El Aeropuerto Juan Santamaría sufrió el sábado 12 de septiembre una interrupción de internet después de que un vehículo se enganchara con el cableado de telecomunicaciones en la vía de acceso a la terminal. El incidente obligó a procesar pasajeros y gestionar parte de la operación aérea de forma manual.

“El incidente se produjo cuando un vehículo pesado que transitaba por la calle de acceso al aeropuerto enganchó accidentalmente parte del cableado de telecomunicaciones, provocando una afectación temporal en los servicios asociados a la terminal aérea”, indicó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

La institución pública añadió que las principales filas registradas durante el incidente se presentaron en los mostradores de atención (counters) de algunas aerolíneas, debido a afectaciones en los servicios de telecomunicaciones contratados directamente por estas para sus procesos de atención y procesamiento de pasajeros.

La caída de la fibra óptica afectó los sistemas de radar, los planes de vuelo y el registro de viajeros de varias aerolíneas. La comunicación del radar permaneció fuera de servicio durante cerca de 45 minutos, sin señal para determinar la ubicación de las aeronaves, informó La Nación, diario costarricense.

Las consecuencias se extendieron en el aeropuerto capitalino durante la tarde y la noche, con filas prolongadas en los mostradores de atención y demoras en las salidas. Fotografías y testimonios de pasajeros mostraron la acumulación de viajeros mientras las compañías aéreas recurrían a procedimientos alternativos.

Registro manual ante la caída de los sistemas

El corte dejó inoperativa la plataforma SITA, operada por la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, proveedora de tecnología de la información y telecomunicaciones para la industria aeronáutica. La red permite gestionar comunicaciones en tiempo real, tráfico aéreo, control fronterizo, procesamiento de pasajeros y manejo de equipaje.

Aún así, las aerolíneas continuaron atendiendo a los viajeros que se encontraban mediante registros manuales ante la imposibilidad de acceder a ese sistema. La interrupción de las pantallas utilizadas por los controladores aéreos también llevó al personal a mantener parte de las tareas de forma manual.

Poco antes de las 20:00, los sistemas de la terminal mostraban afectación en al menos 14 vuelos. Entre ellos figuraban las salidas de Air France hacia París, identificada como AF 431, y de KLM a Ámsterdam, vuelo KL 760, además del retraso en la llegada del vuelo AS 1352 de Alaska Airlines desde Los Ángeles.

La empresa gestora de la terminal, Aeris, confirmó que la falla se originó por un incidente externo en carretera, cuando un vehículo impactó el cableado que sostiene la infraestructura aeroportuaria. La compañía indicó que el aeropuerto mantuvo activa su operación y que las aerolíneas aplicaron protocolos de contingencia, detallan medios locales.

Reparación del cableado frente a la terminal

Cuatro unidades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) permanecían en el lugar pasadas las 19:00 para reparar la conexión, mientras el aeropuerto seguía sin internet.

Las autoridades aeroportuarias aseguraron que la afectación sobre los servicios de navegación aérea fue mínima debido a la activación de los protocolos previstos. Los servicios de telecomunicaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría fueron restablecidos posteriormente y volvieron a operar con normalidad.

El Ministerio de Obras Públicas, por su parte, indicó que este incidente evidenció la importancia de contar con protocolos de contingencia y sistemas de respaldo previamente establecidos, así como con una coordinación efectiva entre las instituciones públicas, el gestor aeroportuario y las entidades responsables de los servicios esenciales para la operación del aeropuerto.

Las cooperativas panameñas ampliaron su crédito y, al mismo tiempo, registraron una reducción en los atrasos de pago.

Esta evolución expone un desafío para el sector, que es el de sostener la colocación de financiamiento sin debilitar la capacidad de pago de sus clientes.

Los registros del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian ubicaron la cartera de estas entidades en $1.692 millones al cierre de julio de 2026.

El monto representó un aumento interanual del 3% frente al nivel informado para el mismo mes de 2025.

La morosidad de los préstamos con más de 61 días de atraso pasó del 7,36% al 7,31% en ese período y, aunque la variación fue limitada, ocurrió mientras el volumen de crédito siguió en alza.

El sistema cooperativo de Panamá mantiene su presencia entre las opciones de financiamiento para los consumidores, con una cartera mayor y una mora apenas menor.

Informes indican que la continuidad de esa tendencia dependerá de que las entidades evalúen la capacidad de pago antes de aprobar nuevos créditos y detecten de forma temprana posibles incumplimientos.

En detalle, durante el primer semestre de 2026, las cooperativas reunieron 144.523 referencias de crédito activas. El saldo promedio de cada obligación fue de $11.710.

El crédito personal concentró la mayor exposición del sistema. Esta modalidad acumuló $1.174 millones y superó las 103 mil obligaciones vigentes.

La distribución muestra que cerca de siete de cada diez unidades monetarias prestadas por las cooperativas correspondieron a ese tipo de financiamiento. La proporción vuelve central el análisis del endeudamiento de quienes solicitan préstamos para gastos personales.

El segundo segmento de la cartera está conformado por los créditos hipotecarios, con un saldo de $330 millones, en tanto que los demás productos sumaron $116 millones.

Dentro de esos rubros, los préstamos para automóviles registraron $45 millones, y las tarjetas de crédito mantuvieron alrededor de $26 millones.

La concentración en los préstamos personales obliga a las entidades a revisar con precisión los ingresos, las obligaciones previas y el comportamiento de pago de cada solicitante. Una evaluación insuficiente puede elevar el riesgo de que la expansión de la cartera se traduzca en un deterioro posterior.

El descenso en el indicador de atrasos se produjo mientras las cooperativas otorgaban más financiamiento. El resultado plantea la necesidad de equilibrar el crecimiento de las colocaciones con mecanismos de prevención de incumplimientos.

El reto del sector no se limita a sumar nuevos clientes o elevar los saldos prestados. Las entidades deben definir qué nivel de riesgo aceptarán y establecer cuánto puede pagar cada persona antes de concederle un crédito.

Los sistemas de referencias de crédito aportan información para examinar el historial financiero de los usuarios. Esos datos pueden servir para definir perfiles de riesgo y fijar montos, condiciones y plazos de los préstamos.

“Las cooperativas cumplen un rol fundamental en el acceso al crédito y en el avance de la inclusión financiera en Panamá”, afirmó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

La ejecutiva sostuvo que la información, la analítica y la tecnología pueden ayudar a las cooperativas a crecer de manera sostenible. También indicó que esas herramientas permiten tomar decisiones de crédito con mayor rapidez y precisión.

El uso de datos puede advertir si un solicitante ya enfrenta una carga financiera que compromete su capacidad de pago. A la vez, puede acelerar las respuestas para los clientes que mantienen un historial favorable.

Las cooperativas han comenzado a incorporar soluciones tecnológicas que antes estaban asociadas sobre todo con los bancos y las instituciones financieras de mayor tamaño. Estos recursos permiten revisar solicitudes, clasificar perfiles y automatizar parte de los procesos.

La adopción de estas herramientas puede reducir la posibilidad de aprobar un préstamo para una persona que no podrá cumplir con las cuotas. También puede facilitar el acceso al financiamiento de quienes muestran un comportamiento financiero adecuado.

Cardellicchio señaló que el proceso no debe quedar limitado a la incorporación de plataformas. “Innovar no significa únicamente incorporar tecnología”, explicó la gerente general de APC Experian.

La ejecutiva añadió que el objetivo consiste en aprovechar mejor los datos para comprender el riesgo, acelerar las decisiones y facilitar el acceso responsable al crédito.

El sector cooperativo deberá preservar su función de inclusión financiera mientras protege la calidad de su cartera. La combinación entre crecimiento del crédito, evaluación de clientes y uso de información definirá el desempeño de estas entidades en los próximos períodos.

El dueño y un trabajador de una una carnicería murieron tras recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego durante un ataque armado dentro del comercio.

El hecho ocurrió en la zona 3 del municipio de Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, en Guatemala, la tarde del sábado 12 de septiembre y es investigado por la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP).

Las víctimas fueron identificadas como Luis Fernando Ixcaja, de 29 años, propietario de la carnicería; y Edy Benjamín Yucute Camey, de 17, quien llevaba pocos meses de trabajar en el lugar.

Vecinos que presenciaron el hecho, narraron a las autoridades que las víctimas atendían el local cuando un hombre que llevaba puesto un casco de motorista ingresó al establecimiento y abrió fuego sin mediar palabras.

Todo ocurrió dentro de la carnicería situada en la 3a. calle y 6a. avenida de la zona 3 de ese municipio. Los disparos alcanzaron al adolescente, quien trabajaba como ayudante de carnicero, y a Ixcaja.

Los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar luego de recibir el aviso de los vecinos. Tras evaluar a los heridos, los socorristas determinaron que ambos aún presentaban signos vitales y los trasladaron de urgencia al hospital de la localidad.

Sin embargo, los dos hombres fallecieron al ingresar al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades no han informado cuál era el posible móvil del crimen ni si existen personas detenidas por el caso. Sin embargo, no se ha descartado una posible extorsión.

De acuerdo con los relatos iniciales, el atacante actuó solo. Tras disparar contra las víctimas, salió de la carnicería y escapó a bordo de una motocicleta. La descripción del sospechoso y las circunstancias de su huida forman parte de las diligencias de la PNC y del Ministerio Público.

Mientras que la escena del crimen quedó bajo resguardo policial para el levantamiento de indicios.

Autoridades municipales lamentan el crimen

El asesinato de los dos hombres ha generado conmoción entre los vecinos de Santiago Sacatepéquez que no dan crédito a lo ocurrido, más cuando la carnicería se localizaba a unos 100 metros de la estación de la Policía Nacional Civil, en esa localidad.

Incluso, el Concejo Municipal y el Alcalde, Elías Cuc Puac, manifestó sus condolencias a través de un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales.

“Enviamos nuestras condolencias a su apesarada familia, deseándoles tengan una pronta resignación ante esta lamentable pérdida”

También dentro de su negocio

Días antes, madre e hija fueron asesinadas también dentro de su negocio, pero esta vez en la colonia Santa Fe, ubicada en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Las mujeres fueron identificadas como Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23.

Ambas fueron asesinadas cuando atendían su negocio de ropa usada ubicada en la 28 calle y 13 avenida del sector, la tarde del 8 de septiembre. Aunque el caso sigue en investigación, se presume un posible cobro de extorsión.

La convocatoria fue anunciada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien señaló que la seguridad se mantiene como una de las principales prioridades de la administración y que ya se desarrollaron conversaciones entre diferentes autoridades para coordinar la respuesta frente a las organizaciones delictivas.

Zambrano explicó que sostuvo reuniones con el presidente Asfura, el ministro de Seguridad y el jefe del Estado Mayor Conjunto con el propósito de definir las acciones que deberán ejecutarse ante la situación de inseguridad que enfrenta el país.

“Hemos hablado con el presidente, va a convocar al Consejo de Defensa y Seguridad en los próximos días”, confirmó el titular del Legislativo.

Uno de los principales temas previstos para la reunión será la aplicación de la reforma aprobada recientemente por el Congreso Nacional, mediante la cual se otorgó al Consejo de Defensa y Seguridad la atribución de declarar como terroristas a determinados grupos organizados criminales.

La medida apunta, según Zambrano, a estructuras responsables de generar violencia, provocar muertes y daños, y sembrar temor entre la población hondureña.

Declaratoria contra estructuras criminales

La declaratoria será analizada en el marco de las competencias del Consejo, mientras las instituciones de seguridad preparan nuevas acciones para reforzar la presencia estatal en las zonas de mayor conflictividad.

Zambrano adelantó que las medidas no se limitarán a la discusión de la declaratoria de grupos criminales, sino que también contemplan un mayor despliegue de los cuerpos de seguridad en diferentes sectores del territorio nacional.

El presidente del Congreso sostuvo que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas deberán intensificar sus operaciones contra las estructuras delictivas y mantener una presencia más visible en las zonas donde se registra mayor incidencia criminal.

“Aquí el gobierno, la Policía y Fuerzas Armadas tienen que ponerle mano dura a los delincuentes”, afirmó.

Entre las acciones anunciadas figura el despliegue de efectivos de la Policía Militar del Orden Público en barrios y colonias conflictivos, además de operativos de saturación destinados a incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad en sectores con mayor actividad de grupos criminales.

Las acciones de seguridad también buscan conducir a la captura y posterior judicialización de las personas señaladas como responsables de cometer delitos.

Zambrano indicó que los operativos tendrán entre sus objetivos poner a los responsables de hechos criminales a disposición de los tribunales y, cuando corresponda, trasladarlos a los centros penitenciarios.

La estrategia combina el despliegue operativo de policías y militares con el procesamiento judicial de quienes sean detenidos por su presunta participación en actividades delictivas. El reto será lograr que las operaciones en territorio se traduzcan en investigaciones y procesos que establezcan responsabilidades ante los tribunales.

Zambrano aseguró que las autoridades no permanecerán pasivas frente a las estructuras criminales y que el Gobierno responderá mediante las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población.

La próxima reunión del Consejo de Defensa y Seguridad será el punto en que se defina cómo se aplicarán las nuevas facultades otorgadas al organismo y qué medidas concretas se implementarán contra las estructuras criminales identificadas por las autoridades.

Mientras se aguarda la convocatoria, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se preparan para reforzar su presencia en los sectores considerados de mayor riesgo.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, exiliado y privado de la nacionalidad nicaragüense, afirmó este domingo que los responsables de corrupción, torturas y otros delitos deben responder ante la justicia y sostuvo que la misericordia divina no puede invocarse como argumento para evitar sanciones.

Durante una homilía en una iglesia de Estados Unidos, el religioso, una de las voces más críticas del régimen nicaragüense, reclamó procesos ante tribunales independientes, con garantías de defensa y respeto por el debido proceso.

“Los corruptos, injustos, torturadores y criminales deben enfrentar las consecuencias de sus acciones y rendir cuentas ante la ley”, expresó Báez, según informó la agencia de noticias EFE. “La misericordia de Dios no es excusa para la impunidad de los delincuentes”, añadió.

Báez: el perdón no exime la reparación de las injusticias

El prelado planteó que el perdón no supone desconocer los crímenes ni exigir a las víctimas que olviden lo ocurrido. En ese sentido, señaló que una reconciliación sin justicia puede agravar el daño sufrido por quienes padecieron abusos.

“Hablar de perdón no es negar la justicia, no es pedir impunidad ni sugerir que las víctimas deben olvidar y pasar página”, dijo el obispo auxiliar de Managua, quien dejó el país en 2019 por razones de seguridad, por instrucción del entonces papa Francisco.

Báez advirtió que “una injusticia no reparada socava la convivencia social” y que otorgar perdón sin un proceso de rendición de cuentas no permite cerrar las heridas. Por ese motivo, insistió en que quienes hayan cometido delitos deben comparecer ante autoridades judiciales imparciales.

El religioso también dirigió un mensaje a las víctimas de abusos y persecuciones. Les pidió reclamar justicia sin reproducir prácticas de crueldad o mecanismos contrarios a la ley.

“Al exigir justicia, no podemos volvernos crueles como el siervo de la parábola, ni reproducir los mismos mecanismos ilegales y desalmados de quienes han perpetrado esos crímenes”, manifestó Silvio Báez en su sermón.

Exiliado desde 2019 tras la crisis política de Nicaragua

Báez es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y una figura relevante dentro de la Iglesia católica nicaragüense. Su salida del país ocurrió en abril de 2019, casi un año después del inicio de la crisis política y social que sacudió a Nicaragua tras las protestas contra el régimen.

Las manifestaciones comenzaron en abril de 2018 y derivaron en una represión denunciada por organismos internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores opositores. Desde entonces, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido objeto de acusaciones por detenciones arbitrarias, persecución política, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones a la actividad religiosa.

Ortega, exguerrillero sandinista, gobierna Nicaragua desde 2007. Murillo, su esposa, ejerce la vicepresidencia desde 2017 y ambos copresiden el país, de acuerdo con el modelo institucional establecido por el oficialismo.

La situación política se profundizó luego de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega obtuvo un nuevo mandato. Los principales aspirantes opositores habían sido detenidos antes de los comicios y, posteriormente, varios de ellos fueron expulsados del territorio nacional, despojados de su nacionalidad y privados de derechos políticos.

El régimen sandinista ha rechazado las acusaciones y ha presentado a sectores de la oposición como parte de intentos de desestabilización. Organizaciones nacionales e internacionales, en cambio, han denunciado violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, movilizó este domingo a sus bases con marchas, mítines y actos en 26 de los 27 estados del país, a tres semanas de unas elecciones presidenciales cada vez más reñidas. El Partido de los Trabajadores (PT), la formación que lidera el mandatario, convocó la jornada nacional para frenar la caída de intención de voto que muestran las últimas encuestas frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Uno de los actos centrales tuvo lugar en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde varios cientos de militantes, la mayoría vestidos de rojo, marcharon al ritmo de una comparsa con pancartas de respaldo al mandatario. El geólogo Fernando Miranda explicó a la agencia EFE que la defensa de los derechos laborales está ligada, en su lectura, a la soberanía nacional sobre los minerales críticos y el petróleo brasileños. La jubilada Cristina de Sá, con un pañuelo rojo al cuello, dijo a EFE que participaba “por la democracia” y contra lo que describió como una entrega del país a Estados Unidos.

La consigna de la soberanía nacional, bandera histórica del PT, cobró fuerza este año tras el arancel adicional del 25% que la Administración de Donald Trump impuso a productos brasileños en julio, una medida que el propio Gobierno de Lula calificó de injerencia política y que terminó fortaleciendo su imagen como defensor de los intereses del país. Trump y Lula acordaron en agosto reabrir el diálogo comercial, aunque las tensiones no se disiparon: el presidente argentino Javier Milei respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro en un acto en São Paulo el 25 de julio, donde llamó “ladrón” y “presidiario” a Lula, en un episodio que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires.

La última encuesta de Datafolha, divulgada el viernes 11 de septiembre, sitúa a Lula en el 39% de intención de voto en primera vuelta, cuatro puntos por encima del 35% de Flávio Bolsonaro, dentro del margen de error de dos puntos. En un eventual balotaje, ambos aparecen en empate técnico, con 46% para Lula y 44% para Bolsonaro, según la misma consultora, que entrevistó a 2.002 electores entre el 8 y el 10 de septiembre.

La movilización de este domingo llega en un momento en que la agenda electoral está dominada por el escándalo del Banco Master, una entidad financiera intervenida el año pasado que las autoridades describen como el mayor fraude bancario de la historia de Brasil. Su expropietario, Daniel Vorcaro, permanece en prisión preventiva y sus vínculos con jueces, políticos y directivos del Banco Central han derivado en una crisis político-judicial que la Corte Suprema ha decidido destapar mediante la desclasificación sucesiva de sumarios.

Entre los investigados figura el propio Flávio Bolsonaro, señalado por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Según documentos desclasificados por el magistrado André Mendonça, el senador solicitó a Vorcaro cerca de 134 millones de reales (USD 26 millones) para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre su padre protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel. El banquero llegó a desembolsar unos 61 millones de reales (USD 12 millones), fondos que, según la investigación, fueron a parar a cuentas en Estados Unidos vinculadas a allegados de la familia Bolsonaro y cuyo destino final sigue bajo escrutinio. Este domingo, el magistrado Flávio Dino desclasificó una segunda pieza del expediente relacionada con el mismo financiamiento.

Flávio Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad y sostiene que se trató de la búsqueda de financiamiento privado para un proyecto privado. La investigación, abierta en julio a pedido de la Policía Federal, se conoció públicamente recién este mes, cuando trascendió el levantamiento del secreto de sumario.

El resultado de las elecciones del 4 de octubre definirá si Brasil mantiene el rumbo trazado por Lula desde 2023 o gira hacia el bloque conservador que respaldan Washington y Buenos Aires, en una campaña donde el escándalo financiero y la disputa por la soberanía nacional compiten por definir el voto de los indecisos.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil levantó el secreto de sumario en una investigación judicial centrada en el uso irregular de fondos públicos para la producción de una película biográfica sobre el ex presidente Jair Bolsonaro, un caso que involucra a colaboradores cercanos del ex jefe de Estado y sacude el escenario político a semanas de los comicios presidenciales. La resolución, firmada por el magistrado Flávio Dino, expone sospechas sobre la existencia de una red delictiva dedicada al desvío de recursos parlamentarios y municipales con el objetivo de financiar el proyecto cinematográfico titulado Dark Horse, protagonizado por el actor estadounidense Jim Caviezel.

Las indagatorias judiciales se concentran en el empleo de partidas presupuestarias del Congreso de la Nación y de la alcaldía de San Pablo. Agentes de la Policía Federal llevaron a cabo múltiples operativos de registro en la sede de la productora y en propiedades del diputado Mário Frias, quien ocupó la secretaría de Cultura durante la administración de Jair Bolsonaro. De acuerdo con las actuaciones del expediente, el legislador transfirió aproximadamente dos millones de reales a una organización no gubernamental ligada al filme. Las autoridades señalan que el dinero habría sido redirigido hacia empresas subcontratadas sin que exista constancia sobre la realización efectiva de los servicios contratados.

En su dictamen judicial, Flávio Dino argumentó la existencia de indicios sobre la participación de Mário Frias en el entramado de desviación presupuestaria. A raíz de estos hallazgos, el máximo tribunal dictó la prohibición de salida del país tanto para el parlamentario como para Karina Gama, ejecutiva de la productora cinematográfica. La fiscalía analiza además probables vínculos entre este esquema y la banda criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

En respuesta a los señalamientos, el congresista afirmó: “Nunca asigné fondos del presupuesto parlamentario para financiar o beneficiar la producción de la película de ninguna manera”, al tiempo que calificó los procedimientos policiales de “cortina de humo”.

Vínculos bancarios e impacto en las elecciones de octubre

El expediente salpica el desarrollo de la contienda electoral, en la cual el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del ex presidente, compite por la jefatura de Estado frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato conservador, quien asumió la representación de su espacio luego de la condena a 27 años de cárcel contra su padre por intento de golpe de Estado, encara investigaciones por corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. Los investigadores rastrean reuniones y traspasos de capital por 12,3 millones de dólares entre el entorno de Bolsonaro y Daniel Vorcaro, ex presidente del quebrado Banco Master.

“No tengo nada que ocultar. La película es completamente legal”, dijo Flávio Bolsonaro.

La investigación sobre la cinta sobreviene en medio de un severo enfrentamiento interno en el Tribunal Supremo Federal, detonado por la quiebra del Banco Master tras detectarse un fraude de miles de millones de reales. Los nexos de Daniel Vorcaro con personalidades políticas y miembros de la judicatura desataron fricciones entre los jueces de la corte.

El magistrado André Mendonça ordenó apartar al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al jefe de inteligencia Leandro Almada, decisión que fue posteriormente anulada por Flávio Dino. Ante el choque de atribuciones, el presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, suspendió ambas determinaciones para intentar contener la crisis institucional.

Frente a la escalada de desconfianza en las instituciones de Brasil, un grupo formado por ex ministros, economistas y dirigentes sindicales remirió un documento formal al titular del tribunal. En el texto alertaron que “estamos viviendo la crisis más grave en la historia del Tribunal Supremo y ciertamente una de las más graves de nuestra turbulenta historia republicana”.

Asimismo, sostuvieron que “investigar los hechos y responsabilizar a quienes hayan podido violar la ley y la dignidad de sus cargos son fundamentales para que podamos recuperar la confianza en las instituciones y preservar nuestra democracia”.

Las elecciones generales mantienen su primera cita prevista para el cuatro de octubre, sin que las investigaciones impidan legalmente la postulación de los contendientes.

Cinco personas murieron bajo custodia de las autoridades cubanas durante agosto, un mes en el que también aumentaron las denuncias de hostigamiento, detenciones arbitrarias y restricciones contra opositores, activistas que protestaron por los apagones generalizados en la isla.

Los casos ocurrieron en medio de una crisis de servicios básicos que mantuvo expresiones de descontento en varias zonas de la isla. Las protestas estuvieron relacionadas, sobre todo, con las interrupciones eléctricas, la escasez de agua y las dificultades para acceder a otros suministros.

De acuerdo con CiberCuba, el reporte mensual de la organización Cubalex documentó cinco muertes de personas que se encontraban bajo custodia en agosto. La entidad atribuyó los fallecimientos a un patrón de atención médica insuficiente o negada en centros de detención y prisiones.

Las denuncias apuntan a problemas de atención médica en prisión

El informe señaló que la Prisión Provincial de Las Tunas concentró el mayor número de muertes bajo custodia registradas en el período. Cubalex sostuvo que las condiciones de reclusión y las fallas en la atención sanitaria forman parte de las principales denuncias recibidas durante el mes.

La situación de las personas privadas de libertad concentró la mayor cantidad de incidentes represivos. El documento registró 139 eventos vinculados con presos, entre ellos amenazas, aislamiento, traslados, falta de asistencia médica y medidas disciplinarias dentro de los centros penitenciarios.

Al menos nueve reclusos realizaron huelgas de hambre durante agosto, según el reporte. La Prisión Especial Kilo 8, en Camagüey, fue identificada como el establecimiento con más hechos represivos reportados por la organización.

Entre los casos individuales mencionados figuran los de los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos, quienes habrían acumulado siete incidentes cada uno. Ambos estaban recluidos en Kilo 8 y, según Cubalex, enfrentaron amenazas de muerte y períodos en celdas de castigo.

Más de 500 incidentes de hostigamiento durante agosto

Cubalex contabilizó 280 eventos represivos, con 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 personas. Cerca de la mitad de esos hechos afectó a detenidos o encarcelados.

Las denuncias incluyeron 50 casos de violencia o acoso, 45 traslados, 38 amenazas o acciones de coacción y 33 operativos de vigilancia o seguimiento policial. El informe también registró 30 víctimas de detenciones arbitrarias y tres de desaparición forzada.

Los incidentes se distribuyeron en 54 municipios de 14 provincias y en la Isla de la Juventud. La Habana acumuló 102 eventos, seguida de Camagüey, con 36, y Santiago de Cuba, con 24. Cienfuegos fue la única provincia donde no se reportaron casos durante agosto.

Las protestas se concentraron en La Habana

La crisis energética derivó en 94 protestas públicas verificadas durante el mes. Aunque la cifra fue menor que las 200 registradas en julio, Cubalex advirtió que puede existir un subregistro por las dificultades para obtener denuncias y verificar hechos en zonas con poca conectividad.

El 57% de las manifestaciones ocurrió en La Habana, donde se registraron cacerolazos en respuesta a los apagones. El 4 de agosto hubo 16 protestas de este tipo luego de una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional.

El informe indicó que las autoridades detuvieron a grupos de manifestantes en Calabazar, La Habana Vieja y Camagüey. También reportó la detención de una mujer en Lawton, tras reclamar por la falta de agua en su vivienda, y el arresto del activista Pedro Lázaro Gutiérrez Collado durante una protesta en Calabazar.

Las autoridades de República Dominicana interceptaron una embarcación rápida con 595 paquetes de presunta cocaína en aguas ubicadas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia de Peravia. Durante el operativo fueron detenidos tres extranjeros —dos colombianos y un venezolano—, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por una presunta violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La operación estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). Las instituciones actuaron bajo coordinación del Ministerio Público y con apoyo de organismos de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El cargamento fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que deberá establecer mediante análisis el tipo de sustancia y el peso exacto de los paquetes ocupados.

El operativo comenzó tras una alerta de inteligencia sobre una embarcación sospechosa

Según el reporte de la DNCD, las fuerzas de seguridad recibieron información sobre una lancha que se acercaba a las costas dominicanas con un posible cargamento de narcóticos procedente de Sudamérica.

A partir de esa alerta, las autoridades desplegaron un dispositivo por aire, mar y tierra. Las aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron tareas de vigilancia, seguimiento y localización, mientras que las unidades marítimas de la Armada participaron de la persecución y posterior intercepción.

El coronel piloto Manuel Gómez, director de comunicaciones de la Fuerza Aérea, señaló que la institución brindó apoyo aéreo a la DNCD durante el desarrollo de la operación. El capitán de navío Isaac Rodríguez, director de comunicaciones de la Armada, indicó que los equipos de superficie interceptaron la nave cuando intentaba ingresar a las aguas jurisdiccionales del país.

La embarcación fue detenida tras varias horas de seguimiento

La lancha fue localizada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. De acuerdo con la información oficial, se trataba de una nave tipo Go Fast de 32 pies de eslora, unos 9,8 metros, equipada con dos motores de 115 caballos de fuerza cada uno.

Este tipo de embarcaciones suele ser utilizado por organizaciones dedicadas al traslado marítimo de cargamentos ilícitos entre distintos puntos del Caribe. La DNCD sostuvo que las redes investigadas emplean lanchas rápidas para transportar sustancias desde Sudamérica hacia el territorio dominicano.

Tras la intercepción, los agentes abordaron la embarcación y detuvieron a los tres ocupantes. Las autoridades no difundieron las identidades de los arrestados ni precisaron el punto de partida de la lancha.

Hallaron 24 pacas con 595 paquetes envueltos en cinta adhesiva

Durante la inspección de la nave, los agentes encontraron 24 pacas que contenían 595 paquetes de presunta cocaína. Según la DNCD, los envoltorios estaban cubiertos con cinta adhesiva y tenían distintos logotipos, una modalidad que suele ser objeto de análisis en las investigaciones para establecer posibles vínculos entre cargamentos y estructuras criminales.

Carlos Devers, director de comunicaciones de la DNCD, confirmó que el decomiso se produjo durante una intervención conjunta de las fuerzas de seguridad. El organismo aclaró que la identificación definitiva de la sustancia dependerá de los peritajes del INACIF.

Además de los paquetes, las autoridades decomisaron cinco tanques de combustible, un garrafón adicional, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano, una mochila con prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Los teléfonos, el GPS y la documentación incautada quedaron bajo análisis para determinar la ruta prevista por la embarcación, los contactos de los detenidos y la posible participación de otras personas en la operación.

El Ministerio Público busca identificar a otros integrantes de la red

La DNCD y el Ministerio Público informaron que continúan las investigaciones para ubicar y detener a otras personas que podrían estar vinculadas con el traslado del cargamento. La pesquisa apunta a establecer la estructura logística que habría permitido la salida de la embarcación, su recorrido marítimo y el eventual destino final de la droga.

Los tres detenidos enfrentan una investigación por presuntas infracciones a la legislación dominicana sobre narcóticos y sustancias controladas. La autoridad antidrogas indicó que los procedimientos judiciales avanzarán conforme se incorporen los resultados de los análisis forenses.

En una declaración difundida tras el operativo, la DNCD sostuvo que la coordinación con agencias aliadas permite reforzar la vigilancia de las rutas marítimas empleadas por organizaciones de narcotráfico en el Caribe.

La DNCD señaló que durante 2026 las autoridades dominicanas decomisaron más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas en operativos ejecutados en puertos, aeropuertos, la frontera, las costas y otros puntos del territorio nacional. El organismo atribuyó esos resultados al despliegue de operaciones de interdicción y a la cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.

Para muchos docentes en Cuba, recibir el salario no termina cuando el dinero llega a la cuenta bancaria. El siguiente obstáculo es conseguir efectivo en un contexto de fallas de conexión, escasez de billetes y cortes eléctricos que afectan el funcionamiento de cajeros automáticos, bancos y otros servicios básicos.

La situación volvió a quedar expuesta el sábado 12 de septiembre en Santiago de Cuba, donde decenas de maestros y profesores del Distrito 1 José Martí esperaron durante varias horas en el Teatro Heredia para cobrar sus sueldos. El punto bancario instalado en el lugar quedó fuera de servicio desde el viernes por problemas de conexión.

Según Ciber Cuba, el punto habilitado para retirar efectivo sufrió un corte el viernes, pero hasta las 10:00 de la mañana del sábado el personal del banco aún no había llegado para explicar la interrupción ni informar cuándo se reanudarían las operaciones. Fotografías difundidas desde el lugar mostraron a personas dentro y fuera del teatro, algunas sentadas en el suelo mientras aguardaban atención.

Los apagones también limitan el acceso al dinero

La falta de electricidad agrava las dificultades para retirar dinero. Los cajeros automáticos, los sistemas de conexión bancaria y los puntos electrónicos de pago dependen de un suministro eléctrico estable. Cuando hay apagones, las operaciones se suspenden o se vuelven más lentas, incluso para quienes tienen fondos disponibles en sus cuentas.

La crisis energética cubana ha afectado durante meses la vida diaria en la isla. Los cortes de luz alcanzan hogares, comercios, centros educativos, hospitales, transporte y oficinas públicas. En ese escenario, las personas enfrentan límites para conservar alimentos, trasladarse, cargar teléfonos celulares, conectarse a internet o realizar pagos electrónicos.

Para los trabajadores que reciben su remuneración mediante transferencias, la falta de corriente puede impedir el uso de cajeros o aplicaciones bancarias. A eso se suma la escasez de efectivo en las sucursales, un problema que obliga a muchos ciudadanos a realizar largas filas sin la certeza de que podrán retirar dinero al final de la jornada.

La falta de efectivo afecta a trabajadores y jubilados

La situación reportada en Santiago de Cuba no es aislada. En meses recientes, varias sucursales de la provincia limitaron la atención diaria para jubilados, mientras que algunas personas comenzaron a hacer fila desde la tarde anterior para intentar cobrar al día siguiente.

La escasez de billetes también abrió espacio a intermediarios que cambian transferencias por efectivo a cambio de comisiones. Para quienes dependen de un salario estatal, esa práctica implica recibir menos dinero del que tienen acreditado en sus cuentas.

El Banco Central de Cuba eliminó en julio el límite de 5,000 pesos cubanos para las operaciones en efectivo entre actores económicos, mediante la Resolución 74/2026. La medida buscó ampliar el uso de efectivo, pero no resolvió las restricciones de liquidez que enfrentan muchas entidades bancarias.

Los docentes enfrentan además atrasos salariales en algunas provincias. La Resolución 18/2026 actualizó desde julio las remuneraciones del sector, con montos de entre 6.130 y 7.735 pesos cubanos mensuales, según el nivel de formación. Aun así, hubo denuncias de pagos pendientes en Holguín y Camagüey.

El inicio del curso 2026-2027 encontró al sistema educativo con un déficit de 24 mil plazas docentes vacantes, según los datos citados en la información. Las dificultades para cobrar, acceder al efectivo y cubrir gastos cotidianos se suman a las condiciones que enfrentan los maestros en distintas zonas de la isla.

Dos hombres identificados por las autoridades como integrantes de estructuras criminales que operan en El Salvador fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC) en el caserío La Lava, cantón Primavera, Quezaltepeque, La Libertad Norte. Uno de ellos posee antecedentes por homicidio, según la información oficial, ambos habían intentado evitar los controles policiales tras borrarse tatuajes vinculados con la pandilla.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Alexander Ramírez Ramos, conocido como “Maicillo”, “Sleyer” o “Chino”, y Obed Isaí Cortez González, alias “Keita” o “Kinfly”. De acuerdo con las autoridades, los dos son homeboys de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

Ramírez Ramos registra antecedentes por homicidio, robo y agrupaciones ilícitas. Las autoridades señalaron que habría intentado eliminar los tatuajes alusivos a la estructura criminal, una práctica que buscan detectar durante los patrullajes y verificaciones de identidad.

Cortez González, por su parte, tiene antecedentes por extorsión, según el reporte divulgado tras su localización. Ambos fueron entregados a la PNC, institución que deberá continuar con las diligencias correspondientes antes de que el caso sea remitido a la Fiscalía General de la República.

Los detenidos podrían enfrentar cadena perpetua por terrorismo

La pertenencia a organizaciones terroristas figura entre los delitos que pueden derivar en la imposición de cadena perpetua en El Salvador, siempre que un tribunal establezca la responsabilidad penal de los imputados. Las pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha, son consideradas estructuras terroristas por la legislación salvadoreña.

La pena perpetua entró en vigor el 3 de abril de 2026, después de una reforma al artículo 27 de la Constitución y de cambios en el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y otras normas. El nuevo texto constitucional establece que esta sanción puede aplicarse a homicidas, violadores y terroristas.

Las reformas incluyeron la pertenencia a organizaciones terroristas dentro de los delitos sujetos a este marco penal. También contemplan penas para quienes dirijan, financien, colaboren o participen en estructuras criminales calificadas como terroristas por las autoridades.

En el caso de Pedro Alexander Ramírez Ramos, las autoridades reportaron antecedentes por homicidio, robo y agrupaciones ilícitas. Obed Isaí Cortez González, en tanto, registra antecedentes por extorsión. La información oficial los identifica como miembros de la MS-13.

Para que una pena de cadena perpetua sea impuesta, la Fiscalía General de la República debe presentar el requerimiento respectivo y sostener la acusación con pruebas ante un juez. La defensa tiene derecho a controvertir los señalamientos y el tribunal debe valorar los elementos del expediente antes de emitir una sentencia.

Los estudiantes de primaria de Tegucigalpa en visperas de la independencia de Honduras desfilan hoy las calles de la capital que cada año reúne a las comunidades educativas en torno a las celebraciones de independencia. Los pequeños lucieron sus uniformes y recorren los sectores asignados al ritmo de las bandas de sus instituciones, mostrando la preparación de semanas previas a la fecha.

En Tegucigalpa, los desfiles infantiles se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad, donde miles de personas se concentraron parte de las actividades, con estudiantes acompañados por docentes y familiares.

Padres y familiares se ubicaron a los costados de las calles para acompañar a los menores durante el recorrido. Para muchos, la participación de sus hijos constituye uno de los momentos más especiales de las celebraciones patrias, en particular cuando se trata de niños que viven con particular emoción sus primeros años en estas actividades cívicas.

Las cámaras de los teléfonos celulares se convirtieron en protagonistas entre el público. Cada presentación, saludo, paso de los pelotones y participación de las bandas fue motivo para que los familiares tomaran fotografías y videos con los que guardar recuerdos escolares y familiares.

“Las bandas escolares fueron uno de los principales atractivos para los presentes: sus interpretaciones marcaron el ritmo de las distintas delegaciones y se mezclaron con los aplausos de familiares y espectadores concentrados en los puntos establecidos para observar los desfiles.”

Protagonismo de las familias

A diferencia de los desfiles protagonizados por estudiantes de mayor edad, las actividades de primaria tienen una característica particular: el acompañamiento cercano de los padres de familia. La presencia de los adultos no se limita a observar el recorrido, sino que forma parte de la experiencia de los menores, quienes durante todo el trayecto buscan entre el público a sus familiares.

Durante los recorridos, los adultos permanecieron atentos a cada momento de la participación de sus hijos. Algunos siguieron el desfile durante parte del trayecto; otros esperaron en puntos específicos para fotografiar a los menores y celebrar su paso.

El entusiasmo de los familiares se hizo evidente en los aplausos y las muestras de apoyo dirigidas a los estudiantes. Para los niños, contar con padres y seres queridos a lo largo del recorrido convierte el desfile en una experiencia más significativa y cercana.

Azucena Rosales, madre de familia relato que para ella “Los desfiles de primaria son un tradición en su familia y disfruta acompañar en esta ocasión a sus nietos, ya que es algo que su mamá le inculcó”

Visperas de independencia

Pese a la brevedad de los recorridos, las delegaciones escolares avanzaron con entusiasmo y mantuvieron el espíritu cívico que caracteriza las celebraciones de independencia. Los pequeños representaron a sus instituciones ante familiares y ciudadanos que acudieron a presenciar la jornada.

Para los niños, cada tramo recorrido combinó la formación académica con las tradiciones cívicas de septiembre, y les permitió participar desde temprana edad en las celebraciones relacionadas con la historia y los símbolos nacionales.

Las actividades de conmemoración de la independencia nacional continuarán durante los próximos días. Después de la participación de los estudiantes de primaria, llegará el turno de los colegios, que se preparan para llevar sus propias delegaciones a las calles.

De acuerdo con el calendario de actividades, el próximo martes serán los estudiantes de educación media quienes tomarán las calles para rendir homenaje a Honduras mediante sus tradicionales desfiles patrios, en el marco de los 205 años de independencia.

Anibla Trejo, profesor a nivel primario dijo a Infobae que, “La actividad representó para muchos niños la oportunidad de demostrar ante padres y ciudadanos el trabajo de las semanas de preparación para las fiestas patrias.” Cada grupo avanzó con entusiasmo, mientras el público acompañaba con aplausos el paso de los estudiantes.

La Sala III ordenó un nuevo juicio contra un abuelastro acusado de tres delitos de violación contra la nieta de su pareja. La decisión anuló la resolución del Tribunal de Apelación de Guanacaste, que había dejado sin efecto la condena inicial por considerar insuficiente la precisión temporal de los hechos, según informó CR Hoy. El hombre había sido condenado a 12 años de prisión el 20 de noviembre de 2024 por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, pero la defensa recurrió y el fallo fue anulado el 10 de abril de 2025.

Los magistrados concluyeron que, en investigaciones por agresiones sexuales contra menores de edad, la falta de una fecha exacta no puede valorarse de forma aislada. El análisis debe incluir el lugar, la modalidad atribuida a cada hecho, la edad de la víctima, otros acontecimientos de referencia y el tiempo transcurrido hasta su declaración

La Sala III cuestionó el criterio aplicado por el Tribunal de Apelación

El Ministerio Público acudió en casación contra la decisión del tribunal de alzada. La Fiscalía sostuvo que los jueces señalaron una posible afectación del derecho de defensa, aunque no detallaron de qué modo la falta de mayor precisión sobre la fecha perjudicó de forma concreta al acusado.

Los magistrados de la Sala III también detectaron una inconsistencia en la resolución recurrida. El Tribunal de Apelación había advertido dificultades para diferenciar los relatos sobre el segundo y el tercer episodio, pero adoptó decisiones distintas respecto de esos hechos.

La resolución de apelación permitió la realización de un nuevo juicio por uno de esos cargos, mientras que absolvió de manera definitiva al imputado por otro. La Sala Tercera señaló que, si el análisis exigía examinar la fiabilidad del testimonio y su utilidad para individualizar las agresiones, ese método debía aplicarse de forma congruente.

El alto tribunal anuló la decisión impugnada y dispuso un nuevo debate. El proceso solo podía continuar por dos de las tres agresiones imputadas, luego de que la instancia de apelación hubiera anulado la condena original.

La acusación situó tres episodios en distintos momentos de la infancia

La Fiscalía acusó al abuelo político de la víctima de haberla agredido sexualmente en tres oportunidades a lo largo de varios años. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda de Cañas, Guanacaste, durante diferentes etapas de la niñez de la menor.

El primer episodio habría sucedido antes del 16 de diciembre de 2013, cuando la niña tenía seis años. La acusación indicó que ocurrió de noche, mientras ella dormía en la misma cama que el hombre.

Según el relato fiscal, el acusado le tocó la espalda y los glúteos. Cuando la niña se movió por la incomodidad, él habría continuado con tocamientos en las partes íntimas sobre la ropa y le habría ordenado que guardara silencio.

El segundo hecho fue ubicado en 2016, cuando la menor terminaba el tercer grado de escuela. La acusación lo situó cerca de las 6:00 pm, en la sala de la vivienda del imputado.

En ese caso, el hombre habría comenzado por masajearle los pies. Después, de acuerdo con la imputación, introdujo una mano debajo de la blusa y le dijo que nadie debía enterarse.

El tercer episodio habría ocurrido antes de octubre de 2018, también durante la noche. La víctima cuidaba a sus hermanos cuando el acusado le habría pedido ayuda con un teléfono celular.

La Fiscalía sostuvo que el hombre la sentó sobre su regazo e introdujo una mano debajo de su ropa para abusarla. Ese hecho forma parte de los cargos que deberán revisarse en el nuevo juicio.

El fallo anulado había puesto el foco en la falta de fecha exacta

El Tribunal de Apelación consideró que el primer episodio estaba descrito de forma demasiado indeterminada. Los jueces observaron que la acusación lo ubicaba antes de una fecha concreta, aunque no precisaba el día exacto en que habría ocurrido.

Para esa instancia, la ausencia de una delimitación temporal mayor podía afectar la posibilidad de defensa. El tribunal entendió que el imputado no contaba con una referencia suficiente para presentar una coartada o formular hipótesis sobre el lugar donde se encontraba.

La resolución también sostuvo que el defecto no podía subsanarse en un nuevo debate. Los jueces consideraron que la Fiscalía había mantenido esa misma formulación durante la etapa intermedia y en el juicio oral que derivó en la condena.

El tribunal de alzada analizó, además, que la víctima relató varias agresiones sexuales. Aunque admitió que su declaración podía resultar creíble, señaló que algunos tocamientos podían corresponder al segundo episodio, al tercero o a hechos que no integraban la acusación.

Según ese razonamiento, la credibilidad de la menor no sustituía la obligación de individualizar cada conducta atribuida. La existencia de varios episodios podía dificultar la definición del hecho específico que sustentaría una condena.

La precisión temporal debe analizarse con las circunstancias del caso

La Sala III reconoció que toda acusación penal debe ser precisa, ya que define el objeto del proceso y establece los límites del derecho de defensa. Aun así, indicó que ese requisito no puede aplicarse de forma mecánica en todas las causas.

CR Hoy informó que los magistrados destacaron las particularidades de los delitos sexuales contra menores de edad. Cuando los hechos se ubican dentro de determinados períodos, la exactitud de la fecha no constituye el único parámetro para establecer si el acusado tuvo una posibilidad adecuada de responder a la imputación.

El análisis debe incluir el escenario señalado por la acusación, la modalidad de la agresión, la edad de la víctima y los datos que permitan situar el relato dentro de un período. También debe contemplar el tiempo que pasó hasta que la persona afectada declaró ante un tribunal.

Desde recolección de firmas y datos personales, hasta supuestos vínculos con partidos políticos de oposición y grupos de pandillas, han salido a luz luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el Anillo Periférico, frente a la colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la protesta, los manifestantes, aparentemente liderados por Oswaldo Rocael Villalta López, rechazaban el subsidio que puso precio tope a los combustibles, sino que exigían la eliminación de impuestos, la renuncia del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y refutaban supuestas reformas constitucionales impulsadas por el grupo Poder Ciudadano.

No obstante, Marlon Bosques, representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Bethania, desligó la protesta con las acciones impulsadas por Villalta y afirmó que presentaron denuncias ante el Ministerio Público (MP) por las publicaciones que los vinculan con grupos delincuenciales y políticos.

Las declaraciones las realizó este domingo 13 de septiembre durante una conferencia de prensa, donde aseguró que la manifestación fue convocada por el gremio de “tuctuqueros” (mototaxis) que funcionan en el sector y que se han visto afectados por el incremento a los precios del combustible.

