El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay prepara la Rendición de Cuentas, un proyecto de ley en el que podrá realizar modificaciones presupuestales a las que incluyó en el Presupuesto Quinquenal. La iniciativa deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio y llegará en un contexto en el que el Ministerio de Economía corregirá a la baja las proyecciones de crecimiento del país.

Pero, en un contexto económico adverso, los pedidos de recursos por parte de varios ministerios son crecientes. Sin embargo, las prioridades serán las carteras de Desarrollo Social e Interior.

Los detalles del proyecto de Rendición de Cuentas fueron tratados en una reunión del Consejo de Ministros, convocada por el presidente Orsi para este miércoles. Ante el gabinete, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, transmitió que, incluso en un escenario de incertidumbre, la economía uruguaya atraviesa “síntomas de buen desempeño”.

El ministro informó que el crecimiento de la economía en 2026 y 2027 tendrá “leves correcciones a la baja”. Para el 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había estimado un crecimiento del 2,2% y esa cifra pasará ahora a 1,6%. Para el 2027, en tanto, la corrección será de dos décimas.

“La Rendición de Cuentas lo que va a poner sobre la mesa para los próximos dos años es un crecimiento levemente inferior al que está previsto en la ley de Presupuesto”, expresó Oddone.

“El enfoque que estamos haciendo no es un enfoque de corte flat de gasto sino que lo que estamos haciendo en primer lugar es identificando ministerios que son priorizados, que son los que están a cargo de las políticas que mencioné; en segundo lugar objetos del gasto que son imposibles de tocar por su relevancia y sobre todo lo demás estamos trabajando bilateralmente de manera de encontrar con cada uno de esos ministerios los lugares donde se están generando ahorros”, señaló el secretario de Estado.

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, expresó en la conferencia de prensa: “Está no es una Rendición de gasto cero. Es una Rendición que lo que preserva es el compromiso con la programación financiera y fiscal que realizó el gobierno en el presupuesto quinquenal, pero que toma la iniciativa política de priorizar áreas centrales para la ciudadanía, para el gobierno, como infancia, situación de calle y seguridad”.

El proyecto de Rendición de Cuentas pondrá foco en cuatro temas: la infancia, la seguridad, el apoyo a las personas que viven en la calle y el empleo. Además, el texto incluirá algunas de las sugerencias surgidas del Diálogo Social, el ámbito creado por el gobierno para reformar el sistema previsional y mejorar el sistema de trasferencias a la infancia.

Según consignó Presidencia, Oddone informó que la unificación de transferencias, primera de las cuatro metas comprometida por el Gobierno y que también se encuentra en el documento final del Diálogo Social, está estimada en 30 millones de dólares para 2027. Para los próximos años, añadió el jerarca, los técnicos continúan con las tareas para proyectar los requerimientos financieros dirigidos a este objetivo.

El ministro Oddone aclaró que las metas fiscales que fijó el gobierno al comienzo del período se mantienen.

El impulso a inversiones

Además de los anuncios para la Rendición de Cuentas, el gobierno también presentó tres iniciativas para promover inversiones que se presentarán en las próximas semanas como proyectos de ley: Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida.

Según informó Presidencia, en simultáneo, se está trabajando en medidas vinculadas al riego, y con el Ministerio de Industria, en temas vinculados a los costos energéticos para el fomento de inversiones en el país, y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la reducción de costos logísticos.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial, visitó el miércoles la Casa Blanca en Washington para mantener un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump el día anterior.

Según detalló en sus redes sociales, ambos lograron un entendimiento sobre cómo abordar las relaciones internacionales. “Continuamos fortaleciendo las relaciones internacionales, defendiendo la libertad, la democracia y los valores que unen a millones de brasileños y estadounidenses”, expresó Bolsonaro, quien difundió una imagen junto a Rubio.

La visita de Bolsonaro a la capital estadounidense se produce tras el encuentro reciente entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Trump en la Casa Blanca, el pasado 7 de mayo, calificado por ambos como positivo. El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro destacó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño en año electoral, hecho que, en su opinión, refleja el “aprecio” del republicano hacia él y hacia Brasil.

Durante la reunión del martes, Trump recibió a Bolsonaro en la sede del Ejecutivo estadounidense. Tras el encuentro, el precandidato anunció que, si resulta electo en octubre, Brasil se sumará al Escudo de las Américas, alianza regional contra el narcotráfico promovida por Washington.

Además, reveló que solicitó al jefe de Estado estadounidense designar “cuanto antes” como grupos terroristas a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho. Esta medida cuenta con el rechazo del gobierno de Lula da Silva, por considerar que afectaría la soberanía nacional.

Trump mantiene una preferencia explícita por la familia Bolsonaro, a la que considera aliada. Flávio Bolsonaro relató que, durante su encuentro, el presidente estadounidense se interesó especialmente por la situación de su papá, arrestado desde hace varios meses atrás: “Lo primero que hizo fue preguntar por mi padre, sobre las condiciones de la cárcel, cómo está y cómo lidió la familia con todo esto”.

Jair Bolsonaro fue víctima de un atentado durante la campaña presidencial. Posteriormente, su salud se agravó tras ingresar en prisión, y actualmente cumple una condena de más 27 años.

El presidente de Estados Unidos inició su segundo ciclo en la Casa Blanca con fuertes críticas al proceso judicial contra el ex mandatario, quien fue su aliado durante el periodo 2019-2023. La detención de Jair Bolsonaro y las sanciones temporales impuestas por el gobierno de Donald Trump a un juez de la Corte Suprema, así como los aranceles aplicados a productos de Brasil, generaron una fuerte tensión diplomática con Lula da Silva.

El mandatario brasileño criticó el intervencionismo de Trump en América Latina, en especial por los operativos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que causaron cerca de 200 muertes. A pesar de las diferencias, ambos mandatarios optaron por reunirse en la Casa Blanca para distender la relación.

La reciente visita del senador brasileño a la sede del poder en Washington también busca impulsar su candidatura, luego de la filtración que lo relaciona con Daniel Vorcaro, banquero encarcelado bajo acusaciones de estar vinculado con el mayor fraude financiero en la historia de Brasil, situación que complicó la posición del legislador en las encuestas frente a Lula, quien aspira a la reelección.

El senador Marcos Rogério, considerado uno de los principales aliados de Flávio Bolsonaro en el Congreso estadounidense, afirmó que el precandidato presidencial ya ofreció las explicaciones necesarias acerca de su relación con Daniel Vorcaro.

“Momentos como este merecen nuestra atención. Necesita aclararlo todo. Pero también se ha manifestado a favor de una investigación parlamentaria sobre Banco Master. Esto no impedirá en absoluto su candidatura”, declaró Rogério a periodistas el sábado durante el foro empresarial Esfera, en las afueras de São Paulo. El legislador aseguró que no reconsiderará su respaldo a la postulación presidencial de Bolsonaro.

La analista política Lula Guimaraes trabajó con candidatos de diferentes partidos en elecciones de Brasil y evaluó el caso dentro del contexto actual. “En estos momentos, la gente en Brasil quiere saber quién ganará el próximo Mundial. Solo eso hará que todo este asunto pase a un segundo plano durante un mes”, señaló Guimaraes. “No creo que esto por sí solo sea fatal para Flávio Bolsonaro”.

(Con información de EFE y Associated Press)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el miércoles que su gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la inauguración del Consejo Económico y Social, órgano creado para canalizar el diálogo sobre las demandas de diversos sectores, quienes actualmente lideran las protestas en La Paz.

“Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia”, señaló Paz en su discurso y subrayó que estos fondos no se destinarán al aparato estatal ni a gastos salariales presidenciales, sino a fortalecer la economía del país. Sin embargo, no precisó detalles sobre el avance de las negociaciones con el FMI.

El martes, el presidente aclaró que el proceso con el Fondo no implica la imposición de un plan externo, ya que Bolivia cuenta con un programa propio. Además, recordó que otros organismos internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)— aprobaron créditos o evalúan nuevos fondos para inversiones en infraestructura vial y para relanzar empresas estatales.

Desde que asumió la presidencia en noviembre, Paz comenzó a gestionar préstamos por USD 7.000 millones, provenientes del BID y la CAF, que ya comenzaron a desembolsarse para proyectos de desarrollo en distintas áreas del país.

La puesta en marcha del Consejo Económico y Social responde a la necesidad de abrir espacios de diálogo en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina de Bolivia. Desde hace 22 días, sectores campesinos y sindicales mantienen bloqueos de carreteras y exigen la dimisión del presidente.

El jefe de Estado indicó que las pérdidas ocasionadas por los cortes de ruta ascienden a USD 600 millones, los cuales afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Según sus palabras, el impacto económico de los bloqueos “es peor” que el registrado durante la pandemia por la propagación del coronavirus.

En contraposición a Paz, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como “rebelión” las protestas que se desarrollan en el país desde hace casi un mes y señaló que la movilización responde a la oposición contra un gobierno “sometido” a Washington. El ex mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista virtual con la agencia AFP desde la región cocalera del Chapare.

Paz acusó a Morales de instigar las manifestaciones impulsadas por obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros, quienes exigen la renuncia del jefe de Estado en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en las últimas cuatro décadas.

“Es un gobierno totalmente sometido a Estados Unidos. Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo”, afirmó Morales, quien sostuvo que “esta rebelión” se dirige tanto contra el modelo neoliberal como contra lo que describió como un Estado neocolonial.

Antes de las declaraciones del ex mandatario, Paz afirmó este miércoles: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante el acto realizado en La Paz, donde presentó el Consejo Económico y Social.

(Con información de EFE y AFP)

La reciente operación fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según informó el propio comando en un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con SOUTHCOM, el buque atacado era operado por “organizaciones terroristas designadas” y transitaba rutas utilizadas habitualmente para actividades de narcotráfico.

El Comando Sur reportó que no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses durante la operación y atribuyó el éxito de la acción a información de su inteligencia que permitió identificar y ubicar la embarcación, la cual mantenía una participación activa en el tráfico ilícito de drogas en la región.

En las imágenes difundidas, se observa a la narco lancha navegando en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida con un proyectil por las fuerzas estadounidenses. Luego, se ven imágenes de la lancha en llamas.

SOUTHCOM mantiene la responsabilidad de las operaciones de seguridad y cooperación en el Caribe, América Central y Sudamérica.

Estados Unidos sostiene que estas intervenciones buscan aumentar la presión sobre las redes de narcotráfico, a las que vincula con países de Latinoamérica, como Venezuela, y que fueron formalmente declaradas como “organizaciones terroristas” por las autoridades estadounidenses hace varios meses atrás.

El sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves militares de Estados Unidos en Caracas del fin de semana pasado representa una fase nueva de la Operación Lanza del Sur, que apunta a una presencia militar permanente de Washington en Venezuela, según explicó a Infobae el coronel retirado Isdro Echatn Pérez Villalobos.

El oficial venezolano interpreta el episodio ocurrido el 23 de mayo como un intento de “normalizar” la presencia operativa estadounidense y, potencialmente, como el primer paso hacia futuras bases militares en territorio venezolano.

Pérez Villalobos —licenciado en Ciencias y Artes Militares, geógrafo y docente en seguridad y defensa nacional— sostuvo que este escenario traería una “implicación geopolítica y geoestratégica determinante”, ya que implicaría el paso de una operación puntual a una infraestructura continua dentro de Venezuela. Según el coronel, esta diferencia modifica de forma relevante el alcance estratégico de la presencia estadounidense.

El especialista precisó que, bajo la doctrina militar estadounidense actual, la sede diplomática en Caracas no solo funciona como espacio diplomático, sino que también “es también una base de coordinación política, militar, inteligencia y seguridad”.

En ese marco, cuando el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, aterriza directamente en la embajada durante un “ejercicio de seguridad”, se activa “una presencia formal” coordinada entre el Departamento de Estado, las Fuerzas Armadas estadounidenses, la CIA y otras agencias de gobierno en Venezuela.

Pérez Villalobos aclaró que esto no implica necesariamente una militarización total de la política exterior, aunque sí revela “una aproximación integrada del poderío de los Estados Unidos”. El experto subrayó el impacto psicológico que busca provocar este tipo de maniobras. Según su análisis, el episodio tiene “una profunda connotación psicológica” cuidadosamente calculada.

El oficial destacó que, aunque el Gobierno venezolano declaró que el sobrevuelo tenía fines de “protección diplomática”, la percepción de la sociedad venezolana será diferente. “En la teoría militar, la percepción importa tanto como la capacidad militar real”, señaló. En Caracas, se registraron algunas protestas minoritarias en rechazo a la presencia militar estadounidense, aunque Pérez Villalobos consideró que esas manifestaciones no resultaron significativas.

En la aldea San Miguelito, ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este miércoles sobre la captura de Luis Alberto J., de 36 años, señalado como el presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera. Según el informe oficial de la PNC, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de turno por el delito de femicidio.

La investigación, desarrollada por la Sección de Delitos Contra el Femicidio, determinó que el 17 de noviembre de 2025, Luis Alberto J. recogió a la adolescente en una motocicleta cuando ella salía del colegio en el centro de Guazacapán, departamento de Santa Rosa.

De acuerdo con el reporte policial, la menor, quien vestía su uniforme escolar y portaba una mochila, aceptó acompañar al adulto. Las pesquisas establecen que el trayecto continuó hasta una finca situada en la aldea El Astillero, en el mismo municipio.

Días después de la desaparición, familiares y autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa, donde el cadáver se encontraba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. A pocos metros, los investigadores encontraron una mochila con cuadernos forrados, un peine y un dije plateado con una imagen religiosa, objetos que fueron reconocidos por allegados a la víctima. El caso generó consternación en la comunidad educativa y en los habitantes de la región, quienes exigieron respuestas a las autoridades.

La PNC detalló que, gracias a labores de inteligencia y el análisis de grabaciones obtenidas de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, fue posible reconstruir los movimientos y las rutas utilizadas por el presunto agresor. Estas pruebas permitieron sustentar la solicitud de orden de captura y fortalecer la hipótesis de la participación directa de Luis Alberto J. en los hechos investigados. La institución policial subrayó que la detención representa un avance en la lucha contra el femicidio y ratificó el compromiso de continuar combatiendo la impunidad en estos delitos.

Durante el operativo de captura, los agentes incautaron un teléfono móvil y una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar 125, color negro con franjas multicolor. Según la orden judicial, este vehículo está sujeto a secuestro como parte de la investigación, ya que habría sido utilizado para trasladar a la víctima el día de su desaparición. Las autoridades también evalúan la información almacenada en el dispositivo móvil para obtener nuevos elementos probatorios o identificar posibles cómplices.

Investigación policial y colaboración ciudadana en la captura del sospechoso

En declaraciones recogidas por la Policía Nacional Civil, se informó: “La investigación incluyó el análisis de las rutas y los tiempos de desplazamiento del sospechoso, así como la identificación de testigos y la recolección de evidencias materiales halladas en el lugar del hallazgo”. Además, la PNC reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y solicitó a quienes posean información adicional que la aporten por los canales oficiales.

En el operativo participaron unidades de investigación criminal, agentes uniformados y representantes del Ministerio Público, quienes coordinaron las acciones para asegurar la integridad del procedimiento y la preservación de la cadena de custodia de las evidencias.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dictó una condena de cinco años de prisión contra Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez tras comprobar que ejercía como doctora de manera ilegal, utilizando el número de registro de otro profesional, según información proporcionada este miércoles por la cuenta Centros Judiciales.

La acusada fue hallada culpable de ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material, tras un proceso iniciado por la denuncia de una víctima y la investigación coordinada por el Consejo Superior de Salud Pública.

De acuerdo con la información oficial, el caso comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando una médica detectó que alguien empleaba su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM). La afectada denunció la situación ante la autoridad sanitaria y el caso pasó al ámbito judicial. De igual forma, el Centro Judicial de San Salvador estableció que Cárcamo Jiménez administraba un local que simulaba ser un consultorio médico, donde atendía pacientes, prescribía recetas y hasta realizaba procedimientos clínicos.

Durante el operativo realizado el 30 de junio del mismo año, la Policía Nacional Civil (PNC) decomisó gabachas con logotipos de hospitales nacionales, equipo clínico y sellos profesionales en el inmueble. El informe judicial detalló que la acusada actuó con pleno conocimiento y dolo, utilizando el número de registro ajeno y presentándose como doctora ante los pacientes.

El Tribunal Primero de Sentencia concluyó que las pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el juicio acreditaron la participación directa de Cárcamo en los hechos. El fallo señaló que la imputada incurrió en un concurso ideal de delitos, ya que suplantó la identidad profesional para ejercer ilegalmente la medicina y falsificó documentos vinculados a la actividad clínica.

Autoridades documentan consultas y recetas sin habilitación,

El proceso penal estableció que la imputada, sin la formación ni habilitación requerida, consultaba pacientes, realizaba evaluaciones clínicas y expedía recetas médicas. Además, las autoridades constataron que empleaba sellos húmedos y materiales identificados con hospitales nacionales, lo que reforzó la acusación de falsedad material. Centro Judicial subrayó que la sentencia busca garantizar la seguridad de los usuarios de servicios médicos y proteger la integridad de los registros profesionales.

En las diligencias, la PNC documentó la incautación de indumentaria médica y dispositivos clínicos dentro del local, así como la presencia de sellos con datos de otros profesionales. Las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la República resultaron fundamentales para sustentar la acusación y conseguir la condena, según el Centro Judicial.

La sentencia establece que Cárcamo deberá cumplir la condena en un centro penal. “En su fallo, el tribunal señaló la existencia de un concurso ideal de delitos y que la procesada actuó con pleno conocimiento y dolo respecto de los hechos atribuidos. Además, consideró que las pruebas presentadas lograron acreditar su participación directa en los mismos. La pena de cinco años deberá cumplirla en un centro penal”, expresa Centros Judiciales en la publicación.

Centros Judiciales destacó que este tipo de condenas buscan desincentivar el ejercicio ilegal de profesiones sensibles y proteger la confianza de la población en los servicios de salud.

La exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia M., enfrentará juicio tras la decisión tomada por el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, que resolvió enviarla a vista pública por actos arbitrarios y desobediencia en modalidad continuada, según información publicada este miércoles por Centros Judiciales.

Los hechos por los que se procesará a la exfuncionaria ocurrieron durante los años 2021 y 2022, periodo en que estuvo al frente de la municipalidad.

De acuerdo con la información proporcionada por Centros Judiciales, la acusación se basa en el presunto incumplimiento de resoluciones emitidas por distintos Juzgados de lo Laboral de San Salvador, que ordenaron la reinstalación de empleados municipales separados de sus cargos. Las resoluciones judiciales también establecían el pago de salarios y prestaciones que los afectados dejaron de percibir. La exedil, según la acusación, habría recibido notificación expresa de estas órdenes, sin presentar una justificación legal para su falta de cumplimiento.

La investigación fiscal señala que, entre 2021 y 2022, varias personas que se desempeñaban en la alcaldía de Soyapango fueron destituidas de sus cargos. Estos empleados, amparados por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), interpusieron recursos legales, y los tribunales laborales fallaron a su favor. Centros Judiciales informó que, pese a las sentencias, la entonces funcionaria omitió ejecutar las órdenes judiciales, lo que derivó en la apertura de procesos penales por desobediencia.

En cuanto al delito de actos arbitrarios, el Ministerio Público sostiene que Nercy Patricia M. habría autorizado despidos sin respetar el procedimiento que establece la LCAM. Según la documentación judicial, al menos cuatro empleados municipales resultaron directamente perjudicados por estas decisiones, en diferentes momentos.

La acusación fiscal considera que la omisión sistemática de las órdenes constituye un patrón de conducta, lo que llevó a calificar los delitos como continuados. “Las resoluciones judiciales fueron notificadas a la exalcaldesa y no existe constancia de cumplimiento”, señala el expediente del caso citado por Centros Judiciales.

Fiscalía sostiene que acusada ignoró fallos laborales y ordenó despidos sin respetar la ley

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exalcaldesa de Soyapango deberá enfrentar la etapa de juicio. La FGR menciona que se le acusa de actos arbitrarios y desobediencia, realizó despidos injustificados de varios empleados municipales saltándose los procedimientos legales. Según la postura fiscal, las personas afectadas ganaron demandas laborales que ordenaban su reinstalación y el pago de salarios; sin embargo, la exfuncionaria hizo caso omiso, incurriendo en el delito de desobediencia.

La exalcaldesa de Soyapango fue destituida de su cargo en diciembre de 2022.

El proceso judicial avanza hacia la etapa de juicio, donde la FGR se propone sustentar la acusación con documentación administrativa, testimonios de los exempleados y las resoluciones laborales que fueron presuntamente desobedecidas. Centros Judiciales subraya que la vista pública permitirá a las partes presentar pruebas y argumentos, en tanto el tribunal está llamado a resolver sobre la responsabilidad penal de la exfuncionaria por los cargos señalados.

El caso se inscribe dentro de los procesos por presuntas irregularidades administrativas al interior de gobiernos locales, un fenómeno que ha generado atención en la opinión pública salvadoreña.

El Ministerio de Educación de República Dominicana implementó un cambio normativo que establece la prohibición total de celulares en el Nivel Inicial, restricciones en Primaria y un uso regulado y supervisado en Secundaria, aplicable a todos los centros educativos públicos y privados del país.

La disposición, formalizada este miércoles mediante la Orden Departamental 011-2026, fue anunciada por el ministro Luis Miguel De Camps como parte de una estrategia nacional para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito digital.

Según el MINERD, la prohibición absoluta de teléfonos móviles en el Nivel Inicial busca proteger el desarrollo temprano de los niños y evitar distracciones o exposiciones innecesarias a la tecnología en edades tempranas. “Establecemos pautas claras por niveles: prohibición total en el Nivel Inicial para proteger el desarrollo temprano”, afirmó De Camps al dar a conocer la nueva política.

En el caso de la Educación Primaria, la normativa introduce restricciones específicas: el uso de celulares y otros dispositivos estará limitado y sujeto a condiciones previamente definidas por cada institución, siempre integradas en los manuales de convivencia escolar.

El objetivo, según el ministerio, es reducir la exposición a pantallas y fomentar la participación activa en clase, reforzando dinámicas presenciales y el desarrollo de habilidades sociales.

Para la Educación Secundaria, la ordenanza establece un uso regulado y supervisado de los dispositivos móviles, con criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo y bajo constante monitoreo del personal docente. El Minerd remarcó que la tecnología debe usarse como herramienta de apoyo al aprendizaje, evitando que interfiera en la atención, la convivencia y el ambiente escolar.

“La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención”, expresó De Camps a través de su cuenta oficial en X, al tiempo que insistió en la importancia de “priorizar siempre el bienestar integral de los estudiantes”.

Protección de la privacidad y prevención de la violencia digital en las escuelas

Además de estas disposiciones, la normativa obliga a cada centro a desarrollar protocolos internos para el uso de dispositivos, en consulta con docentes, familias y estudiantes. Tales protocolos deberán formar parte de los manuales de convivencia y ajustarse a los lineamientos nacionales, garantizando la aplicación efectiva de la política en todos los niveles.

La Orden Departamental 011-2026 también incorpora medidas para proteger la privacidad y los datos personales dentro de la comunidad educativa. Queda prohibida la grabación o difusión de imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento expreso, y se establecen acciones preventivas contra el ciberacoso y otras formas de violencia digital.

El MINERD aclaró que existen excepciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, quienes podrán utilizar herramientas tecnológicas como apoyo a su aprendizaje o accesibilidad, siempre bajo supervisión y siguiendo los protocolos establecidos.

La nueva normativa forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la convivencia digital responsable y preparar a los estudiantes para los retos de la tecnología y la inteligencia artificial, sin dejar de lado la formación ética y humana.

El ministerio anunció que la política irá acompañada de programas de capacitación para docentes, personal administrativo y familias en el uso responsable de la tecnología y la protección de datos.

La más reciente encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, en colaboración con la firma CID Gallup, publicada en mayo de 2026, muestra entre sus análisis, la disposición de la población guatemalteca a migrar si contara con los recursos necesarios, así como los países que elegirían como destino.

Según el citado estudio, el 27% de los guatemaltecos considera “muy probable” dejar el país si tuviera los medios económicos para hacerlo y un 16% lo ve “algo probable”.

En contraste, el 14% considera “poco probable” migrar, mientras que el 42% afirma que no lo haría bajo ninguna circunstancia. Estos porcentajes reflejan que más de cuatro de cada diez guatemaltecos mantienen abierta la opción de emigrar si las condiciones económicas se lo permitieran.

No obstante, los resultados muestran una leve disminución en la intención de migrar respecto a inicios de 2026, cuando la proporción de quienes decían que “nada probable” emigrarían llegó a 49%. Sin embargo, la disposición a migrar se mantiene relevante, especialmente en ciertos grupos de la población.

¿Quiénes piensan emigrar?

El deseo de migrar es más alto entre quienes residen en el área metropolitana, donde el 32% respondió que sería “muy probable” que emigrara si tuviera los recursos.

La tendencia es similar entre los jóvenes de 25 a 39 años, con un 32%, y entre los de 18 a 24 años, donde el 28% manifestó esta intención. El porcentaje baja a 21% entre las personas de 40 años o más.

El nivel educativo influye de manera notable: el 36% de quienes tienen educación superior consideran “muy probable” migrar, frente al 29% con secundaria y el 22% con primaria. Además, la percepción sobre la situación económica del hogar juega un papel importante.

El 28% de quienes perciben que su situación es “peor” que antes ven la migración como una alternativa real, mientras que solo el 19% de quienes consideran que su situación es “mejor” comparten ese sentimiento.

¿A dónde migrarían los guatemaltecos?

De igual manera, entre quienes consideran probable la migración, el destino preferido es Estados Unidos, que concentra el 55% de las menciones en el mes de mayo de 2026.

Por su parte, Canadá ocupa el segundo lugar con el 15%, seguido de España con el 12%.

Al mismo tiempo es importante destacar que la preferencia por EE. UU. ha sido constante en los últimos años, aunque ha disminuido respecto a 2024, cuando alcanzó el 76%.

De igual manera, las razones principales para considerar la migración siguen estando vinculadas a factores económicos.

El 37% menciona la mala situación económica, incluyendo bajos salarios y falta de empleo, como la motivación principal. Mientras que, el 30% busca mejores salarios o trabajos.

Otros factores relevantes son el deseo de escapar del crimen y la violencia (8%), la percepción de falta de oportunidades en el país (8%) y la intención de reunirse con familiares en el extranjero (7%).

Por último, el interés por estudiar o acceder a una mejor educación motiva al 6% de los encuestados, mientras que solo un 2% menciona la atención médica como factor clave.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras confirmó oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego de que Honduras, Nicaragua y El Salvador denunciaran el convenio constitutivo del organismo regional, dejando sin respaldo jurídico a la institución encargada de resolver controversias entre Estados centroamericanos.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la Cancillería hondureña explicó que la Corte perdió su personalidad jurídica internacional tras la salida escalonada de los Estados miembros que sostenían el convenio constitutivo del tribunal regional.

Según el documento oficial, Nicaragua denunció el convenio el 18 de marzo de 2025, Honduras el 29 de abril de 2026 y El Salvador el 20 de mayo de 2026, situación que dejó sin vigencia el instrumento jurídico que daba vida a la Corte Centroamericana de Justicia.

“La Corte ha quedado desprovista de su instrumento jurídico constitutivo, produciendo en consecuencia el cese de sus funciones y la pérdida de su personalidad jurídica internacional”, señala parte del comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Gobierno hondureño reiteró además que su salida de la CCJ fue una “decisión soberana y conforme al derecho internacional”, asegurando que el proceso se realizó respetando las normas y procedimientos establecidos en los tratados regionales y multilaterales.

En el comunicado, Honduras también sostuvo que el acuerdo de sede suscrito entre Nicaragua y la Corte Centroamericana “ha perdido igualmente su objeto, eficacia y razón de ser”, debido a que el organismo regional al que brindaba soporte institucional dejó de existir jurídicamente.

Asimismo, la Cancillería hondureña pidió que cualquier medida adoptada por Nicaragua respecto a ciudadanos hondureños vinculados a la Corte sea ejecutada con respeto a sus derechos y garantías fundamentales.

“Sin perjuicio de ello, el Estado hondureño insta que toda medida adoptada por Nicaragua respecto de ciudadanos hondureños que se desempeñaban en una institución regional se ejecute con trato digno, comunicación oficial, garantías consulares, respeto a sus documentos, bienes y familias”, añade el documento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó además que Honduras ya coordina junto a las instancias correspondientes el proceso de cierre ordenado, liquidación de personal y gestión administrativa de la Corte Centroamericana de Justicia, asegurando que todas las acciones se realizarán bajo criterios de transparencia y apego al derecho internacional.

La Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua, fue creada como parte del proceso de integración regional impulsado por los países centroamericanos y funcionaba como un órgano jurisdiccional encargado de resolver disputas entre Estados y emitir opiniones consultivas sobre temas regionales.

Durante años, la CCJ fue considerada uno de los principales instrumentos jurídicos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Sin embargo, en la última década enfrentó múltiples cuestionamientos relacionados con su efectividad, alcance jurídico y tensiones políticas entre gobiernos de la región.

Analistas consideran que el retiro de los países miembros refleja el debilitamiento de varios mecanismos regionales centroamericanos y evidencia las crecientes diferencias políticas entre los Estados de la región.

La Cancillería hondureña concluyó que continuará gestionando las acciones diplomáticas y administrativas necesarias “en coordinación con los demás Estados involucrados”, con el objetivo de garantizar un proceso “transparente, ordenado y jurídicamente fundamentado”.

El cierre de la Corte Centroamericana de Justicia representa uno de los cambios más importantes dentro de la estructura jurídica regional en los últimos años y deja incertidumbre sobre el futuro de los mecanismos de integración y resolución de conflictos en Centroamérica.

El Hogar Manos de Jesús, ubicado en Guadalupe de Cartago y allanado días atrás por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debido a denuncias de aparentes maltratos contra adultos mayores, emitió un amplio pronunciamiento público en el que rechaza las acusaciones y asegura que mantendrá total apertura con las autoridades.

La institución, que desde hace más de tres décadas atiende adultos mayores en condición de abandono y vulnerabilidad social, afirmó que las versiones divulgadas sobre supuestas prácticas de sedación no consentida, castigos y restricciones alimentarias son “temerarias y maliciosas”.

El caso generó una fuerte conmoción nacional luego de que agentes del OIJ, junto con la Fiscalía, el Ministerio de Salud, Cruz Roja y otras instituciones, realizaran un operativo en el centro como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con maltrato, condiciones inadecuadas y posibles irregularidades administrativas.

Durante los allanamientos fueron detenidas varias personas vinculadas con la administración y operación del hogar, mientras las autoridades recaban pruebas y testimonios sobre las condiciones en las que permanecían decenas de residentes.

En el comunicado difundido, el Hogar Manos de Jesús defendió su trayectoria y aseguró que nació hace 34 años con el objetivo de atender a personas adultas mayores “en condiciones de abandono absoluto, pobreza extrema, indigencia y vulnerabilidad social”.

“La institución no es una empresa privada de cuido ni un servicio residencial comercial”, señaló el documento, donde además indicaron que muchos de los residentes fueron remitidos por el propio Estado mediante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

La organización sostuvo que el proceso judicial ha provocado un “profundo golpe moral” y lamentó que, según afirman, se hayan presentado hipótesis preliminares como si fueran hechos comprobados.

“Rechazamos categóricamente las afirmaciones temerarias y maliciosas que se han divulgado sobre nuestra operación diaria”, indicó el pronunciamiento.

Además, aseguraron que las acusaciones sobre supuestos “cuartos de castigo” y sedaciones son completamente falsas y ofensivas para el personal que trabaja en el centro.

Las investigaciones judiciales comenzaron tras denuncias que apuntaban a aparentes agresiones físicas y psicológicas contra residentes, además de posibles restricciones alimentarias y otras condiciones irregulares.

Incluso, el fiscal general Carlo Díaz aseguró públicamente que entre los hechos investigados figuran aparentes sedaciones para mantener tranquilos a algunos adultos mayores y supuestos racionamientos de comida y líquidos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es la investigación sobre el fallecimiento de algunos residentes, situación que el OIJ busca esclarecer para determinar si existió alguna conducta delictiva.

Pese a ello, el Hogar Manos de Jesús insistió en que colaborará plenamente con las diligencias judiciales y aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación requerida.

“No hay nada que esconder, ni nada que temer”, afirmó el centro en el comunicado.

La institución también indicó que sus libros contables, bitácoras médicas y registros relacionados con subsidios públicos están abiertos para revisión por parte del Ministerio Público y del OIJ.

El caso ha provocado un intenso debate público sobre las condiciones de algunos centros de atención para adultos mayores en Costa Rica y sobre la supervisión estatal en hogares que reciben subsidios públicos.

Las autoridades judiciales continúan recopilando evidencia, entrevistando testigos y revisando permisos de funcionamiento del lugar mientras avanzan las investigaciones.

Entretanto, el Hogar Manos de Jesús aseguró que seguirá operando para garantizar el cuidado de los adultos mayores que permanecen en el centro.

“El cuidado, la alimentación, la atención médica y, sobre todo, el amor hacia nuestros adultos mayores no se detendrán ni un solo segundo”, concluyó el comunicado.

Al 27 de mayo de 2026, una encuesta de CID Gallup indicó que 87% de los salvadoreños sienten orgullo por el presidente Nayib Bukele. El mismo sondeo registró 93% de aprobación de su gestión y 93% de imagen positiva. El estudio comparó esos datos con los de expresidentes recientes en El Salvador.

La firma también midió percepciones sobre áreas de gobierno y expectativas: seguridad alcanzó 98% de aprobación y el rumbo del país fue considerado positivo por 82% de los consultados, según el reporte difundido por CID Gallup.

Según el informe de CID Gallup, casi 19 de cada 20 salvadoreños aprueban la gestión presidencial. La serie histórica incluida en el documento muestra un crecimiento desde 2019: la imagen positiva pasó de 76% a 93% en la medición del 24 de mayo de 2026.

El sondeo también consignó que 90% de los encuestados cree que Bukele actúa en beneficio del país “siempre o casi siempre”, y que 88% lo ve “probable” que cumpla sus promesas, de acuerdo con los resultados de CID Gallup.

Comparación con expresidentes en El Salvador: En la evaluación más reciente presentada por CID Gallup, la imagen favorable de Bukele (93%) se ubicó por encima de la que el mismo estudio atribuye a administraciones previas. El reporte consignó 84% para Salvador Sánchez Cerén y 54% para Mauricio Funes, ambos del primer partido político de Bukele (Frente, Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN).

La comparación del documento también incluyó a Elías Antonio Saca, Francisco Flores, Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani (de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA), con registros inferiores al actual, según la serie publicada por CID Gallup.

¿Qué áreas del gobierno reciben mejores y peores valoraciones?

La encuesta evaluó áreas específicas de la gestión pública. Seguridad encabezó las valoraciones con 98% de aprobación, seguida por educación con 95% y turismo con 91%, de acuerdo con CID Gallup.

Entre las áreas con menor evaluación, el informe ubicó medio ambiente con 76% y empleo con 77%. Aun así, todas superaron 65% de aprobación positiva, según el relevamiento.

El estudio incorporó un índice de felicidad que se ubicó en 62%, de acuerdo con la medición de CID Gallup. Además, 82% de la población consideró que el país va por un rumbo positivo, según el mismo informe.

El reporte atribuyó estos resultados a un respaldo que se mantiene tanto en los indicadores generales como en la evaluación de políticas públicas por áreas, en la medición fechada el 24 de mayo de 2026.

Bukele lidera el ranking de presidentes latinoamericanos según CB Global Data de abril

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza la lista de mandatarios latinoamericanos con mejor imagen, según el último estudio de CB Global Data, empresa especializada en análisis de clima social y proyección de escenarios electorales. Bukele alcanza un 70,1% de imagen positiva, situándose a la cabeza entre los líderes de la región.

De acuerdo con los datos difundidos en abril de 2026 por CB Global Data, Nayib Bukele supera a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien cuenta con el 69,8% de opiniones favorables. El tercer puesto lo ocupa Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, que obtiene un 59,5% de imagen positiva. La medición incluyó a 18 mandatarios de países latinoamericanos, con una encuesta realizada entre el 13 y el 18 de abril de 2026.

El informe destaca que El Salvador muestra una de las tasas más altas de aprobación presidencial de la región. En el desglose, el 42,5% de los consultados evalúa la imagen de Bukele como “muy buena” y el 27,6% como “buena”. Solo el 13% la califica de “mala” y el 13,3% de “muy mala”, mientras el 3,6% no contestó o no supo responder. La muestra fue de 2.138 casos y el margen de error es del 2,1%.

“Bukele mantiene una diferencia significativa respecto a sus pares. El dato de imagen positiva lo posiciona en el primer lugar del ranking regional”, consignó CB Global Data. Al analizar los resultados generales, países como República Dominicana y Bolivia se ubican también en los primeros puestos; Luis Abinader y Rodrigo Paz obtienen 57,3% y 52,9% de imagen positiva, respectivamente.

El Senado dominicano aprobó este miércoles en primera lectura una reforma a la Ley de Partidos para endurecer los controles sobre el financiamiento político y la selección de candidaturas, con el objetivo de frenar el ingreso de dinero y personas vinculadas a actividades ilícitas. La iniciativa también amplía la supervisión de la Junta Central Electoral y crea mecanismos de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas.

La propuesta suma el artículo 64 bis y modifica varios puntos de la normativa vigente. Entre otros cambios, exige certificación de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorización para verificación de datos por parte de las autoridades partidarias.

El texto se tramita en el Congreso en medio de casos recientes que relacionaron a figuras políticas con investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico y otras estructuras criminales, según el diagnóstico incluido en los considerandos del proyecto.

¿Qué cambia la reforma de la ley de partidos y qué requisitos impone?

La iniciativa establece reglas de integridad y debida diligencia para los procesos internos de selección de candidaturas y de autoridades partidarias. También fija un régimen de consecuencias proporcional y menciona que su aplicación debe respetar la Constitución, el debido proceso y la autorregulación de los partidos.

Entre los requisitos para aspirantes a cargos electivos, el proyecto incorpora la obligación de presentar antecedentes penales, una declaración jurada de patrimonio, una prueba antidopaje y una autorización para que los partidos verifiquen la información aportada, de acuerdo con el texto aprobado en primera lectura por el Senado.

El proyecto también prevé la creación de programas y unidades de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas. Además, amplía las facultades de control y supervisión de la Junta Central Electoral, que interviene en la fiscalización del sistema de partidos y del financiamiento político.

¿Quiénes impulsan el proyecto y qué dijeron en el oficialismo?

La reforma fue presentada por el Pleno del Senado de la República Dominicana y cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores, entre ellos Moisés Ayala Pérez, Ricardo de los Santos Polanco, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun, Andrés Guillermo Lama Pérez y Aracelis Villanueva Figueroa.

También apoyan la propuesta Ginnette Bournigal de Jiménez, Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes, Dagoberto Rodríguez Adames, Franklin Martín Romero Morillo, Gustavo Lara Salazar, Julito Fulcar Encarnación, Héctor Elpidio Acosta Restituyo, Lía Inocencia Díaz Santana y Pedro Antonio Tineo Núñez, además de Rafael Barón Duluc Rijo, María Mercedes Ortiz Diloné y Santiago José Zorrilla, según el listado incluido en la documentación legislativa.

Otras iniciativas aprobadas: En segunda lectura, el Senado aprobó la Ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentada por el senador Alexis Victoria Yeb, representante de la provincia María Trinidad Sánchez. La norma fija obligaciones para los inversionistas que busquen acceder a los beneficios previstos.

Los senadores también sancionaron una resolución dirigida a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que impulse la remodelación del edificio del destacamento policial de la octava compañía en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. La iniciativa fue presentada por la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa inició el análisis de la primera modificación al presupuesto nacional de 2026, una propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda que contempla ajustes en ingresos y gastos del Gobierno central, incorporación de recursos pendientes y reasignaciones para atender obligaciones urgentes de distintas instituciones públicas.

La discusión arrancó con la comparecencia del viceministro de Ingresos, Luis Molina, y la contralora general de la República, Marta Acosta, quienes explicaron a los diputados los alcances de la modificación presupuestaria y las razones técnicas detrás de los movimientos financieros planteados por el Ejecutivo.

Según expuso Molina ante los legisladores, la propuesta busca ajustar ingresos y egresos del Gobierno central, incorporar recursos que no habían sido presupuestados inicialmente, atender disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y realizar cambios urgentes solicitados por diversas entidades públicas.

Entre los principales movimientos destaca un aumento de ingresos corrientes por aproximadamente ₡658 millones (USD 1.4 millones). De ese monto, ₡53,7 millones (USD 118 mil )provenientes del impuesto a la minería serán trasladados a asociaciones de desarrollo del cantón de Montes de Oro. Paralelamente, el plan incluye una reducción presupuestaria superior a los ₡52 mil millones (USD 116 millones)

Uno de los anuncios que generó mayor atención durante la sesión fue la incorporación de ₡5.574 millones (USD 12 millones) destinados a infraestructura en la provincia de Limón, específicamente para la construcción de dos puentes en la región Caribe.

