El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el jueves la creación de seis gabinetes interinstitucionales conformados por ministerios y secretarías de sectores afines, según informó la Presidencia en un comunicado. El objetivo es definir prioridades, articular acciones y monitorear el cumplimiento de los compromisos estratégicos en cada área.

De acuerdo con el Gobierno, los nuevos gabinetes serán: Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública e Ingresos. Cada uno estará integrado por las máximas autoridades de las respectivas carteras de Estado y serán presididos por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien liderará la articulación y el seguimiento sectorial.

El gabinete Social agrupará a los ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Deporte y Cultura, Desarrollo Humano, Gobierno y la Secretaría de Gestión de Riesgos. El gabinete de Seguridad incluirá a los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia. Por su parte, el Económico estará conformado por los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Ambiente y Energía.

“Este nuevo modelo de coordinación permanente permitirá que las instituciones de la Función Ejecutiva trabajen bajo una sola hoja de ruta, con responsabilidades claras, seguimiento continuo y decisiones articuladas para fortalecer la ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de las prioridades del Gobierno en beneficio de los ecuatorianos”, señaló el Ejecutivo.

La decisión reemplaza la figura de los antiguos gabinetes sectoriales, que también estaban integrados por varios ministerios para coordinar la política pública. La creación de estos gabinetes ocurre un mes después de que el presidente decretara la reducción de los ministerios de catorce a diez, en el marco de un proceso de “optimización institucional” que sigue en marcha. El año pasado, la administración había reducido los ministerios de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres.

Este ajuste estructural se suma a otras reformas económicas impulsadas por Noboa, con el propósito de disminuir el déficit fiscal en línea con un programa crediticio vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé préstamos por USD 5.000 millones entre 2024 y 2028.

Cabe mencionar que Daniel Noboa designó hace una semana atrás a Juan Carlos Aveiga como nuevo ministro de Salud, tras la salida de Jaime Bernabé, quien ocupó el cargo poco más de dos meses desde el 27 de abril. La decisión se oficializó mediante un decreto ejecutivo, de acuerdo con informes oficiales.

La gestión de Bernabé concluyó sin resolver la crisis de desabastecimiento de medicinas e insumos en el sistema público de salud, una problemática que persiste desde administraciones anteriores. Antes de Bernabé, el Ministerio estuvo cinco meses bajo la responsabilidad de la vicepresidenta María José Pinto, quien en diciembre manifestó a la EFE su intención de superar la crisis durante el primer trimestre de 2026.

Aveiga, cirujano y ex director médico de un hospital privado en Guayaquil, ciudad más poblada del país, se convierte en el octavo titular de Salud desde la llegada de Noboa al poder, a finales de 2023.

El sector enfrenta además múltiples denuncias de corrupción en la compra de medicamentos e insumos hospitalarios, lo que llevó al Gobierno a implementar adquisiciones centralizadas y a establecer una empresa pública responsable del abastecimiento, infraestructura y logística en los establecimientos de salud.

(Con información de EFE)

El anuncio de nuevos aranceles estadounidenses sobre productos brasileños generó una inmediata reacción del gobierno de Brasil, que advirtió la posibilidad de aplicar medidas de reciprocidad y acusó a Estados Unidos de actuar por motivos políticos.

La tensión comercial se intensificó luego de que la administración estadounidense impusiera un arancel del 25% sobre ciertas importaciones brasileñas, justificando la medida en prácticas desleales por parte de Brasilia. Según el ministro de Industria, Márcio Elias Rosa, la disposición afecta a “alrededor del 18% de las exportaciones” nacionales, lo que equivale a USD 7.400 millones en productos.

Washington exceptuó algunos bienes estratégicos, como el café, la carne de res y componentes aeronáuticos, buscando reducir el impacto en sus propias cadenas de suministro. No obstante, el gobierno brasileño informó que la lista de productos afectados suma unos 3.000 artículos.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión de injustificada y refutó las acusaciones de deslealtad comercial. En un comunicado, la presidencia subrayó que “el 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresaron a Brasil libres de aranceles en 2025”, y que el gravamen promedio aplicado a productos estadounidenses fue de apenas 3,1%.

Brasil advirtió que estudia responder con aranceles recíprocos, amparándose en una ley nacional aprobada en 2025 y a través de mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La administración de Lula convocó el jueves a ministros y asesores en el palacio presidencial para coordinar la respuesta. Según informaron a Reuters tres asistentes a las reuniones, las discusiones incluyeron la posibilidad de aplicar medidas que alcancen al sector audiovisual y a las patentes farmacéuticas y agrícolas.

Las alternativas en análisis se enmarcan en la ley de reciprocidad de Brasil, mecanismo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió emplear tras la decisión del gobierno de Donald Trump de fijar un arancel del 25% sobre varios productos brasileños. La administración estadounidense justificó la medida con el argumento de “prácticas comerciales desleales” atribuidas a Brasil. “La forma en que procedamos a partir de ahora dependerá de las instrucciones que nos dé el presidente, pero es muy improbable que no haya una respuesta contundente”, señaló una de las fuentes consultadas por Reuters.

Otra persona presente indicó que el gobierno brasileño revisará contramedidas consideradas el año pasado bajo la ley de reciprocidad, entre ellas la restricción a las remesas de dividendos y regalías de empresas audiovisuales estadounidenses. Además, el Ejecutivo analiza la suspensión de la protección de patentes para productos farmacéuticos y semillas agrícolas.

Las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos se suman a un contexto de creciente desconfianza y competencia comercial entre ambos países. El conflicto arancelario, que afecta a sectores clave de la economía brasileña, amenaza con alterar el flujo de exportaciones y aumentar la incertidumbre entre empresas de ambos lados.

La oficina comercial estadounidense, dirigida por Jamieson Greer, sumó señalamientos sobre supuestas deficiencias en las medidas anticorrupción y aranceles injustos, poniendo bajo la lupa incluso al sistema de pagos brasileño PIX.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, criticó la postura estadounidense y apuntó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, por sus declaraciones tras la imposición de los nuevos aranceles. “Rubio lanza un ataque burdo y arrogante contra el jefe de Estado de una nación amiga, quien personalmente ha buscado abrir canales de diálogo en varias ocasiones”, expresó durante una conferencia de prensa.

Vieira defendió la actitud del presidente Lula Da Silva y respondió al jefe de la diplomacia estadounidense: “Lo que el secretario Rubio desestima como ‘ego’ es, de hecho, la firme determinación del presidente Lula de defender la soberanía de Brasil y los intereses de nuestras empresas y trabajadores”.

Las declaraciones de Rubio habían calificado la conducta de Lula como un obstáculo para llegar a un acuerdo, aludiendo a que el mandatario brasileño “antepuso su propio ego”.

Estados Unidos mantiene un “sólido superávit comercial” con el país sudamericano; en el último año, las exportaciones estadounidenses superaron a las importaciones brasileñas en casi USD 42.000 millones. La Confederación Nacional de la Industria de Brasil alertó que el nuevo arancel “aplica una presión en las exportaciones del país y aumenta la incertidumbre para las empresas de ambas naciones”.

(Con información de Associated Press y Reuters)

El fuerte temporal de lluvias y viento que afecta a 10 de las 16 regiones de Chile dejó el jueves tres muertos y más de 500.000 personas sin energía eléctrica en la zona centro-sur, lo que obligó al Gobierno a desplegar casas de emergencia.

Entre las víctimas figuran un trabajador que recibió el impacto de un árbol mientras despejaba una carretera en la región sureña del Biobío, un hombre que cayó desde el techo de su vivienda al limpiar canaletas en La Araucanía y otro que sufrió una descarga eléctrica en Santiago de Chile.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, instó a la población a reforzar las precauciones. “Hoy una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar esta emergencia es el autocuidado y el cumplimiento de las instrucciones que entreguen las autoridades”, expresó el funcionario y advirtió: “Todavía no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este sistema central y, precisamente, por eso debemos actuar con anticipación”.

La mayoría de los hogares afectados por los cortes de energía se concentra en las regiones de Biobío y La Araucanía, a 700 kilómetros al sur de Santiago, donde intensas precipitaciones y ráfagas persistentes golpearon desde la tarde del miércoles. Alvarado informó que parte del stock de viviendas de emergencia almacenado en centros de producción fue enviado a las zonas más afectadas, aunque se prevé su distribución también en otras regiones que puedan verse impactadas en las próximas horas.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía de Chile, las condiciones meteorológicas provocaron restricciones preventivas en decenas de puertos a lo largo del país, mientras más de 590.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico, cifra que representa el 7,3% de los clientes nacionales. “La afectación a nivel nacional es de 590.824 clientes sin suministro eléctrico, lo cual representa un 7,3% del país”, informó la cartera en su cuenta oficial de X, según recogió la AFP.

Las autoridades chilenas mantienen medidas de precaución en las zonas afectadas, mientras continúan las labores para restablecer el servicio eléctrico y monitorear el impacto de las condiciones climáticas sobre la infraestructura portuaria y residencial.

Las autoridades monitorean con especial atención los cauces de los ríos en la región del Biobío ante el riesgo de desbordes e instaron a la población a no acercarse a las riberas del Curanilahue y del Pichilo por la inminente crecida de los caudales.

Hasta el momento, el fenómeno afectó más de 100 viviendas y dificultó el tránsito en rutas clave de la zona, además de obligar a un vuelo comercial a regresar a Santiago tras un intento fallido de aterrizaje en Concepción, donde se registraron ráfagas de 107 km/h.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene la alerta roja en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana por riesgo de saturación de suelos y lluvias intensas previstas durante el fin de semana.

A raíz del fenómeno, el Gobierno decretó la suspensión de clases para este viernes en toda la zona central, incluidas las regiones de Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Atacama en el norte.

“Es imposible detener un fenómeno climático, pero podemos estar preparados para reaccionar lo mejor posible”, señaló el presidente José Antonio Kast durante una visita a los equipos de la Fuerza Aérea desplegados para atender la emergencia.

Y agregó: “Hay miles de funcionarios públicos que hoy están entregando toda su capacidad para ir en ayuda de las personas que lo necesitan, pero lo principal es la anticipación”.

Kast visitó este jueves la Escuela de Infantería del Ejército durante la preparación de efectivos militares para un eventual despliegue a las zonas afectadas por un fuerte temporal de lluvias y viento, este jueves en Santiago.

El temporal está asociado al fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, lo que genera sistemas frontales intensos, vientos fuertes y lluvias continuas en plazos cortos. El último gran temporal de este tipo en Chile se registró en agosto de 2024, con un saldo de al menos tres fallecidos y más de 1,2 millones de hogares sin suministro eléctrico, el mayor corte desde el terremoto de 2010.

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que el país no enfrentaba un temporal tan extenso y con lluvias tan intensas desde hace dos décadas. “Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, afirmó Zúñiga en diálogo con la AFP.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una advertencia la semana pasada sobre la magnitud del fenómeno climático El Niño previsto para este año, al indicar que podría ser “uno de los más fuertes” de la historia.

(Con información de EFE)

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro Gonzales Ricci, advirtió que los precios de los combustibles en Guatemala experimentan incrementos debido a la prolongación de la guerra en el Medio Oriente. Esta situación ya se refleja en las estaciones de servicio de la capital, donde el aumento más pronunciado se observa en el diésel.

Gonzales Ricci explicó que la volatilidad internacional responde al cese del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, así como a los recientes bombardeos en la región.

El presidente del Banguat detalló: “Hemos visto un aumento, pues claramente, el memorando de entendimiento que se había firmado entre Estados Unidos e Irán ya no está vigente, ya no funcionó. Hemos visto bombardeos. Irán dijo que iba a cerrar otra vez el estrecho de Ormuz, Trump está poniendo el bloqueo también para que no pasen barcos. Eso ya se vio reflejado en el precio del petróleo”.

El precio internacional del crudo alcanzó recientemente los 78 dólares por barril, según datos del propio Gonzales Ricci. Aunque estos valores no llegan a los máximos registrados en meses anteriores, el funcionario subrayó que “otra vez ya subió un poco y eso se va a trasladar al costo de los combustibles”. En Guatemala, el incremento en los combustibles tiene un impacto inmediato en indicadores inflacionarios clave.

Inflación y política económica en Guatemala

La inflación en Guatemala se sitúa actualmente en 2,27%, por debajo del límite inferior de la meta fijada por el Banco de Guatemala. Según el presidente del Banguat, este margen permite evitar acciones inmediatas de política monetaria.

“Creemos en el banco que va a ser un efecto transitorio, así que no nos queda más que esperar a ver si esto se soluciona o sigue para poder tomar las medidas necesarias”, indicó Gonzales Ricci.

En el ámbito fiscal, las autoridades evalúan el impacto sobre la canasta básica y la necesidad de medidas adicionales. El Ejecutivo ha señalado que, por el momento, no prevé implementar un nuevo subsidio a los combustibles, tras el vencimiento del apoyo temporal aprobado por el Congreso mediante el Decreto 11-2026 el pasado 2 de julio. Este subsidio había permitido una rebaja de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior.

Fin del subsidio y suba acelerada de precios

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tras el fin del subsidio los precios de referencia vigentes permanecieron hasta agotar existencias, para luego volver gradualmente a los valores normales de mercado. Sin embargo, la eliminación del beneficio coincidió con un aumento acelerado en las tarifas.

El último reporte oficial del MEM, divulgado el 30 de junio, establecía que el diésel costaba Q27.29 por galón, la gasolina regular Q31.09 y la superior Q32.09 en la región metropolitana.

Actualmente, los precios han escalado hasta Q40.00 por galón en algunas estaciones de servicio de la capital, de acuerdo con un relevamiento de Infobae. Este jueves 16 de julio se detectaron aumentos de hasta Q2.01 para el diésel, mientras que las gasolinas registran subas de Q0.02 a Q0.53 según la marca y ubicación de las expendedoras.

Efecto inmediato en la economía

El principal motivo de alarma, según Gonzales Ricci, radica en que el costo de los combustibles tiende a trasladarse de forma inmediata a otros productos y servicios, lo que podría presionar la inflación en los próximos meses.

“La política monetaria no tomará ninguna medida en el corto plazo. Imagino que dentro de la política fiscal esperarán a ver qué va a pasar con el precio de los combustibles, ya que esto impacta a la inflación y la inflación impacta a la canasta básica”, concluyó el presidente del Banco de Guatemala.

Costa Rica continúa ampliando su conectividad aérea con Estados Unidos. En menos de 48 horas, las aerolíneas Southwest Airlines y United Airlines confirmaron la apertura de dos nuevas rutas directas hacia el país, una decisión que refuerza el crecimiento del turismo y la confianza de las compañías aéreas en el destino costarricense.

Southwest Airlines confirmó la incorporación de un vuelo estacional entre Austin, Texas, y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, una conexión que comenzará a operar a partir de marzo de 2027.

La nueva ruta tendrá una frecuencia semanal, todos los sábados, y será operada con un Boeing 737 MAX 8, una aeronave con capacidad para 175 pasajeros.

El anuncio representa una nueva puerta de entrada para los viajeros provenientes del estado de Texas, uno de los mercados con mayor crecimiento en Estados Unidos, y fortalece la estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para atraer más aerolíneas internacionales.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, aseguró que la nueva conexión es resultado del trabajo conjunto entre la institución, AERIS y las autoridades aeroportuarias para fortalecer la conectividad internacional.

Según explicó, la incorporación de nuevas rutas permite acercar a más visitantes al país, impulsar la generación de empleo, atraer inversión y consolidar la confianza de las aerolíneas en Costa Rica como destino turístico.

Desde Southwest Airlines también destacaron la importancia de la nueva operación. Daniel Jones, vicepresidente de Planificación de Rutas de la compañía, afirmó que la aerolínea se prepara para cumplir 12 años de operaciones en Costa Rica y celebró la posibilidad de sumar una nueva conexión entre Estados Unidos y San José.

Indicó que el nuevo vuelo permitirá que más viajeros estadounidenses experimenten el “Pura Vida”, mientras que los costarricenses tendrán una nueva alternativa para visitar la ciudad de Austin.

El crecimiento de la conectividad no se limita al Valle Central. El ICT y Guanacaste Aeropuerto anunciaron que United Airlines inaugurará una nueva ruta directa entre Washington-Dulles (IAD) y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

El servicio comenzará el 17 de diciembre de 2026 y operará diariamente durante la temporada alta de fin de año. Los vuelos serán realizados con un Boeing 737 MAX 9, con capacidad para 179 pasajeros, incluidos 20 asientos en clase ejecutiva.

La nueva conexión será el primer vuelo sin escalas entre el área metropolitana de Washington D.C. y Guanacaste, beneficiando a viajeros de Washington, Virginia y Maryland, además de aprovechar la extensa red de conexiones internacionales que United mantiene desde su centro de operaciones en Dulles.

Con esta incorporación, United ampliará aún más su presencia en Costa Rica.

Actualmente la aerolínea ya conecta Guanacaste con Newark/Nueva York, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Houston y Chicago, consolidándose como una de las compañías con mayor oferta de vuelos entre ambos países.

Tom Kozlowski, gerente senior de planificación de red para Latinoamérica de United Airlines, explicó que la nueva ruta complementará el servicio ya existente entre Washington-Dulles y San José, ofreciendo más opciones para quienes visitan Costa Rica o utilizan el aeropuerto estadounidense como punto de conexión hacia otros destinos internacionales.

Los anuncios llegan en un momento de crecimiento para el turismo costarricense.

De acuerdo con los datos más recientes del ICT, 966,661 turistas estadounidenses ingresaron al país por vía aérea durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 4.1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de visitantes hacia Costa Rica y, según los estudios del Instituto Costarricense de Turismo, sus viajeros permanecen en promedio cerca de diez días en el país.

Durante su estadía recorren diferentes regiones en busca de experiencias relacionadas con la naturaleza, parques nacionales, playas, aventura y actividades al aire libre.

Las autoridades consideran que la incorporación de nuevas rutas directas permitirá mantener esa tendencia de crecimiento y ampliar el acceso desde distintos puntos de Estados Unidos, tanto hacia el Valle Central como hacia Guanacaste.

La vicepresidenta Raquel Peña confirmó este jueves en Madrid la participación de República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026, una cita que reunirá a mandatarios de 22 países y coincidirá con el 35 aniversario del primer encuentro celebrado en 1991.

La decisión se enmarca en la agenda oficial que desarrolla Peña en España para ampliar la cooperación y estrechar los vínculos económicos entre ambos países.

La cumbre se celebrará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad” y estará enfocada en fortalecer la cooperación, la educación y el diálogo político.

Durante su visita, la vicepresidenta se reunió con Narciso Casado, director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. En ese encuentro avanzaron las conversaciones para explorar una aplicación piloto en República Dominicana del Modelo 4T, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Peña destacó la importancia de la presencia dominicana en uno de los principales espacios de concertación política de la región, donde los representantes nacionales analizan desafíos compartidos y acuerdan iniciativas de cooperación. La participación, indicó el gobierno, refleja el compromiso de la administración del presidente Luis Abinader con el diálogo multilateral y la construcción de alianzas para el desarrollo del país.

El Modelo 4T busca elevar la productividad de las mipymes y abrir mercados

El posible proyecto piloto del Modelo 4T fue uno de los ejes de la reunión con la CEOE y el CEIB. Ambas partes señalaron que su implementación abriría oportunidades para elevar la productividad de las mipymes dominicanas y facilitar su acceso a nuevos mercados.

La metodología se organiza en cuatro dimensiones: Talento, Territorio, Transformación y Tracción. Su aplicación permite identificar prioridades y coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado para ampliar las capacidades de las empresas.

El gobierno dominicano planteó que una eventual ejecución piloto contribuiría al fortalecimiento de un sector clave para la generación de empleos y la dinamización de la economía nacional. La conversación formó parte de una agenda centrada en cooperación económica y empresarial.

La agenda en Madrid incluyó una visita institucional a la Real Academia Española

Más tarde, Peña realizó una visita institucional a la Real Academia Española, donde fue recibida por Juan Luis Cebrián, académico de número de la institución, fundador y primer director del diario El País. El recorrido duró aproximadamente una hora.

En la visita conoció distintos espacios de la academia, entre ellos su biblioteca, uno de los principales centros de conservación y consulta del patrimonio bibliográfico en lengua española. La actividad sirvió para poner en valor el trabajo de la RAE en el estudio y cuidado del español y el vínculo cultural que une a República Dominicana con la comunidad hispanohablante.

En el recorrido también participaron el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful Tejada, y Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

España ejercerá la Secretaría Pro Tempore de la próxima cumbre y tendrá a su cargo la organización de los trabajos y de las declaraciones oficiales, con foco en la modernización del sistema iberoamericano y en reforzar la proyección conjunta de la región.

El gobierno de Panamá informó la entrega del Hospital General de Bugaba, una obra que quedó al servicio de más de 170 mil habitantes de Chiriquí y que comenzó a operar el viernes 28 de noviembre, con una apertura por fases que busca llevarlo a su capacidad plena en un plazo de 18 meses.

La inauguración se realizó en noviembre de 2025 y fue encabezada por el presidente José Raúl Mulino Quintero y el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo. En ese acto se oficializó la puesta en marcha de un proyecto que había permanecido abandonado durante años, con estructuras deterioradas y una inversión pública ya comprometida.

Según un posteo de la cuenta oficial del gobierno en X, el nuevo centro hospitalario atiende a residentes del distrito de Bugaba y comunidades vecinas. La publicación lo presentó como una respuesta para acercar la atención médica a quienes más la necesitan.

El hospital funcionará por etapas hasta completar su operatividad

El hospital abrió con un esquema gradual. Durante los primeros 90 días presta servicios de urgencia, área de observación y servicios básicos.

Entre los tres y seis meses comenzará la consulta externa y la hospitalización parcial con 40 camas. Entre los seis y 12 meses entrarán en funcionamiento los quirófanos, el área de maternidad y la Unidad de Cuidados Intensivos.

Entre los 12 y 18 meses se habilitarán todas las especialidades, los servicios de TAC y resonancia magnética, y la ampliación hasta 130 camas, con lo que alcanzará el 100% de su operatividad.

El hospital tiene una capacidad total proyectada de 172 camas y está distribuido en dos niveles completamente equipados. En la planta baja se ubican la consulta externa, el laboratorio, el banco de sangre, imagenología, urgencias, farmacia, morgue, patología, administración, docencia y áreas de apoyo como lavandería, almacén, nutrición y dietética, además de edificios de talleres y zona industrial.

También incorpora un nuevo edificio de quimioterapia y hemodiálisis. Ese sector cuenta con 15 sillones para hemodiálisis y 15 sillones para quimioterapia, además de áreas complementarias para ambos servicios.

La planta alta concentra hospitalización, cirugía y cuidados intensivos

En la planta alta estarán los servicios de hospitalización pediátrica, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, neonatología y la Unidad de Cuidados Intensivos. El área quirúrgica y ginecobstétrica incluye tres quirófanos modulares y dos salas de parto modulares.

El complejo también dispone de capilla o sala de oración, residencia médica y oficinas de especialidades. La distribución de camas contempla 13 para neonatología y cuidados intensivos; 26 para medicina interna; 26 para ginecobstetricia; 26 para cirugía; 42 para hospitalización pediátrica; 12 para cirugía y nueve para ginecobstetricia.

Durante el acto inaugural, el ministro de Salud pidió a los residentes de Bugaba que usen, cuiden y valoren la obra. Recordó que cada inversión realizada pertenece al pueblo panameño y no a un partido político ni a una figura en particular.

La apertura del Hospital General de Bugaba fue presentada por las autoridades como un refuerzo para la atención médica en la provincia de Chiriquí, en el occidente de Panamá, una región conocida por su diversidad geográfica, que abarca playas y manglares en el Golfo de Chiriquí, además del Volcán Barú, de 3,475 metros sobre el nivel del mar, y zonas montañosas de clima fresco como Boquete y Tierras Altas.

La Procuraduría General de la República Dominicana informó este jueves que ha intensificado su estrategia de cooperación internacional al coordinar con las autoridades judiciales de Bélgica una investigación transnacional contra una red dedicada a la trata de personas, explotación sexual y blanqueo de capitales. Esta operación conjunta, que responde a una solicitud formal de la fiscalía belga, marcó un hito reciente con la realización de 20 allanamientos en territorio dominicano.

El caso cobró notoriedad en junio de 2026, cuando la justicia belga reportó el arresto de Ana Mercedes E. y Juana de Jesús H., junto con otros ciudadanos dominicanos, bajo cargos de reclutar y engañar a mujeres procedentes de República Dominicana y Colombia para trasladarlas a Bélgica, donde eran explotadas sexualmente. Según el Ministerio Público (MP), cinco mujeres fueron localizadas y rescatadas en la residencia de Encarnación Mejía en Bélgica, evidencia que permitió profundizar las investigaciones sobre la estructura de la organización.

Las pesquisas de las autoridades belgas y dominicanas identificaron una red que generaba importantes sumas de dinero a través de la explotación sexual, canalizando parte de esos fondos ilícitos hacia Dominicana. Los investigadores establecieron que el grupo invertía en bienes raíces y otras actividades financieras, con el objetivo de ocultar el origen del dinero obtenido mediante delitos de trata y explotación. “Este caso pone de relieve la dimensión transnacional de los delitos de lavado de activos”, precisó la Procuraduría General en su comunicado oficial.

Allanamientos y coordinación con autoridades europeas

La operación local fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, con el respaldo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Estas instancias coordinaron acciones para recolectar evidencias y fortalecer el proceso penal en curso en Europa, según reportó la Procuraduría.

En total, las autoridades llevaron a cabo allanamientos en 20 viviendas vinculadas con la red en el Gran Santo Domingo, incluyendo Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, así como en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Durante estas intervenciones participaron, además, oficiales de la policía de Bélgica y Países Bajos, acreditados para colaborar en la investigación, lo que refuerza el carácter internacional del operativo.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el historial de la principal cabecilla de la red, quien ya había purgado una condena de cinco años por explotación sexual de una familiar. Esta información, dada a conocer por la Procuraduría, ilustra la persistencia de los métodos y la reincidencia de algunas personas involucradas en este tipo de delitos.

El procurador adjunto Wilson Camacho subrayó: “La cooperación internacional constituye una herramienta esencial para enfrentar delitos complejos que trascienden las fronteras nacionales, como la trata de personas, la explotación sexual y el lavado de activos”.

El operativo reafirma el compromiso de las autoridades dominicanas con los estándares internacionales de justicia y protección de derechos humanos, especialmente en un contexto donde la trata y la explotación sexual representan amenazas persistentes y de alcance global. Según la Procuraduría, la coordinación con Bélgica y Países Bajos fortalece la capacidad del país para enfrentar delitos transnacionales y contribuir a las investigaciones judiciales en Europa.

El proceso de recuperación de un rescatista no termina cuando concluye una misión ni cuando regresa a su país. Con esa premisa, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica organizó una jornada integral dirigida a los 16 cruzrojistas que participaron en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos que afectaron ese país, con el propósito de facilitar su reintegración a la vida cotidiana.

La iniciativa, denominada “De vuelta a casa”, reunió a cada integrante del equipo de rescate junto a un familiar, en reconocimiento de que el impacto de este tipo de experiencias también alcanza al entorno más cercano de quienes participan en operaciones humanitarias internacionales.

Durante la actividad, los rescatistas fueron sometidos a exámenes de laboratorio para evaluar su condición física y metabólica después de varios días de trabajo bajo condiciones extremas. Además, participaron en sesiones sobre salud mental enfocadas en el manejo del estrés, el procesamiento de las experiencias vividas durante la misión y la adaptación al regreso a la rutina familiar y laboral.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Elliott Garita Jiménez, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de brindar atención integral a quienes dedican su trabajo a salvar vidas en escenarios de desastre.

“Creemos que cuidar a quien cuida es una responsabilidad fundamental. Quisimos brindarles un espacio para ayudarlos a cerrar este capítulo de manera adecuada y acompañarlos en el proceso de regresar a su realidad”, señaló el jerarca.

Garita indicó que, además del componente psicológico, la jornada abordó aspectos físicos y nutricionales, ya que los rescatistas permanecieron cerca de dos semanas sometidos a jornadas intensas, poco descanso y condiciones muy diferentes a las habituales.

Según explicó, aunque estos profesionales cuentan con una amplia preparación para intervenir en emergencias, también requieren herramientas que les permitan enfrentar las secuelas físicas y emocionales que deja una experiencia de esta naturaleza.

Recuperación integral

La jornada también incluyó asesoría nutricional para favorecer la recuperación del organismo después del desgaste físico sufrido durante la misión.

Asimismo, los participantes realizaron pausas activas y ejercicios dirigidos a aliviar contracturas musculares, recuperar movilidad y mejorar la calidad del descanso tras permanecer varios días trabajando en espacios reducidos y bajo una alta exigencia física.

Para la presidenta de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco González, el acompañamiento posterior a una misión es tan importante como la preparación previa o el trabajo realizado durante la emergencia.

La jerarca destacó que el regreso a casa representa una etapa de adaptación que debe involucrar tanto a los rescatistas como a sus familias.

“Las personas son lo más importante. Nosotros como cruzrojistas tenemos una frase que nos acompaña siempre: salvamos vidas de personas que no conocemos, pero también la Cruz Roja salva nuestras vidas”, manifestó Marenco.

Añadió que el objetivo de esta actividad fue acompañar a quienes participaron en la operación humanitaria para que el retorno a sus hogares ocurra de la forma más saludable posible.

El impacto emocional de las emergencias

Uno de los participantes en la jornada, Wagner Leiva Rivera, integrante del equipo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja Costarricense, aseguró que este tipo de espacios permiten atender una dimensión de las emergencias que pocas veces resulta visible para la población.

El rescatista explicó que las escenas presenciadas durante la misión continúan presentes incluso después del regreso al país.

“Poder conversar sobre el estrés postraumático, aprender ejercicios de relajación que ayuden a disminuir la tensión y recibir orientación sobre nutrición para recuperarnos tiene un enorme valor”, afirmó.

Leiva recordó que en Venezuela muchas personas perdieron familiares, viviendas y comunidades enteras como consecuencia de los terremotos, por lo que el impacto emocional también alcanza a quienes participan en las labores de rescate y atención humanitaria.

El Colegio de Médicos destacó que la recuperación física, emocional y nutricional forma parte del proceso posterior a cualquier misión de alta exigencia, ya que facilita una reincorporación más saludable a las actividades familiares, personales y laborales.

La institución subrayó que el bienestar de quienes atienden emergencias resulta esencial para que puedan continuar desempeñando su labor en futuras operaciones, reforzando así la importancia de brindarles acompañamiento especializado una vez concluyen este tipo de despliegues internacionales.

Las autoridades hondureñas intensificaron los operativos para localizar y capturar a los presuntos responsables de las masacres registradas en Rigores, Colón, y en el departamento de Yoro, hechos que continúan bajo investigación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que las investigaciones avanzan con el objetivo de esclarecer ambos casos y poner a disposición de la justicia a todas las personas involucradas en estos crímenes.

El funcionario explicó que las acciones son ejecutadas por equipos especializados de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes desarrollan operativos en diferentes regiones del país para dar con el paradero de los sospechosos.

Según indicó, las investigaciones continúan recopilando evidencia y realizando diligencias que permitan fortalecer los expedientes judiciales.

Velásquez detalló que, en el caso de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, aún permanecen prófugos dos presuntos autores materiales.

El ministro señaló que ambos cuentan con órdenes de captura vigentes y aseguró que las autoridades esperan lograr su detención en los próximos días.

Las investigaciones sobre este caso continúan abiertas mientras se desarrollan nuevas diligencias para identificar posibles participantes y esclarecer completamente los hechos.

Las autoridades reiteraron que las operaciones continuarán hasta capturar a todos los responsables.

La Secretaría de Seguridad informó que mantiene presencia policial en varios sectores considerados de alta incidencia delictiva.

Entre ellos figuran Yoro, el Bajo Aguán, San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde se ejecutan operativos de búsqueda contra personas vinculadas con delitos de alto impacto.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la criminalidad y fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Los operativos incluyen labores de inteligencia, vigilancia y cumplimiento de órdenes judiciales.

Velásquez afirmó que varios de los sospechosos identificados por las autoridades ya cuentan con órdenes de captura pendientes.

Asimismo, reiteró que las fuerzas de seguridad continuarán desarrollando operativos hasta localizar a todas las personas requeridas por la justicia.

El funcionario señaló que las investigaciones avanzan de forma coordinada con el Ministerio Público para garantizar que los responsables enfrenten los procesos correspondientes.

Las autoridades insistieron en que los resultados dependerán del trabajo técnico y de las pruebas recopiladas durante las diligencias.

Al referirse a uno de los principales sospechosos vinculados con estos hechos, el titular de Seguridad indicó que será tratado como cualquier otro presunto responsable de delitos graves.

El funcionario sostuvo que la prioridad de las autoridades es garantizar que todos los implicados comparezcan ante los tribunales.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Seguridad mantendrá los operativos activos en las zonas donde se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales responsables de estos hechos violentos.

Agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana detuvieron en la madrugada del jueves a Ysalia R., de 27 años, señalada como presunta responsable de causar la muerte de su pareja sentimental en el sector Los Guaricanos, ubicado en Santo Domingo Norte.

El deceso de Ángel Gabriel Tifa Moreno, de 21 años, se produjo mientras recibía atención médica tras sufrir heridas de arma blanca. Según la versión oficial, la captura de la sospechosa se realizó en flagrante delito en el residencial El Dorado, lugar donde se habría producido el incidente.

De acuerdo con una publicación del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, “los agentes actuaron de forma inmediata tras la alerta recibida, logrando detener a la presunta autora en las inmediaciones del hecho”. Pesqueira confirmó que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

El portavoz también explicó que el reporte preliminar indica que la pareja sostuvo una discusión que derivó en una agresión mutua, aunque la investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias exactas.

De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

El incidente generó conmoción en el sector Los Guaricanos, donde vecinos manifestaron sorpresa por lo sucedido. De igual manera, las autoridades informaron que actualmente se están recabando pruebas y testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

“El proceso investigativo continúa con la recolección de evidencias y entrevistas a testigos, con el objetivo de establecer la verdad de los hechos”, puntualizó Pesqueira.

Sin embargo, la Policía informó que cualquier información adicional que surja será integrada al expediente.

Autoridades profundizan en la investigación

Al mismo tiempo, la Policía Nacional detalló que la aprehensión de Ysalia R. responde a los protocolos de actuación en casos de violencia intrafamiliar y homicidio, subrayando la importancia de proceder conforme a la ley. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público, que determinará las acusaciones formales y las medidas de coerción a solicitar ante la justicia. De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

“De acuerdo con el informe preliminar, la pareja habría sostenido una discusión que derivó en una agresión mutua. No obstante, las autoridades profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias precisas en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes", sostuvo Pesqueira en redes sociales.

“La ciudadanía debe colaborar con las autoridades y confiar en los mecanismos de investigación establecidos por la ley”, afirmó Diego Pesqueira, quien agregó que “la transparencia y el debido proceso serán garantizados en cada etapa del caso”.

El portavoz reiteró el compromiso institucional de la Policía Nacional para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la sociedad.

El Ministerio Público comunicó que, tras recibir el informe policial y las pruebas iniciales, se procederá a solicitar las medidas legales correspondientes contra la capturada. Mientras tanto, el cuerpo de Ángel Gabriel Tifa Moreno permanece bajo custodia de las autoridades forenses para la realización de los estudios pertinentes.

Un operativo de desalojo judicial terminó en tragedia, cuando un ciudadano de origen coreano, identificado como Juno Soo Kim Lee, le prendió fuego a la vivienda que habitaba y luego se lanzó desde el segundo nivel en un intento desesperado por escapar de las llamas que él mismo provocó.

El incidente ocurrió este jueves 16 de julio en un inmueble ubicado en la 12 calle y 3a. avenida, de la zona 3 del municipio de Mixco en Guatemala.

El desalojo

Todo empezó cuando, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscales del Ministerio Público se presentaron en el lugar para ejecutar una orden de desalojo legal.

Sin embargo, al momento en que las autoridades tocaron a la puerta y notificaron la medida, Kim Lee reaccionó con alteración, empezó a gritar y se encerró dentro de la residencia.

De acuerdo con el reporte de las fuerzas de seguridad, los agentes policiales intentaron dialogar y negociar con el extranjero durante varios minutos para que saliera del domicilio de forma pacífica y evitar el uso de la fuerza. Pese a las peticiones, el inquilino se negó por completo a cooperar con las autoridades.

En un momento de desesperación, Kim Lee esparció gasolina en las distintas habitaciones del inmueble y le prendió fuego. Las llamas se propagaron con rapidez por toda la estructura, atrapando al hombre en el segundo nivel de la vivienda, donde inicialmente creyó que estaría a salvo del peligro.

Sin embargo, al sentir la fuerza de las llamas, ya no pudo soportar y tomó una decisión extrema.

Se lanza desde el segundo nivel

Vecinos y transeúntes captaron en video los dramáticos momentos. En las imágenes se observa cómo el humo espeso salía de la casa mientras el ciudadano coreano, acorralado por el fuego y el calor extremo, buscaba una salida en el área del balcón. Ante la imposibilidad de que los cuerpos de socorro o los agentes lo rescataran debido a la intensidad de las llamas, Kim Lee se colgó de la estructura y terminó lanzándose al vacío.

Varias unidades de los Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar para sofocar el siniestro y evitar que se extendiera a las viviendas vecinas. Los paramédicos atendieron de urgencia a la víctima en el lugar y la trasladaron en estado crítico hacia el Hospital Roosevelt.

“Agradecemos a la población por el llamado y la efectividad al explicar qué era lo que estaba sucediendo, ya que esto hizo a que se enviaran las suficientes unidades, junto a personal capacitado”, indicaron los Bomberos Voluntarios.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos del centro asistencial por salvarle la vida y de la atención prehospitalaria brindada por los socorristas, el extranjero falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de los golpes sufridos por la caída y las quemaduras en su cuerpo.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles de este trágico hecho que ha conmocionado a los vecinos del sector.

El Salvador ha superado los 12,000 siniestros viales en lo que va de 2026, con incrementos en fallecidos y lesionados en todo el país, según el último informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (FONAT) elaborado con datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre el 1 de enero y el 15 de julio se registraron 12,372 incidentes de tránsito, cifra que representa un alza del 11% respecto al mismo periodo del año anterior.

El análisis oficial detalla que 8,534 personas resultaron lesionadas, superando en 1,667 casos lo reportado en 2025. El impacto letal también creció: 783 personas han fallecido en siniestros viales hasta la mitad del año, un aumento del 23% respecto a los primeros siete meses de 2025.

La distracción del conductor encabeza las causas, con 3,250 accidentes registrados y 257 fallecidos. La invasión de carril y el irrespeto a la distancia reglamentaria también contribuyeron de manera significativa. La velocidad excesiva estuvo presente en 797 siniestros y resultó en 189 muertes.

De acuerdo con el informe del Observatorio, el irrespeto a señales de tránsito y la inexperiencia al volante aparecen como factores recurrentes en la siniestralidad. Las cifras muestran que el promedio diario de incidentes subió de 57 a 65, y el de lesionados de 36 a 44, en comparación con 2025.

San Salvador lidera la estadística nacional con 4,129 siniestros viales y 167 fallecidos. Departamentos como Santa Ana, La Libertad y San Miguel reportan también incrementos importantes, mientras que en Morazán y San Vicente la variación fue mínima o negativa. En total, los 14 departamentos experimentaron un aumento combinado de 1,190 siniestros y 147 muertes adicionales respecto al año pasado.

Perfil de las víctimas y días críticos

El grupo más afectado corresponde a adultos en edad productiva, con 246 fallecidos en colisiones y 126 en atropellos. Los menores de edad y adultos mayores también figuran entre las víctimas, aunque en menor proporción.

El análisis de los tipos de siniestros muestra que las colisiones provocaron el 36% de las muertes, seguidas de los atropellos con el 34% y los choques con casi el 19%. Los fines de semana, especialmente los sábados, presentan los picos más altos de incidentes fatales.

Usuarios vulnerables y motociclistas

El reporte oficial subraya el impacto sobre los llamados usuarios vulnerables. Motociclistas y peatones concentran la mayoría de fallecidos en 2026, con 352 y 270 muertes respectivamente, mientras que los ciclistas suman 20 víctimas. El segmento de motocicletas experimentó la mayor alza: los siniestros de motocicleta aumentaron 31% y las muertes de motociclistas un 47% respecto al año anterior.

Las causas principales en estos casos fueron la distracción, la invasión de carril y el no respetar la distancia reglamentaria. En total, se reportaron 3,013 siniestros de motocicleta y 2,943 lesionados en ese tipo de transporte. El promedio diario de muertes de motociclistas ascendió a 2, frente a 1 en 2025.

El informe atribuye la mayoría de los incidentes a comportamientos humanos, señalando la distracción, la invasión de carril, el irrespeto a señales de tránsito y la velocidad excesiva como causas recurrentes.

Los lunes y viernes concentran la mayor cantidad de colisiones, mientras que los domingos, aunque con menos accidentes, presentan un porcentaje elevado de vuelcos.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial recomienda reforzar las estrategias de prevención y vigilancia, así como campañas de concientización dirigidas a conductores y peatones, para intentar frenar la tendencia al alza en la siniestralidad vial.

El exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol continúan siendo dos de las conductas más peligrosas en las carreteras costarricenses y las cifras del primer semestre del año vuelven a evidenciar el alto costo humano que generan estas imprudencias.

De acuerdo con los datos de las autoridades de tránsito, 330 personas perdieron la vida en accidentes de carretera durante los primeros seis meses del año, una cifra que mantiene la preocupación por el comportamiento de los conductores y el incumplimiento de las normas de seguridad vial.

Las estadísticas revelan que 115 de esas muertes estuvieron directamente relacionadas con el abuso de velocidad, consolidando esta conducta como la principal causa de fallecimientos en carretera en Costa Rica. En segundo lugar aparece la invasión de carril, responsable de 60 decesos, generalmente asociados a adelantamientos indebidos o maniobras temerarias que terminan en colisiones frontales de alta gravedad.

Precisamente, los controles realizados por la Policía de Tránsito durante este período reflejan que estas conductas continúan siendo frecuentes. En total, los oficiales confeccionaron 2,254 multas por abuso de velocidad, distribuidas entre las diferentes categorías de exceso contempladas por la legislación nacional.

A ello se suman 1,527 boletas impuestas a conductores que adelantaron en curvas, puentes, intersecciones o invadieron el carril contrario cuando existía una línea de barrera continua, infracciones consideradas de alto riesgo por la posibilidad de provocar accidentes con consecuencias fatales.

Las autoridades recuerdan que tanto el exceso de velocidad como los adelantamientos indebidos reducen el tiempo de reacción del conductor, aumentan la gravedad de los impactos y disminuyen considerablemente las posibilidades de sobrevivir cuando ocurre un accidente.

Alcohol sigue presente en las tragedias

Otra de las conductas que continúa generando preocupación es conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Durante el primer semestre del año, cuatro personas murieron en accidentes de tránsito relacionados con conductores que manejaban bajo los efectos del licor, una cifra que evidencia que esta práctica sigue teniendo consecuencias fatales pese a las campañas de prevención y los constantes operativos policiales.