“Nos manifestamos, pero lo hicimos de forma adecuada: Dejamos pasar ambulancias, personas con emergencias y cada media hora abríamos el paso para que pasaran. Sí, nos levantamos, pero por toda la comunidad y sin coerción”, afirmó Bosques.

El directivo del Cocode de La Bethania manifestó su molestia por las vinculaciones que se hizo de la protesta con grupos delincuenciales. “Nos acusan de ladrones, de pandilleros... aquí en el gremio habemos familia, amigos, vecinos, padres que con su trabajo llevan el sostén a sus hogares. No es justo que nos estén difamando”, subrayó.

Se desligan de partidos políticos y anuncian denuncias

“No tenemos ningún vínculo político. Nos plantamos en el Periférico por la desesperación”, afirmó Bosques, quien informó que presentaron denuncias contra páginas de las redes sociales que los relacionaron con políticos o pandillas.

El vecino afirmó que la denuncia se presentó por “delitos cibernéticos” y por “difamación” en contra de las páginas: Vecinos Península Bethania y cercanía, Xela News, Xela Linda, así como contra Bethania y Amparo.

Además, dijo que denunciaron a Villata López por la recolección de firmas, al considerar que se trató de una coacción contra las personas.

No descartan más protestas

Pese a las advertencias del Ministerio de Gobernación, Bosques no descartó más protestas en el Periférico o en otros lugares.

“Si el Gobierno no nos da solución ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar pisotear? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados? En la medida de lo posible y dentro del marco legal, nos vamos a manifestar. Nos tienen que escuchar”, afirmó.

Según dijo, aún no no tienen definido cuándo o dónde podrían realizar las manifestaciones y advirtió que lo harán cuando el gremio de los mototaxis del sector lo decida, porque no están vinculados con ningún grupo político u organización como 48 Cantones de Totonicapán o con las autoridades indígenas.

Al mismo tiempo lamentó el fallecimiento de agentes de la Policía Nacional Civil que fueron víctimas de acciones de manifestantes en Zacapa.

¿Quién es Villalta López y la recolección de firmas?

Durante las protestas en La Bethania, medios de comunicación y afectados, captaron el momento cuando los grupos de manifestantes exigían firma y datos personales en hojas en blanco para pasar por el sector sin esperar 40 minutos o una hora.

Según indicaban, estas firmas se estaban recolectando para exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pero grupos denunciaron que serían utilizadas para afiliar a las personas a grupos políticos.

Estas hojas en blanco eran distribuidas por Villalta López, quien, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC) obtenidos por Prensa Libre, cuenta con seis antecedentes correspondientes al período de 1999 a 2011, relacionados con hurto agravado, responsabilidad de conductores, robo, circulación de moneda falsa y agresión a la autoridad bajo efectos de licor.

El supuesto líder de las manifestaciones en La Bethania, también habría encabezado las protestas en 2022 contra Consuelo Porras y en marzo de 2025, fecha en la que reconoció haber apoyado abiertamente a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y antes a la agrupación Partido Republicano (PR), según declaraciones a Prensa Libre.

Además, durante la administración de Otto Pérez Molina tuvo contrataciones temporales en el Archivo General de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), dependencia del Ministerio de Comunicaciones.

Ingrid Gabriela Cruz Martínez salió de su vivienda en la colonia Lempira, en el sector de Chamelecón, el 7 de septiembre y no regresó. La búsqueda derivó en una exigencia de rescate, un video con una mujer sin vida y la detención de un hombre señalado como su novio, quien indicó a los investigadores dónde estaba el cuerpo.

La ausencia de la mujer llevó a sus familiares a denunciar el caso ante las autoridades. La investigación tomó un giro decisivo cuando los familiares empezaron a recibir mensajes mediante WhatsApp en los que se exigía dinero a cambio de la libertad de la mujer.

Según el informe preliminar de la Policía hondureña, la suma solicitada era de 10.000 lempiras, (unos 400 doláres) Las autoridades sostienen que detrás de las comunicaciones estaría un hombre que mantenía una relación cercana con la víctima y que fue localizado y detenido.

Según la reconstrucción preliminar de la DPI, el ahora detenido habría sostenido una discusión con Cruz Martínez antes de que los familiares recibieran los mensajes relacionados con el supuesto secuestro.

La exigencia económica hizo que la investigación adquiriera características propias de un caso de secuestro, por lo que los agentes de la UNAS comenzaron labores de inteligencia para identificar al responsable y establecer dónde se encontraba la víctima. El análisis de las comunicaciones y la información aportada por los familiares orientaron el rastro hacia una persona con vínculo cercano a Cruz Martínez.

El video con una mujer sin vida

La investigación se complicó cuando los familiares recibieron un video en el que se observaba a una mujer sin vida. Según el informe policial, las imágenes mostraban una lesión cortante profunda en la región del cuello, presuntamente provocada con un arma blanca.

La recepción del video llevó a los investigadores a considerar que el caso ya no se trataba únicamente de una desaparición y una posible exigencia económica, sino que existían indicios de que la mujer había sido asesinada. Una de las prioridades de los agentes fue entonces determinar si la persona que aparecía en las imágenes era Cruz Martínez y localizar el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Los equipos de la UNAS y la DPI ubicaron al sospechoso en el Valle de Amarateca, en Francisco Morazán. Se trata de un hombre de 24 años, de oficio jornalero y residente en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, detenido como presunto responsable de los delitos de secuestro agravado y asesinato.

La Policía informó que el hombre señaló a los investigadores el lugar donde se encontraba el cuerpo. Con esa información, los agentes se trasladaron hasta una zona montañosa del Valle de Amarateca y, tras las labores de búsqueda, localizaron el cuerpo sin vida de Cruz Martínez en avanzado estado de putrefacción.

El hallazgo y las pruebas

La ubicación del cadáver permitió a los agentes y equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), perteneciente a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comenzaron a desarrollar diligencias para establecer qué había ocurrido y determinar el paradero de la víctima.

Los investigadores deberán establecer las circunstancias exactas en las que la mujer llegó hasta ese lugar, las causas de la muerte y la posible participación del detenido o de terceros vinculados al caso.

Durante el operativo, los agentes decomisaron objetos que serán incorporados como pruebas a las diligencias. Entre ellos figuran dos teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, una cartera de mujer presuntamente perteneciente a la víctima, prendas de vestir y un par de tenis negros con cordones.

Uno de los elementos destacados por la DPI es el vínculo que existiría entre el detenido y Cruz Martínez. Las autoridades lo identificaron como el supuesto novio de la víctima y señalaron una vinculación directa entre ambos y los hechos investigados.

El registro de pasantes ya comenzó a operar entre empresas y gremios de Panamá, con el objetivo de ordenar una modalidad de formación laboral que busca facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifiesta que la presentación de la plataforma se realizó ante representantes de más de 100 empresas y organizaciones empresariales.

Algunas compañías registraron allí a sus pasantes, mientras otras ya habían iniciado el trámite.

La iniciativa, de acuerdo con la entidad gremial, se apoya en una preocupación expresada por el sector privado, toda vez que más de 113 mil panameños de entre 15 y 29 años están desocupados.

La tasa de desempleo juvenil llegó a 19,9%, frente al 10,4% registrado a nivel nacional.

Respecto a la norma, la regulación establece una retribución mínima de $450 mensuales para los pasantes. También exige la contratación de una póliza de seguro y la firma de un acuerdo de participación.

El esquema contempla la designación de un tutor o mentor, además de funciones con carácter formativo, y la empresa debe asegurar que la experiencia tenga un propósito de capacitación y no se limite a cubrir una necesidad operativa.

El gremio empresarial confía en que las pasantías reguladas den a los jóvenes una primera experiencia laboral con reglas mínimas, tutoría, seguro y una certificación de las tareas y competencias adquiridas.

Reconoce que la modalidad no reemplaza puestos permanentes, pues su función es ofrecer formación práctica para quienes todavía no lograron acceder a un empleo formal.

Plantea que uno de los obstáculos para quienes buscan su primer trabajo es la exigencia de experiencia previa.

La dificultad, sostiene, surge cuando los empleadores requieren conocimientos prácticos que muchos jóvenes no pudieron obtener porque aún no tuvieron una oportunidad de inserción laboral.

Las prácticas profesionales ya forman parte de numerosos planes académicos, modalidad que se mantiene vinculada a la formación educativa y cuenta con el respaldo del sector empresarial.

Recientemente aprobada, la Ley de Pasantías incorpora un marco específico para experiencias desarrolladas dentro del ámbito laboral. La intención es que las empresas puedan formar talento bajo condiciones definidas y con una finalidad pedagógica.

Cada participante puede recibir funciones orientadas a su aprendizaje, el acompañamiento de un tutor o mentor y un documento que acredite el período de la pasantía, las tareas realizadas y las capacidades observadas.

Esa constancia, se explica, puede servir como antecedente para futuras búsquedas de empleo. Para los jóvenes sin trayectoria formal, la certificación busca convertirse en una referencia concreta ante una empresa que evalúe una contratación, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

Para la duración máxima prevista para una pasantía se establece que es de un año, y que al finalizar ese período la empresa debe certificar el tiempo de participación, las responsabilidades asignadas y las competencias identificadas.

La norma prohíbe utilizar a un pasante para sustituir un puesto de trabajo permanente, para poder diferenciar la formación temporal de una relación laboral destinada a cubrir una vacante estructural.

Antes de esta regulación, la Cámara de Comercio indica que los jóvenes que realizaban experiencias fuera de las prácticas académicas no contaban necesariamente con condiciones comunes, ya que la remuneración, la cobertura de seguros y el seguimiento dependían de las decisiones de cada empresa.

Para la Cámara, la existencia de reglas puede ampliar la protección de los participantes y dar mayor claridad a las compañías interesadas en recibirlos.

Las empresas ya recibieron capacitación sobre la ley y la plataforma, y el objetivo, según el gremio empresarial, es que más organizaciones incorporen la plataforma y formalicen a sus pasantes bajo los requisitos previstos. La entidad empresarial consideró que el desafío ahora pasa por extender la participación del sector privado. Aduce que la implementación dependerá de que las compañías identifiquen espacios de formación para los jóvenes y asignen responsables que puedan acompañar sus tareas.

La delegación de El Salvador reservó varios de sus mejores resultados para el cierre de los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader Nivel Secundario 2026. El país terminó en el segundo lugar del medallero general con 165 preseas, tras una jornada que incluyó triunfos en atletismo, voleibol playa, luchas, natación y ajedrez.

Los estudiantes salvadoreños obtuvieron 56 medallas de oro, 36 de plata y 73 de bronce. La cosecha final confirmó el aporte de distintas disciplinas y la presencia de atletas de centros educativos de todo el país en los puestos de honor. Posicionándose con el segundo lugar en los juegos.

¿Qué áreas sumaron medallas?

La pista dejó varias de las actuaciones más destacadas de la delegación. Adriana Bermúdez, estudiante del Liceo Salvadoreño y beneficiaria del programa Esfuerzo y Gloria, ganó los 400 metros planos con un registro de 57,40 segundos. Fue su tercer oro individual, luego de imponerse en los 800 metros planos y los 400 metros vallas.

“Me siento satisfecha, trabajé mucho para lograr estos resultados y me voy feliz de que mis tres pruebas individuales gané oro”, expresó Bermúdez. La atleta también integró el equipo salvadoreño que ganó bronce en el relevo 4x100 metros, junto con Ashly Benítez, Ariela Atalah y Ana Ramos.

Ximena Rodríguez, también del Liceo Salvadoreño, ganó el salto triple con una marca de 11,05 metros. La atleta añadió una medalla de bronce en los 100 metros vallas. “Me siento muy feliz, orgullosa de mí misma, agradecida con mis papás, con mi entrenador y con toda la gente que confió en mí”, afirmó.

Krissia Martínez completó los oros nacionales en atletismo al imponerse en los 3,000 metros planos con 11:30,63 minutos. Jorge Téller obtuvo plata en salto con pértiga, con 2,90 metros, y Adrianna González fue segunda en lanzamiento de martillo con 46,66 metros.

El atletismo también aportó bronces por medio de Javier Rivas en 3,000 metros planos, Fernanda Guerrero en salto triple y Sebastián Corado en la misma prueba.

El voleibol playa y las luchas aportaron cuatro títulos

En voleibol playa, Devora Medina y Giselle Rendón, alumnas del Colegio Maquilishuat, se coronaron campeonas tras vencer 2-0 a Guatemala. La final terminó con parciales de 21-6 y 21-10, resultado que les permitió completar cuatro victorias consecutivasen el torneo.

Las luchas entregaron tres oros más para El Salvador. Leonel Rivas ganó en la categoría de -71 kilogramos, José Alfredo Urías se impuso en -80 kilogramos y Gabriel Rivera conquistó el primer lugar en -92 kilogramos. Emerson Montes, en -55 kilogramos, y Ernesto Rodríguez, en -110 kilogramos, consiguieron plata. Santos Alfonso obtuvo bronce en -45 kilogramos.

Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha

La nadadora Alexandra Meléndez, del Complejo Educativo República de Brasil, se llevó el oro en los 1.500 metros libres con tiempo de 18:45,10. Niccoló Pilenga, del Liceo Francés, ganó plata en los 100 metros libres con 53,68 segundos. Yohami Flores, del Centro Escolar Católico Educando a un Salvadoreño, obtuvo bronce en los 200 metros pecho.

El ajedrez sumó otro título con Carlos Roberto Ibarra, quien ocupó el primer lugar individual en el cuarto tablero de la modalidad blitz. El karate do aportó cuatro bronces por medio de Andrea Palma, Paola Huezo, Camila Naranjo y Fernando André Fuentes.

La última jornada dejó a El Salvador como subcampeón de Codicader 2026, con atletas que respondieron en las pruebas individuales y en las competencias por equipo.

Un salvadoreño que regresó al país tras ser deportado desde Estados Unidos fue detenido al ingresar por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Una alerta activa en el sistema permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutar una orden judicial por homicidio simple y por un delito relacionado con armas de fuego.

El detenido fue identificado como Melvin Moisés López Rubio, de 34 años. Según informó la PNC, el aviso apareció cuando las autoridades verificaron sus datos durante el proceso de ingreso al territorio salvadoreño.

La alerta permitió que los equipos policiales coordinaran el procedimiento para trasladarlo y ponerlo bajo arresto. La orden de captura fue emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, aunque no se detalló en que año.

El control migratorio detectó la orden pendiente

López Rubio llegó a El Salvador luego de ser deportado desde Estados Unidos. Durante los controles en la terminal aérea, el sistema confirmó que era reclamado por la justicia salvadoreña.

La Policía no informó desde qué ciudad estadounidense fue enviado al país. Tampoco divulgó las circunstancias del homicidio que se le atribuye, la identidad de la víctima ni el momento en que habrían ocurrido los hechos investigados.

La captura se concretó dentro del aeropuerto, antes de que el hombre pudiera salir de las instalaciones. Tras el arresto, agentes policiales coordinaron su traslado para dejarlo a disposición de las autoridades correspondientes.

La PNC señaló que el caso seguirá el proceso establecido ante las instancias judiciales. Será el tribunal competente el que determine las medidas que enfrentará mientras avanza la causa penal.

La orden judicial contra López Rubio incluye el delito de homicidio simple. La acusación se refiere a causar la muerte de otra persona sin que, en esta etapa, se hayan detallado circunstancias que permitan calificar el hecho como homicidio agravado.

También es requerido por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. La PNC no precisó qué tipo de arma estaría vinculada al expediente ni si fue incautada durante la detención en el aeropuerto.

La legislación salvadoreña establece que el homicidio simple puede ser castigado con penas de 25 a 35 años de prisión. La sanción concreta dependerá de la prueba que presenten las partes, de la resolución judicial y de la eventual responsabilidad que se establezca durante el proceso.

La imputación por armas será analizada de forma separada dentro del expediente o junto con la acusación principal, según la decisión de las autoridades judiciales. Hasta que exista una resolución firme, López Rubio mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel emitió la orden

La intervención policial respondió a una orden girada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel. La existencia de ese requerimiento fue el elemento que activó la actuación de los agentes cuando el deportado ingresó al país.

El arresto se produjo en un punto de control donde las autoridades revisan la identidad y la situación judicial de las personas que llegan desde el extranjero. La revisión permitió confirmar que el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia antes de continuar con el proceso de recepción de personas deportadas.

La PNC indicó que López Rubio será remitido a las autoridades competentes para enfrentar el proceso por los delitos que se le atribuyen.

A 34 años de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que redefinió parte de la frontera entre Honduras y El Salvador, el Gobierno de Nasry Asfura intenta convertir una victoria territorial histórica en algo más tangible para quienes viven en esas comunidades: presencia efectiva del Estado.

El mandatario llegó a Palo Blanco y Nahuaterique, en La Paz, acompañado por funcionarios de distintas instituciones, con la intención de llevar servicios públicos y anunciar proyectos para municipios fronterizos.

La estrategia parte de una idea sencilla: la soberanía no termina cuando se coloca un límite en un mapa. También requiere que los habitantes tengan carreteras, documentos de identidad, salud, educación, seguridad, comunicaciones y oportunidades productivas.

Nahuaterique, una frontera definida en 1992

La Corte Internacional de Justicia resolvió en septiembre de 1992 una prolongada controversia territorial entre Honduras y El Salvador y adjudicó a Honduras diferentes sectores disputados.

Entre ellos quedó Nahuaterique, una zona cuya historia posterior estuvo marcada por dificultades de integración administrativa y social.

El fallo resolvió jurídicamente a qué país pertenecía el territorio, pero no eliminó automáticamente los problemas derivados de décadas de aislamiento, vínculos familiares a ambos lados de la frontera y limitada presencia institucional.

Ese es precisamente el problema que el Gobierno intenta ahora colocar nuevamente en agenda.

Carreteras para conectar territorios que durante años estuvieron aislados

Asfura anunció la apertura de nuevos tramos carreteros en Cabañas y Santa Elena, además de maquinaria para las municipalidades.

Las obras tienen una dimensión económica, pero también estratégica.

Una carretera permite movilizar productos agrícolas y acceder más rápidamente a hospitales o centros educativos. Pero en una zona fronteriza también facilita que las instituciones hondureñas puedan mantener presencia continua y no únicamente llegar mediante jornadas temporales.

El Ejecutivo también contempla acciones de salud, migración e identificación mediante instituciones como el Registro Nacional de las Personas.

Otro anuncio es la ampliación de la cobertura de telefonía móvil.

En áreas fronterizas aisladas, la conectividad tiene una importancia que va más allá de poder realizar una llamada.

Permite realizar trámites, acceder a información, comunicarse ante emergencias y conectar a productores con mercados.

Por eso, la integración territorial actualmente depende tanto de una carretera como de una señal telefónica.

El Gobierno también deberá enfrentar otro problema inmediato: la sequía.

Muchas comunidades de la zona dependen directamente de la agricultura y cualquier reducción prolongada de las lluvias afecta cultivos, disponibilidad de agua e ingresos familiares.

Asfura aseguró que mantendrá apoyo al sector agrícola y reconoció además que el incremento internacional de los combustibles añade presión sobre transporte y producción.

Eso significa que las inversiones fronterizas tendrán que competir por recursos con otros desafíos nacionales mientras el Ejecutivo prepara el Presupuesto 2027.

De controlar el territorio a integrarlo

Durante décadas, hablar de estas zonas significó principalmente hablar de límites, litigios y soberanía.

El planteamiento gubernamental intenta cambiar el enfoque hacia servicios públicos y desarrollo. Pero allí estará también la prueba.

Una visita presidencial y la entrega de maquinaria pueden iniciar el proceso, pero la integración efectiva dependerá de que las instituciones permanezcan después de que termine el acto oficial.

Porque 34 años después del fallo de La Haya, la principal pregunta ya no es si Nahuaterique pertenece a Honduras.

Eso está jurídicamente definido.

La pregunta es qué tan hondureño se siente un territorio cuando sus habitantes deben recorrer grandes distancias para encontrar los servicios básicos del propio Estado.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) reunió el 11 de septiembre a empresarios, autoridades, académicos y especialistas en el XXI Congreso Industrial 2026, donde situó a la inteligencia artificial, la energía, la infraestructura y la certeza jurídica como condiciones para atraer inversión, ampliar la producción y sostener el empleo formal en el país.

Más de 2 mil participantes asistieron a una jornada organizada en diez módulos, con debates sobre geoeconomía, friendshoring —la relocalización de cadenas de suministro en países aliados—, innovación, talento, ética empresarial, empresas familiares, energía y sostenibilidad. La agenda se desarrolló mientras las cadenas internacionales de suministro se reconfiguran y los cambios geopolíticos alteran las condiciones de competencia.

El presidente de la CIG, Enrique Font, afirmó que Guatemala atraviesa un escenario económico favorable, aunque advirtió que ese contexto exige resolver limitaciones estructurales. El Banco de Guatemala proyecta un crecimiento cercano al 4,1% para el cierre del año, señaló durante la inauguración.

Font indicó que el país superó en 2025 los USD 1.881 millones en inversión extranjera directa, el capital que inversores de otros países destinan a actividades productivas locales. Para este año, el Banco de Guatemala prevé que ese indicador alcance USD 2 mil millones.

“Cifras que nos llenan de optimismo, pero que también nos exigen seguir trabajando”, expresó el dirigente empresarial. La Cámara prepara un plan estratégico con una proyección de cinco años para reforzar áreas que considera necesarias para el crecimiento industrial.

Leyes aprobadas y obras aún pendientes

La aprobación de normas y reformas no ha resuelto los obstáculos para la actividad productiva porque varias disposiciones todavía requieren reglamentación, implementación y voluntad política. Font ubicó entre las prioridades la puesta en marcha de la nueva Ley de Puertos, la aceleración de proyectos viales y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas.

Carreteras, puertos y conectividad mantienen un peso directo sobre el comercio, la llegada de capitales y la creación de puestos de trabajo formales. El sector industrial considera que las mejoras en esas áreas son necesarias para sostener el crecimiento económico.

La disponibilidad eléctrica se sumó a las advertencias. Rudolf Jacobs, director de la CIG, sostuvo que la demanda comienza a acercarse e incluso a superar la capacidad disponible, por lo que el desafío abarca tanto la generación como la expansión y modernización de las redes de transmisión.

Sin líneas capaces de llevar la energía hacia los lugares donde se necesita, el aumento de la generación no resolvería el problema. La competitividad guatemalteca podría deteriorarse en los próximos años si esa brecha no se atiende a tiempo.

La certeza jurídica también integró la discusión sobre competitividad. La CIG incluyó entre los factores para captar inversión extranjera directa las políticas públicas, la simplificación de trámites, la estabilidad de las reglas, la logística, la conectividad, el desarrollo de capital humano y la infraestructura energética.

Font señaló que la falta de reglas claras genera incertidumbre entre los inversores y posterga proyectos estratégicos. La reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la reducción de la informalidad laboral formaron parte de los asuntos planteados ante las autoridades.

Inteligencia artificial, proveedores y talento

La vicepresidenta de la CIG y presidenta del comité organizador, Stephanie Melville, explicó que los diez módulos buscaron responder qué deben hacer las empresas para conservar su capacidad de competir en un entorno de cambios acelerados. “Vivimos en un mundo donde las reglas de la competitividad se están reescribiendo”, afirmó.

La transformación tecnológica ocupó un espacio central mediante el análisis de modelos de industrialización impulsados por inteligencia artificial, innovación, tecnología e infraestructura sostenible. Para la organización, la adaptación a nuevos mercados y tecnologías dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad empresarial.

El encuentro incluyó la Feria de Proveedores para la Industria, orientada a generar vínculos comerciales, e Industria Emplea, una actividad virtual que conecta compañías con candidatos calificados. Melville expresó que la intención era que los asistentes identificaran oportunidades de negocio, establecieran contactos y accedieran a herramientas para tomar decisiones.

La jornada contempló la entrega del Premio Industrias Sostenibles 2026, dedicado este año a la gestión hídrica, y el Galardón Industrial Distinguido para Álvaro Castillo Monge, presidente del Consejo de Administración de CBC.

Unos 109.8 millones de córdobas (aproximadamente USD 3 millones) es el gasto mínimo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha destinado a la demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, según la estimación de un exdiplomático nicaragüense consultado por Confidencial.digital. El litigio se relaciona con el apoyo político, financiero y militar de Berlín a Israel durante la guerra en Gaza.

El monto comprometido en las distintas etapas podría llegar a 164.7 millones de córdobas (aproximadamente USD 4.5 millones). De acuerdo con la proyección del antiguo funcionario, el proceso podría prolongarse durante años y costar entre USD 5 millones y USD 7 millones.

La Corte Internacional de Justicia rechazó las medidas provisionales que Nicaragua solicitó, aunque mantuvo abierto el expediente. Alemania cuestionó la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad de la demanda, por lo que el futuro inmediato del caso depende de la resolución de esas objeciones.

Las objeciones de Alemania definirán si el caso llega al análisis de fondo

Nicaragua presentó la demanda el 1 de marzo de 2024 bajo el nombre Presuntas violaciones de ciertas obligaciones internacionales con respecto al territorio palestino ocupado. El Gobierno de Managua afirmó que Alemania incurrió en graves violaciones del derecho internacional a raíz de su respaldo a Israel.

En abril de 2024, la Corte Internacional de Justicia rechazó el pedido nicaragüense de medidas provisionales. La decisión no cerró el proceso, que siguió en trámite ante el tribunal con sede en La Haya.

Alemania presentó posteriormente objeciones preliminares sobre la competencia de la Corte y sobre la admisibilidad del reclamo. Las audiencias orales dedicadas a ese planteo se realizaron entre el 7 y el 10 de septiembre de 2026.

Si Nicaragua supera esta fase, el proceso avanzará hacia el examen de fondo de las acusaciones contra el Estado alemán. Esa instancia determinará si el tribunal analiza el contenido de las denuncias formuladas por Managua.

La representación nicaragüense estuvo encabezada por el embajador Carlos José Argüello Gómez. También participaron Alain Pellet, profesor emérito de la Universidad Nanterre de París, y Daniel Müller, socio fundador del bufete FAR Avocats de París.

La delegación reunió a 16 abogados, incluidos especialistas en derecho internacional de Estambul, Francia y Canadá. El equipo contó además con expertos en derecho civil de Irlanda e integrantes de Law for Palestina.

La comitiva incorporó a Ammar Hijazi, embajador y representante permanente del Estado de Palestina ante las organizaciones internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. Mohammad Ayyad, asesor jurídico de la misión palestina ante La Haya, también acompañó la presentación nicaragüense.

La estimación de gastos considera los honorarios de abogados internacionales, además de viajes, viáticos y alojamiento. Incluye también la elaboración de documentos, investigaciones y la contratación de expertos, peritos y testigos.

El exdiplomático sostuvo que esos valores corresponden a las tarifas habituales de los bufetes y letrados que intervienen ante la Corte Internacional de Justicia. La proyección contempla las erogaciones necesarias para sostener el litigio en sus distintas fases.

El exdiplomático cuestionó que el régimen destine recursos a una causa ajena al territorio nicaragüense

El antiguo funcionario consideró que la demanda contra Alemania no responde a la protección de la soberanía ni del territorio de Nicaragua. Según su evaluación, el proceso persigue una finalidad política vinculada con la postura internacional del régimen.

“No son intereses nacionales. Son intereses políticos”, afirmó el exdiplomático a Confidencial.digital. El consultado señaló que Managua busca quedar bien, posicionarse junto a los países árabes y adoptar una posición contraria a Israel.

El exfuncionario cuestionó que Nicaragua asuma una causa de esa dimensión sin que el expediente involucre una disputa territorial propia. También sostuvo que el país no defiende en este caso un interés esencial para su soberanía nacional.

“No es por la defensa de intereses nacionales, del territorio, de la soberanía nacional”, indicó ante la publicación. El diplomático agregó que se trata de “meterse a una aventura donde no vas a defender lo esencial de Nicaragua”.

La demanda contra Berlín fue presentada dos meses después de que Sudáfrica iniciara una causa contra Israel por genocidio ante el mismo tribunal. Nicaragua pidió intervenir en ese expediente, pero retiró su solicitud en abril de 2025.

El régimen alegó entonces que continuar con la intervención suponía un costo financiero elevado para un país en desarrollo sometido a restricciones económicas. La decisión contrastó con la continuidad del caso promovido contra Alemania.

El litigio se sumó a al menos 15 procedimientos contenciosos en los que Nicaragua participó ante la Corte Internacional de Justicia durante las últimas décadas. La mayor parte de esos expedientes ya concluyó.

Entre los casos recientes figuran las demandas contra Colombia por derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe, así como por la delimitación de la plataforma continental. El primer proceso terminó en 2022 con un fallo favorable a Nicaragua.

La segunda causa concluyó en 2023, cuando la Corte rechazó la solicitud del régimen. Durante los años 80, Nicaragua también promovió procesos contra Costa Rica y Honduras por las actividades de la Contra en sus territorios.

Costa Rica demandó a Nicaragua en 2010 por la supuesta incursión, ocupación y uso de territorio costarricense por parte del Ejército nicaragüense. El historial incluye además el juicio contra Estados Unidos por actividades militares y paramilitares, iniciado en 1984.

La Corte condenó a Estados Unidos en 1986. Nicaragua retiró formalmente en 1991 el reclamo relacionado con la ejecución de aquella sentencia.

El presupuesto de la Cancillería no permite identificar el gasto exclusivo del litigio

El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores no detalla qué cantidad fue asignada específicamente a la demanda contra Alemania. Los recursos aparecen agrupados dentro del programa Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio.

Esa partida abarca otros procesos internacionales, así como cuestiones relacionadas con los límites y los derechos soberanos de Nicaragua. Por ese motivo, los registros presupuestarios no permiten establecer cuánto se utilizó exclusivamente en la ofensiva judicial contra Berlín.

La revisión de las liquidaciones del Presupuesto General de la República realizada por Confidencial.digital indicó que el programa recibió 512.2 millones de córdobas (aproximadamente USD 14 millones) entre 2020 y 2026.

En 2024, año en que Nicaragua presentó la demanda, la dirección responsable tuvo asignados 63.5 millones de córdobas (aproximadamente USD 1.7 millones). La ejecución presupuestaria alcanzó el 62.7%, unos 39.8 millones de córdobas (aproximadamente USD 1.1 millones).

La documentación disponible no precisa qué proporción de los fondos ejecutados fue destinada al proceso contra Alemania. El cálculo del exdiplomático ofrece una estimación externa sobre los costos del caso, mientras que el presupuesto oficial presenta las erogaciones dentro de una partida más amplia.

La Isla de la Juventud permanece incomunicada de la red móvil nacional desde el lunes 8 de septiembre, tras los daños detectados en el cable submarino que conecta ese territorio con el resto de Cuba. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) no informó un plazo para completar la reparación, mientras la telefonía fija funcionaba de forma parcial y solo permitía llamadas locales, según Periódico Cubano.

Los técnicos localizaron el tramo afectado, pero las condiciones marítimas impedían avanzar con las tareas. La intervención requiere extraer el cable hasta la superficie y unir las fibras ópticas, un proceso que depende de la posibilidad de operar en el mar.

Las condiciones del mar dificultan la reparación del cable submarino

En una publicación en Facebook, ETECSA explicó que “las condiciones meteorológicas han complejizado las acciones de reparación”. La empresa indicó que los trabajos incluyen llevar a la superficie el segmento averiado y realizar el empalme de las fibras con precisión, aunque no detalló cuándo podría normalizarse el servicio.

Como medida temporal, la compañía habilitó un enlace satelital de emergencia para sostener la transmisión de las señales nacionales de radio y televisión dentro de la Isla de la Juventud. Esa vía tiene capacidad limitada y no reemplaza los servicios de telefonía móvil ni resuelve las restricciones de la red fija para las comunicaciones con otras zonas de Cuba.

La falta de contacto durante varios días generó preocupación entre personas que viven fuera del país y tienen familiares en el territorio. Geida Ponciano publicó un video en redes sociales en el que afirmó: “El que tiene su madre viva, trate de entenderme”.

Frank García Martínez también se refirió a los efectos del corte. “Cuatro días de silencio significan cuatro días de angustia para miles de personas. No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo algo básico. Poder comunicarnos con nuestra familia”, expresó.

Los apagones ya habían afectado las telecomunicaciones locales

La avería ocurrió después de meses de dificultades en el suministro eléctrico de la Isla de la Juventud, una situación que afectó la infraestructura tecnológica. Durante 2026, los apagones pasaron de alrededor de cuatro horas diarias en febrero a casi 18 horas en mayo, mientras que algunas jornadas de julio tuvieron solo una o dos horas de electricidad.

El 18 de agosto, el territorio quedó prácticamente sin energía, con excepciones para instalaciones esenciales como el hospital y los sistemas de bombeo de agua. ETECSA había advertido que sus equipos necesitan alimentación eléctrica constante y que los cortes prolongados pueden dejar sin funcionamiento al 47.5% de las radiobases móviles.

De acuerdo con Periódico Cubano, la desconexión del enlace submarino se sumó a otros problemas registrados durante el verano en las telecomunicaciones cubanas. El 3 de agosto, una avería en un grupo electrógeno interrumpió la telefonía celular en todo el país; el 17 de agosto, una rotura de fibra óptica afectó el sistema de pagos Nauta; y el 2 de septiembre, fallas en los mensajes SMS dejaron sin funcionamiento a Transfermóvil.

ETECSA cerró su comunicación sin precisar una fecha para restablecer la conexión. La empresa señaló que continuará con las acciones que sean necesarias para reconectar a la Isla de la Juventud con la red nacional.

Costa Rica recibió la Antorcha de la Independencia Centroamericana este domingo 13 de setiembre, durante un acto realizado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en territorio nicaragüense. La llama llegó tras recorrer Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, como parte de una tradición que reúne a los países de la región alrededor de la conmemoración independentista.

La ceremonia comenzó a las 8:30 am con delegaciones oficiales de ambos países. El ministro de Educación Pública de Costa Rica, José Leonardo Sánchez Hernández, encabezó la representación costarricense, mientras que la ministra de Educación de Nicaragua, Mendy Arauz Silva, participó por el país anfitrión.

La actividad incluyó una revista cultural preparada por estudiantes costarricenses y nicaragüenses. Las presentaciones estuvieron dedicadas a la identidad, las tradiciones y las expresiones culturales de ambos pueblos.

Los estudiantes de Guanacaste y Rivas participaron en el acto fronterizo

La Compañía Folclórica La Gran Nicoya representó a Costa Rica con el espectáculo Un viaje por Costa Rica. El grupo está integrado por estudiantes de ocho centros educativos guanacastecos.

Nicaragua participó con la Banda y Gimnasia Rítmica Escolar Real Unión de Rivas, que presentó Patria y Dignidad. Ambas agrupaciones intervinieron antes del traspaso de la Antorcha a las autoridades costarricenses.

Sánchez Hernández recibió el fuego durante la ceremonia y luego se lo entregó a Danny Yoel Jarquín Rodríguez, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Barrio Irvin, en La Cruz, Guanacaste. El alumno cursa el duodécimo año y fue escogido para iniciar el recorrido de la llama en Costa Rica.

La Antorcha ingresó al territorio costarricense cerca de las 10:00 am. Durante el 13 y 14 de setiembre, alrededor de 22,000 estudiantes la portarán por una ruta primaria de 378 kilómetros entre Peñas Blancas y Cartago.

El relevo también llegará a comunidades, pueblos, cantones y provincias del país. La actividad mantiene el carácter estudiantil de la conmemoración y reúne los valores de libertad, paz, identidad y unión asociados con este recorrido.

Danny Jarquín inició el relevo junto a estudiantes destacados de La Cruz

El estudiante elegido para recibir la llama combina su participación en actividades culturales con una trayectoria deportiva en el balonmano. Integró el equipo masculino de La Cruz que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026.

Jarquín también forma parte de la Selección Juvenil de Costa Rica de Balonmano y participa en el Campeonato Nacional de Primera División Juvenil. Fue incluido en el Equipo Ideal del IHF Trophy Zona Centroamérica 2026, disputado en San Salvador, El Salvador.

En la recepción estuvo acompañado por otros alumnos destacados de La Cruz. Tamara Barrantes Martínez participó como representante vinculada a la música, la marimba y la Cimarrona Estudiantil.

El grupo también incluyó a Emily Priscila Muñoz Sandi, atleta destacada en lanzamiento de jabalina. Duván Briceño Tinoco acompañó la actividad como atleta con medallas de oro en competencias interregionales y circuitales de relevos.

Durante el acto, el estudiante del Liceo Diurno La Cruz, Byron Alberto Mora Duarte, habló sobre el sentido de la soberanía y la independencia. “Proteger nuestra soberanía e independencia no significa levantar murallas ni cultivar distancias”, expresó.

Mora Duarte afirmó que la soberanía del siglo XXI se defiende mediante la educación de las poblaciones, el cuidado de los recursos naturales y la protección de la paz social. También indicó que debe garantizarse el derecho de cada niña, niño y joven a un presente digno y a un futuro de oportunidades.

La reforma eléctrica en Panamá propone, entre otras medidas, trasladar a las distribuidoras la responsabilidad de llevar el servicio a zonas que hoy no están atendidas.

La propuesta también reduce a 15 días el plazo para responder reclamos, amplía las causas para terminar contratos por incumplimientos reiterados y permite al regulador intervenir de forma temporal si la continuidad del servicio está en riesgo.

El proyecto busca actualizar la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula la prestación del servicio público de electricidad en Panamá.

Las medidas fueron anunciadas por la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Zelmar Rodríguez, en un conversatorio ante las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Energía y Combustibles de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

La revisión contempla cambios en los controles sobre las empresas, las futuras concesiones, la contratación de energía y los mecanismos de protección para los clientes.

Rodríguez explicó que la iniciativa plantea modificaciones en 19 artículos de la Ley 6, y también incorpora tres disposiciones nuevas y reforma dos artículos de la Ley 26 de 1996.

Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la Asep, por lo que la propuesta le daría más herramientas para exigir a las compañías el cumplimiento de las inversiones, el mantenimiento de las redes y la modernización tecnológica.

El texto también contempla sanciones económicas. Las cláusulas penales podrían alcanzar los $20 millones ante determinados incumplimientos.

La reforma prevé créditos en las facturas cuando existan deficiencias en el servicio. Además, incluye mecanismos para asegurar el resarcimiento de los clientes afectados.

Rodríguez sostuvo que el objetivo es reforzar la protección de los usuarios y las condiciones de competencia.

“La reforma al sector eléctrico responde al compromiso institucional de la Asep con la transparencia, la competencia y la protección del usuario”, afirmó.

La titular de la ASEP aclaró que el proyecto no altera el modelo eléctrico vigente. También señaló que la iniciativa no garantiza, por sí sola, una reducción de las tarifas.

Las empresas deberán informar la capacidad de sus redes para nuevas conexiones.

La propuesta igualmente obliga a las empresas de distribución y transmisión a publicar en línea el estado de sus redes, información que deberá incluir la capacidad disponible para incorporar nuevas conexiones.

El proyecto incorpora restricciones más estrictas a la concentración del mercado, también suma disposiciones contra el uso de información privilegiada y las prácticas anticompetitivas.

La revisión de las reglas para comprar potencia y energía forma parte del plan. La propuesta busca que esos procesos tengan condiciones de contratación más competitivas y criterios de mayor transparencia.

El presidente de Apede, Alberto López Tom, afirmó que la actualización normativa debe ayudar a recuperar la confianza de los usuarios.

A la vez, planteó la necesidad de brindar previsibilidad a quienes realizan inversiones de largo plazo.

“Panamá necesita un sistema eléctrico confiable y competitivo que acompañe su crecimiento económico”, expresó López Tom durante el encuentro.

El dirigente indicó que el debate debe incorporar a los distintos actores del sector. Su planteamiento apunta a una discusión basada en criterios técnicos, que considere los derechos de los clientes, las facultades de control estatal y las condiciones para atraer capital.

La presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles de Apede, Lisette Benítez, explicó que buena parte de los cambios busca elevar la calidad de la prestación.

También señaló que el nuevo marco regulatorio debe preparar al país para las concesiones de distribución previstas para 2028.

El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Apede, Hernando Abraham Carrasquilla, destacó el nuevo rol previsto para las distribuidoras en la electrificación de las áreas sin cobertura. También remarcó que esas empresas volverían a gestionar las compras de potencia y energía.

La propuesta abre una discusión sobre las obligaciones empresariales y la intervención estatal en el sector. El resultado dependerá del tratamiento que reciba el proyecto y de los acuerdos que alcancen los participantes del sistema eléctrico panameño.

Honduras inicia una nueva etapa de investigación de su potencial petrolero, aunque las autoridades insisten en que aún no se ha llegado a una fase de explotación. El objetivo inmediato es obtener información técnica sobre qué existe debajo de las aguas del norte del país y, a partir de esos resultados, determinar si podría haber un recurso económicamente aprovechable.

Eduardo Oviedo, Secretario de Energía en Honduras, explicó que los trabajos actuales corresponden a una fase de exploración e investigación, por lo que todavía no puede afirmarse que Honduras haya confirmado la existencia de reservas de petróleo con capacidad para sostener una actividad comercial.

La nueva etapa contempla la realización de estudios sísmicos tridimensionales, una tecnología que permitirá obtener una representación más detallada de las estructuras que se encuentran debajo del lecho marino.

En etapas anteriores ya se habían desarrollado estudios sísmicos en dos dimensiones. Ahora, el proceso avanza hacia una evaluación en tres dimensiones para ampliar el nivel de información disponible sobre el subsuelo.

“Básicamente, se hicieron estudios de dos dimensiones, estudios sísmicos, y ahora se pasa a tres dimensiones”, explicó Oviedo al referirse al cambio en la metodología de exploración.

Los estudios 3D permitirán analizar con mayor detalle las formaciones geológicas y establecer posibles estructuras en las que podrían encontrarse hidrocarburos. La información obtenida se utilizará para determinar si existen volúmenes de petróleo que puedan justificar nuevas etapas de investigación.

Exploración y estudios

Sin embargo, la realización de estos estudios no significa que exista certeza sobre la presencia de un yacimiento comercial. Será precisamente la información obtenida durante esta fase la que permita establecer si las condiciones geológicas y la cantidad potencial del recurso hacen posible continuar con el proyecto.

Uno de los puntos que las autoridades buscan dejar claro es que Honduras todavía no se encuentra en una etapa de explotación petrolera.

Oviedo explicó que antes de plantear cualquier decisión en ese sentido será necesario concluir los estudios técnicos y determinar si existe petróleo en cantidades suficientes y, sobre todo, si su extracción sería económicamente rentable.

Los resultados de la exploración tendrán un papel determinante en el futuro del proyecto. Si los estudios no identifican volúmenes suficientes o las condiciones de extracción no resultan favorables, no necesariamente se avanzaría hacia una fase de explotación.

Por ahora, el proceso está concentrado en obtener información que permita reducir la incertidumbre sobre el potencial petrolero de las aguas del norte de Honduras.

Consulta con las comunidades

Paralelamente a los trabajos técnicos, el Gobierno mantiene reuniones con comunidades vinculadas al área de interés para abordar el proceso de consulta libre, previa e informada.

Este componente cobra importancia ante un eventual escenario en el que los estudios confirmen la existencia de petróleo y posteriormente se plantee desarrollar actividades de explotación.

Las autoridades buscan que el proceso de consulta sea considerado dentro de las diferentes etapas del proyecto, particularmente antes de que pudiera tomarse una decisión relacionada con una eventual extracción del recurso.

El contrato petrolero ya existía y había sido aprobado por el Congreso Nacional, según explicó Oviedo. Durante la administración anterior quedó pendiente el desarrollo de nuevas actividades de exploración.

Según el funcionario, durante la actual administración no se habían realizado actividades de exploración petrolera, pero posteriormente se tomó la decisión de avanzar con el contrato y llevar el proceso a una nueva etapa de investigación.

La intención es utilizar herramientas tecnológicas de mayor precisión para determinar si las áreas identificadas presentan características que justifiquen continuar con la búsqueda de hidrocarburos.

Nuevas exploración

La exploración también se enmarca en la búsqueda del Gobierno de nuevas alternativas para modificar la matriz energética de Honduras.

Oviedo señaló que las crisis internacionales han generado fuertes variaciones en los precios de los combustibles y de la energía, situación que ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar opciones que permitan al país reducir su exposición a factores externos.

En ese contexto, la posibilidad de contar eventualmente con producción petrolera nacional podría convertirse en una alternativa energética de importancia para Honduras.

No obstante, el funcionario insistió en que todavía no existe certeza sobre la cantidad de petróleo que podría encontrarse ni sobre su viabilidad económica. Cualquier posibilidad de aprovechamiento dependerá de los resultados que arrojen los estudios que se realizarán en esta nueva fase.

Los estudios tridimensionales serán financiados por la empresa encargada de desarrollar esta etapa de exploración, mientras que la información obtenida permitirá evaluar con mayor precisión el potencial petrolero de la zona.

Los resultados serán determinantes para establecer si existen reservas que justifiquen avanzar hacia una etapa de explotación comercial. Así, el paso de los estudios sísmicos en dos dimensiones a la tecnología tridimensional mantiene abierta la principal incógnita: si existe petróleo en cantidades y condiciones que hagan rentable su extracción.

Dos hombres murieron luego de un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional de República Dominicana en el sector El Almirante, Santo Domingo Este. Las autoridades sostienen que los heridos viajaban en un vehículo de transporte por aplicación y que, antes de la intervención, habrían obligado al conductor a continuar la marcha.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Rivera Simón, de 30 años, y Henrry Joel Borrell Rudecindo, de 31. Ambos recibieron atención de emergencia en el Hospital El Almirante tras resultar lesionados durante el operativo, pero murieron posteriormente, de acuerdo con la información oficial.

La patrulla siguió al vehículo en El Almirante

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 12 de septiembre, cuando una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional, conocida como Dicrim, dio seguimiento al automóvil en el que se trasladaban los dos hombres.

Según el reporte preliminar, los agentes recibieron información sobre un posible asalto que los ocupantes del vehículo planeaban cometer contra otra persona. La versión policial indica que los hombres portaban armas de fuego y chalecos antibalas.

La intervención se produjo cuando la patrulla ubicó el vehículo en Santo Domingo Este. Las autoridades señalaron que los ocupantes reaccionaron con disparos contra los agentes, lo que provocó el intercambio de fuego.

