuestra ciudad estaba conectada por tren con la Ciudad de México. Eso significó algo muy sencillo: podían entrar maquinaria y materias primas y nuestros productos podían salir hacia mercados mucho mayores.

En 1900, empresarios regiomontanos fundaron la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey con 10 millones de pesos de capital inicial. Nuevo León puso capital, trabajadores y acero. El país puso vías para moverlo.

La fórmula se repitió en los años cuarenta. México tomó entonces una decisión estratégica: industrializarse y fabricar dentro del país más de lo que comprábamos fuera. El famoso Modelo de Sustitución de Importaciones que inició con el Gral. Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. En 1940, Nacional Financiera fue transformada para impulsar infraestructura e industrias estratégicas.

Y ese respaldo llegó directamente a Nuevo León. En 1942, NAFINSA respaldó el financiamiento para un nuevo alto horno de Fundidora. Después vinieron créditos internacionales por 4.5 millones de dólares en 1951 para laminación y 26 millones en 1956 para Aceros Planos. Hylsa, fundada en Monterrey en 1943, también utilizó financiamiento internacional garantizado por Nacional Financiera para incorporar nueva tecnología.

El empresario norteño invertía y arriesgaba. El Estado ayudaba a abrir financiamiento para crecer. Y crecimos tanto que apareció otro problema: faltaba electricidad.

En 1943, doce grandes empresas regiomontanas tuvieron que asociarse para construir una planta de alrededor de 15 mil kilowatts. La industria avanzaba más rápido que la energía disponible.

Entonces entró CFE. Entre 1947 y 1952 construyó la termoeléctrica de San Jerónimo, que alcanzó unos 30 mil kilowatts. En 1952 se añadió la generación de Falcón: tres unidades de 10,500 kilowatts conectadas con Monterrey mediante una línea de 138 mil voltios. Y en 1977 comenzó otro enorme esfuerzo nacional: llevar gas desde Cactus, Chiapas, hasta Monterrey y el norte industrial.

Vías. Financiamiento. Electricidad y Gas en una gran asociación con nuestro estado como eje esencial. Nuevo León puso capacidad productiva. México ayudó a construir las condiciones para multiplicarla en tres grandes alianzas económicas, sociales y geográficas.

Esas alianzas por el desarrollo nacional y nuevoleonés dejaron, además, una filosofía social y productiva que sigue vigente. Eugenio Garza Sada postuló que empresas fuertes necesitaban trabajadores, familias y comunidades fuertes. Esa es la esencia del Capitalismo Social norteño: producir, generar riqueza y asumir una responsabilidad con la comunidad. ¿Por qué recordar todo esto hoy?

Porque yo estoy absolutamente seguro de que estamos frente a una nueva oportunidad histórica. La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado con el Plan México una estrategia nacional que vuelve a poner en el centro la industrialización, la inversión, la infraestructura, el contenido nacional, la formación técnica y la relocalización de empresas.

Y si hay un estado hecho para aprovechar ese momento, ese estado es Nuevo León. Estamos, pues, listos para la CUARTA ALIANZA con México. Por eso me parece absurdo seguir imaginando que Nuevo León tiene que escoger entre su vocación empresarial y la Transformación. La nueva etapa de la Transformación puede ser una extraordinaria aliada de nuestra industria.

Por eso creo, también, que Nuevo León no necesita inventarse nuevamente. Necesita ponerse a la altura de su propia historia con administraciones públicas de probada honestidad para cuidar el dinero, cercanía para escuchar y atender los retos sociales, capacidad para ejecutar los grandes proyectos y experiencia para cumplir como se debe.

Sin sometimientos y sin pleitos inútiles en la geografía republicana. Porque nuestra historia ya demostró la fórmula: cuando México tiene rumbo y Nuevo León le pone Norte, todos prosperamos en la gran alianza de motor económico y social nacional.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

Las Naciones Unidas nacieron de una promesa que parecía imposible de discutir: después del horror de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el mundo debía construir instituciones capaces de impedir que semejante barbarie volviera a repetirse.

La consigna era clara: Nunca Más.

Pero ocho décadas después, la pregunta incómoda ya no es qué hace la ONU para cumplir ese mandato, sino cuánto se ha alejado de él.

Mi planteo es deliberadamente incómodo: la ONU dejó de comportarse como un árbitro neutral y terminó funcionando como una plataforma de legitimación política de quienes buscan destruir a Israel y debilitar a las democracias occidentales.

No se trata simplemente de una diferencia diplomática, de una votación desfavorable o de una crítica puntual al Estado de Israel. El problema es estructural. Es la existencia de mecanismos institucionales que permiten que Israel sea tratado bajo una vara completamente diferente a la aplicada al resto del planeta.

Una obsesión que ya no puede disimularse

Durante décadas, la ONU construyó un sistema en el que la condena a Israel dejó de ser una reacción excepcional para transformarse en una rutina.

El símbolo más evidente fue la Resolución 3379 de 1975, aquella que definió al sionismo como una forma de racismo. Aunque fue revocada en 1991, dejó instalada una idea peligrosa: que el movimiento nacional del pueblo judío podía ser presentado como moralmente ilegítimo.

Esa lógica sobrevivió a la derogación de la resolución.

Mientras regímenes autoritarios, dictaduras y países con gravísimas violaciones de derechos humanos ocupan espacios centrales dentro de organismos internacionales, Israel aparece una y otra vez como el gran acusado.

Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de todo el sistema: los gobiernos que restringen libertades, persiguen opositores, encarcelan periodistas o reprimen minorías terminan participando de estructuras desde las cuales se pretende dar lecciones de derechos humanos a la única democracia del Medio Oriente.

Eso no es justicia internacional.

Es una inversión moral.

El Punto 7: cuando la condena está escrita antes del juicio

Hay algo todavía más grave: el denominado Punto 7 del Consejo de Derechos Humanos, dedicado permanentemente a Israel y a los territorios palestinos.

La existencia de una categoría de agenda permanente específica para un solo Estado revela, como mínimo, una selectividad extraordinaria.

El problema no es discutir las acciones de Israel. Ninguna democracia debe estar por encima del escrutinio.

El problema aparece cuando el escrutinio deja de ser universal y se convierte en obsesión.

Porque una cosa es investigar abusos.

Otra completamente distinta es construir una arquitectura institucional en la que la condena de Israel parezca formar parte del procedimiento antes incluso de analizar los hechos.

Y esa diferencia importa.

Porque cuando la institución encargada de investigar termina anticipando el culpable, deja de actuar como árbitro y empieza a actuar como actor político.

UNRWA: cuando el humanitarismo pierde su neutralidad

Pero la cuestión se vuelve todavía más delicada cuando analizamos a la UNRWA.

La agencia fue creada como una estructura específica para los refugiados palestinos y, a diferencia del esquema general de ACNUR, desarrolló un sistema particular en el que la condición de refugiado se transmite de generación en generación.

El resultado es una anomalía que ha contribuido a perpetuar el problema en lugar de resolverlo.

Durante décadas, enormes recursos internacionales fueron destinados a sostener una estructura que terminó convirtiéndose en un actor central de la vida palestina.

Y después del 7 de octubre, las preguntas dejaron de ser teóricas.

Las investigaciones sobre empleados vinculados con Hamás, las acusaciones sobre utilización de instalaciones de la UNRWA por parte de organizaciones terroristas y los señalamientos relacionados con materiales educativos y adoctrinamiento obligaron a Occidente a mirar algo que durante demasiado tiempo prefirió ignorar.

La pregunta ya no podía ser solamente cuánto dinero necesitaba la UNRWA.

La pregunta era mucho más incómoda:

¿Qué estaba financiando realmente Occidente?

Porque la ayuda humanitaria es indispensable.

Pero precisamente por eso debe existir una frontera absoluta entre asistencia a civiles y colaboración con estructuras terroristas.

Cuando esa frontera desaparece, el humanitarismo deja de proteger a las víctimas y puede terminar protegiendo a quienes las utilizan como escudos.

Cuando los datos se convierten en un arma

Hay otro aspecto que no podemos pasar por alto: la batalla por los datos.

En una guerra cognitiva, controlar la interpretación de la realidad puede ser tan importante como controlar el territorio.