De acuerdo con el viceministro, los recursos provienen de superávits libres de JAPDEVA que fueron reintegrados al Gobierno central para ser presupuestados dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y ejecutados por el Consejo Nacional de Vialidad.

“Es un proyecto muy bonito que trabajó JAPDEVA con el CONAVI”, explicó Molina ante la comisión, al señalar que las obras se vienen coordinando desde el año pasado entre las autoridades del sector transporte y desarrollo portuario.

La discusión legislativa ocurre en un contexto de presión constante sobre las finanzas públicas y de cuestionamientos recurrentes sobre la planificación presupuestaria del Estado. Precisamente, la contralora Marta Acosta advirtió durante su exposición que varios de los ajustes incluidos en esta modificación responden a omisiones y debilidades detectadas en la formulación inicial del presupuesto aprobado para este año.

La jerarca del ente contralor indicó que parte de los recursos que ahora se buscan incorporar debieron haber sido presupuestados desde 2025, mientras que otros movimientos pretenden cubrir gastos que no fueron contemplados adecuadamente en el plan original.

Además, Acosta señaló la necesidad de revisar la eliminación de varias normas de ejecución presupuestaria contenidas en el artículo siete de la Ley de Presupuesto de la República, al considerar que dichas herramientas permiten fortalecer la transparencia y mejorar los controles sobre el uso de los recursos públicos.

La Contraloría también insistió en la importancia de establecer mecanismos permanentes mediante leyes ordinarias que faciliten la detección de espacios de eficiencia en la administración estatal y garanticen una mayor claridad en la prestación de servicios públicos.

El análisis de modificaciones presupuestarias suele convertirse en uno de los debates más sensibles dentro de la Asamblea Legislativa, especialmente por el impacto que tienen las reasignaciones sobre instituciones públicas, programas sociales y proyectos de infraestructura.

En años recientes, Costa Rica ha enfrentado múltiples discusiones sobre disciplina fiscal, crecimiento de la deuda pública y control del gasto estatal, temas que incluso motivaron reformas como la regla fiscal y negociaciones con organismos internacionales.

Para el Gobierno, este tipo de ajustes son necesarios para corregir desequilibrios detectados durante la ejecución del presupuesto y responder a necesidades emergentes de distintas instituciones. Sin embargo, algunos diputados han advertido en otras ocasiones sobre la práctica reiterada de incorporar recursos o corregir omisiones mediante modificaciones posteriores al presupuesto original.

Durante la sesión, los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios también consultaron sobre la sostenibilidad de algunas partidas y el impacto que podrían tener los recortes planteados en determinadas áreas de la administración pública.

El expediente continuará en análisis en las próximas sesiones legislativas antes de ser remitido al Plenario para su eventual votación. Los diputados deberán definir si aprueban los cambios propuestos por Hacienda o introducen modificaciones adicionales al texto.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda insiste en que la propuesta busca garantizar la continuidad operativa del Estado, cumplir obligaciones legales y reforzar proyectos considerados prioritarios, particularmente en infraestructura y atención de compromisos financieros pendientes.

La violencia volvió a sacudir el occidente de Honduras luego de que el abogado Fredy Fernando Leiva Ramos, de 30 años, fuera asesinado a disparos dentro de su vivienda en el municipio de La Jigua, Copán, en un crimen que ha causado conmoción entre familiares y pobladores de la zona.

De acuerdo con información preliminar, el profesional del derecho se encontraba realizando labores domésticas en el patio de su casa cuando fue sorprendido por dos sujetos armados que se transportaban en motocicleta.

Según los reportes iniciales, los atacantes ingresaron hasta la vivienda y, sin mediar palabras, dispararon en reiteradas ocasiones contra Leiva Ramos hasta quitarle la vida.

Tras cometer el crimen, los sospechosos huyeron del lugar con rumbo desconocido mientras vecinos alertaban a las autoridades y equipos de emergencia.

El abogado fue trasladado aún con vida a un centro asistencial de la zona; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas falleció minutos después mientras recibía atención médica.

El asesinato generó consternación en el municipio de La Jigua, donde amigos, familiares y conocidos describieron a Fredy Fernando Leiva Ramos como una persona apreciada y respetada dentro de la comunidad.

Además, el impacto emocional aumentó luego de conocerse que el abogado había contraído matrimonio hace menos de un mes, situación que ha provocado numerosas muestras de solidaridad hacia su familia en redes sociales.

Personas cercanas a la víctima también revelaron que el profesional del derecho habría sobrevivido anteriormente a un atentado violento, hecho que supuestamente ya había sido denunciado ante las autoridades competentes.

“Pedimos respeto para la familia y evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones”, expresaron allegados del abogado a medios locales tras el crimen.

Otro de los elementos que ha llamado la atención en el caso es que Fredy Fernando Leiva Ramos era hijo de Fredy Armando Leiva, conocido con el alias de “Mamalicha”, un reconocido criminal que fue asesinado el 25 de marzo de 2011 en el departamento de Copán.

La figura de “Mamalicha” fue ampliamente vinculada en el pasado a actividades criminales y estructuras del narcotráfico en la zona occidental de Honduras, región históricamente golpeada por el tráfico de drogas y disputas entre grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre el asesinato del abogado y antecedentes vinculados a su entorno familiar.

Agentes de la Policía Nacional y equipos de investigación llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que se encuentran recopilando testimonios, revisando posibles cámaras de vigilancia y desarrollando otras líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen y ubicar a los responsables.

El caso se suma a otros hechos violentos recientes contra profesionales del derecho en Honduras. Apenas días atrás, la abogada Carla Yesenia López Brizuela fue asesinada dentro de su vivienda en la comunidad de Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, en un crimen que también generó alarma nacional.

La ola de violencia continúa afectando diferentes regiones del país. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), Honduras registra al menos 858 homicidios entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026.

Los departamentos con más casos reportados son Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho, reflejando la persistencia de la criminalidad y la inseguridad en distintas zonas del territorio hondureño.

Mientras tanto, familiares y amigos de Fredy Fernando Leiva Ramos exigen justicia y piden que el crimen no quede en la impunidad.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reconoció este martes que los estudiantes costarricenses todavía arrastran importantes rezagos en Matemáticas, comprensión lectora y escritura, tras presentar los resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas durante los primeros meses del 2026 en escuelas y colegios de todo el país.

Las autoridades educativas admitieron que, aunque existen avances, “no son tan grandes” como esperaba la institución y atribuyeron parte de las dificultades al impacto que dejó la pandemia sobre generaciones que aprendieron a leer y escribir durante los años de restricciones sanitarias.

Los resultados evidenciaron que Matemáticas continúa siendo la materia con mayores desafíos tanto en primaria como en secundaria. Según los datos expuestos por el MEP, apenas un 19.1% de estudiantes de primaria alcanzó el nivel avanzado en esa asignatura, mientras un 44.2% permanece en nivel intermedio.

En secundaria, el panorama también preocupa. En colegios técnicos, únicamente un 17.6% logró nivel avanzado en Matemáticas y un 39% se ubicó en nivel intermedio.

“Esta es la asignatura precisamente que requiere mayor atención pedagógica”, señalaron las autoridades educativas al explicar que los docentes deberán reforzar aprendizajes base antes de avanzar hacia contenidos más complejos.

Comprensión lectora y escritura siguen entre las principales preocupaciones

El MEP también alertó sobre debilidades en comprensión lectora y producción escrita, especialmente en habilidades inferenciales, argumentativas y de redacción.

En Español, cerca de un tercio de estudiantes de primaria alcanzó el nivel avanzado, mientras el resto continúa en niveles básicos e intermedios. Las autoridades insistieron en que los alumnos deben fortalecer competencias relacionadas con inferencia, deducción, análisis de personajes y comprensión causa-efecto.

Como parte de las nuevas estrategias de evaluación, el Ministerio reactivó la prueba nacional de escritura en primaria después de años sin aplicarse.

La prueba arrancó este miércoles 27 de mayo y evaluará a más de 66 mil estudiantes de primaria y 55 mil de secundaria en todo el país.

En primaria, los estudiantes deberán redactar un texto expositivo de 200 palabras dividido en cuatro párrafos, mientras en secundaria elaborarán un ensayo argumentativo de 300 palabras. Las evaluaciones medirán estructura, coherencia, ortografía, puntuación y capacidad argumentativa.

“El sistema educativo que no evalúa la escritura desconoce las competencias y habilidades que tienen sus estudiantes”, afirmaron las autoridades.

El MEP defendió cambios en las pruebas nacionales estandarizadas

Las autoridades también anunciaron modificaciones importantes en las pruebas nacionales estandarizadas que se aplicarán este año.

Entre los cambios figura el aumento de preguntas por examen, que pasaron de 35 a 60 ítems, además de la incorporación de cuatro opciones de respuesta en lugar de tres para reducir respuestas al azar.

Asimismo, el MEP explicó que las pruebas ahora serán individualizadas por asignatura y permitirán generar informes personalizados para estudiantes, docentes, centros educativos y autoridades nacionales.

Según el Ministerio, estos reportes facilitarán identificar áreas específicas de mejora y orientar decisiones pedagógicas más precisas. Los padres de familia podrán acceder a los informes mediante usuarios y contraseñas entregados por los centros educativos.

El ministro también defendió el nivel de exigencia de las nuevas evaluaciones y negó que se trate de pruebas “más difíciles”.

“La prueba no puede ser ni totalmente difícil ni totalmente fácil. Tiene que ser una prueba equilibrada y justa”, afirmó durante la conferencia.

El Gobierno atribuyó parte de los rezagos al impacto de la pandemia

Las autoridades educativas insistieron en que muchos de los resultados reflejan el impacto que tuvieron las limitaciones de clases presenciales entre 2021 y 2022.

En el caso de primaria, las pruebas fueron aplicadas a estudiantes que iniciaron primer grado durante la pandemia, mientras en secundaria corresponden a alumnos que cursaban sexto año durante ese período.

El MEP aseguró que desde 2022 implementa programas para recuperar aprendizajes mediante apoyo tecnológico, tutorías y refuerzo docente, especialmente en Matemáticas, Español e Inglés.

La institución indicó además que invirtió más de USD 10 millones en estrategias de atención prioritaria para estudiantes con rezagos educativos.

Pese a ello, el Ministerio admitió que los desafíos persisten y que las pruebas diagnósticas servirán como herramienta para definir prioridades educativas durante los próximos meses.

La crisis por la falta de lluvias continúa agravándose en Honduras. Este miércoles, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) confirmó la ampliación de la Alerta Verde por sequía a un total de 75 municipios, luego de evaluar los pronósticos climáticos y el deterioro de varias fuentes de agua en distintas zonas del país.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Nelson Márquez, quien explicó que inicialmente la alerta había sido decretada para 60 municipios de seis departamentos. Sin embargo, las condiciones climáticas obligaron a incorporar otros 15 municipios, incluyendo el Distrito Central.

“Muchas de las fuentes de agua ya no se van a recuperar debido a la prolongada sequía que estamos enfrentando”, advirtió el funcionario.

Las autoridades señalaron que Honduras atraviesa actualmente una transición climática del fenómeno de La Niña hacia El Niño, situación que podría provocar temperaturas más elevadas y una reducción considerable en las precipitaciones durante los próximos meses.

De acuerdo con Copeco, los análisis realizados por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) reflejan un panorama preocupante para el país, especialmente en zonas donde ya comienzan a registrarse problemas de abastecimiento de agua.

Según los reportes oficiales, el retraso en la llegada de las lluvias ha provocado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, afectando principalmente las reservas destinadas al consumo humano y animal.

Las regiones más golpeadas son comunidades rurales donde las fuentes superficiales y pequeños reservorios han comenzado a secarse por completo debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones constantes.

Márquez explicó que otros 144 municipios permanecen actualmente bajo vigilancia permanente y podrían entrar también en Alerta Verde si las lluvias no se presentan en los próximos diez días.

“Si no llueve en ese período, podríamos ampliar nuevamente la alerta”, indicó.

Los modelos climáticos internacionales analizados por Cenaos pronostican además un rápido calentamiento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial, condición asociada directamente con el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Las autoridades estiman que, de confirmarse este escenario climático, Honduras podría enfrentar durante julio y agosto un déficit de lluvias superior al 40 %, situación que agravaría la crisis hídrica y aumentaría el riesgo de pérdidas agrícolas, incendios forestales y problemas de abastecimiento en varias ciudades.

Ante este panorama, el Gobierno hondureño anunció la creación de una mesa antisequía, integrada por distintas instituciones estatales, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y respuestas rápidas ante las emergencias derivadas de la escasez de agua.

Entre las prioridades se encuentran la distribución de agua mediante cisternas, monitoreo de embalses, atención a comunidades vulnerables y campañas de ahorro del recurso hídrico.

La situación también mantiene en alerta a productores agrícolas y ganaderos, quienes advierten que la falta de lluvias ya comienza a afectar cultivos y reservas de alimento para animales en varias regiones del país.

En Tegucigalpa y Comayagüela, las autoridades municipales ya declararon recientemente una emergencia hídrica por 90 días debido a los bajos niveles de las represas que abastecen a la capital.

Expertos en gestión de riesgos consideran que Honduras enfrenta uno de los períodos más secos de los últimos años, por lo que llaman a la población a racionalizar el consumo de agua y atender las recomendaciones oficiales para evitar una crisis mayor durante el verano.

En un acto celebrado en Metetí, Darién, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, juramentó este miércoles a 285 nuevos agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y 39 inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM), quienes concluyeron su formación dentro de la promoción XXIV-B “General José de Fábrega”. Según informó el gobierno de Panamá, esta incorporación responde al fortalecimiento de la política de seguridad nacional y refuerza la presencia estatal en zonas estratégicas del país.

La ceremonia, presidida por Mulino, contó con la asistencia del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, directores de los estamentos de seguridad, autoridades locales y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. De acuerdo con Infobae, entre los graduados figuran 29 agentes especializados en ciberseguridad y banda de música, quienes aportarán conocimientos técnicos y apoyo logístico a las operaciones en frontera y migración.

El grupo de nuevos integrantes de la Fuerza Pública forma parte de la estrategia del Plan Firmeza, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), que busca consolidar la capacidad de respuesta ante desafíos en materia de seguridad y ampliar la cobertura territorial del Estado. “La presencia de estas nuevas unidades permitirá reforzar las acciones preventivas y comunitarias en puntos clave del territorio nacional”, detalló el propio Ministerio.

Durante su intervención, Mulino felicitó a los 324 graduados y anunció que en los próximos meses se sumarán más miembros a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de incrementar la presencia policial y la prevención del delito en las calles. “La formación de esta nueva generación de agentes responde al compromiso de consolidar instituciones más preparadas y cercanas a la ciudadanía”, afirmó el mandatario.

El evento reunió a altos funcionarios, como el director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, y el director general del SENAFRONT, Larry Solís Velásquez, así como representantes de organismos internacionales y delegaciones diplomáticas. Según información oficial, los 39 nuevos inspectores del SNM fortalecerán el control migratorio y la seguridad en las fronteras, como parte del enfoque integral del Gobierno Nacional.

La graduación de la promoción XXIV-B reafirma la política del Ejecutivo panameño de fortalecer las capacidades operativas y humanas de la Fuerza Pública, avanzando hacia una estrategia de seguridad preventiva y cercana a los ciudadanos.

Fuerzas Públicas de Panamá: estructura civil para la seguridad nacional

Las Fuerzas Públicas de Panamá constituyen el sistema de seguridad y defensa del país, estructurado bajo un modelo civil desde la abolición del ejército en 1990. El país no cuenta con fuerzas armadas tradicionales, sino con cinco instituciones coordinadas por el Ministerio de Seguridad Pública.

La Policía Nacional (PN) se dedica al orden público y la protección ciudadana. El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) controla las fronteras y combate delitos asociados al tráfico ilícito y la migración irregular. El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) protege el espacio marítimo y aéreo, realizando operaciones contra el narcotráfico y la pesca ilegal. El Servicio de Protección Institucional (SPI) resguarda a dignatarios y autoridades estatales. El Servicio Nacional de Migración (SNM), de carácter administrativo, colabora en el control fronterizo.

El enfoque principal de estas instituciones, es la seguridad interna, la lucha contra el crimen organizado y el mantenimiento del orden público. Panamá mantiene así un sistema de defensa sin ejército, centrado en la protección civil y la cooperación internacional.

De manera unánime los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el proyecto 641 que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, tales como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.

Los diputados tenían hasta el 15 de junio para la aprobación o no de esta norma, una vez fueron habilitados el 4 de mayo por el presidente José Raúl Mulino.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de esta iniciativa representa un importante avance para el fortalecimiento del marco tributario y económico del país, con el objetivo de impulsar un marco legal moderno que promueva el crecimiento económico sostenible y fortalezca la competitividad, estabilidad e imagen internacional de Panamá.

La normativa entrará en vigencia a partir del período fiscal 2027 y concede un plazo de 90 días al Órgano Ejecutivo para su reglamentación.

La entidad gubernamental sostiene que la nueva legislación reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales de transparencia fiscal y sustancia económica, consolidando al país como una jurisdicción confiable, moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo con la normativa aprobada, se indicó en una nota de prensa, las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá, es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en territorio nacional, estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de dichas rentas pasivas extranjeras.

La ley también reconoce un tratamiento especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en el país, tales como patentes, marcas y derechos de autor, con el propósito de incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado en el país.

También incorpora un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación y excluye expresamente del régimen a la marina mercante y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

El proyecto de ley, siempre según el Ministerio de Economía y Finanzas, moderniza además el concepto de establecimiento permanente conforme a estándares internacionales, incorpora una cláusula antiabuso y refuerza las garantías de confidencialidad y protección de la información tributaria.

Con esta aprobación, afirma el ministerio, Panamá fortalece su reputación internacional como una jurisdicción comprometida con la transparencia y con la promoción de una economía basada en actividades reales y sustantivas.

El nuevo régimen se manifiesta que contribuirá a generar mayor confianza entre inversionistas y organismos internacionales, promoverá la atracción de inversión extranjera responsable y fomentará la instalación de operaciones con presencia real, generación de empleos de calidad y desarrollo económico local.

La nueva normativa también impulsa un entorno de negocios más sólido y sostenible, favoreciendo el acceso de Panamá a mercados internacionales, relaciones financieras más estables y mayores oportunidades para el crecimiento económico del país.

La norma de sustancia económica es un principio legal y contable que exige que las operaciones y transacciones de una empresa reflejen su realidad económica y comercial por encima de su forma jurídica.

A nivel fiscal, obliga a las multinacionales a demostrar que tienen operaciones físicas y actividad real en el país, más allá de solo buscar ventajas tributarias.

En una operación conjunta desarrollada en Santiago de los Caballeros, la Policía Nacional de la República Dominicana informó este miércoles que desmanteló un laboratorio dedicado a la falsificación de documentos y delitos cibernéticos, según informó la institución a través de sus canales oficiales. El allanamiento, realizado en una residencia del sector Villa Olímpica, culminó con la detención de Luis Miguel V., señalado como el principal implicado en las actividades ilícitas.

La acción, ejecutada mediante una orden judicial, contó con la participación de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), agentes preventivos, el equipo Swat y representantes del Ministerio Público. Al mismo tiempo, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, durante el procedimiento se incautaron numerosas evidencias tecnológicas y materiales empleados para la fabricación de documentos apócrifos.

Entre los dispositivos confiscados figuran computadoras, teléfonos celulares, memorias USB, discos duros, una impresora especializada para carnets, tarjetas PVC en blanco, múltiples SIM cards y documentos presuntamente falsificados, algunos de ellos con identificaciones internacionales. La institución detalló que estos instrumentos eran utilizados para la extracción de datos personales, principalmente de ciudadanos extranjeros de nacionalidad estadounidense.

Según las indagatorias realizadas por las autoridades, Luis Miguel V. habría empleado la tecnología incautada para crear identificaciones falsas y, a partir de ellas, ejecutar diferentes modalidades de estafas electrónicas. La Policía dominicana precisó que las investigaciones siguen abiertas y que el detenido, junto con todo el material ocupado, será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

“Durante el operativo, las autoridades ocuparon computadoras, celulares, memorias USB, discos duros, equipos tecnológicos, una impresora especializada para carnets, tarjetas PVC en blanco, así como múltiples SIM cards y documentos presuntamente falsificados, incluyendo identificaciones internacionales”, indicó la entidad policial en un comunicado difundido en redes sociales.

Estrategia coordinada contra delitos cibernéticos y falsificación

El informe oficial agrega que la intervención responde a una estrategia conjunta orientada a combatir el auge de los delitos cibernéticos y la falsificación de documentos en la región Norte de la isla. La DINTEL y el Ministerio Público destacaron la importancia de operaciones coordinadas para desarticular redes dedicadas a la usurpación de identidad y fraude electrónico.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente utilizaba dichos equipos para extraer datos personales de ciudadanos extranjeros, principalmente norteamericanos, con el objetivo de elaborar identificaciones falsas y cometer diferentes tipos de estafas electrónicas”, subrayó la Policía Nacional en su reporte.

Las autoridades informaron que el proceso de judicialización incluirá el análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados, con el fin de recabar información adicional sobre el alcance de las actividades ilícitas y la posible existencia de otros implicados. Se mantiene bajo resguardo todo el material recuperado, que será incorporado como evidencia en el proceso penal.

La Policía Nacional de la República Dominicana reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución de los delitos tecnológicos en coordinación con los organismos de justicia. “Tanto el detenido como las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes”, concluyó la institución.

La Sala Primera de Mayor Riesgo de Guatemala concedió un amparo y dejó en suspenso el levantamiento del embargo sobre la finca El Nacimiento, un inmueble vinculado al expresidente Alejandro Giammattei. El Ministerio Público informó que recibió la notificación este miércoles 27 de mayo y que la medida mantiene bloqueada cualquier transacción mientras sigue la investigación.

El amparo revierte, de forma provisional, la decisión del Juzgado de Extinción de Dominio que el 21 de mayo había ordenado retirar las medidas cautelares. La Fiscalía de Extinción de Dominio planteó la acción al sostener que persisten dudas sobre el origen del dinero usado para adquirir y desarrollar la propiedad.

La finca está ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez. Según el Ministerio Público, el inmueble está valuado en USD 5 millones y forma parte de un expediente por posible origen ilícito de fondos, por lo que el Estado busca evitar que el bien cambie de manos antes de que avance el proceso judicial.

¿Qué resolvió la Sala y por qué se reactivó el embargo?

El Juzgado de Extinción de Dominio había autorizado el 21 de mayo el levantamiento de las medidas cautelares y habilitó la libre disposición del inmueble. Tras esa resolución, la Fiscalía de Extinción de Dominio promovió el recurso de amparo, que fue admitido por la Sala Primera de Mayor Riesgo, según la comunicación oficial del Ministerio Público.

Con la nueva decisión, queda sin efecto el fallo anterior y se ordena mantener el embargo mientras se determinan los hechos y se define si corresponde un decomiso en el marco del proceso de extinción de dominio, indicaron las autoridades.

El expediente sobre la finca comenzó en mayo de 2025, cuando el Juzgado de Extinción de Dominio decretó el embargo preventivo. El terreno tiene unas 100 manzanas (70 hectáreas), incluye una mansión, una plantación de café y otras construcciones, de acuerdo con información citada por Prensa Libre.

Según el Ministerio Público, la valuación asciende a USD 5 millones, equivalentes a Q38,25 millones, con base en una tasación independiente realizada por un arquitecto. En noviembre de 2025, las autoridades informaron que dentro del predio identificaron la plantación cafetalera y documentaron características de la residencia, con acabados de lujo.

Las pesquisas señalan que la propiedad habría sido adquirida por una sociedad anónima sin actividad tributaria informada y que, según el Ministerio Público, mantiene vínculos con el expresidente Alejandro Giammattei. La hipótesis de los investigadores apunta a que esa sociedad no registraba movimientos económicos compatibles con una compra de ese monto.

El Ministerio Público sostuvo, en declaraciones recogidas por Prensa Libre, que la investigación sigue activa y que continúa el análisis de información financiera y registral de las sociedades involucradas. El objetivo del embargo, añadió, es impedir maniobras que puedan dificultar un decomiso eventual si se comprueba el uso de fondos ilícitos.

Reacciones y estado actual del expediente

Hasta el momento, ni el expresidente Giammattei ni representantes de la sociedad señalada hicieron declaraciones públicas sobre la restitución del embargo, según lo informado por Prensa Libre.

Con la medida vigente, la finca queda sujeta a control cautelar y no puede ser vendida ni transferida mientras el proceso continúa en las instancias judiciales correspondientes. El caso se mantiene con reserva parcial por tratarse de una investigación en curso, según el mismo medio.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó este martes que la Pagaduría del Poder Legislativo ha aplicado más de 700 mil lempiras en deducciones salariales a diputados faltistas y a legisladores involucrados en incidentes que alteran el orden dentro del hemiciclo.

Según explicó el titular del Congreso durante una entrevista en un foro televisivo nacional, las sanciones económicas alcanzan a diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo miembros del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y representantes del Partido Nacional.

Zambrano detalló que el mecanismo de control se activa cada vez que el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, pasa lista al inicio de las sesiones legislativas. Los congresistas que no se encuentran presentes en ese momento reciben automáticamente una deducción equivalente al día laboral.

“Al diputado que no está presente se le deduce el día de salario, que anda alrededor de unos tres mil lempiras por jornada para cada diputado propietario”, explicó el presidente del Legislativo.

El funcionario aseguró que las medidas buscan fortalecer el orden y la disciplina parlamentaria dentro del Congreso Nacional, especialmente tras varios episodios de confrontaciones verbales, insultos y disturbios registrados en sesiones recientes.

“Lo que se busca es que el Congreso Nacional sea un lugar de debate, de diálogo y de propuestas. Los diputados deben ser ejemplo para la sociedad”, expresó Zambrano.

El titular del Legislativo cuestionó además las escenas de violencia y confrontación protagonizadas en algunas sesiones parlamentarias, señalando que este tipo de conductas deterioran la imagen del Congreso ante la ciudadanía.

De acuerdo con datos publicados en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), solo en enero se aplicaron deducciones por más de 29 mil lempiras a 12 diputados —entre propietarios y suplentes— debido a ausencias registradas durante cinco sesiones legislativas.

Mientras tanto, en febrero las deducciones alcanzaron más de 18 mil lempiras correspondientes a seis parlamentarios.

Sin embargo, Zambrano indicó que las sanciones más fuertes fueron aplicadas recientemente a un grupo de aproximadamente 15 diputados del partido Libre, quienes habrían acumulado hasta 15 días de deducción salarial.

“Estamos hablando de unos 45 mil lempiras en promedio por diputado. Solo esas deducciones superan los 500 mil lempiras”, detalló.

El presidente del Congreso afirmó que, además de sancionar económicamente a los legisladores ausentes o involucrados en desórdenes, el dinero descontado está siendo utilizado para apoyar escuelas y centros educativos en distintas zonas del país.

Entre los primeros beneficiados mencionó al kínder San José de la Montaña, ubicado en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, que recibió una donación inicial de 200 mil lempiras.

Asimismo, se entregaron 50 mil lempiras al Instituto Renacimiento de Brus Laguna, en Gracias a Dios, y otros 100 mil lempiras al Instituto Técnico Santa Cruz, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

“Convertimos las inasistencias en beneficios directos para la población”, aseguró Zambrano al defender la medida.

El titular del Congreso añadió que numerosos diputados hacen llegar solicitudes de centros educativos y de salud interesados en recibir parte de los recursos provenientes de las deducciones salariales.

Las medidas forman parte de una serie de reformas impulsadas recientemente en el Congreso Nacional, entre ellas la eliminación de la Comisión Permanente, la reducción de recesos legislativos y nuevas disposiciones para fortalecer la administración de los recursos públicos.

Según Zambrano, el objetivo final es vincular la responsabilidad parlamentaria con beneficios concretos para sectores vulnerables del país y enviar un mensaje de mayor disciplina dentro del Poder Legislativo.

La mina de oro Palacagüina en Nicaragua volvió al control de la empresa estadounidense BHMB Mining tras una devolución oficializada por la Procuraduría General de Justicia, según destacó este miércoles una nota de la agencia EFE.

El complejo había pasado a manos de la firma china Zhong Fu Development en septiembre de 2025, después de una transferencia ordenada por el Estado. La restitución se concretó tras un acuerdo con el inversionista Baruch Rapoport.

BHMB Mining, con sede en Florida y capital estadounidense y británico, sostuvo que su inversión, estimada en USD 80 millones, fue confiscada y entregada a intereses chinos, según declaraciones de su gerente Baruch Rapoport al diario La Prensa de Nicaragua.

De acuerdo a EFE, la disputa generó reclamos diplomáticos de Estados Unidos y derivó en sanciones vinculadas al sector aurífero nicaragüense.

La Procuraduría presentó la devolución como el resultado de un proceso de diálogo bilateral con la compañía.

La empresa afirmó que durante el cierre y la intervención estatal los activos quedaron en manos de Zhong Fu y de Santa Rita Mining, compañías que recibieron concesiones mineras estatales, de acuerdo con el testimonio de Rapoport en La Prensa.

Sanciones de Estados Unidos por la confiscación

La denuncia de BHMB Mining derivó en reacciones de funcionarios estadounidenses. Richard Grenell, enviado especial de la presidencia, calificó de “indignante” la decisión del régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, según declaraciones citadas en medios locales y citadas por EFE.

El abogado Jason Ian Poblete, vinculado a la representación legal de la empresa, sostuvo que la confiscación no quedaría sin respuesta por parte de la administración de Estados Unidos. En ese contexto, el Departamento del Tesoro avanzó con medidas contra personas y compañías relacionadas con el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a familiares directos de Ortega y Murillo, además de un viceministro y otras figuras del oficialismo, junto con siete empresas auríferas. La OFAC atribuyó las medidas a la “incautación forzosa” de propiedades de ciudadanos estadounidenses y al uso de ingresos del oro para financiar estructuras del poder político en Nicaragua.

El oro en las exportaciones de Nicaragua

Mientras se desarrollaba la disputa por la mina, el oro en bruto se consolidó como el principal rubro exportador del país.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio informó en su reporte anual que las ventas mineras totalizaron USD 2,009.2 millones en 2025, un aumento de 44.4% frente al año anterior.

Según ese informe, el oro aportó USD 1,971 millones y representó cerca del 23% del total de exportaciones nacionales, con un volumen de 19.9 toneladas métricas. Los datos oficiales ubican al sector aurífero como una de las principales fuentes de divisas en la economía nicaragüense.

Un acuerdo confidencial para reactivar la operación

La Procuraduría General de Justicia comunicó que la devolución se formalizó tras un entendimiento con BHMB Mining y el inversionista Baruch Rapoport, aunque sin difundir los términos del pacto.

La confidencialidad también fue mencionada por la compañía al referirse a las condiciones de la restitución.

Según lo planteado por la empresa en declaraciones a La Prensa, el objetivo inmediato es reorganizar la operación y retomar la actividad en la planta.

El caso quedó atravesado por el antecedente de la transferencia de septiembre de 2025 y por el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre el sector minero nicaragüense.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declararon este martes emergencia hídrica por tiempo indefinido en Tegucigalpa y Comayagüela, ante la severa reducción en las fuentes de abastecimiento de agua provocada por la prolongada sequía y las altas temperaturas que afectan al país.

La medida fue oficializada mediante el boletín informativo 014-2026, en el que las autoridades advirtieron que la crisis climática ha reducido de forma considerable los niveles de almacenamiento en las represas y sistemas que abastecen a miles de familias capitalinas.

Según Copeco, la situación ya comenzó a generar racionamientos más intensos y afectaciones directas en hogares, centros educativos, hospitales, comercios y otros sectores esenciales que dependen del suministro diario de agua potable.

Las autoridades reconocieron que la capital enfrenta una de las crisis hídricas más severas de los últimos años, agravada por la escasez de lluvias y el incremento sostenido de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

La declaratoria de emergencia permitirá fortalecer las acciones de respuesta inmediata y agilizar la coordinación entre instituciones para enfrentar la problemática que afecta a cientos de colonias del Distrito Central.

Entre las medidas anunciadas por Copeco y la AMDC se encuentra el fortalecimiento del monitoreo y análisis de riesgos, así como la ampliación de la coordinación interinstitucional para atender las zonas más vulnerables.

Además, se impulsarán campañas de sensibilización ciudadana orientadas al ahorro de agua, protección de fuentes hídricas y preparación comunitaria frente a los efectos de la sequía.

“El agua es un recurso vital que debe administrarse con responsabilidad y solidaridad”, señalaron las autoridades al insistir en que la crisis requiere tanto acciones gubernamentales como compromiso de la población.

Como parte de las recomendaciones emitidas a la ciudadanía, Copeco pidió utilizar únicamente el agua necesaria para actividades esenciales, reparar fugas en viviendas y negocios, evitar el lavado innecesario de vehículos y aceras, además de reutilizar agua cuando sea posible.

También exhortó a almacenar agua en recipientes limpios y seguros, proteger las fuentes naturales y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación.

La declaratoria ocurre en medio de un escenario climático preocupante para Honduras. En los últimos días, Copeco elevó a 75 los municipios bajo Alerta Verde por sequía, mientras expertos advierten que la transición del fenómeno climático de La Niña hacia El Niño podría provocar un déficit de lluvias superior al 40 por ciento durante julio y agosto.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ya había advertido días atrás que las condiciones actuales recuerdan la crisis hídrica registrada en 2015, aunque aseguró que este año el panorama es aún más complicado debido a la escasa precipitación registrada durante mayo.

Las autoridades municipales también anunciaron la contratación de decenas de pipas de agua y el fortalecimiento de cuadrillas para reparación de fugas, con el objetivo de mitigar el impacto de los racionamientos en barrios y colonias más afectados.

Mientras tanto, miles de capitalinos continúan enfrentando extensos períodos sin acceso al agua potable, situación que ha incrementado la preocupación ciudadana ante la llegada de los meses más críticos del verano.

Copeco reiteró que la emergencia hídrica permanecerá vigente de manera indefinida hasta que las condiciones climáticas y los niveles de las fuentes de abastecimiento permitan estabilizar nuevamente el suministro en la capital hondureña.

Este miércoles, hombre de 42 años de edad se convirtió en el primer fallecido por hantavirus en el país de Panamá. De acuerdo con las autoridades de salud, el paciente laboraba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, donde empezó a presentar síntomas.

El paciente presentó problemas respiratorios y fue atendido inicialmente en instalaciones hospitalarias de Ocú.

Debido a complicaciones asociadas a su enfermedad pulmonar, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, en la ciudad de Chitré, donde recibió atención especializada.

Posteriormente, ante el agravamiento de su condición respiratoria, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en la vecina provincia de Los Santos, donde las pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus IgM. Según datos del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA)

Las autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica correspondiente al caso y reiteran a la población la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente en áreas rurales y agrícolas, evitando el contacto con roedores y manteniendo adecuados hábitos de higiene en viviendas, depósitos y áreas de trabajo ubicadas en zonas endémicas de hantavirus.

Medidas de prevención y síntomas del hantavirus según el Ministerio de Salud

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Para reducir el riesgo de contagio, el Ministerio de Salud recomienda ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos y desinfectar las superficies con una solución de cloro antes de barrer o remover polvo.

Entre los síntomas asociados a esta enfermedad se encuentran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal.

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.

Las autoridades sanitarias continúan realizando un monitoreo constante a través de sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar y responder oportunamente ante cualquier caso de hantavirus. Además, insisten en la necesidad de que la población refuerce las acciones preventivas, sobre todo en comunidades rurales y sectores agrícolas donde el riesgo de exposición es mayor.

Recomiendan evitar cualquier tipo de contacto directo o indirecto con roedores, así como extremar las medidas de higiene en el hogar, bodegas, almacenes y lugares de trabajo que se encuentren dentro de las zonas catalogadas como endémicas para esta enfermedad.

Regiones con mayor incidencia de hantavirus en Panamá

Las zonas endémicas de hantavirus en Panamá se concentran principalmente en la región central del país.

Entre las áreas con mayor incidencia figuran la provincia de Los Santos, especialmente en los distritos de Tonosí, Las Tablas y Guararé; Veraguas, principalmente en Soná; Coclé, en los distritos de Aguadulce y Natá; Herrera, en sectores cercanos a Chitré; y Panamá Este, particularmente en áreas focalizadas de Chepo.

Panamá registra en 2026 un acumulado de 16 casos de hantavirus, de los cuales siete corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) y nueve a Fiebre por Hantavirus (FH). Las autoridades reiteran que, en el país, no se ha reportado transmisión de persona a persona, ya que el contagio ocurre principalmente por exposición al virus transmitido por roedores silvestres.

Una comisión especial del Senado de República Dominicana retomó el análisis de tres proyectos para modificar la Ley 12-06 de salud mental, informó la Cámara Alta.

El grupo técnico acordó elaborar una matriz comparativa para revisar artículo por artículo las propuestas y sumar observaciones del Ministerio de Salud Pública y de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría.

El Senado de República Dominicana indicó que la comisión está apoderada de tres iniciativas: una presentada por el presidente del Senado Ricardo de los Santos, tomada como base de discusión; otra de la senadora Aracelis Villanueva; y una tercera del senador Rafael Barón Duluc.

De acuerdo con el Senado de República Dominicana, el equipo incorporará sugerencias remitidas por el Ministerio de Salud Pública y por la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, que integrarán el análisis comparativo entre los textos.

Dentro de las reformas sugeridas, el proyecto contempla cambios en el artículo 2 de la Ley 12-06, que incluyen la integración de la salud mental en la atención primaria; la creación de unidades de atención en crisis en hospitales regionales; el establecimiento de un fondo especial para financiar programas de salud mental, así como la prohibición de la discriminación laboral y la protección de la dignidad del paciente.

Los tres proyectos en estudio y el método de trabajo de la comisión

La decisión operativa de la jornada fue preparar una matriz para ordenar cambios y recomendaciones y facilitar la revisión conjunta de las modificaciones, según informó el Senado de República Dominicana. Ese instrumento se usará en los próximos encuentros para discutir el contenido artículo por artículo.

El Senado de República Dominicana también informó que la comisión prevé rendir un informe al Pleno Senatorial una vez finalizado el estudio de las reformas. En la reunión participaron el senador Moisés Ayala, presidente de la comisión, junto a los senadores Dagoberto Rodríguez Adames, Odalis Rodríguez, Omar Fernández y Daniel Rivera.

¿Qué establece hoy la Ley 12-06 sobre salud mental?

La Ley 12-06 dispone en su artículo uno que su objetivo es regular el derecho de todas las personas a la mejor atención disponible en salud mental, integrada al sistema de asistencia sanitaria y social. El mismo artículo define la salud mental como un bien público y señala que el Estado debe promoverla y protegerla mediante políticas públicas, planes de salud mental y medidas legislativas, administrativas, judiciales y educativas sometidas a revisión periódica.

Según el texto legal, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la Subsecretaría de Estado de Salud Mental. Entre sus funciones figuran la formulación, planificación, ejecución y control de las políticas; la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental; y la coordinación y regulación del sistema.

La norma ordena desarrollar un sistema de información, vigilancia epidemiológica y planificación estratégica como herramienta de gestión. También establece la elaboración anual del presupuesto de salud mental para garantizar fondos destinados a gastos operativos y a las estructuras necesarias.

La legislación establece que sus medidas se aplican sin discriminación por discapacidad, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen étnico, nacionalidad, condición social, edad, patrimonio o nacimiento. También alcanza a personas privadas de libertad o detenidas en investigaciones penales cuando se haya determinado o se sospeche que padecen alguna alteración mental, según la Ley 12-06.

En esos casos, el texto indica que un dictamen de una comisión de cuatro especialistas en salud mental, propuesta por el Colegio Dominicano de Psicólogos y por el Colegio Médico Dominicano a través de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, puede servir de base para que la autoridad de aplicación y las autoridades penitenciarias determinen la internación en una institución de salud mental.

La promoción de inversiones en El Salvador muestra señales de dinamismo, impulsada por una demanda creciente de productos nacionales y oportunidades de expansión en diversos sectores.

Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción y de Inversiones y Exportaciones (INVEST), destaca el impacto de las inversiones en la generación de empleos y el desarrollo económico.

Ayala resalta que la industria está en un proceso de fortalecimiento gracias a la demanda local y al interés internacional por los productos salvadoreños.

“Tenemos la demanda constante en crecimiento ahorita en el país y no solo dentro del país, sino que también los productos de alta calidad de El Salvador que se producen internamente están siendo demandados afuera en otros mercados”, afirma.

Desde INVEST, la estrategia no solo busca facilitar las expansiones, sino también posicionar los productos salvadoreños en mercados extranjeros para que los productores obtengan más beneficios.