Durante el tiroteo, Rivera Simón y Borrell Rudecindo recibieron heridas de bala. Los policías trasladaron a los dos hombres al Hospital El Almirante, donde fallecieron mientras recibían atención médica.

El conductor habría sido rehén en la persecución

Aunque el conductor del vehículo salió ileso. El hombre declaró a los investigadores que trabaja para una plataforma digital de transporte y que había sido contratado por los dos pasajeros para realizar un viaje.

De acuerdo con su relato, durante el trayecto notó que los pasajeros llevaban dos armas de fuego y chalecos antibalas. También aseguró que escuchó conversaciones que apuntaban a un posible asalto.

El taxista explicó que una patrulla le ordenó detenerse, pero afirmó que los pasajeros lo obligaron a acelerar. Minutos después detuvo el automóvil y se lanzó del vehículo, según la declaración recogida por la Policía.

La institución no precisó cuánto tiempo permaneció el conductor fuera del automóvil ni cómo continuó el desplazamiento del vehículo antes de que ocurriera el enfrentamiento.

La Policía incautó armas, chalecos y teléfonos

En el sitio del incidente, los investigadores ocuparon una pistola Taurus modelo G2C, calibre 9 milímetros, con serie ABH808428. También decomisaron otra pistola calibre .45, cuya numeración no pudo ser identificada, además de tres casquillos calibre .45.

La Policía Científica recolectó dos chalecos antibalas negros, teléfonos celulares, pasamontañas, carteras y prendas de vestir. Estos objetos quedaron bajo resguardo para las diligencias de investigación.

Las autoridades señalaron que los dos hombres fallecidos figuraban en registros policiales por delitos relacionados con sustancias controladas, robo, asalto a mano armada y asociación de malhechores. No se informó si otras personas estarían vinculadas con el supuesto plan delictivo ni si hubo policías lesionados durante el intercambio de disparos.

Tres hombres fallecieron y uno más resultó gravemente herido en un ataque armado ocurrido dentro de una pensión ubicada en la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Bomberos Municipales, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo 13 de septiembre en la pensión “Paraíso”, ubicada en la 6 avenida y 0 calle, zona 7 capitalina.

Los socorristas fueron alertados por múltiples llamadas de vecinos alertando sobre ráfagas de disparos dentro de la residencia.

Al llegar al lugar, los Técnicos en Urgencias Médicas encontraron una poza de sangre que conducía a las cuatro víctimas que yacían tiradas en el suelo.

Los cuerpos estaban en el pasillo. Hay evidencia de que, por lo menos, dos de las víctimas trataron de esconderse dentro del baño comunal de la pensión, pero ya no lograron ingresar. Ambos estaban fallecidos frente a la puerta a medio abrir.

Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada. Según la información de los bomberos, los hombres tienen entre 30 y 40 años de edad.

Todos presentaban múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Luego de que los Técnicos en Urgencias Médicas realizaron las evaluaciones, constataron que ya no contaban con signos vitales.

Herido de gravedad

No obstante, un cuarto hombre fue localizado con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en múltiples regiones del cuerpo.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Mientras que los Bomberos Municipales que atendieron la emergencia informaron de inmediato a las autoridades competentes, quienes quedaron a cargo del resguardo de la escena, para que los fiscales del Ministerio Público realicen las diligencias correspondientes.

Nadie vio nada

Pese a los disparos, hasta el momento las autoridades no han podido obtener mucha información, debido a que los residentes y trabajadores de la pensión Paraíso aseguran que no vieron nada.

Según comentaron, en horas de la madrugada únicamente se escucharon las detonaciones con arma de fuego, por lo que optaron por refugiarse dentro de las habitaciones para evitar ser alcanzados por algún proyectil.

Al sentir que la situación ya no ameritaba ningún riesgo, salieron y observaron la masacre ocurrida, por lo que rápidamente realizaron las llamadas para alertar a los socorristas.

Otros ataques similares

Esta no es la primera vez que ocurre un ataque armado dentro de un hotel. La madrugada del 6 de mayo ocurrió un hecho similar en un hotel ubicado en la 11 avenida “A” y 3ª calle de la zona 1, de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con los reportes de los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil (PNC), un atacante a bordo de una motocicleta ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones.

Dos de las víctimas fueron encontradas sin vida en los pasillos del hotel. Mientras que una de las empleadas del establecimiento, María de León López, de 53 años, falleció en el interior de una de las habitaciones, luego de recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

En un país donde el 82% de los encuestados califica como malo el estado de hospitales y centros de salud, dos de cada tres personas consultadas respaldan una fórmula distinta para la provisión de servicios esenciales. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), señala que el 66% prefiere que la salud y la educación combinen oferta pública y privada ante la crisis que viven porque el régimen no puede prestarle esos servicios básicos de forma óptima.

El sondeo, realizado entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026, reunió 1,318 entrevistas personales en 79 municipios de todas las provincias cubanas y en el municipio especial Isla de la Juventud. El estudio plantea un escenario en el que las demandas sobre hospitales, escuelas, electricidad, alimentos y medicamentos forman parte de una misma preocupación por las condiciones de vida.

La preferencia por un modelo mixto supera con amplitud a las otras alternativas. Solo el 21% de los consultados prefiere que educación y salud queden exclusivamente bajo gestión pública. El 6% opta por una oferta solo privada; otro 6% no sabe qué alternativa elegir y el 1% no respondió.

La evaluación de la infraestructura de salud es una de las más bajas entre los servicios públicos. El 82% considera malo el estado de hospitales y centros de salud, según los resultados presentados por el OCDH. El 13% lo define como regular, el 3% lo califica de bueno y el 2% no ofrece una respuesta.

Los jóvenes concentran el mayor apoyo a una oferta pública y privada

La distancia entre generaciones aparece como uno de los datos centrales de la encuesta del Observatorio. El 78% de las personas de 18 a 30 años respalda un sistema de salud y educación con participación estatal y privada. Entre los mayores de 70 años, esa proporción baja al 53%.

La posición favorable a una gestión exclusivamente pública sigue el camino opuesto. Solo el 12% de los jóvenes escoge esa modalidad, frente al 35% de las personas de más de 70 años. El informe no indaga en las razones de cada respuesta, aunque la diferencia coincide con una evaluación desfavorable de los servicios e infraestructuras estatales.

La elección de un modelo mixto se abre paso en medio de dificultades que atraviesan la atención sanitaria y el sistema educativo en la isla. Las valoraciones de los encuestados no describen aspectos médicos o pedagógicos, pero sí exponen una percepción extendida sobre el estado físico de los espacios donde se prestan ambos servicios.

Las escuelas reciben una evaluación menos negativa que los hospitales, aunque el resultado conserva una mayoría de opiniones desfavorables. El 56% de los entrevistados afirma que el estado de los centros educativos es malo. El 32% los considera regulares, el 5% expresa una valoración positiva y el 7% no responde o no sabe.

La salud y los medicamentos ocupan el cuarto lugar entre las urgencias

Hospitales y centros de salud se ubican, además, entre los servicios públicos con las peores calificaciones del estudio.

La encuesta permitió a cada persona mencionar hasta tres problemas que deberían abordarse durante los próximos seis meses. La sanidad y el acceso a medicamentos aparecen en el 34% de las respuestas, detrás de los apagones, la crisis alimentaria y el costo de la vida o inflación.

Los cortes eléctricos encabezan la lista, con el 70% de las menciones. La crisis alimentaria ocupa el segundo lugar con el 52%, seguida por el costo de la vida, señalado por el 45%. Los salarios figuran en el 27% de las respuestas y la inseguridad y violencia, en el 24%.

La posición de la salud en esa lista adquiere relieve ante la valoración de los hospitales. La encuesta recoge, a la vez, la presión de otras carencias que inciden sobre los hogares y condicionan la prioridad que cada persona asigna a los servicios médicos.

Los servicios básicos amplían el malestar sobre la infraestructura pública

El estado de hospitales y escuelas forma parte de una evaluación negativa de la infraestructura pública en general. El 95% de los encuestados considera malo el sistema eléctrico, la cifra más alta entre los nueve rubros analizados. La recogida de basura y la gestión de vertederos alcanza 87% de opiniones negativas; internet y telefonía, 86%; y los acueductos y alcantarillado, 84%.

Las carreteras son evaluadas de forma negativa por el 80% de los entrevistados. Las viviendas y edificaciones alcanzan un 74%, mientras que los mercados y las zonas industriales registran un 64%.

El OCDH señala que el 95% de los consultados considera regular o malo el conjunto de las infraestructuras analizadas, frente a apenas un 2% que las califica como buenas. En ese marco, la preferencia por una provisión mixta de educación y salud se combina con reclamos inmediatos por electricidad, alimentos, inflación, atención médica y medicamentos.

El Comité de Huelga de Dolores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala rechazó el 11 de septiembre la gestión del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta KarinHerrera, ante la crisis por el encarecimiento de los combustibles y los bloqueos que durante una semana afectaron rutas en distintos puntos del país. La agrupación estudiantil exigió respuestas de fondo al alza del diésel y las gasolinas, en lugar de medidas transitorias financiadas con recursos estatales.

La organización cuestionó el subsidio aprobado por el Congreso de la República y sostuvo que no puede convertirse en una solución recurrente. “Un problema estructural no se resuelve indefinidamente con dinero público”, afirmó el comité en su declaración difundida durante la tradicional Huelga de Dolores organizada por la Facultad de Derecho.

El nuevo mecanismo fue establecido mediante el Decreto 21-2026, aprobado de urgencia nacional el 8 de septiembre con 130 votos. La ley fijó un precio máximo de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que para la gasolina superior estableció un límite de 41 quetzales hasta el 31 de diciembre.

Para sostener la compensación, el Congreso destinó 2.500 millones de quetzales. El comité reclamó que las autoridades expliquen de manera precisa el costo de la medida, el origen de los fondos y las consecuencias de su eventual agotamiento.

El antecedente de un fondo ejecutado en menos de dos meses

La advertencia se apoyó en la experiencia del Decreto 11-2026, el subsidio anterior para los combustibles. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, ese programa ejecutó 79% de un fondo de 2.000 millones de quetzales en menos de dos meses.

Los desembolsos llegaron a 215 millones de quetzales en una sola semana. Para los estudiantes, ese ritmo de ejecución demuestra que la contención de los precios mediante transferencias públicas requiere información transparente sobre su alcance y sostenibilidad.

El pliego dirigido al Organismo Ejecutivo y al Legislativo reúne nueve peticiones. Entre ellas figuran el rechazo al subsidio como respuesta permanente, la revisión de la carga tributaria aplicada a los combustibles y la fiscalización del mercado desde la importación hasta las estaciones de servicio.

También solicitó transparencia total en el uso de los recursos públicos y una política energética nacional de largo plazo que reduzca la dependencia de Guatemala frente a las variaciones internacionales del petróleo. La propuesta incluye un diálogo con transportistas, empresarios, consumidores y organizaciones sociales.

El aumento del combustible, advirtió la agrupación, repercute sobre el transporte y la producción de alimentos. Por ello pidió controles efectivos contra la especulación y el abuso, además de información pública sobre los precios de los productos esenciales y transparencia en las cadenas de comercialización.

“El ciudadano no puede ser el último eslabón de una cadena donde todos ganan, mientras él siempre termina pagando”, señaló el comité. La declaración también rechazó una eventual imposición de etanol como componente de los combustibles si no existen garantías técnicas y controles de calidad para los consumidores.

Bloqueos, amparo y límites a la protesta

La crisis coincidió con bloqueos impulsados por transportistas, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y otros sectores que rechazaron el mecanismo aprobado por el Congreso. Las protestas mantuvieron interrumpida la circulación en distintos puntos del territorio durante una semana.

La Corte de Constitucionalidad otorgó el 9 de septiembre un amparo provisional al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, conocido como Cacif. La resolución buscó garantizar la libre locomoción y resguardar infraestructura estratégica, entre ella el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El comité de la Facultad de Derecho reconoció el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero planteó que debe coexistir con los derechos al trabajo, la salud, la movilidad y la seguridad. “Ningún derecho constitucional existe de manera aislada”, indicó.

La organización pidió que las protestas se mantengan dentro de los límites legales y que cualquier actuación de las fuerzas de seguridad sea “legal, necesaria, proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales”. También reclamó respeto irrestricto para las manifestaciones pacíficas.

Mientras se aguardaba el reglamento del Ministerio de Energía y Minas para poner en marcha la compensación, los valores en estaciones de servicio continuaban por encima de los topes legales. Los monitoreos del 9 de septiembre ubicaron el galón de diésel en 47,39 quetzales, la gasolina superior en 43,59 quetzales y la regular en 41,59 quetzales.

Los pacientes en Costa Rica deben esperar actualmente un promedio de 7 años y 3 meses, equivalentes a 87 meses, para acceder a medicamentos innovadores que ya cuentan con aprobación internacional, una demora que aumentó frente al año anterior y que supera ampliamente el promedio registrado en América Latina.

Así lo revela el estudio WAIT 2026 —Waiting to Access for Innovative Therapies—, elaborado por IQVIA y FIFARMA, con participación de organizaciones locales como la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).

Costa Rica registraba un tiempo total de espera de 6 años y 11 meses. Para este año, el plazo aumentó cuatro meses, hasta alcanzar los 7 años y 3 meses.

La cifra coloca al país por encima del promedio latinoamericano, estimado en 5.7 años.

El indicador contempla el período que transcurre desde la autorización internacional de comercialización de un medicamento hasta que este se encuentra disponible o cuenta con algún esquema de reembolso, ya sea integral o parcial. Como punto de partida se toman las aprobaciones emitidas por organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

En el caso costarricense, el proceso incluye, entre otras etapas, la autorización ante el Ministerio de Salud y posteriormente el acceso o reconocimiento del medicamento dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

¿Qué implica esperar 87 meses?

Para quienes padecen una enfermedad, el retraso no representa únicamente una cifra administrativa.

Fernando Vizquerra, director ejecutivo de Fedefarma, advirtió que las consecuencias pueden incidir directamente en la evolución de los pacientes.

“Las implicaciones de esta espera para los pacientes son directas y muy significativas. La espera prolongada conlleva un atraso en el inicio del tratamiento, una progresión o agravamiento de la enfermedad, y por lo tanto, una menor calidad de vida”, explicó.

El impacto puede ser especialmente importante en pacientes con enfermedades crónicas, debido a que en muchas de ellas el inicio temprano de una terapia puede resultar determinante para controlar la progresión de la condición.

De acuerdo con Fedefarma, el Ministerio de Salud ha impulsado medidas destinadas a acelerar los procedimientos regulatorios.

Durante este año comenzó el proceso para implementar un nuevo reglamento de homologación, cuya meta es disminuir los tiempos de determinados trámites a menos de 30 días.

Sin embargo, el estudio plantea que el problema regional no depende exclusivamente de los procesos de registro.

Yaneth Giha, directora ejecutiva de FIFARMA, sostuvo que las diferencias en el acceso responden a múltiples factores.

“El informe de este año confirma que esta brecha sigue creciendo. Y aunque las causas son complejas —regulatorias, de infraestructura, de financiamiento— la solución empieza por lo mismo: decisiones basadas en evidencia, voluntad política y alianzas entre sectores para acortar la distancia entre lo que la ciencia ya logró y lo que un paciente realmente puede recibir”, afirmó.

Costa Rica destina 3,6% del PIB a salud, según el estudio

El informe también vincula las dificultades para incorporar nuevas terapias con los niveles de inversión sanitaria de los países latinoamericanos.

De acuerdo con los datos citados, las naciones de la región destinan en promedio alrededor de dos puntos porcentuales menos del 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado como referencia por la OCDE.

Entre los 10 países contemplados por la investigación, Costa Rica registra una de las proporciones más bajas, con una inversión equivalente al 3.6% del PIB.

Únicamente República Dominicana, con 2.9%, y México, con 2.7%, aparecen por debajo dentro del grupo analizado.

El estudio señala que los largos tiempos de acceso también generan consecuencias para la industria farmacéutica y los sistemas sanitarios. Para los fabricantes, una demora prolongada aumenta la incertidumbre y dificulta la planificación de nuevos lanzamientos, mientras que para los sistemas de salud puede disminuir la eficiencia de las inversiones realizadas.

Medicamentos nuevos existen, pero el acceso cae después de 2020

El desafío ocurre además en medio de una creciente carga de enfermedades no transmisibles en América Latina.

Patologías cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades respiratorias, tuberculosis y problemas de salud mental figuran entre las condiciones que obligan a los sistemas sanitarios a destinar cada vez más recursos.

En paralelo, la oferta de tratamientos continúa avanzando.

Según WAIT 2026, la disponibilidad de nuevas terapias desarrolladas por el sector farmacéutico registró un crecimiento interanual del 3% entre 2014 y 2025.

El problema, según el estudio, es que ese incremento de la innovación no necesariamente se traduce en acceso rápido para los pacientes latinoamericanos.

“El acceso se centra en los medicamentos lanzados antes del año 2020. La disponibilidad cae drásticamente con menos del 50% de los medicamentos disponibles a partir del 2021”, señala el documento.

La investigación añade que una disponibilidad limitada “a menudo conduce a un gasto ineficiente”, debido a que los sistemas sanitarios continúan dependiendo de terapias más antiguas mientras nuevas alternativas ya están disponibles en otros mercados.

El ciudadano estadounidense Cristopher Wayne Gates, de 40 años, murió tres días después del accidente vial que causó la muerte de dos hombres en Rivas. Había llegado a Nicaragua cerca de cuatro meses antes junto con su madre, con planes de instalarse en San Juan del Sur.

Gates sufrió un paro cardíaco el viernes mientras permanecía internado en el Hospital Comandante Gaspar García Laviana. Su fallecimiento cerró la posibilidad de un eventual proceso judicial por el choque, informó 100% Noticias.

El siniestro dejó tres fallecidos: el propio Gates, Julio César Hernández Vivas, de 59 años, y su hijastro Marlon Leonel Velásquez Oviedo, de 37. Los dos nicaragüenses viajaban en motocicleta tras regresar de una jornada de pesca en San Juan del Sur.

La muerte del conductor ocurrió después de que la Policía lo detuviera por la colisión. Los medios locales señalaron que la prueba de alcoholemia habría registrado 1.70 gramos por litro de sangre.

La colisión frontal ocurrió en la comunidad La Virgen

El accidente ocurrió la noche del martes frente al parque de la comunidad La Virgen, sobre la carretera hacia San Juan del Sur. Gates manejaba una camioneta Toyota negra con placa M 120-052, mientras que Hernández Vivas y Velásquez Oviedo viajaban en una motocicleta con placa RI 11-936.

De acuerdo con la información divulgada, la camioneta habría invadido el carril contrario antes de impactar de frente contra la motocicleta. Hernández Vivas murió en el lugar por las heridas que sufrió, mientras que su hijastro fue trasladado al hospital de Rivas y falleció horas después.

Gates también recibió atención médica en el Hospital Comandante Gaspar García Laviana, el mismo centro en el que murió Velásquez Oviedo. El estadounidense continuó internado hasta la tarde del viernes, cuando sufrió el episodio cardíaco que causó su muerte.

El conductor estadounidense había sido detenido después del siniestro y permanecía hospitalizado al momento de su fallecimiento. Con su muerte, quedó sin efecto la posibilidad de continuar un proceso judicial derivado de la colisión que dejó dos víctimas nicaragüenses.

Los dos hombres que iban en motocicleta regresaban a su vivienda en Rivas luego de realizar labores de pesca en San Juan del Sur. El material disponible no detalla qué actuaciones había realizado la Policía luego de detener a Gates ni si existía una acusación formal antes de su muerte.

Gates alquilaba una vivienda junto con su madre en San Juan del Sur

El estadounidense había viajado a Nicaragua junto con su madre, una adulta mayor que utilizaba silla de ruedas. Ambos residían en una zona residencial de San Juan del Sur y tenían la intención de permanecer en el país, de acuerdo con el testimonio recogido por La Boca del Lobo citado por 100% Noticias.

La fuente cercana a Gates contó a la publicación que el hombre había alquilado una vivienda por un año. Según ese relato, realizaba preparativos para acondicionar la propiedad y convertirla en el lugar donde viviría con su madre.

El día del accidente, Gates había salido a comprar plantas para iniciar un jardín en la casa. Esa actividad formaba parte de los planes que desarrollaba antes del choque ocurrido en la carretera entre Rivas y San Juan del Sur.

“Él vivía con su mamá”, relató la fuente cercana al estadounidense a La Boca del Lobo citado por 100% Noticias. La persona añadió que ambos tenían la intención de quedarse a vivir en esa localidad.

La publicación no identificó a la persona que brindó el testimonio. Tampoco hubo una confirmación pública de familiares ni de autoridades migratorias sobre los planes de residencia permanente de Gates y su madre en Nicaragua.

El proyecto de instalarse en San Juan del Sur quedó interrumpido por el accidente y la posterior muerte del estadounidense. La información disponible solo indica que el hombre había llegado al país meses antes y que alquilaba una vivienda con su madre.

El exboxeador cubano Bernardo Comas, campeón mundial amateur en 1982 y ganador de títulos panamericanos y centroamericanos, actualmente vive en condiciones de pobreza y requiere cuidados permanentes por un cuadro de demencia senil, según informó el periodista José L. Tan Estrada a partir de testimonios de su familia.

Comas reside en una vivienda del reparto Camilo Cienfuegos, en Camagüey, cerca de la Feria Agropecuaria situada detrás del Parque Japonés. De acuerdo con la información difundida, el exdeportista enfrenta limitaciones económicas para cubrir necesidades básicas, mientras su madre, una mujer de edad avanzada que también presenta problemas de salud, constituye su principal sostén.

La situación expone el contraste entre las condiciones actuales del exboxeador y una carrera que lo ubicó entre las figuras del pugilismo amateur cubano durante la década de 1980. Comas fue campeón mundial en Múnich en 1982, se impuso en los Juegos Panamericanos de Caracas de 1983 y obtuvo coronas en competencias de Centroamérica y el Caribe.

La familia atribuye el deterioro cognitivo a los golpes recibidos durante su carrera

Según su familia, Bernardo Comas presenta demencia senil y necesita atención constante. Sus allegados consideran que el deterioro cognitivo puede estar relacionado con los golpes que recibió durante sus años en el ring. Esa posible relación, sin embargo, no cuenta con una confirmación médica pública en la información disponible.

El exboxeador compitió en la división de 75 kilogramos y acumuló 203 victorias en 234 combates como amateur, de acuerdo con datos recogidos por el medio CiberCuba, que reprodujo la denuncia difundida por José L. Tan Estrada. Tras retirarse en 1987, trabajó como entrenador en Camagüey.

De igual manera, su trayectoria incluyó además cuatro campeonatos nacionales. Pese a esos antecedentes, no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, certamen al que Cuba no asistió por el boicot decidido por las autoridades de la isla junto con otros países alineados con la extinta Unión Soviética.

La familia sostiene que la chequera que percibe Comas resulta insuficiente para afrontar gastos de alimentación, medicamentos y otras necesidades cotidianas. También asegura que presentó reclamos ante distintas instancias sin obtener una respuesta que modifique sus condiciones de vida.

La madre del exboxeador reclama un pago pendiente por su medalla de oro

A su vez. uno de los señalamientos planteados por la madre de Comas refiere a un supuesto pago pendiente vinculado con la medalla de oro que obtuvo el deportista. La mujer afirmó que ese monto todavía no fue entregado, aunque esa denuncia no pudo ser verificada de manera independiente.

La familia reclama una mayor atención para el exdeportista, quien fue distinguido como Gloria Deportiva. La publicación también consignó que el caso se suma a otros episodios divulgados en los últimos años sobre antiguos atletas cubanos que afrontan dificultades económicas, enfermedades o falta de asistencia.

La familia de Bernardo Comas espera que su situación reciba una respuesta institucional y que se revise el reclamo sobre la compensación económica que, según su madre, continúa pendiente por una de las medallas obtenidas durante su carrera.

“Mi perro se quemó, todas las cosas se quemaron, no dio tiempo de sacar nada”, señaló Yaneli Veras, estudiante de término de Medicina y una de las afectadas por el incendio que destruyó al menos cinco viviendas en Villa Esperanza, Santiago, República Dominicana. La joven logró salir junto a su hija, pero dejó atrás prácticamente todas sus pertenencias.

El fuego se registró la noche del viernes 11 de septiembre, detrás del colegio La Esperanza. Las llamas comenzaron después de las 23:00 y avanzaron en pocos minutos entre las casas de la comunidad, donde varias familias dormían, según indicaron las autoridades locales.

Según los testimonios de los habitantes, la emergencia no dio margen para intentar recuperar muebles, ropa, aparatos eléctricos, documentos ni otros objetos. Los residentes salieron de las viviendas para ponerse a salvo mientras el fuego se extendía por el sector sin poder hacer nada para frenarlo.

Las llamas se propagaron con rapidez entre las viviendas

Las construcciones afectadas estaban levantadas principalmente con zinc y madera materiales que facilitaron el avance de las llamas. El fuego alcanzó las casas cercanas y las redujo a cenizas antes de que sus ocupantes pudieran reaccionar.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió al lugar para enfrentar el incendio. De acuerdo con la información de la institución, fue necesario utilizar un camión bomba y tres camiones cisterna por la magnitud de la emergencia y el riesgo de propagación hacia una cañada próxima.

Los bomberos trabajaron durante más de cuatro horas para controlar el siniestro. Parte de la dificultad estuvo relacionada con la acumulación de desechos en la cañada y con las condiciones de acceso al área donde se encontraban las viviendas.

Vecinos de Villa Esperanza colaboraron para permitir el ingreso de los vehículos de emergencia. También participaron miembros voluntarios del Cuerpo de Bomberos en las labores para contener las llamas.

Las familias perdieron bienes y animales en el incendio

Las víctimas describieron una escena de desesperación. Algunas salieron con lo que llevaban puesto y no tuvieron oportunidad de regresar por sus bienes. Tras el incendio, varias familias quedaron sin vivienda y sin artículos de uso diario.

Entre los afectados está Pedro Manuel Veras, capitán de la Fuerza Aérea de República Dominicana y propietario de una de las casas destruidas. El oficial indicó que recibió la noticia mientras regresaba de trabajar, luego de que una de sus hijas le avisara que varias viviendas se estaban incendiando.

Al llegar a la comunidad, encontró que sus propiedades ya habían sido consumidas por el fuego. “Cuando vine aquí se quedaron sin nada. Todo se volvió ceniza. No quedó nada”, lamentó Veras.

El incendio también causó la muerte de animales que se encontraban en el lugar. Veras señaló que perdió animales de coral durante la emergencia.

El operativo fue coordinado mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con apoyo de la Policía Nacional, la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del incendio. De forma inmediata las autoridades aún no han brindado información sobre las causas del siniestro.

El cargamento de droga decomisado en una embarcación pesquera interceptada en el Caribe hondureño ya tiene una dimensión confirmada: el Ministerio Público contabilizó 1,661 kilos de cocaína, distribuidos en 30 paquetes que eran transportados dentro de 55 fardos.

La cifra fue establecida después de que las autoridades realizaran el pesaje y procesamiento del cargamento, como parte de las diligencias posteriores al operativo desarrollado a unas 135 millas náuticas al noroeste del departamento de Gracias a Dios. La operación permitió además la detención de cuatro ciudadanos hondureños, quienes ahora son objeto de investigación por su presunta vinculación con el traslado de la droga.

La embarcación involucrada fue identificada como “First in Line”, un barco de características pesqueras que fue asegurado mediante una operación conjunta en la que participaron efectivos de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) y agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).

Los cuatro detenidos fueron identificados como Tatum Hyde, Gerson Javier Green Rodríguez, Bellie Noland Tatum Andrade y Lincoln Matthew Tatum Rivas. Las autoridades deberán establecer ahora cuál era la participación específica de cada uno dentro de la operación y determinar quién estaría detrás de la coordinación del traslado del cargamento.

La embarcación fue localizada en las cercanías de los bancos de pesca Rosalinda, una zona marítima ubicada frente al departamento de Gracias a Dios que concentra actividad pesquera, pero que también ha sido escenario de diferentes operaciones de interdicción contra el narcotráfico.

La distancia a la que se produjo el decomiso refleja la dimensión de los operativos que deben realizar las fuerzas de seguridad hondureñas para detectar embarcaciones sospechosas antes de que puedan acercarse a las costas nacionales. En este caso, el procedimiento ocurrió a unas 135 millas náuticas de Gracias a Dios.

La confirmación del peso cambia la dimensión del decomiso reportado inicialmente, cuando las autoridades informaron sobre la localización de 55 paquetes con una sustancia que sería sometida a análisis. El procedimiento posterior permitió determinar que se trataba de cocaína y establecer un peso total de 1,661 kilos.

La cantidad equivale a más de 1.6 toneladas de droga, convirtiendo el operativo en uno de los decomisos marítimos de mayor volumen registrados recientemente en aguas hondureñas. El hallazgo vuelve a poner el foco sobre las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes a través del Caribe.

La investigación también deberá establecer la procedencia exacta de la droga, el destino final del cargamento y las personas o estructuras que habrían financiado y coordinado el traslado. Estos elementos serán fundamentales para determinar si los cuatro detenidos tenían una participación directa en el transporte o cumplían otras funciones dentro de una organización.

En una operación anterior relacionada con el narcotráfico marítimo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) informó que una lancha interceptada en aguas del Caribe hondureño procedía de Colombia y tenía como destino Estados Unidos.

Honduras ocupa una posición geográfica estratégica para las organizaciones que trasladan droga desde Sudamérica hacia Norteamérica, debido a su extensa costa caribeña y a la conexión marítima con diferentes puntos utilizados por las redes de narcotráfico.

Las zonas alejadas de la costa representan un desafío para las autoridades, debido a la amplitud del territorio marítimo que debe ser vigilado. Por ello, los operativos requieren coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad, sistemas de vigilancia y aeronaves o embarcaciones capaces de desplazarse durante largos recorridos.

El decomiso de 1,661 kilos ocurre pocos días después de otra operación marítima en la que las autoridades hondureñas incautaron 899 kilos de cocaína en una pequeña lancha en las costas de Gracias a Dios.

Con ambos procedimientos, el volumen de droga decomisado en estas dos operaciones marítimas asciende a 2,560 kilos, es decir, más de 2.5 toneladas de cocaína, en un periodo inferior a cinco días.

La sucesión de ambos operativos vuelve a colocar al Caribe hondureño en el centro de la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades han intensificado las acciones de interdicción en una zona que, por sus características geográficas, puede ser utilizada para movilizar cargamentos hacia otros puntos del continente.

El primer decomiso y el más reciente tienen además como punto de referencia el departamento de Gracias a Dios, una de las zonas del país con mayor extensión territorial marítima y con una ubicación estratégica frente al Caribe.

Aunque la incautación representa un golpe al tráfico de cocaína, el Ministerio Público y los cuerpos de investigación deberán avanzar en las diligencias para establecer quiénes se encontraban detrás del traslado de los 1,661 kilos.

La investigación podría incluir el análisis de comunicaciones, movimientos de la embarcación, registros de navegación y cualquier otro indicio que permita reconstruir la ruta seguida por el barco “First in Line” antes de ser interceptado.

También deberá determinarse si los cuatro hondureños detenidos actuaban por cuenta propia o si formaban parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico internacional. Para ello, las autoridades tendrán que establecer la relación entre los sospechosos, la embarcación y el cargamento.

El nuevo decomiso demuestra además la importancia de las operaciones coordinadas entre la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y organismos de investigación criminal, debido a que el seguimiento de embarcaciones sospechosas puede requerir vigilancia desde diferentes puntos y durante largos desplazamientos.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias, el dato confirmado de 1,661 kilos de cocaína convierte este caso en uno de los principales golpes recientes al narcotráfico en las aguas del Caribe hondureño y se suma a los 899 kilos incautados pocos días antes.

En menos de cinco días, los dos operativos marítimos representan más de 2.5 toneladas de cocaína decomisadas, una cifra que vuelve a evidenciar la magnitud de los cargamentos que intentan utilizar las rutas marítimas hondureñas como corredor hacia otros destinos de la región.

La crisis climática ha generado una reducción tanto en el tamaño como en la cantidad de las frutas y verduras nacionales. Esta afectación se observa en productos como la anona, el pipián, el güisquil, el ayote, el tomate, la cebolla, el mango, el jocote, el marañón, la sandía, el melón y la papaya, según reportes recogidos por productores y organizaciones.

En los mercados del país, la oferta de frutas y verduras suele ser más limitada, y los productos presentan calibres más pequeños en comparación con temporadas anteriores. Un ejemplo señalado es el pipián: antes se vendían ocho o nueve unidades por dólar, mientras que actualmente solo se consiguen cinco por el mismo precio. Este ajuste en la cantidad también se reporta en otras verduras y frutas, con tamaños reducidos y menor disponibilidad en los principales puntos de venta.

Luis Treminio, presidente de Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), advirtió en entrevista con Infobae El Salvador que la seguridad alimentaria enfrenta retos en este contexto. Explicó que, aunque los productos estén disponibles por importación, algunas familias no tienen posibilidades económicas para acceder a ellos, especialmente cuando el precio sube por la menor oferta regional. “El problema es el acceso, que la gente no tiene posibilidades económicas”, apuntó.

Según los reportes, la principal zona afectada por la reducción de cosechas es el oriente, aunque las condiciones de sequía han tenido repercusión en todo el territorio nacional.

Dependencia de importaciones y cifras de producción nacional

Treminio indicó que solo el siete por ciento de las frutas y verduras que se consumen en El Salvador se produce localmente. El noventa y tres por ciento restante corresponde a importaciones. Este dato evidencia una marcada dependencia de la producción externa para cubrir la demanda interna de alimentos frescos.

De acuerdo con Treminio, el setenta y seis por ciento de esas importaciones proviene de Guatemala, país que también enfrenta problemas de sequía. El resto de las importaciones procede principalmente de Honduras, Nicaragua, México y Estados Unidos. Esta situación provoca que, si los países proveedores enfrentan dificultades climáticas, el impacto repercuta directamente en El Salvador.

Para cubrir totalmente la demanda nacional, El Salvador requeriría producir aproximadamente seiscientas mil toneladas, equivalentes a trece millones de quintales de frutas y verduras. Actualmente, solo una fracción de esa cantidad se cosecha en el país, lo que obliga a mantener altos volúmenes de importación para abastecer los mercados.

Según datos compartidos por Treminio, en lo que va del año las importaciones de frutas y verduras han crecido un catorce por ciento respecto al año anterior. Este incremento se ha dado en un contexto donde la producción local continúa mostrando señales de reducción por factores climáticos y dificultades en la infraestructura de riego.

Impacto de la sequía y el fenómeno de El Niño

El impacto de la sequía se refleja en la disminución de los mantos acuíferos, lo que dificulta el funcionamiento de los sistemas de riego necesarios para la agricultura. El calor intenso y la falta de lluvias han afectado la productividad de los cultivos, incluso en aquellos desarrollados en sistemas controlados o invernaderos.

Treminio estima que, en promedio, se ha perdido cerca del veinte por ciento de la producción nacional de frutas y verduras. El descenso en la productividad puede observarse en cultivos donde antes se obtenía un quintal, y ahora la cifra resulta menor. Estos cambios han sido confirmados en recorridos de campo y reportes de agricultores.

El piloto cubanoamericano George Fariñas recibió el 11 de septiembre de 2001 la orden de abandonar su ruta hacia Nueva York y aterrizar de emergencia en Nueva Orleans, mientras Estados Unidos cerraba su espacio aéreo tras los atentados de Al Qaeda. Su testimonio, difundido por Periodico Cubano luego de una entrevista con Telemundo 51, muestra la incertidumbre que atravesaron tripulantes y pasajeros antes de conocer la dimensión de los ataques.

La aeronave se encontraba a unos 161 km (100 millas) al sur de Nueva Orleans cuando el centro de control se comunicó con el vuelo Delta 575. La instrucción fue inmediata. “Delta 575, hagan planes para aterrizar de inmediato y de emergencia en Nueva Orleans”, dijo.

Fariñas pidió una explicación por el cambio de itinerario, pero la respuesta no dejó margen para preguntas. “Esa orden viene del Departamento de Defensa y usted no tiene que saber por qué. Solo es una orden y tiene que aterrizar”, recordó el piloto.

Nadie a bordo comprendía aún lo que ocurría. La tripulación y los pasajeros descubrieron la noticia al llegar a la terminal, donde las pantallas de televisión mostraban que un avión había impactado contra una torre; el segundo choque contra las Torres Gemelas confirmó que se trataba de un ataque terrorista.

Diecinueve integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales con pasajeros a bordo durante la mañana del 11 de septiembre de 2001. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el impacto provocó el derrumbe de ambos edificios.

Otra aeronave chocó contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa. El cuarto avión cayó en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los atentados causaron la muerte de casi 3,000 personas y llevaron a las autoridades estadounidenses a ordenar el aterrizaje de miles de vuelos comerciales. La medida dejó a viajeros retenidos en aeropuertos mientras la aviación enfrentaba una interrupción sin precedentes.

Entre las víctimas hubo cubanos y estadounidenses de origen cubano. Marco Motroni, músico cubano de ascendencia italiana, murió en las Torres Gemelas después de haber emigrado a Estados Unidos a los 11 años y de integrar durante más de dos décadas la orquesta Novel, dedicada a difundir música cubana.

También fallecieron Nancy E. Pérez, empleada de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey; George Merino, nacido en Matanzas y trabajador de Fiduciary Trust International; y Niurka Dávila, quien trabajaba en esa misma institución pública.

La nómina incluye a Juan La Fuente, oriundo de Cienfuegos y empleado de Citibank; Carlos Domínguez, uno de los cubanoamericanos más jóvenes que murió en los atentados y trabajador de Marsh & McLennan Companies; y Michael A. Díaz-Piedra III, residente en Nueva York.

Controles reforzados en aeropuertos y cabinas de mando

El 11 de septiembre modificó los protocolos de protección en la aviación comercial estadounidense. Antes de los ataques, los controles aeroportuarios eran menos estrictos y los pilotos podían atravesar los puntos de seguridad sin que les hicieran preguntas, relató Fariñas a Telemundo 51.

Estados Unidos creó la Administración de Seguridad en el Transporte, conocida como TSA por sus siglas en inglés, y reforzó las inspecciones de equipaje, los controles de identificación y las restricciones de acceso a zonas aeroportuarias. Las puertas de las cabinas de mando también fueron fortalecidas para impedir ingresos no autorizados.

Fariñas, hoy inspector de aeronáutica civil, supervisa de forma constante a pilotos y viaja con ellos en la cabina. “Veo las nuevas medidas que hay cuando una aeromoza quiere entrar en la cabina. Ella tiene que llamar al piloto y hay un código que tiene que dar”, agregó.

La Policía Nacional de República Dominicana capturó a Jean Carlos E. quien era buscado bajo la acusación de haber agredido sexualmente y embarazado a dos hermanas que eran menores de edad al momento de los hechos, ocurridos en 2025 en el sector Valiente, en Santo Domingo Este.

La información fue difundida por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, a través de una publicación en la que precisó que el detenido fue localizado el 12 de septiembre en La Caleta, Boca Chica. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, con apoyo de personal de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.

De acuerdo con el portavoz de la institución policial, las víctimas tenían 14 y 16 años cuando se produjeron los hechos investigados. Ambas ya dieron a luz y sus denuncias dieron origen al expediente judicial contra el ahora detenido.

La captura de Jean Carlos E. se produjo después de tareas de vigilancia y seguimiento desplegadas por las unidades policiales asignadas al caso. Las autoridades no informaron cuánto tiempo llevaba prófugo ni detallaron las circunstancias en las que se concretó el arresto.

Autoridades capturaron al acusado en La Caleta, Boca Chica

El operativo tuvo lugar en La Caleta, una comunidad del municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo. Según la publicación del vocero policial, los agentes actuaron en cumplimiento de una orden judicial emitida contra el acusado.

La orden de arresto identificada en el comunicado lleva el número 973-2025-EMES-11325. Encarnación era requerido por la presunta violación de los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana.

También se le atribuye una presunta infracción al artículo 331 del Código Penal dominicano, citado en la orden judicial. La calificación definitiva de los hechos corresponderá a las autoridades judiciales durante el proceso.

La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por las dos hermanas, según indicó la Policía Nacional. La entidad señaló que las menores de edad residían en el sector Valiente, en Santo Domingo Este, donde habrían ocurrido los hechos denunciados durante 2025.

El caso quedó bajo la intervención de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, un área que trabaja en investigaciones relacionadas con delitos que afectan a menores de edad. La participación de esa dependencia respondió a la condición de las denunciantes al momento de los episodios bajo investigación.

La identidad de las adolescentes no fue divulgada, en línea con la protección que corresponde a las víctimas menores de edad en este tipo de investigaciones.

Tras su arresto, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. La Fiscalía deberá presentar las acusaciones que considere pertinentes ante el tribunal competente y solicitar las medidas procesales que correspondan.

El avance del caso dependerá de las diligencias que realice el Ministerio Público, de los elementos reunidos durante la investigación y de las decisiones que adopte la Justicia dominicana.

La Municipalidad de Guatemala declaró alerta municipal color anaranjada en todo el territorio capitalino desde las 12:00 del 12 de septiembre, por la variabilidad climática, el riesgo de incendios, las alertas sanitarias que incluyen el sarampión y posibles eventos con aglomeraciones o impacto en la movilidad urbana. La disposición, firmada por el alcalde Ricardo Quiñónez, mantendrá activos los mecanismos de prevención y respuesta hasta que se modifique el nivel de alerta.

La medida se activó un día después de que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declarara una alerta anaranjada de alcance nacional. En Guatemala, 138 de los 340 municipios ya reportaban daños vinculados con lluvias irregulares y una canícula prolongada.

El monitoreo oficial identificó a 377.575 familias productoras y 178.336 hectáreas expuestas a los efectos de la variabilidad climática. La situación combina períodos de altas temperaturas con precipitaciones capaces de provocar inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos.

Un operativo municipal ante riesgos climáticos, sanitarios y urbanos

Ricardo Quiñónez activó la alerta tras una recomendación técnica de la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias, en cumplimiento de las disposiciones de la Conred. La declaratoria cubre todo el municipio y será coordinada por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y la Dirección AVE.

La vigilancia municipal se concentrará en cuatro frentes: las lluvias y los cambios de las condiciones climáticas, los incendios forestales y estructurales, las alertas de salud pública y los hechos socio-organizativos. Estos últimos incluyen concentraciones de personas o situaciones que puedan alterar la circulación en la ciudad.

El sarampión fue incorporado entre los factores bajo observación dentro del esquema de emergencia. Con ello, la comuna amplió el alcance de sus tareas habituales, que suelen centrarse en los efectos del clima y los incendios.

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, conocido como COEM, funcionará por tiempo indefinido. Personal técnico realizará seguimiento preventivo de las condiciones meteorológicas y de las amenazas que puedan afectar a la capital, hasta que las autoridades determinen un cambio en la alerta.

La Dirección AVE trabajará junto con los Bomberos Municipales, la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Municipal, la Empresa Municipal de Agua y las alcaldías auxiliares. El despliegue busca asegurar atención operativa ante incidentes que se registren dentro del municipio.

Calor de hasta 38 °C y lluvias con actividad eléctrica

Las temperaturas podrían alcanzar 38 °C durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre en varias zonas del país. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología anticipó un ambiente cálido y húmedo en gran parte de Guatemala durante ese fin de semana.

Los valores más elevados se esperan en Petén, el valle del Motagua y los Valles de Oriente, donde las máximas oscilarán entre 36 y 38 °C. En la costa del Pacífico, el rango previsto será de 34 a 36 °C.

La nubosidad aumentará durante las tardes y noches, con lluvias moderadas a fuertes y actividad eléctrica, especialmente en la región del Pacífico. Las precipitaciones estarán asociadas al paso de ondas del este sobre el territorio nacional.

El Insivumeh advirtió condiciones favorables para crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y lahares en la cadena volcánica. El Sistema Conred mantiene un seguimiento paralelo de esas amenazas mientras sigue vigente la alerta municipal en la capital.

Ante el calor, la Conred recomendó hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados con niñas, niños, personas mayores y mascotas durante las horas de temperaturas más altas. Durante las lluvias, pidió no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.

Las emergencias o situaciones de riesgo pueden reportarse al número 119 de la Conred. La Municipalidad de Guatemala solicitó a los vecinos informarse mediante sus canales oficiales y AVE Muni Guate, sin anunciar una fecha de finalización para la alerta anaranjada

El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal) continuará después de que una nueva reunión terminara sin una fecha definitiva para cancelar los salarios pendientes a cientos de profesionales.

El presidente del CMH, Samuel Santos, confirmó que las asambleas informativas seguirán porque, aunque las autoridades explicaron que los procesos administrativos avanzan, el gremio continúa sin recibir una respuesta concreta sobre cuándo llegará el dinero.

“No se ha llegado contundentemente a una fecha exacta para el pago”, señaló Santos tras el encuentro.

Uno de los grupos que genera mayor preocupación está formado por 1.067 médicos contratados, cuyos procesos contractuales todavía están siendo completados.

Según Santos, algunos documentos apenas están terminando de firmarse y todavía no existe una fecha precisa de pago.

El dirigente explicó que el problema tiene dos componentes: por un lado, existen atrasos administrativos dentro de Salud y, por otro, todavía hay procesos pendientes en Finanzas.

Esa combinación explica por qué una obligación salarial aparentemente sencilla puede extenderse durante semanas: antes de realizar un desembolso deben completarse contratos, registros, trámites presupuestarios y autorizaciones internas.

La posición del Colegio Médico sigue siendo firme.

Santos aseguró que las bases del gremio instruyeron a sus dirigentes para mantener las medidas de presión hasta que los pagos sean efectivos, no solamente prometidos.

“No se termina el movimiento hasta que no se pague”, sostuvo.

El presidente del CMH también rechazó que los médicos sean responsabilizados por el impacto que las protestas generan en los pacientes y afirmó que los profesionales continuaron atendiendo hasta que la falta de salario los llevó a suspender determinados servicios.

“El sufrimiento del paciente no lo ha generado el médico”, afirmó.

Desde el Gobierno, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que durante la reunión se explicó paso a paso el estado de cada proceso pendiente.

“Como Secretaría de Salud no quedaremos debiendo un solo lempira, a todos se les va a pagar”, sostuvo.

La promesa, sin embargo, todavía no resuelve el punto que mantiene vivo el conflicto: cuándo.

Mientras no exista una fecha verificable de desembolso, el Colegio Médico considera insuficientes las garantías ofrecidas por las autoridades.

