El crecimiento de la infraestructura digital ha impulsado una expansión sin precedentes del internet fijo en Costa Rica, donde el 71 % de los hogares cuenta con conexión propia en 2025.

El despliegue de redes de fibra óptica ha sido clave: el 45 % de estas conexiones ya utilizan esta tecnología, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

Durante el último lustro, la longitud de la red de fibra óptica instalada en el país casi se duplicó, al pasar de 66,000 kilómetros en 2021 a más de 129,000 kilómetros en 2025.

Este salto robusteció tanto la cobertura como la calidad del servicio, permitiendo el acceso a nuevas tecnologías y plataformas digitales en distintas regiones.

En paralelo, el internet móvil superó la barrera de la saturación, al registrar una penetración del 106 %, frente al 95 % registrado cuatro años antes.

Muchas personas disponen de más de una línea móvil activa, lo que demuestra la alta demanda de conectividad y el dinamismo del sector.

La industria de las telecomunicaciones generó en 2025 ingresos cercanos a ₡804,950 millones (alrededor de USD 1,600 millones), lo que supone un aumento del 4.9 % frente al año anterior.

Este crecimiento consolidó al sector como una pieza estratégica para la economía nacional, según Carlos Watson, presidente del Consejo Directivo de SUTEL. El avance del sector, impulsado por la expansión de la fibra óptica y la llegada de las redes 5G, también resultó en la creación de 11,777 empleos directos.

La demanda de mayor velocidad marcó tendencia: más del 65 % de las suscripciones de internet fijo ya acceden a velocidades superiores a 100 Megabits por segundo (Mbps).

Este fenómeno responde tanto al auge de actividades remotas como a la diversificación de los servicios digitales disponibles.

Aun persisten brechas regionales

Aunque Costa Rica alcanza el 71% de cobertura de internet fijo en hogares la desigualdad digital persiste como un desafío de fondo para el desarrollo social y económico del país.

Las cifras difundidas por la SUTEL y citadas por diarioextra.com, confirman que el acceso está impulsado por el avance de la fibra óptica, que ya equipa a casi la mitad de las viviendas conectadas.

Sin embargo, la distribución de la conectividad revela profundas brechas regionales que condicionan el acceso real a oportunidades laborales, educativas y sociales.

Según el medio elfinancierocr.com, el contraste entre cantones es drástico: Talamanca muestra que el 80% de las familias no tiene acceso a internet y el 95% carece de computadoras, una situación que evidencia que el progreso en la infraestructura tecnológica no ha alcanzado a todos los territorios por igual.

En Barva, el 31% de los hogares sigue sin conexión a internet y el 47% no dispone de equipos informáticos en casa.

La brecha territorial es particularmente marcada. De acuerdo con la información compilada por centroamerica360.com, la Región Central exhibe una cobertura de acceso a internet en los hogares del 97.4%, cifra que contrasta con el 83,9% registrado en Chorotega y el 80,1% en Huetar Caribe.

El acceso a computadoras muestra una tendencia similar: en la Región Central, el 52,7% de los hogares dispone de un equipo, mientras que Chorotega y Huetar Caribe apenas alcanzan el 33,8% y el 27,2%, respectivamente.

Las brechas digitales representan no solo disparidades en infraestructura, sino también en capacidades para acceder y beneficiarse de la economía digital contemporánea.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) ha buscado reducir estas desigualdades mediante la promoción de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), que ofrecen capacitación gratuita en habilidades digitales, como detalla el sitio oficial micitt.go.cr. Estos centros pretenden fortalecer la empleabilidad y el tejido social en comunidades vulnerables.

Por su parte, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) mantiene estrategias para la accesibilidad de las tecnologías a sectores históricamente marginados por discapacidad. Su programa Inclutec, reseñado en tec.ac.cr, desarrolla herramientas y tecnologías inclusivas para que personas con discapacidad puedan integrarse al mundo digital y participar activamente en la sociedad.

Según explicó Aguilar, las primeras pesquisas se centran en la rivalidad entre pandillas. “Hay varias líneas de investigación hasta este momento. Una de las principales es que sea un tema de rivalidad entre dos estructuras criminales en ese mismo sector”, afirmó.

El portavoz añadió que el análisis de las cámaras de videovigilancia permitió observar el ingreso de dos hombres al local, quienes se dirigieron directamente a dos de las víctimas identificadas como Noemí Sinay H. y su acompañante, perpetrando el ataque de forma directa y premeditada.