Por eso, las cifras sobre hambre, víctimas civiles o crisis humanitarias adquieren una dimensión política extraordinaria.

Determinados mecanismos de evaluación vinculados con Gaza modificaron criterios o utilizaron proyecciones discutibles para sostener diagnósticos que luego eran convertidos en argumentos políticos contra Israel.

La cuestión de fondo no es negar el sufrimiento de los civiles palestinos.

Ese sufrimiento existe.

La cuestión es otra: ¿qué sucede cuando una institución internacional presenta datos cuya metodología, fuentes o criterios son cuestionables, pero esos números adquieren inmediatamente categoría de verdad incuestionable en medios de comunicación, universidades y gobiernos?

Eso es guerra cognitiva.

Porque una cifra repetida mil veces deja de parecer una cifra.

Se convierte en un relato.

El fracaso de la ONU frente a Hezbollah

El mismo patrón aparece en el Líbano.

La misión de UNIFIL fue concebida para contribuir a mantener la seguridad en la frontera y evitar que grupos armados operaran libremente en esa zona. Sin embargo, la presencia y expansión de Hezbollah demuestra hasta qué punto el mecanismo fracasó en cumplir ese objetivo.

Entonces aparece otra pregunta elemental:

¿Qué valor tiene una resolución internacional si nadie está dispuesto a hacerla cumplir?

La ONU produce documentos, declaraciones, informes y condenas.

Pero cuando las organizaciones terroristas acumulan armas y consolidan infraestructuras militares, la maquinaria internacional demuestra una enorme dificultad para convertir sus propias palabras en hechos.

Y ahí nace una de las mayores tragedias del sistema:

Israel es condenado por defenderse de una amenaza que la propia comunidad internacional no consiguió, o no quiso, eliminar.

El silencio que también condena

La ONU no solo falla por lo que hace.

También falla por lo que omite.

Uno de los ejemplos más dolorosos fue la respuesta inicial frente a los crímenes sexuales cometidos durante el ataque del 7 de octubre.

Cuando una organización internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres calla frente a denuncias de violaciones, torturas y asesinatos de mujeres israelíes, el problema deja de ser solamente comunicacional.

Se transforma en una cuestión moral.

Porque los derechos humanos no pueden depender de quién sea la víctima.

No pueden aplicarse a unas mujeres y relativizarse frente a otras.

No pueden ser universales en el discurso y selectivos en la práctica.

El problema de fondo

Llegados a este punto, alguien podría preguntarme:

¿Estoy diciendo que toda la ONU es ilegítima?

No.

Estoy diciendo algo más preciso y, por eso mismo, más preocupante:

que determinadas estructuras de la ONU han sido capturadas por una lógica política que ha convertido a Israel en un objeto permanente de demonización y ha debilitado la credibilidad del sistema entero.

Una organización internacional puede equivocarse.

Puede ser ineficiente.

Puede ser burocrática.

Pero cuando la selectividad se vuelve sistémica, cuando el terrorismo puede infiltrarse en estructuras humanitarias, cuando las resoluciones se convierten en herramientas de propaganda y cuando la autodefensa de una democracia es sometida a un escrutinio incomparablemente superior al que enfrentan sus agresores, ya no estamos hablando solamente de ineficiencia.

Estamos hablando de captura institucional.

El “Nunca Más” en peligro

La mayor ironía histórica es que la organización creada después del Holocausto para impedir que el horror volviera a repetirse termina participando de un sistema narrativo en el que la violencia contra los judíos vuelve a ser presentada bajo disfraces políticos.

Ese es el verdadero desafío.

Porque el terrorismo no necesita únicamente armas.

Necesita relatos.

Necesita legitimidad.

Necesita que sus crímenes sean relativizados, que sus cifras sean amplificadas sin suficiente escrutinio, que Israel sea presentado permanentemente como el agresor y que la responsabilidad moral se desplace desde quienes iniciaron la violencia hacia quienes intentan detenerla.

Eso es exactamente lo que llamo guerra cognitiva.

La batalla no se libra únicamente en Gaza, en el Líbano o en Israel.

Se libra también en las universidades, en los medios, en las redes sociales, en los tribunales internacionales y en los organismos multilaterales.

Y allí, la ONU ocupa un lugar central.

Por eso, Occidente debe dejar de considerar intocable a una institución por el solo hecho de haber nacido de una buena idea.

Las instituciones no se juzgan por sus intenciones originales.

Se juzgan por lo que hacen.

Y si la ONU quiere recuperar alguna vez la autoridad moral que perdió, deberá demostrar algo que hoy parece cada vez más difícil:

que los derechos humanos son realmente universales, que el terrorismo nunca puede ser legitimado y que el antisemitismo no vuelve a entrar por la puerta de atrás disfrazado de diplomacia, activismo o supuesto humanitarismo.

Porque después del Holocausto, el mundo prometió “Nunca Más”.

La pregunta que debemos hacernos hoy es mucho más incómoda:

¿Cuántas veces más tendremos que repetir la historia antes de admitir que el problema no está solamente en los terroristas, sino también en quienes les construyen el escenario para justificarse?

Se cumplen 2 meses del doble terremoto que dejó un saldo de más de 6.000 víctimas, 50.000 desaparecidos y cerca de 60.000 edificios dañados o destruidos en Venezuela. Esta catástrofe no solo ha fracturado el paisaje físico, sino que ha expuesto la fragilidad institucional acumulada tras 27 años de ineficiencia. En este momento crítico, la interrogante fundamental que debe guiar la agenda nacional es cómo abordar la reconstrucción de manera efectiva y transformadora.

Este proceso no representa únicamente un desafío financiero de gran escala; es, ante todo, un reto para las políticas públicas y una prueba de nuestra capacidad para asimilar lecciones globales. La experiencia internacional, desde Chile en 2010 y Japón en 2011 hasta Turquía en 2023, demuestra que los grandes desastres obligan a replantear las prioridades. La nación enfrenta una encrucijada determinante para su porvenir: consolidar una transformación estructural de su economía o sucumbir, bajo la sombra de la debilidad institucional, a ciclos de gestión ineficiente y proyectos carentes de rigor técnico.

La magnitud del daño

El Banco Mundial estima daños directos por US$19.600 millones, concentrados en un 50% en el sector vivienda. Sin embargo, a esta cifra alarmante deben sumarse las pérdidas indirectas que comprometen el futuro: la interrupción prolongada de la actividad económica, la caída drástica del comercio y la desarticulación de las cadenas logísticas, lo que impacta severamente en el empleo, tanto formal como informal.

El caso de La Guaira es particularmente elocuente. Al albergar el principal puerto del país y el aeropuerto internacional, este corredor logístico hacia Caracas es vital. Antes del sismo, operaban allí unos 7.000 establecimientos comerciales; dos meses después, apenas 1.752 permanecen abiertos. El hecho de que más de tres cuartas partes del tejido empresarial hayan desaparecido o se encuentren paralizadas genera un efecto en cadena devastador sobre proveedores, el empleo y la recaudación fiscal.

Una oportunidad de modernización

Los costos estimados de reconstrucción ascienden a US$37 MM. Limitarse a reconstruir sobre las mismas bases sería una oportunidad perdida. El corredor Puerto de La Guaira–Aeropuerto Simón Bolívar–Caracas posee una ventaja competitiva excepcional en América Latina: infraestructura marítima de aguas profundas y aérea internacional a menos de 40 kilómetros del centro financiero del país. Actualizar las normas antisísmicas, las redes eléctricas, la infraestructura digital y los estándares de resiliencia climática puede transformar esta zona en una plataforma logística regional de vanguardia.

Este proceso debe movilizar no solo a la industria de la construcción, sino también a todo el ecosistema económico: al sistema financiero, mediante el crédito hipotecario y la emisión de deuda; al sector asegurador, con nuevos productos para riesgos catastróficos; y a las industrias tecnológicas, energéticas y de salud. Un volumen de proyectos de tal magnitud representa una coyuntura de reactivación sin precedentes.

El verdadero cuello de botella: las instituciones

Contrario a lo que se cree, la disponibilidad de capital internacional no es el principal impedimento. Los bancos multilaterales y los fondos de infraestructura globales muestran un claro interés en proyectos de esta envergadura. El verdadero obstáculo radica en la calidad institucional: ningún inversionista compromete capitales masivos si las reglas de juego son volátiles, y ninguna organización multilateral financia programas sin transparencia verificable y mecanismos sólidos de resolución de controversias.

