El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití aplazó hasta el 18 de julio de 2027 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, que estaban previstas para el 13 de diciembre de 2026, en medio de la crisis de seguridad y política que atraviesa el país.

El organismo electoral comunicó que la modificación responde a la promulgación del nuevo decreto electoral del 6 de octubre, que revisó normas aprobadas en junio y julio, y a consultas con las fuerzas de seguridad, partidos políticos, organizaciones civiles, representantes del sector privado y el Gobierno.

La institución reafirmó su intención de avanzar con el proceso electoral “con profesionalismo y rigor” para garantizar comicios “inclusivos, creíbles y transparentes”. Sin embargo, el CEP no precisó las razones concretas de la postergación.

En su comunicado, señaló que el nuevo cronograma busca “favorecer la continuidad de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores concernidos cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico”.

La jornada del 18 de julio de 2027 incluirá la primera vuelta de las elecciones legislativas, los comicios presidenciales y el proceso de ratificación popular. El calendario contempla una eventual segunda vuelta el 4 de octubre de 2027. El cambio prolonga la transición política en Haití, bajo presión por la violencia de las pandillas y las operaciones de la fuerza multinacional desplegada en el país.

El Salvador apoya a Haití con un nuevo despliegue de soldados

El Gobierno de El Salvador anunció este miércoles el despliegue de más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La decisión surgió de una conversación telefónica entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

“El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados, para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños”, indicó la Cancillería. El texto definió la misión como una operación a gran escala, con respaldo de países y organismos internacionales.

Bukele destacó la “contundencia” del operativo para recuperar a los cuatro militares y ratificó la continuidad de la cooperación en seguridad con el Gobierno haitiano. También agradeció la colaboración de las autoridades locales, de sus fuerzas de seguridad y de la población.

Los desaparecidos pertenecen a la Fuerza Aérea de El Salvador y forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado en el país caribeño.

Los militares desaparecieron el 18 de octubre de 2026, después de una emboscada en Santo, localidad del municipio de Croix-des-Bouquets, a 12 kilómetros de Puerto Príncipe. Según la Fuerza Aérea salvadoreña, regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con disparos y explosivos.

El vehículo se incendió y sus ocupantes tuvieron que abandonarlo. Desde entonces, no existe información sobre su paradero.

Fuentes oficiales citadas por EFE señalaron que el contingente salvadoreño en Haití ya reúne cerca de 1.300 soldados, tras la llegada el martes de un nuevo grupo de 690 efectivos.

“Este despliegue se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno haitiano. Se trata de un país amigo al que se brinda apoyo. No constituye una invasión”, afirmó una fuente gubernamental al diario Le Nouvelliste.

(Con información de Europa Press y EFE)

El Gobierno de Haití informó este miércoles que el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para abordar el despliegue de tropas salvadoreñas en el país y las operaciones destinadas a localizar a cuatro militares que permanecen desaparecidos desde una emboscada ocurrida cerca de Puerto Príncipe.

El comunicado oficial indicó que ambos mandatarios ratificaron su voluntad de reforzar la coordinación bilateral y la cooperación operativa frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño.

La conversación se produjo en medio de un aumento de la presencia militar salvadoreña en territorio haitiano. El Ejecutivo de Fils-Aimé señaló que el trabajo conjunto se desarrolla dentro del marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas, identificada por sus siglas en inglés como GSF, y que una de las prioridades es respaldar las tareas de búsqueda de los cuatro integrantes del Ejército salvadoreño.

Los militares desaparecieron el 18 de octubre, cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado en la periferia de Puerto Príncipe. Hasta el momento, se desconoce su ubicación.

“El Gobierno haitiano expresa su solidaridad con el personal militar salvadoreño y sus familias”, señala el comunicado, que además reitera la disposición de las autoridades a trabajar con sus socios internacionales para recuperar el control de la seguridad nacional.

El documento sostiene que la cooperación con El Salvador debe realizarse con respeto por la autoridad del Estado haitiano.

El Salvador refuerza su despliegue militar en Haití

El contingente enviado por El Salvador asciende a unos 1,300 soldados, después de que un nuevo grupo de 690 militares llegara el martes al país, según informaron fuentes oficiales citadas por la agencia EFE.

El país centroamericano ya participaba de la GSF, pero incrementó su presencia después de la emboscada contra los cuatro militares salvadoreños. De acuerdo con la información recogida por EFE, el despliegue incluye integrantes de fuerzas especiales y representa la mayor presencia militar aportada por un solo país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que actuó entre 2004 y 2017.

Una fuente gubernamental consultada por el diario haitiano Le Nouvelliste sostuvo que el envío de tropas se realiza en comunicación con las autoridades de Puerto Príncipe. “Es un país amigo que ayuda. No es una invasión del país”, afirmó la fuente.

Además, medios haitianos reportaron que el material destinado a las nuevas unidades llegó en tres aviones durante los últimos días y que podrían arribar más recursos para fortalecer la capacidad de las fuerzas que enfrentan a las pandillas. La operación salvadoreña se desarrolla en paralelo al mandato de la GSF, cuya composición incluye efectivos de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad.

El pasado sábado circularon versiones sobre el presunto hallazgo de restos correspondientes a los militares salvadoreños. No obstante, Bukele descartó esa posibilidad, alegando que las osamentas corresponden a un niño, un hombre de estatura considerablemente mayor que los técnicos aeronáuticos y una persona que vestía un uniforme de otro ejército. También se encontraron documentos de identidad y uniformes militares de distintos países.

El Gobierno de El Salvador anunció este miércoles que desplegará un operativo de más de 2,000 soldados en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

El anuncio fue incluido en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se detalla que el presidente Nayib Bukele sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

“El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados, para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños”, indicó el comunicado. Añade que se trata de una estrategia a gran escala, respaldada por distintos países y organismos internacionales.

Bukele destacó la “contundencia” del operativo para recuperar a los connacionales y reafirmó la voluntad de sostener la cooperación en materia de seguridad con Haití.

A su vez, el jefe de Estado salvadoreño agradeció la cooperación de las autoridades haitianas, incluidas las fuerzas de seguridad locales, y el apoyo de la población mientras se desarrolla el operativo.

Por su parte, en una nota de prensa, publicada este miércoles, el Gobierno de Haití confirmó que los líderes de ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer la coordinación bilateral y la cooperación operativa, en particular para apoyar las operaciones de búsqueda y abordar los desafíos de seguridad.

Los cuatro militares desaparecidos pertenecen a la Fuerza Aérea de El Salvador (FAES) y forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir al crimen organizado en el país caribeño.

No se sabe nada de ellos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre de 2026 en Santo, una localidad del municipio de Croix-des-Bouquets, situada a 12 kilómetros de Puerto Príncipe. Según informó la FAES, los militares regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado cuando fueron atacados con disparos y explosivos. El vehículo se incendió, por lo que sus ocupantes debieron abandonarlo.

Nuevos vuelos desde El Salvador refuerzan la presencia militar en Puerto Príncipe

Según fuentes oficiales, citadas por la agencia EFE, el contingente militar desplegado por El Salvador en Haití ya suma unos 1,300 soldados, tras la llegada el martes de un nuevo grupo de 690 efectivos.

“Este despliegue se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno haitiano. Se trata de un país amigo al que se brinda apoyo. No constituye una invasión”, afirmó una fuente gubernamental a Le Nouvelliste, el periódico más antiguo de Haití.

De acuerdo con medios locales, el equipo destinado a estas tropas llegó en tres aviones durante los últimos días. Al mismo tiempo, se prevé la llegada de nuevos recursos para fortalecer a las fuerzas que enfrentan a las bandas armadas que dominan gran parte de Puerto Príncipe.

Consultada sobre la reserva que rodea al despliegue militar salvadoreño, la fuente indicó: “El Gobierno prefiere guardar silencio y actuar”.

En la capital haitiana también circulan versiones sobre la eventual llegada de más vuelos chárter desde la nación centroamericana.

Casi seis millones de personas en Haití sufren hambre severa y cerca de dos millones enfrentan una situación de emergencia, según un nuevo informe que alertó sobre el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el país caribeño.

El análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases, una iniciativa de Naciones Unidas junto a otros socios, cifró en 5,94 millones la cantidad de haitianos con altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La proyección indica que el número ascenderá a 6,35 millones para mediados de 2027, más de la mitad de la población del país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostuvo que la cifra representa “uno de los niveles más altos del mundo en la actualidad”. Más de la mitad de los cerca de 12 millones de habitantes de Haití enfrenta dificultades diarias para acceder a alimentos.

Desde abril, el número de personas con hambre severa aumentó en casi un cuarto de millón, de acuerdo con el informe. Aproximadamente uno de cada dos haitianos no tiene acceso regular a alimentos suficientes.

El aumento de la violencia de las pandillas, los desplazamientos, el alza de los precios de los alimentos y del combustible, junto con los efectos del fenómeno de El Niño, profundizaron la crisis alimentaria. Muchas familias residen en refugios improvisados o en comunidades bajo presión de grupos armados.

“Las cifras son realmente alarmantes en comparación con otros años”, afirmó Maxime Ngalula, director de Acción contra el Hambre en Haití, en una entrevista telefónica con The Associated Press.

La violencia en la región central del país también afectó la producción y distribución de alimentos. Agricultores abandonaron sus tierras y grupos criminales bloquearon rutas hacia Puerto Príncipe y otras zonas, lo que limita el ingreso de mercancías.

“La negociación con las pandillas puede durar uno, dos o tres días”, dijo Ngalula. El responsable añadió que algunas familias recorren hasta 15 kilómetros para llegar a un punto de distribución, ante las dificultades de acceso de las organizaciones humanitarias. “No es fácil atenderlos a todos”.

Acción contra el Hambre distribuye efectivo, arroz y frijoles, pero enfrenta obstáculos para asistir a quienes perdieron sus hogares a causa de la violencia y se desplazan entre distintos refugios. “La estrategia ahora consiste en cómo acompañar a estas personas o seguirlas”, señaló Ngalula.

En 2014, el 2% de la población haitiana padecía inseguridad alimentaria. El huracán Matthew, que destruyó cultivos en 2016, y la expansión de la violencia de las pandillas contribuyeron al deterioro posterior.

El Programa Mundial de Alimentos indicó que necesita USD 78 millones para mantener sus operaciones en Haití hasta marzo. El informe advirtió que “la asistencia humanitaria debe incrementarse urgentemente para satisfacer las necesidades inmediatas”.

La alerta coincide con una escalada de los enfrentamientos entre bandas criminales y fuerzas respaldadas por la ONU, tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en un ataque del 18 de octubre en Puerto Príncipe. Después de ese episodio, El Salvador desplegó a más de 1.000 soldados en Haití.

“Nos preocupa enormemente este recrudecimiento de la violencia en los barrios densamente poblados de la capital”, declaró Davina Hayles, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. “Tememos que este conflicto armado se cobre aún más víctimas y desplace a más personas en los próximos días, especialmente con la llegada de fuerzas de seguridad internacionales adicionales”, agregó.

Médicos Sin Fronteras advirtió que pacientes con heridas de bala tardaron varias horas en llegar a sus hospitales en Haití, debido a los bloqueos en carreteras y puentes y al riesgo que implican los traslados en zonas afectadas por la violencia.

“Tardaron varias horas”, afirmó la jefa de misión de la organización en el país, Davina Hayles, al referirse al tiempo que algunos heridos necesitaron para recibir atención médica. La responsable explicó que “hay carreteras y puentes bloqueados, y cualquier desplazamiento es extremadamente arriesgado”.

Hayles alertó además sobre el deterioro de la red sanitaria en la capital haitiana. “En una capital donde el sistema de salud se ha derrumbado y donde muchos centros están cerrados, es indispensable que se garantice el acceso a los centros de atención abiertos y funcionales como los nuestros”, añadió.

(Con información de Associated Press)

La Cámara de Diputados de Rusia aprobó la ratificación de los acuerdos de extradición y traslado de reos condenados con Nicaragua, que habilitan a ambos regímenes a pedir la entrega de sospechosos en procesos penales y el cumplimiento de penas en el territorio de origen de las personas sentenciadas.

La Duma Estatal de Rusia informó en su sitio web que los legisladores aprobaron los tratados suscritos con el país centroamericano. La Asamblea Nacional de Nicaragua ya había aprobado los documentos en julio, por lo que resta avanzar con los procedimientos previstos en cada país para su aplicación.

Según informó EFE, los convenios regulan dos mecanismos de cooperación judicial. El primero contempla la extradición de personas requeridas en causas penales. El segundo establece las condiciones para el traslado de ciudadanos condenados a prisión, con el objetivo de que puedan cumplir sus sentencias en su país de nacionalidad.

Firma en San Petersburgo el 5 de junio

Los acuerdos se firmaron el 5 de junio en San Petersburgo, durante una visita de Laureano Facundo Ortega Murillo, representante especial del régimen nicaragüense e hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El entendimiento sobre extradición permite que las autoridades de cualquiera de los dos países presenten solicitudes para la entrega de personas investigadas o acusadas de delitos, bajo las condiciones que fijen los tratados y las legislaciones nacionales. El convenio sobre condenados, en tanto, prevé la transferencia de presos para que cumplan la pena impuesta por tribunales extranjeros en su lugar de origen.

Los documentos llegan después de que Nicaragua avalara los textos en julio a través de su Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega. Con el respaldo de ambos poderes legislativos, los acuerdos quedan encaminados para su entrada en vigor conforme a los procedimientos internos y al intercambio de instrumentos de ratificación.

Proyecto de adhesión a una alianza contra el ciberfraude

La agenda de cooperación entre ambos países incluye además un proyecto vinculado con delitos digitales. El régimen de Nicaragua informó el martes, a través del diario oficial La Gaceta, que prevé adherir a una alianza internacional para combatir el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude.

El instrumento lleva por nombre “Convención para el establecimiento de la alianza internacional para la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude”. La información difundida en Managua no precisó una fecha para la firma ni los compromisos operativos que asumiría Nicaragua dentro de ese marco.

Rusia mantiene vínculos históricos con Nicaragua desde el primer régimen sandinista, entre 1979 y 1990. Durante ese período, la entonces Unión Soviética suministró armamento a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. En los últimos años, Moscú y Managua reforzaron sus contactos diplomáticos y sus acuerdos de cooperación. EFE señaló que, para Rusia, el vínculo con Nicaragua también ha servido para respaldar decisiones cuestionadas por países occidentales.

En julio de 2025, Nicaragua reconoció como parte de Rusia a las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, cuya anexión reclama Moscú pese a que no controla por completo esos territorios. La decisión se apartó de la posición de numerosos países y organismos internacionales, que consideran esas zonas parte de Ucrania.

El régimen nicaragüense también suscribió acuerdos de cooperación con las autoridades prorrusas instaladas en esas regiones. Delegaciones de alto nivel de Nicaragua participan con frecuencia en actividades organizadas por Rusia, entre ellas el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Fuente: EFE

Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles en Siguatepeque, Honduras, por suponerlo responsable del delito de maltrato animal, luego de que agentes de la Policía Nacional encontraran restos de perros en el patio de su vivienda, donde también funcionaba un negocio de venta de comida.

Las autoridades investigan si existe alguna relación entre los restos hallados y los alimentos comercializados en el establecimiento.

La captura se ejecutó durante un allanamiento realizado después de que vecinos alertaran sobre fuertes olores a descomposición que provenían del inmueble. Las denuncias motivaron la intervención policial para inspeccionar el lugar y verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Durante el operativo, los agentes localizaron osamentas de caninos y tres perros con vida que presentaban condiciones deplorables de salud, según el reporte de las autoridades.

Los hallazgos llevaron a los investigadores a examinar el posible origen de los restos y las actividades que se desarrollaban en el negocio de comida.

El caso tomó mayor relevancia ante las sospechas de que el detenido presuntamente utilizaba carne de perro para preparar tacos que luego eran vendidos al público.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía deben determinar si los restos encontrados guardan relación con los alimentos que se comercializaban en el establecimiento.

«Queremos descartar o afirmar que la carne de estos caninos estaba siendo utilizada en esta venta de comida», explicó un funcionario policial al referirse a las diligencias que se desarrollan para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades también buscan esclarecer las condiciones en las que permanecían los tres perros encontrados con vida. El reporte policial indica que los animales estaban en un estado de salud deplorable, una situación que forma parte de las diligencias relacionadas con el presunto delito de maltrato animal.

La intervención policial se produjo después de que residentes de la zona reportaran fuertes olores a descomposición procedentes de la vivienda.

Las denuncias alertaron a las autoridades sobre una posible situación irregular en el inmueble, que además de servir como residencia al sospechoso albergaba un establecimiento de venta de comida.

A partir de esos avisos, los agentes realizaron el allanamiento y encontraron los restos de animales, así como a los tres perros que aún permanecían vivos. Los hallazgos ampliaron las líneas de investigación y llevaron a las autoridades a indagar tanto las condiciones de los caninos como el posible uso de los restos.

El caso también plantea interrogantes sobre las actividades que se realizaban en el establecimiento y las condiciones sanitarias en las que se preparaban los alimentos.

Sin embargo, cualquier conclusión sobre una eventual contaminación o sobre el origen de la carne comercializada deberá sustentarse en los resultados de las investigaciones, sin dar por confirmadas las sospechas iniciales.

Las autoridades no han informado, en los datos proporcionados sobre el caso, de resultados concluyentes que vinculen directamente los restos encontrados con los tacos vendidos en el lugar.

El hombre detenido tiene 31 años, es originario de Tegucigalpa y residía en Siguatepeque, donde se desarrolló el operativo policial. Tras su captura, fue remitido al Ministerio Público, señalado como presunto responsable del delito de maltrato animal.

El pago de salarios atrasados a médicos en Honduras registra un avance del 40% en la revisión de expedientes de interinatos, con 182 casos evaluados de un total de 337, informó este miércoles Douglas Carranza, representante del Colegio Médico de Honduras (CMH).

El proceso también permitió nuevos desembolsos a profesionales contratados, aunque 69 de estos trabajadores todavía esperan recibir sus pagos pendientes.

Carranza explicó que durante las últimas horas se revisaron 111 expedientes, de los cuales 76 correspondían a médicos que laboraron bajo la modalidad de interinato. Estos casos se sumaron a los 106 examinados el lunes, primer día de las revisiones, para alcanzar 182 expedientes evaluados.

“De estos 111 casos, 76 eran de interinatos. Recordemos que el primer día se revisaron 106 de interinatos, o sea que se han revisado 182 de interinatos de los 337 que tenían”, detalló el representante gremial.

Los avances se producen después de las reuniones y acuerdos entre el gremio médico y las autoridades gubernamentales para resolver las obligaciones salariales pendientes con los profesionales de la salud.

Sin embargo, el proceso todavía requiere revisar los expedientes restantes y gestionar los conceptos económicos que aún no han sido cancelados.

Carranza precisó que, entre los casos revisados durante la jornada más reciente, 50 médicos recibieron pagos parciales y otros 26 obtuvieron el pago completo.

Estas cifras corresponden a los expedientes de interinatos examinados y reflejan que la solución de los atrasos se está realizando de manera diferenciada según la situación de cada profesional.

Además, el representante del CMH confirmó que otros 35 médicos contratados recibieron el pago de salarios que tenían pendientes.

No obstante, indicó que 69 profesionales contratados continúan a la espera de sus desembolsos, por lo que las gestiones con las autoridades deberán mantenerse hasta completar la atención de los casos identificados.

Carranza señaló que también existen expedientes de médicos cuyos casos no habían sido identificados o procesados inicialmente, por lo que las autoridades esperan avanzar durante la semana en la revisión de esas situaciones.

“Fue un pacto que hicimos y son médicos que se les tendrá que gestionar sus pagos posteriormente”, afirmó el representante del Colegio Médico al referirse a los profesionales cuyos desembolsos todavía deben tramitarse.

Aunque las revisiones y los pagos han permitido reducir parte de los atrasos, Carranza señaló que todavía quedan pendientes algunos componentes económicos, entre ellos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal.

El representante gremial indicó que la expectativa es continuar avanzando durante la semana, especialmente en los expedientes que todavía no han sido identificados o procesados.

La cantidad de expedientes revisados no significa que todos hayan concluido con el pago total, puesto que algunos profesionales recibieron desembolsos parciales y otros continúan a la espera de que se completen las gestiones administrativas.

Por ello, el proceso combina la evaluación de documentos con la ejecución de los pagos que corresponden a cada caso.

Carranza atribuyó los avances al diálogo entre el Colegio Médico y el Gobierno, así como a las reuniones ampliadas que permitieron abordar las obligaciones pendientes con los trabajadores del sector sanitario.

El representante agradeció la disposición del ministro de Salud para participar en las gestiones orientadas a resolver el problema. Sin embargo, aclaró que la solución no dependía únicamente de esa cartera, sino también de la participación y coordinación de otras secretarías involucradas en el proceso.

Por su parte, la Secretaría de Salud (Sesal) informó que durante los primeros dos días se revisaron 217 expedientes de médicos interinos, equivalentes al 46% de los casos pendientes que reportaba esa institución.

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 746, que modifica y añade disposiciones a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La votación obtuvo 54 votos favorables y tras ese paso ahora la iniciativa deberá superar el tercer debate antes de ser enviada al Órgano Ejecutivo para una eventual sanción y promulgación.

El proyecto apunta a ampliar el acceso de los adultos mayores a bienes y servicios.

Durante la discusión legislativa, los diputados introdujeron cambios, por lo que el alcance definitivo dependerá del texto que complete el trámite parlamentario.

Entre las medidas incluidas figuran descuentos en medicamentos, consultas médicas generales y de especialidades, pañales para adultos, tratamientos contra el cáncer, equipos de asistencia, servicios funerarios y la tasa de aseo.

La iniciativa también contempla una rebaja del 25% en medicamentos y en los honorarios por consultas generales, además de un 15% en servicios de oftalmología.

El listado agrega un descuento del 20% en laboratorios, un 30% en radiología, un 50% en la emisión o duplicado de pasaportes, cédulas y licencias de conducir, y reducciones del 30% en la facturación mensual de electricidad y en el cargo fijo de telefonía residencial.

Javier Sucre, diputado proponente, afirmó que la propuesta busca crear oportunidades para los jubilados y pensionados, además de complementar los ingresos de quienes perciben pensiones bajas.

Calculó que las medidas podrían representar USD 270 millones en beneficios anuales.

El diputado también señaló que la intención es completar el proceso legislativo antes de este 31 de octubre, con respaldo presidencial para avanzar con la iniciativa.

Los descuentos todavía no están vigentes. La aprobación en segundo debate constituye un paso dentro del procedimiento legislativo, pero el proyecto requiere la votación final del pleno legislativo y la posterior intervención del Órgano Ejecutivo.

Mientras esto ocurre en la Asamblea Nacional, la Dirección General de Carrera Administrativa puso a circular una nota a las entidades públicas para que le remitan información la cantidad de jubilados que tienen en sus planillas.

La medida, según se informó, busca calcular el posible costo de iniciativas de retiro voluntario que analiza la Asamblea Nacional de Panamá.

La nota, dirigida a directores y jefes de Recursos Humanos de las entidades públicas, despertó dudas sobre la estabilidad laboral de quienes siguen trabajando después de jubilarse.

Sin embargo, la institución aclaró que el requerimiento no ordena separaciones ni fija una fecha para que esos funcionarios dejen sus cargos.

Pese a ello, la petición provocó intranquilidad entre el sector de los jubilados, en momentos en que el país atraviesa por una situación de incertidumbre, derivada del terremoto que azotó el pasado 9 de octubre.

Cheyla Valdés, directora general de Carrera Administrativa, sostuvo que el objetivo es construir una base de datos que permita examinar el alcance financiero de eventuales cambios en el servicio público.

“No es para generar ansiedad, no es para generar temor”, manifestó Valdés al referirse a las interpretaciones que surgieron tras la emisión de la circular.

Insistió en que la entidad que dirige necesita determinar cuántas personas jubiladas permanecen en las dependencias estatales.

Con esa información se podrá estimar cuánto costarían los mecanismos de salida voluntaria si las propuestas legislativas avanzan, apuntó.

Valdés indicó que la actualización de los registros responde a la necesidad de contar con información disponible para evaluaciones futuras.

“Mantener esa base de datos actualizada” permitirá medir el impacto económico de las iniciativas, explicó.

Por ahora, los empleados jubilados que continúan en instituciones públicas no recibieron una instrucción para abandonar sus cargos. La medida se limita a solicitar listados a las áreas responsables de Recursos Humanos.

El Salvador recibió USD 51.75 millones en remesas a través de carteras de criptomonedas entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 28.7% frente al mismo período de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) citados por EFE.

El monto superó en USD 11.54 millones más que los USD 40.21 millones registrados durante los primeros nueve meses del año pasado. Pese al crecimiento interanual, las transferencias realizadas por esta vía mantuvieron una participación reducida dentro del flujo total de dinero que reciben los hogares salvadoreños desde el exterior.

Las remesas generales sumaron USD 7,619.92 millones entre enero y septiembre de 2026, por lo que los envíos mediante billeteras digitales equivalieron al 0.68% del total. En el mismo período de 2025, representaron el 0.55% de USD 7,358.98 millones que ingresaron al país en concepto de remesas.

Los datos citados por EFE muestran que los ingresos por carteras de criptomonedas tuvieron su mayor registro mensual en mayo, con USD 6.15 millones. En junio llegaron a USD 6.12 millones y en febrero alcanzaron los USD 6 millones.

El mes con mayor ingreso

El año comenzó con USD 5.56 millones recibidos en enero por esta modalidad. En marzo, las transferencias totalizaron USD 5.82 millones, mientras que en abril fueron de USD 5.72 millones.

Tras el máximo de mayo, los montos descendieron durante el tercer trimestre. En julio se registraron USD 5.74 millones, en agosto USD 5.48 millones y en septiembre USD 5.16 millones.

La evolución de este canal contrasta con el desempeño anual de 2025. En los 12 meses de ese año, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas cayeron 32.5%, hasta USD 57.67 millones. La cifra fue USD 27.83 millones inferior a USD 85.50 millones contabilizados en 2024.

El aumento acumulado entre enero y septiembre de 2026 acerca el volumen de transferencias digitales al total registrado durante todo el año anterior, aunque todavía resta conocer el comportamiento de octubre, noviembre y diciembre.

Rechazo mayoritario al uso cotidiano del bitcoin

El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, junto con el dólar estadounidense. La decisión convirtió al país en el primero del mundo en conceder ese estatus a la criptomoneda y fue una de las principales apuestas económicas del presidente Nayib Bukele.

La medida incluyó la puesta en marcha de una billetera estatal y la promoción de pagos, compras y transferencias con activos digitales. El Gobierno también otorgó exenciones tributarias para atraer a inversores vinculados con las criptomonedas.

No obstante, más del 90% de la población rechazó utilizar el bitcoin de forma cotidiana, de acuerdo con los datos relevados por EFE. El dólar mantuvo su predominio en las operaciones comerciales y en las remesas familiares.

El acuerdo con el FMI y los cambios en la normativa

Después de que el Gobierno salvadoreño alcanzara un acuerdo de USD 1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa aprobó cambios en la normativa sobre el bitcoin.

El Congreso, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró a la criptomoneda la condición de moneda de curso legal. La reforma también redujo el papel del Estado en la circulación y utilización de este activo digital.

Los registros del BCR permiten medir el peso de las transferencias mediante carteras de criptomonedas dentro del envío de remesas, uno de los principales ingresos de divisas de la economía salvadoreña. Aunque el canal mostró una suba interanual hasta septiembre, su participación todavía se mantuvo por debajo del 1% del total recibido por el país.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, inició este miércoles 28 de octubre su gira oficial por Italia, donde tiene programada una audiencia privada con el papa León XIV y una reunión con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, como parte de una agenda diplomática que también contempla su participación en una cumbre internacional en España.

La mandataria llegó acompañada del primer caballero, Jeffry Umaña Avendaño, y fue recibida por el embajador de Costa Rica en Italia, Federico Zamora Cordero, así como por representantes del Gobierno italiano y de la Santa Sede.

Esta visita forma parte de la tercera gira internacional de Fernández desde que asumió la Presidencia de la República el 8 de mayo de 2026, y se extenderá hasta el próximo 6 de noviembre, cuando está previsto su regreso al país.

Uno de los principales encuentros de la agenda se desarrollará este jueves 29 de octubre, cuando la presidenta visite la Ciudad del Vaticano para reunirse con el máximo representante de la Iglesia católica.

La audiencia con León XIV había sido anunciada oficialmente por Casa Presidencial desde septiembre y tiene como propósito fortalecer las relaciones históricas entre Costa Rica y la Santa Sede.

Antes de iniciar la gira, Fernández expresó su emoción por la oportunidad de reunirse con el líder de la Iglesia católica y transmitirle un mensaje en representación de los costarricenses.

“Llegaré ante el Santo Padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante”, manifestó la mandataria.

La presidenta también expresó su intención de solicitar al pontífice que mantenga presente a Costa Rica en sus oraciones.

Además de su visita al Vaticano, la agenda oficial contempla una reunión con Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, como parte de los compromisos diplomáticos previstos durante su estancia en Roma.

Este encuentro permitirá mantener el diálogo entre las autoridades de ambos países y dar continuidad a las relaciones bilaterales entre Costa Rica e Italia.

La visita se desarrolla en el marco de una gira internacional que busca ampliar los espacios de diálogo con representantes políticos y diplomáticos europeos.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó su satisfacción por la audiencia prevista entre Fernández y el papa León XIV.

En un comunicado emitido este 28 de octubre, los obispos costarricenses señalaron que el encuentro constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre Costa Rica y la Santa Sede.

La organización religiosa también destacó la importancia de mantener espacios de comunicación entre las autoridades civiles y eclesiásticas, respetando la autonomía de ambas instituciones.

Gira continuará en España con la Cumbre Iberoamericana

Tras concluir sus compromisos en Italia y el Vaticano, Laura Fernández viajará a Madrid, España, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre.

El encuentro reunirá a representantes de distintos países de América Latina, España y Portugal para abordar asuntos relacionados con la cooperación y los desafíos compartidos por la región.

La agenda también contempla reuniones con representantes del sector empresarial español, como parte de las actividades programadas durante la visita.

La comitiva tiene previsto regresar a Costa Rica el viernes 6 de noviembre, después de cumplir los compromisos diplomáticos en ambos países.

El Ministerio de Educación de República Dominicana anunció que este jueves 29 de octubre se reanudará la docencia en los centros educativos que mantenían una suspensión preventiva por las fuertes lluvias, una medida que afectó a más de 1,1 millones de estudiantes en 11 provincias del país.

La vuelta a las aulas se producirá después de varios días de precipitaciones asociadas a la incidencia de dos vaguadas sobre el territorio dominicano. El fenómeno provocó aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e inundaciones en distintos sectores, mientras las autoridades mantuvieron alertas en varias demarcaciones ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El Ministerio informó que el retorno dependerá de la revisión previa de cada plantel y del levantamiento de las alertas amarillas por parte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). La disposición contempla a los centros donde la docencia permanecía interrumpida como medida de prevención frente a las condiciones meteorológicas.

1.165.586 estudiantes de 11 provincias, sin clases

Las lluvias dejaron sin clases a 1.165.586 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, según datos de las autoridades educativas. La suspensión abarcó 3.898 centros de 11 provincias que estaban bajo alerta amarilla.

La mayor cantidad de alumnos afectados correspondió a Santo Domingo, donde 646.296 estudiantes dejaron de asistir a 1.572 planteles. Le siguieron San Cristóbal, con 169.644 alumnos en 582 escuelas; San Juan, con 60.805 estudiantes; Barahona, con 58.038; y Azua, con 57.284.

La interrupción también afectó a centros educativos de Monte Plata, Peravia, Bahoruco, Independencia, San José de Ocoa y Pedernales. En esas zonas, las autoridades dispusieron la medida ante la posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas, además de desbordamientos de cuerpos de agua.

Inspección de planteles como condición para el regreso

El Ministerio de Educación instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a organizar la reapertura. Cada comunidad escolar deberá verificar las condiciones de las instalaciones antes de recibir a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La institución señaló que esa revisión busca determinar si existen daños, anegamientos u otras situaciones que puedan afectar la seguridad de la jornada escolar. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes son nuestra prioridad”, indicó el organismo en su comunicado.

El anuncio no especificó si algún plantel mantendrá suspendida la docencia después del jueves. La decisión final dependerá de la evaluación de cada centro y de las orientaciones emitidas por los organismos de emergencia.

Reducción gradual de lluvias, con aguaceros persistentes en varias zonas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anticipó una reducción gradual de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, aunque advirtió que todavía podrían registrarse aguaceros moderados a fuertes durante el jueves en distintos puntos de República Dominicana.

Durante la madrugada, las lluvias podrían concentrarse en el sureste, con incidencia en el Gran Santo Domingo, La Altagracia y Barahona. Hacia la tarde, las precipitaciones tenderían a desplazarse hacia zonas del interior, entre ellas Hato Mayor, Monte Plata, La Vega y sectores del Cibao.

El COE mantenía cuatro provincias bajo alerta amarilla el miércoles 28 de octubre: San José de Ocoa, Monte Plata, La Altagracia —en particular el distrito municipal de Nisibón— y San Pedro de Macorís, solo en el municipio de Ramón Santana. Otras 16 demarcaciones, incluido el Distrito Nacional, estaban bajo alerta verde.

Recomendaciones a las familias antes del traslado

Las autoridades recomendaron a las familias confirmar el estado de los centros educativos antes del traslado de los estudiantes. También solicitaron al personal docente, administrativo y directivo mantenerse atento a las informaciones oficiales y a las decisiones que adopten las direcciones regionales y distritales.

El Ministerio afirmó que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas a través de su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, en coordinación con los organismos de protección civil.

Dos integrantes del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) fueron arrestados durante varias horas en La Habana el 26 de octubre y recibieron advertencias para que dejaran de organizar comidas destinadas a personas necesitadas, según denunció el presidente de la agrupación, José Díaz Silva, en declaraciones recogidas por ADN Cuba.

Los detenidos fueron identificados como Lázaro Rolando Kessel Barrueto y Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del MONR. Ambos también promueven la iniciativa Cuba Decide, de acuerdo con el medio citado.

José Díaz sostuvo que los activistas estaban en la vivienda de Lázaro Kessel, ubicada en La Habana Vieja, cuando llegaron agentes de la Seguridad del Estado en entre cuatro y cinco motocicletas, acompañados por patrullas policiales. Los efectivos los trasladaron a la estación de Dragones, donde permanecieron bajo custodia desde alrededor de las 14:00 hasta cerca de las 18:00.

Los interrogatorios se centraron en las comidas y su financiamiento

Según el relato ofrecido por el dirigente del MONR al citado medio, los agentes interrogaron a Lázaro y Mario por la procedencia de los recursos empleados para sostener las comidas solidarias. De acuerdo con esa versión, la Seguridad del Estado vinculó el dinero con supuestos fondos procedentes de opositores cubanos radicados en Estados Unidos.

José Díaz afirmó que los efectivos les comunicaron que “no le iban a permitir más hacer ninguna comida”. El presidente del MONR señaló que las actividades buscan asistir a ciudadanos afectados por las dificultades para acceder a alimentos en la capital cubana.

El opositor aseguró que en esas iniciativas participan miembros de organizaciones disidentes y otros vecinos que se sumaron a campañas promovidas por el movimiento. Entre ellas mencionó la colocación de pañuelos blancos en las puertas de las viviendas, el Paro Nacional, la iniciativa 3 por 3 y Salvar a Cuba.

Por su parte, la denuncia fue respaldada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que difundió un mensaje en el que condenó las detenciones y exigió el fin de las amenazas contra los activistas. La organización afirmó que los dos hombres fueron interrogados en la estación de Dragones por la financiación de las comidas y por su actividad de asistencia a personas con necesidades alimentarias.

“El régimen cubano no solo es incapaz de garantizar la alimentación de la población, sino que reprime a quienes intentan ayudar”, sostuvo el OCDH.

Otros episodios de hostigamiento

La detención de octubre se produjo después de otras denuncias formuladas por Mario Hernández contra agentes de la Seguridad del Estado. En julio de 2026, el vicepresidente del MONR aseguró que fue arrestado, golpeado y llevado a una zona apartada de La Habana, según un reporte publicado entonces por ADN Cuba.

En ese episodio, Hernández relató que primero fue conducido a la estación policial de Marianao. Luego, siempre según su denuncia, los agentes lo trasladaron fuera de la capital, lo obligaron a quitarse los pantalones y le tomaron fotografías. También afirmó que recibió amenazas y que algunas de sus pertenencias desaparecieron.

El activista ya había enfrentado procesos judiciales relacionados con su actividad política. En julio de 2024, fue condenado a dos años de prisión por los presuntos delitos de resistencia y desacato. En marzo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares tras considerar que enfrentaba una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daños irreparables.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó el marco legal de Honduras para destituir a jueces, magistrados y fiscales, al advertir que las causales amplias y las garantías procesales insuficientes pueden facilitar decisiones discrecionales y presiones políticas sobre quienes administran justicia.

La relatora señaló que los procedimientos de responsabilidad política deben garantizar el debido proceso, la imparcialidad de quienes investigan y deciden, el acceso de los afectados a las acusaciones y la posibilidad de refutarlas.

También destacó la importancia de contar con mecanismos efectivos de revisión independiente cuando corresponda.

La comunicación examina la compatibilidad del artículo 234 de la Constitución hondureña y la Ley Especial de Destitución, contenida en el Decreto 51-2013, con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Uno de los principales cuestionamientos es la concentración de funciones de investigación, enjuiciamiento y resolución en el Congreso Nacional, sin garantías suficientes de revisión judicial independiente.

La relatora advierte que estos procedimientos deben ajustarse a las garantías establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El documento también hace referencia al contexto político reciente. Según la comunicación, las elecciones de 2025 se celebraron en un ambiente de alta tensión y desconfianza.

Además, señala que, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno encabezado por el Partido Nacional, se produjeron destituciones de altos cargos judiciales y electorales percibidos como vinculados con la administración anterior.

Las preocupaciones de Naciones Unidas tienen antecedentes en decisiones examinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.

El 29 de noviembre de 2023, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado hondureño por la destitución arbitraria e ilegal de los magistrados en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras.

La sentencia ordenó adecuar el marco jurídico pertinente a los estándares internacionales, una obligación que la comunicación de la relatora señala como pendiente de cumplimiento.

Otro precedente se remonta a las destituciones de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y Tirza del Carmen Flores Lanza, después del golpe de Estado de 2009.

En 2015, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado en el caso López Lone y otros vs. Honduras, por violaciones de derechos humanos relacionadas con las medidas adoptadas contra estos integrantes de la judicatura.

Satterthwaite advierte que las amenazas de destitución y los procedimientos de responsabilidad pueden generar un efecto intimidatorio sobre jueces, fiscales y otros operadores de justicia, especialmente cuando se perciben como represalias por sus decisiones profesionales.

Los desacuerdos con las resoluciones judiciales deben tramitarse, por regla general, mediante los recursos previstos en la ley, en lugar de recurrir a procedimientos disciplinarios o políticos para castigar interpretaciones jurídicas realizadas de buena fe.

La advertencia cobra relevancia en un escenario marcado por el endurecimiento de la legislación penal y procesal. La independencia judicial es determinante para revisar la legalidad de las detenciones, valorar las pruebas, controlar los allanamientos y garantizar que las personas procesadas puedan ejercer su derecho a la defensa.

También pregunta qué medidas impiden que la responsabilidad política se utilice como instrumento de intimidación o represalia.

La relatora aclara que los mecanismos de rendición de cuentas no son incompatibles por sí mismos con la independencia judicial. El riesgo aparece cuando carecen de criterios objetivos, garantías procesales y protección frente a la injerencia política.

La joven haitiana sostuvo que hay cientos de personas dispuestas a colaborar sin recibir pago, tanto para facilitar la comunicación como para guiar a las tropas por zonas que, aseguró, ni siquiera figuran en los mapas. “Nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros como locales”, expresó EN UN .

Pierre afirmó que puede desempeñarse como intérprete porque habla criollo haitiano y español. También pidió al mandatario salvadoreño que emita un llamado formal si requiere apoyo local: “Tenga por seguro que va a encontrar a muchos locales dispuestos a ayudar”.

Un contingente de hasta 1,300 militares salvadoreños

El despliegue se produjo después de que cuatro miembros de una fuerza internacional respaldada por Naciones Unidas perdieran contacto con sus compañeros el 18 de octubre, cuando escaparon de un vehículo incendiado durante una emboscada de grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe. Bukele anunció la semana pasada una operación militar para encontrarlos, sin detallar inicialmente cuántos soldados participarían.

Más de 1,000 militares salvadoreños habrían llegado a Haití en vuelos posteriores al ataque, según Reuters, que citó a un funcionario de seguridad haitiano. La agencia señaló que aún no se conoce quién dirigirá al nuevo contingente, cuánto tiempo permanecerá en el país ni si habrá más envíos para reforzar las tareas de seguridad.

Los registros de seguimiento aéreo identificaron la llegada de al menos tres Boeing 747-400 procedentes de San Salvador el martes 27 de octubre, mientras que un cuarto vuelo estaba previsto para más tarde. El especialista en asuntos haitianos Jake Johnston reportó un flujo constante de aeronaves con soldados y equipos salvadoreños rumbo al país caribeño.

La cifra más alta fue difundida por el diario haitiano Le Nouvelliste, que citó a una fuente gubernamental y elevó el número a 1.300 soldados. “Con los 690 militares que llegaron hoy, ahora hay un contingente de 1,300 soldados salvadoreños en Haití”, indicó esa fuente, que remarcó que la movilización se realizó en comunicación con el Gobierno haitiano y no constituía una invasión.

Bukele compartió además una publicación sobre un avión C-130H de la Fuerza Aérea colombiana que trasladaba tropas salvadoreñas a Haití. Un funcionario militar estadounidense confirmó que el Comando Sur de Estados Unidos aportó aviones de transporte C-130 para respaldar parcialmente el traslado.

Una misión internacional con menos de la mitad de sus efectivos autorizados

La llegada de nuevas tropas refuerza la misión internacional de seguridad, integrada por contingentes de El Salvador, Kenia, Chad, Sri Lanka y Jamaica. La fuerza cuenta con cerca de 2.000 efectivos, poco más de un tercio de los 5.500 autorizados para operar en Haití, y cumplió un año de mandato con resultados limitados frente a la actividad de las pandillas.

La crisis de seguridad se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, que dejó un vacío de poder y facilitó la expansión de organizaciones criminales. Desde 2022, las autoridades haitianas solicitaron respaldo internacional para enfrentar a los grupos responsables de extorsiones y ataques.

La violencia provocó el desplazamiento de casi 1,5 millones de personas, golpeó la economía y las instituciones del país y obligó a postergar sucesivamente las elecciones, mientras vencían los mandatos de los legisladores. Ningún dirigente de las pandillas asumió la responsabilidad por la emboscada contra los militares salvadoreños.

Wilson Joseph, dirigente de la organización criminal 400 Mawozo, difundió videos en los que negó mantener retenidos a los cuatro desaparecidos y rechazó cualquier vinculación con el ataque.

Nicolás viajaba en el quinto vagón de uno de los trenes cuando se produjo la colisión. Estaba sentado en la primera fila ubicada al final del coche y, tras recuperar el aliento, encontró a varios pasajeros lesionados.

“Cuando pude recuperar el aliento después del golpe, las personas alrededor estaban muy afectadas, con muchas heridas y en un estado de shock”, contó en declaraciones al citado medio.

El joven explicó que los pasajeros que podían moverse intentaron abrir una vía de escape. “Buscamos romper la ventana y algunos pudimos salir por ahí”, afirmó. Más tarde, lograron forzar una puerta para que el resto de los ocupantes del vagón pudiera evacuar.

La colisión ocurrió cerca de la estación de Urda, en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha informó que el siniestro fue provocado por el alcance entre dos trenes de alta velocidad cerca de la estación de Urda. Las formaciones cubrían la línea entre Madrid y Sevilla.

El Ejecutivo regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) a las 9:15 horas (hora local) y, una hora y cuarto después, elevó la emergencia a Situación Operativa 2. También solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De acuerdo con el último parte oficial, viajaban 393 personas en el tren AVE y 151 en el Iryo. El balance provisional indicó que 44 de los fallecidos iban en el Iryo y 24, en el AVE.

Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil, bomberos de varias provincias, personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, voluntarios de Protección Civil y equipos de atención psicosocial. Los heridos fueron derivados a hospitales de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Madrid.

“Los primeros vagones quedaron completamente destruidos”

Tribaldos describió los daños en los coches delanteros y las escenas que presenció después de salir del tren. “El momento más difícil fue ver a las personas con heridas tan graves, cuerpos sin vida y restos esparcidos”, sostuvo.

El sobreviviente aseguró que los primeros vagones de ambas formaciones resultaron destruidos a causa de la colisión. Mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia, los pasajeros que lograron salir intentaron ayudar a quienes no podían caminar.

“Buscábamos ayudar a las personas que no podían caminar o a las que se les podía ayudar mientras llegaban los paramédicos y la Guardia Civil”, relató el joven panameño.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial, desde el 29 hasta el 31 de octubre, y señaló que la prioridad era atender a las víctimas y sus familiares. También indicó que la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, las autoridades judiciales y los organismos del sistema ferroviario investigarán las causas del hecho.

Una excursión que prometía ser un día de descanso y recreación terminó en tragedia este miércoles 28 de octubre, luego de que un autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores se volcara en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, provocando la muerte de tres mujeres de 62, 69 y 70 años, además de dejar decenas de personas heridas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:55 de la mañana, sobre la ruta nacional 4, específicamente en el sector conocido como La Chiripa de Río Frío, unos 400 metros del restaurante Palmitour, en una carretera que comunica la zona de Sarapiquí con la ruta 32.

El vehículo transportaba a 54 personas, quienes participaban en una excursión organizada por vecinos de Jiménez, Suerre y otras comunidades de Pococí, con destino a las aguas termales de La Fortuna de San Carlos.