En declaraciones recogidas por Guate Visión, Aguilar indicó que existen elementos que refuerzan la hipótesis del ajuste de cuentas. “Hay otro tipo de información que hasta el momento se ha ido fortaleciendo para dar con los presuntos sicarios, quienes se pudieran ser integrantes de una estructura criminal que opera en ese mismo sector”, afirmó.

El portavoz mencionó al citado medio que la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC, en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP) y la unidad de videoforense, concentran esfuerzos en la identificación de los responsables.

La investigación considera también la posibilidad de que los atacantes hayan recibido información detallada sobre las víctimas, incluyendo la vestimenta. “En muchos de los casos a este tipo de sicarios se les da, en este caso, la información de cómo están vestidas las personas y por tal motivo, es una de las líneas de investigación hasta este momento”, precisó Aguilar.

El funcionario no descartó la participación de integrantes de la Mara Salvatrucha o la Mara 18, aunque también se investiga la posible intervención de otra estructura delictiva local.

Una de las víctimas tenía antecedentes penales

Guate Visión también consultó a las autoridades sobre los antecedentes de una de las víctimas señaladas en el lugar. De acuerdo con la información proporcionada, Noemí tenía un total de tres antecedentes penales: conspiración para asesinato, asociación ilícita, extorsión y posesión de droga para consumo.

Estos datos forman parte del expediente preliminar que manejan los investigadores en relación con los hechos ocurridos el día anterior en la zona seis.

El ataque armado dejó un saldo de seis personas fallecidas y dos más heridas, entre ellas un niño de cinco años, quien permanece bajo observación en el Hospital General San Juan de Dios.

El impacto de la agresión movilizó a las autoridades, que desplegaron operativos en la zona para ubicar a los responsables e incautaron motocicletas presuntamente robadas. Según Guate Visión, la escena del crimen presentó más de cien indicios entre balística y evidencia biológica.

En una operación desarrollada en el Complexo da Maré, al norte de Río de Janeiro, la Policía Militar de Brasil confiscó 48 toneladas de marihuana, estableciendo un récord en la historia del combate al narcotráfico en el país.

El hallazgo se produjo cuando Hulk, un perro entrenado del Batalhão de Ações com Cães (BAC), detectó drogas bajo una cisterna de concreto en un edificio abandonado de la favela Nova Holanda, la más poblada de las 17 que conforman el complejo.

El cargamento estaba oculto en un búnker bajo concreto y corresponde a la organización criminal Comando Vermelho, según autoridades policiales.

La intervención, que comenzó el martes y continuó hasta la madrugada del miércoles, movilizó a más de 250 agentes, vehículos blindados, helicópteros y equipos de élite. Se trata de la mayor incautación de marihuana registrada en Brasil, superando el récord de 36,5 toneladas decomisadas en Mato Grosso do Sul en 2021.

El cargamento, distribuido en más de 24.000 paquetes de aproximadamente dos kilos cada uno, estaba oculto en un búnker de difícil acceso cuya existencia fue revelada por Hulk tras mostrar signos de inquietud durante el patrullaje.

La droga, atribuida a la organización criminal Comando Vermelho, fue retirada de la comunidad en cuatro camiones, una tarea que demandó más de cinco horas y la participación de decenas de uniformados.

Durante el procedimiento, los agentes fueron atacados a tiros por integrantes de bandas armadas, lo que generó un enfrentamiento. Un hombre, identificado como sospechoso de participar en el tiroteo, fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Además del estupefaciente, los policías confiscaron cinco fusiles, cuatro pistolas, aproximadamente 200 litros de insumos para drogas sintéticas y 26 vehículos robados, incluyendo automóviles y motocicletas.

La valoración estimada del decomiso asciende a 50 millones de reales (cerca de USD 10 millones) al por mayor, aunque las autoridades señalaron que el perjuicio económico para las facciones criminales podría alcanzar los 150 millones de reales si la droga fuera fraccionada para la venta minorista.

El comandante general de la Policía Militarizada de Río, coronel Sylvio Guerra, subrayó que la acción se realizó sin víctimas fatales, a pesar del enfrentamiento armado.

La operación se centró en Nova Holanda, pero también incluyó otras áreas del Complexo da Maré, como Parque União. El despliegue buscó frenar la actividad de grupos dedicados al tráfico de drogas y al robo de vehículos y mercancías en la zona, una de las más conflictivas y densamente pobladas de Río de Janeiro.

La participación de Hulk fue crucial: el perro, de raza pastor belga malinois, fue donado a la corporación a los seis meses y ha intervenido en numerosos operativos antidrogas.