El presidente de INVEST detalla el efecto de la Ley que incentiva las expansiones, vigente desde enero. “En el primer trimestre, hemos tenido $233 millones en expansión.

Esos millones equivalen a 1,407 empleos proyectados nuevos directos, que sabemos que eso al final mueve mucha más masa, da mucho más empleo, porque no solo tenemos los empleos directos, sino también los indirectos”, explica Ayala.

El funcionario añadió que estas cifras seguirán creciendo, ya que existen más empresas en proceso de ampliar operaciones y se espera un informe más preciso al cierre del semestre.

En cuanto a los sectores con mayor actividad, Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), destacó que “en el caso de alimentos, hay cuatro subsectores que están tomando más preponderancia: snacks, cárnicos, panadería y molinería, lácteos y confites, que es toda la parte de lo dulce. Hay más productos como las grasas, las mieles, las salsas, pero los que mencioné anteriormente son los que están tomando mayor dinamismo dentro del sector alimentos”.

Sobre la industria de las bebidas, Domínguez agregó: “En la parte de bebidas están las carbonatadas, la cerveza, los jugos de frutas, hortalizas, los rones y este tipo de licores”.

Ayala detalla que los sectores de bebidas y alimentos concentran expansiones significativas, con empresas que han invertido $83 millones, $45 millones y otras en proceso por montos superiores a $40 millones.

El sector industrial, plástico, papel y textil también resultan beneficiados por la normativa, siempre que no participen en regímenes como la zona franca.

El panorama de nuevas inversiones incluye el sector hotelero, donde existe un déficit de habitaciones que genera interés en la construcción de hoteles, restaurantes y tiendas.

“Tenemos muchos hoteles en cola, tenemos un déficit habitacional de cuartos de hotel que no logramos cubrir. La demanda está aquí y la oferta está aquí. Entonces, nosotros necesitamos tener más hoteles en el país”, explica Ayala.

También existen proyectos en la industria automotriz, como la reciente instalación de una fábrica de bolsas de aire, cinturones de seguridad, y en el sector aeronáutico, que ahora abre sus puertas a empresas vinculadas a la fabricación de asientos para aviones.

Ayala subrayó la importancia de la mano de obra calificada y adelantó la apertura de una universidad privada orientada a carreras técnicas y profesionales alineadas con la demanda de la industria.

“Esta nueva universidad ha sido creada con la visión en conjunto con la industria para poder tener las carreras que sí sean afines a la demanda que el mercado tiene”, concluye.

La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a la exfiscal hondureña Francia Sofía Medina Martínez por múltiples delitos relacionados con corrupción, lavado de activos y manejo irregular de evidencias estatales, en uno de los casos judiciales más sonados de los últimos años en Honduras.

La resolución fue anunciada este martes por el Poder Judicial, que confirmó que el fallo fue emitido “por unanimidad y más allá de toda duda razonable”, tras un proceso en el que el Ministerio Público presentó pruebas sobre el presunto uso ilegal de fondos resguardados en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).

Según el comunicado oficial, Medina Martínez fue condenada por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

El portavoz judicial de San Pedro Sula, Herbert Rivera, detalló que durante el juicio se logró demostrar que la exfiscal registró ingresos legales aproximados de 2.3 millones de lempiras, pero realizó gastos y adquisiciones por más de 91.2 millones de lempiras.

De acuerdo con las investigaciones, gran parte de esos recursos correspondían a dinero y evidencias bajo custodia estatal depositadas en las bóvedas del Banco Central de Honduras.

Las autoridades señalaron que Medina habría utilizado los fondos para adquirir propiedades, vehículos de lujo, joyas, relojes costosos y otros bienes en distintas ciudades del país.

Entre las compras detectadas por los investigadores figuran casas y lotes ubicados en Comayagua, Tegucigalpa y San Pedro Sula, además de bienes de alto valor económico que no correspondían con su perfil financiero declarado.

El caso contra la exfiscal se convirtió en uno de los procesos más relevantes relacionados con presuntos actos de corrupción dentro del sistema judicial hondureño, debido a la magnitud del dinero supuestamente sustraído y al tipo de evidencias que permanecían bajo resguardo estatal.

El Ministerio Público acusó formalmente a Medina Martínez de participar en la sustracción de más de 88 millones de lempiras provenientes de fondos decomisados y evidencias almacenadas en el BCH.

Durante el desarrollo del juicio, fiscales presentaron documentación financiera, registros bancarios, movimientos patrimoniales y otras pruebas orientadas a demostrar el desbalance económico entre los ingresos oficiales de la exfiscal y el patrimonio acumulado durante los años investigados.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 16 de junio, fecha en la que el tribunal determinará la condena específica que deberá enfrentar Medina Martínez por los delitos imputados.

Analistas consideran que el caso podría convertirse en uno de los precedentes más importantes en materia de combate a la corrupción y manejo irregular de evidencias estatales dentro del sistema judicial hondureño.

El fallo también vuelve a colocar bajo atención pública los mecanismos de control y custodia de bienes decomisados por el Estado, especialmente aquellos vinculados a procesos judiciales relacionados con narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

Mientras tanto, el Ministerio Público sostuvo que continuará impulsando investigaciones relacionadas con corrupción y uso irregular de recursos públicos, en momentos donde distintos sectores exigen mayor transparencia y fortalecimiento institucional en Honduras.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, entregó este miércoles el pabellón nacional a uno de los capitanes de la selección mayor de fútbol, Erick Davis, durante una ceremonia en el Palacio de Las Garzas, acto que marcó el respaldo oficial del gobierno panameño al equipo que participará en el Mundial de la FIFA 2026. Según comunicó el gobierno de Panamá, el mandatario sostuvo que el país se encuentra en uno de los puntos más altos de su historia futbolística y destacó el esfuerzo colectivo de jugadores y cuerpo técnico para lograr la segunda clasificación mundialista.

Durante el encuentro, Mulino subrayó la importancia del logro deportivo y remarcó: “No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto y estoy seguro de que a triunfar también”, cita recogida por gobernación. El presidente enfatizó que la historia del deporte local recordará siempre este momento, señalando el avance del fútbol nacional desde la primera clasificación en Rusia 2018.

Como parte del reconocimiento, el mandatario entregó el pasaporte panameño al seleccionador nacional, Thomas Christiansen, gesto simbólico que refuerza la integración del técnico de origen danés-español al proyecto deportivo del país. Además, el mediocampista Édgar Yoel Bárcenas, en representación de los jugadores, obsequió al presidente una camiseta oficial de la selección, acto que fue reportado por el gobierno.

Mulino resaltó el recorrido de la selección nacional y mencionó la labor de generaciones previas de futbolistas. “Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación; esto es trascendental y aquí tienen un pueblo cerrado a la banda con la camiseta de rojo”, manifestó el jefe de Estado.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades como el ministro de la Presidencia, José Simpson Corilla, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias, junto a miembros del cuerpo técnico, la delegación oficial y otros invitados especiales. El respaldo institucional y social aparece como uno de los ejes principales de la preparación panameña rumbo a su segunda Copa Mundial absoluta.

Panamá regresa a la Copa del Mundo con una convocatoria marcada por la experiencia

Panamá llega al Mundial de 2026 con una convocatoria en la que destaca la experiencia y el regreso de varios futbolistas que participaron en Rusia 2018. El promedio de edad del plantel es de 30,4 años, el más alto entre las selecciones clasificadas en esta edición, y superior al registrado en su primera participación mundialista, donde la media fue de 29,7 años.

La nómina panameña presenta una combinación de jugadores experimentados y nuevas incorporaciones. Entre los veteranos figuran nombres como Román Torres, Gabriel Gómez y Jaime Penedo, quienes han aportado liderazgo en el vestuario y han sido referentes durante el proceso clasificatorio. Junto a ellos, ingresan futbolistas que buscan consolidarse a nivel internacional y aportar frescura al equipo.

La selección ha mantenido una base sólida desde 2018, lo que le ha permitido fortalecer la cohesión y la identidad de juego. El cuerpo técnico apostó por futbolistas con trayectoria en ligas extranjeras y en la competición local, priorizando la polivalencia y la adaptación táctica. La experiencia adquirida en Rusia y en torneos regionales como la Copa Oro ha sido un factor clave para afrontar el reto mundialista.

Guatemala podría sumar 20 mil toneladas de aguacate Hass fresco hacia 2028 si logra reducir las barreras que frenan la competitividad del sector, en un escenario marcado por mayor demanda internacional, exigencias crecientes de sostenibilidad y trazabilidad, y la presión del cambio climático sobre los modelos productivos.

Ese potencial se apoya en una base ya instalada: el país tiene más de 13,217 hectáreas sembradas y una tendencia de crecimiento de 15% aproximado para los próximos 10 años, según el texto fuente. La expansión, de acuerdo con el Comité de Aguacate de AGEXPORT, depende de mejorar productividad, logística, cumplimiento normativo y apertura de mercados.

En 2025, las exportaciones de aguacate guatemalteco alcanzaron USD 17 millones, con un alza de 3% frente al año anterior, según BANGUAT. El resultado, aunque positivo, refleja que el desempeño del país todavía puede crecer si se reducen los obstáculos que afectan la operación del sector.

“Tenemos sectores con enorme potencial, como el aguacate, pero ese potencial necesita un entorno que acompañe su crecimiento. La competitividad no se construye solo desde las empresas; requiere decisiones país, visión de largo plazo y acciones concretas que nos permitan pasar de las barreras a las soluciones”, afirmó Amador Carballido, director general de AGEXPORT.

El sector busca nuevos destinos en Asia para vender aguacate de mayor valor

La estrategia de crecimiento no se limita a producir más. El Comité de Aguacate de AGEXPORT trabaja en la apertura de nuevos mercados de exportación, con foco en Asia, especialmente en Corea del Sur y Taiwán, y mantiene la exploración de oportunidades en Japón y otros destinos estratégicos, según el texto fuente.

Hoy, los principales mercados del aguacate guatemalteco son Países Bajos, Reino Unido, El Salvador, Costa Rica y Honduras. La diversificación, según el Comité, apunta a colocar la fruta en destinos de mayor valor y ampliar la base de clientes.

“Los consumidores asiáticos muestran una creciente preferencia por alimentos saludables y naturales, lo que representa una oportunidad estratégica para el aguacate guatemalteco. Ingresar a estos mercados no solo amplía la base de clientes: fortalece la capacidad del sector de competir con sostenibilidad y visión de largo plazo”, aseguró Freddy Hochstetter, presidente del Comité de Aguacate de AGEXPORT.

Hochstetter explicó que el Comité construye alianzas con instituciones de gobierno, sector privado, academia, investigación y cooperantes internacionales.

En paralelo, el sector impulsa la identificación de oportunidades comerciales, la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, el manejo integrado de plagas, la certificación de fincas, la trazabilidad, la investigación y la industrialización.

El V Congreso Nacional de Aguacate reunirá a más de 500 actores de la cadena

Como parte de esa agenda, el Comité de Aguacate de AGEXPORT realizará el V Congreso Nacional de Aguacate el 18 y 19 de junio en la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. El encuentro busca reunir a los actores de la cadena de valor para generar soluciones y coordinar esfuerzos orientados a fortalecer la competitividad del sector.

El evento convocará a productores, exportadores, técnicos y profesionales de la industria aguacatera para conocer tendencias en producción, tecnología aplicada y modelos de gestión desarrollados en países líderes del sector, según AGEXPORT.

La agenda incluye conferencias especializadas con expertos, un piso de exhibición de proveedores de insumos y servicios, espacios de relacionamiento profesional y giras de campo en fincas que sirven como referencia en prácticas orientadas a resultados productivos y sostenibles.

Se espera la asistencia de más de 500 personas, de acuerdo con AGEXPORT. La organización plantea que esa participación permitirá fortalecer capacidades en campo, elevar estándares de calidad y convertir conocimiento técnico en mejores resultados productivos y comerciales.

“El Congreso busca convertirse en una plataforma para acelerar soluciones. Porque fortalecer la industria aguacatera no solo implica producir más, sino construir un entorno que permita hacerlo mejor, con competitividad y visión de largo plazo”, concluyó Marco Quilo, presidente del Comité Organizador del V Congreso Nacional de Aguacate de AGEXPORT.

La presidenta de Costa Rica Laura Fernández ordenó este miércoles desconvocar de la agenda legislativa el proyecto de armonización eléctrica, aprobado en primer debate el martes pero aún sin los 38 votos necesarios para el segundo.

La mandataria dijo que buscará abrir una negociación con bancadas opositoras antes de volver a someter el expediente 23,414 a votación.

La iniciativa consiguió 27 votos a favor en primer debate y requiere 38 en el segundo para convertirse en ley.

La desconvocatoria se hará en sesiones extraordinarias, cuando el Poder Ejecutivo define la agenda del Congreso. Fernández pidió al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, que redacte el decreto durante la tarde.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, Fernández cuestionó a legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio que votaron en contra. Los calificó de “comunistas”, “vagabundos” y “enemigos del pueblo”.

La presidenta sostuvo que esas fracciones “venden humo” sobre los efectos de la iniciativa y defendió que la reforma no debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). También dijo que un rechazo legislativo podría derivar en problemas de abastecimiento eléctrico como los que, según ella, afrontan Cuba y Venezuela.

El Gobierno retiró el proyecto para abrir una negociación antes del segundo debate

Fernández dijo que retira de forma temporal el proyecto para “dar una pausa de cara al segundo debate”. Planteó abrir conversaciones con los diputados opuestos para revisar ajustes y pidió que estudien el contenido del expediente y el contexto internacional en materia energética.

“No le fallen al pueblo de Costa Rica”, afirmó en el cierre de la conferencia. También indicó que el plazo de la desconvocatoria lo definirá el Gobierno, con la expectativa de que el PLN y el Frente Amplio reconsideren su voto.

La mandataria vinculó la aprobación de la reforma con la capacidad del país para atender el aumento de la demanda eléctrica, atraer inversión y sostener el empleo. “Si hay un tema en particular en que le están vendiendo humo al pueblo de Costa Rica es con este”, dijo.

Fernández aseguró que hay empresas interesadas en instalar industrias, pero que desisten por falta de disponibilidad de energía. Mencionó Limón, la Zona Sur, Puntarenas y la Zona Norte como territorios donde, afirmó, la población le traslada preocupación por el acceso a mejores empleos.

También acusó a diputados contrarios al plan de meter miedo con la idea de una desaparición del ICE y con eventuales aumentos tarifarios para las familias.

Para respaldar la iniciativa, el Gobierno dio espacio en la conferencia a representantes de sectores industriales y empresariales. La exdiputada Daniela Rojas defendió el proceso de negociación de los últimos cuatro años y dijo: “No botar esto hoy es echar a la basura negociaciones y trabajo”.

Qué propone la reforma de armonización eléctrica y el nuevo operador del sistema

El proyecto plantea pasar de un esquema concentrado en el ICE a un mercado más abierto, con participación de actores públicos y privados para generar, vender y comprar electricidad bajo nuevas reglas. Propone un operador independiente, un mercado mayorista nacional, subastas para contratar energía y cambios en las funciones del Estado, el ICE, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Ministerio de Ambiente y Energía.

El texto prevé crear el Mercado Eléctrico Nacional, un esquema donde entidades estatales, cooperativas, municipalidades y empresas privadas participarían en transacciones mediante contratos, subastas y mercados diarios. El diseño apunta a una competencia regulada, con supervisión estatal y prioridad para el abastecimiento interno.

Uno de los cambios centrales es la creación del Ecosen, una institución autónoma que asumiría funciones hoy a cargo del ICE. Entre sus tareas figuran operar el sistema eléctrico en tiempo real, definir el despacho, administrar el mercado, coordinar el despacho nacional y representar al país ante el mercado regional centroamericano.

La reforma diseña un mercado mayorista con tres mecanismos: contratos de mediano y largo plazo por subastas, un mercado diario de oportunidad y mercados para servicios auxiliares y capacidad.

Además, las empresas distribuidoras deberían contratar al menos el 90% de su demanda mediante subastas anuales organizadas por el Ecosen.

Una hija de Brooklyn Rivera rechazó como “falsas” las afirmaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las condiciones de salud y detención del histórico dirigente indígena, luego de que el Gobierno divulgara este miércoles una supuesta prueba de vida del opositor desaparecido desde septiembre de 2023.

Tininiska Rivera aseguró en un comunicado público que el régimen intenta ahora desligarse del deterioro físico de su padre, pese a que ha permanecido bajo custodia estatal durante casi tres años. “El día que se llevaron a mi padre, el 29 de septiembre de 2023, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta”, afirmó.

La reacción ocurrió pocas horas después de que el régimen rompiera casi tres años de silencio sobre Rivera y reconociera oficialmente que el líder indígena de 73 años permanece detenido y en estado crítico.

En un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, las autoridades afirmaron que Rivera se encuentra hospitalizado, conectado a ventilación mecánica invasiva y con “falla múltiple de órganos”, tras sufrir neumonía bacteriana, infecciones pulmonares y cirrosis hepática.

El informe oficial sostuvo además que Rivera habría recibido atención médica permanente y visitas regulares de familiares, incluyendo encuentros semanales con su exsuplente parlamentaria Nancy Henríquez y visitas quincenales de uno de sus hijos. Esa versión fue desmentida de inmediato por su familia.

“Desde su secuestro y desaparición forzada no se ha permitido visita alguna de ningún familiar”, respondió Tininiska Rivera, quien denunció que la familia ha vivido durante todo este tiempo “bajo incertidumbre, angustia y silencio oficial”.

La hija del dirigente sostuvo además que las fotografías divulgadas por el régimen no prueban un supuesto trato humanitario, sino “las condiciones indignas, inhumanas y degradantes” en las que permanece detenido. “Las imágenes evidencian el grave deterioro físico de un hombre de 73 años bajo total control del régimen dictatorial de Ortega y Murillo”, afirmó.

Tininiska responsabilizó directamente a Ortega, Murillo y “los colaboradores necesarios” por el deterioro de la salud física y psicológica de su padre y exigió su liberación inmediata, acceso de médicos independientes y una prueba de vida verificable. También pidió a la comunidad internacional gestionar urgentemente su traslado a otro país para recibir atención médica fuera del control estatal.

Tininiska Rivera tuvo que salir al exilio después del arresto de Brooklyn Rivera, porque fue acusada de ciberdelitos luego de una entrevista en la que exigió la liberación de su padre.

Brooklyn Rivera es uno de los dirigentes indígenas más influyentes de la historia contemporánea de Nicaragua. Nacido en 1952 en la comunidad de Lidaukra, dedicó más de cinco décadas a la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Fue fundador y principal dirigente del partido indígena Yatama y diputado de la Asamblea Nacional.

Durante los años ochenta lideró guerrillas indígenas miskitas que combatieron al primer gobierno sandinista. Décadas después, se convirtió en una figura clave en la defensa jurídica de los territorios indígenas ante instancias internacionales. En 2005, Yatama obtuvo una sentencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció la violación de los derechos políticos de los pueblos indígenas en Nicaragua.

Su confrontación más reciente con el régimen comenzó en abril de 2023, cuando denunció ante el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas la invasión de colonos en territorios indígenas y la falta de protección estatal. Tras ese viaje, el régimen le impidió regresar legalmente a Nicaragua. Rivera ingresó posteriormente por la Mosquitia y permaneció oculto durante varios meses para evitar su captura.

Finalmente fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, cuando agentes policiales irrumpieron en la vivienda donde se escondía. Desde entonces, organismos internacionales de derechos humanos consideraron su caso como una “desaparición forzada” debido a que el régimen nunca confirmó oficialmente su paradero ni permitió contacto con familiares, abogados o médicos independientes.

Hasta este miércoles, ni siquiera existía confirmación oficial de que Rivera seguía con vida. Durante meses, organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas exigieron pruebas de vida y denunciaron que el dirigente indígena permanecía incomunicado bajo custodia estatal.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica encendió las alertas por una serie de irregularidades detectadas en certificados médicos utilizados para justificar ausencias laborales, luego de identificar documentos legítimos que habrían sido alterados por pacientes y, eventualmente, por terceros dedicados a modificar incapacidades para hacerlas pasar como válidas.

La advertencia fue emitida por la Fiscalía del Colegio, que actualmente analiza distintos casos relacionados con certificados manipulados posteriormente a su emisión original. Entre las anomalías encontradas figuran modificaciones en la cantidad de días de reposo, alteraciones en fechas de emisión, cambios en datos personales de pacientes e incluso el uso de códigos pertenecientes a certificados emitidos meses atrás a otras personas.

“Lo que preocupa es que se está utilizando un documento con fe pública para aparentar incapacidades legítimas mediante información alterada. Esto no solamente representa un intento de burlar controles laborales, sino que también compromete la credibilidad y seriedad de un documento médico oficial”, señaló Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La revisión interna permitió detectar patrones repetitivos que levantan sospechas inmediatas. Entre ellos aparecen incongruencias entre el consecutivo del certificado y la fecha en que supuestamente fue emitido, diferencias en tipografías, modificaciones en formatos oficiales, alteraciones en el lenguaje técnico e incluso errores de redacción impropios de un documento médico.

Los códigos permiten rastrear la autenticidad de cada certificado

El Colegio recordó que todos los certificados emitidos mediante la plataforma Sedimec —Servicios Digitales para Médicos Colegiados— contienen un código único e irrepetible que permite verificar su autenticidad.

Precisamente, varias de las anomalías fueron detectadas cuando esos códigos se verificaron internamente y se comprobó que correspondían en realidad a otros pacientes y fechas distintas.

La institución considera que muchos de estos documentos alterados logran pasar inadvertidos debido a que algunos patronos desconocen la existencia de herramientas oficiales de validación o simplemente no realizan la comprobación antes de aceptar la incapacidad médica.

Por ello, el Colegio insistió en que cualquier persona o empresa puede corroborar la autenticidad de un certificado médico a través del portal oficial del Colegio de Médicos. Para ello, se debe ingresar al apartado de “Certificados médicos” y colocar el código del documento junto con el número de cédula del paciente.

“Los patronos tienen a disposición un verificador oficial que les permite confirmar si el documento es auténtico o si presenta inconsistencias. La recomendación es utilizarlo siempre antes de validar una incapacidad o justificar una ausencia laboral”, agregó Garita.

Las incapacidades falsas pueden derivar en despidos y consecuencias penales

El Colegio de Médicos recordó que los certificados únicamente pueden emitirse luego de un acto médico presencial realizado por un profesional autorizado y colegiado.

La entidad también reconoció que existen profesionales que han realizado procedimientos de manera inadecuada, aunque aclaró que eso no exime la responsabilidad de pacientes que intentan alterar documentos oficiales para evadir controles laborales.

La utilización de certificados médicos falsificados o alterados podría exponer a los trabajadores a sanciones administrativas, despidos sin responsabilidad patronal e incluso investigaciones penales relacionadas con falsificación de documentos públicos.

Además, el Colegio advirtió que en aquellos casos donde se logre identificar la participación de terceros dedicados a alterar o comercializar incapacidades falsas, la información será remitida a las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de investigaciones formales.

El uso fraudulento de incapacidades ha generado preocupación en distintos sectores

En Costa Rica, el tema de incapacidades médicas y ausencias laborales ha sido objeto de discusión recurrente tanto en instituciones públicas como privadas, especialmente ante el aumento en controles internos y auditorías relacionadas con incapacidades prolongadas o reiteradas.

En años recientes, distintas entidades estatales y empresas privadas han reforzado mecanismos de verificación para detectar inconsistencias en incapacidades médicas, debido al impacto económico y operativo que generan las ausencias injustificadas.

El Colegio considera que este tipo de alteraciones no solo afecta a empleadores y sistemas de control, sino también la confianza en los profesionales de salud y en los documentos médicos oficiales utilizados diariamente en el país.

Mientras avanzan las investigaciones internas y eventuales procesos judiciales, la institución reiteró el llamado tanto a patronos como a trabajadores para utilizar exclusivamente canales oficiales y verificar cualquier documento médico antes de aceptarlo como válido.

Estados Unidos entregará a Panamá $3 millones para iniciar la limpieza ambiental de la provincia de Darién, por donde miles de migrantes transitaron en su periplo por llegar a la nación norteamericana.

Miles de plásticos, ropa, residuos sólidos, entre otros desperdicios, fueron dejados por los migrantes a su paso por una trocha que abrieron por el llamado Tapón del Darién, una selva que sirve de frontera entre Panamá y Colombia, y que hasta ese momento se mantenía virgen.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, quien hizo el anuncio del aporte de su país para la limpieza de Darién, dijo que el trabajo se hará en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y que además dará oportunidades de trabajo para los darienitas que se sumen a esta iniciativa.

Agregó que “vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas personas que viven en estas comunidades, para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes”.

En 2024 las autoridades del momento calcularon que la migración irregular dejó al menos 2,500 toneladas de basura en la selva darienita y que la limpieza costaría unos $12 millones.

En su momento, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, declaró que así como Estados Unidos ha invertido para evitar el paso de migrantes, debe hacerse cargo de la limpieza del Darién, puesto que la mayoría de personas ingresaron a la zona con el objetivo de llegar a su nación.

“No están limpiando su desastre. Si Estados Unidos es responsable porque abrió sus fronteras, entonces Estados Unidos debería pagar por eso”, sentenció Navarro.

Los medios señalaron que en el primer trimestre de 2024 el flujo de migrantes por Darién alcanzó los 110,008, mientras que 2025 se redujo drásticamente a 2,831.

En 2026, según las autoridades la cifra se estancó en 92 personas.

Este año no han pasado más de 2,500 personas, afirmó Larry Solís, director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

En la odisea migratoria los ciudadanos de Venezuela fueron lo que más se aventuraron por la trocha darienita, al igual que ecuatorianos, colombianos y nativos de Ghana.

Desde 2021 el número de personas que cruzaban la peligrosa selva aumentó exponencialmente, alcanzando más de 520.000 en 2023, sostiene la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

Las causas de este fenómeno, afirma la organización, incluyen la combinación de crisis políticas y económicas en América Latina, la falta de vías migratorias legales y la difusión de información sobre las rutas disponibles.

Los trayectos, tanto terrestres como marítimos, variaban en duración y costo, exponiendo a los migrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y africanos, a condiciones extremas, abusos y explotación.

A su llegada a Panamá los migrantes eran atendidos en estaciones administradas por el Servicio Nacional de Fronteras y la Organización Internacional de las Migraciones, aunque los recursos eran limitados.

Desde 2024, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, Panamá adoptó una política de cooperación con Estados Unidos que incluyó la repatriación aérea de migrantes irregulares.

En agosto de ese año el gobierno de Estados Unidos otorgó $6 millones para la repatriación de los migrantes.

La cooperación entre ambos países redujo el flujo migratorio en un 96% para marzo de 2025, pero también generó nuevas problemáticas humanitarias, como el cierre de centros de acogida y el incremento de un flujo inverso hacia el sur, manifiesta la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

El Legislativo de Bolivia dio un primer paso hacia la negociación el miércoles, cuando el vicepresidente Edmand Lara convocó en la sede de la Vicepresidencia en La Paz a representantes del Gobierno, sectores movilizados, la Iglesia católica y organismos de derechos humanos. El encuentro tuvo un alcance limitado: los principales actores del conflicto brillaron por su ausencia.

No asistieron los dirigentes campesinos aimaras de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) —la principal federación sindical del país— ni los líderes del magisterio rural. Algunos enfrentan órdenes de captura por los enfrentamientos con la Policía registrados en los 22 días de protestas y bloqueos que mantienen sitiadas a La Paz y a la ciudad vecina de El Alto. El único acuerdo fue comprometerse a gestionar las condiciones para que esos dirigentes negocien sin riesgo de ser detenidos, tarea que quedó a cargo de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, que representó al Gobierno junto a la ministra de Educación, Beatriz García, ofreció garantías explícitas. Lupo afirmó que la voluntad del Ejecutivo de dialogar es “absoluta” y prometió “garantías plenas” para que los dirigentes asistan sin ser “perseguidos, arrestados ni hostigados”. Lara describió el encuentro como “un primer paso” y fijó para el jueves 28 de mayo una nueva reunión en el Seminario San Jerónimo de La Paz, con la participación esperada de los líderes sindicales.

La tensión que rodea ese compromiso es considerable. Lara es un declarado opositor interno al Gobierno —una rareza institucional en la que el vicepresidente actúa como mediador entre el Ejecutivo y sus adversarios— y su iniciativa se desarrolló en paralelo a una maniobra de mayor alcance: ese mismo miércoles, Paz promulgó una ley que deroga la normativa que desde 2020 limitaba la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.

La norma eliminada, conocida como ley Eva Copa, imponía restricciones al uso de los militares en disturbios civiles. Su derogación, aprobada con más de dos tercios de votos en ambas cámaras, no supone la declaración automática de un estado de excepción —figura constitucional que habilita la suspensión de garantías y amplía el control del orden público—, pero deja al Ejecutivo con el camino legal libre para adoptarlo. El Gobierno insistió en que esa medida será la “última opción” si el diálogo fracasa.

La doble jugada revela la profundidad de una crisis que comenzó a principios de mayo con demandas sectoriales: un aumento salarial del 20%, mejoras en el suministro de combustible y la derogación de la Ley 1720 de reforma agraria. El conflicto incorporó luego la exigencia de renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el cargo tras ganar en segunda vuelta en octubre de 2025, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz heredó una economía con una inflación que rozó el 20% el año pasado. Según organizaciones empresariales citadas por AP, los bloqueos drenan más de 50 millones de dólares diarios y han dejado cerca de 5.000 vehículos varados en las carreteras. Hospitales de La Paz agotaron sus reservas de oxígeno medicinal, y al menos tres personas fallecieron tras ser impedido el paso de ambulancias, según datos gubernamentales recogidos por NPR.

El Gobierno atribuye la radicalización a una operación de desestabilización vinculada al ex presidente Evo Morales. Los sectores movilizados rechazan esa lectura y denuncian que las políticas económicas del Ejecutivo han agravado la precariedad de las clases populares.

La reunión del Consejo Económico y Social convocada por Paz ese mismo miércoles —en la que llamó a las organizaciones sociales a integrarse a su Gobierno— se celebró sin los principales actores del conflicto. Esa ausencia ilustra la brecha entre la voluntad negociadora que proclama el Ejecutivo y la disposición de quienes tienen las rutas cortadas. Bolivia entra en su cuarta semana de crisis con dos instrumentos sobre la mesa: una invitación al diálogo y una ley que, si ese diálogo falla, le otorga al presidente herramientas para una respuesta de otro orden.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este miércoles una inversión de 381 millones de reales —unos 75 millones de dólares— para avanzar en la pavimentación de la BR-319, la carretera que cruza la selva amazónica entre los estados de Amazonas y Rondonia. El acto se celebró en Iranduba, municipio a 37 kilómetros de Manaos, la mayor ciudad de la región, con más de dos millones de habitantes. Lula aseguró que la vía será “la carretera más moderna del mundo” en términos de protección ambiental.

La BR-319 fue inaugurada en 1976, durante la dictadura militar, pero nunca llegó a asfaltarse en su totalidad. De sus 900 kilómetros, unos 400 —el llamado “trecho do meio”— siguen sin pavimentar y resultan prácticamente intransitables en temporada de lluvias. El Gobierno esgrime la vulnerabilidad del transporte fluvial por el río Madeira, afectado por sequías recurrentes, para justificar la urgencia de la obra terrestre.

El proyecto arrastra décadas de litigios y bloqueos. Un impasse entre los ministerios de Transporte y Medio Ambiente se resolvió en julio de 2025 con el denominado “Plan 319”: un acuerdo que combina obras con medidas de protección en una franja de 50 kilómetros a cada lado de la vía. En abril de 2026, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes publicó los pliegos para licitar el tramo central. El ministro George Santoro afirmó que toda la carretera estará bajo contrato antes de que concluya junio.

El Gobierno presentó salvaguardas que incluyen monitoreo ambiental continuo, nuevos puestos de control, bases de inspección y creación de reservas naturales y territorios indígenas adicionales. Sin embargo, las organizaciones científicas consideran esas medidas insuficientes. Estudios publicados en revistas como Science y Nature advierten que la pavimentación abrirá el acceso a una de las zonas de selva primaria mejor conservadas del planeta, con 18.000 personas de 69 territorios indígenas en su área de influencia.

La evidencia empírica es contundente. Un estudio publicado en 2014 en Biological Conservation determinó que el 95% de la deforestación ocurre en un radio de 5,5 kilómetros de las vías, y que por cada kilómetro de carretera oficial se generan aproximadamente tres kilómetros de caminos ilegales. Las tasas de deforestación en un radio de 40 kilómetros de la BR-319 ya más que duplican la media amazónica.

Marcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima —que impugnó en 2024 la licencia preliminar de la obra por omisión de consultas a pueblos indígenas— advirtió que las medidas de protección llegan fuera de orden: debieron aprobarse antes de iniciar el asfaltado, no en paralelo. Astrini recordó que el simple anuncio de la reconstrucción bajo el gobierno de Jair Bolsonaro casi duplicó la apropiación ilegal de tierras y la deforestación en la zona.

La decisión encierra una contradicción política notable. Lula, que acogió la COP30 en noviembre de 2025 y ha comprometido internacionalmente la reducción de la tala, busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre. La obra cuenta con respaldo firme entre empresarios y políticos amazónicos que la consideran clave para el desarrollo regional. El acto del miércoles se celebró con la presencia de dirigentes locales que integran su coalición electoral.

La carretera que lleva medio siglo entre promesas y litigios plantea hoy una pregunta que excede las fronteras brasileñas: si las compensaciones anunciadas mientras las máquinas ya trabajan pueden contener lo que décadas de investigación científica consideran inevitable.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó este miércoles su confianza en que las conversaciones en curso entre Washington y La Habana desemboquen en un resultado favorable para el pueblo cubano, al tiempo que advirtió que el colapso del Estado caribeño constituye una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. Las declaraciones, realizadas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca presidida por Donald Trump, se producen en un momento de intensa presión diplomática, económica y judicial sobre la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó Rubio. El funcionario, hijo de inmigrantes cubanos establecidos en Miami en 1956, subrayó que tener un Estado fallido a 145 kilómetros de las costas estadounidenses representa una amenaza para la seguridad nacional. Calificó además a la dictadura cubana como un grupo de “comunistas incompetentes” y denunció que el conglomerado empresarial Gaesa, controlado por las Fuerzas Armadas, acapara el 70% de la economía sin que sus ingresos reviertan en la población.

Las declaraciones de Rubio llegan en un contexto de negociaciones discretas que ya han dado lugar a contactos de alto nivel. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 14 de mayo, donde se reunió con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; con el jefe de la inteligencia cubana, el general Ramón Romero Curbelo; y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, nieto del ex gobernante Raúl Castro y teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT). Según confirmó un funcionario de la CIA a la agencia AP, Ratcliffe transmitió el mensaje de que Washington avanzará en cuestiones económicas y de seguridad solo si La Habana emprende cambios fundamentales.

La participación de Rodríguez Castro resulta significativa: sin cargo político formal dentro del régimen cubano, actuó como interlocutor directo en conversaciones sobre cooperación de inteligencia, seguridad y estabilidad económica. El propio Ratcliffe instó a los funcionarios cubanos a extraer lecciones de la operación del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en una señal inequívoca de las consecuencias que Washington contempla si el diálogo fracasa.

Una semana antes de las declaraciones del miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos avionetas civiles de la organización del exilio cubano Hermanos al Rescate. La imputación, presentada ante la fiscalía federal del Distrito Sur de Florida el 20 de mayo, incluye siete cargos: cuatro de asesinato, dos por destrucción de aeronaves y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses, muertos cuando cazas militares cubanos derribaron sus aeronaves en espacio aéreo internacional.

Pese a la retórica confrontacional, los gestos de apertura se acumularon en paralelo. El embajador cubano ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, declaró al diario The New York Times que La Habana está dispuesta a negociar todos los asuntos con Washington sin temas tabú, en la primera entrevista concedida por un funcionario cubano en ejercicio a ese medio en años. El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que la dictadura revisaría la oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares presentada por la administración Trump, aunque reconoció que no estaba claro si se aceptarían las condiciones adjuntas. El propio Rubio había admitido una semana antes que la probabilidad de un acuerdo negociado no era alta, dada la naturaleza del interlocutor.

El margen de maniobra del régimen cubano se estrecha semana a semana. La acusación contra Raúl Castro, el bloqueo petrolero y la demostración de fuerza que supuso la operación en Venezuela configuran un escenario en el que La Habana debe optar entre reformas sustanciales o un aislamiento aún más profundo. La decisión de recibir abiertamente al director de la CIA sugiere que al menos una facción del poder en la isla evalúa, por primera vez en décadas, si el costo de la intransigencia supera al de la negociación.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que la crisis política y social que atraviesa el país “está llegando al límite” y advirtió que podría recurrir a mecanismos extraordinarios para contener las protestas que desde hace semanas paralizan distintas regiones y exigen su renuncia.

“El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante un acto realizado en La Paz, donde presentó un espacio de discusión sobre medidas económicas y sociales.

Bolivia enfrenta desde hace casi un mes una ola de bloqueos y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores del transporte que inicialmente reclamaban respuestas frente a la crisis económica y que luego pasaron a exigir la salida del presidente.

Las protestas se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzó a impactar de forma severa sobre la población.

La tensión política aumentó después de que el Congreso eliminara las restricciones legales que limitaban la posibilidad del Ejecutivo de declarar estados de excepción. La modificación habilita al gobierno a utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos y aplicar restricciones sobre reuniones y circulación.

“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, afirmó el mandatario boliviano.

Pese a las amenazas de mayores controles, las movilizaciones continuaron durante toda la jornada. Miles de mujeres campesinas indígenas marcharon por el centro paceño en coincidencia con el Día de la Madre en Bolivia. Muchas portaban banderas indígenas y cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica.

“No tenemos miedo morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (...) ya le hemos dicho al gobierno que alisten sus maletas y que se vaya”, dijo la dirigente campesina Marta Poma Luque durante la manifestación.

La protesta se unió además con una huelga de transportistas que mantiene parcialmente paralizado el servicio de transporte público en varias zonas de la capital boliviana.

En medio de las marchas, algunos dirigentes pidieron evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades”, declaró el manifestante Froylán Choque.

Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado políticamente con Paz, intentó impulsar una instancia paralela de diálogo con representantes de los sectores movilizados. Sin embargo, el encuentro tuvo escasa participación y solo contó con representantes de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo.

Escasez, inflación y pérdidas millonarias

El conflicto comenzó a afectar seriamente el abastecimiento en varias regiones del país. En hospitales de La Paz ya se registran problemas para conseguir medicamentos e insumos médicos.

“Los medicamentos están subiendo o hay otros que se están acabando”, declaró Zulma Hinojosa, madre de un niño con problemas cardíacos y respiratorios que recibe tratamiento en un hospital paceño.

El Gobierno calcula que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos alcanzan los 600 millones de dólares. Bolivia atraviesa además una profunda crisis financiera desde 2023, marcada por la escasez de divisas, el deterioro de las reservas internacionales y una inflación cercana al 15%.

Paz comparó el impacto de la crisis actual con la pandemia. “Es peor que el covid”, sostuvo al referirse al desabastecimiento y al aumento de precios que afectan especialmente a La Paz y El Alto.

En un intento por reducir la tensión social, el mandatario anunció días atrás que reducirá a la mitad su salario mensual. La medida, sin embargo, no logró frenar las protestas.

“Estamos hartos con este presidente (...) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana”, dijo la manifestante Delta Salinas.

El gobierno acusa al ex presidente socialista Evo Morales de impulsar los disturbios desde la región del Chapare, donde permanece refugiado mientras enfrenta una causa judicial por presunta trata de una menor. Morales exige que el Ejecutivo convoque nuevas elecciones en un plazo de 90 días.

(Con información de AFP)

En el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, las autoridades de Bolivia entregaron a Brasil a Gerson Palermo, señalado como uno de los líderes más buscados del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC). La extradición se concretó bajo un fuerte operativo de seguridad y cerró una persecución internacional que involucró a fuerzas policiales de ambos países.

La captura de Palermo ocurrió en la localidad de Cotoca, a 22 kilómetros de Santa Cruz, tras un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Interpol y la Policía Federal de Brasil. Palermo permaneció oculto en territorio boliviano durante varios años, hasta que la cooperación internacional y el intercambio de información permitieron localizarlo y detenerlo.

El martes, agentes de la FELCN irrumpieron en la vivienda donde Palermo residía con una identidad falsa, sin despertar sospechas entre los vecinos. El arresto se realizó sin incidentes y, de inmediato, el detenido fue trasladado a las oficinas de Interpol en Santa Cruz, donde quedó bajo estricta custodia hasta su entrega a las autoridades brasileñas. El comandante departamental de la policía en Santa Cruz, David Gómez, detalló que la orden de salida obligatoria se redactó en coordinación con Migración y priorizó la gravedad de los delitos atribuidos a Palermo.