Sin embargo, el viaje terminó abruptamente cuando el conductor aparentemente perdió el control del autobús, que se salió de la carretera, golpeó una estructura de concreto y terminó volcado sobre uno de sus costados.

El impacto provocó que varios pasajeros quedaran atrapados dentro de la unidad, mientras otros resultaron con lesiones de consideración.

OIJ identifica a las tres mujeres fallecidas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que las víctimas mortales fueron tres adultas mayores, identificadas con los apellidos Brenes, Ruiz y Castro.

La primera víctima fue identificada como Isabel Brenes Mora, de 62 años, quien falleció en el lugar del accidente después de quedar atrapada dentro de la estructura del autobús.

La segunda corresponde a una mujer de apellido Ruiz, de 70 años y nacionalidad nicaragüense, quien murió mientras era trasladada en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.

Horas después, las autoridades judiciales confirmaron una tercera muerte. Se trata de una mujer de apellido Castro, de 69 años, quien falleció en el Hospital de Guápiles debido a las complicaciones derivadas de las lesiones sufridas durante el vuelco.

Más de 50 personas atendidas y un amplio despliegue de rescate

La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo de emergencia, con participación de la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y personal de diferentes centros médicos.

La Cruz Roja informó que atendió a 54 personas, de las cuales siete fueron clasificadas inicialmente en condición crítica y 32 en condición urgente. Otras 13 personas no requirieron traslado hospitalario.

Para responder a la emergencia se movilizaron aproximadamente 29 ambulancias y 70 cruzrojistas, incluidos médicos, enfermeros, paramédicos, socorristas y rescatistas procedentes de distintas regiones del país.

Los heridos fueron trasladados a centros como el Hospital de Guápiles, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital San Carlos y las clínicas de Puerto Viejo de Sarapiquí y Río Frío.

Durante las labores de rescate, cuatro personas tuvieron que ser liberadas con equipo especializado, después de quedar prensadas dentro del autobús.

Los bomberos también atendieron un derrame de combustible provocado por el accidente, mientras los equipos de emergencia trabajaban para sacar a los ocupantes de la unidad.

Sobrevivientes relatan los momentos de angustia

Uno de los testimonios divulgados por Teletica corresponde a Elder Cerdas Barrantes, integrante del grupo que viajaba hacia La Fortuna.

El sobreviviente relató que el autobús realizó una maniobra repentina antes de salirse de la carretera y que, después del vuelco, varios pasajeros comenzaron a pedir ayuda.

“En ese momento todo fue rapidísimo”, explicó Cerdas, quien también contó que algunos ocupantes lograron abandonar el vehículo por una abertura de ventilación.

Autobús tenía permiso para transportar estudiantes

Uno de los aspectos que ahora está bajo investigación es la situación administrativa del vehículo involucrado.

Según confirmó el Consejo de Transporte Público (CTP), el autobús perteneciente a Transportes Transpal, empresa de Guápiles, contaba con un permiso vigente para transporte de estudiantes, pero no estaba autorizado para prestar el servicio de excursión en la ruta donde ocurrió el accidente.

La institución aclaró que la unidad mantenía al día la revisión técnica vehicular de Dekra y la póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Ante estos hallazgos, el CTP abrió una investigación de oficio contra la empresa, cuyos resultados serán trasladados a su Junta Directiva.

Investigan qué provocó el vuelco

Las autoridades también buscan determinar por qué el conductor perdió el control de la unidad.

De acuerdo con testimonios recogidos, el autobús habría golpeado una alcantarilla antes de volcarse. En la carretera quedó una huella de frenado de aproximadamente 20 metros, que forma parte de los elementos examinados por los investigadores.

Por ahora, no existe una causa oficialmente confirmada del accidente.

La peligrosidad del tramo volvió a generar preocupación horas después, cuando otro vehículo pesado se salió de la carretera en el mismo sector, aunque su conductor fue reportado estable.

El OIJ y las autoridades de tránsito continúan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente que convirtió una excursión de adultos mayores en una tragedia.

Luego de que un terremoto de 7.5 grados sacudiera el territorio panameño el 9 de octubre y varios cadáveres se salieran de sus tumbas en dos cementerios de la provincia de Veraguas, el Ministerio de Salud entregará los restos cremados de los fallecidos a sus respectivos familiares.

Los cadáveres estaban sepultados en el Cementerio Municipal de Soná y en el Cementerio de Hicaco, y tras el violento movimiento de tierra fueron expulsados de sus féretros.

Expuestos, los restos fueron recogidos por funcionarios del Ministerio de Salud para su posterior cremación, debido a que representaban un peligro para la salud pública.

Cerca de los cementerios hay residencias cuyos habitantes no soportaban los malos olores que empezaban a inundar su entorno.

La entrega de los restos cremados se hará el sábado en un acto solemne.

Esto forma parte de las acciones sanitarias implementadas a consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el reciente movimiento sísmico, informó una nota de prensa del ministerio.

El plan de la entidad contemplaba contactar a los familiares para informarles sobre el procedimiento recomendado, que incluía la cremación y la posterior colocación de los restos en criptas que serían construidas en el cementerio.

Antes de avanzar con estas medidas, las autoridades manifestaron que debían completar las labores de saneamiento y desinfección, además de evaluar las estructuras afectadas y determinar cuáles deberán demolerse.

El Ministerio de Salud indicó que el procedimiento no sería de inmediato y que se preparaba una cronología para organizar las distintas etapas.

Hoy día la entidad también intensifica el combate al dengue en Veraguas tras el reciente sismo que afectó al país.

La cartera sanitaria entregó más de 1,496 mosquiteros en las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. El reparto se concentró en tres puntos: el sur de Soná, la cabecera del mismo distrito y Mariato, donde los equipos de control de vectores combinan la entrega de mosquiteros con jornadas de nebulización e inspecciones casa por casa.

La provincia suma 234 casos de dengue, según el informe epidemiológico del Minsa. De ese total, 204 no presentan signos de alarma, 27 sí los registran y tres son calificados como graves.

La cifra de hospitalizaciones asciende a 29 pacientes. El desglose por gravedad permite al ministerio priorizar la respuesta médica en los casos que requieren mayor atención.

Santiago encabeza la lista de distritos con más contagios, con 74 casos. Le siguen Las Palmas, con 47; Soná, con 18; La Mesa, con 11, y Calobre, con 10.

Mientras avanza el reparto de mosquiteros, el Minsa sostiene un esquema paralelo de vigilancia en los albergues y las comunidades afectadas por el sismo. El objetivo es detectar a tiempo cualquier brote entre la población desplazada.

El personal de salud también realiza pruebas a los pacientes que presentan síntomas febriles. Con esos estudios, el ministerio busca descartar tanto dengue como malaria en quienes permanecen en los refugios.

Hasta el momento, ninguna de las evaluaciones realizadas en los albergues arrojó resultado positivo. La ausencia de casos confirmados en ese universo de pacientes es, por ahora, el dato más alentador del operativo sanitario en la zona del sismo.

Las autoridades sanitarias reiteraron un pedido directo a la población de Veraguas: eliminar los criaderos de mosquitos y mantener limpios los alrededores de las viviendas. Esas dos acciones figuran como la primera línea de defensa contra la propagación del vector.

El ministerio también solicitó atención a los síntomas que pueden anticipar un cuadro de dengue. Fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular aparecen como las señales que ameritan una consulta médica inmediata.

Las autoridades insistieron en un punto adicional: evitar la automedicación. La recomendación apunta a que los pacientes con síntomas febriles acudan sin demora a las instalaciones de salud, en lugar de tratar el cuadro por cuenta propia.

La combinación de nebulización, inspecciones y entrega de mosquiteros conforma la estrategia con la que el ministerio busca contener la transmisión en los distritos más golpeados por el sismo. La vigilancia en albergues, señala la entidad, continúa activa mientras se procesan nuevas pruebas a pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 28 de octubre que vecinos de Camanchaj, Chichicastenango, en el departamento de Quiché, Guatemala, retienen a fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaban en un operativo contra el contrabando.

Según reportes preliminares no oficiales, los comunitarios exigen la liberación de dos personas capturadas y la devolución de la mercadería incautada durante las diligencias.

De acuerdo con información recabada por medios locales, la diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, en coordinación con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Un reporte de la página Chichicastenango La Verdad señaló que varias tiendas y depósitos de la zona fueron allanados y que las diligencias estarían vinculadas a presuntos casos de evasión de impuestos.

Los reportes preliminares, aún sin confirmación oficial completa, indican que entre el personal retenido se encuentran tres fiscales del MP, tres trabajadores del Ministerio de Salud Pública, seis integrantes de la SAT y hasta 80 agentes de la PNC.

El MP únicamente confirmó la retención de personal fiscal y policial, sin precisar el número exacto de afectados ni la presencia de los otros grupos mencionados.

Un fiscal pidió ayuda en un audio difundido

En un audio revelado por Prensa Libre, uno de los fiscales retenidos pidió auxilio para lograr su liberación. “Jóvenes, por favor, respondan, respondan. Denos solución a la devolución de la mercancía”, se escucha decir en la grabación.

El funcionario advirtió además sobre posibles acciones de los comunitarios contra el personal retenido si no se atendía el reclamo, entre ellas desvestirlos y azotarlos.

Según los mismos reportes, los pobladores estarían dispuestos a dialogar y liberar al personal fiscal a cambio de la devolución de la mercadería decomisada y la excarcelación de las dos personas detenidas durante el operativo.

Un bus policial quedó destruido y se reportan bloqueos

De acuerdo con La Voz de Xela, los disturbios se expandieron hacia otros sectores, por lo que reportan vehículos dañados y bloqueos en la ruta que comunica Camanchaj, Chicúa y Los Encuentros, Sololá; lugares donde habría habido enfrentamientos con agentes antimotines de la PNC que intentaban liberar el paso.

Un bus de apoyo policial quedó destrozado tras ser atacado con piedras. El paso vehicular permanece bloqueado en los sectores de Chicua I y Camanchaj, lo que afecta la circulación en esa ruta.

El MP informó que realiza las diligencias correspondientes “para garantizar el bienestar” de su personal y de los agentes policiales involucrados, y que se busca un acuerdo con los pobladores para lograr su liberación.

La institución añadió que ampliará la información cuando concluyan las gestiones. La PNC, por su parte, no ha difundido detalles sobre los incidentes ni sobre las acciones en curso para resolver la situación.

El sector privado condenó los hechos

Organizaciones empresariales se pronunciaron sobre el caso horas después de conocerse la retención. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) exigió la liberación inmediata del personal retenido y advirtió que “ningún reclamo justifica la violencia ni la coacción”.

La Cámara del Agro de Guatemala emitió un comunicado en el mismo sentido y remarcó que el contrabando y la defraudación aduanera “perjudican a los productores nacionales, la competencia leal y los ingresos del Estado”.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) también condenó la retención y las amenazas contra los funcionarios, a los que calificó como una vulneración al Estado de derecho.

Las tres organizaciones forman parte del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) y reiteraron su respaldo a las autoridades en las acciones orientadas a combatir el contrabando dentro del marco legal.

Hasta el cierre de esta nota, el MP, ni ninguna otra institución de Gobierno, no había confirmado la liberación del personal retenido ni el desenlace de las negociaciones con los pobladores de Camanchaj.

La medida se aplicó luego de que la Policía Penitenciaria identificara a los involucrados en la publicación, que también incluyó otros contenidos difundidos en redes sociales.

Según la información oficial, los funcionarios ubicaron al grupo de hombres que aparecieron en las imágenes y ejecutaron requisas en el módulo donde se registró la grabación.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron diferentes elementos como: armas punzocortantes, un teléfono celular, tres pipas, una extensión eléctrica artesanal y otros objetos. La presencia del teléfono forma parte de los elementos bajo revisión, debido a que el video llegó a circular en plataformas digitales desde el interior del centro penal.

A su vez, la cartera de Justicia indicó que el traslado de los reclusos al CACCO se produjo tras la identificación de todos los participantes. El centro de alta contención forma parte de la estrategia de seguridad penitenciaria destinada a separar a personas privadas de libertad consideradas de mayor riesgo o vinculadas con hechos que comprometan el control dentro de las cárceles.

En el material publicado, los reclusos pidieron diversas comodidades sobre sus condiciones de permanencia bajo prisión. El caso cobró notoriedad después de que varios reclusos difundieran un video en el que cuestionaron las políticas penitenciarias del Gobierno y las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Paz. A su vez, los privados de libertad afirmaron que las autoridades priorizan restricciones y prohibiciones que, según sostienen, limitan sus derechos, en vez de atender otras necesidades del país.

De igual manera, los reclusos hicieron un llamado con exigencias para que se destinen recursos a la construcción de megaescuelas, canchas de fútbol, carreteras y otras obras públicas para su reinserción. El contenido fue grabado dentro de un módulo de La Reforma, uno de los principales complejos penitenciarios del país centroamericano.

La requisa detectó armas y artículos no autorizados

De acuerdo con la información citada por el medio Noticias Trivisión, las autoridades incautaron 26 armas punzocortantes y el celular, los agentes encontraron tres pipas, una extensión eléctrica elaborada de forma artesanal y otros objetos no autorizados dentro del módulo.

La detección de estos elementos motivó una intervención de la Policía Penitenciaria, que concentró sus acciones en la identificación de las personas que participaron en el material audiovisual y en la revisión de sus espacios de permanencia. Las autoridades trasladaron a los nueve hombres al CACCO una vez finalizado el operativo.

El caso se conoció en medio de la puesta en marcha del centro de alta contención. Los traslados de población penitenciaria al CACCO comenzaron el pasado lunes 26 de octubre, cuando las autoridades costarricenses enviaron a los primeros 123 privados de libertad. Entre ellos había personas consideradas de alta peligrosidad y sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante.

Lo que inició como una ostentosa fiesta de Quince Años, se ha convertido en una espiral que destapó una red de parentescos que conecta a la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, con Los Lorenzana, uno de los carteles de narcotráfico más antiguos y poderosos de Guatemala.

Desde su llegada a la silla municipal, Ovalle ha estado bajo el escrutinio público por ser esposa del narcotraficante confeso Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, quien cumplió condena en Estados Unidos luego de admitir operaciones de trasiego de cocaína a gran escala.

Sin embargo, esta no es la única relación de la alcaldesa de Zacapa con el narcotráfico. Su hermana Ana Rosa Ovalle Madrid está casada con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, más conocido como “Haroldito”, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones para quien ofrezca información que lleve a su captura.

De acuerdo con su certificado de nacimiento, Lorenzana Terraza contrajo matrimonio con Ana Rosa Ovalle Madrid en agosto de 2010. Acuerdo Nupcial que quedó registrado bajo el número 822 en el municipio de Zacapa, del departamento del mismo nombre en Guatemala.

Ana Rosa, es hermana de Karen Xiomara Ovalle Madrid, alcaldesa de Zacapa. Ambas mujeres son hijas de Zonia Elizabeth Madrid Chacón y Vicente Ovalle Chacón, también conocido como “El Patrón” un terrateniente y ganadero que medios de prensa han vinculado también con estructuraas criminales y actividades de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme esos señalamientos.

Quién es Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza y sus vínculos con el narcotráfico

Lorenzana Terraza, también apodado “El Chuqui” o “Ferragamo”, es nieto del fallecido narcotraficante Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “El Patriarca”, quien murió en 2021 mientras cumplía una condena de 23 años en una cárcel de Estados Unidos, también por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Administración de Control de Drogas (DEA) sostiene que Lorenzana Terraza enfrenta dos acusaciones formales en el Distrito de Columbia por violaciones internacionales de narcotráfico, una de ellas por operar una Empresa Criminal Continua.

La primera acusación data de junio de 2017; en 2023 se ampliaron los señalamientos en su contra. Las autoridades creen que asumió el liderazgo del clan tras el asesinato en 2022 de Hans Broiner Lemus Lorenzana, “El Broy”, otro nieto de “El Patriarca” que dirigía el negocio familiar, pero fue asesinado en Huité, Zacapa.

“Haroldito” es hijo de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chuchi”, capturado en noviembre de 2019 tras ser buscado desde 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena señalado de dirigir la empresa familiar de estupefacientes.

El propio Haroldito ya había sido detenido en 2013, a los doce años, cuando transportaba 14 kilos de cocaína en San Marcos; un juzgado de menores lo benefició entonces con arresto domiciliario sin vigilancia policial.

El 25 de marzo de 2025, Estados Unidos elevó la recompensa por información sobre su paradero a USD 5 millones, luego de que en 2022 el Ministerio de Gobernación guatemalteco lo incluyera en la lista de los cien más buscados con una recompensa de Q50 mil, alrededor de USD 6.495.

El Clan Lorenzana opera desde la aldea La Reforma, en Huité, Zacapa, y mantiene, según el gobierno estadounidense, “vínculos establecidos con diversas organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa”.

La hipótesis inicial de la masacre de Huité apuntaba a un operativo fallido contra Haroldito

El 27 de septiembre se produjo un violento choque armado en el municipio de Huité, bastión histórico del clan en Zacapa, donde ocho personas murieron en un enfrentamiento directo en el que habrían participado efectivos del Ejército de Guatemala, extremo que se encuentra bajo investigación reservada y que hasta el momento no se ha revelado ningún avance.

No obstante, sí se ha reconocido la participación de las tropas militares, quienes ejecutaron la incursión sin la participación de la Policía Nacional Civil (PNC), una anomalía táctica que generó controversia dentro de las instituciones de seguridad del Estado.

Tras el choque armado, la hipótesis inicial que surgió, principalmente en redes sociales es que la operación militar representó un intento fallido por capturar a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza en su propia zona de resguardo.

En esa hipótesis se afirmó que el dispositivo de las fuerzas castrenses localizó el campamento donde presuntamente permanecía el jefe criminal y que habían sido recibidos con fuego abierto. Sin embargo, luego se revelaron imágenes que contradecían por completo esas versiones.

Posteriormente el Ejército guatemalteco aseguró que se trató de una disputa territorial entre organizaciones criminales transnacionales, pero después de un mes de los hechos no se ha confirmado ni revelado ningún aspecto de las investigaciones que el Ministerio Público mantiene bajo reserva.

Quiénes son Los Lorenzana y cómo cayeron sus principales líderes

Los Lorenzana constituyen una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas de Guatemala, con centro de operaciones en el departamento de Zacapa.

Durante más de una década lideraron el tráfico de droga en la región de Oriente, no solo por métodos violentos, sino por una red de corrupción que les garantizaba impunidaden las más altas esferas de gobierno, al punto de utilizar estructuras estatales para lavar dinero a través de empresas como Constructora HLP y Transportes Cordón.

Waldemar Lorenzana Lima heredó el liderazgo del clan en la década de los noventa, tras la captura del entonces alcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada, alias “Archie”.

“El Patriarca” mantuvo nexos con el cartel de Cali en Colombia a través de Phanor Arizabaleta Arzayús y se jactaba de un contacto directo con Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, uno de los líderes del cartel de Sinaloa.

En enero de 2010, Estados Unidos ofreció una recompensa de 500 mil dólares por información sobre su paradero, además de 200 mil dólares por cada uno de sus hijos: Waldemar, Elio y Haroldo Lorenzana Cordón.

“El Patriarca” fue capturado el 26 de abril de 2011 cuando transitaba por un camino rural de El Jícaro, El Progreso. Casi tres años después fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable.

Fue liberado en noviembre de 2015, a los 77 años, por un supuesto diagnóstico de alzhéimer, y murió en 2021 mientras cumplía condena. Su hijo Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, “Chuchi”, papá de “Haroldito” cuñado de la alcaldesa de Zacapa, fue el último hermano en ser capturado, en noviembre de 2019, y posteriormente extraditado.

La acusación formal de Estados Unidos contra la organización se estableció el 31 de julio de 2003, cuando la Corte del Distrito de Columbia los declaró responsables de conspiración para distribuir cocaína en ese país.

Según la DEA, desde 1996 el clan recibía cargamentos de cocaína colombiana transportados por barco hasta El Salvador y ocultos en camiones bananeros con destino a Guatemala, desde donde la droga se trasladaba hacia México para su entrega al cartel de Sinaloa.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, el padre de la quinceañera y el origen de la fiesta

El despliegue de recursos en la fiesta de 15 años de Adriana Cifuentes volvió a exponer los antecedentes de su padre, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como “El Gordo”.

El exconcejal de Zacapa fue arrestado con fines de extradición en noviembre de 2017 y enviado a la justicia de Estados Unidos en marzo de 2023.

Ante el tribunal federal del Distrito Sur de California, Cifuentes Sagastume admitió haber coordinado cargamentos marítimos de cocaína hacia México y Estados Unidos, entre ellos un alijo de 866,2 kilos interceptado en una lancha rápida en el océano Pacífico. Recibió una condena reducida de 72 meses y regresó libre a territorio guatemalteco en junio de 2024.

Mientras que este 2026, lo volvió a colocar en la palestra pública tras la celebración de los 15 años de su hija Adriana Cifuentes, realizada en un hotel de Chiquimula que incluyó carruajes, fuegos artificiales, rosas importadas de Ecuador, un vestido elaborado por un diseñador mexicano, restaurantes de comida rápida y la actuación de artistas internacionales junto con músicos que integran de una Orquesta Sinfónica.

Ante los cuestionamientos públicos por los gastos de la recepción, que contrastan con los ingresos municipales de la alcaldesa, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala advirtió en una declaración oficial al Diario La Hora: “Estados Unidos no tolerará que los narcotraficantes influyan en la política ni que pasen por encima de los procesos democráticos en nuestro hemisferio. Nadie está exento”.

Una empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables por homicidio culposo tras el juicio oral que concluyó esta semana.

La decisión se vincula con la caída de un automóvil desde el estacionamiento del PH Breeze, en Costa del Este, que causó tres muertes.

Una información difundida por la Procuraduría General de la Nación también incluyó dos medidas de detención provisional dictadas en causas distintas: una contra un hombre investigado por un homicidio en San Miguelito y otra contra un adolescente de 17 años, señalado por tentativa de homicidio en Colón.

Respecto al caso del PH Breeze este terminó con una condena por homicidio culposo

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2018, en el PH Breeze, ubicado en Costa del Este, corregimiento de Juan Díaz.

Un Mini Cooper rojo cayó desde el nivel 4000 del área de estacionamientos y chocó contra la vía pública. El impacto provocó la muerte de tres personas y dejó herida a una joven.

La investigación del Ministerio Público estableció que la constructora incumplió disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá durante la ejecución del proyecto, que se desarrolló entre 2008 y 2011.

La obra también contó con la participación de una ingeniera residente. La investigación atribuyó responsabilidad penal a ambos por la inobservancia del deber de cuidado durante la construcción.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura no cumplía los requisitos mínimos de seguridad.

La declaración de culpabilidad alcanzó tanto a la persona jurídica como a la profesional que intervino en la edificación. El proceso se resolvió luego de la celebración del juicio oral.

Por otra parte, un hombre quedó detenido por un homicidio ocurrido en El Valle de Urracá

En una causa independiente, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito obtuvo la legalización de la aprehensión, la imputación y la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado.

El hecho investigado se registró el 30 de septiembre de 2026, entre veredas de El Valle de Urracá.

Según la información oficial, el imputado portaba un arma de fuego y efectuó varias detonaciones contra un ciudadano que caminaba por el sector. Las heridas causaron la muerte de la víctima.

Durante la audiencia, la Fiscalía fundamentó su solicitud de prisión preventiva en riesgos procesales vinculados con una posible afectación de los medios de prueba.

La acusación también sostuvo que el investigado representa un peligro para la comunidad. El episodio ocurrió a plena luz del día en un lugar frecuentado por numerosas personas.

La gravedad del delito fue otro de los elementos expuestos para pedir la medida cautelar. La Procuraduría General de la Nación informó que el juez admitió las peticiones presentadas por la Fiscalía.

Otro caso reportado por las autoridades dan cuenta de un adolescente de 17 años que fue detenido por tentativa de homicidio en la provincia de Colón.

La Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala logró su detención provisional por su presunta vinculación con una tentativa de homicidio.

La medida se adoptó después de que el Juzgado Penal de Adolescentes legalizara la aprehensión y admitiera la formulación de imputación solicitada por la Fiscalía.

El caso se remonta al 8 de julio de 2026, en el sector de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este.

La investigación sostiene que el menor actuó junto con otras personas armadas y que realizaron varios disparos contra la víctima. El ataque le provocó heridas graves.

El adolescente fue aprehendido el 26 de octubre en el corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón. Las autoridades lo requerían por un delito contra la vida y la integridad personal.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, arribó la noche de este miércoles a El Salvador para una visita oficial al país centroamericano centrada en el intercambio de experiencias sobre seguridad ciudadana, sistema penitenciario y combate contra el crimen organizado. La agenda incluye una reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La funcionaria suramericana fue recibida por la canciller salvadoreña, Juana Alexandra Hill Tinoco.

Fujimori llega al país centroamericano en un vuelo comercial, según informó el Gobierno peruano. La mandataria viaja junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Salud, Luis Dyer.

La comitiva también está integrada por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales. El Ejecutivo peruano indicó que la visita busca ampliar la cooperación bilateral en justicia, salud, educación, turismo y seguridad.

Fujimori visitará el Cecot para conocer el modelo penitenciario salvadoreño

Uno de los puntos centrales del viaje será la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Bukele en el distrito de Tecoluca. La presidenta peruana conocerá las medidas que El Salvador aplica contra las estructuras criminales y las pandillas.

De acuerdo con EFE, el jueves Fujimori mantendrá una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro. El encuentro estará enfocado en el programa “Cero ocio”, las políticas de reinserción social, la formación de agentes policiales y las normas adoptadas para enfrentar a la delincuencia organizada.

La visita incluye actividades tanto en San Salvador como en Tecoluca. El Gobierno de Perú señaló que el objetivo es revisar experiencias que puedan servir para fortalecer las capacidades estatales frente a delitos transnacionales y los desafíos del sistema penitenciario.

El presidente del Congreso peruano, Miguel Torres, calificó el viaje como “fundamental” y “un acierto” para conocer las lecciones de El Salvador en materia de seguridad. Según EFE, el legislador sostuvo que la misión puede contribuir al desarrollo de instrumentos de cooperación sobre seguridad ciudadana, cárceles, justicia y prevención del delito.

El encuentro con Bukele incluirá una cena con autoridades salvadoreñas

La reunión privada entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele está prevista para la tarde del jueves 29 de octubre. Según EFE, el mandatario salvadoreño ofrecerá luego una cena oficial en honor de la presidenta peruana, con la participación de autoridades de su Gobierno.

La nota de prensa difundida por el Ejecutivo peruano indicó que ambos presidentes abordarán asuntos de interés común, con énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. También se prevén reuniones con funcionarios salvadoreños y representantes del sector empresarial para identificar posibilidades de cooperación e inversión.

El Senado peruano aprobó el 7 de octubre la solicitud de Fujimori para viajar a El Salvador entre el 28 y el 31 de octubre y reunirse con Bukele, de acuerdo con el despacho de EFE. La comunicación oficial de la Presidencia peruana, en cambio, señaló que las actividades institucionales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre.

La agenda incorpora reuniones sobre salud y educación pública

El viernes 30 de octubre, la mandataria peruana se reunirá con el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, y visitará el Hospital Rosales, según EFE. La cartera peruana de Salud integra la comitiva con el propósito de intercambiar información sobre la organización de los servicios sanitarios.

Más tarde, Fujimori tiene previsto mantener un encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros. La actividad contempla una visita a una escuela pública emblemática para conocer iniciativas del sistema educativo salvadoreño.

La presencia de la viceministra Miriam Ponce y del titular del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) apunta a incluir la infraestructura escolar y la gestión pedagógica dentro de los asuntos de cooperación bilateral.

Tras la visita a El Salvador, Fujimori viajará a España entre el 2 y el 6 de noviembre para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Según EFE, ese encuentro abordará, entre otros asuntos, la gestión del riesgo de desastres ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Los gobiernos de los países centroamericanos expresaron este miércoles su solidaridad con España tras el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que involucró a dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla y dejó un saldo provisional de al menos 68 fallecidos, además de decenas de heridos.

Los mensajes oficiales coincidieron en las condolencias a los familiares de las víctimas, el deseo de recuperación para las personas heridas y el reconocimiento a los equipos de emergencia desplegados tras el siniestro. Las comunicaciones también pusieron el foco en los vínculos históricos, diplomáticos y de cooperación que unen a los países centroamericanos con el pueblo español.

El choque ocurrió durante la mañana del 28 de octubre en las cercanías de Urda, en la provincia de Toledo. Según las autoridades españolas, recogido por Europa Press, agencia española de noticias, el accidente afectó al tren AVE 2080 de Renfe, que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla, y al tren Iryo 6076. El impacto se produjo a las 8:54, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Solidaridad de Costa Rica con las víctimas y los heridos

El Gobierno de Costa Rica emitió una declaración oficial en la que trasladó su solidaridad al pueblo y al Gobierno español tras la colisión de dos trenes en Toledo.

La comunicación, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, expresó las condolencias costarricenses a las familias de las personas fallecidas y su acompañamiento a quienes resultaron afectados.

“Costa Rica extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y se une a las muestras de apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, señaló la nota oficial fechada el 28 de octubre.

La cancillería costarricense también expresó su confianza en que el pueblo español encontrará la fortaleza necesaria para atravesar la situación. El pronunciamiento se sumó a una serie de mensajes internacionales difundidos luego de que se conociera la magnitud del accidente.

Condolencias de Panamá al Gobierno y al pueblo español

El Gobierno de Panamá manifestó sus “más sentidas condolencias” al Gobierno y al pueblo del Reino de España por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, al que calificó como un hecho trágico con víctimas mortales y personas heridas.

A través de un comunicado difundido el 28 de octubre, las autoridades panameñas señalaron que acompañan a los familiares de quienes murieron en el siniestro y expresaron su deseo de una pronta recuperación de los heridos.

El texto incluyó un reconocimiento a la labor de los servicios de emergencia que acudieron a la zona afectada. “En este momento de profundo dolor”, indicó el Gobierno panameño, el país reafirma su acompañamiento fraterno al pueblo español.

La declaración sostuvo que Panamá mantiene lazos de amistad y solidaridad con España y extendió sus condolencias a todas las personas afectadas. El mensaje se conoció mientras continuaban las tareas de rescate, atención hospitalaria e identificación de las víctimas en Toledo.

Atención consular de Honduras para verificar si había ciudadanos entre los pasajeros

La reacción de Honduras incluyó un componente consular. La Embajada de Honduras en el Reino de España lamentó el accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por Urda, y transmitió condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

El comunicado deseó la recuperación de los heridos y destacó el trabajo de los servicios de emergencia que actuaron en el lugar.

La Sección Consular estableció contacto con las autoridades españolas para determinar si había ciudadanos hondureños entre los pasajeros de los trenes involucrados en la colisión.

La Embajada de Honduras en España puso a disposición canales de contacto de Renfe, Iryo, el Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha y su oficina consular en Madrid para atender consultas y acompañar a posibles afectados. La sede diplomática indicó que divulgaría cualquier actualización por medio de sus canales oficiales.

Hasta la difusión del comunicado, no se informó públicamente sobre la presencia de hondureños entre las víctimas o los heridos.

El mensaje de República Dominicana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de España, especialmente con las personas afectadas y sus familiares, tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

La Embajada de la República Dominicana en España, junto a los consulados dominicanos en Madrid y Sevilla anunciaron que se mantienen en contacto con las autoridades españolas para dar seguimiento a la situación.

Hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos dominicanos afectados.

El Salvador destacó los lazos de amistad y cooperación con España

El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con España tras el accidente en la provincia de Toledo.

La declaración salvadoreña trasladó condolencias a los familiares de las víctimas y formuló votos por la recuperación de las personas heridas. El texto sostuvo que el país acompaña a España en “estos momentos difíciles” y envió al pueblo español un mensaje de fortaleza y esperanza.

El comunicado remarcó los “históricos lazos de amistad y cooperación” entre ambos países. El Salvador vinculó su pronunciamiento con la relación bilateral que mantiene con España, una dimensión que también apareció en el mensaje difundido por Panamá.

Las expresiones de solidaridad desde la región surgieron en una jornada marcada por la incertidumbre sobre el saldo definitivo del siniestro. Las autoridades de Castilla-La Mancha señalaron que la cifra de fallecidos podía variar mientras los equipos de rescate trabajaban en los vagones afectados.

Luis Abinader inauguró la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) el 27 de octubre en Santo Domingo, un encuentro de autoridades de defensa y seguridad de 19 naciones destinado a coordinar la lucha regional contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. La Presidencia de República Dominicana informó que la cita busca reforzar el intercambio de información, las operaciones conjuntas y las capacidades institucionales.

“Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente”, manifestó Abinader durante la apertura. El mandatario planteó que la cooperación debe asentarse en la confianza mutua, el respeto por la soberanía y los marcos jurídicos de cada país.

Las jornadas de trabajo, iniciadas el lunes y concluidas el 27 de octubre, incluyeron el diseño de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza para definir prioridades, mecanismos de coordinación y la estructura de funcionamiento de la coalición. La agencia EFE indicó que esas herramientas apuntan a poner en marcha la fase operativa de la alianza.

Seguridad, desarrollo y operaciones contra las redes criminales

Abinader sostuvo que la seguridad requiere instituciones sólidas, justicia, educación y oportunidades económicas para alejar a los jóvenes de la violencia y de las redes criminales. “La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad”, expresó.

El presidente pidió que los acuerdos alcanzados en los encuentros anteriores se conviertan en compromisos concretos, responsabilidades definidas y resultados verificables. También propuso mecanismos de evaluación para medir los avances y fortalecer la coordinación entre los participantes.

El Gobierno dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos, organizadores de la conferencia, señalaron en un comunicado que la cooperación permitirá ampliar el intercambio de inteligencia e información, fortalecer los vínculos bilaterales y multilaterales y desarrollar operaciones combinadas. Esas acciones buscan desarticular redes criminales, proteger fronteras e infraestructuras críticas y preservar la seguridad colectiva.

Uno de los objetivos centrales de la coalición es superar las acciones aisladas de interdicción y abordar las estructuras que sostienen las actividades ilícitas, incluidas las redes de financiamiento, logística y corrupción. Los países participantes procuran limitar la capacidad de expansión de esas organizaciones mediante el intercambio oportuno de inteligencia y una mayor coordinación operativa.

En el acto estuvieron el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos; y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur. También participaron autoridades de defensa y seguridad de los países integrados en la coalición.

Abinader agradeció a las delegaciones y al Comando Sur por su contribución al encuentro. “Los criminales no deben encontrar en nuestra cooperación una oportunidad para escapar de la justicia, sino la certeza de que la justicia siempre los alcanzará”, afirmó.

Una alianza anunciada en Miami y ampliada a Colombia

La A3C fue anunciada el 7 de marzo en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de responsables de Defensa y seguridad pública convocada por su secretario de Guerra, Pete Hegseth. En esa ocasión, los países participantes firmaron un acuerdo para enfrentar de manera conjunta las amenazas del crimen organizado.

La alianza está integrada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia. Colombia fue el último país en sumarse, tras la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella.

La Coalición de las Américas contra los Carteles funciona de manera independiente, aunque complementa al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por la Administración Trump con varios países latinoamericanos para coordinar la cooperación económica, el combate contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.

Después de casi dos décadas de desacuerdos, el Congreso General Guna aprobó iniciar la consulta previa, libre e informada sobre la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia.

La decisión convierte a Gunayala en el segundo de los tres territorios indígenas panameños vinculados al trazado que autoriza este procedimiento, considerado fundamental para avanzar con el proyecto.

La resolución fue adoptada por consenso durante la asamblea celebrada del 21 al 26 de octubre en la comunidad de Dadnaggwedubbir. Por primera vez, las autoridades tradicionales aprobaron formalmente una hoja de ruta para consultar a sus comunidades, con procedimientos definidos conforme a las normas y mecanismos de decisión del pueblo guna.

El documento, identificado como Resolución No. 2, faculta a una comisión designada por el Congreso para organizar las distintas etapas del proceso. Sin embargo, la autorización no significa que las comunidades hayan aprobado la construcción de la infraestructura, sino que aceptaron participar en una evaluación informada sobre sus posibles consecuencias.

Con esta decisión, Gunayala se suma a la comarca de Wargandí, que inició su consulta en agosto, mientras las Tierras Colectivas de Alto Bayano permanecen pendientes de completar ese paso.

Los tres territorios forman parte del corredor previsto para transportar electricidad entre ambos países, atravesando zonas de considerable importancia ambiental y cultural.

La interconexión contempla una línea de transmisión de aproximadamente 500 kilómetros, con capacidad inicial de 400 megavatios. Su recorrido comprende 220 kilómetros terrestres en Panamá, 130 kilómetros submarinos por el Caribe y otros 150 kilómetros en territorio colombiano, utilizando tecnología de corriente directa de alta tensión.

El trazado partirá de la subestación Panamá II, en territorio panameño, y atravesará Alto Bayano, Wargandí y Gunayala hasta llegar a Mulatupu. Desde allí, un cable submarino cruzará hacia Necoclí, en Colombia, antes de continuar hasta la subestación Cerromatoso, ubicada en el departamento de Córdoba.

La importancia estratégica consiste en conectar por primera vez los sistemas eléctricos de Centroamérica y Suramérica, permitiendo transportar energía desde Panamá hacia Colombia y viceversa.

Mediante las redes regionales existentes, el intercambio podría extenderse hacia Ecuador, otros países centroamericanos y México, sujeto a las capacidades de transmisión y acuerdos comerciales correspondientes.

Los gobiernos de Panamá y Ecuador acordaron en septiembre de 2026 impulsar una futura ampliación de la integración energética regional. La iniciativa permitiría aprovechar diferencias de precios, disponibilidad de generación y condiciones climáticas, aunque los beneficios económicos dependerán de los mercados, las tarifas y la regulación aplicable.

El proyecto ha manejado una inversión de referencia de 800 millones de dólares, aunque estimaciones posteriores de sus promotores sitúan el presupuesto entre 1,000 y 1,400 millones. El costo definitivo dependerá de las licencias ambientales, los requerimientos técnicos y la financiación, todavía pendientes de completar.

Su ejecución acumula numerosos retrasos por desacuerdos territoriales, preocupaciones ambientales y falta de consensos comunitarios. También han influido la necesidad de armonizar las regulaciones eléctricas de ambos países, obtener autorizaciones y definir las condiciones financieras para una infraestructura que atravesará áreas sensibles del Darién.

En Gunayala, la oposición tiene antecedentes concretos. En 2015 el Congreso rechazó el trazado propuesto, mientras que en 2018 autorizó estudios sin que prosperara el entendimiento. En marzo de 2023, las autoridades rechazaron el estudio de impacto ambiental y el proyecto, manteniendo las objeciones sobre su territorio.

La posición comenzó a modificarse en marzo de 2026, cuando se derogó aquella resolución, y posteriormente se creó una comisión encargada de preparar la consulta. Las preocupaciones indígenas incluyen la protección de bosques, el respeto a su autonomía, la participación efectiva en las decisiones y los beneficios que recibirían las comunidades.

Entre las principales demandas figura que la infraestructura contribuya a mejorar las condiciones de vida, mediante electrificación rural y acceso vial. Las autoridades han planteado integrar estas necesidades al denominado Corredor Ambiental Sostenible, que combina transmisión eléctrica, caminos y suministro energético para poblaciones históricamente aisladas.

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó que el procedimiento debe respetar los tiempos y las decisiones tradicionales. Desde octubre de 2025, su despacho mantiene conversaciones con las autoridades gunas y coordina una mesa interinstitucional integrada por 14 entidades, encargadas de acompañar los aspectos sociales, ambientales y territoriales.

La nueva resolución representa un avance significativo después de años de resistencia, pero todavía quedan etapas decisivas antes de construir. Las consultas comunitarias, los permisos ambientales, los acuerdos regulatorios y el cierre financiero determinarán cuándo podrá ejecutarse la interconexión, cuyo desarrollo lleva más de dos décadas en discusión.

Costa Rica se sumó a una iniciativa internacional junto con otras 18 naciones del continente americano para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, mediante el intercambio de información de inteligencia, una mayor coordinación entre las autoridades y el desarrollo de estrategias conjuntas para enfrentar a las organizaciones delictivas.

El anuncio se dio tras la participación del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, en la Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), celebrada los días 26 y 27 de octubre de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

La reunión congregó a representantes de defensa y seguridad pública de 19 países del hemisferio occidental, con el propósito de establecer mecanismos de colaboración para enfrentar a las organizaciones criminales que desarrollan sus actividades en diferentes territorios.

La participación costarricense busca fortalecer las herramientas disponibles para combatir delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, las operaciones financieras ilícitas y otras actividades vinculadas con estructuras criminales transnacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los principales objetivos es mejorar el intercambio de inteligencia entre las instituciones de los países participantes, para facilitar la identificación de amenazas y coordinar respuestas frente a las redes delictivas.

La conferencia fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Defensa de República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), como parte de una iniciativa de cooperación regional.

Países trabajan en una estrategia conjunta contra los carteles

Durante el encuentro, las delegaciones avanzaron en la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza, documentos que permitirán definir las prioridades de la coalición y los mecanismos de coordinación entre los países participantes.

Estas herramientas buscan establecer una estructura de trabajo que facilite la colaboración entre las autoridades nacionales, especialmente cuando las investigaciones involucren organizaciones que operan en diferentes países.

Uno de los puntos centrales es que la lucha contra el narcotráfico no se limite únicamente al decomiso de drogas o a la detención de sospechosos, sino que también contemple las estructuras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Por esta razón, la coalición pretende ampliar sus esfuerzos hacia las redes de financiamiento ilícito, los sistemas logísticos utilizados por los grupos delictivos y los mecanismos de corrupción que pueden facilitar sus operaciones.

La estrategia contempla fortalecer la cooperación bilateral y multilateral, de manera que las instituciones de seguridad puedan desarrollar respuestas coordinadas frente a amenazas que superan las fronteras nacionales.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estos esfuerzos deben desarrollarse respetando la soberanía de cada país y las disposiciones establecidas en sus respectivos marcos jurídicos.

Iniciativa comenzó en marzo de 2026 en Estados Unidos

La Coalición de las Américas Contra los Carteles fue anunciada en marzo de 2026, durante una reunión celebrada en Miami, Florida, donde comenzó el proceso de articulación entre los países participantes.

Posteriormente, en agosto del mismo año, se desarrolló una nueva etapa de seguimiento en Ciudad de Panamá, con el objetivo de continuar las conversaciones y avanzar en la coordinación regional.

El encuentro de Santo Domingo representó una nueva fase de este proceso, centrada en transformar los compromisos iniciales en mecanismos de trabajo más concretos.

Para Costa Rica, la participación en esta iniciativa representa una oportunidad para ampliar la colaboración con otros países en materia de seguridad pública y fortalecer los esfuerzos contra el crimen organizado.

Las autoridades consideran que el carácter internacional de muchas organizaciones delictivas hace necesaria una coordinación que permita compartir información y desarrollar acciones entre diferentes instituciones.

En ese sentido, el intercambio de inteligencia constituye uno de los principales componentes de la iniciativa, debido a que puede contribuir al seguimiento de organizaciones que mantienen actividades en varios territorios.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que la colaboración internacional permitirá continuar impulsando esfuerzos regionales contra las estructuras criminales, bajo el respeto de las competencias y legislación de cada nación.

Con la participación en esta conferencia, Costa Rica reafirma su incorporación a un mecanismo de cooperación integrado por 19 países, que busca fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar estrategias conjuntas frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y la libertad de una mujer identificada como E.J.F.C. y de sus dos hijas, después de que sus representantes denunciaran que se desconoce el paradero de la madre y de una de las niñas desde marzo de 2025.

La decisión, publicada el miércoles 28 de octubre, se vincula con un proceso en trámite ante el tribunal regional por la presunta persecución contra la familia de Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de E.J.F.C. El caso tiene como antecedente las denuncias por supuestos actos de violencia sexual que ella habría sufrido en 2005, cuando era menor de edad, y que atribuyó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Según EFE, el tribunal con sede en San José requirió al Estado que garantice la protección de E.J.F.C., de C.M.F. y de M.M.F., así como el respeto de sus derechos familiares y de protección especial de la niñez.

Paradero desconocido de la madre y una de sus hijas

La resolución ordena a las autoridades nicaragüenses informar de forma oficial e inmediata dónde se encuentran E.J.F.C. y C.M.F., de 13 años, y en qué condiciones permanecen.

Los representantes de las presuntas víctimas sostienen que ambas fueron sacadas de su vivienda por agentes estatales el 21 de marzo de 2025. Desde entonces, afirman, no han podido conocer su ubicación ni establecer comunicación con ellas.

La Corte IDH requirió al Estado “el levantamiento de cualquier medida que encubra el paradero y/o restrinja la libertad y la integridad personales” de E.J.F.C. y C.M.F. El tribunal también dispuso que se adopten acciones para lograr la reunificación de ambas con M.M.F., la otra hija de la mujer.

La orden se dictó como medida provisional, mecanismo que el sistema interamericano utiliza ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, cuando existe el riesgo de daños irreparables para las personas protegidas.

Aislamiento de la menor M.M.F. bajo custodia estatal

La resolución también se refiere a la situación de M.M.F., de ocho años. De acuerdo con los representantes de la familia, la niña permanece en la casa familiar bajo vigilancia, control y custodia de agentes estatales desde la desaparición de su madre.

La Corte solicitó a Nicaragua que termine con esa situación de aislamiento y que garantice el acceso de la menor a educación, atención médica, actividades recreativas y apoyo psicosocial.

Según la información trasladada al tribunal, M.M.F. no asiste a clases desde hace cerca de dos años y no tendría contacto con otros familiares. Los representantes señalaron además que la última noticia sobre la niña data de mayo de 2026, dado que desde ese momento se habría bloqueado toda forma de comunicación.

El tribunal ordenó que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar sus vínculos familiares. La disposición incluye la reunificación de la niña con E.J.F.C. y C.M.F., siempre que las condiciones permitan garantizar la seguridad e integridad de las tres.

