Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de fieles católicos se congregaron este domingo en el Centro Histórico de San Salvador para participar en la procesión de Cristo Resucitado. La celebración, que recorre las calles más emblemáticas del corazón capitalino, representa para la comunidad no solo el triunfo de Jesús sobre la muerte, sino el inicio del tiempo de Pascua, una etapa de esperanza y renovación crucial para millones de creyentes, marcada litúrgicamente por los siguientes 50 días hasta el Domingo de Pentecostés.

La imagen de Cristo Resucitado, acompañada por cánticos y oraciones, avanzó desde la plaza San Jerónimo Emiliani, junto a la parroquia El Calvario. De acuerdo con el recorrido la procesión transitó por la calle de La Amargura y continuó frente al mercado Sagrado Corazón de Jesús, atravesó el Portal de Occidente, la Catedral Metropolitana de San Salvador y el mercado Hula Hula, culminando nuevamente en la parroquia El Calvario, que se consolida cada año como centro de las actividades de Semana Santa en la capital salvadoreña.

La celebración del Domingo de Resurrección, según la tradición cristiana cambia el sentido de los símbolos fundamentales para los fieles. A partir de esta fecha, la cruz deja de percibirse únicamente como un signo de dolor para convertirse en un estandarte de victoria, y la tumba vacía se interpreta como la confirmación de la promesa cumplida de Jesucristo: su resurrección abre, según la fe católica, el camino a la vida eterna. Esta jornada marca la culminación de los ritos centrales de la Semana Santa y al mismo tiempo inaugura la Pascua, un periodo determinado de forma precisa: 50 días de celebración.

El paso de la procesión por puntos emblemáticos revela la dimensión social y religiosa de la jornada

La fuerte asistencia de la feligresía, evidenciada por la afluencia registrada desde el amanecer, generó un ambiente de júbilo y alegría en las calles del centro de San Salvador. Los fieles acompañaron la imagen de Cristo Resucitado por arterias históricamente relevantes. Este recorrido no solo es una manifestación de devoción, sino también una forma de reafirmar la identidad colectiva y las tradiciones centenarias que dan forma al calendario religioso salvadoreño.

Las instituciones públicas de primera respuesta estuvieron presentes durante toda la Semana Santa, acompañando los actos litúrgicos y permanecieron en máxima alerta para responder a cualquier eventualidad. Estas medidas abarcaron tanto el centro histórico de San Salvador como otras regiones del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) emitió una advertencia este domingo 5 de abril sobre el riesgo de inundaciones en varias provincias del país, debido a las precipitaciones significativas que se esperan durante la jornada. Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de los organismos oficiales, en particular quienes residen en zonas vulnerables a desbordamientos o crecidas de ríos.

Según el último boletín publicado por el INDOMET, el fenómeno meteorológico conocido como vaguada continuará generando condiciones favorables para la formación de nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional. Durante las horas de la mañana, se prevén incrementos nubosos que podrían derivar en aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas. Las provincias bajo mayor vigilancia incluyen La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Azua, Barahona y sectores del Gran Santo Domingo, así como áreas de la región noreste y la Cordillera Central.

El INDOMET explicó que durante la tarde ―con la incidencia del viento del sureste y el calentamiento diurno― se esperan desarrollos nubosos más significativos. Estas condiciones pueden originar aguaceros de intensidad moderada a fuerte, acompañados en ocasiones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Espaillat, además de otras zonas de la Cordillera Central. En el suroeste del país, se pronostica que las lluvias serán menos frecuentes e intensas.

Las autoridades meteorológicas subrayaron que estos eventos pueden incrementar el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra en áreas montañosas o con suelos saturados. Por ello, recomendaron a la población evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto caudal y mantenerse atentos a posibles avisos adicionales.

En cuanto a las condiciones marítimas, el INDOMET emitió una advertencia especial para la costa atlántica. Desde Monte Cristi hasta la isla Saona, se aconseja a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido al oleaje peligroso y los vientos moderados a fuertes que se esperan a lo largo del día. Asimismo, se exhortó a los usuarios de playas a extremar precauciones por el riesgo de corrientes de resaca y a consultar siempre a los organismos de protección civil antes de realizar actividades acuáticas o recreativas en balnearios.

Por otro lado, el informe indica que en la costa caribeña el oleaje se mantiene en condiciones normales, lo que reduce el riesgo para la navegación y las actividades marítimas en esa zona específica.

Durante la noche, se prevé una disminución gradual de las precipitaciones, aunque las autoridades advirtieron que el monitoreo y las alertas se mantendrán activas en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El INDOMET recordó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y de utilizar fuentes confiables para informarse sobre la evolución del clima. La entidad mantiene sus canales abiertos para la actualización constante de avisos y alertas meteorológicas, en coordinación con los organismos de emergencia y protección civil del país.

Ante este escenario, las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y a la prevención, especialmente en comunidades ubicadas en zonas bajas, cercanas a ríos y áreas propensas a deslizamientos. El monitoreo continuará durante el resto del día, mientras persista la influencia de la vaguada en el territorio nacional.

La producción de tilapia en El Salvador superó las ocho millones de libras entre mayo de 2024 y abril de 2025, consolidando a este pez como uno de los principales productos acuícolas del país.

El total registrado fue de 8.192.060 libras. De este volumen, el 99.3% tuvo como destino la venta, mientras que solo el 0.4% se destinó al autoconsumo y el 0.3% al autoinsumo, lo que confirma el enfoque comercial del sector, según la segunda entrega del Censo Agropecuario y de Pesca del Banco Central de Reserva.

La mayor concentración de producción de tilapia se ubica en el departamento de La Libertad, que aporta el 28.8% del total nacional, seguido por Cuscatlán con el 22.3% y Chalatenango con el 20.7%. La Unión tiene la participación más baja, con apenas el 0.3% de la producción.

En cuanto a la comercialización, la mayoría de los productores vende directamente al consumidor final, aunque este canal representa solo una parte menor del volumen total.

Los comerciantes mayoristas, aunque son menos, compran más de la mitad de toda la tilapia producida y la distribuyen a diferentes mercados, lo que significa que la mayor parte de la producción pasa primero por los mayoristas antes de llegar a los consumidores. Los comerciantes minoristas compran a casi una quinta parte de los productores, mientras que las ventas mediante convenios y las exportaciones representan una proporción muy pequeña.

Respecto a las fuentes de agua utilizadas para la producción de tilapia, los nacimientos proveen el recurso principal en el 24.8% de las parcelas, seguidos por los ríos (21.7%), pozos (17.3%) y la captación de agua de lluvia (16%). Los lagos representan el 11.2% y el uso de agua marina es marginal, con solo el 0.8%. El sector está conformado mayoritariamente por personas naturales, que representan el 92.7% de los productores y el 84.9% del volumen total. Las personas jurídicas agrupan el 7.3% de los productores y el 15.1% de la producción. Más de la mitad de los productores naturales tiene más de 50 años, y la participación masculina alcanza el 85.4%, frente al 14.6% de mujeres.

La producción de camarón supera los cinco millones de libras en El Salvador

En el caso del camarón, la producción nacional alcanzó 5.242.356 libras en el mismo periodo. La mayor parte de este volumen, el 84.9%, se destinó a la venta, mientras que el 15.1% fue para autoinsumo y solo el 0.02% para autoconsumo.

La actividad camaronera se concentra en tres departamentos: La Paz, que lidera con el 68.4% de la producción nacional, seguida por Usulután con el 25,2% y Sonsonate con el 6.1%.

La mayor parte del camarón producido (88.3%) se vende a comerciantes mayoristas, quienes adquieren grandes volúmenes y los distribuyen a diferentes mercados. El 43% de los productores prefiere vender a comerciantes minoristas y el 22% vende directamente al consumidor final, aunque estos canales representan una proporción mucho menor del volumen total comercializado. La mayoría de las parcelas destinadas a la cría de camarón utiliza agua marina como fuente principal, con un 86.3%, y una pequeña parte emplea agua de lluvia, ríos, nacimientos y pozos.

El sector del camarón está compuesto principalmente por personas naturales, que constituyen el 81% de los productores, pero las personas jurídicas concentran el 91.1% del volumen producido, lo que evidencia una diferencia en la escala de operación. Más de la mitad de los productores naturales de camarón tiene más de 50 años y el 86.2% son hombres.

Estos datos ofrecen una visión actualizada de la acuicultura en El Salvador, destacando el peso de la tilapia y el camarón en la economía rural, la orientación mayoritaria hacia el mercado y la estructura demográfica de quienes impulsan estas actividades.

La proclamación del merengue y la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad consolidó a República Dominicana como epicentro de dos géneros que, desde sus diferentes orígenes, simbolizan la identidad nacional e impulsan la proyección global del país. El merengue, inscrito por la UNESCO en 2016 tras obtener reconocimiento público con el Día Nacional del Merengue —decretado el 26 de noviembre de 2005—, y la bachata, declarada patrimonio en 2019, no solo son expresiones artísticas, sino también vehículos de cohesión, convivencia y transmisión de valores entre generaciones y comunidades.

La influencia internacional de estos géneros es recogida por la UNESCO, que destaca cómo el merengue y la bachata se han expandido desde República Dominicana hacia el Caribe, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y mantienen presencia constante en Europa y otros países de América Latina, con variantes y estilos propios. En la actualidad existen más de 100 academias dedicadas a la bachata solo en República Dominicana, y festivales anuales de merengue en ciudades como Santo Domingo y Puerto Plata que reúnen a público local e internacional. La práctica y disfrute de estos bailes cruzan clases sociales y orígenes económicos, un rasgo también destacado por la UNESCO.

El merengue: símbolo festivo y pilar identitario

Nacido a mediados del siglo XIX en el norte de República Dominicana, el merengue emergió como la expresión festiva central de la dominicanidad. Su música se apoya en el acordeón, la güira y la tambora, y su baile —siempre en pareja— despliega coqueteo, movimientos sensuales y giros, elementos distintivos que el Ministerio de Cultura dominicano reconoce como parte integral de la vida diaria, las celebraciones, la educación y hasta la política. La transmisión del merengue inicia desde la infancia, a través de la observación y la imitación, y su inclusión en campañas electorales y reuniones sociales ilustra su penetración en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde sus inicios, la interpretación instrumental del merengue ha evolucionado: del uso inicial de instrumentos de cuerda como la guitarra y la bandurria, se integraron progresivamente el acordeón, el saxofón, el teclado y el timbal, según registro del Ministerio de Cultura. Las variantes regionales consolidaron subgéneros como el “Juangomero”, el “Liniero” y el “Cibaeño” en el norte, el “Palo echao” y el “Pri pri” en el sur, y el “Redondo” en el este, que se distinguen por sus golpes de tambor y estructuras de compases.

El 26 de noviembre de 2005 el Estado dominicano decretó oficialmente el Día Nacional del Merengue, y en 2016 la UNESCO reconoció el merengue como patrimonio cultural inmaterial por su capacidad para fomentar el respeto y la convivencia entre comunidades.

Bachata: de la marginalidad al reconocimiento mundial

La bachata surgió en los barrios más pobres de Santo Domingo a inicios del siglo XX. El término mismo, que significa literalmente “fiesta” o “juerga”, encierra su origen popular y, al principio, marginal: se bailaba y escuchaba principalmente en bares y prostíbulos, con letras melancólicas dedicadas al amor, la pasión y el desamor. Fue conocida como “música de amargue”, desdeñada por las élites, pero su evolución en la radio y los medios masivos desde los años ochenta marcó el inicio de una expansión imparable.

Las cuatro grandes etapas del género, desde la década de 1960, contaron con exponentes pioneros como Rafael Encarnación y Tommy Figueroa, y artistas internacionales como Mélida Rodríguez, Leonardo Paniagua y Juan Luis Guerra, quienes consolidaron la bachata en circuitos globales. Hoy, la bachata cuenta con variantes —dominicana, sensual, tradicional, urbana y moderna— que se distinguen por el ritmo, la proximidad entre los bailarines y el énfasis en movimientos de cadera.

La inclusión de la bachata en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2019 ratificó la trascendencia cultural de este género, convertido en pilar de la herencia dominicana junto al merengue.

Evolución, variantes y escenarios de referencia

Tanto el merengue como la bachata muestran una notable capacidad de adaptación y fusión. Las variantes regionales y estilísticas de ambos géneros han acompañado su desplazamiento desde áreas rurales y circuitos marginales hacia la consolidación global que viven hoy, según registro de la UNESCO. En Santo Domingo y Punta Cana existen academias, salones y festivales de renombre dedicados exclusivamente a estos ritmos, lo que permite a locales y visitantes aprender y participar de su práctica, en actividades adaptadas a todas las edades.

El impacto de la bachata y el merengue se mide en millones de personas alrededor del mundo, que acceden a la música y el baile en espacios públicos, parques y clubes, en República Dominicana y en la diáspora, destacando así su carácter de “patrimonio vivo” que conecta generaciones y transforma la imagen cultural del país fuera de sus fronteras.

De acuerdo con la UNESCO, ambos géneros han impulsado la proyección internacional de la identidad dominicana, celebrando no solo la diversidad musical de la isla, sino también la dimensión profunda de respeto, convivencia y transmisión de saberes que permite su continua evolución global.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó la reciente captura de un hombre implicado en un caso de homicidio ocurrido en Zacatecoluca, departamento de La Paz Este, la noche del sábado 4 de abril. Según comunicado oficial, el incidente tuvo lugar durante un altercado familiar que dejó como saldo a un hombre de 34 años fallecido por lesiones provocadas con un arma blanca.

La Policía identificó al presunto agresor como José Armando Mancia García, de 38 años, detenido tras ser señalado como responsable del ataque. El parte oficial detalló que los hechos iniciaron cuando Mancia García agredió a su esposa, lo que motivó la intervención de la víctima, cuñado del detenido, en auxilio de su hermana. Según la versión policial, en ese momento, el agresor lesionó a su cuñado con un arma blanca, causándole la muerte. Las autoridades informaron que el arrestado será remitido a disposición de la justicia por el delito de homicidio.

Actualmente las reformas aprobadas en 2026 introdujeron la prisión perpetua para homicidios agravados, feminicidios y terrorismo. Este marco legal establece que las penas pueden aplicarse incluso a menores de edad, situando a El Salvador entre las pocas naciones de la región que imponen el encarcelamiento permanente por estos delitos. Para homicidio simple, la legislación vigente determina un castigo de entre 15 y 20 años de prisión, con propuestas legislativas para ampliar el rango entre 25 y 35 años.

Los homicidios disminuyeron a mínimos históricos en El Salvador

Los registros oficiales consignados por las autoridades muestran que la violencia letal descendió de forma sostenida desde su punto máximo en 2018 hasta alcanzar, en el periodo 2025-2026, un saldo prácticamente nulo en los primeros días de abril. En ese lapso, la organización policial consignó que la incidencia diaria de homicidios bajó del rango de quince casos a la ausencia total. Esta transformación, según los informes difundidos, se consolidó en forma progresiva: desde 2020, ningún día del mes de abril superó los cinco homicidios, mientras que a partir de 2022 el rango diario se mantuvo entre uno y cero.

Captura de miembro de estructuras criminales acusado de homicidio

En hechos previos a este caso, la Policía Nacional Civil también detalló la captura de Juan Gabriel Láñez Pérez, conocido con los alias Chele, Danger o Popi, identificado como miembro de la estructura criminal MS13. La aprehensión de Láñez Pérez se efectuó en colonia La Confianza, sector de San Miguel Centro, donde se ocultaba tras ser requerido por una orden judicial por homicidio agravado. El detenido cuenta además con antecedentes por hurto y amenazas y, según el comunicado, será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.

Imágenes oficiales difundidas por la policía mostraron a Láñez Pérez bajo custodio policial, con el torso desnudo y múltiples tatuajes visibles en el pecho y la espalda relacionados a las estructuras criminales.

Los resultados forman parte del plan “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, que se desarrolló entre el 1 y el 3 de abril en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, según un comunicado oficial.

Durante estos operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó “más de 176 kilos de marihuana en operativos mayores, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida”.

En la región del Trópico de Cochabamba se localizaron cuatro fábricas de cocaína y se incineraron “grandes cantidades de insumos químicos”, incluyendo 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento.

Las autoridades detectaron irregularidades en el pesaje e incineración de sustancias controladas, en las que estarían involucrados dos funcionarios policiales de la Felcn, quienes deberán cumplir 180 días de detención preventiva. Los oficiales, con el grado de sargento, fueron sorprendidos alterando droga que iba a ser incinerada en la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

Actualmente, en Bolivia existen 40.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 22.000 hectáreas están amparadas por una ley de 2017 aprobada durante el gobierno de Evo Morales.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró a EFE que Bolivia tiene un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas métricas anuales, cifra que supera en cien toneladas a las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas. “Para el 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, señaló Justiniano. El funcionario detalló que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de plantaciones de coca.

La baja erradicación registrada en 2025 corresponde a la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el cargo el 8 de noviembre pasado tras la victoria electoral de Rodrigo Paz.

Justiniano precisó que cada año se cultivan cerca de 10.000 hectáreas de hoja de coca y el Gobierno de Paz plantea erradicar esa misma superficie anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, sino de nada de sirve encontrar uno, dos, tres o varios (Sebastián) Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió el funcionario.

Justiniano informó que en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba existen aproximadamente 15.000 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentra fuera del marco legal. Justiniano estimó que un 92% de la hoja producida en esa región —considerada bastión político y sindical del expresidente Evo Morales— termina en “mercados ilegales, ergo, podemos concluir que va a narcotráfico”.

El funcionario recordó que en 2016 un estudio del Gobierno de Morales determinó que se requieren 14.700 hectáreas de hoja de coca para abastecer el consumo legal, que incluye el masticado tradicional, así como usos culturales, productivos y medicinales.

Justiniano anunció que la cooperación internacional respaldará un nuevo estudio para obtener datos actualizados y financiará investigaciones sobre los factores de conversión de hoja de coca a cocaína.

(Con información de EFE)

La Semana Santa en Ecuador no es únicamente una conmemoración religiosa inscrita en el calendario católico: es una experiencia colectiva que articula fe, identidad, gastronomía y movilidad social en una de las manifestaciones culturales más complejas del país. Cada año, entre procesiones multitudinarias, rituales centenarios y la preparación de la fanesca: el plato emblemático de esta temporada, miles de ecuatorianos reafirman una tradición que combina herencias coloniales, prácticas indígenas y dinámicas contemporáneas de turismo y consumo.

El origen de la Semana Santa en Ecuador se remonta a la implantación del catolicismo durante la época colonial, cuando las procesiones y representaciones religiosas funcionaban no solo como actos de fe, sino también como mecanismos de orden social y cohesión comunitaria. En ciudades andinas como Quito, estas prácticas adquirieron una dimensión teatral profundamente marcada por el barroco, donde la religión se expresa en el espacio público mediante imágenes, personajes penitenciales y dramatizaciones que aún hoy estructuran la experiencia urbana durante estos días.

Sin embargo, la Semana Santa ecuatoriana no es una simple reproducción de tradiciones europeas. A lo largo del tiempo, estas celebraciones se han transformado mediante procesos de sincretismo cultural que incorporan elementos indígenas, tanto en los rituales como en la gastronomía. Esta fusión se evidencia, por ejemplo, en la forma en que las comunidades resignifican el dolor, la penitencia o la purificación a través de prácticas locales, así como en la incorporación de productos y símbolos andinos en las celebraciones religiosas.

La geografía ritual del país revela la diversidad de estas expresiones. En Quito, la procesión de Jesús del Gran Poder congrega a miles de fieles que recorren el centro histórico caracterizados como cucuruchos y Verónicas, en una escenificación que combina penitencia y espectáculo religioso. A esto se suma el Arrastre de Caudas, un ritual considerado único en el mundo, que se realiza el Miércoles Santo y que simboliza duelo y purificación mediante la participación del clero y los fieles.

En Guayaquil, la procesión del Cristo del Consuelo representa uno de los eventos religiosos más masivos del país, con cifras que superan el medio millón de asistentes en algunas ediciones recientes. Este evento no solo refleja la devoción popular, sino también la magnitud logística que implica su organización, incluyendo operativos de seguridad, control de tránsito y despliegue institucional para garantizar el orden público.

Otras ciudades y regiones aportan matices propios. En Cuenca, la Semana Santa combina actos litúrgicos con una agenda cultural que incluye conciertos y recorridos patrimoniales. En Loja, el viacrucis de El Valle se escenifica con la participación de decenas de actores locales, mientras que en zonas costeras como Ballenita se desarrollan rituales vinculados al mar, como el “Baño de la Cruz”, donde la inmersión simboliza renovación espiritual. En Manabí, la peregrinación entre cantones y las prácticas comunitarias refuerzan el carácter colectivo de estas celebraciones.

En paralelo a la dimensión religiosa, la fanesca se consolida como uno de los elementos más representativos de la Semana Santa ecuatoriana. Este plato, preparado exclusivamente durante esta época, sintetiza la diversidad cultural del país a través de una receta compleja que combina granos andinos, leche, maní y bacalao. Su origen es interpretado como un sincretismo entre preparaciones prehispánicas —como la ushucuta— y tradiciones europeas de cuaresma, lo que la convierte en un símbolo culinario de mestizaje.

Más allá de su valor gastronómico, la fanesca tiene un profundo significado simbólico. La tradición popular asocia sus ingredientes con los doce apóstoles, lo que convierte su preparación en un acto de memoria religiosa y cohesión familiar. En muchos hogares, cocinar fanesca implica una minga doméstica que reúne a varias generaciones, reforzando vínculos sociales en torno a la comida.

Desde una perspectiva económica, la Semana Santa también se posiciona como uno de los feriados más relevantes del país. Datos oficiales reportan que en 2023 se registraron aproximadamente 786 mil viajes internos y un gasto turístico de USD 49 millones, mientras que en 2025 esta cifra ascendió a USD 54 millones. Estas dinámicas evidencian el impacto del turismo religioso y cultural en la economía nacional, especialmente en sectores como la hostelería, la gastronomía y el comercio local.

No obstante, la celebración enfrenta tensiones contemporáneas. Por un lado, el crecimiento del turismo ha impulsado la mercantilización de ciertas tradiciones, generando debates sobre la preservación del patrimonio cultural intangible. Por otro, la falta de estadísticas actualizadas sobre afiliación religiosa dificulta medir con precisión el peso de la fe en estas prácticas, lo que sugiere que la masividad de la Semana Santa responde tanto a motivaciones religiosas como culturales.

A esto se suma el contexto de seguridad, que en años recientes ha adquirido mayor relevancia en la planificación de eventos masivos. En 2026, por ejemplo, se implementaron operativos nacionales con decenas de miles de efectivos policiales para garantizar el desarrollo de las celebraciones, reflejando la necesidad de adaptar tradiciones históricas a nuevas realidades sociales.

En este escenario, la Semana Santa en Ecuador se mantiene como una expresión viva que trasciende lo religioso. Es, al mismo tiempo, un espacio de encuentro, una manifestación de identidad y un fenómeno social que conecta pasado y presente. Entre la solemnidad de las procesiones, el sabor de la fanesca y la movilización de miles de devotos, el país reafirma cada año una tradición que, lejos de desaparecer, continúa reinventándose.

El uruguayo Héctor Paladino decidió independizarse y se fue a vivir a Palermo, uno de los barrios de Montevideo que en la década del 80 era muy transitado. Su vivienda llamaba la atención de los transeúntes y su fachada llegó a las portadas de los diarios: allí ondeaba una bandera nazi. El 21 de diciembre de 1987, Paladino salió a recorrer la ciudad con la idea fija de cometer una matanza.

A sus 37 años, el hombre de ideología neonazi subió a su Ford Escort y realizó tres ataques con una escopeta recortada: mató a Simón Lazovski, un empresario judío dueño de una mueblería, y a Enrique Delfino, un empleado del Canal 4, uno de los tres canales privados de Uruguay. También hirió en el antebrazo a Nicolás Scheck, hijo del entonces administrador del diario local El País.

Esta historia es reconstruida en el libro El Loco de la Bandera. El caso Paladino: los crímenes del nazi que aterrorizó a Uruguay, de Pablo Londinsky. A partir de expedientes judiciales y entrevistas, el periodista vuelve sobre un personaje que cruzó una enfermedad mental, fanatismo ideológico y fallas de un Estado que nunca atendió las señales que advertían sobre lo que podía pasar.

Londinsky escuchó esta historia siendo adolescente como un relato oral transmitido de generación en generación. El caso se había convertido en un tema tabú y los caminos para acceder a información estaban bloqueados. Se sabía poco de lo que pasó ese día.

“Todo esto me empezó a movilizar porque era una historia que estaba condenada al olvido. Eso me rebelaba porque había dos víctimas mortales, dos familias tremendamente afectadas y un hombre que había colgado una bandera nazi. Eso no podía perderse ni quedar librado al olvido”, contó Londinsky en diálogo con Infobae.

La bandera nazi estuvo colgada en la casa de Paladino durante mucho tiempo. Su casa fue la portada del diario La Hora dos meses antes de que cometiera los asesinatos. También hubo una advertencia de la propia colectividad judía, pero en el Código Penal uruguayo no existía la figura del delito de odio ni la apología del nazismo, que hoy sí están incorporadas.

¿Quién era Héctor Paladino?

Paladino se había ido de la casa de sus padres a estudiar notariado, pero abandonó la carrera. Incursionó en la política en una agrupación del histórico Partido Colorado (el que más gobernó en la historia del país), que lo expulsó al conocer sus ideas radicales. “Él era un fanático del terrorista de Estado argentino Ramón Camps, lo idolatraba”, contó Londinsky, en referencia al ex jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura argentina.

Paladino era también un aficionado de los medios de comunicación, no solo porque pasaba horas consumiéndolos sino también porque era un intermediario en la venta de la publicidad. Además, dedicaba mucho tiempo a leer sobre teorías conspirativas e ideología nazi.

La colocación de una bandera no era lo único que permitía vincularlo al nazismo. En su auto había banderines, por ejemplo. El neonazi difundía sus ideas a través de volantes caseros, que imprimió semanas antes de cometer los asesinatos y distribuyó en Montevideo y localidades del interior.

Paladino tenía una patología diagnosticada, por la que había sido internado en varios hospitales psiquiátricos.

“Sembró muchas advertencias en el camino que fueron omitidas o ignoradas, y que terminaron con ese corolario del fatídico 21 de diciembre del 87, cuando toma una escopeta de caño recortado y sale a asesinar a representantes de medios de comunicación e integrantes de la colectividad judía”, contó el escritor.

Una de esas señales había ocurrido solo unos días antes. Paladino vio que unos jóvenes merodeaban su casa y salió a buscarlos con un revólver para preguntarles qué hacían ahí. Si bien fue denunciado, el caso no avanzó a nivel judicial.

Paladino tenía una “obsesión” por la comunidad judía, a la que consideraba una “enemiga de la humanidad”, según Londinsky. Además, tenía un odio particular hacia los medios de comunicación porque entendía que lo difamaban al atacar su pensamiento.

Paladino había crecido en una familia que vivía en Shangrilá, en el departamento de Canelones, a 35 minutos de Montevideo. De la investigación realizada por Londinsky surge que sus padres se mostraron “desesperados” por ayudar a su hijo a dejar atrás su patología psiquiátrica. En su casa, Paladino fue capaz de romper un vidrio y pegarle a sus hermanos. Su madre intentaba diluirle la medicación en el café para que él la tomara, pero la situación los sobrepasó.

“Uno ve esos intentos de no abandonarlo y de acompañarlo a clínicas públicas y privadas, pero evidentemente no resultó suficiente”, dijo el periodista.

El pasatiempo cuando salió en libertad

Después de cumplir la condena por los homicidios, Paladino volvió a la vida en sociedad y evitó referencias a su pasado. Se dedicó a algo completamente distinto: comenzó a hacer videos en YouTube. Fue, en cierto modo, un precursor de los streamers. Se dedicaba a transmitir música, sintonizaba radios y dejaba publicadas horas y horas de contenido. A veces la cámara quedaba filmando, pero ni siquiera había nadie en la habitación.

Hay cerca de 400 horas registradas en la plataforma.

Por lo que se veía en esos videos, Paladino parecía haber dejado atrás su viejo fanatismo, aunque hay una imagen que a Londinsky le quedó resonando: en un video hizo el gesto de gatillar un arma.

“A mí me impresionó mucho eso: era el dominio de un arma de fuego representado en un video de YouTube, sin ninguna mención a su pasado”, dijo el autor.

Paladino vivía de una pensión por discapacidad que le pagaba el sistema previsional uruguayo, pero no le alcanzaba. Sus vecinos le tenían que colaborar para darle agua y alimentos.

Paladino murió solo. Nadie se enteró de su muerte hasta varios días después, cuando la Policía tiró abajo la puerta de su casa y vio que su cuerpo estaba siendo comido por ratas.

Las alertas que se repiten

El caso Paladino tuvo varias señales de alerta que, atendidas a tiempo, podrían haber cambiado la historia. Esta fue una de las motivaciones del escritor para escribir el libro: con el paso de los años hubo otro episodio similar y en 2026 hay otras alarmas que también se encienden sobre el antisemitismo.

El violento episodio con dos jóvenes que merodeaban el barrio, los afiches con sus ideas extremistas que estaban en poder de la Policía y su historia clínica son solo tres de los elementos que pueden interpretarse como señales de alerta previas a los asesinatos.

“Acá había una cantidad enorme de advertencias, de señales de alarma que estaban encendidas y que por un motivo u otro no llevaron a una acción que previniera este desastre de dos asesinatos y un muchacho herido”, reflexionó Londinsky.

“Esto que pasó en el 87 no se tenía que volver a dar. Fue la primera vez que en un abierto acto antisemita y nazi un hombre asesinó a dos personas –un integrante de la comunidad y otro que no lo era–. Lo que pasó no tenía que volver a repetirse en este país y se repitió en 2016”, agregó, en referencia al asesinato del comerciante David Fremd.

El autor dijo que en 2026 se dan las mismas señales de alerta, aunque adaptadas a la época. Como aquellas que Paladino había sembrado antes de salir a matar. Esto, según Londinsky, se ve reflejado en los discursos de “sectores encumbrados de la sociedad” y también con datos objetivos: según una encuesta de Opción Consultores hay un aumento del antisemitismo en Uruguay.

Londinsky planteó una pregunta que le queda como reflexión y a la que no le encuentra respuesta: “¿Quién me puede asegurar a mí que esto no se va a repetir en 2026?”.

Un flujo de más de mil millones de USD en inversiones ha comenzado a transformar el oriente de El Salvador, con proyectos que conectan la región con el resto del país y del mundo, e impulsan tanto la infraestructura turística como el desarrollo económico.

La zona, que comprende los departamentos de La Unión, Usulután, Morazán y San Miguel, está experimentando una reconfiguración sustancial gracias a megaproyectos viales, aeroportuarios y hoteleros inaugurados entre febrero de 2025 y marzo de 2026.

Las obras más representativas incluyen el corredor vial Surf City 2, el Aeropuerto Internacional del Pacífico en La Unión y la llegada de cadenas hoteleras globales como Holiday Inn y JW Marriott. Estas inversiones buscan dinamizar sectores históricamente marginados y convertir al oriente en un polo turístico y logístico.

La primera fase de Surf City 2, inaugurada en abril de 2025, abrió una carretera de 13.6 kilómetros entre las playas El Cuco (San Miguel) y Punta Mango (Usulután).

La nueva vía, dotada de doble carril, puentes, ciclovías y cableado subterráneo, facilita el acceso a once playas antes aisladas y atraviesa múltiples comunidades costeras. Analistas estiman que esta conectividad vial es el motor de la expansión turística de la región.

La iniciativa ha generado ya 600 empleos directos durante su construcción y se estima que su operación y mantenimiento impulsarán alrededor de 1,200 empleos indirectos en sectores de transporte, comercio y servicios, según datos publicados por el gobierno.

El proyecto incluye una segunda etapa en licitación, que sumará otros 15 kilómetros de carretera y elevará la inversión total a más de USD 96 millones.

El avance en infraestructura vial ha incentivado el desarrollo de nuevos resorts y complejos turísticos. De forma paralela, la designación de la costa oriental como Reserva Mundial del Surf en noviembre de 2024 ha proyectado internacionalmente a playas como Las Flores y Punta Mango, reconocidas por la calidad de sus olas y su entorno natural preservado.

Aeropuerto Internacional del Pacífico: nueva puerta de entrada al oriente salvadoreño

En el municipio de La Unión, la colocación simbólica de la primera piedra del Aeropuerto Internacional del Pacífico en febrero de 2025 marcó el inicio de la obra de mayor escala para la zona. El proyecto, con una inversión inicial de más de USD 380 millones, prevé una terminal de pasajeros moderna y una pista con estándares internacionales.

El gobierno y organismos multilaterales, como la Corporación Andina de Fomento, han aportado financiamiento que garantiza la ejecución de la obra. Con una capacidad proyectada de hasta dos millones de pasajeros al año, el aeropuerto busca descentralizar el tráfico aéreo nacional y facilitar la llegada de turistas y empresarios al oriente, reduciendo los tiempos de desplazamiento desde la capital.

Datos oficiales prevén que la construcción y futura operación del aeropuerto generaría más de 23,000 empleos directos e indirectos, abarcando desde obreros y técnicos hasta personal de servicios y logística aeroportuaria. Este impulso laboral es observado como clave para combatir el desempleo y la migración en la región.

Expansión hotelera y diversificación de la oferta turística

El crecimiento de la infraestructura ha ido acompañado por una expansión hotelera marcada. El Holiday Inn Express San Miguel abrirá sus puertas en 2027 con 96 habitaciones y una inversión de USD 12 millones, enfocado en viajeros de negocios y familias. En paralelo, el Holiday Inn Express & Suites Comalapa, cercano al aeropuerto principal actual, se prepara para servir a pasajeros y ejecutivos en tránsito.

La llegada de cadenas internacionales se suma a iniciativas de la diáspora salvadoreña, como el Mariposa Beach Club en Playa Maculis, emprendimiento liderado por María José Solís y su esposo tras emigrar a Estados Unidos. La embajadora Milena Mallorga ha señalado el papel de estos inversionistas retornados en la dinamización económica local.

También han surgido alternativas de hospedaje para distintos segmentos, desde resorts de lujo hasta alojamientos para mochileros o familias. Tripadvisor, por ejemplo, registra una decena de hoteles principales en La Unión, con tarifas desde 19 euros la noche.

Turismo de naturaleza, cultura e islas: una oferta integral

El oriente salvadoreño ofrece más que surf. Playas como Las Flores y La Ventana proporcionan experiencias diferenciadas tanto para practicantes avanzados como principiantes.

Playas Negras y Playas Blancas destacan por sus paisajes particulares, mientras que destinos como El Jagüey y el Volcán de Conchagua atraen a quienes buscan naturaleza, senderismo y vistas amplias.

Las islas del Golfo de Fonseca, como Zacatillo y Meanguera, brindan opciones para turismo familiar, pesca y contacto con la vida insular. El patrimonio histórico y cultural de la región se refleja en museos en Perquín y monumentos relacionados con el pasado reciente, así como en la ciudad de Intipucá, reconocida por su arquitectura inspirada en Estados Unidos.

Empleo y dinamismo económico: datos que evidencian la transformación

El impacto de los megaproyectos ya se refleja en los datos de empleo y actividad económica. Desde la construcción de Surf City 2 hasta la operación de nuevos hoteles y centros comerciales, se estima que la creación de puestos de trabajo directos e indirectos superará los 25.000 en la región durante las fases de desarrollo y operación entre 2025 y 2027, según datos divulgados por medios locales.

En 2025, El Salvador superó los 4 millones de visitantes internacionales y los USD 3,500 millones en ingresos turísticos, con la región oriental incrementando su participación en estos resultados. El alza de empresas turísticas y el crecimiento del empleo formal en hotelería y servicios refuerzan la tendencia de dinamización local.

Sostenibilidad y participación comunitaria en el desarrollo turístico

Las autoridades subrayan la relevancia de la sostenibilidad ambiental y la inclusión comunitaria. El Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) implementan programas de capacitación para integrar a la población local en la cadena de valor turística.

Iniciativas financiadas con apoyo internacional fomentan la reducción de emisiones y el manejo responsable de recursos en microempresas turísticas.

La certificación de la costa oriental como Reserva Mundial del Surf exige lineamientos para la protección de ecosistemas y la participación de las comunidades en la toma de decisiones.

Las inversiones provenientes de Panamá y Honduras marcaron el ritmo de la inversión extranjera directa (IED) centroamericana en El Salvador durante 2025. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, ambos países incrementaron sus aportes, posicionándose así como los principales socios regionales por volumen de capital extranjero.

De acuerdo con el BCR, Panamá registró un incremento de 101.2 millones de dólares en flujos netos de IED respecto a 2024, lo que representa un crecimiento del 117%. Esta cifra posiciona a la nación canalera como el país centroamericano con mayor expansión en su inversión en el territorio salvadoreño.

Por su parte, Honduras sumó 26.1 millones de dólares adicionales, alcanzando un aumento del 55% interanual en su aporte de capital.

Según las cifras el flujo neto total de IED en El Salvador ascendió a USD 474.8 millones durante 2025. Este resultado se explica por entradas de IED por USD 10,617.9 millones y salidas por USD 10,143.1 millones. Las entradas corresponden a nuevas inversiones, reinversión de utilidades y aportaciones de capital, mientras que las salidas reflejan pagos de deuda y distribución de utilidades a casas matrices.

Principales países inversores en 2025

El BCR indicó que tanto Panamá como Honduras se encuentran entre los países que, junto a Estados Unidos, México, Colombia, Bermudas y Corea del Sur, mantuvieron sus operaciones y confianza en la economía salvadoreña. El reporte del Banco Central resalta que el 53% de los países con IED en el país aumentaron sus flujos netos en 2025 frente al año anterior.

Servicios, transporte y manufactura impulsaron el crecimiento de la IED

En 2025, los sectores de servicios inmobiliarios, hotelería y actividades administrativas encabezaron el flujo de inversión extranjera directa (IED) en El Salvador, de acuerdo con los últimos datos oficiales. El monto total de IED neta alcanzó los 474.8 millones de dólares, con un 56% del capital canalizado hacia servicios vinculados al turismo y actividades inmobiliarias.

El informe del BCR detalla que las actividades inmobiliarias, los servicios administrativos, así como restaurantes y hoteles, reunieron inversiones por 267.9 millones de dólares, cifra atribuida principalmente a la llegada de capital extranjero no residente y a un panorama favorable en el turismo, tanto en el presente como a futuro. Este segmento se consolidó como el principal receptor de IED, superando a otras ramas productivas.

El sector de servicios financieros y de seguros se ubicó en la segunda posición, al captar 180.6 millones de dólares y representar el 38% del total anual. La mayoría de este flujo provino de reinversión de utilidades, lo que refleja la confianza de los actores internacionales en la estabilidad y rentabilidad local. El crecimiento interanual en este rubro fue del 24%. De acuerdo con el Banco Central, el 95% de los recursos en este segmento correspondió a reinversiones, superando ampliamente los aportes de capital nuevo.

En el área de transporte, la IED reportó un incremento neto de 106.4 millones de dólares, impulsada por el desempeño del almacenamiento y el apoyo logístico, que sumaron 10.6 millones de dólares, y por una recuperación del transporte aéreo, con un aumento de 94.3 millones frente al año anterior. La entidad bancaria resalta que el dinamismo logístico y aeroportuario contribuyó a mejorar la competitividad regional.

El sector agropecuario también mostró avances, al registrar un crecimiento de 457% respecto a 2024 y alcanzar un flujo neto de 10.6 millones de dólares. Las cifras indican que la pesca y acuicultura sumaron 5.3 millones de dólares, mientras que la producción agrícola y pecuaria, junto a servicios conexos, agregaron la misma cantidad.

En cuanto a la construcción, el informe señala una expansión congruente con la dinámica inmobiliaria. El flujo neto subió 1.2 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento del 49%. La mayor parte de esta inversión se destinó a obras de ingeniería civil, que captaron 1.95 millones de dólares.

Dentro de la industria manufacturera, el flujo neto de inversión alcanzó 139.7 millones de dólares. Destacaron los segmentos de bebidas, productos químicos, maquinaria y metales, que revirtieron los resultados negativos del año anterior. El capital extranjero facilitó la modernización productiva y la incorporación de nuevas tecnologías, de acuerdo con el reporte del BCR. El sector de bebidas aumentó 45.7 millones de dólares, productos químicos 25.8 millones, maquinaria 5.9 millones y metales 2 millones.

La transición demográfica del Caribe exige actualizar las políticas públicas para personas mayores, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este documento analiza los avances y obstáculos experimentados por los Estados miembros de la región —entendida aquí como la suma de los países caribeños integrantes de la CEPAL— respecto a la garantía de derechos y el acceso a servicios para este grupo de población.

El informe de la CEPAL sobre el periodo 2022-2024 detalla que los países caribeños han fortalecido marcos legales y políticas específicas para personas mayores. Persisten, sin embargo, importantes brechas en acceso a salud, protección social e igualdad de trato, vinculadas tanto a recursos limitados como a la persistencia de discriminación por edad.