Como parte de los controles efectuados en carretera, 897 conductores fueron remitidos al Ministerio Público por presentar niveles de alcohol que constituyen un delito, por lo que ahora enfrentan procesos penales que podrían derivar en sanciones judiciales, suspensión de la licencia e incluso penas mayores dependiendo de cada caso.

Paralelamente, 149 conductores recibieron sanciones administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol sin alcanzar el límite penal establecido por la ley.

Cada uno de ellos fue castigado con una multa de ¢363,000 (USD 805), además de la acumulación de seis puntos en su licencia de conducir, una sanción que puede acercarlos a la suspensión del permiso si reinciden o acumulan nuevas infracciones.

Las autoridades insisten en que ninguna cantidad de alcohol es compatible con una conducción segura, ya que incluso pequeñas dosis afectan la capacidad de reacción, disminuyen la concentración y alteran el juicio del conductor al momento de enfrentar situaciones de riesgo en carretera.

Llamado a cambiar conductas

Las cifras del primer semestre reflejan que muchas de las muertes registradas pudieron evitarse si los conductores hubieran respetado las normas básicas de tránsito.

Por esa razón, la Policía de Tránsito reiteró el llamado a reducir la velocidad, respetar las señales viales, evitar adelantamientos peligrosos y, sobre todo, abstenerse de conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

La institución recordó que detrás de cada accidente fatal hay familias que enfrentan pérdidas irreparables y comunidades afectadas por hechos que, en muchos casos, pudieron prevenirse mediante decisiones responsables al volante.

Además, insistió en que los operativos de control continuarán desarrollándose en todo el país con el objetivo de detectar a conductores que representen un riesgo para los demás usuarios de las vías y reducir la incidencia de accidentes graves.

Las autoridades recalcaron que cumplir con los límites de velocidad, mantener una conducción prudente y designar a un conductor sobrio cuando se consuman bebidas alcohólicas son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia entre llegar con seguridad al destino o convertirse en parte de las estadísticas.

Bajo ese mensaje, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantiene activa su campaña preventiva con un llamado directo a la ciudadanía: “Pórtese bien, es por su bien; nada cuesta”, recordando que la responsabilidad individual sigue siendo la herramienta más efectiva para salvar vidas en las carreteras costarricenses.

La circulación de motocicletas aumentó de manera notable en Panamá en lo que va del 2026, y actualmente hay 119,101 inscritas en el país, de acuerdo con el Registro Único de Vehículos Motorizados.

La cantidad representa un incremento sostenido en los últimos años, crecimiento que coincide con una preocupación creciente por la seguridad vial, ya que los incidentes que involucran a motociclistas han provocado la reacción de autoridades y agrupaciones del sector.

En el país son constantes las quejas de los conductores de automóviles por lo que consideran un manejo desordenado e incluso a veces descortés de los motociclistas, actitudes temerarias que pueden provocar accidentes.

Ante esta situación, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto a representantes de asociaciones de motociclistas, instaló esta semana una mesa de trabajo para coordinar acciones orientadas a frenar el aumento de accidentes de tránsito.

El objetivo de esta iniciativa, según se informó, es fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en la red vial nacional en los que se ven involucrados los motociclistas.

Durante el primer encuentro, representantes de este grupo de conductores expusieron los riesgos diarios que enfrentan en las carreteras y propusieron estrategias de prevención que permitan establecer una convivencia más segura para todos los usuarios.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, afirmó que la institución mantendrá la disposición al diálogo con todos los sectores del transporte.

Para el funcionario, estos encuentros buscan impulsar iniciativas que contribuyan a salvar vidas y fomentar una conducción responsable.

“La ATTT es una institución abierta al diálogo y con la total disposición de escuchar a todos los sectores que componen el parque vehicular de nuestro país. La creación de esta mesa técnica con los grupos motorizados nos permitirá unificar esfuerzos y diseñar estrategias de prevención vial. Nuestro norte es salvaguardar vidas y asegurar que cada panameño regrese sano y salvo a su hogar”, dijo.

La mesa técnica instalada permitirá definir medidas concretas para reforzar la prevención de accidentes y mejorar la seguridad de quienes utilizan motocicletas en el país.

En lo que respecta al cumplimiento de normas, la ATTT reportó que 40,110 motocicletas cumplieron con el revisado vehicular en 2024, 43,650 en 2025 y 25,525 entre enero y junio de 2026.

A pesar de las acciones preventivas, los accidentes en que se ven involucradas las motocicletas persisten y suelen generar graves consecuencias.

En los últimos días, los medios informaron sobre una colisión múltiple que involucró a varios vehículos en la Vía Centenario, una de las más transitadas del país.

El incidente causó congestión vehicular y dejó varios lesionados, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de los motociclistas en el tráfico. La cobertura periodística destacó que las autoridades habilitaron un solo carril por sentido mientras se atendía la emergencia, lo que afectó la circulación hacia sectores cercanos a la ciudad capital, como Arraiján y La Chorrera.

El crecimiento en el parque de motocicletas y el incremento de incidentes han convertido a la seguridad vial en una prioridad para las autoridades.

La situación refleja el desafío que representa la convivencia entre distintos tipos de vehículos en las carreteras de Panamá, donde la densidad del tráfico y la falta de cultura vial incrementan los riesgos. Los representantes de los motociclistas señalaron en su encuentro con las autoridades de Tránsito la necesidad de establecer reglas claras y mecanismos de fiscalización que permitan reducir los siniestros.

Las cifras y testimonios muestran que la problemática de los accidentes de motos requiere una respuesta articulada y constante.

Los actores involucrados buscan avanzar hacia una reducción sostenida de los siniestros, en un contexto donde la movilidad en motocicleta sigue creciendo y demanda de políticas públicas enfocadas en la protección de la vida.

La deuda pública total de El Salvador aumentó un 2.4% durante los primeros cinco meses de 2026, alcanzando USD 34,630.96 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) publicados este jueves. El incremento representó USD 823.85 millones adicionales respecto al saldo de USD 33,807.11 millones registrado al cierre de 2025. El aumento mantiene la presión sobre las finanzas estatales, mientras el Gobierno prioriza el cumplimiento de sus compromisos crediticios, indica la nota de la agencia EFE.

El desglose del BCR indica que USD 15,543,75 millones corresponden a deuda externa y USD 19,087.21 millones a deuda interna, de los que USD 11,567.32 millones pertenecen a las obligaciones con los fondos privados de pensiones. De acuerdo a las cifras oficiales, el endeudamiento estatal con el sistema de pensiones representó un crecimiento anual del 6.8% en 2025, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó reforzar la sostenibilidad del sistema previsional y ampliar los ingresos estatales para reducir los costos del endeudamiento y priorizar la inversión pública.

Los datos del Banco Central indican también que la deuda externa se incrementó un 2.09% (USD 318.82 millones) frente al cierre de 2025, mientras que la deuda interna subió un 2.7% (USD 505.03 millones).El peso de la deuda externa, que supera el de la deuda interna, sitúa al país en una posición de mayor exposición frente al escenario financiero internacional.

El banco estatal precisó que “el sector público no financiero concentra el monto más elevado, con USD 21,854.39 millones”, mientras que los instrumentos de corto plazo como las LETES (Letras del Tesoro) suman USD 1,161.39 millones.

Durante 2025, el Gobierno de El Salvador destinó USD 3,087.1 millones al pago de deuda pública, según un informe oficial del Ministerio de Hacienda reseñado por Infobae. Este monto, que incluyó intereses y amortizaciones, absorbió cerca de una quinta parte del presupuesto devengado en el ejercicio fiscal pasado. El informe de Hacienda detalla que USD 1,502.3 millones se destinaron a intereses y otros costos financieros, y USD 1,584.8 millones a la amortización de capital, con una ejecución presupuestaria del 99.1% en este último rubro.

El desembolso del año pasado superó los recursos ejecutados en infraestructura, desarrollo local y transferencias a municipalidades. Los pagos se realizaron con fondos del Fondo General y recursos provenientes de préstamos externos.

El aumento de la deuda contrasta con el acuerdo financiero entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario, ya que el programa establece una reducción del saldo primario de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, buscando colocar la deuda en una trayectoria descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024.

En 2025, el gobierno salvadoreño adoptó medidas fiscales —valoradas en 1.5% del PIB— que contemplaron la reducción de la masa salarial, del gasto en bienes y servicios, y recortes en transferencias a municipios. El FMI también enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, publicar información detallada sobre la deuda y el sistema de pensiones, y robustecer los mecanismos de control contra la corrupción y el lavado de activos.

El crecimiento del PIB y las proyecciones para 2026

El Banco Central de Reserva informó que el PIB de El Salvador creció un 4.79% en el primer trimestre de 2026, situándose en USD 9,261.8 millones. La construcción y la explotación de minas y canteras impulsaron este avance. Las proyecciones del Banco Mundial sugieren que la economía salvadoreña crecerá un 3.2% al cierre de 2026 y un 3% en 2027, frente al 3.9% registrado en 2025.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca a su final tras marcar un hito en la historia del fútbol con la participación de 48 selecciones, 104 partidos y una asistencia estimada de más de 6,5 millones de espectadores en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, los jugadores y fanáticos no fueron los únicos beneficiados, ya que este evento ha impulsado un fuerte dinamismo en el consumo de alimentos, bebidas, empaques, productos de higiene y vestuario en los mercados donde Guatemala ya cuenta con presencia exportadora.

Cuatro tendencias clave impulsadas por el Mundial

Las watch parties y encuentros sociales durante los partidos han mantenido una elevada demanda de snacks y bebidas.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) detalla que las exportaciones guatemaltecas de bebidas saborizadas hacia Estados Unidos crecieron un 35 % en el primer trimestre de 2026, mientras los productos a base de cereales inflados o tostados subieron 57 %. Esta tendencia resalta la preferencia por alimentos para compartir en un entorno social.

El flujo constante de aficionados ha favorecido productos prácticos y empaques fáciles de transportar. En México, las exportaciones guatemaltecas de ciertos plásticos para transporte y envasado aumentaron 37 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

El análisis de Agexport subraya que la logística y la practicidad se han vuelto prioridades para los consumidores en grandes eventos deportivos.

Productos compactos y bienestar del turista

El incremento del turismo internacional ha mantenido la demanda de productos de higiene y bienestar en presentaciones compactas.

Las exportaciones guatemaltecas de productos de limpieza hacia México crecieron 43 % en el primer trimestre de 2026, mientras que las categorías de belleza, cuidado personal y productos farmacéuticos de venta libre han encontrado nuevas oportunidades para atender a viajeros, de acuerdo con la Agexport.

Inspiración deportiva en la moda cotidiana

La influencia del deporte se ha extendido más allá de los estadios. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones de Guatemala de T-shirts de algodón hacia Estados Unidos alcanzaron los 83,4 millones de dólares, reflejando un crecimiento del 15 %.

En Canadá, se observaron incrementos superiores al 40 % en varias categorías de prendas de punto, consolidando la demanda de vestuario casual de inspiración deportiva.

El sector exportador guatemalteco aprovecha el escenario mundialista

El sector HORECA —hoteles, restaurantes y cafeterías— mantiene una alta demanda de alimentos, bebidas, empaques, productos de limpieza y vestuario para atender a los visitantes en los países sede.

Las empresas guatemaltecas han identificado en el Mundial una plataforma para fortalecer su presencia internacional y diversificar su oferta.

Estrategias de empresas guatemaltecas

Ana Belly ha enfocado su estrategia en el mercado nostálgico, impulsando su portafolio de mayonesas, salsas y mermeladas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

YA ESTÁ desarrolló el «Nacho Futbolero», una edición especial dirigida a consumidores entre 16 y 35 años, fabricada con maíz blanco y negro y dips para compartir. El 50 % de la producción de este producto se destina a exportación, lo que fortalece la presencia internacional de la marca.

Dos Pinos ha implementado empaques diferenciados en su categoría de helados y ha realizado activaciones en puntos de venta en Estados Unidos, Canadá y México, con la expectativa de aumentar el consumo en un 20 % frente a un mes habitual.

La industria de vestuario y textiles agrupada en VESTEX funciona como un ejemplo de adaptabilidad. Más de 50 empresas fabrican y exportan playeras y productos alusivos al torneo. Según Agexport, la principal fortaleza del sector radica en su capacidad para entregar prendas al consumidor en menos de diez días desde la orden de producción.

Lecciones y perspectivas para el comercio exterior

Para el sector exportador guatemalteco, el Mundial 2026 ha servido como vitrina internacional y motor de innovación.

Jennifer Mendoza, Gerente del Sector Manufacturas de Agexport, sostuvo que anticiparse a los cambios en las preferencias de consumo e innovar en la oferta se traduce en nuevas oportunidades de negocio y un posicionamiento más sólido en mercados internacionales.

El 13 de julio de 2019, José Francisco García Sobalbarro fue asesinado en Trojes, Honduras, después de haberse exiliado para escapar de la persecución por parte de la Policía y el Ejército del régimen de Nicaragua. Según información recopilada por el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, el agricultor de 56 años, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, fue atacado por sujetos armados que irrumpieron en su vivienda tras regresar de trabajar la tierra.

Su muerte representa uno de los casos que simbolizan el impacto de la represión y el exilio forzado que afecta a quienes se han opuesto históricamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De acuerdo con el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, José García había dedicado gran parte de su vida a la agricultura y la ganadería, manteniendo una reputación de persona sociable y cercana dentro de su entorno. Su hijo, Adonis García Rivera, afirma que “desde siempre su sueño fue ver una Nicaragua libre”. La familia lo describe como un hombre de trabajo, muy apreciado por vecinos y amigos, y sin antecedentes de enemistades.

Persecución marcan la vida y muerte de un exiliado nicaragüense

Los hechos que rodearon el asesinato ocurrieron de manera violenta. Según declaraciones recogidas por el Museo de la Memoria Contra la Impunidad, esa noche tres individuos armados irrumpieron en la casa en la que José García residía en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, en el oriente hondureño. El ataque fue directo y premeditado, según explica la entidad, replicando el modus operandi de otros crímenes cometidos en la región contra exiliados de la dictadura de Nicaragua. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a Tegucigalpa, donde las autoridades notificaron el hecho a la familia.

Su historia está marcada por su vinculación con la Resistencia Nicaragüense, conocida como “la contra”, un movimiento que luchó contra el sandinismo en las décadas de 1980 y 1990. En los años siguientes, mantuvo una postura crítica frente a los nuevos episodios de represión en el país centroamericano. En 2018, cuando el régimen intensificó la persecución contra opositores, José García se refugió en Honduras. Su hijo explica que el asedio de la policía y grupos paramilitares lo obligó a abandonar su hogar: “Mi padre quería ver una generación libre de dictadura“.

Al mismo tiempo, su impacto muerte se amplificó por la similitud con el asesinato de Edgard Montenegro, otro opositor nicaragüense exiliado en Honduras que fue ejecutado bajo circunstancias similares. El Museo de la Memoria contra la Impunidad ha documentado ambos casos para ilustrar los riesgos que enfrentan quienes se oponen a la represión estatal y optan por el exilio como única vía de protección.

“Mi padre no era un criminal, fue conocido como una persona sociable y por lo tanto yo pido que su muerte no quede en la impunidad, pido que se haga justicia”, reclama Adonis García Rivera.

La historia de José García representa el legado de quienes han luchado para que “las nuevas generaciones vivan libres de dictadura” en Nicaragua.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, fue nombrada como Primera Comandante General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del 161 aniversario de la institución, durante un acto solemne realizado en la Estación de Bomberos Metropolitana Sur.

El reconocimiento, de carácter honorífico, se otorgó como parte de la ceremonia oficial que reunió a autoridades del Gobierno, miembros del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, directores, jefaturas, representantes de estaciones de todo el país e invitados especiales.

Durante la actividad, la mandataria aprovechó la ocasión para anunciar una medida dirigida a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Fernández ordenó a la Administración y al Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos iniciar las gestiones necesarias para ampliar el servicio prehospitalario en 25 estaciones de bomberos distribuidas en diferentes regiones del país.

La instrucción busca incrementar la capacidad operativa de la institución en la atención de emergencias médicas, permitiendo que más estaciones cuenten con personal y recursos para brindar asistencia prehospitalaria mientras llegan otros cuerpos de emergencia o se realiza el traslado de pacientes.

La medida forma parte de una estrategia para modernizar y fortalecer al Benemérito Cuerpo de Bomberos, ampliando los servicios que ofrece a la población costarricense y mejorando la cobertura en situaciones que requieren una respuesta inmediata.

El Gobierno indicó que esta decisión reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional de Bomberos mediante proyectos orientados a mejorar la infraestructura, dotar de mayores capacidades operativas al personal y ampliar la atención que reciben las comunidades.

El servicio prehospitalario constituye una de las funciones que ha venido ganando protagonismo dentro de la labor del Cuerpo de Bomberos, al complementar las tradicionales tareas de combate de incendios, rescate y atención de incidentes con acciones de soporte vital y asistencia médica inicial en situaciones de emergencia.

Durante la ceremonia también se destacó la trayectoria de la institución, fundada hace 161 años y considerada una de las entidades con mayor reconocimiento y confianza entre la ciudadanía por su labor permanente en la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente.

Como parte del acto protocolario, la presidenta recibió un casco de bombero, símbolo del nombramiento como Primera Comandante General. El casco representa el liderazgo, el compromiso y la responsabilidad compartida con la misión institucional de salvaguardar a la población costarricense frente a diferentes tipos de emergencias.

El evento reunió a representantes de estaciones de bomberos provenientes de distintas zonas del país, quienes participaron en la conmemoración del aniversario junto con autoridades institucionales y miembros del Consejo Directivo.

La celebración también sirvió para reconocer el trabajo diario de los bomberos, quienes atienden miles de emergencias cada año, incluyendo incendios estructurales y forestales, accidentes de tránsito, rescates, incidentes con materiales peligrosos y emergencias médicas.

Con la instrucción anunciada por la mandataria, el Gobierno pretende ampliar la presencia del servicio prehospitalario dentro de la estructura operativa del Cuerpo de Bomberos, una iniciativa que, de concretarse, permitiría incrementar la capacidad de respuesta en comunidades donde el tiempo de atención resulta determinante para salvar vidas.

El fortalecimiento de este servicio forma parte de los esfuerzos por adaptar la institución a las nuevas demandas de atención de emergencias que enfrenta el país, mediante una mayor cobertura territorial y una respuesta más integral ante incidentes que requieren asistencia inmediata.

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 144 años de prisión a Carlos Eduardo Romero, responsable de planear y ejecutar múltiples asaltos contra furgones que circulaban por la carretera Panamericana y otros puntos estratégicos de la capital salvadoreña. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves, por medio de redes sociales, que la sentencia responde a la gravedad de los hechos perpetrados durante el año 2021.

Según informó la FGR, las investigaciones determinaron que el ahora acusado actuó junto a varios cómplices, interceptando a los transportistas mediante engaños. El grupo elaboraba escenarios falsos para detener la marcha de los camiones, fingiendo que estos vehículos derramaban aceite en la vía. De esta manera, convencían a los conductores de detenerse, momento que aprovechaban para ejecutar los asaltos.

La modalidad de los delitos, según detalló la Fiscalía salvadoreña, incluía también el cruce de autos en la carretera para obligar a los conductores a desviarse. Al verse forzados a abandonar la ruta principal, los transportistas quedaban vulnerables ante el accionar de la banda, que aprovechaba para saquear la mercadería transportada. “Luego de apropiarse de los bienes, los artículos eran vendidos en diferentes mercados del país”, comunicó la FGR en sus canales oficiales.

“Por estos hechos, la Fiscalía General de la República logró que fuera condenado a 144 años de prisión”, destaca la información oficial.

Métodos de engaño para interceptar a los transportistas

De igual manera, la investigación, liderada por la Fiscalía General de la República, permitió recabar pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan de manera directa a Carlos Eduardo Romero con asaltos ocurridos a lo largo de la carretera Panamericana y en otras zonas de San Salvador.

Los informes oficiales señalan que las víctimas, en su mayoría conductores de empresas de transporte de carga, sufrieron pérdidas económicas considerables por el robo de mercancías y por la interrupción de sus labores.

De acuerdo con la publicación de la FGR, el proceso judicial concluyó con la presentación de pruebas que acreditaron la existencia de una estructura criminal organizada y la participación activa de Romero en los hechos imputados. “En otras ocasiones, cruzaban vehículos en la vía para que desviaran las rutas y saquear la mercadería que luego vendían en mercados del país. La condena fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador”, señaló el Ministerio Público.

Durante el proceso, la Fiscalía General de la República subrayó que las investigaciones continúan para identificar y presentar ante la justicia a otros miembros de la organización criminal. Las autoridades mantienen vigilancia en los principales corredores logísticos del país para prevenir hechos similares y resguardar la integridad de los trabajadores del sector transporte.

El caso ha generado atención por la magnitud de los hechos y las repercusiones para el comercio interno. Las acciones impulsadas por la FGR y el trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en las carreteras nacionales.

La Vicepresidencia de El Salvador informó este jueves que el vicepresidente Félix Ulloa se reunió con el fundador de la empresa de inteligencia artificial Teknomic, Scott Jesse Silver, para conocer una propuesta de gobernanza digital orientada a la transparencia, la participación ciudadana y la gestión de procesos comunitarios.

Según un comunicado, Silver planteó un proyecto piloto de gobernanza digital a través de una plataforma verificable para gestionar propuestas, reuniones, resoluciones y registros oficiales, con herramientas de IA bajo supervisión humana y respeto a la autoridad institucional.

Ulloa señaló que el país cuenta con la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que definió como la institución rectora para promover, investigar y desarrollar la aplicación de inteligencia artificial, robótica y otras tecnologías emergentes.

La propuesta presentada a Ulloa

La iniciativa presentada por Silver busca fortalecer la gobernanza comunitaria con el uso responsable de herramientas digitales.

De acuerdo con la Vicepresidencia, el proyecto está enfocado en transparencia, participación ciudadana y eficiencia de procesos comunitarios.

La referencia a la ANIA y al diálogo de la ONU

Ulloa también mencionó ejes de trabajo como la protección de datos y el impulso de la robótica, y afirmó que la innovación debe avanzar con mecanismos de seguridad y confianza y resguardo de la información.

La Vicepresidencia agregó que el funcionario compartió su experiencia en el primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas y señaló el liderazgo conjunto de El Salvador y Estonia, que copresidieron ese espacio sobre inteligencia artificial y gobernanza digital.

Al cierre del encuentro, ambas partes expresaron su disposición a mantener el intercambio técnico y explorar posibles espacios de colaboración en beneficio de las comunidades salvadoreñas.

Uso de la IA en el gobierno salvadoreño ha sido reconocida

En junio, UNESCO y la ANIA presentaron en El Salvador los resultados de una evaluación sobre preparación en inteligencia artificial que identificó avances en servicios públicos y proyectó que una adopción ética de esta tecnología podría generar hasta USD 1.229 millones anuales, el equivalente a un crecimiento de hasta 3,9% del PIB.

El país se apoya en la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, la Ley de Ciberseguridad, la Ley para la Protección de Datos Personales y la existencia de una entidad rectora como la ANIA. Ese andamiaje permitió a El Salvador alcanzar el puntaje máximo de 100 en el subindicador de iniciativa legal del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025. El dato fue presentado como una señal de la ventaja regulatoria con la que el país busca ordenar el despliegue de estas herramientas.

El texto también registra la digitalización de 18 millones de imágenes históricas por parte del Registro Nacional de las Personas Naturales en alianza con Google. Ese proceso habilita la obtención remota de certificados electrónicos.

Otro caso relevado es Procurador IA, de la Procuraduría General de la República, una herramienta que redujo tareas jurídicas complejas de cinco horas a entre 15 y 20 minutos. En educación, el informe añade la incorporación del tutor Grok en más de 5.000 escuelas públicas, con potencial para beneficiar a un millón de estudiantes.

Según el informe, la inteligencia artificial ya se usa en El Salvador para acelerar trámites, ampliar servicios y extender acceso en áreas del Estado. La apuesta oficial es que esa expansión no quede limitada a centros urbanos y contribuya a democratizar el acceso al conocimiento.

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador presentaron una solicitud formal para otorgar un Reconocimiento Especial a Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos, árbitros salvadoreños que han alcanzado los más altos niveles del arbitraje internacional.

La propuesta destaca su desempeño en escenarios deportivos de relevancia mundial, como las Copas Mundiales de la FIFA y otras competencias avaladas por FIFA y CONCACAF.

Los diputados prevén emitirles un diploma para reconocer su participación en el evento.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió partidos de alta exigencia, entre ellos la semifinal entre Francia y España, disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Además, se convirtió en el primer árbitro en la historia del fútbol global en aplicar firmemente la nueva normativa disciplinaria de la FIFA relativa a conductas antideportivas, marcando un precedente normativo tras expulsar a un jugador por insultos en el partido entre Turquía y Paraguay.

En el ámbito académico, Barton fue admitido en un programa de Maestría en Dirección y Administración de Empresas en España, reflejando su compromiso con la formación continua y la excelencia profesional.

Iván Barton, originario de Santa Ana, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador. Desde 2018, tras obtener el gafete FIFA, ha dirigido encuentros en los principales torneos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Oro, la CONCACAF Champions Cup, la Leagues Cup y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Su desempeño lo llevó a integrar el grupo de árbitros centrales en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumando un récord histórico de siete partidos dirigidos como árbitro central en citas mundialistas.

David Morán es Árbitro Asistente Internacional FIFA desde 2015. Se ha distinguido por su precisión técnica, análisis táctico y agudeza visual, cualidades que lo han consolidado como el máximo referente histórico del arbitraje asistente salvadoreño.

Su trayectoria incluye participaciones en las Copas Mundiales de la FIFA Catar 2022 y 2026, la Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial Sub-17 y múltiples ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF.

Morán ha permanecido más de una década en el listado oficial de Árbitros Asistentes Internacionales de la FIFA, proyectando una imagen positiva de El Salvador en el ámbito deportivo internacional y convirtiéndose en ejemplo de perseverancia para la juventud salvadoreña.

Hito para el arbitraje salvadoreño

Ambos oficiales integraron la terna arbitral designada por la FIFA para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un hecho sin precedentes para el deporte nacional y que posiciona a El Salvador en la élite del arbitraje mundial.

La solicitud de los diputados subraya que los logros de Barton y Morán constituyen un testimonio del talento, disciplina y perseverancia que distinguen al pueblo salvadoreño, proyectando el nombre del país en los escenarios deportivos más exigentes del mundo.

La petición de Reconocimiento Especial se fundamenta en la contribución de ambos árbitros al prestigio internacional de El Salvador, su trayectoria ejemplar y su impacto como referentes del arbitraje en la región centroamericana y a nivel global.

Dos ciudadanos salvadoreños y una mujer de nacionalidad nicaragüense fueron requeridos la mañana de este jueves por las autoridades hondureñas luego de ser señalados por conductores y pasajeros como presuntos responsables de varios asaltos registrados en unidades de transporte público de la ruta Torocagua-Plaza, en la capital del país.

La intervención policial ocurrió después de que trabajadores del transporte y usuarios denunciaran los constantes hechos delictivos que, según sus testimonios, se han registrado en diferentes horarios del día, generando temor entre quienes utilizan esta ruta para movilizarse.

Los conductores manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan diariamente y aseguraron que los robos se han convertido en una problemática recurrente que afecta tanto a pasajeros como a empleados del transporte público.

Uno de los conductores expresó su molestia ante los hechos y afirmó que la llegada de las autoridades evitó que la situación pudiera terminar en una confrontación.

“Ya nos cansamos, por suerte la Policía llegó; si no, los topamos. Estamos cansados de tanto asalto en la mañana, tarde y en la noche”, declaró el trabajador del transporte.

Según los denunciantes, los presuntos asaltos ocurren en distintos momentos del día, por lo que solicitaron mayor presencia policial y acciones que permitan garantizar la seguridad de los usuarios y empleados de las unidades.

Pasajeros aseguran haber sido víctimas de robos

Durante el operativo, algunos pasajeros brindaron sus testimonios y señalaron que la delincuencia en esta ruta no es un hecho reciente.

Una mujer que utiliza este servicio de transporte afirmó que ha sido víctima de varios asaltos mientras se trasladaba en los buses de la zona y aseguró que los sospechosos estarían relacionados con los hechos denunciados.

“Sí, a mí me han asaltado varias veces. No, no los conozco, pero sí andaban asaltando”, manifestó la pasajera al referirse a los requeridos.

Los testimonios de pasajeros y trabajadores fueron parte de los elementos que llevaron a las autoridades a realizar el procedimiento y poner a los tres ciudadanos bajo requerimiento mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Mujer nicaragüense asegura desconocer a los otros detenidos

Durante el requerimiento policial, la mujer de nacionalidad nicaragüense afirmó que no tiene relación con los dos ciudadanos salvadoreños que fueron requeridos junto a ella.

La extranjera aseguró ante las autoridades que no conocía a los hombres y expresó desconocer los motivos por los cuales estaba siendo retenida durante el operativo.

“Yo no los conozco a ellos”, manifestó la mujer al ser consultada sobre el vínculo que tendría con los otros dos sospechosos.

La ciudadana deberá esperar el avance del proceso correspondiente para que las autoridades determinen si existe o no participación en los hechos denunciados.

Ayudante de bus relata agresión durante asalto

Otro de los testimonios que surgió durante el procedimiento fue el de un ayudante de una unidad de transporte, quien aseguró haber sido víctima de una agresión mientras intentaba impedir un asalto.

El trabajador relató que durante uno de los hechos delictivos resultó lesionado luego de intentar oponerse a los presuntos delincuentes.

“Me rajaron la cabeza”, expresó al recordar el momento en que fue atacado.

Los empleados del sector han reiterado en distintas ocasiones la necesidad de implementar mayores controles de seguridad para evitar que continúen los asaltos que afectan a conductores, ayudantes y pasajeros.

Tras el requerimiento, los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades recordaron que cualquier denuncia ciudadana es importante para avanzar en los procesos investigativos y combatir los delitos que afectan a la población.

Mientras tanto, los usuarios del transporte público esperan que las acciones de seguridad permitan reducir los incidentes delictivos y garantizar mayor tranquilidad para quienes utilizan diariamente estas unidades en Tegucigalpa.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) expidió 2.319 licencias de marino de aguas nacionales y capacitó a más de 3.600 personas en seguridad marítima durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales divulgados por la entidad.

La cifra reafirma la vocación marítima de Panamá y el peso de su sector pesquero, en un país que se extiende sobre dos océanos y que mantiene una de las rutas comerciales más activas del mundo.

De acuerdo con información difundida por la AMP, el otorgamiento de licencias corresponde a pescadores y trabajadores que operan embarcaciones en aguas jurisdiccionales panameñas.

Este proceso, que exige la verificación de competencias y el cumplimiento de estándares nacionales, busca profesionalizar el sector, fortalecer la seguridad y reducir los riesgos asociados a la actividad marítima.

Las autoridades indicaron que han fortalecido los mecanismos de control y formación técnica, lo cual ha permitido incrementar la cantidad de trabajadores certificados en comparación con años anteriores.

Con costas en el océano Pacífico y el mar Caribe, el país concentra comunidades que dependen de la pesca artesanal, además de un creciente número de trabajadores vinculados al transporte, la logística y la seguridad portuaria.

Según la Autoridad Marítima de Panamá, la formación en seguridad se ha convertido en una prioridad ante el incremento de incidentes y la necesidad de proteger la vida humana en el mar.

El impulso en las capacitaciones responde a la demanda de protocolos internacionales y a las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La AMP detalló que los programas incluyen cursos sobre primeros auxilios, prevención de incendios, técnicas de supervivencia y manejo de equipos de comunicación a bordo. “La capacitación constante fortalece la seguridad de la tripulación y optimiza la respuesta ante emergencias”, explicó un vocero de la entidad.

Entre los beneficiarios figuran tanto pescadores como personal de embarcaciones de transporte, operadores portuarios y representantes de cooperativas pesqueras.

El sector pesquero panameño enfrenta retos relacionados con la sostenibilidad de los recursos, la modernización de la flota y la adaptación a regulaciones ambientales internacionales.

De acuerdo con la AMP, las reformas en los procesos de licenciamiento y formación buscan asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que los trabajadores cuenten con herramientas actualizadas para desempeñar sus funciones.

Los medios reportaron que el crecimiento del número de licencias y capacitaciones coincide con la implementación de nuevas tecnologías de monitoreo y control en los principales puertos nacionales.

La doble condición marítima de Panamá, con acceso tanto al Pacífico como al Caribe, ha favorecido el desarrollo de una cultura pesquera diversa.

Las comunidades costeras, especialmente en provincias como Veraguas, Bocas del Toro y Los Santos, dependen de la pesca artesanal como principal fuente de sustento.

Organizaciones de pescadores han destacado la importancia de las licencias y la formación en seguridad para mejorar las condiciones laborales y reducir los accidentes. “La actualización permanente de los trabajadores del mar es fundamental para mantener los estándares internacionales y responder a las exigencias del mercado global”, indicó el organismo en un comunicado.

La AMP prevé mantener el ritmo de certificaciones en el segundo semestre de 2026 y ampliar los programas de formación, con énfasis en sostenibilidad y protección ambiental, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño.

En Panamá, la conmemoración del Día del Pescador se celebra el 16 de julio y fue establecida mediante la Ley 13 de 5 de mayo de 2016 y es celebrada junto a las festividades de la Virgen del Carmen, patrona de los marinos.

Con el otorgamiento de las licencias se reconoce el aporte de quienes hacen del mar su medio de vida y desempeñan un papel fundamental en la economía nacional, el abastecimiento de las comunidades y el desarrollo del sector marítimo.

Con una inversión superior a 20 millones de quetzales (aproximadamente USD 2.6 millones) para ampliar el alcance del programa Guatemaltecos por la Nutrición, el Grupo Financiero G&T Continental apoyará la iniciativa que ha reducido la desnutrición infantil en comunidades de Chiantla, Huehuetenango, según informó la agencia EFE.

Iveth Suárez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano de G&T Continental, detalló en declaraciones recogidas por EFE, que la inversión permitirá extender durante cinco años intervenciones integrales en salud, nutrición, agua, saneamiento y economía familiar, con el objetivo de llegar a más de 45,000 personas, incluidos unos 5,000 niños. El programa, que se ejecutará en zonas rurales de alta vulnerabilidad, busca promover cambios en salud, nutrición, agua, saneamiento y economía familiar en las comunidades y no limitarse a la transferencia de recursos.

El modelo, impulsado inicialmente por la organización Guatemaltecos por la Nutrición, demostró que la entrega de alimentos o suplementos, aunque necesaria en situaciones críticas, no modifica las causas que perpetúan la desnutrición. José Silva, director ejecutivo de la organización, destacó, en conversación con EFE, que el enfoque actual “tenía que ser sostenible y afectar las causas, no solo los efectos”. El trabajo en campo se realiza en áreas remotas, “literalmente en la montaña”, fuera de las cabeceras municipales o departamentales.

La intervención ha conseguido reducir la prevalencia de desnutrición crónica en 17 puntos porcentuales y bajar la desnutrición aguda del 6% al 0,38% en los primeros territorios atendidos, de acuerdo con resultados auditados por la Universidad Católica de América en Washington. Según datos compartidos por Silva, unos 350 niños con desnutrición aguda han sido atendidos, de los cuales el 93% logró una recuperación sostenible.

Cómo funciona la intervención en Chiantla

El programa incluye equipos multidisciplinarios compuestos por médicos, nutricionistas, personal de enfermería, ingenieros agrícolas y especialistas comunitarios residentes en las áreas intervenidas. Estas brigadas trabajan junto a la población local para diseñar soluciones adaptadas a las condiciones geográficas y sociales de la región. EFE resaltó que la falta de agua, la altitud y la limitada diversificación agrícola incrementan la vulnerabilidad de las familias de Chiantla.

Uno de los desafíos es garantizar el acceso al agua. El proyecto contempla la instalación de sistemas de captación, almacenamiento y potabilización de agua de lluvia, así como la capacitación de habitantes para operar y mantener la infraestructura. Las familias, dedicadas sobre todo al cultivo de papa y al pastoreo de ovejas, recibirán apoyo para diversificar la producción hacia hortalizas, legumbres, huevos y otros alimentos adaptados al clima de la meseta.

La estrategia también promueve la elaboración y comercialización de productos locales y la creación de grupos comunitarios de ahorro, con el fin de fortalecer la economía familiar. Según Suárez, “no buscamos únicamente invertir recursos o hacer una donación, queremos que las comunidades generen cambios permanentes”.

Durante los dos primeros años, el personal especializado tendrá una participación intensiva en las comunidades y formará a comadronas, fontaneros, madres guía, facilitadores agrícolas y gestores de ahorro, entre otros liderazgos locales. Desde el tercer año, los habitantes capacitados comenzarán a asumir responsabilidades de manera progresiva, y hacia el quinto, el equipo externo reducirá su intervención directa.

Cómo medirán los resultados

La medición del impacto se realizará mediante 57 indicadores, de los cuales 20 son considerados trazadores y abarcan áreas como nutrición, controles prenatales, vacunación, suplementación, acceso a agua potable, producción de alimentos, generación de ingresos y ahorro familiar. Las auditorías externas, a cargo de la Universidad Católica de América, comparan las comunidades beneficiadas con grupos de control. Se prevé que la próxima evaluación se lleve a cabo entre octubre y noviembre en las nuevas zonas de intervención.

La experiencia previa sugiere que la clave de la sostenibilidad radica en el involucramiento de las comunidades. “La idea es que alguien externo pueda certificar y validar que lo que estamos poniendo como compromiso se cumpla en tiempo y forma”, puntualizó Suárez en diálogo con EFE.

Padres de familia y alumnos presentaron denuncias en contra de un maestro señalado de acoso sexual y abuso físico y emocional en contra de estudiantes de un establecimiento público de Guatemala.

Las denuncias fueron confirmadas por la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Mixco, luego de realizar evaluaciones y entrevistas, motivaron la intervención de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación.

Los señalamientos incluyen acoso sexual, abuso físico y emocional, y discriminación contra estudiantes de la Escuela Rural Mixta 845 “Pérez Guisazola” Jornada Vespertina, ubicada en la zona 10 de Mixco. Estas son atribuidas al profesor Daniel Rubén Álvarez Quisque.

No se dieron por vencidos

Según padres de familia, al principio acudieron a las autoridades del Centro Educativo, pero, al no sentirse respaldados, elevaron cartas a la Dirección Departamental de Educación de Mixco y a otras entidades como la OMPNA.

Una de las cartas, a la que Infobae tuvo acceso, detalla señalamientos de baja calidad educativa, agresión verbal, agresión física y acoso sexual o comportamiento inmoral con algunas de las estudiantes.

Ante esta situación, la OMPNA de la Municipalidad de Mixco acudió al lugar para realizar una investigación con entrevistas y recopilación de informes que, a su criterio, confirman las acusaciones vertidas por los padres de familia. Así lo revelaron a través de sus redes sociales.

La OMPNA solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público y del Ministerio de Educación para acelerar las acciones penales y administrativas y garantizar la protección de los estudiantes afectados. La entidad subrayó la urgencia de evitar que más niñas y niños sean víctimas de los hechos señalados.

Hechos relatados por víctimas

Entre las situaciones denunciadas, se documentó que el docente acariciaba la pierna de alumnas, la espalda y el hombro, acciones que generaron incomodidad y rechazo en las estudiantes. Las autoridades clasificaron estas conductas como explotación sexual en la modalidad de acoso sexual ejercido por profesores.

Además, los testimonios refirieron que el profesor insultaba a los niños durante las clases con expresiones como “estúpidos” y “tienen popo en la cabeza”. Se reportó que también agredía físicamente a los alumnos con pellizcos, golpes en la cabeza y tirones de brazo. Varios menores presentaron moretones como consecuencia de estos actos, de acuerdo con la investigación oficial.

Testimonio de una madre

En declaraciones recogidas por Noti7, una madre de familia, quien optó por el anonimato, relató: “El maestro les ofende. Han habido ocasiones en que él les bota las refacciones, los crayones, y les dice que tienen cabeza de camarón, que son tontos. Se ha hablado y él no toma cartas en el asunto”.

La madre agregó: “Él dice que por tomarles cariño les toca la espalda, les juega el pelo... Me comentaban que en una actividad, usando aparatos para ver el corazón, él estaba sobando la parte delantera, los senos de las niñas”.

Según la madre, el profesor negó los hechos y argumentó que eran inventos. Afirmó también que en una ocasión sacó a una niña del aula para llevarla a una librería, sin justificación válida.

Acciones institucionales y próximos pasos

La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia ratificó las denuncias e informó que se abrió un proceso penal contra Daniel Rubén Álvarez Quisque. Las autoridades municipales reiteraron la necesidad de que los organismos nacionales actúen con celeridad.

Mientras que el Ministerio de Educación, consultado por Infobae, indicó: “El Ministerio de Educación tuvo conocimiento de las denuncias... Desde ese momento se activaron los protocolos institucionales y, por medio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, se realizan las verificaciones e investigaciones administrativas para el esclarecimiento de los hechos”.

Agregaron: “Profesionales de los programas Cuida y PROESVI han acudido al establecimiento brindando atención y acompañamiento, como parte de las acciones de protección a la comunidad educativa. Reiteramos que toda denuncia... es atendida conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con las autoridades competentes”.

La presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Solano, rechazó que el crimen organizado haya logrado infiltrarse en el Poder Judicial, al asegurar que los casos detectados corresponden a una proporción mínima del personal judicial y que todos fueron investigados oportunamente.

Las declaraciones se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde respondió a consultas de los diputados sobre el funcionamiento del sistema judicial, la mora en la resolución de expedientes y el impacto del crimen organizado en las instituciones del Estado.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el diputado Fernando Obaldía, de la bancada oficialista, se refirió a las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien el pasado 1.º de julio afirmó en una conferencia de prensa que el crimen organizado y el narcotráfico estaban infiltrados en el Poder Judicial.

Ante una pregunta directa sobre esa afirmación, Solano respondió de manera categórica: “No”.

Posteriormente, un diputado oficialista insistió en que existen casos conocidos públicamente que demostrarían la presencia del crimen organizado dentro de la institución y consultó qué acciones está implementando el Poder Judicial para impedir nuevas infiltraciones.

En respuesta, la magistrada explicó que los casos identificados representan una cifra muy reducida en comparación con la totalidad de jueces del país.

“Mil cien jueces y seis casos que se han dado corresponde a un 0,5% de todo el personal de la judicatura. De manera que esto no es una infiltración y los investigamos”, manifestó Solano durante la audiencia.

La presidenta de la Sala Tercera defendió que los mecanismos internos de control han permitido detectar y procesar esos casos, por lo que consideró incorrecto generalizar la situación y afirmar que el crimen organizado se encuentra infiltrado en el Poder Judicial.

Debate por la mora judicial

Otro de los principales temas discutidos durante la comparecencia fue la mora judicial y los tiempos de resolución de los recursos que llegan a la Sala Tercera.

Desde la bancada oficialista se cuestionó la relación entre el presupuesto asignado a esa dependencia y la cantidad de expedientes resueltos cada año.

Durante la audiencia, el legislador Gonzalo Ramírez, de la bancada oficialista, afirmó que la Sala Tercera recibe cerca de ₡2,000 millones (USD 4 millones) anuales, pero únicamente resuelve por el fondo alrededor de 250 expedientes, por lo que solicitó una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Frente a esos cuestionamientos, Solano defendió el desempeño de la Sala y aseguró que los tiempos de respuesta son competitivos dentro del sistema judicial.