Nicaragua en desacato ante la Corte desde 2022

La nueva decisión se conoce en un contexto de ruptura entre el Estado nicaragüense y el tribunal regional. La Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato en 2022, después de que el Gobierno se negara a cumplir una serie de resoluciones vinculadas con la liberación y la protección de más de un centenar de personas opositoras detenidas.

Desde entonces, según EFE, Nicaragua no responde a las órdenes de la Corte IDH ni designa representantes para sus audiencias.

La resolución sobre E.J.F.C. y sus hijas exige que el Estado informe sobre las medidas que adopte para cumplir la protección ordenada y aporte datos sobre el paradero y las condiciones de las beneficiarias.

La Embajada de Honduras en España inició gestiones con las autoridades de ese país para determinar si hay ciudadanos hondureños entre las personas fallecidas o heridas en el reciente accidente ferroviario, informó la embajadora Ana Paola Hall, quien confirmó que hasta el momento no existe información oficial que reporte connacionales afectados.

Durante una entrevista, la diplomática explicó que la sección consular de la representación hondureña en Madrid comenzó las consultas correspondientes para conocer la nacionalidad de las víctimas y verificar si algún compatriota figura entre las personas afectadas por el siniestro.

“Hasta ahora, después de las gestiones que ya inició la sección consular de aquí de Madrid adscrita a esta embajada, no se ha recibido confirmación de que existan víctimas ni heridos de nacionalidad hondureña”, manifestó Hall.

La embajadora aclaró que la ausencia de confirmación oficial hasta el momento no significa que las consultas hayan concluido. Por el contrario, la representación diplomática mantiene seguimiento del caso mientras espera información de las autoridades españolas competentes.

La verificación de posibles víctimas extranjeras forma parte de las gestiones consulares que se realizan ante emergencias de esta naturaleza, especialmente para establecer si hay ciudadanos hondureños que requieran asistencia o cuyos familiares necesiten información sobre su situación.

Hall señaló que la misión diplomática continuará en contacto con las instituciones correspondientes para conocer cualquier actualización sobre el accidente y determinar si existen hondureños entre las personas fallecidas, heridas o afectadas.

“Nos mantenemos, sin embargo, en contacto con las autoridades y pendientes de cualquier otra información”, expresó la funcionaria.

La embajadora también indicó que la información que se comunique sobre posibles ciudadanos hondureños deberá ser oficial, verificada y segura, con el propósito de evitar la difusión de datos incorrectos durante el desarrollo de las investigaciones y las labores de identificación.

En ese sentido, explicó que cualquier actualización será divulgada por los canales correspondientes y con respeto a las disposiciones sobre protección de datos personales. La embajada no proporcionará información que no haya sido confirmada por las autoridades competentes.

La representación hondureña mantiene así las consultas abiertas mientras se espera conocer más detalles sobre las personas afectadas por el accidente ferroviario.

Hasta la información compartida por Hall, no se había recibido confirmación de víctimas ni heridos de nacionalidad hondureña.

Además de las gestiones consulares, Hall manifestó la solidaridad de Honduras con las familias de las personas que perdieron la vida y expresó sus deseos de recuperación para quienes resultaron heridos.

“Como embajada realmente nos solidarizamos y queremos expresar nuestras sinceras condolencias a todas las familias de las personas que han fallecido y deseamos que las personas que se encuentran heridas puedan tener una recuperación pronta y efectiva”, declaró.

La funcionaria no reportó nombres ni cifras de posibles connacionales involucrados, debido a que, según explicó, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre víctimas o heridos hondureños.

La misión diplomática continuará pendiente de los reportes que emitan las autoridades españolas para actualizar la información y determinar si será necesario brindar asistencia consular a algún compatriota.

Como parte de las acciones de atención, la Embajada de Honduras en España puso a disposición líneas telefónicas y correos electrónicos oficiales para recibir consultas de familiares que tengan inquietudes sobre ciudadanos hondureños que pudieran estar relacionados con el accidente.

Hall explicó que estos canales permitirán a las personas interesadas comunicarse con la representación diplomática y canalizar información mientras la sección consular continúa las gestiones de verificación.

La tasa interanual de homicidios en Guatemala descendió de 17,42 a 16,77 por cada 100 mil habitantes entre enero y septiembre, según el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) elaborado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

La Coalición está integrada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers Guatemala.

Sin embargo, la mejora acumulada convive con un dato que contradice la tendencia: en septiembre se registraron 260 homicidios, 18 más que en el mismo mes de 2025, un incremento de 33%.

Entre enero y septiembre se contabilizaron 2.338 homicidios, 59 menos que los 2.397 reportados en igual período de 2025.

La reducción, aunque sostenida en el acumulado, muestra una brecha mínima frente al año anterior y un comportamiento irregular mes a mes, con el repunte de septiembre como principal señal de alerta.

Los hombres concentran la mayoría de las víctimas

De los 260 homicidios registrados en septiembre, 36 víctimas fueron mujeres, lo que representa el 13,9% del total.

El dato confirma que los hombres siguen siendo el grupo mayoritario entre las víctimas de este delito en el país. Además, el 58,3% de los homicidios ocurridos entre enero y septiembre afectó a personas de entre 18 y 35 años, el segmento etario más golpeado por la violencia letal.

La distribución geográfica también muestra una fuerte concentración. Diez departamentos reunieron el 83,7% de los homicidios del período, y el departamento de Guatemala por sí solo acumuló el 41,2% del total.

A nivel municipal, diez localidades concentraron el 42% de los casos, con el municipio de Guatemala a la cabeza, al reunir el 16,2% de los homicidios del país.

Los registros de lesiones siguieron una trayectoria similar a la de los homicidios en el acumulado: entre enero y septiembre se contabilizaron 2.905 lesionados, 140 menos que en el mismo período de 2025, con una tasa interanual de 21,08 por cada 100 mil habitantes.

Las denuncias por extorsión caen, pero el delito gana peso entre las víctimas

Las denuncias por extorsión presentaron la reducción más marcada entre los delitos relevados por el IDD. En septiembre se registraron 1.062 denuncias, 991 menos que un año antes, con lo que la tasa interanual bajó de 150,04 a 96,64 por cada 100 mil habitantes.

En el acumulado de enero a septiembre, las denuncias totalizaron 12.188, frente a 20.394 en el mismo lapso de 2025, una caída de 40,2%.

El municipio de Guatemala concentró el 19% de las denuncias de extorsión del período, dentro de un grupo de diez municipios que reunió el 38,9% de los casos reportados a nivel nacional.

En 2025, en contraste, las denuncias anuales de este delito habían alcanzado 25.961, el mayor registro desde al menos 2009, con un aumento de 1,9% respecto de 2024.

Esta caída en los registros oficiales, sin embargo, no refleja necesariamente una disminución real del delito. La Encuesta de Victimización del Monitor Global de Emprendimiento (GEM), elaborada por la Universidad Francisco Marroquín, muestra que la extorsión pasó de representar el 15,7% de los delitos reportados por las víctimas en 2025 al 21,1% en 2026, es decir, uno de cada cinco hechos delictivos sufridos por la población encuestada.

La encuesta de la Universidad Francisco Marroquín detecta menor confianza institucional

El GEM, que realiza encuestas a la población adulta urbana desde 2009, registró una tasa de victimización general de 15,9% en 2026, frente al 19% de 2025, la mayor caída anual desde 2020.

No obstante, el mismo relevamiento identificó un deterioro en la disposición a denunciar: la proporción de víctimas que no denunció subió de 55,7% a 60,6%, lo que revirtió la tendencia descendente observada entre 2022 y 2025.

“No confía en las autoridades” fue la razón más citada para no denunciar, con 20,8% de las menciones. Le siguieron la percepción de que denunciar “no sirve de nada” (18,1%) y el temor a represalias (16,1%).

Según el CIEN, las razones vinculadas al desempeño institucional —desconfianza, inutilidad percibida y trámites complicados— explicaron el 46,6% de las no denuncias en 2026, frente al 36,7% del año anterior.

Entre quienes sí denunciaron, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió el 51,1% de los casos, 3,5 puntos porcentuales más que en 2025, mientras que el Ministerio Público (MP) concentró el 41,2%, una participación menor a la del año previo aunque todavía muy superior al 21,9% registrado en 2016.

Recomendaciones del centro de investigación

El CIEN planteó la necesidad de retomar encuestas oficiales periódicas de victimización y percepción de la violencia, con un módulo específico dedicado a la extorsión, dado que la última Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (ENPEVI) data de 2017-2018.

El organismo también propuso fortalecer la investigación penal, reforzar la protección de víctimas y testigos y difundir los canales de denuncia, incluidos los anónimos, como vía para reducir lo que el informe denomina la “cifra gris”: el conjunto de delitos que las víctimas sufren pero no reportan ante las autoridades.

Una adolescente de 16 años recibió una condena de siete años de internamiento por tráfico ilícito de drogas tras un proceso judicial vinculado con el almacenamiento y la distribución de metanfetamina y marihuana en el distrito de Colón, en La Libertad Oeste, informó este miércoles la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR).

La resolución fue dictada por el Juzgado Primero de Menores de San Salvador, según precisó el ministerio público en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales. La joven fue procesada luego de que las autoridades la capturaron durante un allanamiento realizado el pasado mes de junio.

De igual manera, la FGR indicó que la investigación determinó que la adolescente utilizaba una vivienda situada en Colón para guardar y distribuir sustancias ilícitas. El operativo derivó en su captura en flagrancia y en el decomiso de las sustancias ilícitas, de acuerdo con el reporte oficial.

El allanamiento permitió el decomiso de metanfetamina y marihuana

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 2,695.5 gramos de metanfetamina, una cantidad que fue valorada en USD 94,342.50, según la información presentada por la Fiscalía. También decomisaron 220.5 gramos de marihuana, con un valor estimado de USD 778.36.

El valor comercial total de la droga confiscada ascendió a USD 95,120.86, de acuerdo con la FGR. La mayor parte de ese monto correspondió a la metanfetamina encontrada dentro de la propiedad inspeccionada.

La adolescente quedó bajo proceso por el delito de tráfico ilícito, una figura penal que contempla la posesión, transporte, comercialización o distribución de drogas con fines de venta. El Juzgado Primero de Menores impuso la medida de internamiento luego de analizar las pruebas presentadas en la causa.

En El Salvador, los procesos contra personas menores de edad se rigen por una normativa especial. Las sanciones se cumplen bajo un régimen distinto al de los adultos, aunque pueden incluir medidas de internamiento cuando la gravedad del delito y los elementos del caso así lo determinan.

El ministerio público no difundió la identidad de la adolescente condenada. La reserva de sus datos responde a las normas de protección aplicables a niños, niñas y adolescentes sometidos a procesos judiciales, que buscan evitar su identificación pública y preservar sus derechos, incluso cuando se les atribuyen delitos graves.

La Fiscalía atribuyó a la menor tareas de almacenamiento y distribución

La FGR sostuvo que la adolescente almacenaba las sustancias ilícitas antes de distribuirlas desde la vivienda ubicada en el distrito de Colón. El comunicado no precisó si había otras personas investigadas por el hallazgo ni detalló el destino que tendría la droga decomisada.

Tampoco se informaron mayores datos sobre la fecha exacta del allanamiento de junio ni sobre el tiempo que transcurrió entre la captura y la sentencia. La causa fue tramitada ante la jurisdicción de menores de San Salvador.

La condena de siete años constituye la sanción informada por la FGR para este caso. La institución presentó el resultado judicial como parte de las acciones contra el tráfico de drogas en el departamento de La Libertad.

El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, habilitó la línea telefónica 8791-2158 para que integrantes de maras, pandillas y del Cártel del Diablo puedan entregarse voluntariamente a las autoridades y someterse a la justicia.

La iniciativa busca establecer un canal directo para quienes decidan abandonar estas organizaciones criminales, en medio del endurecimiento de las medidas legales contra la delincuencia organizada.

Durante la presentación de la medida, Oseguera Mass lanzó una advertencia a los integrantes de estas estructuras: «Entréguense o serán perseguidos».

El jefe policial señaló que personal especializado en el tratamiento de testigos atenderá las llamadas de quienes estén interesados en coordinar su entrega.

La institución busca facilitar el contacto con las autoridades y ofrecer una vía para que los miembros de estas organizaciones se presenten ante la justicia.

La habilitación del número telefónico se produce en un contexto de mayor presión policial y de nuevas disposiciones legales orientadas a endurecer las sanciones contra las estructuras criminales que operan en el país.

«Es el número al que pueden llamar. Personal especializado en tratamiento de testigos les va a atender», reiteró el director policial durante el anuncio.

La advertencia de Oseguera Mass combina la posibilidad de una entrega voluntaria con el mensaje de que los operativos de búsqueda y captura continuarán contra quienes permanezcan en estas organizaciones.

La Policía Nacional mantiene acciones a escala nacional para localizar a sus integrantes.

Las reformas recientes al Código Penal hondureño endurecieron las sanciones para los grupos criminales catalogados como terroristas.

Según la información proporcionada sobre la normativa vigente, los integrantes de estas estructuras pueden enfrentar penas de entre 30 y 40 años de prisión, mientras que para los cabecillas se contemplan condenas de 40 años hasta cadena perpetua.

Estas disposiciones forman parte de las medidas con las que las autoridades buscan combatir las maras, pandillas y otras organizaciones criminales.

La aplicación de las sanciones corresponde a los procedimientos judiciales establecidos en la legislación hondureña.

Además de las reformas penales, el Congreso Nacional aprobó un régimen penitenciario especial para los integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas.

La disposición quedó establecida en el Decreto 208-2026 y contempla condiciones de reclusión más restrictivas en los centros de máxima seguridad.

Los traslados fuera de las celdas deberán realizarse bajo escolta permanente y conforme a horarios establecidos por las autoridades penitenciarias.

También se contempla vigilancia reforzada mediante cámaras y sensores, además de requisas diarias para controlar las condiciones de seguridad dentro de los recintos.

Las nuevas disposiciones establecen limitaciones al acceso de dispositivos electrónicos y artículos procedentes del exterior. Los reclusos no podrán utilizar teléfonos, computadoras, televisores ni radios, y tampoco podrán recibir dinero en efectivo, objetos de valor, alimentos o bebidas de personas externas.

En cuanto a las visitas, el régimen limita el ingreso de los abogados defensores a una visita semanal.

Los familiares necesitarán permisos especiales y no podrán mantener contacto físico durante los encuentros. Asimismo, la normativa prohíbe las visitas conyugales.

Las comunicaciones telefónicas quedarán restringidas a una llamada mensual de diez minutos, grabada y dirigida a números previamente autorizados. La correspondencia enviada y recibida también estará sujeta a revisión por parte de las autoridades penitenciarias.

Las condiciones de movilidad dentro de los centros serán igualmente limitadas. Los internos dispondrán de treinta minutos diarios de ejercicio en los pasillos de sus módulos, mientras que el tiempo de permanencia en los patios no podrá superar una hora semanal.

El personal penitenciario exigirá el uso permanente de un uniforme especial y las comparecencias judiciales se desarrollarán mediante videoconferencias, con el propósito de evitar traslados fuera de los recintos carcelarios.

Aidelis Arencibia, madre cubana de tres niños con autismo, denunció que la dieta médica asignada por el Estado para sus hijos no se entrega de manera regular, pese a que el documento oficial establece una lista de alimentos destinados a atender sus necesidades nutricionales.

Según publicó CiberCuba, Arencibia expuso su situación en una publicación de Facebook y explicó que el llamado tarjetón de dieta médica contempla entregas mensuales de pollo, huevos, vianda, pescado, maicena, vegetales, harina, pasta sin gluten, frutas y arroz.

Sin embargo, la madre afirmó que en la práctica solo recibe algunos productos de forma esporádica. Lo único que recibe de forma esporádica es arroz, a veces en mal estado, y una pasta de tan baja calidad que, según describe, “parece no poder ver el agua porque se vuelve estopa incomible”, señaló en su denuncia.

Arencibia cuestionó que las autoridades entreguen a las familias un documento que enumera productos sin garantizar su llegada. “Hay una hipocresía que se imprime en cartulina y se llama tarjetón”, escribió. También afirmó que “el módulo existe en tinta; la mesa, en blanco”.

La madre comparó el documento con otros materiales que, según dijo, podrían tener un uso más práctico en medio de las carencias del país. “A veces me pregunto si tanta cartulina no estaría mejor como libretas, para aliviar el déficit de medios básicos del Ministerio de Educación, o como abanicos, que en los apagones resolverían más”, expresó.

En otra parte de su publicación, Arencibia describió como “humillante” que una madre reciba un listado de alimentos para un niño con necesidades específicas y que esos productos solo aparezcan escritos. “Es falta de respeto, es empatía de cartón”, afirmó la madre en su publicación.

La mujer aseguró que depende de donaciones y de la solidaridad de personas que conocen su situación a través de las redes sociales para poder alimentar a sus hijos. “Mientras el tarjetón promete, nuestros niños esperan”, escribió.

La denuncia provocó respuestas de otras familias cubanas, algunas de las cuales aseguraron enfrentar problemas similares. Una madre de Morón, en Ciego de Ávila, comentó que lleva “muchos meses” recibiendo únicamente arroz y fideos, y que esos productos no siempre llegan en buenas condiciones.

Desde Baracoa, en Guantánamo, otra madre afirmó que en su localidad “ni arroz le dan” y que solo recibe unos fideos de arroz que, según relató, “ni los animales se comen”. Otra persona que comentó dijo que recibió pollo una sola vez, mientras que las viandas y las frutas “jamás” llegaron.

Las quejas sobre las dietas médicas para niños con autismo no son nuevas. CiberCuba recordó que desde 2021 se han registrado denuncias similares.

Ese año, un padre de Holguín afirmó que el pescado asignado a su hijo había sido sustituido por claria, un alimento que el menor rechazaba. En abril de 2023, otro padre de la misma provincia denunció el retiro de la dieta de viandas, frutas y vegetales por falta de presupuesto.

El sistema de dietas médicas funciona como complemento de la libreta de abastecimiento y está regulado por la Resolución 136/2020 del Ministerio de Comercio Interior. La tarjeta acredita la asignación, pero no garantiza la entrega efectiva de los productos.

La situación ocurre en un contexto de escasez alimentaria. En junio de 2026, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció que más de 100,000 niños habían dejado de recibir regularmente su ración de leche.

Además, el Programa Mundial de Alimentos reportó que el 48.5% de los escolares cubanos de entre seis y 11 años no recibe comida ni merienda en sus centros educativos.

Los principales partidos del arco político brasileño y dos aliados clave de Flávio Bolsonaro salieron a respaldar el resultado de la elección del domingo, que confirmó la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), después de que el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) difundiera una carta de tono golpista en la que se proclamó, primero, “presidente electo” de Brasil y, horas más tarde, “líder de Brasil”.

União Brasil, el PSD y el MDB emitieron comunicados para reafirmar la legitimidad de los comicios, mientras el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques, aseguró que la segunda vuelta transcurrió “dentro de la más absoluta normalidad”. El episodio generó, además, distanciamientos dentro de la propia base de apoyo del senador derrotado.

El presidente de União Brasil, Antonio Rueda, publicó un comunicado en el que calificó a la democracia como “un valor innegociable” para su partido. “No depende de quién gane o pierda una elección, sino del compromiso de todos con el veredicto de las urnas”, señaló el dirigente, quien agregó que la elección del domingo “transcurrió con total transparencia y su resultado debe ser respetado”.

Rueda sostuvo que “es esencial que las instituciones estén por encima de las personas” y llamó a dar por terminada la disputa electoral para enfocarse en los desafíos del país. Por su parte, el presidente del PSD, Gilberto Kassab, reiteró el comunicado difundido el lunes, en el cual el partido felicitó a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin y reiteró su “compromiso con nuestra democracia”.

“Estoy seguro de que nuestros parlamentarios y gobernadores electos seguirán defendiendo los buenos proyectos y mantendrán una relación institucional con el gobierno federal”, indicó Kassab en el texto. El PSD había presentado a Ronaldo Caiado como candidato presidencial; tras su eliminación en primera vuelta, Caiado manifestó apoyo a Flávio, aunque el partido como estructura mantuvo neutralidad.

El MDB, a través de su perfil en X, reafirmó su “total confianza en el sistema electoral brasileño” y, por consiguiente, en “la legitimidad del resultado de los comicios del pasado domingo”. Ni el comunicado del MDB ni el del PSD mencionaron directamente a Flávio.

La controversia se originó cuando Flávio Bolsonaro, derrotado por una diferencia de 4,4 millones de votos frente a Lula, difundió una carta tras aterrizar en Miami en la que cuestionó sin pruebas el resultado electoral, alegó una “imposibilidad matemática” en la votación y pidió la anulación de la elección, mientras se autoproclamaba, en una primera versión, “presidente electo” de Brasil.

El TSE descarta irregularidades en los comicios

Sin mencionar de forma directa la carta del senador, Nunes Marques remarcó este miércoles que la jornada electoral del domingo se desarrolló con normalidad. “Informo que todos los cuestionamientos presentados conforme al debido proceso legal serán analizados y respondidos”, afirmó el presidente del TSE.

La prórroga de dos horas en el horario de votación, cuestionada por Flávio en su carta, había sido ordenada por el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido tanto de la coalición de Lula como de la propia campaña del senador, debido a problemas de transporte público y condiciones climáticas adversas. Después de las 17.00 horas del domingo se registraron menos de 35 mil votos hasta las 19.00 horas.

El senador había anunciado el lunes que desistía de impugnar el proceso electoral, aunque cuestionó la orden del ministro Alexandre de Moraes, del STF, de retener sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Flávio ingresó este miércoles a Estados Unidos bajo un permiso humanitario que autoriza su permanencia, junto con la de su familia, durante un año.

Consultado sobre la declaración del senador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse y afirmó que no se involucrará en la turbulencia política brasileña.

El gobierno acusa a Flávio de intentar un “levantamiento”

El líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmó que el Ejecutivo recibió con “total perplejidad la gravedad” de las declaraciones de Flávio, a quien acusó de intentar promover un “levantamiento” en el país y de buscar “sembrar dudas sobre el funcionamiento de las instituciones brasileñas ante la comunidad internacional”.

“Consideramos que es el momento de impulsar un gran movimiento en defensa de la democracia y la soberanía brasileñas. No debe ser una iniciativa exclusiva de los partidarios de Lula, sino que debe involucrar a todas las fuerzas políticas, incluidas aquellas que apoyaron a Flávio y ya han reconocido los resultados electorales”, declaró el diputado.

Pimenta reclamó que otros partidos, miembros del Poder Judicial y la sociedad civil se pronuncien para repudiar la postura del senador y advirtió que no se puede permitir que una “narrativa irresponsable, capaz de acarrear graves consecuencias para el país, se difunda a nivel nacional y quede impune”. El legislador calificó la conducta de Flávio como un acto de “traición a la patria” que exige una respuesta “contundente”.

Tarcísio de Freitas toma distancia de su aliado

El gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), uno de los principales valedores de Flávio, pidió respetar el resultado de las urnas pese a reconocer la indignación del senador. “La elección ha terminado y ahora es necesario mirar hacia adelante. Entiendo el sentimiento de Flávio, entiendo su indignación y su malestar, y ese sentimiento es también el de muchos brasileños. Pero el camino a seguir es respetar el resultado de las urnas y continuar”, declaró.

“El momento exige responsabilidad, serenidad y la construcción de una oposición fuerte, capaz de desempeñar su papel”, añadió el gobernador, quien remarcó que el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos depende de “respetar el proceso democrático y trabajar dentro de las instituciones”.

En el video, Tarcísio agradeció a los casi 60 millones de electores que votaron por la oposición y repitió seis veces que las elecciones ya pasaron. “La derecha brasileña ha recibido una responsabilidad de las urnas. Ha obtenido fuerza en el Congreso y en los estados”, sostuvo, al tiempo que llamó a ejercer una “oposición vigilante que exija responsabilidad fiscal” y supervise al gobierno entrante.

El senador electo Carlos Bolsonaro afirmó este miércoles que su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, “está intentando asimilar todo lo que ocurre” tras la derrota de su hermano Flávio en la segunda vuelta presidencial y su salida del país rumbo a Estados Unidos.

Carlos difundió el mensaje en un video en la red social X, después de pasar unas dos horas con el exmandatario en su residencia de Brasilia, donde cumple bajo arresto domiciliario la pena por el intento de golpe de Estado. Contó que en un momento de la charla se emocionó y le pidió perdón.

“Perdón, papá, fallamos”, relató. Según su versión, el ex presidente le contestó: “Negativo, levanta la cabeza, vamos. Todavía hay mucho por hacer por Brasil”.

Carlos, de 43 años, describió a su padre, de 71, como un hombre “fuerte” que “sabe que la vida continúa”. Volvió a llamarlo “preso político” y sostuvo que solo está en su casa por la casi decena de enfermedades que arrastra; de lo contrario, dijo, estaría en la Papudinha, la celda de un batallón de la Policía Militar dentro del complejo penitenciario de la Papuda.

También prometió seguir “batallando por la libertad de los presos políticos”, en referencia a su padre y a los condenados por el asalto a las sedes de los tres poderes del 8 de enero de 2023. En el video no hizo ninguna referencia al viaje de su hermano.

Flávio Bolsonaro perdió el balotaje del domingo 25 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% del senador, según el Tribunal Superior Electoral, el organismo electoral de Brasil. La diferencia fue de 4,4 millones de votos. En la primera vuelta, el 4 de octubre, Flávio había terminado primero con el 47,03%, contra el 45,16% de Lula.

El lunes, por orden de Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), la Policía Federal le dio 24 horas para entregar sus pasaportes, incluido el diplomático. La medida integra una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, en la que los investigadores lo vinculan con Alcazar Holding, una sociedad radicada en la isla portuguesa de Madeira.

Flávio no entregó los documentos y la Policía Federal los anuló el martes. Esa noche cruzó a Argentina y desde allí voló en un avión privado, con su esposa y sus dos hijas, hasta Miami, donde aterrizó este miércoles. El Gobierno de Donald Trump había autorizado su ingreso. Su hermano Eduardo vive en Estados Unidos desde 2025.

En una carta abierta publicada en sus redes, Flávio se presentó como el “verdadero presidente electo de Brasil” y agradeció a Javier Milei y a Trump. Sostuvo que era imposible que Lula sumara diez millones de votos entre una vuelta y otra, y todavía no reconoce la derrota.

La situación de Jair Bolsonaro se arrastra desde septiembre de 2025, cuando la Primera Sala del STF lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión por liderar la trama para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Quedó preso el 22 de noviembre de ese año en la sede de la Policía Federal y en enero fue trasladado a la Papudinha. El 24 de marzo, tras una internación por bronconeumonía, Moraes le concedió el arresto domiciliario humanitario, que prorrogó el 3 de julio con la prohibición de usar teléfonos y redes sociales.

Sacar al padre de la cárcel fue una promesa central de la campaña. En agosto, Flávio dijo que impulsaría una amnistía en el Congreso durante la transición y que, si no prosperaba, firmaría un indulto. También aseguró que su padre le colocaría la banda presidencial. Días antes del balotaje, según contó Carlos, el expresidente le confesó que si lo indultaban quería pasar unos días en la playa.

Lula asumirá su cuarto mandato el 5 de enero. Carlos, elegido por Santa Catarina con 2.041.840 votos, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro, que obtuvo 938.496 votos en el Distrito Federal en su primera candidatura, ocuparán sus bancas en el Senado el 1 de febrero de 2027.

Un total de USD 26.6 millones concentran las quejas presentadas por consumidores panameños entre enero y septiembre de este año ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El dato más llamativo no es la suma general, sino una desproporción puntual, toda vez que los 74 casos por vicios ocultos movieron USD 3.954.861,78, una cifra superior a la que generaron las 130 reclamaciones por cláusulas abusivas juntas.

Esa diferencia confirma que el tamaño del reclamo no siempre corresponde a la cantidad de denuncias.

Algunas categorías con pocos casos concentran montos más altos que otras con volúmenes mayores de quejas.

El incumplimiento de garantías encabeza la lista en las dos variables: 1.008 casos, por un total de USD 9.029.278,49.

Entre enero y septiembre, los panameños presentaron 2.562 reclamaciones que suman USD 26.631.922,30, principalmente por incumplimiento de garantías, devolución de dinero y falta de información, según Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Después del incumplimiento de garantías aparecen las reclamaciones por devolución de dinero, con 229 casos por USD 3.656.844,49, y la falta de información, con 482 quejas que suman USD 3.478.272,12.

El incumplimiento de contrato sumó 65 reclamaciones por USD 2.476.435,85.

Inmobiliarias, almacenes y agencias de autos concentran la mayoría de las denuncias

Al revisar las quejas por rubro comercial, se tiene en efecto que las inmobiliarias ocuparon el primer lugar con 321 casos.

Los almacenes por departamentos siguieron con 288 reclamaciones, y las agencias de autos cerraron el podio con 254.

El informe de la entidad gubernamental también revela que los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos sumaron 228 quejas.

En tanto, la venta de autos usados acumuló 124 casos, mientras que los establecimientos de venta de celulares registraron 102.

También figuran 101 quejas vinculadas a televisión por cable, 95 por hoteles o planes vacacionales y 92 por talleres de reparación de autos.

Los repuestos para vehículos y los servicios de telefonía registraron 53 casos cada uno.

El resto de las actividades señaladas, siempre de acuerdo a un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, incluye bancos (49 casos), actividades recreativas (48), funerarias (45) y servicios profesionales (43).

Las mueblerías y los talleres de reparación no automotrices sumaron 40 quejas cada uno.

Completan el listado las agencias de motos (32 casos), las universidades (31), los cursos de inglés (28), las joyerías y relojerías (28) y las ópticas (26).

La entidad de protección al consumidor recordó a los consumidores la importancia de conocer sus derechos antes de contratar un servicio o adquirir un producto. El organismo recomienda revisar las condiciones de cada operación de forma previa.

La institución gubernamental también insistió en conservar facturas, contratos, garantías y comprobantes de pago.

Esos documentos, afirma, respaldan cualquier reclamación posterior que tengan los consumidores ante irregularidades que estime se le presenten.

Cuando un consumidor considera que sus derechos fueron vulnerados, puede presentar la queja correspondiente ante la entidad y aportar la documentación que sustente su caso.

La Acodeco también informó que prepara el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá presentar quejas y denuncias desde el teléfono celular. Se indicó que la herramienta se encuentra actualmente en fase de pruebas y revisión.

El desarrollo forma parte de los preparativos previos al lanzamiento oficial de la plataforma, de acuerdo a la información oficial. Con ella, los consumidores podrán registrar sus casos de manera más sencilla y dar seguimiento a sus trámites.

La institución busca que el acceso a sus servicios se agilice mediante herramientas digitales. El objetivo es que la atención de las reclamaciones gane rapidez frente al volumen actual de denuncias.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presentó la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral para coordinar la prevención y respuesta ante riesgos en las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano del 27 de junio de 2027, un proceso que se extenderá hasta la toma de posesión de las autoridades electas.

El mecanismo reunirá a organismos estatales, fuerzas de seguridad, entidades de emergencia y cooperación internacional con presencia en todo el país. Su despliegue incluirá articulaciones departamentales y municipales, ajustadas a las necesidades de cada fase del calendario electoral.

La mesa funcionará durante todo el proceso, desde los preparativos previos hasta la asunción de los cargos surgidos de las urnas. La convocatoria oficial a los comicios está prevista para el 22 de enero de 2027.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, encabezó la presentación junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el pleno de magistrados. La instancia quedó bajo la coordinación del magistrado vocal IV, Quelvin Otoniel Jimenez Villalta.

Coordinación nacional para centros de votación y materiales electorales

La Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral tendrá como tareas la planificación, prevención, atención y respuesta frente a situaciones que puedan afectar el desarrollo de la jornada y las etapas previas. El alcance incluye la protección de las personas, los centros de votación y los materiales electorales.

Rivera Acevedo explicó durante su intervención: “Es por medio de la mesa y de su articulación con los niveles departamentales y municipales que se establecen parámetros para garantizar la seguridad de las personas, el resguardo de los centros de votación y la protección de los materiales electorales”.

La presidenta del organismo electoral sostuvo que las elecciones libres, transparentes y seguras requieren el trabajo conjunto de distintas instituciones y no dependen únicamente de la autoridad encargada de organizar los comicios.

La estructura incorpora al Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y el Ministerio de Energía y Minas.

También participan el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

La nómina se completa con la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Administrador de Mercado Mayorista.

También forman parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, conocido como IDEA Internacional, y cuerpos de socorro. Según el comunicado difundido por el TSE, la coordinación buscará adecuar las medidas de seguridad a las condiciones de cada territorio.

Enlaces directos y municipios con antecedentes de conflictividad

El Ministerio de Gobernación designó enlaces directos con el Tribunal Supremo Electoral para mantener la coordinación en materia de seguridad a lo largo de la contienda. Villeda afirmó que la cartera pondrá a disposición sus capacidades, recursos y voluntad institucional para generar condiciones de tranquilidad durante los comicios.

Jimenez definió la seguridad electoral como “una condición fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos políticos, la seguridad de la población guatemalteca, la integridad del proceso electoral, y el desarrollo pacífico de las elecciones”.

Los preparativos incluyen otra mesa de seguridad integrada por Gobernación, Defensa, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, que opera desde julio. La instancia comenzó sus actividades antes de lo habitual en comparación con procesos electorales anteriores.

Ese grupo identificó más de 50 municipios con antecedentes de conflictividad electoral. En esas localidades, la autoridad electoral promoverá acuerdos locales de paz en lugar de impulsar un único pacto de alcance nacional.

Las instituciones integrantes de la nueva mesa ratificaron al cierre de su primera reunión el compromiso de aplicar acciones para que el proceso se desarrolle de forma pacífica, segura, libre y respetuosa de los derechos ciudadanos. El Tribunal Supremo Electoral reiteró su objetivo de organizar una elección transparente, ordenada, participativa y ajustada a la ley.

El organismo también trabaja en herramientas digitales contra la desinformación y en coordinaciones con plataformas como Meta y TikTok. Además, tramita 259 denuncias por posible campaña anticipada.

La organización de los comicios requerirá cerca de 150 mil voluntarios. El Ministerio de Finanzas estimó un presupuesto de alrededor de 2.300 millones de quetzales para el proceso electoral de 2027.

La Corporación Eléctrica Nicaragüense, SA (CENSA), una generadora vinculada al empresario Joaquín Cuadra Lacayo, fue ocupada por la Policía Nacional en Puerto Sandino, León, según fuentes del sector empresarial consultadas por Confidencial. digital.

De acuerdo con esas fuentes, el procedimiento se realizó bajo órdenes de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia.

Las instituciones estatales no habían confirmado públicamente la intervención. Cuadra Lacayo, general en retiro y exjefe del Ejército de Nicaragua, y sus socios tampoco respondieron a las solicitudes telefónicas para conocer su posición sobre la medida.

La empresa opera en el kilómetro 68 de la carretera hacia El Velero y forma parte del sistema eléctrico nicaragüense desde 1997. El Centro Nacional de Despacho de Carga mantiene registrada su generación dentro del sistema interconectado nacional y señala que dispone de una reserva superior a 645,000 galones de búnker.

CENSA cuenta con una capacidad instalada de 57 MW. La compañía se presenta en su sitio web como un actor del sector energético de Nicaragua.

La planta elevó su capacidad instalada hasta 57 MW

La generadora comenzó a producir electricidad en mayo de 1997 con una planta de nueve unidades, cada una con una capacidad nominal de cuatro MW. El conjunto alcanzaba inicialmente una capacidad de 36 MW.

En octubre de 2000, la empresa añadió cuatro unidades de siete MW cada una. Con esa ampliación, la planta elevó su capacidad instalada hasta los 57 MW.

Los registros del Centro Nacional de Despacho de Carga incluyen a CENSA dentro del sistema interconectado nacional. El organismo también consigna la reserva de combustible asociada a la generadora situada en Puerto Sandino.

La compañía se define en su sitio web como un actor del sector energético de Nicaragua.

Las razones atribuidas a la ocupación incluyeron obligaciones contractuales y fiscales

Según la información recogida por Confidencial.digital, las autoridades habrían argumentado presuntos incumplimientos en el contrato de suministro eléctrico. También habrían señalado una supuesta mora ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la Dirección General de Ingresos.

Una fuente empresarial sostuvo que las explicaciones técnicas y financieras podrían encubrir un motivo político. Esa interpretación no fue confirmada por las autoridades estatales ni por representantes de la compañía.

“El pecado de fondo es político”, afirmó la fuente al medio. La persona consideró que los eventuales atrasos o deudas podrían recibir un tratamiento distinto si Cuadra Lacayo y sus socios estuvieran alineados con el poder.

La información atribuida a la fuente empresarial no incluye una respuesta de CENSA sobre los señalamientos relacionados con el contrato de suministro, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social o la Dirección General de Ingresos.

La medida ocurrió después de una intervención sobre Rocedes

La actuación sobre CENSA se produjo después de que Rocedes, otra firma asociada con Cuadra Lacayo, fuera sometida a una medida similar. Esa empresa opera bajo el régimen de zona franca en el Parque Industrial Las Mercedes, en Managua.

El caso se suma a antecedentes de compañías presionadas por entidades recaudadoras estatales y de intervenciones sobre firmas mineras o recicladoras que luego fueron entregadas a competidores chinos, según el reporte citado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte desde hace años que quienes consideren invertir en Nicaragua deben actuar con “extrema precaución” ante los niveles de inseguridad jurídica del país.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, celebró este miércoles la caída de apoyos a la resolución impulsada por Cuba contra el embargo estadounidense, después de que el texto mantuviera la mayoría en la Asamblea General, aunque con una reducción de 35 votos favorables frente a 2025.

“Hoy casi el triple de naciones votaron no, se abstuvieron o simplemente eligieron no votar, dándole la espalda a la resolución sham de La Habana en la ONU”, escribió Waltz en un mensaje difundido el 28 de octubre en la red social X.

El representante estadounidense sostuvo que la votación mostró un cambio en la postura de varios gobiernos ante la iniciativa anual presentada por el régimen cubano. “Queda más trabajo por hacer, pero el mundo está empezando a empujar de vuelta contra la propaganda del régimen cubano a medida que su corrupción y opresión son expuestas. ¡Cuba libre!”, añadió.

Doce países cambiaron su posición frente a la resolución de 2025

El Gobierno de Cuba perdió el respaldo de 12 países que en la votación de 2025 habían acompañado el texto o se habían abstenido. Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Lituania, Marruecos, Eslovenia y Trinidad y Tobago votaron en contra de la resolución, según el conteo publicado por CiberCuba, sitio de noticias cubano.

La resolución, de carácter no vinculante, reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre la isla. El respaldo favorable descendió de 165 votos en 2025 a una cifra 35 votos menor este año, de acuerdo con los datos citados por CiberCuba.

El resultado mantuvo una mayoría para la iniciativa cubana, aunque aumentaron los votos en contra y las abstenciones. Periódico Cubano, que siguió la sesión de la Asamblea General, calculó que el respaldo al texto cayó 21,2% en comparación con la votación anterior.

Waltz destacó el aumento de rechazos, abstenciones y ausencias

Waltz difundió una imagen del tablero electrónico de votación de la Asamblea General y otra fotografía junto a funcionarios estadounidenses, tras conocerse el resultado. Su mensaje centró la atención en el conjunto de países que rechazaron la resolución, se abstuvieron o no participaron de la votación.

El embajador calificó el texto de “resolución sham”, una expresión en inglés que puede traducirse como una iniciativa engañosa o carente de legitimidad. La crítica coincide con la posición histórica de Washington, que sostiene que el debate sobre el embargo omite la situación política, económica y de derechos humanos en la isla.

Los votos en contra se duplicaron y las abstenciones crecieron en 13, según la información difundida por los medios cubanos que siguieron la sesión. La variación marca el tercer año consecutivo de deterioro en el respaldo diplomático internacional a la resolución promovida por La Habana.

El carácter no vinculante de la resolución

Aunque el texto obtuvo una mayoría, no obliga a Estados Unidos a modificar su política hacia Cuba. Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas expresan posiciones políticas de los Estados miembros, pero no tienen efectos vinculantes.

La votación del 28 de octubre dejó un escenario distinto al de 2025: menos apoyos al reclamo cubano, más gobiernos que optaron por rechazarlo o no respaldarlo y una reacción inmediata de la delegación estadounidense, que presentó el resultado como una señal de desgaste de la estrategia diplomática de La Habana.

Estados Unidos colgó este miércoles en la fachada de su embajada en La Habana un cartel con el lema Freedom 250 (Libertad 250), la marca con la que celebra los 250 años de su independencia. Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución anual de Cuba contra el embargo estadounidense con el menor apoyo en tres décadas.

El texto recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. En octubre de 2025 había sumado 165 apoyos, siete rechazos y 12 abstenciones; en 2024, 187 votos favorables y solo dos en contra, los de Estados Unidos e Israel. Hay que ir hasta 1995 para encontrar un respaldo menor.

El cartel reproduce la estética de la campaña que la comisión Freedom 250, respaldada por la Casa Blanca, desplegó en Washington alrededor del 4 de julio con ferias, carreras y fuegos artificiales. La embajada en La Habana usa esa marca desde hace meses en sus redes sociales, donde invitó a los cubanos a enviar mensajes sobre la libertad.

El régimen cubano considera una provocación ese tipo de mensajes en la sede diplomática. En 2006, cuando la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos instaló en sus ventanas un panel luminoso con noticias y consignas, la dictadura de Fidel Castro plantó frente al edificio decenas de mástiles con banderas negras para taparlo. Junto a la misión está además la Tribuna Antiimperialista José Martí, la explanada que el régimen construyó en 2000 para sus actos políticos.

El cambio más visible de la votación llegó desde América Latina. Colombia, Ecuador y Costa Rica votaron en contra por primera vez; Colombia había apoyado el texto en 2025 y los otros dos se habían abstenido. Argentina y Paraguay repitieron el rechazo del año pasado, igual que Hungría y Ucrania, y Marruecos pasó de la abstención al voto negativo. Chile, Honduras y Perú, cuyos nuevos presidentes mantienen buena relación con Donald Trump, se abstuvieron después de haber votado a favor en 2025. Alemania e Italia también se abstuvieron. Venezuela no votó.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, había anticipado cambios en el recuento y pidió a los Estados miembros que rechazaran la resolución porque, de lo contrario, contribuirían “al maltrato al pueblo cubano”. Minutos antes de la votación negó que exista un bloqueo y afirmó que “las penurias del pueblo cubano son exclusivamente culpa de este régimen comunista corrupto”, según recogió AFP.

El debate del martes había terminado en escándalo. Mientras Waltz hablaba, la delegación cubana golpeó las mesas y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento, caminó hacia la tribuna y acusó a gritos al embajador de mentir. El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, tuvo que intervenir para restablecer el orden. Rodríguez pidió que se llamara al orden a Waltz y calificó su conducta de incivilizada y grosera.

La votación llega en el período de mayor presión económica sobre la isla en años. Desde enero, Washington impide la llegada de crudo. Tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de enviar petróleo, y México suspendió sus envíos el 27 de enero ante la amenaza de Trump de imponer aranceles a los proveedores. A comienzos de octubre, la Guardia Costera estadounidense anunció la incautación de dos buques con combustible destinado a Cuba. La red eléctrica, sostenida por siete centrales termoeléctricas con más de 40 años de uso, acumula siete apagones nacionales en 2026.

La embajada que exhibe el cartel reabrió en agosto de 2015, durante el acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro, después de más de cinco décadas sin relaciones diplomáticas. En 2017, el primer Gobierno de Trump retiró a la mayor parte del personal tras los incidentes de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses, conocidos como el síndrome de La Habana. Desde entonces la misión funciona con una plantilla mínima.

El dictador Miguel Díaz-Canel celebró el resultado en la red social X y cuestionó las gestiones de Washington para cambiar el sentido de la votación. La resolución no es vinculante. El embargo, impuesto en 1960 y ampliado a casi todo el comercio en 1962, quedó convertido en ley por la Ley Helms-Burton de 1996, y solo el Congreso de Estados Unidos puede levantarlo.

Cuba presenta el texto ante la Asamblea General desde 1992. En aquella primera votación obtuvo 59 apoyos y tres rechazos.

El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, salió de prisión tras cumplir una condena de 10 años por corrupción. Ante su excarcelación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 28 de octubre que los bienes y propiedades vinculados a su caso continuarán bajo custodia del Estado.

La institución indicó que la condena contra Saca fue acordada durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, administración que también estructuró el proceso judicial contra el exmandatario.

La FGR sostuvo que empresas, inmuebles, vehículos y otros activos sujetos a medidas estatales no serán restituidos como consecuencia de la salida de prisión del expresidente. Según el comunicado, esos bienes permanecerán bajo control estatal conforme a las decisiones judiciales y las normas vigentes.

En marzo de 2026, un juzgado ordenó que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados con Saca pasaran a manos del Estado. Los activos fueron valorados en aproximadamente $ 9,6 millones, incluidos $7,5 millones en propiedades y cerca de $2 millones en productos financieros.

La Fiscalía afirma que evitó una salida antes del cumplimiento de la pena

El Ministerio Público aseguró que una revisión interna permitió detectar un supuesto plan, atribuido a la gestión de Meléndez Ruiz, que contemplaba recursos legales para que Saca recuperara la libertad antes de completar su condena.

De acuerdo con la Fiscalía, el mecanismo habría permitido que el expresidente saliera de prisión antes de cumplir la mitad de la pena impuesta. La actual administración afirmó que tomó medidas para impedir que esa alternativa avanzara.

La institución reafirmó que mantendrá la custodia de los bienes vinculados al caso y defendió sus actuaciones en nombre de los intereses del Estado salvadoreño.

La condena por el desvío de fondos de Casa Presidencial

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca el 13 de septiembre de 2018 por el desvío y lavado de $301 millones de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009. La sentencia lo convirtió en el primer salvadoreño condenado por delitos de corrupción vinculados con el ejercicio de la Presidencia de la República.

La pena incluyó 10 años de cárcel y una responsabilidad civil de $ 260,7 millones por el daño causado al Estado. La Fiscalía había solicitado cinco años por apropiación o utilización ilegal de fondos públicos y otros cinco por lavado de dinero y activos.