Midence pidió al gremio evitar acciones que bloqueen el acceso a los servicios, especialmente porque muchos pacientes recorren seis u ocho horas para conseguir una cita médica.

El funcionario sostuvo que los conflictos administrativos deben resolverse dentro de las instituciones y no mediante acciones que puedan afectar consultas o procedimientos.

“No es en las calles, no es bloqueando el acceso a servicios de salud”, expresó.

El enfrentamiento reproduce un problema que se ha vuelto recurrente dentro del sistema sanitario hondureño: cuando los pagos se retrasan, los trabajadores recurren a medidas de presión y el costo termina trasladándose parcialmente a los usuarios.

Las dos partes coinciden en algo: los médicos deben recibir su dinero.

La diferencia está en qué hacer mientras eso ocurre.

Salud pide mantener las atenciones mientras completa los procesos administrativos; el Colegio Médico sostiene que continuar trabajando indefinidamente sin salario tampoco puede considerarse normal.

Por eso, después de reuniones, promesas y explicaciones técnicas, el conflicto quedó reducido a una pregunta concreta:

¿Cuándo recibirán su salario los 1.067 médicos que todavía esperan una fecha?

Mientras esa respuesta no exista, las asambleas informativas continuarán.

Un aspecto clave de la preparación de la llegada de un papa a Uruguay son los datos. La Iglesia Católica del país necesitaba saber cuántas personas se movilizarán entre el 6 y el 8 de noviembre, cuando León XIV esté en suelo uruguayo. Para saberlo contrató una encuesta que reflejó que la llegada del líder religioso despierta interés más allá de la comunidad católica aunque también hay “desafíos” para la institución.

“El estudio forma parte del camino de escucha y preparación hacia noviembre”, informó la institución en una web creada especialmente para el viaje del papa.

Uno de los primeros datos difundidos de la encuesta de Cifra muestra que la noticia se esparció rápidamente: ocho de cada 10 uruguayos escucharon hablar de la llegada del papa, y la mitad sabía además cuáles serían las ciudades que visitaría.

En tanto, un 15% dice que piensa concurrir personalmente a alguno de los encuentros y otro 31% asegura que los seguirá por televisión. Esto significa que casi la mitad de la población “ya imagina alguna forma de acercarse a la visita, cuando todavía faltan dos meses y buena parte de los detalles de la agenda están por conocerse”, destaca la institución.

Además de la capital Montevideo, el papa visitará Florida –el lugar de la patrona del Uruguay, la Virgen de los Treinta y Tres– y Paysandú, un departamento vecino de Argentina.

El interés por ver al papa es casi idéntico en Montevideo y en el interior, pero la decisión de ir a un evento es mayor entre la población de menos de 60 años.

Si bien los católicos son los que están más informados, este conocimiento atraviesa la religión.

Por su parte, casi seis de cada 10 uruguayos consideran que la visita de León XIV será importante para el país. Sin embargo, la llegada del papa también implica “desafíos para estos meses”, reconocen en la comunidad uruguaya.

¿Por qué sucede esto? Del estudio de opinión pública surge que León XIV todavía es una “figura nueva para muchos uruguayos”. Si bien la mayoría identifica al actual papa, solamente un tercio recuerda espontáneamente su nombre. Y mucho menos conocida es su historia, sus años de misionero en Perú y los grandes temas de su pontificado.

“Por eso, el camino hacia noviembre será también una oportunidad para conocerlo más”, destaca la Iglesia Católica, viendo el lado positivo del dato.

Los montevideanos y los mayores de 60 años son los que tienden a identificar más al papa León.

Además, más de ocho de cada 10 personas ven bien que el papa celebre misas en lugares públicos –como está previsto– y que se acerque a barrios o asentamientos para encontrarse con las personas más vulnerables. “Son propuestas que generan amplios niveles de acuerdo incluso entre personas con distintas posiciones políticas y experiencias religiosas”, dice la nota difundida por la iglesia uruguaya.

Otra de las consultas de la consultora indagaba sobre una eventual visita al Parlamento. Si bien una mayoría (58%) aprobaría que León XIV visite la sede del congreso de Uruguay, un cuarto no está de acuerdo con que lo haga. Es un porcentaje superior al rechazo que generaban las otras dos alternativas.

El estudio fue realizado por la consultora Cifra entre el 7 y el 19 de agosto. Consultó a 1.000 personas mayores de 18 años de todo el país.

“La preparación continúa. Habrá información, historias, propuestas para rezar y encontrarnos, y nuevas formas de participar. Pero esta primera escucha ya deja una señal: la visita de León XIV no comenzará cuando su avión llegue a Uruguay. De alguna manera, el encuentro ya empezó”, invita la Iglesia Católica uruguaya.

El itinerario tentativo de León XIV en Uruguay

Durante el fin de semana pasado, una avanzada del Vaticano estuvo en Uruguay y visitó los lugares que eventualmente visitaría León XIV (aunque para la confirmación oficial todavía falta).

León XIV llegará a Uruguay sobre la hora 16 del viernes 6 de noviembre y que, al caer la tarde, participará de un acto cívico en la Plaza Independencia, la principal de la capital uruguaya y que da el acceso al casco histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja.

Para llegar hasta la Plaza Independencia, el papa recorrerá la rambla hasta conectar con 18 de Julio, la principal avenida de la ciudad. Desde allí se trasladará hasta la Catedral Metropolitana, que está sobre la Plaza Matriz, que queda a unos 450 metros.

Además, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo.

El papa continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario.

Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patrona del Uruguay. La misa estaba prevista para el hipódromo de la ciudad, aunque medios locales informaron que esto está descartado por cuestiones de seguridad. Luego de almorzar, volará hacia Argentina.

Paúl Fernando Carrera Velasteguí, más conocido como Polo Carrera, nació en Quito el 11 de enero de 1945 y tiene 81 años. Casi nadie en la historia de Liga Deportiva Universitaria de Quito vio tanto fútbol desde tan cerca como él, y sin embargo lo vio, durante toda su carrera, con un solo ojo. Tenía ocho años y estudiaba en la escuela Vicente Rocafuerte de Quito cuando un dardo, lanzado en un juego escolar, le impactó en el ojo derecho. La lesión le dejó una ceguera permanente que ningún especialista logró revertir. Él mismo ha contado que en ese momento pensó que tal vez no volvería a jugar fútbol. No fue así: aprendió a vivir y a jugar con la visión reducida a su ojo izquierdo, y llegó a modificar su ubicación en la cancha para compensar la pérdida de campo visual por el lado derecho.

Durante buena parte de su carrera, ni siquiera sus entrenadores conocían la magnitud de esa limitación. Carrera ha relatado que fue en Uruguay, al tramitar su licencia de conducir, cuando los responsables se sorprendieron al comprobar que veía únicamente con un ojo. Con esa condición debutó como profesional en Liga en 1960: algunas fuentes, incluido el propio Carrera en entrevistas, sitúan ese debut a los 15 años, y se retiró en febrero de 1984, tras enfrentar al Grasshopper de Suiza. Entre un punto y otro pasaron 24 años, aunque no fueron 24 temporadas continuas: hubo salidas, regresos y pasos por media docena de clubes.

Esa itinerancia lo llevó a tres países. En Ecuador vistió las camisetas de Liga de Quito, Deportivo Quito, Barcelona, El Nacional, Universidad Católica y América de Quito. En 1966, con apenas 21 años, se convirtió en uno de los primeros ecuatorianos en jugar en Brasil, cuando el Fluminense de Río de Janeiro lo fichó para una etapa de unos nueve meses. Era, según sus propios recuerdos, prácticamente el único ecuatoriano en su entorno, y tuvo que adaptarse al idioma y a una cultura futbolística que le resultaba ajena. Con Fluminense disputó el Campeonato Guanabara y enfrentó al Santos de Pelé, a quien volvería a cruzarse años más tarde vistiendo otra camiseta. Su paso brasileño, sin embargo, no terminó en título: es una etapa central para entender el alcance internacional de su carrera, pero no un campeonato ganado allí.

El título fuera de Ecuador llegó en Uruguay. En 1968 Peñarol lo incorporó a un plantel que Carrera describiría después como extraordinario: Alberto Spencer en el ataque, Elías Figueroa en la defensa, Ladislao Mazurkiewicz bajo los tres palos. Ese equipo conquistó el Campeonato Uruguayo ese año, con un gol decisivo de Spencer de cabeza en la victoria sobre Nacional que definió el título. La relación entre los dos ecuatorianos trascendió la cancha: Carrera recordó a Spencer no solo como un gran futbolista, sino como una persona excepcional, y con el tiempo la amistad los llevó incluso a compartir negocios.

De vuelta en Ecuador, la lista de títulos siguió creciendo. Con El Nacional fue campeón del torneo correspondiente a 1973, definido en febrero de 1974. Luego regresó a Liga, justo cuando el club iniciaba una de las etapas más importantes de su historia: en 1975 se coronó campeón nacional con Carrera como una de sus figuras, y esa misma generación llevó a Liga a semifinales de la Copa Libertadores en 1975 y 1976, algo inédito para un equipo ecuatoriano en esa época.

Fue en esa competición donde Carrera dejó la marca que lo definiría por casi veinte años: 12 goles en la Copa Libertadores con la camiseta de Liga, un récord histórico del club que solo caería cuando Patricio Urrutia lo superó, ya en la generación que en 2008 conquistaría el título continental que a Carrera se le había escapado. Ese registro conviene no confundirlo con otro, igual de notable: los 92 goles que anotó con Liga en todas las competiciones a lo largo de sus distintos ciclos en el club, una cifra que lo mantiene como máximo artillero histórico de la institución y que Hernán Barcos, con 91, no logró alcanzar.

Con la selección ecuatoriana, Carrera jugó las eliminatorias rumbo al Mundial de Inglaterra 1966, sin clasificación para Ecuador, y las copas sudamericanas de 1967, 1975 y 1983. Las estadísticas disponibles le atribuyen 20 partidos internacionales y tres goles, aunque las bases modernas varían según los criterios que aplican para considerar un encuentro oficial.

Su historia con los títulos no se cerró cuando colgó los botines. En 1990 asumió como entrenador de Liga, entonces al borde del descenso, y lo condujo al campeonato ecuatoriano, el primero del club en quince años. Carrera pasó así a ser campeón nacional con Liga tanto de jugador, en 1975, como de técnico, en 1990. Después dirigió a Espoli, El Nacional, Aucas, Deportivo Quito y a la selección, y en 1993 logró con Espoli el ascenso a la Serie A.

La historia, además, no terminó en el terreno deportivo. En diciembre de 2025 la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo recibió en la Casa de la Selección para su rehabilitación tras una cirugía de rodilla, y en marzo de 2026 relató, en una entrevista concedida en su casa, que desde 2023 había enfrentado un cáncer de huesos en remisión, un infarto y complicaciones posteriores en las rodillas. A los 81 años, el hombre que aprendió a jugar sin visión en un ojo describió esa recuperación como una nueva batalla personal, distinta a las que libró en las canchas de Quito, Montevideo y Río de Janeiro, pero librada con la misma insistencia.

La Cruz Roja Costarricense suspendió este sábado por la noche las labores de búsqueda de una persona desaparecida tras el arrastre de un grupo por la crecida de un río en Curubandé de Liberia, Guanacaste. Los equipos no lograron localizarla durante la jornada y retomarán el operativo este domingo.

La alerta ingresó a las 11:45 (hora local) del 12 de septiembre, según explicó Jorge Rovira, vocero de la Cruz Roja Costarricense. El reporte inicial advirtió sobre personas que habían sido arrastradas por el agua en una zona cercana a las faldas del volcán Rincón de la Vieja.

“Recibimos una llamada alertando sobre el arrastre de personas sobre un río en las faldas, cerca de las faldas del volcán Rincón de la Vieja”, afirmó Rovira.

Tras el aviso, la institución despachó unidades de primera intervención y ambulancias hacia el sitio para apoyar las tareas de localización. Durante las primeras acciones, los rescatistas lograron poner a salvo a una persona que formaba parte del grupo afectado.

La Cruz Roja descartó más afectados y concentró el operativo en una persona

Rovira indicó que los equipos en el sitio descartaron que hubiera otras personas comprometidas por el incidente, aunque confirmaron que una permanecía desaparecida al cierre de la tarde.

“Las personas que se encuentran trabajando en este sitio lograron rescatar a una persona, descartando que otras hayan sido comprometidas. Desafortunadamente, hay una de ellas dentro de este grupo que aún estamos en labores de búsqueda”, señaló el vocero.

El representante de la Cruz Roja Costarricense precisó que las operaciones desarrolladas en Guanacaste no habían arrojado resultados positivos hasta ese momento.

Por esa razón, las autoridades resolvieron terminar las labores por este día y reanudar la búsqueda este domingo.

El Área de Conservación Guanacaste aclaró que el hecho no ocurrió dentro del parque nacional

El Área de Conservación Guanacaste (ACG) emitió un comunicado para precisar que el incidente no tuvo lugar dentro de los límites del Parque Nacional Rincón de la Vieja ni en los senderos, atractivos o instalaciones oficiales del Sector Pailas.

La entidad indicó que, tras revisar la información disponible, determinó que el evento ocurrió en una zona externa al parque, en el área de Curubandé de Liberia. Ese sector no está bajo la administración directa del ACG.

La aclaración respondió a publicaciones en redes sociales y a informaciones difundidas durante el sábado que ubicaron el caso dentro del parque nacional. El ACG advirtió que esa versión podía generar confusión entre turistas, operadores y visitantes.

“El evento se presentó en una zona externa a los límites oficiales del Parque Nacional, que no se encuentra bajo la administración directa del Área de Conservación Guanacaste”, expuso la institución en su comunicado.

El Sector Pailas constituye un punto oficial de visitación del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Cuenta con centro de visitantes, guardaparques y senderos habilitados para el público, según informó el ACG.

La administración del parque aseguró que mantiene sus protocolos de seguridad, monitoreo y vigilancia, además del seguimiento de las condiciones que puedan representar riesgos para los visitantes.

Mailyn Fajardo, madre de Urgellés, acudió al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana, para solicitar la documentación sobre la revocación del beneficio que permitía a su hijo cumplir una pena de trabajo correccional fuera de prisión.

Según Cubalex, la condena debía extinguirse el 6 de septiembre. La madre sostuvo, además, que la fecha inicial de finalización correspondía a julio de 2026 y que luego fue extendida hasta septiembre. Cuando acudió a buscarlo, las autoridades le comunicaron verbalmente que el cómputo de la sanción se había interrumpido porque supuestamente fue declarado “en rebeldía”.

“Mi hijo iba a todas las citaciones y nunca dejó de firmar”, afirmó Mailyn en un video difundido por Cubalex. Añadió que existen registros de sus comparecencias y cuestionó que esa supuesta condición no hubiera sido notificada antes.

Cubalex informó que la presidenta del tribunal aceptó inicialmente recibir a Fajardo. La madre esperó durante horas, pero la funcionaria se retiró del edificio sin concretar la audiencia.

La madre busca acceder a la resolución que habría revocado el beneficio penal de su hijo y a los fundamentos jurídicos de la extensión de la pena. Hasta el momento, afirmó que no recibió documentos que permitan confirmar la versión oficial ni presentar los recursos correspondientes.

La mujer indicó que acudió también a la unidad policial de Aguilera, donde su hijo estuvo detenido antes de que se revocara la medida, al Tribunal Supremo y al Tribunal Provincial de La Habana. “Yo no soy una mamá que se va a quedar sentada”, expresó.

Fue detenido cuando era menor después de las protestas del 11J

Lázaro Noel Urgellés Fajardo fue arrestado tras las protestas del 11J, cuando aún era menor de edad. En una primera instancia recibió una condena de 14 años de prisión, que luego fue reducida a cinco años de trabajo correccional tras un recurso de casación, en junio de 2022.

De acuerdo con Cubalex, el joven cumplía con las firmas periódicas exigidas por las autoridades. En enero de 2025, sin embargo, se revocó el beneficio bajo acusaciones de incumplimientos y fue enviado nuevamente a prisión.

Tras su paso por el centro de detención Valle Grande, fue trasladado a la prisión 1580. La organización afirmó que permanece encarcelado pese a que el plazo de su pena que venció este mes.

Mailyn vinculó la situación de su hijo con la negativa de ambos a colaborar con la Seguridad del Estado. También aseguró que las autoridades conocían la ubicación de su hijo y sus comparecencias ante la Policía.

Cubalex alertó sobre lo que considera el uso de la cárcel como una forma de represalia política contra Urgellés y su familia. La entidad reclamó al régimen entregar la documentación requerida y la liberación de Lázaro.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Nacional de Panamá formalizaron un préstamo A/B por hasta $500 millones, destinado a ampliar el crédito para más de 3.300 pequeñas y medianas empresas. La operación no constituye deuda soberana contratada por el Gobierno, sino un financiamiento otorgado directamente a Banconal para canalizarlo hacia sectores productivos.

El acuerdo fue suscrito por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y Milciades Denis, subgerente general de Finanzas y Tesorería de Banconal, con la presencia del ministro Felipe Chapman. Es el primer préstamo de esta modalidad estructurado por CAF en Panamá y su mayor operación local de ventanilla no soberana.

Mediante este mecanismo, CAF participa directamente en el tramo A del crédito y moviliza capital de entidades privadas para el tramo B. La estructura incorporó $400 millones de siete instituciones internacionales, mientras Banco Nacional asumirá la obligación financiera y colocará los fondos entre los beneficiarios que cumplan las condiciones.

BBVA New York Branch actuó como organizador principal, acompañado por Bladex, Commerzbank, Occidental Bank de Barbados, Bradesco Bank, BlueOrchard y Bancaribe Curaçao. Díaz-Granados destacó que algunas de estas instituciones ingresan por primera vez a Panamá, atraídas por una operación que combina recursos multilaterales con capital privado internacional

Al menos el 50% del dinero será dirigido al financiamiento de actividades agropecuarias y agroindustriales, principalmente en áreas rurales. Los recursos también respaldarán pymes productivas y proyectos verdes relacionados con eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad, con atención especial a empresas encabezadas por mujeres.

La proyección establece que más de 3.300 pequeñas y medianas empresas recibirán financiamiento, incluyendo al menos 1.000 lideradas por mujeres. El programa pretende facilitar capital para adquirir tecnología, modernizar procesos y aumentar la producción, mientras estimula la generación de empleos en comunidades rurales.

Díaz-Granados explicó que CAF no pretende limitarse a entregar recursos. El financiamiento será acompañado por asistencia técnica y promoción en el interior del país, para que los productores conozcan las líneas disponibles y puedan utilizarlas, en lugar de mantener programas con escasa divulgación o concentrados en los centros urbanos.

“Es conocimiento generado por especialistas de la región para la región”, afirmó al referirse al Reporte de Economía y Desarrollo 2026. El presidente de CAF señaló que el documento busca cambiar la conversación sobre la ruralidad, al presentarla como un territorio de oportunidades y no solamente como un conjunto de carencias que deben resolverse.

El ejecutivo identificó tres grandes agendas que tendrán como escenario el mundo rural: seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y transición energética. En esos territorios se encuentran las tierras para producir alimentos, los recursos naturales y la capacidad energética que necesitará la región, pero también algunas de sus mayores concentraciones de pobreza.

Díaz-Granados destacó que América Latina y el Caribe cuentan con una relación favorable entre población y disponibilidad territorial. Sin embargo, advirtió que el potencial natural no se ha transformado plenamente en productividad, bienestar o empleos de calidad, mientras las tasas de pobreza rural continúan duplicando las registradas en las ciudades.

En el caso panameño, sostuvo que cerca del 15% de las exportaciones tiene origen en actividades vinculadas con el mundo rural. Panamá puede aprovechar su posición geográfica, conectividad marítima y plataforma logística para diversificar esa producción y convertirse en un referente, siempre que mejore la tecnología, la infraestructura y el acceso al crédito.

El presidente de CAF también resaltó que aproximadamente el 68% del territorio panameño mantiene cobertura boscosa, situación que coloca al país entre los de mejor balance regional de carbono. Ese patrimonio representa una oportunidad para desarrollar bioeconomía y servicios ambientales, pero exige políticas que garanticen la conservación efectiva de los bosques.

Milciades Denis destacó que el acuerdo no se limita a suministrar liquidez al Banco Nacional. La operación incorpora una estrategia de cooperación técnica internacional, con herramientas para mejorar la estructuración de créditos agropecuarios y fortalecer la evaluación de los riesgos propios de las actividades rurales.

El funcionario explicó que la iniciativa permitirá modernizar las metodologías utilizadas por la banca pública y ofrecer un acompañamiento más cercano a los productores. Esto incluye capacitaciones en educación financiera y habilidades de gestión, además de instrumentos para vincular la colocación de crédito con resultados ambientales, sociales y económicos medibles.

Según Denis, la operación refleja una evolución del negocio bancario, porque combina la entrega de capital con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El objetivo es que el financiamiento no termine únicamente contabilizado como una cartera de préstamos, sino que permita conocer qué cambios produce entre empresas, trabajadores y comunidades.

CAF proporcionará además cooperación técnica no reembolsable al Banco Nacional, destinada a mejorar sus capacidades institucionales. El acompañamiento incluirá herramientas para analizar proyectos agropecuarios, medir la huella de carbono, gestionar riesgos y ofrecer educación financiera a productores y pequeños empresarios.

Chapman respaldó el programa, pero insistió en que uno de sus principales retos será la divulgación. El ministro contó que frecuentemente conversa con productores que desconocen los mecanismos de apoyo disponibles, pese a que existen herramientas para financiar inversiones, incorporar tecnología y crear empleos en sus propias comunidades.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas pidió a CAF y al Banco Nacional llevar la información fuera de la capital. “Muchos dicen: ‘No sabemos que esto existe’”, relató Chapman, al advertir que un crédito sin promoción ni acompañamiento pierde efectividad, especialmente entre empresas pequeñas con menor acceso a asesoría especializada.

Chapman también sostuvo que el financiamiento, por sí solo, no solucionará los problemas del sector rural. Para elevar la productividad se necesitan carreteras, conectividad digital, formación, asistencia técnica y acceso a mercados, porque producir más carece de sentido si las mercancías no pueden trasladarse competitivamente hasta los compradores.

El Gobierno mantiene para 2026 una cartera superior a $600 millones en proyectos viales, según el ministro. Estas inversiones buscan reducir los tiempos de traslado de personas y productos, aunque su impacto dependerá de que las obras lleguen a los territorios con mayores dificultades de acceso y comercialización.

Chapman mencionó además el inicio del Centro de Especialidades Agropecuarias, que formará a cien jóvenes como técnicos superiores en ciencias agroalimentarias. La iniciativa persigue incorporar innovación y tecnología al campo, facilitar el relevo generacional y evitar que los jóvenes migren por falta de oportunidades laborales.

A esa estrategia se suman 10.000 becas de TalentUP Panamá en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube. El propósito consiste en vincular las nuevas competencias con turismo, logística y agroindustria, para que las empresas eleven su productividad y los trabajadores accedan a empleos mejor remunerados.

La firma coincidió con la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026 de CAF, titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”. El estudio plantea dejar de considerar la ruralidad como un problema y comenzar a entenderla como una fuente de oportunidades productivas, ambientales y culturales.

El documento analiza una región donde aproximadamente 120 millones de personas, equivalentes al 18% de la población, viven en zonas rurales. Aunque esos espacios concentran recursos decisivos para la alimentación y la biodiversidad, la pobreza rural alcanza el 34%, el doble del 17% registrado en las áreas urbanas latinoamericanas.

En Panamá, la población rural representa cerca de un tercio del total nacional, proporción superior al promedio regional. La medición armonizada incluida en el informe coloca la pobreza rural panameña en 32,3%, frente al 4,8% en las ciudades, diferencia que evidencia la profundidad de la desigualdad territorial.

La productividad constituye otro desafío. Aunque América Latina posee condiciones naturales favorables, sus rendimientos permanecen por debajo de otras regiones. En Panamá, solamente alrededor del 20% de las unidades productivas agropecuarias posee maquinaria, una limitación que reduce su capacidad para producir más y competir.

La conectividad vial también refleja rezagos. El RED 2026 calcula que el 48% de la población rural panameña vive a menos de dos kilómetros de una carretera, pero la proporción baja al 37% cuando se consideran exclusivamente vías pavimentadas, dejando a numerosas comunidades alejadas de mercados y servicios.

Las diferencias también aparecen en la calidad del suministro eléctrico. Durante el segundo semestre de 2024, la frecuencia de las interrupciones en áreas rurales de Panamá duplicó la registrada en los centros urbanos. Los cortes duraron entre dos y tres horas, aproximadamente el doble del promedio observado en las ciudades.re

Chapman señaló que la pobreza multidimensional disminuyó de 14,7% en 2022 a 12,4% en 2025, lo que representaría unas 84.000 personas menos bajo esa condición. Sin embargo, reconoció que Panamá todavía mantiene desigualdades difíciles de justificar, considerando sus recursos y las oportunidades económicas disponibles en el país.

El reto será comprobar que los $500 millones lleguen a los sectores anunciados y no se concentren entre clientes con mayor capacidad financiera. El programa ofrece una herramienta relevante, pero su impacto dependerá de las condiciones de los créditos, la divulgación y la transparencia aplicada para seleccionar beneficiarios y medir los resultados obtenidos.

Una recién nacida fue encontrada abandonada en las inmediaciones de la Ermita de Suyapa, en Tegucigalpa, en un hecho que movilizó a las autoridades después de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de la pequeña en el lugar.

La bebé estaba acompañada de una nota escrita por quien sería su madre, en la que la mujer explicó las difíciles condiciones que atravesaba y el dolor que, según sus palabras, le provocaba tomar la decisión de separarse de su hija.

El caso fue reportado por la Policía Nacional de Honduras, que informó que la alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. Tras conocer la situación, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 4 (UMEP-4) se desplazaron hasta las inmediaciones de la Ermita de Suyapa para verificar lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la pequeña recién nacida y procedieron a ponerla a salvo. Posteriormente, fue trasladada para recibir atención médica, mientras las autoridades activaban el procedimiento correspondiente para garantizar su protección y bienestar.

Sin embargo, además de la presencia de la bebé, hubo un elemento que llamó particularmente la atención de los agentes: el mensaje dejado junto a ella, en el que la mujer que sería su madre intentó explicar las razones que la llevaron a dejarla en el lugar.

“Con un dolor en mi alma dejo a mi hija, pero al lado mío va a sufrir. No tengo un techo donde dormir”, se lee en la nota, según el contenido divulgado sobre el caso.

Las palabras reflejan, de acuerdo con el propio relato, una situación de extrema vulnerabilidad. La mujer aseguró que no contaba con una vivienda en la que pudiera resguardarse junto a la pequeña y manifestó que permanecer a su lado significaría exponerla a condiciones que consideraba perjudiciales.

El mensaje también aportó detalles sobre los primeros días de vida de la bebé. Según lo escrito, la pequeña habría nacido el miércoles por la noche, aproximadamente a las 10:30.

“Ella nació el miércoles en la noche a las 10:30; durante esos tres días ha estado durmiendo en el suelo porque no tengo dónde…”, continúa el escrito encontrado junto a la recién nacida.

La mujer expresó que tomó la decisión desde el dolor y no ocultó el conflicto emocional que le generaba separarse de su hija. En el mensaje aseguró que consideraba que la bebé sufriría si permanecía junto a ella debido a las condiciones en las que se encontraba.

La situación también pone de manifiesto una realidad de vulnerabilidad social, particularmente cuando la ausencia de un lugar seguro para vivir puede convertirse en un obstáculo para garantizar las necesidades básicas de un recién nacido.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de la mujer que habría escrito el mensaje ni sobre las circunstancias específicas que la llevaron hasta el lugar donde fue encontrada la bebé.

Después de ser localizada, la prioridad de los agentes fue garantizar la integridad de la recién nacida. La Policía informó que los uniformados la pusieron a salvo y gestionaron su traslado para que recibiera la atención médica correspondiente.

El procedimiento continuará con las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió antes de que la bebé fuera abandonada y determinar las condiciones en las que permaneció desde su nacimiento.

Las autoridades también deberán establecer las medidas de protección para la menor, tomando en cuenta que se trata de una recién nacida que fue encontrada sin la compañía de un adulto responsable.

El caso permanecerá bajo seguimiento de las instituciones correspondientes, que deberán determinar las acciones legales y de protección que procedan a partir de las circunstancias documentadas.

La decisión de dejar a la pequeña, sin embargo, activó la respuesta de las autoridades después de que ciudadanos reportaran su presencia mediante el 911. Gracias a esa alerta, agentes de la UMEP-4 acudieron al sitio y pudieron poner a la recién nacida bajo resguardo.

Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad será garantizar que la bebé permanezca protegida y reciba atención adecuada, al tiempo que se reconstruyen las circunstancias que rodearon su abandono.

El cierre de medios, el exilio de reporteros y la reducción de espacios académicos amenazan la formación de nuevos periodistas independientes en Nicaragua, según advirtió la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

La organización sostuvo que la persecución contra la prensa en el país ya no afecta solo a las redacciones que fueron clausuradas, confiscadas o forzadas a operar desde el exterior. La falta de condiciones para enseñar y ejercer el oficio también compromete el relevo profesional que deberá informar sobre la realidad nicaragüense en los próximos años.

De acuerdo con datos de FLED, al menos 310 periodistas y trabajadores de medios abandonaron Nicaragua desde 2018. La cifra incluye a comunicadores que salieron por motivos de seguridad, persecución del régimen, pérdida de empleo o imposibilidad de sostener su trabajo dentro del país. Cabe destacar que buena parte de los medios independientes que aún producen información lo hace desde el exilio.

El debilitamiento de la prensa también se refleja en la salida de profesionales de la actividad. Durante 2024, FLED documentó que al menos 52 periodistas dejaron de ejercer. Entre los factores señalados aparecen el desempleo, los salarios bajos, el cierre de programas informativos, los riesgos asociados a la cobertura y la necesidad de conseguir otras fuentes de ingresos.

En ese escenario, el periodismo crítico y de investigación perdió atractivo para jóvenes que evalúan su futuro profesional. Muchos optan por áreas vinculadas a la creación de contenido, el mercadeo digital o las relaciones públicas, actividades que perciben como alternativas con menos exposición a represalias.

La decisión ocurre en un contexto de vigilancia, amenazas, campañas de hostigamiento digital y presión sobre comunicadores y sus familias. Según la organización, estas condiciones afectan tanto a periodistas que permanecen en Nicaragua como a quienes continúan su labor desde otros países.

Por su parte, la Fundación señaló que 11 departamentos de Nicaragua, equivalentes al 65% del territorio nacional, no tienen medios independientes. La ausencia de redacciones locales limita el acceso de la población a información producida fuera de los canales oficiales y reduce los espacios de aprendizaje para quienes buscan comenzar una carrera en el periodismo.

El cierre de la UCA redujo la formación crítica

La reducción de los espacios de enseñanza universitaria agravó el problema. La confiscación y el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), en 2023, eliminó uno de los centros académicos que durante décadas formó a profesionales de la comunicación con una orientación crítica e independiente.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había alertado sobre la falta de instituciones capaces de formar nuevas generaciones de comunicadores en Nicaragua. El organismo indicó que ese deterioro puede profundizar el cerco informativo impuesto sobre la sociedad.

Aunque continúan vigentes carreras relacionadas con la comunicación, FLED indicó que las actividades difundidas por varias universidades muestran una orientación centrada en la divulgación de políticas oficialistas. La organización planteó que esa oferta deja menos margen para la enseñanza de herramientas vinculadas a la investigación, el control del poder y la cobertura independiente.

Algunos medios nicaragüenses que trabajan desde el exilio desarrollan talleres y programas de formación para periodistas jóvenes. Esa tarea, sin embargo, enfrenta límites concretos: el temor de las fuentes dentro del país, las dificultades para comprobar información de forma directa y los riesgos que corren quienes aún cubren hechos desde territorio nicaragüense.

La situación plantea una preocupación que trasciende el presente de los medios clausurados o desplazados. La capacidad de contar lo que ocurre en Nicaragua dentro de cinco o diez años dependerá, en parte, de que existan periodistas con formación, fuentes, respaldo editorial y condiciones mínimas de seguridad para ejercer.

La joven había muerto de forma violenta en la aldea San Antonio, municipio de La Masica, Atlántida, después de un hecho que, según las primeras investigaciones, habría estado precedido por una discusión con su pareja sentimental.

El cadáver ya había sido preparado para el funeral cuando agentes y personal vinculado con las diligencias fiscales llegaron para recuperarlo y ordenar la autopsia.

Un velorio interrumpido por una investigación pendiente

Videos difundidos desde el lugar muestran a familiares observando entre llantos cómo el ataúd era retirado bajo presencia policial.

La escena generó cuestionamientos porque, tratándose de una muerte violenta, la autopsia puede ser determinante para establecer la trayectoria de los disparos, número de lesiones, distancia aproximada y causa precisa del fallecimiento.

Esos elementos pueden terminar siendo decisivos en un eventual proceso penal.

Por eso, la pregunta que deja el procedimiento es por qué el cuerpo llegó a ser entregado y preparado para sepultura antes de completar esa diligencia forense.

La pareja aparece en la investigación

La información preliminar señala que Vivian se encontraba dentro de una vivienda cuando se produjo una discusión con su pareja.

Durante el altercado, el hombre habría utilizado un arma de fuego y posteriormente abandonado el lugar.

La joven fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Por ahora, la pareja figura como principal sospechoso en las primeras diligencias, pero su responsabilidad todavía debe ser establecida por las autoridades y eventualmente por un tribunal.

Hasta el momento no se ha informado de una captura.

La autopsia puede reconstruir lo que ocurrió

El examen médico-legal permitirá documentar lesiones que después de un proceso de preparación funeraria pueden resultar más difíciles de interpretar visualmente.

También permitirá contrastar los hallazgos científicos con declaraciones de testigos, inspecciones de la vivienda y cualquier evidencia balística recuperada.

En investigaciones por homicidio, esa combinación puede determinar si la versión reconstruida por los investigadores coincide con la evidencia física.

La autopsia no establece por sí sola quién disparó, pero sí puede ayudar a responder cómo, cuándo y de qué manera murió la víctima.

Una familia obligada a despedirse dos veces

Más allá de la investigación, el procedimiento tuvo un costo emocional evidente.

Los familiares ya habían iniciado el proceso de despedida cuando tuvieron que entregar nuevamente el cuerpo a las autoridades.

En los videos se escuchan llantos y expresiones de angustia, mientras uno de los presentes habría sufrido una descompensación.

La situación muestra por qué los protocolos posteriores a una muerte violenta no son simplemente trámites administrativos.

Una omisión o retraso puede afectar tanto la investigación penal como a una familia que ya atraviesa un duelo.

El caso ahora depende de dos respuestas

La investigación tendrá que aclarar primero quién mató a Vivian del Ángel Vega y en qué circunstancias.

Pero existe además una segunda interrogante institucional:

¿Cómo fue posible que una muerte bajo sospecha criminal llegara hasta un velorio antes de que Medicina Forense practicara la autopsia correspondiente?

La respuesta a la primera pregunta podría llevar ante la justicia al responsable.

La segunda servirá para determinar si hubo una falla en los procedimientos que nunca debió añadir más sufrimiento a la familia.

Guatemala acumuló 33.334 casos confirmados de sarampión y 41 muertes al 31 de agosto de 2026, tras sumar 768 contagios y nueve fallecimientos en dos semanas, mientras la transmisión desacelera pero los bebés mantienen una mortalidad muy superior a la nacional, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La vacunación contra la enfermedad alcanzó 1.955.792 dosis aplicadas el 20 de agosto entre la respuesta al brote y el esquema regular. Esa cifra implica 145.023 aplicaciones adicionales en tres semanas, frente a las 1.810.769 registradas el 28 de julio.

El aumento reciente de casos fue menor que el del corte anterior, cuando se habían incorporado 1.426 contagios en 18 días. La curva descendió después del pico de transmisión registrado entre las semanas epidemiológicas 16 y 18, del 19 de abril al 9 de mayo.

Durante la semana epidemiológica 34, la última con información completa, se notificaron 102 casos. Fue el registro semanal más bajo desde el inicio del brote.

Una mortalidad infantil 23 veces superior a la nacional

La letalidad nacional pasó de 0,10% el 17 de agosto a 0,12% al cierre del mes. La proporción equivale a un fallecimiento por cada 1.000 casos confirmados en el país.

Entre los menores de un año, la letalidad llegó a 0,55%, frente al 0,52% del corte previo. El indicador fue más de cinco veces mayor que el promedio nacional.

La tasa de mortalidad, que compara el número de muertes con el total de la población, fue de 0,21 por cada 100.000 habitantes. En los bebés menores de un año alcanzó 4,79 por cada 100.000, una diferencia de 23 veces respecto de la tasa general y frente a las 25 veces reportadas dos semanas antes, cuando era de 4,23.

Los casos en menores de un año subieron de 3.017 a 3.111. Entre 2.304 bebés con la edad mensual calculable, los contagios aumentaron desde los cuatro meses y tuvieron sus picos a los cinco y seis meses, con 264 y 277 casos, respectivamente.

La Comisión Nacional del MSPAS completó el análisis de 26 fallecimientos, la misma cantidad examinada en el corte anterior pese al incremento del total de muertes. De esos casos, 84,6% presentó neumonía como complicación asociada, 50% pertenecía al pueblo maya y 65,4% no tenía antecedentes de vacunación.

Las nueve defunciones incorporadas entre el 17 y el 31 de agosto incluyeron a menores de un año que todavía no tenían edad para recibir la vacuna y a pacientes con antecedentes de desnutrición crónica.

Izabal, Guatemala y Sololá, los departamentos con mayor incidencia

Izabal conservó la tasa de incidencia más alta del país, con 374,9 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de los 353,6 reportados el 17 de agosto. El departamento de Guatemala pasó de 319,2 a 322,4, mientras que Sololá avanzó de 299,8 a 302,4.

Los siete departamentos clasificados con nivel de transmisión “muy alto” se mantuvieron sin cambios: Izabal, Guatemala, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y Jalapa. El tablero Go.Data ubicó allí la mayor actividad de transmisión.

Las personas de 15 a 39 años representaron 63% de los casos confirmados en ambos cortes. Dentro de ese rango, el grupo de 20 a 29 años siguió siendo el más afectado, al pasar de 12.039 a 12.285 contagios.

La distribución por sexo permaneció prácticamente estable: 51% de los casos correspondió a mujeres y 49% a hombres. El porcentaje de personas sin antecedentes de vacunación también creció de 67,3% a 67,5%, mientras que quienes tenían el esquema completo se mantuvieron cerca de 3,7%.

El Ministerio modificó el criterio de confirmación durante el brote. Antes solo se consideraban confirmados los casos con una prueba de laboratorio positiva; ahora también se incluyen aquellos vinculados por nexo epidemiológico y los que cumplen la definición clínica durante un brote activo.

De los casos acumulados al 31 de agosto, 8.217 fueron confirmados por laboratorio, equivalente a 24,6%; 3.721, por nexo epidemiológico, 11,2%; y 21.396, por criterio clínico, 64,2%. Las proporciones fueron casi idénticas a las del 17 de agosto.

La dosis cero para lactantes de seis a 11 meses, que habitualmente no reciben la vacuna a esa edad, subió de 78.733 a 86.940 aplicaciones. El esquema regular para niños de 12 meses a menores de siete años pasó de 341.235 a 365.000 dosis.

La campaña de contención para personas de siete a menores de 50 años, iniciada el 11 de mayo, llegó a 1.503.852 dosis, frente a las 1.390.801 registradas a fines de julio.

El proyecto ferroviario que conectará la capital panameña con la frontera de Costa Rica amplió su alcance para convertirse en un corredor de desarrollo económico, capaz de albergar infraestructura eléctrica, fibra óptica, tuberías de agua y telecomunicaciones. La iniciativa proyecta más de 100.000 empleos entre la construcción y las inversiones asociadas.

Representantes de la Secretaría Nacional del Ferrocarril explicaron que la franja reservada tendrá 60 metros de ancho a lo largo del recorrido. Dentro de esa servidumbre coexistirían las vías ferroviarias con otros servicios indispensables, una fórmula que busca reducir costos y acelerar nuevas inversiones en distintas provincias.

El planteamiento llevó a la institución a mantener conversaciones con empresas interesadas en utilizar el corredor. Entre ellas aparece la Empresa de Transmisión Eléctrica, ETESA, que trabaja en la planificación de su cuarta línea de transmisión y podría encontrar una ruta disponible dentro de la servidumbre ferroviaria.

La Secretaría también se reunió con representantes de las empresas de telecomunicaciones para analizar el posible soterramiento de redes de fibra óptica. Según explicaron los voceros, buena parte de esa infraestructura en el interior del país permanece instalada sobre postes, una condición que puede afectar la estabilidad de las comunicaciones ante accidentes o fenómenos climáticos.

La franja igualmente podría recibir tuberías para conducción de agua, torres celulares y otros componentes tecnológicos. El objetivo consiste en que la inversión ferroviaria facilite la instalación de servicios básicos, en lugar de limitarse al traslado de pasajeros y mercancías, mientras mejora la conectividad de las comunidades cercanas al trazado.

Los voceros sostienen que esa disponibilidad de electricidad, agua y telecomunicaciones favorecerá la llegada de comercios, industrias y proyectos inmobiliarios. Las empresas podrían establecerse cerca de las estaciones y reducir parte de sus costos operativos, lo que permitiría crear nuevas actividades productivas fuera del área metropolitana.

La estrategia contempla desarrollar zonas comerciales, residenciales y de servicios alrededor de las terminales, bajo el modelo conocido como desarrollo orientado al transporte. Cada estación podría convertirse así en un nuevo centro de actividad económica, conectado con otros puntos del país mediante un sistema ferroviario para pasajeros y carga.

Las autoridades anticipan además una revalorización de los terrenos próximos al recorrido, debido a la llegada de infraestructura y transporte. Ese efecto, sin embargo, dependerá del ordenamiento territorial adoptado en cada zona, así como de los procesos de adquisición de tierras, planificación urbana y protección de las comunidades residentes.

Según las estimaciones compartidas por representantes de la Secretaría, el conjunto de obras e inversiones podría superar los 100.000 empleos. La cifra combina la mano de obra requerida para construir el ferrocarril con las oportunidades generadas por servicios públicos, comercios, industrias y desarrollos privados vinculados al corredor.

El trazado completo tendría aproximadamente 475 kilómetros y 14 estaciones, desde Ciudad de la Salud y Albrook hasta Paso Canoas. La primera etapa abarcaría más de 200 kilómetros entre Panamá y Divisa, con paradas en Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame-Coronado, Río Hato y la ciudad de Penonomé.

Esa fase también contempla una terminal multimodal en Capira, concebida como puerto seco, y un nuevo puente ferroviario sobre el Canal de Panamá. El sistema se integraría con los puertos del Atlántico y el Pacífico, la Línea 3 del Metro y el actual ferrocarril interoceánico.

Las etapas posteriores extenderían la vía desde Divisa hacia Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas. Además de facilitar los desplazamientos, el Gobierno pretende fortalecer la plataforma logística del país y ampliar las oportunidades económicas en territorios que permanecen alejados del eje canalero.

Actualmente continúan los estudios de demanda, ingeniería conceptual, ambiente, finanzas, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, con participación de firmas internacionales. Mientras se define el costo y la estructura financiera, el proyecto ferroviario incorpora una visión económica más amplia, aunque su impacto final dependerá de las decisiones técnicas y presupuestarias pendientes.

El material audiovisual también exhibe acumulaciones de agua en calles cercanas al estadio y dificultades para el tránsito peatonal en la zona. Ante esta situación y la presencia de una tormenta eléctrica se decretó la suspensión del encuentro. La fecha de reprogramación del juego no se ha dado a conocer.

La situación no cambió dentro del recinto santaneco, donde el campo de juego presentó amplios sectores inundados por la intensidad de las precipitaciones. La lluvia se mantuvo sin tregua sobre Santa Ana y dejó zonas de la cancha con acumulación de agua, lo que impidió que el terreno reuniera las condiciones necesarias para la disputa del juego

La situación ocurrió en medio de lluvias y tormentas que afectaron distintos puntos de El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre el inicio de precipitaciones con actividad eléctrica en sectores del Área Metropolitana de San Salvador y en los departamentos de la zona occidental del país.

La institución señaló que también persistían tormentas en Chalatenango, Cuscatlán, Morazán, Cabañas, San Miguel, el norte de Usulután, San Vicente y La Libertad. De acuerdo con el aviso, esos sistemas estaban acompañados por ráfagas de viento de hasta 35 km/h y se desplazaban hacia el suroeste.

MARN alertó por crecidas súbitas y problemas de movilidad

El MARN advirtió que las condiciones meteorológicas pueden ocasionar inundaciones urbanas y crecidas súbitas en quebradas, con posibilidad de desbordamientos en sectores de La Libertad y San Salvador. La advertencia puso el foco en el Área Metropolitana de San Salvador y en los distritos de Ciudad Arce, Quezaltepeque, San Matías, San Pablo Tacachico, Antiguo Cuscatlán, Huizúcar y Nuevo Cuscatlán.

“Las afectaciones son inminentes y podrían pausar tus actividades. Mantente alerta”, indicó el MARN en su reporte meteorológico. La entidad aclaró que el escenario previsto podía causar.

Por otro lado, en la capital, la Alcaldía de San Salvador desplegó equipos en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para responder a las emergencias provocadas por las lluvias. Las labores buscan mantener seguros los espacios públicos y una de las zonas con mayor tránsito del país.

Árbol cayó sobre tres vehículos en San Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro informó que un equipo municipal removió un árbol de gran tamaño que cayó sobre tres vehículos en la intersección de la 20.ª avenida Norte y la diagonal Cipactly. Las personas que quedaron atrapadas dentro de los automóviles fueron auxiliadas por elementos de Comandos de Salvamento.

La recomendación de las autoridades para la población fue mantenerse atenta a la evolución de las tormentas, evitar cruzar corrientes de agua y tomar precauciones ante posibles interrupciones en la movilidad. El MARN mantuvo la advertencia ante la posibilidad de que las lluvias lleguen a otros sectores del país.

Por su parte, Protección Civil recomendó a los conductores extremar las precauciones durante las lluvias, con el fin de reducir riesgos en las carreteras y resguardar la vida de los ocupantes de los vehículos. Ante cualquier emergencia, las autoridades indicaron que está disponible el número 2281-0888 del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

El director del OIJ, Michael Soto, informó en una llamada telefónica con Noticias Trivisión que agentes de la sede de Quepos ejecutaron cuatro allanamientos en los sectores de Manuel Antonio, Savegre y Fátima para localizar a los sospechosos.