Palermo figuró durante años entre los principales líderes del PCC, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, vinculada al tráfico internacional de drogas, asesinatos, organización criminal y secuestro. Las sentencias acumuladas en su contra sumaron casi 126 años de prisión.

Su historial incluyó el secuestro de un avión comercial de la extinta aerolínea Vasp en el año 2000. En ese caso, la tripulación fue obligada a desviar la ruta para asaltar un cargamento de dinero del Banco do Brasil, con un botín de 5,5 millones de reales. Por ese hecho, el ahora extraditado recibió una condena superior a 66 años.

En 2017, las autoridades brasileñas identificaron a Palermo como uno de los jefes de una red de narcotráfico internacional desmantelada en la denominada Operación All In. La organización trasladó cocaína desde Bolivia hacia Brasil con avionetas y camiones y distribuyó la droga en distintos estados del país. Por estos delitos, Palermo sumó otros 59 años de condena. Palermo fue considerado uno de los narcotraficantes brasileños más buscados y tenía una notificación roja de Interpol.

En abril de 2020, Palermo obtuvo un recurso de “habeas corpus” durante un receso judicial. El beneficio le permitió abandonar la prisión de máxima seguridad de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, para cumplir la condena en arresto domiciliario. Apenas cinco horas después de su excarcelación, Palermo rompió el dispositivo electrónico de control y desapareció. Desde entonces permaneció prófugo de la justicia brasileña.

El viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, destacó en sus redes sociales que “la cooperación real, el intercambio de información y la decisión operativa” posibilitaron la detención y expulsión de Palermo. En sus publicaciones, acompañó el anuncio con fotografías en las que el extraditado aparece custodiado por agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la FELCN hasta abordar la aeronave que lo trasladó a Brasil.

(Con información de EFE y Europa Press)

El final de 2025 dejó en evidencia el aumento persistente de la desigualdad en la República Dominicana, incluso en un contexto de crecimiento económico sostenido.

El índice de Gini, que mide la diferencia en la distribución del ingreso, se ubicó en 0.389, una cifra superior a la registrada el año anterior y que refleja que los logros económicos recientes no se han traducido en bienestar generalizado.

Durante la última década, la economía dominicana mostró capacidad para recuperarse tras la pandemia de COVID-19, experimentando años con expansiones que llegaron hasta un 14 %.

Sin embargo, ese crecimiento no logró llegar de manera equitativa a toda la población. El informe Análisis de desempeño económico y social (ADES-2025), elaborado por el Viceministerio de Economía, documenta que desde 2022 la desigualdad ha ido en ascenso, con un incremento continuo del índice de Gini: de 0.376 en 2022 a 0.389 al cierre de 2025, según informes de Diario Libre.

La distribución del ingreso mostró diferencias notables entre el ámbito urbano y el rural. En las zonas urbanas, el índice pasó de 0.388 a 0.389 entre 2024 y 2025, mientras que en las áreas rurales el incremento fue más pronunciado, al pasar de 0.363 a 0.371. Esta brecha evidencia la dificultad para que el crecimiento económico se refleje en mejoras que alcancen a toda la sociedad.

El ADES-2025 señala que la principal causa de este aumento en la desigualdad fue el comportamiento de los ingresos laborales. Los salarios y empleos aportaron la totalidad del incremento real del ingreso per cápita, mientras que otras fuentes, como las remesas y los ingresos no laborales, actuaron como un leve contrapeso, pero no lograron revertir la tendencia.

En 2025, el ingreso nominal promedio mensual per cápita fue de 20,192 pesos (USD 340), con un aumento interanual del 10.3 %. Sin embargo, esa tasa resultó inferior en 4.9 puntos porcentuales a la registrada en 2024. Si se descuenta el efecto de la inflación, el ingreso real promedio se ubicó en 14,487 pesos (USD 244), lo que representó un incremento de 6.5 %, menor al avance observado el año anterior.

Las transferencias gubernamentales y los ingresos no laborales en especie experimentaron una caída en el periodo, lo que redujo la capacidad de las familias para amortiguar el impacto de posibles crisis económicas.

Según el documento oficial, “el bienestar de los hogares dominicanos descansa sobre un único pilar”. Esto implica que, ante cualquier dificultad en el mercado laboral, los hogares quedan más expuestos y vulnerables debido a la limitada contribución de otras fuentes de ingresos.

El análisis advierte que, aunque la economía sigue creciendo, los avances en materia de bienestar no son sostenibles si no se fortalece la capacidad de las fuentes no laborales para compensar la desigualdad en la distribución primaria del ingreso.

El informe también resalta que, pese al incremento del índice de Gini en 2025, el nivel de desigualdad aún se encuentra por debajo de los valores observados en años previos a 2022, aunque la tendencia al alza genera preocupación sobre la sostenibilidad de los logros sociales alcanzados.

El fenómeno no es exclusivo del país, ya que la desigualdad elevada incrementa la vulnerabilidad de las sociedades ante eventos globales como pandemias, según advierte la Organización de las Naciones Unidas. El caso dominicano demuestra que el desafío principal sigue siendo convertir el crecimiento económico en mejoras ampliamente compartidas y sostenibles para la población.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para varias regiones de Costa Rica debido a la consolidación del fenómeno climático de El Niño y los posibles impactos que podría generar durante los próximos meses en distintas zonas del país.

La decisión fue tomada tras los análisis presentados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierten una disminución considerable en las lluvias y un aumento en las temperaturas en regiones como el Pacífico Norte, Pacífico Central, Valle Central y sectores de la zona norte.

Según explicaron las autoridades, el fenómeno influirá en las condiciones climáticas durante el resto del año, provocando una reducción en las precipitaciones que podría oscilar entre el 25% y el 50%, dependiendo de la región.

“La decisión se basa en el análisis del Instituto Meteorológico Nacional, que advierte una disminución de las lluvias en relación con el año anterior y un aumento de las temperaturas para los próximos meses”, señaló Alejandro Picado, presidente de la CNE.

La alerta verde incluye regiones del Pacífico y 29 cantones del Valle Central

La declaratoria de alerta verde aplica para el Pacífico Norte y el Pacífico Central, además de 29 cantones ubicados en el Valle Central.

Entre las localidades incluidas se encuentran San José, Escazú, Santa Ana, Desamparados, Alajuela, Grecia, Mora y La Unión, entre otros cantones considerados vulnerables ante posibles afectaciones relacionadas con sequías, estrés hídrico y aumento en el consumo de agua y electricidad.

Las autoridades indicaron que la lista completa de cantones puede consultarse a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias y plataformas digitales del Gobierno.

Aunque el escenario predominante apunta a condiciones más secas de lo habitual, la institución aclaró que el fenómeno de El Niño no elimina la posibilidad de lluvias intensas y eventos aislados de fuerte precipitación.

Por esa razón, la CNE aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas en todo el territorio nacional.

Gobierno prepara acciones para enfrentar impacto en agua, agricultura y electricidad

El Gobierno de la República anunció que próximamente dará a conocer una serie de acciones interinstitucionales dirigidas a reducir el impacto del fenómeno climático en sectores estratégicos.

Entre las principales preocupaciones figuran el abastecimiento de agua potable, la agricultura, la salud pública y la generación eléctrica, especialmente ante la posibilidad de una prolongada disminución de lluvias en distintas regiones del país.

Costa Rica ya ha enfrentado anteriormente episodios asociados al fenómeno de El Niño que provocaron sequías, pérdidas agrícolas, incendios forestales y restricciones en el uso de agua, principalmente en Guanacaste y comunidades del Pacífico.

Las autoridades también monitorean el posible aumento en las temperaturas, debido a que las condiciones secas suelen incrementar la demanda eléctrica y generar presión sobre los sistemas de abastecimiento hídrico.

Autoridades piden uso responsable del agua y mantenerse informados

Ante el escenario previsto para los próximos meses, la Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales y adoptar medidas preventivas desde ahora.

La institución recomendó hacer un uso responsable del agua potable y de la electricidad, especialmente en las regiones donde se prevé mayor disminución de lluvias.

Además, recordó que la alerta verde corresponde a una fase preventiva que permite activar monitoreo, coordinación institucional y preparación anticipada ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

El fenómeno de El Niño se produce por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y suele alterar los patrones normales de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo, incluyendo Centroamérica.

En Costa Rica, históricamente se relaciona con períodos más secos en el Pacífico y Valle Central, mientras algunas regiones del Caribe pueden experimentar condiciones más lluviosas de lo habitual.

Las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de forma constante y reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con medidas de ahorro y prevención mientras evoluciona el comportamiento climático en el país.

El Colegio Médico de Honduras denunció este miércoles que más de 600 médicos en el país tienen atrasos salariales de hasta cinco meses, un problema que atribuyó a incumplimientos de la Secretaría de Salud.

El reclamo apunta sobre todo a profesionales con interinato y contrato temporal que, según el gremio, siguen atendiendo en hospitales y centros asistenciales sin cobrar.

La denuncia la hizo el presidente del CMH, Samuel Santos, quien sostuvo que los afectados trabajan en distintas regiones y que la situación golpea los ingresos familiares. “No son casos aislados”, dijo el dirigente.

Desde la Secretaría de Salud, el subsecretario Eduardo Midence aseguró que hay comunicación con sectores del sistema sanitario y que se han hecho pagos, aunque admitió que existen expedientes puntuales que requieren revisión.

Reclamo por salarios atrasados

Santos afirmó que el CMH registra más de 600 médicos con mora salarial y que, en varios casos, el retraso llega a cinco meses. Según el gremio, la mayoría corresponde a médicos contratados bajo interinato y contrato temporal.

“Aun si fuera uno solo, ya sería grave”, sostuvo Santos. El CMH también indicó que la falta de pago impacta en gastos de vivienda, alimentación y transporte de los profesionales afectados.

El dirigente agregó que, además de los sueldos pendientes, siguen sin cumplirse compromisos acordados con el gremio vinculados a reintegros laborales y desembolsos atrasados.

Santos informó que el CMH dio por terminada la relación de diálogo con la Secretaría de Salud. Argumentó que las mesas técnicas de negociación dejaron de operar y que no fueron atendidas solicitudes formales presentadas por el colegio.

Sin diálogo con autoridades de salud

De acuerdo con su versión, el gremio impulsó gestiones para reactivar las conversaciones, pero las autoridades sanitarias no volvieron a convocar la mesa, lo que elevó el malestar en el sector médico.

La denuncia se suma a reclamos previos sobre condiciones de trabajo en el sistema sanitario hondureño, como atrasos de pagos, déficit de personal, falta de insumos y problemas operativos en centros asistenciales.

Casos se están revisando

Midence respondió que existe comunicación permanente con distintos sectores del área sanitaria y que se han alcanzado consensos en espacios de trabajo con organizaciones gremiales.

El subsecretario afirmó que se realizaron pagos al personal médico, aunque reconoció “casos específicos” que deben revisarse de manera individual. Según explicó, algunos atrasos podrían vincularse a trámites administrativos o a médicos que no han actualizado información requerida en los registros institucionales.

También cuestionó la postura del CMH y recordó que el colegio participó en la construcción del decreto de emergencia sanitaria promovido por el Gobierno. “Narrativa opuesta y antagónica a lo que este gobierno ha venido haciendo”, declaró.

Midence añadió que el sistema sanitario incluye otros sectores, como enfermeras profesionales, auxiliares, técnicos y sindicatos de trabajadores de la salud, con los que, según dijo, se alcanzaron acuerdos.

Demandas sanitarias

Pese a la respuesta oficial, representantes del gremio médico insistieron en que la mora salarial se mantiene y que afecta el funcionamiento del sistema y el bienestar del personal sanitario.

El reclamo se produce mientras hospitales públicos y centros de atención registran alta demanda de pacientes, en un contexto en el que el personal denuncia limitaciones presupuestarias y dificultades operativas en distintos puntos del país.

El CMH advirtió que continuará con los reclamos para el pago inmediato de los salarios atrasados y el cumplimiento de acuerdos pendientes, al considerar que se vulneran derechos laborales de los profesionales de la salud.

Las cifras oficiales más recientes indican que en Panamá se dieron 5,258 delitos contra la libertad e integridad sexual, 1,943 violaciones y 230 violaciones doblemente agravadas, cuyas principales víctimas fueron mujeres.

La estadística del Ministerio Público, correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, deja ver la gravedad del hecho, que registra un aumento en los últimos años.

Ante esta realidad, una iniciativa ciudadana llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona artículos al Código Penal, en lo que respecta a violaciones, otros delitos sexuales, y contra la vida.

Una de las modificaciones más notables señala que será sancionado con penas de prisión de 30 a 50 años quien cause la muerte de una mujer cuando exista una relación de pareja o haya intentado establecer una relación de esta naturaleza o de intimidad efectiva, cuando haya relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o si el hecho se comete en presencia de los hijos de la víctima.

El femicidio en el país es penado hoy día con condenas de 25 a 30 años de cárcel, establecidos en la Ley 8 de 24 de octubre de 2013, que tipificó este hecho delictivo como un delito grave.

En Panamá hasta el momento se registran al menos 10 femicidios, 13 tentativas y cuatro muertes violentas.

El más reciente femicidio ocurrió esta semana cuando Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue asesinada presuntamente por su pareja en el sector dos de Samaria, en el distrito de San Miguelito.

Informes extraoficiales, registrados por el diario Critica, indican que desde hace unos días la mujer había viajado desde la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé, hasta Samaria para visitar a un hijo que recién salió de la cárcel.

Según el medio, al parecer estuvo retenida durante dos días en contra de su voluntad dentro del inmueble en el cual ocurrió el femicidio, el cual se ubica al final de una vereda.

En cuanto al proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, igualmente busca modificar el artículo 57 del Código Penal, que establece que el juez de cumplimiento podrá autorizar, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de privación de libertad, la participación consentida del sentenciado en programa de estudio o trabajo dentro o fuera del penal, atendiendo las indicaciones de la Junta Técnica Penitenciaria y el comportamiento de la persona.

De igual manera, también se modifica el artículo 73, que inhabilita para ejercer funciones públicas al imputado en los casos de femicidios, homicidio agravado en casos de violencia de género, violación sexual y violación sexual agravada, y abuso sexual agravado con resultado de muerte.

Respecto a las violaciones, se tiene que las autoridades lograron la detención provisional de un ciudadano de 19 años de edad al vincularlo al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El hecho se produjo en el corregimiento de Narganá, comarca indígena de Guna Yala, cuando el imputado mediante violencia e intimidación abusó sexualmente de una menor de 14 años de edad, momentos en que retornaba del colegio. La menor resultó embarazada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue aprehendido este 18 de mayo por unidades de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la comunidad de Máquina, sector comarcal, al ser requerido por el delito antes mencionado.

En la audiencia de solicitudes múltiples, se informó que la Personería también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra dicho ciudadano.

El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Douglas Antonio L. A., de 34 años, por delitos de expresiones de violencia contra las mujeres, lesiones y daños en perjuicio de su expareja, de 46 años.

El caso será conocido por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, instancia que concentra los procesos relacionados con violencia de género bajo el marco de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2026 en una vivienda del distrito de Santa Ana. La víctima se encontraba acompañada de su hijo cuando recibió una llamada telefónica del imputado, con quien mantenía una relación finalizada debido a episodios previos de violencia. Poco después, Douglas Antonio L. A. llegó a la vivienda en aparente estado de ebriedad, reclamando objetos personales. Mientras la víctima buscaba los objetos, el imputado comenzó a insultarla y denigrarla, para luego agredirla físicamente.

Durante la agresión, el hijo de la víctima intervino en su defensa. En ese momento, el imputado intentó agredirlo y causó daños a una de las ventanas del vehículo en el que madre e hijo intentaron retirarse del lugar. Dos jóvenes que presenciaron la situación alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC), que capturó al agresor en flagrancia.

El Instituto de Medicina Legal determinó que la víctima sufrió lesiones e inflamaciones en distintas partes del cuerpo, las cuales requerirán al menos siete días para sanar y afectarán sus actividades cotidianas durante ese período.

Marco legal y penas aplicables

En El Salvador, el Código Penal establece sanciones para los delitos de lesiones y daños, agravándose cuando se cometen en contexto de violencia de género. El artículo 158 del Código Penal sanciona las lesiones leves con prisión de seis meses a tres años, aumentando la pena si la víctima es mujer y el hecho se enmarca en violencia intrafamiliar. Por su parte, la LEIV contempla sanciones específicas para la violencia física, psicológica y patrimonial, así como para expresiones de violencia, con penas que pueden alcanzar los 10 años de prisión en casos graves.

La LEIV define la violencia física como cualquier acción que cause daño no accidental a la integridad física de la mujer. Además, tipifica la violencia patrimonial, que incluye la destrucción de bienes o pertenencias de la víctima. La ley también establece medidas de protección inmediatas, como la detención provisional del agresor, para garantizar la seguridad de la víctima mientras se desarrolla el proceso judicial.

El artículo 55 de la LEIV dispone que, cuando exista peligro para la integridad física o psicológica de la víctima, el juez podrá decretar la detención provisional del imputado, independientemente de la gravedad de la lesión. Asimismo, la ley obliga a las autoridades a actuar con diligencia y brindar atención integral a las víctimas.

Contexto y hechos recientes

Durante 2026, El Salvador ha registrado múltiples casos de violencia contra mujeres y feminicidios, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la aplicación de la LEIV y a priorizar la atención de estos delitos en los juzgados especializados. Según datos recientes del Observatorio de Violencia de Género, se han reportado más de 1,200 denuncias por agresiones físicas y psicológicas contra mujeres en el primer semestre del año, con un incremento en la cantidad de casos judicializados respecto al mismo período del año anterior.

El fortalecimiento de los juzgados especializados y la actuación coordinada entre Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal han permitido una mayor respuesta institucional ante estos hechos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil siguen señalando la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección, así como la aplicación efectiva de las sanciones contempladas en la ley.

La detención provisional de Douglas Antonio L. A. se enmarca en este contexto de endurecimiento de la respuesta estatal frente a la violencia de género, buscando garantizar la integridad de las víctimas y el acceso a la justicia bajo los principios establecidos en la legislación salvadoreña.

La creciente ola de violencia que atraviesa Honduras dejó una nueva tragedia la tarde del martes, cuando tres estudiantes fueron asesinados en un ataque armado registrado en la colonia Suazo Córdova, en el municipio de El Progreso, Yoro, al norte del país.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Alex Yahir Padilla, de 15 años; José Jonathan Benítez, de 16; y Carlos Suazo, de 17 años, todos estudiantes y residentes de la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, los jóvenes regresaban de una “tardeada”, actividad recreativa organizada entre compañeros de su centro educativo, cuando fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego de manera sorpresiva en una calle cercana a la escuela Jaime O’Leary.

Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego y posteriormente encontraron los cuerpos de los menores tendidos sobre la calle, en una escena que generó conmoción entre familiares y habitantes de la comunidad.

Elementos de la Policía Nacional llegaron minutos después para acordonar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos.

Según las primeras hipótesis manejadas por las autoridades, el triple homicidio podría estar relacionado con disputas territoriales entre estructuras criminales o posibles ajustes de cuentas, aunque hasta el momento no se reportan capturas ni una versión oficial definitiva sobre el móvil del crimen.

La Policía informó además que mantiene operativos de saturación e intervención en sectores conflictivos de El Progreso, debido al incremento de hechos violentos registrados en las últimas semanas en la zona norte de Honduras.

Esta nueva masacre ocurre en medio de una preocupante escalada de violencia que mantiene en alerta al país. Solo durante mayo se han registrado múltiples homicidios colectivos que han dejado decenas de víctimas en diferentes departamentos.

El pasado 21 de mayo, Honduras quedó estremecida tras la masacre de 20 campesinos en Rigores, Trujillo, Colón, considerada una de las más sangrientas de los últimos años en el país. Las víctimas trabajaban en una finca de palma africana cuando fueron emboscadas por hombres armados.

Ese mismo día también ocurrió otra tragedia en Corinto, Omoa, Cortés, donde cinco agentes de la DIPAMPCO y dos presuntos integrantes de una estructura criminal murieron durante un operativo policial vinculado al combate contra el narcotráfico.

A estos hechos se sumó la masacre registrada en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés, donde cuatro personas fueron asesinadas durante la madrugada de este martes.

Con el ataque ocurrido en Yoro, organizaciones de derechos humanos y observatorios de violencia advierten que el país enfrenta una nueva escalada criminal marcada por el accionar de pandillas, narcotráfico y estructuras armadas que disputan territorios estratégicos.

Además, expertos señalan que la violencia está afectando cada vez más a jóvenes y menores de edad, quienes quedan atrapados en contextos dominados por la criminalidad y la falta de oportunidades.

Familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron a las autoridades esclarecer el crimen para evitar que el caso quede en la impunidad.

Mientras tanto, la muerte de los tres estudiantes vuelve a abrir el debate sobre la crisis de seguridad que enfrenta Honduras, un país que continúa registrando homicidios múltiples pese a los operativos y medidas implementadas por las autoridades.

El acuerdo bilateral de servicios aéreos firmado entre la República Dominicana y Trinidad y Tobago introduce nuevos derechos de sobrevuelo y aterrizaje para aerolíneas de ambos países, autoriza el transporte aéreo no regular y multidestino, y establece normas estrictas en seguridad operacional y aviación civil. Este convenio se suscribe como complemento al marco de la Convención sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, vigente desde 1944.

Entre los principales aspectos del acuerdo, se destacan la concesión recíproca de derechos que permiten a las compañías aéreas sobrevolar el territorio de la otra nación, hacer escalas técnicas y prestar servicios de transporte de pasajeros y carga bajo diferentes modalidades. Además, el texto prevé la autorización para vuelos no regulares y multidestino, ampliando el abanico de rutas y frecuencias posibles entre ambos países. El documento también incorpora compromisos en seguridad operacional y el cumplimiento de estándares internacionales en aviación civil.

Las autoridades de República Dominicana y Trinidad y Tobago señalaron que este acuerdo busca facilitar intercambios comerciales y turísticos, promover oportunidades de inversión y fortalecer la vinculación entre los sectores empresariales y las sociedades de ambos países. Según lo expresado oficialmente, la firma del convenio responde al objetivo de ampliar las opciones de conectividad aérea en la región y favorecer la integración caribeña.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, resaltó durante la ceremonia que la República Dominicana se consolida como un centro de conectividad aérea regional, gracias a un proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria, la apertura de nuevas rutas y la implementación de políticas orientadas al desarrollo de la aviación comercial. Álvarez enfatizó que el país se posiciona como un nodo estratégico entre el Caribe y América, y que la alianza con Trinidad y Tobago refuerza la integración regional en un contexto de desafíos y oportunidades compartidos en áreas como comercio, turismo, logística, energía y desarrollo sostenible.

Por su parte, el ministro de Transporte y Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Eli Zakour, indicó que el sector de la aviación es clave para el desarrollo económico, el comercio, el turismo, la inversión y el intercambio cultural entre países. Zakour señaló que la creación de un marco de cielos abiertos entre ambas naciones permitirá nuevas oportunidades para aerolíneas, empresas y ciudadanos, al facilitar la flexibilidad en los servicios aéreos, incrementar la competencia y mejorar la conectividad directa.

El acuerdo también prevé la implementación de mecanismos de cooperación técnica e institucional entre las autoridades aeronáuticas de República Dominicana y Trinidad y Tobago, con el objetivo de elevar los estándares técnicos y operativos. Esta colaboración abarca desde la formación de personal hasta la adopción de mejores prácticas en seguridad y gestión aeroportuaria, ajustándose a los lineamientos internacionales asumidos por ambos países.

Durante la ceremonia de firma estuvieron presentes varias autoridades de ambos gobiernos y representantes del sector aeronáutico y empresarial. Por parte de República Dominicana, participaron viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembros de la Junta de Aviación Civil y del Departamento Aeroportuario, así como integrantes del cuerpo diplomático y del sector privado vinculado a la aviación. La presencia de estos funcionarios y representantes refuerza la relevancia que conceden ambos Estados a la conectividad como motor de desarrollo y cooperación regional.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por las autoridades, el convenio busca no solo facilitar el tránsito aéreo entre Santo Domingo y Puerto España, sino también habilitar nuevas opciones de rutas multidestino hacia otras capitales y centros turísticos del Caribe. El acuerdo forma parte de una estrategia mayor de ambos países para consolidar plataformas aéreas que respondan a las demandas actuales del comercio y el turismo en la región.

Honduras amplió su reserva estratégica de granos básicos de 80 mil a 120 mil quintales de maíz y frijol, en una medida preventiva ante la sequía y el comportamiento irregular de las lluvias. La diputada Alejandra Burgos dijo que el plan se acordó tras una reunión con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y el presidente Nasry Asfura.

La congresista, integrante de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso Nacional, precisó que ya se autorizaron 183 millones de lempiras para la compra y resguardo de granos básicos, con el objetivo de anticiparse a una posible crisis que golpee a los sectores más vulnerables.

Burgos agregó que, aun con la ampliación, el volumen disponible apenas alcanzaría para tres días de consumo nacional, un dato que expone la dependencia del abastecimiento diario en el país.

Granos para productores

En una primera etapa, la compra de maíz y frijol se hará a productores nacionales, según explicó Burgos, mediante coordinación con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). La prioridad, indicó, es sostener la producción local y dar respaldo al sector agrícola.

La legisladora advirtió que, si la sequía se agrava y la cosecha nacional cae con fuerza, Honduras podría verse obligada a importar granos básicos desde países de la región, entre ellos Nicaragua, para garantizar el abastecimiento interno.

Manejo de granos

Burgos también mencionó preocupaciones sobre el manejo de inventarios en las bodegas del IHMA, al recordar antecedentes de deterioro de productos almacenados.

Atribuyó ese problema a fallas en la rotación del inventario y planteó la necesidad de mejorar los controles para evitar pérdidas.

El objetivo de la ampliación, sostuvo la congresista, es que la reserva nacional funcione como un respaldo ante una eventual caída de la oferta por factores climáticos, sin depender únicamente de compras de última hora.

SAG interviene

En paralelo, el Gobierno activó acciones complementarias a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para proteger la producción, en especial en zonas donde se prevén lluvias por debajo de lo normal, según advirtieron autoridades del área agroalimentaria.

La SAG señaló como regiones en riesgo a Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán, por el posible impacto en la siembra de granos básicos y en la disponibilidad de pasto para la ganadería.

El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, dijo que la recomendación oficial es que los productores se abstengan de iniciar siembras hasta contar con condiciones más favorables. “Debemos actuar con responsabilidad”, afirmó, al explicar que en algunas zonas las lluvias serían particularmente escasas y el objetivo es reducir pérdidas.

Molina aclaró que todavía no se pueden informar pérdidas de la cosecha de primera en los sectores donde no se sembró, y subrayó la necesidad de planificar con base en información climática para evitar daños en el campo.

Las autoridades mantienen una alerta preventiva por sequía en alrededor de 70 municipios del país, principalmente en el corredor seco, donde se prevé una disminución significativa de las lluvias durante la temporada.

Esta situación preocupa al sector agrícola y ganadero, debido al posible impacto en la producción de granos básicos, la disponibilidad de agua para consumo humano y la alimentación del ganado.

El sector de alimentos y bebidas en El Salvador atraviesa un momento clave ante la discusión regional sobre el etiquetado nutricional frontal.

Las principales organizaciones industriales del país han realizado un llamado para que Centroamérica adopte una normativa unificada que regule la información visible en el empaque de los productos.

El objetivo de esta propuesta es facilitar el comercio intrarregional, reducir costos operativos y fortalecer la competitividad de las empresas ante las exigencias de los mercados internacionales.

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA) presentó una solicitud formal al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) para avanzar en un Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) armonizado sobre etiquetado frontal de advertencia nutricional.

FECAICA respalda su posición con datos sobre el desempeño del sector: en 2022 (el dato más actualizado de la entidad), las exportaciones intrarregionales de alimentos y bebidas crecieron 15%, alcanzando un valor de $2,419.7 millones. Las exportaciones fuera de la región sumaron $5,050.2 millones, con un crecimiento del 18.5% respecto al año anterior.

La federación advierte que la falta de acuerdos podría llevar a regulaciones divergentes en cada país, lo que complicaría la competitividad y aumentaría los costos tanto para empresas como para consumidores.

Además, subraya que un sistema fragmentado dificultaría el comercio regional, en especial para las pequeñas y medianas empresas. FECAICA propone que la normativa tome como referencia el modelo gráfico implementado en Brasil, que destaca información relevante sobre azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, permitiendo decisiones más informadas al consumidor.

Perspectiva del sector industrial salvadoreño

Por su parte, Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), explica que el sector de alimentos y bebidas representó el 13% de las exportaciones totales de El Salvador entre enero y abril de este año, solo superado por el rubro textil. “Las exportaciones de alimentos y bebidas alcanzaron más de $292 millones en conjunto al mes de abril. Separando los rubros, los alimentos sumaron $237 millones y las bebidas, alrededor de $53 millones”, señala Domínguez.

En el segmento de alimentos, los subsectores más dinámicos son los snacks, productos cárnicos, panadería y molinería, lácteos y confites. Mientras que en las bebidas, las categorías principales son las carbonatadas, cerveza, jugos y licores.

Domínguez destacó que la diversidad de destinos como Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, Italia y España, muestra el alcance de la industria salvadoreña.

Domínguez detalla que la propuesta de unificación normativa responde a la necesidad de evitar diferencias entre los países centroamericanos. “La industria de alimentos y bebidas de Centroamérica busca una armonización en cuanto al reglamento de etiquetado frontal, dado que actualmente no existe un reglamento oficial regional y está en proceso de análisis. Existen propuestas como el sistema gráfico de Brasil, que tiene un enfoque más informativo y amigable para el consumidor y permite a la empresa colocar información de interés para que el consumidor conozca el producto que adquiere”, explica.

Homologar el etiquetado permitirá que la industria autorregule su operación y facilite el comercio, sin que surjan leyes locales que obliguen a modificar etiquetas para cada país. “Lo que esto permitiría es tener algo que nos permita autorregular, facilitar el comercio entre los países sin que existan leyes locales, sino que sea algo centroamericano homologado”, afirma.

Impacto en la competitividad y la inversión

Jorge Arriaza, presidente de ASI, destaca la importancia de mantener un equilibrio entre los intereses del consumidor y los del productor. Durante el Congreso de Alimentos y Bebidas, Arriaza reconoció la labor de las autoridades reguladoras y enfatizó la necesidad de regulaciones técnicas que consideren tanto la calidad como la competitividad.

“La superintendencia está haciendo un excelente trabajo de regulación, un trabajo que hace un balance muy bien entre lo que requiere el consumidor y lo que requiere el productor. Al final, la garantía es que el consumidor está recibiendo buenos productos de calidad”, explicó Arriaza.

El presidente de la ASI también subrayó el potencial de la industria alimentaria regional para integrarse en cadenas de valor más sólidas, con una capacidad de exportación cercana a los $10,000 millones de dólares.

“El potencial del sector alimentos es fortalecer una cadena de valor regional que garantice que podamos crecer mucho más fuerte”, agrega.

El Gobierno de Honduras recibió siete voluntarios japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que se incorporarán a distintas regiones del país para tareas de cooperación técnica y acompañamiento comunitario durante dos años.

El grupo trabajará en áreas como nutrición, educación, desarrollo rural, terapia física y arqueología. La Cancillería hondureña informó que el objetivo es fortalecer capacidades locales y apoyar procesos comunitarios en zonas urbanas y rurales.

La bienvenida estuvo a cargo de la subsecretaria de Política Exterior, la embajadora Pamela Handal Rivera, según comunicó el Gobierno de Honduras, en un acto oficial realizado este día.

Voluntarios JICA en Honduras

Los voluntarios fueron asignados a diferentes áreas de trabajo, entre ellas nutrición, educación, desarrollo rural, terapia física y arqueología, de acuerdo con la información difundida por las autoridades hondureñas.

Handal Rivera vinculó su llegada con el fortalecimiento de programas sociales y de desarrollo que se ejecutan junto con instituciones hondureñas, según declaró durante la ceremonia de bienvenida.

Conmemoran 50 años

El programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en el Extranjero, implementado por JICA, inició en 1976 en Honduras y este año conmemora 50 años de presencia continua, informaron las autoridades durante el acto.

La subsecretaria sostuvo que la cooperación entre Honduras y Japón se mantiene como una relación de largo plazo, basada en el intercambio técnico y el enfoque comunitario de la asistencia internacional.

A lo largo de estas cinco décadas, cientos de voluntarios japoneses han trabajado en comunidades hondureñas, con aportes en educación, salud, agricultura, infraestructura comunitaria, gestión ambiental y desarrollo local, según el balance oficial.

Uno de los rasgos del programa es el trabajo de campo: los voluntarios viven en las comunidades asignadas, interactúan con la población y coordinan acciones con autoridades locales, docentes, personal de salud y organizaciones comunitarias, de acuerdo con lo señalado por el Gobierno.

Handal Rivera agradeció al pueblo y al Gobierno de Japón por el apoyo sostenido, y afirmó que el impacto también se expresa en capacidades que permanecen en las comunidades cuando concluye cada misión.

Proyectos complementarios

Además del voluntariado, la cooperación entre Honduras y Japón incluyó proyectos de infraestructura, fortalecimiento institucional, asistencia técnica especializada y apoyo en emergencias, indicaron las autoridades hondureñas.

Con la incorporación de este nuevo grupo, Honduras y Japón confirmaron que continuarán la cooperación bilateral y ampliarán su alcance en áreas definidas como prioritarias por las instituciones participantes.

La cooperación entre Honduras y Japón comenzó a consolidarse a mediados del siglo XX, impulsada por proyectos de asistencia técnica y reconstrucción orientados al desarrollo social.

Con el paso de los años, Japón se convirtió en uno de los principales socios de cooperación del país en Asia, ampliando su apoyo hacia sectores como infraestructura, educación, salud y gestión de riesgos, especialmente tras desastres naturales como el huracán Mitch en 1998, que marcó un punto clave en el fortalecimiento de la ayuda internacional hacia Honduras.

En ese contexto, Honduras fue uno de los primeros países de la región en integrarse al programa de voluntarios de JICA, lo que permitió establecer una presencia continua de cooperación directa en comunidades locales, sentando las bases de una relación que posteriormente se amplió hacia proyectos de mayor escala en infraestructura y desarrollo social.

La encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo muestra que la gestión de Bernardo Arévalo enfrenta más rechazo que apoyo en Guatemala: el 5% la califica como “muy buena”, el 25% como “buena” y el 52% la evalúa de manera negativa. El sondeo también registra desconfianza electoral de cara a 2027 y una crisis de representación partidaria.

La diferencia entre opiniones positivas y negativas deja un saldo de -22, según los datos del estudio, que ubica el clima social en un escenario de pesimismo sobre el rumbo del país y la economía familiar.

En la medición, la aprobación formal de la administración llega al 41% y la desaprobación al 54%. El relevamiento también señala que solo uno de cada cuatro consultados cree que el Ejecutivo podrá resolver la principal preocupación de su familia.

Aprobación presidencial y evaluación por áreas de gestión

La Fundación Libertad y Desarrollo informó que el 36% considera que el presidente actúa “casi siempre” o “siempre” en beneficio del pueblo. En el mismo sondeo, la opinión pública exhibe un desgaste en la credibilidad del Ejecutivo.

En la evaluación sectorial, educación concentra el mayor nivel de aprobación con 49%. Le siguen empleo (40%), salud (34%), lucha contra la corrupción (29%) y seguridad (28%), de acuerdo con los resultados del estudio.

Interés por la política y crisis de representación partidaria

El 68% de los encuestados dijo mantener algún grado de interés por la política. En paralelo, el 90% afirmó no identificarse con ningún partido político, un dato que la Fundación Libertad y Desarrollo asocia con el desencanto hacia la representación tradicional.

En el ranking de imagen pública, Arévalo registra una valoración positiva del 40%, seguido por Ernesto “Neto” Bran, Sandra Torres y Carlos Pineda, según el sondeo. El Congreso aparece como una de las instituciones peor evaluadas: solo el 12% aprueba la labor de los diputados, una cifra que el estudio señala como estable desde 2022.

La preferencia por la democracia alcanza al 41% de los consultados. El relevamiento también encontró que el 18% aceptaría un gobierno autoritario en ciertas circunstancias, un indicador que el informe vincula a la frustración institucional.

Desconfianza electoral hacia 2027 y demandas al próximo presidente

De cara a las elecciones de 2027, el 68% dijo dudar de la limpieza y transparencia del próximo proceso, según la Fundación Libertad y Desarrollo. Apenas el 8% expresó plena confianza en que habrá comicios justos, un dato que el estudio presenta como un desafío para la legitimidad de las futuras autoridades.

Sobre el panorama de candidaturas, el 23% considera que existen “algunos buenos candidatos”. Entre las cualidades más valoradas para el próximo presidente figuran firmeza contra la delincuencia (39%), honestidad y lucha contra la corrupción (37%) y capacidad para gobernar (31), de acuerdo con el relevamiento.

Entre las prioridades sociales, el sondeo ubicó en primer plano aumentar el salario mínimo (49%), controlar precios de productos básicos (45%), mejorar la infraestructura vial (35%) y construir escuelas y hospitales (32%). También se mencionan, según el informe, la necesidad de perseguir la corrupción, reducir el tamaño del Congreso y atraer nuevas empresas.

Malestar social, economía familiar y migración

La Fundación Libertad y Desarrollo describió un clima de pesimismo sobre el rumbo nacional y la situación económica de las familias, con la inseguridad y el rechazo a las élites políticas como factores transversales a distintos sectores sociales.

El estudio también sitúa la migración como una respuesta sostenida a problemas vinculados con el empleo y la violencia. En ese marco, el informe señala que la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, divide opiniones en la sociedad guatemalteca.

Panamá está dispuesto a sentarse a conversar con Costa Rica, pero únicamente bajo “las mismas reglas” y en igualdad de condiciones para ambos países.

Así lo afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en medio del nuevo intento diplomático por reducir las tensiones bilaterales que durante los últimos meses han escalado alrededor del comercio, los controles fitosanitarios y las restricciones impuestas a productos panameños.

“Costa Rica es un país hermano”, declaró Moltó al referirse al reciente encuentro sostenido en Nueva York entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez y el nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar. El ministro panameño aseguró que la reunión fue “muy cálida” y permitió conversar sobre diversos temas de la relación bilateral.

“Definitivamente, una vez más, somos países amigos y estamos siempre dispuestos a conversar bajo las mismas condiciones, cuidando al productor panameño, así como se merece el mismo respeto que el productor costarricense”, expresó el titular del Ministerio de Comercio e Industrias.

Las declaraciones de Moltó se producen en momentos en que Panamá y Costa Rica intentan reconstruir canales de diálogo tras semanas marcadas por tensiones políticas y comerciales.

Uno de los principales focos de conflicto ha sido precisamente el intercambio comercial y las restricciones fitosanitarias. Panamá sostiene que productores nacionales han enfrentado durante años obstáculos para exportar productos avícolas, cárnicos y agroindustriales hacia Costa Rica, pese a cumplir estándares internacionales y exportar a mercados altamente exigentes como Estados Unidos, Europa y Asia.

“Los productores panameños, tanto como los productores costarricenses, deben cumplir con las mismas reglas fitosanitarias”, afirmó Moltó. El funcionario insistió en que Panamá no reducirá sus controles sanitarios ni comprometerá sus estándares de calidad para facilitar el ingreso de mercancías.

“Panamá no va a sacrificar su nivel fitosanitario, sanitario, de salud”, sostuvo el ministro. Añadió que las plantas productoras de ambos países deben someterse “a las mismas revisiones” y cumplir idénticos requisitos técnicos.

El conflicto comercial incluso llegó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde continúa abierto un proceso relacionado con las restricciones y barreras comerciales aplicadas entre ambas naciones.

Las tensiones se intensificaron con la llegada al poder de la presidenta costarricense Laura Fernández, quien endureció el discurso frente a Panamá y aseguró que defenderá a los productores de su país ante lo que considera restricciones injustificadas para el ingreso de mercancías costarricenses.

Fernández trasladó recientemente el conflicto a la Cancillería de Costa Rica y anunció acciones diplomáticas e internacionales relacionadas con el diferendo comercial. También afirmó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” costarricenses.

“Siempre lo he dicho, bajo reglas igualitarias para ambas partes y oportunidades que se presenten, tanto para los productores panameños que ya estuvieron por muchas décadas exportando a Costa Rica, como las oportunidades para complementarnos como naciones”, señaló.

El ministro recordó además que Panamá mantiene una intensa relación económico con Costa Rica y con el resto de Centroamérica, incluyendo exportaciones energéticas y comercio regional constante.

El reciente encuentro entre los cancilleres Javier Martínez-Acha y Manuel Tovar en la sede de Naciones Unidas fue interpretado como una señal de acercamiento diplomático tras varios meses de confrontación pública. Ambos gobiernos acordaron impulsar mesas binacionales de trabajo para abordar temas relacionados con seguridad, migración, comercio y aduanas.