La investigación fiscal estableció que dinero de las cuentas institucionales de Casa Presidencial fue trasladado a cuentas particulares mediante cheques sin respaldo legal y operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos. La estructura investigada habría movilizado alrededor de $ 301 millones del erario público.

El caso, denominado “Destape a la Corrupción”, también involucró al exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; al exsecretario de la Juventud César Funes; al exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; al exgerente financiero de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga; al extesorero institucional Jorge Herrera, y al exasistente de la Unidad Financiera Institucional Pablo Gómez.

En agosto de 2018, al inicio del juicio, Saca aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado, que redujo su pena a cambio de la confesión. Sin ese mecanismo, la condena potencial por los delitos imputados debía ser superior.

Charlaix recibió una pena de 10 años de prisión. Rank y Funes fueron condenados a cinco años cada uno; Rodríguez Arteaga, a seis años; Herrera, a tres años, y Gómez, a 16 años.

Gómez fue el único de los siete condenados que no se acogió al procedimiento abreviado y enfrentó un juicio ordinario. Las responsabilidades civiles de todos ellos sumaron $300 millones.

En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de reintegrar los fondos al Estado y corrigió el cálculo de la responsabilidad civil al añadir $347,117.17 al monto establecido.

Saca había sido detenido durante la madrugada del 30 de octubre de 2016, mientras asistía a la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Otros investigados también fueron capturados durante ese evento.

La segunda condena y las obligaciones civiles pendientes

En septiembre de 2019, Saca recibió una segunda condena de dos años de prisión por el caso “Transes”. El expresidente confesó haber entregado $10,000 a Ángela Iracema Avelar, empleada de la Cámara Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a cambio de información sobre el proceso civil abierto en su contra y contra Charlaix.

Las autoridades judiciales revisaron el cómputo de esa pena en 2020 y consideraron cumplidos los dos años con el período que Saca había permanecido bajo detención provisional por ese expediente. La decisión impidió que esa condena se agregara al final de los 10 años impuestos por el desvío de recursos de Casa Presidencial.

La Fiscalía cuestionó el cálculo, pero la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria confirmó en abril de 2021 que la condena principal debía cumplirse en octubre de 2026.

En enero de 2021, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó a Saca y a su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, por enriquecimiento ilícito. La resolución determinó que no lograron justificar parte del aumento de su patrimonio durante el período presidencial de 2004 a 2009.

El exmandatario fue obligado a devolver $3,8 millones al Estado, mientras que su esposa debía reintegrar $ 589,608.42. La suma superó los $4,4 millones y la sentencia inhabilitó a Saca para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Hasta abril de 2026, Saca había abonado $5,845.75 de los $3.89 millones que debía devolver por esa condena civil, de acuerdo con La Prensa Gráfica. Mixco de Saca mantenía entonces una obligación de $ 589.608,42.

El 14 de abril de 2026, la Cámara Primera de lo Civil instaló una audiencia de liquidación de bienes contra ambos para definir cuánto dinero seguían adeudando y establecer si los activos bajo medidas cautelares podían cubrir las cantidades pendientes. Esa obligación corresponde al proceso por enriquecimiento ilícito y es distinta de la responsabilidad civil fijada por el caso “Destape a la Corrupción”.

Saca también fue condenado civilmente por el desvío de fondos provenientes de Taiwán, en un proceso que involucró a Juan Tennant Wright y Gerardo Antonio Balzaretti. En noviembre de 2021, un juzgado estableció una responsabilidad de $ 10 millones para los tres implicados.

Al expresidente le correspondió devolver $6 millones, mientras que Tennant Wright y Balzaretti debían pagar $2 millones cada uno. El expediente se relacionó con acusaciones de lavado de dinero por el manejo irregular de fondos taiwaneses y la sentencia civil quedó firme para Saca en agosto de 2022.

La investigación fiscal sobre los bienes transferidos al Estado concluyó que el exmandatario utilizó sociedades para desviar, ocultar y transformar recursos públicos durante su gobierno. Parte del dinero habría sido destinado a adquirir propiedades en San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

El cumplimiento de la pena de prisión no extingue automáticamente las obligaciones económicas impuestas en las distintas sentencias. Se desconoce cuánto ha devuelto Saca al Estado en total y cuál es el saldo vigente de cada una de sus deudas civiles.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que alcanzó durante los primeros nueve meses de 2026 su mayor producción quirúrgica, tras registrar un incremento del 27 % en las cirugías realizadas mediante jornadas extraordinarias, como parte de las estrategias para reducir las listas de espera en los hospitales públicos del país.

Según los datos institucionales, entre enero y septiembre de 2026, un total de 114,444 casos fueron retirados de las listas de espera quirúrgica. De esa cantidad, 85,046 pacientes recibieron una operación, mientras que otros 29,398 registros fueron depurados después de una revisión administrativa.

La institución destacó que estos resultados permitieron disminuir los tiempos promedio de espera para cirugía, aunque reconoció que todavía existen importantes desafíos para garantizar una atención más oportuna.

De acuerdo con el balance presentado, el tiempo promedio que deben esperar los asegurados para una intervención quirúrgica pasó de 535 días en abril de 2023 a 449 días en septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 86 días.

A pesar de esta mejoría, las cifras muestran que los pacientes todavía deben esperar, en promedio, casi 15 meses para someterse a una cirugía dentro del sistema público de salud.

Más operaciones durante jornadas extraordinarias

Uno de los principales factores que explican el aumento de la producción quirúrgica es la ampliación de las jornadas extraordinarias, que permiten realizar procedimientos fuera de los horarios habituales de atención.

Según la CCSS, estas jornadas aportaron casi una de cada tres cirugías realizadas a pacientes en lista de espera, mientras que en 2021 representaban menos de una de cada diez operaciones.

El director de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), Enué Arrieta Espinoza, explicó que las estrategias institucionales buscan reducir los periodos de espera, especialmente para quienes acumulan varios años pendientes de una intervención.

“A nivel de gestión, en cualquier parte del mundo, no es posible tener listas de espera en cero. Lo que sí es posible, y nuestras estadísticas lo demuestran, es reducir los tiempos de espera”, manifestó el funcionario.

Otro de los indicadores destacados corresponde a los pacientes que aguardaban una cirugía desde 2021 o años anteriores.

Según la institución, esta población pasó de 50,351 pacientes a solamente 816, lo que representa una reducción considerable de los casos más antiguos registrados.

“De los casos con mayor antigüedad la cantidad de pacientes se ha reducido considerablemente. Además, procuramos que cada persona sea atendida dentro del plazo que su gravedad requiere”, agregó Arrieta.

Neurocirugía y oftalmología registran menores tiempos de espera

La institución también reportó avances en determinadas especialidades médicas, particularmente en aquellas que atienden pacientes con necesidades quirúrgicas específicas.

Durante 2026, neurocirugía logró reducir su tiempo de espera en 87 días, mientras que oftalmología registró una disminución de 26 días.

En el área de consulta externa, la especialidad de ortopedia presentó una reducción en sus plazos de atención, al pasar de 1,418 a 769 días, una diferencia de 649 días.

Sin embargo, este último indicador evidencia que los pacientes todavía pueden enfrentar esperas promedio superiores a dos años para acceder a una consulta de ortopedia.

En cuanto a procedimientos diagnósticos, la CCSS informó que la producción de colonoscopias aumentó un 16 %, mientras que las gastroscopias crecieron un 14 %, como parte de los esfuerzos para ampliar la capacidad de atención.

CCSS implementa un plan para reducir las listas de espera hasta 2030

La institución aseguró que continuará ejecutando medidas para mejorar la atención de los pacientes mediante el Plan de Abordaje de Listas de Espera 2026-2030, aprobado por su Junta Directiva el 5 de mayo de 2026.

La estrategia contempla acciones como la ampliación de jornadas con pago por resultados, la confirmación digital de citas, el uso del expediente electrónico y la priorización de pacientes según su condición clínica.

“Reconocemos que las listas de espera son un desafío que comparten los sistemas de salud pública en América Latina”, señaló Arrieta.

El funcionario indicó que, si se mantiene el ritmo de trabajo registrado durante los primeros nueve meses, la institución podría cerrar 2026 con mejores resultados en cirugías, procedimientos y consultas especializadas.

Pese a los avances reportados, la reducción de los tiempos de espera continúa siendo uno de los principales retos de la seguridad social costarricense, especialmente para los pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas y atención especializada.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentó ante una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) los avances de su plataforma tecnológica para identificar a los beneficiarios finales de estructuras corporativas. La visita forma parte de la sexta y última revisión del programa económico vigente, que comenzó el 20 de octubre y concluirá el 2 de noviembre de 2026.

El Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) busca facilitar el acceso a información sobre las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una empresa u otra entidad jurídica. Su utilidad radica en contribuir a que las autoridades detecten estructuras empresariales utilizadas para ocultar recursos ilícitos, evadir controles o dificultar la identificación de los responsables de determinadas operaciones.

Durante la presentación, la CNBS expuso los procedimientos de inscripción, actualización y consulta de datos, además de los mecanismos de validación, seguridad y control implementados para proteger la integridad de la información.

La demostración permitió a los representantes del FMI conocer el funcionamiento operativo del RCBF, así como los procesos establecidos para mantener actualizados los datos y facilitar su consulta. Según la CNBS, los representantes del organismo valoraron positivamente el funcionamiento de la plataforma y los avances logrados durante su implementación.

FMI y la revisión del mecanismo

La efectividad del registro también depende de la calidad de los datos, su actualización periódica, los mecanismos para verificar la información declarada y la capacidad de las instituciones competentes para utilizarla en sus investigaciones.

La identificación de los beneficiarios finales es relevante porque las estructuras corporativas pueden involucrar varias empresas, intermediarios o entidades jurídicas, lo que en algunos casos dificulta establecer quién ejerce el control efectivo o recibe los beneficios económicos.

Conocer esa información puede ayudar a fortalecer la supervisión financiera y las investigaciones relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada.

Evaluación del GAFILAT

La CNBS presenta el programa como parte de los esfuerzos nacionales para avanzar en transparencia corporativa y mejorar los mecanismos de prevención de operaciones ilícitas.

La iniciativa también se vincula con la preparación del país para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional que examina los sistemas de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, incluidos el marco legal, la supervisión, la aplicación de controles y los resultados obtenidos por las autoridades.

En ese contexto, contar con un registro centralizado puede facilitar la identificación de los propietarios y controladores efectivos de empresas, siempre que la información sea precisa, verificable y accesible para las instituciones autorizadas conforme a la legislación aplicable.

El desafío para Honduras consiste en convertir las herramientas tecnológicas en resultados concretos: mantener información confiable, detectar inconsistencias, establecer responsabilidades por datos incorrectos y garantizar que las autoridades utilicen los registros de forma oportuna.

La delegación mantiene reuniones con funcionarios del Gabinete Económico, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, el Banco Central de Honduras y representantes del sector privado, incluido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En las instancias estratégicas de la misión participa el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

La revisión final representa un punto relevante para evaluar los compromisos y avances asociados al acuerdo. No obstante, la presentación de la plataforma de beneficiarios finales es uno de los componentes de la agenda institucional y no implica, por sí misma, que el FMI haya emitido una conclusión definitiva sobre el resultado global de la revisión.

Flávio Bolsonaro borró este miércoles las dos frases en las que se presentaba como presidente electo de Brasil en su primera declaración desde Miami, adonde llegó horas antes pese a una orden judicial que le prohibía salir del país. El senador del Partido Liberal (PL), derrotado el domingo por Luiz Inácio Lula da Silva, publicó en X una versión corregida de su carta en la que ahora se define como “el líder de Brasil”.

La versión original la difundió primero Paulo Figueiredo, comentarista bolsonarista radicado en Estados Unidos, y después el propio Flávio. Abría así: “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”. La frase llegó a los titulares en Brasil y América Latina. Flávio la borró y subió otra sin explicar el cambio.

En la nueva versión, la apertura dice “como el líder de Brasil”. Además, en la carta un párrafo dirigido a sus “60 millones de votantes”, la frase “yo soy el presidente electo” quedó como “yo soy el líder”. También cambió el escudo del encabezado. La primera versión llevaba el de “Estados Unidos do Brazil”, nombre oficial del país hasta 1967.

El resto de la carta quedó sin cambios. Flávio sigue denunciando un fraude electoral, acusa al Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguirlo, pide anular la fórmula Lula-Alckmin y agradece a Donald Trump por acogerlo y al presidente argentino, Javier Milei, por su “coraje”.

El 25 de octubre Lula obtuvo 64.256.232 votos (51,79% de los válidos) y Flávio 59.826.041 (48,21%), según el Tribunal Superior Electoral (TSE). En la primera vuelta del 4 de octubre el orden había sido el inverso: 47,03% para Flávio y 45,16% para Lula.

La carta llamó “imposibilidad matemática” a que Lula sumara más de 10 millones de votos entre una ronda y otra. Los datos oficiales confirman la cifra (10,38 millones). En la primera vuelta, unos 9,3 millones de votos fueron a otros candidatos, y en la segunda los votos válidos crecieron en unos 4,8 millones. Flávio ganó 3,7 millones en el mismo tramo.

La carta también atacó la prórroga de la votación. El ministro del STF Cristiano Zanin, ex abogado de Lula y designado por él en la corte en 2023, extendió el cierre de las urnas hasta las 19.00 a pedido de la coalición oficialista, que denunció recortes en el servicio de autobuses en Bahía y São Paulo. Esa misma tarde, la campaña de Flávio había pedido al TSE lo mismo para 17 municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina.

La carta no nombra al juez que, según Flávio, actuó contra él “siete minutos después de este repugnante fraude electoral”. La orden lleva la firma de Alexandre de Moraes, el juez del STF a cargo de una investigación por presunto lavado de dinero con casas de apuestas que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz.

Moraes ordenó retener sus pasaportes, incluido el diplomático, y le prohibió salir del país. La Policía Federal lo notificó el lunes 26 y le dio 24 horas para entregarlos. Según Flávio, el juez se basó en una declaración de su hermano Eduardo, que el 23 de octubre sostuvo que debía irse del país si perdía.

No los entregó. El martes 27, a las 22.50, cruzó con su familia el puente entre Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú, según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

Desde Puerto Iguazú despegó un avión privado con destino a Guayaquil. Evitó el espacio aéreo brasileño y aterrizó en Miami el miércoles a las 10.25, hora de Brasilia. El gobierno estadounidense confirmó la emisión de visados para la familia y no anunció ningún asilo.

El recorrido tiene antecedentes. Jair Bolsonaro voló a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la investidura de Lula, y pasó allí tres meses. Hoy cumple en prisión domiciliaria, concedida por razones humanitarias, la condena de 27 años y 3 meses que el STF le impuso en septiembre de 2025 por la trama golpista.

Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos desde marzo de 2025. En junio, el STF lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso del proceso, por impulsar ante el gobierno de Trump los aranceles contra Brasil para intentar evitar la condena de su padre. La sentencia quedó firme el 8 de octubre, cuando Moraes ordenó ejecutarla.

La Policía Federal informó que el viaje no configura una fuga ni obliga a medidas inmediatas como la detención. En la carta, Flávio anuncia que hablará “regularmente” a los brasileños para presentar una estrategia opositora.

Flávio es investigado en tres causas en el STF y en ninguna la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acusación formal. Además del caso de Willer Tomaz, el juez André Mendonça lo incluyó el 22 de julio en la investigación sobre los fondos que Daniel Vorcaro, ex dueño del liquidado Banco Master, habría aportado a “Dark Horse”, la película sobre Jair Bolsonaro. La Policía Federal pidió indagar presunto lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción. Flávio sostiene que buscó financiación privada y que no hubo nada irregular.

La tercera causa, a cargo de Moraes, es por calumnia. En enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Flávio publicó en X que Lula sería delatado y le atribuyó, sin pruebas, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electoral. En julio no se presentó a declarar ante la Policía Federal. El martes 27, tres diputados del PT pidieron a Moraes su prisión preventiva y una alerta roja de Interpol; hasta este miércoles el juez no había decidido.

La causa más antigua, por el desvío de salarios de asesores en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, conocida como “rachadinhas”, fue archivada en mayo de 2022 después de que el Superior Tribunal de Justicia anuló las pruebas.

Su mandato como senador termina el 1 de febrero de 2027, cuando asume el nuevo Senado. Será la primera vez desde 2003, cuando asumió como diputado estatal, que Flávio quede sin cargo electivo.

Texto completo de la carta (editada)

Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil.

Antes que nada, quiero agradecer al presidente Milei por su coraje, su sentido de la justicia y de la legalidad, y al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión.

La noche del domingo vi, atónito, cómo se consumaba ante mis ojos un fraude electoral. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática y que Lula sumara más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta. Una decisión del STF, tomada por encima de la competencia del TSE, extendió la votación en el último momento, y la orden solo llegó después del fin del horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas. Los electores quedaron sometidos a reglas diferentes. Hasta ahora, el TSE se limitó a defender la prórroga del horario y no hay una sola respuesta creíble. Y las nulidades no son el único problema. A lo largo de toda la campaña hubo abuso de poder político y económico, y uso de la maquinaria pública en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la fórmula Lula-Alckmin.

La respuesta del régimen a mi cuestionamiento fue rápida. Como en un plan elaborado de antemano, siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un inmenso escándalo de corrupción, citado directamente en la investigación que usó para intentar secuestrar mis pasaportes, y que muy probablemente estaría preso si no hubieran impedido mi asunción, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen. Impedido desde el origen y completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales muestra la dimensión de la arbitrariedad y la ilegalidad en curso.

No era mi intención dejar mi patria, pero sé exactamente adónde lleva esto. Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que empezó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista.

Para que quede claro, no hay ninguna orden de detención en mi contra, porque no cometí ningún delito. Lo que hay es una cacería de brujas con motivación política, que buscaba convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger del juicio político a los jueces corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: retención del pasaporte, tobillera electrónica, censura, prisión domiciliaria, juicio de fachada y, finalmente, condena política.

No voy a someter a mi familia a eso, y mi país no merece pasar otra vez por esta vergüenza internacional. Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco una vez más al presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y darnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil.

Quiero dejar claro que no huí de Brasil, salí por Brasil. Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque callado, preso y censurado, como está mi padre, no podría ejercer ese liderazgo y quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por una Corte Suprema repleta de sirvientes del régimen.

No soy el primero que tiene que luchar por su país lejos de él. Rui Barbosa partió al exilio por enfrentar la arbitrariedad de Floriano Peixoto y desde allí siguió defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y volvió para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia de Cuba desde Nueva York. En Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que dejar el país por enfrentar a la dictadura chavista, y María Corina Machado, aun perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes que enfrentaban. La historia los llamó de otra manera.

Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes sino al pueblo brasileño, que yo soy el líder y que los criminales que robaron la elección de Brasil forman parte de una organización criminal que implantó una tiranía. A ustedes, que anhelaban el cambio: no voy a abandonarlos; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación.

A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta insensatez tiene que terminar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en el que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz ni prosperar así. Todavía hay tiempo para restablecer el equilibrio entre los poderes y devolver a los brasileños la confianza que perdieron.

A la comunidad internacional le pido que no normalice lo que está pasando en Brasil. Lo que ocurre hoy en mi país no es normal y no puede ser tratado como normal.

A los senadores, diputados y gobernadores que ayudé a elegir, y en especial a mi candidato a la presidencia del Senado, Rogério Marinho: sé que hoy ustedes no tienen la libertad necesaria para el pleno ejercicio de la actividad política. Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr.

Y a ti, que votaste por mí y sueñas con el cambio: no estamos derrotados y no estamos solos. Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. En los próximos días me dirigiré regularmente al pueblo brasileño, y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular que tenemos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Les pido a todos que se mantengan firmes y que jamás se rindan.

Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo termina cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día va a llegar.

Que Dios bendiga a Brasil.

Flávio Bolsonaro

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se ha autoproclamado este miércoles como “líder” en una segunda versión de una carta abierta, después de borrar la primera, en la que se proclamaba el “verdadero presidente electo” en su primera declaración tras completar su huida a Estados Unidos después de su derrota en las elecciones presidenciales de este pasado fin de semana.

El senador así lo ha recogido en una misiva que ha editado y difundido en sus redes sociales, tras eliminar una publicación original con una carta idéntica salvo por el hecho de que también se autoproclamaba como “presidente electo de Brasil”.

“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, afirmó en la primera misiva, compartida en su perfil oficial de X.

Sin embargo, unos 20 minutos después, el excandidato borró la primera versión y compartió una segunda en la misma plataforma, en la que cambió la denominación “presidente electo de Brasil” por “líder de Brasil”. Ese fue el único cambio relevante entre los dos documentos.

Bolsonaro salió de Brasil por la frontera con Argentina y abordó un avión privado que hizo escala en Ecuador antes de aterrizar en Miami este miércoles. El desplazamiento se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por sospecha de lavado de dinero. El senador niega cualquier irregularidad en ese expediente.

En el documento, Bolsonaro agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por acogerlo en el país. Pese a declararse “presidente electo”, el senador dijo que pretende conducir la oposición brasileña desde el extranjero.

Bolsonaro reiteró, sin presentar pruebas, que hubo fraude en las elecciones del domingo y dirigió sus críticas contra el ministro Cristiano Zanin, del STF, a quien responsabilizó por los “más de 10 millones de votos” que, según afirmó, Lula habría obtenido “entre la primera y la segunda vuelta”.

Zanin había prorrogado la votación hasta las 19.00 horas, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) solo registró 34.000 votos después de las 17.00 horas, una cifra que contradice la versión difundida por el senador. Lula venció a Bolsonaro por más de 4 millones de votos.

La carta incluye un fragmento que detalla el reclamo: “Una decisión del STF, tomada por encima de la competencia del TSE, extendió la votación a última hora, y la orden llegó solo después de que finalizara el horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas. Los electores quedaron sujetos a reglas diferentes. Hasta ahora, el TSE se ha limitado a defender la prórroga del horario y no hay ni una sola respuesta creíble”.

La declaración constituye un cambio abrupto frente a lo que el propio Flávio había sostenido la víspera, cuando afirmó que desistiría de intentar anular las elecciones y que no abandonaría el país. Integrantes de la cúpula de la campaña aseguran que el lunes intentaron convencerlo de que se retractara de otra declaración, hecha el domingo, en la que sostenía que no aceptaría la derrota en las urnas.

La carta completa

Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil.

Ante todo, quiero agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad; también al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que la gente buena de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión.

La noche del domingo, vi con estupor cómo se consumaba un fraude electoral ante mis propios ojos. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se materializara una imposibilidad matemática, logrando que Lula sumara más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta. Una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), adoptada por encima de las competencias del Tribunal Superior Electoral (TSE), extendió el horario de votación a última hora; la orden llegó incluso después de concluido el horario legal, cuando las urnas ya habían cerrado. Los electores quedaron sujetos a reglas distintas. Hasta ahora, el TSE se ha limitado a defender la prórroga del horario, sin ofrecer ni una sola respuesta creíble. Y las nulidades no son el único problema. A lo largo de toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico, así como el uso del aparato estatal en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura de Lula y Alckmin.

La respuesta del régimen a mis cuestionamientos fue inmediata. Como parte de un plan previamente orquestado, apenas siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez —quien está implicado en un enorme escándalo de corrupción y fue mencionado directamente en la investigación utilizada para intentar confiscar mis pasaportes (y que, muy probablemente, estaría en prisión si no hubieran impedido mi toma de posesión)— puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen. Al estar inhabilitado desde el origen y ser totalmente parcial para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales pone de manifiesto la magnitud de la arbitrariedad y la ilegalidad que están teniendo lugar.

No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente a dónde conducirá esto. Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas —ciudadanos comunes e incluso estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema instrumentalizada por la organización criminal petista.

Para que quede claro: no existe ninguna orden de detención en mi contra, porque no he cometido ningún delito. Lo que hay es una ‘caza de brujas’ motivada políticamente, cuyo fin era convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger de un proceso de destitución a los jueces corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: incautación del pasaporte, uso de tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, un juicio farsa y, finalmente, una condena política.

No voy a someter a mi familia a esto, y mi país no merece pasar de nuevo por esta vergüenza internacional. Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, he traído a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil.

Quiero dejarlo claro: no he huido de Brasil; he salido por Brasil. He escapado de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece; pues, estando callado, encarcelado y censurado —como lo está mi padre—, no podría ejercer ese liderazgo. De lo contrario, quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada, controlada por una Corte Suprema repleta de serviles al régimen. No soy el primero en tener que luchar por su propio país estando lejos de él. Rui Barbosa partió al exilio por enfrentarse a la arbitrariedad de Floriano Peixoto y, desde allí, siguió defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres —condenado a muerte por el régimen de Vichy— y regresó para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia de Cuba desde Nueva York. En Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que abandonar el país por enfrentarse a la dictadura chavista; por su parte, María Corina Machado, aun siendo perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes a los que se enfrentaban. La historia los llamó de otra manera.

Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil. Quiero decirles —no solo a mis 60 millones de electores, sino a todo el pueblo brasileño— que yo soy el presidente electo, y que los criminales que robaron la elección en Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía. A ustedes, que anhelaban un cambio: no los voy a abandonar; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación.

A las instituciones brasileñas les hago un llamamiento: esta locura debe terminar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en la que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz o prosperar así. Todavía hay tiempo para restablecer el equilibrio entre los Poderes y devolver a los brasileños la confianza que han perdido.

A la comunidad internacional, les pido: no normalicen lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que sucede hoy en mi país no es normal y no puede ser tratado como algo normal.

A los senadores, diputados y gobernadores a quienes ayudé a ser elegidos, y en especial a mi candidato a la presidencia del Senado, Rogério Marinho: sé que hoy no tienen la libertad necesaria para el pleno ejercicio de la actividad política. Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr.

Y a ti, que votaste por mí y sueñas con el cambio: no estamos derrotados y no estamos solos. Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y al inmenso apoyo popular con el que contamos —por todos los medios pacíficos y legítimos— para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Pido a cada uno que permanezca firme y que jamás se rinda.

Salí de Brasil, pero no he abandonado a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará.

Que Dios bendiga a Brasil.

En desarrollo

Los compradores de carne cruda y vísceras comestibles en Costa Rica tendrán acceso a nuevos requisitos de etiquetado, que alcanzarán tanto a los productos empacados como a los que se comercializan en mostradores, según una actualización normativa impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La reforma corresponde al Reglamento Técnico RTCR 512:2023, que fija las condiciones de identificación e información para carnes crudas y vísceras aptas para consumo. La disposición entrará en vigor un año después de su publicación en La Gaceta, el diario oficial.

Durante ese período continuará vigente el Decreto Ejecutivo N.° 33744, mientras comercios, proveedores y autoridades adecuan sus procesos a las nuevas reglas.

La carne descongelada deberá estar identificada

Uno de los cambios previstos en el reglamento es la regulación expresa de la carne descongelada, que deberá identificarse ante el consumidor. La norma también desarrolla requisitos sobre la declaración de ingredientes, sustancias que puedan provocar alergias o hipersensibilidades alimentarias, aditivos, lotes, fechas de vencimiento y el idioma de las etiquetas.

El texto incorpora además disposiciones específicas para las vísceras comestibles y adopta como referencia técnica la Guía descriptiva de cortes de carne de res y cerdo en Costa Rica. El objetivo es unificar la identificación de los distintos cortes que se venden en el país.

La ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, afirmó que la actualización busca que la información esté disponible para el público sin importar la modalidad de venta. “Desde el MEIC, nuestro objetivo es que la información sea clara, transparente y esté disponible tanto en los productos empacados como en la carne que se vende en mostradores”, expresó.

Origen, corte y vencimiento, entre los datos que se mantienen

La actualización conserva obligaciones que ya rigen para los operadores económicos. Las etiquetas deberán informar el país de origen, el tipo de corte, la especie animal, la fecha de vencimiento, las condiciones de conservación y el precio por kilogramo.

También se deberá señalar si la carne fue sometida a procesos como marinado, adobado o tenderizado —tratamiento destinado a suavizar la textura del producto—.

El reglamento apunta a que los consumidores dispongan de elementos para distinguir las características de lo que compran y que las empresas cuenten con criterios definidos para cumplir la normativa.

División de tareas entre el MEIC y el SENASA

La fiscalización tendrá una distribución de competencias entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El MEIC verificará el cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la información dirigida a los consumidores. El SENASA supervisará los aspectos vinculados con la especie animal, el corte, el origen y la trazabilidad de los productos cárnicos.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez Guillén, sostuvo que la modificación refuerza las condiciones de comercialización en la cadena cárnica. “Esta actualización normativa contribuye a fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la confianza en la cadena de comercialización cárnica”, indicó.

Ramírez Guillén añadió que el SENASA mantendrá sus funciones de fiscalización en coordinación con el MEIC, con el objetivo de que productores, comercios y consumidores operen bajo reglas comunes.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que la delegación oficial de Cuba protagonizó el 27 de octubre en Nueva York un incidente durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el embargo de Estados Unidos. La organización afirmó que los funcionarios intentaron interrumpir la intervención del representante estadounidense con gritos, gestos y golpes sobre las mesas.

Según el comunicado difundido desde Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento y avanzó hacia la tribuna junto a otros integrantes de la delegación. La Presidencia de la Asamblea suspendió de forma breve la sesión para restablecer el orden.

El OCDH sostuvo que entre los funcionarios presentes estaban el embajador Ernesto Soberón Guzmán, la viceministra Anayansi Rodríguez Camejo, Alejandro González Behmaras, Pedro Luis Pedroso Cuesta e Ileana Bárbara Núñez Mordoche.

La presión sobre los micrófonos y el intento de impedir el registro

La entidad también señaló que el primer secretario de la misión cubana Richard Tur de la Concepción presionó al personal de Naciones Unidas para que interrumpiera los micrófonos del orador estadounidense. Según esa versión, además intentó impedir, con manotazos, que un integrante de la delegación de Estados Unidos registrara la escena.

El OCDH relacionó el incidente con los actos de repudio en Cuba

Para el director ejecutivo del organismo, Alejandro González Raga, el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. “No es un exceso aislado ni un arrebato. Es un método”, declaró el activista en el comunicado.

González Raga comparó la conducta atribuida a los funcionarios cubanos en escenarios internacionales con los actos de repudio que, según denunció, se producen dentro de la isla contra disidentes y opositores. “Lo que estos funcionarios hacen en Nueva York, Ginebra, Lima o Panamá es lo mismo que el régimen hace a diario en los barrios de Cuba”, afirmó.

El director del OCDH agregó que la conducta de la delegación es “homologable a la represión que el Estado cubano ejerce dentro de la isla” y pidió que se la trate bajo ese criterio.

La denuncia llegó ocho días después de otro incidente en la sede de la ONU. El 19 de octubre, de acuerdo con el OCDH, Soberón Guzmán encabezó en los pasillos del edificio un acto contra ex presos políticos y opositores cubanos, entre ellos José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara. Los funcionarios oficiales los recibieron con gritos de “terroristas”, según el comunicado.

Expulsan a diplomático cubano por agresión

El último episodio ocurrió el 27 de octubre. Estados Unidos ordenó la expulsión del primer secretario cubano Richard Tur de la Concepción, acusado de intentar agredir a un funcionario de la delegación norteamericana ante la ONU y arrebatarle su teléfono. El diplomático recibió un plazo de 24 horas para abandonar el país rumbo a La Habana, informó Infobae.

La decisión fue ratificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, después del incidente en los pasillos de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, anunció la medida durante una entrevista con Fox News y sostuvo que la administración de Donald Trump no tolerará hostigamientos ni violencia física contra personal diplomático en territorio estadounidense.

Tur de la Concepción estaba asignado habitualmente a la Quinta Comisión de la ONU, encargada de asuntos administrativos y presupuestarios. Washington le retiró las credenciales para permanecer en el país al considerar que su conducta excedió los límites de la inmunidad diplomática y vulneró las normas aplicables a las representaciones ante el organismo.

El organismo recordó un boicot ocurrido en la ONU en 2018

La organización recordó que el 16 de octubre de 2018 cerca de 20 diplomáticos cubanos interrumpieron durante más de 45 minutos un acto sobre presos políticos en la sala del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El evento, titulado “Jailed for What?”, contó con la presencia de González Raga, ex preso político del Grupo de los 75. El OCDH indicó que aquella protesta estuvo encabezada por Rodríguez Camejo, entonces embajadora cubana, y que incluyó gritos y golpes sobre las mesas.

Durante ese episodio, una representante de Estados Unidos declaró que nunca había presenciado un comportamiento semejante por parte de diplomáticos. González Raga se dirigió entonces a la bancada cubana con una frase que el organismo recuperó tras lo sucedido el lunes: “La gente está viendo lo que hacen aquí, ¿qué no harán en Cuba?”.

El OCDH contabilizó al menos 11 episodios similares desde 2004, entre agresiones y actos de hostigamiento contra activistas cubanos en Ginebra, Panamá, Lima, México, Galicia, Milán y Nueva York. Entre los antecedentes citó la condena de la Justicia española contra una cónsul cubana por la agresión a dos activistas en Galicia en 2022.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy martes 28 de octubre una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 100 millones provenientes de préstamos externos, destinados a cubrir obligaciones operativas y prioridades institucionales durante el último trimestre del ejercicio fiscal.

La iniciativa, presentada por el presidente de la República a través del ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, obtuvo el respaldo de 57 diputados presentes. Antes de votar el fondo, el pleno aprobó dispensar el trámite legislativo con 57 votos a favor y dos en contra.

Tras la votación definitiva, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que “con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza uno A”.

La modificación presupuestaria incorpora fondos de un préstamo de USD 100 millones suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Grupo Banco Mundial.

El financiamiento corresponde a la operación denominada Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador, con una opción de desembolso diferido ante catástrofes.

El decreto recuerda que el crédito fue autorizado en agosto de 2025 y ratificado en septiembre de ese año. Sus recursos pueden utilizarse para responder a emergencias y desastres, además de financiar prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, necesidades de liquidez y transferencias institucionales.

La primera secretaria de la Asamblea, Elisa Rosales, leyó el proyecto enviado por el Ministerio de Hacienda. En el documento, el Ejecutivo señaló que varias instituciones requieren cobertura presupuestaria “para atender obligaciones estratégicas y prioritarias durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal 2026”.

La reforma incrementa el rubro de endeudamiento público dentro de los ingresos del Gobierno Central y distribuye los USD 100 millones entre 10 instituciones y ramos del Estado.

Salud recibirá USD 47 millones para hospitales y Doctor SV

El sector salud concentrará USD 47 millones, distribuidos entre la Red Nacional de Hospitales y el Hospital Nacional El Salvador.

El ramo de Hacienda recibirá USD 30 millones para transferirlos a la Red Nacional de Hospitales. Los recursos financiarán compromisos relacionados con medicamentos, productos farmacéuticos, insumos médicos, material de laboratorio, instrumental y servicios de apoyo institucional.

El ramo de Salud contará con USD 17 millones, que serán transferidos al Hospital Nacional El Salvador. De esa cantidad, USD 7 millones se destinarán a gastos de funcionamiento, compra de medicamentos e insumos, mantenimiento de equipo médico y alimentación de pacientes.

Los USD 10 millones restantes financiarán el fortalecimiento del programa estatal Doctor SV, según la lectura del decreto legislativo.

La distribución también contempla USD 160,000 para el Instituto de Acceso a la Información Pública, destinados a gastos de funcionamiento de diciembre; USD 7 millones para el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; y USD 1,2 millones para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Obras Públicas tendrá USD 25 millones para inversión y residuos

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte dispondrá de USD 25 millones. De ese total, USD 20 millones financiarán la continuidad de proyectos estratégicos de inversión pública.

Los otros USD 5 millones serán transferidos a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos para garantizar su funcionamiento institucional. El decreto también modifica las asignaciones de ingresos y gastos de esa entidad descentralizada.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería recibirá USD 7.87 millones. La mayor parte, USD 6.43 millones, se utilizará para infraestructura e insumos del Hospital Veterinario Chivo Pet. Además, se asignaron USD 750,000 para semillas de frijol y maíz, y USD 685,000 para mantenimiento, logística, transporte, alimentación del personal y otros gastos operativos.

El Ministerio de Cultura contará con USD 5 millones para la Biblioteca Nacional de El Salvador, la Banda de El Salvador, la Escuela Nacional de Música y otras dependencias, además de iniciar la readecuación de las instalaciones del ex Zoológico Nacional.

Turismo, economía y cultura también recibirán fondos

El Ministerio de Turismo tendrá USD 4.07 millones. De ellos, USD 1.87 millones cubrirán gastos de funcionamiento y eventos turísticos previstos entre noviembre y diciembre, mientras que USD 2.2 millones serán transferidos a la Corporación Salvadoreña de Turismo para actividades deportivas, publicidad y promoción turística.

El Ministerio de Economía recibirá USD 2.7 millones para necesidades vinculadas a inversiones, innovación productiva y transformación digital. El decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Anthony “Choco” Lozano reveló que mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella, su excompañero en el Barcelona B, y destacó la sencillez del lateral español pese a su consolidación en el fútbol europeo y su presente en el Real Madrid.

El delantero hondureño le escribió para felicitarlo después de la conquista mundial de España en 2023. Cucurella respondió con la misma cercanía que mantenía durante su paso por las categorías formativas del club catalán.

La conversación fue relatada por Lozano durante una charla con el periodista Gustavo Roca, del canal de YouTube Gustavo Roca Gol. El atacante explicó que no habla regularmente con el defensor, pero intercambian mensajes a través de redes sociales.

El vínculo surgido en el Barcelona B

Lozano aclaró que no tiene agregado a Cucurella en WhatsApp, aunque puede comunicarse con él por otras plataformas. También señaló que el español lo identifica como uno de los futbolistas con los que compartió vestuario durante su etapa de formación.

El delantero valoró que Cucurella conserve una actitud sencilla a pesar del nivel que alcanzó en el fútbol internacional. Ambos coincidieron en el Barcelona B antes de que el lateral continuara su carrera en el fútbol europeo.

La experiencia en el club azulgrana también le permitió a Lozano entrenar con el primer equipo. El hondureño contó que llegó a las instalaciones para trabajar con el filial y encontró su nombre entre los jugadores convocados para la práctica con los mayores.

El entrenamiento con las figuras del primer equipo

La noticia le provocó alegría, aunque recordó que debía concentrarse en el trabajo y dejar de lado la admiración por las figuras del plantel. Esa oportunidad fue una de las experiencias que más recuerda de su recorrido en España.

Lozano destacó la estructura del Barcelona para desarrollar a sus jóvenes desde las divisiones inferiores. Según explicó, la filosofía de juego se sostiene desde La Masía hasta el primer equipo, con prioridad en la circulación del balón y la salida desde el fondo.

Choco Lozano confirmó contactos con Motagua, pero descartó su llegada

El delantero hondureño Antony “Choco” Lozano confirmó que Motagua se comunicó con él durante el último mercado de fichajes a través de Emilio Izaguirre, aunque descartó la posibilidad de incorporarse al club.

Lozano, exjugador de Olimpia, afirmó que mantiene una buena relación con Izaguirre y que respondió al contacto con respeto, pero no avanzó en una negociación para jugar en el equipo azul.

“Con Emilio tengo una buena relación. Si me escribió, hablé con él, estuvimos en contacto, con mucho respeto. A los equipos que me escriben les contesto con toda la buena voluntad y soy muy sincero con ellos. Se les agradece”, declaró en una entrevista con Roca Gol.

Motagua buscaba alternativas para reforzar su ataque y finalmente optó por el costarricense Jonathan Moya. Lozano, de 33 años, continúa como agente libre tras recuperarse de una lesión de rodilla que lo marginó durante gran parte de la temporada 2025-2026.

El atacante entrenó algunos días con Olimpia y no descartó un eventual regreso al club, aunque su prioridad es retomar su carrera en el extranjero a partir de enero.

Los conductores de Panamá tendrán una rebaja en las gasolinas de 95 y 91 octanos a partir del viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo incremento. La actualización publicada en la Gaceta Oficial establece precios máximos diferenciados por localidad, con vigencia de 14 días.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1.32 por litro, equivalente a aproximadamente $5.01 por galón. Frente a los $5.38 del periodo anterior, representa una reducción cercana a 37 centavos por galón, la mayor disminución absoluta entre los tres combustibles regulados.

La gasolina de 91 octanos también tendrá una disminución importante para los consumidores, al pasar de aproximadamente $4.84 a $4.50 por galón.

El nuevo precio será de $1.19 por litro, lo que supone un ahorro cercano a 34 centavos por galón frente a la quincena anterior.

El diésel mantendrá una tendencia contraria, con un incremento de aproximadamente ocho centavos por galón. Su precio máximo en Panamá y Colón pasará de $5.74 a $5.82, mientras que el valor por litro se ubicará en $1.54, según la resolución de la Secretaría Nacional de Energía.

Con estos ajustes, la diferencia entre las gasolinas y el diésel vuelve a ampliarse. El combustible utilizado por numerosos vehículos comerciales será aproximadamente 81 centavos más caro por galón que la gasolina de 95, mientras la separación frente a la de 91 alcanzará $1.32.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a las 6:00 a. m. del viernes 30 de octubre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a. m. del 13 de noviembre. Durante ese periodo, las estaciones no podrán superar los precios máximos autorizados para cada combustible y localidad.

En Arraiján y La Chorrera, la gasolina de 95 costará aproximadamente $5.02 por galón, mientras la de 91 se ubicará en $4.51 y el diésel en $5.83. Los precios presentan pequeñas diferencias respecto de Panamá y Colón, debido a los parámetros de comercialización establecidos.

Para los conductores de David, el galón de gasolina de 95 costará $5.09, el de 91 alcanzará $4.58 y el diésel llegará a $5.90. En Puerto Armuelles, los valores serán aproximadamente $5.13, $4.62 y $5.94, respectivamente, para los mismos productos.

Changuinola continuará entre las localidades con los precios más elevados del país. Allí, la gasolina de 95 alcanzará $5.20 por galón, la de 91 costará $4.69 y el diésel superará los seis dólares, con un valor aproximado de $6.01.

La nueva revisión coincide con una trayectoria descendente de los precios internacionales de las gasolinas durante la segunda mitad de octubre. Los indicadores de la Secretaría Nacional de Energía muestran que, al 27 de octubre, la gasolina de 95 acumulaba una variación negativa de 8.43%.

La caída fue todavía mayor para la gasolina de 91 octanos, cuya variación acumulada alcanzó -8.91% en el periodo mostrado. En contraste, el diésel registró un comportamiento positivo de 1.60%, lo que ayuda a explicar las diferencias entre los ajustes anunciados para los tres combustibles.

La gráfica oficial también refleja que ambas gasolinas mantuvieron una trayectoria predominantemente descendente entre el 14 y el 27 de octubre. El diésel, aunque moderó parte de sus aumentos iniciales, permaneció en terreno positivo, a diferencia de los otros dos productos.

La Secretaría Nacional de Energía establece los precios máximos de venta cada 14 días, tomando como referencia las variaciones de los costos de importación, los fletes y los márgenes de comercialización. El mecanismo permite trasladar los cambios internacionales al mercado panameño mediante revisiones periódicas.

Dos estudiantes de la Universidad Hispanoamericana (UH) obtuvieron el primer lugar en un concurso nacional de arquitectura tras presentar una propuesta que busca transformar la manera de vivir en el centro de San José hacia el año 2100, mediante la construcción de edificios sostenibles que integren viviendas, comercios, áreas verdes y espacios públicos.

Las ganadoras son Maryann Palavicini Rivera y Daniela Lizano Castro, estudiantes de la Escuela de Arquitectura, quienes desarrollaron el proyecto “Ágora Vita: Mirar la ciudad sin dejar de pertenecer a ella”, bajo la supervisión de la arquitecta y docente Adriana Fuentes Fernández.

La propuesta obtuvo el primer lugar en la Primera Edición del Concurso Académico de Diseño Urbano Sostenible Ciudad a Prueba de Futuro: Madera en Masa, Vivienda Asequible y Habitabilidad Vertical, una competencia que reunió a casi 30 equipos universitarios.

El reconocimiento les permitió viajar con todos los gastos pagados a Londres, Inglaterra, para participar en la Cumbre Mundial de Urbanismo Vertical (VU Summit 2026), que se desarrolla del 26 al 29 de octubre en el Hotel Hilton Metropole.

El proyecto plantea una alternativa para enfrentar uno de los principales desafíos urbanos de la capital costarricense: recuperar espacios habitacionales en sectores donde cada vez viven menos personas, pese a mantener una importante actividad comercial y laboral.

Una propuesta para recuperar el centro de San José

De acuerdo con los organizadores del concurso, el desarrollo urbano de Costa Rica enfrenta importantes retos relacionados con la concentración de población y la transformación de sus ciudades.

Según los datos citados en la iniciativa, aproximadamente el 80 % de la población costarricense vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), mientras algunos de los distritos históricos de San José presentan una disminución de residentes permanentes.

Entre los sectores mencionados figuran El Carmen, Merced, Hospital y Catedral, donde se ha identificado un proceso de abandono residencial, aunque la llegada diaria de trabajadores continúa manteniendo una importante actividad económica.

Ante esta situación, las estudiantes plantearon un proyecto que busca integrar la vivienda con la vida urbana, evitando que los edificios de gran altura funcionen como estructuras aisladas de las comunidades.

La propuesta Ágora Vita tiene como escenario el entorno del Parque Morazán, uno de los espacios públicos más reconocidos de la capital.

El diseño contempla una edificación vertical cuya planta baja estaría conectada con la ciudad mediante locales comerciales, recorridos peatonales, jardines y una plaza urbana, con el propósito de generar espacios de convivencia entre residentes y visitantes.

Viviendas sostenibles y espacios para adultos mayores

Uno de los elementos que distinguieron la propuesta fue la utilización de madera estructural, un material contemplado en el concurso como alternativa para desarrollar edificaciones sostenibles.

El proyecto también incorpora diferentes modalidades de vivienda, desde unidades pequeñas hasta espacios de mayor tamaño, adaptados a las necesidades de distintos sectores de la población.