Dos décadas de inseguridad jurídica y deterioro del sistema judicial han elevado el riesgo país a niveles prohibitivos para la inversión intensiva. La reconstrucción física no revertirá esta percepción por sí sola; solo lo hará la creación de un marco institucional robusto que garantice licitaciones competitivas, supervisión técnica rigurosa y la protección efectiva de la propiedad y los contratos.

La experiencia comparada dicta que los procesos de reconstrucción exitosos logran combinar una visión estratégica de largo plazo con una capacidad de ejecución institucional y la participación activa del sector privado. Esquemas de asociación público-privada en transporte, energía y saneamiento serán indispensables, pues ningún Estado ha logrado reconstruir infraestructura a gran escala utilizando exclusivamente fondos públicos.

Del terremoto a una economía distinta

El terremoto ha forzado una discusión que Venezuela no podía postergar: la urgente necesidad de diversificar una economía históricamente dependiente de la renta petrolera. La Guaira tiene el potencial de consolidarse como un nodo logístico regional y un destino turístico de alto valor. En el resto del país, este impulso debe traducirse en un sistema eléctrico eficiente, un parque habitacional modernizado y redes viales que optimicen los costos logísticos a nivel nacional.

En última instancia, el éxito de este esfuerzo no debe medirse únicamente en metros cuadrados construidos o kilómetros rehabilitados, sino en la capacidad de crear un entorno donde el sector privado invierta con horizontes de largo plazo. Existe una distinción vital entre el crecimiento efímero, impulsado por ciclos de gasto excepcionales, y el desarrollo sostenible, que requiere instituciones sólidas capaces de mantener el dinamismo cuando el impulso inicial se agota.

Las ciudades pueden reedificarse en pocos años, pero la confianza institucional es un activo que requiere tiempo y constancia para madurar. Sin ella, ninguna obra física logrará transformar verdaderamente el destino económico de Venezuela.

Cometer delitos para tomar y detentar indefinidamente el poder con impunidad y atribuirlos a las víctimas violando judicialmente sus derechos humanos, es metodología de la dictadura de Cuba expandida como terrorismo de Estado en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y en sus gobiernos para dictatoriales. El uso de fiscales y jueces como arma del socialismo del siglo 21, judicializando la violación de derechos humanos está vigente, ha producido muertes, miles de presos, millones de exiliados políticos y debe terminar sin impunidad.

Para institucionalizar su sistema dictatorial del socialismo del siglo 21 o castrochavismo reemplaza todos los elementos esenciales de la democracia por mecanismos de “terrorismo de Estado”: cambia leyes que protegen la libertad y los derechos fundamentales por “leyes infames” que violan los derechos humanos, creando un sistema de normas que falsifica la estructura del estado de derecho; controla todos los órganos del Estado copando el judicial, extinguiendo la separación e independencia de poderes; así, judicializa la represión política anulando oposición real y libre asociación política, con lo que construye su “oposición funcional” para operar la “dictadura electoralista” en la que el pueblo vota pero no elige.

La normativa impuesta por la llamada izquierda o castrochavismo con constituyentes, cambio de leyes, de códigos, de tipos delictivos, de procedimientos, de sistemas, violación de principios universales de derecho, liquidación de la rendición de cuentas y de transparencia, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador con Correa, Argentina con los Kirchner, Brasil con Lula, México con López Obrador y más, ha producido la barbarie que se resume en la “violación judicializada de derechos humanos”.

Este iter criminis de destrucción de la libertad y la democracia ha generado “fiscales sicarios” o acusadores contra inocentes, falsificadores de pruebas, violadores derechos humanos y matones con competencia para disponer de la vida y la hacienda de la gente; y ha producido “jueces infames” que carecen de honra porque aplican leyes que violan los derechos humanos desconociendo principios, valores y la normativa jurídica y moral universal, dictando sentencias y fallos soporte del terrorismo de Estado, que dan impunidad a los detentadores del poder. No son justicia, son parte del grupo criminal narcoterrorista.

Es el régimen de “indefensión”, definido como “la situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho”, se trata de la “alteración injustificada de la igualdad”. Los ciudadanos bajo regímenes dictatoriales viven en situación de indefensión y por eso empobrecen, migran o se someten a la miseria.

Este escenario de la normalización del crimen organizado detentando el poder político está hoy vigente plenamente en Cuba y Nicaragua cuyas dictaduras permanecen intactas; y presenta indicios de desmontaje en Venezuela y en Bolivia. Para terminar las dictaduras hay que quitar el poder -no solo el gobierno- a la delincuencia organizada que es dueña del sistema normativo dictatorial que han creado.

El cambio de la geopolítica en las Américas iniciado el año 2025 con su mayor señal la captura de Nicolas Maduro el 3 de enero 2026 produce la expectativa de terminación de las dictaduras de Cuba y Nicaragua, muestra crecientes avances en Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos y abre espacios para iniciativas de libertad en Bolivia cuyo gobierno se mantiene hasta ahora como continuista en el sistema del narcoestado plurinacional.

En este marco, jueces y tribunales constitucionales en Bolivia, atendiendo “acciones de libertad” que es el sustituto plurinacional del “habeas corpus”, han empezado a restituir parcialmente la vigencia de derechos humanos como “el derecho a la libertad personal”, “las garantías judiciales”, “el principio de legalidad y de irretroactividad”, “la presunción de inocencia”, “la igualdad jurídica”, “el debido proceso”, “el juez imparcial”, y más, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y obligatorios por los artículos 7, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.

Es el caso de los procesos planteados por ex ministros del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que han merecido dos fallos en tribunales de Santra Cruz y uno en Cochabamba que ANULAN el juicio y la persecución judicializada desatada por los autores de los hechos delictivos disfrazados de acusadores, testigos o víctimas. La justicia constitucional “reconoció violaciones al debido proceso, la igualdad ante la ley, la verdad material e investigación integral al haberse perseguido solo a las ex autoridades sin investigar a los actores beneficiados por la amnistía dictada por Carlos Mesa”.

Se abre en Bolivia la verdadera investigación del inicio de la crisis de Bolivia con el golpe de estado que los conspiradores y beneficiarios llaman “la guerra del gas”. Que produjo la dictadura castrochavista de Evo Morales y Arce, la suplantación de la República de Bolivia por el narcoestado plurinacional, más 20 masacres sangrientas, más de 300 presos políticos, más de 27.000 exiliados, la desaparición de la riqueza del gas, la inexistencia de gasolina, diésel, dólares y reservas de oro, más del 60% de pobreza nacional, entreguismo, traición a la Patria, confrontación, impunidad y más.

Es una brisa de libertad, que puede ser suprimida por el Tribunal Constitucional Plurinacional -órgano del sistema dictatorial- en la revisión de los fallos, pero sigue la instancia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lucha por la libertad sigue.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Si tuviera conciencia transformaría por completo no solo la ciencia, sino también la filosofía y el propio concepto de sociedad. Significaría intención y voluntad propia. Plantearía la posibilidad de adquirir un estatus moral al poder sentir o sufrir, y, por lo tanto, adquiriría derechos legales. En laboratorios se busca, pero todavía no se encuentra, por lo que sigue siendo ciencia ficción. Por ello limitaremos nuestra indagatoria a la inteligencia y si corresponde que figure en el nombre mismo de la IA.

Los seres humanos somos hijos de la época histórica que nos ha tocado vivir, y todo indica que hemos ingresado a la de la Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, ¿qué se quiere decir cuando se utiliza la palabra inteligencia? Visto de otra forma, si una máquina nos dijera que está pensando por sí sola, ¿le creeríamos o no? Con el advenimiento y despliegue a todo nivel de la IA, hay una pregunta clave que no puede ser eludida: ¿existe -o puede existir-una máquina inteligente?

¿Puede realmente pensar una máquina o debemos esforzarnos para buscar una nueva palabra o un nuevo concepto que describa adecuadamente lo que la IA hace?