Según la información divulgada por ambas cancillerías, el objetivo es construir “un diálogo constructivo” que permita atender desafíos comunes y evitar una escalada mayor en las diferencias bilaterales.

A pesar de las tensiones, Moltó insistió en que Panamá mantiene disposición al diálogo siempre que exista reciprocidad.

“Estoy seguro de que como países hermanos en una mesa podemos solucionar”, afirmó el ministro, quien reiteró que el país continuará defendiendo sus controles fitosanitarios y el derecho de los productores panameños a competir en igualdad de condiciones dentro del mercado regional.

Bolivia continúa sumida en una crisis marcada por bloqueos de carreteras, marchas y protestas contra el presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno intenta abrir negociaciones para frenar un conflicto que ya lleva 22 días y afecta el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país.

Las movilizaciones, lideradas por sindicatos campesinos, organizaciones obreras y grupos vinculados al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen interrumpidas decenas de carreteras y continúan presionando por la renuncia del mandatario, que lleva poco más de seis meses en el poder.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras informó que existen al menos 70 puntos de bloqueo distribuidos en seis de los nueve departamentos del país. Los principales focos de conflicto se concentran en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.

En paralelo al aumento de la tensión social, el oficialismo y sectores opositores intentan impulsar conversaciones para desactivar el conflicto. Uno de los espacios de negociación fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa y mantiene diferencias políticas con el Ejecutivo.

A ese encuentro asistieron representantes parlamentarios, dirigentes sociales, miembros de la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Gobierno nacional.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Ejecutivo mantiene disposición al diálogo. “Llegamos a este espacio con la esperanza y la convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, expresó.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz encabezó otra mesa de trabajo junto a representantes económicos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación interna y las consecuencias económicas de las protestas.

Pese a esos intentos, las movilizaciones continuaron en las calles de La Paz. Durante esta jornada, organizaciones campesinas volvieron a marchar por el centro político de Bolivia encabezadas por mujeres aimaras que llevaban cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica y del descontento social.

Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, acusó al Gobierno de marginar a los sectores sociales tradicionales. “Cada Gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha discriminado”, afirmó.

La dirigente sostuvo además que el presidente incumplió compromisos asumidos con las organizaciones campesinas durante la campaña electoral, motivo por el cual exigen su salida del poder.

A las protestas campesinas se sumó también el paro indefinido impulsado por sindicatos de transportistas de La Paz. Los conductores instalaron bloqueos urbanos para denunciar la falta de combustible, una situación agravada precisamente por el cierre de rutas en distintas regiones del país.

La combinación de cortes de carreteras y protestas urbanas alteró seriamente la movilidad en La Paz y El Alto. Miles de personas debieron trasladarse caminando o permanecer durante horas en filas para acceder al sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades.

El conflicto ya lleva 22 días y comenzó a extenderse hacia otras regiones bolivianas durante la última semana. Hospitales y centros médicos reportaron dificultades para recibir oxígeno medicinal y otros suministros esenciales debido a las interrupciones del transporte terrestre.

La escasez también afecta mercados y estaciones de servicio, especialmente en el altiplano boliviano, donde comerciantes y consumidores enfrentan problemas crecientes para acceder a productos básicos.

En medio de ese escenario, el Gobierno promulgó durante la madrugada una nueva ley que elimina restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida incrementó la preocupación de sectores opositores y organizaciones civiles ante la posibilidad de una escalada represiva.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que declarar un estado de excepción continúa siendo “la última opción” y sostuvo que priorizará las negociaciones políticas antes de recurrir a medidas extraordinarias.

(Con información de EFE)

Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 27 de mayo, en la sesión ordinaria número 111, la prórroga número 51 del régimen de excepción. Esta medida, vigente desde marzo de 2022, se ha consolidado como el principal recurso del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y mantener los niveles de seguridad pública.

Con esta nueva ampliación, el régimen de excepción se mantendrá vigente durante 30 días más, extendiendo la suspensión de ciertas garantías constitucionales con el objetivo declarado de consolidar los avances logrados en la lucha contra el crimen organizado.

Tras la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro justificó que la continuidad se debe a la reducción significativa de homicidios y la captura de más de 90 mil pandilleros, afirmando que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos a un referente en seguridad regional.

“Hoy, cuatro años después, los resultados hablan por sí solos. El Salvador ha pasado de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en referente internacional en materia de seguridad”, abogó el parlamentario.

De igual manera, el diputado Reynaldo Cardoza manifestó un respaldo total y reiterado al régimen de excepción, asegurando que su partido (PCN) ha apoyado la medida desde el inicio y continuará haciéndolo cada vez que sea necesario.

Cardoza afirmó que El Salvador ahora es un país libre de violencia, sin asesinatos en el transporte público ni crímenes atroces contra menores, situaciones que según expuso eran frecuentes en el pasado.

“Queremos reafirmar nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y decirte que vamos a seguir votando cuantas veces sean necesarias para tener un país libre, totalmente de maras, para tener un país en tranquilidad, un país en paz, tal y como lo estamos viviendo en estos momentos”, expuso Cardoza.

La postura del órgano legislativo frente a la continuidad de la medida ya había sido adelantada con firmeza por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. En una reciente entrevista concedida al espacio Frente a Frente, el legislador fue categórico al declarar que “el régimen de excepción va a ser prorrogado las veces que sea necesario”.

Castro defendió que cada votación en el salón azul no es una decisión aislada, sino un mandato directo y respaldado por la ciudadanía que exige mantener la tranquilidad lograda en los barrios y colonias del país.

Durante su intervención, Castro destacó que la articulación entre la Presidencia, el gabinete de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República ha permitido alcanzar logros inimaginables en el pasado.

El funcionario detalló que bajo la actual administración se acumulan más de 1,200 días sin homicidios, de los cuales más de 100 corresponden al transcurso del presente año 2026. Para la bancada oficialista, estas estadísticas rompen con décadas de violencia social y sustentan la legalidad legítima de las prórrogas.

Récord de aprobación a Bukele y aval ciudadano a su política de seguridad, según CID Gallup

La nueva extensión se produce en una jornada marcada por la presentación de los resultados de la última encuesta de la firma CID Gallup, la cual revela un respaldo sin precedentes históricos hacia la gestión del presidente Nayib Bukele y sus políticas de control de la violencia criminal.

El gerente general de CID Gallup, Luis Haug, presentó los datos del estudio basado en 1,200 entrevistas telefónicas realizadas a nivel nacional. La medición confirma que la agenda política y social del país sigue dictada por el éxito de las estrategias contra las pandillas.

Según el reporte, el mandatario alcanza un 93% de aprobación a su imagen y un histórico 98% de satisfacción ciudadana respecto al abordaje gubernamental en seguridad. Haug subrayó que estos niveles de aceptación representan un hito en la región, consolidando las acciones locales como una experiencia única en Latinoamérica.

El impacto directo en la vida cotidiana de la población se refleja en que el 97% de los salvadoreños encuestados afirmó no haber sido víctima de ningún crimen en los últimos cuatro meses.

Asimismo, el 95% avaló la estrategia directa contra las estructuras criminales y un 83% se mostró a favor de aplicar medidas más estrictas para los reclusos y aquellos delincuentes que aún están pendientes de captura.

Estos indicadores justifican la continuidad de la herramienta legal en el Parlamento, donde el bloque oficialista defendió la necesidad de no dar marcha atrás.

El procedimiento seguía abierto al momento de la conferencia porque abarcaba tres inmuebles interconectados, según Sáenz. El ministro precisó que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó en su cuenta oficial de X que las fuerzas combinadas desmantelaron “lo que podría ser el laboratorio de presunta cocaína más grande en la historia del país”. Añadió que el crimen organizado “se está topando con instituciones que ahora son más fuertes y con un gobierno que protege a su gente y su territorio”.

La operación se desarrolló en Zanjón San Lorenzo, Ayutla con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, según Sáenz. El operativo se inició en una vivienda, donde el Ejército de Guatemala y el Comando de Operaciones Antinarcóticas de la PNC localizaron un laboratorio improvisado para fabricar drogas.

El hallazgo mostró una línea completa de producción en un solo punto

Sáenz sostuvo en la conferencia oficial que el hallazgo permite observar la línea de producción desde la extracción de la hoja de coca del terreno, su transformación en pasta y su conversión posterior en polvo para consumo. El ministro lo describió como uno de los más grandes encontrados por las fuerzas de seguridad.

Esa descripción marca la diferencia con un laboratorio localizado en 2019 en Izabal, según el relato de Sáenz. En aquel antecedente, dijo, el proceso “únicamente llegaba hasta la coca”, mientras que en el caso actual las imágenes muestran una operación con un nivel de procesamiento mayor.

Sobre la droga localizada, el titular de Defensa evitó fijar una cifra definitiva y remarcó que el conteo seguía abierto. Señaló que el Ministerio Público determinará si se trata de droga y establecerá su tipo, calidad y cantidad exacta.

Dentro del inmueble, las fuerzas de seguridad encontraron recipientes, moldes y al menos 30 paquetes con presunta cocaína, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. También hallaron pesas digitales, brochas, cuchillas y otros instrumentos que, de acuerdo con el reporte oficial citado por la misma agencia, serían usados para empaquetar el estupefaciente.

En la misma inspección, las autoridades localizaron decenas de cargadores y municiones, además de alrededor de 10 fusiles de grueso calibre. Sáenz detalló en la conferencia que en el primer inmueble intervenido se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos.

San Marcos aparece en una franja fronteriza bajo presión del narcotráfico

La información difundida sobre el operativo sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia México. La Agencia Guatemalteca de Noticias señaló que el hallazgo expone infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia ese país.

Sáenz atribuyó el resultado al trabajo de inteligencia coordinado entre el Ejército de Guatemala, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Dirección General de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia Militar. Ante preguntas de la prensa, dijo que esta estructura era investigada desde un año y medio.

El ministro también aseguró que las operaciones contra estas redes se desarrollan desde hace dos años con cooperación internacional con México. Según Sáenz, esa actividad tiene mayor incidencia en áreas como Cuilco y El Mesía, y la localización en San Marcos se concretó cuando las autoridades identificaron el momento para ejecutar la planificación.

En Petén se desarrolló otra operación con armas y posible marihuana

En la misma conferencia, Sáenz informó que en Petén se desarrolló la operación Huracán de Fuego en el sector de Las Cruces. Según el ministro, en ese procedimiento se incautaron 12 fusiles, dos pistolas, siete bolsas, dos silenciadores para pistola, municiones de calibre aún no determinado, un pickup, un teléfono celular y posible marihuana.

El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación. Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, seguía abierta al momento de su comparecencia.

Sáenz presentó ambos procedimientos como parte del esquema general de “Cinturón de Fuego”. Dijo que esa estrategia busca proteger a comunidades en zonas de frontera y desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, supervisó este miércoles la Gran Farmacia Proam de Parramos, en el departamento de Chimaltenango. La sede opera por un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la municipalidad. Vende medicamentos a bajo costo y se integra al plan oficial de llevar este modelo a los 340 municipios.

La farmacia atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00. Según el Ministerio de Salud, beneficiará a 22.503 personas de Parramos y áreas cercanas, con una oferta de 152 medicamentos, entre ellos amlodipina y omeprazol, además de tratamientos para enfermedades crónicas.

Arévalo pidió a la población acudir a estos puntos de venta. “Medicinas de calidad y a bajo costo”, dijo durante una transmisión en vivo, y aseguró que cualquier persona puede comprar en las farmacias del programa.

La farmacia de Parramos funciona por un convenio firmado el 1 de marzo de 2026

La sede fue posible por un Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado el 1 de marzo de 2026 entre la Municipalidad de Parramos y el Programa de Accesibilidad de Medicamentos (Proam), con vigencia de un año, de acuerdo con información oficial.

El acuerdo establece que la comuna cede el inmueble ubicado en la 0 avenida 1-50, cantón La Unión, zona 1 de Parramos, para la instalación de la farmacia. Según el Ministerio de Salud, la municipalidad aporta el local y la cartera instala el servicio, abastece los medicamentos y asigna al personal.

La inauguración se realizó el 24 de marzo de 2026, según el Gobierno, como parte de la expansión de una red que busca crecer con apoyo de alcaldías en distintos puntos del país.

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, anunció durante la actividad que la cartera lanzará una campaña para difundir qué medicamentos ofrece el programa y dónde se ubican las sedes. “Vamos a lanzar una campaña para que la gente conozca los medicamentos y los lugares donde puede encontrar una farmacia Proam cerca de su localidad”, dijo.

El Ministerio de Salud registra 241 establecimientos Proam y proyecta 80 aperturas más

Barnoya informó que las farmacias Proam cuentan con más de 150 medicamentos y productos relacionados y que ya funcionan 241 establecimientos en Guatemala. Según detalló, la red incluye 121 farmacias municipales, 13 farmacias estatales, 90 ventas sociales y 17 grandes farmacias.

El ministro agregó que la cobertura actual alcanza 13 departamentos y que el plan oficial contempla abrir otras 80 nuevas farmacias antes de fin de año. De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre 2024 y 2026 ya se instalaron 80 sedes.

Arévalo atribuyó los precios más bajos a compras de gran volumen realizadas por el Ministerio. Según explicó durante la supervisión, la cartera adquiere medicamentos en cantidades que permiten ofrecerlos “a precio de costo” a la población.

Como ejemplo, el presidente contó que un tratamiento mensual que en farmacias privadas le cuesta más de 250 quetzales lo compró en Proam por 2,50 quetzales. También dijo que pagó 4,50 quetzales por un conjunto de medicinas por el que normalmente desembolsa más de 500 quetzales.

El mandatario señaló que la apertura de estas farmacias depende de la coordinación con gobiernos municipales, ya que los alcaldes deben aportar el local para que el Ministerio instale el servicio, el equipo y los medicamentos. En ese marco, reiteró que la meta oficial es alcanzar una sede en cada uno de los 340 municipios.

La visita incluyó el puesto de salud de Parramos y un llamado a recuperar la vacunación

Durante la misma jornada, Arévalo visitó el puesto de salud de Parramos junto con el director del área de salud para revisar su funcionamiento. Según dijo el presidente, el abastecimiento de medicinas en ese centro llega al 91% y la atención se articula con el hospital de Chimaltenango para los casos que no se resuelven en el puesto.

Arévalo afirmó que conversó con pacientes que esperaban atención odontológica, médica y de farmacia, y sostuvo que manifestaron conformidad con el servicio. También dijo que el Ministerio “está empezando a funcionar como una red integrada”.

Consultado por vacunación, Barnoya indicó que el sistema sanitario aún arrastra efectos de la pandemia, cuando la atención se concentró en esa emergencia y cayeron los esquemas de inmunización. Señaló que ahora el esfuerzo apunta a recuperarlos, en particular frente al sarampión, y mencionó las vacunas ESR y SPR en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas.

El presidente José Raúl Mulino anunció la expulsión de Panamá de los ingenieros chinos involucrados en la agresión contra trabajadores panameños en las obras del Cuarto Puente sobre el Canal, un incidente que elevó la tensión laboral dentro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país y que vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones del consorcio chino encargado de la megaobra.

“Quiero dejar en claro que nuestro país es abierto e integrador, pero los extranjeros deben cumplir con la ley panameña, tener permiso de trabajo y respetar nuestros valores y tradiciones”, afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El mandatario agregó que el Gobierno decidió cancelar el estatus migratorio y expulsar de Panamá a los ingenieros involucrados en la agresión registrada en el proyecto.

“Eso no es aceptable y no lo permitiré. El año pasado deportamos a dos ciudadanos venezolanos que agredieron a un trabajador panameño en Capira. Y no me tiembla el pulso para deportar o expulsar a extranjeros que no respeten a Panamá y a sus pueblos”, sostuvo el presidente.

El incidente ocurrió el 22 de mayo debajo de una de las estructuras del proyecto, en el área este de la obra. Según reportes divulgados por sindicatos y trabajadores, un colaborador de nacionalidad china agredió físicamente a un ingeniero panameño durante la jornada laboral.

El hecho provocó fuertes momentos de tensión entre trabajadores panameños y miembros del sindicato presentes en el sitio, quienes reaccionaron molestos por la agresión contra el profesional local. Tras el escándalo, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) evacuó al agresor y posteriormente anunció su despido inmediato bajo una política de “cero tolerancia” frente a hechos de violencia.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, reaccionó el mismo día del incidente y ordenó el envío de inspectores para levantar informes y remitirlos a la Secretaría Judicial.

“No vamos a tolerar actos de violencia, maltrato o atropello contra trabajadores panameños. En Panamá se respeta la dignidad, el esfuerzo y los derechos de nuestra gente. Panamá está abierto a las inversiones, pero jamás a costa del respeto y la dignidad de los panameños”, expresó la ministra.

Muñoz aseguró además que el Ministerio de Trabajo mantendrá vigilancia permanente sobre el proyecto para garantizar el cumplimiento de las normas laborales, el respeto a la mano de obra nacional y condiciones dignas para los trabajadores panameños.

La agresión ocurre en medio de un creciente conflicto laboral alrededor del Cuarto Puente sobre el Canal, una obra adjudicada en 2018 al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por las empresas estatales chinas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, responsables del desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más grandes actualmente en ejecución en Panamá.

El proyecto registra actualmente un avance aproximado de 35% y contempla un puente atirantado de 965 metros de longitud, torres de hasta 186 metros de altura, dos viaductos de 2.5 kilómetros y grandes intercambiadores viales que conectarán con el Corredor Norte, la avenida Omar Torrijos, la avenida La Amistad y la carretera Panamericana.

La megaobra, cuyo costo supera los $2,387 millones tras varias adendas y rediseños, busca aliviar la presión vehicular sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario. El Gobierno sostiene que la infraestructura permitirá mejorar la conectividad con Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.

Sin embargo, durante los últimos meses el consorcio ha enfrentado cuestionamientos por presuntas irregularidades laborales y migratorias. Trabajadores y sindicatos mantienen denuncias relacionadas con supuesta contratación excesiva de personal extranjero en detrimento de la mano de obra panameña, pese a que el Código de Trabajo establece que al menos 90% de los trabajadores deben ser nacionales.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente ha enfrentado durante los últimos meses cuestionamientos relacionados con contratación de mano de obra extranjera, condiciones laborales y cumplimiento de las normas migratorias panameñas.

En abril de 2026 la ministra Muñoz realizó una inspección sorpresa junto con funcionarios de Migración y unidades policiales dentro del proyecto. Durante esa diligencia fueron detectados 37 trabajadores extranjeros presuntamente laborando de forma irregular, situación que derivó en sanciones contra el consorcio por presunto trato desigual y fallas relacionadas con seguridad laboral.

El conflicto se produce además en un momento diplomáticamente sensible para las relaciones entre Panamá y China. En las últimas semanas ambos países han buscado reducir tensiones derivadas de la crisis alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison.

La controversia escaló luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión portuaria, una decisión que generó preocupación sobre el futuro de las inversiones vinculadas a capitales chinos en Panamá.

En ese contexto, la decisión del Gobierno panameño de expulsar a ingenieros extranjeros vinculados con la agresión envía una señal política contundente sobre la postura oficial frente al respeto de las leyes laborales y la protección de los trabajadores nacionales, incluso dentro de proyectos estratégicos desarrollados con inversión extranjera.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, el incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la relación entre megaproyectos internacionales, contratación de mano de obra extranjera y cumplimiento de las normas laborales panameñas en obras consideradas clave para el desarrollo del país.

La detención de un nicaragüense en el cantón de Los Chiles, en el norte de Costa Rica, activó un operativo policial en la zona fronteriza con Nicaragua, según destacó el periódico 100% Noticias.

De acuerdo a la nota, el sospechoso, de 39 años y conocido como “Mexicano”, fue arrestado en el sector de Medio Queso tras una denuncia por abuso sexual contra una niña de 10 años, informaron las autoridades.

El arresto ocurrió luego de que se emitiera una alerta y el hombre intentara evadir a la policía al esconderse en un área boscosa. La Fuerza Pública desplegó patrullas y unidades tácticas, y localizó al sospechoso en cuestión de horas, según el reporte oficial del caso.

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido tenía cercanía con la familia de la víctima porque se hospedaba en la casa de los padres de la menor, también nicaragüenses. Esa relación de confianza, indicaron las autoridades, facilitó el acceso del acusado a la niña, detalló el reporte divulgado por 100% Noticias.

Cómo fue el operativo en la zona de Medio Queso

La Fuerza Pública indicó que la búsqueda se organizó tras la recepción de la denuncia y que participaron la delegación policial de Los Chiles y equipos tácticos desplegados en el área.

La captura se concretó en Medio Queso, un punto próximo a la frontera, donde suelen registrarse desplazamientos frecuentes entre comunidades cercanas.

Un funcionario policial explicó a medios locales que “la operación fue posible” por el trabajo coordinado de los agentes y por el despliegue dispuesto tras la alerta, en una zona con cobertura boscosa que suele dificultar los rastreos.

Según la versión oficial, el sospechoso trató de escapar al internarse en una zona de vegetación, pero los equipos en tierra lograron ubicarlo y proceder a su detención.

La denuncia y el vínculo con la familia de la víctima

La denuncia se originó cuando una adolescente de 14 años advirtió lo ocurrido y avisó a adultos responsables, lo que permitió notificar a la policía, de acuerdo con los datos difundidos por las autoridades.

Con esa información, los agentes activaron el dispositivo de búsqueda y cerraron el perímetro en sectores cercanos.

Las autoridades sostienen que el acusado se encontraba alojado en la vivienda familiar, un dato que forma parte de las primeras diligencias y que, según el reporte, explica cómo el hombre pudo acercarse a la menor sin levantar sospechas en un primer momento.

Situación judicial del detenido y avances de la investigación

La Fuerza Pública informó que el sospechoso quedó bajo custodia y fue puesto a disposición del Ministerio Público y de los organismos de investigación, que definirán la imputación y las medidas cautelares. La policía también difundió un video del traslado del detenido hacia celdas judiciales.

Las diligencias continúan mientras el Ministerio Público analiza pruebas y testimonios recabados durante el operativo, según indicaron fuentes oficiales.

En la zona fronteriza de Los Chiles, las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de inmediato para acelerar la intervención policial en casos que involucran a menores.

Karen, una madre hondureña que hasta hace poco construía un hogar en Tennessee, hoy se encuentra en Georgia, a la intemperie de un sistema migratorio que ha desmantelado su vida en cuestión de días. No tiene lujos, no tiene certezas; de hecho, ya no tiene nada.

“Ya solo la ropa que cargamos en la maleta es lo único que tenemos”, dice, con una voz que se quiebra pero no se rinde, mientras su hijo sostiene con timidez un trozo de papel donde está anotado el único puente que les queda con el mundo: su número de teléfono.

La caída libre de la familia Flores comenzó una mañana cualquiera en Tennessee. Su esposo, el motor económico y el pilar del hogar, manejaba hacia su trabajo cuando las luces de la patrulla de un sheriff destellaron tras él. Un control de rutina se transformó en un interrogatorio sobre su estatus legal.

Al no portar licencia, seguro ni documentos, el engranaje burocrático se movió con rapidez implacable: fue arrestado y entregado directamente a las manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En pocos días, ya estaba de regreso en Honduras. Para Karen y sus dos hijos, la deportación del padre no fue solo un golpe emocional, sino un desalojo inmediato.

Sin el ingreso de su esposo y con una orden de deportación previa que pesa sobre sus propios hombros, el miedo se convirtió en su sombra. “Yo no puedo manejar por el aspecto de que tengo una orden de deportación, y el mismo miedo a mí me congela de pies a cabeza”, confiesa Karen. Ese pánico latente a ser detenida y, peor aún, a ser separada de sus hijos, la llevó a huir hacia Georgia para refugiarse temporalmente con una prima.

La paradoja de la “autodeportación”

El caso de Karen no es aislado, sino el reflejo de una tendencia creciente bajo la administración del presidente Donald Trump. Según cifras del gobierno federal, alrededor de 2.2 millones de personas se han “autodeportado”. Sin embargo, activistas de organizaciones como Galeo Impact Fund denuncian que estos números carecen de verificación independiente y que la “autodeportación” no es una elección voluntaria, sino el resultado de un arrinconamiento sistemático y psicológico contra la comunidad hispana.

Para facilitar este éxodo, el gobierno promovió aplicaciones digitales como CBP One o programas de retorno voluntario. Pero la realidad tecnológica y burocrática dista mucho de la teoría oficial. Karen intentó utilizar la aplicación para gestionar su salida legal y ordenada, pero se topó con un muro digital: errores de sistema, interfaces complejas basadas en correos electrónicos y un tiempo de espera mínimo de tres meses para procesar la solicitud.

El regreso a Honduras tampoco es tan simple como comprar un boleto. Karen debe acudir al consulado hondureño para desenredar un nudo legal: tramitar la doble nacionalidad para su hija, renovar el pasaporte vencido de su otro hijo y, el obstáculo más complejo, gestionar los permisos consulares para sacar a los menores del país sin la presencia física del padre, quien ya está en Centroamérica.

Es una carrera contra el tiempo y la falta de recursos. Aunque una organización humanitaria la apoyó inicialmente con las actas apostilladas, los fondos comunitarios son limitados. Hoy, la única barrera real entre Karen y su país de origen son los pasajes de avión que no puede pagar.

El viento del parque Grace Road sigue soplando y Karen continúa abrazando a sus hijos, esperando que en algún lugar alguien escuche su clamor y decida cambiar el rumbo de su historia.

El proceso judicial contra los imputados por el caso Argoz avanza en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), durante la más reciente jornada del juicio se presentaron pruebas que demuestran que los acusados recurrieron al uso de diversas sociedades para captar dinero de las víctimas, quienes fueron engañadas con la promesa de recibir escrituras de propiedad al finalizar los pagos correspondientes. Estas escrituras nunca fueron entregadas, lo que ha dejado a decenas de familias afectadas y sin acceso legal a sus viviendas.

El caso Argoz involucra la venta irregular de terrenos en al menos 10 lotificaciones, sin los permisos legales requeridos. Las víctimas entregaron sumas de dinero a los imputados, confiando en la promesa de que obtendrían la documentación legal de sus propiedades una vez completados los pagos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los acusados nunca cumplieron con lo prometido, y en su lugar, utilizaron diferentes empresas para dispersar los fondos obtenidos a través del fraude.

Los imputados identificados por la FGR son Leticia Farfán, Rodrigo Gómez, Natalia Gómez, Edwin Rivera y Mónica Sanabria. Todos enfrentan cargos por su presunta participación en la estructura que operó estas maniobras fraudulentas. De acuerdo con la información oficial, los detenidos fueron capturados tras una investigación que permitió identificar el modus operandi utilizado para captar a las víctimas y las rutas financieras empleadas para lavar el dinero procedente de las ventas ilícitas de terrenos.

El proceso judicial comenzó con las audiencias iniciales hace varios meses, cuando las primeras denuncias llegaron a la Fiscalía. A partir de ese momento, se recopilaron testimonios de afectados, así como documentación relacionada con las transacciones y los contratos que nunca fueron legalizados. La legalización formal del caso ante los tribunales permitió la detención y presentación de los implicados ante la justicia.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha recibido múltiples denuncias de personas afectadas que señalan haber sido víctimas del mismo esquema. El número exacto de denuncias continúa en aumento conforme más familias descubren que los documentos recibidos carecen de validez legal y que las promesas de entrega de escrituras no se materializaron. Según la FGR, las investigaciones se mantienen abiertas para identificar si existen otros involucrados o más lotificaciones bajo el mismo patrón.

Frente a la magnitud del fraude y el impacto social generado, el gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Vivienda, ha implementado acciones para buscar soluciones y garantizar la legalización de la situación de las personas afectadas. Entre las medidas adoptadas, se encuentran la asesoría legal gratuita para las víctimas, la revisión de los expedientes de las lotificaciones involucradas y la coordinación con otras entidades estatales para regularizar la tenencia de la tierra.

El caso Argoz ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan acceder a una vivienda mediante lotificaciones privadas. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para verificar la legalidad de los proyectos habitacionales antes de realizar cualquier pago, y han subrayado su compromiso de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos hechos.

La audiencia continúa en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, donde se busca justicia para las familias afectadas y la recuperación patrimonial de quienes fueron víctimas del fraude. El proceso representa uno de los casos emblemáticos en la lucha contra delitos organizados relacionados con la vivienda en El Salvador.

Colectivos feministas en Honduras realizaron este miércoles un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir avances en las investigaciones de femicidios y muertes violentas de mujeres.

Las organizaciones denunciaron que en 2026 se contabilizan más de 108 casos y reclamaron medidas de prevención, protección y sanción. La protesta fue pacífica.

Desde temprano, integrantes de organizaciones feministas se concentraron en las afueras del Poder Judicial con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades.

Según dijeron durante la manifestación, el reclamo apuntó a que el sistema de justicia acelere los expedientes y garantice resultados en los casos.

Las manifestantes sostuvieron que el registro de más de 108 muertes violentas de mujeres y femicidios en lo que va del año muestra fallas en la respuesta estatal. Plantearon que la cifra se relaciona con demoras en investigar y con la falta de sanciones, lo que, a su juicio, alimenta la impunidad.

Reclamos por investigaciones

Durante el plantón, las organizaciones pidieron que las investigaciones por femicidio avancen con celeridad y que los responsables enfrenten procesos transparentes. También reclamaron que se evite la revictimización de las familias durante las diligencias y en el trato institucional.

Las participantes señalaron que la violencia contra las mujeres aparece en distintos ámbitos, desde el hogar hasta espacios públicos, y que en varios casos deriva en asesinatos. En esa línea, atribuyeron parte del problema a expedientes con avances limitados y a respuestas que, según afirmaron, no llegan a tiempo cuando existen denuncias previas.

Demandan mecanismos de protección

El reclamo incluyó la falta de políticas públicas para prevenir la violencia de género y el pedido de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en riesgo. De acuerdo con las organizaciones, hay casos de víctimas que denunciaron situaciones de violencia y no recibieron una respuesta estatal oportuna.

También recordaron que, según colectivos de derechos humanos, la violencia contra las mujeres en Honduras se vincula con desigualdad y discriminación, con patrones que incluyen violencia doméstica, agresiones sexuales y femicidios. En la protesta, indicaron que el impacto alcanza a familias y comunidades, y que crece la desconfianza en las instituciones.

Emergencia por violencia de género

Según el monitoreo de organizaciones de mujeres, los femicidios y muertes violentas se mantienen en niveles altos, con reportes que ubican los casos como un hecho casi diario en distintas zonas del país. Ese seguimiento, afirmaron, sustenta los llamados a declarar una emergencia nacional por violencia de género.

El plantón se desarrolló de forma pacífica, con pronunciamientos dirigidos al Estado hondureño, al que responsabilizaron por no garantizar plenamente el derecho a la vida, la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres.

Las organizaciones anticiparon que mantendrán acciones de protesta y acompañamiento a víctimas y familiares hasta que haya resultados en las causas y medidas de prevención y sanción.

En Honduras, cada cifra de femicidio no es solo un dato estadístico, sino el reflejo de vidas interrumpidas y de un sistema que, según las organizaciones feministas, sigue sin dar respuestas suficientes frente a la violencia.

En ese contexto, los colectivos advirtieron que la falta de resultados concretos en la investigación y judicialización de estos crímenes profundiza la desconfianza en las instituciones y mantiene abierta una deuda histórica del Estado en materia de prevención, protección y justicia.

El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana anunció que destinará RD$2,220 millones (USD 37.5 millones) en subsidios para fertilizantes hasta agosto de 2026, para modernizar el sector agrícola y mejorar la infraestructura rural.

En paralelo, Francisco Espaillat, titular de la cartera, reveló que la estrategia oficial contempla la intervención de 1,440 kilómetros de caminos vecinales y la implementación del Programec, un ambicioso programa de mecanización que arrancará en julio.

El Programec iniciará con cinco proyectos piloto en las provincias de Monte Cristi, Valverde, Constanza, Barahona y San Juan, con el objetivo de actualizar procesos productivos y reducir la dependencia de mano de obra extranjera. El plan incluye la adaptación de equipos a cada tipo de cultivo, así como la difusión de nuevas tecnologías y la capacitación de agricultores, según detalló Espaillat durante el Desayuno de Listín Diario.

La modernización agrícola que impulsa el Gobierno se sostiene en tres pilares tecnológicos: la mecanización mediante maquinaria especializada, la mejora genética de los cultivos y una estrategia de nutrición vegetal. El ministro subrayó que “hay mecanización para todo y es un proceso”, puntualizando que los equipos deben adecuarse a la realidad de cada producción.

Caminos rurales y asistencia técnica, ejes complementarios del programa

La intervención de caminos vecinales constituye una de las principales demandas del sector agropecuario, de acuerdo con el funcionario. El Gobierno tiene identificadas las prioridades y prevé intervenir 240 kilómetros en los próximos tres meses, para luego ejecutar una segunda etapa de 1,200 kilómetros adicionales junto al Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

En cuanto a la asistencia técnica, el Ministerio relanzará el Programa Nacional de Extensión, estrategia que busca acercar innovaciones tecnológicas y mejores prácticas de manejo a las fincas. La cartera apostará por la incorporación de técnicos jóvenes para lograr que el mensaje llegue a más productores, de acuerdo con lo explicado por Espaillat a Listín Diario.

El plan de modernización agrícola tiene como meta aumentar el rendimiento y la competitividad de los cultivos dominicanos, a la vez que se mejora el acceso de los agricultores a insumos, capacitación y servicios de infraestructura rural. La combinación de la mecanización, el apoyo técnico y la mejora de los caminos rurales es la respuesta oficial para actualizar la agricultura en las distintas regiones del país.

Subsidios, exportaciones y reactivación de seguros agrícolas

El Gobierno ejecutó un primer acuerdo de subsidios a fertilizantes entre el 13 de marzo y el 31 de mayo, por un monto de RD$1,061 millones (USD 18 millones). Un segundo acuerdo, vigente hasta agosto, demanda otros RD$1,161 millones (USD 19.5 millones), de modo que la inversión estatal totalizará RD$2,220 millones (USD 37.5 millones) en ese rubro en menos de seis meses.

En materia de exportaciones, Espaillat detalló que el sector agrícola genera más de RD$3,600 millones (USD 60.8 millones) en ingresos para la economía nacional. El ministro destacó que la agricultura ha sido el área con mayor crecimiento reciente, según los datos oficiales presentados durante el encuentro con el medio.

Sobre la producción avícola, el país genera RD$430 millones mensuales (USD 7.3 millones) en huevos y exporta productos por un valor de RD$80 millones mensuales (USD 1.35 millones) a Cuba. El ministro expuso estas cifras como muestra del dinamismo y la capacidad exportadora del sector.

Una de las novedades del paquete de medidas es la reactivación de Agrodosa, la aseguradora agropecuaria estatal, que busca proteger a los productores frente a pérdidas de cosechas. Espaillat enfatizó que el propósito es restablecer el esquema original, en el que la aseguradora pague las cosechas perdidas y evite que el Estado tenga que intervenir de manera recurrente con ayudas directas. “Nosotros estamos impulsando eso. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para que otra vez el seguro se actualice como estaba y que cumpla su rol”, expresó.

El relanzamiento de Agrodosa apunta a fortalecer la estabilidad financiera de los productores y a consolidar un sistema de respaldo que permita la continuidad de la actividad agropecuaria frente a imprevistos climáticos o de mercado.

Agentes e investigadores de la PNC, junto con fiscales del Ministerio Público y apoyo del Ejército de Guatemala, realizaron allanamientos y puestos de registro en la aldea Los Laureles, en Las Cruces, Petén, donde la operación Huracán de Fuego dejó decomisos preliminares de armas, municiones, posible droga y un vehículo, en una acción que, según el Ejército de Guatemala, forma parte de la estrategia del Gobierno para golpear al crimen organizado transnacional.

Entre los primeros hallazgos figuran 16 mil matas de almácigo de marihuana y un sembradío de marihuana, de acuerdo con el Ejército de Guatemala. La misma institución informó que el operativo también busca erradicar plantaciones ilícitas y destruir infraestructura utilizada por estructuras de narcotráfico.

Las autoridades localizaron de manera preliminar 12 fusiles de diferentes calibres, dos pistolas, siete tolvas, munición de distintos calibres, dos silenciadores, posible marihuana, un pick-up y un teléfono celular, según la información difundida por la PNC y el Ejército de Guatemala. Las diligencias seguían en desarrollo y las instituciones indicaron que ampliarían los detalles al concluir la operación.

La operación Huracán de Fuego combinó allanamientos y puestos de registro en Petén

La intervención se concentró en la aldea Los Laureles, en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, al norte de Guatemala, según el Ejército de Guatemala. La fuerza castrense señaló que actuó en coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

La PNC precisó que en el trabajo participaron agentes e investigadores de la División de Información Policial de la Subdirección General de Investigación Criminal. La policía agregó que el operativo incluyó allanamientos y puestos de registro en la misma zona donde se produjeron los decomisos preliminares.

El dato central del procedimiento es que las autoridades reportaron la localización inicial de armamento, accesorios para armas, droga en investigación, un vehículo y plantaciones vinculadas con marihuana en un solo despliegue operativo en Los Laureles. Ese resultado preliminar fue atribuido por las propias instituciones a la operación Huracán de Fuego.

El Gobierno vincula los decomisos con su estrategia contra el narcotráfico

El Ejército de Guatemala sostuvo que “estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad y el Estado de Derecho en el país”. La institución añadió que el objetivo de la operación es desarticular estructuras de narcotráfico.

Según el Ejército de Guatemala, en este tipo de operativos se emplean fuerzas de mar, aire y tierra para contrarrestar la incursión de grupos criminales. La institución también afirmó que las autoridades han destruido plantaciones ilícitas detectadas en distintos puntos del territorio nacional.

La PNC y el Ministerio Público mantenían abiertas las diligencias al momento del reporte. El Ejército de Guatemala indicó que al finalizar el operativo se darán a conocer más detalles sobre los hallazgos y decomisos.

Operativo en Petén: armas, vehículo y posible marihuana

En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz informó que en Petén se desarrolló la operación Huracán de Fuego en el sector de Las Cruces. Según el ministro, en ese procedimiento se incautaron 12 fusiles, dos pistolas, siete bolsas, dos silenciadores para pistola, municiones de calibre aún no determinado, un pickup y un teléfono celular, además de posible marihuana.

El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación. Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, sigue abierta al momento de su comparecencia.

Sáenz presentó ambos procedimientos como parte del esquema general de “Cinturón de Fuego”. Dijo que esa estrategia busca proteger a comunidades en zonas de frontera y desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico.

La vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera lanzó en San Juan Sacatepéquez la estrategia nacional Nutrir Avanzar, un plan del Gobierno para prevenir y reducir la desnutrición aguda en la niñez. La intervención prioriza agua segura, alimentación, salud y educación en 60 territorios definidos como de mayor riesgo, según las autoridades.

Guatemala registró una reducción de 4,5 puntos en los índices de desnutrición infantil en el período 2025-2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil. El Gobierno atribuyó el descenso a acciones de prevención y atención integral en el país.

San Juan Sacatepéquez, se convirtió en el segundo municipio del departamento de Guatemala donde se pone en marcha el programa, después de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla. Según el Instituto Nacional de Estadística, el municipio supera los 250 mil habitantes y más de 61 mil son niños de cero a 12 años.

Herrera informó en un comunicado de prensa compartido que Nutrir Avanzar articula “esfuerzos multisectoriales entre Gobierno, comunidades y sector privado” con prioridad en la primera infancia. La vicepresidenta sostuvo que el plan se integra a las acciones estatales para fortalecer la atención integral en esa etapa.

San Juan Sacatepéquez, entre los 60 territorios priorizados

El municipio integra los 60 territorios donde el Gobierno refuerza medidas contra la desnutrición aguda. En esa zona, el problema también se asocia al acceso limitado a agua segura, saneamiento y alimentación adecuada, según el diagnóstico oficial.

Herrera indicó que el enfoque es interinstitucional e involucra áreas de salud, educación, agricultura y desarrollo social, además de municipalidades, comunidades, universidades y sector privado. “La prevención requiere acción nacional, pero también compromiso municipal”, afirmó.

La estrategia combina atención sanitaria, educación alimentaria, producción de alimentos nutritivos, protección social y servicios básicos para la primera infancia, según la presentación del programa. La vicepresidenta señaló que la desnutrición responde a múltiples factores y requiere respuestas coordinadas.

Antecedentes del lanzamiento en Escuintla

En Santa Lucía Cotzumalguapa, donde el Gobierno presentó la estrategia por primera vez a finales de abril, Herrera definió el plan como una intervención nacional centrada en la niñez, según información difundida por canales oficiales. Esa actividad coincidió con la inauguración del Puesto de Salud Miriam 1, de acuerdo con las autoridades.

Durante ese acto, la vicepresidenta sostuvo que la desnutrición infantil condiciona el futuro del país y planteó una corresponsabilidad entre el Estado y los gobiernos locales. También dijo que el puesto de salud fue construido con fondos municipales.