Avances en políticas públicas para personas mayores

Entre los avances identificados por la CEPAL figura la creación y reforma de leyes nacionales que reconocen los derechos de las personas mayores. En algunos Estados se han actualizado programas de protección social y normativas para mejorar la integración institucional de este sector.

Desde 2022, la región ha implementado medidas para combatir la discriminación y la violencia por razones de edad. Según se indica en el informe institucional, “ha habido progreso en la legislación dirigida a la protección de los derechos de las personas mayores”.

Diversos gobiernos han desarrollado iniciativas de capacitación al personal público para aumentar la sensibilización sobre estos derechos y, paralelamente, han fortalecido mecanismos de monitoreo para evaluar la efectividad de las políticas aplicadas.

Desafíos actuales en la región

A pesar de estos avances legales e institucionales, la cobertura insuficiente de salud y protección social sigue siendo una de las principales preocupaciones, según el análisis de la CEPAL. En palabras del organismo regional, “Siguen existiendo desafíos para garantizar el acceso pleno a los servicios de salud y de protección social”. Las restricciones financieras y de personal impactan la capacidad de los sistemas públicos y complican la aplicación de las normativas vigentes.

La discriminación por edad y las barreras culturales dificultan la ejecución de las políticas. Además, la escasez de datos desagregados y la débil colaboración interinstitucional entorpecen el monitoreo de los progresos.

El informe advierte que el Caribe enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional acelerado en comparación con el resto de las regiones en desarrollo. En varios países, la proporción de personas mayores de 60 años ya supera el 15 % de la población, y se proyecta un aumento sostenido. Este cambio demográfico ocurre junto a una baja natalidad y la migración de jóvenes, lo que afecta la relación entre la población activa y dependiente.

Diferencias entre países y cobertura social

Las diferencias entre países generan un panorama heterogéneo. Barbados y Trinidad y Tobago presentan estructuras demográficas más envejecidas y niveles más altos de cobertura institucional, mientras que Haití enfrenta limitaciones estructurales que dificultan la aplicación de políticas sostenidas. En Jamaica, el envejecimiento se combina con la emigración de la población en edad activa, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de cuidado y protección social.

Distintos organismos internacionales resaltan que el acceso a sistemas previsionales en el Caribe es limitado, en especial para quienes trabajaron en la informalidad. Informes de la CEPAL y del organismo multilateral World Bank advierten que una proporción significativa de la población mayor carece de ingresos contributivos regulares, lo que incrementa la dependencia de transferencias familiares y programas no contributivos. Esta situación ocurre en contextos de gasto social heterogéneo, lo que condiciona la capacidad de ampliar la cobertura a largo plazo.

En el ámbito sanitario, la demanda de atención aumenta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia sanitaria de Naciones Unidas, las enfermedades no transmisibles —como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer— explican más del 70 % de las muertes en América Latina y el Caribe. Esta realidad incrementa la demanda de atención continua y cuidados de largo plazo. La capacidad de los sistemas sanitarios de la región es desigual: mientras algunos países avanzan en servicios especializados, otros enfrentan limitaciones estructurales en infraestructura y personal.

Recomendaciones del informe CEPAL

La CEPAL recomienda avanzar hacia la universalización de los servicios de salud y protección social mediante un enfoque de derechos humanos. También plantea la necesidad de fomentar la participación de las personas mayores en la comunidad y en la definición de políticas que les conciernen.

El informe insta a los Estados a fortalecer los recursos públicos, capacitar a los prestadores de servicios y actualizar los marcos legales de manera periódica. Asimismo, aconseja rediseñar estrategias para erradicar la discriminación por edad y promover la inclusión en todos los sectores sociales.

Para la CEPAL, solo un enfoque político integral adaptado a las transformaciones demográficas recientes permitirá garantizar las condiciones de vida y la dignidad de las personas mayores en el Caribe.

Este 4 de abril se cumplen 27 años del asesinato de Katya Natalia Miranda Jiménez en El Salvador, un caso que ha permanecido como un emblema de la impunidad en los casos de violencia sexual. La madre de la víctima, Hilda Jiménez, reiteró su reclamo de justicia en un mensaje público y dirigió su voz a otras familias que han atravesado hechos similares, subrayando la urgencia de romper el silencio ante estos delitos.

En palabras de Hilda Jiménez, a través de su cuenta de Facebook: “Amada hija Katya Natalia, el tiempo ha volado pues ya son 27 años de no verte, escucharte y abrazarte mi niña linda. En esta foto todavía llevaba mi frente en alto, la fe y la esperanza en el que me ha sostenido hasta este día 4 de abril de 2026 y con la convicción de que el Espíritu Santo seguiría fortaleciendo mi alma y me animaría a no darme por vencida”.

La muerte de Katya Miranda ocurrió el 4 de abril de 1999 en la playa Los Blancos, departamento de La Paz, cuando la niña se encontraba bajo el cuidado de su familia paterna. De acuerdo con informes policiales e internacionales, la menor fue agredida sexualmente, golpeada y asfixiada, su cuerpo fue encontrado a escasos metros del rancho en el que su familia se alojaba. En ese momento, la menor estaba bajo el resguardo de su padre, Edwin Miranda, quien tenía el rango de capitán del ejército y era responsable de la seguridad presidencial.

La presencia de figuras militares y policiales en el entorno familiar marcó la cobertura pública desde el inicio, aunque el hecho fue reportado como un accidente de forma inicial. Hilda Jiménez sepultó a su hija creyendo que había muerto ahogada. Posteriormente, tras diferentes investigaciones la familia materna decidió presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.

Aunque la Fiscalía acusó a Carlos Antonio Miranda González, abuelo de la víctima, de violación y asesinato, mientras que el padre de la menor, Edwin Miranda, fue imputado por abandono. Ambos fueron absueltos en el primer proceso judicial. Diez años más tarde, la Fiscalía emprendió un nuevo juicio por secuestro contra el abuelo y otras cinco personas involucradas; Miranda recibió una condena de 13 años de prisión; sin embargo, en 2014 la Corte Suprema de Justicia lo absolvió invocando el principio de “non bis in idem”, afirmando que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, Miranda falleció en octubre de 2018.

Hilda Jiménez reconoció que hasta la fecha “no eres solo tú mi niña la que pasó por semejante tormento sino que hay cientos de miles de niñas y niños a nivel mundial que sufren de todos los delitos que existen y el delito sexual lo han sufrido bisabuelas, abuelas. Mujeres que nunca lo hablaron, que jamás denunciaron y eso destruyó la vida y la de sus descendientes”.

El caso de Katya Miranda no solo marcó la historia del país. Sus repercusiones se sienten en el debate sobre la protección de la infancia, la seguridad y el acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual y sus familias. Aunque se intentó reactivar el caso en varias ocasiones, hasta la fecha ningún responsable ha recibido una condena firme por los delitos de violación y asesinato. La familia de Katya, encabezada por Hilda Jiménez, mantiene la denuncia como principal vía para evitar que hechos similares permanezcan impunes y exhorta a otras víctimas para que acudan a las autoridades.

Cuerpos de socorro salvadoreños han registrado un centenar de rescates acuáticos, en su mayoría ocurridos por la imprudencia de los turistas en las costas y centros recreativos. Entre el 28 de marzo hasta la mañana del 4 de abril las autoridades contabilizan siete fallecidos por inmersión en el territorio salvadoreño.

El director general de Protección Civil,Luis Amaya, informó que 96 rescates acuáticos se sumaron hasta las seis de la mañana del este sábado, detallando que 25 de ellos fueron simples, mientras que 71 correspondieron a rescates profundos. Según dijo Amaya “los adultos siguen siendo quienes más situaciones de riesgo generan, a pesar de que deberíamos dar el ejemplo”, a través de una conferencia de prensa. De los rescates profundos, 41 involucraron a menores de edad.

Amaya insistió en que la tendencia de imprudencia corresponde sobre todo a personas adultas, por lo que reiteró el llamado a acatar las recomendaciones oficiales y evitar incidentes fatales. “Pareciera que quienes deberíamos dar el ejemplo no lo estamos haciendo”, señaló Luis Amaya al medio Infobae, advirtiendo que “es fundamental no abusar en el mar”, agregó el funcionario.

En un periodo marcado por el incremento del turismo interno, la vigilancia permanente en zonas de recreo permitió evitar mayor cantidad de tragedias relacionadas con inmersión. Las autoridades subrayan que, al cierre del último reporte, en las 24 horas previas no se sumaron más muertes desde el inicio del período vacacional. Este saldo preliminar obliga a las instituciones participantes a mantener la atención hasta el cierre del dispositivo especial, previsto para la noche del lunes.

Las tareas de rescate han tenido especial foco en espacios de mayor concurrencia durante este asueto, dada la afluencia registrada por el despliegue de más de 100 mil socorristas en todo el país. El director Amaya aseguró que “nosotros hemos intensificado nuestro trabajo a fin de que podamos hacer todo el esfuerzo y no tener que lamentar ninguna víctima”. El trabajo abarca tanto las playas como lagos y algunos sectores de ríos, considerados también puntos sensibles para accidentes acuáticos.

Refuerzo de seguridad con 132 puntos de observación en playas públicas

Para fortalecer el resguardo de los visitantes, Protección Civil estableció 132 puntos de observación en playas públicas. Esta red de vigilancia es operada de manera coordinada por socorristas y cuerpos de emergencia, quienes supervisan la seguridad y auxilian a la población ante cualquier incidente vinculado a inmersión o extravío. La presencia de estos puntos responde a la agenda de prevención trazada por el Estado para salvaguardar la vida en uno de los periodos de mayor movimiento turístico en El Salvador.

Según información de Protección Civil, el Plan Verano 2026 incluye presencia en parques recreativos, playas, lagos y volcanes para garantizar atención oportuna durante la temporada vacacional. Los datos oficiales confirmaron la magnitud del despliegue, centrando los esfuerzos en mitigar los riesgos para los turistas y residentes durante el período festivo.

Las autoridades del régimen cubano completaron las operaciones de descarga de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo en la base de supertanqueros de la bahía de Matanzas, en el oeste de Cuba, tras un proceso que se extendió cerca de 96 horas.

El petrolero Anatoli Kolodkin, propiedad de la corporación rusa Sovkomflot, sancionada por Estados Unidos desde 2024, arribó el martes pasado, procedente de Primorsk, Rusia.

Con este cargamento, las autoridades cubanas podrán abastecer parcialmente la demanda local de combustibles, priorizando el servicio de gas licuado y el diésel para la generación distribuida de electricidad, así como otras actividades esenciales de la economía.

Además, parte del crudo ruso se transformará en fueloil para alimentar las centrales generadoras y en gasolina para disminuir la presión sobre la demanda interna.

El arribo del Anatoli Kolodkin ocurre en un contexto de restricciones energéticas sostenidas desde mediados de 2024. El endurecimiento de las sanciones y el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos este año han agravado la crisis, generando prolongados apagones y parálisis en sectores clave, incluidos servicios básicos de salud y transporte.

En linea con eso, Cuba enfrenta este sábado una jornada de corte de luz prolongados que, según la estatal Unión Eléctrica (UNE), dejarán sin suministro eléctrico a hasta un 52 % de la isla en el horario de máxima demanda.

La capacidad de generación prevista para la tarde-noche es de 1.460 megavatios, frente a una demanda máxima estimada de 3.000 megavatios, lo que implica un déficit de 1.540 MW y una afectación real de 1.570 MW.

En este escenario, el envío ruso representa un alivio transitorio que permite a las autoridades organizar la logística de distribución y refinación de los productos derivados, con prioridad en sectores estratégicos.

Los directivos de Cupet subrayaron que la distribución de los combustibles obtenidos permitirá atender tanto la generación eléctrica distribuida como las actividades esenciales de la economía nacional. Además, la gasolina obtenida contribuirá a satisfacer parte de la demanda, que en las últimas semanas alcanzó niveles críticos.

El ministro de Energía de Rusia, Serguéi Tsiviliov, anunció en un foro celebrado en Kazán que se prepara un segundo envío de petróleo a Cuba. “Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el otro. No abandonaremos a los cubanos”, afirmó.

Bajo este contexto, recientemente el régimen cubano anunció un indulto para más de 2.010 reclusos como medida “humanitaria” durante la Semana Santa, pero las autoridades no hicieron pública la lista de beneficiarios ni detallaron los delitos por los que estaban condenados.

La falta de transparencia y la exclusión de presos políticos han generado desconfianza y críticas, ya que la medida parece estar dirigida únicamente a reclusos comunes y no a opositores encarcelados.

(Con información de EFE)

Durante el reciente periodo vacacional de Semana Santa en El Salvador, las autoridades intensificaron los operativos de control vehicular en todo el país ante el incremento detectado de conductores manejando bajo los efectos del alcohol. La vigilancia, coordinada por la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, busca frenar la incidencia de accidentes viales, una problemática que persiste pese a los esfuerzos preventivos desplegados.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, este dispositivo especial se implementó desde el 28 de marzo, y hasta la fecha se registraron 69 conductores todos hombres sorprendidos al volante en estado de ebriedad, sin brindar detalles del nivel del alcohol en sangre. Estos controladores de tránsito fueron detenidos como parte de los puntos de alcoholemia y revisión de documentación instalados en los principales ejes viales. Herrera detalló en conferencia de prensa recogida por medios locales que el objetivo es garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones, reforzando la supervisión durante los días de mayor movilidad.

Las autoridades de Protección Civil informaron que la mayoría de los casos de conductores detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol se registraron en el interior del país. Entre los casos con mayores niveles de alcohol, destacan un joven de 25 años detenido en Sonsonate con 272 grados de alcohol en sangre, y un hombre de 55 años arrestado en Usulután con 263 grados.

El operativo no solo se enfocó en detectar a quienes infringían las normas por consumo de alcohol, sino en toda la problemática vial asociada al periodo. Hasta el viernes 3 de abril, se contabilizaron 352 accidentes de tránsito, según la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, una cifra que refleja el elevado flujo vehicular y la alta presencia de turistas, especialmente provenientes de Guatemala. El puerto de La Libertad, uno de los destinos más visitados, concentró buena parte de los controles, dada la masiva concurrencia en la zona de playas.

Durante la ejecución de los dispositivos de seguridad, las autoridades distribuyeron equipos de protección, como cascos certificados, chalecos reflectivos, extintores, a conductores y motociclistas que no contaban con estos implementos. Esta acción, realizada por el Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), buscó prevenir lesiones graves, dados los altos índices de morbilidad asociados a los siniestros durante el asueto.

Más de 6 mil accidentes en los primeros tres meses del año

El despliegue tuvo lugar en un contexto de incremento sostenido en la siniestralidad vial en El Salvador. En los tres primeros meses de 2026, las cifras oficiales evidencian 6,282 accidentes a nivel nacional, es decir, un aumento del 25 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 5,027. El número de personas lesionadas también creció de forma notable: 4,131 víctimas en 2026, un 34 % más que las 3,089 contabilizadas el año previo.

En cuanto a las consecuencias mortales, los datos muestran que entre el 1 de enero y el 3 de abril de 2026 hubo 386 fallecidos por accidentes de tránsito, frente a 297 en 2025, lo que representa un incremento del 30 %. En el rubro específico de conductores detenidos por conducción peligrosa, la tendencia fue estable: 560 personas en 2026 frente a 548 un año antes, lo que constituye un alza del 2 %.

Durante la Semana Santa de 2026, las autoridades registran un 4 % el número de fallecidos en carretera respecto al mismo lapso de 2025, según datos difundidos a través de una conferencia de prensa. Aunque el índice de fallecimientos mostró esa leve mejoría puntual, la cantidad de lesionados por accidentes viales resultó superior a la del año previo.

La afluencia de turistas motivó que se reforzaran los controles en zonas costeras como La Libertad, dada la concentración de conductores provenientes de otras jurisdicciones y el notable incremento del tránsito en rutas hacia playas. Las autoridades resaltaron la importancia de focalizar la vigilancia en estos puntos para maximizar el efecto preventivo y disuadir conductas de riesgo en la vía pública.

Un motociclista perdió la vida durante la noche del viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la 27ª calle poniente y 19ª avenida norte, en San Salvador. El siniestro, que tuvo lugar al filo de la medianoche, forma parte de la reciente ola de accidentes viales que afecta a El Salvador y que ha evidenciado un incremento marcado en la cantidad de víctimas en lo que va del año.

De acuerdo con información proporcionada por Comandos de Salvamento, el incidente se produjo cuando el conductor de la motocicleta no respetó la señal de alto, lo que provocó una colisión directa con un automóvil particular. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo terminó volcado, mientras que el conductor del mismo sufrió lesiones y requirió la asistencia de los cuerpos de socorro en el lugar del accidente. Tras el hecho, las autoridades realizaron la inspección en la zona para determinar las responsabilidades del caso.

Entre el 1 de enero y el 3 de abril de 2026, El Salvador registró 6,282 accidentes de tránsito, según la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esta cifra representa un aumento del 25% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 5,027 casos. Los datos oficiales también indican que el número de personas lesionadas ascendió a 4,131 en el año, lo que marca un incremento del 34% respecto a las cifras del año anterior. El número de fallecidos en accidentes viales durante este lapso fue de 386 víctimas, un 30% más en los primeros tres meses.

La magnitud del fenómeno se refleja en el promedio diario de siniestros y lesionados, que viene creciendo de forma sostenida. La tendencia al alza también afecta a la tasa de fallecimientos y a la cantidad de personas detenidas por conducción peligrosa, que pasó de 548 arrestos en 2025 a 560 en 2026, con una variación del 2%. La comparación anual demuestra que la siniestralidad en las carreteras del país se encuentra en un ciclo ascendente, afectando tanto a conductores particulares como a peatones y ocupantes de transporte público.

Escalada de accidentes en motocicleta en El Salvador

Un sector particularmente impactado por esta escalada de siniestros es el de los motociclistas. En el mismo periodo comprendido entre el 1 de enero y el 3 de abril de 2026, los accidentes que involucraron motocicletas sumaron 1,488 casos, según datos de la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra representa un crecimiento del 46% respecto al año anterior, cuando se reportaron 1,019 incidentes de este tipo. El promedio diario de accidentes de motocicleta subió de once a dieciséis en solo un año.

En cuanto a las consecuencias humanas, el informe destaca 1,442 personas lesionadas en accidentes de motocicleta en los últimos meses, frente a las 952 afectadas en 2025, lo que supone un incremento del 51%. La cantidad de fallecidos en estos siniestros se incrementó de 106 en 2025 a 156 en 2026, equivalente a una subida del 47% en ese lapso específico.

Según los registros oficiales citados por las autoridades la distracción del conductor es la causa principal de los accidentes en motocicleta, involucrada en el 23% de los casos. La invasión de carril y la velocidad excesiva aparecen como el segundo motivo en importancia, cada uno con una proporción del 13%. No guardar la distancia reglamentaria fue la causa en el 12% de los incidentes, mientras que el no respeto a las señales de tránsito estuvo presente en el 11% de las situaciones reportadas.

Estos factores subrayan la necesidad de reforzar no sólo las estrategias de control por parte de las autoridades, específicamente a los conductores de motocicletas, un sector que enfrenta una vulnerabilidad creciente frente a la persistente y acelerada siniestralidad vial en El Salvador.

Un grupo de privados de libertad del centro Najayo Mujeres y Najayo Hombres participa por primera vez de forma voluntaria en las labores de prevención y auxilio que despliega la Defensa Civil durante la Semana Santa en República Dominicana, resultado de un acuerdo piloto que facilita la reintegración social mediante el trabajo comunitario.

Este plan piloto incorpora a 10 internos, entre ellos seis hombres y cuatro mujeres, que se encuentran en fase de prueba tras cumplir parte de su condena y avanzar en su proceso de rehabilitación, como parte de una estrategia interinstitucional impulsada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales en coordinación con la Defensa Civil y el Ministerio de Justicia.

En esta Semana Mayor, la Defensa Civil prevé la movilización de 11,024 integrantes de los cuales 10,572 son voluntarios y 452 empleados, que operarán en 881 puestos de socorro situados en balnearios y carreteras de todo el país, datos informados por Juan Salas, director ejecutivo de la Defensa Civil, en conferencia. La dimensión operativa incluye nueve unidades móviles de rescate con herramientas de extricación vehicular, siete puestos de atención prehospitalaria, 313 médicos y técnicos, 20 ambulancias con medicamentos, 19 embarcaciones, 31 buzos y 557 salvavidas.

Este operativo nacional, que se despliega desde puntos claves como la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez y el Puente Juan Carlos, responde al objetivo de reducir al mínimo los incidentes durante la Semana Santa. Salas puntualizó: “No vamos a contar muertos, si la ciudadanía asume el llamado que el gobierno ha hecho a la prudencia durante el asueto”, mensaje dirigido a fortalecer la prevención y el autocuidado.

La inclusión de los privados de libertad se inserta en la política de reinserción progresiva. Amado Cabrera García, director de Medio Libre del Sistema Penitenciario, explicó que los participantes recibieron capacitación previa. “El personal nuestro de privados de libertad recibió una capacitación previa con instructores de la Defensa Civil en materia de prevención de violencia ciudadana”, explicó Cabrera García. Los internos, en su mayoría con permisos especiales, colaborarán en labores de señalización, uso de banderas y orientación preventiva a la población.

Cabrera García recalcó que la participación en estas actividades forma “parte de los beneficios del proceso de rehabilitación”, permitiendo a los internos un contacto constante con la sociedad, mediante actividades como visitas a instituciones, acompañamiento en eventos y acercamiento a espacios comunitarios, incluidas iglesias y sectores sociales.

La integración de privados de libertad en operativos de este tipo surge del acuerdo firmado entre la Defensa Civil, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Ministerio de Justicia. Juan Salas sostuvo que el programa busca “brindar nuevas oportunidades a estas personas mediante su participación en operativos de servicio comunitario”. Añadió: “Hoy la sociedad le da una nueva oportunidad a estos hombres y mujeres de ser personas nuevas, y la Defensa Civil se convierte en una herramienta importante”.

En cuanto al acceso al voluntariado, Salas recordó que el proceso está abierto a cualquier ciudadano. Solo se requiere acercarse a una oficina provincial o completar el formulario disponible en el portal web de la institución.

La Policía Nacional Civil (PNC), de El Salvador anunció la detención de un sujeto identificado con los alias Chele, Danger y Popi, señalado como presunto integrante de la organización criminal MS13. El arresto se efectuó en el sector San Miguel Centro cuando los agentes localizaron al individuo en la colonia La Confianza, cumpliendo una orden judicial por el delito de homicidio agravado. La captura se produce en un contexto en el que el país ha endurecido sustancialmente las sanciones para crímenes violentos, elevando su respuesta penal en la región.

El sujeto identificado como Juan Gabriel Laínez Pérez, será remitido también por el delito de agrupaciones ilícitas, posee antecedentes por hurto y amenazas, según informó la Policía Nacional Civil. Durante la intervención, se documentó gráficamente la detención. En las imágenes oficiales divulgadas por la institución, el sujeto aparecía con el torso desnudo, exhibiendo tatuajes alusivos a estructuras criminales.

Dicha captura ocurrió en el marco de los recientes cambios legales. Las reformas aprobadas en 2026 introdujeron la prisión perpetua para homicidios agravados, feminicidios y terrorismo. Este marco legal, ratificado en la edición del Diario Oficial del 26 de marzo, establece que las penas pueden aplicarse incluso a menores de edad, situando a El Salvador entre las pocas naciones de la región que imponen el encarcelamiento permanente por estos delitos. Para homicidio simple, la legislación vigente determina un castigo de entre 15 y 20 años de prisión, con propuestas legislativas para ampliar el rango entre 25 y 35 años.

Autoridades informan sobre nuevos casos de violencia y detenciones

En paralelo a la detención de Laínez Pérez, la Policía Nacional Civil comunicó la reciente captura de Julio Sergio Roque Beltrán, de 43 años, quien enfrenta señalamiento por amenaza de muerte con un corvo contra una mujer en el cantón San Diego, en La Libertad Costa. Testigos grabaron el momento del incidente y lo difundieron en redes sociales. Las autoridades detallaron que “el detenido será remitido ante la justicia por el delito de amenazas”, según indica el reporte policial compartido.

El pasado 2 de abril, las aturidades también notificaron la aprehensión de Zenaida Beatriz Gámez Lara, de 37 años, en Soyapango, San Salvador Este, luego de que agrediera a su compañero de vida con una botella de vidrio durante una discusión bajo efectos del alcohol. El parte policial indica que la intervención oportuna de los agentes evitó una escalada de los hechos y permitió que la víctima fuera trasladada a un hospital, donde se reporta estable. Gámez Lara será presentada por el delito de lesiones. La mujer fue presentada por las autoridades con las ropas aún manchadas de sangre tras el violento episodio.

En el operativo, realizado en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo, los equipos actuaban en uno de los depósitos de carga del aeropuerto cuando observaron imágenes irregulares en dos cajas provenientes de Montevideo, Uruguay. Ante la sospecha, se empleó una unidad canina que detectó presencia de sustancias ilícitas dentro de los paquetes. Bajo las directrices del Ministerio Público, se procedió a la apertura controlada, hallando en ambas cajas las fundas de marihuana cuyo peso fue certificadamente de 35 libras, informó la DNCD.

La documentación de la carga especificaba que las cajas habían sido enviadas en nombre de una supuesta compañía, y se encontraban en tránsito por República Dominicana con destino a territorio suizo. Por este motivo, las autoridades dominicanas abrieron una investigación para esclarecer tanto la identidad de los responsables del envío frustrado como el método de operación internacional utilizado. El operativo se inscribe en un contexto de intensificación de medidas de interdicción en instalaciones aeroportuarias y portuarias, agregó la fuente oficial.

En una acción similar desarrollada apenas un día antes en el mismo aeropuerto, los agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la DNCD detectaron 12 láminas de presunta cocaína durante una inspección conjunta, llevada a cabo el jueves 2 de abril. La inspección, realizada también en los depósitos de la terminal aérea, permitió identificar varias cajas sospechosas mediante el uso de una unidad canina especializada. Tras una búsqueda detallada, se localizaron dobles fondos en seis de las cajas donde permanecían oculta la droga, envueltas en fundas plásticas transparentes, con un peso total que superaba los 900 gramos cada una, según confirmaron las autoridades a medios de República Dominicana.

Los paquetes habían sido enviados por un individuo con dirección registrada en Santo Domingo Este y la destinataria sería una mujer ubicada en Road England, Reino Unido. Las autoridades dominicanas informaron que se abrió una investigación que continúa bajo la coordinación directa de la DNCD y del Ministerio Público, en vista de la utilización de la modalidad de doble fondo en envíos internacionales, sistema que busca evitar la detección mediante los controles aeroportuarios.

El presidente de la DNCD, vicealmirante Jose M. Cabrera Ulloa, ordenó de manera reciente el refuerzo de las labores de inteligencia y control en todos los aeropuertos, puertos y fronteras del país, medida que responde al aumento de intentos de tráfico de narcóticos durante el periodo de mayor tránsito en Semana Santa. La institución indicó que se ha instruido incrementar el número de agentes operativos asignados en las terminales y consolidar la cooperación con el Ministerio Público, con la responsabilidad de “perseguir y combatir el narcotráfico de sustancias narcóticas durante el asueto”.

Tanto la incautación de marihuana con destino a Suiza como la detección de cocaína oculta en envíos hacia el Reino Unido evidencian la diversidad de métodos empleados para el tráfico ilícito de drogas a través de los puertos y aeropuertos de República Dominicana. Las investigaciones en curso buscarán desarticular las redes de envío internacional que intentan operar en el país.

Desde la prisión El Típico, en Las Tunas, Betancourt, de 63 años, enfermo y con discapacidad física, denunció en un audio difundido por el grupo de asesoría legal Cubalex su exclusión del indulto anunciado por el régimen. “Yo quiero darle a conocer al mundo la verdad del famoso indulto que dio el Gobierno tiránico de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que es una farsa más y una mentira más“, afirmó.

Betancourt, quien lleva más de 35 años tras las rejas, detalló que en el penal solo fueron indultados seis reclusos, a quienes correspondía la libertad condicional y no les había sido otorgada. “Los demás indultos que se dieron, fueron a personas que ya estaban pasadas de libertad condicional hacía mucho tiempo y les dieron un famoso indulto. Eso es una farsa más del comunismo y el mundo tiene que conocer eso”, subrayó.

El preso político, que tiene amputadas ambas manos, carece de visión en un ojo y padece diabetes, hipertensión, cardiopatía, artritis, gota y un aneurisma, resaltó: “Personas enfermas y con discapacidad como yo no han sido beneficiadas”.

Betancourt Escalona es actualmente uno de los presos políticos de más larga data en las cárceles de Cuba. Fue condenado hace 36 años por “atentado” y “otros actos contra la seguridad del Estado”, figuras penales que la dictadura de la isla utiliza con frecuencia para castigar el disenso abierto.

En el audio, anunció además que comenzará una huelga de hambre como protesta por la arbitrariedad del indulto y su exclusión.

El régimen cubano había presentado el indulto como un gesto “humanitario”, basado en un análisis de la conducta, tiempo cumplido y estado de salud de los sancionados. Según el anuncio oficial, los beneficiados incluirían “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

Sin embargo, la nota difundida por la prensa estatal aclaraba que no serían objeto de la medida quienes hubieran cometido “delitos contra la autoridad”. Justamente esta categoría incluye figuras como “desacato”, “atentado” y “resistencia”, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores.

Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.

La ONG Prisoners Defenders documentó que la excarcelación se limitó a presos comunes. Javier Larrondo, presidente de la organización, confirmó a Infobae: “En la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana, han soltado a 41 presos, todos comunes. Ni uno solo es preso político. Igualmente en la Prisión de Trabajos Forzosos El Yabú. Todos comunes. Se confirma el jueguecito del régimen para intentar engañar a la prensa, a costa de mortificar a los familiares”, expresó.

Larrondo detalló que la situación se repite en otros centros penitenciarios de todo el país, como Boniato, en Santiago de Cuba, Taco Taco, Remedios y La Lima, donde solo han sido liberados presos comunes. “Es un drenaje carcelario de presos comunes por todo el país para abaratar costes penitenciarios al tener la mayor tasa de presos del mundo: 90 mil para 9 millones de habitantes”, destacó a Infobae.

De acuerdo con Prisoners Defenders, Cuba cuenta con 242 centros penitenciarios y correccionales, y las cifras de excarcelados coinciden con la media de liberaciones esperadas por cada centro. “Pero ni un solo preso político excarcelado. Y muchas decenas de nuevos presos políticos se suma cada mes que pasa”, concluyó Larrondo.

El caso de Betancourt Escalona refleja el impacto de la medida en la población penitenciaria política. Mientras tanto, familiares y organizaciones denuncian que la situación en las cárceles cubanas sigue inalterada para los presos políticos, quienes continúan reportando arbitrariedades y condiciones de detención incompatibles con los derechos humanos.

Entre guanteo y manoplas en el gimnasio del Campus de Maldonado, Javier Azcurra se hizo amigo del entrenador Nicolás Barrales. Los golpes deportivos que se daban eran seguidos por largas charlas y asados, y otro tipo de reuniones que dio lugar a Maldonado Boxea, un proyecto de participación público-privada pensado para la inclusión social, la formación y el desarrollo personal.

El nombre de Azcurra es conocido en los medios de comunicación porque es el director de Relaciones Institucionales y Ventas del hotel Enjoy Punta del Este, la mayor empresa de turismo del principal destino del país. Pero días atrás fue el orador de una charla TEDx en la que habló desde su otro rol: como líder de Maldonado Boxea.

Azcurra contó allí que pronto se dio cuenta que el fútbol no era lo suyo y decidió buscar otros sueños. Estudió Administración de Empresas, se insertó en el mercado laboral y, con el tiempo, comenzó a trabajar en el hotel Enjoy. Fue en ese lugar que quiso practicar boxeo, y llegó al gimnasio de boxeo del Campus de Maldonado. En ese lugar fue que conoció a Barrales.

En esas charlas que mantuvieron, Azcurra supo que el sueño de Barrales no solo era ser entrenador sino “transformar vidas a partir del boxeo”. Quería que el deporte se convirtiera en una herramienta de “inclusión social”.

“Ese sueño de Nicolás empezó a ser mi sueño también. Ahí nos hicimos una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda? Éramos dos soñadores y primero que nada teníamos que juntar más soñadores”, expresó.

A Azcurra y Barrales se le sumaron otras personas, como el gerente general de Enjoy, Diego Berná. Luego se sumó la Intendencia de Maldonado y un equipo que Azcurra definió como “robusto”.

“Entendíamos que no faltaban sueños en los barrios, faltaban escenarios donde pudieran entrenar. Faltaban lugares, faltaban espacios. Maldonado Boxea se fue transformando en un espacio donde muchos jóvenes fueron a encontrar algo que no habían encontrado a lo largo de su vida: una comunidad, un grupo de pertenencia. Eso fue fortaleciendo cada vez más el proyecto”, contó.

Los jóvenes dejaron la calle para comenzar a entrenar boxeo y el programa alcanzó cerca de 70 de ellos. Comenzaron las veladas en Punta del Este y el proyecto se fue consolidando. Y tomó fuerza también a partir de títulos. Gabriela Bouvier, por ejemplo, retuvo un título mundial. Muchos de ellos, además, debutaron como profesionales: algunos comenzaron a ganar sus primeros dólares.

En diálogo con Infobae, Azcurra destacó que Bouvier supo “sobreponerse” a las adversidades y en un año y medio ganó tres títulos internacionales. Ahora, también da clases en un centro comunal.

En la charla, Azcurra contó el caso de Manuel Peraza, quien debutó como profesional hace tres años. Pasó por ocho peleas, todas remuneradas y, además, comenzó a trabajar en el lavadero de Enjoy.

Otro de los jóvenes que se acercó al programa fue Joaquín Faccio, que vivía en un asentamiento. En su adolescencia, trabajó en tareas precarias para llevar dinero a su casa. Azcurra lo definió como un muchacho “educado, disciplinado y agradecido”. Quería cambiar su historia Y se inició un camino en paralelo: mientras crecía en su vida profesional, se desarrollaba para poder ingresar al mercado laboral.

El 9 de diciembre de 2023 Faccio debutó como boxeador profesional ante 1.000 personas y allí expresó un sueño: ser campeón del mundo. El 22 de noviembre de 2025, el boxeador logró su meta ante 3.000 personas.

Además, Faccio es uno de los panaderos del hotel Enjoy.

“Joaquín ese día no solo ganó una pelea, no solo levantó un título. Joaquín ese día le ganó a una historia que parecía escrita. Reescribió su propia historia, a partir de un sueño compartido”, reflexionó Azcurra.

Expectativas superadas

Tres años después de iniciado el proyecto, Azcurra dijo a Infobae que las expectativas que tenían fueron superadas. Al inicio la intención era seguir un camino personal, sin demasiadas ambiciones pero los resultados sobrepasaron el esfuerzo. Y a los logros sociales que registró el proyecto se le sumaron los deportivos.

Se fue formando un círculo virtuoso. Y con el ejemplo de Faccio se logró que otros jóvenes busquen ser un espejo. Muchos lo conocían desde pequeño y vieron que, creciendo en un asentamiento, pudo progresar, tener su auto y un trabajo estable.

El ejecutivo de Enjoy aclaró que los resultados no son lo más importante. Uno de los jóvenes que está en el programa es un adicto a las drogas que está en recuperación. Lleva cuatro peleas, que perdió. Pero con el dinero que recaudó pudo hacer el piso para su casa y así darle una mejor contención a su hijo recién nacido.

“Hay una cadena de favores y círculos virtuosos”, celebró Azcurra.

La cifra de analfabetismo entre adultos mayores en El Salvador revela la persistencia de profundas brechas educativas: una de cada cuatro personas mayores de 60 años no sabe leer ni escribir. Esta realidad contrasta con los avances alcanzados por las nuevas generaciones, donde el analfabetismo entre los más jóvenes apenas supera el 1%.

El fenómeno no es homogéneo. El analfabetismo afecta al 8. 8% de la población nacional (ocho de cada cien personas no saben leer ni escribir) pero existen diferencias marcadas según el sexo, la edad y el lugar de residencia. Las mujeres muestran una tasa superior a la de los hombres, y quienes viven en zonas rurales duplican casi la incidencia respecto a las áreas urbanas.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, elaborada por el Banco Central de Reserva, confirma que, pese al aumento de la asistencia escolar, el sistema educativo salvadoreño sigue arrastrando desigualdades estructurales.

El área rural, en particular, enfrenta un rezago sostenido que limita las oportunidades de desarrollo para buena parte de sus habitantes.

Desigualdad territorial y rezago académico

El reparto territorial confirma las brechas: San Salvador registra la tasa de analfabetismo más baja del país, mientras que departamentos como La Unión presentan cifras que cuadruplican ese indicador. La urbanización y el acceso a servicios educativos de calidad siguen marcando la diferencia.

En las zonas rurales, la mitad de los habitantes acumula sólo hasta seis años de estudio. Los jóvenes urbanos de 18 a 29 años triplican la proporción de quienes logran completar entre 10 y 12 años académicos respecto a sus pares rurales.

El porcentaje nacional de personas que nunca ha aprobado un grado académico es del 11,8%, pero en el caso de los adultos mayores supera el 27%. Entre los jóvenes, en contraste, sólo el 1,5% no ha cursado ningún grado, lo que muestra una mejora intergeneracional.

Asistencia escolar y deserción en cifras

La escolarización en los primeros años es alta: más del 91% de niños y adolescentes entre 4 y 17 años asiste a clases. A partir de la juventud, la situación cambia. Entre los salvadoreños de 19 a 29 años, la inasistencia escolar alcanza el 84%, una cifra que pone en evidencia el abandono temprano de la educación superior o técnica.

En cuanto a género, las diferencias en la asistencia entre niñas y niños son mínimas, aunque persiste una ligera ventaja a favor de las niñas. Destaca un dato paradójico: los jóvenes del segundo quintil de ingresos muestran mayor presencia escolar que los del grupo más rico. Entre las posibles explicaciones figura la incorporación temprana al trabajo o actividades productivas en los sectores de mayores ingresos.

La repitencia escolar se mantiene en niveles bajos, especialmente en la educación media, donde sólo el 2.9% de los estudiantes repite año. El fenómeno afecta con mayor fuerza a los varones y a quienes pertenecen a las zonas rurales o a los hogares con menores ingresos.

Promedio de escolaridad y retos pendientes

El promedio nacional de escolaridad se sitúa en 7.5 años, aunque los habitantes urbanos alcanzan 8.5 años y los rurales apenas 5.7. Los jóvenes de 18 a 29 años superan el promedio con 10.6 años de educación, reflejando un progreso sostenido en comparación con generaciones anteriores.

De acuerdo con la EHPM 2025, El Salvador ha logrado avances claros en cobertura escolar y reducción de la repitencia. Persisten desafíos estructurales: la continuidad educativa, especialmente en zonas rurales y entre mujeres, y la reducción del analfabetismo en adultos mayores son tareas pendientes para cerrar la brecha.

El sistema educativo salvadoreño exhibe logros en cobertura y permanencia escolar, pero enfrenta el desafío de garantizar una educación de calidad y sin exclusiones.

El rezago y la desigualdad territorial siguen condicionando las oportunidades de miles de salvadoreños, especialmente aquellos que viven en áreas rurales o pertenecen a los grupos más vulnerables.

En medio del nuevo estado de excepción en Ecuador, la Unión Europea y el gobierno del presidente Daniel Noboa oficializaron el viernes la ratificación de un acuerdo que fortalece la colaboración con Europol en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Según comunicó el Ministerio de Exteriores ecuatoriano, el convenio, firmado inicialmente el 23 de septiembre de 2025 durante la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU por la ministra Gabriela Sommerfeld y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, busca fortalecer el trabajo conjunto de las autoridades de ambas partes en la prevención y persecución de delitos graves y actos terroristas.

Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en suscribir un acuerdo de este tipo con el grupo europeo. El pacto incluye salvaguardias específicas para la protección de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

La ratificación se concretó con la firma del decreto por parte del presidente Daniel Noboa y su publicación en el Registro Oficial el 30 de marzo de 2026. Para el gobierno ecuatoriano, este acuerdo representa una herramienta clave para ampliar las capacidades de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Ambas partes coincidieron en que el pacto refleja el compromiso de enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional y refuerza la cooperación internacional en seguridad.

Ante el escenario de violencia que se vive en Ecuador, Noboa decretó el jueves un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir el crimen organizado, medida que afectó a nueve de las 24 provincias del país, incluidas Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias.

Durante el estado de excepción en Ecuador quedaron suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin orden judicial e interceptar comunicaciones. Las Fuerzas Armadas también se desplegaron para ejecutar operativos contra organizaciones criminales en coordinación con la Policía.