Según indicó, el plazo promedio de resolución ronda los cinco meses, pese a que cada año ingresan aproximadamente 1,700 asuntos para conocimiento del tribunal.

La magistrada afirmó que, en términos de productividad, la Sala Tercera mantiene uno de los mejores desempeños dentro de la Corte Suprema de Justicia.

Reconocen trabajo contra los homicidios

Durante la sesión también hubo espacio para reconocer el trabajo de los cuerpos de investigación judicial en el combate contra la criminalidad.

Diputados de oposición destacaron la labor realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, señalando que sus operativos han contribuido a la reducción de los homicidios registrada en lo que va del año.

Marco Badilla, diputado de Liberación Nacional, sostuvo que el trabajo conjunto de ambas instituciones ha permitido golpear estructuras criminales y disminuir los niveles de violencia, aunque consideró que esos resultados no siempre reciben el reconocimiento público correspondiente.

La comparecencia contó además con la participación del fiscal general, Carlo Díaz, y del director del OIJ, Michael Soto, quienes acompañaron a la presidenta de la Sala Tercera durante la exposición sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en materia de seguridad y persecución del crimen organizado.

La audiencia se desarrolló en medio del debate político sobre el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada y la necesidad de reducir la mora judicial, mejorar la eficiencia de los tribunales y reforzar los mecanismos internos de control para garantizar la transparencia dentro del Poder Judicial.

En sesión permanente se declaró la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel (CIAN) para darle seguimiento a los posibles efectos adversos que se puedan presentar en el país ante el fenómeno atmosférico de El Niño.

La comisión está integrada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y representantes de entidades clave del gobierno panameño.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, explicó que la comisión busca establecer una hoja de ruta clara que permita definir los roles y funciones de cada institución involucrada, y así garantizar una respuesta eficiente en las zonas más vulnerables del territorio nacional, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El encuentro de esta semana se centró en la evaluación de los escenarios presentados por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La directora general del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que las precipitaciones han mostrado una mayor intensidad en el Caribe panameño, mientras que en el litoral Pacífico persiste una disminución importante de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del instituto, el fenómeno de El Niño podría prolongarse durante 12 meses, extendiéndose hasta mayo de 2027, aunque se prevé que la máxima intensidad se registre en octubre de 2026.

La CIAN se mantiene atenta a los informes del IMHPA, que prevén un déficit de lluvias en buena parte del país entre julio y diciembre de 2026.

Este escenario implica riesgos para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, especialmente en las regiones que dependen de la regularidad de las lluvias para el desarrollo de cultivos y la ganadería.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que coordina acciones preventivas junto a las autoridades locales para mitigar el impacto de la sequía y proteger los medios de vida rurales, de acuerdo con lo reportado por el Sinaproc.

En el contexto de la crisis climática regional, los pronósticos elaborados por organismos internacionales y nacionales han generado preocupación por la posibilidad de un episodio extremo del fenómeno de El Niño en América Central.

Al igual que otros países de la región, Panamá enfrenta la amenaza de sequías prolongadas, disminución de la productividad agropecuaria y potenciales afectaciones a la estabilidad social y económica.

La CIAN ha reiterado el compromiso del gobierno panameño de actuar con “máxima transparencia y coordinación interinstitucional”, según se desprende de las declaraciones de los funcionarios participantes en el encuentro.

Las autoridades insisten en que la preparación y la información oportuna serán factores determinantes para reducir los riesgos y proteger a la población ante la evolución de este fenómeno climático.

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, dijo en su momento que se estaba evaluando la posibilidad de ayudar al sector ganadero con medicinas, porque el estrés calórico afecta mucho al ganado y puede producirles piro plasma y eso causa la muerte del ganado.

“Buscamos aportar ración con silos, alimentos fibrosos para evitar que el ganado muera producto de la sequía fuerte”, informó Linares, reiterando a la población que en materia de arroz, no habrá desabastecimiento ya que se mantiene un constante monitoreo y cuando así lo amerite se tomará las decisiones correspondientes para garantizar el rubro a la población panameña que, de acuerdo con cifras, mensualmente consume alrededor de 788 mil quintales.

El IMHPA ha reiterado que el fenómeno de El Niño tiene efectos importantes sobre Panamá, especialmente en la región del Pacífico, donde se registra una disminución de las lluvias y un incremento en las temperaturas del aire.

También advirtió que la reducción de lluvias afectará los caudales que abastecen a las plantas potabilizadoras del país.

La Secretaría de Salud de Honduras informó que continúa avanzando en la reducción de la mora quirúrgica mediante una estrategia que combina el fortalecimiento de la red pública hospitalaria con la articulación del sector privado, con el objetivo de brindar atención más oportuna a los pacientes que permanecían en lista de espera.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, detalló que de los 5,900 pacientes identificados inicialmente con mora quirúrgica, alrededor de 1,400 ya fueron intervenidos como parte del plan ejecutado para disminuir el retraso acumulado en los hospitales del país.

El funcionario explicó que muchos de los pacientes permanecieron durante más de un año esperando una cirugía, por lo que la Secretaría de Salud estableció criterios médicos para determinar la prioridad de cada caso.

Según Midence, las decisiones se toman considerando factores como el tipo de procedimiento requerido, el tiempo de espera y las condiciones clínicas de cada paciente, con el propósito de atender primero aquellos casos que requieren mayor urgencia.

El viceministro señaló que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sistema sanitario nacional y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios médicos.

Fortalecimiento de la red hospitalaria

Midence destacó que la reducción de la mora quirúrgica es parte de una serie de medidas que buscan ampliar la atención especializada en Honduras.

Entre las acciones mencionadas se encuentra el fortalecimiento de la cobertura para pacientes con enfermedades renales, así como la formulación de una política pública dirigida a atender enfermedades raras y desatendidas.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Salud trabaja en la obtención de recursos destinados a mejorar la capacidad operativa de los centros asistenciales y garantizar mejores condiciones para la atención de los pacientes.

El funcionario afirmó que la institución mantiene esfuerzos para fortalecer los servicios de salud y reducir las limitaciones que históricamente han afectado al sistema hospitalario público.

Salud pide completar vacunación infantil

En materia de prevención, el viceministro hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores para que lleven a los niños a los establecimientos de salud y completen los esquemas de vacunación pendientes.

Midence recordó que las vacunas son gratuitas, seguras y representan la principal herramienta para evitar enfermedades prevenibles.

Además, señaló que Honduras mantiene vigilancia epidemiológica por la presencia de casos importados de sarampión, por lo que instó a la población a acudir a los centros de salud para verificar el estado de vacunación de los menores.

El funcionario destacó que la vacunación permite reducir los riesgos de propagación de enfermedades y proteger especialmente a los grupos más vulnerables.

Llamado a prevenir el dengue

El viceministro también exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención contra el dengue, una enfermedad que continúa representando un desafío para las autoridades sanitarias.

Midence explicó que es necesario eliminar los criaderos del mosquito transmisor, principalmente aquellos recipientes donde puede acumularse agua y favorecer la reproducción del zancudo.

El funcionario indicó que el combate contra el dengue requiere la participación conjunta de las autoridades y la población, debido a que las acciones preventivas desde los hogares y comunidades son fundamentales para reducir los contagios.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica y continúa promoviendo campañas de prevención para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.

Garantizan abastecimiento de medicamentos

Por otra parte, Midence aseguró que la Secretaría de Salud trabaja para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los hospitales del país.

Explicó que la institución desarrolla procesos de licitación y distribución con el objetivo de mejorar la disponibilidad de los recursos necesarios para la atención de los pacientes.

Según el funcionario, estas acciones buscan fortalecer la capacidad de los centros asistenciales y garantizar que el personal médico cuente con las herramientas necesarias para brindar atención adecuada.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará implementando estrategias para reducir la mora quirúrgica, mejorar la atención hospitalaria y fortalecer las acciones de prevención ante enfermedades que afectan a la población hondureña.

La Comisión Bicameral del Congreso Nacional no conocerá este jueves las 84 propuestas de modificación al nuevo Código Penal porque el proceso de revisión acumuló retrasos, a solo 10 días del cierre de la actual legislatura ordinaria y con la nueva ley penal prevista para entrar en vigencia en la primera semana de agosto.

La sesión extraordinaria convocada para las 15:00, en la que se esperaba presentar las observaciones ya evaluadas, fue pospuesta para este viernes. El plan original de los legisladores era concluir al mediodía la revisión de los planteamientos remitidos por la sociedad, después de haber iniciado ese trabajo el miércoles alrededor de las 18:00.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó en el Congreso que el plazo ya no alcanzaba. “Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo.

Pacheco añadió que las horas restantes antes de la sesión de mañana se usarán para agilizar el proyecto de variación de la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.

La comisión asegura que revisará todas las observaciones presentadas

Una de las objeciones planteadas al procedimiento de la comisión, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto tiempo asignado para examinar las observaciones enviadas por la población. Frente a esas críticas, Pacheco sostuvo que todas las propuestas serán atendidas.

La misma posición expresó el presidente de la subcomisión, el senador Pedro Catrain, encargado de entregar a la Comisión Bicameral una matriz con el detalle de las distintas sugerencias de modificación. “Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, afirmó.

Catrain explicó que los legisladores están incorporando en un documento todas las propuestas, con identificación de diferencias y coincidencias entre ellas. “Estamos poniendo todas las propuestas que ellos hacen, cuando hay diferencias, las señalamos y cuando hay coincidencias, las agrupamos”, precisó.

El senador informó además que estiman entregar ese expediente antes de que termine este jueves a la comisión que estudia la reforma.

El artículo 8 concentra coincidencias entre médicos, industriales y otros gremios

Según lo observado por los integrantes de la subcomisión, representantes del sector médico, la AIRD y otros gremios mantienen posturas similares sobre el artículo 8 del nuevo marco penal. Ese apartado delimita la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el país.

Catrain señaló que no se trata de un caso aislado dentro del conjunto de observaciones recibidas. “Hay varios artículos que son prácticamente muy coincidentes entre ciudadanos e instituciones que han hecho propuestas”, indicó.

Pacheco adelantó que el Congreso establecerá un mecanismo para comunicar a los proponentes cuando sus recomendaciones no sean acogidas. “Todas las propuestas que no podamos acoger, les haremos saber a quien las hizo que se posterga para una próxima oportunidad o por qué no se acogió”, dijo.

La comisión estudia 84 propuestas de modificación y tenía previsto someterlas a votación en menos de 24 horas. Ese calendario quedó desplazado por el retraso en la revisión de las observaciones presentadas por ciudadanos e instituciones.

Miles de familias del Corredor Seco hondureño recibieron asistencia de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para enfrentar la sequía.

El apoyo alcanzó a 4,000 hogares de Choluteca, Valle y Comayagua y combinó transferencias monetarias con insumos y acompañamiento productivo.

La ayuda, financiada por el Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe, llegó a unas 20,000 personas que combina una transferencia económica directa con insumos y acompañamiento productivo.

Cada familia recibió una transferencia única de USD 150, equivalente a una inversión total de USD 600,000, unos (16,020,000 millones de lempiras) destinada a cubrir necesidades alimentarias urgentes y fortalecer actividades agrícolas y pecuarias.

“Compraré semillas e insumos para la cosecha de postrera. Este dinero fue una alegría para el hogar”, expresó Irma Hernández, habitante de la aldea Tapaire, en Choluteca.

Los cambios en los patrones de lluvia y los períodos prolongados de sequía afectan principalmente a pequeños productores en Honduras, que dependen de sus cultivos para alimentar a sus familias y generar ingresos.

El impacto de la sequía

El Corredor Seco hondureño es una de las regiones más expuestas a los efectos de la variabilidad climática. La irregularidad de las lluvias, las altas temperaturas y la degradación de los suelos han provocado durante años pérdidas en cultivos básicos como maíz y frijol, además de afectar la producción pecuaria.

Ante este escenario, organismos humanitarios advierten que la respuesta no puede limitarse a entregar alimentos o recursos temporales, sino que debe fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar futuras crisis.

Por esa razón, la estrategia incluye acciones destinadas a recuperar la producción familiar mediante paquetes agrícolas, insumos para huertos, apoyo pecuario y asistencia técnica.

“Lo invertiremos en insumos para la siembra de granos básicos, además de hortalizas y frutas. Yo soy productor de ayote y sandía”, explicó Wil Alfredo Sánchez, residente de la aldea Los Colorados.

Kits agrícolas, riego y apoyo pecuario

Además de las transferencias económicas, el programa contempla la entrega de kits agrícolas a 3,500 hogares, sistemas de riego y soluciones de almacenamiento de agua para 660 familias, así como el fortalecimiento de 20 bancos comunitarios de granos que beneficiarán a alrededor de 1,000 hogares.

La intervención también incluye apoyo para fortalecer la producción avícola, entrega de alimento para animales y campañas de vacunación que permitirán proteger aproximadamente 49,000 animales, considerados un activo fundamental para muchas familias rurales.

Para los beneficiarios, conservar animales y recuperar sus cultivos significa mantener una fuente de alimentación y una posibilidad de generar ingresos en comunidades donde las oportunidades económicas son limitadas.

Respuesta humanitaria

La asistencia forma parte de una respuesta coordinada entre Naciones Unidas y organizaciones humanitarias para atender las necesidades más urgentes de las poblaciones afectadas por fenómenos climáticos.

El Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe destinó USD 2.15 millones para esta intervención, que se desarrollará entre junio y noviembre de 2026 con el objetivo de combinar ayuda inmediata y recuperación de los medios de vida.

Por su parte, Héctor Figueroa, director del Instituto de Investigación Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señalo que durante los meses de julio y agosto del presente año más de 750 mil hondureños podrían requerir asistencia alimentaria debido a que se encuentran en condición de inseguridad alimentaria severa.

El Ministerio de Finanzas autorizó una ampliación de Q22,558,258 al presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para pagar personal, comprar equipo y armamento, y cubrir estipendios de militares guatemaltecos desplegados en Haití, en un momento en que el país duplicará su presencia en esa misión de 150 a 300 soldados.

Del total aprobado, Q16,744,248 se asignan a gastos de funcionamiento y Q5,814,010 a inversión física. Los recursos provienen en su mayor parte de ingresos propios del ministerio: Q21,265,027, a los que se suman Q1,293,231 por disminución de caja y bancos de ingresos propios.

El Acuerdo Gubernativo 125-2026, firmado el 10 de julio de 2026 y publicado el jueves 16 de julio en el Diario de Centro América, establece que la cartera de Defensa pidió los fondos para completar el pago de la nómina del personal contratado. La ampliación también cubre complementos específicos, prestaciones laborales y un bono único de productividad para el personal permanente.

Una parte de esos ingresos propios procede de la venta de servicios de la administración pública, que aporta Q21,227,587. Esa cifra se desglosa en Q4,216,000 por servicios de salud y asistencia social, y Q17,011,587 por otros servicios, además de Q37,440 en tasas y licencias varias.

La ampliación cubre nómina, equipo táctico y el despliegue en Haití

La autorización presupuestaria responde de forma directa a tres frentes de gasto del Mindef: salarios y beneficios de su personal, compras para las operaciones de la institución y estipendios para el contingente militar guatemalteco en territorio haitiano.

Entre las adquisiciones previstas figuran uniformes, materiales, insumos y suministros, equipo médico, equipo táctico, un autobús tipo Pullman y armamento. El acuerdo también asigna recursos al pago de estipendios para los integrantes de la II Unidad de Policía Militar para la Fuerza de Represión de las Bandas desplegados en la República de Haití.

El documento fue suscrito por el presidente Bernardo Arévalo de León y el ministro de Finanzas Jonás Gonzalo Lima. La fiscalización del uso de los fondos corresponde a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Guatemala duplicará su contingente militar hasta 300 soldados

La ampliación presupuestaria se conoce después del anuncio hecho por Arévalo durante los actos del 30 de junio por el Día del Ejército de Guatemala, cuando informó que el país elevará su presencia militar en Haití de 150 a 300 soldados. El Ejército guatemalteco confirmó que ese incremento se encuentra en proceso.

Durante ese discurso por el 155 aniversario del Ejército, celebrado en la capital guatemalteca con el tradicional desfile militar, el mandatario vinculó el envío de tropas con el fortalecimiento operativo de las fuerzas armadas. Arévalo afirmó: “Prueba de ello es el incremento de nuestra participación en la misión de Haití, pasando de 150 a 300 soldados, reafirmando que Guatemala no solo trabaja por su propia seguridad, sino que también contribuye con responsabilidad a la estabilidad regional y a la paz mundial”.

Guatemala mantiene presencia militar en Haití desde inicios de 2025, cuando desplegó un contingente inicial de 150 efectivos para apoyar la antigua Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. Con la ampliación anunciada, las tropas guatemaltecas pasarán a integrarse a la Fuerza de Supresión de Pandillas, un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 para combatir a las bandas armadas que operan en ese país y sustituir el mandato anterior.

El mandatario realizó las declaraciones este jueves en San Pedro Sula, donde acompañó la recepción de las primeras 140 máquinas que forman parte del programa de fortalecimiento de las alcaldías, una iniciativa que contempla la adquisición de 2,100 equipos con una inversión de 244 millones de dólares.

Durante el evento, Asfura se subió a una de las modernas máquinas, ingresó a la cabina, recibió instrucciones básicas de operación y realizó una prueba para conocer de primera mano el funcionamiento de los nuevos equipos.

"Aquí estoy para atenderlos a todos, ya el que no quiera trabajar conmigo es porque tiene un problema mental“, expresó el gobernante al reiterar que su administración trabajará con todos los alcaldes del país, independientemente de su afiliación política.

“La tecnología ha cambiado”

Tras operar el equipo, el presidente comentó que tenía más de 15 años sin manejar una máquina de este tipo y destacó el avance tecnológico de la maquinaria adquirida.

"Tenía más de 15 años de no operar una máquina. Fue suficiente subirme, me dieron cuatro indicaciones e hicimos una prueba. Es espectacular cómo ha cambiado la tecnología y esto pone a Honduras a la vanguardia para servirle a la gente y llevar soluciones a cada municipio“, manifestó.

El gobernante afirmó que la llegada del primer lote representa el inicio de una transformación en la infraestructura municipal, con equipos que serán destinados al mantenimiento de carreteras, caminos productivos, accesos comunitarios y otras obras solicitadas por la población.

"Este es el comienzo de alrededor de dos mil máquinas que vendrán a trabajar y a servirle a cada hondureño en los 298 municipios del país“, sostuvo.

Pide que lo evalúen al finalizar su mandato

Durante su intervención, Asfura también se refirió a las evaluaciones que se hacen sobre los primeros meses de su administración y pidió que su gestión sea juzgada al concluir su mandato.

"Me cuentan las costillas, de 100 días, 150 días, 180 días, pero miren: a mí me van a medir hasta el último día de gobierno, y dicho sea de paso me quedan 42 meses con 12 días“, expresó.

El mandatario señaló que espera que la valoración de su administración se realice cuando entregue el poder el 27 de enero de 2030, y no con base en los primeros meses de gestión.

Confirma pago por el avión presidencial

Durante el evento, Asfura confirmó que el Estado hondureño ya recibió el pago correspondiente por la venta del avión presidencial.

El presidente indicó que la operación generó 137.5 millones de lempiras para el país y aseguró que la aeronave representaba un alto costo para las finanzas públicas.

Además, reveló que administraciones anteriores destinaron alrededor de tres millones de dólares únicamente al mantenimiento del avión presidencial.

Inversión de 244 millones de dólares

El programa de fortalecimiento municipal contempla una inversión de hasta 244 millones de dólares, mediante la compra de 2,100 equipos de maquinaria pesada, que serán distribuidos de manera progresiva entre las 298 alcaldías del país.

Cada gobierno municipal podrá seleccionar el kit de maquinaria que mejor responda a sus necesidades, mientras que los equipos contarán con monitoreo satelital, mantenimiento en sitio durante cuatro años y capacitación especializada para los operadores.

Asfura aseguró que la iniciativa permitirá a las alcaldías ejecutar proyectos de infraestructura con mayor rapidez y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y fenómenos naturales.

"Hoy los 298 alcaldes tendrán una oportunidad para desarrollar sus municipios, no solamente en infraestructura, sino también para responder ante los efectos del cambio climático o cualquier fenómeno natural“, afirmó.

Apoyo al sector productivo

El mandatario explicó que la maquinaria también podrá utilizarse para construir reservorios de agua en municipios, aldeas y caseríos, con el objetivo de apoyar a los productores y garantizar disponibilidad del recurso durante la temporada seca.

Asimismo, exhortó a los alcaldes a utilizar responsablemente los equipos y anunció que el programa contempla la creación de escuelas técnicas y procesos de formación para capacitar a los operadores municipales.

Sin distinción política

Asfura insistió en que el programa beneficiará a todas las alcaldías del país, sin importar el partido político al que pertenezcan sus autoridades.

"Estoy aquí para trabajar con los 298 alcaldes y servirles. Todos somos hondureños y necesitamos una Honduras fuerte, unida, viendo hacia adelante y con prosperidad“, enfatizó.

Según el Gobierno, el objetivo es que las municipalidades cuenten con herramientas propias para ejecutar obras, reducir costos operativos y atender de forma más eficiente las necesidades de sus comunidades.

Entregarán los primeros kits en 15 días

Durante la actividad también se informó que las primeras 140 máquinas ya fueron recibidas y forman parte del inicio del programa de distribución nacional.

Cada kit estará integrado por una retroexcavadora, una motoniveladora, un tractor, una vibrocompactadora, dos volquetas y un camión tanque, equipo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales.

Las autoridades indicaron que en los próximos 15 días serán entregados los primeros 20 kits a igual número de municipalidades.

El cronograma del Ejecutivo contempla completar la entrega de los 2,100 equipos a más tardar en enero de 2027, como parte de la inversión de 244 millones de dólares destinada al fortalecimiento de la infraestructura y las economías locales.

La producción de leche nacional alcanzó a junio de este año los 162 millones de litros, una baja respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el país alcanzó 165 millones de litros.

Los 162 millones de litros están distribuidos en 87 millones de litros grado A, 9 millones de litros de grado B y 66 millones de litros de grado C, producidos por un aproximado de 2,732 productores.

En el país el consumo per cápita anual alcanzó los 110 millones de litros, de acuerdo con la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

La mayor caída se produjo en la producción de leche evaporada, condensada y en polvo.

Durante el primer bimestre de este año la cifra se ubicó en 1.7 millones de kilos, mientras que en 2025 se produjeron 3 millones de kilos, lo que representa una contracción acumulada de 40.9%.

En medio de la caída láctea, la producción de queso fresco nacional (molido, prensado y mozzarella) se ha mantenido estable en lo que va del año.

No obstante, se hace la observación de que la producción de mozzarella se ha visto desplazada por los productos importados, procedentes especialmente de Estados Unidos.

Según la Acovipa, Panamá ha comenzado a impulsar una transformación estructural de su ganadería lechera, apostando por la modernización tecnológica y el fortalecimiento del conocimiento técnico como motores de productividad nacional.

El balance semestral, elaborado por las autoridades agropecuarias subraya que la reducción en la producción responde a factores climáticos adversos y a la persistencia de desafíos estructurales en el sector lechero.

Las altas temperaturas y los períodos de sequía en provincias clave, como Chiriquí y Los Santos, afectaron y continúan afectando la disponibilidad de pasto y agua, elementos fundamentales para la alimentación del ganado.

Chiriquí continúa liderando la producción nacional, con más del 70%. Le siguen las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos, regiones que en conjunto aportan cerca del 50% del volumen total.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, ha declarado que se están buscando alternativas que permitan reducir el impacto que se pronostica tenga el fenómeno atmosférico de El Niño sobre el sector agropecuario del país y, al mismo tiempo, proteger el abastecimiento nacional de alimentos, en un contexto en el que la seguridad alimentaria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del sector.

Las respuestas, aseguró el funcionario, se están construyendo junto al sector productivo, al considerar que los productores son quienes conocen de primera mano las necesidades y afectaciones en el campo.

“Estas soluciones las estamos buscando junto con ellos, con los productores, que son los que más saben cuáles son sus necesidades y sus afectaciones”, declaró Linares a los medios de comunicación.

Según proyecciones del ministerio agropecuario, la producción de leche podría recuperarse en el segundo semestre de 2026 si las condiciones climáticas no son tan duras y se consolidan las inversiones en infraestructura rural.

La baja observada en el primer semestre se enmarca en un contexto de incertidumbre global para los mercados agrícolas y pecuarios.

Panamá mantiene negociaciones con países vecinos para asegurar canales de exportación y diversificar los destinos de la leche y sus derivados, una estrategia considerada clave para fortalecer la sostenibilidad del sector y reducir la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado internacional

El sector lechero panameño enfrenta retos adicionales, como es el aumento de los costos de insumos y la competencia de productos importados. Gremios empresariales han manifestado que la estabilidad del sector depende de una política pública coherente y de incentivos que favorezcan la producción local.

El Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala ligó a proceso a Andrés Alcázar Crespo, de 19 años, quien es señalado dentro del caso de secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido en 2025.

El joven continuará en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala hasta que se realice la audiencia de etapa intermedia, prevista para el 29 de septiembre, acusado del delito de plagio o secuestro en grado de cómplice.

Según la información presentada por el Ministerio Público (MP), Alcázar Crespo habría adquirido cinco tarjetas SIM utilizadas para efectuar las llamadas en las que se exigió a la familia de la víctima un rescate de Q5 millones (más de medio millón de dólares).

Durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo este miércoles 15 de julio, la Fiscalía sostuvo que esas tarjetas se emplearon para negociar la liberación del profesional, quien fue privado de libertad mientras se trasladaba a su clínica en la capital guatemalteca y aún sigue desaparecido.

El juez señaló que la resolución se dicta conforme al artículo 320 del Código Procesal Penal, aunque no se aceptó el grado de participación solicitado por el MP y decidió imputarlo únicamente como cómplice del delito de secuestro.

“Perdí mi billetera”

Durante la diligencia, Andrés Alcázar argumentó la pérdida de su billetera, en donde se encontraba Documento Personal de Identificación (DPI), el cual, según la ley guatemalteca, debe de presentar para comprar las tarjetas SIM. Esta medida se tomó desde 2013, con el propósito de reducir las extorsiones.

En su intervención, aseguró: “Sé que se me acusa por comprar cinco chips o SIM. Yo no hice ninguna de esas acciones; aunque un pariente, un familiar, un ser querido o un amigo me lo hubiera pedido, yo no lo hubiera hecho. No hago ese tipo de favores”.

Para justificarlo, el señalado afirmó que en 2025 perdió su DPI en dos ocasiones, la primera vez el 29 de abril, cuando extravió su billetera con la identificación y la licencia de conducir, y la segunda el 12 de diciembre, tras dejar su mochila en un baño durante una sesión de fotografías navideñas, pero no presentó pruebas como las denuncias correspondientes en la Policía Nacional Civil o en el Ministerio Público.

Durante el interrogatorio, el joven aseguró que en el Registro Nacional de las Personas (Renap) no le pidieron como requisito para reponer su DPI la denuncia por la pérdida. “Con solo decir: ‘Perdí mi DPI’, se lo reponen”, manifestó.

También argumentó que se demoró varios meses en reponerlo, porque “no tenía ninguna urgencia” y explicó que su hermana es quien lo transporta de un lugar a otro.

Negó vinculación

La Fiscalía interrogó a Alcázar Crespo sobre su relación con otros implicados en el expediente y solicitó información sobre su cuenta de Instagram.

El acusado reiteró que lleva una vida enfocada en el estudio y la actividad deportiva, y se describió como una persona descuidada con sus pertenencias, aunque rechazó que ese hecho pueda ser utilizado para implicarlo en un delito.

“Yo de verdad he tratado de hacer las cosas bien, me dedico al estudio. Paso la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio. Sé que soy muy descuidado con mi billetera, pero eso no me hace ningún delincuente”, expresó ante el juez.

No obstante, reconoció que fue amigo de la hija de Julio Girón, sindicado como supuesto líder de la banda de secuestradores, pues asistieron al mismo colegio cuando cursaban el Quinto de Bachillerato. “Después de eso, no nos seguimos hablando”, subrayó.

Alcázar Crespo fue capturado el 9 de julio en la Ciudad de Guatemala. Es el sexto detenido en el caso del secuestro del odontólogo. Según la Policía Nacional Civil integra la estructura a la que ahora identifican como “Escorpión”.

El secuestro

El caso se remonta al 28 de mayo de 2025, cuando Julio Martínez fue secuestrado y su familia recibió llamadas exigiendo el pago del rescate. En agosto de ese año, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro realizó varios allanamientos que terminaron con la captura de cinco personas vinculadas a la estructura criminal.

Entre los sindicados, figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como líder del grupo y amigo de la víctima, quien habría vigilado al odontólogo antes del secuestro. También fueron detenidos Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González, este último identificado como el negociador de la banda. Una mujer, identificada como Quiñónez Corado, permanece prófuga.

El pasado 28 de mayo, el mismo juzgado envió a juicio a los cinco primeros implicados por el delito de plagio o secuestro. Según las fuentes citadas, la audiencia de etapa intermedia para Andrés Alcázar definirá si el caso avanza a juicio oral y público.

Los precios internacionales del café bajaron este jueves y presionan a los exportadores de El Salvador, según un informe del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) publicado el 16 de julio. La caída de los futuros en Nueva York coincidió con una mayor oferta de Brasil y Colombia y con cambios comerciales en Estados Unidos.

De acuerdo con el Instituto Salvadoreño del Café, la jornada estuvo marcada por una caída de los precios de los contratos de futuros en la Bolsa de Nueva York. El contrato KCU26 con vencimiento en septiembre cerró en 312.60 centavos de dólar por libra, con una baja de 14.15 centavos frente al día anterior. Los contratos para diciembre de 2026 y marzo de 2027 también retrocedieron más de 12 centavos cada uno.

El instituto atribuyó parte de esos descensos a la información de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos sobre la exclusión del café brasileño de medidas arancelarias, lo que facilita la colocación del grano de Brasil en el mercado estadounidense.

Inventarios y presión sobre los exportadores

El Salvador mantiene presencia en los inventarios certificados de la Bolsa de Nueva York con 1,418 sacos de 60 kilogramos de origen salvadoreño, según cifras actualizadas por el ISC. El inventario total se ubicó en 334,254 sacos, 35 menos que en el reporte anterior.

El reporte del Instituto Salvadoreño del Café señaló que las condiciones meteorológicas favorables en Colombia permitieron el desarrollo de los cultivos y el avance de las cosechas, lo que incrementa la oferta en el corto plazo. La demanda de café colombiano sigue firme, impulsada por embarques inmediatos y contratos de cobertura hasta 2027.

Otros mercados y seguimiento oficial

En los mercados relacionados, el café robusta cotizó a la baja en USD 3,797 por tonelada, de acuerdo con datos del ISC. El informe también reportó movimientos descendentes en otros activos vinculados, como el petróleo Texas WTI, el euro, el peso colombiano y el real brasileño.

“El mercado de futuros del café cierra con una marcada caída este jueves”, indica el ISC en su boletín, al atribuir el escenario bajista a la combinación de mayor producción y cambios regulatorios en los principales países exportadores.

El Gobierno de El Salvador, a través del Instituto Salvadoreño del Café, monitorea la evolución de los precios y los inventarios certificados para la toma de decisiones de productores y exportadores. Según el ISC, la cobertura de contratos a futuro y la búsqueda de nichos de mercado con valor agregado son estrategias recomendadas para los exportadores nacionales.

“El mercado de futuros del café cierra con una marcada caída este jueves”, indica el ISC en su boletín, atribuyendo el escenario bajista a la combinación de mayor producción y cambios regulatorios en los principales países exportadores.

Según el ISC, la cobertura de contratos a futuro y la búsqueda de nichos de mercado con valor agregado son estrategias recomendadas para los exportadores nacionales. El sector mantiene su apuesta por la calidad y la diferenciación, aunque la presión de la oferta global y la evolución de los precios internacionales exigen adaptabilidad y monitoreo constante de las condiciones externas.

En un importante esfuerzo por fortalecer el desarrollo deportivo y modernizar la infraestructura nacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 que permite la incorporación de US$1,140,514 destinados específicamente para la ejecución de proyectos de inversión deportiva.

Estos fondos serán gestionados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en el marco de la fase 11 del “Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE 11)”.

Esta aprobación responde a la iniciativa presentada por el Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de dotar al INDES de los recursos necesarios para la adecuada gestión, administración y ejecución de proyectos deportivos en todo el país.

El monto autorizado permitirá financiar rubros operativos, administrativos y de inversión, fortaleciendo de manera significativa el ecosistema deportivo nacional.

El financiamiento de este proyecto proviene del contrato de préstamo No. 2362, firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un total de hasta US$150 millones, específicamente orientados a la modernización y rescate de escenarios deportivos distribuidos en diversos departamentos del país.

De este gran paquete financiero, el monto recién autorizado constituye el primer impulso para echar a andar la administración y unidad ejecutora del programa PRODEPORTE 11.

Este crédito permitirá no solo mejorar la cobertura territorial de la infraestructura deportiva, sino también consolidar los avances logrados en los últimos años en materia de espacios para la práctica deportiva, favoreciendo tanto a atletas de alto rendimiento como a comunidades que históricamente han carecido de instalaciones adecuadas.

Según el decreto aprobado, los recursos estarán dirigidos a la Unidad Presupuestaria “Infraestructura”, dentro del INDES, y específicamente a la línea de trabajo “Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase 11”.

Entre las principales metas se encuentran:

Modernización, rehabilitación y construcción de gimnasios, canchas, estadios y demás instalaciones deportivas con estándares internacionales.

Garantía de acceso y condiciones adecuadas para atletas, entrenadores, delegaciones deportivas y público general.

Capacidad de albergar competencias nacionales e internacionales, posicionando a El Salvador como un referente regional en organización de eventos deportivos de alto nivel.

La reforma presupuestaria permite además un aumento en las asignaciones de gastos de capital y la provisión de fondos para gastos administrativos y operativos de la unidad ejecutora, asegurando que las inversiones se manejen eficientemente y con transparencia.

Argumentos y respaldo institucional

Durante el proceso de aprobación, representantes del Ministerio de Hacienda defendieron la iniciativa resaltando la importancia de mejorar la infraestructura deportiva como factor clave para la cohesión social, la prevención de la violencia y la promoción de hábitos saludables.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego de analizar la propuesta, consideró pertinente y urgente la asignación, emitiendo un dictamen favorable que permite al INDES disponer del crédito presupuestario necesario para ejecutar las acciones planificadas en 2026.

Esta decisión legislativa marca un paso fundamental en la política de Estado orientada al fortalecimiento del deporte como motor de desarrollo. La modernización de escenarios y la expansión de la cobertura a más departamentos del país generarán un impacto positivo en la calidad de vida, el desarrollo de la juventud y el surgimiento de nuevos talentos deportivos.

Además, la inyección de estos recursos se reflejará en la dinamización económica local, la generación de empleos directos e indirectos y la potenciación de El Salvador como destino atractivo para el turismo deportivo.

En conclusión, la aprobación de US$1,140,514 para proyectos deportivos bajo el paraguas de PRODEPORTE 11 representa un compromiso renovado con el deporte y el deporte, la juventud y la sana convivencia, sentando bases firmes para un El Salvador más saludable, competitivo y orgulloso de su infraestructura deportiva.

Las torrenciales precipitaciones que continúan azotando el departamento de Olancho han desencadenado una emergencia en el municipio de Patuca, donde alrededor del 80 % de las comunidades permanecen incomunicadas, afectando directamente a unas 30,000 personas, según informaron las autoridades locales.

Ante la magnitud de los daños, la Corporación Municipal de Patuca declaró estado de emergencia debido a las pérdidas registradas en los sectores agrícola y ganadero, así como por los severos daños ocasionados a la infraestructura vial del municipio.

El alcalde Juan Colindres informó que las carreteras internas se encuentran prácticamente intransitables, situación que ha paralizado la movilización de personas y el transporte de productos básicos que abastecen a las comunidades.

"Las carreteras al interior del municipio están intransitables“, manifestó el edil, al explicar que esta situación impide el traslado de habitantes y dificulta el ingreso de alimentos, combustible y mercancías que sostienen la economía local.

Como ejemplo de la gravedad del aislamiento, Colindres indicó que actualmente no existe comunicación terrestre entre las comunidades de Terrero Blanco y Palestina, debido a que las vías fueron destruidas por las lluvias y el incremento del caudal de ríos y quebradas.

Las inundaciones también han dejado pérdidas considerables para productores agrícolas y ganaderos, quienes han visto afectadas sus cosechas y hatos por el desbordamiento del río Patuca y otros afluentes.

El alcalde lamentó que cientos de familias dependientes de estas actividades enfrenten ahora un panorama incierto debido a los daños ocasionados por las lluvias.

Asimismo, señaló que muchas de las carreteras dañadas llevan más de dos décadas sin recibir mantenimiento, asegurando que gran parte de esa infraestructura corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y no a la administración municipal.

Continúa búsqueda de dos jóvenes desaparecidos

La emergencia también ha dejado dos personas desaparecidas luego de que fueran arrastradas por la corriente del río Patuca.

Las víctimas son dos jóvenes originarios de La Mosquitia, quienes realizaban labores en hatos ganaderos de la zona cuando intentaron cruzar el afluente en el sector de Río Abajo.

De acuerdo con la información disponible, ambos fueron sorprendidos por la fuerte corriente generada por la crecida del río, por lo que desde entonces se desconoce su paradero.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal de rescate y autoridades locales mantienen activo un operativo de búsqueda en diferentes sectores del río, aunque hasta el momento no se han reportado resultados positivos.

Las inundaciones también mantienen en crisis al municipio de Wampusirpi, en el departamento de Gracias a Dios, donde las pérdidas aún no han podido cuantificarse.

La alcaldesa Gloria Chávez Bonilla explicó que el río Patuca descargó toda su fuerza sobre la zona, dejando bajo el agua extensas áreas de cultivo y paralizando la principal vía de transporte utilizada por los habitantes.

"Aquí, el río Patuca descargó toda su fuerza y ahogó cultivos que están bajo el agua y tiene varado el comercio marítimo que se desarrolla en la zona navegable comercial del corredor“, expresó la edil.

La jefa municipal indicó que numerosas familias tuvieron que abandonar sus viviendas y refugiarse temporalmente con familiares o amigos mientras disminuyen los niveles del agua.

Entre los cultivos más afectados figuran yuca, arroz, maíz y hortalizas, productos de los que depende gran parte de la economía de la zona.

Sin embargo, Chávez advirtió que la ayuda humanitaria no puede ingresar por vía terrestre debido al deterioro de las carreteras y al colapso de varios puentes.

La alcaldesa explicó que cerca del 95 % de la actividad comercial de Wampusirpi depende del río Patuca, por lo que la suspensión de la navegación mantiene prácticamente paralizado el abastecimiento del municipio.

Como consecuencia, las pulperías comienzan a quedarse sin alimentos, combustible y otros productos esenciales.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente al Gobierno para que envíe ayuda humanitaria mientras persisten las lluvias.

"Puede seguir lloviendo y ya no tendremos alimentos suficientes“, advirtió la funcionaria.

Además, informó que varias viviendas permanecen inundadas y que otras sufrieron daños luego de que los fuertes vientos desprendieran parte de sus techos.

Más de 60 familias evacuadas

Las autoridades municipales de Wampusirpi informaron que, de manera preliminar, más de 60 familias han sido evacuadas hacia zonas seguras.

Paralelamente, la alcaldía inició las gestiones para declarar estado de emergencia municipal con el propósito de agilizar la llegada de asistencia humanitaria para las personas afectadas.

El incremento del caudal del río Patuca, el río Pataste y otros afluentes provocó el colapso de puentes y severos daños en carreteras, dejando incomunicadas numerosas comunidades.

Los municipios más afectados son Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, además del departamento de Gracias a Dios.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente debido al riesgo de que continúen las inundaciones en las zonas más vulnerables.

El juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens avanzó en Guatemala con los testimonios protegidos de sus padres, que relataron ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal cómo ocurrió el ataque del 17 de abril de 2024 y reclamaron justicia en un proceso que, según la investigación, apunta a una acción planificada con vigilancia previa.

“Lo pude ver porque me sacó la pistola y me amenazó”, dijo el padre de la víctima, mientras hacía ademanes de la forma en que los atacantes de su hijo lo amenazaron durante el incidente.

Uno de los datos centrales expuestos en la causa es que los socorristas localizaron 17 indicios balísticos en la escena del crimen, mientras cámaras de videovigilancia registraron el momento del ataque. Esas pesquisas también establecieron que el médico de 32 años habría sido seguido durante varios días y que en el hecho participaron varias personas.

Los padres de la víctima declararon por videoconferencia bajo medidas de resguardo que impidieron su identificación visual. En la sala estuvo presente Ángel Pérez Iguardia, señalado por el Ministerio Público como el conductor de la motocicleta utilizada en el crimen.

El padre describió al hombre que, según su testimonio, lo amenazó con un arma

El padre de Campos Hoffens presenció el momento cuando su hijo recibió los disparos, ya que regresaban de desayunar en la zona 13.

Frente al Tribunal Quinto de Sentencia Penal reconstruyó la apariencia de los dos hombres que iban en la motocicleta. Dijo que quien la conducía llevaba una camisa blanca, gorra y era “gordito de tez blanca”, y explicó que pudo fijarse en esos rasgos cuando pasaron cerca de él.

También relató por qué recuerda al segundo ocupante. “Llevaba una gorra y tenía tapaboca, como pañuelo. El de tez morena, iba atrás. A él lo vi porque me sacó la pistola y me amenazó. Ahora, el de adelante lo vi cuando yo abrí el carro. Ese muchacho tenía la camisa blanca y algo cachetón, con cara redonda”, declaró el padre de la víctima.

La madre dijo que su presencia en el tribunal tiene un solo objetivo: justicia

La madre del médico explicó que compareció para pedir una condena para los responsables y describió el impacto personal de la pérdida de su hijo. Recordó que era su único hijo y que ambos habían hecho posible su formación profesional.

“La razón por la cual estoy aquí es porque... que se pueda hacer justicia... para mí ha sido un proceso bastante largo porque era mi único hijo... (estas personas) hicieron mucho daño... No voy a tener descendencia, no voy a tener nietos”, declaró la madre.

En otro tramo de su testimonio, añadió: “Prácticamente me quitaron parte de mi vida, porque era un hijo muy responsable, un hijo muy amoroso. Él era todo para mí y yo era todo para él. Pero... Lo bendigo. Yo sé que él (acusado) me está escuchando y lo bendigo. Va a necesitar misericordia de parte de Dios. Él y todos los involucrados”.

La mujer cerró su intervención con un mensaje dirigido al tribunal y a los acusados. “Solamente justicia... que el Señor les dé mucha sabiduría a ustedes para tomar una mejor decisión”, dijo.

La acusación sostiene que el médico fue interceptado en zona 13 y murió en el lugar

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, Campos Hoffens fue interceptado cuando conducía su vehículo en la intersección de la 15 avenida y 11 calle de la zona 13 de la capital guatemalteca. Dos personas en motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó varias veces.

La víctima murió en el lugar. Por este caso está siendo procesado Ángel Pérez Iguardia quien es identificado por el MP a través de fotografías como el conductor de la motocicleta.