“Estamos vinculando a dos masculinos de apellidos Díaz y López como actores intelectuales de un doble homicidio ocurrido el 4 de julio”, afirmó Soto. Según explicó, dos personas que viajaban en motocicleta dispararon contra las víctimas, quienes se encontraban dentro de un vehículo. Ambas murieron en el lugar.

La captura de ambos se suma a la detención previa de cuatro personas por el mismo hecho. Esos sospechosos permanecen bajo prisión preventiva, de acuerdo con la información brindada por el director del OIJ.

Las diligencias forman parte de una investigación sobre una presunta estructura criminal que operaría en Quepos y que estaría relacionada con una cadena de hechos violentos ocurridos desde enero.

Soto indicó que las autoridades también atribuyen a los detenidos participación en el asesinato de un hombre de apellido Argüello, de 32 años, ocurrido el 3 de enero. A su vez, los vinculan con el crimen de dos hombres de apellido Lara, padre e hijo, quienes murieron el 6 de junio.

El expediente abarca además la muerte de un hombre de apellido Garro, de 36 años, asesinado el 24 de junio. Las autoridades investigan si los mismos sospechosos tuvieron algún grado de participación en esos casos y en otros ataques armados registrados en la zona.

El ataque contra una vivienda causó la muerte de un niño

Entre los episodios que el OIJ asocia con esta investigación se encuentra el homicidio de un menor de edad, ocurrido el 11 de marzo. Según relató Soto, personas armadas dispararon en varias oportunidades contra una vivienda y uno de los proyectiles alcanzó al niño, quien murió como consecuencia del ataque.

“Es un caso muy relevante, muy doloroso, donde falleció un menor de un año y ocho meses”, señaló el director policial en declaraciones recogidas por el citado medio.

La muerte del menor forma parte de una serie de hechos violentos que, según el OIJ, incluye homicidios consumados y tentativas de asesinato. Las autoridades buscan establecer el rol que habrían tenido los detenidos en la planificación y ejecución de esos ataques.

De igual manera, durante los allanamientos, los investigadores decomisaron una pistola calibre nueve milímetros, un rifle calibre 22, municiones, dinero, droga y varios vehículos que, de forma preliminar, aparentan tener orden de captura.

Soto indicó que los elementos incautados serán sometidos a análisis para determinar si alguna de las armas fue utilizada en los homicidios investigados.

“Estamos vinculando esta estructura criminal con varios acontecimientos ocurridos este año, con varios homicidios y tentativas de homicidios”, sostuvo el director del OIJ.

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El Gobierno de Honduras confirmó que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país entre finales de octubre y la primera semana de noviembre de 2026 para realizar la sexta revisión del programa económicovigente, en una visita que también marcará el inicio de conversaciones sobre un eventual nuevo acuerdo para los próximos años.

La confirmación fue realizada por el ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, quien explicó que sostuvo un encuentro con Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante el cual se ratificó la fecha prevista para la visita de la misión internacional.

“Estuvimos con Nigel Chalk, que es el director para el hemisferio occidental para el Fondo Monetario, que nos ha dado a conocer que nos ha confirmado que va a estar aquí en Honduras para lo que va a ser la sexta visita y la revisión del programa”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Hernández Hércules, la misión se desarrollará entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del programa que Honduras mantiene actualmente con el organismo financiero internacional.

El ministro señaló que el Gobierno espera que esta sexta revisión pueda concluirse con normalidad y permita completar el programa vigente, al tiempo que el país pueda acceder a los recursos que todavía están pendientes de desembolso y que corresponden dentro del acuerdo.

Honduras prepara un nuevo programa con el FMI

Más allá de la revisión final, el Gobierno hondureño ya contempla iniciar conversaciones con el FMI para un nuevo programa económico que tendría una duración de aproximadamente tres años y medio, período que coincidiría con buena parte del mandato de la actual administración.

Hernández Hércules explicó que el programa vigente fue diseñado para traslapar dos gobiernos, cada uno con posiciones ideológicas diferentes, por lo que la administración actual pretende plantear un nuevo esquema acorde con su visión económica.

“Recordemos que el programa actual era un programa que traslapaba dos gobiernos con un pensamiento ideológico muy distinto”, manifestó el titular de Finanzas.

Según el funcionario, el nuevo planteamiento estaría orientado a impulsar el crecimiento económico, pero bajo medidas de disciplina fiscal y dentro de los parámetros establecidos por la legislación hondureña.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá como uno de sus principales principios la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que establece reglas para el manejo de las finanzas públicas y busca limitar desequilibrios que puedan comprometer la estabilidad económica del país.

“Este es un gobierno de crecimiento económico que va a llevarse a cabo mediante medidas estrictas bajo la ley de responsabilidad fiscal que siempre hemos abanderado”, afirmó Hernández Hércules.

El eventual nuevo programa será, por tanto, uno de los temas que comenzarán a discutirse paralelamente al cierre del acuerdo actual. Para el Ejecutivo, la negociación representaría una oportunidad para establecer una nueva hoja de ruta económica que acompañe sus prioridades durante los próximos años.

FMI destaca acciones económicas de Honduras

Durante los encuentros con representantes del organismo internacional, el Gobierno también recibió, según Hernández Hércules, una valoración positiva sobre algunas de las medidas económicas implementadas por Honduras.

El ministro aseguró que el FMI ha “aplaudido” varias de las acciones adoptadas por la administración y que existe particular atención internacional sobre los problemas que enfrenta Honduras a causa de la sequía, una situación que, según explicó, también está afectando a otros países de la región.

La falta de lluvias ha generado presiones sobre diferentes sectores productivos y también representa un desafío para el sistema energético hondureño, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica.

Para el funcionario, el tratamiento de esta problemática requiere una visión que trascienda las fronteras nacionales, debido a que la sequía se ha convertido en un problema regional que puede tener consecuencias sobre la producción, los precios y la generación de electricidad.

Reformas energéticas reciben respaldo

Otro de los asuntos destacados por el titular de Finanzas fue la aprobación de las reformas energéticas, que el Gobierno considera un paso importante para enfrentar la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hernández Hércules afirmó que no solamente el FMI ha valorado positivamente estas reformas, sino que también han recibido respaldo de agencias del Gobierno de Estados Unidos.

El funcionario calificó la aprobación de estas medidas como un paso “trascendental” para Honduras y defendió que las modificaciones planteadas no constituyen un experimento, sino que se basan en mecanismos que ya han sido aplicados en otros países de Centroamérica.

“No estamos inventando el agua caliente”, expresó el ministro al referirse a las reformas, y señaló que mecanismos similares ya han funcionado en países como Guatemala y El Salvador, donde, según sostuvo, han generado resultados positivos.

Para el Gobierno hondureño, estas reformas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar la situación de la ENEE, empresa estatal que durante años ha acumulado problemas financieros y operativos.

Hernández Hércules, sin embargo, reconoció que las reformas energéticas constituyen solamente una parte de la solución. “Esta solamente es una pieza en el rompecabezas, que es salvar la ENEE”, afirmó.

La llegada de la misión del FMI se producirá así en una etapa relevante para la política económica de Honduras, ya que además de evaluar el cumplimiento de los compromisos del programa vigente, podría sentar las bases para una nueva negociación entre el organismo internacional y el Gobierno.

La sexta revisión será determinante para cerrar el actual acuerdo y avanzar hacia la obtención de los recursos que todavía están pendientes. Posteriormente, las conversaciones sobre un nuevo programa permitirán discutir las metas económicas y fiscales que Honduras deberá cumplir durante los próximos años.

Con la visita prevista para finales de octubre y comienzos de noviembre, el Gobierno de Nasry Asfura busca mantener la relación con el FMI y utilizarla como parte de su estrategia para fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas, impulsar el crecimiento y avanzar en las reformas consideradas prioritarias para el país.

El Ejecutivo también tendrá que enfrentar durante este proceso desafíos como la sequía, la situación financiera de la ENEE y las presiones fiscales, asuntos que podrían formar parte de las discusiones con el organismo internacional mientras Honduras define la ruta económica que seguirá durante los próximos tres años y medio.

El Israel Flores Ortiz, salvadoreño de 19 años, fue deportado a El Salvador el 8 de septiembre de 2026, después de cumplir una condena en Virginia por agresiones sexuales contra alumnas menores de edad de la preparatoria de Fairfax, donde también estudiaba. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la expulsión, difundida por Univisión, luego de que un juez de inmigración ordenara su deportación.

Flores Ortiz había sido acusado de agredir a 13 niñas en los pasillos del plantel, algunas de apenas 13 años. Las autoridades sostuvieron que tocó las partes íntimas de las estudiantes.

Los hechos ocurrieron antes del 25 de febrero y del 4 de marzo, cuando el joven tenía 18 años. Se entregó a la policía el 7 de marzo y enfrentó nueve cargos de agresión y lesiones.

Una condena de 360 días frente a una pena posible de nueve años

La sentencia fue dictada el 21 de abril de 2026: 360 días de prisión y dos años de libertad condicional. Aunque podía recibir hasta nueve años de cárcel, los descuentos por el tiempo ya detenido y otros beneficios procesales redujeron a 135 días el período que le restaba cumplir.

Flores Ortiz permanecía en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Fairfax desde el 25 de marzo. Su fecha de liberación había sido fijada para el 3 de septiembre de 2026.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, lo tomaron bajo custodia el 31 de agosto, tras su salida de ese centro, según un portavoz de la agencia. La Oficina del Sheriff del Condado de Fairfax había anticipado que el organismo migratorio asumiría su custodia inmediatamente después de la liberación.

Las condiciones de la libertad condicional le impedían acercarse a la preparatoria de Fairfax y mantener contacto con menores mientras estuviera bajo supervisión. El 10 de agosto de 2026, un juez de inmigración del Departamento de Justicia había ordenado su expulsión de Estados Unidos.

Las denuncias que surgieron tras el primer testimonio

Una de las víctimas relató lo sucedido y ese testimonio impulsó a otros estudiantes a denunciar, explicó la fiscal Jenna Sands a WUSA9. Después del arresto, más jóvenes se presentaron para afirmar que también habían sido agredidas.

Un padre de familia sin relación con las víctimas consideró que la concentración de alumnos en los pasillos facilitaba las agresiones. La defensa utilizó ese mismo contexto para sostener una explicación diferente sobre los contactos físicos.

Durante el juicio se exhibieron grabaciones de vigilancia que registraron momentos en los que, según la acusación, las alumnas fueron atacadas. El abogado Demetry Pikrallidas, representante de las familias de las víctimas, respaldó la sentencia: “Creemos que este fue el resultado correcto. Esto fue intencional, deliberado e invasivo”.

Pikrallidas sostuvo que Flores Ortiz elegía a las niñas y actuaba “por diversión”. La Fiscalía afirmó que no se trató de hechos aislados, sino de una conducta sistemática repetida en distintos días.

El abogado defensor Jamie Hospers argumentó que las imágenes no permitían observar los delitos en sí mismos y que los pasillos abarrotados podían haber provocado contactos accidentales. El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó al gobierno de Virginia, encabezado por Abigail Spanberger, por las políticas de santuario del estado.

ICE indicó que Flores Ortiz ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2024 y fue liberado durante la administración del presidente Joe Biden. Tras la orden judicial migratoria, fue expulsado del país y enviado de regreso a El Salvador.

Las victimas fatales eran dos mujeres, de las cuales una estaba embarazada. El edificio cayó sobre una casa en la que residía una decena de ciudadanos bolivianos. Después del derrumbe, bomberos y equipos de Defensa Civil iniciaron un operativo de búsqueda entre los escombros.

Las autoridades informaron que al menos diez personas resultaron afectadas por el derrumbe. Los rescatistas sacaron con vida a un adulto y a un menor, quienes fueron trasladados al Pronto Socorro de Tatuapé para recibir atención médica.

El Cuerpo de Bomberos de San Pablo movilizó 50 agentes y 17 vehículos hacia el lugar del hecho. Durante las primeras horas, los equipos retiraron escombros de forma manual para revisar las zonas en las que podían encontrarse las personas atrapadas. Luego, el operativo incorporó maquinaria pesada para continuar las tareas de búsqueda.

El edificio no tenía residentes permanentes. Sin embargo, testigos informaron a las autoridades que dos obreros solían dormir dentro de la obra.

Tras el derrumbe, las autoridades brasileñas abrieron una investigación para esclarecer sus causas. El Cuerpo de Bomberos informó que el inmueble tenía varios pisos, se encontraba en construcción y estaba embargado judicialmente.

El colapso ocurrió durante una madrugada de lluvias fuertes, pero la Defensa Civil aclaró que no estableció una relación directa entre las precipitaciones y el derrumbe.

Fuertes lluvias afectaron a San Pablo

Desde el viernes, las autoridades registraron 26 incidentes en municipios paulistas relacionados con lluvias, vientos y daños en viviendas o estructuras. Entre los hechos informados figuraron inundaciones, caídas de árboles, deslizamientos de tierra, derrumbes de muros y afectaciones en casas.

En la ciudad de San Pablo, una vivienda se derrumbó en el barrio de Sapopemba y dejó 24 personas desalojadas. En Jabaquara, dos casas cayeron cerca de un arroyo y otras ocho fueron clausuradas por riesgo de derrumbe. Catorce vecinos tuvieron que dejar sus hogares.

Además, la Defensa Civil envió 15 alertas a teléfonos celulares durante la noche y la madrugada ante la posibilidad de tormentas, granizo y vientos intensos en varias regiones del estado. El organismo mantuvo un gabinete de crisis desde el viernes para monitorear la evolución de las condiciones climáticas.

Durante las 24 horas previas al sábado por la mañana, Cotia registró 85 milímetros de lluvia y Santo André, 83 milímetros. Santana de Parnaíba y la ciudad de San Pablo acumularon 81 milímetros cada una, mientras que Embu-Guaçu registró 77 milímetros. La Defensa Civil habia previamente recomendado a los habitantes resguardarse ante el pronóstico de lluvias fuertes, vientos intensos y una posible caída de granizo.

(Con información de EFE y CNN Brasil)

El fenómeno de El Niño podría trasladar sus efectos a la economía de Centroamérica y República Dominicana, a través de un aumento en los precios de los alimentos y la electricidad, restricciones para el transporte marítimo y presiones sobre la actividad productiva.

El reporte “Perspectivas económicas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, elaborado por Deloitte, advierte que el impacto más marcado puede concentrarse en 2027.

El fenómeno de El Niño comenzó oficialmente el 11 de junio de 2026. En julio, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estimó en 81% la probabilidad de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre. Si se confirma, estaría entre los eventos más intensos registrados desde 1950.

La principal consecuencia climática prevista para la región es la sequía. La fase cálida del fenómeno ENOS, sigla de El Niño-Oscilación del Sur, suele asociarse con menores lluvias, temperaturas más altas y estrés hídrico, sobre todo en la vertiente del Pacífico y el Corredor Seco.

La menor disponibilidad de agua puede afectar tanto a la agricultura como a la generación de energía y la operación logística de Panamá.

Menor oferta de granos básicos

El reporte identifica a la producción agropecuaria como una de las primeras vías de consecuencias del fenómeno hacia los hogares.

La sequía puede reducir la oferta de granos básicos en el Corredor Seco, mientras que el encarecimiento de fertilizantes y diésel puede elevar los costos de producción y trasladarse a los precios finales de los alimentos.

El impacto sobre la canasta alimentaria podría extenderse hasta 2027, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el estudio. El café también aparece entre las actividades expuestas a los efectos del menor régimen de lluvias y las temperaturas más elevadas.

El informe incluye entre los temas a seguir la persistencia de aumentos en alimentos y energéticos, junto con la evolución del conflicto en Medio Oriente y su incidencia sobre los precios internacionales del petróleo.

La sequía amenaza la energía hidroeléctrica y la operación del Canal de Panamá

La sequía también amenaza la generación hidroeléctrica. Si caen los niveles de agua disponibles para las plantas, los países deberán compensar parte de esa producción con fuentes térmicas, que implican mayores costos por el uso de combustibles.

El documento señala que una menor generación hidroeléctrica puede presionar las tarifas eléctricas al alza. El aumento de ese costo tendría efectos sobre los presupuestos familiares y sobre empresas que dependen de electricidad para sus procesos productivos.

A la vez, los gobiernos podrían enfrentar una mayor carga fiscal si aplican subsidios energéticos o programas de apoyo para contener el impacto de las tarifas. El reporte considera esos desembolsos como uno de los factores que podrían modificar el escenario económico de la región durante 2026 y 2027.

En Panamá, las condiciones de sequía pueden afectar los niveles de agua necesarios para la operación del Canal. El análisis contempla posibles restricciones de calado y dificultades logísticas como una de las cuatro vías principales por las cuales El Niño puede repercutir en la economía regional.

Las limitaciones sobre el calado de los buques podrían incidir en la actividad del Canal de Panamá y en las cadenas de suministro. El reporte sitúa a la logística y al transporte entre los sectores que deben monitorearse ante una eventual profundización del fenómeno.

La advertencia adquiere relevancia para una economía en la que el comercio y el transporte figuran entre las actividades que lideran el crecimiento.

El reporte diferencia dos etapas. Durante 2026 prevé la consolidación del fenómeno, alertas para el sector agrícola, ajustes tarifarios y las primeras posibles restricciones al tránsito marítimo. Para 2027, en cambio, anticipa que los efectos más fuertes pueden manifestarse sobre los embalses, las cosechas y el Canal de Panamá.

En todos los casos, el documento plantea que los efectos del clima se combinarán con otros factores económicos, como la evolución de las remesas, los precios de los combustibles, el desempeño de Estados Unidos y la trayectoria de la inflación.

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 27 años fue encontrado durante la madrugada de este sábado en un herbazal del sector 2 de Mayo, en Burunga, distrito de Arraiján. La víctima estaba en ropa interior y presentaba indicios que deberán ser examinados por los peritos para establecer cómo murió.

El hallazgo ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, a un costado de la calle Macaraqueña. Un residente que transitaba por el lugar observó el cuerpo entre la vegetación y alertó a las autoridades, lo que provocó la llegada de unidades policiales y personal encargado del levantamiento y las primeras diligencias.

Habitantes de la comunidad indicaron que conocían a la mujer como “Melany” y que presuntamente trabajaba en un bar cercano. Esa información forma parte de las versiones proporcionadas por los vecinos, pero su identidad completa todavía deberá ser confirmada oficialmente mediante los procedimientos forenses y la comunicación con sus familiares.

La forma en que fue encontrada generó sospechas sobre una posible agresión sexual, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada por el Ministerio Público. La ausencia de determinadas prendas tampoco permite establecer por sí sola cómo ocurrió el hecho, por lo que serán determinantes la necropsia y los análisis científicos.

Los investigadores deberán establecer si la víctima murió en el herbazal o si su cuerpo fue trasladado desde otro punto. También buscarán cámaras de vigilancia, registros telefónicos y posibles testigos, además de reconstruir sus últimos movimientos y determinar con quién estuvo antes de producirse su muerte.

El caso fue presentado inicialmente como el homicidio número 31 registrado durante 2026 en Panamá Oeste. Sin embargo, esa clasificación puede variar conforme avance la investigación, especialmente si aparecen elementos que permitan considerar el hecho como femicidio o si la autopsia determina una causa distinta de muerte.

La legislación panameña considera femicidio la muerte de una mujer provocada por razones relacionadas con su género, dentro de circunstancias específicas establecidas por la ley. Por eso, no todo homicidio de una mujer recibe automáticamente esa clasificación y corresponde a los fiscales demostrar los elementos vinculados con violencia, discriminación o relaciones de poder.

Hasta el 31 de julio, Panamá Oeste acumulaba dos femicidios, tres tentativas y una muerte violenta de mujer, de acuerdo con el último informe disponible del Ministerio Público. Las cifras son preliminares y pueden ser modificadas por la recalificación jurídica de los expedientes en investigación.

En el ámbito nacional fueron contabilizados 13 femicidios y 17 tentativas durante los primeros siete meses del año. También se registraron 10 muertes violentas de mujeres clasificadas separadamente, lo que significa que 30 mujeres fueron víctimas de ataques femicidas consumados o intentados, sin incluir otros fallecimientos todavía investigados bajo una categoría diferente.

Panamá Oeste duplicó los femicidios registrados durante el mismo periodo del año anterior, al pasar de uno a dos. La provincia aparece además entre las jurisdicciones con mayor incidencia, detrás de Panamá y San Miguelito, que acumularon tres víctimas cada una, mientras Chiriquí también reportó dos casos hasta el cierre de julio.

Uno de los femicidios ocurridos en Panamá Oeste se registró en enero, también en Burunga, donde un hombre mató a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida. El hecho dejó a dos niñas sin su madre y marcó el primer crimen de este tipo reportado durante el año en el distrito de Arraiján.

La violencia extrema contra las mujeres también ha dejado sobrevivientes en esa comunidad. En mayo, un hombre fue detenido provisionalmente después de ingresar presuntamente a la residencia de una vecina de 45 años y atacarla junto con otro hombre, un expediente investigado como tentativa de femicidio y tentativa de homicidio por la Fiscalía de Panamá Oeste.

El nuevo hallazgo ocurre en una provincia que ya contabiliza 31 homicidios durante 2026, según reportes divulgados este sábado. En abril, las autoridades registraban al menos 16 víctimas, por lo que los hechos posteriores confirman una continuidad de la violencia, especialmente en sectores densamente poblados de Arraiján y comunidades sometidas al avance de grupos delictivos.

Las estadísticas de femicidios, sin embargo, no deben mezclarse automáticamente con el total de asesinatos. Una parte de los homicidios en Panamá Oeste está relacionada con disputas criminales, armas de fuego y pandillas, mientras la violencia contra las mujeres responde a dinámicas particulares, como control, amenazas, agresiones previas y conflictos dentro de relaciones sentimentales o familiares.

El Ministerio Público deberá determinar ahora si la muerte de la joven constituye un homicidio, un femicidio u otra clase de hecho. Hasta que concluyan los primeros exámenes, las versiones sobre abuso sexual o la identidad del responsable permanecen sin confirmar, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima.

Los hogares de abrigo y protección del Estado en Guatemala reúnen a adolescentes vinculados con pandillas y a niños separados de sus familias por conflictos de custodia, sin un mecanismo de clasificación que impida su contacto y reduzca el riesgo de reclutamiento criminal dentro de los propios centros.

La situación fue expuesta recientemente en el Congreso de la República por el diputado José Chic, de la bancada VOS, durante una comparecencia sobre seguridad. El legislador alertó que los menores que ingresan a resguardo por causas ajenas a delitos pueden ser captados por integrantes de estructuras criminales mientras esperan una resolución sobre su futuro.

Los adolescentes detenidos cuando tienen 17 años y 11 meses pueden recibir una sanción de apenas seis meses en un centro de resguardo, incluso si fueron capturados por delitos violentos, según explicó el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo. El funcionario cuestionó que los menores quedaran fuera del alcance de la ley antipandillas aprobada en el país.

Niños en disputas familiares junto a adolescentes de pandillas

Los centros reciben a niños y adolescentes que llegan por caminos muy distintos. Algunos fueron separados de sus padres mientras se resuelven disputas de custodia; otros están sujetos a procesos por su presunta participación en pandillas o por hechos delictivos.

Chic describió casos en los que los progenitores se enfrentan por la custodia y “nadie sabía ni con quién, quién se iba a quedar con los patajos”. En esas circunstancias, los menores son trasladados a hogares de abrigo aunque no estén abandonados ni tengan antecedentes penales.

El problema, planteó el diputado, es que el sistema no identifica ni separa a quienes tienen vínculos con organizaciones criminales de quienes ingresaron por conflictos familiares. “Fácilmente es reclutado ahí mismo, porque todavía no hay un tema de perfilación, no hay un tema de separación”, advirtió sobre la posibilidad de que un niño quede expuesto a pandilleros dentro del lugar destinado a protegerlo.

La demora judicial prolonga esa convivencia. Los menores pueden permanecer varios días en los centros mientras esperan una audiencia que determine si regresarán con sus familias o quedarán bajo la custodia de la Procuraduría General de la Nación.

Durante ese lapso, los niños que no tienen relación con actividades criminales pueden compartir espacios con adolescentes que ya integran estructuras delictivas. La falta de una clasificación previa impide establecer circuitos diferenciados de resguardo según el perfil de cada menor.

El legislador mencionó, sin que las autoridades presentes confirmaran esa información, la presencia de una persona identificada como “Primo de Lobo”, quien presuntamente operaría para Barrio 18 dentro de lugares de resguardo. También se refirió a “la Rancherita” o “Ranchita”, vinculada a un ataque con explosivos y que habría cumplido 18 años, aunque continúa dentro del sistema de abrigo.

Las denuncias apuntan a que el sistema de protección estatal puede concentrar perfiles incompatibles bajo una misma custodia.

Límites policiales y ausencia de intervención directa

La Policía Nacional Civil reconoció que tiene escasas posibilidades de actuar dentro del sistema para menores. Boteo explicó que quienes se encuentran en conflicto con la ley penal están bajo la jurisdicción de jueces especializados: “No, no tenemos mayor comunicación, porque además de eso, ellos están sujetos a un juez de menores en conflicto con la ley penal”.

El director calificó ese ámbito como “muy ajeno a la Policía Nacional Civil” y diferenció entre “aquel adolescente o niño rebelde” y quien “ya es parte de una organización criminal y que ha cometido hechos sumamente violentos”. Para la institución, ambos perfiles requieren respuestas distintas, pero la legislación vigente limita esa diferenciación.

Según el funcionario, las normas guatemaltecas sobre derechos humanos son “muy garantistas para el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal”. Esa condición, sostuvo, dificulta que se adopten medidas especiales para menores que tienen una participación sostenida en organizaciones criminales.

La intervención policial solo ocurre de manera puntual cuando un adolescente es detenido en flagrancia con un arma de fuego y los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinan que fue utilizada en otros hechos criminales. En esos casos, la PNC realiza gestiones para procurar el aislamiento del menor.

Aun frente a ese escenario, el director admitió las dificultades: “Es muy difícil” actuar cuando se trata de personas menores de edad. La institución puede recomendar medidas, pero no tiene capacidad de decisión dentro de cárceles ni centros para adolescentes.

El Salvador como referencia para clasificar a los menores

El diputado preguntó por qué Guatemala no aplica un esquema de clasificación de menores similar al de El Salvador. La respuesta policial apuntó a las diferencias legales entre ambos países y al régimen de excepción que mantiene el Estado salvadoreño.

Boteo indicó que El Salvador sostiene ese régimen tanto dentro como fuera de las cárceles, lo que permite una intervención más firme de la policía, el ejército y el Ministerio Público frente a los pandilleros. En Guatemala, señaló, la PNC “únicamente puede recomendar”.

El pedido final de Chic fue establecer coordinación entre la Policía Nacional Civil y las autoridades responsables de los hogares de abrigo. La propuesta busca crear mecanismos que mantengan separados a los menores vinculados con estructuras criminales de quienes ingresan al sistema por situaciones familiares sin relación con delitos.

El asfalto frío de la acera de Santiago de Cuba no distingue edades ni achaques. A la una de la madrugada, cuando el silencio de la ciudad solo es interrumpido por el zumbido distante de algún generador improvisado o el suspiro de la noche, las puertas de la sucursal bancaria permanecen cerradas.

No hay luces encendidas en el interior, no hay empleados al otro lado del cristal ni dinero circulando por las rendijas de los cajeros automáticos. Solo hay una puerta de metal y, sobre la acera, tres o cuatro cuerpos acurrucados intentando acomodarse en la postura menos dolorosa para pasar las horas que faltan hasta el amanecer.

Una fotografía en blanco y negro, tomada y difundida en redes sociales por Yasser Sosa Tamayo, capturó esta escena con la crudeza desgarradora del contraste. En la imagen no hay artificios: solo ancianos envueltos en mantas raídas, recostados sobre cartones o directamente en el piso, acompañados por pequeñas bolsas de tela y botellas de agua que constituyen todo su equipaje para la jornada.

No están allí por elección ni por un trámite extraordinario; están allí para cobrar la pensión del mes, el haber de toda una vida de trabajo. Lo que en cualquier otro lugar del mundo sería una postal de emergencia social o una anomalía trágica, en la Cuba actual se ha transformado en una estrategia de supervivencia cotidiana. La escena documentada a la una de la mañana es apenas el punto medio de una vigilia que comienza mucho antes. En Santiago de Cuba se ha vuelto habitual que las personas de la tercera edad comiencen a congregarse desde las seis de la tarde del día anterior. Ocho, diez o doce horas a la intemperie para marcar un turno en una cola que formalmente ni siquiera ha empezado.

El motivo de esta desesperada madrugada es puramente matemático. Muchas sucursales bancarias, golpeadas por la falta de personal, la escasez de efectivo circulante y las fallas logísticas, operan con capacidad reducida, llegando a atender únicamente a unos 50 jubilados por día.

Quedarse fuera de ese cupo inicial significa perder la jornada entera, regresar a casa con las manos vacías y tener que repetir el calvario la noche siguiente. Para personas de 70 u 80 años, con problemas de articulaciones, hipertensión y la fragilidad natural de la edad, la decisión es cruenta: arriesgar la salud durmiendo en la calle o arriesgar el sustento del mes.

Apagones, cajeros vacíos y la moneda de la espera

La crisis energética que atraviesa la isla proyecta una sombra aún más densa sobre este panorama. Los apagones prolongados no solo dificultan el descanso y la vida diaria en los hogares, sino que paralizan la infraestructura financiera.

Más de la mitad de los cajeros automáticos del país se reportan inoperativos o desprovistos de billetes en distintos momentos. Sin electricidad, los sistemas informáticos de los bancos se caen, las sucursales retrasan su apertura y las filas, ya de por sí lentas, se congelan durante horas bajo el sol caribeño que sucede a la helada madrugada.

Cuando finalmente la persiana metálica se levanta y la fila comienza a moverse a cuentagotas, la recompensa al sacrificio expone otra cara de la precariedad. La pensión mínima en Cuba se ubica en los 4,000 pesos cubanos mensuales, es decir un estimado de $7.00 a $10.00.

En una economía donde los precios de los alimentos básicos y los medicamentos se han disparado, esos miles de pesos se esfuman en cuestión de días, a veces en una sola compra elemental.

Quizás la advertencia más amarga de Tamayo no sea la falta de dinero o el mal funcionamiento de los servicios públicos, sino la paulatina pérdida de la capacidad de asombro. La fotografía en blanco y negro tomada en Santiago de Cuba queda como un testimonio mudo de una generación que, tras haber entregado sus años de juventud y esfuerzo, se ve obligada a disputarle a la madrugada y al olvido el derecho a recibir lo mínimo para subsistir.

La Policía Nacional de República Dominicana informó este sábado que detuvo a dos mujeres y un hombre colombianos acusados de integrar una estructura dedicada a drogar y robar a hombres, una modalidad delictiva conocida de forma popular como “Las Dormilonas”. El operativo se realizó en el residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este.

Según publicó la Policía Nacional de República Dominicana en su cuenta oficial de X, los arrestos estuvieron a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad.

Los detenidos fueron identificados como Natali Valeria Castillo González, Laura Valentina Villegas Villafaña y Diego Armando González. Las autoridades los vinculan con una organización que presuntamente contactaba a hombres, los seducía y luego les suministraba una sustancia química para dejarlos en estado de sedación.

De acuerdo con la versión oficial, las víctimas quedaban sin posibilidades de reaccionar y los sospechosos aprovechaban esa situación para quitarles pertenencias. Entre los objetos que buscaban sustraer figuraban dinero en efectivo, prendas de valor, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares y otros artículos personales.

La intervención se concretó tras una orden judicial de allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol. Durante el procedimiento, los investigadores recuperaron una serie de efectos que habían sido denunciados como robados por distintas víctimas.

El listado incluye celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, prendas de oro y artículos de marcas reconocidas. La Policía señaló que los objetos serán incorporados a la investigación para establecer su procedencia y determinar si pertenecen a personas afectadas por la presunta banda.

Los agentes también ocuparon RD$197,000 en efectivo, además de dinero en dólares canadienses y pesos colombianos. La información difundida por la institución no precisó el monto de las divisas extranjeras halladas durante el allanamiento.

Entre los elementos secuestrados figura una sustancia química que será examinada por técnicos de la Policía Científica. El análisis buscará establecer su composición y definir si guarda relación con los hechos que se investigan.

Las autoridades no detallaron qué tipo de sustancia habría sido utilizada contra las víctimas ni cuántas denuncias dieron origen a la pesquisa. Tampoco informaron si los detenidos poseen antecedentes penales en República Dominicana o en Colombia.

A Diego Armando González le fue incautado, además, un documento de identidad que presentaría indicios de falsificación, según indicó la Policía Nacional. Ese hallazgo podría ampliar las líneas de investigación sobre la actividad de la estructura y los mecanismos que habría empleado para evitar controles de las autoridades.

La investigación busca identificar a otras posibles víctimas

La Policía explicó que el caso permanece bajo coordinación del Ministerio Público, que tiene bajo su control a los detenidos y las pruebas ocupadas durante el procedimiento. La investigación procura identificar a otras personas que puedan haber sido afectadas por este método.

Los investigadores también intentarán establecer si existen más integrantes de la organización, cuál era el alcance de sus operaciones y si los objetos recuperados permiten vincular a los arrestados con denuncias concretas.

La modalidad atribuida al grupo consiste, según la información oficial, en generar un vínculo previo con las víctimas antes de suministrarles una sustancia en sus bebidas. Una vez que las personas quedaban sedadas, los sospechosos presuntamente se apoderaban de sus bienes.

El caso pone el foco en una práctica que las autoridades dominicanas denominan “Las Dormilonas”, en referencia a robos cometidos contra personas que son inducidas a un estado de inconsciencia o somnolencia. La Policía no informó si alguno de los afectados requirió atención médica ni si hubo víctimas que resultaron heridas.

Las pesquisas continuarán para determinar las responsabilidades individuales de los tres colombianos detenidos y la eventual participación de otros implicados. El Ministerio Público deberá definir las medidas judiciales que solicitará en las próximas horas.

Un comité del Concejo Municipal de Los Ángeles dio curso a una moción para ampliar la asistencia legal, financiera y comunitaria destinada a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el sitio My News LA.

La iniciativa avanzó el viernes 11 de septiembre en el Comité de Derechos Civiles, Inmigración, Servicios Sociales y Vecindarios, que aprobó la propuesta por dos votos a favor y ninguno en contra. Las concejales Nithya Raman e Ysabel Jurado respaldaron el proyecto, mientras que el concejal Hugo Soto-Martínez, uno de los autores, no participó de la reunión.

La moción, presentada el 21 de agosto por Soto-Martínez y la concejal Mónica Rodríguez, deberá ser tratada ahora por el pleno del Concejo Municipal en una fecha aún no definida.

De acuerdo con el citado medio, el texto propone ampliar la inversión o el uso del programa municipal RepresentLA, que ofrece defensa legal a inmigrantes. También contempla asistencia para el pago de alquileres u otros apoyos económicos, campañas de información y orientación, además de medidas específicas para los sectores más vulnerables dentro de la población beneficiaria del TPS.

La propuesta también ordena analizar las posibles consecuencias económicas que tendría una eventual finalización del programa para los salvadoreños. El estudio deberá identificar los rubros que podrían sufrir mayores efectos y precisar el alcance de esas repercusiones para empleadores, trabajadores y familias de Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó este 9 de septiembre que los salvadoreños amparados por el programa conservan, por ahora, sus permisos para residir y trabajar legalmente en el país. “Se hará un anuncio en el momento apropiado”, señaló la dependencia federal sobre la continuidad del programa.

Pese a ello, la zozobra continúa para 170,000 salvadoreños con TPS en todo Estados Unidos y a cerca de 150,000 hijos de esos beneficiarios.

Karen Bass respaldó la iniciativa del Concejo Municipal

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó en un comunicado su respaldo a la moción promovida por Soto-Martínez y Rodríguez. En una declaración difundida el 10 de septiembre, sostuvo que el gobierno municipal no permanecerá al margen mientras las familias salvadoreñas enfrentan dudas sobre su permanencia en el país y sus autorizaciones de trabajo.

“Los Ángeles no se quedará de brazos cruzados mientras las familias salvadoreñas enfrentan una abrumadora incertidumbre sobre su futuro”, señaló Bass. La alcaldesa respaldó la propuesta de los concejales y sostuvo que la ciudad debe poner a disposición asistencia jurídica, recursos económicos e información antes de que las familias enfrenten una crisis migratoria.

Bass afirmó que los salvadoreños residentes en la ciudad han formado hogares, criado a sus hijos y contribuido a la vida económica y social local durante generaciones. “No son meros visitantes en Los Ángeles; son Los Ángeles”, expresó.

La alcaldesa también planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre el Concejo Municipal, las dependencias de la ciudad y las organizaciones comunitarias. El objetivo, indicó, es formar una red de asistencia para los salvadoreños y otros titulares de TPS que puedan perder su protección migratoria.

El pleno del Concejo Municipal deberá decidir si adopta la moción y encarga a las áreas correspondientes el diseño de los apoyos, el relevamiento de recursos disponibles y el análisis económico solicitado.

El Gobierno de Guatemala informó que recuperó la circulación en los 34 bloqueos que paralizaron rutas del país hasta la noche del viernes 11 de septiembre, mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército desplegado antes del vencimiento de un plazo fijado por la Corte de Constitucionalidad. La reapertura busca restablecer el transporte de personas, mercancías y combustibles, mientras el Ejecutivo prepara un plan ante la posibilidad de nuevas protestas durante el fin de semana de las fiestas patrias.

Las autoridades liberaron las vías a las 23:30 horas, media hora antes de que expirara el plazo de las 02:00 impuesto por el tribunal constitucional. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, presentaron el resultado de la operación en una conferencia encabezada por la secretaria de Comunicación de la Presidencia.

El operativo despejó 20 bloqueos en el distrito central, cuatro en el distrito sur, cuatro en el distrito de Oriente y seis en el distrito norte. La coordinación con el presidente y con el Ministerio de la Defensa ya estaba en marcha desde temprano, lo que permitió movilizar a las fuerzas de seguridad antes de que venciera el mandato judicial.

La última ruta reabierta fue el kilómetro 124 de la carretera al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. La Policía Nacional Civil limpió el tramo después de unas 13 horas de cierre, cerca de las 23:30.

Rutas reabiertas y saldo del operativo

Los puntos liberados incluyeron sectores de San Miguel Petapa, Villa Nueva y Mixco, dentro del área metropolitana. También se despejaron el kilómetro 192, en Jocotán, Chiquimula; la ruta hacia Río Dulce, en El Estor, Izabal; y varios accesos de Petén, entre ellos el sector frente al centro comercial Mundo Maya de Flores.

Dos agentes de policía sufrieron heridas de arma de fuego durante las tareas en el kilómetro 168, en dirección a Cuyotenango, Suchitepéquez. Ambos fueron trasladados a la capital guatemalteca para recibir atención médica.

La jornada terminó con 14 personas consignadas a tribunales por su participación en los cierres y ocho vehículos vinculados a la obstrucción de las carreteras. El Ministerio de Gobernación señaló que el despliegue se orientó a recuperar el control territorial y ejecutar la resolución judicial.

El ministro sostuvo que el Ejecutivo logró acatar la orden dentro del tiempo establecido por la planificación previa y el apoyo militar. El Gobierno mantendrá la coordinación entre el Ejército y la Policía Nacional Civil ante la eventual instalación de nuevos bloqueos.

El titular de Gobernación reconoció que pueden producirse más cierres en los próximos días. Sobre la respuesta prevista, afirmó: “Haremos lo que hemos venido haciendo siempre, liberando las vías, quitando los bloqueos y consignando a todas aquellas personas que se vean involucradas en este tipo de actividades”.

Las autoridades también investigan la posible intervención de estructuras criminales en la organización de las protestas. Villeda indicó que existen indicios, aunque todavía deben ser verificados antes de presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

El funcionario descartó avanzar con una acusación sin corroborar los elementos reunidos. “Sería irresponsable de mi parte hacer una denuncia formal si antes no tengo, de alguna manera, investigados y corroborados estos indicios”, explicó.

Combustible en tránsito para más de 1.200 estaciones

El desbloqueo permitió la salida de más de 400 vehículos destinados a distribuir diésel, gasolina súper y gasolina regular en más de 1.200 estaciones de servicio de todo el país. El ministro de Energía y Minas, Edwin Barrientos, detalló por enlace desde su cartera que 200 unidades transportaban un tipo de combustible, 160 otro y 50 el restante.

Los vehículos habían quedado retenidos desde la noche del jueves por los cortes de ruta. La interrupción afectó la llegada de suministros a estaciones de servicio, incluidas varias ubicadas en la Ciudad de Guatemala, donde hubo faltantes temporales.

Barrientos aseguró que los problemas obedecieron a la imposibilidad de transportar el combustible por los cierres en ambos extremos de las rutas de abastecimiento, no a una escasez de existencias. El Ministerio de Energía y Minas prevé que la distribución comience a normalizarse a partir del 13 de septiembre.

Ese día, a las 16:00, está prevista la llegada del buque Silver Evalina con 5,5 millones de galones de gasolina. Una segunda embarcación arribará en los días siguientes con otros 7,5 millones de galones, volúmenes que se sumarán a las reservas ya disponibles dentro del país.

El ministro pidió evitar compras motivadas por el temor a una falta de producto: “Hay combustible en Guatemala, hay suficiente, que no se preocupen, que no entren en compras de pánico”. La cartera mantiene contacto directo con transportistas e importadores para controlar el suministro en tiempo real.

Según Barrientos, Guatemala no ha registrado un desabastecimiento de combustible desde hace 25 años.

La cooperación policial entre Panamá y Costa Rica permitió la captura de Favio Javier Enrique Díaz Bascombe, alias “Chombón”, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades panameñas. El hombre es requerido por pandillerismo y homicidio agravado, según confirmó la Policía Nacional.

Díaz Bascombe fue detectado en Punta Arenas, distrito de Las Cuestas, en territorio costarricense, después de un intercambio de información entre organismos de inteligencia. La operación contó con la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica y las unidades investigativas panameñas.

Las autoridades costarricenses coordinaron su expulsión y posterior entrega en Paso Canoas, principal cruce terrestre entre ambos países. Tras ingresar a Panamá, el sospechoso quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial, encargada de ponerlo a disposición de la autoridad que solicitó su aprehensión.

La captura muestra el papel que cumple la cooperación binacional frente a sospechosos que cruzan la frontera para intentar evadir procesos penales. En este caso, la localización dependió del intercambio previo de información, pues el requerido ya había salido de la jurisdicción donde se investigan los delitos atribuidos.

Los controles fronterizos también permitieron inadmitir a dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo agravado. Ambos fueron detectados en el Puente Binacional de Bocas del Toro y devueltos a Costa Rica después de que las autoridades aplicaran el artículo 50 de la normativa migratoria panameña.

Esa disposición permite al Servicio Nacional de Migración negar la entrada o el tránsito a extranjeros cuando existen circunstancias que comprometen la seguridad pública. La inadmisión es una decisión administrativa adoptada en el punto de entrada y se diferencia de una captura penal, porque la persona no necesariamente es requerida por Panamá.

Pero no toda la actividad migratoria se concentró en la frontera: en las terminales aéreas también se desarrollaron procedimientos. Un ciudadano brasileño fue identificado mientras permanecía en tránsito por Panamá. Sobre el viajero existía una alerta vinculada con una orden de arresto vigente en Massachusetts, Estados Unidos, por un presunto delito relacionado con narcotráfico, lo que activó las coordinaciones internacionales correspondientes.

Las verificaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen permitieron detectar a un venezolano con una orden de aprehensión por delitos contra el orden económico. El ciudadano fue entregado a la Dirección de Investigación Judicial, que deberá identificar a la autoridad solicitante y continuar los trámites establecidos dentro del expediente.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, una colombiana procedente de Bogotá fue inadmitida tras comprobarse que mantenía antecedentes por hurto agravado. Migración aplicó la misma disposición utilizada en el Puente Binacional y ordenó su devolución, sin permitir que la viajera ingresara formalmente al territorio nacional.

Operación Terracota

A estos procedimientos se sumó la Operación Terracota, desarrollada en el área del Terraplén, en Santa Ana, y en el distrito de La Chorrera. Durante el operativo fueron aprehendidos cuatro ciudadanos venezolanos y una mujer panameña, por presuntas irregularidades migratorias y delitos vinculados con bienes de procedencia ilícita.

La acción interinstitucional incluyó 15 diligencias de allanamiento y registro ejecutadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Nacional de Aduanas. Los agentes incautaron dinero en efectivo, equipos tecnológicos, relojes y cajas de cigarrillos, junto con otros artículos cuya procedencia será verificada durante la investigación.

Las autoridades vinculan a los detenidos con presuntos delitos de hurto y receptación de bienes provenientes de actividades ilícitas. También identificaron casos de estadía vencida, una infracción administrativa que puede derivar en multas, deportación o impedimentos de entrada, dependiendo de la situación migratoria y los antecedentes de cada persona.

La Alcaldía de Panamá mantiene activas dos licitaciones que suman $1,100,524 para organizar sus actividades navideñas y de fin de año. Los procesos abarcan el encendido del árbol, el desfile, celebraciones comunitarias y un espectáculo masivo el 31 de diciembre en la Cinta Costera.

La primera contratación tiene un precio de referencia de $533,000 para desarrollar las Actividades Navideñas 2026. El proyecto incluye el encendido oficial del árbol, el programa Calles que Brillan, el desfile, presentaciones culturales y recreativas, además de las tradicionales fiestas del Día de Reyes de 2027.

La programación comenzará el 29 de noviembre con el encendido del árbol en el Mirador del Pacífico. El desfile se realizará el 12 de diciembre en la Cinta Costera, mientras Calles que Brillan y las celebraciones de Reyes llegarán a tres corregimientos de Panamá Centro, Norte y Este.

Buena parte del presupuesto será destinada a la logística y seguridad del desfile navideño. El pliego solicita 9,000 cupones de alimentación para los estamentos de seguridad y emergencia, 200 baños portátiles, cinco ambulancias, 20 agentes privados y 15 radios para coordinar al personal desplegado durante el recorrido.

La contratación también comprende cinco unidades móviles de sonido, tres puntos con efectos especiales, torres de iluminación, gradas, camerinos y diferentes tarimas. Una estará destinada a la transmisión del desfile, otra a invitados especiales y una tercera ofrecerá accesibilidad y visibilidad a personas con discapacidad.