El decreto, emitido en vísperas del feriado de Semana Santa, afectó principalmente a provincias de la costa, región donde operan bandas dedicadas al narcotráfico que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína —producida principalmente en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos. Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro (fronterizas con Colombia y Perú), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica en la que recientemente se realizaron operativos coordinados con Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera.

Desde 2024, tras declararse la “guerra” al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha decretado varios estados de excepción, algunos de alcance nacional.

El objetivo de estas medidas es frenar el auge de la violencia criminal, aunque Ecuador continúa liderando las tasas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.

El toque de queda nocturno anterior, impuesto desde el 15 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 del lunes pasado, dejando un saldo superior a mil detenidos. El Ministerio del Interior reportó 1.283 detenciones, en su mayoría por violaciones al toque de queda, mientras que el Ministerio de Defensa registró 806 capturas y la destrucción de 47 objetivos militares, entre ellos caletas de armas, centros de mando y pistas clandestinas.

Durante la vigencia de la medida, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que las operaciones continuarán en todo el país. “Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, declaró. Además, subrayó que en 2025 lograron capturar “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”.

(Con información de Europa Press)

Este 19 de abril debía realizarse un balotaje para elegir al próximo gobernador de La Paz entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta: Luis Revilla, de alianza Patria, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP). Sin embargo, cuando faltan poco más de dos semanas para la votación, el frente NGP presentó su declinación y el Tribunal Supremo Electoral anunció que proclamaría ganador al postulante de Patria.

La sorpresiva determinación causó revuelo en el debate público boliviano. Hay quienes califican como ilegítima la decisión del TSE y quienes critican el retiro del frente porque consideran que viola el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. De igual forma, el candidato afectado denunció ser víctima de “acoso político” por parte del partido y manifestó su intención de postular.

En medio de la controversia y las amenazas de movilizaciones, el presidente del Órgano Electoral, Gustavo Ávila, habló en exclusiva con Infobae sobre la decisión de la sala plena del organismo y compartió su percepción sobre la Ley boliviana de Régimen Electoral, promulgada en 2010 bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

-Presidente, ¿en qué se basó el Tribunal Supremo Electoral para tomar esta decisión?

-En la ley Régimen Electoral del año 2010, aprobada en el gobierno de Evo Morales. El artículo 64 determina que debe haber balotaje para gobernadores y en 2014 se hizo una modificación que señala que si la organización política de cualquiera de las fórmulas hace conocer por escrito su declinatoria de participar en la segunda vuelta, no se realizará la segunda vuelta electoral y se proclamará ganador al que obtenga la mayoría de votos válidos.

-En las últimas horas han surgido muchos cuestionamientos sobre la aplicación de este artículo, incluso del candidato afectado que afirma que estarían violando derechos políticos. ¿Qué opina al respecto?

-Es por esto que hay que modificar la norma, es antidemocrática. Lo ha dicho el TSE, pero nosotros como autoridades tenemos que cumplir con la ley. Esta ley no es democrática porque hemos visto inhabilitaciones de candidatos a última hora, presentación de demandas a última hora o gente que quiere ser habilitada 72 horas antes. Lo dije el día de las elecciones: ojalá que este haya sido el último proceso electoral en el que se utilice esta ley, pero el TSE está atando de manos y no tiene otra opción que cumplir la ley.

-Fuera de la legalidad de esta determinación, ¿considera que la victoria de Luis Revilla será legítima?

-Para los alcaldes no hay segunda vuelta, ganan con mayoría simple. Y hay alcaldes que han ganado con el 17, 18, 20 por ciento. Con esa duda tendríamos que tener segunda vuelta para todas las autoridades, ¿no tendrían legitimidad? Ellos ganan con diferencia de incluso un voto.

-Esta decisión golpea la credibilidad del Tribunal Electoral porque mucha gente piensa que la decisión fue discrecional. ¿Cómo van a hacer para que la ciudadanía la acepte y respalde?

-Eso es lo duro, es difícil hacer entender a los ciudadanos que la única opción que tenemos es cumplir la ley. Si el TSE no cumple, incurre en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Los ciudadanos piensan que nosotros tomamos la decisión en base a caprichos y no.

-Usted menciona que la ley electoral es “antidemócratica”. ¿Qué avances hay para su modificación o elaboración de una nueva norma?

-Si, tenemos una propuesta de reforma.

La economía de El Salvador mantendrá un ritmo de expansión en 2026, con una proyección de crecimiento situada entre 3% y 3.5%. Esta estimación, presentada este viernes por el Banco Central de Reserva (BCR), responde principalmente al empuje de la inversión privada y a una combinación de factores internos, especialmente la mejora de las condiciones de seguridad y el dinamismo del consumo y del turismo. Según la previsión oficial, el país superará el promedio histórico de 2.5% registrado durante las tres décadas previas.

De acuerdo con el BCR, el rango estimado para 2026 no solo se ubica por encima del promedio de crecimiento anual de 2% observado desde la dolarización en 2001, sino que también rebasa la media de 2.3% alcanzada entre 2014 y 2018, cuando el país sufrió sus índices más elevados de homicidios.

El sector privado, principal motor de la economía en 2026, lidera el ciclo expansivo con un portafolio de proyectos en ejecución superior a USD 9,000 millones. Esta cifra, de acuerdo al Banco Central de Reserva, agrupa inversiones en infraestructura, maquinaria y equipos, sobresaliendo los ámbitos de la construcción, los servicios y el comercio, y supera ampliamente la inversión privada de 2025.

La diversificación se expresa en desarrollos habitacionales, especialmente de tipo vertical, así como en parques logísticos, infraestructura corporativa, hoteles y complejos turísticos, lo que refuerza la presencia del sector en todas las áreas de la economía.

Los organismos multilaterales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo regional de la ONU, prevén una expansión del producto interior bruto en el rango de 3% a 3.5% para 2026, citando como motores la inversión pública y privada, la obra civil, la inversión social, la actividad inmobiliaria y el turismo, destaca el reporte del Banco Central de Reserva.

Asimismo, la proyección del gobierno converge con la previsión del más reciente informe de la financiera inglesa EMFI, que indica que la economía salvadoreña tendría un crecimiento interanual de entre 3% y 4% en el primer trimestre de 2026, mientras que el promedio anual se ubicaría en torno al 3.2%.

Mientras que la calificadora de riesgo Moody’s estima que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real rondará el 3.1 % este año.

El empuje de la inversión pública y los proyectos de gran envergadura

Conforme a lo informado por el BCR, la inversión pública también refuerza su papel estratégico. Entre los proyectos destacados figuran el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador, el Viaducto Morazán, sistemas de transporte urbano como el Metrocable y amplios programas de infraestructura vial y educación, incluyendo el plan “Dos Escuelas por Día”. Estas iniciativas, cuyo valor conjunto superará los USD 1,000 millones, buscan fortalecer la conectividad, la competitividad y la actividad económica a nivel nacional.

Un indicador que muestra esta tendencia es el aumento del 179.2% en la inversión pública ejecutada a febrero de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con USD 144.3 millones ejecutados frente a los USD 51.7 millones del año previo.

El crecimiento económico de El Salvador durante 2026 se proyecta encabezado por la expansión de la inversión privada —con más de USD 9,000 millones en proyectos en desarrollo, según el Banco Central, impulsada por la confianza empresarial y la continuidad de proyectos estratégicos promovidos por la administración de Nayib Bukele.

Consumo y remesas fortalecen la demanda interna

El consumo privado persiste como elemento estructural de la demanda, beneficiado por el incremento del ingreso disponible de los hogares derivado tanto de la actividad productiva como de las remesas. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, el 26% de los hogares salvadoreños recibe remesas, que al cierre de febrero de 2026 sumaban USD 1,524.8 millones, con un crecimiento de 8.4% frente al año anterior.

El gobierno salvadoreño destaca que las medidas adoptadas, como la “Quincena 25”, la expansión de la Central de Abastos y de más de 60 Agromercados, la prolongación de subsidios a servicios básicos y la supervisión de precios de productos considerados estratégicos, funcionan como respaldo al poder adquisitivo y contención del costo de vida.

Los indicadores de actividad económica corroboran la fortaleza del momento: el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) aumentó un 5% en enero de 2026, el Índice de Producción Industrial (IPP) incrementó un 6.4% en el mismo mes; las exportaciones de bienes crecieron un 3.3% hasta febrero de 2026; la recaudación tributaria ascendió un 5.8%, impulsada por el IVA, que aumentó un 7.1%; el consumo aparente de cemento, indicador vinculado a la construcción, creció 11.7% y el total del crédito subió un 8.1% a finales de marzo.

Turismo, eventos internacionales y efecto multiplicador

El turismo se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor dinamismo, de acuerdo a los datos oficiales, ya que entre enero y marzo de 2026 el país registró 1.3 millones de visitantes internacionales, un incremento del 34% frente al mismo periodo de 2025.

Para el cierre del año, se proyecta la llegada de 4.2 millones de turistas, impulsada por la organización de grandes eventos —como los conciertos de Shakira en febrero, la llegada de 18 cruceros y certámenes internacionales como el Triatlón Ironman 70.3 o el XIII Campeonato Panamericano de Maxibasketball—, que generarán impactos en los sectores de transporte, comercio, alojamiento y gastronomía.

Según la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, ente gestor de proyectos urbanísticos de la capital, la inversión privada consolidada entre enero y comienzos de marzo de 2026 en nuevos proyectos turísticos y urbanísticos en la capital alcanzó USD 195 millones, indica el Banco Central.

El fortalecimiento de la demanda interna, la multiplicación de grandes proyectos de infraestructura y un entorno de seguridad establecen así el escenario de crecimiento de El Salvador, cuyos fundamentos estructurales refuerzan la perspectiva de continuidad en la senda expansiva para 2026, concluye el BCR.

La Iglesia católica de Honduras ha realizado un enérgico llamado a la sociedad para recuperar el sentido espiritual de la Semana Santa y construir una nueva humanidad basada en una “paz desarmada y desarmante”. Durante la celebración del Viacrucis del Viernes Santo en Tegucigalpa, el arzobispo José Vicente Nácher enfatizó que la verdadera transformación no se logra por la fuerza ni por el poder, sino mediante la entrega y la donación, elementos centrales del mensaje cristiano, según datos de la agencia EFE.

“El Señor no se impone con la fuerza del poder, sino que redime a través de la entrega y la donación. Es esa nueva lógica, la lógica de Dios, que es más grande que la de los hombres en un mundo, desgraciadamente, en el que pareciera que las armas son la única voz posible”, afirmó Nácher ante una multitud marcada por la presencia femenina y las altas temperaturas, consignó EFE.

Durante el recorrido por las catorce estaciones, el prelado hondureño subrayó que la Iglesia seguirá proclamando que la paz auténtica solo se alcanza cuando se renuncia a la violencia y se respeta la dignidad de los más vulnerables. Nácher pidió a los fieles que se conviertan en “misioneros en el reino de Dios mediante nuestras oraciones y nuestro apoyo a los demás”, y rogó por “un corazón generoso” para que la solidaridad guíe las acciones de los creyentes.

Uno de los mensajes más contundentes del arzobispo, según EFE, estuvo dirigido a la defensa de los territorios indígenas y al respeto por la dignidad de los más desfavorecidos. Nácher exigió al Estado hondureño asumir su responsabilidad en la reparación de los daños ocasionados a comunidades despojadas de sus tierras, haciendo un llamado explícito a proteger los derechos humanos y a combatir la indiferencia.

“Pedimos perdón por la indiferencia ante el sufrimiento de quienes son manipulados por intereses ajenos al bien común”, expresó el religioso durante la ceremonia, y exhortó a la sociedad y a las autoridades a trabajar por una sociedad “más justa”.

El arzobispo también lamentó que los pobres “son descartados de los planes de los que tienen el poder” y exhortó a que el mensaje de Jesucristo llegue “a los oídos y el corazón de los gobernantes”, reiterando la urgencia de atender a los sectores excluidos y marginados.

En el inicio de la Semana Santa, la Iglesia católica hondureña hizo un llamado a la esperanza frente a los desafíos de la pobreza, la violencia y la migración. Recordó a los fieles que el mensaje de la cruz no representa una derrota, sino un “signo de victoria” y un motivo de solidaridad con los más marginados.

“En nuestra realidad hondureña, marcada por la pobreza, la migración, la desintegración familiar y la violencia, muchos sienten que la cruz es demasiado pesada. Sin embargo, Jesús nos enseña que no estamos solos, él camina con nosotros, toma sobre sí nuestras cargas y nos anima a mirar siempre adelante, a no perder la esperanza”, subrayó la Iglesia en su mensaje a la población.

El Viacrucis del Viernes Santo, celebrado en Tegucigalpa y replicado en las principales ciudades del país, reunió a miles de personas en un acto de fe y reflexión. Honduras, con una población de 10 millones de habitantes, se caracteriza por su mayoría católica, y la Semana Santa constituye una de las manifestaciones religiosas de mayor arraigo y participación en la vida social. En la capital, una de las alfombras más largas, elaborada por decenas de hombres y mujeres contratados por la Alcaldía, superó los 600 metros en la Avenida Cervantes, sirviendo de escenario para la procesión del Santo Entierro.

El llamado de la Iglesia católica de Honduras, recogido por la agencia EFE, invita a la sociedad a rechazar la violencia, defender la dignidad de los pueblos indígenas y mantener la esperanza, apelando a la fe como motor para una transformación profunda en el país. El mensaje busca recuperar el sentido espiritual de la Semana Santa, proponiendo una humanidad nueva, donde la paz, la justicia y la solidaridad prevalezcan sobre la fuerza y el poder.

La Empresa de Distribución de Energía Eléctrica del Noreste de Panamá (ENSA) notificó a la ciudadanía sobre interrupciones programadas del servicio eléctrico para los días 3 y 4 de abril de 2026, en coincidencia con la celebración de la Semana Santa. Estas suspensiones temporales, anunciadas oficialmente, tienen como objetivo permitir labores de mantenimiento preventivo y mejoras en la red eléctrica en distintos sectores del país, con la intención de garantizar un suministro más estable y seguro para los usuarios.

De acuerdo con la información difundida por ENSA, los cortes de luz impactarán principalmente a sectores de la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito. Para este día, las áreas programadas para los trabajos abarcan Altos de Tocumen y Tocumen, y San Antonio. En San Miguelito, la comunidad de José Domingo Espinar y Villa Guadalupe también experimentará cortes. Para el 4 de abril se prevé la suspensión del servicio en San Miguelito, específicamente en Belisario Porras y Cerro Batea, nuevamente entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

ENSA ha insistido en que la programación de estas labores se realiza en fechas de alta relevancia religiosa, por lo que recomienda a los usuarios planificar sus actividades con antelación, especialmente aquellos que participarán en procesiones, viacrucis u otras actividades familiares propias de la Semana Santa.

La empresa aconseja a la población tomar previsiones para minimizar el impacto de los apagones. Entre las recomendaciones figuran desconectar equipos eléctricos sensibles, mantener cargados los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, así como estar atentos a los canales oficiales de comunicación de ENSA para actualizaciones sobre el servicio. La compañía recuerda que estas interrupciones son necesarias para mantener la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, y que los trabajos se realizan con el fin de prevenir fallas mayores en el futuro.

Contexto: cortes de luz en marzo y explosión de transformador

Los apagones programados de abril se suman a una serie de interrupciones no programadas registradas en marzo, las cuales generaron preocupación entre los usuarios por su impacto en la vida cotidiana y las actividades económicas. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió tras la explosión de un transformador en una planta termoeléctrica, lo que provocó un corte de energía de varias horas en sectores del área metropolitana y zonas aledañas. Este evento evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y la necesidad de redoblar los esfuerzos de mantenimiento preventivo.

Según reportes de ENSA y medios locales, durante marzo se registraron al menos tres apagones de magnitud considerable, afectando a miles de hogares y comercios. Además de la explosión del transformador, otras interrupciones estuvieron asociadas a fallas técnicas en líneas de alta tensión y condiciones climáticas adversas que complicaron las labores de reparación.

ENSA ha reiterado a través de comunicados y sus redes sociales que siguen “trabajando para asegurar que la energía llegue de manera confiable a todos los hogares de nuestros clientes. Por eso debemos realizar mantenimientos preventivos”. La empresa ha puesto a disposición de los usuarios el calendario de trabajos y los sectores afectados, con el propósito de transparentar el proceso y reducir molestias entre la población.

De igual forma, la distribuidora enfatiza la importancia de que los usuarios consulten frecuentemente los canales oficiales para conocer posibles cambios en los horarios o áreas de afectación, ya que los trabajos pueden modificarse en función de las condiciones técnicas del sistema.

Perspectivas

La realización de cortes programados en días de alta demanda y relevancia social como la Semana Santa pone de manifiesto los retos que enfrenta el sistema eléctrico panameño. Las autoridades y empresas del sector insisten en que el mantenimiento preventivo es clave para evitar situaciones críticas como las vividas en marzo, cuando eventos imprevistos como la explosión de un transformador evidenciaron la fragilidad de la red.

Mientras tanto, los usuarios se preparan para afrontar estas interrupciones, con la expectativa de que las labores programadas contribuyan a un servicio más estable y confiable en el mediano plazo.

Al menos ocho personas murieron y otras tres están desaparecidas en Honduras en el marco de las emergencias atendidas durante la Semana Santa, informó este viernes Pedro Barahona, portavoz de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), a los medios locales.

De acuerdo con el balance oficial citado por la agencia EFE, siete de las víctimas fallecieron por ahogamiento en diferentes departamentos, mientras una persona perdió la vida en un accidente de tránsito. La Semana Santa ha sido tradicionalmente un periodo de alta movilidad y riesgo en el país, con las autoridades desplegando operativos de control y rescate a lo largo de los principales destinos turísticos. En el antecedente inmediato fechado más relevante, las cifras oficiales reportaron que en 2025, la Semana Santa terminó con 21 personas fallecidas, 19 de ellas por ahogamiento y dos por accidentes de tráfico.

El portavoz de la Conapremm precisó que los cuerpos de búsqueda y rescate, incluidos el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, mantienen activos los trabajos para localizar a los desaparecidos. Hasta la fecha, las operaciones han resultado en el rescate de 31 personas, doce de ellas salvadas en entornos acuáticos de alto riesgo. Según el dato facilitado por Pedro Barahona a medios locales, solo en los primeros días del período vacacional, las autoridades decomisaron 1,537 licencias de conducir y 275 vehículos por distintas infracciones a la normativa vial en diferentes puntos del país.

Las emergencias por ahogamiento superan a otros tipos de fallecimientos

Las autoridades de la Conapremm destacaron que este año el registro no ha incluido muertes violentas vinculadas a homicidios o crimen organizado, categorías que suelen elevar el promedio diario de decesos en el país a entre diez y trece, conforme fuentes públicas y privadas mencionadas en EFE. El operativo de control y vigilancia se extendió a controles de alcoholemia: de las 2,658 pruebas realizadas, 156 resultaron positivas.

A partir del sábado, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte coordinará caravanas de regreso para los turistas hacia las principales ciudades, un operativo que busca reducir accidentes en las rutas más transitadas del país. Las estimaciones del sector turístico indican que al menos dos millones de veraneantes nacionales y extranjeros se habrán movilizado en Honduras durante la Semana Santa.

Las autoridades recalcaron el llamado a la población hondureña para seguir las recomendaciones de seguridad en zonas turisticas, carreteras o autopustas y evitar incidentes fatales durante este período de descanso.

Honduras redujo su déficit comercial de bienes a $400.4 millones en enero de 2026, un recorte del 22.2 % respecto al año anterior, debido al aumento de las exportaciones de café, oroy productos reciclados, según datos publicados por el Banco Central hondureño (BCH). El desempeño de estos sectores, también potenciado por la recuperación del banano y el favorable contexto de precios internacionales, ha permitido al país centroamericano mejorar la balanza de su comercio exterior.

El informe de la autoridad monetaria, citado por la agencia EFE, destaca que esa cifra representa una disminución de $114.5 millones en comparación con el déficit de $514.9 millones alcanzado en enero de 2025. Se trata de la mayor reducción interanual reciente del saldo comercial hondureño, impulsada al incrementar sus ingresos por exportaciones mientras el ritmo de las importaciones resultó moderado.

El dinamismo exportador se explica principalmente por el crecimiento tanto en volumen como en precios del café, el oro y los productos reciclados. El sector del banano mostró además señales de recuperación, de acuerdo con elBCH. En enero de 2026, las exportaciones ascendieron a $1,136.5 millones, un incremento del 16 % frente a los $979.4 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El mayor aporte vino del café, cuyo volumen exportado creció acompañado de una subida en el precio internacional.

De todas las exportaciones, el 68.7 % correspondió a mercancías generales, mientras que el resto, 31.3 %, provino de bienes de transformación. Estos datos muestran el peso estructural de las exportaciones primarias en la economía hondureña.

Las importaciones, por su parte, sumaron $1,536.9 millones en enero de 2026, lo que supone un aumento del 2.8 % respecto a los $1,494.3 millones del año anterior, según la información del BCH. El incremento de compras al exterior obedeció a la mayor demanda de equipo de transporte, suministros industriales y bienes de capital.

El BCH precisó que las importaciones de mercancías generales representaron el 86 % del total, mientras que el 14 % restante correspondió a insumos destinados a la producción maquiladora, un componente clave de la industria manufacturera exportadora del país.

Norteamérica, principal socio comercial

Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México, mantuvo su posición como la principal zona de intercambio comercial para Honduras en enero, en buena medida gracias a la sólida demanda de productos hondureños en Estados Unidos. El BCH informó que con el mercado estadounidense el país sostiene una balanza superavitaria, lo que se traduce en ingresos por exportaciones que superan a las compras realizadas.

Según datos oficiales del BCH, Estados Unidos recibió el 50.6 % de las exportaciones hondureñas y abasteció el 29 % de sus importaciones, lo que permitió a Honduras registrar un superávit de $128.9 millones con ese país al cierre del primer mes del año.

Centroamérica se consolidó como el segundo mayor socio comercial de Honduras, concentrando el 20 % de las exportaciones y el 22.1 % de las importaciones hondureñas. Con el mercado europeo, Honduras alcanzó un superávit de $149.1 millones, impulsado sobre todo por las ventas de café.

El territorio salvadoreño registró una reducción del 38% en las emergencias por incendios durante el período vacacional de Semana Santa, según el balance preliminar presentado por el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez. Entre el 28 de marzo y el 2 de abril de 2026, las autoridades nacionales respondieron a 165 incidentes, en comparación con los 264 atendidos durante el mismo período en 2025, de acuerdo con datos oficiales citados en conferencia de prensa.

La disminución de incidentes coincidió con la entrada en vigor del Plan Verano 2026, operativo que ha involucrado a más de 800 bomberos operativos desplegados en todo el país. La estrategia, detalló Vásquez, incluyó inspecciones a establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, bajo la dirección de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios.

En el período reportado, las autoridades informaron una caída significativa en casi todos los tipos de incendios: se contabilizaron 7 incendios en vehículos frente a 12 del año anterior, 10 incendios forestales respecto a los 21 de 2025, y 20 incendios estructurales comparados con los 24 registrados previamente. Hubo 9 incendios en basureros, apenas uno más que los 8 de 2025, y un descenso notable en incendios de maleza, que pasaron de 199 a 119 casos.

Más de 800 bomberos desplegados y reforzamiento de inspecciones

Las autoridades salvadoreñas implementaron una estructura operativa reforzada para cubrir la demanda del receso vacacional, con la finalidad de brindar una respuesta inmediata. El Cuerpo de Bomberos recordó que la atención ante emergencias permanece activa durante 24 horas, con el número 913 habilitado para auxilio inmediato en cualquier situación de riesgo.

Durante el lapso señalado, el país reportó la atención de 165 incendios en cinco modalidades, una cifra que representa una disminución del 38% en los siniestros atendidos en relación con el período análogo de 2025. La reducción fue visible tanto en zonas rurales como urbanas, en el marco del Plan Verano 2026, según el balance presentado oficialmente por el subdirector del Cuerpo de Bomberos.

Llamado a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevas emergencias

El director del Cuerpo de Bomberos enfatizó, en sus declaraciones durante la conferencia, la importancia de la responsabilidad individual y colectiva: “Reiteramos el llamado a la población a actuar con responsabilidad durante este período vacacional, evitando conductas que puedan derivar en accidentes o en la generación de incendios, los cuales ponen en riesgo la vida y pueden escalar a emergencias de gran magnitud”.

La prevención, apeló el funcionario, sigue siendo el eje de la estrategia, mientras continúan las inspecciones en comercios y espacios públicos. Estas acciones buscan proteger la integridad de empleados, visitantes así como el entorno, evitando que una imprudencia ocasione consecuencias mayores.

El año pasado, las estadísticas oficiales incluyeron 21 incendios forestales durante el receso de Semana Santa, cifra que en 2026 se redujo a menos de la mitad, reforzando el impacto de las acciones preventivas implementadas.

Antes de salir en estas vacaciones de Semana Santa, es importante aplicar medidas preventivas en el hogar y el vehículo: verificar el cierre del regulador del gas, desconectar equipos eléctricos que no se estén utilizando y revisar el estado mecánico y eléctrico del automóvil antes de emprender viaje.

La información oficial sobre el accidente fue brindada por Francisco Peña Sánchez, presidente de la Cruz Roja Dominicana del municipio Arenoso, provincia Duarte, en declaraciones a la prensa dominicana. Peña Sánchez reveló que el autobús, que transportaba cerca de 60 pasajeros con destino a Samaná, volcó tras colisionar con una yipeta cuyas características aún no han sido detalladas por las autoridades. Ninguno de los ocupantes del vehículo particular resultó herido, mientras que los lesionados abordo del autobús fueron inicialmente trasladados al hospital de Arenoso y algunos derivados posteriormente a otros centros asistenciales.

En la mayoría de las versiones dadas hasta ahora por Peña Sánchez, se señaló que entre los heridos predominan los adultos, aunque identificó a tres niños entre los afectados, quienes presentaron lesiones leves. El directivo de la Cruz Roja añadió que el conductor del autobús salió ileso, al igual que los tripulantes de la yipeta, que no sufrieron heridas de gravedad. En todo momento, el despliegue de equipos de emergencias del 9-1-1 y de la Defensa Civil permitió la rápida atención de los lesionados en la escena.

Las autoridades no han confirmado las causas específicas del siniestro; sin embargo, las autoridades no descartan la intervención de la velocidad excesiva y la distracción al volante como factores determinantes en el accidente.

El accidente se produjo durante la antesala de la Semana Santa, período caracterizado por un frecuente aumento en la movilidad y la concentración de personas en las principales vías y destinos turísticos de República Dominicana. Según informaciones similares reportadas en años anteriores durante la Semana Mayor, los accidentes de tránsito en estas fechas tienden a elevarse, especialmente en rutas como el eje Santo Domingo–Samaná.

Choque en rally dejó dos muertos el mismo día

Pocas horas antes del accidente en Guaraguao, autoridades confirmaron que dos personas fallecieron en un evento deportivo automovilístico en Luperón, provincia Puerto Plata. Las víctimas identificados como Alexander Pérez Brito, de 32 años, y Nicauri Castellanos, de 30 años perdieron la vida tras volcarse el vehículo en el que participaban de un rally de autos, según una versión no oficial citada por los medios dominicanos.

El régimen de Cuba comunicó este jueves la excarcelación anticipada de 2.010 presos como un “gesto humanitario” vinculado a la Semana Santa. La noticia, presentada por la televisión estatal, representa la mayor liberación anunciada por la dictadura de la isla en más de una década.

Sin embargo, la falta de transparencia sobre los beneficiarios y los criterios de selección, así como la exclusión explícita de delitos habitualmente imputados a opositores, generó una reacción de desconfianza entre familiares de presos políticos, activistas y analistas.

El mensaje oficial señaló que el indulto fue aprobado por las autoridades del Partido Comunista como una medida “humanitaria y soberana”, pero no incluyó una lista de nombres ni detalles sobre los cargos por los que fueron condenados los beneficiados. El texto subrayó que los indultados cumplieron una parte sustancial de sus penas y mantuvieron buena conducta, y que se consideró su estado de salud. Entre los seleccionados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores y ciudadanos extranjeros o residentes en el exterior.

El propio anuncio oficial especificó que quedaron excluidos del beneficio quienes cumplen condena por delitos como agresión sexual, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, corrupción de menores, hurtos violentos, delitos contra la autoridad o reincidencia.

La categoría “delitos contra la autoridad” incluye figuras como desacato, atentado y resistencia, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores. Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.

“No se hagan ilusiones”

Una fuente de Infobae, en un mensaje dirigido a familiares de detenidos, advirtió sobre las limitaciones del anuncio: “Tengan en cuenta que en el propio anuncio está la trampa porque han dicho que no van a indultar a nadie que tenga delitos contra la autoridad. Eso ya excluye a los más usuales entre los presos políticos”.

La fuente insistió en que “no se hagan ilusiones porque estos criminales han excluido a la mayoría de los presos políticos”, y pidió cautela para evitar frustraciones emocionales en las familias.

“Si se llevan la sorpresa, maravilloso, lo celebraremos. Pero cuidado, no se ilusionen porque eso luego les va a afectar a su esperanza y a su ánimo”, advirtió.

La desconfianza se alimenta por antecedentes inmediatos. El pasado 12 de marzo, las autoridades cubanas anunciaron la liberación de 51 prisioneros como señal de “buena voluntad” hacia el Vaticano, que actúa como mediador entre La Habana y Washington. Sin embargo, hasta el momento fueron excarcelados solamente 26.

Frank García Hernández: “Hay fuertes negociaciones”

El historiador y sociólogo Frank García Hernández, entrevistado por Infobae en Vivo, interpretó el anuncio como parte de “fuertes negociaciones” y un hecho inédito en la historia reciente del país.

“Nunca se había hecho algo así (...). Si a eso le sumas el buque petrolero ruso (que llegó esta semana) y que Trump dice que no le importa, ahí te das cuenta que todo viene de conversaciones”, afirmó.

García Hernández proyectó un escenario de cambios en el poder, al señalar: “Pienso que en Cuba va a pasar lo mismo que en Venezuela. Van a caer Díaz-Canel y Marrero, que es el primer ministro”.

La situación social y económica de Cuba intensifica el malestar popular. El historiador describió una vida cotidiana marcada por la precariedad. “Se vive muy mal en Cuba, un país que no desarrolló su soberanía energética. En Cuba se vive sin electricidad con un salario de 20 dólares al mes. La Habana es la única capital del continente sin transporte público“, expresó.

Y completó: “La clase trabajadora en Cuba está contra las cuerdas. La leche es un producto de lujo. Hay una represión muy grande, incluso hacia los sectores de la llamada izquierda crítica”.

El indulto de 2.010 personas es el quinto que realiza el régimen cubano desde 2011, según cifras oficiales; y eleva a más de 11.000 el total de excarcelados en ese periodo. En enero de 2025 se liberaron 553 reclusos en el contexto de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede. En 2019 y 2016, los indultos alcanzaron a 2.604 y 787 personas, respectivamente.

El papel de la Iglesia Católica como canal de mediación entre Cuba y Estados Unidos fue clave durante décadas, y resultó decisivo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015 durante el segundo mandato de Barack Obama. El nuevo indulto se anunció sin listas públicas ni verificación independiente de las identidades de los beneficiados, mientras persiste un enfoque punitivo sobre la reincidencia y la exclusión de condenados por delitos políticos.

La combinación de crisis económica, represión y negociaciones diplomáticas configura un escenario incierto para las expectativas de apertura política en la isla. El anuncio oficial, presentado como un gesto humanitario, se percibe en amplios sectores de la sociedad y la oposición como una maniobra limitada, que no responde a las demandas de libertad para quienes enfrentan condenas por razones políticas.

Casi 13 años después de la desaparición de Santiago David Romo Córdova en Quito, la Fiscalía de Pichincha decidió reabrir la investigación de un caso que se ha convertido en símbolo de las fallas estructurales del sistema judicial ecuatoriano frente a las desapariciones. La resolución deja sin efecto un intento previo de archivo y dispone continuar con diligencias que permanecían pendientes desde hace años.

David Romo tenía 22 años cuando fue visto por última vez el 16 de mayo de 2013. Ese día asistió a clases en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador y, según las reconstrucciones del caso, abordó un bus en el norte de Quito durante la noche. Desde entonces, no se ha vuelto a conocer su paradero.

La decisión de reabrir el caso responde a un elemento central: la Fiscalía determinó que aún existen pericias y actuaciones investigativas no ejecutadas que podrían ser determinantes para establecer si la desaparición constituye un delito. Este punto resulta clave, ya que, conforme al marco legal ecuatoriano, las investigaciones por desaparición no pueden cerrarse de forma definitiva mientras no se determine el paradero de la persona o existan elementos suficientes para formular cargos.

El expediente de Romo ha atravesado múltiples etapas, hipótesis y procesos judiciales sin resultados concluyentes. A lo largo de más de una década, se han manejado distintas líneas investigativas que van desde un posible secuestro hasta un asesinato. En 2018, incluso, se llevó adelante un proceso judicial por presunto homicidio, que no logró esclarecer de manera definitiva lo ocurrido ni establecer responsabilidades penales firmes.

Uno de los aspectos más controversiales del caso ha sido la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada, una hipótesis impulsada principalmente por la familia del joven. Alexandra Córdova, madre de David Romo, ha sostenido de manera reiterada que el caso podría involucrar responsabilidad estatal, ya sea por acción directa o por omisiones en la investigación inicial. Esta postura ha derivado en denuncias que apuntan a exfuncionarios y operadores de justicia, lo que ha elevado la complejidad del caso y su dimensión política.

Desde que David Romo desapareció, Alexandra Córdova publica diariamente en redes sociales cuántos días han pasado sin saber de su hijo. Su mensaje no solo recuerda el nombre de David sino que exige a las autoridades que investiguen diligentemente, algo que no han hecho desde el 2013, cuando dejaron pasar una evidencia que podría haber cambiado el rumbo del caso.

El teléfono móvil de David, desde donde hizo la última llamada a su madre, es clave para entender qué sucedió esa noche. Aunque el 2013 ya había tecnología para rastrear llamadas, las autoridades nunca lo hicieron. La técnica de rastreo a través de los celulares es conocida para determinar el paradero de las personas.Cuando se ocupa se determina a qué torre de telefonía celular se conectó el móvil para hacer o recibir una llamada y así se obtiene un perímetro, una ubicación, de dónde estuvo la persona y cómo se movilizó.

La reapertura de la investigación también responde a una presión institucional acumulada. En los últimos años, organismos del Estado y espacios legislativos han recomendado revisar casos emblemáticos de desapariciones que no han sido resueltos, en medio de cuestionamientos sobre la eficacia de las instituciones encargadas de investigar estos hechos. El caso Romo ha sido uno de los más visibles dentro de ese universo, tanto por su duración como por la insistencia de su familia en mantenerlo activo en la agenda pública.

La decisión implica que la investigación vuelve a una fase activa. Esto abre la posibilidad de realizar nuevas pericias, retomar líneas investigativas que no fueron agotadas y eventualmente redefinir la tipificación del caso. También podría implicar la revisión del trabajo realizado por fiscales anteriores y la incorporación de nuevos equipos de investigación.

El caso de David Romo ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un referente dentro del debate sobre desapariciones en Ecuador. Su prolongada indefinición, las inconsistencias en la investigación y la persistencia de su familia han contribuido a visibilizar un problema que, según expertos, sigue subregistrado y con bajos niveles de resolución.

La Fiscalía ha señalado que la continuación del proceso responde también a la necesidad de garantizar el derecho a la verdad, la tutela judicial efectiva y la eventual reparación integral para la familia. Sin embargo, el desafío principal sigue siendo traducir la reapertura en resultados verificables, en un caso que durante casi 13 años ha estado marcado por la incertidumbre.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el 2 de abril de 2026 la detección del primer caso en Ecuador de la variante Clado Ib del virus de la viruela símica (mpox), identificado como un caso importado. Se trata del primer registro de esta variante específica en el país, lo que activó de inmediato una alerta epidemiológica a escala nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia sanitaria.

Según el comunicado oficial, la identificación de esta variante fue posible gracias a los procesos de caracterización y secuenciación genómica realizados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI). Estas herramientas permiten determinar con precisión el tipo de virus presente y evaluar sus posibles implicaciones en términos de transmisibilidad y riesgo sanitario. El Clado Ib ha sido catalogado de especial interés debido a su mayor capacidad de contagio en comparación con variantes previamente detectadas en Ecuador.

El MSP indicó que el caso corresponde a una persona que contrajo el virus fuera del país, lo que reduce, en principio, la evidencia de transmisión comunitaria. Sin embargo, las autoridades sanitarias dispusieron el reforzamiento de las medidas de detección temprana, seguimiento de contactos y monitoreo constante para evitar la propagación del virus dentro del territorio nacional.

La viruela símica, también conocida como mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus perteneciente a la familia de los orthopoxvirus, la misma a la que pertenece el virus de la viruela humana, erradicada en 1980. Aunque comparte ciertas características clínicas con esta última, la viruela símica suele presentar un cuadro menos grave en la mayoría de los casos.

La enfermedad se caracteriza principalmente por la aparición de erupciones cutáneas o lesiones que pueden localizarse en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estas lesiones evolucionan desde manchas hasta ampollas y costras. A este síntoma se suman otros signos iniciales como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, escalofríos y la inflamación de ganglios linfáticos, un rasgo distintivo frente a otras enfermedades similares.

En términos de transmisión, la viruela símica se propaga principalmente a través del contacto estrecho y prolongado con una persona infectada. Esto incluye el contacto directo con lesiones cutáneas, fluidos corporales o superficies contaminadas. También puede transmitirse mediante contacto físico cercano, como el que ocurre en el entorno doméstico o durante relaciones sexuales. A diferencia de enfermedades respiratorias como el COVID-19, su transmisión aérea no es el principal mecanismo de contagio, aunque puede ocurrir en condiciones específicas de exposición prolongada.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud ha reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, evitar el contacto directo con personas que presenten erupciones o síntomas compatibles con la enfermedad, y acudir a un centro de salud ante la aparición de signos sospechosos. Asimismo, las autoridades insisten en la necesidad de no automedicarse y de seguir las indicaciones médicas en caso de diagnóstico.

El MSP también informó que se encuentra proporcionando información educativa a la población, con énfasis en grupos considerados más vulnerables o con mayor riesgo de exposición. Estas acciones se enmarcan en los lineamientos de vigilancia epidemiológica establecidos en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aunque la confirmación de este primer caso no implica, por sí sola, una situación de transmisión masiva, sí representa un evento relevante desde el punto de vista sanitario. La introducción de una variante con mayor capacidad de contagio obliga a las autoridades a intensificar los controles y a la ciudadanía a mantener prácticas preventivas.

El contexto internacional ha mostrado que la viruela símica puede expandirse rápidamente si no se detecta y contiene a tiempo. Por ello, la capacidad de respuesta temprana, el rastreo de contactos y la comunicación clara de riesgos se convierten en elementos clave para evitar brotes de mayor escala.

Las autoridades sanitarias han señalado que continuarán monitoreando la evolución del caso y de posibles nuevos contagios, mientras se refuerzan los sistemas de vigilancia en todo el país. La situación, aunque bajo control, se mantiene en observación permanente.

El impacto de la mortalidad neonatal sigue siendo uno de los principales retos para el sistema de salud en República Dominicana, donde el 80% de las muertes de recién nacidos se producen antes de los 28 días de vida, conforme a los registros del Ministerio de Salud Pública. Esta alta proporción subraya la urgencia de fortalecer la atención sanitaria dirigida a este grupo etario en las etapas iniciales, un período donde la vulnerabilidad es máxima y la intervención oportuna puede marcar la diferencia.

En el primer trimestre de 2026, la Dirección de Epidemiología notificó un total de 328 fallecimientos infantiles, como lo documenta el informe oficial del Ministerio al cierre de marzo. Entre el 15 y el 21 del mismo mes, que comprende la semana epidemiológica 11, se registraron 15 muertes adicionales. En las cuatro semanas previas, la cifra acumulada alcanzó 90 decesos, según los datos citados por las autoridades sanitarias dominicanas. Las regiones Metropolitana y Cibao Norte concentran la mayor cantidad de casos, en paralelo con su densidad poblacional y el número de establecimientos de salud, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Epidemiología.

En el mismo periodo del año anterior, la cantidad de muertes infantiles ascendía a 397, lo que representa una reducción interanual del 17% en 2026, informaron las autoridades en el reporte más reciente del Ministerio de Salud Pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfatizado que la mortalidad neonatal, correspondiente a los primeros 28 días de vida, constituye una de las áreas donde los progresos resultan más lentos. Las principales causas identificadas por el organismo internacional son las complicaciones durante el parto y el nacimiento prematuro. Esta realidad adquiere un significado importante en países como República Dominicana, donde los esfuerzos para revertir la tendencia requieren intervenciones sistemáticas y sostenidas.

Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las complicaciones clínicas que presentaron los recién nacidos fallecidos ni sobre los factores de riesgo específicos. El Ministerio de Salud Pública aseguró a través del boletín epidemiológico que, junto con el Servicio Nacional de Salud, impulsa sistemas de vigilancia epidemiológica intensificada, realiza auditorías clínicas así como revisiones sistemáticas, así como monitorea la calidad de la atención en servicios maternos y neonatales con el propósito de reducir estas muertes prevenibles.