La directora de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana, Amalia Jara Ocampo, explicó que los jueces analizaron especialmente las soluciones orientadas a mejorar la accesibilidad y sostenibilidad habitacional.

“Valoraron el diseño de edificios de madera estructural, soluciones innovadoras en vivienda asequible, inclusiva y sostenible para la clase media urbana”, señaló la arquitecta.

Entre los aspectos destacados por el jurado también figuraron las soluciones habitacionales para personas adultas mayores, el concepto de coliving y el diseño bioclimático, que busca aprovechar las condiciones ambientales para mejorar el funcionamiento de las edificaciones.

Ganadoras representan a Costa Rica en Londres

El concurso fue organizado por el Council on Vertical Urbanism Costa Rica, Capítulo San José, y se desarrolló entre enero y agosto de 2026.

Durante la competencia, los equipos participantes debieron presentar soluciones a desafíos relacionados con el crecimiento urbano, la vivienda, el transporte público y la preservación de los espacios comerciales y comunitarios.

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por arquitectos nacionales e internacionales, quienes tomaron en cuenta la innovación, sostenibilidad y capacidad de integración de los proyectos con su entorno.

Gracias al primer lugar obtenido, Palavicini y Lizano participan en la cumbre internacional de Londres, donde se abordan nuevas tendencias relacionadas con el desarrollo de ciudades verticales.

La iniciativa pretende abrir una discusión sobre cómo aprovechar los espacios urbanos para facilitar el acceso a la vivienda y revitalizar la economía de San José, sin perder la relación entre las comunidades y los espacios públicos.

Aunque Ágora Vita es una propuesta académica y no una construcción anunciada, su reconocimiento plantea alternativas para imaginar una capital más habitable, sostenible e integrada hacia el próximo siglo.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha contabilizaba hasta el momento más de 1.152 réplicas desde el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el 9 de octubre en Panamá.

Tras el sismo, personal del instituto recorrió las áreas afectadas para ampliar la vigilancia del sistema de fallas Azuero-Soná, revisar equipos y medir la deformación de la corteza.

La misión incluyó la instalación de estaciones sísmicas en las regiones de Soná, Quebrada Grande, Mariato, Quebro, en la provincia de Veraguas, y Macaracas, en la provincia de Los Santos, además de la inspección de los dispositivos ubicados en Penonomé y Las Tablas, ubicados en las provincias de Coclé y Los Santos, respectivamente.

El director del instituto, Néstor Luque, indicó que las observaciones de campo permiten contrastar los cambios del terreno con los registros instrumentales y las imágenes satelitales.

Durante las inspecciones, dijo que los especialistas detectaron desplazamientos de consideración en el sector sur del plano de falla, hacia Tonosí, en la provincia de Los Santos, y la parte meridional del sistema, en dirección al distrito Los Santos.

Explicó que las mediciones posteriores a un terremoto sirven para documentar la ruptura, sus efectos sobre la superficie y establecer referencias ante futuros episodios.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá sostuvo que esos datos también aportan a la paleosismología, disciplina que analiza rastros de sismos antiguos para determinar cuántas veces se movió una falla, cómo fueron sus desplazamientos y qué características tuvieron esos eventos.

La comparación entre las evidencias geológicas y los datos obtenidos tras el reciente sismo puede aportar elementos sobre la energía liberada y los intervalos entre terremotos, declaró a la revista Hacia La Luz.

Sin embargo, Luque advirtió que los registros instrumentales aún son insuficientes para fijar un período de recurrencia de grandes movimientos en esta falla.

Los eventos de 1913 y 2026 aportan pocos datos, por lo que será necesario profundizar el análisis geológico de antiguos desplazamientos.

Registros históricos apuntan a que en el siglo XX el terremoto de Panamá de 1913 registró una magnitud de momento estimada en 6,9, y fue se asoció a la falla de Tonosí, una estructura incluida dentro del ámbito del Sistema de Fallas Azuero–Soná (SFAS).

Ese sismo afectó la zona sur de la península de Azuero, provocando deslizamientos de tierra y graves daños en poblados, e incluso generó un pequeño tsunami que alcanzó el golfo de San Miguel, en la región del Darién.

Esta es una estructura de cizalla de escala regional con dirección noroeste–sureste, reconocida por el Instituto de Geociencias como la principal responsable de la reciente actividad sísmica de gran magnitud en Tonosí, Veraguas y la región suroccidental del país.

Este sistema combina mecanismos de desgarre lateral con componentes variables de extensión (fallas normales) y compresión (fallas inversas), lo que se refleja en la diversidad de mecanismos focales observados en las distintas secciones.

Así se tiene que la zona de Mariato y el golfo de Montijo, por ejemplo, presenta una mezcla de fallas de desgarre con componentes normales e inversas.

Mientras, el sector de isla Coiba y alrededores registra fallas transcurrentes asociadas a la interacción entre la fractura de Coiba y estructuras locales, generando una sismicidad frecuente con rupturas de tipo lateral.

Ahora, La expedición también busca documentar deslizamientos y otras alteraciones causadas por el terremoto.

Investigadores del Instituto de Geociencias que realizan estudios doctorales y colaboradores analizan imágenes satelitales para localizar las zonas afectadas y verificar en el terreno los movimientos identificados.

El científico alertó que los sitios donde ya hubo deslizamientos pueden registrar nuevos desplazamientos mientras continúen las lluvias.

La saturación del suelo y el reblandecimiento de los materiales elevan la inestabilidad de las laderas y pueden provocar deslizamientos o deslaves, por lo que recomendó no acercarse a esas áreas y atender las advertencias de las autoridades.

El Consulado General de República Dominicana en Madrid informó este miércoles que, hasta el momento, no tiene constancia de ciudadanos dominicanos fallecidos o heridos en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España. La representación diplomática indicó que mantiene contacto con las autoridades españolas y que la información podría cambiar conforme avance la identificación de las víctimas.

El comunicado, fechado el 28 de octubre de 2026, señala que la sede consular realiza verificaciones ante el choque entre dos trenes de alta velocidad en la línea que conecta Madrid con Sevilla. El siniestro involucró a un convoy de Renfe y a otro de la empresa Iryo en las proximidades de Urda, en Toledo.

“Hasta el momento, según las verificaciones realizadas por esta sede consular, no se tiene constancia de ciudadanos dominicanos entre las personas fallecidas o heridas”, afirmó el Consulado en una comunicación difundida en sus canales oficiales.

El consulado mantiene contacto con las autoridades españolas

El cónsul general dominicano en Madrid, José Ernesto Marte Piantini, mantiene comunicación directa con el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, según el comunicado. Ambos siguen la evolución de la emergencia y cualquier situación que pueda afectar a la comunidad dominicana que reside en España.

La representación consular indicó que recaba datos con las instituciones competentes para confirmar las identidades de las víctimas y atender eventuales solicitudes de asistencia. También expresó solidaridad con las personas afectadas y sus familiares.

La aclaración llega mientras los equipos de emergencia españoles trabajan en la zona del accidente, donde se registraron fallecidos y decenas de heridos. Las cifras oficiales variaron durante la jornada debido a las tareas de rescate, evacuación y reconocimiento de las personas que viajaban en ambos trenes.

El accidente interrumpió la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía

El choque ocurrió durante la mañana en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en un tramo situado entre Mora, Orgaz y Urda, de acuerdo con información del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el organismo público español que gestiona la red de vías. Los primeros datos difundidos por medios españoles indicaron que un tren AVE de Renfe alcanzó a una formación de Iryo y que varios vagones descarrilaron.

Las autoridades regionales activaron el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha para coordinar el operativo. Bomberos, personal de Protección Civil, equipos sanitarios y helicópteros participaron en la respuesta, mientras hospitales de la región reorganizaron su actividad para recibir a los heridos.

El accidente obligó a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, uno de los corredores ferroviarios de mayor uso en España. Renfe habilitó cambios y anulaciones sin costo para los pasajeros afectados por la interrupción del servicio, mientras continuaban los trabajos de rescate, las inspecciones sobre la infraestructura y la investigación de las causas del choque.

Las autoridades aún investigan las causas de la colisión

La información disponible indica que en los dos trenes viajaban más de 500 pasajeros. Las autoridades españolas no habían cerrado la investigación sobre la secuencia que derivó en el impacto ni sobre las condiciones de circulación en ese tramo ferroviario.

El Consulado General dominicano en Madrid afirmó que continuará con el seguimiento del caso y que informará a la comunidad sobre cualquier novedad. Por ahora, la confirmación oficial es que no hay dominicanos identificados entre las víctimas mortales ni entre los heridos.

Las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre siguen aumentando conforme avanzan las evaluaciones oficiales. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 16,302 viviendas han sido inspeccionadas y 52,874 personas registradas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

El informe confirma dos personas fallecidas y 27 lesionadas. Las autoridades mantienen operativos en las comunidades afectadas para identificar daños estructurales, determinar necesidades prioritarias y orientar la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas o enfrentan condiciones inseguras.

En el sector educativo, el balance registra 619 centros escolares con afectaciones, mientras que en salud se contabilizan 120 instalaciones dañadas. Las inspecciones continúan para establecer la gravedad de los daños en cada edificio y determinar cuáles requieren reparaciones, intervenciones mayores o restricciones de acceso.

La emergencia también mantiene a 4,501 personas alojadas en 141 albergues, según las cifras más recientes. Sinaproc reportó asistencia en 175 comunidades y 38 evacuaciones aéreas, mientras la distribución de suministros humanitarios continúa en los territorios donde persisten dificultades de acceso.

Hasta el momento, las operaciones han permitido movilizar más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas mediante transporte terrestre. Los suministros incluyen alimentos, agua y artículos de primera necesidad, destinados a familias que permanecen fuera de sus hogares o necesitan apoyo durante la recuperación.

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en la comarca Ngäbe-Buglé, donde Sinaproc reportó 130 viviendas evaluadas, aproximadamente 16 con colapso estructural y 668 personas registradas. Las inspecciones abarcan los distritos de Kusapín, Ñöle Duima, Nurum y Müna, con participación de distintas instituciones.

En esa región también fueron identificadas 12 personas con discapacidad y siete mujeres embarazadas que requieren seguimiento según sus necesidades particulares. Los equipos continúan recopilando información para priorizar la atención de los hogares y actualizar las cifras conforme se validen los reportes de campo.

En el distrito de Nurum participan funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda. El trabajo incluye visitas a las comunidades, levantamiento de información y verificación de las condiciones habitacionales para determinar las medidas de asistencia correspondientes.

Ante la magnitud de los daños, el presidente José Raúl Mulino anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 previstas inicialmente. Con esta ampliación, el Gobierno proyecta levantar al menos 2,700 casas para familias afectadas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, explicó que se incrementó el número de contratistas para ampliar la cobertura de las obras y atender más corregimientos. La meta oficial contempla avanzar progresivamente hasta marzo de 2027, aunque el total de viviendas podría aumentar conforme concluyan las inspecciones.

Mientras se desarrollan los trabajos, las autoridades prevén habilitar estructuras temporales para las familias damnificadas. También se han anunciado alternativas de alojamiento y apoyo habitacional, mientras se organizan las reparaciones y reconstrucciones según las condiciones de cada inmueble y las necesidades de sus ocupantes.

Para agilizar la respuesta, el Consejo de Gabinete aprobó modificaciones al mecanismo de financiamiento de la emergencia, que contempla recursos de hasta 100 millones de dólares. La medida busca facilitar los pagos y aportes a contratistas mediante un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá, sujeto a los controles correspondientes.

La asistencia también incluye 200 carpas donadas por Copa Airlines, trasladadas con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras hacia Los Santos. Paralelamente, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros insumos a personas afectadas por el terremoto.

Sinaproc reiteró que las cifras todavía son preliminares y podrían modificarse con nuevas inspecciones. Las autoridades pidieron evitar el ingreso a estructuras dañadas sin verificación técnica y aseguraron que la atención habitacional y humanitaria continuará mientras se completa la evaluación de las comunidades afectadas.

La Policía Nacional de Nicaragua informó este miércoles que incautó 4,204 libras de marihuana, equivalentes a 1.9 toneladas, ocultas en un camión que transportaba cerámica y que fue retenido en el puesto de control fronterizo de El Guasaule, en el departamento de Chinandega.

De acuerdo con la información de la institución policial, el procedimiento ocurrió el martes 27 de octubre. La droga estaba escondida en más de 600 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café.

El vehículo inspeccionado era un cabezal de color rojo junto con un remolque de plataforma de color blanco. Según el reporte oficial, el cargamento tenía como destino final Costa Rica y había partido desde Hidalgo, México.

La droga estaba oculta entre láminas y flejes de la carga

La Policía nicaragüense indicó que los agentes detectaron la mercancía ilícita durante una revisión de láminas aislantes de calor y flejes, unas cintas plásticas utilizadas para asegurar mercadería.

“Al inspeccionar láminas de aislante de calor y flejes para amarrar mercancía, se incautaron 608 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, conteniendo hierba color verde”, detalló la institución en la síntesis difundida sobre el caso.

A su vez, las primeras pruebas de campo dieron resultado positivo para marihuana. Luego, peritos de Criminalística realizaron análisis químicos que también confirmaron que la sustancia incautada era marihuana, según informó la fuerza policial.

La carga fue localizada entre productos de cerámica, sulfato de plomo y respuestas para vehículos que eran trasladados por el conductor del camión, identificado como Fredy Bladimiro R., de 52 años y nacionalidad guatemalteca.

Según la reconstrucción de los hechos, el transportista ingresó a México durante la mañana del 23 de octubre de 2026 y se dirigió a una bodega.

De igual manera, el comunicado de la institución señala que el conductor cargó el camión en ese lugar y que, cerca de las 14:00 de ese mismo día, retiró el cabezal con el furgón para estacionarlo en el área asignada por la compañía. Al día siguiente, el 24 de octubre, salió de México a las 9:00 para partir rumbo a Costa Rica.

El vehículo llegó el lunes 26 de octubre a la frontera de El Guasaule, en Nicaragua. Allí fue sometido a un proceso de perfilamiento e inspección, tras el cual los agentes encontraron la droga oculta en el cargamento de cerámica, siempre de acuerdo con la versión de la Policía.

A su vez, la Policía nicaragüense precisó que aplicó la técnica Scintrex Trace, un detector empleado para identificar partículas de marihuana. A su vez, el análisis se realizó en distintos sectores de la cabina del vehículo, entre ellos la palanca de cambios, el timón, la vestimenta, los dorsales y las palmas de las manos del detenido.

Ese procedimiento confirmó la presencia de partículas de marihuana en los elementos examinados. El comunicado no informó sobre otras personas detenidas ni sobre las medidas judiciales que enfrentarán Recinos Vargas y el cargamento retenido.

La operación incluyó además la ocupación del cabezal y de su plataforma, utilizados para transportar la mercancía.

Costa Rica marcó un cambio histórico en su política exterior al votar este miércoles 28 de octubre de 2026 en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que solicita poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Es la primera vez que Costa Rica rechaza esta resolución anual, después de haber respaldado durante más de tres décadas las solicitudes internacionales para eliminar las restricciones comerciales contra la isla.

La votación se realizó durante una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la propuesta obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, por lo que finalmente fue aprobada, pese a la oposición de Costa Rica y otros países.

Entre las naciones que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Hungría, Ucrania y Costa Rica, entre otras.

El resultado refleja una disminución importante del respaldo internacional a la iniciativa cubana. En 2025, la resolución recibió 165 votos favorables, mientras que en 2024 había conseguido el apoyo de 187 países.

Costa Rica cambia su posición después de más de 30 años

Desde 1992, cuando Naciones Unidas comenzó a discutir anualmente esta resolución, Costa Rica había mantenido una posición favorable al levantamiento de las sanciones, con algunas variaciones.

En aquella primera votación, el país se abstuvo, pero desde 1993 comenzó a apoyar las iniciativas que exigían a Washington eliminar el embargo.

Incluso durante los primeros años del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la representación costarricense mantuvo su respaldo a estas resoluciones.

Sin embargo, en octubre de 2025, Costa Rica decidió abstenerse por primera vez en más de tres décadas, lo que representó el inicio de una modificación en su postura diplomática.

Posteriormente, el 7 de julio de 2026, el país votó en contra de abrir un debate relacionado con el embargo estadounidense. Aquella decisión tuvo carácter procedimental y no implicó un pronunciamiento directo sobre el levantamiento de las sanciones.

El cambio se concretó este miércoles, cuando la representación costarricense rechazó oficialmente la resolución que solicita poner fin al embargo.

Con esta decisión, Costa Rica fue el único país centroamericano que votó en contra del texto, mientras que Nicaragua y Panamá lo respaldaron, Honduras se abstuvo y Guatemala y El Salvador no participaron en la votación.

Relaciones diplomáticas con Cuba también han cambiado

La nueva posición costarricense ocurre después de una serie de decisiones adoptadas durante 2026 en las relaciones con el Gobierno cubano.

En marzo de este año, durante la administración de Rodrigo Chaves, Costa Rica anunció el cierre de su Embajada en La Habana y solicitó el retiro del personal diplomático cubano acreditado en San José.

No obstante, se permitió mantener funcionarios consulares y administrativos para garantizar determinados servicios a los ciudadanos de ambos países.

En septiembre, el entonces canciller Manuel Tovar Rivera también había adelantado que el Gobierno contemplaba modificar su comportamiento en las votaciones relacionadas con Cuba.

El funcionario manifestó que la revisión de la posición nacional “implicaría modificar el comportamiento de voto”, aunque en ese momento no confirmó que Costa Rica rechazaría la siguiente resolución.

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está encabezado por Ana Elena Pinto Lizano, quien asumió el cargo el pasado 15 de octubre.

Estados Unidos y Cuba mantienen posiciones enfrentadas

Durante la discusión en Naciones Unidas, los gobiernos estadounidense y cubano defendieron posiciones opuestas sobre las consecuencias del embargo.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo que las sanciones afectan directamente a la población, principalmente por las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y combustibles.

Por su parte, el representante estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, rechazó que las restricciones económicas sean las únicas responsables de los problemas que enfrenta Cuba.

“No hay bloqueo”, afirmó Waltz durante su intervención, al señalar que la isla mantiene relaciones comerciales con diferentes países y recibe determinadas exportaciones estadounidenses.

Aunque la Asamblea General aprobó nuevamente la resolución, esta no tiene carácter jurídicamente vinculante, por lo que Estados Unidos no está obligado a levantar las sanciones.

La votación refleja las posiciones diplomáticas de los Estados miembros y constituye un pronunciamiento político internacional sobre una medida vigente desde hace más de seis décadas.

El resultado de 2026, con 35 votos favorables menos que el año anterior, evidencia una reducción del respaldo a la propuesta cubana, mientras Costa Rica consolida un cambio histórico en su posición ante Naciones Unidas.

La Comisión Liquidadora del Gobierno acudió este miércoles al Ministerio Público para formalizar una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción detectados en al menos 25 instituciones públicas durante la gestión gubernamental anterior, con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos y establezcan las posibles responsabilidades conforme a la legislación hondureña.

La acción busca que las autoridades fiscales examinen las presuntas irregularidades identificadas en distintas dependencias estatales y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar las investigaciones.

El abogado Leonel Núñez, quien encabeza la Comisión Liquidadora, afirmó que durante las revisiones se encontraron indicios de posibles anomalías relacionadas con el manejo de los recursos públicos, entre ellas fondos cuya utilización no habría sido debidamente aclarada.

Según explicó, entre los hechos que consideran necesario investigar figuran presuntas operaciones de malversación, utilización de dinero público para actividades vinculadas con campañas políticas y transferencias de recursos sobre las cuales, aseguró, todavía no se tiene claridad respecto de sus destinatarios o del uso que finalmente recibieron.

Núñez sostuvo que la documentación presentada permitirá poner estos señalamientos en conocimiento de los órganos responsables de investigar posibles delitos contra la administración pública.

Irregularidades en 25 instituciones

De acuerdo con el titular de la Comisión Liquidadora, las presuntas anomalías abarcan al menos 25 instituciones públicas, entre ellas dependencias y programas como la Secretaría de Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica.

El funcionario indicó que los hallazgos no se limitan a una sola entidad, sino que comprenden diferentes áreas de la administración estatal. Por ello, consideró necesario que las investigaciones permitan establecer cómo se ejecutaron los presupuestos, quiénes autorizaron los gastos y cuál fue el destino de los fondos cuestionados.

La revisión de estas operaciones también podría contribuir a identificar eventuales fallas en los mecanismos de supervisión y control del gasto público, siempre que las autoridades investigadoras logren documentar las irregularidades señaladas y establecer los hechos de manera verificable.

Hasta el momento, las declaraciones de Núñez no incluyen un desglose completo de los montos presuntamente comprometidos, ni una relación detallada de cada operación cuestionada o de las personas que podrían estar vinculadas con los hechos denunciados.

Perjuicio económico

Uno de los puntos destacados por el presidente de la Comisión Liquidadora es la dimensión económica de las presuntas irregularidades. Núñez manifestó que la cantidad de recursos que habría sido objeto de un manejo irregular es considerable, aunque evitó precisar una cifra global.

Explicó que corresponde a los organismos contralores y a las autoridades encargadas de la investigación establecer el monto exacto de los fondos involucrados, determinar si hubo perjuicio económico para el Estado y cuantificar los recursos cuyo uso no haya podido justificarse.

La ausencia de una cifra consolidada impide, por ahora, dimensionar con precisión el posible impacto financiero de los hechos denunciados. Para establecerlo será necesario examinar contratos, órdenes de pago, registros presupuestarios, informes de ejecución y otros documentos que permitan reconstruir las operaciones señaladas.

Además de la eventual identificación de perjuicios económicos, las investigaciones deberán determinar si las transacciones cuestionadas contaban con respaldo legal, si los servicios o productos contratados fueron efectivamente recibidos y si los recursos públicos se utilizaron para los fines autorizados.

Pagos a ciudadano venezolano

Núñez también se refirió a contrataciones de ciudadanos extranjeros realizadas durante la administración anterior, las cuales, según afirmó, deben ser objeto de revisión.

Como ejemplo, mencionó el caso de un ciudadano venezolano que, de acuerdo con sus declaraciones, habría recibido más de 150 millones de lempiras, equivalentes aproximadamente a USD 5,7 millones.

El señalamiento abre interrogantes sobre la naturaleza de la contratación, los servicios que habrían sido prestados, las condiciones económicas acordadas y los mecanismos utilizados para autorizar los desembolsos.

Los señalamientos presentados ante el Ministerio Público se suman a actuaciones que, según la información proporcionada, la Comisión Liquidadora ya había promovido ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objetivo de que se examinaran presuntas irregularidades atribuidas a anteriores autoridades de distintas dependencias gubernamentales.

La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) presentó este día 28 de octubre, los resultados de un informe regional sobre movilidad urbana, en el cual determinó que el colapso del tránsito en las principales metrópolis centroamericanas incrementa en más del 10% los costos operativos de las empresas y absorbe más de tres horas al día en los trayectos de los trabajadores.

El relevamiento expone el impacto simultáneo que el deterioro vial produce en el bienestar laboral y en la rentabilidad de las cadenas de suministro.

La investigación midió las dinámicas urbanas en:

• Ciudad de Guatemala
• San Salvador
• Tegucigalpa
• San José
• Ciudad de Panamá.

La recolección de datos abarcó consultas estructuradas a tres sectores clave de la sociedad: empresarios agremiados, personal en planilla y estudiantes universitarios.

El diagnóstico de Fecamco reveló que cinco de cada 10 colaboradores dedican más de dos horas cada día al traslado de ida y regreso hacia sus hogares. Dentro de este segmento, el 60% acumula más de tres horas diarias en el tránsito, lo que recorta los períodos destinados a la vida personal y al descanso.

Las mediciones arrojaron variaciones notorias según la urbe. En trayectos superiores a los 10 kilómetros, los trabajadores de Ciudad de Guatemala promedian tres horas y 10 minutos de viaje por jornada, condicionados por la multiplicidad de conexiones que demanda el servicio público.

En Ciudad de Panamá, ese lapso alcanza dos horas y 20 minutos debido a cuellos de botella y obras en la calzada, mientras que en San Salvador se ubica en dos horas y 10 minutos, con un marcado déficit de rutas durante los turnos nocturnos.

En contraste, aunque San José y Tegucigalpa registraron distancias medias inferiores a los 10 kilómetros, sus corredores principales sufren una parálisis crónica que anula la certeza sobre los tiempos de llegada.

El crecimiento del parque vehicular sobrepasa la capacidad de las vías

Esa saturación vial guarda una relación directa con el acelerado crecimiento del parque automotor en las cinco naciones observadas, el cual superó con creces la capacidad física de las carreteras.

En El Salvador, los registros oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) contabilizan un parque vehicular vigente de 2.158.431 automotores, con una variación anual al alza del 6,73%.

La presión se repite en el resto del istmo: Guatemala sostiene la flota más voluminosa con más de 5,3 millones de unidades, Honduras supera los 2,9 millones, Costa Rica registra cerca de 2,8 millones y Panamá rebasa los 1,5 millones de vehículos.

Este volumen vehicular presiona arterias que no absorben incidentes viales menores, anula las rutas alternas y elimina las tradicionales horas de menor congestión. El fenómeno se agrava frente a un transporte público con deficiencias de cobertura, frecuencia y seguridad, condiciones que obligan a los ciudadanos a optar por el vehículo particular.

La congestión eleva los costos de transporte y deteriora la rentabilidad empresarial

De acuerdo con el relevamiento, el 76% de los empresarios centroamericanos señaló que la congestión afecta su logística, distribución o abastecimiento, con mayor gravedad en el sector comercio, seguido de la industria y los servicios.

Las compañías deben programar márgenes de contingencia más amplios, lo que reduce las visitas comerciales posibles por jornada y exige una mayor cantidad de vehículos de carga para mover volúmenes que antes se atendían con menos unidades.

Esta ineficiencia logística se complementa con las restricciones horarias municipales para el transporte pesado y las demoras en pasos aduaneros. En el plano financiero, ocho de cada 10 empresarios identificaron sobrecostos superiores al 10% asociados a las fallas viales, lo que recorta los márgenes de ganancia.

Para sostener sus operaciones, las compañías absorben gastos adicionales en combustible, mantenimiento de unidades, pago de horas extraordinarias, recargos por nocturnidad y la contratación de transporte privado para trasladar a sus trabajadores.

La Universidad de Panamá advirtió sobre ofertas para realizar exámenes de admisión a cambio de dinero, difundidas mediante redes sociales y plataformas digitales.

La institución alertó a los aspirantes de primer ingreso sobre esta práctica, que compromete la validez de las evaluaciones y podría afectar sus posibilidades de ingresar a la casa de estudios superiores.

Mediante un comunicado emitido el 27 de octubre, la Dirección General de Admisión informó que ha tenido conocimiento de personas que ofrecen presentar las Pruebas de Capacidades Académicas (PCA) en nombre de los estudiantes.

Estas propuestas incluyen una remuneración económica por sustituir al aspirante durante la evaluación.

La universidad calificó esta conducta como irregular y contraria a los principios de honestidad, transparencia e igualdad de oportunidades que deben regir el ingreso a sus carreras. Las autoridades recordaron que el propósito de las pruebas es evaluar las capacidades individuales de cada postulante, sin intervención de otras personas.

La advertencia establece que cualquier evaluación en la que se compruebe que una persona distinta al aspirante realizó el examen será declarada inválida. La institución también señaló que podrán aplicarse medidas administrativas o legales, según corresponda, sin precisar cuántos casos han sido identificados ni anunciar sanciones contra personas determinadas.

El pronunciamiento está dirigido tanto a los estudiantes interesados en ingresar a la universidad como a sus familiares, ante el riesgo de que acepten ofrecimientos de terceros. La Dirección General de Admisión exhortó a no efectuar pagos por estos servicios y a desconfiar de quienes prometan resolver las evaluaciones.

Las autoridades insistieron en que las pruebas de admisión tienen carácter personal e individual, por lo que deben ser desarrolladas exclusivamente por los aspirantes inscritos. Permitir que otra persona responda el examen altera las condiciones de competencia y desvirtúa la medición de conocimientos y habilidades utilizada durante la selección.

La alerta coincide con el desarrollo del proceso de admisión para el año académico 2027, cuya inscripción se efectuó entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2026. El procedimiento tiene un costo de 30 dólares e incluye evaluaciones psicológicas, académicas y de conocimientos generales.

Una parte de estas evaluaciones se realiza mediante plataformas virtuales, aunque determinadas facultades requieren que los estudiantes acudan presencialmente y utilicen dispositivos electrónicos. Esta combinación de modalidades forma parte del esquema de admisión vigente, en el que cada unidad académica comunica las condiciones correspondientes a sus aspirantes.

Durante octubre, la Universidad de Panamá también anunció modificaciones en el calendario de las pruebas académicas para distintas facultades y centros regionales. Los cambios incluyeron evaluaciones virtuales desde el hogar y otras presenciales, por lo que se solicitó verificar las fechas y modalidades oficiales antes de presentar cada examen.

Entre los ajustes comunicados figura la aplicación de pruebas para Comunicación Social y Humanidades el 26 de octubre, mediante modalidad virtual desde el hogar. Otras unidades académicas establecieron jornadas posteriores, mientras las autoridades recomendaron consultar las instrucciones específicas de cada facultad para evitar errores durante el proceso.

El calendario general también contempla pruebas psicológicas hasta el 26 de noviembre y evaluaciones de conocimientos generales durante noviembre. La entrega de resultados a los aspirantes está prevista del 11 al 15 de enero de 2027, una vez completadas las distintas etapas establecidas por la universidad.

Aunque existen reportes recientes sobre las ofertas de suplantación denunciadas por la institución, no se han identificado antecedentes públicos suficientemente documentados que permitan establecer cuántas situaciones similares ocurrieron en procesos anteriores. Tampoco se ha informado oficialmente el número de estudiantes involucrados en las prácticas que motivaron esta advertencia.

La Dirección General de Admisión reiteró que los interesados deben utilizar únicamente los canales oficiales de información y evitar intermediarios que ofrezcan ventajas a cambio de pagos.

La universidad sostuvo que el ingreso debe responder al mérito y las capacidades de cada aspirante, sin comprometer la transparencia de las evaluaciones.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala cerró el martes 27 de octubre las Conferencias sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 2026, con una advertencia sobre el uso de inteligencia artificial generativa para cometer fraudes y con la preparación del país para una evaluación internacional prevista para 2027.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Evolución de la Prevención del LD/FT” y reunió a funcionarios de la Intendencia de Verificación Especial, conocida como IVE, junto con representantes del sector privado.

El encuentro estuvo dedicado a las amenazas que acompañan la transformación digital de los servicios bancarios y a las respuestas que deben adoptar las entidades financieras.

El superintendente de Bancos, Juan Carlos Catalán Herrera, planteó durante la apertura que los sistemas de prevención deben cambiar ante la creciente sofisticación de las técnicas utilizadas por redes criminales. Su propuesta fue pasar de un modelo reactivo a otro basado en riesgos, con capacidad para anticipar amenazas y detectar operaciones sospechosas de manera oportuna.

La transformación digital del sistema financiero guatemalteco exige una actualización permanente de los mecanismos de control, sostuvo el funcionario. Catalán Herrera no presentó cifras sobre la cantidad de operaciones sospechosas identificadas durante el último año, aunque ubicó el debate dentro de los compromisos internacionales de Guatemala contra el lavado de activos.

Identidades, voces y documentos replicados mediante algoritmos

El fraude sofisticado a través de herramientas de inteligencia artificial generativa ocupó uno de los paneles centrales de las conferencias. Los funcionarios de la IVE Hugo Leonel Morales González y Ana Lucía Luna expusieron los métodos mediante los cuales actores criminales pueden replicar identidades, voces y documentos mediante algoritmos generativos.

Las autoridades financieras consideran que esas prácticas representan un riesgo creciente para los procedimientos de verificación de clientes. La capacidad de imitar elementos que habitualmente se emplean para confirmar una identidad modifica las amenazas que deben vigilar las instituciones del sistema bancario.

La agenda también incluyó una presentación sobre nuevas tecnologías y servicios financieros. El director de Cumplimiento y Asuntos Legales de Roxom, Alfonso Martel, participó junto con el funcionario de la IVE José Daniel Ramírez en una exposición sobre el efecto de los productos digitales en el perfil de riesgo de las entidades supervisadas.

La expansión de esos servicios obliga a las instituciones bajo control de la Superintendencia de Bancos a revisar los riesgos que monitorean. La entidad describió la actualización técnica como parte de la respuesta frente a los desafíos que plantea la digitalización financiera.

La evaluación internacional prevista para 2027

Las conferencias abordaron las obligaciones de las personas obligadas ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. El programa incluyó además un panel de cierre llamado “Hacia dónde enfocar los esfuerzos de Prevención del LD/FT”, destinado a debatir las prioridades actuales en la materia.

La Evaluación Mutua de Guatemala está prevista para 2027. El proceso examinará la efectividad del sistema nacional contra el lavado de dinero y su capacidad para enfrentar el financiamiento del terrorismo.

La Superintendencia de Bancos señaló que la coordinación entre los distintos participantes del sistema financiero y la actualización de sus capacidades técnicas pueden favorecer una respuesta articulada ante los riesgos detectados. Las medidas deben apuntar a resultados sostenibles y medibles antes de la revisión internacional.

El director del Departamento de Tecnología, Analítica e Internacional de la IVE, Oscar Gabriel Calvillo Salguero, estuvo a cargo de las palabras finales de la jornada. La SIB agradeció los aportes de expositores y participantes, y reafirmó su compromiso de mantener espacios de formación especializada para fortalecer la prevención del lavado de dinero.

El organismo definió la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como “un esfuerzo de país”. Las conferencias se realizaron durante el aniversario número 80 años de la institución, creada para supervisar el sistema bancario guatemalteco.

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la quinta reunión ordinaria de 2026 del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico, en la que el Gobierno de Guatemala evaluó los efectos de la sequía, los precios de los combustibles y las reservas de agua del embalse de Chixoy para anticipar riesgos sobre la producción, el abastecimiento y la generación eléctrica durante la época seca 2026-2027.

El nivel del embalse alcanzó 802,99 metros sobre el nivel del mar el 26 de octubre, apenas 0,06 metros por debajo de su cota máxima de 803,05 metros.

Las lluvias registradas durante ese mes elevaron los caudales promedio por encima de los 100 metros cúbicos por segundo, una condición favorable para la generación hidroeléctrica.

El Gabeco reúne a ministerios, secretarías y entidades públicas para analizar asuntos que inciden en la actividad económica y coordinar respuestas ante situaciones que pueden afectar la producción, el consumo y el suministro de servicios básicos.

La sesión incorporó información sobre las condiciones climáticas, el impacto en el sector agropecuario, la evolución del mercado de combustibles y las proyecciones para el sistema energético. También se analizaron los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre las actividades productivas y la disponibilidad de recursos hídricos.

Alimentos y seguros ante las pérdidas rurales

El Plan de Acción de Respuesta a la Emergencia por Sequía 2026 fue uno de los asuntos centrales del encuentro. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación presentó medidas anticipatorias destinadas a reducir las pérdidas en el área rural y asistir a las familias afectadas por la falta de lluvias.

Como parte de esa estrategia, el ministerio distribuyó 602.700 raciones de alimentos en zonas con afectaciones climáticas. La asistencia apunta a la población con dificultades para sostener su producción agrícola o acceder a alimentos por las condiciones de sequía.

El MAGA informó además que 43,313 personas cuentan con cobertura de seguros agropecuarios. Este mecanismo busca compensar una parte de las pérdidas provocadas por fenómenos que dañan cultivos y otros medios de producción del sector rural.

Del total de personas cubiertas, 10,908 recibieron indemnizaciones de entre Q 500 y Q 3,000. Los pagos menores correspondieron a afectaciones clasificadas como muy fuertes, mientras que las compensaciones más altas se destinaron a daños considerados catastróficos.

No se detalló la distribución geográfica de las raciones alimentarias ni de las pólizas de seguro, tampoco los cultivos alcanzados por las medidas. La información disponible no incluyó una estimación de las pérdidas económicas vinculadas con la sequía.

La falta de esos datos impide establecer el alcance de la respuesta en las áreas más expuestas. El seguimiento climático se relaciona con la producción agropecuaria, la disponibilidad de alimentos y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema energético nacional.

Petróleo, precios internos y reservas de agua

La evolución de los combustibles también ocupó parte de la reunión, debido a su incidencia sobre los costos del transporte, la producción y la distribución de bienes. El Banco de Guatemala expuso un análisis sobre el precio internacional del petróleo y los riesgos geopolíticos que podrían modificar el suministro mundial.

Las variaciones del mercado internacional repercuten en el costo de los derivados del crudo comercializados en Guatemala. El monitoreo incluyó factores que podrían trasladarse a los precios internos durante los próximos meses.

El Ministerio de Energía y Minas presentó los resultados del subsidio temporal y de las exenciones tributarias vinculadas con los combustibles. La cartera también explicó los mecanismos utilizados para establecer los precios de referencia.

No se informó si el Gabeco resolvió prorrogar, modificar o sustituir las medidas vigentes. La revisión se concentró en los efectos de los instrumentos aplicados y en las condiciones internacionales que pueden provocar cambios en el mercado local.

En el frente energético, el Ministerio de Energía y Minas mantiene el seguimiento de las proyecciones hidrológicas elaboradas por el Instituto Nacional de Electrificación para la época seca 2026-2027. La disponibilidad de agua almacenada y el comportamiento de la demanda eléctrica determinarán las condiciones de generación durante los meses de menor precipitación.

La cercanía de Chixoy con su nivel máximo permite prever un inicio favorable de la temporada seca. Sin embargo, el abastecimiento energético dependerá de la evolución de las lluvias, los caudales y la demanda de electricidad.

El seguimiento de los embalses forma parte de las medidas de prevención ante una posible reducción de los recursos hídricos. Un período seco puede afectar la producción agrícola, el costo de la energía y la disponibilidad de insumos para la economía.

Las instituciones que integran el Gabeco continuarán con el monitoreo de las proyecciones climáticas, los precios internacionales del petróleo y el comportamiento del embalse de Chixoy antes de la época seca 2026-2027.

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) firmó una carta de entendimiento con Millennium 3000 Enterprise Inc. para abrir una Casa Comercializadora en Dallas, Texas, que buscará incorporar productos de micro y pequeñas empresas salvadoreñas al mercado de Estados Unidos.

El acuerdo, informado por la institución a través de un comunicado, forma parte del Programa de Casas Comercializadoras, una estrategia que procura establecer alianzas con socios en otros países para facilitar el acceso de la micro y pequeña empresa salvadoreña (Mype) a compradores, distribuidores y nuevos canales de venta.

La nueva sede en Dallas permitirá exhibir productos de empresas salvadoreñas de distintos rubros. El espacio propiciará que representantes de la casa comercializadora conozcan de primera mano la oferta, las capacidades de producción y las propuestas de valor de los negocios participantes.

La apuesta apunta a resolver una de las principales dificultades de las pequeñas unidades productivas que buscan vender fuera del país: el contacto directo con potenciales clientes y operadores comerciales. La intermediación de una casa comercializadora puede facilitar la identificación de productos con demanda, así como los procesos de negociación, presentación y distribución.

Según Conamype, hasta la fecha se han concretado más de 40 alianzas con Casas Comercializadoras en Honduras, Estados Unidos, Canadá, Francia, Colombia, Reino Unido, Suecia, Alemania, España, República Checa, Italia, Israel y China. La red busca ampliar la presencia de bienes elaborados por emprendedores salvadoreños en mercados internacionales.

Dentro de los artículos que se ofrecen en las casas comercializadoras, se encuentran las artesanías, que representan el 34% de los productos según los datos divulgados por la comisión. Le siguen el café, con 28%; la ropa, con 22%; las carteras, con 9%; el calzado, con 5%; y el chocolate, con 2%.

Los productos con potencial exportador tendrán un espacio de exhibición

La apertura de la casa en Texas se inscribe en la estrategia de internacionalización de las mypes salvadoreñas, con énfasis en sectores que ya cuentan con experiencia en ferias, vitrinas comerciales y actividades de promoción. El objetivo es que las empresas puedan sostener vínculos que vayan más allá de una venta puntual.

Durante 2025, Conamype también desarrolló actividades para conectar a pequeños proveedores con compradores nacionales. En abril organizó un showroom de promocionales, uniformes y empaques de alimentos, que reunió a 15 mypes expositoras y más de 50 empresas e instituciones públicas interesadas en establecer relaciones comerciales.

La actividad formó parte de la estrategia de la Unidad de Comercialización de la entidad. El encuentro buscó generar oportunidades para proveedores de menor escala e insertarlos en cadenas de suministro de empresas e instituciones.

Conamype también impulsó espacios de formación para negocios que proyectan exportar. En octubre realizó el foro Exporta SV: El camino de las MYPE para la Exportación, al que asistieron más de 100 empresas de rubros como artesanías, textiles, confección, calzado, tecnología, alimentos, bebidas y agroindustria.

La jornada incluyó asesorías sobre normas internacionales, promoción comercial, trámites de exportación y requisitos para acceder a mercados externos. La entidad indicó que estas capacitaciones buscan reducir barreras para las empresas que pretenden pasar de la producción local a las ventas internacionales.

Entre las iniciativas de Conamype también figura el programa Mujer y Negocios, dirigido a empresarias y emprendedoras. En Santa Ana, la comisión presentó el programa a 17 mujeres en el marco de un proyecto de empoderamiento económico financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La apertura de la casa comercializadora en Dallas ampliará esa línea de trabajo orientada a fortalecer capacidades empresariales, promover la oferta nacional y generar canales de venta para unidades productivas con potencial de exportación.

Las diputadas y diputados de Guatemala, encabezados por Sonia Gutiérrez, presentaron el 27 de octubre una iniciativa para imponer la paridad y la alternancia de género en las candidaturas electorales, con un mecanismo que permitiría rechazar las listas de los partidos que no cumplan. La reforma también exige la inclusión de pueblos indígenas y busca modificar una normativa vigente desde 1985 antes del próximo proceso electoral.

La propuesta modifica el artículo 212 del Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, que regula la postulación e inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Su alcance incluye a los comités cívicos electorales que participan en elecciones de alcaldías y corporaciones municipales.

El proyecto incorpora además el artículo 212 Bis. Las nóminas para diputados por distrito electoral, lista nacional y Parlamento Centroamericano, junto con las planillas municipales, deberán alternar de forma consecutiva las postulaciones de mujeres y hombres.

El rechazo de listas como sanción por incumplimiento

El Registro de Ciudadanos deberá revisar que las organizaciones políticas respeten los criterios de paridad y alternancia. Si detecta una irregularidad, tendrá que advertir al partido para que corrija su lista dentro del plazo previsto por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Si la agrupación no subsana el incumplimiento, el Registro rechazará la inscripción de la lista. La iniciativa convierte así la alternancia en una condición obligatoria para competir en los comicios.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales explicó, durante una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, que la reforma responde a una demanda histórica de las organizaciones de mujeres. Gutiérrez afirmó: “Se nos ha negado a las mujeres, que somos el 52% ya de la población en general, la posibilidad de participación política en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

El decreto propuesto cita dos opiniones de la Corte de Constitucionalidad, emitidas en los expedientes 5352-2013 y 4528-2015. De acuerdo con los considerandos, el tribunal sostuvo que la igualdad política “no se satisface con la presencia numérica de mujeres en las candidaturas”, sino con condiciones que garanticen el acceso efectivo a los cargos de representación y a los espacios de dirección partidaria.

La propuesta también invoca el artículo cuatro de la Constitución Política de Guatemala, referido al principio de igualdad, y el artículo 46, que reconoce la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Entre ellos figura la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW.

El respaldo indígena y la advertencia hacia 2027

La iniciativa fue firmada inicialmente por Olga Villalta, César Amézquita, José Chic, Raúl Barrera, Patricia Orantes, Nery Ramos y José Carlos Sanabria. Durante la presentación, la diputada Evelyn Morataya, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, también suscribió el documento.

Representantes de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas y de la Articulación de Mujeres Parlamentarias Indígenas participaron del acto. Norma Satik, integrante de la coordinación política de esta última organización, señaló que las agrupaciones han sostenido durante años procesos de formación, cabildeo e incidencia para impulsar la reforma.

Satik resumió la demanda de las organizaciones: “Necesitamos inclusión, necesitamos paridad, necesitamos alternancia para que definitivamente podamos tener una democracia más fortalecida”.

Rosalina Tuyuc, excongresista y vicepresidenta de la Junta Directiva del Legislativo, intervino en representación de la articulación de mujeres mayas. Advirtió que el reclamo acumula 35 años y anticipó que las organizaciones seguirán de cerca la posición de cada integrante del Congreso: “Si no hay voto para esta propuesta, tampoco habrá voto de las mujeres para el 2027”.

Amézquita sostuvo que la aprobación de la reforma no bastará para asegurar una representación efectiva de las mujeres. El diputado llamó a fortalecer la participación dentro de las estructuras partidarias y afirmó: “Podemos lograr la ley, podemos lograr la modificación, pero si no hacemos trabajo dentro de los partidos políticos, no vamos a lograr esas casillas ganadoras”.

Tras la presentación, los legisladores entregaron la iniciativa a la Dirección Legislativa del Congreso. Gutiérrez indicó que la Comisión de Asuntos Electorales solicitará su lectura en el pleno y pedirá que sea remitida de inmediato a esa instancia para dictamen y discusión antes del próximo proceso electoral.

Scarleth Buitrago teme que su hija, Jerelyn Estrada, sea trasladada a Nicaragua sin los recursos médicos que necesita para seguir con vida. La joven, de 19 años, permanece internada en un hospital de Gainesville, Florida, donde depende de un ventilador mecánico para respirar y requiere atención especializada fuera del centro médico.

La madre sostiene que la posibilidad de una repatriación médica surgió después de que Jerelyn perdiera la cobertura de Medicaid. En declaraciones difundidas por Telemundo 51 y recogidas por 100 % Noticias, Buitrago indicó que una representante del hospital le habló de esa alternativa, misma que la familia rechaza por temor a que el traslado interrumpa el tratamiento de la joven.