El Municipio fijó los $533,000 después de recibir tres cotizaciones directas por $545,084, $566,286 y $576,954. El promedio alcanzó $562,775, pero fue reducido en $29,775.40 para ajustarlo a la disponibilidad aprobada dentro del presupuesto municipal para este proyecto.

Los registros muestran que la contratación equivalente de 2025 fue adjudicada por $414,180 para las actividades de esa temporada. El nuevo precio de referencia representa un aumento de $118 mil, equivalente a aproximadamente 28.7%, aunque la programación y los servicios incluidos no son exactamente iguales.

La segunda licitación activa asciende a $567,524 para la Fiesta de Fin de Año I Star PTY 2026. La actividad se celebrará el 31 de diciembre en el Mirador del Pacífico y concentrará la producción artística, técnica y operativa necesaria para recibir 2027.

El espectáculo tendrá dos artistas internacionales del género tropical, cuatro intérpretes nacionales de música urbana y dos exponentes panameños de música típica. El proveedor seleccionado asumirá la contratación, hospedaje, transporte y requerimientos técnicos de los artistas, además de coordinar los ensayos y las presentaciones.

El montaje incluirá un escenario de aproximadamente 60 por 40 pies, 48 módulos de sonido, 12 subwoofers y 80 luminarias profesionales. También se requieren 150 metros cuadrados de pantallas LED, circuito cerrado de televisión, instrumentos, consolas y equipos audiovisuales para la transmisión de contenidos durante la celebración.

El pliego agrega 12 generadores eléctricos, 62 baños portátiles, ocho torres de iluminación, 70 agentes de seguridad privada y dos ambulancias. La empresa deberá encargarse igualmente de los permisos, la conectividad, la publicidad y la limpieza, junto con un espectáculo pirotécnico de al menos diez minutos.

La consulta de mercado para esta fiesta tampoco recibió propuestas mediante PanamaCompra. Posteriormente, tres empresas remitieron directamente cotizaciones por $565,465, $570,399 y $566,708, cuyo promedio permitió establecer el precio máximo de $567,524, incluyendo el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios.

Los dos procesos no asignan recursos específicos para la fabricación de carros alegóricos destinados al desfile. En 2025, empresas privadas financiaron sus carruajes y participaron en activaciones, decoraciones y patrocinios de alimentos o bebidas.

A los $1.1 millones de ambas licitaciones se suma el contrato de alumbrado navideño adjudicado por $3,299,893 a Disaroca Group, S.A. La empresa, única participante del acto público, iluminará 35 espacios distribuidos en los 26 corregimientos del distrito y mantendrá parte de las instalaciones después de las festividades.

Al integrar el alumbrado, las actividades navideñas y la fiesta del 31 de diciembre, la inversión municipal prevista alcanza $4,400,417. La cifra combina un contrato ya adjudicado con dos procesos todavía activos y supera los desembolsos identificados para 2025, cuando las luces costaron $2.8 millones y las actividades $414,180.

Un grupo de diputados de distintas fracciones presentó un proyecto de ley que busca prohibir en Costa Rica las denominadas “terapias de conversión”, conocidas técnicamente como ECOSIG, siglas utilizadas para referirse a los esfuerzos dirigidos a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.

La propuesta, impulsada por el Frente Amplio junto con legisladores de otras bancadas, plantea una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de establecer una prohibición expresa sobre la realización, imposición, financiamiento, promoción u ofrecimiento de este tipo de prácticas.

El texto también pretende impedir que profesionales del área de la salud las recomienden o remitan pacientes a personas, centros u organizaciones que las ejecuten.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que estas prácticas no deben ser consideradas terapias debido a que no buscan tratar ninguna enfermedad y, según afirmó, carecen de respaldo científico.

“No son terapias porque no curan ninguna enfermedad. Son prácticas sin respaldo científico que pueden provocar depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio”, manifestó el legislador.

Trejos añadió que el respaldo de diferentes bancadas legislativas refleja, a su criterio, un consenso sobre la necesidad de proteger la salud y la dignidad de las personas por encima de las diferencias políticas.

La propuesta establece que el Ministerio de Salud tendría facultades para ordenar el cese de estas prácticas cuando tenga conocimiento de su realización y podría imponer sanciones económicas de entre uno y cinco salarios base.

Además, la autoridad sanitaria estaría facultada para suspender o cancelar permisos sanitarios, siempre dentro de un procedimiento que respete las garantías del debido proceso.

En aquellos casos en los que se determine la participación de profesionales colegiados, el expediente deberá ser remitido al respectivo colegio profesional para que se valoren eventuales responsabilidades disciplinarias.

Durante la presentación de la iniciativa, Trejos calificó estas prácticas como mecanismos destinados a generar en las personas la percepción de que su orientación sexual o identidad debe ser corregida o reprimida.

“Estas son formas de tortura, mal llamadas terapias, que lo que buscan es engañar a la persona para creer que su sexualidad está mal y que tiene que ser reprimida y sancionada”, afirmó.

Uno de los puntos que busca delimitar expresamente el proyecto es su alcance frente a la libertad religiosa y de expresión.

De acuerdo con la propuesta, no serán sancionadas las opiniones, sermones, enseñanzas religiosas ni el acompañamiento espiritual que una persona solicite de manera libre.

Tampoco se pretende impedir la atención psicológica legítima ni los procesos en los que una persona explore aspectos relacionados con su identidad u orientación sexual, siempre que no exista un resultado predeterminado que busque modificarla, reprimirla o eliminarla.

Trejos insistió en que el proyecto fue diseñado de manera que no interfiera con las creencias religiosas, las conversaciones familiares o la búsqueda personal de fe.

El legislador explicó que la iniciativa pretende establecer sanciones específicamente contra profesionales y centros de salud que participen en estas prácticas.

“Lo que propone es un debido proceso contra los profesionales de salud y los centros de salud que se presten para estos engaños y prácticas de tortura”, manifestó.

La propuesta presentada esta semana retoma y actualiza el expediente legislativo N.° 20.970, que había sido presentado originalmente en 2018 por el entonces diputado José María Villalta.

Según Trejos, aquella iniciativa terminó archivada tras vencer el plazo constitucional para su trámite y no como consecuencia de un rechazo de fondo.

El nuevo proyecto, explicó, busca incorporar evidencia científica más reciente y aprovechar los informes técnicos elaborados durante la discusión de la propuesta anterior.

“La experiencia con una ley anterior que fue archivada simplemente por el vencimiento del plazo cuatrenal, pero cuyos informes técnicos y científicos demostraron que era justa y necesaria, permite crear un marco jurídico nuevo desde un enfoque científico de salud”, sostuvo.

Con la nueva iniciativa, sus promoventes buscan establecer por primera vez una prohibición específica en la legislación sanitaria costarricense contra los ECOSIG o llamadas “terapias de conversión”, junto con mecanismos administrativos para detener su realización y sancionar a quienes participen profesionalmente en ellas.

“Costa Rica debe establecer un límite claro: ninguna persona reprimida por su propia identidad”, concluyó Trejos.

República Dominicana notificó 41 muertes infantiles durante la semana epidemiológica 34 de 2026, que abarcó del 23 al 29 de agosto, según el Boletín Semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). La cifra elevó a 1,227 las defunciones en lo que va del año. Frente a las 1,298 registradas en el mismo período de 2025.

El acumulado supone una reducción de 5% interanual, aunque la vigilancia sanitaria mantuvo bajo observación el comportamiento de las defunciones por provincia y la notificación oportuna de los establecimientos de salud. El boletín aclara que los datos son preliminares y pueden modificarse tras la clasificación final de los casos, la búsqueda comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales de morbilidad y mortalidad.

Entre las semanas epidemiológicas 31 y 34, el sistema registró 161 muertes infantiles, apenas por debajo de las 164 contabilizadas en el mismo lapso de 2025.

Del total acumulado en 2026, 1,026 defunciones fueron neonatales, es decir, ocurrieron en los primeros 28 días de vida. Esa cifra equivale a cerca del 84% de las muertes infantiles bajo vigilancia.

En la semana analizada se registraron 34 muertes neonatales, mientras que durante las últimas cuatro semanas el total fue de 136. El indicador refleja el peso que conservan los fallecimientos en las primeras semanas de vida dentro de la mortalidad infantil y sitúa la atención prenatal, el parto y el seguimiento inmediato de los recién nacidos entre las áreas centrales de la respuesta sanitaria.

Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional concentraron los mayores acumulados

La provincia de Santo Domingo acumuló 344 muertes infantiles hasta la semana 34, una disminución de 10% frente a las 382 del mismo corte de 2025. En el período semanal, esa demarcación informó 12 defunciones infantiles, el mayor número entre las provincias que aparecen en el registro.

En Santiago, el acumulado llegó a 137 muertes infantiles, frente a 147 en igual tramo del año pasado. El Distrito Nacional sumó 110, cinco más que las 105 registradas a la misma altura de 2025.

La Altagracia pasó de 23 a 41 defunciones infantiles, un alza de 78%, mientras que Monte Plata subió de 22 a 40, equivalente a 82%. Azua registró 20 muertes, frente a 16 del año anterior, y el Distrito Nacional presentó un incremento de 5%.

Por su parte, Barahona redujo el acumulado de 41 a 15 muertes infantiles; Espaillat, de 34 a 14; La Romana, de 29 a 18; y Baoruco, de 15 a nueve.

Las muertes maternas bajaron en el acumulado, pero hubo cuatro casos en la semana

El informe incluyó otros indicadores de mortalidad. Durante la semana epidemiológica 34 se notificaron cuatro muertes maternas: tres corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana y una a una mujer dominicana. Los decesos ocurrieron en La Romana, con dos casos, La Vega y Santo Domingo.

Hasta la fecha, el país acumuló 93 muertes maternas, frente a 119 en el mismo período de 2025, una reducción de 22%. En las cuatro semanas previas se informaron 13 fallecimientos, contra 14 del año anterior.

El primer filtro para llevar un torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a un país no está en la tribuna. La capacidad de un estadio es apenas una parte de un examen que incluye seguridad, iluminación, césped, transporte, hoteles, hospitales, zonas de prensa y operación televisiva.

En Centroamérica y República Dominicana, el mapa de los grandes escenarios tiene dos referentes por aforo: el futuro Nuevo Estadio Nacional de El Salvador, con 50,000 lugares proyectados, y el Estadio Cuscatlán, que ronda los 44,836 espectadores. Detrás aparecen recintos de Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, con capacidades y condiciones diversas.

La referencia más reciente para un Mundial masculino de mayores surge de los documentos de candidatura de la Copa del Mundo de 2026. Allí, FIFA estableció un mínimo indicativo de 40,000 asientos netos para los partidos de fase de grupos y varias rondas eliminatorias, aunque las condiciones cambian según cada competencia.

El Salvador concentra los dos estadios de mayor capacidad de la región

El Estadio Cuscatlán, en San Salvador, conserva el primer lugar entre los recintos operativos de Centroamérica. Sus cerca de 44,836 localidades lo sitúan por encima del umbral utilizado como referencia para buena parte de los encuentros del Mundial de 2026.

El estadio, inaugurado en la década de 1970, ha recibido eliminatorias mundialistas, partidos de la selección salvadoreña, competencias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), conciertos y actos masivos. Su tamaño le permitiría aspirar a torneos juveniles, femeninos y regionales, siempre que cumpla las condiciones técnicas y operativas requeridas para cada cita.

La discusión sobre una Copa del Mundo absoluta excede el aforo. Un estadio con más de 40,000 asientos debe estar acompañado por una red de sedes de entrenamiento, hoteles, movilidad urbana, atención médica, conectividad aérea, seguridad y producción internacional de televisión.

El proyecto que podría modificar esa escala es el Nuevo Estadio Nacional de El Salvador. La obra prevé una capacidad inicial de 50.000 espectadores sentados, con opción de ampliación en el futuro. Si se completa bajo parámetros internacionales, pasaría a ser el recinto más grande de Centroamérica.

La proyección coloca a El Salvador en una posición distinta dentro de la región, aunque la construcción de un estadio no garantiza una designación de FIFA. El organismo evalúa el conjunto de la propuesta: ciudad anfitriona, accesos, hoteles, aeropuerto, áreas de hospitalidad, transmisión, espacios comerciales y operación durante el torneo.

Costa Rica y Panamá compensan el menor aforo con infraestructura urbana

El Estadio Nacional de Costa Rica, situado en San José, tiene una capacidad cercana a 35.000 personas. No lidera la tabla por tamaño, pero figura entre los recintos con mejores condiciones técnicas de la zona desde su inauguración en 2011.

Su diseño, sus instalaciones administrativas, la pista de atletismo, las pantallas y los espacios multiuso le dan margen para recibir eliminatorias, torneos de Concacaf, campeonatos juveniles y competencias femeninas.

Para un Mundial masculino de mayores, la capacidad sería su límite principal si FIFA mantuviera exigencias similares a las de 2026.

Panamá parte de otra ventaja: la conectividad. El Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, tiene alrededor de 32,000 localidades, una cifra inferior a la del Cuscatlán o el futuro estadio salvadoreño.

Aun así, la capital panameña dispone de un aeropuerto que funciona como centro de conexiones regionales, una oferta hotelera amplia y experiencia en la organización de competencias internacionales.

Ese conjunto ubica al Rommel Fernández entre los candidatos regionales para un Mundial Sub-17, un Mundial Sub-20, una Copa Mundial femenina u otros torneos de Concacaf. El desafío, otra vez, aparece en la cantidad de asientos si el objetivo fuera un Mundial masculino absoluto.

Honduras mantiene dos escenarios históricos entre los principales de Centroamérica

El Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, es el de mayor capacidad de Honduras, con unos 37,325 espectadores. Fue construido para los Juegos Deportivos Centroamericanos y luego quedó asociado a eliminatorias mundialistas, encuentros internacionales y partidos de la selección nacional.

Su aforo lo deja cerca de la referencia de 40,000 lugares, aunque por debajo de ella. Podría albergar torneos de categorías juveniles o femeninas, según las condiciones específicas que determine FIFA y las adecuaciones que requiera el recinto.

En Tegucigalpa, el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como Chelato Uclés, tiene una capacidad cercana a 34.000 personas. Es sede habitual de Olimpia y Motagua, además de partidos de la selección hondureña.

Los dos estadios representan el peso histórico del fútbol hondureño, pero compiten en un escenario regional que exige actualizaciones constantes en iluminación, tecnología, seguridad, espacios de prensa, accesibilidad y servicios para delegaciones.

República Dominicana ya organizó un torneo oficial de FIFA

El Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, ofrece una muestra de que la capacidad no define por sí sola la posibilidad de recibir fútbol internacional. El recinto tiene entre 24,500 y 27,000 localidades, según las configuraciones y las referencias disponibles, pero fue parte de la infraestructura utilizada durante la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024.

La experiencia dejó un antecedente relevante para República Dominicana, que realizó mejoras vinculadas con iluminación, césped, graderías y seguridad. Santo Domingo suma, además, servicios turísticos, conectividad aérea y capacidad hotelera.

El Félix Sánchez no compite en volumen con los estadios salvadoreños ni con los principales escenarios hondureños. Su fortaleza está en la experiencia reciente de organización y en una infraestructura urbana que puede sostener un torneo de categorías juveniles o femeninas.

En Santiago de los Caballeros, el Estadio Cibao ocupa otro lugar en el desarrollo del fútbol dominicano.

Su perfil específico para este deporte lo vuelve una posible sede complementaria, aunque no entra en la categoría de los grandes estadios regionales.

Cuba no podrá encontrar una salida a la crisis económica, social e institucional sin cambios políticos inmediatos que restablezcan el estado de derecho y abran el camino hacia un gobierno de transición percibido como legítimo, según un documento elaborado por la Universidad de Harvard.

El documento, de nombre “Informe Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba”, sostiene que la situación de la isla excede el deterioro económico. Sus autores ubican en el centro del problema la erosión de la legitimidad política, la falta de garantías para el ejercicio de derechos y la ausencia de instituciones que aseguren un equilibrio entre los poderes del Estado.

Según el informe, la administración de Miguel Díaz-Canel no pudo impedir el agravamiento de los principales indicadores nacionales. Entre 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto cubano cayó 11%, la producción agrícola se redujo 58%, el sector manufacturero retrocedió 42% y la industria azucarera sufrió una contracción que el estudio califica como una virtual desaparición.

El diagnóstico de Harvard describe un régimen con capacidades limitadas para sostener servicios educativos, sanitarios, sociales y de protección ciudadana. El informe menciona el deterioro de la red eléctrica, la escasez de combustibles, los problemas en la distribución de agua, el colapso de la recolección de residuos y la falta de insumos y personal en hospitales y escuelas.

La investigación también advierte sobre el empeoramiento de indicadores vinculados con la alimentación, la salud y las condiciones de vida. Citando datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ocho de cada diez personas en la isla dejan de consumir una de las tres comidas diarias por falta de recursos. La canasta básica, agrega, equivale a entre 10 y 15 veces el salario promedio.

El documento señala que la crisis energética se profundizó por el deterioro acumulado de las termoeléctricas y la escasez de combustible. También atribuye un impacto relevante a las sanciones aplicadas por Washington, que, según sus autores, agravaron los problemas de transporte, acceso a la salud y distribución de alimentos.

Harvard propone restablecer garantías previstas en la Constitución

El informe sostiene que la Constitución cubana de 2019 reconoce libertades de pensamiento, expresión, prensa, asociación, movimiento y el recurso de habeas corpus, aunque cuestiona que esas garantías tengan aplicación efectiva.

Los autores plantean que el sistema político de partido único y la subordinación de los tribunales a directrices políticas impiden el funcionamiento equilibrado de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Además, cuestionan normas como los Decretos Leyes 349, 370 y 35, que, de acuerdo con el estudio, deben ser derogados por su carácter represivo y por las restricciones que imponen sobre la actividad artística, la expresión pública y los contenidos difundidos en redes.

El reporte propone además eliminar sanciones administrativas y extralegales, como las impuestas a los llamados “regulados”, que pueden impedir a ciudadanos cubanos salir o regresar al país. Para el Grupo de Trabajo de Harvard, estas medidas serían pasos iniciales hacia un marco institucional basado en el estado de derecho.

Una amnistía general aparece como el primer paso de la transición

El informe identifica a una amnistía general para los presos políticos como una medida inmediata, tanto por su impacto práctico como por su valor simbólico. La propuesta contempla la liberación incondicional de las personas encarceladas por actos que, según el documento, están protegidos por los artículos 54 y 56 de la Constitución cubana.

Harvard sostiene que las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa y actuar como facilitadoras de un proceso pacífico que incluya a la sociedad civil, sectores opositores, la diáspora, la comunidad internacional y la administración estadounidense. El objetivo sería crear las condiciones para una transición con legitimidad interna.

A mediano y largo plazo, el documento plantea la necesidad de una nueva asamblea constituyente que habilite un debate nacional postergado durante décadas y establezca las bases de un sistema democrático y plural. El informe también propone reformas económicas, apoyo al sector privado, medidas de equidad, recuperación de servicios básicos y una mayor participación de la diáspora en la reconstrucción del país.

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal de Guatemala, dictó el sobreseimiento a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, tras concluir que no cometieron delitos durante las protestas de octubre y noviembre de 2023. La decisión también cerró el proceso contra Basilio Puac y Esteban Toc, anuló las restricciones impuestas a los cuatro y habilitó la reincorporación de Pacheco a su cargo de viceministro de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio Público pidió el jueves 10 de septiembre que se clausurara la causa luego de revisar nuevamente los hechos investigados. El fiscal general Gabriel García Luna respaldó la solicitud presentada por el ente investigador durante la audiencia de ratificación de la acusación.

La nueva valoración se basó en un informe de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, que descartó la existencia de los ilícitos incluidos en la acusación formulada el 25 de junio de 2025. Los cuatro dirigentes habían sido señalados por delitos como asociación ilícita, terrorismo, sedición y obstrucción a la justicia, según el caso de cada uno.

El derecho de protesta y las organizaciones indígenas

La Fiscalía sostuvo que Pacheco, Chaclán, Puac y Toc ejercieron su derecho a la protesta y que no se encontraron elementos para atribuirles las afectaciones por las que habían sido acusados. También determinó que no podía configurarse una asociación ilícita porque las agrupaciones involucradas están legalmente constituidas y cuentan con formas propias de organización y elección de autoridades.

Las movilizaciones de 2023 respondieron a un consenso de los pueblos que integran los 48 Cantones de Totonicapán, de acuerdo con el Ministerio Público. Pacheco y Chaclán dirigían entonces esa organización indígena ancestral, mientras que Chaclán ocupaba el cargo de tesorero.

El juzgado resolvió además el cese de todas las medidas de coerción que pesaban sobre los cuatro procesados y ordenó devolver las cauciones económicas. Pacheco y Chaclán podrán recuperar 160.000 quetzales cada uno, mientras que Toc recibirá 5.000 quetzales y Puac, 10.000 quetzales.

La decisión eliminó también la prohibición de incorporarse al servicio público mediante elección popular, nombramiento o designación. Esa restricción había impedido que Pacheco desempeñara sus funciones en el Ministerio de Energía y Minas.

Pacheco y Chaclán estuvieron un año y tres meses en prisión preventiva antes de obtener medidas sustitutivas. El 4 de agosto, Moto había autorizado que ambos enfrentaran el proceso en libertad al considerar prolongado el tiempo que permanecieron privados de libertad y al descartar riesgos de fuga u obstaculización de la investigación.

En esa ocasión, el Ministerio Público no se opuso a que dejaran la prisión. Las condiciones incluían arresto domiciliario en todo el territorio nacional, arraigo, registro biométrico mensual, prohibición de comunicarse con testigos, el pago de la caución y la imposibilidad de ocupar cargos públicos.

La jueza Carol Patricia Flores había ligado a proceso a Pacheco y Chaclán el 25 de abril de 2025 por terrorismo y obstaculización a la acción penal. Ambos fueron enviados al Preventivo para Varones de la zona 18 tras una acusación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que los señalaba de liderar las manifestaciones y bloqueos posteriores a las elecciones presidenciales de 2023.

La denuncia y el regreso al Ministerio de Energía y Minas

La causa se originó en una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo contra los líderes que se opusieron a las acciones de la entonces fiscal general Consuelo Porras y su equipo durante el proceso electoral de 2023. La organización los acusó de causar daños al país mediante el ejercicio de su derecho de protesta.

La fundación buscó que los cuatro dirigentes continuaran en prisión preventiva. Sin embargo, sus reiteradas ausencias impidieron el avance regular de las audiencias, por lo que la Sala Cuarta de Apelaciones la apartó del expediente como querellante y el proceso siguió sin esas demoras.

El Ministerio de Energía y Minas celebró el cierre del caso contra Pacheco en un comunicado fechado el 11 de septiembre. La cartera afirmó que respeta las decisiones de las instituciones del sistema de justicia y el debido proceso, y señaló que la resolución permitirá “la pronta reincorporación del viceministro Pacheco a sus funciones, para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de Guatemala”.

El ministerio reiteró su compromiso “con el cumplimiento de la ley, la institucionalidad y el desarrollo responsable del país”.

Un nuevo hecho violento sacudió Siguatepeque, Comayagua, luego de que un empresario fuera asesinado a balazos dentro del negocio donde terminaba su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Fernando Josué Fiallos Reyes, de 39 años, propietario de un minisúper ubicado en el bulevar Morazán, barrio San Miguel, establecimiento que anteriormente era conocido como “Tienda Toledo”.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron al comercio y dispararon varias veces contra Fiallos Reyes antes de escapar del lugar.

Un ataque dentro de su propio negocio

El crimen ocurrió cuando el empresario se encontraba finalizando sus actividades comerciales, una circunstancia que lleva a los investigadores a reconstruir si los atacantes conocían previamente sus horarios y movimientos.

Los primeros reportes indican que los sospechosos se habrían desplazado en una motocicleta, un detalle que ahora forma parte de las diligencias para intentar establecer su ruta de llegada y huida.

Personas que se encontraban cerca del establecimiento solicitaron auxilio después del ataque y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender a la víctima.

Sin embargo, al realizar la evaluación, los socorristas confirmaron que Fiallos Reyes ya no presentaba signos vitales.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el motivo del asesinato.

Tampoco se reportan capturas vinculadas directamente con el crimen.

Ese punto obliga a mantener abiertas distintas líneas de investigación y evitar atribuir el homicidio a extorsión, robo, conflictos personales o crimen organizado mientras no exista evidencia que respalde alguna de esas hipótesis.

Los equipos policiales deberán analizar la escena, revisar posibles cámaras de seguridad de negocios y viviendas cercanas, entrevistar testigos y reconstruir los últimos movimientos del empresario.

Un crimen que golpea al sector comercial

El asesinato dentro de un establecimiento comercial también vuelve a colocar bajo atención la seguridad de pequeños y medianos empresarios, especialmente aquellos que permanecen en sus negocios hasta horas de la noche y manejan dinero en efectivo.

Sin embargo, el hecho de que la víctima fuera comerciante no permite concluir automáticamente que el crimen esté relacionado con su actividad económica.

Determinar si Fiallos Reyes fue elegido específicamente como objetivo o si existió alguna otra circunstancia detrás del ataque será uno de los principales retos de la investigación.

Honduras acumula más de 1.400 homicidios

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) citados en la información disponible, entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026 se habían contabilizado 1.461 homicidios en Honduras.

Los departamentos con mayor cantidad de casos eran Francisco Morazán, con 223; Cortés, con 215; Yoro, con 162; y Olancho, con 135.

Las cifras nacionales permiten dimensionar el fenómeno, aunque no explican por sí mismas las dinámicas particulares de cada asesinato.

En el caso de Siguatepeque, ahora la pregunta principal es quién ordenó o ejecutó el ataque contra Fernando Fiallos y por qué.

Mientras no exista una respuesta, su muerte se suma a los homicidios que dejan detrás no solamente una víctima, sino también una familia, empleados y una comunidad comercial esperando justicia.

Los combustibles volverán a encarecerse en Honduras a partir del lunes 14 de septiembre, en medio de nuevas presiones del mercado internacional que obligaron al Gobierno a ampliar el apoyo temporal destinado a contener parte de las alzas.

La Secretaría de Energía informó que el porcentaje de apoyo para la gasolina regular y el diésel pasará del 50% al 65%, una medida con la que el Ejecutivo busca evitar que todo el incremento internacional llegue directamente a los consumidores.

Aun con esa intervención, los precios subirán.

Tegucigalpa: el diésel superará los L148

En Tegucigalpa, la gasolina súper aumentará L3,85 (US$0,14) y se venderá a L143,73 (US$5,37) por galón.

La regular subirá L1,47 (US$0,05) y quedará en L130,51 (US$4,87). El Gobierno aplicará sobre este combustible un apoyo temporal de L2,76 (US$0,10) por galón.

El diésel, uno de los combustibles con mayor impacto sobre transporte y costos productivos, aumentará L2,32 (US$0,09)hasta L148,01 (US$5,53), mientras el Estado absorberá otros L4,35 (US$0,16) mediante el apoyo económico.

El queroseno llegará a L129,86 (US$4,85) después de subir L3,86 (US$0,14).

San Pedro Sula también recibe aumentos

En San Pedro Sula, la súper subirá L3,76 (US$0,14) y alcanzará L139,49 (US$5,21).

La regular aumentará L1,42 (US$0,05) hasta L126,37 (US$4,72), con un apoyo gubernamental equivalente a L2,67 (US$0,10).

Por su parte, el diésel llegará a L143,83 (US$5,37) después de aumentar L2,25 (US$0,08). El Ejecutivo asumirá L4,23 (US$0,16) adicionales por galón para contener el incremento.

El queroseno subirá L3,77 (US$0,14) y se venderá a L125,58 (US$4,69).

El gas doméstico será la excepción

El cilindro de GLP doméstico de 25 libras conservará su precio.

En Tegucigalpa continuará en L249,62 (US$9,32) y en San Pedro Sula en L228,47 (US$8,53).

Para conseguirlo, el Gobierno mantendrá un apoyo de L33,46 (US$1,25) en Tegucigalpa y L33,81 (US$1,26) en San Pedro Sula.

El GLP vehicular sí aumentará L0,96 (US$0,04): quedará en L49,94 (US$1,86) en Tegucigalpa y L46,41 (US$1,73) en San Pedro Sula.

El subsidio evita una subida mayor, pero no elimina el impacto

La decisión de incrementar el apoyo del 50% al 65% muestra la presión que el mercado internacional está colocando sobre la estructura interna de precios.

En la práctica, el Estado absorbe parte del incremento que de otro modo llegaría completo al consumidor.

Pero ese alivio tampoco es gratuito: la diferencia termina trasladándose a las cuentas públicas, por lo que mientras más tiempo permanezcan elevados los combustibles internacionales, mayor será el costo fiscal de mantener el mecanismo.

El diésel merece especial atención porque su precio puede trasladarse indirectamente a otros productos mediante transporte, agricultura, generación y distribución de mercancías.

Honduras comienza así otra semana con una paradoja: el Gobierno aumenta el subsidio para proteger el bolsillo, pero los consumidores pagarán más de todos modos.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador firmaron un convenio para poner en marcha la participación del país en el Programa de Adaptación Basada en Ecosistemas para Aumentar la Resiliencia al Cambio Climático, conocido como ADAPTA-R.

La iniciativa regional cuenta con una disponibilidad de US$268.35 millones y tiene como objetivo financiar acciones frente a sequías, lluvias extremas, degradación de suelos y presión sobre los recursos hídricos.

El acuerdo fue suscrito en San Salvador el 11 de septiembre y formaliza el inicio de la implementación nacional de un programa que abarca el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de República Dominicana.

El BCIE desarrolla la iniciativa con apoyo del Fondo Verde para el Clima, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) participarán en la asistencia técnica, la gestión de conocimiento y el fortalecimiento de políticas públicas.

ADAPTA-R contempla intervenciones en cuencas hidrográficas, bosques y sistemas agrícolas. También incorpora mecanismos para mejorar la planificación local y nacional ante riesgos climáticos, con participación de comunidades, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información divulgada por el BCIE, el programa regional busca beneficiar a más de un millón de personas y restaurar o proteger cerca de 12 mil hectáreas de ecosistemas forestales. Entre los grupos priorizados figuran pequeños y medianos productores, comerciantes rurales, gobiernos municipales y comunidades cuya actividad económica depende de los recursos naturales.

La estrategia tiene dos componentes. El primero apunta a reforzar las capacidades técnicas de autoridades locales, agricultores y poblaciones rurales, a través de proyectos demostrativos de adaptación y de la difusión de información sobre cambio climático. El segundo prevé recursos para financiar soluciones basadas en ecosistemas, junto con medidas de uso eficiente del agua y de otros recursos naturales.

El programa incluye subvenciones, créditos y garantías. Los créditos se canalizarán por medio de instituciones financieras intermediarias con líneas globales de crédito vigentes con el BCIE. El esquema busca ampliar el acceso al financiamiento para inversiones de adaptación en actividades productivas y territorios expuestos a eventos climáticos.

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana integran la iniciativa regional

Además de El Salvador, el programa ADAPTA-R comprende a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El acuerdo nacional firmado con el MARN corresponde al inicio de la etapa de ejecución salvadoreña dentro de una iniciativa cuya vigencia está prevista entre 2024 y 2031.

En noviembre de 2022, el BCIE y el Fondo Verde para el Clima suscribieron el acuerdo de actividad financiada para el programa regional. En ese momento se estableció un aporte de US$174.3 millones del fondo climático, complementado con recursos de crédito del Banco y contribuciones en especie de los países participantes.

El diseño inicial planteó intervenciones en siete cuencas priorizadas y una superficie de más de 20 mil kilómetros cuadrados del Corredor Seco y de las zonas áridas dominicanas. Las medidas previstas incluyen captación de agua de lluvia, conservación de suelos, agroforestería, restauración de cuencas y diversificación de actividades económicas rurales.

El BCIE amplía su cartera de financiamiento ambiental en la región

El nuevo acuerdo se suma a otras operaciones ambientales y climáticas del BCIE. El banco desarrolla el programa CAMBio II, también junto al Fondo Verde para el Clima, para facilitar créditos y asistencia técnica a micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

En Honduras, el BCIE realizó en 2025 el primer desembolso de CAMBio II por US$498.942 para una empresa del sector forestal sostenible que instalará un sistema solar fotovoltaico. El programa contempla inversiones en energía sostenible, agroindustria, turismo, manejo forestal y pesca responsable.

La entidad también financió la recuperación sostenible del lago de Yojoa, en Honduras, mediante una emisión de bono azul por 30 millones de euros. El proyecto contempla acciones de conservación, manejo de agua, tratamiento de residuos, desarrollo comunitario y turismo sostenible.

En Belice, Guatemala y Honduras, el BCIE ejecuta además el proyecto REFORES, que cuenta con US$13.2 millones del Fondo de Adaptación para restaurar bosques, cuencas y ecosistemas costeros. En Colombia, formalizó en abril de 2026 un préstamo de US$75 millones destinado a respaldar políticas de acción climática y protección de ecosistemas estratégicos.

Con el convenio firmado en San Salvador, El Salvador inicia la ejecución de ADAPTA-R bajo un esquema regional que combina cooperación técnica, restauración ambiental y financiamiento para la adaptación climática.

Aquel martes 11 de septiembre de 2001, Iván Almendares tenía 26 años y una vida entera construyéndose por delante. De origen nicaragüense, se encontraba en el sótano del World Trade Center, en las oficinas de la empresa IBM ubicadas en la Torre 1 (la Torre Norte), cuando el tiempo y la estructura misma de Manhattan parecieron fracturarse.

Eran exactamente las 8:46 de la mañana cuando el vuelo 11 de American Airlines impactó de lleno contra los pisos 93 al 99 del rascacielos. Sin embargo, en la profundidad del sótano, el origen de la sacudida era un misterio aterrador. Para Iván y sus compañeros, la tierra simplemente crujió. La sensación violenta fue similar a la de un terremoto devastador. De repente, entre el polvo e incertidumbre, la orden de su supervisor fue rotunda: «Vámonos».

Poco después comprenderían que la onda expansiva de las explosiones había destruido los pozos de los ascensores. Saltando entre montículos de escombros, Iván, su supervisor y su compañero William Rodríguez lograron rescatar a un hombre gravemente quemado para sacarlo a la superficie. Al salir a la calle y alzar la vista, el joven observó la enorme herida abierta en el edificio. Los transeúntes aterrorizados le confirmaron la pesadilla: un avión comercial acababa de estrellarse contra la estructura.

Sin embargo, el instinto y la conmoción llevaron a Iván a intentar regresar al vestíbulo de la Torre Norte para alertar a las personas de los locales comerciales. Fue en ese preciso instante cuando un compañero de trabajo lo detuvo en seco.

Con una frase simple pero contundente, le salvó la vida: «No, tú no vas para ninguna parte. Tu mujer está embarazada». Aquellas palabras funcionaron como un ancla a la realidad. Iván detuvo sus pasos; de no haber sido por esa intervención, habría quedado atrapado en la inminente e inevitable destrucción total del vestíbulo.

A las 9:03 de la mañana, la tragedia escaló aún más cuando el vuelo 175 de United se incrustó en la Torre Sur ante la mirada atónita de Iván. Vio la explosión y la bola de fuego impactar contra el segundo coloso. Minutos más tarde, a las 9:59 a.m., se escuchó un estruendo ensordecedor: la Torre Sur se desplomaba.

El retorno a pie hacia el norte de Manhattan

Escuchando las transmisiones de radio de los equipos de rescate, Iván caminó hacia el puente de Brooklyn cuando, de pronto, las señales se cortaron por completo: la Torre Norte también había caído. Lleno de polvo y escombros de pies a cabeza, logró llegar a la sede de su sindicato, en Canal Street y la Avenida de las Américas. Sus compañeros lo recibieron entre abrazos e incredulidad, asegurando que parecía que veían a un fantasma.

Sin embargo, el único pensamiento de Iván era regresar a su hogar. Con los teléfonos fuera de servicio, los trenes paralizados y el tráfico detenido en toda la ciudad, la única opción era caminar. Con graves lesiones en la espalda, el cuello, la rodilla izquierda y una pierna herida, emprendió una travesía a pie de once millas.

Al llegar finalmente a su edificio, los vecinos lo miraron con asombro; muchos sabían que trabajaba en el World Trade Center. Iván juntó sus últimas fuerzas para tocar la puerta de su casa y, al abrirse, se desmayó en los brazos de su esposa y de su madre.

El impacto del 11 de septiembre no terminó ese día para Iván Almendares. Además de las secuelas físicas y una severa infección pulmonar desarrollada una semana después, el trauma psicológico lo sumió en un estado de shock prolongado. El remordimiento del superviviente lo persiguió durante años.

Al cumplirse 25 años de aquella jornada trágica, Iván ha rehecho su vida y hoy comparte con su hija de once años la historia de cómo sobrevivió antes de que ella naciera. Sin embargo, el dolor persiste intocado.

Iván confiesa que jamás ha regresado al lugar donde estuvieron las Torres Gemelas. Para él, Ground Zero es un sitio sagrado y un golpe emocional demasiado pesado que no podría soportar sin romper en llanto, guardando el recuerdo diario de los amigos que allí perdió para siempre.

Guatemala declaró alerta roja en la región del Trifinio por los efectos agroclimáticos de El Niño, mientras la vicepresidenta Karin Herrera ordenó medidas urgentes para contener la escasez de agua y alimentos en municipios de Chiquimula y Jutiapa. La decisión, tomada el 11 de septiembre de 2026, busca reforzar la atención sanitaria, sostener el abastecimiento alimentario y proteger a las familias expuestas a la sequía en el corredor seco ampliado.

La alerta roja se activó después de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional declarara alerta naranja en todo el país ante el riesgo de afectaciones en la disponibilidad de agua y alimentos. La medida nacional antecedió a la elevación de la emergencia en la zona fronteriza del Trifinio.

La instrucción fue dirigida a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres durante dos reuniones extraordinarias encabezadas por Herrera. La Vicepresidencia informó que los encuentros buscaron coordinar a las instituciones responsables de atender las consecuencias de la sequía.

Un plan para el Trifinio y el corredor seco ampliado

La primera reunión correspondió al Gabinete Específico de Desarrollo Social, que revisó los acuerdos alcanzados con el Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Allí se presentó el Plan de Acción–Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, diseñado para la Región Trifinio y el corredor seco ampliado, donde se concentra una parte de la vulnerabilidad alimentaria guatemalteca.

Cinco ministerios recibieron tareas específicas. El Ministerio de Economía deberá fijar precios de referencia y actuar frente a aumentos injustificados en productos de la canasta básica y combustibles.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá sumar medidas de vigilancia y respuesta ante enfermedades relacionadas con la falta de agua o su mala calidad. También deberá incorporar al Consejo Nacional de la Juventud en las brigadas sanitarias.

El plan dispone el despliegue de 124 brigadas de salud y nutrición con equipos multidisciplinarios. Su labor incluirá suplementación, desparasitación y vacunación de niñas, niños y mujeres embarazadas, además del monitoreo comunitario de la calidad del agua, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que asegurar que los bonos conserven su carácter condicionado y alcancen a todos los beneficiarios prioritarios. A su vez, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá identificar recursos disponibles y analizar medidas legislativas que permitan acelerar la ejecución presupuestaria.

Las autoridades asignaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la reducción de los plazos de entrega de alimentos. La cartera también deberá definir acciones para asegurar agua y alimentación al ganado afectado por la ausencia de pastos.

Reservas de alimentos, pozos y asistencia para productores

La emergencia contempla reservas estratégicas de alimentos y la activación del seguro agrícola como compensación ante la pérdida de cosechas. También prevé reservorios artesanales para captar agua de lluvia, raciones destinadas a la ganadería y la rehabilitación de pozos comunitarios.

Los productores rurales podrán acceder a crédito con tasas nulas mediante inversión de capital en cajas rurales. La medida busca evitar que los campesinos abandonen sus tierras por la pérdida de cultivos y la falta de recursos para sostener su actividad.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sesan, deberá mantener el seguimiento de las familias que atraviesan inseguridad alimentaria y actualizar la estimación de población afectada. Desde el Conasan también continuará la verificación del estado nutricional de la niñez y de la evolución de la crisis en los hogares más expuestos.

Herrera convocó a alcaldes y gobernadores del Trifinio y del corredor seco ampliado para que eleven las alertas necesarias ante los Coordinadores de Emergencia municipales y departamentales. El objetivo es garantizar el acceso al agua y la asistencia para las familias alcanzadas por la sequía.

Los gobiernos locales deberán utilizar recursos de los Consejos de Desarrollo en cocinas escolares y centros de recuperación nutricional, conforme a la tipología de seguridad alimentaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. La instrucción busca dirigir fondos hacia los espacios donde se atiende a población con mayor riesgo nutricional.

“Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca”, afirmó Herrera durante la reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social. La vicepresidenta sostuvo que la respuesta debe situarse por encima de las banderas políticas y concentrarse en las familias vulnerables.

La producción nacional de granos resulta insuficiente, por lo que Guatemala deberá recurrir a importaciones para garantizar el abastecimiento oportuno. Herrera ordenó anticipar y agilizar esos procedimientos, además de fortalecer el monitoreo de caudales, embalses y generación hidroeléctrica con escenarios que permitan activar medidas preventivas.

“Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan”, señaló la vicepresidenta, según la Vicepresidencia. Las instituciones convocadas deberán presentar en 15 días calendario un informe escrito sobre los avances en la aplicación de las medidas.

Un total de 6,105 tortugas lora llegó de manera sincronizada a la Zona de Reserva Playa La Marinera, en Tonosí, provincia de Los Santos. La segunda arribada registrada este año se convirtió en la mayor de las jornadas de anidación divulgadas recientemente por el Ministerio de Ambiente en diferentes costas panameñas.

La arribada es un comportamiento característico de la tortuga lora o golfina, una de las especies más pequeñas de estos reptiles marinos. Miles de hembras emergen durante varias noches para excavar sus nidos y depositar generalmente alrededor de un centenar de huevos, una estrategia que aumenta las posibilidades de supervivencia de las crías.

Panamá posee dos de las pocas playas del mundo donde ocurre este fenómeno masivo: La Marinera e Isla Cañas, ambas en Los Santos. Aunque la golfina puede anidar durante todo el año, la mayor actividad suele concentrarse entre julio y diciembre, cuando guardaparques y organizaciones comunitarias refuerzan los patrullajes nocturnos.

En Panamá anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes: lora, carey, baula, caguama y verde. Sus principales refugios incluyen La Marinera, Isla Cañas, Playa Venao y Cambutal; Punta Chame, en Panamá Oeste; Mata Oscura, en Veraguas; La Barqueta y Lajas, en Chiriquí, y Armila y Bocas del Toro, en el Caribe.

La golfina posee un caparazón redondeado de color verde oliva y destaca por sus grandes concentraciones para desovar. La carey tiene un pico estrecho y curvado que utiliza para alimentarse entre los arrecifes, mientras su caparazón presenta placas superpuestas de tonos marrones y amarillos, característica que históricamente alimentó su explotación comercial.

La baula o canal es la tortuga marina más grande del mundo y puede superar ampliamente los 500 kilogramos. A diferencia de las demás, no tiene un caparazón duro, sino una cubierta flexible con crestas. La caguama se distingue por su cabeza grande y fuertes mandíbulas, capaces de triturar moluscos y crustáceos.

La tortuga verde recibe su nombre por el tono de la grasa debajo de su caparazón, no por su apariencia exterior. Los ejemplares adultos se alimentan principalmente de pastos marinos y algas, una dieta que les permite contribuir al mantenimiento de ecosistemas costeros saludables y diferenciarse de las otras especies presentes en el país.

Las hembras regresan a desovar cerca de la playa donde nacieron mediante un comportamiento denominado fidelidad al sitio natal. Durante sus primeras etapas registran señales del campo magnético terrestre que posteriormente utilizan como orientación. El retorno no ocurre rápidamente: alcanzar la madurez reproductiva puede tomar entre 15 y 30 años, según la especie.

Después del desove, los huevos permanecen bajo la arena aproximadamente entre 45 y 70 días, dependiendo de la especie, la temperatura, la humedad y las condiciones del nido. El calor también influye en el sexo de las crías: las temperaturas más elevadas producen una mayor proporción de hembras, mientras las más bajas favorecen a los machos.

Las jornadas de protección se extendieron recientemente a Punta Chame, donde MiAmbiente y la Fundación Tortuguias reubicaron 577 huevos encontrados en cuatro nidos de Playa Cabezo y Playa Vivero. En El Arenal, provincia de Los Santos, otros 82 huevos de tortuga golfina fueron trasladados a un sector más seguro del mismo litoral.

La reubicación se realiza únicamente cuando existen amenazas comprobadas, como marejadas, erosión, tránsito de vehículos, depredadores o saqueo. Extraer huevos continúa siendo uno de los principales peligros porque elimina una generación completa antes de que llegue al océano. La venta, posesión y consumo de estos productos están prohibidos por la legislación panameña.

Si una persona encuentra una tortuga anidando, debe mantener distancia, permanecer en silencio y evitar bloquear su recorrido. No debe tocarla, iluminarla con celulares o linternas, utilizar flash ni colocarse frente a ella. También debe mantener alejados a perros, vehículos y grupos de curiosos, además de informar a MiAmbiente o a los responsables del área.

Las luces intensas pueden provocar que la hembra abandone el intento de anidación y también desorientar a las crías cuando salen del nido. Los neonatos buscan el reflejo natural del horizonte sobre el mar, pero la iluminación de viviendas, comercios o automóviles puede conducirlos hacia carreteras y zonas pobladas, donde mueren por agotamiento o atropello.

Aunque miles de huevos sean depositados durante una arribada, solo una pequeña proporción alcanzará la edad adulta. Por eso, proteger cada nido, evitar el comercio ilegal y conservar las playas resulta determinante para que, décadas después, las hembras sobrevivientes regresen al mismo litoral panameño y repitan un ciclo iniciado desde su nacimiento.

PISA 2025 situó a Costa Rica como el único de 91 países y economías evaluados donde las adolescentes de 15 años reportaron una mayor exposición al acoso escolar que los hombres, un fenómeno vinculado con menor sentido de pertenencia al centro educativo y resultados académicos más bajos. La evaluación fue difundida por CRHoy.

El índice utilizado para medir la exposición declarada al bullying alcanzó 0.047 entre las estudiantes costarricenses y -0.064 entre los varones. Un valor más alto refleja una mayor exposición reportada, mientras que el promedio internacional mostró una tendencia inversa: los hombres dijeron sufrir más acoso.