En cuanto a la mortalidad materna, el mismo boletín registró cinco fallecimientos durante la semana epidemiológica 11: dos de madres dominicanas y tres de mujeres haitianas, lo que eleva el total anual a 23 madres fallecidas (14 de nacionalidad dominicana y nueve haitiana). Las edades de las madres se ubican entre 16 y 39 años, y residían en las provincias de Hato Mayor, San Cristóbal, La Altagracia, Espaillat y Pedernales, según el reporte ministerial.

La relevancia de la mortalidad en los primeros cinco años de vida, continúa siendo identificada por la OMS como un desafío persistente, especialmente en contextos afectados por crisis humanitarias.

República Dominicana continúa optimizando la referencia entre centros médicos, promueve la detección temprana de signos de alarma y asegura la provisión de recursos esenciales en servicios de salud materno-neonatal. El Ministerio de Salud Pública sostiene que la finalidad es prevenir decesos evitables y avanzar de manera sistemática hacia la reducción de la mortalidad materna e infantil a nivel nacional, como se desprende de las declaraciones oficiales incluidas en el informe presentado.

Las cocinas de la República Dominicana adquieren un ritmo particular durante la Semana Santa, cuando el consumo de habichuelas con dulce se convierte en el epicentro de la tradición culinaria nacional. Este postre de origen dominicano aparece en los hogares desde el inicio de la Cuaresma y se mantiene como protagonista absoluto hasta el final de la temporada.

La receta de las habichuelas con dulce reúne habichuelas rojas, leche de coco, leche evaporada, azúcar, batata y especias, ingredientes que, combinados, producen un sabor característico y ampliamente reconocido en el país.

De acuerdo con Revista Pandora, la preparación de este dulce representa un ritual de unión familiar y vecinal, ya que se acostumbra elaborar grandes cantidades para compartir con allegados, vecinos y amigos.

El origen de este postre se remonta a finales del siglo XVIII, aunque su historia exacta permanece sin un consenso definitivo. Investigaciones citadas por revistas mencionan varias teorías: una relaciona el plato con la influencia francesa tras la migración de colonos durante la etapa colonial, cuando se documentó el uso de “frijolillos finos y azucarados”.

El sabor emblemático de la Semana Santa

Otra hipótesis conecta la receta con la dieta de los esclavos africanos, quienes mezclaban legumbres y caña de azúcar, mientras que algunos historiadores apuntan a similitudes con el postre turco aşure debido a la coincidencia de su consumo en épocas de ayuno religioso. También hay quienes atribuyen su llegada a la influencia de inmigrantes de las Islas Canarias.

El consumo de habichuelas con dulce durante la Semana Santa trasciende la religión y refuerza la identidad cultural dominicana. La costumbre de evitar carnes rojas en esta época motivó la diversificación de las recetas a base de legumbres y pescados. Así, platos como el bacalao guisado y el chacá se suman a la mesa junto a los víveres, pero ninguno alcanza la difusión y popularidad del postre nacional.

La primera referencia escrita a las habichuelas con dulce aparece en el libro de Ramón Emilio Jiménez publicado en 1927, donde se describe el método de preparación y los ingredientes esenciales. En la región del Cibao y la capital, se utilizan habichuelas rojas, mientras que en el sur se prefiere el uso de habas blancas. El acompañamiento tradicional varía entre galletas de leche, casabe y pasas.

En términos económicos, la temporada de Semana Santa genera un aumento en la demanda de habichuelas, leche, azúcar y batata, lo que beneficia a los productores y comerciantes locales. Esta dinámica refuerza el papel del postre como símbolo de la riqueza agrícola y la hospitalidad dominicana. De acuerdo con medios locales, la preparación de habichuelas con dulce es una tradición que fortalece los lazos familiares y vecinales y perpetúa el legado gastronómico del país.

La diversidad de preparaciones y la transmisión de la receta entre generaciones han permitido que las habichuelas con dulce mantengan su vigencia. Pese a las adaptaciones regionales, el ritual de compartir este postre en Semana Santa se conserva como uno de los actos culturales más representativos de la República Dominicana.

Las condiciones de vida de la niñez y juventud en El Salvador muestran que casi cuatro de cada diez menores crecen sin la presencia de al menos uno de sus padres, ya sea por abandono, migración o muerte. Este dato, recogido en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, realizada por el Banco Central de Reserva, subraya el impacto que tienen los vínculos familiares debilitados en el desarrollo infantil y adolescente.

La composición familiar en El Salvador evidencia una marcada ausencia parental. El 39.5% de las personas menores de 18 años reside sin alguno o ambos padres. En la mayoría de los casos, la ausencia del padre responde al abandono, llegando al 81.5%.

La migración también incide en la separación familiar, afectando a 112.546 menores que no cuentan con el cuidado directo de al menos uno de sus progenitores. Entre ellos, el 71.1% permanece sin la tutela del padre, el 18.3% sin la madre y el 10.6% sin ninguno de los dos.

La muerte de uno de los padres también repercute principalmente en la figura paterna, alcanzando el 80.1% de los casos registrados. Estas circunstancias generan condiciones de vulnerabilidad que pueden determinar el rumbo educativo y laboral de niños y adolescentes.

Trabajo infantil: cifras, edades y distribución

El informe expone que el trabajo infantil afecta a 54.084 niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años, lo que equivale a una tasa del 4.2% en ese grupo etario. El fenómeno es más frecuente entre los varones, con una tasa del 6.1%, frente al 2.1% registrado en mujeres.

Entre los menores que trabajan, 15.687 lo hacen por debajo de la edad mínima legal y 38.397 desempeñan labores peligrosas para su salud física, mental o moral.

La mayor parte de los menores trabajadores, el 73.1%, corresponde a adolescentes de 14 a 17 años. Además, seis de cada diez de estos niños y adolescentes asisten a la escuela, lo que evidencia la coexistencia entre la labor y la educación formal en muchos casos. La distribución geográfica señala que el trabajo infantil está más presente en zonas rurales, donde reside el 63% de estos menores, frente al 37% que vive en áreas urbanas.

Acceso desigual a educación y situación de los NINIs

El acceso a la educación inicial para la primera infancia sigue siendo limitado: solo el 10.3% de los niños de cero a tres años acude a centros de educación inicial. La proporción entre niños y niñas es equitativa, pero la cobertura resulta insuficiente para la totalidad de la población en esa etapa vital del desarrollo.

Entre los jóvenes, el fenómeno de los denominados NINIs —quienes no estudian ni trabajan— alcanza al 19.1% de los comprendidos entre 15 y 24 años y al 20.6% de quienes tienen entre 15 y 29 años. La diferencia de género es significativa, con entre 18 y 22 puntos porcentuales menos de hombres NINIs que mujeres en los referidos grupos. La situación socioeconómica agrava el fenómeno: el quintil de menores ingresos concentra un 35.9% de jóvenes NINI en el rango de 15 a 24 años y un 38.8% en el de 15 a 29 años, mientras que en el quintil más alto apenas se sitúa en el 10%.

Relación matrimonial y no matrimonial

El informe también reporta que 4.020 adolescentes de 12 a 17 años han tenido alguna relación conyugal, ya sea matrimonio, convivencia, separación o viudez, cifra que representa el 0.6% de esa franja de edad.

Estas cifras reflejan que la niñez y juventud salvadoreñas enfrentan obstáculos estructurales para su desarrollo, en un contexto donde el trabajo infantil, la debilidad de los lazos familiares y la dificultad de acceso a la educación inicial y el empleo juvenil permanecen como retos constantes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el jueves un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir el crimen organizado, medida que afecta a nueve de las 24 provincias del país, incluidas Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias.

Durante la vigencia del estado de excepción quedarán suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin autorización judicial previa e interceptar comunicaciones.

Las Fuerzas Armadas también se desplegarán para realizar operativos contra organizaciones criminales, en coordinación con la Policía.

El decreto fue emitido en vísperas del inicio de los tres días festivos por Semana Santa, en momentos en que millones de ecuatorianos se movilizan por el país.

Las provincias bajo la medida se concentran principalmente en la costa, donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína —producida principalmente en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos.

Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente, así como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica donde recientemente se desarrollaron operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para destruir campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC.

Desde 2024, con la declaración de “guerra” al crimen organizado, Noboa decretó varios estados de excepción de diferente alcance, llegando en algunos casos a cubrir todo el territorio nacional.

El objetivo es frenar la crisis de violencia criminal, aunque Ecuador continúa encabezando las estadísticas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.

El toque de queda anterior, impuesto desde el 15 de marzo en cuatro provincias de Ecuador para enfrentar la delincuencia, concluyó la madrugada del lunes pasado, dejando más de un millar de detenidos. La medida, que abarcó Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 hora local tras dos semanas de restricciones nocturnas.

Según el Ministerio del Interior, hasta el 29 de marzo se registraron 1.283 detenidos, en su mayoría por violar el toque de queda. El Ministerio de Defensa reportó la captura de 806 personas y la destrucción de 47 objetivos militares, como caletas de armamento, centros de mando de grupos armados y pistas clandestinas.

Durante la vigencia del toque de queda, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que se alcanzaron los resultados esperados y que las operaciones de control continuarán en todo el país. “Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, declaró en la radio Forever. Reimberg subrayó que en 2025 lograron capturar “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”.

Ecuador ratificó el acuerdo con la UE para intercambiar datos con Europol

En materia de seguridad internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó el pasado 27 de marzo un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para el intercambio de datos, en respuesta al avance del crimen organizado y al creciente papel del país como punto estratégico en las rutas del narcotráfico hacia el viejo continente.

La decisión se formalizó mediante un decreto presidencial, tras el proceso institucional que contó con el aval de la Corte Constitucional, la cual determinó el 29 de enero que el acuerdo no requería aprobación legislativa previa. Esto permitió al Ejecutivo proceder con la ratificación directa del instrumento, firmado originalmente en septiembre de 2025.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre Ecuador y Europol, la agencia europea de coordinación de inteligencia criminal, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, incluidos datos personales, para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo.

(Con información de EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el jueves que su administración buscará anular una subasta en la que la petrolera estatal Petrobras vendió gas licuado de petróleo (GLP) a precios que calificó de excesivos debido al impacto de la guerra en Irán.

El aumento de los precios de los combustibles se convirtió en una de las principales preocupaciones para Lula, quien busca la reelección este año. La situación también representa un desafío para Petrobras, que debe equilibrar las exigencias del Gobierno con las obligaciones internas de asegurar rentabilidad en la venta de combustibles.

“La gente conocía las directrices del Gobierno y de Petrobras: no subiremos los precios del GLP”, declaró Lula en una entrevista con TV Record Bahía. El mandatario criticó la subasta, señalando que se realizó en contra de las instrucciones de la dirección de Petrobras y que las primas alcanzaron hasta un 100% por encima de los precios de referencia locales.

El mes pasado, Petrobras canceló subastas de diésel y gasolina tras detectarse primas entre 1,80 y 2,00 reales por litro, superiores a los precios de refinería. A raíz de ello, optó por suministrar combustible mediante contratos existentes y vendió el diésel a precios más bajos que los que se habrían alcanzado en subasta, según fuentes citadas por Reuters.

Aunque Petrobras es un importante productor de gas y diésel, Brasil sigue dependiendo de importaciones, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno de Lula anunció diversas medidas para contener los precios al consumidor, incluida la aplicación de un impuesto sobre las exportaciones de petróleo.

Por su parte, Petrobras anunció el miércoles que revisará su plan quinquenal de negocios con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia de Brasil en diésel en un plazo de cinco años, en respuesta a la volatilidad internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, explicó en un seminario que la empresa busca eliminar la dependencia de importaciones, que actualmente cubren cerca del 30% del consumo nacional.

El plan vigente prevé un aumento de la producción de unos 300.000 barriles diarios en los próximos cinco años, lo que permitiría cubrir alrededor del 80% de la demanda. Sin embargo, la directiva indicó que ahora se estudia la posibilidad de ampliar esa meta hasta el 100%.

“Estamos revisando ese plan para evaluar si podemos llegar a cubrir toda la demanda en cinco años”, afirmó Chambriard, quien subrayó la importancia estratégica del diésel para el transporte de mercancías y el sector agrícola en Brasil.

El precio del diésel en Brasil ha aumentado cerca de un 20% en las últimas semanas, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, lo que generó presión sobre los costos logísticos y la inflación. Para garantizar la autosuficiencia, Petrobras planea ampliar la capacidad de sus refinerías, entre las cuales se destaca la expansión de la Refinería Abreu e Lima —que podría elevar su producción en unos 300.000 barriles diarios— y el aumento de la capacidad de la Refinería Duque de Caxias mediante su integración con el Complejo de Energías Boaventura.

La compañía también trabaja en la adaptación de sus plantas para priorizar la producción de diésel y no descarta evaluar la adquisición de refinerías privadas si resultan estratégicamente viables. La discusión del nuevo plan comenzará en mayo y la versión definitiva podría anunciarse en noviembre.

Chambriard señaló que lograr la autosuficiencia permitiría reducir la exposición de Brasil a las oscilaciones externas y garantizar mayor estabilidad en el abastecimiento energético.

(Con información de Reuters)

El régimen de Cuba anunció el jueves la liberación anticipada de 2.010 presos políticos como un “gesto humanitario” en el marco de la Semana Santa, marcando la segunda excarcelación masiva anunciada en menos de un mes, en un contexto de creciente presión desde Washington y el diálogo de La Habana con el Vaticano.

Según una nota oficial transmitida en la televisión estatal, el indulto aprobado por las autoridades del régimen responde a un “gesto humanitario y soberano” y coincide con las celebraciones religiosas.

Las autoridades cubanas no proporcionaron una lista de los beneficiarios ni detalles sobre los motivos de su detención, aunque aseguraron que se trata de reos que han cumplido una parte importante de su sanción y han mostrado buena conducta. El comunicado agregó que se tomó en cuenta el estado de salud de los indultados, entre quienes figuran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Según el anuncio, quedaron excluidos del beneficio quienes cumplen condena por delitos como agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, hurto, robo violento o con armas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, y reincidencia o multirreincidencia. Según la nota oficial, el indulto anunciado este jueves es el quinto que realiza el régimen cubano desde 2011, beneficiando a más de 11.000 personas en total.

El anuncio se dio poco después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump flexibilizara el bloqueo petrolero que pesa sobre la isla desde hace casi tres meses. Estados Unidos permitió la llegada de un petrolero ruso para abastecer al país sumido en una grave crisis energética.

Trump reiteró su intención de propiciar un cambio de régimen en Cuba, considerada una “amenaza excepcional” por sus vínculos con Rusia, China e Irán para la región. En los últimos meses, el mandatario estadounidense endureció su retórica hacia La Habana e incluso sugirió la posibilidad de “tomar” la isla, gobernada por el Partido Comunista.

El pasado 12 de marzo, las autoridades anunciaron la liberación anticipada de 51 prisioneros como gesto de “buena voluntad” hacia el Vaticano, actor clave en las mediaciones históricas entre La Habana y Washington. Al día siguiente, el régimen de Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba mantiene conversaciones con Estados Unidos, tal como señalaba Trump desde mediados de enero.

El académico Michael Bustamante, de la Universidad de Miami, destacó, en diálogo con AFP, que no es la primera vez que las autoridades cubanas adoptan este tipo de medidas en vísperas de festividades religiosas como la Pascua, aunque rara vez a esta escala. “No parece descabellado pensar que esto sea una señal de que parte del diálogo entre ambos gobiernos (Washington y La Habana) está avanzando. Quizás con lentitud, pero avanzando”, señaló.

Un aspecto crítico del reciente indulto en Cuba es la exclusión de los delitos catalogados como “contra la autoridad”, una categoría que suele aplicarse a manifestantes y ciudadanos críticos, lo que deja fuera a personas sancionadas por motivos políticos. Además, la decisión de no incluir a quienes ya recibieron indultos previamente refuerza un enfoque punitivo que no distingue entre reincidencia común y situaciones surgidas en el contexto de la crisis social actual.

Este nuevo indulto se suma a otras excarcelaciones. En enero de 2025, se informó la liberación de 553 reclusos en el marco de negociaciones con Estados Unidos y la mediación de la Santa Sede. En años anteriores, también se produjeron indultos masivos, como los de 2.604 presos en 2019 y 787 en 2016.

La Iglesia católica ha sido durante décadas un canal de mediación entre Cuba y Estados Unidos y jugó un papel fundamental en el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama.

(Con información de AFP)

Solo tres de cada diez salvadoreños cuentan con seguro médico estatal, según los resultados más recientes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, publicados por el Banco Central de Reserva de El Salvador el pasado 27 de marzo y a la que Infobae tuvo acceso.

Este dato revela una brecha profunda en el acceso a la protección sanitaria, que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos y a las mujeres.

La encuesta señala que el 15.9% de la población experimentó algún síntoma o enfermedad en el último mes. Las mujeres presentan una prevalencia mayor, con casi tres puntos porcentuales por encima de los hombres; la distancia se amplía a nueve puntos porcentuales entre la población de menores ingresos frente al quintil más alto, lo que implica que la enfermedad impacta con mayor fuerza a quienes tienen menos recursos.

Entre quienes presentaron síntomas o enfermedades, el 69.6% acudió a consulta médica. Cerca del 30% no solicitó atención, lo que los deja en mayor riesgo ante la falta de tratamiento a tiempo. Un grupo reducido optó por recurrir a farmacéuticos, promotores de salud o enfermeras.

Distribución y acceso a la atención médica

Para casi un tercio de las personas enfermas, la primera opción de atención han sido las Unidades de Salud del Ministerio de Salud (MINSAL).

Los siguientes recursos utilizados, en menor proporción, son las clínicas y hospitales privados, los hospitales del MINSAL y los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Un porcentaje menor se dirige a instituciones como el Hospital Militar o Bienestar Magisterial.

En materia de aseguramiento, solo el 29.9% de los salvadoreños tiene algún tipo de seguro médico. La diferencia por nivel de ingresos es notoria: en el segmento más pobre, solo el 2.7% cuenta con cobertura, mientras que esta cifra alcanza el 52.9% en el quintil de mayor ingreso. Entre hombres y mujeres también se observa una brecha de 4.1 puntos porcentuales a favor de los varones.

Proveedores de seguro y dependencia del sector público

El ISSS es el principal proveedor de cobertura médica en el país, ya que agrupa al 92.9% de quienes poseen seguro.

En menor medida le siguen el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), con un 4.6%, el IPSFA con un 2%, y los seguros privados o colectivos, que no superan el 1%.

Este escenario evidencia una dependencia mayoritaria del sector público y una participación privada limitada dentro del aseguramiento médico.

Desafíos para la cobertura universal

Actualmente, menos de un tercio de la población en El Salvador accede a seguro médico. Esta cobertura limitada, con distribuciones desiguales por ingreso y género, deja fuera de protección a la mayoría de los habitantes, en particular a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La EHPM 2025 expone la urgencia de avanzar hacia una cobertura médica de mayor alcance.

Según el informe: “Los resultados servirán como base para la formulación de políticas públicas que busquen garantizar el derecho a la salud, reducir las brechas existentes y cumplir con los compromisos internacionales de protección social”.

El reto se mantiene vigente para acercar el acceso a servicios médicos de calidad y en tiempo oportuno a toda la población salvadoreña.

La Comisión Europea advirtió el jueves que podría imponer visado a nicaragüenses si Nicaragua mantiene la exigencia de este documento a ciudadanos de varios países de la Unión Europea, de acuerdo con una declaración del comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, consultado por varios europarlamentarios en una respuesta fechada el 31 de marzo. Desde el 16 de febrero, el Gobierno de Nicaragua impone visados a nacionales de 128 países, incluidos Eslovenia, Croacia, Eslovaquia, Estonia y Lituania, según información de EFE recogida por Infobae.

El propio Brunner explicó que “la reciprocidad de visados es un elemento importante de la política de visados de la UE” y señaló que el mecanismo exige que “los terceros países cuyos ciudadanos disfrutan de la exención de visado para viajar a la UE, como Nicaragua, concedan la misma exención a los ciudadanos de todos los Estados miembros”.

Brunner añadió que “en caso de falta de reciprocidad, la UE puede adoptar diversas medidas, incluida la suspensión temporal de la exención de visado”, de acuerdo con su declaración recogida por la agencia española de noticias EFE. La Comisión Europea está actualmente “recabando información” sobre la situación, ya que, hasta el momento, Nicaragua no ha comunicado oficialmente la justificación del cambio ni notificó las modificaciones en su política de visados.

Los contactos diplomáticos entre la Unión Europea y Nicaragua se desarrollan a través de la delegación de la UE en Managua, primer paso previsto dentro del mecanismo de reciprocidad, según detalló Brunner.

El reclamo de los europarlamentarios y la situación actual

De acuerdo al grupo de europarlamentarios de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que realizó la consulta, los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea permanecen exentos de visados para ingresar a Nicaragua, pero consideran que la restricción a ciertos países supone “un trato desigual” dentro del bloque de los veintisiete, quienes expusieron que “los ciudadanos nicaragüenses siguen disfrutando de la exención de visado para viajar al espacio Schengen”.

Entre los países afectados por el nuevo requisito de visado figuran, además de miembros de la Unión Europea, ciudadanos de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas.

Régimen de Ortega impuso medida en febrero

El régimen de Nicaragua anunció en febrero pasado el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, una decisión adoptada en medio de presiones de Estados Unidos para controlar los flujos de migración irregular que atraviesan la región con destino al país norteamericano. La medida fue firmada por la ministra del Interior María Amelia Coronel y el director general de Migración y Extranjería Juan Emilio Rivas.

Según la disposición número 002-2026, la restricción se dirige principalmente a quienes portan pasaportes ordinarios, quedando exentos quienes viajan con pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos o especiales —siempre que existan acuerdos bilaterales específicos—.

Además, la medida mantiene una reciprocidad parcial para ciudadanos de Colombia y Nicaragua nacidos en ciertas regiones del Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua debía notificar a todas las representaciones consulares en Managua. El cambio surgió tras un ciclo de cuatro años en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había relajado el visado para países como Cuba y naciones africanas.

Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, calificó como «preocupante» la agenda migratoria de Nicaragua, que facilitó la llegada de vuelos chárter desde Asia, África y Europa, permitiendo el tránsito de migrantes hacia su frontera sur.

El anterior gobierno de Joe Biden ya advertía que migrantes de Cuba, Haití y África aprovechaban la vía aérea hacia Managua para continuar por tierra hasta México y, finalmente, cruzar a territorio estadounidense. Entre los países para los cuales se restableció el visado destacan también Corea del Norte, Iraq, Libia, Siria y más de una docena de Estados africanos y asiáticos.

Nicaragua registró USD 527 millones en ingresos por turismo en 2025, cifra que representa un 3.2 % más que los USD 510.9 millones obtenidos en 2024, informó el Banco Central de Nicaragua, la principal entidad financiera del país, desde Managua.

El crecimiento en los ingresos se atribuyó a un mayor gasto promedio diario de los turistas, que alcanzó USD 46.4 por persona frente a los USD 45.7 del año anterior, según el informe de la entidad.

El Banco Central explicó que este aumento del gasto medio compensó tanto la disminución en el número de visitantes —que fue de 1.08 millones en 2025, un 0.6 % menos que los 1.09 millones de personas de 2024— como la reducción de la estadía promedio, que pasó de 9.9 a 9.6 días por persona (una baja interanual del 3.03 %).

Crecimiento de ingresos turísticos y cambios en los visitantes

El sector de hoteles y restaurantes mostró un crecimiento del 8 % en 2025, impulsado por una mayor afluencia de turistas extranjeros y nacionales a los centros turísticos, informó el Banco Central de Nicaragua.

Si bien Nicaragua recibió 510.9 millones de dólares en ingresos por turismo durante 2024, eso representó una disminución del 30.9 % respecto al año anterior, de acuerdo a las cifras del Banco Central nicaragüense. El monto total se situó por debajo de los 595.6 millones de dólares captados en 2022.

De acuerdo con la entidad monetaria, la caída en los ingresos se debió a una reducción en la estadía promedio de los turistas, que bajó de 10.6 días en 2023 a 9.9 días en 2024, y a una menor afluencia de visitantes, en especial procedentes de Sudamérica y Europa. Eso significa que al comparar los datos de 2025, los turistas que llegan a Nicaragua cada vez se quedan menos tiempo en ese país.

Asimismo, el número de turistas no residentes alcanzó 1.09 millones en 2024, una contracción del 9.7 % en comparación con los 1.2 millones registrados en 2023.

La institución indicó el año pasado que el gasto medio diario por turista aumentó a 45.7 dólares, superior a los 43.7 dólares del año previo. No obstante, la menor duración de las visitas impactó el total de ingresos captado por el país.

El desempeño del turismo en 2025 es atribuido por las autoridades al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que tuvo un aumento del 4.9 % respecto a 2024, según las cifras oficialistas.

El crecimiento del PIB del año pasado marcó el quinto año consecutivo de expansión económica tras haber cerrado tres ejercicios con caídas promedio del 2.7 % anual entre 2018 y 2020, informó la entidad monetaria.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua proyectaba un crecimiento económico de entre 3.5 % y 4.5 %, con una inflación anual estimada entre 3 % y 4 %. Sin embargo, las previsiones serán revisadas tras la decisión de la administración de Donald Trump de aplicar un arancel del 18 % a las exportaciones nicaragüenses con destino a Estados Unidos, principal comprador en 2024 con el 38.7 % del valor exportado, que incluye bienes como textiles, arneses, café, oro y tabaco.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

Ante la falta de consenso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para prorrogar la moratoria global sobre aranceles a las transmisiones digitales, Guatemala, Costa Rica y Panamá han reiterado su compromiso de no aplicar impuestos a este tipo de operaciones, sumándose a un grupo de 23 países que, de forma voluntaria, buscan preservar el libre flujo de contenidos digitales.

Esta decisión, confirmada por la agencia EFE y recogida por Bloomberg Línea, ocurre en un contexto de alta incertidumbre para el sector de servicios digitales y comercio electrónico, que representa más de la mitad de las exportaciones mundiales en la actualidad.

El plazo para renovar el acuerdo venció el 31 de marzo de 2026, tras el fracaso de los 166 países miembros para alcanzar una extensión durante la conferencia ministerial celebrada en Yaundé, Camerún. El principal punto de desacuerdo se centró en la duración de la prórroga: Estados Unidos solicitó una extensión superior a dos años, mientras que Brasil y otros países sólo aceptaban repetir el ciclo bianual. A esto se sumaron demandas de última hora, como las de Turquía, que resultaron inaceptables para Washington y otros socios clave.

En este escenario de estancamiento, un segundo grupo de 66 países, incluida la Unión Europea, aceptó de manera provisional un acuerdo sobre comercio electrónico aplicable únicamente a los participantes, en el que la moratoria permanece vigente, aunque no de forma permanente y sólo entre ellos. Guatemala, Costa Rica y Panamá, junto a Argentina, Ecuador, México, Uruguay, Perú y Estados Unidos, figuran entre los países latinoamericanos que han optado por mantener la prohibición de aranceles a transmisiones digitales de bienes “desmaterializados”, como parte de esta solución transitoria.

El ministro camerunés de Comercio, Luc-Magloire Mbarga Atangana, quien presidió la conferencia, reconoció que se “había acabado el tiempo” para alcanzar acuerdos en cuestiones como los derechos de aduana sobre transmisiones electrónicas. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, advirtió que los asuntos pendientes podrían seguir debatiéndose en la sede de la organización en Ginebra, aunque la falta de resolución incrementa la presión sobre el sistema multilateral de comercio.

El Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, calificó la extensión de la moratoria como “la más baja de las frutas que cuelgan bajas”, sugiriendo que era una oportunidad sencilla que no se logró concretar por falta de consenso. Por su parte, John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, alertó que la ausencia de un acuerdo “corre el riesgo de generar aún más incertidumbre política exactamente en el momento equivocado desde el punto de vista de la economía real”. Denton instó a reanudar las conversaciones en Ginebra sin demora y subrayó que exponer el sector digital a barreras arancelarias carece de sentido en el contexto económico actual, marcado por la fragilidad y la necesidad de impulsar motores de crecimiento.

La decisión de Guatemala, Costa Rica y Panamá de mantener la prohibición voluntaria de aranceles a las transmisiones digitales responde a la preocupación regional por el impacto que podrían tener nuevos impuestos en la economía digital y en los servicios transfronterizos. Tanto gobiernos como actores del sector privado señalan que la certidumbre regulatoria es fundamental para atraer inversiones y promover la innovación en América Latina y el Caribe.

Durante el reciente periodo de Semana Santa, las autoridades de El Salvador detectaron un aumento en el número de personas detenidas por conducción peligrosa vinculada al consumo de alcohol. Este dato, presentado durante una conferencia de prensa por el Director de Protección Civil pone en el centro del debate la persistente problemática de los accidentes viales y la tolerancia cero que actualmente rige en el país frente a la conducción bajo efectos de bebidas embriagantes.

Las autoridades Policiales han registrado un total de 44 detenidos por conducción peligrosa, entre el 28 de marzo al 1 de abril en el marco del Plan Verano 2026, mientras que el año anterior se registraron 31 durante el mismo período. Actualmente la aplicación estricta de sanciones, con el inmediato traslado de los infractores a bartolinas, responde a la preocupación por la accidentabilidad que sigue marcando cifras elevadas en accidentes.

Luis Amaya, titular de Protección Civil detalló que en los primeros días del periodo vacacional, las vías registraron 302 accidentes de tránsito, solo ocho menos que los 310 incidentes del año previo. Según la conferencia brindada por el funcionario la reducción es tímida, lo que refuerza la importancia de intensificar los controles y recomendaciones dirigidos a la ciudadanía que tradicionalmente aprovecha estos días para desplazarse al interior del país.

Las autoridades detallaron que 15 personas perdieron la vida por accidentes de tránsito hasta este jueves, frente a los 17 que se registraron en el periodo equivalente del año anterior. Pese a la leve disminución, el director remarcó que cualquier fallecimiento es motivo de alarma para las autoridades.

La aplicación de la política cero tolerancia al alcohol implica que quienes sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes sean detenidos de inmediato. La medida busca desincentivar conductas de riesgo e imponer consecuencias directas y notorias para quienes infringen la normativa. Durante la vacación, Luis Amaya reiteró: “El Salvador sigue siendo un territorio cero tolerancia al alcohol y todo aquel que sea sorprendido, pues terminará la vacación dentro de una bartolina”.

Amaya, hizo un llamado explícito a los ciudadanos que disfrutan del periodo vacacional a inspeccionar sus vehículos y evitar conductas imprudentes, especialmente la conducción bajo efectos del alcohol. En palabras del funcionario: “No conduzcan bajo los efectos del alcohol” y reiteró que las consecuencias serán inmediatas para quienes infrinjan la disposición de tolerancia cero.

El primer trimestre de 2026 presentó un alza en siniestros viales

En los primeros tres meses del año el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó un aumento considerable en la accidentalidad vial en comparación con el año anterior. De acuerdo con los datos difundidos por el Observatorio, en el primer trimestre de 2025 se registraron 4,890 siniestros viales, cifra que se elevó a6,187 en el mismo periodo de 2026. Este incremento responde a variaciones tanto en el flujo vehicular como en los índices de incumplimiento de normas de tránsito.

El número de personas lesionadas también mostró una tendencia creciente. Durante el primer trimestre de 2025, 3,014 personas sufrieron lesiones en siniestros viales, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 4,067 afectados.

En términos de víctimas mortales, el reporte oficial señala que 292 personas fallecieron en accidentes viales en los primeros meses de 2025, comparado con 373 decesos en el mismo periodo de 2026, cifra que subraya la gravedad de la situación y justifica el endurecimiento de los controles y campañas de prevención durante las temporadas de mayor movilidad, como Semana Santa.

Las calles de La Habana muestran una imagen poco habitual incluso en temporada alta: la ausencia de turistas se percibe en espacios emblemáticos como la Habana Vieja, el Parque Central y el Capitolio. A pesar de que tradicionalmente la Semana Santa representa uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes extranjeros, este año la capital cubana y otras zonas turísticas del país se presentan desiertas, reflejo de la crisis energética y económica que atraviesa Cuba desde 2024. La situación ha impactado de forma directa en el sector turístico, que enfrenta una caída del 30% en la llegada de visitantes internacionales durante los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2025, según reportó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

La crisis energética tiene su origen en las reiteradas averías de las centrales termoeléctricas, muchas de ellas con décadas de antigüedad, y en la incapacidad del Estado para acceder a divisas suficientes que permitan la importación de combustibles. Desde enero, el panorama se agravó tras lo que las autoridades cubanas describen como un “asedio petrolero” de Estados Unidos, que ha restringido aún más la llegada de crudo al país caribeño. Las consecuencias son notorias: los apagones son frecuentes y prolongados, el combustible escasea tanto para el transporte público como privado, y las calles de las principales ciudades aparecen oscuras y sin apenas tráfico, evocando escenas propias de los meses más duros de la pandemia de la Covid-19.

En los primeros dos meses del año, Cuba recibió 262.496 visitantes internacionales, lo que representa 112.642 menos que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra, publicada por la ONEI, constituye el peor inicio de año para el turismo cubano desde 2002, si se excluyen los años en que las restricciones sanitarias por la pandemia condicionaron la movilidad global. Solo en febrero, arribaron a la isla 77.663 turistas. El descenso de visitantes es generalizado y afecta a todos los segmentos del sector, que venía mostrando signos de debilidad estructural desde antes del agravamiento de los problemas energéticos.

El testimonio de quienes trabajan en contacto directo con los turistas da cuenta de la situación. Alberto Ruiz Laffitte, encargado del cuidado de los autos clásicos descapotables destinados a los paseos de visitantes en La Habana, señaló: “En esta zona: Habana Vieja, Parque Central, el mítico Capitolio, el turismo está malo por el problema energético. No está entrando turismo por eso (...). Todo en Cuba está parado”. La afirmación se repite entre otros trabajadores del sector. Ezequiel Palacios, chófer de un coche halado por caballos en la Habana Vieja, relató que apenas hay turistas, lo que ha obligado a los operadores a ofrecer servicios a la población local y cobrar en moneda nacional, en un intento por mantener una mínima actividad económica.

El desglose por países emisores de turistas confirma la tendencia negativa. El número de visitantes procedentes de Canadá, el principal mercado, cayó un 28,4% hasta los 124.283 en febrero. Los viajeros de Rusia disminuyeron un 7,6 % hasta los 20.668, mientras que la llegada de la comunidad cubana en el exterior se redujo más de un 40 %, hasta los 23.002. Los turistas estadounidenses descendieron un 55,9 %, situándose en 11.791. También se registraron caídas en los visitantes de México (6.674), Francia (5.649), España (4.422) e Italia (4.059). Solo aumentaron los turistas de Argentina (10.590) y China (5.429).

Hasta el pasado febrero, la llegada de turistas internacionales a Cuba cayó un 30% respecto a 2025, en medio de una crisis energética agravada por restricciones de combustible y apagones, lo que ha dejado las calles de La Habana prácticamente vacías y afectado gravemente a los trabajadores del sector.

La situación contrasta con la de otros destinos del Caribe, como Punta Cana en República Dominicana y Cancún en México, que reportan cifras récord de visitantes tras la pandemia. Mientras esas regiones experimentan una recuperación sostenida del turismo internacional, Cuba se enfrenta a un estancamiento que repercute en su economía y en la vida cotidiana de miles de trabajadores.

Como parte de las medidas ante la escasez de combustible, las autoridades cubanas ordenaron el cierre de varios hoteles desde principios de febrero. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga anunció un plan de ajuste para reducir el consumo energético en el turismo, que incluye la compactación de las instalaciones y la priorización de la temporada alta. Esta estrategia impactó especialmente en complejos ubicados en Varadero y en los cayos del norte, que tuvieron que interrumpir o limitar sus operaciones.

La crisis energética también ha afectado la conectividad aérea del país. El pasado 4 de marzo, el gobierno extendió hasta el 10 de abril la advertencia sobre la falta de combustible para aviones en todos los aeropuertos internacionales de Cuba, lo que ha limitado la llegada y salida de vuelos y ha dificultado aún más la llegada de turistas extranjeros.

Durante 2025, Cuba recibió 1.810.663 visitantes internacionales, la cifra más baja desde 2002 si se excluyen los años de pandemia, agravando la situación de un sector esencial para el ingreso de divisas y la generación de empleo. El turismo cubano había experimentado cifras récord en 2018, con 4,6 millones de visitantes, y en 2019, con 4,2 millones, momentos en que el “deshielo” diplomático con Estados Unidos y la eliminación temporal de algunas restricciones de viaje favorecieron la llegada de extranjeros. Actualmente, la coyuntura es radicalmente distinta.

El deterioro de las condiciones energéticas, la disminución de vuelos internacionales y la caída de los principales mercados emisores dibujan un escenario incierto para la industria turística cubana, que culmina la temporada alta con cifras muy alejadas de su potencial y sin señales de una recuperación inmediata.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que su cartera de Estado ha presentado más de 21 denuncias contra jueces y fiscales que, según el Gobierno, habrían favorecido la liberación de personas detenidas en operativos contra el crimen organizado, en un contexto marcado por la intensificación de la política de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

En una entrevista concedida a El Universo, el funcionario sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la lucha contra las estructuras delictivas, no solo a través de operativos policiales y militares, sino también mediante el control institucional del sistema judicial. Según indicó, el objetivo es evitar que los esfuerzos de las fuerzas del orden se vean debilitados por decisiones judiciales que permitan la excarcelación de detenidos vinculados a delitos graves.

Reimberg señaló que existe una preocupación dentro del Gobierno respecto al funcionamiento de ciertos operadores de justicia, a quienes acusó de no actuar conforme a las demandas de seguridad de la ciudadanía. En ese sentido, aseguró que se han iniciado investigaciones en coordinación con la Fiscalía y que incluso ya se ha producido la detención de un juez por presuntamente favorecer a organizaciones criminales.

El ministro evitó precisar el número total de jueces investigados, argumentando que revelar esa información podría afectar las indagaciones en curso. No obstante, enfatizó que el mensaje del Ejecutivo es claro: cualquier funcionario judicial que incurra en prácticas irregulares enfrentará consecuencias penales. En sus declaraciones, insistió en que no se permitirá que la justicia “haga lo que hizo el año anterior”, en referencia a decisiones que, según el Gobierno, facilitaron la liberación de detenidos.

Estas afirmaciones se producen en el marco de un balance sobre las medidas de seguridad implementadas en varias provincias del país, particularmente los toques de queda aplicados en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. De acuerdo con Reimberg, estas acciones permitieron ejecutar operativos dirigidos a desarticular economías criminales, incluyendo actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.

El funcionario explicó que el uso del toque de queda respondió a la necesidad de minimizar riesgos durante intervenciones de alto impacto, en las que se requirió el uso de fuerza y el control de territorios considerados estratégicos para las organizaciones delictivas. También dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas similares en otras provincias, dependiendo de la evolución de las operaciones y de los objetivos identificados por las autoridades.

En términos de resultados, Reimberg indicó que durante marzo se registró una reducción del 28% en ciertos indicadores de criminalidad que no incluyen homicidios, y detalló que se realizaron más de 2.200 allanamientos y se detuvo a unas 4.300 personas. Además, mencionó la captura de objetivos de alto e intermedio valor, así como la identificación de financistas de estructuras criminales.

Sin embargo, reconoció que la disminución de la criminalidad no es absoluta y que continúan registrándose hechos violentos, incluso en zonas donde se aplicaron restricciones de movilidad. Según explicó, esto se debe a que las operaciones contra grupos delictivos se mantienen activas y no dependen exclusivamente de medidas como el toque de queda.

El ministro también abordó la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial, subrayando que la lucha contra la delincuencia requiere una articulación efectiva entre ambas funciones del Estado. En ese contexto, insistió en que las denuncias presentadas buscan corregir lo que considera desviaciones en el actuar de jueces y fiscales, sin que ello implique una intromisión en sus competencias.

En paralelo, Reimberg destacó la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en materia de inteligencia y estrategias para atacar las estructuras económicas del crimen organizado. Este apoyo, según explicó, se enfoca en debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas, consideradas un eje central en la política de seguridad del Gobierno.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron la tarde del 2 de abril de 2026 un allanamiento en varias dependencias del Municipio de Guayaquil, en el marco de una investigación previa por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. La diligencia se desarrolló en el edificio municipal, ubicado en el centro de la ciudad, e incluyó el ingreso de agentes a oficinas clave como el despacho del alcalde, la Secretaría General y la dirección de Talento Humano, según información oficial y reportes preliminares.