Qué incluye la estrategia Nutrir Avanzar

Herrera afirmó que aceptar la desnutrición aguda como un hecho cotidiano supone afectar el derecho de la niñez. “El problema de la desnutrición aguda nos afecta como país y bajo ninguna circunstancia podemos aceptarla como parte de la vida cotidiana”, declaró.

La vicepresidenta identificó los primeros mil días de vida como una etapa clave para el desarrollo infantil. “Es ahí donde se construyen las bases para su salud, aprendizaje y desarrollo”, sostuvo.

Según la presentación oficial, el plan incluye formación en hábitos alimentarios, impulso a la producción agrícola para mejorar la provisión de alimentos nutritivos y herramientas de protección social frente a la pobreza. El Gobierno también asignó a las municipalidades un rol en agua potable, saneamiento y articulación en seguridad alimentaria.

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, Nutrir Avanzar busca colocar a las familias y a la infancia en el centro de la acción pública y convoca a universidades, sociedad civil e iglesias a sumarse a la coordinación multisectorial.

Herrera resumió el objetivo con esta frase difundida por las autoridades: “Guatemala avanza cuando se nutre, cuando protege a la niñez, cuando coordina, cuando coloca a la niñez en el centro de sus decisiones”.

Ecuador pasó de registrar 24 grupos criminales activos en 2023 a contabilizar 37 estructuras en 2025, según un reciente informe de la organización internacional Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), que advierte sobre la fragmentación del crimen organizado y el impacto de las políticas de seguridad militarizadas en América Latina. El estudio fue publicado el 25 de mayo de 2026 dentro de un análisis regional sobre la denominada “Doctrina Donroe”, la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump en el hemisferio occidental.

El documento sostiene que Ecuador se ha convertido en uno de los casos más representativos de “atomización criminal” en la región. Según ACLED, el debilitamiento de líderes históricos y las operaciones de seguridad impulsadas por el Estado provocaron divisiones internas y la aparición de nuevas facciones delictivas.

La organización señala que la captura y posterior extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, a mediados de 2025, aceleró el reordenamiento del mapa criminal ecuatoriano. El informe indica que la debilitación de Los Choneros fue aprovechada por Los Lobos para expandirse hacia territorios históricamente controlados por sus rivales, lo que derivó en nuevos episodios de violencia.

ACLED vincula este escenario con el fortalecimiento de políticas de seguridad de corte militar en varios países latinoamericanos. El reporte sostiene que Estados Unidos ha incrementado su presión para que gobiernos aliados intensifiquen operaciones contra organizaciones criminales, promoviendo estrategias de confrontación armada, cooperación militar y declaratorias de terrorismo contra grupos delictivos.

El informe menciona expresamente a Ecuador entre los países que han catalogado a ciertas bandas como organizaciones terroristas. También recuerda que el 3 de marzo de 2026 Ecuador y Estados Unidos anunciaron operaciones militares conjuntas, aunque el apoyo estadounidense se ha concentrado principalmente en inteligencia y logística.

La investigación de ACLED señala que las políticas de seguridad militarizadas pueden producir reducciones temporales de violencia en ciertos territorios, pero advierte que también generan adaptaciones criminales. Según el organismo, muchas bandas responden desplazando operaciones, reduciendo actividades visibles o recurriendo a formas más selectivas y remotas de violencia.

El reporte añade que la fragmentación de grupos criminales incrementa la competencia por economías ilícitas en países donde las fuentes de financiamiento ilegal son diversas, como ocurre en Ecuador.

La expansión de estructuras criminales coincide con el aumento de confrontaciones entre fuerzas estatales y grupos armados en la región. ACLED registró un incremento del 18 % en los enfrentamientos entre organizaciones armadas y fuerzas de seguridad en América Latina y el Caribe durante 2025. El documento incluye a Ecuador entre los nueve países que impulsan esta tendencia regional.

Además, la organización advierte sobre el incremento de la letalidad en operaciones de seguridad. Según el informe, casi 6.900 personas murieron en intervenciones estatales en América Latina y el Caribe durante 2025, la cifra más alta desde 2018.

El estudio también analiza cómo el crimen organizado modifica rutas y economías ilegales frente a la presión estatal y militar. En el caso ecuatoriano, ACLED sostiene que los grupos criminales continúan utilizando rutas marítimas hacia Centroamérica mediante pescadores cooptados, aunque aumentaron la frecuencia de envíos para compensar el riesgo derivado de operativos y ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

La organización indica que la presión sobre rutas tradicionales del narcotráfico también está desplazando flujos ilícitos hacia nuevas zonas, incluyendo corredores amazónicos entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

El Gobierno ecuatoriano ha mantenido desde enero de 2024 un esquema de conflicto armado interno contra bandas criminales. Durante este período se desplegaron militares en cárceles, puertos y zonas consideradas estratégicas para el narcotráfico, además de sucesivos estados de excepción y toques de queda en varias provincias.

El informe de ACLED concluye que las estrategias basadas exclusivamente en presión militar difícilmente desmantelarán las redes criminales en la región. Según el documento, los grupos ilegales continúan adaptándose, diversificando economías y expandiendo operaciones hacia nuevos territorios, mientras aumenta el riesgo de violencia y abusos contra la población civil.

El aumento de las estafas en Panamá durante los últimos años llevó a la aprobación de una reforma al Código Penal que endurece las sanciones contra quienes obtengan beneficios económicos mediante engaños.

La nueva legislación, promulgada esta semana por el Ejecutivo, incorpora agravantes vinculadas con los fraudes digitales, la usurpación de identidad y los casos que generan elevados perjuicios económicos o afectan recursos públicos.

La modificación quedó oficializada mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial. La nueva legislación reforma los artículos 220 y 221 del Código Penal, aumentando las penas y ampliando las circunstancias agravantes que pueden llevar a condenas más severas para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante engaño.

La norma establece que quien, mediante engaño, procure para sí o para un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de tres a seis años. Además, la pena podrá aumentar hasta un tercio cuando el delito se cometa abusando de relaciones personales o profesionales, utilizando medios cibernéticos o informáticos, mediante la usurpación de identidad o cuando la afectación patrimonial se ubique entre $50,000 y $100,000.

También se contempla un agravante cuando la víctima sea la Administración pública o una entidad de beneficencia y el perjuicio no exceda los $10,000.

La reforma también endurece las sanciones para los casos considerados más graves. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la pena será de siete a doce años de prisión cuando la lesión patrimonial supere los $100,000, cuando la estafa sea cometida por apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones o cuando el perjuicio a la Administración pública o a establecimientos de beneficencia exceda los $10,000.

La iniciativa tuvo su origen en el Proyecto de Ley 277, presentado inicialmente como anteproyecto por el diputado Eduardo Gaitán. Posteriormente recibió el respaldo de diputados de diversas bancadas, entre ellos José Pérez Barboni, Walkiria Chandler, Jorge González, Luis Duke, Manuel Cheng, Alexandra Brenes, Patsy Lee, Luis Enrique Batista y otros legisladores que figuraron como coproponentes.

Durante la discusión legislativa, los impulsores de la propuesta argumentaron que la legislación vigente había quedado rezagada frente al crecimiento de las estafas, especialmente aquellas realizadas mediante herramientas tecnológicas. Según la exposición de motivos, el avance de los delitos digitales ha generado nuevas modalidades de fraude que afectan tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones públicas.

Los documentos presentados ante la Asamblea citan estadísticas de la Corte Suprema de Justicia según las cuales los casos judicializados por estafa aumentaron 578.3% entre 2019 y 2024, al pasar de 189 a 1,282 expedientes. En el mismo período, los casos imputados crecieron 778.9%, mientras que los procesos con acusación formal registraron un incremento de 1,220%.

La Procuraduría General de la Nación también reportó un crecimiento significativo de las denuncias. De acuerdo con la sustentación del proyecto, entre 2019 y 2024 se recibieron 26,670 denuncias por estafa a nivel nacional. Solo en 2024 se contabilizaron 5,241 noticias criminales, frente a las 2,680 registradas cinco años antes.

Los promotores de la reforma sostuvieron que las sanciones existentes no estaban generando un efecto disuasorio suficiente y que muchos delincuentes continuaban utilizando esquemas fraudulentos debido a que las penas eran consideradas bajas en comparación con los daños económicos ocasionados a las víctimas. También señalaron que la proliferación de fraudes en línea obligaba a actualizar el marco legal para responder a nuevas formas de criminalidad.

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Gaitán explicó que uno de los objetivos era reducir los umbrales económicos que activan las sanciones más severas y fortalecer la capacidad del sistema penal para perseguir estos delitos. La iniciativa recibió respaldo de varios diputados de la comisión y fue aprobada tras introducir modificaciones respecto al texto original presentado en marzo de 2025.

Con la entrada en vigor de la Ley 524, Panamá incorpora un esquema de castigos más severo para los delitos de estafa, especialmente aquellos vinculados con fraudes digitales, grandes perjuicios económicos y casos que involucren recursos públicos, en un intento por responder al crecimiento que este delito ha registrado durante los últimos años.

El malestar social en Nicaragua escaló en las últimas semanas por el marcado aumento en los cobros de energía. Familias de distintas zonas informaron que sus facturas, que solían rondar los 600 córdobas (16.31 USD), llegaron hasta 2,600 (70.76 USD), sin cambios en el consumo, según reportó el periódico 100% Noticias.

En redes sociales circularon recibos con saltos similares y reclamos por falta de explicaciones de las distribuidoras, detalla la nota.

Los testimonios coinciden en el impacto inmediato en la economía doméstica: parte del dinero que antes se destinaba a alimentos o medicamentos se reasigna al pago de la luz, según usuarios que publicaron sus casos en TikTok y Facebook.

El aumento se da en un contexto de inflación y precios altos en la canasta básica, de acuerdo con denuncias de organizaciones opositoras.

Las denuncias por aumentos sin explicación

De acuerdo a la publicación, en TikTok y Facebook, decenas de usuarios mostraron recibos y describieron un salto abrupto de las tarifas. En muchos casos, las facturas pasaron de entre 300 y 700 córdobas (8.15 a 19.03 USD) a montos superiores a 1,500, 2,000 e incluso 3,000 córdobas mensuales (40.77, 54.36 y 81.54 USD), según publicaciones revisadas por usuarios y compartidas en esos canales.

Una usuaria contó que su pago habitual, que oscilaba entre 500 y 700 córdobas, se elevó hasta 1.500 en meses recientes, sin haber incorporado nuevos aparatos ni haber modificado hábitos de consumo.

Otra persona escribió: “Pensé que era la única”; afirmó que su recibo pasó de 600 u 800 a “1.800 hasta 2.600”, en un patrón que se repite en distintas regiones, según los mismos reportes.

Quienes intentaron reclamar ante las empresas distribuidoras describieron respuestas ambiguas. De acuerdo con esos relatos, los funcionarios sostuvieron que el monto corresponde al consumo registrado, sin detallar por qué se produjo el alza repentina.

Control estatal y concentración del mercado energético

Las distribuidoras Disnorte y Dissur, responsables de la entrega de energía en Nicaragua, operan bajo control estatal y fueron señaladas por su vínculo con el modelo energético impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El economista Enrique Sáenz afirmó que el sistema eléctrico funciona como un monopolio privado gestionado desde el poder político. “La misma mano”, dijo, es dueña de Alba Generación, una de las principales generadoras, y también de las dos grandes distribuidoras.

Sáenz también cuestionó que los consumidores no perciban mejoras pese a inversiones con financiamiento externo. Señaló que, según datos que difundió en 2023, el precio de la electricidad en Nicaragua rondaba los USD 0.24 por kilovatio hora, entre los más altos de Centroamérica.

En ese marco, comparó con Costa Rica y Honduras, donde los costos son menores, y atribuyó parte del descontento a esa brecha y a la falta de competencia.

Reclamos sociales y efectos en la vida cotidiana

El Movimiento Azul y Blanco Chinandega denunció que los aumentos obligan a familias a recortar gastos esenciales para mantener el suministro. “Recibos de luz impagables”, advirtió la organización en un pronunciamiento, al sostener que lo que antes alcanzaba para comida y medicinas ahora se destina a la electricidad.

En redes sociales, ciudadanos dijeron sentirse sin herramientas para exigir revisiones y describieron una relación de desconfianza con las autoridades y las compañías, por considerar que los mecanismos de reclamo no ofrecen respuestas verificables.

Los afectados sostienen que el encarecimiento no coincide con un mayor consumo en sus hogares y que la ausencia de explicaciones oficiales alimenta la tensión social y agrava el presupuesto familiar, según los testimonios difundidos en plataformas digitales y las denuncias de grupos opositores.

La República Dominicana alcanzó más de 2,000 megavatios de energía renovable instalada, consolidándose como referente en la región.

El crecimiento se ha logrado a partir de 38 proyectos solares y eólicos en operación, con presencia en varias regiones del país, principalmente en el sur y el este, donde las condiciones climáticas favorecen la generación de energía limpia.

Entre las provincias con mayor desarrollo destacan Monte Plata, Peravia y Azua en energía solar, así como Monte Cristi y Pedernales en energía eólica.

La expansión del sector no solo representa un avance ambiental, sino que también genera empleo directo e indirecto. Miles de trabajadores participan en la construcción, operación, mantenimiento de plantas solares y parques eólicos.

Empresas locales y extranjeras invierten en tecnologías modernas, lo que incrementa la demanda de técnicos, ingenieros y personal administrativo, además de aportar a la economía local a través de servicios asociados y cadenas de suministro.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que en 2020 la capacidad instalada de energías renovables no convencionales era de 555 megavatios y actualmente supera los 2,000 megavatios, con 25 proyectos adicionales en desarrollo que aportarían al menos 2,000 megavatios más hacia 2028.

Santos explicó que la meta oficial es alcanzar un 30 % de energía renovable inyectada al sistema eléctrico y que el país podría llegar al 50 % en los primeros años de la próxima década si se fortalecen los sistemas de almacenamiento energético.

La estrategia gubernamental incluye la incorporación de entre 800 megavatios y un gigavatio de capacidad de almacenamiento. Esta medida busca estabilizar el sistema eléctrico nacional, aprovechar mejor la energía renovable, permitiendo una mayor flexibilidad ante la variabilidad de fuentes como el sol y el viento.

El avance en almacenamiento también facilitaría la exportación de energía, como plantea el proyecto Hostos, que contempla la conexión eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico mediante un cable submarino, previsto para entrar en operación entre 2031 y 2032.

En el evento Recursos Energéticos y Mineros, organizado por la revista Factor de Éxito, Joel Santos destacó la importancia de diversificar la matriz energética. Señaló que el 25 % de la electricidad que consume el país ya proviene de fuentes renovables, lo que ayuda a mitigar el impacto de los aumentos en los precios internacionales de la energía.

De acuerdo con declaraciones publicadas por el Diario Listín, el Gobierno trabaja para hacer el sistema eléctrico más eficiente mediante inversiones en redes de distribución y transmisión, aunque el subsidio al sector sigue siendo un reto.

Además, la diversificación energética ha permitido que la población no sufra con mayor intensidad los efectos de la volatilidad internacional.

El sector minero también se mantiene como un pilar económico para la República Dominicana, aportando divisas y contribuyendo al equilibrio macroeconómico. El desarrollo paralelo de energías renovables y minería fortalece la economía nacional y abre nuevas oportunidades para la generación de empleo y la estabilidad energética.

Un bebé nacido en el Hospital de las Mujeres recibió una cita para un ultrasonido renal el 6 de julio de 2029, aunque el examen había sido indicado desde sus primeras horas de vida por un hallazgo prenatal que exigía seguimiento oportuno, según un informe de la Auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) difundido por CRHoy.

La investigación también mostró que el caso no fue aislado dentro de una presión más amplia sobre el servicio: al 26 de febrero de 2026, el hospital acumulaba 5,691 ultrasonidos pendientes y un tiempo promedio de espera de 835 días, equivalentes a casi 28 meses, de acuerdo con la Auditoría de la CCSS citada por CRHoy.

El bebé había nacido el 3 de enero de 2026 y la denuncia que originó la pesquisa fue presentada el 27 de enero de ese mismo año, según CRHoy. La queja cuestionó que un estudio necesario para apoyar el diagnóstico del menor quedara programado tres años después de su nacimiento.

La Auditoría de la CCSS concluyó que la cita no se ajustó a los estándares médicos para el seguimiento de recién nacidos con alteraciones renales detectadas durante el embarazo, según CRHoy.

También advirtió que la demora comprometía la oportunidad diagnóstica y exponía al paciente a riesgos clínicos relevantes.

De acuerdo con el expediente citado por CRHoy, el parto transcurrió sin complicaciones. Esa misma noche, a las 10:38, una médica dejó constancia de un ultrasonido prenatal practicado el 23 de diciembre de 2025.

Ese estudio había detectado una dilatación de la pelvis renal derecha de 10 milímetros y de la izquierda de 7 milímetros, según CRHoy. A partir de ese hallazgo, la doctora indicó coordinar un ultrasonido de vías urinarias para el lunes 5 de enero, mientras el bebé seguía hospitalizado.

El examen no se realizó durante la internación, según CRHoy. El 5 de enero, a las 10:25, un pediatra registró que el recién nacido estaba en condición de egreso y dejó como plan médico una “cita a cupo” para ultrasonido renal y otra para consulta de neurodesarrollo, de acuerdo con el informe.

La jefatura interina de Neonatología Anabel Fuxá explicó a la Auditoría de la CCSS que el bebé recibió el alta porque estaba clínicamente estable y no presentaba síntomas, según CRHoy.

Aun así, recordó que todo recién nacido con alteraciones renales prenatales debe someterse a una ecografía posnatal confirmatoria, porque un estudio inicial normal no descarta enfermedades renales o urinarias subyacentes.

Fuxá agregó que estas alteraciones figuran entre las anomalías prenatales más frecuentes y que, aunque en algunos casos son transitorias, en otros pueden indicar anomalías congénitas del riñón y las vías urinarias, según CRHoy. También precisó que, salvo en pacientes de alto riesgo, estos ultrasonidos pueden hacerse de forma ambulatoria, pero siempre dentro de un plazo clínicamente adecuado.

La boleta sin prioridad llevó al sistema a asignar una fecha ordinaria en 2029

El coordinador del Servicio de Radiología José Pablo Molina describió ante la Auditoría de la CCSS que el hospital reserva cada día dos espacios de 15 minutos para ultrasonidos de pacientes hospitalizados en Neonatología, según CRHoy. Cuando el paciente puede egresar pero necesita seguimiento, existen espacios prioritarios en la agenda mediante coordinación entre Neonatología y Radiología para definir el nivel de prioridad.

Eso no ocurrió en este caso, concluyó la Auditoría de la CCSS, según CRHoy. La investigación estableció que la atención no se coordinó de manera adecuada para garantizar que el ultrasonido se realizara a tiempo.

La pesquisa también reconstruyó cómo se originó la cita para 2029: personal de ventanilla de Radiología buscó un espacio en la agenda conforme al nivel de prioridad consignado por el médico tratante en la boleta de solicitud, de acuerdo con CRHoy. Como la boleta no indicaba urgencia ni prioridad, el sistema asignó un espacio ordinario según disponibilidad, que terminó siendo en 2029.

Ese es el núcleo del caso: el estudio sí estaba indicado desde el nacimiento, pero la ausencia de una marca de urgencia en la solicitud hizo que el trámite siguiera la vía regular y no la prioritaria, según la Auditoría de la CCSS citada por CRHoy.

La Auditoría advirtió que una evaluación tardía puede hacer perder el valor clínico del hallazgo prenatal, al impedir confirmar diagnósticos y valorar riesgos a tiempo, según CRHoy.

Entre las posibles consecuencias mencionó la progresión inadvertida de anomalías congénitas del riñón y las vías urinarias, infecciones urinarias febriles con riesgo de cicatrización renal y retrasos en tratamientos ante eventuales obstrucciones urinarias.

El director general del hospital José Miguel Villalobos reconoció ante la Auditoría de la CCSS que no podía descartarse la existencia de casos similares, según CRHoy. Villalobos señaló que el centro cuenta con solo dos radiólogos, uno de tiempo completo y otro de medio tiempo, y que no ha sido posible concretar nuevas contrataciones pese a los esfuerzos realizados.

Tras el señalamiento, el hospital reprogramó el ultrasonido renal del recién nacido, según CRHoy. En sus conclusiones, la Auditoría de la CCSS sostuvo que el caso dejó en evidencia fallas en la gestión de listas de espera, la priorización neonatal y la coordinación entre Neonatología y Radiología, y pidió revisar si existen otros pacientes prioritarios en condiciones similares.

El Ejecutivo panameño concedió rebajas de pena a 955 personas condenadas por delitos comunes, una medida que vuelve a poner bajo escrutinio una facultad presidencial capaz de reducir condenas y acelerar excarcelaciones, incluso en medio del debate público por casos recientes que han involucrado a figuras vinculadas a procesos de alto perfil.

Del total de beneficiados, 691 corresponden a hombres y 228 a mujeres panameñas. A ellos se suman 36 extranjeros, de los cuales 17 son hombres y 19 mujeres. En conjunto, las mujeres representan cerca del 26% de los favorecidos, mientras que los hombres constituyen el 74% restante.

La mayor cantidad de beneficiarios se concentró en los complejos penitenciarios masculinos de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya y Chiriquí. En el caso de las mujeres, los principales grupos favorecidos proceden del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, el Centro Femenino Los Algarrobos y el Centro Femenino de Llano Marín.

La decisión fue adoptada mediante la facultad que otorga al presidente de la República el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política, que le permite, junto con el ministro correspondiente, decretar rebajas de pena y conceder libertad condicional a personas condenadas por delitos comunes.

La misma disposición constitucional también autoriza al mandatario a otorgar indultos, aunque exclusivamente en casos relacionados con delitos políticos.

Esa diferencia suele generar confusión. Mientras el indulto extingue total o parcialmente la pena impuesta por delitos políticos, la rebaja de pena aplica a personas condenadas por delitos comunes y forma parte de los mecanismos de individualización de la ejecución penal.

El propio Ministerio de Gobierno ha aclarado en ocasiones anteriores que las rebajas de pena no constituyen indultos y que ambos beneficios tienen fundamentos jurídicos distintos.

Para acceder a una rebaja de pena, los privados de libertad deben pasar por un proceso de evaluación dentro del Sistema Penitenciario. Sus expedientes son analizados por juntas técnicas y posteriormente se publica un listado preliminar para que posibles víctimas u otras personas puedan presentar objeciones antes de la decisión final.

En abril de este año, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno publicó una lista de 1,187 candidatos potenciales antes de que se emitiera el decreto definitivo.

El decreto firmado por Mulino señala que los beneficiados fueron condenados por delitos comunes y que, tras la evaluación correspondiente, cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para optar por la medida.

La rebaja de pena implica, en muchos casos, la excarcelación inmediata de quienes ya han cumplido la porción de condena requerida luego del descuento concedido por el Ejecutivo.

Uno de los casos más comentados de los últimos meses fue el de Milena Edith Vallarino Morales de Ferrufino, esposa del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino. En enero de 2026 recibió una rebaja de pena que le permitió recuperar su libertad tras cumplir parte de una condena de seis años por enriquecimiento injustificado.

La sentencia había sido confirmada en 2023 luego de que los tribunales concluyeran que la pareja no logró justificar un patrimonio acumulado de aproximadamente $2.2 millones durante el período en que Ferrufino ocupó cargos públicos.

La rebaja otorgada a Vallarino formó parte de los Decretos Ejecutivos No. 1 y No. 2 del 7 de enero de 2026, mediante los cuales fueron beneficiadas 475 personas privadas de libertad. En aquella ocasión, el Ministerio de Gobierno destacó que la medida se aplicó exclusivamente a condenados por delitos comunes que habían cumplido los requisitos establecidos por la legislación penitenciaria.

Otro antecedente fue el de la exdefensora del Pueblo Patria Portugal, quien recibió una rebaja de pena en julio de 2025 tras haber sido condenada por peculado, por irregularidades en contratos de consultoría durante su gestión al frente de la institución.

La práctica de conceder rebajas de pena no es nueva en Panamá. Administraciones anteriores también recurrieron a esta facultad presidencial. En 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se otorgaron rebajas de pena a 112 personas privadas de libertad. Más recientemente, los gobiernos de Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino han continuado utilizando este mecanismo previsto en la Constitución.

Con los 955 beneficiados incluidos en el decreto de mayo de 2026, el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa un instrumento que históricamente ha generado debate entre quienes lo consideran una herramienta de reinserción social y quienes cuestionan que algunos condenados por delitos de alto impacto puedan acceder a una reducción anticipada de sus penas.

El inicio del Mundial de fútbol genera expectativas y desafíos en los espacios laborales de El Salvador. Especialistas en derecho laboral aconsejan el establecimiento de reglas claras en las empresas para gestionar la convivencia entre la productividad y el entusiasmo por el torneo.

Así lo plantearon los abogados Manuel Rosa y Noé Martínez, asesores de la firma BDS Asesores, durante una entrevista en el programa radial Corre Corre.

Según detallaron los expertos, la legislación salvadoreña no concede permisos automáticos para ver los partidos. El Código de Trabajo no otorga licencia especial para disfrutar del evento, pero tampoco lo prohíbe, explicó Rosa.

La flexibilidad para organizar el tiempo y los espacios depende del poder de dirección que tiene cada empleador, quien puede adaptar horarios o permitir la proyección de encuentros en áreas comunes, siempre que la productividad no se vea comprometida.

La recomendación central de BDS Asesores es que las empresas implementen un reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo.

Este documento debe contemplar normas específicas para situaciones como las que genera el Mundial, incluyendo las condiciones para que los colaboradores puedan ver los partidos y las sanciones en caso de incumplimiento. “El reglamento permite imponer sanciones cuando las reglas han sido previamente establecidas”, señaló Martínez en la emisora.

No todas las compañías están obligadas a contar con este reglamento. Rosa recordó que la normativa aplica únicamente a aquellas que emplean diez personas o más.

Las empresas más pequeñas pueden optar por políticas internas, aunque su fuerza legal es menor. Aún así, los abogados sugieren que sean lo más claras posibles y que se comuniquen por escrito para evitar malentendidos.

En contextos donde los partidos coincidan con horarios de descanso, como el almuerzo, los abogados proponen habilitar espacios controlados para el visionado, como comedores con pantallas. La recomendación es establecer reglas de convivencia para prevenir desórdenes o conflictos entre empleados con aficiones distintas. En este aspecto, Rosa subrayó: “No se trata de prohibir, sino de buscar un balance para mantener la armonía y la productividad”.

Además de la convivencia, los especialistas advirtieron sobre los riesgos asociados a la instalación de equipos audiovisuales improvisados en los centros de trabajo.

La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo exige identificar y mitigar potenciales peligros, como cables sueltos o instalaciones eléctricas deficientes, que puedan provocar accidentes laborales.

Martínez insistió en la importancia de verificar el estado de las instalaciones antes de habilitar áreas para ver los encuentros, pues cualquier incidente podría derivar en sanciones o multas para la empresa.

Uno de los ejemplos presentados en la entrevista fue el de una empresa del sector de gasolineras, que acordó permitir a sus empleados ver los partidos. La compañía implementó un sistema de registro en el área de recursos humanos, donde los trabajadores inscriben los partidos de su interés y solicitan permiso para ausentarse de sus tareas durante esos periodos. Este enfoque busca combinar la flexibilidad con el mantenimiento de la productividad, adaptando la política al giro del negocio.

La gestión del Mundial en los espacios laborales también implica atender otros aspectos, como la prevención de apuestas internas o “quinielas” no autorizadas, que pueden convertirse en un problema disciplinario. Rosa resaltó que el código laboral prohíbe las colectas y que cualquier actividad de este tipo debe estar regulada para evitar conflictos.

La tecnología y el teletrabajo añaden nuevas capas de complejidad. Los abogados recordaron que las empresas deben definir políticas claras sobre el uso de dispositivos y el acceso a plataformas de streaming durante la jornada. Un uso inadecuado de la red corporativa puede afectar la seguridad informática y la velocidad de conexión, además de representar un riesgo legal si se accede a sitios web inseguros.

Finalmente, los especialistas recomendaron documentar cualquier acuerdo de flexibilidad horaria por escrito y con firmas de ambas partes, para dejar constancia y evitar reclamos posteriores. Martínez enfatizó que, aunque la normativa vigente es anterior a la era digital, las empresas tienen la facultad de adaptar sus reglamentos para responder a las nuevas realidades laborales.

La planificación anticipada y la comunicación transparente son los ejes sugeridos por los abogados de BDS Asesores para que las empresas salvadoreñas puedan atravesar el Mundial sin afectar su funcionamiento ni el clima laboral.

El nombre de Kristy Villacorta comienza a ocupar un lugar propio en la esgrima salvadoreña.

Con trece años y una historia deportiva que inició mucho antes de pisar una pista de sable, la joven atleta fue seleccionada para representar a El Salvador en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras destacarse en los controles técnicos organizados por la Federación Salvadoreña de Esgrima.

El recorrido deportivo de Kristy destaca entre los de otras jóvenes de su generación. Su primer contacto con el deporte fue en el taekwondo, donde alcanzó el cinturón negro primer dan a los diez años.

Sin embargo, la inspiración familiar y el deseo de nuevos desafíos la llevaron a cambiar de disciplina. Su hermano, Saúl Villacorta, ya competía en esgrima y fue ese ejemplo el que la impulsó a probar el sable, disciplina en la que hoy se proyecta como una de las mayores promesas del país.

El cambio no fue fácil, pero la velocidad y la disciplina que había desarrollado en el taekwondo le dieron a Kristy una ventaja en la esgrima. Desde los nueve años, comenzó a entrenar de manera constante en la Federación Salvadoreña de Esgrima, adaptándose con rapidez a los nuevos retos técnicos y tácticos.

En poco tiempo, descubrió que cada rival exigía una estrategia distinta y que para sobresalir debía aprender a ajustar su estilo de combate. “No todas las niñas o todos los rivales tienen la misma estrategia o el mismo juego. Así que tuve que mezclar y variar estrategias para no solo hacer la misma estrategia y que me agarren el mismo juego”, explica sobre su método en la competencia.

A lo largo de cuatro años de entrenamiento, Kristy consolidó su posición entre las mejores del país en sable femenino. Cuando la Federación Salvadoreña de Esgrima anunció los controles técnicos para seleccionar a la representante nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, ella enfrentó la evaluación con paciencia y determinación.

Los entrenadores valoraron su capacidad táctica, su control emocional y la versatilidad de su juego. Kristy, que muy pronto cumplirá catorce años, fue la mejor evaluada y se ganó el cupo para asistir a la cita olímpica, que se disputará del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La noticia de su clasificación llenó a Kristy de alegría y responsabilidad. “Me siento demasiado feliz por representar a mi país en esta competencia tan importante”, afirma la joven esgrimista, quien también reconoce que siente nervios ante el reto de competir en un evento internacional de este nivel. “Aunque también me siento nerviosa porque es una competencia muy importante; así que espero llegar demasiado lejos en la competencia”, agrega.

El mayor desafío para Kristy será la lejanía de su familia durante los días de competencia. Reconoce que, a su corta edad, estar lejos de sus padres y de su entorno será complicado, pero el orgullo de llevar la bandera de El Salvador la impulsa a dar lo mejor de sí. “Estaría lejos de mi familia, sí, pero estaría orgullosa de representar mi país y me sentiría bien si llegara a quedar en un buen lugar”, reflexiona.

El apoyo familiar ha sido fundamental en su desarrollo deportivo. Kristy agradece que sus padres siempre la acompañen a los entrenamientos y le permitan viajar para competir. La familia reside en la Plazuela Ayala, en el centro de San Salvador, desde donde Kristy alterna los días de escuela con largas jornadas de práctica.

La joven atleta también envía un mensaje a otros jóvenes que buscan alcanzar sus sueños en el deporte: “Que no se cierren y que no se pongan nerviosos, que no se pongan una sola meta, pónganse varias metas”. Para Kristy, cada meta cumplida es una oportunidad para crecer y desafiarse aún más.

El Comité Olímpico de El Salvador felicitó públicamente a Kristy Villacorta por su clasificación y confió en que sabrá representar con dignidad al país durante la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La historia de Kristy es la prueba de que la disciplina, el apoyo familiar y la pasión pueden abrirle paso a un nombre propio en el deporte nacional.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan perfeccionando métodos para intentar evadir los controles de seguridad y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras. Una de las técnicas que más preocupa actualmente a las autoridades consiste en impregnar drogas en textiles, papel, cartón y otros materiales de apariencia inocua para dificultar su detección en aeropuertos, puertos y empresas de mensajería.

Precisamente, una reciente operación en Panamá permitió descubrir 16 piezas de ropa contaminadas con presunta sustancia ilícita que tenían como destino final España, evidenciando la constante evolución de las estrategias utilizadas por las redes criminales para el tráfico internacional de drogas.

La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, realizó un allanamiento en una bodega ubicada en Tocumen, donde ubicó las prendas impregnadas con la sustancia sospechosa.

De acuerdo con las autoridades, el envío había salido desde Panamá y estaba destinado al mercado español. Todo el material fue decomisado y trasladado para los análisis periciales correspondientes.

Los expertos antidrogas explican que este método consiste en disolver cocaína u otras sustancias en solventes químicos hasta convertirlas en una solución líquida. Posteriormente, la mezcla se impregna en tejidos, prendas de vestir, papel, cartones o incluso artesanías. Una vez la mercancía llega a su destino, laboratorios clandestinos utilizan procesos químicos para extraer nuevamente la droga y devolverla a su estado original para su comercialización.

La cocaína es la sustancia más utilizada en este tipo de operaciones debido a que puede mezclarse con diversos compuestos químicos sin perder sus propiedades.

También se han detectado casos internacionales en los que se utilizan heroína, metanfetaminas y drogas sintéticas. Las autoridades consideran esta modalidad especialmente compleja porque los narcotraficantes buscan ocultar la sustancia dentro de objetos que aparentemente no representan riesgo y que pueden circular por cadenas logísticas legales.

El hallazgo en Tocumen no es un hecho aislado. En los últimos meses, los organismos de seguridad han detectado un incremento en los intentos de utilizar empresas de mensajería y paquetería para movilizar drogas dentro y fuera del país.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el corregimiento de Parque Lefevre, donde unidades policiales ubicaron tres cajas sospechosas dentro de un local de envíos.

Las remesas provenían de Metetí, en la provincia de Darién. Durante la inspección realizada en presencia de la Fiscalía de Drogas fueron encontrados 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva verde. Todo el cargamento fue asegurado para los análisis correspondientes, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar su procedencia y destino final.

El uso de empresas de encomiendas se ha convertido en una de las modalidades preferidas por algunas organizaciones criminales debido a que permite fragmentar los cargamentos en envíos más pequeños, reduciendo el riesgo de pérdidas millonarias en caso de decomisos.

Sin embargo, los organismos de seguridad han reforzado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante perfiles de riesgo, inspecciones físicas y tecnología de escaneo.

Las investigaciones antidrogas también alcanzan áreas residenciales y comerciales de la capital. En una operación desarrollada en Obarrio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional aprehendieron a tres hombres investigados por delitos relacionados con drogas y pandillerismo.

Durante la diligencia realizada en un apartamento fueron ubicadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo presuntamente relacionado con la venta de drogas y otros indicios considerados relevantes para la investigación. Las autoridades informaron que dos de los detenidos mantenían antecedentes por delitos relacionados con drogas, homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Además, uno de los aprehendidos tenía órdenes pendientes de aprehensión y conducción emitidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita p

or presuntos vínculos con actividades de pandillerismo. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes.

Mientras tanto, las operaciones antidrogas también continúan en las rutas marítimas utilizadas por las redes de narcotráfico internacional. Esta semana, un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas permitió decomisar 1,096 paquetes de presunta droga en aguas del Pacífico panameño, cerca de la frontera con Costa Rica, indicó la agencia EFE.

La incautación se produjo en Punta Burica, una zona estratégica ubicada en la provincia de Chiriquí y utilizada frecuentemente por embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas procedentes de Sudamérica.

Aunque las autoridades aún no han divulgado el peso exacto del cargamento, en Panamá cada paquete decomisado suele tener un peso aproximado de un kilogramo, por lo que se trataría de más de una tonelada de sustancia ilícita.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Durante 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos. En lo que va de 2026, las incautaciones ya superan las 34 toneladas, según estadísticas oficiales.

Los recientes hallazgos muestran cómo las organizaciones criminales combinan métodos tradicionales y nuevas modalidades para intentar mantener activas sus rutas de tráfico. Desde ropa impregnada con cocaína y paquetes enviados por mensajería hasta cargamentos transportados por mar, las autoridades enfrentan un escenario en constante transformación en el que la innovación criminal obliga a reforzar permanentemente los mecanismos de detección y control.

Guatemala será sede de Abrelatam/ConDatos del 7 al 9 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala, un encuentro regional sobre datos abiertos que reunirá a más de 500 personas con la meta de impulsar el uso de información pública para fortalecer la transparencia, mejorar políticas públicas y ampliar la participación ciudadana. Según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

La conferencia llega al país con una trayectoria de 13 ediciones, 12 países anfitriones, más de 4,500 participantes de América Latina y el Caribe, 35 países representados, seis exposiciones de Datos+Arte y más de 40 donantes, de acuerdo con la información de presentación del evento.

Guatemala albergará por primera vez esta cita hemisférica sobre tecnología cívica, transparencia e innovación pública, en su decimocuarta edición.

El encuentro convocará a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, academia, periodistas, comunidades tecnológicas y organismos internacionales para intercambiar experiencias y promover una agenda de datos al servicio de la democracia y de la gestión pública basada en información verificable.

El encuentro reunirá a participantes de 35 países y pondrá el foco en democracia, clima y gasto público

El eje conceptual de la edición 2026 será “Datos en movimiento”. Según la presentación del evento, la propuesta apunta a que los datos circulen, se utilicen y generen impacto para fortalecer la democracia, mejorar las decisiones públicas, reducir desigualdades y promover el desarrollo sostenible.

La agenda temática incluye seis frentes: gobernanza de datos, inteligencia artificial e infraestructura pública digital; datos que perduran, innovación e incidencia; datos para un futuro sostenible, clima, desarrollo y resiliencia; datos para la transparencia, integridad, planificación y gasto público; datos para la democracia, participación, protección del espacio cívico y libertad de expresión; y datos para la equidad territorial, inclusión, género y diversidades.

Ese bloque responde al núcleo del anuncio: Abrelatam/ConDatos 2026 será un foro regional para discutir cómo el uso estratégico de los datos puede transformar políticas públicas y mejorar la vida de la ciudadanía, con participación de actores estatales, sociales, académicos y tecnológicos.

La designación de Guatemala como sede fue posible por el trabajo conjunto del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, Red Ciudadana, Hivos, la Organización de los Estados Americanos y la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos.

Autoridades de Guatemala vinculan la sede con transparencia y decisiones públicas

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos Zeissig dijo que ser anfitrión del encuentro “consolida a Guatemala como un referente regional en innovación, transparencia y acceso a la información” y sostuvo que “nuestro país ha cumplido los requisitos que tiene que tener una nación que desea tener este espacio de conversación”.

Menkos agregó que Guatemala “ha dado pasos importantes en materia de transparencia, de rendición de cuentas”, y planteó la necesidad de dejar instaladas condiciones para que, sin importar el gobierno futuro, la ciudadanía exija la continuidad de los datos abiertos y su uso para “contar y para comprender la realidad de nuestro país”.

La subsecretaria de SEGEPLAN Guatemala Ilieana Peña señaló que los datos funcionan como una herramienta estratégica para orientar mejor las decisiones públicas. En la presentación del evento afirmó: “Es a partir de esta información que podemos identificar dónde están las mayores brechas, qué políticas están funcionando, dónde deben concentrarse los recursos públicos y cómo anticipar riesgos que afectan a la población”.

En otra intervención durante la conferencia de prensa, Peña resumió ese enfoque con una definición sobre el papel del Estado: “Para un Estado que busca recuperar el valor de lo público, los datos son importantes, son indispensables para tomar mejores decisiones y generar resultados que mejoren la vida de las personas. Porque un Estado que entiende mejor su realidad también puede servir mejor a sus ciudadanos”.

El propio Menkos también vinculó el valor del encuentro con la capacidad de seguimiento sobre la acción pública. “Los datos son vitales, porque nos permiten mantener la comprensión de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo”, afirmó.

La organización informó que la agenda de la conferencia comenzará a construirse desde el 4 de junio a partir de iniciativas presentadas por los asistentes. Las personas interesadas en participar, registrarse o convertirse en patrocinadoras pueden consultar la información en abrelatam.org.

En Honduras, matar sigue siendo un crimen que casi nunca se castiga. Un nuevo informe de la ASJ revela que el 98 % de los homicidios permanece en la impunidad, mientras el país continúa atrapado entre la violencia, la extorsión y el aumento de ataques contra mujeres y menores, pese a los millonarios recursos invertidos por el Estado en seguridad y justicia.