Para responder esa pregunta, es necesario reflexionar antes acerca de lo que constituye la “inteligencia” y cómo se la mide. Las definiciones que se encuentran aún en los mejores diccionarios son circulares, y a veces se contradicen unas con otras. Por su parte, su medición ha sido objeto de grandes controversias desde el año 1904, cuando el Ministerio de Instrucción Pública de Francia designó una comisión para que estudiara métodos que permitieran la separación de niños que entonces se consideraban deficientes, para su ubicación en escuelas especiales. Alfred Binet enfrentó el problema afirmando que el intelecto se componía de “juicio, sentido común, iniciativa y capacidad de adaptarse”, y buscando predecir el rendimiento escolar, sentó en definitiva las bases para el desarrollo de lo que sería conocido como test o pruebas de inteligencia. Desde entonces, la medición de la inteligencia ha evolucionado desde aquellas centradas en características que podían ser incluso físicas hasta evaluaciones contemporáneas que utilizan diversas tareas cognitivas.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, todavía no contamos con una definición unánimemente aceptada de la inteligencia, ya que muchas han estado rodeadas de polémica. Se la ha definido de varias maneras, además que se enfatizan aspectos distintos tales como comprensión, aprendizaje, lógica, pensamiento crítico, razonamiento, creatividad, resolución de problemas, otras. También se habla de inteligencia animal, inteligencia emocional e inteligencias múltiples.

En definitiva, el coeficiente intelectual es una medida estandarizada, que se utiliza para evaluar la inteligencia humana en diversos ámbitos que incluyen la memoria, la habilidad espacial y el pensamiento abstracto, además de lo ya mencionado.

La falta de unanimidad y los problemas que plantea la medición, se agregan al hecho de la existencia de disputas académicas, donde algunos sostienen que la respuesta a que constituye la inteligencia debe buscarse en la estructura misma del cerebro, en su fisiología, en su química, además de factores hereditarios. Otros construyen sus respuestas a partir de las mediciones que se llevan a cabo. Sin embargo, para otros autores, las pruebas o test de inteligencia solo medirían habilidades que son producto de las posibilidades de aprendizaje y de los estímulos del medio ambiente, incluyendo el entorno familiar. Es decir, solo medirían las oportunidades que hemos tenido en la vida según nuestra ubicación social, por lo que no entregarían luces sobre las verdaderas potencialidades de cada sujeto. Por último, al interpretar estas pruebas, a veces quienes lo hacen incluyen sus propios prejuicios culturales, raciales e ideológicos, sin saber a ciencia cierta lo que estamos intentando interpretar.

A medida que avanzaba la ciencia y la tecnología, surgió la necesidad de entender los nuevos productos que los seres humanos iban creando. Fue así como en la segunda mitad del siglo XX, en su libro The Mighty Micro (Londres, 1979) Cristopher Evans enumeró varios factores que constituirían “la inteligencia” en “el animal, hombre o máquina”. ¿Qué podrían tener en común? Evans nos dice que una entidad es inteligente en la medida que pueda extraer información del universo que lo/la rodea, como que también logre almacenar la información que ha obtenido, además de mejorar su habilidad para ajustarse al medio, es decir, el proceso de aprendizaje. A lo anterior se debe agregar la capacidad de la entidad o persona, para ajustarse a hechos novedosos, que ocurran en su entorno. Y mientras más eficiente sea ese “software” o ese cerebro, mayor sería su inteligencia. Evans diseñó también una escala para medir la inteligencia, sea en humanos o en aparatos.

El objetivo de Evans era mostrar la inmensa brecha que en esa época todavía separaba a la inteligencia humana de la de los computadores, aquellos inmensos que ocupaban mucho espacio en lugares especialmente acondicionados hasta que apareció el computador personal para transformarlo en objeto cotidiano. Evans concluyó que tenían alguna medida de inteligencia, pero no podían pensar.

Eso no varió sustancialmente hasta ahora, con la aparición de la IA, que nos pone ante la posibilidad de la máquina pensante, aunque todavía es solo una posibilidad. Alguna medida de inteligencia puede tener un ingenio artificial, pero pensar, por ahora, sigue siendo una actividad que solo pueden realizar los seres humanos, debate que nos vuelve al punto de partida: ¿qué constituye la inteligencia y como se la mide?

La verdad es que no se tiene una respuesta precisa para la pregunta de ¿qué es la inteligencia?, ya que mejor sabemos medirla y lo máximo que se ha avanzado en unificar criterios, radica en la afirmación que existen distintos tipos de inteligencia, y que algunas pueden estar relacionada con la cultura. A veces pienso que se parece a lo que ocurre con el tiempo, ya que sabemos cómo medirlo, pero carecemos de una definición precisa que satisfaga a todos, tanto a filósofos como a físicos.

En los hechos se repite el debate acerca de que es la información, ya que no tenemos una respuesta por todos aceptada, por lo que incluso podemos manipularla, en tiempos como los actuales, donde con cierta probabilidad le vamos a pedir a la IA que nos ayude a procesarla, toda vez que no sabemos con precisión qué diferencia al conocimiento de la información y a esta del simple dato.

El hecho que tengamos más preguntas que respuestas no es malo, ya que comparto la afirmación de Einstein que la inteligencia se alimenta más con preguntas que con respuestas. Con la llegada, mejor dicho, con la irrupción de la IA, es deseable que no cometamos los mismos errores que cometimos con la masificación de la computación, donde muchas inquietudes no recibieron respuesta oportuna ante la velocidad con la que todo cambió, ya que casi nadie pudo resistirse a su uso. Algo parecido ocurrió cuando Steve Jobs nos mostró el teléfono Apple al que un exitoso marketing presentó como “inteligente”, y cuyo uso ha modificado en muchos lugares el funcionamiento de la sala de clases.

Cuando hablamos de no repetir situaciones del pasado donde todo cambió con rapidez, quizás ello se debió a que no fuimos capaces de hacernos las preguntas adecuadas en el momento en que era necesario, por lo que tampoco obtuvimos las respuestas oportunas. En la era de la IA debiéramos aprender de los errores cometidos con la computación, cuando se dijo equivocadamente que bastaría con disponer de más aparatos y equipos para mejorar el aprendizaje, lo que resultó ser una aproximación errónea, ya que nada de eso produjo una mejoría educativa.

Por lo tanto, quizás no debiéramos repetir el error que se cometió al presentar al computador como una especie de “cerebro”, que no lo era. Quizás, lo que debiéramos hacer es buscar una nueva palabra o concepto para aplicárselo a la IA, reservando la palabra “inteligencia” para lo que los humanos hacen. Para el futuro del homo sapiens sapiens, es decir, de ese producto evolutivo que somos los seres humanos, clave es defender lo que nos singulariza, representado por la capacidad de pensar, facultad tan humana que podría debilitarse como también el pensamiento crítico, ante la irrupción de la IA.

Es así como nos hemos convertido en testigos de una preocupante faceta que está teniendo lugar, ya que en forma creciente y hasta acelerada, cuando se produce una divergencia en un grupo, en vez de intercambiar argumentos, para cerrar el debate se le pide a la IA que resuelva instantáneamente cuál es “la verdad”, lo que también está teniendo lugar en las RRSS, lo cual es un evidente retroceso de la facultad humana de pensar, que siempre se dijo que nos separaba de otros animales. Hoy se retrocede, ya que se renuncia a su uso en favor de un ente artificial.

Ojalá no se repita lo que pasó con la disminución de la lectura de libros, o en la sala de clases, cuando en el siglo pasado apareció la calculadora de bolsillo, que produjo la virtual desaparición de la memorización de las cuatro operaciones, lo que ocurrió antes que los educadores se pusieran de acuerdo si ello era bueno o malo. Algo similar se repitió en el caso de las tablets o el computador personal. Quizás, todo pasó porque en el momento que correspondía las preguntas adecuadas no fueron hechas, razón por la cual tampoco tuvimos respuestas oportunas.

Mi primer libro (“Un mundo cercano: el Impacto Político y Económico de las Nuevas Tecnologías”, Santiago, 1984) se escribió por la aparición de la computación, su historia y los cambios globales que se anticipaban para el mundo. Releerlo después de 42 años, por un lado, parece prehistoria lejana en comparación a las promesas que hoy anuncia la IA, aunque por el otro lado, las páginas dedicadas al rol de la ciencia y la tecnología en nuestra cultura y sociedad podrían ser escritas hoy.