El operativo fue confirmado por la Fiscalía aproximadamente una hora después de iniciada la intervención, precisando que se trataba de un “acto urgente” dentro de una investigación iniciada en marzo de 2026. Durante el procedimiento, los agentes recopilaron e incautaron documentación vinculada al presunto delito investigado, centrado en la posible alteración o uso irregular de documentos administrativos dentro de la estructura municipal.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, la diligencia estaría relacionada con una denuncia sobre la supuesta falsificación de la firma del alcalde Aquiles Álvarez en un documento vinculado a una licencia sin sueldo tramitada tras su detención en febrero de este año. Este elemento, aunque no ha sido confirmado oficialmente como el único eje de la investigación, fue señalado por autoridades municipales como uno de los puntos revisados por los fiscales durante la inspección de archivos institucionales.

El allanamiento se produjo en un contexto político y judicial particularmente sensible. Horas antes, un tribunal de apelación había revocado la prisión preventiva de Álvarez en el denominado caso “Goleada”, que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Sin embargo, el alcalde continúa recluido debido a otros procesos judiciales en su contra, entre ellos el caso Triple A y una investigación por la supuesta manipulación de su grillete electrónico.

Al momento del operativo, la administración municipal se encontraba bajo la conducción subrogante de la vicealcaldesa Tatiana Coronel, debido a la ausencia del titular, quien acumulaba al menos cinco días sin ejercer funciones tras solicitar vacaciones. En ese contexto, el Concejo Cantonal sesionó previamente en el Palacio Municipal, sin abordar de forma directa la situación jurídica del alcalde ni los efectos administrativos de su ausencia.

Desde el interior del Municipio, funcionarios y autoridades locales señalaron que se facilitó el acceso a la información requerida por la Fiscalía. En un comunicado difundido la tarde del mismo día, la institución aseguró haber entregado toda la documentación solicitada y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones en curso. El mensaje oficial subrayó que se brindaron “todas las facilidades necesarias para el desarrollo de este procedimiento” y que el objetivo institucional es contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En los exteriores del Palacio Municipal se registraron también reacciones ciudadanas. Un grupo de personas se congregó en las inmediaciones del edificio, donde corearon consignas tanto a favor de la administración local como en rechazo al Gobierno central. La tensión aumentó al momento en que la fiscal a cargo del operativo abandonó el lugar, escoltada por agentes policiales, mientras manifestantes la increpaban, golpeaban el vehículo en el que se movilizaba y lanzaban objetos.

El procedimiento concluyó pasadas las 15:30, tras varias horas de revisión documental en las dependencias municipales. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni sobre la formulación de cargos, aunque se prevé que la información recabada durante el allanamiento sea incorporada a la investigación en curso.

El desarrollo de la investigación sobre el presunto uso de documentos falsificados en el Municipio de Guayaquil podría tener implicaciones no solo administrativas, sino también políticas, dependiendo de los resultados que arrojen las pericias y el análisis de la documentación incautada.

Las cámaras empresariales de Bolivia expresaron un rechazo frontal a la exigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) de un aumento salarial del 20%.

Esta postura se formalizó después de que la principal central sindical del país entregó su pliego de demandas al presidente Rodrigo Paz, en el marco de una masiva movilización en la ciudad de La Paz.

El pedido de la COB incluye un incremento tanto para el salario mínimo nacional como para el haber básico, que abarca a trabajadores de los sectores público y privado. La solicitud fue presentada oficialmente ante el Gobierno, con la participación de delegados de los nueve departamentos del país, quienes marcharon hasta la sede presidencial.

El secretario ejecutivo de la central, Mario Argollo, explicó que la demanda se elaboró con base en datos oficiales y que el plazo para recibir una respuesta del Ejecutivo es de diez días. La dirigencia sindical señaló que el documento reúne las principales demandas del movimiento obrero para este año.

La Central Obrera Boliviana demandó un incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el haber básico para trabajadores públicos y privados. La solicitud, presentada al presidente Rodrigo Paz con respaldo de delegados de todo el país, fue fundamentada en datos oficiales y prevé una respuesta del Gobierno en un plazo de diez días.

En ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó en un comunicado su “absoluto rechazo” al planteo de la COB. La entidad advirtió que una medida de ese alcance podría tener consecuencias negativas para la economía nacional, con la posibilidad de provocar alta inflación, inestabilidad social, agravamiento de la pobreza y destrucción del empleo formal y productivo.

Desde la CNI destacaron que el Gobierno ya autorizó en 2026 un aumento del 20 % en el salario mínimo nacional, que pasó de USD 395 a USD 474, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación del 20,4% registrada en el año anterior.

Además, la cámara industrial enfatizó la necesidad de implementar políticas de reactivación y crecimiento económico, así como de garantizar la seguridad jurídica para favorecer la inversión privada.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) también se pronunció en contra del planteo sindical. En un comunicado, la entidad consideró que la demanda no solo es “inviable”, sino que contradice el decreto del presidente Rodrigo Paz, el cual establece que la determinación del salario debe surgir de la negociación directa entre empleadores y trabajadores.

La CNC recordó que el contexto económico actual no permite asumir compromisos que puedan poner en riesgo la estabilidad del empleo formal.

Bajo este contexto, algunos ministros del Gobierno anticiparon que la crisis económica impide un aumento salarial este año para el sector estatal.

En relación al ámbito privado, las autoridades propusieron que la discusión se realice en una mesa tripartita, tal como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la participación de empresarios, sindicatos y representantes del Ministerio de Trabajo.

(Con información de EFE)

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 2 de abril sobre la carretera CA-4, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, dejó al menos catorce personas heridas, según informaron autoridades municipales y medios locales. El hecho involucró a un autobús tipo “rapidito” que, de acuerdo con el alcalde de Quimistán, Rubén Darío Pacheco, perdió el control y terminó fuera de la vía, provocando el siniestro. Entre las personas lesionadas se encuentra el conductor del vehículo, aunque hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre el estado de salud de todos los afectados.

De acuerdo con los reportes de los medios hondureños Hondudiario y La Tribuna, el accidente ocurrió en un tramo de la carretera caracterizado por curvas pronunciadas y vegetación densa a los costados. Personal de emergencia, incluidos miembros de la Policía Nacional, militares y bomberos, acudió al lugar para asistir a los heridos, quienes inicialmente recibieron atención en el sitio y posteriormente fueron trasladados a la clínica periférica de Quimistán. Sin embargo, la falta de ambulancias en el municipio complicó el traslado, por lo que fue necesario movilizar siete unidades provenientes de localidades vecinas para atender la emergencia y facilitar el traslado de los lesionados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, el centro asistencial más cercano y con capacidad para atención especializada.

Entre los heridos, se identificaron personas de diversas edades, incluidos menores y adultos mayores. La Tribuna publicó una lista preliminar de los lesionados, entre quienes figuran Josué Arita (9 años), Erick Roberto Padilla (14 años), Julia Jessenia Gómez (24 años), Melvin Diaz (40 años), Alba Luz Carbajal (62 años), José Roberto Padilla (59 años), Orlando Perdomo Granados (65 años, sargento del Cuerpo de Bomberos), Estiven Julián López (21 años), José Noé Rodríguez Lara (45 años), Geiny Xiomara Díaz Enríquez (50 años), Graciana Jamileth Castellanos (43 años) y Nelsa Gereli Arita (33 años), entre otros. La presencia de un menor de edad y de un miembro del Cuerpo de Bomberos entre los afectados resalta la gravedad y el impacto del hecho en la comunidad.

Hasta el cierre de los reportes, las autoridades no han confirmado las causas exactas del accidente. El alcalde Pacheco mencionó que el percance fue originado por un despiste del autobús, pero se mantienen abiertas las investigaciones a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y la Policía Nacional. El estado de salud de los heridos no ha sido detallado por las autoridades médicas, aunque se sabe que algunos presentan lesiones de consideración que motivaron su referencia a un hospital de mayor capacidad.

Este accidente se suma a una serie de incidentes viales registrados en Honduras durante la Semana Santa de 2026. Según datos oficiales publicados en días recientes, el país ha experimentado un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito durante este periodo vacacional, en comparación con años anteriores. Solo entre el sábado 28 de marzo y el miércoles 1 de abril, se reportaron más de 130 accidentes en diferentes puntos del territorio nacional, con un saldo de al menos 35 personas fallecidas y más de 180 lesionadas, de acuerdo con informes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. La mayoría de estos hechos se atribuyen a exceso de velocidad, distracción al volante y fallas mecánicas, aunque también se han documentado casos de conductores bajo efectos del alcohol.

Las autoridades hondureñas han intensificado los operativos de control vehicular y campañas de prevención durante la Semana Santa, desplegando retenes en carreteras principales y zonas turísticas. Pese a estos esfuerzos, los accidentes continúan siendo uno de los principales riesgos durante la temporada, afectando tanto a familias locales como a visitantes. Organizaciones civiles y cuerpos de socorro han reiterado el llamado a la conducción responsable y al respeto de las normas de tránsito para evitar nuevas tragedias en lo que resta del periodo vacacional.

El accidente en Quimistán evidencia los retos persistentes en Honduras, como la falta de ambulancias en municipios rurales, sumada a la saturación de hospitales en zonas urbanas, que complica la atención oportuna a las víctimas y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.

Durante los primeros días del período vacacional de Semana Santa, seis personas fallecieron ahogadas en El Salvador hasta la mañana del jueves 2 de abril, en un contexto donde las autoridades han intensificado la vigilancia en sitios turísticos para prevenir tragedias similares. De acuerdo con datos oficiales brindados por Protección Civil, en conferencia de prensa, la mayoría de estos decesos ocurrieron durante la noche en playas y ríos, a pesar del refuerzo de medidas preventivas en la fase más concurrida del periodo vacacional.

Entre las víctimas se cuenta una menor de 13 años fallecida hace dos días en la zona conocida como Fosa Verde, en La Paz Centro, un deceso en un río, dos incidentes en la Costa del Sol en La Paz y Costa Azul, Sonsonate, así como un pescador desaparecido, cuya búsqueda continuaba al cierre del informe, según expuso Luis Amaya, director de Protección Civil. Estos episodios, declararon las autoridades, suelen tener como denominador común la imprudencia y el incumplimiento de los avisos de cierre emitidos al anochecer, especialmente el uso del banderín rojo por parte de los guardavidas, señal de que la playa se encuentra oficialmente cerrada hasta el día siguiente.

Las autoridades subrayan, asimismo, que pese a los esfuerzos coordinados entre Protección Civil, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento y la Marina Nacional, las condiciones del mar durante Semana Santa, están marcadas por mareas vivas y olas de mayor velocidad, potencian los riesgos para los bañistas. La recomendación, reiteran, es no adentrarse al mar más allá de la cintura y extremar la vigilancia sobre menores de edad, quienes, en palabras de Amaya, “son inquietos por naturaleza”.

46 rescates en playas y ríos: radiografía de Semana Santa 2026

Hasta la mañana del 2 de abril, seis personas habían perdido la vida por asfixia por inmersión en el marco del periodo vacacional, de acuerdo con Protección Civil. Paralelamente, los cuerpos de socorro ejecutaron 46 operaciones de rescate, de los cuales doce fueron simples y 34 profundos, todas exitosas según el director de Protección Civil. “La mayoría de estos rescates han ocurrido inmediatamente después de la reventazón, es decir, en la zona donde se forman las olas”, explicó Amaya.

Ninguna playa pública registró decesos gracias a la actuación coordinada de los equipos de rescate, aunque la incidencia de muertes se vincula a la persistencia de bañistas que ingresan al mar fuera del horario seguro, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, después de la declaración de cierre.

Las autoridades reiteran la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, proteger a los menores, evitar el consumo de alcohol y no sobreestimar las habilidades de nado. El teléfono 913 permanece habilitado para emergencias a nivel nacional durante el resto del periodo vacacional.

Emergencias durante las vacaciones: un ligero descenso respecto a años anteriores

En contraste con el saldo de fallecidos por ahogamiento, el subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Erick Vázquez, informó en que las emergencias atendidas entre el 28 y el 31 de marzo de 2026 sumaron 159 casos en los cinco principales rubros de incendios investigados por la institución. Este número implica una disminución del 27% respecto de las 219 emergencias atendidas en el mismo periodo del año anterior.

El análisis detallado presentado por Vázquez mostró una reducción del 31% en incendios en maleza seca, con 116 casos en 2026 frente a 167 de 2025 y del 53% en incendios forestales, nueve frente a 19. Por el contrario, los incendios estructurales subieron un 6%, con 18 incidentes este año frente a 17 del anterior. También se reportó un incremento del 50% en incendios en basureros y una leve baja en los incendios de vehículos, con siete casos contabilizados hasta el 1 de abril.

En términos operativos, la cobertura nacional durante el plan verano 2026 implicó la movilización de más de 800 efectivos distribuidos a lo largo de 18 estaciones y la actuación de 175 técnicos en prevención e inspección.

Estas cifras evidencian el esfuerzo institucional para reducir la incidencia de emergencias, aunque Vázquez considera que su mayor impacto solo se logrará con el compromiso de la ciudadanía. “Todos estos incendios pueden ser evitados”, advirtió y recomendó abordar la manipulación de sistemas de gas, la inspección de instalaciones eléctricas y el mantenimiento de automotores, además de acatar las indicaciones preventivas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) de Uruguay informó que implementará un Laboratorio de Economía Circular Urbana, un instrumento con el que buscará detectar viviendas que estén sin habitar y reformarlas para volver a integrarlas al mercado inmobiliario. En esta primera etapa, se trabajará en dos ciudades del interior del país: Minas (a 120 kilómetros de Montevideo) y Paso de los Toros (a unos 280 kilómetros de la capital uruguaya).

“La idea es poder escalar este laboratorio a los efectos de abordar la problemática del vaciamiento de los centros urbanos y promover el desarrollo y del acceso al suelo en el mercado de la estrategia definida en el Plan Quinquenal de Vivienda”, declaró a directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, en declaraciones difundidas por la Presidencia uruguaya.

En estas dos ciudades del interior de Uruguay habrá, por tanto, un plan piloto que busca promover la renovación y la rehabilitación urbana mediante acciones que buscan devolver al mercado viviendas vacías en mal estado, informó días atrás el semanario Búsqueda.

Este laboratorio lo que hará es identificar variaciones en esas zonas de Uruguay a lo largo de los años y, en base a eso, adaptar las normas a la situación actual.

¿Por qué se eligieron estos dos puntos de Uruguay? El MVOT analizó los datos de los últimos censos de población y discriminó las viviendas ocupadas y las desocupadas, y en qué condiciones (temporal, ocasional, para alquiler o vender, en reparación, en estado ruinoso o inhabitable) se encuentran. A partir de esto, se extrajeron algunos parámetros e indicadores.

En base a esa información fue que el ministerio identificó que en Minas hubo un incremento poblacional en los últimos años, pero señaló que la ciudad tiene un alto nivel de “vacancia” y de viviendas ruinosas en las áreas centrales de la ciudad, donde hay acceso a infraestructura y servicios, consignó el medio uruguayo.

A estos indicadores se le suma que en esa ciudad se instaló una sede de la Universidad Tecnológica, que atrajo público joven para la capital del departamento de Lavalleja.

En el caso de Paso de los Toros, la particularidad de la ciudad está dada porque en ese lugar se dieron cambios en el territorio por la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. Pese a las transformaciones en el desarrollo habitacional y de infraestructura de servicios, la ciudad también tiene un alto nivel de vacancia.

La intención del ministerio es que los inmuebles deteriorados puedan ser devueltos al mercado en condiciones, innovando en la aplicación de políticas particulares como la expropiación, aplicando el derecho de preferencia y otros programas de esa cartera.

“Hay que generar la demanda y también la oferta, tanto de bienes como de programas que permitan adecuarse a cada una de las necesidades que surjan en las distintas viviendas”, declaró Florio a Búsqueda.

“Es importantísimo para nosotros poder demostrar que, con una adecuada articulación de todos los programas, es posible avanzar en línea a una mayor eficiencia en las ciudades”, agregó.

Otro piloto previsto por el ministerio es la supervisión del uso del suelo a través de una policía territorial, que mediante inteligencia artificial e imágenes aéreas ayudará a las municipalidades a asegurar el cumplimiento de las normas y el correcto uso del suelo. Esto está pensado principalmente para áreas rurales, en las que el acceso a las tareas de supervisión es más complejo.

La policía territorial también funcionará en una primera instancia en Villa Serrana, una zona turística de Lavalleja, y en un área rural del departamento de Canelones. Habrá drones que sobrevolarán esos lugares y la información será procesada con inteligencia artificial, que permitirá conocer el uso efectivo que tiene un determinado desarrollo.

“La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo. Es decir, cuánto varió de un vuelo a otro y detectar si esa variación es producto o no de la intervención humana y si significa un problema”, señaló la jerarca.

Durante la Semana Santa en El Salvador, las actividades tradicionales, desde el turismo en playas y balnearios hasta la participación en procesiones religiosas, suponen una exposición prolongada al sol, lo que genera riesgos específicos para la salud de la piel.

Sobre todo cuando los rayos solares alcanzan alta intensidad, combinados con factores como la sal del mar o el cloro de las piscinas, aumentan la probabilidad de lesiones cutáneas, especialmente entre quienes permanecen varias horas expuestos a estas condiciones o participan en peregrinaciones durante las horas de mayor radiación.

El médico especialista José Ernesto Navarro Marín, señala que “es bien importante saber que en playas o situaciones en las que se exponen a mucho sol, las personas pueden tener lesiones de primer o segundo grado.

Depende de diferentes factores como la cantidad de horas que la persona se expone al sol, si al mediodía cuando los rayos ultravioleta son más fuertes”. La advertencia de Navarro Marín destaca la importancia de estimar el riesgo en función tanto del momento del día como de la duración de la exposición.

Estas recomendaciones resultan especialmente relevantes, ya que, durante la temporada vacacional de Semana Santa, la mayoría de las familias elige actividades al aire libre, muchas veces prolongando el contacto con el sol sin las medidas preventivas adecuadas, según explicó Navarro.

Recomendaciones para actividades religiosas y turismo de playa

El dermatólogo y oncólogo Enrique Hernández Pérez subrayó que “depende mucho del tipo de piel. No es el mismo protector (solar) para un niño o un adolescente que para una persona mayor, debido a que la piel de un adolescente es un poco más grasosa”.

Esta diferenciación obliga a elegir los productos según la edad y características particulares de cada persona, tanto para quienes asisten a actividades religiosas como para quienes pasan el día en la playa.

Durante las procesiones de Semana Santa, la piel está expuesta, muchas veces de forma inevitable, durante largas caminatas bajo el sol. Para esos casos, la recomendación central es aplicar “un protector solar de amplio espectro con un SPF de 30 o superior en todas las áreas expuestas de la piel, incluyendo rostro, cuello, orejas, brazos y manos”.

La aplicación debe realizarse entre 20 y 30 minutos antes de salir y debe repetirse cada dos horas, en particular si la persona suda de manera abundante.

La vestimenta es otro elemento clave. Especialistas recomiendan prendas de manga larga, pantalones largos y tejidos ligeros transpirables, optando por colores claros, que reflejan mejor la radiación solar. Además, conviene aplicar crema hidratante antes de salir y reponerla si la piel muestra sequedad durante el día.

Algunas de las principales recomendaciones para quienes participan en actividades religiosas durante la Semana Santa en El Salvador:

• Usar protector solar de amplio espectro (SPF 30 o más).
• Aplicar el producto 20-30 minutos antes de la exposición y reaplicar cada dos horas.
• Vestir prendas de tela ligera, manga larga y colores claros.
• Hidratar la piel con cremas durante el día al sentir resequedad.

En cuanto a las visitas a playas, balnearios o centros turísticos, los riesgos se incrementan a causa de la mayor reflexión solar sobre la arena y el agua. Por ello, los especialistas recomiendan fortalecer las medidas preventivas:

• Utilizar protector solar de amplio espectro con SPF 50 o superior, especialmente de 10:00 a.m., a 4:00 p.m., franja de máxima radiación.
• Reaplicar el protector solar cada 40 a 60 minutos si se está nadando o sudando, despúes de secarse con toalla.
• Calmar la piel tras la exposición solar utilizando geles o lociones after-sun con ingredientes como aloe vera, caléndula o alantoína, para reducir enrojecimientos y mejorar la hidratación.
• Tomar una ducha refrescante con agua fresca para eliminar residuos de sal, arena o cloro. Se debe usar jabón suave, sin sulfatos, para evitar mayor resequedad.
• Mantener una hidratación adecuada, bebiendo suficiente agua durante el día, cuidar los labios aplicando bálsamo labial con SPF para evitar quemaduras y sequedad.

En síntesis, tanto las actividades religiosas como la recreación en playas durante la Semana Santa en El Salvador exponen la piel a diferentes factores de riesgo, por lo que los médicos consultados insisten en adaptar las medidas de protección y en elegir productos y rutinas que se ajusten a las características personales, la duración y el tipo de actividad.

Las autoridades de protección civil de Honduras alertaron este jueves sobre un incremento del oleaje y el nivel de las mareas en el Golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico, según la agencia EFE. El fenómeno amenaza con inundar zonas pobladas y turísticas en plena Semana Santa, cuando se espera la movilización de más de dos millones de personas a playas, ríos y sitios de recreo en el país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias indicó en un comunicado que desde las 2:00 de la tarde -hora local (20:00 GMT) -de este jueves y durante el viernes se prevé la formación de olas con “alturas significativas” y un “rompimiento fuerte de olas” en la zona costera del Pacífico. Según el análisis del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la combinación de la marea alta con el fuerte oleaje podría provocar que “el mar se acerque significativamente a la orilla, con riesgo de ingreso de agua a negocios y zonas cercanas a la playa”. Las áreas más vulnerables a estos efectos son Punta Ratón, El Venado y la ciudad de Amapala, donde la preocupación entre comerciantes y residentes ha aumentado ante los recuerdos de daños previos por inundaciones.

El jefe del Sistema de Alerta Temprana, Juan José Reyes, pidió a la población “mucha precaución” por el fuerte oleaje en el Pacífico y solicitó a las capitanías de puerto supervisar estrictamente la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado. Reyes resaltó que las condiciones actuales representan un riesgo adicional para la seguridad en el mar, especialmente por el incremento del turismo durante la Semana Santa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo constante en el litoral Pacífico y ha solicitado a residentes y turistas atender estrictamente las instrucciones de los cuerpos de socorro para evitar pérdidas humanas o materiales durante el asueto, de acuerdo con EFE. Las autoridades reiteraron la recomendación de no ingresar al mar y suspender la permanencia en las playas durante la tarde y la noche, cuando se prevé que el fenómeno alcance su mayor intensidad.

En el contexto de años recientes, las inundaciones han causado afectaciones considerables en la costa del Pacífico hondureño. En 2025, intensas lluvias y el fenómeno de mar de fondo provocaron la anegación de viviendas, la pérdida de cultivos y daños en infraestructuras turísticas en municipios como Marcovia, Amapala y Nacaome. Según reportes oficiales, más de 2,500 personas resultaron afectadas por las inundaciones en esa temporada, con decenas de familias que debieron ser evacuadas y alojadas en albergues temporales habilitados por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Los daños materiales incluyeron la destrucción parcial de carreteras, la pérdida de embarcaciones artesanales y la interrupción de servicios básicos en varias comunidades costeras. Además, se reportó la muerte de al menos dos personas a causa de corrientes súbitas y crecidas de ríos cercanos al litoral durante las inundaciones de 2025.

La experiencia de 2025 motivó la actualización de los planes de evacuación y la instalación de puntos de monitoreo para medir el comportamiento de las mareas y la rapidez de las corrientes.

Este año, la cantidad de turistas hondureños y extranjeros que viajan hacia las playas y otros sitios de recreo aumentó este jueves debido a que la empresa privada se sumó al asueto de Semana Santa. Hasta ahora, según los primeros reportes, cinco personas murieron, tres de ellas ahogadas y una en un accidente de tránsito, según las autoridades.

En algunas empresas de transporte interurbano, la agencia EFE constató una masiva afluencia de viajeros haciendo largas filas para trasladarse al norte, sur y caribe del país centroamericano. Honduras espera que más de dos millones de personas se movilicen durante la Semana Santa a las playas, ríos, sitios arqueológicos, parques ecológicos y ciudades coloniales como Comayagua, entre otros atractivos.

Los recursos que permiten a las entidades de socorro operar durante emergencias en El Salvador provienen de una combinación de fondos estatales, donaciones de la empresa privada, aportes de oenegés y actividades propias de recaudación, según revelaron los representantes de Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento en la entrevista AM, de Canal 10.

Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento, detalló que la adquisición y distribución de insumos médicos y equipamiento se realiza a través de donaciones de organizaciones no gubernamentales, apoyo de empresas privadas y fondos del Ministerio de Salud.

“Recibimos ayuda del Ministerio de Salud, que permite la compra de insumos para atención prehospitalaria, los cuales se distribuyen desde la base central a todas las seccionales del país”, expresó Fuentes. Esta diversificación de donantes resulta clave para mantener a los equipos abastecidos en periodos de alta demanda como Semana Santa.

En el caso de la Cruz Roja Salvadoreña, Omar Ayala explicó que la institución recibe una subvención estatal, pero también depende de fondos propios generados por el Centro de Sangre, cuya recuperación de costos posibilita adquirir parte de los insumos.

“No logramos completar el presupuesto solo con recursos propios, por lo que recurrimos a donaciones de socios estratégicos y de la Cruz Roja internacional”, señaló Ayala en la entrevista difundida por Canal 10. Estos fondos permiten dotar a cada seccional de combustible, equipamiento básico y, en algunos casos, alimentos para los voluntarios que operan durante los planes de contingencia.

Para la Cruz Verde Salvadoreña, Óscar Meléndez mencionó que la institución recibe un subsidio anual del Ministerio de Salud, destinado principalmente a combustible e insumos para los botiquines. Adicionalmente, cuenta con el respaldo de la empresa privada y de socios contribuyentes. “Muchas seccionales organizan rifas, eventos y campañas para reunir fondos y mejorar su equipamiento”, relató Meléndez. Esta dinámica les permite mantener activos los diferentes puestos de socorro y responder según lo planificado en cada operativo.

La coordinación de recursos incluye la planificación de insumos y el reporte a las autoridades nacionales. Cada entidad elabora un plan detallado que indica qué zonas cubrirán, cuántas ambulancias y personal voluntario estarán disponibles y cuáles serán los puntos estratégicos de atención. Esta información se consolida y se comunica al Sistema Nacional de Protección Civil, que centraliza la gestión y respuesta ante emergencias.

En el aspecto logístico, los insumos distribuidos abarcan desde combustible, botiquines y equipo de protección personal, hasta alimentos para el voluntariado. La cobertura se extiende tanto a las bases permanentes como a los despliegues especiales en playas, carreteras, volcanes y centros turísticos, así como en los eventos religiosos masivos de Semana Santa. Las entidades priorizan los lugares de mayor afluencia, como Sonsonate y el Centro Histórico de San Salvador, donde se refuerza la presencia de personal y ambulancias mediante el apoyo entre seccionales.

Las recomendaciones para los salvadoreños y turistas incluyen acatar las indicaciones de guardavidas y equipos de rescate, evitar ingresar al agua fuera del horario seguro y no realizar fogatas innecesarias durante acampadas en zonas de riesgo de incendio. Además, se solicita portar los números de emergencia y designar puntos de encuentro en caso de extravíos.

La movilización de recursos y la articulación entre entidades, según sus propios voceros, busca garantizar una atención oportuna y eficiente a todos los salvadoreños, durante este periodo festivo. “Esperamos que la población ya no siga siendo parte de las estadísticas”, concluyó Fuentes, previo al cierre de la entrevista.

El ganador de la elección a gobernador de La Paz, Bolivia, debía definirse el domingo 19 de abril en un balotaje entre el candidato de la alianza Patria, Luis Revilla, y el de Nueva Generación Patriótica (NGP), René Yahuasi.

Ambos fueron los más votados de la primera vuelta el pasado 22 de marzo: Revilla, el exalcalde de La Paz, obtuvo el 20% de los votos y Yahuasi el 9,18%. Al igual que en la elección presidencial, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debía lograr más del 50% de los votos o un mínimo del 40%, con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Sin embargo, tras darse a conocer los resultados, NGP anunció sorpresivamente su retiro de la contienda electoral. El partido explicó a través de un comunicado que tomó esa decisión debido a que, pese a “múltiples intentos de coordinación” con Yahuasi, “no fue posible concretar una reunión para avanzar conjuntamente”.

“Esta falta de compromiso político derivó en una ruptura definitiva. Lo que debía ser una fiesta democrática terminó en un escenario de irresponsabilidad y desinterés, afectando a quienes confiaron en este proceso”, agregó el partido dirigido por Edgar Uriona, un migrante boliviano que prosperó en Estados Unidos.

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, informó a los medios locales que la Sala Plena de ese organismo conoció “la comunicación oficial” de NGP sobre su declinación y que se tomó la decisión de aceptar la misma. En ese sentido, Arteaga manifestó que “la Sala Plena ha tomado la decisión de aceptar la declinación de participar de NGP” y que “por lo tanto será proclamado como gobernador del departamento de La Paz el señor Luis Antonio Revilla Herrero”.

Yahuasi rechazó la decisión del partido que lo postuló a la Gobernación y dijo ser víctima de “chantaje, acoso político y amenazas”. “No nos vamos a rendir, este es un inicio; por eso nosotros, desde las calles, vamos a hacer respetar la decisión”, afirmó al pedir a sus seguidores manifestarse en rechazo a esta determinación. También anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión del TSE al considerar que se vulneraron sus derechos políticos.

La decisión del TSE, que se enmarca en una modificación al artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral, promulgada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), ha provocado una ola de críticas entre actores políticos de diferentes fuerzas, entre ellos el propio Morales, quien calificó el caso como una “maniobra escandalosa”.

También hubo cuestionamientos al frente NGP, como el que hizo la diputada Lissa Claros, quien sugirió la existencia de “prebendas” para retirarse de la contienda. “Estoy segurísima de que ha habido cheques con varios ceros, que ha habido prebendas, esto o es casualidad, no es casualidad que hace unas horas Revilla estaba en reunión en la Casa Grande”, afirmó en relación a la alianza entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el candidato que será proclamado gobernador.

De igual forma, el excandidato a gobernador Andrés Gómez Vela manifestó que NGP debería ser sancionada y perder su personería jurídica “por violar el derecho de la gente a elegir y conformar gobierno”.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó en entrevista con Infobae que la decisión se asumió en cumplimiento de la ley, que en una modificación realizada el año 2014 incluyó la figura de declinación al balotaje en el caso de las gobernaciones.

El artículo establece de manera inequívoca que, si uno de los dos contendientes renuncia a la segunda vuelta, ésta “no se realizará” y “se proclamará ganadora a la candidatura que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos”.

“Esta ley no es democrática”, admitió Ávila, pero afirmó que no tiene otra alternativa que acatar lo que dicen las normas. “El TSE está atando de manos, no tiene otra opción que cumplir otra ley”.

El Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana anunció la adopción de nuevas directrices obligatorias para el ahorro y la eficiencia energética en las instituciones gubernamentales, que buscan reforzar la austeridad estatal ante la inestabilidad de los mercados internacionales. Estas estrategias, se centran en reducir el consumo innecesario de electricidad y mitigar la exposición del país a la volatilidad de los precios de la energía, según informó el ministro Joel Santos.

Una de las disposiciones principales especifica que los sistemas de climatización de las entidades deberán operar a una temperatura mínima de 22 °C y ser apagados de forma obligatoria finalizada cada jornada laboral a partir de las 5:00 p.m. Santos detalló que este ajuste se complementa con la realización de mantenimientos preventivos periódicos en los equipos, apuntando a optimizar el rendimiento y prevenir el consumo excesivo durante periodos críticos para la red eléctrica nacional, señalaron las autoridades.

La nueva regulación establece además la intervención directa en el denominado “consumo vampiro”. El Ministerio instruye la desconexión física de impresoras, microondas y televisores durante los fines de semana y días feriados, medida que, según Joel Santos, busca eliminar los gastos ocultos por aparatos que continúan consumiendo energía cuando se mantienen en “modo de espera”. También se estipula el apagado de luces en áreas desocupadas y la restricción del uso de ascensores por debajo del tercer nivel, incentivando el desplazamiento por escaleras.

Para evitar sobrecargas en la red eléctrica nacional, la normativa determina que las instituciones deberán reprogramar sus actividades de mayor consumo energético fuera de la franja conocida como “potencia de punta”, es decir, entre las 6:00 y las 11:00 p.m. Según la resolución difundida por las autoridades, esta planificación estratégica tiene como fin regular la demanda durante los horarios de mayor tensión en el sistema.

Por otro lado, el Estado incluyó dentro de estos lineamientos una gestión eficiente del uso del agua. Las oficinas públicas estarán obligadas a instalar sensores y controles automáticos en los sistemas de bombeo y actuar de inmediato ante cualquier fuga, con el objetivo de minimizar el gasto energético asociado a la provisión de agua.

La supervisión de todas estas disposiciones recaerá en el Viceministerio de Innovación y Transición Energética, que será responsable de verificar el cumplimiento de la Resolución R-MEM-ADM-019-2026, así como de proporcionar apoyos, lineamientos y asesoramiento técnico a los organismos involucrados. Las instituciones públicas deberán enviar informes trimestrales detallando los resultados obtenidos y las acciones específicas implementadas para la reducción del consumo eléctrico.

La resolución, al modificar la normativa anterior, mantiene vigentes las disposiciones previas que no fueron expresamente alteradas y consolida el objetivo de garantizar “el uso eficiente de energía en las instituciones del Estado dominicano”, en palabras del ministro Santos. Bajo este nuevo régimen, la República Dominicana busca consolidar una política energética responsable y ajustar las prácticas de consumo de sus organismos estatales a los retos actuales del mercado internacional.

Durante la Semana Santa, los agromercados y los principales mercados municipales de San Salvador Centro han realizado ajustes en sus horarios de atención para que la población pueda planificar sus compras de productos frescos y de primera necesidad.

En ese sentido, el horario de atención para este jueves 2 de abril se ha extendido hasta las 5:00 de la tarde, con la finalidad de beneficiar a la población salvadoreña, para que puedan realizar sus compras sin prisas durante todo el día.

Los agromercados, impulsados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se han consolidado como puntos clave para la comercialización de productos agrícolas a precios accesibles, permitiendo que productores locales ofrezcan directamente su cosecha a los consumidores. Estos mercados surgieron como una estrategia para promover el acceso a alimentos frescos y apoyar la economía rural, facilitando la venta sin intermediarios y fortaleciendo la seguridad alimentaria.

Para los días que restan de Semana Santa, el MAG ha informado que los agromercados cerrarán sus puertas el viernes 3 y sábado 4 de abril. Este ajuste responde a las festividades religiosas y busca garantizar el descanso del personal y de los productores. El domingo 5 de abril, los agromercados reanudarán actividades en su horario habitual, permitiendo a los ciudadanos abastecerse nuevamente con frutas, verduras y otros productos del campo.

Para la Semana Santa, la Central de Abastos también permanecerá cerrada el viernes 3 y sábado 4 de abril. El domingo 5, la atención se restablecerá en el horario normal, facilitando el abastecimiento tanto para consumidores finales como para pequeños comerciantes que adquieren productos al por mayor.

De acuerdo con datos oficiales publicados por el MAG, se recomienda a los compradores anticipar sus visitas y aprovechar los días previos al cierre para adquirir los insumos necesarios, especialmente quienes dependen del abastecimiento regular para sus negocios familiares o restaurantes, y así evitar contratiempos o dificultades durante los días festivos y de mayor fervor religioso.

Mercados municipales de San Salvador Centro

La Alcaldía de San Salvador ha emitido disposiciones especiales para los mercados municipales ubicados en el centro de la capital, con el fin de respetar las celebraciones de Semana Santa y realizar labores de limpieza y mantenimiento en las instalaciones.

• Mercado Central: El edificio 10 permanecerá cerrado el viernes 3 y sábado 4 de abril. Los edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como el mercado Sagrado Corazón de Jesús, cerrarán durante tres días: viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

• Mercados Periféricos 1: Los mercados Detallista La Tiendona y San Jacinto también cerrarán el viernes 3 y sábado 4 de abril. Los mercados Belloso, Modelo, Monserrat, San Antonio y Ex Cuartel permanecerán cerrados los días 3, 4 y 5 de abril.

• Mercados Periféricos 2: El mercado de Cuscatancingo no abrirá el viernes 3 ni el sábado 4 de abril.La reapertura de todos los mercados municipales está prevista para el lunes 6 de abril, en sus horarios habituales, permitiendo así retomar la dinámica comercial después del período festivo.

Importancia de los mercados y recomendaciones

Los agromercados y mercados municipales representan un pilar para el acceso a alimentos frescos y asequibles, además de ser espacios vitales para miles de familias que dependen de la venta diaria de productos agrícolas, carnes, lácteos y demás insumos básicos.

Estos espacios han evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades de la población y fortaleciendo la economía local.Las autoridades recomiendan a la población planificar sus compras con antelación y consultar los calendarios oficiales para evitar inconvenientes durante los días de cierre.

Se espera que, tras la pausa por Semana Santa, tanto los agromercados como los mercados de San Salvador Centro continúen desempeñando su función esencial para la seguridad alimentaria del país.

El Gobierno de José Antonio Kast anunció este miércoles dos nuevas medidas tendientes a paliar la histórica alza de combustibles, las que irán dirigidas a las familias que estén en el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y a los pescadores artesanales.

De acuerdo al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la primera iniciativa dice relación a un subsidio con un aporte total de US$225 millones al gas licuado, dinero que se canalizará a través de las municipalidades para ser entregado a alrededor de 7,5 millones de familias contempladas para el beneficio.

En segunda instancia, el Gobierno entregará un bono mensual de $100 mil (USD 109) -por hasta seis meses-, para unas 9 mil embarcaciones artesanales a motor de hasta 12 metros de eslora, inscritas en el Registro Pesquero Artesanal.

Las medidas previas

Dichas propuestas vienen a complementar la batería de medidas ya aprobadas en el Congreso las que van dirigidas principalmente al transporte público, a saber:

-Congelamiento de tarifas del transporte público: El precio de los pasajes en Santiago (sistema Red) se mantendrá sin variaciones hasta fines de 2026.

-Subsidios al transporte: Entrega de beneficios directos para operadores de taxis y colectivos de de $100 mil (USD 109) por un máximo de seis meses.

-Apoyo al transporte de carga: Medidas específicas para mitigar los costos operacionales del sector logístico.

-Fomento a la electromovilidad: Creación de créditos preferenciales para facilitar la conversión o adquisición de vehículos eléctricos.

-Impulso a la reconstrucción y empleo: Parte de un marco más amplio que busca reducir la burocracia para fomentar la inversión y generar puestos de trabajo en el contexto de un plan de reconstrucción nacional.

Asimismo, esta jornada la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) informó que la parafina (kerosone) bajó $455 por litro (USD 0,5), por lo que su precio se estabilizará en alrededor de $1.050 (USD 1,14) por litro.

El gobierno de José Antonio Kast calificó como una “noticia lamentable” el fallido operativo de detención del exguerrillero Galvarino Apablaza en Buenos Aires, quien no fue hallado en su domicilio tras un orden de arresto emitida por la justicia argentina para extraditarlo a Chile, este miércoles.

Apablaza es requerido por la justicia chilena por su responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador y artífice de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, y del mediático secuestro del empresario Cristián Edwards, hijo del fallecido dueño del diario El Mercurio, ambos en 1991.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló a la salida de una reunión de emergencia con el presidente Kast, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, que éste último “nos informó que, luego de haberse emitido una orden de detención en contra del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio“.

“Evidentemente y especialmente en un día como hoy (1 de abril), cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable”, sostuvo Alvarado.

“Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado“, complementó el secretario de Estado.

Por su parte, Cerna detalló que la policía civil chilena tenía todo listo para concretar la extradición de Apablaza.

“Seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y generar la extradición respectiva”, indicó Cerna.

Finalmente, desde la Cancillería pidieron a las autoridades argentinas que extremen las diligencias para la detención del exfrentista.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, manifestaron mediante una declaración pública.

La fuga de Apablaza

Este miércoles, y luego de la revocación del estatus de refugiado de Apablaza, la jueza federal María Servini de Cubría emitió una orden de detención en su contra. Sin embargo, al apersonarse los uniformados en la parcela de la localidad de Moreno donde residía Apablaza para ejecutar la diligencia, a eso de las 16:00 horas, no lo hallaron en el lugar, activándose ipso facto una alerta de búsqueda.

Galvarino Apablaza fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y el cerebro detrás del crimen de Guzmán y el secuestro de Edwards.

Jaime Guzmán, mentor del presidente José Antonio Kast, fue fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y artífice de la Constitución de 1980, la que sigue vigente el día de hoy a pesar de dos fallidos intentos por cambiarla. Fue asesinado de dos disparos el 1 de abril de 1991, ya en democracia, a la salida del campus oriente de Universidad Católica donde hacía clases de Derecho constitucional. Tenía 44 años.

Estados Unidos y Ecuador firmaron este 1 de abril de 2026 un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil, en un movimiento que amplía la agenda bilateral hacia sectores de alta tecnología y seguridad energética. El acuerdo fue suscrito en Washington por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, según informó el Departamento de Estado en una nota oficial.