(Con información de O Globo, AFP y EFE)

A partir de la noche de este miércoles 14 de enero, un frente frío y un sistema de alta presión provocarán vientos nortes en todo el país, con velocidades promedio de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 70 kilómetros por hora, fenómeno que se mantendría hasta la madrugada del viernes 16.

Esto es producto de un frente frío ubicado al norte de la península de Yucatán y una zona de alta presión sobre Texas. Ambos fenómenos favorecerán la incursión de estos vientos en el Caribe, lo que influirá notablemente en las condiciones atmosféricas de las zonas occidental y oriental.

El Observatorio de Amenazas, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ha advertido que estas condiciones afectan especialmente las zonas altas del occidente y nororiente, donde la topografía puede intensificar la velocidad del viento. Para quienes realicen actividades de pesca, transporte o turismo marítimo en la costa de El Salvador, las condiciones de oleaje y viento son calificadas como apropiadas según el pronóstico marítimo costero.

De acuerdo con el informe especial número dos, se prevé un cielo entre poco y parcialmente nublado, aunque persiste la baja probabilidad de lluvias, salvo algún evento breve y puntual en áreas montañosas. Las temperaturas durante el día serán cálida y agradables a la sombra, mientras que durante la madrugada y la noche, el ambiente será frío o fresco. Asimismo, se recomienda especial atención en las madrugadas del jueves 15 y el propio viernes 16, cuando se espera que las temperaturas se perciban más bajas.

Durante este período, se mantiene la recomendación de vigilancia ante vientos acelerados, y se insiste en evitar quemas agrícolas en zonas afectadas por ráfagas. La Dirección General de Protección Civil aconseja a quienes realizan navegación marítima y aérea, o se dedican a la pesca, que evalúen las condiciones meteorológicas antes de iniciar sus actividades.

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre este fenómeno en el primer informe emitido ayer, en el cual también indicaba un seguimiento y actualización ante cambios significativos.

En cuanto a las temperaturas por regiones, el MARN anticipa una mínima para hoy de 19 grados centígrados en San Salvador, 18 en Santa Ana, 23 en Acajutla y La Libertad, 22 en San Miguel, 21 en Nueva Concepción y 23 en La Unión.

Para mañana, se prevé que San Salvador experimente una temperatura mínima de 18 grados centígrados, mientras que Santa Ana tendría 17 grados, Acajutla y La Libertad 23, San Miguel y Nueva Concepción 20 grados y La Unión 23.

Posterior a la madrugada del 16 de enero, se espera el retorno gradual al viento del este y noreste acelerado, el cielo estará de despejado a poco nublado y el viento tendrá una velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora; las ráfagas tendrán velocidades entre los 30 y 45 kilómetros por hora, que serán más sensibles en zonas altas y descampadas en la parte occidental y oriental del país.

Con anterioridad, las autoridades han recomendado abrigar a los niños y adultos mayores y evitar lugares donde pueda haber desprendimientos de vallas publicitarias, techos y ramas.

Intensas lluvias registradas los últimos días en Bolivia provocaron graves inundaciones en el municipio paceño de Tipuani, donde las precipitaciones provocaron el desborde repentino de ríos y arroyos. Según las autoridades locales, el fenómeno afectó casi un centenar de familias y provocó graves daños en más de 30 viviendas.

El alcalde del municipio de Tipuani, Fernando Vera, explicó que el desborde se produjo el miércoles 24 de diciembre y hasta el día siguiente las aguas mantuvieron inundada la localidad, lo que también provocó la evacuación de la comunidad de La Rinconada debido a su cercanía al río.

Las lluvias afectan de forma recurrente a este municipio por tercer año consecutivo. En episodios anteriores, incluido un desbordamiento ocurrido en octubre de 2025 que afectó a más de 250 familias, exautoridades de Defensa Civil atribuyeron parte del desastre a la actividad minera aurífera en el departamento de La Paz, que podría haber alterado cauces naturales y exacerbado la susceptibilidad a inundaciones.

El entonces viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, señaló en octubre que Tipuani y los municipios colindantes “viven en una bomba de tiempo” y que eran vulnerables a desastres mayores que el ocurrido entonces. “Nadie puede negar que la causa principal de este desastre es la actividad minera que se desarrolla en la zona”, declaró en conferencia de prensa, tras pedir la intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

De igual forma, Fernando Larco, secretario general de la comunidad La Rinconada, una de las más afectadas por las inundaciones recientes, responsabilizó a las cooperativas mineras por un trabajo que calificó como “irresponsable”. “Hay algunas cooperativas que se realizan trabajos, lamentablemente, de forma irresponsable y están afectando a las comunidades. El pueblo de Tipuani hace tres años que se inunda. Las casas se caen, las familias quedan desamparadas y no se hace nada al respecto”, explicó en entrevista con El Deber.