Sobre todo, la comparación entrega lecciones de errores que no se debieran volver a cometer, tales como no entender la velocidad con la que todo puede cambiar. Es decir, ya tenemos esas experiencias y, por lo tanto, es necesario prepararse para un proceso que va a ser mucho más profundo y rápido. Nada menos que Elon Musk una de las personas mejor informadas, en entrevista con The Economist nos alerta que “la IA puede superar a la inteligencia humana en 5 años”. Puede ser exageración o exceso de entusiasmo, pero no hay duda de que se trabaja, se invierte y se hace investigación en temas de frontera como que la IA adquiera inteligencia autónoma o también conciencia. Al respecto, útil es recordar que con la computación hubo exceso de optimismo en algunas predicciones como la oficina sin papeles, pero también anuncios que parecían de ciencia ficción se materializaron en breve lapso.

Corresponde entonces reforzar lo que parece propio del ser humano, como la capacidad de pensar o tener conciencia. También, que nada debilite al lenguaje, ya que gracias a él evolucionamos hasta ser la especie dominante, a pesar de nuestra debilidad física, ya que su aparición fortaleció la cooperación entre los cazadores como también permitió una mejor adaptación a la evolución, que otras especies, desde neandertales a dinosaurios no pudieron lograr. A defender entonces el pensamiento, a pesar de que es obvio que algunas habilidades van a ir desapareciendo, tal como disminuyó enormemente en el último siglo, tanto la necesidad como el uso de la memorización, gracias a la cual llegaron hasta nosotros obras clásicas de la antigüedad como La Odisea, por siglos transmitida oralmente antes de la escritura, hoy presentada a nuevas audiencias a través del cine.

La IA también debiera obligarnos a reforzar la ética, ya que en forma creciente vamos a entender que hay un uso ético de ella, pero también un uso que no lo es, por ejemplo, donde se ubicaría la utilización de la IA para vínculos afectivos con seres queridos. ¿Sería correcto o un engaño?

En un aspecto más general, estoy convencido que la IA va a obligar a los sistemas políticos a reforzar constitucionalmente la protección de nuestro cerebro para evitar controles externos, transformándolo en línea roja, en la última barrera que la IA no debiera penetrar, castigando todo intento de manipulación, y ojalá se actúe rápidamente en regular ese aspecto, para no repetir la experiencia de lo que no se hizo en la computación y RRSS, ya que hoy sabemos que se permitió que los algoritmos polarizaran el funcionamiento de la democracia y se posibilitó que las redes sociales crearan adicción en niños y adolescentes totalmente desprotegidos.

Hablamos de neuroderechos que se agregan en este siglo XXI a los derechos humanos del siglo XX, como característica de esta era histórica que nos ha tocado vivir, la de convivir con la IA, a la que insisto debiéramos cambiarle la I de inteligencia por una nueva palabra o concepto, que describa más adecuadamente lo que van a hacer, y que respete el elemento clave de nuestra evolución, aquel que le permitió a Darwin enseñar que sobrevivían mejor no los más fuertes, sino aquellos que tenían mayor capacidad de adaptación. Ahora, se nos pide una nueva adaptación de signo distinto, pero integrando una evolución que nos permite ver en la IA no una confrontación sino una convivencia, toda vez que hasta ahora es otra creación del homo sapiens, un producto de creación tan humana como puede serlo una novela, una película o el invento hasta ahora más formidable del ser humano, cual lo es la rueda.

En todo caso seguimos sin poder definir lo que constituye la esencia de la inteligencia, solo sus indicadores, entre los cuales sobresale la capacidad de extraer información del entorno que nos rodea. Sin embargo, tampoco sabemos cómo jerarquizar automáticamente la calidad de la información que nos llega, con un agregado, la información es un recurso que a diferencia de otros crece al compartirse, es decir, al multiplicarse. No ocurre con otros recursos que, como los minerales o agrícolas al consumirlos, disminuyen o desaparecen. Por eso, el rol tan especial de la información que la hermana con el amor, que también crece al ser compartido.

Si aceptamos que se apliquen las mismas tablas a seres humanos, animales y entes o máquinas, todavía el ser humano inteligente puede diferenciarse de toda otra competencia o convivencia, por algo que va a conservar hasta el día que la IA nos diga que está pensando. Ese “algo” diferenciador es producto de su capacidad única para pensar, y consiste en la posibilidad de jerarquizar la abundancia informativa que estamos recibiendo, y a veces, sufriendo. Por lo tanto, no se debiera abandonar, y, por el contrario, se debiera buscar el perfeccionamiento de la capacidad de jerarquizar, porque no toda información es útil o necesaria.

El Premio Nobel Herbert Simon observó en 1971 que la abundancia de información podría generar escasez o déficit de atención. Todo indica que lo anterior va a aumentar con la IA. En este escenario, la acción de jerarquizar la enorme cantidad de información existente sirve para separar la paja del trigo, y puede jugar un rol clave, para evitar que aumente la actual sensación de sentirse abrumado por el volumen que recibimos a todo instante, jerarquización que los seres humanos van a tener que aprender a hacerla en forma casi automática, aprovechando que las máquinas todavía no piensan.

Para muchas personas, la IA resuelve el problema de tener información confiable en forma inmediata y con un costo insignificante, aunque no soluciona el problema central, ya que nada asegura que una buena información produzca una buena decisión. Por lo tanto, mientras la IA no piense, se mantiene una ventaja para el ser humano, ya que, aunque abunde el análisis, la verdadera ventaja la sigue dando la capacidad de jerarquizar, y esa puede seguir siendo la gran ventaja, siempre y cuando el humano haga el esfuerzo de mantener lo que lo ha conducido a su actual sitial. Ese sitial incluye la creación y aparición de la IA, para la cual, el ser humano, el mono desnudo del que hablaba el zoólogo Desmond Morris, desarrolló la capacidad de pensar, y ahora se le exige luchar para conservarla.

Exigencia vital mientras la IA no piense en forma autónoma, lo que puede ocurrir antes de 5 años según Elon Musk o idealmente, nunca, pienso yo.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U de Barcelona), Abogado (U de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

En menos de un año y bajo el efecto de la nueva doctrina Monroe, Latinoamérica se convierte en el nuevo bastión diplomático de Tel Aviv. La lista abarca desde aliados de larga data, como Argentina, hasta adversarios acérrimos, como Venezuela.

La semana pasada, Venezuela e Israel acordaron restablecer relaciones consulares, tras pausas y pleitos de más de 17 años de duración. Venezuela había sido anteriormente el principal aliado de Irán y Hezbolá en América del Sur. Eso se acabó.

Tras la remoción de Nicolás Maduro las cosas cambiaron. Se eliminó el uranio enriquecido, se capturó a un terrorista de Hezbolá, se enfriaron las relaciones con Irán y las Fuerzas de Defensa de Israel llegaron a Venezuela para atender el terremoto.

En Bolivia, tras el fin de 20 años de socialismo, se restablecieron relaciones diplomáticas con Israel, se canceló un acuerdo militar con Irán y Bolivia se retiró de la demanda por genocidio contra Israel.

Tras la derrota de la izquierda en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el restablecimiento de relaciones con Israel, el traslado de su embajada a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

Honduras era un firme defensor de Palestina; había llamado a consultas a su embajador y se había sumado a la demanda por genocidio contra Israel. Hoy, la situación se ha revertido por completo y Honduras firmó un acuerdo de seguridad con Israel.

Costa Rica anunció un tratado de libre comercio con Israel y el traslado de su embajada a Jerusalén. El país centroamericano cerró la puerta al régimen teocrático de Irán, designando a Hezbolá, Hamás y la Guardia Islámica como organizaciones terroristas.

En mayo, la República Dominicana designó a Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas. La nación caribeña también relanzó su Cámara de Comercio con Israel e inició nuevos acercamientos en materia de seguridad.

Perú también ha profundizado considerablemente sus vínculos con Israel, especialmente en el ámbito de la seguridad. El Ejército peruano confirmó la adquisición de lanzacohetes PULS fabricados por empresas israelíes.