Al menos cuatro individuos habrían seguido a la víctima desde que salió de su domicilio. El seguimiento involucró un vehículo azul y una motocicleta en la que viajaba quien, de acuerdo con las pesquisas, fue el autor material de los disparos. El juicio continuará en las próximas semanas con la presentación de nuevas pruebas y testimonios.

Panamá se prepara para la implementación del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés).

El acuerdo fue adoptado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y su puesta en marcha responde a la voluntad del país de proteger los océanos y fortalecer la gobernanza internacional de la alta mar.

Se explicó que el proceso reunirá a instituciones nacionales, comunidades, pueblos indígenas, sector privado, academia y sociedad civil para construir una hoja de ruta común que garantice el aprovechamiento responsable de los recursos marinos para las generaciones presentes y futuras, en línea con la visión del país de impulsar una economía azul sostenible.

La iniciativa cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) como agencia implementadora a nivel regional y con la Fundación MarViva como socio local para su ejecución en el país.

El Pnuma destacó que la participación de Panamá en esta iniciativa demuestra el liderazgo que ejerce el país en materia de conservación marina. Además, señaló que las actividades habilitantes permitirán fortalecer las capacidades nacionales, ampliar la cooperación regional y generar las condiciones necesarias para una implementación efectiva del Acuerdo BBNJ en beneficio de la biodiversidad marina global.

Katherine Arroyo, directora ejecutiva de la Fundación MarViva, indicó que formar parte de este proceso como socio local reafirma el compromiso de la organización con una gestión responsable de los océanos.

Agregó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la preparación de Panamá en materia de gobernanza oceánica, investigación, desarrollo de marcos legales y coordinación interinstitucional e intersectorial, además de respaldar a los actores involucrados en la toma de decisiones sobre la planificación y el ordenamiento de las actividades en alta mar y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.

Al ser Panamá una nación marítima y puente de biodiversidad entre dos océanos, se convirtió en el decimocuarto Estado del mundo en ratificar el Acuerdo BBNJ, mediante la Ley N.° 442 de 30 de septiembre de 2024.

El tratado entró oficialmente en vigor el 17 de enero de 2026, tras alcanzar el mínimo de 60 ratificaciones requerido. A la fecha, más de 90 países han ratificado este instrumento internacional.

El Acuerdo BBNJ representa un hito para la gobernanza internacional de los océanos, ya que cerca de dos terceras partes de la superficie marina se encuentran fuera de la jurisdicción nacional de los Estados y solo una pequeña proporción de estas áreas cuenta con protección efectiva.

Estos espacios albergan una extraordinaria biodiversidad, gran parte aún por descubrir, cuyos ecosistemas enfrentan crecientes amenazas derivadas de las actividades humanas y del cambio climático.

Entre los principales temas que aborda el Acuerdo BBNJ se encuentran el acceso a los recursos genéticos marinos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización; la cooperación internacional, el intercambio de información y la asistencia técnica y financiera entre los países.

De igual manera, trata temas como la transferencia de tecnología marina y la formación de capacidades; el establecimiento de áreas marinas protegidas y otros mecanismos de ordenamiento en zonas de alta mar; así como la evaluación de los impactos ambientales de actividades, obras y proyectos que puedan afectar la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

El proyecto también aportará a la formulación de recomendaciones y propuestas para actualizar el marco normativo e institucional del país de cara a la implementación del Acuerdo, incorporando una perspectiva de género y promoviendo una gestión sostenible de los océanos.

Asimismo, las actividades respaldarán la ampliación de las competencias técnicas de las entidades públicas vinculadas al medio marino, un paso que contribuirá a mantener la participación activa de Panamá en los espacios regionales e internacionales, de cara a la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo BBNJ, prevista para 2027.

Por decisión unánime, el Parlamento nicaragüense ratificó un préstamo de USD 31.5 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

El objetivo de estos fondos es financiar la rehabilitación de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, ubicada en el norte de Nicaragua. El decreto legislativo fue enviado por el Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y recibió la aprobación de forma expedita en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, informó EFE.

Esta autorización permite al Ejecutivo gestionar el financiamiento internacional requerido para una obra considerada clave en la conectividad vial del país. El proyecto, cuyo costo total asciende a USD 35 millones, incluye una contrapartida nacional de USD 3.5 millones.

El 30 de abril anterior, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes a la embajadora de Nicaragua en Austria, Sabra Amari Murillo Centeno, para representar al país en la firma del contrato con el Fondo OPEP. Esta delegación formalizó la capacidad de la diplomática para concretar el acuerdo internacional y avanzar con las gestiones necesarias.

Destino de los fondos y características del proyecto

Los recursos obtenidos se emplearán en la rehabilitación de 96.15 kilómetros de la carretera que enlaza Empalme Télica, Malpaisillo y Empalme San Isidro. Este tramo conecta una región de producción agrícola industrial con los principales centros de distribución y consumo internos.

El proyecto está diseñado para facilitar el traslado de bienes y personas en una zona estratégica para el desarrollo económico de Nicaragua. La rehabilitación de la vía busca mejorar las condiciones de transporte, optimizar el flujo de mercancías y beneficiar a los habitantes de áreas rurales, quienes dependen de esta infraestructura para acceder a servicios y mercados.

La intervención en esta carretera sería una apuesta por fortalecer la red de transporte nacional y facilitar la integración de sectores productivos con los mercados urbanos. Además, permitirá reducir los tiempos de traslado y los costos logísticos para los diversos actores económicos de la región.

El Fondo OPEP y los antecedentes de cooperación

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una organización multilateral fundada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Su misión se centra en proporcionar financiamiento para proyectos de desarrollo en países asociados, principalmente en los ámbitos de infraestructura, energía y servicios básicos, de acuerdo a datos de EFE.

En diciembre del año anterior, la Asamblea Nacional de Nicaragua ya había autorizado la suscripción de un préstamo de USD 25 millones con el mismo Fondo OPEP, dirigido a la construcción de una carretera que conectará con Managua. Ese acuerdo también fue impulsado por el Ejecutivo y avalado por el Parlamento.

Procedimiento parlamentario y avance del proyecto

La Asamblea Nacional tramitó la solicitud del Ejecutivo de manera expedita, sin registrar objeciones, gracias al control de la mayoría oficialista. El respaldo parlamentario permitió avanzar rápidamente en la aprobación del contrato de préstamo, en sintonía con la política gubernamental de priorizar proyectos de inversión en obras públicas.

La autorización de este nuevo acuerdo con el Fondo OPEP garantiza la disponibilidad de recursos para la rehabilitación de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en República Dominicana a tres hombres requeridos en distintos procesos penales: Pedro F. J., detenido en el Aeropuerto Internacional del Cibao cuando intentaba viajar a Filadelfia, y dos dominicanos reclamados por la justicia de Estados Unidos, que enfrentan trámites de extradición.

Pedro era investigado en el distrito judicial de Santo Domingo Oeste por su presunta vinculación con delitos de alta tecnología, defraudación aduanera, contrabando, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas y lavado de activos. Según el Ministerio Público, fue arrestado cuando se disponía a salir del país para evadir la justicia.

La orden de arresto contra el imputado, identificada como 2026-AJ0047809, fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, dirigida por la fiscal Andry De Los Santos. La medida había sido emitida por la jueza Cecilia Toribio Melo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

El proceso contra Pedro F. J.

Según el Ministerio Público, la investigación contra F. J. abarca presuntas violaciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a los artículos 333, 334, 335, 338 y 343 de la Ley General de Aduanas No. 168-21. Esas disposiciones tipifican y sancionan la defraudación aduanera y el contrabando.

También se le atribuyen posibles infracciones a la Ley 53-17 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y al artículo tres, numerales uno y tres, de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El caso, añadió la autoridad, se sigue en perjuicio del Estado dominicano.

El imputado será presentado ante un tribunal de Santo Domingo Oeste en las próximas horas para continuar el proceso judicial abierto en esa jurisdicción. La detención se produjo en el aeropuerto ubicado en Santiago.

Capturas para extradición a Estados Unidos

En una comunicación separada, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que, junto con miembros del Ministerio Público y con apoyo de los Alguaciles de Estados Unidos, arrestó a dos fugitivos requeridos por la justicia de ese país. La institución indicó que ambos serán extraditados una vez concluyan los procedimientos correspondientes.

Uno de ellos es Mario Jaquez, también identificado como Mario E. J. y Mario Elvin F. U. Fue arrestado en la calle principal de Los Montones, en San José de Las Matas, en cumplimiento de una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Las autoridades dominicanas señalaron que Jaquez es requerido por un tribunal de Estados Unidos por una acusación de homicidio en segundo grado en el condado de Nueva York. La información oficial añade que el cargo se sustenta en presuntas violaciones de las leyes penales de ese país.

El segundo detenido es Mario Juan García, capturado en las proximidades de la calle 6ta, en la provincia de San Pedro de Macorís, tras un operativo de seguimiento. En su caso, la solicitud de extradición responde a cargos de agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas, bajo los estatutos generales de Connecticut.

La DNCD indicó que las dos capturas se ejecutaron en el marco de labores de búsqueda e inteligencia y en cumplimiento de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El Gobierno de Bernardo Arévalo presentó avances de transformación digital en la Dirección General de Transporte DGT y la Superintendencia de Telecomunicaciones SIT que, según la información oficial, ya se traducen en servicios más ágiles, procesos simplificados y una atención más eficiente para la ciudadanía, dentro de la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo con la que busca acercar los servicios públicos y reorganizar el funcionamiento del Estado.

La estrategia de modernización se estructura en cuatro pilares: transformación institucional, fortalecimiento del servicio público, transformación digital y desarrollo desde el territorio. El objetivo general es ofrecer servicios públicos más eficientes, transparentes y cercanos a la población.

La modernización de la Dirección General de Transportes y la Superintendencia de Telecomunicaciones fue presentada durante la actividad “Transformando la forma de hacer gobierno”, en la que el presidente conoció los avances de la agenda por medio de un recorrido por espacios informativos de las instituciones participantes.

En esa actividad participaron la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Norma Zea y el viceministro de Comunicaciones Raúl Solares, quienes encabezaron la exposición sobre las acciones aplicadas en ambas dependencias para simplificar procesos y agilizar servicios.

La agenda oficial se apoya en cuatro pilares de reorganización del Estado

El primer eje, la transformación institucional, está orientado a fortalecer capacidades internas del Estado y hacer más eficientes los procesos administrativos y de gestión pública con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Entre las medidas previstas en ese componente figuran la modernización del marco legal, la eliminación de duplicidades entre instituciones, la mejora de los sistemas de planificación y presupuesto, y el fortalecimiento del seguimiento y la evaluación de políticas públicas.

El segundo pilar apunta a la modernización del Sistema Nacional de Servicio Civil para consolidarlo como un esquema transparente, ágil y basado en el mérito.

Dentro de ese frente se menciona la implementación de Guatempleo, una plataforma para consultar convocatorias, registrar hojas de vida y postularse en formato digital a oportunidades laborales en el servicio público.

La estrategia también contempla una mejor planificación del recurso humano y el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ese componente forma parte del esfuerzo por ordenar la gestión del personal estatal dentro de la agenda de modernización.

La transformación digital incluye un portal unificado y nuevas plataformas

El tercer pilar se centra en la prestación de servicios públicos digitales más modernos y accesibles. Para ello, el Gobierno plantea la creación de un portal unificado, la simplificación de trámites, la interoperabilidad entre instituciones y el fortalecimiento de la conectividad.

Dentro de ese bloque aparecen iniciativas como Digikal, la Ventanilla Única de Comercio e Inversión, una plataforma digital de denuncias de corrupción y el Navegador Financiero para emprendedores y mipymes.

El cuarto eje busca fortalecer a los gobiernos departamentales y desconcentrar la toma de decisiones para que la inversión pública responda a las necesidades y potencialidades de cada departamento. La propuesta incluye reforzar las gobernaciones, coordinar instituciones y desarrollar agendas estratégicas territoriales vinculadas con producción, agricultura, turismo e infraestructura.

Durante la presentación, el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos sostuvo que la modernización del Estado es un esfuerzo conjunto orientado a optimizar el uso de los recursos públicos y a fortalecer la capacidad del Gobierno para responder de manera más eficiente a las necesidades de la población guatemalteca.

La directora costarricense Hilda Hidalgo prepara Cousins (Primas), su tercer largometraje de ficción, un drama sobre dos primas de 12 años que huyen de sus casas tras un hecho traumático y usan las cámaras de sus teléfonos para exponer la verdad, una historia que la cineasta vincula con una realidad de abuso sexual que, según dijo, atraviesa a muchas familias en Costa Rica.

Antes de iniciar la selección de las protagonistas, la realizadora busca cerrar el financiamiento y sumar socios de coproducción internacional. De acuerdo con Variety, Hidalgo considera indispensable asegurar esos recursos antes del casting porque trabajar con intérpretes infantiles exige evitar procesos demasiado largos que puedan afectar el proyecto.

La publicación especializada reveló los primeros detalles de la película en un reportaje exclusivo. Según el medio, la nueva producción seguirá a dos niñas de 12 años en una fuga atravesada por la complicidad, el miedo y visiones febriles.

En ese recorrido, las protagonistas grabarán parte de lo que viven con sus propios teléfonos móviles. Ese material servirá para exponer lo que no pueden nombrar y se convertirá en una parte central del lenguaje visual de la película.

Hidalgo explicó al medio que, aunque Cousins es una ficción escrita, su intención es incorporar recursos propios del cine documental. “Cada película exige su propio lenguaje. Con Cousins, aunque es una ficción escrita, quiero que esté impregnada del espíritu del documental”.

La directora agregó: “El guion existe, pero me interesa preservar la imprevisibilidad, la intimidad y el sentido de descubrimiento que permite el cine documental”. Esa búsqueda formal retoma una metodología que ya había utilizado en Two Homelands, su documental filmado en Cuba.

La cineasta también señaló que las dos actrices tendrán un papel activo en la construcción de la obra. “Quiero que las actrices se conviertan en coautoras de la película. A medida que construyan una amistad real y compartan experiencias, podrán filmar momentos por sí mismas, sin que el equipo esté presente. Ese material formará parte esencial del lenguaje visual de la película”, señaló.

El proyecto volverá a reunir a Hidalgo con integrantes del equipo creativo de Violeta al fin. Entre ellos figuran la productora Emi Kodo, el director de fotografía Nicolás Wong y la directora de arte Olga Madrigal.

La película aborda cómo la violencia atraviesa el despertar sexual en la infancia

El eje temático de Cousins se concentra en el despertar de la sexualidad durante la infancia y en la manera en que ese proceso puede quedar marcado por la violencia y el abuso.

“La película también trata sobre el despertar del deseo, sobre descubrir la propia sexualidad a una edad en la que esos sentimientos apenas comienzan a surgir”, afirmó Hidalgo a la revista Variety.

La directora definió esa etapa como una experiencia contradictoria. “Eso es lo que la hace tan paradójica. Es un momento en el que el deseo todavía es frágil y está lleno de asombro, pero también puede quedar marcado por la violencia y el abuso”, subrayó.

Hidalgo sostuvo que esa reflexión nace de una realidad que observa en Costa Rica. “Es imposible ignorarlo. Difícilmente puedo pensar en una familia que no haya sido tocada por el abuso de alguna manera”, destacó.

La realizadora añadió que quiso contar la historia sin desplazar la mirada de las niñas. “Es una realidad profundamente presente y sentí la necesidad de explorarla. Pero quería contar esta historia sin perder la perspectiva de las niñas”, aseguró la cineasta.

En esa misma línea, precisó cuál será el enfoque del relato. Dijo que la “película no está definida por la violencia que sufren, sino por la forma en que ellas la viven, la comprenden y descubren dentro de sí mismas la capacidad de resistir y rebelarse”.

La directora también defendió la coproducción internacional como una herramienta central para el cine costarricense. Afirmó que una película puede levantarse solo con financiamiento local, pero eso vuelve más difícil su circulación y reduce su alcance en un mercado que describió como pequeño.

Según la revista, Hidalgo sostiene que asociarse con otros países no solo facilita conseguir recursos, sino que también fortalece la distribución y la vida internacional de una película. El antecedente está en su propia filmografía: Del amor y otros demonios fue la primera coproducción cinematográfica entre Costa Rica y Colombia, mientras que Violeta al fin se realizó junto con México.

Una misión de Fitch, Guatemala, evaluar, grado e inversión llegó esta semana al país para revisar su perfil crediticio en una visita que el Gobierno considera una opción concreta de quedar a un escalón de ese objetivo, con respaldo en finanzas públicas más sólidas, reformas legales recientes y una deuda pública baja en comparación con economías de la misma categoría.

La delegación permanecerá del 15 al 17 de julio. La revisión ocurre después de que, en octubre de 2025, la agencia subiera la nota soberana guatemalteca de BB a BB+ con perspectiva estable, al reconocer crecimiento sostenido, prudencia fiscal y superávits en cuenta corriente que fortalecieron la acumulación de reservas.

Según datos de la calificadora, las reservas internacionales del Banco de Guatemala alcanzaron USD 31,100 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, frente a USD 24,400 millones en diciembre de 2024. Ese desempeño se sumó a un déficit fiscal de 1.9% del PIB en 2025, por debajo del 3.8% previsto, y a una deuda pública estimada en 27.2% del PIB, lejos de la mediana de 54,1% para países con nota BB.

La misión fue recibida por el Ministerio de Finanzas Públicas y su equipo técnico, que presentó ante los evaluadores los principales indicadores económicos y fiscales.

La exposición oficial se organizó en torno a tres ejes: la metodología de evaluación de la agencia, la propuesta presupuestaria del ministro de Finanzas Jonathan Menkos Zeissig para cerrar la brecha de infraestructura y la situación económica e institucional del país.

El Gobierno apoyó su presentación en crecimiento, reservas y acceso a mercados

La preparación de la visita se hizo semanas antes a través de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País, que reunió a actores públicos y privados para estructurar la defensa técnica del perfil crediticio guatemalteco. Ese espacio definió la agenda de trabajo de la misión y ordenó los argumentos que el país presentaría.

La viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, dijo que la visita se vive con “mucha esperanza” y remarcó la oportunidad de posicionar a Guatemala por su resiliencia y solvencia. La funcionaria también tomó como respaldo la evaluación del Fondo, que ubicó al país como una economía con ventajas para atraer inversión extranjera, un clima de negocios en mejora y una institucionalidad en proceso de fortalecimiento.

Entre los temas que la mesa llevó a la evaluación figuraron la estrategia de infraestructura para impulsar el crecimiento y mejorar la conectividad, y la propuesta presupuestaria del ministerio para ampliar la inversión en ese sector y reforzar el desarrollo humano.

La agenda también incorporó avances institucionales, con énfasis en el fortalecimiento democrático a través de procesos de elección de segundo grado, presentados como señales de certeza jurídica y confianza en las instituciones.

Las reformas legales fueron presentadas como respaldo para mejorar la calificación

Durante el encuentro con la delegación, las autoridades expusieron la aprobación de la Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos y de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. También informaron sobre el impulso a una nueva Ley de Contrataciones Públicas orientada a promover eficiencia y transparencia en el gasto.

Esos cambios coinciden con condiciones que el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado como necesarias para que el país consolide su acceso a mercados internacionales de capital. En julio, el presidente del BID Ilan Goldfajn anunció que el grupo espera canalizar hasta USD 3,000 millones hacia Guatemala entre 2026 y 2028, con prioridad en energía, infraestructura y exportaciones.

Goldfajn identificó una ley de inversión, una ley de contratación pública y la norma antilavado como reformas clave para destrabar ese financiamiento y acercar al país al grado de inversión. En la reunión con la misión, Menkos Zeissig afirmó: “Seguimos empujando un cambio institucional que permita modernizar todas las instituciones, crear condiciones para un poder público que sea más ágil, más efectivo sin perder de vista la necesidad de que también sea transparente”.

El FMI proyecta que el déficit fiscal se estabilizará en torno a 2,5% del PIB en el mediano plazo, bajo sus previsiones de ingresos. Ese escenario acompaña la expectativa oficial de que la evaluación de Fitch Ratings reconozca la combinación de baja deuda, acceso favorable a los mercados, reformas normativas y capacidad institucional que Guatemala presentó esta semana ante la calificadora.

Un sismo de magnitud 4.3 sorprendió a los guatemaltecos este jueves 16 de julio de 2026, generando alarma en varias comunidades del litoral pacífico.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el movimiento telúrico ocurrió a las 12:45 horas, con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Santa Rosa.

Los equipos técnicos detallaron que la profundidad del evento alcanzó 69.18 kilómetros, una distancia que, según explicó Insivumeh, limitó el impacto en la superficie, pero que sí fue sensible en algunos puntos del país, como la Ciudad de Guatemala.

Sin víctimas ni daños en la franja costera

La institución guatemalteca informó que, pese a la percepción del sismo en diversas localidades, los cuerpos de socorro no reportaron víctimas ni daños materiales graves en la franja costera.

El monitoreo de emergencia se mantuvo activo en toda la zona, mientras la población permanecía atenta a las actualizaciones oficiales.

El fenómeno fue registrado por la red de estaciones sísmicas nacionales, que atribuyó el bajo nivel de afectación a la profundidad del epicentro.

Otro temblor en Zacapa

Un día antes, el departamento de Zacapa experimentó un evento similar, aunque de menor magnitud.

De acuerdo con el boletín técnico de Insivumeh, el miércoles 15 de julio, a las 17:56 horas, se produjo un sismo de 3.7 grados con epicentro en el oriente del país, pero que también fue sensible en la Ciudad Capital.

En este caso, la profundidad fue de apenas 1.90 metros, lo que calificó el fenómeno como superficial. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) verificó que el movimiento no provocó lesiones ni daños en las comunidades afectadas.

Guatemala, territorio sísmico por su ubicación geográfica

La actividad sísmica, según los expertos de Insivumeh, responde a la condición geográfica de Guatemala, que se ubica sobre las placas tectónicas de Norteamérica, Caribe y Cocos. Esta configuración convierte al territorio nacional en una de las zonas con mayor incidencia de temblores en Centroamérica.

El organismo científico señala que se registran miles de sismos cada año, aunque solo una fracción es perceptible para la población. Las principales fuentes de estos movimientos incluyen la brecha sísmica del océano Pacífico y fallas locales como las de Motagua y Jalpatagua.

Medidas de prevención y seguimiento oficial

En los informes divulgados por Insivumeh se precisa que los eventos entre 3.0 y 4.5 grados son habituales en el promedio mensual del país. La entidad reiteró que el monitoreo sísmico es constante y que cualquier variación relevante se comunica de inmediato a las autoridades de protección civil.

Frente a la recurrencia de estas situaciones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la ciudadanía mantener la calma y no difundir rumores. E

ntre las medidas de prevención, las autoridades insisten en la importancia de revisar los planes de evacuación familiares y preparar la mochila de las 72 horas, que debe contener alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos y linternas. El llamado oficial destaca que la información válida solo debe consultarse en los canales institucionales, a fin de evitar confusiones o pánico innecesario.

La jornada de este jueves se desarrolló bajo el seguimiento estricto de los sistemas de alerta y comunicación de Insivumeh y Conred, que continuaron evaluando posibles réplicas o nuevas incidencias.

Aunque no se registraron consecuencias graves, la secuencia de eventos mantiene en atención a las comunidades del litoral y el oriente guatemalteco, donde la cultura de prevención se ha reforzado ante la frecuente actividad tectónica.

En el evento se oficializó que 239 atletas, entre ellos 145 mujeres y 94 hombres, competirán en 41 disciplinas deportivas, cifra que representa la mayor participación salvadoreña de las últimas dos décadas en este certamen regional. La inversión nacional para la preparación y presencia en la competencia asciende a 1,8 millones de dólares, según confirmaron las autoridades deportivas.

La ceremonia, que convocó a directivos, entrenadores, delegados, representantes diplomáticos y familiares de los deportistas, marcó el inicio del ciclo previo a la partida de la delegación hacia República Dominicana.

El presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), Armando Bruni, destacó la relevancia histórica de la cita y el crecimiento del deporte salvadoreño en los últimos años. “Estamos yendo con la delegación más numerosa de estos últimos 20 años. Arriba de 230 atletas están conformando la delegación y me da mucha satisfacción decirlo, que hasta ayer todavía estábamos obteniendo plazas”, afirmó Bruni en declaraciones recogidas por Infobae.

El evento también sirvió para develar la nueva indumentaria oficial que portarán los atletas, diseñada por la marca nacional Power On y basada en un concepto inspirado en las olas del litoral salvadoreño.

Un acto solemne con altas expectativas

La entrega del pabellón nacional también estuvo encabezada por René Martínez, recién nombrado presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), quien subrayó el compromiso estatal con el desarrollo deportivo.

“La bandera es mucho más que un símbolo: es nuestra historia, nuestros valores, nuestros sueños y la esperanza de millones de salvadoreños que van a estar pendientes de cada competencia, de cada esfuerzo y de cada momento que vivan en estos juegos”, expresó Martínez ante los presentes.

Martínez recordó que la inversión pública destinada a la delegación ha permitido mejorar instalaciones, fortalecer programas de apoyo e implementar servicios de ciencias aplicadas al deporte.

“Nuestro país ha impulsado una transformación profunda que ha permitido fortalecer las bases de nuestro sistema deportivo nacional. Hemos mejorado instalaciones deportivas, ampliado el apoyo a nuestros atletas, impulsado programas como Esfuerzo y Gloria, fortalecido los servicios de ciencias aplicadas al deporte y generado condiciones que hace algunos años era todavía bastante difícil imaginar”, sostuvo el presidente del INDES.

El Salvador competirá frente a representantes de 37 países, en unos juegos que celebran el centenario de la competencia regional más antigua después de los Juegos Olímpicos. “Durante un siglo, miles de atletas han tenido el honor de representar a sus países en esta gran fiesta deportiva. Este año el honor les corresponde a ustedes y estoy seguro que sabrán honrarlo con el mismo compromiso, disciplina y orgullo que los ha traído hasta acá”, señaló Martínez.

La delegación será liderada por los abanderados Roberto Hernández y Allison Montano, quienes representan los valores de esfuerzo, perseverancia y excelencia promovidos por el programa Esfuerzo y Gloria. Ambos tendrán la responsabilidad de portar la bandera nacional durante la ceremonia inaugural en República Dominicana.

Disciplinas en las que competirá El Salvador en Santo Domingo 2026

El Salvador tendrá presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en un total de 41 disciplinas deportivas. La delegación participará en deportes de combate como boxeo, esgrima, judo, karate do, luchas, taekwondo, levantamiento de pesas, tiro con arco y tiro deportivo. En el área acuática, los atletas competirán en aguas abiertas, clavados, natación de velocidad y natación artística.

La representación nacional también estará en deportes de fuerza y destreza, entre los que figuran esquí náutico, remo, surf y vela. Las pruebas de velocidad y habilidad tendrán participación salvadoreña en atletismo, ciclismo (BMX, ruta y mountain bike), equitación, gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasia de trampolín, patinaje artístico, patinaje de velocidad, skateboarding y triatlón.

En deportes de estrategia, la delegación buscará resultados en ajedrez, bádminton, bowling, golf, tenis y tenis de mesa. Además, El Salvador estará representado en equipos colectivos: baloncesto 3x3, baloncesto 5x5, fútbol, sóftbol y vóleibol playa.

Dentro del equipo nacional destaca Pablo Ibáñez, quien hizo historia en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Ibáñez logró la medalla de oro en los 400 metros vallas, convirtiéndose en el primer hombre salvadoreño en ganar un oro en atletismo en esta justa tras 97 años de sequía para el país.

Ahora, Ibáñez se prepara para competir nuevamente y buscar un lugar en el podio. “Me siento satisfecho con mi entrenamiento para estos nuevos Juegos”, aseguró el atleta, quien representa una de las mayores esperanzas de medalla para la delegación.

En la última edición de los juegos celebrada fuera del país, la delegación salvadoreña consiguió 18 medallas. Ahora, el objetivo consiste en superar esa marca, respaldados por el crecimiento y la proyección del deporte nacional.

La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya Agüero, informó este jueves que sostendrá un encuentro con la canciller de El Salvador, Juana Alexandra Hill, con el propósito de dialogar sobre la situación de Isla Conejo, un tema que históricamente ha formado parte de la agenda bilateral entre ambas naciones.

Aunque no precisó la fecha ni el lugar donde se desarrollará la reunión, la diplomática afirmó que el diálogo se llevará a cabo en los próximos días y reiteró que, pese a este asunto, las relaciones entre Honduras y El Salvador se mantienen en términos positivos.

"Totalmente normal, relaciones constructivas y cercanas“, expresó Agüero al ser consultada sobre el vínculo entre ambos gobiernos, al tiempo que confirmó que el encuentro permitirá abordar específicamente el tema relacionado con Isla Conejo.

Cancillería enfrenta dos situaciones “delicadas”

Durante sus declaraciones, la canciller también hizo un balance del trabajo que desarrolla la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, asegurando que la institución mantiene una agenda activa tanto en materia diplomática como de atención consular.

No obstante, reconoció que actualmente enfrentan dos situaciones que calificó como “delicadas”, relacionadas con los estudiantes hondureños que permanecen en Venezuela y Cuba, países donde la Cancillería ha tenido que reforzar el acompañamiento debido a las dificultades que enfrentan.

"Estamos muy bien, bueno, obviamente tenemos dos situaciones un poco delicadas; una es el tema de nuestros estudiantes en Venezuela que realmente están siendo acogidos por nuestra misión diplomática allá, dándoles todo el apoyo“, manifestó la funcionaria.

Agüero explicó que la representación diplomática hondureña en Venezuela mantiene contacto permanente con los estudiantes para brindarles asistencia y atender cualquier necesidad que pueda surgir mientras permanecen en ese país.

Dificultades para enviar recursos a Cuba

La canciller indicó que el segundo tema que mantiene ocupada a la institución corresponde a los estudiantes hondureños que cursan estudios en Cuba.

Según explicó, las limitaciones derivadas del embargo económico que pesa sobre la isla han complicado el envío de recursos económicos tanto para los becarios como para el funcionamiento de la misión diplomática hondureña.

"La otra situación que tenemos un poco delicada es con el embargo en Cuba. Nuestros estudiantes allá también están teniendo una atención prioritaria, porque a veces el problema con Cuba es que no podemos enviar el dinero“, señaló.

Agüero explicó que estas dificultades no solo afectan el apoyo financiero destinado a los estudiantes, sino también algunos gastos operativos de la representación diplomática hondureña en La Habana.

A pesar de ello, aseguró que la Cancillería trabaja en mecanismos que permitan superar esas limitaciones y garantizar la atención de los hondureños residentes en ese país.

"Estamos trabajando en eso y definitivamente vamos por buen camino, siempre también en conversaciones con el embajador de Cuba en Tegucigalpa“, agregó.

Diálogo con El Salvador

Respecto al encuentro con la canciller salvadoreña, Agüero reiteró que el diálogo se desarrollará dentro de los canales diplomáticos habituales y tendrá como uno de sus principales puntos de agenda el tema de Isla Conejo.

Aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre los asuntos específicos que serán discutidos durante la reunión, insistió en que Honduras mantiene una comunicación permanente con El Salvador y que ambos gobiernos continúan fortaleciendo la cooperación bilateral.

La funcionaria destacó que el diálogo entre las dos cancillerías se desarrolla en un ambiente de respeto y entendimiento, por lo que expresó confianza en que el encuentro permitirá continuar abordando los temas de interés mutuo mediante la vía diplomática.

Un diferendo histórico

Isla Conejo es un pequeño islote ubicado en el golfo de Fonseca que ha sido objeto de diferencias entre Honduras y El Salvador durante varias décadas.

Si bien la Corte Internacional de Justicia resolvió en 1992 la delimitación de diversos territorios en el golfo de Fonseca, el estatus de Isla Conejo ha seguido siendo motivo de posiciones distintas entre ambos países, que sostienen argumentos sobre su soberanía.

En distintas ocasiones, Honduras y El Salvador han reiterado su compromiso de tratar este tema a través del diálogo diplomático y de los mecanismos establecidos por el derecho internacional, evitando que las diferencias afecten la relación bilateral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en el Despacho Oval a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en una reunión a puerta cerrada. El encuentro, celebrado en Washington D.C., ocurrió unos días después de la inscripción de Bukele para buscar un tercer mandato consecutivo.

Consultada por INFOBAE sobre el contenido de la conversación entre los mandatarios, una fuente de la Casa Blanca afirmó que “los presidentes discutieron principalmente mecanismos conjuntos para combatir la inmigración ilegal, fomentar el crecimiento económico y garantizar la seguridad regional”.

El diálogo bilateral se produjo en un contexto de mayor acercamiento entre la administración estadounidense y el gobierno salvadoreño.

Por su parte, El Salvador se mantiene como uno de los aliados regionales más cercanos de la administración de EE.UU., que desde su regreso a la presidencia en 2025 ha mostrado apoyo público a candidaturas afines en la región.

EFE informó que la presidencia de Trump manifestó respaldo a candidaturas afines en países como Honduras y Costa Rica, reforzando la estrategia de Washington de apoyar a aliados latinoamericanos en temas migratorios y de seguridad.

La llegada de Bukele tuvo lugar poco después de formalizar su postulación a un tercer mandato presidencial, tras la reforma constitucional aprobada y ratificada por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio de 2025.

Esta reforma eliminó el límite de mandatos presidenciales, extendió el periodo a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral, modificando los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución.

Cooperación estratégica y desarrollo tecnológico

La relación entre Estados Unidos y El Salvador se encuentra en una etapa de cooperación estratégica. Actualmente, la agenda bilateral prioriza la migración, el desarrollo económico y el combate al crimen organizado, aspectos centrales para ambos gobiernos.

En el marco de la relación bilateral, Estados Unidos y El Salvador suscribieron la Alianza Pax Silica, un acuerdo orientado a impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas y la digitalización de la economía salvadoreña. Esta iniciativa permite la creación de laboratorios de investigación aplicada y promueve la capacitación de talento local en áreas como Inteligencia Artificial, ciberseguridad y aplicaciones industriales de software.

Además, la cooperación bilateral se ha expandido hacia acuerdos en materia comercial, como lo evidencia la firma de un acuerdo de reciprocidad comercial entre ambos países a inicios de 2026. El Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la República de El Salvador sobre Comercio Recíproco, que estableció condiciones preferenciales para el intercambio de bienes y servicios.

Este pacto facilita el acceso de productos salvadoreños al mercado estadounidense y promueve la llegada de inversiones en sectores como manufactura, agroindustria y tecnología. Según datos compartidos por la agencia EFE, el acuerdo incluyó disposiciones para la protección de la propiedad intelectual y la reducción de barreras no arancelarias, lo que fortaleció el clima de negocios en El Salvador.

Estos instrumentos reflejaron el interés de ambos gobiernos en consolidar una cooperación estratégica, basada en la innovación, el crecimiento económico y la generación de empleo, como respuesta a los retos migratorios y de seguridad en la región.

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de viruela del mono en Costa Rica, elevando a tres la cantidad de contagios registrados en el país durante el 2026.

El paciente es un hombre de 37 años, vecino de la provincia de Heredia, quien permanece en condición de salud estable y cumple con la orden sanitaria de aislamiento mientras avanza la investigación epidemiológica.

De acuerdo con la información oficial, el diagnóstico fue confirmado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). Durante la investigación de campo, el paciente indicó que no había realizado viajes fuera de Costa Rica en los últimos 30 días, un dato que resulta relevante para determinar el origen del contagio y establecer la cadena de transmisión.

Las autoridades sanitarias informaron que este tercer caso mantiene una relación epidemiológica con el segundo contagio confirmado este año, lo que permite orientar las investigaciones hacia un posible vínculo de transmisión local. Sin embargo, el Ministerio de Salud no brindó mayores detalles sobre las circunstancias específicas de esa relación, con el objetivo de proteger la confidencialidad de las personas involucradas.

Con este nuevo reporte, Costa Rica acumula tres casos confirmados de viruela del mono durante el presente año. El primero corresponde a un hombre de 52 años, vecino de la provincia de San José, mientras que el segundo fue identificado en un hombre de 27 años, también residente en esa provincia. Ambos pacientes continúan estables de salud, según el más reciente reporte oficial.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el INCIENSA.

Las instituciones desarrollan investigaciones para identificar la fuente de infección, localizar y dar seguimiento a las personas que pudieron haber tenido contacto con los casos confirmados y aplicar las medidas necesarias para evitar una mayor propagación del virus.

Las autoridades recordaron que la viruela del mono es una enfermedad viral cuya principal vía de transmisión es el contacto físico estrecho con una persona infectada. Esto incluye el contacto directo con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado y también el uso compartido de objetos contaminados, como ropa de cama, toallas o utensilios personales.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a la población. Entre ellas destaca evitar el contacto físico cercano, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que cuenten con un diagnóstico confirmado de mpox. Asimismo, aconsejó no compartir artículos de uso personal con personas enfermas y mantener una higiene frecuente de las manos mediante agua y jabón o soluciones a base de alcohol.

La institución también hizo un llamado para que cualquier persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad acuda de manera oportuna al establecimiento de salud más cercano. Entre los signos de alerta se encuentran lesiones en la piel similares a granos o ampollas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares y malestar general.

El objetivo de una consulta temprana, explicaron las autoridades, es facilitar el diagnóstico oportuno, iniciar el seguimiento correspondiente y reducir el riesgo de transmisión a otras personas mediante el aislamiento y el rastreo de contactos.

Además del componente sanitario, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de evitar la estigmatización de las personas diagnosticadas con la enfermedad. La institución pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad, respeto y empatía hacia los pacientes, sus familiares y las personas identificadas como contactos cercanos.

Según enfatizó la cartera, la enfermedad no debe convertirse en motivo de discriminación ni en una razón para divulgar información personal de quienes resultan afectados.

Resguardar la confidencialidad de los pacientes favorece que más personas consulten a tiempo cuando presentan síntomas, fortalece las investigaciones epidemiológicas y facilita la interrupción de las cadenas de transmisión.

Las autoridades reiteraron que la vigilancia epidemiológica permanece activa en todo el territorio nacional y aseguraron que continuarán informando a la población sobre cualquier actualización relacionada con nuevos casos o cambios en la situación del virus mediante los canales oficiales del Ministerio de Salud.

El Salvador cuenta con una capacidad instalada de cerca de 3,500 megavatios, mientras que la demanda máxima registrada ronda los 1,162 megavatios. Esta diferencia ha permitido que el país se posicione como exportador neto de energía en la región. Según Edwin Núñez, presidente de ETESAL, anteriormente El Salvador debía importar entre el veintidós y el veinticinco por ciento de la energía que consumía, principalmente desde Guatemala.

En la actualidad, El Salvador integra la red regional SIEPAC, un sistema que facilita la integración eléctrica de los países centroamericanos. Cuando alguna nación requiere energía adicional, tiene la posibilidad de adquirirla de otro miembro de la red a través de esta interconexión. El presidente de ETESAL mencionó que, a su juicio, “el mercado eléctrico centroamericano es un ejemplo a nivel mundial por su funcionamiento y cooperación”.

El directivo señaló, durante la entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, que la diversificación de la matriz energética, promovida desde 2019, ha contribuido a sostener el crecimiento y a fortalecer la seguridad del suministro, incluso en contextos de alta demanda o ante condiciones climáticas adversas.

Matriz energética nacional y función de ETESAL

La matriz energética salvadoreña está compuesta por diversas fuentes. El país produce electricidad a partir de hidroeléctricas, geotérmicas, gas natural, solar y, en años recientes, eólica. El presidente de ETESAL señaló que se han impulsado proyectos como Energía del Pacífico —centrado en gas natural—, nuevas plantas fotovoltaicas y el parque eólico Ventus.

ETESAL, según explicó, actúa como la principal autopista eléctrica del país, trasladando la energía desde los puntos de generación hasta las subestaciones, donde se transforma y se prepara para la distribución. Núñez consideró que una red moderna y robusta es esencial para la reducción de pérdidas y la mejora en la calidad del servicio.

La empresa sostiene una coordinación constante con las distribuidoras y el Ministerio de Turismo, con el objetivo de que cada nueva infraestructura pueda entrar en operación de forma sincronizada con las necesidades de la zona donde se instala.

Energías renovables y almacenamiento

El desarrollo de las energías renovables ha influido de manera significativa en el panorama energético salvadoreño. El país ha incrementado la cantidad de plantas fotovoltaicas y proyectos eólicos, como el parque Ventus en Metapán.

Estos proyectos se complementan con la incorporación de sistemas avanzados de almacenamiento, conocidos como BESS (Battery Energy Storage System). Según lo explicado por el presidente de ETESAL, estas soluciones no solo permiten guardar energía, sino que también estabilizan la red y ofrecen servicios auxiliares, como la regulación de voltaje y el respaldo ante posibles fluctuaciones regionales.

El titular de ETESAL consideró que estos sistemas resultan fundamentales para mantener la calidad de la energía en un contexto de demanda creciente e interconexión regional.

Proceso de expansión y cobertura nacional

El plan nacional de expansión de ETESAL se presenta como uno de los ejes para el fortalecimiento de la red de transmisión. Desde 2019 se han incorporado cinco nuevas subestaciones, sumando veintinueve con la próxima inauguración de Surf City y treinta una vez que se concluya la de Morazán.

Dentro de la estrategia se prevé el cierre de un anillo eléctrico en oriente, el cual contempla la construcción de nuevas subestaciones en San Miguel, La Unión y Pasaquina, además de la línea Morazán-San Miguel. Este refuerzo está pensado para acompañar el desarrollo del aeropuerto del Pacífico, el crecimiento urbano y diferentes proyectos industriales en la zona oriental.

Núñez detalló que la expansión de la red incluye también nuevas subestaciones en zonas identificadas como áreas de alto crecimiento, como Huizúcar, así como el refuerzo de la infraestructura en Soyapango y la modernización de instalaciones en el área metropolitana de San Salvador. El propósito, según indicó, es anticipar la demanda y contribuir a garantizar la calidad del suministro en todas las regiones del país.

Avances tecnológicos: subestaciones GIS e inteligencia artificial

La subestación Surf City representa un avance tecnológico, ya que es la primera en el país en emplear el sistema GIS (Gas Insulated Switchgear) en transmisión. Este tipo de tecnología encapsula los componentes electromecánicos en gas, lo que, de acuerdo con Edwin Núñez, contribuye a reducir el mantenimiento y a prolongar la vida útil de las instalaciones. Está previsto que todas las subestaciones incluidas en el nuevo plan de expansión utilicen este modelo.

El presidente de ETESAL indicó que se han sumado veinticinco nuevos operadores, formados en institutos técnicos y universidades, para encargarse de la gestión de estas infraestructuras. El monitoreo de las subestaciones incorpora herramientas de inteligencia artificial, lo que, según explicó, permite una operación predictiva y una gestión más eficiente de incidentes.

El sistema se organiza en tres turnos de trabajo, con vigilancia y mantenimiento durante todo el año. Núñez recordó que la transmisión eléctrica fue declarada área de seguridad nacional y que la empresa ha implementado protocolos que incluyen sistemas antifauna para prevenir interrupciones o daños en la red.

Impacto en el desarrollo urbano y calidad de vida

La expansión y modernización de la red de transmisión eléctrica se ha vinculado con el crecimiento inmobiliario, turístico y tecnológico en zonas como La Libertad, Nuevo Cuscatlán, la Costa del Sol y otras áreas donde se registra un aumento de proyectos.