Una investigación de ese medio, publicada en septiembre, señala que las localidades de Tipuani, con 7.640 habitantes, y Guanay, con 16.323, distantes a 35 kilómetros, están “en riesgo de desaparecer” a causa de la descontrolada actividad minera de la que, sin embargo, depende la economía de la región.

Ante la recurrencia de estos hechos, autoridades y pobladores reclaman mayor presencia del Estado para fiscalizar las operaciones de las empresas mineras y encarar trabajos de prevención.

Lluvias en varias regiones del país

El actual viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que las lluvias dejaron 13 municipios de tres departamentos del país en situación de desastre.

El funcionario explicó que en Santa Cruz los municipios declarados en situación de desastre son: Colpa Bélgica, Samaipata, El Torno, Porongo y San Pedro; en Cochabamba, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Shinaota; en Tarija, el municipio de Bermejo y en La Paz, Apolo, La Asunta, Inquisivi, Coripata y se sumaría Tipuani tras la reciente inundación.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó el jueves que hay alertas meteorológicas vigentes por intensas lluvias y una de prioridad roja por posibles desbordes de ríos.

En Bolivia la temporada de lluvias normalmente se extiende desde noviembre hasta marzo o abril, cuando se producen precipitaciones intensas en gran parte del país, especialmente en las zonas bajas y llanuras orientales.

Cada año, la temporada de lluvias estacionales deriva en eventos de desastre.Según reportes de prensa local, en el periodo anterior las lluvias dejaron al menos 55 personas fallecidas, con varios desaparecidos y decenas de miles de familias afectadas por la pérdida de viviendas, daños en cultivos e infraestructura.

El ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Roberto Ríos, informó que para las elecciones del domingo se desplegarán 25.044 policías para garantizar la seguridad durante el desarrollo de la votación y hacer cumplir las disposiciones del auto de buen gobierno, que restringe el consumo de alcohol, las manifestaciones políticas y el transporte vehicular. En paralelo, otros 38.000 agentes de la Policía estarán acuartelados, de acuerdo a las normas vigentes.

Tras haber sostenido una reunión con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ríos informó que se garantiza la custodia en el traslado del material electoral y que se reforzará la presencia policial en áreas identificadas como posibles puntos de conflicto.

En las semanas anteriores, el Gobierno informó que hay al menos diez zonas “de riesgo” para la votación, la mayoría concentradas en el enclave cocalero de Cochabamba, donde se encuentra el ex presidente Evo Morales (2006-2019) bajo custodia de sus leales. Ríos indicó que oficiales de cuatro dependencias policiales se encuentran operando en la región para evitar hechos que puedan interferir en el proceso electoral.

En la víspera, representantes de las seis federaciones de productores de hoja de coca garantizaron el desarrollo de la votación en la región del Trópico de Cochabamba, al centro del país, y promovieron la anulación del voto, como un acto de rechazo a la proscripción del ex presidente, quien fue excluido de la votación por un fallo constitucional que pone límites a la reelección presidencial.

“La población debe acudir a votar con total normalidad y tranquilidad. No habrá espacio para la violencia ni para el desorden”, afirmó Ríos en conferencia de prensa y dijo que el despliegue duplica con los contingentes movilizados en comicios anteriores.

La votación será observada por misiones nacionales y e internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, cuyos representantes sostuvieron el jueves una reunión con el presidente Luis Arce, en la que el primer mandatario se comprometió “a asegurar una transición democrática hacia el próximo gobierno”.

El jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, Ian Gray, informó que son más de 100 los observadores de corto y largo plazo que estarán en los nueve departamentos del país. En tanto, la delegación de la OEA incluye a 87 observadores de 19 países y es “la más numerosa desplegada hasta ahora” en Bolivia.

Paralelamente a estas dos misiones de observación, habrá otra de la Unión Interamericana de Organismos Electorales e iniciativas ciudadanas locales como ‘Cuidemos el voto 2025’, además de los delegados de partidos y alianzas políticas.

Más de 7,9 millones de bolivianos elegirán este domingo presidente, vicepresidente y a sus representantes en el Órgano Legislativo para el próximo quinquenio, en medio de una fuerte crisis económica marcada por la escasez de dólares, el aumento en el precio de los alimentos y periodos de desabastecimiento de combustible cada vez más prolongados.