“Temo que envíen a mi hija a Nicaragua”, expresó Buitrago entre lágrimas, de acuerdo con el medio.

Jerelyn padece una enfermedad genética que la mantiene conectada a un ventilador. La madre indicó que el hospital no puede darle el alta si la familia no cuenta con ese equipo y con un entorno adecuado para sostener sus cuidados en casa. Buitrago afirmó que no tiene los recursos para afrontar esos costos.

La situación abrió una disputa sobre las condiciones en las que Jerelyn podría salir del hospital. Su madre asegura que ni ella ni su hija han autorizado un traslado a Nicaragua y que su prioridad es conseguir los medios para atenderla en Estados Unidos.

“Yo les dije entréguenmela a mí, yo soy su mamá. Si a mí me toca pedir e ir a casa por casa, pero no voy a dejar que ella se muera. No la pueden enviar a Nicaragua”, afirmó Buitrago en las declaraciones recogidas por 100% Noticias.

La mujer explicó que el personal del centro médico le comunicó que la falta de fondos para garantizar la atención domiciliaria y la situación migratoria de la familia reducen las opciones disponibles. No obstante, la madre insiste en que una repatriación no resolvería el problema de salud de Jerelyn.

Select Medical, la empresa que opera el hospital donde permanece la joven, no hizo comentarios sobre el caso. La compañía indicó a Telemundo 51 Miami que las leyes federales de privacidad médica le impiden referirse a pacientes específicos.

Jerelyn dice que en Nicaragua no obtuvo un diagnóstico

La propia Jerelyn expresó que no quiere volver a Nicaragua. La joven recordó que antes de viajar a Estados Unidos no consiguió respuestas médicas sobre la enfermedad que afecta su salud.

“Yo no quiero regresar a Nicaragua, allá yo no tuve un diagnóstico, una respuesta”, dijo.

Su deseo inmediato es obtener el ventilador que necesita para dejar el hospital sin perder el apoyo respiratorio. También manifestó que espera recuperar parte de la autonomía que tenía antes de que su enfermedad se agravara. “Volver a ser como antes, volver a caminar”, expresó.

El caso expone una dificultad que afecta a pacientes que requieren tratamientos complejos y pierden cobertura médica: el alta hospitalaria puede depender de equipos, asistencia profesional y adecuaciones domiciliarias que las familias no siempre pueden pagar.

La posibilidad de acceder a Medicaid de emergencia se convirtió en una de las alternativas que evalúa la familia. Buitrago informó que inició una nueva solicitud con la expectativa de que su hija pueda recibir apoyo para continuar su atención en Florida.

El Departamento de Niños y Familias de Florida señala que algunas personas que cumplen los demás requisitos del programa, aunque no reúnan la condición migratoria exigida, pueden obtener cobertura ante una emergencia médica grave.

Florida modificó reglas para algunas personas no ciudadanas

El estado de Florida anunció cambios en la elegibilidad de Medicaid para determinadas categorías de personas no ciudadanas, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026. La información disponible no permite establecer si esas modificaciones alcanzan de forma directa la situación de Jerelyn.

Mientras espera una respuesta a la solicitud de cobertura, Buitrago busca apoyo para evitar que la falta de recursos obligue a separar a su hija de la atención médica que recibe en Estados Unidos.

“Si Dios le dio vida, yo tengo fe que lo que él empieza lo termina”, concluyó la madre.

Con las cintas de los zapatos, dos hombres fueron atados de manos antes de ser asesinados y desmembrados en una zona desolada de Apopa. Por esos hechos, Rafael Baltazar Rojas Hernández recibió 65 años de prisión.

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 2, le impuso 30 años de cárcel por cada homicidio agravado y cinco años por agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República sostuvo que el condenado, conocido como sparquin, integraba el Barrio 18 Revolucionarios. En junio de 2018, participó junto a otros sujetos en la privación de libertad de las víctimas.

El grupo trasladó a los dos hombres hasta un sector aislado del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste. Luego de los asesinatos, los responsables desmembraron los cuerpos.

Según el informe fiscal, Rojas Hernández cavó la fosa donde enterraron las partes de las víctimas. El imputado asistió a la audiencia en la que recibió la sentencia.

En la misma causa, Julio Roberto Pocasangre Pocasangre, alias once; Edwin Omar Espinosa Hernández, alias doce; y Óscar Joaquín Navarrete, alias payaso, fueron condenados a cinco años de prisión por agrupaciones ilícitas.

Los tres acusados estuvieron presentes en el juicio. Kevin Adonis Baños Santamaría, alias gato say, y Erick Edenilson Fernández Gáldamez, alias caníbal, también fueron procesados como reos ausentes.

La investigación determinó que todos pertenecían a la misma estructura y operaban en las colonias Valle Verde I, II, III y IV; Popotlán I y II; La Ermita y sus alrededores.

La Fiscalía señaló que el grupo controlaba esos sectores mediante extorsiones, robos, homicidios y otras actividades delictivas. El proceso se juzgó con base en el Código Penal anterior a las reformas que aumentaron las penas para ese delito.

Los imputados también enfrentarán otros procesos por hechos distintos.

Una pareja recibió condenas por fingir ser policías para extorsionar en Chalchuapa

A cambio de no capturar a dos estudiantes por agrupaciones ilícitas, una pareja exigió dinero a sus padres tras hacerse pasar por agentes policiales. Por esos hechos, Yeni Maritza Granados de Aquino fue condenada a 59 años de prisión y David Obed Aquino Ortiz recibió una pena de 44 años.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana los declaró culpables por los delitos de extorsión y hurto de identidad.

La investigación de la Fiscalía General de la República determinó que los imputados obtuvieron información sobre los padres de los alumnos de un centro escolar de Santa Ana Oeste.

En junio de 2022, los procesados amenazaron a las familias y les exigieron distintas cantidades de dinero. Las víctimas no tenían vínculos con estructuras criminales, pero cedieron por temor a que sus hijos fueran detenidos.

Los condenados proporcionaron la cuenta bancaria de una amiga, a quien engañaron para que recibiera los depósitos. La investigación estableció que la pareja obtuvo más de USD 5,000 por medio de las amenazas.

Las víctimas denunciaron los hechos ante las autoridades. Las diligencias posteriores llevaron a la captura de Granados de Aquino y Aquino Ortiz en Chalchuapa, Santa Ana.

Dos hombres recibieron seis años por desviar un cargamento de ropa usada

Un cargamento de ropa usada ingresó a El Salvador, pero nunca llegó a la Aduana Terrestre San Bartolo, que era el destino declarado por sus transportistas. El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó por ese caso a Christian Ernesto Alvarado y William Antonio Corado Ramírez.

Cada uno recibió seis años de prisión. Además, deberán pagar USD 38,159.73 para cubrir el perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.

Las investigaciones establecieron que el 7 de julio de 2017 ambos declararon en Puerto Corinto, Nicaragua, que trasladarían la mercadería hacia la Aduana Terrestre San Bartolo.

El vehículo ingresó por la Aduana Terrestre El Amatillo sin realizar los trámites correspondientes. Las cámaras de seguridad registraron su entrada al país.

La mercadería no llegó al punto de entrega previsto y la investigación determinó que fue descargada en otro lugar. Esa maniobra permitió evadir el pago de los impuestos correspondientes.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de San Pedro Sula anunció que apelará el sobreseimiento definitivo dictado a favor de tres agentes de la Dirección Antiextorsión y Antisecuestros (DAET), acusados de tráfico de drogas agravado. El punto central del recurso es la validez del allanamiento en el que se obtuvieron las pruebas del caso.

El caso involucra a miembros de una unidad policial especializada en combatir la extorsión y las asociaciones terroristas, imputados por suponerlos responsables de tráfico de drogas agravado. A uno de ellos también se le atribuía tenencia de munición prohibida.

La FESCCO considera necesario someter a revisión los argumentos jurídicos utilizados por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para cerrar el proceso.

Fiscalía cuestiona la nulidad

El principal punto de desacuerdo entre el Ministerio Público y la resolución judicial es el allanamiento practicado en una vivienda que, según la investigación fiscal, era utilizada como casa de seguridad por agentes de la DAET.

En ese inmueble fueron decomisadas las pruebas que dieron origen al requerimiento fiscal contra los policías. El juzgado, sin embargo, declaró la nulidad de la diligencia, decisión que la Fiscalía busca revertir mediante los mecanismos de impugnación establecidos en la legislación hondureña.

El ente acusador argumenta que el allanamiento fue autorizado por un juez competente y que el ingreso al inmueble se realizó dentro del horario permitido por la ley. Sobre esa base, sostiene que una instancia superior debe examinar las circunstancias en que se ejecutó el procedimiento y los fundamentos jurídicos que llevaron a invalidarlo.

La apelación busca que un órgano judicial superior determine si corresponde mantener o modificar la decisión adoptada. Hasta que exista una resolución, los argumentos de la Fiscalía constituyen la posición de una de las partes, no una conclusión definitiva sobre la legalidad del procedimiento.

Con el recurso anunciado, el Ministerio Público pretende que una instancia superior examine la decisión de declarar nulo el allanamiento y excluir las pruebas obtenidas en la vivienda investigada.

La revisión deberá centrarse en los cuestionamientos planteados por la Fiscalía y en los fundamentos de la resolución impugnada, de acuerdo con el alcance del recurso que finalmente se presente y las reglas procesales aplicables.

El resultado determinará si se mantiene el sobreseimiento definitivo o si la decisión judicial debe modificarse en los aspectos objeto de revisión. El Ministerio Público no informó cuál será la fecha de presentación del recurso ni cuándo podría conocerse una resolución de segunda instancia.

La existencia de una acusación no equivale a una declaración de culpabilidad; el anuncio de una apelación, a su vez, no significa que el sobreseimiento haya sido revocado: esa determinación dependerá de lo que resuelva el tribunal competente.

La revisión permitirá determinar si los señalamientos procesales planteados por el ente acusador tienen fundamento suficiente para modificar lo resuelto en primera instancia, dentro de los límites establecidos por la legislación penal.

El expediente también mantiene la atención sobre los mecanismos de rendición de cuentas aplicables a los miembros de los cuerpos de seguridad cuando enfrentan acusaciones penales. La resolución que se adopte en las siguientes etapas deberá ajustarse a las garantías del debido proceso y a la valoración judicial de los elementos incorporados legalmente a la causa.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $9,907,110 destinados a financiar 14 mil becas y apoyos económicos dirigidos a jóvenes salvadoreños de escasos recursos que cursan estudios de educación postsecundaria.

Los recursos serán administrados por la Dirección de Integración y provienen del préstamo 6153/OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto global de hasta $100 millones. Dicho financiamiento fue autorizado mediante el Decreto Legislativo 640, aprobado el 20 de agosto de 2026.

La mayor parte de los fondos, equivalente a $9,877,110, será asignada al proyecto denominado “Programa de becas y apoyo económico para estudiantes de postsecundaria, a nivel nacional”. La iniciativa contempla beneficiar a estudiantes inscritos en universidades, institutos especializados y escuelas técnicas.

Según el decreto aprobado, las becas cubrirán gastos como matrícula o inscripción, mensualidades o cuotas académicas, además de materiales específicos requeridos para las carreras de los beneficiarios. La medida busca facilitar la permanencia de jóvenes en el sistema educativo, particularmente de aquellos que enfrentan limitaciones económicas para continuar sus estudios.

Los restantes $30,000 serán utilizados para el proyecto “Administración del Programa y Unidad Ejecutora, BID-6153/OC-ES”. Estos recursos servirán para contratar consultores y al equipo coordinador encargado de ejecutar el programa, así como para adquirir equipo informático necesario para su gestión.

La reforma presupuestaria incorpora los recursos al Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, específicamente en la unidad presupuestaria de Apoyo a Instituciones Adscritas. Desde esa área se transferirán los fondos a la Dirección de Integración para desarrollar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador.

Asimismo, se crea dentro del presupuesto especial de la Dirección de Integración la Unidad Presupuestaria 03, denominada “Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador”, con una línea de trabajo orientada a la gestión y ejecución de las acciones financiadas con el préstamo externo.

El propósito de esta unidad será administrar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos destinados a potenciar competencias académicas y socioemocionales en estudiantes de educación secundaria y media. También tendrá a su cargo la entrega de becas y apoyos económicos a estudiantes de nivel postsecundario.

El financiamiento aprobado se distribuye en $21,000 para la adquisición de bienes y servicios, $9,000 para inversiones en activos fijos y $9,877,110 para transferencias de capital, correspondientes principalmente a la cobertura de las becas para los jóvenes beneficiados.

En el listado de proyectos de inversión pública, el programa de becas fue identificado con el código 9093 y tendrá una ejecución a nivel nacional, con fecha de finalización prevista para diciembre de 2026. El proyecto administrativo, identificado con el código 9094, también será ejecutado en todo el país y deberá concluir en el mismo período.

Tras el dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego de recibir a representantes del Ministerio de Hacienda, el documento fue aprobado en la plenaria de este miércoles por los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes expusieron la necesidad de incorporar los fondos al presupuesto vigente.

Con la aprobación, los recursos deberán aplicarse bajo la fuente de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó archivar la adhesión del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), apartando del cargo a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y anunció que el Gobierno sustituirá esa vía de apertura comercial por un paquete de respaldo para el sector agropecuario que no exporta.

La decisión, comunicada este miércoles durante la conferencia semanal de Presidencia, frena un proceso que había avanzado durante casi dos años y que apuntaba a vincular a Costa Rica con un mercado de alrededor de 600 millones de consumidores en América, Asia y Oceanía.

Fernández sostuvo que la falta de información completa para los sectores potencialmente afectados impidió que el Ejecutivo siguiera adelante con la firma. “El transpacífico no va”, afirmó la mandataria, tras cuestionar que los productores no recibieran el texto íntegro del acuerdo pese a las instrucciones que, según dijo, había dado al Ministerio de Comercio Exterior.

El Gobierno cuestionó la falta de acceso al texto del acuerdo

La presidenta señaló que el contenido del tratado permaneció bajo reserva durante la negociación y que esa situación limitó la posibilidad de analizar sus efectos sobre las distintas actividades económicas.

“Casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, expresó Fernández. La mandataria sostuvo que había pedido a la entonces ministra Indiana Trejos compartir el documento con los sectores involucrados, pero aseguró que esa instrucción no se cumplió.

“Pese a que instruí a la ministra de Comex, Indiana Trejos, de compartir el acuerdo transpacífico con todos los sectores involucrados, a la fecha ninguno lo ha recibido íntegro”, dijo.

A partir de esa evaluación, la jefa de Estado anunció la salida de Trejos y el cierre del expediente. “Decidí destituir a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, señaló durante la conferencia.

La decisión coloca en pausa la incorporación de Costa Rica al CPTPP, un pacto comercial que reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. El acuerdo busca reducir barreras arancelarias y establecer normas comunes para el comercio, los servicios, la inversión, el comercio digital y otros ámbitos de intercambio económico.

El Tratado Transpacífico abría acceso a nuevos mercados, según el Gobierno

Fernández reconoció que el acuerdo ofrecía una oportunidad para ampliar la presencia comercial de Costa Rica en mercados de Asia y Oceanía. El país ya exporta cerca de cinco mil productos a 160 destinos, una actividad que, según indicó, genera ingresos superiores a $26.000 millones al año y cerca de 300 mil empleos.

La presidenta se definió como defensora del libre comercio y afirmó que mantendrá las políticas destinadas a atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones. No obstante, diferenció ese objetivo de la situación de los productores orientados al mercado interno.

“Jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a las lecherías, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala”, manifestó.

El principal argumento del Gobierno es que esos sectores no contaban con información suficiente para prepararse ante una mayor competencia. Fernández planteó que la ausencia de certezas sobre las condiciones del pacto podía afectar la capacidad de respuesta de productores ganaderos, lecheros y agrícolas.

“Quienes ignoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado o tienen dudas fundamentadas, ¿Cómo podrían entonces prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas?”, preguntó.

El Ejecutivo anunció nuevas medidas contra el contrabando

En lugar de la adhesión al tratado, el Gobierno desarrollará una agenda de acompañamiento dirigida al sector agropecuario nacional no exportador. La propuesta prevé fortalecer el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), con el fin de elevar las compras de entidades estatales a ganaderos y agricultores locales.

La presidenta también anticipó medidas para facilitar la comercialización de productos nacionales y combatir el contrabando y el comercio ilícito, aunque no detalló montos presupuestarios, plazos ni mecanismos de ejecución.

Comex, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberán mantener el diálogo con los sectores productivos así como profundizar el análisis de sus condiciones de competencia. “Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y sinceramente”, afirmó Fernández.

El juez Julio César Vásquez Xol ligó a proceso penal a siete agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala por presuntas irregularidades en la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, realizada tras el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Los policías permanecerán en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala mientras avanza la investigación.

El Ministerio Público contará con dos meses para reunir elementos sobre la actuación de los agentes durante el procedimiento, que incluyó el traslado y la detención de los hermanos en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Los integrantes de la fuerza deberán responder por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego. Este último cargo está vinculado con la presunta colocación de un fusil a los detenidos.

La captura posterior al doble asesinato en Campo Marte

Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro murieron el 17 de octubre durante un ataque armado en el Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la capital guatemalteca. Minutos después, agentes de la PNC capturaron a los hermanos Choc Toz y los relacionaron con el crimen.

Durante la detención, los policías reportaron que Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz portaban un fusil, municiones y un chaleco. Sin embargo, un juez dictó falta de mérito a favor de ambos, que recuperaron su libertad.

La decisión judicial abrió cuestionamientos sobre el operativo y derivó en pesquisas contra los agentes que intervinieron en la captura. El caso permanece bajo reserva, aunque se conoció que los siete policías fueron enviados a prisión preventiva.

Los detenidos pertenecían a la Comisaría 13: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes. Sus identidades no fueron divulgadas porque aún debían rendir su primera declaración y rige el principio de presunción de inocencia, según Infobae.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación. Los agentes comparecieron ante tribunales el 23 de octubre, seis días después del doble homicidio.

La Comisaría 13 y los cambios en la cúpula policial

La revisión por el procedimiento de captura alcanzó a la conducción de la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación destituyó a David Custodio Boteo como director general de la institución y removió a Esvin Jacinto Quiché de la Subdirección General de Operaciones.

La cartera no informó los motivos detallados de las destituciones ni comunicó quién asumirá la conducción de la PNC. Las medidas se produjeron mientras continuaban las pesquisas sobre los agentes de la Comisaría 13.

Antes de su salida, Boteo había comparecido ante el Congreso y afirmó que esa dependencia era un foco recurrente de corrupción, especialmente durante los fines de semana. “El problema que se ha dado en la Comisaría 13, y le puedo decir con mucha propiedad, se da generalmente los fines de semana, cuando personas ebrias van conduciendo su vehículo y es donde se da el tema de la corrupción para dejarlos libres”, declaró el entonces director, citado por Diario La Hora.

El inspector general de la PNC confirmó durante esa sesión que toda la dependencia estaba bajo investigación por la captura cuestionada. Solo siete policías fueron suspendidos de sus tareas habituales: cuatro agentes, dos mandos y el jefe de la delegación, Sergio Erick Segura Tunches.

Boteo también informó que se ordenaron rotaciones de personal en la comisaría, incluida Diana Ramos, quien había encabezado la dependencia hasta diciembre de 2025. La Inspectoría General de la PNC y el Ministerio Público mantienen las pesquisas sobre las actuaciones de esa unidad.

La institución afrontaba además cuestionamientos por la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2, conocida el 12 de octubre de 2025. Los cabecillas del Barrio 18 fueron buscados dentro y fuera de Guatemala con apoyo de autoridades internacionales, según el Ministerio de Gobernación.

Boteo había asumido como director general de la PNC el 15 de enero de 2024, designado por el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, al inicio del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Antes de dirigir la fuerza, ocupó la Subdirección General de Operaciones, la Dirección General Adjunta y puestos de mando en unidades de investigación criminal y contra pandillas.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habría ofrecido un millón de dólares a los policías que lo capturaron para que lo dejen en libertad, reveló el teniente coronel Erick Correa, uno de los que lideró el operativo para detener al capo la madrugada del 13 de marzo en Bolivia.

Según el testimonio de Correa, la propuesta se realizó en el hangar presidencial del Aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, minutos antes de ser entregado a los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y expulsado del país.

“Se dirigió a los funcionarios policiales presentes, incluido el suscrito, pidiendo que le presten un celular para poder hacer una transferencia millonaria de bitcoins”, señaló el teniente coronel en una entrevista con el medio Correo del Sur. “(Dijo que) pagaría 1 millón de dólares a la cuenta de uno de ellos, a quien vean conveniente”, añadió Correa, quien entonces fungía como jefe departamental del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP).

El jefe policial afirmó que los funcionarios rechazaron el ofrecimiento, a lo que Marset replicó preguntando qué ganarían si lo entregaban a Estados Unidos. Actualmente se encuentra en ese país donde enfrenta cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

Un operativo de siete minutos

El teniente Correa relató que la captura de Marset “no duró ni siete minutos”. Según su versión, él y otros tres agentes policiales llegaron al inmueble ubicado en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra, a las 2:50 del 13 de marzo de este año.

Después de identificar el ambiente donde se encontraba el narcotraficante, los policías forzaron la chapa e ingresaron. “La chapa (de su dormitorio) era de mucha seguridad, lo encontramos tendido en el piso con el torso descubierto y las manos en la nuca. Lo único que manifestó es: ya perdí”.

Correa señaló que uno de los agentes policiales, al descubrir que se trataba de Sebastián Marset le recriminó por haberlo llevado ahí. “¿Por qué nos trajo acá? Nos van a matar”, le habría dicho el policía.

Correa indicó que inmediatamente lo sacó de la vivienda y lo llevó al Aeropuerto de Viru Viru con escoltas, donde llegaron a las 3:29 en un vehículo proporcionado para el operativo por la Dirección de Bienes Incautados.

Videos difundidos ayer muestran a Marset en el vehículo en el que fue trasladado y luego ingresando al hangar presidencial del aeropuerto, descalzo, con el torso descubierto y sin mostrar resistencia.

En otra grabación, Marset aparece junto a efectivos de la DEA, quienes le explican sus derechos. Le indican que puede permanecer en silencio y que tiene derecho a contar con un abogado antes de responder preguntas durante el interrogatorio. En las imágenes también se observa cuando firma documentos.

Actualmente Correa se encuentra en la clandestinidad, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por el presunto manejo irregular de los bienes encontrados en el domicilio de Marset.

Junto a él, son investigados el teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino, quien está detenido preventivamente, y el capitán Guillermo Ruiz, aprehendido el martes en la ciudad de Sucre y trasladado a La Paz para brindar declaraciones.

Según su defensa, Ruiz declaró que durante el operativo cumplió órdenes superiores y que todo lo encontrado en el domicilio del narcotraficante, incluidas las maletas presuntamente cargadas de dinero, fueron entregadas a su superior.

“Mi cliente era personal de apoyo, no tenía decisión (...), era el ayudante del comandante, que en este caso es el coronel (Óscar) Moreno. El coronel también estaba bajo órdenes superiores, pero quien le ordena a mi cliente buscar las maletas vía WhatsApp es el coronel Moreno”, explicó la abogada Zuleika Lanza a los medios locales.

La semana pasada se difundió un video de una cámara de seguridad en el que se ve parte del operativo de captura. Las imágenes muestran a personas, presuntamente policías, retirar maletas de la vivienda que, según la información que acompaña la grabación, contendrían dinero.

La institución explicó que la decisión que le canceló los documentos brasileños y le ordenó entregar los de otras nacionalidades “no caracteriza por sí misma la condición de prófugo” y que tampoco autorizaba su detención ni someterlo a vigilancia permanente.

Según el comunicado, la Policía Federal contactó al Tribunal Supremo Federal (STF) el domingo, día de la segunda vuelta electoral, tras detectar “un riesgo inminente” de que Bolsonaro abandonara el país. La PF aclaró que en ningún momento solicitó la detención del senador.

Entre las medidas pedidas por la Policía ante el magistrado Alexandre de Moraes figuraron la confiscación de pasaportes, la prohibición de salir del país y la restricción de contacto con otras personas investigadas. El pedido surgió de la causa en la que Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz son investigados por presunto lavado de dinero.

El magistrado del STF accedió a las peticiones y la Policía canceló los pasaportes ordinario y diplomático del senador, además de incluir una alerta migratoria en el sistema de control fronterizo SONAR. El lunes por la mañana, Flávio fue citado formalmente para entregar en un plazo de 24 horas cualquier pasaporte de otra nacionalidad en su poder, pero el plazo expiró sin que cumpliera la orden.

La policía informó además que investiga las circunstancias que rodearon el incumplimiento de las disposiciones judiciales. Según consignó la cadena CNN, la Policía Federal prepara un informe que deberá detallar dónde y cuándo salió el senador de Brasil, quién lo acompañó y quién pudo haber colaborado con su partida, además de indagar sobre el origen y la financiación del avión privado utilizado.

El cruce por Argentina y el vuelo hasta Florida

Bolsonaro pasó prácticamente todo el martes escondido en Brasil, sin responder a los intentos de comunicación de sus aliados, antes de cruzar la frontera horas después de conocerse las primeras informaciones sobre sus planes de fuga. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que el senador atravesó el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, la noche del martes “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

Para ingresar al país vecino, Flávio utilizó su pasaporte italiano, nacionalidad que posee desde 2023 según un documento de 2025 del Parlamento de Italia. Tras cruzar la frontera, él, su esposa y sus dos hijas abordaron un avión privado que partió de Puerto Iguazú con una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, donde la aeronave cargó combustible antes de despegar nuevamente. El vuelo aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami, Florida.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que concederá visado al senador y a su familia. El presidente Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro, se refirió a la situación antes de la llegada del senador al país: “Creo que son buenas personas. La elección fue muy extraña, creo que fue terrible”.

Cuatro condenas por violaciones y agresiones sexuales contra niñas y mujeres en El Salvador fueron dictadas en procesos judiciales desarrollados en Santa Tecla, San Francisco Gotera, Sensuntepeque y San Miguel. Las penas impuestas suman más de 67 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Las resoluciones incluyen condenas por hechos cometidos contra tres menores de edad y una mujer adulta. Los casos ocurrieron en los departamentos de San Salvador, Morazán, San Miguel y Cabañas, en períodos que van desde 2011 hasta 2026.

La pena más alta fue impuesta contra Jesús Francisco Ochoa Jiménez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por violación en menor o incapaz agravada continuada.

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos comenzaron en 2011, cuando la víctima tenía siete años, y se prolongaron hasta 2012. Los hechos ocurrieron en distintos sectores del distrito de Chinameca, en San Miguel.

La Fiscalía sostuvo que Ochoa Jiménez atacaba a la niña cuando ambos salían a realizar diligencias y ella permanecía bajo su cuidado. También indicó que el condenado la amenazó de muerte para impedir que relatara lo sucedido, con advertencias contra ella, su madre y otras personas que pudieran conocer los hechos.

La víctima reveló lo ocurrido meses después, tras lo cual se presentó la denuncia. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel dictó la condena en ausencia del procesado, quien fue declarado rebelde.

Una condena de más de 16 años por violación agravada continuada

En otro proceso, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque condenó a Santos Ernesto Ruiz Alvarado a 16 años y tres meses de cárcel por violación agravada continuada contra una adolescente de 15 años.

Según el reporte de la FGR, los ataques ocurrieron en dos ocasiones durante julio de 2025, en el distrito de Victoria, Cabañas Este. El imputado presenció el juicio en el que se expusieron las pruebas presentadas en su contra.

El tribunal lo declaró responsable por los hechos y ordenó su ingreso a prisión para cumplir la pena.

La Fiscalía acreditó agresiones contra una niña de 12 años en Morazán

En San Francisco Gotera, departamento de Morazán, José Rudis Ventura Ambrosio recibió una condena de 15 años de prisión por violación en menor o incapaz. La víctima tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos, entre febrero y marzo de 2023.

La investigación estableció que el hombre aprovechó que se encontraba en la misma vivienda que la niña para atacarla durante la noche, en la colonia San José del distrito de San Francisco Gotera.

El caso salió a la luz después de que personal de una unidad de salud detectó que la menor estaba embarazada. Su madre y su hermana la habían llevado a consulta por malestares físicos que, en un primer momento, fueron tratados como un problema estomacal. Estudios posteriores confirmaron el embarazo.

Ventura Ambrosio permanecía detenido y asistió a la audiencia ante el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, donde aceptó someterse a un procedimiento abreviado.

Un tribunal de Santa Tecla impuso 10 años de prisión por violación

El cuarto caso corresponde a Manjel Antonio Guillén, condenado a 10 años de cárcel por violación contra una mujer en el distrito de Aguilares, San Salvador Norte.

La acusación indicó que el hecho ocurrió en abril de 2026. La víctima se encontraba con amigos en un bar y, al retirarse, advirtió que el imputado había salido del establecimiento y la seguía en motocicleta.

Según la Fiscalía, Guillén le ofreció trasladarla hasta su vivienda debido a que la mujer se sentía mal de salud. Ella aceptó porque lo conocía de vista. La investigación determinó que el hombre la llevó a su casa y abusó sexualmente de ella.

Tras la denuncia de la víctima, las autoridades iniciaron las pesquisas y detuvieron al imputado. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla también ordenó el pago de USD 720 en concepto de responsabilidad civil.

Mientras millones de cubanos enfrentan cortes eléctricos diarios y fallas generalizadas del sistema, la dictadura cubana creó el Premio Nacional de la Eficiencia Energética y el Uso de las Fuentes Renovables de Energía, un reconocimiento que no contempla incentivos económicos para sus ganadores.

La medida quedó formalizada mediante el Acuerdo 10452 del Consejo de Ministros, aprobado el 16 de septiembre y publicado el 27 de octubre en la Gaceta Oficial, según publico CiberCuba.

El galardón será entregado por el Ministerio de Energía y Minas de Cuba a personas o entidades que acrediten aportes al uso racional de la electricidad, las fuentes renovables y el desarrollo económico y social del país.

El anuncio coincide con uno de los momentos más graves de la crisis energética que atraviesa Cuba, donde los apagones superan las 20 horas diarias en varias provincias. La Unión Eléctrica informó este lunes que la disponibilidad prevista para la hora de mayor consumo era de 1,030 megavatios, frente a una demanda de 2,900 megavatios. La diferencia implicaba que más del 64% de la demanda eléctrica quedaría sin cobertura.

El premio tendrá un único ganador cada año y podrá recaer en una persona o una entidad. La entrega se realizará en la jornada por el Día Mundial de la Eficiencia Energética. El reconocimiento consistirá en un trofeo, placa, diploma u otro documento acreditativo, sin remuneración económica.

La normativa establece que los gastos de la ceremonia no podrán superar el equivalente a diez veces el salario medio vigente durante el año fiscal anterior. La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) tendrá a su cargo la convocatoria y las nominaciones, mientras que el ministro de Energía y Minas designará al jurado encargado de elegir al premiado.

El sistema eléctrico cubano acumula fallas y déficits de generación

La creación del premio ocurre después de una sucesión de apagones que dejó a buena parte de la isla sin servicio durante horas o días. El 18 de septiembre, la red eléctrica nacional sufrió un nuevo colapso que dejó sin electricidad a millones de habitantes. La agencia Associated Press informó entonces que el corte general fue, al menos, el sexto registrado durante 2026.

Las autoridades cubanas atribuyeron ese apagón a una falla en líneas de transmisión del occidente del país y a condiciones meteorológicas inestables. La recuperación avanzó de forma gradual y, hacia la noche de ese día, apenas el 5% de los usuarios de La Habana había recuperado el suministro, según datos oficiales recogidos por AP.

En julio, Reuters reportó otro apagón nacional, el tercero del año hasta ese momento. La interrupción afectó a cerca de 10 millones de personas y dejó a hospitales, centros de producción de alimentos y otros servicios esenciales bajo esquemas de respaldo. La agencia señaló que la capital apenas podía cubrir el 1% de su demanda eléctrica durante las primeras horas de la restauración.

A comienzos de agosto ocurrió otro colapso total de la red. Para entonces, los cortes programados ya se extendían durante más de 30 horas consecutivas en sectores de La Habana y llegaban a superar las 60 horas en provincias del interior, de acuerdo con reportes de agencias internacionales.

Los cortes afectan el agua, los alimentos y las comunicaciones

La crisis supera el acceso a la iluminación doméstica. La falta de energía limita el bombeo de agua, dificulta la conservación de alimentos y medicamentos, afecta el transporte público y provoca interrupciones en la telefonía e internet. El 26 de octubre, la Unión Eléctrica anticipó un déficit de 1,870 megavatios y una afectación de 1,900 megavatios durante el horario pico.

El deterioro de las centrales termoeléctricas, las averías recurrentes y la escasez de combustible explican parte de la situación. La central Antonio Guiteras, una de las principales del país, volvió a salir de servicio este mes, mientras varias unidades de las plantas de Mariel, Santa Cruz, Felton, Nuevitas y Renté permanecían paralizadas por fallas o mantenimiento.

En ese contexto, el nuevo premio pretende promover el ahorro y la generación renovable en un país donde numerosas familias dependen de ventiladores, baterías, pequeños paneles solares y cocinas alternativas para atravesar las jornadas sin electricidad. El Acuerdo 10452 entró en vigor el 27 de octubre y el Ministerio de Energía y Minas deberá aprobar la reglamentación para las candidaturas y la selección del ganador.

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala oficializó el martes 27 de octubre la designación de Wilberto Julián Rojas como viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, un puesto encargado del seguimiento técnico de la recaudación tributaria y de la gestión hacendaria del país. El contador público y auditor reemplazó a Patricia Carolina Joachín Godínez, quien dejó la función el 1 de octubre, mientras Movimiento Pro Justicia cuestionó antecedentes que, a su juicio, fueron omitidos en la presentación oficial.

Rojas asume una dependencia vinculada con la formulación de la política fiscal y la evaluación de las finanzas estatales. La cartera indicó que su incorporación busca dar continuidad a las estrategias de sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer los mecanismos de fiscalización del Estado.

La salida de Joachín Godínez dejó vacante el cargo durante 26 días antes de la oficialización del nuevo nombramiento. La sucesión ocurrió el mismo día en que el actual contralor general de Cuentas, Élfego Castañón, pidió una ampliación presupuestaria de Q375 millones para la Contraloría General de Cuentas.

Formación académica y experiencia en fideicomisos estatales

El nuevo viceministro es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, posee una maestría en Fiscalización de la Administración Pública de la Universidad Galileo y completó el pénsum del Doctorado en Auditoría Financiera con Énfasis en Control Interno Gubernamental.

Su carrera dentro de la administración estatal incluye la dirección de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas. Esa unidad da seguimiento a los fideicomisos estatales y ofrece apoyo técnico para su constitución, modificación, extinción y liquidación.

Rojas también fue jefe departamental de Fiscalización en la Contraloría General de Cuentas y analista financiero de fideicomisos en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. En ambos puestos desarrolló tareas vinculadas con el control de recursos públicos y el manejo de instrumentos financieros del Estado.

Su experiencia laboral abarca funciones como técnico especializado en Proyectos de Desarrollo y contador general de la Fundación Educativa Fe y Alegría Guatemala. También trabajó en el Fondo de Desarrollo Local Guatemala.

La trayectoria del funcionario incluye docencia universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Galileo y la Universidad Mariano Gálvez. Dictó cátedras sobre legislación pública, contrataciones estatales y fiscalización gubernamental.

El perfil curricular difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas consigna capacitaciones en derechos humanos de las mujeres, ética pública, transparencia y aplicación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Rojas participó además como capacitador de la Contraloría General de Cuentas en asuntos relacionados con contrataciones públicas.

Cuestionamientos por el vínculo con la elección de contralor

La designación provocó reparos de Movimiento Pro Justicia, que publicó un mensaje en Facebook para objetar la información divulgada sobre el recorrido del nuevo funcionario. La organización sostuvo que la cartera no incluyó su participación en la comisión que nominó candidatos a la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030.

El grupo civil también señaló que Rojas militó en el grupo de electores vinculado con Castañón, quien ocupa el cargo de contralor general de Cuentas. En su publicación, afirmó: “Al presentarlo, el Minfin omite que el nuevo funcionario integró la comisión que nominó candidatos a CGC 2026-2030 y que militó en el grupo de electores de Élfego Castañón”.

La organización agregó que “tal vez optaron por omitir la información, ya que el nombramiento levanta sospechas de pago de favores”. Los señalamientos se centraron en la relación previa entre Rojas y un proceso de elección de autoridades de la entidad que fiscaliza el uso de los recursos públicos.

Castañón fue electo contralor general de Cuentas por el Congreso de la República. El martes 27 de octubre solicitó ante la Comisión de Finanzas del Congreso una ampliación de Q375 millones para contratar más personal y reforzar la fiscalización preventiva durante 2027.

El Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal controla el seguimiento de la recaudación tributaria y de la gestión hacendaria dentro de la cartera del Tesoro. El Ministerio de Finanzas Públicas no había emitido una respuesta pública a los cuestionamientos sobre los antecedentes de Rojas en procesos relacionados con la elección de autoridades de la Contraloría General de Cuentas.

Arnold Enrique Salgado Galeano, de 54 años, exvicepresidente de Finanzas de BAC Panamá, continuará detenido provisionalmente por su presunta participación en la Operación Pandora, que investiga un fraude fiscal superior a 40 millones de dólares.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta contra el exejecutivo bancario.

Los magistrados rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la defensa, al considerar que persisten riesgos procesales y elementos que vinculan al imputado con las irregularidades investigadas.

Salgado había sido detenido el 6 de octubre y enfrenta cargos por presunta corrupción privada y delincuencia organizada, relacionados con operaciones de créditos fiscales.

Durante la audiencia, el fiscal Emeldo Márquez presentó declaraciones que señalan al exbanquero como una persona que presuntamente facilitaba la negociación de créditos fiscales.

Uno de los coimputados, Carlos Ferguson, aseguró haberle entregado 50,000 dólares mediante dos cheques, como agradecimiento por agilizar gestiones relacionadas con estas operaciones.

La Fiscalía también presentó información sobre 36 correos electrónicos eliminados por Salgado, que habrían contenido comunicaciones con personas investigadas. Además, señaló movimientos de dinero desde cuentas del imputado hacia familiares y terceros.

La defensa sostuvo que las transferencias tenían justificación familiar y negó que su cliente participara en actividades delictivas.

Salgado, quien dejó su cargo bancario en septiembre, es el único exejecutivo financiero entre los 22 imputados que registra actualmente la Operación Pandora.

La investigación comenzó en mayo de 2025 y derivó en allanamientos y aprehensiones durante julio de 2026, cuando las autoridades identificaron una presunta estructura integrada por particulares y funcionarios tributarios.

El mecanismo investigado consistía en manipular registros del sistema e-Tax 2.0, administrado por la Dirección General de Ingresos (DGI), para eliminar cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que habían pagado sus obligaciones.

Mediante estas alteraciones, los involucrados presuntamente generaban o aprovechaban créditos fiscales irregulares, que posteriormente eran negociados para obtener dinero.

Los créditos fiscales representan saldos reconocidos a favor de los contribuyentes, generalmente originados por pagos en exceso, retenciones u otras situaciones previstas en la legislación tributaria.

Estos recursos pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales y, cuando la normativa lo permite, ser objeto de cesión o transferencia mediante procedimientos establecidos.

La presunta organización habría aprovechado las debilidades de los controles informáticos para modificar información tributaria y negociar derechos de cobro sin respaldo legítimo. Según las investigaciones, parte de los créditos terminó en operaciones vinculadas con BAC Panamá, entidad que ha negado participar en el esquema y asegura colaborar con las autoridades.

La plataforma e-Tax 2.0 constituye una herramienta fundamental para la administración tributaria, porque permite presentar declaraciones, consultar estados de cuenta, efectuar pagos y gestionar obligaciones fiscales. Su utilización por personas naturales y empresas convierte la integridad de sus registros en un elemento esencial para proteger la recaudación del Estado.

Las investigaciones han identificado presuntas irregularidades cometidas entre 2024 y 2025, con participación de funcionarios que habrían tenido acceso a información y procedimientos internos.

Durante los primeros operativos de julio fueron imputadas 16 personas, mientras que las diligencias posteriores elevaron el total a 22, por distintos delitos económicos y contra la administración pública.

El fiscal Márquez había advertido que la cantidad de personas investigadas podría aumentar, debido a la complejidad de las operaciones y al análisis de documentos bancarios. Las autoridades también investigan el destino de los fondos, pues parte del dinero presuntamente se distribuyó mediante pagos en efectivo, dificultando reconstruir su recorrido.

El escándalo llevó al Gobierno a anunciar la sustitución integral del sistema e-Tax por una plataforma tecnológica más moderna. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el nuevo mecanismo incorporará registros digitales de cada operación, controles automatizados y herramientas de auditoría continua, para reducir las posibilidades de manipulación de información.

La modernización también contempla el seguimiento de los expedientes en tiempo real y la eliminación de procedimientos manuales vulnerables a intervenciones irregulares.

El objetivo es fortalecer la transparencia tributaria y garantizar que los recursos recaudados ingresen efectivamente al Estado, evitando operaciones como las investigadas en Pandora.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitará que el proceso sea declarado causa compleja, con el propósito de disponer de mayor tiempo para completar diligencias y analizar documentación. Salgado permanecerá bajo detención provisional mientras avanza la investigación.

Pese a las pérdidas que la sequía provocó en cultivos de distintas zonas del país, no se anticipa desabastecimiento de maíz, frijol ni hortalizas, según afirmó Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, durante una entrevista en Frente a Frente.

Rendón basó esa previsión en la producción de invierno que, según expuso, se logró cosechar en varias regiones, así como en las siembras de postrera que se encontraban en desarrollo. Consultado sobre una posible escasez, respondió: “No va a haber, no hay. Ni desabastecimiento”.

El dirigente mencionó cifras del programa de aumento de la producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. De acuerdo con sus declaraciones, ese programa reúne alrededor de 150 mil manzanas de maíz, 40 mil manzanas de frijol, ocho mil manzanas de hortalizas y 25 mil manzanas de maicillo.

“Comida hay”, sostuvo Rendón. El representante diferenció la disponibilidad de granos y hortalizas de la preocupación por el alimento para el ganado ante una posible prolongación de la época seca.

La producción de invierno y las siembras de postrera

Rendón señaló que la cosecha de frijol y maíz de invierno ayudó a mantener la oferta de granos durante los meses de sequía. Recordó que, en junio, había incertidumbre sobre la conveniencia de sembrar por la falta de lluvias, pero algunos agricultores decidieron cultivar en las zonas donde esperaban mejores condiciones.

El coordinador estimó que hubo unas 30 mil manzanas de frijol de invierno. A su juicio, esa producción contribuyó a que los precios del grano se mantuvieran y evitó una mayor especulación.

Rendón detalló que en la cooperativa de El Porvenir, Santa Ana se sembraron alrededor de 2,300 manzanas de frijol durante el invierno.

Rendón indicó que hubo siembras de frijol de invierno en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate Norte, La Libertad, Chalatenango, La Paz y La Paz Centro. Según explicó, esas zonas tuvieron lluvias con mayor regularidad que los territorios del corredor seco y parte de Oriente.

El dirigente sostuvo que las siembras de postrera permitirían compensar una parte de los daños provocados por la sequía. Añadió que los cultivos de maíz y frijol que mostró durante el programa estaban en desarrollo.

La dependencia de Guatemala y Honduras

Rendón reconoció que El Salvador todavía requiere productos de Guatemala y Honduras para cubrir parte de la demanda agrícola. “No somos” autosuficientes, respondió al abordar el abastecimiento desde los países vecinos.

El dirigente afirmó que hay alrededor de siete mil manzanas de hortalizas en producción permanente. Según su evaluación, esa oferta ha reducido el impacto que antes podían generar los cierres fronterizos de Guatemala sobre los precios internos.

Rendón sostuvo que aún pueden presentarse desequilibrios temporales en algunos productos, pero afirmó que el país tiene una mayor capacidad de producción local que en años anteriores.

Rendón estima pérdidas en 15 mil manzanas de maíz

Rendón estimó que la sequía afectó 15 mil manzanas de maíz de invierno. Según explicó, las pérdidas se identificaron tras una reunión de líderes agrícolas de todo el país con personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizada en la última semana de agosto.

El dirigente afirmó que los daños no se concentraron únicamente en Oriente, sino que también abarcaron puntos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate.

Rendón recordó que había recomendado no sembrar en Oriente por la falta de agua. Explicó que una parte de los productores decidió asumir el riesgo y señaló que él también perdió una milpa, debido a que su reservorio no logró acumular agua.

El decreto de emergencia y la línea 912

Desde el 7 de octubre de 2026, El Salvador se encuentra bajo un estado de emergencia nacional ante las afectaciones meteorológicas y agrícolas vinculadas con la sequía.

La medida permitió activar recursos para llevar alimentos a zonas donde se secaron milpas y frijolares. De acuerdo con Rendón, el decreto también amplió las herramientas disponibles para atender a los productores afectados y gestionar apoyos.

Indicó que agricultores, ganaderos y otros integrantes del sector agropecuario pueden comunicarse a la línea 912 de Agroconecta para reportar pérdidas de cultivos en una comunidad para que técnicos verifiquen los daños.

La línea también puede utilizarse ante la presencia de plagas en cultivos de maíz o frijol. Rendón afirmó que el servicio conecta a los productores con especialistas que pueden brindar orientación sobre los productos y las dosis que deben aplicar.

El dirigente añadió que los ganaderos pueden acudir a Agroconecta si sus animales presentan afectaciones. Según dijo, el sistema permite enlazarlos con personal veterinario para recibir indicaciones.

Rendón pide preparación ante El Niño

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) se tiene prevista la presencia y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Se pronostica un fenómeno fuerte o muy fuerte y una posible prolongación de la época seca. Rendón afirmó que las organizaciones agrícolas han comenzado a alertar a productores, en especial a ganaderos.