La subestación Surf City, que ha requerido una inversión de $35 millones, está destinada a cubrir la demanda de iniciativas como Ocean Breeze y distintos desarrollos residenciales y hoteleros. El presidente de ETESAL sostuvo que “sin subestaciones cercanas y modernas no es posible garantizar la factibilidad eléctrica para nuevos usuarios, sean apartamentos, centros comerciales o fábricas”.

El funcionario agregó que la infraestructura también aportará beneficios a la zona sur de San Salvador y respaldará la instalación de centros de datos y empresas tecnológicas internacionales interesadas en condiciones de seguridad y estabilidad energética.

La República Dominicana enfrenta en 2026 un panorama complejo en materia de accidentes de tránsito, con 1,103 personas fallecidas y 30,826 heridas en lo que va del año, de acuerdo con los datos del Observatorio de Seguridad Vial.

Estas cifras, respaldadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, reflejan la dimensión de un fenómeno que afecta tanto a las familias como al sistema de salud, el cual permanece bajo presión debido a la recurrencia de estos siniestros.

El registro de los siniestros viales muestra que, en promedio, se producen tres muertes diarias en el territorio nacional. Solo en lo que va del mes actual, se han contabilizado 40 fallecimientos por esta causa, según el mismo Observatorio. Las autoridades han destacado que esta situación mantiene una demanda constante sobre los hospitales, especialmente en las áreas especializadas en trauma y emergencias.

Un análisis territorial de los datos revela que el Gran Santo Domingo es la zona con mayor número de víctimas mortales por accidentes de tránsito, con 119 fallecidos, de los cuales 63 corresponden al Distrito Nacional. Otras provincias con cifras elevadas incluyen San Cristóbal, que registra 104 decesos; La Altagracia, con 93; Santiago, con 91; La Vega, con 65; y Peravia, con 50. Este mapa estadístico, difundido por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y difundido por Listín Diario, asocia la alta mortalidad con el volumen de tránsito y la densidad urbana.

Secuencia de accidentes recientes en vías urbanas y rurales

En los últimos días, la atención pública se ha centrado en una serie de accidentes recientes ocurridos en distintas regiones del país. Entre los hechos destacados figura el accidente en la Circunvalación Santo Domingo, donde la colisión entre un automóvil y una patana resultó en una persona fallecida y varios heridos. Las imágenes del incidente mostraron la gravedad del choque, con un camión volcado y un vehículo privado severamente dañado.

Además, el pasado domingo 12 de julio se reportaron tres siniestros notables. El primero de ellos ocurrió en la avenida Independencia, esquina Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, donde un automóvil y una jeepeta colisionaron, provocando una muerte y una persona herida. Imágenes del lugar evidenciaron la fuerza del impacto, ya que uno de los vehículos terminó partido a la mitad.

Ese mismo día, en el sector La Cotorra de Río, en Constanza, un camión cargado perdió el control y chocó contra un automóvil. Los afectados fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

En la carretera entre El Seibo y Hato Mayor, un accidente entre una camioneta y una motocicleta resultó fatal para Librand Alexander Taveras Montero, de 21 años. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, detalló que Montero había ignorado una parada policial, lo que antecedió el choque. Pesqueira presentó un video en el que se observa a Montero cruzando la vía, aunque no muestra el momento exacto del impacto.

La jornada cerró con otro accidente en la avenida John F. Kennedy, casi esquina Paseo de los Ferreteros, donde un motociclista falleció y su acompañante resultó herida tras ser impactados por un camión.

Distribución geográfica y desafíos para el sistema de salud

En conjunto, los datos reflejan que los accidentes de tránsito ocurren en diversos tipos de vías, tanto en zonas urbanas como rurales. La distribución geográfica de los siniestros indica que las áreas con mayor circulación vehicular tienden a concentrar el mayor número de casos.

El reto para las autoridades consiste en reducir la frecuencia de estos eventos y garantizar una respuesta adecuada a las víctimas. Organismos de seguridad vial, junto con el personal de salud y la Policía Nacional, mantienen sus esfuerzos coordinados para abordar la problemática y mitigar sus efectos en la sociedad dominicana.

La represa San José alcanzó un 46% de ejecución en el Distrito Central después de haber estado paralizada durante 17 meses. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que los trabajos se retomaron a principios de marzo y que la municipalidad busca acelerar la obra para entregarla en 2028.

La obra es la primera infraestructura de este tipo destinada a ampliar el abastecimiento de agua para Tegucigalpa y Comayagüela en tres décadas. Las autoridades municipales siguen su avance por la presión del crecimiento urbano sobre un sistema de distribución que desde hace años no cubre la demanda.

Durante una visita de inspección, Zelaya dijo que la municipalidad busca acelerar la construcción con jornadas extendidas, incluso durante la noche, para recuperar el tiempo perdido. “La encontramos paralizada durante aproximadamente 17 meses y hoy ya registra un avance del 46 %. Estamos incorporando iluminación para ampliar las jornadas de trabajo y acelerar la ejecución”, señaló el edil.

El proyecto frente al racionamiento

La represa San José forma parte de las iniciativas impulsadas para enfrentar uno de los problemas persistentes de la capital: el acceso limitado al agua potable.

Cada año, sobre todo durante la temporada seca, numerosos barrios y colonias de Tegucigalpa reciben agua de manera intermitente, lo que obliga a miles de familias a almacenar el recurso o depender de camiones cisterna para abastecerse.

Las autoridades sostienen que la nueva infraestructura permitirá incorporar una fuente adicional al sistema de distribución y mejorar la disponibilidad de agua para una ciudad cuya población ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas.

Medidas mientras avanza la obra

Mientras la represa sigue en desarrollo, la Alcaldía y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) mantienen acciones para atender la demanda inmediata de los sectores más afectados por la escasez.

Según datos municipales, actualmente más de 50 camiones cisterna distribuyen agua de forma gratuita en distintos puntos de la capital. Desde el inicio de la administración se han entregado más de 2,3 millones de galones a comunidades con dificultades para acceder al servicio.

La municipalidad también trabaja en la reparación de fugas en la red de distribución y avanza en la perforación de seis nuevos pozos, con el objetivo de incrementar la capacidad de suministro mientras la represa entra en operación.

La presión sobre el sistema de agua

El abastecimiento de agua se ha convertido en uno de los principales desafíos para Tegucigalpa por el crecimiento poblacional, la variabilidad climática y el aumento de la demanda.

Si el cronograma se mantiene, la infraestructura estaría lista en 2028. Las autoridades confían en que la obra sume una nueva fuente de abastecimiento para una capital que lleva tres décadas sin incorporar una.

De acuerdo con datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), la capital necesita alrededor de 250,000 metros cúbicos de agua al día para abastecer a su población; sin embargo, el sistema produce cerca de 181,000 metros cúbicos, de los cuales apenas 90,000 llegan efectivamente a los hogares debido a pérdidas en la red de distribución que oscilan entre el 40 % y el 45 % por fugas, tuberías deterioradas y conexiones irregulares

Panamá se prepara para enfrentar uno de los mayores cambios demográficos de las próximas décadas: una población cada vez más envejecida y un aumento acelerado de personas que necesitarán cuidados permanentes.

Ante ese escenario, el país comenzó a implementar un sistema que permitirá medir, con criterios técnicos, qué ciudadanos requieren apoyo para actividades básicas como alimentarse, movilizarse o asearse, una evaluación que determinará quiénes tendrán prioridad para acceder a los servicios públicos de cuidado.

La herramienta, conocida como Baremo de Valoración de la Dependencia, forma parte del desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados, creado mediante la Ley 431 de 2024, una norma que por primera vez reconoce el derecho al cuidado y establece la responsabilidad del Estado de organizar una red de servicios para personas que, por razones de edad, discapacidad o condición de salud, requieren apoyo para desarrollar su vida cotidiana.

Hasta ahora, Panamá no contaba con un mecanismo uniforme para determinar quién necesitaba cuidados y en qué nivel. Cada institución utilizaba criterios propios, lo que dificultaba establecer prioridades y distribuir los recursos públicos de manera equitativa.

Con el nuevo baremo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca estandarizar ese proceso mediante una evaluación objetiva de la autonomía de cada persona.

A diferencia de un examen médico convencional, el instrumento no pretende diagnosticar enfermedades ni establecer discapacidades. Su función consiste en medir el grado de independencia de una persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como alimentarse, vestirse, desplazarse, mantener su higiene personal, comunicarse o tomar decisiones básicas.

Con base en esa evaluación, el sistema clasificará a los usuarios en tres niveles de dependencia: moderada, severa y gran dependencia, categorías que servirán para definir el tipo de apoyo que requieren y establecer el orden de prioridad para acceder a los servicios del Sistema Nacional de Cuidados.

El BID explica que este tipo de herramientas constituye uno de los pilares de cualquier sistema moderno de cuidados porque permite asignar los apoyos utilizando criterios homogéneos y transparentes, evitando decisiones discrecionales y orientando los recursos hacia quienes presentan mayores necesidades.

Aunque estos instrumentos llevan décadas utilizándose en Europa, su implementación en América Latina aún es limitada. Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Barbados ya cuentan con sistemas similares. Con el desarrollo de esta escala, Panamá pasa a integrar el grupo de países de la región que han adoptado mecanismos estandarizados para valorar la dependencia funcional.

La necesidad de esta herramienta responde a una realidad demográfica que comienza a transformar al país. Los resultados del XII Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2023 muestran que Panamá envejece de forma sostenida.

Mientras en 1980 las personas de 65 años y más representaban el 4,3 % de la población, para 2023 esa proporción aumentó hasta 9,8 %, más del doble en poco más de cuatro décadas. Al mismo tiempo, la edad mediana de la población pasó de 22 años en 1990 a 30 años en 2023, reflejo de una menor fecundidad y una mayor esperanza de vida.

Los datos oficiales permiten dimensionar aún más el desafío. Panamá cuenta actualmente con 563.641 personas de 60 años y más, mientras que 47.508 tienen 80 años o más, segmento de la población que presenta una mayor probabilidad de requerir cuidados permanentes debido a limitaciones funcionales asociadas al envejecimiento.

El BID advierte que esa presión continuará aumentando durante las próximas décadas. Las proyecciones indican que el número de personas mayores con dependencia funcional podría duplicarse hacia 2035 y triplicarse para 2050, lo que obligará al Estado a ampliar significativamente la cobertura de los servicios de cuidado y a fortalecer las capacidades institucionales para responder a esa demanda.

Con ese objetivo, durante 2026 el MIDES inició un proceso de capacitación para los equipos responsables de aplicar la nueva herramienta. Más de 25 profesionales del ministerio, de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y de otras entidades públicas fueron formados para convertirse en instructores y garantizar que la evaluación se aplique bajo los mismos criterios en todas las provincias y comarcas del país.

Sin embargo, especialistas coinciden en que disponer de una escala de valoración constituye apenas el primer paso. El verdadero reto será construir la infraestructura necesaria para atender a una población que continuará envejeciendo.

Eso implica ampliar la oferta de centros de atención, formar más cuidadores, fortalecer los programas de atención domiciliaria y asegurar el financiamiento suficiente para sostener un sistema cuya demanda crecerá de manera sostenida.

El cambio también supone una transformación en la forma de entender los cuidados. Tradicionalmente, esa responsabilidad ha recaído casi exclusivamente sobre las familias —y especialmente sobre las mujeres— sin una política pública integral que articule servicios de apoyo.

El Sistema Nacional de Cuidados busca cambiar ese modelo mediante una red organizada que permita distribuir de forma más equitativa las responsabilidades entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.

La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos registró al 30 de junio de 2026 un total de 4.496 personas obligadas y recibió 3.030 reportes de transacciones sospechosas, en un semestre en el que incorporó un apartado de “Panorama Evolutivo” para ampliar la lectura estadística sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ese nuevo bloque muestra que, durante el primer semestre de 2026, el origen de los fondos reportados en los RTS se concentró de forma abrumadora en Norteamérica, con 96.0% de los registros, mientras que el principal destino fue Asia Oriental, con 36.3%. Después aparecieron Norteamérica con 13,2%, África Oriental con 8,6%, Europa Central con 7,8%, Suramérica con 6,9% y Centroamérica con 6,1%.

Según la información difundida por la Superintendencia de Bancos en una cápsula de SIP TV y en su boletín mensual, el universo de personas obligadas ante la IVE se divide entre 35 % de sujetos financieros y 65 % de no financieros. El organismo también indicó que presentó 165 denuncias por más de Q 5,400 millones.

Esas denuncias, de acuerdo con la entidad, se sustentan en el análisis de más de 133,800 operaciones financieras, utilizadas para reflejar el volumen transaccional de cada caso.

A la vez, las personas obligadas reportan a la IVE las transacciones que, tras su propio análisis, presentan indicios de posible vinculación con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Los reportes sospechosos se concentraron en cuentas monetarias y de ahorro

La distribución por producto financiero de los RTS recibidos en el primer semestre mostró una concentración en cuentas monetarias, con 38.2%, y cuentas de ahorro, con 35.9%. Más atrás quedaron las remesas, con 7.0%, las tarjetas de crédito, con 2.5%, y los préstamos, con 2.2%.

La categoría “Otros” representó 14.1% e incluyó productos con participaciones individuales menores, entre ellos compraventa de divisas, depósitos a largo plazo, pólizas y transferencias.

En la presentación general del boletín, la IVE resumió esa misma tendencia al señalar que cuentas monetarias y de ahorro encabezaron los reportes, seguidas por remesas, mientras préstamos y tarjetas de crédito tuvieron una participación marginal.

En el detalle geográfico del origen de fondos, además de Norteamérica, se identificaron registros procedentes del sureste de Europa con 1,5%, Europa Occidental con 0.7%, el sur de Europa con 0,3%, Europa Central con 0.2% y Centroamérica con 0.8%. La publicación añadió participaciones marginales con origen en Suramérica, Asia Occidental y Oriental, el sudeste asiático y África.

En los destinos, el mapa fue más disperso. A las regiones con mayor peso se sumaron Asia Sudeste con 5.6%, Europa del Sur y Europa Occidental, ambas con 4.1%, el sureste de Europa con 3,1%, África Occidental con 1.7% y el sur de Asia con 1.0%, mientras Asia Occidental y Suroeste, África Central y Sur y el Caribe quedaron por debajo de 1.0%.

La IVE realizó 238 supervisiones y recibió 943 requerimientos de información

La IVE recibió 943 requerimientos de información vinculados a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También realizó 238 supervisiones en prevención y normativa prudencial bajo un enfoque basado en riesgos.

De ese total, 19 % correspondió a entidades financieras bajo vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, 37% a entidades financieras no sujetas a esa vigilancia y 44% a personas obligadas no financieras. La misma fuente señaló que entre enero y junio de 2026 se capacitó a más de 7,200 personas en forma presencial y virtual, mediante webinars y talleres especializados.

El boletín incorporó además datos sobre bienes involucrados en Informes de Extinción de Dominio. Por cantidad de bienes reportados, predominaron los vehículos con 49.0%, seguidos por bienes inmuebles con 22.0%, certificados de depósito a plazo con 16.0%, terrenos con 12.0% y apartamentos con 1.0%.

Cuando el análisis se trasladó al monto asociado a esos bienes, el orden cambió. Los certificados de depósito a plazo concentraron 73.6% del valor involucrado, por delante de los bienes inmuebles con 12.1%, los terrenos con 7.7%, los vehículos con 6.3% y los apartamentos con 0.2%.

Alta Verapaz sigue en emergencia por las lluvias iniciadas el 8 de julio, con 17,388 personas afectadas, 3,931 familias damnificadas y tres muertes, mientras las autoridades mantienen evacuaciones, albergues y entrega de ayuda en varios municipios, aunque prevén una disminución de las precipitaciones en los próximos días.

Del total de afectados, 8,639 personas fueron evacuadas y 331 permanecieron en albergues atendidos por el sistema CONRED. El balance oficial también incluye cinco viviendas con daño leve, 3.625 con daño moderado y 97 con daño grave.

La gobernadora departamental de Alta Verapaz Lilia Margarita Coj Cobián dijo en conferencia de prensa que Fray Bartolomé de las Casas es el municipio con más comunidades afectadas registradas hasta ahora: 58 lugares poblados, 2,378 familias y 10,240 personas.

Le siguen Chahal, con 36 comunidades, 847 familias y 4,163 personas; San Cristóbal Verapaz, con 12 comunidades, 453 familias y 2.085 personas; Panzós, con seis lugares poblados, 194 familias y 697 personas; Santa María Cabón, con cinco comunidades, 21 familias y 108 personas; y Tactic, con cuatro comunidades, 19 familias y 71 personas.

Wotzbely Suárez, delegado regional de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, precisó que la emergencia comenzó el miércoles 8 de julio en San Cristóbal Verapaz con una inundación súbita y después se extendió a Chahal, Fray Bartolomé de las Casas y otros municipios. Añadió que en zonas bajas como Panzós el riesgo sigue abierto porque los ríos todavía mantienen niveles altos.

Diez albergues fueron habilitados y la ayuda aún no llega por completo a todos los municipios

La respuesta institucional incluyó evacuaciones, evaluaciones de daños en viviendas, escuelas y hospitales, búsqueda de personas desaparecidas en Cabón y apertura de diez albergues. En Fray Bartolomé de las Casas fueron habilitados ocho refugios para más de 400 familias, mientras que Chahal tuvo un albergue.

Según la exposición de la gobernadora, en los albergues fueron atendidas 141 familias y más de 434 personas. El Ministerio de Desarrollo Social suministró alimentos calientes en Fray Bartolomé de las Casas desde la madrugada del domingo, y después la alimentación quedó a cargo del apoyo humanitario disponible en el municipio.

La asistencia distribuida incluyó colchonetas, ponchos, filtros de agua, bebidas fortificadas, kits de higiene, limpieza y cocina. En Fray Bartolomé de las Casas la entrega avanzó entre 40% y 45%, mientras que en Chahal, San Cristóbal Verapaz, Santa María Cabón y Tactic la cobertura reportada fue del 100%.

En Panzós, en cambio, la ayuda seguía pendiente de entrega directa porque el agua no había bajado lo suficiente para ingresar, aunque los insumos ya estaban en el municipio. Las autoridades señalaron que las evaluaciones continúan porque las lluvias de la mañana provocaron nuevas afectaciones.

Salud movilizó 2,800 trabajadores y reportó aumento de infecciones respiratorias y gastrointestinales

Edison Josué Morán, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, informó que los 19 distritos de salud en los 17 municipios del departamento se mantuvieron activos, con más de 2.800 trabajadores desplegados. La red sanitaria coordinó acciones con municipalidades, bomberos, Ejército y Policía Nacional Civil para sostener la atención de emergencia.

En Fray Bartolomé de las Casas fueron atendidos 23 pacientes: 14 en maternidad, cinco en traumatología, dos en cirugía y dos menores en control de peso. Durante la inundación, pacientes hospitalizados fueron trasladados al centro de salud y también se movió allí la emergencia del hospital local.

La cartera sanitaria reportó además 57 consultas durante los días de emergencia en ese municipio, 45 de mujeres y 12 de hombres. Los diagnósticos incluyeron diarreas y gastroenteritis, anemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cefaleas, amigdalitis, infecciones respiratorias agudas, gastritis, dolor articular e infecciones urinarias.

A nivel departamental, las enfermedades que más aumentaron fueron las infecciones respiratorias agudas, con 72 personas; las gastrointestinales, con 57; y la gastritis no específica. Morán agregó que también se vigila el aumento de dengue y malaria, por lo que se preparan fumigaciones en municipios priorizados.

El sistema educativo reportó 21 escuelas con daños y lluvias todavía por encima de los umbrales de alerta en ríos

El Ministerio de Educación informó que hasta el momento había 21 escuelas con daños o inundaciones en aulas. Chahal reportó cuatro establecimientos; Panzós, 13; Chamelco, uno; Tucurú, dos; y Senahú, uno.

La mayoría de los daños fueron menores. El caso más delicado se registró en Carchá, donde un muro sufrió un daño mayor por un derrumbe, aunque ya se había hecho la limpieza y no existía riesgo para los alumnos, según la cartera.

Pablo Alberto Vega, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, explicó que las lluvias recientes se originaron por el ingreso de humedad desde el mar Caribe y por el paso de las ondas del este 18 y 19.

En lo que va de julio, las estaciones meteorológicas del departamento registraron 378.4 milímetros en Panzós, 247.7 en Santa María Cabón y 135,2 en Cobán.

En las últimas 24 horas, Cobán registró 19.1 milímetros de lluvia, Panzós 56.6 y Santa María Cabón 20.3. El funcionario indicó que para el jueves todavía se esperaban precipitaciones en Alta Verapaz con acumulados menores a 20 milímetros y que después se proyectaba una reducción considerable.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó este jueves a Nicaragua para que informe sobre el paradero del obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya situación permanece sin verificación independiente más de dos semanas después de su detención.

Mata fue retenido por primera vez el 29 de junio de 2026, un día después de celebrar una misa en la iglesia Cruz del Calvario de Estelí en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida en Nicaragua. Tras ser liberado y enviado “bajo vigilancia” a su domicilio en Tisma, departamento de Masaya, la policía lo detuvo nuevamente el 30 de junio y lo trasladó a un lugar no revelado. El 4 de julio, el Ministerio del Interior informó que el prelado había quedado bajo “indagación” y había sido devuelto a su casa. Ninguna fuente independiente ha podido confirmar esa versión.

“Hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud”, alertó la CIDH. La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, declaró a la AFP que fuentes vinculadas a la Iglesia le confirmaron que el obispo “no está en su casa, ni sabemos dónde está”. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado había exigido ese mismo 4 de julio la “inmediata e incondicional” liberación del prelado, señalando que “su salud es frágil” y que “no representa ninguna amenaza para el régimen”.

El caso tiene una dimensión adicional que la CIDH señaló expresamente. Jeffer Chavarría, quien representa al obispo Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido objeto de “grave asedio, hostigamiento, vigilancia y otras represalias” por parte de las autoridades nicaragüenses. El mismo día en que el gobierno anunció la supuesta liberación de Mata, agentes policiales se presentaron en los domicilios de varios miembros de la familia Chavarría. Una colaboradora cercana al obispo, Celia Huete, también debió abandonar el país ante el temor de represalias.

La CIDH subrayó que el ocultamiento del paradero de personas detenidas arbitrariamente constituye “uno de los patrones más graves de la represión” empleados por el régimen para “silenciar voces críticas”, y recordó que desde 2018 ha documentado “un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas” en Nicaragua.

Juan Abelardo Mata dirigió la Diócesis de Estelí entre 1990 y 2021, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años reglamentarios. Desde entonces ejerce como obispo emérito, sin renunciar a denunciar la persecución de la Iglesia. En 2021 la propia CIDH le otorgó medidas cautelares por los hostigamientos que ya sufría. La investigadora Molina ha cuantificado más de 870 ataques contra la Iglesia católica desde 2018, entre detenciones, expulsiones y prohibición de actividades religiosas. Cuatro de las nueve diócesis nicaragüenses tienen a sus obispos en el exilio, y más de 250 sacerdotes han sido desterrados o forzados a huir.

La desaparición verificable de Mata, con medidas cautelares vigentes y representación activa ante el sistema interamericano, es la continuación de una estrategia que, según organizaciones de derechos humanos, busca desmantelar la única institución con capacidad autónoma de articular disidencia en Nicaragua.

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó que entre el 1 de enero y el 12 de julio de 2026 capturó a 26.955 personas e incautó 2.671 armas de fuego, en un período en el que también reportó más recuperación y consignación de vehículos y motocicletas, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Ministerio de Gobernación para prevenir delitos, sacar armas ilegales de circulación y proteger a la población.

En ese mismo lapso, la PNC indicó que evitó 441 homicidios y ejecutó 5.852 allanamientos en todo el territorio nacional. El balance oficial compara esos resultados con el mismo período de 2025 y sostiene que hubo alzas en casi todos los indicadores operativos.

La cifra de capturas creció en 3.974 casos frente a las 22.981 aprehensiones registradas un año antes. Ese aumento equivale a 17 %.

Las motocicletas consignadas superaron las 23.000 unidades en el período

En las acciones contra el robo de motocicletas, la policía reportó que las unidades recuperadas pasaron de 849 a 921. El incremento fue de 8 %.

El salto más alto estuvo en las motocicletas consignadas: pasaron de 7.577 a 23.840, es decir 16.263 más que en el mismo tramo de 2025. Según el reporte, eso representa un aumento superior al 200 %.

En el caso de los vehículos, las unidades recuperadas subieron de 366 a 388. La variación fue de 6 %.

Los vehículos consignados también aumentaron, al pasar de 4.669 a 5.729. En este rubro, el crecimiento fue de 23 %.

La incautación de armas subió 39 % frente al mismo período de 2025

La PNC informó además que decomisó 2.671 armas de fuego, 752 más que las 1.919 incautadas entre enero y el 12 de julio del año pasado. Ese comportamiento equivale a un alza de 39 %.

Por tipo de arma, las pistolas incautadas aumentaron de 1.411 a 1.841. Los fusiles, carabinas y rifles pasaron de 127 a 357.

Las escopetas subieron de 150 a 229, mientras que las armas hechizas pasaron de 31 a 65. El reporte oficial presenta estos datos como parte del refuerzo de las capacidades operativas de la Policía Nacional Civil y de la estrategia integral de seguridad del Ministerio de Gobernación.

El gobierno de Guatemala lanza los planes Semáforo y Mercado Seguro tras el fin de los estados de prevención

El gobierno de Guatemala puso en marcha los planes Semáforo y Mercado Seguro tras dejar de aplicar estados de prevención, con operativos de la Policía Nacional Civil y patrullajes conjuntos con el Ejército en vías de alto tránsito y mercados para contener robos, asaltos y extorsiones.

La operación en mercados tendrá cobertura de 24 horas al día y 365 días al año, según explicó la vocera del Ejército Pamela Figueroa. La estrategia ya está en marcha en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Quetzaltenango, Petén, Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, San Marcos y Baja Verapaz, con una expansión progresiva prevista hacia otros territorios.

En la capital, la Policía Nacional Civil activó el “Plan Semáforo” con controles sorpresa en la calzada Roosevelt después de denuncias de inseguridad en ese sector de Ciudad de Guatemala. El despliegue incluye puestos de control y presencia en semáforos para registrar personas cuando la luz está en rojo, con especial atención a quienes se movilizan en motocicleta.

El subcomisario Andelino Miranda, jefe de Operaciones de la Comisaría 14 de la PNC, identificó el operativo como el “Plan de Seguridad 052-2026, denominado Semáforo Seguro”. La institución indicó que el plan se aplica en rutas de alto tránsito que conectan hacia el centro de la ciudad.

Entre enero y mayo de 2026, las remesas familiares que recibieron Honduras, Guatemala y El Salvador sumaron USD 20.153,7 millones, un alza del 8,6% interanual. Guatemala concentró el mayor volumen y Honduras registró la mayor suba porcentual, con 13,2%, según datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones.

En los primeros cinco meses del año, Honduras recibió USD 5.290,9 millones en remesas, equivalentes al 26,3% del total ingresado al Triángulo Norte. Guatemala captó USD 10.653 millones y El Salvador, USD 4.209,8 millones.

Honduras superó el crecimiento observado en los otros países de la región: Guatemala informó un incremento del 7,5% y El Salvador, un alza del 5,9% en el mismo período.

Remesas en Honduras

Las remesas son una de las principales fuentes de divisas para Honduras y tienen un peso determinante en el consumo interno.

Para miles de hogares, representan la principal fuente de ingresos para cubrir gastos de alimentación, educación, vivienda, salud y pequeños emprendimientos.

Diversos organismos financieros han señalado que estos recursos contribuyen a sostener la actividad económica, especialmente en comunidades donde las oportunidades de empleo son limitadas y parte de la población depende del apoyo de familiares que viven en el extranjero.

También ayudan a muchas familias a enfrentar el aumento del costo de vida y a financiar inversiones en vivienda, agricultura y pequeños negocios.

Migración y origen de los envíos

La Organización Internacional para las Migraciones estima que cada año alrededor de 500.000 personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador intentan llegar de forma irregular a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas.

Esa dinámica migratoria explica por qué Estados Unidos continúa siendo el principal origen de las remesas que reciben los países del Triángulo Norte.

En el caso de El Salvador, donde residen más de dos millones de salvadoreños en territorio estadounidense, economistas han señalado que las remesas siguen siendo el principal soporte de la economía nacional y se destinan principalmente al consumo de bienes y servicios.

Un flujo que sigue en aumento

El incremento de las remesas ocurre en un contexto de mayores controles migratorios y un aumento de las deportaciones desde Estados Unidos hacia algunos países de la región.

Para Honduras, el crecimiento del 13,2% muestra que los migrantes siguen desempeñando un papel central en el sostenimiento de la economía nacional. Ante la alta dependencia de estos recursos también refleja desafíos estructurales, como la falta de empleo, los bajos ingresos y la persistencia de la migración como estrategia para mejorar las condiciones de vida de miles de hogares.

En Honduras, estos recursos no solo permiten a muchas familias cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda, sino que también dinamizan el comercio local y sostienen la actividad económica en numerosas comunidades.

En ese contexto, el reto para los países de la región no solo será mantener la estabilidad de estos ingresos, sino crear las condiciones para que las remesas complementen el crecimiento económico, en lugar de convertirse en el principal sostén de millones de familias que día a día enfrentan subsistir por diversas fuentes financieras.

Según el registro, las detención incluyen delitos por narcotráfico, violación, trata de personas y homicidio. La entrega de los dos acusados se realizó en el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, desde donde partieron bajo custodia de agencias federales de Estados Unidos.

Los extraditados fueron identificados como Inmer Misael Barrios Osorio y Alejandro de Jesús Hernández Godínez. La Fuerza Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario ejecutó el traslado y la entrega formal a las autoridades del país norteamericano.

La Dirección General del Sistema Penitenciario sostuvo, tras la entrega de ambos extraditados, que mantiene su apoyo a las acciones de cumplimiento de la ley y a los mecanismos de cooperación judicial internacional.

Ese respaldo, indicó el organismo, busca que los ciudadanos requeridos por la justicia extranjera sean puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

Los dos requeridos enfrentan cargos por agresiones sexuales contra menores

Barrios Osorio, de 39 años, fue detenido el 5 de febrero de 2026 en la zona 7 de Quetzaltenango durante un operativo de la comisaría 41. La orden de captura con fines de extradición había sido emitida el 8 de agosto de 2025 por una solicitud de la justicia del estado de Florida.

De acuerdo con la información de la institución, enfrenta cargos por agresión sexual o tentativa de agresión sexual con lesiones a una persona menor de 12 años y por obscenidad contra un menor, con base en las secciones 794.011(2)(a) y 847.0133 de los Estatutos de Florida.

También operaba con al menos tres identidades: Inmer Misael Barrios Osorio, Inmer Misael Barrios Osorio y Adi Habib Matesscu Webber.

Su arresto fue reportado entonces como la cuarta captura con fines de extradición del año. En esa etapa, Guatemala acumulaba cuatro personas detenidas bajo ese esquema, según la publicación.

Hernández Godínez, de 43 años, fue aprehendido el 19 de febrero de 2026 en el Mercado Central, en la 9ª avenida y 8ª calle de la zona 1 de la capital. Su captura estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y también fue atribuida en otra versión a agentes de la Policía Nacional Civil.

La orden para detenerlo con fines de extradición había sido emitida el 16 de febrero por un juzgado de Guatemala a solicitud de Estados Unidos. Está señalado por agresión sexual contra una menor de 16 años.

Ocho capturas al inicio de 2026 y siete pedidos de Estados Unidos

Con la detención de Hernández Godínez, Guatemala llegaba a ocho capturas con fines de extradición en los primeros meses de 2026. De ese total, siete correspondían a requerimientos de Estados Unidos y cuatro estaban vinculadas con casos de narcotráfico.

La evolución de esas cifras mostró un aumento rápido en pocas semanas. A julio de 2026, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo reporta 29 capturas con fines de extradición.

Gobierno de Guatemala ejecuta extradición de mexicano acusado de narcotráfico a Estados Unidos

La Fuerza Élite del Sistema Penitenciario trasladó en junio a Erick Neftalí Medina García, un mexicano de 34 años, a la Fuerza Aérea Guatemalteca para concretar su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, según información de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC indicó que el requerido es reclamado por la Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, bajo el señalamiento de que la sustancia sería importada de forma ilegal a territorio estadounidense.

Medina García fue detenido el 30 de enero de 2026 en un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC en la 15 calle y avenida Reforma, zona 10 de Ciudad de Guatemala. La institución señaló que, tras su captura, fue puesto a disposición del juez competente para continuar el proceso legal.

De acuerdo con la información oficial, el detenido es sindicado de integrar una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en México desde 2025, y la investigación lo ubica como uno de los líderes de esa estructura. El traslado para su extradición, añadieron las autoridades, se realizó en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

En un antecedente, la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario también trasladó al Aeropuerto Internacional La Aurora a Edgardo Luis Pérez y Isaac Antonio Solís Figueroa para su entrega a las autoridades correspondientes: Pérez fue extraditado a Estados Unidos y Solís Figueroa a España.

En Honduras, la violencia contra las mujeres continúa dejando una cifra que revela la magnitud de la crisis: alrededor de 8,540 mujeres han muerto de forma violenta entre 2002 y junio de 2026, según datos citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que advierte que la mayoría de estos crímenes permanece sin una resolución judicial.

El organismo señaló que durante los últimos 24 años se han registrado en promedio 29 muertes violentas de mujeres cada mes, lo que representa aproximadamente una víctima cada 25 horas.

La cifra expone un problema que, según el CONADEH, no puede ser abordado únicamente desde el castigo penal, sino mediante políticas de prevención, protección y transformación cultural.

Cifras de violencia

El panorama sigue siendo preocupante en 2026. Solo durante el primer semestre del año, alrededor de 140 mujeres habrían perdido la vida de manera violenta en diferentes regiones de Honduras, de acuerdo con las cifras compartidas por el organismo defensor de derechos humanos.

Para la institución, estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación, mejorar la respuesta institucional y garantizar que los casos sean analizados con base en las posibles circunstancias de violencia de género.

Prevención, protección y respuesta del Estado

Aunque el organismo reconoció que el aumento de las penas por el delito de femicidio representa una herramienta dentro del sistema de justicia, advirtió que las medidas legales por sí solas no alcanzan para detener la violencia contra las mujeres.

La abogada Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del CONADEH planteó que deben impulsarse políticas públicas enfocadas en la prevención temprana, programas educativos para combatir el machismo y la discriminación, además de recursos específicos destinados a proteger a mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

La institución recordó que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de derechos humanos y que la respuesta debe involucrar a las instituciones del Estado, organizaciones sociales y la ciudadanía.

Solicitan evitar prejuicios

Uno de los puntos señalados por el organismo de derechos humanos fue evitar que las circunstancias personales de una víctima sean utilizadas para minimizar o justificar un acto de violencia.

El organismo indicó que, aunque la posible relación de una víctima con estructuras criminales puede formar parte de una investigación, corresponde solo a las autoridades competentes determinar responsabilidades y establecer los hechos mediante procesos legales.

También enfatizó que ninguna condición, antecedente o situación personal de una mujer debe ser utilizada para restar valor a su derecho a la protección, la justicia y una vida libre de violencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en que la reducción de estos crímenes requiere no solo sanciones más graves, sino también mecanismos efectivos de protección para mujeres que enfrentan amenazas, agresiones o situaciones de riesgo.

Para el organismo hondureño, garantizar investigaciones independientes y oportunas es una de las principales tareas pendientes para evitar que los casos continúen acumulándose sin respuestas judiciales.

Para el CONADEH, estos hechos reflejan una problemática estructural relacionada con desigualdad, discriminación y relaciones de poder que históricamente han colocado a mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El Gobierno de Ecuador inauguró la tercera fase del programa Jóvenes en Acción, con la incorporación de 150.000 nuevos beneficiarios que recibirán un incentivo económico temporal mientras desarrollan actividades de capacitación y apoyo en distintas instituciones del Estado. La nueva etapa, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 435, mantiene el esquema de transferencias condicionadas y busca ampliar las oportunidades de inserción laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Cada participante podrá recibir USD 400 mensuales durante tres meses, lo que representa un total de USD 1.200 al finalizar el programa. Sin embargo, el acceso a esos recursos dependerá del cumplimiento de una serie de requisitos antes y durante la ejecución de la iniciativa, por lo que la transferencia no constituye un bono de entrega automática.

La tercera fase comenzó después de un proceso de inscripción que reunió a más de medio millón de aspirantes en todo el país, una cifra que superó ampliamente la disponibilidad de cupos. Ante esa diferencia, el proceso de selección priorizó a quienes registran mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica de acuerdo con la información del Registro Social.

Los beneficiarios debían cumplir varias condiciones para ser considerados elegibles. Entre ellas figura tener entre 18 y 29 años con 11 meses de edad al momento de la postulación, encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema y no percibir otras transferencias monetarias permanentes administradas por el Estado.

A esos criterios se suman otros relacionados con la situación laboral de los postulantes. Los seleccionados no pueden mantener afiliación activa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) ni al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). Asimismo, deben disponer de una cuenta bancaria personal para la acreditación de los pagos y no haber formado parte de fases anteriores del programa.

La entrega del incentivo económico está vinculada al cumplimiento efectivo de las actividades asignadas. Antes de recibir el primer desembolso, cada beneficiario debe ser formalmente incorporado a la institución pública donde desarrollará sus funciones. Solo una vez confirmada esa vinculación se habilita el pago inicial.

Los depósitos correspondientes al segundo y tercer mes dependerán de la permanencia del participante en el programa y del cumplimiento de las obligaciones establecidas. Entre ellas se incluyen la asistencia a procesos de capacitación y la ejecución de las actividades asignadas por la entidad receptora. Si un beneficiario abandona el programa, incumple las tareas previstas o deja de reunir las condiciones de elegibilidad, perderá el acceso a los pagos pendientes.

Las actividades se desarrollarán en diversas instituciones del sector público, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, organismos que coordinarán tanto la formación como el seguimiento de los participantes durante los tres meses de duración del programa.

Las autoridades sostienen que la iniciativa busca ofrecer una primera experiencia de trabajo en el sector público para jóvenes con dificultades de inserción laboral, al tiempo que proporciona un ingreso temporal mientras fortalecen sus capacidades mediante procesos de formación y acompañamiento institucional.

El proceso de notificación a los beneficiarios comenzó a inicios de julio a través de los datos de contacto registrados durante la inscripción. Paralelamente, el Gobierno habilitó mecanismos de consulta para que los postulantes puedan verificar si fueron seleccionados utilizando su número de cédula.

Con esta nueva fase, el Ejecutivo amplía el alcance de una política enfocada en la población joven que enfrenta mayores barreras para acceder al empleo formal. La continuidad dentro del programa dependerá del cumplimiento de las actividades previstas durante los tres meses de ejecución, período tras el cual los participantes habrán completado un proceso de capacitación y experiencia práctica en instituciones públicas junto con la recepción del incentivo económico temporal.

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, permanece bajo custodia de la Seguridad del Estado una semana después de que venciera su condena de cinco años de prisión, sin que las autoridades cubanas hayan informado de su paradero ni de las condiciones en que se encuentra. La dictadura cubana lo sacó de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el 7 de julio, dos días antes de que finalizara formalmente su pena, en un operativo que organizaciones de derechos humanos califican de desaparición forzada.

La única señal conocida desde ese traslado fue una breve llamada realizada el mismo 7 de julio desde un número desconocido, con agentes presentes y el altavoz activado, según informó la activista Anamely Ramos, profesora de arte exiliada en Estados Unidos y amiga del artista. Ramos señaló que Otero Alcántara le transmitió que estaba bien, pero desde entonces no se ha producido ningún contacto verificable con familiares ni allegados.

La organización de asesoría legal Cubalex, con sede en Miami, presentó el 14 de julio un recurso de habeas corpus ante la Fiscalía Provincial de La Habana para exigir información sobre el paradero del artista. “Basado en la legislación cubana, hay una privación ilegal de la libertad y también se está cometiendo el delito de desaparición forzada, porque son agentes del Estado los que lo tienen”, declaró a la agencia AFP la directora de Cubalex, Laritza Diversent. La organización Justicia 11J denunció que el caso “evidencia graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y de quienes extinguen sus condenas”.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una acción urgente a solicitud de Cubalex y fijó el 25 de julio como plazo para que el Estado cubano rinda un informe oficial. El organismo exigió que el régimen informe de inmediato la localización exacta del artista, garantice el acceso de familiares y abogados, y asegure que su privación de libertad se produzca en centros oficialmente reconocidos. El Comité subrayó que Otero Alcántara ya fue víctima de una desaparición forzada en julio de 2021.

Otero Alcántara es el coordinador general del Movimiento San Isidro, colectivo de artistas, periodistas e intelectuales fundado en 2018 como respuesta al Decreto 349, norma que obliga a los artistas cubanos a obtener autorización previa para cualquier exhibición pública o privada. El movimiento ganó proyección internacional en noviembre de 2020, cuando la policía desalojó por la fuerza su sede en La Habana Vieja mientras varios miembros realizaban una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís.

El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas masivas que ese día recorrieron decenas de ciudades cubanas —las mayores movilizaciones en la isla en décadas— y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. En 2024, la Fundación Rafto noruega le otorgó su premio anual de derechos humanos. El régimen cubano lo acusa de actuar al servicio de Estados Unidos.

Según Cubalex, las autoridades buscan mantenerlo aislado mientras se tramita un permiso de parole humanitario que le permitiría exiliarse en Estados Unidos. Agentes de la Seguridad del Estado interrogaron a personas de su entorno sobre el estado de ese trámite sin ofrecer explicación alguna sobre su ubicación. El Tribunal Supremo Popular había rechazado en abril de 2026 varios habeas corpus que buscaban su liberación anticipada. La embajada de Estados Unidos en La Habana reclamó el 11 de julio la liberación de quienes “permanecen bajo custodia a pesar de haber cumplido sus condenas”, citando expresamente a Otero Alcántara.

El caso pone en evidencia una práctica documentada de la dictadura cubana: prolongar la privación de libertad de disidentes prominentes más allá del cumplimiento formal de su condena, sin amparo legal y fuera del alcance de familiares y abogados. La respuesta del régimen ante el plazo de la ONU determinará si ese silencio tiene consecuencias diplomáticas concretas para La Habana.

A los 91 años, Lorenzo Bavestrello recuerda que su salida de Chile en 1980, forzada por la persecución política tras el golpe de Estado de 1973, terminó por convertirlo en una figura central de la confitería en la República Dominicana, donde ayudó a levantar un negocio cuyos dulces quedaron ligados a la infancia de generaciones de dominicanos.

La reubicación de Bavestrello formó parte de un programa de migración laboral del entonces Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, hoy Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ayudó a unos 9,000 chilenos a instalarse en el extranjero. En su caso, el destino fue Boca Chica, en la costa sur dominicana, después de perder su trabajo en Valparaíso y quedar expuesto por su actividad sindical.

Según la OIM, Bavestrello trabajaba en una empresa de confitería y chocolate en su ciudad natal y era líder sindical cuando el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende alteró su vida. “Mis opiniones políticas me costaron el trabajo porque me opuse a la dictadura”, recordó.