Chile pasó tres años sin embajador en Israel; hoy esa situación ha cambiado. Ambos países han avanzado hacia relaciones más cálidas tras la llegada del presidente José Antonio Kast, incluyendo áreas como seguridad, ciencia y tecnología aeroespacial.

Argentina expulsó del país a Mohsen Soltani, el máximo representante diplomático de Irán. El gobierno de Javier Milei declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista y firmó los Acuerdos Isaac.

Ecuador también ha designado a Hamás, Hezbolá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas. Se informó también sobre la captura de un presunto miembro de Hezbolá y la deportación de un ciudadano iraní.

La nueva Doctrina Monroe ha creado una oportunidad histórica para Israel y Latinoamérica. El desafío radica en ir más allá de este breve periodo para forjar relaciones más profundas, diversas y duraderas.

Israel posee recursos y capacidades excepcionales en ciencia, tecnología, gestión del agua, agricultura, educación y seguridad, y América Latina es el lugar idóneo para trabajar en estas áreas. Lo mejor está por venir.

El autor es periodista exiliado, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es egresado del Seminario de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa Nacional y del de liderazgo de Harvard.

En Venezuela, durante años nos acostumbramos a una justicia que llegaba tarde, si es que algún día llegaba. Una justicia con los ojos vendados, sí, pero no precisamente para ser imparcial, sino para no mirar hacia el poder.

Por eso el acuerdo alcanzado entre la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no es un asunto menor; es, posiblemente, una de las pruebas más importantes de todo el proceso de negociación que inició formalmente el 1 de agosto de este año.

El acuerdo contempla reformar la Ley Orgánica del TSJ, renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales, abrir nuevamente el proceso para designar a todos los magistrados y crear un mecanismo de revisión de credenciales.

Y aquí es importante detenerse. El problema no son los 32 cargos; el verdadero problema son los 32 nombres.

La reforma aprobada en mayo elevó nuevamente de 20 a 32 el número de magistrados del TSJ, después de que en 2022 ese número hubiera sido reducido de 32 a 20; o sea, hasta el número de magistrados ha sido una variable que el régimen ha movido a su antojo y conveniencia.

Cambiar escritorios, togas y oficinas no sirve de absolutamente nada si quienes ocupan esos escritorios responden a los mismos intereses de siempre. Sería estrenar un TSJ con la misma justicia vieja.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que Venezuela no cuenta con un Poder Judicial independiente y señala entre los problemas la designación irregular de las autoridades judiciales, la elevada presencia de jueces temporales, la falta de estabilidad y la opacidad en la administración de justicia.

Por su parte, Human Rights Watch, ubica el quiebre de la independencia judicial en 2004, cuando una reforma, en la era del hoy fallecido Hugo Chávez, permitió copar el máximo tribunal con aliados de su gobierno. Desde entonces, dice la organización, el TSJ ha respaldado al Ejecutivo.

Basta recordar algunos episodios para entender la dimensión del problema.

Maikel Moreno llegó a presidir el TSJ después de haber sido magistrado de la Sala Penal. Caryslia Rodríguez, quien llegó a la presidencia del máximo tribunal en 2024, había sido concejal y alcaldesa encargada del municipio Libertador antes de convertirse en magistrada. Su Sala Electoral fue además la que en 2024 convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Y así podríamos seguir nombrando, pero ya está bueno porque el problema no es hacer una lista de funcionarios. El asunto es entender cómo se construyó el sistema que permitió que la justicia terminara orbitando alrededor del poder político. Ese es el verdadero monstruo que hay que desmontar.

Por eso esta renovación puede ser histórica o puede ser simplemente cosmética. Todo dependerá de cómo se elijan a los 32 magistrados.

Para ello, no puede haber cuotas partidistas, no puede haber compadres, tampoco puede haber amigos del poder, mucho menos puede haber operadores políticos disfrazados de jueces.

Porque un magistrado que llega al cargo debiéndole el puesto a un político difícilmente tendrá la independencia necesaria para juzgar a ese mismo político cuando llegue el momento.

Hay que decirlo por la calle del medio y sin titubeo: despolitizar la justicia no significa cambiar a los militantes de un partido por los militantes de otro. Eso sería apenas cambiarle el uniforme al problema.

La independencia judicial significa que un juez pueda fallar contra el gobierno sin miedo, que pueda fallar contra la oposición sin recibir una llamada; que una sentencia no dependa de quién ocupa Miraflores.

La verdadera prueba de esta negociación no será la fotografía, ni el comunicado, ni será el apretón de manos; será la lista de nombres.

Porque si después de todo este proceso aparecen 32 magistrados seleccionados por cuotas, compromisos y lealtades políticas, habremos cambiado el decorado, pero no la obra.

Y si eso ocurre, Venezuela habrá perdido otra oportunidad.

La República no se reconstruye solamente desde Miraflores; también se reconstruye desde los tribunales.

Cuba atraviesa la peor crisis de su historia contemporánea. No se trata de una simple suma de dificultades económicas ni de una coyuntura pasajera provocada exclusivamente por factores externos. Es una crisis sistémica: el agotamiento de un modelo político y económico que, durante más de seis décadas, ha demostrado su incapacidad para generar prosperidad, proteger las libertades fundamentales y ofrecer un futuro digno a la mayoría de los cubanos. Solo este régimen puede llevar esta situación a empeorar, cuando se alcanza una crisis de derechos humanos por la cual además de que cada derecho civil y político ha sido conculcado, se han perdido derechos tan básicos como derecho al agua potable, derecho a la alimentación y derecho a la salud, si se puede ir más abajo es solamente porque una casta corrupta que es absolutamente indolente por el sufrimiento de la gente y que ha hecho de la represión y de los crimenes de lesa humanidad la estrategia única de gobierno. Mujica bien dijo que el sistema cubano era un sistema de redistribución de la miseria.

A la represión política, la ausencia de elecciones libres, la existencia de presos políticos y la negación del pluralismo se suma un desastre material de enormes proporciones: apagones de veinte horas o más, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, inflación, salarios y pensiones pulverizados, deterioro de la salud pública, crisis del transporte, falta de agua y una emigración que está vaciando al país. El vaciamiento no es casual, forma parte de la estrategia dictatorial de exportar permanentemente su crisis social (y en la medida de sus posibilidades que les entren recursos por tráfico de personas), el vaciamiento de derechos también es funcional al proyecto dictatorial de reducir a su pueblo al asistencialismo.

El régimen castrocomunista de partido único insiste en presentar las sanciones estadounidenses como la explicación casi absoluta de la tragedia. Es cierto que esas sanciones afectan el financiamiento, el comercio, las operaciones bancarias, la inversión y, en 2026, el abastecimiento energético. Negarlo es poco serio. Pero también es muy poco serio afirmar que, sin sanciones, desaparecerían los problemas esenciales de Cuba, porque estos tienen que ver con la concentración de la economía en las manos más incapaces de todas, fundamentalmente las del ejército cubano. Las sanciones tienen impacto, pero no son ni la causa original ni la causa fundamental de los diferentes niveles de crisis que enfrenta el país, que obedecen a la aplicación de una fórmula que no funcionó en Europa del Este, ni en la URSS ni en Asia Central, por ser absolutamente contraria a los derechos de la gente.

Los apagones, la caída de la producción, la crisis agrícola, la inflación, la emigración récord y el deterioro de los servicios venían agravándose desde mucho antes. La causa principal está en el modelo impuesto por Fidel Castro, continuado por Raúl Castro y hoy administrado por Miguel Díaz-Canel: centralización extrema, propiedad estatal dominante, falta de libertades económicas, ausencia de instituciones independientes y subordinación de la sociedad al Partido Comunista.

La electricidad es quizá la expresión más visible del fracaso. Un país entero vive pendiente de cuándo llegará la corriente. Cuando no hay electricidad, las bombas de agua no funcionan, se pierden alimentos, se paralizan talleres y comercios, disminuye el transporte y se afectan hospitales, escuelas y telecomunicaciones. Cuba necesita enormes inversiones en generación, redes, almacenamiento y fuentes renovables. Pero ninguna infraestructura sobrevivirá si continúa sometida a la improvisación, a la falta de transparencia y a una administración ineficiente.