Según las encuestas de intención de voto, el resultado puede estar reñido entre dos candidatos de oposición: el empresario Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), de Libre. Sin embargo, hay alto porcentaje de votos blancos, nulos e indecisos, que pueden alterar las proyecciones, que perfilan una segunda vuelta entre ambos postulantes para el 19 de octubre.

El mandatario boliviano, que dejará el Gobierno el 8 de noviembre, pidió a la población asistir a urnas este domingo “con patriotismo y responsabilidad”.

Diversas organizaciones sociales, gremios de trabajadores y colectivos ciudadanos han convocado a una movilización nacional para el jueves 7 de agosto de 2025, en rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La protesta principal tendrá lugar en Quito, con un recorrido desde la Caja del Seguro Social, en el centro norte de la ciudad, hasta la Corte Constitucional. Las agrupaciones convocantes han anunciado que realizarán un plantón previo en ese último punto, donde entregarán demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes y decretos impulsados por el oficialismo.

La convocatoria reúne a cerca de veinte organizaciones, entre ellas federaciones médicas, sindicatos de educadores, asociaciones de profesionales de la salud, colectivos de pacientes con enfermedades catastróficas, representantes barriales y servidores públicos recientemente desvinculados. La movilización se articula como una respuesta al paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo, que incluye la Ley de Inteligencia, la Ley de Seguridad y la Ley de Integridad Pública, así como al despido masivo de cinco mil funcionarios del sector público.

Según los organizadores, las medidas del Gobierno representan un retroceso en derechos laborales, garantías democráticas y calidad de servicios públicos. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, manifestó que la marcha simboliza una demanda colectiva para que el Ejecutivo gobierne para todos los ecuatorianos, y no solo para sectores privilegiados, según recogió Teleamazonas.

La protesta también canaliza el descontento frente a la fusión de ministerios y la eliminación de secretarías, anunciadas por el Ejecutivo como parte de un plan de eficiencia administrativa. El Gobierno ha defendido estas decisiones como medidas técnicas para modernizar el Estado, reducir su tamaño en un 41 % y abrir oportunidades a nuevos perfiles jóvenes. Sin embargo, no ha presentado un cronograma de implementación ni ha especificado los criterios detallados para la supresión de cargos. Tampoco ha esclarecido el impacto económico de las indemnizaciones ni ha garantizado que estas reorganizaciones no afectarán la calidad del servicio público.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró que los despidos no obedecen a razones políticas, sino a una supuesta evaluación técnica de desempeño. A pesar de ello, la falta de transparencia sobre el procedimiento y la inexistencia de informes públicos han sido criticadas por los sectores afectados. El Gobierno descartó que las decisiones respondan a exigencias del Fondo Monetario Internacional, pero no presentó estudios o dictámenes técnicos que respalden la idoneidad de los recortes.

Pese al anuncio del recorte del Estado, el pasado lunes, el presidente Noboa indicó que el gobierno otorgará a 80.000 jóvenes pasantías pagadas con el salario básico (USD 470). Esta medida ha sido criticada pues la desvinculación y supresión de cargos buscaba reducir el gasto público.

Paralelamente, la aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia ha generado preocupación entre organismos nacionales e internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch han advertido que esta normativa otorga facultades desproporcionadas a los organismos de inteligencia, permite la vigilancia de comunicaciones sin orden judicial y vulnera el derecho a la privacidad, el acceso a la información y la protección de fuentes periodísticas. Fundamedios, una fundación ecuatoriana que defiende la libertad de prensa, también alertó sobre la falta de controles independientes y criticó el uso potencial de esta legislación para la persecución política.

Los artículos más cuestionados por la comunidad internacional incluyen el que obliga a las operadoras telefónicas a entregar información en tiempo real y otro que permite la creación de un fondo reservado sin fiscalización ordinaria. La norma, aprobada por mayoría oficialista en la Asamblea, aún no cuenta con un reglamento de aplicación, lo que incrementa la incertidumbre sobre su alcance.

En este contexto, los colectivos que presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional exigirán el 7 de agosto una respuesta urgente de los magistrados. El plantón frente a la Corte pretende visibilizar la necesidad de control judicial frente a lo que califican como un avance autoritario en nombre de la seguridad.

Las organizaciones feministas también se han pronunciado, particularmente en contra de la fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno, una medida que consideran un retroceso en la institucionalidad de género.

Un operativo del Grupo de Trabajo Antidrogas del Este del Valle de Phoenix, liderado por la Administración de Control de Drogas (DEA), resultó en la confiscación de aproximadamente 700.000 pastillas de fentanilo, distribuidas entre un vehículo y una residencia en Arizona.