La pérdida del empleo no fue un hecho aislado. A medida que la polarización avanzaba en Chile, encontrar otro trabajo se volvió casi imposible para alguien vinculado al movimiento sindical, mientras debía sostener a su esposa y a sus tres hijos pequeños.

El contacto que abrió esa salida llegó a través de su cuñado, un sacerdote católico, que lo vinculó con el Vicariato de la Solidaridad, organización que apoyaba a víctimas de la dictadura. Por esa red supo de un programa gestionado por el ICEM que ofrecía una vía de reubicación fuera del país.

En la República Dominicana, el Banco Interamericano de Desarrollo y el ICEM respaldaban la creación de una fábrica de dulces. Por su experiencia en el sector, Bavestrello fue elegido para ayudar a poner en marcha el proyecto.

Viajó primero solo, con la promesa de reunir más tarde a su familia. Al llegar a Boca Chica, se instaló en una pequeña habitación y durante seis meses trabajó mientras esperaba la llegada de su esposa y de sus hijos: Alejandro, de 13 años; Christian, de 10; y Andrea, de siete.

“Fue un cambio enorme, pero tenía que seguir manteniendo a mi familia”, dijo. Esa etapa inicial estuvo marcada por el desarraigo y por un fuerte choque cultural, aunque también por la posibilidad de seguir ejerciendo el oficio que conocía.

Cuarenta y seis años después de aquella partida, sus hijos todavía conservan un acento claramente chileno y mantienen vivos los recuerdos de las despedidas con familiares y amigos antes del viaje. Bavestrello resumió así el peso de aquella ayuda: “Lo que ICEM hizo por nosotros no tiene precio”.

Del cierre de la primera fábrica al nacimiento de Golosín en Santo Domingo

La estabilidad, de todos modos, no llegó de inmediato. La fábrica que lo había llevado a la República Dominicana cerró y volvió a dejarlo sin trabajo.

“Los recuerdos de aquellos primeros años no son precisamente agradables”, afirmó Bavestrello en declaraciones recogidas por la OIM. La nueva oportunidad apareció cuando encontró un socio que confiaba en su experiencia y con él abrió un pequeño negocio de confitería en Gazcue, un barrio tradicional de Santo Domingo.

Con los años, ese emprendimiento se convirtió en Golosín, una empresa de dulces cuyos productos pasaron a formar parte de la memoria de infancia de generaciones de niños dominicanos. El crecimiento del negocio avanzó al mismo tiempo que la integración de la familia en el país.

Sus hijos continuaron los estudios, hicieron amistades y echaron raíces. El lugar al que llegaron como refugio terminó por convertirse en hogar.

“La República Dominicana nos acogió”, sostuvo Bavestrello. “Aquí encontramos paz. Pudimos trabajar, construir una vida y mirar hacia el futuro. Tengo muchos amigos dominicanos maravillosos, y eso ha marcado la diferencia a la hora de hacer que este lugar se sienta como un hogar”.

A esta altura de su vida, Bavestrello dijo que ya no piensa primero en la incertidumbre ni en la pérdida que lo obligaron a irse de Chile, sino en lo que vino después: la familia que formó, la vida que levantó y la tranquilidad que encontró en territorio dominicano. “Todos mis hijos pudieron estudiar, y nuestra familia sigue creciendo. Esa es la mayor bendición”, concluyó.

Guatemala vuelve a ser sede del Foro del Clima y del Foro Hidrológico de América Central entre el 20 y el 22 de julio, una cita regional en la que especialistas elaboran pronósticos climáticos e hidrológicos para fortalecer la preparación y la toma de decisiones ante eventos asociados a la variabilidad y el cambio climático.

El encuentro, impulsado con participación del INSIVUMEH, reúne a expertos en meteorología y recursos hídricos de los países miembros del sistema de integración centroamericana.

Uno de los productos que se elaborará en esta reunión es la perspectiva hidrológica centroamericana, que contendrá el pronóstico de caudales para agosto, septiembre y octubre de 2026.

Ese análisis busca estimar el comportamiento mensual de los ríos y servir de apoyo a la planificación y gestión del recurso hídrico en la región.

De acuerdo con las cápsulas informativas difundidas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el foro permite analizar información científica, compartir conocimientos y consensuar proyecciones climáticas para Centroamérica.

El organismo presentó el encuentro como un espacio en el que se combinan ciencia, experiencia y cooperación internacional para producir información útil para la toma de decisiones.

Guatemala ya fue sede del Foro del Clima y del Foro Hidrológico de América Central en una edición en la que recibió a expertos de los países miembros. Como resultado de ese trabajo se obtuvo una perspectiva climática para el período de mayo a julio en la región centroamericana, con una previsión de condiciones normales.

El foro elabora pronósticos de lluvia, clima y caudales para los próximos meses

El Departamento de Meteorología del INSIVUMEH aporta al foro pronósticos deterministas nacionales y regionales, además de pronósticos de categorización climática a ambas escalas. Esos insumos forman parte de la discusión técnica con la que los especialistas buscan comprender las condiciones climáticas de la región.

En paralelo, el Departamento de Hidrología participa en la elaboración de la perspectiva hidrológica regional. Ese producto estima el comportamiento esperado de los caudales y se utiliza para anticipar posibles crecidas de ríos o períodos de déficit hídrico.

Para construir esa perspectiva se emplean pronósticos mensuales de lluvia generados con las herramientas LexG y Climate Predictability Tool (CPT), junto con el modelo hidrológico HPV Light. Según la información oficial, esa combinación técnica permite trasladar los escenarios de precipitación a estimaciones sobre el comportamiento de los ríos.

La utilidad práctica del pronóstico alcanza a sectores como agua potable y saneamiento, seguridad alimentaria y generación hidroeléctrica. La información también se presenta como una base científica para adoptar decisiones oportunas frente a escenarios de exceso o escasez de agua.

Guatemala vincula el trabajo regional con los sistemas de alerta temprana

El bloque de trabajo no se limita a la producción de mapas o proyecciones estacionales. Guatemala está trabajando a nivel regional con los Sistemas de Alerta Temprana, una estrategia orientada a coordinar acciones con los países vecinos y a facilitar respuestas en distintos sectores socioeconómicos.

La organización del encuentro cuenta con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos y del SICA. Entre los resultados estratégicos en discusión figura el análisis de la época lluviosa en la región, incluido el caso de Guatemala.

Según el material oficial, la meta es producir información oportuna y científica que ayude a enfrentar los desafíos de la variabilidad climática y del cambio climático. El instituto anunció además una transmisión especial del evento durante las jornadas del 20 al 22 de julio.

Insivumeh un sistema de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos

El INSIVUMEH, puso en marcha un sistema de alerta temprana para crecidas repentinas de ríos que fue desarrollado desde cero dentro de la institución y que busca ganar entre 3 y 5 horas para evacuar comunidades vulnerables antes de un posible desbordamiento, según explicó Ovidio Reyes coordinador de la sección de instrumentación del Departamento de Investigación y Servicios Hídricos del instituto.

Reyes dijo que el proyecto surgió después de que Guatemala se comprometiera en 2024 ante la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas con la iniciativa Early Warning for All, que plantea que para 2030 el país debe contar con sistemas de alertamiento multivariable a escala nacional.

El ingeniero precisó que el equipo ya funciona en tres departamentos: San Marcos en el río Suchiate, Retalhuleu en el río Samalá y Alta Verapaz en los ríos Polochic y Hueloh. Según Reyes, el sistema depende por completo de los datos enviados en tiempo real por estaciones hidrológicas instaladas en puntos estratégicos de las cuencas.

El dispositivo procesa esa información y la traduce en alertas visuales, auditivas y mensajes enviados por la plataforma Telegram, de acuerdo con Reyes. El objetivo, dijo, fue convertir datos técnicos en avisos comprensibles para poblaciones alejadas, donde muchas crecidas ocurren de noche o en la madrugada.

Una red dedicada al narcotráfico fue desarticulada en el departamento de Sonsonate tras un operativo simultáneo en trece viviendas, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). El procedimiento es el resultado de una investigación que se extendió por más de un año, iniciada tras la captura en flagrancia de una persona que distribuía droga en la zona de Sonsonate.

Las autoridades informaron que los integrantes de esta estructura adquirían estupefacientes en San Salvador y los distribuían en distintas zonas del departamento, como San Antonio del Monte, Sonsacate e Izalco. El fiscal del caso explicó que la red estaba conformada por varios responsables en cada sector, coordinados desde la capital del país para abastecer a los distribuidores locales.

Durante el operativo, se realizaron trece registros domiciliarios en municipios del departamento de Sonsonate. Equipos de la FGR y de la PNC participaron en los procedimientos, logrando la captura de Nylbert Abrahan Rosales Mendoza, Héctor Antonio Guzmán Ticas, Kevin Ernesto Rodríguez Rodríguez, José Alfredo Acevedo Rivera y Jorge Alberto Rebollo Recinos.

El fiscal detalló que, además de estos cinco detenidos, otras cinco personas ya se encuentran en prisión y serán notificadas de los nuevos delitos que se les atribuyen. Los allanamientos se efectuaron en las viviendas donde residían los imputados, con acciones coordinadas en distintos puntos del departamento.

La investigación permitió establecer que la organización compraba la droga en San Salvador y la trasladaba hasta Sonsonate, donde era distribuida en sectores como el distrito de Sonsonate, San Antonio del Monte y Sonsacate. Según el fiscal, existía una persona encargada en la capital que se ocupaba de abastecer a los distribuidores en el occidente del país.

“Estas personas se dedicaban a comprar y comercializar droga en el departamento de Sonsonate y en el departamento de San Salvador”, afirmó el fiscal. La estructura funcionaba a través de una red de enlaces que facilitaba el flujo continuo de estupefacientes entre ambos territorios.

Durante los trece registros, las autoridades incautaron 13 teléfonos móviles, 2 balanzas, 18 porciones pequeñas de metanfetamina y USD 2,036 en efectivo. El fiscal señaló que esta evidencia será incorporada al proceso penal para fortalecer la acusación contra los miembros de la estructura.

Entre los objetos decomisados también se encontraron herramientas empleadas para la comercialización y el pesaje de droga. “La evidencia servirá para fortalecer la investigación”, sostuvo el fiscal.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de actos preparatorios, proposición y conspiración de asociaciones delictivas, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y posesión y tenencia. El fiscal precisó que los cargos corresponden a la actividad de comercialización y distribución de droga en la región.

La acusación será notificada también a los otros cinco integrantes de la red que ya se encuentran detenidos. El ministerio público utilizará toda la evidencia recolectada para sustentar las imputaciones presentadas.

La investigación se originó tras la captura en flagrancia de una persona que llegó desde San Salvador para entregar droga en Sonsonate. Desde ese momento, la fiscalía amplió las pesquisas, logrando identificar a varios integrantes del grupo y los mecanismos de abastecimiento y distribución empleados.

El fiscal indicó que, con el avance de la indagación, se confirmó que la estructura era “bien organizada” y operaba de manera coordinada entre ambos departamentos, lo que permitió ejecutar el operativo simultáneo en los municipios involucrados.

En el marco de su visita de trabajo a México, el presidente panameño, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con el empresario Carlos Slim, participó en un foro con ejecutivos de algunas de las principales compañías mexicanas y desarrolló una agenda oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gira estuvo enfocada en atraer inversiones, fortalecer el comercio bilateral y promover a Panamá como plataforma logística para las empresas mexicanas con operaciones en América Latina, en un momento en que el Gobierno impulsa un amplio portafolio de proyectos de infraestructura y busca aprovechar la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Slim, considerado el decimosexto hombre más rico del mundo, recibió a Mulino en su residencia, donde conversaron sobre la coyuntura económica internacional, el nuevo escenario geopolítico y las oportunidades que ofrece Panamá para la inversión extranjera.

En el encuentro también participaron la primera dama, Maricel de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, Roberto Linares y José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

Aunque actualmente no mantiene inversiones relevantes en el país, Slim ha tenido una presencia importante en Panamá. A través de Grupo Carso e Ideal Panamá desarrolló proyectos hidroeléctricos en Chiriquí, incluyendo las centrales Bajo de Mina y Baitún, con una capacidad conjunta de 145 megavatios.

En 2020 reorganizó esos activos mediante la adquisición del cien por ciento de Ideal Panamá por 152,6 millones de dólares, mientras que en 2022 también salió del mercado panameño de telecomunicaciones tras concretarse la venta de Claro Panamá a Liberty Latin America.

De acuerdo con la Presidencia panameña, durante la conversación con Slim se abordaron temas económicos y geopolíticos derivados del nuevo escenario internacional, además del potencial de Panamá como destino para las empresas mexicanas interesadas en expandirse hacia Centro y Sudamérica.

La agenda continuó con un encuentro entre Mulino y representantes de 23 empresas y gremios mexicanos vinculados con infraestructura, logística, tecnología, transporte, turismo, agroindustria, puertos y ciberseguridad, interesados en explorar oportunidades de negocios e inversión en Panamá.

Ante los empresarios, el mandatario aseguró que el país atraviesa el mayor ciclo de inversión en un siglo, respaldado por una economía que crece por encima del 4%, un centro bancario regional consolidado y un portafolio de obras públicas que supera los 30.000 millones de dólares, al que se suman los 8.500 millones de dólares en inversiones proyectadas por el Canal de Panamá.

“Miro esta sala y no veo competidores. Veo socios naturales. Ustedes son los mejores del continente en fabricar y nosotros nos especializamos en conectar al mundo. Ustedes producen y nosotros distribuimos. No competimos; nos complementamos", expresó Mulino.

El presidente presentó proyectos como el tren Panamá-David, nuevas carreteras, puertos, hospitales y otras obras estratégicas que buscan fortalecer la competitividad del país. También invitó a las empresas mexicanas a establecer sus sedes regionales en Panamá mediante el régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales, bajo el cual ya operan 192 compañías.

“A quienes ya miran hacia Panamá les digo sencillamente: los estamos esperando. El momento de invertir en Panamá es ahora", afirmó.nEntre las empresas participantes figuraron Google Cloud, International Atlantic Port, Agropark Querétaro, Grupo IPS, COMCE, CANIRAC, Polyshell, TSS Cyber y OR-B Logística, entre otras.

Una de las iniciativas que despertó interés fue International Atlantic Port, proyecto privado que busca desarrollar un complejo portuario multimodal en la costa atlántica panameña para ampliar la capacidad logística del país.

La gira también incluyó una reunión oficial de dos horas con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, donde ambos gobiernos acordaron relanzar la relación bilateral con una agenda enfocada en comercio, inversiones, infraestructura, cooperación científica y tecnológica.

Uno de los principales compromisos fue impulsar un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, vigente desde hace once años, con el propósito de incrementar el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones.

Los mandatarios también destacaron la complementariedad entre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Canal de Panamá, al considerar que ambas plataformas pueden fortalecer las cadenas globales de suministro y la conectividad logística de la región.

Como parte de ese entendimiento acordaron ampliar la cooperación en infraestructura, transporte e intercambio de experiencias ferroviarias, un tema de especial interés para Panamá debido al proyecto del ferrocarril entre la capital y la frontera con Costa Rica.

Otro de los anuncios relevantes fue el respaldo de México al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Durante el encuentro, Sheinbaum reiteró el apoyo de su país a ese régimen internacional, mientras Mulino destacó la importancia de seguir sumando aliados regionales para preservar la neutralidad de la vía interoceánica.

La declaración conjunta también incluyó acuerdos para fortalecer la cooperación en el combate al gusano barrenador del ganado, ampliar la colaboración científica y tecnológica, avanzar hacia un acuerdo de asistencia mutua en asuntos aduaneros y promover un memorando sobre transparencia y acceso a la información pública.

Además, ambos mandatarios coincidieron en impulsar una agenda de integración regional en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al tiempo que instruyeron a sus cancilleres a convocar próximamente el Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Panamá.

Con esta visita, Mulino buscó proyectar a Panamá como un socio estratégico para México en un contexto de relocalización de inversiones y fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro.

La apuesta del Gobierno es que el país no solo sea un punto de tránsito para las mercancías mexicanas, sino también una plataforma desde la cual las empresas puedan coordinar sus operaciones, distribuir productos y ampliar su presencia en los mercados de América Latina.

El movimiento de carga en los puertos panameños mantuvo su tendencia de crecimiento durante los primeros seis meses de 2026. Entre enero y junio, el Sistema Portuario Nacional movilizó 4,915,466 TEU (contenedores de 20 pies), un incremento de 1,8% respecto al mismo período de 2025.

El desempeño se produjo en medio de uno de los mayores cambios institucionales que ha vivido el sector en décadas: la salida de Panama Ports Company (PPC) de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato, sus adendas y la prórroga que mantenía a la filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison al frente de ambas terminales.

Aunque el crecimiento fue moderado frente al año anterior, las cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) muestran que el sistema volvió a marcar un máximo reciente.

En el primer semestre de 2024 se movilizaron 4,750,876 TEU; en 2025 la cifra aumentó a 4,829,562, y este año alcanzó 4,915,466 TEU, consolidando una tendencia positiva impulsada por la recuperación del comercio marítimo y el fortalecimiento de las operaciones de trasbordo, principal actividad de los puertos panameños.

La evolución mensual fue irregular, pero terminó con un cierre bastante sólido. Junio se convirtió en el mes de mayor actividad del semestre, con 876.499 TEU, superando incluso a enero, que había iniciado el año con 865,677 TEU.

El punto más bajo se registró en febrero, cuando el movimiento cayó a 697,585 TEU, antes de recuperar un dinamismo sostenido entre marzo y junio. Esa recuperación permitió compensar el descenso de comienzos de año y cerrar el semestre con cifras superiores a las de 2025.

Sin embargo, el crecimiento del sistema no fue uniforme entre las terminales. SSA Marine MIT volvió a consolidarse como el puerto con mayor movimiento del país al manejar 1.610.841 TEU, un aumento de 23,1% respecto al año anterior.

También destacó Colón Container Terminal, que movilizó 981.246 TEU, un incremento de 19,8%, mientras PSA Panama International Terminal alcanzó 742,238 TEU, con un crecimiento de 5.4%. Entre las tres terminales compensaron ampliamente la caída registrada en Balboa y Cristóbal.

El comportamiento fue muy distinto en los dos puertos administrados hasta marzo por Panama Ports Company. Balboa, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, registró 1,143,984 TEU, una disminución de 11.9%, mientras Cristóbal, en el Atlántico, movilizó 409,685 TEU, lo que representó una caída del 34.9%, la mayor entre todas las terminales del sistema portuario nacional.

Ese desempeño coincidió con el proceso de transición iniciado tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato de concesión de 1997, las adendas posteriores y la extensión aprobada en 2021 para Panama Ports Company.

El fallo, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero de este año, permitió al Estado recuperar el control de las terminales de Balboa y Cristóbal y abrió un nuevo capítulo para dos de los puertos más estratégicos del país.

Como parte de ese proceso, el Gobierno designó administradores temporales por un período de 18 meses. La operación del puerto de Balboa quedó en manos de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por 26.1 millones de dólares para la operación, mantenimiento y gestión de la terminal del Pacífico.

En tanto, el puerto de Cristóbal pasó a ser administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por 15,8 millones de dólares para mantener las operaciones en la costa atlántica mientras se define el modelo definitivo de concesión.

La reorganización también trascendió el ámbito puramente logístico. La salida de PPC provocó un nuevo foco de tensión entre Panamá y China, luego de que autoridades del gobierno chino cuestionaran las decisiones adoptadas por el Estado panameño sobre una empresa vinculada al grupo CK Hutchison.

Panamá, por su parte, ha sostenido que las medidas responden exclusivamente al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y al respeto del orden constitucional.

Las cifras de la AMP muestran además que el crecimiento del sistema continuó sustentándose en el trasbordo, que representó 4,35 millones de TEU, mientras la carga local alcanzó 537,315 TEU, un aumento de 9.7% respecto al primer semestre de 2025, reflejando un mayor movimiento de mercancías destinadas al mercado panameño y a las exportaciones nacionales.

Otro indicador que confirmó el dinamismo del sector fue el movimiento de vehículos. Entre enero y junio pasaron por los puertos panameños 90.301 automóviles, un crecimiento cercano al 24% frente al mismo período del año anterior.

El mayor impulso provino nuevamente de SSA Marine MIT, mientras que Balboa incrementó los embarques de vehículos y PSA mantuvo una tendencia positiva, compensando parcialmente la menor actividad registrada en Cristóbal.

Aunque el sistema portuario logró cerrar el semestre con un nuevo récord reciente de movimiento de contenedores, el segundo semestre estará marcado por un desafío bastante complejo: mantener el crecimiento mientras avanza la administración temporal de Balboa y Cristóbal y el Gobierno define el futuro de dos terminales consideradas piezas clave para la competitividad logística de Panamá y para una ruta interoceánica por la que pasa cerca del 3% del comercio marítimo mundial.

“Como se ha señalado, mantiene ese estado de extrema gravedad (...) Valoramos el trabajo que han desarrollado todos los equipos médicos, el apoyo del personal del hospital, y nosotros estamos poniendo todo a disposición”, señaló esta jornada el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

En el operativo, que se realizó en el sector de Punucapa, en la ciudad de Valdivia (850 kms al sur de Santiago), “El Rana” además hirió en el estómago al suboficial Roberto Canio Quilaqueo, quien ya fue dado de alta.

Pronta formalización

Sin embargo, en el enfrentamiento “El Rana” también fue resultó herido a bala y por ahora se encuentra fuera de peligro en el Hospital de Valdivia con una lesión cervical y otra en una rodilla.

Según el jefe técnico de la urgencia del Hospital de Valdivia, Vicente Schild, el detenido “fue operado de urgencia por el equipo de turno, estabilizado y también ya pronto a hacer su postoperatorio en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Debido a esto, apenas salga de pabellón “El Rana” será formalizado por el ataque a ambos carabineros y por su responsabilidad en el crimen del cabo Naín en 2020, caso que ya tiene a un sentenciado -Luis Kalfulican Tranamil Nahuel- a 32 años y un día de cárcel.

Cabe recordar que el crimen del cabo segundo Eugenio Naín ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando la patrulla en la cual se dirigía a despejar barricadas fue emboscada en el sector de Metrenco por un grupo de sujetos armados. Desde ése día, Carlos Cancino se encontraba prófugo.

El sector eléctrico dominicano ha presentado señales positivas en el primer trimestre de 2026, destacándose un aumento relevante en la inyección de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y una continua transformación en la matriz de generación eléctrica, aspectos fundamentales para el desarrollo económico y la calidad del servicio en la República Dominicana.

Durante el período enero-marzo de 2026, la cantidad de energía inyectada al SENI alcanzó los 5,300.2 GWh. Esta cifra significa un crecimiento de 56.8 GWh respecto al mismo trimestre del año anterior, equivalente a una variación positiva del 1.1%. El resultado refleja una mayor disponibilidad de energía eléctrica, lo que incide favorablemente en la satisfacción de la demanda nacional y en la estabilidad del servicio, según el Informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales marzo 2026.

La importancia de estos datos radica en que, además de responder a una economía en crecimiento, evidencian la capacidad del sistema eléctrico para mantener un flujo estable y suficiente hacia todos los sectores productivos y residenciales del país.

En términos de fuentes de generación, el informe señala cambios notables en la composición de la matriz energética dominicana. El gas natural se mantiene como la principal fuente, con un 35.9% de participación, aunque su cuota experimentó una leve reducción de 4.8 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025. Por otro lado, los derivados del petróleo, principalmente Fuel Oil #6 y #2, tuvieron una presencia del 13.8% en la matriz, con un incremento de 6 puntos porcentuales.

Este aumento sugiere una respuesta estratégica a las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, así como al comportamiento del mercado eléctrico local.

El carbón mineral representó el 27.7%, evidenciando una disminución de 1.6 puntos porcentuales y reflejando el proceso de transición energética paulatina hacia opciones menos contaminantes. En el ámbito de las energías limpias, las fuentes renovables no convencionales (que incluyen eólica, solar y biomasa) mostraron avances, ocupando el 16.6% de la matriz, frente al 15.9% del año anterior.

La participación de la energía hidráulica se ubicó en 6.0%, con una variación marginal. Esta evolución apunta hacia una matriz cada vez más diversificada y resiliente, sin perder de vista la necesidad de incrementar la presencia de energías renovables en la generación total para fortalecer la sostenibilidad ambiental del sistema.

Comportamiento de las empresas del sector eléctrico

Las principales empresas generadoras y de transmisión estatales continuaron registrando una gestión acorde a las exigencias del mercado. La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) facturó 317.2 GWh, lo que representa una ligera reducción de 2.3% en cuanto a volumen, aunque con un incremento en el valor facturado debido a mejoras en los precios promedio de venta. EGEHID también elevó sus inversiones en un 12.1% respecto al año anterior, enfocándose en modernización y optimización de infraestructuras.

Por su parte, la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) aportó al SENI 1,079.9 GWh, mostrando ajustes en su participación, manteniéndose como un actor clave para la matriz gracias al uso eficiente del carbón y mejoras continuas en sus operaciones.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) registró una facturación total de USD 34.8 millones por concepto de peajes, lo que representa un crecimiento de 4.4%. Este resultado estuvo impulsado por incrementos tanto en el derecho de conexión como en el uso de la red de transmisión.

Según el informe, los factores externos como la tasa de cambio y los precios internacionales de los combustibles influyeron en los costos de generación, pero la estructura del sistema nacional permitió una administración de los recursos energéticos para evitar impactos mayores en el suministro y asegurar la continuidad del servicio.

El balance del primer trimestre de 2026 muestra que el sector eléctrico dominicano avanza hacia una mayor robustez y estabilidad, con una visión de largo plazo orientada a la diversificación, sostenibilidad y fortalecimiento de la infraestructura. Será clave continuar este impulso durante el año para afianzar la transformación positiva evidenciada en los primeros meses, con un sistema más eficiente, confiable y moderno.

La delegación de Honduras competirá con 170 deportistas en 27 disciplinas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

El grupo fue juramentado por el presidente Nasry Asfura en una ceremonia oficial en la Casa Presidencial de Tegucigalpa, según confirmaron autoridades del Comité Olímpico Hondureño (COH) y medios internacionales.

A la cifra de deportistas se suman 30 miembros de staff, entre entrenadores, médicos y delegados, consolidando una de las delegaciones más numerosas que el país ha presentado en su historia reciente.

El evento, considerado el mayor encuentro multideportivo de la región, contará con la participación de delegaciones de toda Centroamérica y el Caribe. Los organizadores locales han dispuesto 40 deportes distribuidos en sedes oficiales en distintas ciudades dominicanas, lo que supone una amplia oferta competitiva para los atletas.

El día de ayer, 15 de julio, durante la ceremonia de juramentación, el presidente Nasry Asfura dirigió un mensaje a los integrantes de la delegación. “Llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años”, afirmó el mandatario.

Para Asfura, los atletas seleccionados representan las esperanzas del pueblo hondureño y constituyen un ejemplo de disciplina y sacrificio. La misión hondureña estará encabezada por Natalie Gabriela Espinal (tenis) y Derek David Midence (natación), quienes fueron designados abanderados por el COH.

Ambos atletas, con experiencia internacional, liderarán la representación en el desfile inaugural. Con la ceremonia inaugural programada para el 24 de julio, la delegación hondureña intensifica su preparación con el objetivo de mejorar la cosecha de medallas y consolidar nuevos referentes para el deporte nacional.

La expectativa de autoridades y aficionados se centra en que, tras dos décadas de avances paulatinos, el país logre posicionarse de manera más sólida en el medallero regional.

¿Honduras ha ganado medallas en anteriores ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

La historia de Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe abarca una presencia constante desde la segunda mitad del siglo XX, aunque los resultados en el medallero han sido limitados respecto a otras naciones de la región. Según registros del Comité Olímpico Hondureño y reportes de Prensa Latina, el país logró su primera medalla de oro en la edición celebrada en San Salvador 2002, con la victoria de Kevin Mejía en lucha grecorromana.

Anteriormente, Honduras había conseguido preseas de plata y bronce en disciplinas como atletismo, boxeo y levantamiento de pesas, pero sin alcanzar el primer puesto en el podio.

El desempeño más destacado se registró precisamente en la edición de 2002, donde la delegación acumuló un total de cinco medallas (una de oro, dos de plata y dos de bronce), consolidando ese año como el más exitoso para el deporte hondureño en el contexto centroamericano y caribeño.

En los Juegos celebrados en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, los atletas hondureños sumaron medallas principalmente en deportes como lucha, natación y judo, aunque sin repetir el oro logrado en 2002.

Para la presente edición, las esperanzas de podio se centran en figuras como Kevin Mejía, quien buscará ampliar su palmarés en lucha; Diego René Dulieu, referente en natación; Winston Campbell, destacado en atletismo; Natalie Gabriela Espinal, en tenis; y Luis Enrique López, en ciclismo. El objetivo del COH es superar el rendimiento registrado en las últimas dos décadas y posicionarse entre las delegaciones más competitivas del istmo.

El Banco Central de Paraguay (BCP) elevó la previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 4,5% para este año, cifra que en diciembre pasado el organismo había estimado en 4,2%. Al mismo tiempo, redujo la proyección de inflación de 3,5% a 3,3%.

Según el Informe de Política Monetaria de junio de 2026, el BCP anticipa “un mayor crecimiento de la agricultura, impulsado por mejores resultados de la producción de soja”, principal producto de exportación del país.

El informe también contempla incrementos en sectores como la manufactura, la producción de electricidad y los servicios.

La estimación de crecimiento para el sector agrícola pasó de 3,2% a 4,7%, y para el sector manufacturero de 3,7% a 3,9%.

Por su parte, el sector de electricidad y agua tendrá “una mejor dinámica” y crecerá hasta un 7,4% este año, frente al 5,7% calculado inicialmente, mientras que los servicios se expandirán un 4,6%.

En relación al costo de vida, el BCP ajustó a la baja la proyección para este año a 3,3%, lo que “responde en gran medida a la menor inflación de los bienes no energéticos, en particular, los bienes no alimenticios”.

La entidad subrayó que las expectativas de inflación se mantienen alineadas con la meta del 3,5% y que el indicador “se ha mantenido bajo” en junio, situándose en 2,1% interanual.

En diciembre pasado, el BCP había estimado de forma “conservadora” que Paraguay crecería 4,2% en 2026, superando el 2,2% previsto para la región.

La economía paraguaya registró una expansión del 6,6% en 2025, 4,2% en 2024 y 4,7% en 2023.

El sistema bancario de Nicaragua registró un crecimiento en los depósitos totales y en la cartera de crédito hasta mayo de 2026, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Los depósitos alcanzaron 294 mil 813.1 millones de córdobas (USD 8,050 millones), con un aumento interanual de 15.4%. La cartera de crédito, por su parte, se ubicó en 245 mil 379.8 millones de córdobas (USD 6,700 millones), lo que representa un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior.

Origen del crecimiento de los depósitos en la banca nicaragüense

El crecimiento de los depósitos responde a varios factores. De acuerdo con la información difundida, el mayor impulso provino del aumento en los fondos del público, que sumaron 19 mil 650.2 millones de córdobas (USD 540 millones).

Una parte considerable de estos recursos proviene de grandes empresas, depósitos de organismos y remesas familiares que llegan al circuito bancario.

Estos actores suelen utilizar el sistema financiero como canal para resguardar capital, especialmente en un contexto donde existen pocas alternativas de inversión productiva y donde la incertidumbre política también es un factor presente.

El análisis publicado por Nicaragua Investiga señala que el aumento de los depósitos no necesariamente implica que la mayoría de los hogares nicaragüenses estén incrementando su capacidad de ahorro. El informe describe que el grueso de los fondos depositados no procede principalmente de pequeños ahorristas, sino de sectores con mayor capacidad económica, como grandes corporaciones y personas receptoras de remesas.

Por otro lado, la publicación indica que para una parte importante de la población, especialmente quienes perciben el salario mínimo o tienen ingresos informales, resulta difícil destinar recursos al ahorro. El texto menciona que, aunque la bancarización ha avanzado en aspectos técnicos, la vida cotidiana sigue marcada por la informalidad laboral y el impacto del costo de la canasta básica sobre los ingresos disponibles. Por ese motivo, muchas familias encuentran complicado abrir una cuenta y mantener un saldo sin utilizar.

Los grupos que muestran mayor actividad en los depósitos bancarios corresponden principalmente a receptores de remesas familiares y personas con ingresos altos. Según Nicaragua Investiga, estos sectores tienden a privilegiar la liquidez y la seguridad que ofrece el sistema financiero, en parte debido a la falta de nuevas oportunidades de inversión local y la presencia de incertidumbre en el entorno económico.

Evolución de la cartera de crédito y acceso al financiamiento

En cuanto a la situación del crédito, los datos oficiales destacan que la morosidad se mantuvo en 1.4% al cierre de mayo de 2026. Este porcentaje, que es relativamente bajo, sugiere que las entidades financieras han aplicado criterios más selectivos para el otorgamiento de créditos, priorizando operaciones con clientes de menor riesgo o con empresas de mayor tamaño. Esta estrategia permite conservar la calidad de la cartera de préstamos y cumplir con los requerimientos regulatorios.

Sin embargo, el informe señala que la expansión del crédito no necesariamente se traduce en un acceso más amplio para la mayoría de la población. El enfoque en segmentos de bajo riesgo limita el alcance del financiamiento para quienes buscan mejorar su situación económica personal a través de préstamos bancarios.

Las cifras oficiales muestran una expansión tanto en los depósitos como en la cartera de crédito del sistema bancario nicaragüense hasta mayo de 2026. No obstante, la información analizada indica que estos resultados reflejan principalmente movimientos de capital en sectores específicos, más que una mejora generalizada en la economía doméstica o en la capacidad de ahorro de los hogares.

El hallazgo, divulgado en junio de 2026, abre una línea de vigilancia nueva, ya que la ciencia desconoce si el virus detectado en el país puede causar enfermedad en personas o animales y cómo circula en el territorio.

El estudio, liderado por la Universidad de Costa Rica, detectó el virus en la especie Amblyomma mixtum, una de las garrapatas que más pica a las personas en la región. Las garrapatas positivas procedían exclusivamente de caballos, mientras que las recolectadas directamente de la vegetación de los potreros no presentaron el patógeno. Entre octubre de 2023 y mayo de 2024, el equipo analizó 97 muestras recolectadas en esa área.

El equipo responsable del hallazgo subrayó que no existe evidencia de que el Jingmen tick virus esté produciendo enfermedad en personas ni en animales en Costa Rica. Tampoco hay, por el momento, una prueba diagnóstica disponible fuera de la PCR utilizada en la investigación.

La viróloga Tatiana Murillo Corrales señaló que este registro corresponde específicamente a la especie Amblyomma mixtum tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Destacó que, hasta este estudio, la información disponible sobre garrapatas en la región se limitaba a bacterias, por lo que la detección del Jingmen tick virus amplía el conocimiento sobre los agentes que pueden portar estos artrópodos.

El virus solo apareció en garrapatas que parasitaban caballos

El estudio no incluyó análisis de sangre de los caballos, por lo que no es posible asegurar si estos estaban infectados o si desarrollaron síntomas.

La única hipótesis planteada por el equipo es que los equinos podrían tener alguna función en el ciclo de transmisión, aunque aún no se sabe si actúan como hospederos principales o accidentales.

Murillo explicó que la detección únicamente en garrapatas tomadas de caballos y no en las de la vegetación, pese a compartir el mismo potrero, sugiere una posible relación entre el virus y estos animales, aunque el rol del caballo en el ciclo del virus todavía no está claro.

El médico veterinario Víctor Montenegro Hidalgo, de la Universidad Nacional, coincidió en que la eventual detección del virus en caballos no sería extraña, ya que el Jingmen tick virus ha sido identificado en especies como bovinos, primates no humanos, roedores y murciélagos en otras regiones del mundo. Montenegro aclaró que, aunque los caballos podrían estar expuestos al patógeno por la picadura de garrapatas, actualmente no existe evidencia científica de que el virus provoque enfermedad en estos animales.

El equipo científico también consideró que, por el tipo de ambientes donde se recolectaron las garrapatas, el virus podría circular en otros hospederos potenciales: perros, primates no humanos, roedores, pequeños mamíferos, aves y murciélagos. Esto se relaciona con la amplia capacidad de Amblyomma mixtum para alimentarse de diferentes vertebrados, incluidos seres humanos.

El análisis genético reveló una variante local relacionada con linajes de Europa y Asia occidental

El material genético del virus fue analizado mediante técnicas de secuenciación de nueva generación y metagenómica viral en el Instituto Pasteur de Francia. Este procedimiento permitió reconstruir casi todo el genoma y compararlo con secuencias de otras regiones del mundo.

La variante identificada en Costa Rica mostró diferencias respecto a otras descritas globalmente, aunque comparte un ancestro evolutivo con virus encontrados en América Latina y el Caribe y pertenece al mismo linaje que variantes detectadas en Europa y Asia occidental, incluidas algunas aisladas en humanos.

Murillo explicó que el virus hallado en Costa Rica se asocia a otras detecciones en Europa, el Caribe, México y Colombia, así como en Asia occidental, lo que lleva a pensar en un origen europeo y asiático para la variante local.

Esta relación genética distingue al Jingmen tick virus detectado en Costa Rica de los descritos en Brasil, que están más ligados a linajes africanos. Por ello, el equipo científico plantea la hipótesis de dos posibles entradas del virus a América: por garrapatas infectadas o por animales portadores.

El estudio también reportó que se analizaron muestras de Ciudad Colón, Heredia, Monte de la Cruz y Vara Blanca, sin hallar el virus en esas localidades. Comparaciones preliminares con muestras recolectadas en Panamá evidenciaron diferencias en las comunidades virales entre ambos países.

El hallazgo plantea nuevos retos de vigilancia y prevención

Desde su descubrimiento en China en 2014, el Jingmen tick virus ha sido detectado en Asia, Europa, África y América. Un estudio de 2019 publicado en The New England Journal of Medicine informó que algunos virus de este grupo pueden infectar a humanos y causar escara en la zona de la picadura, fiebre, inflamación de ganglios, dolor de cabeza y malestar general.

La investigación de la Universidad de Costa Rica remarcó que todavía no se sabe si el virus detectado en el país puede provocar estos síntomas o si tendría un comportamiento diferente. El registro permite, sin embargo, comenzar a vigilar el agente, buscarlo activamente y mejorar la capacidad de respuesta si se presentaran casos.

El entomólogo médico Luis Enrique Chaves González, integrante del equipo, señaló que “lo que no se conoce, no se vigila, no se diagnostica y, por ende, no se trata”, y que el hallazgo brinda la oportunidad de anticiparse a posibles situaciones futuras.

Chaves explicó que la competencia de las garrapatas como vectores varía según la especie y se relaciona con condiciones biológicas y ecológicas. En el caso de Amblyomma mixtum, su plasticidad para parasitar diferentes hospederos hace que esas condiciones puedan darse con mayor facilidad.

La investigación recomienda a las personas usar ropa protectora en zonas con vegetación, llevar pantalón o botas dentro de las medias y revisar el cuerpo y la ropa al terminar la actividad. En animales, aconseja el uso de productos veterinarios contra garrapatas con principios activos como fluralaner, afoxolaner, fipronil o deltametrina, siempre bajo supervisión profesional.

El equipo científico planea como siguiente paso estudiar más garrapatas, animales silvestres y domésticos, así como personas expuestas o que trabajan con estos animales, para conocer cómo circula el virus y si eventualmente podría afectar a la salud humana.

El Salvador enfrenta un crecimiento sostenido y acelerado del parque vehicular, lo que plantea nuevos retos en el ámbito de la seguridad vial y la administración del tránsito en las principales ciudades.

De acuerdo con datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), el país cuenta con 2,108,298 vehículos vigentes hasta junio de 2026, cifra que representa una variación anual del 4,25% y que se traduce en mayores exigencias para la infraestructura vial y los sistemas de control de tráfico.

Ante este panorama, la noche de ayer, 15 de julio, el director general de Tránsito, Félix Eduardo Serrano, brindó una entrevista en el espacio de entrevistas del noticiero de Canal Diez, donde expuso el panorama actual y los desafíos que implica la expansión del parque vehicular para la movilidad urbana y la seguridad de conductores y peatones.

Según el ONASEVI, la cantidad de vehículos en circulación ha crecido mes a mes durante 2026. Este crecimiento, aunque constante, supera la capacidad de expansión de la infraestructura vial existente, lo que genera una densidad cada vez mayor de vehículos por kilómetro de carretera, especialmente en las zonas urbanas de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

El director de Tránsito explicó que esta tendencia al alza no solo refleja la adquisición de nuevos vehículos, sino también la incorporación de motos y automóviles usados al parque vehicular nacional, así como un segmento de unidades cuyo estatus de ingreso permanece indefinido.

Uno de los datos que destaca el ONASEVI es la creciente participación de las motocicletas en la movilidad salvadoreña. El 34,72% del parque vehicular corresponde a motocicletas, con un total de 732.028 unidades, mientras que los automóviles y otros vehículos representan el 65,28%, equivalentes a 1.376.270 registros.

Durante la entrevista, Serrano subrayó que el crecimiento anual del parque de motocicletas es mucho más rápido que el de los automóviles, situándose entre el 18% y el 20% anual. De acuerdo con el titular, la motocicleta se ha convertido en una opción preferida por su versatilidad, menor costo y facilidad de acceso, aunque este fenómeno también implica mayores desafíos en materia de seguridad vial, debido a la vulnerabilidad de los motociclistas y a comportamientos de riesgo detectados en la vía pública.

Licencias y perfil de los conductores

El ONASEVI reporta que en lo que va del año se han emitido 25.805 licencias de conducir. De ellas, el 74,73% corresponde a hombres y el 25,27% a mujeres, evidenciando un aumento en la participación femenina en la conducción. Por tipo de vehículo, el 79,49% de las licencias emitidas son para vehículos automotores tradicionales y el 20,51% para motocicletas.

Sobre este punto, Serrano indicó que, si bien históricamente la mayoría de las licencias han sido para hombres, la tendencia muestra una creciente cantidad de mujeres que obtienen permisos para manejar tanto automóviles como motocicletas.

El funcionario detalló que la relación entre motos inscritas y licencias de conducir específicas ha mejorado, alcanzando ya entre el 60% y 70%, lo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la legalidad y la seguridad al conducir.

Sin embargo, ante el aumento del parque vehicular impacta directamente en la saturación de las principales arterias viales del país. Serrano puntualizó que la infraestructura actual no responde al mismo ritmo de crecimiento de los automotores, lo que provoca puntos críticos de congestión, especialmente en las horas pico de ingreso y salida laboral.

El crecimiento del parque vehicular en El Salvador plantea retos que van más allá de la infraestructura. La gestión eficiente del tráfico, la adaptación tecnológica para el control y la fiscalización, y el fortalecimiento de la cultura de seguridad vial son prioridades identificadas tanto por el ONASEVI como por la Dirección General de Tránsito.

Panamá abrió la licitación de su tercer proyecto desarrollado bajo el régimen de Asociación Público-Privada (APP), una modalidad con la que el Gobierno busca acelerar la ejecución de grandes obras de infraestructura mediante inversión privada.

La iniciativa contempla la rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la vía Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera, uno de los corredores más congestionados del país, mediante un contrato con una vigencia de 30 años que comprometerá al Estado a realizar pagos semestrales millonarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la carretera.