La crisis alimentaria resulta aún más absurda. Cuba posee tierra cultivable, clima favorable, tradición agrícola y campesinos con experiencia. Sin embargo, importa alrededor del 80 % de los alimentos que consume. Durante décadas, el Estado castigó al productor con controles de precios, monopolios de acopio, restricciones al comercio, burocracia y limitaciones a la importación de insumos y maquinaria. El resultado es un círculo vicioso: se produce poco, se exporta poco, faltan divisas, se importa menos y se vuelve a producir todavía menos.

La inflación termina de destruir lo que queda del salario. En junio de 2026, la inflación oficial interanual superaba el 18 %, mientras que los alimentos aumentaban aún más. El peso ha perdido gran parte de su valor y la brecha entre quienes reciben divisas y quienes dependen de un salario o de una pensión es cada vez mayor. Para un jubilado o una familia sin ayuda del exterior, la crisis implica decidir qué alimento comprar, qué medicamento dejar de adquirir o cómo cocinar cuando no hay electricidad ni gas.

A esto se suma una emergencia demográfica. Cuba terminó 2024 con menos de diez millones de habitantes y ha perdido cientos de miles de personas en pocos años. Emigran, sobre todo, jóvenes y personas en edad productiva: médicos, ingenieros, maestros, técnicos, agricultores y emprendedores. El país pierde brazos, conocimientos, natalidad y futuro. La emigración se ha convertido en una gigantesca válvula de escape de la frustración social.

El régimen ha autorizado MIPYMES y, en 2026, aprobó nuevas medidas para ampliar los espacios privados y facilitar determinadas inversiones. Son pasos económicamente necesarios, pero insuficientes. No existe verdadera libertad empresarial cuando el Partido Comunista sigue situado por encima de la vida política del país. No existe seguridad económica cuando un funcionario puede decidir qué negocio prospera, cuál es perseguido y qué actividad legal hoy puede ser restringida mañana.

Una economía moderna necesita propiedad protegida, contratos respetados, tribunales imparciales, reglas estables y ciudadanos con derechos. Sin Estado de derecho, el mercado puede convertirse simplemente en capitalismo de privilegios para militares, dirigentes, familiares del poder y empresarios conectados con ellos.

Cuba se encontraba, antes de 1959, entre las economías relativamente más avanzadas de la región, aunque padecía desigualdades y problemas sociales importantes. Países como República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Chile y Uruguay desarrollaron economías más diversificadas, infraestructuras modernas y niveles de ingreso muy superiores. Cuba, en cambio, nacionalizó casi toda su estructura productiva, eliminó durante décadas buena parte de la iniciativa privada y pasó de una dependencia a otra, ya sea de la Unión Soviética o de otros “aliados” externos, respecto de los cualesla dictadura fue absolutamente parasitaria.

La ayuda internacional puede aliviar el hambre y salvar vidas, y hoy es necesaria. Pero ninguna nación puede vivir permanentemente de donaciones, remesas y aliados extranjeros. Cuba debe producir. Debe liberar las fuerzas creadoras de su pueblo. Debe permitir que el campesino produzca y venda, que el emprendedor invierta, que el profesional prospere y que la diáspora participe en la reconstrucción. Cuba, hasta ahora, es el ejemplo más espantoso y dramático de restringir o eliminar la creación de riqueza en un sistema político-económico, algo que los cubanos han demostrado ser capaces de hacer en el exterior.

Pero la solución verdadera no es solo económica.

Cuba necesita una transformación política profunda. Necesita liberar a todos los presos políticos, garantizar la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de manifestación, legalizar partidos y organizaciones independientes, establecer la separación de poderes, crear tribunales verdaderamente autónomos y celebrar elecciones libres, competitivas y plurales. La política malentendida por una dictadura llevó a todo un país y a su pueblo a la miseria.

La transición a la democracia no es un complemento de la reforma económica: es la condición que puede hacerla estable, confiable y duradera. Sin instituciones libres, cualquier apertura económica dependerá siempre de la voluntad del mismo poder que durante décadas prohibió, confiscó y destruyó.

La salida debe incluir una emergencia energética, libertad productiva en el campo, estabilización monetaria y fiscal, protección temporal a los sectores más vulnerables, plena seguridad jurídica, apertura a la inversión nacional y extranjera y reintegración de la diáspora. También debe conducir a una normalización de las relaciones internacionales, incluido un proceso que permita superar las sanciones estadounidenses en el marco de una transición democrática real.

Cuba no es pobre porque carezca de recursos, inteligencia o capacidad humana. Tiene tierras, costas, minerales, cultura, ubicación estratégica, potencial turístico y una diáspora enorme. Lo que la mantiene hundida es un modelo agotado, autoritario y profundamente ineficiente, sostenido por una maquinaria represiva que pretende conservar el monopolio del poder mientras administra la ruina.

Cuba es pobre por la pobreza impuesta por un sistema corrupto y por la desigualdad estructurada en beneficio de los privilegios de una nomenclatura absolutamente incapaz.

Los apagones, el hambre, la emigración, la escasez de medicamentos, el abandono de los ancianos y el colapso productivo son manifestaciones distintas de una misma enfermedad. Por eso no habrá solución definitiva con nuevos lineamientos, más controles, concesiones parciales o reformas destinadas únicamente a salvar al régimen.

Cuba necesita electricidad, alimentos, inversión y crecimiento. Pero para alcanzar eso necesita, antes que nada, libertad, necesita que cada derecho humano sea devuelto a cada ciudadano cubano.

La esperanza comienza cuando el ciudadano deja de ser súbdito y se convierte en protagonista de su destino; cuando ninguna organización está por encima de la ley; cuando gobernar vuelve a ser un servicio y no un privilegio; cuando los cubanos pueden elegir, emprender, expresarse y construir sin miedo.

Del abismo se sale con profundas transformaciones económicas. Y hacia la esperanza solo se avanza con democracia, Estado de derecho y libertad. El precio que se pague por la libertad y los derechos humanos nunca será más alto que el que se pague por un año más de dictadura.

Que el principal exportador de petróleo del mundo, el único país musulmán con armas nucleares y el segundo ejército más grande de la OTAN se hayan unido en una alianza militar que replica la cláusula 5 de la Alianza Atlántica –“cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos”- es, en principio, una bomba geopolítica. Arabia Saudita, Pakistán y Turquía han firmado el llamado “Pacto de la Meca”, y su sola formulación dinamita los equilibrios de poder en la región. Es cierto que, al no haberse publicado aún el texto completo del acuerdo, y teniendo en cuenta la disparidad de intereses de los tres países, no podemos saber si se trata de una bomba cargada o está hueca. Pero es evidente que algo está moviéndose en el gran tablero de Oriente Medio, y no se mueve en la dirección prevista hasta ahora, Acuerdos de Abraham mediante.

La primera cuestión es precisamente esa: ¿el Pacto de la Meca dinamita los Acuerdos de Abraham? Es decir, ¿congela el ambicioso proyecto de Estados Unidos de diseñar un Oriente Medio sellado por el gran acuerdo de Israel con Arabia Saudita, como culminación de los primeros acuerdos que impulsó Trump en su primer mandato? Sin duda, lo vacia de contenido, porque anula la premisa fundamental de Abraham: el papel de Israel en la garantía de seguridad de la región. Además, es un pacto con Turquía, que mantiene una posición beligerante permanente contra Israel, y con Pakistán, país que no reconoce la existencia del estado hebreo. De esta manera, sumándose al arsenal nuclear de Pakistán y al poderío militar turco, el país de los Saud ha encontrado una vía alternativa para garantizar su seguridad, impulsar su economía y consolidar su liderazgo regional, reforzando su independencia estratégica.

Se trata, pues, de una nueva arquitectura militar y geopolítica que cambia drásticamente las reglas de juego, con dos bloques en competencia directa: el de los Acuerdos de Abraham de Estados Unidos e Israel con Emiratos, Bahrein y Marruecos; y el de la alianza sunita e islámica del Pacto de la Meca que evita el eje USA-Israel como garante de la seguridad. El Pacto de la Meca también rompe el esquema del bypass a Israel, el corredor comercial IMEC (Índia-Oriente Medio-Europa) que planteaba el transporte comercial en tren desde Riad a Haifa, para conectar con Europa. Al contrario, el nuevo pacto prevee que las mercancías conecten directamente con Europa por tierra, a través de Jordania, Siria y Turquía.