Entre 2022 y 2025, al menos una forma de bullying aumentó en 51 de los 75 países y economías con información comparable. En Costa Rica, 23.4% de los estudiantes consultados señaló haber sufrido alguna modalidad de acoso varias veces al mes o con mayor frecuencia, frente al 19.6% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La mayor exposición declarada por las mujeres puede estar relacionada con diferencias al momento de denunciar, según Mónica Barquero Bolaños, representante del Colegio de Profesionales en Orientación. La especialista consideró que las estudiantes tienden a comunicar con mayor frecuencia las situaciones en las que se sienten agredidas o acosadas.

Entre los hombres todavía puede imponerse la idea de que deben “aguantar” determinados episodios. Barquero advirtió que esa diferencia en la disposición a denunciar no permite concluir, por sí sola, que existan más agresiones contra las mujeres.

Las adolescentes enfrentan además presiones sociales relacionadas con las expectativas sobre su comportamiento, las personas con las que deben vincularse, la posibilidad de tener pareja o la pertenencia a un grupo de amigas, explicó Simón Fuentes Pacheco, especialista en cuestiones de género. También indicó que los jóvenes pueden reproducir conductas observadas en otras personas o en los contenidos que consumen.

Fuentes planteó que es necesario identificar qué modalidades de acoso están denunciando las estudiantes y en cuáles ámbitos se producen. Durante la adolescencia, estas situaciones pueden tener un impacto particular porque la autoestima, la imagen personal y la identidad todavía están en formación.

Marcela Guerrero, activista por los derechos humanos y exministra de la Condición de la Mujer, sostuvo que el resultado debe examinarse junto con otras expresiones de violencia y presión que afectan a las mujeres. Mencionó los mensajes agresivos, el tiempo de exposición de menores de edad a las redes sociales y los problemas de bienestar emocional.

Rumores y agresiones sin contacto físico

Una parte sustancial del acoso reportado por los estudiantes costarricenses no involucró agresiones físicas. El 16% afirmó que otros compañeros difundieron rumores dañinos sobre ellos varias veces al mes o con mayor frecuencia, casi el doble del 8.6% registrado en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Las burlas afectaron al 11.8% de los alumnos consultados, las amenazas al 4.5% y los golpes o empujones al 4.2%. Barquero explicó que la difusión de rumores integra el acoso relacional, una práctica dirigida a dañar los vínculos o la imagen de otro estudiante mediante comentarios negativos, información falsa o intentos de inducir su rechazo social.

Los conflictos pueden comenzar en situaciones cotidianas del centro educativo, como desacuerdos entre amistades, trabajos grupales o comparaciones vinculadas con las calificaciones. La evaluación también relevó el acoso en Internet: 3.8% de los estudiantes dijo que se publicó información sobre ellos sin permiso y que esa exposición les provocó malestar, frente al 3.2% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El oficial de la Fuerza Pública Michael Amador Corella, alias “Rojo”, detenido el 18 de octubre de 2025, podría convertirse en el primer policía costarricense extraditado a Estados Unidos por narcotráfico internacional. El Tribunal Penal de Golfito autorizó su entrega a pedido de la Fiscalía de California, una decisión que ahora debe revisar el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea, según CRHoy.

La resolución del 27 de julio también alcanzó a William Ramírez, alias “Rambo”; Greivin Castro, conocido como “Precioso”; y Jorge Cordero, alias “Candado”. Los cuatro son requeridos dentro del mismo expediente por autoridades judiciales estadounidenses.

Las defensas presentaron recursos de apelación aproximadamente un mes antes y esos planteos continúan en trámite. Goicoechea deberá determinar si mantiene la autorización judicial y los sospechosos son enviados a territorio estadounidense, o si rechaza las solicitudes.

La investigación comenzó con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que contó con la asistencia de autoridades costarricenses y de la Guardia Costera estadounidense. La organización operaba desde Golfito y trasladaba cocaína desde Colombia a través de Costa Rica y México, con destino final en Estados Unidos.

Desde 2017, la red movilizó toneladas de droga mediante embarcaciones, aviones y furgones de carga. Las autoridades decomisaron más de tres toneladas de cocaína vinculadas a la estructura durante las pesquisas.

Los implicados enfrentan cargos ante el Tribunal de Distrito del Sur de California por distribución y conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína. Un cómplice detenido que luego colaboró con la DEA aportó información sobre la operación.

El testigo identificó a los involucrados al observar sus fotografías y confirmó que se había reunido con ellos personalmente y por medios electrónicos para coordinar actividades de narcotráfico. Las comunicaciones intervenidas reforzaron la investigación sobre la estructura criminal.

La organización compró terrenos y fincas en Sabalito de Coto Brus, una comunidad próxima a la frontera con Panamá. Utilizaba esas propiedades para ocultar cargamentos transportados por tierra y para acondicionar superficies llanas destinadas al aterrizaje de avionetas.

Las aeronaves realizaban vuelos de largo alcance y a baja altura para evitar los radares del Servicio de Vigilancia Aérea. Tras llegar a las pistas clandestinas, la droga era descargada y escondida en búnkeres o camiones.

El papel atribuido a “Rojo” en la Zona Sur

Amador Corella habría custodiado cargamentos de cocaína movilizados por tierra y mar a través del Pacífico Sur y la frontera sur de Costa Rica. También coordinaba el traslado de la sustancia una vez que ingresaba desde Panamá, con el objetivo de asegurar su paso hacia el norte del país.

El expediente le atribuye la recepción de estupefacientes trasladados en lanchas rápidas y aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas. Se presume que cobraba sumas fijas por cada kilogramo de cocaína que atravesaba las fronteras bajo su supervisión.

En sus primeros vínculos con actividades ilícitas, “Rojo” actuaba como intermediario logístico: daba soporte a los traslados, verificaba el estado de los cargamentos en carretera e informaba sobre movimientos policiales al cabecilla de una organización criminal. Con el tiempo, habría acumulado contactos y control sobre una red de policías corruptos en la Zona Sur.

Luego comenzó a operar de forma independiente y a adquirir sus propios cargamentos de cocaína. En vez de limitarse a cobrar comisiones por proteger mercancía ajena, presuntamente compraba la droga para revenderla a organizaciones criminales asentadas en Guatemala y México.

A partir de su arresto, las autoridades iniciaron pesquisas sobre un grupo de policías que presuntamente colaboraba con bandas de la región. Informes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal indican que “Rojo” lideró el reclutamiento de decenas de agentes activos de la Fuerza Pública en la Región Brunca Sur.

Esos funcionarios habrían utilizado bases de datos y canales de comunicación policial para alertar a la banda sobre retenes, operativos antidrogas planificados y desplazamientos de patrullas. Paralelamente, Amador Corella habría coordinado el contrabando de licor desde la frontera sur con la banda de “Los Whiskeros”, con el fin de evadir controles fiscales y aduaneros.

El expediente de extradición señala que Ramírez Arguedas, conocido como “Kimba”, y Castro Muñoz, alias “Muñeco” o “Lalo”, dirigían y supervisaban las operaciones. Cordero Obregón, identificado como “Gordo” o “Pallín”, trabajaba para ellos, incluso en actividades de legitimación de capitales.

Los centros de carga con energía solar se expanden como una alternativa comunitaria en Guantánamo, Cuba, donde los apagones, la escasez de efectivo y las fallas en las transferencias bancarias condicionan actividades cotidianas como cocinar, iluminar una vivienda o cargar un teléfono. Un video de Diario de Cuba también muestra un mercado callejero en el que, según la presentación del recorrido, se subastan personas y se venden productos mediante transferencias con límites de compra y dificultades operativas.

El centro visitado funciona con tres inversores de 10 kilowatts cada uno, que suman 30 kilowatts, y un respaldo de baterías de 24 kilowatts. La energía acumulada se utiliza por la noche o durante los días nublados, cuando la generación solar disminuye.

La mujer que atiende el establecimiento explicó que el servicio ofrece sin costo la carga de ventiladores y lámparas recargables. Aseguró que los teléfonos también pasaron a ser gratuitos para las personas en situación de vulnerabilidad, mientras que se cobran las recargas de motorinas, triciclos, bicicletas eléctricas, estaciones portátiles EcoFlow y otras baterías que cumplan requisitos de seguridad.

Tarifas diferenciadas para vehículos, baterías y cocción

El comerciante del centro describió un esquema de precios diseñado, según dijo, para evitar las tarifas de los particulares. Indicó que una motorina o un triciclo pueden costar 250 pesos por hora: una carga de cinco horas alcanza los 1,250 pesos para un trabajador.

Las bicimotos pequeñas cuestan 500 pesos por cinco horas, a razón de 100 pesos la hora. Las motorinas tienen una tarifa de 600 pesos cuando llevan una batería de uno o dos kilowatts, mientras que los triciclos y bicitaxis, que pueden consumir hasta tres kilowatts por recarga, pagan 800 pesos.

El establecimiento cuenta además con una batería de acumulación de 15 kilowatts. Los teléfonos tienen un precio anunciado de 50 pesos por carga, los ventiladores recargables con cuatro pilas cuestan 100 pesos y las lámparas, 50 pesos.

Un usuario cuestionó que la gratuidad de los teléfonos se aplique de manera general. Relató que había pagado 50 pesos por hora para cargar uno y señaló que, cuando el cable o el cargador presentan desperfectos, el proceso puede extenderse más de tres o cuatro horas.

La responsable del centro sostuvo que electricistas contratados revisan cada equipo antes de conectarlo, como medida de protección. El espacio también incorporó un área para que los vecinos preparen alimentos y prevé vender caldosas, chocolate y café, además de sumar arroz, frijoles y carne.

Una caldosa o un plato de sopa cuesta 50 pesos. El comerciante explicó que aún no fijaron la tarifa para cocinar arroz o frijoles porque sus tiempos de cocción son distintos: el arroz requiere 10 minutos, mientras que los frijoles pueden necesitar 45 minutos por tanda y hasta 90 minutos si deben cocinarse dos veces.

Los precios serán diferenciados para personas vulnerables y mayores de 65 años. Un consumidor del lugar describió el aumento de los precios y la falta de aceite: “Yo estoy comiendo con agua”.

La electricidad renovable como negocio autorizado

La apertura de estos servicios ocurre mientras el Gobierno cubano busca aumentar la generación eléctrica mediante fuentes renovables. En febrero de 2026, Ciber Cuba informó que las autoridades anunciaron, “por primera vez”, que las entidades y personas que produzcan electricidad con instalaciones renovables en empresas, instituciones o hogares podrán venderla directamente a terceros.

Hasta entonces, quienes generaban electricidad podían comercializarla únicamente con la Unión Eléctrica para su incorporación al sistema. La nueva posibilidad permite mantener esa vía y, a la vez, vender la producción a otro consumidor, ya sea una empresa, una industria o cualquier institución del país con capacidad de compra.

Las autoridades mencionaron además decisiones orientadas al ahorro energético, aunque no detallaron cuáles serán. La comerciante de Guantánamo consideró que los paneles solares pueden aportar soluciones locales, pero planteó la escala necesaria para independizar a la provincia del sistema eléctrico nacional.

“La solución con paneles solares en Cuba sería tener una cantidad que abastezca completamente los megawatts que necesita Guantánamo”, afirmó. Mencionó un parque solar en construcción en la zona agropecuaria, al que describió como grande, pero indicó que su generación de 21 kilowatts se incorpora al sistema nacional y no queda destinada exclusivamente a la ciudad.

Un espacio comunitario ante la falta de efectivo y alimentos

El centro de carga también fue utilizado durante el mes para pagar a jubilados. La administradora explicó que el objetivo es que los vecinos encuentren allí respaldo para cobrar una pensión, retirar efectivo mediante caja extra o resolver una necesidad puntual durante los cortes de electricidad.

El servicio de extracción de efectivo todavía no se había oficializado, pero los responsables conversaron con la directora del Banco Popular de Ahorro para implementarlo de manera legal. “Los mayores problemas que tiene la población hoy” son “efectivo, las transferencias, la energía y un poquito de alimentos”, dijo la encargada.

El local dispone de un televisor en el que se proyectan noticieros, películas, series y novelas por las tardes. La responsable señaló que aún asiste poca gente, aunque espera que la concurrencia aumente cuando la comunidad adopte el hábito de usar el espacio.

La mujer insistió en que el centro no resolverá la crisis eléctrica, pero lo definió como un alivio. Una persona puede cocinar arroz y frijoles si llega a su casa sin corriente, o recargar una batería portátil si no pudo hacerlo durante el día.

Un consumidor resumió la situación económica de Guantánamo como un problema que excede la energía. Sostuvo que la recuperación depende de que la población trabaje para fortalecer la economía y cuestionó que, ante la escasez, “la mayoría” termine robando “lo poco que tenemos”.

Para miles de migrantes salvadoreños en Estados Unidos, la licencia de conducir es mucho más que un trámite rutinario: representa el documento que les permite salir a trabajar, pagar la hipoteca y sostener a sus familias.

Sin embargo, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan hoy un laberinto burocrático al intentar renovar sus credenciales de conducir, un obstáculo alimentado por la falta de unificación entre la normativa federal de inmigración y las reglas de los departamentos de vehículos motorizados (DMV) locales.

Un reportaje elaborado por la periodista Jacqueline Quijano para Univisión sacó a la luz la dura realidad que viven estos trabajadores en la región de Washington D.C., Maryland y Virginia, donde la incertidumbre por la vigencia de sus documentos los está empujando a tomar decisiones extremas para no perder su sustento diario.

En las afueras de las oficinas del DMV, el sentimiento generalizado es de frustración y desconcierto. René, un beneficiario salvadoreño del TPS que acudió a la sede de la Rhode Island Avenue en Washington D.C., denunció las presiones a las que se ven sometidos los conductores.

Según relató, los funcionarios pretendían que firmara un documento donde aceptaba no tener autorización legal en el país para así otorgarle una licencia en la categoría de indocumentado. René se negó rotundamente a firmar, señalando la incoherencia de la situación y recordando que el DMV trabaja en coordinación con las autoridades de inmigración, por lo que no consideraba justo ser reclasificado arbitrariamente.

Una experiencia similar vivió María, quien salió de las instalaciones con las manos vacías. A pesar de que previamente le habían asegurado que con la documentación de su TPS podría tramitar el documento, la respuesta final fue un rotundo rechazo. “Ya me echaron para atrás aquí”, lamentó al salir sin su credencial.

El choque operativo: ¿Por qué ocurre esta crisis en los DMV?

La raíz del problema radica en el desfase de comunicación e interpretación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias de vehículos de cada estado. Cuando el gobierno federal extiende el TPS, la protección y los permisos de trabajo se mantienen vigentes de manera automática mediante publicaciones en el Registro Federal.

Sin embargo, la emisión de licencias de conducir es una facultad estrictamente estatal, lo que genera criterios dispares y contradictorios:

• Falta de plástico actualizado: Muchos estados exigen ver una tarjeta física de permiso de trabajo con una fecha de expiración futura
• Incompatibilidad del sistema en D.C.: Cuando la extensión del TPS no especifica una fecha límite exacta para el permiso de trabajo, la plataforma del DMV carece de la capacidad técnica para emitir una licencia vinculada a esa expiración. Debido a esto, la opción que ofrecen es tramitar licencias por ocho años sin el distintivo Real ID.
• Disparidades regionales: Mientras que en Maryland las autoridades responden a través del sistema de verificación federal SAVE lo que permite emitir licencias Real ID de hasta un año si la persona aplica, en otras jurisdicciones la falta de respuesta o la rigidez de los trámites dejan a los usuarios sin alternativas claras.

Expertos en materia migratoria recuerdan que acudir al DMV a tramitar o renovar la licencia no constituye, por sí solo, un motivo para ser procesado para deportación, ya que la protección del TPS sigue legalmente activa mientras no se emita un aviso final en contrario.

Sin embargo, el vacío administrativo crea una vulnerabilidad real. La reclasificación de beneficiarios legales bajo licencias limitadas no solo invisibiliza su estatus regular, sino que fomenta el miedo y la inseguridad jurídica en una comunidad salvadoreña que sigue aportando de manera sostenida a la economía estadounidense.

Un pescador resultó herido después de caer al agua y ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira, ubicado en el distrito de Chepo, provincia de Panamá. El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en una zona frecuentada diariamente por trabajadores dedicados a la pesca y la descarga de productos del mar.

La información preliminar indica que el reptil alcanzó al hombre y le provocó una herida en la pierna derecha. Otros pescadores y personas presentes reaccionaron para auxiliarlo, lograron sacarlo del agua y lo trasladaron posteriormente a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones causadas durante el ataque.

El Ministerio de Ambiente inició una investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Una de las hipótesis que deberán evaluar las autoridades es que el cocodrilo reaccionara al movimiento producido cuando el pescador cayó accidentalmente al agua, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre lo sucedido.

Puerto Coquira combina la presencia habitual de estos reptiles con una intensa actividad humana vinculada a la pesca artesanal y comercial. Embarcaciones llegan diariamente para descargar sus productos, mientras pescadores, compradores y trabajadores permanecen cerca del agua, una convivencia que aumenta las posibilidades de encuentros peligrosos si los animales pierden su comportamiento natural.

Durante las últimas semanas circularon en redes sociales videos que muestran varios cocodrilos desplazándose alrededor del puerto. Las imágenes generaron preocupación entre quienes trabajan en el sector debido al número de ejemplares observados y a la cercanía de los animales con embarcaciones, muelles y personas que desarrollan sus actividades cotidianas.

Una evaluación de MiAmbiente identificó alrededor de 20 cocodrilos en un tramo de dos kilómetros, comprendido entre un kilómetro aguas arriba y otro aguas abajo del puerto. Otros reportes periodísticos elevaron a más de 30 la cantidad detectada en el sector de Coquira, aunque las cifras corresponden a áreas de evaluación diferentes.

Las autoridades también investigan la práctica de arrojar alimentos o restos de pescado a los cocodrilos, conducta registrada en algunos videos divulgados en redes sociales. Cuando son alimentados por personas, estos animales pueden asociar las embarcaciones y la presencia humana con comida, acercándose con mayor frecuencia y perdiendo progresivamente su temor natural.

Que un cocodrilo se aproxime esperando alimento no significa que se haya convertido en un animal dócil. Su reacción continúa siendo imprevisible y puede desencadenarse por movimientos repentinos, disputas por comida o la caída de una persona al agua. MiAmbiente reiteró la prohibición de alimentarlos, atraerlos o provocarlos deliberadamente.

El ataque ocurre pocas semanas después de aprobarse un protocolo obligatorio para atender interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos. La Resolución DM-0445-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial, establece criterios técnicos para vigilar, disuadir, capturar, trasladar o eliminar excepcionalmente a un ejemplar peligroso.

El documento menciona a Puerto Coquira entre los sitios del país con antecedentes de reportes de cocodrilos, junto con Clayton, Albrook, Chame y varias playas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. También incluye los ríos Santa María y La Villa, además de las cuencas del Tuira y Balsas, en Darién.

Cada caso debe evaluarse considerando el tamaño, comportamiento y especie del animal, la frecuencia de los reportes y la cercanía con sitios concurridos. También se analiza si acepta alimentos, se aproxima a embarcaciones, afecta actividades pesqueras o ha protagonizado incidentes anteriores con personas o animales domésticos.

El protocolo clasifica las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Los casos menos graves requieren señalización, educación y monitoreo; los intermedios incorporan barreras y medidas de disuasión, mientras el riesgo alto permite capturar y trasladar al ejemplar mediante personal especializado y con autorización previa.

La eliminación del cocodrilo queda reservada como último recurso ante una amenaza comprobada e inminente, cuando hayan fracasado las alternativas anteriores o no exista un lugar apropiado para reubicarlo. Incluso ante un riesgo muy alto, la muerte del animal no puede ordenarse automáticamente sin una evaluación técnica que sustente la decisión.

Tras el ataque, MiAmbiente anunció nuevas jornadas de capacitación para los pescadores. El desafío inmediato será reducir las conductas que atraen a los reptiles hacia el puerto, aplicar el protocolo y establecer medidas de seguridad compatibles con la actividad pesquera, porque la presencia documentada de numerosos ejemplares ya dejó de ser únicamente un avistamiento.

La recolección de 1,800 cuadernos usados permitió entregar 300 nuevos cuadernos a 55 niños de la comunidad Los Meléndez, como parte de una iniciativa de una ferretería junto a la organización Cuadernos X Un Mañana (CXUM). La acción combinó el reaprovechamiento de hojas en condiciones de uso con el reciclaje de los materiales que no podían recuperarse.

La campaña, denominada Cuadernos X Un Mañana, se desarrolló en sucursales de una reconocida ferretería de Santiago, San Francisco de Macorís, Mao, La Romana, Punta Cana y Baní. Clientes y colaboradores depositaron cuadernos escolares en 10 urnas instaladas en ocho establecimientos del negocio, según informó Diario Libre.

El material recolectado pasó por una etapa de clasificación. Las hojas que aún podían utilizarse se destinaron a la elaboración de nuevos cuadernos, mientras que los restos no aprovechables ingresaron a circuitos de reciclaje. De ese proceso surgieron los 300 ejemplares entregados a estudiantes de entre cuatro y 17 años, pertenecientes a distintos niveles escolares.

La jornada contó con la participación de 25 jóvenes del programa Líderes en Construcción, quienes colaboraron en las tareas relacionadas con la recolección y la entrega de los útiles. La actividad incluyó el acompañamiento de Karla Faxas, fundadora de Cuadernos X Un Mañana, y de Kaury Paulino, coordinadora del grupo emprearial.

De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, la iniciativa forma parte de los programas de responsabilidad social empresarial de la ferretería y busca vincular la reducción de residuos con el acceso a materiales para estudiantes de comunidades cercanas a sus operaciones.

El modelo de reutilización de materiales escolares parte de una separación básica: identificar las páginas limpias o con espacio suficiente para volver a encuadernarse y apartar tapas, espirales, cartón y hojas deterioradas para su reciclaje. La propuesta permite prolongar el uso de parte del papel antes de que se convierta en residuo.

Cuadernos X Un Mañana plantea esa dinámica como parte de su trabajo en República Dominicana. En su sitio institucional, la organización indica que recolecta cuadernos al final del año escolar, recupera las páginas aprovechables y las transforma en nuevos artículos para estudiantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. También informa que busca ampliar su red de centros de acopio y llegar a 100 instituciones educativas mediante su proyecto 100 X Un Mañana.

La entrega se realizó en Los Meléndez, con la presencia de representantes de de la ferretería. Julio Martínez, referente en la comunidad, asistió al encuentro junto con padres y otros vecinos. Según la publicación de Diario Libre, Martínez agradeció el acompañamiento que la empresa mantiene en la zona desde hace más de tres años y planteó la necesidad de sostener acciones de apoyo para las familias locales.

Una campaña con participación de clientes y colaboradores

La participación de compradores y empleados fue uno de los ejes de la propuesta. El grupo empresarial habilitó puntos de entrega en seis ciudades para que los cuadernos que habían quedado incompletos al cierre del ciclo escolar no terminaran directamente en la basura.

La iniciativa articuló tres objetivos: recuperar papel que todavía podía utilizarse, enviar el material descartado al reciclaje y aportar cuadernos a estudiantes. En este caso, 55 niños recibieron los 300 cuadernos producidos tras la clasificación de los materiales recolectados.

Los organizadores no precisaron cuántas hojas se rescataron del total de cuadernos ni el volumen de material que fue enviado a reciclaje. Tampoco informaron si la campaña tendrá nuevas etapas o si los puntos de recolección continuarán habilitados después de esta jornada.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica estableció la alerta verde en cuatro regiones clave del territorio nacional ante el paso simultáneo e interacción de un tren de tres ondas tropicales. La medida preventiva abarca a la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur, zonas donde las autoridades prevén un incremento constante en el volumen de las precipitaciones durante los próximos días.

El presidente ejecutivo de la CNE, Alejandro Picado, explicó que los comités locales de emergencia activaron los protocolos de supervisión debido a la combinación de factores atmosféricos inestables. Las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalan que el patrón lluvioso continuará de manera ininterrumpida hasta el miércoles 16 de septiembre.

La causa principal de este comportamiento climático radica en la coincidencia de las ondas tropicales identificadas con los números 42, 43 y 44 con la Zona de Convergencia Intertropical, a lo que se suma un elevado contenido de humedad en la atmósfera centroamericana y el aceleramiento de los vientos alisios en el mar Caribe.

El tránsito consecutivo de estos sistemas ciclónicos comenzó a generar precipitaciones intensas en el territorio costarricense desde la noche de ayer, 11 de septiembre. Durante esa jornada, la onda tropical número 42 atravesó el país de este a oeste hacia el océano Pacífico, lo cual desencadenó lluvias de variable intensidad y aguaceros aislados acompañados de tormentas eléctricas en diversos puntos de la geografía nacional.

El volumen de precipitaciones aumentará en las próximas horas por el ingreso del sistema número 43

Para la tarde de este sábado 12 de septiembre se espera el ingreso de la onda tropical número 43, la cual reforzará el temporal de lluvias sobre el Pacífico Sur, con precipitaciones estimadas entre los 25 y 60 milímetros en lapsos de 12 horas. Para la madrugada, el patrón de aguaceros se desplazará hacia el norte del Caribe y la Zona Norte, con acumulados previstos de entre 10 y 35 milímetros, y montos puntuales que podrían llegar a los 50 milímetros.

Las autoridades especializadas de la CNE advirtieron sobre el peligro inminente que representan estos volúmenes de agua en regiones donde los suelos ya muestran porcentajes elevados de saturación. Cantones como Sarapiquí, la faja costera del Caribe y los valles del Pacífico Sur registran acumulaciones hídricas previas en la capa terrestre, un factor que eleva la vulnerabilidad ante la ocurrencia de deslizamientos de tierra y el desbordamiento de cauces fluviales.

Las perturbaciones atmosféricas se extenderán hacia los primeros días de la semana entrante, momento en que el tercer sistema del tren meteorológico, la onda tropical número 44, ingresará al país para mantener la humedad acumulada en la cuenca centroamericana. Esta cadena de eventos climáticos mantiene en vigilancia constante a los cuerpos de socorro a nivel regional.

Autoridades instan a la población a aplicar medidas de prevención y evitar zonas de riesgo

Frente al riesgo de emergencias, las autoridades instan a la ciudadanía a transitar con extrema precaución por las rutas nacionales. En caso de suscitarse algún incidente, se solicitó canalizar los reportes por medio del sistema 911.

Por su parte, los especialistas del IMN sugirieron extremar las medidas preventivas en comunidades propensas a la saturación de alcantarillados y quebradas urbanas. Ante la presencia de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes, aconsejan buscar refugio inmediato en infraestructuras seguras para evitar impactos por la caída de ramas, desprendimiento de láminas en techos o colapso de tendido eléctrico y rotulaciones comerciales.

Más de 500.000 personas podrían movilizarse por Honduras durante la Semana Morazánica de 2026 y el Gobierno quiere que la mayor cantidad posible de ese gasto permanezca dentro de la economía nacional.

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) lanzó una campaña bajo una idea sencilla: salir de vacaciones, pero quedarse en Honduras.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, llamó a los hondureños a aprovechar el feriado para recorrer playas, montañas, sitios arqueológicos, pueblos y destinos gastronómicos, en lugar de viajar hacia otros países.

Para el sector privado, el descanso comenzará al mediodía del miércoles 7 de octubre y concluirá al mediodía del sábado 10.

Medio millón de viajeros también significan millones en consumo

Según las estadísticas citadas por Turismo, un visitante que pasa al menos una noche fuera de casa durante la Morazánica gasta en promedio L2.200, unos US$81,94 por persona.

Para quienes realizan viajes de un solo día, el gasto promedio ronda los L1.000, aproximadamente US$37,24.

Eso incluye alimentación, transporte, hospedaje, entradas, compras y actividades recreativas.

Sin embargo, no puede calcularse todavía cuánto dinero moverá realmente el feriado únicamente multiplicando esas cifras por los 500.000 viajeros, porque no se conoce qué proporción pernoctará y cuántos serán excursionistas de un solo día.

Ese dato será clave para medir posteriormente el impacto real de la temporada.

La apuesta es sacar turistas de las rutas tradicionales

La estrategia busca además desconcentrar los viajes.

Roatán, Tela, La Ceiba y Copán suelen captar buena parte de la atención durante los feriados, pero Turismo está promocionando también Olancho, Choluteca, Danlí, Intibucá, Comayagua, Siguatepeque y el Lago de Yojoa.

Para quienes no puedan realizar desplazamientos largos, se impulsan alternativas cercanas a Tegucigalpa como Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas.

La lógica consiste en repartir el gasto entre más comunidades y negocios.

El IHT también anunció una estrategia de paquetes turísticos que combine transporte, alojamiento, alimentación y actividades.

Ese mecanismo intenta atacar uno de los problemas del turismo interno: que organizar por separado un viaje dentro del país puede terminar resultando poco competitivo frente a promociones internacionales que ya incluyen vuelo, hotel y servicios.

La presidenta de la Asociación de Hoteles Preciosos de Honduras, Dina Núñez, pidió respaldar directamente a empresarios nacionales y explorar ciudades que normalmente reciben menos visitantes.

“Aproveche hondureño, conozca su país”, expresó.

No todo será sol y playa

La campaña también quiere utilizar el feriado para promover turismo cultural.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia destacó sitios como Copán Ruinas, El Puente, el parque ecoarqueológico Los Naranjos y la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo.

La intención es que la Morazánica no concentre todo el movimiento en playas y hoteles, sino que incorpore patrimonio, gastronomía y naturaleza.

La movilización de 500.000 personas es importante, pero por sí sola no determina si el feriado fue exitoso.

Para medir su impacto habrá que observar ocupación hotelera, gasto promedio, duración de las estadías y cuánto consumo llegó efectivamente a pequeños negocios y comunidades.

Porque el objetivo de “quedarse en Honduras” no es solamente evitar que un turista cruce una frontera.

Es conseguir que el dinero que habría gastado afuera se quede circulando dentro del país y genere ingresos para otros hondureños.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que seis agentes resultaron heridos durante el desalojo de un bloqueo el viernes 11 de septiembre, en el kilómetro 168 de la ruta a Cuyotenango, Suchitepéquez, en una jornada de protestas contra el aumento de los combustibles que también dejó vehículos incendiados en Zacapa y cortes en varios departamentos de Guatemala.

Un cierre continuaba activo el sábado 12 de septiembre a las 06:45 en el kilómetro 225 de la ruta departamental QUE-03, en la aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca. El bloqueo había comenzado cuatro minutos antes, afectaba ambos sentidos de circulación y era el único punto cerrado en el reporte matutino de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial); las demás rutas figuraban habilitadas.

El policía Ronal Gavino Morales Chávez sufrió un disparo en el estómago y fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial de la Ciudad de Guatemala, después de ser estabilizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango. Los otros cinco efectivos padecieron lesiones por explosiones de morteros, el impacto de una piedra en el cráneo y golpes en distintas partes del cuerpo.

La corporación indicó que sus Fuerzas Antidisturbios despejaron más del 90% de los puntos bloqueados en el país. El despliegue respondió a una orden de la Corte de Constitucionalidad para liberar las rutas con apoyo del Ministerio de Gobernación y el Ejército.

Dos focos de conflicto en Zacapa y Villa Nueva

Los incidentes persistían al cierre de la jornada en sectores de Zacapa y Villa Nueva, donde la PNC afirmó haber detectado la presencia de pandillas y estructuras del crimen organizado dentro de las manifestaciones. La institución acusó a esos grupos de usar a mujeres, adultos mayores y niños como escudos humanos.

La fuerza de seguridad solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación para proteger las garantías de los menores y las mujeres presentes en las zonas de conflicto. También pidió a los habitantes de los lugares donde continuaban los enfrentamientos que permanecieran en sus hogares mientras avanzaba el operativo.

“Atentar contra la paz en presencia de la niñez guatemalteca es un acto criminal que no quedará impune”, advirtió la policía. La institución requirió denuncias anónimas sobre actividades delictivas, instigación o presencia de personas infiltradas.

La PNC señaló que, con base en el artículo 257 del Código Procesal Penal, detendría en flagrancia a quienes obstruyeran las vías. Los vehículos y camiones utilizados deliberadamente para bloquear carreteras serían puestos a disposición de los tribunales para su comiso.

“Los promotores e instigadores de estos ataques violentos están debidamente perfilados e individualizados y enfrentarán todo el peso de la ley”, sostuvo la corporación.

Durante el operativo en Cuyotenango, las autoridades detuvieron a Armando Constancia Martínez, a quien le decomisaron piedras, hondas, morteros y otros objetos presuntamente utilizados para agredir a los agentes. El arresto se sumó a cuatro capturas previas por disturbios en San Miguel Petapa y Suchitepéquez.

En la zona cinco de Mixco, sobre la calzada San Juan, agentes de la comisaría 16 arrestaron a Juan “N”, de 44 años, y Joseline “N”, de 29, cuando arrojaban objetos contundentes contra policías que buscaban despejar la cuarta avenida.

Otros dos hombres fueron capturados en el kilómetro 19,5 de la ruta al Pacífico. William “N”, de 33 años, y Hugo “N”, de 28, estaban en un bloqueo que reunía a 150 personas, donde también se registró el lanzamiento de piedras contra los efectivos de seguridad.

La presencia policial fue reforzada en la colonia Bethania, el Anillo Periférico, Villa Nueva, la ruta al Atlántico y los sectores de Río Hondo y Zacapa, que concentraron algunos de los cierres más prolongados.

Camiones incendiados y reclamo de estado de excepción

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga condenó los hechos de violencia, vandalismo y destrucción registrados durante las protestas, con especial referencia a la quema de vehículos y camiones de transporte pesado en la aldea Santa Cruz, en el kilómetro 124 de Zacapa.

“El derecho a manifestar nunca puede convertirse en una licencia para delinquir”, expresó la organización. El gremio sostuvo que ninguna causa justifica la destrucción de propiedad privada, las agresiones contra trabajadores ni la interrupción forzada de las principales vías de comunicación.

La cámara exigió al Gobierno de Guatemala el restablecimiento inmediato del orden y de la libre circulación en la carretera CA-9 y en todos los sectores afectados por bloqueos violentos. También reclamó al Ministerio Público una persecución penal inmediata contra los responsables materiales e intelectuales de la destrucción, los incendios de vehículos y las amenazas contra transportistas.

“Solicitamos respetuosamente, pero con absoluta firmeza”, al presidente que evalúe declarar un estado de excepción en los municipios donde la violencia haya superado la capacidad ordinaria de las autoridades, planteó el gremio.

Las movilizaciones surgieron después de que el Congreso de la República aprobara, con trámite de urgencia nacional, un decreto que establece precios máximos de referencia para el diésel y las gasolinas, además de un fondo de compensación para los importadores. Diversos sectores del transporte consideran insuficiente la medida frente al aumento de los combustibles registrado en los últimos meses.

Alicia Rojas, de 68 años, vive en La Habana con su hija y un nieto en una casa de una sola planta cuya cubierta presenta filtraciones desde hace años. Cuando llueve, colocan recipientes en la sala y en los dormitorios. Una pared del patio tiene grietas visibles y el techo de una habitación permanece apuntalado con maderas.

Su situación representa al 7% de los encuestados que afirmó residir en una vivienda en peligro de derrumbe, según datos del Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba 2026, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El relevamiento expone que el deterioro habitacional se vincula con ingresos insuficientes, escasez de materiales para la construcción y una infraestructura pública que recibe valoraciones negativas en todo el país.

Alicia trabajó durante décadas como empleada de limpieza y ahora depende, junto con su hija, de ingresos que apenas alcanzan para las necesidades básicas. Su hija vende alimentos de manera informal para complementar el presupuesto familiar, pero ninguna puede afrontar una reparación integral de la vivienda. “Cada vez que reunimos algo de dinero, hay que elegir entre comprar comida, medicamentos o arreglar una gotera”, relata.

El informe señala que apenas el 18% de las personas consultadas considera que vive en una casa en buen estado. El resto reportó distintos niveles de deterioro: el 47% indicó que su vivienda necesita reparaciones, el 25% afirmó que requiere arreglos urgentes y el 7% declaró que su hogar corre peligro de derrumbe.

La casa de Alicia se encuentra en esa última categoría. La humedad avanzó sobre las paredes, parte del revoque se desprendió y las aberturas no cierran bien. La familia improvisó una división con una cortina para separar el espacio donde duerme el niño de la habitación afectada por las filtraciones.

La falta de mantenimiento acumulado obliga a resolver los problemas de forma temporal. Un parche en el techo puede durar algunos meses; una reparación de plomería se posterga hasta que aparezca el dinero; una pared agrietada se cubre con pintura. Las soluciones definitivas quedan fuera del alcance de hogares que apenas logran cubrir las necesidades diarias.

Según la encuesta, más de tres cuartas partes de las viviendas relevadas presentan deficiencias de conservación. El informe vincula ese escenario con una vulneración extendida del derecho a una vivienda adecuada.

La precariedad económica limita cualquier reparación

Las dificultades habitacionales aparecen en un contexto de deterioro económico. El estudio del OCDH indicó que el 63% de los hogares tiene problemas incluso para adquirir bienes esenciales. Otro 30% dispone de ingresos que solo alcanzan para cubrir necesidades básicas, sin margen para gastos adicionales.

Para Alicia, reparar la vivienda compite con gastos urgentes. Una bolsa de cemento, algunas chapas para el techo, clavos, madera y la mano de obra representan montos imposibles para una familia con ingresos limitados. La alternativa es esperar ayuda de familiares, conseguir materiales por vías informales o postergar los arreglos.

El informe ubicó al 94% de los cubanos en situación de pobreza extrema, según su propia metodología de medición. También señaló que ocho de cada 10 personas debieron dejar de realizar alguna de las comidas diarias por falta de dinero, de alimentos o de ambos factores durante los seis meses previos a la encuesta.

En ese marco, la necesidad de reparar una casa deja de ser un proyecto de mejora y se transforma en una urgencia que muchas familias no pueden atender. La vivienda deteriorada se suma a la presión de los apagones, los problemas de abastecimiento y la inflación.

La crisis de vivienda se inserta así en una situación social más amplia, marcada por la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad de los servicios públicos y el deterioro de las construcciones. Para hogares como el de Alicia, el riesgo de derrumbe no es una estadística: forma parte de la vida cotidiana.

Poder Ciudadano Guatemala entregará al Congreso su propuesta de reforma constitucional del sector justicia el lunes 28 de septiembre, tras una campaña que superó las 14 mil firmas y busca que el eventual cambio sea ratificado mediante una consulta popular junto con las elecciones generales de 2027.

La recolección presencial concluirá el 19 de septiembre, después de haber comenzado el 4 de julio. Hasta el 10 de septiembre, la iniciativa reunía más de 14 mil adhesiones ciudadanas, por encima de las cinco mil que exige la Constitución para que un grupo de ciudadanos presente una propuesta de reforma ante el Legislativo.

El artículo 277, literal D, de la Constitución establece ese requisito de respaldo ciudadano. La cantidad alcanzada permite a la organización avanzar hacia la presentación formal de su planteamiento, aunque el recorrido institucional todavía dependerá de decisiones posteriores de los diputados.

La jornada de entrega comenzará a las 09:00 en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona uno de la Ciudad de Guatemala. Desde ese punto, los voluntarios marcharán hasta el Palacio Legislativo para entregar las firmas y la iniciativa.

Edgar Ortiz, director de Poder Ciudadano Guatemala, confirmó el calendario durante una entrevista radial y sostuvo que la convocatoria para el acto será abierta a quienes participaron en la campaña. Reconoció, sin embargo, que la fecha coincide con un día laboral y que parte de los colaboradores no podrá asistir.

Varios voluntarios viajarán desde departamentos del interior para sumarse a la concentración. La organización espera que la movilización refleje el alcance territorial que tuvo la búsqueda de apoyos para modificar las normas constitucionales vinculadas con la justicia.

Una red de 512 voluntarios y liderazgos departamentales

La recolección movilizó a 512 voluntarios, de los cuales entre 25 y 30 asumieron funciones de liderazgo en distintos departamentos. Cada uno organizó jornadas en su comunidad, mientras Poder Ciudadano aportó capacitación y materiales como chalecos y carpetas.

La mayoría de quienes participaron no son abogados, sino ciudadanos de profesiones diversas que se incorporaron a partir de las actividades educativas que la organización desarrollaba en redes sociales. El modelo descentralizado permitió que las firmas fueran reunidas por personas vinculadas con sus propias localidades.

Ortiz atribuyó el resultado al trabajo de esa red ciudadana: “Creo que es un esfuerzo muy exitoso, no por mí, sino exitoso por los voluntarios, porque haber convencido a quinientas doce personas de regalar su tiempo por una propuesta de reforma a la justicia, creo que si usted lo cuenta en otro país se reirían”.

La propuesta no cuenta todavía con contactos formales con partidos políticos ni legisladores. El director explicó que esa etapa comenzará cuando la iniciativa reciba un número y quede oficialmente ingresada al Congreso de la República.

Para ser aprobada por los diputados, la reforma requerirá 107 votos de los 160 integrantes del Congreso. Poder Ciudadano prevé realizar acercamientos plurales con las distintas bancadas y mantener una posición equidistante frente a todas ellas para reunir la mayoría necesaria.

La consulta popular proyectada para las elecciones de 2027

Si el Congreso aprueba la reforma con la mayoría requerida, la organización pretende que el texto sea sometido a consulta popular durante las elecciones generales de 2027. En ese escenario, la decisión podría incorporarse como una sexta papeleta para que la ciudadanía ratifique o rechace la modificación constitucional.

Ortiz considera que el principal obstáculo no es reunir firmas, sino la resistencia de la clase política, que, según afirmó, “se ha atrincherado” en los últimos años. Si los diputados no aprueban el cambio antes del proceso electoral, la organización buscará que los partidos expresen públicamente su posición sobre el tema cuando se convoque a elecciones.

El director planteó que los votantes deben conocer la postura de los legisladores: “Que sepan también en las urnas cómo premiar o cómo castigar a aquellos diputados que quieren o no quieren reformar la justicia”. Esa estrategia trasladaría el debate al período electoral si el trámite parlamentario no prospera antes.

Cuando la iniciativa ingrese al Congreso, Poder Ciudadano habilitará una adhesión digital simbólica para quienes no pudieron firmar durante la etapa presencial. El mecanismo no sustituirá las rúbricas entregadas, pero permitirá ampliar el acompañamiento ciudadano a la propuesta.

La organización también mantiene herramientas de observación sobre la actividad legislativa, la elección del contralor general de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad. El monitor previsto para esta última institución será activado en octubre.

Un ciudadano hondureño, identificado de forma preliminar como Edgardo Zúñiga, fue detenido en Nicaragua y entregado a las autoridades de Honduras, acusado de haber atacado a su pareja con un machete en el municipio de El Triunfo. La víctima sufrió heridas de gravedad y recibió atención médica en un hospital de Tegucigalpa.

El caso fue informado por el diario nicaragüense La Prensa, que citó a Televicentro Radio de Choluteca y a autoridades policiales hondureñas. De acuerdo con esa cobertura, el sospechoso cruzó la frontera tras el presunto ataque con el objetivo de evitar la acción de la Justicia.

La captura ocurrió en la comunidad de Asentamiento Los Limones, en Somotillo, departamento de Chinandega. La Policía de Nicaragua localizó al hombre después de un intercambio de información y coordinación con los cuerpos de seguridad de Honduras, según indicó el medio.

El detenido fue trasladado luego a territorio hondureño, donde quedó bajo custodia policial. Las autoridades prevén remitir el expediente al Ministerio Público y a los tribunales competentes, que deberán definir los pasos judiciales del caso.

El comisionado de la Policía de Honduras, José Anariba Martínez, señaló que la mujer fue atacada con un arma blanca y sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario de Tegucigalpa, según recogió La Prensa.

“El ataque dejó a la víctima en condición grave, aunque las heridas no le causaron la muerte”, expresó el jefe policial, citado por el diario nicaragüense. El funcionario está a cargo de la Policía en los departamentos hondureños de Choluteca y Valle.

La información disponible no precisa la fecha exacta de la agresión ni el estado de salud actual de la mujer. Tampoco se difundieron detalles sobre el tipo de lesiones o la eventual intervención de equipos especializados de atención a víctimas de violencia de género.

La investigación se concentra en el hecho ocurrido en El Triunfo, un municipio de Honduras situado cerca de la frontera con Nicaragua. Según la reconstrucción divulgada por las autoridades, Zúñiga abandonó el país después del ataque y se dirigió hacia el territorio nicaragüense.

El hombre fue ubicado antes de que pudiera permanecer prófugo en Nicaragua. La localización derivó de las coordinaciones entre las fuerzas policiales de ambos países, que permitieron identificar su paradero en Somotillo y concretar su arresto.

La Policía afirmó que el detenido tenía antecedentes por hechos similares

Martínez sostuvo que el acusado intentó eludir a las autoridades al atravesar la frontera. “Creyó que no lo alcanzaría la ley, pero la coordinación permitió su detención y el traslado de regreso”, afirmó el jefe policial en declaraciones difundidas por La Prensa.

El funcionario añadió que la víctima no había presentado una denuncia formal al momento de las declaraciones. Aun así, indicó que la Policía actuó a partir de la gravedad del caso y de la información disponible sobre la agresión.

Las autoridades hondureñas también señalaron que Edgardo Zúñiga tendría antecedentes penales vinculados con episodios de violencia contra parejas. De acuerdo con Martínez, el sospechoso habría protagonizado un ataque de características similares hace algún tiempo, entre 15 y 18 años, cuando otra mujer habría resultado herida de gravedad.

Esa referencia forma parte de la información expuesta por la Policía y deberá ser verificada en el marco de las diligencias judiciales. Hasta el momento, no se informaron condenas previas ni causas judiciales específicas relacionadas con esos supuestos antecedentes.

El detenido permanece bajo custodia en Honduras mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía. La causa deberá determinar las circunstancias del ataque, la responsabilidad penal del acusado y las medidas de protección que correspondan para la víctima.

El costo de construir en Nicaragua volvió a subir en julio. El Índice de Precios de Materiales de Construcción (IPMC) aumentó 0.5% frente a junio, una variación que se ubicó entre las tres más altas de los primeros siete meses de 2026. El encarecimiento estuvo concentrado en productos básicos para levantar viviendas, ampliaciones y otras obras, como la arena de río, los bloques de concreto, las varillas de acero y la madera de pino.

Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en su reporte correspondiente a julio, publicado el 2 de septiembre. El indicador acumula una subida de 2.84% en lo que va del año, mientras que la variación respecto de julio de 2025 llegó a 4.77%.