El documento establece un marco de colaboración para el desarrollo de proyectos relacionados con el uso pacífico de la energía nuclear, un concepto que se refiere a la aplicación de tecnologías nucleares con fines no militares. Esto incluye, principalmente, la generación de electricidad en centrales nucleares, el funcionamiento de reactores de investigación científica y la producción de radioisótopos utilizados en medicina, especialmente en diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo central del memorando es impulsar una asociación sólida en materia nuclear civil entre ambos países, con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad energética y la cooperación económica. En términos prácticos, la seguridad energética implica garantizar el acceso estable, sostenible y diversificado a fuentes de energía, un desafío relevante para países como Ecuador, cuya matriz energética ha dependido históricamente de la hidroelectricidad y de combustibles fósiles.

El acuerdo también incorpora principios clave del régimen internacional de gobernanza nuclear, como los estándares de seguridad, la protección física de materiales nucleares y el compromiso con la no proliferación. Este último concepto es central en la política global de control nuclear y busca evitar la expansión de armas nucleares o de tecnologías sensibles que puedan ser utilizadas con fines militares. En este contexto, los acuerdos de cooperación nuclear civil suelen estar alineados con marcos multilaterales como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según la nota del Departamento de Estado, este tipo de memorandos se consolidó como una herramienta diplomática durante el primer mandato del presidente Donald Trump y tiene como finalidad establecer las bases para relaciones estratégicas de largo plazo con países socios . En el caso de Ecuador, el acuerdo abre la puerta a posibles inversiones, transferencia de tecnología y asistencia técnica por parte de empresas e instituciones estadounidenses en el ámbito nuclear.

Uno de los componentes más relevantes de la cooperación prevista es el desarrollo de infraestructura vinculada al uso responsable de la energía nuclear. Esto no implica necesariamente la construcción inmediata de plantas nucleares de gran escala, sino que puede incluir proyectos más acotados, como reactores de investigación, centros de formación técnica o instalaciones para la producción de radioisótopos médicos . Estos últimos son fundamentales en la medicina moderna, ya que permiten realizar estudios de imagen avanzados y tratamientos especializados en oncología.

La firma del memorando se inscribe en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, basado en intereses compartidos en materia de seguridad y desarrollo económico. La cooperación en el ámbito nuclear civil también tiene implicaciones geopolíticas, en la medida en que posiciona a Estados Unidos como un socio tecnológico clave frente a la creciente presencia de otros actores internacionales en América Latina en sectores energéticos y de infraestructura.

Para Ecuador, el acuerdo representa una oportunidad de diversificación tecnológica y de acceso a conocimiento especializado en un campo altamente regulado y de complejidad técnica. Sin embargo, también plantea desafíos institucionales, regulatorios y financieros, dado que el desarrollo de capacidades nucleares civiles requiere marcos normativos robustos, formación de talento humano altamente calificado y sistemas de supervisión independientes.

El memorando no constituye un tratado vinculante ni implica compromisos inmediatos de inversión, sino que funciona como un instrumento de entendimiento que habilita futuras negociaciones y proyectos específicos. En este tipo de acuerdos, el avance concreto depende de la voluntad política, la disponibilidad de recursos y la capacidad de los países para estructurar iniciativas viables dentro de los estándares internacionales.

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno (930 kms al sur de Santiago) desbarató este miércoles una banda compuesta por siete ciudadanos venezolanos dedicada al tráfico de drogas, entre ellas la peligrosa “cera”, un tóxico derivado de la pasta base de cocaína que está causando estragos en los barrios mas vulnerables y cuyo consumo se extiende rápidamente por todo el país.

Durante el procedimiento, los uniformados allanaron dos viviendas que fungían como centros de acopio y ventas de drogas y detuvieron a seis ciudadanos venezolanos con situación migratoria irregular y una mujer que se encontraba tramitando una visa temporal. Además, pusieron en custodia a un bebé de solo 1 año de edad que, tras los exámenes de rigor, arrojó rastros de droga en su organismo.

De acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, se decomisaron 611 gramos de cocaína, dos pistolas, municiones calibre 9 milímetros y alrededor de un $1 millón (USD 1.090) en dinero contante y sonante, pero lo más preocupante fue el hallazgo por primera vez en el sur del país de varias dosis de la llamada “cera”, la que debido a sus potencia y efectos adversos ha sido bautizada como el “fentanilo chileno”.

Características de la “cera”

Desde hace ya un tiempo, este derivado aceitoso, tóxico y extremadamente potente de la pasta base de cocaína ha ido desplazando a esta última en los barrios más vulnerables.

De acuerdo a varios reportes y entrevistas a sus consumidores, llega a ser hasta 20 veces más potente que la pasta base común y se consume principalmente en una pipa, aunque su consistencia permite que también se fume en dispositivos de vapeo (vapers), facilitando su consumo en lugares públicos sin ser detectada fácilmente.

Quienes la han probado la describen como un alucinógeno de pocos minutos de duración, pero con un efecto mucho más potente y con un impacto devastador en el sistema nervioso y en el cuerpo, que comienza a poblarse de llagas.

Debido a su alta concentración de químicos y rápida de absorción, sus efectos son más severos que los de la pasta base tradicional generando una dependencia extrema en lapsos cortos, daño neurológico -psicosis, delirios, paranoia y un deterioro cerebral acelerado-, y deterioro físico, causando pérdida de peso severa, problemas cardiovasculares (arritmias, infartos) y daños respiratorios graves.

Debido a esto, las autoridades sanitarias están en alerta, pues reportes policiales dan cuenta que el llamado “fentanilo chileno” está causando una verdadera devastación en los barrios más pobres ya no solo de Santiago, sino que de buena parte del país.

Los fiscales y la defensa del uruguayo Sebastián Marset renunciaron este miércoles a acogerse a un juicio rápido en Estados Unidos, una decisión que derivó en la postergación de su audiencia judicial hasta el próximo 20 de mayo.

La determinación fue asumida en una audiencia realizada en el Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde tanto la defensa como la Fiscalía coincidieron en dejar sin efecto el procedimiento abreviado. Con esta determinación, el caso ingresa a una etapa más amplia que permitirá a los investigadores profundizar en la recolección de pruebas y avanzar en nuevas líneas de indagación.

El Ministerio Público estadounidense advirtió que la ampliación de plazos podría dar lugar a la presentación de cargos adicionales contra Marset, de 34 años, quien ya enfrenta acusaciones relacionadas con lavado de dinero en el sistema financiero internacional.

El anuncio tiene relevancia porque implicaría que el uruguayo podría ser acusado de tráfico de drogas y enfrentar penas mayores a las que tendría por los cargos actuales. Si bien la acusación en curso menciona repetidamente la actividad de narcotráfico, no lo acusa por este delito.

En la audiencia del miércoles, el juez Rossie D. Alston Jr. explicó al acusado que, con los cargos actuales, se enfrenta a 20 años de cárcel, seguidos de tres años de libertad supervisada, si es condenado por conspiración para cometer lavado de dinero. También podría ser multado con no menos de medio millón de dólares, según informó el periodista Kevin Hall, de la organización periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Marset fue detenido en un operativo la madrugada del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, e inmediatamente entregado a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y trasladado a Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por su captura.

El uruguayo llegó a Bolivia en 2022 con una identidad falsa y logró regularizar su estadía en el país, que luego se convirtió en la base de sus actividades criminales, según las autoridades bolivianas. En julio de 2023 logró escapar de un operativo de captura y meses más tarde reveló, a través de una entrevista en la clandestinidad, que fue alertado sobre el inminente allanamiento de su domicilio y que algunos funcionarios del Gobierno boliviano estaban implicados en la fuga.

Desde entonces se encontraba prófugo de la justicia, pero su permanencia en Bolivia era un secreto a voces. La Fiscalía lo señaló como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en varios países de Suramérica y presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.

Por estos hechos, fue requerido por organismos internacionales y autoridades de Uruguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y Paraguay, donde además enfrenta cargos por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022.

En mayo de 2025, la DEA lo incluyó entre los fugitivos más buscados y pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades en febrero de este año, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Tras su captura, los operativos y allanamientos para desarticular su red criminal en Bolivia continúan y al menos 15 personas presuntamente vinculadas a la organización han sido detenidas, entre ellas Tatiana M., familiar del uruguayo.

Las principales entidades de socorro de El Salvador despliegan equipo especializado y personal voluntario en todo el país para atender emergencias en la temporada vacacional de Semana Santa, según expusieron sus representantes en la entrevista AM, de Canal 10.

El Plan Verano 2026 moviliza a la Cruz Verde Salvadoreña, la Cruz Roja Salvadoreña y los Comandos de Salvamento, cuyos representantes detallaron los recursos con los que cuentan para responder a accidentes viales, rescates en montaña y emergencias acuáticas.

En el marco del operativo, Óscar Meléndez, jefe de operaciones de Cruz Verde Salvadoreña, explicó que la institución dispone de unidades de rescate vertical y vehicular, equipo hidráulico para liberar personas atrapadas en accidentes de tránsito, además de cuerdas y material metálico para rescates en alturas. Meléndez también destacó la labor de los guardavidas distribuidos en playas, lagos y centros turísticos, quienes reciben preparación anticipada para responder ante cualquier eventualidad.

“Contamos con unidades de emergencia listas y el equipo recibe mantenimiento constante, gracias al apoyo de la empresa privada que aporta recursos y materiales para que nuestro personal voluntario tenga lo necesario para atender a la población”, indicó Meléndez.

La Cruz Roja Salvadoreña, representada por Omar Ayala, jefe de crisis y desastres, puso énfasis en la disponibilidad de unidades de rescate vehicular, vertical y acuático, así como equipos especializados en rescate de montaña y una unidad de búsqueda con perros entrenados. La entidad también utiliza drones con cámara térmica para ubicar personas extraviadas en zonas de difícil acceso, optimizando así la respuesta y reduciendo riesgos para los rescatistas. “Disponemos de una unidad motorizada para asistencia rápida en incidentes de tráfico, mientras llega un vehículo especializado”, expuso Ayala. La Cruz Roja despliega sus recursos prioritariamente en zonas turísticas y de mayor flujo vehicular, integrando a sesenta seccionales en todo el país.

Por parte de los Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes subrayó la magnitud del despliegue: cinco equipos de rescate vehicular y ocho de rescate vertical distribuidos a escala nacional, además de guardavidas, buzos, enfermeros, médicos y rescatistas. La institución cuenta con drones térmicos utilizados en la localización de personas extraviadas en cerros y volcanes.

“En situaciones recientes, el dron permitió intervenir con rapidez y salvar vidas. Las instituciones de primera respuesta en El Salvador se especializan cada vez más y adquieren mejor equipamiento, beneficiando directamente a la población”, sostuvo Fuentes.

Ante la alta afluencia de personas en playas, volcanes y centros turísticos, los tres voceros coincidieron en la importancia de la prevención. Carlos Fuentes recomendó revisar el vehículo antes de salir de casa, verificar frenos, sistema de enfriamiento, llantas y sistema eléctrico, además de desconectar cilindros de gas y dejar mascotas resguardadas. Insistió en evitar mezclar alcohol y volante, y en ceder el paso a vehículos de emergencia.

Ayala sugirió a las familias designar puntos de encuentro en caso de extravío, identificar a los menores con brazaletes y seguir las instrucciones de guardavidas y autoridades en playas y balnearios. “La intención de las recomendaciones no es restringir que disfruten, sino prevenir afectaciones graves”, apuntó Ayala.

Meléndez añadió que los asistentes a eventos religiosos deben hidratarse, cuidar a los adultos mayores, evitar sobrecargar vehículos y abstenerse de usar el celular mientras conducen. Alertó sobre el peligro de ingresar al mar en horario nocturno, cuando no hay personal guardavidas disponible.

El operativo del Plan Verano cubre también las actividades religiosas masivas de Semana Santa. Las tres entidades coordinan puntos de atención en procesiones y actos litúrgicos, manteniendo bases activas en cada localidad y reforzando la vigilancia en zonas de mayor concentración, como Sonsonate y el Centro Histórico de San Salvador.

En caso de emergencias, los números disponibles son el 2133-0000 para los Comandos de Salvamento, el 2239-4930 para la Cruz Roja Salvadoreña y el 2884-5792 para Cruz Verde Salvadoreña, además de las líneas nacionales 132 y 911. Los representantes reiteraron el llamado a la población a prevenir accidentes y acatar las recomendaciones de las autoridades.

Alrededor de la medianoche del miércoles, equipos de Comandos de Salvamento respondieron a una alerta por la desaparición de un pescador en el sector conocido como Vado Lagarto, distrito de Dolores, en el departamento de Cabañas. El incidente ocurrió luego de intensas lluvias que incrementaron el caudal del río Titihuapa, presuntamente provocando una corriente súbita que habría arrastrado al hombre, cuya identidad no ha sido confirmada según datos proporcionados por los socorristas salvadoreños.

De acuerdo con el reporte del cuerpo de socorro de Sensuntepeque a Comandos de Salvamento, el pescador habría sido sorprendido por una “repunta” o repentina crecida del río provocada por la fuerte tormenta. La fuente precisó: “Según la información, él se encontraba pescando y por la fuerte lluvia, al parecer una repunta se lo llevó río abajo”.

Los equipos de rescate se encuentran coordinando la búsqueda en la zona. Las condiciones actuales, marcadas por el incremento del caudal y el persistente mal tiempo, podrían dificultar las labores para localizar a la víctima.

Las precipitaciones acumuladas registradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el 2 de abril de 2026 sobrepasaron los 120 milímetros en la estación Cerrón Grande, dentro de Cabañas Oeste, mientras Ilobasco reportó 105.2 milímetros y San Isidro, en Cabañas Este, alcanzó 83 milímetros. Estas cifras reflejan la magnitud del fenómeno meteorológico que afectó a amplias zonas del territorio salvadoreño.

En respuesta a los eventos meteorológicos recientes, el MARN emitió nuevas recomendaciones para prevenir accidentes. El llamado de las autoridades se centra en la precaución al transitar por áreas susceptibles a deslizamientos, especialmente en sectores cercanos a taludes y pendientes pronunciadas tanto en la cadena volcánica como en la zona norte del país.

El Ministerio de Medio Ambiente enfatizó la necesidad de que conductores extremen la precaución en estas áreas, ante la posibilidad de desprendimientos de material, y solicitó a la población informarse únicamente a través de canales institucionales oficiales.

Ahogamientos en el marco de Semana Santa

La desaparición en el río Titihuapa se suma a un período ya marcado por emergencias acuáticas. Protección Civil dio a conocer que durante la actual Semana Santa se han producido “cuatro muertes por ahogamiento”: dos en playas, una en poza y otra en lago.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, instó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de los equipos de guardavidas, una de las principales recomendaciones es evitar ingresar al mar cuando la bandera roja indique peligro. Amaya afirmó: “El mar no es el mejor lugar para hacer gala de nuestras habilidades de natación”.

Las autoridades agradecieron “profundamente el esfuerzo y la pronta respuesta de nuestros socorristas”. Al mismo tiempo, solicitaron a los padres “no descuidar a sus hijos, ya que los accidentes pueden ocurrir en cuestión de segundos”.

La sucesión de ahogamientos y desaparecidos en el contexto de intensas lluvias y festividades evidencia la vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales. La combinación de caudales elevados en ríos y la afluencia de bañistas en cuerpos de agua durante la Semana Santa ha demandado una intensificación de los llamados preventivos por parte de las instituciones responsables.

Una comisión de alto nivel del Gobierno de Panamá sostuvo una reunión este martes con representantes del sector transporte para definir el nuevo mecanismo que permitirá estabilizar temporalmente el precio del combustible destinado al transporte público y sectores productivos clave. El encuentro, realizado en el Palacio de Las Garzas, contó con la participación de los ministros Dinoska Montalvo (Gobierno), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), quienes abordaron junto a dirigentes de distintos gremios las condiciones para implementar la medida, según reportó Infobae.

La propuesta del Ejecutivo, aprobada mediante la Resolución N°24-26 por el Consejo de Gabinete, establece que el precio por galón de gasolina de 91 octanos se fijará en B/.3.33 (aproximadamente 0,88 dólares por litro), mientras que el diésel bajo en azufre se mantendrá en B/.3.41 (0,90 dólares por litro) para el transporte de pasajeros, carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal. El plan estará vigente hasta por 10 meses, con un tope presupuestario de B/.100 millones, sujeto a las condiciones del mercado internacional, según detalló Infobae.

Durante la reunión, los ministros explicaron a los transportistas los procedimientos y controles que se instrumentarán para acceder al subsidio. Felipe Chapman afirmó: “El gobierno del presidente José Raúl Mulino busca asegurar que la tarifa del transporte no aumente”, y subrayó la importancia de monitorear permanentemente las variaciones internacionales en el precio de los combustibles. Además, precisó que el impacto financiero del programa se estima en un rango de 10 a 15 millones de dólares mensuales, dependiendo de la evolución de los precios internacionales.

El diseño operativo del mecanismo recae en una plataforma digital gestionada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Adolfo Fábrega García de Paredes, administrador de la AIG, explicó que el sistema garantizará “la trazabilidad de cada operación para asegurar certeza y transparencia”, incluyendo controles de ciberseguridad y una base de datos sobre los vehículos habilitados para el programa. La iniciativa incorpora aprendizajes de experiencias previas para minimizar riesgos y optimizar la eficiencia en el despacho del combustible, según informó Infobae.

Jorge Isaac Dimas Collado, presidente de la Cámara Panameña de Transporte (CANATRA), expresó satisfacción tras el encuentro y confirmó que “no habrá aumento del pasaje”. El dirigente destacó que los transportistas colaborarán en la implementación de la plataforma digital, que requiere información adicional sobre las flotas para concluir su desarrollo. La viceministra de Finanzas, Eida Sáiz, y el director de la ATTT, Nicolás Brea, también participaron en el diálogo.

El Gobierno de Panamá reiteró que el subsidio busca mitigar el impacto del alza internacional del combustible, una variable que permanece fuera del control local. El programa está enfocado en beneficiar a los operadores del transporte público en modalidades colectivo, selectivo, colegiales y turismo, así como a sectores productivos como la carga, la agricultura y la pesca artesanal.

El régimen de Nicaragua excarceló este miércoles a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo de la Semana Santa.

Los 1.200 privados de la libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como "La Modelo“, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información oficial.

En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, afirmó que otorgaron ese beneficio a los presos con motivo de la Semana Mayor.

“La Semana Santa nos recuerda la entrega de Cristo Jesús, su sacrificio y su resurrección, que es también la confirmación de nuestra fe y la oportunidad de recrearnos, una nueva vida, una vida que debemos construir mejor cada día”, declaró la funcionaria, quien subrayó además que abril es especial porque es “el mes de la paz”.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentó a 2.400 en lo que va de año, según el Ministerio del Interior.

El pasado 2 de febrero, el régimen de Nicaragua indultó a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).

Las autoridades de Nicaragua han liberado y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18% ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del régimen.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha enfrentado críticas, principalmente de organizaciones feministas, al considerar que se han incrementado los feminicidios y la delincuencia en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

La producción industrial de Brasil, considerada la mayor economía de Latinoamérica, registró un crecimiento del 0,9% en febrero en comparación con enero, lo que indica una desaceleración, según informó el Gobierno.

Este incremento, el segundo de forma consecutiva, resultó inferior al del mes anterior, cuando el sector tuvo un avance del 1,8%, la mayor subida desde junio de 2024, de acuerdo con los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En la comparación interanual, la producción industrial cayó un 0,7% frente al mismo mes de 2025.

Entre las actividades con mayor crecimiento en febrero respecto a enero destacan la automotriz (+6,6%) y la de derivados del petróleo (+2,5%). En contraste, disminuyeron la producción farmacéutica (-5,5%) y la metalúrgica (-1,7%).

El ritmo más lento de la producción industrial influyó en la desaceleración económica experimentada por Brasil en 2025, año en que el PIB creció 2,3%, cifra inferior al 3,4% registrado en 2024.

Tanto el Gobierno como el sector privado atribuyen esta desaceleración a la elevada tasa de interés, situada en 14,75% después de que el Banco Central aprobara recientemente un recorte tras varios meses de estabilidad.

Petrobras planea garantizar la autosuficiencia de Brasil en diésel

En otro orden, la petrolera brasileña Petrobras anunció este miércoles que revisará su plan quinquenal de negocios con el objetivo de garantizar la autosuficiencia de Brasil en diésel en un plazo de cinco años, en un contexto de volatilidad internacional por la guerra en Irán que ha encarecido el combustible.

El anuncio fue realizado en un seminario por la presidenta de la estatal, Magda Chambriard, quien explicó que la mayor empresa de Brasil busca eliminar la dependencia de importaciones, que actualmente cubren cerca del 30% del consumo nacional.

La ejecutiva señaló que el plan vigente contempla elevar la producción en unos 300.000 barriles diarios en el próximo lustro, suficiente para atender alrededor del 80% de la demanda, pero que ahora se estudia ampliarlo hasta el 100%.

“Estamos revisando ese plan para evaluar si podemos llegar a cubrir toda la demanda en cinco años”, afirmó Chambriard, quien destacó la importancia estratégica del diésel para el transporte de mercancías y la actividad agrícola en Brasil.

Como consecuencia de la guerra en Irán, el precio del diésel ha subido cerca de un 20% en Brasil en las últimas semanas, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, lo que genera presión sobre los costos logísticos y la inflación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el aumento en la detención de buques panameños en los puertos chinos y expresó su “apoyo a la soberanía de Panamá”.

“Las recientes acciones de China contra buques con bandera panameña suscitan seria preocupación sobre el uso de herramientas económicas para socavar el estado de derecho en Panamá, una nación soberana y socio vital para el comercio mundial”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El Gobierno panameño reconoció un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después de que la Corte Suprema de Panamá anulara la concesión a una empresa de Hong Kong para la gestión de dos puertos cercanos al Canal de Panamá, en medio de presiones de Washington.

Estas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas o inspecciones adicionales realizadas por las autoridades portuarias chinas.

Rubio afirmó que el fallo del Supremo panameño “deja claro que Panamá es un socio confiable para la inversión internacional y las oportunidades de negocio”.

Agregó que las detenciones o demoras de los buques panameños “perjudican la estabilidad de las cadenas de suministro globales” y generarán un aumento en los costos para empresas y consumidores.

“Estados Unidos apoya firmemente a Panamá y espera fortalecer su cooperación económica y de seguridad con este importante socio”, declaró.

El Supremo de Panamá anuló el 30 de enero la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison con sede en Hong Kong, lo que permitió al Estado panameño tomar control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

Durante el inicio de su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia que, según él, ejercía China sobre esa infraestructura estratégica para el comercio global.

Rubio visitó Panamá en febrero del año pasado, en su primer viaje internacional como secretario de Estado, y se reunió con el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien prometió una auditoría sobre las concesiones en el Canal.

Panamá ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como principal usuario, y ha reiterado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que “es y seguirá siendo panameña”, según palabras del presidente panameño.

El comunicado de Marco Rubio

Las recientes acciones de China contra buques con bandera panameña generan seria preocupación sobre el uso de herramientas económicas para socavar el estado de derecho en Panamá, una nación soberana y socio vital para el comercio mundial. Las detenciones, demoras u otros impedimentos al movimiento de buques perjudican la estabilidad de las cadenas de suministro globales, aumentan los costos para empresas y consumidores, y erosionan la confianza en el sistema de comercio internacional.

Las acciones de China contra buques con bandera panameña se producen tras la reciente decisión de la Corte Suprema independiente de Panamá sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Este fallo soberano defendió la transparencia, el estado de derecho y responsabilizó a los operadores privados ante el interés público. La sentencia también deja claro que Panamá es un socio confiable para la inversión internacional y las oportunidades de negocio. Estados Unidos apoya firmemente a Panamá y espera fortalecer su cooperación económica y de seguridad con este importante socio.

Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba tras la llegada exitosa del primero, que logró romper, con permiso de Estados Unidos, tres meses de bloqueo energético, según informó el ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov.

“Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos”, afirmó Tsiviliov durante un foro energético en Kazán.

El funcionario explicó que la decisión se tomó luego de una reunión en San Petersburgo con representantes cubanos.

El petrolero Anatoly Kolodkin, sancionado por EEUU y la Unión Europea, llegó esta semana a Cuba con 100.000 toneladas de crudo. Se trata del primer cargamento de petróleo que recibe la isla en tres meses, desde el bloqueo impuesto por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

“Esta valiosa ayuda llega en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana”, comunicó la Cancillería del régimen de La Habana en la red social X.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la ruptura del bloqueo por parte de Moscú y consideró que la llegada de crudo no tendrá impacto en la situación de la isla.

“No me molesta (…) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, indicó el mandatario.

La incapacidad de las autoridades cubanas para satisfacer la demanda energética agudizó el desabastecimiento de petróleo, incrementando los apagones y provocando la paralización de la economía, con efectos en servicios básicos como la salud y el transporte.

Cada día, Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles para cubrir su demanda energética, de los cuales unos 40.000 provienen de la producción nacional. La falta de suministro suficiente ha generado cortes de energía prolongados y casi total parálisis en la economía.

El costo de preparar torrejas en El Salvador para la Semana Santa de 2026 registró un incremento neto aproximado del 6% respecto a 2023, impulsado principalmente por el encarecimiento del dulce de panela y los energéticos, aunque amortiguado por la baja en el precio del huevo. Los registros de las principales cadenas de supermercados, mercados municipales de la capital e instituciones oficiales como el Ministerio de Economía lo confirman.

En un escenario donde la inflación alimentaria interanual alcanzó el 1.38% en febrero, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), el entorno económico del año se ha mantenido alejado de los picos hiperinflacionarios de 2022 y 2023, pero la presión sobre la economía familiar persiste.

Elaborar torrejas, postre tradicional de la Semana Santa salvadoreña, exige una lista precisa de ingredientes: torta de yema, huevos, dulce de panela (atado), canela, clavos de olor, aceite vegetal y recursos energéticos para la cocción. Estos insumos presentan variaciones notables en sus precios en mercados y supermercados de San Salvador y otras ciudades del país.

La torta de yema, un pan artesanal o industrial esencial en la receta, ha mantenido precios estables en 2026. Los precios promedio en supermercados se ubicaron entre USD 1.50 y USD 2.50 por unidad estándar, mientras que marcas premium y presentaciones para exportación superan los USD 10 por pieza. La demanda estacional y la competencia entre abasto informal y cadenas formales evitaron aumentos abruptos en este componente.

Evolución de los precios de ingredientes clave

El huevo, fundamental para el capeado de las torrejas, experimentó una fuerte volatilidad en años previos. El cartón de 30 unidades ha llegado a costar arriba de los USD 5.00 en el Mercado Central y en supermercados. En 2026, el precio se mantiene en un rango USD 4.50 a $6.00 por cartón grande, lo que influye en el costo de la receta. De acuerdo con datos de la Defensoría del Consumidor, se pueden comprar seis huevos por un valor de unos USD 0.70–USD 1.00. Esta variación ha sido clave para evitar un alza mayor en el costo total de las torrejas.

El dulce de panela representa el ingrediente con mayor presión inflacionaria. En supermercados, el atado de panela se comercializó hasta en USD 2.20, mientras que en plataformas de exportación y tiendas especializadas su precio escaló a más de USD 4.50. El promedio nacional para el mercado doméstico se mantuvo entre USD 1.50 y USD 2.20 por atado en 2026.

La receta tradicional incorpora canela, clavos de olor y aceite vegetal, todos sujetos a variaciones menos marcadas. Las especias mantienen precios de USD 0.25 a USD 0.50 por bolsita, y el aceite vegetal ronda los USD 0.90 por ración de 300 mililitros. El costo de la energía doméstica (gas o electricidad) también mostró un alza marginal, con incrementos interanuales de hasta 1.34% en servicios básicos, según el BCR.

Impacto en el consumo y alternativas domésticas

Modelos de cálculo basados en fuentes como recetassalvador.com y consultas a mercados mayoristas ubican el costo total estimado en USD 6.40 para un lote casero de 10 a 12 torrejas en 2026, frente a los USD 6.05 requeridos en 2023. La variación porcentual, cercana al 6%, refleja tanto la resiliencia de la receta básica como el impacto de los insumos más volátiles.

El comportamiento del consumidor ante este aumento ha impulsado estrategias de sustitución en la receta, como el uso de azúcar morena por panela o ajustes en la proporción de huevo y pan. Además, el comercio informal y plataformas digitales han facilitado la venta de torrejas a precios unitarios de hasta USD 1.25 por porción en aplicaciones de delivery, lo que permite a muchas familias mantener la tradición frente al incremento en los costos.

La preparación y venta de torrejas durante la Semana Santa funciona también como dinamizador económico para pequeños comerciantes del Mercado Central de San Salvador y otros puntos de abasto, donde la demanda se mantiene alta pese a la presión inflacionaria. Además, el Festival de la Torreja, celebrado en marzo en el Parque Balboa, evidenció la vigencia cultural y comercial del postre en la capital.

El costo de mantener viva la tradición de las torrejas implica un esfuerzo adicional para las familias en 2026, aunque la adaptación y la diversificación de la receta permiten que este postre siga siendo un símbolo inequívoco de la Semana Santa en El Salvador.

La República Dominicana ha confirmado su disposición para proporcionar apoyo logístico esencial a la misión especial de Naciones Unidas que actúa contra la violencia en Haití. Las autoridades han decidido facilitar el tránsito de personal y equipos de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), habilitar servicios médicos clave y permitir el establecimiento de una oficina de respaldo en su territorio para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH). Este respaldo no contempla la participación directa en el territorio haitiano, sino un acompañamiento limitado desde el lado dominicano, según informó el Canciller Roberto Álvarez tras una reunión con Atul Khare, subsecretario general de Apoyo Operacional de la ONU.

Durante la reunión oficial, en la que también estuvieron presentes la subsecretaria general y jefa de UNSOH, Daniela Kroslak, Julia Sánchez, coordinadora residente de la ONU en República Dominicana, y el viceministro dominicano Rubén Silié, se detalló cómo se implementará la asistencia. El canciller Álvarez reiteró que la cooperación de República Dominicana con la GSF “se limitará exclusivamente a respaldo desde su territorio”, excluyendo cualquier despliegue sobre suelo haitiano, de acuerdo con lo un comunicado difundido por cancillería.

El despliegue de la GSF se produce tras la llegada, esta semana, de los primeros contingentes enviados por Naciones Unidas para enfrentar el agravamiento de la violencia en Haití. Un destacamento de fuerzas chadianas arribó a territorio haitiano, marcando el primer despliegue de tropas de la nueva Fuerza de Represión de Pandillas ampliada (FSG), que fue constituida en 2025 para reemplazar a la anterior Misión de Seguridad para Haití (MMS), según informó la GSF a través de su cuenta en X.

La escalada de violencia en Haití y la respuesta internacional coordinada

Desde hace años, Haití experimenta un crecimiento constante en los niveles de inseguridad y violencia, atribuibles principalmente a la proliferación de bandas armadas. Las organizaciones criminales han consolidado su influencia en Puerto Príncipe y otras ciudades, atacando infraestructuras, bloqueando rutas clave y desplazando a la población civil. Esta situación motivó la intervención de la ONU y la petición específica del Gobierno haitiano para la conformación de una fuerza internacional capaz de restaurar el orden. La reciente decisión de República Dominicana se enmarca en esta urgencia regional, en la que las acciones logísticas que el país vecino brinda resultan cruciales para la operatividad y rapidez en la entrada de ayuda al territorio haitiano.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, autorizó la formación de la GSF con 5,500 efectivos destinados a combatir las organizaciones armadas responsables de la “espiral de violencia”, según consigna la GSF. La presencia de Jack Christofides como representante especial y jefe de la misión en Haití, así como el trabajo conjunto con la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), buscan instalar una estructura de apoyo integral para la población y para las autoridades nacionales.

La GSF ha establecido como objetivos concretos llevar a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia para neutralizar a las bandas armadas, proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad en carreteras estratégicas. Además, ha señalado que uno de los principales compromisos de la misión será “salvaguardar a la población civil, respetando plenamente los derechos humanos”, cita la GSF a través de su canal oficial.

El rol de la República Dominicana y el alcance del apoyo logístico

La función principal de la República Dominicana en esta coyuntura consiste en permitir el paso seguro de personal militar y equipamiento de Naciones Unidas, así como la provisión de asistencia médica avanzada para los contingentes internacionales destacados en Haití. La instalación de una oficina de apoyo para la misión, prevista en territorio dominicano, permitirá canalizar y coordinar los envíos logísticos hacia el país vecino y dotar de estructura administrativa a la operación. Todo el respaldo se limitará a acciones en suelo dominicano, según precisó Roberto Álvarez, sin que las fuerzas de ese país participen directamente en actividades dentro de Haití.

Por parte del Gobierno haitiano, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé reafirmó ante la delegación de Naciones Unidas la necesidad de una respuesta “coordinada y estructurada”, subrayando la “plena movilización” de sus autoridades frente a la emergencia de seguridad.

La petrolera brasileña Petrobras informó que revisará su plan quinquenal de negocios para asegurar la autosuficiencia de Brasil en diésel en un plazo de cinco años. Esta medida responde a la actual volatilidad internacional provocada por la guerra en Irán, que ha incrementado el precio del combustible.

El anuncio se realizó durante un seminario por parte de Magda Chambriard, presidenta de la empresa estatal. Chambriard explicó que el objetivo es eliminar la dependencia de importaciones, que en la actualidad representan cerca del 30% del consumo nacional de diésel en Brasil.

La directiva detalló que el plan vigente prevé aumentar la producción en unos 300.000 barriles diarios en los próximos cinco años, lo que cubriría aproximadamente el 80% de la demanda nacional. Ahora, la empresa estudia ampliar esa meta para cubrir el 100% del consumo: “Estamos revisando ese plan para evaluar si podemos llegar a cubrir toda la demanda en cinco años”, indicó Chambriard, quien remarcó la relevancia estratégica del diésel para el transporte de mercancías y la actividad agrícola en el país.

El precio del diésel en Brasil subió cerca de un 20% en las últimas semanas, según datos de la Agencia Nacional del Petróleo, como consecuencia del conflicto en Irán. Esto genera presión sobre los costos logísticos y la inflación.

Para alcanzar la autosuficiencia, Petrobras planea aumentar la capacidad de sus refinerías. Entre las principales iniciativas destacan la ampliación de la Refinería Abreu e Lima, que podría incrementar su producción en hasta 300.000 barriles diarios, y el aumento de la capacidad de la Refinería Duque de Caxias, mediante su integración con el Complejo de Energías Boaventura.

La compañía también adapta sus plantas para priorizar la producción de diésel sobre otros derivados y no descarta evaluar la compra de refinerías privadas si presentan ventajas estratégicas.

La discusión del nuevo plan comenzará en mayo, y la versión definitiva podría darse a conocer en noviembre.

De acuerdo con Chambriard, alcanzar la autosuficiencia reduciría la exposición del país a las fluctuaciones externas y permitiría mayor estabilidad en el abastecimiento energético.

Bolivia y Estados Unidos reanudaron las investigaciones conjuntas contra el narcotráfico. La cooperación, suspendida desde 2008 tras una crisis diplomática, se restableció tras la asunción del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien busca acercar la política exterior boliviana a Washington.

Según confirmó el miércoles el responsable antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, a la agencia AFP, explicó que el intercambio de información con la DEA es ahora “sostenido, casi diario”. “Existe un trabajo conjunto, investigaciones conjuntas con la DEA estadounidense”, señaló.

EL viceministro de Defensa Social y encargado de la política antidrogas del país, agregó: “Estamos investigando con la DEA, estamos intercambiando información”.

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú. Paz asumió el poder en noviembre tras casi veinte años de gobiernos socialistas y desde entonces ha impulsado una mayor cooperación económica y en seguridad con la administración de Donald Trump.

Además, la cooperación se extiende más allá del intercambio de datos: la agencia estadounidense apoya al gobierno boliviano en pruebas de confiabilidad para agentes antinarcóticos mediante el uso de polígrafo. Unos 250 oficiales han sido sometidos a estas pruebas.

Bolivia se incorporó en marzo a la iniciativa de seguridad de Estados Unidos conocida como Escudo de las Américas. Días después, la policía boliviana, en cooperación con inteligencia estadounidense, arrestó en Santa Cruz al uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados del continente, quien fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.

El responsable antidrogas también indicó que coordina acciones con la policía de Brasil para enfrentar a bandas armadas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que operan en el oriente boliviano.

El también conocido como zar antidroga de Bolivia afirmó el miércoles que la efectividad de la lucha contra el narcotráfico en el país es del 10 %. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, señaló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en una entrevista con la agencia EFE.

Justiniano explicó que los valores de interdicción en Bolivia y en la región reflejan ese bajo nivel de efectividad. “¿Qué quiere decir eso? Que si se producen cien toneladas (de cocaína), diez toneladas se agarran. Si hay diez estructuras criminales, una se desbarata. Si hay diez vuelos de avioneta, una o cae o se agarra”, sostuvo el funcionario.

Justiniano señaló que el país andino tiene un potencial de producción de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, cien más que las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas.

“Para 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, indicó. El viceministro explicó que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de cultivos.

La baja erradicación registrada en 2025 correspondió a la gestión del ex presidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el gobierno el 8 de noviembre tras la victoria electoral de Paz.

Actualmente, se estima que existen 40.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia. De ese total, 22.000 hectáreas cuentan con amparo legal bajo una ley aprobada en 2017 por el expresidente Evo Morales, que elevó el límite desde las 12.000 hectáreas fijadas en la normativa anterior.

Justiniano precisó que cada año se cultivan unas 10.000 hectáreas de coca y el gobierno de Paz planea erradicar un volumen equivalente anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, si no, de nada sirve encontrar uno, dos, tres o varios Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió.

(Con información de AFP y EFE)

El obispo emérito ángel Garachana urgió este miércoles a una “renovación profunda” del sistema judicial en Honduras, tras la polémica resolución inicial que otorgó medidas sustitutivas a prisión a Iván Velásquez, acusado de liderar la presunta estafa piramidal “Koriun Inversiones”. El religioso, de nacionalidad española, afirmó que la crisis de confianza en la institución judicial tiene un impacto directo sobre la dignidad ciudadana y señaló que las festividades de la Semana Santa son un momento clave para reivindicar valores cívicos en la sociedad hondureña, según informó la agencia EFE.

Al abordar la resolución revocada este miércoles que inicialmente permitía a Velásquez evitar la prisión preventiva tras el colapso de su empresa, Garachana destacó la capacidad económica del acusado frente a la indefensión de los afectados. “Tiene para dar 25 millones de lempiras (USD 941.775) y no hay dinero para devolver a aquellos a quienes les han robado”, denunció el obispo, subrayando que la mayoría de las víctimas son “gente pobre”, mientras, según su entender, las autoridades aún no esclarecen el destino de los fondos.

La causa de “Koriun Inversiones” se hizo pública en mayo de 2025, con la detención de Velásquez por delitos que incluyen lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, y asociación para delinquir, de acuerdo con EFE. Las denuncias sostienen que la firma habría captado millones de lempiras prometiendo rendimientos altos e inmediatos para derretirse luego en incumplimientos, dejando a cientos de inversionistas desprotegidos. Esta situación generó protestas de ciudadanos que se trasladaron hasta Tegucigalpa para exigir justicia cuando la medida sustitutiva fue otorgada.

Garachana: “Necesitamos jueces con ética y conciencia moral”

Durante la misa Crismal en Tegucigalpa, Garachana remarcó que la transformación que demanda la justicia hondureña debe centrarse en las personas más que en la estructura. “Honduras necesita una renovación profunda del sistema judicial. Y la renovación no es tanto la institución, son las personas, jueces con ética, con conciencia, con moral, porque, aunque sepan todas las leyes, si no tienen conciencia moral, van a ser injustos”, sostuvo el religioso, oriundo de Barbadillo de Herreros, España, citado por EFE.

El obispo ilustró la percepción colectiva sobre el proceder judicial en Honduras mediante una imagen evocadora: “La justicia gráficamente la pintamos con los ojos cerrados. ¿Pero qué decimos en Honduras? Que a veces se destapa el ojo para ver si es rico, si es pobre, si es poderoso, si es un descalzo”. Según Garachana, la inequidad en el trato judicial perpetúa la desconfianza y debilita la cohesión social.

Un llamado a la dignidad frente a la crisis social

Junto a sus críticas al aparato judicial, Garachana llamó a la sociedad hondureña a vivir la Semana Santa desde la dignidad, independientemente de convicciones religiosas. “La Semana Santa es como un test de cristiandad, para algunos son vacaciones, para otros es una vivencia del sentido cristiano, estén donde estén, pero para todos, creyentes o no creyentes, lo importante es portarnos dignamente como personas, no tener nuestra dignidad humana rodando por el suelo por el alcohol y el desorden”, enfatizó el obispo, en palabras recogidas por EFE.