El coordinador pidió que los ganaderos se preparen con alimento y silo para sus animales ante la posibilidad de que las lluvias sean escasas y los pastos no se recuperen con la regularidad esperada.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, suma esta semana su tercer viaje internacional en apenas cinco meses de gestión, después de que sus dos giras anteriores giraran en torno a la seguridad y el combate al crimen organizado junto a Colombia y El Salvador.

Esta vez el eje cambia: la mandataria viajará primero al Vaticano y luego a Madrid, según informó la agencia EFE.

Audiencia con el papa León XIV antes de la cumbre de Madrid

La primera escala de la gira ocurrirá el jueves 29 de octubre, cuando Fernández se reúna con el papa León XIV. A ese encuentro se suma una cita con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, de acuerdo con lo informado por la Casa Presidencial costarricense a EFE.

La mandataria, católica practicante, adelantó el mensaje que llevará al pontífice cuando anunció la gira el 23 de septiembre. “Llegaré ante el santo padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante”, expresó entonces.

Fernández agregó que será “un honor” recibir las palabras de León XIV y pedirle que tenga presente en sus oraciones al pueblo costarricense. La Presidencia remarcó que la mandataria llevará un saludo de las familias del país, cuya Constitución Política de 1949 establece la religión católica como oficial.

Costa Rica envía a su jefa de Estado al Vaticano y después a la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, prevista para el 4 y 5 de noviembre, en lo que constituye su tercer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo. El Gobierno no detalló otras reuniones de la agenda europea.

De Colombia a El Salvador: una diplomacia centrada en el crimen organizado

Los dos viajes previos de Fernández tuvieron un signo distinto al actual. En septiembre visitó Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella para afianzar alianzas contra el crimen organizado y el narcotráfico, según EFE.

El 16 de octubre viajó a El Salvador para encontrarse con el mandatario Nayib Bukele con el mismo objetivo: reforzar la cooperación contra el crimen transnacional.

Allí recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel del Gobierno salvadoreño, con capacidad para 40,000 presidiarios y donde permanecen miles de pandilleros.

Tres días antes de esa visita, el Gobierno de Fernández había inaugurado el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel para 5,100 presos inspirada en el modelo salvadoreño. En esta nueva gira acompañará a la presidenta el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, quien confirmó el dato a EFE.

Más de 14 presidentes confirmados para la cumbre de Madrid

La cita en la capital española no es un encuentro menor. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, anticipó que más de 14 presidentes acudirán a la XXX Cumbre Iberoamericana y que todos los cancilleres de la región ya confirmaron asistencia, según informó Europa Press, agencia española de noticias.

Allamand señaló que el encuentro arrojará “los resultados más concretos en 20 años” y que contará con una asistencia “muy contundente”.

El funcionario reconoció, sin embargo, que persisten dudas sobre la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, mientras expresó “buenas expectativas” respecto de la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los ausentes confirmados figuran el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el propio homólogo colombiano de Fernández, Abelardo de la Espriella, de acuerdo con la misma fuente.

El rey Felipe VI presidirá el encuentro, que reunirá a los 22 países de la Comunidad Iberoamericana y abordará una declaración conjunta sobre inteligencia artificial, respuesta ante desastres naturales y movilidad académica.

El papa recibe a la mandataria tras una cirugía pulmonar

El encuentro entre Fernández y León XIV llega pocos días después de que el pontífice recibiera el alta hospitalaria tras una intervención en la que le extirparon un nódulo pulmonar, según informó Observador.cr, portal costarricense.

El papa continúa su recuperación en Ciudad del Vaticano, el mismo lugar donde está previsto el encuentro con la mandataria.

La gira se extenderá hasta el 6 de noviembre, cuando Fernández tiene previsto regresar a Costa Rica tras completar su paso por el Vaticano y por Madrid.

El aumento aproximado de 11.2% frente al mismo período de 2025 llevó el total conjunto de inversión extranjera directa y exportaciones de bienes de República Dominicana a USD 17,771.5 millones entre enero y septiembre de 2026, USD 1,784 millones más que los USD 15,987.5 millones registrados un año antes.

Los datos preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) muestran avances en ambos indicadores. La inversión extranjera directa alcanzó USD 4,525.1 millones y las exportaciones de bienes llegaron a USD 13,246.4 millones durante los primeros nueve meses del año.

República Dominicana registró un aumento de 3.7% en la inversión extranjera directa y de aproximadamente 14% en las exportaciones de bienes entre enero y septiembre de 2026. El resultado reunió mayores ingresos de capital internacional y un incremento de las ventas externas de productos nacionales y de zonas francas.

Las exportaciones de bienes crecieron cerca de 14% hasta septiembre

Las exportaciones de bienes totalizaron USD 13,246.4 millones en el período analizado. En igual tramo de 2025, el valor había sido de USD 11,624.3 millones.

El crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones de bienes nacionales, que aumentaron 27.4% hasta USD 6,571.2 millones. Las exportaciones de zonas francas, a su vez, subieron 3.2% y alcanzaron USD 6,675.2 millones.

Ambos componentes explicaron el resultado de las ventas externas de bienes. Las cifras reflejan un aumento de la oferta exportable dominicana en los mercados internacionales.

El desempeño de las exportaciones se produjo junto con acciones públicas y privadas dirigidas a la promoción comercial, la identificación de oportunidades y el acompañamiento a empresas con presencia o interés en mercados externos.

La inversión extranjera directa sumó USD 4,525.1 millones

La inversión extranjera directa ascendió a USD 4,525.1 millones entre enero y septiembre de 2026. El monto fue USD 161.9 millones mayor que los USD 4,363.2 millones captados en el mismo período del año anterior.

El incremento interanual fue de 3.7%, según las cifras preliminares del BCRD. El comportamiento se incorporó a una trayectoria de aumento de los flujos de inversión extranjera recibidos por el país.

Entre 2010 y 2019, República Dominicana recibió un promedio anual de USD 2,538.0 millones en inversión extranjera directa. Durante el período 2021-2025, el promedio anual se ubicó en USD 4,248.4 millones.

La diferencia entre ambos promedios representó un aumento de 67.4%. El dato muestra una mayor captación de capital extranjero respecto de la década anterior.

ProDominicana vinculó los resultados con las políticas de competitividad

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, sostuvo que la inversión extranjera directa y las exportaciones son componentes vinculados al desarrollo productivo y a la inserción internacional del país.

“Estos resultados reflejan la confianza que continúa generando la República Dominicana entre los inversionistas internacionales y el fortalecimiento de nuestra capacidad exportadora”, expresó Pimentel.

El funcionario señaló que los resultados están asociados a un trabajo entre instituciones públicas y el sector privado. También mencionó políticas dirigidas a mejorar la competitividad, facilitar las inversiones y ampliar las oportunidades de las empresas en el exterior.

ProDominicana desarrolla acciones de promoción internacional, inteligencia de mercados y acompañamiento a empresas e inversionistas. La institución enmarca esas tareas en una estrategia que reúne objetivos de desarrollo productivo, comercio exterior y promoción de inversiones.

La entidad también promueve la diversificación de las exportaciones y la identificación de nuevas oportunidades comerciales. Estas medidas se suman a los esfuerzos para atraer y expandir proyectos de inversión.

La Ventanilla Única de Inversión integró 50 trámites de 26 instituciones

La Ventanilla Única de Inversión (VUI), coordinada por ProDominicana, integra 50 trámites de 26 instituciones. Entre los organismos incluidos figuran diversos ayuntamientos.

Hasta septiembre de 2026, la plataforma realizó 601 actividades de promoción y uso. Además, brindó 922 asistencias a inversionistas y registró 715 usuarios inscritos y activos.

La VUI tiene como objetivo simplificar los procesos vinculados a la inversión en el país. Su funcionamiento forma parte de las acciones de facilitación promovidas por ProDominicana.

La institución desarrolla medidas orientadas a vincular a proveedores locales con las cadenas de valor. También impulsa actividades de mayor valor agregado, incluidos los servicios modernos y los sectores relacionados con la economía digital.

Pimentel indicó que la estrategia contempla la articulación entre la inversión extranjera y las exportaciones. Según explicó, el enfoque busca ampliar las oportunidades comerciales, los encadenamientos productivos y la participación de empresas dominicanas en los mercados internacionales.

La comunicación telefónica atraviesa miles de kilómetros con una señal inestable que se corta a cada instante. Desde una trinchera en el Donbás, Lorenzo García Peguero, de 32 años, un soldador oriundo de República Dominicana, reveló a Infobae cómo quedó atrapado en el frente de batalla de la guerra tras viajar bajo el engaño de una oferta laboral.

Con un teléfono móvil que apenas funciona y el sonido sordo de las detonaciones a la distancia, el trabajador relató el calvario que enfrenta junto a otros extranjeros, mientras aguarda una respuesta de las autoridades diplomáticas de su país, quienes hasta ahora no han establecido ningún contacto oficial con los afectados ni con sus familias.

El engaño comenzó a miles de kilómetros de la línea de combate. García salió de territorio caribeño el 2 de septiembre, realizó una escala en Panamá y arribó a Rusia el 4 de septiembre.

La propuesta que aceptó consistía en trabajar como soldador y operario de grúas en muelles marítimos, con una oferta inicial de USD 19,000 y un salario de USD 2,700 mensuales.

Padre de tres menores, su meta era reunir los fondos necesarios para terminar de construir su vivienda. La oportunidad surgió a través de un amigo que decidió no viajar en el último momento, lo cual abrió la puerta para que un intermediario coordinara su partida hacia Europa Oriental.

Al descender en el aeropuerto de Kazán, la supuesta labor en los muelles portuarios se transformó en una emboscada. Un vehículo trasladó a los recién llegados durante 12 horas consecutivas por carretera, con paradas limitadas exclusivamente a la carga de combustible.

Al llegar al lugar de alojamiento, los intermediarios despojaron a García de su pasaporte, el único documento de identidad que llevaba consigo luego de dejar otros documentos en el país caribeño.

Posteriormente, los reclutadores los condujeron a un centro médico que resultó ser un hospital de militares. Bajo el argumento de realizar exámenes de rutina para el empleo, los obligaron a estampar su firma en documentos redactados en ruso que los incorporaban a las filas de la Federación Rusa. Luego, los llevaron a una entidad bancaria para retirar un depósito que les correspondía por el alistamiento militar. Los intermediarios confiscaron casi la totalidad de la suma en efectivo y solo les dejaron 100 mil rublos ($1,240) para gastos mínimos, con lo cual consumaron el despojo económico.

El frío extremo y la subsistencia con comida descompuesta y agua amarga

Las condiciones de vida en el destacamento alcanzaron niveles de extrema severidad. Los reclutadores ordenaron desechar toda la indumentaria civil, por lo que despojaron a los operarios de sus pantalones, zapatillas y chaquetas personales.

García y sus compañeros sobreviven a las bajas temperaturas de la región únicamente con la ropa militar reglamentaria que les entregaron los oficiales, una vestimenta insuficiente para contrarrestar la inclemencia del frío exterior.

A la precariedad del vestuario se suma una crisis alimentaria y sanitaria permanente. El operario dominicano relató que se ven obligados a ingerir comida vencida y a calmar la sed con botellas de agua descompuesta y amarga que extraen de los mismos depósitos donde se arrumban los alimentos en mal estado.

“Nosotros tenemos ya varios días que no nos bañamos, en realidad. Y si pudiera ponerte la cámara, te enseñara una ciudad entera que hay al frente mío, totalmente desolada y destruida”, narró con angustia durante la comunicación.

En la actualidad, García comparte posición con otros dos compatriotas dominicanos, un ciudadano salvadoreño, reclutas de Colombia, junto a reclusos y hombres de avanzada edad que apenas logran sostenerse en pie con bastones. “Aquí es una mafia rusa”, denunció con firmeza el soldador, quien aseguró que los mandos prohíben informar a las familias sobre los combatientes caídos en acción.

Desesperado por alertar a quienes puedan recibir ofertas similares en el continente americano, el técnico dejó una advertencia contundente antes de que la señal telefónica cayera de forma definitiva: “Para tú venir a morir, 19 mil dólares no son dinero. Ni por todo el dinero del mundo vendría yo a esta guerra”.

La tragedia que padece García coincide con las advertencias de los organismos globales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el pasado lunes 26 de septiembre un informe técnico que documenta la presencia de ciudadanos procedentes de 29 países en el ejército ruso, una red que el organismo multilateral catalogó formalmente como trata de personas.

El reporte expone las falsas ofertas de empleo civil y la retención de pasaportes como los mecanismos predilectos para enviar extranjeros a zonas de alto riesgo bélico.

Con un presupuesto de $166.600 millones de pesos (poco más de USD 169 millones) y un fuerte despliegue de recursos humanos, tecnológicos y aéreos, el presidente José Antonio Kast puso este martes en marcha desde el Aeródromo de Tobalaba la estrategia nacional para enfrentar los incendios forestales durante la temporada 2026-2027.

La iniciativa busca reforzar tres frentes fundamentales: prevenir la aparición de focos de incendio, detectar oportunamente las emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante el avance de las llamas. Para ello, el plan contempla un importante contingente de brigadistas, aeronaves especializadas y sistemas de vigilancia distribuidos a lo largo del territorio nacional.

Durante la presentación, el mandatario puso el acento en la responsabilidad compartida frente a una amenaza que no depende únicamente de las condiciones meteorológicas, sino también de las acciones humanas y de la capacidad de anticipación de las autoridades.

“Nosotros no podemos evitar los efectos, los dramas que se generan por factores climáticos, pero sí podemos prevenir. Y ese es el llamado que queremos hacer hoy: a la prevención y a la coordinación”, señaló Kast.

“Hoy día tenemos que generar conciencia no solamente por el tema de los aludes, el crecimiento de las quebradas, sino de cómo vamos a enfrentar un verano que va a ser duro”, agregó.

De acuerdo al jefe de Estado, “ya vemos lo que ha pasado en el hemisferio norte. Vemos como el tema del fenómeno de El Niño está afectando a a los países vecinos (...) Lo más probable es que en el verano vamos a tener que pedir colaboración también de otros países, porque, por mucho material que tengamos, aeronaves, camiones, voluntarios, brigadistas, puede que todo se haga poco, porque puede ser un verano complejo”.

Respuesta público-privada

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, recordó por su parte que el combate de los incendios no constituye una tarea exclusiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), pues la estrategia involucra a distintas reparticiones públicas y contempla mecanismos de colaboración con organismos privados para mejorar la preparación y la reacción ante situaciones críticas.

“Esto no es solamente un tema de CONAF. Desde que comenzó el gobierno del presidente Kast, todo el Estado de Chile ha estado muy preocupado en cómo vamos a abordar la temporada de incendios. Y para esos efectos, todas las agencias del Estado, todos los servicios públicos, todos los ministerios que tienen que ver sobre el particular, nos hemos articulado y estamos actuando coordinadamente”, aseguró.

El plan contempla más de 40 protocolos y convenios de colaboración entre instituciones públicas y privadas, y entre las acciones previstas figuran operaciones aéreas conjuntas, simulacros regionales y labores de reducción de vegetación combustible en zonas vulnerables.

El “Botón Rojo” y 7.200 kms de cortafuegos

La modernización de las herramientas de vigilancia constituye otro de los componentes destacados de la estrategia. Según explicó la directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, durante los últimos meses se han introducido mejoras tecnológicas destinadas a entregar información más precisa sobre las condiciones de riesgo.

Uno de los sistemas que será reforzado es el denominado “Botón Rojo”, herramienta que permite identificar períodos y territorios con condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios.

“Desde marzo a la fecha hemos dado un salto cuantitativo en lo que significa tecnología. Hemos modernizado los sistemas que ya veníamos usando como ”Botón Rojo", por ejemplo, pero ahora vamos a tener “Botón Rojo” con una precisión del combustible, de los horarios, absolutamente todo que va a permitir que el país responda de mejor forma a los días de mayor riesgo".

En paralelo, la prevención territorial considera intervenciones para reducir la cantidad de vegetación que puede alimentar un incendio. El programa incluye capacitaciones, campañas informativas, preparación de comunidades y establecimientos educacionales, además de trabajos de mitigación durante todo el año.

Entre las principales medidas se encuentran la construcción de cortafuegos, puesto que “sin prevención no tenemos ninguna posibilidad de pasar la temporada sin catástrofe. El Presidente nos encargó directamente a través del ministro de Agricultura que hiciéramos una cantidad de cortafuegos que no se han hecho nunca en el país. Vamos por 7.200 kilómetros de cortafuegos y de mitigación”, cerró Baldini.

El gobierno de El Salvador trasladó sus condolencias a las víctimas del choque entre dos trenes de alta velocidad en España a través de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, difundido en San Salvador el 28 de octubre.

El texto expresa pesar por los fallecidos y formula votos de recuperación para los heridos del siniestro ocurrido en la provincia de Toledo.

El documento oficial también reafirma los lazos históricos de amistad y cooperación entre El Salvador y España, y transmite al pueblo español deseos de fortaleza frente a la tragedia.

Horas después, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, amplió ese mensaje en su cuenta de X: “Nuestro corazón y nuestras oraciones están con las familias de quienes han perdido la vida, con los heridos y con todo el pueblo español en estos momentos tan dolorosos”, escribió.

Un choque por alcance en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla

El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, hora española, en el kilómetro 118 de la línea que une Madrid con Sevilla, cerca de la localidad de Urda. Un tren AVE de Renfe, que había partido de la estación de Puerta de Atocha, colisionó por detrás con un convoy de la compañía Iryo que permanecía detenido en la vía, según informó la Cadena SER.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dos de ellos cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate. El choque dejó al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos, entre los 544 pasajeros que viajaban en ambos convoyes, entre ellos un bebé, de acuerdo con la agencia EFE.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, calificó de “inexplicable” que el tren de Renfe retomara la marcha mientras la señalización seguía en rojo y el convoy de Iryo continuaba detenido en la misma vía, según consignó la radio española. Puente confirmó que, hacia las 8:30, el sistema de control LZB de la estación de Urda sufrió un fallo de comunicación que detuvo automáticamente a los trenes que circulaban en un radio de 63 kilómetros.

Latinoamérica multiplica los mensajes de condolencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Cancillería verificar si existen ciudadanos mexicanos entre las víctimas. “Nuestra solidaridad, todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren”, manifestó la mandataria en su conferencia matutina, según consignó la agencia EFE.

El Gobierno de Colombia expresó que “en estos momentos de dolor, Colombia se solidariza con el Gobierno y el pueblo español”, según su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Argentina transmitió su “profundo pesar” por el hecho y Brasil manifestó, mediante un comunicado de su ministerio de Asuntos Exteriores, su “profunda consternación” y deseó “una pronta recuperación a los heridos”.

Chile hizo llegar “sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España” en nombre de su gobierno y su pueblo.

Perú, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Guatemala sumaron pronunciamientos similares. El gobierno peruano informó que permanece atento para brindar asistencia consular a sus connacionales; Panamá lamentó “profundamente la pérdida de vidas humanas”; Ecuador, bajo la presidencia de Daniel Noboa, transmitió sus “más sentidas condolencias”; el presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que su país se une “al dolor de las familias de las víctimas”; y Guatemala deseó “la pronta recuperación de los heridos”, según los respectivos comunicados difundidos por sus cancillerías y recogidos por EFE.

México, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador ofrecieron además ayuda consular a sus nacionales en España y habilitaron números telefónicos para las familias.

El tercer accidente ferroviario mortal del año en España

El choque de Toledo es el tercer accidente de tren con muertos registrado en España durante 2026 y ocurrió en la misma línea Madrid-Sevilla donde, en enero, otro siniestro dejó 45 fallecidos en la localidad de Adamuz, según el recuento de un diario colombiano.

Se trata del accidente ferroviario más grave en el país desde el de Angrois, en Santiago de Compostela, ocurrido en 2013 con 80 víctimas mortales.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, donde un operario habría autorizado al maquinista del AVE a continuar su marcha pese a la señal en rojo.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) indicó que todavía no se ha determinado oficialmente la causa de la colisión y analiza los registros de sus sistemas para establecer la secuencia de los acontecimientos.

Apoyo global desde la ONU hasta gobiernos de distintos continentes

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas “y al pueblo y al Gobierno de España”.

“El secretario general está profundamente entristecido y conmocionado al conocer el accidente”, aseguró su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, según EFE.

Las muestras de solidaridad latinoamericanas se sumaron a las expresadas durante toda la jornada por gobiernos de todo el mundo.

La Fundación Ecuador Crece Contigo, presidida por el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso (2021-2023), firmó un convenio de cooperación técnica con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 100.000, destinados a fortalecer la prevención de la desnutrición crónica infantil en cuatro parroquias de Imbabura, una provincia situada en el norte de Ecuador. El acuerdo fue suscrito el 27 de octubre, durante la conmemoración del segundo aniversario de la organización, que busca dar continuidad a iniciativas de nutrición y desarrollo infantil mediante investigación, asistencia técnica y trabajo comunitario.

Según la información publicada por La Hora, el proyecto se implementará en las parroquias de Imantag, perteneciente al cantón Cotacachi; Pablo Arenas, en Urcuquí; San Roque, en Antonio Ante; y Ambuquí, en Ibarra. La intervención contempla identificar las necesidades específicas de cada localidad y desarrollar soluciones junto con autoridades y organizaciones comunitarias, con el propósito de mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños durante sus primeros años de vida.

La firma se realizó en el Teatro William Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito, con la participación de Lasso, el director ejecutivo de la fundación, Erwin Ronquillo, y la ejecutiva principal de CAF, Andrea Terán. Durante el encuentro, el exmandatario agradeció la confianza del organismo multilateral y destacó la responsabilidad de administrar los recursos destinados a las comunidades beneficiarias, de acuerdo con la cobertura del medio ecuatoriano.

El convenio representa una nueva etapa de cooperación para la fundación, creada en octubre de 2024, después de que Lasso concluyera anticipadamente su mandato presidencial en noviembre de 2023. La organización se constituyó con el objetivo de contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil, una problemática que afecta al crecimiento y desarrollo de los menores y que está relacionada con factores como la alimentación, el acceso al agua segura, el saneamiento y la atención sanitaria.

Durante el aniversario, Ronquillo presentó un balance de las actividades desarrolladas por la institución. Según la información difundida por Ecuavisa, la fundación cuenta con una biblioteca digital de más de 200 recursos especializados, una plataforma de información con 101 indicadores y diez reportes técnicos. También ha promovido una red de investigación maternoinfantil integrada por 29 especialistas y actividades de articulación con actores académicos y científicos.

Una de sus experiencias territoriales se desarrolla precisamente en Ambuquí, donde la organización impulsa un modelo denominado laboratorio vivo. Esta iniciativa involucra a aproximadamente 1.200 familias y busca identificar problemas relacionados con la primera infancia mediante la participación de las comunidades. El nuevo acuerdo con CAF permitirá extender el alcance territorial de las intervenciones previstas hacia otras tres parroquias de Imbabura.

La cooperación se produce en un contexto en el que Ecuador mantiene importantes desafíos nutricionales. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la prevalencia de desnutrición crónica entre menores de dos años se situó en 19,3 % durante el periodo 2023-2024. El indicador refleja una reducción frente al 20,1 % registrado en la medición anterior, aunque persisten diferencias asociadas con las condiciones económicas, sociales y territoriales.

La prevención de esta problemática fue una de las prioridades del Gobierno de Lasso, que promovió una estrategia de coordinación institucional para fortalecer la atención durante los primeros 1.000 días de vida, comprendidos entre el embarazo y los dos primeros años del niño. Tras abandonar la Presidencia, el exmandatario impulsó la creación de Ecuador Crece Contigo como una organización privada orientada a generar conocimiento y promover intervenciones relacionadas con esa política pública.

CAF, por su parte, desarrolla programas de cooperación y financiamiento vinculados con salud, nutrición y desarrollo social en América Latina. La participación del organismo en este proyecto busca respaldar una intervención territorial sustentada en información técnica y coordinación local. Sin embargo, hasta el anuncio del convenio no se habían divulgado públicamente el calendario de desembolsos, el número de niños que recibirán atención directa ni los indicadores específicos con los que se evaluarán sus resultados.

La ejecución del acuerdo permitirá observar cómo se articula la cooperación multilateral con una organización privada y las autoridades locales para abordar un problema que continúa afectando a miles de familias ecuatorianas. Los resultados de la intervención dependerán de las actividades que se implementen en las cuatro parroquias y de la medición posterior de sus efectos sobre la nutrición y el desarrollo infantil.

Cuba se prepara para una temporada invernal anómala marcada por el incremento de frentes fríos, temperaturas inusualmente bajas y precipitaciones abundantes durante el período comprendido entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

La alteración de los patrones atmosféricos habituales en el archipiélago caribeño responde a la influencia directa del fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), clasificado en una categoría de intensidad elevada en las aguas ecuatoriales del océano Pacífico, de acuerdo con las evaluaciones presentadas por especialistas de la comunidad científica estatal.

El diagnóstico fue expuesto durante un foro sobre perspectivas climáticas en el que intervinieron expertos del Centro del Clima del Instituto de Meteorología (Insmet), junto con especialistas de los centros meteorológicos y de pronósticos de diversas provincias del país.

Las autoridades científicas señalaron que la interacción del patrón oceánico provocará condiciones de inestabilidad y variaciones notorias respecto a los valores meteorológicos tradicionales en la mayor de las Antillas.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, el fenómeno ENOS desarrollará su “máxima intensidad” en el trimestre que abarca de noviembre a enero. Este fortalecimiento en el océano Pacífico repercutirá de manera directa en la circulación general de la atmósfera sobre el Caribe, lo que abrirá paso a masas polares procedentes del continente norteamericano hacia latitudes más bajas.

La jefa del Centro del Clima, Idalmis González, explicó que este proceso tendrá repercusiones considerables en la evolución del tiempo durante los meses venideros. La funcionaria, citada por el periódico Granma, puntualizó que la fuerza del evento global se cataloga de manera preliminar como “muy fuerte”, una condición oceanográfica capaz de alterar los corredores de vientos y modificar la trayectoria normal de las perturbaciones de invierno en la cuenca caribeña.

El frío más intenso se sentirá en todo el país durante febrero y marzo

Los pronósticos del tiempo indican que las primeras masas de aire frío llegarán a partir de diciembre con una bajada marcada en los termómetros. Sin embargo, el período más frío abarcará febrero y marzo.

Durante esos dos meses, los meteorólogos advierten que existe una alta probabilidad de registrar temperaturas máximas y mínimas por debajo del promedio histórico en las tres regiones principales de Cuba: occidente, centro y oriente.

Esta racha de frío prolongado cambiará la rutina de un país habituado a inviernos cálidos. La entrada constante de vientos del norte y la abundancia de días nublados reducirán las horas de sol, lo que dará lugar a madrugadas inusualmente frías tanto en el campo como en las costas. Debido a estas condiciones, los especialistas mantendrán una vigilancia permanente en toda la isla.

Fuertes tormentas en el golfo de México provocarán lluvias y oleaje

El informe oficial también alerta sobre la posible formación de grandes tormentas en aguas del golfo de México entre febrero y marzo de 2027. El desarrollo de estos temporales suele generar vientos fuertes del noroeste, lluvias intensas y el peligro de que el mar penetre en tierra firme en la costa occidental cubana, con especial riesgo para el litoral norte de La Habana y las zonas bajas cercanas.

Por otra parte, el agua no caerá de forma pareja en todo el territorio. Entre noviembre y enero, las estimaciones señalan que las lluvias superarán los niveles habituales en el occidente del país. En la zona central lloverá dentro de lo normal para esa época del año, mientras que en el oriente las precipitaciones serán escasas y quedarán por debajo de los registros tradicionales.

Por la cuerda floja camina estos días el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que su cartera rebajara la condena a 56 pederastas entre marzo y septiembre de este año aduciendo criterios previos de la Corte Suprema, y más aún tras la revelación de que también hubo rebajas de condenas a tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes extranjeros que aseguraron ser del Tren de Aragua, la mayoría de los cuales quedó en libertad.

Ello, puesto que a pesar de que el presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad y optó por mantenerlo en su cargo, las críticas transversales no han parado y mientras la oposición alista una acusación constitucional (juicio político) en su contra, desde el oficialismo también le piden que dé un paso al costado

A lo reproches previos hechos por figuras de su mismo sector como la excandidata presidencial Evelyn Matthei, los senadores Rojo Edwards (IND-RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI) y el diputado Diego Schalper (RN), este martes se sumaron las voces de los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI), quienes derechamente le pidieron a Rabat dejar el cargo.

“Por el bien del país, que tome la decisión y se aleje del cargo”, señaló Durán según consignó BioBíoChile, quien, eso sí, aclaró que mantiene su respaldo a la administración de Kast.

Sobre un eventual juicio político, en cambio, evitó anticipar una decisión y sostuvo que corresponde analizarla una vez que sea presentada formalmente.

De la misma opinión fue el diputado Omar Sabat (UDI), quien describió lo ocurrido como un “error garrafal” y advirtió sobre los riesgos que representa la salida anticipada de personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

En tanto, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI), también emplazó al Ejecutivo a reconsiderar la continuidad del secretario de Estado pues, a su juicio, su permanencia genera consecuencias políticas para el Gobierno y exige una respuesta que sitúe a las víctimas en el centro de las decisiones.

“La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, señaló taxativa.

Al cierre, la parlamentaria dijo esperar que el presidente Kast haga valer las responsabilidades correspondientes derivadas de la controversia, para así desactivar el juicio político en ciernes contra Rabat.

A pesar de las críticas el vocero, Gonzalo Arenas, ratificó esta jornada que el ministro de Justicia “cuenta con el mismo respaldo del presidente José Antonio Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro; él no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional“.

Cadem: 77% desaprueba al ministro y 64% cuestiona que Kast lo mantenga

Los cuestionamientos políticos encontraron su correlato en la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este martes, la que arrojó un amplio rechazo a la gestión del ministro Rabat, y también a la determinación presidencial de mantenerlo en el gabinete.

De acuerdo con el sondeo, un 77% desaprueba el desempeño del titular de Justicia, mientras que apenas un 12% evalúa positivamente su gestión. Otro 11% no respondió la consulta.

La evaluación del Presidente José Antonio Kast tampoco quedó al margen de la controversia. Un 64% manifestó su desacuerdo con la decisión de mantener a Rabat en el cargo para encabezar la búsqueda de soluciones, frente a un 27% que respaldó la determinación del mandatario.

Incluso entre las personas que aprueban la gestión presidencial, la evaluación del secretario de Estado presenta diferencias. En ese grupo, un 45% desaprueba el desempeño del ministro y un 35% lo aprueba. Pese a ello, un 68% de quienes respaldan la gestión de Kast está de acuerdo con que Rabat permanezca en sus funciones.

Asimismo, un 94% de los encuestados estuvo en desacuerdo con las rebajas de condena.

Tocante a la responsabilidad del titular de Justicia en la firma de los decretos, un 79% considera que Rabat no estaba obligado a suscribirlos, mientras que un 14% sostiene la posición contraria.

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse para enfrentar la situación, un 65% prioriza impedir que se otorguen nuevas reducciones de penas. A su vez, un 54% considera necesario buscar alternativas legales que permitan revertir los beneficios ya concedidos.

La encuesta también reveló que un 79% de los entrevistados cree que es necesario modificar la Constitución, a fin de evitar que hechos como este vuelvan a suceder en el futuro.

La detención de un alcalde en funciones figura entre los resultados de una operación contra el presunto lavado de activos ejecutada este miércoles 28 de octubre en Ecuador. Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde del cantón Vinces, en la provincia costera de Los Ríos, fue aprehendido durante una serie de allanamientos simultáneos que dejaron 15 detenidos. El Gobierno ecuatoriano sostiene que el funcionario encabezaba una estructura que habría movilizado aproximadamente USD 3,22 millones a través del sistema financiero nacional entre 2019 y 2026.

La intervención, denominada Gran Fénix 066, fue desarrollada por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en las provincias de Los Ríos, Guayas y Azuay. Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, el operativo comprendió 21 allanamientos, la intervención de dos personas jurídicas y el inicio de procedimientos relacionados con la posible incautación de bienes vinculados a la investigación. Entre los detenidos también constan personas del entorno familiar y societario del alcalde.

Las investigaciones apuntan a la utilización de Constructora Aldrensa S. A., una compañía que, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, había sido reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Las autoridades sospechan que la empresa habría servido para canalizar recursos procedentes de actividades ilícitas e introducirlos en operaciones financieras aparentemente legales.

El Gobierno sostiene que los movimientos económicos detectados permitieron identificar un incremento patrimonial relacionado con la adquisición de bienes muebles e inmuebles durante los últimos siete años. Sin embargo, las autoridades todavía no han presentado públicamente un desglose de las transacciones investigadas ni han precisado qué proporción de los USD 3,22 millones correspondería efectivamente a recursos de origen ilícito.

Uno de los componentes de la investigación corresponde a los presuntos vínculos financieros entre los integrantes de la estructura y personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada. Reimberg mencionó conexiones con individuos relacionados con los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, además de personas vinculadas con Los Choneros y Los Lobos, dos organizaciones criminales que operan en Ecuador.

Estas relaciones forman parte de las hipótesis expuestas por el Ejecutivo y no constituyen, por sí mismas, una demostración de que Montalván integre alguna de esas organizaciones. Hasta el momento tampoco se han divulgado las operaciones bancarias específicas que sustentarían los vínculos señalados por el ministro.

Durante las intervenciones, los agentes levantaron indicios que incluyen dinero en efectivo, documentación y armas de fuego. Según la información de El Universo, la Fiscalía había reportado inicialmente 18 inmuebles allanados y la emisión de 16 órdenes de detención, mientras que el balance comunicado por el Ministerio del Interior estableció posteriormente 21 intervenciones y 15 personas aprehendidas. Las diferencias corresponden a los reportes difundidos durante el desarrollo del operativo.

La investigación también tiene implicaciones en el ámbito político local. Montalván ejerce la Alcaldía de Vinces, un cantón de Los Ríos, provincia ubicada en la región costera ecuatoriana. Según publicó El Universo, el funcionario no participa como candidato a la reelección en los comicios seccionales previstos para el 29 de noviembre de 2026, debido a que ya cumplió dos periodos al frente del gobierno municipal. Su esposa, en cambio, busca sucederlo en el cargo.

La detención ocurre aproximadamente un mes antes de esas elecciones, en las que los ecuatorianos escogerán nuevas autoridades locales. No obstante, las diligencias anunciadas corresponden a una investigación penal por presunto lavado de activos y las autoridades no han establecido públicamente una relación entre el procedimiento judicial y el proceso electoral.

El expediente deberá determinar el origen de los recursos, la participación individual de los investigados y la eventual existencia de operaciones destinadas a ocultar o justificar fondos ilícitos. También queda pendiente conocer el detalle de los bienes identificados y las medidas judiciales que puedan solicitarse sobre ellos.

Hasta la mañana de este miércoles, la Fiscalía no había comunicado una resolución judicial definitiva sobre la situación de los detenidos. La eventual formulación de cargos y las medidas cautelares dependerán de las actuaciones procesales correspondientes.

Nicaragua quedó fuera de los itinerarios de cruceros para la temporada 2026-2027 en Centroamérica. Mientras los países vecinos comenzaron a recibir embarcaciones o anunciaron sus calendarios de escalas, los puertos nicaragüenses no aparecen entre los destinos programados para un período que prevé la llegada de unos 700 barcos a la región.

La última vez que cruceros con turistas se acercaron a las costas nicaragüenses fue durante los primeros meses de 2020, antes de la paralización internacional del turismo causada por la pandemia de covid-19. Desde entonces, las compañías no volvieron a incorporar al país a sus recorridos regulares.

La actividad regional prevista para esta temporada será casi cuatro veces superior a la registrada una década atrás. Pese a ese crecimiento, ninguno de los barcos anunciados para atracar en puertos del Pacífico y el Caribe centroamericano tiene programada una escala turística en Nicaragua.

Corinto y San Juan del Sur no figuran en las rutas de cruceros

Los puertos de Corinto y San Juan del Sur, que antes concentraban las escalas de cruceros en Nicaragua, no aparecen en los itinerarios de la temporada. El sitio especializado CruiseMapper tampoco los incluye entre los destinos previstos por las navieras, de acuerdo con Diario La Prensa.

Si alguna embarcación se aproxima al país, podría tratarse de una parada técnica. En ese caso, los pasajeros no desembarcarían en territorio nicaragüense.

Las visitas de los cruceristas duraban pocas horas, aunque generaban ingresos para restaurantes, comercios, vendedores de artesanías y otros negocios instalados en las zonas cercanas a las terminales portuarias. Los pasajeros compraban alimentos, bebidas y productos locales, además de utilizar servicios turísticos.

El sector turístico atribuye la ausencia a la falta de confianza

Dirigentes del sector turístico consideran que las empresas de cruceros no recuperaron la confianza para regresar a Nicaragua. Después de la reactivación de los viajes internacionales, las compañías reincorporaron destinos de otros países centroamericanos, pero mantuvieron fuera a los puertos nicaragüenses.

Los empresarios consultados por Diario La Prensa relacionaron la situación con las condiciones de seguridad que atribuyen a la respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a las protestas sociales de 2018. También sostuvieron que las organizaciones y empresas del país permanecen desarticuladas para evitar nuevos levantamientos.

Algunos dirigentes turísticos no fueron identificados porque, según explicaron, temen represalias. Esas fuentes afirmaron que el cierre de organizaciones empresariales dejó al sector sin mecanismos para promover nuevas operaciones ante las compañías de cruceros.

El Intur mantiene información disponible hasta 2020

La información oficial sobre la llegada de cruceros a Nicaragua es limitada. En el sitio web del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), las últimas publicaciones sobre ese segmento corresponden a 2020, cuando la institución esperaba recibir 55 barcos con cerca de 100,000 turistas.

Las empresas suspendieron sus operaciones en marzo de aquel año tras la propagación de la pandemia. De acuerdo con los reportes del Intur, Nicaragua recibió 25,035 cruceristas antes de la interrupción de la actividad.

Las cifras citadas indican que no se registró la llegada de pasajeros de cruceros desde entonces y hasta 2022. A partir de ese año, el Intur dejó de publicar sus anuarios estadísticos, que incluían información sobre la clasificación y el origen de los visitantes.

Los anuarios históricos también dejaron de estar disponibles en el sitio web de la institución. Esa falta de información impide determinar con precisión la procedencia de los turistas que llegaron al país en años anteriores.

El Intur tampoco volvió a informar públicamente sobre acciones destinadas a recuperar las escalas de cruceros. La comunicación disponible en su página se concentra en actividades locales y en la promoción del turismo interno.

Nicaragua recibió 68 cruceros durante 2019

Los empresarios del sector turístico recuerdan que durante tres décadas se realizaron esfuerzos para posicionar a Corinto y San Juan del Sur en las rutas de las navieras. Uno de los mejores resultados de ese proceso ocurrió en 2019, según las cifras divulgadas entonces por el Intur.

Ese año, la institución informó la llegada de 68 cruceros. De acuerdo con esos datos, descendieron 85,537 visitantes, quienes realizaron compras de alimentos, bebidas y artesanías, además de recorrer lugares próximos a ambos puertos.

En 2016 se inauguró una terminal de cruceros en San Juan del Sur. La obra fue presentada como un proyecto destinado a impulsar la actividad turística de esa localidad y facilitar la llegada de embarcaciones internacionales.

La instalación no tiene una función regular conocida desde que las navieras dejaron de programar escalas turísticas en Nicaragua. La falta de operaciones afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas ubicadas cerca de los puertos.

Los países vecinos avanzan con sus temporadas de cruceros

Honduras inauguró su temporada el lunes 26 de octubre con la llegada del primero de diez cruceros previstos para la primera semana de actividades en el puerto de Roatán. El país espera recibir un promedio de seis embarcaciones por semana y proyecta la visita de al menos 1.5 millones de cruceristas durante el período.

Costa Rica anunció la llegada de 201 cruceros. La actividad comenzó a finales de septiembre en la costa del Pacífico, donde Puntarenas tiene previstas 72 escalas y Caldera recibirá 23 barcos.

En el Caribe costarricense, Puerto Limón inició su temporada el sábado 24 de octubre con la llegada del primer crucero. La terminal tiene programadas 106 escalas para el período.

Guatemala comenzó sus actividades el 5 de octubre con el arribo de una embarcación a Puerto Quetzal. El país tiene previstos 35 cruceros en esa terminal del Pacífico y nueve visitas en el Puerto de Santo Tomás de Castilla, situado en el Caribe.

El Salvador inauguró su temporada el 10 de octubre con un crucero de bandera holandesa que transportaba casi 2,000 turistas. El calendario del país contempla 12 llegadas, mientras que Panamá prevé recibir 220 embarcaciones debido a su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Canal de Panamá.

La temporada de cruceros en Centroamérica suele comenzar entre septiembre y octubre y termina entre abril y mayo del año siguiente. Nicaragua continúa fuera de esas rutas, pese a la expansión de la actividad en otros puertos de la región.

El chikungunya vuelve a figurar entre las preocupaciones sanitarias del país, con casos identificados en distintas localidades y una mayor concentración en la zona fronteriza con Nicaragua, según informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal).

Mejía explicó que los cuatro nuevos contagios se suman a los ocho registrados anteriormente, para un acumulado de 12 casos. La situación mantiene la atención de las autoridades debido a que el virus se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados y comparte con el dengue el principal mecanismo de prevención: controlar la reproducción del zancudo.

El departamento de El Paraíso registra la mayor cantidad de casos de chikungunya, con reportes en Alauca y Danlí. También se han identificado contagios en Tegucigalpa y La Ceiba, lo que confirma la presencia de la enfermedad en diferentes puntos del territorio nacional.

La ubicación de los casos en municipios próximos a la frontera con Nicaragua constituye un elemento de vigilancia para las autoridades sanitarias, que deben dar seguimiento a la aparición de nuevos contagios y reforzar las acciones de prevención en las comunidades afectadas.

Aunque el acumulado nacional es de 12 casos, las autoridades mantienen el llamado a no descuidar las medidas de control vectorial. La eliminación de recipientes que acumulan agua y la vigilancia de posibles criaderos son acciones fundamentales para reducir la presencia del mosquito transmisor.

Salud pide eliminar criaderos

El chikungunya puede provocar fiebre y dolor intenso en las articulaciones. En algunos pacientes, las molestias articulares pueden ser incapacitantes y persistir durante semanas o incluso meses, por lo que la identificación temprana de síntomas y la atención médica son relevantes.

Mejía insistió en que las medidas aplicadas contra el dengue también deben usarse para prevenir el chikungunya. Entre las principales recomendaciones figuran desechar botellas, llantas y latas que puedan acumular agua, además de cambiar con frecuencia el agua de los floreros y mantener limpios los patios y alrededores de las viviendas.

El funcionario expresó su preocupación por la persistencia de prácticas que favorecen la reproducción de los mosquitos y pidió a la población desempeñar un papel activo en la prevención.

La prevención requiere tanto acciones individuales como intervenciones de las autoridades sanitarias. La limpieza de espacios públicos, la identificación de focos de reproducción y las campañas de orientación pueden contribuir a reducir la proliferación del vector, en particular en períodos de mayor riesgo.

Las personas que presenten fiebre acompañada de dolor intenso en las articulaciones deben buscar orientación médica para recibir una evaluación adecuada. Dado que el chikungunya y el dengue pueden compartir síntomas, conviene evitar la automedicación y seguir las indicaciones del personal de salud.

Dengue acumula 12 mil casos

Mejía confirmó además que Honduras registra alrededor de 12.000 casos de dengue y cuatro muertes asociadas a esa enfermedad.

Ambas enfermedades presentan diferencias clínicas y requieren una evaluación médica para establecer el diagnóstico. Mientras el chikungunya suele destacar por el dolor articular intenso, el dengue puede evolucionar hacia complicaciones graves, por lo que las señales de alarma deben atenderse a tiempo.

El control de los criaderos continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de transmisión. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente los hogares, eliminar el agua acumulada y utilizar medidas de protección contra las picaduras.

El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 23-2026, que limitaba a doce meses la prisión preventiva desde la presentación de la acusación y ampliaba las medidas sustitutivas en Guatemala, al considerar que varias disposiciones vulneran la seguridad jurídica exigida por la Constitución.

La decisión, formalizada en el Acuerdo Gubernativo 173-2026, devuelve la iniciativa al Congreso con observaciones de inconstitucionalidad que deberán ser evaluadas por los diputados.

La reforma había sido aprobada el 29 de septiembre con 139 votos a favor y enviada al Organismo Ejecutivo el 12 de octubre para su sanción. Entre sus cambios, imponía al Ministerio Público la obligación de fundamentar con medios de convicción cada pedido de prisión preventiva.

El Gobierno rechazó el texto completo porque la Constitución no permite un veto parcial. El acuerdo sostiene que, aunque la iniciativa buscaba “consolidar el Estado de derecho y garantizar una justicia penal pronta y efectiva”, su análisis integral detectó normas que “vulneran la seguridad jurídica en perjuicio de la administración de justicia penal”.

La seguridad jurídica como fundamento del veto

El Ejecutivo basó su decisión en el artículo 2 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar la seguridad de sus habitantes. Según el Acuerdo Gubernativo 173-2026, ese mandato implica que las leyes deben ser “confiables, estables, predecibles, inteligibles y coherentes” respecto de sus consecuencias jurídicas.

La objeción presidencial no se dirigió contra un solo punto de la reforma, sino contra una serie de imprecisiones que, a juicio del Gobierno, podían dificultar la aplicación de las nuevas reglas dentro del sistema penal. El acuerdo fue firmado por Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Uno de los cuestionamientos se concentra en el artículo 8 del decreto, que incorporaba el artículo 264 Quáter al Código Procesal Penal. La disposición impedía otorgar “ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas en el presente artículo” a personas procesadas por ciertos delitos.

Sin embargo, el artículo añadido no contiene una enumeración de medidas sustitutivas. Para el Ejecutivo, esa omisión deja sin precisión el alcance de la prohibición y crea incertidumbre para los jueces que deban resolver solicitudes de medidas cautelares distintas al encarcelamiento.

El acuerdo también advirtió que la lista de delitos contemplaba la “violación calificada”, una figura que fue derogada en 2009 por la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. El Gobierno señaló que esa referencia recae sobre una norma que ya no está vigente en el ordenamiento jurídico guatemalteco.