El mensaje, pues, es contundente: Israel no está en la ecuación, ni en lo militar, ni en lo comercial. Tampoco Estados Unidos en la medida en que lo estaba, porque pierde influencia real y deja de ser el paragüas impenetrable que garantizaba la seguridad en la región. Los fracasos en la guerra contra Irán y los bombardeos sufridos en Arabia Saudita por parte de los huties han sido claves en este cambio de rumbo. En este sentido, es evidente que la reacción pragmática del Presidente Trump asegurando que celebra que sus aliados históricos asuma la carga de sus seguridad, no esconde la preocupación de Washignton por un pacto que desmiente a Estados Unidos, refuerza a Turquía, sitúa el arsenal nuclear pakistaní en el escenario de Oriente Medio, y aisla sensiblemente a Israel.

Malas noticias para el liderazgo norteamericano, y malas noticias para la estabilidad y la seguridad israelí, que ve frenado su impulso geopolítico y observa como el bloque sunnita se refuerza con dos de sus enemigos más poderosos. “La peor pesadilla para Israel” ha publicado la prensa hebrea, consciente de que dicho bloque podría derivar en un frente beligerante en favor de Hamás. También son malas noticias para la Índia, aliado natural de Israel, que ve como Pakistán refuerza su poder estratégico, y para Emiratos, que teme que Turquía (aliado de Qatar) aumente su poder en la región. Y, sin duda, son malas noticias para los paises de la OTAN que ven como Turquía podría verse arrastrada a una guerra por el pacto de la Meca.

En el reverso, el Pacto de la Meca es una gran noticia para China y para Rusia, sobretodo porque es la gran oportunidad para neutralizar a los Estados Unidos en el dominio geopolítico. Además, China podría convertirse en el constructor de los reactores nucleares que quiere Arabia Saudita, y Rusia considera el pacto como una gran oportunidad para su industria armamentística, además de garantizar su flanco sur.

Finalmente, la pregunta clave: ¿es un pacto contra Irán? Así podría percibirse por parte de Arabia Saudita, pero no para Turquía, ni Pakistán, ambos aliados comerciales con el régimen teocrático, con el que comparten frontera. De hecho el propio régimen de los ayatolas no ha mostrado demasiada preocupación. Y es ese hecho, la poca efectividad para acabar con la amenaza iraní, lo que pone en duda la solidez del Pacto de la Meca. Sobre el papel parece una operación de gran ambición, pero en la realidad es poco creíble que la cláusula de la defensa mutua se llevara a la práctica: los intereses geoestratégicos de los tres países chocan en muchos de los escenarios y los enemigos son distintos en cada caso. Además, queda por saber como acaba la guerra contra Irán, cuya evolución es un auténtico enigma, y cuyo resultado final marcará definitivamente los equilibrios de la región.

En definitiva, es pronto para evaluar la dimensión del Pacto de la Meca que ha firmado Arabia Saudita, Pakistán y Turquía. Puede que sea un tigre de papel o el inicio de un cambio copernicano en los equilibrios del mundo. Pero llegue poco o muy lejos, ya ha asentado tres golpes de gran envergadura: ha evidenciado la debilidad de Estados Unidos, ha paralizado los acuerdos de Abraham y ha neutralizado la influencia pujante de Israel en la región. Para el mundo occidental, es el peor de los escenarios.

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El 28 de julio de este año, Keiko Fujimori asumió la presidencia de la República del Perú. Casi tres semanas después, el presidente Luis Abinader designó a Víctor “Ito” Bisonó como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Son acontecimientos separados por miles de kilómetros de distancia y protagonizados por dos líderes con trayectorias políticas muy diferentes. Sin embargo, para quienes formamos parte del Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University tienen una conexión muy especial: Tanto Keiko Fujimori como Ito Bisonó han sido fellows de nuestro Centro y durante años hemos tenido el privilegio de conocerlos, trabajar con ellos y tenerlos frente a nuestros estudiantes compartiendo las lecciones acumuladas durante décadas de liderazgo público.

Ver a una de nuestras fellows asumir la presidencia de su país y, tres semanas después, a otro asumir la conducción de la política exterior del suyo es una extraordinaria satisfacción y un verdadero honor. Pero también confirma la apuesta del Centro: el liderazgo importa. Importa quién toma las decisiones, y con qué preparación, con qué experiencia y con qué capacidad para convertir ideas en resultados. Por eso trabajamos para reunir a quienes han ejercido el poder con distinción, aprender de ellos y poner esa experiencia al alcance de quienes asumirán responsabilidades en el futuro.

El poder político sigue siendo una de las fuerzas con mayor capacidad para transformar la realidad. Una decisión tomada desde una oficina presidencial puede modificar las reglas bajo las cuales operan millones de personas, abrir mercados a miles de millones de dólares de inversión, recuperar el control de una frontera, enfrentar una organización criminal o cambiar la posición internacional de una nación. Por eso no basta con estudiar los arreglos institucionales o las normas bajo las cuales opera un país; hay que entender también a quienes toman esas decisiones, cómo piensan y cómo actúan bajo presión.

Ito Bisonó representa de manera excepcional la combinación de ideas, experiencia y capacidad de ejecución. Durante más de tres décadas ha ocupado posiciones relevantes en la vida pública dominicana. Fue legislador durante cuatro períodos consecutivos y, desde el 2020 hasta principios de este año, estuvo al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, una posición desde la cual participó directamente en la estrategia de competitividad, industrialización y atracción de inversiones de su país. Más recientemente, asumió la conducción del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, antes de ser designado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hay que destacar algunos datos de la República Dominicana para comprender la importancia de esta designación. Durante décadas, el país ha sido identificado principalmente con turismo, agricultura y remesas. Hoy mantiene esas fortalezas, pero ha construido alrededor de ellas una economía considerablemente más sofisticada, con zonas francas competitivas, manufactura de dispositivos médicos, equipos electrónicos, productos farmacéuticos, tabaco manufacturado y servicios cada vez más integrados a las cadenas productivas internacionales. El PIB nominal de la República Dominicana pasó de cerca de US $74,000 millones en 2016 a más de US $140,000 millones a mediados de 2026, reflejando un fuerte dinamismo y una transformación ejemplar, posicionándose entre las ocho economías más grandes de la América Latina y el Caribe.

La inversión extranjera directa superó los US $5,000 millones el año pasado y el stock acumulado de inversión extranjera en el país supera los US $60,000 millones. Estados Unidos ha sido decisivo en ese proceso: en 2025, el comercio bilateral de bienes alcanzó cerca de US $20,000 millones, con un superávit estadounidense de aproximadamente US $5,000 millones. La administración Trump (desde su primer período) ha sido clara sobre la necesidad de reducir vulnerabilidades estratégicas, revisar dependencias internacionales y privilegiar relaciones económicas que produzcan beneficios concretos para los Estados Unidos.

Es así como el hemisferio occidental se ha convertido en una enorme oportunidad económica y estratégica. Los países que ofrezcan estabilidad macroeconómica y política, seguridad jurídica y ciudadana, apertura a la inversión, infraestructura moderna, mano de obra capacitada y voluntad de trabajar con los Estados Unidos podrán desempeñar un papel mucho mayor en las cadenas de suministro estadounidense (y por lo tanto en su estrategia de seguridad regional). La proximidad geográfica y la afinidad de objetivos tienen valor económico y estratégico. Pocos países han sabido entender y capitalizar esta realidad (y el potencial del nearshoring o friendshoring) como la República Dominicana. El papel del ministro Bisonó en este proceso ha sido determinante.

La política exterior contemporánea tiene cada vez más que ver con inversión, energía, minerales críticos, tecnología, cadenas de suministro, mercados y seguridad económica; y en el caso de nuestro hemisferio todo esto tiene además una dimensión geopolítica. Ito Bisonó entiende esa realidad y entiende a los Estados Unidos, y esa comprensión y experiencia, sumados a su extraordinaria red de relaciones institucionales y personales a nivel mundial y su compromiso absoluto con su país, le auguran todo tipo de éxitos. La designación del ministro Bisonó para liderar la política exterior de la República Dominicana es una extraordinaria noticia no solo para el país caribeño, sino también para toda la región.

* El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.