Frente a la persistente pobreza y exclusión, Garachana demandó a los políticos acciones concretas para priorizar el bien común sobre intereses particulares. Condenó también la violencia y la guerra, advirtiendo que “la humanidad parece llevar a ‘Caín en las venas’ en lugar de apostar por la hermandad y la paz entre las naciones”.

El otorgamiento y revocación de medidas sustitutivas a Velásquez, en un contexto de protesta social y reclamo colectivo, se ha convertido para Garachana en un índice del deterioro de la justicia hondureña. La persistencia de víctimas esperando la restitución de sus ahorros y la percepción de que la ley favorece a quienes pueden respaldar garantías millonarias amplifican una demanda generalizada de integridad y equidad, según el testimonio del obispo emérito a EFE.

La Semana Santa Internacional 2026 tendrá lugar del 27 de marzo al 5 de abril en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con una agenda que incluirá ceremonias religiosas, procesiones y manifestaciones de arte sacro, en una celebración que atraerá a miles de fieles y visitantes del país y del extranjero a uno de los espacios históricos más representativos de Panamá.

En los últimos años, la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá ha ganado mayor concurrencia de fieles y visitantes, y para esta edición se proyecta la asistencia de más de 300 mil personas.

La Plaza Mayor, donde se ubica la Catedral Metropolitana, es el principal punto de encuentro de las actividades religiosas durante la Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá.

El turismo religioso en Panamá ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por iniciativas conjuntas del sector público y privado.

En elCasco Antiguo, durante la Semana Santa, se planifican múltiples actividades, pero una de las más destacadas se da previo a la celebración del viernes de Dolores.

La alta demanda turística durante la Semana Santa ya se refleja en los niveles de ocupación hotelera reportados por la Autoridad de Turismo de Panamá. Según su administradora, Gloria De León, en el Casco Antiguo la ocupación se encuentra en 95%, mientras que en el interior del país llega al 90%, cifras que muestran el fuerte movimiento de visitantes hacia destinos vinculados tanto al patrimonio histórico como a las actividades religiosas y recreativas propias de la temporada.

Entre las novedades de la Semana Santa de este año destaca la incorporación de dos nuevas andas: Cristo Crucificado y La Santa Cena del Señor, piezas que pasan a enriquecer el patrimonio devocional de esta celebración en el Casco Antiguo. Ambas fueron donadas por familias panameñas y elaboradas en Córdoba, España, por el tallador Jorge Domínguez, sumando un nuevo componente artístico y religioso a una tradición que cada año atrae a miles de fieles y visitantes.

Lo que comenzó hace diez años en el Casco Antiguo de Panamá con 80 participantes, un anda cargada por seis cofrades y elaborada por un humilde carpintero panameño, hoy se ha convertido en una celebración que reúne a más de cinco mil hermanos cofrades y proyecta superar los 300 mil visitantes en 2026.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen anticipa un alto flujo de pasajeros durante la Semana Santa de 2026, con una proyección de 78,332 viajeros entre llegadas y salidas programadas del 1 al 5 de abril. De ese total, 40,932 corresponden a salidas y 37,400 a arribos a la ciudad de Panamá, lo que equivale a un promedio diario cercano a 15,666 personas movilizándose por la principal terminal aérea del país durante el asueto.

El Casco Antiguo de Panamá, con siete iglesias principales que forman parte del tradicional recorrido de Semana Santa y de su valor patrimonial reconocido por la Unesco, concentra durante estos días procesiones, misas y actos litúrgicos que recorren sus plazas y estrechas calles coloniales.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y paquetes con presunta marihuana. Los objetos confiscados serán entregados a las autoridades competentes para los procedimientos legales. La institución militar reiteró que sus acciones se desarrollan bajo el marco legal vigente y en favor de la seguridad ciudadana.

Otros operativos

Una serie de acciones coordinadas entre autoridades de Guatemala durante el primer trimestre de 2026 permitió el decomiso de armas, drogas y dispositivos de comunicación en al menos cuatro centros penitenciarios. Según información oficial, los operativos ejecutados en Escuintla, Alta Verapaz, San Marcos e Izabal, contaron con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y el Ministerio Público.

El operativo más relevante tuvo lugar el 15 de marzo en la cárcel ahora denominada Renovación I, en Escuintla, antes conocida como “El Infiernito”. De acuerdo con la PNC, el registro permitió la incautación de tres armas de fuego, 198 municiones y 52 teléfonos celulares, entre ellos un dispositivo satelital, junto a siete routers. Este despliegue, calificado por las autoridades como uno de los más amplios del año, se realizó de manera simultánea con una intervención en la Cárcel de Mujeres de San Marcos, donde el objetivo principal fue neutralizar el ingreso y uso de objetos ilícitos.

Días después, el 26 de marzo, Cobán, Alta Verapaz fue escenario de otra requisa de alto perfil, esta vez con la colaboración directa del Ejército de Guatemala y representantes del Ministerio Público. Durante la revisión, los agentes localizaron 31 envoltorios con cocaína, marihuana, televisores y bocinas, ampliando el registro de incautaciones en establecimientos penitenciarios, según confirmó la PNC a medios locales.

En el caso de Puerto Barrios, Izabal, la intervención del 25 de marzo reunió a más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades describieron la acción como una medida para reforzar la seguridad interna y prevenir la operación de estructuras criminales desde el interior de la prisión. Este operativo se suma a una secuencia iniciada el 6 de enero, con la primera requisa del año en Renovación I.

El precio del diésel en Panamá superará los 5 dólares por galón a partir de este viernes 3 de abril, en medio de un nuevo ajuste al alza impulsado por la volatilidad del mercado energético internacional y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, según confirmó la Secretaría Nacional de Energía.

El incremento también impacta a las gasolinas, elevando los costos a niveles que presionan directamente el gasto de los consumidores y el costo de vida en el país.

De acuerdo con los nuevos precios oficiales, el litro de gasolina de 95 octanos se ubicará en $1,255, mientras que el diésel bajo en azufre alcanzará los $1.358 por litro en las ciudades de Panamá y Colón.

Aplicando el factor de conversión de 1 galón = 3.785412 litros, el galón de gasolina de 95 octanos se sitúa en aproximadamente $4.75, mientras que el diésel asciende a cerca de $5.14 por galón, confirmando que este último rompe la barrera de los cinco dólares.

El aumento es relevante frente al período anterior. Según el comunicado oficial, la gasolina de 95 octanos sube $0.111 por litro, lo que equivale a aproximadamente $0.42 por galón, mientras que la gasolina de 91 octanos aumenta $0.103 por litro, es decir, cerca de $0.39 por galón.

En el caso del diésel, el incremento es mayor, con una subida de $0.148 por litro, lo que representa aproximadamente $0.56 por galón, consolidándose como el combustible con mayor presión al alza.

Este comportamiento responde, según la Secretaría de Energía, a la incertidumbre global en los mercados de hidrocarburos, especialmente por el impacto de conflictos en regiones clave para la producción de petróleo.

La entidad señaló que Panamá, como país importador, traslada directamente estas variaciones internacionales a los precios locales, manteniendo un esquema de cálculo transparente basado en referencias globales.

Horas antes de conocerse el nuevo incremento, el Gobierno anuncio un esquema de precios congelados para el sector transporte, que busca amortiguar el impacto económico en un segmento clave.

En este caso, la gasolina de 91 octanos se fija en $0.88 por litro, mientras que el diésel se mantiene en $0.90 por litro, cifras que están significativamente por debajo de los precios de mercado .

Al convertir estos valores, el galón de gasolina de 91 octanos para transporte se ubica en aproximadamente $3.33, mientras que el diésel congelado ronda los $3.41 por galón, lo que evidencia una diferencia sustancial frente a los precios reales del mercado, especialmente en el caso del diésel, que supera los $5.14 por galón en condiciones normales.

El costo para el Estado se estima en$15 millones mensuales, calculados a precios actuales, recursos que deberán ser cubiertos mediante ajustes en el gasto corriente, sin afectar el presupuesto de inversión ni la ejecución de obras públicas.

Esta medida sería de carácter temporal, con una vigencia estimada de hasta diez meses, aunque podrá suspenderse de manera anticipada si mejoran las condiciones del mercado energético global.

Esta brecha refleja el peso del subsidio asumido por el Estado, que en algunos casos supera el dólar por galón. En términos prácticos, esto implica que el Gobierno está absorbiendo una parte significativa del incremento internacional para evitar un traslado total al consumidor en sectores estratégicos como el transporte público y de carga.

Adicional, se mantendrán los subsidios al Metro de Panamá y al Metrobús, garantizando que no habrá aumentos en las tarifas del transporte masivo.

En el frente energético, el Gobierno confirmó la continuidad del subsidio a la tarifa eléctrica para la mayoría de la población, así como el apoyo al gas de cocina, conocido como el tanquecito de gas, especialmente para los sectores más vulnerables.

Estas decisiones buscan mitigar el efecto del aumento en los costos internacionales del petróleo y el gas licuado, que presionan tanto la movilidad como la alimentación de los hogares.

El precio del petróleo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), registró un fuerte repunte durante marzo, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel.

A inicios del mes, el crudo se ubicaba en torno a los $74 por barril, pero la intensificación de las tensiones, los ataques a infraestructura energética y las amenazas sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz llevaron rápidamente los precios por encima de los $100 por barril, alcanzando niveles no vistos desde 2022 .

El incremento se aceleró en la segunda mitad del mes, cuando el WTI llegó a cotizar cerca de $105 por barril, en medio de temores por interrupciones en el suministro global y el cierre parcial de rutas marítimas estratégicas.

Panamá ha intensificado su agenda diplomática en Europa, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas, defender su reputación internacional y sumar respaldo a iniciativas clave, como su salida de las listas discriminatorias de la Unión Europea y la adhesión al Protocolo de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

Estos esfuerzos se reflejan en encuentros de alto nivel realizados en Alemania y en el acercamiento bilateral con Kosovo, donde el país ha buscado consolidar su posición como un actor confiable, competitivo y comprometido con la transparencia.

Uno de los escenarios principales de esta estrategia fue Alemania, donde la Embajada de Panamá conmemoró el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, en un acto que también se enmarcó en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante el evento, el embajador Vladimir Franco destacó el rol histórico de Panamá como mediador y promotor de la paz en la región, al tiempo que expuso los avances económicos recientes y los planes de inversión impulsados por el Gobierno Nacional, subrayando el potencial del país como destino para la inve

En ese contexto, uno de los puntos centrales del discurso fue el llamado a la Unión Europea para que retire a Panamá de las listas discriminatorias, una clasificación que, según las autoridades panameñas, afecta la competitividad del país y genera distorsiones en la percepción internacional de su sistema financiero y tributario.

Franco insistió en la necesidad de abrir un diálogo constructivo, basado en información técnica y verificable, que permita aclarar dudas y reconocer los avances regulatorios que ha implementado Panamá en materia de transparencia y cooperación internacional.

El evento en Berlín también sirvió para reforzar los lazos históricos entre ambas naciones, destacando la visita del presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier a Panamá, considerada un hito en la relación bilateral.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó una visita oficial a Panamá el 16 de marzo de 2026, donde sostuvo una reunión con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas.

Durante el encuentro se abordaron temas como el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, el papel del Canal de Panamá en el comercio mundial, la cooperación bilateral, así como el contexto geopolítico internacional, incluyendo las tensiones en Medio Oriente.

Como invitada de honor, la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, resaltó la gestión panameña durante 25 años al frente de la vía interoceánica, así como los avances en innovación, sostenibilidad y proyectos de expansión, elementos que consolidan al Canal como una infraestructura clave para el comercio global.

Acuerdo con Kosovo

En paralelo, Panamá avanzó en su agenda diplomática con Kosovo, donde se firmó un acuerdo de exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, consulares y oficiales, marcando un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, y el viceministro kosovar Kreshnik Ahmeti, quienes coincidieron en la importancia de este instrumento para facilitar el intercambio institucional y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Más allá del acuerdo migratorio, el encuentro bilateral permitió abordar temas estratégicos, entre ellos la solicitud formal de Panamá para que Kosovo se adhiera al Protocolo relativo a la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, un instrumento clave para garantizar la seguridad y estabilidad del comercio marítimo internacional.

Las autoridades panameñas subrayaron que esta adhesión representa un respaldo político y jurídico a los principios que rigen la operación del Canal, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos en las rutas comerciales.

Durante las reuniones también se exploraron áreas de cooperación en turismo, cultura y comercio, destacando el potencial de Panamá en ecoturismo y turismo sostenible, así como su posición como hub logístico y financiero en la región.

Asimismo, se discutió la posibilidad de establecer acuerdos entre academias diplomáticas, con el fin de fortalecer la formación y el intercambio de conocimientos entre ambas naciones, ampliando así los canales de colaboración institucional.

La Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense capturó en video a Shirley Yesenia Gómez Parra, conocida como “La Güera”, mientras pactaba el envío de 100 kilogramos de cocaína hacia Arizona. Se trata de la primera ciudadana costarricense solicitada en extradición por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

El 25 de julio de 2024, Gómez Parra sostuvo una reunión en San José, grabada legalmente por una fuente confidencial bajo supervisión de la DEA, donde discutió la compra y envío de 100 kilogramos de cocaína a Phoenix, Arizona. Durante ese encuentro, la investigada también acordó la adquisición de una muestra de cinco kilogramos para comprobar la pureza del producto. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, agentes encubiertos concretaron la compra de esa muestra en la capital costarricense un mes después.

La investigación determinó la participación de Gómez Parra en una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones entre Colombia, Panamá, Costa Rica y México desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2025. Según la documentación judicial a la que accedió un medio local, las autoridades identificaron a La Güera como una de las principales líderes de la estructura en territorio costarricense, encargada de dirigir y supervisar actividades logísticas, financieras y de transporte de drogas.

La red criminal utilizaba una infraestructura sofisticada, especialmente embarcaciones rápidas tipo “go-fast” y vehículos terrestres, para movilizar grandes cantidades de cocaína desde laboratorios clandestinos en Colombia hasta su destino final en Estados Unidos. Las pruebas contra la acusada incluyen grabaciones en audio y video, documentación y evidencia física.

El tribunal estadounidense emitió una orden de captura contra Gómez Parra el 2 de octubre de 2025, después de recibir información confidencial sobre su intención de abandonar Costa Rica ante el aumento de detenciones por narcotráfico. La petición formal de detención provisional llegó a la Fiscalía costarricense el 9 de marzo de 2026 y fue ejecutada al día siguiente en Paso Canoas, frontera sur del país, cuando la sospechosa fue interceptada en un vehículo.

En la misma solicitud de extradición, las autoridades estadounidenses incluyeron a Franklin Viveros Viveros, alias “Papillo”, un ciudadano colombiano naturalizado costarricense y pareja de Gómez Parra. La detención de Viveros ocurrió en Escazú, donde se le decomisó una pistola Sig Sauer calibre 9 mm con 15 municiones.

Según la Fiscalía General de la República, tanto La Güera como Viveros mantienen presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Ministerio Público destacó que el resultado fue posible por la cooperación internacional y el trabajo coordinado entre autoridades de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Extraditados en marzo

El 20 de marzo de 2026, dos ciudadanos costarricenses fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico. Las autoridades de Costa Rica entregaron a Celso Manuel Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Sala III y exministro de Seguridad, y a Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto Juan Santamaría. Gamboa es el exfuncionario de más alto rango en la historia del país sometido a la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico. Ambos extraditados fueron trasladados bajo custodia a Texas, donde serán procesados por los tribunales federales.

Edwin López Vega está señalado como socio de Gamboa y figura en investigaciones como pieza clave en redes de transporte de drogas hacia Norteamérica, con apoyo logístico de funcionarios y operadores privados. La solicitud de extradición incluyó pruebas documentales, testimonios y reportes de inteligencia compartidos por agencias estadounidenses. Las acusaciones contra Gamboa apuntan a la presunta protección de cargamentos y a la facilitación de operaciones ilícitas mientras ejercía funciones públicas. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica indicó que la extradición de un exmagistrado marca un precedente en el país. La DEA anunció que ambos comparecerán ante una corte federal en Texas en los próximos días, donde se determinarán las medidas cautelares y el inicio del juicio.

La escalada en el precio del petróleo y el conflicto en Oriente Medio han tenido efectos inmediatos en Centroamérica, donde las tasas de interés y el costo de la vida muestran variaciones notables, según detalló una nota de la agencia EFE.

Panamá, con una economía dolarizada y sin banco central, exhibe tasas hipotecarias que rondan el 6.5 %, créditos personales entre el 9 % y el 11.5 %, y tarjetas de crédito con tasas de entre el 18 % y el 22 %.

El precio del combustible ya superó los USD 4 por galón, cita EFE, lo que presiona los bolsillos de los consumidores y encarece el transporte. El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación panameña se ubicará en torno al 2 % este año.

Costa Rica decidió mantener su tasa de referencia en el 3.25 %, pese a acumular 36 meses consecutivos de inflación negativa. No obstante, el aumento de precios en materias primas y energéticos amenaza con modificar este escenario.

En Guatemala, la autoridad monetaria congeló la tasa en 3.50 % tras varios recortes desde el 5 % durante 2024. La inflación se ubica en 1.56 %, con proyecciones de crecimiento económico que podrían alcanzar el 5.1 % para 2026.

El Banco Central de Honduras mantuvo su tasa en 5.75 % desde octubre de 2024. Las previsiones de crecimiento oscilan entre el 3.5 % y el 4 %, aunque la volatilidad internacional podría alterar estos pronósticos.

El Salvador, con economía también dolarizada, sostiene una tasa de interés del 4.60 % para depósitos a 180 días, lo que limita su margen de respuesta ante choques externos.

Contrastes y respuestas en Sudamérica y México

El resto de Latinoamérica refleja también el impacto de la crisis energética y geopolítica, acompañado de reacciones divergentes por parte de los bancos centrales.

Brasil inició una flexibilización monetaria, con un recorte de 25 puntos básicos que dejó la tasa en 14.75 %. El Banco Central elevó su previsión de inflación para 2026 al 3.9 %, haciendo referencia a “el encarecimiento de combustibles y fertilizantes”. La entidad avisó que futuros recortes dependerán de la evolución internacional de materias primas y expectativas de inflación.

En México, la autoridad monetaria redujo la tasa en 25 puntos básicos, situándola en 6.75 %. La resolución fue dividida, debido a proyecciones inflacionarias al alza y la incertidumbre sobre la política económica de Estados Unidos. El banco central advirtió que “el contexto externo podría presionar los precios internos y condicionar próximos movimientos”.

El Banco Central de Colombia decidió endurecer su situación al elevar la tasa del 10.25 % al 11.25 %. La institución respondió así al repunte inflacionario, que registró 5,4 % en enero y 5.3 % en febrero. Destacó el efecto mixto de la guerra en Oriente Medio: incrementos fiscales por el petróleo junto con presión inflacionaria resultante del aumento de insumos críticos.

El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa en 4.25 % por séptimo mes consecutivo, buscando preservar la inflación en torno al 2 %. Esta estrategia aportó relativa estabilidad en los precios, pero persisten riesgos por la volatilidad cambiaria, especialmente durante un año electoral y con el petróleo al alza.

En Chile, la tasa referencial se mantuvo en 4.5 %. Las autoridades advirtieron sobre expectativas de inflación a corto plazo próximas al 4 % anual en el segundo trimestre.

Los datos del primer trimestre de 2026 muestran que las decisiones monetarias en la región responden a factores internos y a un entorno internacional influido por la guerra y la volatilidad.

El encarecimiento de los energéticos y la incertidumbre global continúan condicionando los márgenes de maniobra de América Latina, que ajusta sus políticas en busca de un equilibrio entre crecimiento económico y control de la inflación.

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles que la exclusión de su nombre de la lista de sancionados por parte de Washington sea el primer paso hacia el levantamiento absoluto de las restricciones impuestas a Venezuela, en medio del deshielo diplomático y la reapertura de relaciones formales entre Caracas y Estados Unidos.

Rodríguez se pronunció luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminara su nombre del registro de individuos sancionados, donde figuraba desde 2018, época en la que ocupaba altos cargos en la dictadura de Nicolás Maduro.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, expresó Rodríguez a través de un mensaje en redes sociales.

El gesto de Washington se produce apenas días después de la reanudación de operaciones en la embajada estadounidense en Caracas, una señal de acercamiento tras siete años de ruptura diplomática.

Rodríguez, que asumió el cargo tras la detención y extradición de Nicolás Maduro a comienzos de año, calificó la decisión del gobierno de Donald Trump como “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones”.

En su mensaje, instó a avanzar hacia “la construcción de una Venezuela próspera para todos”, reiterando su llamado al levantamiento de las sanciones sectoriales y personales que aún pesan sobre funcionarios y segmentos estratégicos de la economía venezolana.

La exclusión de Rodríguez de la lista de sancionados coincide con la visita a Washington de una delegación venezolana, encabezada por el encargado de negocios Félix Plasencia, para formalizar la restitución de la embajada venezolana en Estados Unidos. La sede diplomática había permanecido bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023, tras el agravamiento de la crisis política en Caracas y la expulsión de representantes oficiales.

El cambio de postura de Washington hacia Caracas ha involucrado, en paralelo, la revisión del régimen de sanciones sobre la economía venezolana, en especial aquellas que afectan la industria petrolera y gasífera.

Desde la captura de Maduro y la llegada de Rodríguez al poder, el gobierno estadounidense ha flexibilizado restricciones en el sector energético, permitiendo a empresas internacionales explorar nuevas oportunidades de inversión en el país sudamericano. No obstante, el Departamento del Tesoro mantiene bajo control los ingresos por la venta de crudo venezolano, que son depositados en cuentas supervisadas por autoridades estadounidenses.

El viraje en la política económica de Venezuela ha estado acompañado por reformas que buscan atraer capital extranjero y revitalizar los sectores productivos más afectados por años de desinversión, sanciones y descontrol estatal.

La administración de Rodríguez ha avanzado en la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos que reduce la intervención estatal y abre la puerta a la participación de empresas privadas, en línea con exigencias históricas de inversionistas y del propio gobierno de Estados Unidos.

Rodríguez ha intentado mostrar una imagen de pragmatismo y disposición al diálogo, promoviendo además una amnistía política limitada y la renovación de figuras clave en la administración pública y el aparato de seguridad. Washington, por su parte, ha condicionado cualquier levantamiento adicional de sanciones al avance real en materia de derechos humanos y garantías democráticas.

El trasfondo de este acercamiento es la estrategia de “máxima presión” que la Casa Blanca ha sostenido durante años sobre Caracas, bajo el argumento de que Venezuela representa una amenaza a la seguridad regional por sus vínculos con actores hostiles como Rusia, China e Irán.

La administración de Trump mantiene la supervisión sobre el flujo de divisas y la exportación de hidrocarburos de Venezuela como herramientas clave para incidir en la política interna del país caribeño.

A pesar de los gestos de distensión, la normalización plena de relaciones dependerá de la capacidad de Caracas para cumplir con los compromisos asumidos frente a Washington y de la voluntad política de avanzar en la apertura económica y el respeto a las libertades políticas.

(Con información de EFE y AFP)

En las últimas horas, los juzgados panameños han dictado condenas de hasta 30 años de prisión por casos graves de homicidio, evidenciando una tendencia clara hacia la imposición de penas más severas frente a delitos contra la vida y la integridad personal.

Estas decisiones judiciales se producen en un contexto donde la pena máxima en Panamá está fijada en 50 años, mientras que en la Asamblea Nacional reposa una iniciativa que busca establecer la cadena perpetua para crímenes de alta severidad, lo que reabre el debate sobre el endurecimiento del sistema penal.

Uno de los casos más recientes corresponde a un ciudadano de 24 años, quien fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, luego de que la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra demostrar su culpabilidad ante el Tribunal de Juicio.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, lo que permitió que el fallo fuera unánime. Además, se impuso una pena accesoria que prohíbe el porte de armas de fuego por un período de cinco años, una vez cumplida la sanción principal.

Los hechos que sustentan esta condena ocurrieron la noche del 17 de febrero de 2024, en el sector de Loma Bonita, en el corregimiento de Cativá, cuando el hoy sentenciado utilizó un arma de fuego para disparar contra una mujer, causándole heridas mortales.

Este caso refleja no solo la gravedad del delito, sino también la respuesta del sistema judicial, que ha venido reforzando su postura frente a hechos de violencia extrema que afectan directamente a la seguridad ciudadana.

En paralelo, otro proceso relevante se registró en la provincia de Chiriquí, donde un ciudadano conocido con el alias de “Lito” fue condenado a 25 años de prisión mediante un acuerdo de pena.

En este caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró acreditar la responsabilidad penal del implicado, quien decidió aceptar su culpabilidad, lo que permitió agilizar el proceso judicial. La sentencia incluyó además la inhabilitación para portar armas de fuego y armas blancas por un período de cinco años.

Este hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2025, en la barriada El Carmen, en el distrito de David, cuando los agresores llegaron a un establecimiento tipo bar y realizaron múltiples disparos contra la víctima, provocando su muerte inmediata.

La investigación permitió establecer la participación directa del condenado, consolidando así los elementos necesarios para sustentar la imputación por homicidio agravado, una de las figuras más severas dentro del Código Penal panameño.

Un tercer caso, también con una condena de 30 años de prisión, involucra a un ciudadano de 34 años, declarado culpable por el delito de homicidio doloso agravado en la ciudad de Colón.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales, logrando una decisión unánime del tribunal. Adicionalmente, se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de 10 años, una vez cumplida la pena principal.

Este caso presenta un nivel de violencia particularmente grave, ya que los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y mayo de 2020, cuando el sentenciado y su pareja tenían la responsabilidad directa sobre una infante de un año de edad.

Los resultados de la necropsia confirmaron que la menor fue víctima de maltrato físico reiterado, lo que finalmente le causó la muerte, configurando un escenario de extrema vulnerabilidad y violación de deberes de cuidado.

Más allá de los casos individuales, las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, en 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio a nivel nacional, con una fuerte concentración en la provincia de Panamá, que acumuló 257 casos, equivalente al 43.3% del total .

Para los primeros dos meses de 2026, ya se contabilizan 77 víctimas, lo que confirma la persistencia del fenómeno .

Otro dato relevante es el tipo de arma utilizada, ya que el informe indica que el 87.4% de los homicidios en 2025 se cometieron con armas de fuego, lo que evidencia una alta letalidad en este tipo de delitos .

Este patrón se mantiene en 2026, donde más del 83% de los casos también involucran este tipo de armamento , reforzando la preocupación sobre el acceso y uso de armas en el país.

Las recientes decisiones judiciales dejan en evidencia que Panamá atraviesa un momento de mayor rigor penal, donde los tribunales están enviando un mensaje claro frente a los delitos más graves.

Sin embargo, el reto sigue siendo integral: no solo se trata de castigar con mayor severidad, sino de abordar las causas estructurales de la violencia, en un escenario donde las cifras y los casos continúan marcando una realidad compleja para el país.

El crecimiento económico de la República Dominicana alcanzó en febrero de 2026 su mayor ritmo de expansión en casi un año, con un alza interanual del 3.9 %.

Este resultado representa el nivel más elevado en once meses, consolidando un promedio acumulado de 3,7 % en los dos primeros meses del año, según datos preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE).

Durante enero y febrero, el repunte se apoyó especialmente en la minería, la construcción y el sector servicios. Las cifras del Banco Central muestran que el sector minero experimentó un crecimiento de 9.4 %, mientras que la construcción avanzó 5.8 % y los servicios, en su conjunto, crecieron 3.5 %.

Entre las actividades de servicios, se destacó la enseñanza con un incremento de 7 %, seguida por salud (6 %), hoteles, bares y restaurantes (5.3 %), así como la intermediación financiera y seguros (5.2 %).

En lo que respecta a la construcción, la variación positiva acumulada responde al aumento de la inversión pública en obras de infraestructura y a la actividad privada, con proyectos residenciales, comerciales y turísticos. La disponibilidad de tasas de interés más favorables durante el periodo también facilitó la expansión del sector.

El sector turístico mostró una recuperación notable. Entre enero y febrero de 2026 se contabilizaron 1.649.926 turistas internacionales que ingresaron por vía aérea, lo que representó un crecimiento de 10 % en comparación con el mismo lapso del año anterior. El desempeño de hoteles, bares y restaurantes estuvo vinculado directamente con este flujo de visitantes.

El sector de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó una expansión de 5.2 % en el periodo. Este crecimiento fue impulsado, en parte, por el aumento del crédito al sector privado, que registró un salto de 8.1 % respecto a febrero de 2025, equivalente a RD$188 mil millones adicionales, junto con un desempeño positivo en los ingresos por primas y comisiones de las empresas de este rubro.

Las actividades de manufactura local y de zonas francas también mostraron avances. La manufactura local creció 2.4 %, impulsada por la producción de bebidas alcohólicas y minerales no metálicos. Por su parte, la manufactura de zonas francas registró un alza de 1.2 %, reflejada en exportaciones que sumaron USD 1.241,4 millones.

La minería mantuvo un ritmo destacado, con un crecimiento acumulado de 9.4 % hasta febrero, favorecido por mayores volúmenes de extracción de oro, plata, arena y grava. Este repunte sectorial aportó al desempeño general de la economía en el periodo.

En la agropecuaria, el avance fue de 3.2 % en los primeros dos meses de 2026. El incremento en la producción de alimentos como aguacate, plátano, guineo, huevos y leche cruda estuvo respaldado por medidas de apoyo técnico y financiero del Gobierno, orientadas a fortalecer el desarrollo agroforestal y la seguridad alimentaria nacional.

La economía dominicana inició el año 2026 con una trayectoria positiva. En los primeros dos meses, el crecimiento interanual promedio fue de 3.7 %, impulsado por la minería, la construcción, el turismo y los servicios financieros, en un contexto de recuperación de la demanda interna y un entorno internacional desafiante.

Frente a la volatilidad global, el Banco Central reafirmó su compromiso con la estabilidad macroeconómica. El organismo sigue atento a la evolución de los precios internacionales, especialmente del petróleo y sus derivados, debido a los conflictos geopolíticos que alteran la oferta mundial. El objetivo es responder con políticas oportunas para mantener la inflación bajo control y asegurar el equilibrio económico en el país.

Las autoridades marítimas de Panamá consideran que la expansión portuaria marca un punto de inflexión para el país. Según René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), la insuficiencia de infraestructura ha limitado oportunidades estratégicas, especialmente durante los recientes episodios de congestión internacional en el tráfico de carga.

El sector logístico constituye un pilar en la economía panameña. El conglomerado —que integra puertos, transportes terrestres, el aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá— contribuye con el 33 % al producto interno bruto del país. En 2025, el sistema portuario nacional gestionó 9.91 millones de contenedores, lo que representó un aumento del 3.6 % respecto al año anterior.

Nuevos proyectos portuarios y su impacto en Panamá

El Canal de Panamá ha iniciado los procesos para la construcción de dos nuevos puertos: Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico. Ambos proyectos, junto a un gasoducto asociado, representan una inversión mínima de USD 6,000 millones. Estas obras incrementarán la capacidad nacional de transbordo en 5 millones de contenedores por año cuando estén terminadas.

Por su parte, el gobierno encabezado por José Raúl Mulino impulsa el desarrollo del puerto de Isla Margarita en el Atlántico y avanza con un puerto multipropósito en Puerto Armuelles, en el litoral pacífico occidental. Esta última infraestructura ya superó el 60 % de ejecución, con una inversión de USD 21.3 millones.

Gómez precisó que varios de estos proyectos llevan años en espera. Señaló: “Si se preveía que necesitábamos más infraestructura portuaria para tener más volumen de carga, eso se debió haber hecho”.

Considera que la demora ha causado que Panamá “pierda” ventajas competitivas, como sucedió en 2025, cuando la congestión portuaria internacional no pudo aprovecharse debido a la ausencia de nuevas terminales.

Consecuencias de la demora y oportunidades perdidas

El gremio marítimo subraya que la saturación de los puertos panameños ha impedido procesar carga adicional. Esta limitación se debe tanto a retrasos en los proyectos mencionados como a factores externos, incluyendo desviaciones de rutas comerciales por conflictos en Oriente Medio.

Gómez afirmó: “Hubiésemos podido captar esa cantidad de carga que dejamos pasar porque estaban congestionados nuestros puertos”.

En contextos de crisis internacional o modificaciones en las rutas globales, Panamá podría aumentar significativamente el flujo de mercancía si dispusiera de la infraestructura adecuada. La falta de avance en obras como Corozal e Isla Margarita ha dificultado que el país capitalice totalmente su posición estratégica, según la CMP.

Estrategias de sostenibilidad y el futuro del Canal

Dentro de los planes de modernización, la administración del Canal de Panamá apuesta por la sostenibilidad hídrica. El proyecto del embalse de río Indio contempla una inversión de USD 1,500 millones y está programado para entrar en operación en 2032.

Su objetivo es garantizar el suministro de agua durante los próximos 50 años. Gómez subrayó que, sin esta obra, la eficiencia del Canal se vería limitada, lo cual impactaría en toda la cadena logística nacional.

El abastecimiento de agua representa un reto central, ya que el Canal depende actualmente de dos embalses y afronta presiones por el crecimiento urbano y la crisis climática. El nuevo embalse permitirá mantener la competitividad de la ruta interoceánica en un entorno internacional cada vez más exigente.

Expectativas de crecimiento y desarrollo logístico

El sector marítimo panameño sigue de cerca la evolución de los proyectos anunciados, convencido de que la ampliación de la capacidad logística abrirá una nueva etapa tras los años de oportunidades perdidas.

La CMP sostiene que concluir estas infraestructuras es esencial no solo para evitar la fuga de carga, sino para consolidar a Panamá como un nodo logístico de referencia internacional.

La estrategia en marcha para nuevos puertos y soluciones hídricas busca recuperar para Panamá un lugar de liderazgo en competencia global, fortalecer su economía y asegurar la sostenibilidad de uno de sus activos fundamentales: el Canal interoceánico.

Personal de instituciones del Gobierno de El Salvador realizó este miércoles una serie de inspecciones en restaurantes ubicados en la playa El Tunco, distrito de Tamanique, municipio de La Libertad Costa, como parte del Plan Verano 2026.

El operativo, que incluyó la revisión de sistemas eléctricos, instalaciones de gas y equipos de seguridad, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona durante el periodo vacacional de Semana Santa, según informaron autoridades citadas por Secretaría de Prensa de la República.

La jornada de inspecciones comenzó en el Roca Sunzal Hotel & Restaurant y continuó en otros establecimientos de la zona, entre ellos el Hotel y Restaurante La Curva de Don Gere, ubicado en la playa El Sunzal.

De acuerdo con información divulgada en redes sociales, el dispositivo se enfocó en comprobar el cumplimiento de medidas de seguridad y la existencia de condiciones adecuadas en los locales.

Erick Vásquez, subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, señaló que las acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir riesgos para los visitantes.

“Seguimos trabajando en la parte preventiva, con el objetivo que los visitantes de estos establecimientos puedan contar con la seguridad respectiva”, afirmó Vásquez, en declaraciones destacadas por Secretaría de Prensa.

El funcionario también instó a los propietarios de comercios a verificar, junto con sus Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, los riesgos existentes y acercarse al Cuerpo de Bomberos para obtener una certificación del lugar.

verifican medidas de seguridad en restaurantes de Tamanique ante aumento de turistas

Durante las inspecciones, el personal revisó la aplicación de protocolos de prevención y respuesta ante posibles emergencias, así como el estado y la disponibilidad de extintores, botiquines y señalización en los establecimientos.

Fermín Pérez, subdirector de la Dirección General de Protección Civil (PROCIVILSV), explicó que la preparación de los locales se evalúa en función de su organización, planes de emergencia y evacuación, y la capacitación del personal en el uso de recursos de seguridad.

“El nivel de preparación tiene que ver con la organización, con planes de emergencia y de evacuación, también la señalización de los lugares, deben contar con extintores, botiquines y estamos indagando si el personal de los establecimientos sabe utilizar estos recursos”, argumentó Pérez, citado por La Secretaría de Prensa de la República.

El subdirector del Cuerpo de Bomberos alertó sobre el incremento del 70% en los casos de incendios registrados en lo que va del año, una cifra que subraya la importancia de las inspecciones y de la adopción de medidas preventivas por parte de los establecimientos.

“Hacemos un llamado a la población, a los establecimientos a que verifiquen con sus Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, hacer evaluaciones de los riesgos en establecimientos, y acercarse al Cuerpo de Bomberos para una certificación del lugar”, reiteró Vásquez, según consignó la Secretaría de Prensa.

Las autoridades destacaron que el Plan Verano 2026 contempla la colaboración entre diversas instituciones estatales para fortalecer la seguridad en destinos turísticos durante el periodo vacacional, priorizando la protección de residentes y visitantes.

Las refinerías de India han tomado la delantera en la adquisición de crudo venezolano, superando por primera vez a China y Estados Unidos, en medio de un repunte de las exportaciones de Caracas que alcanzaron el volumen más alto desde 2019.

En marzo, la demanda de petróleo venezolano por parte de empresas indias se multiplicó por cuatro respecto a los meses anteriores, de acuerdo con informes de tráfico marítimo y datos de firmas de inteligencia energética.

Las principales compañías indias del sector, como Reliance Industries, Hindustan Petroleum y Indian Oil, incrementaron sus compras a 343.000 barriles diarios, consolidando a India como el principal mercado para el crudo de Venezuela.

El salto responde en buena medida a la reducción de las importaciones chinas, afectadas por el nuevo esquema de control impuesto por Estados Unidos sobre las ventas petroleras venezolanas.

El repunte de las exportaciones de Venezuela no solo se explica por el aumento de la demanda india. La producción nacional también ha crecido gracias al flujo constante de diluyentes importados, aditivos esenciales para procesar el crudo extrapesado y facilitar su transporte por oleoductos.

En marzo, Venezuela recibió nueve cargamentos de estos insumos, dos más que el mes anterior, gestionados por firmas internacionales que mantienen acuerdos comerciales con el régimen venezolano bajo la supervisión de Washington. Entre los principales actores figuran Vitol, Trafigura y Chevron, la última de las grandes petroleras estadounidenses que aún conserva operaciones directas en el país sudamericano.

La guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han obligado a los principales importadores asiáticos a diversificar proveedores y buscar alternativas fuera del Golfo Pérsico. India, que depende fuertemente del petróleo extranjero, ha aprovechado la apertura venezolana, mientras ajusta su estrategia energética frente a la volatilidad de los mercados globales.

El aumento en los envíos de crudo también ha reactivado el uso de depósitos en el Caribe. Este año, casi 18 millones de barriles de petróleo venezolano han sido trasladados a instalaciones en Bahamas, Curazao y Santa Lucía. Parte de ese volumen ya empezó a salir rumbo a otros destinos, como Italia, donde el buque SFL Tiger cargó recientemente petróleo en Curazao antes de poner rumbo al Mediterráneo.

El mercado estadounidense, aunque menos relevante que en décadas pasadas, sigue recibiendo cargamentos de crudo venezolano, especialmente a través de intermediarios autorizados por el Departamento del Tesoro.

Compañías como PBF Energy han retomado compras puntuales gracias a flexibilizaciones temporales de sanciones, mientras que otras empresas exploran oportunidades ante la perspectiva de mayores aperturas regulatorias.

En paralelo, la administración estadounidense impulsa movimientos estratégicos para asegurar acceso a los recursos energéticos venezolanos. Con la caída del narcodictador Nicolás Maduro y la asunción de un régimen de transición, Washington ha presionado para facilitar la entrada de capital extranjero y la participación de petroleras estadounidenses en la revitalización del sector. Sin embargo, la infraestructura local, deteriorada tras años de desinversión, representa un desafío para el retorno a los niveles históricos de producción.

Directivos de firmas globales como Chevron, Shell y ExxonMobil han manifestado interés en proyectos de exploración y producción, pero advierten que la recuperación plena del sector requerirá inversiones multimillonarias y reformas legales que garanticen la seguridad jurídica y operativa.

El régimen de Caracas, por su parte, ha promulgado una nueva ley de hidrocarburos que reduce la participación estatal y busca atraer inversiones internacionales, aunque persisten dudas sobre la estabilidad y el alcance de los cambios.

Expertos del sector energético coinciden en que la recuperación sostenible de la industria venezolana dependerá tanto de la continuidad de la apertura política como de la capacidad para reconstruir la infraestructura y repatriar el talento humano emigrado durante la crisis. Mientras tanto, India aparece como el nuevo actor dominante en el panorama petrolero venezolano, en un contexto de reconfiguración acelerada del mercado global de energía.

(Con información de Bloomberg)

Al menos seis personas fueron aprehendidas por las autoridades tras ser sorprendidas realizando actividades de minería ilegal en el río Juan Díaz, uno de los principales ríos de la ciudad capital, en un operativo liderado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en coordinación con la Policía Ambiental.

La intervención se produjo en el sector de Villa Lobos, en el corregimiento de Pedregal, donde los implicados realizaban movimientos de tierra con herramientas artesanales para la extracción de material mineral.