El proyecto beneficiará a unas 485.000 personas y generaría alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos, según las estimaciones oficiales. El concesionario asumirá el diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de 42,5 kilómetros entre la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera.

Entre las principales intervenciones previstas figuran la construcción de dos carriles adicionales en los accesos al Puente Centenario, uno por cada sentido de circulación; la implementación de carriles reversibles en la autopista Panamá–La Chorrera.

También se contemplan mejoras en intercambiadores estratégicos como La Mitra, Bique y el Hospital Nicolás Solano; la rehabilitación integral del corredor y la incorporación de una red de Sistemas Inteligentes de Transporte para monitorear el flujo vehicular, gestionar incidentes y mejorar la seguridad vial.

La obra busca atender uno de los principales problemas de movilidad del país. El crecimiento acelerado de Panamá Oeste durante la última década convirtió al Puente Centenario y a la autopista Panamá–La Chorrera en uno de los mayores cuellos de botella de la red vial nacional.

Cada mañana y cada tarde miles de vehículos enfrentan largos congestionamientos para ingresar o salir de la capital, afectando no solo a residentes de Arraiján y La Chorrera, sino también al transporte de carga, al comercio y a la conexión con el interior del país.

A diferencia de una licitación tradicional, el proyecto será desarrollado mediante una Asociación Público-Privada (APP), mecanismo creado por la Ley 93 de 2019 para atraer inversión privada hacia obras públicas. Bajo este esquema el Estado conserva la propiedad de la infraestructura, pero el concesionario privado financia, construye y posteriormente mantiene la carretera durante el plazo contractual.

A cambio recibe una remuneración condicionada al cumplimiento de metas previamente definidas por el MOP, trasladando buena parte de los riesgos técnicos y financieros al sector privado.

El contrato establece una vigencia de 30 años, durante los cuales el concesionario será responsable no solo de ejecutar las obras, sino también de garantizar que la infraestructura mantenga niveles de servicio previamente establecidos. Es precisamente allí donde aparece uno de los aspectos más relevantes del pliego: el Estado no pagará simplemente por construir la carretera, sino por mantenerla en condiciones óptimas durante décadas.

Para ello, el documento fija un Compromiso Firme Semestral de referencia de hasta 38,5 millones de dólares durante la etapa de operación y mantenimiento. Ese monto representa el techo para las ofertas económicas que presenten los proponentes y no constituye un pago automático.

La remuneración efectiva dependerá de la propuesta ganadora y del cumplimiento de estrictos indicadores de desempeño, por lo que el MOP podrá aplicar deducciones cuando la vía no alcance los estándares establecidos en el contrato.

En otras palabras, el Estado asumirá un compromiso de pagos periódicos de gran magnitud durante la vida útil de la concesión, pero condicionados a que la empresa mantenga la carretera en los niveles de calidad pactados.

El pliego no define una duración específica para la etapa de operación y mantenimiento, ya que será el concesionario quien presente el cronograma definitivo del proyecto dentro de la vigencia total de 30 años.

El esquema de mantenimiento por estándares de desempeño representa una diferencia sustancial frente a los contratos tradicionales de obra pública.

El concesionario deberá garantizar permanentemente condiciones mínimas de servicio relacionadas con el estado del pavimento, señalización horizontal y vertical, iluminación, drenajes, limpieza, atención de incidentes, tiempos de respuesta y funcionamiento de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Si cualquiera de esos indicadores se deteriora, los pagos podrán reducirse hasta que las deficiencias sean corregidas.

El pliego también revela que la mayor parte de los riesgos recaerá sobre la empresa privada. La matriz de riesgos asigna al concesionario las variaciones en los costos de diseño, construcción, materiales, financiamiento, mano de obra, mantenimiento, operation, disponibilidad de equipos e incluso cambios en el volumen de tráfico.

El Estado únicamente conservará responsabilidades relacionadas con modificaciones regulatorias, determinados procesos de adquisición de terrenos, algunas decisiones ambientales y actuaciones propias de la administración pública.

Desde el punto de vista financiero, el pliego establece un valor de referencia para la inversión inicial de 267,4 millones de dólares. La propuesta económica de cada empresa deberá considerar tanto la inversión en las obras como el compromiso de mantener la infraestructura bajo los estándares exigidos durante toda la concesión.

El cronograma prevé que la homologación del pliego se realice en agosto, mientras que la recepción de propuestas está programada para noviembre. Posteriormente, el MOP evaluará las ofertas técnicas y económicas antes de adjudicar uno de los contratos de infraestructura más importantes que licitará el país en los próximos años.

La Autopista Centenario será el tercer proyecto desarrollado bajo el régimen APP en Panamá. Los dos primeros ya se encuentran en ejecución y corresponden a la rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Panamericana Este, entre Pacora y Yaviza (246,2 kilómetros), y la Carretera Panamericana Oeste, entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas (192 kilómetros), ambos adjudicados a concesionarios distintos.

El Gobierno considera que el éxito de este proceso servirá para consolidar el modelo de asociaciones público-privadas como una herramienta para desarrollar infraestructura de gran escala sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios inmediatos.

La cartera de proyectos bajo análisis ya incluye un nuevo centro penitenciario, instalaciones deportivas y zonas agroindustriales, iniciativas que podrían seguir el mismo esquema si esta tercera experiencia logra atraer competencia, asegurar financiamiento y cumplir los estándares de calidad que exige el Estado.

La República Dominicana figura en el puesto 64 de un total de 147 países en el World Happiness Report 2026, una clasificación elaborada a partir de la Encuesta Mundial Gallup correspondiente al periodo 2023-2025.

El país alcanzó una puntuación promedio de 6,093 sobre 10 en el índice internacional que mide la percepción de bienestar entre la población adulta.

El informe, que incluye a diversas naciones de América Latina y el resto del mundo, utiliza como referencia la evaluación de la satisfacción con la vida reportada por los ciudadanos.

En el caso dominicano, el análisis se realizó sobre una muestra de 1,891 personas de 15 años o más, quienes respondieron a encuestas desarrolladas por Latinobarómetro entre 2023 y 2024.

Las preguntas no solo abordaron el bienestar general, sino también el uso de plataformas digitales y el impacto de estas en la percepción personal de felicidad.

Entre los aspectos examinados, el estudio profundizó en el uso de redes sociales como WhatsApp, Facebook, LinkedIn, YouTube, X, Instagram y TikTok.

La investigación distinguió entre aplicaciones orientadas a la conexión social y aquellas que distribuyen contenido a través de algoritmos. Los resultados en la República Dominicana señalan que no existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de más redes sociales y el aumento o disminución de la satisfacción con la vida.

Esta conclusión se apoya en los datos recopilados durante el periodo de análisis y muestra que, para el contexto nacional, el número de plataformas utilizadas no parece influir en el bienestar percibido.

El reporte de la Encuesta Mundial Gallup también consideró otras variables relevantes, como el nivel de confianza interpersonal, la confianza en el Gobierno, el grado de religiosidad, la clase social y la percepción sobre la situación económica.

Estos factores, integrados en la metodología del estudio, permiten comparar la posición de la República Dominicana respecto a otros países de la región y el mundo.

Según detalló Diario Libre, la República Dominicana aparece entre los países que han mostrado una mejora en la evaluación del bienestar si se compara con los resultados obtenidos entre 2006 y 2010.

Este avance sitúa a la nación caribeña por encima de la mitad de la tabla en el ranking global de la felicidad, superando a muchos de sus pares regionales y manteniéndose por delante de otras naciones con contextos socioeconómicos similares.

La participación en el World Happiness Report 2026 permite observar tendencias y transformaciones sociales en el país. Además, ofrece una referencia para el análisis de políticas públicas y estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

La recopilación de datos a través de Latinobarómetro y el uso de metodologías comparables a nivel internacional otorgan rigor al posicionamiento alcanzado por República Dominicana.

La inclusión de variables como la confianza en las instituciones y la percepción de la economía resulta clave para entender los matices de la satisfacción ciudadana. El informe posiciona al país en un contexto internacional en el que se destacan avances y desafíos en materia de bienestar subjetivo.

El MAGA reportó pérdidas en cultivos de maíz y afectaciones pecuarias en Izabal por las lluvias persistentes de la segunda semana de julio, mientras mantiene evaluaciones en Alta Verapaz para medir el alcance de los daños en zonas anegadas y con suelos saturados.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología y de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres muestra que las precipitaciones han provocado inundaciones sobre todo en Izabal y Alta Verapaz.

El aumento de los caudales de los ríos y el exceso de humedad también golpearon áreas de cultivo, aunque las pérdidas económicas todavía no han sido cuantificadas.

En paralelo, el Ejército de Guatemala informó que durante la temporada de lluvias ha realizado más de 550 operaciones de ayuda humanitaria con más de 2,200 soldados, 489 vehículos y siete aeronaves, con atención a más de 51,845 guatemaltecos en comunidades afectadas de distintas regiones del país.

En Izabal ya hay más de 100 hectáreas afectadas y 150 familias con impacto directo

Los datos preliminares obtenidos por la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural señalan que las principales afectaciones en Izabal se concentran en cultivos de maíz. Los daños más visibles están en los municipios de El Estor y Livingston, donde se reportan más de 100 hectáreas afectadas.

Ese impacto alcanza a 150 familias productoras. De ese total, 56 corresponden a El Estor y 50 a Livingston. De acuerdo con información de Soy502.

En El Estor también se registran pérdidas en producción pecuaria. El balance oficial indica 1,909 aves de corral afectadas, entre gallinas y patos, con impacto directo para 132 familias.

En Alta Verapaz, el ministerio mantiene el monitoreo de áreas sembradas con maíz y frijol en etapa de crecimiento vegetativo. Las evaluaciones se desarrollan en San Cristóbal Verapaz, Chahal y Chisec para establecer las posibles afectaciones provocadas por las inundaciones y el exceso de humedad en el suelo.

El municipio de Fray Bartolomé de las Casas sigue entre las zonas afectadas por inundaciones. Hasta el momento se contabilizan 1,952 familias damnificadas.

El ministerio también indicó que continúa la vigilancia sobre cultivos de maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, plátano y caña de azúcar en distintas áreas del departamento.

El monitoreo climático se extiende a 17 departamentos y 115 municipios

El MAGA reforzó además sus recomendaciones a productores agropecuarios ante la persistencia de lluvias intensas y altas temperaturas en distintas regiones del país. La cartera advirtió que estas condiciones pueden afectar tanto la producción agrícola como la pecuaria.

El análisis agrometeorológico elaborado con información del Insivumeh identifica riesgos de inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos, encharcamientos de cultivos y un aumento en la incidencia de enfermedades asociadas al exceso de humedad. El informe también advierte que las temperaturas superiores a 35 °C continúan como amenaza para varios sistemas productivos.

Según el ministerio, se mantiene un monitoreo constante en 17 departamentos y 115 municipios para seguir la evolución de las condiciones climáticas.

También alertó que lluvias acumuladas por encima de 100 milímetros podrían afectar cultivos de maíz, frijol, cardamomo, café, hortalizas, plátano y caña de azúcar en Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Izabal y Quetzaltenango.

Las altas temperaturas mantienen bajo vigilancia áreas agrícolas y pastizales de Petén, Zacapa, Jutiapa, San Marcos y Retalhuleu. En esas zonas persisten condiciones que podrían alterar el desarrollo de la producción agropecuaria.

Como medida preventiva, el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural recomendó mantener limpios y funcionales los drenajes, proteger los suelos con prácticas de conservación y realizar la cosecha oportuna de los cultivos que ya alcanzaron su madurez.

El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones pidió a los productores pecuarios mejorar la ventilación en las explotaciones, evitar la acumulación de lodo y aguas estancadas y reforzar la vigilancia sanitaria para frenar parásitos y enfermedades.

Las fuerzas armadas desplegaron aeronaves, vehículos y evacuaciones en zonas de riesgo

El Ejército de Guatemala, en coordinación con las instituciones que integran el sistema de la Conred, indicó que durante esta temporada de lluvias ejecuta operaciones de ayuda humanitaria en distintos puntos del país.

Las acciones incluyen puentes aéreos, entrega de asistencia, evacuación de personas en riesgo, transporte de víveres e insumos esenciales y apoyo a familias afectadas por inundaciones, crecidas de ríos y derrumbes.

El reporte militar precisa que en la temporada han sido desplegados 489 vehículos y siete aeronaves para esas tareas. La institución señaló que esas operaciones buscan garantizar una respuesta oportuna ante las emergencias derivadas de las condiciones climáticas.

En el Tribunal Oral de Cañete (630 kms al sur de Santiago) partió este miércoles el juicio contra 21 comuneros -19 adultos y 3 menores edad-, acusados del ataque incendiario al histórico Molino Grollmus, ocurrido en la comuna de Contulmo, en agosto de 2022.

Todos son miembros del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y el Ministerio Público adelantó que en el transcurso de las 37 audiencias telemáticas programadas, presentará las declaraciones de 11 testigos protegidos a fin de acreditar los delitos de homicidio frustrado, incendio, disparos injustificados y robo con violencia, por los cuales los menores de edad enfrentan hasta 10 años de internación provisoria, mientras que los adultos arriesgan cadena perpetua.

Según consta en la carpeta investigativa, el atentado fue planificado por el líder de la RML, Federico Astete. ¿El objetivo? El Molino Grollmus, declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido en 1915 y que hasta antes del atentado funcionaba perfectamente realizando labores de molienda. ¿Sus dueños? Una conocida familia proveniente de colonos venidos de Suiza y Alemania.

El grupo se reunió en la cancha de Antiquina y en él había mapuches y no mapuches cuyas edades fluctuaban entre los 47 y los 15 años de edad, todos vecinos de las localidades cercanas de Tirúa y Cañete.

Allí, según el testigo protegido MG7, “se repartieron las armas, fusiles, escopetas y pistolas, chalecos antibalas y algunos cascos”, consignó una nota de Ex-Ante.

“Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos con que se cruzaron en ese lugar, a quienes dejaron amarrados en dicho camino, ocupando esa camioneta para obstruir la ruta (...) También le quitan un auto a unas mujeres que iban pasando por ahí, dejándolas que se alejaran corriendo”, prosigue su testimonio.

El ataque

Una vez en el lugar, el grupo procedió a incendiar primero la casa de unos vecinos y luego se dirigieron a la vivienda de Helmuth Grollmus Scherer, de 85 años, y su hijo Cristián Grollmus, “provistos de las armas de fuego larga, calibre 12 milímetros y de armas cortas calibre 9 milímetros, .22 y .38, un fusil y al menos una subametralladora Uzi y comenzaron a disparar, de manera injustificada, hacia el inmueble, en cuyo interior permanecían las víctimas”, declaró el testigo protegido MG8.

“Cristian Grollmus, con el objeto de proteger su vida y la de su padre, empleó dos armas de fuego, debidamente inscritas: una escopeta calibre 12 milímetros y un arma corta calibre 9 milímetros marca Beretta; con las que intentó repeler el ataque (...). Su padre también intentó defender su vida y bienes, provisto de una escopeta calibre 16 milímetros, pese a su avanzada edad”.

“Durante el ataque, otro grupo de imputados provisto de antorchas y líquido acelerante, procedió a iniciar diversos focos de incendio independientes entre sí en la leñera, el Molino y el museo familiar, resultado completamente destruidos”.

Loa atacantes ingresaron entonces a otra viviendo colindante y arrastraron a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, al medio de la línea de fuego “utilizándolo como una especie de escudo humano, con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmutt y don Cristian”, continúa su declaración, según el medio citado.

A Grollmus Thiele le dispararon en las piernas, lo que provocaría luego la amputación de una de sus extremidades. En paralelo, otro grupo atacó a Ramón Nonato Cid Gutiérrez, de 75 años, quien venía a buscar a su hijo, Cristián Rodrigo Cid Ferreira, trabajador del lugar. En medio del forcejeo, este último recibió “un disparo con intención homicida impactándolo a la altura de uno de sus ojos (...) resultando con un trauma ocular de ojo derecho, además de impacto por perdigones en zona de la frente y hombro izquierdo, perdiendo completa y definitiva de visión de dicho ojo”.

Según la versión de la Fiscalía, Richards manejaba a exceso de velocidad -un informe la cifró entre 85 km/h y 102 km/h-, cuando perdió el control de su camioneta SUV y arrasó con varios puestos de feriantes que estaban en la vereda.

En tanto, la defensa sostiene que el conductor no recuerda nada de lo sucedido pues se desmayó al volante, y una llamada hecha a su pareja poco antes del accidente, en la que le decía que se sentía mal y que iba a estacionar pronto, daría plena cuenta de ello.

Así las cosas, el uniformado fue derivado al penal de Casablanca mientras que el tribunal fijo en 120 días el plazo de la investigación.

Negativo en alcohol y drogas

Pocas horas después del fatal atropello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el conductor arrojó negativo en los exámenes de alcohol y drogas.

“Tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, confirmó.

La autoridad detalló además que dos de los siete heridos ya fueron dados de alta, mientras que los cincos restantes permanecen fuera de peligro en el hospital Gustavo Fricke.

Tragedia que “enluta a todo el país”

El presidente José Antonio Kast, mediante una publicación en su cuenta de X, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos“, posteó el mandatario.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, complementó.

En paralelo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que tres de los seis fallecidos pertenecían al mismo grupo familiar.

“Una de las víctimas es funcionaria de la Armada (…) Falleció su padre y su hermana en el mismo sitio del suceso”, señaló a T13, detallando que la mujer, de 29 años, era madre de dos hijos.

El relato de César Armando Marroquín, coordinador de equipos tácticos de Protección Civil de El Salvador, expuso en televisión la dimensión más cruda y humana del operativo salvadoreño en Venezuela tras los devastadores terremotos.

La vivencia de hallar cuerpos, especialmente de niños, marcó a los rescatistas y definió el tono de una misión atravesada por la empatía, la resiliencia y la solidaridad internacional.

“No se borra encontrar cuerpos de niños”, reconoció Marroquín durante la entrevista en el programa Frente a Frente, donde repasó las jornadas más duras y los aprendizajes de una labor que va mucho más allá de la técnica.

El equipo salvadoreño, integrado por 300 personas de distintas instituciones, llegó a territorio venezolano con el objetivo claro de salvar vidas y colaborar en la remoción de escombros.

La realidad superó cualquier expectativa: enfrentaron jornadas de hasta doce horas, bajo calor intenso, y el peso emocional de buscar sobrevivientes entre estructuras colapsadas.

Las imágenes de familias destruidas y la experiencia de rescatar cuerpos de menores quedaron grabadas en la memoria de los especialistas. “Las labores en edificaciones muchas veces son muy terribles, porque tienes que observar diferentes tipos de escenarios”, relató Marroquín ante las cámaras.

La vivencia de los rescatistas fue acompañada por una atención psicológica permanente. Según explicó el coordinador de Protección Civil, cada integrante del equipo recibió sesiones de soporte emocional tanto en Venezuela como a su regreso. “Se hace una interfaz de los momentos vividos con el actual para poder llegar a un contexto normal de su situación laboral”, detalló Marroquín en la entrevista recogida por Frente a Frente.

Además, el impacto de ingresar a espacios reducidos, encontrar cuerpos y, en ocasiones, rescatar personas con vida, exige una fortaleza emocional que solo se cultiva con preparación y acompañamiento.

Desafíos, logística y necesidades en la zona de desastre

El testimonio de Marroquín incluyó escenas de tensión máxima, como la operación de rescate de una mujer atrapada junto a su pareja fallecida. “Al encontrar vida, haces hasta lo humanamente posible, técnicamente, para extraerla”, afirmó el coordinador. La intervención del componente médico de Fosalud fue clave: personal entrenado en estabilización y rescate se internó en los escombros para asistir a las víctimas, controlando riesgos y evitando complicaciones médicas.

La solidaridad se manifestó no solo en la colaboración internacional, sino también en la decisión de no abandonar el terreno mientras persista la posibilidad de encontrar sobrevivientes o entregar cuerpos a sus familiares. “No es abandonar a un pueblo que lo necesita”, sentenció Marroquín, en línea con la instrucción presidencial de mantener la presencia salvadoreña hasta el final de la emergencia.

La misión ha sorteado numerosos desafíos, desde la complejidad estructural de los edificios hasta la presión de las familias por obtener noticias de sus seres queridos. La remoción de escombros requirió maquinaria pesada enviada desde El Salvador y el trabajo coordinado con autoridades venezolanas. Se estableció un hospital de campaña y se distribuyeron 155 toneladas de suministros médicos y de primera necesidad para atender las demandas inmediatas de la población.

El hospital de campaña permanece activo, brindando servicios tanto a heridos como a quienes sufren quebrantos emocionales tras la pérdida de familiares. En lo logístico, el equipo de Protección Civil implementó relevos operativos para evitar golpes de calor y fatiga extrema.

Sin bajas en el equipo y el compromiso de continuar

A pesar de la magnitud de la emergencia, todos los rescatistas salvadoreños regresaron sanos y salvos. Al regresar, los integrantes del equipo pasaron por controles médicos y recibieron apoyo psicológico para procesar las experiencias vividas.

El compromiso salvadoreño sigue vigente. La operación humanitaria continúa en la zona, con la presencia de personal médico, rescatistas y apoyo logístico para la remoción de escombros y la atención a la población. La experiencia en Venezuela, sumada a misiones anteriores en países como Turquía, fortalece la preparación de los equipos tácticos y deja un aprendizaje clave: más allá de la técnica, es la humanidad la que sostiene cada rescate y acompaña a quienes enfrentan el dolor de la pérdida.

El Salvador ha marcado una clara diferencia política con Nicaragua, país señalado por brindar refugio a políticos salvadoreños que enfrentan procesos judiciales.

Así lo afirmó el analista político Herbert Esmahan durante la Entrevista AM de Canal 10, en la que subrayó que el gobierno, encabezado por Nayib Bukele, ha tomado distancia de la administración de Daniel Ortega por su papel en la protección de exfuncionarios requeridos por la justicia.

“El Salvador se ha distanciado políticamente de Nicaragua, ya que ha sido albergue de personas que están huyendo de la justicia salvadoreña y se ha distanciado de los gobernantes venezolanos”, afirmó.

En los últimos años, Nicaragua se ha convertido en un destino para exfuncionarios salvadoreños que buscan evadir procesos judiciales, especialmente por delitos de corrupción y lavado de dinero. Entre los casos más notables se encuentran los expresidentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Mauricio Funes, presidente de El Salvador entre 2009 y 2014, se trasladó a Nicaragua en 2016 y recibió asilo político y la nacionalidad nicaragüense.

Funes fue condenado en ausencia a un total de 28 años de cárcel por casos de corrupción, incluyendo la negociación de una tregua con pandillas y el desvío de fondos públicos. Falleció en Nicaragua a comienzos de 2025, sin haber enfrentado a la justicia salvadoreña.

Por su parte, Salvador Sánchez Cerén, presidente entre 2014 y 2019, también huyó a Nicaragua en 2020 tras emitirse una orden de arresto en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos por los que el monto defraudado supera los 350 millones de dólares. Cerén obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 2021, lo que le permitió evadir cualquier proceso de extradición a El Salvador.

Nicaragua también ha brindado apoyo a políticos europeos como Alessio Casimirri, quien fue condenado en Italia por haber participado en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Morro. Situación que ha llevado al régimen nicaragüense a romper relaciones con Italia, luego de negarse a la solicitud del país europeo de extraditar al expolítico.

Declaraciones en defensa de la soberanía

Durante la entrevista, Herbert Esmahan recalcó que El Salvador ha tomado distancia política de Nicaragua y de Venezuela. Esmahan indicó que el presidente Bukele fue el primero en oponerse a Nicolás Maduro y que El Salvador no comparte los lineamientos de gobiernos que ofrecen protección a personas requeridas por delitos de corrupción.

“El Salvador se ha distanciado políticamente de Nicaragua, ya que ha sido albergue de personas que están huyendo de la justicia”, reiteró Esmahan.

El analista también defendió el modelo democrático salvadoreño, asegurando que los procesos judiciales y las reformas constitucionales se han llevado a cabo dentro del marco legal, y que ninguna organización internacional tiene autoridad para dictar a los salvadoreños cómo deben gobernarse.

Nicaragua: santuario regional

Diversos reportes internacionales han señalado que el régimen de Daniel Ortega ha concedido asilo político y nacionalidad a decenas de extranjeros en los últimos años. La ausencia de tratados de extradición y la política de protección a quienes adquieren la ciudadanía nicaragüense han convertido al país en un refugio para prófugos de la justicia, no solo de El Salvador, sino de toda la región centroamericana.

El distanciamiento de El Salvador respecto a Nicaragua responde, según Esmahan, a la defensa de la institucionalidad y la soberanía democrática, diferenciándose de países que brindan refugio a quienes son requeridos por la justicia en su país de origen.

Las pandillas en Panamá volvieron a quedar bajo la lupa de las autoridades tras una nueva ofensiva del Ministerio Público y la Policía Nacional que dejó nueve presuntos integrantes de estructuras criminales aprehendidos en las provincias de Panamá y la zona este de la capital.

Uno de los casos más preocupantes surgió en San Miguelito, donde la investigación reveló que un grupo delictivo no solo estaría vinculado con homicidios, armas y drogas, sino que además amenazaba a menores de edad para obligarlos a integrarse a la organización, una modalidad de reclutamiento forzado que las autoridades consideran una de las expresiones más graves del fenómeno pandilleril.

La principal acción se desarrolló mediante la Operación Harpía, ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los allanamientos, realizados en Valle de Urracá y otros puntos del distrito de San Miguelito, permitieron la captura de siete personas presuntamente vinculadas con un grupo criminal investigado por homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, porte ilegal de armas y delitos relacionados con drogas.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron un fusil, presunta droga y otros indicios que ahora forman parte de la investigación. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presunta estrategia utilizada por la organización para fortalecer sus filas.

Según la Fiscalía, la investigación documentó que integrantes del grupo amenazaban y atacaban a menores de edad para obligarlos a incorporarse a la pandilla, una práctica que refleja la presión ejercida por estas estructuras sobre jóvenes que residen en comunidades vulnerables y que, en muchos casos, terminan involucrados en actividades delictivas bajo intimidación.

En un segundo operativo desarrollado en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita capturó a otros dos presuntos integrantes de la pandilla Los HP, organización investigada por homicidios, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas capturas están relacionadas con la Operación Bastión, desarrollada semanas atrás, mediante la cual las autoridades realizaron 13 allanamientos y seis aprehensiones con el objetivo de desarticular esa estructura criminal que operaba en ese sector de la capital.

Los operativos forman parte del Plan Firmeza, la estrategia impulsada por el Gobierno para contener el crecimiento de la violencia asociada a las pandillas y al narcotráfico.

En paralelo, la Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas fueron aprehendidas 186 personas por diversos delitos. Del total, 108 eran requeridas por oficio judicial, 36 fueron detenidas por microtráfico, nueve en flagrancia, una por narcotráfico y 32 por faltas administrativas. Además, se realizaron 39 allanamientos, se decomisaron cinco armas de fuego, 337 paquetes de droga, municiones y vehículos vinculados a investigaciones criminales.

La nueva ofensiva ocurre en un contexto de creciente preocupación por la evolución de las pandillas en Panamá. Aunque las autoridades sostienen que el número de grupos identificados ha disminuido, advierten que las organizaciones restantes se han vuelto más violentas y especializadas.

De acuerdo con información divulgada recientemente por la Policía Nacional, actualmente operan 121 grupos pandilleriles en el país, frente a los 180 identificados anteriormente. Sin embargo, esa reducción no significa que el problema haya disminuido, ya que muchas de esas estructuras se han fragmentado y ahora funcionan como células vinculadas a organizaciones criminales de mayor alcance relacionadas con el narcotráfico internacional.

Las autoridades identifican al menos ocho grandes estructuras que concentran buena parte de la actividad criminal: Bagdad, Calor Calor, RG4AL, Mafia Filipina, Roca, Los HP, Killa y Sinaloa, organizaciones que mantienen redes de grupos asociados en distintos puntos del país y que disputan territorios utilizados para el almacenamiento, distribución y transporte de drogas.

Según datos oficiales, durante 2026 las autoridades han capturado 242 presuntos pandilleros, de los cuales 186 están vinculados a homicidios y otros 56 a tentativa de homicidio, como resultado de cerca de 250 operaciones desarrolladas en conjunto por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Las investigaciones también han detectado un cambio en las estrategias de reclutamiento. La Policía ha advertido que varias pandillas están captando jóvenes que abandonan el sistema educativo o provienen de hogares vulnerables, ofreciéndoles dinero, protección o alojamiento para incorporarlos a actividades delictivas.

El caso detectado en San Miguelito representa un paso más allá: el uso de amenazas y agresiones contra menores para forzar su ingreso a estas organizaciones.

Una pareja fue condenada a 78 años de cárcel tras ser encontrados culpables de ingresar a una vivienda para robar $84 mil y asesinar a la víctima en San Salvador Centro, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), por este mismo caso se condenó a otras dos personas a 10 años de cárcel.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron reconstruir los hechos ocurridos en la colonia América, al centro de San Salvador. De acuerdo con los reportes oficiales, Víctor Manuel Cisneros y Wendy Saraí Carias planificaron el robo de una suma considerable de dinero en la residencia de la víctima. El caso se remonta a agosto de 2023, cuando ambos ingresaron a la vivienda con la intención de apropiarse de 84,000 dólares.

El delito no solo involucró a los dos adultos. Según las autoridades, Cisneros y Carias contaron con la colaboración de otro adulto y un adolescentes, uno de ellos menor de edad, quienes participaron en la planificación y ejecución del hurto. Tras el robo, la víctima se percató de la sustracción del dinero e interpuso la denuncia ante la FGR, señalando directamente al adolescente participante.

La denuncia generó preocupación entre los implicados. Las investigaciones de la FGR y la PNC revelaron que, al enterarse de la acusación, Cisneros solicitó la colaboración de Carias y de los adolescentes para eliminar a la víctima. Los primeros intentos de homicidio incluyeron un intento de envenenamiento y un ataque con arma blanca, que solo logró herir la pierna de la víctima.

El desenlace fatal ocurrió el 18 de enero de 2024. Según los hallazgos oficiales, un adolescente de 17 años interceptó a la víctima y le disparó en la cabeza, provocando su muerte inmediata. Tras el homicidio, Cisneros, Carias y sus cómplices trasladaron el cuerpo en el baúl del vehículo de la víctima hasta el sector conocido como Lomas de Valibrera, sobre la calle principal del cantón Piedra Azul, en el distrito San Rafael Oriente del municipio San Miguel Oeste. En ese lugar, los implicados prendieron fuego al automóvil con el cadáver en su interior, en un intento por destruir la evidencia.

El cuerpo calcinado fue localizado por las autoridades la mañana del 19 de enero de 2024. La Fiscalía y la Policía confirmaron que el homicidio fue el resultado de una serie de reuniones y acuerdos previos entre los participantes, quienes habían coordinado minuciosamente tanto el robo como el posterior asesinato.

La estructura criminal, liderada por Víctor Manuel Cisneros, operó en diferentes etapas. Primero, se dedicó a planear y ejecutar el hurto de la suma de dinero, posteriormente, al percibir el riesgo de ser descubiertos, organizó el asesinato.

El reporte fiscal establece que José Noel Córdova Guerra y Elizabeth Mayrene Iraheta, ayudaron a limpiar la escena del crimen.

Durante el proceso judicial, la FGR presentó pruebas que establecieron la responsabilidad de los acusados en los delitos de robo agravado, homicidio agravado y ocultamiento de cadáver. El fallo condenatorio consideró la gravedad de los hechos y la participación de menores en las acciones criminales.

La sentencia de 78 años de prisión para Cisneros y Carias marca uno de los casos más severos registrados en la región en materia de homicidio vinculado a robo. Las autoridades recalcaron que la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil fue determinante para esclarecer el caso, identificar a todos los participantes y lograr una condena ejemplar.

Ruth de los Ángeles Muñoz Bermúdez fue asesinada la madrugada del 26 de noviembre de 2025 en Masachapa por Darling Carolina Mejía Mojica, una mujer que debía seguir presa hasta 2028 por robo agravado y que estaba en libertad tras recibir indultos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El caso reavivó el temor por las excarcelaciones masivas, en un año en que otros 2,000 reos comunes saldrán de prisión el 17 de julio y el total de liberados llegará a 6,400.

Según DESPACHO 505, la agresora tenía 37 años y arrastraba un historial de condenas por robos con violencia, un intento de homicidio y otros procesos penales en los que también resultó beneficiada por indultos presidenciales. En la última década, el régimen ha excarcelado al menos a 60,864 reos comunes y la estimación oficial sitúa la reincidencia en 7.18%.

La muerte de Muñoz ocurrió frente al campo deportivo de Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur. Una amiga de la víctima dijo al medio que “ese crimen se pudo evitar. Darling debía estar presa y no caminando por las calles”.

Ese dato resume el núcleo del caso: cuando mató a Ruth, Mejía no debía estar libre. Cumplía en los papeles una condena de cinco años de prisión por un robo agravado cometido en febrero de 2023 junto a Osiris Irigoyen Aguirre, con vencimiento fijado para el 26 de febrero de 2028.

La sentencia de la jueza Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua Nancy del Carmen Aguirre estableció que ambos (Mejía e Irigoyen) interceptaron a un hombre frente a la iglesia católica de Masachapa, lo intimidaron con un cuchillo y le robaron un reloj y una cadena. Aun así, Mejía pasó menos de diez meses en prisión: el 21 de diciembre de 2023 fue incluida en uno de los indultos masivos otorgados por el régimen.

Ese no fue su primer beneficio. De acuerdo con DESPACHO 505, registros judiciales revisados por la publicación muestran que ya había recibido otro indulto en abril de 2020, pese a que meses antes, el 27 de septiembre de 2019, había sido condenada a tres años de cárcel por un robo con violencia contra una adolescente de 16 años y una joven de 20 que visitaban las playas de Masachapa.

La sentencia 221-2019, también dictada por la jueza Nancy del Carmen Aguirre, señala que las intimidó con un puñal para quitarles una cadena y un reloj. Esa pena vencía el 21 de abril de 2022, pero fue liberada el 8 de abril de 2020 sin haber cumplido siquiera un año de prisión.

Los expedientes judiciales también registran un caso por homicidio en grado de tentativa. El 12 de noviembre de 2020 atacó con un pedazo de vidrio a Jimmy René López Quintanilla y lo hirió en el cuello en el parque de Masachapa.

Por ese hecho, el entonces juez Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua Luden Martín Quiroz la condenó el 28 de enero de 2021 a tres años de prisión y fijó el final de la pena para noviembre de 2023. La condenada volvió a recuperar la libertad antes de cumplirla gracias a otro indulto presidencial.

A ese historial se suma un proceso por robo agravado que tramitaba el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua. En ese expediente también fue beneficiada con un indulto el 13 de abril de 2020, cuando el caso todavía no había llegado a juicio.

La nueva condena por el homicidio de Ruth vence en 2036

Durante el juicio por la muerte de Ruth, Mejía confesó el crimen. La sentencia estableció que el ataque ocurrió después de que la víctima se acercó a un grupo de cuatro hombres que consumían licor y llamó a uno de ellos, una acción que provocó la reacción de la acusada, quien la atacó con un arma blanca.

El 3 de febrero de este año, el juez Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua Jeancarlos Fernández la condenó a 10 años y seis meses de prisión por homicidio. La resolución fijó que deberá permanecer encarcelada hasta el 25 de mayo de 2036.

La preocupación en Masachapa no se limita al pasado judicial de la agresora. Entre familiares y habitantes del municipio persiste el temor de que vuelva a salir antes de tiempo, como ya ocurrió tras los sucesivos indultos concedidos por Ortega y Murillo.

El contexto amplía esa inquietud. Este 17 de julio, el régimen liberará a otros 2,000 reos por el “Día de la Alegría”, una efeméride sandinista, y en 2024 ya había roto un récord con 9,900 presos comunes liberados en seis tandas masivas, según informó DESPACHO 505.

Geólogos de la Universidad de Texas en Austin, junto a equipos técnicos del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana, iniciaron recientemente un proyecto de investigación en la cuenca de Azua para analizar su potencial en hidrocarburos. El objetivo central es determinar si la zona cuenta con reservas estratégicas de petróleo y gas susceptibles de explotación futura.

De acuerdo con información oficial, la misión reunió a especialistas estadounidenses y dominicanos para realizar un reconocimiento geológico sobre el terreno y tomar muestras de las formaciones rocosas predominantes.

La exploración, detalló el Gobierno de República Dominicana, incluyó visitas a la cantera de la empresa Cementos Santo Domingo y a catorce puntos geológicos clave, entre los que se destacan las formaciones Trinchera, Sombrerito, Jura, Ventura y Ocoa. Los geólogos examinaron las características litológicas de cada formación, recolectando muestras para investigar su porosidad, tamaño y composición. Según datos oficiales, la intención es evaluar si los procesos naturales que han afectado estas rocas favorecen la acumulación de hidrocarburos.

La delegación de la Universidad de Texas en Austin estuvo liderada por Mark Shustery, jefe de la División de Investigación Energética, y Emilio Núñez, director del Departamento de Ingeniería de Petróleo y Geosistemas. Ambos presentaron al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, los fundamentos metodológicos de la “Evaluación Regional del Potencial Energético en Cuencas Sedimentarias Terrestres y Marinas, República Dominicana y Mar Caribe Adyacente”. El recorrido contó con la coordinación de la geóloga Gelsa Pérez, responsable del Departamento de Promoción de Hidrocarburos, así como con la participación de técnicos del Instituto Geológico Nacional (IGN).

Uno de los focos de mayor interés para los investigadores fueron los pozos Maleno, perforados originalmente por la desaparecida Compañía Petrolera Dominicana en la década de 1930. En ese sector existen afloramientos de crudo que han sido objeto de estudios previos para determinar su viabilidad comercial. Según registros ministeriales, se trata de una de las zonas históricamente consideradas con mayor potencial petrolero en el país.

El convenio entre la Universidad de Texas en Austin y el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), busca robustecer la base de datos técnica nacional para el sector de hidrocarburos. El Buró de Economía Geológica (BEG) de la universidad estadounidense, uno de los centros de investigación más antiguos en el análisis de recursos minerales y energéticos de Estados Unidos, estará a cargo del estudio. El acuerdo contempla el intercambio de información técnica, el desarrollo de capacidades locales y la elaboración de reportes que puedan servir de base para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Según cifras del Gobierno de República Dominicana, el país posee una diversidad mineral considerable. Entre los recursos más importantes se encuentran el oro, la plata, el níquel, la bauxita, el ferroníquel, así como calizas y otros minerales industriales. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas, la mina Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, es una de las principales productoras de oro y plata de América Latina, y representa una fuente significativa de ingresos y empleo para el país. Además, existen yacimientos de ámbar y larimar, piedras semipreciosas de importancia para la industria local de joyería.

La explotación de estos recursos ha contribuido al desarrollo de la economía dominicana y ha permitido inversiones en infraestructura y programas sociales. Según el Ministerio de Energía y Minas, el sector minero representó cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, con exportaciones por más de 2,500 millones de dólares.

El gobierno impulsa actualmente nuevas estrategias para diversificar la matriz energética, fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos y fomentar la investigación en áreas como la cuenca de Azua, donde la colaboración internacional y la transferencia tecnológica se consideran claves para un desarrollo sostenible.

La investigación conjunta entre la Universidad de Texas en Austin y el Gobierno dominicano marca un nuevo capítulo en el estudio de los recursos energéticos del país. El resultado de estas exploraciones podría definir futuras inversiones y el desarrollo de nuevas áreas productivas para la economía nacional.

El rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés Bofill anunció que la comisión de postulación para elegir al próximo contralor general de Cuentas deberá quedar instalada antes del 12 de agosto, con la meta de entregar al Congreso la nómina final el 22 de septiembre, en un proceso que, según dijo, buscará evitar la politización y reforzar la transparencia.

La comisión tendrá una integración de 13 decanos, 13 representantes de colegios profesionales y un presidente. De acuerdo con lo explicado por Cortés en conferencia de prensa, la elección de los delegados de los colegios de Economía, Contaduría y Ciencias Empresariales constituye el siguiente paso para completar la mesa.

El calendario fijado por la comisión está atado a la fecha de relevo en la Contraloría General de Cuentas: el nuevo titular debe asumir el 12 de octubre. Por eso, el presidente de la postuladora dijo que espera que el Congreso de la República tome juramento a los integrantes una vez concluida la elección de los representantes profesionales.

La comisión deberá proponer seis candidatos al Congreso

Cortés, explicó que la tarea central de la postuladora será elaborar una lista de seis candidatos para el cargo de contralor general de Cuentas. Esa nómina será remitida al Organismo Legislativo, que tendrá a su cargo la fase final del proceso de designación.

El rector presentó ese objetivo como una función especialmente sensible por el momento institucional que atraviesa el país. Señaló que la elección cobra relevancia en un período preelectoral y electoral, dada la importancia del cargo dentro del sistema de control público.

Sobre los criterios de selección, planteó que el reto consiste en encontrar “los mejores profesionales” y apartar la idea de una comisión politizada. Añadió que la búsqueda debe centrarse en perfiles “honorables, probos” y competentes.

También sostuvo que todos los actos de la comisión deberán ser públicos. En esa línea, afirmó que las sesiones tendrán que ser grabadas y que el proceso debe desarrollarse bajo parámetros de transparencia.

La primera sesión será en la URL y el Congreso podría apoyar con recursos

La primera reunión de la comisión se celebrará en la URL, porque la ley de comisiones de postulación faculta al presidente a convocar la sesión inicial y, por práctica, el rector que preside suele designar la sede. Después de esa apertura, será la propia comisión la que defina dónde realizará sus siguientes encuentros.

Cortés dijo que el Congreso podría ser una opción para albergar futuras sesiones, aunque esa decisión quedará en manos de los comisionados. Precisó que, por ahora, lo único resuelto es que la apertura tendrá lugar en la Universidad Rafael Landívar.

El rector también pidió apoyo económico del Congreso de la República para el funcionamiento de la comisión. Argumentó que una postuladora de este tipo requiere recursos y subrayó como necesidad inmediata la grabación de las sesiones y la creación de una página web para que la ciudadanía tenga acceso al contenido de las reuniones y a los documentos producidos.

En su intervención, recordó además su paso por la comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que esa experiencia le dejó aprendizaje, aunque marcó diferencias con el proceso actual, porque en aquella ocasión predominaban abogados y ahora participarán profesionales vinculados con economía, empresa y auditoría.

Según el medio, Cortés también se refirió al antecedente de la “criminalización” de integrantes de comisiones de postulación. “Confío en que las experiencias pasadas de criminalizar las vayamos dejando de lado, porque estamos haciendo un servicio al país, y no es justo que por hacer un servicio al país se nos intimide de alguna manera”, afirmó.

En la misma declaración, agregó que percibe un cambio en el Ministerio Público y lo consideró una garantía para actuar “con mayor objetividad e independencia”.

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) formalizaron una alianza para atraer inversiones en Honduras, fortalecer la competitividad empresarial y reforzar la seguridad jurídica para inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el país.

El convenio fue suscrito por el secretario ejecutivo y ministro de Inversiones del CNI, Epaminondas Marinakys, y el presidente de la CCIT, Karim Alejandro Faraj. Ambos señalaron que la cooperación entre las instituciones apunta a ampliar las oportunidades de crecimiento económico y mejorar el clima de negocios.