La aplicación inmediata y la nueva unidad de control

Las observaciones alcanzaron además al artículo 9, que modificaba el artículo 268 del Código Procesal Penal para incorporar nuevos supuestos de cesación del encarcelamiento con aplicación inmediata.

El Ejecutivo consideró que la ausencia de reglas transitorias podía generar una brecha entre las nuevas obligaciones y la capacidad operativa de las instituciones encargadas de hacerlas cumplir.

El mismo problema fue identificado en la creación de la Unidad de Control de Medidas de Coerción, que debía quedar adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Su función era supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

El decreto no establecía plazos razonables ni disposiciones transitorias para organizar e implementar esa estructura. El Gobierno sostuvo que la puesta en marcha inmediata de la unidad, sin una planificación definida, podía afectar el funcionamiento de la administración de justicia penal.

El acuerdo citó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 14 de agosto de 2012, según la cual las leyes deben contar con “una base razonable en su emisión” y respetar criterios de “logicidad, razonabilidad y proporcionalidad”. A juicio del Ejecutivo, esos principios no fueron observados en las reglas sobre la entrada en vigor inmediata de la reforma.

El artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 173-2026 ordenó la devolución del decreto al Congreso de Guatemala. El Legislativo podrá aceptar las observaciones y modificar la iniciativa, o insistir en su redacción original mediante una votación calificada.

Si los diputados optan por mantener el texto vetado, la Corte de Constitucionalidad deberá emitir una opinión sobre la constitucionalidad del decreto antes de que pueda ser promulgado.

Un grupo de excancilleres de América Latina y el Caribe publicó en las últimas horas una carta abierta en la que exigieron a sus gobiernos a construir una posición conjunta para que el próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU) provenga de la región. El reclamo llega cuando ningún candidato logra superar los vetos en el Consejo de Seguridad, se conoció la nominación de una aspirante de Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, y el mandato de António Guterres expira el 31 de diciembre.

El documento reúne a exministros de Relaciones Exteriores de al menos 11 países, entre ellos a los argentinos Susana Malcorra, que ocupó el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri; y Rafael Bielsa y Jorge Taiana, que lo hicieron en las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Entre otros puntos, los exministros recordaron que por una práctica no escrita pero sostenida del organismo le corresponde a América Latina y el Caribe asumir el próximo liderazgo de la Secretaría General. “El último —y único— secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar”, señalan en el texto, en referencia al diplomático que encabezó la ONU entre 1982 y 1991.

De manera puntual, sostienen que la región reúne “las condiciones para aportar una perspectiva particularmente valiosa frente a los enormes desafíos y tensiones que enfrenta el mundo”. Entre los activos que enumera figuran una larga tradición de resolución pacífica de controversias, el compromiso con la desnuclearización expresado en el Tratado de Tlatelolco y la participación fundamental de los países latinoamericanos en la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas.

“Reconocemos que nuestra historia también ha estado marcada por períodos de autoritarismo, profundas desigualdades y desafíos aún pendientes”, señalaron. Sin embargo, los excancilleres sostienen que “la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible continúan siendo aspiraciones fundamentales de nuestros pueblos”.

En un pasaje dirigido al contexto global, la carta planteó que ante “la proliferación de conflictos armados, el agravamiento de la crisis climática, las profundas transformaciones tecnológicas y el cuestionamiento de principios esenciales del orden internacional”, la ONU necesita “un liderazgo capaz de promover el diálogo, reconstruir la confianza y fortalecer la cooperación multilateral”.

La candidatura emiratí encendió las alarmas

El pasado 21 de octubre, Emiratos Árabes Unidos oficializó a nominación de Nusseibeh, su ministra de Estado para Asuntos Exteriores, como aspirante a suceder a Guterres. Así, la carrera por la sucesión se amplía más allá de la región, si se tiene en cuenta al ugandés Olara Otunnu, que ya competía desde una candidatura africana.

Hasta ese momento, la carrera se concentraba en tres nombres con mayores posibilidades: la costarricense Rebeca Grynspan, quien ha liderado la mayoría de las encuestas informales del Consejo de Seguridad; la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett; y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). También participan las ecuatorianas Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa.

Grossi fue el primer candidato formalmente nominado en la contienda: Argentina presentó su postulación ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad el 26 de noviembre de 2025. Al frente del OIEA desde 2019, el diplomático argentino ha acumulado un perfil de alta visibilidad internacional por su rol en las negociaciones sobre los programas nucleares de Irán y en la supervisión de la central de Zaporiyia durante el conflicto en Ucrania. Su candidatura apuesta a que esa experiencia en escenarios de crisis y su manejo del diálogo entre potencias rivales lo posicionen como una opción de consenso en un Consejo de Seguridad profundamente dividido.

Ningún candidato logra esquivar los vetos

La sexta votación informal, que tuvo lugar el 16 de octubre, confirmó las rispideces para avanzar en una sucesión ordenada. Grynspan obtuvo nueve votos favorables, cinco en contra y uno sin opinión, pero dos de los rechazos provinieron de miembros permanentes del Consejo, con capacidad de veto. Grossi y Rodrigues-Birkett recibieron resultados similares, con dos votos negativos de las potencias con poder de bloqueo.

Para obtener la recomendación del Consejo de Seguridad, un aspirante necesita al menos nueve votos positivos de los 15 integrantes y ningún “desaliento” de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Según informes diplomáticos, Washington se ha mostrado reticente con todos los postulantes actuales.

“Urgencia y velocidad de acción”

La carta de los excancilleres no respalda a ningún candidato en particular, pero insta a los gobiernos a “superar las diferencias y los intereses particulares para construir una posición regional”. Los firmantes advierten que ello “requiere consultas, coordinación diplomática y la disposición a construir consensos en torno a aquellas candidaturas que puedan reunir los apoyos necesarios”.

El mensaje va dirigido también a los países latinoamericanos y caribeños que ocupan asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad, cuya “responsabilidad en esta etapa es fundamental”, y a los cinco miembros permanentes, a quienes apelan a actuar “con objetividad y sentido de responsabilidad colectiva, desprovistos de intereses particulares”.

“Esta oportunidad exige liderazgo, responsabilidad y acción diplomática concertada. No debemos dejarla pasar”, concluye la carta, a poco más de dos meses de que Guterres finalice su mandato el 31 de diciembre.

La carta llevó también la firma de los chilenos Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés y Alberto van Klaveren; los colombianos Carolina Barco, María Ángela Holguín y María Emma Mejía; el mexicano Jorge Castañeda; el peruano Diego García-Sayán; y exministros de Panamá, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Guatemala.

El gobierno cubano perdió este miércoles el respaldo de doce países que un año atrás lo habían acompañado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Lituania, Marruecos, Eslovenia y Trinidad y Tobago votaron en contra de la resolución que exige el fin del embargo estadounidense, después de haberse abstenido o de haber apoyado el texto en 2025, según el conteo publicado por CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.

El resultado final fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Se trata del peor desempeño de La Habana desde que presentó esta iniciativa por primera vez en 1992, de acuerdo con el portal de Radio Martí.

El respaldo cayó 35 votos en un solo año

La resolución contra el embargo estadounidense a Cuba se votó este miércoles en la sede de la ONU en Nueva York con una caída de 35 apoyos respecto de 2025, cuando había obtenido 165 votos favorables.

El texto, no vinculante, mantuvo una mayoría amplia, pero los votos en contra se duplicaron y las abstenciones crecieron en 13, un retroceso que marca el tercer año consecutivo de desgaste diplomático para el régimen.

Periódico Cubano, que siguió la transmisión en vivo de la sesión, confirmó esas cifras y calculó que el apoyo favorable descendió 21.2% frente a la votación anterior.

Diario de Cuba, por su parte, recordó que el año pasado el régimen ya había perdido 22 votos respecto de 2024, cuando la propuesta había cosechado 187 apoyos.

La caída acumulada en dos años resulta más pronunciada si se toma como referencia ese dato de 2024: los apoyos se redujeron en 57 y los rechazos se multiplicaron por más de ocho, según el recuento de CiberCuba. El máximo histórico de la resolución fue de 191 votos en 2016, durante el acercamiento bilateral impulsado por Barack Obama, cuando Estados Unidos e Israel se abstuvieron por primera y única vez.

Alemania rompe 24 años de respaldo ininterrumpido

Entre los 17 países que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Hungría, Lituania, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay, Eslovenia, Trinidad y Tobago y Ucrania. De ese grupo, siete ya se habían opuesto en 2025: Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, precisó CiberCuba.

Entre las 25 abstenciones apareció un nombre con peso simbólico. Alemania había respaldado la resolución de forma ininterrumpida desde 2002 y esta vez optó por abstenerse, junto con Albania, Bahréin, Bulgaria, Chile, Croacia, República Dominicana, Estonia, Grecia, Guyana, Honduras, Jamaica, Letonia, Montenegro, Países Bajos, Palau, Polonia, Corea del Sur, Moldavia, Rumanía e Islas Salomón.

Una señal previa ya había anticipado el giro. En julio, una votación procedimental para habilitar un debate extraordinario sobre el embargo había obtenido apenas 136 votos a favor, con Trinidad y Tobago y Alemania modificando entonces su patrón histórico de voto.

Estados Unidos redobla la presión diplomática

La administración estadounidense había anticipado el resultado un día antes de la votación. “Van a ver cómo cambia esa votación mañana. El mundo está despertando a estas duras verdades”, afirmó el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ante periodistas a la salida del Consejo de Seguridad, según informó la agencia EFE.

Waltz también pidió a los Estados miembros que rechazaran el texto. “No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano”, sostuvo el embajador, de acuerdo con EFE.

El funcionario agregó que el régimen “ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda” al denunciar presiones de Washington sobre otros países para modificar sus votos, y acusó en cambio a las autoridades cubanas de ejercer esa presión.

La intervención del embajador derivó en un enfrentamiento directo con la delegación cubana. Integrantes de esa delegación golpearon las mesas e interrumpieron el discurso de Waltz mientras el canciller Bruno Rodríguez se dirigía hacia la tribuna, relató EFE.

Una resolución simbólica sin efecto legal

El texto, titulado oficialmente “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, carece de carácter vinculante.

Solo el Congreso de Estados Unidos tiene potestad para levantar el embargo, por lo que la votación anual funciona como un termómetro político antes que como una herramienta con efectos concretos.

La expectativa previa a la sesión se había concentrado en los países de América Latina y el Caribe, según había señalado Infobae antes de la votación. Entre las incógnitas figuraba si Argentina y Paraguay mantendrían su voto negativo de 2025 y si se sumarían otras naciones de la región, además de la eventual participación de El Salvador, República Dominicana y Venezuela, ausentes en la votación anterior.

La votación de 2026 quedó registrada como la de mayor rechazo y mayor número de abstenciones desde que Cuba lleva su reclamo contra el embargo estadounidense al plenario de la ONU.

Juan Carlos Castillo Vaca, conocido como alias “D-Max” y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Dimax, fue expulsado de Panamá y entregado a las autoridades colombianas el martes 27 de octubre.

El extranjero registra una condena superior a 40 años de prisión y una notificación roja de Interpol por requerimientos judiciales en su país de origen.

Castillo Vaca es vinculado por las autoridades con presuntas actividades de narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y préstamos ilegales mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.

La organización Los Dimax, que presuntamente dirigía, mantiene su principal área de operaciones en Cali, una de las ciudades colombianas donde las autoridades han investigado estructuras dedicadas a distintas actividades delictivas.

El colombiano había sido identificado en septiembre por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración (SNM), mediante labores coordinadas con el Consejo de Seguridad Nacional y la Policía de Colombia.

Estas diligencias permitieron confirmar su identidad y los requerimientos judiciales que motivaron su entrega a las autoridades del vecino país.

Su salida formó parte de un operativo que involucró a 37 colombianos, de los cuales 19 fueron deportados y 18 expulsados. Entre las causales identificadas figuran delitos contra la seguridad colectiva y casos relacionados con el Tren de Aragua y préstamos informales, mientras Panamá mantiene controles sobre extranjeros vinculados con actividades ilícitas.

El caso también vuelve a poner bajo atención el sistema de préstamos denominado “gota a gota”, utilizado para ofrecer dinero rápido, generalmente sin garantías bancarias ni evaluaciones crediticias.

Los prestatarios deben realizar pagos frecuentes, habitualmente diarios, bajo condiciones que pueden incluir intereses elevados y mecanismos de cobro abusivos, especialmente cuando existen retrasos.

En Panamá, prestar dinero con intereses elevados no constituye automáticamente un delito, porque la usura no está tipificada como una conducta penal independiente en el Código Penal vigente.

Sin embargo, cuando los cobradores recurren a amenazas, intimidaciones o exigencias violentas, pueden configurarse delitos como extorsión, castigada con penas de cinco a diez años de prisión.

Las autoridades panameñas han desarrollado otros operativos contra personas vinculadas a esta modalidad. En agosto de 2026, Migración retuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un colombiano identificado como presunto tercer cabecilla de La Inmaculada, una organización criminal investigada por extorsiones y cobros violentos de préstamos en Colombia.

Posteriormente, el 4 de septiembre, un ciudadano colombiano fue aprehendido en Chitré, provincia de Herrera, durante la Operación Perseus, cuando presuntamente realizaba cobros diarios.

La intervención respondió a que su actividad económica era incompatible con el permiso migratorio que autorizaba su permanencia en territorio panameño.

El 20 de septiembre, la Policía Nacional reportó la aprehensión de otros tres colombianos presuntamente relacionados con el sistema de cobros denominado “cobra diario”. Los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continuaban las verificaciones sobre sus actividades y posibles infracciones legales.

Los controles migratorios también reflejan un aumento de las medidas administrativas de salida. Hasta el 11 de octubre de 2026, Panamá había registrado 3.711 deportaciones y expulsiones, distribuidas entre 2.907 deportados y 804 expulsados, según las estadísticas oficiales correspondientes a ese período.

Por nacionalidad, los colombianos encabezaron los registros con 2.079 personas, seguidos por 508 ecuatorianos y 237 ciudadanos de India. Los hombres concentraron 3.170 procedimientos, frente a 541 mujeres, mientras otras nacionalidades acumularon 887 casos dentro del balance migratorio.

Mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos, Panamá contabilizó 3.209 personas deportadas o expulsadas, entre ellas 1.860 colombianos, 494 ecuatorianos y 236 ciudadanos indios.

El informe también registró 134 venezolanos y cinco ecuatorianos con retorno asistido, como parte de los mecanismos de cooperación internacional.

Con el operativo del 27 de octubre, Panamá acumuló 76 vuelos chárter utilizados en procedimientos de control migratorio. Las autoridades mantienen la cooperación con organismos internacionales para identificar personas requeridas judicialmente y fortalecer la vigilancia sobre actividades criminales, mientras continúan las deportaciones y expulsiones de extranjeros.

Dos prófugos fueron capturados en Managua por su presunta participación en una red acusada de defraudar a Seguros Lafise con reclamos por accidentes de tránsito que, según la investigación, nunca ocurrieron.

Los detenidos son Jeffry Francisco Mendieta Zúñiga y Juan Ramón Pérez Marenco, quienes permanecían fuera del alcance de las autoridades. Ambos fueron arrestados en la capital nicaragüense.

La Fiscalía sostiene que los acusados facilitaron sus documentos de identidad para elaborar expedientes fraudulentos. Esos trámites habrían servido para reclamar y cobrar indemnizaciones por supuestos siniestros viales.

La pesquisa identifica una estructura de al menos 14 personas, activa entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. En ese lapso, Seguros Lafise emitió 46 cheques por C$4,287,100 (USD 115,751.70), según informó Nicaragua Investiga.

Los documentos personales sustentaban colisiones que no ocurrieron

Mendieta Zúñiga y Pérez Marenco habrían aportado sus datos personales junto con Johanna María Montenegro González, quien ya está bajo custodia. La documentación era utilizada para construir casos de choques que, de acuerdo con la acusación, no existieron.

El Ministerio Público señaló que los expedientes contenían certificados de tránsito y otros documentos que las autoridades consideran irregulares o falsificados. Con esos elementos, la organización solicitaba pagos vinculados a pólizas de seguro obligatorio.

La red preparaba siniestros completos con información de terceros, fotografías y cotizaciones para respaldar los reclamos ante la aseguradora.

El dinero obtenido mediante esas gestiones presuntamente se repartía entre los participantes, de acuerdo con la investigación difundida por Nicaragua Investiga.

La causa también involucra a personas que, según la Fiscalía, habrían intervenido desde distintos puntos del proceso. La acusación busca establecer cómo se armaban los expedientes, quiénes los presentaban y qué función cumplía cada señalado.

Los investigadores sostienen que el uso de identidades ajenas o facilitadas era una parte central del esquema. Los datos personales permitían dar apariencia de legalidad a reclamos basados en accidentes viales inexistentes.

Una exagente de tránsito aparece como principal operadora

Entre los implicados figura Jessenia Yaoska Sierra Guerrero, exagente de tránsito del Distrito Tres de la Policía Nacional en Managua. La Fiscalía la identifica como la principal operadora de la estructura investigada.

El expediente incluye además a tres extrabajadores de Seguros Lafise. Uno de ellos es John Hamilton Mendieta Jiménez, exjefe de reclamos de automóviles, quien continúa prófugo.

También está señalado el fiscal Livingstone Ramón Zepeda Cruz, quien ejercía funciones en el Centro de Atención Fiscal de la misma delegación policial. La acusación lo incorpora dentro del grupo investigado por la presunta maniobra.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otros procesados que todavía no han sido localizados. Algunos enfrentan señalamientos por el supuesto uso de documentos falsos y otros por estafa agravada.

El proceso judicial fue declarado de tramitación compleja

El juez Rolando Sanarrusia admitió la acusación formal presentada por la Fiscalía y autorizó el intercambio de pruebas. El caso seguirá su curso en los tribunales de Managua.

Pérez Marenco enfrenta cargos por estafa agravada y crimen organizado. Mendieta Zúñiga y Montenegro González son procesados por estafa agravada.

La declaratoria de tramitación compleja responde al número de imputados y a la presunta forma organizada de las operaciones. La investigación continúa para determinar las responsabilidades individuales dentro de la red.

El Gobierno de Panamá evalúa trasladar a tierra firme a los habitantes de Isla Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, ante las inundaciones registradas después del terremoto del 9 de octubre. La posibilidad fue anunciada por José Ramón Icaza, secretario de Metas Presidenciales, quien confirmó instrucciones para identificar terrenos donde podrían construirse nuevas viviendas.

Icaza explicó que las mareas registradas durante los últimos días han provocado inundaciones tanto en la isla como en sectores de tierra firme. Ante esta situación, las autoridades iniciarán nuevas evaluaciones de las condiciones del terreno para determinar si resulta seguro el regreso de las familias o si será necesario reubicarlas permanentemente.

El funcionario señaló que el presidente José Raúl Mulino ordenó localizar terrenos para una eventual solución habitacional. La decisión dependerá de los estudios y del comportamiento de las mareas, porque el traslado todavía no ha sido confirmado y las autoridades necesitan determinar si las inundaciones representan una amenaza permanente para los residentes.

Las declaraciones se produjeron después del Consejo de Gabinete del martes 27 de octubre, cuando Mulino anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 que comenzaron a edificarse para los damnificados. El Gobierno proyecta al menos 2,700 soluciones habitacionales en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

La situación de Isla Cañas comenzó el viernes 9 de octubre, cuando un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la península de Azuero. El movimiento provocó olas anómalas, inundaciones y alteraciones en el terreno, obligando a evacuar de emergencia a aproximadamente 400 personas que se encontraban en la comunidad.

La evacuación se desarrolló mediante lanchas utilizadas por los propios residentes, quienes trasladaron a sus vecinos hacia tierra firme en aproximadamente 30 minutos. Al menos ocho embarcaciones participaron en el operativo, que permitió poner a salvo a las familias sin registrar víctimas mortales, pese al temor provocado por el ingreso del mar.

Isla Cañas tiene una población aproximada de 600 habitantes, que permanece a la espera de una decisión sobre el retorno. Aunque el suministro eléctrico fue restablecido, la comunidad continúa sin agua potable y los residentes solamente pueden ingresar temporalmente para alimentar a sus animales y revisar sus propiedades.

Las evaluaciones preliminares también han identificado cambios importantes en la configuración del terreno. El agua abrió un canal de aproximadamente 37 metros de ancho y más de cuatro metros de profundidad durante la marea alta, mientras especialistas investigan la erosión y el desplazamiento de sedimentos que provocaron esta transformación.

La situación genera mayor preocupación ante la alerta por mareas altas vigente hasta el 30 de noviembre en el litoral Pacífico panameño, donde se encuentra Isla Cañas. Estas condiciones podrían agravar las inundaciones en las zonas vulnerables, especialmente en los terrenos afectados por el terremoto, mientras las autoridades evalúan los riesgos para la población y la posibilidad de trasladar a las familias hacia tierra firme.

El impacto económico resulta especialmente preocupante porque la agricultura constituye uno de los principales sustentos de la comunidad. Un diagnóstico agrario establece que la isla posee aproximadamente 832 hectáreas de superficie, de las cuales unas 400 hectáreas corresponden a tierras agrícolas, destinadas principalmente a la producción de alimentos.

En estos terrenos se cultivan arroz, maíz, frijol, sandía y melón, productos destinados al consumo familiar y al mercado nacional. El representante Demetrio Ríos estimó que más del 80% de la producción agrícola quedó destruida por el terremoto y la entrada de agua salada, afectando a más de un centenar de productores.

La isla también constituye uno de los principales refugios de tortugas marinas del Pacífico panameño. Cada año, durante la temporada de julio a diciembre, llegan a sus playas más de 20,000 tortugas para desovar, entre ellas ejemplares de las especies golfina, verde, carey y baula.

Esta riqueza natural sostiene actividades de turismo ecológico y conservación ambiental, mediante recorridos por manglares, observación de tortugas y servicios de transporte marítimo. Sin embargo, después del terremoto, la llegada de visitantes disminuyó considerablemente, afectando los ingresos de familias dedicadas a la pesca y al turismo.

Mientras avanzan las evaluaciones, el futuro de Isla Cañas permanece sin definirse. Las autoridades deberán determinar si las condiciones permiten recuperar las viviendas y actividades productivas o si las familias necesitan establecerse definitivamente en tierra firme, después de una emergencia que transformó su entorno y sus medios de subsistencia.

El despliegue de tropas de rescate en Haití tras la retención de cuatro militares salvadoreños continúa abriendo una discusión técnica sobre los protocolos de seguridad y la cadena de mando internacional.

Transcurridos diez días del suceso, analistas civiles y uniformados en retiro brindaron su análisis y postura en el espacio de entrevista televisiva Diálogo 21.

Durante la emisión, los panelistas profundizaron en las circunstancias que permitieron que el personal militar salvadoreño ingresara a un área dominada por estructuras delictivas en Puerto Príncipe.

El general en retiro José Edgar Campos sostuvo que los esquemas de protección y resguardo sufrieron un quiebre que obligó al Estado salvadoreño a movilizar nuevos contingentes hacia el país caribeño. A

Ante las preguntas sobre el origen del incidente, Campos remarcó: “El protocolo de seguridad, ¿qué pasó? Bueno, definitivamente eso falló. Y ese fallo nos ha llevado a esto... a una gran movilización”.

El exmilitar puntualizó que las autoridades deben esclarecer los factores técnicos que llevaron a la patrulla a quedar expuesta en una zona sin resguardo perimetral, lo cual complicó la posición de la fuerza de tarea.

Por su parte, el analista político Nelson Flores abordó las hipótesis vinculadas a fallas de orientación y posibles filtraciones de información en el terreno haitiano. Flores señaló que existen sospechas sobre una eventual emboscada facilitada por sectores locales o fallas de comunicación logística.

En la transmisión televisiva, manifestó: “algunos mencionan de que le dieron una orientación equivocada para que fueran ahí al sitio donde dominaba una banda”, una situación que a su juicio revela la complejidad de coordinar tareas en un entorno permeado por la corrupción institucional y la presencia de más de doscientas agrupaciones delictivas en Haití.

El debate jurídico se centra en el amparo de la ONU y el papel regional

De igual manera, los analistas explicaron que los soldados necesitan un respaldo legal internacional claro para no afrontar problemas diplomáticos. José Edgar Campos advirtió que el contingente de El Salvador no debe operar por su cuenta, sino que tiene que contar con la autorización formal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El militar retirado señaló que, si las tropas actúan sin estos permisos y ocurren tiroteos en las calles o daños en viviendas, el país podría enfrentar demandas y acusaciones legales.

En la conversación, también se mencionó el apoyo logístico brindado por Estados Unidos y el control que mantiene República Dominicana en su frontera para frenar el paso de bandas armadas.

Por su parte, el especialista, Juan Carlos Torres, remarcó que la meta principal debe ser rescatar con vida a los cuatro compatriotas, sin comprometer al país en una misión larga o indefinida.

Torres explicó que los grupos delictivos en Haití se mezclan entre la población civil, lo cual aumenta el peligro en cada operativo. Asimismo, recordó el desgaste emocional y la angustia que viven los soldados y sus familias en territorio salvadoreño mientras esperan noticias favorables.

La opinión pública salvadoreña respalda la operación de rescate

El debate también abordó la percepción ciudadana en torno a la respuesta institucional frente al suceso. Los panelistas revisaron los resultados de la encuesta de opinión elaborada por la firma CID Gallup, la cual registró que el 94% de la población aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele en medio del operativo.

Asimismo, el estudio demoscópico reveló que el 86% de los encuestados está de acuerdo con la operación de rescate militar. Flores concluyó que las acciones del presidente Nayib Bukele cuentan con una sólida confianza ciudadana a través de las políticas de seguridad implementadas previamente en El Salvador.

No obstante, los especialistas insistieron en que el escenario en Haití presenta desafíos estructurales muy diferentes, los cuales demandarán una articulación técnica y diplomática permanente con los organismos multilaterales para asegurar el retorno seguro de los efectivos y mitigar futuros riesgos en misiones internacionales.

La Comisión Nacional del Salario de Guatemala cerró este martes 27 de octubre la negociación para fijar el salario mínimo de 2027 sin consenso entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores. La decisión final quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien deberá determinar el ajuste que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Guatemala mantiene seis salarios mínimos, diferenciados por actividad económica y por dos circunscripciones: la CE1, correspondiente al departamento de Guatemala, y la CE2, integrada por los otros 21 departamentos. El menor ingreso vigente es el de la actividad exportadora y de maquila en la CE2: Q 105,90 diarios, equivalentes a USD 13,86.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que la Comisión analizó las posiciones de los tres sectores bajo el marco jurídico nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conocido como Mintrab, confirmó que las propuestas no lograron una fórmula común para el próximo año.

Aumentos de entre 3% y 10% en disputa

La representación gubernamental propuso un mecanismo basado en inflación, crecimiento económico y crecimiento poblacional. El rango de referencia para el aumento se ubicó entre el 4% y el 7%.

Los trabajadores pidieron un incremento del 10% para todas las circunscripciones económicas durante 2027. También solicitaron que la fórmula planteada por el Ejecutivo sea sometida a un análisis técnico más amplio en la Comisión, durante el proceso de fijación salarial de 2028.

Los empleadores respaldaron la utilización de una fórmula técnica, pero condicionaron su aceptación a que incorporara todas las variables recomendadas originalmente por el consultor de la Organización Internacional del Trabajo que la elaboró. De acuerdo con una fuente consultada por ese sector, la aplicación completa de ese mecanismo arrojaría un incremento de entre 3% y 4%.

El desacuerdo activó el procedimiento previsto para estos casos. La Comisión elaborará un informe que será trasladado al Mintrab, cartera que deberá solicitar dictámenes a la Junta Monetaria y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social antes de enviar la documentación al Ejecutivo.

Arévalo recibirá esos antecedentes y definirá el porcentaje definitivo para los salarios mínimos de 2027. Los tres sectores coincidieron en que, desde el inicio de las reuniones de la Comisión en 2027, discutirán una fórmula técnica consensuada para establecer los valores de 2028.

Seis salarios según actividad y región

El tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala para este martes fue de 7,6398 quetzales por dólar. Con esa cotización, el salario diario no agrícola de la CE1, fijado en Q 131,58, equivale a USD 17,23.

Ese ingreso alcanza USD 523,95 mensuales y sube a USD 556,57 al sumar la bonificación legal de Q 250. Para la actividad agrícola de la misma circunscripción, el pago diario de Q 124,64 representa USD 16,32 y el monto mensual con bonificación llega a USD 528,96.

La remuneración más baja de la CE1 corresponde al sector exportador y de maquila. Los Q 112,10 diarios equivalen a USD 14,67, mientras que el ingreso mensual con la bonificación asciende a USD 479,05.

En la CE2, el salario no agrícola es de Q 125,49 diarios, o USD 16,43. Con la bonificación, el total mensual alcanza USD 532,26.

El trabajo agrícola en esa región tiene un salario de Q 119,21 por día, equivalente a USD 15,60, y un ingreso mensual con bonificación de USD 507,35. Para la actividad exportadora y de maquila, el salario mensual de Q 3.221,10 equivale a USD 421,63 y llega a USD 454,36 tras incorporar los Q 250 establecidos por ley.

El Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) registró el lunes 26 de octubre su primer caso de indisciplina entre las personas privadas de libertad que ingresaron al nuevo complejo penitenciario de Costa Rica, según informó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

El hecho ocurrió durante la primera jornada de traslados al centro, ubicado en San Rafael de Alajuela. El lunes fueron trasladados 123 reclusos y las autoridades preveían el ingreso de otros 250 para el martes 27 de octubre, de acuerdo con los datos difundidos por el medio costarricense Teletica.

Aguilar no dio detalles sobre la identidad de la persona involucrada ni sobre las circunstancias del episodio. Sí explicó que los internos que incurran en faltas podrán ser separados del resto de la población penitenciaria y enviados a espacios de aislamiento dentro de cada módulo.

“En caso de indisciplina, que ayer se presentó el primer caso, van a ser ubicados en las islas de aislamiento con las que cuenta cada uno de los módulos”, afirmó el ministro durante una conferencia de prensa, según recogió Teletica.

El funcionario señaló que las faltas comprenden conductas violentas o falta de cooperación con el personal penitenciario. Indicó que los criterios para determinar esas sanciones ya están establecidos en las normas que regulan el sistema carcelario costarricense.

El ministro de Justicia precisó que el sistema penitenciario dispone de celdas de separación, conocidas popularmente como “bochos”, para los reclusos que presenten problemas de conducta o representen un riesgo dentro de los pabellones.

Según Aguilar, la Administración Penitenciaria puede ordenar el aislamiento de una persona por un plazo máximo de 48 horas. Una extensión de esa medida requiere la intervención de un juez competente.

“De esas 48 horas en adelante le corresponde a la autoridad judicial, es decir, al juez al que está la orden”, manifestó el funcionario, en declaraciones recogidas por Teletica.

La aplicación de medidas disciplinarias en el CACCO adquiere relevancia en los primeros días de funcionamiento del complejo, concebido para alojar a internos considerados de alto riesgo y a integrantes de estructuras criminales. Las autoridades sostienen que el objetivo es reforzar el control dentro de las cárceles y limitar la capacidad de organizaciones delictivas para operar desde los centros de detención.

La prisión fue inaugurada con capacidad para 5,100 internos

La presidenta costarricense, Laura Fernández, inauguró el CACCO el 14 de octubre en Alajuela. El complejo cuenta con una capacidad proyectada de 5,100 personas privadas de libertad, distribuidas en cinco módulos.

El primer módulo, que comenzó a recibir internos el 26 de octubre, tiene capacidad para 1,020 reclusos. El Gobierno prevé completar la habilitación de los cuatro restantes en diciembre, según informaron autoridades costarricenses durante la apertura de la obra.

La construcción demandó una inversión cercana a los USD 35 millones. El Ejecutivo afirmó que, cuando el centro funcione a plena capacidad, contribuirá a reducir la sobrepoblación del sistema penitenciario, que las autoridades calculan en 59%, hasta un nivel de 15 por ciento.

El complejo dispone de celdas colectivas, pasarelas elevadas para la vigilancia, cámaras de seguridad y controles permanentes. Cada módulo tiene 17 celdas previstas para alojar a cerca de 60 internos.

Un proyecto inspirado en el CECOT impulsado por Nayib Bukele

El CACCO está basado en el modelo penitenciario promovido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ordenó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para recluir a miles de presuntos integrantes de pandillas.

El Gobierno de Costa Rica recibió cooperación salvadoreña para el diseño del proyecto. La imagen de los primeros internos trasladados, con uniformes naranjas y la cabeza rapada, también remitió al protocolo de ingreso difundido desde el CECOT.

El modelo salvadoreño se convirtió en uno de los ejes de la estrategia de seguridad de Bukele, aunque organismos de derechos humanos cuestionaron detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y condiciones de reclusión.

En Costa Rica, el nuevo centro fue presentado como una herramienta para aislar a figuras vinculadas al crimen organizado y fortalecer la seguridad penitenciaria.

La prolongada ausencia de precipitaciones amenaza con agravar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas, en especial en comunidades vulnerables a las pérdidas agrícolas y a la escasez de alimentos.

En ese contexto, Estados Unidos canalizó suministros humanitarios hacia Honduras mediante el Programa de Asistencia Humanitaria de su Comando Sur, con el objetivo de apoyar la respuesta a las necesidades identificadas en el departamento de Comayagua.

Aunque el donativo busca contribuir a la atención de las comunidades afectadas, la magnitud de la crisis climática plantea necesidades que van más allá de la distribución inmediata de suministros.

La emergencia se desarrolla en un período delicado para la producción agrícola. Según los datos disponibles, 103 municipios permanecen bajo alerta roja por sequía y más de 708.000 personas podrían requerir asistencia humanitaria debido a la escasez de agua y las pérdidas en los cultivos.

El déficit de precipitaciones tiene además una amplia extensión territorial: más del 75% del país ha experimentado condiciones extremas de falta de lluvia. Esta situación compromete tanto la disponibilidad de agua como las actividades productivas de las familias que dependen de la agricultura para su alimentación y sus ingresos.

Los efectos se acumulan sobre pérdidas de la primera temporada agrícola, para los hogares que dependen de sus cosechas, la caída en la producción puede traducirse en menos alimentos disponibles, menores ingresos y mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

La afectación no se limita a los productores. Cuando disminuye la oferta de alimentos y se deterioran los ingresos rurales, las consecuencias pueden extenderse a los mercados locales y a las familias que destinan una parte considerable de sus recursos a la compra de productos básicos.

Entrega suministros

El donativo del Comando Sur está valorado en L 672.000, equivalentes a USD 25.000, y fue canalizado a través del Programa de Asistencia Humanitaria de esa institución.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señaló que la entrega forma parte de la cooperación entre ambos países para fortalecer la preparación ante desastres y promover la estabilidad y la seguridad en el hemisferio.

Este tipo de apoyo puede contribuir a cubrir necesidades inmediatas de las comunidades afectadas; sin embargo, la información divulgada no detalla el contenido de los suministros, la cantidad de beneficiarios directos ni el calendario de distribución.

La coordinación con las autoridades hondureñas será determinante para que los recursos lleguen a las zonas donde la emergencia requiere atención urgente. En situaciones de sequía prolongada, la identificación de las comunidades más afectadas y la evaluación periódica de sus necesidades son elementos fundamentales para orientar la ayuda humanitaria.

Pérdidas agrícolas y el riesgo

Las pérdidas de la primera temporada reducen las reservas familiares, mientras que la incertidumbre sobre los próximos ciclos agrícolas dificulta anticipar cuándo podrán recuperarse los ingresos y la producción.

En las comunidades rurales más expuestas, la falta de lluvia puede afectar simultáneamente los cultivos, la disponibilidad de agua y las actividades de las que dependen las familias para subsistir. Si las condiciones persisten, los hogares con menos recursos podrían enfrentar mayores dificultades para mantener su consumo alimentario y cubrir otros gastos esenciales.

Entre las prioridades están el seguimiento de las condiciones climáticas, la evaluación de las pérdidas agrícolas, la identificación de hogares en riesgo y la planificación de acciones para proteger los medios de vida de las comunidades afectadas.

El donativo estadounidense se suma a los esfuerzos de respuesta en un momento en que las necesidades humanitarias podrían ampliarse si continúan los déficits de lluvia. El alcance de la crisis dependerá, entre otros factores, de la evolución de las precipitaciones y de la capacidad de las instituciones para atender a la población que necesita apoyo.

El operativo de captura contra un hombre señalado por homicidios, atracos y ataques armados terminó con la muerte de “La Rabia” en un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional en la provincia de Santiago, al norte de República Dominicana. Las autoridades indicaron que el sospechoso disparó contra una patrulla de investigación durante la intervención.

El fallecido fue identificado como Christopher Eugenio Acevedo Metz, de 36 años. Según la versión de la institución, era un delincuente buscado por las autoridades judiciales y policiales por su presunta participación en varios hechos violentos. Entre ellos figuraban la muerte de un oficial policial, robos agravados y agresiones con armas de fuego.

La Policía informó que el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subdirección Regional de Investigación Criminal (Dicrim). De acuerdo con el reporte oficial, los policías respondieron a los disparos durante el operativo. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre el sitio exacto donde ocurrió el hecho ni sobre las armas que habrían sido ocupadas.

Una condena pendiente y nueve registros policiales

Acevedo Metz había sido condenado en ausencia a 30 años de presión por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago en 2024.

La condena estaba vinculada a delitos graves y permanecía pendiente de ejecución. El hombre era requerido por una orden de captura, por lo que las autoridades mantenían su búsqueda.

Los archivos policiales le atribuían nueve registros por distintos delitos. Seis correspondían a expedientes abiertos entre 2017 y 2021. Los otros tres se relacionaban con porte ilegal de armas, robos y atracos a mano armada cometidos entre 2009 y 2011.

Entre los casos bajo investigación aparecía un ataque armado por encargo contra dos hombres en Hato del Yaque, en 2019. También era vinculado con asaltos en los que las víctimas fueron despojadas de dinero, celulares y prendas de oro.

La Policía lo relacionaba, además, con un tiroteo en el sector El Ejido, en Santiago, que dejó muerto a Pablo de Jesús Polanco.

El informe oficial también señaló que, durante un operativo efectuado en Gurabo en noviembre de 2019, intentó quitarle el arma de reglamento a un agente que participaba de su detención.

La muerte ocurrió durante una escalada de hechos violentos

El caso se conoció en medio de un repunte de la violencia letal en República Dominicana. Las cifras oficiales divulgadas durante octubre mostraron que septiembre registró 125 homicidios, un aumento de 34.4% frente al mismo mes de 2025.

En ese escenario, las operaciones contra personas buscadas por robos, homicidios y otros delitos han dejado decenas de muertes. La Policía Nacional sostiene que los fallecimientos ocurrieron en intercambios de disparos, durante patrullajes, persecuciones o procedimientos para ejecutar órdenes de arresto.

Diario Libre contabilizó 98 personas fallecidas entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre en hechos reportados oficialmente como enfrentamientos con agentes. El registro incluyó casos ocurridos en varias provincias, con una mayor concentración en Santo Domingo y Santiago.

Las autoridades afirman que todas esas muertes se produjeron luego de que los sospechosos enfrentaran a tiros a los agentes. El número de casos mantiene la atención sobre el uso de la fuerza durante los operativos y sobre las investigaciones que deben determinar las circunstancias de cada intervención.

El crecimiento de la planilla de la Secretaría de Educación (SEDUC), frente a la reducción de estudiantes matriculados, vuelve a poner en discusión la distribución del personal docente y administrativo, los mecanismos de contratación y la eficiencia del gasto público destinado a la enseñanza.

El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), identifica situaciones que, evidencian debilidades en los controles del recurso humano.

Entre los hallazgos figuran docentes registrados en oficinas administrativas, posibles duplicidades de cargos, pagos simultáneos en departamentos geográficamente distantes y salarios fuera de los rangos esperados.

Estas observaciones plantean interrogantes sobre cómo se asignan las plazas y si el personal contratado responde a las necesidades reales de los centros educativos.

Sin embargo, las inconsistencias señaladas en el documento requieren una revisión individual para determinar su origen y establecer si corresponden a errores administrativos, incumplimientos o posibles irregularidades.

Menos estudiantes en las aulas

Mientras los centros públicos registraron una pérdida de 87,134 estudiantes entre 2022 y 2026, la planilla institucional aumentó en 4,191 empleados durante el mismo período. El contraste también se refleja en las distintas áreas de la institución.

De acuerdo con el informe, la planilla docente creció 4.7%, mientras que el personal administrativo aumentó 21%. En el Nivel Central, la incorporación de 314 personas en tres años representó un incremento del 72%, según los datos divulgados por la organización.

La reducción de la matrícula no implica, por sí sola, que el sistema necesite menos maestros. No obstante, la diferencia entre el comportamiento de la matrícula y el crecimiento de las planillas hace necesario examinar si las contrataciones se concentran en las áreas que necesitan personal o si existe una distribución desigual entre las oficinas centrales y los centros escolares.

El problema adquiere mayor relevancia ante los señalamientos sobre plazas docentes ubicadas en oficinas y posibles registros de trabajadores con funciones o pagos incompatibles. Para establecer el alcance de estas situaciones se requieren procesos de verificación que permitan contrastar las planillas con la asistencia, las asignaciones laborales y las necesidades de cada establecimiento.

Los salarios y presupuesto educativo

El informe de ASJ también pone el foco en el costo que representa la planilla para las finanzas públicas. En 2025, alrededor de 85 de cada 100 lempiras del presupuesto de Educación se destinaron al pago de salarios, mientras que la planilla docente alcanzó un costo mensual de L 2,019 millones, equivalente a aproximadamente USD 77.7 millones.

Con ese mismo tipo de cambio, el costo mensual de la planilla docente representa cerca de USD 932 millones al año si se mantiene constante durante 12 meses. La cifra refleja el peso financiero del personal en el presupuesto educativo.

La organización estima que cada día de clases perdido representa al menos L 121 millones, unos USD 4,65 millones, que no llegan al aula en términos del servicio educativo previsto. Esta estimación debe entenderse como una valoración del costo asociado a la interrupción de las clases, no como dinero que necesariamente se pierde en efectivo o que pueda recuperarse automáticamente al reanudar las actividades.

A las dificultades de administración del personal se suma otro desafío: la cantidad de niños y jóvenes que todavía no acceden a la educación formal. Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, señaló que más de 750 mil menores permanecen fuera del sistema educativo nacional.

La cifra pone de manifiesto que el desafío no consiste únicamente en administrar las plazas existentes, sino también en ampliar la cobertura y encontrar mecanismos para atender a la población que continúa excluida de las aulas. Hernández advirtió sobre la importancia de evitar que las contrataciones respondan a intereses particulares o partidarios.

La propuesta no elimina la necesidad de contar con maestros ni sustituye automáticamente la educación presencial. Abre, en cambio, la discusión sobre cómo combinar distintas modalidades para llegar a estudiantes que hoy no están matriculados, sin descuidar la calidad de la enseñanza ni las condiciones que permiten a los niños permanecer en el sistema.

En ese escenario, los datos de ASJ y las observaciones del INIEES apuntan a dos tareas que deben abordarse de forma conjunta: revisar la distribución y los controles del personal de Educación y diseñar estrategias verificables para ampliar la matrícula.

El Gobierno de Brasil extendió por 30 días más la subvención al diésel con el propósito de amortiguar las consecuencias que el conflicto en Medio Oriente genera sobre el mercado de los combustibles, según informaron fuentes oficiales.

La administración de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido el domingo tras imponerse en segunda vuelta electoral frente al opositor Flávio Bolsonaro, precisó que la ayuda se mantiene en 2,12 reales (0,40 dólares) por cada litro de diésel.

El Ejecutivo indicó en un comunicado que la prórroga busca “reducir el impacto de la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles en el mercado brasileño”.

A su vez, señaló que una vez vencido el nuevo plazo, podrá renovar la medida en función de la evolución del mercado internacional de los combustibles.

El gobierno brasileño remarcó que la extensión de la ayuda no implicará costos adicionales para las cuentas públicas, en un contexto marcado por la inquietud de los operadores bursátiles ante el crecimiento del déficit fiscal y la deuda pública durante la gestión de Lula.

El primer paquete de subsidios al sector de los combustibles fue anunciado el pasado 9 de octubre, días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En aquella oportunidad, además de fijar ayudas para reducir el precio del diésel, el Ejecutivo dispuso asistencia para las empresas importadoras del combustible.

Lula se impuso con el 52% de los votos, frente al 48% que obtuvo el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato preferido del mercado financiero por sus planes de recorte del gasto público.

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff recibirá una indemnización mensual de 17.500 reales (unos 3.000 dólares) como reparación por la persecución política que padeció durante la dictadura militar, según informaron fuentes oficiales este martes.

Rousseff fue detenida en 1970 por integrar una organización de resistencia contra el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Durante su cautiverio, que se extendió por casi tres años, fue sometida a torturas.

La Justicia determinó que la ex mandataria fue perseguida e imposibilitada de ejercer su profesión desde el día de su arresto hasta el 21 de octubre de 1997. En función de ello, el Estado deberá compensarla mensualmente tomando como base el salario promedio del cargo que ocupaba antes de ser detenida, según publicó el Diario Oficial.

En aquel entonces, Rousseff se desempeñaba como economista en la Fundación de Economía y Estadística de Río Grande del Sur (FEE), lo que fijó el monto en 17.500 reales mensuales.

Considerando todos los años en los que no pudo percibir su salario, y descontando compensaciones previamente recibidas, el Diario Oficial establece que el total indemnizatorio ascenderá a 6,6 millones de reales (cerca de 1.125.000 dólares).

Dilma Rousseff fue una activa opositora a la dictadura e integró el grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares. En 1999 se afilió al Partido de los Trabajadores y cuatro años más tarde fue designada ministra por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fue precisamente Lula quien le entregó la banda presidencial en enero de 2011, luego de que Rousseff se impusiera en las elecciones con el 56,01% de los votos, convirtiéndose en la primera presidenta de la historia de Brasil.