Durante el patrullaje terrestre efectuado en el área conocida como el “Corredor de los Pobres”, el equipo técnico detectó a los individuos utilizando palas, bateas de madera y una piqueta para intervenir el terreno.

Según las autoridades, esta práctica constituye un delito ambiental, ya que genera una alteración directa en el cauce del río, afecta la calidad del agua y provoca una degradación progresiva del ecosistema que rodea esta importante fuente hídrica de la capital panameña.

Los seis hombres fueron notificados en el lugar sobre la ilegalidad de la actividad y posteriormente trasladados a la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Panamá Norte, donde se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.

En el operativo también se decomisaron dos bateas artesanales, seis palas y una piqueta, elementos utilizados para la extracción ilícita de minerales, los cuales forman parte de las evidencias dentro del proceso.

Este caso no es aislado. En lo que va de 2026, las autoridades han intensificado los operativos contra la minería ilegal en distintas regiones del país.

En la provincia de Herrera, a finales de enero, se reportó la detención de cuatro personas vinculadas a esta actividad, mientras que en Chepo, el 8 de enero, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) desarticularon un campamento clandestino, incautando equipos utilizados para la extracción de minerales.

A esto se suman operativos realizados durante febrero en diversas áreas protegidas, donde se efectuaron múltiples arrestos y decomisos de plantas eléctricas, bombas de agua y herramientas de perforación.

El incremento de estos casos evidencia una presión creciente sobre los recursos naturales del país, especialmente en zonas rurales y áreas protegidas.

Las autoridades han advertido que este tipo de prácticas no solo representa una actividad ilegal desde el punto de vista administrativo, sino que también tiene consecuencias severas sobre el ambiente, incluyendo la contaminación de fuentes de agua, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.

En Panamá, la minería ilegal está regulada principalmente por el Código Penal y el Código de Recursos Minerales, los cuales establecen que todos los minerales existentes en el territorio nacional pertenecen al Estado.

Esto implica que cualquier actividad de exploración, extracción o explotación requiere una concesión o autorización formal. La realización de estas actividades sin el permiso correspondiente configura un delito, independientemente de la escala o el método utilizado.

Las sanciones penales han sido reforzadas en los últimos años. Quienes incurran en minería ilegal pueden enfrentar penas de prisión que van de 6 a 9 años, además de multas que oscilan entre 100 y 600 días multa.

La legislación también contempla castigos para quienes participen en el suministro, transporte o comercialización de maquinaria e insumos destinados a esta actividad, incluyendo sustancias altamente contaminantes como el mercurio o el cianuro.

El río Juan Díaz, uno de los principales de la ciudad capital, fue escenario de un nuevo caso de minería ilegal detectado por las autoridades ambientales.

Cuando la actividad genera daño ambiental, las consecuencias legales se agravan. En estos casos, los implicados pueden ser procesados adicionalmente por delitos contra los recursos naturales, lo que implica penas de entre 3 y 6 años de prisión adicionales.

Este escenario es particularmente relevante en zonas como ríos y áreas protegidas, donde el impacto ecológico puede ser irreversible y afectar directamente a comunidades que dependen de estos recursos.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 257 establece que las minas son propiedad del Estado, lo que refuerza la necesidad de cumplir con los procesos legales establecidos para su explotación.

Las autoridades han reiterado que el combate a la minería ilegal seguirá siendo una prioridad, no solo por su impacto ambiental, sino también por su vinculación con economías informales y actividades ilícitas que operan al margen de la ley.

El caso del río Juan Díaz vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite en distintas regiones del país: la presión sobre los recursos naturales continúa en aumento, mientras las autoridades buscan contener una actividad que, aunque muchas veces se presenta de forma artesanal, tiene efectos significativos sobre el entorno y la sostenibilidad ambiental de Panamá.

El gobierno de Bolivia y el de Chile firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar rutas y frecuencias aéreas entre ambos países.

El acuerdo se concretó en la ciudad de Santa Cruz, con la participación del ministro boliviano de Obras Públicas, Mauricio Zamora, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, José Antonio Fanola, y el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil de Chile, David Dueñas.

El acuerdo permitirá que aerolíneas de ambos países accedan a más rutas y frecuencias, ofreciendo nuevas opciones para los usuarios, según informaron autoridades aeronáuticas y diplomáticas presentes en el acto, entre ellas el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, el cónsul chileno en Santa Cruz, René Rojas, el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, Jaime Machicao, y el gerente de Boliviana de Aviación, Juan José Galvarro.

El gobierno trabaja en habilitar progresivamente las “nueve libertades del aire”, derechos aeronáuticos internacionales que regulan el tráfico comercial y permiten desde el sobrevuelo hasta el transporte de pasajeros y carga entre países.

La política de cielos abiertos requiere la adaptación de la normativa aeronáutica boliviana y la coordinación con organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que implica una implementación gradual.

Días antes, el gobierno boliviano había suscrito un acuerdo similar con Brasil, con el objetivo de eliminar restricciones entre operadores aéreos y fomentar la competencia. El Ministerio prevé la firma de convenios semejantes con otros países de la región para ampliar las posibilidades de conectividad aérea desde y hacia Bolivia.

La apertura del mercado aéreo boliviano ha despertado el interés de varias aerolíneas internacionales. Cuatro empresas extranjeras, Flybondi de Argentina, Tampa Cargo de Colombia, Wingo de Panamá y ABSA de Brasil, han manifestado su intención de operar rutas en Bolivia. Además, tres compañías vinculadas a grupos bolivianos analizan iniciar operaciones en vuelos domésticos.

Durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo, Boliviana de Aviación se consolidó como la principal aerolínea comercial, llegando a controlar la mayoría de las rutas nacionales y una presencia significativa en rutas internacionales.

El memorándum prevé la articulación de la medida con la creación de un hub aéreo en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y posteriormente en La Paz. Este centro de conexiones permitirá incrementar el flujo de pasajeros y carga, con la participación de empresas especializadas en la administración de aeropuertos internacionales.

El proceso de apertura será progresivo y estará acompañado de cambios legislativos, emisión de decretos y procedimientos formales ante organismos internacionales. El objetivo oficial es que la competencia no solo beneficie a los usuarios, sino que también impulse mejoras en la eficiencia y competitividad de Boliviana de Aviación.

El gobierno aclaró que la política de cielos abiertos no busca proteger a la compañía estatal, sino promover un mercado más abierto y eficiente.

(Con información de EFE)

Dos mujeres fueron condenadas a 19 años y 4 meses de prisión cada una, equivalentes a 232 meses, por los delitos de traspaso agravado de drogas y posesión ilícita de armas de fuego, tras comprobarse su participación en el ingreso de sustancias y armamento al Complejo Penitenciario La Joya, en un hecho ocurrido el 28 de marzo de 2026.

La decisión del Tribunal de Garantías se sustentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público, que logró acreditar la responsabilidad penal de ambas implicadas en una operación que evidencia la persistente presión del crimen organizado sobre el sistema penitenciario panameño.

El fallo establece que cada una de las condenadas deberá cumplir 13 años y 4 meses de prisión por el delito de traspaso agravado de drogas, equivalentes a 160 meses, y otros 6 años de prisión por la posesión ilícita de armas, es decir, 72 meses, sumando una pena total de 19 años y 4 meses, o 232 meses.

Además, se les impuso como pena accesoria la prohibición de portar armas de fuego una vez cumplida la condena. Este caso vuelve a poner en evidencia cómo las estructuras criminales continúan intentando introducir drogas y armas en centros penitenciarios, utilizando distintos métodos para evadir los controles de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres fueron aprehendidas dentro del perímetro del complejo penitenciario cuando intentaban introducir múltiples kilogramos de marihuana y cocaína, así como 191 pastillas de metanfetamina, además de tres armas de fuego, proveedores y municiones de diversos calibres.

Entre los objetos decomisados también se encontraban teléfonos celulares, encendedores plásticos y otros artículos prohibidos, lo que refleja la magnitud de la operación y la diversidad de elementos que buscan ingresar a estos centros.

El operativo que permitió su captura se desarrolló en el área de El Puente, cerca del Centro Penitenciario La Joyita, donde unidades de la Policía Nacional mantenían vigilancia perimetral.

Durante la intervención, se detectaron bolsas transparentes que contenían armas, municiones y posteriormente una tercera bolsa con 38 paquetes de material vegetal, recipientes con sustancia blanca y cerca de 190 pastillas de colores, presuntamente drogas sintéticas.

Este hallazgo confirma la constante innovación logística de las redes criminales para abastecer a privados de libertad.

Las autoridades también reportaron el decomiso de más de 11,000 hojas de papel tipo “feeling”, equipos para tatuar y otros objetos que forman parte de las economías ilegales dentro de las cárceles.

Estos elementos evidencian que el problema no se limita al tráfico de drogas, sino que incluye una red más amplia de actividades ilícitas internas, que requieren constante vigilancia y operativos coordinados entre distintas instituciones de seguridad.

Este caso se suma a una serie de operativos recientes que han logrado frenar el ingreso de sustancias ilícitas y equipos tecnológicos a centros penitenciarios en Panamá.

En días anteriores, las autoridades habían reportado incautaciones de drogas introducidas mediante drones, así como el decomiso de dispositivos como antenas de internet satelital, lo que evidencia un cambio en las estrategias del crimen organizado, que ahora incorpora herramientas tecnológicas para burlar los controles tradicionales.

El aumento de estos intentos refleja la presión que enfrentan los sistemas penitenciarios en la región, donde las cárceles continúan siendo puntos estratégicos para la operación de redes criminales. En Panamá, las autoridades han reforzado los operativos internos y la vigilancia perimetral, buscando cerrar brechas de seguridad y evitar que estos centros se conviertan en plataformas de coordinación delictiva.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá una política de tolerancia cero frente al narcotráfico y el tráfico de armas, destacando que este tipo de condenas envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de estas acciones.

Asimismo, subrayó que las investigaciones se desarrollan con base en criterios de objetividad, transparencia y apego a la ley, con el objetivo de desarticular las redes que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Por su parte, la Policía Nacional aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias de control en los alrededores de los centros penitenciarios, así como los operativos internos, con el fin de evitar el ingreso de sustancias ilícitas, armas y tecnología prohibida. Las autoridades insisten en que la cooperación interinstitucional será clave para enfrentar este fenómeno, que combina narcotráfico, crimen organizado y uso de nuevas tecnologías.

Las cifras más recientes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 han puesto en evidencia que el 31% de los hogares salvadoreños enfrenta condiciones de hacinamiento. Este dato revela que una de cada tres familias comparte dormitorios con tres o más personas, lo que genera impactos directos en la salud, la convivencia y las oportunidades educativas de la población.

La EHPM 2025, difundida por el Banco Central de Reserva, ofrece una radiografía detallada sobre la situación habitacional en El Salvador. El estudio informa que, aunque la mayoría de los hogares reside en casas privadas o independientes, solo el 55.3% es propietario de la vivienda que habita, lo que deja a una parte importante de la población expuesta a la inestabilidad y a posibles desalojos.

De acuerdo con los resultados, El Salvador ha logrado avances en el acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable. El suministro eléctrico llega al 98.4% de los hogares, y el agua por cañería está disponible en más del 90%. No obstante, la calidad y tenencia de estos servicios presentan diferencias notables entre áreas urbanas y rurales, en particular por la fuente propia de estos recursos.

Desafíos en la calidad de la vivienda y materiales de construcción

El examen de los materiales empleados en la construcción de viviendas revela contrastes importantes. En las ciudades, el concreto predomina en las paredes; en las zonas rurales, persisten el adobe y la lámina metálica, materiales menos resistentes frente a fenómenos naturales. Una fracción considerable de las casas rurales conserva pisos de tierra, mientras la lámina metálica sobresale en los techos, tanto urbanos como rurales.

El estudio señala que el 20.2% de los hogares rurales aún tiene pisos de tierra, lo que expone a las familias a condiciones insalubres. A esto se suma la cobertura limitada de alcantarillado: solo el 34.5% de las viviendas dispone de este servicio. La falta de alcantarillado obliga a muchas familias a verter aguas residuales en la vía pública o al aire libre, lo que incrementa los riesgos ambientales y de salud.

Acceso a servicios básicos y manejo de residuos

La encuesta indica que el 99.1% de los hogares salvadoreños dispone de algún tipo de sistema de saneamiento, aunque únicamente el 93.5% de estos hogares tiene la propiedad o control directo sobre el sistema. Para el acceso al baño, el uso de inodoro conectado a alcantarillado apenas supera al de fosa séptica o letrina privada, con diferencias marcadas según la ubicación de la vivienda.

El tratamiento de residuos sólidos continúa representando un reto en zonas rurales. El 60.7% de los hogares rurales todavía recurre a la quema de basura, frente a la recolección domiciliaria, norma en las áreas urbanas. Esta disparidad en el manejo de desechos contribuye a la contaminación ambiental y pone en evidencia la brecha en infraestructura municipal.

Combustibles y transición energética en los hogares

La EHPM 2025 muestra un cambio sustancial en el tipo de combustible utilizado para cocinar. El 93.8% de los hogares utiliza gas propano, cifra que refleja una disminución en el uso de leña y otras fuentes contaminantes. Sin embargo, la leña permanece como fuente principal para una parte significativa de familias rurales.

Los resultados del estudio indican que la vivienda continúa siendo un factor central para combatir la pobreza multidimensional en el país. La mejora de las condiciones habitacionales y el acceso a servicios de calidad son elementos clave para el desarrollo social y económico de El Salvador.

El relevo en la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA marca una nueva etapa para el organismo, tras la designación de la Embajadora Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Solano ejercerá el cargo hasta el 30 de junio, liderando el principal foro diplomático del organismo durante el próximo trimestre.

Durante el acto protocolario realizado en la sede de la institución en Washington D. C., la diplomática costarricense señaló el compromiso de su gestión con los principios fundacionales del organismo.

Expresó que tanto ella como su equipo asumen la responsabilidad “con mucha humildad, pero también con plena convicción de que la tarea puede salir adelante si trabajamos juntos”, e indicó la intención de “facilitar el diálogo, promover el consenso y generar resultados concretos para nuestros países”.

La presidencia del Consejo Permanente implica liderar las sesiones y coordinar la agenda política de la Organización de los Estados Americanos, donde se abordan temas de interés hemisférico.

Este órgano, formado por los embajadores de los Estados miembros, es el espacio central para la discusión y toma de decisiones sobre democracia, derechos humanos y cooperación regional.

Alejandra de los Ángeles Solano Cabalceta es una destacada diplomática y abogada costarricense, representante permanente de Costa Rica ante la OEA desde enero 2021.

Con más de 25 años en la Cancillería, ha liderado la política exterior enfocada en democracia, derechos humanos y cooperación multilateral, destacando por su perfil negociador y experiencia en derecho internacional, detalló el sitio oficial de Cancillería de Costa Rica.

La transición de mando y los retos recientes

El embajador Luis Ernesto Vargas, representante permanente de Colombia y presidente saliente, hizo balance de su gestión al señalar que su país debió “acompañar momentos muy complejos y muy difíciles” en la agenda hemisférica.

Subrayó su respaldo a la nueva presidenta y expresó que “puede contar con toda nuestra disposición; estaremos siempre dispuestos a apoyarla para que se alcancen los mejores resultados”.

La rotación de la presidencia y vicepresidencia del Consejo Permanente ocurre cada tres meses. El sistema sigue un orden alfabético para la presidencia y un orden alfabético inverso para la vicepresidencia, lo cual garantiza la participación equitativa de los Estados miembros en la conducción del órgano.

La dirección canadiense en la vicepresidencia

En este periodo, la vicepresidencia del Consejo será asumida por el embajador Stuart Savage, representante permanente de Canadá.

Stuart Savage es un diplomático canadiense de carrera, nombrado representante permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2023. Con amplia experiencia en América Latina y asuntos multilaterales, ha desempeñado roles clave en la OEA, incluyendo la presidencia del Consejo Permanente

Su designación responde al mecanismo rotatorio establecido por la organización, que fomenta la alternancia y diversidad de perspectivas en la dirección de los debates y la gestión de temas clave para el continente.

El inicio de los nuevos mandatos ocurre en un momento de desafíos regionales que hacen necesario, según las autoridades, fortalecer el diálogo y buscar consensos.

El Consejo Permanente, bajo la presidencia de Costa Rica, continuará abordando asuntos prioritarios para la región en consonancia con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y las normas que regulan el funcionamiento institucional.

Una decisión reciente del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ha generado un giro en el proceso judicial contra Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones.

El principal imputado en este caso deberá permanecer bajo prisión preventiva, luego de que las autoridades revocaran las medidas cautelares que le habían sido concedidas en una audiencia anterior.

La resolución, firmada por Francisco Josué Álvarez Ruiz, responde a una solicitud directa del Ministerio Público. Según el documento, el juzgado declaró procedente el pedido de revocatoria y determinó que se mantienen “los presupuestos legitimadores” que justifican la prisión preventiva en este contexto.

El mismo comunicado institucional detalla que la Supervisión General del Poder Judicial inició una inspección en el juzgado correspondiente. Esta revisión abarca desde el análisis de audiencias y evaluación de pruebas, hasta la verificación de la legalidad de las resoluciones tomadas en casos de alto impacto, como el de Koriun Inversiones.

Las autoridades han subrayado que este proceso de inspección busca garantizar la transparencia y el apego a la legalidad en todos los procedimientos, especialmente en causas de gran repercusión pública.

El juez Álvarez Ruiz fundamentó su decisión en el artículo 179, numerales 2 y 3, del Código Procesal Penal de Honduras, además de otros argumentos jurídicos citados en la resolución. El documento instruye notificar formalmente a todas las partes involucradas, asegurando que la medida preventiva continúa vigente desde la audiencia inicial.

La decisión implica que el Velásquez Castro seguirá bajo custodia mientras avanza el proceso, al considerar que persisten las condiciones legales para mantener esta medida.

En su comunicado, la institución judicial reiteró que todas las actuaciones se realizan conforme a la ley.

De este modo, la causa vinculada a Koriun Inversiones sigue su curso bajo estricta observancia judicial, con la prisión preventiva como medida ratificada para el principal implicado, en tanto se desarrollan las siguientes etapas del proceso.

Recurso del Ministerio Público y contexto general

En una audiencia reciente, la autoridad judicial permitió que el acusado enfrentara el proceso en libertad tras la presentación de tres bienes inmuebles valorados en más de 15 millones de lempiras (aproximadamente USD 621.500) y una caución de dos millones de lempiras (alrededor de USD 81.000). Ante esta decisión, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición para revertir la medida, argumentando la gravedad de los delitos y el riesgo procesal que implica la liberación de Velásquez Castro, que posteriormente fue declarado con lugar.

El caso Koriun Inversiones involucra a Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de la empresa, a quien se le imputan delitos como lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación para delinquir. Este proceso se considera uno de los mayores esquemas de estafa registrados en el país, con miles de ciudadanos afectados que invirtieron sus ahorros y una fuerte repercusión nacional.

Además de Velásquez Castro, también figuran como implicados Marco Abel Villeda, Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena, investigados por su presunta vinculación con la captación ilegal de fondos.

Los primeros 60 días del gobierno de Nasry Asfura han estado marcados por una serie de medidas orientadas a resolver urgencias en salud, atraer inversión y reorganizar el aparato estatal, detallaron fuentes oficiales de su gobierno en redes sociales.

La nueva administración resalta la reducción de gastos, el impulso a la infraestructura y una política dirigida a restablecer la confianza internacional.

Entre las acciones más notorias está la distribución nacional de medicamentos y la firma de un fideicomiso con el Banco de Occidente, destinado a compras masivas de insumos y equipos médicos.

Con esta política, el gobierno plantea más de 16.000 cirugías y la reducción de la mora quirúrgica, apoyado por hospitales públicos y privados. Según fuentes oficiales, la declaración de emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) facilitó la garantía en la atención y el abastecimiento de servicios básicos.

En el ámbito económico, la agencia S&P Global Ratings mejoró la perspectiva del país de negativa a estable. El acceso a fondos por 53 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones y la meta de hasta 72.000 empleos fortalecen la estrategia oficial para dinamizar el mercado laboral. Además, el regreso al CIADI y la reactivación de la cooperación con CAF buscan reforzar la seguridad jurídica y captar inversión.

Proyectos de infraestructura y reestructuración estatal

La administración- a través de cuentas oficiales- indica que se han realizado 82 proyectos de infraestructura en todo el país. Mediante un plan de bacheo preventivo previo a Semana Santa, se buscó facilitar el tránsito y potenciar el turismo interno. En materia de logística, el ejecutivo promueve la modernización de los puertos de Cortés, Henecán y Castilla.

En relación a las reformas institucionales, el gobierno comunicó una reducción de la estructura estatal y la eliminación de áreas duplicadas, con lo que estima un ahorro superior a 7,500 millones de lempiras anuales. De acuerdo con la información oficial, estos fondos serán reasignados a salud, educación e infraestructura.

Impulso al empleo y sistema de emergencia

En materia laboral, se promulgó la Ley de Empleo Parcial, que regula jornadas de 18 a 32 horas semanales con derechos laborales garantizados. Paralelamente, se modernizó el sistema de emergencias 911 para acortar los tiempos de respuesta ante incidentes.

Durante los primeros dos meses, el gobierno asegura haber concretado “acciones concretas, decisiones firmes y resultados medibles”. El reporte recalca el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia dentro de un proceso para ordenar el Estado y recuperar la confianza de los inversionistas y organismos internacionales.

La agenda oficial se centra en el abastecimiento de medicamentos, el desarrollo de infraestructura, la captación de inversiones y una gestión eficiente de los recursos públicos. La Oficina de Prensa de la Casa Presidencial informa: “estos avances sientan bases para el desarrollo y la estabilidad del país”.

Las relaciones bilaterales de Asfura

En la esfera diplomática, antes de asumir la presidencia, el mandatario sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, orientado a la cooperación en asuntos de seguridad, migración y desarrollo, según elpais.hn. Según ese reporte, ambas autoridades reafirmaron el objetivo de profundizar la agenda bilateral.

La agenda internacional de Asfura en 2026 incluyó una visita oficial a Jerusalén, donde se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Juntos anunciaron el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre Honduras e Israel, con énfasis en la colaboración económica, agrícola y tecnológica.

Durante el encuentro, Asfura definió a Israel como un "amigo verdadero" y manifestó su intención de trabajar por un futuro de "tranquilidad y paz" para ambos países, según información de infobae.com.

Por su parte, el embajador dominicano Luis García mantuvo una reunión formal con Asfura antes de su juramentación, con la finalidad de potenciar la cooperación entre Honduras y la República Dominicana en áreas estratégicas, informó tiempo.hn.

Sin embargo, uno de los encuentros más importantes ocurrió a pocos días de asumir la presidencia.

El 7 de febrero de 2026, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, sostuvo una reunión oficial con Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral en comercio, seguridad y migración, según reportes de infobae.com.

Entre los temas tratados destacaron la reducción de aranceles, la atracción de inversión extranjera y mecanismos para mejorar el acceso de productos hondureños al mercado estadounidense.

Entre los acuerdos alcanzados, ambos mandatarios convinieron en revisar la cooperación en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) y fortalecer esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado, de acuerdo con diger.gob.hn. También se discutieron inversiones ​en sectores como tecnología, inteligencia artificial y manufactura, además de la ampliación de la colaboración para el desarrollo del sistema sanitario.

Durante el encuentro, Donald Trump subrayó públicamente el alineamiento de intereses con Asfura, asegurando: “Compartimos muchos de los mismos valores de ‘Estados Unidos Primero’”, una declaración reseñada por infobae.com. El respaldo explícito de Trump busca afianzar una agenda común basada en la confianza y la cooperación personal entre ambos gobiernos.

Desde Tegucigalpa, el Ejecutivo hondureño apuesta a que el diálogo sostenido impulse una alianza estratégica de largo plazo con Washington, según tiempo.hn. El Ejecutivo espera que los resultados de la reunión ayuden también a estimular el desarrollo económico y la estabilidad regional a partir de una agenda bilateral activa.

Nasry Juan Asfura Zablah asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, tras una trayectoria previa como alcalde del Distrito Central y diputado del Congreso Nacional.

Su liderazgo al frente de Tegucigalpa incluyó la promoción de infraestructura vial como pasos a desnivel, túneles y rotondas, obras diseñadas para optimizar la movilidad urbana y combatir la congestión.

Una misión del FBI ya se encuentra en La Habana para investigar el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha con matrícula de Florida ocurrido a fines de febrero, en el que murieron cinco personas.

Según confirmaron fuentes estadounidenses citadas por EFE y AFP, el grupo arribó a la capital cubana con el objetivo de desarrollar una pesquisa “independiente y exhaustiva” sobre el episodio.

La llegada de los investigadores responde al interés de Washington por verificar con medios propios la secuencia del operativo del 25 de febrero, después de que la mayor parte de la información pública proviniera del régimen cubano.

Desde la embajada de Estados Unidos en La Habana señalaron que el equipo técnico viajó el martes y que su tarea será establecer “exactamente qué sucedió” en la zona marítima donde se produjo el intercambio de disparos.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por la dictadura de Miguel Díaz-Canel, una embarcación rápida procedente de Estados Unidos fue detectada dentro de aguas territoriales de la isla con diez ocupantes a bordo. Cuando una unidad de guardafronteras se aproximó para identificarla, desde la lancha se habrían efectuado disparos contra los agentes, lo que desencadenó la respuesta armada de la patrulla cubana.

Cuatro pasajeros murieron en el lugar y otros seis quedaron heridos. Uno de ellos falleció más tarde en un hospital cubano, elevando el número de víctimas fatales a cinco. En el tiroteo también resultó lesionado un oficial de la fuerza marítima de la isla. Entre los ocupantes había cubanos residentes en Estados Unidos, incluidos dos con ciudadanía estadounidense.

El régimen cubano sostiene además que en la embarcación fueron halladas armas largas y cortas, junto con miles de municiones. El Ministerio del Interior reportó la incautación de 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 balas, un elemento central en la hipótesis de La Habana sobre una incursión armada organizada desde territorio estadounidense.

El dictador Miguel Díaz-Canel ya había anticipado semanas atrás la posibilidad de una visita del FBI y aseguró que su régimen estaba dispuesto a colaborar en el esclarecimiento.

En una comparecencia televisiva, Díaz-Canel explicó que la contraparte estadounidense había manifestado por canales diplomáticos y consulares su intención de participar en la investigación conjunta.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en la necesidad de obtener “información independiente” antes de fijar una posición oficial. Esa línea es la que ahora guía el trabajo de los agentes desplazados a Cuba.

Seis tripulantes de la lancha interceptada fueron formalmente acusados de “terrorismo”, según informó el régimen cubano.

La fiscalía dispuso prisión provisional para todos los acusados y señaló que el proceso avanza bajo los cargos previstos en el Código Penal de la isla.

La Habana sostiene que este tipo de infiltraciones armadas desde el sur de Florida fueron frecuentes en las décadas posteriores al triunfo de la revolución en 1959.

La administración de Donald Trump mantiene una política de máxima presión sobre el régimen cubano, alegando que la isla es una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense por sus vínculos con Rusia, China e Irán.

En el marco de este clima de tensión, el régimen cubano informó sobre la detención en La Habana de 10 ciudadanos panameños acusados de realizar “propaganda” contra el gobierno. El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han elevado la atención internacional sobre la situación política y de seguridad en Cuba.

(Con información de EFE y AFP)

La tarde del martes santo transcurre con calma en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo. Por su tradicional peatonal Sarandí no se nota el típico trajín de un día de semana en el distrito financiero de la ciudad. El ritmo acompaña a los turistas uruguayos descansados. La imagen de la calle contrasta con la de la Librería Feltrinelli, que captó la atención de varios curiosos.

A poco más de un mes de su inauguración, la llegada de la mayor cadena italiana a Sudamérica sigue despertando interés. Son decenas las personas que recorren sus 650 metros cuadrados, que revisan los más de 60.000 títulos que hay allí, o que toman un café en su planta alta.

Este histórico edificio de la ciudad, donde antes funcionaba otra librería, ahora vive un reimpulso. Quizás sea porque se trata del debut de la marca fuera de Europa, o por una mayor cantidad de libreros dispuestos a recomendar un título. O por el espacio específico destinado a los libros italianos, explica a Infobae Matías Da Rosa, del equipo de libreros de la marca.

Da Rosa cuenta que en la librería hubo un boom en la semana de apertura que luego bajó pero se mantuvo por encima del nivel que había antes. Encuentra una respuesta positiva del público, que también se deslumbra por la llegada de una “marca de peso” al país.

El librero cuenta que el público que llega hasta el histórico local es diverso. Están los oficinistas que trabajan en la Ciudad Vieja y se sienten atraídos por el espacio.

También es clave la presencia de turistas, en una zona caracterizada por la llegada de extranjeros.

“Si bien este siempre fue un espacio que llamaba la atención, ahora aún más. Ya de por sí el diseño, el mobiliario, es mucho más atractivo. Es mucho más luminoso y eso agrada más. La combinación librería café siempre es algo que de por sí atrae a la gente porque son dos cosas que conectan muy bien”, señaló.

Los libros en italiano son una de las novedades de Feltrinelli. Muchos lectores llegan hasta el casco histórico de Montevideo preguntando por las publicaciones en ese idioma. Se trata de un sector minoritario en la librería, pero que concentra una “variedad amplia”.

“Hay mucha gente que lee en italiano por diversas razones: por descendencia, porque estudia, por curiosidad. Se ha movido bastante bien. No te digo que es lo más vendido de la librería, pero se vende bastante bien. Era algo que no estaba y que sorprendió para bien”, señala Da Rosa.

El top tres de lo más vendido en el debut

1. Noches Blancas, de Fiódor Dostoyevski. Se trata de una edición local, de la editorial Séptimo Sello, que ha “rescatado” varios clásicos de la literatura. “Era un libro que estaba faltando en el catálogo de muchas editoriales y explotó. La editorial estuvo atenta y lo está aprovechando”, destaca Da Rosa.
2. Miembro Fantasma, el último libro de Fernanda Trías. El librero destacó las excelentes ventas que ha tenido la última publicación de la escritora uruguaya.
3. Larvas, de Tamara Silva, un libro de cuentos. 

El librero destacó que leer en papel sigue teniendo su encanto, más allá de la creencia de que lo digital venía a ponerle fin. “Hace años que lo vienen diciendo y yo no veo que disminuya para nada. Da ciertas ventajas el libro digital, yo creo que son formatos que pueden convivir. Pero hay un placer en tenerlo en papel”, comenta Da Rosa. Para él, lo más importante es “la calidez de las páginas” y la comodidad de tener el objeto.

También hay una cuestión de “fetiche”, que está dado porque el libro se convierte en un objeto de colección.

El estreno de ‘Niñas Escarlata’ en el festival South By Southwest (SXSW) en Austin pone el foco en la realidad del aborto y la maternidad forzada en República Dominicana, país donde la interrupción voluntaria del embarazo sigue prohibida en toda circunstancia.

La directora Paula Cury documenta cinco testimonios de mujeres que han enfrentado las consecuencias de esta legislación, recurriendo al anonimato para proteger su identidad.

En el proceso de producción, la cineasta lanzó una convocatoria digital que, en solo un día, recibió más de cien historias de mujeres dispuestas a romper su silencio. Al respecto, Cury explicó a EFE que “mucha gente está atravesando este tipo de experiencia y quiere contar su historia porque siente que ha estado obligada a permanecer en silencio”. Este dato ilustra la magnitud del fenómeno y la necesidad de espacios para el testimonio.

Pese a la penalización reforzada en la última reforma del Código Penal, el documental muestra que el deseo de hablar supera el temor a las represalias.

El largometraje recoge relatos de mujeres que, ante la prohibición, se vieron forzadas a dar a luz o buscar alternativas clandestinas. La directora señala que la respuesta negativa fue inmediata: “Cada vez que una mujer sale a denunciar temas sobre el acoso o la falta de derechos reproductivos, cae una ola de discurso de odio”.

La criminalización del aborto y sus efectos

República Dominicana figura entre los cinco países latinoamericanos que mantienen la prohibición absoluta del aborto. El documental evidencia tanto las consecuencias personales como el ambiente social que obliga al silencio.

Las protagonistas del filme permanecen en el anonimato, reflejando el temor a la estigmatización. La normativa vigente convierte a cualquier mujer que decida interrumpir un embarazo en criminal, lo que refuerza la carga de vergüenza y aislamiento.

Cury explicó que el título ‘Niñas Escarlata’ alude a la sangre y a la figura bíblica de la mujer adúltera, señalando: “Para mí, la idea es reapropiarse de ese término y utilizarlo de manera simbólica”.

La película aspira a que quienes viven estas experiencias encuentren un reflejo en la pantalla y que la sociedad reconozca la dimensión colectiva del problema. La directora subraya que la violencia simbólica no solo proviene de las leyes, sino también de la reacción social ante quienes se atreven a hablar.

Tras su estreno en Estados Unidos, ‘Niñas Escarlata’ tendrá una proyección en el Festival de Cine de Guadalajara a mediados de abril. Este es el primer largometraje de Paula Cury, quien previamente recibió reconocimiento por su cortometraje A la Deriva, premiado en el Rhode Island Film Festival.

La edición número cuarenta de SXSW, que concluyó el 18 de marzo, reunió a miles de asistentes, con más de cien proyectos musicales, decenas de estrenos mundiales y una amplia muestra de cine independiente. El festival se consolida como un espacio de visibilidad para temas sociales y voces emergentes.

El documental de Cury aparece en un contexto en el que el debate sobre los derechos reproductivos. La obra se presenta como un testimonio colectivo sobre el costo humano de la criminalización, y llama la atención sobre el papel del silencio en sociedades donde la autonomía sobre el propio cuerpo se convierte en delito.

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, ambos miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, propusieron quitar la gratuidad universitaria a aquellos escolares que protagonicen hechos de violencia, tal como ha venido ocurriendo desde hace algunos años sobre todo en liceos emblemáticos de la capital.

Cabe señalar que este martes, encapuchados incendiaron la inspectoría del Liceo Lastarria y protagonizaron desórdenes en el Instituto Nacional, ambos en Santiago.

Así las cosas, Bobadilla sostuvo que “como Comisión de Educación no podemos permanecer indiferentes frente a lo que está ocurriendo hoy en muchos liceos del país (...) Estos delincuentes, que se escudan tras la condición de estudiantes, no pueden seguir siendo beneficiados con gratuidad en la educación superior, la cual es financiada con el esfuerzo de todos los chilenos”, según consignó BioBíoChile.

“No podemos permitir que quienes hoy paralizan clases, destruyen infraestructura pública y ponen en riesgo a sus propios compañeros, mañana accedan a la educación superior con beneficios estatales, desplazando a jóvenes que sí quieren estudiar, esforzarse y salir adelante”, agregó el presidente de dicha comisión.

En la misma línea, Neumann recordó que “hace años desde la bancada de diputados UDI venimos planteando la necesidad de establecer sanciones concretas, como la pérdida de la gratuidad, para quienes participen en hechos de violencia”, asegurando que “lamentablemente no hemos encontrado apoyo en el Gobierno (de Boric) ni en sectores de izquierda, que a nuestro juicio han priorizado una visión equivocada de los derechos humanos”.

De acuerdo al legislador, “es fundamental volver a poner en el centro a los miles de estudiantes que sí respetan las normas, que quieren aprender y que ven interrumpido su proceso educativo por culpa de estos hechos”.

“Los derechos humanos también son el derecho a estudiar en un ambiente seguro y sin violencia”, cerró Neumann.

Incidentes en Santiago

Este martes, encapuchados protagonizaron una nueva jornada de manifestaciones en los alrededores del histórico Instituto Nacional, ubicado en Santiago Centro, lanzando bombas molotov y enfrentándose a Carabineros.

“Paralelamente, el establecimiento activó sus protocolos de seguridad, procediendo al despacho preventivo de estudiantes y del equipo docente“, informaron desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) mediante un comunicado.

Debido a los desórdenes, Carabineros cortó el tránsito en la Alameda por un par de horas en la mañana y a eso del mediodía, informaron que dos estudiantes fueron detenidos.

En tanto, en el Liceo Lastarria de la comuna de Providencia, tres escolares encapuchados lanzaron una bomba molotov a la inspectoría, la que resultó completamente destruida, mientras que una funcionaria resultó levemente herida al tratar de apagar el fuego.

El Ministerio Público presentó un recurso de reposición contra la resolución judicial que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva de Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones. La decisión judicial permitió que el acusado enfrentara el proceso en libertad tras la presentación de tres bienes inmuebles valorados en más de 15 millones de lempiras (aproximadamente USD 621.500) y una caución de dos millones de lempiras (alrededor de USD 81.000).

La fiscalía fundamentó su desacuerdo en la gravedad de los delitos imputados, entre ellos lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación para delinquir. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de fuga y afirmaron que las garantías económicas no eliminan el peligro procesal que representa el imputado.

Actualmente, Iván Abad Velásquez Castro enfrenta un proceso penal en el que se investigan delitos ligados a la criminalidad organizada. El cambio en las medidas cautelares fue solicitado por la defensa técnica del acusado y aceptado por el juzgado competente, generando reacciones inmediatas tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial.

Reacción del Poder Judicial ante la resolución

La presidencia del Poder Judicial de Honduras dispuso la apertura inmediata de una inspección y una investigación interna en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Esta medida busca examinar el proceso en el que se concedió la modificación de las medidas cautelares y revisar otras resoluciones emitidas en la misma jornada.

Las autoridades judiciales informaron que la Supervisión General analizará desde la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa hasta la evacuación de pruebas y el desarrollo completo del caso. El objetivo es determinar si se cumplieron los plazos procesales y los requisitos legales en la resolución que permitió la excarcelación.

La investigación interna también abarcará dos expedientes adicionales relacionados con delitos de tráfico de drogas y trata de personas. El propósito es verificar que las resoluciones dictadas se ajustaron a los parámetros legales y procesales requeridos.

El Poder Judicial ratificó su compromiso con la transparencia y la Justicia Abierta. Las autoridades subrayaron que todas las decisiones deben estar fundamentadas en la ley y garantizar el respeto al debido proceso, así como la protección de los derechos de las partes involucradas.

El Ministerio Público reiteró que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para revertir la medida y asegurar que las instancias judiciales actúen conforme a los principios de legalidad y transparencia, mientras avanza la investigación sobre la modificación de las medidas cautelares.

Características y alcance del caso Koriun

Las acusaciones contra Iván Abad Velásquez Castro se originan en un caso de presunta estafa que habría afectado a más de 30 mil personas en Honduras. Koriun Inversiones, fundada en 2018 en San Pedro Sula y expandida en 2024 a Choloma, captó capital de la población mediante promesas de retorno en cinco meses, sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, según Diario La Tribuna.

El caso es considerado uno de los mayores esquemas de estafa registrados en el país, con miles de ciudadanos afectados que invirtieron sus ahorros y una fuerte repercusión nacional. Junto a Velásquez, también están implicados Marco Abel Villeda, Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena, quienes figuran en la investigación por su presunta vinculación con la captación ilegal de fondos.

Las autoridades continúan con el proceso judicial para determinar responsabilidades en un hecho que ha generado amplia atención pública y que mantiene abierta la expectativa sobre la resolución final.

El presidente José Antonio Kast anunció este martes que endurecerá el Estado de Excepción en zonas críticas de la Macrozona Sur -que comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío-, el que tiene a militares patrullando zonas urbanas y rurales a fin de evitar hechos de violencia por parte de grupos radicales mapuches.

Cabe recordar que bajo la administración de Sebastián Piñera hubo Estados de Excepción desde octubre 2021 a marzo 2022, y el régimen actual fue decretado por el presidente Gabriel Boric y ha operado de forma continua desde el 17 de mayo de 2022.

Entrevistado por varios periodistas en un evento de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Kast partió señalando que su gobierno busca terminar definitivamente con el Estado de Excepción. Sin embargo, primero se hace necesario “plantear algunas modificaciones para ejercer un mayor control en algunas zonas críticas”.

“En las próximas semanas habrá algunos cambios en cómo se establece la seguridad en la zona para precisamente ir normalizando la situación. No es normal que tengamos desplegadas a las Fuerzas Armadas para la custodia y seguridad de las personas”, aseguró, agregando que aún existen ciertas zonas críticas en las que “yo no tengo por qué entrar con una división blindada; no corresponde”.

Temucuicui

Consultado específicamente sobre Temucuicui -comunidad mapuche situada en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, conocida como un “bastión” de resistencia y autonomía-, el mandatario sostuvo que para intervenirla se necesita “más inteligencia que fuerza”, y que entre las medidas que podría tomar el gobierno están restringir la entrada y salida a la comunidad e incluso cortar su abastecimiento.

“Si alguien dice que es una zona autónoma, bueno, que se autoabastezca de todo“, argumentó Kast.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que en muchas comunidades mapuche “hay personas que son inocentes, que son manipuladas y manejadas por malos líderes”, que desafían al Estado. Debido a esto, “habrán algunas restricciones mayores para el ingreso y salida de personas, en una zona donde hay malos líderes“, remató.