Según informó la DEA, el hallazgo se produjo el 10 de marzo de 2025, tras una investigación que involucró a dos hombres: Carlos René Montes, ciudadano estadounidense de 32 años, y Miguel Ángel Sesma, mexicano con residencia legal permanente en EEUU, de 30 años de edad.

Ambos enfrentan cargos federales por conspiración para poseer poseer drogas con la intención de distribuirlas.

El operativo en Phoenix

De acuerdo con la denuncia penal presentada, los agentes observaron a Montes llegar en un Jeep Grand Cherokee al estacionamiento de una tienda en Phoenix, donde se encontró con Sesma, quien conducía una camioneta Ford F250 con placas de Sonora, México.

Durante el encuentro, Montes transfirió varios paquetes de tejas selladas de fábrica desde su vehículo a la caja de la camioneta de Sesma. Este intercambio levantó sospechas entre los investigadores, quienes decidieron realizar controles de tráfico a ambos vehículos poco después de que abandonaran el lugar.

En el caso de la Ford F250, un perro detector de narcóticos del Departamento de Policía de Mesa alertó sobre la posible presencia de drogas en la caja del vehículo. Tras una inspección detallada, los agentes descubrieron que las tejas contenían aproximadamente 52 kilogramos de pastillas azules M30, una presentación común de fentanilo.

Este potente opioide sintético, que ha sido vinculado a numerosas muertes por sobredosis en Estados Unidos, estaba cuidadosamente oculto dentro de los paquetes de tejas.

Posteriormente, Montes fue detenido y durante el interrogatorio, admitió que poseía más drogas en su residencia en Tucson. Con su consentimiento, los agentes registraron el domicilio, donde encontraron otros 14.68 kilogramos de pastillas azules M30 que también contenían fentanilo. En total, la cantidad incautada asciende a unas 700.000 pastillas, según detalló la DEA.

Los cargos que enfrentan los acusados

La acusación presentada contra Montes y Sesma incluye el cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir más de 400 gramos de fentanilo, un delito que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y podría extenderse hasta cadena perpetua.

Además, los acusados enfrentan una posible multa de hasta 10 millones de dólares. Sin embargo, la denuncia penal no implica culpabilidad y ambos hombres son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.

La operación fue el resultado de un esfuerzo conjunto del Grupo de Trabajo Antidrogas del Este del Valle de Phoenix, que incluye a miembros de los Departamentos de Policía de Mesa, Gilbert, Apache Junction y Salt River, así como de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Stuart Zander, del Distrito de Arizona, en Phoenix.

El fentanilo y la investigación en curso

El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, ha sido identificado como una de las principales causas de la crisis de sobredosis en Estados Unidos.

Las pastillas azules M30, que suelen ser falsificaciones de medicamentos recetados, representan un grave riesgo para la salud pública debido a su alta toxicidad y la dificultad para determinar su composición exacta.

La DEA destacó la importancia de la colaboración entre agencias locales y federales para combatir el tráfico de drogas en la región.

Según la agencia, este tipo de operativos no solo busca desmantelar redes de distribución, sino también reducir la disponibilidad de sustancias peligrosas en las comunidades. La investigación continúa y las autoridades no descartan la posibilidad de realizar más arrestos relacionados con este caso.

Los contratos para la explotación de litio firmados en Bolivia con empresas de China y Rusia generan polémica en la semana en la que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Varios sectores cuestionan la rentabilidad de los proyectos y el porcentaje de regalías para el departamento donde se encuentra la principal reserva del metal.

En ese marco, los dirigentes del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) exigieron al Gobierno la anulación de los contratos hasta el 25 de febrero y advirtieron con radicalizar sus protestas. “Si el Gobierno no va a atender nuestras demandas, habrá movilizaciones. Vamos a esperar hasta el martes 25 de febrero y después la decisión es que habrá una medida de presión”, informó Alberto Pérez, presidente de Comcipo.

El dirigente cívico señaló que se propusieron al menos tres medidas de presión a definirse la próxima semana: una marcha de 98 kilómetros desde la localidad Patacamaya hasta la sede de Gobierno, una huelga general indefinida y un bloqueo de caminos.