Así lo revela la quinta entrega de la serie “Estado de País 2026”, sostiene que el país redujo la tasa de homicidios en los últimos años, pero mantiene debilidades en investigación y judicialización que dejan la mayoría de los casos sin sentencia.

El reporte difundido por la organización describe un escenario en el que, en 2025, Honduras registró seis homicidios diarios y el 98% de los casos quedó sin condena, mientras el Estado asignó fondos millonarios a seguridad y justicia. ASJ también alertó por la extorsión, la violencia contra las mujeres y el abuso sexual infantil.

El informe consignó una reducción en la tasa de homicidios: pasó de 85,5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26,6 en 2025. Aun así, ASJ afirmó que Honduras continúa como la nación más violenta de Centroamérica.

Homicidios e impunidad

Según el Instituto de la Justicia, el país registra en promedio seis homicidios por día. Para la organización, el dato refleja que la violencia sigue entre los principales desafíos para las autoridades.

Uno de los puntos centrales del estudio fue la impunidad en los delitos contra la vida. ASJ indicó que el 98% de los homicidios permanece sin sentencia condenatoria, el nivel más alto registrado en los últimos años.

La organización precisó que, de los 74.820 homicidios informados en los últimos 15 años, solo una porción avanzó hasta una resolución judicial efectiva.

El informe cuestionó el impacto de los recursos asignados al sistema de seguridad y justicia. Entre 2022 y 2025, el Estado hondureño destinó más de 130 mil millones de lempiras al fortalecimiento institucional del sector y recaudó cada año alrededor de 4.423 millones de lempiras mediante la Tasa de Seguridad, de acuerdo con ASJ.

“La asignación de más recursos no necesariamente se ha traducido en resultados efectivos para la ciudadanía”, advirtió el documento presentado por el Instituto de la Justicia.

Víctimas de extorsión

Otro capítulo del informe abordó el impacto de la extorsión. Es que cerca de 294.760 hogares fueron víctimas de ese delito durante 2025, con afectación a pequeños comerciantes, transportistas y familias en distintas regiones del país.

La organización también expresó preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres y señaló que Honduras mantiene indicadores elevados de violencia de género en América Latina. En 2025 se registraron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo que equivale a un caso aproximadamente cada 33 horas, según el reporte.

Además entre 2019 y 2025, se contabilizaron 2.278 femicidios, pero solo 67 obtuvieron sentencia condenatoria. Para el Instituto de la Justicia, esa relación deja una impunidad del 95,4% en los crímenes contra mujeres.

El informe también expuso la vulnerabilidad de la niñez. Con base en estadísticas recopiladas por el Instituto de la Justicia, en 2025 se presentó una denuncia por abuso sexual infantil cada siete horas en el país, un indicador que, evidencia fallas en prevención, atención y protección de niños, niñas y adolescentes.

Ante el diagnóstico, se propuso medidas para fortalecer el sistema de seguridad y justicia. Entre ellas, las operaciones de inteligencia táctica, modernizar el sistema penitenciario y promover reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

La organización también pidió priorizar políticas públicas orientadas a la prevención del delito, el fortalecimiento institucional y la protección de los sectores vulnerables.

De acuerdo con ASJ, la falta de resultados en la investigación y judicialización de delitos sigue debilitando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras.

Tras seis años de trámites y “permisología”, este martes la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso aprobó por unanimidad la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), la mayor obra portuaria en la historia de Chile que contempla una inversión público-privada de USD4.450 millones, de los cuales USD 1.950 millones son inyectados por el Estado.

De esta manera, se cierra un largo proceso que incluyó una consulta indígena y tres instancias de participación ciudadana, por lo que ahora la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) tiene luz verde para comenzar la construcción de un molo de abrigo de 4 kilómetros, amén de dos nuevos terminales portuarios, zonas de carga y almacenamiento, degradados para el ingreso de barcos y nuevas vías de acceso, obras con las que el actual puerto duplicará su capacidad de transferencia de carga.

En un punto de prensa, el gerente general de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, señaló que “la aprobación ambiental de Puerto Exterior constituye un hito muy relevante para Puerto San Antonio y para el país, pues se reconoce la solidez técnica y ambiental del proyecto, luego de un proceso exhaustivo de evaluación que se extendió por seis años”, según consignó Emol.

De acuerdo a Gajardo, las instancias de participación ciudadana sirvieron para “perfeccionar su diseño, optimizar medidas y reforzar compromisos orientados a asegurar un desarrollo portuario compatible con el entorno y, al mismo tiempo, decisivo para la competitividad del comercio exterior del país”.

4 mil puestos de trabajo

Por su parte, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, recordó que el proceso implicó “una tramitación de largos años, no exenta de dificultades que se fueron resolviendo una a una y finalmente se llega a esta aprobación unánime de todos los comisionados (...) El Servicio de Evaluación Ambiental recogió en gran parte las inquietudes que se formularon a lo largo de esta tramitación”.

Al cierre, el alcalde de la comuna de San Antonio, Omar Vera, indicó que el megapuerto “indudablemente va a provocar un desarrollo territorial, económico y social, no solo de la comuna puerto de San Antonio, sino que de la provincia y de la región”, puesto que permitirá que el país “siga siendo competitivo a nivel mundial”.

Desde la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) informaron además se crearán unos cuatro mil empleos directos durante las etapas de construcción y operaciones. El aumento de calado, en tanto, permitirá recibir en forma simultánea hasta ocho buques de 400 metros de largo, que están entre los más grandes del mundo.

Tocante a compromisos medioambientales, la empresa creará el Parque Lagunas de Llolleo a fin de proteger un humedal ubicado al norte de la desembocadura del río Maipo, hogar de una alta biodiversidad de aves acuáticas. Debido a esto, el diseño incluye barreras físicas, acústicas e iluminación controlada para no interferir con los ciclos de anidación de dichas aves.

El inicio de la temporada de lluvias en Nicaragua ha desatado preocupación entre especialistas en salud pública por el incremento de enfermedades transmitidas por vectores y la aparición de casos de miasis por gusano barrenador en humanos.

El médico nicaragüense José Antonio Delgado, exiliado y entrevistado por el medio digital La Mesa Redonda, advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de la población ante el avance de ambas amenazas sanitarias, en un contexto de escasa transparencia informativa por parte del Estado.

Según Delgado, la miasis causada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) ha dado un salto preocupante hacia los seres humanos en Nicaragua.

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) reconoció, de acuerdo con información recogida por La Mesa Redonda, la existencia de más de 271 casos confirmados a nivel nacional. Managua encabeza la lista de departamentos afectados, seguida de Masaya y Chinandega.

El mecanismo de contagio ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, rasguños o mucosas expuestas, tanto en personas como en mascotas.

Las larvas resultantes se alimentan de tejido vivo, lo que implica un riesgo mayor para adultos mayores, niños, y personas con movilidad reducida o con úlceras crónicas. Los síntomas incluyen dolor agudo, inflamación, secreciones malolientes y movimiento visible en la herida, señales que requieren atención médica inmediata.

La situación epidemiológica de Nicaragua se agrava por el repunte del dengue, que mantiene un comportamiento cíclico y agresivo. Los síntomas del dengue suelen confundirse con los de la influenza estacional y cuadros de COVID-19, lo que dificulta su identificación oportuna.

El doctor Delgado alertó sobre el peligro del subregistro debido a la falta de vigilancia oficial y exhortó a la población a evitar la automedicación, especialmente el uso de analgésicos y antiinflamatorios como la aspirina, ibuprofeno o el diclofenaco, que pueden agravar el cuadro clínico. Recomendó priorizar la hidratación con suero oral y buscar diagnóstico médico ante los primeros signos de fiebre.

Falta de datos oficiales y contexto regional

Hasta la fecha, el gobierno nicaragüense no ha publicado cifras actualizadas sobre casos de dengue ni sobre la magnitud de la miasis humana.

La información oficial disponible a nivel regional, reportada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que a la semana epidemiológica seis de este año, se registraban 250,525 casos sospechosos de dengue en las Américas, pero sin desglose específico para Nicaragua.

En cuanto al gusano barrenador, la Organización Mundial de Sanidad Animal ha confirmado la presencia de brotes en Nicaragua, junto a otros países de Centroamérica, con más de 20,000 nuevos brotes contabilizados en la región.

Sin embargo, se registra una escasez de cifras oficiales, lo cual limita la dimensión real del problema sanitario que enfrenta Nicaragua.

Prevención y respuesta ciudadana

Ante la ausencia de campañas estatales masivas y transparentes, se recomienda a la población mantener la erradicación de criaderos de zancudos en patios y jardines, lavar constantemente los recipientes de agua y cuidar cualquier herida cutánea, manteniéndola limpia, desinfectada y cubierta.

La Mesa Redonda subraya la necesidad de que cada hogar nicaragüense desarrolle su propio plan de contingencia para proteger la salud familiar en este inicio de invierno.

El concierto de Ed Sheeran complicará el tránsito este miércoles 27 de mayo en los alrededores del Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de Ciudad de Guatemala, donde el cantautor británico se presentará por primera vez en el país con su “Loop Tour”, un debut que, según información difundida por El País al anuncio del concierto y otros medios de entretenimiento convierte a Guatemala en una escala de su gira latinoamericana.

La Policía Municipal de Tránsito informó que la circulación vehicular podría verse afectada en el sector, en especial en el área de Chinautla y por la vía del bulevar La Pedrera. El mismo texto señala que la organización prevé una ocupación hotelera cercana al 90% en las zonas próximas al recinto.

La presentación está programada para este 27 de mayo de 2026 en el Estadio Cementos Progreso. Según la información compartida por medios de comunicación, el show ha sido presentado como uno de los conciertos más esperados del calendario local y como una actuación que ubica al país dentro de las grandes giras internacionales.

El evento tendrá impacto vial y una alta demanda de servicios en la zona 6

La advertencia central para los asistentes y para quienes transiten por el sector es concreta: la actividad de esta noche puede volver más lento el paso de vehículos cerca del estadio, sobre todo en los accesos vinculados con Chinautla y el bulevar La Pedrera, según la Policía Municipal de Tránsito citada en el texto fuente.

El mismo texto añade que el flujo de visitantes no se limitará al público local. También prevé la llegada de personas desde El Salvador, Honduras y el sur de México, lo que, según proyecciones atribuidas en el texto a la Cámara de Turismo de Guatemala, impulsará la actividad comercial y podría convertir la cita en uno de los principales motores de ingreso del sector durante el primer semestre del año.

Esa expectativa también alcanza a restaurantes, hoteles y transporte. El texto fuente sostiene que el evento tendrá un efecto económico y turístico visible en los alrededores del estadio y en la ciudad.

Los boletos van de Q690 (USD 90.51) a Q2,325 (304.99 USD) y serán solo digitales

La organización del espectáculo, a cargo de Asa Promotions según el texto fuente, dividió las localidades en varios segmentos. Los precios informados son estos: Amex, Q2.325 (304.99 USD); Black, Q1.858; (243.73 USD) Platea, Q1.624 (213.03 USD); Tribuna o Preferencia, Q1.040 (136.42); y General I y II, Q690 (304.99 USD).

El texto fuente indica que la preventa comenzó con una fuerte actividad en plataformas digitales. También precisa que las entradas serán exclusivamente digitales y usarán códigos QR dinámicos para impedir la duplicación o la impresión, una medida orientada a frenar la reventa y el fraude.

La llegada del artista británico fue descrita por un vocero de Asa Promotions en el texto fuente como “el cumplimiento de un sueño largamente postergado” para parte del público guatemalteco, que hasta ahora debía viajar a México o a Estados Unidos para verlo en vivo.

El show se apoya en la Loop Station, la técnica central de esta gira

Una de las claves del espectáculo, según el texto fuente, es el uso de la Loop Station. Esa técnica le permite a Sheeran construir en tiempo real bases rítmicas, armonías y líneas melódicas durante la presentación.

El texto agrega que el músico interpreta cada canción desde cero, sin bandas masivas ni pistas pregrabadas. Rolling Stone, citado en el texto fuente, describió esa propuesta de este modo: “transforma el escenario en un laboratorio creativo ante la vista de todos”.

Según el mismo texto, la elección del estadio responde a condiciones de acústica y visibilidad valoradas por promotores y artistas internacionales. También afirma que miles de seguidores guatemaltecos, identificados como Sheerios, expresaron su expectativa por la visita en redes sociales y foros digitales.

El texto fuente añade que Ed Sheeran ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y lo presenta como una de las figuras más exitosas del mercado anglosajón.

A menos de una semana de que las autoridades panameñas golpearan a la pandilla Bagdad-Santa Eduviges con la captura de siete de sus presuntos integrantes durante la Operación Combate, los organismos de seguridad sumaron un nuevo golpe contra la organización criminal.

La Policía Nacional de España capturó en Madrid a Juan Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, señalado por las autoridades panameñas como uno de los principales cabecillas de esta estructura con presencia en Panamá Este.

La captura se produjo en la Plaza de Santa Ana, en el centro de Madrid, tras una alerta internacional gestionada por la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

Las autoridades españolas localizaron y arrestaron a Valencia Escobar, quien permanecía fuera del país mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con la pandilla. Ahora, Panamá iniciará los trámites para solicitar su extradición y llevarlo ante los tribunales nacionales.

Alias “El Abogado” era uno de los objetivos prioritarios dentro de las pesquisas que desembocaron el pasado 22 de mayo en la Operación Combate, desarrollada simultáneamente en Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Durante ese operativo fueron detenidas siete personas presuntamente vinculadas a Bagdad-Santa Eduviges, entre ellas alias “Rungito”, identificado por las autoridades como otro de los supuestos líderes de la agrupación.

Las investigaciones sostienen que la estructura mantenía control e influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirige las pesquisas junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial.

La captura de Valencia Escobar se suma a otro importante antecedente registrado en España relacionado con la pandilla Bagdad. En febrero de 2023, la Policía Nacional española arrestó en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a quien identificó como el líder del denominado “Cártel de Bagdad”, considerado entonces por las autoridades como una de las organizaciones criminales panameñas más activas en el tráfico internacional de drogas y armas.

Según la investigación española, ese cabecilla había permanecido prófugo desde 2021, cuando se desarrollaron operaciones contra la organización.

Las pesquisas se iniciaron a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que alertó sobre la posible presencia del líder criminal en territorio español y sobre actividades vinculadas al ingreso de grandes cantidades de cocaína al mercado europeo.

Los investigadores españoles concluyeron que parte de las operaciones de blanqueo de capitales se realizaban mediante el contrabando de lingotes de oro procedentes de Panamá para su comercialización en España.

Además, detectaron mecanismos para transformar fondos ilícitos en criptomonedas. Como resultado de esa investigación fueron detenidas diez personas, se bloquearon 92 cuentas bancarias, se inmovilizaron 39 inmuebles valorados en más de $1.5 millones y se decomisaron vehículos vinculados a la organización.

La reiterada aparición de miembros de Bagdad en investigaciones internacionales refleja el alcance que las autoridades atribuyen a esta estructura criminal. En Panamá, los organismos de seguridad consideran que la organización opera a través de células territoriales que mantienen disputas por el control de plazas de microtráfico y otras actividades ilícitas en sectores de Panamá y Colón.

La pandilla volvió a ocupar titulares recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de Bagdad. Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Las autoridades panameñas sostienen que buena parte de los homicidios registrados en el país están asociados a disputas entre organizaciones criminales por el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al microtráfico. En las últimas semanas, varios asesinatos ocurridos a plena luz del día en avenidas de la capital han sido atribuidos a conflictos entre grupos rivales.

El presidente José Raúl Mulino ha defendido la estrategia de seguridad de su administración y ha reiterado su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

El mandatario sostiene que la ofensiva contra las pandillas continuará mediante inteligencia, allanamientos, capturas y decomisos dirigidos a debilitar las estructuras criminales.

Mientras avanzan los trámites para la extradición de alias “El Abogado”, las autoridades consideran que su captura representa uno de los golpes más importantes contra la célula Bagdad-Santa Eduviges desde el inicio de las investigaciones en marzo de 2023.

El presidente de Honduras Nasry Asfura anunció que “dentro de poco” estarán completados los consulados y embajadas del país en Estados Unidos, España y “todo el mundo” para atender a los hondureños en el exterior, en medio de una crisis de operatividad de la red diplomática marcada por demoras en nombramientos, lentitud en trámites migratorios y fallas de atención a la diáspora.

La situación afecta a miles de hondureños: hay personas varadas en centros de detención migratoria y otras en España en riesgo de perder procesos de regularización legal por la falta de cónsules y la demora en la emisión de documentos de identificación, según el texto fuente.

Asfura dijo que habrá “supervisión, mucha supervisión” sobre el trato en los consulados y sostuvo que cada embajador y cada cónsul tendrán “un compromiso directo” con él para dar respuesta a esas necesidades. También afirmó que el gobierno mejorará y tecnificará embajadas y consulados.

La red diplomática arrastra retrasos, oficinas sin titulares y reclamos de la diáspora

en entrevistas antes brindadas la canciller Mireya Agüero, afirmó que los consulados del país atraviesan una crisis estructural derivada de problemas heredados de la administración anterior, como demandas laborales, aumento de personal extranjero y deficiencias en la protección consular.

Durante su intervención en Frente a Frente de Canal 5, la funcionaria advirtió que existen cerca de400 demandas laborales y criticó la contratación de personal no hondureño en oficinas de Estados Unidos, donde ese tipo de personal creció un 34 %.Agüero también señaló retrasos en la repatriación de cuerpos de hondureños fallecidos en el extranjero, situación que se agrava tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS)para unos 50 mil connacionales.

Ese cuadro se da durante una transición gubernamental en la que la nueva administración reestructura personal, gestiona cambios de funcionarios y revisa la capacidad técnica y operativa de las delegaciones, de acuerdo con el texto fuente.

La demanda central de la diáspora es una reingeniería urgente de los consulados. El problema no se limita a la gestión interna: la lentitud en los trámites migratorios y en la expedición de documentos impacta de forma directa sobre hondureños que dependen de esas sedes para sostener procesos legales en el exterior.

Asfura vinculó además la red diplomática con una tarea económica. El presidente dijo que habló con el COHEB para que cada consulado y cada embajada funcione también como plataforma de promoción de Honduras en el exterior para atraer inversión y turismo.

El gobierno pidió usar solo canales oficiales por la congestión y las estafas

Ante la congestión en las oficinas consulares y el aumento de estafas en redes sociales, la recomendación es no entregar datos personales ni realizar pagos en páginas no oficiales, según el texto fuente.

Para tramitar citas de pasaportes, matrículas o DNI de forma segura, el texto fuente indica utilizar únicamente la Plataforma de Asuntos Consulares de Honduras y el Portal de Citas Consulares SRECI.

Para información directa sobre sedes locales, entre ellas la embajada ubicada en la Col. Escalón de San Salvador, el texto fuente señala consultar el directorio de Embassy Pages Honduras o la plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Altos mandos militares de Honduras y Guatemala se reunieron para coordinar acciones de vigilancia y control en su frontera común, en un contexto de alertas por movimientos de grupos armados y actividades ilícitas. El encuentro lo encabezaron el general Héctor Benjamín Valerio Ardón y el general José Giovani Martínez Milian, según informaron las fuerzas armadas de ambos países.

La agenda incluyó cooperación bilateral, intercambio de información y operativos coordinados para enfrentar amenazas como narcotráfico, tráfico de armas y contrabando, con foco en puntos de paso clave y en los tramos más vulnerables a cruces irregulares.

Las delegaciones coincidieron en que la zona limítrofe exige vigilancia permanente por la movilidad de estructuras criminales transnacionales que aprovechan la geografía fronteriza para desplazarse y operar.

Seguridad fronteriza

El encuentro fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el jefe del Estado Mayor de la República de Guatemala, el general de división José Giovani Martínez Milian. Según las autoridades militares, ambos revisaron estrategias de coordinación para reforzar el control territorial en la frontera compartida.

Entre los temas abordados estuvieron el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y el desplazamiento de redes criminales. Las fuerzas armadas señalaron que el trabajo conjunto forma parte de un proceso sostenido que incluye operativos combinados e intercambio de inteligencia en instancias regionales.

Valerio Ardón indicó que ambas delegaciones participaron recientemente en una conferencia especializada sobre drogas sintéticas, un fenómeno que, de acuerdo con las autoridades hondureñas, comenzó a ganar peso en la región por su relación con el delito y sus efectos en la salud pública.

“Estamos comprometidos como países para hacer frente a estos flagelos”, dijo el general hondureño, al vincular la cooperación bilateral con la necesidad de contener las amenazas en zonas fronterizas.

Estrategias conjuntas

Martínez Milian expresó su reconocimiento al trabajo conjunto con Honduras y, según la comunicación oficial, destacó los esfuerzos coordinados para sostener el control territorial y reforzar la seguridad en el área limítrofe.

El general guatemalteco señaló que durante la reunión hubo un intercambio de experiencias operativas, con énfasis en el sector de la zona de Corinto, uno de los principales puntos de paso entre ambos países, donde se reforzaron mecanismos de vigilancia y control.

También subrayó la necesidad de profundizar la interoperabilidad entre fuerzas militares en sectores donde, según Guatemala, la movilidad de grupos delictivos es un desafío constante para las autoridades.

La reunión se realizó tras reportes del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala sobre la detección de vehículos todoterreno con individuos armados que habrían ingresado desde Honduras por pasos no autorizados en la zona de Esquipulas, Chiquimula.

De acuerdo con esos reportes, Guatemala reforzó la vigilancia militar en la frontera como medida preventiva ante posibles incursiones de estructuras criminales.

En paralelo, las autoridades militares vincularon el aumento de la coordinación con hechos violentos recientes en territorio hondureño, al advertir que esos episodios pueden facilitar que grupos delictivos intenten ampliar sus operaciones hacia la franja fronteriza.

Las Fuerzas Armadas de ambos países informaron que mantendrán comunicación permanente, fortalecerán los mecanismos de inteligencia compartida y continuarán con operativos coordinados para mejorar la respuesta ante amenazas transnacionales.

Más de $730 millones sostiene el sociólogo y docente Mauricio Rodríguez, se han destinado a la modernización de la educación pública en El Salvador durante el primer año de ejecución del programa “Dos Escuelas por Día”.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se han intervenido 738 centros escolares bajo este esquema, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, la tecnología y la equidad educativa en todo el país.

La inversión asignada a las primeras 210 escuelas entregadas fue de $184 millones. Rodríguez señala que el propósito central es que las 5,162 escuelas públicas del país reciban infraestructura moderna y el mismo nivel de equipamiento, sin distinción entre zonas urbanas y rurales.

Indica que la mejora en condiciones y recursos del sistema público ha motivado la migración de estudiantes desde colegios privados pequeños hacia el sector estatal, en busca de mejores oportunidades y entornos de aprendizaje.

El proceso de transformación contempla la capacitación de los docentes. Según Rodríguez, la mayoría de maestros ha recibido formación en el uso de plataformas digitales y en la adaptación a las nuevas instalaciones escolares, aunque reconoce que existe un sector que mantiene resistencia y prefiere métodos tradicionales. El programa también incluye la implementación de normas de cortesía y la presencia de psicólogos escolares para atender a estudiantes con familiares en centros penitenciarios.

Actualmente, el 95 % de las escuelas públicas cuenta con Internet de alta velocidad Starlink y cada aula dispone de su propio router. Se han distribuido tablets y computadoras a los alumnos desde parvularia hasta bachillerato. El uso de plataformas como Google Classroom, así como herramientas como Gemini y Notebook, ha facilitado la reducción de la brecha digital y la planificación docente en todo el país.

Respecto a la innovación tecnológica, Rodríguez describe la alianza con la empresa xAI para la implementación del asistente Grok en más de 5,000 escuelas públicas, con el fin de ofrecer acompañamiento personalizado a los estudiantes. Más de un millón de alumnos serán capacitados en competencias digitales y la plataforma Platzi fue habilitada de forma gratuita para adultos interesados en formación continua, permitiendo el desarrollo de habilidades para el mercado laboral actual.

De acuerdo con Rodríguez, la transformación educativa incluye cambios tanto en la vida escolar como en el entorno comunitario. Las escuelas intervenidas, asegura, cuentan con mobiliario ergonómico, ventilación cruzada, áreas recreativas y espacios adaptados para estudiantes con diferentes condiciones. El acceso a recursos se ha extendido a centros rurales, promoviendo la participación de estudiantes en actividades académicas, tecnológicas y deportivas. Además, se cuenta con psicólogos y Docentes Auxiliares Inclusivos (DAI) para brindar acompañamiento a estudiantes con familiares en CECOT.

Otro de los puntos que destaca Rodríguez es el aumento en el número de beneficiarios de becas universitarias, que pasó de 10,000 a 25,000. Actualmente, la política educativa impulsa el ingreso a carreras técnicas y universitarias alineadas con la demanda laboral, mientras que el acceso gratuito a Platzi ofrece alternativas de formación para adultos que buscan adaptarse a los cambios del mercado de trabajo.

Las autoridades policiales informaron este martes la detención de seis individuos, cuatro de ellos menores de edad, quienes serán formalizados esta jornada acusados del brutal crimen de Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, hecho ocurrido la madrugada del sábado 23 de mayo cuando el grupo ingresó violentamente a robar a la casona de huéspedes en la que la mujer vivía y trabajaba junto a su esposo, en la comuna de Coronel (530 kms al sur de Santiago).

Según explicó el fiscal de dicha ciudad, José Ortiz, a eso de las 01:00 horas de la madrugada ”la Unidad de Flagrancia de la región del Bío Bío recibió un comunicado de un robo con homicidio, o un homicidio al menos, de una persona de la tercera edad en el sector Maule de la localidad de Coronel”.

De acuerdo al persecutor, los asaltantes iban “vestidos de negro y encapuchados, premunidos de armas blancas”, con las que atacaron al cuidador de la casona, un hombre de 73 años, marido de Isabel Contreras.

En un dinámica que aún resta por esclarecer, los sujetos también apuñalaron a la adulta mayor, quién falleció poco después producto de las múltiples heridas, mientras que el hombre permanece en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

“A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron contusiones en la mano, pero a mi mamá la atacaron con devoción porque la arrastraron por toda la casa, la mataron cruelmente”, señaló a la prensa una de las hijas del matrimonio, visiblemente afectada.

“Es algo que no se puede dimensionar, la forma en que la mataron. Lo único que queremos es justicia, justicia para mi mamá porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ellos no le hacían daño a nadie”, cerró.

Crimen por $150 mil

El director de Seguridad Municipal de Coronel, Iván Segura, detalló por su parte que la detención de los seis acusados se logró gracias a la revisión de las cámaras de seguridad, las que permitieron dar con el vehículo utilizado en el robo con homicidio.

“Se logró dar con el vehículo identificado, su trayectoria, imágenes y videos que fueron fuente relevante, que se pusieron además a disposición de la investigación”, indicó.

Cabe señalar que Isabel y su esposo trabajaban cuidando el recinto desde hacía más de 40 años, y que los asaltantes lograron un magro botín de $150 mil pesos (poco mas de USD 160). Finalmente, trascendió que al menos uno de los adultos detenidos es de nacionalidad colombiana.

La más reciente encuesta de opinión pública de la firma consultora CID Gallup, realizada a nivel nacional y presentada por su gerente general, Luis Haug, expone un panorama político devastador para las fuerzas tradicionales en El Salvador.

El estudio confirma que la oposición política del país se encuentra en su punto más crítico, mostrando una incapacidad crónica para levantar cabeza frente a la consolidación de un nuevo modelo político.

De acuerdo con los datos, compartidos por Haug en el espacio de entrevista de Frente a Frente, los partidos históricos que gobernaron el país por tres décadas han quedado reducidos a una expresión marginal en el imaginario colectivo.

Este estancamiento cobra una relevancia aún mayor debido al momento político en el que se publica: el país se encuentra a pocos meses de que se cierre el ciclo clave de elecciones internas y se realice la convocatoria oficial a los comicios generales. La cercanía del calendario electoral incrementa la presión sobre las filas opositoras, las cuales, lejos de mostrar síntomas de recuperación para competir, entran a la fase crucial del proceso democrático en una situación de extrema debilidad institucional.

El estudio estadístico, con fecha de corte al 24 de mayo, indica que la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) registran apenas un 4 % de apoyo popular cada uno.

Este empate técnico en el subsuelo electoral refleja el desgaste absoluto del tradicional bipartidismo salvadoreño, el cual ha sido desplazado de manera definitiva por la abrumadora popularidad del presidente Nayib Bukele y el fenómeno político que gira en torno a su figura.

El ocaso del bipartidismo histórico

Durante la presentación de los resultados, Luis Haug detalló que los movimientos opositores mantienen una “presencia mínima” en la mente de los ciudadanos. La caída en picada de ARENA y el FMLN no es un fenómeno temporal, sino la consolidación de una tendencia donde las estructuras partidarias del pasado han perdido toda capacidad de convocatoria.

El resto de las formaciones políticas minoritarias de oposición ni siquiera logra figurar con porcentajes significativos, quedando relegadas a una representación meramente testimonial que solo consigue algo de notoriedad efímera durante los periodos de campaña electoral gracias a candidaturas individuales.

En contraste con el desplome de la oposición, el partido oficialista, Nuevas Ideas, se mantiene a la vanguardia, aunque el estudio revela un matiz importante: solo un tercio de la ciudadanía se identifica formalmente con la bandera del partido. La gran mayoría de los simpatizantes del rumbo actual del país se definen como independientes o vinculan su lealtad de forma directa al jefe de Estado.

El desplome de la oposición al 4 % se entiende mejor al analizar el apartado de la encuesta que evalúa el impacto del liderazgo presidencial. Mientras los partidos tradicionales luchan por sobrevivir y contra el reloj electoral, el 87 % de los encuestados manifestó sentir orgullo por la figura de Nayib Bukele. Esta cifra resulta extraordinariamente alta al compararse con los registros históricos de mandatarios anteriores en El Salvador y con el resto de los líderes de la región latinoamericana, lo que ensancha aún más la brecha entre el oficialismo y una oposición estancada.

La encuesta también recopiló testimonios de salvadoreños, incluidos miembros de la diáspora que residen en el exterior, quienes justifican su alejamiento de los partidos tradicionales debido a la transformación del entorno social y de seguridad. Uno de los relatos destacados por CID Gallup corresponde a un ciudadano que, tras regresar al país después de quince años en el extranjero, describió el territorio actual como «otro lugar», sorprendido por la tranquilidad social.

Este tipo de percepciones han terminado por sepultar las críticas y propuestas de los partidos de oposición, las cuales no logran conectar con el sentir de la población en la víspera de la contienda en las urnas.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se reunió este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde aseguró que Brasil se sumará al "Escudo de las Américas“, una alianza regional contra el narcotráfico promovida por Washington, si resulta vencedor en las elecciones de octubre.

Durante una conferencia de prensa, Bolsonaro indicó que solicitó a Trump que designe “cuanto antes” como grupos terroristas a las organizaciones brasileñas PCC y Comando Vermelho. Esta iniciativa cuenta con la oposición del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que la considera una vulneración a la soberanía nacional.

El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) permaneció más de una hora y media en el complejo presidencial, aunque no especificó cuánto tiempo conversó con Trump. Ambos se fotografiaron en el Despacho Oval.

El senador destacó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño durante un año electoral. A su entender, esto demuestra el “aprecio” que Trump siente tanto por él como por Brasil.

Según Bolsonaro, la primera pregunta de Trump fue por el estado de su padre, quien mantiene una afinidad ideológica con el presidente estadounidense y fue condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.

Bolsonaro afirmó que, si obtiene la victoria electoral, "Brasil va a integrar el Escudo de las Américas“, una alianza de la que ya participan gobiernos como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, con el objetivo de conformar “una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado”.

El senador respaldó la idea de que Estados Unidos catalogue a los grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas, aunque descartó que esto habilite un posible ataque militar estadounidense en suelo brasileño y aseguró que “esto está fuera de la mesa”.

Bolsonaro también sostuvo que Brasil, por sus grandes reservas de minerales críticos que despiertan el interés de Washington, debe ser una “alternativa” al monopolio de China en ese sector.

El senador, identificado con la derecha, buscó reforzar su candidatura tras la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado bajo sospecha de estar implicado en el mayor fraude financiero de la historia del país. Este hecho ha debilitado su posición en las encuestas frente a Lula, quien aspira a la reelección.

La familia Bolsonaro comparte afinidad ideológica con Trump, quien intentó intervenir sin éxito en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro mediante la imposición de aranceles elevados a las importaciones brasileñas, medida que posteriormente revirtió tras negociaciones con el gobierno brasileño.

El viaje de Bolsonaro tuvo lugar después de que Lula se reuniera con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, encuentro que ambos calificaron de positivo.

La reducción salarial que anunció el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para él y sus ministros será un aporte voluntario a un fondo común, según explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas José Gabriel Espinoza.

“Voluntariamente vamos a retornar, vamos a devolver, el 50% de nuestro salario de tal manera que esto se pueda destinar a proyectos de salud y educación con toda la transparencia necesaria”, explicó Espinoza en un programa televisivo de Red Uno.

El jefe de Estado había manifestado el 25 de mayo en un acto cívico en Sucre: “Quiero avisarles que este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario 50%”, afirmó en un acto cívico en Sucre, la capital del país.

Aunque Paz manifestó que no se iba a “perjudicar a otras áreas ni a los profesionales”, su anuncio abrió interrogantes debido a que una ley vigente establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, lo que provocó dudas sobre la aplicación general de la reducción de sueldos en el ámbito público.

Espinoza aclaró que la medida, al ser voluntaria y hacerse sobre el salario percibido, no afecta la escala salarial del Estado. “Lo que vamos a hacer internamente es que cada ministro renuncia, a partir de una resolución ministerial y en el caso del presidente a partir de una resolución del Ministerio de la Presidencia, al 50% de su salario”, explicó Espinoza.

“Vamos a destinar esto a un fondo para temas de salud y educación”, agregó el ministro, quien considera la decisión del gabinete como una señal de austeridad. Según su cálculo, el ahorro anual será 3,7 millones de bolivianos (unos 370 mil dólares).

El sueldo del presidente de Bolivia ronda los 25.000 bolivianos, equivalente a 2.500 dólares, y es uno de los más bajos de la región. Con el descuento caerá a poco más de 1.200, lo que equivale a casi cuatro veces el salario mínimo nacional.

La decisión de Paz y sus ministros se dio en medio de una ola de conflictos sociales que exigen la renuncia del presidente. La medida de presión, que inició hace más de un mes con demandas sindicales de aumento salarial y en rechazo a una ley que permitía modificar la categorización de las tierras, derivó rápidamente en pedidos de dimisión.

La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz cortó el 6 de mayo algunas carreteras de la región andina del país y progresivamente sumó el apoyo de otros sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que masificaron las protestas y subieron la presión contra el gobierno.

Este miércoles, cuando inicia la cuarta semana de bloqueos, se registran 70 piquetes en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, cuya capital lleva varias semanas cercada y enfrenta desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos.

La administración de Paz implementó esta jornada un Consejo Económico y Social, una instancia de diálogo con carácter consultivo, que incluye a sectores sociales en la toma de decisiones públicas, como parte de la política de diálogo con la que busca resolver el conflicto.

En paralelo, el presidente promulgó la abrogación de una ley que regulaba los estados de excepción —al poner límites y establecer sanciones de incumplimiento—, pero que facultaba a la Asamblea Legislativa a rechazar, modificar o cesar la medida en cualquier momento de su vigencia.

Para el analista y consultor político Carlos Saavedra el país entró en un momento de “decisiones definitivas” y se plantean dos escenarios: el diálogo, que ve cada vez más difícil por la multiplicidad de actores y la radicalidad de los reclamos, y un estado de excepción en el que los movilizados tendrán que enfrentar las fuerzas del Estado.

“La única posibilidad es que este sea un gobierno de pactos en muchos niveles. Sin pactos no va a haber posibilidad de gobernar”, afirmó Saavedra en diálogo con Infobae.

El Gobierno de Honduras acordó en las últimas horas con transportistas de carga pesada suspender los bloqueos de carreteras y prorrogó hasta el 6 de octubre de 2026 la aplicación obligatoria del reglamento de etiquetado del cemento hidráulico.

El pacto se firmó con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Trabajo, tras protestas concentradas en la zona sur del país.

El entendimiento quedó plasmado en un acta de compromiso suscripta por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), la Secretaría de Trabajo y dirigentes del transporte, luego de varios días de tensión y amenazas de nuevas paralizaciones en distintos puntos del país.

La SDE explicó que la extensión del plazo busca evitar problemas de abastecimiento y dar tiempo a las empresas para adecuar su operación a las nuevas exigencias del Reglamento Técnico Hondureño, publicado el 6 de mayo en el diario oficial La Gaceta.

Prórroga acordada

Como resultado central de la negociación, el Ejecutivo fijó en el 6 de octubre de 2026 la nueva fecha para que el etiquetado del cemento hidráulico sea de aplicación obligatoria, según el acta firmada entre el Gobierno y los transportistas.

De acuerdo con las autoridades, la prórroga permitirá que las compañías agoten inventarios, ajusten procesos de producción y reordenen importaciones sin generar faltantes en el mercado nacional, en un insumo de alta demanda para la construcción.

El acuerdo incluye la suspensión de las tomas de carreteras y de cualquier medida de presión que limite la circulación vehicular. El Gobierno señaló en el acta que el objetivo es restablecer la normalidad del tránsito y reducir el impacto económico derivado de los cierres registrados en los últimos días.

Las protestas generaron congestionamientos en la carretera hacia el sur del país y afectaron el traslado de mercancías, el turismo, la movilidad y actividades comerciales. Sectores empresariales y usuarios reportaron pérdidas por la interrupción del tránsito, según registros difundidos durante la crisis.

Sin represalias

Otro punto del documento establece que no habrá represalias contra los transportistas que participaron en las manifestaciones vinculadas a este conflicto, según lo consignado en el acta de compromiso.

Durante la firma, la Secretaría de Trabajo atribuyó el resultado al diálogo entre las partes. En esa línea, el ministro Fernando Puerto afirmó: “El país necesita acuerdos” que garanticen la libre circulación y protejan la economía nacional.

Los dirigentes del transporte pesado advirtieron que persisten reclamos, entre ellos la revisión de la tarifa por kilómetro, que consideran clave para la sostenibilidad del sector.

Para continuar la discusión, las partes acordaron instalar una mesa técnica el 2 de junio, con participación de representantes del Gobierno, del transporte y de la industria cementera, según el cronograma incorporado en el acuerdo. El acta entró en vigencia de manera inmediata y regirá durante el período de adecuación establecido.

Sectores empresariales y de la construcción reaccionaron con alivio al anuncio del acuerdo, señalando que una paralización prolongada habría generado retrasos en proyectos de infraestructura, incremento en costos operativos y posibles problemas de abastecimiento de materiales a nivel nacional. No obstante los acuerdos serán revisados para su cumplimiento.

En prisión preventiva quedó este martes el extrabajador que planificó el golpe que afectó a una sucursal de la empresa de transportes de valores Prosegur, hecho ocurrido el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Concepción (500 kms al sur de Santiago), en el que los asaltantes se llevaron un botín de $1.200 millones de pesos, a saber, alrededor de USD 1.340.000.

De acuerdo al fiscal regional Jorge Lorca, se trató de un “trabajo desde adentro”, pues el grupo “contaba con uno de los empleados de la misma empresa, quien facilitó todos los medios y que fue quien sustrajo finalmente el dinero“.

“Él era el encargado de custodiar esas remesas; por lo tanto, tiene una agravante especial a su respecto, ya que distrajo a sus compañeros de trabajo y logra, desde la misma empresa, retirar los 1.200 millones de pesos”, detalló, según consigna BioBíoChile.

El exempleado aprovechó que solo había un guardia en el recinto para subir al segundo piso y arrojar desde allí las bolsas con dinero a sus cómplices, quienes lo esperaban afuera montados en una camioneta con encargo por robo que luego apareció totalmente calcinada. En su huída arrojaron miguelitos, evidenciando un alto nivel de preparación.

Así las cosas, quien aparece como el cerebro del plan fue detenido tras estar casi seis meses prófugo y formalizado por hurto agravado y otros delitos, mientras que la policía va ahora por sus tres cómplices y el botín.

¿Hurto agravado?

Sin embargo, el hecho mas curioso es que al no haber existido intimidación con armas de fuego ni violencia física contra personal de la empresa afectada, el robo se inscribe dentro de la figura legal de un hurto agravado o simple, de acuerdo a la dinámica de los hechos detallada poco después del hecho por el general de Carabineros, Renzo Micono, jefe de la Zona Policial en el Biobío.

“Carabineros llegó muy rápido y se encontró con algunos pinchazos de los vehículos, porque habían arrojado ‘miguelitos’, y el personal pensó de que se trataría de algún robo con intimidación, pero se percataron que no era así“, explicó.