La cifra mensual de julio quedó por debajo del alza de 0.9% registrada en febrero, la mayor del año. También igualó el incremento anotado en mayo. De esta forma, julio representó la tercera observación más elevada de 2026 dentro de la medición mensual, aunque compartió ese lugar con el resultado de mayo.

El grupo de cemento y derivados fue el que más empujó el índice general durante julio. Sus precios subieron 0.8% en un mes, principalmente por los incrementos en la arena y los bloques de concreto de cuatro por ocho por 16 pulgadas, una medida habitual en la construcción de paredes.

Este grupo explicó más de la mitad del aumento total del IPMC de julio. Además, en la comparación con el mismo mes del año anterior, los precios de cemento y derivados mostraron un aumento de 7.06%, el mayor entre los grupos relevados por el INIDE.

La arena de río es uno de los materiales más utilizados en las obras. Se mezcla con cemento para elaborar mortero y concreto, se emplea en repellos y sirve para nivelar superficies. Por eso, una variación en su precio puede trasladarse a varias tareas dentro de un proyecto de construcción.

Los bloques de concreto también tienen un peso directo en el presupuesto de una vivienda. Su uso se concentra en muros exteriores, divisiones internas, cercos y otras estructuras. El aumento de este producto incide sobre todo en las etapas iniciales de una obra, cuando se levantan las paredes.

El acero y el alambre elevaron el costo de las estructuras

El segundo grupo con mayor aumento mensual fue el de metales y derivados, que subió 0.61% en julio. El informe identificó incrementos en el alambre de amarre y en el acero número dos, conocido como varilla de refuerzo de un cuarto de pulgada.

Por lo que, en los últimos 12 meses, el grupo de metales y derivados acumuló un alza de 0.99%. Esa variación fue más moderada que la registrada en arena, bloques y madera, pero confirma que los insumos requeridos para reforzar las construcciones mantuvieron una tendencia de precios al alza.

El capítulo de maderas y techos aumentó 0.12% durante julio. La principal presión provino de la madera de pino, según el reporte oficial. Ese resultado fue parcialmente compensado por bajas en el precio de bisagras y cerraduras.

Aunque el incremento mensual de la madera fue menor que el de otros materiales, su comportamiento anual muestra una subida más marcada. Frente a julio de 2025, los precios del grupo de maderas y techos aumentaron 6.45%.

Estados Unidos pidió la derogación del Decreto 693-24, que fija aranceles para regular las importaciones de arroz en República Dominicana, al considerar que esa medida afecta los compromisos de acceso al mercado contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

La solicitud fue planteada durante una reunión virtual entre representantes de ambos países, según informó este viernes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El encuentro tuvo lugar a principios de esta semana y abordó la relación económica bilateral, así como una eventual negociación de un Acuerdo de Comercio Recíproco.

Según Diario Libre, la delegación estadounidense sostuvo que la derogación de la norma firmada por el presidente Luis Abinader resulta relevante para que República Dominicana cumpla las condiciones de acceso para el arroz de Estados Unidos previstas en el DR-Cafta.

En la reunión participaron el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman; la embajadora estadounidense Julie Callahan; la principal negociadora agrícola de ese país, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó.

La USTR señaló en su cuenta de X que los representantes discutieron oportunidades para reforzar los vínculos comerciales entre los dos países. En ese marco, la entidad estadounidense remarcó la necesidad de dejar sin efecto el decreto relacionado con las importaciones de arroz.

El Decreto 693-24 fue emitido por Abinader en 2024 y establece un esquema arancelario específico para varias categorías de arroz. La medida alcanza los productos clasificados en las partidas 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00.

Según la disposición, el arroz incluido dentro del contingente definido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe pagar un arancel de 20% ad valorem. Cuando las importaciones exceden ese cupo, la tasa se eleva a 99% ad valorem.

El objetivo de la norma es regular el ingreso de arroz al mercado dominicano y resguardar la producción local ante la apertura comercial prevista en el DR-Cafta. El sector arrocero ocupa un lugar relevante dentro de la agricultura del país, tanto por su participación en el consumo interno como por la cantidad de productores vinculados a esa actividad.

El decreto incluyó, además, una disposición particular para el arroz de origen estadounidense. El artículo 2 autoriza el ingreso de 23.300 toneladas métricas procedentes de Estados Unidos con arancel cero.

Fuera de esa cuota, el cereal estadounidense queda alcanzado por la tarifa de Nación Más Favorecida (NMF), que asciende a 99% ad valorem. Ese mecanismo es el punto central de la objeción expuesta por Washington, según la información publicada por Diario Libre.

Washington vincula el arroz con las obligaciones del DR-Cafta

La representación comercial estadounidense considera que el decreto limita el acceso de su arroz al mercado dominicano en un escenario en el que el DR-Cafta contempla compromisos específicos de liberalización comercial.

El acuerdo, que vincula a Estados Unidos, República Dominicana y países de Centroamérica, estableció cronogramas para la eliminación o reducción de barreras al comercio de distintos productos. En el caso del arroz, la discusión se concentra en la aplicación de contingentes, aranceles y condiciones de ingreso para el producto estadounidense.

La USTR indicó que también ve una oportunidad para negociar un Acuerdo de Comercio Recíproco con República Dominicana y expresó su expectativa de que esas conversaciones concluyan en un plazo oportuno. No informó, sin embargo, si hubo un calendario concreto para esas negociaciones ni si las autoridades dominicanas asumieron algún compromiso respecto del Decreto 693-24.

La publicación de la entidad estadounidense reaviva el debate sobre la protección del arroz dominicano frente a la competencia externa. El decreto mantiene un cupo de importación libre de arancel para Estados Unidos, pero aplica una tarifa de 99% a los volúmenes que superan ese límite.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica realizó la segunda convocatoria oficial de 2026 del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), una evaluación en la que participaron 498 postulantes y que alcanzó su séptima aplicación desde que comenzó a implementarse en agosto de 2023.

La prueba forma parte del proceso utilizado para valorar los conocimientos y competencias de quienes buscan ejercer profesionalmente la medicina en el país y, de acuerdo con el Colegio, pretende garantizar que los aspirantes cuenten con las herramientas necesarias para responder ante diferentes escenarios que pueden presentarse durante la atención de pacientes.

A diferencia de una evaluación centrada únicamente en la memorización de contenidos, el examen busca determinar cómo los postulantes aplican sus conocimientos médicos, analizan situaciones clínicas y toman decisiones frente a casos similares a los que podrían encontrar durante el ejercicio profesional.

El ECOM-CR está compuesto por 140 casos clínicos, elaborados por médicos previamente certificados para desarrollar este tipo de preguntas. El contenido incluye áreas fundamentales como Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría, Investigación y Ética Médica, además de otras subáreas relacionadas con la medicina general.

La aplicación de septiembre representó, además, una oportunidad para que representantes de otros colegios profesionales observaran directamente la dinámica utilizada durante el examen y conocieran los procedimientos establecidos para mantener la seguridad de la evaluación.

Según la información suministrada por el Colegio de Médicos y Cirujanos, entre los elementos considerados se encuentran los mecanismos de confidencialidad, los protocolos para proteger la información y las medidas utilizadas para garantizar condiciones homogéneas para todos los postulantes.

El desarrollo de cada convocatoria requiere una preparación que comienza varios meses antes de que los aspirantes ingresen a realizar la prueba. Durante ese periodo se trabajan aspectos vinculados con la elaboración y revisión de los casos clínicos, la organización de la aplicación y los procedimientos de seguridad relacionados con el manejo del examen.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dr. Elliott Garita Jiménez, aseguró que la rigurosidad del proceso responde a la responsabilidad que representa evaluar a quienes pretenden ingresar formalmente al ejercicio de la medicina en Costa Rica.

“Estamos hablando de un examen que mide los conocimientos necesarios para que un médico pueda ejercer, tomando en cuenta elementos de prevención, diagnóstico y seguimiento de los pacientes, así como la aplicación científica en los procesos”, señaló Garita.

El jerarca agregó que el alcance de la evaluación trasciende a los propios postulantes debido a que sus resultados terminan relacionados con la atención que posteriormente estos profesionales ofrecerán a la población.

“Todo este trabajo tiene un impacto directo sobre la sociedad costarricense, porque nos permite garantizar que quienes superan la evaluación han sido valorados de manera adecuada”, afirmó el presidente del Colegio.

El ECOM-CR comenzó a aplicarse en agosto de 2023 y desde entonces ha acumulado siete convocatorias. Según los datos divulgados por la organización profesional, durante las seis ediciones anteriores más de 1,760 postulantes aprobaron el examen y posteriormente lograron incorporarse al Colegio de Médicos y Cirujanos para ejercer la profesión en el territorio nacional.

La cifra evidencia el crecimiento que ha tenido el mecanismo de evaluación desde su implementación y el papel que actualmente cumple dentro del proceso de incorporación profesional.

Con la participación de 498 personas en esta segunda convocatoria de 2026, el Colegio mantiene la aplicación periódica del examen mientras continúa consolidando los procedimientos destinados a estandarizar la evaluación de conocimientos médicos.

Para el Colegio de Médicos y Cirujanos, este sistema busca que quienes finalmente obtengan autorización para ejercer en Costa Rica hayan demostrado conocimientos suficientes en ámbitos que van desde el diagnóstico y tratamiento hasta la prevención, la investigación científica y la ética profesional.

Una organización que utilizaba vehículos para distribuir y vender sustancias ilícitas como si realizara entregas convencionales fue desarticulada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, Panamá.

La denominada Operación Apple Delivery terminó con nueve personas condenadas, apenas un día después de las capturas efectuadas en el corregimiento de La Concepción.

La investigación apuntaba a que los integrantes movilizaban la droga en automóviles y coordinaban las entregas bajo una dinámica semejante a la de los servicios de mensajería. Los vehículos permitían trasladar los pedidos hacia distintos puntos, reducir el tiempo de permanencia en cada lugar y dificultar la identificación de una ubicación fija de venta.

La jueza de garantías Ana González validó los acuerdos de pena alcanzados entre la Fiscalía y las defensas y emitió la sentencia condenatoria número 613 del 11 de septiembre. Los nueve procesados, seis hombres y tres mujeres de entre 21 y 60 años, fueron responsabilizados por tres delitos diferentes.

El castigo más elevado recayó sobre un hombre de 21 años, condenado a 96 meses de prisión por venta de sustancias ilícitas. La decisión también ordenó el pago de una multa de 500 dólares con 83 centésimos, dinero que las autoridades vincularon con la actividad por la cual fue procesado.

Otros dos hombres, de 21 y 30 años, recibieron penas de 84 meses de prisión por el mismo delito. Ambos también fueron sancionados con 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, medida que comenzará a aplicarse una vez que hayan cumplido la condena principal impuesta por el tribunal.

La sentencia incluyó a tres hombres de 22, 26 y 31 años, declarados responsables de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Las penas fueron fijadas en 62 y 60 meses de prisión, mientras que las sanciones accesorias incluyeron el comiso de cuatro automóviles y periodos de inhabilitación para funciones públicas.

El componente financiero de la operación quedó reflejado en las condenas impuestas a tres mujeres por blanqueo de capitales. Una mujer de 48 años recibió 60 meses de prisión y perdió siete vehículos mediante una orden de decomiso, una cantidad que muestra el peso atribuido a los automóviles dentro de la estructura.

Las otras dos procesadas, de 28 y 60 años, fueron condenadas a 48 meses de prisión, reemplazados por el pago de 400 dólares dentro de un plazo de seis meses. Para una se dispuso el decomiso de un automóvil y para la otra, 12 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La audiencia se extendió durante casi seis horas, desde las 10:09 de la mañana hasta las 3:52 de la tarde. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ninfa González, Edgar Tamayo y Estefanía González, mientras que los sentenciados contaron con defensores públicos y abogados particulares durante el procedimiento.

Las aprehensiones se produjeron el 10 de septiembre durante un despliegue desarrollado en La Concepción, distrito de Bugaba. De acuerdo con el Órgano Judicial, las autoridades incautaron vehículos, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos utilizados posteriormente dentro de la causa penal y los acuerdos de pena.

El uso de automóviles como supuesto servicio de entrega muestra la capacidad del microtráfico para adoptar dinámicas comerciales cotidianas. La movilidad reduce la exposición de los vendedores y facilita variar recorridos, horarios y puntos de encuentro, mientras los teléfonos permiten coordinar pedidos sin mantener un puesto permanente fácilmente identificable por las autoridades.

No es la primera estructura detectada este año que intentaba camuflar la venta de droga detrás de una actividad lícita. En agosto, la operación Caballo de Troya descubrió que presuntos microtraficantes utilizaban puestos de buhonería como fachada en varios sectores del distrito populoso de San Miguelito.

Aquella intervención se desarrolló en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación. Según informó la Procuraduria, siete personas fueron aprehendidas y se decomisaron dinero y sustancias ilícitas. En La Gran Estación, algunos investigados se presentaban como vendedores ambulantes cerca de áreas comerciales concurridas.

Apple Delivery y Caballo de Troya revelan dos formas distintas de ocultar operaciones de microtráfico: una basada en entregas móviles realizadas mediante automóviles y otra apoyada en puestos ambulantes. En ambos casos, la estrategia consistía en insertar la actividad ilícita dentro del movimiento cotidiano, aprovechando escenarios donde circular o entregar productos no despierta sospechas inmediatas.

La gestión del régimen de Cuba recibe una evaluación negativa de parte de casi todos los ciudadanos consultados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización de la sociedad civil cubana. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba señala que el 95% de los encuestados desaprueba el desempeño económico y social del Ejecutivo, en un escenario marcado por pobreza, inflación, apagones y falta de alimentos.

El documento también indica que el 84% de los cubanos desconfía de las medidas económicas anunciadas por la dictadura. Ocho de cada diez de los consultados no confía en que esas disposiciones puedan mejorar la grave situación que vive la isla. Solo el 6% espera resultados favorables; el 7% no tiene una posición definida y el 3% no respondió.

El nivel de desconfianza alcanza el 88% entre las personas de 18 a 30 años. Entre quienes tienen de 61 a 70 años, el porcentaje que espera una mejora llega solo al 9%, el nivel más alto entre los grupos etarios.

La encuesta expone una distancia entre la confianza en las políticas públicas y las expectativas personales sobre el futuro. Mientras una amplia mayoría cuestiona la eficacia de las medidas oficiales, el 50% considera posible un cambio favorable para la población durante el segundo semestre de 2026.

La mitad de los encuestados espera una mejora en el corto plazo. El 32% de los entrevistados no espera una evolución favorable durante el semestre siguiente. Otro 15% manifestó no saber qué puede ocurrir y el 3% no respondió.

Las expectativas positivas alcanzan el 56% entre las personas de 18 a 30 años y entre el grupo de 46 a 60 años. Entre los mayores de 70 años, esa cifra baja al 38%, mientras que el 40% anticipa que no habrá cambios positivos.

Según el informe, el 73% calificó la gestión del régimen como muy negativa y el 22% como negativa. Solo el 3% expresó una opinión positiva, mientras que el 2% no respondió. La investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se basó en 1,318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en 79 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud.

El rechazo supera el 90% entre jóvenes, adultos y mayores. La desaprobación atraviesa todos los segmentos de edad. Los porcentajes de evaluación negativa oscilan entre el 92% y el 96%, sin variaciones amplias entre jóvenes, adultos y personas mayores.

Entre los factores que condicionan esa percepción figuran el deterioro de los ingresos, la escasez de alimentos, los problemas de transporte y las deficiencias de los servicios básicos. El informe también registra que el 94% de la población vive en extrema pobreza y que ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria durante los últimos seis meses por falta de dinero, alimentos o ambas causas.

Además, la población encuestada situó los apagones como el principal problema que debe atenderse en estos seis meses. Esa opción obtuvo el 70% de las menciones, seguida por la crisis alimentaria, con 52%, y el costo de vida, con 45%.

Cubanos urgen cambios políticos en la isla

Al consultar por el tipo de transformación deseada, el 77% eligió cambios políticos y económicos de forma simultánea. El 9% planteó reformas limitadas a la economía y el 4% priorizó modificaciones solo en el plano político. El 7% señaló el levantamiento del embargo de Estados Unidos como la principal vía de cambio. Ningún encuestado optó por mantener la situación actual.

La depreciación del peso cubano y la percepción de crisis es otro factor que golpea. El estudio incorpora el comportamiento del tipo de cambio como uno de los elementos que condicionan la vida de los hogares. La depreciación del peso cubano frente al dólar en el mercado no estatal reduce la capacidad de compra de salarios, pensiones y remesas.

El Observatorio calculó la línea de pobreza extrema con la referencia de USD 1.90 diarios por persona utilizada por el Banco Mundial. Para un hogar de tres integrantes en Cuba, ese umbral equivale a 87,210 pesos cubanos mensuales (USD 126.76). Pero el 68% de los hogares cubanos, según el informe, recibe menos de 20,001 pesos al mes (USD 29.07).

La distancia entre los ingresos declarados y el costo de bienes esenciales ayuda a explicar la desconfianza frente a las medidas económicas. Para los encuestados, la recuperación de la capacidad adquisitiva, el acceso a alimentos y la estabilidad eléctrica forman parte de las demandas urgentes que condicionan su evaluación sobre la dictadura cubana.

La tragedia se desató pasadas las 22.00, hora local, y se produjo en un establecimiento que acumulaba denuncias sanitarias de años anteriores, según confirmaron las autoridades.

La única empleada presente en el momento del siniestro logró evacuar a diez residentes antes de que las llamas se extendieran por completo. Las personas rescatadas fueron realojadas en otro albergue durante las horas siguientes, mientras que los heridos —tanto internos como personal— fueron trasladados al hospital de Pitrufquén. Las investigaciones buscan determinar si esa trabajadora era, efectivamente, la única persona a cargo del establecimiento en ese turno nocturno.

El fiscal Jorge Granada confirmó el balance de víctimas y señaló que el origen del incendio “es un tema que se tiene que investigar”. Sin descartar causas, apuntó a un posible accidente eléctrico o a la inflamación de una estufa, aunque aclaró que no se excluye ningún otro tipo de error. La dueña del recinto fue interrogada en calidad de imputada.

El general de Carabineros Miguel Herrera, jefe de zona de La Araucanía, informó que las indagatorias procurarán establecer si existían cadenas o bloqueos en las puertas del establecimiento al momento del incendio. La mayoría de las habitaciones del asilo se encontraban en el primer piso de la estructura, y se intenta confirmar si todos los accesos estaban habilitados conforme a la normativa vigente.

El delegado presidencial en La Araucanía, Francisco Ljubetic, se trasladó hasta el lugar esta mañana para recabar antecedentes y comunicó la situación al presidente José Antonio Kast y a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quienes se hallaban en actividades en la Región de Los Ríos. También fue notificado el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, reveló que el recinto tenía un sumario sanitario en curso y que el propio municipio había levantado alertas formales con anterioridad al siniestro. “En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa”, declaró la alcaldesa en declaraciones a 24 Horas.

Ljubetic agregó que a esa denuncia de febrero se sumó otra del año anterior, y dejó entrever que las irregularidades en el establecimiento datarían de al menos siete años. Consultado por si el recinto contaba con permiso para funcionar, el delegado fue cauto: “Estamos tratando de reunir los antecedentes fidedignos para dar una respuesta”, sostuvo, y añadió que la misma tarea había sido encomendada al fiscal regional, quien investiga el caso para determinar eventuales responsabilidades.

Las autoridades coordinaron la presencia en el lugar de las secretarías regionales ministeriales (seremis) de Salud y de Desarrollo Social, en conjunto con el municipio de Pitrufquén. La reubicación de los sobrevivientes dependerá del estado de salud de cada uno. “Se está trabajando con la seremi de Salud en torno a cuál es el grado de dependencia que tenían las personas que sobrevivieron. Entiendo que habría dos personas en situación de discapacidad, lo que se revisará con Senadis”, indicó Ljubetic.

Pitrufquén es una comuna austral de poco más de 25.000 habitantes, ubicada en el corazón de La Araucanía.

Algunos salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) afirman que sus empleadores les pidieron que no regresaran a sus puestos, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indicó que mantienen la protección migratoria y la autorización de empleo a los beneficiarios, de acuerdo con un reportaje elaborado por Noticias Telemundo.

Vilma Parada, una salvadoreña amparada por el programa, refleja la preocupación que atraviesan miles de personas. En una entrevista con la citada cadena internacional relató que llegó a su lugar de trabajo y recibió la noticia de que no podía continuar.

“Yo quería llorar cuando fui despedida. Vine de mi trabajo triste, ¿pero qué puedo hacer?”, expresó.

La situación ocurrió después de que el TPS llegara a su fecha prevista de vencimiento, el 9 de septiembre, sin que hubiera un pronunciamiento definitivo sobre su futuro. Según explicó DHS, la decisión será comunicada “en el momento apropiado”. Hasta entonces, los beneficiarios conservan su estatus de protección y sus permisos de trabajo.

La incertidumbre ha generado confusión entre empleadores y trabajadores, sobre todo entre quienes necesitan renovar o demostrar la vigencia de sus documentos laborales.

Sin embargo, representantes de organizaciones señalaron a Noticias Telemundo que los despidos basados únicamente en la falta de una nueva decisión sobre el TPS pueden ser ilegales. “Hay personas que han perdido su trabajo, pero es ilegal”, indicó la abogada Emi MacLean al citado medio.

Recomendaciones para trabajadores ante la falta de una decisión oficial

Ante estas situaciones, las organizaciones recomiendan que los beneficiarios soliciten una carta para presentar ante sus empleadores. El documento, elaborado por la Alianza Nacional del TPS, expone la última decisión vigente del Gobierno de EE.UU. y explica que quienes estaban amparados por el programa mantienen su autorización laboral hasta que exista una resolución oficial.

Vilma obtuvo esa constancia para intentar aclarar su situación. Aun así, aseguró que no tiene una alternativa inmediata para sostener su estabilidad laboral. “No tengo opciones. Solamente dependo de que un día digan que el TPS lo extienden”, dijo durante la entrevista.

Organizaciones proinmigrantes y abogados también sugieren a los salvadoreños consultar su situación de manera individual. Algunas podrían reunir condiciones para solicitar otros beneficios migratorios, aunque esas vías no están disponibles para todos los titulares de TPS.

Entre las opciones mencionadas figuran la visa U para víctimas de determinados delitos, casos pendientes vinculados con solicitudes de asilo y protecciones para familiares de ciudadanos estadounidenses. También existen situaciones particulares de personas con hijos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La evaluación depende de cada expediente migratorio, de los antecedentes de la persona y de los requisitos de cada programa. Por ese motivo, las entidades recomiendan no tomar decisiones basadas en especulaciones y buscar asesoramiento legal antes de iniciar cualquier trámite.

La preocupación se extiende entre los salvadoreño, muchos de los cuales llevan años en Estados Unidos y dependen de sus empleos para sostener a sus familias. La ausencia de una comunicación definitiva dejó a trabajadores expuestos a decisiones empresariales que, según los defensores de migrantes, no se ajustan a la vigencia actual de los permisos.

El Salvador enfrentará un fin de semana marcado por precipitaciones intensas, actividad eléctrica y temperaturas extremas debido a la influencia de una onda tropical.

Durante este día 12 de septiembre y mañana domingo, la interacción de este sistema atmosférico con el flujo del este acelerado provocará cambios en el tiempo en las zonas centro, occidente y oriente del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante horas de la mañana la mayor parte de El Salvador mantendrá un cielo poco nublado. La situación cambiará a partir de la tarde con el desarrollo de las primeras precipitaciones en el sector norte del país.

Sin embargo, para horas de la noche, las lluvias y tormentas se organizarán con mayor fuerza sobre los sectores orientales, centrales y occidentales. El MARN puntualiza que el Área Metropolitana de San Salvador registrará una alta probabilidad de recibir lluvias fuertes durante la noche.

Estas precipitaciones estarán acompañadas por abundante actividad eléctrica, vientos con velocidades que superarán los 40 kilómetros por hora (25 millas por hora) y la posible caída de granizo en sectores específicos. La inestabilidad climática responderá de forma directa al paso del sistema tropical sobre la masa de aire regional.

La madrugada del domingo 13 de septiembre comenzará con precipitaciones breves en la franja costera de La Libertad y Sonsonate. Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nublado sin presencia de precipitaciones en la mayor parte del territorio centroamericano.

Durante la noche del domingo, la nubosidad aumentará en las regiones central y occidental. Se registrarán precipitaciones y tormentas de intensidad moderada a fuerte que se desplazarán desde el departamento de Chalatenango hacia el norte de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.

El fenómeno de mareas vivas incrementará el riesgo en la franja costera

De igual manera, el MARN enfatiza que desde el día de ayer hasta el 14 de septiembre, el litoral mantendrá la influencia del fenómeno de mareas vivas.

Por lo que, durante el período de marea alta, la altura de las olas registrará un incremento significativo, mientras que durante la marea baja se intensificará la velocidad de las corrientes de retorno, situación que eleva el riesgo de ahogamiento para bañistas y pobladores locales.

En alta mar, los vientos mantendrán una velocidad acelerada de hasta 40 kilómetros por hora (25 millas por hora). Esta condición meteorológica generará inconvenientes en la navegación de pequeñas embarcaciones, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad antes de adentrarse en aguas profundas.

Temperaturas de hasta 40 ℃ mantendrán un ambiente caluroso en el oriente del país

A pesar de la presencia de lluvias y tormentas, las temperaturas elevadas predominarán en todo el país durante el fin de semana. En la zona oriental se esperan los valores más altos, con registros que alcanzarán o superarán los 40 ℃ (104 ℉).

En la franja costera, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 33 ℃ (91,4 ℉) y los 38 ℃ (100,4 ℉). En contraste, las zonas altas del país presentarán condiciones más frescas, con valores máximos situados entre los 25 ℃ (77 ℉) y los 30 ℃ (86 ℉).

Ante el panorama meteorológico previsto para este fin de semana, la población debe tomar precauciones específicas tanto por la radiación solar extrema como por las tormentas repentinas. Para mitigar los efectos del calor, es necesario mantener una hidratación constante mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, utilizar ropa holgada de colores claros y aplicar protector solar en áreas expuestas de la piel.

Globos, piñatas, regalos y actividades escolares suelen marcar la celebración del Día del Niño en Honduras. Sin embargo, detrás de esa imagen existe otra realidad: 665 menores de 18 años murieron en 2025 por causas externas, según el Boletín número cuatro sobre violencia contra niños y niñas del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

Esta cifra detalla el informe representa un incremento de 17,9% respecto del año anterior, según el boletín del ONV. Del total de víctimas, 71,3% eran varones, lo que confirmó una mayor exposición de los niños y adolescentes a determinadas formas de violencia y riesgo.

El informe registró 161 homicidios de niñas, niños y adolescentes, un aumento de 22% respecto del año anterior.

La violencia homicida se concentró principalmente en los adolescentes: 78,9% de las víctimas tenía entre 12 y 17 años. Los niños representaron la mayoría de las víctimas, con 127 casos, frente a 34 niñas.

Además, 62.7% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que en 39.8% de los casos la investigación aún permanecía abierta.

La violencia en el entorno familiar

La exfiscal de la Niñez, Nora Urbina, dijo a Infobae uno de los principales desafíos se encontraba en los hogares que no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar la protección de los menores, detalló.

En determinados entornos familiares pueden presentarse situaciones de violencia sexual, maltrato infantil y castigo corporal excesivo, por lo que la intervención estatal no debería producirse únicamente cuando el daño ya está hecho.

Urbina planteó la necesidad de mirar con mayor atención las condiciones en las que viven las familias y fortalecer las acciones de prevención. Cuando un menor es retirado de un entorno de violencia o vulneración, comienza otro desafío: garantizar que el lugar al que será trasladado sea realmente seguro.

Así mismo cuestiona que es fundamental que las instituciones responsables de la niñez realicen una adecuada verificación, supervisión y seguimiento de los espacios de protección y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) tiene en este proceso un papel determinante.

Trabajo infantil

No basta con retirar a un niño de un ambiente donde ha sido vulnerado. El Estado debe asegurarse de que el nuevo entorno no reproduzca las condiciones de violencia que motivaron su intervención explica la experta.

Datos citados del Instituto Nacional de Estadística (INE) y UNICEF señalaron que alrededor de 3,900 niños se encuentran bajo cuidado en Instituciones Residenciales de Cuidados Alternativos (IRCAS).

Estos espacios cuentan con metodologías destinadas a la atención de menores que necesitan protección, pero también enfrentan limitaciones económicas y dependen de donaciones y transferencias estatales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes trabajan en Honduras.

La mayor concentración se encuentra en el sector agrícola, con 36,4%. Le siguen las actividades comerciales, con 17.8%; la construcción, con 6.2%; y la industria manufacturera, con 5.8%.

Realidades de la niñez

El trabajo infantil representa un desafío para el acceso a la educación y para el desarrollo integral, especialmente cuando las condiciones laborales implican riesgos o sustituyen el tiempo que debería estar destinado al estudio.

Los datos fueron presentados durante el foro “Cifras que exigen acción: Evidencias, desafíos y respuestas frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Honduras”.

El Día del Niño representa una oportunidad para celebrar a la infancia, pero también para revisar qué condiciones ofrece Honduras a sus niños para crecer, estudiar y vivir con seguridad.

También demanda políticas públicas que reduzcan la violencia, garanticen el acceso a la educación y a oportunidades y fortalezcan a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Hay victorias que se consiguen con suerte, pero hay triunfos que se construyen con determinación, carácter y una fe inquebrantable en los propios sueños. La noche de ayer 11 de septiembre el certamen de Miss Universe Honduras 2026 no fue solo una fiesta de glamour y elegancia; fue la confirmación de que la constancia siempre rinde frutos.

Ante una audiencia entusiasta en el prestigioso Centro de Convenciones del Hotel Copantl en San Pedro Sula, Luisa Paola Pineda Barahona se alzó con la ansiada corona nacional, demostrando que caerse solo sirve para levantarse con más fuerza.

Representando con orgullo por primera vez al municipio de San Francisco de Yojoa, Luisa conquistó al jurado y al público desde su primer paso en la pasarela. Sin embargo, su camino hacia el título principal no comenzó hace un par de meses, sino un año atrás, marcado por una historia de resiliencia que hoy inspira a toda una nación.

En la edición de Miss Universe Honduras 2025, una joven y ambiciosa Luisa Pineda compitió portando la banda de San Pedro Sula. En aquella oportunidad, su belleza y desenvolvimiento la llevaron a posicionarse dentro del codiciado Top 5 de finalistas. Aunque la corona terminó en manos de Alejandra Fuentes, Luisa no tomó el resultado como un final, sino como el primer capítulo de su aprendizaje.

En lugar de retirarse, decidió convertir la experiencia en su mayor fortaleza. Con la mirada puesta en la revancha, trabajó incansablemente durante meses para perfeccionar cada detalle: su oratoria, su presencia escénica y su preparación intelectual.

Al volver a inscribirse para la edición 2026, asumió el reto de llevar la representación de San Francisco de Yojoa, dispuesta a escribir una historia completamente diferente. Toda la madurez acumulada en su primer intento se reflejó de inmediato en el escenario, convirtiéndola en la rival a vencer desde los primeros juzgamientos.

Dominio absoluto en la ronda final de preguntas

Si bien la belleza física de Pineda es innegable con sus 1.73 metros de estatura y su inigualable porte, fue su mente brillante la que selló de forma categórica su triunfo. Al avanzar al Top 3 definitivo, las finalistas se enfrentaron a una exigente doble ronda de preguntas diseñada para evaluar su preparación integral bajo extrema presión.

En ese instante crucial, donde los nervios traicionaron a otras competidoras, Luisa demostró el temple de reina experimentada:

• Elocuencia y templanza: Respondió con una serenidad pasmosa, hilando argumentos lógicos, claros y sin dudar ni un solo segundo.
• Contenido de impacto: Su discurso integró su visión de sostenibilidad ambiental, respaldada por su labor en la organización Guardianes de la Naturaleza de Honduras y el rol estratégico de la mujer moderna en la logística y el desarrollo socioeconómico del país.
• Formación académica al servicio del escenario: Como Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudiante de Ingeniería en Operaciones y Logística de 26 años, proyectó la imagen de una líder preparada para impactar globalmente.

Esa combinación de solidez conceptual, elegancia y aplomo le otorgó el respaldo unánime de los jueces, superando categóricamente en la recta final a Anaís Vargas y Kat Sarmiento.

Con la corona resplandeciendo sobre su cabeza y las lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas, Pineda inicia ahora una nueva y emocionante etapa. La reina hondureña representará formalmente al país en la 75.ª edición de Miss Universo, programada para celebrarse en el mes de noviembre de 2026 en la hermosa isla de Puerto Rico.

El Gobierno de Costa Rica prepara una estrategia interinstitucional para atender a personas en condición de calle, principalmente en el cantón de San José, que será respaldada con recursos contemplados dentro del presupuesto del Ministerio de Salud para 2027.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, confirmó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que varias instituciones públicas ya trabajan desde hace aproximadamente un mes en la definición de una ruta conjunta para atender a esta población.

La iniciativa está bajo el liderazgo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y cuenta con participación del Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y otras entidades estatales.

Parte de la ejecución de los servicios también estaría vinculada con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sánchez explicó que la estrategia ya avanzó en la identificación de la población que requiere intervención y en la definición de los puntos hacia donde deben dirigirse las acciones.

“Se ha creado desde hace aproximadamente más de un mes un grupo interinstitucional que está bajo el liderazgo del IMAS, donde participamos Salud, donde participa IAFA, donde participan diferentes ministerios o instituciones y donde ya hay una ruta trazada”, señaló.

El jerarca añadió que recientemente se realizó una reunión para revisar los avances de la iniciativa y que el IMAS cuenta con información sobre las personas que serían objeto de atención.

“El IMAS tiene definido qué población es la que ocupa atención y a dónde va a ir dirigida la ruta que la señora presidenta nos ha solicitado”, indicó.

Diputados piden detalles de la estrategia

Durante la comparecencia, los legisladores solicitaron información más precisa sobre el alcance del plan.

Entre las principales interrogantes estuvieron cuántas personas se pretende atender, cuáles instituciones participarán formalmente, qué acciones asumirá cada una y cuánto dinero se asignará específicamente a la estrategia.

También consultaron si existe un documento oficial que detalle la estructura y funcionamiento del programa.

Sánchez respondió que esa información puede ser remitida posteriormente a la comisión y confirmó que ya existe una ruta interinstitucional definida.

La estrategia surge en un contexto en el que la presencia de personas en condición de calle se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios en distintos puntos de San José.

El abordaje planteado pretende articular respuestas que no dependan exclusivamente de una institución, sino que integren componentes de asistencia social, salud, tratamiento de adicciones y atención médica.

Salud tendrá ₡598,000 millones (USD 1.3 mil millones) en 2027

El anuncio se produjo durante la defensa del presupuesto del Ministerio de Salud para el próximo año.

Según Sánchez, la institución contará con aproximadamente ₡598,000 millones (USD 1.3 mil millones) en 2027, lo que representa un incremento de alrededor de ₡155,000 millones (USD 338 millones) en comparación con 2026.

Parte de ese crecimiento presupuestario será utilizado para financiar la estrategia dirigida a la población en condición de calle.

El componente sanitario será especialmente relevante debido a que las personas en condición de calle pueden requerir atención por problemas de salud física, salud mental y consumo de sustancias, además de acompañamiento social.

El esquema mencionado ante los diputados apunta precisamente a combinar varias de esas áreas mediante una respuesta articulada.

Una familia nicaragüense de cuatro personas necesita entre C$158 (USD 4.30) y C$169 (USD 4.60) para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y una tortilla por comensal, un gasto que muestra el peso de una comida tradicional en el presupuesto del hogar. El cálculo surge de precios relevados en mercados por 100% Noticias y no contempla los insumos necesarios para cocinar.

Si esa misma comida se preparara siete veces en una semana, el desembolso ascendería a C$1,120 (USD 30.72) , tomando como referencia un gasto cercano a C$160 por ocasión. La cifra corresponde a una sola de las comidas del día.

Arroz, frijoles y acompañamientos en la cuenta familiar

La base del gallo pinto requiere media libra de arroz y media libra de frijoles para cuatro platos. El arroz más económico cuesta unos C$25 (USD 0,68) la libra, mientras que el arroz El Faisán, recomendado por comerciantes para esta preparación, ronda los C$28 (USD 0,76).

Esa porción de arroz representa entre C$12,50 (USD 0,34) y C$14 (USD 0,38). Los frijoles se venden entre C$30 (USD 0,82) y C$35 (USD 0,96) la libra, por lo que media libra suma de C$15 (USD 0,41) a C$17,50 (USD 0,48).

Arroz y frijoles demandan así entre C$27,50 (USD 0,75) y C$31,50 (USD 0,86) antes de añadir aceite, cebolla, ajo u otros condimentos. La variación depende de la marca elegida y del mercado donde se haga la compra.

El huevo añade entre C$28 (USD 0,76) y C$32 (USD 0,87) al presupuesto cuando cada integrante recibe una unidad. Su precio individual se ubica entre C$7 (USD 0,19) y C$8 (USD 0,22).

El queso es uno de los acompañamientos que más encarece la comida. La libra se consigue cerca de C$84 (USD 2,29), aunque puede alcanzar C$90 (USD 2,46), de modo que media libra para repartir entre cuatro personas cuesta entre C$42 (USD 1,15) y C$45 (USD 1,23).

La crema suma unos C$40 (USD 1,09) en la presentación consultada. Las cuatro tortillas, a C$5 (USD 0,14) cada una, agregan otros C$20 (USD 0,55).

Las cantidades consideradas incluyen media libra de arroz, media libra de frijoles, cuatro huevos, media libra de queso, una libra de crema y cuatro tortillas. El precio final puede modificarse si el hogar reduce el queso, prescinde de algún acompañamiento o cocina una cantidad suficiente de gallo pinto para más de una comida.

Muchas familias compran arroz y frijoles en mayores cantidades o aprovechan productos que ya tienen en casa para ajustar el gasto. El cálculo tampoco incorpora el aceite, la cebolla, el ajo, el gas ni la electricidad utilizados durante la preparación.

El gallo pinto reúne una historia de mestizaje entre América, Europa y África

El gallo pinto, preparación de arroz y frijoles asociada a Costa Rica y Nicaragua, concentra una historia de mestizaje americano: une una leguminosa consumida por los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales con un cereal llevado por los españoles y una forma de combinación vinculada a las cocinas africanas.

El arroz se originó en Asia y llegó a España a través de los árabes. Desde los siglos XV y XVI formó parte de recetas españolas, antes de que los conquistadores extendieran su cultivo por América, especialmente en México y Sudamérica.

Para el siglo XVIII, el cultivo ya habría adquirido relevancia en América Central. La presencia de distintos tipos de frijoles, utilizados ancestralmente en el continente, multiplicó las posibilidades de combinar ambos ingredientes.

Con apenas 18 años, una trayectoria deportiva que ya incluye una medalla nacional y representación internacional, y una participación activa en actividades culturales, el estudiante guanacasteco Danny Yoel Jarquín Rodríguez será el encargado de dar los primeros pasos con la Antorcha de la Independencia 2026 en Costa Rica.

El joven cursa duodécimo año en el Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, ubicado en La Cruz de Guanacaste, y fue seleccionado para iniciar el recorrido del fuego patrio, uno de los actos más simbólicos dentro de las celebraciones por la independencia costarricense.

Su elección reúne varias facetas que han marcado su vida estudiantil: deporte, disciplina, representación nacional y participación en las tradiciones culturales de su comunidad.

Danny Yoel ha desarrollado buena parte de su trayectoria en distintas disciplinas deportivas. Durante sus años como estudiante ha conquistado campeonatos regionales en fútbol y futsal, además de obtener el campeonato regional de balonmano en 2025.

En total, acumula más de diez medallas en diferentes competencias.

Uno de sus principales logros llegó durante 2026, cuando obtuvo la medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 como integrante del equipo masculino de balonmano del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz.

Su desempeño dentro de esta disciplina también lo llevó a representar internacionalmente a Costa Rica.

Danny Yoel forma parte de la Selección Juvenil de Costa Rica de Balonmano y participó en el IHF Trophy, celebrado en San Salvador, El Salvador.

Durante ese torneo fue reconocido como parte del Equipo Ideal, específicamente en la posición de lateral derecho, un logro que consolidó su proyección dentro de esta disciplina.

Del balonmano al folclor

Sin embargo, la historia del estudiante guanacasteco no se limita al deporte.

Danny Yoel también forma parte del grupo folclórico Namború, perteneciente al Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, donde mantiene un vínculo directo con las tradiciones culturales costarricenses.

Durante 2025, la agrupación consiguió el primer lugar en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes.

Ese resultado le permitió representar posteriormente a la región en el Festival Nacional de Encuentros de Grupos de Danza Folklórica, ampliando así otra de las facetas que el joven combina con sus responsabilidades académicas y deportivas.

Actualmente cursa la especialidad de Organización de Operaciones y Servicios de Alimentos y Bebidas, mientras mantiene sus actividades dentro del deporte competitivo y el folclor.

Su mensaje hacia otros estudiantes se centra en aprovechar las oportunidades durante la juventud, mantenerse enfocados en objetivos positivos y trabajar con constancia para alcanzar sus metas.

Ese recorrido personal tendrá ahora un nuevo capítulo con uno de los actos centrales de las celebraciones patrias.

El estudiante será el primero en correr con la Antorcha de la Independencia 2026, lo que lo convertirá en el encargado de iniciar en territorio costarricense el desplazamiento de un símbolo que tradicionalmente recorre comunidades, centros educativos y distintas regiones del país durante las actividades de septiembre.

La designación adquiere un significado especial para La Cruz, una comunidad fronteriza que verá a uno de sus jóvenes asumir un papel destacado dentro de las celebraciones nacionales.

Ahora sumará una nueva representación

Cuando reciba el fuego patrio y comience a correr, llevará consigo no solo la Antorcha, sino también una historia personal construida entre entrenamientos, competencias, estudios y presentaciones folclóricas.

La elección del joven convierte así el inicio del recorrido de la Antorcha de la Independencia 2026 en una vitrina para reconocer el talento estudiantil y el esfuerzo de quienes combinan su formación académica con otras áreas de desarrollo.

Para Danny Yoel, acostumbrado a competir por medallas y representar a Costa Rica desde una cancha, el reto será distinto esta vez: iniciar el recorrido de uno de los símbolos más reconocidos de la libertad, la paz y la identidad nacional.

Un recorrido de 378 kilómetros hasta Cartago

La Antorcha de la Independencia Centroamericana ingresará a Costa Rica el 13 de septiembre por Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, y recorrerá aproximadamente 378 kilómetros hasta llegar a las Ruinas de Cartago el 14 de septiembre a las 8:00 p. m.

Durante el trayecto, cerca de 22,000 estudiantes serán los encargados de portar el fuego patrio mediante relevos distribuidos en ocho rutas primarias, además de recorridos secundarios que permitirán llevar la llama a distintas comunidades del país. La ruta principal atravesará puntos como La Cruz, Liberia, Bagaces, Esparza, Naranjo, Heredia y San José antes de concluir en Cartago, recreando simbólicamente la forma en que la noticia de la independencia avanzó de pueblo en pueblo por Centroamérica en 1821.

El Gobierno hondureño anunció un incentivo económico de L2.500, equivalentes a unos US$93, para los migrantes que regresen al país desde Estados Unidos, en momentos en que Honduras se prepara para recibir gradualmente a más compatriotas.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, explicó que el dinero será entregado mediante una tarjeta que permitirá retirar los fondos en cajeros automáticos.

El programa también incluirá a personas que ya regresaron.

“Los que vinieron desde el 27 de enero y todos los que vengan” podrán acceder al beneficio una vez que el mecanismo entre en funcionamiento, aseguró Cordero.

El incentivo busca ofrecer liquidez inmediata a una persona que puede regresar sin empleo, vivienda propia o recursos disponibles en Honduras.

Pero su alcance económico es limitado. Los L2.500 (US$93) pueden cubrir gastos iniciales como transporte, alimentos o comunicaciones durante los primeros días, pero difícilmente permiten financiar un proceso completo de reinserción.

Ese es precisamente el desafío que enfrenta el Estado.

Un migrante que retorna después de años fuera del país puede necesitar algo más que dinero en efectivo: documentación, acceso al mercado laboral, capacitación, atención médica, apoyo psicológico o incluso ayuda para encontrar vivienda.

Cordero indicó que los hondureños que retornaron previamente recibirán instrucciones sobre el procedimiento para obtener la tarjeta.

El funcionario aseguró además que el beneficio será otorgado sin distinción política.

“Aquí somos el Gobierno de la República y el Gobierno de la República es para todos los hondureños”, señaló.

Todavía no se ha divulgado una fecha exacta para comenzar la entrega.

Tampoco se informó cuántas personas podrían resultar beneficiadas ni cuál será el presupuesto total necesario para mantener el incentivo hasta el final de la administración actual.

El costo puede crecer rápidamente

Ahí aparece una de las principales preguntas financieras del programa.

Por ejemplo, cada 10,000 retornados representarían un desembolso aproximado de L25 millones, unos US$932.000.

Si el número llegara a 50.000 personas, el costo ascendería a alrededor de L125 millones, unos US$4,66 millones.

Estas cifras son únicamente ejercicios matemáticos para dimensionar el programa; el Gobierno no ha anunciado todavía que esos sean los números esperados de beneficiarios.

El presupuesto final dependerá del ritmo de retornos desde Estados Unidos y de las reglas de elegibilidad que adopte el INM.

El reto no termina en el aeropuerto

El anuncio llega mientras Honduras enfrenta preocupación por el retorno de compatriotas procedentes de Estados Unidos y por las consecuencias económicas y sociales que puede generar una llegada más numerosa.

Durante años, muchos migrantes han enviado remesas, sostenido hogares y construido experiencia laboral en sectores como construcción, servicios, agricultura y transporte.

Su regreso puede convertirse en un problema si no encuentran oportunidades, pero también en una fuente de capital humano si existe una política capaz de aprovechar las habilidades adquiridas.

Por eso, la tarjeta de L2.500 puede resolver la primera necesidad, pero no la segunda.

La prueba real será saber cuántos retornados consiguen empleo o emprenden después de llegar y cuántos terminan intentando migrar nuevamente ante la falta de oportunidades.

El Gobierno ya definió cuánto entregará cuando regresen. La siguiente pregunta será más difícil: qué ofrecerá Honduras para que puedan quedarse.