Como parte del acuerdo, las dos entidades desarrollarán una agenda conjunta para promover a Honduras como destino de inversión mediante conferencias, seminarios especializados, ruedas de negocios, ferias nacionales e internacionales y otras iniciativas para conectar al sector productivo con potenciales inversionistas.

Apoyo al sector empresarial

La alianza también prevé acciones para fortalecer las capacidades del empresariado hondureño, facilitar espacios de intercambio entre empresas y acercar oportunidades de inversión a empresarios nacionales y extranjeros.

La CCIT pondrá a disposición sus instalaciones para jornadas de capacitación, encuentros de networking y eventos orientados al fortalecimiento del ecosistema empresarial. También difundirá entre sus afiliados los servicios que ofrece el CNI y canalizará hacia la institución a empresarios e inversionistas que requieran asesoría para la ejecución de nuevos proyectos.

Uno de los ejes del convenio es el fortalecimiento de la seguridad jurídica, un elemento que ambas entidades consideran clave para generar confianza entre quienes buscan invertir en Honduras.

Para eso, el CNI trabajará de manera coordinada con firmas legales, consultores especializados y profesionales en mecanismos de conciliación, con el propósito de brindar acompañamiento y respaldo durante el desarrollo de iniciativas de inversión.

Estrategias de promoción

Durante la firma del convenio, Marinakys dijo que la atracción de inversiones depende del trabajo coordinado entre las instituciones públicas y el sector privado.

“Promover inversiones requiere que las instituciones trabajemos de manera articulada. Este tipo de alianzas nos permite acercar más oportunidades a los empresarios y fortalecer la confianza de quienes ven a Honduras como un destino para invertir", expresó el funcionario.

Faraj afirmó que el crecimiento económico sostenible solo es posible cuando existen condiciones que brinden certeza a los inversionistas.

“Estamos convencidos de que la inversión crece cuando existe un entorno de confianza, reglas claras y una estrecha colaboración entre el sector público y la empresa privada.

Este convenio representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país, facilitar nuevas oportunidades de negocios y brindar a los inversionistas el acompañamiento necesario para desarrollar sus proyectos con mayor seguridad jurídica", afirmó.

La alianza también busca consolidar una ruta integral de atención para los inversionistas, desde la identificación de oportunidades hasta el establecimiento y expansión de sus operaciones en el país.

El Consejo Nacional de Inversiones ha definido entre sus principales objetivos brindar asesoría legal y técnica, facilitar información estratégica para la toma de decisiones y acompañar a los inversionistas durante todas las etapas de sus proyectos, promoviendo la coordinación entre las instituciones del Estado y el sector privado para reducir barreras y fortalecer el clima de negocios.

El embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta, encabezó una reunión clave en la Casa Blanca con altos funcionarios del gobierno estadounidense.

El encuentro buscó impulsar la agenda bilateral con un enfoque en la seguridad regional, la gestión migratoria y el desarrollo económico, según detallaron fuentes diplomáticas.

La reunión contó con la presencia de destacados integrantes de la estructura de toma de decisiones en materia de seguridad en Washington.

Entre los asistentes figuraron Patrick Nelson, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC); William Turner, asesor especial de Seguridad Nacional del vicepresidente J. D. Vance; y John Cheng, asesor sénior del Departamento de Estado.

La inclusión de estos funcionarios resalta la prioridad estratégica que la administración estadounidense otorga a la relación con el país centroamericano.

Cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico

Durante la mesa de trabajo, el embajador Beteta presentó un balance de los avances obtenidos por Guatemala en materia de seguridad fronteriza. Entre los puntos destacados, Beteta señaló el impacto de los operativos conjuntos y la coordinación en el ámbito migratorio con agencias estadounidenses.

Además, subrayó el aumento en las incautaciones de drogas en territorio guatemalteco y la colaboración con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), elementos que forman parte central de la estrategia de seguridad en la región.

“La cooperación con SOUTHCOM ha permitido fortalecer nuestras capacidades en la contención del crimen transnacional”, remarcó el diplomático, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala a través de una nota de prensa.

Migración y desarrollo económico: ejes de la agenda compartida

La gestión migratoria ocupó un lugar preeminente en el diálogo bilateral. Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener mecanismos de coordinación que garanticen una migración ordenada y segura. En paralelo, se discutió la necesidad de fomentar el desarrollo económico en las comunidades de origen para contrarrestar las causas estructurales de la migración irregular.

“El desarrollo local es clave para crear oportunidades y reducir los flujos migratorios”, expresó Beteta ante sus interlocutores estadounidenses, detalló la cancillería guatemalteca.

Fortalecimiento democrático y cooperación tecnológica

En el transcurso de la reunión, el embajador reafirmó el compromiso del Gobierno de Guatemala con la gobernanza democrática y la estabilidad regional, factores señalados como esenciales para el avance sostenible.

El diálogo incluyó la posibilidad de ampliar la cooperación en ciberseguridad, considerada una prioridad para proteger la infraestructura digital frente a amenazas globales.

Reafirmación de la alianza bilateral

El encuentro concluyó con una manifestación conjunta sobre los lazos históricos de amistad entre Estados Unidos y Guatemala.

Beteta reiteró la disposición de su país para profundizar la cooperación y trabajar coordinadamente con las agencias estadounidenses, con el objetivo de alcanzar resultados concretos en seguridad y prosperidad para ambas naciones.

El Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia tras la insistencia de ese país europeo en la extradición de Alessio Casimirri, exmiembro de las Brigadas Rojas y condenado por su participación en el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro.

La decisión se produjo luego de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reiterara públicamente la solicitud de extradición y criticara el refugio concedido por Managua a Casimirri, generando una reacción inmediata de las autoridades nicaragüenses.

La tensión entre Nicaragua e Italia escaló después de que, durante un encuentro del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid, el canciller italiano Antonio Tajani reclamara la entrega de Alessio Casimirri.

El ministro rememoró la figura de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana, y subrayó la negativa del Gobierno nicaragüense a responder a las solicitudes judiciales italianas sobre el caso.

De acuerdo con información difundida por el cable de EFE, Tajani denunció que Nicaragua “sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano”. El funcionario añadió que la justicia italiana ha presentado reiteradas solicitudes de extradición, todas sin respuesta por parte de Managua.

El Ministerio de Exteriores italiano recalcó en un comunicado que “el Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos.

Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo”. EFE precisó que la nueva mención pública de Tajani sobre el tema fue el punto de inflexión que llevó a Nicaragua a comunicar su decisión de ruptura diplomática.

El Gobierno nicaragüense, que otorgó la nacionalidad a Casimirri y permitió su establecimiento como empresario en el país, nunca ha atendido las solicitudes formales de extradición remitidas por los tribunales italianos. La tensión se agravó tras las declaraciones de Tajani en Madrid, que fueron consideradas por Managua como una injerencia y una presión inadmisible sobre su soberanía.

¿Quién es Alessio Casimirri?

Alessio Casimirri, de 74 años, fue integrante de las Brigadas Rojas, un grupo armado de extrema izquierda responsable de múltiples atentados en Italia durante las décadas de 1970 y 1980. La justicia italiana lo condenó a seis cadenas perpetuas por su participación en varios ataques, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, ocurrido en 1978.

De acuerdo con la información proporcionada por EFE, Casimirri formó parte del comando que ejecutó la emboscada contra la escolta de Moro en la vía Fani, en la que murieron cinco agentes. Los tribunales italianos lo consideran responsable también de otros homicidios perpetrados por la organización.

Tras los hechos, Casimirri huyó de Italia a comienzos de los años ochenta. En 1983, se instaló en Nicaragua, donde recibió la nacionalidad local. Desde entonces, desarrolló actividades empresariales en el sector de la restauración en Managua, manteniéndose fuera del alcance de la justicia italiana.

Las autoridades de Italia consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad de los delitos de terrorismo, por lo que su extradición ha sido un tema recurrente en la agenda bilateral. El Gobierno nicaragüense ha rechazado entregarlo, argumentando la condición de ciudadano nacional y el principio de no extradición de nacionales.

Mientras tanto, la figura de Alessio Casimirri continúa generando controversia. Su presencia en Managua, donde ha construido una vida alejada del foco mediático, contrasta con la persistencia de los reclamos de Italia para que enfrente las condenas impuestas por los tribunales.

EFE subrayó que el Gobierno italiano mantiene su posición y seguirá demandando la extradición de Casimirri. La ruptura de relaciones diplomáticas marca un punto de inflexión en la relación bilateral y deja abierta la pregunta sobre el futuro de la cooperación entre ambos países.

Durante la cosecha 2025-26, Brasil exportó 38,46 millones de sacos de 60 kilos de café, lo que representa una baja del 15,7% respecto al ciclo anterior. Esta disminución se atribuyó a una menor disponibilidad del grano, inconvenientes logísticos en los puertos y al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, según informó la patronal del sector.

A pesar de la caída en el volumen, los ingresos por exportaciones descendieron solo un 1%, alcanzando 14.595 millones de dólares, la segunda mayor cifra histórica tras el récord del ciclo precedente, según el Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé).

En junio, último mes del año cafetero, el país exportó 3,06 millones de sacos, un 16,9% más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, la facturación disminuyó en un 6%, situándose en 972,8 millones de dólares.

Durante el primer semestre de 2026, los embarques totalizaron 17,83 millones de sacos, un 8,3% menos que en igual periodo de 2025. Los ingresos también retrocedieron un 13,3%, hasta los 6.534 millones de dólares.

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, señaló que la reducción de las exportaciones era previsible tras el récord de 2024, que disminuyó considerablemente las existencias del grano en el país, sumado a condiciones climáticas adversas que afectaron la cosecha de 2025.

A esto se añadieron dificultades logísticas en los principales puertos brasileños, que ocasionaron retrasos y la imposibilidad de exportar cientos de miles de sacos, generando costos extra para las empresas, según el directivo.

El arancel del 50% impuesto por Estados Unidos durante casi cuatro meses al café brasileño provocó una reducción del 54,9% en las exportaciones a ese mercado entre agosto y noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque la mayoría de estos gravámenes fueron eliminados posteriormente, el café soluble sigue sujeto a la tarifa, mientras persiste la incertidumbre sobre posibles nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump.

Como consecuencia, Alemania superó por primera vez a Estados Unidos como principal destino del café brasileño desde la cosecha 2009-10, con 5,19 millones de sacos importados, equivalentes al 13,5% del total anual exportado.

Estados Unidos se ubicó en segundo lugar, con 4,24 millones de sacos —un 43,2% menos que la temporada anterior— seguido por Italia, Bélgica y Japón.

El café arábica representó el 76,7% de las exportaciones, con 29,5 millones de sacos; el café de tipo canéfora, 5,03 millones; y el café soluble, 3,87 millones de sacos.

La empresa estatal Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), administrada por la Armada de Chile, prestó servicios de mantenimiento y reparación a embarcaciones pertenecientes a la flota pesquera de aguas distantes de China, entre ellas barcos que posteriormente fueron sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con trabajo forzado y violaciones a los derechos humanos. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la organización ambiental Círculo de Políticas Ambientales, que abrió un nuevo debate sobre el papel de Chile frente a una de las flotas más cuestionadas del mundo por prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

El documento, elaborado por el especialista en política oceánica Milko Schvartzman y difundido por el medio especializado SeafoodSource, sostiene que la infraestructura naval chilena ha proporcionado apoyo logístico a un número significativo de embarcaciones chinas dedicadas principalmente a la captura de calamar gigante, una especie clave para el ecosistema marino del Pacífico Sur y para las economías pesqueras de Chile, Perú y Ecuador.

La controversia no radica en que la Armada participe en actividades pesqueras, sino en que ASMAR, que es la empresa pública dependiente de la institución naval, ofrezca servicios de mantenimiento, reparaciones y asistencia técnica a barcos cuya actividad es supervisada por la propia autoridad marítima chilena. Para el autor del informe, esa doble función plantea un eventual conflicto de interés, porque la Armada es responsable de controlar y monitorear las operaciones pesqueras en aguas jurisdiccionales del país.

El estudio sostiene que el flujo de embarcaciones chinas hacia puertos chilenos aumentó de forma significativa desde finales de 2024. Utilizando información del sistema de identificación automática de buques (AIS) obtenida por Global Fishing Watch, Schvartzman señala que entre enero y septiembre de ese año no existieron recaladas de pesqueros chinos en Chile. Sin embargo, a partir de octubre comenzó un incremento sostenido en las escalas portuarias.

El cambio coincidió con la visita oficial realizada en septiembre de 2024 por la entonces ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, a China, donde mantuvo reuniones con autoridades militares y participó en el Foro de Defensa Xiangshan en Beijing. El informe aclara expresamente que no existe evidencia de una relación causal entre ambos hechos, aunque considera que la secuencia temporal amerita un mayor análisis.

Según la investigación, durante 2025 las recaladas de embarcaciones pesqueras chinas alcanzaron aproximadamente 200 visitas portuarias. En ese mismo período, la Armada de Chile informó haber inspeccionado 117 buques de bandera china. Los servicios prestados incluyeron mantenimiento mecánico, reparaciones, abastecimiento, cambios de tripulación y aprovisionamiento antes de que los barcos retomaran sus campañas de pesca en el Pacífico o continuaran su tránsito por el estrecho de Magallanes hacia el Atlántico Sur.

Entre las embarcaciones atendidas por ASMAR figuran los pesqueros Fu Yuan Yu 7871 y Fu Yuan Yu 7872, ambos incluidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de sanciones por presuntos casos de trabajo forzado y abusos contra los derechos humanos relacionados con sus operaciones. El informe reconoce que ASMAR ha señalado que actuó con autorizaciones otorgadas por la Subsecretaría de Pesca y por la propia Armada, pero sostiene que ello no elimina los cuestionamientos sobre las implicaciones éticas y reputacionales de prestar servicios a embarcaciones con antecedentes documentados.

El reporte también cuestiona la capacidad de fiscalización marítima de Chile. Basándose en datos AIS, imágenes satelitales del sistema VIIRS de la NASA y otras plataformas de monitoreo, afirma haber identificado entre seis y siete embarcaciones chinas que ingresaron a la zona económica exclusiva chilena durante 2025 con velocidades compatibles con actividades de pesca de calamar. La Armada chilena, por su parte, informó que no encontró evidencia confirmada de pesca ilegal, aunque el autor sostiene que el sistema nacional depende excesivamente del AIS, una tecnología susceptible de ser apagada o manipulada por las tripulaciones.

Las conclusiones del informe tienen repercusiones que trascienden a Chile. Ecuador ha denunciado durante años la presencia de grandes flotas pesqueras chinas en las proximidades de la Reserva Marina de Galápagos, especialmente durante las temporadas de captura de calamar. En 2017, el buque Fu Yuan Yu Leng 999 fue capturado dentro de la reserva con miles de ejemplares de fauna marina, incluidos más de 6.000 tiburones, un caso que marcó un punto de inflexión en la cooperación regional para combatir la pesca ilegal.

Schvartzman sostiene que los pescadores artesanales de Chile, Perú y Ecuador también enfrentan las consecuencias de estas operaciones, ya que las flotas industriales capturan el recurso antes de que llegue a las aguas nacionales, mientras los pescadores locales deben cumplir vedas, límites de captura y otras regulaciones ambientales.

Como respuesta, el informe propone endurecer los controles para el ingreso de buques extranjeros a puertos chilenos, revisar la política de servicios de ASMAR, incorporar sistemas de monitoreo más robustos e integrar información de organismos regionales de ordenación pesquera. También recomienda condicionar el acceso portuario al cumplimiento de estándares internacionales en materia laboral y de conservación marina.

La inauguración de Expo Amaprosan 2026 en Santiago reunió a comerciantes y empresarios del norte de la República Dominicana para entregar un reconocimiento al presidente Luis Abinader.

La distinción, otorgada por asociaciones de comerciantes y mayoristas del Cibao y Santo Domingo, destacó el impulso presidencial a la transformación integral del Hospedaje Yaque, una obra largamente esperada por la comunidad local y considerada un compromiso histórico con la ciudad de Santiago.

El acto resaltó la importancia estratégica de este mercado para la economía regional y la vida de miles de familias.

Durante la apertura de la trigésima quinta edición de Expo Amaprosan, representantes de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) y otras organizaciones valoraron la decisión del mandatario de priorizar la recuperación de uno de los principales centros de abastecimiento de la región norte.

Según los organizadores, esta intervención fortalecerá la actividad comercial y mejorará las condiciones económicas, sociales, sanitarias y ambientales de la provincia. El evento sirvió como escenario para resaltar la colaboración entre el sector público y privado, clave para el desarrollo de proyectos de gran impacto local.

Un año después, el sector comercial reconoció el avance de la iniciativa y el cumplimiento de la palabra empeñada por el mandatario. Los comerciantes señalaron que la transformación del Hospedaje Yaque permitirá organizar el comercio, promover un entorno seguro y ordenado, dignificar el espacio de trabajo de miles de personas y generar un impacto positivo en la economía, el entorno social y el ambiente de Santiago.

“Esta intervención demuestra la disposición del presidente Abinader de escuchar las necesidades de los distintos sectores productivos y promover soluciones que impactan positivamente la vida de comerciantes, trabajadores, familias y ciudadanos”, expresaron las entidades.

Al agradecer el reconocimiento, Abinader aseguró que representa un compromiso aún mayor con Amaprosan, con Santiago y con toda la región del Cibao. El presidente recordó que desde joven escuchaba sobre las condiciones del Hospedaje Yaque, un mercado necesario para productores y comerciantes, pero marcado por problemas de logística e higiene.

“Espero que, con este proyecto que impulsa el Gobierno junto con el Ayuntamiento de Santiago, el Hospedaje se convierta en un ejemplo de comercio y beneficie a las miles de familias que dependen de esa actividad”, afirmó.

El mandatario explicó que en su gestión ha buscado escuchar a todos los sectores y que las decisiones que adopta buscan el interés nacional. Anunció que el Gobierno desarrolla junto al Ayuntamiento otras obras para mejorar la calidad de vida de la población. Entre ellas se encuentra el fortalecimiento del suministro de agua potable en Santiago, mediante la optimización del sistema del Acueducto Cibao Central y la construcción de un nuevo acueducto en la zona norte.

La presidenta de Amaprosan, Hilsa López Olivares, valoró las obras impulsadas por el Gobierno y las autoridades municipales, especialmente el inicio del proyecto del Mercado Hospedaje Yaque y la transformación del entorno de Nueva York Chiquito. Explicó que Amaprosan ha participado activamente en las mesas de diálogo y en la elaboración de propuestas para estos proyectos y aseguró que la institución continuará como aliada y veedora responsable durante todo el proceso.

Durante la ceremonia, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, agradeció al presidente su apoyo al comercio organizado y señaló que la ciudad reconoce el respaldo recibido. Expo Amaprosan 2026 fue inaugurada bajo el lema “Comercio, industria y sociedad: Pilares del desarrollo” y dedicada al Grupo Bocel, en reconocimiento a su trayectoria empresarial. La feria ofrecerá durante cinco días actividades empresariales, culturales y de salud, además de un pabellón ecológico coordinado con la Sociedad Ecológica del Cibao.

Panamá sostiene un régimen de zonas francas vigente desde 1990, con un aporte de 3.5 al PIB, pero la caída del número de empresas y el avance de Costa Rica, República Dominicana y Colombia empujan al país a modernizar incentivos, procesos y formación laboral para preservar su posición regional.

El retroceso más claro aparece en la base empresarial: las compañías pasaron de 128 en 2018 a 116 en 2021, pese a que el país cuenta con 24 zonas francas. Ese dato convive con una estructura que registra 1,680 empleos directos, 3,014 indirectos y un salario promedio de $1,250.

El esquema también mueve comercio e inversión. El texto base atribuye al régimen exportaciones por USD 143 millones, importaciones por USD 178 millones e inversión por USD 244 millones, mientras que en el panorama acumulado menciona una inversión de USD 787 millones hasta 2018 y una contribución al PIB de USD 981 millones.

El régimen ofrece exoneraciones amplias y respaldo legal específico

La arquitectura de incentivos se apoya en las leyes 29 de 1992, 41 de 2004 y 32 de 2011. Ese marco legal concede exoneración total o parcial del Impuesto sobre la Renta, del ITBMS y de los impuestos de importación y exportación, además de seguridad jurídica, libertad para repatriar capitales y beneficios laborales y migratorios especiales.

El régimen de zonas francas y esquemas especiales como el de Sedes de Empresas Multinacionales incorpora exoneraciones del 100% sobre ingresos generados por exportaciones y servicios al exterior. Para las empresas SEM, el texto menciona una tasa fija reducida, habitualmente del 5%.

También se contemplan exenciones sobre aranceles de importación de materias primas, equipos y materiales de construcción, así como sobre impuestos municipales, patentes y ganancias de capital bajo las condiciones del régimen.

A eso se suma una normativa de sustancia económica adoptada para adecuarse a estándares de la Unión Europea, que exige a las multinacionales con renta pasiva extranjera contar con infraestructura real y personal administrativo en el país.

La supervisión institucional se distribuye entre el Ministerio de Comercio e Industrias, como principal entidad reguladora y promotora del régimen y del comercio exterior; el Consejo Nacional de Zonas Francas, encargado de la aprobación y seguimiento; y la Autoridad del Área Económica Especial Panamá Pacífico, con competencia específica sobre esa área.

La competencia regional se apoya en tecnología, sostenibilidad y trámites más ágiles

El desafío central para Panamá ya no se limita a atraer empresas con ventajas logísticas asociadas al Canal. La respuesta panameña se organiza en tres frentes. El primero es la sostenibilidad, con la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza para atraer multinacionales que exigen operaciones con huella de carbono neutral.

El segundo es la adopción tecnológica. El plan apunta a automatizar procesos aduaneros, desplegar ventanillas únicas digitales y promover centros de datos y empresas de valor agregado tecnológico dentro de las zonas.

El tercero es la capacitación laboral. El objetivo es desarrollar programas de formación técnica y profesional ajustados a las demandas de la economía digital y de las industrias de alta tecnología.

Las empresas buscan retener personal con beneficios fiscales y flexibilidad

La competencia regional también se expresa en el mercado laboral. El texto señala que las organizaciones en Panamá recurren a estrategias que van más allá del salario base para sostener su competitividad frente a otros destinos.

Las compañías también priorizan programas de desarrollo de habilidades técnicas y blandas para reducir rotación y fortalecer lealtad interna. A eso se añaden esquemas híbridos de trabajo, atención a la salud mental y facilidades migratorias para ejecutivos extranjeros de confianza dentro del régimen.

Guatemala podría dar un salto tecnológico con la llegada de microsatélites térmicos diseñados para optimizar el manejo del agua y elevar la eficiencia en cultivos de exportación en el sector agrícola.

La propuesta consiste en emplear sensores térmicos instalados en satélites para medir con gran precisión la temperatura de la superficie agrícola y de las hojas de los cultivos.

Este método, descrito como un “termómetro espacial”, permite anticipar el estrés hídrico en las plantas, facilitando la detección temprana de la falta de agua, mucho antes de que los síntomas sean visibles a simple vista.

Esta nueva tecnología se exploró durante una reunión que sostuvieron el embajador de Guatemala en Alemania, Jorge Alfredo Lemcke, y la Consejería Comercial de Guatemala en Alemania con representantes del Foreign Council on Economic Relations y de la empresa alemana Constellr.

Representantes de la embajada guatemalteca en Alemania y Constellr, empresa alemana especializada en observación satelital, celebraron en Berlín un encuentro clave para acercar esta innovación al país centroamericano, según reportes de Deutsche Welle.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el uso de tecnología satelital para obtener información sobre la temperatura y las condiciones de los cultivos. Constellr desarrolla sistemas de observación terrestre mediante satélites y datos térmicos aplicables, entre otros ámbitos, a la agricultura y la gestión de recursos.

Gracias a estos datos, los agricultores pueden identificar de inmediato las zonas que requieren riego prioritario, lo que optimiza el uso de recursos hídricos y reduce los costes de operación en cultivos estratégicos como café, caña de azúcar, banano y vegetales de exportación. Esta tecnología permite tomar decisiones rápidas y precisas sobre el riego, minimizando pérdidas y mejorando la productividad.

Aplicación práctica y resultados en otros países

En países como Alemania y España, el monitoreo térmico satelital ya ha demostrado su eficacia para enfrentar sequías y olas de calor, desafíos cada vez más frecuentes. Según Frankfurter Allgemeine Zeitung, cooperativas agrícolas europeas han logrado disminuir el consumo de agua hasta en un 40% sin sacrificar el rendimiento ni la calidad de las cosechas.

La experiencia internacional también muestra que, al combinar sensores satelitales con inteligencia artificial, agricultores en Estados Unidos y Sudamérica pueden anticipar la aparición de plagas y calcular con exactitud los rendimientos esperados, ajustando sus estrategias de manejo de forma proactiva.

La introducción de tecnologías satelitales en la agricultura guatemalteca permitiría al país enfrentar con mejores herramientas los retos del cambio climático y responder a las exigencias de mercados internacionales que valoran las prácticas sostenibles.

Innovación y sostenibilidad en el campo guatemalteco

La vulnerabilidad de Guatemala ante fenómenos climáticos extremos ha impulsado la búsqueda de soluciones que garanticen la continuidad y competitividad de su agricultura. La alianza con la firma alemana busca no solo transferir tecnología de punta, sino también atraer inversión extranjera y beneficiar a todos los actores del sector, desde grandes exportadores hasta pequeños y medianos productores.

El acceso a información satelital y la digitalización de procesos agrícolas abren la puerta a una gestión más responsable de los recursos naturales, fortaleciendo la seguridad alimentaria nacional. Un representante de la Consejería Comercial, citado por Handelsblatt, afirmó: “El conocimiento técnico y la innovación son esenciales para garantizar la supervivencia del sector agrícola ante el cambio climático.”

La adopción de estas herramientas no solo modernizaría el agro guatemalteco, sino que también posicionaría al país como referente tecnológico en la región, respaldado por experiencias exitosas a nivel internacional.

El Senado de la República Dominicana recibió la certificación Great Place To Work tras obtener más del 97% de aprobación entre su personal. El reconocimiento, basado en encuestas anónimas, fue entregado en un acto encabezado por el presidente del Senado Ricardo de los Santos en el auditorio de la institución.

La acreditación distingue a organizaciones que, según el modelo de evaluación de Great Place To Work, construyen entornos de alta confianza. La certificación se basa en encuestas anónimas en las que los colaboradores valoran liderazgo, equidad, respeto y compañerismo.

El reconocimiento fue anunciado en un acto en el auditorio de la institución, donde De los Santos recibió formalmente la certificación.

¿Cómo se realizó la evaluación?

La directora de Gestión Humana de la Cámara Alta, Sonya Uribe Mota, afirmó que el resultado no respondió a una decisión de la Presidencia ni de su área, sino a la opinión directa de los trabajadores, consultados de forma confidencial sobre su experiencia cotidiana dentro de la institución.

Uribe Mota explicó que el proceso de evaluación contó con el acompañamiento de la Dirección de Planificación y de la Dirección de Gestión Humana. Ambas áreas trabajaron en la sistematización de la información institucional y en el acompañamiento metodológico requerido por la organización evaluadora durante todo el procedimiento.

La funcionaria sostuvo: “Esta certificación confirma algo que trabajamos todos los días desde Gestión Humana: que el bienestar de nuestros colaboradores no es un beneficio adicional, sino el centro de la gestión institucional”.

El director de Planificación Ohelmi de la Cruz detalló que entre los elementos que respaldaron la certificación figuran los beneficios consolidados por el Senado en los últimos años. Mencionó la compensación económica, los permisos parentales ampliados, la atención de salud mediante un dispensario médico y una farmacia dentro de la institución, además del fortalecimiento de los programas de capacitación y desarrollo profesional.

De la Cruz dijo: “Esta certificación confirma que estamos logrando consolidar un Senado más eficiente, más humano y comprometido con la excelencia”.

La dedicatoria de Ricardo de los Santos

Durante el acto, De los Santos recibió de manos de Uribe Mota y de De la Cruz un galardón de reconocimiento institucional en nombre de las direcciones de Gestión Humana y de Planificación, como testimonio del logro alcanzado durante su gestión al frente del Senado.

El presidente del órgano legislativo afirmó: “Esta certificación no la recibe la Presidencia, la recibe cada colaborador y cada colaboradora del Senado, quienes trabajan con entrega, dedicación, entusiasmo y con la intención de dar el mayor rendimiento en sus labores. Se lo dedico a ellos porque fueron quienes con su opinión lo hicieron posible”.

La ceremonia incluyó aplausos, ovaciones y el ondeo de banderas por parte de los colaboradores, que expresaron así su entusiasmo por el reconocimiento institucional.

¿Quiénes asistieron al acto?

Con esta acreditación, el Senado de la República pasa a integrar el grupo de instituciones del sector público y privado que cuentan con el respaldo de Great Place To Work. La institución señaló que el resultado reafirma su compromiso con un ambiente laboral basado en la confianza, el respeto y la dignidad de las personas que la integran.

En la actividad estuvieron presentes los senadores Augusto Velázquez por Pedernales, Aracelis Villanueva por San Pedro de Macorís, Dagoberto Rodríguez por Independencia, Franklin Romero por Duarte, Gustavo Lara Salazar por San Cristóbal y María Mercedes Ortiz por Hermanas Mirabal.

La recaudación del DAI en Honduras creció 18% frente al mismo período del año anterior, informó la Administración Aduanera. Según el organismo, el resultado se vincula con un aumento de las operaciones comerciales y con medidas para modernizar los procesos aduaneros y agilizar trámites.

Marco Tulio Abadie, director ejecutivo de la Administración Aduanera, dijo que el alza en los ingresos por el Derecho Arancelario a la Importación refleja un mayor movimiento de mercancías que ingresan al país y un fortalecimiento de la actividad comercial. Añadió que el DAI es el impuesto que pagan los importadores por el ingreso de productos al territorio nacional, aun cuando algunas empresas operen bajo regímenes especiales de incentivos o exoneraciones fiscales.

Abadie sostuvo que el crecimiento del tributo muestra una mayor dinámica en el comercio exterior y que las acciones para agilizar los procedimientos aduaneros empiezan a reflejarse en la recaudación.

¿A qué atribuyen el aumento?

El titular de la Administración Aduanera señaló que uno de los principales objetivos de la institución es reducir los tiempos de atención y simplificar los procesos para ofrecer un servicio más eficiente a importadores y exportadores. También afirmó que la competitividad de un país depende de la capacidad de sus instituciones para brindar seguridad, transparencia y rapidez en los trámites del comercio internacional.

“La empresa tiene que vernos como un lugar donde quieren invertir. Si no lo hacemos con procesos ágiles, transparentes y rápidos, no vamos a ir a ningún lado", afirmó Abadie.

Como parte de esa estrategia, la Administración Aduanera avanza en un proceso de transformación digital respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que fortalecerá los sistemas tecnológicos utilizados en las distintas aduanas del país.

La modernización incluye nuevas herramientas informáticas para optimizar el control de las operaciones, agilizar el despacho de mercancías y facilitar el intercambio de información entre las instituciones vinculadas al comercio exterior.

Según Abadie, la implementación de estas tecnologías también contribuirá a fortalecer la confianza de los inversionistas y de los operadores comerciales, al garantizar procedimientos más transparentes, seguros y eficientes.

Modernización aduanera

Especialistas en comercio internacional coinciden en que la evolución de la recaudación por aranceles es uno de los indicadores que permiten medir el comportamiento de las importaciones y de la actividad económica de un país.

En el caso de Honduras, el incremento registrado este año refleja un mayor flujo de mercancías y un dinamismo sostenido en distintos sectores productivos que dependen del abastecimiento de bienes, materias primas y equipos provenientes del exterior.

Para la Administración Aduanera, estos resultados respaldan la estrategia de seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica, mejorar la gestión institucional y consolidar un sistema aduanero más moderno y eficiente.

Para las autoridades, mantener esta tendencia mediante la digitalización de los procesos, la facilitación del comercio y una mayor eficiencia institucional será determinante para fortalecer la competitividad de Honduras y consolidar la confianza de inversionistas y operadores del comercio exterior.

Para las autoridades, el reto ahora es aprovechar esta dinámica para seguir reduciendo trámites, mejorar los servicios aduaneros y ofrecer mayor confianza a las empresas que buscan establecer operaciones o ampliar sus inversiones en Honduras.

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, anunció que la iniciativa sobre el sistema portuario solo será llevada al pleno si antes se cierra un acuerdo político sobre su gobernanza, el único punto pendiente de una ley que, según explicó, ya tiene consensuado el 95 % de su contenido y que necesita 107 votos en su fase final por tratarse de una norma de orden constitucional.

La definición quedó atada a una reunión convocada para el lunes 27 de julio a las 09:00 entre la Comisión de Economía y jefes de bloque. Si de ese encuentro sale un acuerdo, la ley de puertos será incorporada a la agenda legislativa del 29; si no, su discusión se moverá a la primera semana de agosto.

Contreras detalló que el Congreso tendrá interpelaciones el viernes y el 28, mientras que el 29 ya existe una agenda prevista. En ese marco, dijo que el tema portuario solo entrará al orden del día si las enmiendas y el esquema de gobernanza quedan cerrados en la reunión política previa.

La ley portuaria quedó pendiente solo por el modelo de gobernanza

Según lo expuesto por el presidente del Congreso, las enmiendas serán firmadas por la comisión que dirige Jorge Ayala y el texto que llegará al pleno será el dictamen de esa sala con los cambios ya incorporados. El procedimiento, añadió, seguirá el mismo formato utilizado antes con la Ley de Lavado de Dinero: primero validación en comisión y luego construcción de acuerdos con las bancadas antes de votar en plenaria.

Ayala había confirmado que la sesión del 27 sería ampliada y contaría con la participación de jefes de bloque para construir consensos alrededor de 32 enmiendas acordadas a la Ley Nacional del Sistema Portuario. De acuerdo con lo discutido en comisión, los integrantes ya recibieron el listado de cambios y no presentaron nuevas observaciones, por lo que la revisión técnica fue dada por cerrada.

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso concluyó en junio el análisis de 33 enmiendas a la iniciativa de ley del sistema portuario nacional. El trámite posterior incluía una reunión con jefes de bloque y otra cita programada para el 15 de julio, antes de remitir el dictamen a la fase final de votación.

La propuesta unifica los expedientes 6527 y 6541 y busca aprobar la ley general del sistema portuario nacional. Su objetivo es fijar el marco legal para la administración, el funcionamiento y el desarrollo de los puertos, con la meta de garantizar operaciones seguras y el cumplimiento de normas internacionales en una red considerada estratégica para el comercio exterior de Guatemala.

El proyecto ya pasó tres debates y regula puertos públicos y nuevos contratos

El recorrido legislativo de la iniciativa ya avanzó por varias etapas. El 26 de enero, la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas emitió dictamen favorable con modificaciones a los textos unificados; el 9 de febrero hizo lo mismo la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

El pleno conoció el proyecto en primer debate el 17 de febrero y en segundo debate el 24 del mismo mes. El 7 de abril lo aprobó en tercer debate y abrió luego el período para discutir enmiendas, proceso que concluyó el 24 de junio, de acuerdo con la información difundida en la web del organismo legislativo.

Uno de los núcleos del proyecto se concentra en el funcionamiento de los puertos públicos, entre ellos Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. La propuesta busca mantener la continuidad de sus operaciones y, al mismo tiempo, incorporar modalidades como alianzas público-privadas y contratos de administración portuaria.

Las enmiendas también plantean que los ingresos generados por esos nuevos contratos permanezcan como patrimonio de los puertos públicos. Durante la discusión en comisión, la mayoría de los cambios fueron de redacción y de forma, sin alterar el contenido central del proyecto.

Ayala resumió el criterio aplicado con una cita textual: “Nosotros como Comisión de Economía tenemos una instrucción por parte de la presidencia, que siguiendo el mismo procedimiento que se dio para la Ley de Lavado, las enmiendas que conoce el pleno son aquellas que previamente hayan sido discutidas y validadas por la Comisión de Economía”.

En la misma agenda de agosto, la comisión prevé abrir la discusión formal de la Ley de Contrataciones del Estado, una iniciativa de más de 260 artículos que su presidente describió como el proceso dictaminador de mayor envergadura que tendrá ese órgano en lo que resta del año. En la misma jornada, la sala también emitió dictamen favorable a la iniciativa 6745, que propone exonerar del Impuesto al Valor Agregado la porción de las primas vinculada al componente de ahorro en pólizas de seguros de vida.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica advirtió que el país se prepara para un periodo de calor intenso, menos lluvias y un deterioro de la calidad del aire que comenzará a sentirse desde finales de julio y se extenderá durante buena parte de agosto. La combinación de polvo del Sahara, la canícula y las condiciones asociadas a El Niño generará un ambiente más seco y temperaturas elevadas en distintas regiones.

El cambio más notorio se espera desde el 27 de julio, con el fortalecimiento de la segunda parte de la canícula. Durante ese periodo, el Pacífico Norte y el Pacífico Central podrían experimentar condiciones especialmente secas, mientras que el Pacífico Sur y el Valle Central mantendrán un patrón similar. En paralelo, el Caribe Norte seguirá registrando lluvias hasta el 9 de agosto, para luego volver a los valores normales de la época.

El fenómeno del polvo sahariano, según el IMN, tendrá un papel protagónico este año. Daniel Poleo, especialista del instituto, explicó que en las próximas semanas se prevé el ingreso de nuevas masas, lo que favorecerá cielos despejados, temperaturas más altas y una menor probabilidad de precipitaciones. “Tanto en julio como agosto es normal que tengamos el arribo de masa de polvo del Sahara. Esto favorece condiciones más despejadas, temperaturas más cálidas y menos precipitaciones”, indicó Poleo, citado por El Observador.

Menos lluvias y temperaturas en ascenso

Durante la semana del 20 al 26 de julio, el IMN pronostica que predominarán las condiciones habituales en el Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte. Sin embargo, a partir del 27 de julio, la disminución de las lluvias será evidente en esas regiones y la Zona Norte Occidental.

El organismo proyecta que el déficit de precipitaciones se acentuará durante las primeras dos semanas de agosto. La menor humedad en la cuenca del Caribe, junto con la llegada de aire cargado de polvo, reducirá la inestabilidad atmosférica y potenciará el ambiente bochornoso típico de este periodo seco y cálido.

El descenso de la nubosidad reforzará la sensación térmica en varias zonas del país. El IMN atribuye esta situación a la superposición de fenómenos estacionales y al impacto de El Niño, que este año intensifica los efectos habituales de la canícula.

Costa Rica enfrentará una combinación de calor extremo, sequía y mala calidad del aire durante este periodo. Las autoridades meteorológicas advierten que estos factores pueden tener consecuencias para la salud y la vida cotidiana de la población, especialmente en las provincias del Pacífico y el Valle Central.

Polvo del Sahara: riesgos para la salud y el ambiente

Las masas de polvo provenientes del Sahara, habituales en esta época, seguirán llegando a Costa Rica durante julio y agosto. Daniel Poleo precisó que durante el fin de semana se espera un incremento del material particulado en el ambiente, impulsado por los vientos alisios, lo que reducirá la calidad del aire.

El IMN advirtió que el aumento del material particulado puede afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o alergias. El fenómeno supone un riesgo especial para quienes forman parte de los grupos más vulnerables.

El especialista del instituto subrayó que la presencia de El Niño este año provoca que la frecuencia y la cantidad de polvo del Sahara en la región sea mayor que en temporadas anteriores. El fenómeno, resumió Poleo, “exacerba la cantidad de masas de polvo que llegan a la región”, según datos de El Observador.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre en los días de mayor concentración de polvo, mantenerse hidratados y prestar atención a las alertas del IMN sobre la evolución de las condiciones atmosféricas.

En medio de un panel sobre vulnerabilidad sísmica y seguridad, la advertencia resonó con fuerza: la República Dominicana se encuentra a la espera de un gran terremoto.

Ingenieros y especialistas en sismología revelaron que, por su ubicación y las características de su territorio, el país permanece bajo una amenaza latente que requiere atención constante.

Durante el encuentro, la ingeniera sísmica Claudia Germoso describió la situación geográfica de la isla como un factor determinante en el nivel de peligro al que está expuesta la población.

Germoso explicó que la República Dominicana comparte con Venezuela la condición de hallarse “ubicados prácticamente en el borde de dos placas importantes, que son la placa del Caribe al sur y la placa Norteamericana”.

Esta localización convierte a la isla en un punto de alta amenaza sísmica, según detalló la ingeniera en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El panel, en el que participaron especialistas en ingeniería estructural y sísmica, dejó claro que el país cuenta con alrededor de 18 fallas sísmicas activas conocidas.

Aunque los estudios científicos para identificar nuevas fallas siguen en curso, la experta destacó que existen dos estructuras geológicas que concentran el mayor potencial para provocar un terremoto de gran magnitud: la falla Septentrional, que recorre la zona norte desde Montecristi hasta Samaná, y la falla de Enriquillo, con impacto en el sur, especialmente en la frontera con Haití y parte del territorio dominicano.

A estas, se suman otras formaciones relevantes como la Trinchera de La Española, situada al norte en el mar, y la Trinchera de los Muertos, que afecta directamente la capital, Santo Domingo.

La ingeniera Germoso expuso que el país ya ha superado el periodo de retorno estimado para un evento de gran magnitud en la falla Septentrional.

“Desde 1946 al día de hoy, el próximo 4 de agosto cumplimos 80 años de ese último gran terremoto, el tiempo de espera se ha extendido. Por eso se dice que estamos a la espera de un evento sísmico significativo, porque los 50 años que estimábamos como ciclo promedio ya se han superado por casi tres décadas”, precisó la especialista.

En respuesta a este panorama, las autoridades han reforzado la red de monitoreo sísmico mediante la instalación de sismómetros, acelerómetros y otros equipos, principalmente en la región norte.

Además, se han realizado estudios de microzonificación en zonas urbanas como Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Santiago y Barahona. Estos análisis buscan entender mejor el comportamiento de los suelos y optimizar las normativas de diseño sismorresistente, según informaron los organizadores del panel.

Durante la jornada, Germoso insistió en la importancia de que la sociedad dominicana asuma la realidad sísmica y se prepare para enfrentar sus consecuencias. “Es muy importante que todo el país conozca que lo mismo que ha ocurrido en otros puntos de la región va a ocurrir en República Dominicana. Aquí estamos esperando un evento sísmico significativo”, afirmó la ingeniera.

El ingeniero estructural Luis Álvarez, quien también intervino en el panel, señaló que las mayores pérdidas humanas y materiales durante un terremoto dependen en gran medida de la calidad de las edificaciones.

“Los terremotos no matan. Lo que mata son las estructuras”, expresó Álvarez, subrayando que el diseño estructural, la calidad del suelo y el cumplimiento de las normas de construcción resultan determinantes para reducir la vulnerabilidad y salvar vidas.

La comparación con modelos internacionales también estuvo presente en la discusión. Se mencionó el ejemplo de Japón como referencia en la mitigación de daños y víctimas tras eventos sísmicos, por sus altos estándares técnicos y de prevención. No obstante, los expertos recalcaron que la realidad dominicana exige un enfoque propio, adecuado a la naturaleza de las fallas y las características de la infraestructura local.