De acuerdo al uniformado, “no hubo ninguna intimidación, ni armamento, ni personas en el lugar. Solamente había un guardia en ese minuto, que le señaló a personal de Carabineros que observó por cámaras el hurto de determinado dinero por parte de una persona que trabajaba en Prosegur y estaría asociado a otras personas que estaban en el exterior, que le habría lanzado estos dineros para que fueran sustraídos del lugar".

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la abrogación de una ley que regulaba los estados de excepción en su país. Tras la aprobación en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, el mandatario firmó la anulación de la Ley 1341 cuando inicia la cuarta semana de bloqueos de carreteras en el país.

La ley 1732, que ya está en vigencia al estar publicada en la Gaceta Oficial, consta de un artículo único en el que se establece la abrogación de la 1341, que había sido promulgada por la exsenadora Eva Copa el 23 de julio de 2020, al calor de las protestas sociales que exigían la realización de las elecciones durante el mandato interino de Jeanine Añez.

La norma regulaba los estados de excepción: ponía un límite de 60 días, prohibía la declaratoria de otro sin autorización legislativa, establecía que las sanciones al incumplimiento de la medida solo podían ser multas equivalentes al 10% del salario mínimo y anulaba las disposiciones que exoneren de responsabilidad a servidores públicos en la ejecución del estado de excepción.

Por otro lado, la ley del año 2020 facultaba a la Asamblea Legislativa para modificar, rechazar o dar por finalizada la medida en cualquier momento de su vigencia, disposiciones que, entre otras, fueron consideradas inconstitucionales y restrictivas en las atribuciones del presidente.

“Es una ley que ponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de lograr pacificar el país y el entendimiento entre los bolivianos”, justificó el presidente del Senado, Diego Ávila, un aliado de larga data del presidente Paz.

La Constitución Política del Estado establece que la declaratoria de un estado de excepción es atribución exclusiva del Gobierno y fija algunos lineamientos básicos como la prohibición de suspender derechos fundamentales o dictar más de una medida en el mismo año.

Sin embargo, también señala que requiere una ley que regule los estados de excepción y que “la vigencia” de su declaración “dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa” en un plazo de 72 horas.

“La Asamblea (tendría que) analizar dentro de las 72 horas y ratificar o dejar sin efecto su vigencia, eso está en la Constitución”, explicó el abogado constitucionalista José Luis Santistevan en entrevista con Infobae.

En ese sentido, según Santistevan, la Asamblea debe dictar en los próximos días una ley que regule “pero en sintonía con el texto constitucional y no destruya el estado de excepción”.

“Necesita una ley pero no lo coarta al presidente de ejercer su atribución”, afirmó y remarcó: “él lo dicta y él lo deja sin efecto”. En esa línea, el senador Ávila también defendió su eventual implementación: “la facultad la tiene con o sin la ley”.

La abrogación de la ley que regulaba el estado de excepción se da en un momento de alta conflictividad en el país. Este miércoles inicia la cuarta semana de bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente, luego de más de un mes de protestas sectoriales.

La medida de presión se realiza desde varios frentes, entre ellos campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, y se ha extendido a seis de los nueve departamentos del país. Según los manifestantes y algunos analistas, el reclamo de fondo es la falta de inclusión de campesinos indígenas y la clase trabajadora en el Gobierno.

El Gobierno ha convocado a espacios de diálogo a sectores que tienen demandas específicas, pero ha descartado negociaciones con quienes piden la renuncia del primer mandatario. En un intento por incluir a los sectores sociales en la toma de decisiones, la administración de Paz ha creado el Consejo Económico y Social que tendrá carácter consultivo y fue convocado por primera vez este miércoles.

Luego de tres semanas de bloqueos que tienen cercada la sede de Gobierno, donde hay desabastecimiento de alimentos y combustible, y en las que se han producido algunos episodios de violencia, los reclamos por poner fin al conflicto y restablecer el orden son crecientes.

“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas, un escenario es insistir con el diálogo, pero lo veo cada vez más desgastado”, explicó a Infobae el analista y consultor político Carlos Saavedra. “Siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”, agregó.

Para Saavedra, lo que pase en las próximas horas y días será decisivo no solo para mitigar el conflicto sino también para sentar las bases de la gobernabilidad. “La única posibilidad es que este sea un gobierno de pactos en muchos niveles. Sin pactos no va a haber posibilidad de gobernar

El Ministerio de Ambiente mantiene abierto el proceso de consulta pública para la propuesta de creación de la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua, una iniciativa que busca establecer oficialmente los límites y la categoría de manejo de una de las zonas más importantes para la producción de agua en la provincia de Los Santos.

La propuesta forma parte de un proceso técnico que incluye la ampliación y actualización de la protección ambiental de este macizo montañoso ubicado entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

La iniciativa surge en un contexto marcado por crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua en la región de Azuero. De acuerdo con los documentos técnicos elaborados por MiAmbiente, el Cerro Canajagua constituye una de las principales áreas de recarga hídrica del sur de la península y alberga las nacientes de varios ríos fundamentales para el abastecimiento humano, la actividad agropecuaria y el desarrollo económico de la región.

El Cerro Canajagua alcanza una altitud aproximada de 830 metros sobre el nivel del mar y es considerado la principal reserva hídrica de la provincia de Los Santos.

Desde sus laderas nacen importantes ríos como el Guararé, Oria, Estivaná, Perales, Cacao, Sario, Monagrillo, Valle Rico y Quema, cuyas aguas sostienen buena parte de la producción agrícola y ganadera de la provincia.

La propuesta establece que el área protegida adopte formalmente la categoría de Reserva Hidrológica, una figura que reconoce el valor estratégico de la zona como área de recarga, regulación y provisión de agua.

Según el borrador de resolución, la reserva abarcaría una superficie de 23.58 kilómetros cuadrados, equivalentes a más de 2,357 hectáreas distribuidas entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

Uno de los principales objetivos de la consulta pública es informar a residentes, propietarios de tierras y autoridades locales sobre los alcances de la propuesta, recoger observaciones y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.

MiAmbiente sostiene que la medida permitirá fortalecer la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y los remanentes boscosos que todavía sobreviven en el macizo montañoso.

Las jornadas de consulta realizadas hasta el momento incluyeron encuentros comunitarios el 18 de abril en El Macano, el 23 de abril en Bayano y el 29 de abril en Espino Amarillo. Además, se efectuaron visitas puerta a puerta en comunidades como Mogollón y otros sectores cercanos. Según los informes oficiales, cerca de 60 personas participaron en estas actividades y expresaron una respuesta favorable a la iniciativa de conservación.

Detrás de la propuesta existe también una preocupación creciente por el deterioro ambiental de la zona. Los estudios técnicos señalan que la deforestación para la creación de potreros, la pérdida de cobertura vegetal y el avance de actividades agropecuarias han comenzado a afectar las cuencas altas de varios ríos.

Como consecuencia, algunos mantos acuíferos muestran señales de agotamiento y una menor capacidad para alimentar los cauces durante la temporada seca.

Los documentos advierten además sobre el impacto del denominado Arco Seco, una de las regiones más vulnerables del país frente a la sequía y al cambio climático. La pérdida de bosques ha contribuido al deterioro de los suelos, incrementando los procesos de erosión y compactación. A esto se suman los cambios en los patrones de lluvia que afectan la capacidad natural de recarga de los acuíferos.

Otro factor que ha elevado la preocupación de las autoridades es la crisis de contaminación registrada en la cuenca del río La Villa desde 2025. La resolución propuesta menciona que estos eventos evidenciaron la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar tanto la calidad como la disponibilidad del agua proveniente de las montañas de Canajagua.

De aprobarse la nueva categoría de manejo, quedarían prohibidas actividades como la tala de bosques, la expansión de la frontera agropecuaria, la introducción de especies exóticas, la explotación minera y cualquier proyecto que altere el régimen hidrológico de los ríos y quebradas de la zona. También se reforzaría la protección de los bosques de galería y de las áreas de recarga hídrica consideradas esenciales para mantener los caudales de los ríos.

Los estudios elaborados por MiAmbiente destacan que Canajagua alberga además uno de los últimos remanentes de bosque premontano que sobreviven en la península de Azuero. En el área se han identificado especies de aves, mamíferos y árboles de alto valor ecológico, lo que convierte a la montaña en un refugio clave para la biodiversidad regional.

La consulta pública forma parte del proceso previo a la aprobación definitiva de la resolución que establecería la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua. Para las autoridades ambientales, la iniciativa representa una de las acciones más importantes para asegurar la protección del agua en el sur de Azuero frente a las presiones del cambio climático, la deforestación y el crecimiento de las actividades humanas en la región.

La Diaco realizó 1.473 monitoreos en gasolineras de Guatemala entre el 28 de abril y el 22 de mayo de 2026 para verificar que el subsidio temporal a los combustibles se aplique al consumidor final en el precio de venta y quede reflejado en la factura, una fiscalización que continuará durante tres meses o hasta que se agoten los Q2 mil millones asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas.

La verificación coincide con una nueva tabla de precios de referencia difundida por el Ministerio de Energía y Minas para la semana del 26 de mayo al 1 de junio.

Según el MEM, en la Ciudad de Guatemala el galón de gasolina superior quedó en referencia en 37,35 quetzales, la regular en 36,35 quetzales y el diésel en 33,26 quetzales.

De acuerdo con la Diaco, los controles buscan confirmar la “aplicación de precios de referencia” y sostener la “protección de la economía familiar”. En sus redes oficiales, la entidad informó que “se han efectuado mil 473 monitoreos en distintos puntos del país, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la protección de la economía familiar”.

El apoyo temporal que se revisa en esos operativos es de ocho quetzales por galón de diésel y de cinco quetzales por galón para las gasolinas regular y súper. El beneficio, según el texto oficial, se traslada de forma directa al consumidor en el momento de la compra y debe aparecer en la factura correspondiente.

Los operativos revisan precio de referencia y factura del consumidor

Durante las primeras semanas de vigilancia, autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Diaco encabezaron operativos conjuntos en estaciones de servicio. Según la Diaco, “en la supervisión verificamos los precios basados en los precios de referencia, según lo indica el Ministerio de Energía y Minas”.

El procedimiento descrito por la entidad tiene dos pasos. Primero, el personal de ambas instituciones comprueba que los precios de las gasolineras coincidan con los valores de referencia; después, revisa la factura del consumidor para constatar que el apoyo temporal haya sido aplicado.

La Diaco también pidió a la población denunciar anomalías en precios de combustibles y en la aplicación del subsidio. Las quejas pueden presentarse en la página web diaco.gob.gt, mediante el call center 1544 o a través de la aplicación Alerta Combustibles, donde la denuncia puede ser anónima.

Ese párrafo responde al punto central del operativo: las autoridades revisan si la estación cobra conforme al precio de referencia del MEM y si el descuento del subsidio aparece efectivamente en el comprobante de compra del usuario.

El MEM fijó precios de referencia para la semana del 26 de mayo al 1 de junio

Según el MEM, los precios de referencia vigentes para esa semana se emitieron en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 189-2026, que establece el mecanismo de cálculo. El ministerio indicó que esos valores incluyen un rango de referencia para la variación de precios al consumidor final, parámetros técnicos para supervisar el mercado e identificar desviaciones no justificadas.

En la Ciudad de Guatemala, de acuerdo con el MEM, la gasolina superior tuvo un precio de referencia de 37,35 quetzales por galón, la regular de 36,35 quetzales y el diésel de 33,26 quetzales. En Quetzaltenango, la superior se ubicó en 37,60 quetzales, la regular en 36,60 quetzales y el diésel en 33,51 quetzales por galón.

En Cobán, Alta Verapaz, el ministerio fijó la gasolina superior en 37,87 quetzales por galón, la regular en 36,87 quetzales y el diésel en 33,78 quetzales. Según el MEM, para la gasolina V-Power y la gasolina superior existe una diferencia de 0,50 quetzales por galón, mientras que entre el diésel y el diésel ultrabajo en azufre la diferencia es de 1,00 quetzal por galón.

El MEM también señaló que entre el autoservicio y el servicio completo se establece una diferencia de 1,00 quetzal por galón.

La Sala de Casación Penal de Costa Rica dejó firme el martes la condena contra Fabio Ríos Garro por el asesinato de su pareja, Fernanda Sánchez Aguilar, y de su hija, Raisha Ríos Sánchez. El tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de 76 años de prisión, informó el Ministerio Público, de acuerdo a una nota publicada por la agencia EFE.

La decisión cerró la última vía de impugnación presentada por el condenado. La fiscalía sostuvo que no hubo irregularidades en la valoración de la prueba ni violaciones al debido proceso, e indicó que la sentencia, dictada en febrero de 2025, ya no admite revisión por esa vía.

El caso corresponde a un doble femicidio ocurrido en San Pablo de León Cortés, en la provincia de San José, y fue investigado por el Ministerio Público, que comunicó el fallo tras la resolución del máximo órgano penal en materia de casación.

El doble femicidio y el fallo de la Sala de Casación Penal

El crimen ocurrió el 30 de julio de 2020, según la reconstrucción presentada en el juicio. La acusación describió un episodio de violencia intrafamiliar que terminó con el asesinato de Fernanda Sánchez Aguilar y de la niña Raisha Ríos Sánchez.

De acuerdo con el Ministerio Público, después de los homicidios Ríos Garro incendió la vivienda familiar e intentó desviar la investigación mediante una denuncia falsa. La defensa pidió revertir la condena con planteos sobre presuntas fallas probatorias y garantías procesales, pero el tribunal rechazó todos los argumentos.

La fiscal Karen Valverde atribuyó la ratificación del fallo al trabajo técnico y jurídico de los equipos que intervinieron en el caso. “Acceso a la justicia”, sostuvo, al referirse al impacto de la decisión para víctimas de violencia.

Femicidios en Costa Rica: cifras oficiales y marco legal

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial contabiliza 557 femicidios desde 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Según esos registros, los picos se dieron en 2011, con 42 casos, y en 2024, con 44.

La normativa establece penas de 20 a 35 años de prisión para el femicidio, de acuerdo con la legislación vigente citada por el Poder Judicial. En el expediente de Ríos Garro, la condena total llegó a 76 años de cárcel por el doble crimen juzgado.

Los datos oficiales indican que en 2025 se registraron 36 casos y que en lo que va de 2026 suman 10, según el observatorio judicial. El Ministerio Público enmarcó la resolución de la Sala de Casación Penal como parte de la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Según medios locales 2024 marcó un récord con 44 femicidios y 2025 cerró con 36, lo que ubica a 2026 dentro de una tendencia que no se ha revertido.

La pregunta central es qué está ocurriendo en el país: Costa Rica acumula asesinatos de mujeres por razones de género en un ritmo que, según los registros del Poder Judicial citados por crhoy.com, llevó la cuenta a 10 casos antes de completar el primer cuatrimestre del año.

Desde las primeras horas de la mañana de este día 27 de mayo, el cruce fronterizo que conecta a El Salvador con Honduras se convirtió en el escenario de un constante vaivén de autobuses y familias.

El motivo del despliegue no era un control migratorio de rutina, sino una jornada comunitaria que buscaba saldar una deuda histórica con una de las poblaciones más vulnerables de la región: los estudiantes de doble nacionalidad que habitan en las zonas limítrofes, conocidas popularmente como los exbolsones.

En total, más de 600 niños y niñas residentes en el distrito de Victoria, en Cabañas Este, recibieron paquetes escolares completos. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien se trasladó hasta el punto fronterizo para coordinar la entrega de unos insumos que, para muchas de estas familias, representan la diferencia entre la continuidad o el abandono escolar.

Según explicaron las autoridades del Ministerio de Educación (MINED), esta distribución responde a una directriz del presidente Nayib Bukele, orientada a descentralizar los recursos estatales y garantizar que los beneficios del sistema público alcancen a los estudiantes salvadoreños, independientemente de que su hogar se encuentre fuera de las fronteras geopolíticas del país.

Para facilitar la logística, el Gobierno salvadoreño dispuso de un operativo que permitió el ingreso ordenado de los estudiantes y sus acompañantes a bordo de unidades de transporte hondureñas. El objetivo era evitar las habituales complicaciones de los trámites aduaneros y agilizar la entrega en un ambiente seguro para los menores.

Cada uno de los kits distribuidos incluye:

• Uniformes a medida
• Calzado
• Cuadernos
• Útiles básicos
• Libros de texto
• Materiales didácticos como lapiceros y plumones
• Un dispositivo electrónico para apoyar el aprendizaje digital.

“Esta inversión representa un alivio sustancial para las familias y asegura que cada niño cuente con las herramientas necesarias para su formación”, afirmó la ministra Trigueros. La funcionaria insistió en que el verdadero impacto de la medida no radica únicamente en el valor material de los objetos entregados, sino en su capacidad para actuar como un incentivo real que fomente la permanencia de los alumnos en las aulas y reduzca la deserción en comunidades históricamente marginadas.

Los exbolsones abarcan territorios que quedaron definidos tras los fallos limítrofes internacionales entre El Salvador y Honduras. Desde entonces, sus habitantes gozan de derechos de doble nacionalidad merced a los acuerdos binacionales vigentes.

Sin embargo, la distancia geográfica y el aislamiento administrativo han provocado que estas comunidades arrastren carencias estructurales severas. Con esta estrategia, el Ejecutivo busca mitigar el impacto de esa vulnerabilidad socioeconómica mediante un programa nacional que prioriza la equidad en el acceso a la educación pública.

Entrega previa en Nahuaterique benefició a más de 1,000 estudiantes

La jornada vivida en el distrito de Victoria no es un hecho aislado en el calendario escolar de este año. Forma parte de un despliegue fronterizo más amplio que inauguró su campaña de distribución de insumos el pasado 22 de mayo en la zona de Nahuaterique. En esa oportunidad, el MINED benefició a más de 1,000 estudiantes bajo un esquema de cooperación similar.

Aquella primera entrega requirió de una estrecha coordinación previa con las alcaldías locales y diversas organizaciones comunitarias de la zona, lo que facilitó el traslado seguro de cientos de familias hacia los puntos de recepción.

En ambas jornadas, la entrega de tecnología y materiales busca equiparar las condiciones de aprendizaje de estos alumnos con las de quienes asisten a escuelas en las áreas urbanas, intentando cerrar una brecha digital y pedagógica que suele acentuarse en las periferias del país. Las autoridades confirmaron que el calendario de entregas continuará en otros puntos de la línea fronteriza hasta cubrir el total de los estudiantes matriculados.

En una rápida intervención, funcionarios de la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la detención en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad salvadoreña.

Al extranjero se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una joven hondureña de 21 años, en un hecho ocurrido en la zona occidental del país.

Según el informe de los cuerpos policiales y las declaraciones brindadas por el vocero de la institución, el incidente se registró aproximadamente a las 10:00 de la noche.

La víctima se encontraba en el desvío del municipio de Dulce Nombre con la intención de trasladarse hacia Santa Rosa de Copán. Al encontrarse en la carretera, la joven solicitó un “jalón” o “ride” al conductor de un vehículo de carga pesada que transitaba por la zona.

El reporte preliminar detalla que, tras abordar la pesada unidad, el conductor avanzó un par de metros y posteriormente estacionó el automotor a la orilla de la carretera. En ese momento, el sospechoso presuntamente comenzó a realizar actos indebidos. Acto seguido, habría sacado un arma blanca para amordazar, amenazar y someter a la víctima, obligándola a sostener relaciones sexuales contra su voluntad.

Una vez cometido el abuso, el agresor trasladó a la joven hasta la terminal de buses de Santa Rosa de Copán, donde la abandonó. Agentes policiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona detectaron la situación y atendieron a la víctima de manera inmediata.

Tras brindarle el resguardo necesario, la trasladaron a las oficinas de la DPI, donde un equipo especializado le ofreció acompañamiento psicológico y asesoramiento legal para formalizar la denuncia correspondiente a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Con la información recabada, los equipos de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N°4 (UDIC-4) desplegaron labores de seguimiento y vigilancia. El sospechoso fue localizado y requerido frente a una gasolinera en el barrio Miraflores de la misma ciudad. Al momento del arresto, las autoridades decomisaron un vehículo tipo cabezal, color amarillo, cargado con harina, el cual procedía de San Pedro Sula y tenía como destino El Salvador.

Declaraciones de los involucrados

Al ser interrogado por medios locales, el detenido, un hombre de 48 años originario de El Salvador y residente en la colonia San Gabriel, negó las acusaciones argumentando su inocencia:

“Yo la dejé allí en la terminal y yo me parqueé más adelante. Si hubiera hecho algo malo, ¿cree que me hubiera quedado ahí?”, manifestó el conductor, confirmando que sí trasladó a la joven tras su petición.

Por su parte, el vocero policial enfatizó que el caso ya se encuentra en manos del Poder Judicial, órgano encargado de evaluar las pruebas. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre los motivos por los cuales la joven se encontraba en la carretera a altas horas de la noche.

De ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el ciudadano salvadoreño enfrentará severas sanciones penales. De acuerdo con el Código Penal vigente en Honduras, el delito de violación simple establece una pena abstracta que oscila entre los 9 y 12 años de prisión.

No obstante, la condena podría incrementarse si el Ministerio Público logra acreditar agravantes específicas durante el proceso. En este caso particular, el uso de un arma blanca para amordazar e intimidar a la víctima, así como la ejecución del acto en un lugar solitario y durante la noche (aprovechándose de la vulnerabilidad de la joven), facultan al juez para aplicar la pena en su tramo máximo, la cual podría alcanzar hasta los 15 años de reclusión.

Sucios, descoloridos, llenos de maleza, sitios furtivos para las relaciones sexuales, con sus estructuras abandonadas por la falta de gestión institucional, los cementerios de la ciudad de Panamá facilitan el vandalismo y la profanación de las tumbas.

Los ocho camposantos municipales del área metropolitana son percibidos como lugares peligrosos, carentes de valor, lo que favorece su deterioro, afirma una tesis de maestría del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.

El robo de materiales, como lápidas, cruces, figuras religiosas de cerámica, entre otros, así como la utilización de restos óseos para prácticas de rituales de santería, se combinan con la ausencia del control institucional, demuestra el estudio al analizar los factores criminológicos.

Esto, apunta el análisis, evidencia la existencia de una necro cultura, que no es más que un sistema de creencias, valores y prácticas sociales que celebran la muerte, la violencia y el sufrimiento en lugar de la vida y el bienestar humano.

“Profanaciones, vandalismo y violencia post mortem: un análisis crimino-antropológico de la percepción y manejo de cementerios en estado de abandono de la región metropolitana de Panamá”, se titula el trabajo realizado por José Prieto Núñez.

Núñez sostiene que en el país los cementerios no solo son escenarios de la disposición final de los cuerpos, sino también espacios sociales donde convergen dinámicas culturales, simbólicas y delictivas.

En todo el país más de 630 cementerios están saturados o colapsados, comentó en su momento Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, apuntando que necesitan acciones urgentes y de políticas públicas tendientes a mejorar esta situación.

El objetivo del estudio de Núñez fue analizar desde una perspectiva crimino-antropológico, la profanación, el vandalismo y la violencia post morten en los cementerios abandonados.

Adujo que esto es para comprender la percepción social y el manejo de estos espacios y sus implicaciones.

Al abordar el tema del manejo institucional y comunitario, la tesis de maestría demuestra una falta de coordinación, recursos y políticas públicas efectivas para la protección de los cementerios.

Los cementerios en el país ofrecen servicios funerarios completos, incluyendo inhumación, cremación, osarios, bóvedas de concreto y espacios personalizados para familias.

En Panamá hay un cementerio de la etnia china que data de1882, conocido como el Wah On Kon Ce, ubicado entre los barrios de Santa Ana y El Chorrillo, en la ciudad capital, que tampoco escapa a la grave situación que presentan.

También está el Cementerio de Beneficencia Israelita, el camposanto de los franceses y uno de propiedad de los estadounidenses.

Los cementerios en Panamá son más que lugares de descanso, de acuerdo con la Funeraria Cremaciones La Gloria Divina.

Agrega que cuentan historias del país, como es el caso del parque de El Caño, en la provincia de Coclé, donde se encuentran tumbas desde el año 750 d.C.

Las excavaciones arqueológicas en ese lugar ayudan a comprender cómo vivían los antepasados de los panameños.

La publicación de la funeraria señala que especial atención merece la tumba Nº 9, que revela la importancia social de su ocupante, que estaba rodeado por objetos valiosos.

Detalla la funeraria que la tumba contenía ofrendas como pectorales y cinturones de cuentas de oro, muestra de la riqueza y el estatus del enterrado.

En el país el día en que los cementerios brillan de limpieza, dentro y fuera, es el 2 de noviembre, cuando los panameños honran a sus difuntos, y acuden en masa a visitar las tumbas, a llevarles flores, a derramar unas lágrimas por su recuerdo.

El resto del año, “¡Dios mío, que solos se quedan los muertos!”, como dijera el poeta Gustavo Adolfo Bécquer en su Rima LXXIII.

Guatemala administra 25 centros penitenciarios y mantiene bajo custodia a 23.837 personas privadas de libertad, en un sistema con 340% de sobrecapacidad que el Gobierno intenta reordenar con requisas, traslados y digitalización de expedientes, según información oficial entregada por la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala en respuesta a una consulta de Infobae Centroamérica.

En ese total de población reclusa, según datos oficiales compartidos al concluir el censo de la población reclusa en febrero recién pasado registra a 2,545 pandilleros terroristas activos del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda reconoció, además, durante un conversatorio previo a la edición 2026 del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo organizado por Fundesa el 22 de abril, que la red penitenciaria arrastra décadas de abandono en infraestructura.

La distribución oficial del sistema contempla 16 centros de detención preventiva, seis de cumplimiento de condena y tres instalaciones mixtas, según la respuesta oficial citada por Infobae Centroamérica.

Ese mismo documento advierte que, por una “deficiencia histórica en infraestructura”, en la práctica todos los recintos alojan tanto a personas en prisión preventiva como a condenados.

El Sistema Penitenciario no divulga, por razones de seguridad, la sectorización interna, la cantidad de módulos ni el número de requisas ejecutadas en cada recinto, según la respuesta oficial. Esa reserva convive con una estrategia de intervenciones focalizadas que las autoridades presentan como parte de un proceso de control gradual.

El departamento de Guatemala concentra la mayor parte de los recintos

La mayor concentración de cárceles se ubica en el departamento de Guatemala, según la información oficial remitida.

Allí funcionan cuatro de los 16 centros preventivos: el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Zona 18, el centro de delitos menores y faltas para hombres de la misma zona conocido como Anexo “B”, el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional” de Pavoncito en Fraijanes y el Centro de Detención Preventiva para Mujeres “Santa Teresa”, también en Zona 18.

A esos recintos se suma Mariscal Zavala, en Zona 17, de acuerdo con la misma fuente. Los demás centros preventivos están distribuidos en Chimaltenango, Mazatenango en Suchitepéquez, Cobán en Alta Verapaz, Santa Elena en Petén, Los Jocotes en Zacapa, El Boquerón en Santa Rosa, Santa Cruz del Quiché, Cantel en Quetzaltenango, Malacatán en San Marcos, Salamá en Baja Verapaz y Coatepeque.

Los seis centros de cumplimiento de condena son Fraijanes I para mujeres, la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón en Fraijanes, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá en Escuintla, la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango, el Centro de Orientación Femenino en Fraijanes y el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios en Izabal, según la respuesta oficial.

Las tres instalaciones mixtas son el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II y el Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la Zona 1, conocido como Matamoros, de acuerdo con la misma información.

El Gobierno digitaliza expedientes y refuerza el control interno

El sistema GP360 integra el perfil médico, legal y de seguridad de cada recluso, con expedientes digitalizados y registro biométrico completo, validación que se realiza mediante lectura de huellas dactilares y cotejo con el Registro Nacional de Personas.

De acuerdo con información publicada en medios de comunicación locales, la plataforma prevé vincular ese censo digital con los registros de visitas para reforzar los controles de ingreso.

También permitirá registrar traslados con fecha y hora de salida y entrada, identificar a los guardias responsables, detectar suplantaciones y facilitar la coordinación interinstitucional, según explicó el funcionario.

La puesta en marcha del sistema responde a instrucciones de Marco Antonio Villeda y forma parte del proceso de modernización institucional del Ministerio de Gobernación. En paralelo, el Sistema Penitenciario destina 56 millones de quetzales para modernizar y reforzar ocho prisiones: Pavoncito, el Preventivo de Zona 18, Santa Teresa, Renovación I, Boquerón, Chimaltenango, Fraijanes 2 y El Cobo, en cumplimiento del Decreto 11-2025 sobre combate a grupos criminales.

Las requisas en Pavón y Renovación I revelaron estructuras internas de poder

Villeda dijo durante el conversatorio de Enade 2026 organizado por Fundesa que en la Granja de Rehabilitación Pavón ya fueron intervenidos 18 de los 25 módulos. El ministro sostuvo que el tamaño del recinto impide realizar operativos totales en una sola jornada.

Ante ese auditorio, Villeda describió el patrón que encuentran las fuerzas de seguridad dentro de los sectores allanados: “Cada vez que ingresamos a un módulo encontramos múltiples ilícitos. No es que se permita el ingreso constante, sino que el tamaño de las cárceles y su composición dificultan un control absoluto inmediato”.

La última encuesta de CID Gallup, presentada esta mañana 27 de mayo y recogida por el gerente general Luis Haug, revela que el presidente Nayib Bukele alcanza niveles históricos de aprobación ciudadana, impulsado principalmente por la percepción de seguridad en el país.

El estudio, basado en mil doscientas entrevistas telefónicas a nivel nacional, refleja un respaldo del 93% a la imagen del mandatario y una satisfacción del 98% respecto al abordaje gubernamental en materia de seguridad, cifras que, según el reporte, no tienen precedentes en la historia reciente de El Salvador. La medición muestra que la agenda nacional está marcada por la gestión de Bukele y el impacto de las políticas de control de la violencia.

De acuerdo con la información difundida por el gerente general de la CID Gallup, en el espacio de entrevista Frente a Frente, El Salvador figura entre los países con mejor percepción de seguridad a nivel mundial. El propio Haug detalló que el país centroamericano se ubica en el octavo lugar de un ranking global, superando por primera vez a varias naciones latinoamericanas y situándose junto a países como Suiza y Suecia. Esta posición responde a la reducción de hechos delictivos y a la sensación de tranquilidad que predomina entre los ciudadanos.

Según los datos del estudio, el 97% de los salvadoreños no ha sido víctima de ningún crimen en los últimos cuatro meses, un cambio radical frente a los niveles de inseguridad de años anteriores.

El informe elaborado por CID Gallup destaca que el 98 % de la población está satisfecha con el trabajo gubernamental en seguridad. Haug subrayó que la aprobación es “un máximo histórico”, resultado de una política que ha desplazado la inseguridad como principal preocupación de la ciudadanía.

Entre los encuestados, el 95 % avala la estrategia contra las pandillas y el 83 % respalda la aplicación de medidas más estrictas para quienes ya están en prisión y aquellos pendientes de captura. Para el gerente de la encuestadora, las acciones implementadas se consideran “únicas en Latinoamérica” y marcan un hito en la región.

Víctimas de delitos bajan del 40 % al 3 %

Durante la entrevista, Haug recordó que en periodos anteriores, bajo distintas administraciones, hasta el 40 % de los hogares había reportado víctimas de delitos en los meses previos a los estudios. Ahora, la cifra se reduce a solo un 3 %.

La gestión de Nayib Bukele ha logrado un efecto de referencia más allá de las fronteras salvadoreñas. Según lo relatado por Haug, la presidenta de Costa Rica agradeció públicamente la asistencia de El Salvador en temas de seguridad, reconociendo la asesoría recibida para enfrentar el incremento de la violencia en ese país.

De igual manera, el respaldo a Bukele no se limita a la percepción de seguridad. El estudio de CID Gallup muestra que el presidente es identificado con la marca política dominante del país, al punto que gran parte de los simpatizantes de Nuevas Ideas se consideran primero seguidores de Bukele antes que del partido. Haug explicó:

“Aquí en El Salvador lo que existe es el bukelismo. Independientemente de la bandera, los ciudadanos están siguiendo al mandatario”. En las mediciones de imagen, Bukele ha pasado de un 79 % de opinión favorable en 2019 a un 93 % en 2026, una tendencia ascendente rara vez observada en la región tras varios años de mandato.

Al analizar la distribución del optimismo nacional, la encuesta señala que cuatro de cada cinco salvadoreños ven con buenos ojos el futuro del país y el 87 % manifiesta orgullo por el liderazgo presidencial.

La encuesta también revela que el 79 % de los salvadoreños considera que Bukele gobierna para toda la población y no solo para las élites. Este dato, recogido por CID Gallup, se alinea con el alto grado de satisfacción en áreas como educación y salud, aunque la nota dominante sigue siendo el impacto de la política de seguridad.

A siete años de iniciado su mandato, Nayib Bukele ha consolidado una hegemonía política respaldada por cifras inéditas de aprobación social. Según la última medición de CID Gallup, el mandatario conduce un país donde la percepción de seguridad y la identificación con su figura marcan la pauta del debate público, mientras otros temas comienzan a emerger en la agenda nacional.

Cinco personas murieron y otras seis fueron detenidas este martes durante un operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro, según fuentes oficiales.

El operativo tuvo lugar en el Complejo do Chapadão, un conjunto de favelas al norte de la ciudad. El objetivo principal de las autoridades fue reducir las actividades del crimen organizado en la zona, especialmente el control relacionado con el narcotráfico, de acuerdo con un comunicado de la Policía.

Durante la intervención, los agentes retiraron barricadas instaladas por los delincuentes para obstaculizar el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Cinco sospechosos sufrieron heridas y fueron llevados a un hospital cercano, pero, según el parte oficial, “no resistieron”.

Las fuerzas de seguridad incautaron tres fusiles, una pistola y una cantidad de droga que aún no ha sido contabilizada.

De acuerdo con la Policía, en lo que va de 2026 se han decomisado 324 fusiles, de los cuales “gran parte” corresponde a armamento de fabricación extranjera, “principalmente de Estados Unidos”.

En octubre del año pasado, una operación policial en los complejos de favelas de Penha y Alemão contra miembros del Comando Vermelho, considerada una de las mayores organizaciones criminales del país, concluyó con 122 muertos, entre ellos cinco policías. Esta fue la acción policial más letal registrada hasta el momento en Brasil.

Arrestaron en Bolivia a un brasileño prófugo buscado en su país por narcotráfico

En otro orden, el brasileño Gerson Palermo, considerado “uno de los narcotraficantes” más buscados en Brasil, fue arrestado este martes por la fuerza antidrogas de Bolivia en la región oriental de Santa Cruz, informó el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Palermo, “requerido por la justicia de Brasil por delitos vinculados al narcotráfico”, fue arrestado por la mañana en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, por el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), explicó Justiniano en sus redes sociales.

“Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado con la Policía Federal de Brasil, a través de la coordinación con (el municipio brasileño de) Corumbá y el enlace boliviano”, indicó.

Justiniano señaló que, según información que recibió de autoridades de Brasil, Palermo “es considerado uno de los narcotraficantes brasileños más buscados de ese país”.

También mencionó que el hombre fue señalado “como líder de una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína, con rutas vinculadas a la frontera boliviana”.

Tras su arresto, Palermo fue llevado a oficinas de la Interpol “con fines investigativos” y las autoridades bolivianas coordinan con la Policía Federal de Brasil “para su traslado” a ese país, “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, sostuvo el viceministro.

El Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna Uruguay, presentará en el Senado tres proyectos de ley que buscan cambiar la “transparencia, austeridad republicana y honestidad en la gestión pública”, informó el senador Daniel Caggiani en la red social X. Estas propuestas incluyen establecer la “exclusividad en el trabajo parlamentario” y la obligación de devolver los sobrantes de los viáticos de los legisladores.

Además, otra de las propuestas incluye la equiparación de los subsidios que perciben los cargos políticos con los del régimen general.

“Quienes tenemos la oportunidad de ejercer responsabilidades públicas debemos practicar el principio de austeridad republicana. Nuestra tarea debe estar, siempre, al servicio del pueblo y orientada a mejorar nuestras prácticas de gestión”, argumentó Caggiani al presentar las propuestas en esta red social.

El senador recordó que en 2019 el Frente Amplio impulsó una ley, que finalmente fue aprobada, para modificar la norma sobre las declaraciones juradas patrimoniales. El objetivo que tenía aquella propuesta fue que sean públicos los patrimonios de todos los políticos que toman decisiones. “Nuestras decisiones jamás deben tomarse para obtener un beneficio personal o particular, sino para transformar la realidad y ayudar a vivir mejor a quienes más lo necesitan”, expresó el legislador.

Las tres propuestas son las siguientes:

1.Devolución de viáticos: “Establecer la obligación de rendir y devolver los viáticos sobrantes que perciben los legisladores cuando representan a nuestro país en el exterior”

2. Exclusividad en el trabajo parlamentario: “Los legisladores solo podrán percibir ingresos por su tarea legislativa”.

3. Equiparación de subsidios: “Igualar las condiciones del subsidio que perciben los cargos de designación política al finalizar su mandato con el subsidio por desempleo del resto de los trabajadores de nuestro país”.

Estas iniciativas serán presentadas en los próximos días en el Senado.

Caggiani es integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), el espacio que históricamente fue liderado por el ex presidente José Mujica. Al presentar su propuesta, el legislador recordó una frase del fallecido dirigente: “La política es la lucha por la felicidad de todos… a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política; son un peligro”.

“Quienes buscan hacer dinero con la política se equivocan; la gestión pública es una herramienta de transformación, no un fin en sí mismo”, expresó Caggiani.

“En síntesis, buscamos mejorar la transparencia, equiparar beneficios con la ciudadanía y establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas de nuestras actividades”, agregó.

Caggini explicó que el MPP tomó la decisión hace 20 años de topear los ingresos de sus dirigentes y donar el resto de la remuneración a iniciativas sociales. “Nuestro criterio es sencillo: no militamos en política para el beneficio personal, lo hacemos para cambiar realidades injustas. Tenemos que vivir como vive la mayoría, y no como vive la minoría”, expresó.

Algunos dirigentes de la oposición reaccionaron a la publicación de Caggiani.

Pedro Bordaberry, senador del histórico Partido Colorado, opinó que lo que tienen que hacer los parlamentarios es “cortar los viajes de legisladores al exterior” y terminar con el pago de viáticos a quienes van a los departamentos del interior. “No pueden ir 26 personas a Suiza a presentar un informe que se puede presentar por zoom; o cobrar viáticos por ir al interior”, expresó.

El diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, dijo que está de acuerdo con la propuesta del punto 1 y la del punto 3, siempre que se comience a aplicar a partir de 2030 (para no cambiar las reglas de juego a mitad de período). Sugirió también modificar la ley de transparencia de la función pública, “para ponerla a la altura de los estándares más exigentes del mundo, o al menos de la región”.

Decenas de pequeños comerciantes marcharon por el centro histórico de La Paz, portando banderas blancas y de Bolivia, y corearon consignas como: “Queremos trabajar”, “soluciones para La Paz” y “por culpa del bloqueo estamos en las calles”.

El recorrido de los manifestantes, entre quienes se encontraban varias mujeres aimaras, incluyó las calles cercanas a la plaza Murillo, centro del poder político, vigiladas por agentes antidisturbios. No intentaron ingresar a la plaza.

La Paz y la vecina El Alto concentran las principales protestas y bloqueos, encabezados por sectores campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del ex presidente Evo Morales (2006-2019). Todos exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses al frente del Gobierno.

Algunas protestas de la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos, afectando a pequeños quioscos callejeros y dificultando el trabajo regular de estos sectores.

La dirigente gremial Miriam Hernández declaró a los medios que “varios negocios han cerrado”, debido tanto a las movilizaciones como al desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, consecuencias directas de los bloqueos. Este contexto impacta especialmente a los comerciantes de comida. Hernández afirmó: “Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada”.

En la misma jornada, sindicatos de transportistas bloquearon calles en La Paz por la falta de combustibles, un problema atribuido a los cortes de vías que dificultan el traslado hasta las distribuidoras. Algunos sindicatos de choferes advirtieron que podrían sumarse a las protestas por la renuncia de Paz si no se agilizan las compensaciones por los daños ocasionados a sus vehículos por gasolina en mal estado vendida a comienzos de año.

El departamento de Cochabamba también enfrenta bloqueos. Un grupo de lecheros se vio obligado a vender su producto en la ciudad homónima, ante la imposibilidad de enviarlo a otras regiones. El representante Jhasmani Medrano explicó que la leche “sí o sí tiene que venderse en el día” y que los bloqueos “están golpeando” al sector, agravando la situación porque más de 300 camiones con alimento para el ganado permanecen varados.

Los bloqueos comenzaron hace 21 días en La Paz, pero se expandieron a Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. Las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro sufren la escasez de insumos médicos como oxígeno medicinal, mientras miles de vehículos permanecen varados desde hace más de tres semanas en rutas nacionales e internacionales, como las que conducen a los puertos de Chile y Perú.