Esta determinación surgió en una reunión realizada en Potosí, departamento ubicado al sudoeste del país donde se encuentra el salar de Uyuni, uno de los principales reservorios del metal estratégico para la transición energética. A la región le corresponde el 3% de las regalías por la industrialización del litio, un porcentaje que los cívicos consideran bajo si se lo compara con, por ejemplo, el 11% que recibió otra región por la venta de los hidrocarburos. El Gobierno afirma que el porcentaje está determinado por la Ley Minera y que los contratos se ajustan a la normativa vigente, lo que impide su modificación hasta que se apruebe una ley específica sobre el litio.

El cívico potosino descartó su participación en reuniones convocadas por el Gobierno para explicar los alcances de los contratos, porque consideró que la socialización de éstos es tardía. “Se rechaza la firma de estos dos contratos, ya no hay socialización porque es tarde se han equivocado de camino y no vamos a ser tontos útiles. Asimismo, estamos esperando la aprobación del proyecto de ley de litio o recursos evaporíticos y no se asistirá a ninguna socialización de los contratos”, manifestó.

Los contratos fueron firmados por el Gobierno en noviembre pasado. El primero con la empresa rusa Uranium One y el segundo con un consorcio chino llamado CBC Hong Kong Investment, cuya casa matriz es CATL, la mayor productora de baterías de litio del mundo. Ambos acuerdos implican la construcción y puesta en marcha de tres plantas para la extracción directa de litio con una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares.

Lejos de generar esperanza en el país golpeado por la crisis y la debacle de su industria petrolera, estos contratos generan desconfianza sobre la rentabilidad de los proyectos, los costos ambientales, los procedimientos previos a la firma y las condiciones de los acuerdos con las empresas internacionales, entre otros elementos.

Según organizaciones ambientales y algunos especialistas, no son beneficiosos para el país porque además de entregar el 49% de las utilidades a las empresas, se deberán cancelar montos adicionales como la devolución total de la inversión, los costos de operación, intereses sobre la inversión inicial y un monto extra por cada tonelada de carbonato de litio, según una revisión de los documentos realizada por la Fundación Solón.

En medio de ese debate, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa china y éste deberá pasar al pleno para su revisión, posiblemente en esta semana. El contrato con la firma rusa aún está siendo analizado por la Comisión de Economía Plural.

Un grupo de cocaleros que realiza bloqueos en Bolivia desde hace más de diez días confirmó la tenencia de armamento y advirtió con “responder” si se intervienen los piquetes.

“Queremos advertir a estos civiles, a estos grupos de vándalos, delincuentes, paramilitares, parapoliciales ya la vez policías, advertimos si una vez más vuelven a intervenir, no van a salir como han salido hoy. En la medida en la que ustedes estén atacando, en la medida en la que usan su armamento, serán respondidos. No jueguen con el trópico de Cochabamba”, manifestó en una conferencia de prensa Dieter Mendoza, dirigente de una de las federaciones cocaleras.

La protesta del sector y otras organizaciones sociales afines a Evo Morales inició el 14 de octubre inicialmente como una muestra de respaldo a su líder político, que enfrenta acusaciones penales por estupro y trata de personas. Sin embargo, con el paso de los días el fondo de la manifestación se inclinó hacia demandas económicas, como la provisión de dólares y combustible; y políticas, como la validación de un congreso del Movimiento Al Socialismo que ratificó la titularidad de Morales en el partido y lo proclamó candidato para las elecciones presidenciales de 2025.

El primer día sumaban cuatro puntos de bloqueo y ayer habían al menos 20, la mayoría concentrados en el departamento de Cochabamba, centro del país que comunica a las regiones del oriente y occidente. El presidente Luis Arce, después de varios días de silencio, manifestó que se hará una intervención “gradual” de los piquetes para permitir el tránsito vehicular. Sin embargo, algunos de los cortes de ruta que fueron despejados por la Policía fueron retomados por los bloqueadores horas después.

El martes un manifestante fue filmado portando una escopeta en uno de los bloqueos y el miércoles, un contingente policial que fue a desbloquear un punto en la carretera entre Oruro y Potosí, fue emboscado por personas que tenían armamento y arremetieron contra los vehículos oficiales en el departamento de Oruro, según informó el fiscal departamental, Aldo Morales.

“Estamos con una preocupación muy grande porque se ha confirmado este hecho de un ataque con disparos que ha sufrido una columna policial que estaba intentando ir a un desbloqueo de caminos”, informó el fiscal, citado por el portal Visión 360.

La protesta ha provocado perjuicios en varios sectores, principalmente productivos, que han denunciado pérdidas millonarias, se han declarado en emergencia y exigen al Gobierno levantar los cortes de ruta. Según la Cámara Nacional de Industrias, se registran pérdidas de 3.500 millones de bolivianos (cerca de 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial) y hay 600 toneladas de alimentos en los camiones que están varados en carreteras.

Por otro lado, se ha interrumpido el tránsito de camiones cisterna con lo que se ha agudizado el desabastecimiento de combustible que hace varios meses sufre Bolivia. Al bloqueo de caminos dentro del país, se sumó otro en el norte de Chile que interrumpió temporalmente el paso de los camiones con carburante importado.

Desde el inicio de semana, algunas ciudades registran largas filas de coches, autobuses y camiones en las estaciones de servicio y en cuatro regiones se modificó el horario laboral para reducir el flujo vehicular y optimizar el carburante disponible.

El Gobierno convocó al diálogo a Evo Morales y otros dirigentes sociales antes del inicio de la manifestación pero no aceptaron y en días pasados descartaron un encuentro con el Gobierno. Algunos dirigentes llegaron incluso sugerir que el presidente Luis Arce renuncie o adelante las elecciones.

El conflicto se da en medio de la disputa del Movimiento Al Socialismo por el liderazgo del partido y la candidatura de 2025, en una crisis que según algunos analistas no tiene camino de retorno y está llevando al movimiento político más numeroso del país a una inminente implosión.

Nuevos frentes de conflicto se están abriendo en Bolivia para el presidente Luis Arce. Este martes en Santa Cruz una marcha organizada por varios sectores, entre ellos gremiales, transportistas, universitarios y cívicos, tomaron el centro de la ciudad y exigieron acciones. En La Paz una marcha de la poderosa organización indígena del altiplano Ponchos Rojos fue reprimida con gases lacrimógenos y terminó nueve heridos, según el reporte del Ministerio de Gobierno.

Las demandas están relacionadas a la crisis económica que atraviesa el país, marcada principalmente por la escasez de dólares y los desabastecimientos periódicos de combustible que el Estado subvenciona y que cada vez le cuesta más pagar. Bolivia importa el 86% del diésel y el 50% de la gasolina que consume, y desde hace algunos meses han habido carestias de diésel provocando protestas del sector del transporte y largas filas en las estaciones de servicio.

A estas carencias se sumó la molestia por los resultados del Censo de Población y Vivienda que fueron presentados el 29 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de población es importante porque tiene implicaciones en lo económico y lo político: en base a la cantidad de gente se distribuyen los recursos de coparticipación tributaria y la representación legislativa de las regiones.

El Censo reveló que en Bolivia viven 11,3 millones de personas, un millón menos de lo proyectado por el INE, y que en el departamento de Santa Cruz viven tres millones de personas, lejos de los cuatro millones que calculó un estudio realizado por la Gobernación cruceña que, si bien no tiene fines más que simbólicos y referenciales, generó expectativas en la población por una mayor representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y mayores ingresos.

Ante las protestas, el INE dijo estar dispuesto a abrir los datos del Censo para una revisión técnica en la que todas regiones puedan resolver sus dudas. “Los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 están abiertos para que, en presencia de organismos internacionales especializados, puedan revisarse de manera técnica y transparente y permitan, nuevamente, demostrarle al país la seriedad e idoneidad de los datos”, se lee un comunicado oficial.

El martes, el Comité Cívico de Santa Cruz convocó a una asamblea para determinar nuevas acciones.

Enfrentamiento entre la Policía e indígenas del altiplano

La organización Ponchos Rojos es una de las más poderosas y representativas del altiplano boliviano. Ayer protagonizaron una masiva marcha junto con la Federación de Trabajadores Campesinos ‘Tupac Katari’ para “recuperar” su sede en la zona de San Pedro, en La Paz, que supuestamente fue tomada por un sector de la organización campesina que es afín al Gobierno de Luis Arce y exigen la renuncia del presidente.

Al llegar a la zona de San Pedro, los manifestantes se encontraron con una valla de metal y un cerco policial para impedir su paso al que atacaron lanzando piedras y botellas. Los oficiales respondieron con gases lacrimógenos y balines, según los reportes de la prensa paceña.

La Policía, al verse rebasada, tuvo que solicitar refuerzos y llegaron miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) para controlar la revuelta. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo informó que siete policías y dos civiles fueron heridos en el enfrentamiento.

Este conflicto también avivó la pelea interna del Movimiento Al Socialismo. El expresidente Evo Morales tuiteó que “la sede sindical no es un puesto policial” y pidió respeto a los movimientos indígenas y sociales.

En medio de las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno que apueste al diálogo con los sectores en protesta, para evitar la violencia y encontrar soluciones pacíficas.